www.losgenoveses.net : Pablo González González. Las noticias. Diciembre 2017

LA AUDIENCIA NACIONAL DEPURA AL TERCER MAGISTRADO QUE NO PUEDE JUZGAR AL PP POR SU AFINIDAD CON EL PARTIDO

En la Audiencia Nacional, el tribunal español de las causas especiales, hay al menos tres magistrados que no ofrecen la "apariencia de imparcialidad" necesaria para juzgar los casos de corrupción en los que están implicados el Partido Popular o alguno de sus cargos. Este viernes, los propios jueces de la Sala de lo Penal determinaron que su compañero Juan Pablo González no puede integrar el tribunal que juzgara la presunta financiación irregular del partido durante veinte años porque el PP ha tenido una influencia decisiva en su carrera profesional.

Es la tercera vez que ocurre y no se puede descartar que las acusaciones populares y la Fiscalía Anticorrupción recusen a quien el sistema de reparto señale como sustituto de González. Los jueces de la Sala de lo Penal ya apartaron de los juicios de Gürtel y la caja B a Enrique López y Concepción Espejel. A pesar de ello, la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial eligió después a la segunda para presidir la Sala de lo Penal que hoy ha purgado a González.

En el caso de González la votación ha resultado muy ajustada, 9 votos a favor de ser apartado y ocho en contra. Como ocurriera en los casos de Espejel y López, los jueces de la Audiencia Nacional no se han posicionado por bloques ideológicos. Aunque el voto es secreto, los cambios en la ponencia permiten conocer el sentido de algunos de ellos.

Según han informado a eldiario.es fuentes de la Sala de lo Penal, los conservadores Juan Francisco Martel y Eduardo Gómez abandonaron sus respectivas ponencias (Jerez y Caja B) al no estar de acuerdo con el voto mayoritario. Fueron sustituidos por Manuela Fernández de Prado, de adscripción progresista, y Teresa Palacios, que integra el sector conservador. Ambas, por tanto, votaron a favor de apartar a Juan Pablo González.

Otros dos conservadores se pronunciaron en este mismo sentido. Es el caso de Julio de Diego y Antonio Díaz Delgado -designados como ponentes por la pieza de Aena y la visita del Papa a Valencia, respectivamente- que no renunciaron, por lo que están de acuerdo con apartar a sus compañeros de los cuatro juicios del caso Gürtel para cuyo tribunal fue designado.

La votación frustra el inesperado movimiento en la Audiencia Nacional que provocó el cambio en la composición del tribunal que en el juicio de Gürtel acordó por mayoría de dos a uno citar a Mariano Rajoy como testigo. El origen está en el empeño del Partido Popular por que Concepción Espejel, apartada antes de ese tribunal de Gürtel por su afinidad con el PP, se convirtiera en presidenta de la Sala de lo Penal.

Una consecuencia automática fue que Espejel dejaba de presidir la Sección Segunda. Fue sustituida por María José Rodríguez Duplá, también conservadora, que estableció un nuevo reparto de los casos con efecto retroactivo. El tribunal del caso de la caja B del PP cambiaba su composición. Solo quedaba en él uno de los dos jueces que apoyó citar a Rajoy y a la cúpula del partido con Aznar. El otro era sustituido por Juan Pablo González, uno de los magistrados de la Audiencia Nacional más significados por su proximidad con la formación de Mariano Rajoy.

La historia se volvía a repetir. Las acusaciones populares, una a una, recusaron a González. Y, como en el caso de Espejel y López, la Fiscalía Anticorrupción respaldaba que el magistrado fuera apartado del tribunal de la caja B y de las otras tres piezas para las que había sido designado (Aena, Jerez y visita del Papa a Valencia).

Las acusaciones populares apreciaban que el PP había dado “un decisivo impulso” a la carrera profesional de Juan Pablo González. Las fuentes consultadas aseguran que el Pleno de ayer siguió el guión de las recusaciones planteadas a Espejel y López y que los argumentos esgrimidos para apartar a González eran coincidentes con los utilizados para Enrique López en su momento.

Destinos y puestos con el apoyo del PP

De 2001 a 2008, el magistrado González fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lo propuso la asociación mayoritaria y conservadora APM, pero resultó elegido con el apoyo del Partido Popular en una votación celebrada en el Senado.

En esa votación participaron “destacados miembros” del Partido Popular, responsable civil en el caso de los papeles de Bárcenas o caja B, que además tienen distintas vinculaciones con el caso Gürtel. Son Jesús Sepúlveda, imputado en la pieza principal. O Esperanza Aguirre, testigo en ese caso. Y Pío García Escudero y Luis Fraga Egusquiaguirre, ambos receptores confesos de fondos recogidos en la contabilidad paralela de Luis Bárcenas. También Tomás Burgos le votó, marido de una exdiputada fallecida y que estuvo imputada. En aquella votacion para el CGPJ, y con los mismos apoyos, resultó también elegido vocal Enrique López.

Entre 2012 y 2015, González desempeñó el puesto de magistrado de enlace en París. Un destino dorado para los jueces que llevó la firma de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apunta la acusación de los socialistas valencianos. Su aterrizaje posterior en la Audiencia Nacional también está teñido de la influencia del PP. Su nombramiento para la Sala de lo Penal, así como las seis prórrogas en comisión de servicio son fruto de la mayoría de vocales a propuesta del partido en el Gobierno.

En la decisión sobre González también ha pesado que participó en diversos cursos de FAES, la fundación que lidera Aznar, entre 2003 y 2005 y que cobró 765 euros por ello.

https://m.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-magistrado-PP-afinidad_0_765374465.html

LA AUDIENCIA NACIONAL RECUSA AL JUEZ DE LA CAJA B, GONZÁLEZ, POR SU AFINIDAD AL PP

Impartió cursos en FAES y fue nombrado vocal del CGPJ por los senadores 'populares'

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha recusado por la mínima (nueve votos a ocho) al juez Juan Pablo González, quien ya no formará parte del tribunal que juzgará la caja B del PP por su afinidad a los populares. De esta manera, González ha transitado por los mismos derroteros que Concepción Espejel y Enrique López, magistrados apartados también de varias piezas del entramado gürteliano.

González fue el magistrado seleccionado para redactar hasta cuatro piezas separadas en el seno del caso Gürtel: los Papeles de Bárcenas (caja B), la visita del Papa a Valencia, el caso Jerez y AENA. El juez ha sido apartado por dos motivos que no son más que dos caras de la misma moneda: cursos FAES y cercanía al PP.

La propia Fundación, otrora think tank del PP, admitió las informaciones desveladas en exclusiva por El Plural. FAES pagó por conferencias a González. Concretamente, el montante ascendió a 765 euros por cuatro seminarios celebrados entre los años 2003 y 2005, momento en el que la simbiosis entre la formación popular y FAES alcanzó su punto álgido.

Pero su estrecha relación no se reducía a los seminarios. González le debe al PP su meteórico ascenso. En el año 2001 fue nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por obra y gracias del Partido Popular. En concreto, por obra y gracia del voto de 223 senadores gracias a la mayoría absoluta de los populares. De hecho, en la votación que cambió el devenir de Juan Pablo González participaron varios senadores salpicados por la trama gürteliana o por alguna de sus muchas aristas.

Una de las más ilustres fue Esperanza Aguirre, quien fue citada a declarar durante la instrucción y para el juicio. Con una enorme “T” de “testigo colgando del pecho, la exlideresa explicó el fraccionamiento de las facturas en contratos de la Comunidad de Madrid e insistió en su mantra por antonomasia: “Yo destapé la Gürtel”.

El actual presidente del Senado, Pío García Escudero, también participó en la votación y, al igual que Aguirre, fue citado a declarar en calidad de testigo. Su declaración se celebró el mismo día que la del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Además, García Escudero presidía el PP de Madrid y FUNDESCAM, fundación vinculada con la financiación irregular.

Jesús Sepúlveda, imputado en Gürtel, exmarido de Ana Mato y exalcalde de Pozuelo de Alarcón, quien habría recibido viajes, regalos y fiestas pagados por la trama, también votó al magistrado. Sepúlveda, ahora está procesado y pendiente de sentencia. Le podrían caer 15 años de cárcel, no por votar a Juan Pablo González, sino por blanqueo, falsedad, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude.
También votó Luis Fraga, sobrino de Manuel Fraga y cuyo nombre figuraba en los Papeles de Bárcenas. El senador admitió haber cobrado en negro.

Pero el PP, partido agradecido donde los haya, prosiguió con el impulso de su carrera. El Consejo de Ministros del 24 de marzo del año 2012, con Mariano Rajoy ya en La Moncloa, el Ejecutivo le nombró juez enlace en París en sustitución de Manuel García Castellón, que recaló en Roma. Ya en 2015, Javier Gómez Bermúdez es enviado a la capital gala para sustituirle (justo cuando apuntaba a ser el magistrado al cargo de la Caja B) y González regresa para ocupar, a su vez, su plaza en la Audiencia Nacional. Cinco meses después es Carmen Lamela, la juez que envió al Govern cesado por el 155 a prisión, quien se hace con este puesto tras el sorteo. Entonces, Juan Pablo González relevó a Lamela. Un cambio de cromos cuyo beneficiario siempre era el mismo: el PP. No obstante, la suerte de los populares parece haber tornado.

https://www.elplural.com/politica/2018/04/27/audiencia-nacional-recusa-juez-caja-b-gonzalez-afinidad-pp

TERCER JUEZ APARTADO DE LOS JUICIOS DE 'GÜRTEL' POR SU PROXIMIDAD AL PP

Juan Pablo González sigue el mismo camino que Concepción Espejel y Enrique López tras admitir la Audiencia la recusación planteada por las acusaciones populares con el apoyo de Anticorrupción La maniobra de cambiar a última hora la composición del tribunal de los 'papeles de Bárcenas' para excluir al magistrado que forzó la declaración testifical de Rajoy acaba teniendo un efecto bumerán

La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de apartar a Juan Pablo González del tribunal que debe enjuiciar la pieza de Gürtel conocida como la de la caja B o de los papeles de Bárcenas ha elevado a tres el número de jueces excluidos de todos los procesos vinculados a esta macrocausa de corrupción por su afinidad al PP. González había sido recusado por todas las acusaciones populares con la adhesión explícita de la Fiscalía Anticorrupción, como adelantó infoLibre. Su apartamiento se ha producido este viernes por nueve votos a favor y ocho en contra.

El magistrado, que no podrá participar en la vista de la caja B ni en otras tres derivadas del tronco común de Gürtel -la visita del Papa a Valencia, los contratos otorgados por AENA a la trama y los adjudicados por el Ayuntamiento de Jerez- sigue así la senda de Concepción Espejel y Enrique López, que ya fueron recusados y apartados en 2015. Dos años más tarde, Espejel se convirtió en mayo de 2017 en presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Desde ese puesto, la magistrada pilotó el pasado otoño una maniobra que alteró a última hora la composición del tribunal que ya había sido designado para enjuiciar los papeles de Bárcenas. De la nueva sala, conformada también por miembros de la Sección 2ª de la Sala de lo Penal, desapareció el magistrado Julio de Diego, aquel cuyo voto deshizo el empate en la sala del primer proceso de Gürtel celebrado en la Audiencia, el de la llamada Primera Época, lo que forzó la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo. El lugar de De Diego pasó a ocuparlo Juan Pablo González, cuya carrera profesional ha crecido bajo el impulso del PP. Aquella maniobra de cambio de tribunal sobre la marcha ha acabado teniendo un efecto bumerán.

En su escrito de recusación la acusación popular que encabeza IU sostuvo como "obvio" que aquellas resoluciones "que el magistrado pudiera tomar y que no fuesen del agrado del partido presidido por el señor Rajoy Brey pudieran frustrar cualquier promoción de su carrera judicial".

Íntima amistad con Mayor Oreja

González llegó en 2001 al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP en el Senado, participó en cursos de FAES, y fue nombrado magistrado de enlace en París ya con Rajoy como presidente. "Además –señalaba el texto–, la prensa ha venido reflejando la íntima amistad del magistrado González con el ex ministro del PP Jaime Mayor Oreja, cuyo hermano José Mayor Oreja aparece en la contabilidad B del PP". En la votación del Senado que aupó a González al CGPJ participaron otros dos dirigentes del PP cuyos nombres aparecen en los papeles de Bárcenas: Pío García Escudero, que ya ha declarado como testigo en la instrucción, y Jesús Sepúlveda, coordinador electoral del PP durante buena parte de la etapa que reflejan los manuscritos del extesorero Luis Bárcenas.

La recusación de González fue el último intento de las acusaciones por impedir el desembarco de Juan Pablo González en los tribunales de Gürtel. Previamente, impugnaron el acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional que había avalado el cambio de tribunal: ese paso, vino a ser el argumento central, alimentaba la sospecha de que se había preparado un tribunal a la carta para el PP. Aunque los recursos contra esa decisión fueron desestimados, los argumentos manejados pusieron "en alerta" a miembros de la judicatura que sin pertenecer al llamado sector progresista -minoritario- vieron con temor que la sombra del desprestigio acechaba de nuevo.

Una de las acusaciones, la ejercida por los socialistas, invocó por ejemplo una sentencia de 2015 del Tribunal Constitucional que advierte del riesgo de modificar la composición del tribunal asignado a un caso. La garantía de independencia e imparcialidad –dice esa sentencia– "quedaría burlada si bastase con mantener el órgano [en este caso, la Sección 2ª de la Sala Penal de la Audiencia] y pudiera alterarse arbitrariamente sus componentes, que son quienes, en definitiva, van a ejercitar sus facultades intelectuales y volitivas en las decisiones que hayan de adoptarse". Según el PSOE, el cambio, con efectos retroactivos, en las normas de reparto de las causas que corresponden a la sección segunda de la Sala Penal "encaja perfectamente en el concepto de designación ex post facto, es decir una vez conocidas las causas y su relevancia para el Partido Popular en el gobierno". Y eso "podría dar lugar a la nulidad de la causa".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/04/28/tercer_juez_apartado_los_juicios_gurtel_por_proximidad_pp_82264_1012.html

FAES CONFIRMA QUE PAGÓ AL MAGISTRADO QUE JUZGARÁ LA CAJA B DEL PP

Las acusaciones populares insisten en pedir su recusación tras saber que Juan Pablo González cobró 765 euros por dar cursos en la fundación

La Fundación FAES ha confirmado que pagó por conferencias a uno de los jueces que componen el tribunal que juzgará cuatro piezas fundamentales de la trama Gürtel: la caja B del PP (papeles Bárcenas), la visita del Papa a Valencia, AENA y Jerez.

En concreto, la fundación pagó 765 euros a Juan Pablo González por participar en cuatro seminarios celebrados entre 2003 y 2005 -momento en el que FAES estaba plenamente vinculada al PP- sobre Euskadi y el futuro de los tribunales superiores de Justicia.

Su participación en estos cursos es una de las razones, entre otras relacionadas con la afinidad del juez con el Partido Popular, que han esgrimido las acusaciones populares para pedir la recusación del juez Juan Pablo González.

De hecho, tras conocerse el dato de los cobros de FAES por parte del magistrado, las acusaciones populares han registrado nuevos escritos en los que señalan la necesidad de recusar a Juan Pablo González porque "se confirma el vínculo personal existente entre el Magistrado recusado y las partes intervinientes en la presente causa". Además, los pagos señalan que "el juez participaba activamente en el diseño del bagaje ideológico del Partido Popular".

En el momento de la participación del magistrado en los actos de FAES eran patronos de la fundación varias personas vinculadas a los papeles de Bárcenas, recuerdan las acusaciones populares, sobre los que tendrá que decidir, como Mariano Rajoy, Ángel Acebes, Esperanza Aguirre, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Jaime Ignacio del Burgo, Jaime Mayor Oreja, Eugenio Nasarre, Rodrigo Rato y Federico Trillo-Figueroa.

Ya el pasado diciembre este periódico reveló que González había participado en estos actos de FAES e incluso en uno de ellos había llegado a compartir mesa con un imputado en el caso Gürtel, el mismo caso en el que ahora tiene que juzgar. Esto confirmaba sus lazos con el PP y servía de argumento principal para su recusación por parte de las acusaciones populares personadas en el proceso.

La prueba clave

Los documentos enviados por FAES acreditando pagos al magistrado son la prueba clave para dicha recusación, teniendo muy presente el caso de Enrique López. La participación en los cursos de FAES fue una de las razones por las que la Audiencia Nacional aceptó recusar a López y apartarle tanto del primer juicio de Gürtel como del caso que ahora llevará González, el de la Caja B del PP o Papeles de Bárcenas.

Según decidió por dos veces la Sala de lo Penal, con 14 votos a favor y cuatro en contra, la colaboración con la fundación del PP incumplía la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que señala que un juez no sólo debe ser imparcial, sino parecerlo. Además, se señalaba que Enrique López había llegado a cobrar más de 13.000 euros de FAES.

El cambio de jueces orquestado

Juan Pablo González llegó al tribunal Gürtel el pasado 20 de noviembre cuando fue designado por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional a la vez que era apartado el magistrado Julio de Diego, uno de los dos responsables de haber citado a declarar a Mariano Rajoy en el primer juicio Gürtel.

Además, González sustituyó al otro responsable de esa citación histórica, José Ricardo de Prada, quedándose, si la recusación no prospera, como redactor de las sentencias de las piezas separadas de los papeles de Bárcenas, AENA, Jerez y la visita del Papa a Valencia dentro de la trama Gürtel.

https://www.elplural.com/politica/2018/04/09/faes-confirma-pagos-juez-gurtel-corrupcion-pp

Los tres jueces de cabecera del PP firmaron la condena contra el rapero Valtónyc

Espejel, López y González, recusados por su afinidad con el partido, incluyeron letras contra el PP en la sentencia

El día 21 de febrero de 2018 quedará marcada en el calendario como el día de la censura. Juicio contra un tuitero, secuestro del libro Fariña, retirada en ARCO de la obra de Santiago Sierra… Todo precedido de la ratificación de la condena al rapero Valtonyc por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. La decisión del Tribunal Supremo venía a corroborar una decisión de la Audiencia Nacional que estaba firmada por tres jueces cuya identidad no es baladí. Hablamos de Concepción Espejel, Enrique López y Juan Pablo González, los tres jueces de cabecera del Partido Popular: los dos primeros están recusados por su relación con el PP y el tercero va camino de serlo por los mismos motivos.

La sentencia que condena a Valtonyc a tres años y medio de cárcel, que ahora ha ratificado el Tribunal Supremo, está firmada también un 21 de febrero, pero del año 2017. Los tres jueces que la firman son Concepción Espejel, como presidenta y ponente; Enrique López y Juan Pablo González. Tres jueces cuya cercanía con el Partido Popular ha provocado un sinfín de recusaciones y la inhabilitación de los dos primeros para juzgar todas las piezas de Gürtel, algo que previsiblemente también pasará con González.

Esa cercanía no es baladí tampoco en el caso del rapero Valtonyc, puesto que, en su sentencia, a la que ha tenido acceso El Plural, los tres magistrados recogen letras de sus canciones “contra determinados cargos del Gobierno Central” en las que los miembros del Partido Popular son protagonistas y que sirven para justificar la condena.

La elección de estas letras es la siguiente:

“O que explote un bus del PP con nitroglicerina cargada”

“Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza, ETA es una gran nación” (esta es una frase real dicha por Mariano Rajoy en uno de sus míticos gazapos).

“¡Gloria! Es Andrea Fabra durmiendo en la calle, y que un parado le rompa las costillas con un bate”.

“A ver si te enteras, como el caso Bárcenas, pierdo los papeles y en cuarteles grito GORA ETA”.

“La dimisión de Mariano Rajoy no será hoy, los asesinos no dimiten, ¡se les destierra!”.

“Andrea Fabra se tragará sus palabras y comerá del suelo porque no le quedará otra”

“No me quedaré mudo, no me callaré, aunque tenga que inmolarme en la sede del PP”.

“Después mutilaré a la De Cospedal”.

“De Cospedal no reiría tanto en un zulo a cuarenta grados”.

La elección de versos dedicados a María Dolores de Cospedal es llamativa, puesto que, a la ponente de la sentencia, Concepción Espejel, le une una manifiesta amistad con la secretaria general del Partido Popular. Fue Cospedal la que le entregó en 2014 la condecoración de la Orden de San Raimundo y la presentó como “querida Concha”, el nombre que usan con ella los amigos.

Esa relación fue la que provocó que Espejel fuera recusada, o se adelantara a los acontecimientos y se apartara, en seis de las piezas de Gürtel que iba a juzgar. Lo mismo ocurre con su compañero Enrique López, a quien el PP colocó en el Tribunal Constitucional -que tuvo que abandonar al ser pillado ebrio al volante- y que luego recaló en la Audiencia Nacional. López fue recusado por participar en cursos de FAES, la fundación del PP, y cobrar por ello.

Al final, los dos fueron apartados de todos los procesos Gürtel al considerarse que, respecto al PP, existían probadas “dudas sobre su imparcialidad”. Sin embargo, la carrera de ambos sufrió un nuevo ascenso. López se marchó a la recién creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y Espejel fue elevada a presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En ese nuevo cargo, Espejel aprobó los cambios del golpe judicial del 20 de noviembre, que ella misma había dejado encarrilados en su anterior puesto. Esa modificación llevo a Juan Pablo González, el tercer juez que sentenció al rapero Valtónyc, a ser elegido como redactor de las sentencias de cuatro piezas claves de Gürtel.

Sin embargo, esa elección podría llevarle también a la recusación, gracias a sus afinidades con el PP señalados por El Plural. Las acusaciones populares han pedido su recusación en todas las piezas y, de momento, la Fiscalía les ha dado su apoyo en la pieza de la visita del Papa a Valencia. González también participó en cursos de FAES -en alguno codo con codo con un imputado en Gürtel- y todos los ascensos de su carrera judicial han dependido del Partido Popular y de imputados como la exministra Ana Mato o el exsenador Jesús Sepúlveda.

https://www.elplural.com/politica/2018/02/22/condena-rapero-valtonyc-jueces-espejel-lopez-gonzalez

ESPEJEL Y LÓPEZ SE APARTAN DE LAS RECUSACIONES CONTRA EL NUEVO JUEZ DE LA GÜRTEL

La acusación popular les había recordado que, como magistrados ya recusados por parcialidad, no podían votar sobre Juan Pablo González

Concepción Espejel, la jueza a la que los “amigos” como María Dolores de Cospedal “llaman Concha”, no podrá decidir sobre las recusaciones contra el nuevo juez de Gürtel, Juan Pablo González. Tampoco lo podrá hacer Enrique López, magistrado también vinculado al Partido Popular y ahora colocado en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Ambos han tenido que apartarse de las votaciones debido a que ambos fueron recusados en las piezas sobre la trama de corrupción debido a las dudas sobre su imparcialidad.

El 26 de enero de 2018, la acusación popular que representa al PSPV, envió un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ahora preside Concepción Espejel, para reclamar que tanto ella como Enrique López debían apartarse de las recusaciones que pesan sobre Juan Pablo González, el magistrado que fue designado tras el golpe judicial como ponente de las sentencias en cuatro piezas clave del caso Gürtel.

La acusación popular recordaba en su escrito, al que ha tenido acceso El Plural, que Espejel y López ya habían “sido recusados o se han abstenido” en los juicios sobre la trama Gürtel; en concreto, “en las piezas separadas 5 y 6/15, 3, 5, 6, 15 y 19/2016”. Dicho documento que los jueces fueron apartados por la “falta de apariencia de imparcialidad de ambos” y que al ser todas las piezas separadas parte “del mismo ‘tronco común’”, la decisión que afecta a una de ellas se debe extender a todas.

Por eso, el escrito recuerda que ambos magistrados deben “abstenerse de participar de cualquier forma” en las recusaciones que se han presentado contra el nuevo juez de Gürtel, Juan Pablo González, y que la Fiscalía también apoya por la “amistad manifiesta” de este juez con el Partido Popular. De hecho, el PSPV recuerda en su escrito que Espejel y López “deben abstenerse sin esperar a que se les recuse” puesto que “es un deber que se impone a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas”.

Y es exactamente lo que han hecho Espejel y López, en un acuerdo al que ha accedido El Plural y que está firmado por la propia magistrada en calidad de presidenta de la Sala de lo Penal. En su texto, con fecha de 30 de enero, señala que “en la deliberación y resolución de los expedientes mencionados no formarán Sala los Magistrado Dª Concepción Espejel Jorquera y D. Enrique López López por haber sido recusados en las causas en las que a su vez se formulan recusaciones ahora en trámite respecto de D. Juan Pablo González”.

Dudas razonables

La duda razonable que queda ahora es si Espejel y López se habrían apartado de manera voluntaria si la acusación popular no lo hubiera recordado cuatro días antes. La incógnita es plausible, puesto que Espejel sí participó en el acuerdo del 20 de enero en la Audiencia Nacional que ejecutó el golpe judicial que cambió la composición de las salas que tendrían que juzgar cuatro piezas claves de Gürtel: papeles de Bárcenas, visita del Papa, AENA, Jerez.

Pese a estar recusada o haberse apartado en dichas piezas, Espejel fue ascendida a presidenta de la Sala de lo Penal. Y desde ese puesto, en lugar de retirarse, apoyó el cambio de jueces y el nombramiento de Juan Pablo González como redactor de las próximas sentencias de Gürtel. Juez que ahora está recusado por haber participado en cursos de FAES junto a un imputado en la causa y porque los ascensos de su carrera judicial han estado ligados al PP y al apoyo de personas hoy encausadas en Gürtel, como Ana Mato o Jesús Sepúlveda.

https://www.elplural.com/politica/2018/02/01/espejel-lopez-gurtel-recusacion-juan-pablo-gonzalez-jueces

LA RIVAL DE ESPEJEL INSTRUIRÁ LA RECUSACIÓN DEL JUEZ GONZÁLEZ EN LA CAJA B DEL PP

Manuela Fernández Prado propondrá a la Audiencia Nacional si el magistrado debe ser apartado del tribunal que juzgará los papeles de Bárcenas.

La de vueltas que da la vida. La magistrada Manuela Fernández Prado, Nela, será la instructora de la recusación del juez Juan Pablo González del tribunal que juzgará la caja B del PP, después de que la Audiencia Nacional aprobara unas normas de reparto que implicó todo un cambiazo a este tribunal cuando ya estaba formado desde el año 2016.

Se da la circunstancia de que la autora e impulsora de este cambiazo fue Concepción Espejel, la actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cargo para el que fue nombrada en mayo de 2017 y al que se presentó también la propia Manuela Fernández Prado, de tendencia progresista.

Espejel fue promovida el año pasado a la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por un sector del PP vinculado a María Dolores de Cospedal, cuando había sido apartada dos veces del tribunal del caso Gürtel.

El nombramiento de Concepción Espejel frente a Manuela Fernández Prado fue realizado en mayo de 2017 por el Consejo General del Poder Judicial y el principal impulsor fue el vocal Gerardo Martínez Tristán, marido de una de las personas de máxima confianza de Cospedal: Marta García de la Calzada, quien fue consejera de Fomento de Castilla-La Mancha en la etapa de la ahora ministra de Defensa, según fuentes jurídicas consultadas por Público.

Para rizar el rizo, el sector conservador del CGPJ se mostraba dividido, ya que una parte de los vocales quería impulsar al propio Juan Pablo González como presidente de la Sala de lo Penal.

La pieza de la caja B del PP en el caso Gürtel (la de los Papeles de Luis Bárcenas, su extesorero) es de especial sensibilidad política, ya que juzga la caja de dinero negro que manejaba el PP y donde existen indicios de que el propio Mariano Rajoy recibió fondos de esta caja B.

El tribunal del caso Gürtel quedó inicialmente conformado con Ángel Hurtado (presidente) y los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada.

En mayo de 2016 estos tres jueces fueron nombrados integrantes del tribunal sobre la supuesta caja B del PP. Este tribunal dictó varias resoluciones, entre ellas un auto, y hasta una de las acusaciones recurrió su composición, que fue confirmada por la Audiencia Nacional.

Sin embargo, la Audiencia Nacional cambió las normas de reparto para el año 2018 a propuesta de Concepción de Espejel, de tal manera que este tribunal ha quedado alterado a posteriori y ha entrado Juan Pablo González, un juez promovido en el pasado por el PP al cargo de vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Juan Pablo González ha sido recusado por varias acusaciones populares al entender que "adeuda gran parte de su carrera profesional al apoyo expreso del partido político, cuyos tesoreros y cuya contabilidad opaca se debe enjuiciar", según de Izquierda Unida, Ala y Ecologistas en Acción.

En las nuevas normas de reparto, la nueva presidenta de la sección, María José Rodríguez Duplá, presidirá todos los juicios. De esta manera, se desplaza a Ángel Hurtado en las piezas de Gürtel que quedan por juzgar. También se integra como ponente al magistrado Juan Pablo González en lugar de Julio de Diego, quien sustituía en Gürtel a Enrique López, recusado en su día junto a Concepción Espejel.

Se da la circunstancia de que Julio de Diego fue el juez que apoyó a José Ricardo de Prada para citar como testigo a Mariano Rajoy en el caso Gürtel.

Juan Pablo González también ha sido recusado en el resto de piezas del caso Gürtel. El instructor de su recusación en la pieza sobre los negocios de la trama con Aena ha correspondido al magistrado Eduardo Gutiérrez Gómez. Su recusación en la pieza separada de los negocios de Gürtel con el ayuntamiento de Jerez ha recaido en Carmen Paloma González Pastor y, por último, su recusación en la pieza de la visita del Papa corresponderá a Teresa Palacios Criado.

http://www.publico.es/politica/rival-espejel-instruira-recusacion-juez-gonzalez-caja-b-pp.html

CINCO MAGISTRADOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL DECIDIRÁN SI APARTAN O NO AL NUEVO JUEZ DE 'GÜRTEL'

Las acusaciones justificaron la recusación contra Juan Pablo González por su "amistad manifiesta" con el PP y ante la existencia de "dudas más que razonables sobre su parcialidad"

Anticorrupción, por su parte, informó a favor de que se apartara al magistrado al considerar que el apoyo del Partido Popular fue "decisivo" a la hora de impulsar su carrera como juez

La Audiencia Nacional ha designado a cinco magistrados instructores para que se pronuncien sobre el incidente de recusación contra el magistrado Juan Pablo González, designado ponente de la sentencia que se dictará sobre el caso por la caja b del PP de la trama Gürtel y juez en otras tres piezas de esta causa: Aena, Jerez y visita del Papa a Valencia, informa Europa Press.

La magistrada que preside la Sección Segunda, Manuela Fernández Prado, será la instructora del incidente presentado por las acusaciones que ejercen Izquierda Unida y Adade en la pieza sobre la caja b de la formación conservadora. En esta causa, Juan Pablo González fue designado ponente de la sentencia del juicio que aún está a la espera de fijarse fecha.

En el escrito presentado en la Audiencia Nacional, la acusación justificó la recusación a González por su "amistad manifiesta" con el PP y ante la existencia de "dudas más que razonables sobre su parcialidad". La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, informó a favor de que se apartara al magistrado al considerar que el apoyo del Partido Popular fue "decisivo" a la hora de impulsar su carrera como juez.

También se designan otros tres magistrados instructores para las otras tres piezas de la macrocausa en las que González ha sido designado juez. Así, de acuerdo con la resolución firmada por la presidenta de la Sala, Concepción Espejel, se nombra a la magistrada de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal Teresa Palacios como instructora del incidente en la pieza separada 4 sobre las contrataciones del ente Radiotelevisión Valenciana (RTVV) para la visita del Papa a Valencia en 2006.

Bárcenas pide excluir también a De Prada

La magistrada Carmen Paloma González Pastor estudiará el incidente en la pieza separada del Ayuntamiento de Jerez, que investiga los gastos del stand de esta localidad en FITUR en 2004, y el magistrado Eduardo Gutiérrez Gómez hará lo propio en la denominada AENA, sobre presuntas irregularidades y sobornos en esta empresa pública.

En relación con estas dos últimas, Anticorrupción apuntó que era cierto que ninguna imputación se efectúa respecto del PP ni de Bárcenas, pese a lo cual se estima que González debe ser igualmente apartado de las mismas al igual que se hizo en el caso de Espejel.

Igualmente la Presidencia de la Sala de lo Penal designa instructora a la magistrada Ángeles Barreiro Avellaneda para estudiar si se aparta o no al juez José Ricardo de Prada del tribunal que integra la trama Gürtel. En este caso fue el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas quien pidió la exclusión de este otro magistrado del tribunal porque a su juicio no es competente para juzgar esta parte de la trama.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/29/cinco_magistrados_audiencia_nacional_decidiran_si_apartan_no_nuevo_juez_gurtel_74653_1012.html

La Fiscalía acepta la recusación del nuevo juez de Gürtel por su amistad con el Partido Popular

Anticorrupción señala que el PP le nombró vocal del CGPJ y añade que Ana Mato participó en su ascenso judicial

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se admita a trámite la recusación del PSPV contra el juez Juan Pablo González, quien fue elegido por la Audiencia Nacional para redactar las próximas sentencias del caso Gürtel. El Ministerio Fiscal, en un informe enviado a la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso El Plural, pide que se admita la recusación contra González en la pieza sobre la visita del Papa por las razones alegadas por la acusación popular del PSPV de “amistad manifiesta” del magistrado con el Partido Popular, basado en su elección como vocal del CGPJ por el Senado cuando el PP tenía mayoría absoluta y con el voto de uno de los imputados, Jesús Sepúlveda.

Pero la Fiscalía Anticorrupción va incluso más allá de lo referido por las acusaciones populares en sus escritos de recusación. Porque acepta que el Consejo de Ministros del Gobierno del Partido Popular fue el que le dio el codiciado cargo de juez de enlace en París pero además añade algo que había pasado por alto: que Ana Mato era ministra de Sanidad y participó en dicho cónclave.

Mato está encausada en la primera época de Gürtel (1999-2005) en la que se le acusa, al igual que el Partido Popular, de ser partícipe a título lucrativo en la trama Gürtel por los regalos que recibió junto al que entonces era su marido, Jesús Sepúlveda, como alcalde de Pozuelo de Alarcón.

De momento, el escrito de la Fiscalía se circunscribe a la pieza que se refiere a la visita del Papa a Valencia, una de las cuatro en las que Juan Pablo González fue colocado como juez ponente de las sentencias. Anticorrupción señala que el exvicepresidente valenciano con el PP Juan Cotino está acusado en esta causa y que a título lucrativo están encausadas dos fundaciones gestionadas “entre otros, por quienes en la fecha de los hechos ostentaban los cargos de presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y de representante de la Diputación de Valencia, Fernando Giner”.

Según la Fiscalía, “resultaría indicador de una eventual pérdida de apariencia objetivo de imparcialidad de Juan Pablo González la decisiva intervención del Partido Popular en su designación para distintos cargos: vocal del CGPJ y magistrado de enlace ante las correspondientes autoridades de la República Francesa”.

Sobre su elección como vocal del CGPJ, la Fiscalía acepta los argumentos de la recusación del PSPV y señala que dicho nombramiento se produjo “a propuesta del Senado, Cámara en la que el Partido Popular era el Grupo Parlamentario mayoritario” y que “en esa fecha formaba parte de ese Grupo el acusado en la Pieza Separada “Época I: 199-2005” Jesús Sepúlveda”.

Además, la Fiscalía señala que “queda acreditado” que el magistrado González fue nombrado juez de enlace en París “por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia del Gobierno del Partido Popular, previa deliberación del Consejo de Ministros”. Incluso, va más allá que las propias acusaciones populares y señala que “debe destacarse al respecto que de este Consejo de Ministros formaba parte Ana Mato Adrover, a quien se le atribuye en la PS “Época I: 1999-2005” la condición de partícipe a título lucrativo”.

https://www.elplural.com/politica/2018/01/17/la-fiscalia-acepta-la-recusacion-del-nuevo-juez-de-gurtel-por-su-amistad-con-el

El nuevo juez de Gürtel y sus artículos: los “espacios de sombra” del 11-M

Juan Pablo González acusaba a Ibarretxe de “connivencia” con ETA y a Zapatero de poner “al Estado de rodillas”

De Juan Pablo González, el nuevo juez que tendrá que sentenciar cuatro causas de Gürtel vitales para el Partido Popular, sabemos que participó en varios cursos de FAES, la fundación del PP, coincidiendo con un procesado en la trama. También que fue elegido por el PP como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el voto a favor de senadores salpicados por la trama. Y que desde esa ilustre tribuna rubricó actuaciones, como el apoyo a los jueces que alegaban objeción de conciencia religiosa para no celebrar matrimonios entre homosexuales.

De todo eso, se puede deducir una afinidad ideológica con el Partido Popular. Pero la sospecha se convierte en confirmación cuando se bucea en su pensamiento político, que él mismo se encargó de dejar para la posteridad en varios artículos de opinión. La inmensa mayoría de esos artículos se escribieron entre 2001 y 2008, cuando era vocal del CGPJ, y como tal los firmaba. Obviando, eso sí, que había sido elegido por el PP para dicho puesto.

Si se hubiera especificado, el contexto habría ayudado a entender los tres pilares que vertebran sus artículos de opinión: crítica al nacionalismo, sobre todo al vasco; acusaciones al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de poner al Estado “de rodillas” ante ETA y afirmaciones sobre “los espacios de sombra” en torno a los atentados del 11-M. Artículos que se publicaron siempre en tres periódicos: ABC, El Correo y La Razón.

La verdad judicial del 11-M
En La Razón, el 1 de noviembre de 2007, Juan Pablo González firmaba un artículo titulado La verdad judicial. El texto iba encuadrado dentro de un reportaje titulado Las incógnitas sin resolver, enmarcado a su vez en un especial bajo el nombre La sentencia del 11-M: Las dudas sobre los atentados. Todo, como se ve, vinculado a la teoría de la conspiración que afirma que la mayor masacre terrorista de nuestra historia no fue provocado por una célula islamista, sino por una trama secreta para echar al Partido Popular del poder.

En su artículo, González recuerda que respecto al 11-M, “todo tipo de hipótesis se han defendido con pasión por periodistas y políticos que, en juicios paralelos, han concurrido en la defensa de sus puntos de vista”. “Los jueces sabemos que la verdad judicial, especialmente en los supuestos de especial complejidad, difícilmente agota la realidad”, señalaba el entonces vocal del CGPJ, y añadía que “en la ceremonia del proceso hay siempre espacios de sombra”.

El nacionalismo e Ibarretxe

En otro artículo, titulado Uno de los nuestros y publicado en El Correo en noviembre de 2006, Juan Pablo González utiliza esa expresión, que según él usó “un dirigente nacionalista” cuando ETA asesinó a un militante de su partido, para criticar al PNV y a los socialistas vascos. Estos partidos habían protestado por la admisión de una querella contra el entonces lehendakari Ibarretxe y Patxi López por oponerse a la ilegalización de Batasuna. El juez usaba la expresión con tintes de película mafiosa para reclamar que no se les hicieran homenajes y se les apartase “prudencialmente de su cargo”.

González, de hecho, tenía una especial fijación con el nacionalismo en general y con Ibarretxe en particular. De hecho, otro de sus artículos, titulado El nacionalismo contra la Justicia y fechado en 2008, provocó una protesta formal del Gobierno vasco ante el CGPJ porque en el texto se le atribuía al Ejecutivo de Ibarretxe “tolerancia” y “connivencia” con ETA.

De hecho, el CGPJ se quebró en este episodio y hasta ocho vocales, con el vicepresidente a la cabeza, enviaron una carta a Ibarretxe mostrando “nuestra total repulsa” a que González hubiese usado “instrumentalmente su cargo y el nombre del CGPJ para verter tal tipo de despropósitos y de ofensas contra un Gobierno democráticamente elegido conexionándolo con el terrorismo”.

Zapatero y ETA
Aunque no hay que olvidar los múltiples artículos que González dedicó al Gobierno de Zapatero durante el proceso de paz con ETA. En 2007, el juez acusaba al Ejecutivo socialista de caracterizarse “por movimientos basculantes en una política antiterrorista guiada por el oportunismo, la frivolidad o el cálculo político”.

En otro artículo del mismo año, González acusaba al Gobierno de Zapatero de “mantener sus alianzas con quienes nunca han querido derrotar a ETA”. También califica la excarcelación de De Juana Chaos como “una parte del precio que se está dispuesto a pagar aún a costa de la dignidad de las víctimas” y acusaba a los socialistas de dirigir “un Gobierno que ofende y humilla a muchos ciudadanos”. “El Estado de rodillas por un chantaje que no es más que un anticipo de lo que puede ocurrir si avanza un proceso en el que solo ganan De Juana y sus amigos”, añadía.

https://www.elplural.com/politica/2017/12/19/el-nuevo-juez-de-gurtel-y-sus-articulos-los-espacios-de-sombra-del-11-m

EL CGPJ RESPALDA LA ‘OPERACIÓN ESPEJEL’

Debate sin consecuencias en la Comisión Permanente sobre los cambios retroactivos en los tribunales de Papeles de Bárcenas y tres piezas separadas

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado dar luz verde a los cambios en las normas de reparto para jueces y ponencias aprobadas el 20 de noviembre pasado por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, unos cambios que suponen la modificación retroactiva de la composición de los tribunales que enjuiciarán el caso de los Papeles de Bárcenas o contabilidad B del Partido Popular, y de otras tres piezas separadas del caso Gürtel que implican a dicho partido (Jerez, Aena y Boadilla).

La decisión más significativa de esa modificación ha sido el nombramiento de un magistrado que se encuentra en comisión de servicios en la Audiencia Nacional (su mandato debe ser renovado cada seis meses por el CGPJ), Juan Pablo González, como nuevo miembro del tribunal de Papeles de Bárcenas y nada menos que como ponente de esa y varias sentencias relacionadas con asuntos de corrupción del PP.

Es decir, el magistrado encargado de redactar el borrador o propuesta de sentencia al finalizar el juicio oral.

La Comisión Permanente del CGPJ está formada por Carlos Lesmes, presidente; Mar Cabrejas; Fernando Grande-Marlaska; Juan Martínez Moya y Rafael Mozo (elegidos por el turno judicial); y Álvaro Cuesta, Nuria Díaz Abad y Pilar Sepúlveda (turno de juristas).

La entonces presidenta de la sección segunda, Espejel, y el magistrado López, fueron apartados de ambos casos en dos plenos de todos los magistrados de lo penal celebrados en 2015 y 2016

Según el boletín del CGPJ, entre los “acuerdos adoptados por la Comisión Permanente en la sesión celebrada el pasado 5 de diciembre” figura, con el punto 1.2-2-, el de “tomar conocimiento, acusar recibo y ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado del acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional en su reunión del 20 de noviembre de 2017, de las propuestas de la presidenta de la sala de lo penal y de los presidentes de lo social y de lo contencioso-administrativo, sobre funcionamiento y composición de las secciones y asignación de ponencias que deben turnar los magistrados para el año 2018”.

Los cambios en las normas que se refieren a la sala de lo Penal han sido cuestionados por los magistrados de la sección segunda e integrante de los tribunales afectados José Ricardo de Prada y Julio de Diego. Sus puntos de vista han sido desestimados por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.

La Comisión Permanente, con mayoría de vocales afines al presidente Lesmes y al PP, ha dado luz verde al citado acuerdo mediante la fórmula de “dación de cuenta”: la comisión es informada de los hechos sin someter a votación el acuerdo como tal.

No obstante, fuentes consultadas por EL PAÍS apuntan que, tras conocer el informe, los miembros de la Comisión Permanente intercambiaron sus puntos de vista.

Algunos de ellos se preguntaron en voz alta si no existía alternativa a las normas aprobadas, dentro del ámbito de competencias que la ley Orgánica del Poder Judicial y del Reglamento de los Órganos de Gobierno de los Tribunales atribuyen a las salas de gobierno, otros respaldaron la decisión adoptada.

El pasado 20 de noviembre, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional aprobó, según se ha apuntado, nuevas normas de reparto para composición de secciones (leáse tribunales de enjuiciamiento) y nombramiento de ponentes, los magistrados que en un tribunal redactan el proyecto de sentencia.

Las nuevas normas se aplican a todos los casos que se sustancian en la Audiencia Nacional en los ámbitos penal, social y contencioso-administrativo.

En especial, afectan de manera retroactiva al tribunal ya anunciado en 2016 para el juicio oral sobre la contabilidad B del PP, el caso de los Papeles de Bárcenas, y otras tres piezas de la trama Gürtel que se juzgaran por separado. Dicho tribunal, y todos los de la trama Gürtel, son formados por tres miembros de los cinco que integran la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El tribunal, aparentemente definitivo, de Papeles de Bárcenas estaba integrado por el magistrado Ángel Hurtado (presidente y ponente), José Ricardo de Prada y Julio de Diego. Parecida composición, aunque con un ponente distinto, se asignó a las piezas separadas de Jerez, Aena y Boadilla.

La sala de los tres magistrados empezó a funcionar en 2016 para preparar los juicios, cuyas fechas respectivas están pendientes de fijar. La formación misma del tribunal fue objeto de debate interno entre los jueces sobre quién iba a ser el ponente, zanjándose por acuerdo de los tres que siguiera siendo el inicialmente propuesto, es decir, Hurtado.

También una de las acusaciones populares, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) presentó un recurso de reposición contra la decisión de nombrar a Hurtado ponente de la sentencia, iniciativa que fue desestimada.

Finalmente, el 28 de abril de 2016, la letrada de Administración de Justicia, o secretaria judicial, Carmen Calvo, informó a las partes, a través de una diligencia de ordenación, que el tribunal quedaba constituido por los tres magistrados y que la ponencia la retenía Hurtado. El 3 de abril de 2017, una providencia del magistrado Hurtado señalaba: “Dada cuenta, a la vista del Acuerdo 5º de la Sala de Gobierno de esta Audiencia Nacional, en su reunión de fecha 23 de enero pasado, queda la composición del Tribunal para el enjuiciamiento del presente procedimiento de la siguiente forma: Ángel Hurtado Adrián (Ponente), Julio de Diego y José Ricardo de Prada, tal y como se había fijado en la diligencia de 28 de abril de 2016”.

Espejel ha logrado en dos años, 2015 a 2017, darle la vuelta a la tortilla a las recusaciones de Enrique López y la suya propia a través de la pieza Juan Pablo González

La sala, como se llama al tribunal formado por los tres magistrados, comenzó a sesionar, según se ha apuntado, desde finales de abril de 2016 para resolver temas como la propuesta de medios de prueba de las partes personadas: la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones populares y las defensas. Tras analizar las iniciativas aprobó los medios propuestos.

La composición, aparentemente definitiva, del tribunal del caso Gürtel 1999-2005 -visto para sentencia el pasado 11 de noviembre- y de Papeles de Bárcenas, fue a su vez el resultado de dos recusaciones admitidas por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La entonces presidenta de la sección segunda, Concepción Espejel, y el magistrado Enrique López, integrante de la misma sección, fueron apartados de ambos casos en dos plenos de todos los magistrados de lo penal celebrados en octubre de 2015 y enero de 2016.

El argumento: las relaciones de ambos con el PP ponían en tela de juicio la apariencia de imparcialidad que se exige en un magistrado que forma parte de un tribunal de enjuiciamiento.

Problema: Espejel, como presidenta de la sección segunda de lo penal, presidía originalmente todos los tribunales formados por su sección; y también, claro, los casos de Gürtel, Papeles de Bárcenas y las piezas separadas. Enrique López, a su vez, era el magistrado ponente.

La recusación de ambos, por tanto, condujo a formar los tribunales, aparentemente definitivos, con Hurtado, De Diego y De Prada.

Pero como se suele decir, la procesión iba por dentro: las recusaciones y los cambios tendrían consecuencias. Y ellas vendrían primero de la propia presidencia de la sección segunda; más recientemente, desde la cúpula de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Y el magistrado Pablo González sería la pieza clave en lo que puede ser llamada una contraofensiva de casi dos años, desde que Espejel y López fueran apartados al ser aceptada por sus compañeros su recusación por posible vulneración de la apariencia de imparcialidad.

González, sin antigüedad suficiente en el escalafón, había conseguido a través de sucesivas comisiones de servicios renovadas por el CGPJ, con el apoyo de su presidente, Lesmes, ingresar y permanecer en la Audiencia Nacional.

Fue nombrado vocal del CGPJ por iniciativa y respaldo del PP, entre 2001 y 2007; en 2012 consiguió la plaza de magistrado de enlace de la Audiencia Nacional en París, un puesto que dejó tres años más tarde, en mayo de 2015 para hacer hueco a Javier Gómez Bermúdez, entonces titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. González regresó a España y ocupó su puesto, siempre en comisión de servicios.

Siete meses después, en diciembre de 2015 dejó el juzgado de instrucción número 3 y pasó a ser juez adscrito a la sala de lo Penal. El CGPJ tuvo que concederle una nueva comisión de servicios.

Como presidenta de la sección segunda, Espejel promovió en 2016 la entrada del magistrado González en su sección. Se incorporó en la sección segunda como juez de refuerzo. Apoyó primero a Ángel Hurtado, quien se hizo cargo de la presidencia y ponencia de Gürtel 1999-2005.

La carrera de González en la sección segunda conoció un nuevo salto cuando Enrique López fue nombrado, el 17 de mayo pasado, miembro de la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, lo que le llevó a dejar la sección segunda. Era el puesto para González.

La presidenta de la sección segunda, Espejel, que ya había colocado a González en posición estratégica, le confió los asuntos que abandonaba López para pasar a su nuevo destino.

La sustitución mediante “aproximaciones sucesivas” de López por González ha sido, pues, cuidadosamente planificada. González sería, finalmente, el “heredero” de la mayor parte de las ponencias –excepto Gürtel 1999-2005 ya juzgado- que por su recusación López no pudo acometer.

Porque era López, recapitulemos, a quien, teóricamente por turno, antes de ser recusado por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, le tocó la ponencia en las causas de Gürtel 1991-2005 y Papeles de Bárcenas.

Una semana después de consumar la sustitución de López por González, se pondría la guinda al pastel: Espejel era nombrada, el 25 de mayo pasado, gracias al voto de la mayoría conservadora del CGPJ, presidenta de todas las secciones de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En su lugar, en la sección segunda fue nombrada presidenta la magistrada María José Rodríguez Dupla.

Y, al amparo del cambio de presidencia de la sección segunda, Espejel llevó a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional el pasado 20 de noviembre, según ya se ha apuntado, unas normas de reparto para los jueces de lo penal, coincidente con cambios en el reparto en las secciones de lo social y contencioso-administrativo.

Espejel presentó la iniciativa como una propuesta de la presidencia de la sección segunda, es decir, la magistrada Rodríguez Dupla. El acuerdo del CGPJ señala, en lo que se refiere a las normas de la sección penal, que ha sido a propuesta de la presidenta de la sala. Es decir: Espejel.

El cambio supone, según fuentes judiciales, todo un ajuste de cuentas de Espejel con las recusaciones aceptadas en 2015 y 2016 para los tribunales de Gürtel y Papeles de Bárcenas que apartaron a la propia Espejel y a López.

Y, sobre todo, un misil en la línea de flotación del tribunal del caso Papeles de Bárcenas. Porque ha supuesto apartar del mismo al presidente y ponente, Hurtado, y al magistrado Julio de Diego. La presidencia ahora será de Rodríguez Dupla y la ponencia de Pablo González; el tercer magistrado es De Prada.

Se da la “circunstancia” de que De Diego y De Prada formaron la mayoría que obligó al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, a prestar declaración personándose en la Audiencia Nacional como testigo el 26 de junio pasado. La defensa del PP pidió en el juicio que Rajoy no compareciera.

Los magistrados De Diego y de Prada votaron a favor de la comparecencia de Rajoy. Hurtado, que se opuso en minoría, sugirió, al advertir el previsible resultado, que se autorizara la declaración de Rajoy por videoconferencia.

A la vista de esta situación, La Moncloa, por tanto, elevó al tribunal la propuesta de que el presidente de Gobierno y del PP declarase por videoconferencia.

Pero De Diego y De Prada se opusieron, citando en su apoyo un auto del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Manuel Marchena sobre la relevancia de la inmediación en el juicio oral, es decir, el contacto directo de los jueces con la actividad probatoria.

La operación Espejel ha consistido en sustituir a Hurtado, un magistrado conservador que, por cierto, mantiene serias expectativas en pasar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo próximamente, por González en calidad de ponente, y visto el acuerdo que alcanzaron De Diego y De Prada en Gürtel para la comparecencia de Rajoy, prevenir una nueva coincidencia de ambos magistrados como miembros del tribunal de Papeles de Bárcenas.

Espejel ha logrado en dos años, 2015 a 2017, pues, darle la vuelta a la tortilla a las recusaciones de Enrique López y la suya propia a través de la pieza Juan Pablo González.

El magistrado González, según se ha señalado, no solamente será ponente en Papeles de Bárcenas. También lo será en las piezas separadas de Gürtel Jerez y Aena.

La acusación popular Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ya logró la comparecencia de Rajoy en el juicio de Gürtel, ha recurrido en súplica ante la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional las nuevas normas de reparto que facilitan la operación Espejel. Una vez resuelta esta súplica, podrán presentar un recurso contra esas normas ante el CGPJ, lo que esta vez conducirá a un debate de fondo en la Comisión Permanente.

Pero, además, esta semana, vence el plazo de diez días para recusar al magistrado Juan Pablo González. La acusación popular le recusará con argumentos similares a los que ya permitieron apartar en 2015 a Enrique López por sus vinculaciones con el PP, a través de la participación de González en cursos de la fundación FAES del PP, un hecho que se suma al apoyo que recibió del citado partido para ser vocal del CGPJ entre 2001 y 2007.

La luz verde que ha dado la Comisión Permanente el pasado 5 de diciembre al acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional replantea el debate que tuvo lugar en el CGPJ con la decisión, en diciembre de 2014, de apartar al juez Pablo Ruz, en los tramos finales de su instrucción en los casos Gürtel y Papeles de Bárcenas.

Lesmes y el entonces miembro de la Comisión Permanente, Gerardo Martínez Tristán, impulsaron su relevo con el argumento de que era un juez en comisión de servicios. Aunque esa comisión podía ser renovada, conforme a la ley, se optó por separar a Ruz antes de vencer su mandato. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, impulsó, con Lesmes, esa operación. Y la plaza que ocupaba Ruz salió a concurso.

Al tiempo, este argumento no ha impedido a Lesmes renovar las veces que hiciera falta la comisión de servicios del magistrado Juan Pablo González. Ahora acaban de dar el plácet a unas normas de la Audiencia Nacional según las cuales un magistrado en comisión de servicios, González, será el encargado de redactar la sentencia de Papeles de Bárcenas, Jerez y Aena.

Lo que el juez Ruz instruyó, en comisión de servicios, podía ser modificado en el tribunal del juicio oral; González, en cambio, tendrá la llave de la sentencia.

Y por si todo esto fuera poco, destaca la conducta diferente de la Comisión Permanente del CGPJ y del Ministerio de Justicia respecto a la instrucción del entramado Gürtel y Papeles de Bárcenas, que afecta al PP y la que acaba de asumir en el caso de los ERE.

Tras aprobar el ministro Catalá la dotación económica correspondiente en noviembre pasado, el CGPJ adoptó, in extremis, el 12 de diciembre, un día antes del comienzo de la vista oral, que dos magistradas –Pilar Llorente y Encarnación Gómez – que forman parte del tribunal enjuiciador del caso de los ERE en Andalucía, que afecta a ex altos cargos del PSOE y de la Junta de Andalucía, queden liberados de sus funciones para dedicarse en exclusiva al caso, situación de la que ya gozaba el magistrado ponente Juan Antonio Calle. En Gürtel 1999-2005, ya juzgado, y las casi diez piezas separadas pendientes, con centenares de imputados, solo el magistrado Hurtado ha obtenido una exención parcial en sus actividades.

El cambio de las normas de reparto en la Audiencia ha supuesto la culminación de un movimiento de piezas a lo largo de casi dos años para consumar una operación en la que una vez más la realidad supera la ficción que suele presentar en sus novelas sobre la justicia norteamericana un abogado reconvertido en escritor de bestsellers como John Grisham.

Precisamente, este lunes, día 18 de diciembre, el juez instructor de los Papeles de Bárcenas, José de la Mata, que ordenó reabrir el caso a primeros de marzo pasado, a la luz de las declaraciones de Francisco Correa en el juicio de Gürtel sobre presuntas comisiones del 3%, ha citado para declarar en calidad de testigos a los expresidentes de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat Valenciana, Ignacio González y Eduardo Zaplana, respectivamente, y a Javier López Madrid, Ildefonso de Miguel y al empresario de comunicación Julio Ariza, en relación con unas grabaciones, halladas durante un registro dentro de la Operación Lezo y aportadas al Juzgado Central de Instrucción número 6 cuyo testimonio ha sido incorporado a la investigación de Papeles de Bárcenas.

En esas conversaciones grabadas, el empresario Rafael Palencia, cuyo nombre aparece con pagos en los Papeles de Bárcenas durante los años 1998, 2000, 2007 y 2008, realiza un relato sobre del pago de comisiones del 2 o 3 % al PP a cambio de adjudicación de obras públicas a la constructora Degremont Iberia, que presidía Palencia. Las grabaciones fueron realizadas por Ildefonso de Miguel, mano derecha de Ignacio González.

De la Mata tendrá que resolver, después de estas declaraciones, decidir si cierra finalmente Papeles de Bárcenas incorporando un delito que hasta el momento no aparecía en la causa: el de cohecho.

https://politica.elpais.com/politica/2017/12/18/analitica/1513584904_658125.html

LAS CUATRO PIEZAS DE GÜRTEL EN LAS QUE EL JUEZ JUAN PABLO GONZÁLEZ DICTARÁ SENTENCIA

Los papeles de Bárcenas y la Visita del Papa a Valencia, los más sensibles para el Partido Popular

Hasta ahora, El Plural ha desvelado la asistencia del juez Juan Pablo González a cuatro cursos FAES, donde coincidió con un imputado en Gürtel, así como su meteórica carrera a la sombra del Partido Popular. También sus polémicas actuaciones a lo largo de estos años, por lo que ahora hablaremos de lo qué viene en el futuro. Porque González fue nombrado in extremis como juez y redactor de la sentencia de cuatro piezas fundamentales del caso Gürtel, desplazando a jueces que, a priori, son más incómodos.

Caja B o papeles de Bárcenas

Sin duda, la piedra de toque del caso Gürtel por lo que implica para el Partido Popular, la formación que gobierna el país y a la que tan cercano es González. En esta pieza se investiga la presunta financiación irregular del PP a través de la contabilidad paralela que Luis Bárcenas, tesorero del partido, anotó entre 1990 y 2009.

Una contabilidad manuscrita que los peritos han certificado que llevaba años escribiéndose, y que no era una invención apresurada, como desde el PP llegó a insinuarse. Y unas anotaciones que probarían los presuntos sobresueldos, muchos en dinero negro, que la contabilidad paralela del partido habría pagado a los dirigentes del PP. Y que en muchos casos podrían haber supuesto incompatibilidades con cargos públicos como en el caso de los ministros de Aznar.

De hecho, toda la maniobra que ha llevado a González a juzgar las piezas de Gürtel viene precedida del llamamiento a Mariano Rajoy como testigo en el primer juicio. Es difícil que la escena se repita tras los cambios de jueces, pero con el mismo tribunal hubiera sido imposible no citar al presidente del Gobierno para que explicara los pagos de hasta 373.000 euros a un tal M. Rajoy que aparecen en los papeles de Bárcenas.

En el juicio oral que, si nada lo impide, tendrá que sentenciar González, está acusado Luis Bárcenas por su etapa de tesorero, así como el exgerente del PP, Cristóbal Páez y los dueños de la empresa Unifica, que realizó la reforma de Génova cobrando en negro, por lo que se les atribuye, entre otros delitos, el de pertenencia a organización criminal. Y, como guinda, el PP será juzgado como responsable civil subsidiario, por lo que se le exigió una fianza de 1,2 millones de euros.

La visita del Papa a Valencia

Otro de los asuntos más espinosos de la Gürtel, por lo que supone para la imagen ideológica del PP haber usado la visita de Benedicto XVI a Valencia en 2006, para beneficiar a la trama Gürtel. Y no sólo ellos, porque en este caso también está encausado el todopoderoso Juan Cotino. El que fuera presidente de Les Corts con el PP es colocado por la Fiscalía en el centro del grupo que se coordinó para “apoderarse directamente de los fondos públicos” y se piden para él hasta 11 años de prisión.

En ese “grupo” coordinado también está Pedro García Gimeno, presidente entonces de la radiotelevisión valenciana, que se iba a encargar de vehículo para la presunta sustracción de dinero público. Para él se piden 40 años de prisión. Y cierran el círculo los tres presuntos cabecillas Gürtel: El Bigotes (37 años), Pablo Crespo (37 años) y Francisco Correa (38 años).

Para llevarse el botín, según el relato de la Fiscalía, la televisión valenciana dio un contrato de 7,4 millones a la empresa Teconsa, una constructora sin ninguna experiencia en eventos como una visita papal. Aunque estaba prohibido, esta empresa derivó 3 millones a subcontratar a la Gürtel para que montara megafonía y pantallas gigantes. En un evento en el que el Gobierno de Francisco Camps derrochó a diestro y siniestro –un altar de 1,5 millones para Benedicto XVI o 3,2 millones en urinarios para los visitantes-, apenas se notó que la Gürtel se repartió 3,4 millones de euros en comisiones y mordidas.

Caso Jerez

El caso Jerez ha traído de cabeza al Partido Popular desde hace años, como se ha visto en sus esfuerzos para proteger a la principal señalada, la exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz). María José García Pelayo, dos veces regidora de la localidad, era sospechosa de estar detrás de los contratos a la trama Gürtel para organizar el stand en la Feria de Turismo FITUR y un evento en la Plaza Mayor. Contratos que estaban ya repartidos antes de hacer el expediente.

Tras destaparse el caso, García Pelayo, que forma parte del Comité Ejecutivo nacional del PP, fue colocada como número dos en las listas de Cádiz al Senado y se aseguró el escaño en los comicios de 2011, así como el aforamiento ante los Tribunales. A los siguientes comicios, se repitió jugada, pero en el Congreso de los Diputados, donde llegó como diputada por Cádiz en 2015. Y, entre medias, fue colocada en la Diputación Permanente para evitar que perdiera el blindaje judicial.

Una jugada útil porque finalmente, García el Tribunal Supremo, el único juzgado que podía investigarla, archivó su causa. Decía el juez responsable que había “datos abrumadores” de que los contratos se habían con “un fuerte aroma a irregularidades, tráfico de influencias o decisiones opacas y, dicho castizamente, caciquiles”. Pero que la entonces alcaldesa no tenía por qué saberlo cuando los firmó. Menos suerte tienen Correa y Crespo, que afrontan aquí 7 años y 9 meses de cárcel, pero sobre todo cinco funcionarios que sí cargan con la responsabilidad de los contratos irregulares.

Aena

Un caso con menos peligro, porque apunta más a la etapa de José María Aznar y porque la cabeza más visible, la del exministro Francisco Álvarez-Cascos, ya fue exculpada cuando se cerró la instrucción. Sin embargo, se habla de una administración gobernada por el Partido Popular que habría concedido 2,3 millones de euros de dinero público a la trama Gürtel en adjudicaciones irregulares.

En este caso, la Fiscalía pide ocho años para el exdirector de Comunicación del ente público aeroportuario Ángel López de la Mota y para su subordinado José María Gavari. Aquí tampoco se libra Francisco Correa, quien afronta una petición de 10 años de cárcel. En esta ocasión, le acompañará el contable de la trama, José Luis Izquierdo, para quien se solicitan siete años de cárcel.

https://www.elplural.com/politica/2017/12/18/las-cuatro-piezas-de-gurtel-en-las-que-el-juez-juan-pablo-gonzalez-dictara

EL CGPJ APRUEBA EL 'CAMBIAZO' DEL TRIBUNAL QUE JUZGARÁ LA CAJA B DEL PP

Es el órgano encargado de velar por la legalidad de este acuerdo de la Audiencia Nacional. Todas las acusaciones anuncian recursos porque consideran que vulnera el derecho al juez predeterminado por la ley

El Consejo General del Poder Judicial (GGPJ) ha avalado la nueva composición del tribunal que juzgará la caja B del PP, al haber aprobado las nuevas normas de reparto de la Audiencia Nacional para el año 2018, y donde se desplaza a dos jueces del caso.

El CGPJ es el órgano encargado de velar por la legalidad de los acuerdos de las salas de gobierno, como es el reparto para el año 2018 que en el ámbito penal fue propuesto por la presidenta de esta Sala de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, a pesar de que fue recusada del tribunal del caso Gürtel, una de cuyas piezas es la caja B del PP.

El acuerdo ha sido adoptado por la Comisión Permanente del CGPJ el pasado 5 de diciembre y aún no ha sido divulgado en su portal de transparencia, según ha confirmado Público este 14 de diciembre.

No hubo una sola voz discrepante en la Permanente ante este acuerdo, cuyas normas de reparto suponen dar el cambiazo en el tribunal de la caja B del PP de manera retroactiva.

El tribunal que ahora será alterado fue formado en el año 2016, su composición fue confirmada por la propia sala de Gobierno de la Audiencia Nacional tras un recurso presentado por una acusación popular y, desde entonces, ha dictado varias resoluciones judiciales, incluido un auto con la firma de los dos magistrados que serán desplazados.

Fuentes del CGPJ explican que ellos se han limitado a tomar en consideración el acuerdo de la Audiencia Nacional sobre sus normas de reparto para 2018 y ordenar su publicación el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A preguntas de Público, las mismas fuentes reconocen que su responsabilidad es el control de la legalidad, pero justifican la aprobación en que ningún juez de la Audiencia Nacional lo recurrió.

La decisión del CGPJ es administrativa y se puede recurrir antes este órgano y después ante el Tribunal Supremo.

El origen del conflicto se encuentra en la propia Concepción Espejel. Cuando en el año 2014 fue nombrada presidenta de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió presidir todos los juicios que recayeran en su sección. De esta manera se aseguraba la presidencia del caso Gürtel que había recaído en su sección. Sin embargo, sus propios compañeros de Sala aprobaron su recusación, al igual que la del magistrado Enrique López, por haber sido votada en el Senado por el propio Bárcenas como vocal del CGPJ y por su proximidad al PP.

El tribunal del caso Gürtel quedó conformado con Ángel Hurtado (presidente) y los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada. En mayo de 2016 los tres jueces fueron nombrados integrantes del tribunal que juzgará los Papeles de Luis Bárcenas, el extesorero del PP, sobre la supuesta caja B del PP.

Pero el actual CGPJ nombró a Espejel presidenta de la Sala de lo Penal en mayo de 2017. Y, ahora, ella ha propuesto unas nuevas normas de reparto que alteran este tribunal de la caja B del PP, a pesar de que fue notificado a las partes de tal manera que no podría ser alterado salvo circunstancias excepcionales, como es un fallecimiento.

En las nuevas normas de reparto se dispone que la nueva presidenta de la sección, María José Rodríguez Duplá, presida todos los juicios. De esta manera, se desplaza a Ángel Hurtado en las piezas de Gürtel que quedan por juzgar como es esta (denominada Udef-Bla). También se integra como ponente al magistrado Juan Pablo González en lugar de Julio de Diego, quien sustituía en Gürtel a Enrique López, recusado en su día.

Se da la circunstancia de que Julio de Diego fue el juez que apoyó a José Ricardo de Prada para citar como testigo a Mariano Rajoy en el caso Gürtel.

Todas las acusaciones personadas en este caso han interpuesto o anunciado recursos en el ámbito jurisdiccional. Consideran que este cambio vulnera el derecho al juez predeterminado por la ley; esto es, a que no se cambien las reglas de juego en mitad del proceso con magistrados nombrados ad hoc.

También recusarán a Juan Pablo González por su aparente falta de imparcialidad al haber participado en un curso de la Fundación FAES, que estuvo vinculado al PP, junto con uno de los procesados en el caso Gürtel y por su relación con el exministro popular Jaime Mayor Oreja.

Las acusaciones que han anunciado o interpuesto recursos de reforma o súplica son las ejercidas en el ámbito de la acción popular por Izquierda Unida, la Asociación de Abogados Demócratas Europeos (ADADE) y el Observatorio de Derechos Humanos

La Comisión Permanente está formada por los vocales Fernando Grande-Marlaska, Juan Martinez Moya y Nuria Diaz Abad (nombrados a instancia del PP), así como Álvaro Cuesta, Pilar Sepúlveda, Mar Cabrejas y Rafael Mozo (por el PSOE). Preside Carlos Lesmes, presidente del CGPJ.

http://www.publico.es/politica/caso-guertel-cgpj-aprueba-cambiazo-tribunal-juzgara-caja-b-pp.html

EL NUEVO JUEZ DE GÜRTEL DEFENDIÓ EL DERECHO DE LOS MAGISTRADOS A NO CASAR A HOMOSEXUALES

Juan Pablo González fue artífice de la suave multa al juez Tirado por no encarcelar al pederasta que mató a la niña Mariluz

A lo largo de estos días, hemos visto la trayectoria de Juan Pablo González, el nuevo magistrado de varias piezas del caso Gürtel en la Audiencia Nacional. Las formas apuntan a que González podría ser recusado por su vinculación con el Partido Popular, pero el fondo también tiene interés. Porque a lo largo de su carrera, el juez ha protagonizado varias polémicas, algunas relacionadas con su ideología, como su defensa del magistrado de Sagunto que defendía la objeción de conciencia para no casar a parejas homosexuales.

González está muy vinculado al Partido Popular. En varias facetas. De hecho, uno de sus hermanos, Manuel González fue diputado en el Congreso con el Partido Popular por la provincia de Segovia. Región en la que llegó a ser vicepresidente de la Diputación y en la capital del acueducto llegó a ser teniente de alcalde en dos legislaturas. Además, Manuel González también fue diputado en las Cortes de Castilla y León.

En su trayectoria vinculada al Partido Popular, ambos hermanos se parecen. Aunque para rastrear la del juez Juan Pablo hay que indagar más. Como ya ha explicado El Plural, González fue ascendido a vocal del CGPJ con los votos de los senadores del PP, algunos de ellos vinculados a Gürtel. Después, el Gobierno de Mariano Rajoy, con la firma de Soraya Sáenz de Santamaría, le premió con el codiciado puesto de juez de enlace en París.

Y, a su vuelta, se colocó en la Audiencia Nacional gracias a seis prórrogas de “urgencia”, en lugar de volver a su puesto en la Audiencia Provincial de Madrid. Unas prórrogas, por cierto, firmadas por Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y compañero de González en los cursos de FAES, la fundación del Partido Popular, donde también estuvo con un acusado en Gürtel.

Objeción de conciencia para casar a homosexuales

¿Y qué impronta ha dejado González en su paso por las altas esferas de la Justicia? Empecemos por el CGPJ, el órgano de Gobierno de los jueces, donde el PP le colocó en el año 2001 como vocal. Allí llegó junto a otro juez votado por el PP y numerario del Opus Dei y juntos emitieron un voto discrepante para apoyar, frente al criterio del CGPJ, a un juez de Sagunto que defendía que los jueces del Registro Civil podían negarse a tramitar matrimonios de homosexuales. Frente a la decisión del CGPJ que rechazó el recurso de dicho juez, Santiago y su compañero alegaban que le amparaba la objeción de conciencia.

En dicho voto particular, González y el magistrado del Opus Dei, José Luis Requero, defendían que "es legítimo y conforme a Derecho el planteamiento de una objeción de conciencia que, fundada en motivos religiosos, encierra una clara demanda de tutela de su derecho a la libertad religiosa, demanda que el CGPJ, en virtud de la obligación que constitucionalmente le viene impuesta, no puede obviar ni eludir".

Aunque desde un punto de vista social, la mayor polémica fue su decisión como miembro de la Comisión Disciplinaria del Consejo del Poder Judicial de rechazar la petición de la Fiscalía de sancionar con una multa muy grave al juez Rafael Tirado por no haber ejecutado la pena de prisión del pederasta Santiago del Valle, quien aprovechó su libertad para asesinar a la pequeña Mari Luz Cortés.

Rafael Tirado, que fue presidente en Andalucía de la Asociación Profesional de la Magistratura -a la que pertenece González- se enfrentaba a varias resoluciones: suspensión de tres años, traslado forzoso o incluso expulsión de la carrera judicial, como pedía la familia de Mari Luz. Finalmente, la Comisión del CGPJ, con los votos de González y otros dos vocales, se llevó una multa de 1.500 euros por falta grave.

Absolución de Vielmann contra la Fiscalía

En la Audiencia Nacional, la polémica tampoco ha esquivado a González en su trayectoria meteórica. Ya como magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, con el apoyo de su presidenta, Concepción Espejel, este magistrado absolvió al exministro de Gobernación de Guatemala, Carlos Vielmann. Este exdirigente guatemalteco estaba acusado del asesinato de diez presos fugados o amotinados en dos cárceles del país centroamericano en 2005 y 2006

Curiosamente, en el mismo juicio estaba José Ricardo de Prada, quien emitió un voto particular porque consideraba que debía ser condenado a los 160 años de cárcel que pedía la Fiscalía. De Prada es ahora el juez a quien González ha arrebatado la ponencia de las piezas de Gürtel.

https://www.elplural.com/politica/2017/12/14/el-nuevo-juez-de-gurtel-defendio-el-derecho-de-los-magistrados-no-casar

LAS ACUSACIONES DENUNCIAN QUE EL CAMBIO DE JUECES EN LOS PROCESOS DE 'GÜRTEL' ALIMENTA LA SOSPECHA DE UN TRIBUNAL A LA CARTA PARA EL PP

Las cuatro acusaciones populares impugnan la decisión de alterar con carácter retroactivo la composición del tribunal que juzgará la caja B del PP y otras cinco piezas del caso

Advierten de que el cambio de magistrados rompe la imagen de imparcialidad de la justicia y puede vulnerar el derecho constitucional a un juez predeterminado por la ley

La participación activa en ese acuerdo de Concepción Espejel, presidenta de la Sala Penal y que fue apartada de Gürtel precisamente por su cercanía al PP, elemento central en las impugnaciones

Las cuatro acusaciones populares personadas en Gürtel han impugnado a contrarreloj la decisión de la sala de gobierno de la Audiencia Nacional de cambiar sobre la marcha la composición del tribunal que debe juzgar los papeles de Bárcenas y otras cinco piezas del caso que igualmente sitúan bajo el foco al PP. La asociación de abogados Adade, el Observatorio Desc, el PSOE y la acusación que de manera conjunta ejercen IU y otros colectivos alertan en sus respectivos recursos de que el cambio de tribunal puede vulnerar el derecho constitucional a un juez predeterminado por ley. Y que, por tanto, alimenta la sospecha de que se prepara un tribunal a la carta para el PP.

Los cuatro recursos constituyen solo el primer paso en una batalla jurídica que se prevé dura. El próximo será la recusación, también por sus vínculos con el PP, del magistrado Juan Pablo González, que sustituye en la pieza de los papeles de Bárcenas o de la caja B del PP a Julio de Diego. Es decir, al juez cuyo voto forzó la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo en el primero de los juicios encomendados a la Audiencia: el de la llamada Época I, ahora en espera de sentencia y en cuyo arranque Francisco Correa declaró que los empresarios interesados en obtener contratos públicos de administraciones gobernadas por el PP pagaban una comisión del 3%. Además de la recusación, nadie descarta actuaciones legales de mayor impacto y envergadura.

En su recurso, los socialistas invocan una sentencia de 2015 del Tribunal Constitucional que advierte del riesgo de modificar la composición del tribunal asignado a un caso. La garantía de independencia e imparcialidad –dice la sentencia– "quedaría burlada si bastase con mantener el órgano [en este caso, la Sección 2ª de la Sala Penal de la Audiencia] y pudiera alterarse arbitrariamente sus componentes, que son quienes, en definitiva, van a ejercitar sus facultades intelectuales y volitivas en las decisiones que hayan de adoptarse". Según el PSOE, el cambio, con efectos retroactivos, en las normas de reparto de las causas que corresponden a la sección segunda de la Sala Penal "encaja perfectamente en el concepto de designación ex post facto, es decir una vez conocidas las causas y su relevancia para el Partido Popular en el gobierno". Y eso "podría dar lugar a la nulidad de la causa".

El papel capital de Concepción Espejel

Las cuatro acusaciones otorgan máxima relevancia al hecho de que en la adopción de ese sorpresivo acuerdo del 20 de noviembre tuviese un papel motriz Concepción Espejel, ahora presidenta de la Sala de lo Penal y apartada hace dos años del futuro juicio de los papeles de Bárcenas así como de las restantes piezas de Gürtel precisamente por su cercanía al PP. La participación de Espejel –llega a afirmar IU– implica "una evidente apariencia de irracionalidad y de carencia de imparcialidad".

La "apariencia de pérdida de la imparcialidad" que derivó en que Espejel fuese apartada de todas las causas de Gürtel la obligaba –razona Adade– "a no estar presente en la votación ni realizar la propuesta respecto a los distintos asuntos que se planteen también ante la sala de gobierno en el conjunto del caso Gürtel". El PSOE expone el argumento del siguiente modo: "Ha resultado acreditado en el ámbito jurisdiccional la existencia de un interés en los citados asuntos que obliga a la Presidenta de la Sala de lo Penal a no estar presente en la votación ni realizar la propuesta respecto a los distintos asuntos que se planteen también ante la Sala de Gobierno en el conjunto del caso

Gürtel, como se desprende del artículo 154 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

"La apariencia de incumplimiento del derecho fundamental al juez natural es tan evidente –aduce la cuarta acusación, Observatorio Desc– que ha merecido reacciones públicas desde todos los sectores de la sociedad española". "Entendemos –prosigue el texto– que no sólo la falta de motivación sino las extrañas vicisitudes en la composición de esta Sala, merecería la revocación de la resolución recurrida, a fin de transmitir confianza en la Administración de Justicia y que el juicio al que nos enfrentamos no contenga ni una sola sospecha de falta de imparcialidad de los miembros de esta Sala".
IU llega más lejos en esa misma dirección. "No resulta baladí –sostiene su recurso– hacer mención al estupor que ha supuesto en la sociedad española el repentino cambio de magistrados y las sospechas que este hecho ha suscitado en la sociedad española, más aun teniendo en consideración los antecedentes del caso".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/12/13/las_acusaciones_denuncian_que_cambio_jueces_los_procesos_gurtel_alimenta_sospecha_tribunal_carta_para_pp_72994_1012.html

LOS CAMBIOS DE TRIBUNAL EN LA GÜRTEL ESTÁN CONTAMINADOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LA RECUSADA ESPEJEL, SEGÚN UNA ACUSACIÓN

La acusación popular ADADE recurre las nuevas normas de reparto que apartan del juicio de la caja b del PP al juez que obligó a declarar a Rajoy, y cambios en el resto de juicios de la Gürtel

La acusación afirma que Concepción Espejel, recusada por su afinidad al PP, debió inhibirse en la decisión y añade que las modificaciones pueden causar la nulidad de los juicios por cambiar al tribunal predeterminado

La acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa ha presentado un recurso contra la decisión de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que al aprobar las nuevas normas de reparto para los juicios de 2018, ha modificado la composición de los tribunales de las distintas piezas de la Gürtel que quedaban por enjuiciar y estaba decidida desde el pasado mes de abril. Entre ellas la correspondiente a la caja b del Partido Popular.
Este tribunal iba a estar conformado por los mismos magistrados que han juzgado la Época I de la Gürtel: Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada.

Y el voto de estos dos últimos fue decisivo para que Rajoy fuera obligado a declarar como testigo en el juicio. Con los cambios, el tribunal será presidido por la presidenta de la Sección Segunda, María José Rodríguez, y Julio de Diego será sustituido por el conservador Juan Pablo González.

ADADE recurre porque la actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, no solo propuso las nuevas normas de reparto, sino que votó a favor en la reunión de la Sala de Gobierno que las aprobó. La acusación popular considera que Espejel, con una “actuación decisiva” en los cambios, no debió participar porque fue apartada de cualquier tribunal del caso Gürtel por su afinidad al Partido Popular.

El segundo motivo fundamental de rechazo a los cambios por parte de ADADE es que la modificación se produce con carácter retroactivo, “una vez conocidas las causas y su relevancia mediática y para el Partido Popular en el Gobierno”. A su juicio, con esta decisión, la Sala de Gobierno vulnera el principio del tribunal predeterminado por ley y podría dar lugar a la nulidad de la causa fuese cual fuese el resultado de la sentencia.

http://cadenaser.com/ser/2017/12/12/tribunales/1513117453_103009.html

EL ASCENSO METEÓRICO DEL NUEVO JUEZ DE GÜRTEL DE LA MANO DEL PP

Su elección como vocal del CGPJ fue votada por varios ‘sospechosos’: Esperanza Aguirre, Pío García Escudero, Jesús Sepúlveda…

Como un espejismo del pasado, podría decirse que el juez Juan Pablo González reúne todas las características que apartaron a Enrique López o Concepción Espejel de los casos Gürtel.

El Plural ya ha desvelado que Juan Pablo González ha acudido a varios cursos de FAES, la fundación del Partido Popular, pero no es su único vínculo con la formación conservadora, a la que debe su ascenso en la judicatura y, sobre todo, su nombramiento como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El pasado 20 de noviembre, Juan Pablo González fue elegido por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional como uno de los tres jueces que se encargará de juzgar varias piezas separadas del caso Gürtel y redactar las respectivas sentencias. Lo hará en la de Aena, Jerez y Visita del Papa a Valencia, pero sobre todo en una de las más delicadas, la de los papeles de Bárcenas que se refiere a la caja B del Partido Popular.

Sin embargo, su imparcialidad está en entredicho por su fuerte vinculación al Partido Popular. Además de su presencia en los cursos FAES desvelada por El Plural, parte de su carrera está vinculada al PP, sobre todo en lo que se refiere a su elección como vocal del CGPJ en 2001.
Senadores bajo sospecha

En aquel año, como miembro de la conservadora Asociación Progresista de la Magistratura, fue elegido como vocal del CGPJ con 223 votos en el Senado, donde el PP tenía mayoría absoluta. Y varios de los votos recibidos complican su situación, puesto que varios senadores del PP de la época están ahora vinculados de una u otra forma a procesos relacionados con el caso Gürtel.

Es el caso de Esperanza Aguirre, presidenta del Senado en aquel momento. Su etapa al frente del PP de Madrid, y los episodios de presunta financiación irregular, se investiga en Gürtel, pero también en Lezo y Púnica. Aguirre fue llamada a declarar en dos ocasiones en el primer juicio Gürtel, tanto en la fase de instrucción como en el juicio oral, donde acudió como testigo.

Otro de los que prestaron su apoyo al juez González para encumbrar su carrera fue Pío García Escudero, hoy presidente del Senado pero que entonces, además de senador popular, presidía el PP de Madrid y la fundación Fundescam, vinculada la una a la financiación irregular del otro. García Escudero tuvo que declarar ante el juez Ruz en la fase de instrucción de los papeles de Bárcenas y en el primer juicio Gürtel, donde fue llamado como testigo el mismo día que Mariano Rajoy.

Jesús Sepúlveda también votó como senador electo por Murcia. Aunque su etapa más conocida es la de alcalde de Pozuelo de Alarcón y secretario nacional del Área Electoral de Génova. También es famoso por haber estado casado con la exministra Ana Mato, junto a la que habría recibido viajes, regalos y fiestas pagados por la trama. Por ello está imputado en el caso Gürtel desde que se destapó en 2009. Está procesado y pendiente de sentencia en el primer juicio Gürtel por las acusaciones de blanqueo, falsedad, prevaricación, malversación tráfico de influencias y fraude que le podrían costar 15 años de cárcel.

Otros senadores de renombre que participaron en la elección de González como vocal del CGPJ son Luis Fraga o Tomás Burgos. El primero, entonces senador por Cuenca, es sobrino de Manuel Fraga y ha declarado en la causa de los Papeles de Bárcenas, donde aparecía su nombre. En el primer juicio Gürtel, Fraga también declaró y confesó haber cobrado en dinero negro las anotaciones que aparecían en la presunta contabilidad paralela del PP.
Por su parte, Tomás Burgos fue elegido senador por Toledo. Es el viudo de Mar Rodríguez Alonso, quien antes de suicidarse estaba procesada en la causa. Estaba acusada de participar en un concurso público de 2004 en Pozuelo de Alarcón para hacer de “tapadera” de las empresas de Francisco Correa.
Compañeros de promoción: López y Prego

Tras aquella votación, con estos protagonistas, González se convirtió en vocal del CGPJ. Junto a él, los senadores eligieron a otros cuatro jueces para que le acompañasen en su andadura. Y sus identidades también arrojan datos interesantes. Es el caso de Enrique López, el reflejo de González, quien fuera recusado de todos los juicios Gürtel por idénticas circunstancias: cursos FAES y cercanía con el PP.

Otro de los vocales elegidos fue Adolfo Prego de Oliver, que actualmente se dedica a las tertulias y a la abogacía. De hecho, ha sido el letrado de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, en sus demandas contra Luis Bárcenas y de Lourdes Cavero, la mujer de Ignacio González, por el caso del ático en Marbella. Prego también se caracteriza por haber dado charlas y escrito artículos para la Hermandad del Valle de los Caídos.

Seis prórrogas en la Audiencia Nacional

Tras su paso por el gobierno de los jueces, la carrera de González siguió creciendo a la sombra del Partido Popular. En 2012, el Consejo de Ministros de Rajoy y con la firma de Soraya Sáenz de Santamaría, le da el codiciado puesto de juez de enlace en París -poco trabajo, mucho sueldo-. Por cierto, sustituía en la capital francesa a Manuel García Castellón, quien a su vez era enviado como juez de enlace a Roma para luego decidir volver a su plaza en Madrid para instruir la Púnica y el caso Lezo.

Tres años después, en junio de 2015, el Gobierno envía a París a Javier Gómez Bermúdez, quien había amagado con quedarse con los papeles de Bárcenas. Y González vuelve de Francia para ocupar la plaza de Gómez Bermúdez en la Audiencia Nacional. Un parche que se descose cinco meses después, cuando la plaza sale a sorteo y se la queda Carmen Lamela -la juez que envió a la cárcel al Govern catalán cesado por el artículo 155-.

Sin embargo, al ganar la plaza Lamela, ésta dejó un sitio libre en la Sección Segunda de la Audiencia Nacional. ¿Y quién pasó a ocuparla? Juan Pablo González. En total, este juez cuya plaza está en la Audiencia Provincial de Madrid lleva seis prórrogas consecutivas en la Audiencia Nacional como interino. Seis prórrogas que, como su colocación en el puesto de Gómez Bermúdez, fue decidida por un CGPJ que preside Carlos Lesmes, compañero suyo en las charlas de FAES. Seis prórrogas que le han llevado en volandas a juzgar las principales causas de Gürtel.

https://www.elplural.com/politica/2017/12/13/el-ascenso-meteorico-del-nuevo-juez-de-gurtel-de-la-mano-del-pp

EL NUEVO JUEZ ENCARGADO DE LA CAUSA DE LA 'CAJA B' DEL PP PARTICIPÓ EN CURSOS DE FAES CON UN IMPUTADO POR LA GÜRTEL

Juan Pablo González González, el nuevo juez asignado a las causas judiciales abiertas contra el Partido Popular por su supuesta financiación ilegal a través de la conocida como 'caja b', podría ser apartado del caso por su afinidad con el partido.

Esas acusaciones populares, ejercidas en el caso de los ‘papeles de Bárcenas’ por Adade, Izquierda Unida, el Observatori Desc y los socialistas valencianos, valoran desde finales del pasado mes de noviembre, presentar recusación contra González, considerado por el sector progresista de la Audiencia Nacional un juez cuya carrera ha estado determinada por su proximidad al Partido Popular. Ya en 2001, González fue propuesto como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del partido que entonces lideraba José María Aznar.

Además, según publica este miércoles el diario elplural.com, González habría participado en al menos cuatro cursos de la Fundación FAES -vinculada a los populares- en los que habría coincidido, en el año 2003, con uno Carlos Clemente Aguado, uno de los exviceconsejeros de Esperanza Aguirre y uno de los imputados por la trama Gürtel y que permanece a la espera de sentencia.

La estrategia del PP de cambiar a diferentes jueces de la Audiencia Nacional responde a su necesidad de allanar su camino en el juicio de la 'caja b'. El tribunal que a día de hoy debe juzgar el caso es el tercero que se forma desde que se abrió la fase de juicio oral. En un primer momento iban a sentarse a examinar al partido en el Gobierno los jueces Concepción Espejel, Enrique López y José Ricardo de Prada. Pero los dos primeros fueron apartados por su proximidad al PP, según el voto mayoritario de sus compañeros de la Sala de lo Penal.

http://www.eldiario.es/politica/encargado-PP-participo-FAES-Gurtel_0_718128265.html

EL NUEVO JUEZ DE LA CAJA B DEL PP PARTICIPÓ JUNTO A UN IMPUTADO DE LA TRAMA GÜRTEL EN CURSOS DE FAES

El magistrado colaboró con la fundación vinculada a los conservadores, motivo por el que fue recusado del tribunal Enrique López. Además, González es amigo íntimo del exministro Jaime Mayor Oreja y fue vocal del CGPJ a instancia del PP.

El pasado 20 de noviembre la Audiencia Nacional decidió dar un gran cambio en el tribunal que juzgará la caja B del Partido Popular. Uno de los jueces clave en la estrategia que ha dado este giro en la composición de los nuevos magistrados es

Juan Pablo González, que podría ser recusado en base a las vinculaciones y a una afinidad estrecha con el PP.

Por un lado, el magistrado participó hasta en cuatro cursos de FAES, fundación vinculada a los conservadores. En uno de estos cursos estuvo acompañado de uno de los imputados del caso Gürtel, Carlos Clemente Aguado, exviceconsejero de Inmigración de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid que empezó como asesor del ministro de Justicia, José María Michavila. Clemente ha sido juzgado en el primer juicio de Gürtel y ahora espera sentencia. Para él se piden ocho años de prisión por adjudicar contratos a las empresas de Francisco Correa y haber cobrado 13.600 euros de comisión, según refleja la contabilidad de la trama, como ha contado esta martes El Plural.

Además, también se le conoce por ser amigo íntimo del exministro del PP Jaime Mayor Oreja y aupado por el PP a altos cargos del poder del Estado como desveló Público. De hecho, estos motivos de recusación son los mismos por lo que fue apartada Concepción Espejel que, al igual que González, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a instancia del PP. En el caso del nuevo magistrado, en los años 2001 a 2008.

González fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a instancia del PP de 2001 a 2008

Su caso no sólo se asemeja al de la jueza Espejel, ya que Enrique López también fue recusado por su falta de imparcialidad por sus vínculos con el PP al participar también en cursos de FAES. La Audiencia Nacional aceptó apartarle de los juicios de la trama Gürtel ya que la colaboración con esta fundación incumplía la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que señala que un juez no sólo debe ser imparcial, sino parecerlo. Además, se señalaba que Enrique López había llegado a cobrar más de 13.000 euros de FAES, aunque no se sabe si González cobró o no, o la cantidad que cobró por sus colaboraciones con la fundación.

Aunque en el año 2016 FAES se desvinculó de Génova cuando Rajoy decidió retirarle la financiación que recibía hasta entonces, en los años que González participó la relación era muy estrecha. De hecho, en la época en la que colaboró, la fundación contaba entre sus patronos con varias personas vinculadas a los papeles de Bárcenas, como Mariano Rajoy, Ángel Acebes, Esperanza Aguirre, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Jaime Ignacio del Burgo, Jaime Mayor Oreja, Eugenio Nasarre, Rodrigo Rato y Federico Trillo-Figueroa.

Entre los cursos que participó, fue en en junio de 2003 en el ciclo La legitimación del Estado de Derecho en el País Vasco, en el que participó con Clemente Aguado. En este curso también se encontraba Carlos Lesmes, actual presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Juan Soler-Espiauba, actual senador y diputado del PP en la Asamblea de Madrid.

http://www.publico.es/politica/tribunales/caso-guertel-nuevo-juez-caja-b-pp-participo-imputado-guertel-cursos-faes.html

EL NUEVO JUEZ DE LA CAJA B DEL PP PARTICIPÓ EN CURSOS DE FAES JUNTO A UN IMPUTADO EN GÜRTEL

Juan Pablo González colaboró con la fundación, al igual que Enrique López

El pasado 20 de noviembre, en la Audiencia Nacional se consumó un cambio de jueces fundamental en los juicios que más afectan al Partido Popular. Un golpe judicial tan a cámara lenta que se realizó en el sexto aniversario de la primera victoria electoral de Mariano Rajoy. Sin embargo, uno de los jueces clave en la estrategia, Juan Pablo González González, podría ser recusado en base a su afinidad con el PP, hasta el punto de que participó en hasta cuatro cursos de FAES, la fundación vinculada al partido conservador, llegando a compartir mesa con un imputado en el caso Gürtel, el mismo caso en el que ahora tiene que dictar sentencias.

Juan Pablo González fue designado el pasado 20 de noviembre por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional para formar parte del tribunal que juzgará cuatro piezas separadas del Caso Gürtel. Con la misma jugada, también era apartado el magistrado Julio de Diego, uno de los dos responsables de haber citado a declarar a Mariano Rajoy en el primer juicio Gürtel.

Además, González sustituye al otro responsable de esa citación histórica, José Ricardo de Prada, como redactor de la sentencia en uno de los juicios claves a los que se enfrenta el PP: el de su Caja B, conocido como papeles de Bárcenas. Este magistrado, que lleva varios años encadenando una situación de interinidad en la Audiencia Nacional, ahora será también quien redacte las sentencias de otras piezas del caso Gürtel: Aena, Jerez y la visita del Papa a Valencia.

Durante la época en la que González participó en los cursos de FAES, la fundación del PP contaba entre sus patronos con varias personas vinculadas a los papeles de Bárcenas sobre los que tendrá que decidir, como Mariano Rajoy, Ángel Acebes, Esperanza Aguirre, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Jaime Ignacio del Burgo, Jaime Mayor Oreja, Eugenio Nasarre, Rodrigo Rato y Federico Trillo-Figueroa.

Con Carlos Lesmes y Clemente Aguado

Aunque en el año 2016 FAES se desvinculó de Génova cuando Rajoy dio orden de retirarles la financiación como represalia a las críticas de Aznar, la relación sigue siendo estrecha y lo era aún más entre los años 2003 y 2005, cuando González participó en cuatro cursos de la entonces fundación del PP. Según las memorias de FAES, en junio de 2003 acudió al ciclo “La legitimación del Estado de Derecho en el País Vasco”, donde participó en dos cursos: el primero, el día 12, titulado Euskadi: jueces “de verdad” Para la democracia; el segundo el día 19, titulado Educación, información y justicia: Tres columnas para la democracia en Euskadi.

En el primero de ellos, González estuvo acompañado por Carlos Clemente Aguado, exviceconsejero de Inmigración de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid que empezó como asesor del ministro de Justicia, José María Michavila. Clemente ha sido juzgado en el primer juicio de Gürtel y ahora espera sentencia. Para él se piden ocho años de prisión por adjudicar contratos a las empresas de Francisco Correa y haber cobrado 13.600 euros de comisión, según refleja la contabilidad de la trama.

Entre otros ilustres participantes en dicho curso se encontraba también Carlos Lesmes, actual presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y también Juan Soler-Espiauba, actual senador designado por Madrid y diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Su actual condición de aforado parece ser lo único que lo separa de la imputación en el caso Teatro, donde la Policía le acusa de amañar contratos cuando era alcalde de Getafe.

Pero, volviendo al juez González, las memorias de FAES registran hasta dos cursos más donde fueron honrados con su presencia. Un año después, en mayo de 2004, el ahora juez de la Audiencia –pero que entonces era presentado como vocal del CGPJ y miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura- fue el ponente del seminario ¿Se cumple la ley en la CAV?. En dicho encuentro estuvieron también el diputado vasco del PP Leopoldo Barreda y el expresidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón.

Por último, en el año 2005 González acudiría a un cuarto curso, titulado El futuro de los Tribunales Superiores de Justicia. Dicho seminario estaba englobado dentro de un ciclo mayor organizado por FAES y que se centraba en “La reforma del Estatuto de Cataluña”.

El antecedente de Enrique López

Estas relaciones llevan a pensar que González podría acabar recusado, como les sucedió en el pasado a los jueces Concepción Espejel y Enrique López, por su falta de imparcialidad dados sus vínculos con el Partido Popular. La participación en los cursos de FAES fue una de las razones por las que la Audiencia Nacional aceptó recusar al magistrado Enrique López y apartarle tanto del primer juicio de Gürtel como del caso que ahora llevará González, el de la Caja B del PP o Papeles de Bárcenas.

Según decidió por dos veces la Sala de lo Penal, con 14 votos a favor y cuatro en contra, la colaboración con la fundación del PP incumplía la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que señala que un juez no sólo debe ser imparcial, sino parecerlo. Además, se señalaba que Enrique López había llegado a cobrar más de 13.000 euros de FAES. Está por saber si el juez González también cobró.

https://www.elplural.com/politica/2017/12/12/el-nuevo-juez-de-la-caja-b-del-pp-participo-en-cursos-de-faes-junto-un-imputado

LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS', UN JUICIO ENVENENADO ANTES DE COMENZAR

Juristas conocedores de lo sucedido destacan el papel clave del conservador Ángel Hurtado, presidente de la sala que enjuició la llamada Época I de Gürtel, en el cambio de composición del tribunal

Dichas fuentes aseguran que Hurtado se negó a afrontar esa nueva causa junto con Julio de Diego y José Ricardo de Prada, que impusieron la declaración de Rajoy en el juicio de la Época

La Audiencia ni confirma ni desmiente pero subraya que sólo se ha seguido la pauta usual cuando se incorporan nuevos magistrados
El cambio de última hora en la composición del tribunal oficialmente designado desde abril ha envenenado antes incluso de arrancar el futuro juicio sobre los papeles de Bárcenas, probablemente la pieza de mayor alcance político de todas las del caso Gürtel. A través de sus portavoces oficiales, la Audiencia Nacional subraya que lo sucedido con este juicio encomendado a la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia sigue la pauta usual cuando se incorporan magistrados: que se modifican los integrantes de los distintos tribunales para dar cabida a los nuevos, aquí la nueva presidenta de la sección, María José Rodríguez Duplá, que presidirá la sala, y el juez Juan Pablo González González, que fue miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP y cuya recusación preparan ya las acusaciones.

Pero otros juristas conocedores de lo sucedido con el juicio sobre la pretendida caja B del PP, cuya existencia considera "abrumadoramente acreditada" la Fiscalía, ofrecen un relato muy diferente de los hechos: que el plan original de Rodríguez Duplá pasaba por mantener en los papeles de Bárcenas la tripleta de jueces ya asignados a la causa, integrada por los mismos magistrados –Ángel Hurtado, presidente de la sala, Julio de Diego y José Ricardo de Prada– que durante un año han dirigido la vista de la llamada pieza Época I, el primero de los juicios sobre la trama corrupta bajo la batuta de la Audiencia Nacional. Y que fue la negativa de Hurtado a afrontar ese juicio junto con De Diego y De Prada a que condujo a Duplá a proponer a la sala de gobierno de la Audiencia un cambio a posteriori. Los dos magistrados se opusieron por dos veces consecutivas a esa alteración "con carácter retroactivo".

Persona del círculo de la ahora presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, y a quien la Audiencia vetó la opción de participar en cualquier tribunal de Gürtel tras ser recusada por su cercanía al PP, Hurtado ha ocupado una posición en extremo incómoda a lo largo del juicio de Época I. Si al inicio de la vista, en octubre de 2016, casi todos –por no decir todos– los observadores daban por hecho que la pertenencia de Julio de Diego al sector conservador de la judicatura garantizaba de antemano un tándem estable frente al progresista De Prada, la realidad desmintió el cliché con enorme rapidez.
De hecho, la mayor derrota sufrida por Hurtado durante la vista se la infligió De Diego: fue él quien deshizo el empate entre el presidente de la sala, que se quedó solo, y De Prada cuando el tribunal tuvo que decidir primero si Mariano Rajoy debía declarar y, luego, si debía hacerlo en persona o por videoconferencia.

La versión oficial

Este martes, infoLibre pidió conocer la versión de los cinco miembros de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia sobre ese relato. Fuentes autorizadas del tribunal se limitaron a señalar que el tribunal no iba a entrar en ese terreno. Y que, por tanto, no iba a confirmar ni a desmentir que la secuencia de hechos hubiera sido esa. Según las citadas fuentes, la nueva composición del tribunal es una consecuencia estricta de las nuevas normas de reparto, que se rigen –remarcaron– por las pautas habituales. No fue factible recabar el punto de vista de Julio de Diego, de José Ricardo de Prada ni de Juan Pablo González. Las fuentes que apuntan a Hurtado como fuerza motriz en el cambio de tribunal aseguran que González ha mantenido "un perfil bajo" en esta controversia.

La pieza de los papeles de Bárcenas se ve afectada por una situación peculiar. El grueso de la causa se encuentra solo en espera de que quede fijada la fecha del juicio. Pero una parte de la investigación, justamente la destinada a indagar si existió alguna conexión entre las donaciones al PP por parte de empresarios y la adjudicación de contratos públicos, se ha reabierto. La reapertura se produjo tras la declaración judicial de Francisco Correa en el primer juicio de la serie Gürtel, el que entre octubre de 2016 y noviembre de este año se celebró en la Audiencia Nacional bajo la batuta de los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/12/06/los_papeles_barcenas_juicio_envenenado_antes_comenzar_72776_1012.html

LAS ACUSACIONES SE MOVILIZAN PARA ANULAR EL CAMBIO SOBRE LA MARCHA DEL TRIBUNAL QUE DEBE JUZGAR LA 'CAJA B' DEL PP

Las tres acusaciones populares de 'Gürtel' interpretan como una maniobra política de largo alcance el acuerdo por el que la Audiencia Nacional quita de un plumazo al juez que fue decisivo para la citación de Rajoy como testigo

En su lugar se incorpora al magistrado Juan Pablo González, que en 2001 fue elegido vocal del Poder Judicial a propuesta del PP en el Senado
Pío García Escudero, que ya ha declarado como testigo en la instrucción, y Jesús Sepúlveda, coordinador electoral del PP durante buena parte de la etapa que reflejan los 'papeles de Bárcenas', ocupaban entonces sendos escaños en la Cámara Alta

El sorpresivo acuerdo por la que la cúpula de la Audiencia Nacional ha cambiado sobre la marcha la composición del tribunal que debe juzgar la caja B del PP en la pieza de Gürtel conocida como los papeles de Bárcenas ha puesto en pie de guerra a las acusaciones populares, que interpretan ese paso como una maniobra de largo alcance que de manera objetiva beneficia al partido del Gobierno y que sienta un precedente inquietante: porque, además de situar en el tribunal a un juez cuya carrera se vio impulsada por el PP en el Senado, Juan Pablo González, en un momento –2001– en que un acusado de Gürtel, Jesús Sepúlveda, y un testigo de la causa, el actual presidente de la Cámara, Pío García Escudero, ocupaban sendos escaños, el acuerdo implica "cambiar de caballo a mitad de carrera", en expresión de uno de las fuentes. Y eso puede conculcar el derecho al juez predeterminado por ley, aducen juristas de las tres acusaciones.

Que en la sesión de la sala de gobierno de la Audiencia que adoptó el controvertido acuerdo participase la presidenta de la Sala Penal de la Audiencia, Concepción Espejel, que fue apartada del tribunal de Gürtel previa recusación, ha causado un profundo malestar en el ámbito de las acusaciones. La Fiscalía, cuyos argumentos fueron justamente los que forzaron la salida de Espejel del tribunal Gürtel, no ha desvelado aún si se adherirá a las nuevas recusaciones que ya preparan a contrarreloj las acusaciones populares. Pero ya ha confirmado que no recurrirá el acuerdo de la sala de gobierno de la Audiencia.

Tanto la asociación Adade como Observatorio Desc y la tercera acusación popular del caso, la que de forma conjunta que ejercen IU y otros colectivos, trabajan ya en los escritos con que, salvo viraje de última hora, recusarán a Juan Pablo González González, uno de los dos nuevos jueces designados por la sala de gobierno de la Audiencia en sustitución de Ángel Hurtado y Julio de Diego, este último responsable de que Mariano Rajoy se viera forzado a declarar como testigo en el primer juicio de 'Gürtel', ahora pendiente de sentencia. Fue el voto de De Diego el que inclinó la balanza en favor de la citación, denostada por Hurtado y apoyada por el único miembro original del tribunal que se mantiene ahora en él, el progresista José Ricardo de Prada. El acuerdo de la sala de gobierno, a la que pertenecen los presidentes de las distintas salas de la Audiencia, fue adoptado por unanimidad. Es decir, también con el voto favorable del progresista Ricardo Bodas, presidente de la Sala de lo Social. Aunque no ha tomado aún una decisión definitiva, Adade sopesa plantear un recurso contencioso contra ese acuerdo. Las fuentes consultadas en Observatori Desc y la acusación de IU y otros colectivos creen más difícil impugnarlo.

El papel de García Escudero y Sepúlveda

Considerado muy cercano al PP, Juan Pablo González se incorporó como vocal al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que en noviembre de 2001 el Senado propusiera su nombre a iniciativa del grupo parlamentario conservador y previo pacto con el PSOE. En el momento de la votación, 6 de noviembre de 2001, entre los senadores del grupo parlamentario del PP se contaban Pío García Escudero, hoy presidente de la Cámara, y Jesús Sepúlveda. También ocupaba un escaño Luis Fraga, muy amigo de Luis Bárcenas y que asimismo ha declarado como testigo en el primer juicio de Gürtel, donde reconoció la existencia de la 'caja b'.

García Escudero ya ha desfilado como testigo tanto en el primer juicio de Gürtel –lo hizo el mismo día que Rajoy– como en la fase de instrucción de la pieza de los papeles de Bárcenas: su nombre aparece en los manuscritos del extesorero como receptor de un préstamo de cinco millones de pesetas que, según su versión, devolvió en cinco plazos. Y Sepúlveda, que fue coordinador electoral del PP durante buena parte de la etapa durante la que el partido presuntamente obtuvo importantes inyecciones de dinero opaco para su presunta caja B –Anticorrupción ya considera acreditada su existencia–, acaba de levantarse del banquillo del primer juicio de la serie Gürtel y se encuentra en espera de sentencia. Es decir, del juicio cuyo tribunal estuvo integrado por Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada.

Fue precisamente su elección como miembro del CGPJ a propuesta del PP en el Senado y el hecho de que en la votación hubiesen participado acusados en Gürtel –Luis Bárcenas entre ellos– el factor clave por el que la actual presidenta de la Sala Penal de la Audiencia, Concepción Espejel, fuese apartada del tribunal que debía juzgar la serie Gürtel al completo. Recusada seis veces en otras tantas piezas de Gürtel según fuentes jurídicas, Espejel participó en la sesión de la sala de gobierno de la Audiencia que el 20 de noviembre removió de sus asientos a dos de los tres magistrados del tribunal de Gürtel: Ángel Hurtado y Julio de Diego, que pasan a ser sustituidos por la presidenta de la sección segunda de la Sala Penal, María José Rodríguez Dupla, y por el también ya citado Juan Pablo González. Del tribunal que, finalmente y tras la recusación de Espejel y la de Enrique López, cuya carrera se vio igualmente impulsada por los votos institucionales del PP, ha celebrado el primer juicio de Gürtel solo se mantiene un magistrado: el progresista José Ricardo de Prada.

El derecho a un juez predeterminado

Lo sucedido, sostiene en privado un jurista de la acusación, ofrece visos de "sanción encubierta" por el comportamiento del tribunal en el primer juicio de Gürtel, donde la existencia de la caja B, oficialmente fuera del guión, ha sido la gran protagonista del proceso a lo largo de todo un año. Fuentes de las tres acusaciones coinciden en que el acuerdo de la sala de gobierno de la Audiencia puede conculcar el derecho al juez predeterminado por la ley y el principio de la no retroactividad de las normas salvo en casos excepcionales como cuando se trata de aplicar la legislación más beneficiosa para un acusado. Y las tres coinciden en que carece de toda lógica que, tras haber sido recusada y apartada, la presidenta de la Sala Penal de la Audiencia, Concepción Espejel, haya participado en la sesión de la sala de gobierno que ha removido a los miembros del tribunal de la pieza de Gürtel con mayor relevancia política.
La llamada pieza de los papeles de Bárcenas se encuentra en una situación peculiar: ya hay auto de apertura de juicio, es decir, está solo a la espera de que se fije la fecha para la celebración de la vista. Pero, al mismo tiempo, una parte de la causa se ha reabierto a efectos de investigación o instrucción tras la declaración que en octubre de 2016 prestó Francisco Correa en el arranque del juicio de Gürtel. Correa desató los vientos aquella jornada al asegurar delante del tribunal que los interesados en obtener contratos públicos de administraciones gobernadas por el PP pagaban una comisión de entre el 2% y el 3%.

Distintos juristas sondeados por infoLibre consideran que lo razonable sería aplazar la celebración de la vista contra los actuales acusados –todos ellos, receptores de dinero negro– hasta que las nuevas pesquisas aclaren si es posible determinar la existencia de un nexo entre las donaciones de dinero en b que reflejan los manuscritos de Bárcenas y las adjudicaciones públicas. Gracias a las diligencias de otro caso de corrupción también vinculado al PP, Lezo, ha aflorado una grabación en la que un empresario, Rafael Palencia, detalla el pago de comisiones ilegales a cambio de contratos.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/11/30/las_acusaciones_movilizan_para_anular_cambio_sobre_marcha_del_tribunal_que_debe_juzgar_caja_del_pp_72542_1012.html

LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO PARA PONER JUECES AFINES EN LOS CASOS DEL PP

Una explicación de cómo se ha forjado un golpe judicial a cámara lenta que ha durado cuatro años

El tribunal que juzgará la caja B del Partido Popular, posiblemente el caso más sensible para el partido que gobierna el país, ha sido modificado con un golpe de mano tan enrevesado como efectivo. Finalmente, no lo conformarán los mismos jueces que han juzgado la primera época del caso Gürtel, vinculada con este otro proceso, y que acordaron llamar a Mariano Rajoy a declarar como testigo. Una decisión histórica que espantó a Moncloa y que, por antecedentes, podría haber llevado al presidente del Gobierno a volver a sentarse en este juicio. Algo por lo que Rajoy no quería volver a pasar y que conseguirá impedir casi seguro con este cambalache.

La conclusión, como en todas las historias, es la que cuenta: el PP conseguirá tener un tribunal favorable. Sin embargo, no sólo de finales vive el hombre y el desarrollo de cómo hemos llegado hasta aquí merece también un par de minutos para entender hasta qué punto la independencia judicial es una quimera en entredicho.

1. Aparece Concha

En el año 2014, Concepción Espejel -a la que “los amigos llamamos Concha”, según María Dolores de Cospedal- llega a la Audiencia Nacional, procedente de Guadalajara. Gracias a una votación en la que arrasa en el CGPJ, se convierte en presidenta de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, la sección que lleva los principales casos de corrupción del Partido Popular.

2 Recusada y ascendida

Como presidenta, Espejel tenía potestad para presidir los juicios que quisiera de esta sección. Y lo intentó, vaya si lo intentó. Sin embargo, su fuerte vinculación con el Partido Popular y el hehco de que fueron senadores de este partido, como Cospedal o Bárcenas, los que la votaron para ser vocal del CGPJ, provocó que fuera recusada y apartada hasta en siete ocasiones. Ante la imposibilidad de juzgar los casos, Espejel encontró una vía de escape y fue ascendida a presidenta de la Sala de lo Penal.

3 Llega una desconocida

El hueco que dejaba Espejel fue ocupado por una juez desconocida, procedente de la Audiencia Provincial de Ávila, María José Rodríguez Dupla. Esta magistrada, con menos antecedentes que Espejel, también ha reclamado ahora su potestad para presidir un tribunal y se ha colocado al frente del que juzgará los papeles de Bárcenas, también llamado Caja B del PP, sustituyendo al presidente ya designado, Ángel Hurtado.

4 La 'traición' de Diego

Paremos un momento, porque es importante entender que los tres jueces que se han encargado del juicio de la primera época de Gürtel también estaba designado para los papeles de Bárcenas. Esta sala la formaban el recién citado Ángel Hurtado, presidente conservador, Julio de Diego, también conservador, y el progresista José Ricardo de Prada. Este reparto aseguraba mayoría conservadora, hasta que el juez De Diego sorprendió a propios y extraños y se alió con el progresista y contra Hurtado y empezó a aceptar que Rajoy declarase, que se citase a Acebes, Rato, Mayor Oreja, Arenas…

5 Ajuste de cuentas

Hurtado ahora queda fuera de la sala y le sustituye la presidenta Rodríguez Dupla. Pero en los pasillos de la Audiencia Nacional -que suelen acertar- ya se sospecha que acabará colocado en el Tribunal Supremo como premio a los servicios prestados y sus esfuerzos, infructuosos, para proteger a Rajoy. Hay que recordar que en el Supremo hay una plaza libre: la que dejó José Manuel Maza cuando fue nombrado Fiscal General del Estado por el Gobierno.
Y De Diego, que se cambió de bando, es sustituido por otro magistrado del que no cabe duda su filiación: Juan Pablo González.

6 Juzgando a sus 'padrinos'

Juan Pablo González fue nombrado vocal del CGPJ por elección del Partido Popular entre los años 2001 y 2008 y ahora se encargará de juzgar la financiación de sus padrinos políticos. Para colocarle ahí, ha hecho falta otra maniobra compleja que intentaremos explicar y que tiene unos antecedentes.

7 La sorpresa de Bermúdez

En el año 2013, el magistrado Javier Gómez Bermúdez -el del 11M- intenta quedarse con la instrucción de los papeles de Bárcenas. La Fiscalía, que depende del Gobierno, insiste en que se lo quede Pablo Ruz, con menos experiencia y con demasiado trabajo. La preocupación en el PP porque Bermúdez se quede el caso es tal que hasta Mariano Rajoy llama directamente a la Audiencia Nacional para presionar.

8 Cambalache parisino

Finalmente, el caso se lo queda Ruz, para alivio del PP -aunque luego el juez fuese desterrado a Móstoles- y Gómez Bermúdez es premiado en 2015 por el Consejo de Ministros con el cotizado puesto de enlace en París -poco trabajo, buen sueldo- donde sustituye al propio Juan Pablo González, quien a su vez vuelve a Madrid y le sustituye en el Juzgado de Instrucción Número 3.

9 Nuevo cambio de cromos

Ese cambio de cromos no sería el primero, porque González se queda en ese juzgado unos meses, hasta que la juez Carmen Lamela -quien envió a los exconsellers de la Generalitat a la cárcel- gana la plaza por concurso. Y González vuelve a protagonizar un viceversa judicial y ocupa el puesto de Lamela en la Sala de lo Penal, en vez volver a su destino en la Audiencia Provincial de Madrid; asiento de mayor rango que ahora le ha permitido juzgar al PP.

10 El cabo suelto

Si han seguido el hilo hasta aquí, se habrán dado cuenta de que queda un cabo suelto: el juez progresista Ricardo de Prada. Ahí entra la aprobación de la nueva composición de los tribunales, aprobada por Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. Y esa organización no sólo pasa por nombrar a Rodríguez Dupla presidenta y sentar a González en el tribunal. También le arrebata a De Prada la redacción de la sentencia y se la da a González. Y De Prada queda arrinconado por dos jueces de confianza y sin capacidad de escribir la sentencia.

11 Tribunales petrificados

A De Prada sólo le queda un último coletazo que dar, junto a De Diego, que es presentar un escrito pidiendo que se acepten las nuevas organizaciones, al menos para los casos “especialmente sensibles” como Gürtel. Algo que la Sala de Gobierno rechaza con los argumentos de que no hay causas sensibles a ojos de la ley y que hay que cambiar la organización porque si no "los tribunales se petrificarían".

12 Compañera de promoción

Por último, ¿quién forma la Sala de Gobierno? Pues ocho jueces (cuatro natos, tres elegidos y la secretaria de Gobierno) entre los que destacan tres personas. Uno, José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional que se empeñó en recibir con honores a Rajoy en su cita con la Justicia. Dos, Concepción Espejel -Concha para los amigos-, aceptando la maniobra contra los casos de los que ya fue apartada. Y tres, la secretaria, María Asunción Mosquera, nombrada a propuesta del Gobierno que preside su compañero de promoción en la Facultad de Derecho: Mariano Rajoy.

https://www.elplural.com/politica/2017/11/29/la-estrategia-del-gobierno-para-poner-jueces-afines-en-los-casos-del-pp

DOS DE LOS TRES MAGISTRADOS QUE DEBÍAN JUZGAR LA CAJA B DEL PP ALERTARON DOS VECES CONTRA UN CAMBIO "RETROACTIVO" DE TRIBUNAL

Julio de Diego, cuyo voto fue decisivo para forzar la declaración de Rajoy, y José Ricardo de Prada remarcaron que la composición del tribunal para ese nuevo juicio ya había sido "expresamente fijada por resolución firme"

A De Diego le sustituye en la pieza de los papeles de Bárcenas Juan Pablo González, muy próximo al PP y designado para juzgar también otras tres piezas de Gürtel

Julio de Diego y José Ricardo de Prada, dos de los tres magistrados que durante un año dirigieron el primer proceso del caso Gürtel de los asignados a la Audiencia Nacional y cuyo voto obligó a Mariano Rajoy a declarar como testigo, alertaron dos veces contra la decisión de aplicar un cambio "retroactivo" en la composición de la sala que ya tenía encomendado el futuro juicio sobre la caja B del PP. O lo que es lo mismo, el de la pieza de los papeles de Bárcenas.

De Diego fue quien en relación a la citación de Rajoy deshizo el empate entre el presidente del tribunal, el conservador Ángel Hurtado, que se quedó solo en su negativa, y el progresista De Prada. Ahora, y tras el cambio decidido por la Audiencia, ya no participará en el tribunal de los papeles de Bárcenas. Y no lo hará pese a que, como él mismo y De Prada recordaron con dos escritos consecutivos, en ese procedimiento ya había desde el 3 de abril una "resolución firme" y comunicada a defensas y acusaciones.

En su lugar se sentará en el tribunal de los papeles de Bárcenas Juan Pablo González, considerado muy próximo al PP y a quien la Audiencia ha colocado este martes en otras tres salas encargadas de juzgar otras tantas piezas de Gürtel: la de la visita del papa a Valencia, la de los contratos de AENA para la trama de Correa durante la etapa de Francisco Álvarez Cascos en Fomento y la de los contratos del Ayuntamiento de Jerez bajo el mandato del PP. Fuentes jurídicas aseguran que las acusaciones populares recusarán a González en todos esos casos.

Articulada en forma de providencia, esa resolución determinaba quiénes habían de integrar el tribunal en la pieza de mayor alcance político de todas las derivadas del tronco común de Gürtel: Ángel Hurtado, de nuevo como presidente y redactor de la sentencia o ponente; Julio de Diego y José Ricardo de Prada.

El primer escrito dirigido al presidente de la Audiencia donde De Diego y De Prada rechazaron la decisión de cambiar el tribunal de los papeles de Bárcenas lleva fecha de 27 de octubre. "No estamos conformes –escribieron– con las nuevas normas que determinan la composición de los distintos tribunales o al menos a [con] su aplicación con carácter retroactivo, especialmente en relación con determinados asuntos especialmente sensibles (...). Nos referimos en concreto al procedimiento abreviado 6/2015 (papeles de Bárcenas)".

Veinte días más tarde, y después de que las nuevas normas de asignación de juicio volviesen por segunda vez a la sala de gobierno de la Audiencia –la primera no había sido elevada por la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, sino por la de la sección segunda, María José Rodríguez Duplá, de rango inferior–, De Diego y De Prada insistieron el 17 de noviembre: "Reiteramos nuestra posición de que las normas de reparto deben contener las disposiciones oportunas para garantizar que se mantenga la composición de los tribunales que estuviese ya expresamente fijada por resolución firme del propio tribunal, de acuerdo con lo dispuesto por la sala de gobierno en respuesta a consulta del propio tribunal, singularmente en el procedimiento abreviado 6/2015".

Ninguno de los dos escritos surtió efecto: por unanimidad, la sala de gobierno de la Audiencia adujo que la ley no contempla ninguna distinción entre causas sensibles y no sensibles; y que si no fuera posible recomponer la composición de las salas que deben enjuiciar un caso cuando se producen "variaciones entre sus componentes" se produciría una "petrificación de los tribunales".

Hurtado y el cambio del cambio

Así que el 20 de noviembre la sala de gobierno dio vía libre al nuevo tribunal de los papeles de Bárcenas. Y tampoco Ángel Hurtado, de signo conservador y a quien se considera muy cercano a la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Concepción Espejel, participará en esa nueva sala. Su nombre sí aparecía en la tripleta de magistrados que la nueva jefa de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, María José Rodríguez Duplá, propuso en octubre para enjuiciar los papeles de Bárcenas en sustitución de la que ya tenía asignada esa vista desde abril. Presidida por ella misma, la sala debía completarse con Hurtado y Juan Pablo González, este último como ponente y cuya recusación preparan ya las acusaciones populares con el mismo argumento que obligó a la Audiencia a apartar de todas las piezas de Gürtel a Concepción Espejel y a Enrique López: su profunda y dilatada vinculación al PP.

Pero por razones que los acuerdos de la sala de gobierno de la Audiencia no desvelan, la Sala de lo Penal modificó la lista presentada en octubre a la sala de gobierno de la Audiencia. Un mes más tarde, quedaba aprobada la terna final para los papeles de Bárcenas. Y es la siguiente: María José Rodríguez Duplá y Juan Pablo González se mantienen pero Ángel Hurtado es relevado por José Ricardo de Prada. ¿Obedeció ese cambio a una voluntad de guardar las formas para que el juicio donde la financiación opaca del PP centrará cada minuto no quedase en manos de tres destacados miembros del sector conservador de la judicatura? Este diario preguntó a última hora de la tarde de este lunes a varios juristas si alguna razón de tipo procedimental podría explicar ese segundo cambio del cambio. Nadie ofreció una respuesta.

Al igual que Espejel, Juan Pablo González accedió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP. En la votación del Senado que en 2008 aupó a Espejel a un puesto de vocal en el órgano de gobierno de los jueces participó Luis Bárcenas, protagonista estelar en el banquillo de Gürtel y sus derivadas. En la votación que en ese mismo escenario había propulsado siete años antes a Juan Pablo González también hacia el CGPJ intervino uno de los dirigentes del PP que aparecen justamente en los papeles del extesorero: Pío García Escudero, hoy presidente de la Cámara Alta, entonces jefe de filas del PP madrileña, sobre quien no pesa ninguna imputación y quien ha declarado como testigo tanto en la primera pieza de Gürtel –la ya juzgada y ahora pendiente de sentencia– como en la relativa a la caja B.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/12/05/dos_los_tres_magistrados_que_debian_juzgar_caja_del_alertaron_dos_veces_contra_cambio_retroactivo_tribunal_72729_1012.html

LA AUDIENCIA NACIONAL CAMBIA AL TRIBUNAL QUE JUZGARÁ LA PRESUNTA CAJA B DEL PP

La Sala de Gobierno de la Audiencia ha decidido apartar a Ángel Hurtado y Julio de Diego, uno de los magistrados que propiciaron que Mariano Rajoy testificase en el juicio de los primeros años de la Gürtel

El magistrado De Diego, junto a José Ricardo de Prada, el único que se mantiene en el tribunal, solicitaron que se garantice "la permanencia de la composición en los procedimientos especialmente sensibles" como este

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional acordó este martes cambiar la composición del tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal encargado de juzgar las próximas piezas del caso Gürtel, dejando fuera a los magistrados Ángel Hurtado y Julio de Diego del juicio que en su día se celebre por la presunta financiación ilegal del PP, que aún continúa instruyendo, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Las misma fuentes precisan que el único de los tres magistrados que continuará juzgando la Gürtel será el progresista José Ricardo de Prada. A este se unirá la nueva presidenta de la Sección Segunda, María José Rodríguez Dupla, y Juan Pablo González, que será el ponente.
Esta decisión llegó después de que Rodríguez Dupla propusiese unas nuevas normas para el reparto de ponencias y composición de tribunales al llegar a la Presidencia de la Sección Segunda. Esta magistrada sustituye a Concepción Espejel –que fue apartada del tribunal que juzgará los denominados papeles de Bárcenas y otras piezas de este caso de corrupción al ser recusada por las acusaciones populares– tras ser designada presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Causas "especialmente sensibles"

Según el acuerdo adoptado por unanimidad el pasado 20 de noviembre, publicado en el Portal de Transparencia de la Audiencia Nacional y recogido por Europa Press, estas propuestas no fueron compartidas por los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada. Presentaron unos escritos solicitando que se fijasen otros criterios que garantizasen "la permanencia de la composición del tribunal en los procedimientos especialmente sensibles" como es, según señalan, el de la presunta caja B del PP.

En este sentido, indicaron que era aconsejable que se mantuviesen los tribunales ya compuestos. De Diego y De Prada fueron quienes juzgaron, junto a Ángel Hurtado (presidente del tribunal), la primera época de actividades de la trama Gürtel, un juicio en cuyo banquillo de los acusados se sentaron el extesorero del PP Luis Bárcenas o el PP como partícipe a título lucrativo.

La Sala de Gobierno considera que esta queja no es "admisible" porque la formación de los tribunales no se puede hacer distinguiendo entre "causas de especial sensibilidad y las que no sean, porque la ley no contempla dicha distinción". Asimismo, subraya que la composición de las secciones "varía necesariamente en el tiempo", ya que se producen ceses por diversas causas, como incorporaciones, que es lo que ocurrió en este caso.
La Sala de Gobierno justifica esta recomposición porque "si no se hiciera así, se petrificarían los tribunales y se haría imposible un reparto equilibrado".
Reapertura de la investigación de la caja B y testifical de Rajoy
Precisamente, los magistrados De Diego y De Prada fueron los que propiciaron que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, testificase en el juicio por los primeros años de la Gürtel, a petición de la acusación popular Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), y en contra de la Fiscalía Anticorrupción. Esta decisión fue adoptada por mayoría, que no por unanimidad, ya que Hurtado –magistrado que no ha recurrido las nuevas normas de reparto– se opuso.
Ahora, de estos tres jueces, sólo De Prada estará en el tribunal que analizará la contabilidad paralela de los conservadores que controló Bárcenas. Su propio autor la denominó en el juicio ya celebrado como "contabilidad extracontable".
Además, esta pieza separada sobre la presunta caja B se reabrió gracias a unas revelaciones que hizo el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, durante su declaración. Detalló que algunas constructoras recurrieron a sus servicios para que mediase por ellas ante los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, entre otros, a cambio de comisiones de entre el dos y el tres por ciento que abonó al extesorero.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/11/28/la_audiencia_nacional_cambia_tribunal_que_juzgara_presunta_caja_del_pp_72487_1012.html

UNO DE LOS DIRIGENTES DEL PP QUE APARECEN EN LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS' VOTÓ AL NUEVO MAGISTRADO QUE JUZGARÁ EL CASO

El vídeo del pleno del Senado del 6 de noviembre de 2001 confirma que Pío García Escudero participó en la votación que aupó a Juan Pablo González al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP

Uno de los apuntes del extesorero refleja un pago de un millón de pesetas del ahora presidente de la Cámara Alta como devolución parcial del préstamo que le hizo el partido para reparar su casa tras un atentado de ETA

Juan Pablo González, nuevo miembro del tribunal que debe juzgar el caso de los papeles de Bárcenas, se convirtió en 2001 en vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP y tras una votación del Senado en la que participó uno de los dirigentes de la formación conservadora mencionados en esos papeles: Pío García Escudero, actual presidente de la Cámara Alta. Así lo confirma el vídeo de aquella jornada parlamentaria, celebrada el 6 de noviembre de 2001 y al que ha tenido acceso infoLibre.

Este diario contactó con una portavoz de García Escudero por si el presidente del Senado consideraba oportuno hacer alguna aportación o matización sobre el asunto. La portavoz rehusó cualquier pronunciamiento.

Las imágenes de la sesión confirman que uno de los principales acusados en el primer juicio de Gürtel, Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo, coordinador electoral del PP durante gran parte del periodo que abarcan los papeles de Bárcenas y exmarido de Ana Mato, también participó en aquella votación del Senado.

Los manuscritos en los que durante dos décadas Bárcenas fue anotando los movimientos de la caja B del PP reflejan, justamente en diciembre de 2001, un apunte contable según el cual Pío García Escudero devolvió un millón de pesetas. El tesorero anotó que se trataba de la primera devolución parcial del préstamo ("devol. Antic. Atentado") que el partido le había hecho al entonces presidente del PP madrileño para reparar su casa tras los graves daños causados por un coche bomba de ETA.

García Escudero ha declarado dos veces como testigo en relación a Gürtel: en mayo de 2013, ante el juez Pablo Ruz y por la pieza de los papeles de Bárcenas; y en julio de este año, en el primer juicio de la serie encomendada a la Audiencia Nacional. En ambas ocasiones, el senador admitió haber recibido un préstamo del PP, pero sostiene que fue de cuatro millones de pesetas (24.000 euros) y no de cinco (30.000 euros), que es lo que recogen las "anotaciones extracontables" del extesorero. Y niega haber reintegrado el dinero en metálico.

La apariencia de imparcialidad

Las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre entre quienes ejercen la acusación popular en Gürtel consideran relevante la confirmación de que García Escudero participó en la votación tras la que Juan Pablo González se incorporó al nuevo plantel de vocales del CGPJ a propuesta del PP y tras el acuerdo alcanzado con el PSOE para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Porque –razonan las citadas fuentes– ese dato añade elementos para la recusación del juez González. "Que le votara alguien que está en los papeles de Bárcenas da más motivos no para cuestionar su independencia pero sí la apariencia de imparcialidad". Como publicó el miércoles este diario, las tres acusaciones populares personadas en la pieza de los papeles de Bárcenas se plantean recusar a Juan Pablo González.

Ese, el de que la apariencia de imparcialidad podía verse dañada, fue el argumento esencial por el que la actual presidenta de la Sala Penal de la Audiencia, Concepción Espejel, terminó apartada –previa recusación– de todas las causas derivadas del tronco común de Gürtel. Tanto Espejel como González pertenecen a un sector de la magistratura muy cercano al PP, que ha mimado sus carreras gracias a un sistema que en la práctica deja el ascenso de los jueces en manos de los partidos mayoritarios. Pese a su apartamiento forzoso de Gürtel, Espejel acudió, deliberó y votó el 20 de noviembre en la sesión de la sala de gobierno de la Audiencia que acordó cambiar sobre la marcha y a última hora la composición del tribunal responsable de dirigir el juicio de la pieza de mayor calado político, la de la caja B.
En el caso de Espejel, la Fiscalía Anticorrupción cimentó la recusación con un argumento que había pasado inadvertido a las acusaciones populares: que el propio Luis Bárcenas, el acusado de mayor peso político en todas las piezas de la causa, había participado en la votación del Senado que en 2008 propulsó a la jueza hasta un asiento en el CGPJ. Entre Bárcenas y García Escudero, y así lo admiten las fuentes sondeadas por este diario, no cabe paralelismo dado que sobre el presidente del Senado no pesa la menor sospecha de responsabilidad penal. "Pero el simple hecho de que aparezca en los papeles de Bárcenas ya lo sitúa en el escenario respecto del cual tendrá que pronunciarse el tribunal al que ahora pertenece Juan Pablo González".

Y ese escenario es el siguiente: aunque la investigación se ha reabierto parcialmente tras la explosiva declaración judicial de Francisco Correa, a día de hoy no ha podido acreditarse que quienes hacían donaciones en B obtuvieran en contrapartida contratos públicos. Pero el foco se sitúa de manera inequívoca sobre los manejos de la caja B, cuya existencia niega el PP. Además de contra Bárcenas el auto de apertura de juicio de la pieza de los papeles se dirigía también contra su antecesor en la tesorería, Álvaro Lapuerta, exonerado por "demencia sobrevenida". Siguen abocados al banquillo el gerente del PP de esa época, Cristóbal Páez, los dos arquitectos de la empresa que reformó la sede del partido, Unifica, y una de sus empleadas. Según la investigación, para esa reforma se utilizó dinero negro.

¿Y puede pesar en favor de la recusación el hecho de que el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, acusado de primera línea en el juicio inaugural de Gürtel, también depositara la papeleta en la urna del Senado que en 2001 terminó elevando a Juan Pablo González al órgano de gobierno de los jueces? Las fuentes pulsadas por este diario se muestran más cautas en ese punto. Pero remiten a un párrafo del escrito con que la Fiscalía defendió el apartamiento de Espejel y de otro magistrado también afín al PP, Enrique López, cuando ambos se enfrentaron a la tercera recusación: "El enjuiciamiento de cualquiera de las piezas separadas de las DP [Diligencias Previas] 275/08 [el caso Gürtel] por los dos magistrados ya apartados en otras dos piezas separadas dimanantes del mismo procedimiento hará que, dada la íntima cohesión entre todas ellas, resulten ilusorias las decisiones ya adoptadas por el pleno de la Sala [de lo Penal de la Audiencia Nacional]". ¿Por qué? Pues porque, "desde luego, las dudas iniciales sobre su parcialidad o interés también se comunican a todas las piezas derivadas de la misma causa". "Sepúlveda no está imputado en la pieza de la caja B pero sí en la que acaba de juzgarse. Y todas derivan de un solo tronco común".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/12/01/uno_los_dirigentes_del_que_aparecen_los_papeles_barcenas_voto_nuevo_magistrado_que_juzgara_caso_72598_1012.html

EL JUEZ QUE OBLIGÓ A DECLARAR A RAJOY QUEDA FUERA DEL JUICIO DE LA CAJA B DEL PP

La Audiencia Nacional aprueba nuevas normas de reparto que implican cambiar el tribunal que juzgará la caja b del PP, que ya estaba decidido desde el pasado mes de abril. El magistrado Julio de Diego, que junto a José Ricardo de Prada, permitió la declaración de Rajoy como testigo en el juicio de la Gürtel, queda fuera del tribunal. Los cambios han sido propuestos por la presidenta de la Sala de lo Penal que fue recusada en el caso por su afinidad con el PP, Concepción Espejel, aunque consensuados con el resto de sus compañeros, según fuentes jurídicas

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha aprobado por unanimidad las nuevas normas que regirán el reparto de los juicios que tengan lugar en 2018. Y esos cambios implican variar el tribunal que juzgará la caja b del PP a pesar de que éste ya estaba nombrado, e iba a ser el mismo que el del caso Gürtel, conformado por el presidente Ángel Hurtado, y los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada. También variará la composición del tribunal en la decena de piezas de la Gürtel que quedan por juzgar y que iban a ser dirigidas por los mismos tres magistrados.

Los cambios también tienen lugar pese a la oposición de estos dos últimos magistrados, que si bien valoraron de forma positiva en su recurso a la Sala de Gobierno las nuevas normas de reparto, abogaban por no ejecutar permutas en el juicio de la caja b al tratarse de un asunto de “especial sensibilidad”.

María José Rodríguez presidirá el juicio de la caja b

Con los cambios, el juicio de la caja b será dirigido por la nueva presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, María José Rodríguez, que estará acompañada por el también conservador Juan Pablo González y por el progresista José Ricardo de Prada.
Se rompe así la pareja De Prada y De Diego que consiguió citar como testigo a Rajoy el pasado mes de julio en el juicio del caso Gürtel al lograr la mayoría de los votos en el tribunal conformado por tres magistrados. Además, la ponencia del juicio de la caja b del PP, que iba a ser defendida por José Ricardo de Prada, queda en manos de Juan Pablo González.

Las fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER explican que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional no podía acogerse a la “especial sensibilidad” aducida por los recurrentes para no ejecutar los cambios. Supondría “prejuzgar qué casos son especialmente sensibles”, según las mismas fuentes, que recuerdan que deben atenerse a criterios jurídicos objetivos para formar un tribunal. La aprobación de las normas de reparto para 2018 era “necesaria” y es “potestad de la presidenta de la Sección”, María José Rodríguez, la decisión sobre la dirección de cada juicio.

Espejel y Julio de Diego, enemistados

La presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, ha sido la que ha propuesto las normas de reparto “previo consenso con los presidentes de las distintas secciones”. Cuando dirigía la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, Espejel fue recusada de cualquier juicio del caso Gürtel junto a Enrique López por su afinidad al Partido Popular. También del caso de la caja b del PP, que se trata de una pieza separada de aquel.

Julio de Diego, el magistrado que provocó junto a De Prada la declaración de Rajoy y que ha sido apartado del futuro juicio de la caja b del PP, mantuvo una estrecha relación con Espejel hasta que votó a favor de su recusación en el pleno de la Audiencia Nacional. Desde entonces, su trato es inexistente

http://cadenaser.com/ser/2017/11/28/tribunales/1511900715_775682.html

LA AUDIENCIA APARTA DEL JUICIO DE LA CAJA B AL MAGISTRADO QUE FORZÓ QUE RAJOY TESTIFICARA EN EL ‘CASO GÜRTEL’

Concepción Espejel saca de la causa al magistrado Julio de Diego y retira la ponencia a José Ricardo de Prada

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional aprobó el pasado 20 de noviembre unas normas nuevas de reparto de asuntos que supondrán que el magistrado Julio de Diego quedará apartado del tribunal que enjuiciará el llamado caso Bárcenas, la pieza separada del caso Gürtel sobre la caja b del PP. De Diego fue el magistrado que el pasado mayo forzó, con su voto favorable, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tuviera que testificar en persona el 26 de julio en el juicio central de la trama de corrupción.

Las nuevas normas de reparto, acordadas por la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia, la conservadora Concepción Espejel, con los presidentes de las cuatro secciones penales del tribunal implicarán también, según fuentes judiciales, que el magistrado progresista José Ricardo de Prada ya no se encargará de la ponencia (redacción) de la sentencia en el juicio sobre la contabilidad paralela del partido.

El pasado 3 de abril, una providencia –resolución judicial para asuntos de orden secundario- de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia fijó que el tribunal del juicio de la caja b estaría presidido por los mismos tres magistrados que han enjuiciado el caso Gürtel: el presidente (y ponente) Ángel Hurtado, del sector conservador, y los jueces De Diego y De Prada. Las nuevas normas de reparto se aplicarán a todos los casos excepto a aquellos en los que se haya iniciado el juicio oral. Esto supone, según fuentes judiciales, dejar sin efecto la providencia de abril y que el tribunal del juicio de la caja b, para el que todavía no se ha fijado fecha de inicio, tenga una nueva composición.

Según fuentes judiciales, Hurtado y De Diego saldrán del tribunal, y sus puestos los ocuparán la presidenta de la Sección Segunda de lo Penal, María José Rodríguez Duplá, y el magistrado Juan Pablo González, que llevará la ponencia. De Prada se mantiene en el tribunal, pero las nuevas normas le despojan de la redacción de la sentencia más políticamente sensible para el Partido Popular. Según fuentes jurídicas, este tribunal sería mucho menos proclive a volver a citar al presidente Rajoy en caso de que lo solicitaran las acusaciones populares, como ocurrió en el juicio del caso Gürtel.

De Diego y De Prada presentaron un escrito en el que mostraban su conformidad, con carácter general, con las nuevas normas de asignación de ponencias y asuntos , pero en el que solicitaban que se mantuviera la composición de aquellos tribunales que estuvieran ya expresamente fijados con anterioridad, como es el caso del juicio de la caja b. También aducían la conveniencia de no modificar la composición de los tribunales en los procedimientos “especialmente sensibles”.

Estas peticiones fueron desestimadas por unanimidad por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, de la que forman parte, entre otros, el presidente de la Audiencia, José Ramón Navarro, y los presidentes de las salas de lo Social, Ricardo Bodas; de lo contencioso, Eduardo Menéndez, y de lo Penal, Concepción Espejel. Fuentes jurídicas destacan el hecho de que Espejel no se abstuviera de participar en la votación en la que fueron rechazadas las propuestas de De Prada y De Diego pese a haber sido apartada, cuando era presidenta de la Sección Segunda de lo Penal, del enjuiciamiento de las diferentes piezas del caso Gürtel por falta de apariencia de imparcialidad por su supuesta cercanía al Partido Popular.

La Sala de Gobierno justificó la adopción de las nuevas normas de reparto en las salidas de varios magistrados de la Audiencia y en las incorporaciones de Espejel como nueva presidenta de la Sala de lo Penal y de Rodríguez Duplá como nueva responsable de la Sección Segunda de lo Penal. “No cabe establecer dos modelos de composición de tribunales, en los que se distinga entre causas de especial sensibilidad y las que no lo sean, porque la ley no contempla dicha distinción. Además, no hay modo de establecer criterios objetivos, que permitan distinguir entre causas sensibles y causas ordinarias. Si se hiciera así, sería necesario establecer por qué una causa es especialmente sensible y cual no lo es, lo que supondría prejuzgar sobre las mismas”, señala la resolución unánime del órgano de gobierno de la Audiencia Nacional.

Fuentes de la Audiencia señalan que la nueva norma de reparto no hace sino seguir el criterio habitual de que el presidente de cada Sección preside todos los juicios que desee dirigir. Si Concepción Espejel no pudo presidir los juicios del caso Gürtel, que recayeron en la Sección Segunda fue porque fue recusada y apartada junto con su excompañero de tribunal Enrique López. Tras su llegada, la nueva presidenta Rodríguez Duplá ha decidido seguir con este criterio, con lo que cambia la composición de todos los juicios que llegan a la Sección, para lo que ha sido necesario cambiar las normas de reparto.

https://politica.elpais.com/politica/2017/11/28/actualidad/1511890276_473789.html

UN EXVOCAL DEL CGPJ PROPUESTO POR EL PP, PONENTE DE LOS PAPELES DE BÁRCENAS

Las nuevas normas aprobadas tras cambiar las presidentas de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y de la Sección Segunda determinan que corresponda a Juan Pablo González redactar la sentencia.

Las nuevas normas de asignación de ponencias y composición de tribunales aprobadas la pasada semana por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional determinarán que la redacción de la sentencia que se dicte en el caso de los 'papeles de Bárcenas' corresponda al magistrado de la Sección Penal Segunda de la Audiencia Nacional Juan Pablo González, que hace diez años fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP.

El caso de los 'papeles de Bárcenas', relativo a la supuesta financiación ilegal del Partido Popular, está pendiente de que se fije la fecha de la vista oral en lo que respecta al banquillo que quedó establecido en mayo de 2015, cuando se abrió el juicio contra los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, contra el exgerente Cristóbal Páez y contra los dos arquitectos que reformaron la sede del partido.

El fiscal anticorrupción Antonio Romeral presentó en abril de 2015 un escrito de acusación en el que solicitó 5 años de prisión para Lapuerta y Bárcenas y penas inferiores para los otros tres implicados en una causa que quedó limitada a esos cinco acusados. El procedimiento fue archivado para todos los empresarios que aparecían mencionados en la contabilidad B de Bárcenas y no se ha sentado en el banquillo a ningún dirigente político del PP. El juez instructor Pablo Ruz, que consideró acreditada la caja B del PP desde 1990 y "al menos" hasta 2008, declaró prescritos los posibles delitos electorales y de falsedad contable del partido. Durante el período investigado no existía el delito de financiación ilegal de las formaciones políticas, introducido en 2015 en el Código Penal.

Tercer tribunal

A salvo de lo que ocurra con la reapertura de la investigación acordada el pasado febrero por el sucesor de Ruz, José de la Mata, el caso de los 'papeles de Bárcenas' está desde hace tiempo listo para su enjuiciamiento.
No obstante, las nuevas normas aprobadas el pasado 20 de noviembre han determinado un cambio en la composición de la Sala que asumirá esa tarea, hasta ahora integrada por el mismo tribunal que juzga el caso Gürtel: Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada y Julio de Diego.

Este tribunal sustituyó al que inicialmente estaba llamado a juzgar los procedimientos relacionados con el caso Gürtel, presidido por Concepción Espejel e integrado por Enrique López. La recusación de ambos -también exvocales del CGPJ gracias al PP- fue aceptada por la Sala Penal de la Audiencia Nacional en unas decisiones que fracturaron el tribunal en cuanto a las relaciones personales entre los magistrados.

Desde entonces, Espejel ha sido promovida a la presidencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, López ha sido destinado a la nueva Sala de Apelación y la vacante dejada por la primera en la presidencia de la Sección Segunda ha sido ocupada por María José Rodríguez Duplá.

Esta última elevó a la Sala de Gobierno su propuesta de organización de la Sección, que incluye que ella presidirá todos los juicios (ya lo hacía así Espejel). Ello ha obligado a cambiar la composición de los tribunales y la asignación de las ponencias a los magistrados, lo que se realiza en función del número en el que termina el procedimiento. A Juan Pablo González le corresponden las ponencias de los asuntos acabados en 6, que es el caso de los 'papeles de Bárcenas'.

González, juez por oposición desde 1990, está en comisión de servicio en la Sala Penal de la Audiencia Nacional y antes estuvo en esa condición en el Juzgado Central de Instrucción número 3. Su experiencia en cooperación jurídica internacional (fue juez de enlace en Francia) se alzó como un factor decisivo para que lo designara el Consejo General del Poder Judicial. Fue juez decano de Bilbao y magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, desde donde incorporó como vocal del órgano de gobierno de los jueces. Desempeñó ese cargo, a propuesta del PP, entre 2001 y 2008, y después regresó a la jurisdicción.
Reclamación

Los magistrados José Ricardo de Prada y Julio de Diego elevaron a la Sala de Gobierno un escrito en el que -sin cuestionar el nuevo reparto de ponencias- solicitaron que no se aprobara la propuesta de la presidenta de la Sección en cuanto a la composición de los tribunales.

A su parecer, la incorporación de Rodríguez Duplá no debería conllevar un cambio total de las Salas, reclamando que las nuevas normas garantizasen la permanencia de los tribunales en los procedimientos "especialmente sensibles".

La Sala de Gobierno ha desestimado la solicitud por distintos argumentos. De un lado, porque los sucesivos ceses e incorporaciones de magistrados conllevan necesariamente cambios en las Salas. "Si no se hiciera así", indica, "se petrificarían los tribunales y se haría imposible un reparto equilibrado y objetivo del trabajo de las secciones, que debe ajustarse obligatoriamente a sus nuevos miembros", afirma el acuerdo.

Señala también que "no cabe establecer dos modelos de composición de tribunales", uno para causas de "especial sensibilidad" y otro para las que no lo sean, ya que "la ley no contempla dicha distinción" y, además, "no hay modo de establecer criterios objetivos que permitan distinguir entre causas sensibles y causas ordinarias".

La Sala de Gobierno afirma, finalmente, que la ley no permite cambiar el tribunal una vez que se haya iniciado el juicio, pero esto aún no se ha producido en el caso de los 'papeles de Bárcenas'.

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20171128/265474557_0.html

EL CGPJ NOMBRA A LA MAGISTRADA CONCEPCIÓN ESPEJEL PRESIDENTA DE LA SALA DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Ha recibido 11 de los 21 votos del Pleno

El CGPJ nombra a la magistrada Concepción Espejel presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

El Consejo General del Poder Judicial, en su sesión plenaria de hoy, ha nombrado a la magistrada Concepción Espejel Jorquera nueva presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cargo vacante por finalización del mandato de su anterior titular, Fernando Grande-Marlaska.

Concepción Espejel ha obtenido 11 votos frente a 8 votos obtenidos por la magistrada Manuela Fernández Prado. Han logrado un voto el magistrado Fermín Javier Echarri y la magistrada Carmen Lamela.

Espejel ha recibido los votos del presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, y de los vocales Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Fernando Grande-Marlaska, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea.

Por su parte han apoyado a Manuela Fernández Prado los vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Victoria Cinto, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

El vocal Enrique Lucas ha respaldado la candidatura de Carmen Lamela y el vocal Vicente Guilarte ha votado a Fermín Javier Echarri.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-nombra-a-la-magistrada-Concepcion-Espejel-presidenta-de-la-Sala-de-lo-Penal-de-la-Audiencia-Nacional

EL BLOQUE CONSERVADOR IMPONE A ESPEJEL AL FRENTE DE LA SALA PENAL DE LA AUDIENCIA

La sucesora de Fernando Grande Marlaska fue apartada del caso Gürtel por su cercanía al PP

La votación ha sido celebrada esta mañana por el pleno del órgano de gobierno de los jueces, y ha arrojado el resultado de 11 votos a favor de la elección de Espejel, 8 a favor de Manuela Fernández Prado, 1 voto por el magistrado Fermín Echarri y otro para la magistrada Carmen Lamela.

Espejel, que sustituirá en el puesto a Fernando Grande-Marlaska, tendrá amplios poderes para organizar la sala de lo Penal de la Audiencia. Entre sus competencias figuran la posibilidad de presidir cualquier vista oral que se celebre en su jurisdicción -como hizo en su día Javier Gómez Bermúdez con el juicio de los atentados del 11 de marzo de 2014- . También puede hacer que cualquier asunto pueda dirimirlo el pleno de la Sala de lo Penal, formado por una veintena de magistrados.

El grupo de vocales conservadores, cuyo voto llegó a la jornada de ayer dividido, se ha agrupado esta mañana después de celebrar por la noche una reunión para ponerse de acuerdo, según han informado fuentes no oficiales del CGPJ.

Espejel fue obligada por el conjunto de magistrados de lo Penal de la Audiencia Nacional a excluirse de los tribunales que juzgarán el caso Gurtel y el asunto de los llamados papeles de Bárcenas sobre la caja B del PP, debido a la afinidad con este partido de la magistrada, que no había querido abstenerse por iniciativa propia. Ahora será la presidenta de esos mismos magistrados.

Se da la circunstancia de que esa misma exclusión forzosa para juzgar estos dos mismos sumarios afectó también al magistrado del mismo tribunal Enrique López, considerado también por sus compañeros demasiado afín al PP para juzgar el caso Gürtel.

La semana pasada el mismo CGPJ que ha nombrado hoy presidenta a Espejel designó a López para ocupar una de las dos plazas de magistrado de la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Puede decirse, de este modo, que meses después de ser excluidos por su afinidad al PP de unos determinados casos que afectaban a este partido, ambos han sido ascendidos por el CGPJ.

El puesto de presidente de la Sala Penal de la Audiencia tiene carácter gubernativo pero también jurisdiccional, es decir, quien lo ocupa organiza dicha sala en términos administrativos, pero también forma parte del tribunal como magistrado que juzga asuntos.
Además de Espejel, aspiraba al puesto Manuela Francisca Fernández Prado, magistrada de la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y preferida por los progresistas.

También era candidato Juan Pablo González González, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia y uno de los favoritos, hasta ayer noche, del grupo conservador del CGPJ.

Fermín Echarri, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional apoyado por el hasta ahora presidente de la Sala Penal, Fernando Grande Marlaska, y Carmen Lamela Díaz, del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, fueron los nombres del consenso para el caso de un acuerdo entre todos los vocales que finalmente no se ha producido.

María Teresa Palacios Criado, magistrada de la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia, tuvo siempre pocas posibilidades.

La vacante en la Sala de lo Penal de la Audiencia se ha creado porque el vocal y magistrado, Fernando Grande Marlaska, había llegado casi al final de su mandato como presidente de la citada sala. Además, cuando estaba a punto de finalizar su mandato, Marlaska accedió a uno de los puestos de la Comisión Permanente del CGPJ.

Se trata de la comisión más importante, la que lidera el órgano de gobierno de los jueces. Y sus miembros tienen dedicación exclusiva). De este modo, la vacante de Marlaska debía ser cubierta

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/25/actualidad/1495707672_369867.html

EL SECTOR DE COSPEDAL MANIOBRA PARA COLOCAR A UNA JUEZ AFÍN AL FRENTE DE LA SALA DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL

La juez afín a la ministra de Defensa recibe el apoyo de su entorno, aun cuando fue apartada dos veces del caso Gürtel. Por sus manos, pasarán recursos de las tramas Púnica o Lezo, que afectan al partido de Rajoy.
El sector del Partido Popular más próximo a María Dolores de Cospedal realiza intensas gestiones de última hora para conseguir colocar a una juez afín al frente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de resolver los recursos en este ámbito como serán los que se presenten en los casos de corrupción Púnica o Lezo que afectan directamente a esta formación política.
La promocionada es la magistrada Concepción Espejel, quien fue apartada dos veces de juzgar el caso Gürtel por los mismos compañeros a los que ahora intenta presidir. La elección de la Presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional será realizada este jueves por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Las intensas gestiones en favor de Espejel las realiza el vocal Gerardo Martínez Tristán, marido de una de las personas de máxima confianza de Cospedal: Marta García de la Calzada, quien fue consejera de Fomento de Castilla-La Mancha en la etapa de la ahora ministra de Defensa, según fuentes jurídicas consultadas por Público.
Las gestiones a favor de Espejel las realiza marido de una persona de máxima confianza de Cospedal: Marta García de la Calzada, exconsejera de Fomento de Castilla-La Mancha
Martínez Tristán ha llegado a presionar a sus compañeros conservadores del CGPJ en apoyo de Espejel bajo el argumento de su altura jurídica y para que una mujer presida la Sala de lo Penal. El presidente del órgano constitucional, Carlos Lesmes, ha transmitido ya el mensaje de que Espejel contará con su voto. El sector conservador del CGPJ tiene previsto reunirse en la tarde de mañana miércoles para tomar una decisión unitaria y votar todos a un solo candidato.
Martínez Tristán realiza llamadas de última hora en favor de Espejel ya que algunos vocales del sector conservador preferirían votar a Juan Pablo González, exdecano de Bilbao y expresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), con dilatada experiencia en órganos colegiados pero que ejerce como magistrado en la Audiencia Nacional de manera interina (en comisión de servicio, a diferencia de Espejel que es titular)
De un total de 21 votos del Pleno del CGPJ, el sector conservador está formado por 12 vocales, incluido el presidente Lesmes. La minoría progresista la constituyen nueve vocales y prevé votar a la magistrada Manuela Francisca Fernández Prado.
La reforma del CGPJ realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy eliminó las mayorías reforzadas en este tipo de elecciones, de tal manera que basta con una mayoría simple para elegir la presidencia de la Sala de lo Penal.
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha transmitido ya el mensaje de que Espejel contará con su voto
Martínez Tristán hace valer la preferencia de Espejel para el sector de Cospedal, que aspira a ejercer un control férreo ante los casos de corrupción que juzga la Audiencia Nacional y que podría fracasar si sale elegida la candidata progresista. Es más, sostiene el mismo Tristán que detrás de la candidata progresista, están los magistrados José Ricardo de Prada o Ramón Sáez. El primero de ellos es miembro del tribunal del caso Gürtel y el segundo es el eterno radical judicial.
Espejel tiene una dilatada experiencia en órganos colegiados y ha movido todos los hilos posibles en los aledaños del poder que supone el CGPJ. Cuenta con el apoyo de los vocales conservadores Wenceslao Olea -presidente de la Comisión Disciplinaria- y Carmen Llombart.
Controlar los casos de corrupción del PP
Una candidata de consenso podría ser Carmen Lamela, del Juzgado Central de Instrucción número 3, pero Tristán ha hecho ver también que no pueden perder el control de la Sala de lo Penal, cuyo presidente es miembro nato de la poderosa sala de gobierno de la Audiencia Nacional. Los otros dos candidatos, los magistrados de la Audiencia Nacional Fermín Echarri y María Teresa Palacios, en principio no cuentan con suficiente consenso entre los 21 vocales como para salir elegidos.
Para cerrar el círculo, la nueva Sala de Apelación de la Audiencia Nacional -que va a resolver las sentencias que dicta la Sala de lo Penal- está formada por Enrique López y Eloy Velasco. El primero fue recusado junto a Espejel de juzgar el caso Gürtel dadas sus vinculaciones con el PP; el segundo fue director general de Justicia de Valencia con Eduardo Zaplana como presidente.
El actual presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es Fernando Grande-Marlaska, quien apoya a Echarri. Deja el cargo porque fue elegido miembro Comisión Permanente del CGPJ, desde donde Lesmes gobierna la justicia.
El CGPJ ha decidido no sacar a concurso la presidencia de esta Sala de Apelación, que será ejercida por el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, quien encamina sus pasos para promocionarse como magistrado del Tribunal Supremo para cuando cese en su actual destino.
Concepción Espejel preside con mano férrea la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, encargada de juzgar el caso Gürtel. Fue recusada, junto a su compañero de sección Enrique López, dado que había sido elegida vocal en el anterior mandato del CGPJ a propuesta del Senado en una votación en la que participó Luis Bárcenas, extesorero del PP. Su carácter y esta recusación tan extrema ha provocado la polarización de los 19 miembros de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
La lista de candidatos
Éstos son los candidatos a presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional:
Manuela Fernández Prado, Nela: ejerce de juez desde hace 33 años, de los que 24 los ha ejercido en la Audiencia Nacional. Figura en el puesto 381 del escalafón de la Carrera Judicial. Destinada en la Sección Primera de la Sala de lo Penal.
Teresa Palacios Criado: 35 años como juez y magistrada (20 de ellos en la Audiencia Nacional). Ocupa el puesto 338 en el escalafón. Es miembro de la Sección Cuarta.
Concepción Espejel Jorquera: juez con 34 años de antigüedad (cinco como vocal del CGPJ). Ocupa el puesto 285 en el escalafón de la Carrera Judicial. Presidenta de la Sección Segunda.
Juan Pablo González González: 27 años como juez, situado en el puesto 1.368 del escalafón. Destinado en comisión de servicios en la Sección Tercera, al igual que Echarri.
Fermín Echarri Casi: lleva 12 años y cuatro meses como juez. Situado en el puesto 2.925 del escalafón. Está en comisión de servicios en Sección Tercera.
Carmen Lamela Díaz: 28 años y medio como juez y magistrada. Figura en el puesto 567 del escalafón. Destinada en el juzgado central de instrucción 3.

http://www.publico.es/politica/control-justicia-sector-cospedal-maniobra.html

DISCUTIDA ABSOLUCIÓN AL EXMINISTRO GUATEMALTECO CARLOS VIELMANN

Los magistrados Juan Pablo González y Concepción Espejel dispensan a Vielmann del asesinato de 10 presos en Guatemala al entender que no ha quedado acreditada su participación, mientras que el tercer juez del tribunal, José Ricardo de Prada, cree debió ser condenado a los 160 años pedidos por la Fiscalía y critica a sus compañeros por "minimizar y aligerar" los testimonios
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto al exministro de Gobernación guatemalteco Carlos Vielmann de autorizar el asesinato de 10 presos fugados o amotinados en dos cárceles de aquel país en 2005 y 2006, con una profunda división entre el tribunal.
El ponente o redactor de la sentencia ha sido el magistrado Juan Pablo González, quien en principio no iba a formar parte del tribunal pero sustituyó a Julio de Diego a quien la presidenta de la sección, Concepción Espejel, designó por sorpresa para la ponencia de otro juicio, cuando hacía meses que estaba prevista su participación en este procedimiento. La relación entre Espejel y Julio de Diego es más que distante desde que este último votó a favor de la recusación de la primera para el tribunal de la Gürtel.
La sentencia considera que no ha podido acreditarse el papel de Vielmann en la captura y muerte de los presos huidos. Para los jueces Concepción Espejel y Juan Pablo González, “la existencia de una relación de dependencia jerárquica respecto de los autores materiales de un hecho delictivo no determina en sí misma que el superior ordene, autorice o tenga conocimiento de las actuaciones llevadas a cabo” por sus inferiores.
Pero el fallo mayoritario ha contado con el voto particular discrepante del tercer juez del tribunal, José Ricardo de Prada. Éste considera que Carlos Vielmann debió ser condenado a los 160 años que pedía la Fiscalía, “al menos por comisión por omisión”. A su entender, ha quedado probado, “más allá de la duda razonable”, la participación del acusado en los “graves episodios” de ejecuciones extrajudiciales de 10 reclusos, causados por una estructura policial paralela integrada “por algunos de sus más inmediatos colaboradores”.
José Ricardo de Prada sostiene que “no es verosímil” que no fuera consciente de lo que estaba ocurriendo en un recinto cerrado “cuyo interior estuvo recorriendo a pie y sobrevoló”, en el que “se llevaron a cabo acciones parapoliciales evidentes por personas disfrazadas de swat, con pasamontañas y armas espectaculares que nada tenían que ver con el armamento oficial”.
Críticas a Espejel y González
El magistrado José Ricardo de Prada rechaza la “minimización” de sus compañeros de tribunal sobre el valor de testimonios de expertos sobre los hechos acontecidos, así como el “nulo valor” dado a los testimonios anticipados documentados previstos por el derecho guatemalteco. También censura la “indefensión” causadas a la Fiscalía y las acusaciones, que intentaron conseguir sin éxito la declaración de un testigo presencial relevante encontrado en Canadá. De Prada lamenta que el tribunal no articuló ninguna fórmula para conseguir la declaración de esta persona que tenía conocimiento “de primera mano” de los hechos juzgados. Según este magistrado, Espejel y González han "desfigurado" el debate jurídico sobre la relevancia de la participación de Vielmann en los hechos, al despreciar los indicios en su contra.
“Limpieza social consentida” por Vielmann
Frente a lo que califica de “minimización y aligeración” de los indicios observados por sus compañeros de tribunal, este magistrado aduce que esas muertes se produjeron “de forma ilegal e ilegítima”, por causa de “disparos realizados” por miembros de las fuerzas de seguridad “o bajo sus órdenes, de personas concretas, inmediatos colaboradores del ministro de Gobernación Carlos Vielmann”, que conformaban una estructura policial paralela “que si no estaba comandada directamente por el ministro, su actuación sí era admitida o consentida por él, sin poner ningún medio para su erradicación, en un claro acto de limpieza social”.
El voto particular de José Ricardo de Prada considera “sorprendente” que la sentencia no haga referencia los mandos policiales que intervinieron en los asesinatos ni a cómo se produjeron, “simulando meros enfrentamientos con la policía que en realidad no existieron”. Además, destaca que cada escena del crimen fue falsificada “para que pareciera otra cosa”. Los cadáveres de los presos ejecutados fueron colocados en distintos lugares, “creando escenas del crimen para cada uno de ellos”, con el objetivo de encubrirlos.

http://cadenaser.com/ser/2017/03/15/tribunales/1489596516_209365.html

EL PP MANIPULA EL HISTORIAL DE LA JUEZA PARA APARTARLA DEL ‘CASO ORDENADORES DE BÁRCENAS’

- Añade que el socialista Cuesta votó a la magistrada para una sustitución y el vocal del CGPJ explica que valoró méritos y que hasta ese día no sabía quién era.
- Intenta vincular a la jueza con el exdirigente socialista porque participaron después en cursos de su especialidad aunque en mesas y fechas diferentes
El escrito del Partido Popular para recusar a la jueza del caso de los ‘ordenadores de Bárcenas’, Rosa María Freire, contiene datos inexactos y afirmaciones descontextualizadas para defender que la magistrada debe ser apartada de la causa por su proximidad con el PSOE. La recusación se produce dos meses después de que Freire procesara al PP, el primer partido en la historia de España que alcanza esta condición, y a 48 horas de que finalice el plazo para la presentación de los escritos de acusación.
Uno de los argumentos del PP para apartar a la jueza es que un vocal socialista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votó a su favor para que ocupara por seis meses un puesto en la Audiencia Nacional, en contra del criterio de otros cinco vocales. El otro es que criticó un proyecto de reforma legislativa del PP, en la línea de todas las asociaciones judiciales, durante su comparecencia en la comisión de Justicia del Congreso a petición de los socialistas.
La marcha a París como juez de enlace de Javier Gómez Bermúdez dejó en 2015 libre el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid. El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, recurrió a un procedimiento de urgencia recogido en la ley para elegir a un sucesor provisional. Se presentaron 15 aspirantes de los que, de acuerdo al citado procedimiento, la Sala de Gobierno del tribunal especial destacó la trayectoria de cuatro de ellos, equiparando como los más adecuados a dos de ellos: Juan Pablo González y Rosa María Freire.
La comisión permanente del CGPJ estaba compuesta por tres vocales conservadores, dos progresistas y el presidente, Carlos Lesmes. Tras analizar los informes de los candidatos, cinco de esos vocales se decantaron por Juan Pablo González, mientras que Álvaro Cuesta, uno de dos progresistas, lo hizo por Freire. La mayoría alegó la trayectoria por distintos juzgados de González -un magistrado de claro perfil conservador ahora aupado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional-, el ritmo de trabajo en su entonces destino en la Sección 15 de la Audiencia de Madrid y su pasado como juez de enlace en París.
Cuesta, por el contrario, consideró que el trabajo ininterrumpido de Freire en distintos juzgados durante dos décadas y su puesto superior en el escalafón hacían más idónea la elección de la jueza para los seis meses en el Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional. El exdirigente socialista también Cuesta se opuso en aquella reunión a que el proceso para la elección hubiera partido de la Audiencia Nacional, en lugar del propio CGPJ, y que el tribunal especial condicionara así el proceso.
La recusación del PP afirma: “Cuesta, significadísimo miembro del PSOE, no se limitó a votar en contra del nombramiento de otra persona distinta (único voto en contra de la designación), sino que al parecer puso un voto particular y además anunció públicamente que la recusada era la candidata más idónea, lo cual parece ciertamente excesivo para la simple provisión técnica de una plaza en un órgano jurisdiccional, aunque es suficiente para explicitar de manera pública quién es la candidata del PSOE a ocupar puestos de relevancia en la carrera judicial”.
Álvaro Cuesta asegura que el 3 de junio de 2016, fecha de la citada reunión de la comisión permanente, ni conocía personalmente, ni había oído hablar de Rosa María Freire. El exdirigente socialista defiende que expresó su convencimiento de que era la candidata idónea para el puesto una vez analizados los informes entregados a los vocales del CGPJ. “Me limité a valorar mérito y capacidad”, ha asegurado a eldiario.es.
En cuanto a la supuesta “publicidad” que dio a su opción, ésta no trascendió más allá de las paredes de la sala donde se reunió la comisión permanente. Álvaro Cuesta no recuerda haber emitido voto particular, un mecanismo que, por otra parte, suelen utilizar los vocales discrepantes para exponer sus argumentos, según fuentes del Consejo.
El Partido Popular adjunta una información del 1 de agosto de okdiario.com, el medio que dirige Eduardo Inda, que apunta a la propia formación como origen de la misma: El PP quiere recusar a la juez del ‘caso ordenadores’ por ser afín al PSOE.
El recurso del PP evita asimismo mencionar que otra de las vocales que se posicionó a favor de Juan Pablo González, Mar Cabrejas, fue elegida a propuesta del PSOE, si bien ha votado junto al bloque conservador en cuestiones tan relevantes como sacar a concurso la plaza de Pablo Ruz en la Audiencia Nacional.
No coincidieron
Entre la documentación aportada por el Partido Popular para demostrar que Cuesta y Freire tienen relación aparecen varios cursos de materia judicial. Cuesta asegura que con posterioridad a la votación ha coincidido con Freire porque él es encargado de los cursos sobre mediación del CGPJ y la magistrada ha sido reclamada por el Poder Judicial para ellos, como experta en la materia.
La consulta de esa documentación permite comprobar que todos los cursos donde podrían haber coincidido Freire y Cuesta se celebraron con posterioridad al 3 de junio de 2015, a excepción de uno, de principios de octubre de 2014.
Este curso se celebró en Málaga, fue organizado por la Universidad local junto con la Asociación Profesional de la Magistratura, la organización conservadora mayoritaria entre los jueces. Freire intervino dos días antes que Cuesta y su mesa fue moderada por otra vocal del CGPJ, del bloque conservador, Ángeles Carmona.
Dos semanas después de la votación, Cuesta y Freire integraron la amplia nómina de invitados a un curso de justicia restaurativa a en Euskadi. Igualmente participaron en mesas diferentes y en días distintos. A finales de junio de ese año, juez y vocal volvieron a participar un curso de su especialidad, la mediación, junto a otra treintena de expertos, ésta vez en Galicia. Ella, en la jornada inaugural; él, en la clausura.
Freire, una jornada en el Congreso
El otro argumento utilizado por el PP es que el Grupo Socialista en el Congreso reclamó a Freire para que expusiera en la comisión de Justicia su opinión sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. “De entre todos los expertos que puedan existir en España en Derecho Penal resulta ciertamente sorprendente que el PSOE proponga precisamente a la recusada, para criticar con toda virulencia la reforma procesal del Partido Popular”, dice el escrito del PP.
La propia defensa del PP adjunta el acta de la comisión de Justicia del Congreso, en la que se puede leer cómo Freire calificó la limitación a seis meses del periodo de instrucción que preveía el texto de la reforma como “la más perturbadora” de las medidas que incluía.
De esta forma, Freire se alineaba con todas las asociaciones de jueces, de todas las orientaciones políticas, que elevaron la voz en contra de la medida, que el PP se vio obligado finalmente a modificar.
El PP solicita a la Audiencia de Madrid la “misma rigidez” en su decisión que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para apartar a Concepción Espejel y Enrique López de los juicios del caso Gürtel. López, por ejemplo, asistió a 55 cursos de la fundación FAES, el think tank del PP y fue vocal del CGPJ a propuesta de ese partido.
En el caso de Espejel, el propio Luis Bárcenas, que se sentará en el banquillo, votó a favor de su elección como vocal del Poder Judicial desde su banco de senador. Otros cuatro imputados votaron como diputados de la Asamblea de Madrid para que López fuera elegido magistrado del Constitucional.

http://www.librediariodigital.net/texto-diario/mostrar/497889/pp-manipula-historial-jueza-apartarla-caso-ordenadores-barcenas

ANTICORRUPCIÓN ACUSA A TRES JUECES DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE MENTIR PARA EXCULPAR A UN MANDO POLICIAL

Asegura que la Sección Tercera se ha inventado que hay nuevos indicios para dictar el archivo de la causa contra el agente
El beneficiado es el inspector Miguel Ángel Gómez Gordo, acusado de recibir 6.000 euros en regalos de uno de los lugartenientes de Gao Ping
Los fiscales presentan un recurso de nulidad contra un auto "irracional, contradictorio y atentatorio contra el derecho a la tutela judicial efectiva"
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que anule la exculpación que dictó el mes pasado a favor de un mando policial investigado por sus vínculos con la organización de Gao Ping. En el recurso de nulidad, los fiscales acusan a tres magistrados de la Sala de lo Penal de faltar a la verdad y de actuar “de forma descuidada o imprudente”.
El inspector Miguel Ángel Gómez Gordo era uno de los siete policías nacionales que se iban a sentar en el banquillo de los acusados por favorecer y/o obtener prebendas de Yongping Wu Liu, uno de los lugartenientes de Gao Ping. Sin embargo, el 10 de febrero pasado, la Sección Tercera se corrigió a sí misma y dictó el archivo provisional de la causa contra Gómez Gordo. Firmaban ese auto Juan Pablo González, como ponente; el presidente de la Sección, Alfonso Guevara; y Fermín Echarri.
Anticorrupción reacciona con el recurso de nulidad, en el que los fiscales Juan José Rosa y José Grinda analizan cada uno de los argumentos de la Sala de lo Penal para exculpar al policía en la antesala del juicio oral, cuando ya se había dictado el procesamiento y la propia Fiscalía había presentado su escrito de acusación.
El auto de los tres magistrados justificaba la exculpación del policía en un “examen detallado de las transcripciones telefónicas a las que en su momento no se tuvo acceso”. Para los fiscales, la Sala “falta rigurosamente a la realidad de los hechos”, ya que en su escrito de acusación del 31 de agosto, seis meses antes, se habían incluido todas las grabaciones y los jueces habían podido valorarlas.
“No se puede decir, por no ajustarse a la verdad, que no se había tenido acceso hasta este momento a las transcripciones. Si la Ilustrísima Sala ya valoró esas transcripciones telefónicas, al estimar el recurso de apelación de la Fiscalía (…), no puede valorar de forma distinta ahora su contenido y menos aún decir que no se tuvo accesa a las mismas”, alega Anticorrupción.
En el auto exculpatorio, el ponente, Juan Pablo González, asumía los argumentos de la defensa del policía y negaba que constara en la causa que éste hubiera solicitado dinero al presunto mafioso chino (4.000 euros). A lo que Anticorrupción replica: “En ningún momento, ni lugar del escrito de recurso, el Ministerio Fiscal ha dicho que Miguel Ángel Gómez Gordo exigiera la entrega de dinero al imputado Yong Ping Wu Liu”.
Y añaden los fiscales: “Es una grave apreciación de la Ilustrísima Sala, sólo explicable por atender de forma descuidada o imprudente a la lectura del recurso tendencioso de la representación procesal de Miguel Ángel Gómez Gordo”. El escrito de la Fiscalía calculaba en 4.000 euros el beneficio que había recibido el policía por el cambio de billete efectuado por Yong Ping Wu Liu para que el inspector jefe regresara en primera clase de China.
Los fiscales no ahorran en calificativos al referirse a la Sala. “La resolución de 10 de febrero de 2016 incurre en graves defectos que hace que su contenido sea de todo tipo irracional, contradictorio y atentatorio contra el derecho a la tutela judicial efectiva”, concluyen. Y se preguntan por qué, si los jueces consideran que no hay indicios de criminalidad en la conducta del policía, dictan su archivo provisional y no el libre.
Anticorrupción eleva a más de 6.000 euros los regalos que recibió en especias el inspector jefe Miguel Ángel Gómez Gordo de Yong Ping. El ciudadano chino invitó al policía al estadio Santiago Bernabéu en tres ocasiones. Asimismo, cambió un billete de turista que tenía el agente para volver de un viaje de trabajo a China por otro en primera clase que costeó de su bolsillo, según la Fiscalía.
Los fiscales optan por presentar un recurso de nulidad al considerar que los jueces de la Audiencia Nacional han vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y han lesionado los derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías y al uso de medios de prueba pertinentes, así como “a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.
Los apellidos "Gómez Gordo" en la Policía
El exculpado era jefe del Grupo V de la Brigada de Extranjería de Madrid cuando estalló la operación Emperador, en octubre de 2012. Miguel Ángel Gómez Gordo fue el único policía nacional detenido entonces y continuó, a pesar de la imputación, durante dos años al frente del mismo grupo, dedicado a combatir la delincuencia en los círculos chinos de la Comunidad de Madrid.
El Ministerio del Interior ascendió a Gómez Gordo cuando aún estaba pendiente el recurso de la Fiscalía contra el archivo de su causa que dictó el juez Fernando Andreu. En la decisión del juez pesó el informe que presentó el máximo responsable de los policías anticorrupción en favor del policía, aun cuando para ello tuvo que contradecir a sus propios subordinados.
Su hermano es otro inspector jefe, Andrés Gómez Gordo, quien ha dejado la Policía de forma temporal en dos ocasiones para trabajar con el Partido Popular. La primera, en la Ciudad de la Justicia, el faraónico proyecto en el que el Gobierno de Esperanza Aguirre dilapidó 105 millones de euros. Con María Dolores de Cospedal fue nombrado director general de Documentación y Análisis aunque su ocupación fue la de jefe de seguridad de la presidenta castellano-manchega.
A los cinco meses de regresar a la Policía, Andrés Gómez Gordo fue condecorado con una medalla roja al mérito policial, esto es, remunerada. En la actualidad está destinado en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.

http://m.eldiario.es/politica/Anticorrupcion-Audiencia-Nacional-exculpar-policial_0_493451729.html

EL JUEZ JUAN PABLO GONZÁLEZ OCUPARÁ LA PLAZA QUE LAMELA TENÍA EN LA SALA PENAL DE LA AUDIENCIA

El Consejo General del Poder Judicial nombrará este jueves al magistrado Juan Pablo González, ex juez de enlace en Francia y ex vocal del órgano de gobierno de los jueces, juez adscrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. González ocupará el puesto que ha dejado vacante la juez Carmen Lamela que, casualmente, ha aterrizado en el Juzgado Central de Instrucción que dirigió hasta la semana pasada el ex vocal del Consejo.
Dos magistrados distintos: Juan Pablo González, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, ex juez de enlace en Francia y ex instructor de la Audiencia Nacional, y Carmen Lamela, ex alto cargo del Ministerio de Justicia cuando el socialista Mariano Fernández Bermejo era el titular de esa cartera y hasta la semana pasada magistrada adscrita a la Sala de lo Penal de la Audiencia. Pues bien, uno ocupará la plaza de la otra y viceversa.
Según ha podido saber Vozpópuli, la Comisión Permanente del CGPJ tiene previsto otorgar este jueves a González una comisión de servicios por el plazo de seis meses -prorrogables otros seis- para que el magistrado quede adscrito la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Hasta la semana pasada, este juez dirigió -también en comisión de servicios- el Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional. Lo hizo hasta que el pasado viernes desembarcó en él su nueva titular, la magistrada Carmen Lamela quien hasta ese momento estaba adscrita a la Sala de lo Penal de la Audiencia. Según informan fuentes del Consejo será precisamente su vacante en la Sala que preside Fernando Grande Marlaska la que ocupe ahora Juan Pablo González.
González, el mejor candidato
Fuentes jurídicas consultadas sostienen que se le concederá probablemente dicha plaza en la Sala de lo Penal al que fuera durante años juez de enlace en Francia porque reúne todos los requisitos exigidos por el órgano de gobierno de los jueces: es el solicitante que tiene el puesto más alto en el escalafón de la Carrera Judicial, el que ha pasado más años en un órgano colegiado y el candidato que más años lleva en la jurisdicción penal.
Por esta razón, fuentes del CGPJ explican con casi con "total probabilidad" Juan Pablo González será nombrado hoy magistrado adscrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Este juez conservador tiene actualmente destino en la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid.

http://vozpopuli.com/actualidad/72451-el-juez-juan-pablo-gonzalez-ocupara-la-plaza-que-lamela-tenia-en-la-sala-penal-de-la-audiencia

LA SINDÉRESIS

José Yoldi

Seguro que muchos de ustedes ya lo saben, pero la sindéresis es la capacidad natural del hombre para juzgar rectamente. Una facultad que desde hace cierto tiempo nos empeñamos en pisotear y que, desde Europa, nos acaban afeando continuamente, porque en lugar de cumplir como demócratas las leyes que nos hemos dado, nuestros tribunales, Supremo y Constitucional, hacen interpretaciones en contra de reo y de la Constitución, como, por ejemplo, y entre otras, la doctrina Parot. El tratar de contentar a los políticos en el poder —que en definitiva son los que, por medio del cambio de cromos les han puesto ahí, y pueden decidir sus destinos futuros— hace que algunos magistrados decidan olvidar o prescindir de su sindéresis.

La última astracanada en la que se ha visto envuelta la Audiencia Nacional ha sido la protagonizada por el magistrado Juan Pablo González González, que acaba de aterrizar en ese tribunal en comisión de servicios y que ha decidido perseguir a la cúpula de ETA por delitos de lesa humanidad cometidos a partir de 2004. El ilustrísimo González fue elegido vocal del Consejo del Poder Judicial en 2001 a propuesta del PP y ha triunfado en La Razón, con sus columnas de opinión. Ahora ha recalado provisionalmente en la plaza dejada por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, nombrado juez de enlace con Francia, y que ya había rechazado este asunto del genocidio, aunque la Sección Cuarta le había instado a que lo estudiara más profundamente.

No albergo ninguna simpatía por los terroristas de ETA. Todo lo contrario, su desprecio por la vida de los que no piensan como ellos me merece el más profundo rechazo y sus atentados, la más firme de las condenas. Y entiendo que todas las sentencias a penas de prisión del mundo no mitiguen el dolor de Daniel Portero, cuyo padre fue asesinado por ETA, y cuya asociación, Dignidad y Justicia, ha instado este nuevo proceso por genocidio y delitos de lesa humanidad. Pero una cosa son las víctimas y su dolor, y otra, la justicia.

Hace mucho tiempo, desde 1948, que el genocidio y los delitos de lesa humanidad figuran en los tratados internacionales, que fueron suscritos por España veinte años después, en 1968; y en los años 90 cuando ETA estaba muy activa, el juez Baltasar Garzón inició un procedimiento en ese sentido, que él mismo acabó archivando.

Ahora que ETA está dando sus últimos estertores y que en 2011 anunció que dejaba de matar; ahora que llevamos todo el año en periodos preelectoral, electoral y postelectoral y los políticos necesitan que los ciudadanos olvidemos sus implicaciones en las corrupciones que asuelan el país; ahora que precisan recordarnos que ellos siempre van a estar en primera línea para defendernos, el Parlamento Navarro, a instancias de Dignidad y Justicia, y con los votos de UPN, PP y PSN, proclamó que el terrorismo de ETA constituye delito de genocidio y delitos de lesa humanidad. Una declaración que, parece evidente, corresponde a los jueces. Poco después, el Congreso debatió la misma cuestión, si bien, rebajó las pretensiones de UPyD y condenó los crímenes de ETA, pero dejando a los jueces la decisión de si esos crímenes constituyen delito de genocidio o no.

No lleva todavía un mes en la comisión de servicios, cuando el juez Juan Pablo González ya ha abierto en nuevo frente (auto).

El caso es que la justicia española lleva una serie de años persiguiendo el genocidio y los delitos de lesa humanidad de acuerdo con el principio de jurisdicción universal. Nadie ha protestado mientras los perseguidos eran generales serbios o bosnios, dictadores de países tercermundistas o incluso milicos torturadores argentinos. No ocurrió lo mismo cuando un juez quiso meterse con dirigentes y militares israelíes por un bombazo de una tonelada en Gaza que dejó un reguero víctimas, eso que desde el poder se denominan “daños colaterales”. Fue la ministra israelí Tzipi Lipni la que nos informó a los españoles que nuestro Gobierno iba a restringir la jurisdicción universal.

Luego, la Sección Cuarta de la Nacional ordenó la detención internacional de Hu Jintao y Jiang Zeming por el genocidio del Tibet, pero, ante las posibles represalias chinas, el Ejecutivo español cercenó cualquier tipo de posibilidad de perseguir aquel delito.

Y verán, aunque los crímenes cometidos por el terrorismo yihadista encajan mucho mejor en la definición de genocidio o de delitos de lesa humanidad, nadie ha acusado de genocidio a ninguno de los yihadistas detenidos en España, por más que se amparen en una guerra de religión y pretendan exterminar a los cristianos o incluso al mundo occidental. Suele ser suficiente la condena por pertenencia a organizaciones terroristas, además de los asesinatos, secuestros o financiación de los que también se les acuse.

Los miembros de las sucesivas cúpulas de ETA han sido condenados por integración en organización terrorista en grado de dirigente, más los asesinatos y los otros delitos concretos que cometieron. La mayoría de ellos afronta penas superiores a los cuarenta años de prisión, el máximo que van a cumplir en España, porque la prisión permanente revisable ha entrado en vigor con posterioridad a sus condenas.

¿A qué viene pues este aparatoso andamiaje jurídico de dudosísima legalidad para condenar de nuevo a quien ya está condenado al máximo posible?

¿Será verdad, como circula en la Audiencia Nacional, que el ilustrísimo González, que es titular de una plaza en la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, pretende hacer méritos para que los mismos que le han nombrado para la comisión de servicios, el hiperfavorable y conservador Consejo del Poder Judicial que preside Carlos Lesmes, le designe magistrado de la Sala Penal de la Nacional?

Como siempre, querido lector, ahora que conoce los hechos, usted decide.

https://www.cuartopoder.es/acotadeperiscopio/2015/07/13/la-sinderesis/1245

LA AUDIENCIA NACIONAL PROCESA A CINCO DIRIGENTES DE ETA POR LESA HUMANIDAD

El juez dicta orden de detención internacional de Josu Ternera

El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha procesado por un delito de lesa humanidad a cinco dirigentes de ETA: José Antonio Urruticoetxea, Josu Ternera; Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki; Mikel Carrera Sarobe, Ata; Ángel Iriondo Yarza, Gurbitz; y Aitor Elizarán Aguilar. El juez les considera máximos responsables de los asesinatos cometidos por la banda terrorista desde octubre de 2004, cuando se incorporó al Código Penal este tipo de delitos. El magistrado ha dictado una orden de detención sobre Josu Ternera, que está huido.

El procesamiento de los cinco exdirigentes etarras responde a las querellas que presentaron Dignidad y Justicia, la Fundación Luis Portero y varias víctimas y que el juez González admitió parcialmente a trámite en julio pasado. La causa se centra en los atentados cometidos por la banda a partir de octubre de 2004 porque fue entonces cuando se introdujo en el Código Penal español el delito de lesa humanidad, castigado con hasta 20 años de prisión.

En un auto dictado ayer, el juez González atribuye a los dirigentes de la banda en el periodo investigado la máxima responsabilidad sobre los atentados mortales cometidos por ETA desde entonces, entre ellos el atentado de la T-4 de Madrid, en diciembre de 2006, en el que murieron los ciudadanos ecuatorianos, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio; el asesinato del concejal del PSE Isaías Carrasco, en marzo de 2008; la muerte del empresario Ignacio Uría, en diciembre de ese año; y la del inspector de policía Eduardo Puelles, en junio de 2009.

El magistrado considera que los máximos dirigentes de ETA no solo tuvieron conocimiento de la planificación de los atentados antes de que se cometieran, sino que impartieron a sus autores materiales las instrucciones para que los ejecutaran y eludieron intervenir para frenarlos. “Estos actos en modo alguno pudieron ser ejecutados sin que los autores materiales recibieran órdenes concretas y precisas de los máximos dirigentes de la organización terrorista”, insiste el juez, que considera que se dan los requisitos exigidos para atribuir a los cinco jefes de la banda durante ese periodo una “autoría mediata por dominio de la organización”.

El juez aplica el delito de lesa humanidad, contemplado en el artículo 607 del Código Penal, al entender que estos atentados se cometieron “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o parte de ella” y que las víctimas lo fueron por su pertenencia “a un grupo colectivo perseguido por razones políticas”. “Con la eliminación física de las personas que se oponían a sus objetivos o la intimidación ejercida sobre las mismas, lo que buscaba ETA era crear un clima de temor e inseguridad que anulara política y socialmente a los sectores a los que estas personas pertenecían”, argumenta el juez. “La violencia de la banda terrorista debe ser considerada una violencia de persecución”, añade el magistrado.

El juez deja fuera de este auto a Mikel Albizu, Mikel Antza, número uno de la banda entre 1993 y diciembre de 2004, cuando fue detenido junto a su pareja, Soledad Iparraguirre, Anboto, otra histórica de ETA. El magistrado les excluye porque fueron arrestados solo dos meses después de que entrara en vigor el delito de lesa humanidad, por lo que considera que no ordenaron directamente ninguno de los atentados mortales cometidos en el periodo que abarca la causa.

El magistrado da un día de plazo a los cinco procesados para que depositen una fianza de un millón de euros por cada uno de los asesinatos que se le atribuyen: dos a Josu Ternera, que está huido y sobre el que se ha dictado una orden de detención internacional; cinco a Txeroki; siete a Ata; seis a Gurbitz; y cinco a Aitor Elizarán, al que el juez ha citado a declarar por esta causa para el próximo 18 de noviembre.

https://politica.elpais.com/politica/2015/10/27/actualidad/1445949004_832815.html

EL CGPJ ELIGE UN PERFIL BAJO PARA SUSTITUIR A BERMÚDEZ EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Esto ha debido pensar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando va a optar por el juez de enlace con Francia Juan Pablo González para ocupar durante un tiempo el juzgado del mediático Javier Gómez Bermúdez, nombrado por el Gobierno precisamente para aquel puesto. A las puertas de las generales el órgano de gobierno de los jueces prefiere decantarse por la fórmula de una comisión de servicios, en lugar de un concurso, para esta plaza de magistrado. No en vano la Audiencia Nacional es un tribunal especialmente «sensible» por los procedimientos que investiga, entre ellos las macrocausas de corrupción, y la adjudicación de una comisión de servicios siempre comporta un grado de discrecionalidad mayor que un concurso, sometido a una mayor rigidez.

Juan Pablo González, exvocal del CGPJ a propuesta del PP, se convierte así en el primer candidato propuesto por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional para sustituir a Bermúdez al frente del Juzgado Central de Instrucción número 3. Junto a él, el órgano encabezado por el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, ha elaborado una terna de otros tres candidatos: Rosa María Freire, Coro Monreal y Joaquín Delgado.

Fuentes jurídicas señalaron que se ha valorado el criterio de antigüedad de los jueces que optan a esta plaza y su conocimiento de los juzgados centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, con los que Juan Pablo González trató por su condición de magistrado de enlace en Francia. Ya en abril de 2012, antes de ser nombrado juez de enlace con Francia, González (adscrito a la Audiencia Provincial de Madrid), optó con otros candidatos a la Presidencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. La batalla la ganó precisamente Javier Gómez Bermúdez.

http://www.abc.es/espana/20150526/abci-sustituto-bermudez-audiencia-201505251819.html

«LA COOPERACIÓN JUDICIAL CON FRANCIA HA MEJORADO SENSIBLEMENTE»

Juan Pablo González Herrero Magistrado de enlace de España en París

El segoviano Juan Pablo González Herrero ha tomado posesión como Magistrado de Enlace en París. Con una amplia trayectoria en juzgados del País Vasco y seis años como vocal del Consejo General del Poder Judicial, asume con gran ilusión este nuevo puesto tan importante para la Justicia española. “No debemos olvidar -comenta- que la organización terrorista ETA no se ha disuelto”. Los jueces y fiscales españoles siguen persiguiendo a los etarras, muchos de los cuales están en Francia. España puede además ayudar a los galos en materia de terrorismo islámico.

Este magistrado segoviano es un ejemplo más de la larga tradición judicial y jurídica que tiene esta provincia. Hijo del que fuera durante tantos años decano del Colegio de Abogados de Segovia, Manuel González Herrero, Juan Pablo ingresó en la carrera judicial por oposición en el año 1989.

“Siempre me he sentido un servidor del Estado”, asegura. Destinado en juzgados y tribunales de Astorga, Santoña, Barcelona, Bilbao y Madrid, la mayor parte de su carrera profesional la ha desempeñado en órganos judiciales del País Vasco, destacando los cargos de juez decano de Bilbao y miembro de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad autónoma.

Durante siete años fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, miembro de la comisión permanente y presidente de la comisión de relaciones internacionales. En esa condición fue fundador de la Red Europea de Consejos de Judicatura, y máximo responsable de la organización de poderes judiciales iberoamericanos.

La figura del magistrado de enlace fue creada por una acción común de la Unión Europea en el año 1999, y posteriormente desarrollada por Ley orgánica de 2006. “El nombramiento -recuerda- se produce a propuesta conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia”. “El objetivo -añade- es facilitar la cooperación judicial en el ámbito bilateral, apoyando a jueces y tribunales, y contribuyendo a superar los obstáculos que puedan plantearse”.

“Para mí -comenta González Herrero- supone desarrollar durante algún tiempo una actividad paralela a la jurisdiccional en un ámbito que me resulta muy familiar, pues durante años fui responsable de la política de cooperación judicial internacional del poder judicial español. También tengo un especial interés por los temas relativos a la lucha contra el terrorismo internacional. El nuevo cargo me va a permitir una mayor implicación en el plano operativo”.

En el caso concreto de Francia, la cuestión que adquiere mayor relevancia es la relativa al terrorismo. “Si bien la cooperación jurídica -explica- ha mejorado sensiblemente en los últimos años no podemos desconocer que siguen existiendo numerosos delitos pendientes de esclarecer y que la organización terrorista ETA no se ha disuelto”.

“En el momento actual -prosigue-, existe un colectivo importante de terroristas españoles en cárceles francesas; jueces y fiscales de la Audiencia Nacional siguen actuando con absoluto rigor en la persecución y enjuiciamiento de dichos delitos y son numerosas las peticiones de auxilio judicial dirigidas a Francia para la investigación de delitos, o la entrega temporal o definitiva de terroristas a fin de ser juzgados en nuestro país”.

El trabajo, como enlace entre autoridades judiciales francesas y españolas, se desenvuelve entre la sede del Ministerio de Justicia francés, la Embajada de España en Francia, y la Audiencia Nacional.

“También -señala el magistrado- tiene una importancia creciente la cooperación en el ámbito de la criminalidad organizada, y últimamente, del terrorismo islámico, en el que el componente trasnacional adquiere cada vez una mayor relevancia”.

“España, por su experiencia más reciente -advierte-, puede sin duda colaborar eficazmente con las autoridades francesas en esta materia”.

En cuanto al reciente triunfo de Hollande en las elecciones francesas y el consiguiente cambio de gobierno, González Herrero considera que “no tiene por qué tener consecuencias en lo relativo a la cooperación judicial entre ambos países”. “Aun cuando siempre -comenta- hay posibilidades de mejorar lo ya existente, lo cierto es que la relación entre ambos países en el ámbito judicial y policial se ha consolidado a lo largo de los años basada en el respeto y en la mutua confianza”.

Respecto a la crisis económica que golpea a nuestro país y la incidencia que puede tener en la justicia, el magistrado cree que “las inaplazables exigencias de estabilidad presupuestaria que afronta España sin duda afectan a los recursos de que dispone la administración de justicia”. “Es el momento de `hacer más con menos´. “Las reformas legislativas en curso -explica- pretenden mejorar el funcionamiento de los tribunales suprimiendo trámites innecesarios y eliminando los numerosos litigios artificiales o sin fundamento que comprometen de una manera estéril el funcionamiento de los tribunales”.

A pesar de que hace ya muchísimos años que abandonó su residencia en Segovia, González Herrero se mantiene muy ligado a esta provincia, sin duda por el gran amor que profesa por todo los segoviano y que ha heredado de su padre. “La visito con frecuencia, pues allí reside la mayor parte de mi familia y amigos”. “La ciudad, y también la provincia -concluye-, se encuentran bien posicionadas para hacer frente a los nuevos desafíos. Sin duda se trata de un lugar privilegiado. La riqueza cultural y paisajística, así como la proximidad a Madrid, son factores relevantes que es preciso aprovechar”.

http://www.eladelantado.com/2012/05/09/la_cooperacion_judicial_con_francia_ha_mejorado_sensiblemente/

RECHAZO AL CANDIDATO DE LA DERECHA PARA LA AUDIENCIA DE GUIPÚZCOA

La propuesta de los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de intentar nombrar en el pleno de hoy como presidente de la Audiencia de Guipúzcoa al magistrado y ex vocal del Consejo Juan Pablo González ha levantado una polvareda de críticas en el seno del Colegio de Abogados de Vizcaya.

Este colegio de letrados señala en una nota que ha remitido al Consejo en contra de este nombramiento que, en la época en que González fue juez decano de Bilbao, contribuyó desde su puesto a "un acoso inaceptable sobre la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados". La presión se debió a que el colegio quiso designar a un abogado de oficio que hablase vascuence a un reo que ya tenía uno propio que no lo hablaba.

Según el citado colegio, aquel incidente "derivó en el procesamiento del propio decano de los abogados, Eduardo Escribano", al que se mantuvo procesado "durante un año ante la inacción" del juez que llevaba el asunto "y por mor de oscuras intenciones de terceras personas".

Los abogados vizcaínos señalan que González formó parte de esas maniobras judiciales en contra del representante de los abogados vizcaínos. Y, asimismo, critican la época en que González fue vocal del Consejo del Poder Judicial, dentro del grupo conservador. Desde ese cargo, señalan los letrados, "demostró un completo alejamiento de la abogacía, con actitudes de trasfondo claramente político en sus declaraciones públicas (...) alejadas de la prudencia que debe exigirse a un miembro de su clase".

Recusaciones

González es en la actualidad magistrado de la Sección Civil de la Audiencia Provincial vizcaína y es el candidato del actual sector conservador del Consejo a presidir la máxima instancia judicial de Vizcaya.

Por otro lado, el pleno que celebrará hoy el Poder Judicial debe validar la decisión del vicepresidente de este órgano, Fernando de Rosa, y de la vocal Margarita Robles de abstenerse en la toma de decisión sobre la suspensión cautelar del juez Baltasar Garzón, tras la admisión a trámite contra el magistrado de tres querellas en el Tribunal Supremo. No es descartable, además, que el pleno elija hoy al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

https://elpais.com/diario/2010/03/24/espana/1269385212_850215.html

EL PODER JUDICIAL SANCIONA AL JUEZ TIRADO CON 1.500 EUROS DE MULTA POR FALTA GRAVE EN EL CASO MARI LUZ

El padre de Mari Luz ha declarado en la SER que se siente "abatido" porque que "le han quitado lo único que le quedaba para agarrarse"
Multa para el juez que dejó libre al asesino de Mari Luz / El Consejo General del Poder Judicial ha impuesto una multa al juez Rafael Tirado, que no envió a prisión al supuesto asesino de la niña de Huelva Mari Luz pese a tener una condena pendiente por delitos de pederastia, al considerar que sólo cometió una falta grave
La Comisión Disciplinaria del Consejo del Poder Judicial ha rechazado la petición de la Fiscalía de sancionar con falta muy grave al juez Rafael Tirado por no haber ejecutado la condena a prisión de Santiago del Valle, presunto asesino de la pequeña Mari Luz. Esta falta muy grave podría haberse traducido en el traslado forzoso del juez, la suspensión por un periodo de 3 años o la expulsión de la carrera judicial.
En una votación muy ajustada, celebrada tras una tensa y polémica reunión, se han impuesto las tesis del juez instructor del expediente. El Consejo ha acordado imponer al Juez una multa de 1.500 euros por falta grave. A favor de esta propuesta han votado los vocales Juan Pablo González, Carlos Ríos y Agustín Azparren. En contra, la presidenta de la Comisión Disciplinaria, Montserrat Comas y María Ángeles García. Ambas han solicitado que se devolvieran las actuaciones al juez instructor para que formulara otro pliego de cargos calificando los hechos como una falta muy grave. Tanto Montserrat Comas como María Ángeles García han anunciado la presentación de sendos votos particulares.
El Juez Rafael Tirado recurrirá la decisión y tiene un mes de plazo para hacerlo por lo que, previsiblemente, será el nuevo Consejo del Poder Judicial el que resuelva definitivamente el expediente contra el juez de instrucción Rafael Tirado por el 'caso Mari Luz'.
La Fiscalía recurrirá la sentencia
Por su parte, la Fiscalía también ha anunciado ya que recurrirán la resolución de la Comisión Disciplinaria.
El padre de Mari Luz, entrevistado en la SER
Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, ha asegurado que acaban de escribir la "página más negra de la historia del Poder Juidicial". Asimismo, ha declarado sentirse "abatido" porque que "le han quitado lo único que le quedaba para agarrarse".
Se ha mostrado "engañado" porque le habían "prometido", ha asegurado, que no iba a haber "nada de corporativismo" en la decisión judicial.
El voto de Montserrat Comas
"La concepción constitucional de la exigencia de responsabilidad a los Jueces, va íntimamente unida a la garantía del ciudadano frente a las disfunciones del Poder Judicial". Así comienza su voto particular la presidenta de la Comisión Disciplinaria del Consejo del Poder Judicial, Montserrat Comas.
Subraya que el Juez Rafael Tirado tardó más de dos años en acordar el ingreso en prisión de Santiago del Valle, después de haber sido rechazado su recurso contra la pena de casi 3 años de cárcel que se le había impuesto. Y lo hizo cuando el Juzgado de Huelva le comunicó que se encontraba detenido como presunto autor de la muerte de la pequeña Mari Luz.
Añade Comas que la función del juez es la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y que él, Rafael Tirado, era el único competente para acordar el ingreso en prisión de Santiago del Valle. En esa función, concluye, no puede sustituirle ningún otro funcionario.

http://cadenaser.com/ser/2008/09/10/espana/1221004211_850215.html

EL PRESIDENTE DEL CGPJ Y DOS MAGISTRADOS VIAJARON A FILIPINAS EN PLENA HUELGA DE FUNCIONARIOS DE JUSTICIA

Con el mandatario de los jueces fueron también los magistrados Juan Pablo González (vocal del Consejo y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales) y Jorge Carrera (también de esa Comisión)
Los magistrados españoles se reunieron con sus homólogos del Tribunal Supremo filipino, para avanzar en el acuerdo firmado en junio de 2006 entre ambas instituciones
Hernando habló con la Presidenta de la República sobre la situación procesal del ciudadano hispano-filipino Francisco Javier Larrañaga
Mientras las cifras negativas de la Justicia se suceden y los datos tras la huelga de funcionarios iniciada el 4 de febrero y finalizada el 7 de abril, reportados por el jefe de servicio de inspección en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Javier María Calderón, cifran el número de sentencias paralizadas en nuestro país en más de 270.000, situando al organismo de Gobierno de los Jueces al borde del colapso, sus máximas autoridades parecen no resultar afectadas.
Según informaron a extraconfidencial.com fuentes del Ministerio de Justicia, los principales mandatarios del Consejo General del Poder Judicial aprovecharon las protestas de los funcionarios en demanda de una equiparación salarial con los de las comunidades autónomas, para viajar a otros países.
Fue en pleno punto caliente de la huelga, el pasado 18 de febrero, cuando el presidente del Consejo General Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, se desplazó a Filipinas. Durante su estancia en Manila hasta el 22 de Febrero, le acompañaron -además de su esposa- los magistrados Juan Pablo González (vocal del CGPJ y presidente de su Comisión de Relaciones Internacionales) y Jorge Carrera (miembro de dicha Comisión). Pero, como desvelará mañana extraconfidencial.com, no fueron los únicos que aprovecharon este conflicto laboral para salir fuera de España.
Cuatro días en Manila y una amplia agenda judicial
El pasado 18 de febrero, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribual Supremo, Francisco José Hernando Santiago, realizó un viaje de cuatro días a Manila. El pretexto del mismo fue la devolución de la visita realizada a España por el Honorable Reynato Puno, presidente del Tribunal Supremo de Filipinas. Durante esta estancia en todo momento la delegación judicial española estuvo acompañada por el embajador Luís Arias.
Tras poner pie en Manila la comitiva española se reunió con el comité conjunto de cooperación entre los tribunales supremos de ambos países, responsable del acuerdo bilateral firmado en junio de 2006 entre ambas instituciones. Posteriormente, se encontró con su homólogo filipino, Reynato Puno.
A continuación, Hernando y sus acompañantes fueron recibidos por la presidenta de la República, Gloria Macapagal, con quien la máxima autoridad judicial española conversó sobre la necesidad de que Filipinas desarrolle el Tratado para el Traslado de Personas Condenadas que actualmente afecta al ciudadano hispano-filipino Francisco Javier Larrañaga.
Más tarde, la delegación realizó una visita al alcalde de Manila, Alfredo Lim, quien entregó a Francisco José Hernando Santiago las llaves de la ciudad. Posteriormente, el presidente del Tribunal Supremo español fue investido Doctor Honorario por la Universidad del Este de Filipinas.
La estancia de la delegación judicial española en este país del sudeste asiático concluyó con una visita a su Escuela Judicial, en plena capital del archipiélago, donde la comitiva tuvo ocasión de presenciar una sesión de trabajo.

http://extraconfidencial.com/noticias/el-presidente-del-cgpj-y-dos-magistrados-viajaron-a-filipinas-en-plena-huelga-de-funcionarios-de-justicia/

EL GOBIERNO VASCO FORMALIZA UNA QUEJA AL CGPJ CONTRA SU VOCAL JUAN PABLO GONZÁLEZ

Los servicios jurídicos del Gobierno enviaron ayer una dura queja formal al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra su vocal para Euskadi Juan Pablo González por un artículo de prensa en el que le atribuyó "tolerancia" y "connivencia" con ETA.
El Ejecutivo mantiene en pie su intención de presentar una querella contra González. La portavoz, Miren Azkarate, explicó que el texto se halla en fase de elaboración y se presentará previsiblemente la semana próxima. Entre tanto, el Consejo de Gobierno adelantó en su reunión de ayer la queja, que remitió acto seguido al CGPJ, con la petición de que evite descalificaciones y corrija "de manera concreta" comportamientos como el denunciado.
González, uno de los dos vocales para el País Vasco del órgano de gobierno de los jueces, acusó al Gabinete en el contexto de las manifestaciones contra el fallo del Tribunal Supremo en el caso Atutxa, de facilitar la penetración de ETA en la sociedad vasca con su "connivencia y tolerancia" y de proporcionar cobertura a la banda. El triprtito aprecia en esas palabras no sólo "una ofensa directa y desmedida", que va más allá de la crítica "admisible" y del derecho a la libertad de expresión, sino una imputación presuntamente delicitiva.
El Ejecutivo se siente acusado de "complicidad, confabulación e incluso conspiración y beneplácito con la actividad terrorista de ETA". Más aún, considera las afirmaciones del vocal "una imputación calumniosa de colaboración con banda armada". Todo ello "es susceptible de constituir un delito de calumnias e injurias previsto en el artículo 504 del Código Penal", señaló la portavoz, apuntando la orientación que puede seguir la querella en preparación.
En su escrito al CGPJ, el Gobierno señala que González faltó a la "mesura y el sosiego" exigibles a su doble condición de juez y vocal y le atribuye la intención de "difamar y denigrar ante la opinión pública" al Ejecutivo. Azkarate afirmó que González mantiene "animadversión" al Gobierno y daña también al propio Poder Judicial.
https://elpais.com/diario/2008/02/06/paisvasco/1202330404_850215.html

UN VOCAL DEL CGPJ CREE POSIBLE ANALIZAR SI LA FISCALÍA "HA INCURRIDO EN ALGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD" EN EL ESCÁNDALO OTEGI

El vocal del Consejo General del Poder Judicial para el País Vasco echa en falta una "explicación convincente" de la Fiscalía sobre el repentino cambio de criterio que le llevó el pasado jueves a retirar la acusación contra Arnaldo Otegi por enaltecimiento del terrorismo. Juan Pablo González no encuentra elementos jurídicos sino "políticos" en la decisión y cree que "se ha puesto claramente" la institución de la Fiscalía "al servicio del Gobierno y no del interés general", según ha declarado a COPE este sábado. González cree que puede analizarse si el fiscal Del Burgo, que retiró los cargos, "ha podido incurrir en algún tipo de responsabilidad". Lejos de explicarse, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha imputado "dejación de funciones" al tribunal encargado de juzgar a Otegi.
El vocal del CGPJ para el País Vasco, Juan Pablo González, cree que "lo primero que tiene que hacer la Fiscalía, en vez de dirigir críticas al tribunal, es producir una explicación convincente de por qué ha cambiado de criterio" sobre la causa contra Otegi. "Por qué, hace sólo unas semanas, los hechos eran constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo, y ahora no", dijo González a La Mañana del Fin de Semana, de COPE.
La actuación de la Fiscalía ha causado "perplejidad en la comunidad jurídica y creo que también escándalo entre los ciudadanos", ha advertido el miembro del Poder Judicial, autor de un artículo que este sábado se publica en La Razón bajo el título de Escándalo en la Fiscalía, en el que sostiene que la actuación del Ministerio Público en este caso es de "una enorme gravedad. El control y la instrumentalización política de las instituciones no puede seguir siendo una guía de actuación de un gobierno democrático".
En declaraciones a COPE, Juan Pablo González teme que se esté infligiendo un "daño irreparable" a la institución de la Fiscalía, por actuaciones, "no por criterios jurídicos, sino políticos", lo que la ha puesto "claramente al servicio del Gobierno y no del interés general".
González cree que decisiones como la del escándalo Otegi conducen a la conclusión de que "la sustitución de Fungairiño no fue una casualidad", y subraya el "grave daño" que la utilización política de la Fiscalía esta causando a la "credibilidad de la institución". De su deterioro da idea, además, "la creciente fisura entre jueces y fiscales, y el notable malestar dentro de la propia carrera fiscal" con las decisiones de su superior jerárquico, el Fiscal General del Estado Cándido Conde-Pumpido.
González ha matizado que "la inmensa mayoría de fiscales tienen un profundo malestar y en modo alguno comparten decisiones que tienen una inspiración profundamente política". "Aquí", ha señalado en sus declaraciones a COPE, "de lo que se trataba es de evitar que se condene al señor Otegi. No se quería, por razones estrictamente políticas, que la Justicia hablara", ha comentado el mismo vocal del CGPJ sobre el escándalo por la retirada de los cargos contra el portavoz terrorista.
González admite que la actuación de los fiscales puede ser objeto de análisis para saber "si han podido incurrir en algún tipo de responsabilidad", pero admite que la destitución del fiscal general de Estado es una decisión que compete en exclusiva al Gobierno y poco o nada puede hacerse sobre su continuidad tras un escándalo como el del caso Otegi.

http://www.libertaddigital.com/nacional/un-vocal-del-cgpj-cree-posible-analizar-si-la-fiscalia-ha-incurrido-en-algun-tipo-de-responsabilidad-en-el-escandalo-otegi-1276301860/

LOS JUECES COMPRAN BANDERAS ESPAÑOLAS PARA LOS TRIBUNALES VASCOS

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado iniciar los trámites para la adquisición de los mástiles y banderas españolas solicitadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para que sean colocadas en los edificios judiciales de esta comunidad, en cumplimiento de la ley de anderas. Según ha informado el portavoz de CGPJ, Enrique López, la decisión se tomó en la última sesión plenaria del Consejo, a propuesta del vocal de la mayoría conservadora Juan Pablo González en relación con el cumplimiento de dicha ley.
La ley de banderas es una norma de 1981 que se refiere a los usos de la enseña española e impone que "en las comunidades autónomas, con estatutos que reconozcan una bandera propia, ésta se utilizará juntamente con la bandera de España en todos los edificios públicos civiles".
El pleno ha acordado ordenar a la comisión presupuestaria que inicie los trámites para la adquisición de los mástiles y banderas, lo que conlleva, entre otras cuestiones, la elaboración de un expediente de gastos.
Uno de los vocales que ha votado en contra, Alfons López Tena, ha emitido un voto particular en el que indica que los vocales de la mayoría y su presidente, Francisco José Hernando, concluyen su mandato "incurriendo en la ilegalidad de adquirir bienes sin trámite administrativo alguno, sin cuantificar ni su número ni su coste y sin informe de intervención".
"La posible malversación de caudales públicos en que este acuerdo incurre es el colofón de una institución usurpada por una mayoría al servicio de intereses políticos de partido y al margen de toda legalidad", concluye el voto particular de López Tena, nombrado a propuesta de CiU.
El pasado 15 de febrero la Sala de Gobierno del TSJPV decidió dirigirse al CGPJ para que adoptara de manera urgente las medidas oportunas para hacer cumplir al departamento vasco de Justicia la legislación sobre la colocación de banderas.

http://politica.e-noticies.es/los-jueces-compran-banderas-espanolas-para-los-tribunales-vascos-20824.html

EL CGPJ RECHAZA QUE LOS JUECES ALEGUEN OBJECIÓN DE CONCIENCIA PARA NO OFICIAR BODAS HOMOSEXUALES

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado la propuesta del vocal José Luis Requero de estimar el recurso de un juez de Sagunto que defiende que los jueces del Registro Civil pueden negarse a tramitar expedientes sobre matrimonios homosexuales en aplicación de su derecho a la objeción de conciencia.
Así lo acordó el pleno del CGPJ por 9 votos frente a 8 y uno en blanco, según informó el portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Enrique López.
López explicó que el pleno rechazó la ponencia del vocal de la mayoría conservadora José Luis Requero y acordó que el vocal de la minoría progresista Luis Aguiar haga una nueva ponencia desestimatoria del recurso, que será llevada al próximo pleno.
La votación, según explicó, fue secreta a petición del vocal de la minoría progresista Juan Carlos Campo.
El juez de Sagunto presentó un recurso de alzada contra el acuerdo que adoptó la comisión permanente del CGPJ el pasado mes de febrero, por el que se denegó a los jueces del Registro Civil ejercer el citado derecho "al estar sometidos únicamente al imperio de la Ley".
Según Requero, "es legítimo y conforme a Derecho el planteamiento de una objeción de conciencia que, fundada en motivos religiosos, encierra una clara demanda de tutela de su derecho a la libertad religiosa, demanda que el CGPJ, en virtud de la obligación que constitucionalmente le viene impuesta, no puede obviar ni eludir".
Fuentes del Consejo indicaron que la mayoría considera que el juez siempre es juez y no tiene derecho a la objeción de conciencia.
La responsable del Registro Civil de Denia, Laura Alabau, presentó el pasado mes de julio la cuestión contra la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modificó el Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, a raíz de la solicitud de dos mujeres de que autorizase la celebración de su matrimonio.
También el juez de Telde Francisco Javier García-Sotoca, responsable del Registro Civil de la localidad, decidió plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la citada ley, tras paralizar la bodas de tres parejas homosexuales que habían solicitado el inicio de los trámites.

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/11/03/espana/1162577640.html

305 EUROS DE MULTA POR NO QUERER OFICIAR BODAS HOMOSEXUALES

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó hoy sancionar a la juez de Denia (Alicante) que criticó en un escrito al Gobierno y a la Fiscalía en relación con las bodas entre parejas homosexuales, Laura Alabau, con una multa de 305 euros por una falta grave.
Según informa el CGPJ, la comisión acordó dicha multa y una sanción de advertencia a Alabau por la comisión de una falta leve, con los votos a favor de las vocales de la minoría progresista María Ángeles García y Monserrat Comas y el independiente Agustín Azparren y en contra de los vocales de la mayoría conservadora Carlos Ríos y Juan Pablo González.
Los vocales discrepantes del acuerdo mayoritario, quienes han anunciado la formulación de un voto particular, solicitaron el archivo del expediente por entender que los hechos carecían de relevancia disciplinaria alguna.
Alabau, magistrada titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Denia y responsable del Registro Civil en este municipio, es sancionada por una falta grave del artículo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y otra leve del artículo 419.2, de conformidad con la propuesta del instructor del expediente disciplinario.
El primero de los artículos establece que es falta grave "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición".
Por su parte, el artículo 419.2 de la LOPJ se refiere a que es falta leve la desconsideración con los miembros del Ministerio Fiscal.
El CGPJ abrió expediente disciplinario el año pasado a Alabau, quien cuestionó la constitucionalidad de los matrimonios homosexuales, se negó a celebrar estas bodas y rechazó la solicitud de varias parejas de homosexuales extranjeros para contraer matrimonio alegando que en su país de origen no está reconocido.
En el escrito que la juez dirigió al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y que reprodujeron algunos medios, Alabau se quejaba de haber sufrido "una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno" y atribuía a la Dirección General de Registros hacer -en relación con los matrimonios homosexuales- "una interpretación ilegal sólo movida por intereses políticos y propagandísticos".
Además, en este documento indicaba que el teniente fiscal de Alicante, Juan Carlos López Coig, se había convertido "vergonzosamente en un apéndice del Gobierno".
Por su parte, el fiscal, que también interviene en los expedientes disciplinarios abiertos por el Consejo, consideraba que Alabau cometió dos faltas graves y por cada una de ellas solicitaba que se le impusiera una multa de 600 euros.
Según la LOPJ, las faltas leves sólo pueden sancionarse con advertencia o multa de hasta 300 euros o con ambas, y las graves, con multa de 300 a 3.005 euros.

http://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/305-euros-multa-no-querer-oficiar-bodas-homosexuales_326212.html

UN VOCAL DEL CGPJ DICE EN LA UPNA QUE LA JUSTICIA DE PROXIMIDAD SUPONE UN RIESGO DE POLITIZACIÓN Y NO RESPONDE A LAS NECESIDADES

El vocal del Consejo General del Poder Judicial para Navarra, La Rioja y País Vasco, Juan Pablo González González, valoró hoy [lunes, 26/09/05] en Pamplona que la implantación de la justicia de proximidad supone "un riesgo de politización que tiene difícil encaje" en los márgenes establecidos por la Constitución Española.
González, quien impartió la Primera Lección del curso a los alumnos de primer curso de la Licenciatura de Derecho y de la doble licenciatura de Derecho y LADE de la Universidad Pública de Navarra bajo el título 'Justicia y sociedad', apuntó asimismo que esta reforma judicial "no responde a una verdadera necesidad de acercar la justicia a los ciudadanos".
El proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros y establece que los jueces de proximidad serán abogados con más de seis años de ejercicio y con un mandato de seis años prorrogables otros seis. El proyecto del Gobierno señala que el Consejo General del Poder Judicial será el encargado de nombrar a estos jueces después de que sean propuestos por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma de entre una terna aprobada por el pleno del Ayuntamiento en cuyo municipio se haya implantado la justicia de proximidad.
Este especialista denunció también que la puesta en marcha de consejos de justicia autonómicos, como órgano de gobierno externo, no cabe en la Constitución Española, "y constituye un grave riesgo para el principio de unidad y para la independencia de juzgados y tribunales".
Terrorismo
Por otra parte señaló que en el Poder Judicial "no tenemos ningún dato objetivo ni ninguna información que confirme la existencia de un proceso de paz".
Los jueces y magistrados, no sólo del País Vasco y Navarra, sino del resto de España, "no pueden actuar por cálculos políticos o guiados por criterios de oportunidad, ya que en todo momento están sujetos al principio de legalidad", defendió.
Por ello, "deben de aplicar la ley y hacer cumplir la ley con independencia de los procesos que se den en el ámbito político", indicó.

http://publicaciones.laley.net/noticias/noticias_texto.cfm?noticia_id=13611 26/09/05

GONZÁLEZ CREE PRECIPITADO EL ANTEPROYECTO DE MALTRATO DOMÉSTICO

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el País Vasco, Juan Pablo González, calificó ayer de "precipitado" el anteproyecto de Ley sobre maltrato doméstico elaborado por el Gobierno central, que prevé crear unos 400 nuevos órganos jurisdiccionales, y apostó por una "especialización" de los actuales juzgados.
González estima que el anuncio de los nuevos juzgados tiene un carácter propagandístico cuyo objetivo es crear "un impacto político de dudosa eficacia" en la mejora de la protección a estas víctimas. Para el vocal de CGPJ sería mejor especializar funcionalmente los órganos ya existentes y de esa manera ir adquiriendo experiencia para poder recabar la incidencia de la Ley y las reformas procesales que supone.
En su opinión, lo fundamental es la potenciación del papel del fiscal en la coordinación de la lucha contra la violencia de género y la especialización funcional de los órganos ya existentes.
El anteproyecto de Ley, que está pendiente del informe no vinculante del órgano de Gobierno de los jueces, considera que en el ánimo del agresor está el mantenimiento de la discriminación, y la desigualdad de las relaciones de poder entre hombres sobre mujeres. Para González ello puede suponer la exclusión de aquellos supuestos de venganza y celos.

https://elpais.com/diario/2004/06/13/paisvasco/1087155607_850215.html

LOS 20 VOCALES DEL NUEVO PODER JUDICIAL ELIGEN PARA QUE LES PRESIDA AL JUEZ PROPUESTO POR EL PP

El deseo de ofrecer una imagen de unidad frente al atentado terrorista superó las discrepancias
Francisco José Hernando Santiago, de 65 años, actual magistrado de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, resultó ayer elegido por los 20 vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que presida este organismo y, al mismo tiempo, el Tribunal Supremo, durante los próximos cinco años. Las discrepancias de los vocales progresistas hacia el candidato conservador propuesto por el PP, que podrían haber impedido la obtención del mínimo necesario de 12 votos, fueron superadas por el deseo de ofrecer una imagen de unidad frente al terrorismo.
Los 20 juristas elegidos por el Parlamento para integrar el nuevo CGPJ juraron o prometieron ayer ante los Reyes en el palacio de la Zarzuela, con asistencia también del presidente del Gobierno José María Aznar, y seguidamente celebraron, en la sede del Consejo, sesión constitutiva, presidida por el vocal de mayor edad, Enrique Míguez, para elegir a quien será el nuevo presidente de la institución y del Supremo.
Aunque el artículo 123 de la Constitución establece que la designación de ese cargo se producirá 'a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley', el candidato que ayer resultó elegido por unanimidad fue el propuesto por el PP, que en la negociación con el PSOE se atribuyó este cargo, dentro de su cuota.
Un mínimo de 12 votos
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que para la elección del presidente del CGPJ y del Supremo se necesitan los votos de tres quintos de los 20 vocales (es decir, 12 votos), lo que hacía problemática la elección del candidato del PP, Francisco José Hernando Santiago, presentado ayer por los 10 vocales propuestos por el PP.Los ocho vocales propuestos por el PSOE e IU intentaron en días precedentes que el PP presentara otro candidato más asumible. Los vocales propuestos por el PP se negaron a cambiar de candidato, pero carecían de los 12 votos precisos para elegirle. Aún contando con el del vocal propuesto por CiU, Josep Alfons López Tena, les faltaba otro voto, que el candidato consensuado por el PP y el PSOE, Agustín Azparren (el que más avales obtuvo de sus compañeros jueces no asociados) no estaba dispuesto en principio a emitir.
El atentado terrorista de ayer hizo cambiar el criterio de Azparren, quien manifestó su disposición a votar la única candidatura presentada para dar una imagen de unidad. Ante esta actitud, los vocales propuestos por el PSOE e IU, aún cuando han manifestado que Hernando no es su candidato, pensaron que tras el atentado de ayer no debían provocar votaciones sucesivas y mantener una minoría de bloqueo en caso de que el candidato no obtuviera los 12 votos requeridos, o emitir ocho votos testimoniales de abstención caso de que Hernando contara con el mínimo de votos.
La opción finalmente aceptada fue la de votar unánimemente la única candidatura propuesta, tras obtener el compromiso del sector conservador de que la vicepresidencia será para el consejeros progresista Fernando Salinas, magistrado del Tribunal Supremo, con votación igualmente unánime.
Fuentes próximas a los vocales propuestos por el PSOE e IU informaron también de que obtuvieron del sector mayoritario el compromiso de que tendrán una representación proporcional en las comisiones y demás órganos del CGPJ así como en las nombramientos dependientes del organismo.

https://elpais.com/diario/2001/11/08/espana/1005174019_850215.html

CANDIDATO AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

El Juez-Decano de Bilbao, Juan Pablo González, ha sido el más votado, en el País Vasco y en el resto de las Secciones Territoriales de la Asociación Profesional de la Magistratura, de la lista de los 52 jueces y magistrados que optan a las diez candidaturas que la APM propondrá al presidente del Consejo General del Poder Judicial para formar parte de este organismo.

https://elpais.com/diario/2001/07/15/paisvasco/995226010_850215.html

52 MAGISTRADOS CONSERVADORES ASPIRAN A VOCALES DEL PODER JUDICIAL

Un total de 52 jueces y magistrados de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, aspiran a ser votados por sus compañeros de asociación para integrar la lista de 10 candidatos que la APM propondrá al actual presidente del CGPJ, Javier Delgado, quien la remitirá a las Cortes.
Del total de 36 aspirantes de toda la carrera judicial, el Parlamento elegirá 12 vocales judiciales. Precisamente Delgado comunicó ayer a los no asociados un número de fax para que presenten sus candidaturas hasta el 3 de julio e indiquen la dirección a la que se les pueden remitir los avales para obtener los 73 necesarios. De los 52 aspirantes de la APM, cuatro ejercen en el Tribunal Supremo: Luis Martínez-Calcerrada, Sala Civil; Adolfo Prego de Oliver, Sala Penal; Antonio Martí García, Sala de lo Contencioso-Administrativo, y José María Botana López, Sala Social.
Otros cuatro ejercen en la Audiencia Nacional: Eustasio de la Fuente González, José Luis Requero Ibáñez, Felisa Atienza Rodríguez y Eduardo Ortega Martín.
11 candidatos de Andalucía
Por comunidades autónomas, Andalucía encabeza la lista de aspirantes a vocales del CGPJ, con 11: Antonio Angulo Martín, Alfonso Martínez Escribano, Antonio Moreno Andrade, Félix Degayón Rojo, Julio Márquez de Prado, María Elena Arias-Salgado Robsy, Juana Criado Gámez, Benito Gálvez Acosta, José María Méndez Martínez, José Javier Díez Núñez y Bernardo María Pinazo Osuna, juez de primera instancia de Málaga.
Los nueve ejercientes en la Comunidad Valenciana son Mariano Ayuso Ruiz-Toledo, Gordiano Casas Fernández, Enrique García-Chamón Cervera, Antonio Gil Martínez, Alberto Jarabo Calatayud, José Francisco Lara Romero, María Amor Martínez Atienza, Fernando de Rosa Torner y José Luis Úbeda Mulero.
Seis de los candidatos trabajan en Madrid: Fernando Fernández Martín, José Félix Méndez Canseco, María Luz Reyes Gonzalo, Ricardo Sánchez Sánchez, Santiago Senent Martínez y José Manuel Suárez Robledano.
Otros cuatro ejercen en Barcelona: Daniel de Alonso Laso, Montserrat Arroyo Romagosa, José Luis Concepción Rodríguez y Beatriz Grande Pesquero.
Desde Castilla y León se presentan cuatro candidatos: Enrique López López, Enrique Miguez Alvarellos, Ignacio Pando Echevarría y Antonio Martínez Villanueva. Y desde Castilla-La Mancha, tres: María de los Ángeles Montalvá Sempere, Valentín Bruno Ruiz Font y Eduardo Salinas Verdeguer.
Los restantes siete aspirantes de la APM a vocales del CGPJ ejercen en Galicia -Manuel Almenar Belenguer y José Antonio Ballestero Pascual-, Canarias -César José García Otero y José Antonio Martín Martín-; en Murcia, Antonio Salas Carceller; en el País Vasco, Juan Pablo González González, y en Aragón, Santiago Pérez Legasa.

https://elpais.com/diario/2001/06/27/espana/993592826_850215.html

EL JUEZ DECANO DE BILBAO RECIBE EL APOYO DE LA APM FRENTE A LAS CRÍTICAS

La Asociación Profesional de la Magistratura, APM, ha expresado su apoyo al juez decano de Bilbao, Juan Pablo González, en medio de la tormenta que han levantado sus afirmaciones realizadas esta semana en la Comisión de Justicia del Parlamento vasco. El magistrado opinó que el clima sociopolítico y la inclusión del euskera como mérito para cubrir plazas o acceder a traslados no facilita las condiciones para el trabajo de los jueces, y achacó a esta realidad la alta movilidad que se produce entre los magistrados con plaza en la comunidad autónoma. La sección territorial de la APM, que es mayoritaria en la carrera judicial en el País Vasco, mostró ayer su apoyo "pleno y expreso" a las manifestaciones del juez decano Juan Pablo González, a través de un comunicado en el que afirma que las "comparte en su totalidad".
Los jueces de la APM lamentaban también que, entre las voces que se han sumado a las críticas contra el juez González, esté la de Emilio Olabarría, vocal del Consejo General del Poder Judicial. "Dice muy poco de su rigor profesional y refleja su forma interesada y partidista de enfocar el ejercicio de la vocalía", señalan los magistrados. Y añaden que el hecho de que niegue que en Euskadi existe conflictividad política y que ésta afecta a la movilidad de la judicatura "pone de manifiesto su supino desconocimiento, aun cuando se haga gala de lo contrario, de la verdadera realidad judicial vasca". En el comunicado, la APM destaca el elevado tono de las críticas emitidas contra el juez de Bilbao, para concluir que "todavía hoy en el País Vasco el legítimo ejercicio de la libertad de opinión es motivo para el linchamiento ideológico". Respecto a la petición que realizó el portavoz del Sindicato de Abogados Euskaldunes, Iñigo Sancho, quien solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que analice la conveniencia del "traslado forzoso" del juez decano, la APM califica de "absurda y antidemocrática" esta postura, "que nos retrotrae a tiempos pretéritos, de expulsión del territorio".
Para los jueces de la Asociación profesional, negar que el problema más importante de la Administración de Justicia en el País Vasco es el elevado índice de movilidad judicial, supone "ignorar absolutamente la realidad". Y añaden que "negar que son muchos los jueces vascos, formados en el País Vasco, que actualmente ejercen funciones jurisdiccionales en otros lugares de España, supone asimismo un desprecio interesado de la misma realidad". Por último, los magistrados que se agrupan en la mayoritaria APM aseguran que, precisamente el hecho de que una reflexión dictada desde el profundo conocimiento de la realidad judicial vasca, y del más elemental sentido común, produzcan estas reacciones, que considera "desmedidas y sectarias", constituye la "prueba palmaria de la certeza de dicha reflexión".

https://elpais.com/diario/1999/05/16/paisvasco/926883606_850215.html

EL JUEZ DECANO DE BILBAO CULPA A LA CONFLICTIVIDAD POLÍTICA DE LA MOVILIDAD EN LA JUDICATURA

El juez decano de Bilbao, Juan Pablo González, culpó ayer al clima de conflictividad social y política que se vive en Euskadi de la "alta movilidad" que sufre la judicatura. En la actualidad, 18 plazas en juzgados de Primera Instancia, de Instrucción y en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia permanecen vacantes a la espera de un titular. "La movilidad es el problema más grave al que se enfrenta la Justicia vasca", zanjó.
La reflexión de González se produjo en la Comisión de Instituciones e Interior del Parlamento vasco, donde había acudido junto a varios miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia vasco para explicar algunos detalles de la Memoria Judicial de 1998. Es la primera ocasión que el Superior interviene en sede parlamentaria. El diputado socialista Víctor García inquirió al presidente del tribunal, Manuel María Zorrilla, sobre la "alarmante movilidad" de jueces y magistrados durante el año pasado, que figura reflejada en la memoria. Hasta 53 cambios de plaza se llegaron a producir el año pasado sobre una plantilla de 180, la mayor parte de ellos, de jueces que se marcharon fuera de Euskadi. Zorrilla intentó restar transcendencia a este hecho.
Según el presidente del tribunal, vista en frío, la cifra puede despertar "cierta intranquilidad", pero recalcó que hay que conjugar "la realidad socio-política que se vive en el País Vasco con las preferencias personales de los propios jueces". "Muchos miembros de la judicatura han optado por seguir en Euskadi, pero otros han preferido irse fuera", explicó. Tras esta intervención, y de manera un tanto sorprendente, tomó la palabra el juez decano de Bilbao. Su intervención fue breve -no duró más de un minuto-, rotunda y no dejó lugar a las dudas: "No se dan condiciones políticas y sociales para que los jueces trabajen aquí [en Euskadi]. Muchos jueces vascos desempeñan funciones en el resto de España". Pero González fue más allá. "Las medidas lingüísticas, entre ellas introducir el euskera como mérito para cubrir plazas o para acceder a traslados, aunque sea bien intencionado, puede tener un efecto perverso y negativo en la calidad de la justicia, sobre todo en niveles de base", afirmó. El presidente del TSJPV también hizo alusión a la situación de la traducción, después de la intensa campaña desarrollada en contra de este sistema por parte del Sindicato de los Abogados Euskaldunes durante el año pasado. Según Zorrilla, "la situación está superada". "La utilización de la traducción garantiza la tutela judicial, pero la incorporación paulatina del euskera mejorará aún más esa tutela", indicó.
El parlamentario del Partido Popular Antón Damborenea esgrimió que sólo el 1% de las actuaciones que tramitan los juzgados se realiza en euskera, lo que, a su juicio, demuestra la "escasa incidencia que tiene la lengua vasca en la justicia del País Vasco". Zorrilla señaló que la repercusión del problema de los traductores ha sido desproporcionada al peso real del euskera y achacó la incidencia a la presencia de otro tipo de "intereses". Atasco en el Contencioso Durante la sesión parlamentaria también compareció el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Superior, Enrique Torres López de la Calle, quien se quejó de la situación de atasco que sufre este órgano judicial. En los dos últimos años el aumento de los nuevos casos se ha disparado: de los 5.347 que se registraron en 1996 se pasó a los 6.707 (un 25% más) en 1997 y a los 15.926 del año pasado (un 137% más). Esta notable subida se corresponde con la presentación de 10.000 recursos por parte de los profesores de la red pública vasca reclamando el complemento de destino. En la actualidad, hay acumulados 24.601 casos pendientes de resolución.

https://elpais.com/diario/1999/05/13/paisvasco/926624409_850215.html

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