MANUEL GARCÍA CASTELLÓN Y GARCÍA LOMAS : UN JUEZ CON 17 AÑOS EN SERVICIOS ESPECIALES
12.02.22
El PSOE carga contra el juez por dar por acabada la investigación sobre la caja b del PP de Madrid
LA FISCALÍA NO VE DELITOS EN LAS TRES CAUSAS QUE SE ABRIERON CONTRA PODEMOS
EL JUEZ DE PÚNICA DA POR CONCLUIDA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B DEL PP DE MADRID
EL JUEZ DA POR ACABADA LA INVESTIGACIÓN DEL ‘CASO DINA’ TRAS NO HALLAR INDICIOS CONTRA IGLESIASUN FALLO INFORMÁTICO PARALIZA LOS RECURSOS DEL ‘CASO KITCHEN’
LA FISCALÍA TACHA DE "DESPROPORCIONADAS" Y "EXCESIVAS" LAS DILIGENCIAS CONTRA PODEMOS
PÚNICA Y EL EXTRAÑO CIERRE JUDICIAL DE SUS VINCULACIONES CON ANA BOTELLA
FERNÁNDEZ DÍAZ CRITICA AL JUEZ POR NO INCULPAR A MARIANO RAJOY
ANTICORRUPCIÓN INSISTE EN EL PAPEL "PROTAGÓNICO" DE COSPEDAL EN KITCHEN Y PIDE SU IMPUTACIÓN
EL JUEZ EXCLUYE AL CNI DE LA INVESTIGACIÓN 'KITCHEN' A PESAR DE LOS INDICIOS
LA FISCALÍA BUSCA MÁS PRUEBAS CONTRA COSPEDAL Y RAJOY EN EL ‘CASO KITCHEN’
ANTICORRUPCIÓN REPROCHA AL JUEZ QUE EXCLUYA DE LA 'KITCHEN' LA "POSIBLE RESPONSABILIDAD DE RAJOY"
FRANCISCO MARTÍNEZ CRITICA LA "IRRACIONAL CONCLUSIÓN" DE EXCULPAR AL PP EN LA OPERACIÓN KITCHEN
LA FISCALÍA PREPARA EL RECURSO PARA ACLARAR LA IMPLICACIÓN DEL PP EN EL ‘CASO KITCHEN’
EL JUEZ DE 'KITCHEN' ARCHIVA EL MISMO DÍA LA CAUSA CONTRA LA CÚPULA DEL PP DE RAJOY, CAIXABANK Y REPSOL SIN PRACTICAR PRUEBAS QUE PEDÍA FISCALÍA
LA ACUSACIÓN POPULAR DE LA KITCHEN MUESTRA SU "SORPRESA" POR LA DECISIÓN DEL JUEZ Y ANUNCIA QUE LA RECURRIRÁ
EL JUEZ PROPONE JUZGAR AL EXMINISTRO FERNÁNDEZ DÍAZ POR ORGANIZAR EL ESPIONAJE ILEGAL A BÁRCENAS PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DEL PP
EL JUEZ DESOYE A ANTICORRUPCIÓN Y CIERRA LA INVESTIGACIÓN DE KITCHEN EXCULPANDO A COSPEDAL
EL JUEZ RECHAZA PEDIR AL PP QUE IDENTIFIQUE EL NÚMERO DE RAJOY E IMPUTAR A IGNACIO COSIDÓ
ANTICORRUPCIÓN RECURRE VARIAS DECISIONES SOBRE PÚNICA DE GARCIA CASTELLÓN, EL 'JUEZ ESTRELLA DEL PP'
DOS IDENTIFICADOS Y UN DETENIDO POR AMENAZAR DE MUERTE AL JUEZ QUE PIDIÓ IMPUTAR A IGLESIAS
EL JUEZ DE PÚNICA EXONERA A CIFUENTES A POCOS DÍAS DE QUE AYUSO LA REHABILITE
EL JUEZ DE LEZO ARCHIVA LA CAUSA CONTRA EL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ POR «INDICIOS INSUFICIENTES»
EL JUEZ DE “PÚNICA” REPROCHA AL PSOE QUE DENUNCIE UNA OPERACIÓN INMOBILIARIA QUE APOYARON LOS SOCIALISTAS
LA AUDIENCIA NACIONAL REABRE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL EXALCALDE DE ALCOBENDAS
EXCULPADO DE LA 'PÚNICA' GARCÍA DE VINUESA, EX ALTO CARGO DEL GOBIERNO DE AYUSO QUE DIMITIÓ AL SER IMPUTADO
EL JUEZ DEL ‘CASO PÚNICA’ EXCULPA A TRES CARGOS DEL PP
EL JUEZ DESIMPUTA AL CONSTRUCTOR AL QUE BÁRCENAS ACUSÓ DE ENTREGAR 60.000 EUROS PARA ESPERANZA AGUIRRE
EL JUEZ DE 'PÚNICA' CONSIDERA "AGOTADA" LA INVESTIGACIÓN Y TRAS EL 4M ACABARÁ LA INSTRUCCIÓN CON 200 IMPUTADOS
EL JUEZ ARCHIVA PARA INDRA LA PARTE DEL ‘CASO PÚNICA’ POR SUPUESTOS PAGOS AL PP
LA AUDIENCIA NACIONAL URGE AL JUEZ DE PÚNICA A ACABAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE ESPERANZA AGUIRRE Y LA CAJA B DEL PP MADRILEÑO
LA AUDIENCIA NACIONAL DEJA EN LIBERTAD A VILLAREJO
LA COMISIÓN KITCHEN DEL CONGRESO SE ATASCA AL NEGAR EL JUEZ LA DOCUMENTACIÓN
EL JUEZ GARCÍA CASTELLÓN NO ENVIARÁ DOCUMENTACIÓN DEL SUMARIO DE ‘KITCHEN’ AL CONGRESO PORQUE TIENE «CARÁCTER RESERVADO»
EL RAPAPOLVO DEL SUPREMO DEJA AL JUEZ DEL 'CASO DINA' SIN APENAS MARGEN PARA ACTUAR CONTRA IGLESIAS
GARZÓN ACUSA EL JUEZ GARCÍA CASTELLÓN DE ACTUAR CON "SESGO IDEOLÓGICO" Y CRITICA SU "OBCECACIÓN" CON IGLESIAS
EL SUPREMO NO VE DELITO DE IGLESIAS EN EL ‘CASO DINA’ Y LO DEVUELVE A LA AUDIENCIA
UN JUEZ ABRE UNA INVESTIGACIÓN A LA GUERRILLA DE PODEMOS POR SUS AMENAZAS AL MAGISTRADO DEL ‘CASO DINA’
VALORACIONES ILÓGICAS E INVESTIGACIÓN INSUFICIENTE: LA FISCALÍA DA OTRO VARAPALO A GARCÍA CASTELLÓN EN SU CAUSA CONTRA IGLESIAS
LA FISCALÍA PIDE QUE SE DEVUELVA AL JUEZ EL CASO DINA PARA QUE COMPLETE LA INVESTIGACIÓN
EL JUEZ DEL ‘CASO LEZO’ ARCHIVA LA CAUSA ABIERTA CONTRA VILLAR MIR
GARCÍA CASTELLÓN: “SIN CULTURA, OS VAN A ENGAÑAR SIEMPRE”
LA POLICÍA REBAJA EL ACOSO AL JUEZ GARCÍA CASTELLÓN, HABLA DE INJURIAS
EL JUEZ DEL CASO DINA DICE NO A IGLESIAS: NI EXPULSA A VOX NI INTERROGA AL COMISARIO PINO
ANTICORRUPCIÓN ASEGURA QUE LA "PRINCIPAL HIPÓTESIS" EN EL 'CASO DINA' ES QUE LA "ORGANIZACIÓN CRIMINAL
DE VILLAREJO" ENTREGARA LA TARJETA A LOS MEDIOS
IGLESIAS RECURRE A LA AUDIENCIA NACIONAL PARA QUE ANULE LA PETICIÓN DE IMPUTACIÓN POR PARTE DEL JUEZ DEL CASO DINA
ANTICORRUPCIÓN SE OPONE A QUE SE ABRA UNA INVESTIGACIÓN CONTRA IGLESIAS EN EL SUPREMO
GARCÍA-CASTELLÓN, TRILLO Y ARIZA SE REÚNEN COMO VIEJOS AMIGOS A CENAR, COMENTAR, CELEBRAR…
DOS UNIDADES DE ÉLITE DE INTERIOR INVESTIGAN SI VOX ESTÁ DETRÁS DE LAS AMENAZAS AL JUEZ DEL 'CASO DINA'
VILLAREJO, INDA Y OTROS CABOS SUELTOS DEL 'CASO DINA' QUE EL JUEZ HA DEJADO MIENTRAS SE CENTRABA EN IGLESIAS
INSTRUCCIÓN NÚMERO 6: RADIOGRAFÍA DEL JUZGADO "EXCEPCIONAL" QUE HA INVESTIGADO A PABLO IGLESIAS
EL JUEZ DEL CASO DINA ACUSA A MIEMBROS DEL GOBIERNO DE ALENTAR UNA CAMPAÑA EN REDES SOCIALES CONTRA ÉL
LAS FALLAS DEL ESCRITO DEL JUEZ DEL ‘CASO DINA’ EN LAS QUE CONFÍA IGLESIAS
CRONOLOGÍA DE LA PIEZA 10: ASÍ ACABÓ IGLESIAS ACUSADO POR LA TARJETA DE SU COLABORADORA INCAUTADA A VILLAREJO
EL JUEZ PIDE AL SUPREMO QUE INVESTIGUE A PABLO IGLESIAS POR EL ‘CASO DINA’
LA AUDIENCIA NACIONAL PONE FIN AL INTENTO DE CONVERTIR UNA PIEZA DE LA CAUSA CONTRA VILLAREJO EN EL 'CASO PABLO IGLESIAS'
LA AUDIENCIA NACIONAL CORRIGE LA DECISIÓN DEL JUEZ Y VUELVE A ACEPTAR A PABLO IGLESIAS COMO PERJUDICADO EN EL CASO DINA
LA AUDIENCIA NACIONAL VUELVE A ACEPTAR A PABLO IGLESIAS COMO PERJUDICADO POR EL ‘CASO DINA’
GARCÍA CASTELLÓN BENEFICIA COMO ACUSACIÓN POPULAR EN EL 'CASO KITCHEN' A UNA ASOCIACIÓN CERCANA AL PP
LOS TUITS EN APOYO DEL PP QUE ESCRIBIÓ LA JEFA DE LA NUEVA "ACUSACIÓN POPULAR" EN 'KITCHEN' Y QUE YA NO EXISTEN
CAMPAÑA CONTRA EL JUEZ MANUEL GARCÍA-CASTELLÓN
EL JUEZ IMPUTA A JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ POR EL ESPIONAJE POLICIAL A BÁRCENAS
PSOE Y ADADE RECURREN LA DECISIÓN DE NO ABSTENERSE DEL JUEZ DE PÚNICA EN LA PIEZA QUE AFECTA A EL CORTE INGLÉS
ANTICORRUPCIÓN EVITA POSICIONARSE EN LA RECUSACIÓN DEL JUEZ DE PÚNICA POR COLABORAR CON EL CORTE INGLÉS
EL JUEZ DEL CASO PÚNICA RESPONDE A LA FISCALÍA Y AL PSOE: «PRETENDEN APARTARME SIN ARGUMENTOS»
LA ABOGADA DE LA ACUSACIÓN POPULAR DENUNCIA POR AMENAZAS AL EXASESOR JURÍDICO DE EL CORTE INGLÉS IMPUTADO EN PÚNICA
EL JUEZ DE PÚNICA SE APARTA DE LA CAUSA POR SUS VÍNCULOS CON EL CORTE INGLÉS
ADADE Y EL PSOE PIDEN AL JUEZ DE 'PÚNICA' QUE SE APARTE DE LA PIEZA QUE AFECTA A EL CORTE INGLÉS PORQUE
DA CLASES EN SU CENTRO UNIVERSITARIO
LA LEY QUE AMPLÍA EL PLAZO PARA LAS INVESTIGACIONES JUDICIALES AMENAZA CON EMPEORAR LA SITUACIÓN DEL PP EN 'PÚNICA'
EL JUEZ DEL ‘CASO PÚNICA’ CITA A DECLARAR COMO IMPUTADO A UN EXDIRECTIVO DE EL CORTE INGLÉS
LA DIFUSIÓN DE OTRO CHAT DE PODEMOS SACUDE EL 'CASO VILLAREJO' EN UN PUNTO CLAVE PARA LAS PIEZAS DE BÁRCENAS Y EL BBVA
EL VICEPRESIDENTE IGLESIAS BATALLA PARA MANTENER LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA EN EL ‘CASO VILLAREJO’
IGLESIAS APARTA A LA ABOGADA MARTA FLOR Y ACUSA A GARCÍA CASTELLÓN DE ECHARLE DE LA CAUSA SIN “BASE JURÍDICA”
EL JUEZ CONVIERTE UNA PIEZA DE LA CAUSA CONTRA VILLAREJO EN EL 'CASO PABLO IGLESIAS'
EL JUEZ DEL 'CASO VILLAREJO' ACUSA A LA FISCALÍA DE INTENTAR "EXCULPAR" A PABLO IGLESIAS
EL JUEZ PREPARA EL TERRENO PARA QUE IGLESIAS ACABE EN EL SUPREMO POR EL CASO DEL ROBO DEL MÓVIL DE SU EX ASESORA
EL JUEZ ALARGA DOS MESES EL CASO PÚNICA TRAS EL VIRUS Y FIJA EL FIN EL 27 DE AGOSTO
BATALLA ‘SUPREMA’ DE MAGISTRADOS POR UNA PLAZA EN EL JUZGADO DEL ‘CASO VILLAREJO’
LA AUDIENCIA CONFIRMA LA DESIMPUTACIÓN DE JAVIER MONZÓN, EXPRESIDENTE DE INDRA
LA AUDIENCIA OBLIGA AL JUEZ DE 'PÚNICA' A INVESTIGAR PELOTAZOS URBANÍSTICOS QUE DESECHÓ ALEGANDO QUE HABÍAN PRESCRITO
LA AUDIENCIA CORRIGE AL JUEZ DE PÚNICA Y AMPLÍA LA INVESTIGACIÓN A LOS AMAÑOS DE GRANADOS EN VALDEMORO ANTERIORES A 2004
ANTICORRUPCIÓN ACUERDA CON LA ADMINISTRADORA DE GÜRTEL QUE IMPLIQUE A ESPERANZA AGUIRRE EN EL 'CASO PÚNICA'
EL JUEZ DE PÚNICA RECHAZA IMPUTAR AL REPRESENTANTE DE EL CORTE INGLÉS SIN ESPERAR A QUE OPINE LA FISCALÍA
PSOE Y ADADE INVOLUCRAN A EL CORTE INGLÉS EN UNA OPERACIÓN URBANÍSTICA INVESTIGADA EN 'PÚNICA'
EL PSOE PIDE IMPUTAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE EL CORTE INGLÉS EN UN PELOTAZO DE 'PÚNICA'
LA INVESTIGACIÓN DE 'PÚNICA' SE ACERCA A SU FIN CON UNA BRECHA CADA VEZ MÁS PROFUNDA ENTRE EL JUEZ Y ANTICORRUPCIÓN
EL AUTO DEL JUEZ QUE DA CERROJAZO A INVESTIGAR LOS PELOTAZOS URBANÍSTICOS DE 'PÚNICA' PONE EN PIE DE GUERRA A ANTICORRUPCIÓN
LA FISCALÍA CRITICA AL JUEZ POR RECHAZAR PESQUISAS SOBRE GRANADOS
EL JUEZ VUELVE A SACAR A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ DEL CASO PÚNICA
EL JUEZ DE 'PÚNICA' ABRE LA PUERTA A ENTERRAR POR PRESCRIPCIÓN PARTE DEL CASO
ARCHIVADA LA INVESTIGACIÓN AL EXPRESIDENTE DE INDRA POR PAGOS AL PP DE MADRID
GARCÍA CASTELLÓN TENDRÁ DOS MAGISTRADOS DE APOYO EN EL CENTRAL 6 DE INSTRUCCIÓN
EL JUEZ RECHAZA INVESTIGAR AL PP EN EL CASO PÚNICA CON EL INFORME FAVORABLE DE LA FISCALÍA
PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ VUELVE A ESTAR IMPUTADO EN LA PÚNICA
EL JUEZ ARCHIVA LA INVESTIGACIÓN CONTRA GALLARDÓN Y GONZÁLEZ POR LA COMPRA DE INASSA
ANTICORRUPCIÓN RECURRE ARCHIVAR LA CAUSA CONTRA PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ
LA AUDIENCIA NACIONAL ARCHIVA LA CAUSA CONTRA EL EXPRESIDENTE DE MURCIA POR SUS TRATOS CON LA TRAMA PÚNICA
LA AUDIENCIA NACIONAL REVOCA OTRA VEZ EL PROCESAMIENTO DE LA 'TRAMA PÚNICA'
EL JUEZ DE PÚNICA INCLUYE A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ EN EL AUTO DE PROCESAMIENTO
EL JUEZ APARTA DEL PROCESO A LAS HIJAS DE IGNACIO GONZÁLEZ
EL JUEZ DEL ‘CASO LEZO’ ARCHIVA LA INVESTIGACIÓN AL PADRE DE IGNACIO GONZÁLEZ
IGNACIO GONZÁLEZ ABANDONA LA CÁRCEL TRAS PAGAR 400.000 EUROS DE FIANZA
EL CGPJ RENUEVA SEIS MESES A ALEJANDRO ABASCAL COMO JUEZ DE REFUERZO EN EL CENTRAL 6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL
UN COLECTIVO DE JUECES DICE QUE PUDO PRIMAR SU PERTENENCIA A UNA ASOCIACIÓN CONSERVADORA
EL JUEZ ALEJANDRO ABASCAL VUELVE A LA AN PARA REFORZAR EL JUZGADO DEL CASO VILLAREJO
INTERIOR PONE ESCOLTA AL JUEZ DEL ‘CASO VILLAREJO’ TRAS ALLANAR UN DESCONOCIDO SU CASA
EL SUPREMO RECHAZA LA QUERELLA CONTRA EL JUEZ GARCÍA-CASTELLÓN POR LAS ESCUCHAS A ABOGADOS
EL TS VUELVE A PEDIR OPINIÓN AL FISCAL SOBRE GARCÍA CASTELLÓN TRAS LOS INFORMES DE LAS ESCUCHAS DE ABOGADOS EN LEZO
EL ABOGADO DE VILLAR MIR SE QUERELLA CONTRA EL JUEZ GARCÍA-CASTELLÓN POR GRABARLE CON SU CLIENTE
LA SOMBRA DE LAS ESCUCHAS ILEGALES A ABOGADOS VUELVE A LA AUDIENCIA NACIONAL CON UNA QUERELLA A GARCÍA-CASTELLÓN
EL JUEZ DEL ‘CASO VILLAREJO’ RENUNCIA A SEGUIR EN LA AUDIENCIA NACIONAL
LA AUDIENCIA NACIONAL PIDE AL PODER JUDICIAL QUE SIGA EL JUEZ DEL CASO VILLAREJO EN PLENO CHOQUE CON ANTICORRUPCIÓN
POR QUÉ LESMES IMPIDIÓ QUE EL MAGISTRADO ALEJANDRO ABASCAL FUERA EL REFUERZO DE GARCÍA-CASTELLÓN
LESMES IMPONE AL JUEZ DE REFUERZO DE LEZO Y EVITA QUE INVESTIGUE EL MAGISTRADO QUE AUTORIZÓ LAS ESCUCHAS A LA TRAMA
EL CGPJ NOMBRA A UN MAGISTRADO DE REFUERZO PARA EL JUZGADO DE LEZO Y PÚNICA
EL JUEZ PONE FECHA DE CADUCIDAD AL ‘CASO PÚNICA’: MARZO DE 2022
ASÍ SE GESTÓ EL RETORNO DEL JUEZ QUE LLEVARÁ EL CASO LEZO
EL CGPJ ACUERDA EL REINGRESO DE GARCÍA CASTELLÓN AL JUZGADO QUE INVESTIGA 'PÚNICA' Y 'LEZO'
GARCÍA CASTELLÓN SOLICITA VOLVER A SU JUZGADO E INVESTIGARÁ PÚNICA Y LEZO
VELASCO SERÁ SUSTITUIDO POR EL JUEZ QUE PEDÍA IGNACIO GONZÁLEZ EN UNA GRABACIÓN
MANUEL GARCÍA-CASTELLÓN PODRÍA VOLVER PARA OCUPAR SU PUESTO EN EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN 6
ALEJANDRO ABASCAL, JUEZ DE REFUERZO DE ELOY VELASCO
GARCÍA-CASTELLÓN SERÁ EL JUEZ DE ENLACE EN PARÍS PARA LA COOPERACIÓN ANTITERRORISTA
UN JUEZ DESTITUYE A GIL COMO PRESIDENTE DEL ATLÉTICO DE MADRID
GARCÍA-CASTELLÓN REAFIRMA SU COMPETENCIA SOBRE EL GENOCIDIO CHILENO
EL JUEZ ARCHIVARÁ EL SUMARIO POR EL ASESINATO DEL CONCEJAL DE ERMUA
GARCÍA-CASTELLÓN SOLICITA LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CASTILLA Y LEÓN
EL JUEZ GARCÍA CASTELLÓN RECHAZA CITAR AL ARREPENTIDO ARGENTINO SCILINGO
LA AUDIENCIA NACIONAL PIDE AL CGPJ QUE RENUEVE AL JUEZ GARCÍA-CASTELLÓN, EN CONTRA DE LA OPINIÓN DE MOREIRAS
EL JUEZ GARCÍA-CASTELLÓN ASEGURA QUE "ES MUY DURO ENVIAR A ALGUIEN A LA CÁRCEL"
EL 'VIOLADOR DEL ASCENSOR' SE RETRACTA DE SU CONFESIÓN AL JUEZ
El PSOE carga contra el juez por dar por acabada la investigación sobre la caja b del PP de Madrid
Los socialistas quieren que se anule el cierre de las pesquisas acordado por el magistrado
El PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), personados como acusación popular en el caso Púnica, han presentado un recurso para que se retome la investigación sobre la caja b del PP de Madrid. A través de un duro escrito de 29 páginas, al que tuvo acceso EL PAÍS, la representación de los socialistas pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que anule la decisión del juez Manuel García-Castellón de dar por acabadas estas pesquisas, donde apenas falta que la Fiscalía Anticorrupción presente su informe definitivo antes de que el magistrado acuerde si archiva el caso o procesa a alguien por la supuesta financiación irregular de los populares madrileños. Los expresidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González se encuentran entre los imputados.
García-Castellón, al que la Sala ya apremió en una ocasión para cerrar estas pesquisas, considera “agotada” la instrucción. Pero en su recurso, el PSOE y Adade insisten en que todavía queda un hilo muy importante del que tirar —las últimas revelaciones del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, condenado en el caso Gürtel—, que sitúa precisamente en la diana a Aguirre. Las acusaciones temen que la expresidenta se quede fuera del listado de procesados por el juez, pese a que era la máxima responsable de las instituciones utilizadas para desviar supuestamente el dinero y a que era la mayor beneficiaria de la trama, ya que presuntamente se financiaron sus campañas de forma irregular. De hecho, fuentes de la investigación consideran complicado que la exlíder popular acabe en el banquillo, ya que ninguno de sus subordinados directos la ha señalado hasta ahora con pruebas sólidas. El informe definitivo de la Fiscalía, donde tendrá que dejar por escrito si pide que se juzgue a la política, pesará mucho en la decisión del magistrado, según esas mismas fuentes.
Con este contexto como telón de fondo, los socialistas consideran fundamental investigar las revelaciones de Ortega. El exalcalde contó en 2020 que la expresidenta lo colocó al frente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo, desde donde desvió más de un millón de euros para pagar gastos de las campañas electorales de la formación. Además, el regidor aportó facturas para sostener sus acusaciones, que provocó que García-Castellón desgajara su testimonio de la instrucción sobre la caja b del PP de Madrid y abriera en 2021 una nueva línea de investigación (Pieza Separada 13 del caso Púnica) centrada solo en sus afirmaciones.
Pero, según dicen el PSOE y Adade, el juez no “ha hecho nada” para tratar de avanzar en esa parte de las pesquisas —que la Sala de lo Penal le ha obligado a volver a unir a las averiguaciones sobre la caja b, al considerar que se tratan del mismo asunto—. La acusación popular califica como “desoladora” la instrucción sobre las afirmaciones de Ortega: “Desde el 12 de mayo de 2021, fecha de formación de la Pieza 13, hasta el 28 de enero de 2022 no se ha realizado ninguna diligencia de investigación nueva”, expone el recurso: “De todo ello, solo podemos concluir que el efecto principal de la formación de la Pieza 13 ha sido evitar la investigación judicial sobre la financiación irregular del PP”.
“No consta que se haya requerido la elaboración de ningún tipo de informe para adverar la realidad de los hechos denunciados a ninguna unidad de auxilio judicial o de apoyo a la Fiscalía”, sigue el escrito de los socialistas, que apunta que solo se comprobó que las facturas aportadas por Ortega no se encontraban entre la documentación facilitada por la Comunidad de Madrid: “Lo que solo probaría que la Comunidad no coopera con la justicia y menos cuando se investiga al PP, que es el que gobierna”. “No se ha pedido la unidad de auxilio judicial que cruce los datos de lo denunciado con la contabilidad hallada en el registro a Beltrán Gutiérrez, [exgerente del PP de Madrid], para comprobar que las cantidades de origen desconocido o que no se habían podido vincular a ninguna fuente de ingresos de las conocidas pudiesen corresponderse con aportaciones opacas procedentes del IMADE o del Mercado Puerta de Toledo”, destaca el recurso.
El pasado 25 enero, García-Castellón decidió dar por acabada la instrucción sobre la presunta caja b del PP de Madrid. El magistrado consideró que todas las pruebas practicadas hasta la fecha “son suficientes” y “no debe prolongarse, de modo indebido, el ya sobradamente añejo plazo de investigación” de unas pesquisas que se prolongan desde 2016. “Se considera que la instrucción ha finalizado”, añadía el juez en su resolución, donde rechazaba ampliar seis meses más la causa, como pedía el PSOE, para profundizar en las afirmaciones de Ortega.
El juez de la Audiencia Nacional hace meses que da por “agotada” esta instrucción —que la Sala de lo Penal ya le había apremiado a acabar por llevar muchos años abierta—. La Fiscalía también apoyó dar por finiquitadas las pesquisas, aunque reiteró que la Guardia Civil debe elaborar un informe sobre las facturas de Ortega, que el magistrado ha aceptado.LA FISCALÍA NO VE DELITOS EN LAS TRES CAUSAS QUE SE ABRIERON CONTRA PODEMOS
El Ministerio Público descarta acusar a la formación política morada en los casos Neurona, Dina y el de la financiación irregular denunciada por el 'Pollo' Carvajal
Las Fiscalías de la Audiencia Nacional, Anticorrupción y de la Comunidad de Madrid no han detectado que Podemos y sus cargos y excargos hayan podido cometer delitos en las tres causas que se abrieron contra esta formación política, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Se trata en concreto de los casos Neurona, Dina Bousselham y el de la financiación irregular de la formación política de izquierda denunciada por el exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido con el alias de El Pollo.
La última decisión conocida en este sentido fue en el caso Neurona, en el que la fiscal de Madrid Lorena Álvarez Taboada informó el pasado 3 de enero al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, de que de las diligencias practicadas no resultaba acreditada la existencia de un contrato simulado entre la consultora Neurona y Podemos para las elecciones generales de abril de 2019.
Precisamente, este era el punto nuclear de las pesquisas, que se iniciaron hace casi dos años, pues el magistrado Escalonilla sospechaba que el pago de 363.000 euros no había obedecido a la prestación de ningún servicio, por lo que el contrato aportado tenía como finalidad "desviar el dinero pagado" a la sociedad mexicana Creative Advice Interactive. Además, en los últimos meses el instructor ha ido cerrando en cascada varias de las piezas separadas que se habían abierto en este juzgado tras admitirse a trámite las denuncias que presentaron el exabogado de Podemos José Manuel Calvente y la ex responsable de Cumplimiento Normativo de la formación morada Mónica Carmona.
"AGOTAR" LA INVESTIGACIÓN
No obstante, la fiscal sí ha apoyado la decisión del juez de reclamar a unos profesionales que realicen una tasación oficial de los trabajos audiovisuales que realizó la consultora política mexicana Neurona para Podemos en las elecciones de abril de 2019, "con la finalidad de "agotar" la investigación. Y lo hace pese a que no tiene muy claro que esta diligencia pueda servir para esclarecer los hechos: "Es posible que no pueda determinarse con fiabilidad el coste", adelanta Lorena Álvarez Taboada.
Precisamente este lunes se ha conocido que Podemos ha aportado dos informes periciales al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid para acreditar los trabajos que la consultora Neurona realizó para el partido en el marco del contrato de 363.000 euros para la campaña a las elecciones generales de abril de 2019, según la información adelantada por Europa Press.
En el mismo sentido, la Fiscalía Provincial de Madrid ha mostrado su oposición a que el juez amplíe seis meses más la investigación sobre presuntas irregularidades en el contrato que Podemos firmó con Neurona para la mencionada campaña de abril de 2019.
PABLO IGLESIAS
El Ministerio Fiscal tampoco considera que se le pueda imputar un delito a Podemos, como persona jurídica, o a Pablo Iglesias en el caso Dina, una de las piezas separadas de la denominada operación Tándem sobre las actividades presuntamente ilegales del comisario José Manuel Villarejo. Tanto la Fiscalía del Supremo como Anticorrupción rechazaron a lo largo de la instrucción que se pueda perseguir penalmente al exlíder de la formación morada por la supuesta destrucción de la tarjeta de memoria que contenía el teléfono de la exasistente de Podemos en el Parlamento Europeo Dina Bousselham.
Además, en un auto reciente el juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, rechazó ampliar las pesquisas otros seis meses más, una decisión con la que coincidió con la Fiscalía Anticorrupción. Y lo hizo después de que la Policía Científica le dijera que no había podido acceder a la tarjeta telefónica, por lo que no podía determinar si había sido inutilizada de forma expresa.
En el mencionado auto, de 27 de enero, el instructor aseguraba, de forma literal: "De la lectura de dicho informe y de que las restantes diligencias que restan por practicar en esta causa ya fueron acordadas - en concreto, las declaraciones que faltan por tomarse-. No se desprende la necesidad de ninguna diligencia ulterior que se derive del meritado informe, ni es de esperar que de las declaraciones que resten por practicar surja la necesidad de analizar ninguna otra vía de investigación, por lo que se estima que, tras la práctica de tales diligencias -que, reiteramos, ya han sido acordadas-, la instrucción estaría finalizada", concluye el juez que llamará a declarar a Dina Bousselham.
CONTRA EL POLLO CARVAJAL
La tercera causa en la que se analiza la actuación de Podemos es la menos conocida, habida cuenta de que se investiga de forma secreta en la Audiencia Nacional. Las pesquisas, que habían sido cerradas en 2016 por falta de pruebas de la financiación ilegal de Podemos, fueron reabiertas después de que el exjefe de Inteligencia de Venezuela el 'Pollo' Carvajal asegurara que tenía información de la financiación ilegal de este partido.
Tal y como adelantó La Razón, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido ante la Sala de lo Penal la decisión del juez de investigar la supuesta financiación ilegal de Podemos, ya que considera que esta es "prospectiva", es decir, que se inicia sin indicios claros del delito. El Ministerio Público no se creyó las explicaciones del 'Pollo' Carvajal, cuya extradición a Estados Unidos está pendiente de su colaboración con la Justicia.
EL JUEZ DE PÚNICA DA POR CONCLUIDA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B DEL PP DE MADRID
El magistrado pone fecha de cierre a las pesquisas a la espera de decidir si procesa a los imputados
El juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha dado por acabada la instrucción sobre la presunta caja b del PP de Madrid. Según un auto dictado este martes, el magistrado considera que todas las pruebas practicadas hasta la fecha “son suficientes” y “no debe prolongarse, de modo indebido, el ya sobradamente añejo plazo de investigación”. El juez pone así fecha de cierre —29 de enero de 2022— a estas largas pesquisas, que se prolongan desde 2016. García-Castellón tiene pendiente, eso sí, decidir si procesa a alguien por la financiación irregular de los populares: entre ellos, los expresidentes autonómicos Esperanza Aguirre e Ignacio González, que permanecen imputados.
“Se considera que la instrucción ha finalizado”, dice el juez, que rechaza ampliarla varios meses, como habían pedido varias partes. Por ejemplo, el PSOE, personado como acusación popular, solicitó prorrogarla seis meses al considerar que quedan averiguaciones por hacer después de que la Sala de lo Penal uniese a esta parte de la investigación las últimas revelaciones del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, condenado en el caso Gürtel. El exregidor, que aportó facturas, contó que Aguirre lo colocó al frente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo, desde donde desvió más de un millón de euros para pagar gastos de las campañas electorales de la formación. García-Castellón decidió indagar esta parte por separado, pero la Sala le obligó a juntarlo el pasado diciembre al considerar que se encuentran relacionadas con el “mismo objeto” de las pesquisas.
El juez de la Audiencia Nacional hace meses que da por “agotada” la instrucción sobre la caja b del PP, que se investiga dentro de la Pieza 9 del sumario del caso Púnica. El ministerio público ya le comunicó también que prepara su informe definitivo sobre estas pesquisas. “Consideramos que las pruebas recabadas durante la instrucción permiten realizar, y así se hará, un informe razonado, motivado e individualizado de todas las personas, físicas y jurídicas, que constan actualmente investigadas en la presente pieza”, resumieron los tres fiscales del caso —Carmen García Cerdá, Alejandro Cabaleiro y María Teresa Gálvez— en un escrito remitido al magistrado a finales de 2021.
La investigación sobre la caja b entra ahora, por tanto, en un periodo de espera. Las partes pueden recurrir la decisión del juez de dar por concluida la instrucción. Y el magistrado, según consta en el escrito de este martes, aguarda para dictar el auto donde decide si archiva la causa o procesa a los imputados.
EL JUEZ DA POR ACABADA LA INVESTIGACIÓN DEL ‘CASO DINA’ TRAS NO HALLAR INDICIOS CONTRA IGLESIAS
La tarjeta bajo sospecha presenta “daños” irreparables, según la Policía
El juez Manuel García-Castellón da por acabada la instrucción del caso Dina y, a falta de practicar tres declaraciones que ya se habían aprobado, ha rechazado ampliar el plazo de investigación. El magistrado toma esta decisión tras no encontrar indicios de un supuesto delito de daños informáticos cometido por Pablo Iglesias, ex secretario general de Podemos, ya que la Policía le ha enviado un informe donde explica que no puede aclarar por qué no funciona la tarjeta del teléfono de Dina Bousselham, una de sus exasesoras, que denunció el robo de su móvil en 2015 y cuyo contenido se encontró copiado en casa del comisario José Manuel Villarejo y además acabó publicado en varios medios de comunicación. El juez mantenía que el político la había dañado.
García-Castellón, que puso en la diana a Pablo Iglesias en 2020, se encontraba a la espera de dicho informe de la Policía Científica. Lo encargó después de que el Tribunal Supremo rechazase imputar al entonces líder de Podemos y le devolviese la causa por falta de indicios. Según la teoría del magistrado, el exvicepresidente del Gobierno había recibido la tarjeta de Bousselham en enero de 2016 de manos del presidente del Grupo Zeta, editor de la desaparecida revista Interviú, y “se la guardó sin decírselo a su propietaria”. Entonces, según su tesis, el dirigente político dañó el dispositivo y, a raíz de que la copia del contenido se publicase en varios medios, urdió un plan con el objetivo de aprovecharse de la instrucción judicial para inventarse una conspiración y presentarse como víctima.
En el escrito que envió al Supremo para imputar a Iglesias, el magistrado ya afirmaba que “no hay una prueba directa de la destrucción material de la tarjeta por parte” del político, pero añadió que presenta un “fallo” interno que le atribuye a él. De ahí que encargara este último informe a la Policía para intentar averiguar las causas que impiden acceder al dispositivo.
Una vez recibidas las conclusiones de los agentes, el juez ha dictado este jueves un auto para dar por acabadas las pesquisas. Según consta en su resolución, “no se desprende la necesidad de ninguna diligencia ulterior que se derive del informe”. Además, el magistrado añade que tampoco necesitará practicar más pruebas derivadas de los interrogatorios que quedan pendientes y que le ordenó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: el de la propia Dina Bousselham y su pareja; y el de Eugenio Pino, exdirector Adjunto Operativo de la Policía, que se fijó para trata de esclarecer si Villarejo informó a sus superiores de que tenía una copia del móvil de la asesora de Iglesias.
Una tarjeta con “daños” irreparables
El informe de la Policía Científica sobre la tarjeta, al que ha tenido acceso EL PAÍS, concluye que no se pueden determinar las causas ni el momento en que se estropeó la tarjeta. Tampoco se ha conseguido determinar la fecha de la última vez que se accedió a su contenido, ni se ha podido recuperar información sobre la modificación, creación o borrado de los archivos que se “encontrasen almacenados en la memoria en su momento”. Según explican los investigadores, el dispositivo presenta “daños” irreparables y, “de los dos cristales de 16 gigabytes que componen la memoria, solo ha sido posible el acceso a uno de ellos”, pero su contenido no puede descodificarse.
El informe policial certifica que es imposible recuperar la información de la mini SD o determinar quién fue la última persona que accedió a ella
Al ser imposible acceder al contenido de la tarjeta, la Audiencia Nacional podría dar carpetazo a las pesquisas, haciendo que el caso se releve a los juzgados de Madrid
La policía judicial ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón el informe que certifica que el contenido de la tarjeta telefónica de la ex asesora de Podemos Dina Bousselham es inaccesible, lo que imposibilita recuperar la información o determinar quién fue la última persona que accedió a ella.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press el contenido del informe remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 6 y que pone de manifiesto que la mini SD estaba destruida. Ahora, el magistrado deberá decidir sobre el futuro de la investigación y, en concreto, del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.
De esta forma quedaría agotada la vía para obtener posibles datos incriminatorios contra Iglesias para determinar si dañó deliberadamente la tarjeta antes de devolvérsela a su ex asesora. El juez tiene aún diligencias pendientes, como tomar declaración a la propia Bousselham o al antiguo director adjunto operativo de Policía Eugenio Pino.
García-Castellón acordó hace más de un año procesar al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a dos periodistas, al tiempo que propuso al Tribunal Supremo que investigara a Iglesias por descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.
Sin embargo, el alto tribunal ordenó al magistrado que siguiera indagando, indicándole expresamente varias diligencias, entre ellas volver a tomar declaración a Dina, para que aclarase si quería denunciar los hechos e incluyendo entre esas mismas instrucciones el informe pericial de la micro tarjeta.
Ahora, y una vez que ha sido imposible destripar la tarjeta, el juez podría dar carpetazo a las pesquisas o seguir investigando. De hacerlo, se abre la posibilidad de que las pesquisas no se realicen en la Audiencia Nacional sino en los juzgados de Madrid, dado que los delitos por investigar no revestirían la entidad suficiente.
Por su parte, fuentes de Podemos aseguran que al titular del JCI 6 "se le acaban las excusas en su intento de convertir a las víctimas en sospechosos". La formación morada ya criticó duramente al juez a raíz de su exposición razonada ante el Supremo, acusándole de poner "en peligro el prestigio la Justicia".
Dina consideraba el informe innecesario
Fue el pasado mes de octubre cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avaló la decisión del magistrado de pedir a la Policía Científica que determine si era "técnicamente posible" acceder al contenido de la tarjeta del teléfono móvil de Bousselham, para dilucidar el recorrido que tuvo la tarjeta desde que fue robada hasta que su información apareció publicada.
Por contra, la ex asesora del partido alegaba que este informe era innecesario porque la Policía ya emitió uno en agosto de 2020 donde concluyó que los daños sufridos por la tarjeta telefónica se debían a un exceso de lijado durante el proceso que llevó a cabo una empresa privada contratada por la propia Bousselham para intentar recuperar el contenido de la mini SD.
El informe encargado a la Sección Técnica de Ingeniería e Informática Forense de la Unidad de Policía Científica se demoró más de lo previsto porque a los investigadores les faltaban una serie de claves que debía aportar la empresa telefónica, en este caso Samsung.
Sin declaraciones hasta conocer el informe
En cualquier caso, el magistrado deberá realizar una serie de declaraciones a instancias del TS y también de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, tras revocar el auto de pase a procedimiento abreviado, ordenó al juez que tomara declaración a Bousselham, a su pareja y al que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino.
Por su parte, el juez respondió a la Sala insistiendo en que no realizaría esas declaraciones hasta no conocer el informe de la tarjeta al considerar que de esa pericial se podrían obtener extremos esenciales para la investigación, condicionando por tanto el modo de acordar la citación.
"Transcurridos más de ocho meses desde el dictado de esta resolución, es de suponer que la conclusión de la pericial no se va a demorar por más tiempo, máxime cuando los peritos ya disponen de todo lo que se requiere para culminar la intervención", justificó entonces.
El origen del caso Dina
En el auto con el que decidió finalizar la fase de investigación, el juez fijaba el origen de la causa en unos archivos encontrados en la entrada y registro del domicilio de Villarejo en 2017 en los que había información personal de la que fuera asesora de Iglesias así como datos sensibles de Unidas Podemos.
Según explicaba, en noviembre de 2015 sustraen en el IKEA de Alcorcón el abrigo de la pareja de Bousselham lRicardo Antonio Sa Ferreira- en cuyo interior había varios objetos entre los que se encontraba el teléfono móvil de la asesora.
Justo dos años más tarde de ese robo, en noviembre de 2017, aparecen en el domicilio de Villarejo un disco duro y dos memorias USB en los que se almacenan unas carpetas denominadas DINA 2 y DINA 3, que contenían archivos procedentes de la tarjeta de memoria mini SD del móvil sustraído a Bousselham.
Y apuntaba el juez en su auto que los archivos de uno de los pendrives fueron copiados el 14 de abril de 2016 mientras que los del disco duro son copia del pendrive realizada en julio de 2016. Sobre cómo llegó a manos de Villarejo esa información, el magistrado indicaba que se sabe que el contenido de la tarjeta de Bousselham llegó a los periodistas.
UN FALLO INFORMÁTICO PARALIZA LOS RECURSOS DEL ‘CASO KITCHEN’
El juzgado comunica que aún no ha podido tramitar las alegaciones, entre las que se encuentra la petición de volver a imputar a Cospedal
El caso Kitchen se adentra en una pequeña parálisis. El juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha comunicado a las partes que un fallo informático en el sistema ha impedido tramitar a la Sala de lo Penal los recursos presentados contra el auto de procesamiento de los implicados, según confirman fuentes jurídicas. Los magistrados de dicho órgano se encuentran a la espera de recibir las alegaciones para resolver, entre otras cuestiones, si confirman la decisión del magistrado Manuel García-Castellón de sentar en el banquillo a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior; o si vuelven a imputar a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP.
La Operación Kitchen se urdió en el Ministerio del Interior en 2013. Según ha constatado el sumario, la Policía espió sin control judicial a Luis Bárcenas, extesorero del PP, después de que EL PAÍS publicara los papeles de Bárcenas y cuando el responsable de las finanzas del partido conservador se preparaba para tirar de la manta. La instrucción subraya que el presunto objetivo de este despliegue irregular era arrebatarle documentos comprometedores de altos cargos de la formación que aún pudiera guardar y así evitar que llegaran al juez Pablo Ruz, que entonces investigaba el caso Gürtel y la caja b de la formación.
En un escrito, avanzado por El Periódico de España, el juzgado informa de que “un problema técnico en el aplicativo Minerva de tramitación impide ejecutar informáticamente el trámite de incoación de los recursos de apelación”. Esta incidencia “se encuentra a día de hoy pendiente de solución”, prosigue el documento, que deja constancia del “grave perjuicio” que esta situación puede causar “en la marcha de las actuaciones”.
El magistrado instructor del caso Kitchen, Manuel García-Castellón, dio por cerrada las pesquisas el pasado julio y procesó a la cúpula política y policial del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2015). Entre ellos, al exministro Jorge Fernández Díaz; a Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad; y a seis comisarios, incluido José Manuel Villarejo, y Eugenio Pino, máximo responsable operativo del Cuerpo con el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero tanto las defensas como las acusaciones, incluida la Fiscalía Anticorrupción, recurrieron esa decisión, al considerar que se había concluido la investigación de forma prematura o errónea.
El juez, por ejemplo, circunscribió a Interior toda la responsabilidad de Kitchen y dejó fuera a la dirección del PP, desimputando así a Cospedal. Sin embargo, el ministerio público insiste en que la ex secretaria general “intervino” en la operación junto a su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, con el que participó en el proceso de captación como confidente del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos. Entre los indicios esgrimidos contra ella se encuentran audios, las agendas de Villarejo y el cruce de comunicaciones con el comisario.
García Castellón había desgajado las pesquisas sobre la presunta financiación ilegal del partido después de que el exalcalde de Majadahonda asegurara que cuando fue gerente de una empresa pública se inflaban facturas para desviar dinero
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrige al juez Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica, en los últimos coletazos de la investigación de la presunta financiación ilegal del PP de Madrid cuando estaba presidido por Esperanza Aguirre. Y lo hace en un auto en el que considera que la decisión de abrir una nueva pieza separada en esta macrocausa de corrupción para indagar ahí en las últimas revelaciones del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega supone "complicar" las pesquisas, aparte de ser una decisión "innecesaria e inútil".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 abrió la pieza número 13 el pasado mes de mayo, después de recibir un escrito de Ortega, quien está cumpliendo condena por la primera época de actividades de la trama Gürtel y el año pasado ya relató en el juzgado posibles irregularidades para desviar dinero público a la formación política cuando fue gerente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo.
A pesar de que la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid se investiga en la pieza 9 del caso Púnica, en la que propia expresidenta está imputada, el magistrado decidió, sin contar con la opinión de la Fiscalía Anticorrupción, separar los hechos que denuncia el exalcalde del resto de la investigación principal, justificándolo en que la instrucción de que la investigación está cerca de concluir y eso podría retrasar las pesquisas.
En su escrito, Ortega asegura tener documentación que “acreditaría la existencia de irregularidades” sobre "un sistema de facturación impuesto” que perseguiría "satisfacer necesidades económicas del PP de Madrid", para lo cual aporta como "ejemplo" una serie de facturas que García Castellón pidió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que las examine y las compare con la documentación que a su vez remitió a la Audiencia Nacional la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid sobre la contabilidad de la empresa Mercado Puerta de Toledo.
Visto que los hechos que relata el exalcalde de Majadahonda están directamente relacionados con el objeto de investigación de la pieza 9, las acusaciones populares que ejercen la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y el PSOE recurrieron la decisión del juez, puesto que separar las actuaciones "implicaría una duplicidad de piezas separadas para instruir hechos con un idéntico objeto". El recurso ha sido estimado ahora por la Sala.
"La nueva pieza forma parte del mismo plan supuestamente delictivo de financiación irregular del Partido Popular, en el que participan los mismos sujetos y utilizan las mismas técnicas para la recaudación de fondos, contratación amañada y cobro de comisiones o prestaciones de servicios distintos a los contratados, con sobrecostes en los contratos y del lado del gasto y de su ocultación, mediante la falsificación de facturas, ya sea en el concepto o en la fecha de las mismas. Y en cuanto al ámbito temporal, también coinciden los períodos investigados", explicaba el recurso.
Además, remarcaba que la creación de la nueva pieza separada 13 tendría serios efectos sobre la eficacia del procedimiento, ya que la división en dos piezas dificultaría la apreciación de características que tendrían enorme peso a la hora de calificar, como son la continuidad delictiva y la cuantía del dinero desviado, siempre siguiendo el mismo plan y siempre para beneficiar al mismo ente, el Partido Popular y sus dirigentes".
En un auto del pasado 1 de diciembre, al que ha tenido acceso infoLibre, la Sala de lo Penal estima el recurso de las acusaciones populares y deja sin efecto la decisión del magistrado de abrir la pieza 13, aunque mantiene en vigor la orden dada a la UCO de investigar la documentación aportada por Ortega.
Para el tribunal, "estos nuevos hechos se enmarcan en el mismo objeto de investigación para cuya comprobación se abrió la pieza separada 9" y "no se trata de posibles delitos conexos necesitados de investigación independiente para evitar excesivas complejidades y denostadas dilaciones, ya que estos hechos recientemente denunciados tienen perfecto encaje en la pieza 9, siendo innecesaria e inútil la apertura de la nueva pieza, la cual, más que clarificar la complicada situación procesal, introduce nuevos trámites y divide la continencia de la causa al duplicar la actividad procesal".
El juez saca del archivo la denuncia de una asociación de Zaragoza con recortes de periódico sobre el documento parapolicial e incluye en ella una reciente declaración del 'Pollo' Carvajal, exjefe de la Inteligencia venezolana, detenido en España y que intenta evitar su extradición a Estados Unidos por narcotráfico
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha recuperado una causa archivada de plano en 2016 por la presunta financiación irregular de Podemos con el argumento de que información que le ha trasladado el ex jefe del servicio de Inteligencia venezolano Hugo 'El Pollo' Carvajal aporta nuevos indicios contra la formación que dirige ahora Ione Belarra, han informado a elDiario.es fuentes jurídicas. En el marco de la misma, García Castellón ha citado a declarar a Hugo Carvajal el próximo 27 de octubre.
Para poder utilizar la información de Carvajal, que intenta evitar su extradición por narcotráfico a Estados Unidos, García Castellón ha buscado en su juzgado hasta encontrar una causa abierta y cerrada casi de inmediato, en una época anterior a su regreso al juzgado de la Audiencia Nacional procedente de Roma, donde ejercía como juez de enlace.
El Pollo' Carvajal declaró el 20 de septiembre ante García Castellón, una vez detenido en Madrid, y adelantó que aportaría documentación sobre la supuesta financiación irregular de Podemos. La Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior ha notificado este martes a Hugo Armando Carvajal Barrios que ha rechazado el recurso de reposición contra la desestimación de su solicitud de asilo. Interior ya había rechazado en 2019 la concesión del asilo al que fuera jefe de la Inteligencia militar de Hugo Chávez.
Un juzgado de Zaragoza remitió en 2016 a la Audiencia Nacional la denuncia de una asociación desconocida hasta entonces sobre la presunta financiación de Podemos que se limitaba a reproducir recortes de periódico sobre el informe PISA, el documento parapolicial sin membrete ni firma de policías que intentaba demostrar una financiación irregular del partido político. El denunciante era una desconocida Unión Cívica Española - Partido Por la Paz, Reconciliación y Progreso de España (UCESP).
El Tribunal Supremo ya había despreciado el contenido del informe parapolicial PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), que la entonces Dirección Adjunta Operativa de la Policía intentó blanquear a través de la UDEF. El Supremo. El Alto Tribunal tuvo que pronunciarse sobre el informe PISAS porque Manos Limpias había incorporado su contenido a una querella contra Pablo Iglesias e Iñigo Errejón.
Se da la circunstancia de que el informe PISA fue elaborado por la brigada política del PP, cuyos principales responsables están imputados en la pieza 7 del caso Villarejo, también denominada Kitchen, que instruye también García Castelón. En 2016, el juez de refuerzo del 6 Alejandro Abascal, de acuerdo con el informe del teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, dio carpetazo a la causa por carecer del más mínimo indicio probatorio. Esa es la causa que ahora reabre contra Podemos García Castellón sin consulta previa a la Fiscalía, confirman fuentes jurídicas.
El juez García Castellón mantiene abierta la pieza Dina del caso Villarejo que afecta al exlíder de Podemos Pablo Iglesias. El magistrado siguió adelante con la investigación contra el político pese a que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional devolvió la condición de perjudicado al que era secretario general de la formación. Lo ha hecho también después de que el Tribunal Supremo rechazara su petición de imputar a Iglesias. Fuentes de Podemos han hablado hoy de "manía persecutoria" del juez contra la formación política que "evidencia" la reapertura de la causa de financiación irregular a partir de "un montaje tan ridículo como el informe PISA".
LA FISCALÍA TACHA DE "DESPROPORCIONADAS" Y "EXCESIVAS" LAS DILIGENCIAS CONTRA PODEMOS
El departamento que dirige Jesús Alonso ve "prospectiva" la investigación iniciada por la financiación del partido por parte de Venezuela
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido las diligencias ordenadas por el Juzgado Central de Instrucción 6 sobre la presunta financiación irregular de Podemos por considerar "desproporcionadas" y "excesivas" las instrucciones remitidas a la Unidad de Delincuencias Económica y Fiscal (UDEF) para determinar si el partido recibió durante años fondos desde Venezuela, como indica la confesión efectuada por el que fuera jefe de la Inteligencia bolivariana Hugo 'el Pollo' Carvajal. Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas el departamento que dirige Jesús Alonso, ve "prospectiva" la investigación que ha impugnado en reforma antes de ir a la apelación.
El Ministerio Público se ha opuesto así a la decisión del magistrado Joaquín Gadea de pedir una batería completa de diligencias. En la investigación declarada secreta, se ha acordado oficiar a la UDEF para que analice la veracidad de las declaraciones de Carvajal que apuntaban a tres vías de financiación ordenada por los gobiernos primero de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro. Según explicó, las cantidades se abonaban a través de valija diplomática venezolana, un sistema que permite sortear con facilidad los controles de las autoridades. También aludió a entregas en efectivo en territorio nacional a través de empresas pantalla españolas. Por último, se refirió a entregas en efectivo en Venezuela, concretamente en la embajada de Cuba del país caribeño.
A fin de que investiguen estos hechos, el juez reclamó que se estudie a las compañías Viu Comunicaciones y Viu Europa, dos de las empresas supuestamente empleadas en el entramado. Concretó también a la Policía que analizara la realidad de la transferencia de dinero a dirigentes históricos de la formación como los fundadores Carolina Bescansa y Juan Carlos Monedero. Ordenó por último comprobar la presencia de Juan Carlos Monedero en Venezuela en distintas fechas y lugares apuntados tanto por el Pollo como por dos testigos protegidos cuyas declaraciones fueron coincidentes con las de este.
Para la Fiscalía, sin embargo, la solicitud no cuenta con base suficiente para efectuar las comprobaciones reclamadas. La petición del juez se basaba en un documento entregado al juzgado que refleja una petición de autorización a Maduro fechada en 2016 para que apruebe el uso de medio millón de dólares a fin de facilitar la participación de la petrolera pública venezolana, PDVSA, en el XXI Congreso Mundial del Petróleo en Moscú. En esa documentación, figura la presunta contratación de la empresa Viu Comunicaciones, que Carvajal señala como una de las empresas pantalla que servían para canalizar fondos para dirigentes de la órbita de Podemos. También 125.000 euros para los dirigentes de Podemos Ariel Jerez, Bescansa y Jorge Lago.
Otro de los documentos que obran en poder de la Audiencia Nacional detalla pagos de Venezuela a una plataforma ligada a señalados cargos de la formación en una solicitud remitida al expresidente bolivariano Hugo Chávez, fallecido en 2013, para que aprobase la contratación del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) entre los años 2008 y 2010.
El documento que obra en poder del juez tiene fecha del 28 de mayo de 2008, seis años antes de la creación de Podemos. Contempla la contratación de CEPS para tres ejercicios —2008, 2009 y 2010—, pero para ello era necesario el visto bueno del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez. Según las mismas fuentes consultadas, esta petición de autorización detalla dos cantidades, un primer desembolso de 1.650.000 euros en 2008 y otro de 2.800.000 euros para los siguientes. Eran por labores de asesorías y apoyo técnico.
La investigación sobre la financiación se reabrió el pasado octubre. Archivada en 2016, el nuevo impulso a la investigación se enmarca en las informaciones proporcionadas por Carvajal, que implican a dirigentes del partido en el cobro de sumas millonarias del régimen chavista. García-Castellón retoma así una investigación que el magistrado Alejandro Abascal dio por finalizada hace cinco años. Las pesquisas partían de una denuncia contra Podemos por presunta financiación irregular con fondos de Venezuela o Irán, acusación que se basaba a su vez en el supuesto informe policial PISA ('Pablo Iglesias sociedad anónima'). El Tribunal Supremo, primero, y la Audiencia Nacional, después, echaron por tierra este documento al no dar credibilidad a su contenido.
PÚNICA Y EL EXTRAÑO CIERRE JUDICIAL DE SUS VINCULACIONES CON ANA BOTELLA
Carpetazo a un caso que salpica a Zaplana y a su ex jefe de prensa
Tras comparecer los días 16 y 20 de septiembre, el pasado día 1 de octubre, sin mucho ni poco revuelo mediático, dos peritos informáticos se ratificaban en los informes que han elaborado para el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional.
Con su comparecencia se daba fin a la instrucción de la denominada PS10 del Caso Púnica que desde 2015 se viene investigando en ese juzgado. Para los lectores que no están familiarizados recordarles que la trama consistía en pagar con dinero público trabajos de reputación on line que elaborados por empresas de Alejando de Pedro buscaban favorecer la imagen en redes sociales de determinados dirigentes del PP.
Con este fin captaron la atención y el dinero de los contribuyentes, en muchas ocasiones gracias al trafico de influencias y mediación de otros cabecillas populares. El resultado es que un buen número de Altos Cargos de varias Comunidades Autónomas (Madrid y Murcia), de la Diputación Provincial de León y de numerosos ayuntamientos acabaron participando y beneficiándose en diferentes grados de esos trabajos reputacionales. En el caso de la Región de Murcia los hechos han sido investigados en la PS3 y los de la Diputación de León en la PS2.
El resto lo han sido en esta PS10. Sin animo exhaustivo y relacionados con la instrucción, figuran los siguientes personajes:
Esperanza Aguirre, ex presidenta de la CM
Ignacio González, ex presidente de la CM
Lucía Figar, ex consejera de los Gobiernos de Esperanza Aguirre y Pablo Balbín, su jefe de prensa.
Salvador Victoria. Ex consejero de los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González
Alcaldes de Majadahonda, Alcobendas, Coslada, Valdemoro, Denia, Gandía, Castellón, Valencia y a los efectos de esta crónica, el ayuntamiento de Madrid durante la época que Ana Botella fue su alcaldesa.
Dicho esto, no es menos cierto que a lo largo de estos años de instrucción no todos los investigados por la UCO, la Fiscalía y el juzgado han corrido la misma suerte. Para empezar, han cambiado los propios jueces y fiscales. El primero Eloy Velasco fue sustituido por Manuel García Castellón al igual que los jueces de refuerzo, apoyo o asesoramiento: Abascal , Gadea , De Egea o González Uriel, el último en incorporarse a este juzgado.
También la fiscalía se ha visto afectada con diferentes movimientos internos que han culminado, por el momento, con la llegada de Alejandro Cabaleiro y la reasignación de funciones de las fiscales María Teresa Gálvez y Carmen García.
Lo mismo ha sucedido con la UCO que ha visto como durante los primeros años elaboró numerosos informes que en su mayoría han sido determinantes para el rumbo de la instrucción y desde un tiempo a esta parte, apenas han sido requeridos para nuevos informes o en el algún caso, sus propuestas de actuación han sido directamente ignoradas, como ha sucedido en el caso que hoy nos ocupa con los numerosos indicios que afectan a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que también han pasado casualmente inadvertidos.
El extraño caso del Ayuntamiento de Madrid
Para situarnos. El 2 de noviembre del 2017, la UCO entrega al JCI nº 6 cuyo titular es García Castellón un extenso informe denominado “Análisis sobre supuestas irregularidades relacionadas con la contratación de los servicios de empresas vinculadas a Alejandro de Pedro LLorca en el Ayuntamiento de Madrid”. Este documento va acompañado de numerosos anexos que contienen, entre otros, copia de trabajos sobre reputación a favor de Ana Botella, presupuestos desglosados, correos intervenidos o transcripciones de declaraciones ante la propia UCO.
El caso es que tras analizar las relaciones entre los principales sospechosos la Guardia Civil concluye que:
Alejandro de Pedro LLorca es responsable de un delito de malversación. Propietario de las empresas “Madiva Editorial y Publicidad SL” y “Eico Online reputación Management SL”. En la actualidad está procesado en la PS2 y PS3 de Púnica.
José Antonio Alonso Conesa es responsable de un delito de tráfico de influencias. En la actualidad está procesado en la PS 2 y PS3 de Púnica
Elena Sánchez Pérez. Responsable de un delito de tráfico de influencias y de malversación. Ex DG de Medios de Comunicación del Ayuntamiento de Madrid y ex jefe de prensa de Eduardo Zaplana en su etapa como Ministro de Trabajo y Portavoz del GPP en el Congreso. En la actualidad es subdirectora de la franja política del programa “La hora de la 1” de TVE.
Eduardo Zaplana Soro. Responsable de un delito de tráfico de influencias. Ex presidente de la Generalitad de Valencia, Ministro de Trabajo y Portavoz con el Gobierno de Aznar y Portavoz del GPP. En la actualidad está siendo investigado en el denominado Caso Erial.
En el informe aparecen otros intervinientes sobre los que la UCO no eleva ninguna conclusión al juzgado.
Entre estos figuran:
Ana Botella Serrano . Alcaldesa de Madrid entre 2011 y 2015.
José María Aznar López. Ex presidente del Gobierno 1996-2004
Pilar García de la Granja Periodista. Amiga de Alejandro de Pedro. Casada con Alfredo Timermans, ex SE de Comunicación del Gobierno de Aznar y en la actualidad Viceconsejero de Empleo en la CM. Miembro del Patronato de FAES.
Mitsouko Enríquez Alcántara. Secretaria personal de Zaplana e investigada por el Caso Erial
Según la información de la UCO, gracias a la intermediación de Eduardo Zaplana, el 26 de agosto del 2014 se celebró una cena en casa de los Aznar Botella en Estepona (Málaga) en la que Alejandro de Pedro presentó su propuesta de reputación on line a la entonces alcaldesa de Madrid. Desde entonces hay constancia de varias reuniones entre De Pedro y Elena Sánchez, así como con varios trabajadores del ayuntamiento de Madrid.
El 30 de noviembre del 2017, José Luis Martínez Almeida, entonces Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, remitió a la UCO un certificado en el que hace constar que su Grupo contrató en el 2012 los servicios de “Eico Online reputación Management SL” por un importe de 3540€.
En esta misma línea el Ayuntamiento de Madrid, durante el mandato de Manuela Carmena, hizo publico dos informes, uno en diciembre 2015 y otro en enero del 2016, sobre las vinculaciones que se mantuvieron con la trama Púnica que pueden ser consultados en este enlace.
No hay caso
Dicho todo lo anterior y a falta de que García Castellón lo confirme definitivamente en su próximo e inminente auto de procesamiento, decisión que, visto lo visto, no ponemos en duda que ignorara cualquier referencia al Ayuntamiento de Madrid, el hecho cierto es que la Fiscalía Anticorrupción en dos párrafos, dentro de un informe de más de más de 50 páginas, tramitó del siguiente modo y manera la investigación: “Respecto de los hechos ocurridos en Madrid y Valencia no superan en este momento el umbral de tipicidad, ya que el trabajo realizado por EICO parecía estar dirigido a posicionar on line las noticias favorables al “equipo municipal” enmarcándose más bien esta práctica en el ámbito, sin superarlo, de la promoción, defensa y comunicación de políticas públicas, y ello, sin perjuicio de que la investigación que resta por practicar evidencie la intención de pagar con fondos públicos campañas de reputación política puramente personal. Del mismo modo, las fuentes de prueba evidencian que los investigados Alejandro DE PEDRO LLORCA y José Antonio ALONSO CONESA recurrirían a Eduardo ZAPLANA solicitándole que se sirviera de su anterior cargo político para intentar influir en favor de EICO, sobre funcionarios y cargos públicos, a los efectos de la consecución para dicha sociedad de proyectos públicos varios. Sin embargo, no existe prueba de que finalmente se produjesen los contactos ni se materializasen los conciertos, porque ninguno de dichos proyectos salió adelante”.
Para la Fiscalía da igual que hubiera habido reuniones del más alto nivel, da igual que a través de “Irismedia Agencia de Comunicación SL” se pagara a Madiva SL y da igual que Zaplana hiciera de intermediario. Como es natural, tras el informe de la UCO, no se llamó a declarar en sintonía con esta línea de investigación ni siquiera como testigos a ninguno de los protagonistas. Pelillos a la mar.
Total, para qué engañarse. Si algo ha quedado claro a lo largo y ancho de los diferentes procesos penales abiertos en juzgados de la Audiencia Nacional por causas de corrupción y el PP, es que no todos son tratados por igual. Hay parejas genovesas, como “Aznar & Botella SL” que parecen estar exentas de cualquier investigación judicial que se tercie.
Como es natural el juez conservador García Castellón es ajeno al mundanal ruido de los dimes y diretes. Nada que ver con el hecho de que haya sido el instructor encargado de investigar el atentado terrorista de ETA contra Aznar, mucho menos que fuera nombrado por el Gobierno de Aznar juez de enlace en Francia (2000-2006) o en Italia por Rajoy (2006-2017) el mismo que ha sobreseído a Cospedal , a López del Hierro o a Cifuentes y Ruiz Gallardón . Circunstancias sobrevenidas.
Esta misma lógica, es decir, circunstancias de la vida, es aplicable al juez no menos conservador Abascal, hoy titular interino en el JCI nº1 de la AN y durante años juez de refuerzo de Eloy Velasco y del propio García Castellón . Da igual que sea el candidato de la APM en la frustrada renovación del CGPJ con el apoyo del PP, da lo mismo que su hermana trabaje como asesora del Grupo Popular del Ayuntamiento de Madrid , incluso da lo mismo que mantenga una fluida relación con el responsable de Justicia del PP y con el abogado genovés Arnaldo Alcubilla .
En fin, podríamos seguir añadiendo todo tipo de circunstancias, sobrevenidas o no, que se dan cita en la Audiencia Nacional, cuya Sala de lo Penal continúa presidiendo Concepción Espejel . Mientras tanto, colorín colorado este caso se ha acabado.
FERNÁNDEZ DÍAZ CRITICA AL JUEZ POR NO INCULPAR A MARIANO RAJOY
El exministro del Interior censura en su escrito de apelación que el juez "otorgue valor probatorio" para acusarle a los mensajes que se refieren a él y los deseche cuando aluden al expresidente del Gobierno. Fernández Díaz insiste en reprochar al juez que haya "encapsulado" la causa en el Ministerio del Interior desestimando la tesis de la Fiscalía contra la dirección del Partido Popular
El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha presentado un recurso de apelación contra el auto de procesamiento dictado por el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el que viene a decir que en esta causa, o son todos procesados o ninguno.
Fernández Díaz dice que resulta "paradójico" que para acusarle, se utilicen contra él mensajes del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en los que hace referencia al propio ministro y "a Rajoy".
"Parece razonable pensar", dice la defensa del ministro en su escrito, que si el juez "otorga valor probatorio a determinados mensajes" cuando se refieren a él, también se lo conceda "cuando se refiere a otras personas", en clara alusión al expresidente del Gobierno.
"O se concede valor y credibilidad a todos los mensajes o a ninguno", manifiesta Fernández Díaz, porque es "ajeno a toda lógica seleccionar unos y desechar otros".
En su escrito, Fernández Díaz insiste en reprochar al magistrado que haya decidido "encapsular" las responsabilidades de la causa en la cúpula del Ministerio del Interior, y que haya desestimado la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que reclama una prórroga de la investigación, que continúe como imputada la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sea citado en la misma condición el exdirector de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó y se desarrollen las diligencias pertinentes para averiguar si Mariano Rajoy era el titular del teléfono propiedad del PP, con el que supuestamente intercambió mensajes el comisario jubilado, José Manuel Villarejo, para informarle sobre el avance de las pesquisas para espiar al extesorero, Luis Bárcenas, y destruir las pruebas que tuviere sobre la caja b del PP o sus dirigentes.
Es su escrito, Fernández Díaz suplica a la Sala que archive su procesamiento y le libre de la "pena de banquillo adicional" a la de "telediario" que "ya ha sufrido".
https://cadenaser.com/ser/2021/10/27/tribunales/1635334355_567753.html
Pedro Agudo y el ahora instructor del caso Villarejo coincidieron cinco años en la embajada de Roma. El ex secretario de Estado Francisco Martínez le pidió que intercediera, en un chat en el que el policía le confiaba su deseo de ir destinado a la Audiencia Nacional.
El comisario Pedro Agudo Novo, jefe de la Policía Nacional en A Coruña y durante casi un año jefe de gabinete de Ignacio Cosidó en la Dirección General de la Policía, negó este jueves en el Congreso de los Diputados que hubiera intercedido en favor del exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo y de su pieza separada Kitchen en la que el ex número de dos del ministro Jorge Fernández Díaz fue finalmente imputado.
Agudo, que compareció este jueves en la comisión de investigación de la operación Kitchen (sobre el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas), ocupó el puesto de jefe de gabinete de Cosidó desde diciembre de 2011, tras la llegada del PP al Gobierno, hasta septiembre de 2012, cuando el ministro decide su cese debido, según declaró, al "ruido" que se había producido tras filtrarse a la prensa que su mujer era propietaria de una academia de preparación de oposiciones para policías. Cuando es cesado, explicó, se le ofrece ocupar la agregaduría de Interior en la Embajada en Roma (previamente a sacar la plaza y la prueba selectiva), donde permanece cinco años hasta mayo de 2017. Allí coincide con el juez García Castellón, también destinado a la embajada como juez de enlace.
El diputado socialista David Serrada y el de Unidas Podemos Ismael Cortés centraron su turno de preguntas en los mensajes que se cruzan Agudo y Martínez en un chat en febrero y marzo de 2019 sobre la pieza Kitchen, abierta poca antes, y sobre lo que decidirá acerca de ella García Castellón, nombrado juez del caso Villarejo a su regreso de Roma. Los chats se incluían en un oficio que la unidad investigadora envía al juzgado con el volcado del teléfono de Francisco Martínez y en ellos se leía cómo Martínez pedía al inspector que usase su amistad e influencia sobre el juez para "cerrar esa mierda de Kitchen" respondiéndole Agudo que "[el juez] lo hará".
En el chat de 6 de febrero de 2019, Martínez quiere saber si es tan amigo de "Manolo", si éste seguirá de juez de la pieza Kitchen ante la llegada de jueces de refuerzo al Caso Villarejo, y qué es lo que el magistrado tiene pensado hacer con el caso. Agudo le da detalles de una relación estrecha: "Muy amigos. Cinco años juntos. Le hacía hasta los informes". Y le tranquiliza: "Yo creo que Manolo no cruzará el aforamiento [Martínez era aforado por ser diputado nacional] Como mucho os preguntará por escrito". Para añadir rápidamente: "Pero es una opinión".
A su vez, Pedro Agudo también tiene sus objetivos que transmite a Martínez en el mismo cruce de mensajes: "También me llevo muy bien con Ramón Navarro", en referencia al presidente de la Audiencia Nacional desde enero de 2014, Jose Ramón Navarro. "Me gustaría ir allí destinado Hay una jubilación de un IJ [Inspector Jefe] Seria más útil".
Fuentes policiales han explicado a Público que una petición en tal sentido del propio Navarro al entonces director adjunto de la Policía, Florentino Villabona, casi bastaría para que Pedro Agudo hubiera obtenido el puesto de sus sueños: la comisaria de la Audiencia Nacional, un destino que propicia la construcción de una relación con los titulares de los juzgados centrales así como con los fiscales adscritos. Ese era un puesto por el que suspiraba el propio José Manuel Villarejo (en 2005, tomando una copa con el jefe de la UCAO Enrique García Castaño, le decía que si el tuviera ese puesto "en dos o tres años me hago de oro").
En otro chat por el que le ha preguntado el diputado de Unidas Podemos, Martínez le asegura a Agudo que "tu destino se arreglará en cuanto ganemos". Sobre ese comentario, el comisario respondió que entonces tenía uno de los mejores destinos de la Policía, y que no cree que en aquel momento el ex secretario de Estado de Interior estuviera en posición de prometer nada.
En su comparecencia de este jueves, el comisario definió estos chats como la solicitud de una persona "desesperada" y dijo que sus mensajes deben entenderse como un intento de seguirle la corriente y "calmarle" y "no hacerle sentir peor" ya que era una persona con la que tuvo relación cercana en Interior cuando ambos eran jefes de gabinete (Martínez del ministro y él de Cosidó), que se interrumpió cuando fue destinado a Italia y que a su regreso retomó "Jamás se me ocurriría hacer lo que él me pide, sería un delito", aseguró Agudo.
El ex jefe de gabinete de Cosidó insistió durante su comparecencia en que "el juzgado" (del que es titular el juez del que se habla en dicho chat) consideró estas conversaciones "de poco interés"; y prueba de ello, dijo, es que él no está investigado o siquiera citado como testigo. También admitió que quizás se equivocó al no responder a Francisco Martínez que era imposible cualquier mediación con el juez.
Exonera a Cosidó y minimiza la relación de ambos con Villarejo
De Ignacio Cosidó, dijo que no cree que tuviera responsabilidad en el espionaje a Luis Bárcenas en su etapa de director general de la Policía ni que tuviera relación con Villarejo. A este respecto, Agudo dudó de la veracidad de lo que Villarejo dejó escrito en sus agendas acerca de una cita con Cosidó en la que también habría estado el que fuera comisario general de Policía Judicial entre julio de 2012 y octubre de 2013, José García Losada. "Creo que eso es imposible, no me cuadra esa reunión". Por su parte, Cosidó, que compareció después de Agudó, afirmó que solo trató con Villarejo un día que entró en su despacho para hacerle un "saludo protocolario".
Agudo, asimismo, describió la relación de Cosidó y Martínez como "cordial" en un inicio y "tensa" después, por "disfunciones" o "algún tipo de encontronazo". Respecto al ministro Fernández Díaz, el policía indicó que no cree que "recibiera órdenes de nadie", aunque admitió desconocer si las recibía o no y, en su caso, de quién.
A preguntas de la diputada de Vox, Macarena Olona, Pedro Agudo reconoció que coincidió brevemente en dos ocasiones con Villarejo, cuya detención en 2017 desencadenó la macrocausa que se investiga en la Audiencia Nacional. La primera fue siendo jefe de gabinete de Cosidó, cuando se asomó a su despacho llamándole "Pedrito". "Me quedé un poco extrañado, pero tiene un lenguaje muy curioso, muy tronco. No le di más importancia", explicó. La segunda fue en los Juzgados de Plaza de Castilla, cuando Agudo, como jefe de la unidad policial adscrita a dichos juzgados, le recibe cuando el comisario acude a declarar como testigo por el caso pendrive que afectaba a la familia de los Pujol.
El comisario Pedro Agudo negó conocer el origen de los informes sin firma atribuidos a la UDEF [como el famoso borrador difundido en las vísperas de las elecciones autonómicas de noviembre de 2012] y evitó valorar "como jurista" la figura del agente encubierto, como el propio Villarejo se definía a sí mismo y que el excomisario Jose García Losada calificó de un cuento", un "montaje para ganar dinero a cuenta de repetir que fue un agente encubierto", en su intervención del miércoles en esa misma comisión.
Como viene siendo la tónica, y así le ha remarcado una vez más la presidenta de la comisión, Isaura Leal, cancelando su intervención, el portavoz del PP, Luis Santamaría, utilizó su tiempo de preguntas para realizar una exposición sin hacer preguntas al compareciente, en la que ha relacionado todos los temas en los que el comisario Villarejo hizo alusión a Podemos, y los dos casos instruidos en los Juzgados de Plaza Castilla en los que a intervención de Agudo fue determinante y polémica: el caso Infancia Libre, y el relativo a los contratos de Podemos con la empresa Neurona. Con respecto de su participación y conocimiento de las investigaciones en las que participa su unidad auxilia en estos juzgados, Agudo dijo que como jefe de unidad "firmaba los informes" pero que no tenía conocimiento "al detalle" de todas las investigaciones, "ni de la mitad".
Cruce de mensajes entre Francisco Martínez y Pedro Agudo Novo (6 de febrero de 2019)
Ex secretario de Estado. Y Cosido.... sin comentarios.... Ya sé que sois muy amigos pero me ha hecho una gran putada
Policía Pedro Agudo. Lo he visto. Te ha dado visibilidad Sois los dos, paco. Yo no me defino aquí De hecho no he hablado con el de eso
Ex secretario de Estado: Me ha puesto en el ojo del Huracán
Policía Pedro Agudo: Si Innegable
Ex secretario de Estado: Sin ninguna necesidad ¿Tú q tal con Manolo?
Policía Pedro Agudo: Sustituir a Diego [Diego de Egea primer juez del Caso Villarejo] significa asuntos nuevos para el nuevo juez de apoyo ¿Es correcto no? Manolo debería seguir con tándem y kitchen ¿no?
Ex secretario de Estado: Así es Tú le conoces bien, ¿no??
Policía Pedro Agudo: Muy bien. Muy amigos 5 años juntos. Le hacía hasta los informes Y con Ramón Navarro [Jose Ramón, presidente de la Audiencia Nacional desde enero de 2014] también me llevo muy bien De hecho, me dijo que me fuese allí que dejara esto
Ex secretario de Estado: Joder, pues nos tienes que echar una mano porque los fiscales son auténticos talibanes y creo que él ni se está mirando el tema....
Policía Pedro Agudo: Yo creo que Manolo no cruzará el aforamiento Como mucho os preguntará por escrito. Pero es una opinión Me gustaría ir allí destinado Hay una jubilación de un IJ Seria más útil
Ex secretario de Estado: ¡Y a mí que fueses!
Policía Pedro Agudo: Voy a ver
Ex secretario de Estado: ¿Tu podrías hablar con él, en un momento dado??
Policía Pedro Agudo: Por lo menos orientarle. Y más si me pregunta. Manolo no creo que tenga intención de dañar, Paco.
Ex secretario de Estado: Yo eso lo se, pero creo que está desbordado de los fiscales, que están totalmente politizados.
ANTICORRUPCIÓN INSISTE EN EL PAPEL "PROTAGÓNICO" DE COSPEDAL EN KITCHEN Y PIDE SU IMPUTACIÓN
La Fiscalía sostiene que participó en la captación del chofer de Bárcenas como espía
La Fiscalía Anticorrupción ha insistido en un nuevo escrito en que la intervención de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, en la Operación Kitchen está "claramente reflejada" en las pruebas que obran en esta pieza separada de Tándem. Así lo ha plasmado en su oposición al recurso presentado por el comisario Andrés Gómez Gordo contra su procesamiento por el dispositivo que se habría desplegado entre 2013 y 2015 desde el Ministerio de Interior con recursos policiales y fondos reservados para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas con el objetivo de robarle la documentación comprometedora que pudiera tener del partido y sus dirigentes y evitar que llegara a la Justicia.
En el escrito, que ha avanzado El País, los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas afirman que Gómez Gordo "tuvo un papel activo y, en algunos casos, protagonista" en la Kitchen, empezando por la captación del entonces chofer de los Bárcenas, Sergio Ríos, como espía de la trama. Sobre esto, Gómez Gordo ha alegado que, siguiendo las instrucciones del entonces jefe de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), Eugenio Pino, se limitó a poner en contacto a Ríos con el comisario José Manuel Villarejo, si bien ha negado en todo momento que Cospedal y López del Hierro intervinieran en dicha gestión.
Por contra, Fiscalía considera que "esta intervención queda claramente reflejada" tanto en las agendas personales de Villarejo como en las comunicaciones que mantuvo con López del Hierro por medio de una línea de teléfono que el empresario ha reconocido como propia.
En este sentido, el Ministerio Público recalca que también son "plenamente coincidentes" los apuntes manuscritos de Villarejo relativos a la captación de Ríos con otros tres interlocutores telefónicos: Cospedal, Gómez Gordo y Luis de Grande Ortiz.
Anticorrupción mantiene de este modo la línea argumental expuesta en su recurso de apelación contra el auto del pasado 29 de julio por el que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, puso fin a la investigación de 'Kitchen'.
Los fiscales acusaron al juez de trazar una "línea roja" para no avanzar hacia la trama política y acotar el espionaje parapolicial a Bárcenas al Ministerio de Interior. Por ello, pidieron reabrir las pesquisas y volver a imputar a Cospedal, apuntando además a una "posible" responsabilidad del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy.
En este último escrito, abogan por mantener la imputación de Gómez Gordo no solo por su "inestimable colaboración" para captar a Ríos, sino porque señalan que le habría pagado al menos en tres ocasiones -por valor de unos 2.000 euros mensuales a cargo de los fondos reservados- y que habría recibido la información que el chofer conseguía del matrimonio Bárcenas. Afirman asimismo que Gómez Gordo "fue el funcionario policial que grabó en la base de datos policial GATI un 'parte informativo'" para "para dar apariencia de licitud a los seguimientos e interceptación de documentos llevados a cabo en la 'Operación Kitchen'".
EL JUEZ EXCLUYE AL CNI DE LA INVESTIGACIÓN 'KITCHEN' A PESAR DE LOS INDICIOS
La Fiscalía descarta que los servicios secretos iniciaran el espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas a instancia del Gobierno de Rajoy | Podemos, acusación particular en el caso, no ha pedido la testifical de Sanz Roldán pero quiere que vaya al Congreso
«Entiendo que hablamos mañana en cuanto tengas el contacto Cecilio. Yo estaré viajando pero totalmente en guardia y conectado». En la madrugada del 2 de agosto de 2013, el entonces secretario de Estado de Seguridad (Francisco Martínez) intercambiaba este mensaje SMS con el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. «Yo lo tendré al acabar el Consejo [de Ministros], así hemos kedado. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info…», le contestó su interlocutor. El mensaje en clave hacía referencia a conseguir el contacto en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a cuyos miembros se conoce en el argot policial como cecilios.
La conversación tenía lugar semanas después de que se hubiera puesto en marcha desde el Ministerio del Interior un dispositivo policial -sin conocimiento de la autoridad judicial- para obtener presuntamente documentación que custodiaba Luis Bárcenas aprovechando que éste se encontraba en prisión preventiva por su implicación en el caso Gürtel y utilizando para ello al chófer de la familia del ex tesorero del PP (Sergio Ríos), al que se remuneró su trabajo como topo con pagos procedentes de los fondos reservados. Es la operación bautizada por el comisario Villarejo como Kitchen, puesta en marcha supuestamente para interceptar papeles y lápices de memoria con información que podría comprometer a Mariano Rajoy y a otros cargos del partido entonces en el Gobierno y evitar que llegara a manos de la Justicia.
No es la única mención a los servicios secretos del Estado en el sumario que comenzó a instruir el juez Manuel García-Castellón a finales de 2018 como pieza separada de la macrocausa en la que se investigan los encargos a Villarejo. Con todo, el magistrado dio por concluida la investigación el pasado 29 de julio apreciando sólidos indicios de que el despliegue se decidió en Interior sin la participación de instancias políticas superiores. Así, ha propuesto juzgar a Fernández Díaz, Francisco Martínez, al ex número dos de la Policía Eugenio Pino y a otros agentes, archivando la causa para la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y descartando citar siquiera como testigo al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó.
Desarrollado entre los años 2013 y 2015, uno de los agentes que participó en aquel dispositivo -calificado como «parapolicial» por la Fiscalía Anticorrupción- fue el comisario Villarejo, entonces en la recta final de su carrera profesional. Las conversaciones que él grabó de forma subrepticia acreditan cómo trató de ganarse la confianza del chófer de Bárcenas para acceder a documentos que éste pudiera custodiar. Él mantiene que el CNI participó en ese despliegue.
Así lo afirmó en un escrito presentado en el juzgado el pasado 19 de julio con el que pedía al instructor de la causa que le devolviera las más de «mil microcintas datadas con anterior al año 2000» y que le levantara el bloqueo de las cuentas para atender diversas obligaciones de pago, entre otras cuestiones. «Como ya se ha manifestado con ocasión de la pieza Kitchen, la intervención en dicha acción del CNI y [la Unidad de] Asuntos Internos ha sido forzosamente desvelada a regañadientes y solo por la insistencia de su Señoría, que debió sospechar desde hace tiempo que algo no cuadra», exponía.
La Fiscalía descarta que los servicios secretos iniciaran el espionaje a Bárcenas a petición del Gobierno de Rajoy
El enfrentamiento entre el comisario ya jubilado y el ex director del CNI Félix Sanz Roldán viene de lejos y es suficientemente conocido. El primero responsabiliza al general conquense de su detención en noviembre de 2017 y la apertura de la macrocausa que instruye la Audiencia Nacional alrededor de sus negocios privados. Sólo en las tres primeras líneas de investigación que irán a juicio este miércoles, la Fiscalía Anticorrupción pide para él más de 100 años de prisión como cabecilla de una organización «parapolicial» con la que se habría enriquecido aprovechando sus contactos en la Policía Nacional y su condición especial en el Cuerpo.
Adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) en la última etapa, Villarejo actuaba como un agente encubierto que no tenía despacho propio pero que participó en las operaciones más delicadas para el Estado durante décadas, tanto para gobiernos socialistas como del PP. Él defiende que sus superiores siempre le permitieron desarrollar su negocio de asesoramiento legal e inteligencia para empresas privadas. De hecho, sostiene que sus sociedades se utilizaron en operaciones secretas, también en colaboración con el CNI.
El papel del ex colaborador del CNI
No en vano, como publicó El Independiente, el empresario que presentó la primera denuncia contra José Manuel Villarejo en la Fiscalía Anticorrupción de manera anónima, Francisco Menéndez, afirmó que lo pactó con un ex colaborador del CNI que le ofreció ayudarle con un problema «tributario».
Menéndez aportó información de cuentas asociadas a empresas de Villarejo en sociedades offshore y puso en bandeja su detención por la realización del denominado ‘Informe King’ para un hijo del gobernante de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang sobre trapos sucios de su hermano, que también optaba a la sucesión. El comisario cobró más de 5 millones de euros presuntamente por ese trabajo. La confesión le permitió a Menéndez evitar una acusación con petición de cárcel por introducir a ciudadanos guineanos en España de manera irregular con la ayuda del entonces comisario jefe del puesto fronterizo de Barajas, Carlos Salamanca, que se enfrenta a diez años de prisión y que fue quien puso a Villarejo en contacto con el hijo de Obiang.
Ya como investigado en la Audiencia Nacional, Villarejo sitúa a su némesis Sanz Roldán como muñidor de su caída a los infiernos, así como al CNI que dirigía como impulsor del operativo Kitchen. El comisario ve la mano de los servicios secretos en su detención y envío a la cárcel por denunciar supuestas irregularidades que atribuía a su anterior director.
No es el único investigado en la pieza 7 del caso Tándem que ha mencionado al ex jefe del CNI. Para contextualizar el mensaje relativo al ‘contacto Cecilio’ que el ex secretario de Seguridad Francisco Martínez afirma que le envió el ex ministro Fernández Díaz, el primero dio una explicación ante el juez el pasado mes de julio en la que implicó a Sanz Roldán. Afirmó que el titular de Interior sospechaba que alguien cercano a Luis Bárcenas colaboraba con la Policía. Con la intención de encontrar las pruebas de que sólo el ex tesorero del PP y no otras personas -sostuvo Martínez en sede judicial- había incurrido en conductas perseguibles penalmente, le pidió que hablara con Félix Sanz Roldán para ver si tenía alguna información al respecto.
«El día 1 de agosto [de 2013] se había producido una comparecencia parlamentaria en el pleno [del Congreso], algo bastante poco frecuente, del presidente del Gobierno a propósito de los mensajes que habían salido filtrados en la prensa que al parecer había intercambiado con el señor Bárcenas», declaró Martínez el pasado 13 de julio.
«El presidente del Gobierno dice en varias ocasiones que él se ha equivocado con el señor Bárcenas, pero que el señor Bárcenas es el único que ha utilizado fondos y que tiene cuentas en el extranjero […] Yo creo que en ese momento, lo que se plantea en un nivel en el que yo ni participaba ni tomaba decisiones, en un nivel de Consejo de Gobierno, es que hay que conseguir que todo lo que pruebe las responsabilidades penales individuales del señor Bárcenas tiene que ponerse a disposición de la Justicia y que esa investigación tiene que ser exhaustiva. Y por eso el ministro me dice en esa fecha que me va a dar un contacto en el Centro Nacional de Inteligencia para que yo coordine, que eso era mi función en gran medida, coordinar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado con otros servicios extranjeros o nacionales. Y para que yo coordine la posible puesta a disposición de los investigadores de información sobre esta cuestión que pudiese tener el Centro Nacional de Inteligencia. Yo le digo que estaré pendiente, me dice que me lo dará después. Cuando hablamos después, y esa parte ya no aparece en los mensajes, me dice que contacte con el responsable del Centro Nacional de Inteligencia, con el director, con el cual yo hablaba con bastante frecuencia, por razones fundamentales. Yo llamo al director del Centro Nacional de Inteligencia que me dice que ciertamente que ésa no es una cuestión que esté dentro de su ámbito, de su actividad digamos de inteligencia y demás, pero que como ellos tienen efectivamente acceso a mucha información, si tuviesen información sobre dinero en el extranjero, testaferros… del señor Bárcenas o de su entorno, la pondrían por los conductos habituales a disposición de la Policía», amplió.
Fernández Díaz niega directamente que existiera la citada llamada, al tiempo que rechaza que él enviara los mensajes que su subordinado protocolizó ante un notario de Mahón (Menorca), según traslada su defensa a este diario. Cuando el pasado mes de noviembre mantuvo el careo con su número dos, el ex ministro sostuvo que se enteró de que el término ‘Cecilio’ se utilizaba para hablar de los miembros del CNI «por la prensa».
Después de casi tres años de pesquisas, el juez García-Castellón dio por concluido el pasado mes de julio la instrucción del caso Kitchen, si bien la última palabra la tendrá la Sala de lo Penal tras recurrir Anticorrupción el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. El Ministerio Público ve motivos para procesar a María Dolores de Cospedal y para que se cite a declarar en la causa a Cosidó, máximo responsable de la Policía entonces. En dicho escrito, la Fiscalía apuntó a un posible origen de la investigación en los «servicios de seguridad del Estado», si bien las fuentes fiscales consultadas por este medio descartan que eso quiera decir que apuntan a que el operativo se inició en el CNI por encargo del Gobierno.
Por su parte, la acusación popular de la causa ejercida por Unidas Podemos no ha pedido al juez que cite a declarar ni como testigo ni como investigado a Félix Sanz Roldán, hoy asesor de la Presidencia de Iberdrola. Y ello a pesar de que el grupo confederal en el Congreso de los Diputados sí ha pedido que el ex director del CNI comparezca en la comisión de investigación Kitchen, en la que se busca determinar eventuales responsabilidades políticas por la utilización de medios económicos y personales del Estado en beneficio del PP.
¿Vigilancia a Bárcenas antes de ‘Kitchen’?
Lo que ha evidenciado la investigación es que quienes participaron en el dispositivo ilegal de seguimiento a Bárcenas y su entorno contaron con la colaboración del chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, quien cobró 2.000 euros al mes durante dos años de los fondos reservados del Estado e ingresó en la Policía con 42 años gracias –considera el instructor de la causa– a su participación en Kitchen. Él, entre los procesados, defiende que siempre pensó que se trataba de una operación legal para entregar la información obtenida a la Justicia.
Antes incluso de que comenzara tal operativo -el instructor fecha el arranque en julio de 2013- Bárcenas ya sospechaba que estaba siendo sometido a seguimientos. Así lo manifestó en el juicio por la destrucción de sus ordenadores que quedaron en la sede central del Partido Popular cuando fue despedido. Durante aquél juicio de junio de 2019, en el que declaró como testigo, ubicó la destrucción de los discos duros de sus ordenadores por la que el partido se sentó en el banquillo y acabó absuelto como un episodio más de la operación Kitchen. Aseguró que tales discos duros que quedaron ilegibles contenían información de la caja B de PP entre finales de los 90 y 2009.
Tanto en sede judicial como en su comparecencia en el Congreso, el comisario principal ya jubilado Enrique García Castaño -conocido como El gordo y ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), responsable de los seguimientos y pinchazos en el Cuerpo Nacional- reveló que Luis Bárcenas fue espiado por «motoristas con cámaras» colocadas en los cascos, portando las motocicletas que conducían «matrículas y documentación falsa». En su opinión, esos seguimientos los llevaron a cabo «otros servicios de información de otros cuerpos, presuntamente Guardia Civil y CNI».
García Castaño mantuvo en la Cámara Baja que se trató de una vigilancia paralela «al entramado de la esposa del señor Bárcenas». «Nosotros siempre hemos notado -eso lo he declarado en sede judicial- que éramos los tontos de la película. Así lo he dicho, porque veíamos cosas muy raras, muy extrañas», indicó. Y añadió: «Nosotros lo investigamos y no pudimos llegar a más porque las matrículas eran falsas. Hay fotos, se han publicado en la prensa».
Anticorrupción está acudiendo a la Sala de lo Penal ante las decisiones de García Castellón de cerrar piezas sin consultarle y dejando flecos sin esclarecer
Los escritos del Ministerio Público han ido subiendo de tono ante instrucciones que ve incomprensibles y decisiones precipitadas
La pieza 7, la pieza 21, la pieza 10... El caso Villarejo se está empezando a llenar de líneas de investigación a las que el juez va poniendo fin y propone mandar a juicio sin la opinión favorable de la Fiscalía Anticorrupción, que no sólo recurre al considerar que ha habido un "cierre en falso", sino que va elevando el tono en sus escritos ante la que es, en su opinión, una incomprensible actuación del instructor. No ocurre en todas las piezas –una treintena desde que se abrió esta macrocausa en noviembre de 2017–, pero en los últimos meses se ha repetido el esquema: el magistrado considera que se ha agotado la investigación sin consultar a los fiscales, que rápidamente recurren directamente a la Sala de lo Penal, el tribunal que revisa la actuación instructora, pidiendo una corrección.
Esta situación ha ocurrido en algunas de las piezas más mediáticas y con intereses políticos y económicos en juego como la número 10, la del robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, exasesora de Podemos, y la publicación de parte de su contenido en medios de comunicación, que fue cerrada hace un año; y más recientemente la 7, la que investiga la conocida como operación Kitchen de espionaje a Luis Bárcenas; y la número 21, el encargo al comisario jubilado José Manuel Villarejo realizado desde Repsol y Caixabank. En los tres casos, Anticorrupción habla de cierres en falso y explica en sus extensos recursos todas las diligencias que, a su modo de ver, han faltado por practicar para agotar todas las vías de investigación antes de enviar las causas a juicio.
El último movimiento del juez Manuel García Castellón ha sido dictar el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento– en la pieza 21 sin esperar a que la Sala de lo Penal resuelva los recursos tanto de la Fiscalía como de la acusación particular que ejerce el expresidente de Sacyr Luis del Rivero contra el sobreseimiento ordenado hace menos de dos meses para Caixabank y Repsol y sus respectivos presidentes, Isidro Fainé y Antonio Brufau.
"No resulta procedente dictar un pronunciamiento de clausura de la instrucción, ni siquiera de carácter provisional, como de modo totalmente extemporáneo se ha decidido por el magistrado, de oficio y sin dar previo traslado al Ministerio Fiscal, lo que viene a suponer el cierre en falso de una compleja instrucción que tiene por objeto delitos desarrollados en el marco de la corrupción económica", reprocharon los fiscales del caso Villarejo el pasado mes de julio.
Apenas unas semanas imputadas
Sólo hacía unas semanas que García Castellón había imputado a las empresas como personas jurídicas por los trabajos de espionaje encargados al comisario jubilado y tomó la decisión de exonerarlas apenas transcurridos sólo unos días de tomar declaración a sus representantes. El auto de sobreseimiento para Caixabank y Repsol, dictado a finales del pasado julio, también incluyó a Fainé y Brufau, que estuvieron investigados tres meses. Una decisión que choca frontalmente con los autos en los que fueron citados a declarar como investigados, firmados por el propio juez y muy duros con la supuesta actuación que les atribuía en la contratación de Villarejo.
El objeto de investigación de la pieza 21 es elproyecto Wine, el encargo que Repsol y CaixaBank hicieron hecho al comisario para frustrar el asalto de Sacyr a la petroleraproyecto Wine a través de la empresa mexicana Pemex, un encargo por el que se desembolsaron más de 413.000 euros. Para el magistrado, de lo que se ha instruido sólo ve indicios para enviar a juicio a los jefes de Seguridad de Repsol Rafael Araújo Bernabé y de Caixabank Miguel Ángel Fernández Rancaño, al subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de la petrolera Rafael Girona, así como a Villarejo, el socio de éste Rafael Redondo y al también comisario jubilado Enrique García Castaño. Para los fiscales, sin embargo, era necesario realizar más diligencias para aclarar la posible implicación de las empresas y de sus presidentes en la contratación, sobre todo en lo que respecta a la eficacia de los sistemas de control de las compañías para evitar actividades corruptas.
Permitir el éxito de la trama corrupta
Algo similar ha ocurrido con la pieza 7, la que indaga en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para robar información sensible que pudiera afectar al partido en los tribunales. La secuencia fue la siguiente: el 2 de junio pasado, el juez imputó a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, en un auto en el que apuntaba a que el cerebro de la operación Kitchen estuvo en la séptima planta de la sede central de la calle Génovacerebrooperación Kitchen; ambos fueron a declarar a finales de ese mes; ni treinta días más tarde, y a la vez que Fainé y Brufau, García Castellón les exoneró en el auto en el que dio por concluida la instrucción.
Era más que previsible el recurso que acabó presentando la Fiscalía Anticorrupción, que no se ahorró en palabras gruesas hacia la instrucción del magistrado. "Incomprensible", "caótica", "precipitada", "inconcebible" son algunos de los adjetivos que utilizaron y expusieron ampliamente los flecos que, a su parecer, habían quedado sin investigar, que no son pocos y que convergen en la presunta implicación del PP en la trama. En este recurso elevaron el tono, llegando a advertir de que cerrar la pieza sin agotar todas las vías para encontrar el material robado a Bárcenas sería como asegurar el éxito del operativo ilegal.
El empeño con Pablo Iglesias
Como en el caso de Repsol y Caixabank, los fiscales han acudido directamente a los magistrados de la Sala de lo Penal, saltándose el trámite del recurso de reforma ante el propio instructor, lo que indica que lo consideran inútil dados los argumentos esgrimidos por García Castellón en sus autos. También lo hicieron hace un año, tras el cierre de la pieza 10, la conocida como caso Dina. En aquella ocasión, Anticorrupción también habló de cierre en falso y de "cercenar los derechos" de acusaciones e investigados.
Por un lado, el magistrado de la Audiencia Nacional había propuesto mandar a juicio esta pieza separada "sin practicar una sola diligencia en la dirección" que le marcó la Sala de lo Penal cuando le obligó a devolver al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias la condición de perjudicado. En concreto, seguir indagando en cómo acabó la tarjeta del móvil de Bousselham en medios de comunicación como Okdiario meses después de que la revista Interviú se la facilitara a Villarejo. Para los fiscales, el juez descarta los indicios de que fue el comisario o algún miembro de su "organización criminal" quien entregó al medio que dirige Eduardo Inda, así como a El Confidencialy a El Mundo, información contenida en la tarjeta "presuntamente robada" a la exasesora de Podemos.
Mientras cerraba esta pieza sin agotar la investigación, al mismo tiempo García Castellón pedía al Tribunal Supremo investigar a Pablo Iglesias, cosa que el alto tribunal rechazó aduciendo que, efectivamente, quedaban flecos sin esclarecer. Un año después, el instructor sigue esperando informes que encargó a la policía judicial para determinar una posible responsabilidad del exlíder de Podemos en los daños que presentaba la tarjeta de móvil de su excolaboradora. Y aún está pendiente que la Sala de lo Penal resuelva todos los recursos que se presentaron tras el cierre de la instrucción y que incluyen, además del citado de la Fiscalía, los de Bousselham e Iglesias como perjudicados y los de los periodistas de Interviú procesados. El retraso ya ha cumplido los doce meses sin que se sepa muy bien el motivo de esta dilación.
Advierten de que cerrar la investigación sin agotar todas las vías para encontrar el material robado a Bárcenas sería como asegurar el éxito del operativo ilegal
Las otras ramificaciones de la trama, el dinero malversado y la pista del PP: los flecos de una investigación que García Castellón ha dejado a medias
"Incomprensible", "caótica", "precipitada", "inconcebible" son algunos de los adjetivos que Anticorrupción usa para calificar la actuación de García Castellón
Un cierre en falso de la investigación. Es la conclusión que se extrae de los extensos recursos que han presentado la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares y particulares ante el fin de la instrucción de la pieza 7 del caso Villarejo, la conocida como operación Kitchen. Uno por uno, los escritos enumeran todos los indicios que, en su opinión, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dejado sin esclarecer, dejando así una buena cantidad de flecos que no han sido aclarados. Uno de ellos, de los más importantes: el material robado a Luis Bárcenas. La negativa del instructor a seguir indagando en su paradero sería, a juicio de los fiscales, como asegurar el éxito de la operación ilegal.
No es poco lo que creen las acusaciones que falta por investigar. Desde una mención a la vinculación directa de esta trama parapolicial con la investigación del caso Gürtel, pues eran pruebas de éste lo que se pretendía destruir; pasando por seguir indagando en las otras ramificaciones que tuvo la Kitchen más allá de los inmuebles de la familia Bárcenas y que se extendieron hasta la cárcel de Soto del Real, así como tratar de determinar el dinero público malversado durante los aproximadamente dos años en que estuvo en marcha la operación (2013-2015); hasta llegar a lo que las acusaciones ven como el centro de todo el entramado: el PP que entonces dirigía Mariano Rajoy, donde sospechan que se gestó toda la trama –o al menos tuvo conocimiento– y sobre lo que el magistrado apenas ha indagado. Una imputación exprés de María Dolores de Cospedal, que apenas se prolongó dos meses, son todas las pesquisas que el instructor ha dedicado a esta pista.
Era previsible que las acusaciones recurrieran el cierre de la instrucción, visto que el juez había rechazado de plano sus peticiones de alargar las pesquisas y de practicar nuevas pruebas. Ante una actuación procesal que los fiscales llegan a calificar de "caótica", la prueba de fuego se presentará ahora en la Sala de lo Penal, es decir, un tribunal de tres magistrados que tendrá en sus manos decidir si obliga a ampliar las pesquisas o confirma el fin de la causa y la envía a juicio. No sería la primera vez que la Sala revoca una decisión de un juez de instrucción. De hecho, todas las partes personadas en este procedimiento, esto es, acusaciones y las defensas de los procesados, han recurrido y unos lo han hecho en reforma, ante el propio magistrado, subsidiario de apelación, ante la Sala, mientras que otros han ido directamente a la Sala. El tribunal resolverá este otoño.
¿Y dónde están los papeles?
No dejan escapar los fiscales y las acusaciones quizá el quid de la cuestión más importante de esta investigación: ¿qué quería robar a Bárcenas el operativo ilegal? Supuestamente se trata de documentación y grabaciones que implicarían directamente al PP en la financiación ilegal que en aquellos momentos se había comenzado a investigar en la Audiencia Nacional. El juez y las acusaciones coinciden en señalar que la operación Kitchen tuvo éxito, pero ¿dónde están los documentos? En lo que difieren es en la necesidad de seguir indagando para averiguar el paradero. Un fleco más que se ha quedado sin esclarecer y que los fiscales insisten en completar todas las pesquisas posibles, algo que García Castellón ya ve "innecesario".
Lo que Anticorrupción traslada a la Sala de lo Penal es que sería conveniente una nueva declaración del inspector José Ángel Fuentes Gago basándose en uno de los apuntes que figuran en los diarios personales del comisario Villarejo: "Lo que le quitaron a LB esta en el despacho de GAGO".
"Cómo no va a ser objeto de la presente investigación obtener las evidencias del acceso por parte del operativo policial al material que se encontraba en poder de Luis Bárcenas y, en consecuencia, la recuperación de esa información, cuando es el propio instructor el que afirma que se han efectuado varias diligencias, sin éxito, encaminadas a la búsqueda de este material. La ratificación de la inconcebible posición del instructor a este respecto traería como consecuencia, más allá del enjuiciamiento de los partícipes en este gravísimo hecho delictivo en atención a los numerosos indicios, que la ilícita operación policial (o, si se llega a acreditar, política) conocida como operación Kitchen habría logrado plenamente sus objetivos", afirman los fiscales. En resumen, dejar de investigar hasta las últimas últimas consecuencias sería como contribuir a asegurar que el operativo ilegal consiguió su propósito haciendo desaparecer información comprometedora para el PP.
Rajoy y Cospedal, en la mira de Fiscalía
Es esa pata política de la operación Kitchen que Anticorrupción ve clara y que el juez García Castellón desdeña la principal que se ha quedado sin investigar por completo. Y es que el instructor tomó declaración a Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y no hizo nada más por averiguar si éstos tuvieron alguna relación con la trama. Para la Fiscalía sí está claro, pues considera que era el PP era el principal interesado en robar documentación a su extesorero y, por tanto, la que era la número dos del partido protegía esos intereses.
El escrito de la Fiscalía es muy contundente en sus más de 90 páginas y no deja lugar a dudas: la exoneración de Cospedal y su esposo es "precipitada" y "extemporánea", y hacía falta seguir indagando para "el total esclarecimiento de los hechos". ¿La razón? Sencillamente, que Anticorrupción cree que el matrimonio ha mentido en sede judicial o, al menos, ha caído en contradicciones, por lo que ve "incomprensible" que el juez les libre de todo tan fácilmente. No dicen los fiscales que se haya demostrado que la ex secretaria general del PP y el empresario fueran los responsables de la trama Kitchen, pero reprochan al juez que ni siquiera siga indagando vistas las "contradicciones" en las que, en su opinión, cayeron ambos en sus declaraciones como imputados.
Así, el Ministerio Público acusa directamente a García Castellón de imponer una especie de "cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación". Un cordón que se extiende hasta la negativa para investigar los posibles contactos que, según el comisario José Manuel Villarejo, éste mantuvo con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Según el expolicía, le facilitaron durante varios meses varios teléfonos móviles y él iba enviando mensajes a un teléfono que ha facilitado al juzgado al que contaba las novedades de la operación. Al otro lado de ese teléfono, dice, estaba Rajoy.
Según la Cadena Ser, la Policía informó al juez de que uno de los números aportados por Villarejo pertenecía al PP, tal y como han podido corroborar con la compañía telefónica, y que fue dado de alta por la formación política el 31 de diciembre de 2011, dándolo de baja el 12 de julio de 2018, periodo que coincide prácticamente con el tiempo en el que Rajoy fue presidente del Gobierno.
La Fiscalía Anticorrupción apunta en su recurso a "una posible responsabilidad" del expresidente y afea al magistrado que "se quiere delimitar artificialmente" la operación Kitchen al ámbito del Ministerio de Interior. Que el operativo lo desarrollasen comisarios con "conocimiento y protección" del departamento que dirigía Jorge Fernández Díaz "no implica que las posibles responsabilidades fuera de ese ámbito, en concreto, del presidente del Gobierno y de los dirigentes del PP, no constituyan el objeto del procedimiento". Por tanto, cree que es "imprescindible" dilucidar "si los funcionarios policiales y los máximos responsables del Ministerio de Interior "actuaban en concierto con dirigentes del partido político gubernamental".
Dado que el juez García Castellón dejó claro en su auto de fin de la instrucción que no daba credibilidad a las afirmaciones de Villarejo sobre Rajoy, Anticorrupción ha optado por acudir directamente a la Sala de lo Penal como último intento para obligar al magistrado a reabrir las pesquisas y poder indagar en la responsabilidad política de la trama parapolicial de espionaje a Bárcenas. Y es que no sólo las acusaciones ven al PP como posible centro neurálgico de la Kitchen: el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz lo sugiere de forma implícita en su recurso contra su procesamiento.
Ya lo venía a apuntar el exministro en el primer recurso que presentó en la Audiencia Nacional, cuando fue imputado hace ahora un año. Ahora, quien fuera uno de los más estrechos colaboradores de Mariano Rajoy, insiste en que es “realmente preocupante” que el magistrado concluya la instrucción "limitando el objeto de investigación al entorno del Ministerio del Interior” y “considerando que la operación Kitchen se ideó y ejecutó en el marco institucional de dicho ministerio”. “Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interioroperación Kitchen. Y es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior”, subraya.
Llamativa en toda la investigación de esta pieza 7 del caso Villarejo es la ausencia de Ignacio Cosidó. No ha sido citado a declarar ni una sola vez, ni como testigo ni como imputado, en los casi tres años en que ha estado abierta la instrucción a pesar de que dirigía la Policía en los años del operativo ilegal, ocho mandos policiales de los que era responsable han sido procesados, así como sus superiores inmediatos en el Ministerio del Interior. Ni siquiera para preguntarle si llegó a oír o a conocer la operación. La Fiscalía tiene claro que debe ser citado como investigado.
Las otras Kitchen
Pero no sólo queda el PP por investigar. La instrucción ha revelado que los tentáculos de la Kitchen se llegaron a extender al ámbito carcelario, concretamente al centro de Soto del Real en el que el extesorero del PP ingresó en julio de 2013. Y sigue planeando la sospecha sobre el falso cura, de nombre Enrique Olivares, que secuestró a la mujer y el hijo de Bárcenas en su domicilio, hechos por los que cumple condena. Las dudas sobre estos dos posibles operativos paralelos no han sido resueltas aún y su confirmación podría sumar nuevos investigados de las fuerzas de seguridad del Estado.
No es algo menor, pues cuantos más efectivos, más colaboradores y más medios se destinaran a esta operación ilegal, más dinero público proveniente de los fondos reservados implicó. Más si cabe cuando el propio García Castellón subrayaba en el auto de cierre de la pieza que de la investigación "se desprenden disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos que habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal como el presunto enriquecimiento de altos mandos policiales".
Las palabras "fondos reservados" son una constante en el auto del magistrado. Las menciona no pocas veces para exponer la gravedad que supusieron los hechos investigados y para exponer el por qué del delito de malversación por el que propone juzgar a once imputados, todos ellos funcionarios públicos o cargos políticos que tuvieron responsabilidad sobre millones de euros de dinero público que en teoría debían financiar operaciones policiales que pueden afectar a la seguridad del Estado, no para satisfacer los intereses particulares de un partido político, intereses que, además, eran ilegales porque se pretendía sustraer pruebas de una investigación judicial.
El juez no llega a cuantificar una cifra aproximada de cuántos fondos reservados se gastaron ilícitamente en la operación Kitchen. Hasta el momento sólo ham quedado acreditados los 2.000 euros al mes, más gastos, que estuvo percibiendo el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, por hacer de confidente para los comisarios que estaban liderando el operativo. Esto es, al menos 53.000 euros. A esto habría que añadir los 700 euros que costó la pistola que le facilitó el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño, más el material informático que éste habría cargado a esos mismos fondos.
Por tanto, aún queda mucho por averiguar en este sentido, más aún cuando pudo haber más operativos ilegales en marcha para el "control" de Bárcenas. Los fiscales plantean profundizar en las pesquisas sobre un antiguo compañero de cárcel de Bárcenas, Isidro Sánchez, a quien el extesorero habría dado indicaciones para que en un permiso penitenciario borrara la supuesta grabación del expresidente Rajoy y Javier Arenas hablando de la contabilidad opaca del PP. También quieren volver a investigar al falso cura (encargar un nuevo informe psicológico, rastrear sus cuentas bancarias, etc.).
Anticorrupción pide en su recurso investigar "una fase más" del espionaje que Bárcenas sufrió en prisión y romper la "línea roja" que el juez ha trazado alrededor del PP. La Sala de lo Penal tendrá la última palabra sobre los recursos de acusaciones y defensas
Tres jueces de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal decidirán si el caso Kitchen debe ceñirse al sabotaje de la causa de la caja B del PP, ideado y desarrollado dentro de los márgenes del Ministerio del Interior, o si hay que seguir investigando la presunta implicación de la cúpula del partido, a la que pertenecían los mayores beneficiados de la operación. Esta semana han terminado de presentarse los recursos pendientes contra el auto del juez Manuel García Castellón que puso fin a la instrucción, una decisión que acusaciones y defensas coinciden en considerar "precipitada" y un "cierre en falso".
En su escrito, la Fiscalía Anticorrupción recupera los indicios que el juez ha despreciado contra Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, así como otras puertas que el magistrado García Castellón cerró. Entre ellas, quién está detrás del falso cura que asaltó el domicilio de los Bárcenas o el esclarecimiento de "una fase más" de Kitchen desarrollada en el interior de la cárcel donde permanecía el extesorero del PP en régimen de prisión preventiva.
La Fiscalía y las acusaciones populares, que ejercen Podemos y PSOE, han decidido recurrir ante la Sala de lo Penal, la instancia superior a García-Castellón. La Sección que resuelve los recursos contra las decisiones del magistrado en la causa Tándem es la Tercera, presidida por el magistrado Alfonso Guevara. Esta sección ya ha corregido en el pasado relevantes decisiones de García Castellón, entre otras la de retirar la condición de perjudicado a Pablo Iglesias en el caso Dina.
Fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por elDiario.es no se atreven a aproximar la fecha de resolución por parte de la Sección Tercera sobre el auto de procesamiento de Kitchen, al tiempo que recuerdan que aún está pendiente que esa misma Sección se pronuncie sobre la resolución equivalente en el citado caso Dina, dictada por García Castellón en octubre de 2020.
"El cordón" que protege al PP
La Fiscalía Anticorrupción reconoce en su escrito que no existen los mismos indicios en la causa contra los responsables del Ministerio del Interior que contra María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP. Añade que las grabaciones y notas del comisario demuestran el "interés" que la número dos del PP en aquella época tenía en conocer todo lo que pudiera esconder el extesorero o los avances en la investigación de la caja B. Pero que entre ese "interés" y el "conocimiento y patrocinio político de la Operación Kitchen hay un trecho".
Es entonces cuando la unidad especializada de la Fiscalía proyecta la más grave duda sobre la actuación del juez: "Lo que parece es que ese paso no se quiere dar. Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación. Kitchen, en la instrucción, no es más que esto, se llega a decir por el instructor después de describir los hechos que ya se conocían al inicio de la formación de la presente pieza separada número 7".
En este sentido, los fiscales recuerdan cómo el juez les respondió en octubre de 2020 que antes de imputar a Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, había que preguntar al número dos de Interior Francisco Martínez por el conocimiento o participación de ambos en la trama, pero que cuando llegó el momento de su declaración y solo él tuvo oportunidad de preguntar a Martínez, que se negó a responder a los fiscales, García Castellón no le hizo ni una sola pregunta al respecto. Y eso que Martínez había dejado por escrito en uno de los mensajes que se le incautaron que el conocimiento de la Kitchen que tenía Cospedal era "fácil de probar".
Además de recurrir a los "múltiples indicios" en el sumario para proseguir la investigación a López del Hierro y Cospedal, Anticorrupción pide a la Sala de lo Penal que enmiende el error de García Castellón de no citar como imputado al director general de la Policía en el momento del espionaje a Bárcenas, Ignacio Cosidó.
Es el propio ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, quien en su recurso contra el cierre de la instrucción señala a la cúpula del PP en lo que se presenta como la ruptura definitiva con el partido que le mantiene suspendido de militancia. "Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que el señor Bárcenas era tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho Ministerio", explica el recurso de la defensa de Fernández Díaz.
Ese Partido Popular es aquel que presidía Mariano Rajoy, uno de los grandes amigos de Fernández Díaz, al menos entonces, y otro de los eslabones que corta el juez en la cadena de investigación, según la Fiscalía. Anticorrupción quiere que se siga indagando en los números de teléfono que Villarejo facilitó, aquellos a los que, según su relato, escribía para informar personalmente al entonces presidente del Gobierno de los avances de la operación Kitchen. Asuntos Internos estaba pendiente de información de las compañías telefónicas sobre dichos terminales cuando García Castellón cerró sorpresivamente la investigación, según demuestra un informe de la unidad policial que obra en el sumario.
El falso cura
La Fiscalía Anticorrupción tampoco se da por vencida en su intento de esclarecer quién puede estar detrás de Enrique Olivares García, el hombre que disfrazado de cura secuestró a la familia de Bárcenas. "No se puede descartar [dicen los fiscales] que el asalto al domicilio de la familia de Luis Bárcenas, que se produjo el día 23 de octubre de 2013, fecha coincidente con el pleno desarrollo de los operativos de vigilancia desplegados por la UCAO como parte esencial de la Operación Kitchen, estuviera directamente relacionada con esta y hubiera sido también planificada y dirigida por los servicios de seguridad del Estado, al obedecer el asalto a los mismos objetivos de apoderamiento del material documental que pudiera encontrarse en poder del anterior tesorero del Partido Popular".
Anticorrupción detecta una serie de irregularidades en el carpetazo a este caso y los detalla en su escrito. Una comisión judicial, en la que participó la Fiscalía y también el juez García Castellón y una médico forense de la Audiencia Nacional, visitó a Olivares en prisión el 29 de enero de 2020, después de haber sufrido un ictus y de que sus facultades físicas y psíquicas quedaran mermadas. Le fue encargado un informe a la médico de la comitiva judicial, que tuvo acceso al expediente psiquiátrico en prisión del interno. La doctora cayó enferma antes de emitirlo y en octubre el juez citó en la Audiencia Nacional al recluso. Con un informe de otro forense, dio carpetazo al caso por imposibilidad de que Olivares pudiera declarar.
Este mes de septiembre se ha conocido que la Fiscalía había pedido la citación como imputado de Olivares y que se requiriera a la médico forense original del caso el informe pendiente. García Castellón despachó el asunto apoyándose de nuevo en el informe exprés que sirvió para el archivo y rechazó la petición de Anticorrupción.
El falso cura, al que se describió como un indigente con las facultades mentales mermadas durante el juicio por el asalto, ha recibido continuos ingresos en su cuenta del peculio de la cárcel cuyo origen la Fiscalía quiere determinar, igual que la identidad de los policías que visitaron en la cárcel a Olivares una vez condenado y por qué lo hicieron.
Igualmente, el fiscal se pregunta por la "pluralidad de abogados" que han asistido a una persona aparentemente sin recursos y se interesa especialmente por uno, Andrés Ruiz Cubero, cuyo hermano Javier ha sido compañero de cárcel de Villarejo en el módulo de funcionarios de Estremera. Javier Ruiz Cubero está investigado por su participación en la trama de venta de documentación que el comisario habría dirigido durante su etapa en prisión provisional. Los fiscales también quieren que declare como testigo un recluso que utilizó Instituciones Penitenciarias como una suerte de traductor de Olivares, que apenas podía comunicarse pero que interactuaba con ese citado interno.
La Kitchen en prisión
La Fiscalía pide asimismo continuar indagando en la figura de Isidro Sánchez Suárez, el recluso colombiano al que Bárcenas asegura que recurrió para borrar en la nube grabaciones que comprometían a Mariano Rajoy y Javier Arenas en la caja B del PP. Anticorrupción sospecha que Sánchez Suárez acabó siendo dentro de la cárcel un topo de la brigada política que ejecutó la Kitchen dentro de Soto del Real como lo fue el chófer Sergio Ríos fuera y que debe declarar como imputado, otra de las diligencias denegadas por el juez al cerrar la instrucción.
Los fiscales presentan una serie de líneas de investigación en torno a Sánchez Suárez sobre las que deberá decidir ahora la Sala de lo Penal y que se desconocían por la decisión de García Castellón de no dar traslado a las partes del escrito de solicitud de diligencias de la Fiscalía en julio, antes del auto de procesamiento. Por ejemplo, los fiscales quieren saber por qué agentes de la Comisaría General de Información, la estructura antiterrorista, hicieron consultas en las bases de datos sobre un individuo al que Isidro Sánchez denunció por el robo de una parte de la cantidad de dinero que previamente el padre del colombiano había entregado a esta persona denunciada.
En este sentido, quieren que declare sobre este asunto el comisario procesado Enrique García Castaño, exjefe de la UCAO, y que pase a estar imputado su segundo entonces, Mariano Hervás, sobre el que los fiscales consideran que hay indicios sobrados en el sumario para que se le tome declaración en calidad de investigado.
Anticorrupción considera que podría haber seis confidentes de la Policía en la operación Kitchen que aún están sin identificar. El juez García Castellón se negó a requerir a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía la documentación ya desclasificada que pudiera aclararlo en base, dicen los fiscales, a "unas injustificadas prisas, con la pretensión de subordinar las necesidades de una cabal investigación de los complejos hechos delictivos de la pieza 7 al cumplimiento formal y rígido de un plazo procesal perfectamente prorrogable".
LA FISCALÍA BUSCA MÁS PRUEBAS CONTRA COSPEDAL Y RAJOY EN EL ‘CASO KITCHEN’
La policía sostiene que el teléfono al que Villarejo llamaba para informar es del PP
La Fiscalía Anticorrupción considera que hay suficientes “indicios de criminalidad” contra la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, “acerca de su participación” en el supuesto espionaje ilegal al extesorero popular, Luis Bárcenas, y su familia, por parte de la cúpula policial del Ministerio del Interior entre julio de 2013 y julio de 2015. La Fiscalía solicita que se les vuelva a imputar tras la decisión del instructor, Manuel García-Castellón, de archivar la causa contra Cospedal y su marido al considerar que no existían suficientes indicios de delito contra ellos.
Anticorrupción desgrana, en un escrito de 90 folios conocido este miércoles, decenas de indicios que, supuestamente, demostrarían la implicación del PP —y no solo del exministro del Interior y los altos cargos de ese departamento— en el caso Kitchen, una operación policial sin autorización judicial planificada para robar documentación a Luis Bárcenas, gerente y tesorero del PP entre 1990 y 2009.
La Fiscalía tacha de “extemporánea” la decisión del juez García Castellón de retirar la imputación contra la exlíder del PP pese a los indicios que pesaban contra ella y a falta de practicar algunas diligencias de investigación. En el mismo escrito, Anticorrupción pide la imputación de quien fue director general de la Policía, Ignacio Cosidó, a quien posteriormente el actual presidente del PP, Pablo Casado, nombró portavoz en el Senado. Cosidó siempre ha mantenido que nunca ordenó ni conoció la Operación Kitchen, pese a que la ejecutaron varios comisarios bajo su mando.
La Fiscalía ha recurrido el auto del juez García-Castellón dictado el pasado 29 de julio en el que no solo retiró la imputación contra Cospedal, sino que rechazó la practica de nuevas diligencias pedidas por las partes, puso fin a la investigación y procesó al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; al ex secretario de Estado, Francisco Martínez; y a nueve agentes, entre ellos varios comisarios y el principal jefe policial entre 2013 y 2015.
Anticorrupción explica que las anotaciones de los cuadernos requisados al comisario José Manuel Villarejo; las grabaciones realizadas por éste y los testimonios recabados durante la investigación consolidan la idea de que el operativo Kitchen era conocido por la cúpula del PP, y no solo por la dirección del Ministerio del Interior. En su escrito, la Fiscalía pide la nulidad del auto del juez que pone fin a la investigación y denuncia una “vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva” por cuanto el instructor ha dado por finalizados los trabajos sin responder a los recursos presentados contra la denegación de pruebas o el rechazo a prorrogar el plazo legal de instrucción.
La Fiscalía ha cruzado los datos de los cuadernos de Villarejo, una especie de diario donde escribía comentarios sobre sus contactos con distintas personas; sus grabaciones; y los mensajes de su teléfono móvil enviados y recibidos. De ese trabajo, la Fiscalía deduce que la exlíder del PP estaba al tanto de la captación de Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas, como confidente policial en la operación Kitchen. Sergio Ríos era amigo de Andrés Gómez Gordo, un policía al que Cospedal fichó como director general cuando fue presidenta de Castilla-La Mancha. La Fiscalía cita en su recurso algunos mensajes enviados por el marido de Cospedal a Villarejo.
El 20 de julio de 2013, Ignacio López del Hierro escribe a Villarejo: “Si tienes problemas, habla con mdc”, iniciales del nombre y primer apellido de Cospedal. El 22 de julio de 2013, le contesta Villarejo: “Todo ha mejorado bastante. Andi. Hoy muy bien. Abz”.
Andi es, según la investigación policial, Andrés Gómez Gordo, el alto cargo de Cospedal que supuestamente facilitó la captación del chófer de Bárcenas como confidente policial.
Teléfono corporativo
La Fiscalía Anticorrupción también señala en su escrito que un informe de la Brigada de Asuntos Internos ha investigado los números de teléfono a los que Villarejo, según su propio testimonio, llamaba para informar sobre el desarrollo de la Operación Kitchen. Uno de esos teléfonos, según Asuntos Internos, corresponde al Partido Popular aunque no se ha identificado aún quien era su propietario.
Villarejo aseguró que informaba al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a través de estos teléfonos. La Fiscalía quiere que se amplíe la investigación para determinar quién era el usuario de ese teléfono corporativo del Partido Popular.
La sala de apelaciones y el propio juez García Castellón tendrán que responder en las próximas semanas a todos los recursos que se han presentado contra el auto de procesamiento del caso Kitchen.
Tanto los principales acusados en esta causa —el exministro Jorge Fernández; y el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez— como las principales acusaciones populares del PSOE y Podemos y la Fiscalía Anticorrupción han criticado con dureza la resolución del juez por distintos motivos, coincidiendo todos en que se cerró la investigación sin que se hubieran practicado las diligencias necesarias.
ANTICORRUPCIÓN REPROCHA AL JUEZ QUE EXCLUYA DE LA 'KITCHEN' LA "POSIBLE RESPONSABILIDAD DE RAJOY"
Acusa al magistrado en su escrito de apelación contra el "cierre precipitado y en falso" de la causa que pretenda "artificialmente delimitar" el procedimiento al ámbito del Ministerio del Interior y que deje fuera la "corrupción política" del PP, "como si hubiera establecido una inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar"
La Fiscalía Anticorrupción presentó este lunes en la Audiencia Nacional su escrito de apelación con el que recurre el cierre de la investigación del operativo supuestamente regado con fondos reservados, para robar y destruir las pruebas que tuviera el extesorero del PP, Luis Bárcenas, contra el PP o sus dirigentes en la causa judicial de su caja b.
Este martes se ha conocido su literalidad. En un durísimo texto de 92 páginas al que ha accedido la SER, los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas acusan al juez Manuel García Castellón de clausurar de forma "precipitada y en falso" la causa y de querer "artificialmente delimitar el procedimiento al Ministerio del Interior". "Las posibles responsabilidades del presidente del Gobierno y de los dirigentes del PP [añaden los fiscales], no quedan fuera del procedimiento" y "no es la primera ocasión que en el curso de las actuaciones aparecen elementos que confluirían en una posible responsabilidad" de éste.
Múltiples indicios de que Rajoy conocía el operativo
En este sentido, los fiscales critican que el juez ha concluido el caso desoyendo su petición de que el PP identifique el número atribuido al expresidente y con el que supuestamente se mensajeaba con el comisario Villarejo, y relatan en su escrito los múltiples indicios que apuntan al conocimiento que Rajoy podía tener del operativo, al describir las conversaciones entre los imputados en las que se refieren al expresidente como el "barbas" o el "asturiano".
Para el Ministerio Público, existen indicios de que al margen de una "trama policial" con la cúpula de Interior como principales responsables, también existió una "trama política" con la participación de "dirigentes" del Partido Popular, y sostienen que resulta "imprescindible dilucidar" esta posible responsabilidad.
Los fiscales al juez: "Freudiana proyección de culpas"
Una posibilidad que para los fiscales, el juez no quiere investigar a pesar de los indicios, al sostener que "parece que este paso no se quiera dar, hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar".
Los fiscales afean al magistrado su "voluntad de terminar a toda costa la instrucción sin tener en cuenta las necesidades materiales de la misma" y contestan al juez, que calificó de "inútiles e impertinentes" las diligencias que solicitaron, que su respuesta es un "claro reflejo de la freudiana proyección de sus culpas".
"Cospedal no resultó creíble"
Los fiscales piden que Cospedal y su marido vuelvan a tener la condición de imputados porque su participación en la causa "no es una mera hipótesis", existen indicios contra ambos y la declaración como imputada de la exsecretaria general del PP "no ha desvirtuado" las acusaciones iniciales. Recalcan que su comparecencia "no resultó creíble" y fue "abiertamente contradictoria" con la de su jefe de Gabinete, Juan José Ortiz, quien reveló que Cospedal se reunió más veces de las que confesó con Villarejo en la sede del PP y que estos cónclaves se producían a petición de la dirigente política "para obtener información de las responsabilidades que para el PP pudieran presentar las declaraciones" de Bárcenas y sobre todo, datos sobre los "documentos que pudiera tener" el extesorero sobre el Partido Popular.
Nueva "casualidad" no investigada del falso cura en Kitchen
El Ministerio Público también censura que el juez ni siquiera citara a declarar como investigado al exdirector de la policía, Ignacio Cosidó, a quien atribuyen "una participación no meramente circunstancial sino de carácter específicamente directivo", e insisten en practicar más diligencias sobre el falso cura que secuestró a la familia de Bárcenas, Enrique Olivares. Al respecto, revelan que el último abogado de Olivares es hermano de Javier Ruiz Cubero, detenido e investigado en la causa porque fue compañero de cárcel de Villarejo y vendía sus documentos, muchos de ellos oficiales y secretos, cuando salía de permiso de prisión. Una "casualidad" que debe investigarse a juicio del Ministerio Público, como también quién depositaba regularmente dinero en la cuenta penitenciaria de peculio de Olivares cuando pertenece a una "familia sin recursos" o quiénes fueron los funcionarios policiales que le visitaban cuando estaba internado en los centros de Valdemoro y Estremera y por qué.
https://cadenaser.com/ser/2021/09/07/tribunales/1631039006_029972.html
FRANCISCO MARTÍNEZ CRITICA LA "IRRACIONAL CONCLUSIÓN" DE EXCULPAR AL PP EN LA OPERACIÓN KITCHEN
Considera ilógico que el juez concluya que existió un operativo "que empleó recursos públicos en beneficio del Partido Popular" sin que lo ordenase "nadie" desde el partido. Censura que se mantenga su imputación y que se rechace las de Cospedal o Cosidó
El exsecretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, ha presentado un escrito de 136 páginas contra el auto de procesamiento del juez García Castellón, que dio por cerrada la investigación de la operación Kitchen: el supuesto operativo sufragado con fondos reservados para robar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, la documentación que pudiera perjudicar al partido o a sus dirigentes en el caso de su caja b ante la justicia.
"Idea preconcebida"
El exnúmero dos del ministro Fernández Díaz critica que el juez le ha acusado porque desde el principio del procedimiento parte de una "idea preconcebida" que colisiona con las pruebas. Censura además que García Castellón da validez a las agendas del comisario jubilado Villarejo para incriminarle, pero les resta veracidad o incluso las desacredita cuando se trata de acusar a la exsecretaria general, María Dolores de Cospedal, a su marido, Ignacio López del Hierro, o al exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó.
"Irracional conclusión" de negar la rama política
Francisco Martínez asevera que en su auto, el juez llega a una "irracional conclusión" y es que "existió un operativo que empleó recursos públicos en beneficio del PP, si bien nada tuvo que ver en ello el PP; que se ejecutaron una serie de acciones para proteger al PP, pero no las ordenó nadie del Partido Popular, sino que tanto la ideación como la ejecución las coordinó Francisco Martínez, que no era militante del Partido Popular, pero que en una suerte de inmolación espontánea por una causa que no era suya [dado que ni siquiera aparecía en los papeles de Bárcenas ni le afectaba la documentación que supuestamente guardaba el extesorero] decidió incurrir en flagrantes ilegalidades".
Cospedal y Cosidó
El exsecretario de Estado también reprocha al juez que concluya que fue él quien influyó para amañar el nombramiento como agente de la Policía Nacional del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, cuando el secretario de Estado carecía de competencias en la materia. Sí las tenía, recalca Martínez, el director de la Policía, Ignacio Cosidó, de quien dependía el nombramiento de los tribunales, la convocatoria del proceso de selección y velar por su buen funcionamiento.
También manifiesta que es de "lógica aplastante" que si Cospedal no fue la "ideóloga" de ninguna operación, "menos puede reputársele" al propio Martínez la ejecución de un operativo "cuyo ilícito fin era benefíciar al PP, en el que no militaba".
https://cadenaser.com/ser/2021/09/06/tribunales/1630925998_836351.html
LA AUDIENCIA NACIONAL SOPESA CERRAR LA PIEZA DE FINANCIACIÓN DEL PP EN 'PÚNICA' ESTE MES Y ARCHIVAR PARA AGUIRRE
La que fuera máxima dirigente del PP madrileño durante los años que se investigan, no pisaría la sala de vistas de la Audiencia Nacional
El Juzgado Central de Instrucción número 6, desde donde a finales de julio se prorrogó por tres meses la instrucción de la pieza 9 de Púnica —relativa a la presunta financiación ilícita del PP de la Comunidad de Madrid— no quiere agotar plazos y prevé que para antes de que finalice agosto puede concluir las pesquisas, ha informado Europa Press.
Esta lucha contra el reloj en pleno agosto, mes inhábil para la justicia y que supone la congelación de los plazos procesales, puede despejar una de las incógnitas más relevantes de la causa: si la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre será finalmente procesada después de permanecer como imputada desde que así lo decidiera el titular del juzgado Manuel García-Castellón en septiembre de 2019.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que hoy por hoy la balanza se inclina en favor del archivo de las pesquisas para Aguirre, por lo que, la que fuera máxima dirigente del PP madrileño durante los años que se investigan, no pisaría la sala de vistas de la Audiencia Nacional, siguiendo así la estela marcada por la también expresidenta conservadora Cristina Cifuentes.
Cabe recordar que en esta pieza 9 el magistrado intenta averiguar si el PP madrileño tuvo una caja b, nutrida con donaciones empresariales, con la que financió las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
Aguirre fue imputada porque, según el auto del juez, la investigación arrojaba "indicios racionales" de que sería "quien ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba". Decía además que era "la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad". "Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad", apuntaba en 2019.
Según exponía el magistrado, al llegar Aguirre al Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2003 los dirigentes conservadores "fijaron una estrategia para obtener fuentes de financiación para el partido, amparándose en diversas partidas del presupuesto, en principio con fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público desde las licitaciones de las consejerías de la Comunidad y adjudicar, en connivencia con determinadas proveedores de confianza, la licitación de determinados contratos de suministros". Pero tras casi dos años imputada, ahora su situación procesal puede cambiar radicalmente.
La prórroga de la instrucción se acordó hasta el 29 de octubre porque falta que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre el recurso de Fiscalía contra la decisión del juez de sacar de esta pieza 9 las revelaciones hechas desde la cárcel por el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, alias El Rata, sobre "una presunta desviación monetaria a través de la sociedad Mercado de Puerta Toledo".
Cofely y Madiva
Fue a finales de julio cuando el juzgado, apremiado porque se le agotaban los plazos para la investigación, lanzó una batería de autos por los que anunciaba entre otras cuestiones que concluía la pieza número 5, relativa a contratos menores en Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle. No obstante, matizaba que antes de hacerlo practicaría las últimas diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal, reclamando al Ayuntamiento de Valdemoro las certificaciones de obra de una residencia de mayores, "con el alegado exceso de mediciones en las partidas implicadas".
También dio por terminadas las pesquisas relativas a los contratos de adjudicación a la empresa Cofely para aumentar la eficiencia energética de diversas instalaciones públicas, que se encuadran en la pieza 6 de Púnica. Y estima que no procede continuar con las indagaciones en la rama valenciana de la Púnica, enmarcada en la pieza 10, y que tienen relación con contratos de reputación online con las empresas EICO y Madiva de Alejandro de Pedro.
Tanto la pieza de Cofely como la de los contratos menores de Valdemoro es previsible que cuenten con auto de pase a procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral, para antes de que comience el mes de septiembre, según fuentes consultadas.
Granados, condenado a dos años
En Púnica ya hay una condena firme por la pieza 1. Granados recibió dos años de cárcel por el chivatazo que le dio un guardia civil en 2014 sobre las investigaciones a las que estaba siendo sometido y que le permitió tanto a él como a su entonces socio, David Marjaliza, adoptar ciertas cautelas en sus negocios.
Otras dos líneas de investigación, las referidas a las adjudicaciones irregulares en León (2) y Murcia (3) a empresas vinculadas al conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro Llorca, y al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, se encuentran ya en la fase intermedia antes de avanzar a juicio.
El juez también acordó a finales de julio el pase a procedimiento abreviado de la pieza 7, sobre los contratos otorgados a Waiter Music para organizar fiestas populares en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, proponiendo juzgar a Granados, al exsenador del PP David Erguido y a varios exalcaldes y exconcejales.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/08/08/la_audiencia_nacional_sopesa_cerrar_pieza_financiacion_del_punica_este_mes_archivar_para_aguirre_123400_1012.htm
LA FISCALÍA PREPARA EL RECURSO PARA ACLARAR LA IMPLICACIÓN DEL PP EN EL ‘CASO KITCHEN’
Un informe de Asuntos Internos de la policía detalla más de 70 comunicaciones entre el comisario Villarejo y el entorno de Cospedal durante los meses de la operación de espionaje a Bárcenas
La Fiscalía Anticorrupción, que investiga desde marzo de 2017 una supuesta mafia policial dirigida por el comisario José Manuel Villarejo, se opone al auto dictado el jueves por el juez Manuel García-Castellón con el que pone fin a las pesquisas sobre el caso Kitchen, una operación urdida sin autorización judicial para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y robarle presuntamente documentación comprometedora para el Gobierno de Mariano Rajoy. Según fuentes jurídicas, el ministerio público prepara el recurso contra esa resolución.
Después de tres años de investigación en la Audiencia Nacional y cuando las acusaciones aún creen que quedan muchos hilos de los que tirar, García-Castellón firmó la pasada semana un auto donde da por concluida la instrucción, rechaza la práctica de nuevas pruebas, archiva la causa contra la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y exculpa a la formación conservadora del espionaje ilegal a Bárcenas. Una decisión que adoptó en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, de la Abogacía del Estado, de las acusaciones populares y de varias defensas, que habían pedido prorrogar las pesquisas.
De esta forma, el magistrado circunscribe la responsabilidad de Kitchen al Ministerio del Interior y propone enviar al banquillo por seis delitos (descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias y malversación) a Jorge Fernández Díaz, que fue responsable de dicha cartera; a Francisco Martínez, su número dos y ex secretario de Estado de Seguridad; a seis comisarios que participaron en los hechos; y a otras tres personas: dos inspectores jefe y el antiguo chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.
Pero Anticorrupción no piensa tirar la toalla frente al auto de García-Castellón, dictado apenas unos días después de que la Fiscalía presentara un escrito en el que pedía ampliar seis meses más la instrucción para “el completo esclarecimiento de los hechos”. Tanto el ministerio público como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han situado la diana también en el seno del PP, principal beneficiario de la trama.
Objetivo, “proteger” al PP
En ese escrito de la Fiscalía, al que tuvo acceso EL PAÍS, Anticorrupción describe Kitchen como una operación destinada a “proteger a dirigentes del Partido Popular”, sustrayendo de la causa judicial del caso Gürtel una serie de documentos “en poder de Bárcenas y de su mujer Rosalía Iglesias”, cuyo contenido podía “involucrar penalmente” a dirigentes populares.
La Fiscalía apunta la existencia de indicios de responsabilidad penal de María Dolores de Cospedal, y además recuerda que la investigación ha recabado otras pruebas que demuestran que la dirigente popular “habría tenido conocimiento de la puesta en marcha y desarrollo de la Operación Kitchen”. Pese a ello, el juez instructor Manuel García Castellón insistió en su auto de archivo en que las reuniones de la exdirigente con el comisario José Manuel Villarejo no constituyen ningún indicio de delito: “No se puede criminalizar el derecho de reunión”.
La Fiscalía también solicitó al juez la imputación de Ignacio Cosido, director general de la Policía cuando ocurrieron los hechos y portavoz del PP en el Senado durante el primer año de mandato de Pablo Casado al frente del partido. El objetivo de Anticorrupción pasaba por investigar “la posible implicación de responsables políticos y gubernamentales en la ideación, puesta en marcha, desarrollo y control de esta ilícita operación policial”.
Contactos telefónicos
Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, fechado el pasado 23 de junio y al que ahora ha tenido acceso EL PAÍS, analiza los profusos contactos telefónicos que el comisario José Manuel Villarejo mantuvo durante los primeros meses de la Operación Kitchen con Dolores de Cospedal y su entorno —incluidos su marido, el empresario Ignacio López del Hierro; su jefe de gabinete, José Luis Ortiz; su secretaria; y uno de sus asesores, el comisario Andrés Gómez Gordo—. Entre mayo y noviembre de 2013, los agentes han hallado más 70 comunicaciones entre Villarejo y el entorno de la que era entonces secretaria general del PP: 23 ocasiones en que se cruzan mensajes, 29 llamadas perdidas y 25 conversaciones
Villarejo participó activamente en la operación de espionaje ilegal a Luis Bárcenas, extesorero del partido, mediante la captación del principal confidente, al que grabó numerosas conversaciones donde le informaba de los avances de su misión y al que pagó durante más de un año 2.000 euros mensuales de la partida de fondos reservados del Ministerio del Interior. Ese seguimiento tenía por objeto supuestamente espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y robarle documentación comprometedora para el partido de Mariano Rajoy.
El informe de Asuntos internos relaciona los contactos de Villarejo con Cospedal y su entorno a través de llamadas directas a una decena de teléfonos móviles o fijos y mensajes de Whatsapp. Además, recoge cómo estas comunicaciones coinciden con los apuntes del comisario en sus cuadernos personales, donde anotaba el contenido de cada conversación, en algún caso referido a lo que ahora se denomina caso Kitchen.
Entre la información recabada —extraída de uno de los teléfonos intervenidos a Villarejo tras su arresto en 2017—, los agentes señalan que el 11 de julio de 2013, justo el día en que se activa el despliegue parapolicial según el juez, Cospedal llama personalmente al comisario y conversan durante 19 segundos. Ese mismo día, Villarejo anota en su agenda: “Cospe: Muy mosca con la citación. Le aconsejé que llamara a Chisco”. Chisco era Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, a quien la instrucción otorga el papel de coordinador de la operación.
El 18 de julio, tres días después de que Bárcenas confesase por primera vez en la Audiencia Nacional, se produce un nuevo contacto entre Villarejo y el entorno de la dirigente popular. “Te está llamando MDC”, le escribe López del Hierro al comisario.
El juez instructor, Manuel García-Castellón, archivó la causa contra Cospedal y su marido al considerar que no había indicios suficientes contra ellos, y expuso el siguiente argumento: “Debemos recordar que el hecho de que la señora Cospedal se reuniese con el señor Villarejo (una, cuatro o varias ocasiones) no presupone la existencia de infracción penal alguna. Ni el señor Villarejo, ni nadie que se hubiera reunido con él, debe responder penalmente por ello, en la medida que supone el ejercicio de un derecho fundamental de protección constitucional, el derecho de reunión. Las grabaciones procedentes del medio digital Moncloa.com, unidas a la presente pieza, no permiten inferir la intención señalada por el fiscal. Son unos audios de origen desconocido y por tanto de dudosa fiabilidad; en ningún momento se oye a quien parece ser la investigada [Dolores de Cospedal] expresar los motivos de la reunión; se trata de una grabación que registra solo un fragmento de una conversación, aparentemente, por uno de sus interlocutores, cuya duración y contexto se ignoran”.
El magistrado también rechazó otras iniciativas solicitadas por la Fiscalía para buscar las supuestas grabaciones que hizo Bárcenas tras reunirse con el expresidente Mariano Rajoy para tratar de la caja b del PP, así como la recopilación de más pruebas para “avanzar en la identificación de otros individuos captados como confidentes, distintos del conductor Sergio Ríos” y que participaron supuestamente en actividades de control y espionaje al extesorero en la prisión de Soto del Real.
https://elpais.com/espana/2021-08-02/la-fiscalia-prepara-el-recurso-para-aclarar-la-implicacion-del-pp-en-el-caso-kitchen.html
EL JUEZ DE 'KITCHEN' ARCHIVA EL MISMO DÍA LA CAUSA CONTRA LA CÚPULA DEL PP DE RAJOY, CAIXABANK Y REPSOL SIN PRACTICAR PRUEBAS QUE PEDÍA FISCALÍA
Día intenso de archivos para el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso Villarejo. Por un lado, ha cerrado la pieza 7, la de la operación Kitchen, en un auto en el que sobresee las actuaciones contra la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, rechaza numerosas diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción para seguir indagando o de otras partes solicitando una prórroga y ha desdeñado en unos pocos párrafos una posible pista a seguir para una citación del expresidente Mariano Rajoy, limitando la trama a un operativo parapolicial orquestado por la cúpula del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz. Por otra parte, ha archivado la imputación contra Repsol, CaixaBank y sus presidentes por los encargos de espionaje al comisario José Manuel Villarejo, tan sólo dos días después de tomar declaración a las empresas. Y todo en unas pocas horas. Los dos autos se pueden recurrir ante el propio juez o ante la Sala de lo Penal.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 cree que ya no hay más hilos de los que tirar en la operación Kitchen. Las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Podemos, así como la familia de Luis Bárcenas –los perjudicados en la causa– y algunos de los investigados solicitaron una prórroga de seis meses en la instrucción. El Ministerio Público, además, interesó numerosas diligencias que incluían nuevas imputaciones –como la del ex director general de la Policía Ignacio Cosidó–, pruebas periciales y citar de nuevo a algunos investigados. El magistrado lo desestima todo y lanza un duro mensaje: “La actividad instructora no puede concebirse como una suerte de soltar la red en fondeo por si se encuentra el delito, sino todo lo contrario”.
En resumen, el instructor considera indiciariamente acreditado que la trama de espionaje a Bárcenas y su entorno que se puso en marcha en 2013 para hacerse con documentación sensible para el PP que éste se habría llevado tras ser despedido "se habría ideado en el marco institucional del Ministerio del Interior, siguiendo órdenes del ministro y bajo el control de Francisco Martínez". El ex secretario de Estado, "contó con la ayuda" del entonces director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino y otros mandos, que habrían encargado el desarrollo del operativo a Villarejo, quien contó con la participación del exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño. Para la "ejecución" de la operación, Villarejo se habría servido también de otro policía, Andrés Gómez Gordo –muy cercano a Cospedal– para captar al chófer del extesorero, Sergio Ríos.
La "misión" estaba "encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en el poder de Bárcenas con el fin de sustraer dicho material de la autoridad judicial en la investigación que se llevaba a cabo " en la Audiencia Nacional sobre la financiación ilegal del PP. Es decir, se trataba de sustraer pruebas para dinamitar la causa judicial que afectaba directamente al partido conservador. Todo ello, financiado con fondos reservados, esto es, dinero público, sin control ninguno. No obstante, la instrucción no ha podido cuantificar cuánto de ese dinero se utilizó para el operativo; el juez sólo habla de los 2.000 euros al mes, más gastos, que llegó a percibir Sergio Ríos durante dos años y los 700 euros que costó la pistola que le compró García Castaño, aunque también menciona otros gastos que percibieron algunos de los comisarios implicados. Tampoco quiere seguir indagando en este asunto y buscar a otros supuestos confidentes captados por la trama parapolicial, como el preso de la cárcel de Soto del Real con el que habría contactado Bárcenas para destruir unos archivos que podrían comprometer a Mariano Rajoy.
La implicación de Cospedal, una "inferencia voluntarista"
En total, García Castellón propone juzgar a once personas: la cúpula de Interior, ocho altos mandos policiales y el exconductor de la familia de Bárcenas por hecho constitutivos de los delitos descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación de fondos públicos. Ni dos meses les ha durado la imputación a Cospedal y su marido, que declararon hace sólo un mes en la Audiencia Nacional. Para archivar las actuaciones para ellos, el magistrado argumenta que achacarles una participación intelectual en la trama de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas no deja de ser “resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones”. Llega a decir que el hecho de que Cospedal se reuniese con Villarejo, las veces que fueran, "no presupone la existencia de infracción penal alguna" y que ni el comisario jubilado ni nadie que se hubiera reunido con él "debe responder penalmente por ello, en la medida que supone ejercicio de un derecho fundamental de protección constitucional, el derecho de reunión".
Y considera que los audios que se publicaron en moncloa.com del primer encuentro entre el comisario y la ex número dos del PP en el despacho de ésta –aparte de mencionar que su origen es desconocido y su fiabilidad, "dudosa", además de ser sólo un fragmento– "no permiten inferir la intención señalada por el fiscal" cuando solicitó su imputación en septiembre de 2020 –en aquella ocasión, denegada por el magistrado–.
Sobre todas las diligencias nuevas que pedía el Ministerio Público, García Castellón las califica de "inútiles", en algunos casos, "impertinentes" e incluso recuerda que no se permiten "investigaciones prospectivas". Para él, la X de la Kitchen está clara, y fueron el exministro Fernández Díaz –"vértice de la cadena que ordenó la puesta en marcha"– y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez –con una "activa y continua intervención" que "evidenciaría, presuntamente, órdenes concretas de atender de forma prioritaria a esta cuestión"–, para lo cual se valieron de la cúpula policial en el primer gobierno de Mariano Rajoy. Y eso que hace sólo unos meses preguntaba a Ríos, durante una de sus declaraciones, si no creía que "todo esto" se había "montado desde el partido, no desde el ministerio".
Continuos reproches a Fiscalía
Una de esas diligencias que proponían los fiscales era investigar qué pasó con la información robada a Bárcenas, pero García Castellón lo ve "innecesario", a pesar de que concluye que la trama parapolicial tuvo éxito y robó efectivamente esa documentación que el extesorero guardaba en un estudio de restauración de su mujer y que, según él, contenía datos sobre la financiación ilegal del PP. "Ya no estamos en el momento de indagar cómo recuperar esta información, sino de enjuiciar a quienes pudieron participar en el hecho aparentemente delictivo", ha contestado.
Otro planteamiento de Anticorrupción era indagar en los teléfonos móviles que, según Villarejo, utilizó para mensajearse con el que fuera presidente del Gobierno durante varios meses en el punto álgido de la operación par informarle de los avances. El juez no le da ningún crédito y para eso presume de su dilatada experiencia como instructor: "Ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro. Desde la experiencia de más de cuarenta años de ejercicio profesional de este instructor, no resulta desconocido que un investigado que acapara una enorme atención mediática trate de buscar conexiones con toda clase de personajes, hechos históricos o acontecimientos, en un afán desmedido por ganar notoriedad y repercusión, pero el derecho procesal y la seriedad del juicio penal están por encima de este tipo de frivolidades".
No ahorra el magistrado en reproches a la Fiscalía. En su opinión, es "preocupante es que se pretenda dar importancia a esta clase de cuestiones tres años después de empezar el procedimiento y cuando ya se ha alzado todo el secreto de la pieza", de ahí que haga una "valoración sosegada", pues asegura que "no atiende a ningún interés de parte, sino que, desde un juicio ponderado de pertinencia, utilidad y necesidad, depura el procedimiento, separando lo relevante de aquello que ni aporta ni añade".
Para empezar, que el número al que el comisario supuestamente enviaba los mensajes "hubiera sido titularidad de un partido político nacional no aporta nada relevante, pues no es difícil acceder a un dato de esta clase por fuentes abiertas, ni mucho menos para quien se dedicaba profesionalmente a una actividad como la que desempeñaba Villarejo". Sobre los tres números que el expolicía asegura que utilizó para informar, el juez afirma que sólo sobre uno "existen indicios objetivos" de que el comisario era usuario por un terminal que se encontró en el registro de su domicilio, pero la Unidad de Asuntos Internos ya investigó ese teléfono en otro procedimiento judicial de 2014 y no hubo "conexión alguna" con el supuesto número de Rajoy. Y aparte de todo esto, subraya que las compañías telefónicas tiene la obligación de conservar los datos de las comunicaciones electrónicas durante doce mese y los hechos de Kitchen empezaron hace nueve años.
Repsol y CaixaBank, sólo tres semanas imputadas
Sólo un rato después de acordar el cierre de la pieza 7 del caso Villarejo, el mismo juez ha dictado un auto en el que sobresee las actuaciones para cuatro protagonistas de la pieza 21, la que investiga el proyecto Wine, el encargo que Repsol y CaixaBank habrían hecho al comisario para frustrar el asalto de Sacyr a la petrolera a través de la empresa mexicana Pemex. No se ha archivado la instrucción para cualquiera, sino que García Castellón lo ha hecho para las propias compañías, que estaban imputadas como personas jurídicas desde hace tres semanas, y para sus presidentes Antonio Brufau e Isidro Fainé.
Como en el caso de la operación Kitchen, el magistrado ha tomado esta decisión sin consultar a Fiscalía Anticorrupción y a pesar de los duros autos en los que muy recientemente imputó a los cuatro: en abril, citó como investigados a Brufau y Fainé por un delito de cohecho al considerar que la reacción frente a Sacyr fue "promovida por los dos presidentes", mientras que el 8 de julio dio el mismo paso con Repsol y CaixaBank por cohecho y revelación de secretos razonando que la contratación a Cenyt, la empresa de Villarejo, se hizo en nombre y beneficio de ambas compañías.
Ahora, tras escuchar a todos, presidentes y representantes de las empresas, el juez sorprende con una decisión en la que se corrige de palmo a palmo. Respecto a Fainé y Brufau, dice que "no consta en la causa, más allá de las declaraciones prestadas, documento o grabación que acredite, al menos indiciariamente, la participación de ambos en la contratación de Cenyt", y que el encargo no recaía en el ámbito de su control. Descarga, así, toda la responsabilidad en los que fueran jefes de seguridad de las compañías, expolicías que habían sido compañeros de Villarejo y que habrían sido su puerta de entrada a este servicio.
Pero a lo que el instructor ha dado especial valor es a lo expuesto por los representantes legales de la petrolera y el banco y a la documentación que han aportado las empresas para acreditar que existía una política de control. Así, entiende que "ambas mercantiles tenían implantado, al tiempo de producirse los hechos objetos de la presente pieza separada, un sistema de prevención y cumplimiento eficaz", sin que las acusaciones hayan logrado probar lo contrario. Y eso que en el auto de imputación les reprochaba duramente que hubiesen faltado a la "diligencia debida" para comprobar que Villarejo seguía siendo policía en activo y que su empresa de detectives no tenía licencia para realizar labores de seguridad privada. Lo llegó a calificar de "negligencia".
"CaixaBank y Repsol contaban con medidas adecuadas para evitar la comisión de los delitos investigados dentro de su actividad, con un plan de cumplimiento normativo y una cultura de cumplimiento implantados en la entidad en el momento de los hechos", asegura ahora García Castellón, que remarca que esos sistemas de cumplimiento no pueden medirse desde la exigencia de una "eficacia absoluta", sino desde la "capacidad del ente corporativo de prevenir, y en su caso, reaccionar de forma eficaz frente a la comisión del delito". En su opinión, "resulta suficiente (...) que se pueda constatar que existía una cultura de cumplimiento normativo debidamente instaurada" y con "rasgos evidentes de eficacia", y por eso desimputa a las empresas, aunque no descarta que puedan responder como responsables civiles subsidiarios respecto de los delitos imputados a las personas físicas.
De Repsol, por ejemplo, señala que "para mitigar el riesgo de la comisión de un delito de cohecho, contaría con 72 controles y para mitigar el riesgo de la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, 69 controles". Pero la investigación de la Audiencia Nacional ha permitido acreditar que sí hubo cohecho y revelación de secretos y que Villarejo habría recibido por el encargo 413.600 euros que sufragaron tanto Repsol como CaixaBank.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/07/30/la_cupula_interior_rajoy_ira_juicio_por_kitchen_123186_1012.html
LA ACUSACIÓN POPULAR DE LA KITCHEN MUESTRA SU "SORPRESA" POR LA DECISIÓN DEL JUEZ Y ANUNCIA QUE LA RECURRIRÁ
Gloria Pascual, abogada, representa a una de esas acusaciones, la del PSOE, asegura en Hoy por hoy que el auto del juez les ha producido "enorme sorpresa"
La acusación popular de la Kitchen muestra su sorpresa por la decisión del juez y anuncia que la recurrirá
El juez Manuel García Castellón, que investiga el caso kitchen, esa supuesta trama pagada con fondos reservados para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, envía al banquillo a la cúpula del Ministerio del Interior, incluido el exministro, Jorge Fernández Díaz, quien, tal y como anunciaba ayer Pablo Casado, ya no es militante de la formación.
Los manda al banquillo por ordenar y dirigir el espionaje a Bárcenas, con el objetivo de robarle toda la documentación sobre la caja B que pudiera comprometer al PP y al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Una operación que se pagó con fondos reservados. En cambio, se libra del banquillo la ex secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. Dice el magistrado que los indicios contra ellos son débiles.
Esto ha sorprendido entre las acusaciones, y también el hecho en sí de que el juez haya decidido cerrar la investigación. Porque tanto la Fiscalía, como los perjudicados y las acusaciones populares habían pedido que se alargara seis meses porque aún había pruebas por realizar.
Gloria Pascual, abogada, representa a una de esas acusaciones, la del PSOE, asegura en Hoy por hoy que el auto del juez les ha producido "enorme sorpresa". "Los hechos que se investigan son una operación policial para entorpecer una investigación judicial", apunta Pascual.
La abogada explica que la investigación tiene tres patas. Por un lado, la técnica que afecta a la policía, por otro lado la administrativa que apunta al ministro y al secretario de Estado y por último al primer beneficiario de la financiación ilegal: el Partido Popular, "que no se encuentra investigado". "El juez encuentra que no hay indicios cuando es el principal beneficiado de la causa que se investiga", añade Gloria Pascual.
"Confiamos en la justicia. Se pueden cometer errores, son humanos. Siempre existe una segunda instancia, motivo por el que vamos a recurrir", afirma la abogada de la acusación popular y recuerda que esta imputación no la piden solo ellos, sino también el ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y "las propias defensas".
https://cadenaser.com/programa/2021/07/30/hoy_por_hoy/1627620590_745240.html
EL JUEZ PROPONE JUZGAR AL EXMINISTRO FERNÁNDEZ DÍAZ POR ORGANIZAR EL ESPIONAJE ILEGAL A BÁRCENAS PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DEL PP
También considera acreditada la participación de Francisco Martínez, el número dos de la cúpula de Interior del primer gobierno de Mariano Rajoy
Les imputa delitos descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación Se libran Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro
Una decena de mandos policiales, con José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y Eugenio a Pino a la cabeza, también han sido procesados.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha cerrado la investigación de la operación Kitchen. En un auto, propone juzgar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por la trama de espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas por la que también procesa al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Sin embargo, la instrucción no pasa de ahí y queda fuera la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Con este final, se descarta así seguir indagando en la posible implicación de las más altas instancias del partido conservador y la posible pista sobre el expresidente Mariano Rajoy se pierde.
Con esta resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 considera que lo que ha quedado indiciariamente acreditado es la participación de la cúpula del Ministerio del Interior en el primer gobierno de Rajoy, pero también de los mandos policiales imputados, hasta una decena, con los comisarios jubilados José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño a la cabeza, así como el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino. Igualmente, el instructor procesa al que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera.
Como ya apuntaba el magistrado en el auto en el que imputó a Fernández Díaz, y ahora confirma, las investigaciones permiten situar el "centro nuclear de la operación Kitchen en el Ministerio del Interior”, pues en este departamento es donde “se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de éste, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad”. Según el auto, todo fue organizado por el exministro y puesto en práctica por el ex secretario de Estado. Desde la época de los GAL, no se había visto a una cúpula de Interior procesada para sentarse en el banquillo de los acusados.
Así, Fernández Díaz y Martínez son los únicos altos cargos políticos que deberán responder por el operativo parapolicial que se puso en marcha a mediados de 2013 para hacerse con documentación sensible para el PP que se habría llevado Bárcenas tras ser despedido. Las operaciones de seguimiento y espionaje, que se alargaron hasta 2015 e implicaron a altos mandos de la Policía Nacional, supusieron también la captación como confidente del chófer del extesorero, Sergio Ríos, como confidente, a razón de 2.000 euros al mes provenientes de los fondos reservados.
Pero además, en casi tres años de instrucción, la operación Kitchen ha desbordado las tesis iniciales de los investigadores y lo que empezó como un plan parapolicial sin control judicial dirigido por altos mandos policiales para seguir a Bárcenas y robar información que se hubiese podido llevar del PP tras ser despedido ha acabado convirtiéndose en una trama que abarca varios años y que apunta a altas instancias del Ministerio del Interior del primer gobierno de Rajoy. La conspiración habría ido desde tener controlado al extesorero a través de la captación de su chófer, el robo de documentación sensible sobre la financiación ilegal del PP, presiones para apartar al principal investigador del caso Gürtel y la caja b, así como la estrategia común con Bárcenas para "salvarle" antes de que la confianza se viniera abajo en 2013. El sumario también ha revelado que el operativo parapolicial llegó hasta la cárcel de Soto del Real en los primeros años en los que el extesorero estuvo en prisión preventiva para seguir el rastro de una supuesta grabación que comprometía a Rajoy en la investigación de la financiación ilegal.
El pasado mes de mayo, en el auto en el que imputó a Cospedal y López del Hierro por cohecho, malversación y tráfico de influencias, el juez ya apuntó que esta pieza 7 del caso Villarejo contaba con "la madurez necesaria para encarrilar la fase preparatoria". La instrucción caduca este 29 de julio, debido a los nuevos plazos legales, por lo que para continuar con las pesquisas debía prorrogarlas, pero finalmente ha optado por no hacerlo. Tras oír en declaración a la ex secretaria general y su marido, el magistrado ha optado por desimputarles, al no haber podido acreditar indiciariamente su participación o conocimiento en el operativo ilegal.
El resumen de la comparecencia de Cospedal es que negó cualquier tipo de conocimiento sobre el operativo parapolicial diseñado para espiar a Luis Bárcenas e incluso en alguna ocasión hasta puso en duda que llegara a existir, se dedicó a atacar al extesorero cuestionando su credibilidad, defendió a su partido, del que fue la número dos durante diez años, y sólo admitió lo que no puede ocultar porque hay grabaciones que lo corroboran, y es que conocía al comisario José Manuel Villarejo.
Un mes después, el magistrado exculpa a Cospedal, su marido y su exjefe de gabinete. "A diferencia de los responsables ejecutivos del Ministerio de Interior, (...) respecto de los que existe una sólida base indiciaria, resulta llamativa la debilidad de las razones que justifican la incriminación" de ellos tres, ha explicado el juez en el auto. A su juicio, la imputación a Cospedal y López del Hierro de una participación intelectual no deja de ser "resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/07/29/el_juez_propone_juzgar_fernandez_diaz_francisco_martinez_por_operacion_kitchen_libra_cospedal_marido_123175_1012.html
EL JUEZ DESOYE A ANTICORRUPCIÓN Y CIERRA LA INVESTIGACIÓN DE KITCHEN EXCULPANDO A COSPEDAL
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, rechaza las prórrogas solicitadas por la Fiscalía y otras partes del proceso que pretendían que continuase la investigación sobre el espionaje a Bárcenas para destruir las pruebas que tuviera contra el PP
El juez da por concluida la investigación y dicta auto de procesamiento en el que exculpa a Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro
Las acusaciones consideran que "cierra en falso" la causa y recurrirán la decisión
El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha presentado el escrito por el que pone fin a la investigación de la operación Kitchen y da paso al procedimiento abreviado, en el que procesa a la mayoría de imputados aunque exculpa a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, al considerar que no existen indicios contra el matrimonio y que su participación en la causa es el “resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones”.
Tampoco observa indicios contra Mariano Rajoy, a pesar de las declaraciones de varios imputados, entre ellos el comisario jubilado Villarejo, quien sostuvo que el expresidente del Gobierno le enviaba mensajes pidiéndole novedades sobre el caso.
García Castellón circunscribe el operativo al entorno del Ministerio del Interior y descarta la existencia de una trama política para ejecutar el operativo ordenada por sus superiores o el Partido Popular.
En este sentido, propone juzgar al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como principal responsable, así como al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, a distintos responsables de la policía política como el exDAO Eugenio Pino o el comisario Enrique García Castaño, o al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos. Les atribuye delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.
“Cierre en falso”
El juez toma esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado una prórroga para que continuara investigando porque considera que faltan diligencias relevantes por practicar. Prórroga reclamada también por otras partes del procedimiento, como las defensas del exsecretrario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, del conductor Sergio Ríos o de las distintas acusaciones populares.
Las partes implicadas consideran que García Castellón yerra al exculpar a Cospedal, porque existen indicios de que contactó con Villarejo para acometer el espionaje a Bárcenas, y sostienen que “cierra en falso” las pesquisas porque aún falta por practicar “abundante prueba” y no ha contestado a la solicitud de otras diligencias solicitadas tanto por defensas como por las acusaciones.
Censuran que ni siquiera plantee citar al expresidente Mariano Rajoy, que según varios investigados estaba al corriente del operativo y hasta remitía mensajes al comisario jubilado, José Manuel Villarejo, sobre el avance de la causa, y que tampoco haya citado como imputado al exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, que ha sido involucrado en el procedimiento por hasta tres imputados.
Distintas partes del proceso anuncian un recurso a la Sala de lo Penal ante este “cierre precipitado” de esta causa, que califican de “escandaloso”.
La operación Kitchen fue el operativo desarrollado entre 2013 y 2015 por la policía política del Ministerio del Interior, para espiar a Bárcenas con fondos reservados y robarle y destruir las pruebas que tuviera sobre la caja b del PP o sus dirigentes, con el objetivo de hurtárselas a la acción de la justicia y evitar los daños de aquella investigación.
https://cadenaser.com/ser/2021/07/29/tribunales/1627556690_502915.html
EL JUEZ RECHAZA PEDIR AL PP QUE IDENTIFIQUE EL NÚMERO DE RAJOY E IMPUTAR A IGNACIO COSIDÓ
El juez rechaza una decena de diligencias de investigación solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción. Considera "innecesario e inútil" citar como imputado a Cosidó y descarta nuevas pesquisas para determinar si Rajoy estaba al corriente del operativo ilícito
El auto de cierre de la investigación de la operación Kitchen revela que el juez ha rechazado más de una decena de peticiones de prueba formuladas por la Fiscalía Anticorrupción hace solo unos días y que permanecían inéditas hasta la fecha. Entre ellas, pedir al PP que identifique el número de teléfono atribuido por Villarejo a Rajoy, y desde el que supuestamente, el presidente del gobierno pedía novedades al comisario por el espionaje a Bárcenas.
El juez considera inútil e impertinente investigar este teléfono, porque según las bases de datos policiales, entre marzo y abril de 2014, Villarejo no contactó con el mismo. El juez también rechaza la petición del fiscal de imputar al exdirector general de la policía, Ignacio Cosidó, a quien hasta tres coimputados en la causa involucran en el entramado. Dice el juez que es “innecesario e inútil” citar a Cosidó y que no existen indicios contra él, cuando figura en las agendas de Villarejo y le llamó para sumarse al operativo ante el interés del presidente del Gobierno.
Anticorrupción y varias acusaciones populares recurren las últimas decisiones de Manuel García Castellón, el magistrado instructor de los principales procesos por corrupción en España
La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido en las últimas semanas varios autos del juez Manuel García-Castellón en los que archivaba causas abiertas por corrupción contra empresas importantes y en los que denegaba determinadas diligencias para investigar la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid a través del Gobierno de Esperanza Aguirre.
Las decisiones del juez están relacionadas con el caso Púnica, una de las grandes causas de corrupción que instruye García-Castellón desde el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. El caso Púnica investiga una trama ―con una decena de ramificaciones― vinculada a administraciones públicas y que afecta a numerosos altos cargos madrileños del PP. La expresidenta Esperanza Aguirre y su sucesor, Ignacio González, están imputados en este proceso.
Dos acusaciones populares (Adade y el PSOE) se unieron a los recursos de la Fiscalía Anticorrupción contra los autos del juez instructor. Estas acusaciones populares también reclaman nuevas diligencias de investigación en un momento decisivo de la causa. García-Castellón pretende finalizar ya la instrucción para celebrar juicio oral y ha dado tres días a las partes para que aleguen lo que consideren conveniente.
Adade y el PSOE recuerdan que el instructor acordó en 2018 incorporar al sumario las pruebas obtenidas en distintos registros a dirigentes del PP, pero que hasta hace unos días ―tres años después― no ha sido posible consultar esos indicios, lo que ha impedido una investigación adecuada de los hechos. También señalan que el juez no ha ordenado en los dos últimos años a las Fuerzas de Seguridad la elaboración de informes sobre las pruebas recabadas de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido en los últimos meses hasta tres piezas separadas del caso Púnica. Los fiscales censuran en términos muy duros las decisiones adoptadas por el juez García-Castellón.
Recalificaciones en Valdemoro
Anticorrupción recurrió en marzo pasado el archivo provisional de la causa contra dos empresarios de la construcción de Valdemoro y los representantes de El Corte Inglés por una recalificación de terrenos supuestamente fraudulenta que perjudicó al Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PP.
La Fiscalía acusó al instructor de haber vulnerado su derecho “a la tutela judicial efectiva”, de archivar la causa contra los constructores “sin esperar a conocer el resultado de un informe pericial”, y de contestar a los recursos de la Fiscalía y de Adade “negando valor a los datos objetivos extraídos de las fuentes de prueba utilizados en la causa”. El juez incurre, según Anticorrupción, en “contradicciones y razonamientos ilógicos” y acuerda un “sobreseimiento prematuro”. La Fiscalía llegó a sugerir que el instructor “parece ejercer de defensa de los investigados”.
La sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional revocó el pasado 1 de julio el archivo decretado por el juez y ordenó continuar con la investigación, manteniendo a los constructores como imputados.
Desvío de fondos de la Comunidad de Madrid
El juez rechazó por “innecesarias e inútiles” más diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción para investigar el supuesto desvío de fondos públicos de la Comunidad de Madrid a distintas empresas privadas, entre ellas Indra, dentro de la causa por financiación ilegal del PP. “Es un goteo en la solicitud de diligencias sin justificación alguna en base a datos que constan en el sumario desde 2017”, argumentó el juez.
La Fiscalía reprochó al instructor que llevaba tres años sin incorporar al sumario las pruebas encontradas en el registro a varios dirigentes del PP en relación con la financiación ilegal de este partido. También criticó al juez por rechazar nuevas diligencias de investigación sobre Indra, pese a que esta empresa admitió haber pagado por servicios nunca prestados a sociedades que supuestamente financiaron ilegalmente al PP de Madrid. “No se explica el cambio de criterio del instructor”, escribieron los fiscales en su recurso.
El sobreseimiento de Indra
El juez firmó un auto el 23 de marzo pasado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra Indra. “No ha quedado acreditado un incumplimiento grave de los deberes de control, vigilancia o supervisión por parte de la entidad respecto a la actuación de sus empleados y además al haberse constatado la adopción y ejecución, antes de la comisión del delito, de un modelo eficaz de prevención supervisado por un órgano autónomo”.
El juez mantenía imputados a varios directivos de Indra por supuesta corrupción, relacionada con la financiación del PP de Madrid, pero entendía que la compañía no tenía responsabilidad en lo ocurrido porque había aplicado sistemas para prevenir justamente la comisión de delitos entre sus empleados.
La Fiscalía sostuvo que Indra “colaboró en el pago a empresas amigas del PP-Madrid a través de la contratación fraudulenta de estas” y recurrió el archivo provisional, atribuyendo al juez instructor “un modo de razonar ilógico y arbitrario”. Anticorrupción recordó que Indra identificó a los responsables y despidió a quienes aparecían como sospechosos, pero lo hizo el 10 de diciembre de 2019, cinco años después de que ocurrieran los hechos. Y se preguntaba: “¿Un programa de cumplimiento normativo es eficaz cuando no solo no detecta los hechos, sino que tarda cinco años en identificar las irregularidades y tomar medidas?”. El auto del juez García-Castellón “carece de lógica en cuanto a las causas del sobreseimiento acordado” y genera “una infracción al derecho de la tutela judicial efectiva causante de indefensión”.
Los fiscales anticorrupción, conocedores de la intención del juez de poner fin a la instrucción sin aceptar las diligencias solicitadas y aprobando el archivo de la causa contra Indra, denunciaron “la extraña posición procesal [del instructor], incompatible con los principios de celeridad y tutela de los derechos fundamentales”.
La acusación popular de Adade y del PSOE recurrió, por su parte, la denegación de diligencias que solicitaron casi hace un año, pero a las que el juez ha respondido ahora. “Resulta llamativo”, denuncian, “la diligencia del juzgado para cerrar la instrucción, sus referencias a los años que lleva instruyéndose el caso, y que no haya encontrado tiempo para poner las actuaciones a disposición de las partes”.
El instructor archivó la causa respecto al asesor jurídico de los grandes almacenes que intervino en la permuta de unos terrenos entre la empresa y el Ayuntamiento de Valdemoro, que gobernaba el PP. Ambas zonas fueron recalificadas para beneficio de los grandes almacenes y de la trama liderada por Francisco Granados
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado la razón a la Fiscalía Anticorrupción en su petición de reabrir la investigación de un amaño con suelo público en Valdemoro, investigado en el marco del caso Púnica, que el juez instructor, Manuel García Castellón, había decidido archivar. En las pesquisas confluyen, entre otros, el principal acusado, Francisco Granados, dos empresarios de su entorno presuntamente criminal y El Corte Inglés, sociedad que en este caso también se habría beneficiado de la corrupción en el municipio madrileño.
Los jueces de la Sección Cuarta consideran "precipitada" la decisión de García Castellón de archivar la causa contra Faustino José Atencia, en el momento de los hechos asesor legal de El Corte Inglés. Recuerdan los magistrados, en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, que aún resta por conocer un informe pericial con la valoración del suelo con el que se lucraron los investigados. Además, señala la Sala, la investigación debe esclarecer algunas cuestiones sobre los que el juez "guarda silencio" en el auto de archivo.
Con Francisco Granados como alcalde de Valdemoro, el Ayuntamiento de la localidad procedió a permutar unos terrenos con El Corte Inglés. Por una parte, una zona conocida como La Peluquera pasaría a la empresa entonces presidida por Isidoro Álvarez y, en contraprestación, otros terrenos, en Majuelo Norte, serían cedidos en parte al Consistorio y en parte a una sociedad llamada Obras y Vías, propiedad del empresario investigado en Púnica Ramiro Cid Sicluna. Con posterioridad a la permuta, el Ayuntamiento recalificó los terrenos entregados a los grandes almacenes, pasando de suelo rústico a industrial, mientras que la zona que la empresa había entregado al Ayuntamiento y al empresario próximo a Granados pasaría a urbanizable. La Fiscalía Anticorrupción remarca el perjuicio para las arcas públicas de Valdemoro que supuso la operación. Un portavoz de El Corte Inglés ha declinado hacer una valoración al estar el asunto en los tribunales.
En el centro de la trama estaría el asesor jurídico de El Corte Inglés Faustino José Soriano Atencia, quien "habría colaborado en los ardides diseñados" por el resto de investigados para que la trama Púnica se hiciese con los terrenos de la empresa de grandes almacenes que luego serían recalificados para construir viviendas. Soriano Atencia presidió la Junta de Compensación de la zona y posteriormente adquirió una vivienda edificada allí por el empresario Javier Cid Sicluna, hermano del dueño de Obras y Vías, "por un valor por debajo de mercado", según concluye la Fiscalía Anticorrupción. El archivo de la causa de García Castellón también afectaba a Javier Cid Sicluna, quien presidía la citada Junta de Compensación.
El magistrado, según los jueces de la segunda instancia, archiva las actuaciones sin hacer "valoración alguna" de la insuficiencia de indicios que él mismo atribuye a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. "Nada se dice de la participación de ambos investigados en la Junta de Compensación de uno de los sectores donde fueron más evidentes los amaños urbanísticos", añade el auto de la Sección Cuarta. "Un principio de prudencia aconseja esperar a adoptar una decisión como la que nos ocupa, en una causa extremadamente compleja como ésta, cuando menos a la finalización de la fase de instrucción, máxime cuando no se adoptó inicialmente", añaden los magistrados.
La resolución de la Sala de lo Penal corrigiendo a García Castellón es el último episodio en el que intervienen los magistrados por las graves desavenencias entre el juez instructor y el Ministerio Fiscal. La Sala de lo Penal ya corrigió a García-Castellón en esta misma pieza 4 del caso Púnica al pretender archivar la investigación de los amaños previos a la aprobación en 2004 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valdemoro por considerar los hechos prescritos. La Fiscalía alertó de que el plazo de la prescripción no empezó a contar en el momento que se produjo el amaño sino cuando arrancó la investigación.
García Castellón, profesor en una fundación de El Corte Inglés
Tras aquello, las acusaciones populares que ejercen en Púnica el PSOE y Adade solicitaron a Manuel García Castellón que se abstuviera en la pieza que afecta a El Corte Inglés por su condición de profesor en la fundación Ramón Areces, creada por los grandes almacenes. García Castellón desestimó la petición porque "no hay conflicto de interés alguno" y el Consejo General del Poder Judicial autorizó que impartiera esas clases.
El choque entre el juez y los fiscales del caso llega al punto de que estos últimos pretendían también que la Sección Cuarta resolviese sobre una presunta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva cometido por el juez. Anticorrupción acusa a García Castellón de estar archivando la causa contra investigados en Púnica de forma precipitada, antes de que los fiscales puedan presentar sus conclusiones en el escrito de acusación. "Nuestro derecho a obtener la tutela judicial efectiva se ve continuamente vulnerado", escribieron los fiscales Carmen García Cerdá, Teresa Gálvez y Alejandro Cabaleiro en su recurso. La Sala de lo Penal, sin embargo, resuelve en el mismo auto que las decisiones del juez recurridas por los fiscales no incurren en vulneración del citado derecho, por mucho que puedan ser corregidas en esa segunda instancia.
Una de las discrepancias más llamativas en tal sentido fue el archivo de la causa contra el expresidente de Indra Javier Monzón en la pieza de Púnica que investiga la financiación irregular del PP madrileño. En aquel caso, la Sala de lo Penal refrendó la decisión de García Castellón de archivar la causa contra el entonces presidente ejecutivo de Prisa. Por su parte, el magistrado viene denunciando en sus autos una "dilación innecesaria" de las investigaciones en un caso cuya pieza principal se abrió hace siete años.
ANTICORRUPCIÓN RECURRE VARIAS DECISIONES SOBRE PÚNICA DE GARCIA CASTELLÓN, EL 'JUEZ ESTRELLA DEL PP'
La sombra de la duda que pesa sobre el magistrado de la Audiencia Nacional es cada vez más larga
Su nombre es Manuel García Castellón y es el juez que investiga varios de los casos de corrupción más importantes del país. Un rápido repaso por su trayectoria y decisiones, sobre todo en lo relativo al caso Púnica, Lezo y Tándem, ponen de manifiesto que es el juez estrella de la derecha; tal y como se puede leer en su biografía no oficial publicada por Los Genoveses. El magistrado se ha situado desde hace unos días en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción, organismo que ha tenido que recurrir el archivo de varias causas abiertas y en las que denegaba determinadas diligencias que obstaculizan la investigación de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid a través del Gobierno de Esperanza Aguirre.
Las acusaciones populares del caso Púnica, ADADE y PSOE, han sumado fuerzas con Anticorrupción y han registrado un recurso contra los autos de García Castellón, quien pretende dar por concluida la fase de instrucción y celebrar ya el juicio oral, imponiendo un plazo de tres días a las partes para que presenten sus respectivas alegaciones, tal y como publica El País.
Tanto ADADE como PSOE recuerdan que ya en el año 2018, el instructor del caso rehusó incorporar al sumario varias pruebas obtenidas en diferentes registros a los dirigentes populares. Pruebas que, sin embargo, han sido incorporadas hace pocos días -unos tres años después-. Las acusaciones populares censuran que no han tenido tiempo de realizar una investigación adecuada. Además, lamentan que el juez no haya ordenado a las autoridades competentes la elaboración de informes sobre esos materiales.
Malestar en Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción no aprueba ni mucho menos las decisiones tomadas por el magistrado García Castellón, tal y como demuestran sus últimas actuaciones. Y es que, el Ministerio Público ha recurrido en los últimos meses hasta tres piezas separadas de la trama Púnica.
La primera de ellas está relacionada con las recalificaciones de Valdemoro, causa contra dos empresarios de la construcción de dicha localidad y representantes del Corte Inglés. Se investiga una presunta recalificación de terrenos fraudulenta que supuso un perjuicio para el ayuntamiento, gobernado por el PP.
En dicha instrucción, Anticorrupción acusó a García Castellón de vulnerar el derecho “a la tutela judicial efectiva”, de archivar la causa contra los constructores “sin esperar a conocer el resultado de un informe pericial”, y de contestar a los recursos de la fiscalía y de ADADE “negando valor a los datos objetivos extraídos de las fuentes de prueba utilizados en la causa”. Asimismo, el Ministerio Público desliza que incurrió “contradicciones y razonamientos ilógicos”, concluyendo que se acordó un “sobreseimiento prematuro”. Finalmente, la Audiencia Nacional ordenó continuar la investigación y los implicados continúan imputados.
En el caso del presunto desvío de fondo públicos de la Comunidad de Madrid a distintas empresas privadas, entre otras Indra, la Fiscalía solicitó más diligencias para profundizar en la investigación, pero el juez lo rechazó. Tildó la solicitud de “innecesaria e inútil”, argumentando que no era sino “un goteo en la solicitud de diligencias sin justificación alguna en base a datos que constan en el sumario desde 2017”, argumentó el juez.
En este punto, el Ministerio Público respondió recordándole que llevaba más de tres años sin incorporar las mentadas pruebas de los registros a dirigentes populares; al tiempo que afeó que se rechazaran también nuevas vías de investigación sobre Indra.
En marzo de este mes, el juez llegó a firmar el sobreseimiento provisional de la causa contra Indra, asegurando que “no ha quedado acreditado un incumplimiento grave de los deberes de control, vigilancia o supervisión por parte de la entidad respecto a la actuación de sus empleados y además al haberse constatado la adopción y ejecución, antes de la comisión del delito, de un modelo eficaz de prevención supervisado por un órgano autónomo”.
García Castellón mantenía a varios directivos de Indra imputados, pero salvaba a la compañía pese a que la Fiscalía considera que “colaboró en el pago a empresas amigas del PP-Madrid a través de la contratación fraudulenta de éstas”. Anticorrupción recurrió el archivo provisional atribuyendo al magistrado “un modo de razonar ilógico y arbitrario”.
Un juez en tela de juicio
La displicencia que exhibe Anticorrupción para con García Castellón está más que justificada, y no únicamente por sus polémicas decisiones. Su criterio está en tela de juicio desde hace tiempo por sus múltiples conexiones con el Partido Popular que recoge fastuosamente la biografía no oficial de Los Genoveses. Y cada paso que da, la sombra de la duda es mayor.
Hace pocas semanas, García Castellón volvió a ganarse a pulso su lugar en el epicentro de la polémica cuando el 20 de abril, en vísperas de la campaña electoral del 4M, exoneró de forma inesperada a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, imputada desde 2019 por los delitos de prevaricación y cohecho. La decisión no contó con el aval de la Fiscalía Anticorrupción. Decisión, por cierto, que coincidió en el tiempo con la Medalla de Oro que entregó Isabel Díaz Ayuso a su predecesora al concluir la campaña electoral.
En concreto, Cifuentes estaba imputada por la adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid, donde participó de una manera que, según el juez que ahora archiva su causa, “conculcaba la legalidad vigente”. El servicio de cafetería fue adjudicado al Grupo Cantoblanco, del entonces jefe de la patronal madrileña, Arturo Fernández. Y Cifuentes, de manera supuestamente irregular, era al mismo tiempo miembro del comité de expertos que valoraba, según García Castellón, "de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor del Grupo Cantoblanco", y presidía también la mesa de contratación que adjudicó el contrato.
Además, Cifuentes era miembro del patronato de Fundescam, la polémica fundación del PP que habría servido para canalizar la financiación irregular del partido en época de Aguirre. Arturo Fernández donó ingentes cantidades de dinero a Fundescam cuando Cifuentes estaba en la fundación. Así las cosas, la expresidenta madrileña era al mismo tiempo experta para valorar la oferta de Arturo Fernández, la encargada de darle el contrato y patrona de la fundación donde donaba el interesado. Sin embargo, García Castellón creyó que, tras las pesquisas realizadas, “no se desprende de lo actuado hasta el momento indicio alguno que permita sostener que la señora Cifuentes tuviera conocimiento de quienes eran los donantes de la Fundación Fundescam”.
El PSOE y ADADE recurrieron el auto dictado por García Castellón argumentando que los inficiones que condujeron a la imputación de Cifuentes no cambiaron. En esta ocasión, no obstante, la Fiscalía Anticorrupción no se sumó y se situó del lado del juez.
Lo pidió la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade)
El juez García-Castellón califica las diligencias interesadas por la acusación popular de "vagas, imprecisas y genéricas".
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha rechazado la petición de la acusación popular, ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), de citar como investigada en el ‘caso Púnica’ a la exsecretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal por su etapa al frente de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid.
En un auto con fecha 1 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha desestimado las diligencias interesadas por Adade, que señalaba a Cospedal como la titular de la Consejería en el momento de la «consumación del plan puesto en marcha» por su antecesor en el cargo, Francisco Granados.
En concreto, Adade señalaba en su escrito de diligencias del 25 de mayo que bajo el «mandato» de Cospedal «se aprueban y firman todos los modificados y complementarios» de la empresa pública Mintra salvo el último de Metro norte, que se aprueba en agosto de 2006 ya bajo el mandato de Elvira Rodríguez. De hecho, la asociación apunta a «más adelante, en el caso de resultar necesario, la citación» de la propia Rodríguez.
Así, y «puesto que en su condición de consejera» Cospedal ejercía la presidencia de Mintra, dependiendo «de ella la alta inspección de esta empresa pública», Adade consideraba «imprescindible» la declaración de la exdirigente en esta macrocausa, en la que se investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid. En concreto en la pieza octava, la referida a la etapa de Granados en la Comunidad.
Una acusación popular pide al juez de Púnica que cite como investigada a Cospedal por adjudicaciones de Mintra
Lo solicita en la pieza número 8 del caso única en la que se investigan las actividades de Francisco Granados.
Para el magistrado que instruye la causa, la petición de Adade es «una solicitud genérica, vacía de todo presupuesto fáctico que la pueda sustentar» y, añade, «sin el más mínimo atisbo de calificación que permita hacer un estudio serio sobre cuál es el delito que se pretende investigar, y en su caso, si estaría afecto por la prescripción».
En esta línea, García-Castellón sostiene que «los términos en que se plantea la solicitud, junto con la referencia a una ulterior citación, en su caso», de Elvira Rodríguez, «sin ni siquiera explicar por qué motivo, permiten inferir una notoria falta de elementos indiciarios que sustentan la solicitud».
En el auto, el juez califica las diligencias interesadas por la acusación popular de «vagas, imprecisas y genéricas, en términos tales que avocan a concluir su falta de necesidad, utilidad y pertinencia».
Además, de forma adicional, García-Castellón reprocha a Adade que articulen esta petición «sobre unos argumentos conocidos desde el año 2017, sin que se aporte ningún tipo de justificación sobre el motivo por que no solo se soliciten en este momento, sino la razón por la que no se hayan interesado con anterioridad«.
Adade, por su parte, remitió el pasado 7 de julio un recurso de reforma contra el auto de García-Castellón insistiendo en que la declaración de Cospedal era indispensable en tanto que como consejera formaba parte del Consejo de Gobierno que aprobó «la adjudicación ilegal de la gestión de los fondos del Plan Prisma a la empresa DUSA».
En el documento enviado a García-Castellón, la asociación muestra su perplejidad ante la argumentación del magistrado y sostiene que su solicitud, lejos de ser «genérica, vacía, vaga e imprecisa», es, «al contrario, una solicitud muy clara, concreta y detallada«.
En el escrito, Adade reenvía de forma simplificada y esquematizada la supuesta relación de Cospedal en la pieza número 8.
La que fuera ‘número dos’ de los ‘populares’ se libra así de ser citada como investigada en ‘Púnica’ dos semanas después de su comparecencia en calidad de investigada ante el propio García-Castellón, que investiga la ‘Operación Kitchen’.
En concreto, para esclarecer si –como sospecha– ella y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, tuvieron una participación «decisiva» a la hora de captar al chofer de Luis Bárcenas para que espiara al extesorero del Partido Popular.
DOS IDENTIFICADOS Y UN DETENIDO POR AMENAZAR DE MUERTE AL JUEZ QUE PIDIÓ IMPUTAR A IGLESIAS
Esas identificaciones tienen que ver con las pesquisas que se realizaban para localizar a los responsables de las amenazas, que se produjeron en octubre de 2020
Los agentes de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional que investigan las amenazas de muerte recibidas en redes sociales por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y que éste denunció ante la Policía han identificado a dos personas y han detenido a una de ellas, aunque ya ha sido puesta en libertad. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones, según las fuentes jurídicas y policiales consultadas.
Tal y como adelanta 'El Mundo', esas identificaciones tienen que ver con las pesquisas que se realizaban para localizar a los responsables de las amenazas, que se produjeron en octubre de 2020, después de que el magistrado pidiera al Tribunal Supremo investigar al entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por tres delitos relacionados con la pieza 'Dina', en el marco del conocido como 'caso Villarejo'.
El titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional trasladó a la Policía que había recibido amenazas de muerte en la red social Twitter a raíz de esa exposición razonada remitida al Supremo en el marco de la pieza en la que se investiga el robo de la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham, y el posterior uso de los datos que contenía el mismo. Algunos archivos aparecieron en el registro de la casa del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
La Comisaría General de Información asumió la investigación por las amenazas en redes sociales sufridas por el juez quien también dio traslado de las mismas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según explicaron a Europa Press fuentes policiales, la investigación la lleva la unidad que rastrea delitos en redes sociales enclavada en la CGI, ya que fue a esta comisaría a la que se remitió el juez para ponerle en conocimiento de lo que entiende que es una campaña de desprestigio iniciada tras su exposición razonada.
Dirigentes políticos
Ante el CGPJ presentó un escrito de cuatro páginas dirigido al presidente Carlos Lesmes denunciando la campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación que estaba sufriendo en redes sociales y en algunos medios de comunicación, y que le colocaban "en una situación de indefensión y de descrédito profesional".
Ya en marzo de 2019, el Ministerio del Interior puso escolta a García-Castellón tras denunciar un allanamiento en su domicilio.
Explicaba que esa campaña pretendía restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña, además de difundir la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica sino de "una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política".
El magistrado indicaba que los mensajes contra su persona son repetidos y amplificados por muchos dirigentes, "entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación". En este sentido, denunciaba que esos dirigentes con visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, "señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional".
Caso previo
Ya en marzo de 2019, el Ministerio del Interior puso escolta a García-Castellón tras denunciar un allanamiento en su domicilio. El juez llamó a la Policía porque un individuo sin identificar accedió a su vivienda particular en Madrid por la tarde mientras un familiar se encontraba en el interior.
La Policía Nacional se personó en el domicilio, donde tomó declaración al familiar del juez García-Castellón y buscó huellas del asaltante. Las diligencias policiales apuntaron a que este individuo estuvo varios minutos en la vivienda y recorrió varias estancias; posteriormente, salió dejando la puerta principal abierta. Fue otro familiar el que alertó de esta circunstancia al acceder a la casa.
El asaltante no sustrajo ningún objeto de valor ni documentos o el ordenador personal que utiliza el juez de la Audiencia Nacional, según informaron fuentes policiales. La puerta de acceso tampoco fue forzada.
https://www.vozpopuli.com/espana/detenido-amenazas-juez-pablo-iglesias.html
EL JUEZ DE PÚNICA EXONERA A CIFUENTES A POCOS DÍAS DE QUE AYUSO LA REHABILITE
La decisión de García Castellón, como la exculpación de García de Vinuesa, no cuenta con el aval de la Fiscalía
El juez instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón, se ha convertido en uno de los protagonistas de los primeros compases de la campaña electoral madrileña, que todo lo inunda, con su inesperada decisión de archivar la causa contra la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes, imputada desde 2019 por los delitos de prevaricación y cohecho. La decisión, para lo que no ha contado con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, aunque no es preceptivo, se toma basándose en una petición de noviembre de 2020 y unos días de que Isabel Díaz Ayuso cierre la campaña electoral entregando a Cifuentes la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.
El auto que firma el magistrado del juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional se basa en una de las muchas peticiones de Cristina Cifuentes para ser apartada de la investigación del Caso Púnica, donde estaba imputada desde 2019 por prevaricación y cohecho por el mismo juez García Castellón. En este caso, el escrito en el que se basa el archivo de su causa es el que Cifuentes presentó a principios de noviembre de 2020, hace casi medio año, pero aprovechando el escrito que presentó justo este lunes, 24 horas antes, la otra beneficiada del archivo, la letrada de la Asamblea Tatiana Recoder.
Cifuentes estaba imputada por la adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid, donde participó de una manera que, según el juez que ahora archiva su causa, “conculcaba la legalidad vigente”. El servicio de cafetería fue adjudicado al Grupo Cantoblanco, del entonces jefe de la patronal madrileña, Arturo Fernández. Y Cifuentes, de manera supuestamente irregular, era al mismo tiempo miembro del comité de expertos que valoraba, según García Castellón, "de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor del Grupo Cantoblanco", y presidía también la mesa de contratación que adjudicó el contrato.
A todo esto, hay que sumar que Cifuentes era miembro del patronato de Fundescam, la polémica fundación del PP que habría servido para canalizar la financiación irregular del partido en época de Aguirre. Y es que el Arturo Fernández donó grandes cantidades de dinero a Fundescam cuando Cifuentes estaba en la fundación. Así, la expresidenta madrileña era al mismo tiempo experta para valorar la oferta de Arturo Fernández, la encargada de darle el contrato y patrona de la fundación donde donaba el interesado.
Sin embargo, ahora García Castellón cree que, tras las pesquisas realizadas, “no se desprende de lo actuado hasta el momento indicio alguno que permita sostener que la señora Cifuentes tuviera conocimiento de quienes eran los donantes de la Fundación Fundescam”. Algo que va en la línea del escrito que presentó Cifuentes hace casi medio año, donde señalaba que ella desconocía que Arturo Fernández era donante de Fundescam y acusaba a la UCO de que el informe que valió su imputación se hizo “sin los conocimientos adecuados en materia tan especial como la contratación pública”.
Además, el juez archiva el caso sólo 24 horas después del escrito en que lo solicita la defensa de Tatiana Recoder, aunque para el caso de Cifuentes se tiene que remitir a la petición que hizo la expresidenta hace casi medio año. Según reconoce el magistrado en su auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, la nueva reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal de PSOE y Unidas Podemos acabó con la critica medida de la época de Mariano Rajoy, que limitaba las investigaciones judiciales a 36 meses. Por ello, el proceso de Púnica, afirma el auto, podría haberse extendido, mínimo, hasta el 29 de julio de 2021. Pero García Castellón afirma que, con la anterior ley -y teniendo en cuenta el plazo ampliado por el estado de alarma de la pandemia- el plazo habría acabado el 27 de agosto de 2020 y, "si se estuvo en condiciones de poder finalizarse el 27 de agosto de 2020, con mayor razón se debería estar en situación de hacerlo en este momento".
Sin el aval de la Fiscalía
En su auto, García Castellón no señala, como sí ha ocurrido en otras decisiones judiciales, que contase con el informe a favor de la Fiscalía Anticorrupción. No es algo preceptivo, pero es algo habitual en muchos magistrados. Y el detalle no es menor porque existe un precedente reciente también con este magistrado.
El pasado 5 de noviembre, el juez provocaba un terremoto en el Gobierno de Díaz Ayuso al imputar a Ignacio García de Vinuesa. Aunque era por su etapa como alcalde de Alcobendas, en relación con sus contratos con la trama Púnica para servicios de reputación online, en aquel momento era un alto cargo de la Comunidad de Madrid, como Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, de donde dimitió tras la decisión judicial. Unos meses después, el 10 de febrero de 2021, García Castellón decidía archivar esta investigación y retirar la imputación a García de Vinuesa.
Sin embargo, la decisión tampoco contaba con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción. Tanto era así que cinco días después el Ministerio Fiscal presentaba un recurso contra la decisión del magistrado, aunque no se conoció hasta varias semanas después. En su escrito, la Fiscalía aseguraba que García Castellón no había valorado correctamente todos los indicios que apuntaban contra el exalcalde de Alcobendas. “Son muchos los indicios y elementos probatorios que revelan” que García de Vinuesa, decía la Fiscalía, contactó con Alejandro de Pedro, el conseguidor de la Púnica y que contrataron sus servicios “de forma encubierta” con fondos públicos.
En plena campaña
La decisión de García Castellón llega pocas horas después de que arranque la campaña electoral en la Comunidad de Madrid, que durará dos semanas y acabará el próximo 2 de mayo, el día regional. Precisamente, un día en el que Ayuso entregará la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Cristina Cifuentes y a Ángel Garrido. La actual presidenta ha recuperado este gesto con sus predecesores que había paralizado la propia Cifuentes para no dar la medalla a Ignacio González cuando estaba investigado.
EL JUEZ DE LEZO ARCHIVA LA CAUSA CONTRA EL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ POR «INDICIOS INSUFICIENTES»
El juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón, ha archivado la investigación contra Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, por «indicios insuficientes» en su contra. En un auto donde no se alude a ningún aspecto de la investigación ni de esos indicios, García-Castellón se limita a apoyar la propuesta de la Fiscalía Anticorrupción en lo que atañe a Pablo González y el caso de corrupción en torno a la empresa pública de aguas del Canal de Isabel II.
Del escrito de Anticorrupción apoyando el archivo se deduce al menos que Pablo González ya solo era investigado por blanqueo de capitales, esto es, por ayudar a su hermano a esconder fondos sustraídos de la empresa pública de aguas con «préstamos ficticios y simulación de distintas relaciones comerciales».
«El curso de la investigación ha desvelado que, si bien era necesaria su imputación para aclarar tales hechos y su trascendencia penal, la misma no ha resultado suficiente para recabar los indicios necesarios que permitan sostener tal imputación», añade la fiscal Ana Cuenca en su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.
Pablo González fue investigado por un presunto amaño en la adjudicación de un campo de golf en el centro de Madrid, construido en terrenos del Canal de Isabel II. Una UTE en la que participaba el hermano del presidente entonces de la sociedad pública concurrió y se llevó el proyecto pese a que su oferta era peor que otras presentadas. Eloy Velasco le envió a prisión, eludible con una fianza de 4 millones de euros, atribuyéndole indiciariamente varios delitos relacionados con ese amaño, tales como cohecho, malversación o fraude, así como de blanqueo por inversiones realizadas en el extranjero con fondos de procedencia irregular tanto de su hermano como suyos.
El hermano del expresidente madrileño llegó a pasar tres meses en prisión, hasta que el juez Eloy Velasco rebajó la fianza a 200.000 euros, que logró reunir y abandonar la cárcel el 27 de julio de ese año. Los indicios recabados por la Guardia Civil eran tales que la Audiencia Nacional había autorizado la utilización de micrófonos de ambiente para recoger las conversaciones que mantenía con otros presuntos implicados Pablo González.
En una de las grabaciones a la trama se escucha cómo Ignacio González sabe que le están investigando y al día siguiente su hermano Pablo visita al entonces número dos de Interior, José Antonio Nieto. El secretario de Estado de Seguridad negó que en esa reunión hablaran de Lezo y aseguró que González le fue a ver por su preocupación por la seguridad de un país extranjero donde iba a operar Mercasa.
Precisamente esta empresa pública era objeto igualmente de la investigación sobre Pablo González, al resultar posibles irregularidades en las escuchas de Lezo. El juez Velasco se inhibió en favor del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ya investigaba las irregularidades de la compañía.
Por su parte, el magistrado José de la Mata dejó fuera a Pablo González de la pieza separada en la que investigaba un supuesto soborno de Mercasa que ascendía a 20 millones de euros en un proyecto en Angola.
En una de las grabaciones de Lezo, Pablo González hablaba sobre el sistema de mordidas que utilizaban en Mercasa: «Dime con quién hacemos esto y te dice con la constructora «zutanito» y te vas a la constructora «zutanito» y le dices mira, el precio entendemos que es este, le vas a cargar un 10% más porque habrá que pagar a tal. Y le pagas. Ya está joder».
El instructor Manuel García Castellón destaca en un auto en el que archiva una pieza separada de la trama que «resulta llamativo” que este partido “facilitara con su voto lo que señala como un plan criminal”
El juez que investiga en la Audiencia Nacional el “caso Púnica”, Manuel García Castellón, ha reprochado al PSOE que haya denunciado por corrupción una operación inmobiliaria en Valdemoro (Comunidad de Madrid) que fue aprobada con los votos de los ediles socialistas. Así consta en un auto de 5 de abril, en el que el instructor acuerda el sobreseimiento provisional de la acusación contra un antiguo representante de El Corte Inglés y un constructor.
“Resulta llamativo que la acusación popular enumere en su escrito, entre los indicios que fundamentan el llamamiento del señor Soriano como investigado, el contrato de permuta elevada a escritura pública el 29 de diciembre de 2004 entre el Ayuntamiento de Valdemoro y El Corte Inglés toda vez que el mismo partido bajo cuya coordinación actúa la acusación popular, facilitó, con su voto favorable en el Pleno celebrado el 29 de septiembre de 2004 que se realizara precisamente la mencionada permuta que ahora se señala como parte del plan criminal”, especifica la resolución, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, que cierra la causa contra los empresarios Javier Cid Sicluna y Faustino José Soriano Atencia.
En concreto, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), “bajo la coordinación del PSOE”, fue la que reclamó la imputación del representante de la empresa “antes incluso que la Fiscalía”, destaca la resolución, al considerar que se había amañado la recalificación de unos terrenos de El Corte Inglés en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Valdemoro (Madrid), aprobado en 2004, siendo alcalde el ex consejero del PP Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama ‘Púnica’. Sin embargo, el juez rechaza “que hubiese actuación delictiva alguna, ni de El Corte Inglés, ni mucho menos del señor Soriano Atencia”.
PP, PSOE e IU
En el mismo sentido, según resalta el juez en su auto, la decisión de elevar a escritura pública la permuta fue aprobada por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Valdemoro de 29 de septiembre de 2004, “contando con los votos a favor de los concejales de todos los grupos municipales: PP, PSOE, IU y los Verdes; lo cual resulta, también, poco coherente con un plan aparentemente trazado por unos pocos para perjudicar al Ayuntamiento, dada la amplitud del apoyo recibido”.
El juez, que recuerda que ya había advertido hace nueve meses de la “debilidad indiciaria” respecto a la presunta participación de los imputados en la trama aparentemente organizada para que la empresa Obras y Vías pudiera adquirir el 100% de la propiedad de la parcela de El Corte Inglés, con intervención del Ayuntamiento de Valdemoro, concluye que tras oír a los investigados el pasado 22 de febrero de 2021, y vista la documentación que aparece en la causa, “no se constata indicio alguno que permita vincular a aquellos en la presunta trama dibujada por la acusación, [...] con enriquecimiento privado de los partícipes y a consta del Ayuntamiento de Valdemoro”.
Esta decisión se produce después de que, tal y como adelantara La Sexta, tanto el PSOE como la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) pidieran al juez instructor que se apartara de esta investigación. Lo hacían al confirmar que García Castellón, desde que se reincorporó a su plaza en la Audiencia Nacional en 2017, tenía concedida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la compatibilidad para ejercer la docencia como tutor por internet en el Centro Universitario Ramón Areces, “perteneciente y dependiente de El Corte Inglés”.
Rechazó apartarse
Sin embargo, García Castellón rechazó apartarse de esta causa al asegurar que no había “conflicto de interés alguno” por el hecho de ejercer como docente en esta fundación dependiente de los grandes almacenes.
En un escrito, el instructor del “caso Púnica” destacó que el Consejo General del Poder Judicial había examinado y reconocido su “compatibilidad” para ejercer esa labor docente al tiempo que era titular de un Juzgado de Instrucción en la Audiencia Nacional. Tanto Adade como el PSOE recurrieron esta decisión ante la Audiencia Nacional, sin que García Castellón fuera apartado de este procedimiento.
https://www.larazon.es/espana/20210408/qnxbbl5765ffhcj724afamfwbe.html
LA AUDIENCIA NACIONAL REABRE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL EXALCALDE DE ALCOBENDAS
El tribunal ve “indicios de criminalidad” en la actuación del exregidor y una colaboradora
La Sala de lo Penal número cuatro de la Audiencia Nacional ha decidido reabrir la investigación en el caso Púnica contra el exalcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa (PP) y la directora de comunicación del regidor, Teresa Alonso-Majagranzas. Se trata de una disposición sobre el recurso de apelación que presentó el Ministerio Fiscal contra el auto dictado el día 9 de febrero de 2021. En él, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso, decidió archivar la investigación, al concluir que de las pesquisas realizadas no se desprendían indicios suficientes de que García Vinuesa tuviera la “corrupta voluntad” de desviar fondos públicos en su propio beneficio. En concreto, para pagar de manera ilegal a las empresas de Alejandro De Pedro, el experto informático de la trama de corrupción, la mejora de su imagen en internet.
Ahora, la Audiencia sí ve “indicios de criminalidad” en la actuación de los investigados y le reprocha al juez García-Castellón “lo precipitado de la decisión de sobreseimiento provisional adoptada”. La Audiencia reclama además que continúen las pesquisas sobre García de Vinuesa y Alonso-Majagranzas, porque encuentra “indicios racionales de criminalidad en la actuación de los investigados”, pero excluye a la gerente del Patronato Sociocultural de esta localidad, Yolanda Sanchís, cuya causa queda sobreseída.
La causa investigaba si García Vinuesa y su colaboradora pagaron, en 2011, cuando el primero era alcalde de Alcobendas, trabajos de reputación online tras desviar fondos de un patronato del Ayuntamiento mediante facturas con conceptos falsos. Un informe de la Guardia Civil cifró en 69.051 euros ese supuesto desvío. Tras ser imputado en noviembre de 2020, el exalcalde renunció al cargo de Comisionado para las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid que ocupaba en ese momento.
EXCULPADO DE LA 'PÚNICA' GARCÍA DE VINUESA, EX ALTO CARGO DEL GOBIERNO DE AYUSO QUE DIMITIÓ AL SER IMPUTADO
Afirma que no ha quedado acreditado el desvío de fondos públicos para mejorar la reputación del ex alcalde de Alcobendas
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado archivar el caso Púnica para Ignacio García de Vinuesa, quien hasta su imputación era comisionado del Gobierno de Madrid para la Atención a las Víctimas del Terrorismo. Estaba investigado en el marco de la pieza separada número 10 de la macrocausa, en la que se investigan los trabajos de reputación online a políticos, durante su etapa como alcalde de Alcobendas.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, con fecha de este miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones que se dirigían contra García de Vinuesa; la que fuera su directora de comunicación (cargo eventual) María Teresa Alonso-Majagranzas, y la gerente del Patronato Sociocultural del Ayuntamiento de Alcobendas, Yolanda Sanchís.
El magistrado afirma que de las diligencias practicadas hasta el momento "no se desprende indicio alguno de fraude". Señala que no se ha podido acreditar que los servicios licitados por el consistorio madrileño a las empresas de Alejandro de Pedro -uno de los principales investigados en esta causa- no se prestaran, "o que existiera una corrupta voluntad de desviar fondos públicos con la finalidad de atender a gastos de carácter particular".
Así, concluye que no hay pruebas de que los informes sobre reputación en redes sociales hayan sido encargados por el propio García de Vinuesa, ni de que "los pagos que se efectuaron por el Ayuntamiento de Alcobendas se realizaron precisamente para 'mejorar la reputación personal del alcalde'".
Imputado por cinco delitos
El juez acordó a principios de noviembre la imputación de García de Vinuesa y los otros dos cargos vinculados al Ayuntamiento de Alcobendas por los delitos de fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsificación de documento mercantil y prevaricación.
Explicaba en su auto que, según se recoge en un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, los investigados habrían concertado con De Pedro que su empresa Eico realizara trabajos personales al que fuera alcalde entre 2011 y 2014 y que se acomodaría la estrategia para que fuesen los fondos públicos del Patronato Sociocultural de Alcobendas los que abonaran dichos servicios.
Ahora el magistrado instructor, y tras haber interrogado a los investigados --la asesora de comunicación se acogió a su derecho a no declarar---, afirma que no hay indicios suficientes para mantener la imputación.
Explica que la mera afirmación por parte de la acusación de que las facturas giradas por las empresas de De Pedro refieren conceptos imprecisos y poco claros, "no pasa de ser una valoración subjetiva, una sospecha que además fue desmentida por los dos investigados que declararon".
Además, para el juez instructor es "comprensible" que, a la vista del organigrama del Ayuntamiento, las facturas fueran dirigidas al Patronato, "toda vez que la comunicación dependía orgánicamente (aunque no funcionalmente)" de este organismo.
Aún así señala que cierto es que la licitación de los servicios como "contratos menores" puede resultar una cuestión de índole administrativa, "pero no puede ser un fundamento para una imputación penal".
Línea difusa entre publicidad institucional y reputación
El magistrado también reconoce en su resolución que "la línea divisoria entre los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal de los cargos públicos no ha dejado, nunca, de ser tenue, difusa, brumosa y, en consecuencia, imprecisa y confusa".
Por ello, considera que debe ponderarse cada caso concreto y analizar "si en los contratos adjudicados y en la creación de periódicos digitales dedicados a la publicidad institucional se escondían o solapaban beneficios personales y partidistas, completamente alejados de la función y del cargo público", o si realmente las actividades promocionadas poseían "un vínculo próximo e indisoluble con las políticas públicas anexas a los cargos que a las que debían servir los elegidos desde la legitimidad refrendada por las urnas".
https://www.elmundo.es/madrid/2021/02/10/6024004d21efa01e7e8b465f.html
EL JUEZ DEL ‘CASO PÚNICA’ EXCULPA A TRES CARGOS DEL PP
Manuel García Castellón archiva provisionalmente la causa contra el exalcalde de Gandia
Manuel García Castellón, juez instructor del caso Púnica, una trama de corrupción vinculada a administraciones gobernadas por el PP, acordó este viernes archivar de manera provisional la causa abierta a tres ex altos cargos: el exalcalde de Gandía (Valencia), Arturo Torró; el exvicesecretario de Organización del PP en esa localidad, Dionisio Oller, y el ex secretario general, Víctor Soler.
La investigación puso bajo sospecha a estos tres exdirigentes populares por concertarse supuestamente con el empresario Alejandro de Pedro de manera que este, cobrando dinero público del Ayuntamiento de Gandia, hiciera trabajos de reputación en las redes sociales y en internet a favor del exalcalde.
El juez sostiene que el Ayuntamiento de Gandia “no llegó a abonar cantidad alguna a Madiva, empresa de Alejandro de Pedro”, dado que las facturas que se giraron “fueron devueltas y no pagadas por el Consistorio”.
Siete años de causa
El caso Púnica comenzó a instruirse en 2014, a raíz de un aviso de la Fiscalía suiza sobre la existencia de una cuenta bancaria a nombre de Francisco Granados, quien fuera muchos años secretario general del PP y consejero autonómico.
El instructor recuerda además que, en esta pieza separada del caso, “las actuaciones practicadas no han permitido acreditar que otras prestaciones contratadas por el Ayuntamiento de Gandia a Eico —otra de las empresas de reputación en la web que tenía Alejandro de Pedro—, no se prestaron”. El hecho de que los contratos se licitaron como “menores”, señala el instructor, “puede resultar una cuestión de índole administrativa, pero no puede ser fundamento para una imputación penal”.
El juez no considera suficientemente acreditado que los fondos públicos que dedicó el Ayuntamiento de Gandia a una serie de servicios que prestó la empresa de De Pedro fueron desviados para otros trabajos que beneficiaron a personas particulares.
“Ninguna diligencia se ha practicado en orden a determinar que los informes se refieren a aspectos privados, de imagen personal del alcalde. Mucho menos se ha podido acreditar que estos informes se realizaron por encargo del señor Torró, y finalmente tampoco se ha acreditado que los pagos que se efectuaron por el Ayuntamiento de Gandia se realizaron precisamente, para mejorar la reputación personal del alcalde”
https://elpais.com/espana/2021-04-09/el-juez-del-caso-punica-exculpa-a-tres-cargos-del-pp.html
EL JUEZ DESIMPUTA AL CONSTRUCTOR AL QUE BÁRCENAS ACUSÓ DE ENTREGAR 60.000 EUROS PARA ESPERANZA AGUIRRE
El magistrado García-Castellón archiva la causa contra el empresario Luis Gálvez por falta de indicios
El juez Manuel García-Castellón ha acordado desimputar en el caso Púnica al constructor Luis Gálvez, a quien el extesorero popular Luis Bárcenas acusó de haber entregado en la sede del PP un sobre con 60.000 euros en metálico para la campaña electoral de 2007 de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid. El magistrado de la Audiencia Nacional ha tomado esta decisión solo un día después de interrogar al empresario y ante la falta de más indicios contra él, según consta en un auto dictado este viernes al que ha tenido acceso EL PAÍS.
El juez instructor explica que la imputación del constructor se basó, “en esencia”, en la declaración prestada por Bárcenas el pasado febrero, cuando lo involucró en los hechos que se investigan en la pieza nueve del caso Púnica, centrada en la supuesta financiación irregular del PP de Madrid. Según dijo el extesorero, en 2007 o 2008 Gálvez acudió a la sede de la calle Génova para verse con el entonces responsable de las finanzas del partido, Álvaro Lapuerta. Una vez allí, le entregó un sobre con 60.000 euros con la orden explícita de dárselos a Aguirre. Cosa que Lapuerta y Bárcenas hicieron nada más irse el empresario, según la versión de este último.
Gálvez negó en su declaración de este jueves cualquier entrega de dinero e, incluso, aseguró que nunca había pisado la sede del PP. El constructor, antiguo responsable de la compañía Ploder, también consta en los denominados papeles de Bárcenas como donante de otros 50.000 euros al partido nacional en 2008 para su contabilidad paralela, dada por acreditada por dos sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
“De este modo, teniendo en cuenta la falta de indicios que sustentan las manifestaciones de Bárcenas y la verosimilitud en la declaración del investigado, no puede mantenerse la investigación contra Gálvez”, resuelve García-Castellón, en línea con la Fiscalía Anticorrupción, que también pidió el mismo jueves desimputarlo. “Más allá de la declaración de Luis Bárcenas, no existe prueba o indicio alguno que haga pensar que tal entrega [de dinero para Aguirre] existió”, mantiene el ministerio público en un escrito remitido al magistrado. Además, apostilla el juez, en caso de existir delito, este ya habría prescrito. La expresidenta de la Comunidad también negó el episodio narrado por el extesorero y anunció que se querellaría contra él por falso testimonio.
https://elpais.com/espana/2021-03-26/el-juez-desimputa-al-constructor-al-que-barcenas-acuso-de-entregar-60000-euros-para-esperanza-aguirre.html
EL JUEZ DE 'PÚNICA' CONSIDERA "AGOTADA" LA INVESTIGACIÓN Y TRAS EL 4M ACABARÁ LA INSTRUCCIÓN CON 200 IMPUTADOS
Las últimas resoluciones judiciales urgen a concluir las indagaciones: la Audiencia Nacional habla de no demorar los plazos y el instructor ve acabada su labor
Anticorrupción está por la labor de mover ficha una vez que pasen los comicios autonómicos para no interferir en el proceso electoral
La macrocausa consta de once piezas separadas, una de ellas sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid que salpica a Esperanza Aguirre
Casi siete años de instrucción, dos centenares de imputados y una docena de piezas separadas es el balance del caso Púnica, una de las macrocausas de corrupción más longevas de la Audiencia Nacional. Este año, distintas resoluciones judiciales de las últimas semanas avanzan el final de la investigación en los próximos meses, en los que se dilucidará qué personas de todos los implicados que han pasado por el tribunal son enviados a juicio y quiénes terminan en sobreseimiento. En todo caso, todo eso se verá después de las elecciones autonómicas en Madrid del próximo 4 de mayo, ya que los tribunales no suelen llevar a cabo actuaciones que puedan influir en la intención de voto.
La instrucción del caso Púnica estaba destinada a terminar el verano de 2020 en función de los plazos marcados por la ley. Una reforma legislativa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) aprobada a finales de julio permitió extender los plazos sine die, lo cual fue acordado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, frente a las protestas de investigados en la causa como la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, cuya representación letrada solicitó el cierre de las actuaciones. Desde entonces se han acordado numerosas comparecencias de nuevos imputados y de testigos, incluida la del extesorero del PP Luis Bárcenas después de que se comprometiera a colaborar con la justicia.
No obstante, el pasado otoño y los primeros meses de 2021 también han sido escenario de archivos con respecto a ciertos imputados y la denegación de diligencias que habían sido solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción. Tanto el instructor como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya han ido orientando lo que debe ser el futuro más inmediato de la macrocausa: el fin de la investigación tras siete años abierta.
La Sala ordena cerrar y el juez avisa de que no aceptará más diligencias
Una de las resoluciones más recientes ha sido la de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, la encargada de resolver los recursos durante la instrucción, que rechazaba las diligencias que solicitaba el Ministerio Público en el marco de la pieza 9 de Púnica, en la que se investiga la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, y urgía a concluir la instrucción "que se prolonga ya en el tiempo desde principios del año 2014". "Este tribunal considera que tras una larguísima instrucción que se inició hace ya más de siete años, las diligencias que se interesan no deben demorar por más tiempo la conclusión de la que llaman pieza separada número 9", dijo la Sala en un auto del 17 de febrero.
Esta advertencia interesaba no sólo a la Fiscalía, que era la que había pedido a la Sala que ordenara al juez que acordara las diligencias solicitadas, sino al propio García-Castellón, porque aparte de confirmar su decisión de no seguir con las diligencias que le solicitaban desde Anticorrupción, ponía ya sobre la mesa lo que opina el tribunal sobre el caso Púnica: la instrucción empieza a estar, si no lo está ya, agotada. Y así lo ha expuesto el magistrado en un reciente auto de esta semana, aparte de archivar las pesquisas con respecto a Indra como persona jurídica en el caso de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid cuando estaba dirigido por Aguirre.
El Ministerio Público alegaba que las nuevas diligencias que proponía eran pertinentes y entendía que la investigación sigue abierta "hasta que finalicen los plazos fijados por la ley para su conclusión". El juez discrepa y remarca que una cosa es que los plazos de instrucción no hayan concluido y otra muy distinta es que la investigación esté ya "agotada". "Si se estuvo en condiciones de poder finalizarse el 27 de agosto de 2020, con mayor razón se debería estar en situación de hacerlo en este momento", afirma, insistiendo en que la Sala ya expuso la "necesidad de finalizar la instrucción de esta pieza".
Fuentes de Anticorrupción consultadas por infoLibre son conscientes de que las últimas decisiones de la Sala y el magistrado abocan a un cierre próximo de la instrucción de la macrocausa. Unas piezas lo harán antes que otras, pero están de acuerdo en que la investigación de los casos no puede extenderse indefinidamente en el tiempo. Ahora, lo que tiene que abordar el Ministerio Público es la ordenación de los hechos en cada una de las piezas y pronunciarse sobre qué investigados deben ser procesados y sobre quiénes se solicita el sobreseimiento para poner sobre la mesa del juez sus conclusiones provisionales. Fuentes jurídicas confirman que García Castellón está esperando a recibir los escritos de la Fiscalía.
Según las fuentes consultadas, el cierre de la investigación no llegará hasta que pasen los comicios del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, pues hay una regla no escrita en los tribunales según la cual éstos no suelen tomar ciertas decisiones que puedan interferir o influir en el desarrollo de procesos políticos como puede ser una campaña electoral. En todo caso, prevén que tras el 4M se aceleren los acontecimientos con respecto a esta macrocausa de corrupción.
¿Qué pasará con Aguirre?
De todo el caso Púnica, la pieza 9 ha sido la más mediática en los últimos años. Las comparaciones con la existencia de una caja b en el PP nacional, ya confirmada por el Tribunal Supremo, son inevitables: dos gerentes, Luis Bárcenas en el nacional y Beltrán Gutiérrez en el regional, que iban anotando entradas de dinero en efectivo que escapaban al control fiscal y engrosaban una contabilidad opaca para financiar campañas electorales. Lo que está por ver es si Esperanza Aguirre es finalmente procesada por haber sido supuestamente la supervisora de esa financiación ilegal que le habría servido para financiar campañas en 2007, 2008 y 2011, tal y como concluían tanto el juez como Anticorrupción cuando fue imputada en septiembre de 2019. Aparte de ella, están también investigados otros dos expresidentes madrileños, Ignacio González y Cristina Cifuentes, además del ex secretario general y exconsejero Francisco Granados, entre otros.
La tesis de los investigadores es que Aguirre "ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba" y que era la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad". "Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad", apuntaba el auto de imputación. La "estrategia" –añadía– era "obtener fuentes de financiación para el partido, amparándose en diversas partidas del presupuesto, en principio con fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público desde las licitaciones de las consejerías de la Comunidad y adjudicar, en connivencia con determinados proveedores de confianza, la licitación de determinados contratos de suministros".
Aguirre siempre ha negado la mayor y en este tiempo sólo la han señalado tres personas condenadas o investigadas en el caso Gürtel: la administradora de empresas de Francisco Correa, Isabel Jordán; y los exalcaldes de los municipios madrileños de Majadahonda y Boadilla del Monte, Guillermo Ortega y Arturo González Panero, respectivamente. Casualmente, los tres tienen como abogado al mismo letrado que acaba de contratar Bárcenas, quien también ha acusado a la expresidenta de, entre otras cosas, aceptar un sobre con 60.000 euros de un empresario. Tanto ella como el constructor lo niegan y él ya ha sido exculpado. Sin embargo, la Fiscalía siempre se ha mostrado partidaria de seguir buscando más indicios contra la expresidenta.
La declaración del empresario señalado por Bárcenas, que tuvo lugar el pasado jueves, puede ser de las últimas que tome el juez en la pieza 9 de Púnica. La macrocausa tiene otras diez líneas de investigación que comenzaron a abrirse en 2014, tras la detención de Francisco Granados, que es precisamente el que da nombre al caso –punica granatum es el nombre científico del árbol de la granada–, y del constructor David Marjaliza por los negocios que habrían hecho juntos cuando el primero era alcalde de la localidad madrileña de Valdemoro, antes de entrar en el Gobierno de Aguirre en 2003.
Pieza 1. El chivatazo de un guardia civil a Granados avisándole de que estaba siendo investigado. Es la única sobre la que ya se ha celebrado juicio, que acabó con la condena del exconsejero a dos años de prisión y de dos agentes. Granados ya había cumplido con creces la condena debido al tiempo que había pasado en prisión preventiva.
Pieza 2. La rama leonesa de la trama. Trata de adjudicaciones irregulares a las empresas de reputación online vinculadas al llamado conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, y al exalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa por parte de la Diputación de León. Están en espera de juicio una vez la Fiscalía presentó su escrito de acusación.
Pieza 3. Hechos concernientes a las supuestas adjudicaciones fraudulentas a las mercantiles vinculadas a Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa en Murcia. Están procesadas una veintena de personas, entre ellas el exconsejero Juan Carlos Ruiz. Esta línea de indagación salpicó al expresidente de la Región Pedro Antonio Sánchez, que acabó dimitiendo. Sin embargo, el juez García Castellón acabó archivando las diligencias contra él, contra el criterio de Anticorrupción y las acusaciones populares.
Pieza 4. Se investigan delitos de blanqueo de capitales y supuestas irregularidades urbanísticas en Valdemoro, con origen en el nuevo plan de ordenación urbana impulsado por Granados como alcalde. También se investigan todas las adjudicaciones de gestión y explotación de bienes públicos adjudicados por el Ayuntamiento a la trama.
Pieza 5. Hechos concernientes a contratos menores en los municipios de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle con empresas de la trama corrupta.
Pieza 6. Se investigan varios contratos de eficiencia energética suscritos entre la multinacional francesa Cofely y varios ayuntamientos como Almendralejo, Brunete, Villalba, Alcalá de Henares, Móstoles, etc. Se sospecha que se han pagado cuantiosas comisiones y se han realizado irregularmente encuestas electorales. Están imputados exalcaldes y otros cargos de los municipios afectados, así como directivos de la empresa.
Pieza 7. Acerca de la contratación por parte de 47 ayuntamientos madrileños entre 2004 y 2014 con la empresa de eventos musicales Waiter Music. Se sospecha de adjudicaciones irregulares y sobrevaloradas y con cargo a esa sobrevaloración y a varios contratos adjudicados a FCC, Acciona, Dragados, OHL, Sacyr, Grupo DHO, Urbaser, se habrían pagado comisiones, fiestas de varios dirigentes y alcaldes así como mítines y actos del PP. José Luis López Huerta Balbuena, propietario de esta empresa recientemente fallecido, reconoció en sede judicial que varios investigados y otros que no lo son pudieron beneficiarse de comisiones y dadivas por haberle adjudicado contratos en sus respectivos municipios. El pasado septiembre, el juez citó a declarar como imputados a exalcaldes y otros cargos, entre ellos David Erguido, ex teniente de alcalde de Algete en el momento de los hechos, motivo por el cual dejó su escaño de senador.
Pieza 8. Se investiga la actividad de Granados desde las distintas responsabilidades en la Comunidad de Madrid bajo la Presidencia de Esperanza Aguirre: consejerías de Transportes, Presidencia y Justicia e Interior.
Pieza 9. Posible financiación ilegal del PP de Madrid tras la llegada de Aguirre a la Presidencia a través de varias vías: contratación a través del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) y del Canal de Isabel II, adjudicaciones de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) a Indra a cambio de comisiones, desvío de dinero procedente de la cláusula del 1% –fundamentalmente desde las consejerías de Sanidad y Transportes–, y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), entidad ligada al partido.
Pieza 10. Sobre adjudicaciones en Denia, Valencia, Madrid, Majadahonda, Valdemoro, Comunidad de Madrid y «terceros países» a empresas vinculadas a de Pedro y Alonso Conesa. Se investiga si el empresario Alejandro de Pedro cobró dinero público por realizar fraudulentamente informes de reputación on line a cargos públicos de diversas administraciones públicas y empresas.
Pieza 11. La última línea de investigación versa sobre las comisiones que se sospecha pagó la empresa Alfedel a cambio de la gestión de varios colegios concertados en la Comunidad de Madrid.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/03/28/el_caso_punica_enfila_recta_final_tras_tendra_los_dias_contados_despues_siete_anos_instruccion_mas_250_imputados_118504_1012.html
EL JUEZ ARCHIVA PARA INDRA LA PARTE DEL ‘CASO PÚNICA’ POR SUPUESTOS PAGOS AL PP
La empresa había solicitado el sobreseimiento al entender que se había acreditado que las conductas de algunos de sus empleados no pueden ser atribuidas a la persona jurídica en su conjunto
El juez Manuel García Castellón ha archivado para Indra la parte del caso Púnica seguida por supuestos pagos para financiar al PP de Madrid en la que se investiga el presunto desvío de fondos de la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad madrileña a través de esa empresa. Así lo acuerda en un auto el magistrado de la Audiencia Nacional al “no haber resultado la existencia de un incumplimiento grave de los deberes de control, vigilancia o supervisión por parte de la entidad respecto de la actuación de sus empleados” en relación a los hechos investigados, supuestamente cometidos entre 2008 y 2013.
Indra había solicitado el sobreseimiento al entender que, una vez realizadas todas las diligencias necesarias y pertinentes, se había acreditado que las conductas presuntamente realizadas por algunos de sus profesionales no pueden ser atribuidas a la persona jurídica en su conjunto, además de que la compañía contaba con un modelo de cumplimiento normativo eficazmente implementado.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción se había opuesto a la solicitud de sobreseimiento argumentando que no era el momento procesal oportuno, dado que restan diligencias importantes y pertinentes por practicar. En su auto el juez García Castellón considera que no procede la práctica de las diligencias solicitadas por el Ministerio Público y entiende que la investigación de esta pieza está “ya agotada”, tal y como le indicó, explica, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia en un auto del pasado 17 de febrero.
El instructor señala en su resolución que de la documentación aportada hasta el momento se desprende que la firma tecnológica tenía implantado un sistema de prevención y cumplimiento eficaz al tiempo de producirse los hechos investigados. Y estima que la documentación aportada permite constatar que los mecanismos de prevención normativos implantados en la empresa permitieron localizar, identificar y erradicar a los responsables de los hechos aparentemente delictivos. Explica, además, que en este caso “la respuesta de Indra ante los hechos aparentemente delictivos fue contundente, como se puede observar por la documentación presentada, realizando un análisis detallado de las causas que motivaron la actuación por los presuntos responsables, y procediendo a su despido”.
En este sentido, el instructor destaca la actitud de colaboración seguida por la empresa y las acciones realizadas en orden a identificar y reconocer el delito contra la hacienda pública. Y concluye que del estudio y valoración de los indicios aportados se aprecia la existencia de conductas imputables a determinadas personas físicas, antiguos empleados de la entidad, que pese a las medidas existentes en la corporación y saltándose los mecanismos de prevención implantados, pudieron haber delinquido.
El juez ya archivó en enero de 2020 la causa contra el expresidente de Indra Javier Monzón en relación con supuestos pagos de la empresa para financiar al PP de Madrid al considerar que no había indicio alguno de que los conociera ni interviniera en los mismos. En su declaración ante el juez, en octubre de 2019, Monzón se desvinculó de esos supuestos pagos y dijo que él se encargaba de la estrategia global de la compañía, no de ese tipo de contratos.
https://elpais.com/economia/2021-03-24/el-juez-archiva-para-indra-la-parte-del-caso-punica-por-supuestos-pagos-al-pp.html
LA AUDIENCIA NACIONAL URGE AL JUEZ DE PÚNICA A ACABAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE ESPERANZA AGUIRRE Y LA CAJA B DEL PP MADRILEÑO
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza las diligencias que solicitaba Fiscalía Anticorrupción en el marco de la pieza 9 de 'Púnica' en la que se investiga la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, y urge a concluir la instrucción "que se prolonga ya en el tiempo desde principios del año 2014".
"Este tribunal considera que tras una larguísima instrucción que se inició hace ya más de 7 años, las diligencias que se interesan no deben demorar por más tiempo la conclusión de la que llaman pieza separada número 9", dice la Sala en un auto de 17 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press. En esa causa se encuentran imputados los expresidentes de la comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes.
La decisión del tribunal se produce después de que Anticorrupción recurriera la decisión del magistrado de desestimar las nuevas diligencias solicitados, que consistían en solicitar tanto al Ministerio del Interior como a la Comunidad de Madrid varios contratos relacionados con el escrutinio provisional de resultados y su difusión en las elecciones locales y autonómicas madrileñas de 2007, 2011 y 2015.
Anticorrupción fundamentaba la petición en que la investigación había evidenciado que el expresidente madrileño Ignacio González y el que fuera consejero delegado de la Agencia para la Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás se habrían servido de la mercantil Indra para desviar fondos públicos del presupuesto de ICM
https://www.eldiario.es/sociedad/coronavirus-actualidad-politica-16-de-marzo_6_7313114_1065399.html
LA AUDIENCIA NACIONAL DEJA EN LIBERTAD A VILLAREJO
La Fiscalía había pedido la excarcelación tras no conseguir adelantar el primer juicio contra el comisario jubilado, que iba a cumplir en noviembre el plazo máximo de prisión provisional
Manuel García-Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, ha decretado la puesta en libertad del comisario jubilado José Manuel Villarejo tras haberlo solicitado este mismo miércoles la Fiscalía Anticorrupción, según confirman fuentes jurídicas. El ministerio público presentó su petición sobre el antiguo agente de la Policía Nacional, que llevaba en prisión provisional desde noviembre de 2017, después del choque con la Audiencia Nacional, que dictó este martes un auto donde rechazaba el recurso presentado para tratar de adelantar el primer juicio contra él. El comienzo de esa vista oral se ha fijado para el 13 de diciembre, más de un mes después de que Villarejo cumpla los cuatro años máximo que se puede permanecer encarcelado de forma preventiva y sin una sentencia en contra. El policía ha abandonado la cárcel sobre las seis y media de esta tarde.
El ministerio público había pedido este miércoles al instructor del caso, Manuel García-Castellón, que ante su próxima e inevitable salida de prisión, lo dejase ya libre. Según el organismo, no tiene sentido mantener esa medida excepcional cuando su motivación era asegurar la presencia del investigado en el juicio. Eso sí, pidió que le impusiesen medidas cautelares: retirada de pasaporte, comparecencias periódicas ante los tribunales y la prohibición de salir de España. Un requerimiento que ha aceptado el magistrado.
García-Castellón y la Fiscalía se han opuesto durante más de tres años a la excarcelación. Ambas partes consideraron justificada la prisión provisional ante el riesgo de reiteración delictiva, la posibilidad de que destruya pruebas vitales para la investigación o que se fugue del país. El instructor ha reiterado en diferentes ocasiones que puede aprovechar para fugarse dadas sus “conexiones en el extranjero” y su importante “capacidad económica”. Circunstancias que persisten, según los investigadores, que consideran que se encuentra “cada vez más acreditada” la integración de su familia en la organización criminal liderada por Villarejo —“concretamente, su esposa” y uno de sus hijos—, además de recordar que se le halló documentación con “pluralidad de identidades” falsas que le podrían servir para la “planificación de una fuga”.
Los planes iniciales de Anticorrupción, ahora frustrados, pasaban por la división de la causa en líneas de investigación separadas para conseguir condenar a Villarejo en una de ellas antes de alcanzar los cuatro años de prisión preventiva, mientras se seguía con el resto de la instrucción. Las dos primeras (Iron y Pintor) se enviaron a juicio el 13 de julio de 2020, pero el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgará la trama —formado por los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Fermín Javier Echarri— acordaron unir ambas en una única vista oral junto a una tercera (Land). Y fijaron su fecha para el 13 de diciembre. Según explicaron en su auto de este martes, debido a la existencia de otras vistas orales retrasadas y a los aplazamientos por la pandemia, era imposible adelantar los plazos para que hubiera sentencia antes de noviembre.
Batalla entre la Fiscalía y la Audiencia
El choque entre la Fiscalía y el tribunal ha resultado intenso. Tras decidir juntar en un primer macrojuicio esas tres piezas separadas, los magistrados acordaron anular la prisión provisional dictada contra Villarejo por esas mismas líneas de investigación. Esa medida no implicaba que el comisario quedase ya libre, pues aún seguía vigente su encierro preventivo para el resto de la macrocausa. Pero, según criticó el ministerio público, impedía adelantar la vista oral al quitarle el carácter “preferente” frente a otras por no tratarse ya de un proceso con preso. De hecho, Anticorrupción calificó la decisión de la Audiencia como “opción no responsable” y dijo que no se motivó lo suficiente.
Unas palabras a las que respondieron los jueces el martes: “Lo que no puede pretender es marcar la agenda de señalamientos de la Sala. Primero, porque desconoce por completo la relación de causas pendientes. Y segundo, porque desconoce las disponibilidades materiales de las salas de enjuiciamiento hábiles, capaces de soportar un juicio oral de las características como el que nos ocupa”, arremetía el auto de los magistrados, donde se señalaba que, debido a problemas de agenda, aunque hubiese seguido como preso preventivo en esas tres piezas, no se habría podido fijar el juicio hasta, “como muy pronto”, finales de octubre o noviembre de 2021. “Por lo que resultaba ciertamente imposible y poco probable que hubiera recaído sentencia con anterioridad a la finalización del plazo máximo de prisión (3 de noviembre de 2021), pretendiendo con ello la Fiscalía trasladar dicha carga procesal de manera incomprensible a la Sala”, cargaron los jueces.
El abogado de Villarejo pide también la libertad
La defensa de Villarejo no esperaba este último movimiento de la Fiscalía, según confirman fuentes de su entorno, que creían que el ministerio público apostaría por mantenerlo en la cárcel hasta noviembre, cuando cumple esos cuatro años que puede permanecer en prisión preventiva como máximo. De hecho, el abogado del comisario, Antonio García Cabrera, también había movido ficha y presentó este miércoles un escrito en la Audiencia Nacional para solicitar la excarcelación de su cliente.
“Villarejo no podrá ya ser juzgado ni, eventualmente, condenado dentro del plazo máximo legal establecido en nuestro ordenamiento jurídico”, subraya el letrado en su escrito, al que tuvo acceso EL PAÍS: “Estas circunstancias hacen que desde ya, hayan decaído inevitablemente todas las finalidades que permiten adoptar una medida que, por respeto a los derechos fundamentales que se ven afectados, debe ser excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada”. Según el abogado, no solo no existe el riesgo de que se fugue antes del juicio, sino que pierde sentido la tesis de garantizar su presencia en la vista oral mediante la provisión provisional, pues inevitablemente tendrá que salir antes de la cárcel.
La defensa del comisario jubilado recurre, incluso, a las condecoraciones que obtuvo en la Policía para argumentar que no huirá: “Es un hombre de honor que siempre ha hecho frente a sus compromisos y obligaciones como servidor público, con muy relevantes servicios a España y a su seguridad, que le han hecho acreedor, entre otras distinciones y reconocimientos, de tres cruces al mérito policial. Dos de ellas, con distintivo rojo, concedidas en 2009 y 2013 por servicios policiales que supusieron hechos distinguidos y extraordinarios con patente riesgo o peligro personal”.
El partido político Podemos, personado como acusación popular, ha lamentado la decisión del juez: “Cuesta entenderlo. Existe un riesgo alto de fuga”.
https://elpais.com/espana/2021-03-03/la-audiencia-nacional-deja-en-libertad-a-villarejo.html
LA COMISIÓN KITCHEN DEL CONGRESO SE ATASCA AL NEGAR EL JUEZ LA DOCUMENTACIÓN
Los diputados prorrogan su primer plan de trabajo de tres meses sin tener aún ninguna documentación y sin haber organizado ninguna comparecencia
La comisión de investigación sobre la Operación Kitchen se creó hace dos meses en el Congreso, pero no acaba de arrancar. Los diputados encargados de indagar sobre actuaciones irregulares en el Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy no han recibido ninguna documentación, y la comparecencia inicial de Luis Bárcenas, el extesorero del PP, se vuelve a aplazar. El juez que instruye el caso, Manuel García-Castellón, ha notificado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que no puede facilitar los documentos requeridos porque” las actuaciones judiciales tienen carácter reservado en sede de instrucción”.
La comisión Kitchen del Congreso parece gafada. La Mesa que debe organizar el plan de trabajo —aprobado no sin demoras y con discusión en enero— se citó este martes otra vez, pero para aprobar una prórroga de su funcionamiento. El plazo inicialmente previsto de tres meses casi se ha cumplido sin que se haya registrado actividad alguna.
El 24 de febrero, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, remitió formalmente a la presidenta del Congreso la respuesta negativa del titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, a la solicitud de la comisión de investigación Kitchen de una serie de documentos y diligencias del caso. El magistrado basa su negativa en el “carácter reservado” de las actuaciones judiciales en sede de instrucción, “un principio fundamental” sustentado en el artículo 301 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo dispone “que las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral”.
El magistrado recuerda que el actual procedimiento judicial del caso Kitchen en la Audiencia “se encuentra en fase de instrucción y por tanto con carácter reservado”. García-Castellón alude a ese momento procesal, y a “la necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes”, para argumentar que suponen un “límite infranqueable” para remitir esa documentación judicial ahora al Congreso.
Villarejo y Rajoy
La Mesa de la comisión Kitchen discutió este martes esta situación de atasco en sus trabajos provocada por la respuesta judicial, y optó en cualquier caso por seguir adelante, pese a las críticas planteadas por los representantes del Partido Popular. El PSOE y otros partidos, como Vox, defendieron en las primeras discusiones sobre el sentido de la comisión Kitchen que, antes de requerir determinadas comparecencias muy mediáticas y probablemente polémicas (como las del comisario preso José Manuel Villarejo o de los responsables políticos en Interior de aquella etapa que tuvieron alguna relación con el reparto irregular de fondos reservados), podía resultar mejor centrarse en el estudio de las ordenes y las instrucciones policiales. Y así convenció el PSOE a Podemos de dejar para el final las citaciones al expresidente Mariano Rajoy, al exministro Jorge Fernández, a la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y a su esposo, Ignacio López del Hierro, y a los exsecretarios de Estado de Seguridad. Podemos, a su vez, insistió con otros partidos en no descartar que se llamase a Villarejo, como querían los socialistas.
El PP fue en su día, el 1 de octubre, el único partido que rechazó en pleno crear esta comisión propuesta por PSOE y Unidas Podemos, y que concitó el apoyo de 206 parlamentarios de esas formaciones y de Ciudadanos, PNV, Junts, Más País, Compromís, BNG, EH-Bildu, CUP, UPN y Nueva Canarias, y 54 abstenciones de Vox, Coalición Canaria y Teruel Existe.
El PP volvió a intentar este martes, como hizo en enero cuando salió adelante el primer plan de comparecencias y de peticiones de documentos, que la comisión pospusiese de nuevo sus sesiones hasta poder recibir todos los partidos la misma información del caso. Los populares entienden que PSOE y Podemos, al estar personados en la causa, disponen de mayor acceso a cómo discurre la investigación judicial. Ese intento de aplazamiento no prosperó, pero sí se acordó postergar una semana más, hasta el 17 de marzo, la esperada primera comparecencia en la comisión, que debe ser la de Luis Bárcenas, el extesorero nacional del PP. Bárcenas ya tiene la semana que viene señaladas varias sesiones del juicio abierto en la Audiencia sobre la caja b del PP que él manejó tantos años y que se tuvieron que suspender al contagiarse de coronavirus uno de los investigados que tenía que declarar.
Un precedente en 2016 con el voto contrario de De Prada
En noviembre de 2016, la Audiencia Nacional ya rechazó entregar al Congreso documentación judicial sobre la financiación ilegal del PP. La sección segunda de la Sala de lo Penal decidió entonces negar lo que pedía la comisión de investigación del Congreso con el argumento de que el “acceso indiscriminado a los documentos y actuaciones judiciales pueden poner en riesgo los derechos” de los procesados. Según la Audiencia, la presunción de inocencia de los acusados “podría verse comprometida” por una “investigación paralela no sujeta a las garantías del proceso penal y a la tutela de los derechos propios de la función judicial”.
La sala argumentó que algunos de los informes demandados desde el Congreso se habían obtenido bajo “el control judicial y con el designio de investigar posibles conductas delictivas, permitiendo por ende la investigación de hechos y datos personales a los que no hay acceso por terceros”. Aquel rechazo de la Audiencia fue aprobado por cuatro de sus cinco magistrados, con el único voto particular en contra del juez José Ricardo de Prada, que defendió que se entregase la documentación bajo estrictas condiciones. De Prada es ahora el clavo al que se sujeta el PP para seguir bloqueando la renovación pendiente del caducado Consejo General del Poder Judicial. El PP le clasifica como uno de los vocales próximos a Unidas Podemos y le identifica como el autor de la frase más condenatoria para los populares y Mariano Rajoy en la sentencia del caso Gürtel.
La Mesa de la comisión Kitchen, controlada por la mayoría del PSOE y Unidas Podemos, resolvió ayer volver a reunirse la semana que viene para prorrogar su mandato agotado de tres meses y analizar por dónde deberían comenzar a trabajar, todavía sin documentos judiciales y sin un programa organizado de comparecencias.
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha informado al Parlamento que no puede colaborar con su investigación paralela sobre el caso "Kitchen".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, ha enviado respuesta al Congreso de los Diputados señalando que no remitirá la documentación que obra en el sumario de la operación ‘Kitchen’ debido a que «se encuentra en fase de instrucción y por tanto tiene un carácter reservado».
En un breve informe fechado el 22 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado indica que esa reserva en las actuaciones judiciales es un principio fundamental al que alude el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Recuerda que el precepto señala que «las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra juicio oral».
Así, señala que la instrucción relativa a la operación ‘Kitchen’, el operativo ‘parapolicial’ orquestado para sustraer información sensible para el PP que estaba en posesión de su extesorero Luis Bárcenas, aun está en fase de instrucción, «como es público y notorio».
A esto, el magistrado suma que hay «límites infranqueables que se verían afectados en el presente caso por la remisión de documentación judicial al órgano parlamentario».
Por eso incide en que no remite lo requerido por la Mesa de la comisión de investigación de ‘Kitchen’ escudándose en «la necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes y de terceras personas».
Villarejo finalmente comparecerá ante la comisión de investigación de la Operación Kitchen, un "juicio paralelo" en sentido estricto
Finalmente, en el "juicio paralelo" que supone la comisión de investigación de la operación kitchen declarará el comisario Villarejo.
Esta respuesta del magistrado llega después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le solicitara a través del presidente del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, la documentación que previamente se había acordado interesar en la comisión.
Fue el pasado 28 de enero cuando ese órgano parlamentario presidido por la socialista Isaura Leal aprobaba por un lado el listado de comparecientes, entre los que está el comisario José Manuel Villarejo, y por otro la documentación que se debía requerir a la Audiencia Nacional.
En concreto, según recoge Europa Press, aprobaron reclamar información relativa al comisario –que está en el centro de la investigación de la pieza separada número 7– como sus agendas incorporadas a la causa, las grabaciones efectuadas por el excomisario a Cospedal y a su marido en la sede nacional del PP, y la conversación que Villarejo mantuvo con los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza en febrero de 2017.
También solicitaban tener acceso a los archivos del teléfono móvil de Francisco Martínez –el que fuera número dos en Interior en la época del ministro Jorge Fernández Díaz– y las dos actas notariales instadas por él sobre los mensajes que dice haber recibido desde el móvil de Fernández Díaz, y que hacían mención al operativo.
A esto, desde la comisión sumaban todos los oficios policiales de la causa, el informe del inspector de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago que declaraba incompatibles las actividades empresariales de Villarejo con el trabajo policial, los expedientes de concesión de medallas con las que se distinguió a algunos de los policías implicados, así como la relación de miembros del tribunal que aprobó el acceso de Sergio Ríos a la escala básica de la Policía.
Ya en enero, cuando salió a la luz la información que se iba a requerir, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press adelantaron que los diputados que participen en esta comisión no podrían contar con ningún documento que obrara en el sumario. Algo que finalmente se ha materializado con el informe del juez al Congreso.
https://confilegal.com/20210302-el-juez-garcia-castellon-responde-al-congreso-que-no-enviara-documentacion-del-sumario-de-kitchen-porque-tiene-caracter-reservado/
EL RAPAPOLVO DEL SUPREMO DEJA AL JUEZ DEL 'CASO DINA' SIN APENAS MARGEN PARA ACTUAR CONTRA IGLESIAS
El magistrado de la Audiencia Nacional volverá a citar a Dina Bousselham para que aclare si perdona al vicepresidente segundo del Gobierno por haber visto el contenido de su móvil El alto tribunal le reprocha que haya abandonado otras líneas de investigación sobre cómo acabaron las fotos, vídeos y conversaciones del móvil en medios de comunicación No ve recorrido a la imputación de denuncia falsa porque no existe sentencia o auto de sobreseimiento de una causa en la que se haya podido producir un testimonio fraudulento.
Poco margen de maniobra le queda al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tras el duro auto del Tribunal Supremo en el que rechaza imputar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por tres delitos en relación con la pieza 10 del caso Villarejo, más conocida como Dina. La imposibilidad de perseguir ciertos delitos sin determinados requisitos previos, lo que se constatará previsiblemente en cuanto la causa vuelva al instructor, juega en contra de lo que defiende el magistrado y hace bastante difícil que vuelva a elevar una exposición razonada al alto tribunal solicitando abrir causa contra el líder de Podemos.
Esa imposibilidad de perseguir ciertos delitos está tasada en el Código Penal y, en este caso, afecta a los indicios que el juez apreciaba en lo que respecta a una posible revelación y descubrimiento de secretos y a una presunta denuncia falsa. En el primer caso, ha de constar denuncia de la persona afectada, lo que en este caso no ha ocurrido y parece que no va a ocurrir, mientras que, en el segundo, debe producirse una sentencia o un auto de sobreseimiento firme de los hechos falsamente denunciados, lo que tampoco se ha producido.
Lo que han hecho los magistrados de la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo este miércoles casi cuatro meses después de que García Castellón elevara su exposición razonada, es, en consonancia con la opinión de la Fiscalía, determinar que en la supuesta revelación de secretos dejó sin efectuar una diligencia que consideran primordial para saber si se puede seguir adelante con la investigación: tomar declaración a Dina Bousselham, exasesora de Podemos que denunció el robo de su teléfono móvil y a quien Iglesias devolvió la tarjeta del mismo una vez visto el contenido y habiéndose quedado con el soporte durante unos meses.
Sin una denuncia de Bousselham, no se puede proceder contra el vicepresidente por este delito. Recuerda el auto del Supremo que la Fiscalía Anticorrupción "solicitó al menos por dos veces, en mayo y septiembre de 2020, nueva declaración de Dina Bousselham para concretar, entre otros, el relativo a la denuncia, diligencia no admitida por el instructor en la primera ocasión porque la consideraba prematura". En la exposición razonada, García Castellón alegaba también que "ello afecta al aforado" y que deberá ser, en su caso, la Sala del alto tribunal la que "las acuerde y ante quien se practiquen" este tipo de diligencias.
Esa Sala del Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, entiende que "pese a las reticencias" del juez a tomar de nuevo declaración a Bousselham, es "inexcusable" que la exasesora del partido morado "sea oída acerca de si efectivamente denuncia" el hecho de que Iglesias viese el contenido de la tarjeta de su móvil cuando le llamaron de la revista Interviú el 20 de enero de 2016 para comunicarle que les había llegado el soporte. El líder de Podemos acudió a la sede de la publicación y pudo ver el contenido, después de que lo hubieran hecho el director del Grupo Zeta Antonio Asensio y los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles. Una vez se llevó la tarjeta, el vicepresidente la guardó durante meses antes de devolvérsela a su dueña.
Sin la "asertividad requerida"
Para el tribunal, el cumplimiento del requisito de escuchar a Bousselham sobre este aspecto para saber si perdona a Iglesias "en modo alguno ha sido determinado con la precisión o claridad exigida" por García Castellón "para hacer efectiva su declinación competencial" y enviar la causa al Supremo. Creen los magistrados que, de las comparecencias que ha prestado la exasesora de Podemos en el juzgado "abundan razones para afirmarlo y también para negarlo", pero "en ningún caso" sus afirmaciones tuvieron la "asertividad requerida”. De ahí que consideren que el instructor no efectuó esta diligencia fundamental para la investigación.
El Supremo opina que el instructor debería preguntar a Bousselham "si no mediaba tal autorización" para que Iglesias accediera al contenido de su móvil, "si manifiesta ahora que consiente tolera y acepta que aquel hubiera entrado en conocimiento de todos los documentos, fotografías, incluidas las íntimas y personales, archivos y comunicaciones contenidos en la tarjeta de su titularidad, pues de haber conocido que iba a hacerlo le hubiera otorgado su expreso consentimiento". Según fuentes jurídicas consultadas por infoLibre, García Castellón citará a Bousselham en los próximos días.
El requisito de procedibilidad en el delito de descubrimiento y revelación de secretos también sería necesario en el caso de la posible denuncia falsa. Así lo ponen de manifiesto los magistrados del alto tribunal en su auto de este miércoles, tal y como consta en el artículo 456.2 del Código Penal. "En la exposición razonada no aparece, lo que en cualquier caso impide la apertura del proceso penal por razón de este delito", concluyen, por lo que también rechazan imputar a la vicepresidenta tercera del Congreso y exjefa de los servicios jurídicos de Podemos, Gloria Elizo, para quien García Castellón también pedía abrir causa.
¿Cómo acabó en Okdiario?
La resolución recuerda que el juez instructor parte de que Dina Bousselham mintió al ser consciente de que las capturas de pantalla publicadas por Okdiario en julio de 2016 eran las que ella había enviado a otras personas antes de que le robaran el teléfono y que Pablo Iglesias lo sabía. Pero aquí la Sala es tajante: García Castellón abandonó "diversas líneas de investigación" dando por hecho, "sin indicios concluyentes", que el contenido había llegado al periódico digital por esa vía y no por otras. De hecho, el magistrado de la Audiencia Nacional ya ha cerrado la pieza 10 del caso Villarejo, procesando al comisario jubilado y a los periodistas Pozas y Rendueles, sin determinar cómo acabó el contenido de la tarjeta en el medio que dirige Eduardo Inda. Cabe recordar que la pieza 10 se abrió cuando se encontraron en el domicilio de Villarejo carpetas con el contenido del teléfono.
Diferente a los dos delitos explicados es el de posibles daños informáticos, en relación con el hecho de que la tarjeta del móvil de Bousselham estaba inservible cuando Iglesias se la devolvió en el verano de 2016, después de la publicación de parte de su contenido. El Supremo no entra a examinar la solidez o consistencia de los indicios planteados por García Castellón, si bien considera necesario también que la exasesora sea escuchada en sede judicial una vez más, ya que durante la instrucción en la Audiencia Nacional de la pieza 10 ha hecho diferentes matizaciones al respecto.
En 2019, cuando se abrió la causa, declaró que nunca había podido acceder al contenido de la tarjeta que el líder del partido morado le había entregado, que insistió varias veces pero que el soporte no funcionaba. Pero en mayo de 2020, después de que el juez retirara a Iglesias la condición de perjudicado en este procedimiento, la exasesora cambió su versión y en un escrito aseguró que la primera vez que lo intentó sí pudo acceder y así comprobar que se trataba de su tarjeta, pero que la siguiente ocasión en que lo intentó ya no funcionaba.
Los informes sobre los daños en la tarjeta
Además de esta diligencia, el Supremo considera necesaria una ampliación de la pericial informática realizada sobre los daños en la tarjeta para precisar las causas que impiden acceder a la información de la tarjeta, cuál fue el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta contenía, y si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos y fecha del último acceso.
La Policía Científica ya entregó en agosto de 2020 un informe en el que subrayaba que los daños hallados en la tarjeta habrían sido resultado del "lijado de la cubierta protectora", lo cual "sería compatible con un intento de recuperación del contenido de la memoria", una técnica que coincide con la "empleada por los laboratorios especializados". Por culpa de esos daños, decía, “no se puede determinar” si la tarjeta tenía “daños previos”, “qué partes están afectadas por los mismos ni el momento en que se produjeron”.
Al recuperar el soporte, Bousselham envió la tarjeta a una empresa, Recuperación Exprés, para tratar de extraer el contenido de la tarjeta, pero no se pudo hacer nada. Así lo constataron los propios técnicos de la sede de la compañía en Gales (Reino Unido) en un informe remitido a la Audiencia Nacional en el que explicaban que el soporte estaba "físicamente intacto" cuando les llegó, que no presentaba "cortocircuitos" y que no pudieron acceder a su contenido utilizando el software especializado de recuperación de datos que utilizan en casos como este. También dijeron que durante su manipulación para el análisis del soporte, retiraron el revestimiento de plástico que cubre la tarjeta, aunque recalcaron que "es posible que eliminaran mucho más del recubrimiento".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/01/27/el_rapapolvo_del_supremo_deja_juez_del_caso_dina_con_poco_margen_para_proceder_contra_pablo_iglesias_115937_1012.html
GARZÓN ACUSA EL JUEZ GARCÍA CASTELLÓN DE ACTUAR CON "SESGO IDEOLÓGICO" Y CRITICA SU "OBCECACIÓN" CON IGLESIAS
El ministro de Consumo asegura que "hay muchos jueces conservadores" en contra de este proceso
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha acusado este miércoles al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de actuar con "sesgo ideológico" contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y ha criticado la "obcecación" del magistrado "contra una persona" cuando "otros tribunales" y "el clamor de los expertos" decían "que no había base" para seguir juzgando.
"Ha sido uno de los casos más evidentes en los que había una instrumentalización dirigida contra Podemos e Iglesias", ha afirmado Garzón en una entrevista en 'La Noche en 24 Horas' de TVE, recogida por Europa Press, en la que ha argumentado que "era evidente que no había un sustento suficiente" para la imputación, algo que, según ha dicho, ya defendía "cualquier experto en la materia". "No ha podido pasar porque era evidente que no podía pasar", ha zanjado.
El ministro ha señalado que se ha puesto "de relieve" que hay "determinadas personas en la justicia" que "fuerzan en excesos sus interpretaciones probablemente empujados por su sesgo ideológico", como es el caso, a su juicio, del juez García Castellón.
Según Garzón, el juez "mantenía su posición" frente a lo que decían otros tribunales y fiscalía y ha señalado que esto "no se puede entender de forma aislada" pues la investigación a Iglesias ha servido como "altavoz" en los medios de comunicación.
"Una persona que actuó contra el propio criterio de otros jueces, fiscalía (...) ¿Por qué? ¿Tenía una interpretación especialmente brillante? Parece que no", ha cuestionado el líder de IU, que ha resaltado que esto puede llevar a la conclusión de que García Castellón ha actuado con "sesgo ideológico", algo que "no es deseable que exista en el ámbito judicial donde se pretende la imparcialidad". "Hay que poner de relieve que algo no está funcionando", ha insistido.
Así, ha defendido que hay "muchos jueces conservadores" en contra del "tratamiento de este proceso" porque "contra toda razón" se proseguía con "esa obcecación que solo se puede entender en términos políticos". "En la democracia hay que señalar los déficits para corregirlos", ha concluido.
https://www.elplural.com/politica/garzon-acusa-juez-garcia-castellon-actuar-sesgo-ideologico-critica-obcecacion-iglesias_258307102
EL SUPREMO NO VE DELITO DE IGLESIAS EN EL ‘CASO DINA’ Y LO DEVUELVE A LA AUDIENCIA
El alto tribunal sigue el criterio de la Fiscalía y esperará a que se complete la investigación
El Tribunal Supremo devuelve a la Audiencia Nacional la causa que mantenía abierta contra el vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias por el caso Dina. De acuerdo con el criterio de la Fiscalía, la Sala de lo Penal considera que no hay indicios sólidos para sostener ninguno de los delitos que el juez Manuel García Castellón atribuyó a Iglesias. El auto del Supremo supone una enmienda total a la instrucción del magistrado de la Audiencia, a quien insta a agotar su investigación y, solo entonces, decidir si procede remitir al alto tribunal otra exposición razonada contra Iglesias.
El auto notificado este miércoles por la Sala de lo Penal supone el archivo de la investigación abierta en el Tribunal Supremo contra el vicepresidente segundo del Gobierno, a quien el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acusó de inventarse una conspiración para presentarse como víctima de las cloacas del Estado a raíz del robo del teléfono móvil de su exasesora Dina Bousselham. El alto tribunal, competente para actuar contra Iglesias por su condición de aforado, considera que, por ahora, no hay base para imputar ningún delito al vicepresidente segundo.
El alto tribunal lanza un duro reproche a la actuación de García Castellón, que envió en octubre al Supremo una exposición razonada en la que atribuía a Iglesias un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, otro de daños informáticos y otro de acusación y denuncia falsa. El auto de la Sala de lo Penal, del que ha sido ponente el magistrado Andrés Palomo, desmonta esas tesis y concluye que, con los mimbres de que disponía, García Castellón no debió pedirle al Supremo que actuara contra Iglesias.
El Supremo le devuelve al juez de la Audiencia la causa y le insta a agotar su instrucción con la práctica de una serie de diligencias que el tribunal considera que tenía que haber realizado antes de enviar el caso al Supremo. Entre ellas, la declaración de Bousselham para que ratifique o se retracte de los hechos relacionados con el delito de descubrimiento y revelación de secretos, ya que, recuerda el Supremo, el Código Penal exige la denuncia de la persona agraviada para actuar por esos delitos.
García Castellón admitía este extremo en la exposición razonada, pero aseguraba que debía ser el Supremo quien citara a la exasesora de Iglesias si consideraba que había indicios de delito. El tribunal rechaza esta teoría e insta al juez de la Audiencia a llamar a Bousselham, que ya ha manifestado en varios de sus escritos ante el juez que no acusa al líder de Podemos de revelar el contenido de su móvil. Si la excolaboradora de Podemos no denuncia a Iglesias, Garcia Castellón no podrá seguir adelante con el delito de revelación de secretos.
Tampoco lo tiene fácil el juez para sostener los otros dos delitos que atribuye al vicepresidente. Respecto al de daños informáticos, derivado del deterioro sufrido en la tarjeta del móvil sustraído a su exasesora, la Sala considera necesario también citar a Bousselham para preguntarle si el contenido de la tarjeta era accesible cuando se la entregó Iglesias, ya que ha ofrecido versiones contradictorias. La última dejaba al líder de Podemos al margen del supuesto daños de la tarjeta. Los magistrados consideran además necesaria ampliar la pericial informática realizada sobre los desperfectos en la tarjeta para precisar las causas que impiden acceder a la información, cuál fue el sistema o la técnica empleada para borrarlo o dañarlo, si es posible recuperar todos estos datos y la fecha del último acceso.
Respecto al delito de acusación y denuncia falsa, el Supremo lanza un duro reproche a García Castellón al entender que ha “abandonado diversas líneas de investigación” sin contar con indicios concluyentes para abogar por una tesis “sin mayor plausibilidad”. Además, los magistrados recuerdan que tampoco puede procederse contra el supuesto autor de la denuncia falsa hasta que no haya sentencia o auto firme, de sobreseimiento o archivo del juez o tribunal que haya conocido la infracción imputada, lo que no ocurre en este caso.
La exposición razonada se refería a una segunda aforada, la diputada de Unidas Podemos Gloria Elizo, pero únicamente por el delito de acusación y denuncia falsa. El Supremo también archiva la causa ante la ausencia de indicios por las mismas razones que el atribuido a Iglesias.
Por otro lado, el auto declara la falta de competencia respecto a las personas no aforadas mencionadas en la exposición razonada, Marta Flor, Raúl Carballedo y Ricardo de Sa Ferreira.
https://elpais.com/espana/2021-01-27/el-supremo-archiva-la-investigacion-contra-iglesias-por-el-caso-dina-y-remite-la-investigacion-a-la-audiencia-nacional.htm
UN JUEZ ABRE UNA INVESTIGACIÓN A LA GUERRILLA DE PODEMOS POR SUS AMENAZAS AL MAGISTRADO DEL ‘CASO DINA’
Nuevo frente judicial contra Podemos. El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha abierto diligencias de investigación sobre la «guerrilla» del partido de Pablo Iglesias que acosó al magistrado del caso Dina-Iglesias, Manuel García-Castellón. Según ha podido saber OKDIARIO, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional ya ha terminado su informe sobre estos mensajes intimidatorios y en Plaza Castilla se ha abierto una nueva causa que implica al partido morado.
Según consta en un oficio de la Dirección General de la Policía Nacional al que ha tenido acceso este periódico, «se han tramitado diligencias policiales dirigidas a la Fiscalía de Criminalidad Informática de Madrid dando cuenta de posibles acciones delictivas contra don Manuel García-Castellón, encontrándose la causa, según la información disponible, en fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid».
Ahora, el juez titular de ese juzgado, Esteban Vega, tendrá que analizar de forma pormenorizada el informe para decidir si continúa con la investigación. Se trata de un magistrado al que no le ha temblado la mano en varios casos que aparecen en la hemeroteca. Ha llamado a declarar como imputada por homicidio a la directora de una residencia de ancianos por no derivar a un usuario que falleció al hospital en la primera ola de la pandemia o ha procesado a un sujeto que criticó a una inmobiliaria en un foro de Internet por injurias graves por supuestos comentarios denigratorios.
Destapado por Calvente
Las amenazas de la «guerrilla» a sueldo de Podemos fueron destapadas por el ex abogado morado José Manuel Calvente, que rompió a llorar ante García-Castellón cuando mencionó los mensajes que él y su familia recibía: «Tengo miedo porque en Podemos hay mucho loco, una kale borroka a la que cualquier día se le va la mano», señaló en referencia al movimiento que lidera Julián Macías. Posteriormente, estos ciberguerrilleros la tomaron con el propio juez y éste las denunció a principios del pasado octubre al citado cuerpo policial. Estos duros mensajes también fueron remitidos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según explicaron entonces fuentes policiales, la investigación fue asumida por la unidad que rastrea delitos en redes sociales, un grupo de trabajo enclavado en la Comisaría General de Información, ya que fue a esta comisaría a la que se remitió el juez. Cabe recordar que, además, en marzo de 2019, sufrió un misterioso allanamiento de morada en su vivienda.
El magistrado describía una campaña de desprestigio iniciada tras su exposición razonada para que el Tribunal Supremo investigue al vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias. Se trataba de una campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación en redes y en algunos medios de comunicación, y que le situaron «en una situación de indefensión y de descrédito profesional».
Cuatro páginas
El juez acosado envió una carta de cuatro páginas al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, con varias muestras de esa campaña pública iniciada contra su persona desde que se conoció su escrito contrario a los intereses de Iglesias. En ese documento, que la Fiscalía del Alto Tribunal está ya estudiando, sometía a consideración la investigación del vicepresidente segundo del Gobierno y de la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo –ambos aforados–, y de otras cuatro personas.
En particular, García-Castellón pedía investigarlos por los delitos de revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa y/o simulación del delito. Todo ello en el marco de la investigación sobre el supuesto robo del móvil de la ex asesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y el posterior uso de los datos que contenía el mismo.
Intimidación
García-Castellón detalló que esa campaña pretendía restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña, además de difundir la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica sino de «una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política».
El juez sostiene que los mensajes contra su persona son repetidos y amplificados por muchos dirigentes, «entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación». En esta línea, afea que esos dirigentes con visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, «señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional».
Echenique y Asens
Por ejemplo, Pablo Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso lanzó: «El juez se salta a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía porque contra Podemos y contra Pablo Iglesias vale todo. Lo de siempre: Hay que destruir a los que suben el salario mínimo y quieren poner un impuesto a la riqueza con la artillería que haga falta». Igualmente, el diputado Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario morado en la Cámara Baja esgrimió: «La Audiencia Nacional obliga al juez García Castellón a devolverle la condición de perjudicado a Pablo Iglesias. Y, entonces ¿qué hace él? Se va al Supremo a plantear su imputación sin consultar ni con la Fiscalía, que es quien debe acusar. Olé, con un par…».
«A este cabrón hay que cocerlo y ya está. Creo que el juez mafioso García Castellón no puede terminar bien», se escribió en las redes sociales
Al mismo tiempo, en redes sociales plataformas afines a Podemos como La Última Hora o Spanish Revolution difundían vídeos atacándole. Le acusaban de ser «un juez a medida para la derecha» que «ha abierto una guerra judicial contra Podemos». Además, se pudo leer desde cuentas anónimas: “Este es un hijo de puto franquista que viene de familia burguesa. A este cabrón hay que cocerlo y ya está”, “García Castellón, eres un facha y un cabrón”, «Este hijo de puta que no lo piense porque está sobornado por el cabrón de Pablo Casado y su cúpula de babosos. Que asco de gente en este poder judicial hay”, o, entre otros muchos tuits, «Creo que el juez mafioso García Castellón no puede terminar bien y, siendo un juez prevaricador y se puede demostrar en cientos de ocasiones, lo único que espero es que sea pronto. No puede hacerse más daño a la democracia, que parte del cuerpo de jueces sean corruptos y mafiosos».
Inédito en 42 años
El magistrado sostiene que estas amenazas «podrían revestir carácter de infracción penal» y manifiesta que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se ha visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel.
Recuerda, en este sentido, que en su juzgado ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, habiendo tomado decisiones de muy distinto signo y «no habiéndose producido en ningún momento una reacción equiparable a la que se está produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida».
https://okdiario.com/espana/juez-abre-investigacion-guerrilla-podemos-sus-amenazas-magistrado-del-caso-dina-6573492
VALORACIONES ILÓGICAS E INVESTIGACIÓN INSUFICIENTE: LA FISCALÍA DA OTRO VARAPALO A GARCÍA CASTELLÓN EN SU CAUSA CONTRA IGLESIAS
El Ministerio Público considera que quedaron diligencias sin practicar, como citar nuevamente a Dina Bousselham
Ve "indicios sólidos" de que el vicepresidente cometió delito de revelación de secretos, pero no es posible encausarle si la exasesora le perdona
Tampoco es partidario de imputar a Gloria Elizo por denuncia falsa
Una investigación insuficiente y valoraciones que carecen de lógica son los dos principales argumentos que esgrime la Fiscalía del Tribunal Supremo para pedir a la Sala de lo Penal que no admita la exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en la que solicitaba la imputación del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Todo ello, unido a que el instructor no ha recabado la opinión de la exasesora de Podemos Dina Bousselham acerca de si perdona o no que el secretario general del partido se quedara durante meses con la tarjeta de su teléfono móvil.
Esta valoración cuenta con el respaldo de varios fiscales del alto tribunal. Aunque en la reunión que mantuvieron la semana pasada algunos defendían que el Supremo sí podía realizar diligencias como interrogar a Bousselham, pero finalmente todos han estado de acuerdo con el informe de la fiscal Pilar Fernández Valcarce, quien se ha encargado finalmente de elaborarlo por delegación del teniente fiscal Luis Navajas, el cual se abstuvo después de las declaraciones que hizo en medios de comunicación sobre el ya exfiscal del caso Dina Ignacio Stampa.
El Ministerio Público cree que en el momento actual y con la exposición razonada de García Castellón no se dan los requisitos para abrir una causa penal contra Iglesias en el Supremo. "No basta con la constatación puramente nominal de que un determinado hecho delictivo ha sido atribuido a un aforado. Resulta indispensable que el juez instructor que pretende declinar su propia competencia exponga las razones que determinarían la incoación por el Tribunal Supremo del procedimiento especial. Y esa exposición razonada ha de ser lo suficientemente exhaustiva como para delimitar, con toda la provisionalidad que es propia de un momento procesal como el presente, el alcance objetivo y subjetivo de los hechos", explica el informe.
Su opinión, por tanto, es que procede la devolución de la causa al Juzgado Central de Instrucción número 6 "a fin de que se culmine la investigación", ya que considera que ha habido diligencias necesarias en este procedimiento que no se han realizado, como interrogar a Bousselham sobre si se considera perjudicada por Iglesias y más pruebas sobre la destrucción de la tarjeta del móvil.
Cinco jueces presididos por Marchena decidirán
En todo caso, el informe de Fiscalía no es definitivo: la Sala de lo Penal, y en concreto un tribunal de cinco magistrados que preside Manuel Marchena, tiene que decidir si imputa o no a Iglesias. No sería ni mucho menos la primera vez que la Sala no está de acuerdo con el criterio del Ministerio Público. Un caso muy reciente es el juicio del procés, en el que el tribunal se decantó finalmente por el delito de sedición y no por rebelión. Anteriormente, la Fiscalía pidió la absolución del exjuez Baltasar Garzón por ordenar la interceptación de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados en el caso Gürtel y después fue finalmente condenado a 11 años de inhabilitación por estos hechos. El año pasado, la Fiscalía pidió la reapertura de causa en el Supremo contra la exalcaldesa de Jerez de la Frontera y candidata del PP por Cádiz María José García-Pelayo, pero la Sala determinó que el caso estaba prescrito.
Por el momento, la Sala de lo Penal del Supremo ha designado ponente sobre la apertura o no de la causa al magistrado Andrés Palomo. Su propuesta tendrá que ser refrendada por una mayoría del resto de la Sala, que está formada por el presidente Manuel Marchena y, además de Palomo, los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Ana Ferrer y Eduardo de Porres.
El juez García Castellón basaba su exposición razonada en tres posibles delitos: descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa. Con respecto al primero, la Fiscalía del Supremo está de acuerdo con lo ya expresado por sus compañeros de Anticorrupción del caso Villarejo, que habían pedido hasta en dos ocasiones la citación de Bousselham, pues la denuncia de la persona agraviada es la "llave del proceso" para imputar a alguien por este ilícito, ya que "el perdón del ofendido extingue la acción penal". Los fiscales dejan claro que en este caso "existen indicios sólidos de la posible existencia del delito", pero es necesario que la víctima del mismo denuncie, y esta diligencia es la que el Ministerio Público cree que falta por practicar.
"En concreto, deberá concretarse por la Sra. Bousselham, respecto de estos hechos: si le pidió permiso o autorización Pablo Iglesias, el día 20 de enero de 2016, para que examinara sin restricciones el contenido de su tarjeta de memoria. En caso negativo, si manifiesta ahora que consiente, tolera y acepta que aquél hubiera entrado en el conocimiento de todos los documentos, fotografías, incluidas las íntimas y personales, archivos y comunicaciones contenidos en la tarjeta de su titularidad, pues de haber conocido que iba a hacerlo le hubiera otorgado su expreso consentimiento", dice la Fiscalía a García Castellón, aunque también apunta que la exasesora de Podemos deberá declarar para aclarar las "contradicciones" reveladas en sus distintas comparecencias en la Audiencia Nacional: en un momento dijo que no pudo acceder al contenido de su tarjeta y en otro que en una primera ocasión sí pudo, pero después le fue imposible.
Sobre los daños informáticos detectados en la tarjeta del teléfono móvil, razón por la cual la propietaria del soporte no pudo recuperar el contenido de la misma, el magistrado de la Audiencia Nacional considera que resultó perjudicada en los meses en que estuvo en manos de Iglesias, aunque reconoce que no tiene pruebas de cómo se pudo dañar. La fiscal Fernández Valcarce cree que procede "practicar las diligencias necesarias para acreditar indiciariamente cuál ha sido el procedimiento empleado para generar la inservibilidad de la tarjeta y la inaccesibilidad a los datos", a pesar de que ya hay dos informes, uno de una empresa especializada y otro de la Policía Científica, que no han determinado nada al respecto, sólo constatando que no hay “fracturas externas sobre la superficie de la tarjeta” ni "cortacircuitos o discontinuidades".
"En el actual estado de la investigación, es necesario seguir practicando diligencias para acreditar los hechos, entre ellas la ampliación de la prueba pericial para poder concretar cuáles son las causas que impiden acceder a la información de la tarjeta, cuál fue el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta contenía, y si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos y fecha del último acceso", apunta el Ministerio Público.
No hay requisito de persiguibilidad
Además de los dos delitos señalados, García Castellón atribuye también a Iglesias simulación del delito o denuncia falsa por presentar la desaparición del teléfono de la exasesora y la publicación de parte de su contenido meses después como una operación de las "cloacas del Estado" y del periódico digital Okdiario "en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos", y así usar de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral. La Fiscalía no se extiende para descartar este ilícito: "los hechos que relata el instructor están repletos de valoraciones que no se revelan lógicas sólidamente. No existe requisito de persiguibilidad, lo que impide la apertura de proceso penal, es suficiente para no adentrarse más en este último apartado de la exposición razonada".
Por este delito, el juez de la Audiencia Nacional también solicitaba la imputación de la vicepresidenta tercera del Congreso y exjefa del servicio jurídico de Podemos, Gloria Elizo, al ser aforada igual que Iglesias. Al descartar que exista el ilícito que plantea García Castellón, la Fiscalía pide a la Sala de lo Penal del Supremo que no abra causa contra ella. Además, reprocha que es importante que "cuando se imputen actuaciones criminales a una persona aforada, se individualice de forma precisa la acción concreta que respecto de ese aforado pudiera ser constitutiva de delito, expresando los indicios incriminatorios que pudiera servir de apoyo a tal imputación", lo cual, a su juicio, el instructor no hace en su exposición razonada. Tampoco ve posible la imputación de Bousselham o su abogada, Marta Flor, ya que no son personas aforadas.
No es la primera vez que el juez García Castellón recibe una reprimenda por sus conclusiones sobre el caso Dina. El pasado septiembre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional enmendó su decisión de retirar a Pablo Iglesias la condición de perjudicado en la causa. Los magistrados consideraron que los elementos que conectaban al vicepresidente con el objeto del proceso y que permitieron su personación como perjudicado, esto es, la publicación en medios de parte del contenido de la tarjeta de Bousselham, se mantienen y que la expulsión se basó en "meras hipótesis". De hecho, determinaron que la inicial admisión de Iglesias en calidad de perjudicado "no pudo basarse sino en la aceptación como verosímil con arreglo a lo actuado hasta esa fecha del hecho de que la publicación de archivos inicialmente almacenados en el teléfono de Bousselham tuviese como fuente a la organización de Villarejo".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/11/06/valoraciones_ilogicas_investigacion_insuficiente_fiscalia_otro_varapalo_garcia_castellon_causa_contra_iglesias_112966_1012.html
LA FISCALÍA PIDE QUE SE DEVUELVA AL JUEZ EL CASO DINA PARA QUE COMPLETE LA INVESTIGACIÓN
Un informe estima que la exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional García Castellón no tiene suficiente base para imputar a Pablo Iglesias
La Fiscalía ha presentado en el Supremo su informe sobre el caso Dina, en el que aprecia “la necesidad de complementar la instrucción” mediante la declaración de Dina Bousselham y de su pareja, Ricardo Antonio de Sa Ferreira, así como con la “ratificación y aclaración de la pericial sobre los daños en la tarjeta de memoria del móvil de Dina”. El criterio que se expone al Supremo es que “en consecuencia procede la devolución de la causa al Juzgado de procedencia, a fin de que se culmine la investigación en los términos expuestos”.
Los fiscales del Supremo subrayan que “no basta con la constatación puramente nominal de que un determinado hecho delictivo ha sido atribuido a un aforado”, ya que “resulta indispensable que el Juez instructor que pretende declinar su propia competencia, exponga las razones que determinarían la incoación por el Tribunal Supremo del procedimiento especial” relativo a aforados. Y a esa exposición razonada –añade el informe– “ha de ser lo suficientemente exhaustiva como para delimitar –con toda la provisionalidad que es propia de un momento procesal como el presente– el alcance objetivo y subjetivo de los hechos”. La Fiscalía, por tanto, concluye que la exposición que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón remitió al Supremo no tiene suficiente base como para pretender la imputación de Pablo Iglesias.
El dictamen, en todo caso, no fija un criterio definitivo sobre la posibilidad de imputar en el Supremo al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por el caso Dina. El informe, enviado este mediodía al Supremo, propone que se ordene al juez García Castellón la continuación de las investigaciones porque faltan diligencias, sobre todo el interrogatorio de la propia Dina Bousselham, exasesora de Iglesias. La finalidad de esta declaración sería conocer si su voluntad es actuar contra el líder de Podemos por el supuesto delito de revelación de secretos, figura delictiva que requiere que la persona ofendida lo denuncie.
Bousselham, sin embargo, ha sostenido reiteradamente que considera a Pablo Iglesias tan víctima como ella misma de la difusión del contenido su teléfono móvil, que le fue sustraído en noviembre de 2015. El juez García Castellón, a su vez, estima que hay indicios suficientes como para investigar al vicepresidente del Gobierno por los supuestos delitos de daños informáticos, denuncia falsa o simulación de delito y el ya mencionado de revelación de secretos.
El propósito del juez, al remitir su exposición razonada al Supremo, era que el Alto Tribunal asumiera la investigación sobre Iglesias, entendiendo que existen indicios de la comisión de los citados delitos. El Supremo, a su vez, pidió el informe de la Fiscalía sobre la procedencia de dar este paso, y el dictamen fue encargado a Pilar Fernández Valcarce, la fiscal jefe de lo Penal de mayor antigüedad en la carrera. Ésta, a su vez, ha celebrado dos reuniones con los otros siete fiscales de la misma categoría ante la Sala Penal, quienes expusieron diversos criterios sobre la procedencia o no de que el Supremo asumiera el caso y citara a Iglesias como imputado. La fórmula de consenso hallada, ante el estado de la investigación, ha sido abogar por la continuación de las diligencias por parte del juez instructor, García Castellón, quien hasta ahora se ha venido negando a citar a Dina Bousselham por entender que el concreto delito de revelación de secretos, por el que debería preguntarle para saber si quiere denunciarlo como tal, no sería competencia de la Audiencia Nacional.
El informe de la Fiscalía General del Estado va a ser, por tanto, coincidente en lo esencial con la nota interna que la Fiscalía Anticorrupción elaboró sobre este asunto, donde ponía de relieve que en el actual estado de las investigaciones no cabe apreciar la existencia de indicios de criminalidad contra Pablo Iglesias. Los fiscales de Anticorrupción precisaban que no cabe apreciar el delito de revelación de secretos cuando, como en este caso, la persona supuestamente agraviada afirma no considerarse así. En la nota remitida a la Fiscalía del Estado añadían que Bousselham ha exculpado a Iglesias mediante una carta en la que envió al juez García Castellón.
La citación de Dina Bousselham va a ser, por tanto, muy relevante y marcará el curso de esta causa penal. El juez García Castellón, a su vez, ha sostenido que Pablo Iglesias atribuyó al excomisario José Manuel Villarejo la filtración de mensajes de su exasesora por interés político, siendo conocedor de que era la propia Bousselham “el origen de la filtración”. La tesis del magistrado es que el vicepresidente quiso obtener beneficios electorales de su denuncia contra “las cloacas del Estado”, encarnadas por Villarejo. La propia Audiencia Nacional, sin embargo, sostenía en su informe tesis muy distintas, al ordenar al magistrado que devolviera a Iglesias su condición de perjudicado en esta causa, dado que la autoría de la filtración atribuida a Villarejo seguía siendo la más verosímil, a tenor de las investigaciones.
https://elpais.com/espana/2020-11-06/la-fiscalia-pide-que-se-devuelva-al-juez-el-caso-dina-para-que-complete-la-investigacion.html
EL JUEZ DEL ‘CASO LEZO’ ARCHIVA LA CAUSA ABIERTA CONTRA VILLAR MIR
El magistrado mantiene la acusación contra seis investigados, entre ellos Ignacio González y López Madrid
El juez Manuel García-Castellón ha archivado la causa abierta contra Juan Miguel Villar Mir, expresidente de OHL, por la presunta adjudicación irregular de las obras del tren de Navalcarnero (Madrid), una pieza separada del caso Lezo. El magistrado ha tomado esta decisión a la vez que ha acordado mantener la acusación contra otros seis imputados: entre ellos, Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid; y el empresario Javier López Madrid, exconsejero de la constructora y yerno de Villar Mir.
La decisión del juez llega pocos días después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara que concluyera la instrucción de esa pieza. En su escrito, el ministerio público ya adelantaba que no veía indicios suficientes para acusar a Villar Mir y a otros dos imputados: Tomás García Madrid, ex consejero delegado de OHL, y Jesús Trabada, ex consejero delegado de la extinta empresa pública Mintra. De hecho, el magistrado ha cerrado la causa abierta contra los tres.
En su auto, sin embargo, García-Castellón sí aprecia indicios de delito contra Ignacio González, Javier López Madrid, Rafael Arturo Martín de Nicolás y Felicísimo Damián Ramos, exdirectivos de OHL; el empresario Adrián de la Joya, e Ildefonso de Miguel Rodríguez, exgerente del Canal Isabel II.
Los implicados amañaron supuestamente la adjudicación del contrato para la construcción del tren de Navalcarnero con el objetivo de que fuera concedido a la constructora. Los exresponsables de la compañía pagaron a cambio una mordida, según el juez, de 2,5 millones de dólares —más de 2,1 millones de euros al cambio actual—. Uno de los beneficiarios de esta comisión ilegal fue, entre otros, el expresidente de la Comunidad de Madrid.
https://elpais.com/espana/2020-11-03/el-juez-del-caso-lezo-archiva-la-causa-abierta-contra-villar-mir.html
GARCÍA CASTELLÓN : «SIN CULTURA, OS VAN A ENGAÑAR SIEMPRE»
Manuel García-Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, abre el nuevo curso del Máster de Periodismo EL CORREO-UPV/EHU
«Si no tenéis cultura, en el sentido profundo de la palabra, os van a engañar siempre o a dar solo parte de la noticia», advirtió ayer el juez Manuel García-Castellón a los alumnos de la 33ª promoción del Máster de Periodismo Multimedia EL CORREO-Universidad del País Vasco (UPV/EHU). En la lección inaugural del nuevo curso, el magistrado de la Audiencia Nacional reivindicó el periodismo por su «labor social fundamental» de control del poder y pidió a los futuros profesionales que hagan frente a la mentira, «la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo», dijo, citando al filósofo francés Jean François Revel.
La Sociedad Bilbaína acogió ayer la más extraña apertura de curso del veterano posgrado dirigido en la actualidad por el periodista César Coca. El aforo limitado, las mascarillas, la distancia social, el gel hidroalcohólico y la prudencia extrema fueron la tónica de un encuentro marcado, como todo en este distópico 2020, por el coronavirus. «Ya es un logro estar aquí reunidos», reconoció al inicio del encuentro el director de EL CORREO, José Miguel Santamaría, quien recordó que el acto servía también de despedida a la 32ª promoción. «Algunos se temían que iba a ser conocida como la promoción del coronavirus, pero la recordaremos como una de las mejores», dijo ante una audiencia con una reducida representación de los ya diplomados por las restricciones de movilidad.
«El periodismo exige capacidad crítica, dominio del lenguaje, conocimiento de las nuevas tecnologías y cultura»
Presiones e inmediatez
García-Castellón llamó en su intervención la atención sobre las «muchas presiones» que sufren en su día a día tanto los periodistas como los medios de comunicación. Para el magistrado, el trabajo de los periodistas es «dificilísimo» porque siempre tienen que «estar pidiendo» y eso es «muy duro». Él, recordó, se pasó 17 años pidiendo, durante sus estancias en París y Roma como magistrado de enlace ante las autoridades francesas e italianas.
Un problema reciente en la profesión periodística, indicó, es el efecto que ha tenido internet, donde «lo importante es sacar la noticia de forma inmediata, medio minuto antes que el otro». Esa competencia «bestial» va en detrimento de la reflexión, del análisis, excepto en los medios escritos, subrayó. Y animó a los alumnos a leer. «Cultura significa leer, leer mucho, leer continuamente, leer siempre que se pueda. Porque todo aquello que lees te hace vivir vidas que tú no has vivido ni vivirás nunca».
El magistrado pidió a los asistentes que, en el ejercicio de la profesión, tengan siempre presente el derecho al honor de las personas públicas y la presunción de inocencia, y afirmó que el telediario «destroza» esta última. Lamentó, además, que los procesos por injurias y calumnias son tan largos y las indemnizaciones tan pequeñas que a la víctima «se le quitan las ganas de acudir a los tribunales», y «ahí ha quedado hecho el daño».
García Castellón mostró su admiración por los periodistas que, cuando hacen una entrevista, no dejan que el personaje esquive ninguna pregunta. «No podéis rebatir si no sabéis», añadió, y sentenció: «Si vosotros no hacéis información con la finalidad de controlar (al poder), estáis abocados a la propaganda. A lo que llamaba Goebbels la agitación y propaganda».
https://www.elcorreo.com/culturas/cultura-enganar-siempre-20201107220319-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es
LA POLICÍA REBAJA EL ACOSO AL JUEZ GARCÍA CASTELLÓN, HABLA DE INJURIAS
No aparecen vinculaciones con Vox en las cuentas investigadas, como denunció Pablo Iglesias
Las pesquisas iniciadas por la Policía tras la denuncia del juez García Castellón por las amenazas en redes siguen vivas. Desde la Comisaría General de Información han dado prioridad a este asunto y sus unidades tecnológicas están rastreando redes, localizando mensajes intimidatorios, y tratando de ubicar a los autores.
Según explican fuentes cercanas al caso, pese a la gravedad que se detectó inicialmente tras la denuncia del juez, los avances policiales, de momento, sólo acreditan calumnias e injurias, aunque se sigue trabajando en ello. Los agentes especializados en el seguimiento de actuaciones ilegales por redes han localizado ya varias identidades de los que se presumen que podían estar detrás de los ataques al magistrado, de la campaña de acoso. Y están siguiendo la pista de sus cuentas en redes sociales.
Además, estas mismas fuentes explican que, por el momento, de lo que han detectado, el origen de las amenazas procede de cuentas que nada tienen que ver directamente con ninguna formación política. Sí sitúan a los identificados en una órbita política muy alejada de la formación Vox, liderada por Santiago Abascal. No obstante, aclaran que las pesquisas están en plena explotación y que hay mucho camino por recorrer. En caso de detectar actuaciones delictivas, los agentes procederán a judicializar el caso y a adoptar las medidas pertinentes contra los autores de las amenazas.
El pasado día 8, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional comunicó a la Policía Nacional que estaba recibiendo «amenazas de muerte» en las redes sociales tras haber elevado al Tribunal Supremo una exposición razonada contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por el llamado caso Dina.
Los investigadores monitorizan cuentas desde las que se produjeron ataques
El juez alertó de que estaba siendo víctima de una campaña de acoso en redes sociales. A continuación, la Policía decidió abrir una investigación con el objetivo de esclarecer el origen de las amenazas.
Los agentes encargados de las pesquisas están teniendo también en cuenta las revelaciones judiciales del ex coordinador legal de Podemos, José Manuel Calvente, cuando aseguró que la formación morada tenía «un equipo a sueldo para cargarse a los jueces y personas que le atacan», calificando a este grupo como «kale borroka».
De hecho, tras tomar declaración a Calvente, el instructor decidió poner estos hechos denunciados por el abogado en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción con el objeto de que investigue a ese grupo vinculado a Podemos que trata de amedrentar a jueces incómodos para el partido.
Calvente afirmó que en Podemos hay un equipo a sueldo para cargarse a los jueces
La campaña de acoso al juez, ya iniciada desde que puso en marcha las pesquisas contra Pablo Iglesias por el caso Dina, se aceleró después de que decidiera pedir al Supremo que investigue al líder de Podemos por delitos de denuncia falsa y/o simulación delito, descubrimiento y revelación de secretos -con agravante de género- y delitos de daños informáticos.
El vicepresidente Iglesias vinculó en el Congreso las amenazas con la formación Vox. Aseguró que varios analistas de redes sociales han demostrado ya que las denunciadas por el juez García Castellón provienen de cuentas vinculadas a la extrema derecha y a Vox. «Y el Ministerio del Interior lo está investigando ya».
https://www.elmundo.es/espana/2020/10/17/5f89e9e4fdddffb6748b4602.html
EL JUEZ DEL CASO DINA DICE NO A IGLESIAS: NI EXPULSA A VOX NI INTERROGA AL COMISARIO PINO
En octubre, el magistrado cerró la instrucción de la pieza Dina y envió una exposición razonada de 63 páginas al Tribunal Supremo en la que pide que se investigue al vicepresidente segundo
El juez del caso Dina, Manuel García Castellón, ha rechazado las últimas peticiones de Pablo Iglesias. En una providencia del 28 de octubre a la que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado descarta citar como testigos al que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional durante el Gobierno de Rajoy, Eugenio Pino, y al inspector del cuerpo José Ángel Fuentes Gago, ambos imputados a su vez en la pieza Kitchen, en la que se investiga la puesta en marcha de una operación parapolicial en 2013 para robar documentación sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas. En el escrito, García Castellón rechaza también la otra solicitud del líder de Podemos de expulsar la acusación popular que ejerce Vox. El pasado octubre, el magistrado cerró la instrucción de la pieza Dina y envió una exposición razonada de 63 páginas al Tribunal Supremo en la que pide que se investigue al vicepresidente segundo por su papel en el caso, que pone el foco en el robo del móvil a la exasesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y en cómo su contenido acabó en manos del comisario José Manuel Villarejo. Ante las contradicciones en las que ha incurrido Iglesias a lo largo de la instrucción, el magistrado pide al alto tribunal que le impute por tres delitos: daños informáticos, descubrimiento de secretos —con agravante de género— y denuncia falsa o simulación de delito. Con la instrucción ya cerrada y la exposición razonada sobre la mesa, Iglesias presentó entonces una serie de escritos en la Audiencia Nacional.
El primero de ellos consistió en un recurso de apelación frente al auto del juez que interesaba cerrar la instrucción y pedía su imputación, pero al mismo tiempo presentó otros ante García Castellón para que expulsara a Vox del caso y, al mismo tiempo, procediera a "la práctica de diligencias complementarias indispensables para el presente procedimiento". El líder de Podemos argumentaba para ello que la investigación se había cerrado en falso, como ya había hecho Anticorrupción, y pedía la práctica de nuevas pruebas encaminadas a aclarar si desde la DAO se tenía conocimiento sobre los movimientos de Villarejo en cuanto al robo del móvil a Bousselham y posterior publicación en prensa de noticias que podían proceder del dispositivo en cuestión. Más allá de Pino y Fuentes Gago, Iglesias solicitaba entonces que se enviara un oficio a la DAO para que remitiera una copia de todas las notas informativas que Villarejo les hubiera enviado entre noviembre de 2015 y julio de 2016 en relación con el caso Dina. En la misma línea, solicitaba que se incluyera en la causa una copia completa de las anotaciones intervenidas en el domicilio de Villarejo y, de no acordarse esta diligencia, al menos los manuscritos comprendidos entre las mismas fechas, así como requerir a la Policía los contactos telefónicos que Villarejo supuestamente había mantenido con un periodista entre el 16 de junio de 2016 y el 29 de julio de 2016, fecha en que se produce la publicación de noticias que podían proceder del móvil de Bousselham.
El líder de Podemos cerraba el escrito pidiendo que se requiriera a la Unidad de Asuntos Internos el contenido de correos electrónicos que consten en el ordenador de Villarejo y, en concreto, los que fueran dirigidos a direcciones corporativas de medios de comunicación o a los periodistas cuyos nombres están recogidos en sus anotaciones manuscritas. También solicitada librar un oficio a la Dirección General de la Policía para que aportase el expediente completo que recoja las investigaciones conocidas popularmente como 'Informe Pablo Iglesias SA' (PISA), cuestión en la que Podemos ha incidido una y otra vez en el caso Villarejo y que ahora justificaba porque puede contener "elementos provenientes de los vestigios informáticos sobrantes en la causa". En la providencia del 28 de octubre, el magistrado rechaza todas estas "diligencias complementarias" y mantiene el cierre de la instrucción. "Dada cuenta del escrito de la representación procesal de Pablo Iglesias Turrión, por el que se interesa, del mismo modo que la representación procesal del partido Vox la práctica de diligencias complementarias, no ha lugar a su práctica, conforme a lo dispuesto en el artículo 780.2 LECrim, que señala 'el Juez acordará lo que estime procedente cuando tal solicitud (diligencias complementarias) sea formulada por la acusación o acusaciones personadas'", argumenta. En cuanto a la expulsión del partido de Santiago Abascal, que también fue solicitada por Bousselham, considera una vez más que "no ha lugar".
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-11-04/iglesias-dina-juez-expulsar-vox-eugenio-pino_2819771/
ANTICORRUPCIÓN ASEGURA QUE LA "PRINCIPAL HIPÓTESIS" EN EL 'CASO DINA' ES QUE LA "ORGANIZACIÓN CRIMINAL DE VILLAREJO" ENTREGARA LA TARJETA A LOS MEDIOS
La Fiscalía recurre el auto de fin de la investigación dictado por García-Castellón y acusa al juez de haber cerrado el caso "en falso" y "cercenado los derechos" de acusaciones e investigados
La Fiscalía Anticorrupción reprocha al juez del caso Dina, Manuel García Castellón, que haya "cerrado en falso" la investigación "sin practicar una sola diligencia en la dirección" que le marcó la Sala de lo Penal cuando le obligó a devolver a Pablo Iglesias la condición de perjudicado. Esa instancia superior defiende, según recuerda el Ministerio Público, que "la principal hipótesis existente en la investigación es que la fuente de las publicaciones de Okdiario fuera la organización criminal de José Manuel Villarejo".
Anticorrupción se pronuncia así en su recurso al auto de pase a procedimiento abreviado —el equivalente al procesamiento para delitos castigados con menos de nueve años de prisión— que el juez dictó el pasado 7 de octubre contra Villarejo y dos periodistas de la desaparecida Interviú y que acompañó de una exposición razonada al Tribunal Supremo para que citara como investigado a Iglesias y otros.
En su "descripción limitada de los hechos punibles", dice Anticorrupción, el juez descarta los indicios de que fue Villarejo o algún miembro de su "organización criminal" quien entregó al medio que dirige Eduardo Inda, así como a El Confidencial y a El Mundo, información contenida en la tarjeta "presuntamente robada" a la excolaboradora de Iglesias.
"Una cosa es que la fuente por la que llegaran a dicho digital [Okdiario] los pantallazos pudiera derivar de Dina Bousselham, y otra muy distinta es que se pueda descartar a la organización criminal de Villarejo como fuente de dicho digital ni de los demás [El Mundo y El Confidencial], aspecto sobre el que incide especialmente la Sala", aseguran los fiscales en su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.
La Fiscalía Anticorrupción se refiere a que Bousselham reconoció en mayo que ella había realizado pantallazos a los chats de Podemos entre los que se encontraban datos que luego fueron publicados y admitió que pudo haber enviado esos pantallazos a terceros. El juez concluye a partir de ahí que ese fue el camino por el que llegó la información a los medios que la publicaron y obvian, por ejemplo, los contactos que constan en el sumario entre el director de Okdiario y Villarejo durante los meses previos a que el digital comenzara a publicar informaciones procedentes de los chats, siete en aproximadamente una semana de julio de 2016, según detalla el escrito de Anticorrupción, cuyo contenido ha adelantado este sábado El Español.
Además, Anticorrupción destaca que el magistrado García-Castellón se haya desentendido de otra información contenida en la tarjeta del móvil, alguna de la cual también fue publicada, y que no figuraba en los pantallazos hechos por Dina. Se refiere a datos bancarios, otros mensajes de Whatsapp y Telegram e incluso fotografías íntimas.
"El juez limita el alcance de su resolución y de la exposición razonada a la difusión de las capturas de chat contenida en ese teléfono, cuando lo cierto es que las carpetas intervenidas a Villarejo existe mucha más información de Dina Bouuselham y de terceros, publicada y no publicada, y que exige continuar con dicha investigación", escriben los fiscales.
Petición de que declare el jefe de la 'brigada política'
Anticorrupción considera que con este cierre "en falso" de la investigación el juez ha "cercenado los derechos de todas las partes", tanto de los investigados como de las acusaciones. De los investigados porque los dos periodistas de Interviú declararon haber entregado la tarjeta de Bousselham atendiendo a un "requerimiento policial" de Villarejo y que éste aseguró que se la remitió al director adjunto operativo entonces, Eugenio Pino, por el "interés policial" que tenía la información que contenía. El comisario Pino está considerado el artífice de la brigada política y está imputado en la pieza del caso Villarejo que investiga el espionaje a Luis Bárcenas para destruir pruebas en su poder que pudieran perjudicar al partido popular.
Sin embargo, el juez García-Castellón ha evitado profundizar en esa línea de investigación, al igual que se negó a volver a citar a Dina Bousselham, como le pidió Anticorrupción, para esclarecer las "lagunas" en el testimonio del que era su marido, Ricardo Sa Ferreira, dice la Fiscalía. De Pino, Bousselham y Sa Ferreria solicita Anticorrupción en su escrito que se les llame a declarar. Además, la Fiscalía considera que el juez instructor ha ignorado la legítima aspiración de Iglesias y Bousselham de conocer "la supuesta finalidad policial del traspaso de la información del teléfono móvil".
Los fiscales aseguran que la investigación estuvo detenida en el segundo semestre de 2019 y el principio de 2020 porque estaban pendientes informes policiales solicitados por el juez, pero que una vez se retomó, con la decaración en mayo de Bousselham, la instrucción ha estado únicamente dirigida por el juez a "los supuestos daños en la tarjeta telefónica y otros detlitos, todos los cuales se han considerado ajenos al objeto de la presente pieza por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal".
https://www.eldiario.es/politica/anticorrupcion-asegura-principal-hipotesis-villarejo-caso-dina-organizacion-criminal-entregara-tarjeta-medios_1_6300713.html
IGLESIAS RECURRE A LA AUDIENCIA NACIONAL PARA QUE ANULE LA PETICIÓN DE IMPUTACIÓN POR PARTE DEL JUEZ DEL CASO DINA
El vicepresidente recuerda en su recurso que la Sala de lo Penal ya advirtió de que no hay más indicios que los que señalan a Villarejo como el autor de la difusión de la información robada y de que tampoco pruebas de las “hipótesis alternativas” de García-Castellón
El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha recurrido el auto en el que el juez Manuel García-Castellón acuerda solicitar al Tribunal Supremo que abra una causa penal contra él por presuntamente "fingir" en el caso Dina con fines electorales. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, solicita la anulación de esa resolución al considerar que la exposición razonada enviada al alto tribunal ignora la posición que mantuvo la propia sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en relación a esa investigación, que corrigió al magistrado y le devolvió la condición de perjudicado en la causa abierta a raíz del robo del teléfono móvil de su excolaboradora y la aparición de material del mismo en varios medios de comunicación.
Además, recuerda que la Sala de lo Penal advirtió de que no hay más indicios que los que señalan al comisario José Villarejo como el autor de la difusión de la información robada y de que "no hay pruebas" de sustenten las "hipótesis alternativas" del instructor, que en algunas de sus resoluciones apuntó a la posibilidad de que hubiera otras fuentes de publicación del contenido del móvil, incluyendo a Iglesias y Bousselham. De hecho, Iglesias solicita que se profundice en esa línea de investigación y, en concreto, en la conexión con la Dirección Adjunta Operativa de la Policía a la que el excomisario testificó haber entregado el material de la tarjeta telefónica.
Buena parte de la argumentación del escrito presentado por la representación legal de Iglesias se basa en la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que enmendó al juez García-Castellón en su señalamiento al vicepresidente. "No solamente la Sala señala que no hay pruebas de los hechos que el Magistrado Instructor sostiene, sino que se le recuerda que el objeto de la investigación en la Audiencia Nacional ha de ser la averiguación de ilícitos cometidos por la organización criminal que se está investigando", dice el recurso en referencia al caso Villarejo, del que se deriva la pieza de Dina.
"El Juzgado Central de Instrucción número 6 tiene competencia en esta causa por haberse encontrado en poder del Sr Villarejo los archivos coincidentes con los del móvil sustraído a Doña Dina, y que pese a que el propio investigado declaró haber remitido los mismos supuestamente a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, el juzgado nunca ha investigado tal extremo", señala el escrito.
La tesis de Iglesias es que la publicación en algunos medios de comunicación —entre ellos OkDiario— de pantallazos de conversaciones extraídas del móvil de la exasesora de Podemos procede de Villarejo, dado que la policía se incautó de una copia del contenido de la tarjeta en el registro en el que encontró cientos de grabaciones y dosieres acumulados en 40 terabytes.
"Es la policía científica la que señala que el material intervenido en el domicilio del investigado Sr. Villarejo es coincidente con las publicaciones que está realizando OKDIARIO", afirma el recurso de Iglesias, que se refiere así a la investigación policial: "En las notas que se aportan con el informe, acreditando la dilatada relación del excomisario con varios periodistas, aparecen fechas coincidentes con distintas publicaciones en las que se reproduce materiales que coinciden con el material intervenido con origen en el móvil sustraído".
El recurso también hace referencia a cuestiones jurídicas como la consideración de que esa causa, siguiendo el criterio del instructor, no tendría que haberla instruido la Audiencia Nacional sino, en todo caso, un juzgado ordinario dado que nada tiene que ver la hipótesis que mantiene ahora el magistrado con la organización criminal a la que investiga. También recuerda que para que Iglesias pudiera llegar a estar investigado por algunos delitos por los que García-Castellón quiere que se le impute tendría que haber sido señalado por la propia Dina Bousselham, que ha declarado que es una víctima, al igual que ella.
Otro de los argumentos de Iglesias es que la decisión de García-Castellón se base en el testimonio del exabogado de Podemos José Manuel Calvente. "La ausencia de elemento indiciario alguno o las contradicciones evidenciadas en la instrucción no pueden soslayarse por las meras declaraciones de un testigo con enemistad manifiesta respecto de quienes ahora se obvia su condición de víctimas o perjudicados, con reclamaciones pendientes por cientos de miles de euros contra la organización de la que forman parte las personas respecto a las cuales se eleva exposición razonada, con conflictos con casi todas las personas señaladas en la citada exposición razonada incluso con respecto a alguna de ellas con procedimientos penales pendientes".
Con este recurso, Iglesias se defiende ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo acepte la petición de García-Castellón de iniciar una investigación —dado que es aforado y le correspondería al alto tribunal— por tres presuntos delitos: descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género; daños informáticos; y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito en relación con el robo del móvil de su exasesora.
La Fiscalía Anticorrupción ha informado en contra de esa imputación. Con esa posición sobre la mesa, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, adoptará una decisión sobre Iglesias y el resto de los señalados por García-Castellón (Dina Bousselham, Ricardo Sa Ferreira, Gloria Elizo, Raúl Carballedo y Marta Flor) previa consulta con un grupo de fiscales de sala. Con su informe, la Sala de Admisiones, formada por cinco magistrados, resolverá si acepta la exposición razonada de García-Castellón y les cita a declarar como investigados o archiva el caso.
https://www.eldiario.es/politica/iglesias-recurre-audiencia-nacional-anule-peticion-imputacion-parte-juez-caso-dina_1_6298839.html
ANTICORRUPCIÓN SE OPONE A QUE SE ABRA UNA INVESTIGACIÓN CONTRA IGLESIAS EN EL SUPREMO
Esta Fiscalía, que ha llevado el ‘caso Dina’, envía una nota interna a sus homólogos del alto tribunal
La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional ha enviado una nota interna a la Fiscalía del Tribunal Supremo donde se opone a que se abra una investigación en este tribunal contra el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en relación a la pieza Dina del caso Villarejo, según confirman fuentes jurídicas. El magistrado Manuel García-Castellón, instructor de esta causa, remitió la pasada semana su exposición razonada donde pedía imputar al dirigente político por los presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos con “agravante de género”, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delito.
Fuentes fiscales confirman que esa nota interna ha sido enviada después de que lo pidiera el ministerio público del Supremo, que es el órgano que debe pronunciarse finalmente al respecto. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha señalado este mismo jueves en un acto organizado por el Colegio de Abogados de Madrid al ser preguntada, que ella no opina y no participa en el desarrollo del informe que se prepara. En estos momentos, la Sala de Admisiones de lo Penal del Supremo permanece a la espera de ese informe de la Fiscalía donde se pronuncie sobre si apoya o no seguir adelante con la causa contra Iglesias.
Estos movimientos en el ministerio público llegan después de que el juez Manuel García-Castellón elevara al Supremo su exposición razonada al entender que existen indicios para comenzar a investigar al líder de Podemos, a su antigua asesora Dina Bousselham; a la vicepresidenta tercera del Congreso Gloria Elizo; a Ricardo Sa Ferreira, quien fuera pareja de Bousselham; y a los letrados Marta Flor y Raúl Carballedo. El juez de la Audiencia Nacional señalaba que Iglesias recibió en buen estado del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original procedente del teléfono de Dina Bousselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella.
El magistrado destacaba que, pese a que Bousselham e Iglesias eran personas cercanas, este se guardó la tarjeta durante un tiempo sin informar a la que fuera su asesora. El juez cree que esta acción puede vincularse al conocimiento que el líder de Podemos tuvo al observar las capturas de pantalla que la asesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que aparecía el aforado. Otro punto significativo para el magistrado es el hecho de que Iglesias devolviera a la que fuera su asesora la tarjeta inoperativa: “Se sabe que cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento”.
https://elpais.com/espana/2020-10-15/anticorrupcion-se-opone-a-que-se-abra-una-investigacion-contra-iglesias-en-el-supremo.html
GARCÍA-CASTELLÓN, TRILLO Y ARIZA SE REÚNEN COMO VIEJOS AMIGOS A CENAR,COMENTAR, CELEBRAR…
La sorpresa de algunos comensales fue mayúscula al ver el cónclave que tuvo lugar el domingo por la noche en un céntrico restaurante de Madrid. Horas en las que se reúnen amigos y no se concibe una ‘cena de trabajo’, menos en domingo, que es el día del ToroTv y el de la llegada de los artículos de la impagable Gaceta.
Manuel García-Castellón, una leyenda viva de la judicatura española por haber puesto el cascabel al gato en la instrucción de numerosos casos polémicos, está en el centro de la polémica después de haber imputado a Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, por la presunta comisión de varios delitos en el Caso Dina.
Pero, lejos de andarse con pies de plomo en este peliagudo asunto, el juez de la Audiencia Nacional, que ha denunciado amenazas del entorno de Podemos, se ha dejado ver días atrás en Madrid con unas llamativas compañías.
Los hechos tuvieron el lugar el pasado domingo 11 de octubre,por la noche. García-Castellón acudió a Rafa, una marisquería con solera del barrio de Salamanca, ubicada en la calle Narváez, a un paso del Retiro. Algún comensal reconoció a García-Castellón, al que colocaron en una especie de reservado, protegido por un biombo.
Más sorprendido se quedó alguno cuando vio la llegada de Julio Ariza, presidente de Intereconomía (ahora El Toro TV), y su ubicación en el mismo e improvisado salóm. Al círculo se
unieron su hijo Gabriel, asesor externo de Vox que ha obtenido jugosos contratos del partido de Santiago Abascal a través de la sociedad Tizona Comunicación, y un contertulio habitual de ‘El Gato al Agua’, Jesús Trillo-Figueroa, hermano del político del PP Federico Trillo.
De qué trató la cena es un misterio. Pero, desde luego, no parece lo más prudente por parte de García-Castellón en las actuales circunstancias. Hay que recordar las vinculaciones de los Ariza con Vox y las de Trillo-Figueroa con sectores del Opus, con los que Ariza padre también ha mantenido relación fuera de la órbita oficial de la Obra, donde nunca gozó de buen predicamento, aún siendo monaguillo.
Además, a Ariza siempre le ha gustado moverse como ‘Manolo por su casa’ por los juzgados y las cuestiones judiciales, lo que tal vez explique algunos episodios de su vida profesional. Por otra parte, Trillo-Figueroa fue durante catorce años el responsable de los servicios jurídicos de Iberdrola y da la de que García-Castellón mantiene un choque frontal con la eléctrica de Ignacio Sánchez Galán por el ‘CasoVillarejo’.
Hace apenas un mes García-Castellón admitió a trámite una querella del sindicato CGT contra el ex comisario José Manuel Villarejo e Iberdrola por varios delitos contra empleados destacados por sus actividades sindicales. Con anterioridad, el juez de la Audiencia Nacional ya llevaba meses en un tira y afloja con el entorno de Iberdrola, recusaciones incluidas, por las contrataciones de empresas de Villarejo.
De todas estas acciones, la más sonada ha sido la bronca con el ex jefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, a cuyo abogado ha llegado a denunciar, como relataba ayer mismo ‘El Confidencial’. A Torres le encantará saberlo.
Con estos frentes abiertos, no deja de ser llamativa esta cena, en la que Ariza tuvo que atender a su próstata en dos ocasiones, y no se lavó las manos… Las medidas, el Covid.
https://prnoticias.com/2020/10/15/garcia-castellon-trillo-y-ariza-se-reunen-como-viejos-amigos-a-cenar-comentar-celebrar/
DOS UNIDADES DE ÉLITE DE INTERIOR INVESTIGAN SI VOX ESTÁ DETRÁS DE LAS AMENAZAS AL JUEZ DEL 'CASO DINA'
Iglesias avanzó que las cuentas de redes sociales están vinculadas con la extrema derecha
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, aseguró este miércoles en sede parlamentaria que los ataques al juez del caso Dina, Manuel García Castellón, provienen de la extrema derecha e Interior ya está investigándolo. Y parece que, efectivamente, así es.
Según ha publicado La Información, hay dos equipos de la Policía Nacional investigando los insultos y amenazas de muerte al magistrado. Concretamente, la Comisaría General de Información (CIG) y, en paralelo, la Brigada Central de Investigación Tecnológica (BIT). La primera de ellas dispone de medios tecnológicos propios y es la unidad que actúa en redes sociales, mientras que la segunda, es un órgano específico cuyo trabajo es la investigación y persecución del ciberdelito. Son dos unidades de élite y ambas están avanzando.
El objetivo es dilucidar quién lanzó las amenazas e insultos y evaluar si pertenecen o han participado en otras campañas semejantes. Los implicados podrían enfrentarse a un delito de injurias.
Iglesias no titubeó al afirmar ante una pregunta de la diputada de Vox, Macarena Olona, que la extrema derecha estaba detrás de las amenazas y no Unidas Podemos, tal y como dirigentes del partido de Santiago Abascal deslizan.
Olona acusó al vicepresidente segundo de azuzar y encabezar las críticas y amenazas denunciadas por el magistrado, ante lo que Iglesias le solicitó que “cite las declaraciones mías que han provocado tales amenazas”.
"Usted es un auténtico matón porque practica matonismo político. Ese moño no podrá esconder al autentico coletas, que aspira a parecer en los telediarios con chandal bolivariano”, espetó Olona.
Iglesias apuntó que “condenamos todo tipo de amenazas”, al tiempo que ha esgrimido que “varios analistas en redes han demostrado que las amenazas provienen de cuentas relacionadas con la extrema derecha y ustedes”.
https://www.elplural.com/sociedad/unidades-elite-interior-investigan-vox-amenazas-juez-caso-dina_250667102
VILLAREJO, INDA Y OTROS CABOS SUELTOS DEL 'CASO DINA' QUE EL JUEZ HA DEJADO MIENTRAS SE CENTRABA EN IGLESIAS
García Castellón ha cerrado la pieza sin determinar cómo acabó el contenido de la tarjeta en Okdiario
Señala a Dina Bousselham como la responsable de difundir los mensajes y descarta una relación entre el robo del teléfono y la publicación
Basa la imputación de denuncia falsa a Iglesias en la declaración del abogado despedido de Podemos José Manuel Calvente
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado por finiquitada la pieza 10 del caso Villarejo, también conocida como Dina, pero con unas conclusiones completamente insospechadas hace año y medio, cuando el instructor inició la investigación sobre el robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, exasesora del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la aparición de varios archivos con su contenido en el domicilio del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo y su publicación en medios de comunicación.
Esta fue la premisa por la que se abrió la pieza, pero el magistrado la ha concluido pidiendo la imputación, sin consultar a la Fiscalía Anticorrupción, de los principales perjudicados por la publicación de los mensajes, Iglesias y Bousselham, y sin averiguar cómo acabaron los archivos en medios como Okdiario. Villarejo y dos periodistas están procesados por descubrimiento y revelación de secretos, mientras que otros personajes cuyo nombre también aparece en el relato de hechos no han sido apenas considerados por el magistrado a lo largo de la instrucción.
Por un lado, el comisario jubilado, en prisión provisional desde que fue detenido a principios de noviembre de 2017, está procesado en esta pieza porque en su domicilio se hallaron copias de la tarjeta de Bousselham, que habría obtenido tras pedírselo supuestamente a los responsables de Interviú. El director y subdirector de la revista, Alberto Pozas y Luis Rendueles, respectivamente, también lo están por copiar los archivos, que llegaron de forma anónima a la publicación, y por hacer entrega de parte del material al expolicía.
Sin embargo, en este relato de hechos apenas aparece otro protagonista de esta parte de la trama, el entonces presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio. Pozas y Rendueles le informaron del contenido de la tarjeta de la exasesora de Podemos y tras descartar que tuviera interés periodístico, Asensio llamó a Pablo Iglesias para informarle de la situación y para invitarle a acudir a la revista a recoger el material. Por tanto, el editor vio el contenido del móvil y se lo entregó a una persona que no era su legítima dueña.
En su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, Asensio explicó que no dio la tarjeta a Bousselham porque “no la conocía y entendía que esto podía tener valor porque fuera la pareja del señor Iglesias, tenía relación con el señor Iglesias” y le parecía que “lo más normal era dársela a él”. El editor no estuvo nunca imputado y, por tanto, no ha sido procesado en esta pieza.
Villarejo apuntó a la DAO de la Policía
Otro personaje de la historia que tampoco ha sido considerado por García Castellón, quien además nunca le citó a declarar, es Eduardo Inda, director de Okdiario, el medio donde en julio de 2016 aparecieron publicados mensajes e imágenes del móvil de Dina Bousselham. Villarejo dijo en su declaración judicial que cuando el director y el subdirector de Interviú le dieron el pendrive, comentó con otros periodistas el contenido del mismo, dando así a entender que había otras copias circulando. En cualquier caso, él se quitó responsabilidad asegurando que aunque hizo dos copias y se las quedó, entregó otra en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional que entonces dirigía Eugenio Pino.
Villarejo es el principal investigado en la macrocausa Tándem, con 25 piezas separadas, que se instruye en la Audiencia Nacional y en calidad de ello puede mentir en sus comparecencias judiciales. Está claro que ni el magistrado ni los fiscales del caso dieron credibilidad a esta información, ya que ni Pino ni nadie de la DAO de entonces ha sido citado a declarar en la pieza 10.
Y así ha quedado el caso Dina, sin saber qué pasó con el contenido del móvil después de que Villarejo se hiciera con él y cómo apareció publicado en medios de comunicación unos meses después. En cambio, el magistrado sí considera que ha reunido indicios suficientes para pedir la imputación de Pablo Iglesias y otras cinco personas ajenas al marco de la organización criminal de Villarejo que se investiga en el caso Tándem.
Los orígenes de los hechos por los que se abrió la pieza 10 se remontan al 1 de noviembre de 2015, cuando Bousselham y su entonces pareja, Ricardo Sa Ferreira, están en un centro comercial de la localidad madrileña de Alcorcón y se dan cuenta de que les han robado un abrigo en el que estaban los móviles de ambos. Interponen la consiguiente denuncia en una comisaría de la Policía Nacional en la localidad.
Meses después, el 19 ó 20 de enero de 2016, Antonio Asensio llama por teléfono a Pablo Iglesias para informarle de que ha llegado a la revista Interviú, en un sobre anónimo, una tarjeta de móvil que incluye mensajes y fotografías de la que él pensaba que era la pareja del líder de Podemos, Dina Bousselham, y le invita a acudir a la redacción para comprobarlo y, en su caso, entregársela. Allí, le dejan una sala con un ordenador para que pueda visionar las imágenes, que efectivamente son de su asesora, así que Asensio se la da.
Tal y como consta en el auto de García Castellón de transformación de la causa en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), el director de Interviú se había guardado una copia de la tarjeta en su ordenador antes de que se la entregaran a Iglesias y había compartido los archivos y gran parte de la información con su entonces subdirector.
Pablo Iglesias se quedó con la tarjeta del móvil de Bousselham durante meses, según contó él mismo al juez, al menos hasta finales de agosto de 2016. Cuando la investigación giró hacia su conducta, explicó en varios medios de comunicación que retuvo el soporte para “no someter a más presión” a su exasesora, a quien se vinculaba sentimentalmente con el líder de Podemos.
En una fecha que el magistrado no ha determinado pero que sitúa entre enero y mediados de abril de 2016, el comisario Villarejo, entonces en activo, telefonea a Rendueles para pedirle una copia de los archivos de Bousselham. Según explica el instructor, el subdirector lo habla con Pozas y éste, "pese a saber que la tarjeta contenía una información personal ajena a Villarejo, accede a la petición". Ambos se reúnen con el comisario y le facilitan parte del contenido. Este es el motivo por el que los tres han sido procesados por descubrimiento y revelación de secretos.
Pendrives en casa del comisario
La investigación realizada en el marco de la pieza 10 ha determinado que los archivos de una de las memorias USB halladas en casa de Villarejo fueron copiados el 14 de abril de 2016, mientras que los encontrados en el disco duro de su ordenador son copia del pendrive realizada en julio de 2016. En ese mismo mes se publicaron en Okdiario las primeras imágenes sacadas del teléfono móvil de Bousselham, en concreto capturas de pantalla de chats internos de Podemos en las que se ve cómo Pablo Iglesias exclamaba: “La azotaría hasta que sangrase”. Fue después de eso cuando Bousselham amplía la denuncia por el robo de su móvil, apuntando al medio en el que se publicaron las imágenes.
Los hechos dan un salto de algo más de un año. El 3 de noviembre de 2017, el comisario jubilado Villarejo es detenido por delitos de blanqueo y organización criminal, entre otros. Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional se incautan de numerosa documentación y discos duros que están encriptados, por lo que el trabajo de investigación es arduo y lento. A medida que se va decodificando la información, se van abriendo piezas de la macrocausa Tándem. Hasta que los agentes llegan a unas carpetas denominadas DINA 2 y DINA 3, que contenían archivos procedentes de la tarjeta de memoria mini SD del móvil sustraído a Bousselham.
El 19 de marzo de 2019 se abre la pieza 10 y unos días después tanto Iglesias como Bousselham declaran en la Audiencia Nacional en calidad de perjudicados. Según la exposición razonada que el juez ha enviado al Supremo, el líder de Podemos reconoce que se había quedado unos meses con la tarjeta y que Asensio fue el que se la entregó. Pero la exasesora del partido comete el error de no admitir que había hecho capturas de pantalla de los mensajes de chat y que las había enviado a terceros.
Tras las comparecencias en sede judicial de Pozas, Rendueles y Asensio, además de Villarejo, se siguen abriendo piezas de la macrocausa Tándem y no es hasta mayo de 2020, en pleno estado de alarma por la pandemia de coronavirus, que se reactivan las pesquisas con una nueva citación de Bousselham después de que al analizar la tarjeta los investigadores se dieran cuenta de que sí había enviado pantallazos.
Comienzan las sospechas sobre Iglesias
Ella lo admite en la Audiencia Nacional y confirma que no pudo recuperar el contenido de la tarjeta cuando Iglesias se la devolvió en el verano de 2016. Es aquí cuando el relato de que Villarejo fuese la posible fuente de Okdiario se rompe para el juez y los fiscales, ya que al haberse enviado a otras personas los mismos mensajes que aparecieron publicados caben más posibilidades. Es por ello que García Castellóin retira a Iglesias la condición de perjudicado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, y empieza a desviar las sospechas hacia él como posible autor de dos delitos: descubrimiento y revelación de secretos por quedarse con la tarjeta y daños informáticos por el deterioro presente en el soporte, que el juez está seguro de que se dañó estando en su poder.
La actividad en la pieza 10 del caso Tándem es frenética a partir de ese momento y durante todo el verano. El juez encarga informes a la compañía de recuperación de archivos a la que Bousselham y su pareja envían la tarjeta para recuperar el contenido; la exasesora de Podemos y el actual vicepresidente segundo del Gobierno presentan escritos pidiendo que se revoque la decisión del magistrado; el instructor dicta un auto instando a la víctima del robo del móvil a cambiar de abogada para no compartir defensa letrada con el líder de Podemos…
Y todo con la desconexión entre el objetivo de García Castellón y el de los fiscales, que no están de acuerdo con la deriva de la investigación y así lo hacen constar. Entre otras cosas, instan al magistrado a citar de nuevo a Bousselham para que preste su “perdón expreso” a Iglesias, tal y como ella misma había pretendido en un escrito en el que volvió a cambiar de versión y exculpando al líder del partido de todo. El perdón de la víctima es elemento clave para continuar adelante con el delito de revelación de secretos, pero el instructor no lo permite alegando que quería seguir investigando y que no era el momento procesal oportuno.
En medio de toda esta confusión, se publican en varios medios mensajes de un chat interno de abogados de Podemos en el que hablan sobre el rumbo de la investigación del caso Tándem, en el que el partido está personado como acusación popular. Los mensajes son anteriores a la apertura de la pieza Dina y en ellos también hacen comentarios sobre su interlocución con los fiscales. Una de las letradas, Marta Flor (la abogada que luego representó a Iglesias y Bousselham en la pieza 10) alardeaba de la buena relación que mantenía con uno de los representantes del Ministerio Público, Ignacio Stampa, aunque luego reconocía que estaba exagerando.
A raíz de estas publicaciones, la Inspección Fiscal abrió un expediente para investigar la actuación de Stampa, pero ha quedado en suspenso a la espera de que se pronuncie la Fiscalía de Madrid por una denuncia penal interpuesta contra él por el partido Vox.
Tarjeta físicamente intacta
El 23 de julio se recibe en el Juzgado Central de Instrucción número 6 el informe de los técnicos de la sede de Gales (Reino Unido) de la empresa Recuperación Express, donde la exasesora envió su tarjeta de teléfono móvil después de recuperarla, en el que informan de que el soporte estaba "físicamente intacto" y que no presentaba cortocircuitos, pero que no habían podido recuperar el contenido del mismo.
Mientras el juez encarga estas diligencias, Iglesias y Bousselham recurren a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, instancia superior a los juzgados de instrucción, para que rectifique la decisión de García Castellón de retirar al primero la condición de perjudicado. Tres magistrados de la Sección Tercera les da la razón a mediados de septiembre, pero para entonces el instructor ya ha tomado declaración a José Manuel Calvente, abogado despedido de Podemos que ya había hablado en medios de comunicación acusando al partido de organizar un “montaje” usando la pieza 10 para presentarse como víctima de las cloacas, aunque luego reconoce que es algo que le han contado.
Con el relato de Calvente, que el juez califica de “minucioso” y en el que basa parte de sus imputaciones, aún reciente, llega el auto de la Sala corrigiendo al juez con respecto al vicepresidente y diciéndole que sus sospechas sobre él son “meras hipótesis” que no desvirtúan la conexión de Iglesias con el objeto del proceso”. Para los magistrados, era “verosímil” considerar que la obtención de los archivos se puede achacar a la “organización de Villarejo” y que la difusión en medios de comunicación podía tener el objetivo de “causar un quebranto” en Iglesias.
En todo caso, la Sala decía al juez que la pieza 10 no era el procedimiento donde se debían investigar sus sospechas y cuando ya parecía que todo se había calmado, el pasado 7 de octubre García Castellón eleva al Supremo una exposición razonada de 63 folios en la que expone una a una las razones que le llevan a pedir la imputación de Iglesias, Bousselham, la pareja de ésta y los abogados de Podemos Gloria Elizo (también vicepresidenta del Congreso), Raúl Carballedo y Marta Flor.
Aparte de la presentación de este documento, lo que más ha sorprendido de las conclusiones del magistrado de la Audiencia Nacional es el delito de denuncia falsa que les atribuye por la ampliación de la denuncia del robo del teléfono. Según el juez, Bousselham “era plenamente consciente de que las imágenes publicadas en Okdiario eran las que ella había enviado a otras personas” y en Podemos se utilizó este caso para obtener “rédito electoral”. Para justificarlo, el instructor no se olvida de recordar que en la primavera de 2019 hubo elecciones generales. Para García Castellón, todo fue una “consciente y planificada actuación falsaria para simular una conexión” que ya ve “inexistente” entre el robo del teléfono y la publicación de las imágenes en el periódico digital.
Los argumentos del juez García Castellón están ya en manos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que sólo un día después de recibir la exposición razonada encargó al teniente fiscal Luis Navajas un informe para que se pronuncie acerca de si se debe o no abrir causa.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/10/09/villarejo_inda_otros_cabos_sueltos_del_caso_dina_que_juez_dejado_mientras_centraba_iglesias_111925_1012.html
INSTRUCCIÓN NÚMERO 6: RADIOGRAFÍA DEL JUZGADO "EXCEPCIONAL" QUE HA INVESTIGADO A PABLO IGLESIAS
Su titular, Manuel García Castellón, decidió volver a su plaza con 64 tras 16 años en destinos dorados en el extranjero después de que Ignacio González lo propusiera en un pinchazo. Alejandro Abascal, uno de sus dos jueces de refuerzo, fue propuesto por el PP como vocal del Poder Judicial en el frustrado intento de renovación de 2018
Tres jueces para un mismo juzgado. Esta es una de las excepciones que representa el Central de Instrucción número 6 en la historia de la Audiencia Nacional. El juzgado en el que el Partido Popular se juega su futuro, con la investigación del espionaje a Luis Bárcenas y el caso de la financiación irregular de la formación en Madrid, y que acaba de proponer al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias. Al frente está Manuel García-Castellón, el magistrado al que el Gobierno de Aznar y después el de Rajoy enviaron a los codiciados destinos de juez de enlace en París y Roma. Como magistrado de refuerzo ejerce uno de los puntales de la derecha judicial pese a su juventud, Alejandro Abascal. Y como apoyo de los dos primeros, Joaquín Gadea, miembro de la mayoritaria asociación conservadora de jueces, al igual que Abascal.
A sus 64 años, y tras más de tres lustros en destinos dorados en el extranjero, Manuel García-Castellón decidió en mayo de 2017 regresar a su plaza en la Audiencia Nacional. Su vuelta a España dejó sin efecto el concurso convocado para cubrir la vacante que había dejado tras ser ascendido Eloy Velasco, el juez que lo estaba sustituyendo. Un concurso incontrolable que habría ganado el magistrado con más antigüedad de cuantos aspirasen a instruir los sumarios de corrupción más sensibles del momento, Púnica y Lezo, y que traían de cabeza a varios dirigentes del PP, entonces en el Gobierno.
En esas dos investigaciones estaba y está implicado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, a quien la UCO cazó en un pinchazo del 22 de noviembre de 2016 ideando un plan para mandar a Velasco a “escarbar cebollinos” y traer de vuelta a García Castellón. “Yo le llamo a éste y le digo: oye ven aquí, el titular aquí y éste… a tomar por culo”, dice González al exministro del PP Eduardo Zaplana. Apenas seis meses después, Velasco, junto al hoy secretario de Justicia del PP, Enrique López, fue ascendido a la recién creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, una segunda instancia que organismos internacionales venían reclamando a España desde la misma creación del tribunal especial. Y García-Castellón volvió a España.
A Ignacio González el plan no le salió demasiado bien. García-Castellón le ha mandado a juicio por el caso Lezo y le sigue investigando en Púnica, una causa en la que ha imputado a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la financiación irregular del PP regional. También interrogará próximamente al exministro del Interior con el PP Jorge Fernández Díaz y a su ex número dos, Francisco Martínez, por el espionaje a Luis Bárcenas. Anticorrupción le ha pedido que impute también a María Dolores de Cospedal, pero García-Castellón ha optado por escuchar primero la declaración trascendental de Martínez.
El supuesto espionaje al extesorero con fondos reservados —del que ha salido a la luz abundante documentación en los últimos días al levantarse el secreto de sumario— ha quedado parcialmente opacado esta semana por otra relevante decisión de García-Castellón: la petición al Tribunal Supremo para que impute a Pablo Iglesias precisamente en una de las piezas menores del caso Villarejo, la relativa al robo del móvil de una excolaboradora. El juez ha solicitado la apertura de una causa penal contra el vicepresidente atribuyéndole el delito de denuncia falsa y/o simulación de delito por urdir un supuesto montaje para obtener "rédito electoral", de acuerdo a la teoría que le presentó un abogado despedido de Podemos que decía hablar por boca de terceros. Anticorrupción había advertido al juez que sin denuncia de Dina Bousselham no podía atribuir los otros dos delitos que el juez atribuye a Iglesias: daños informáticos y revelación de secretos. Este viernes, Manuel García-Castellón acusó a miembros del Gobierno y de “algunos medios de comunicación" de alentar una campaña en redes sociales contra él tras esta decisión.
Dos jueces de refuerzo
Las decenas de resoluciones que componen el sumario del caso Villarejo llevan su firma, pero García-Castellón no trabaja solo en el Central de Instrucción número 6. Tiene a su disposición hasta dos jueces de refuerzo, una situación inédita en el tribunal especial, confirman a elDiario.es fuentes jurídicas. De hecho, en la actualidad, es el único de los seis juzgados de la Audiencia Nacional que cuenta con jueces de apoyo. Y en este caso no es uno —que suele ser lo habitual cuando hay sobrecarga de trabajo— sino dos.
Estos jueces son Alejandro Abascal y Joaquín Gadea, ambos son miembros activos de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y ambos nombrados de manera discrecional por el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), controlado por los conservadores, y que está en funciones desde hace casi dos años. El de Abascal fue uno de los diez nombres que el PP de Pablo Casado puso encima de la mesa en la frustrada renovación del órgano de gobierno de los jueces de 2018. Si ese intento no hubiera saltado por los aires posiblemente sería a día de hoy uno de los vocales conservadores de la cúpula del Poder Judicial. El acuerdo entre el PP y el PSOE no salió adelante al filtrarse un mensaje en el que Ignacio Cosidó, entonces portavoz del PP en el Senado, asumía que con el nombramiento de Manuel Marchena como presidente se controlaría "por detrás" la Sala de lo Penal del Supremo.
Abascal, de 42 años y con destino en un juzgado de Fuenlabrada, trabaja codo a codo con García-Castellón en la Audiencia Nacional desde febrero de 2019, cuando el CGPJ lo eligió en sustitución de Diego de Egea, quien renunció a continuar en ese puesto de refuerzo alegando motivos personales. El órgano de gobierno de los jueces acordó que la comisión de servicio fuera para él en detrimento de la magistrada Rosa Freire, impulsora de la causa sobre la destrucción de los discos duros de Bárcenas y a la que el PP intentó apartar de ese caso.
El CGPJ valoró como principal mérito de Abascal que ya tenía “experiencia” en ese juzgado, en el que estuvo en comisión de refuerzo entre marzo y diciembre de 2016. De hecho, Eloy Velasco, entonces titular del juzgado en ausencia de García-Castellón, pidió que continuara como refuerzo, pero el órgano de gobierno de los jueces se lo denegó al considerar que la situación de sobrecarga del juzgado había mejorado y que esos apoyos eran algo excepcional. A los dos meses de volver a la Audiencia Nacional, García-Castellón ya contaba con juez de refuerzo. Diego de Egea primero y Alejandro Abascal después.
La jueza Freire impugnó el nombramiento de este último en el Supremo y acusó al CGPJ de obviar todos los méritos que le eran “objetivamente favorables” —como su mejor número en el escalafón— y de idear “un mérito superlativo de idoneidad no contemplado en la norma”. En el entorno de la magistrada confirman que el Alto Tribunal todavía no ha resuelto su recurso. Entre tanto, el Poder Judicial ha prorrogado en hasta tres ocasiones la comisión de servicio de Abascal, la última el pasado 27 de mayo y por un período de seis meses.
Abascal compatibiliza su cargo judicial con el ejercicio de la docencia en el CES Cardenal Cisneros. Es el mismo centro privado adscrito a la Universidad Complutense de Madrid en el que Pablo Casado aprobó en cuatro meses, entre junio y septiembre de 2007, doce de las 25 asignaturas de las que constaba la carrera de Derecho y cuando acaba de ser elegido diputado autonómico en Madrid. Abascal está autorizado a dar clases siempre que éstas se impartan a partir de las 15 horas y no le impidan el cumplimiento de sus deberes judiciales, según la resolución de la Comisión Permanente del CGPJ.
El otro juez de apoyo, Joaquín Gadea, de 39 años, llegó al Central de Instrucción número 6 por una vía muy poco habitual, admiten fuentes jurídicas. Una disposición adicional que el Gobierno del PP introdujo en el verano 2015 en la ley del Poder Judicial y que permite al CGPJ asignar jueces de refuerzo “para la mejor instrucción de causas complejas” y previa propuesta del titular del juzgado en cuestión.
La peculiaridad de esta figura es que no tiene función jurisdiccional y su función, sobre el papel, se limita a “labores de colaboración, asistencia o asesoramiento”. El CGPJ acordó el nombramiento discrecional de Gadea el 18 de diciembre de 2019 y lo renovó por otros seis meses más el pasado 4 de junio.
Juez de Adscripción Territorial destinado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Gadea fue uno de los tres magistrados que dictó la condena a un año y medio de inhabilitación y multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia a Quim Torra por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de la Generalitat en la precampaña de las generales de 2019.
A diferencia de Gadea, Abascal sí puede sustituir a García-Castellón en la toma de declaraciones o en la firma de resoluciones cuando esté ausente. Eso sí, no puede instruir casos anteriores a su llegada al juzgado, solo encargarse de los nuevos que entren. En cualquier caso, fuentes jurídicas aseguran que los tres comparten sus posiciones sobre las causas y debaten a menudo sobre ellas.
Una "excepción" en la Audiencia Nacional
Que un instructor tenga dos jueces de apoyo es una total excepción, incluso en la Audiencia Nacional, si bien el Central de Instrucción número 6 tampoco es un juzgado cualquiera. Además de Púnica y Lezo, instruye la trama policial, empresarial y política en torno al comisario Villarejo, el caso de los CDR, el presunto fraude en obras hidráulicas de Acuamed o la quiebra de la tecnológica ZED. Esta acumulación de causas mediáticas es fruto del azar, aseguran las fuentes consultadas, pues el reparto de asuntos entre los juzgados se realiza a través de un programa informático que garantiza que se haga de forma aleatoria. Además, el juzgado que está de guardia asume los atestados, denuncias y querellas que se presenten durante la misma, según las normas del tribunal especial.
La carga de trabajo de García-Castellón en la Audiencia Nacional es sin duda muy superior a la que tenía en sus anteriores destinos en París y Roma. Las pocas plazas de juez de enlace son destinos muy preciados que el Gobierno otorga como premios, aseguran fuentes jurídicas, pues además de que el ritmo de trabajo es mucho menor, las remuneraciones también son mayores y superan los 130.000 euros anuales. Es decir, García-Castellón regresó a España en mayo de 2017 asumiendo que iba a ganar menos y trabajar más.
Pero es que en su caso, la gratificación en el extranjero había sido doble. Fue destinado primero a París, pero cuando el Ejecutivo quiso enviar allí a Juan Pablo González, otro de los magistrados considerados próximos al PP, le buscó el destino de Roma. Por si acaso, el magistrado mantuvo contactos para no volver a la Audiencia Nacional, según fuentes próximas al mismo. La capital de Italia fue el destino al que cinco años después renunció voluntariamente. Antes de su periplo internacional, García-Castellón instruyó casos tan relevantes como Banesto o el asesinato de Miguel Ángel Blanco por ETA.
Casi dos décadas después, de nuevo muchas miradas están puestas sobre el juez que ha pedido la imputación de todo un vicepresidente del Gobierno por urdir un supuesto montaje para obtener "rédito electoral". García-Castellón ha hecho compatible esa acusación con imputar a Villarejo y dos periodistas en la pieza que, con el apoyo de Anticorrupción, nunca llegó a convertirse en la investigación de las maniobras policiales y mediáticas que sufrió Podemos para no alcanzar el Gobierno en 2016.
https://www.eldiario.es/politica/instruccion-numero-6-radiografia-juzgado-excepcional-investigado-pablo-iglesias_1_6282798.html
EL JUEZ DEL CASO DINA ACUSA A MIEMBROS DEL GOBIERNO DE ALENTAR UNA CAMPAÑA EN REDES SOCIALES CONTRA ÉL
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye la pieza 'Dina', ha puesto en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación que asegura estar sufriendo en las últimas horas en redes sociales y en "algunos medios de comunicación", y que le colocarían "en una situación de indefensión y de descrédito profesional", informa Europa Press.
El magistrado indica que los mensajes contra su persona son repetidos y amplificados por muchos dirigentes, "entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación". En este sentido, denuncia que esos dirigentes con visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, "señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional".
En un escrito de cuatro páginas dirigido al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional denuncia esta campaña pública que se ha iniciado contra su persona desde que se hizo pública hace dos días la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo en el marco de la investigación que lleva a cabo en la pieza 'Dina' de la macrocausa 'Tándem'.
En esa exposición razonada, de la que el Supremo ya ha solicitado informe a Fiscalía, sometía a consideración del alto tribunal la investigación del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y de la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, --ambos aforados--, así como de otras cuatro personas. Solicitaba que se investigue a Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.
En esta pieza se investiga concretamente el robo del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y el posterior uso de los datos que contenía el mismo --hubo determinados archivos que aparecieron en el registro de la casa del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo--.
Ahora en su escrito, García-Castellón explica que esa campaña pretende restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña, además de difundir la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica sino de "una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política".
Reunión antiterrorista en la Policía
El magistrado adjunta la denuncia que en el día de ayer presentó ante la Policía por la naturaleza y la gravedad de los mensajes vertidos contra su persona y que "podrían revestir carácter de infracción penal". La cúpula antiterrorista de la Policía se reunió ayer de urgencia para analizar los mensajes recabados por los agentes expertos en redes sociales y evaluar su gravedad, informan a elDiario.es fuentes policiales. El material hallado es, de forma provisional y según el análisis policial, presuntamente amenazante y difamatorio.
Por último, el magistrado manifiesta en su escrito que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se ha visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel. Recuerda que en su juzgado ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, habiendo tomado decisiones de muy distinto signo y "no habiéndose producido en ningún momento una reacción equiparable a la que se está produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida".
El escrito incluye un extracto de los mensajes publicados que han motivado su denuncia, y en algunos se puede leer que le llaman 'facha', prevaricador, corrupto o mafioso. En otro de ellos se sugiere que está sobornado por el líder del PP.
https://www.eldiario.es/politica/juez-caso-dina-acusa-miembros-gobierno-alentar-campana-redes-sociales_1_6280570.html
LAS FALLAS DEL ESCRITO DEL JUEZ DEL ‘CASO DINA’ EN LAS QUE CONFÍA IGLESIAS
Podemos despliega su defensa tras la exposición razonada enviada al Supremo por el magistrado García-Castellón
Podemos no quiere perder el tiempo y, apenas unas horas después de que el juez Manuel García-Castellón enviase al Tribunal Supremo la exposición razonada contra Pablo Iglesias por el caso Dina, se ha lanzado contra los argumentos del magistrado. La formación se ha esforzado este jueves en dejar clara su versión: no trataron de engañar al instructor presentándose como víctimas de la policía patriótica, sino que están convencidos de esa hipótesis. Sus declaraciones y los escritos presentados en la causa cuando dio un giro de 180 grados, donde recuerdan que el instructor no ha encontrado ninguna prueba, ya avanzan por dónde va su defensa contra los cuatro delitos que se atribuyen al líder del partido.
“Se basa en rumores”. El rompecabezas tiene como piezas fundamentales dos delitos: denuncia falsa y simulación de delito. Según el juez, en una reunión celebrada en el seno de Podemos en julio de 2016, donde estaba Gloria Elizo (responsable entonces del equipo jurídico), Iglesias “explicó a sus compañeros que sabía que las imágenes publicadas [en Okdiario y procedentes del móvil de su antigua colaboradora, Dina Bousselham], eran fruto de una filtración de gente del propio partido”. Pese a ello, prosigue el instructor, el líder de la formación vio una “oportunidad de actuar” contra esa web, activando a sus abogados para que ampliasen con tres escritos (del 2 de agosto de 2016, del 28 de septiembre de 2016 y el 3 de febrero de 2017) la denuncia que presentó la asesora tras el presunto robo del móvil y que se investigaba en un juzgado de Alcorcón.
Posteriormente, concluye el magistrado, se orquesta una “falsaria” campaña, que sigue en la Audiencia Nacional cuando se abre el caso Dina, para presentarse como víctima de la policía patriótica. Esa tesis se apoya en gran parte en la declaración de José Manuel Calvente, un exabogado del partido enfrentado con la cúpula, que habla de “montaje”. Un testimonio que, para Podemos, carece de valor. “Se basa todo en rumores e hipótesis, de un señor que oyó decir...”, contraatacó este jueves Alberto Rodríguez, secretario de Organización.
Elizo también rechaza la teoría del juez. “Iglesias no me dijo que fuese una filtración de gente de dentro del partido. Cuando se publican se hacen muchas hipótesis, pero Iglesias nunca dirige el trabajo jurídico del equipo. En absoluto”, ha negado en una entrevista la actual vicepresidenta del Congreso, que incide en que en el verano de 2016 se analizaron todas las tesis dentro de su equipo y se concluyó que había “una posibilidad cierta y verdadera” de que las publicaciones de Okdiario estuvieran conectadas con el robo del móvil. De hecho, en las ampliaciones de denuncia del juzgado de Alcorcón solo se dice que “alguien” debió dar esos datos a la web de Eduardo Inda, y nunca se vincula con las llamadas “cloacas del Estado”.
Aina Díaz, abogada de Podemos, también rechaza que en el verano de 2016 descartasen la vinculación entre el robo del móvil y las cloacas, como varios medios le han adjudicado tras publicarse algunos mensajes del chat interno de aquel grupo de letrados. Simplemente, insistió en un comunicado, porque “hasta noviembre de 2016 no se empieza a utilizar el término ‘cloacas’ por ciertos periodistas”. Ella recalca, además, que en aquellas conversaciones solo defendió que iba a ser “difícil acreditar el origen de los pantallazos publicados en Okdiario, lo cual desaconsejaba una acción jurídica directa contra Eduardo Inda, realidad que es absolutamente diferente hoy tras acreditar la Audiencia Nacional que Villarejo tenía copia de la totalidad de la información existente en el móvil robado y que la misma había sido difundida a distintos medios periodísticos, no mediante pantallazos de mensajes, sino mediante copias íntegras de la memoria del teléfono robado”.
De hecho, como recuerdan Elizo y la dirección de Podemos, el nexo entre la sustracción del móvil y miembros de la policía patriótica lo plantea primero en la causa la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, cuando en marzo de 2019 envía un informe al juez donde detalla que ha encontrado en casa del comisario jubilado José Manuel Villarejo una copia de la “extracción de datos” del teléfono. Una línea de las pesquisas que investigó el propio juez y la Fiscalía Anticorrupción. “No intentamos engañar a García-Castellón, igual que tampoco lo hizo la Fiscalía ni Asuntos Internos”, ha recalcado Elizo.
“Se requiere denuncia previa”. El tercer delito que el magistrado imputa a Iglesias es descubrimiento y revelación de secretos por guardar durante medio año la tarjeta de Bousselham antes de devolvérsela, tras recuperarla a través de Interviú. Tal y como contempla la ley, para investigarlo se requiere una denuncia previa de la víctima. El propio juez lo admite en su exposición razonada, aunque deduce que la antigua asesora del líder de Podemos tiene interés en “proceder” para dilucidar todo y afirma que debe ser el Supremo quien le pregunte si adopta acciones legales.
Bousselham ya ha evidenciado, en cambio, que no quiere actuar contra el vicepresidente. “Dina ha confiado siempre en el modo de actuar de Iglesias y en que, en todo momento, como no podía ser de otro modo, la actuación de Iglesias no ha sido otra que proteger su intimidad”, escribía su abogado en un escrito enviado al juez el pasado junio, cuando el instructor ya había puesto la diana en el líder de la formación. En ese documento, la dueña del móvil asegura que “entiende” que su “amigo” guardara la tarjeta durante un tiempo, “ya que la había obtenido de forma confidencial”.
El vicepresidente también intentó desmontar en otro escrito la tesis de que ocultó que tenía la tarjeta. Iglesias subraya que el mero hecho de dársela finalmente a su exasesora —de forma “voluntaria” y sin “requerimiento alguno”— demuestra “la ausencia de ocultación alguna, más allá de que se tardase más o menos tiempo”. Además, él mismo le contó al juez en su declaración como víctima que la guardó durante seis meses y, según remacha el líder de Podemos, entonces el juez no le dio ninguna importancia a ese detalle.
“El delito de revelación de secretos requiere una denuncia previa. El juez dice que el Supremo oirá a Dina sobre si exculpa o perdona a Iglesias. Pero es al revés: si no le denuncia, no hay caso que enviar al Supremo”, ha apostillado también esta semana Victoria Rosell (Podemos), actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y magistrada de carrera.
“No hay prueba”. El delito de daños informáticos completa el puzle. Podemos insiste en que no hay ningún indicio que demuestre que Iglesias deterioró la tarjeta intencionadamente. El propio juez lo dice en su exposición razonada: “No hay una prueba directa de la destrucción material de la tarjeta por parte del aforado”. Y, hasta ahora, han fracasado todos los esfuerzos del instructor por aclarar por qué no se puede acceder al contenido.
El dispositivo electrónico presenta un deterioro exterior que, tras ordenar investigarlo, se concluyó que se correspondía con el “lijado” que hizo una compañía especializada para intentar rescatar la información. Esa posibilidad la admitió la propia empresa. Y la policía científica dijo lo mismo. “El citado lijado [...] sería compatible con un intento de recuperación del contenido de la memoria una vez que se ha detectado un fallo en la controladora de la tarjeta que impide su normal funcionamiento [...] La técnica descrita en el punto anterior sería empleada por los laboratorios especializados en recuperación de información de este tipo”, concluía el documento, fechado el 12 de agosto. El juez se agarra a que supuestamente tenía un “fallo” interno previo que atribuye a Iglesias.
Pero en la formación de izquierdas insisten en que Iglesias nunca la deterioró: “Y, dado el actual estado de la tarjeta, no se puede precisar si existía daño alguno previo: Pero sí ha quedado acreditado que la supuesta destrucción externa era ajena a la tesis del instructor que la consideró base y elemento para la retirada de la condición de perjudicado a [Iglesias]”, defendió el abogado del vicepresidente en un escrito enviado a la Audiencia Nacional el pasado 2 de septiembre.
https://elpais.com/espana/2020-10-08/las-fallas-del-escrito-del-juez-del-caso-dina-en-las-que-confia-iglesias.html
CRONOLOGÍA DE LA PIEZA 10: ASÍ ACABÓ IGLESIAS ACUSADO POR LA TARJETA DE SU COLABORADORA INCAUTADA A VILLAREJO
El 27 de marzo de 2019 el juez ofreció al líder de Podemos personarse como perjudicado en el 'caso Dina': información del móvil robado a Bousselham había sido publicada por varios medios. García-Castellón acusa ahora a la excolaboradora de difundirla y a Iglesias de realizar un montaje con fines electorales
Una pieza del caso Villarejo, la número 10, se ha convertido en la principal amenaza de la investigación para el Gobierno actual. El juez instructor, Manuel García-Castellón, considera que ha reunido los indicios suficientes para que el Supremo investigue a Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, diputado y, por tanto, aforado ante el Alto Tribunal.
Esta es la cronología de cómo una de las piezas aparentemente más sencillas del caso Villarejo se fue complicando y pasó a atraer la máxima atención. Es el proceso de cómo llegó hasta aquí pese a comenzar, y representar durante mucho tiempo, un asunto secundario para el juez y la Fiscalía Anticorrupción de entre los encargos al comisario. Una pieza 10 que Podemos intentó, sin éxito, que acogiera una investigación de todas las maniobras policiales para impedir que gobernara en 2016.
Al final, la pieza 10 se ha convertido en el campo de batalla sobre el que decidir si existió o no una policía política que atacó a la oposición durante la primera legislatura de Mariano Rajoy con la connivencia de algunos medios de comunicación. La opción de señalar a Iglesias ha incluido cuestionar a la Fiscalía Anticorrupción por favorecer supuestamente a Podemos, personalizando los ataques en uno de los fiscales del caso, Ignacio Stampa, que investiga la organización criminal que dirigía el comisario Villarejo y a sus poderosos clientes.
1 de noviembre de 2015. Podemos continúa su trayectoria ascendente después de que irrumpiera en el panorama político en las elecciones europeas de mayo de 2014. Su líder, Pablo Iglesias, compagina la dirección de partido con su escaño en el Europarlamento. Una de sus colaboradoras más próximas es la marroquí Dina Bousselham. Ella y su pareja de entonces, Ricardo Sa Ferreira, acuden al Ikea de Alcorcón y en un descuido les roban varias pertenencias, entre ellas el móvil de Bousselham. Denuncian ante la Policía Nacional de la localidad madrileña.
12 de enero de 2016. Ese día amanece con dos digitales de Madrid, Okdiario y El Confidencial, informando del contenido de un supuesto informe policial sobre la presunta financiación irregular de Podemos. Como había ocurrido durante toda la Operación Catalunya, el supuesto informe de inteligencia no se enmarca en causa judicial alguna. Las publicaciones se producen coincidiendo con el arranque de las conversaciones entre Podemos y PSOE para una posible coalición de Gobierno.
elDiario.es tuvo acceso a ese informe y lo publicó después de que fuera incorporado a una denuncia contra Iglesias e Iñigo Errejón en el Tribunal Supremo por Manos Limpias. Sin firma, ni sello, su contenido fue despreciado por el Alto Tribunal y por la Audiencia Nacional. La Policía de Jorge Fernández Díaz lo terminó por remitir al Tribunal de Cuentas después de admitir que había sido confeccionado en la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política. Uno de los comisarios investigados en el caso Kitchen atribuye su autoría al hoy comisario Andrés Gómez Gordo, el policía asesor de María Dolores de Cospedal.
20 de enero de 2016. Antonio Asensio Mosbah, propietario entonces del Grupo Zeta, escribe por Telegram a Pablo Iglesias. Le cita ese mismo día para entregarle un material que ha llegado a la revista Interviú y que incluye fotografías de la que el editor piensa que es la pareja del líder de Podemos. Durante 40 minutos, Iglesias dispone de un ordenador para, en privado, poder ver el material. No es su pareja la que aparece en fotos íntimas junto a capturas de chats del partido y otro material relativo a Iglesias y la formación. Se trata de Dina Bousselham, de la que había surgido el falso rumor de que mantenía una relación con su jefe.
Según han explicado después al juez el director y subdirector de Interviú, Alberto Pozas y Luis Rendueles, respectivamente, la tarjeta del teléfono llegó de forma anónima a la revista. Ambos decidieron que no era material de interés periodístico y su editor se la entregó a Iglesias, gesto que éste agradeció. El líder de Podemos se quedó con la tarjeta, pese a no pertenecerle, durante al menos seis meses. Después ha explicado que quería proteger a Bousselham, bastante afectada por entonces de las informaciones que le vinculaban sentimentalmente a Iglesias.
Febrero de 2016. A los pocos días de recibir la tarjeta, el comisario Villarejo se pone en contacto con los periodistas de Interviú y les dice que sabe que tienen la tarjeta y que la necesita para sus trabajos policiales. Pozas y Rendueles comen con él en un restaurante madrileño y le entregan el material. El policía, entonces en activo, y los dos periodistas se encuentran imputados por un delito de revelación de secretos. El juez Manuel García-Castellón acaba de dictar contra ellos auto de pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento para los delitos castigados con menos de nueve años.
Iglesias llama al voto útil a Unidos Podemos con la izquierda de toda la vida
21 de junio de 2016. Ese día se celebran las elecciones generales y Podemos no logra su objetivo de dar el 'sorpasso' al PSOE. Con todo, Unidas Podemos obtiene 72 escaños, la suma de los 69 de las elecciones del diciembre anterior y los dos que obtuvo en ellas IU y eso abre la puerta a un Gobierno de coalición con Pedro Sánchez. No sería hasta julio cuando Pablo Iglesias formaliza la oferta al líder de los socialistas.
22 de julio de 2016. El medio dirigido por Eduardo Inda, Okdiario, publica una información que adjunta el pantallazo de un chat interno de Podemos en el que Pablo Iglesias afirma: "La azotaría hasta que sangrase… Esa es la cara B de lo nacional popular… un marxista algo perverso convertido en un psicópata". Iglesias se disculpa públicamente del comentario en el chat privado: "Siento mucha vergüenza de haber hecho una broma machista".
3 de noviembre de 2017. El comisario José Manuel Villarejo Pérez, jubilado en el verano de 2016, es detenido en su chalet de Boadilla del Monte por agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. El material audiovisual que encontraron allí, en una finca próxima, las oficinas y pertenencias de colaboradores por los policías y la Fiscalía Anticorrupción ha servido ya para abrir más de 30 piezas vinculadas a encargos realizados al comisario cuando estaba en activo. Las piezas se han ido abriendo según se examinaban los 40 terabytes almacenados por el policía o avanzaban los trabajos de desencriptación.
El 19 de marzo de 2019, el inspector al frente de las pesquisas remite un oficio al juez del caso informando de que han aparecido dos archivos, DINA 2 y DINA 3, que albergan "una multitud de información de la usuaria, tanto datos personales, bancarios, fotografías de carácter íntimo, además de contener comunicaciones con terceros a través de correo electrónico diversas aplicaciones para telefonía móvil (Whatsapp, Telegram), archivos de vídeo y audio, estando buena parte de esos documentos fechados en los años 2014 y 2015”. En la página 2 del informe se reproduce el mismo pantallazo del mismo chat que había publicado Okdiario.
Iglesias llega a la Audiencia Nacional como perjudicado por el caso Villarejo
27 de marzo de 2019. Pablo Iglesias y Dina Bousselham declaran ante el juez Manuel García-Castellón. En aquella declaración, Iglesias no le esconde que se quedó con la tarjeta cuando la recibió de manos de Asensio Mosbah. Por su parte, Bousselham cuenta al juez también que no pudo consultar su contenido después de que se la entregara Pablo Iglesias. Pese a ello, el magistrado ofrece a ambos personarse como perjudicados en el caso.
García-Castellón elogia la exposición que el líder de Podemos hace intercalando las publicaciones sacadas del teléfono de Bousselham y los hitos políticos del partido para concluir que se trató de una estrategia para perjudicarles. El magistrado instructor llega a decir a Iglesias: "Sabe usted que aquí estamos investigando implicaciones muy serias del Ministerio del Interior…". El 8 de abril, el juez imputa a Pozas y posteriormente hará lo propio con Luis Rendueles.
La exasesora de Podemos Dina Bousselham (izq.). EFE/Luca Piergiovanni/Archivo
18 de mayo de 2020. El caso pasa a un segundo plano durante un año, pero poco antes confinamiento, la Policía Científica entrega un informe que el juez les había encargado nueve meses antes sobre el contenido de la tarjeta. Anticorrupción considera que su contenido justifica volver a llamar a Bousselham a declarar. La exasesora había negado ante el juez haber difundido el contenido de su teléfono, pero los agentes certifican que los mensajes se hallaban en una carpeta del teléfono denominada "sent" (enviado). Ante el juez, Bousselham admite que ella hizo los pantallazos y que pudo enviarlos a terceros.
La Fiscalía considera que el caso da un vuelco, que ya Villarejo no es el único sospechoso de haber hecho llegar a los medios de comunicación los pantallazos y señala a Iglesias como presunto autor de dos delitos: daños informáticos por haber entregado la tarjeta a su dueña en un estado que impedía consultar su contenido; y otro de revelación de secretos, por haber guardado durante al menos seis meses el dispositivo que le había entregado Interviú sin trasladárselo a su legítima dueña. Los fiscales piden retirar la condición de perjudicado a Pablo Iglesias pero añaden que no se le puede investigar porque se trata de dos delitos que necesitan que el perjudicado se sienta víctima y ejerza acciones legales, lo que no ocurre en el caso de Bousselham.
25 de mayo de 2020. La unidad de acción entre juez y fiscales se fractura. El magistrado retira la condición de perjudicado a Pablo Iglesias pero no se detiene ahí y emprende una investigación con el líder de Podemos como principal sospechoso de la pieza 10, que margina otras investigaciones del caso Villarejo por la cantidad y el ritmo de las diligencias ordenadas por el juez.
García-Castellón ordena a Bousselham que deje de compartir abogado con Iglesias, envía una comisión rogatoria a Gales para que la empresa que intentó recuperar el contenido de la tarjeta —a petición del entonces marido de la exasesora— explique si llegó dañada "físicamente" y establece como prioridad que los policías de Asuntos Internos repasen la declaración de Ricardo Sa Ferreira, expareja de Boussleham.
10 julio de 2020. En esta fecha, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid abre una investigación a uno de los dos fiscales del caso Villarejo, Ignacio Stampa, por una denuncia de Vox basada en el contenido de las informaciones de varios medios que reproducen chats internos de Podemos. Esas informaciones concluyen que el Ministerio Público habría facilitado información confidencial a Podemos, como acusación popular, en el transcurso del caso Villarejo y, en concreto, en la pieza 10.
El jefe de la Inspección Fiscal ya ha archivado dos denuncias contra Stampa porque no aprecia irregularidad en su conducta, pero la última investigación interna está detenida a la espera de que la Fiscalía del TSJM se pronuncie acerca de la presentada por el partido ultraderechista. Algunos medios han llegado a dar por cierta una relación personal del fiscal y la abogada de Iglesias por insinuaciones que hace ella en los citados chats internos, pese a que en otra conversación niega que haya relación alguna.
26 julio de 2020. La empresa galesa que analizó la tarjeta que Iglesias le devolvió a Bousselham contesta al juez que no se podía acceder a ella sin un trabajo más a fondo, pero que ésta no estaba dañada "físicamente" cuando llegó a sus manos. Un informe posterior de la Policía Científica confirma que esos daños materiales por los que se interesaba el juez fueron producidos por los trabajos iniciales de recuperación de la empresa, que no siguieron adelante porque el marido de Bousselham rechazó el presupuesto.
Ninguna de las diligencias ordenadas por el juez permiten avanzar en los indicios contra Iglesias. El magistrado también ha ordenado a la decena de policías que investigan la treintena de piezas del caso Villarejo que den prioridad a analizar de nuevo la declaración sobre el robo en el Ikea del exmarido de Bousselham, pero el informe, entregado al magistrado en agosto, no ofrece nuevos datos. Entre tanto, García-Castellón rechaza tomar declaración de nuevo a Bousselham, como solicita Anticorrupción después de que ella haya escrito al juzgado cambiando de nuevo de versión y exculpando a Iglesias.
10 de septiembre de 2020. Declara ante la Audiencia Nacional José Manuel Calvente, antiguo abogado del equipo legal de Podemos, despedido por supuesto acoso a la abogada Marta Flor, una acusación que han rechazado los tribunales. Poco después de ser detenido, Calvente había acudido a la Guardia Civil en Barcelona, donde vive, para denunciar supuesta financiación irregular de Podemos. La denuncia acabó en un juzgado de Madrid que investiga en la actualidad a la formación.
Calvente se prodiga por los medios y niega a algunos de sus antiguos compañeros ser el filtrador de los chats internos utilizados contra el fiscal Anticorrupción por la presunta relación con Marta Flor. En una entrevista a El Mundo presenta la tesis de que Podemos utilizó el caso Dina de forma falsaria para presentarse víctima de las cloacas policiales. El juez considera que debe declarar sobre ello en la Audiencia Nacional. Allí acude Calvente y presenta una teoría que dice que le ha contado alguien de dentro del partido sobre quien se niega a revelar la identidad.
16 de septiembre de 2020. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resuelve el recurso presentado por Pablo Iglesias contra la retirada de condición de perjudicado en la causa y obliga a García-Castellón a que el líder de Podemos figure de nuevo como víctima. Los jueces de la instancia superior hablan de “meras hipótesis alternativas” al referirse a la posibilidad de que Villarejo no esté detrás de la filtración a los medios y le recuerdan que el presunto líder de una organización criminal tenía en su casa la información que luego fue publicada por Okdiario, El Confidencial y El Mundo, según recoge un informe de Asuntos Internos.
Manuel García Castellón, el juez que investiga al excomisario José Villarejo. EFE/Mariscal/Archivo
7 octubre de 2020. El juez toma la afirmación de que las "hipótesis alternativas" deberían, en su caso, ser investigadas por otra instancia y eleva exposición razonada al Supremo en la que acusa a Iglesias de dirigir un montaje para sacar "rédito político". Esta acusación se basa en la declaración de Calvente que el magistado considera "minuciosa". El juez pide igualmente en base a esa declaración que se investigue a la exresponsable de estrategia jurídica de Podemos Gloria Elizo, a la persona que ocupa ese cargo actualmente, Raúl Carballedo, y a la abogada Marta Flor. También pide imputar a Bousselham y su exmarido por falso testimonio.
Sobre los otros dos delitos, daños informáticos y revelación de secretos, dice que Bousselham ha mostrado "inequívoca voluntad" de que se esclarezcan y propone que sea el Tribunal Supremo quien le pregunte si quiere actuar o no contra Iglesias, única forma de emprender una investigación por ambos al vicepresidente segundo del Gobierno, y declaración que él se ha negado reiteradamente a practicar.
https://www.eldiario.es/politica/cronologia-pieza-10-acabo-iglesias-acusado-tarjeta-colaboradora-incautada-villarejo_1_6279911.html
EL JUEZ PIDE AL SUPREMO QUE INVESTIGUE A PABLO IGLESIAS POR EL ‘CASO DINA’
García-Castellón solicita que se impute al vicepresidente por descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delito
Ni Podemos ni nadie en el Gobierno vio venir el nuevo revés judicial contra Pablo Iglesias. El juez Manuel García-Castellón elevó este miércoles una exposición razonada al Tribunal Supremo donde solicita que se investigue al vicepresidente segundo por el caso Dina, la pieza del caso Villarejo que versa sobre el supuesto robo del móvil de una antigua colaboradora del líder de Unidas Podemos. El magistrado de la Audiencia Nacional le atribuye los presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delito.
La noticia cayó como una bomba este miércoles en medio de la presentación del Plan de Recuperación del Gobierno para la salida de la crisis. Era un día importante para la coalición. La puesta de largo del plan económico para vehicular los fondos europeos en los próximos años debía servir como primer gran paso hacia el futuro de la legislatura, marcada hasta ahora por el día a día que exigen la pandemia y la crisis económica. Pero el bumerán en que se ha convertido el caso Dina dio su último giro inesperado contra el vicepresidente mientras se encontraba reunido telemáticamente con el resto del Ejecutivo. Nadie lo vio venir.
Hace solo tres semanas Iglesias había despejado el último golpe. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le había devuelto la condición de perjudicado en el caso, lo que obligaba al propio García Castellón a revocar su iniciativa del pasado mes de julio de retirar el estatus de víctima en la causa al vicepresidente. Una condición que le había sido otorgada a Iglesias después de que parte de los datos del teléfono robado a Dina Bousselham acabaran publicados en varios medios de comunicación, incluyendo información sobre Podemos o mensajes privados del líder de la formación.
Al magistrado, que considera que el ahora vicepresidente usó de forma fraudulenta este proceso judicial para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral, solo le quedaba la vía del Supremo, por la condición de aforado de Iglesias. La Fiscalía no ha respaldado hasta ahora esta línea de las pesquisas, pero sí se ha pronunciado en otro de los frentes judiciales que tiene abierto Podemos en un juzgado de Madrid, donde ha pedido que se investigue a la formación por la contratación de la consultora Neurona para las elecciones generales de 2019.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló con el vicepresidente segundo para trasladarle su apoyo. Sánchez, en una conversación informal con periodistas antes de tomar un avión para viajar a Argelia, informó de su charla con el líder de Podemos, aunque no desveló los detalles, y mostró su total respeto por el procedimiento judicial. El presidente añadió que no está preocupado por las implicaciones políticas de esa resolución, informa Carlos E. Cué. Pero en Podemos “no dan crédito” al nuevo giro judicial de un caso en el que se personaron como víctimas y que ha acabado volviéndose en contra. “Conozco muy bien a Pablo Iglesias y estoy muy tranquila y confiada en su inocencia. El tiempo, como siempre, hablará”, aseguró la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras conocerse la noticia. El portavoz del partido en el Congreso, Pablo Echenique, dirigió sus ataques en Twitter contra el magistrado: “El juez se salta a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía porque contra Podemos y contra Pablo Iglesias vale todo”.
Según señala el juez instructor en sus escritos, Pablo Iglesias recibió el 20 de enero de 2016 de parte de Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta y editor de la desaparecida revista Interviú, la tarjeta de memoria original procedente del teléfono de Dina Bousselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella. “Pese a ello, se la guardó en su poder, sin decírselo a su propietaria, aun cuando ambos eran personas cercanas” y a pesar “del conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015”, explica el auto. Esta acción, continúa el juez, puede vincularse a que el líder de Podemos observó que dicho dispositivo contenía capturas de pantalla que la asesora guardaba con conversaciones de grupos de mensajería en los que él aparecía.
A partir de entonces, tras la difusión en los medios de las primeras informaciones basadas en el contenido del móvil, el juez asegura que se urdió una estrategia conjunta dentro de Podemos para vincular la desaparición del teléfono y una supuesta operación orquestada por la policía patriótica contra el partido. En esa campaña, García-Castellón incluye también a Gloria Elizo, ex directora de los servicios jurídicos de Podemos y vicepresidenta del Congreso; a Marta Flor y Raúl Carballedo, letrados de la formación; así como a la propia exasesora Dina Bousselham y a su pareja, Ricardo Dasaferreira, a quien atribuye delitos de falso testimonio.
El juez asegura que, encabezados por Iglesias, se pusieron de común acuerdo para “instar a los servicios jurídicos a ampliar la denuncia inicial formulada por Bousselham, tratando de disimular falsariamente una conexión entre las imágenes publicadas en el digital y la desaparición del teléfono el 1 de noviembre de 2015”. Lo hacen, prosigue el juez en su escrito, con una finalidad “estrictamente de oportunidad política”.
Ese modus operandi, remacha el juez, se mantiene de forma “consciente y planificada” cuando la Audiencia Nacional abre la causa contra Villarejo, tras encontrar en su casa una copia de los datos del móvil. Según el magistrado, entonces Iglesias se persona “fingiendo ante la opinión pública y su electorado haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales”. Según el instructor, presentaron la desaparición del teléfono de Dina “como un encargo realizado por el Gobierno del PP al comisario jubilado Villarejo para publicar en el digital Okdiario, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos”.
Casado: “Sánchez debe cesar a su vicepresidente”
El líder de la oposición, Pablo Casado, apenas ha tardado unos minutos en reaccionar. “Sánchez debe cesar de inmediato a su vicepresidente Iglesias. La Audiencia Nacional acaba de pedir al Supremo investigarle por los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. Debe cumplir la misma vara de medir que exigía en su moción de censura”, ha escrito el dirigente del PP en Twitter. En Podemos manifiestan, en cambio, su sorpresa por la decisión del juez: “Hace unos días la Audiencia Nacional reclama a García Castellón que le devuelva la condición de perjudicado a Pablo Iglesias, y el juez responde pidiendo al Supremo que se le investigue”.
Villarejo y dos periodistas, procesados
A la vez que ha enviado al Supremo su exposición contra Iglesias, el magistrado ha dictado un auto donde procesa al comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017, y a dos periodistas de la extinta Interviú, Alberto Pozas y Luis Antonio Rendueles. El juez explica que, tras llegar a la revista una copia de la tarjeta de Bousselham, estos se la entregaron al antiguo agente de la Policía Nacional —quien dijo, a su vez, que la había llevado a la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo, seno de la conocida como policía patriótica—. El magistrado les atribuye a los tres posibles delitos de revelación de secretos y ha dado ahora a las partes un plazo de 10 días para que presenten sus escritos de acusación.
https://elpais.com/espana/2020-10-07/el-juez-pide-al-supremo-que-investigue-a-pablo-iglesias-por-el-caso-dina.html
LA AUDIENCIA NACIONAL PONE FIN AL INTENTO DE CONVERTIR UNA PIEZA DE LA CAUSA CONTRA VILLAREJO EN EL 'CASO PABLO IGLESIAS'
La Sala de lo Penal interviene para recordar al juez García-Castellón que investiga a una organización que realizaba montajes y que la implicación del líder de Podemos son "meras hipótesis". Desde el fin del confinamiento, la investigación al vicepresidente se había convertido en una prioridad para el juez dentro de la macrocausa
La pieza número 10 del caso Villarejo, conocida como Dina, vuelve a centrarse en el comisario acusado de liderar una organización criminal dedicada, entre otras actividades, a realizar montajes y campañas públicas de desprestigio. Esta es la principal consecuencia de la decisión que adoptó este miércoles la Sala de lo Penal, instancia judicial de la Audiencia Nacional que revisa las decisiones de los jueces de instrucción y que decidió corregir la que adoptó Manuel García-Castellón el pasado mayo, consistente en retirar a Pablo Iglesias la condición de perjudicado que el mismo magistrado le había concedido en marzo de 2019.
La decisión del juez de dejar de considerar a Iglesias víctima de los hechos, adoptada de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, implicó un giro del caso y puso al líder de Podemos en el objetivo de una intensa investigación por parte del juez. Sin embargo, ninguna de las diligencias ordenadas por el magistrado ha arrojado un resultado concluyente, lo que ha impedido a García-Castellón dar el paso de solicitar la imputación de Iglesias al Supremo, tribunal ante el que está aforado el vicepresidente segundo del Gobierno.
Con la reorientación del caso hacia Pablo Iglesias quedó al tiempo aparcada la línea de investigación contra Villarejo, imputado desde la misma apertura de la pieza 10 por haber difundido presuntamente información privada del móvil de Dina Bousselham, una excolaboradora de Pablo Iglesias. Entre la documentación incautada al policía noviembre de 2017 había aparecido una copia de la tarjeta del móvil de Bousselham, con información coincidente con la publicada por tres medios de comunicación en momentos clave para Podemos. Los dos periodistas que reconocieron haber entregado antes esa tarjeta al policía, entonces en activo, continúan imputados.
El juez García-Castellón ha buscado indicios contra Pablo Iglesias hasta prácticamente el momento en el que la Sala de lo Penal le ha recordado en un auto que el investigado es el comisario y que lo demás son "meras hipótesis". Ademas, dicen, en el caso de que esas deducciones estuvieran acompañadas indicios razonables deberían ser investigadas por un juzgado ordinario. El ahora malogrado caso Pablo Iglesias ha centrado la actividad del caso Villarejo desde que finalizó el confinamiento, una macrocausa con una treintena de piezas que afectan al segundo banco del país, empresas del Ibex o el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Los jueces de la Sala de lo Penal también se han visto en la obligación de recordar a García-Castellón que precisamente el principal investigado, José Manuel Villarejo, lo es por liderar una organización que recibía encargos para organizar campañas de descrédito e intoxicación contra terceros con el uso de medios de comunicación.
Villarejo declaró al principio de la pieza 10 al juez que entregó copia de la tarjeta al comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo en ese momento y artífice de la brigada política que actuó contra el proceso soberanista, Podemos y en el espionaje a Bárcenas para favorecer presuntamente a dirigentes del PP. La representación de Iglesias entregó al juez un escrito con la cronología de publicaciones procedentes del móvil de Bousselham que perjudicaban a Podemos y en las que mostraba las coincidencias con, entre otros episodios, las negociaciones con el PSOE en 2016 para formar un gobierno progresista.
A la solicitud de informes periciales a la Policía Científica, la comisión rogatoria a Reino Unido por el intento de reparación de la tarjeta en una empresa local o la orden a los agentes para que investigaran esta pieza de forma "preferente" hay que sumar la última iniciativa del juez, la declaración la semana pasada de José Manuel Calvente, el abogado despedido por Podemos que había asegurado en los medios que el caso Dina era "un montaje" orquestado en persona por Iglesias. Durante la declaración, Calvente se quejó de que está siendo atacado en Twitter, donde es muy activo, y el juez le ofreció investigarlo, así como protección policial.
El caso Dina arranca a instancias de la Policía
Dina Bousselham, por entonces asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento europeo, denunció en noviembre de 2015 que le habían robado varias pertenencias en el Ikea de Alcorcón y que, entre ellas, estaba su teléfono móvil. Según declararon ante el juez los dos periodistas de Interviú, el original o una copia de esa tarjeta llegaron en enero de 2016 a la revista de forma anónima. Decidieron que el material no era publicable y la empresa editora se lo entregó a Iglesias que, pese a reconocer que se trataba del móvil de Bousselham, se quedó con la tarjeta al menos seis meses.
El líder de Podemos alega que lo hizo para proteger a su colaboradora, muy afectada por las informaciones que la relacionaban sentimentalmente con él de forma falsa. De acuerdo al relato de Iglesias, cuando Okdiario comienza a publicar el contenido de la tarjeta, el secretario general de Podemos decide que esa protección es ya imposible y le entrega la tarjeta a Bousselham, quien después declararía al juez que en ese momento ya no pudo acceder a su contenido.
Que Iglesias retuvo un tiempo indeterminado la tarjeta y que su dueña la recibió en mal estado son datos que el juez conocía desde marzo de 2019, cuando citó a declarar a ambos, les ofreció que actuaran como perjudicados y advirtió a Iglesias de las "implicaciones muy serias" del Ministerio del Interior en el caso Villarejo. Iglesias y Podemos arrancaron la campaña de las últimas generales señalando una trama contra la organización política que incluía el asunto de la tarjeta de Bousselham. La pieza 10 había sido abierta, como todas las demás del caso Villarejo, por un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía acerca del hallazgo de la tarjeta de Iglesias entre la documentación incautada al comisario.
Todo cambia tras el confinamiento
Al regreso del confinamiento, durante el que la oposición señaló a Iglesias como uno de los principales responsables de la crisis sanitaria, la Fiscalía y el juez acordaron llamar a declarar de nuevo a Bousselham. El motivo de no haberlo hecho antes, aducen, es que estaba pendiente un informe de la Policía científica que se demoró casi un año, hasta el mes de enero de 2020. En su nueva declaración ante el juez, Bousselham reconoció que ella había hecho los pantallazos de la tarjeta, publicados luego por el medio que dirige Eduardo Inda, así como por El Confidencial y El Mundo. Dina Bousselham dijo también que pudo haber enviado esos pantallazos a terceros aunque no lo recordaba.
Con esta nueva información, Anticorrupción remitió al juez un escrito en el que argumentaba que si Villarejo no era el único posible responsable de la difusión y publicación de esos mensajes, no hay delito del que pueda resultar perjudicado Pablo Iglesias y que se le debía retirar la condición de perjudicado. En el mismo escrito, Anticorrupción –acusada en algunos medios y partidos de auxiliar a Podemos–planteaba que Iglesias es presuntamente responsable de los delitos de revelación de secretos (por quedarse con documentación privada de otro) y/o daños informáticos, pero que debe citarse a Bousselham de nuevo porque se trata de tipologías delictivas que necesitan que la víctima denuncie para poder actuar.
El juez García-Castellón ignoró esta parte del documento de la Fiscalía, no citó a Bousselham e igualmente no valoró un escrito posterior en el que la mujer cambia de versión, asegurando que sí pudo acceder al contenido de la tarjeta y exculpando a Iglesias. Por contra, el juez obligó a Bousselham a dejar de compartir abogada con el secretario general de Podemos.
Sin pruebas contra Iglesias
La puesta en marcha de la cooperación jurídica internacional por parte de García-Castellón derivó en una comisión rogatoria satisfecha por Reino Unido. En ella, la empresa a la que el marido de Bousselham había enviado la tarjeta después de recibirla esta de manos de Pablo Iglesias respondió que no se podía acceder a ella, que no pusieron en marcha el mecanismo para hacerlo porque el cliente rechazó el presupuesto, al tiempo que aclaraban que ésta no les llegó dañada físicamente, cuestión en la que incidía el juez. Después, la Policía Científica certificó que los daños que interesaban al juez no los hizo Pablo Iglesias sino la empresa al hacer las primeras comprobaciones sobre el dispositivo.
Entre tanto, y según decaía la posibilidad de atribuir los citados delitos a Iglesias, algunos medios publicaron que el juez se planteaba atribuir a Pablo Iglesias un presunto delito de obstrucción a la Justicia por haber recurrido su pérdida de condición de perjudicado a sabiendas de que no lo era. El juez García-Castellón está pendiente de recibir el informe que ordenó a Asuntos Internos sobre la declaración del exmarido de Bousselham y resolver la petición de Anticorrupción de que declaren de nuevo este y la excolaboradora de Iglesias.
https://www.eldiario.es/politica/audiencia-nacional-pone-convertir-pieza-causa-villarejo-caso-pablo-iglesias_1_6226296.html
LA AUDIENCIA NACIONAL CORRIGE LA DECISIÓN DEL JUEZ Y VUELVE A ACEPTAR A PABLO IGLESIAS COMO PERJUDICADO EN EL CASO DINA
La Sala de lo Penal recuerda al magistrado del caso Villarejo que no hay más indicios que los que señalan a Villarejo como el autor de la difusión de la información robada del móvil y que las "hipótesis alternativas" de García-Castellón serían, en todo caso, competencia de juzgados ordinarios
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso de la representación legal de Pablo Iglesias y ordena que el secretario general de Podemos vuelve a figurar como perjudicado en la pieza del caso Villarejo que investiga la difusión de información robada del móvil de su excolaboradora Dina Bousselham dirigida contra el vicepresidente del Gobierno y la formación política que lidera, han avanzado a elDiario.es fuentes jurídicas.
El juez del caso, Manuel García-Castellón, había retirado la condición de perjudicado a Iglesias a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Magistrado y fiscales consideraban que si Bousselham había admitido que pudo enviar información del móvil a terceros no podía asegurarse que fue Villarejo quien se la entregó a los medios de comunicación y, por tanto, no había delito del que pudiera resultar perjudicado Iglesias.
Pero a partir de ahí, García-Castellón arrancó una intensa investigación para intentar recabar indicios contra Iglesias, aforado ante el Tribunal Supremo, y rechazó los recursos de Iglesias y Bousselham en contra de su decisión. El juez ordenó las pesquisas pese a que, como le había advertido Anticorrupción, si Bousselham no acusaba a Iglesias de haber retenido información de la tarjeta cuando la obtuvo de Interviú era imposible ejercer acciones penales contra él.
El auto de la Sala de lo Penal viene a recordar una cuestión que parecía aparcada desde el final del confinamiento por parte del juez y que se resume en que lo que investiga el caso Tándem es una organización criminal que hacía negocio con la información que Villarejo obtenía "aprovechando su condición policial".
En este sentido, la Sala se ve en la obligación de recordar que en el registro de la vivienda del comisario jubilado, entre el material incautado, se encontró un dispositivo informático de almacenamiento que contenía archivos con documentos procedentes del móvil de Bouselham.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal explica que algunos de esos documentos archivados en el móvil y cuya sustracción fue denunciada por Bousselham, entre los que se encontraban capturas de pantalla relativas a conversaciones por servicios de mensajería en las que había intervenido Iglesias, fueron publicados por Okdiario, El Confidencial y El Mundo con posterioridad a la fecha en la que la denunciante fijaba el robo.
Inda se reunió con Villarejo antes de publicar pantallazos
En este sentido, los magistrados destacan que consta una reunión de Villarejo y el director de Okdiario, Eduardo Inda, antes de que este medio hiciera públicos documentos del móvil de Dina "gravemente perjudiciales para Podemos y sus miembros, particularmente para el señor Pablo Iglesias". Y recuerda que entre los "encargos" que recibía el comisario estaban "campañas de desprestigio" e "intoxicación informativa" contra terceros.
Los jueces de la Sala de lo Penal recuerdan igualmente que fue el propio García-Castellón quien ofreció la condición de perjudicado a Iglesias y que entonces “no pudo basarse sino en la aceptación como verosímil" de que las publicaciones periodísticas tuvieran "como fuente la organización del señor Villarejo" y que producían "quebranto" en Iglesias. Esos elementos, que conectaban a Iglesias con el objeto del proceso y permitieron su personación como perjudicado, se mantienen en la actualidad, según la Sala.
No hay indicios más allá de los que señalan a Villarejo
El auto explica que la habilitación de Iglesias como perjudicado no resulta compatible con la existencia de hipótesis alternativas como que, según las resoluciones del juzgado de instrucción, hubiera otras fuentes de publicación del contenido del móvil, incluyendo a Iglesias y Bousselham.
Por todo ello, los jueces consideran que en la fecha en la que se dictaron los autos impugnados no hay pruebas que sustenten que los hechos se han producido conforme a alguna de esas alternativas señaladas por el juzgado central de instrucción, “por lo que nos encontramos ante meras hipótesis que no desvirtúan la ya referida conexión del recurrente señor Iglesias con el objeto del proceso en virtud de la cual -con arreglo a la valoración provisional que corresponde efectuar en esta fase procesal y sin perjuicio de lo que en su día pudiera resultar acreditada- se le reconoció la legitimación como parte en calidad de perjudicado y para actuar en defensa de sus derechos e intereses”.
La Sala añade que el hecho de que esta pieza separada del caso Villarejo continúe abierta no puede obedecer sino a la existencia de indicios compatibles con la atribución a la organización de Villarejo de la "obtención ilícita y/o la publicación de los datos" de Bouselham, lo que a su vez "resulta compatible a expensas de lo que resulte en su día acreditado, con el eventual perjuicio del señor Iglesias”.
En relación con las hipótesis alternativas planteadas por el juez García-Castellón respecto del origen de las informaciones publicadas, así como la naturaleza y autoría de los desperfectos de la tarjeta que Iglesias entregó a Bouselham, el tribunal indica que no serían competencia de la Audiencia Nacional al haberse cometido presuntamente los hechos fuera de la organización criminal investigada y por personas ajenas a ésta, por lo que las eventuales infracciones penales carecerían de la conexidad requerida para el enjuiciamiento conjunto, por lo que deberían ser investigas en otro órgano judicial.
https://www.eldiario.es/politica/audiencia-nacional-corrige-decision-garcia-castellon-vuelve-aceptar-pablo-iglesias-perjudicado-caso-dina_1_6224816.html
LA AUDIENCIA NACIONAL VUELVE A ACEPTAR A PABLO IGLESIAS COMO PERJUDICADO POR EL ‘CASO DINA’
El tribunal revoca la decisión del juez García Castellón de retirar al líder de Podemos la condición de afectado
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado los recursos de apelación de de Pablo Iglesias y Dina Boulselham contra el auto del juez de instrucción Manuel García Castellón que le retiró la condición de perjudicado al líder de Podemos en la pieza que investiga la sustracción del teléfono móvil de su exasesora. El tribunal de apelación entiende que se mantienen los elementos por los que se sustentó la legitimación de Iglesias como perjudicado en la causa que se inició como una pieza del conocido como caso Villarejo.
En un auto, los magistrados de la Sección Tercera recuerdan en su escrito que el objeto que dio lugar a esta pieza fue una presunta organización criminal a través de la cual los investigados supuestamente comercializaban, aprovechando la condición policial de Villarejo, servicios ilícitos de acceso a documentación restringida, seguimientos a personas o intervenciones sin autorización judicial. La Sala añade que en el registro de la vivienda del comisario jubilado, entre el material incautado se encontró un dispositivo informático de almacenamiento que contenía archivos con documentos procedentes del móvil de Bouselham.
La Sala explica que algunos de esos documentos archivados en el móvil y cuya sustracción fue denunciada por aquella, entre los que se encontraban capturas de pantalla relativas a conversaciones por servicios de mensajería en las que había intervenido Iglesias, fueron publicados por OK Diario y otros diarios digitales, con posterioridad a la fecha en la que la denunciante fijaba el robo.
El Tribunal argumenta que la inicial admisión por el juzgado de instrucción de Iglesias como perjudicado “no pudo basarse sino en la aceptación como verosímil con arreglo a lo actuado hasta esa fecha, del hecho de que la publicación de los archivos inicialmente almacenados en el teléfono de la señora Bouselham tuviese como fuente a la organización del señor Villarejo, objeto de investigación en estas diligencias previas unida tal aceptación a la consideración como eventualmente delictiva de la obtención y/o difusión de la información y a la apreciación de la virtualidad de la difusión e esos contenidos para causar un quebranto al señor Iglesias”. Esos elementos, que conectaban a Iglesias con el objeto del proceso y permitieron su personación como perjudicado, se mantienen en la actualidad, según el tribunal.
https://elpais.com/espana/2020-09-16/la-audiencia-nacional-vuelve-a-aceptar-a-pablo-iglesias-como-perjudicado-por-el-caso-dina.html
GARCÍA CASTELLÓN BENEFICIA COMO ACUSACIÓN POPULAR EN EL 'CASO KITCHEN' A UNA ASOCIACIÓN CERCANA AL PP
El juez subraya que Pro Lege carece de "intereses políticos" y en contra del criterio de la Fiscalía le permite ir por libre sin coordinarse con las otras acusaciones porque las ejercen dos partidos: Podemos y PSOE Su juzgado ordenó en cambio hace 15 días que Vox fuese de la mano con esa misma asociación en la pieza 'Dina', aunque fuentes cercanas al juez aseguran ahora que aquello fue un simple "error" y que en realidad cada una de las dos actuará de forma independiente
La asociación de juristas que, como publicó este jueves infoLibre, preside una abogada que en Twitter declaró ser del PP se ha convertido en la gran beneficiaria de una de las últimas decisiones del juez Manuel García Castellón en Kitchen. Es decir, en la pieza del caso Villarejo donde se investiga el espionaje a Luis Bárcenas con el fin de evitar que conservara papeles incriminatorios para dirigentes del PP.
El 30 de septiembre, el magistrado que ahora ha pedido al Supremo que impute al vicepresidente Pablo Iglesias aceptó que Pro Lege se incorporase a la instrucción de Kitchen como acusación popular. Lo hizo con un auto que, en contra del criterio de la Fiscalía, permite a esta asociación ir por libre sin coordinarse con las otras acusaciones, lo cual incrementa su margen de maniobra para marcar estrategia jurídica sin compartirla antes de tiempo.
¿Cuál fue el argumento con el que García Castellón, que ha denunciado estar recibiendo amenazas de muerte tras pedir la imputación de Iglesias, situó a la asociación en una posición privilegiada? Que las otras acusaciones populares son ejercidas por dos partidos –Podemos y PSOE– mientras que la casi desconocida Pro Lege carece de "intereses políticos". La Fiscalía mantenía que aunque esa asociación "manifieste carecer de interés político" había pedido personarse para cumplir el mismo objetivo que las otras dos acusaciones: "Velar por la legalidad en defensa de las instituciones públicas frente a la corrupción". Y que, por tanto, todas debían coordinarse. El juez respondió que ese argumento "resulta insostenible".
Lo sucedido en Kitchen contrasta con un episodio datado hace dos semanas. Porque el 24 de septiembre el juzgado de García Castellón había ordenado por escrito que Vox fuese de la mano de esa misma asociación en la pieza Dina. Fuentes cercanas al juez aseguraron este jueves a infoLibre que aquel documento –lo que en el argot jurídico se denomina una diligencia de ordenación firmada por el secretario del juzgado– fue emitido por "error". Y agregan que, en realidad y tal como se desprende del auto por el que Vox y Prolege habían adquirido el rango de acusaciones populares el 31 de agosto, ambas partes actuarán cada una de forma independiente. No hubo respuesta a la pregunta de qué ocurrirá ahora que se conoce la conexión con el PP de Carolina Mata, presidenta de Pro Lege. Mata borró su cuenta de Twitter poco después de recibir varias preguntas de este periódico cuyo enunciado hacía referencia a un determinado tuit donde proclamaba lo siguiente: "Estoy muy orgullosa de mi partido. @populares".
En Púnica, el otro gran caso de corrupción instruido por García Castellón y que gira en torno al PP, hay cuatro acusaciones populares. O sea, complementarias de la que ejerce la Fiscalía y que no se corresponde con víctimas o perjudicados directos (esas son "particulares") sino con personas o entidades que, en casos como los de corrupción, invocan su voluntad de defender la legalidad. Las cuatro acusaciones de Púnica son una asociación de abogados –Adade– y tres partidos políticos: PSOE, IU y Podemos. Las cuatro marchan coordinadas por decisión expresa de García Castellón. Quien lleva el timón es Adade.
En la línea de Púnica y de otros casos como Lezo o los papeles de Bárcenas, lo que prescribía la diligencia de ordenación que por "error" se envió a todas las partes con fecha de 24 de septiembre se resume así: que para impugnar un recurso planteado por Pablo Iglesias Vox debía presentarlo "conjuntamente bajo la dirección de la acusación popular Pro Lege, que dirige y coordina las distintas acusaciones populares en el procedimiento". La resolución por la que García Castellón había admitido a Vox y a Pro Lege como acusaciones del caso Dina no hacía mención expresa a si debían actuar o no de manera conjunta. Sí decía esto: que una vez cada una de las dos entidades abonasen la fianza exigida siempre a las acusaciones populares, "se entenderán las sucesivas diligencias a través de sus respectivos representantes procesales".
En Dina solo hay dos acusaciones populares: Vox y Pro Lege. La solicitud de imputación de Iglesias ha situado esa pieza en el centro del escenario y ha desplazado a Kitchen a dos semanas de que declaren como imputados por el espionaje a Bárcenas el antiguo número dos de Interior, Francisco Martínez, y luego quien era su jefe, el exministro Jorge Fernández Díaz. La solicitud de imputación de Iglesias –lo que se conoce como exposición razonada– se cimenta en la declaración judicial prestada como testigo por el antiguo abogado de Podemos José Manuel Calvente. El letrado sostiene que el líder de Podemos y varios miembros de la cúpula de Podemos urdieron un montaje con el robo del teléfono de su exasesora Dina Bousselham. Pero en ningún momento reveló quién le había transmitido supuestamente esa información.
Como publicó infoLibre este jueves, la decisión sobre si cabe imputar al vicepresidente y líder de Podemos ha quedado en manos de una sala del Tribunal Supremo controlada por los conservadores bajo la presidencia del magistrado Manuel Marchena.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/10/09/garcia_castellon_beneficia_como_acusacion_popular_caso_kitchen_una_asociacion_cercana_pp_111883_1012.html
LOS TUITS EN APOYO DEL PP QUE ESCRIBIÓ LA JEFA DE LA NUEVA "ACUSACIÓN POPULAR" EN 'KITCHEN' Y QUE YA NO EXISTEN
• La presidenta de la asociación que acaba de personarse en el caso donde se investiga el espionaje a Bárcenas se volcó en una entusiástica defensa del PP y su líder
• Su cuenta de Twitter sumaba mensajes que iban del "estoy muy orgullosa de mi partido" a otros como "a ver si espabilamos en el PP" pasando por un llamamiento a una simpatizante de Vox: "Por eso vente al PP". Su perfil desapareció de la red social este miércoles
La cuenta de Twitter de Carolina Mata desapareció tras enviarle infoLibre varias preguntas sobre su cercanía al PP y la entrada de Pro Lege en el 'caso Kitchen' como acusación popular.
infoLibre
@Caroli201, la cuenta que en 2012 abrió en Twitter la abogada Carolina Mata, presidenta de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege, ya no existe. Desapareció apenas media hora después de que infoLibre enviase este miércoles a su propietaria una batería de preguntas. ¿Sobre qué? Sobre su apasionada defensa del PP en la red social con mayor presencia de políticos y periodistas y su paralela entrada en escena como "acusación popular" en la pieza Kitchen. Esto es, en la pieza del caso Villarejo donde la Audiencia Nacional investiga si el Gobierno del PP ordenó espiar a Luis Bárcenas para evitar que conservara documentos sobre la caja B que pudiesen incriminar al partido. Y a sus dirigentes.
Una vez eliminado un perfil, los mensajes almacenados en el muro desaparecen sin dejar rastro. Pero algunos de los que con mayor nitidez evidencian la simbiosis de Carolina Mata con el PP, con o sin carné, ya habían sido extraídos el martes por este periódico del ágora cibernético en que se ha convertido Twitter. Durante el último año, su cuenta sumaba mensajes que iban del "estoy muy orgullosa de mi partido" a otros como "a ver si espabilamos en el PP" pasando por una llamamiento a una simpatizante de Vox para que cambiase de filas: "Por eso vente PP".
Los tuits muestran la satisfacción con el PP de quien en nombre de una asociación "sin interés político" ejercerá como tercera acusación popular –Podemos y PSOE son las otras dos– de un caso que por días incrementa las dudas sobre la participación y/o conocimiento de las altas instancias de la formación conservadora en un operativo policial sufragado con fondos reservados y desarrollado a espaldas de juez que ya en 2013 investigaba a Bárcenas. En varios mensajes, Mata expuso su firme convicción de que el PP es el partido que merece la pena ser votado. Por ejemplo, cuando en septiembre de 2019 otro tuitero lanzó que entre sus conocidos había "varios votantes de cs y vox que votarán al PP, la letrada respondió así: "Yo PP por moderación, seriedad, confianza y responsabilidad". En otro momento, el 5 de diciembre del año pasado, escribió esto: "La mejor defensa de España [usó aquí el emoticono de la bandera rojigualda en lugar del vocablo] se hace desde el sentido común y no con palabras que encandilan... que no somos Podemos..."
Su adhesión a Pablo Casado y los elogios a su liderazgo también se repitieron. "Muuuuy bien Pablo!!!", escribió el 4 de enero en respuesta a un tuit del PP sobre "el repaso que @pablocasado _ le ha dado a Sánchez recordando sus mentiras". Casi un año antes, el 4 de abril de 2019, hizo su aportación al bloque de reacciones cosechado por el PP con un texto que celebraba la intervención de Casado en un acto de comienzo de campaña de las elecciones autonómicas de Madrid: "Pablo eres genial!!!", escribió. Como colofón, un emoticono en forma de corazón.
En la serie recopilada por este medio y más allá de los tuits contra el Gobierno, el PSOE o Podemos, hay uno indicativo de en qué lado de la balanza interna del PP se había colocado: "Esta era una espía socialista dentro del PP". "Esta" era Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Ejecutivo de Mariano Rajoy y perdedora de las primarias que habuaían dado la victoria a Casado. La abogada se refirió de esa forma a Sáenz de Santamaría en su comentario a un tuit que, citando un noticia de OK Diario decía así: "Soraya Sáenz de Santamaría impidió a Villarejo investigar los lazos de Podemos con ETA, Venezuela y Cuba". Ahora, toda la información de la pieza más relevante y delicada desde el plano político llegará de primera mano a Carolina Mata y los asociados de Juristas Europeos Pro Lege. Aunque la asociación se creó en 2018, su web no ofrece ninguna información sobre sus actividades. Ni sobre el número de asociados.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/10/07/los_tuits_presidenta_pro_lege_apoyo_del_que_han_desaparecido_del_mapa_111831_1012.html
CAMPAÑA CONTRA EL JUEZ MANUEL GARCÍA-CASTELLÓN
Preocupación en la Audiencia Nacional por la difusión de un vídeo de una plataforma afín a Podemos en el que se califica al titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de "juez para la derecha" y que ha "abierto una guerra judicial contra Podemos"
La difusión de un vídeo sobre el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en el que se le define como «juez para la derecha» que «ha abierto una guerra judicial contra Podemos» ha despertado preocupación en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, según ha podido saber El Independiente.
El mencionado vídeo, que hace un repaso a la trayectoria profesional del magistrado relacionando sus cambios de destino y ascensos con decisiones de miembros del Partido Popular, apuntando así hacia comportamientos supuestamente prevaricadores, lleva colgado desde el 1 de septiembre en distintos canales de redes sociales (Youtube, Facebook) de la plataforma Spanish Revolution, una web creada por miembros de la Comisión de Comunicación de Sol del Movimiento 15-M y afín a Podemos. Una página que, según sus propios creadores, a pesar de estar «dormida» y «sin contenido» hasta el año pasado tenía más de dos millones de seguidores en Facebook y que se reactivó en mayo.
La pieza audiovisual arranca con la pregunta: «¿Quién es Manuel García-Castellón, el juez de la Audiencia Nacional que ha emprendido una guerra judicial contra Podemos?» y hace un relato temporal de su trayectoria en la que se hacen afirmaciones como: «Año 2012, el Gobierno de Rajoy le nombra juez de enlace en Italia. Así, pasa más de 16 años en el extranjero, en puestos con escasa carga de trabajo y con un sueldo de más de 120.000 euros al año. Pero, ¿por qué decide volver a España: por deseo de Ignacio González. En 2016, Eduardo Zaplana e Ignacio González, entonces investigado por corrupción en el caso Lezo, conspiran para apartar al juez que estaba al frente de la investigación, Eloy Velasco, y traer de vuelta a España a García-Castellón, que les ayudaría en la causa».
El relato audiovisual concluye afirmando que «ha decidido retirar a Pablo Iglesias la condición de perjudicado en la causa (la pieza Dina del caso Villarejo) y poner el foco sobre él aunque la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional haya dicho que no hay ningún indicio de delito contra el vicepresidente y a pesar de que la prueba que el propio juez García-Castellón solicitó a una empresa informática de Gales haya concluido que Iglesias le entregó a Bousselham la tarjeta intacta». Finalmente, en el vídeo se explica lo que supone el lawfare o guerra judicial, un «instrumento» con el que, según los autores de la pieza audiovisual, «quienes perdieron las elecciones frente a proyectos progresistas, intentan tumbar a esos gobiernos o apartar a determinados líderes», achacando al juez por deducción un comportamiento prevaricador guiado por inclinaciones políticas.
Más de 2 millones de seguidores en 2019
En el Juzgado Central 6 el vídeo ha levantado preocupación por suponer, más que un material informativo, una campaña de confusión y desprestigio contra el juez puesto que se dan datos falsos como el siguiente: «2018, García-Castellón archiva la investigación contra el rey emérito por la misma causa que hoy investiga la Fiscalía suiza», cuando fue el anterior instructor de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, y no él, quien lo hizo. Spanish Revolution es una web que nació a la par que el movimiento reivindicativo del 15-M. Sus propios creadores contaron el año pasado a El Confidencial en nombre del colectivo (no les gusta dar nombres concretos) que «La Comisión de Comunicación de Sol decidió abrir esta cuenta y la de Acampada Sol tanto en Facebook como en Twitter» y que, permanecían «dormidas, sin contenido», aunque con 2,4 millones de seguidores sólo en Facebook.
Precisamente en esa red social es donde se ha colgado el vídeo sobre el juez Manuel García-Castellón y otros más, recuperando dicho canal de su letargo. El pasado 26 de mayo de 2020, según ha podido saber este diario, se constituyó en un pueblo de Orense la sociedad Spanish Revolution SL con el objeto social de «actividades de periodismo, prensa, redacción de artículos, publicidad o gestión de redes sociales». Como único administrador figura un vecino de Orense, Javier F.F., que apoyó, igual que otras más de 1.000 personas, a Orense en Común en una de las asambleas de la marca gallega de Podemos.
Queja sobre las críticas a otro juez en un medio afín a Podemos
A finales de abril de 2019, la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), asociación judicial a la que pertenece García-Castellón, se quejó en una entrevista con El Independiente de las críticas vertidas contra Celso Rodríguez Padrón, uno de los magistrados que dictó la sentencia condenatoria contra la portavoz de Podemos, Isabel Serra, por lesiones leves contra la Policía, en un medio afín a Podemos.
En dicho artículo, publicado en el digital La Última Hora, dirigido por la exasesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, se hablaba del magistrado como antifeminista, se trasladaba «episodios donde algunos cuestionan su imparcialidad política» y también elaboraban la misma teoría del ‘lawfare’ que en el vídeo que carga contra García-Castellón. «¿Conoce Rodríguez Padrón la doctrina lawfare o guerra judicial? Lawfare es aquella doctrina que hace uso abusivo de los procedimientos legales para provocar repudio popular contra adversarios políticos. Así se refieren algunos estos días a la sentencia que acaba de dictar contra la portavoz en la Asamblea de Madrid de Unidas Podemos, Isa Serra», se decía en el artículo en el que también se apuntaba a que sus decisiones buscaron favorecer al Partido Popular.
https://www.elindependiente.com/politica/2020/09/08/campana-contra-el-juez-manuel-garcia-castellon/
EL JUEZ IMPUTA A JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ POR EL ESPIONAJE POLICIAL A BÁRCENAS
El magistrado rechaza por “precipitado” citar como investigados a Dolores de Cospedal y su esposo, Ignacio López del Hierro
|El Gobierno y la cúpula del PP durante la etapa de Mariano Rajoy ya se encuentran oficialmente señalados por el caso Kitchen, la supuesta trama de espionaje parapolicial creada en el Ministerio del Interior para tapar el escándalo de financiación ilegal del PP y arrebatar a su extesorero Luis Bárcenas documentos comprometedores para el partido y sus líderes entre 2013 y 2014. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido este viernes citar como imputado el próximo 30 de octubre al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, como le había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, tras examinar la causa ha rechazado citar, al menos de momento, como investigados a la ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal y a su esposo, Ignacio López del Hierro, como también le había solicitado el ministerio público.
El juez cita, asimismo, como investigado, el 29 de octubre, al exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez, y convoca como testigos al exdirector de Comunicación de Interior Juan José Esteban y a otras tres personas: el sacerdote Silverio Nieto, el exdirector de Gabinete de Francisco Martínez, Jorge Sanchís Bordetas, y a su también colaboradora Icíar Castro Álvarez. Todos estos testigos deberán explicar el contenido de conversaciones que supuestamente mantuvieron con Martínez en los días en que la investigación de la Kitchen comenzaba a centrarse en él y que el ex número dos de Interior mantuvo guardadas en el teléfono móvil hasta que su domicilio fue registrado por orden judicial.
El caso Kitchen, una de las 25 piezas en que se divide el macrosumario sobre los negocios del comisario jubilado José Villarejo, es, tras la Gürtel y el caso de la caja b del partido, el mayor escándalo de corrupción de cuantos afectan a la formación conservadora. Según la investigación, durante la etapa de Fernández Díaz en Interior supuestamente se creó una red de policías que se dedicó a seguir los movimientos de Bárcenas y a su familia durante la investigación judicial iniciada después de que EL PAÍS publicara, el 31 de enero de 2013, los papeles de la contabilidad b del partido que el extesorero llevaba en su oficina de la calle Génova 13 de Madrid, sede nacional de la formación conservadora.
Según la investigación de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, este presunto aparato policial clandestino al servicio del PP estuvo coordinado, en la parte política, por el ex secretario de Estado de Seguridad y número dos de Interior, Francisco Martínez, y en la parte policial, por el antiguo director adjunto operativo, máximo mando uniformado de la Policía Nacional, Eugenio Pino, ambos imputados junto a Villarejo y otros miembros destacados de la llamada policía patriótica, como el comisario Enrique García-Castaño, El Gordo. El entramado contó con decenas de agentes dedicados a seguir los pasos de Bárcenas pensando que colaboraban con la investigación de la caja b, que entonces llevaba juez Pablo Ruz; y los supuestos responsables dispusieron de al menos 53.000 euros de fondos reservados para pagar al principal agente encubierto de la operación, Sergio Ríos, exempleado de seguridad del PP y chófer de Bárcenas. Estos detalles, sumados a los audios intervenidos a Villarejo y la documentación del sumario “evidencia[n] el conocimiento de los hechos por parte de mandos superiores” de Interior, afirma el juez en el auto.
Además del pago en metálico con dinero público, del que no ha quedado rastro documental en la Secretaría de Estado de Seguridad pese a que el Consejo de Ministros levantó el secreto oficial sobre esos pagos, Ríos fue supuestamente enchufado como funcionario en la Policía Nacional con la mediación del entonces poderoso comisario Villarejo. Según el magistrado, este supuesto trato de favor “requería necesariamente de la participación de cargos con capacidad de influencia suficiente en el ministerio”.
Según el auto, las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el “centro nuclear” de la operación en el Ministerio del Interior, “desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de este, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad”.
Ahora, la investigación del caso Kitchen da un salto hacia arriba, quizá no el último, con la imputación de Fernández Díaz. En su escrito, Anticorrupción recordaba que el exministro, además de ser la cabeza del departamento durante todo el tiempo que duró el operativo ilegal, mantuvo con su número dos, Francisco Martínez, "comunicaciones directamente relacionadas con la infiltración en el zulo [donde Bárcenas guardaba la supuesta información sensible]. Estas conversaciones coinciden en el tiempo con el momento en que Sergio Ríos obtuvo la información que se buscaba y que almacenó en dispositivos electrónicos que fueron supuestamente entregados a Eugenio Pino.
“Estuvimos en una piscina de tiburones”
Los mensajes de teléfono y los archivos intervenidos a Martínez son una de las principales armas de la Fiscalía contra Fernández Díaz. Según el escrito, por ejemplo, el ex secretario de Estado depositó ante notario un SMS que habría recibido del ministro que decía: “La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo”. La información del móvil refleja también como, a medida que el partido le va dejando de lado tras estallar el escándalo, su enfado aumenta contra sus antiguos superiores. “Mi grandísimo error fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal”, le confió a su amigo el presidente de la Audiencia Nacional José Ramón Navarro. En una de estas conversaciones, en febrero de 2019, Martínez se define a sí mismo como “un pringao” y le decía a su colaboradora Icíar Castro: “Estuvimos en una piscina de tiburones”.
El magistrado aparca por ahora la imputación de Cospedal porque, dice, “este es el momento de ahondar en indicios tangibles, sustentados en evidencias sólidas sobre las que ir construyendo una investigación de la que se desprenden hechos graves presuntamente cometidos por servidores del Estado y que exigen una investigación profunda”. El juez ve “precipitado” en este momento y sin haber interrogado a los testigos “avanzar hacia hipótesis que apunta[n] otras personas y cuya implicación en este momento se sustenta en referencias de terceros”. El juez recuerda que el inspector Andrés Gómez Gordo, policía de confianza y asesor de Cospedal en su etapa al frente de la Junta de Castilla-La Mancha, y que fue quien supuestamente puso en contacto a Sergio Ríos con Villarejo, declaró en su juzgado que ni la ex secretaria general del PP ni su marido le dijeron que hablara con el chófer de Bárcenas.
García Castellón entiende que, antes de resolver sobre la citación solicitada por la Fiscalía respecto de Cospedal y su marido, se impone, a la vista del avance de la investigación, citar de nuevo a Francisco Martínez. Hasta el momento, el antiguo secretario de estado se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez García-Castellón, especialmente mientras el sumario se mantuviera bajo secreto. En conversación con este periódico, el ex número dos de Interior ha manifestado que se quedó “atónito” cuando Jorge Fernández Díaz le contó la operación de espionaje a Bárcenas y ha expresado su voluntad de cooperar con la investigación: “Voy a contarle al juez todo lo que sé”.
https://elpais.com/espana/2020-09-18/el-juez-imputa-a-jorge-fernandez-diaz-por-el-espionaje-policial-a-barcenas.html
PSOE Y ADADE RECURREN LA DECISIÓN DE NO ABSTENERSE DEL JUEZ DE PÚNICA EN LA PIEZA QUE AFECTA A EL CORTE INGLÉS
Recuerdan que existe una conexión comercial entre García Castellón y la mercantil y piden a CEURA que aporte el historial de remuneraciones y los detalles de su relación contractual
La asociación de abogados ADADE y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contra la decisión del juez Manuel García Castellón de no apartarse de la pieza del caso Púnica que afecta a El Corte Inglés. En el escrito al que ha tenido acceso ElPlural.com se especifica que el magistrado presta servicios para el Centro Universitario Ramón Areces (CEURA), estrechamente vinculado a la empresa en cuestión, añadiendo que “tal relación es un principio de prueba que expresa concreta y claramente la causa legal de abstención como es tener interés directo o indirecto en la causa (art. 219-10 de la LOPJ): prestar servicios a uno de los afectados por las investigaciones y percibir por ello una remuneración conlleva como mínimo una pérdida de apariencia de imparcialidad”.
Por todo ello, tanto ADADE como el PSOE instan de nuevo a García Castellón a apartarse de la causa que atañe a El Corte Inglés, puesto que “no cabe que instruya una causa quien seguramente cobra una remuneración de un partícipe, precisamente además durante esta fase, que es cuando se deben de practicar e impulsar las diligencias de investigación necesarias para verificar si existen o no indicios suficientes para formular acusación”.
En el escrito remitido al juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional se recuerda que, pese a que no se ha llamado a la causa a la mercantil El Corte Inglés S.A., entre las irregularidades urbanísticas que están siendo investigadas en la pieza separada del caso Púnica que lleva por nombre “Hechos concernientes al urbanismo de Valdemoro y blanqueo de capitales”, se persigue la pista del proyecto Majuelo Norte (El Corte Inglés era propietario de suelo rústico en el sector el Majuelo Norte de Valdemoro) y también el sector “La peluquera” (donde actualmente tiene el Grupo El Corte Ingles una gran base logística instalada a partir del desarrollo del PGOU 2004 de Valdemoro).
García Castellón defiende que “no hay conflicto de interés”
El pasado martes se hacia pública la resolución de García Castellón tras ser instado por ADADE y el PSOE a inhibirse del caso por su relación con la parte afectada. En la resolución, el magistrado explicaba que no se apreciaba “conflicto de interés alguno” recordando que el Consejo General del Poder Judicial aceptó su “compatibilidad”.
De forma previa, el pasado marzo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tumbó la resolución de García Castellón de archivar toda una batería de diligencias fechados antes de 2004, cuando se aprobó el plan de urbanismo que está siendo investigado, por considerarlas prescritas. Tras el recurso de Fiscalía, se decidió reabrir la investigación sobre todo lo sucedido entre Francisco Granados y empresarios de la trama de forma previa a 2004. Cabe recordar que Valdemoro, epicentro de la causa, fue gobernada como alcalde por Granados entre 1999 y 2003.
Documentación requerida a García Castellón
En el escrito presentado este mismo viernes por ADADE y el PSOE se insta al Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces a que, “dada la respuesta obtenida donde se niega lo evidente y a fin de despejar cualquier tipo de duda sobre la apariencia de imparcialidad y la ausencia de cualquier tipo de interés en la causa”, aporte la siguiente documentación para aclarar cuál ha sido la relación comercial y el tipo de contrato que unía a su centro con el magistrado: desde cuándo imparte clases, cuál o cuáles han sido sus cometidos, si había contrato escrito o meramente verbal, si las clases han sido presenciales, si entre los estudiantes figura alguno de los investigados en la causa y el histórico de la remuneración recibida anualmente como contraprestación por su labor lectiva.
También se solicitada que “se libre oficio al Consejo General del Poder Judicial, a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad para que certifiquen “qué concreto régimen de colaboración, retribuida o pro bono, mantenía o mantiene el Magistrado instructor de la causa con la Fundación Ramón Areces y/o el Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces (CEURA)”.
https://www.elplural.com/sociedad/tribunales/psoe-adade-recurren-decision-no-abstenerse-juez-punica-pieza-afecta-corte-ingles_245740102
ANTICORRUPCIÓN EVITA POSICIONARSE EN LA RECUSACIÓN DEL JUEZ DE PÚNICA POR COLABORAR CON EL CORTE INGLÉS
La Fiscalía asegura en su informe preceptivo que deberá ser el juez quien se pronuncie sobre la solicitud de apartarse que ha hecho la acusación popular. Adade y PSOE alegan que García-Castellón cobra por dar clases en un centro universitario "perteneciente" a los grandes almacenes
La Fiscalía Anticorrupción ha evitado posicionarse en el conflicto suscitado en el seno del caso Púnica con la petición de la acusación popular para que el juez, Manuel García-Castellón, se aparte por sus vínculos con El Corte Inglés. El Ministerio Público, obligado a informar, recurre a que Adade y PSOE solo han solicitado que plantee su abstención para dar una respuesta genérica.
La abogada de la acusación popular denuncia por amenazas al exasesor jurídico de El Corte Inglés imputado en Púnica
La abogada de la acusación popular denuncia por amenazas al asesor jurídico de El Corte Inglés imputado en Púnica
SABER MÁS
“Es al magistrado a quien corresponde valorar si debe comunicarlo, por concurrir en el mismo alguna de las causas previstas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). De ser así, debe entonces proceder conforme a lo establecido en el artículo 221 de la LOPJ”, dice el escrito de las fiscales del caso, al que ha tenido acceso elDiario.es.
En el escrito que presentaron Adade y el PSOE se afirma: “Es un hecho notorio que su señoría viene prestando servicios de tutoría online en el Centro Universitario Ramón Areces, perteneciente y dependiente de El Corte Inglés. Desconocemos desde qué fecha, pero en cualquier caso consta en la página web del Consejo General del Poder Judicial la aprobación de la compatibilidad para prestar servicios para esta empresa y cobrar por ello, al menos desde su reincorporación a la plaza de la que es titular en el Juzgado de Instrucción número 6 (junio de 2017)”.
El Corte Inglés, o sus distintas denominaciones sociales como Induyco o Hipercor, era propietaria desde 1973 de las fincas conocidas como El Majuelo Norte, de más de 16.000 metros cuadrados, declaradas rústicas en 1999 y reconvertidas a urbanizables en el PGOU de 2004. Antes de la recalificación, el Ayuntamiento acordó con la empresa una permuta por la que se quedaba con la zona a cambio de 188.775 metros cuadrados en un polígono donde El Corte Inglés instaló un centro logístico.
La acusación popular había pedido en febrero al magistrado que citara al exasesor jurídico de El Corte Inglés, Faustino José Soriano, por su presunta participación en el presunto amaño, acaecido mientras Francisco Granados era alcalde de Valdemoro. A ésta y otras diligencias, el magistrado contestó con que los hechos estaban prescritos al haber transcurrido más de 15 años. Las acusaciones recurrieron ante la Sala de lo Penal y la Sección Cuarta resolvió que el juez estaba dando por hecho que las irregularidades se habían cometido antes de la aprobación del PGOU y que, en cualquier caso, la presentación de la querella por el caso Púnica de la Fiscalía en 2014 interrumpía dicho plazo de prescripción. Anticorrupción cree que Valdemoro perdió 7 millones por las irregularidades del plan de 2004 y que dejó de ingresar otros 60 en plusvalías.
El escrito presentado por la acusación popular para que García-Castellón se aparte de la pieza 4 esgrime: “De la documentación obrante en la causa, consta acreditado que los cambios introducidos por dicho Plan, afectaron muy directamente a los intereses inmobiliarios de El Corte Inglés y de varios miembros de su personal dirigente. De hecho, las modificaciones en el Plan permitieron la instalación de una de las principales sedes logísticas de la Sociedad INDUYCO y sus diferentes denominaciones sociales”.
Soriano ha comparecido en las últimas dos semanas otras tantas veces en la Audiencia Nacional para comparecer como imputado pero no ha llegado a hacerlo. En la primera, García-Castellón no estaba por encontrarse fuera de España por viaje de trabajo y su juez de refuerzo, Alejandro Abascal no había sido informado del escrito de la acusación popular, por lo que suspendió la vista hasta el pasado viernes. En la segunda, la abogada de Adade y PSOE expuso que el juez de refuerzo, sobre cuya permanencia cada seis meses informa García-Castellón, no gozaba de la independencia necesaria para sustituir al titular. Abascal volvió a suspender la declaración.
https://www.eldiario.es/politica/anticorrupcion-pone-perfil-recusacion-juez-punica-colaborar-corte-ingles_1_6140544.html
EL JUEZ DEL CASO PÚNICA RESPONDE A LA FISCALÍA Y AL PSOE: «PRETENDEN APARTARME SIN ARGUMENTOS»
El juez García-Castellón prorrogará la instrucción de Púnica tras el 'parón' del estado de alarma
El juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha respondido con rotundidad al PSOE, a la asociación Adade y a la Fiscalía: no se va a apartar de la causa porque no existen motivos para hacerlo
El juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha respondido con rotundidad al PSOE y a la asociación Adade –personados en la causa– que plantearon al magistrado su abstención en la pieza en la que se investiga el plan urbanístico de Valdemoro, así como a la Fiscalía que se puso de perfil. «Atendida la falta de fundamento legal de abstención no ha lugar a acceder a lo solicitado», responde el instructor en un auto dictado este lunes 3 de agosto al que ha tenido acceso OKDIARIO.
En un duro escrito, García-Castellón tumba la propuesta sin fundamentos solicitada por las acusaciones populares ejercidas por el partido socialista y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) que propusieron al juez apartarse de la pieza separada número 4 en la que se investiga al ex jefe de la asesoría jurídica de El Corte Inglés, Faustino José Soriano, por su presunta participación en el presunto amaño ocurrido en Valdemoro mientras Francisco Granados era alcalde del municipio madrileño.
Las acusaciones personadas alegaban en su escrito que el instructor tiene concedida por parte de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la compatibilidad de su cargo judicial con el ejercicio de una docencia como tutor ‘on-line’ en el Centro Universitario Ramón Areces, perteneciente a los grandes almacenes. Un extremo que el magistrado no esconde y que cualquiera puede acceder a dicha información con una sencilla búsqueda en Internet o en la página oficial del órgano de jueces.
Tras recibir dicha solicitud, el magistrado dio traslado al Ministerio Fiscal que evitó posicionarse y señaló que es el magistrado instructor «a quien corresponde valorar en este caso si concurre alguna de las causas de abstención».
Falta de argumentos
El juez se muestra asombrado por la posición tanto de PSOE y Adade como de la Fiscalía: ninguno de los tres se ha atrevido a presentar una recusación sino que le ofrecen a que decida por «motu proprio» abstenerse de la causa.
El magistrado señala en el auto que le «llama la atención» que las fiscales del caso Púnica no hayan hecho uso del mecanismo que la ley expresamente contempla para instar este supuesto incidente, si es que así lo considerasen, con la aplicación de la recusación prevista en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
La razón, para García-Castellón, es sencilla: «La mera constatación de que las partes que piden la abstención no hayan valorado promover la recusación (como legalmente se prevé) y el hecho de que el Ministerio Fiscal tampoco lo solicite, ni siquiera identifique en el informe causa legal alguna, ya evidencia la escasa solvencia del argumento con el que se pretende apartar al instructor de la causa». Así de tajante ha respondido el magistrado.
Además, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional explica que ni la Fundación Ramón Areces ni El Corte Inglés son objetos de investigación en la referida pieza separada, «por lo que no hay conflicto de interés alguno en la docencia cuya compatibilidad fue examinada y reconocida por el máximo órgano del Gobierno del Poder Judicial».
Rapapolvo a Adade
El juez le echa un rapapolvo a la asociación Adade a la que reprocha que «ni siquiera ha atendido a cumplimentar con lo que la norma exige, como mínimo, para poder interesar la recusación de un juez o magistrado: Expresar concreta y claramente la causa legal y los motivos en los que se funda, acompañada de un principio de prueba sobre los mismos».
En definitiva –añade– el escrito no se basa en ni un solo motivo que se identifique como una causa de abstención o recusación, sólo se limita a afirmar que «este magistrado tiene concedido por la comisión permanente la compatibilidad para su cargo judicial con el ejercicio de la docencia como tutor on-line».
Fuentes consultadas por este periódico explican que el motivo por el que las acusaciones quisieron que el juez se apartase de la causa es porque consideró que la investigación objeto de esta pieza ya había prescrito, dado que tuvo lugar antes de 2004, por tanto se opuso a investigarlo puesto que los delitos se cometieron hace más de 15 años y no tendrían consecuencias jurídicas. La postura del magistrado se entiende si se tiene en cuenta que esta macrocausa se ha dilatado durante más de seis años. La instrucción está a punto de llegar a su fin y debe finalizar el próximo 27 de agosto.
https://okdiario.com/espana/juez-del-caso-punica-responde-fiscalia-psoe-pretenden-apartarme-sin-argumentos-5978479
LA ABOGADA DE LA ACUSACIÓN POPULAR DENUNCIA POR AMENAZAS AL EXASESOR JURÍDICO DE EL CORTE INGLÉS IMPUTADO EN PÚNICA
Los hechos han tenido lugar tras volverse a suspender la declaración de Faustino José Soriano en la Audiencia Nacional. "A ver si te pasa algo", le ha dicho Soriano a la letrada de Adade y PSOE que había solicitado su declaración como investigado. "Es radicalmente falso", asegura el abogado del denunciado
La letrada que representa a la acusación popular de Adade y PSOE ha presentado este viernes una denuncia ante la Policía por amenazas vertidas en la Audiencia Nacional por Faustino José Soriano Atencia, imputado en el caso Púnica por su cargo de asesor jurídico de El Corte Inglés cuando se modificó el Plan General de Ordenamiento Urbanístico en Valdemoro (Madrid), según han informado a elDiario.es fuentes jurídicas. “A ver si te pasa algo”, le ha dicho el investigado a la abogada de la acusación, según el relato presentado por ésta en comisaría.
Los hechos tuvieron lugar después de que volviera a suspenderse la declaración de Soriano Atencia, a quien el juez Manuel García-Castellón había citado como investigado por petición de la acusación popular que representa la letrada denunciante. elDiario.es se ha puesto en contacto con el abogado defensor de Soriano Atencia quien ha declarado sobre la versión de la letrada: "Es radicalmente falso".
Adade y PSOE han pedido al juez García-Castellón que se aparte de la pieza 4, que investiga las irregularidades en el Plan General de Ordenamiento Urbano en Valdemoro (Madrid) y de las que se podría haber beneficiado El Corte Inglés. La acusación alega que el magistrado imparte una tutoría online remunerada en el Centro Universitario Rmón Areces, “perteneciente y dependiente de El Corte Inglés”.
En la primera comparecencia de Faustino José Soriano, la pasada semana, García-Castellón estaba de viaje por trabajo fuera de España y acudió a la misma el juez de refuerzo, Alejandro Abascal, quien suspendió la declaración al tener conocimiento del escrito presentado por la acusación popular.
Entre tanto, y de acuerdo a lo que establece la Ley, García-Castellón se ha apartado mientras decide sobre la recusación. El magistrado podría rechazarla directamente o informar a la Sala de lo Penal para que decida, pero sin participar mientras en la instrucción.
Al inicio de la sesión de hoy, la abogada ha pedido que vuelva a suspenderse la declaración al considerar que el juez de refuerzo, que depende de las comisiones de servicio que se renuevan cada seis meses con informe del titular del juzgado, carece de la independencia necesaria para sustituirle. Abascal ha suspendido de nuevo la declaración si bien lo ha atribuido a una petición de las defensas.
Tras esta decisión, la letrada salía de la sala de vistas junto al abogado de Fustino José Soriano cuando éste se les ha acercado. El letrado del investigado ha solicitado a la abogada de la acusación popular que dejaran para otro momento la conversación y cuando ella se iba, el investigado le ha dicho: “A ver si va a pasar algo”. La mujer se ha vuelto y le ha pedido que lo repitiera, lo que ha hecho el imputado, según ha declarado la letrada en comisaría.
El Corte Inglés, o sus distintas denominaciones sociales como Induyco o Hipercor, era propietaria desde 1973 de las fincas conocidas como El Majuelo Norte, de más de 16.000 metros cuadrados, declaradas rústicas en 1999 y reconvertidas a urbanizables en el PGOU de 2004. Antes de la recalificación, el Ayuntamiento acordó con la empresa una permuta por la que se quedaba con la zona a cambio de 188.775 metros cuadrados en un polígono donde El Corte Inglés instaló un centro logístico.
https://www.eldiario.es/politica/abogada-acusacion-popular-denuncia-amenazas-asesor-juridico-corte-ingles-imputado-punica_1_6140268.html
EL JUEZ DE PÚNICA SE APARTA DE LA CAUSA POR SUS VÍNCULOS CON EL CORTE INGLÉS
Tras la recusación de la acusación popular, cede el mando temporalmente al magistrado de refuerzo a la espera de que se pronuncie el fiscal
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, deja en manos del magistrado de refuerzo Alejandro Abascal la instrucción de la pieza 4 del 'caso Púnica' mientras se resuelve el expediente de recusación presentado por dos acusaciones populares personadas.
En una providencia de este miércoles, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 explica que "en tanto se recibe informe del Ministerio Fiscal y se resuelve sobre la citada recusación", continuará al frente de la investigación de la pieza el juez Abascal, que ejerce como refuerzo en este órgano judicial desde hace año y medio debido a la acumulación de macrocausas.
PSOE y Adade presentaron incidente de recusación la semana pasada por la posible vinculación de García Castellón con una de las empresas, más concretamente El Corte Inglés. La firma española podría haber tenido "intereses inmobiliarios" en un plan de urbanismo de Valdemoro (Madrid), que se investiga en la pieza 4.
Según las acusaciones, el instructor presta "servicios de tutoría online" en un centro universitario "perteneciente y dependiente" de una sociedad cuyos "intereses inmobiliarios" y de varios sus directivos se vieron afectados "muy directamente" en los cambios introducidos por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valdemoro aprobado en mayo de 2004.
Por eso, tal y como explican en su escrito, ven "prudente" y "conveniente" que el magistrado se abstenga de esta instrucción, relacionada con el plan urbanístico en el municipio madrileño entre 1999 y 2014.
Tras comprobar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha autorizado al juez a impartir clases al menos durante los tres últimos cursos, consideran que García Castellón no debe continuar instruyendo esta pieza porque "le hacen dependiente de una de las partes beneficiarias del proceso de cambio" del plan de urbanismo de Valdemoro.
Las acusaciones populares apoyan su petición recordando que la Constitución Española recoge en su artículo 24.2 el derecho a un juez "no sólo imparcial, sino con apariencia de imparcialidad", e indican que ello está amparado por la "constante" jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
"En la presente situación, no parece asegurado que concurran suficientes garantías para excluir cualquier duda respecto de la imparcialidad de su señoría", explican.
https://www.elplural.com/sociedad/tribunales/juez-punica-aparta-causa-vinculos-corte-ingles_245164102
ADADE Y EL PSOE PIDEN AL JUEZ DE 'PÚNICA' QUE SE APARTE DE LA PIEZA QUE AFECTA A EL CORTE INGLÉS PORQUE DA CLASES EN SU CENTRO UNIVERSITARIO
Las acusaciones populares envían su escrito a García Castellón un día antes de que comparezca en la Audiencia el exdirectivo de la cadena de distribución imputado por una operación urbanística bajo sospecha
El magistrado tiene concedida desde septiembre de 2017 la compatibilidad como "tutor on-line del Centro Universitario Ramón Areces"
La asociación de abogados progresistas Adade y el PSOE, que ejercen la acusación popular en Púnica, acaban de pedir al juez Manuel García Castellón que se aparte de la pieza del caso donde se investiga el urbanismo en Valdemoro, donde está recién imputado un exdirectivo El Corte Inglés por una recalificación bajo sospecha.
Adade y los socialistas reclaman al magistrado que se abstenga porque "es un hecho notorio que su señoría viene prestando servicios de tutoría online en el Centro Universitario Ramón Areces, perteneciente y dependiente del Corte Inglés". infoLibre comprobó a última hora de este miércoles que la web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) refleja que el magistrado, titular del juzgado 6 de la Audiencia Nacional, tiene concedida la compatibilidad como tutor online del Ramón Areces desde septiembre de 2017. La web no ofrece información sobre las remuneraciones que la docencia reporta a los jueces que la ejercen bajo autorización del órgano de gobierno.
El exdirectivo de El Corte Inglés Faustino José Soriano, que rompió amarras con la cadena hace ya años, la representó en los convenios y contratos que entre 2001 y 2006, con 2004 como punto álgido, sirvieron para cerrar en Valdemoro (Madrid) una operación urbanística de la que se benefició la trama investigada. Soriano está citado a declarar para este viernes 24 de julio. Este periódico no ha logrado conocer a través de su entorno qué decisión adoptará García Castellón tras el escrito presentado por Adade y el PSOE. El plazo de instrucción de la causa expira en principio el 27 de agosto. No se sabe aún si alguna de las partes pedirá una nueva prórroga en cumplimiento de la recién aprobada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que así lo autoriza.
El escrito de las acusaciones argumenta así la petición para que el juez se abstenga en la denominada Pieza Separada 4 de Púnica. "En el caso que nos ocupa, y sin sembrar la más mínima duda sobre la profesionalidad de su señoría, pero dado que las clases que imparte le hacen dependiente de una de las partes beneficiarias del proceso de cambio del PGOU de Valdemoro de 2004 consideramos que sería conveniente que ante las dudas sobre la imparcialidad que esto provoca su Señoría plantease su abstención en todo lo que afecte o pudiera afectar al Corte Inglés, a sus directivos y empleados. Hasta donde sabemos, todo ello afecta a la PS 4 de las DP 85/14 conocidas como causa Púnica, cuya instrucción asumió su señoría desde su regreso a España, al tiempo que solicitaba autorización para hacerlo compatible con dar clases en el centro universitario dependiente de El Corte Inglés"
Faustino José Soriano es el antiguo jefe de la asesoría jurídica de El Corte Inglés. Comparecerá este viernes, 24 de julio, como investigado por una operación urbanística bajo sospecha e investigada en la causa. Solicitada por las acusaciones populares –Adade y PSOE– y respaldada por la Fiscalía Anticorrupción, su imputación aparece relacionada con la recalificación de unos terrenos rústicos que la cadena de distribución poseía en el municipio madrileño de Valdemoro. Iniciada en 2001 durante el mandato como alcalde de Valdemoro de Francisco Granados, aquella operación benefició sobre todo a uno de los socios ocultos de quien pronto se convertiría en el número dos del PP madrileño: el constructor Ramiro Cid, a quien los investigadores atribuyen uno de los grandes pagos en especie de Púnica, la construcción de una mansión que nunca llegó a estar escriturada a nombre de Granados y cuya existencia destapó en 2009 el diario Público.
Una negativa a la imputación que fue revocada
El juez había denegado la imputación de Soriano, con quien no ha logrado contactar este periódico pero que a comienzos de junio y en declaraciones a El País negó toda ilegalidad al tiempo que minimizaba su participación en aquellos hechos. Pero la Sala Penal de la Audiencia Nacional terminó dándole la razón a la Fiscalía y a las acusaciones populares, lo que obligaba al juez Manuel García Castellón a citar al exdirectivo como imputado. El instructor de Púnica sostenía que "la afirmación sobre la existencia de información privilegiada por parte de personas relacionadas con la mercantil El Corte Inglés" se basa "en el más absoluto vacío indiciario".
Junto con otro directivo ya fallecido, Soriano participó en convenios públicos y privados –estos últimos, con Obras y Vías, de Cid Sicluna– que en 2004 condujeron a la recalificación de los terrenos que El Corte Inglés poseía en la zona de Valdemoro conocida como El Majuelo Norte. Dos años después de que el suelo fuese recalificado para uso residencial, el Ayuntamiento adjudicó parte de él de forma directa al empresario Ramiro Cid Sicluna. A través de su empresa Obras y Vías, Cid Sicluna se había comprometido con El Corte Inglés en 2001 a convertir aquel suelo en urbanizable. Y todo indica que lo consiguió.
La operación incluía también la permuta de parcelas propiedad de la cadena por otras del Ayuntamiento en un área industrial donde El Corte Inglés preveía levantar una plataforma logística que no llegó a existir. Al igual que en ocasiones anteriores, la cadena negó este martes cualquier irregularidad en ningún eslabón de la cadena. Sus portavoces aseguran que lejos de obtener un trato privilegiado salió perdiendo en Valdemoro. Las fuentes recalcaron de nuevo hace una semana que la vinculación profesional con Soriano dejó de existir hace años.
Sobre el papel de Soriano, la Fiscalía había destacado en su escrito que colaboró "en un plan que desviaría de las arcas públicas más de siete millones de euros y sustraería al Ayuntamiento unas plusvalías que pudieron superar los 60 millones de euros".
En el auto por el que le cita a declarar el juez considera clave "esclarecer" si realmente hubo una actuación concertada a tres bandas: el Ayuntamiento de Valdemoro, los socios ocultos de Granados –Ramiro Cid y el arrepentido David Marjaliza– y El Corte Inglés. Ni del escrito de la Fiscalía, escribe García Castellón, ni de la documentación que lo acompaña se desprende "en este momento la existencia de indicios que permitan sostener la actuación concertada de la mercantil El Corte Inglés" para que Ramiro Cid se hiciera con toda la finca registral que centró la operación.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/23/adade_psoe_piden_juez_punica_que_aparte_pieza_que_afecta_corte_ingles_porque_clases_centro_universitario_109213_1012.html
LA LEY QUE AMPLÍA EL PLAZO PARA LAS INVESTIGACIONES JUDICIALES AMENAZA CON EMPEORAR LA SITUACIÓN DEL PP EN 'PÚNICA'
Los últimos pasos de la instrucción indican que el juez es partidario de cumplir un auto de 2019 que lleva a cerrarla el 27 de agosto. Pero la reforma legal en vigor desde este miércoles permite mantenerla abierta otro año
Las nuevas revelaciones sobre la finciación interna en la etapa de Aguirre y los puntos negros aún pendientes en el caso apuntan a que la Fiscalía y las acusaciones populares pedirán que la investigación prosiga
La complicada situación del PP de Madrid en el caso Púnica, una de cuyas piezas gira en torno a si se financió ilegalmente, amenaza con empeorar. Este miércoles entra en vigor la reforma legal que, al ampliar a 12 meses el plazo inicial de instrucción, concede un año más para proseguir las pesquisas en aquellas causas que a día de hoy ya se están tramitando en los juzgados. Es decir, para seguir atando cabos que en el caso del PP madrileño afectan de manera prioritaria a Esperanza Aguirre. Y ese año adicional se concede sea cual sea el momento exacto en que con la anterior legislación en la mano debieran archivarse unas determinadas diligencias judiciales.
Con esa normativa previa, aprobada por el Gobierno del PP en 2015 y ahora modificada, el cerrojazo definitivo a la instrucción en Púnica tenía ya una fecha fija: el 27 de agosto. Ahora, es a partir de esta mañana cuando comienzan a contarse desde cero los 12 meses de más previstos por la nueva ley. La mayor parte de los penalistas consultados por este periódico coinciden en su diagnóstico: el texto aprobado resulta inequívoco y el año adicional es siempre aplicable. La nueva norma incluye el párrafo que sigue: "La modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contenida en el artículo único será de aplicación a los procesos en tramitación a la entrada en vigor de la presente ley. A tal efecto, el día de entrada en vigor será considerado como día inicial para el cómputo de los plazos máximos de instrucción establecidos en aquél".
Pero no todo está claro y el caso Púnica puede convertirse en el termómetro de la efectividad real de una reforma aprobada con el voto en contra del PP. Las fricciones entre el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Manuel García Castellón, y la Fiscalía Anticorrupción auguran que el cambio legislativo puede abrir una nueva brecha. El juez, que a comienzos de año abrió la puerta a enterrar por prescripción una parte del caso –la de los manejos urbanísticos en el municipio de Valdemoro– para luego verse obligado a dar marcha atrás, es partidario de seguir bajando la persiana el 27 de agosto para pasar a la fase siguiente; es decir, a la fase que abre la recta final hacia el juicio de un macrocaso abierto en 2014 y donde el número de imputados en alguna de sus 16 piezas roza los 200. ¿La clave de su planteamiento? Un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia que hace más de un año ordenó al magistrado concluir la instrucción en junio de 2020. La pandemia explica que la fecha límite pasara a ser luego el 27 de agosto. Cuando aquella resolución fue dictada, la reforma legal que da más margen para la investigación judicial ni siquiera se estaba debatiendo en el Parlamento.
Frente a la posición del juez, todo apunta a que las acusaciones pedirán la aplicación de la nueva norma que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) y rompe el tope máximo impuesto a cualquier instrucción. Las acusaciones populares que ejercen la asociación de abogados Adade y el PSOE lo solicitarán con rapidez. La distancia que separa del juez a Adade y el PSOE también ha ido creciendo. Hace una semana, pidieron que García Castellón se aparte de la pieza del urbanismo de Valdemoro porque afecta a un antiguo directivo de El Corte Inglés recién imputado. Y el magistrado, subraya el escrito de petición, imparte clases en el centro universitario de la cadena de distribución.
La Fiscalía Anticorrupción no ha desvelado aún oficialmente qué hará con la que ya se conoce como la reforma del artículo 324 de la LEC. Pero las nuevas revelaciones hechas, por ejemplo, por un exalcalde del PP así como la cantidad de puntos oscuros que aún requieren nuevas diligencias indican que también la Fiscalía especializada que dirige Alejandro Luzón defenderá la continuidad de la instrucción.
Hace menos de 20 días y como publicó infoLibre, el exalcalde del PP Guillermo Ortega entregó a la Audiencia un demoledor documento y prestó declaración ante García Castellón. Ortega incriminó a Esperanza Aguirre en conductas que entrañan un grave riesgo para Esperanza Aguirre. "Ella era conocedora de todo y manejaba todos los hilos del Gobierno y el partido en Madrid", escribió y ratificó luego ante el juez. Según sus palabras, la financiación ilegal, el desvío de fondos y la compra de favores "de periodistas y medios" mediante campañas institucionales eran la tónica.
Regidor del municipio de Majadahonda hasta que en 2005 se vio forzado a dimitir por un escándalo de poca resonancia pero que ya anunciaba el caso Gürtel, Ortega fue recolocado como presidente de Mercado de Toledo SA, una de las empresas dependientes del Imade. O, lo que es lo mismo, de uno de los gigantescos organismos de la Comunidad de Madrid que supuestamente fueron utilizados para financiar al partido. En la declaración se ofreció a identificar las facturas de Mercado de Toledo SA que fueron infladas en beneficio del PP regional.
Para Aguirre, el tiempo corre en su contra: cuanto más tiempo tengan la Fiscalía y las acusaciones populares, peor para su futuro procesal. La mujer que más poder acumuló en Madrid durante una década confía en verse arropada por la misma argumentación que ha permitido librarse en este caso al expresidente de Indra y ahora presidente del Grupo Prisa, Javier Monzón. La tesis exculpatoria podría resumirse así: el jefe no tiene por qué saber lo que ocurre en los niveles inferiores. Aguirre siempre ha negado todo conocimiento de las finanzas de su partido.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/29/la_ley_que_amplia_plazo_para_las_investigaciones_judiciales_amenaza_con_empeorar_situacion_del_punica_109439_1012.html
EL JUEZ DEL ‘CASO PÚNICA’ CITA A DECLARAR COMO IMPUTADO A UN EXDIRECTIVO DE EL CORTE INGLÉS
Soriano comparecerá el 24 de julio por su presunta participación en las irregularidades detectadas en una operación urbanística en Valdemoro
El juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha citado a declarar como investigado para el próximo 24 de julio al exjefe de la asesoría jurídica de El Corte Inglés Faustino José Soriano por su presunta participación en las irregularidades detectadas en una operación urbanística ejecutada entre 2001 y 2006 en Valdemoro (Madrid) con terrenos propiedad del grupo empresarial. En esta operación, la trama presuntamente encabezada por el exconsejero madrileño del PP Francisco Granados se embolsó supuestamente 60 millones de euros. El magistrado cita como imputado a Soriano después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocase el 7 de julio un auto anterior cuyo en el que había rechazado las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación ejercida por el PSOE de investigar al exdirectivo de El Corte Inglés al considerar que no había indicios suficientes para ello.
En este nuevo auto, fechado el pasado lunes y al que ha tenido acceso EL PAÍS, García-Castellón recalca que la cita del exdirectivo es fruto de la decisión de la Audiencia Nacional, pero insiste en que hasta el momento la investigación no ha revelado “una actividad indiciaria suficiente que permita vincular” las actividades de varios de los presuntos cabecillas de la trama con la de Soriano. De hecho, aunque tomará declaración a este como imputado, y también a una segunda persona, Javier Cid, hermano de uno de los constructores investigados en la causa, el magistrado rechaza otras diligencias solicitadas por la Fiscalía. Entre ellas, el embargo cautelar de varios inmuebles registrados a nombre del exdirectivo de El Corte Inglés y su esposa.
“Será necesario escuchar la declaración de aquel [Soriano] para determinar, junto con la documentación aportada, hasta qué punto hubo una voluntad concentrada con los empresarios en la firma de los diferentes contratos expuestos suscritos por El Corte Inglés”, señala el juez antes de poner en duda varias conclusiones expuestas por Anticorrupción en su escrito.
Con la declaración como investigado del exdirectivo del grupo, la Fiscalía pretende aclarar su supuesta participación en la permuta gestada a partir de 2001 de 16.650 metros cuadrados de terreno rústico que El Corte Inglés tenía en este municipio del sur de Madrid —y que fueron posteriormente recalificados y destinados a la construcción de vivienda libre—, por otros 188.775 metros cuadrados propiedad del Ayuntamiento de Valdemoro en otro polígono para levantar nuevas instalaciones logísticas que se sumarían a las que ya contaba en la localidad desde los años setenta.
Anticorrupción considera que la operación estuvo plagada de irregularidades, aunque el antiguo directivo negó en conversación telefónica con EL PAÍS el pasado 2 de junio cualquier ilegalidad en una operación en la que, asegura, él no tuvo participación directa, y de la que responsabiliza a otro directivo del grupo ya fallecido. Soriano abandonó su puesto en El Corte Inglés hace seis años. Fuentes del grupo empresarial también rechazaron entonces irregularidades en la permuta y recalcaron que El Corte Inglés salió perjudicado en aquella operación, porque finalmente no pudo levantar la instalación industrial que pretendía, porque posteriormente se dio a los terrenos valor ecológico.
En su escrito, la Fiscalía insistía en que Soriano “participó activamente, representando a El Corte Inglés y, además, buscando un beneficio propio en varios ardides del plan concertado” por varios integrantes de la trama, entre los que cita, además de a Granados, a los constructores Ramiro Cid, David Marjaliza y José Luis Cápita, además de al sucesor de Granados al frente de la alcaldía, José Miguel Moreno Torres, todos ellos ya imputados. Anticorrupción destacaba que el plan “buscaba el enriquecimiento de todos ellos a costa de dirigir los desarrollos urbanísticos de dicha localidad, acaparando las parcelas del Ayuntamiento y suelo rústico propiedad de terceros que pasaría después a urbanizable”.
El informe asegura que las irregularidades supusieron un desvío de las arcas públicas de más de siete millones de euros, además de arrebatar al Ayuntamiento “unas plusvalías que pudieron suponer los 60 millones”. La Fiscalía añade en su informe que Soriano participó “en el reparto del botín” al recibir “dinero en efectivo” y un chalé de 406 metros cuadrados. También pone bajo sospecha la adquisición que hizo, junto a su esposa, de otros tres inmuebles en Valdemoro a uno de los constructores de la trama, escriturados presuntamente muy por debajo del precio real.
https://elpais.com/economia/2020-07-14/el-juez-del-caso-punica-cita-a-declarar-como-imputado-a-un-exdirectivo-de-el-corte-ingles.html
LA DIFUSIÓN DE OTRO CHAT DE PODEMOS SACUDE EL 'CASO VILLAREJO' EN UN PUNTO CLAVE PARA LAS PIEZAS DE BÁRCENAS Y EL BBVA
Los mensajes donde una abogada del partido insinuaba sin respaldo que mantenía una relación con uno de los fiscales del caso y que les estaba ayudando eclipsan el avance de la instrucción
La filtración se produce justo después de que el juez levante parcialmente el secreto en la 'operación Kitchen', que entronca con la financiación del PP, y dé a PwC un ultimátum para que entregue ya papeles del banco sobre sus contratos con el comisario
La difusión de un controvertido chat interno de Podemos ha provocado una inesperada sacudida que eclipsa el avance de las investigaciones sobre el comisario más célebre del país, José Manuel Villarejo. El terremoto, que ya ha movilizado al PP, llega en un momento en que, aun parcialmente y de forma exigua, el juez instructor acaba de levantar el secreto sobre acuerdos del Gobierno que desclasifican papeles oficiales relacionados con la pieza más política del caso: la Kitchen, centrada en el espionaje con medios policiales y parapoliciales a Luis Bárcenas en 2013 para evitar que conservase documentos contables capaces de incriminar al partido. La espiral empuja también hasta un segundo plano el ultimátum dado este lunes por el mismo magistrado a la consultora PwC (Price Waterhouse) para que aporte ya nada menos que 223 documentos del BBVA vinculados a los contratos por los que el banco pagó 10,8 millones al policía.
El epicentro del seísmo, con dimensiones políticas crecientes a medida que pasan los días, es en efecto un chat interno de Podemos. En ese ámbito, y con mensajes fechados en 2018 y 2019, una de sus abogadas, Marta Flor, se jacta de lo que aparece descrito como una relación sentimental nada menos que con uno de los fiscales del caso Villarejo: Ignacio Stampa. "Prepararos para la boda", llegó a escribir la letrada. Su relato ante compañeros y superiores constituye el único respaldo de sus afirmaciones aunque ella misma se desdijo días después: "Quizá he sido muy bocazas y he dado a entender lo que no es", escribió ahora.
La abogada llega a asegurar en el chat que Anticorrupción quiere ayudar procesalmente al partido. Marta Flor continúa a día de hoy en el equipo legal de la formación morada, donde sigue defendiendo a Dina Bousselham, la antigua asesora de Pablo Iglesias a quien en diciembre de 2015 le robaron un móvil. La tarjeta del dispositivo almacenaba fotos íntimas suyas. Pero, sobre todo, el dispositivo alojaba un chat cuyo contenido publicó el digital Okdiario en julio de 2016. Todo esto forma parte de una de las 25 piezas del caso Villarejo. Y en esa pieza, la de Dina, se han producido cambios en la versión de la antigua asesora sobre si había enviado o no pantallazos del contenido de su móvil una vez recuperado o sobre si Iglesias le había devuelto la tarjeta del teléfono en buen estado o dañada. Bousselham dirige ahora un digital impulsado por Podemos, laultimahora.es.
Pero parte de los mensajes difundidos ahora por elconfidencial.com y repicados por otros medios como Okdiario o Libertad Digital enlazan con otros que ya aparecían citados en una querella. En aquella que, al margen de la Operación Tándem o caso Villarejo, mantiene contra Marta Flor otro letrado que pertenecía al equipo legal de Podemos hasta su despido en septiembre de 2019: José Manuel Calvente.
Que esos mensajes eran conocidos hace meses lo ilustra la denuncia que entró el 14 de febrero en la Fiscalía Anticorrupción, la que dirige Alejandro Luzón. Esa denuncia originó la apertura de un expediente interno sobre Ignacio Stampa. Pero la investigación, y así lo aseguran fuentes del ministerio público, se archivó el 8 de marzo. Es decir, la Fiscalía no encontró motivos para actuar contra el fiscal.
Fueron los fiscales Ignacio Stampa y su compañero Miguel Serrano quienes pidieron al juez Manuel García Castellón que retirase a Pablo Iglesias la condición de perjudicado en la pieza abierta sobre el robo del móvil y la posterior devolución de la tarjeta del dispositivo a su dueña. ¿Por qué? Por los cambios en la versión de Bousselham. Fuentes de Anticorrupción remarcaron este jueves su total apoyo a Stampa. La Fiscalía General, a cuyo frente se sitúa Dolores Delgado, no se ha pronunciado hasta ahora.
Dina no le dio "importancia" y "no le ha pedido explicaciones" a Iglesias
En un caso donde casi cada nuevo dato descubierto sobre Villarejo y la llamada policía patriótica contiene dinamita judicial, los problemas surgidos en la pieza Dina han dado munición contra Iglesias al juez García Castellón. Fueron los fiscales Ignacio y Stampa quienes pidieron al magistrado que retirase al vicepresidente del Gobierno la condición de perjudicado. El juez accedió a ello. Y luego dictó la semana pasada un auto donde todo apunta a que está preparando el terreno con el propósito de llevar a Iglesias ante el Tribunal Supremo. Como aforado, solo el alto tribunal podría investigarle.
En su resolución, el magistrado Manuel García Castellón ordenaba a Bousselham buscarse otro abogado para que su representación legal no esté en las mismas manos que la de Iglesias. ¿El motivo? "La presencia de un efectivo conflicto de intereses". Es decir, según el juez hay un potencial choque entre lo que beneficia a la víctima de un delito y a quien ha podido cometerlo: en este caso, el de daños informáticos por la supuesta destrucción de la tarjeta telefónica e incluso revelación de secretos.
Ninguno de esos delitos es perseguible de oficio. Es decir, si el dueño no insta a perseguir a quien pudiera haber causado el daño informático, no cabe persecución penal. Ni Bousselham ni la Fiscalía ni nadie ha pedido actuar contra Iglesias. Pero el juez parece dispuesto a hacerlo. Y, según distintos juristas, la ley se lo permite si llega a considerar que el vicepresidente ha delinquido aunque resulta más que infrecuente.
Este jueves, y a través de un recurso, Iglesias dio un paso que le devuelve capacidad de maniobra: ha sido él quien ha optado por elegir otro abogado. El cambio se ha hecho constar en el recurso donde reclama a la Audiencia Nacional que le devuelva la condición de perjudicado. En otro recurso, Bousselham refuerza la postura de su antiguo jefe: ni le dio "importancia" a que tardase un tiempo en devolverle la tarjeta después de que un periodista se la entregara a Iglesias ni "le ha pedido explicaciones". No hay "reproche alguno", sostiene su abogada, Marta Flor, en el escrito enviado a la Audiencia Nacional.
Pero, aunque Bousselham nunca ha mostrado la menor intención de atribuir ninguna infracción legal al vicepresidente, el juez aplica aquí criterios similares a los que buscan proteger a una víctima frente a un eventual agresor capaz de ejercer una posición de dominio personal o profesional. De la actuación de la antigua asesora –se lee en el auto ya citado– "no se desprende "una tácita renuncia al ejercicio de la acción penal frente a Pablo Iglesias".
Parte de esos mensajes aparecen citados en la querella que, al margen de la Operación Tándem o Villarejo, mantiene contra Marta Flor otro letrado que pertenecía al equipo legal de Podemos hasta su despido: José Manuel Calvente. Una denuncia que llegó el 14 de febrero en la Fiscalía que dirige Alejandro Luzón originó la apertura de un expediente interno sobre Stampa. La investigación, y así lo aseguran fuentes del ministerio público, se archivó el 8 de marzo. Junto con el otro fiscal asignado a la Operación Tándem o caso Villarejo, Stampa fue quien pidió al juez Manuel García Castellón que retirase a Pablo Iglesias la condición de perjudicado en la pieza abierta sobre el robo del móvil y la posterior devolución de la tarjeta del dispositivo a su dueña.
De no ser por la envergadura del caso Villarejo, cuyo apellido es ya sinónimo de lo que ha pasado a denominarse las "cloacas del Estado", lo sucedido con los mensajes de Marta Flor podría haberse limitado a evocar lo sucedido con aquella otra conversación guardada en el móvil de Dina Bousselham y que en julio de 2016 sacó a la luz Okdiario. Fue en ese chat donde el líder de la formación morada se declaró, con sarcasmo que muchos definieron como machista pero en un ámbito privado, partidario de azotar a la periodista Mariló Montero "hasta hacerla sangrar". Lo hizo después de que Montero lanzara vidriosas acusaciones públicas contra Iglesias durante una entrevista: "Es un hombre oscuro", dijo. Y siguió: no es el estandarte del 15M ni el prototipo del macho ibérico. La afirmación más clara sobre sus postulados fue la siguiente: "El macho ibérico defiende y protege a la mujer, yo no me veo para nada defendida por su discurso".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/06/25/la_difusion_otro_chat_podemos_sacude_caso_villarejo_punto_clave_para_las_piezas_barcenas_bbva_108176_1012.html
EL VICEPRESIDENTE IGLESIAS BATALLA PARA MANTENER LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA EN EL ‘CASO VILLAREJO’
El líder de Podemos pide a la Sala de lo Penal que revoque la decisión del juez de excluirlo
El líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha activado la batalla para mantener su condición de víctima en el caso Villarejo. El dirigente del partido de izquierdas ha presentado un recurso para tumbar la decisión del juez Manuel García-Castellón de dejar de considerarlo “perjudicado” en la línea de investigación abierta por el robo del teléfono móvil a una de sus antiguas asistentes y cuyo contenido acabó publicado en varios medios de comunicación. El miembro del Ejecutivo, que ya tramitó unas primeras alegaciones ante el propio magistrado que fueron rechazadas, ha elevado ahora el tiro y pide directamente a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que anule su exclusión de la causa.
En un escrito presentado este mismo jueves, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Iglesias rechaza la tesis esgrimida por García-Castellón para retirarle la condición de víctima. El juez aseguró que no ha quedado acreditado que existiese un complot liderado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo para perjudicarle ante la opinión pública por fines políticos. E, incluso, le reprochó que “ocultase” durante meses una tarjeta que contenía una copia del contenido robado a su colaboradora, Dina Bousselham, y que Iglesias había recuperado a través de Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta y editor de la extinta revista Interviú, a la que llegó ese dispositivo supuestamente de forma anónima tras su robo.
“En forma alguna se ha acreditado, ni indiciariamente, que [se] ocultase a cualquier otro perjudicado elemento alguno”, destaca el líder de Podemos en su recurso, donde añade que, “más allá de que se tardase más o menos tiempo” en entregar la tarjeta a su asistenta, finalmente se lo dio sin que ella lo hubiera pedido. Además, el escrito insiste en que, como ha expuesto Bousselham, existe entre ambos una “relación de amistad, más allá de la relación laboral o política”. Según explicó el partido, Asensio le dijo que era la única copia y, por eso, el actual vicepresidente dio por zanjado el tema y no informó a Bousselham hasta verano de 2016, cuando Okdiario publicó uno de los chats privados donde Iglesias se refería a una presentadora de televisión con la expresión “la azotaría hasta que sangrase”.
A este respecto también se ha pronunciado la antigua colaboradora del líder de Podemos, que ha presentado otro recurso ante la Sala de lo Penal contra la decisión del juez: “Ante las incesantes preguntas de todas las partes sobre si le pidió explicaciones a Iglesias respecto a que este mantuviera la tarjeta en su poder durante un tiempo, mi representada afirmó que no le dio importancia y que no le ha pedido explicaciones. Es decir, que no efectúa reproche alguno respecto a este extremo”, explica su abogada en el escrito enviado a la Audiencia Nacional. A su vez, Iglesias ha decidido cambiar de letrado, ya que hasta ahora compartía defensa con Bousselham y el juez pidió que no tuviesen el mismo.
Informe de Asuntos Internos
Esta línea de investigación, bautizada como Pieza Dina, se abrió después de que los agentes localizaran en una casa de Villarejo una “importante cantidad de documentos” pertenecientes a Bousselham —sobre la que la trama también recabó información de bases de datos confidenciales de forma irregular, según un informe de Asuntos Internos de la Policía Nacional incorporado al sumario—.
La Fiscalía expuso que lo hallado en el domicilio “parece provenir de una extracción de datos de un móvil utilizado por Dina” y trata de averiguar si el comisario jubilado se encuentra detrás del robo del teléfono y de la difusión posterior de su contenido. Entre este material, por ejemplo, se encontraron cinco informes de carácter interno de Podemos sobre su estrategia electoral y varias capturas de pantalla de chats de Telegram, que acabaron publicados en varios medios de comunicación, como la web Okdiario.
Pero, según García-Castellón, las pesquisas “no han permitido concluir que la fuente de Okdiaro fuese Villarejo”. Así, la propia Bousselham admitió que había hecho capturas de pantalla de esas conversaciones y las había reenviado. Interviú también tuvo acceso al contenido. Según afirmó su último director, Alberto Pozas, les llegó en un sobre anónimo y, tras analizarlo, descartaron publicar nada por carecer de interés informativo. Entonces, avisaron a Iglesias y le dieron la tarjeta, aunque los jefes de Interviú dicen que le entregaron también una copia a Villarejo.
El dispositivo en poder de Iglesias lo entregaría finalmente Bousselham a la Audiencia Nacional. Pero llegó dañado, lo que ha levantado las sospechas del magistrado, que trata ahora de averiguar en qué momento se rompió. En el recurso de este jueves, el líder de Podemos insiste en que no existen indicios de que estuviera estropeado cuando se lo dio a Bousselham. De hecho, la excolaboradora también lo exculpa y, en su respectivo recurso, dice que la recibió “en buen estado y funcionando”. “En ningún momento la tarjeta presentaba daños físicos cuando se la entregó, ni se la dio destruida”, recalca el escrito, antes de decir que debió romperse a posteriori.
Mientras tanto, la oposición aprovecha el caso para arremeter contra el integrante del Ejecutivo. “Le han retirado a usted la condición de víctima porque no había cloacas del Estado, porque el señor Villarejo no le robó a usted la SIM. ¿Por qué ha tardado tanto en entregar esa SIM y la ha entregado además destruida?”, le preguntaba Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos, este miércoles en el Congreso. El PP ha pedido, por su parte, la comparecencia en el Parlamento de Iglesias y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tras acusar al ministerio público de haber filtrado datos a Podemos.
https://elpais.com/espana/2020-06-25/el-vicepresidente-iglesias-batalla-para-mantener-la-condicion-de-victima-en-el-caso-villarejo.html
IGLESIAS APARTA A LA ABOGADA MARTA FLOR Y ACUSA A GARCÍA CASTELLÓN DE ECHARLE DE LA CAUSA SIN “BASE JURÍDICA”
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha sustituido a la abogada Marta Flor, como representante en la causa “Dina” y ha nombrado en su lugar a Raúl Maillo, abogado vinculado a Izquierda Unida con experiencia en la Audiencia Nacional. Ha tomado parte en casos como el de las “tarjetas black” y como acusación particular de la familia del cámara José Couso, muerto en la guerra de Irak.
Su firma figura en el recurso de apelación interpuesto por Iglesias ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el auto del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia, Manuel García Castellón, en el que le retiró su condición de perjudicado en la pieza “Dina” –la número 10 de las 25 abiertas contra el comisario José Manuel Villarejo–.
La decisión de sustituir a Marta Flor se produce 24 horas después de que Confilegal publicara que uno de los fiscales anticorrupción, Ignacio Stampa –apodado “Iron Man” (Hombre de Hierro, en alusión al héroe del cómic)– mantenía una “relación íntima” con la abogada de Podemos y que tuvo que ver en la apertura de la pieza secreta del “caso Dina” en marzo de 2019.
De acuerdo con Iglesias, García Castellón ha tomado la decisión sin “base fáctica indiciaria alguna” y sin “base jurídica”.
Aquello permitió a Iglesias personarse como perjudicado en dicha pieza, lo que abrió el camino al líder de Podemos para construir el relato público de que había habido una operación para destruirle desde las “cloacas del Estado” y que el comisario José Manuel Villarejo manejaba los hilos.
Una línea de ataque que empleó repetidamente en las elecciones generales de abril del año pasado, en una clara estrategia de victimización personal y de la formación morada.
García Castellón le retiró a Iglesias la condición de perjudicado y ofendido, a petición del Ministerio Fiscal, en un auto fechado el 25 de mayo pasado.
El magistrado había dejado de creer en el relato de Iglesias de que se había robado el móvil a su asesora, Dina Bousselham, con el fin de publicar en medios de comunicacion las fotos que contenía el terminal para desprestigiarle políticamente y a Podemos. Y detrás, moviendo los hilos, estaba el comisario Villarejo.
“El recurrente concluye este trazado vinculando la sustracción del teléfono móvil de Dina Bousselham con una actuación de la llamada ‘policía patriótica’ en ejecución de un encargo efectuado aparentemente desde altas instancias con la finalidad de desprestigiar al partido Podemos”, escribe García Castellón.
Y añade: “Sin embargo, tal y como se explicaba profusamente en el auto de 25 de mayo de 2020, la investigación no ha permitido concluir, sin lugar a duda, que la fuente del medio digital OK Diario fuese el investigado Sr. Villarejo”.
Además, le recuerda al vicepresidente del Gobierno que él tuvo en su poder la tarjeta del móvil de Dina Bosusselham, cuyo aparato fue sustraído el 1 de noviembre de 2015 por persona no identificada. El presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio Mosbah, le devolvió dicha tarjeta el 20 de enero de 2016 en un lector que le permitió observar su contenido en el mismo lugar.
Iglesias le ocultó a su asesora que tenía en su poder dicha tarjeta.
“Pablo Iglesias no devolvió la tarjeta a Dina, ocultándole que la detentaba, y son lo hizo ni cuando se la entregaron en enero de 2016, ni después, en Julio de 2016, tras la publicación de las imágenes en OK Diario, pese a constatar la coincidencia con el contenido de la tarjeta sustraída que él mismo había visto meses atrás”, precisa el magistrado.
Villarejo creó los archivos de la tarjeta el 14 de abril y el 11 de julio de 2016.
“Se desconoce cuándo recuperó Dina Bousselham la tarjeta de su teléfono, pero existen razones fundadas para entender que no debió ser antes de 2017”.
Y se la devolvió dañada, asevera el magistrado.
La abogada de Podemos quiso filtrar información confidencial al fiscal Stampa antes de la incoación del “caso Dina”
La abogada de Podemos trató de acelerar la incoación de la pieza secreta "Dina" colaborando con los fiscales anticorrupción.
IGLESIAS NIEGA HABER DEVUELTO DAÑADA LA TARJETA A SU ASESORA
En su recurso, la defensa de Iglesias sostiene que de lo investigado hasta el momento no se puede concluir que el también líder de Podemos devolviera dañada a la que era su asesora Dina Bousselham la tarjeta de su teléfono móvil, ya que ésta declaró que “inicialmente funcionara”, ni que se la ocultara.
Iglesias vuelve a repetir que la publicación en medios de comunicación de parte del contenido de la tarjeta del móvil de Bousselham ha sido utilizada “para tratar de desacreditarle, siendo perjudicado de dichas actuaciones, por lo que se debe mantener su condición de perjudicado” en este procedimiento.
En su recurso de apelación, la defensa de Iglesias insiste en que “de la práctica de las diligencias practicadas” no se ha podido “probar aún que el robo del móvil” de Bousselham, en el otoño de 2015, “fuese un hecho casual o una actuación deliberada, encaminada a obtener información sensible, privada e íntima” sobre el vicepresidente, “a los efectos de perjudicarle políticamente, y por tanto, sin que pueda descartarse esa hipótesis”.
HECHOS “GRAVEMENTE PERJUDICIALES” PARA IGLESIAS
En su opinión, dado que en esta macrocausa se investiga una organización criminal en la que el comisario jubilado y en prisión provisional Villarejo “presuntamente recibía encargos y uno de ellos era, presuntamente, participar en maniobras de intoxicación informativa, e inclusive en algunos casos creación y difusión de campañas mediáticas de desprestigio, y dada la correlación de fechas y de indicios citados, todas las actuaciones ocurridas desde el robo del móvil, gravemente perjudiciales para Podemos y sus miembros, particularmente a Iglesias, las publicaciones que realizan los medios de comunicación, no cabe duda que no existe elemento que haya decaído que haga perder al mismo la condición de perjudicado”.
El escrito recuerda que Iglesias “no ostenta condición de investigado alguna ni se le ha denunciado por ninguna persona afectada por los delitos investigados” en la pieza sobre el robo del teléfono de Bousselham.
En este punto, la defensa pasa a desgranar por qué considera que el magistrado instructor ha llegado a ciertas conclusiones sobre el líder de Podemos a su juicio “carentes de base fáctica indiciaria alguna, así como de base jurídica”.
Sobre la conclusión de que Iglesias habría mantenido en su poder la tarjeta un determinado tiempo antes de devolvérsela a su exasesora “en relación con la fecha de creación de las copias obtenidas en el registro” del domicilio de Villarejo, el escrito subraya que García Castellón “obvia que se trata de copias realizadas en fechas previas a la utilización periodística de los archivos y que, en cualquier caso, provienen de una previa fuente de diciembre de 2015”, antes de que el presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio entregara el soporte al líder de Podemos después de que llegara a la redacción de la revista Interviú.
Todo esto, añade, “en forma alguna elimina la condición de perjudicado por los elementos que son publicados, conversaciones de las cuales” el ahora vicepresidente forma parte y que reproducen expresamente sus intervenciones.
“El hecho de no haberse obtenido dichos archivos primigenios de origen sólo acredita la existencia de una previa fuente, pero en nada acreditan una supuesta tenencia previa por mi representado, de acceso alguno a los meritados archivos cuando la fuente primaria es de diciembre de 2015”, explica.
Uno de los fiscales anticorrupción de Tándem mantenía una “relación íntima” con la abogada de Podemos
El pantallazo de la conversación entre José Manuel Calvente y Marta Flor muestra el comienzo de la amistad de la abogada con el fiscal anticorrupción.
En este sentido, la defensa reprocha al magistrado que sostenga, “sin evidencia indiciaria alguna”, la “”supuesta originalidad de la tarjeta recibida” por Iglesias y entregada a Bousselham, algo que “no deja de ser una hipótesis carente de fundamentación alguna en lo obrante en la causa”. Y por ello insiste en que la posibilidad de que las copias de la tarjeta se hubieran hecho en 2016 “en nada altera la posición de perjudicado” del vicepresidente “ante la revelación de secretos”.
Sobre la entrega de la tarjeta a Bousselham por parte de Iglesias meses después de que éste la obtuviera de Interviú, el escrito sostiene que “en forma alguna se ha acreditado ni indiciariamente” que el líder de Podemos “ocultase a cualquier otro perjudicado elemento alguno, en la medida en que se entregase antes o después”, entrega que “fue siempre una actuación voluntaria, sin requerimiento alguno”, lo que, a su juicio, muestra “la ausencia de ocultación alguna más allá de que se tardase más o menos tiempo”.
NADIE EN EL JUZGADO ADVIRTIÓ DE LOS DAÑOS DE LA TARJETA
Y en cuanto a la manifestación del instructor de que Iglesias habría devuelto dañada la tarjeta a su exasesora, la defensa incide en que “no sólo no consta tal elemento indiciario en la causa, sino al contrario, constan elementos muy distintos y contrarios a la meritada afirmación”.
Según explica el escrito, Bousselham “nunca ha referido ese supuesto estado de daños”, sino que sólo indicó que el soporte “no funcionaba no teniendo acceso completo” al mismo.
“Ha precisado, incluso, que tras haber accedido inicialmente, posteriormente no le funcionaba, pero ni que se la entregasen destruida, ni dañada, sino meramente que no consiguió funcionase ésta de forma completa“, remarca, para destacar después que la tarjeta se aportó al juzgado “sin que nadie advirtiera daño exterior alguno de la misma, ni por el propio juez instructor, ni por el letrado de la Administración de Justicia ni por los funcionarios que acceden a la misma en distintas ocasiones”.
“Sí consta que la tarjeta inicialmente funcionaba, o al menos, se pudo acceder por doña Dina de forma parcial a los contenidos de ésta, y posteriormente dicha tarjeta no funcionó de forma completa, pero nunca se apreció que ésta estuviera dañada o destruida o incluso quemada como se ha llegado a afirmar, y cuando ni tan siquiera se ha hecho así constar en más de un año de presencia ante el juzgado, e incluso en diligencias referidas a dicha tarjeta, resulta aventurada la conclusión que se impugna en la presente de cómo, cuándo y desde luego por quién pudieron producirse dichos daños”, explica.
Para la defensa de Iglesias, el juez García Castellón hace una “hipótesis ajena a la naturaleza de la presente causa” que además “excede de la valoración de la condición de perjudicado del mismo, además no existir tal elemento indiciario de devolución dañada de la tarjeta por esta parte”.
https://confilegal.com/20200626-iglesias-aparta-a-la-abogada-marta-flor-y-acusa-a-garcia-castellon-de-echarle-de-la-causa-sin-base-juridica/
EL JUEZ CONVIERTE UNA PIEZA DE LA CAUSA CONTRA VILLAREJO EN EL 'CASO PABLO IGLESIAS'
Manuel García-Castellón deja al margen a la Fiscalía Anticorrupción para dar prioridad en la macrocausa a los indicios contra el vicepresidente, sospechoso de dañar la tarjeta del móvil de una antigua colaboradora pese a que ella le exculpa
Las decisiones adoptadas en el último mes por el juez Manuel García-Castellón han convertido al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias en el protagonista de una de las ramificaciones del caso Villarejo, la macrocausa que investiga desde hace tres años a la organización criminal dirigida por un comisario que, en en su último periodo activo en la Policía, integró la brigada política que atacó a Podemos desde el Ministerio del Interior.
En el regreso de la actividad a los juzgados tras el paréntesis por la crisis sanitaria, García-Castellón ha establecido como prioridad resolver qué hizo el político con la tarjeta del móvil de su antigua colaboradora o una copia, con independencia de que Villarejo guardara otra y tres medios publicaran parte de su contenido, según recogió un informe de Asuntos Internos. En las últimas semanas el magistrado ha activado la cooperación jurídica internacional para que declaren dos técnicos de Reino Unido por los que pasó la memoria del teléfono; y ha ordenado, Dina Bousselham, hoy directora del medio La última hora y en su día colaboradora de Iglesias en el Parlamento Europeo, que abandone a la abogada que comparte con el líder de Podemos.
El magistrado se había apoyado en los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción para atribuir dos posibles delitos a Pablo Iglesias por la retención injustificada del contenido del móvil durante meses y el daño al dispositivo que le habían entregado los responsables del desaparecido grupo de comunicación Zeta, propietario en aquel momento de la revista Interviu. Hasta que el Ministerio Público concluyó que no hay reproche penal posible porque la supuesta afectada, Dina Bousselham, exculpa a Iglesias de cualquier perjuicio. Desde entonces, García-Castellón ha comenzado a actuar sin informar a los fiscales del caso, como ha ocurrido con la orden internacional remitida a Reino Unido, o directamente en contra de su criterio, al ordenar el cambio de abogada para Bousselham.
El vicepresidente de Asuntos Sociales y agenda 2030 está aforado ante el Tribunal Supremo y el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón no puede atribuirle la condición de investigado, pero insiste en investigar unos hechos que, según el relato que él mismo hace en sus últimos autos y providencias, presentan a Pablo Iglesias como único sospechoso.
El juez ha rechazado las últimas peticiones de la Fiscalía para que vuelva a citar a la que fuera asistente personal del secretario general de Podemos, pese a que Dina Bousselam ha mandado un escrito al juzgado exonerando a su antiguo jefe. En su auto del pasado viernes, García-Castellón acusa a la Fiscalía de pretender "exculpar" a Iglesias pese a que fue Anticorrupción quien lideró las pesquisas y calificó los delitos que se le podían atribuir al político en el caso de que Bousselham le acusara.
Todo está en la pieza 10, un apéndice menor de las más de treinta que componen el caso Villarejo si se compara con las que investigan los encargos al comisario por parte del BBVA o su participación en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. Uno de los motivos de que no hubiera tenido hasta ahora una gran trascendencia política es que el juez y la Fiscalía consideraron que no era el marco procesal para ahondar en las maniobras policiales que padeció Podemos durante el último Gobierno del PP.
Este es un recorrido por la pieza bautizada periodísticamente como Dina, desde que se abrió con Iglesias de perjudicado y siendo líder de la tercera fuerza política del país, hasta el giro que coincide con la etapa de mayor crispación política a cuenta de la crisis sanitaria, ya con Podemos en el Gobierno y el señalado como sospechoso portando la cartera de vicepresidente de España.
Información robada y una campaña electoral
Es 27 de marzo de 2019 y queda un mes y un día para las elecciones generales. Esa mañana comparece el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la Audiencia Nacional citado por el juez del caso Villarejo. Entre la documentación incautada al comisario ha aparecido una copia del móvil de su antigua asistente Dina Bousselham, quien había denunciado el robo del terminal en el Ikea de Alcorcón en noviembre de 2015.
Iglesias explica al juez y los fiscales que Okdiario publicó información procedente de ese móvil, perjudicial para él y el partido, justo cuando Podemos hacía una oferta de Gobierno de coalición al PSOE. El líder del partido afirma que era la tercera vez que ocurría algo similiar ese 2016 con la intervención de la brigada política que todavía operaba en ese momento en el Ministerio del Interior y el medio de Eduardo Inda, aunque luego la Policía constataría que información del móvil también fue publicada en El Mundo y El Confidencial.
Al finalizar, el juez Manuel García-Castellón se dirige a Iglesias y le dice: "Me alegro de que lo haya explicado usted así, tan bien, porque yo lo he entendido. Efectivamente, en el procedimiento que aquí se sigue, y que usted conocerá por la prensa, respecto al señor Villarejo, aparecen indicaciones del Ministerio del Interior muy serias". El instructor ofrece a Iglesias personarse en la pieza 10 del caso Tándem como perjudicado por la actuación del comisario.
Justo antes que Iglesias ha declarado Dina Bousselham, quien reconoce a García-Castellón que ocultó a los policías del caso Villarejo y al juzgado que investigaba el robo en Alcorcón que había recuperado un dispositivo con el contenido de la tarjeta, sin que de momento esté acreditado si es el original o una copia. Ella entrega el dispositivo ese día en la Audiencia Nacional advirtiendo de que no se puede acceder a su contenido. Era marzo de 2019 y los fiscales y el juez ya saben que Iglesias se quedó con el material un tiempo y que le entregó a Bousselham el dispositivo dañado, según la versión de ella, pero eso sin embargo no afecta durante quince meses a la condición de perjudicado de Iglesias. Tras la declaración de ambos aparecen las primeras informaciones periodísticas apuntando a que la Audiencia Nacional investiga el asunto de la tarjeta como una actuación de la brigada política de la Policía.
El líder de Podemos había reaparecido cuatro días antes, tras tres meses con el permiso de paternidad, con las encuestas augurando un descenso en los apoyos a la formación morada. En la madrileña plaza del Reina Sofía, uno de los escenarios habituales de los mítines de Podemos, Iglesias expone una feroz autocrítica por los enfrentamientos internos y lanza un mensaje de movilización y cohesión a militantes y seguidores. Aquel "van a por nosotros" se llenaría de sentido días después, al conocerse la existencia de una investigación en el caso Villarejo por la difusión de un chat interno de Podemos cuyas capturas procedían del móvil robado a su colaboradora.
Un sobre anónimo, Interviú y la llamada del comisario
La investigación empieza por Villarejo. El comisario declara, como investigado, que fue el director de la desaparecida revista Interviú Alberto Pozas quien le entregó la copia que aparece en los registros de su domicilio. El juez llama a declarar como testigo al periodista, que en ese momento es responsable de Información Nacional en Moncloa dentro del equipo del presidente, Pedro Sánchez. Pozas deja su cargo en el Gobierno y en una segunda declaración, ya como investigado, reconoce ante el magistrado que le entregó la memoria al policía, por entonces en activo, y añade que lo hizo junto a su subdirector Luis Rendueles.
El relato de ambos ante el juez coincide en que la tarjeta llega de forma anónima a la revista a principios de 2016 y que, por su contenido, documentos de escaso interés periodístico, proponen a Antonio Asensio Mosbah, presidente de Zeta, que se la entregue a Iglesias, al considerarle el principal afectado en caso de que se difundiera su contenido. El secretario general de Podemos acude el 20 de enero de 2016 a la sede del grupo, visiona en solitario durante cuarenta minutos su contenido y se lleva el dispositivo, no sin antes trasladar su agradecimiento a Asensio. Así lo confirma Iglesias ante el juez en su declaración de marzo de 2019.
Pero la revista se había quedado con una copia, según afirma Pozas, casi de forma accidental al volcarla en un ordenador para su primer visionado. Unos días después de haber recibido el contenido de la tarjeta, sorprendentemente, el comisario Villarejo llama a los periodistas de Interviú. Les dice que sabe el material que obra en su poder y se lo reclama, sin que quede claro por sus declaraciones si eso ocurre antes o después de que se le entregase una copia a Iglesias.
Alberto Pozas declara al juez que en ese momento se trataba de un comisario "prestigiosísimo", destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Polícía. Rendueles añade que atendieron la petición porque se lo tomaron como un "requerimiento policial". Se citan en el restaurante Txistu en Madrid y los periodistas le entregan la copia. Por el testimonio de los tres investigados, el encuentro debió de producirse en los primeros días de febrero de 2016 aproximadamente. En ese momento Villarejo ya se ve salpicado por el escándalo de su abultado patrimonio, su implicación en el caso de acoso a la doctora Pinto y las maniobras policiales contra el proceso soberanista.
¿Por qué retuvo la memoria Pablo Iglesias?
En los meses que transcurren hasta julio, cuando Okdiario publica las primeras capturas sobre un chat interno de la dirección de Podemos, Iglesias guarda la copia de la tarjeta o su original, una cuestión todavía sin resolver, en un cajón y no le hace entrega de la misma a Dina Bousselham. Al darle en mano el dispositivo de memoria, el dueño de Zeta le había dicho que contenía material de su "pareja". Ante el juez, Iglesias atribuye el error de Antonio Asensio a que en aquella época ya se había publicado "falsamente" un noviazgo entre él y su asistente.
eldiario.es ha preguntado a Podemos por la razón que llevó a Iglesias a guardar durante al menos seis meses el pendrive en su poder y a no compartir su contenido con la dueña del teléfono del que procedía. Fuentes autorizadas del partido han explicado que una vez entregada la tarjeta a Iglesias, el secretario general quiso ahorrar a Bousselham la "angustia" de pensar que quizá las fotos íntimas que contenía se pudieran publicar, en el caso de que Asensio no le hubiera dicho la verdad o si había más copias. En cuanto Okdiario comienza a publicar el contenido del móvil, añaden las mismas fuentes, Iglesias entiende que mantener esa protección ya no es posible y decide informar a Dina y darle la tarjeta.
Esos meses que guardó Iglesias la memoria digital y el hecho de que Dina Bousselham declarara en marzo de 2019 que estaba dañada cuando se la entregó son los elementos que hacen sospechar a Anticorrupción de Iglesias, quien había recibido el dispositivo de Interviú en perfecto estado, según su propio testimonio. Pese a a esas sospechas, el volumen de la causa contra Villarejo y la gravedad de los delitos que en ella se investigan, sumado al carácter secundario de los hechos en torno a la tarjeta de Bousselham, ralentizan la investigación sin que ello inquiete a sus responsables. Entre la declaración de Iglesias y Bousselham y el resultado del informe encargado a la Policía Científica sobre la tarjeta pasan diez meses.
En enero de 2020, los especialistas policiales informan al juez de que efectivamente la memoria está dañada y añaden que, en contra de lo declarado por Bousselham nueve meses antes, ella había hecho los pantallazos que habían publicado Okdiario, El Mundo y El Confidencial y que aparecen en una carpeta denominada "Sent" (enviado, en inglés).
De regreso del confinamiento, la Fiscalía solicita volver a llamar a declarar a Boussselham y el juez así lo acuerda. Fuentes del caso justifican retomar la investigación en esta dirección porque la defensa de Pozas y Rendueles reclama el archivo de la causa contra ellos y se hace necesario aclarar todos los extremos antes de adoptar una decisión. García-Castellón toma las riendas del interrogatorio a Bousselham hasta conseguir que la excolaboradora de Iglesias reconozca que ella hizo los pantallazos y que pudo enviarlos a terceros, si bien asegura no recordarlo. Los dos periodistas de Interviú continúan imputados por revelación de secretos.
Eso sirve para que Anticorrupción y el juez que concluyan que si ella ha enviado a terceros material como el que acaba siendo publicado ya no se puede establecer que sea material robado y, por tanto, no hay delito del que pueda resultar perjudicado Pablo Iglesias, por mucho que las informaciones de los tres medios supusieran un revés para él y el partido. Villarejo deja así de ser el único sospechoso de haber entregado el material a los medios y pasa a un segundo plano. A diferencia de lo que hizo con Pozas y Rendueles, García-Castellón nunca llamó a declarar a los periodistas que publicaron información como la incluida en el móvil robado, pese a las peticiones reiteradas de la abogada de Iglesias y Bousselham.
La Fiscalía y el juez mantienen una tesis que éste último vuelve a deslizar en un auto de esta misma semana: Iglesias se quedó con la tarjeta al recibirla porque comprobó que las capturas del chat estaban realizadas por Dina Bousselham y cuando decidió devolvérsela ya estaba destruida, de tal forma que con ambas acciones evitaba que ella pudiera difundir su contenido. "Puede ser la clave para entender no solo por qué Pablo Iglesias Turrión no devolvió la tarjeta a la señora Bousselham, sino lo más relevante; el estado en el que se la devolvió", escribe el juez. De acuerdo con Anticorrupción, el juez retira al líder de Podemos la condición de perjudicado.
García-Castellón acostumbra a reiterar en sus escritos algunas de las frases publicadas por Okdiario procedentes de conversaciones privadas contenidas en el móvil robado y que escribe Pablo Iglesias. Lo hace en sus autos con entrecomillados escogidos de esas conversaciones, tales como el que vierte el líder de Podemos sobre la presentadora de televisión Mariló Montero, que el propio Iglesias calificó de "soez" ante García-Castellón y por el que se disculpó en público. "La azotaría hasta que sangrase… esta es la cara B de lo nacional popular… Un marxista algo perverso convertido en psicóptata", replica el magistrado aquellos mensajes de Iglesias que figuraban en los pantallazos a lo largo de sus autos.
Arranca la investigación del juez en solitario
El 22 de mayo pasado, la Fiscalía Anticorrupción presenta un escrito a modo de conclusión. Expone el recorrido del caso y califica los dos delitos de los que es responsable a modo indiciario Pablo Iglesias: revelación de secretos y/o daños informáticos. Respecto del primero, castigado con entre seis meses y tres años de cárcel, los fiscales aluden al artículo del Código Penal que declara extinguida la responsabilidad penal "por el perdón del ofendido". En cuanto a los daños informáticos, castigado con pena de multa, los fiscales recuerdan que figura entre los que "sólo serán perseguibles previa denuncia de la persona agraviada".
Y añaden: "Consta en las actuaciones que la perjudicada Dina Bousselham ha comparecido en la presente causa siempre junto a Pablo Iglesias Turrión bajo una misma defensa técnica y representación procesal. Ello puede entenderse como un perdón tácito del ofendido, si bien las normas anteriormente transcritas exigen que el perdón del ofendido se otorgue de manera expresa, antes de que se dicte sentencia". Proponen entonces que Bousselham presente un escrito diciendo contra quién dirige la acción y que sea citada para ratificarlo.
Tres días después, el juez contesta a Anticorrupción en un auto en el que reproduce varios párrafos literales de la exposición de la Fiscalía y reitera: "De las actuaciones practicadas no se puede inferir en este momento la ilicitud de las actuación del medio de comunicación OKDIARIO o de sus responsables. Tampoco resulta posible vincular las publicaciones aparecidas en el referido periódico digital OKDIARIO, exclusivamente a la intervención del investigado José Manuel Villarejo Pérez". García-Castellón y la Fiscalía sospechan que Iglesias pudo retener la tarjeta hasta 39 meses, al contar como única certeza de que la tiene en su poder la fecha en el sobre que supuestamente envía para su reparación en Alemania.
Pero la concordancia con la Fiscalía se rompe al responder el juez a la solicitud de comparecencia de Bousselham. En ese momento, García-Castellón dice que es "innecesaria", que adolece de "falta de proporcionalidad" y que todavía quedan muchas dudas por resolver. Añade que "resulta apremiante" averiguar si la tarjeta se envió a Alemania o a Reino Unido, qué ocurrió con ella en manos de los técnicos, y adelanta lo que concretaría más adelante: Bousselham debe cambiar de abogado para que su decisión "no se vea perturbada o influida por la posición o el cargo que ocupa éste [Iglesias] en la organización política que ambos comparten".
Por si quedaba alguna duda de que Bousselham no requiere la protección que pretende darle el juez, la exasistente de Iglesias firma un escrito a los tres días y lo remite a la Audiencia Nacional. En él cambia de versión, asegura que recibió la tarjeta en buen estado y desliza que pudo ser ella quien la dañara. "Debo decir que cuando se me entregó, funcionaba, y comprobé que en su interior estaban contenidos de mi teléfono, y así, yo misma, con el fin de proteger mi intimidad, mi vida familiar y mi relación de pareja, accedí a los elementos de naturaleza más personal e íntimos de ésta, y por ello puedo indicar que inicialmente funcionaba bien si bien no contrasté ni analicé su contenido".
El juez ignora este escrito en su auto del pasado viernes en el que conmina a Bousselham a abandonar a la abogada que comparte con Iglesias si no quiere que el le asigne un letrado de oficio. Dos días antes, el miércoles pasado, dicta un auto para que se remita a Reino Unido una orden internacional de cooperación judicial y poder tomar declaración al técnico y al responsable de una empresa a la que la pareja de Bousselham había enviado la memoria dañada. El juez acuerda esa diligencia sin consultar con la Fiscalía Anticorrupción, según confirman fuentes de la Audiencia Nacional.
Mientras el juez desliza de forma reiterada su sospecha de que Bousselham puede estar coaccionada, la antigua asistente de Iglesias ha lanzado una página web de la que es directora y que está apadrinada por la dirección de Podemos. El 'caso Pablo Iglesias' se alargará, al menos, hasta que sean satisfechas todas las diligencias solicitadas por García-Castellón, incluido un nuevo informe de los investigadores policiales del caso. Entonces, el magistrado deberá archivar la causa o elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo con los indicios que ha recabado contra el vicepresidente segundo del Gobierno.
https://www.eldiario.es/politica/Garcia-Castellon-investigacion-Villarejo-Pablo-Iglesias_0_1040096059.html
EL JUEZ DEL 'CASO VILLAREJO' ACUSA A LA FISCALÍA DE INTENTAR "EXCULPAR" A PABLO IGLESIAS
El magistrado Manuel García Castellón obliga a Dina Bousselham a no compartir abogado con el vicepresidente del gobierno
"Si no resulta coherente esgrimir una voluntad implícita de dispensar por quien en el proceso se constituye como acusación particular, tampoco se aprecia oportuno en este momento, pretender una exculpación, frente a quien ni siquiera ha sido llamado al proceso como investigado".
Así respondió este viernes el magistrado Manuel García Castellón a la Fiscalía Anticorrupción por señalar que la ex asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, había otorgado ya al vicepresidente del Gobierno el "perdón tácito" que exige la ley para "exculparlo" del posible delito de revelación de secretos o daños informáticos que se investiga en esta pieza separada del caso Villarejo por el robo y destrucción de la tarjeta del móvil de la ex empleada de Podemos.
En el auto, el juez obliga a Bousselham a designar un nuevo abogado por el manifiesto conflicto de intereses con Iglesias en el procedimiento donde se investiga el robo de su teléfono móvil. Desde el inicio de la instrucción de esta pieza separada, Iglesias y la ex asesora de Podemos han estado representados por la misma letrada, la abogada Marta Flor. Sin embargo, desde que los investigadores detectaron que el propio líder de Podemos podría ser el responsable de la destrucción de la tarjeta del móvil sustraído, el magistrado ha apreciado un "insostenible" conflicto de intereses entre ambos.
La Fiscalía, que instó al juez a retirarle la condición de perjudicado en el procedimiento al vicepresidente del Gobierno, se ha mostrado, sin embargo, en contra de obligar a cambiar a Bousselham de representación letrada al considerar que "los derechos de la víctima son plenamente disponibles para la perjudicada, ya que goza del derecho fundamental a elegir letrado de confianza, así como del derecho a otorgar su perdón expreso". Ahí es donde surge la fricción entre el magistrado y los fiscales Anticorrupción.
LOS ARGUMENTOS DE ANTICORRUPCIÓN
Mientras el juez entiende que la acción de Iglesias es perseguible penalmente, el Ministerio Fiscal considera que una vez otorgado el perdón de su ex asesora no es posible investigarlo, porque Bousselham no quiere proceder contra él, tal y como dejó entrever en la carta que remitió a la Audiencia Nacional cambiando de versión y señalando que Pablo Iglesias le entregó la tarjeta del móvil sin dañar, según informan fuentes del caso a EL MUNDO. Sin embargo, el instructor considera perseguible el delito de daños informáticos a pesar de que existe el hándicap de que Iglesias se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
El juez Manuel García Castellón considera que la directora de la web La Última Hora no ha otorgado un perdón expreso previsto en la legislación al vicepresidente del Gobierno y alude a que es "necesario garantizar la pretensión de Dina Bousselham en su legítimo derecho a ejercer la acción penal y esclarecer el delito, frente a una representación empeñada en limitar esta actuación".
"El Ministerio Público pone el foco de atención en las diferentes versiones de Dina Bousselham, en ocasiones contradictorias, y trata de inferir de ello una voluntad exculpatoria tácita respecto del señor Iglesias. Este magistrado, al contrario, considera que en ningún caso puede deducirse esta interpretación. Como señala la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 225/2020, de 25 de mayo de 2020, el testigo tiene la obligación de declarar cuando ejercita la acción penal en el mismo procedimiento, puesto que en esos casos resultaría contrario al principio de no ir en contra de los propios actos que alguien pueda activar los mecanismos de la Administración de Justicia y al mismo tiempo pretender obstaculizar su realización y ésto es precisamente lo que parece desprenderse de los escritos, cuando se intenta sostener un equilibrio incompatible, entre seguir adelante con la causa y evitar que la misma se dirija contra el señor Iglesias", recalcó el togado.
"CARÁCTER VEJATORIO DE LOS HECHOS"
Para el juez, la víctima ha puesto de manifiesto en su actuación "una inequívoca voluntad de esclarecer los hechos investigados", ya que "la sustracción de la tarjeta y su suerte ha sido y sigue siendo para la víctima un elemento nuclear de su pretensión. Ante ello, Dina Bousselham reclama de la Justicia una respuesta".
El instructor concluye que su "obligación es tutelar la efectividad de los derechos de quienes acuden al proceso, cualquiera que sea su condición". "Atender a las circunstancias del caso concreto y garantizar la efectividad de los derechos de quienes forman parte del proceso es inherente a la condición de juez independiente, inamovible, responsable y sometido al imperio de la ley, pero es, además, una obligación expresa de los juzgados y tribunales, quienes están llamados a proteger los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, tutela que resulta especialmente reforzada cuando se trata de una víctima", agrega.
En la resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional afirma que "es importante resaltar el carácter particularmente degradante y vejatorio que los hechos que se han venido conociendo tienen para Dina Bousselham, como ella misma ha manifestado, en tanto que atenta contra su intimidad y contra su patrimonio". La razón es que en aquella tarjeta de memoria se almacenaba un gran número de imágenes íntimas de la ex asesora de Iglesias.
LOS DELITOS INVESTIGADOS
En las últimas semanas, a través de dos autos diferentes, el instructor de la Audiencia Nacional ha puesto de manifiesto que el vicepresidente Iglesias pudo cometer un delito de daños informáticos al quedarse durante meses en su poder con la tarjeta telefónica de Bousselham y entregársela inservible, lo que lo convierte en el principal sospechoso de su destrucción, pese al cambio continuo de versión de los hechos de Dina, calificado por el juez como "un equilibrio incompatible" con su condición de víctima.
Si la ex consultora de Podemos no designa un nuevo abogado, la Audiencia Nacional le adjudicará un letrado de oficio en cuanto el auto adquiera firmeza.
https://www.elmundo.es/espana/2020/06/20/5eed2cf1fdddfff0998b4609.html
EL JUEZ PREPARA EL TERRENO PARA QUE IGLESIAS ACABE EN EL SUPREMO POR EL CASO DEL ROBO DEL MÓVIL DE SU EX ASESORA
El magistrado que investiga en el 'caso Villarejo' la destrucción de la tarjeta telefónica de Dina Bousselham la obliga a cambiar de abogado contra su voluntad para que no comparta representación legal con el vicepresidente
García Castellón desoye los escritos de la antigua asesora del líder de Podemos y niega que como víctima haya descartado el "ejercicio de la acción penal frente a Pablo Iglesias"
La investigación abierta dentro del caso Villarejo sobre el robo y destrucción de la tarjeta del móvil de Dina Bousselham, ex asesora de Pablo Iglesias, dio este viernes un salto cualitativo. En contra de la voluntad expresada por Bousselham, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la obliga a cambiar de abogado para que no comparta representación legal con el vicepresidente, a quien ha retirado la condición de perjudicado. ¿Por qué le impone la elección de un nuevo letrado? Por "la presencia de un efectivo conflicto de intereses". Es decir, porque según el juez hay un potencial choque entre lo que beneficia a la víctima de un delito y a quien ha podido cometerlo. Este periódico no ha logrado confirmar si Bousselham recurrirá la resolución del juez.
Conocida desde que se supo que habían sido extraídos de su móvil datos que tras su robo en 2015 fueron difundidos por Okdiario, Bousselham no respalda los pasos dados por el juez en el último mes. La Fiscalía Anticorrupción, tampoco. En los registros al comisario José Manuel Villarejo aparecieron dos archivos sobre datos de la tarjeta móvil de este teléfono.
Pero esos pasos parecen ir apretando un nudo en torno a Iglesias. De hecho, todas las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que tanto el auto dictado este viernes como las actuaciones anteriores indican que el juez está preparando el terreno para llevar al vicepresidente ante el Tribunal Supremo, el único con potestad para investigarlo penalmente. En el auto García Castellón sostiene que "de la actuación de Dina Bousselham "no se desprende "una tácita renuncia al ejercicio de la acción penal frente a Pablo Iglesias". Y que "es precisamente en este punto donde el conflicto [de intereses] se revela insostenible". La antigua asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo dirige ahora un digital vinculado a Podemos.
Sustentando su decisión en las diferentes versiones de la antigua colaboradora de Iglesias sobre la destrucción de la tarjeta, el magistrado aplica criterios similares a los que buscan proteger a una víctima frente a un eventual agresor capaz de ejercer una posición de dominio personal o profesional. No lo dice de forma expresa pero se desprende del contenido de su resolución. Esa es la lectura que hacen del texto fuentes conocedoras de los planteamientos de García Castellón.
Un delito perseguible solo a petición de parte
En su primera declaración, Bousselham dijo que nunca pudo acceder al contenido de la tarjeta una vez la tuvo de nuevo en su poder. Más tarde, se corrigió a sí misma y aseguró que "inicialmente funcionaba bien".
Pero incluso si fue Iglesias quien destruyó la tarjeta por cualquier motivo antes de entregársela a su asesora, la Fiscalía entiende que la dueña del teléfono no alberga el menor deseo de ejercer acciones contra él. Y que en última instancia ya le habría otorgado su perdón. El delito de daños informáticos solo es perseguible a petición del perjudicado. Fue la Fiscalía la que pidió que se retirase a Iglesias la condición de perjudicado.
Pese a todo lo anterior, el juez ha seguido practicando diligencias no requeridas por ninguna de las partes: considera que "es su obligación", dice una fuente. Las últimas diligencias, estas: la solicitud de un informe a la brigada de Policía Científica y el envío de una comisión rogatoria a la empresa británica a la que el marido de Bousselham envió la tarjeta del móvil en septiembre de 2017, como adelantó vozpopuli.
El resultado de esa rogatoria sobre en qué estado recibieron la tarjeta puede ser determinante para que García Castellón persista en su línea o modifique el rumbo de unas diligencias que empiezan a eclipsar las de otras piezas relevantes del caso. Entre otras, las de la pieza Kitchen, centrada en la operación policial y parapolicial en que intervinieron el comisario Villarejo y otros mandos para impedir que Luis Bárcenas conservase documentación incriminatoria para el PP. En enero, el antiguo jefe operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino declaró que el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz le transmitió un mensaje de Mariano Rajoy: que tratase bien a Villarejo y no intentara librarse de él.
De momento, en el caso Dina hay dos preguntas sin responder: la primera, por qué Pablo Iglesias tardó varios meses en devolverle la tarjeta a su propietaria una vez le fue entregada por el ya desaparecido dueño del Grupo Zeta, Antonio Asensio; y la segunda, por qué la invalidó si realmente lo hizo. Anque Podemos ha optado por un silencio hermético, en círculos políticos ha comenzado a prosperar la versión según la cual dentro de la tarjeta podía haber datos "sensibles". No sensibles para la intimidad de Dina Bousselham -en la tarjeta se almacenaban fotos íntimas suyas- sino para el partido.
El auto de García Castellón evidencia una fractura entre el juez y la Fiscalía Anticorrupción. Por ejemplo, el magistrado remacha que Dina Bousselham "ha puesto de manifiesto en su actuación una inequívoca voluntad de esclarecer los hechos investigados". Y reprocha sin tapujos a Anticorrupción que interprete lo contrario: que "ha puesto de relieve una inequívoca falta de voluntad por esclarecer los hechos".
Pero esa fractura no es la primera. Ni la única. De momento y con un portazo sobre la supuesta prescripción de los delitos, el magistrado ha cerrado en la Operación Púnica la puerta a seguir investigando todo lo relacionado con el urbanismo de Valdemoro. Ese es el municipio madrileño donde arrancó su actividad el grupo en cuya cúspide aparece el antiguo número 2 del PP madrileño, Francisco Granados. Entre las operaciones de Valdemoro que tanto la acusación popular como la Fiscalía Anticorrupción siguen pretendiendo que se investiguen –el asunto está pendiente de un recurso– figura una cuyo protagonista es El Corte Inglés.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/06/20/el_juez_prepara_terreno_para_que_iglesias_acabe_supremo_por_caso_del_robo_del_movil_asesora_107989_1012.html
EL JUEZ ALARGA DOS MESES EL CASO PÚNICA TRAS EL VIRUS Y FIJA EL FIN EL 27 DE AGOSTO
Da un plazo 'extra' de 82 días -los mismos que han estado suspendidos los plazos procesales- y ordena impulsar la investigación en Valdemoro.
El juez desoye al exconsejero 'díscolo' de Aguirre y le mantiene en Púnica por el 1%
El magistrado del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha reactivado el procedimiento en el que se investiga una presunta caja b en el PP madrileño y ha fijado el próximo 27 de agosto como fecha final de la instrucción. Se trata de una decisión que adopta el juez un día después de que se reanuden los plazos procesales, paralizados tras decretarse el estado de alarma el 14 de marzo. De este modo, da impulso a una de las principales causas de corrupción y determina que prorrogará los plazos 82 días más, que son los mismos que ha estado paralizada la causa por la crisis sanitaria.
La trama que salpica a exdirigentes del PP madrileño como Francisco Granados, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes, contaba con fecha límite el 6 de junio, es decir, este mismo sábado. La Sala de lo Penal fijó este plazo corrigiendo el criterio del instructor, que en un principio estableció 2022 como tope máximo para terminar de instruir un caso considerado por la Fiscalía Anticorrupción como "extremadamente complejo". Ahora, el magistrado plasma su criterio en una providencia de este mismo viernes recogida por La Información, en la que aclara que alargará la instrucción única y exclusivamente el tiempo que ha estado paralizada.
Igualmente, da impulso a parte de las pesquisas que se quedaron en el aire, como es el caso de la investigación relativa a los negocios de la trama en Valdemoro, epicentro de la red. El instructor se hace eco de la decisión de la Sala de lo Penal de reabrir esta parte de la macrocausa, tal y como pidió Anticorrupción, y ordena practicar las diligencias que solicitaron las fiscales. Aunque consideró en un principio que esta pieza no tenía más recorrido al estar los hechos prescritos, la Sala dio la razón a Anticorrupción y dijo que la investigación por el PGOU de 2004 en la localidad de la que fue alcalde Granados así como las adjudicaciones del consistorio del que era edil Granados no está prescrita.
García Castellón vuelve a requerir a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) para que responda acerca de unas diligencias solicitadas por Cifuentes. Las pesquisas realizadas desde el estallido de esta causa en 2014 demostrarían que este organismo se habría empleado por los acusados para desviar fondos públicos a la caja del PP madrileño. Cifuentes, por su parte, negó en su interrogatorio ante el juez el pasado mes de octubre la existencia de una financiación paralela a la oficial en la formación y rechazó irregularidades de la fundación de la que fue patrona Esperanza Aguirre. De hecho, aportó un listado de nombres que habrían formado parte de la fundación, entre los que incluyó al actual presidente del PP, Pablo Casado, líder entonces de las Nuevas Generaciones (NNGG) de la formación.
Prueba de que el magistrado pisa el acelerador para tener la causa instruida en dos meses, es que libra oficio a expertos del Ministerio de Fomento y de Hacienda para que informen de las pericias acordadas en esta causa "a la mayor brevedad posible". Además, tiene pendiente volver a citar en sede judicial a testigos propuestos por la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la pieza que investiga la presunta caja b de la formación. El parón judicial dejó en el aire las declaraciones del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega; su homólogo en Boadilla del Monte Arturo González Panero (conocido como 'el Albondiguilla') e Isabel Jordán, esta última exempleada de una de las empresas de Francisco Correa, quienes en un principio fueron llamados a declarar los pasados 14 y 15 de abril.
El futuro de Aguirre, en el aire
Durante este tiempo se han ido presentado escritos al juzgado como el aportado recientemente por Manuel Lamela. El exconsejero del Gobierno de Madrid pidió el archivo de su causa desvinculándose de la presunta red del 1% que habrían aplicado los acusados a la licitación de obras de hospitales y centros de salud en la Comunidad de Madrid. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, por su parte, declinó la petición y apuntó que los hechos que se indagan en esta pieza son "graves" y están relacionados con una trama de corrupción que tiene "múltiples ramificaciones". A diferencia de Lamela, el presidente de Prisa Javier Monzón si obtuvo el archivo definitivo de la Sala de lo Penal, la cual respaldó al instructor y consideró que no pesaba sobre él ningún indicio de delito por presuntas irregularidades en Indra.
Con todo, los investigadores acelerarán para dar por terminado el caso que arrancó en octubre de 2014 con la detención de Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, además de ediles de varias localidades de Madrid. La causa ha ido creciendo estos años hasta desgajarse en un total de 11 piezas que aglutinan más de un centenar de acusados. Algunas de ellas están casi terminadas, como la relativa a Alfedel (sobre presuntos amaños en la adjudicación de construcción de colegios) o Cofely (que salpica a una decena de municipios madrileños por adjudicaciones irregulares a la firma francesa). Otras, como la presunta caja b del PP madrileño siguen todavía su curso y mantienen la lupa en la presunta responsabilidad penal que pudieron tener en estos hechos Esperanza Aguirre y Cifuentes.
https://www.lainformacion.com/espana/juez-alarga-punica-fin-27-agosto/2807033/
BATALLA ‘SUPREMA’ DE MAGISTRADOS POR UNA PLAZA EN EL JUZGADO DEL ‘CASO VILLAREJO’
El alto tribunal decidirá sobre la pelea de dos jueces, que se cruzan reproches, por ocupar un puesto de instructor en la Audiencia Nacional
Acostumbrados a decidir, a los magistrados Alejandro Abascal y Rosa María Freire les tocará esta vez acatar. El Tribunal Supremo ya tiene entre sus manos la intensa batalla que ambos mantienen por ocupar una plaza de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga causas tan mediáticas como los casos Púnica y Lezo, que cerca la corrupción del PP; y la Operación Tándem, sobre la macrotrama política, policial y empresarial que gira en torno al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), controlado por los conservadores, decidiera en febrero del pasado año que ocupara el puesto el primero de ellos, miembro de la también conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM); la segunda se embarcó en una guerra que ya ha dejado un buen intercambio de reproches entre sus protagonistas.
En sus escritos, Rosa María Freire, titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid e impulsora de la causa sobre la destrucción de los discos duros del extesorero Luis Bárcenas —donde el PP arremetió contra ella y llegó a pedir su recusación—, acusa al Poder Judicial de elegir a su oponente tras obviar todos los méritos que le eran “objetivamente favorables” y tras crear “un mérito superlativo de idoneidad no contemplado en la norma”. Una denuncia que elevó más de tono el colectivo al que pertenece, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que considera que el CGPJ adoptó un criterio “arbitrario” en el seno de un Consejo que “se parece a un grupo de amigos de un club de golf”.
Unas palabras que ya han encontrado respuesta de Abascal, juez de Adscripción Territorial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este envió el pasado 7 de enero un escrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, donde defiende la decisión del Poder Judicial y reprocha a Freire que, según ella, “cualquier decisión que no pase por designarla se convierte en discriminatoria”. “[Las afirmaciones de Freire] se agotan en su muy personal juicio de valor sobre la superioridad de la candidata frente a cualquier consideración que se le pueda oponer”, apostilla el documento, donde también acusa a la magistrada de “atribuirse” continuamente una posición de “preferencia” frente a él.
En su decisión del pasado año, el CGPJ valoró para designar a Abascal que en 2016 ya había ocupado seis meses ese mismo puesto. Un criterio que rechaza Freire, que entonces no optó a la plaza y que recuerda que ella ostenta en la carrera el número 1.271 del escalafón, frente al 4.212 de su adversario. A lo que Abascal responde que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, al poner en marcha el concurso, consideró que “debía prevalecer la experiencia en el propio órgano”.
“En resumen, lo que [Freire] hace no es contrastar sus méritos con la definición de las concretas necesidades del órgano para concluir que sus méritos son mayores, sino usurpar las funciones del órgano de gobierno y establecer un cuadro de méritos que construye esas necesidades a la medida de la conveniencia de su currículo personal”, remacha el juez en su escrito del 7 de enero, donde también acusa a su oponente de insinuar que se le ha discriminado por razón de género: “Aunque parece que, en realidad, lo que plantea es una queja por el hecho de que la resolución impugnada no hubiese incluido un factor de discriminación de género a su favor”.
Otros recursos
Más allá de la disputa particular entre estos dos magistrados, su pelea ahonda en la crisis de reputación que sufre el CGPJ. Pese a que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018, este órgano ha seguido haciendo nombramientos discrecionales —entre ellos, el de Abascal—, que dos asociaciones judiciales han decidido recurrir al Supremo: “Los cargos se están repartiendo por afinidades y no por lo único que debería contar en estos casos, que es adjudicarlos de forma objetiva e imparcial a quienes más se lo merezcan y mejor los puedan ejercer”, denunció entonces la AJFV. El Supremo ya anuló el nombramiento de Eloy Velasco y Enrique López como magistrados de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional tras las alegaciones de otros jueces.
En este contexto, tras la celebración de las últimas elecciones del pasado 10 de noviembre y la negativa del PP a sentarse con el PSOE a negociar la renovación de un CGPJ de mayoría conservadora, el presidente del órgano Carlos Lesmes anunció el mes pasado que no hará más nombramientos hasta que no se renueve.
https://elpais.com/politica/2020/02/07/actualidad/1581103175_404351.html
LA AUDIENCIA CONFIRMA LA DESIMPUTACIÓN DE JAVIER MONZÓN, EXPRESIDENTE DE INDRA
La Sala de lo Penal rechaza el recurso de la Fiscalía contra el actual presidente no ejecutivo de PRISA
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado este jueves los dos recursos presentados por la Fiscalía y la asociación de abogados Adade contra la decisión del juez del caso Púnica de archivar la investigación abierta contra Javier Monzón, expresidente de Indra y actual presidente no ejecutivo del Grupo PRISA, editor de EL PAÍS. Según consta en sendos autos, la Sección Cuarta del órgano judicial confirma la decisión del magistrado instructor Manuel García-Castellón, que concluyó que no había quedado acreditada la existencia de pruebas o indicios que señalen al empresario como “autor, cómplice o encubridor” del supuesto desvío de fondos públicos —a través de la adjudicación de contratos a la tecnológica— para financiar de manera irregular las campañas electorales del PP de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid.
En sus escritos, la Sala de lo Penal apunta que, como señaló el juez García-Castellón, “tras varios años de investigación, nadie ha señalado ni aportado dato alguno relativo a que Monzón tuviera conocimiento de la actividad delictiva objeto de investigación”. “Si llegado a un punto de la investigación se constata que no hay diligencias que impliquen a ese directivo, necesariamente por ley, la investigación penal tiene que cesar”, apostillan los magistrados de la Sección Cuarta en uno de los autos, contra los que no cabe recurso.
La Fiscalía mantenía que el expresidente de Indra no podía ser ajeno a la participación de esa compañía en el presunto plan urdido por dirigentes del PP madrileños para desviar fondos durante las presidencias de Aguirre e Ignacio González. Pero la Sala de lo Penal responde que no se puede achacar a Monzón la responsabilidad de las actividades de sus empleados con las investigaciones que, hasta ahora, se han puesto sobre la mesa. “Ante la ausencia de un mínimo dato que permita atribuir al presidente de Indra el conocimiento de una actuación ilícita, no es posible continuar una investigación judicial penal”, dice la Sección Cuarta, que confirma así el levantamiento de su imputación.
https://elpais.com/espana/2020-05-07/la-audiencia-confirma-la-desimputacion-de-javier-monzon-expresidente-de-indra.html
PUNICA. LA AUDIENCIA OBLIGA AL JUEZ DE 'PÚNICA' A INVESTIGAR PELOTAZOS URBANÍSTICOS QUE DESECHÓ ALEGANDO QUE HABÍAN PRESCRITO
La Sala de lo Penal remarca que las operaciones anteriores al PGOU de 2004 son "solo una fase" de una presunta actividad delictiva de la trama en Valdemoro (Madrid) "prolongada en el tiempo"
Entre esas operaciones figura una que afectó a suelos rústicos de El Corte Inglés que acabaron recalificados y en manos de uno de los 'socios ocultos' del exnúmero 2 del PP, Francisco Granados
La Audiencia Nacional acaba de tumbar el auto con que el juez instructor de Púnica dio en enero un paso que en la práctica enterraba la investigación sobre pelotazos urbanísticos en el municipio de Valdemoro, durante años feudo de Francisco Granados, que fue primero su alcalde y luego consejero de Presidencia y Justicia y número 2 del PP de Madrid. En ese auto, el juez Manuel García Castellón denegó una batería de diligencias pedidas por Anticorrupción que afectaban a actuaciones anteriores a 2004. Lo hizo bajo el argumento de que, al haber transcurrido más de 15, años, todo aquello estaba ya prescrito. Ahora, las diligencias deberán ser practicadas. Queda poco tiempo para ello: la reforma legal aprobada bajo el Gobierno de Mariano Rajoy obliga a que la instrucción finalice, esté como esté, el 6 de junio.
Entre las operaciones de las que pedían nueva documentación las fiscales del caso –y así lo remarcaron luego en un demoledor recurso que este miércoles ha aceptado la Sala de lo Penal de la Audiencia– figura una que afectó a una bolsa de suelo propiedad de El Corte Inglés: de rústicos, los terrenos pasaron a urbanizables de uso residencial y fueron adquiridos por uno de los conocidos como socios ocultos de Granados, el empresario Ramiro Cid, el promotor que levantó a gusto del político una mansión que la Fiscalía considera un soborno en especie. La semana pasada, el juez denegó otra solicitud: esta, formulada por las acusaciones populares que ejercen el PSOE y la asociación de abogados Adade para que declare como imputado quien ejerció en aquella operación como representante legal de la cadena de distribución. El magistrado rechazó la solicitud sin esperar a que se pronunciase la Fiscalía.
Tras la resolución de la Sala de lo Penal, instancia superior que dirime los recursos sobre los pasos dados por cada uno de los seis jueces centrales de la Audiencia, todas las diligencias deberán practicarse. Porque –concluyen los magistrados de la Sección Cuarta– no ha prescrito ninguno de los hechos sobre los que el ministerio público ha puesto el foco. Las actuaciones urbanísticas en las que la Fiscalía pretende profundizar –dice el auto de la Sala– tuvieron efectivamente lugar antes de 2004. Pero "por supuesto –añade el texto– no pueden considerarse prescritas habida cuenta de ser solo una fase de esa misma actividad criminal prolongada en el tiempo en el seno de una organización dedicada a la comisión de hechos delictivos para su enriquecimiento personal". En otras palabras, lo sucedido entre 1999 y 2004 se inscribe en una etapa preparatoria de lo que el PGOU de 2004 terminó consagrando. Y, por tanto, todo ello forma parte de una "presunta actividad delictiva que se inicia y concreta en los años 1999 y 2000".
El auto de García Castellón lleva fecha del 14 de enero. Seis días más tarde, el juez suspendió sobre la marcha y a petición del abogado de Granados la comparecencia de una testigo largamente esperada por las acusaciones por cuanto iba a explicar, como experta, la ruta de muchas decisiones urbanísticas plasmadas en el PGOU de mayo de 2004. Ese día, 20 de enero, la Fiscalía aún no había recibido la resolución del magistrado. Y –según su recurso– no le fue notificado por fax hasta el viernes 24 de ese mismo mes.
A los tres días, el 27 de enero –esa es la fecha del sello de registro– Anticorrupción cursó su recurso al juzgado de García Castellón para que lo remitiese a la Sala de lo Penal. Ahora, el auto por el que esa Sala da la razón a la Fiscalía precisa que el recurso llegó a la Sección Cuarta el pasado día 9. Escrito en mayúsculas, el encabezamiento del escrito de la Fiscalía era este: "Causa urgente. Plazo máximo de instrucción". Era un aviso de que todo lo que no se haga antes del 6 de junio quedará literalmente fuera de la escena jurídica.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/03/12/la_audiencia_obliga_juez_punica_investigar_pelotazos_urbanisticos_que_desecho_alegando_que_habian_prescrito_104850_1012.html
LA AUDIENCIA CORRIGE AL JUEZ DE PÚNICA Y AMPLÍA LA INVESTIGACIÓN A LOS AMAÑOS DE GRANADOS EN VALDEMORO ANTERIORES A 2004
El juez García-Castellón denegó a Anticorrupción documentos urbanísticos del municipio epicentro de la trama por considerar los hechos prescritos
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha tumbado la pretensión del juez del caso Púnica de no indagar en los presuntos amaños entre Francisco Granados y empresarios de la trama previos a la aprobación en 2004 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valdemoro, localidad madrileña considerada epicentro de este caso de corrupción y de la que el exdirigente del Partido Popular fue alcalde entre 1999 y 2003.
El juez Manuel García Castellón rechazó el pasado 13 de enero una batería de diligencias sobre contratos y adjudicaciones en ese municipio fechados antes de 2004, que es cuando se aprobó el citado plan urbanístico. Acordó considerar prescritos esos hechos al estimar que "ya habrían transcurrido más de 15 años desde su presunta comisión", que es el límite que marca la ley.
Las fiscales del caso, Carmen García Cerdà y Teresa Gálvez, presentaron entonces un recurso de apelación al entender que el magistrado había incurrido en un "error manifiesto" al hacer el cálculo porque el plazo de prescripción debería empezar a contar desde que comenzó la investigación judicial, el 18 de junio de 2014.
En un auto fechado este miércoles, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional da la razón a las representantes del Ministerio Público. Entienden los magistrados que esa presunta actividad delictiva "se inicia y concreta en los años 1999 y 2000" y que no puede considerarse prescrita porque es "sólo una fase" de una actividad "prolongada en el tiempo" y cuyo plazo de prescripción se interrumpió al admitirse la querella que dio lugar a estas pesquisas el 18 de junio de 2014.
La Fiscalía sostiene que cuando Granados llegó a la alcaldía, en 1999, se puso en marcha una "estrategia" dirigida a "repartir" el suelo entre los empresarios implicados con el objetivo de "enriquecerse" con las plusvalías de los desarrollos urbanísticos contenidos en nuevo el PGOU que finalmente se aprobó en 2004. Esas plusvalías, sostiene el Ministerio Público, deberían haber repercutido en el Ayuntamiento.
Las fiscales manejan indicios de que en la tramitación del PGOU de Valdemoro se llevó a cabo un "plan preconcebido" por parte de sus impulsores y con respaldo de los técnicos municipales que tenía como objetivo "realizar una modificación sustancial de terrenos que previamente, y con conocimiento de las normas del futuro plan, habían sido adquiridos por empresas vinculadas a los responsables del mismo, produciéndose con ello una importante ganancia patrimonial en los empresarios correspondientes".
A juicio del Ministerio Público, limitar la investigación a los hechos posteriores a 2004 supondría "desconectar" ese hecho concreto de toda otra serie de actuaciones delictivas que "antecedieron" y siguieron en años posteriores a la aprobación del PGOU y que son constitutivas de delitos continuados de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohechos, malversaciones y prevaricaciones.
Esta cuestión abrió una brecha entre el juez del caso y las fiscales. El magistrado les advirtió de que las diligencias solicitadas -autorizadas ahora por la Sala de lo Penal-eran de un carácter tan "genérico" que "podrían dar lugar a una suerte de prospección general" que es "incompatible con los fines de la investigación". Las fiscales respondieron afeando al instructor haber declarado prescritos los hechos "de forma genérica e imprecisa" y a través de una actuación un "incongruente" que dejaba la causa en una situación de "total inseguridad jurídica".
https://www.eldiario.es/politica/Audiencia-Punica-investigar-Granados-Valdemoro_0_1004750245.html
ANTICORRUPCIÓN ACUERDA CON LA ADMINISTRADORA DE GÜRTEL QUE IMPLIQUE A ESPERANZA AGUIRRE EN EL 'CASO PÚNICA'
El juez García-Castellón cita a Isabel Jordán el próximo 15 de abril para que cuente lo que sabe sobre el papel de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid en los contratos públicos investigados
El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que investiga la denominada Operación Púnica ha citado a la administradora de la trama Gürtel, Isabel Jordán, para que declare en calidad de testigo el próximo 15 de abril. La citación tiene lugar después de que Jordán, condenada por varias piezas del caso (la que investigaba el stand de Valencia en Fitur y la Primera Época de la trama), haya acordado con la Fiscalía Anticorrupción explicar los datos que conoce en relación a la contratación por parte de la Comunidad de Madrid de la empresa de eventos Over Marketing. Y especialmente detallar cuál era la intervención de la ex presidenta 'popular' Esperanza Aguirre en estas licitaciones públicas.
Según ha podido saber EL MUNDO a través de fuentes próximas a las conversaciones mantenidas durante los últimos meses entre Jordán y el Ministerio Público, quien fuera una de las personas de máxima confianza de Francisco Correa en sus empresas, está dispuesta a contar que "Aguirre estaba al tanto de todas las contrataciones" con la empresa propiedad del argentino Daniel Mercado, investigado por financiar irregularmente al PP en varias comunidades autónomas como Madrid y Baleares.
No obstante, Jordán tiene previsto precisar que Aguirre, según la información de que dispone, "no se benefició personalmente" de estos contratos "pero sí vio mejorada su imagen". Según el relato que tiene previsto detallar Jordán, cuando las empresas de Correa aterrizaron en la Comunidad de Madrid ya había una serie de entidades dedicadas a la organización de eventos que se adjudicaban los grandes contratos y, entre ellas, se encontraba Over Marketing. De esta forma, según ha explicado Jordán, "había consejerías para las que sólo trabajaba Over" y a las que la empresa Easy Concept de Correa no pudo acceder.
La información de la que dispone esta ex trabajadora del Grupo Correa se debe a que Easy Concept fue utilizada por Over Marketing para presentarse a algunas de las licitaciones y repartirse el negocio posterior por lo que explicará que tuvo información directa sobre estos procesos.
Según Jordán, Aguirre "no se llevó un solo euro" pero los trabajos de estas empresas para la Comunidad de Madrid le permitieron llevar a cabo más de medio millar de eventos al año que le permitieron tener una importante notoriedad social y política. Según las mismas fuentes consultadas por este periódico, Jordán atribuye en esencia a Aguirre una considerable "ambición de poder" pero la exculpa de cualquier tipo de cobro de comisiones o lucro personal.
La del próximo mes de abril no será la primera declaración judicial en la que Jordán aborde el rol de Aguirre en las contrataciones públicas. En noviembre de 2016 durante el primer gran juicio de la trama Gürtel ya dijo que la ex presidenta madrileña buscaba "su posicionamiento a nivel político porque ella era la que salía en los eventos" organizados por las empresas mencionadas anteriormente.
En esta línea recalcó que "el boom de los eventos" tuvo lugar en "2006, cuando llegó a haber hasta dos y tres al día". "Llegamos a trabajar para Aguirre un 25 de diciembre y fines de semana", abundó.
La Fiscalía Anticorrupción también se ha puesto en contacto con el ex alcalde 'popular' de Majadahonda, Guillermo Ortega, que prestará declaración en Púnica un día antes que Jordán, el 14 de abril. Al igual que la ex administradora de Gürtel, será preguntado por la información que dispone de Aguirre. En el mismo sentido declarará Arturo González Panero, ex alcalde del PP de Boadilla del Monte, quien recientemente también ha apuntado en un escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción que Aguirre tenía "un control absoluto tanto en la Comunidad de Madrid como en el partido; nadie hacía nada importante sin su beneplácito", ha señalado.
Tanto Jordán como Ortega y González Panero buscan con sus nuevas declaraciones un trato favorable por parte del Ministerio Público, tanto en las causas pendientes que tienen algunos de ellos como en régimen penitenciario que tienen Jordán y Ortega.
Estas declaraciones han sido instadas por la Fiscalía Anticorrupción, que intenta de esta manera reforzar los indicios contra la ex presidenta madrileña para intentar procesarla en Púnica. El Ministerio Público dudó durante mucho tiempo si citarla como imputada al considerar que los elementos que tenía contra ella no eran suficientes. En estos momentos considera necesario recabar más testimonios en su contra, a pesar de que negocia con algunos condenados que cumplen ya pena de prisión.
Cabe recordar que Aguirre se encuentra imputada en estos momentos en el 'caso Púnica' después de que la Fiscalía Anticorrupción le haya atribuido su participación en una "red de decisión y ejecución cohesionada" para instrumentar "diversos canales de financiación irregular" en el PP de Madrid. Aguirre negó en su declaración ante el juez Manuel García-Castellón haber autorizado o conocido cualquier tipo de conducta ilegal.
https://www.elmundo.es/espana/2020/03/11/5e681f61fc6c83796c8b458b.html
EL JUEZ DE PÚNICA RECHAZA IMPUTAR AL REPRESENTANTE DE EL CORTE INGLÉS SIN ESPERAR A QUE OPINE LA FISCALÍA
García Castellón desestima la solicitud del PSOE para que declare un exdirectivo por una operación urbanística en el municipio madrileño de Valdemoro Se recalificaron terrenos de la cadena a través de un acuerdo suscrito con el socio oculto de Francisco Granados
El juez Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica, acaba de rechazar la petición del PSOE para que declare como imputado el ya exdirectivo que entre 2001 y 2004 actuó como representante legal de El Corte Inglés en una operación urbanística que recalificó en Valdemoro (Madrid) una gran bolsa de suelo rústico propiedad de la cadena tras el convenio que suscribió en 2001 con uno de los considerados socios ocultos de Francisco Granados, el constructor Ramiro Cid. Fechado el pasado día 3, el titular del juzgado central 6 de la Audiencia Nacional ha emitido el auto por el que deniega esa solicitud sin esperar al pronunciamiento de Anticorrupción. Y ello pese a que un día después de que los socialistas y la asociación de abogados Adade involucrasen al gigante de la distribución en los manejos urbanísticos atribuidos al antiguo número 2 del PP madrileño y sus aliados, el juzgado central 6 de la Audiencia Nacional trasladó el escrito a la Fiscalía "a fin de que emita informe".
Fuentes jurídicas confirmaron este lunes a infoLibre que las fiscales del caso aún no han elevado tal informe, para el que no existe un plazo cerrado de presentación. No se sabe por tanto si Anticorrupción tenía o tiene previsto apoyar la imputación que reclama el PSOE, que impugnará ante la Sala de lo Penal la negativa de García Castellón. El juez sostiene que los socialistas, que ejercen una de las acusaciones populares, piden llamar como investigado a aquel representante legal sin ningún motivo.
El auto expone así la postura del juez: "La afirmación sobre la existencia de información privilegiada por parte de personas relacionadas con la mercantil El Corte Inglés, en relación a la calificación de los terrenos del PGOU de Valdemoro, se basa en el más absoluto vacío indiciario, en una mera sospecha sin principio de prueba alguna que justifique la existencia de indicios racionales que justifiquen el llamamiento al proceso como investigado" de aquel directivo. Dado que no ha sido imputado, este periódico omite su nombre, cuyas iniciales son F.J.S., y que ya hace años que no mantiene relación profesional con El Corte Inglés.
La existencia de este nuevo auto da alas a otro dictado por el mismo García Castellón en enero y que al denegar diligencias requeridas por la Fiscalía abre la puerta a archivar una parte esencial de Púnica: justamente la que concierne al urbanismo de Valdemoro, feudo inicial político de Granados y donde sus hombres fuertes en el terreno empresarial –Ramiro Cid y David Marjaliza, el gran arrepentido del caso– llenaron sus cuentas gracias a pelotazos urbanísticos hoy marcados por un alud de indicios incriminatorios.
En aquella resolución de enero, lo que García Castellón venía a sostener es que ya no cabe investigar nada de lo sucedido antes de 2004 porque el plazo máximo de prescripción era de 15 años. Anticorrupción formuló de inmediato un recurso demoledor ante la Sala de lo Penal donde tacha de "incongruente" el auto de enero porque "incurre en un error manifiesto" al considerar prescritos hechos anteriores a la aprobación del PGOU de 2004 como si la investigación judicial hubiese comenzado ahora y no el 18 de junio de 2014.
El recurso delata la profunda brecha que separa al magistrado y a la Fiscalía a menos de tres meses de que la instrucción de Púnica llegue a su fin el 6 de junio falte lo que falte por averiguar. En sus páginas, Anticorrupción detalla dos de las operaciones urbanísticas sobre las que había reclamado la práctica de pruebas. Y una de esas operaciones es la que atañe a El Corte Inglés y la bolsa de terreno rústico que terminó convertido en suelo residencial en el área de Valdemoro conocida como El Majuelo Norte.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/03/11/el_juez_punica_rechaza_imputar_representante_corte_ingles_sin_esperar_que_opine_fiscalia_104782_1012.html
PSOE Y ADADE INVOLUCRAN A EL CORTE INGLÉS EN UNA OPERACIÓN URBANÍSTICA INVESTIGADA EN 'PÚNICA'
Las dos acusaciones populares piden al juez García Castellón que llame a declarar a un exdirectivo de la firma por una recalificación urbanística que aseguró un pelotazo a uno de los socios de Granados La operación es una de las dos citadas por Anticorrupción como ejemplo de ilegalidad en su recurso contra el auto del juez que abre la puerta a enterrar por prescripción una parte de lo investigado en Púnica
Las dos acusaciones populares que en el caso Púnica ejercen la asociación de abogados Adade y el PSOE acaban de pedir la imputación del directivo que en nombre de El Corte Inglés participó en convenios privados y públicos que en 2004 condujeron a la recalificación de una bolsa de terrenos que la empresa poseía en Valdemoro. Es decir, en el municipio madrileño que fue el primer feudo político de Francisco Granados, cuya detención en octubre de 2014 marcó el estallido del caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Dos años después de que el suelo fuese recalificado para uso residencial, el Ayuntamiento adjudicó en 2006 parte de él de forma directa al empresario Ramiro Cid Sicluna. A través de su empresa Obras y Vías, Cid Sicluna se había comprometido con El Corte Inglés en 2001 a recalificar el suelo. A tenor de los hechos, lo consiguió. Cid Sicluna es quien, después, levantó en Valdemoro una mansión a gusto de Granados y que Anticorrupción considera un pago en especie para el político del PP, de quien –sostiene la Fiscalía– era socio oculto.
En un escrito presentado este jueves y al que ha tenido acceso infoLibre, Adade y el PSOE piden que declare como investigado un exdirectivo –su condición de ex la confirmaron a este periódico fuentes oficiales de El Corte Inglés–, cuya versión no ha podido recabar este periódico y que responde a las iniciales F.J.S. Según el escrito, F.J.S "figura como representante de Induyco o El Corte Inglés en varios documentos incorporados a la causa”. De "los indicios obrantes en la documentación incorporada", se concluye que le correspondió a él hacer "el seguimiento del proceso". Según estas dos acusaciones, F.J.S. fue quien recibió el informe técnico elaborado en febrero de 2002 por el arquitecto municipal de Valdemoro de aquella época –José Luis Navarro, imputado desde el primer momento– sobre la valoración de una “posible permuta” que finalmente se llevó a efecto. Este periódico ha contactado con los portavoces oficiales de El Corte Inglés para recabar su opinión, pero de momento no se han pronunciado.
El escrito involucra a otro alto directivo de la época, el histórico Juan Manuel de Mingo, aunque hace constar que la prensa informó en 2013 de su fallecimiento. "Solicitamos –dice el texto– se oficie al Registro Civil verificar si se trata de la misma persona y en función del resultado se decidirá".
La operación urbanística que sustenta la reclamación de Adade y el PSOE, que afecta al gigante español de la distribución, ya aparecía mencionada como ejemplo de ilegalidad urbanística en el demoledor recurso de la Fiscalía contra el auto donde García Castellón declaraba prescritos hechos anteriores a la aprobación del PGOU de 2004.
Ahora, Adade y el PSOE dan un paso más. Y de relevancia por cuanto involucra a una empresa de gran magnitud. Tras recordar una de las tesis centrales de la investigación de Púnica en lo que concierne a Valdemoro –que Granados y los que se considera sus socios secretos, David Marjaliza y Ramiro Cid Sicluna, se asociaron para gestionar el suelo de Valdemoro con prácticas "presuntamente delictivas"–, el escrito de las acusaciones añade lo siguiente: que "para la ejecución de sus planes [Granados, Marjaliza y Cid] entran en contacto con distintos participantes, entre los que se encontraría El Corte Inglés (bajo sus distintas denominaciones)". Y que "a fin de poder investigar con más detalle esta operación de Urbanismo de Valdemoro, solicitamos se cite a declarar como investigado, a quien en representación del grupo empresarial, actúa como representante de El Corte Inglés e Induyco".
Según Anticorrupción, es “incongruente” el cómputo temporal que el magistrado aplica para declarar que ya han transcurrido los 15 años de plazo a partir del cual los hechos prescriben para los delitos aquí investigados. Constituye un error, alegan las fiscales bajo el argumento de que García Castellón cuenta los plazos como si la instrucción judicial hubiese comenzado ahora y no en 2014.
En su recurso, la Fiscalía hace constar que no recibió el auto del juez hasta 10 días después de que fuese emitido y urge a la Sala a pronunciarse porque el tiempo corre en contra de la investigación: la instrucción debe finalizar, sin posibilidad de prórroga, el 6 de junio.
La operación bajo sospecha
La operación del Majuelo Norte se llevó a cabo con una enorme extensión de suelo rústico propiedad de El Corte Inglés que acabó en manos de uno de aquellos empresarios que tanto la Fiscalía como las acusaciones populares tienen por socios ocultos de Francisco Granados y que se cuenta entre los imputados: Ramiro Cid, quien luego levantó una mansión que la Fiscalía considera una "recompensa" al político que los investigados trataron de camuflar una vez que las obras de construcción salieron a la luz en 2009.
En su escrito, Adade y el PSOE trazan un resumen de en qué consistió aquella compleja operación, cimentada primero sobre un convenio entre El Corte Inglés y Obras y Vías SA, empresa de Ramiro Cid, y luego sobre otro firmado por la empresa que entonces presidía Isidoro Álvarez y el Ayuntamiento de Valdemoro.
El escrito detalla que todo comenzó con el convenio que en abril de 2001 suscribió El Corte Inglés con Obras y Vías. El acuerdo requería que se aprobase lo que se conoce como una modificación puntual del PGOU que entonces estaba en vigor, el de 2001. Y estipulaba que la empresa de Ramiro Cid asumía la obligación de gestionar el cambio de calificación del suelo de forma que se convirtiera en urbanizable sin gasto para El Corte Inglés. En contrapartida, Obras y Vías obtendría el 65% del aprovechamiento urbanístico.
El escrito de las acusaciones relata que la modificación puntual planteó problemas, con lo que a finales de ese año el entonces alcalde de Valdemoro decidió acometer los trámites “para formular un nuevo Plan General de Ordenación”. Una vez aprobado el nuevo PGOUen mayo de 2004, donde las fincas de El Corte Inglés en El Majuelo “ya figuraban como urbanizables y de uso residencial”, la empresa firma un contrato de venta de terreno con Obras y Vías: le transfiere la titularidad del 87,66% –relata el escrito– con el compromiso “de que el otro 12,34% se le entregará al Corte Inglés como 16.650 metros cuadrados de suelo para vivienda libre urbanizado”.
Y ahí entra en escena el segundo convenio: este entre El Corte Inglés, que quería suelo industrial, y el Ayuntamiento de Valdemoro.
De ese convenio ya había ofrecido detalles la Fiscalía en su recurso contra el citado auto del juez García Castellón que abre la puerta al cerrojazo de todo lo que relacionado con el urbanismo de Valdemoro.
Anticorrupción lo explicaba así: “El 14 de enero de 2003 el investigado Francisco Granados firmó un Convenio Urbanístico (…) con la empresa Induyco (Corte Inglés) por el cual el Ayuntamiento cedería determinadas fincas rústicas [las localizadas en el sector La Peluquera] pertenecientes al patrimonio público de suelo a cambio de 16.650 metros cuadrados edificables y urbanizados de uso residencial libre, que se decía en el protocolo que le corresponderían a Induyco en el sector El Majuelo, cuando todavía no se había aprobado definitivamente el PGOUV, que lo fue en mayo del 2004, ni estaba iniciada la ejecución del respectivo desarrollo urbanístico del sector”.
Es decir: el suelo que a raíz de ese convenio pasó a ser propiedad de El Corte Inglés en La Peluquera era en aquella fecha rústico y no industrial. Y, como relatan tanto la Fiscalía como Adade y el PSOE, aquellos 16.650 metros cuadrados edificables que a cambio cedió El Corte Inglés al municipio mediante aquel convenio de permuta acabó también en manos de Ramiro Cid mediante una adjudicación municipal directa efectuada en 2006. En su recurso, Anticorrupción ya subrayaba que aquella adjudicación directa implicó el "consiguiente perjuicio para las arcas del Ayuntamiento, que se vieron privadas de obtener mayores ingresos que podía haber ofrecido otro comprador" de haberse producido una venta por subasta.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/02/27/adade_psoe_involucran_corte_ingles_una_operacion_urbanistica_investigada_punica_104166_1012.html
EL PSOE PIDE IMPUTAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE EL CORTE INGLÉS EN UN PELOTAZO DE 'PÚNICA'
Una portavoz de la empresa asegura que la persona que encabezó la operación urbanística de Valdemoro bajo sospecha se desvinculó hace muchos años de la cadena de distribución
La representación legal del PSOE y de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) en el caso Púnica ha reclamado al juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que llame a declarar como investigado al empresario Faustino José S.A, quien fue el representante legal de El Corte Inglés en una operación urbanística bajo sospecha en Valdemoro (Madrid), según el escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Una portavoz de El Corte Inglés ha asegurado a Vozpópuli que la compañía no está bajo sospecha y que ni el juez ni la Fiscalía han reclamado información sobre la compraventa de terrenos en Valdemoro (Madrid), municipio considerado el epicentro de la trama Púnica. En el mismo sentido, la portavoz de la cadena de distribución destaca que la persona presuntamente implicada en los hechos no tiene vínculos con la compañía desde hace muchos años.
Sin embargo, el documento del PSOE, registrado en la Audiencia Nacional el pasado 20 de febrero y adelantado por infoLibre, destaca que El Corte Inglés se hizo con un suelo industrial para instalar su sede logística gracias a una permuta de terrenos aprobada por el Ayuntamiento de Valdemoro, controlado desde el Gobierno autonómico por el considerado por la Fiscalía anticorrupción como el cabecilla de la organización criminal, Francisco Granados.
Así, la cadena de distribución firmó el 27 de abril de 2001 un contrato con uno de los constructores imputados en la trama dirigida por Francisco Granados, por la que este se comprometía a realizar las gestiones necesarias para que el Ayuntamiento de Valdemoro tramitase una modificación urbanística y que unos terrenos rústicos fueran reclasificados como urbanizables.
Propuesta de Granados
Y tres meses después, el 24 de mayo de 2001, Granados propuso al Pleno del Ayuntamiento este cambio. Y lo hizo en los mismos términos que habían acordado El Corte Inglés y el mencionado empresario de la trama, según denuncia el PSOE. Este cambio fue aprobado gracias a los votos del grupo municipal del PP, que tenía mayoría absoluta en el Consistorio.
A finales de 2001, el PP de Valdemoro, con Granados como alcalde, inició los trámites para crear un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que fue aprobado en mayo de 2004: "Este nuevo plan libera las limitaciones en cuanto a calificación del suelo del Plan General y les permite así poder desarrollar una actividad presuntamente delictiva y generadora de cuantiosos ingresos económicos en muchos casos a costa de las arcas del propio Ayuntamiento", concluye el escrito del PSOE, que especifica que el terreno de El Corte Inglés se benefició del nuevo Plan General.
Y para dejar cerrada la operación Granados firmó un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y una filial de la cadena de distribución "en el que diseña y formaliza la permuta que tendrá lugar en diciembre de 2004", prosigue el relato de los hechos de la abogada de la acusación popular.
Otro alcalde
El 29 de diciembre de 2004 el alcalde que sucedió a Granados en Valdemoro, José Miguel Moreno Torres, también del PP, firmó la permuta de terrenos por la que El Corte Inglés se hacía con la propiedad de 188.775 metros cuadrados de suelo industrial en el polígono La Peluquera, para instalar su sede logística.
Sin embargo, la modificación de la calificación de esta finca fue declarada nula en 2015 por el Tribunal Supremo, ya que la misma había sido clasificada como suelo no urbanizable de especial protección por sus valores paisajísticos, forestales y agrícolas, destaca la letrada del PSOE, que reclama la imputación del representante legal de El Corte Inglés en la operativa.
"A fin de poder investigar con más detalle esta operación de Urbanismo de Valdemoro, solicitamos se cite a declarar como investigado, a quien en representación del grupo empresarial actúa como representante de El Corte Inglés e Induyco", concluye el escrito dirigido al juez García Castellón.
Además, los socialistas reclaman al instructor que investigue en el Registro de la Propiedad el nombre de "todas las propiedades que figuran o figuraron durante el periodo investigado a nombre de El Corte Inglés SA o de cualquier sociedad que forme parte del grupo, o a nombre de su representante en estas operaciones".
https://www.vozpopuli.com/politica/PSOE-representante-Corte-Ingles-Punica_0_1331267932.html
LA INVESTIGACIÓN DE 'PÚNICA' SE ACERCA A SU FIN CON UNA BRECHA CADA VEZ MÁS PROFUNDA ENTRE EL JUEZ Y ANTICORRUPCIÓN
El magistrado vuelve a decretar el sobreseimiento para el expresidente de Murcia
En enero abrió la puerta a enterrar parte del caso con un auto que considera prescritos los hechos anteriores a 2004 en el urbanismo de Valdemoro, antiguo feudo de Granados
La Fiscalía guarda silencio pero recurre a contrarreloj con la inquietud de que quede coja la investigación, cuyo plazo expira en junio sin posibilidad de prórroga
"Causa urgente. Plazo máximo instrucción". Un telegrama conciso que evoca un SOS. Así suena el encabezamiento del recurso de Anticorrupción contra el auto con que el juez Manuel García Castellón activó en enero las alarmas de la fiscalía especializada al denegar unas nuevas diligencias de prueba en la Operación Púnica. Lo hizo, y eso es lo que desató la enorme inquietud que refleja el recurso, con el argumento de que han prescrito todos los hechos anteriores a 2004 y relacionados con el urbanismo de Valdemoro. Es decir, el primer feudo de quien en los inicios de la causa –octubre de 2014– fue su protagonista principal y, antes de eso, número 2 del PP madrileño y consejero de Presidencia, Interior y Justicia hasta 2011, Francisco Granados. Valdemoro es asimismo escenario de un extenso capítulo en esta historia de (supuesta) corrupción y financiación ilegal que ha convertido en imputados a tres expresidentes madrileños –Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes– y que hasta el viernes incluía también en la categoría de investigados a otro expresidente: el de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, a quien García Castellón acaba de desimputar por segunda vez.
Con menos de cuatro meses por delante dado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) aprobada bajo el Gobierno del PP obliga a cerrar la instrucción de Púnica el próximo 6 de junio, la Fiscalía guarda silencio. Pero sus sucesivos recursos contra decisiones de García Castellón y el demoledor lenguaje con que rebate sus argumentos operan como un sismógrafo donde una aguja de movimiento sincopado confirma que la brecha es cada vez más profunda en el caso Púnica. En los últimos nueve meses, los hitos que han hecho aflorar las diferencias entre el ministerio público y el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional se elevan ya a tres. Y algunas fuentes diagnostican que la lista no debe darse por cerrada. Para el cierre de las investigaciones, García Castellón había fijado un plazo muy superior (30 de marzo de 2022) pero la Sala de lo Penal de la Audiencia lo acortó de manera drástica en abril de 2019 sin posibilidad de prórroga.
Abierto y, según personas próximas, pragmático en cuanto a qué cosas da tiempo a terminar y cuáles han de quedar en el camino, García Castellón regresó de manera sorpresiva en junio de 2017 a la Audiencia Nacional, de la que llevaba ausente 16 años. Juez de enlace en París entre 2000 y 2012 tras un nombramiento propuesto por el Gobierno de Aznar y refrendado luego por el de Zapatero, el magistrado saltó a ese mismo puesto en Roma el primer año de mandato de Mariano Rajoy. Su vuelta a Madrid en junio de 2017, sorpresiva en tanto que juez de enlace se inscribe en el cupo de puestos codiciados, le colocó al frente de los mayores casos de corrupción del momento: Púnica, Lezo y Tándem. O lo que es lo mismo, el caso Villarejo, una de cuyas piezas –Kitchen, nucleada en torno al espionaje a que en 2013 fue sometido Luis Bárcenas con el objeto de impedir que conservase documentos incriminatorios para el PP– compromete como los dos anteriores a la principal formación conservadora del país.
Desde agosto de 2017, el juzgado de instrucción central 6 ha dispuesto de un juez de refuerzo: Diego de Egea, que cesó en esa comisión de servicio en diciembre de 2018. En febrero de 2019, lo sustituyó en esa plaza Alejandro Abascal. Y ya en enero de este año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre un segundo juez de refuerzo para trabajar con García Castellón y Abascal, el magistrado Joaquín de Gadea. El juzgado 6 también instruye otros asuntos relevantes de alcance político como el de los independentistas del caso de los Comités de Defensa de la República, CDR. O el caso Acuamed, que en enero de 2016 saltó con el arresto de 13 personas por corrupción, entre ellas varios cargos dependientes del Ministerio de Agricultura.
De las tres causas de corrupción, es Púnica la que con mayor claridad muestra una dimensión política, máxime desde que se investiga formalmente la financiación del PP madrileño. No obstante, Tándem se le va aproximando no solo por el puente que tiende entre el espionaje a Bárcenas y el futuro juicio sobre la caja B del PP sino por las últimas declaraciones de Eugenio Pino, antiguo número dos de la Policía, otorgando a Mariano Rajoy y a su ministro del Interior Jorge Fernández Díaz un papel relevante en el carácter intocable que durante años mantuvo el comisario José Manuel Villarejo, aunque ya lo había sido bajo los gobiernos socialistas.
Un auto que la fiscalía recibió después que las defensas
El recurso contra la denegación de pruebas en el caso Púnica sobre operaciones urbanísticas en Valdemoro que Anticorrupción coloca bajo sospecha –una de ellas afecta a El Corte Inglés, la imputación de uno de cuyos exdirectivos pidieron el jueves las acusaciones populares que ejercen el PSOE y la asociación de abogados Adade– incorpora un dato que dispara de nuevo el sismógrafo: las fiscales del caso, Carmen García y Teresa Gálvez, abren el texto de su impugnación haciendo constar que el auto les fue "notificado por fax" el 24 de enero. O sea, 10 días después de que lo dictase el juez.
Entre esas dos fechas se encuadra el lunes 20 de enero un episodio que distintos abogados que lo presenciaron describen como prueba de que la relación ha empeorado: ese día debía declarar como testigo-perito una funcionaria de Valdemoro para explicar algunos puntos complejos de la actividad urbanística desarrollada con Francisco Granados como alcalde o con su sucesor. Pero, aplicando la lógica de las defensas y con una euforia que no ocultó luego, el abogado de Granados, Javier Vasallo, enarboló con rapidez el auto del día 14 para alegar que si los hechos estaban prescritos no cabía admitir que nadie declarase sobre ellos. Distintos juristas narran que, a diferencia de otras partes, que lo habían recibido el viernes, las fiscales del caso ni siquiera conocían ese auto.
El juez, quien según fuentes jurídicas cree ajustadísima y escrupulosa su postura sobre los plazos de prescripción, aceptó en contra de la Fiscalía la solicitud del letrado Vasallo y suspendió sobre la marcha aquella comparecencia. Quedó así en el aire y en una fase de espera incierta la declaración de la testigo, clave para desenmarañar el laberinto de cesiones, recalificaciones y modificaciones normativas que enriquecieron a quienes las acusaciones consideran socios ocultos de Granados. Y al mismo político cuya tenencia de una cuenta millonaria en Suiza se sitúa en el origen de la investigación judicial.
El recurso que de inmediato interpuso la Fiscalía carga contra García Castellón porque "vulnera" –dice el texto– su derecho a la tutela judicial efectiva con una resolución "incongruente" e incurre "en un error manifiesto" al considerar prescritos hechos anteriores a 2004 como si la investigación hubiese comenzado ahora y no en junio de 2014. La Fiscalía cimenta esa afirmación en que es a partir de 2014 y no del 14 de enero de 2020 cuando deben contarse hacia atrás los 15 años a partir de los cuales prescriben los delitos más graves investigados en Púnica.
Pedro Antonio Sánchez emerge y se sumerge como el guadiana
Pero la aparición de lo que distintos juristas personados en la causa observan como una fractura entre las dos partes que suelen comandar al unísono una investigación ya se hizo notar cuando García Castellón desimputó por primera vez al político murciano. Ocurrió en abril de 2019 con un auto que luego tumbó de plano –lo declaró nulo– la Sección Cuarta de la Sala Penal de la Audiencia mediante una resolución cuyo contenido puede resumirse así: que el juez había exonerado de culpa a Pedro Antonio Sánchez sin dar ninguna explicación sobre qué le había conducido a cambiar de criterio. Ahora, el magistrado vuelve a sobreseer asegurando que "de las diligencias no se infieren suficientes indicios como para mantener la imputación contra el Sr. Pedro Antonio Sánchez, al no haber resultado debidamente acreditada la comisión de delito alguno por él". Según las fuentes consultadas por este periódico, Anticorrupción y las acusaciones populares plantearán de nuevo sendos recursos.
La imputación se sustentó desde su comienzo en indicios que, según la Fiscalía, destapan cómo la Consejería de Educación de Murcia habría alcanzado en 2014 un pacto ilegal con el conseguidor Alejandro de Pedro para que su empresa Eico mejorase con dinero público la imagen en internet del entonces consejero, Pedro Antonio Sánchez. El contrato no llegó a firmarse una vez estalló el caso Púnica el 27 de octubre de 2014. El juez entiende que ni el "Informe Preventa Pedro Antonio Sánchez" incautado a Eico ni las supuestas reuniones en las que habría participado el político -no hay "constancia documental" de ellas, dice el auto– ni las llamadas intervenidas donde De Pedro y otro de los imputados hablan del asunto llenan lo que califica como "el más absoluto vacío indiciario". Pero añade algo más que abre dudas sobre otros imputados por los trabajos de reputación online que fueron financiados con dinero público. Y lo que dice es esto: "Aun en el caso hipotético de que el Consejero pudiese haber encargado estos trabajos, ¿sería esto constitutivo de infracción penal?".
La situación procesal de Sánchez recuerda a ese Guadiana legendario que aflora y se sumerge por tramos. Tanto que constituye un trabajo casi de excavación arqueológica localizar la secuencia completa de autos que le conciernen, autos cuyo amontonamiento ha jugado en contra de la celeridad en la pieza sobre los (supuestos) delitos perpetrados por la trama Púnica en Murcia. Y en detrimento también, claro, de la causa en general. Por resumir, todo empezó en febrero de 2017, cuando la Fiscalía General del Estado, a cuyo frente se encontraba José Manuel Maza, ordenó a Anticorrupción que se opusiera a la imputación de Sánchez. Pero aquella orden, cumplida por la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, ante la negativa de las fiscales del caso, Carmen García y Teresa Gálvez, no evitó que el juez que entonces instruía Púnica, Eloy Velasco, hiciera lo que entendió correcto: pedir en abril de aquel año la imputación de Sánchez al TSJ de Murcia, ante el que el político gozaba de aforamiento por cuanto todavía era presidente de la Región.
Dado que a raíz de aquello dimitió y perdió por tanto su aforamiento, Sánchez se reincorporó a la lista de investigados por la Audiencia Nacional. Y un año después, en julio de 2018, García Castellón dictó un "auto de incoación de procedimiento abreviado" en el que se produjo un error en sentido literal: el expresidente murciano no aparecía entre los investigados. La Fiscalía y la acusación popular dieron la voz de alerta sobre el olvido, recurrieron y García Castellón elaboró otro auto. Este, dos meses más tarde, en septiembre de aquel año.
El nombre de Pedro Antonio Sánchez emergía así de nuevo. Pero de manera efímera: en octubre de aquel año, el Supremo archivó la imputación que pesaba por hechos muy similares a la senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro. En su auto, la instructora de la investigación sobre Barreiro, la magistrada del denominado sector progresista Ana Ferrer, afirmaba esto: "No hay sospechas de corrupción contra la investigada". La resolución señalaba que existía una "precariedad de los indicios" acumulados para justificar que Pilar Barreiro usara durante su etapa como alcaldesa dinero de las consejerías murcianas para abonar los servicios de reputación online concertados con el ya citado conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro.
Fue ese auto exculpatorio el que García Castellón usó como soporte para otro, dictado en abril de 2019, donde archivó las diligencias en lo que a Pedro Antonio Sánchez se refiere. Fue esa resolución la que en octubre anuló la Sala de lo Penal de la Audiencia con un auto que asesta un mazazo al magistrado. Porque, "de manera incomprensible" –dice el tribunal– sobreseyó las actuaciones contra el expresidente murciano sin explicar su cambio de criterio. La resolución emplazaba a García Castellón a dictar una nueva resolución donde venía obligado a aportar razones "claras y precisas" si seguía entendiendo que el político no delinquió al concertar con el conseguidor de Púnica.
Del perfil del expresidente de Indra a la sombra de Aguirre
Ese nuevo auto es el que vio la luz el viernes. De nuevo, será la Sección Cuarta de lo Penal la que dirima esa especie de litigio entre el juez y la Fiscalía donde falta aún un tercer hito, este de menor calado y proyección mediática aunque de consecuencias todavía imprevisibles: la desimputación del expresidente de Indra y actual presidente no ejecutivo del Grupo Prisa, Javier Monzón.
Dictada el 13 de enero, víspera del auto de denegación de pruebas sobre el urbanismo de Valdemoro, la resolución sobre Monzón se basa en una línea argumental muy parecida a la que ahora exculpa a Pedro Antonio Sánchez: que no hay ni pruebas ni indicios que señalen a Monzón como “autor, cómplice o encubridor” del supuesto desvío de fondos públicos que, mediante contratos de la agencia madrileña ICM con el gigante tecnológico, se produjo para financiar ilegalmente las campañas electorales del PP madrileño. Con el mantenimiento de la imputación al expresidente de Indra –añade el auto– "validaríamos el principio de culpabilidad del presidente de la empresa por los delitos cometidos en el seno de la sociedad por los trabajadores de la misma, extremos estos descartados unánimemente por la jurisprudencia de nuestro TS [Tribunal Supremo]". Y algo más: que "no existe acto o norma alguna" que determine que corresponde al presidente de la compañía el deber de "supervisión, vigilancia y control".
La Fiscalía ya ha recurrido. Y en su escrito lanza un dardo contra García Castellón: "Nos llama poderosamente la atención los razonamientos que el Instructor utiliza para sobreseer las actuaciones (...) ya que van dirigidos a desmontar los que fueron sus propios argumentos de imputación (...) y, en concreto, los referentes al deber de vigilancia y control del presidente de la compañía, que los valoró como indicio de que, como poco, tuvo que estar al tanto de unas hechos graves, que desviaron ingentes fondos públicos del presupuesto de ICM".
Aunque procesalmente no es obligatorio, Esperanza Aguirre ha respaldado la desimputación de Monzón con un escrito de su defensa. La entrega de ese escrito ensancha el diámetro de uno de los principales interrogantes de Púnica: si la expresidenta más poderosa de la Comunidad de Madrid, durante años lideresa del PP en esa comunidad, culminará el camino hacia el banquillo o si, como Javier Monzón, quedará exonerada con el argumento de que, si los hubo, los cometieron sus subordinados sin que ella misma y por usar la terminología que emplea a Anticorrupción, estuviese al tanto.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/02/26/la_investigacion_punica_acerca_fin_con_una_brecha_cada_vez_mas_profunda_entre_juez_anticorrupcion_104244_1012.html
EL AUTO DEL JUEZ QUE DA CERROJAZO A INVESTIGAR LOS PELOTAZOS URBANÍSTICOS DE 'PÚNICA' PONE EN PIE DE GUERRA A ANTICORRUPCIÓN
La Fiscalía formula un durísimo recurso donde sostiene que, a falta de meses para el fin de la instrucción, García Castellón "vulnera" su derecho a la tutela judicial efectiva con una resolución "incongruente"
El escrito reprocha al magistrado que incurra "en un error manifiesto" al considerar prescritos hechos anteriores a 2004 como si la investigación hubiese comenzado ahora y no en junio de 2014
A menos de seis meses de que finalice el plazo para terminar de instruir la Operación Púnica, la negativa del juez Manuel García Castellón a requerir documentos sobre operaciones urbanísticas que depararon a la trama auténticos pelotazos ha puesto en pie de guerra a Anticorrupción. En un durísimo recurso al que ha tenido acceso infoLibre, la Fiscalía sostiene que el auto con que el juez deniega en bloque las últimas diligencias pedidas le provoca "indefensión" y "vulnera" su derecho a la tutela judicial efectiva. Fechado el 14 de enero, el auto ahora sujeto a recurso fue recibido con euforia por la defensa de Francisco Granados. "Es jurídicamente impecable y demuestra la independencia plena del Poder Judicial", aseguró su abogado, Javier Vasallo, en declaraciones a este periódico.
Su resolución, dice el texto, es "incongruente" porque "incurre en un error manifiesto" al considerar prescritos hechos anteriores a la aprobación del PGOU de 2004 como si la investigación judicial hubiese comenzado ahora y no el 18 de junio de 2014. Fue en esa fecha, recalca el recurso, cuando quedó interrumpida la prescripción. Y aduce la Fiscalía que es a partir de ahí y no del 14 de enero de 2020 –el día en que vio la luz el auto– cuando deben contarse hacia atrás los 15 años a partir de los cuales prescriben los delitos más graves de la panoplia investigada en Púnica. "Sin embargo –añade el texto de las fiscales, lleno de aristas escasamente disfrazadas– es otra la conclusión a la que llega el Instructor, por lo que hay que pensar ha sido un error al realizar el cómputo del plazo, ya que considera que han transcurrido más de 15 años desde la comisión de los delitos".
Las dos fiscales del caso, que según su escrito obtuvieron el auto –"notificado por fax", dice de manera enigmática– 10 días después de que el titular del juzgado central de instrucción número 6 lo hubiese dictado, remiten directamente su recurso a la Sala de lo Penal, a la que casi imploran que resuelva rápido porque el tiempo corre en contra. "El dictado de este Auto –escriben Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez– motiva la interposición de un recurso cuya preparación, y resolución por la Sala, recorta el tiempo del que se dispone para concluir una instrucción, que es extremadamente compleja".
Al juez, a quien "se le supone conocedor de los hechos que se llevan investigando desde el año 2014", le lanza más dardos la Fiscalía. Por ejemplo, este: "Recordemos también al Instructor que tiene a un perito del catastro desde el año 2016 trabajando con un objeto pericial relativo a las actuaciones que se llevaron a cabo en el Ayuntamiento de Valdemoro desde el año 1999, entre ellas la revisión del PGOUV [elPGOU de Valdemoro]". Y 1999 –a eso se refiere el pasaje anterior– sería uno de los años en los que todo estaría ya prescrito.
Un detallado anexo con dos operaciones
Las operaciones urbanísticas en relación a las cuales había solicitado nuevas diligencias documentales la Fiscalía se localizaron todas en el municipio madrileño de Valdemoro, feudo de quien hasta la imputación de Esperanza Aguirre aparecía como el principal protagonista del caso: Francisco Granados, primero alcalde de Valdemoro y luego número dos del PP regional y consejero en los Gobiernos de Aguirre hasta 2011.
El recurso, que va directamente a la Sala Penal, incorpora un anexo con un detalladísimo relato de dos de esas operaciones. La primera, conocida con el nombre de su emplazamiento, Majuelo Norte, se llevó a cabo con una enorme extensión de suelo rústico propiedad de El Corte Inglés que acabó en manos de uno de aquellos empresarios que la acusación tiene por socios clandestinos de Granados y que se cuenta entre los imputados de primera hora: Ramiro Cid, quien luego levantó una mansión que la Fiscalía considera una "recompensa" al político que los imputados trataron de camuflar una vez que las obras de construcción salieron a la luz en 2009.
La segunda operación desgranada en el anexo se situaba en el sector de Valdemoro conocido como El Espartal: ahí, relata la Fiscalía, se vio involucrada Arpegio, la empresa pública de la Comunidad de Madrid que las acusaciones señalan como el gran feudo autonómico de Granados. También se vio beneficiado David Marjaliza, otro de los socios ocultos de Granados y hoy el gran arrepentido de la causa.
Esta no es la primera vez que Anticorrupción impugna resoluciones del juez García Castellón en Púnica. Hace un año, recurrió el auto que decretaba el archivo de la imputación contra el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez. En octubre, la Sala de lo Penal de la Audiencia tumbó el auto al declararlo directamente nulo. En su resolución, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia no solo dio la razón a la Fiscalía y las acusaciones populares sino que colocó al magistrado en una posición complicada. García Castellón, que "de manera incomprensible" –dijo el tribunal– sobreseyó las actuaciones contra el exlíder murciano del PP sin explicar por qué había cambiado de criterio, quedaba obligado a partir de ese momento a dictar una nueva resolución. Y esa resolución debe incluir razones "claras y precisas" si sigue entendiendo que el político no delinquió al concertar con el conseguidor de Púnica, Alejandro de Pedro, trabajos para lavar en internet su imagen con dinero público en la campaña electoral de 2015.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/01/31/el_auto_del_juez_que_cerrojazo_investigar_pelotazos_urbanisticos_punica_pone_pie_guerra_anticorrupcion_103448_1012.html
LA FISCALÍA CRITICA AL JUEZ POR RECHAZAR PESQUISAS SOBRE GRANADOS
El instructor del ‘caso Púnica’ descartó pedir nuevos datos sobre irregularidades urbanísticas al considerar estas prescritas
Las dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Púnica, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez Díez, han lanzado un duro ataque contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón por la decisión de este de rechazar la práctica de nuevas diligencias sobre las supuestas irregularidades urbanísticas cometidas por el exconsejero Francisco Granados en Valdemoro, donde fue alcalde, al considerar que los delitos que se investigaban han prescritos. En el recurso que ha presentado a esta decisión, las dos fiscales acusan a García-Castellón de incurrir en un “error manifiesto” y de caer en una “incongruencia” que se repite en las últimas decisiones que ha tomado. Para Anticorrupción, el auto en el que juez rechaza las nuevas pesquisas sobre Granados “deja la causa en una situación de total inseguridad jurídica” que la pone en peligro una de las piezas del sumario y alerta que además se produce cuando quedan solo “unos meses” para que se cumplan el plazo legal para concluir la instrucción del caso Púnica, previsto para junio de este año.
La reacción de la fiscalía se produce después de que el magistrado dictara el 14 de enero un auto en el que rechazaba practicar unas diligencias sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el Ayuntamiento de Valdemoro, del PP, aprobó en mayo de 2004, cuando Granados ya era consejero pero supuestamente mantenía el control del consistorio gobernado por el PP. Según la investigación de la Guardia Civil, este plan tuvo presuntamente como objetivo favorecer al político y a los empresarios Ramiro Cid y David Marjaliza —ambos imputados también en la causa— con la recalificación de terrenos de su propiedad en plena burbuja urbanística. Ambos constructores habían adquiridos fincas por 37 euros el metro cuadrado que, tras la aprobación del PGOU, pasaron a valer 942 euros.
Sin embargo, el juez consideraba en su auto que los posibles delitos cometidos en la aprobación de aquel plan han prescrito al haber transcurridos más de 15 años. Además, criticaba que las pruebas solicitadas por Anticorrupción eran demasiado genéricas y, en su opinión, pretendía iniciar una investigación “prospectiva”, sin un objetivo concreto.
La respuesta de la fiscalía, en forma de recurso de apelación, llegó a la Audiencia Nacional el pasado lunes. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Anticorrupción rechaza tanto la supuesta prescripción como la improcedencia de las diligencias solicitadas. Así, destaca que la aprobación del PGOU bajo sospecha no es un hecho aislado, sino que está conectada con “otra serie de actuaciones delictivas que antecedieron y siguieron en años posteriores a dicha aprobación”. Para la Fiscalía todos estos hechos “obedecieron a un solo plan” que puso en marcha Granados al acceder a la alcaldía de la localidad: “La estrategia estuvo dirigida a repartir entre los empresarios implicados el suelo de Valdemoro y enriquecerse todos con las plusvalías de los desarrollos urbanísticos contenidos en el PGOU del 2004 [...] en un expolio con pocos precedentes”.
Según el criterio de las fiscales, la “organización criminal” presuntamente encabezada por el exconsejero del PP “planificó unas actuaciones que se realizarían de forma continuada en el tiempo, lo que impide la prescripción” de los delitos de fraude, malversación, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias que, entre otros, consideran que se cometieron en la aprobación del plan. Para Anticorrupción, el plazo para determinar el fin de la responsabilidad no sería, por tanto, el momento en el que se produjo el supuesto fraude del plan urbanístico, mayo de 2004, sino el día que se realizó la última infracción ligada a estos hechos. En este sentido, recuerda que parte de los supuestos beneficios fueron ocultados por los implicados en cuentas en Suiza, desde la que se repatriaron a España en 2013. En el caso de Granados, recuerda también que en 2015, cuando el exconsejero del PP ya estaba encarcelado por el caso Púnica, se descubrió en el domicilio de sus suegros un maletín que ocultaba cerca de un millón de euros.
Conseguir pruebas
En su recurso, las fiscales también niegan que las diligencias sean para investigar hechos nuevos y recalca que el objetivo es “conseguir los medios de prueba necesarios para poder esclarecer y probar los hechos que se investigan en la pieza de urbanismo, determinar las responsabilidades penales y concretar el capital que indiciariamente fue malversado por la trama y la ganancia ilícita que les ha generado”. En este sentido, recuerda que uno de los empresarios, Marjaliza —que colabora con la justicia desde el verano de 2015— confesó en la Audiencia Nacional que por cada piso que construyó en los terrenos recalificados pagó una comisión a los políticos hasta los 6.000 euros.
Además, la Fiscalía achaca incongruencia al juez al considerar prescritos unos hechos para los que, sin embargo, tenía acordada para el pasado 20 de enero, casi un mes después de su auto, la toma de declaración como testigo de un responsable de Urbanismo del Ayuntamiento. También le recuerda que ha seguido admitiendo la práctica de diligencias solicitadas por la defensa de Granados por los mismos hechos y que aún está pendiente que dos peritos entreguen los informes que el propio magistrado encargó sobre estas operaciones bajo sospecha.
https://elpais.com/ccaa/2020/01/30/madrid/1580401451_000324.html
EL JUEZ VUELVE A SACAR A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ DEL CASO PÚNICA
Ha archivado la causa de corrupción al no apreciar indicios de delito en su actuación
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha vuelto a archivar la causa seguida contra el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez en el marco del caso de corrupción conocido como Púnica al no apreciar indicios de delito en su actuación.
Así lo acuerda el magistrado en un auto en el que acuerda el sobreseimiento de las actuaciones seguidas en el marco del caso Púnica contra Pedro Antonio Sánchez y otras siete personas, aunque acuerda continuar el procedimiento respecto a nueve investigados.
El pasado 16 de octubre la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional volvió a imputar en el caso Púnica a Pedro Antonio Sánchez, al estimar un recurso del PSOE contra el archivo de la causa contra él por usar presuntamente dinero público para pagar contratos otorgados a la trama corrupta para mejorar su imagen.
La Sala entendió que el juez instructor no justificó las razones por las que consideraba que no había indicios de delito contra él.
El juez explica en el auto que esta pieza del caso Púnica tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos relativos a la planificación, proceso de adjudicación y ejecución por parte diversas instituciones públicas de la Región de Murcia de contratos de servicios en favor de sociedades vinculadas con el investigado Alejandro de Pedro Llorca, el presunto "conseguidor" de la trama.
Pedro Antonio Sánchez sigue imputado en este momento por los casos Auditorio y Guardería por actuaciones que realizó cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. Ha sido absuelto en el caso Pasarelas por la contratación de obras en dicho municipio.
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/02/20/juez-vuelve-sacar-pedro-antonio/1093001.html
EL JUEZ DE 'PÚNICA' ABRE LA PUERTA A ENTERRAR POR PRESCRIPCIÓN PARTE DEL CASO
La defensa del exconsejero Granados recibe con euforia el auto de García Castellón que deniega a la Fiscalía documentos urbanísticos de Valdemoro porque se refieren a años anteriores a 2004
"Es jurídicamente impecable y demuestra la independencia plena del Poder Judicial", dice su letrado cuando faltan solo seis meses para que permanezca abierta la investigación judicial
La entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, escucha un comentario que le hace al oido el consejero de Presidencia, Francisco Granados, en un acto de partido en 2010.
Francisco Granados hace un comentario al oído a Esperanza Aguirre. La foto fue tomada en 2010, cuatro años antes de que estallase 'Púnica' EFE
Manuel García Castellón, el juez que en la Audiencia Nacional instruye la Operación Púnica, acaba de abrir la puerta al archivo de una parte relevante del caso. En un auto recibido con euforia por la defensa de Francisco Granados, antiguo número 2 del PP madrileño con Esperanza Aguirre, el magistrado deniega las pruebas solicitadas por Anticorrupción para recabar documentos urbanísticos del municipio de Valdemoro anteriores a mayo de 2004, mes en que se aprobó su PGOU. El instructor lo hace con el argumento de que, dado que ninguna de las penas previstas en Púnica excede de los 15 años, "se trataría de hechos que, en este momento, se encontrarían ya afectados por el instituto de prescripción". Valdemoro está considerado por los investigadores como el gran feudo inicial político y de negocios turbios que utilizó Granados, que fue alcalde de la localidad antes de saltar al Gobierno de Madrid en 2003.
Tanto la Fiscalía como la acusación popular coordinada por la asociación de abogados Adade recurrirán de inmediato el auto, dictado el pasado día 14. Pero el primer efecto de que el juez lo haya dictado llegó este mismo lunes: a petición de la defensa de Granados, el magistrado suspendió sobre la marcha la declaración largamente esperada de una testigo-perito que debía ofrecer detalles sobre cómo se había fraguado el desarrollo urbanístico de Valdemoro.
El letrado de Granados, Javier Vasallo, reclamó la suspensión alegando que, en aplicación del auto, nadie puede prestar testimonio sobre hechos que, según el auto del juez instructor, ya habrían prescrito. El letrado, que elogió en la misma sala y en presencia de todas las partes la decisión del magistrado, considera que la pieza de Púnica sobre Valdemoro se cerrará en aplicación del auto. ¿La clave? "Que todo lo que afecta al PGOU aprobado en mayo de 2004 está prescrito". Vasallo considera "jurídicamente impecable" el auto. "Con resoluciones de este tipo el Poder Judicial demuestra su plena independencia", agregó el letrado en conversación con infoLibre. Y se prepara para pedir el cierre de la pieza de Valdemoro y de otras donde el año 2004 adquiera protagonismo. Granados –se queja su abogado, pero las acusaciones discrepan radicalmente del diagnóstico– estuvo dos años y ocho meses en la cárcel por hechos que el juez cree ahora prescritos.
Las acusaciones esperaban que la testigo citada para esta lunes pudiera, por ejemplo, ofrecer datos sobre el cambio de uso de enormes superficies de terreno cuyo uso pasó de rústico a urbanizable y acabaron en puso en poder de empresas dominadas por socios de Granados. Según los investigadores, los pelotazos urbanísticos reportaron 700 millones a las empresas de quienes la causa considera dos de los principales socios clandestinos locales de Granados: el ahora arrepentido David Marjaliza y el constructor Ramiro Cid Sicluna.
El auto llega más lejos al afirmar lo siguiente sobre la petición rechazada a la Fiscalía: "Sin perjuicio de lo anterior, a mayor abundamiento, debe advertirse que, atendido al carácter genérico de las solicitudes, las mismas podrían dar lugar a una suerte de prospección general incompatible con los fines de la investigación". Pero fuentes jurídicas consultadas por este periódico aseguran que lo que buscaba la Fiscalía no era ampliar hacia atrás el espectro de personas y hechos investigados sino documentar de manera fehaciente cuál había sido la ruta delictiva seguida para la aprobación el PGOU de Valdemoro. Conocer lo que sucedió antes de un delito ayuda a comprender cómo se llevó a cabo, añaden las fuentes.
Por decisión de la Sección Cuarta de lo Penal, el plazo para la instrucción de Púnica expira el próximo 6 de junio y no el 30 de marzo de 2022, que era lo inicialmente previsto por García Castellón. Impuesta por la reforma legal que introdujo en 2015 el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, la reducción del plazo obliga a los investigadores a ir contrarreloj. Y coloca a las acusaciones en una complicada tesitura por cuanto ese reloj que avanza hacia junio dificulta recabar nuevas pruebas para sentar en el banquillo a los imputados. En la abultada lista –comenzó con medio centenar– aparecen figuras políticas de gran nivel como los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Los tres permanecen como investigados por la presunta financiación ilegal del PP madrileño.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/01/21/el_juez_punica_abre_puerta_enterrar_por_prescripcion_parte_del_caso_103058_1012.html
ARCHIVADA LA INVESTIGACIÓN AL EXPRESIDENTE DE INDRA POR PAGOS AL PP DE MADRID
El juez de la Audiencia Nacional considera que no hay indicios de que Javier Monzón sufragara gastos de la formación a cambio de desvío de fondos a su favor
El juez del caso Púnica ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa contra el expresidente de Indra Javier Monzón en relación con los supuestos pagos que la impresa hizo para financiar al PP de Madrid al considerar que no hay indicio alguno de que los conociera ni interviniera en los mismos.
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado ese archivo en un auto dictado este lunes, al que ha tenido acceso Efe, dentro de la parte de la investigación que afecta a Indra por el desvío de fondos de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) a su favor a partir de 2007 a cambio de sufragar gastos del PP madrileño.
El juez, en contra del criterio mostrado por el fiscal en su momento, sostiene que el análisis de la prueba documental permite concluir que no existe ninguna norma que determine que el presidente de la empresa debía controlar y supervisar ese tipo de cuestiones.
Porque, según García-Castellón, eso implicaría que se le pudiera imputar cualquier hecho delictivo que se hubiera cometido en cualquier ámbito de negocio de Indra, que tiene más de 40.000 empleados en 50 países, con facturaciones superiores a los 2.000 millones de euros en los años analizados.
Y los contratos analizados, si bien pueden presentar indicios de delito, superan los dos millones de euros, “una cantidad que por sí sola escapa de todo control del presidente de la compañía”.
Se mantiene la imputación de la empresa como persona jurídica
Respecto a las declaraciones realizadas en sede judicial, el juez subraya que no sólo “no existe indicio alguno” de que conociera los hechos, sino que ninguno de los investigados ha aludido a interlocución, interferencia o interés por parte de Monzón o haber hablado con él sobre este asunto.
Se mantiene la imputación de la empresa como persona jurídica, pero “no es procedente ni adecuado” trasladar esa responsabilidad “a la persona física”.
Por todo ello, concluye que no existe “indicio alguno del conocimiento de los hechos investigados” por parte de Monzón “ni de intervención en los mismos, ni de forma directa ni indirecta, al escapar además de su ámbito competencial”.
Y mantener la imputación sería contrario al principio de culpabilidad y de la presunción de inocencia, pues se validaría “el principio de culpabilidad del presidente de la empresa por los delitos cometidos en el seno de la sociedad por los trabajadores de la misma”.
Hasta el momento, el juez planteaba que Indra, “con la participación activa” de varios directivos, entre ellos Monzón, se convirtió “en la caja pagadora de servicios electorales prestados encubiertamente” al partido, de sus deudas o las de sus dirigentes.
Monzón, según indicaron a Efe varias fuentes presentes en su comparecencia, dijo al juez que esas facturas las conoció cuando se supo el contenido del sumario de la pieza de Púnica sobre la financiación irregular del PP madrileño, ya que él no entraba en el detalle de ese tipo de pagos, a cargo de otros departamentos.
https://www.lavanguardia.com/economia/20200113/472876385462/archivada-investigacion-expresidente-indra-caso-punica.html
GARCÍA CASTELLÓN TENDRÁ DOS MAGISTRADOS DE APOYO EN EL CENTRAL 6 DE INSTRUCCIÓN
El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, va a tener un segundo magistrado, este de apoyo, por la sobrecarga de trabajo que está afrontando en macrocausas de las que es competente, como las del «caso Villarejo», subdividido en 12 piezas separadas, «caso Púnica» o «caso Lezo».
El elegido por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para tal fin es Joaquín Elías Gadea Francés, hasta la fecha juez de Adscripción Territorial (jAT) destinado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Gadea Francés fue el número 1 de su Promoción, la 60, que recibió sus despachos en 2010.
García Castellón cuenta con el refuerzo de Alejandro Abascal, quien ejerce esa función desde enero de 2019. La misma Comisión Permanente le ha renovado por otro periodo de seis meses.
El mismo periodo que ejercerá Gadea, si bien, a diferencia de Abascal, no tendrá funciones jurisdiccionales.
Su nombramiento se ha realizado en base a la «Disposición adicional vigésima primera. Apoyo judicial en la instrucción de causas complejas» de la Ley Orgánica del Poder Judicial».
«Dentro de las excepcionales medidas de apoyo judicial, el Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, para la mejor instrucción de causas complejas y previa propuesta de su titular, la adscripción a un órgano determinado de otro u otros Jueces o Magistrados que sin funciones jurisdiccionales y bajo la dirección del titular de aquél, realicen exclusivamente labores de colaboración, asistencia o asesoramiento. Para idéntico fin e iguales condiciones, podrá interesarse la adscripción de uno o varios Letrados de la Administración de Justicia», dice el texto legal.
Su labor sea la de agilizar la resoluciones.
La última palabra la seguirá teniendo García Castellón.
Además de las mencionadas, García Castellón dirige asimismo la investigación de otras causas complejas, como la que se sigue por terrorismo contra un grupo de integrantes de los Comités en Defensa de la República (CDR), la quiebra de Zed, el caso Aquamed, el fraude del llamado ‘Madoff catalán’, la instrucción sobre la querella contra los consejeros delegados del grupo Día previos a la entrada del grupo LetterOne.
https://confilegal.com/20200102-garcia-castellon-tendra-dos-magistrados-de-apoyo-en-el-central-6-de-instruccion/
EL JUEZ RECHAZA INVESTIGAR AL PP EN EL CASO PÚNICA CON EL INFORME FAVORABLE DE LA FISCALÍA
La acusación de Izquierda Unida lo solicitó en diciembre y tanto las fiscales como el instructor consideran que es "prematuro"
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, rechaza investigar al Partido Popular en la pieza del caso Púnica en la que figuran como investigados los ex presidentes madrileños Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González por engrosar la presunta ‘caja B’ del partido a través de fondos públicos de Fundescam y de las partidas de Publicidad de distintas consejerías del Gobierno madrileño.
En una providencia con fecha del 10 de enero, el juez rechaza la petición del partido Izquierda Unida de investigar al Partido Popular en las diligencias 85/2014 de acuerdo con un informe de las fiscales Anticorrupción, que el pasado 21 de diciembre consideraron que es «prematuro» realizar una valoración en dicho sentido contra el PP por la falta de indicios.
Tras solicitar las acusaciones de Izquierda Unida y otras que se investigara al PP en el procedimiento, las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá firmaron un escrito el 21 de diciembre, notificado al Juzgado Central número 6 cinco días después, en el que afirmaron que «la investigación sobre el presunto desvío de fondos públicos que habrían podido atender pagos electorales, omitidos en la contabilidad de las campañas, gastos particulares del Partido Popular en la Comunidad de Madrid o enriquecido a terceros partícipes no ha concluido todavía. Consideramos que es prematuro realizar una valoración de la participación del Partido Popular que justifique su llamada a la causa», informaron al juez.
En una providencia del pasado viernes, y atendiendo a la petición del Ministerio Público, el juez acepta el informe de la Fiscalía y también rechaza incluir al Partido Popular como persona jurídica investigada en la pieza de la presunta financiación irregular de dicha formación en el caso Púnica.
Precisamente el posicionamiento de la Fiscalía en esta causa -donde tendrá que fijar su acusación contra Aguirre, Cifuentes e Ignacio González antes de julio que concluye el plazo de la instrucción si no se pide una ampliación- está en el punto de mira tras el nombramiento este martes de la ex ministra socialista Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
El origen de los fondos
A principios de septiembre, García-Castellón imputó a las ex presidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en dicha pieza de la presunta ‘caja B’ del PP y afirmó en su auto que Aguirre «ideó la financiación ilegal del PP para fortalecer su figura política», para lo que, según el instructor, se modificaron las leyes de la Comunidad para que las partidas de publicidad de las consejerías dependiera del vicepresidente Ignacio González.
Así, según los primeros indicios recavados en la investigación, Aguirre y su núcleo de confianza habrían desviado presuntamente parte de los fondos públicos de las comunidades autónomas para financiar irregularmente las campañas electorales de 2007 y 2011 con la ayuda del empresario publicitario Daniel Mercado, también investigado. Por otro lado, según la investigación, los fondos habrían llegado al partido para cubrir el sobrecoste presuntamente ilegal de las campañas por medio de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam).
Por su parte, Cristina Cifuentes está investigada en la causa por adjudicar presuntamente de manera irregular el servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, propiedad del empresario Arturo Fernández en 2009 y 2011.
Cifuentes presidía la mesa de contratación y formaba parte del comité de expertos que autorizó las adjudicaciones. Fernández, según sostiene Anticorrupción, habría hecho una donación dineraria al Partido Popular a través de Fundescam en el año 2007 -cuando Cifuentes era patrona de dicha fundación- por lo que la acusación pública considera que las adjudicaciones a Cantoblanco respondieron a dicha donación. Tanto Cifuentes como Aguirre declararon ya como investigadas en la Audiencia Nacional, negando en ambos casos la existencia de una ‘caja B’ en el Partido Popular.
https://www.lavanguardia.com/economia/20200113/472876385462/archivada-investigacion-expresidente-indra-caso-punica.html
PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ VUELVE A ESTAR IMPUTADO EN LA PÚNICA
La Audiencia Nacional considera que el archivo de la causa contra el expresidente no estaba suficientemente justificado y anula el sobreseimiento
El expresidente de la Comunidad Autónoma Pedro Antonio Sánchez vuelve a estar imputado en el caso Púnica. La Audiencia Nacional considera que el archivo acordado por el Juzgado Central de Instrucción número 6 del pasado mes de abril no está suficientemente explicado y ha decidido anular el sobreseimiento.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha admitido un recurso de la Fiscalía y pide que se establezcan "con claridad y precisión los hechos objeto de imputación y las personas que indiciarimente participaron en los mismos».
También pide que se especifiquen «las razones claras y precisas» por las que se considera que «no hay datos de incriminación suficientes para continuar las actuaciones» contra los imputados.
Pedro Antonio Sánchez había sido acusado de mantener conversaciones con los cabecillas de la trama Púnica, que ofrecía a los políticos servicios para mejorar su imagen en Internet, aunque no llegó a firmar ningún contrato.
Con la anulación del auto de sobreseimiento también vuelve a estar imputado en la causa el ex asesor de Pedro Antonio Sánchez en la Consejería de Educación David Conesa.
El Juzgado de Instrucción número 6 decidió dar por cerrada la investigación contra el expresidente después de que el Tribunal Supremo archivara las imputaciones contra la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, al entender que sus diligencias habían entrado en vía muerta, dada la vinculación que existía entre ambos.
Pedro Antonio Sánchez presentó su dimisión como presidente de la Comunidad a principios de abril de 2017, tras la presentación de una moción de censura contra él a raíz de su imputación en el caso Púnica, en el que están implicados otros ex altos cargos del Gobierno regional.
El expresidente está imputado también en el caso Auditorio, que dio lugar a una querella de la Fiscalía por la contratación y posterior liquidación del contrato para la construcción del inmueble de Puerto Lumbreras -que quedó sin acabar- cuando era alcalde del municipio.
A finales de 2018 fue sobreseída otra causa contra Pedro Antonio Sánchez por la contratación de varios puentes sobre la rambla de Nogalte en Puerto Lumbreras, el llamado caso Pasarelas, cuyo archivo también ha sido recurrido por la Fiscalía.
En este caso, el juez decidió archivar la causa en aplicación de la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita a seis meses el plazo de instrucción, dado que nadie presentó dentro de plazo la solicitud para que fuese declarada 'causa compleja', necesaria para ampliar la instrucción hasta los 18 meses.
La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de anular la decisión de sacar al expresidente Pedro Antonio Sánchez de la trama Púnica se ha producido a raíz de un recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción, que sí aprecia «elementos de cargo suficientes para considerar que el procedimiento judicial debía continuar» contra el anterior jefe del Ejecutivo regional y contra su ex asesor David Conesa.
El fiscal entiende que incluso se han omitido «datos incriminatorios» que sí aparecían en anteriores autos.
Los magistrados de la Sección Cuarta comparten el criterio de la Fiscalía y entienden que en el auto de sobreseimiento dictado por el juez Manuel García-Castellón el pasado mes de abril se omitían «hechos hasta entonces incluidos en la presente pieza, en concreto, los que hacían referencia a la Consejería de Educación de la Región de Murcia (de la que era titular Pedro Antonio Sánchez) y al Ayuntamiento de Cartagena», cuya alcaldesa era Pilar Barreiro, exculpada por el Tribunal Supremo.
Señalan que, una vez archivada las actuaciones contra Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreiro, la pieza separada denominada 'Murcia' quedaba reducida a una tercera parte, la relativa a la Consejería de Industria, cuyo titular era Juan Carlos Ruiz. También figuran entre los imputados varios ex altos cargos del departamento.
La Sala incluso reprocha al juez García-Castellón que al sobreseer las diligencias contra el expresidente murciano vinculando su decisión al archivo de la causa contra Pilar Barreiro en el Supremo, como si fuera «una consecuencia lógica», ha dado pie a que el resto de los investigados murcianos pidieran lo mismo.
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/10/16/pedro-antonio-sanchez-vuelve-imputado/1060428.html
EL JUEZ ARCHIVA LA INVESTIGACIÓN CONTRA GALLARDÓN Y GONZÁLEZ POR LA COMPRA DE INASSA
El juez Manuel García Castellón propone juzgar a 22 personas por delito de malversación de caudales públicos agravado
Considera que no hay indicios contra Gallardón y González al no quedar acreditado que conociera los pormenores de esa compra
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (2-i), y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, durante el mitin de cierre de la campaña del Partido Popular para las elecciones europeas. EFE/Alberto Martín
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha archivado la investigación que se venía siguiendo contra el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en la pieza del 'caso Lezo' sobre la compra de la sociedad colombiana Inassa a cargo del Canal de Isabel II en el año 2001, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid.
También exculpa al expresidente madrileño Ignacio González, principal imputado en otras piezas del 'caso Lezo', ya que aún no había llegado a la presidencia del Canal de Isabel II cuando se cerró la operación de compra de Inassa; al socio de éste Edmundo Rodríguez Sobrino, quien después ejerció como presidente de la empresa colombiana; y a Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid y quien fuera 'mano derecha' de Gallardón.
La Audiencia Nacional investigaba si ya en la primera operación del Canal en Latinoamérica hubo un desvío de fondos. Gallardón y sus consejeros aprobaron la compra de la sociedad colombiana Inassa en 2001 por 73 millones de dólares. La Fiscalía empezó a tirar del hilo tras grabar una conversación de González con el exministro Eduardo Zaplana, en la que el primero le contaba que había tapado el "muerto" de su antecesor. Anticorrupción defendió en un primer momento que se había pagado un precio excesivo y apuntó al posible reparto de comisiones.
La mayoría de los consejeros de Gallardón imputados defendieron que no hubo un sobreprecio en la compra de Inassa -que tenía en propiedad Triple A, la empresa que gestionaba el agua de Barranquilla (Colombia)- y que se utilizó una sociedad interpuesta con sede en un paraíso fiscal por exigencia de los ejecutivos colombianos. Algunos de los miembros del consejo de administración del Canal sí que han llamado la atención sobre que la información que tuvieron fue muy escasa y que tomaron la decisión con poco tiempo para estudiarla. La fiscal del caso preguntó directamente a Gallardón si había cobrado comisiones. "Me duele que me lo pregunte", respondió.
En un escrito de 12 páginas dirigido al juez, la Fiscalía pidió la semana pasada levantar la imputación en esta pieza de Lezo, la de Inassa, a 15 personas y procesar a otras 22, lo que ha asumido en su totalidad el juez. De entre los 15 para los que pidió la Fiscalía el archivo, y que ahora acuerda el juez, figuran miembros del Consejo de Gobierno que aprobó esa compra como el exvicepresidente madrileño Manuel Cobo o Carlos Mayor Oreja, que también fue presidente del Canal de Isabel II (CYII).
De este modo, el juez procesa a los 14 miembros del Consejo de Administración del Canal cuando se produjo la compra, entre los que destacan el expresidente del Canal y exconsejero Pedro Calvo; el exconsejero de Hacienda y expresidente de Adif, Juan Bravo, y el socialista Agapito Ramos, consejero del Canal hasta 2015.
Según el juez y la Fiscalía, aprobaron la compra "a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar", operación por la que también han sido procesado 5 trabajadores de Triple A de Barranquilla vinculados a Aguas de Barcelona (Agbar).
La adquisición de Inassa, "estuvo plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América SA (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana WATCO", señala el auto.
Eso -agrega- provocó "un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados -WATCO SA- que no redundaron en ningún beneficio para la Administración autonómica".
En esta misma resolución, el juez acuerda incorporar dos informes periciales aportados por la Fiscalía, "al ser una prueba relevante y necesaria" de esas irregularidades en la compra de Inassa.
En ese proceso, al que se vinculó el Canal asociándose con la empresa Tecvasa -sociedad en la que los investigados eran socios minoritarios- intervinieron, según el juez, el que fuera director económico y de desarrollo comercial del Canal, José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras, entonces subdirector de Nuevos Negocio.
Su actuación contó "con el beneplácito" de Arturo Canalda González -director gerente de CYII desde el 25 de septiembre de 2001-", quien, conociendo las circunstancias en las que se llevaría a cabo la operación -la interposición societaria y el sobreprecio-, la presentó a los consejos de administración correspondientes para obtener autorización.
Por eso también fue decisiva la actuación de los miembros del Consejo de Administración del Canal, que autorizaron la compra en noviembre de 2001, "a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar".
Con esta autorización y la que obtuvieron del Consejo de Gobierno, López Heras, en representación de Canal Extensia firmó el acuerdo de compraventa, por el que se calcula que el Canal abonó indebidamente un importe comprendido entre 17 y 29 millones de dólares
https://www.eldiario.es/politica/archiva-investigacion-Gallardon-Gonzalez-Inassa_0_904659760.html
ANTICORRUPCIÓN RECURRE ARCHIVAR LA CAUSA CONTRA PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ
La Fiscalía ha presentado un recurso de apelación al no estar de acuerdo con el criterio del juez de levantar la imputación al expresidente de Murcia
La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido este martes la decisión del juez del caso Púnica en la Audiencia Nacional de levantar la imputación al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez (PP).
Según han informado fuentes jurídicas, la Fiscalía ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia al no estar de acuerdo con el criterio del juez, que archivó la causa contra Sánchez al no encontrar indicios con un "mínimo de certeza" de que pudiera haber cometido algún delito.
El archivo lo decretó el magistrado Manuel García Castellón, quien adoptó esa decisión después de que el Supremo decidiera archivar la causa para la senadora del PP Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena y pieza clave en los hechos y el pilar sobre el que "pivotaba" la imputación.
Para el juez, si a juicio del Supremo el material probatorio contra Barreiro no es suficiente, tampoco puede serlo para incriminar a Pedro Antonio Sánchez y a David Conesa, uno de sus colaboradores cuando ocupaba la Consejería de Educación, en el encargo de trabajos para promover una campaña de mejora de su imagen.
En su decisión ahora recurrida, el magistrado sostiene que contra el que fuera jefe del Ejecutivo regional solo existen "meras sospechas", por lo que no consideró procedente mantener abiertas las diligencias penales contra él como presunto autor de los delitos de cohecho, fraude y revelación de información reservada.
Tras la absolución de Sánchez el pasado diciembre por la Audiencia Provincial de Murcia por el caso Pasarelas, en el que estaba acusado de prevaricación y falsedad, por una "indolencia" en la instrucción que llevó a que se rebasaran los plazos establecidos en la ley, le queda pendiente de juicio el caso Auditorio.
Este caso, también de presunta corrupción urbanística y también de su época de alcalde de Puerto Lumbreras, en el que está investigado por fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada, lo llevó a dimitir al retirarle su apoyo Ciudadanos al sumarse a su investigación en la Púnica
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/04/16/anticorrupcion-recurre-archivar-causa-pedro/1014260.html
LA AUDIENCIA NACIONAL ARCHIVA LA CAUSA CONTRA EL EXPRESIDENTE DE MURCIA POR SUS TRATOS CON LA TRAMA PÚNICA
Pedro Antonio Sánchez estaba siendo investigado por acordar una campaña de lavado de imagen con el informático de Púnica usando fondos públicos
El auto indica que las conversaciones grabadas y que obran en la causa son muy ambiguas: "Nada esclarecen y son susceptibles de diversas interpretaciones"
La Audiencia Nacional ha archivado la investigación contra el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez. El juez Manuel García Castellón sigue la postura que fijó el Tribunal Supremo en este caso y señala que no hay indicios suficientes para continuar la causa que investigaba si Sánchez había usado dinero público para pagar una campaña de imagen a cargo de Alejandro de Pedro, el informático de la trama Púnica.
En el auto, adelantado por La Verdad de Murcia al que ha tenido acceso eldiario.es, se pone fin a la causa que se inició en febrero de 2017 contra Sánchez y que le llevó a dejar sus cargos institucionales y en el partido. El juez Eloy Velasco envió la causa al Tribunal Supremo, pero volvió a la Audiencia Nacional cuando el principal investigado perdió el aforamiento
Cuando Velasco elevó la causa al Alto Tribunal, detalló que Sánchez concertó con Alejandro de Pedro la realización de trabajos en redes sociales para "limpiar" su imagen de cara a las elecciones autonómicas, después de verse salpicado por el 'caso Auditorio'. Quería "limpiar la inconveniente imagen que podría dar ante el partido y la sociedad" para ganar las elecciones, como así ocurrió, señalaba el magistrado.
El juez sostenía que Sánchez intentó contratar con la Púnica "lastimando los intereses de la Administración Pública, que no debe correr con semejantes gastos particulares", porque intentó cargar los gastos de esa campaña a la Consejería de Educación, que dirigía por entonces. "No lo sufragó con su dinero particular, ni lo hizo personal al servicio de su cargo público de su Gabinete de Prensa, pues no está entre sus labores acondicionar la imagen privada de la persona, y él era consciente", señalaba Velasco.
El escrito recogía los detalles del contrato que acordaron Sánchez y De Pedro, y añade que se llegó a concertar el inició de la actividad en redes sociales, la contratación de un periodista y hasta la cantidad mensual a pagar por esos trabajos, que ascendería a 4.600 euros al mes.
Entre ese escrito y el de este lunes se produjo una decisión del Tribunal Supremo sobre este caso. Archivó la causa contra la senadora del PP Pilar Barreiro por los mismos hechos y alegando que el contrato no se había llegado a firmar, con lo que no quedaba acreditado el uso del dinero público para intereses personales.
En esa línea, el juez García Castellón señala que "los indicios son precarios, el material carece de aptitud para generar un mínimo de certeza que justifique la prosecución de esta instrucción, y ello tras analizar tanto las conversaciones telefónicas que sirven para mantener la imputación de Pedro Antonio Sánchez y David Conesa, como los correos electrónicos que como señala la Sala carece de virtualidad por cuanto se trata de comunicaciones internas entre empleados del entramado".
El auto indica que las conversaciones grabadas y que obran en la causa son muy ambiguas -"nada esclarecen y son susceptibles de diversas interpretaciones"- y cita el caso de Barreiro y la decisión del Supremo: "si no queda acreditado fraude respecto de Pilar Barreiro tampoco respecto de Pedro Antonio Sánchez al ser el mismo material probatorio, el material obrante en las actuaciones goza de la misma fuerza que respecto de la aforada".
https://www.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-expresidente-Murcia-Punica_0_886462093.html
LA AUDIENCIA NACIONAL REVOCA OTRA VEZ EL PROCESAMIENTO DE LA 'TRAMA PÚNICA'
El magistrado García Castellón reconoce que el auto contra una veintena de implicados en la Región debe ser anulado para practicar nuevas pruebas
El camino hacia el banquillo de una veintena de encausados de la Región en el 'caso Púnica' bien podría amenizarse con la banda sonora del 'baile de la yenka'. Porque ya son dos veces las que han sido procesados y otras dos las que el auto en el que se concretaban las acusaciones ha tenido que ser anulado. A lo que hay que sumar otra ocasión en la que, con el fin de corregir un lapsus, fue necesario dictar de nuevo una de esas resoluciones. De manera que, si finalmente se confirma que existen indicios suficientes para abrir juicio contra los presuntos implicados en esta supuesta trama de corrupción, el titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, deberá emitir todavía una nueva -sería la cuarta- resolución en ese mismo sentido.
La primera vez que la Audiencia Nacional dictó el denominado auto de transformación en procedimiento abreviado (PA) -el equivalente al de procesamiento- por la llamada 'Pieza 3' de la 'Operación Púnica' fue en febrero de 2017. En aquel momento se encontraba todavía al frente de ese juzgado el magistrado Eloy Velasco, quien estimó que la investigación estaba concluida y que había material probatorio suficiente para mantener las acusaciones contra una veintena de antiguos altos cargos y asesores de las consejerías de Industria y de Educación y del Ayuntamiento de Cartagena. Entre los procesados también se encontraban el exalcalde socialista de esa localidad, José Antonio Alonso, y su socio, el informático Alejandro de Pedro, quienes contrataron con los primeros unos trabajos de reputación que iban a ser sufragados presuntamente con dinero público.
A los dos meses, la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional revocó esta resolución al entender que quedaban pruebas por practicar.
Si la causa llega a juicio, antes habrá que dictar una cuarta resolución
Cuando esas diligencias se realizaron, el nuevo instructor de la causa, Manuel García Castellón, dictó en julio pasado un nuevo auto de PA, en el que se ratificaban los cargos contra los supuestos integrantes de esta trama. En esta ocasión, sin embargo, el magistrado tuvo que dictar otra resolución un par de meses más tarde, con el fin de incluir el nombre de quien fue consejero de Educación y presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, ya que por un lapsus se había omitido su mención.
Ahora, el auto de PA ha vuelto a quedar sin efecto, después de que el instructor haya admitido un recurso de la defensa de Alejandro de Pedro, en el que se recordaba que seguían quedando pruebas por practicar. El juez había admitido esa circunstancia, pero no había anulado expresamente la resolución. Y ayer, después de que el letrado Evaristo Llanos Sola pidiera una aclaración al respecto, ha reconocido que así debe ocurrir.
https://www.laverdad.es/murcia/audiencia-nacional-revoca-20181128011635-ntvo.html
EL JUEZ DE PÚNICA INCLUYE A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ EN EL AUTO DE PROCESAMIENTO
El juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha incluido al ex presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en la lista de personas a las que propuso procesar por la rama murciana de la trama Púnica, después de que la Fiscalía le advirtiese de que en el auto inicial no constaba este nombre.
En concreto, el Ministerio Fiscal presentó un recurso de reforma contra el auto de transformación del procesamiento abreviado -el equivalente al de procesamiento- en el que explicaba que debía integrarse en los fundamentos jurídicos del auto los hechos e indicios criminales relacionados con Pedro Antonio Sánchez, que en un primero momento había sido investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia porque como presidente, era aforado.
El juez reconoce ahora que "asiste la razón a la parte recurrente", la Fiscalía, y explica que, efectivamente, la Audiencia Nacional recibió y aceptó las actuaciones procedentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia referentes a la actuación del Pedro Antonio Sánchez en la presunta trama urdida en la región con fondos públicos para abonar trabajos de reputación a las empresas Eico y Madiva en colaboración con los restantes investigados.
De hecho, el ex presidente aparecía en el relato de los hechos y, en particular, se le mencionaba al exponer su "connivencia" con el empresario Alejandro De Pedro para realizar en 2014 trabajos de reputación online, pero no fue incluido en la parte dispositiva, que ordenaba el procesamiento, como sí aparecían el resto de investigados, cosa que se enmienda con este auto de reforma.
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ordenó en junio del año pasado el procesamiento de Pedro Antonio Sánchez, que era aforado ante este tribunal antes de dejar sus cargos como presidente de Murcia y diputado, y dio luz verde a la Audiencia Nacional para seguir las actuaciones del procedimiento abreviado abierto sobre él.
En aquel momento, el TSJ señaló como hechos punibles los contactos del que fuera consejero de Educación y miembro de su gabinete con personas relacionadas con dos empresas vinculadas a ‘Púnica’ para mejorar su imagen pública de cara a su postulación como candidato a la presidencia de Murcia en competencia con otros miembros de su partido.
Al ser preguntado en un contacto con los medios de comunicación por este asunto, el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha señalado que "cuando los temas están en la Justicia, lo mejor es que se deje trabajar a los jueces".
https://okdiario.com/espana/juez-punica-incluye-pedro-antonio-sanchez-auto-procesamiento-3083101
EL JUEZ APARTA DEL PROCESO A LAS HIJAS DE IGNACIO GONZÁLEZ
Manuel García Castellón desbloquea las cuentas de las tres investigadas después de acreditar el origen de los ingresos
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha sacado del caso Lezo la investigación que afectaba a las cuentas y depósitos de ahorro de las tres hijas de Ignacio González y Lourdes Cavero al tratarse de “terceros ajenos al procedimiento”.
La decisión de García Castellón, que cuenta con el visto bueno de la fiscalía anticorrupción, llega después de que la defensa del matrimonio “haya acreditado documentalmente el origen de los ingresos correspondientes a las cuentas bancarias de las que se solicita el alzamiento del bloqueo en su día acordado”.
https://cadenaser.com/ser/2017/12/01/tribunales/1512144134_201608.html
EL JUEZ DEL ‘CASO LEZO’ ARCHIVA LA INVESTIGACIÓN AL PADRE DE IGNACIO GONZÁLEZ
El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha levantado la imputación por un delito de blanqueo al padre del expresidente madrileño Ignacio González Pablo González, de 91 años, al no haberse “constatado” que conociese “el origen criminal de los fondos” investigados en la causa.
“De lo actuado hasta el momento resulta acreditada la existencia de un contrato de préstamo” entre el padre y el hijo, por medio del cuál el primero le presta al segundo 10.000 euros, según el auto de sobreseimiento por este delito. La devolución de ese dinero “se produce sin que exista en ella indicios del origen delictivo de esos fondos“, añade la resolución.
El padre del principal investigado en el caso Lezo, relativo a una trama de corrupción en el Canal de Isabel II, prestó declaración como investigado ante el juez el pasado 6 de septiembre dentro de la pieza en la que se investiga un supuesto blanqueo de capitales del expresidente madrileño.
Pablo González, había sido llamado a declarar en un principio el 19 de octubre, pero su citación se adelantó debido a su estado de salud. El día de su comparecencia llegó a la Audiencia Nacional a pie, ayudado con un bastón y acompañado por su hija, la diputada madrileña del PP Isabel González.
Sus dos hijos Ignacio y Pablo están imputados en el caso Lezo. El expresidente madrileño salió de prisión el pasado día 8 tras haber ingresado en prisión el 21 de abril y su hermano abandonó la cárcel el 27 de julio tras rebajarle el juez la fianza de 4 millones de euros a 200.000 euros por motivos de salud
https://www.republica.com/2017/11/17/el-juez-del-caso-lezo-archiva-la-investigacion-al-padre-de-ignacio-gonzalez/
IGNACIO GONZÁLEZ ABANDONA LA CÁRCEL TRAS PAGAR 400.000 EUROS DE FIANZA
El auto que fijó la libertad bajo fianza detalla los mecanismos utilizados por el expresidente de Madrid para “dar apariencia de legalidad” a la mordida por el campo de golf del Canal
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha salido ya de la cárcel. Lo ha hecho después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ordenara este miércoles su puesta en libertad provisional y después de que su familia haya hecho efectiva la fianza de 400.000 euros que le impuso el martes para su excarcelación. González se encuentra en la prisión de Soto del Real desde el pasado 21 de abril por su supuesta implicación en la Operación Lezo de corrupción. Tras su excarcelación, el expolítico deberá comparecer cada semana en el juzgado más cercano a su domicilio, tendrá prohibido salir de España y deberá entregar su pasaporte. Once fiadores han participado en reunir el dinero.
González, mano derecha de la antigua líder del PP madrileño Esperanza Aguirre, se encuentra envuelto al menos en tres de las operaciones supuestamente fraudulentas investigadas en el caso Lezo. La primera son las irregularidades en la compra por parte del Canal de Isabel II, empresa de aguas de la Comunidad de Madrid, de la empresa colombiana Inassa, por valor de unos 100 millones de euros, 70 millones por encima de su valor. Esta operación se realizó en 2011, cuando González no estaba en el Gobierno regional, pero del que tuvo conocimiento posteriormente y que no denunció. Según la investigación, el Canal gastó dinero público de manera irregular para encargar un estudio jurídico sobre dicha compra. Este informe reveló el fraude, pese a lo cual no lo denunció "logrando así una mayor protección e impunidad de los máximos responsables" de aquella compra.
En el segundo gran desfalco participaron supuestamente González y su hombre de máxima confianza, Edmundo Rodríguez Sobrino -quien ahora colabora con la justicia- en la adquisición por parte del Canal de Isabel II de la brasileña Emissao. La operación costó 25 millones de euros y, según la investigación, ambos se beneficiaron del patrimonio público. El juez recalca que las actuaciones de la trama traspasaron "las frontera nacionales" y hechos similares se desarrollaron en Panamá y República Dominicana.
La red corrupta creó una estructura societaria mediante testaferros en Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein y Reino Unido para supuestamente ocultar "el dinero público desviado". Estos fondos retornaban después a España mediante "préstamos, inversiones societarias, fondos de inversión o ampliaciones de capital en negocios con apariencia legal".
Finalmente, el juez detalla de manera exhaustiva el supuesto pelotazo en la obra de los campos de Golf del Canal, del que Ignacio González intentó hacer responsable en su declaración a su antecesora en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El instructor del 'caso Lezo' enumera fecha a fecha todos los pasos dados por Ignacio González para adjudicar de manera presuntamente irregular tanto la construcción como la explotación del centro deportivo con una estructura societaria en la que, entre otros, participaron su hermano Pablo y un cuñado.
El escrito concluye que el expresidente madrileño y sus socios consiguieron en este proyecto comisiones ilícitas por más de 1,2 millones de euros. La trama sacó parte de este dinero en efectivo mediante cheques cobrados en ventanilla, que posteriormente fue reintroducido en el circuito monetario legal mediante empresas instrumentales, una de ellas titularidad del propio González y su hermano.
El expresidente de la Comunidad de Madrid ha reunido los 400.000 euros en metálico de fianza que le exigía el juez para poder salir de prisión de Soto del Real. El magistrado del caso Lezo Manuel García Castellón tomó este martes la decisión de liberarle bajo fianza al considerar que ha disminuido el riesgo de que González se fugue y vuelva a delinquir, pero le impuso como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salida de España y comparecencias semanales en el juzgado. La decisión cuenta con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.
La portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid, Isabel González, hermana de Ignacio González, había dicho este miércoles por la mañana que en la familia estaban empleándose "con toda el alma" para lograr reunir la fianza de 400.000 euros. Pasada la una de esta tarde ha llegado ella misma a la sede del tribunal junto a dos de sus hijas para consignar el pago de la cuantía establecida.
González había solicitado tres veces desde que ingresó en la prisión de Soto del Real el pasado 21 de abril su puesta en libertad con el argumento de que "no existe en la causa prueba alguna que haya materializado los indicios y sospechas iniciales que motivaron la decisión de acordar la prisión cautelar". El auto que fija la fianza detalla sin embargo los mecanismos utilizados por el expresidente de Madrid para “dar apariencia de legalidad” a la mordida por el campo de golf del Canal.
Empresas instrumentales
Cuatro empresas instrumentales y 59 cheques. Ese fue el mecanismo presuntamente utilizado por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para blanquear buena parte de los 1,2 millones de euros que supuestamente se embolsaron él, su hermano Pablo, un cuñado y otros socios por el amaño de la adjudicación de los contratos para la construcción en 2006 un campo de golf en los terrenos que el Canal de Isabel II tenía en el centro de Madrid y su posterior explotación.
Así lo detalla el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García Castellón, por el que este martes fijó la fianza para que el político pudiera abandonar la prisión. Entre las mercantiles utilizadas, el magistrado destaca por el volumen de los fondos lavados a Reimex Representaciones SL, una firma dedicada sobre el papel “a la intermediación en la comercialización de muebles de cocina”.
El escrito judicial detalla que la trama presuntamente encabezada por González cobró una comisión ilícita de 578.474 euros de la constructora Dragados -que fue la que se hizo con el contrato para levantar el complejo deportivo- y otra de 623.063,97 euros de la sociedad que finalmente explotó las instalaciones, Green Canal Golf. Todo ello, a través de Tecnoconcret, una empresa en la que participaban tanto Pablo González, hermano del expresidente, como el cuñado de ambos, Juan José Caballero. Buena parte de estos 1,2 millones fueron posteriormente extraídos en metálico de varias cuentas mediante 59 cheques cobrados en ventanilla. En concreto, 17 de ellos de un depósito abierto a nombre de Tecnoconcret, que el juez califica de “empresa instrumental” ya que fue creada 12 días antes de las licitaciones bajo sospecha, no tenía estructura empresarial y solo tuvo en nómina tres empleados.
Por este sistema, la trama del caso Lezo consiguió 532.339,15 euros en efectivo entre 2005 y 2014, a los que se sumaron otros 197.858,27 euros gracias al cobro de otros 42 cheques entre 2005 y 2014 en otras cuentas bancarias por parte de uno de los empleados de Tecnoconcret. “Los capitales obtenidos ‘por ventanilla’ de las entidades de crédito, posteriormente fueron entregados en metálico a Pablo González González y Juan José Caballero Escudier”, hermano y cuñado respectivamente del político, según recalca el juez García Castellón. Es en ese momento cuando, según las investigaciones, entran en escena las otras tres empresas bajo sospechas.
La primera en Reimex Representaciones SL, un firma dedicada formalmente “a la intermediación en comercialización de muebles de cocina” y en la que aparece como administrador único uno de los empleados de Tecnoconcret y como accionistas el familiar de otro trabajador. Entre 2006 y 2010 esta compañía emitió “facturas mendaces” por valor de 696.808.92 euros para simular una relación comercial “inexistente” con la compañía del hermano y el cuñado de González “con el fin de dar apariencia de legalidad a las extracciones de dinero antes señaladas y prestar cobertura a los investigados”, recalca el magistrado.
Un mecanismo similar fue presuntamente utilizado con las otras dos sociedades. Una de ellas, Asesora 25 SL, considerada por los investigadores una empresa “instrumental de los hermanos González de la que se valían exclusivamente para la emisión de facturas mendaces a través de las cuales se daba apariencia de legalidad a capitales obtenidos ilícitamente”. Supuestamente sirvió para blanquear 8.000 euros en 2007 mediante una falsa relación comercial con Tecnoconcret. En esta compañía figuró durante años como testaferro un abogado fallecido en 2013. Los investigadores vinculan esta firma dedicada sobre el papel a “auditoría y asesoría legal” con el blanqueo de otros 372.000 euros.
La tercera mercantil fue Proyectos Ecosistemas SL, en la que aparecía como administrador y accionista mayoritario el cuñado de Ignacio González. Entre 2007 y 2009, la trama Lezo supuestamente lavó 154.048 euros a través de ella mediante el mismo sistema: la emisión de facturas falsas para simular “una relación comercial inexistente entre esta sociedad y Tecnoconcret”. En total, entre todas las empresas, Ignacio González y sus socios blanquearon presuntamente entre los años 2006 y 2010 cerca de 859.000 euros. Más del 70% de la millonaria comisión por el amaño en los contratos del campo de golf.
https://elpais.com/politica/2017/11/08/actualidad/1510136504_150775.html
EL CGPJ RENUEVA SEIS MESES A ALEJANDRO ABASCAL COMO JUEZ DE REFUERZO EN EL CENTRAL 6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles prorrogar por seis meses la comisión de servicios del magistrado Alejandro Abascal como juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular ES Manuel García Castellón.
https://www.europapress.es/nacional/noticia-cgpj-renueva-seis-meses-alejandro-abascal-juez-refuerzo-central-audiencia-nacional-20190529143509.html
UN COLECTIVO DE JUECES DICE QUE PUDO PRIMAR SU PERTENENCIA A UNA ASOCIACIÓN CONSERVADORA
La lupa se ha colocado sobre el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que vive desde hace meses inmerso en la investigación de tramas tan extensas y complejas como Púnica, Lezo y el caso Villarejo. Tras la renuncia el pasado diciembre de Diego de Egea a seguir como magistrado de refuerzo en ese órgano, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombró en febrero como su sustituto al juez Alejandro Abascal, vinculado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Una decisión que ha recurrido ahora la instructora Rosa María Freire, que también aspiraba a ocupar esa plaza y que es conocida, por ejemplo, por enviar al PP al banquillo por la causa abierta por la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas.
En un escrito presentado ante el Consejo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Freire argumenta que se han obviado todos los méritos previstos para este tipo de concursos, que le eran "objetivamente favorables", y se ha concedido el puesto a Abascal solo porque lo ocupó durante seis meses en 2016. "Se crea un mérito superlativo de idoneidad no contemplado en la norma", incide en su recurso la magistrada, que ha encontrado el respaldo de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda más numerosa del sector después de la APM y a la que pertenece la juez.
Raimundo Prado, portavoz de la AJFV, insiste en que "la ley establece una serie de baremos y estos no se han respetado": "Además, el CGPJ se ha sacado de la chistera un criterio que no existe". "Estamos hartos de esa arbitrariedad y de que las motivaciones sean cambiantes, amoldándose a determinadas personas de determinadas asociaciones", continúa el representante de la Asociación Francisco de Vitoria, que subraya que, a veces, el Consejo del Poder Judicial "se parece un poco a un grupo de amigos de un club de golf".
Freire destaca en su recurso —que ya fue admitido a trámite, según la AJFV— que, por ejemplo, el número escalafonal de Abascal es el 4.212, frente al 1.271 que la magistrada ostenta. "Y el tiempo de desempeño de funciones jurisdiccionales instructoras penales es notoriamente superior en mi caso que en el del nombrado", añade la juez en su recurso. Además, en 2017, Abascal intentó volver a ser el juez de refuerzo y, en esa ocasión, no se primó su experiencia previa, por lo que De Egea acabó ocupando el puesto.
En su resolución del pasado 14 de febrero, la comisión permanente del CGPJ destacaba en el nombramiento de Abascal "su experiencia en los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional y en concreto en el mismo órgano a reforzar".
https://elpais.com/politica/2019/03/18/actualidad/1552935044_061754.html
EL JUEZ ALEJANDRO ABASCAL VUELVE A LA AN PARA REFORZAR EL JUZGADO DEL CASO VILLAREJO
El CGPJ valora para ello “la experiencia en el propio órgano y el tiempo efectivo de ejercicio en la jurisdicción penal en órganos similares al que ha de ser objeto de refuerzo"
El juez Diego de Egea ya tiene sustituto: el magistrado Alejandro Abascal vuelve a la Audiencia Nacional como refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 hasta al menos el 30 de junio, explican fuentes jurídicas a El Confidencial. Abascal ya ejerció en este puesto antes de que De Egea fuera destinado al mismo en enero de 2016, lo que le permitió instruir parte de la Púnica e iniciar Lezo. Aunque el juzgado al que se incorpora lleva también el caso Villarejo, el magistrado solo se hará cargo de las nuevas causas que puedan llegar ahora al mismo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón, había pedido un magistrado adjunto y otro de refuerzo ante la carga de trabajo a la que se enfrenta. Con el nombramiento de Abascal, la Comisión Permanente del CGPJ atiende parte de su petición, medida que "se justifica por el elevado número de asuntos complejos en tramitación y la necesidad de garantizar el desarrollo de la actividad procesal y de las actuaciones instructoras".
Ha decidido rechazar asumir la prórroga de la comisión de servicios que encabezaba y que le condujo a hacerse cargo de la operación Tándem
El CGPJ valora para ello “la experiencia en el propio órgano y el tiempo efectivo de ejercicio en la jurisdicción penal en órganos similares al que ha de ser objeto de refuerzo, unido a la experiencia en instrucción de delitos competencia de la Audiencia Nacional”. El órgano de gobierno de los jueces subraya en este sentido que Abascal, con destino en el Juzgado de Instrucción de Fuenlabrada, ya había estado en comisión de servicio en el Juzgado Central de Instrucción número 6 entre mayo y diciembre de 2016, junto al entonces titular, Eloy Velasco.
En agosto de 2018, el voto de calidad del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, impidió que Alejandro Abascal saliera de nuevo elegido para reforzar el Juzgado Central de Instrucción 6. Durante la Comisión Permanente celebrada para votar al magistrado, Lesmes inclinó la balanza a favor de otro candidato, Diego de Egea, entonces titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid. Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial aseguraron entonces que el seleccionado es cercano al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, desde la época en la que ambos ejercían en la jurisdicción militar.
El presidente del CGPJ cerró así la puerta a que el primer juez que instruyó el caso Lezo entrara en el juzgado que se ocupa precisamente de esta macrocausa de corrupción y de otras de enorme calibre como la Púnica. De todos modos, tras la renuncia el pasado diciembre de De Egea a seguir en este puesto a raíz de sus enfrentamientos con la Fiscalía Anticorrupción, Abascal se convirtió en el candidato natural a ocupar este puesto, ante lo que el CGPJ se enmienda ahora a sí mismo con su nueva decisión.
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-02-14/alejandro-abascal-juez-cado-villarejo-audiencia_1825826/
INTERIOR PONE ESCOLTA AL JUEZ DEL ‘CASO VILLAREJO’ TRAS ALLANAR UN DESCONOCIDO SU CASA
Un individuo entró en la vivienda sin forzar la puerta mientras estaba dentro un familiar del magistrado, aunque aparentemente no se llevó nada
El Ministerio del Interior decidió el pasado martes poner escolta policial al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón después de que este denunciara que un desconocido había entrado en su domicilio cuando se encontraba en su interior un familiar, según adelantó este miércoles El Mundo y han confirmado a El País fuentes policiales y judiciales. García-Castellón es en la actualidad el responsable de instruir alrededor de 180 causas, según detallan fuentes judiciales, entre ellas los macrosumarios sobre las actividades del comisario Villarejo, las tramas de corrupción Púnica y Lezo, o las irregularidades en la empresa pública Aquamed
También le corresponden investigar causas de narcotráfico por la incautación de alijos de miles de kilos de cocaína, el sumario sobre la relación entre ETA y las FARC, el del denominado Madoff catalán, Antonio Mas Samora, y más de una quincena de pesquisas sobre yihadismo. Pese a ello, el magistrado no contaba hasta ahora con protección policial, a diferencia de otros jueces de instrucción. Este hecho producía extrañeza en la Audiencia Nacional, según habían señalado a este diario fuentes judiciales.
El suceso que ha provocado que Interior adjudique ahora a García Castellón un grupo de policías para garantizar su seguridad se produjo en la tarde del martes. Según la denuncia, un individuo desconocido entró en la vivienda por la puerta sin forzar la cerradura y, durante varios minutos, recorrió varias estancias de la misma, entre ellos el salón principal. Un familiar de García Castellón que se encontraba en la vivienda detectó la intromisión por el ruido, pero no salió a ver quién era porque pensó que era el magistrado que había vuelto a casa. Este, en realidad, aún no había regresado al domicilio de su despacho de la Audiencia Nacional.
Poco después, este familiar dejó de oír pasos, lo que lleva a los investigadores a concluir que el sujeto solo estuvo dentro de la vivienda del juez unos pocos minutos. El desconocido abandonó la casa por la misma puerta, que dejó abierta. Fue este hecho lo que provocó que otro familiar del magistrado diera la voz de alarma al regresar a casa. Agentes de la policía se desplazaron al lugar de los hechos para recopilar indicios sobre la intromisión e identificar a su autor. El juez y su familia declararon que no habían echado en falta ni objetos, ni documentación.
https://elpais.com/politica/2019/03/14/actualidad/1552557820_096792.html
EL SUPREMO RECHAZA LA QUERELLA CONTRA EL JUEZ GARCÍA-CASTELLÓN POR LAS ESCUCHAS A ABOGADOS
Descarta la prevaricación porque los teléfonos eran de los investigados y fueron intervenidos con apoyo legal.
La Sala Penal del Supremo no ha admitido a trámite la querella interpuesta contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Lezo, por uno de los abogados del empresario Juan Miguel Villar Mir cuyas conversaciones con su cliente fueron escuchadas por los investigadores durante tres meses.
El presidente del Grupo Villar Mir está siendo investigado desde 2016 por García-Castellón en relación al pago de un supuesto soborno por la adjudicación del tren de Móstoles a Navalcarnero. A petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el instructor acordó el 15 de diciembre de 2017 intervenir el teléfono de Villar Mir, que debía comparecer a declarar el 8 de enero siguiente.
En esa situación, señalaba la querella ahora rechazada, "la probabilidad de captación de conversaciones del cliente con sus abogados puede expresarse como pronóstico de certeza casi absoluta". Efectivamente, la UCO grabó conversaciones de Villar Mir con el letrado querellante "relativas a la estrategia procesal" que iban a seguir para retrasar esa comparecencia.
La querella atribuía al instructor del caso un presunto delito de prevaricación porque, además de acordar la interceptación de los teléfonos de los investigados, "no adoptó ninguna cautela en el ejercicio de su función de garante de los derechos fundamentales", especialmente del derecho de defensa.
La querella señalaba también que, sobre la base de esas interceptaciones, la UCO realizó "auténticos análisis policiales letrado-cliente" que luego el instructor utilizó en los interrogatorios. Apuntaba, además, que otros cinco defensores han sido escuchados cuando hablaban por teléfono del caso Lezo con sus clientes.
La Sala Penal no ha visto indicio alguno de prevaricación en esas escuchas, por lo que ha rechazado abrir una causa al instructor del caso Lezo.
No es el caso Garzón
En una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Llarena, el alto tribunal explica que, en contra de lo que la querella afirmaba, este caso "dista esencialmente" del procedimiento en el que el exjuez Baltasar Garzón fue condenado por las escuchas a los abogados del caso Gürtel.
Esa condena "se asentaba en unos parámetros de restricción de la confidencialidad en las comunicaciones entre abogado-cliente que en modo alguno se aprecian en el supuesto que ahora se plantea".
De un lado, porque Garzón ordenó espiar específicamente los investigados mantuvieran con sus letrados, tanto presentes como futuro. De otro, porque en aquel caso "no existía previsión legal para que un juez de instrucción pudiera adoptar una decisión semejante en tal coyuntura".
En tercer lugar, porque, al encontrarse los investigados del caso Gürtel en prisión, sólo en los locutorios podían hablar de su defensa con los abogados, de modo que no había espacio para evitar que se desvelara cuál iba a ser la línea de defensa. Finalmente, porque esa interceptación "carecía de una justificación real o indiciariamente contrastada".
En el caso del juez García-Castellón, por contra, "nunca se acordó la observación del espacio de defensa", subraya el Tribunal Supremo. Las escuchas tenían apoyo legal y se dirigían a los investigados (todos ellos en libertad), no a sus abogados.
La Sala Penal rechaza que, una vez que "coyunturalmente" apareció el letrado, el instructor estuviera obligado a desactivar la observación telefónica. "Ni existe proscripción constitucional o legal a mantener la intervención telefónica ni se ofrecen [en la querella] razones que justifiquen la oportunidad de modificar o hacer decaer el mecanismo de investigación", señala el Supremo, que indica que, si así fuera, bastaría con que los abogados llamaran a sus clientes para impedir que éstos fueran investigados en sus comunicaciones.
"Inmisión accidental"
"La inmisión accidental de conversaciones relativas a la defensa jurídica ni es causa legal de modificación automática del mecanismo de indagación hasta entonces desplegado ni necesariamente obliga a renunciar a la medida", afirma el tribunal, que si exige, sin embargo, que cuando en las escuchas aparezcan abogados "el control judicial de la intervención pasará por una reevaluación de la proporcionalidad y necesidad de la observación".
Deberá haber -insiste el Supremo- una "potenciación del control judicial" para que la investigación "no se reoriente aprovechando el contenido del asesoramiento de defensa desvelado ni se explote la intromisión para enriquecer y reformar el material incriminatorio con el que se cuenta". El único aprovechamiento legalmente posible se limita al supuesto en el que el abogado haya podido intervenir en un delito.
La Sala deja abierta la cuestión de la validez de esas escuchas en el caso Lezo y afirma que "sin perjuicio de las alegaciones que en el procedimiento concreto puedan hacer las partes sobre la validez o nulidad de las distintas fuentes de prueba, en modo alguno puede sustentarse que la actuación del magistrado instructor querellado derive de una iniciativa carente de soporte legal y que refleje por ello el pronóstico de tipicidad por prevaricación que argumenta la querella".
Recuerda, a este respecto, que García-Castellón 'heredó' de su antecesor, Eloy Velasco, la decisión de interceptar los teléfonos de los investigados y la pieza secreta relativa a las conversaciones con los abogados.
Control judicial
Su decisión de "mantener el método de investigación (que no estaba orientado a desvelar el contenido de la actividad de defensa de los encausados), así como llevar las conversaciones mantenidas con los letrados a una pieza separada en la que evaluar su destrucción, descansó en una previsión legal que configura el contenido del derecho constitucional afectado, al tiempo que arranca en una decisión jurisdiccional que le es ajena".
"Y con esos precedentes inmediatos", añade, "la querella no aporta ninguna razón que desconfigurase esa decisión inicial y que -en términos de necesidad y proporcionalidad para el caso concreto-, recomendara desactivar la medida de investigación, siempre que se mantuviera el control judicial al que antes se ha hecho referencia".
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20190213/supremo-rechaza-querella-juez-garcia-castellon-escuchas-abogados/374463045_0.html
EL TS VUELVE A PEDIR OPINIÓN AL FISCAL SOBRE GARCÍA CASTELLÓN TRAS LOS INFORMES DE LAS ESCUCHAS DE ABOGADOS EN LEZO
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha vuelto a pedir informe a Fiscalía para que se pronuncie sobre la admisión o no a trámite de la querella que el empresario imputado en el caso Lezo Juan Miguel Villar Mir presentó contra el instructor de la causa en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, por grabar conversaciones que mantuvo con sus abogados e incorporar el contenido de las mismas al sumario.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha vuelto a pedir informe a Fiscalía para que se pronuncie sobre la admisión o no a trámite de la querella que el empresario imputado en el caso Lezo Juan Miguel Villar Mir presentó contra el instructor de la causa en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, por grabar conversaciones que mantuvo con sus abogados e incorporar el contenido de las mismas al sumario.
La Fiscalía ya emitió un informe a finales del pasado mes de noviembre contrario a la apertura de una causa criminal contra el juez, a quien el empresario acusa de los delitos de prevaricación judicial, interceptación ilegal de las comunicaciones, retardo malicioso de la Administración de Justicia y falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.
La Sala de admisiones del alto tribunal vuelve a recabar ahora su opinión tras recibir dos informes aportados por la defensa después de que se diera a conocer la pieza secreta de las citadas intervenciones.
El letrado de la administración de justica del Juzgado Central de Instrucción número 6, del que García Castellón es titular, remitió a principios del pasado mes de enero al Supremo el contenido de dicha pieza secreta, que incluye la transcripción de conversaciones entre abogados personados en la causa y también del empresario Juan Miguel Villar Mir con sus letrados. Las escuchas transcritas por la UCO de la Guardia Civil se refieren a conversaciones grabadas durante tres meses, entre enero y marzo de 2108.
La remisión de estos oficios, a los que ha tuvo acceso Europa Press, fueron solicitados expresamente al Juzgado Central de Instrucción número 6 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que tiene pendiente desde el pasado septiembre resolver si admite o no a trámite la querella que la defensa de Villar Mir presentó contra el magistrado por no parar las grabaciones pese a afectar al derecho de defensa.
ADVERTIDO POR LA UCO
En los tres oficios, y al inicio de cada una de las transcripciones --que afectan a Villar Mir, su abogado y otros tres letrados personados en la causa-- los agentes de la Guardia Civil advierten expresamente que "pueden afectar al ejercicio legítimo del derecho de defensa".
En el primero de estos oficios se transcriben conversaciones mantenidas por Villar Mir y su letrado a comienzos del pasado año, mientras que en las incluidas en los otros dos documentos la UCO también ofrece el resultado de escuchas realizada a otras personas relacionadas con operaciones de OHL investigadas en Lezo.
Los letrados hablan de coordinarse para ejercer la defensa en este caso y de cual va a ser su estrategia en las declaraciones ante el instructor del asunto en la Audiencia Nacional. En otras conversaciones, que acabaron en manos del juez del caso, los letrados comentan también cómo fue la declaración que Villar Mir prestó a la Audiencia Nacional.
La querella contra García Castellón se detiene en el día 9 de enero de 2018, cuando la la UCO advirtió expresamente al magistrado de que había escuchado, grabado y analizado las conversaciones entre una persona investigada y su abogado y el Magistrado no ordenó el inmediato cese de la actuación y la eliminación de la información obtenida, sino que recibió en el juzgado un oficio aparte con las transcripciones.
PIEZA POR FALSEDAD DEL CERTIFICADO MÉDICO
Las escuchas realizadas dicha jornada, según manifiestan los propios oficios ahora en poder del Supremo, derivaron en el problema con el certificado médico que Villar Mir presentó para aducir problemas de salud y evitar comparecer en la Audiencia Nacional cuando estaba previsto. El facultativo acabó siendo llamado a declarar en los Juzgados de Plaza de Castilla, donde ahora se investiga si incurrió en una falsedad.
La querella insiste en que García Castellón no dictó ninguna resolución que "específicamente habilitara a la UCO para grabar las conversaciones entre el señor Villar Mir y su abogado en relación a la entrega del certificado médico" y alega además, que si el magistrado hubiera sospechado en su momento que había alguna irregularidad en la conducta del médico, habría mandado a un forense para reconocer al imputado en lugar de aceptar que se pospusiera la comparecencia.
https://www.lavanguardia.com/vida/20190124/454285996472/el-ts-vuelve-a-pedir-opinion-al-fiscal-sobre-garcia-castellon-tras-los-informes-de-las-escuchas-de-abogados-en-lezo.html
EL ABOGADO DE VILLAR MIR SE QUERELLA CONTRA EL JUEZ GARCÍA-CASTELLÓN POR GRABARLE CON SU CLIENTE
La intervención telefónica halló que el letrado acordó que el empresario simulara una
La defensa del empresario Juan Miguel Villar Mir presentó el pasado lunes una querella por prevaricación contra el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Lezo, según han confirmado a este periódico fuentes jurídicas. El letrado del empresario responde así a la decisión del juez García-Castellón de remitir a los juzgados de instrucción de Madrid una grabación del teléfono de Villar Mir, que estaba sometido a intervención judicial, en la que se escucha al abogado sugerir al empresario que solicitara un certificado médico en el que simulara estar enfermo.
Así, el empresario evitó a principios de año acudir a la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos para que le fueran tomadas las huellas dactilares dentro de la investigación del caso Lezo por una supuesta comisión de 1,4 millones por la adjudicación a OHL de las obras del tranvía de Navalcarnero (Madrid).
El juez, que apreciaba un posible delito de falsedad en documento público, actuó en aplicación del artículo 118.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este precepto establece que todas las comunicaciones entre abogado y cliente tendrán carácter confidencial y que el juez ordenará destruir las grabaciones de conversaciones entre el imputado y su letrado. Sin embargo, la ley marca una excepción a este principio, que busca asegurar el derecho de defensa: en caso de que de esas comunicaciones se constate la existencia de un hecho delictivo, la obligación de destruir ese material “no será de aplicación”.
La admisión de la querella contra García-Castellón dependerá ahora de la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo. Los magistrados de la Audiencia Nacional están aforados ante el alto tribunal, según la Ley Orgánica del Poder Judicial. La decisión del magistrado de enviar la transcripción de las grabaciones de Villar Mir y el abogado Domínguez a los juzgados de Plaza de Castilla estuvo controlada y avalada por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, que desestimó un recurso de la defensa del empresario contra aquella.
La acusación del juez García-Castellón fue archivada en los juzgados de Plaza de Castilla. Ello no evitó que los Colegios de Abogados de Madrid y Barcelona y el Consejo General de la Abogacía denunciaran las grabaciones y su envío a los juzgados ordinarios como un supuesto ataque del magistrado al derecho de defensa de Villar Mir y en el secreto profesional de Domínguez, ex abogado general de la Comunidad de Madrid.
En la querella, que incluye los delitos de interceptación ilegal de las comunicaciones, retardo malicioso en la administración de justicia e infidelidad en la custodia de documentos, la defensa de Villar Mir establece un paralelismo con el caso del exjuez Baltasar Garzón, que fue condenado a 11 años de inhabilitación por ordenar escuchas a los abogados de imputados del caso Gürtel en prisión.
https://elpais.com/politica/2018/09/25/actualidad/1537889061_426233.html
LA SOMBRA DE LAS ESCUCHAS ILEGALES A ABOGADOS VUELVE A LA AUDIENCIA NACIONAL CON UNA QUERELLA A GARCÍA-CASTELLÓN
El letrado del constructor Villar Mir atribuye delitos de prevaricación e interceptación ilícita de comunicaciones al instructor del caso Lezo.
Seis años después de que el exjuez Baltasar Garzón fuera condenado por interceptar las comunicaciones de los imputados del caso Gürtel mientras hablaban con sus abogados sobre su estrategia de defensa, otro instructor de la Audiencia Nacional ha sido objeto de una querella por la misma conducta. Uno de los letrados que defienden en el caso Lezo a Juan Miguel Villar Mir, presidente del Grupo Villar Mir, ha presentado una querella contra el juez Manuel García-Castellón por presuntos delitos de prevaricación, escuchas ilegales, retardo malicioso en la administración de justicia y falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.
El empresario está siendo investigado desde 2016 por García-Castellón en relación al pago de un supuesto soborno por la adjudicación del tren de Móstoles a Navalcarnero. A petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el instructor acordó el 15 de diciembre de 2017 intervenir el teléfono de Villar Mir, que debía comparecer a declarar el 8 de enero siguiente.
En esa situación, "la probabilidad de captación de conversaciones con sus abogados puede expresarse como pronóstico de certeza casi absoluta" y, efectivamente, la UCO grabó conversaciones de Villar Mir con el letrado querellante "relativas a la estrategia procesal" que iban a seguir para retrasar esa comparecencia.
García-Castellón "no adoptó ninguna cautela en el ejercicio de su función de garante de los derechos fundamentales", especialmente del derecho de defensa, y autorizó a la UCO a grabar a Villar Mir y a su defensa "durante un prolongado plazo de tiempo", pese a saber que "se trataba de comunicaciones constitucional y legalmente confidenciales, de acceso vedado incluso a la autoridad judicial", sostiene la querella.
Sobre la base de esas interceptaciones, la UCO realizó "auténticos análisis policiales letrado-cliente" que luego el instructor utilizó en los interrogatorios.
La querella sostiene que "jamás" hubo un control de las escuchas por parte de García-Castellón, que ordenó la destrucción de las grabaciones -lo que ni siquiera se sabe si se ha efectuado realmente por parte de la UCO- sin permitir a los escuchados conocer el contenido de las interceptaciones, en contra de lo que prescribe la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La querella califica la actuación del instructor del caso Lezo de "un puñal en el corazón del derecho de defensa". "Obsesionado por recoger autoincriminaciones", afirma, "el magistrado querellado ha tenido la osadía inconcebible de hacer acopio, como si de algo perfectamente natural se tratara, de transcripciones y análisis policiales de conversaciones entre abogados y sus clientes" a las que nadie debió tener acceso.
La defensa de Villar Mir tiene a su favor que, en un acuerdo adoptado el pasado 6 de julio, el Colegio de Abogados de Madrid le concedió el amparo por vulneración del secreto profesional y de la confidencialidad de la relación entre el abogado y sus clientes en el marco del caso Lezo.
"Estoy muy tranquilo", afirman fuentes cercanas al instructor, que recuerdan que la Fiscalía avaló las escuchas y la Sala Penal de la Audiencia confirmó la decisión de destruir las grabaciones, excepto las que se referían a la elaboración de un certificado médico que fue presentado para justificar la incomparecencia de Villar Mir a la citación del 8 de enero.
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20180925/escuchas-ilegales-abogados-audiencia-nacional-querella-garcia-castellon/340717201_0.html
EL JUEZ DEL ‘CASO VILLAREJO’ RENUNCIA A SEGUIR EN LA AUDIENCIA NACIONAL
El magistrado Diego de Egea no renovará como juez de refuerzo a partir del 1 de enero
Diego de Egea, instructor del caso de corrupción encabezado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha decidido renunciar a seguir en la Audiencia Nacional como magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales. De Egea, que aduce motivos personales, no renovará en la plaza de juez de apoyo, que expira el próximo 31 de diciembre, pese a que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional había acordado solicitar al Consejo General del Poder Judicial su renovación.
El macrosumario sobre Villarejo, compuesto por siete piezas separadas, quedará en manos del titular del juzgado, Manuel García-Castellón, aunque el órgano de gobierno de los jueces nombre a otro magistrado de refuerzo en un juzgado en el que se investiga, entre otras causas, la Operación Púnica.
La instrucción del caso Villarejo (denominado en realidad Operación Tándem) ha estado marcada por las discrepancias jurídicas continuas del magistrado con los fiscales anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano, que han recurrido decisiones relevantes del juez durante la investigación. Entre ellas, la decisión de levantar el secreto del sumario, que fue revocada parcialmente por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. De Egea, también contra el criterio de la fiscalía, archivó las pesquisas contra algunos de los investigados y puso en libertad a algunos de ellos, como el comisario del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, supuesto socio de Villarejo, sin esperar al informe del ministerio público.
La guerra declarada entre el juez De Egea y los fiscales Stampa y Serrano se inició el pasado 28 de mayo, cuando el comisario Enrique García Castaño acudió al despacho del magistrado en la Audiencia Nacional para preguntarle si le estaban investigando. De Egea le respondió que acudiera a la fiscalía a demandar esa información. Los fiscales le dieron la callada por respuesta. La iniciativa del juez no gustó a los representantes del ministerio público, según señalan fuentes judiciales. En julio, García Castaño fue detenido como presunto colaborador de la trama y posteriormente puesto en libertad.
Este martes por la mañana el juez instructor, según fuentes próximas, no ocultaba su malestar por el discurrir de este caso y confesaba: “No me queda mucho tiempo aquí”. Según fuentes cercanas al caso, De Egea era partidario de “encapsular” las siete piezas del caso Tandem y que una decisión política del Gobierno determinara “destruir el resto del material intervenido” al comisario José Manuel Villarejo. En su opinión, el asunto era difícil de manejar y podría llegar a atascar la Audiencia Nacional debido a la ingente cantidad de material informático intervenido al comisario: cuatrocientas carpetas en más de 20 terabytes susceptibles de convertirse en decenas de piezas separadas del caso principal.
De Egea no ocultaba que el pasado mes de julio, poco después de que se hicieran públicas las grabaciones de Villarejo a Corinna Larsen sobre Juan Carlos I, estudió la posibilidad de poner en libertad provisional a Villarejo. Incluso llegó a sondear al entonces letrado del excomisario sobre si su cliente aceptaría llevar una pulsera electrónnica. Ayer, fuentes cercanas al magistrado señalaban que no considera ahora acceder a la última petición del abogado del comisario jubilado, que ha solicitado que su cliente quede en libertad provisional antes de Navidad.
En las últimas semanas, De Egea aspiró a la presidencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Sin embargo, su candidatura no recabó ningún apoyo en el CGPJ, que eligió por 11 votos al magistrado conservador Juan Pablo González frente a los 10 de la magistrada Ana Mercedes del Molino.
https://elpais.com/politica/2018/12/11/actualidad/1544557499_366112.html
LA AUDIENCIA NACIONAL PIDE AL PODER JUDICIAL QUE SIGA EL JUEZ DEL CASO VILLAREJO EN PLENO CHOQUE CON ANTICORRUPCIÓN
La Sala de Gobierno acuerda solicitar que De Egea continúe de refuerzo porque el titular de su Juzgado lo consideró conveniente hace tres meses
El instructor y los fiscales han discrepado en casi todas las decisiones relevantes adoptadas por el juez desde que Anticorrupción presentara la querella
El magistrado De Egea abre la puerta a que Villarejo salga en libertad condicional tras acusar a la Fiscalía de hacer investigaciones “prospectivas”
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe decidir en los próximos días si renueva por otros seis meses la comisión de servicio en la Audiencia Nacional a Diego de Egea, el juez que instruye el caso Villarejo. La decisión del Poder Judicial llegará en un punto álgido de la instrucción, con el juez favorable a rebajar las medidas cautelares contra el comisario, lo que abriría la puerta a su excarcelación, y con el conflicto entre el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción muy agudizado, después de que De Egea acusara en un auto a los dos representantes del Ministerio Público de realizar una investigación “prospectiva” en una de las piezas separadas. La Audiencia Nacional ha informado a favor de la renovación.
La Operación Tándem o caso Villarejo lleva meses copando la actualidad nacional. Desde que se judicializó la investigación al comisario, hace más de un año, se han visto afectados el rey emérito; la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado; la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal; y la cúpula policial del anterior Ejecutivo, entre otros muchos. Eso, que se sepa, porque la causa está en parte secreta y parece esconder otras 'bombas' entre el ingente material incautado al policía jubilado. Pero a pesar de la relevancia del caso, el desencuentro jurídico entre el magistrado instructor y la Fiscalía Anticorrupción, autora de la querella que dio origen al mismo, es total.
Los fiscales se han opuesto a los archivos de la causa para varios clientes de Villarejo y para el comisario Salamanca. También solicitaron sin éxito la prisión provisional para el comisario Enrique García Castaño, detenido por orden de la Fiscalía, después de que el juez hubiera garantizado previamente al mando policial que no sería arrestado. De Egea decidió que la investigación se desgajara de la de Villarejo y los fiscales lo recurrieron. A García Castaño, El Gordo, se le atribuye organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y revelación de secretos. Se trata del comisario que habría vendido datos confidenciales para que Villarejo elaborara dosieres para sus clientes.
Fuentes jurídicas apuntan a que el magistrado no aprecia relevancia penal en las grabaciones en las que García Castaño habla con Villarejo de dinero negro y en los documentos incautados a éste, donde aparecen presuntas gestiones de “Big”, el alias que utilizaba para su compañero. Esas gestiones eran incluidas luego por Villarejo en los informes que vendía a sus clientes a precios estratosféricos.
Por otra parte, Anticorrupción se opuso al establecimiento a una fianza al abogado Rafael Redondo, encarcelado en noviembre de 2017 junto a Villarejo, por el riesgo que correría la investigación si quedaba libre. El socio del comisario terminó por salir de prisión en septiembre. La semana pasada, la Sala de lo Penal decidió levantar el secreto del archivo en papel de Villarejo, como había acordado De Egea, en contra del criterio de los fiscales. A esta segunda instancia de la Audiencia Nacional ha recurrido la Fiscalía para hacer frente a las principales decisiones del juez.
El diario El Mundo publicó el pasado 6 de diciembre que De Egea se plantea sustituir la prisión provisional de Villarejo por la imposición de una fianza y que, de ser satisfecha, su libertad estaría limitada por una pulsera telemática. El magistrado insistiría así en una posibilidad que rechazó hace seis meses Instituciones Penitenciarias, a consultas del propio De Egea. En España, el control telemático está limitado a los condenados en sentencia firme.
Este lunes, elconfidencial.com aseguraba que el magistrado se plantea imponer una fianza a Villarejo de entre 3 y 5 millones de euros que, de ser cubierta, conllevaría medidas inéditas, como visitas de la Guardia Civil tres veces al día para comprobar que no se fugara e imposibilidad de que el comisario se conecte a Internet “mediante métodos tecnológicos”.
A la Audiencia Nacional por decisión de Lesmes
Así las cosas, la comisión permanente del CGPJ tiene en su mano renovar o no a De Egea. El juez llegó a la Audiencia Nacional como refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, donde se instruye Púnica y Lezo. Su anterior instructor, Eloy Velasco, tuvo la ayuda de un magistrado de apoyo, pero el CGPJ terminó por retirarlo al considerar que ya no era necesario. Sin embargo, el órgano de gobierno de los jueces cambió de opinión cuando a Velasco le sustituyó Manuel García Castellón, el titular de la plaza que gozaba de uno de los destinos más ansiados en la judicatura, magistrado de enlace en Roma.
Velasco fue ascendido a la Sala de Apelaciones y García Castellón decidió volver a un juzgado saturado de trabajo con dos de los casos más graves en torno al PP. Pidió un refuerzo y el CGPJ le concedió a De Egea, una decisión adoptada en pleno mes de agosto. Los vocales de la comisión permanente se dividieron entre los que preferían al anterior juez de refuerzo en el Juzgado 6, Alejandro Abascal, y los que optaron por De Egea. El voto de calidad del presidente Lesmes decantó la decisión hacia éste último. Diego de Egea se encargaría de todas las causas nuevas que entrasen en el juzgado, como ocurrió con la Operación Tándem.
El CGPJ decide sobre las comisiones de servicio de la Audiencia Nacional previo informe de su Sala de Gobierno y otro de la Inspección del propio Poder Judicial. El pasado 22 de octubre, la Sala de Gobierno votó de forma unánime a favor de prolongar la estancia de De Egea en el Juzgado de Instrucción número 6. En su acuerdo, valora que se dan “las mismas circunstancias que motivaron la solicitud inicial” y que “persisten las razones que originaron su nombramiento, debiéndose verificar a la mayor urgencia”.
Fuentes del tribunal especial explican que para adoptar esa decisión se preguntó al juez titular sobre la conveniencia de que continuara el refuerzo, a lo que el magistrado respondió afirrmativamente. La consulta a García Castellón se realizó hace tres meses, a principios de septiembre. Inspección del CGPJ debe emitir todavía un informe sobre la situación del Juzgado 6 y la contribución de De Egea para aliviar la carga de trabajo.
La Comisión Permanente que decidirá sobre el futuro de De Egea está presidida por Carlos Lesmes y reúne a los siete vocales con dedicación exclusiva. El presidente y cuatro de ellos son conservadores y los otros tres progresistas. Recientemente, De Egea aspiró a presidir la Audiencia Provincial de Madrid, pero no obtuvo ningún voto. En un enfrentamiento total en el seno del Consejo, los magistrados conservadores impusieron su mayoría votando en bloque a Juan Pablo González, recusado de Gürtel por su proximidad al PP, mientras que los progresistas apoyaron todos a Mercedes del Molino.
https://www.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-Judicial-Villarejo-Anticorrupcion_0_844816452.html
POR QUÉ LESMES IMPIDIÓ QUE EL MAGISTRADO ALEJANDRO ABASCAL FUERA EL REFUERZO DE GARCÍA-CASTELLÓN
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, finalmente tuvo que mostrar sus cartas en su particular -y personal-, «partida de póker» que ha venido jugando para impedir que el magistrado Alejandro Abascal pudiera ser elegido como juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, ahora ocupado por Manuel García-Castellón.
Contra todo pronóstico, Lesmes tuvo que hacer uso, el pasado 17 de agosto, de su voto de calidad para elegir a «su candidato», el magistrado Diego de Egea y Torrón, para ese puesto, cortando el paso a Abascal.
Éste había sido «descartado» previamente por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional para un puesto que ya había ocupado entre el 28 de marzo y el 28 de diciembre de 2016 como juez de refuerzo de Eloy Velasco -antecesor de García-Castellón- cuando este ocupaba el citado Juzgado Central.
Durante ese tiempo, Abascal instruyó parte de la Púnica e inició la de la Operación Lezo. Conocía bien el Juzgado Central y era el candidato natural.
La buena impresión dejada hizo que la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, lo convirtiera en su favorito en el debate que tuvo lugar en la Sala de Gobierno de ese órgano, que tenía que elaborar la terna de candidatos (se presentaron 16) sobre la que tendría que decidir finalmente la Comisión Permanente del CGPJ.
«Paradójicamente», cuatro magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN -su presidente, Eduardo Menéndez (sucesor de Lesmes en ese puesto), Felisa Atienza, Ana Valero y Fernando Mateo-, todos miembros de la Sala de Gobierno, votaron por dejar fuera a Abascal en la selección final que conformaron Diego de Egea Torrón, titular del Instrucción 43 de Madrid, y Miguel Ángel Torres Segura, magistrado del Penal 6 de Granada.
Espejel y el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, se quedaron literalmente solos en su apoyo a Abascal durante la votación que tuvo lugar el pasado 27 de julio.
«Rebelión» en la Comisión Permanente
Con lo que no contaba Lesmes era con que cuatro de los miembros de la Comisión Permanente del CGPJ –Álvaro Cuesta, Nuria Díaz Abad, Fernando Grande-Marlaska y Juan Martínez Moya- se rebelaran contra el «convoluto» -que diría el desaparecido embajador alemán, Guido Brunner– e insistieran en que se incluyera a Abascal entre los candidatos a escoger.
Abascal -juez de Adscripción Territorial con destino en el Juzgado de Instrucción 4 de Fuenlabrada, Madrid- no era un extraño para los vocales mencionados. No en vano, entre 2010 y septiembre de 2015 fue jefe de la Sección del Servicio de Personal del CGPJ. Los cuatro vocales conocían bien su eficacia.
Con su actitud, Cuesta, Díaz Abad, Grande-Marlaska y Martínez Moya obligaron a Lesmes a retratarse públicamente en su rechazo a Abascal con el uso de su voto de calidad.
Porque la votación resultó en empate. Cuesta (PSOE), Díaz Abad (PP), Grande-Marlaska (PP) y Martínez Moya (PP) votaron por Abascal, por un lado. Cuatro.
Y Mar Cabrejas (PSOE), Rafael Mozo (PSOE) y Pilar Sepúlveda (PSOE) votaron por Diego de Egea y Torrón, del que Confilegal adelantó en su momento que era el probable elegido.
Lesmes votó con ellos, pero para salirse con la suya tuvo que hacer uso de su voto de calidad, que es como un voto doble, que rompió el empate.
Con ello, es evidente, se dejó buena parte de los pelos en la gatera.
Y se retrató.
No le perdona que dejara el CGPJ y que sea miembro activo de la APM
De acuerdo con fuentes consultadas por Confilegal, Lesmes no le perdona a Abascal que abandonara el CGPJ y que volviera a ser un miembro muy activo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Desde diciembre de 2015 la APM ha formado un frente común con las tres asociaciones de jueces restantes -la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial independiente (FJI)- que ha cosechado evidentes éxitos. De hecho, las cuatro se han convertido en un contrapoder al CGPJ y al propio Lesmes, al que han robado la iniciativa en el objetivo de reformar la Administración de Justicia.
El pasado mes de julio, las cuatro asociaciones entregaron, en sendos encuentros individuales con los diputados responsables de Justicia del PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, las 14 propuestas básicas para mejorar la Administración de Justicia, que están siendo respaldadas mayoritariamente por la carrera judicial, y para apremiar a los diputados para poner en marcha la tan esperada reforma de la justicia cuanto antes a través de un pacto de estado entre todas las formaciones políticas.
En el curso de esos encuentros, las cuatro formaciones mayoritarias coincidieron en afirmar que había que reformar el CGPJ porque había sido un fracaso.
Después la APM, la AJFV, JJpD y FJI interpusieron, ante la Sala de lo Social, una demanda de conflicto colectivo contra el CGPJ para la supresión del denominado “Mapa judicial de riesgos y sistema de alertas” y para que se proceda a la regulación de la carga de trabajo de los jueces y magistrados a efectos de salud laboral, conforme a un criterio de dedicación o rendimiento.
https://confilegal.com/20170829-lesmes-impidio-magistrado-alejandro-abascal-refuerzo-garcia-castellon/
LESMES IMPONE AL JUEZ DE REFUERZO DE LEZO Y EVITA QUE INVESTIGUE EL MAGISTRADO QUE AUTORIZÓ LAS ESCUCHAS A LA TRAMA
El presidente del CGPJ saca adelante a su favorito, Diego de Egea, con la ayuda de su voto de calidad. El titular del juzgado, Manuel García Castellón, reclamaba al anterior juez de refuerzo del caso, Alejandro Abascal
Atado y bien atado. El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha impuesto su criterio en este órgano para que salga elegido como juez de refuerzo del caso Lezo un magistrado distinto del que pedía el propio titular del juzgado, Manuel García Castellón, quien había pedido expresamente a Alejandro Abascal, el anterior juez de refuerzo que autorizó las escuchas al expresidente de Madrid Ignacio González.
La Comisión Permanente del CGPJ ha acordado este jueves nombrar al magistrado Diego de Egea y Torrón como juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que es el órgano que instruye casos de corrupción como "Lezo" y "Púnica".
La decisión ha dividido en dos al órgano de gobierno de los jueces y ha precisado del voto de calidad de Lesmes.
De Egea ha recibido el apoyo Lesmes -que ha emitido voto de calidad, que dirime en caso de empate- y de los vocales Mar Cabrejas -de su entera confianza- así como los progresistas Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda.
Los otros cuatro vocales de la Permanente, Álvaro Cuesta, Nuria Díaz, Fernando Grande-Marlaska y Juan Martínez Moya han votado al magistrado Alejandro Abascal, quien ya conoce casos como el de "Púnica" y otros que lleva este juzgado por haber sido refuerzo en su día del juez Eloy Velasco, quien precedió en este órgano a Manuel García Castellón.
Cuesta fue elegido vocal a propuesta del PSOE, mientras que los demás lo fueron a propuesta del PP.
Bloqueo a quien autorizó las escuchas de Lezo
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional fue el primer filtro impuesto por Lesmes para evitar que Abascal regresara al caso Lezo.
Abascal fue el magistrado que autorizó la colocación de micrófonos en el despacho de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y quien decidió que los líderes de esta trama corrupta fueran escuchados con sofisticados sistemas de espionaje electrónico utilizados hasta entonces en la lucha antiterrorista.
Este juez es un activo miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora, pero cuya cúpula está enfrentada a Carlos Lesmes por su gestión de tal manera que se ha aliada con las otras asociaciones judiciales para reclamar más medios para la Justicia.
Otoño caliente
De fondo se encuentra también el run-run de un otoño judicial caliente que circula entre los jueces y funcionarios, desbordados por la sobrecarga de trabajo y la ausencia de medios. Todos a una, APM, Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria (AfV) y Foro Judicial Independiente (FJI), han sido muy críticos con el plan de urgencia de cláusulas suelo creado por Carlos Lesmes y que ha colapsado juzgados especializados, como el de Madrid.
Evitar que Lezo sea un nuevo Gürtel
Es más, el magistrado Eloy Velasco que llevaba este juzgado optó por renunciar al Juzgado Central 6 ante la negativa del CGPJ a renovar el juez de refuerzo en el caso Lezo, donde el PP de Madrid y su excúpula están en el epicentro de la investigación.
La renuncia de Velasco originó entonces otra maniobra para controlar el caso Lezo y evitar que se convierta en una sangría para el PP como ha ocurrido con el caso Gürtel.
El sector de Lesmes intentó nombrar de manera interina a un juez afin, en lugar de sacar la plaza a concurso. Pero los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional se plantaron y se ofrecieron a reemplazar a Velasco hasta que la plaza pudiera convocarse.
Fue entonces cuando el titular de dicha plaza, Manuel García Castellón, pidió su reingreso como juez y su reincorporación a dicho juzgado, que había dejado hacía 17 años para dedicarse a la diplomacia judicial en Francia. De esta manera no se sacó a concurso la plaza.
García Castellón llegó al juzgado y, esta vez sí, consiguió que el CGPJ accediera a otorgar un juez de refuerzo para estos casos de especial complejidad como Lezo o Púnica. Pero defendió ante Lesmes y la Audiencia Nacional su preferencia por quien ya conocía el caso: Abascal.
El deseo de García Castellón chocó contra los integrantes de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional que forman parte del círculo de confianza de Lesmes (todos ellos de su especialidad, en lo contencioso). En un voto de bloqueo dejaron fuera de su propuesta a Abascal.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional sólo propuso como candidatos a dos magistrados, cuando lo habitual es presentar una terna. Los elegidos fueron De Egea, seguido de Miguel Ángel Torres, titular del Juzgado de lo Penal 5 de Granada.
Diego De Egea es el actual titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid y tiene más antigüedad que todos los que solicitaron la comisión de servicio. Ingresó en la Carrera Judicial en 1991 y tiene veinte años de experiencia en la jurisdicción penal.
El refuerzo se establece inicialmente hasta el próximo 31 de diciembre. Si se considerara precisa la renovación de la medida, la Audiencia Nacional deberá remitir al CGPJ la correspondiente propuesta con al menos cuarenta días de antelación a su fecha de vencimiento.
https://www.publico.es/politica/corrupcion-politica-lesmes-impone-voto-calidad-juez-refuerzo-trama-lezo.html
EL CGPJ NOMBRA A UN MAGISTRADO DE REFUERZO PARA EL JUZGADO DE LEZO Y PÚNICA
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado al magistrado Diego de Egea, que investigó la querella que interpuso el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) contra el "pequeño Nicolás", como refuerzo del juzgado de la Audiencia Nacional que instruye los casos Lezo y Púnica.
La medida de apoyo al titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, se fundamenta en su "reciente incorporación" en sustitución del juez Eloy Velasco y al "elevado número de asuntos complejos en tramitación", según han informado fuentes del CGPJ.
Otro de los motivos ha sido "la necesidad de garantizar el desarrollo de la actividad procesal y las actuaciones instructoras del órgano para que no se vean afectadas por paralización por la necesidad de tomas iniciales de conocimiento del magistrado titular".
De Egea, titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, es el candidato que propuso la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional entre todos los que solicitaron el puesto por "criterios de preferencia y antigüedad".
Ha investigado casos como el de la querella que interpuso el CNI por injurias contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás, a quien otro juzgado de Madrid le condenó por este caso a 4.320 euros de multa por un delito de calumnias.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional justificó su favor por De Egea por ser el que más tiempo lleva ejerciendo en la jurisdicción penal, donde ha prestado servicio durante más de 23 años, lo que "evidencia experiencia especialmente valorable para la plaza a desempeñar".
De Egea ha recibido el apoyo del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y de los vocales Mar Cabrejas, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda, y ha resultado elegido con el voto de calidad del presidente.
Los otros cuatro vocales de la Comisión Permanente del CGPJ, Álvaro Cuesta, Nuria Díaz, Fernando Grande-Marlaska y Juan Martínez Moya, han votado al magistrado Alejandro Abascal.
De Egea reforzará el juzgado número 6 de la Audiencia, encargado de los casos de corrupción Lezo y Púnica, hasta el próximo 31 de diciembre y en el caso de que fuese preciso renovar el puesto, la Audiencia Nacional debería remitir la propuesta al CGPJ con al menos 40 días de antelación a su fecha de vencimiento.
https://www.eldiario.es/politica/CGPJ-magistrado-refuerzo-Lezo-Punica_0_676832725.html
ASÍ SE GESTÓ EL RETORNO DEL JUEZ QUE LLEVARÁ EL CASO LEZO
El titular Manuel García-Castellón se hará cargo el 15 de junio del juzgado que abandono Eloy Velasco
El Ministerio de Justicia decidió la última semana de mayo dar por terminada la misión de servicios especiales del magistrado de enlace Manuel García-Castellón en Roma, tras más de cinco años en dicha plaza después de pasar más de once años en idéntica actividad en París, Francia. El Ministerio, según fuentes consultadas por ARA, estimó que era la solución para evitar nuevas comisiones de servicio en el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que ha abandonado el juez Eloy Velasco el pasado 1 de junio para ser magistrado de la Sala de Apelaciones.
El concurso para cubrir la plaza vacante de Velasco a través de una nueva comisión de servicios ya había sido convocado a través del Boletín Oficial del Estado de fecha 24 de mayo. El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, intentó que en el periodo en que se resolvía el concurso, en el que la antigüedad era la carta de triunfo, otro magistrado, Ricardo Rodríguez, de pública amistad con la nueva presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, que quedaba libre de una comisión de servicios en la Audiencia Nacional en la primera semana de junio, se hiciese cargo.
Pero esta operación fue finalmente descartada porque el ministro Catalá, después de consultas con su equipo y la sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, estimó que la actividad de García-Castellón en Roma como magistrado de enlace ya estaba agotada. Y que era pertinente que se hiciera cargo del juzgado 6, que lleva asuntos importantes de corrupción del Partido Popular, como Púnica, Lezo, Acuamed y otros, su titular, García-Castellón.
García-Castellón viajó a Madrid. Y, tras la decisión de Justicia, presentó el viernes día 2 de junio en el CGPJ un escrito en el que anticipaba su decisión de solicitar el reingreso al servicio activo con carácter inmediato. Ello, según fue acordado, permitiría a la Comisión Permanente del CGPJ, adelantar su reunión normal, de todos los martes, al lunes, para celebrar una sesión extraordinaria. Se trataba de excluir la plaza del concurso convocado, porque de no hacerse el ganador, al regresar el magistrado titular, quedaría adscrito al presidente de la Audiencia Nacional en espera de una comisión de servicios.
El retorno de García-Castellón ha evocado alguna de las conversaciones que mantuvo el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ahora en prisión, con su amigo, el ex ministro Eduardo Zaplana, según consta en las intervenciones telefónicas del sumario del caso Lezo.
Además de sentirse entusiasmado con el planificado nombramiento de Manuel Moix en la Fiscalía Anticorrupción, un nombre que solo circulaba en aquellas fechas, noviembre de 2016, entre iniciados, González hace referencia a la situación de interinato de ciertos juzgados.
González habla de un juez 'rogelio', progresista, en referencia a Miguel Carmona, que pactó con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no hacerse cargo del juzgado cuya titularidad consiguió – el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a cargo de la instrucción del caso Gürtel – para ser magistrado de enlace en Londres, una plaza nunca ocupada con anterioridad.
Gallardón no quería un juez progresista con prestigio como Carmona después de que la larga mano de Federico Trillo lograse inhabilitar al juez Baltasar Garzón vía una querella del ex fiscal Ignacio Peláez. Y González mezcla en la conversación el asunto con el juzgado 6 que lleva Velasco en comisión de servicios y cuyo titular estaba en Roma. “Que venga el titular –dice a Zaplana-, que ya me las apañaré con el titular, coño”. Se trata de una referencia implicita al titular del juzgado 6 García-Castellón.
Veamos. García-Castellón instruyó el caso Banesto, pero en paralelo le tocó, por estar de guardia, investigar el atentado de ETA contra José María Aznar el 19 de abril de 1995. Nunca ha ocultado sus ideas conservadoras desde sus comienzos en Valladolid. Y Aznar, según trascendió en esos meses, agradeció la investigación de García-Castellón, lo que dio lugar a cierta relación entre ambos.
Sin embargo, la instrucción del caso fue controvertida, porque la fiscal encargada intentó adjudicar cierta responsabilidad al Ministerio del Interiores decir, al gobierno de Felipe González, y ocultó un informe al juez para no desacreditar las diligencias que solicitaba sobre la implicación del etarra Miquel Azurmendi. García-Castellón desestimó todas las peticiones.
El Ministerio de Justicia de Juan Alberto Belloch apoyó a García-Castellón ante las presiones de Mario Conde y un sector de la fiscalía de la Audiencia Nacional contrario a la querella criminal contra los ex administradores de Banesto.
En el año 2000 el gobierno de Aznar le nombró magistrado de enlace en París, el gobierno de Rodríguez Zapatero le mantuvo y tras la llegada de Mariano Rajoy, Alberto Ruiz-Gallardón, que necesitaba colocar en París - primer trimestre de 2012- al magistrado Juan Pablo González, actualmente titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, trasladó a García-Castellón a Roma.
El trabajo de García-Castellón, de 64 años, se ha caracterizado durante sus investigaciones –a excepción del caso del atentado de Aznar- en dar un peso muy importante a los fiscales en el proceso de instrucción.
El tema de las intervenciones telefónicas fue tratado el viernes pasado, día 2 de junio, en una primera reunión extraordinaria de la Comisión Permanente del CGPJ. Lesmes quería resolver ese día la situación, el mismo dia que García-Castellón solicitó el reingreso a su plaza. Álvaro Cuesta, miembro de la Comisión se opuso a que el Ministerio de Justicia resolviera el asunto del juzgado 6 a través de un procedimiento que había sido invocado por Ignacio González a Zaplana tras el escándalo de Moix. Cuesta recibió apoyo de otra vocal, lo que llevó a Lesmes a posponer el asunto a otra reunión extraordinaria el pasado lunes, donde finalmente se aprobó la propuesta.
https://www.ara.cat/es/Asi-gesto-retorno-llevara-Lezo_0_1809419248.html
EL CGPJ ACUERDA EL REINGRESO DE GARCÍA CASTELLÓN AL JUZGADO QUE INVESTIGA 'PÚNICA' Y 'LEZO'
García Castellón, que procesó a Conde y a Gil, vuelve a la Audiencia
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves el reingreso de Manuel García Castellón a su plaza de titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, un órgano que lleva, entre otros los casos 'Púnica' y 'Lezo' que investigan tramas de corrupción. A partir de ese momento el magistrado tiene 10 días para incorporarse aunque fuentes de su entorno apuntan que podría hacerlo el próximo lunes, 26 de junio. García Castellón cesó el pasado 15 de junio como juez de enlace en Italia, plaza que ocupaba desde 2012, si bien lleva 16 años fuera de la Audiencia Nacional ocupando diferentes plazas en el extranjero. Antes de ser juez de enlace en Italia ocupó la misma plaza en Francia.
El veterano magistrado retomará las causas pendientes en este órgano judicial, entre ellas los casos 'Púnica' y 'Lezo' que comenzó a instruir su antecesor, ascendido a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Pese ha haber cesado ya de su cargo, la semana pasada el CGPJ obligó a seguir en el juzgado hasta el momento en el que se produzca el reingreso efectivo de García Castellón.
La decisión del veterano magistrado de regresar a la Audiencia Nacional obligó al órgano de gobierno de los jueces a excluir de la convocatoria de traslados que ya había sido publicada en el BOE la plaza correspondiente al Juzgado Central del Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. 16 años fuera de España
De tendencia conservadora, García Castellón ha trabajado durante los últimos años de la banda ETA en el puesto clave de juez de enlace en Francia desde 2000 y doce años después fue designado para ocupar la misma plaza en Francia. Fue galardonado con la Legión de Honor por el gobierno francés y recibió la encomienda de Isabel la Católica de manos de José Luis Rodríguez Zapatero. Durante su etapa en la Audiencia Nacional García Castellón se encargó de sumarios de gran complejidad y trascendencia mediática como fueron el caso Banesto, que supuso el procesamiento entonces de Mario Conde; el que investigó las irregularidades de Jesús Gil al frente del Atlético de Madrid y el asesinato por ETA de Miguel Ángel Blanco.
https://www.elmundo.es/espana/2017/06/22/594b8bb0e2704e4f158b45f0.html
GARCÍA CASTELLÓN SOLICITA VOLVER A SU JUZGADO E INVESTIGARÁ PÚNICA Y LEZO
El veterano magistrado ha pedido volver a su plaza tras la marcha de Eloy Velasco
Cerca de 17 años después de abandonar el Juzgado Central de Instrucción 6 con destino a cargos judiciales en París y Roma, el magistrado Manuel García-Castellón se ha convertido en el principal candidato a suceder a su colega Eloy Velasco como titular del juzgado que instruye dos de los principales sumarios de corrupción, Púnica y Lezo. Si finalmente solicita su regreso, como apuntan fuentes de su entorno, el concurso convocado para cubrir la plaza quedaría sin efectos.
Las quinielas sobre quién será el sucesor de Eloy Velasco al frente del Juzgado Central de Instrucción 6 tienen desde este miércoles un favorito: el magistrado Manuel García-Castellón, titular de la plaza, quien en el año 2000 abandonó la Audiencia Nacional para convertirse en el juez de enlace de la justicia española en París, primero, y más adelante en Roma, donde se encuentra destinado en la actualidad, para agilizar la colaboración con las autoridades de ambos países.
Fuentes de su entorno aseguraron este miércoles que García-Castellón, de 64 años de edad, tiene previsto solicitar en primer lugar al Ministerio de Justicia —que fue quien le nombró cuando su titular era el popular Ángel Acebes— su cese como enlace en el extranjero para inmediatamente después solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su reingreso en el juzgado de la Audiencia Nacional del que era titular cuando se marchó hace casi 17 años.
De confirmarse estos pasos, se convertiría en semanas en el instructor de las causas que hasta ahora ha llevado su colega, incluidos los casos Púnica, Lezo y Acuamed, y dejaría en papel mojado el concurso convocado por el órgano de gobierno de los jueces para elegir al sucesor del juez Velasco al frente del juzgado, después de que este fuera nombrado recientemente para formar parte de la recién creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.
Miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), García-Castellón llegó a la Audiencia Nacional como interino, aunque finalmente se convirtió en el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, desde el que instruyó numerosos sumarios sobre ETA. Entre ellos, el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el atentado contra el entonces líder de la oposición José María Aznar. También se encargó del caso Banesto, que acabó con Mario Conde en la cárcel, y de la investigación de las supuestas irregularidades de Jesús Gil al frente del Atlético de Madrid.
Aznar y Zapatero
Su salto a Francia como juez de enlace se produjo durante los Gobiernos de José María Aznar y fue destinado a Roma ya con Mariano Rajoy como presidente. Pese a ello, su labor en el exterior fue reconocida por el Ejecutivo socialista. José Luis Rodríguez Zapatero le condecoró con la encomienda de Isabel La Católica. Francia también le distinguió con la Legión de Honor.
Su decisión de retornar a la Audiencia Nacional ha cogido por sorpresa a la carrera judicial. Fuentes jurídicas se mostraban este miércoles expectantes sobre cuáles serán sus primeros pasos en causas como Lezo y Púnica. “En 17 años ha cambiado, y mucho, la forma de instruir”, recalcan.
https://elpais.com/politica/2017/05/31/actualidad/1496226562_806588.html
VELASCO SERÁ SUSTITUIDO POR EL JUEZ QUE PEDÍA IGNACIO GONZÁLEZ EN UNA GRABACIÓN
El conservador García Castellón decide volver a su plaza en la Audiencia Nacional con 64 años, después de 16 años en destinos dorados en el extranjero
“Yo le llamo a éste y le digo: oye ven aquí, el titular aquí y éste… a tomar por culo”, dice González a Zaplana mientras son grabados por la UCO
Su regreso aborta un concurso incontrolable que hubiera ganado el juez más antiguo de cuantos aspirasen a instruir los casos de corrupción del PP
Ignacio González acertó en el nombramiento de Manuel Moix como fiscal jefe de Anticorrupción tres meses antes de que se produjera. En esa misma conversación del 22 noviembre de 2016, el expresidente de la Comunidad de Madrid expresaba su deseo que Eloy Velasco fuera apartado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y que volviera el titular de la plaza, Manuel García Castellón, 16 años en el extranjero como juez de enlace. Este miércoles, el magistrado conservador hacía pública su intención de regresar a la Audiencia Nacional, a sus 64 años.
García Castellón no quiso volver a su plaza en todo este periodo, lo que hubiera conseguido con tal de solicitarlo. Ahora, el magistrado evita el efecto de un concurso que ganará el más antiguo de cuantos jueces se presenten de entre toda la carrera judicial. Cualquier intento de control sobre este proceso hubiera resultado inútil. Ya ocurrió cuando el Poder Judicial sacó la plaza de Pablo Ruz, también interino, y acabó siendo sustituido por José de la Mata, director general del Ministerio de Justicia con Rodríguez Zapatero.
El 22 de noviembre de 2016 Ignacio González sabía que las Fuerzas de Seguridad controlaban sus comunicaciones. Desconocía, sin embargo, que el juez Velasco había autorizado a la Unidad Central Operativa a introducir un micro en la sala de su despacho donde ese día se reunía con Eduardo Zaplana. Ambos hablan del chivatazo que el presidente de La Razón, Mauricio Casals, le ha dado en una cena del periódico. Y en ese contexto comienzan a comentar la situación de la carrera judicial y de la Fiscalía.
En un momento dado, Zaplana asegura que el problema está en “la instrucción”, esto es, en el juez encargado de dirigir la investigación, Eloy Velasco. González responde: “Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal, y escucha, tenemos un juez que está provisional… tú lo ascienden… yo le digo, a ver, venga usted pa acá, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente, y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño!”.
En su disertación, Ignacio González ofrece dos posibilidades para librarse de Velasco, el ascenso o enviarle a la plaza que tenga en propiedad. Seis meses después, el juez Eloy Velasco acaba de ascender a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, una segunda instancia que organismos internacionales reclaman a España desde la misma creación del tribunal especial, pero que se había convertido en un proyecto continuamente postergado.
El Gobierno ha decidido impulsarlo y establecer como exigencia para su acceso una especialidad en penal que solo una docena de magistrados poseen y que obtuvieron hace dos décadas a través de una sencilla oposición. Junto a Velasco, el otro seleccionado es Enrique López, apartado de los juicios de Gürtel por su proximidad al PP. González dice en el audio de él que es uno de los integrantes de un “círculo” de magistrados afines, concretamente “quien mueve a todos ésos”.
"A escarbar cebollinos"
En su conversación con Zaplana, el expresidente sigue desarrollando su plan. Después de enviar a Velasco a su plaza o ascenderlo, continúa: “Al titular lo quitaron porque era uno que era aparentemente rogelio (ininteligible) y le dan… magistrao de enlace en Londres, no se qué, después gana una pasta, o Roma, vive como dios y el tío no quiere saber nada, claro, a mi me vas a meter en líos, y una mierda… y está encantao. Yo le llamo a éste y le digo, oye ven aquí, el titular aquí y a éste… a tomar por culo, pero ¿qué cuesta eso?, y a este tío lo pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está, ¡pero qué cojones de chantaje!, pero como to el mundo ve que esto funciona, pues ancha es Castilla”.
González se corrige a sí mismo. En un primer momento confunde a Miguel Carmona con García Castellón. El primero está destinado en Londres, es de tendencia progresista y por eso Ignacio González se refiere a él como un “rogelio”. Pero enseguida añade otro destino, Roma, donde García Castellón permanece desde el año 2012, puesto que le concedió el Gobierno de Mariano Rajoy apenas tres meses después de tomar posesión.
Las pocas plazas de juez de enlace gozan de remuneraciones que superan los 130.000 euros anuales, con una carga de trabajo muy inferior a la de cualquier juzgado en España, incluidos los de la Audiencia Nacional. Se trata de destinos muy preciados que el Gobierno otorga como premios, aseguran fuentes jurídicas. En el caso de García Castellón, la gratificación ha sido doble.
García Castellón fue destinado primero a París, pero cuando el Ejecutivo quiso enviar allí a Juan Pablo González, otro de los magistrados considerados próximos al PP, le buscó el destino de Roma. Por si acaso, el magistrado mantuvo contactos para no volver a la Audiencia Nacional, según fuentes próximas al mismo. Roma fue el destino al que cinco años después renuncia voluntariamente. Antes de su periplo internacional, García Castellón instruyó casos tan relevantes como Banesto o el asesinato de Miguel Ángel Blanco por ETA.
Otra de las capitales con juez de enlace español es Londres, por el “rogelio” Miguel Carmona. Es otra de las posibilidades que otorga el puesto de juez de enlace, enviar lejos a alguien que pueda resultar incómodo. Carmona tiene en propiedad la plaza del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Destacado miembro de la progresista Jueces para la Democracia, la oferta de Londres se cruzó en su posible deseo de volver al juzgado que instruye la financiación irregular del PP, el caso conocido como ‘caja B’.
https://www.eldiario.es/politica/Velasco-sustituido-magistrado-Ignacio-Gonzalez_0_649536066.html
MANUEL GARCÍA-CASTELLÓN PODRÍA VOLVER PARA OCUPAR SU PUESTO EN EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN 6
El actual juez de enlace de España en Roma, y titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel María García-Castellón García-Lomas, de 65 años, podría volver a España para ocupar su puesto en la Audiencia Nacional.
«Estoy a lo que decida el Ministerio de Justicia. No depende sólo de mí», declaró ayer telefónicamente a Confilegal. «Soy magistrado y aunque llevo tiempo en otras funciones, esto se lleva en la sangre».
Fuentes del Ministerio de Justicia explicaron, por su parte, a Confilegal que no está en sus planes el cesar a García-Castellón «porque está haciendo un buen trabajo».
«En todo caso, es una decisión personal que le corresponde tomar al magistrado de enlace en Roma, si así lo considera», explicaron las mismas fuentes.
El Consejo de Ministros nombró, en marzo de 2012, a García-Castellón -a propuesta del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón– juez de enlace en Italia tras ocupar, durante 12 años, el mismo puesto en París, Francia, a donde llegó en junio de 2000 propuesto por el antecesor del anterior, en la misma cartera, Ángel Acebes.
Su misión ha consistido, desde entonces, en agilizar el intercambio de información entre los jueces españoles y franceses, en su primer destino, y con los italianos, en el segundo, evitando que el exceso de burocracia o la falta de concordancia entre las respectivas legislaciones retrase la tramitación de las peticiones de auxilio judicial o las demandas de extradición, primero, y de órdenes europeas de detención y entrega, después, tras el 11-S.
En total, entre Francia e Italia, García-Castellón lleva 17 años fuera de España, tiempo en el que ha acumulado una valiosa experiencia internacional -y contactos- en especial en materia de terrorismo etarra y yihadista que podría ser de gran utilidad si finalmente decidiera regresar a ponerse al frente de su Juzgado de la Audiencia Nacional, en el que se instruyen causas como la de la Operación Lezo y la Púnica.
Velasco y todos los anteriores jueces que le precedieron desde 2000 ocuparon el Central de Instrucción 6 en comisión de servicio.
La «propiedad» del destino es de García-Castellón, el cual se encuentra en servicios especiales, una condición que es similar a la de la excedencia pero guardándole el destino y todos los derechos, tal como si no se hubiera ido.
Y puede volver cuando lo desee. Su antigüedad en la carrera es de 35 años.
Recientemente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sacó a concurso la plaza del Juzgado Central de Instrucción 6.
El plazo de presentación de candidaturas concluye antes del 10 de junio. Tras estudiar las solicitudes, el órgano de gobierno de los jueces designará al próximo ocupante, en función de la antigüedad.
El proceso se paralizaría si García-Castellón decidiera volver a su destino por voluntad propia.
Durante el tiempo de servicio en Francia del magistrado se registró un fuerte impulso a las extradiciones, primero, y después a las órdenes europeas de detencion y entrega de etarras que operaban en el país vecino.
Nacido en 1952 en Valladolid, García-Castellón fue juez de distrito en Markina y Castrojeriz, en Vizcaya; y juez de primera instancia e instrucción en Puebla de Sanabria, Medina del Campo y Valladolid, donde fue juez decano.
En 1993 pasó a ocupar el puesto de juez Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional -ocupando la vacante dejada por Baltasar Garzón, que se pasó a la política-
Más tarde, fue juez de primera instancia e instrucción en Valladolid y a continuación regresó a la Audiencia Nacional como titular del Juzgado Central de Instrucción 6.
Durante su servicio en la Audiencia Nacional instruyó varios casos de terrorismo, como el atentado de ETA contra José María Aznar, cuando todavía era jefe de la oposición, o el asesinato del concejal del PP en Ermua, Vizcaya, Miguel Ángel Blanco.
García Castellón también instruyó la querella de la Fiscalía contra Mario Conde por el caso Banesto.
https://confilegal.com/20170531-manuel-garcia-castellon-podria-volver-ocupar-puesto-juzgado-central-instruccion-6/
ALEJANDRO ABASCAL, JUEZ DE REFUERZO DE ELOY VELASCO
El magistrado Alejandro Abascal es el nuevo juez de refuerzo de Eloy Velasco en el Juzgado Central de Insrtrucción 6 de la Audiencia Nacional. A partir de ahora, y por un plazo de seis meses, se dedicará a resolver todos los asuntos que entren regularmente mientras Velasco se dedica a los casos que necesitan agilización, como la Púnica.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado hoy nombrar a un magistrado en comisión de servicio con relevación de funciones como medida de refuerzo para el citado Central 6.
Alejandro Abascal contó con los votos favorables de seis de los miembros de la Permanente -el presidente Carlos Lesmes, los vocales conservadores Gerardo Martínez Tristán, Juan Martínez Moya y Nuria Díaz Abad, y los progresistas Pilar Sepúlveda y Álvaro Cuesta.
En su contra votó la progresista Mar Cabrejas. Rafael Mozo, también progresista, votó en blanco.
Abascal es juez de Adscripción Territorial en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Actualmente está destinado en el Juzgado de lo Penal 29 de Madrid -en Julián Camarillo- y era uno de los tres candidatos seleccionados por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.
Los otros eran Coro Monreal y Juan Antonio Toro, los dos jueces de instrucción, la primera en el 34 y el segundo en el 36, ambos de Madrid.
El magistrado designado es el juez de Adscripción Territorial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Alejandro Abascal Junquera, actualmente destinado en el Juzgado de lo Penal número 29 de Madrid y que era uno de los tres candidatos preseleccionados por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. Antes fue letrado en el órgano de gobierno de los jueces.
La asignación de Abascal al Juzgado Central de Instrucción 6 tiene su origen en la solicitud que hizo Eloy Velasco el pasado 23 de octubre por la «acumulación sobrevenida de trabajo por razón de la complejidad de las causas» que se instruyen en este órgano judicial «y particularmente en relación al procedimiento DPA 85/2014 en la denominada ‘operación Púnica'».
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional aprobó y convocó la comisión de servicio. Diez candidatos optaron, de los que fueron seleccionados tres. Una lista que fue remitida, como propuesta al CGPJ.
El pasado 1 de marzo, el Ministerio de Justicia emitió la preceptiva autorización económica, como había adelantado Confilegal.
https://confilegal.com/20160310-alejandro-abascal-juez-refuerzo-eloy-velasco/
GARCÍA-CASTELLÓN SERÁ EL JUEZ DE ENLACE EN PARÍS PARA LA COOPERACIÓN ANTITERRORISTA
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, se incorporará con carácter inmediato a París como juez de enlace para agilizar la cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo. El juez aceptó ayer el ofrecimiento que le hizo el ministro de Justicia, Ángel Acebes, y será nombrado el viernes por el Consejo de Ministros. La designación del juez de enlace español llega con casi cuatro años de retraso y se produce en vísperas de la cumbre hispano-francesa que hoy se celebra en Santander, presidida por Jacques Chirac y José María Aznar.
El Consejo de Ministros nombrará el viernes a García-Castellón a propuesta de los titulares de Justicia, Ángel Acebes, y Asuntos Exteriores, Josep Piqué. Su nueva tarea obligará al instructor del caso Banesto a dejar su juzgado en la Audiencia Nacional. García-Castellón pasará a la situación de servicios especiales y se trasladará a París, donde tendrá un despacho en el Ministerio de Justicia francés, aunque también se le reservará otro en el departamento de Justicia español.
Su misión consistirá en agilizar el intercambio de información entre los jueces españoles y franceses, evitando que el exceso de burocracia o la falta de concordancia entre las respectivas legislaciones retrase la tramitación de las peticiones de auxilio judicial o las demandas de extradición. También podrá participar en los interrogatorios a los detenidos, sin esperar a que se cursen las comisiones rogatorias.
Paradójicamente, aunque el Gobierno español era el más interesado en el buen funcionamiento de este mecanismo de coordinación, por su influencia sobre la eficacia de la lucha contra ETA, ha tardado casi cuatro años en ponerlo en marcha.
El juez Badie, en Madrid
El intercambio de jueces de enlace lo acordaron ambos Gobiernos en diciembre de 1996. En junio de 1997, el Ejecutivo francés cumplió con su parte y designó al magistrado François Badie, quien se incorporó a Madrid. Sin embargo, el puesto reservado en París a su homólogo español sigue todavía vacante.
Fuentes de La Moncloa atribuyeron ayer a "problemas administrativos", que no pudieron detallar, el retraso de la designación del juez español. Tampoco en el departamento de Justicia, cuyo titular acaba de incorporarse, supieron dar una explicación.
En una entrevista publicada ayer por EL PAÍS, la ministra de Justicia francesa, Élizabeth Guigou, recordaba que ella designó en su momento a un magistrado francés que "está destacado en el Ministerio de Justicia español, en el que ha sido bien acogido y en el que se ha integrado".
"Ya hay un juez francés en Madrid", agregaba. "Ahora espero que tengamos pronto un magistrado español destacado en París [...], lo deseo fervientemente porque pienso que eso serviría para mejorar aún más las relaciones de cooperación judicial".
No obstante, la ministra advertía de que, en contra de la pretensión de las autoridades españolas, "bajo ningún concepto se debe concentrar el trabajo de ese juez en los casos de terrorismo: hay que ocuparse de todo, de los problemas de derecho común".
El intercambio de jueces sigue el modelo aplicado por las fuerzas de seguridad. Desde hace años, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía cuentan con agentes de enlace en la comisaría de Pau, en el sur de Francia, mientras que la policía francesa tiene representantes en Madrid. Esta línea caliente entre cuerpos policiales ha sido decisiva en las operaciones desarrolladas contra ETA en Francia.
En la Audiencia Nacional García-Castellón ha instruido numerosos sumarios contra ETA, como los referidos al atentado contra Aznar o el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Su conocimiento del terrorismo y su buena relación con los jueces franceses han sido decisivos, según fuentes de Justicia, para su nombramiento. Aunque conservará la plaza, García-Castellón será sustituido al frente del juzgado central número 6, mientras esté en París, por otro juez en comisión de servicios. Se da la circunstancia de que también él llegó a la Audiencia Nacional como interino.
El nombramiento del juez de enlace español en París permitirá hoy al presidente español, José María Aznar, acudir a la cumbre hispano-francesa de Santander con los deberes hechos. El reforzamiento de la cooperación antiterrorista, en un momento en que ETA ha dado por rota su tregua y se ha lanzado a una sangrienta ofensiva, estará presente en las entrevistas sucesivas que Aznar mantendrá con el presidente francés, Jacques Chirac, y con su primer ministro, Lionel Jospin. También acudirán al Palacio de la Magdalena los dos ministros del Interior, Jaime Mayor y Jean Pierre-Chevènement.
Mayor también se reunirá en breve con su colega belga, Antoine Duquesne, según anunció ayer en Bruselas el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, quien participó por vez primera en el Consejo Europeo de Asuntos Generales, informa Bosco Esteruelas.
EL INSTRUCTOR DE BANESTO Y GIL
Manuel García-Castellón alcanzó la fama en 1999 como el juez del caso Atlético, en el que está procesado y en libertad bajo fianza de 100 millones de pesetas el alcalde de Marbella y presidente del club Atlético de Madrid, Jesús Gil y Gil. García-Castellón, tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción, abrió un procedimiento por delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad y delito societario contra Gil, embargó las cuentas y las acciones del club, registró la sede social y nombró el 21 de diciembre de 1999 a Luis Manuel Rubí Blanc como administrador judicial, sustituyéndole cuatro meses después por un interventor y devolviendo el club a Gil poco antes de que bajase a Segunda División. Pero Manuel García-Castellón García-Lomas, nacido en Valladolid hace 47 años, de los que ha pasado 18 en la carrera judicial, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ya era conocido por los lugares en los que había pasado. Miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, García-Castellón se inició como juez de distrito. Estuvo destinado en Marquina (Vizcaya) y Medina del Campo y en 1984 fue juez de vigilancia penitenciaria en Palma de Mallorca. De allí pasó al juzgado de Instrucción número 2 de su ciudad natal. En junio de 1992 se ocupó de la investigación de la violación y asesinato de la joven Olga Sangrador. El juez hizo una reconstrucción de los hechos en el lugar en que fue encontrada la víctima y en la que participó el presunto asesino, que confesó su culpabilidad.
En 1994 llegó a la Audiencia Nacional para descongestionar de trabajo el juzgado de delitos económicos del que era titular Miguel Moreiras. Poco después se hizo cargo del juzgado número 6 y le tocó la instrucción de la querella de la Fiscalía contra Mario Conde por el caso Banesto. García-Castellón procesó al ex presidente de Banesto y otras 11 personas, cinco de las cuales han sido condenadas recientemente. Conde ha sido condenado a 10 años y dos meses de prisión.
Miembro de la Comisión de Policía Judicial, García-Castellón ha sido el juez instructor de varios casos de terrorismo como el atentado de ETA contra José María Aznar cuando todavía era jefe de la oposición o el asesinato del concejal del PP de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco.
Otro caso que inició García-Castellón es el proceso por genocidio, terrorismo y torturas contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, aunque el asunto pasó posteriormente a Baltasar Garzón por haber comenzado antes un proceso relativo al Operativo Cóndor.
https://elpais.com/diario/2000/05/23/espana/959032817_850215.html
UN JUEZ DESTITUYE A GIL COMO PRESIDENTE DEL ATLÉTICO DE MADRID
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decretó ayer la destitución del presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil y Gil, y del vicepresidente del club, Enrique Cerezo. La medida se aplicará al menos durante la investigación de los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y otros delitos societarios supuestamente cometidos por Gil y otros administradores del club. La Fiscalía Anticorrupción cifra en 9.427 millones de pesetas la presunta estafa cometida. García Castellón también ordenó ayer "la intervención, secuestro y embargo" del 94,5% de las acciones que corresponden a Gil y a Cerezo. El administrador judicial que se ha hecho cargo del club es Luis Manuel Rubí, inspector de finanzas del Estado, quien ayer ocupó ya la sede del club al frente de un nutrido grupo de guardias civiles. Paralelamente, el juez ordenó la intervención y bloqueo de cuentas, saldos en metálico y bancarios y cajas de seguridad del Atlético de Madrid y de la empresa Promociones Futbolísticas, propiedad de Jesús Gil. Según Anticorrupción, Gil y Cerezo se hicieron con el 94,5% del capital social del club, valorado en más de 1.950 millones de pesetas, "sin desembolsar cantidad alguna", en tanto que 3.174 socios desembolsaron 112 millones, correspondientes al 5,5% restante, cantidad que "se quedó también Jesús Gil". El presidente destituido siguió anoche desde el palco el partido del Atlético, que goleó 5-0 al Oviedo. Para el club, un histórico de la Liga española, las consecuencias del proceso pueden ser dramáticas, incluido el descenso y hasta su desaparición.
https://elpais.com/diario/1999/12/23/portada/945903603_850215.html
GARCÍA-CASTELLÓN REAFIRMA SU COMPETENCIA SOBRE EL GENOCIDIO CHILENO
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón reafirmó ayer su competencia para perseguir los delitos de genocidio y terrorismo cometidos en Chile durante la etapa de la dictadura del general Augusto Pinochet.El magistrado español rechazaba así el recurso presentado por la fiscalía que cuestionaba la competencia de la justicia española en el caso por no ser los hechos constitutivos de delitos de genocidio o terrorismo y por no haber jurisdicción, es decir, que no existen fundamentos legales para que los jueces españoles puedan investigar ese asunto.
García-Castellón ya se declaró competente en el caso en un auto dictado el pasado 15 de septiembre, y ayer volvió a ser contundente.
El magistrado recordó que el genocidio "es un delito de derecho internacional contrario al espíritu y a los fines de las Naciones Unidad y que el mundo civilizado condena". Y agrega, contestando al fiscal, que "aparecen, al menos indiciariamente, hechos en la investigación criminal que se sigue que pudieran incardinarse dentro de la repetida figura del genocidio, pues, efectivamente, tanto el Convenio [sobre prevención y sanción del genocidio] como el Código Penal español hacen referencia a la destrucción total o parcial de grupo nacional, apareciendo indudablemente que en este apartado, el presente proceso ha ido precisando la eliminación de concretas personas unidas en su mayor parte por el nexo de pertenecer a una ideología política muy concreta".
Exterminio
El juez García-Castellón alude al informe Retting, al que se refirió el fiscal en su recurso, y señala que en la página 23 de ese informe se señala: "La comisión sí ha podido convencerse de que había detrás una voluntad de exterminio, dirigido sistemáticamente y por motivaciones políticas, en contra de cierta categoría de personas".Respecto a la falta de jurisdicción española para enjuiciar el caso, el juez señala que hay que interpretar la Ley Orgánica del Poder Judicial "en el sentido resuelto por este juzgado (...) afirmando la competencia española, que es universal, repetimos, en la persecución de este tipo de delitos, que suponen la violación más grave que contra los derechos del hombre se pueden cometer". Y agrega: "Por lo que, al arrogarse la comunidad internacional el derecho a perseguirlos y castigarlos, no hace sino una interpretación lógica del espíritu reflejado en el convenio y en el pacto internacional sobre derechos civiles y políticos.
El juez rechaza también la alegación del fiscal de que no existe delito de terrorismo. "Sí que nos encontramos, al menos indiciariamente, ante un delito de terrorismo, puesto que éste es generalmente definido como utilización de la violencia como medio de actuación política y que mediante el terror trata de cambiar lo que los ciudadanos de forma democrática han instituido".
https://elpais.com/diario/1998/10/03/internacional/907365606_850215.html
EL JUEZ ARCHIVARÁ EL SUMARIO POR EL ASESINATO DEL CONCEJAL DE ERMUA
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha concluido el sumario abierto por el secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular (PP) del Ayuntamiento de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco, quien recibió dos tiros en la cabeza el pasado 12 de julio de 1997 y cuya muerte desencadenó la indignación general y multitudinarias manifestaciones de protesta en toda España. La medida del magistrado ha sido adoptada a petición del fiscal Ignacio Peláez y constituye el paso previo al archivo de la causa por falta de autor conocido del asesinato.
Este archivo revestirá la forma de sobreseimiento provisional para que el caso pueda ser reabierto en cualquier momento si se detuviera a alguno de los autores o se encontraran pruebas que pudieran conducir a la identidad de los asesinos.
Fuentes consultadas por la agencia Efe indicaron ayer que el juez instructor se siente "dolido" por haber tenido que adoptar la decisión de dar por concluido el sumario, en el que "han trabajado con intensidad las tres fuerzas policiales -Guardia Civil, y policías nacional y autonómica". Estas tres fuerzas "han estado permanentemente colaborando con el juzgado", indicaron las mismas fuentes. García Castellón se hizo cargo de la investigación de la causa al encontrarse de guardia cuando los terroristas mataron al concejal.
El caso del asesinato de Miguel Ángel Blanco conmocionó a la sociedad española en el verano de 1997, cuando elementos de la banda terrorista ETA, presumiblemente el comando Donosti, secuestraron al concejal vizcaíno y emplazaron al Gobierno de José María Aznar a reagrupar a los presos de la organización terrorista en cárceles del País Vasco en un plazo de 48 horas.
Toda la sociedad vasca se echó a la calle para exigir a la banda terrorista la inmediata liberación del secuestrado, mientras que en Madrid y en casi todas las ciudades españolas se registraron manifestaciones espontáneas masivas como muestra de apoyo al concejal.
Atado con un cable eléctrico
Cumplido el plazo, la banda terrorista asesinó de dos disparos en la nuca a Miguel Angel Blanco, que fue encontrado en las proximidades de Lasarte (Guipúzcoa) aún con vida. El juez y el fiscal se desplazaron a Ermua para seguir de cerca los acontecimientos. La investigación determinó que el concejal tenía las manos atadas con un cable eléctrico cuando fue asesinado. Blanco falleció en la madrugada del 13 de julio en la residencia Nuestra Señora de Aránzazu, en San Sebastián.Como consecuencia de las investigaciones practicadas por las fuerzas de seguridad se encontraron huellas, pelos y fibras, pero las pruebas periciales practicadas no han dado resultado positivo para identificar a los autores materiales.
https://elpais.com/diario/1998/01/27/espana/885855607_850215.html
GARCÍA-CASTELLÓN SOLICITA LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CASTILLA Y LEÓN
El magistrado Manuel García-Castellón, natural de Valladolid y responsable del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha presentado su solicitud para ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL), cuya presidencia mantiene en la actualidad José Luis de Pedro, quien ya ha cumplido cinco años de mandato. García-Castellón se incorporó a la Audiencia Nacional en 1993.
Según publicaba ayer el periódico El Norte de Castilla, García-Castellón presentó el pasado viernes ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su solicitud, lo que le confirma como el segundo juez vinculado a esta comunidad autónoma que opta a la plaza de presidente del Tribunal Supremo de la comunidad.
De confirmarse su elección, el magistrado deberá abandonar su plaza en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y con ello asuntos como la quiebra de la constructora Huarte o los crímenes contra ciudadanos españoles en los tiempos de la dictadura del general Pinochet en Chile. Manuel García-Castellón, el juez que decretó en 1994 el ingreso en prisión de Mario Conde por el caso Banesto, pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en la que ha ocupado puestos de responsabilidad directiva. Además, es desde 1992 y por designación del Consejo General del Poder Judicial el representante español en el Grupo de Trevi, un colectivo encargado de combatir la delincuencia y el narcotráfico internacional.
García-Castellón ingresó en la carrera judicial en 1978. Ha ocupado los juzgados de las localidades de Durango y Marquina, en Vizcaya, y Azpeitia, en Guipúzcoa. En 1982 se trasladó a Zamora, y un año más tarde a la localidad vallisoletana de Medina del Campo. En 1984 ascendió a magistrado y ocupó el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, donde, entre otras, instruyó las diligencias por los asesinatos de Olga Sangrador, y Leticia Lebrato.
La convocatoria para la plaza de presidente del Tribunal Superior de Castilla y León se publicó en el BOE el día 16. Entre los requisitos para ocupar la citada plaza se incluye tener una antigüedad en la carrera judicial de 15 años y 10 en la categoría de magistrado.
https://elpais.com/diario/1998/01/28/espana/885942012_850215.html
EL JUEZ GARCÍA CASTELLÓN RECHAZA CITAR AL ARREPENTIDO ARGENTINO SCILINGO
El juez español Manuel García Castellón rechazó ayer la petición de una de las acusaciones de citar a declarar al ex militar arrepentido argentino Adolfo Scilingo en el sumario que instruye por genocidio y terrorismo, y en el que se investigan las desapariciones de españoles durante la dictadura chilena. La decisión del juez fue adoptada después de que recibiera el informe del fiscal del caso, Ignacio Peláez, en el que se oponía a la declaración por entender que el testimonio del argentino no aportaba nada a la investigación.
En realidad, según fuentes jurídicas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto frontalmente a los procesos contra los militares argentinos y chilenos que se tramitan en los juzgados centrales 5 y 6 de la Audiencia por los problemas que han generado en las relaciones internacionales españolas, si bien lo han fundamentado jurídicamente en que la justicia española no es competente para enjuiciar conductas ocurridas en otro país cuando los presuntos autores no son ciudadanos españoles.Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional no recurrió la admisión a trámite de las querellas respectivas, presentadas por la Unión Progresista de Fiscales, ni alegó en aquel momento falta de competencia.
De hecho, según fuentes de la citada agrupación de fiscales, no deja de ser paradójico que cuando otros países, como Estados Unidos, Suecia, Italia o Francia, reconocen la competencia para seguir adelante con el proceso, sea la Fiscalía de la Audiencia Nacional, siguiendo criterios de la Fiscalía del Estado, -en contra de la Junta de Fiscales de Sala- la que la cuestione.
Fuentes de la acusación en el citado proceso han anunciado que estudian la Presentación de un recurso contra la decisión del juez. En medios de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se señalaba ayer que, si en el curso de la instrucción de la causa apareciesen nuevos datos que relacionasen a Scilingo con las desapariciones en Chile, se podría reconsiderar la postura y recabar el testimonio del arrepentido.
Scilingo tenía previsto declarar sobre la denominada Operación Cóndor, es decir la colaboración de los aparatos represivos de Chile y Argentina para deshacerse de los "subversivos". El ex capitán de corbeta argentino está en prisión preventiva por orden del juez Baltasar Garzón.
Por otra parte, el auditor general de Ejército chileno, general Fernando Torres Silva, admitió ayer en una entrevista al vespertino La Segunda, que se entrevistó con el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sobre el proceso que éste sigue a la Junta Militar chilena por genocidio, y dijo que le entregó copia de fallos de la Corte Suprema sobre algunos de los casos que se han abordado en la causa en Madrid, "para tratar de restablecer la verdad", aprovechando una visita suya privada a España, informa desde Santiago Manuel Délano.
Según él, su comparecencia ante el juez fue durante "mis días de permiso administrativo, en viaje particular", lo que no implica que el Ejército se haya hecho parte en el juicio.
En la entrevista, el general Torres dijo que no tuvo conocimiento del proceso, y que "si voy a España lo menos que puedo hacer es conversar con un juez que lleva un proceso que nosotros no reconocemos como ta , porque "los tribunales españoles no tienen jurisdicción para conocer de hechos acaecidos en Chile".
Permiso de Pinochet
Para hacerse parte del. proceso "tendría que haber llevado una autorización del general Leigh [Gustavo], del general Pinochet [Augusto], del general Stange [Rodolfo, los tres ex miembros vivos de la Junta Militar]. ¡Quién soy yo para llegar y decir que quiero hacerme parte!", afirmó Torres.Explicó el auditor general que fue recibido en su calidad de tal, pero que no fue en comisión de servicio y eludió responder si previamente había informado al Gobierno y al Ejército, aunque afirmó que sí lo hizo posteriormente, sin aclarar si fue ante ambos. Consultado sobre si sufrió alguna reprimenda por aparecer ante la audiencia, contestó: "Hasta ahora no, y espero que usted no le esté dando la idea".
https://elpais.com/diario/1997/10/21/internacional/877384812_850215.html
LA AUDIENCIA NACIONAL PIDE AL CGPJ QUE RENUEVE AL JUEZ GARCÍA-CASTELLÓN, EN CONTRA DE LA OPINIÓN DE MOREIRAS
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional acordó ayer solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que renueve por un nuevo periodo de seis meses el nombramiento del magistrado Manuel García-Castellón, instructor del caso Banesto desde el pasado mes de noviembre, como juez de apoyo al juzgado central de instrucción número 3, del que es titular el juez Miguel Moreiras. La comisión permanente del CGPJ aprobará esa prórroga en su próxima reunión.
El juez Moreiras presentó la pasada semana un escrito al presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, en el que le informaba que no necesitaba ya la ayuda del magistrado García-Castellón.
Éste fue nombrado juez de apoyo del juzgado de Miguel Moreiras en septiembre de 1994. Desde entonces, el instructor del caso Banesto se ocupa de los asuntos que por reparto corresponden al juzgado número 3. Por su parte, el juez Moreiras investiga todos los casos anteriores a esa fecha, entre ellos el de PSV, las cesiones de crédito del Banco Santander, el fraude del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), Enatcar o la quiebra del grupo KIO.
Como responsable del caso Banesto, Manuel García-Castellón fue el encargado de firmar el auto de prisión del ex presidente de la entidad Mario Conde y del ex vicepresidente Arturo Romaní. Precisamente ayer, éste compareció ante García-Castellón cumplimiento con su obligación quincenal desde que está en libertad bajo fianza
https://elpais.com/diario/1995/04/04/economia/796946416_850215.htm
EL JUEZ GARCÍA-CASTELLÓN ASEGURA QUE "ES MUY DURO ENVIAR A ALGUIEN A LA CÁRCEL"
"Es muy duro adoptar la decisión de enviar a alguien a la cárcel", manifestó en la tarde de ayer a EL PAÍS el juez Manuel García-Castellón tras dictar prisión incondicional para el ex presidente de Banesto Mario Conde. Una decisión que partidos políticos, accionistas, sindicatos y miembros de la comisión parlamentaria que estudió la intervención de Banesto coincidieron ayer en calificar de "coherente, positiva y fundada". El Gobierno, por medio del ministro Pérez Rubalcaba, expresó "el respeto" del Ejecutivo por las decisiones judiciales.
"Decisiones de estas características se han de tomar siempre en caso extremo", indicó el juez con un tono de voz cansado, pero con el ánimo "en perfectas condiciones" por considerar, según dijo a este periódico, haber cumplido con su obligación. El juez de Delitos Monetarios Manuel García-Castellón, instructor del caso Banesto, se mostró reticente a la hora de hacer declaraciones, ya que, dijo, "me horroriza, me espanta salir en los papeles. Un juez debe realizar su trabajo sin tener que ser noticia permanente".
García-Castellón también indicó que el caso Banesto no alterará en absoluto su línea de trabajo, ya que la próxima semana seguirá con el estudio y tramitación de los más de 70 asuntos que en la actualidad lleva su juzgado.
Con algunos matices, el tono de las valoraciones de los partidos, sindicatos y accionistas fue muy homogéneo, con puntos comunes: respeto a las actuaciones judiciales, salvaguarda de la presunción de inocencia y coincidencia de las conclusiones a las que llegó la Comisión Banesto con las del juez García-Castellón.
Comisión Banesto:
Ramón Espasa (IU): La decisión del juez "es coherente con el contenido de nuestro dictamen, que ya hablaba de las operaciones especiales y apuntaba la existencia de delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad y maquinación para alterar el precio de las cosas".
Mercedes Aroz (PSOE): La decisión judicial "culmina la respuesta de todas las instituciones para clarificar la crisis de Banesto". Aroz destacó la actuación del Banco de España y dijo que el encarcelamiento de Conde "no ha sorprendido a nadie".
Fernando Fernández de Trocóniz (PP): El auto es "un hito más" en el largo proceso contra Mario Conde. No descarta "nuevos autos de prisión incondicional contra otros antiguos consejeros".
Josep Sánchez Llibre (CiU): "El dictamen de la comisión y el auto judicial garantizan que las instituciones deben adoptar medidas para que no se vuelvan a repetir hechos similares".
Accionistas:
Enric Casany (Asociación de Defensa del Pequeño Accionista): "La medida es positiva porque demuestra cómo la ley es igual para todos. Lo más destacable es que se cierra un ciclo".
María Victoria de la Muela (Reagrupamiento de Accionistas de Banesto): "El auto de prisión contra Mario Conde es lógico. Es natural que corriera la misma suerte que Arturo Romaní. La decisión del juez, por otra parte, deja claro que la intervención de Banesto no fue una decisión política".
Partidos políticos:
PP: El encargado de asuntos jurídicos del partido, Federico Trillo, calificó la orden judicial "decisión fundada" que ratifica la lectura política que en su día llevó a cabo la comisión parlamentaria que estudió la gestión del banco.
IU: El coordinador general la coalición, Julio Anguita, aseguró que "se impone la catarsis" en un país que está dando "un espectáculo deprimente "y no por culpa del juez precisamente". El diputado Antonio Romero añdió que la prisión de Conde "cierra una época de la historia moderna", la de la denominada cultura del pelotazo.
CiU: El portavoz de la coalición, Miquel Roca, manifestó que defenderá la presunción de inocencia "de estos señores" hasta el final. "Cuando hay la sensación generalizada de que el árbol ha caído, todo el mundo hace leña" añadió.
PSOE: El presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, declaró que el procedimiento seguido contra Conde es "claramente inquisitorial" y señaló que "tener a una persona cinco días seguidos interrogándole hasta encontrarle algún acto delictivo es inhumano".
Sindicatos:
UGT: La Federación de Socios de la organización emitió un comunicado titulado Se veía venir en el que, entre otras afirmaciones, señala que la decisión judicial avala la postura que tuvo el sindicato durante la época en que Conde gestionó Banesto
https://elpais.com/diario/1994/12/24/economia/788223624_850215.html
En una entrevista concedida en noviembre de 2009 a 'El Día de Valladolid', el coronel de la Guardia Civil Francisco Javier Galache relató cómo fue la investigación del crimen de Olga Sangrador
"El Estado será responsable de lo que ocurra si no pone medidas de control sobre los violadores"
El día 11 de noviembre de 2009, durante una entrevista con El Día de Valladolid, el coronel Francisco Javier Galache que, por entonces, acababa sus días en activo al frente de la Guardia Civil de Valladolid, recordaba cómo fue el arresto de Juan Manuel Valentín Tejero, una investigación de la que, cuando todavía era capitán del Instituto Armado, se encargó él de forma personal junto al juez instructor del caso, el magistrado Manuel García Castellón, que años después acabaría en la Audiencia Nacional y de juez enlace con Francia.
«Hay dos casos muy importantes en mi vida», recordaba Galache en la entrevista, «el de Olga Sangrador y el de Leticia Lebrato, ambos en 1992». «En el primero había unas circunstancias especiales porque entonces mi hija tenía los mismos años que ella y para mí fue una experiencia dura. Ahí está aquella toma de televisión con el ‘mírala, mírala’. Fue una investigación muy bonita, muy coordinada, muy con los jueces...», repasaba un Galache que exigió a Valentín Tejero que la mirase y que pidiese perdón sobre el cadáver de la niña en el pinar de Tudela en el que la enterró.
Junto al juez García Castellón había logrado que este pederasta confesase el lugar en el que dejó el cuerpo. Cuenta la leyenda que lo hizo durante una visita, todos de incógnito (Valentín Tejero, García Castellón, Galache y numerosos guardias), a un bar de Villalón: «No exactamente», aclaraba en esa entrevista el coronel. «Una vez que él confesó, ya como detenido, comprobamos cómo se había hecho y, efectivamente, estuvimos en todos los lugares en que había estado él y la niña», recordaba un Galache que se encontró ante una persona que «se cerró y no quería hablar». «En un primer momento no nos dijo exactamente dónde estaba el cadáver, pero luego ya nos dijo el pinar y fuimos para allá con él. El hallazgo del cuerpo fue impactante para él, pero para nosotros fue horrible».
«Fue un acto legal, judicial y de investigación para ir a los sitios y ver qué hacía él. No nos había confesado todo, pero casi. Fuimos allí de forma reglamentaria, discreta y súbita; una tarde decidimos ir para allá, a la plaza, al bar... Todos de paisano. Cuando regresamos al cuartel de Villalón se vino abajo y confesó dónde estaba el cadáver».EL 'VIOLADOR DEL ASCENSOR' SE RETRACTA DE SU CONFESIÓN AL JUEZ Y SE DECLARA INOCENTE
Pedro Luis Gallego Fernández, conocido como el violador del ascensor, negó ayer, en la vista oral del juicio por el asesinato de la joven Leticia Lebrato, ser el autor del crimen y acusó al juez instructor del caso, Manuel García Castellón, actualmente en la Audiencia Nacional, de haberle engañado "con falsas promesas" cuando firmó ante él su confesión como autor del homicidio. "García Castellón me prometió ingresar en un centro psiquiátrico en lugar de en una cárcel", dijo el presunto asesino a preguntas del fiscal de Valladolid José Carlos Jaramillo.
El juicio contra Pedro Luis Gallego, de 36 años, ha quedado suspendido hasta mañana para modificar las conclusiones definitivas, después de que se iniciara pasadas las diez de la mañana con la presencia de 10 testigos, en su mayoría solicitados por la acusación particular que dirige el abogado Luis Lavín en representación de la familia Lebrato. También comparecieron nueve peritos, algunos de los cuales señalaron en sus conclusiones que el violador del ascensor es una persona normal que puede discernir el bien del mal.A pesar de negar en repetidas ocasiones ser el autor del asesinato, Gallego Fernández escuchó las declaraciones de los responsables de las fuerzas del orden público que participaron en la reconstrucción de los hechos pocos días después de ser detenido, quienes señalaron que el acusado colaboró "sin oponer pega alguna". También indicaron que el acusado llegó a señalar casi con exactitud el lugar donde apareció semi enterrado el cadáver de la joven de 17 años a finales de julio de 1992.
Los abogados de la familia de Leticia Lebrato han pedido en sus conclusiones provisionales 62 años y medio de cárcel por un delito de asesinato, violación, rapto e inhumación ilegal, mientras que el fiscal demanda 41 años. La defensa, ejercida por un abogado de oficio, considera que no existen pruebas concluyentes contra su patrocinado y pide la libre absolución.
Mientras se celebraba el juicio en la Audiencia Provincial de Valladolid, un centenar de mujeres pertenecientes a diversos colectivos feministas se manifestaron ante las puertas del Palacio de Justicia para exigir que los violadores cumplan la totalidad de las penas a las que sean condenados por este tipo de delitos.
En la sala, y acompañando a la familia Lebrato, se encontraba uno de los padres de las tres niñas asesinadas en Alcáser (Valencia), quien mostró su extrañeza por el desarrollo de la vista y las continuas contradicciones en que incurría el violador del ascensor.
Leticia Lebrato Rojo, que entonces tenía 17 años, fue encontrada muerta con 11 puñaladas en su cuerpo el 19 de julio de 1992 en un pinar próximo a la localidad vallisoletana de Viana de Cega, lugar donde veraneaba con. su familia.
La Audiencia Provincial de Valladolid ya condenó a Pedro Luis Gallego Fernández a 107 años de prisión por cinco delitos de violación consumada, un delito (le intento de violación, dos de agresión sexual, tenencia ilícita de armas y robo con intimidación. Además, fue condenado en junio de 1993 a 19 años de prisión por un enfrentamiento a tiros con la policía en Medina del Campo, cuando consiguió escapar del cerco policial que le habían tendido las fuerzas de seguridad.
El violador del ascensor fue detenido el 15 de noviembre de 1992 en La Coruña cuando intentaba cobrar un giro postal que le enviaba un familiar suyo mientras era perseguido por la policía por toda España.
https://elpais.com/diario/1994/07/01/espana/773013613_850215.html
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