MANUEL GARC? CASTELL? : UN JUEZ CON 17 A?S EN SERVICIOS ESPECIALES
LAS NOTICIAS. ABRIL 2021
EL JUEZ DE P?ICA EXONERA A CIFUENTES A POCOS D?S DE QUE AYUSO LA REHABILITE
EL JUEZ DE LEZO ARCHIVA LA CAUSA CONTRA EL HERMANO DE IGNACIO GONZ?EZ POR ?INDICIOS INSUFICIENTES?
LA AUDIENCIA NACIONAL REABRE LA INVESTIGACI? SOBRE EL EXALCALDE DE ALCOBENDAS
EXCULPADO DE LA 'P?ICA' GARC? DE VINUESA, EX ALTO CARGO DEL GOBIERNO DE AYUSO QUE DIMITI?AL SER IMPUTADO
EL JUEZ DEL ?CASO P?ICA? EXCULPA A TRES CARGOS DEL PP
EL JUEZ DESIMPUTA AL CONSTRUCTOR AL QUE B?CENAS ACUS?DE ENTREGAR 60.000 EUROS PARA ESPERANZA AGUIRRE
EL JUEZ DE 'P?ICA' CONSIDERA "AGOTADA" LA INVESTIGACI? Y TRAS EL 4M ACABAR?LA INSTRUCCI? CON 200 IMPUTADOS
EL JUEZ ARCHIVA PARA INDRA LA PARTE DEL ?CASO P?ICA? POR SUPUESTOS PAGOS AL PP
LA AUDIENCIA NACIONAL URGE AL JUEZ DE P?ICA A ACABAR LA INVESTIGACI? SOBRE ESPERANZA AGUIRRE Y LA CAJA B DEL PP MADRILE?
LA AUDIENCIA NACIONAL DEJA EN LIBERTAD A VILLAREJO
LA COMISI? KITCHEN DEL CONGRESO SE ATASCA AL NEGAR EL JUEZ LA DOCUMENTACI?
EL JUEZ GARC? CASTELL? NO ENVIAR?DOCUMENTACI? DEL SUMARIO DE ?KITCHEN? AL CONGRESO PORQUE TIENE ?CAR?TER RESERVADO?
EL RAPAPOLVO DEL SUPREMO DEJA AL JUEZ DEL 'CASO DINA' SIN APENAS MARGEN PARA ACTUAR CONTRA IGLESIAS
GARZ? ACUSA EL JUEZ GARC? CASTELL? DE ACTUAR CON "SESGO IDEOL?ICO" Y CRITICA SU "OBCECACI?" CON IGLESIAS
EL SUPREMO NO VE DELITO DE IGLESIAS EN EL ?CASO DINA? Y LO DEVUELVE A LA AUDIENCIA
UN JUEZ ABRE UNA INVESTIGACI? A LA GUERRILLA DE PODEMOS POR SUS AMENAZAS AL MAGISTRADO DEL ?CASO DINA?
VALORACIONES IL?ICAS E INVESTIGACI? INSUFICIENTE: LA FISCAL? DA OTRO VARAPALO A GARC? CASTELL? EN SU CAUSA CONTRA IGLESIAS
LA FISCAL? PIDE QUE SE DEVUELVA AL JUEZ EL CASO DINA PARA QUE COMPLETE LA INVESTIGACI?
EL JUEZ DEL ?CASO LEZO? ARCHIVA LA CAUSA ABIERTA CONTRA VILLAR MIR
GARC? CASTELL?: ?SIN CULTURA, OS VAN A ENGA?R SIEMPRE?
LA POLIC? REBAJA EL ACOSO AL JUEZ GARC? CASTELL?, HABLA DE INJURIAS
EL JUEZ DEL CASO DINA DICE NO A IGLESIAS: NI EXPULSA A VOX NI INTERROGA AL COMISARIO PINO
ANTICORRUPCI? ASEGURA QUE LA "PRINCIPAL HIP?ESIS" EN EL 'CASO DINA' ES QUE LA "ORGANIZACI? CRIMINAL DE VILLAREJO" ENTREGARA LA TARJETA A LOS MEDIOS
IGLESIAS RECURRE A LA AUDIENCIA NACIONAL PARA QUE ANULE LA PETICI? DE IMPUTACI? POR PARTE DEL JUEZ DEL CASO DINA
ANTICORRUPCI? SE OPONE A QUE SE ABRA UNA INVESTIGACI? CONTRA IGLESIAS EN EL SUPREMO
GARC?-CASTELL?, TRILLO Y ARIZA SE RE?EN COMO VIEJOS AMIGOS A CENAR, COMENTAR, CELEBRAR?
DOS UNIDADES DE ?ITE DE INTERIOR INVESTIGAN SI VOX EST? DETR? DE LAS AMENAZAS AL JUEZ DEL 'CASO DINA'
VILLAREJO, INDA Y OTROS CABOS SUELTOS DEL 'CASO DINA' QUE EL JUEZ HA DEJADO MIENTRAS SE CENTRABA EN IGLESIAS
INSTRUCCI? N?ERO 6: RADIOGRAF? DEL JUZGADO "EXCEPCIONAL" QUE HA INVESTIGADO A PABLO IGLESIAS
EL JUEZ DEL CASO DINA ACUSA A MIEMBROS DEL GOBIERNO DE ALENTAR UNA CAMPA? EN REDES SOCIALES CONTRA ?
LAS FALLAS DEL ESCRITO DEL JUEZ DEL ?CASO DINA? EN LAS QUE CONF? IGLESIAS
CRONOLOG? DE LA PIEZA 10: AS?ACAB?IGLESIAS ACUSADO POR LA TARJETA DE SU COLABORADORA INCAUTADA A VILLAREJO
EL JUEZ PIDE AL SUPREMO QUE INVESTIGUE A PABLO IGLESIAS POR EL ?CASO DINA?
LA AUDIENCIA NACIONAL PONE FIN AL INTENTO DE CONVERTIR UNA PIEZA DE LA CAUSA CONTRA VILLAREJO EN EL 'CASO PABLO IGLESIAS'
LA AUDIENCIA NACIONAL CORRIGE LA DECISI? DEL JUEZ Y VUELVE A ACEPTAR A PABLO IGLESIAS COMO PERJUDICADO EN EL CASO DINA
LA AUDIENCIA NACIONAL VUELVE A ACEPTAR A PABLO IGLESIAS COMO PERJUDICADO POR EL ?CASO DINA?
GARC? CASTELL? BENEFICIA COMO ACUSACI? POPULAR EN EL 'CASO KITCHEN' A UNA ASOCIACI? CERCANA AL PP
LOS TUITS EN APOYO DEL PP QUE ESCRIBI?LA JEFA DE LA NUEVA "ACUSACI? POPULAR" EN 'KITCHEN' Y QUE YA NO EXISTEN
CAMPA? CONTRA EL JUEZ MANUEL GARC?-CASTELL?
EL JUEZ IMPUTA A JORGE FERN?DEZ D?Z POR EL ESPIONAJE POLICIAL A B?CENAS
PSOE Y ADADE RECURREN LA DECISI? DE NO ABSTENERSE DEL JUEZ DE P?ICA EN LA PIEZA QUE AFECTA A EL CORTE INGL?
ANTICORRUPCI? EVITA POSICIONARSE EN LA RECUSACI? DEL JUEZ DE P?ICA POR COLABORAR CON EL CORTE INGL?
EL JUEZ DEL CASO P?ICA RESPONDE A LA FISCAL? Y AL PSOE: ?PRETENDEN APARTARME SIN ARGUMENTOS?
LA ABOGADA DE LA ACUSACI? POPULAR DENUNCIA POR AMENAZAS AL EXASESOR JUR?ICO DE EL CORTE INGL? IMPUTADO EN P?ICA
EL JUEZ DE P?ICA SE APARTA DE LA CAUSA POR SUS V?CULOS CON EL CORTE INGL?
ADADE Y EL PSOE PIDEN AL JUEZ DE 'P?ICA' QUE SE APARTE DE LA PIEZA QUE AFECTA A EL CORTE INGL? PORQUE DA CLASES EN SU CENTRO UNIVERSITARIO
LA LEY QUE AMPL? EL PLAZO PARA LAS INVESTIGACIONES JUDICIALES AMENAZA CON EMPEORAR LA SITUACI? DEL PP EN 'P?ICA'
EL JUEZ DEL ?CASO P?ICA? CITA A DECLARAR COMO IMPUTADO A UN EXDIRECTIVO DE EL CORTE INGL?
LA DIFUSI? DE OTRO CHAT DE PODEMOS SACUDE EL 'CASO VILLAREJO' EN UN PUNTO CLAVE PARA LAS PIEZAS DE B?CENAS Y EL BBVA
EL VICEPRESIDENTE IGLESIAS BATALLA PARA MANTENER LA CONDICI? DE V?TIMA EN EL ?CASO VILLAREJO?
IGLESIAS APARTA A LA ABOGADA MARTA FLOR Y ACUSA A GARC? CASTELL? DE ECHARLE DE LA CAUSA SIN ?BASE JUR?ICA?
EL JUEZ CONVIERTE UNA PIEZA DE LA CAUSA CONTRA VILLAREJO EN EL 'CASO PABLO IGLESIAS'
EL JUEZ DEL 'CASO VILLAREJO' ACUSA A LA FISCAL? DE INTENTAR "EXCULPAR" A PABLO IGLESIAS
EL JUEZ PREPARA EL TERRENO PARA QUE IGLESIAS ACABE EN EL SUPREMO POR EL CASO DEL ROBO DEL M?IL DE SU EX ASESORA
EL JUEZ ALARGA DOS MESES EL CASO P?ICA TRAS EL VIRUS Y FIJA EL FIN EL 27 DE AGOSTO
BATALLA ?SUPREMA? DE MAGISTRADOS POR UNA PLAZA EN EL JUZGADO DEL ?CASO VILLAREJO?
LA AUDIENCIA CONFIRMA LA DESIMPUTACI? DE JAVIER MONZ?, EXPRESIDENTE DE INDRA
LA AUDIENCIA OBLIGA AL JUEZ DE 'P?ICA' A INVESTIGAR PELOTAZOS URBAN?TICOS QUE DESECH?ALEGANDO QUE HAB?N PRESCRITO
LA AUDIENCIA CORRIGE AL JUEZ DE P?ICA Y AMPL? LA INVESTIGACI? A LOS AMA?S DE GRANADOS EN VALDEMORO ANTERIORES A 2004
ANTICORRUPCI? ACUERDA CON LA ADMINISTRADORA DE G?TEL QUE IMPLIQUE A ESPERANZA AGUIRRE EN EL 'CASO P?ICA'
EL JUEZ DE P?ICA RECHAZA IMPUTAR AL REPRESENTANTE DE EL CORTE INGL? SIN ESPERAR A QUE OPINE LA FISCAL?
PSOE Y ADADE INVOLUCRAN A EL CORTE INGL? EN UNA OPERACI? URBAN?TICA INVESTIGADA EN 'P?ICA'
EL PSOE PIDE IMPUTAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE EL CORTE INGL? EN UN PELOTAZO DE 'P?ICA'
LA INVESTIGACI? DE 'P?ICA' SE ACERCA A SU FIN CON UNA BRECHA CADA VEZ M? PROFUNDA ENTRE EL JUEZ Y ANTICORRUPCI?
EL AUTO DEL JUEZ QUE DA CERROJAZO A INVESTIGAR LOS PELOTAZOS URBAN?TICOS DE 'P?ICA' PONE EN PIE DE GUERRA A ANTICORRUPCI?
LA FISCAL? CRITICA AL JUEZ POR RECHAZAR PESQUISAS SOBRE GRANADOS
EL JUEZ VUELVE A SACAR A PEDRO ANTONIO S?CHEZ DEL CASO P?ICA
EL JUEZ DE 'P?ICA' ABRE LA PUERTA A ENTERRAR POR PRESCRIPCI? PARTE DEL CASO
ARCHIVADA LA INVESTIGACI? AL EXPRESIDENTE DE INDRA POR PAGOS AL PP DE MADRID
GARC? CASTELL? TENDR?DOS MAGISTRADOS DE APOYO EN EL CENTRAL 6 DE INSTRUCCI?
EL JUEZ RECHAZA INVESTIGAR AL PP EN EL CASO P?ICA CON EL INFORME FAVORABLE DE LA FISCAL?
PEDRO ANTONIO S?CHEZ VUELVE A ESTAR IMPUTADO EN LA P?ICA
EL JUEZ ARCHIVA LA INVESTIGACI? CONTRA GALLARD? Y GONZ?EZ POR LA COMPRA DE INASSA
ANTICORRUPCI? RECURRE ARCHIVAR LA CAUSA CONTRA PEDRO ANTONIO S?CHEZ
LA AUDIENCIA NACIONAL ARCHIVA LA CAUSA CONTRA EL EXPRESIDENTE DE MURCIA POR SUS TRATOS CON LA TRAMA P?ICA
LA AUDIENCIA NACIONAL REVOCA OTRA VEZ EL PROCESAMIENTO DE LA 'TRAMA P?ICA'
EL JUEZ DE P?ICA INCLUYE A PEDRO ANTONIO S?CHEZ EN EL AUTO DE PROCESAMIENTO
EL JUEZ APARTA DEL PROCESO A LAS HIJAS DE IGNACIO GONZ?EZ
EL JUEZ DEL ?CASO LEZO? ARCHIVA LA INVESTIGACI? AL PADRE DE IGNACIO GONZ?EZ
IGNACIO GONZ?EZ ABANDONA LA C?CEL TRAS PAGAR 400.000 EUROS DE FIANZA
EL CGPJ RENUEVA SEIS MESES A ALEJANDRO ABASCAL COMO JUEZ DE REFUERZO EN EL CENTRAL 6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL
UN COLECTIVO DE JUECES DICE QUE PUDO PRIMAR SU PERTENENCIA A UNA ASOCIACI? CONSERVADORA
EL JUEZ ALEJANDRO ABASCAL VUELVE A LA AN PARA REFORZAR EL JUZGADO DEL CASO VILLAREJO
INTERIOR PONE ESCOLTA AL JUEZ DEL ?CASO VILLAREJO? TRAS ALLANAR UN DESCONOCIDO SU CASA
EL SUPREMO RECHAZA LA QUERELLA CONTRA EL JUEZ GARC?-CASTELL? POR LAS ESCUCHAS A ABOGADOS
EL TS VUELVE A PEDIR OPINI? AL FISCAL SOBRE GARC? CASTELL? TRAS LOS INFORMES DE LAS ESCUCHAS DE ABOGADOS EN LEZO
EL ABOGADO DE VILLAR MIR SE QUERELLA CONTRA EL JUEZ GARC?-CASTELL? POR GRABARLE CON SU CLIENTE
LA SOMBRA DE LAS ESCUCHAS ILEGALES A ABOGADOS VUELVE A LA AUDIENCIA NACIONAL CON UNA QUERELLA A GARC?-CASTELL?
EL JUEZ DEL ?CASO VILLAREJO? RENUNCIA A SEGUIR EN LA AUDIENCIA NACIONAL
LA AUDIENCIA NACIONAL PIDE AL PODER JUDICIAL QUE SIGA EL JUEZ DEL CASO VILLAREJO EN PLENO CHOQUE CON ANTICORRUPCI?
POR QU?LESMES IMPIDI?QUE EL MAGISTRADO ALEJANDRO ABASCAL FUERA EL REFUERZO DE GARC?-CASTELL?
LESMES IMPONE AL JUEZ DE REFUERZO DE LEZO Y EVITA QUE INVESTIGUE EL MAGISTRADO QUE AUTORIZ?LAS ESCUCHAS A LA TRAMA
EL CGPJ NOMBRA A UN MAGISTRADO DE REFUERZO PARA EL JUZGADO DE LEZO Y P?ICA
EL JUEZ PONE FECHA DE CADUCIDAD AL ?CASO P?ICA?: MARZO DE 2022
AS?SE GEST?EL RETORNO DEL JUEZ QUE LLEVAR?EL CASO LEZO
EL CGPJ ACUERDA EL REINGRESO DE GARC? CASTELL? AL JUZGADO QUE INVESTIGA 'P?ICA' Y 'LEZO'
GARC? CASTELL? SOLICITA VOLVER A SU JUZGADO E INVESTIGAR? P?ICA Y LEZO
VELASCO SER?SUSTITUIDO POR EL JUEZ QUE PED? IGNACIO GONZ?EZ EN UNA GRABACI?
MANUEL GARC?-CASTELL? PODR? VOLVER PARA OCUPAR SU PUESTO EN EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCI? 6
ALEJANDRO ABASCAL, JUEZ DE REFUERZO DE ELOY VELASCO
GARC?-CASTELL? SER?EL JUEZ DE ENLACE EN PAR? PARA LA COOPERACI? ANTITERRORISTA
UN JUEZ DESTITUYE A GIL COMO PRESIDENTE DEL ATL?ICO DE MADRID
GARC?-CASTELL? REAFIRMA SU COMPETENCIA SOBRE EL GENOCIDIO CHILENO
EL JUEZ ARCHIVAR?EL SUMARIO POR EL ASESINATO DEL CONCEJAL DE ERMUA
GARC?-CASTELL? SOLICITA LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CASTILLA Y LE?
EL JUEZ GARC? CASTELL? RECHAZA CITAR AL ARREPENTIDO ARGENTINO SCILINGO
LA AUDIENCIA NACIONAL PIDE AL CGPJ QUE RENUEVE AL JUEZ GARC?-CASTELL?, EN CONTRA DE LA OPINI? DE MOREIRAS
EL JUEZ GARC?-CASTELL? ASEGURA QUE "ES MUY DURO ENVIAR A ALGUIEN A LA C?CEL"
HISTORIA DE UNA CONFESI?
EL 'VIOLADOR DEL ASCENSOR' SE RETRACTA DE SU CONFESI? AL JUEZ
EL JUEZ DE P?ICA EXONERA A CIFUENTES A POCOS D?S DE QUE AYUSO LA REHABILITE
La decisi? de Garc? Castell?, como la exculpaci? de Garc? de Vinuesa, no cuenta con el aval de la Fiscal?
El juez instructor del caso P?ica, Manuel Garc? Castell?, se ha convertido en uno de los protagonistas de los primeros compases de la campa? electoral madrile?, que todo lo inunda, con su inesperada decisi? de archivar la causa contra la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes, imputada desde 2019 por los delitos de prevaricaci? y cohecho. La decisi?, para lo que no ha contado con el aval de la Fiscal? Anticorrupci?, aunque no es preceptivo, se toma bas?dose en una petici? de noviembre de 2020 y unos d?s de que Isabel D?z Ayuso cierre la campa? electoral entregando a Cifuentes la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.
El auto que firma el magistrado del juzgado de Instrucci? n?ero 6 de la Audiencia Nacional se basa en una de las muchas peticiones de Cristina Cifuentes para ser apartada de la investigaci? del Caso P?ica, donde estaba imputada desde 2019 por prevaricaci? y cohecho por el mismo juez Garc? Castell?. En este caso, el escrito en el que se basa el archivo de su causa es el que Cifuentes present?a principios de noviembre de 2020, hace casi medio a?, pero aprovechando el escrito que present?justo este lunes, 24 horas antes, la otra beneficiada del archivo, la letrada de la Asamblea Tatiana Recoder.
Cifuentes estaba imputada por la adjudicaci? del servicio de cafeter? de la Asamblea de Madrid, donde particip?de una manera que, seg? el juez que ahora archiva su causa, ?conculcaba la legalidad vigente?. El servicio de cafeter? fue adjudicado al Grupo Cantoblanco, del entonces jefe de la patronal madrile?, Arturo Fern?dez. Y Cifuentes, de manera supuestamente irregular, era al mismo tiempo miembro del comit?de expertos que valoraba, seg? Garc? Castell?, "de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicion?dose en dicha valoraci? a favor del Grupo Cantoblanco", y presid? tambi? la mesa de contrataci? que adjudic?el contrato.
A todo esto, hay que sumar que Cifuentes era miembro del patronato de Fundescam, la pol?ica fundaci? del PP que habr? servido para canalizar la financiaci? irregular del partido en ?oca de Aguirre. Y es que el Arturo Fern?dez don?grandes cantidades de dinero a Fundescam cuando Cifuentes estaba en la fundaci?. As? la expresidenta madrile? era al mismo tiempo experta para valorar la oferta de Arturo Fern?dez, la encargada de darle el contrato y patrona de la fundaci? donde donaba el interesado.
Sin embargo, ahora Garc? Castell? cree que, tras las pesquisas realizadas, ?no se desprende de lo actuado hasta el momento indicio alguno que permita sostener que la se?ra Cifuentes tuviera conocimiento de quienes eran los donantes de la Fundaci? Fundescam?. Algo que va en la l?ea del escrito que present?Cifuentes hace casi medio a?, donde se?laba que ella desconoc? que Arturo Fern?dez era donante de Fundescam y acusaba a la UCO de que el informe que vali?su imputaci? se hizo ?sin los conocimientos adecuados en materia tan especial como la contrataci? p?lica?.
Adem?, el juez archiva el caso s?o 24 horas despu? del escrito en que lo solicita la defensa de Tatiana Recoder, aunque para el caso de Cifuentes se tiene que remitir a la petici? que hizo la expresidenta hace casi medio a?. Seg? reconoce el magistrado en su auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, la nueva reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal de PSOE y Unidas Podemos acab?con la critica medida de la ?oca de Mariano Rajoy, que limitaba las investigaciones judiciales a 36 meses. Por ello, el proceso de P?ica, afirma el auto, podr? haberse extendido, m?imo, hasta el 29 de julio de 2021. Pero Garc? Castell? afirma que, con la anterior ley -y teniendo en cuenta el plazo ampliado por el estado de alarma de la pandemia- el plazo habr? acabado el 27 de agosto de 2020 y, "si se estuvo en condiciones de poder finalizarse el 27 de agosto de 2020, con mayor raz? se deber? estar en situaci? de hacerlo en este momento".
Sin el aval de la Fiscal?
En su auto, Garc? Castell? no se?la, como s?ha ocurrido en otras decisiones judiciales, que contase con el informe a favor de la Fiscal? Anticorrupci?. No es algo preceptivo, pero es algo habitual en muchos magistrados. Y el detalle no es menor porque existe un precedente reciente tambi? con este magistrado.
El pasado 5 de noviembre, el juez provocaba un terremoto en el Gobierno de D?z Ayuso al imputar a Ignacio Garc? de Vinuesa. Aunque era por su etapa como alcalde de Alcobendas, en relaci? con sus contratos con la trama P?ica para servicios de reputaci? online, en aquel momento era un alto cargo de la Comunidad de Madrid, como Comisionado para las V?timas del Terrorismo, de donde dimiti?tras la decisi? judicial. Unos meses despu?, el 10 de febrero de 2021, Garc? Castell? decid? archivar esta investigaci? y retirar la imputaci? a Garc? de Vinuesa.
Sin embargo, la decisi? tampoco contaba con el visto bueno de la Fiscal? Anticorrupci?. Tanto era as?que cinco d?s despu? el Ministerio Fiscal presentaba un recurso contra la decisi? del magistrado, aunque no se conoci?hasta varias semanas despu?. En su escrito, la Fiscal? aseguraba que Garc? Castell? no hab? valorado correctamente todos los indicios que apuntaban contra el exalcalde de Alcobendas. ?Son muchos los indicios y elementos probatorios que revelan? que Garc? de Vinuesa, dec? la Fiscal?, contact? con Alejandro de Pedro, el conseguidor de la P?ica y que contrataron sus servicios ?de forma encubierta? con fondos p?licos.
En plena campa?
La decisi? de Garc? Castell? llega pocas horas despu? de que arranque la campa? electoral en la Comunidad de Madrid, que durar?dos semanas y acabar?el pr?imo 2 de mayo, el d? regional. Precisamente, un d? en el que Ayuso entregar? la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Cristina Cifuentes y a ?gel Garrido. La actual presidenta ha recuperado este gesto con sus predecesores que hab? paralizado la propia Cifuentes para no dar la medalla a Ignacio Gonz?ez cuando estaba investigado.
EL JUEZ DE LEZO ARCHIVA LA CAUSA CONTRA EL HERMANO DE IGNACIO GONZ?EZ POR ?INDICIOS INSUFICIENTES?
El juez del caso Lezo, Manuel Garc?-Castell?, ha archivado la investigaci? contra Pablo Gonz?ez, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, por ?indicios insuficientes? en su contra. En un auto donde no se alude a ning? aspecto de la investigaci? ni de esos indicios, Garc?-Castell? se limita a apoyar la propuesta de la Fiscal? Anticorrupci? en lo que ata? a Pablo Gonz?ez y el caso de corrupci? en torno a la empresa p?lica de aguas del Canal de Isabel II.
Del escrito de Anticorrupci? apoyando el archivo se deduce al menos que Pablo Gonz?ez ya solo era investigado por blanqueo de capitales, esto es, por ayudar a su hermano a esconder fondos sustra?os de la empresa p?lica de aguas con ?pr?tamos ficticios y simulaci? de distintas relaciones comerciales?.
?El curso de la investigaci? ha desvelado que, si bien era necesaria su imputaci? para aclarar tales hechos y su trascendencia penal, la misma no ha resultado suficiente para recabar los indicios necesarios que permitan sostener tal imputaci??, a?de la fiscal Ana Cuenca en su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.
Pablo Gonz?ez fue investigado por un presunto ama? en la adjudicaci? de un campo de golf en el centro de Madrid, construido en terrenos del Canal de Isabel II. Una UTE en la que participaba el hermano del presidente entonces de la sociedad p?lica concurri?y se llev?el proyecto pese a que su oferta era peor que otras presentadas. Eloy Velasco le envi?a prisi?, eludible con una fianza de 4 millones de euros, atribuy?dole indiciariamente varios delitos relacionados con ese ama?, tales como cohecho, malversaci? o fraude, as?como de blanqueo por inversiones realizadas en el extranjero con fondos de procedencia irregular tanto de su hermano como suyos.
El hermano del expresidente madrile? lleg?a pasar tres meses en prisi?, hasta que el juez Eloy Velasco rebaj?la fianza a 200.000 euros, que logr?reunir y abandonar la c?cel el 27 de julio de ese a?. Los indicios recabados por la Guardia Civil eran tales que la Audiencia Nacional hab? autorizado la utilizaci? de micr?onos de ambiente para recoger las conversaciones que manten? con otros presuntos implicados Pablo Gonz?ez.
En una de las grabaciones a la trama se escucha c?o Ignacio Gonz?ez sabe que le est? investigando y al d? siguiente su hermano Pablo visita al entonces n?ero dos de Interior, Jos?Antonio Nieto. El secretario de Estado de Seguridad neg?que en esa reuni? hablaran de Lezo y asegur?que Gonz?ez le fue a ver por su preocupaci? por la seguridad de un pa? extranjero donde iba a operar Mercasa.
Precisamente esta empresa p?lica era objeto igualmente de la investigaci? sobre Pablo Gonz?ez, al resultar posibles irregularidades en las escuchas de Lezo. El juez Velasco se inhibi?en favor del Juzgado Central de Instrucci? n?ero 5 de la Audiencia Nacional, que ya investigaba las irregularidades de la compa?a.
Por su parte, el magistrado Jos?de la Mata dej?fuera a Pablo Gonz?ez de la pieza separada en la que investigaba un supuesto soborno de Mercasa que ascend? a 20 millones de euros en un proyecto en Angola.
En una de las grabaciones de Lezo, Pablo Gonz?ez hablaba sobre el sistema de mordidas que utilizaban en Mercasa: ?Dime con qui? hacemos esto y te dice con la constructora ?zutanito? y te vas a la constructora ?zutanito? y le dices mira, el precio entendemos que es este, le vas a cargar un 10% m? porque habr?que pagar a tal. Y le pagas. Ya est? joder?.
El instructor Manuel Garc? Castell? destaca en un auto en el que archiva una pieza separada de la trama que ?resulta llamativo? que este partido ?facilitara con su voto lo que se?la como un plan criminal?
El juez que investiga en la Audiencia Nacional el ?caso P?ica?, Manuel Garc? Castell?, ha reprochado al PSOE que haya denunciado por corrupci? una operaci? inmobiliaria en Valdemoro (Comunidad de Madrid) que fue aprobada con los votos de los ediles socialistas. As?consta en un auto de 5 de abril, en el que el instructor acuerda el sobreseimiento provisional de la acusaci? contra un antiguo representante de El Corte Ingl? y un constructor.
?Resulta llamativo que la acusaci? popular enumere en su escrito, entre los indicios que fundamentan el llamamiento del se?r Soriano como investigado, el contrato de permuta elevada a escritura p?lica el 29 de diciembre de 2004 entre el Ayuntamiento de Valdemoro y El Corte Ingl? toda vez que el mismo partido bajo cuya coordinaci? act? la acusaci? popular, facilit? con su voto favorable en el Pleno celebrado el 29 de septiembre de 2004 que se realizara precisamente la mencionada permuta que ahora se se?la como parte del plan criminal?, especifica la resoluci?, a la que ha tenido acceso LA RAZ?, que cierra la causa contra los empresarios Javier Cid Sicluna y Faustino Jos?Soriano Atencia.
En concreto, la Asociaci? de Abogados Dem?ratas por Europa (Adade), ?bajo la coordinaci? del PSOE?, fue la que reclam? la imputaci? del representante de la empresa ?antes incluso que la Fiscal??, destaca la resoluci?, al considerar que se hab? ama?do la recalificaci? de unos terrenos de El Corte Ingl? en el Plan General de Ordenaci? Urban?tica (PGOU) de Valdemoro (Madrid), aprobado en 2004, siendo alcalde el ex consejero del PP Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama ?P?ica?. Sin embargo, el juez rechaza ?que hubiese actuaci? delictiva alguna, ni de El Corte Ingl?, ni mucho menos del se?r Soriano Atencia?.
PP, PSOE e IU
En el mismo sentido, seg? resalta el juez en su auto, la decisi? de elevar a escritura p?lica la permuta fue aprobada por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Valdemoro de 29 de septiembre de 2004, ?contando con los votos a favor de los concejales de todos los grupos municipales: PP, PSOE, IU y los Verdes; lo cual resulta, tambi?, poco coherente con un plan aparentemente trazado por unos pocos para perjudicar al Ayuntamiento, dada la amplitud del apoyo recibido?.
El juez, que recuerda que ya hab? advertido hace nueve meses de la ?debilidad indiciaria? respecto a la presunta participaci? de los imputados en la trama aparentemente organizada para que la empresa Obras y V?s pudiera adquirir el 100% de la propiedad de la parcela de El Corte Ingl?, con intervenci? del Ayuntamiento de Valdemoro, concluye que tras o? a los investigados el pasado 22 de febrero de 2021, y vista la documentaci? que aparece en la causa, ?no se constata indicio alguno que permita vincular a aquellos en la presunta trama dibujada por la acusaci?, [...] con enriquecimiento privado de los part?ipes y a consta del Ayuntamiento de Valdemoro?.
Esta decisi? se produce despu? de que, tal y como adelantara La Sexta, tanto el PSOE como la Asociaci? de Abogados Dem?ratas por Europa (Adade) pidieran al juez instructor que se apartara de esta investigaci?. Lo hac?n al confirmar que Garc? Castell?, desde que se reincorpor? a su plaza en la Audiencia Nacional en 2017, ten? concedida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la compatibilidad para ejercer la docencia como tutor por internet en el Centro Universitario Ram? Areces, ?perteneciente y dependiente de El Corte Ingl??.
Rechaz?apartarse
Sin embargo, Garc? Castell? rechaz?apartarse de esta causa al asegurar que no hab? ?conflicto de inter? alguno? por el hecho de ejercer como docente en esta fundaci? dependiente de los grandes almacenes.
En un escrito, el instructor del ?caso P?ica? destac?que el Consejo General del Poder Judicial hab? examinado y reconocido su ?compatibilidad? para ejercer esa labor docente al tiempo que era titular de un Juzgado de Instrucci? en la Audiencia Nacional. Tanto Adade como el PSOE recurrieron esta decisi? ante la Audiencia Nacional, sin que Garc? Castell? fuera apartado de este procedimiento.
https://www.larazon.es/espana/20210408/qnxbbl5765ffhcj724afamfwbe.html
LA AUDIENCIA NACIONAL REABRE LA INVESTIGACI? SOBRE EL EXALCALDE DE ALCOBENDAS
El tribunal ve ?indicios de criminalidad? en la actuaci? del exregidor y una colaboradora
La Sala de lo Penal n?ero cuatro de la Audiencia Nacional ha decidido reabrir la investigaci? en el caso P?ica contra el exalcalde de Alcobendas Ignacio Garc? de Vinuesa (PP) y la directora de comunicaci? del regidor, Teresa Alonso-Majagranzas. Se trata de una disposici? sobre el recurso de apelaci? que present?el Ministerio Fiscal contra el auto dictado el d? 9 de febrero de 2021. En ?, el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc?-Castell?, instructor del caso, decidi?archivar la investigaci?, al concluir que de las pesquisas realizadas no se desprend?n indicios suficientes de que Garc? Vinuesa tuviera la ?corrupta voluntad? de desviar fondos p?licos en su propio beneficio. En concreto, para pagar de manera ilegal a las empresas de Alejandro De Pedro, el experto inform?ico de la trama de corrupci?, la mejora de su imagen en internet.
Ahora, la Audiencia s?ve ?indicios de criminalidad? en la actuaci? de los investigados y le reprocha al juez Garc?-Castell? ?lo precipitado de la decisi? de sobreseimiento provisional adoptada?. La Audiencia reclama adem? que contin?n las pesquisas sobre Garc? de Vinuesa y Alonso-Majagranzas, porque encuentra ?indicios racionales de criminalidad en la actuaci? de los investigados?, pero excluye a la gerente del Patronato Sociocultural de esta localidad, Yolanda Sanch?, cuya causa queda sobrese?a.
La causa investigaba si Garc? Vinuesa y su colaboradora pagaron, en 2011, cuando el primero era alcalde de Alcobendas, trabajos de reputaci? online tras desviar fondos de un patronato del Ayuntamiento mediante facturas con conceptos falsos. Un informe de la Guardia Civil cifr? en 69.051 euros ese supuesto desv?. Tras ser imputado en noviembre de 2020, el exalcalde renunci?al cargo de Comisionado para las V?timas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid que ocupaba en ese momento.
EXCULPADO DE LA 'P?ICA' GARC? DE VINUESA, EX ALTO CARGO DEL GOBIERNO DE AYUSO QUE DIMITI?AL SER IMPUTADO
Afirma que no ha quedado acreditado el desv? de fondos p?licos para mejorar la reputaci? del ex alcalde de Alcobendas
El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc? Castell? ha acordado archivar el caso P?ica para Ignacio Garc? de Vinuesa, quien hasta su imputaci? era comisionado del Gobierno de Madrid para la Atenci? a las V?timas del Terrorismo. Estaba investigado en el marco de la pieza separada n?ero 10 de la macrocausa, en la que se investigan los trabajos de reputaci? online a pol?icos, durante su etapa como alcalde de Alcobendas.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, con fecha de este mi?coles, el titular del Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6 ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones que se dirig?n contra Garc? de Vinuesa; la que fuera su directora de comunicaci? (cargo eventual) Mar? Teresa Alonso-Majagranzas, y la gerente del Patronato Sociocultural del Ayuntamiento de Alcobendas, Yolanda Sanch?.
El magistrado afirma que de las diligencias practicadas hasta el momento "no se desprende indicio alguno de fraude". Se?la que no se ha podido acreditar que los servicios licitados por el consistorio madrile? a las empresas de Alejandro de Pedro -uno de los principales investigados en esta causa- no se prestaran, "o que existiera una corrupta voluntad de desviar fondos p?licos con la finalidad de atender a gastos de car?ter particular".
As? concluye que no hay pruebas de que los informes sobre reputaci? en redes sociales hayan sido encargados por el propio Garc? de Vinuesa, ni de que "los pagos que se efectuaron por el Ayuntamiento de Alcobendas se realizaron precisamente para 'mejorar la reputaci? personal del alcalde'".
Imputado por cinco delitos
El juez acord?a principios de noviembre la imputaci? de Garc? de Vinuesa y los otros dos cargos vinculados al Ayuntamiento de Alcobendas por los delitos de fraude, tr?ico de influencias, malversaci? de caudales p?licos, falsificaci? de documento mercantil y prevaricaci?.
Explicaba en su auto que, seg? se recoge en un escrito de la Fiscal? Anticorrupci?, los investigados habr?n concertado con De Pedro que su empresa Eico realizara trabajos personales al que fuera alcalde entre 2011 y 2014 y que se acomodar? la estrategia para que fuesen los fondos p?licos del Patronato Sociocultural de Alcobendas los que abonaran dichos servicios.
Ahora el magistrado instructor, y tras haber interrogado a los investigados --la asesora de comunicaci? se acogi?a su derecho a no declarar---, afirma que no hay indicios suficientes para mantener la imputaci?.
Explica que la mera afirmaci? por parte de la acusaci? de que las facturas giradas por las empresas de De Pedro refieren conceptos imprecisos y poco claros, "no pasa de ser una valoraci? subjetiva, una sospecha que adem? fue desmentida por los dos investigados que declararon".
Adem?, para el juez instructor es "comprensible" que, a la vista del organigrama del Ayuntamiento, las facturas fueran dirigidas al Patronato, "toda vez que la comunicaci? depend? org?icamente (aunque no funcionalmente)" de este organismo.
A? as?se?la que cierto es que la licitaci? de los servicios como "contratos menores" puede resultar una cuesti? de ?dole administrativa, "pero no puede ser un fundamento para una imputaci? penal".
L?ea difusa entre publicidad institucional y reputaci?
El magistrado tambi? reconoce en su resoluci? que "la l?ea divisoria entre los contratos de publicidad institucional y los de buena reputaci? pol?ica y personal de los cargos p?licos no ha dejado, nunca, de ser tenue, difusa, brumosa y, en consecuencia, imprecisa y confusa".
Por ello, considera que debe ponderarse cada caso concreto y analizar "si en los contratos adjudicados y en la creaci? de peri?icos digitales dedicados a la publicidad institucional se escond?n o solapaban beneficios personales y partidistas, completamente alejados de la funci? y del cargo p?lico", o si realmente las actividades promocionadas pose?n "un v?culo pr?imo e indisoluble con las pol?icas p?licas anexas a los cargos que a las que deb?n servir los elegidos desde la legitimidad refrendada por las urnas".
https://www.elmundo.es/madrid/2021/02/10/6024004d21efa01e7e8b465f.html
EL JUEZ DEL ?CASO P?ICA? EXCULPA A TRES CARGOS DEL PP
Manuel Garc? Castell? archiva provisionalmente la causa contra el exalcalde de Gandia
Manuel Garc? Castell?, juez instructor del caso P?ica, una trama de corrupci? vinculada a administraciones gobernadas por el PP, acord?este viernes archivar de manera provisional la causa abierta a tres ex altos cargos: el exalcalde de Gand? (Valencia), Arturo Torr? el exvicesecretario de Organizaci? del PP en esa localidad, Dionisio Oller, y el ex secretario general, V?tor Soler.
La investigaci? puso bajo sospecha a estos tres exdirigentes populares por concertarse supuestamente con el empresario Alejandro de Pedro de manera que este, cobrando dinero p?lico del Ayuntamiento de Gandia, hiciera trabajos de reputaci? en las redes sociales y en internet a favor del exalcalde.
El juez sostiene que el Ayuntamiento de Gandia ?no lleg?a abonar cantidad alguna a Madiva, empresa de Alejandro de Pedro?, dado que las facturas que se giraron ?fueron devueltas y no pagadas por el Consistorio?.
Siete a?s de causa
El caso P?ica comenz?a instruirse en 2014, a ra? de un aviso de la Fiscal? suiza sobre la existencia de una cuenta bancaria a nombre de Francisco Granados, quien fuera muchos a?s secretario general del PP y consejero auton?ico.
El instructor recuerda adem? que, en esta pieza separada del caso, ?las actuaciones practicadas no han permitido acreditar que otras prestaciones contratadas por el Ayuntamiento de Gandia a Eico ?otra de las empresas de reputaci? en la web que ten? Alejandro de Pedro?, no se prestaron?. El hecho de que los contratos se licitaron como ?menores?, se?la el instructor, ?puede resultar una cuesti? de ?dole administrativa, pero no puede ser fundamento para una imputaci? penal?.
El juez no considera suficientemente acreditado que los fondos p?licos que dedic?el Ayuntamiento de Gandia a una serie de servicios que prest?la empresa de De Pedro fueron desviados para otros trabajos que beneficiaron a personas particulares.
?Ninguna diligencia se ha practicado en orden a determinar que los informes se refieren a aspectos privados, de imagen personal del alcalde. Mucho menos se ha podido acreditar que estos informes se realizaron por encargo del se?r Torr? y finalmente tampoco se ha acreditado que los pagos que se efectuaron por el Ayuntamiento de Gandia se realizaron precisamente, para mejorar la reputaci? personal del alcalde?
https://elpais.com/espana/2021-04-09/el-juez-del-caso-punica-exculpa-a-tres-cargos-del-pp.html
EL JUEZ DESIMPUTA AL CONSTRUCTOR AL QUE B?CENAS ACUS?DE ENTREGAR 60.000 EUROS PARA ESPERANZA AGUIRRE
El magistrado Garc?-Castell? archiva la causa contra el empresario Luis G?vez por falta de indicios
El juez Manuel Garc?-Castell? ha acordado desimputar en el caso P?ica al constructor Luis G?vez, a quien el extesorero popular Luis B?cenas acus?de haber entregado en la sede del PP un sobre con 60.000 euros en met?ico para la campa? electoral de 2007 de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid. El magistrado de la Audiencia Nacional ha tomado esta decisi? solo un d? despu? de interrogar al empresario y ante la falta de m? indicios contra ?, seg? consta en un auto dictado este viernes al que ha tenido acceso EL PA?.
El juez instructor explica que la imputaci? del constructor se bas? ?en esencia?, en la declaraci? prestada por B?cenas el pasado febrero, cuando lo involucr?en los hechos que se investigan en la pieza nueve del caso P?ica, centrada en la supuesta financiaci? irregular del PP de Madrid. Seg? dijo el extesorero, en 2007 o 2008 G?vez acudi?a la sede de la calle G?ova para verse con el entonces responsable de las finanzas del partido, ?varo Lapuerta. Una vez all? le entreg?un sobre con 60.000 euros con la orden expl?ita de d?selos a Aguirre. Cosa que Lapuerta y B?cenas hicieron nada m? irse el empresario, seg? la versi? de este ?timo.
G?vez neg?en su declaraci? de este jueves cualquier entrega de dinero e, incluso, asegur?que nunca hab? pisado la sede del PP. El constructor, antiguo responsable de la compa?a Ploder, tambi? consta en los denominados papeles de B?cenas como donante de otros 50.000 euros al partido nacional en 2008 para su contabilidad paralela, dada por acreditada por dos sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
?De este modo, teniendo en cuenta la falta de indicios que sustentan las manifestaciones de B?cenas y la verosimilitud en la declaraci? del investigado, no puede mantenerse la investigaci? contra G?vez?, resuelve Garc?-Castell?, en l?ea con la Fiscal? Anticorrupci?, que tambi? pidi?el mismo jueves desimputarlo. ?M? all?de la declaraci? de Luis B?cenas, no existe prueba o indicio alguno que haga pensar que tal entrega [de dinero para Aguirre] existi? mantiene el ministerio p?lico en un escrito remitido al magistrado. Adem?, apostilla el juez, en caso de existir delito, este ya habr? prescrito. La expresidenta de la Comunidad tambi? neg?el episodio narrado por el extesorero y anunci?que se querellar? contra ? por falso testimonio.
EL JUEZ DE 'P?ICA' CONSIDERA "AGOTADA" LA INVESTIGACI? Y TRAS EL 4M ACABAR?LA INSTRUCCI? CON 200 IMPUTADOS
Las ?timas resoluciones judiciales urgen a concluir las indagaciones: la Audiencia Nacional habla de no demorar los plazos y el instructor ve acabada su labor
Anticorrupci? est?por la labor de mover ficha una vez que pasen los comicios auton?icos para no interferir en el proceso electoral
La macrocausa consta de once piezas separadas, una de ellas sobre la presunta financiaci? ilegal del PP de Madrid que salpica a Esperanza Aguirre
Casi siete a?s de instrucci?, dos centenares de imputados y una docena de piezas separadas es el balance del caso P?ica, una de las macrocausas de corrupci? m? longevas de la Audiencia Nacional. Este a?, distintas resoluciones judiciales de las ?timas semanas avanzan el final de la investigaci? en los pr?imos meses, en los que se dilucidar?qu?personas de todos los implicados que han pasado por el tribunal son enviados a juicio y qui?es terminan en sobreseimiento. En todo caso, todo eso se ver? despu? de las elecciones auton?icas en Madrid del pr?imo 4 de mayo, ya que los tribunales no suelen llevar a cabo actuaciones que puedan influir en la intenci? de voto.
La instrucci? del caso P?ica estaba destinada a terminar el verano de 2020 en funci? de los plazos marcados por la ley. Una reforma legislativa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) aprobada a finales de julio permiti? extender los plazos sine die, lo cual fue acordado por el titular del Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6, Manuel Garc? Castell?, frente a las protestas de investigados en la causa como la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, cuya representaci? letrada solicit?el cierre de las actuaciones. Desde entonces se han acordado numerosas comparecencias de nuevos imputados y de testigos, incluida la del extesorero del PP Luis B?cenas despu? de que se comprometiera a colaborar con la justicia.
No obstante, el pasado oto? y los primeros meses de 2021 tambi? han sido escenario de archivos con respecto a ciertos imputados y la denegaci? de diligencias que hab?n sido solicitadas por la Fiscal? Anticorrupci?. Tanto el instructor como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya han ido orientando lo que debe ser el futuro m? inmediato de la macrocausa: el fin de la investigaci? tras siete a?s abierta.
La Sala ordena cerrar y el juez avisa de que no aceptar?m? diligencias
Una de las resoluciones m? recientes ha sido la de la Secci? Cuarta de la Sala de lo Penal, la encargada de resolver los recursos durante la instrucci?, que rechazaba las diligencias que solicitaba el Ministerio P?lico en el marco de la pieza 9 de P?ica, en la que se investiga la presunta financiaci? ilegal del PP de Madrid, y urg? a concluir la instrucci? "que se prolonga ya en el tiempo desde principios del a? 2014". "Este tribunal considera que tras una largu?ima instrucci? que se inici?hace ya m? de siete a?s, las diligencias que se interesan no deben demorar por m? tiempo la conclusi? de la que llaman pieza separada n?ero 9", dijo la Sala en un auto del 17 de febrero.
Esta advertencia interesaba no s?o a la Fiscal?, que era la que hab? pedido a la Sala que ordenara al juez que acordara las diligencias solicitadas, sino al propio Garc?-Castell?, porque aparte de confirmar su decisi? de no seguir con las diligencias que le solicitaban desde Anticorrupci?, pon? ya sobre la mesa lo que opina el tribunal sobre el caso P?ica: la instrucci? empieza a estar, si no lo est?ya, agotada. Y as?lo ha expuesto el magistrado en un reciente auto de esta semana, aparte de archivar las pesquisas con respecto a Indra como persona jur?ica en el caso de la supuesta financiaci? ilegal del PP de Madrid cuando estaba dirigido por Aguirre.
El Ministerio P?lico alegaba que las nuevas diligencias que propon? eran pertinentes y entend? que la investigaci? sigue abierta "hasta que finalicen los plazos fijados por la ley para su conclusi?". El juez discrepa y remarca que una cosa es que los plazos de instrucci? no hayan concluido y otra muy distinta es que la investigaci? est?ya "agotada". "Si se estuvo en condiciones de poder finalizarse el 27 de agosto de 2020, con mayor raz? se deber? estar en situaci? de hacerlo en este momento", afirma, insistiendo en que la Sala ya expuso la "necesidad de finalizar la instrucci? de esta pieza".
Fuentes de Anticorrupci? consultadas por infoLibre son conscientes de que las ?timas decisiones de la Sala y el magistrado abocan a un cierre pr?imo de la instrucci? de la macrocausa. Unas piezas lo har? antes que otras, pero est? de acuerdo en que la investigaci? de los casos no puede extenderse indefinidamente en el tiempo. Ahora, lo que tiene que abordar el Ministerio P?lico es la ordenaci? de los hechos en cada una de las piezas y pronunciarse sobre qu?investigados deben ser procesados y sobre qui?es se solicita el sobreseimiento para poner sobre la mesa del juez sus conclusiones provisionales. Fuentes jur?icas confirman que Garc? Castell? est?esperando a recibir los escritos de la Fiscal?.
Seg? las fuentes consultadas, el cierre de la investigaci? no llegar?hasta que pasen los comicios del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, pues hay una regla no escrita en los tribunales seg? la cual ?tos no suelen tomar ciertas decisiones que puedan interferir o influir en el desarrollo de procesos pol?icos como puede ser una campa? electoral. En todo caso, prev? que tras el 4M se aceleren los acontecimientos con respecto a esta macrocausa de corrupci?.
?Qu?pasar?con Aguirre?
De todo el caso P?ica, la pieza 9 ha sido la m? medi?ica en los ?timos a?s. Las comparaciones con la existencia de una caja b en el PP nacional, ya confirmada por el Tribunal Supremo, son inevitables: dos gerentes, Luis B?cenas en el nacional y Beltr? Guti?rez en el regional, que iban anotando entradas de dinero en efectivo que escapaban al control fiscal y engrosaban una contabilidad opaca para financiar campa?s electorales. Lo que est?por ver es si Esperanza Aguirre es finalmente procesada por haber sido supuestamente la supervisora de esa financiaci? ilegal que le habr? servido para financiar campa?s en 2007, 2008 y 2011, tal y como conclu?n tanto el juez como Anticorrupci? cuando fue imputada en septiembre de 2019. Aparte de ella, est? tambi? investigados otros dos expresidentes madrile?s, Ignacio Gonz?ez y Cristina Cifuentes, adem? del ex secretario general y exconsejero Francisco Granados, entre otros.
La tesis de los investigadores es que Aguirre "ide?la b?queda de recursos que financiaran las campa?s que ella misma seleccionaba" y que era la supervisora ?tima de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impuls?con dicha finalidad". "Las campa?s iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura pol?ica y consolidarla como presidenta de la Comunidad", apuntaba el auto de imputaci?. La "estrategia" ?a?d?? era "obtener fuentes de financiaci? para el partido, ampar?dose en diversas partidas del presupuesto, en principio con fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero p?lico desde las licitaciones de las consejer?s de la Comunidad y adjudicar, en connivencia con determinados proveedores de confianza, la licitaci? de determinados contratos de suministros".
Aguirre siempre ha negado la mayor y en este tiempo s?o la han se?lado tres personas condenadas o investigadas en el caso G?tel: la administradora de empresas de Francisco Correa, Isabel Jord?; y los exalcaldes de los municipios madrile?s de Majadahonda y Boadilla del Monte, Guillermo Ortega y Arturo Gonz?ez Panero, respectivamente. Casualmente, los tres tienen como abogado al mismo letrado que acaba de contratar B?cenas, quien tambi? ha acusado a la expresidenta de, entre otras cosas, aceptar un sobre con 60.000 euros de un empresario. Tanto ella como el constructor lo niegan y ? ya ha sido exculpado. Sin embargo, la Fiscal? siempre se ha mostrado partidaria de seguir buscando m? indicios contra la expresidenta.
La declaraci? del empresario se?lado por B?cenas, que tuvo lugar el pasado jueves, puede ser de las ?timas que tome el juez en la pieza 9 de P?ica. La macrocausa tiene otras diez l?eas de investigaci? que comenzaron a abrirse en 2014, tras la detenci? de Francisco Granados, que es precisamente el que da nombre al caso ?punica granatum es el nombre cient?ico del ?bol de la granada?, y del constructor David Marjaliza por los negocios que habr?n hecho juntos cuando el primero era alcalde de la localidad madrile? de Valdemoro, antes de entrar en el Gobierno de Aguirre en 2003.
Pieza 1. El chivatazo de un guardia civil a Granados avis?dole de que estaba siendo investigado. Es la ?ica sobre la que ya se ha celebrado juicio, que acab?con la condena del exconsejero a dos a?s de prisi? y de dos agentes. Granados ya hab? cumplido con creces la condena debido al tiempo que hab? pasado en prisi? preventiva.
Pieza 2. La rama leonesa de la trama. Trata de adjudicaciones irregulares a las empresas de reputaci? online vinculadas al llamado conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, y al exalcalde de Cartagena (Murcia) Jos?Antonio Alonso Conesa por parte de la Diputaci? de Le?. Est? en espera de juicio una vez la Fiscal? present? su escrito de acusaci?.
Pieza 3. Hechos concernientes a las supuestas adjudicaciones fraudulentas a las mercantiles vinculadas a Alejandro de Pedro y Jos?Antonio Alonso Conesa en Murcia. Est? procesadas una veintena de personas, entre ellas el exconsejero Juan Carlos Ruiz. Esta l?ea de indagaci? salpic?al expresidente de la Regi? Pedro Antonio S?chez, que acab?dimitiendo. Sin embargo, el juez Garc? Castell? acab?archivando las diligencias contra ?, contra el criterio de Anticorrupci? y las acusaciones populares.
Pieza 4. Se investigan delitos de blanqueo de capitales y supuestas irregularidades urban?ticas en Valdemoro, con origen en el nuevo plan de ordenaci? urbana impulsado por Granados como alcalde. Tambi? se investigan todas las adjudicaciones de gesti? y explotaci? de bienes p?licos adjudicados por el Ayuntamiento a la trama.
Pieza 5. Hechos concernientes a contratos menores en los municipios de Valdemoro, Torrej? de Velasco y Serranillos del Valle con empresas de la trama corrupta.
Pieza 6. Se investigan varios contratos de eficiencia energ?ica suscritos entre la multinacional francesa Cofely y varios ayuntamientos como Almendralejo, Brunete, Villalba, Alcal?de Henares, M?toles, etc. Se sospecha que se han pagado cuantiosas comisiones y se han realizado irregularmente encuestas electorales. Est? imputados exalcaldes y otros cargos de los municipios afectados, as? como directivos de la empresa.
Pieza 7. Acerca de la contrataci? por parte de 47 ayuntamientos madrile?s entre 2004 y 2014 con la empresa de eventos musicales Waiter Music. Se sospecha de adjudicaciones irregulares y sobrevaloradas y con cargo a esa sobrevaloraci? y a varios contratos adjudicados a FCC, Acciona, Dragados, OHL, Sacyr, Grupo DHO, Urbaser, se habr?n pagado comisiones, fiestas de varios dirigentes y alcaldes as?como m?ines y actos del PP. Jos?Luis L?ez Huerta Balbuena, propietario de esta empresa recientemente fallecido, reconoci?en sede judicial que varios investigados y otros que no lo son pudieron beneficiarse de comisiones y dadivas por haberle adjudicado contratos en sus respectivos municipios. El pasado septiembre, el juez cit?a declarar como imputados a exalcaldes y otros cargos, entre ellos David Erguido, ex teniente de alcalde de Algete en el momento de los hechos, motivo por el cual dej?su esca? de senador.
Pieza 8. Se investiga la actividad de Granados desde las distintas responsabilidades en la Comunidad de Madrid bajo la Presidencia de Esperanza Aguirre: consejer?s de Transportes, Presidencia y Justicia e Interior.
Pieza 9. Posible financiaci? ilegal del PP de Madrid tras la llegada de Aguirre a la Presidencia a trav? de varias v?s: contrataci? a trav? del Instituto Madrile? de Desarrollo (IMADE) y del Canal de Isabel II, adjudicaciones de la Agencia de Inform?ica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) a Indra a cambio de comisiones, desv? de dinero procedente de la cl?sula del 1% ?fundamentalmente desde las consejer?s de Sanidad y Transportes?, y la Fundaci? para el Desarrollo Econ?ico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), entidad ligada al partido.
Pieza 10. Sobre adjudicaciones en Denia, Valencia, Madrid, Majadahonda, Valdemoro, Comunidad de Madrid y ?terceros pa?es? a empresas vinculadas a de Pedro y Alonso Conesa. Se investiga si el empresario Alejandro de Pedro cobr?dinero p?lico por realizar fraudulentamente informes de reputaci? on line a cargos p?licos de diversas administraciones p?licas y empresas.
Pieza 11. La ?tima l?ea de investigaci? versa sobre las comisiones que se sospecha pag?la empresa Alfedel a cambio de la gesti? de varios colegios concertados en la Comunidad de Madrid.
EL JUEZ ARCHIVA PARA INDRA LA PARTE DEL ?CASO P?ICA? POR SUPUESTOS PAGOS AL PP
La empresa hab? solicitado el sobreseimiento al entender que se hab? acreditado que las conductas de algunos de sus empleados no pueden ser atribuidas a la persona jur?ica en su conjunto
El juez Manuel Garc? Castell? ha archivado para Indra la parte del caso P?ica seguida por supuestos pagos para financiar al PP de Madrid en la que se investiga el presunto desv? de fondos de la Agencia de Inform?ica y Comunicaci? de la Comunidad madrile? a trav? de esa empresa. As?lo acuerda en un auto el magistrado de la Audiencia Nacional al ?no haber resultado la existencia de un incumplimiento grave de los deberes de control, vigilancia o supervisi? por parte de la entidad respecto de la actuaci? de sus empleados? en relaci? a los hechos investigados, supuestamente cometidos entre 2008 y 2013.
Indra hab? solicitado el sobreseimiento al entender que, una vez realizadas todas las diligencias necesarias y pertinentes, se hab? acreditado que las conductas presuntamente realizadas por algunos de sus profesionales no pueden ser atribuidas a la persona jur?ica en su conjunto, adem? de que la compa?a contaba con un modelo de cumplimiento normativo eficazmente implementado.
Por su parte, la Fiscal? Anticorrupci? se hab? opuesto a la solicitud de sobreseimiento argumentando que no era el momento procesal oportuno, dado que restan diligencias importantes y pertinentes por practicar. En su auto el juez Garc? Castell? considera que no procede la pr?tica de las diligencias solicitadas por el Ministerio P?lico y entiende que la investigaci? de esta pieza est??ya agotada?, tal y como le indic? explica, la Secci? Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia en un auto del pasado 17 de febrero.
El instructor se?la en su resoluci? que de la documentaci? aportada hasta el momento se desprende que la firma tecnol?ica ten? implantado un sistema de prevenci? y cumplimiento eficaz al tiempo de producirse los hechos investigados. Y estima que la documentaci? aportada permite constatar que los mecanismos de prevenci? normativos implantados en la empresa permitieron localizar, identificar y erradicar a los responsables de los hechos aparentemente delictivos. Explica, adem?, que en este caso ?la respuesta de Indra ante los hechos aparentemente delictivos fue contundente, como se puede observar por la documentaci? presentada, realizando un an?isis detallado de las causas que motivaron la actuaci? por los presuntos responsables, y procediendo a su despido?.
En este sentido, el instructor destaca la actitud de colaboraci? seguida por la empresa y las acciones realizadas en orden a identificar y reconocer el delito contra la hacienda p?lica. Y concluye que del estudio y valoraci? de los indicios aportados se aprecia la existencia de conductas imputables a determinadas personas f?icas, antiguos empleados de la entidad, que pese a las medidas existentes en la corporaci? y salt?dose los mecanismos de prevenci? implantados, pudieron haber delinquido.
El juez ya archiv?en enero de 2020 la causa contra el expresidente de Indra Javier Monz? en relaci? con supuestos pagos de la empresa para financiar al PP de Madrid al considerar que no hab? indicio alguno de que los conociera ni interviniera en los mismos. En su declaraci? ante el juez, en octubre de 2019, Monz? se desvincul?de esos supuestos pagos y dijo que ? se encargaba de la estrategia global de la compa?a, no de ese tipo de contratos.
LA AUDIENCIA NACIONAL URGE AL JUEZ DE P?ICA A ACABAR LA INVESTIGACI? SOBRE ESPERANZA AGUIRRE Y LA CAJA B DEL PP MADRILE?
La Secci? Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza las diligencias que solicitaba Fiscal? Anticorrupci? en el marco de la pieza 9 de 'P?ica' en la que se investiga la presunta financiaci? ilegal del PP de Madrid, y urge a concluir la instrucci? "que se prolonga ya en el tiempo desde principios del a? 2014".
"Este tribunal considera que tras una largu?ima instrucci? que se inici?hace ya m? de 7 a?s, las diligencias que se interesan no deben demorar por m? tiempo la conclusi? de la que llaman pieza separada n?ero 9", dice la Sala en un auto de 17 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press. En esa causa se encuentran imputados los expresidentes de la comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Ignacio Gonz?ez y Cristina Cifuentes.
La decisi? del tribunal se produce despu? de que Anticorrupci? recurriera la decisi? del magistrado de desestimar las nuevas diligencias solicitados, que consist?n en solicitar tanto al Ministerio del Interior como a la Comunidad de Madrid varios contratos relacionados con el escrutinio provisional de resultados y su difusi? en las elecciones locales y auton?icas madrile?s de 2007, 2011 y 2015.
Anticorrupci? fundamentaba la petici? en que la investigaci? hab? evidenciado que el expresidente madrile? Ignacio Gonz?ez y el que fuera consejero delegado de la Agencia para la Inform?ica de la Comunidad de Madrid (ICM) Jos?Mart?ez Nicol? se habr?n servido de la mercantil Indra para desviar fondos p?licos del presupuesto de ICM
https://www.eldiario.es/sociedad/coronavirus-actualidad-politica-16-de-marzo_6_7313114_1065399.html
LA AUDIENCIA NACIONAL DEJA EN LIBERTAD A VILLAREJO
La Fiscal? hab? pedido la excarcelaci? tras no conseguir adelantar el primer juicio contra el comisario jubilado, que iba a cumplir en noviembre el plazo m?imo de prisi? provisional
Manuel Garc?-Castell?, magistrado de la Audiencia Nacional, ha decretado la puesta en libertad del comisario jubilado Jos?Manuel Villarejo tras haberlo solicitado este mismo mi?coles la Fiscal? Anticorrupci?, seg? confirman fuentes jur?icas. El ministerio p?lico present?su petici? sobre el antiguo agente de la Polic? Nacional, que llevaba en prisi? provisional desde noviembre de 2017, despu? del choque con la Audiencia Nacional, que dict?este martes un auto donde rechazaba el recurso presentado para tratar de adelantar el primer juicio contra ?. El comienzo de esa vista oral se ha fijado para el 13 de diciembre, m? de un mes despu? de que Villarejo cumpla los cuatro a?s m?imo que se puede permanecer encarcelado de forma preventiva y sin una sentencia en contra. El polic? ha abandonado la c?cel sobre las seis y media de esta tarde.
El ministerio p?lico hab? pedido este mi?coles al instructor del caso, Manuel Garc?-Castell?, que ante su pr?ima e inevitable salida de prisi?, lo dejase ya libre. Seg? el organismo, no tiene sentido mantener esa medida excepcional cuando su motivaci? era asegurar la presencia del investigado en el juicio. Eso s? pidi?que le impusiesen medidas cautelares: retirada de pasaporte, comparecencias peri?icas ante los tribunales y la prohibici? de salir de Espa?. Un requerimiento que ha aceptado el magistrado.
Garc?-Castell? y la Fiscal? se han opuesto durante m? de tres a?s a la excarcelaci?. Ambas partes consideraron justificada la prisi? provisional ante el riesgo de reiteraci? delictiva, la posibilidad de que destruya pruebas vitales para la investigaci? o que se fugue del pa?. El instructor ha reiterado en diferentes ocasiones que puede aprovechar para fugarse dadas sus ?conexiones en el extranjero? y su importante ?capacidad econ?ica?. Circunstancias que persisten, seg? los investigadores, que consideran que se encuentra ?cada vez m? acreditada? la integraci? de su familia en la organizaci? criminal liderada por Villarejo ??concretamente, su esposa? y uno de sus hijos?, adem? de recordar que se le hall?documentaci? con ?pluralidad de identidades? falsas que le podr?n servir para la ?planificaci? de una fuga?.
Los planes iniciales de Anticorrupci?, ahora frustrados, pasaban por la divisi? de la causa en l?eas de investigaci? separadas para conseguir condenar a Villarejo en una de ellas antes de alcanzar los cuatro a?s de prisi? preventiva, mientras se segu? con el resto de la instrucci?. Las dos primeras (Iron y Pintor) se enviaron a juicio el 13 de julio de 2020, pero el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgar?la trama ?formado por los magistrados ?gela Murillo, Carmen Paloma Gonz?ez y Ferm? Javier Echarri? acordaron unir ambas en una ?ica vista oral junto a una tercera (Land). Y fijaron su fecha para el 13 de diciembre. Seg? explicaron en su auto de este martes, debido a la existencia de otras vistas orales retrasadas y a los aplazamientos por la pandemia, era imposible adelantar los plazos para que hubiera sentencia antes de noviembre.
Batalla entre la Fiscal? y la Audiencia
El choque entre la Fiscal? y el tribunal ha resultado intenso. Tras decidir juntar en un primer macrojuicio esas tres piezas separadas, los magistrados acordaron anular la prisi? provisional dictada contra Villarejo por esas mismas l?eas de investigaci?. Esa medida no implicaba que el comisario quedase ya libre, pues a? segu? vigente su encierro preventivo para el resto de la macrocausa. Pero, seg? critic?el ministerio p?lico, imped? adelantar la vista oral al quitarle el car?ter ?preferente? frente a otras por no tratarse ya de un proceso con preso. De hecho, Anticorrupci? calific?la decisi? de la Audiencia como ?opci? no responsable? y dijo que no se motiv?lo suficiente.
Unas palabras a las que respondieron los jueces el martes: ?Lo que no puede pretender es marcar la agenda de se?lamientos de la Sala. Primero, porque desconoce por completo la relaci? de causas pendientes. Y segundo, porque desconoce las disponibilidades materiales de las salas de enjuiciamiento h?iles, capaces de soportar un juicio oral de las caracter?ticas como el que nos ocupa?, arremet? el auto de los magistrados, donde se se?laba que, debido a problemas de agenda, aunque hubiese seguido como preso preventivo en esas tres piezas, no se habr? podido fijar el juicio hasta, ?como muy pronto?, finales de octubre o noviembre de 2021. ?Por lo que resultaba ciertamente imposible y poco probable que hubiera reca?o sentencia con anterioridad a la finalizaci? del plazo m?imo de prisi? (3 de noviembre de 2021), pretendiendo con ello la Fiscal? trasladar dicha carga procesal de manera incomprensible a la Sala?, cargaron los jueces.
El abogado de Villarejo pide tambi? la libertad
La defensa de Villarejo no esperaba este ?timo movimiento de la Fiscal?, seg? confirman fuentes de su entorno, que cre?n que el ministerio p?lico apostar? por mantenerlo en la c?cel hasta noviembre, cuando cumple esos cuatro a?s que puede permanecer en prisi? preventiva como m?imo. De hecho, el abogado del comisario, Antonio Garc? Cabrera, tambi? hab? movido ficha y present?este mi?coles un escrito en la Audiencia Nacional para solicitar la excarcelaci? de su cliente.
?Villarejo no podr?ya ser juzgado ni, eventualmente, condenado dentro del plazo m?imo legal establecido en nuestro ordenamiento jur?ico?, subraya el letrado en su escrito, al que tuvo acceso EL PA?: ?Estas circunstancias hacen que desde ya, hayan deca?o inevitablemente todas las finalidades que permiten adoptar una medida que, por respeto a los derechos fundamentales que se ven afectados, debe ser excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada?. Seg? el abogado, no solo no existe el riesgo de que se fugue antes del juicio, sino que pierde sentido la tesis de garantizar su presencia en la vista oral mediante la provisi? provisional, pues inevitablemente tendr?que salir antes de la c?cel.
La defensa del comisario jubilado recurre, incluso, a las condecoraciones que obtuvo en la Polic? para argumentar que no huir? ?Es un hombre de honor que siempre ha hecho frente a sus compromisos y obligaciones como servidor p?lico, con muy relevantes servicios a Espa? y a su seguridad, que le han hecho acreedor, entre otras distinciones y reconocimientos, de tres cruces al m?ito policial. Dos de ellas, con distintivo rojo, concedidas en 2009 y 2013 por servicios policiales que supusieron hechos distinguidos y extraordinarios con patente riesgo o peligro personal?.
El partido pol?ico Podemos, personado como acusaci? popular, ha lamentado la decisi? del juez: ?Cuesta entenderlo. Existe un riesgo alto de fuga?.
https://elpais.com/espana/2021-03-03/la-audiencia-nacional-deja-en-libertad-a-villarejo.html
LA COMISI? KITCHEN DEL CONGRESO SE ATASCA AL NEGAR EL JUEZ LA DOCUMENTACI?
Los diputados prorrogan su primer plan de trabajo de tres meses sin tener a? ninguna documentaci? y sin haber organizado ninguna comparecencia
La comisi? de investigaci? sobre la Operaci? Kitchen se cre?hace dos meses en el Congreso, pero no acaba de arrancar. Los diputados encargados de indagar sobre actuaciones irregulares en el Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy no han recibido ninguna documentaci?, y la comparecencia inicial de Luis B?cenas, el extesorero del PP, se vuelve a aplazar. El juez que instruye el caso, Manuel Garc?-Castell?, ha notificado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que no puede facilitar los documentos requeridos porque? las actuaciones judiciales tienen car?ter reservado en sede de instrucci??.
La comisi? Kitchen del Congreso parece gafada. La Mesa que debe organizar el plan de trabajo ?aprobado no sin demoras y con discusi? en enero? se cit?este martes otra vez, pero para aprobar una pr?roga de su funcionamiento. El plazo inicialmente previsto de tres meses casi se ha cumplido sin que se haya registrado actividad alguna.
El 24 de febrero, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, remiti?formalmente a la presidenta del Congreso la respuesta negativa del titular del juzgado de instrucci? n?ero 6 de la Audiencia Nacional, Manuel Garc?-Castell?, a la solicitud de la comisi? de investigaci? Kitchen de una serie de documentos y diligencias del caso. El magistrado basa su negativa en el ?car?ter reservado? de las actuaciones judiciales en sede de instrucci?, ?un principio fundamental? sustentado en el art?ulo 301 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Este art?ulo dispone ?que las diligencias del sumario ser? reservadas y no tendr? car?ter p?lico hasta que se abra el juicio oral?.
El magistrado recuerda que el actual procedimiento judicial del caso Kitchen en la Audiencia ?se encuentra en fase de instrucci? y por tanto con car?ter reservado?. Garc?-Castell? alude a ese momento procesal, y a ?la necesaria preservaci? y garant? de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes?, para argumentar que suponen un ?l?ite infranqueable? para remitir esa documentaci? judicial ahora al Congreso.
Villarejo y Rajoy
La Mesa de la comisi? Kitchen discuti?este martes esta situaci? de atasco en sus trabajos provocada por la respuesta judicial, y opt?en cualquier caso por seguir adelante, pese a las cr?icas planteadas por los representantes del Partido Popular. El PSOE y otros partidos, como Vox, defendieron en las primeras discusiones sobre el sentido de la comisi? Kitchen que, antes de requerir determinadas comparecencias muy medi?icas y probablemente pol?icas (como las del comisario preso Jos? Manuel Villarejo o de los responsables pol?icos en Interior de aquella etapa que tuvieron alguna relaci? con el reparto irregular de fondos reservados), pod? resultar mejor centrarse en el estudio de las ordenes y las instrucciones policiales. Y as?convenci?el PSOE a Podemos de dejar para el final las citaciones al expresidente Mariano Rajoy, al exministro Jorge Fern?dez, a la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y a su esposo, Ignacio L?ez del Hierro, y a los exsecretarios de Estado de Seguridad. Podemos, a su vez, insisti?con otros partidos en no descartar que se llamase a Villarejo, como quer?n los socialistas.
El PP fue en su d?, el 1 de octubre, el ?ico partido que rechaz?en pleno crear esta comisi? propuesta por PSOE y Unidas Podemos, y que concit?el apoyo de 206 parlamentarios de esas formaciones y de Ciudadanos, PNV, Junts, M? Pa?, Comprom?, BNG, EH-Bildu, CUP, UPN y Nueva Canarias, y 54 abstenciones de Vox, Coalici? Canaria y Teruel Existe.
El PP volvi?a intentar este martes, como hizo en enero cuando sali?adelante el primer plan de comparecencias y de peticiones de documentos, que la comisi? pospusiese de nuevo sus sesiones hasta poder recibir todos los partidos la misma informaci? del caso. Los populares entienden que PSOE y Podemos, al estar personados en la causa, disponen de mayor acceso a c?o discurre la investigaci? judicial. Ese intento de aplazamiento no prosper? pero s?se acord? postergar una semana m?, hasta el 17 de marzo, la esperada primera comparecencia en la comisi?, que debe ser la de Luis B?cenas, el extesorero nacional del PP. B?cenas ya tiene la semana que viene se?ladas varias sesiones del juicio abierto en la Audiencia sobre la caja b del PP que ? manej?tantos a?s y que se tuvieron que suspender al contagiarse de coronavirus uno de los investigados que ten? que declarar.
Un precedente en 2016 con el voto contrario de De Prada
En noviembre de 2016, la Audiencia Nacional ya rechaz? entregar al Congreso documentaci? judicial sobre la financiaci? ilegal del PP. La secci? segunda de la Sala de lo Penal decidi?entonces negar lo que ped? la comisi? de investigaci? del Congreso con el argumento de que el ?acceso indiscriminado a los documentos y actuaciones judiciales pueden poner en riesgo los derechos? de los procesados. Seg? la Audiencia, la presunci? de inocencia de los acusados ?podr? verse comprometida? por una ?investigaci? paralela no sujeta a las garant?s del proceso penal y a la tutela de los derechos propios de la funci? judicial?.
La sala argument?que algunos de los informes demandados desde el Congreso se hab?n obtenido bajo ?el control judicial y con el designio de investigar posibles conductas delictivas, permitiendo por ende la investigaci? de hechos y datos personales a los que no hay acceso por terceros?. Aquel rechazo de la Audiencia fue aprobado por cuatro de sus cinco magistrados, con el ?ico voto particular en contra del juez Jos?Ricardo de Prada, que defendi?que se entregase la documentaci? bajo estrictas condiciones. De Prada es ahora el clavo al que se sujeta el PP para seguir bloqueando la renovaci? pendiente del caducado Consejo General del Poder Judicial. El PP le clasifica como uno de los vocales pr?imos a Unidas Podemos y le identifica como el autor de la frase m? condenatoria para los populares y Mariano Rajoy en la sentencia del caso G?tel.
La Mesa de la comisi? Kitchen, controlada por la mayor? del PSOE y Unidas Podemos, resolvi?ayer volver a reunirse la semana que viene para prorrogar su mandato agotado de tres meses y analizar por d?de deber?n comenzar a trabajar, todav? sin documentos judiciales y sin un programa organizado de comparecencias.
EL JUEZ GARC? CASTELL? NO ENVIAR?DOCUMENTACI? DEL SUMARIO DE ?KITCHEN? AL CONGRESO PORQUE TIENE ?CAR?TER RESERVADO?
El magistrado del Juzgado Central de Instrucci? 6 de la Audiencia Nacional, Manuel Garc? Castell?, ha informado al Parlamento que no puede colaborar con su investigaci? paralela sobre el caso "Kitchen".
El titular del Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6, Manuel Garc?-Castell?, ha enviado respuesta al Congreso de los Diputados se?lando que no remitir?la documentaci? que obra en el sumario de la operaci? ?Kitchen? debido a que ?se encuentra en fase de instrucci? y por tanto tiene un car?ter reservado?.
En un breve informe fechado el 22 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado indica que esa reserva en las actuaciones judiciales es un principio fundamental al que alude el art?ulo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Recuerda que el precepto se?la que ?las diligencias del sumario ser? reservadas y no tendr? car?ter p?lico hasta que se abra juicio oral?.
As? se?la que la instrucci? relativa a la operaci? ?Kitchen?, el operativo ?parapolicial? orquestado para sustraer informaci? sensible para el PP que estaba en posesi? de su extesorero Luis B?cenas, aun est?en fase de instrucci?, ?como es p?lico y notorio?.
A esto, el magistrado suma que hay ?l?ites infranqueables que se ver?n afectados en el presente caso por la remisi? de documentaci? judicial al ?gano parlamentario?.
Por eso incide en que no remite lo requerido por la Mesa de la comisi? de investigaci? de ?Kitchen? escud?dose en ?la necesaria preservaci? y garant? de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes y de terceras personas?.
Villarejo finalmente comparecer?ante la comisi? de investigaci? de la Operaci? Kitchen, un "juicio paralelo" en sentido estricto
Finalmente, en el "juicio paralelo" que supone la comisi? de investigaci? de la operaci? kitchen declarar?el comisario Villarejo.
Esta respuesta del magistrado llega despu? de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le solicitara a trav? del presidente del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, la documentaci? que previamente se hab? acordado interesar en la comisi?.
Fue el pasado 28 de enero cuando ese ?gano parlamentario presidido por la socialista Isaura Leal aprobaba por un lado el listado de comparecientes, entre los que est?el comisario Jos?Manuel Villarejo, y por otro la documentaci? que se deb? requerir a la Audiencia Nacional.
En concreto, seg? recoge Europa Press, aprobaron reclamar informaci? relativa al comisario ?que est?en el centro de la investigaci? de la pieza separada n?ero 7? como sus agendas incorporadas a la causa, las grabaciones efectuadas por el excomisario a Cospedal y a su marido en la sede nacional del PP, y la conversaci? que Villarejo mantuvo con los empresarios Adri? de la Joya y Alberto Pedraza en febrero de 2017.
Tambi? solicitaban tener acceso a los archivos del tel?ono m?il de Francisco Mart?ez ?el que fuera n?ero dos en Interior en la ?oca del ministro Jorge Fern?dez D?z? y las dos actas notariales instadas por ? sobre los mensajes que dice haber recibido desde el m?il de Fern?dez D?z, y que hac?n menci? al operativo.
A esto, desde la comisi? sumaban todos los oficios policiales de la causa, el informe del inspector de la Polic? Nacional Jos? ?gel Fuentes Gago que declaraba incompatibles las actividades empresariales de Villarejo con el trabajo policial, los expedientes de concesi? de medallas con las que se distingui?a algunos de los polic?s implicados, as? como la relaci? de miembros del tribunal que aprob?el acceso de Sergio R?s a la escala b?ica de la Polic?.
Ya en enero, cuando sali?a la luz la informaci? que se iba a requerir, fuentes jur?icas consultadas por Europa Press adelantaron que los diputados que participen en esta comisi? no podr?n contar con ning? documento que obrara en el sumario. Algo que finalmente se ha materializado con el informe del juez al Congreso.
EL RAPAPOLVO DEL SUPREMO DEJA AL JUEZ DEL 'CASO DINA' SIN APENAS MARGEN PARA ACTUAR CONTRA IGLESIAS
El magistrado de la Audiencia Nacional volver?a citar a Dina Bousselham para que aclare si perdona al vicepresidente segundo del Gobierno por haber visto el contenido de su m?il El alto tribunal le reprocha que haya abandonado otras l?eas de investigaci? sobre c?o acabaron las fotos, v?eos y conversaciones del m?il en medios de comunicaci? No ve recorrido a la imputaci? de denuncia falsa porque no existe sentencia o auto de sobreseimiento de una causa en la que se haya podido producir un testimonio fraudulento.
Poco margen de maniobra le queda al juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc? Castell? tras el duro auto del Tribunal Supremo en el que rechaza imputar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por tres delitos en relaci? con la pieza 10 del caso Villarejo, m? conocida como Dina. La imposibilidad de perseguir ciertos delitos sin determinados requisitos previos, lo que se constatar? previsiblemente en cuanto la causa vuelva al instructor, juega en contra de lo que defiende el magistrado y hace bastante dif?il que vuelva a elevar una exposici? razonada al alto tribunal solicitando abrir causa contra el l?er de Podemos.
Esa imposibilidad de perseguir ciertos delitos est?tasada en el C?igo Penal y, en este caso, afecta a los indicios que el juez apreciaba en lo que respecta a una posible revelaci? y descubrimiento de secretos y a una presunta denuncia falsa. En el primer caso, ha de constar denuncia de la persona afectada, lo que en este caso no ha ocurrido y parece que no va a ocurrir, mientras que, en el segundo, debe producirse una sentencia o un auto de sobreseimiento firme de los hechos falsamente denunciados, lo que tampoco se ha producido.
Lo que han hecho los magistrados de la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo este mi?coles casi cuatro meses despu? de que Garc? Castell? elevara su exposici? razonada, es, en consonancia con la opini? de la Fiscal?, determinar que en la supuesta revelaci? de secretos dej?sin efectuar una diligencia que consideran primordial para saber si se puede seguir adelante con la investigaci?: tomar declaraci? a Dina Bousselham, exasesora de Podemos que denunci?el robo de su tel?ono m?il y a quien Iglesias devolvi?la tarjeta del mismo una vez visto el contenido y habi?dose quedado con el soporte durante unos meses.
Sin una denuncia de Bousselham, no se puede proceder contra el vicepresidente por este delito. Recuerda el auto del Supremo que la Fiscal? Anticorrupci? "solicit?al menos por dos veces, en mayo y septiembre de 2020, nueva declaraci? de Dina Bousselham para concretar, entre otros, el relativo a la denuncia, diligencia no admitida por el instructor en la primera ocasi? porque la consideraba prematura". En la exposici? razonada, Garc? Castell? alegaba tambi? que "ello afecta al aforado" y que deber? ser, en su caso, la Sala del alto tribunal la que "las acuerde y ante quien se practiquen" este tipo de diligencias.
Esa Sala del Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, entiende que "pese a las reticencias" del juez a tomar de nuevo declaraci? a Bousselham, es "inexcusable" que la exasesora del partido morado "sea o?a acerca de si efectivamente denuncia" el hecho de que Iglesias viese el contenido de la tarjeta de su m?il cuando le llamaron de la revista Intervi?el 20 de enero de 2016 para comunicarle que les hab? llegado el soporte. El l?er de Podemos acudi?a la sede de la publicaci? y pudo ver el contenido, despu? de que lo hubieran hecho el director del Grupo Zeta Antonio Asensio y los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles. Una vez se llev?la tarjeta, el vicepresidente la guard? durante meses antes de devolv?sela a su due?.
Sin la "asertividad requerida"
Para el tribunal, el cumplimiento del requisito de escuchar a Bousselham sobre este aspecto para saber si perdona a Iglesias "en modo alguno ha sido determinado con la precisi? o claridad exigida" por Garc? Castell? "para hacer efectiva su declinaci? competencial" y enviar la causa al Supremo. Creen los magistrados que, de las comparecencias que ha prestado la exasesora de Podemos en el juzgado "abundan razones para afirmarlo y tambi? para negarlo", pero "en ning? caso" sus afirmaciones tuvieron la "asertividad requerida?. De ah?que consideren que el instructor no efectu?esta diligencia fundamental para la investigaci?.
El Supremo opina que el instructor deber? preguntar a Bousselham "si no mediaba tal autorizaci?" para que Iglesias accediera al contenido de su m?il, "si manifiesta ahora que consiente tolera y acepta que aquel hubiera entrado en conocimiento de todos los documentos, fotograf?s, incluidas las ?timas y personales, archivos y comunicaciones contenidos en la tarjeta de su titularidad, pues de haber conocido que iba a hacerlo le hubiera otorgado su expreso consentimiento". Seg? fuentes jur?icas consultadas por infoLibre, Garc? Castell? citar?a Bousselham en los pr?imos d?s.
El requisito de procedibilidad en el delito de descubrimiento y revelaci? de secretos tambi? ser? necesario en el caso de la posible denuncia falsa. As?lo ponen de manifiesto los magistrados del alto tribunal en su auto de este mi?coles, tal y como consta en el art?ulo 456.2 del C?igo Penal. "En la exposici? razonada no aparece, lo que en cualquier caso impide la apertura del proceso penal por raz? de este delito", concluyen, por lo que tambi? rechazan imputar a la vicepresidenta tercera del Congreso y exjefa de los servicios jur?icos de Podemos, Gloria Elizo, para quien Garc? Castell? tambi? ped? abrir causa.
?C?o acab?en Okdiario?
La resoluci? recuerda que el juez instructor parte de que Dina Bousselham minti?al ser consciente de que las capturas de pantalla publicadas por Okdiario en julio de 2016 eran las que ella hab? enviado a otras personas antes de que le robaran el tel?ono y que Pablo Iglesias lo sab?. Pero aqu? la Sala es tajante: Garc? Castell? abandon?"diversas l?eas de investigaci?" dando por hecho, "sin indicios concluyentes", que el contenido hab? llegado al peri?ico digital por esa v? y no por otras. De hecho, el magistrado de la Audiencia Nacional ya ha cerrado la pieza 10 del caso Villarejo, procesando al comisario jubilado y a los periodistas Pozas y Rendueles, sin determinar c?o acab?el contenido de la tarjeta en el medio que dirige Eduardo Inda. Cabe recordar que la pieza 10 se abri?cuando se encontraron en el domicilio de Villarejo carpetas con el contenido del tel?ono.
Diferente a los dos delitos explicados es el de posibles da?s inform?icos, en relaci? con el hecho de que la tarjeta del m?il de Bousselham estaba inservible cuando Iglesias se la devolvi?en el verano de 2016, despu? de la publicaci? de parte de su contenido. El Supremo no entra a examinar la solidez o consistencia de los indicios planteados por Garc? Castell?, si bien considera necesario tambi? que la exasesora sea escuchada en sede judicial una vez m?, ya que durante la instrucci? en la Audiencia Nacional de la pieza 10 ha hecho diferentes matizaciones al respecto.
En 2019, cuando se abri?la causa, declar?que nunca hab? podido acceder al contenido de la tarjeta que el l?er del partido morado le hab? entregado, que insisti?varias veces pero que el soporte no funcionaba. Pero en mayo de 2020, despu? de que el juez retirara a Iglesias la condici? de perjudicado en este procedimiento, la exasesora cambi?su versi? y en un escrito asegur?que la primera vez que lo intent?s?pudo acceder y as?comprobar que se trataba de su tarjeta, pero que la siguiente ocasi? en que lo intent?ya no funcionaba.
Los informes sobre los da?s en la tarjeta
Adem? de esta diligencia, el Supremo considera necesaria una ampliaci? de la pericial inform?ica realizada sobre los da?s en la tarjeta para precisar las causas que impiden acceder a la informaci? de la tarjeta, cu? fue el sistema o la t?nica empleada para proceder al borrado, eliminaci?, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta conten?, y si es posible proceder a la recuperaci? de todos estos datos y fecha del ?timo acceso.
La Polic? Cient?ica ya entreg?en agosto de 2020 un informe en el que subrayaba que los da?s hallados en la tarjeta habr?n sido resultado del "lijado de la cubierta protectora", lo cual "ser? compatible con un intento de recuperaci? del contenido de la memoria", una t?nica que coincide con la "empleada por los laboratorios especializados". Por culpa de esos da?s, dec?, ?no se puede determinar? si la tarjeta ten? ?da?s previos?, ?qu? partes est? afectadas por los mismos ni el momento en que se produjeron?.
Al recuperar el soporte, Bousselham envi?la tarjeta a una empresa, Recuperaci? Expr?, para tratar de extraer el contenido de la tarjeta, pero no se pudo hacer nada. As?lo constataron los propios t?nicos de la sede de la compa?a en Gales (Reino Unido) en un informe remitido a la Audiencia Nacional en el que explicaban que el soporte estaba "f?icamente intacto" cuando les lleg? que no presentaba "cortocircuitos" y que no pudieron acceder a su contenido utilizando el software especializado de recuperaci? de datos que utilizan en casos como este. Tambi? dijeron que durante su manipulaci? para el an?isis del soporte, retiraron el revestimiento de pl?tico que cubre la tarjeta, aunque recalcaron que "es posible que eliminaran mucho m? del recubrimiento".
GARZ? ACUSA EL JUEZ GARC? CASTELL? DE ACTUAR CON "SESGO IDEOL?ICO" Y CRITICA SU "OBCECACI?" CON IGLESIAS
El ministro de Consumo asegura que "hay muchos jueces conservadores" en contra de este proceso
El ministro de Consumo, Alberto Garz?, ha acusado este mi?coles al juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc? Castell? de actuar con "sesgo ideol?ico" contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y ha criticado la "obcecaci?" del magistrado "contra una persona" cuando "otros tribunales" y "el clamor de los expertos" dec?n "que no hab? base" para seguir juzgando.
"Ha sido uno de los casos m? evidentes en los que hab? una instrumentalizaci? dirigida contra Podemos e Iglesias", ha afirmado Garz? en una entrevista en 'La Noche en 24 Horas' de TVE, recogida por Europa Press, en la que ha argumentado que "era evidente que no hab? un sustento suficiente" para la imputaci?, algo que, seg? ha dicho, ya defend? "cualquier experto en la materia". "No ha podido pasar porque era evidente que no pod? pasar", ha zanjado.
El ministro ha se?lado que se ha puesto "de relieve" que hay "determinadas personas en la justicia" que "fuerzan en excesos sus interpretaciones probablemente empujados por su sesgo ideol?ico", como es el caso, a su juicio, del juez Garc? Castell?.
Seg? Garz?, el juez "manten? su posici?" frente a lo que dec?n otros tribunales y fiscal? y ha se?lado que esto "no se puede entender de forma aislada" pues la investigaci? a Iglesias ha servido como "altavoz" en los medios de comunicaci?.
"Una persona que actu?contra el propio criterio de otros jueces, fiscal? (...) ?Por qu? ?Ten? una interpretaci? especialmente brillante? Parece que no", ha cuestionado el l?er de IU, que ha resaltado que esto puede llevar a la conclusi? de que Garc? Castell? ha actuado con "sesgo ideol?ico", algo que "no es deseable que exista en el ?bito judicial donde se pretende la imparcialidad". "Hay que poner de relieve que algo no est?funcionando", ha insistido.
As? ha defendido que hay "muchos jueces conservadores" en contra del "tratamiento de este proceso" porque "contra toda raz?" se prosegu? con "esa obcecaci? que solo se puede entender en t?minos pol?icos". "En la democracia hay que se?lar los d?icits para corregirlos", ha concluido.
EL SUPREMO NO VE DELITO DE IGLESIAS EN EL ?CASO DINA? Y LO DEVUELVE A LA AUDIENCIA
El alto tribunal sigue el criterio de la Fiscal? y esperar? a que se complete la investigaci?
El Tribunal Supremo devuelve a la Audiencia Nacional la causa que manten? abierta contra el vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias por el caso Dina. De acuerdo con el criterio de la Fiscal?, la Sala de lo Penal considera que no hay indicios s?idos para sostener ninguno de los delitos que el juez Manuel Garc? Castell? atribuy?a Iglesias. El auto del Supremo supone una enmienda total a la instrucci? del magistrado de la Audiencia, a quien insta a agotar su investigaci? y, solo entonces, decidir si procede remitir al alto tribunal otra exposici? razonada contra Iglesias.
El auto notificado este mi?coles por la Sala de lo Penal supone el archivo de la investigaci? abierta en el Tribunal Supremo contra el vicepresidente segundo del Gobierno, a quien el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc? Castell? acus?de inventarse una conspiraci? para presentarse como v?tima de las cloacas del Estado a ra? del robo del tel?ono m?il de su exasesora Dina Bousselham. El alto tribunal, competente para actuar contra Iglesias por su condici? de aforado, considera que, por ahora, no hay base para imputar ning? delito al vicepresidente segundo.
El alto tribunal lanza un duro reproche a la actuaci? de Garc? Castell?, que envi?en octubre al Supremo una exposici? razonada en la que atribu? a Iglesias un presunto delito de descubrimiento y revelaci? de secretos, otro de da?s inform?icos y otro de acusaci? y denuncia falsa. El auto de la Sala de lo Penal, del que ha sido ponente el magistrado Andr? Palomo, desmonta esas tesis y concluye que, con los mimbres de que dispon?, Garc? Castell? no debi?pedirle al Supremo que actuara contra Iglesias.
El Supremo le devuelve al juez de la Audiencia la causa y le insta a agotar su instrucci? con la pr?tica de una serie de diligencias que el tribunal considera que ten? que haber realizado antes de enviar el caso al Supremo. Entre ellas, la declaraci? de Bousselham para que ratifique o se retracte de los hechos relacionados con el delito de descubrimiento y revelaci? de secretos, ya que, recuerda el Supremo, el C?igo Penal exige la denuncia de la persona agraviada para actuar por esos delitos.
Garc? Castell? admit? este extremo en la exposici? razonada, pero aseguraba que deb? ser el Supremo quien citara a la exasesora de Iglesias si consideraba que hab? indicios de delito. El tribunal rechaza esta teor? e insta al juez de la Audiencia a llamar a Bousselham, que ya ha manifestado en varios de sus escritos ante el juez que no acusa al l?er de Podemos de revelar el contenido de su m?il. Si la excolaboradora de Podemos no denuncia a Iglesias, Garcia Castell? no podr?seguir adelante con el delito de revelaci? de secretos.
Tampoco lo tiene f?il el juez para sostener los otros dos delitos que atribuye al vicepresidente. Respecto al de da?s inform?icos, derivado del deterioro sufrido en la tarjeta del m?il sustra?o a su exasesora, la Sala considera necesario tambi? citar a Bousselham para preguntarle si el contenido de la tarjeta era accesible cuando se la entreg? Iglesias, ya que ha ofrecido versiones contradictorias. La ?tima dejaba al l?er de Podemos al margen del supuesto da?s de la tarjeta. Los magistrados consideran adem? necesaria ampliar la pericial inform?ica realizada sobre los desperfectos en la tarjeta para precisar las causas que impiden acceder a la informaci?, cu? fue el sistema o la t?nica empleada para borrarlo o da?rlo, si es posible recuperar todos estos datos y la fecha del ?timo acceso.
Respecto al delito de acusaci? y denuncia falsa, el Supremo lanza un duro reproche a Garc? Castell? al entender que ha ?abandonado diversas l?eas de investigaci?? sin contar con indicios concluyentes para abogar por una tesis ?sin mayor plausibilidad?. Adem?, los magistrados recuerdan que tampoco puede procederse contra el supuesto autor de la denuncia falsa hasta que no haya sentencia o auto firme, de sobreseimiento o archivo del juez o tribunal que haya conocido la infracci? imputada, lo que no ocurre en este caso.
La exposici? razonada se refer? a una segunda aforada, la diputada de Unidas Podemos Gloria Elizo, pero ?icamente por el delito de acusaci? y denuncia falsa. El Supremo tambi? archiva la causa ante la ausencia de indicios por las mismas razones que el atribuido a Iglesias.
Por otro lado, el auto declara la falta de competencia respecto a las personas no aforadas mencionadas en la exposici? razonada, Marta Flor, Ra? Carballedo y Ricardo de Sa Ferreira.
UN JUEZ ABRE UNA INVESTIGACI? A LA GUERRILLA DE PODEMOS POR SUS AMENAZAS AL MAGISTRADO DEL ?CASO DINA?
Nuevo frente judicial contra Podemos. El Juzgado de Instrucción n?ero 50 de Madrid ha abierto diligencias de investigaci? sobre la ?guerrilla? del partido de Pablo Iglesias que acos?al magistrado del caso Dina-Iglesias, Manuel Garc?-Castell?. Seg? ha podido saber OKDIARIO, la Comisar? General de Informaci? de la Polic? Nacional ya ha terminado su informe sobre estos mensajes intimidatorios y en Plaza Castilla se ha abierto una nueva causa que implica al partido morado.
Seg? consta en un oficio de la Direcci? General de la Polic? Nacional al que ha tenido acceso este peri?ico, ?se han tramitado diligencias policiales dirigidas a la Fiscalía de Criminalidad Informática de Madrid dando cuenta de posibles acciones delictivas contra don Manuel García-Castellón, encontrándose la causa, según la información disponible, en fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción n?ero 50 de Madrid?.
Ahora, el juez titular de ese juzgado, Esteban Vega, tendr? que analizar de forma pormenorizada el informe para decidir si contin? con la investigaci?. Se trata de un magistrado al que no le ha temblado la mano en varios casos que aparecen en la hemeroteca. Ha llamado a declarar como imputada por homicidio a la directora de una residencia de ancianos por no derivar a un usuario que falleci?al hospital en la primera ola de la pandemia o ha procesado a un sujeto que critic?a una inmobiliaria en un foro de Internet por injurias graves por supuestos comentarios denigratorios.
Destapado por Calvente
Las amenazas de la ?guerrilla? a sueldo de Podemos fueron destapadas por el ex abogado morado Jos?Manuel Calvente, que rompi?a llorar ante Garc?-Castell? cuando mencion? los mensajes que ? y su familia recib?: ?Tengo miedo porque en Podemos hay mucho loco, una kale borroka a la que cualquier d? se le va la mano?, se?l?en referencia al movimiento que lidera Juli? Mac?s. Posteriormente, estos ciberguerrilleros la tomaron con el propio juez y ?te las denunci?a principios del pasado octubre al citado cuerpo policial. Estos duros mensajes tambi? fueron remitidos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Seg? explicaron entonces fuentes policiales, la investigaci? fue asumida por la unidad que rastrea delitos en redes sociales, un grupo de trabajo enclavado en la Comisar? General de Informaci?, ya que fue a esta comisar? a la que se remiti? el juez. Cabe recordar que, adem?, en marzo de 2019, sufri? un misterioso allanamiento de morada en su vivienda.
El magistrado describ? una campa? de desprestigio iniciada tras su exposici? razonada para que el Tribunal Supremo investigue al vicepresidente del Gobierno y l?er de Podemos, Pablo Iglesias. Se trataba de una campa? de desprestigio personal y profesional e intimidaci? en redes y en algunos medios de comunicaci?, y que le situaron ?en una situaci? de indefensi? y de descr?ito profesional?.
Cuatro p?inas
El juez acosado envi?una carta de cuatro p?inas al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, con varias muestras de esa campa? p?lica iniciada contra su persona desde que se conoci?su escrito contrario a los intereses de Iglesias. En ese documento, que la Fiscal? del Alto Tribunal est?ya estudiando, somet? a consideraci? la investigaci? del vicepresidente segundo del Gobierno y de la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo ?ambos aforados?, y de otras cuatro personas.
En particular, Garc?-Castell? ped? investigarlos por los delitos de revelaci? de secretos, con agravante de g?ero, da?s inform?icos y denuncia falsa y/o simulaci? del delito. Todo ello en el marco de la investigaci? sobre el supuesto robo del m?il de la ex asesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y el posterior uso de los datos que conten? el mismo.
Intimidaci?
Garc?-Castell? detall?que esa campa? pretend? restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposici? razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campa?, adem? de difundir la idea de que la exposici? no es fruto de su convicci? jur?ica sino de ?una suerte de estrategia pol?ica de mayor alcance que buscar? debilitar a una organizaci? pol?ica?.
El juez sostiene que los mensajes contra su persona son repetidos y amplificados por muchos dirigentes, ?entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Naci??. En esta l?ea, afea que esos dirigentes con visibilidad propia del papel institucional que representan y la atenci? que reciben de los medios, ?se?lan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusi? que sus palabras pueden tener, le colocan en una situaci? de absoluta indefensi? y descr?ito profesional?.
Echenique y Asens
Por ejemplo, Pablo Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso lanz? ?El juez se salta a la Audiencia Nacional y a la Fiscal? porque contra Podemos y contra Pablo Iglesias vale todo. Lo de siempre: Hay que destruir a los que suben el salario m?imo y quieren poner un impuesto a la riqueza con la artiller? que haga falta?. Igualmente, el diputado Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario morado en la C?ara Baja esgrimi? ?La Audiencia Nacional obliga al juez Garc? Castell? a devolverle la condici? de perjudicado a Pablo Iglesias. Y, entonces ?qu?hace ?? Se va al Supremo a plantear su imputaci? sin consultar ni con la Fiscal?, que es quien debe acusar. Ol? con un par??.
?A este cabr? hay que cocerlo y ya est? Creo que el juez mafioso Garc? Castell? no puede terminar bien?, se escribi?en las redes sociales
Al mismo tiempo, en redes sociales plataformas afines a Podemos como La ?tima Hora o Spanish Revolution difund?n v?eos atac?dole. Le acusaban de ser ?un juez a medida para la derecha? que ?ha abierto una guerra judicial contra Podemos?. Adem?, se pudo leer desde cuentas an?imas: ?Este es un hijo de puto franquista que viene de familia burguesa. A este cabr? hay que cocerlo y ya est? ?Garc? Castell?, eres un facha y un cabr??, ?Este hijo de puta que no lo piense porque est?sobornado por el cabr? de Pablo Casado y su c?ula de babosos. Que asco de gente en este poder judicial hay?, o, entre otros muchos tuits, ?Creo que el juez mafioso Garc? Castell? no puede terminar bien y, siendo un juez prevaricador y se puede demostrar en cientos de ocasiones, lo ?ico que espero es que sea pronto. No puede hacerse m? da? a la democracia, que parte del cuerpo de jueces sean corruptos y mafiosos?.
In?ito en 42 a?s
El magistrado sostiene que estas amenazas ?podr?n revestir car?ter de infracci? penal? y manifiesta que en sus 42 a?s de ejercicio profesional nunca se ha visto sometido a una campa? de difamaci? personal y profesional de este nivel.
Recuerda, en este sentido, que en su juzgado ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representaci? parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, habiendo tomado decisiones de muy distinto signo y ?no habi?dose producido en ning? momento una reacci? equiparable a la que se est?produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida?.
VALORACIONES IL?ICAS E INVESTIGACI? INSUFICIENTE: LA FISCAL? DA OTRO VARAPALO A GARC? CASTELL? EN SU CAUSA CONTRA IGLESIAS
El Ministerio P?lico considera que quedaron diligencias sin practicar, como citar nuevamente a Dina Bousselham
Ve "indicios s?idos" de que el vicepresidente cometi? delito de revelaci? de secretos, pero no es posible encausarle si la exasesora le perdona
Tampoco es partidario de imputar a Gloria Elizo por denuncia falsa
Una investigaci? insuficiente y valoraciones que carecen de l?ica son los dos principales argumentos que esgrime la Fiscal? del Tribunal Supremo para pedir a la Sala de lo Penal que no admita la exposici? razonada del juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc? Castell? en la que solicitaba la imputaci? del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Todo ello, unido a que el instructor no ha recabado la opini? de la exasesora de Podemos Dina Bousselham acerca de si perdona o no que el secretario general del partido se quedara durante meses con la tarjeta de su tel?ono m?il.
Esta valoraci? cuenta con el respaldo de varios fiscales del alto tribunal. Aunque en la reuni? que mantuvieron la semana pasada algunos defend?n que el Supremo s?pod? realizar diligencias como interrogar a Bousselham, pero finalmente todos han estado de acuerdo con el informe de la fiscal Pilar Fern?dez Valcarce, quien se ha encargado finalmente de elaborarlo por delegaci? del teniente fiscal Luis Navajas, el cual se abstuvo despu? de las declaraciones que hizo en medios de comunicaci? sobre el ya exfiscal del caso Dina Ignacio Stampa.
El Ministerio P?lico cree que en el momento actual y con la exposici? razonada de Garc? Castell? no se dan los requisitos para abrir una causa penal contra Iglesias en el Supremo. "No basta con la constataci? puramente nominal de que un determinado hecho delictivo ha sido atribuido a un aforado. Resulta indispensable que el juez instructor que pretende declinar su propia competencia exponga las razones que determinar?n la incoaci? por el Tribunal Supremo del procedimiento especial. Y esa exposici? razonada ha de ser lo suficientemente exhaustiva como para delimitar, con toda la provisionalidad que es propia de un momento procesal como el presente, el alcance objetivo y subjetivo de los hechos", explica el informe.
Su opini?, por tanto, es que procede la devoluci? de la causa al Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6 "a fin de que se culmine la investigaci?", ya que considera que ha habido diligencias necesarias en este procedimiento que no se han realizado, como interrogar a Bousselham sobre si se considera perjudicada por Iglesias y m? pruebas sobre la destrucci? de la tarjeta del m?il.
Cinco jueces presididos por Marchena decidir?
En todo caso, el informe de Fiscal? no es definitivo: la Sala de lo Penal, y en concreto un tribunal de cinco magistrados que preside Manuel Marchena, tiene que decidir si imputa o no a Iglesias. No ser? ni mucho menos la primera vez que la Sala no est?de acuerdo con el criterio del Ministerio P?lico. Un caso muy reciente es el juicio del proc?, en el que el tribunal se decant?finalmente por el delito de sedici? y no por rebeli?. Anteriormente, la Fiscal? pidi?la absoluci? del exjuez Baltasar Garz? por ordenar la interceptaci? de las comunicaciones que mantuvieron en prisi? los principales imputados en el caso G?tel y despu? fue finalmente condenado a 11 a?s de inhabilitaci? por estos hechos. El a? pasado, la Fiscal? pidi?la reapertura de causa en el Supremo contra la exalcaldesa de Jerez de la Frontera y candidata del PP por C?iz Mar? Jos?Garc?-Pelayo, pero la Sala determin?que el caso estaba prescrito.
Por el momento, la Sala de lo Penal del Supremo ha designado ponente sobre la apertura o no de la causa al magistrado Andr? Palomo. Su propuesta tendr?que ser refrendada por una mayor? del resto de la Sala, que est?formada por el presidente Manuel Marchena y, adem? de Palomo, los magistrados Andr? Mart?ez Arrieta, Ana Ferrer y Eduardo de Porres.
El juez Garc? Castell? basaba su exposici? razonada en tres posibles delitos: descubrimiento y revelaci? de secretos, da?s inform?icos y denuncia falsa. Con respecto al primero, la Fiscal? del Supremo est?de acuerdo con lo ya expresado por sus compa?ros de Anticorrupci? del caso Villarejo, que hab?n pedido hasta en dos ocasiones la citaci? de Bousselham, pues la denuncia de la persona agraviada es la "llave del proceso" para imputar a alguien por este il?ito, ya que "el perd? del ofendido extingue la acci? penal". Los fiscales dejan claro que en este caso "existen indicios s?idos de la posible existencia del delito", pero es necesario que la v?tima del mismo denuncie, y esta diligencia es la que el Ministerio P?lico cree que falta por practicar.
"En concreto, deber?concretarse por la Sra. Bousselham, respecto de estos hechos: si le pidi?permiso o autorizaci? Pablo Iglesias, el d? 20 de enero de 2016, para que examinara sin restricciones el contenido de su tarjeta de memoria. En caso negativo, si manifiesta ahora que consiente, tolera y acepta que aqu? hubiera entrado en el conocimiento de todos los documentos, fotograf?s, incluidas las ?timas y personales, archivos y comunicaciones contenidos en la tarjeta de su titularidad, pues de haber conocido que iba a hacerlo le hubiera otorgado su expreso consentimiento", dice la Fiscal? a Garc? Castell?, aunque tambi? apunta que la exasesora de Podemos deber?declarar para aclarar las "contradicciones" reveladas en sus distintas comparecencias en la Audiencia Nacional: en un momento dijo que no pudo acceder al contenido de su tarjeta y en otro que en una primera ocasi? s?pudo, pero despu? le fue imposible.
Sobre los da?s inform?icos detectados en la tarjeta del tel?ono m?il, raz? por la cual la propietaria del soporte no pudo recuperar el contenido de la misma, el magistrado de la Audiencia Nacional considera que result?perjudicada en los meses en que estuvo en manos de Iglesias, aunque reconoce que no tiene pruebas de c?o se pudo da?r. La fiscal Fern?dez Valcarce cree que procede "practicar las diligencias necesarias para acreditar indiciariamente cu? ha sido el procedimiento empleado para generar la inservibilidad de la tarjeta y la inaccesibilidad a los datos", a pesar de que ya hay dos informes, uno de una empresa especializada y otro de la Polic? Cient?ica, que no han determinado nada al respecto, s?o constatando que no hay ?fracturas externas sobre la superficie de la tarjeta? ni "cortacircuitos o discontinuidades".
"En el actual estado de la investigaci?, es necesario seguir practicando diligencias para acreditar los hechos, entre ellas la ampliaci? de la prueba pericial para poder concretar cu?es son las causas que impiden acceder a la informaci? de la tarjeta, cu? fue el sistema o la t?nica empleada para proceder al borrado, eliminaci?, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta conten?, y si es posible proceder a la recuperaci? de todos estos datos y fecha del ?timo acceso", apunta el Ministerio P?lico.
No hay requisito de persiguibilidad
Adem? de los dos delitos se?lados, Garc? Castell? atribuye tambi? a Iglesias simulaci? del delito o denuncia falsa por presentar la desaparici? del tel?ono de la exasesora y la publicaci? de parte de su contenido meses despu? como una operaci? de las "cloacas del Estado" y del peri?ico digital Okdiario "en el contexto de una campa? para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos", y as? usar de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr alg? tipo de ventaja electoral. La Fiscal? no se extiende para descartar este il?ito: "los hechos que relata el instructor est? repletos de valoraciones que no se revelan l?icas s?idamente. No existe requisito de persiguibilidad, lo que impide la apertura de proceso penal, es suficiente para no adentrarse m? en este ?timo apartado de la exposici? razonada".
Por este delito, el juez de la Audiencia Nacional tambi? solicitaba la imputaci? de la vicepresidenta tercera del Congreso y exjefa del servicio jur?ico de Podemos, Gloria Elizo, al ser aforada igual que Iglesias. Al descartar que exista el il?ito que plantea Garc? Castell?, la Fiscal? pide a la Sala de lo Penal del Supremo que no abra causa contra ella. Adem?, reprocha que es importante que "cuando se imputen actuaciones criminales a una persona aforada, se individualice de forma precisa la acci? concreta que respecto de ese aforado pudiera ser constitutiva de delito, expresando los indicios incriminatorios que pudiera servir de apoyo a tal imputaci?", lo cual, a su juicio, el instructor no hace en su exposici? razonada. Tampoco ve posible la imputaci? de Bousselham o su abogada, Marta Flor, ya que no son personas aforadas.
No es la primera vez que el juez Garc? Castell? recibe una reprimenda por sus conclusiones sobre el caso Dina. El pasado septiembre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional enmend?su decisi? de retirar a Pablo Iglesias la condici? de perjudicado en la causa. Los magistrados consideraron que los elementos que conectaban al vicepresidente con el objeto del proceso y que permitieron su personaci? como perjudicado, esto es, la publicaci? en medios de parte del contenido de la tarjeta de Bousselham, se mantienen y que la expulsi? se bas?en "meras hip?esis". De hecho, determinaron que la inicial admisi? de Iglesias en calidad de perjudicado "no pudo basarse sino en la aceptaci? como veros?il con arreglo a lo actuado hasta esa fecha del hecho de que la publicaci? de archivos inicialmente almacenados en el tel?ono de Bousselham tuviese como fuente a la organizaci? de Villarejo".
LA FISCAL? PIDE QUE SE DEVUELVA AL JUEZ EL CASO DINA PARA QUE COMPLETE LA INVESTIGACI?
Un informe estima que la exposici? razonada del juez de la Audiencia Nacional Garc? Castell? no tiene suficiente base para imputar a Pablo Iglesias
La Fiscal? ha presentado en el Supremo su informe sobre el caso Dina, en el que aprecia ?la necesidad de complementar la instrucci?? mediante la declaraci? de Dina Bousselham y de su pareja, Ricardo Antonio de Sa Ferreira, as?como con la ?ratificaci? y aclaraci? de la pericial sobre los da?s en la tarjeta de memoria del m?il de Dina?. El criterio que se expone al Supremo es que ?en consecuencia procede la devoluci? de la causa al Juzgado de procedencia, a fin de que se culmine la investigaci? en los t?minos expuestos?.
Los fiscales del Supremo subrayan que ?no basta con la constataci? puramente nominal de que un determinado hecho delictivo ha sido atribuido a un aforado?, ya que ?resulta indispensable que el Juez instructor que pretende declinar su propia competencia, exponga las razones que determinar?n la incoaci? por el Tribunal Supremo del procedimiento especial? relativo a aforados. Y a esa exposici? razonada ?a?de el informe? ?ha de ser lo suficientemente exhaustiva como para delimitar ?con toda la provisionalidad que es propia de un momento procesal como el presente? el alcance objetivo y subjetivo de los hechos?. La Fiscal?, por tanto, concluye que la exposici? que el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc? Castell? remiti?al Supremo no tiene suficiente base como para pretender la imputaci? de Pablo Iglesias.
El dictamen, en todo caso, no fija un criterio definitivo sobre la posibilidad de imputar en el Supremo al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por el caso Dina. El informe, enviado este mediod? al Supremo, propone que se ordene al juez Garc? Castell? la continuaci? de las investigaciones porque faltan diligencias, sobre todo el interrogatorio de la propia Dina Bousselham, exasesora de Iglesias. La finalidad de esta declaraci? ser? conocer si su voluntad es actuar contra el l?er de Podemos por el supuesto delito de revelaci? de secretos, figura delictiva que requiere que la persona ofendida lo denuncie.
Bousselham, sin embargo, ha sostenido reiteradamente que considera a Pablo Iglesias tan v?tima como ella misma de la difusi? del contenido su tel?ono m?il, que le fue sustra?o en noviembre de 2015. El juez Garc? Castell?, a su vez, estima que hay indicios suficientes como para investigar al vicepresidente del Gobierno por los supuestos delitos de da?s inform?icos, denuncia falsa o simulaci? de delito y el ya mencionado de revelaci? de secretos.
El prop?ito del juez, al remitir su exposici? razonada al Supremo, era que el Alto Tribunal asumiera la investigaci? sobre Iglesias, entendiendo que existen indicios de la comisi? de los citados delitos. El Supremo, a su vez, pidi? el informe de la Fiscal? sobre la procedencia de dar este paso, y el dictamen fue encargado a Pilar Fern?dez Valcarce, la fiscal jefe de lo Penal de mayor antig?dad en la carrera. ?ta, a su vez, ha celebrado dos reuniones con los otros siete fiscales de la misma categor? ante la Sala Penal, quienes expusieron diversos criterios sobre la procedencia o no de que el Supremo asumiera el caso y citara a Iglesias como imputado. La f?mula de consenso hallada, ante el estado de la investigaci?, ha sido abogar por la continuaci? de las diligencias por parte del juez instructor, Garc? Castell?, quien hasta ahora se ha venido negando a citar a Dina Bousselham por entender que el concreto delito de revelaci? de secretos, por el que deber? preguntarle para saber si quiere denunciarlo como tal, no ser? competencia de la Audiencia Nacional.
El informe de la Fiscal? General del Estado va a ser, por tanto, coincidente en lo esencial con la nota interna que la Fiscal? Anticorrupci? elabor?sobre este asunto, donde pon? de relieve que en el actual estado de las investigaciones no cabe apreciar la existencia de indicios de criminalidad contra Pablo Iglesias. Los fiscales de Anticorrupci? precisaban que no cabe apreciar el delito de revelaci? de secretos cuando, como en este caso, la persona supuestamente agraviada afirma no considerarse as? En la nota remitida a la Fiscal? del Estado a?d?n que Bousselham ha exculpado a Iglesias mediante una carta en la que envi?al juez Garc? Castell?.
La citaci? de Dina Bousselham va a ser, por tanto, muy relevante y marcar?el curso de esta causa penal. El juez Garc? Castell?, a su vez, ha sostenido que Pablo Iglesias atribuy?al excomisario Jos?Manuel Villarejo la filtraci? de mensajes de su exasesora por inter? pol?ico, siendo conocedor de que era la propia Bousselham ?el origen de la filtraci??. La tesis del magistrado es que el vicepresidente quiso obtener beneficios electorales de su denuncia contra ?las cloacas del Estado?, encarnadas por Villarejo. La propia Audiencia Nacional, sin embargo, sosten? en su informe tesis muy distintas, al ordenar al magistrado que devolviera a Iglesias su condici? de perjudicado en esta causa, dado que la autor? de la filtraci? atribuida a Villarejo segu? siendo la m? veros?il, a tenor de las investigaciones.
EL JUEZ DEL ?CASO LEZO? ARCHIVA LA CAUSA ABIERTA CONTRA VILLAR MIR
El magistrado mantiene la acusaci? contra seis investigados, entre ellos Ignacio Gonz?ez y L?ez Madrid
El juez Manuel Garc?-Castell? ha archivado la causa abierta contra Juan Miguel Villar Mir, expresidente de OHL, por la presunta adjudicaci? irregular de las obras del tren de Navalcarnero (Madrid), una pieza separada del caso Lezo. El magistrado ha tomado esta decisi? a la vez que ha acordado mantener la acusaci? contra otros seis imputados: entre ellos, Ignacio Gonz?ez, expresidente de la Comunidad de Madrid; y el empresario Javier L?ez Madrid, exconsejero de la constructora y yerno de Villar Mir.
La decisi? del juez llega pocos d?s despu? de que la Fiscal? Anticorrupci? solicitara que concluyera la instrucci? de esa pieza. En su escrito, el ministerio p?lico ya adelantaba que no ve? indicios suficientes para acusar a Villar Mir y a otros dos imputados: Tom? Garc? Madrid, ex consejero delegado de OHL, y Jes? Trabada, ex consejero delegado de la extinta empresa p?lica Mintra. De hecho, el magistrado ha cerrado la causa abierta contra los tres.
En su auto, sin embargo, Garc?-Castell? s?aprecia indicios de delito contra Ignacio Gonz?ez, Javier L?ez Madrid, Rafael Arturo Mart? de Nicol? y Felic?imo Dami? Ramos, exdirectivos de OHL; el empresario Adri? de la Joya, e Ildefonso de Miguel Rodr?uez, exgerente del Canal Isabel II.
Los implicados ama?ron supuestamente la adjudicaci? del contrato para la construcci? del tren de Navalcarnero con el objetivo de que fuera concedido a la constructora. Los exresponsables de la compa?a pagaron a cambio una mordida, seg? el juez, de 2,5 millones de d?ares ?m? de 2,1 millones de euros al cambio actual?. Uno de los beneficiarios de esta comisi? ilegal fue, entre otros, el expresidente de la Comunidad de Madrid.
GARC? CASTELL? : ?SIN CULTURA, OS VAN A ENGA?R SIEMPRE?
Manuel Garc?-Castell?, magistrado de la Audiencia Nacional, abre el nuevo curso del M?ter de Periodismo EL CORREO-UPV/EHU
?Si no ten?s cultura, en el sentido profundo de la palabra, os van a enga?r siempre o a dar solo parte de la noticia?, advirti?ayer el juez Manuel Garc?-Castell? a los alumnos de la 33? promoci? del M?ter de Periodismo Multimedia EL CORREO-Universidad del Pa? Vasco (UPV/EHU). En la lecci? inaugural del nuevo curso, el magistrado de la Audiencia Nacional reivindic?el periodismo por su ?labor social fundamental? de control del poder y pidi?a los futuros profesionales que hagan frente a la mentira, ?la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo?, dijo, citando al fil?ofo franc? Jean Fran?is Revel.
La Sociedad Bilba?a acogi?ayer la m? extra? apertura de curso del veterano posgrado dirigido en la actualidad por el periodista C?ar Coca. El aforo limitado, las mascarillas, la distancia social, el gel hidroalcoh?ico y la prudencia extrema fueron la t?ica de un encuentro marcado, como todo en este dist?ico 2020, por el coronavirus. ?Ya es un logro estar aqu?reunidos?, reconoci?al inicio del encuentro el director de EL CORREO, Jos?Miguel Santamar?, quien record? que el acto serv? tambi? de despedida a la 32? promoci?. ?Algunos se tem?n que iba a ser conocida como la promoci? del coronavirus, pero la recordaremos como una de las mejores?, dijo ante una audiencia con una reducida representaci? de los ya diplomados por las restricciones de movilidad.
?El periodismo exige capacidad cr?ica, dominio del lenguaje, conocimiento de las nuevas tecnolog?s y cultura?
Presiones e inmediatez
Garc?-Castell? llam?en su intervenci? la atenci? sobre las ?muchas presiones? que sufren en su d? a d? tanto los periodistas como los medios de comunicaci?. Para el magistrado, el trabajo de los periodistas es ?dificil?imo? porque siempre tienen que ?estar pidiendo? y eso es ?muy duro?. ?, record? se pas?17 a?s pidiendo, durante sus estancias en Par? y Roma como magistrado de enlace ante las autoridades francesas e italianas.
Un problema reciente en la profesi? period?tica, indic? es el efecto que ha tenido internet, donde ?lo importante es sacar la noticia de forma inmediata, medio minuto antes que el otro?. Esa competencia ?bestial? va en detrimento de la reflexi?, del an?isis, excepto en los medios escritos, subray? Y anim?a los alumnos a leer. ?Cultura significa leer, leer mucho, leer continuamente, leer siempre que se pueda. Porque todo aquello que lees te hace vivir vidas que t?no has vivido ni vivir? nunca?.
El magistrado pidi?a los asistentes que, en el ejercicio de la profesi?, tengan siempre presente el derecho al honor de las personas p?licas y la presunci? de inocencia, y afirm? que el telediario ?destroza? esta ?tima. Lament? adem?, que los procesos por injurias y calumnias son tan largos y las indemnizaciones tan peque?s que a la v?tima ?se le quitan las ganas de acudir a los tribunales?, y ?ah?ha quedado hecho el da??.
Garc? Castell? mostr?su admiraci? por los periodistas que, cuando hacen una entrevista, no dejan que el personaje esquive ninguna pregunta. ?No pod?s rebatir si no sab?s?, a?di? y sentenci? ?Si vosotros no hac?s informaci? con la finalidad de controlar (al poder), est?s abocados a la propaganda. A lo que llamaba Goebbels la agitaci? y propaganda?.
LA POLIC? REBAJA EL ACOSO AL JUEZ GARC? CASTELL?, HABLA DE INJURIAS
No aparecen vinculaciones con Vox en las cuentas investigadas, como denunci?Pablo Iglesias
Las pesquisas iniciadas por la Polic? tras la denuncia del juez Garc? Castell? por las amenazas en redes siguen vivas. Desde la Comisar? General de Informaci? han dado prioridad a este asunto y sus unidades tecnol?icas est? rastreando redes, localizando mensajes intimidatorios, y tratando de ubicar a los autores.
Seg? explican fuentes cercanas al caso, pese a la gravedad que se detect?inicialmente tras la denuncia del juez, los avances policiales, de momento, s?o acreditan calumnias e injurias, aunque se sigue trabajando en ello. Los agentes especializados en el seguimiento de actuaciones ilegales por redes han localizado ya varias identidades de los que se presumen que pod?n estar detr? de los ataques al magistrado, de la campa? de acoso. Y est? siguiendo la pista de sus cuentas en redes sociales.
Adem?, estas mismas fuentes explican que, por el momento, de lo que han detectado, el origen de las amenazas procede de cuentas que nada tienen que ver directamente con ninguna formaci? pol?ica. S?sit?n a los identificados en una ?bita pol?ica muy alejada de la formaci? Vox, liderada por Santiago Abascal. No obstante, aclaran que las pesquisas est? en plena explotaci? y que hay mucho camino por recorrer. En caso de detectar actuaciones delictivas, los agentes proceder? a judicializar el caso y a adoptar las medidas pertinentes contra los autores de las amenazas.
El pasado d? 8, el titular del Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6 de la Audiencia Nacional comunic?a la Polic? Nacional que estaba recibiendo ?amenazas de muerte? en las redes sociales tras haber elevado al Tribunal Supremo una exposici? razonada contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por el llamado caso Dina.
Los investigadores monitorizan cuentas desde las que se produjeron ataques
El juez alert?de que estaba siendo v?tima de una campa? de acoso en redes sociales. A continuaci?, la Polic? decidi?abrir una investigaci? con el objetivo de esclarecer el origen de las amenazas.
Los agentes encargados de las pesquisas est? teniendo tambi? en cuenta las revelaciones judiciales del ex coordinador legal de Podemos, Jos?Manuel Calvente, cuando asegur?que la formaci? morada ten? ?un equipo a sueldo para cargarse a los jueces y personas que le atacan?, calificando a este grupo como ?kale borroka?.
De hecho, tras tomar declaraci? a Calvente, el instructor decidi?poner estos hechos denunciados por el abogado en conocimiento de la Fiscal? Anticorrupci? con el objeto de que investigue a ese grupo vinculado a Podemos que trata de amedrentar a jueces inc?odos para el partido.
Calvente afirm?que en Podemos hay un equipo a sueldo para cargarse a los jueces
La campa? de acoso al juez, ya iniciada desde que puso en marcha las pesquisas contra Pablo Iglesias por el caso Dina, se aceler?despu? de que decidiera pedir al Supremo que investigue al l?er de Podemos por delitos de denuncia falsa y/o simulaci? delito, descubrimiento y revelaci? de secretos -con agravante de g?ero- y delitos de da?s inform?icos.
El vicepresidente Iglesias vincul?en el Congreso las amenazas con la formaci? Vox. Asegur?que varios analistas de redes sociales han demostrado ya que las denunciadas por el juez Garc? Castell? provienen de cuentas vinculadas a la extrema derecha y a Vox. ?Y el Ministerio del Interior lo est?investigando ya?.
https://www.elmundo.es/espana/2020/10/17/5f89e9e4fdddffb6748b4602.html
EL JUEZ DEL CASO DINA DICE NO A IGLESIAS: NI EXPULSA A VOX NI INTERROGA AL COMISARIO PINO
En octubre, el magistrado cerr?la instrucci? de la pieza Dina y envi?una exposici? razonada de 63 p?inas al Tribunal Supremo en la que pide que se investigue al vicepresidente segundo
El juez del caso Dina, Manuel Garc? Castell?, ha rechazado las ?timas peticiones de Pablo Iglesias. En una providencia del 28 de octubre a la que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado descarta citar como testigos al que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Polic? Nacional durante el Gobierno de Rajoy, Eugenio Pino, y al inspector del cuerpo Jos??gel Fuentes Gago, ambos imputados a su vez en la pieza Kitchen, en la que se investiga la puesta en marcha de una operaci? parapolicial en 2013 para robar documentaci? sensible al extesorero del PP Luis B?cenas. En el escrito, Garc? Castell? rechaza tambi? la otra solicitud del l?er de Podemos de expulsar la acusaci? popular que ejerce Vox. El pasado octubre, el magistrado cerr?la instrucci? de la pieza Dina y envi?una exposici? razonada de 63 p?inas al Tribunal Supremo en la que pide que se investigue al vicepresidente segundo por su papel en el caso, que pone el foco en el robo del m?il a la exasesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y en c?o su contenido acab?en manos del comisario Jos?Manuel Villarejo. Ante las contradicciones en las que ha incurrido Iglesias a lo largo de la instrucci?, el magistrado pide al alto tribunal que le impute por tres delitos: da?s inform?icos, descubrimiento de secretos ?con agravante de g?ero? y denuncia falsa o simulaci? de delito. Con la instrucci? ya cerrada y la exposici? razonada sobre la mesa, Iglesias present?entonces una serie de escritos en la Audiencia Nacional.
El primero de ellos consisti?en un recurso de apelaci? frente al auto del juez que interesaba cerrar la instrucci? y ped? su imputaci?, pero al mismo tiempo present?otros ante Garc? Castell? para que expulsara a Vox del caso y, al mismo tiempo, procediera a "la pr?tica de diligencias complementarias indispensables para el presente procedimiento". El l?er de Podemos argumentaba para ello que la investigaci? se hab? cerrado en falso, como ya hab? hecho Anticorrupci?, y ped? la pr?tica de nuevas pruebas encaminadas a aclarar si desde la DAO se ten? conocimiento sobre los movimientos de Villarejo en cuanto al robo del m?il a Bousselham y posterior publicaci? en prensa de noticias que pod?n proceder del dispositivo en cuesti?. M? all?de Pino y Fuentes Gago, Iglesias solicitaba entonces que se enviara un oficio a la DAO para que remitiera una copia de todas las notas informativas que Villarejo les hubiera enviado entre noviembre de 2015 y julio de 2016 en relaci? con el caso Dina. En la misma l?ea, solicitaba que se incluyera en la causa una copia completa de las anotaciones intervenidas en el domicilio de Villarejo y, de no acordarse esta diligencia, al menos los manuscritos comprendidos entre las mismas fechas, as?como requerir a la Polic? los contactos telef?icos que Villarejo supuestamente hab? mantenido con un periodista entre el 16 de junio de 2016 y el 29 de julio de 2016, fecha en que se produce la publicaci? de noticias que pod?n proceder del m?il de Bousselham.
El l?er de Podemos cerraba el escrito pidiendo que se requiriera a la Unidad de Asuntos Internos el contenido de correos electr?icos que consten en el ordenador de Villarejo y, en concreto, los que fueran dirigidos a direcciones corporativas de medios de comunicaci? o a los periodistas cuyos nombres est? recogidos en sus anotaciones manuscritas. Tambi? solicitada librar un oficio a la Direcci? General de la Polic? para que aportase el expediente completo que recoja las investigaciones conocidas popularmente como 'Informe Pablo Iglesias SA' (PISA), cuesti? en la que Podemos ha incidido una y otra vez en el caso Villarejo y que ahora justificaba porque puede contener "elementos provenientes de los vestigios inform?icos sobrantes en la causa". En la providencia del 28 de octubre, el magistrado rechaza todas estas "diligencias complementarias" y mantiene el cierre de la instrucci?. "Dada cuenta del escrito de la representaci? procesal de Pablo Iglesias Turri?, por el que se interesa, del mismo modo que la representaci? procesal del partido Vox la pr?tica de diligencias complementarias, no ha lugar a su pr?tica, conforme a lo dispuesto en el art?ulo 780.2 LECrim, que se?la 'el Juez acordar?lo que estime procedente cuando tal solicitud (diligencias complementarias) sea formulada por la acusaci? o acusaciones personadas'", argumenta. En cuanto a la expulsi? del partido de Santiago Abascal, que tambi? fue solicitada por Bousselham, considera una vez m? que "no ha lugar".
ANTICORRUPCI? ASEGURA QUE LA "PRINCIPAL HIP?ESIS" EN EL 'CASO DINA' ES QUE LA "ORGANIZACI? CRIMINAL DE VILLAREJO" ENTREGARA LA TARJETA A LOS MEDIOS
La Fiscal? recurre el auto de fin de la investigaci? dictado por Garc?-Castell? y acusa al juez de haber cerrado el caso "en falso" y "cercenado los derechos" de acusaciones e investigados
La Fiscal? Anticorrupci? reprocha al juez del caso Dina, Manuel Garc? Castell?, que haya "cerrado en falso" la investigaci? "sin practicar una sola diligencia en la direcci?" que le marc?la Sala de lo Penal cuando le oblig? a devolver a Pablo Iglesias la condici? de perjudicado. Esa instancia superior defiende, seg? recuerda el Ministerio P?lico, que "la principal hip?esis existente en la investigaci? es que la fuente de las publicaciones de Okdiario fuera la organizaci? criminal de Jos?Manuel Villarejo".
Anticorrupci? se pronuncia as?en su recurso al auto de pase a procedimiento abreviado ?el equivalente al procesamiento para delitos castigados con menos de nueve a?s de prisi?? que el juez dict?el pasado 7 de octubre contra Villarejo y dos periodistas de la desaparecida Intervi?y que acompa? de una exposici? razonada al Tribunal Supremo para que citara como investigado a Iglesias y otros.
En su "descripci? limitada de los hechos punibles", dice Anticorrupci?, el juez descarta los indicios de que fue Villarejo o alg? miembro de su "organizaci? criminal" quien entreg?al medio que dirige Eduardo Inda, as?como a El Confidencial y a El Mundo, informaci? contenida en la tarjeta "presuntamente robada" a la excolaboradora de Iglesias.
"Una cosa es que la fuente por la que llegaran a dicho digital [Okdiario] los pantallazos pudiera derivar de Dina Bousselham, y otra muy distinta es que se pueda descartar a la organizaci? criminal de Villarejo como fuente de dicho digital ni de los dem? [El Mundo y El Confidencial], aspecto sobre el que incide especialmente la Sala", aseguran los fiscales en su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.
La Fiscal? Anticorrupci? se refiere a que Bousselham reconoci?en mayo que ella hab? realizado pantallazos a los chats de Podemos entre los que se encontraban datos que luego fueron publicados y admiti?que pudo haber enviado esos pantallazos a terceros. El juez concluye a partir de ah?que ese fue el camino por el que lleg?la informaci? a los medios que la publicaron y obvian, por ejemplo, los contactos que constan en el sumario entre el director de Okdiario y Villarejo durante los meses previos a que el digital comenzara a publicar informaciones procedentes de los chats, siete en aproximadamente una semana de julio de 2016, seg? detalla el escrito de Anticorrupci?, cuyo contenido ha adelantado este s?ado El Espa?l.
Adem?, Anticorrupci? destaca que el magistrado Garc?-Castell? se haya desentendido de otra informaci? contenida en la tarjeta del m?il, alguna de la cual tambi? fue publicada, y que no figuraba en los pantallazos hechos por Dina. Se refiere a datos bancarios, otros mensajes de Whatsapp y Telegram e incluso fotograf?s ?timas.
"El juez limita el alcance de su resoluci? y de la exposici? razonada a la difusi? de las capturas de chat contenida en ese tel?ono, cuando lo cierto es que las carpetas intervenidas a Villarejo existe mucha m? informaci? de Dina Bouuselham y de terceros, publicada y no publicada, y que exige continuar con dicha investigaci?", escriben los fiscales.
Petici? de que declare el jefe de la 'brigada pol?ica'
Anticorrupci? considera que con este cierre "en falso" de la investigaci? el juez ha "cercenado los derechos de todas las partes", tanto de los investigados como de las acusaciones. De los investigados porque los dos periodistas de Intervi?declararon haber entregado la tarjeta de Bousselham atendiendo a un "requerimiento policial" de Villarejo y que ?te asegur?que se la remiti?al director adjunto operativo entonces, Eugenio Pino, por el "inter? policial" que ten? la informaci? que conten?. El comisario Pino est?considerado el art?ice de la brigada pol?ica y est?imputado en la pieza del caso Villarejo que investiga el espionaje a Luis B?cenas para destruir pruebas en su poder que pudieran perjudicar al partido popular.
Sin embargo, el juez Garc?-Castell? ha evitado profundizar en esa l?ea de investigaci?, al igual que se neg?a volver a citar a Dina Bousselham, como le pidi?Anticorrupci?, para esclarecer las "lagunas" en el testimonio del que era su marido, Ricardo Sa Ferreira, dice la Fiscal?. De Pino, Bousselham y Sa Ferreria solicita Anticorrupci? en su escrito que se les llame a declarar. Adem?, la Fiscal? considera que el juez instructor ha ignorado la leg?ima aspiraci? de Iglesias y Bousselham de conocer "la supuesta finalidad policial del traspaso de la informaci? del tel?ono m?il".
Los fiscales aseguran que la investigaci? estuvo detenida en el segundo semestre de 2019 y el principio de 2020 porque estaban pendientes informes policiales solicitados por el juez, pero que una vez se retom? con la decaraci? en mayo de Bousselham, la instrucci? ha estado ?icamente dirigida por el juez a "los supuestos da?s en la tarjeta telef?ica y otros detlitos, todos los cuales se han considerado ajenos al objeto de la presente pieza por la Secci? Tercera de la Sala de lo Penal".
IGLESIAS RECURRE A LA AUDIENCIA NACIONAL PARA QUE ANULE LA PETICI? DE IMPUTACI? POR PARTE DEL JUEZ DEL CASO DINA
El vicepresidente recuerda en su recurso que la Sala de lo Penal ya advirti?de que no hay m? indicios que los que se?lan a Villarejo como el autor de la difusi? de la informaci? robada y de que tampoco pruebas de las ?hip?esis alternativas? de Garc?-Castell?
El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha recurrido el auto en el que el juez Manuel Garc?-Castell? acuerda solicitar al Tribunal Supremo que abra una causa penal contra ? por presuntamente "fingir" en el caso Dina con fines electorales. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, solicita la anulaci? de esa resoluci? al considerar que la exposici? razonada enviada al alto tribunal ignora la posici? que mantuvo la propia sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en relaci? a esa investigaci?, que corrigi?al magistrado y le devolvi?la condici? de perjudicado en la causa abierta a ra? del robo del tel?ono m?il de su excolaboradora y la aparici? de material del mismo en varios medios de comunicaci?.
Adem?, recuerda que la Sala de lo Penal advirti?de que no hay m? indicios que los que se?lan al comisario Jos? Villarejo como el autor de la difusi? de la informaci? robada y de que "no hay pruebas" de sustenten las "hip?esis alternativas" del instructor, que en algunas de sus resoluciones apunt?a la posibilidad de que hubiera otras fuentes de publicaci? del contenido del m?il, incluyendo a Iglesias y Bousselham. De hecho, Iglesias solicita que se profundice en esa l?ea de investigaci? y, en concreto, en la conexi? con la Direcci? Adjunta Operativa de la Polic? a la que el excomisario testific?haber entregado el material de la tarjeta telef?ica.
Buena parte de la argumentaci? del escrito presentado por la representaci? legal de Iglesias se basa en la decisi? de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que enmend? al juez Garc?-Castell? en su se?lamiento al vicepresidente. "No solamente la Sala se?la que no hay pruebas de los hechos que el Magistrado Instructor sostiene, sino que se le recuerda que el objeto de la investigaci? en la Audiencia Nacional ha de ser la averiguaci? de il?itos cometidos por la organizaci? criminal que se est? investigando", dice el recurso en referencia al caso Villarejo, del que se deriva la pieza de Dina.
"El Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6 tiene competencia en esta causa por haberse encontrado en poder del Sr Villarejo los archivos coincidentes con los del m?il sustra?o a Do? Dina, y que pese a que el propio investigado declar?haber remitido los mismos supuestamente a la Direcci? Adjunta Operativa de la Polic?, el juzgado nunca ha investigado tal extremo", se?la el escrito.
La tesis de Iglesias es que la publicaci? en algunos medios de comunicaci? ?entre ellos OkDiario? de pantallazos de conversaciones extra?as del m?il de la exasesora de Podemos procede de Villarejo, dado que la polic? se incaut? de una copia del contenido de la tarjeta en el registro en el que encontr?cientos de grabaciones y dosieres acumulados en 40 terabytes.
"Es la polic? cient?ica la que se?la que el material intervenido en el domicilio del investigado Sr. Villarejo es coincidente con las publicaciones que est?realizando OKDIARIO", afirma el recurso de Iglesias, que se refiere as? a la investigaci? policial: "En las notas que se aportan con el informe, acreditando la dilatada relaci? del excomisario con varios periodistas, aparecen fechas coincidentes con distintas publicaciones en las que se reproduce materiales que coinciden con el material intervenido con origen en el m?il sustra?o".
El recurso tambi? hace referencia a cuestiones jur?icas como la consideraci? de que esa causa, siguiendo el criterio del instructor, no tendr? que haberla instruido la Audiencia Nacional sino, en todo caso, un juzgado ordinario dado que nada tiene que ver la hip?esis que mantiene ahora el magistrado con la organizaci? criminal a la que investiga. Tambi? recuerda que para que Iglesias pudiera llegar a estar investigado por algunos delitos por los que Garc?-Castell? quiere que se le impute tendr? que haber sido se?lado por la propia Dina Bousselham, que ha declarado que es una v?tima, al igual que ella.
Otro de los argumentos de Iglesias es que la decisi? de Garc?-Castell? se base en el testimonio del exabogado de Podemos Jos?Manuel Calvente. "La ausencia de elemento indiciario alguno o las contradicciones evidenciadas en la instrucci? no pueden soslayarse por las meras declaraciones de un testigo con enemistad manifiesta respecto de quienes ahora se obvia su condici? de v?timas o perjudicados, con reclamaciones pendientes por cientos de miles de euros contra la organizaci? de la que forman parte las personas respecto a las cuales se eleva exposici? razonada, con conflictos con casi todas las personas se?ladas en la citada exposici? razonada incluso con respecto a alguna de ellas con procedimientos penales pendientes".
Con este recurso, Iglesias se defiende ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo acepte la petici? de Garc?-Castell? de iniciar una investigaci? ?dado que es aforado y le corresponder? al alto tribunal? por tres presuntos delitos: descubrimiento y revelaci? de secretos, con agravante de g?ero; da?s inform?icos; y acusaci? o denuncia falsa y/o simulaci? delito en relaci? con el robo del m?il de su exasesora.
La Fiscal? Anticorrupci? ha informado en contra de esa imputaci?. Con esa posici? sobre la mesa, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, adoptar?una decisi? sobre Iglesias y el resto de los se?lados por Garc?-Castell? (Dina Bousselham, Ricardo Sa Ferreira, Gloria Elizo, Ra? Carballedo y Marta Flor) previa consulta con un grupo de fiscales de sala. Con su informe, la Sala de Admisiones, formada por cinco magistrados, resolver?si acepta la exposici? razonada de Garc?-Castell? y les cita a declarar como investigados o archiva el caso.
ANTICORRUPCI? SE OPONE A QUE SE ABRA UNA INVESTIGACI? CONTRA IGLESIAS EN EL SUPREMO
Esta Fiscal?, que ha llevado el ?caso Dina?, env? una nota interna a sus hom?ogos del alto tribunal
La Fiscal? Anticorrupci? de la Audiencia Nacional ha enviado una nota interna a la Fiscal? del Tribunal Supremo donde se opone a que se abra una investigaci? en este tribunal contra el vicepresidente segundo del Gobierno y l?er de Podemos, Pablo Iglesias, en relaci? a la pieza Dina del caso Villarejo, seg? confirman fuentes jur?icas. El magistrado Manuel Garc?-Castell?, instructor de esta causa, remiti?la pasada semana su exposici? razonada donde ped? imputar al dirigente pol?ico por los presuntos delitos de descubrimiento y revelaci? de secretos con ?agravante de g?ero?, da?s inform?icos, denuncia falsa y simulaci? de delito.
Fuentes fiscales confirman que esa nota interna ha sido enviada despu? de que lo pidiera el ministerio p?lico del Supremo, que es el ?gano que debe pronunciarse finalmente al respecto. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha se?lado este mismo jueves en un acto organizado por el Colegio de Abogados de Madrid al ser preguntada, que ella no opina y no participa en el desarrollo del informe que se prepara. En estos momentos, la Sala de Admisiones de lo Penal del Supremo permanece a la espera de ese informe de la Fiscal? donde se pronuncie sobre si apoya o no seguir adelante con la causa contra Iglesias.
Estos movimientos en el ministerio p?lico llegan despu? de que el juez Manuel Garc?-Castell? elevara al Supremo su exposici? razonada al entender que existen indicios para comenzar a investigar al l?er de Podemos, a su antigua asesora Dina Bousselham; a la vicepresidenta tercera del Congreso Gloria Elizo; a Ricardo Sa Ferreira, quien fuera pareja de Bousselham; y a los letrados Marta Flor y Ra? Carballedo. El juez de la Audiencia Nacional se?laba que Iglesias recibi?en buen estado del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original procedente del tel?ono de Dina Bousselham, en la que comprob?que almacenaba archivos personales y de car?ter muy ?timo de aquella.
El magistrado destacaba que, pese a que Bousselham e Iglesias eran personas cercanas, este se guard?la tarjeta durante un tiempo sin informar a la que fuera su asesora. El juez cree que esta acci? puede vincularse al conocimiento que el l?er de Podemos tuvo al observar las capturas de pantalla que la asesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajer? en los que aparec? el aforado. Otro punto significativo para el magistrado es el hecho de que Iglesias devolviera a la que fuera su asesora la tarjeta inoperativa: ?Se sabe que cuando se devuelve la tarjeta est?inservible para su funcionamiento?.
GARC?-CASTELL?, TRILLO Y ARIZA SE RE?EN COMO VIEJOS AMIGOS A CENAR,COMENTAR, CELEBRAR?
La sorpresa de algunos comensales fue may?cula al ver el c?clave que tuvo lugar el domingo por la noche en un c?trico restaurante de Madrid. Horas en las que se re?en amigos y no se concibe una ?cena de trabajo?, menos en domingo, que es el d? del ToroTv y el de la llegada de los art?ulos de la impagable Gaceta.
Manuel Garc?-Castell?, una leyenda viva de la judicatura espa?la por haber puesto el cascabel al gato en la instrucci? de numerosos casos pol?icos, est?en el centro de la pol?ica despu? de haber imputado a Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, por la presunta comisi? de varios delitos en el Caso Dina.
Pero, lejos de andarse con pies de plomo en este peliagudo asunto, el juez de la Audiencia Nacional, que ha denunciado amenazas del entorno de Podemos, se ha dejado ver d?s atr? en Madrid con unas llamativas compa?as.
Los hechos tuvieron el lugar el pasado domingo 11 de octubre,por la noche. Garc?-Castell? acudi?a Rafa, una marisquer? con solera del barrio de Salamanca, ubicada en la calle Narv?z, a un paso del Retiro. Alg? comensal reconoci?a Garc?-Castell?, al que colocaron en una especie de reservado, protegido por un biombo.
M? sorprendido se qued?alguno cuando vio la llegada de Julio Ariza, presidente de Intereconom? (ahora El Toro TV), y su ubicaci? en el mismo e improvisado sal?. Al c?culo se
unieron su hijo Gabriel, asesor externo de Vox que ha obtenido jugosos contratos del partido de Santiago Abascal a trav? de la sociedad Tizona Comunicaci?, y un contertulio habitual de ?El Gato al Agua?, Jes? Trillo-Figueroa, hermano del pol?ico del PP Federico Trillo.
De qu?trat?la cena es un misterio. Pero, desde luego, no parece lo m? prudente por parte de Garc?-Castell? en las actuales circunstancias. Hay que recordar las vinculaciones de los Ariza con Vox y las de Trillo-Figueroa con sectores del Opus, con los que Ariza padre tambi? ha mantenido relaci? fuera de la ?bita oficial de la Obra, donde nunca goz?de buen predicamento, a? siendo monaguillo.
Adem?, a Ariza siempre le ha gustado moverse como ?Manolo por su casa? por los juzgados y las cuestiones judiciales, lo que tal vez explique algunos episodios de su vida profesional. Por otra parte, Trillo-Figueroa fue durante catorce a?s el responsable de los servicios jur?icos de Iberdrola y da la de que Garc?-Castell? mantiene un choque frontal con la el?trica de Ignacio S?chez Gal? por el ?CasoVillarejo?.
Hace apenas un mes Garc?-Castell? admiti?a tr?ite una querella del sindicato CGT contra el ex comisario Jos? Manuel Villarejo e Iberdrola por varios delitos contra empleados destacados por sus actividades sindicales. Con anterioridad, el juez de la Audiencia Nacional ya llevaba meses en un tira y afloja con el entorno de Iberdrola, recusaciones incluidas, por las contrataciones de empresas de Villarejo.
De todas estas acciones, la m? sonada ha sido la bronca con el ex jefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, a cuyo abogado ha llegado a denunciar, como relataba ayer mismo ?El Confidencial?. A Torres le encantar?saberlo.
Con estos frentes abiertos, no deja de ser llamativa esta cena, en la que Ariza tuvo que atender a su pr?tata en dos ocasiones, y no se lav?las manos? Las medidas, el Covid.
DOS UNIDADES DE ?ITE DE INTERIOR INVESTIGAN SI VOX EST? DETR? DE LAS AMENAZAS AL JUEZ DEL 'CASO DINA'
Iglesias avanz?que las cuentas de redes sociales est? vinculadas con la extrema derecha
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, asegur? este mi?coles en sede parlamentaria que los ataques al juez del caso Dina, Manuel Garc? Castell?, provienen de la extrema derecha e Interior ya est?investig?dolo. Y parece que, efectivamente, as?es.
Seg? ha publicado La Informaci?, hay dos equipos de la Polic? Nacional investigando los insultos y amenazas de muerte al magistrado. Concretamente, la Comisar? General de Informaci? (CIG) y, en paralelo, la Brigada Central de Investigaci? Tecnol?ica (BIT). La primera de ellas dispone de medios tecnol?icos propios y es la unidad que act? en redes sociales, mientras que la segunda, es un ?gano espec?ico cuyo trabajo es la investigaci? y persecuci? del ciberdelito. Son dos unidades de ?ite y ambas est? avanzando.
El objetivo es dilucidar qui? lanz?las amenazas e insultos y evaluar si pertenecen o han participado en otras campa?s semejantes. Los implicados podr?n enfrentarse a un delito de injurias.
Iglesias no titube?al afirmar ante una pregunta de la diputada de Vox, Macarena Olona, que la extrema derecha estaba detr? de las amenazas y no Unidas Podemos, tal y como dirigentes del partido de Santiago Abascal deslizan.
Olona acus?al vicepresidente segundo de azuzar y encabezar las cr?icas y amenazas denunciadas por el magistrado, ante lo que Iglesias le solicit?que ?cite las declaraciones m?s que han provocado tales amenazas?.
"Usted es un aut?tico mat? porque practica matonismo pol?ico. Ese mo? no podr?esconder al autentico coletas, que aspira a parecer en los telediarios con chandal bolivariano?, espet?Olona.
Iglesias apunt?que ?condenamos todo tipo de amenazas?, al tiempo que ha esgrimido que ?varios analistas en redes han demostrado que las amenazas provienen de cuentas relacionadas con la extrema derecha y ustedes?.
VILLAREJO, INDA Y OTROS CABOS SUELTOS DEL 'CASO DINA' QUE EL JUEZ HA DEJADO MIENTRAS SE CENTRABA EN IGLESIAS
Garc? Castell? ha cerrado la pieza sin determinar c?o acab?el contenido de la tarjeta en Okdiario
Se?la a Dina Bousselham como la responsable de difundir los mensajes y descarta una relaci? entre el robo del tel?ono y la publicaci?
Basa la imputaci? de denuncia falsa a Iglesias en la declaraci? del abogado despedido de Podemos Jos?Manuel Calvente
El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc? Castell? ha dado por finiquitada la pieza 10 del caso Villarejo, tambi? conocida como Dina, pero con unas conclusiones completamente insospechadas hace a? y medio, cuando el instructor inici? la investigaci? sobre el robo del tel?ono m?il de Dina Bousselham, exasesora del l?er de Podemos, Pablo Iglesias, y la aparici? de varios archivos con su contenido en el domicilio del comisario jubilado y en prisi? preventiva Jos?Manuel Villarejo y su publicaci? en medios de comunicaci?.
Esta fue la premisa por la que se abri?la pieza, pero el magistrado la ha concluido pidiendo la imputaci?, sin consultar a la Fiscal? Anticorrupci?, de los principales perjudicados por la publicaci? de los mensajes, Iglesias y Bousselham, y sin averiguar c?o acabaron los archivos en medios como Okdiario. Villarejo y dos periodistas est? procesados por descubrimiento y revelaci? de secretos, mientras que otros personajes cuyo nombre tambi? aparece en el relato de hechos no han sido apenas considerados por el magistrado a lo largo de la instrucci?.
Por un lado, el comisario jubilado, en prisi? provisional desde que fue detenido a principios de noviembre de 2017, est?procesado en esta pieza porque en su domicilio se hallaron copias de la tarjeta de Bousselham, que habr? obtenido tras ped?selo supuestamente a los responsables de Intervi? El director y subdirector de la revista, Alberto Pozas y Luis Rendueles, respectivamente, tambi? lo est? por copiar los archivos, que llegaron de forma an?ima a la publicaci?, y por hacer entrega de parte del material al expolic?.
Sin embargo, en este relato de hechos apenas aparece otro protagonista de esta parte de la trama, el entonces presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio. Pozas y Rendueles le informaron del contenido de la tarjeta de la exasesora de Podemos y tras descartar que tuviera inter? period?tico, Asensio llam?a Pablo Iglesias para informarle de la situaci? y para invitarle a acudir a la revista a recoger el material. Por tanto, el editor vio el contenido del m?il y se lo entreg?a una persona que no era su leg?ima due?.
En su declaraci? como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, Asensio explic?que no dio la tarjeta a Bousselham porque ?no la conoc? y entend? que esto pod? tener valor porque fuera la pareja del se?r Iglesias, ten? relaci? con el se?r Iglesias? y le parec? que ?lo m? normal era d?sela a ??. El editor no estuvo nunca imputado y, por tanto, no ha sido procesado en esta pieza.
Villarejo apunt?a la DAO de la Polic?
Otro personaje de la historia que tampoco ha sido considerado por Garc? Castell?, quien adem? nunca le cit? a declarar, es Eduardo Inda, director de Okdiario, el medio donde en julio de 2016 aparecieron publicados mensajes e im?enes del m?il de Dina Bousselham. Villarejo dijo en su declaraci? judicial que cuando el director y el subdirector de Intervi?le dieron el pendrive, coment?con otros periodistas el contenido del mismo, dando as?a entender que hab? otras copias circulando. En cualquier caso, ? se quit?responsabilidad asegurando que aunque hizo dos copias y se las qued? entreg?otra en la Direcci? Adjunta Operativa (DAO) de la Polic? Nacional que entonces dirig? Eugenio Pino.
Villarejo es el principal investigado en la macrocausa T?dem, con 25 piezas separadas, que se instruye en la Audiencia Nacional y en calidad de ello puede mentir en sus comparecencias judiciales. Est?claro que ni el magistrado ni los fiscales del caso dieron credibilidad a esta informaci?, ya que ni Pino ni nadie de la DAO de entonces ha sido citado a declarar en la pieza 10.
Y as?ha quedado el caso Dina, sin saber qu?pas?con el contenido del m?il despu? de que Villarejo se hiciera con ? y c?o apareci?publicado en medios de comunicaci? unos meses despu?. En cambio, el magistrado s?considera que ha reunido indicios suficientes para pedir la imputaci? de Pablo Iglesias y otras cinco personas ajenas al marco de la organizaci? criminal de Villarejo que se investiga en el caso T?dem.
Los or?enes de los hechos por los que se abri?la pieza 10 se remontan al 1 de noviembre de 2015, cuando Bousselham y su entonces pareja, Ricardo Sa Ferreira, est? en un centro comercial de la localidad madrile? de Alcorc? y se dan cuenta de que les han robado un abrigo en el que estaban los m?iles de ambos. Interponen la consiguiente denuncia en una comisar? de la Polic? Nacional en la localidad.
Meses despu?, el 19 ?20 de enero de 2016, Antonio Asensio llama por tel?ono a Pablo Iglesias para informarle de que ha llegado a la revista Intervi? en un sobre an?imo, una tarjeta de m?il que incluye mensajes y fotograf?s de la que ? pensaba que era la pareja del l?er de Podemos, Dina Bousselham, y le invita a acudir a la redacci? para comprobarlo y, en su caso, entreg?sela. All? le dejan una sala con un ordenador para que pueda visionar las im?enes, que efectivamente son de su asesora, as?que Asensio se la da.
Tal y como consta en el auto de Garc? Castell? de transformaci? de la causa en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), el director de Intervi?se hab? guardado una copia de la tarjeta en su ordenador antes de que se la entregaran a Iglesias y hab? compartido los archivos y gran parte de la informaci? con su entonces subdirector.
Pablo Iglesias se qued?con la tarjeta del m?il de Bousselham durante meses, seg? cont?? mismo al juez, al menos hasta finales de agosto de 2016. Cuando la investigaci? gir?hacia su conducta, explic?en varios medios de comunicaci? que retuvo el soporte para ?no someter a m? presi?? a su exasesora, a quien se vinculaba sentimentalmente con el l?er de Podemos.
En una fecha que el magistrado no ha determinado pero que sit? entre enero y mediados de abril de 2016, el comisario Villarejo, entonces en activo, telefonea a Rendueles para pedirle una copia de los archivos de Bousselham. Seg? explica el instructor, el subdirector lo habla con Pozas y ?te, "pese a saber que la tarjeta conten? una informaci? personal ajena a Villarejo, accede a la petici?". Ambos se re?en con el comisario y le facilitan parte del contenido. Este es el motivo por el que los tres han sido procesados por descubrimiento y revelaci? de secretos.
Pendrives en casa del comisario
La investigaci? realizada en el marco de la pieza 10 ha determinado que los archivos de una de las memorias USB halladas en casa de Villarejo fueron copiados el 14 de abril de 2016, mientras que los encontrados en el disco duro de su ordenador son copia del pendrive realizada en julio de 2016. En ese mismo mes se publicaron en Okdiario las primeras im?enes sacadas del tel?ono m?il de Bousselham, en concreto capturas de pantalla de chats internos de Podemos en las que se ve c?o Pablo Iglesias exclamaba: ?La azotar? hasta que sangrase?. Fue despu? de eso cuando Bousselham ampl? la denuncia por el robo de su m?il, apuntando al medio en el que se publicaron las im?enes.
Los hechos dan un salto de algo m? de un a?. El 3 de noviembre de 2017, el comisario jubilado Villarejo es detenido por delitos de blanqueo y organizaci? criminal, entre otros. Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Polic? Nacional se incautan de numerosa documentaci? y discos duros que est? encriptados, por lo que el trabajo de investigaci? es arduo y lento. A medida que se va decodificando la informaci?, se van abriendo piezas de la macrocausa T?dem. Hasta que los agentes llegan a unas carpetas denominadas DINA 2 y DINA 3, que conten?n archivos procedentes de la tarjeta de memoria mini SD del m?il sustra?o a Bousselham.
El 19 de marzo de 2019 se abre la pieza 10 y unos d?s despu? tanto Iglesias como Bousselham declaran en la Audiencia Nacional en calidad de perjudicados. Seg? la exposici? razonada que el juez ha enviado al Supremo, el l?er de Podemos reconoce que se hab? quedado unos meses con la tarjeta y que Asensio fue el que se la entreg? Pero la exasesora del partido comete el error de no admitir que hab? hecho capturas de pantalla de los mensajes de chat y que las hab? enviado a terceros.
Tras las comparecencias en sede judicial de Pozas, Rendueles y Asensio, adem? de Villarejo, se siguen abriendo piezas de la macrocausa T?dem y no es hasta mayo de 2020, en pleno estado de alarma por la pandemia de coronavirus, que se reactivan las pesquisas con una nueva citaci? de Bousselham despu? de que al analizar la tarjeta los investigadores se dieran cuenta de que s?hab? enviado pantallazos.
Comienzan las sospechas sobre Iglesias
Ella lo admite en la Audiencia Nacional y confirma que no pudo recuperar el contenido de la tarjeta cuando Iglesias se la devolvi?en el verano de 2016. Es aqu?cuando el relato de que Villarejo fuese la posible fuente de Okdiario se rompe para el juez y los fiscales, ya que al haberse enviado a otras personas los mismos mensajes que aparecieron publicados caben m? posibilidades. Es por ello que Garc? Castell?n retira a Iglesias la condici? de perjudicado, a petici? de la Fiscal? Anticorrupci?, y empieza a desviar las sospechas hacia ? como posible autor de dos delitos: descubrimiento y revelaci? de secretos por quedarse con la tarjeta y da?s inform?icos por el deterioro presente en el soporte, que el juez est?seguro de que se da? estando en su poder.
La actividad en la pieza 10 del caso T?dem es fren?ica a partir de ese momento y durante todo el verano. El juez encarga informes a la compa?a de recuperaci? de archivos a la que Bousselham y su pareja env?n la tarjeta para recuperar el contenido; la exasesora de Podemos y el actual vicepresidente segundo del Gobierno presentan escritos pidiendo que se revoque la decisi? del magistrado; el instructor dicta un auto instando a la v?tima del robo del m?il a cambiar de abogada para no compartir defensa letrada con el l?er de Podemos?
Y todo con la desconexi? entre el objetivo de Garc? Castell? y el de los fiscales, que no est? de acuerdo con la deriva de la investigaci? y as?lo hacen constar. Entre otras cosas, instan al magistrado a citar de nuevo a Bousselham para que preste su ?perd? expreso? a Iglesias, tal y como ella misma hab? pretendido en un escrito en el que volvi?a cambiar de versi? y exculpando al l?er del partido de todo. El perd? de la v?tima es elemento clave para continuar adelante con el delito de revelaci? de secretos, pero el instructor no lo permite alegando que quer? seguir investigando y que no era el momento procesal oportuno.
En medio de toda esta confusi?, se publican en varios medios mensajes de un chat interno de abogados de Podemos en el que hablan sobre el rumbo de la investigaci? del caso T?dem, en el que el partido est?personado como acusaci? popular. Los mensajes son anteriores a la apertura de la pieza Dina y en ellos tambi? hacen comentarios sobre su interlocuci? con los fiscales. Una de las letradas, Marta Flor (la abogada que luego represent?a Iglesias y Bousselham en la pieza 10) alardeaba de la buena relaci? que manten? con uno de los representantes del Ministerio P?lico, Ignacio Stampa, aunque luego reconoc? que estaba exagerando.
A ra? de estas publicaciones, la Inspecci? Fiscal abri?un expediente para investigar la actuaci? de Stampa, pero ha quedado en suspenso a la espera de que se pronuncie la Fiscal? de Madrid por una denuncia penal interpuesta contra ? por el partido Vox.
Tarjeta f?icamente intacta
El 23 de julio se recibe en el Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6 el informe de los t?nicos de la sede de Gales (Reino Unido) de la empresa Recuperaci? Express, donde la exasesora envi?su tarjeta de tel?ono m?il despu? de recuperarla, en el que informan de que el soporte estaba "f?icamente intacto" y que no presentaba cortocircuitos, pero que no hab?n podido recuperar el contenido del mismo.
Mientras el juez encarga estas diligencias, Iglesias y Bousselham recurren a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, instancia superior a los juzgados de instrucci?, para que rectifique la decisi? de Garc? Castell? de retirar al primero la condici? de perjudicado. Tres magistrados de la Secci? Tercera les da la raz? a mediados de septiembre, pero para entonces el instructor ya ha tomado declaraci? a Jos?Manuel Calvente, abogado despedido de Podemos que ya hab? hablado en medios de comunicaci? acusando al partido de organizar un ?montaje? usando la pieza 10 para presentarse como v?tima de las cloacas, aunque luego reconoce que es algo que le han contado.
Con el relato de Calvente, que el juez califica de ?minucioso? y en el que basa parte de sus imputaciones, a? reciente, llega el auto de la Sala corrigiendo al juez con respecto al vicepresidente y dici?dole que sus sospechas sobre ? son ?meras hip?esis? que no desvirt?n la conexi? de Iglesias con el objeto del proceso?. Para los magistrados, era ?veros?il? considerar que la obtenci? de los archivos se puede achacar a la ?organizaci? de Villarejo? y que la difusi? en medios de comunicaci? pod? tener el objetivo de ?causar un quebranto? en Iglesias.
En todo caso, la Sala dec? al juez que la pieza 10 no era el procedimiento donde se deb?n investigar sus sospechas y cuando ya parec? que todo se hab? calmado, el pasado 7 de octubre Garc? Castell? eleva al Supremo una exposici? razonada de 63 folios en la que expone una a una las razones que le llevan a pedir la imputaci? de Iglesias, Bousselham, la pareja de ?ta y los abogados de Podemos Gloria Elizo (tambi? vicepresidenta del Congreso), Ra? Carballedo y Marta Flor.
Aparte de la presentaci? de este documento, lo que m? ha sorprendido de las conclusiones del magistrado de la Audiencia Nacional es el delito de denuncia falsa que les atribuye por la ampliaci? de la denuncia del robo del tel?ono. Seg? el juez, Bousselham ?era plenamente consciente de que las im?enes publicadas en Okdiario eran las que ella hab? enviado a otras personas? y en Podemos se utiliz?este caso para obtener ?r?ito electoral?. Para justificarlo, el instructor no se olvida de recordar que en la primavera de 2019 hubo elecciones generales. Para Garc? Castell?, todo fue una ?consciente y planificada actuaci? falsaria para simular una conexi?? que ya ve ?inexistente? entre el robo del tel?ono y la publicaci? de las im?enes en el peri?ico digital.
Los argumentos del juez Garc? Castell? est? ya en manos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que s?o un d? despu? de recibir la exposici? razonada encarg?al teniente fiscal Luis Navajas un informe para que se pronuncie acerca de si se debe o no abrir causa.
INSTRUCCI? N?ERO 6: RADIOGRAF? DEL JUZGADO "EXCEPCIONAL" QUE HA INVESTIGADO A PABLO IGLESIAS
Su titular, Manuel Garc? Castell?, decidi?volver a su plaza con 64 tras 16 a?s en destinos dorados en el extranjero despu? de que Ignacio Gonz?ez lo propusiera en un pinchazo. Alejandro Abascal, uno de sus dos jueces de refuerzo, fue propuesto por el PP como vocal del Poder Judicial en el frustrado intento de renovaci? de 2018
Tres jueces para un mismo juzgado. Esta es una de las excepciones que representa el Central de Instrucci? n?ero 6 en la historia de la Audiencia Nacional. El juzgado en el que el Partido Popular se juega su futuro, con la investigaci? del espionaje a Luis B?cenas y el caso de la financiaci? irregular de la formaci? en Madrid, y que acaba de proponer al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente segundo del Gobierno y l?er de Podemos, Pablo Iglesias. Al frente est?Manuel Garc?-Castell?, el magistrado al que el Gobierno de Aznar y despu? el de Rajoy enviaron a los codiciados destinos de juez de enlace en Par? y Roma. Como magistrado de refuerzo ejerce uno de los puntales de la derecha judicial pese a su juventud, Alejandro Abascal. Y como apoyo de los dos primeros, Joaqu? Gadea, miembro de la mayoritaria asociaci? conservadora de jueces, al igual que Abascal.
A sus 64 a?s, y tras m? de tres lustros en destinos dorados en el extranjero, Manuel Garc?-Castell? decidi?en mayo de 2017 regresar a su plaza en la Audiencia Nacional. Su vuelta a Espa? dej?sin efecto el concurso convocado para cubrir la vacante que hab? dejado tras ser ascendido Eloy Velasco, el juez que lo estaba sustituyendo. Un concurso incontrolable que habr? ganado el magistrado con m? antig?dad de cuantos aspirasen a instruir los sumarios de corrupci? m? sensibles del momento, P?ica y Lezo, y que tra?n de cabeza a varios dirigentes del PP, entonces en el Gobierno.
En esas dos investigaciones estaba y est?implicado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Gonz?ez, a quien la UCO caz?en un pinchazo del 22 de noviembre de 2016 ideando un plan para mandar a Velasco a ?escarbar cebollinos? y traer de vuelta a Garc? Castell?. ?Yo le llamo a ?te y le digo: oye ven aqu? el titular aqu?y ?te? a tomar por culo?, dice Gonz?ez al exministro del PP Eduardo Zaplana. Apenas seis meses despu?, Velasco, junto al hoy secretario de Justicia del PP, Enrique L?ez, fue ascendido a la reci? creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, una segunda instancia que organismos internacionales ven?n reclamando a Espa? desde la misma creaci? del tribunal especial. Y Garc?-Castell? volvi?a Espa?.
A Ignacio Gonz?ez el plan no le sali?demasiado bien. Garc?-Castell? le ha mandado a juicio por el caso Lezo y le sigue investigando en P?ica, una causa en la que ha imputado a las expresidentas madrile?s Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la financiaci? irregular del PP regional. Tambi? interrogar?pr?imamente al exministro del Interior con el PP Jorge Fern?dez D?z y a su ex n?ero dos, Francisco Mart?ez, por el espionaje a Luis B?cenas. Anticorrupci? le ha pedido que impute tambi? a Mar? Dolores de Cospedal, pero Garc?-Castell? ha optado por escuchar primero la declaraci? trascendental de Mart?ez.
El supuesto espionaje al extesorero con fondos reservados ?del que ha salido a la luz abundante documentaci? en los ?timos d?s al levantarse el secreto de sumario? ha quedado parcialmente opacado esta semana por otra relevante decisi? de Garc?-Castell?: la petici? al Tribunal Supremo para que impute a Pablo Iglesias precisamente en una de las piezas menores del caso Villarejo, la relativa al robo del m?il de una excolaboradora. El juez ha solicitado la apertura de una causa penal contra el vicepresidente atribuy?dole el delito de denuncia falsa y/o simulaci? de delito por urdir un supuesto montaje para obtener "r?ito electoral", de acuerdo a la teor? que le present?un abogado despedido de Podemos que dec? hablar por boca de terceros. Anticorrupci? hab? advertido al juez que sin denuncia de Dina Bousselham no pod? atribuir los otros dos delitos que el juez atribuye a Iglesias: da?s inform?icos y revelaci? de secretos. Este viernes, Manuel Garc?-Castell? acus?a miembros del Gobierno y de ?algunos medios de comunicaci?" de alentar una campa? en redes sociales contra ? tras esta decisi?.
Dos jueces de refuerzo
Las decenas de resoluciones que componen el sumario del caso Villarejo llevan su firma, pero Garc?-Castell? no trabaja solo en el Central de Instrucci? n?ero 6. Tiene a su disposici? hasta dos jueces de refuerzo, una situaci? in?ita en el tribunal especial, confirman a elDiario.es fuentes jur?icas. De hecho, en la actualidad, es el ?ico de los seis juzgados de la Audiencia Nacional que cuenta con jueces de apoyo. Y en este caso no es uno ?que suele ser lo habitual cuando hay sobrecarga de trabajo? sino dos.
Estos jueces son Alejandro Abascal y Joaqu? Gadea, ambos son miembros activos de la mayoritaria y conservadora Asociaci? Profesional de la Magistratura (APM) y ambos nombrados de manera discrecional por el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), controlado por los conservadores, y que est?en funciones desde hace casi dos a?s. El de Abascal fue uno de los diez nombres que el PP de Pablo Casado puso encima de la mesa en la frustrada renovaci? del ?gano de gobierno de los jueces de 2018. Si ese intento no hubiera saltado por los aires posiblemente ser? a d? de hoy uno de los vocales conservadores de la c?ula del Poder Judicial. El acuerdo entre el PP y el PSOE no sali?adelante al filtrarse un mensaje en el que Ignacio Cosid? entonces portavoz del PP en el Senado, asum? que con el nombramiento de Manuel Marchena como presidente se controlar? "por detr?" la Sala de lo Penal del Supremo.
Abascal, de 42 a?s y con destino en un juzgado de Fuenlabrada, trabaja codo a codo con Garc?-Castell? en la Audiencia Nacional desde febrero de 2019, cuando el CGPJ lo eligi?en sustituci? de Diego de Egea, quien renunci?a continuar en ese puesto de refuerzo alegando motivos personales. El ?gano de gobierno de los jueces acord?que la comisi? de servicio fuera para ? en detrimento de la magistrada Rosa Freire, impulsora de la causa sobre la destrucci? de los discos duros de B?cenas y a la que el PP intent?apartar de ese caso.
El CGPJ valor?como principal m?ito de Abascal que ya ten? ?experiencia? en ese juzgado, en el que estuvo en comisi? de refuerzo entre marzo y diciembre de 2016. De hecho, Eloy Velasco, entonces titular del juzgado en ausencia de Garc?-Castell?, pidi?que continuara como refuerzo, pero el ?gano de gobierno de los jueces se lo deneg?al considerar que la situaci? de sobrecarga del juzgado hab? mejorado y que esos apoyos eran algo excepcional. A los dos meses de volver a la Audiencia Nacional, Garc?-Castell? ya contaba con juez de refuerzo. Diego de Egea primero y Alejandro Abascal despu?.
La jueza Freire impugn?el nombramiento de este ?timo en el Supremo y acus?al CGPJ de obviar todos los m?itos que le eran ?objetivamente favorables? ?como su mejor n?ero en el escalaf?? y de idear ?un m?ito superlativo de idoneidad no contemplado en la norma?. En el entorno de la magistrada confirman que el Alto Tribunal todav? no ha resuelto su recurso. Entre tanto, el Poder Judicial ha prorrogado en hasta tres ocasiones la comisi? de servicio de Abascal, la ?tima el pasado 27 de mayo y por un per?do de seis meses.
Abascal compatibiliza su cargo judicial con el ejercicio de la docencia en el CES Cardenal Cisneros. Es el mismo centro privado adscrito a la Universidad Complutense de Madrid en el que Pablo Casado aprob?en cuatro meses, entre junio y septiembre de 2007, doce de las 25 asignaturas de las que constaba la carrera de Derecho y cuando acaba de ser elegido diputado auton?ico en Madrid. Abascal est?autorizado a dar clases siempre que ?tas se impartan a partir de las 15 horas y no le impidan el cumplimiento de sus deberes judiciales, seg? la resoluci? de la Comisi? Permanente del CGPJ.
El otro juez de apoyo, Joaqu? Gadea, de 39 a?s, lleg?al Central de Instrucci? n?ero 6 por una v? muy poco habitual, admiten fuentes jur?icas. Una disposici? adicional que el Gobierno del PP introdujo en el verano 2015 en la ley del Poder Judicial y que permite al CGPJ asignar jueces de refuerzo ?para la mejor instrucci? de causas complejas? y previa propuesta del titular del juzgado en cuesti?.
La peculiaridad de esta figura es que no tiene funci? jurisdiccional y su funci?, sobre el papel, se limita a ?labores de colaboraci?, asistencia o asesoramiento?. El CGPJ acord?el nombramiento discrecional de Gadea el 18 de diciembre de 2019 y lo renov?por otros seis meses m? el pasado 4 de junio.
Juez de Adscripci? Territorial destinado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Gadea fue uno de los tres magistrados que dict?la condena a un a? y medio de inhabilitaci? y multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia a Quim Torra por deso? la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de la Generalitat en la precampa? de las generales de 2019.
A diferencia de Gadea, Abascal s?puede sustituir a Garc?-Castell? en la toma de declaraciones o en la firma de resoluciones cuando est?ausente. Eso s? no puede instruir casos anteriores a su llegada al juzgado, solo encargarse de los nuevos que entren. En cualquier caso, fuentes jur?icas aseguran que los tres comparten sus posiciones sobre las causas y debaten a menudo sobre ellas.
Una "excepci?" en la Audiencia Nacional
Que un instructor tenga dos jueces de apoyo es una total excepci?, incluso en la Audiencia Nacional, si bien el Central de Instrucci? n?ero 6 tampoco es un juzgado cualquiera. Adem? de P?ica y Lezo, instruye la trama policial, empresarial y pol?ica en torno al comisario Villarejo, el caso de los CDR, el presunto fraude en obras hidr?licas de Acuamed o la quiebra de la tecnol?ica ZED. Esta acumulaci? de causas medi?icas es fruto del azar, aseguran las fuentes consultadas, pues el reparto de asuntos entre los juzgados se realiza a trav? de un programa inform?ico que garantiza que se haga de forma aleatoria. Adem?, el juzgado que est?de guardia asume los atestados, denuncias y querellas que se presenten durante la misma, seg? las normas del tribunal especial.
La carga de trabajo de Garc?-Castell? en la Audiencia Nacional es sin duda muy superior a la que ten? en sus anteriores destinos en Par? y Roma. Las pocas plazas de juez de enlace son destinos muy preciados que el Gobierno otorga como premios, aseguran fuentes jur?icas, pues adem? de que el ritmo de trabajo es mucho menor, las remuneraciones tambi? son mayores y superan los 130.000 euros anuales. Es decir, Garc?-Castell? regres?a Espa? en mayo de 2017 asumiendo que iba a ganar menos y trabajar m?.
Pero es que en su caso, la gratificaci? en el extranjero hab? sido doble. Fue destinado primero a Par?, pero cuando el Ejecutivo quiso enviar all?a Juan Pablo Gonz?ez, otro de los magistrados considerados pr?imos al PP, le busc?el destino de Roma. Por si acaso, el magistrado mantuvo contactos para no volver a la Audiencia Nacional, seg? fuentes pr?imas al mismo. La capital de Italia fue el destino al que cinco a?s despu? renunci?voluntariamente. Antes de su periplo internacional, Garc?-Castell? instruy? casos tan relevantes como Banesto o el asesinato de Miguel ?gel Blanco por ETA.
Casi dos d?adas despu?, de nuevo muchas miradas est? puestas sobre el juez que ha pedido la imputaci? de todo un vicepresidente del Gobierno por urdir un supuesto montaje para obtener "r?ito electoral". Garc?-Castell? ha hecho compatible esa acusaci? con imputar a Villarejo y dos periodistas en la pieza que, con el apoyo de Anticorrupci?, nunca lleg?a convertirse en la investigaci? de las maniobras policiales y medi?icas que sufri?Podemos para no alcanzar el Gobierno en 2016.
EL JUEZ DEL CASO DINA ACUSA A MIEMBROS DEL GOBIERNO DE ALENTAR UNA CAMPA? EN REDES SOCIALES CONTRA ?
El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc?-Castell?, que instruye la pieza 'Dina', ha puesto en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la campa? de desprestigio personal y profesional e intimidaci? que asegura estar sufriendo en las ?timas horas en redes sociales y en "algunos medios de comunicaci?", y que le colocar?n "en una situaci? de indefensi? y de descr?ito profesional", informa Europa Press.
El magistrado indica que los mensajes contra su persona son repetidos y amplificados por muchos dirigentes, "entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Naci?". En este sentido, denuncia que esos dirigentes con visibilidad propia del papel institucional que representan y la atenci? que reciben de los medios, "se?lan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusi? que sus palabras pueden tener, le colocan en una situaci? de absoluta indefensi? y descr?ito profesional".
En un escrito de cuatro p?inas dirigido al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el titular del Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6 de la Audiencia Nacional denuncia esta campa? p?lica que se ha iniciado contra su persona desde que se hizo p?lica hace dos d?s la exposici? razonada elevada al Tribunal Supremo en el marco de la investigaci? que lleva a cabo en la pieza 'Dina' de la macrocausa 'T?dem'.
En esa exposici? razonada, de la que el Supremo ya ha solicitado informe a Fiscal?, somet? a consideraci? del alto tribunal la investigaci? del vicepresidente segundo del Gobierno y l?er de Podemos, Pablo Iglesias, y de la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, --ambos aforados--, as?como de otras cuatro personas. Solicitaba que se investigue a Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelaci? de secretos, con agravante de g?ero, da?s inform?icos y acusaci? o denuncia falsa y/o simulaci? del delito.
En esta pieza se investiga concretamente el robo del m?il de la exasesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y el posterior uso de los datos que conten? el mismo --hubo determinados archivos que aparecieron en el registro de la casa del comisario jubilado y en prisi? preventiva Jos? Manuel Villarejo--.
Ahora en su escrito, Garc?-Castell? explica que esa campa? pretende restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposici? razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campa?, adem? de difundir la idea de que la exposici? no es fruto de su convicci? jur?ica sino de "una suerte de estrategia pol?ica de mayor alcance que buscar? debilitar a una organizaci? pol?ica".
Reuni? antiterrorista en la Polic?
El magistrado adjunta la denuncia que en el d? de ayer present?ante la Polic? por la naturaleza y la gravedad de los mensajes vertidos contra su persona y que "podr?n revestir car?ter de infracci? penal". La c?ula antiterrorista de la Polic? se reuni?ayer de urgencia para analizar los mensajes recabados por los agentes expertos en redes sociales y evaluar su gravedad, informan a elDiario.es fuentes policiales. El material hallado es, de forma provisional y seg? el an?isis policial, presuntamente amenazante y difamatorio.
Por ?timo, el magistrado manifiesta en su escrito que en sus 42 a?s de ejercicio profesional nunca se ha visto sometido a una campa? de difamaci? personal y profesional de este nivel. Recuerda que en su juzgado ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representaci? parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, habiendo tomado decisiones de muy distinto signo y "no habi?dose producido en ning? momento una reacci? equiparable a la que se est?produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida".
El escrito incluye un extracto de los mensajes publicados que han motivado su denuncia, y en algunos se puede leer que le llaman 'facha', prevaricador, corrupto o mafioso. En otro de ellos se sugiere que est?sobornado por el l?er del PP.
LAS FALLAS DEL ESCRITO DEL JUEZ DEL ?CASO DINA? EN LAS QUE CONF? IGLESIAS
Podemos despliega su defensa tras la exposici? razonada enviada al Supremo por el magistrado Garc?-Castell?
Podemos no quiere perder el tiempo y, apenas unas horas despu? de que el juez Manuel Garc?-Castell? enviase al Tribunal Supremo la exposici? razonada contra Pablo Iglesias por el caso Dina, se ha lanzado contra los argumentos del magistrado. La formaci? se ha esforzado este jueves en dejar clara su versi?: no trataron de enga?r al instructor present?dose como v?timas de la polic? patri?ica, sino que est? convencidos de esa hip?esis. Sus declaraciones y los escritos presentados en la causa cuando dio un giro de 180 grados, donde recuerdan que el instructor no ha encontrado ninguna prueba, ya avanzan por d?de va su defensa contra los cuatro delitos que se atribuyen al l?er del partido.
?Se basa en rumores?. El rompecabezas tiene como piezas fundamentales dos delitos: denuncia falsa y simulaci? de delito. Seg? el juez, en una reuni? celebrada en el seno de Podemos en julio de 2016, donde estaba Gloria Elizo (responsable entonces del equipo jur?ico), Iglesias ?explic?a sus compa?ros que sab? que las im?enes publicadas [en Okdiario y procedentes del m?il de su antigua colaboradora, Dina Bousselham], eran fruto de una filtraci? de gente del propio partido?. Pese a ello, prosigue el instructor, el l?er de la formaci? vio una ?oportunidad de actuar? contra esa web, activando a sus abogados para que ampliasen con tres escritos (del 2 de agosto de 2016, del 28 de septiembre de 2016 y el 3 de febrero de 2017) la denuncia que present?la asesora tras el presunto robo del m?il y que se investigaba en un juzgado de Alcorc?.
Posteriormente, concluye el magistrado, se orquesta una ?falsaria? campa?, que sigue en la Audiencia Nacional cuando se abre el caso Dina, para presentarse como v?tima de la polic? patri?ica. Esa tesis se apoya en gran parte en la declaraci? de Jos?Manuel Calvente, un exabogado del partido enfrentado con la c?ula, que habla de ?montaje?. Un testimonio que, para Podemos, carece de valor. ?Se basa todo en rumores e hip?esis, de un se?r que oy?decir...?, contraatac?este jueves Alberto Rodr?uez, secretario de Organizaci?.
Elizo tambi? rechaza la teor? del juez. ?Iglesias no me dijo que fuese una filtraci? de gente de dentro del partido. Cuando se publican se hacen muchas hip?esis, pero Iglesias nunca dirige el trabajo jur?ico del equipo. En absoluto?, ha negado en una entrevista la actual vicepresidenta del Congreso, que incide en que en el verano de 2016 se analizaron todas las tesis dentro de su equipo y se concluy?que hab? ?una posibilidad cierta y verdadera? de que las publicaciones de Okdiario estuvieran conectadas con el robo del m?il. De hecho, en las ampliaciones de denuncia del juzgado de Alcorc? solo se dice que ?alguien? debi?dar esos datos a la web de Eduardo Inda, y nunca se vincula con las llamadas ?cloacas del Estado?.
Aina D?z, abogada de Podemos, tambi? rechaza que en el verano de 2016 descartasen la vinculaci? entre el robo del m?il y las cloacas, como varios medios le han adjudicado tras publicarse algunos mensajes del chat interno de aquel grupo de letrados. Simplemente, insisti?en un comunicado, porque ?hasta noviembre de 2016 no se empieza a utilizar el t?mino ?cloacas? por ciertos periodistas?. Ella recalca, adem?, que en aquellas conversaciones solo defendi?que iba a ser ?dif?il acreditar el origen de los pantallazos publicados en Okdiario, lo cual desaconsejaba una acci? jur?ica directa contra Eduardo Inda, realidad que es absolutamente diferente hoy tras acreditar la Audiencia Nacional que Villarejo ten? copia de la totalidad de la informaci? existente en el m?il robado y que la misma hab? sido difundida a distintos medios period?ticos, no mediante pantallazos de mensajes, sino mediante copias ?tegras de la memoria del tel?ono robado?.
De hecho, como recuerdan Elizo y la direcci? de Podemos, el nexo entre la sustracci? del m?il y miembros de la polic? patri?ica lo plantea primero en la causa la Unidad de Asuntos Internos de la Polic? Nacional, cuando en marzo de 2019 env? un informe al juez donde detalla que ha encontrado en casa del comisario jubilado Jos?Manuel Villarejo una copia de la ?extracci? de datos? del tel?ono. Una l?ea de las pesquisas que investig?el propio juez y la Fiscal? Anticorrupci?. ?No intentamos enga?r a Garc?-Castell?, igual que tampoco lo hizo la Fiscal? ni Asuntos Internos?, ha recalcado Elizo.
?Se requiere denuncia previa?. El tercer delito que el magistrado imputa a Iglesias es descubrimiento y revelaci? de secretos por guardar durante medio a? la tarjeta de Bousselham antes de devolv?sela, tras recuperarla a trav? de Intervi? Tal y como contempla la ley, para investigarlo se requiere una denuncia previa de la v?tima. El propio juez lo admite en su exposici? razonada, aunque deduce que la antigua asesora del l?er de Podemos tiene inter? en ?proceder? para dilucidar todo y afirma que debe ser el Supremo quien le pregunte si adopta acciones legales.
Bousselham ya ha evidenciado, en cambio, que no quiere actuar contra el vicepresidente. ?Dina ha confiado siempre en el modo de actuar de Iglesias y en que, en todo momento, como no pod? ser de otro modo, la actuaci? de Iglesias no ha sido otra que proteger su intimidad?, escrib? su abogado en un escrito enviado al juez el pasado junio, cuando el instructor ya hab? puesto la diana en el l?er de la formaci?. En ese documento, la due? del m?il asegura que ?entiende? que su ?amigo? guardara la tarjeta durante un tiempo, ?ya que la hab? obtenido de forma confidencial?.
El vicepresidente tambi? intent?desmontar en otro escrito la tesis de que ocult?que ten? la tarjeta. Iglesias subraya que el mero hecho de d?sela finalmente a su exasesora ?de forma ?voluntaria? y sin ?requerimiento alguno?? demuestra ?la ausencia de ocultaci? alguna, m? all?de que se tardase m? o menos tiempo?. Adem?, ? mismo le cont?al juez en su declaraci? como v?tima que la guard?durante seis meses y, seg? remacha el l?er de Podemos, entonces el juez no le dio ninguna importancia a ese detalle.
?El delito de revelaci? de secretos requiere una denuncia previa. El juez dice que el Supremo oir?a Dina sobre si exculpa o perdona a Iglesias. Pero es al rev?: si no le denuncia, no hay caso que enviar al Supremo?, ha apostillado tambi? esta semana Victoria Rosell (Podemos), actual delegada del Gobierno contra la Violencia de G?ero y magistrada de carrera.
?No hay prueba?. El delito de da?s inform?icos completa el puzle. Podemos insiste en que no hay ning? indicio que demuestre que Iglesias deterior?la tarjeta intencionadamente. El propio juez lo dice en su exposici? razonada: ?No hay una prueba directa de la destrucci? material de la tarjeta por parte del aforado?. Y, hasta ahora, han fracasado todos los esfuerzos del instructor por aclarar por qu?no se puede acceder al contenido.
El dispositivo electr?ico presenta un deterioro exterior que, tras ordenar investigarlo, se concluy?que se correspond? con el ?lijado? que hizo una compa?a especializada para intentar rescatar la informaci?. Esa posibilidad la admiti?la propia empresa. Y la polic? cient?ica dijo lo mismo. ?El citado lijado [...] ser? compatible con un intento de recuperaci? del contenido de la memoria una vez que se ha detectado un fallo en la controladora de la tarjeta que impide su normal funcionamiento [...] La t?nica descrita en el punto anterior ser? empleada por los laboratorios especializados en recuperaci? de informaci? de este tipo?, conclu? el documento, fechado el 12 de agosto. El juez se agarra a que supuestamente ten? un ?fallo? interno previo que atribuye a Iglesias.
Pero en la formaci? de izquierdas insisten en que Iglesias nunca la deterior? ?Y, dado el actual estado de la tarjeta, no se puede precisar si exist? da? alguno previo: Pero s? ha quedado acreditado que la supuesta destrucci? externa era ajena a la tesis del instructor que la consider?base y elemento para la retirada de la condici? de perjudicado a [Iglesias]?, defendi?el abogado del vicepresidente en un escrito enviado a la Audiencia Nacional el pasado 2 de septiembre.
CRONOLOG? DE LA PIEZA 10: AS?ACAB?IGLESIAS ACUSADO POR LA TARJETA DE SU COLABORADORA INCAUTADA A VILLAREJO
El 27 de marzo de 2019 el juez ofreci?al l?er de Podemos personarse como perjudicado en el 'caso Dina': informaci? del m?il robado a Bousselham hab? sido publicada por varios medios. Garc?-Castell? acusa ahora a la excolaboradora de difundirla y a Iglesias de realizar un montaje con fines electorales
Una pieza del caso Villarejo, la n?ero 10, se ha convertido en la principal amenaza de la investigaci? para el Gobierno actual. El juez instructor, Manuel Garc?-Castell?, considera que ha reunido los indicios suficientes para que el Supremo investigue a Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, diputado y, por tanto, aforado ante el Alto Tribunal.
Esta es la cronolog? de c?o una de las piezas aparentemente m? sencillas del caso Villarejo se fue complicando y pas?a atraer la m?ima atenci?. Es el proceso de c?o lleg?hasta aqu?pese a comenzar, y representar durante mucho tiempo, un asunto secundario para el juez y la Fiscal? Anticorrupci? de entre los encargos al comisario. Una pieza 10 que Podemos intent? sin ?ito, que acogiera una investigaci? de todas las maniobras policiales para impedir que gobernara en 2016.
Al final, la pieza 10 se ha convertido en el campo de batalla sobre el que decidir si existi?o no una polic? pol?ica que atac?a la oposici? durante la primera legislatura de Mariano Rajoy con la connivencia de algunos medios de comunicaci?. La opci? de se?lar a Iglesias ha incluido cuestionar a la Fiscal? Anticorrupci? por favorecer supuestamente a Podemos, personalizando los ataques en uno de los fiscales del caso, Ignacio Stampa, que investiga la organizaci? criminal que dirig? el comisario Villarejo y a sus poderosos clientes.
1 de noviembre de 2015. Podemos contin? su trayectoria ascendente despu? de que irrumpiera en el panorama pol?ico en las elecciones europeas de mayo de 2014. Su l?er, Pablo Iglesias, compagina la direcci? de partido con su esca? en el Europarlamento. Una de sus colaboradoras m? pr?imas es la marroqu?Dina Bousselham. Ella y su pareja de entonces, Ricardo Sa Ferreira, acuden al Ikea de Alcorc? y en un descuido les roban varias pertenencias, entre ellas el m?il de Bousselham. Denuncian ante la Polic? Nacional de la localidad madrile?.
12 de enero de 2016. Ese d? amanece con dos digitales de Madrid, Okdiario y El Confidencial, informando del contenido de un supuesto informe policial sobre la presunta financiaci? irregular de Podemos. Como hab? ocurrido durante toda la Operaci? Catalunya, el supuesto informe de inteligencia no se enmarca en causa judicial alguna. Las publicaciones se producen coincidiendo con el arranque de las conversaciones entre Podemos y PSOE para una posible coalici? de Gobierno.
elDiario.es tuvo acceso a ese informe y lo public?despu? de que fuera incorporado a una denuncia contra Iglesias e I?go Errej? en el Tribunal Supremo por Manos Limpias. Sin firma, ni sello, su contenido fue despreciado por el Alto Tribunal y por la Audiencia Nacional. La Polic? de Jorge Fern?dez D?z lo termin?por remitir al Tribunal de Cuentas despu? de admitir que hab? sido confeccionado en la Direcci? Adjunta Operativa, el nido de la brigada pol?ica. Uno de los comisarios investigados en el caso Kitchen atribuye su autor? al hoy comisario Andr? G?ez Gordo, el polic? asesor de Mar? Dolores de Cospedal.
20 de enero de 2016. Antonio Asensio Mosbah, propietario entonces del Grupo Zeta, escribe por Telegram a Pablo Iglesias. Le cita ese mismo d? para entregarle un material que ha llegado a la revista Intervi?y que incluye fotograf?s de la que el editor piensa que es la pareja del l?er de Podemos. Durante 40 minutos, Iglesias dispone de un ordenador para, en privado, poder ver el material. No es su pareja la que aparece en fotos ?timas junto a capturas de chats del partido y otro material relativo a Iglesias y la formaci?. Se trata de Dina Bousselham, de la que hab? surgido el falso rumor de que manten? una relaci? con su jefe.
Seg? han explicado despu? al juez el director y subdirector de Intervi? Alberto Pozas y Luis Rendueles, respectivamente, la tarjeta del tel?ono lleg?de forma an?ima a la revista. Ambos decidieron que no era material de inter? period?tico y su editor se la entreg?a Iglesias, gesto que ?te agradeci? El l?er de Podemos se qued?con la tarjeta, pese a no pertenecerle, durante al menos seis meses. Despu? ha explicado que quer? proteger a Bousselham, bastante afectada por entonces de las informaciones que le vinculaban sentimentalmente a Iglesias.
Febrero de 2016. A los pocos d?s de recibir la tarjeta, el comisario Villarejo se pone en contacto con los periodistas de Intervi?y les dice que sabe que tienen la tarjeta y que la necesita para sus trabajos policiales. Pozas y Rendueles comen con ? en un restaurante madrile? y le entregan el material. El polic?, entonces en activo, y los dos periodistas se encuentran imputados por un delito de revelaci? de secretos. El juez Manuel Garc?-Castell? acaba de dictar contra ellos auto de pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento para los delitos castigados con menos de nueve a?s.
Iglesias llama al voto ?il a Unidos Podemos con la izquierda de toda la vida
21 de junio de 2016. Ese d? se celebran las elecciones generales y Podemos no logra su objetivo de dar el 'sorpasso' al PSOE. Con todo, Unidas Podemos obtiene 72 esca?s, la suma de los 69 de las elecciones del diciembre anterior y los dos que obtuvo en ellas IU y eso abre la puerta a un Gobierno de coalici? con Pedro S?chez. No ser? hasta julio cuando Pablo Iglesias formaliza la oferta al l?er de los socialistas.
22 de julio de 2016. El medio dirigido por Eduardo Inda, Okdiario, publica una informaci? que adjunta el pantallazo de un chat interno de Podemos en el que Pablo Iglesias afirma: "La azotar? hasta que sangrase? Esa es la cara B de lo nacional popular? un marxista algo perverso convertido en un psic?ata". Iglesias se disculpa p?licamente del comentario en el chat privado: "Siento mucha verg?nza de haber hecho una broma machista".
3 de noviembre de 2017. El comisario Jos?Manuel Villarejo P?ez, jubilado en el verano de 2016, es detenido en su chalet de Boadilla del Monte por agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Polic?. El material audiovisual que encontraron all? en una finca pr?ima, las oficinas y pertenencias de colaboradores por los polic?s y la Fiscal? Anticorrupci? ha servido ya para abrir m? de 30 piezas vinculadas a encargos realizados al comisario cuando estaba en activo. Las piezas se han ido abriendo seg? se examinaban los 40 terabytes almacenados por el polic? o avanzaban los trabajos de desencriptaci?.
El 19 de marzo de 2019, el inspector al frente de las pesquisas remite un oficio al juez del caso informando de que han aparecido dos archivos, DINA 2 y DINA 3, que albergan "una multitud de informaci? de la usuaria, tanto datos personales, bancarios, fotograf?s de car?ter ?timo, adem? de contener comunicaciones con terceros a trav? de correo electr?ico diversas aplicaciones para telefon? m?il (Whatsapp, Telegram), archivos de v?eo y audio, estando buena parte de esos documentos fechados en los a?s 2014 y 2015?. En la p?ina 2 del informe se reproduce el mismo pantallazo del mismo chat que hab? publicado Okdiario.
Iglesias llega a la Audiencia Nacional como perjudicado por el caso Villarejo
27 de marzo de 2019. Pablo Iglesias y Dina Bousselham declaran ante el juez Manuel Garc?-Castell?. En aquella declaraci?, Iglesias no le esconde que se qued?con la tarjeta cuando la recibi?de manos de Asensio Mosbah. Por su parte, Bousselham cuenta al juez tambi? que no pudo consultar su contenido despu? de que se la entregara Pablo Iglesias. Pese a ello, el magistrado ofrece a ambos personarse como perjudicados en el caso.
Garc?-Castell? elogia la exposici? que el l?er de Podemos hace intercalando las publicaciones sacadas del tel?ono de Bousselham y los hitos pol?icos del partido para concluir que se trat?de una estrategia para perjudicarles. El magistrado instructor llega a decir a Iglesias: "Sabe usted que aqu?estamos investigando implicaciones muy serias del Ministerio del Interior?". El 8 de abril, el juez imputa a Pozas y posteriormente har?lo propio con Luis Rendueles.
La exasesora de Podemos Dina Bousselham (izq.). EFE/Luca Piergiovanni/Archivo
18 de mayo de 2020. El caso pasa a un segundo plano durante un a?, pero poco antes confinamiento, la Polic? Cient?ica entrega un informe que el juez les hab? encargado nueve meses antes sobre el contenido de la tarjeta. Anticorrupci? considera que su contenido justifica volver a llamar a Bousselham a declarar. La exasesora hab? negado ante el juez haber difundido el contenido de su tel?ono, pero los agentes certifican que los mensajes se hallaban en una carpeta del tel?ono denominada "sent" (enviado). Ante el juez, Bousselham admite que ella hizo los pantallazos y que pudo enviarlos a terceros.
La Fiscal? considera que el caso da un vuelco, que ya Villarejo no es el ?ico sospechoso de haber hecho llegar a los medios de comunicaci? los pantallazos y se?la a Iglesias como presunto autor de dos delitos: da?s inform?icos por haber entregado la tarjeta a su due? en un estado que imped? consultar su contenido; y otro de revelaci? de secretos, por haber guardado durante al menos seis meses el dispositivo que le hab? entregado Intervi? sin traslad?selo a su leg?ima due?. Los fiscales piden retirar la condici? de perjudicado a Pablo Iglesias pero a?den que no se le puede investigar porque se trata de dos delitos que necesitan que el perjudicado se sienta v?tima y ejerza acciones legales, lo que no ocurre en el caso de Bousselham.
25 de mayo de 2020. La unidad de acci? entre juez y fiscales se fractura. El magistrado retira la condici? de perjudicado a Pablo Iglesias pero no se detiene ah?y emprende una investigaci? con el l?er de Podemos como principal sospechoso de la pieza 10, que margina otras investigaciones del caso Villarejo por la cantidad y el ritmo de las diligencias ordenadas por el juez.
Garc?-Castell? ordena a Bousselham que deje de compartir abogado con Iglesias, env? una comisi? rogatoria a Gales para que la empresa que intent?recuperar el contenido de la tarjeta ?a petici? del entonces marido de la exasesora? explique si lleg?da?da "f?icamente" y establece como prioridad que los polic?s de Asuntos Internos repasen la declaraci? de Ricardo Sa Ferreira, expareja de Boussleham.
10 julio de 2020. En esta fecha, la Fiscal? del Tribunal Superior de Justicia de Madrid abre una investigaci? a uno de los dos fiscales del caso Villarejo, Ignacio Stampa, por una denuncia de Vox basada en el contenido de las informaciones de varios medios que reproducen chats internos de Podemos. Esas informaciones concluyen que el Ministerio P?lico habr? facilitado informaci? confidencial a Podemos, como acusaci? popular, en el transcurso del caso Villarejo y, en concreto, en la pieza 10.
El jefe de la Inspecci? Fiscal ya ha archivado dos denuncias contra Stampa porque no aprecia irregularidad en su conducta, pero la ?tima investigaci? interna est? detenida a la espera de que la Fiscal? del TSJM se pronuncie acerca de la presentada por el partido ultraderechista. Algunos medios han llegado a dar por cierta una relaci? personal del fiscal y la abogada de Iglesias por insinuaciones que hace ella en los citados chats internos, pese a que en otra conversaci? niega que haya relaci? alguna.
26 julio de 2020. La empresa galesa que analiz?la tarjeta que Iglesias le devolvi?a Bousselham contesta al juez que no se pod? acceder a ella sin un trabajo m? a fondo, pero que ?ta no estaba da?da "f?icamente" cuando lleg?a sus manos. Un informe posterior de la Polic? Cient?ica confirma que esos da?s materiales por los que se interesaba el juez fueron producidos por los trabajos iniciales de recuperaci? de la empresa, que no siguieron adelante porque el marido de Bousselham rechaz?el presupuesto.
Ninguna de las diligencias ordenadas por el juez permiten avanzar en los indicios contra Iglesias. El magistrado tambi? ha ordenado a la decena de polic?s que investigan la treintena de piezas del caso Villarejo que den prioridad a analizar de nuevo la declaraci? sobre el robo en el Ikea del exmarido de Bousselham, pero el informe, entregado al magistrado en agosto, no ofrece nuevos datos. Entre tanto, Garc?-Castell? rechaza tomar declaraci? de nuevo a Bousselham, como solicita Anticorrupci? despu? de que ella haya escrito al juzgado cambiando de nuevo de versi? y exculpando a Iglesias.
10 de septiembre de 2020. Declara ante la Audiencia Nacional Jos?Manuel Calvente, antiguo abogado del equipo legal de Podemos, despedido por supuesto acoso a la abogada Marta Flor, una acusaci? que han rechazado los tribunales. Poco despu? de ser detenido, Calvente hab? acudido a la Guardia Civil en Barcelona, donde vive, para denunciar supuesta financiaci? irregular de Podemos. La denuncia acab?en un juzgado de Madrid que investiga en la actualidad a la formaci?.
Calvente se prodiga por los medios y niega a algunos de sus antiguos compa?ros ser el filtrador de los chats internos utilizados contra el fiscal Anticorrupci? por la presunta relaci? con Marta Flor. En una entrevista a El Mundo presenta la tesis de que Podemos utiliz?el caso Dina de forma falsaria para presentarse v?tima de las cloacas policiales. El juez considera que debe declarar sobre ello en la Audiencia Nacional. All?acude Calvente y presenta una teor? que dice que le ha contado alguien de dentro del partido sobre quien se niega a revelar la identidad.
16 de septiembre de 2020. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resuelve el recurso presentado por Pablo Iglesias contra la retirada de condici? de perjudicado en la causa y obliga a Garc?-Castell? a que el l?er de Podemos figure de nuevo como v?tima. Los jueces de la instancia superior hablan de ?meras hip?esis alternativas? al referirse a la posibilidad de que Villarejo no est? detr? de la filtraci? a los medios y le recuerdan que el presunto l?er de una organizaci? criminal ten? en su casa la informaci? que luego fue publicada por Okdiario, El Confidencial y El Mundo, seg? recoge un informe de Asuntos Internos.
Manuel Garc? Castell?, el juez que investiga al excomisario Jos?Villarejo. EFE/Mariscal/Archivo
7 octubre de 2020. El juez toma la afirmaci? de que las "hip?esis alternativas" deber?n, en su caso, ser investigadas por otra instancia y eleva exposici? razonada al Supremo en la que acusa a Iglesias de dirigir un montaje para sacar "r?ito pol?ico". Esta acusaci? se basa en la declaraci? de Calvente que el magistado considera "minuciosa". El juez pide igualmente en base a esa declaraci? que se investigue a la exresponsable de estrategia jur?ica de Podemos Gloria Elizo, a la persona que ocupa ese cargo actualmente, Ra? Carballedo, y a la abogada Marta Flor. Tambi? pide imputar a Bousselham y su exmarido por falso testimonio.
Sobre los otros dos delitos, da?s inform?icos y revelaci? de secretos, dice que Bousselham ha mostrado "inequ?oca voluntad" de que se esclarezcan y propone que sea el Tribunal Supremo quien le pregunte si quiere actuar o no contra Iglesias, ?ica forma de emprender una investigaci? por ambos al vicepresidente segundo del Gobierno, y declaraci? que ? se ha negado reiteradamente a practicar.
https://www.eldiario.es/politica/cronologia-pieza-10-acabo-iglesias-acusado-tarjeta-colaboradora-incautada-villarejo_1_6279911.html
EL JUEZ PIDE AL SUPREMO QUE INVESTIGUE A PABLO IGLESIAS POR EL ?CASO DINA?
Garc?-Castell? solicita que se impute al vicepresidente por descubrimiento y revelaci? de secretos, da?s inform?icos, denuncia falsa y simulaci? de delito
Ni Podemos ni nadie en el Gobierno vio venir el nuevo rev? judicial contra Pablo Iglesias. El juez Manuel Garc?-Castell? elev?este mi?coles una exposici? razonada al Tribunal Supremo donde solicita que se investigue al vicepresidente segundo por el caso Dina, la pieza del caso Villarejo que versa sobre el supuesto robo del m?il de una antigua colaboradora del l?er de Unidas Podemos. El magistrado de la Audiencia Nacional le atribuye los presuntos delitos de descubrimiento y revelaci? de secretos, da?s inform?icos, denuncia falsa y simulaci? de delito.
La noticia cay?como una bomba este mi?coles en medio de la presentaci? del Plan de Recuperaci? del Gobierno para la salida de la crisis. Era un d? importante para la coalici?. La puesta de largo del plan econ?ico para vehicular los fondos europeos en los pr?imos a?s deb? servir como primer gran paso hacia el futuro de la legislatura, marcada hasta ahora por el d? a d? que exigen la pandemia y la crisis econ?ica. Pero el bumer? en que se ha convertido el caso Dina dio su ?timo giro inesperado contra el vicepresidente mientras se encontraba reunido telem?icamente con el resto del Ejecutivo. Nadie lo vio venir.
Hace solo tres semanas Iglesias hab? despejado el ?timo golpe. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le hab? devuelto la condici? de perjudicado en el caso, lo que obligaba al propio Garc? Castell? a revocar su iniciativa del pasado mes de julio de retirar el estatus de v?tima en la causa al vicepresidente. Una condici? que le hab? sido otorgada a Iglesias despu? de que parte de los datos del tel?ono robado a Dina Bousselham acabaran publicados en varios medios de comunicaci?, incluyendo informaci? sobre Podemos o mensajes privados del l?er de la formaci?.
Al magistrado, que considera que el ahora vicepresidente us? de forma fraudulenta este proceso judicial para intentar lograr alg? tipo de ventaja electoral, solo le quedaba la v? del Supremo, por la condici? de aforado de Iglesias. La Fiscal? no ha respaldado hasta ahora esta l?ea de las pesquisas, pero s?se ha pronunciado en otro de los frentes judiciales que tiene abierto Podemos en un juzgado de Madrid, donde ha pedido que se investigue a la formaci? por la contrataci? de la consultora Neurona para las elecciones generales de 2019.
El presidente del Gobierno, Pedro S?chez, habl?con el vicepresidente segundo para trasladarle su apoyo. S?chez, en una conversaci? informal con periodistas antes de tomar un avi? para viajar a Argelia, inform?de su charla con el l?er de Podemos, aunque no desvel?los detalles, y mostr? su total respeto por el procedimiento judicial. El presidente a?di?que no est?preocupado por las implicaciones pol?icas de esa resoluci?, informa Carlos E. Cu? Pero en Podemos ?no dan cr?ito? al nuevo giro judicial de un caso en el que se personaron como v?timas y que ha acabado volvi?dose en contra. ?Conozco muy bien a Pablo Iglesias y estoy muy tranquila y confiada en su inocencia. El tiempo, como siempre, hablar? asegur?la ministra de Trabajo, Yolanda D?z, tras conocerse la noticia. El portavoz del partido en el Congreso, Pablo Echenique, dirigi?sus ataques en Twitter contra el magistrado: ?El juez se salta a la Audiencia Nacional y a la Fiscal? porque contra Podemos y contra Pablo Iglesias vale todo?.
Seg? se?la el juez instructor en sus escritos, Pablo Iglesias recibi?el 20 de enero de 2016 de parte de Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta y editor de la desaparecida revista Intervi? la tarjeta de memoria original procedente del tel?ono de Dina Bousselham, en la que comprob?que almacenaba archivos personales y de car?ter muy ?timo de aquella. ?Pese a ello, se la guard? en su poder, sin dec?selo a su propietaria, aun cuando ambos eran personas cercanas? y a pesar ?del conocimiento que ten? de la desaparici? de los objetos de Dina desde noviembre de 2015?, explica el auto. Esta acci?, contin? el juez, puede vincularse a que el l?er de Podemos observ? que dicho dispositivo conten? capturas de pantalla que la asesora guardaba con conversaciones de grupos de mensajer? en los que ? aparec?.
A partir de entonces, tras la difusi? en los medios de las primeras informaciones basadas en el contenido del m?il, el juez asegura que se urdi?una estrategia conjunta dentro de Podemos para vincular la desaparici? del tel?ono y una supuesta operaci? orquestada por la polic? patri?ica contra el partido. En esa campa?, Garc?-Castell? incluye tambi? a Gloria Elizo, ex directora de los servicios jur?icos de Podemos y vicepresidenta del Congreso; a Marta Flor y Ra? Carballedo, letrados de la formaci?; as?como a la propia exasesora Dina Bousselham y a su pareja, Ricardo Dasaferreira, a quien atribuye delitos de falso testimonio.
El juez asegura que, encabezados por Iglesias, se pusieron de com? acuerdo para ?instar a los servicios jur?icos a ampliar la denuncia inicial formulada por Bousselham, tratando de disimular falsariamente una conexi? entre las im?enes publicadas en el digital y la desaparici? del tel?ono el 1 de noviembre de 2015?. Lo hacen, prosigue el juez en su escrito, con una finalidad ?estrictamente de oportunidad pol?ica?.
Ese modus operandi, remacha el juez, se mantiene de forma ?consciente y planificada? cuando la Audiencia Nacional abre la causa contra Villarejo, tras encontrar en su casa una copia de los datos del m?il. Seg? el magistrado, entonces Iglesias se persona ?fingiendo ante la opini? p?lica y su electorado haber sido v?tima de un hecho que sab? inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales?. Seg? el instructor, presentaron la desaparici? del tel?ono de Dina ?como un encargo realizado por el Gobierno del PP al comisario jubilado Villarejo para publicar en el digital Okdiario, en el contexto de una campa? para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos?.
Casado: ?S?chez debe cesar a su vicepresidente?
El l?er de la oposici?, Pablo Casado, apenas ha tardado unos minutos en reaccionar. ?S?chez debe cesar de inmediato a su vicepresidente Iglesias. La Audiencia Nacional acaba de pedir al Supremo investigarle por los delitos de denuncia falsa, revelaci? de secretos y da?s inform?icos. Debe cumplir la misma vara de medir que exig? en su moci? de censura?, ha escrito el dirigente del PP en Twitter. En Podemos manifiestan, en cambio, su sorpresa por la decisi? del juez: ?Hace unos d?s la Audiencia Nacional reclama a Garc? Castell? que le devuelva la condici? de perjudicado a Pablo Iglesias, y el juez responde pidiendo al Supremo que se le investigue?.
Villarejo y dos periodistas, procesados
A la vez que ha enviado al Supremo su exposici? contra Iglesias, el magistrado ha dictado un auto donde procesa al comisario jubilado Jos?Manuel Villarejo, en prisi? provisional desde noviembre de 2017, y a dos periodistas de la extinta Intervi? Alberto Pozas y Luis Antonio Rendueles. El juez explica que, tras llegar a la revista una copia de la tarjeta de Bousselham, estos se la entregaron al antiguo agente de la Polic? Nacional ?quien dijo, a su vez, que la hab? llevado a la Direcci? Adjunta Operativa del Cuerpo, seno de la conocida como polic? patri?ica?. El magistrado les atribuye a los tres posibles delitos de revelaci? de secretos y ha dado ahora a las partes un plazo de 10 d?s para que presenten sus escritos de acusaci?.
LA AUDIENCIA NACIONAL PONE FIN AL INTENTO DE CONVERTIR UNA PIEZA DE LA CAUSA CONTRA VILLAREJO EN EL 'CASO PABLO IGLESIAS'
La Sala de lo Penal interviene para recordar al juez Garc?-Castell? que investiga a una organizaci? que realizaba montajes y que la implicaci? del l?er de Podemos son "meras hip?esis". Desde el fin del confinamiento, la investigaci? al vicepresidente se hab? convertido en una prioridad para el juez dentro de la macrocausa
La pieza n?ero 10 del caso Villarejo, conocida como Dina, vuelve a centrarse en el comisario acusado de liderar una organizaci? criminal dedicada, entre otras actividades, a realizar montajes y campa?s p?licas de desprestigio. Esta es la principal consecuencia de la decisi? que adopt?este mi?coles la Sala de lo Penal, instancia judicial de la Audiencia Nacional que revisa las decisiones de los jueces de instrucci? y que decidi?corregir la que adopt?Manuel Garc?-Castell? el pasado mayo, consistente en retirar a Pablo Iglesias la condici? de perjudicado que el mismo magistrado le hab? concedido en marzo de 2019.
La decisi? del juez de dejar de considerar a Iglesias v?tima de los hechos, adoptada de acuerdo con la Fiscal? Anticorrupci?, implic?un giro del caso y puso al l?er de Podemos en el objetivo de una intensa investigaci? por parte del juez. Sin embargo, ninguna de las diligencias ordenadas por el magistrado ha arrojado un resultado concluyente, lo que ha impedido a Garc?-Castell? dar el paso de solicitar la imputaci? de Iglesias al Supremo, tribunal ante el que est?aforado el vicepresidente segundo del Gobierno.
Con la reorientaci? del caso hacia Pablo Iglesias qued?al tiempo aparcada la l?ea de investigaci? contra Villarejo, imputado desde la misma apertura de la pieza 10 por haber difundido presuntamente informaci? privada del m?il de Dina Bousselham, una excolaboradora de Pablo Iglesias. Entre la documentaci? incautada al polic? noviembre de 2017 hab? aparecido una copia de la tarjeta del m?il de Bousselham, con informaci? coincidente con la publicada por tres medios de comunicaci? en momentos clave para Podemos. Los dos periodistas que reconocieron haber entregado antes esa tarjeta al polic?, entonces en activo, contin?n imputados.
El juez Garc?-Castell? ha buscado indicios contra Pablo Iglesias hasta pr?ticamente el momento en el que la Sala de lo Penal le ha recordado en un auto que el investigado es el comisario y que lo dem? son "meras hip?esis". Ademas, dicen, en el caso de que esas deducciones estuvieran acompa?das indicios razonables deber?n ser investigadas por un juzgado ordinario. El ahora malogrado caso Pablo Iglesias ha centrado la actividad del caso Villarejo desde que finaliz?el confinamiento, una macrocausa con una treintena de piezas que afectan al segundo banco del pa?, empresas del Ibex o el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Los jueces de la Sala de lo Penal tambi? se han visto en la obligaci? de recordar a Garc?-Castell? que precisamente el principal investigado, Jos?Manuel Villarejo, lo es por liderar una organizaci? que recib? encargos para organizar campa?s de descr?ito e intoxicaci? contra terceros con el uso de medios de comunicaci?.
Villarejo declar?al principio de la pieza 10 al juez que entreg?copia de la tarjeta al comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo en ese momento y art?ice de la brigada pol?ica que actu?contra el proceso soberanista, Podemos y en el espionaje a B?cenas para favorecer presuntamente a dirigentes del PP. La representaci? de Iglesias entreg?al juez un escrito con la cronolog? de publicaciones procedentes del m?il de Bousselham que perjudicaban a Podemos y en las que mostraba las coincidencias con, entre otros episodios, las negociaciones con el PSOE en 2016 para formar un gobierno progresista.
A la solicitud de informes periciales a la Polic? Cient?ica, la comisi? rogatoria a Reino Unido por el intento de reparaci? de la tarjeta en una empresa local o la orden a los agentes para que investigaran esta pieza de forma "preferente" hay que sumar la ?tima iniciativa del juez, la declaraci? la semana pasada de Jos?Manuel Calvente, el abogado despedido por Podemos que hab? asegurado en los medios que el caso Dina era "un montaje" orquestado en persona por Iglesias. Durante la declaraci?, Calvente se quej?de que est?siendo atacado en Twitter, donde es muy activo, y el juez le ofreci?investigarlo, as? como protecci? policial.
El caso Dina arranca a instancias de la Polic?
Dina Bousselham, por entonces asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento europeo, denunci?en noviembre de 2015 que le hab?n robado varias pertenencias en el Ikea de Alcorc? y que, entre ellas, estaba su tel?ono m?il. Seg? declararon ante el juez los dos periodistas de Intervi? el original o una copia de esa tarjeta llegaron en enero de 2016 a la revista de forma an?ima. Decidieron que el material no era publicable y la empresa editora se lo entreg?a Iglesias que, pese a reconocer que se trataba del m?il de Bousselham, se qued?con la tarjeta al menos seis meses.
El l?er de Podemos alega que lo hizo para proteger a su colaboradora, muy afectada por las informaciones que la relacionaban sentimentalmente con ? de forma falsa. De acuerdo al relato de Iglesias, cuando Okdiario comienza a publicar el contenido de la tarjeta, el secretario general de Podemos decide que esa protecci? es ya imposible y le entrega la tarjeta a Bousselham, quien despu? declarar? al juez que en ese momento ya no pudo acceder a su contenido.
Que Iglesias retuvo un tiempo indeterminado la tarjeta y que su due? la recibi?en mal estado son datos que el juez conoc? desde marzo de 2019, cuando cit?a declarar a ambos, les ofreci?que actuaran como perjudicados y advirti?a Iglesias de las "implicaciones muy serias" del Ministerio del Interior en el caso Villarejo. Iglesias y Podemos arrancaron la campa? de las ?timas generales se?lando una trama contra la organizaci? pol?ica que inclu? el asunto de la tarjeta de Bousselham. La pieza 10 hab? sido abierta, como todas las dem? del caso Villarejo, por un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Polic? acerca del hallazgo de la tarjeta de Iglesias entre la documentaci? incautada al comisario.
Todo cambia tras el confinamiento
Al regreso del confinamiento, durante el que la oposici? se?l?a Iglesias como uno de los principales responsables de la crisis sanitaria, la Fiscal? y el juez acordaron llamar a declarar de nuevo a Bousselham. El motivo de no haberlo hecho antes, aducen, es que estaba pendiente un informe de la Polic? cient?ica que se demor?casi un a?, hasta el mes de enero de 2020. En su nueva declaraci? ante el juez, Bousselham reconoci?que ella hab? hecho los pantallazos de la tarjeta, publicados luego por el medio que dirige Eduardo Inda, as?como por El Confidencial y El Mundo. Dina Bousselham dijo tambi? que pudo haber enviado esos pantallazos a terceros aunque no lo recordaba.
Con esta nueva informaci?, Anticorrupci? remiti?al juez un escrito en el que argumentaba que si Villarejo no era el ?ico posible responsable de la difusi? y publicaci? de esos mensajes, no hay delito del que pueda resultar perjudicado Pablo Iglesias y que se le deb? retirar la condici? de perjudicado. En el mismo escrito, Anticorrupci? ?acusada en algunos medios y partidos de auxiliar a Podemos?planteaba que Iglesias es presuntamente responsable de los delitos de revelaci? de secretos (por quedarse con documentaci? privada de otro) y/o da?s inform?icos, pero que debe citarse a Bousselham de nuevo porque se trata de tipolog?s delictivas que necesitan que la v?tima denuncie para poder actuar.
El juez Garc?-Castell? ignor?esta parte del documento de la Fiscal?, no cit?a Bousselham e igualmente no valor?un escrito posterior en el que la mujer cambia de versi?, asegurando que s?pudo acceder al contenido de la tarjeta y exculpando a Iglesias. Por contra, el juez oblig?a Bousselham a dejar de compartir abogada con el secretario general de Podemos.
Sin pruebas contra Iglesias
La puesta en marcha de la cooperaci? jur?ica internacional por parte de Garc?-Castell? deriv?en una comisi? rogatoria satisfecha por Reino Unido. En ella, la empresa a la que el marido de Bousselham hab? enviado la tarjeta despu? de recibirla esta de manos de Pablo Iglesias respondi?que no se pod? acceder a ella, que no pusieron en marcha el mecanismo para hacerlo porque el cliente rechaz? el presupuesto, al tiempo que aclaraban que ?ta no les lleg?da?da f?icamente, cuesti? en la que incid? el juez. Despu?, la Polic? Cient?ica certific?que los da?s que interesaban al juez no los hizo Pablo Iglesias sino la empresa al hacer las primeras comprobaciones sobre el dispositivo.
Entre tanto, y seg? deca? la posibilidad de atribuir los citados delitos a Iglesias, algunos medios publicaron que el juez se planteaba atribuir a Pablo Iglesias un presunto delito de obstrucci? a la Justicia por haber recurrido su p?dida de condici? de perjudicado a sabiendas de que no lo era. El juez Garc?-Castell? est?pendiente de recibir el informe que orden?a Asuntos Internos sobre la declaraci? del exmarido de Bousselham y resolver la petici? de Anticorrupci? de que declaren de nuevo este y la excolaboradora de Iglesias.
https://www.eldiario.es/politica/audiencia-nacional-pone-convertir-pieza-causa-villarejo-caso-pablo-iglesias_1_6226296.html
LA AUDIENCIA NACIONAL CORRIGE LA DECISI? DEL JUEZ Y VUELVE A ACEPTAR A PABLO IGLESIAS COMO PERJUDICADO EN EL CASO DINA
La Sala de lo Penal recuerda al magistrado del caso Villarejo que no hay m? indicios que los que se?lan a Villarejo como el autor de la difusi? de la informaci? robada del m?il y que las "hip?esis alternativas" de Garc?-Castell? ser?n, en todo caso, competencia de juzgados ordinarios
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso de la representaci? legal de Pablo Iglesias y ordena que el secretario general de Podemos vuelve a figurar como perjudicado en la pieza del caso Villarejo que investiga la difusi? de informaci? robada del m?il de su excolaboradora Dina Bousselham dirigida contra el vicepresidente del Gobierno y la formaci? pol?ica que lidera, han avanzado a elDiario.es fuentes jur?icas.
El juez del caso, Manuel Garc?-Castell?, hab? retirado la condici? de perjudicado a Iglesias a petici? de la Fiscal? Anticorrupci?. Magistrado y fiscales consideraban que si Bousselham hab? admitido que pudo enviar informaci? del m?il a terceros no pod? asegurarse que fue Villarejo quien se la entreg?a los medios de comunicaci? y, por tanto, no hab? delito del que pudiera resultar perjudicado Iglesias.
Pero a partir de ah? Garc?-Castell? arranc?una intensa investigaci? para intentar recabar indicios contra Iglesias, aforado ante el Tribunal Supremo, y rechaz?los recursos de Iglesias y Bousselham en contra de su decisi?. El juez orden?las pesquisas pese a que, como le hab? advertido Anticorrupci?, si Bousselham no acusaba a Iglesias de haber retenido informaci? de la tarjeta cuando la obtuvo de Intervi?era imposible ejercer acciones penales contra ?.
El auto de la Sala de lo Penal viene a recordar una cuesti? que parec? aparcada desde el final del confinamiento por parte del juez y que se resume en que lo que investiga el caso T?dem es una organizaci? criminal que hac? negocio con la informaci? que Villarejo obten? "aprovechando su condici? policial".
En este sentido, la Sala se ve en la obligaci? de recordar que en el registro de la vivienda del comisario jubilado, entre el material incautado, se encontr?un dispositivo inform?ico de almacenamiento que conten? archivos con documentos procedentes del m?il de Bouselham.
La Secci? Tercera de la Sala de lo Penal explica que algunos de esos documentos archivados en el m?il y cuya sustracci? fue denunciada por Bousselham, entre los que se encontraban capturas de pantalla relativas a conversaciones por servicios de mensajer? en las que hab? intervenido Iglesias, fueron publicados por Okdiario, El Confidencial y El Mundo con posterioridad a la fecha en la que la denunciante fijaba el robo.
Inda se reuni?con Villarejo antes de publicar pantallazos
En este sentido, los magistrados destacan que consta una reuni? de Villarejo y el director de Okdiario, Eduardo Inda, antes de que este medio hiciera p?licos documentos del m?il de Dina "gravemente perjudiciales para Podemos y sus miembros, particularmente para el se?r Pablo Iglesias". Y recuerda que entre los "encargos" que recib? el comisario estaban "campa?s de desprestigio" e "intoxicaci? informativa" contra terceros.
Los jueces de la Sala de lo Penal recuerdan igualmente que fue el propio Garc?-Castell? quien ofreci?la condici? de perjudicado a Iglesias y que entonces ?no pudo basarse sino en la aceptaci? como veros?il" de que las publicaciones period?ticas tuvieran "como fuente la organizaci? del se?r Villarejo" y que produc?n "quebranto" en Iglesias. Esos elementos, que conectaban a Iglesias con el objeto del proceso y permitieron su personaci? como perjudicado, se mantienen en la actualidad, seg? la Sala.
No hay indicios m? all?de los que se?lan a Villarejo
El auto explica que la habilitaci? de Iglesias como perjudicado no resulta compatible con la existencia de hip?esis alternativas como que, seg? las resoluciones del juzgado de instrucci?, hubiera otras fuentes de publicaci? del contenido del m?il, incluyendo a Iglesias y Bousselham.
Por todo ello, los jueces consideran que en la fecha en la que se dictaron los autos impugnados no hay pruebas que sustenten que los hechos se han producido conforme a alguna de esas alternativas se?ladas por el juzgado central de instrucci?, ?por lo que nos encontramos ante meras hip?esis que no desvirt?n la ya referida conexi? del recurrente se?r Iglesias con el objeto del proceso en virtud de la cual -con arreglo a la valoraci? provisional que corresponde efectuar en esta fase procesal y sin perjuicio de lo que en su d? pudiera resultar acreditada- se le reconoci?la legitimaci? como parte en calidad de perjudicado y para actuar en defensa de sus derechos e intereses?.
La Sala a?de que el hecho de que esta pieza separada del caso Villarejo contin? abierta no puede obedecer sino a la existencia de indicios compatibles con la atribuci? a la organizaci? de Villarejo de la "obtenci? il?ita y/o la publicaci? de los datos" de Bouselham, lo que a su vez "resulta compatible a expensas de lo que resulte en su d? acreditado, con el eventual perjuicio del se?r Iglesias?.
En relaci? con las hip?esis alternativas planteadas por el juez Garc?-Castell? respecto del origen de las informaciones publicadas, as?como la naturaleza y autor? de los desperfectos de la tarjeta que Iglesias entreg?a Bouselham, el tribunal indica que no ser?n competencia de la Audiencia Nacional al haberse cometido presuntamente los hechos fuera de la organizaci? criminal investigada y por personas ajenas a ?ta, por lo que las eventuales infracciones penales carecer?n de la conexidad requerida para el enjuiciamiento conjunto, por lo que deber?n ser investigas en otro ?gano judicial.
LA AUDIENCIA NACIONAL VUELVE A ACEPTAR A PABLO IGLESIAS COMO PERJUDICADO POR EL ?CASO DINA?
El tribunal revoca la decisi? del juez Garc? Castell? de retirar al l?er de Podemos la condici? de afectado
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado los recursos de apelaci? de de Pablo Iglesias y Dina Boulselham contra el auto del juez de instrucci? Manuel Garc? Castell? que le retir?la condici? de perjudicado al l?er de Podemos en la pieza que investiga la sustracci? del tel?ono m?il de su exasesora. El tribunal de apelaci? entiende que se mantienen los elementos por los que se sustent?la legitimaci? de Iglesias como perjudicado en la causa que se inici?como una pieza del conocido como caso Villarejo.
En un auto, los magistrados de la Secci? Tercera recuerdan en su escrito que el objeto que dio lugar a esta pieza fue una presunta organizaci? criminal a trav? de la cual los investigados supuestamente comercializaban, aprovechando la condici? policial de Villarejo, servicios il?itos de acceso a documentaci? restringida, seguimientos a personas o intervenciones sin autorizaci? judicial. La Sala a?de que en el registro de la vivienda del comisario jubilado, entre el material incautado se encontr?un dispositivo inform?ico de almacenamiento que conten? archivos con documentos procedentes del m?il de Bouselham.
La Sala explica que algunos de esos documentos archivados en el m?il y cuya sustracci? fue denunciada por aquella, entre los que se encontraban capturas de pantalla relativas a conversaciones por servicios de mensajer? en las que hab? intervenido Iglesias, fueron publicados por OK Diario y otros diarios digitales, con posterioridad a la fecha en la que la denunciante fijaba el robo.
El Tribunal argumenta que la inicial admisi? por el juzgado de instrucci? de Iglesias como perjudicado ?no pudo basarse sino en la aceptaci? como veros?il con arreglo a lo actuado hasta esa fecha, del hecho de que la publicaci? de los archivos inicialmente almacenados en el tel?ono de la se?ra Bouselham tuviese como fuente a la organizaci? del se?r Villarejo, objeto de investigaci? en estas diligencias previas unida tal aceptaci? a la consideraci? como eventualmente delictiva de la obtenci? y/o difusi? de la informaci? y a la apreciaci? de la virtualidad de la difusi? e esos contenidos para causar un quebranto al se?r Iglesias?. Esos elementos, que conectaban a Iglesias con el objeto del proceso y permitieron su personaci? como perjudicado, se mantienen en la actualidad, seg? el tribunal.
GARC? CASTELL? BENEFICIA COMO ACUSACI? POPULAR EN EL 'CASO KITCHEN' A UNA ASOCIACI? CERCANA AL PP
El juez subraya que Pro Lege carece de "intereses pol?icos" y en contra del criterio de la Fiscal? le permite ir por libre sin coordinarse con las otras acusaciones porque las ejercen dos partidos: Podemos y PSOE Su juzgado orden?en cambio hace 15 d?s que Vox fuese de la mano con esa misma asociaci? en la pieza 'Dina', aunque fuentes cercanas al juez aseguran ahora que aquello fue un simple "error" y que en realidad cada una de las dos actuar?de forma independiente
La asociaci? de juristas que, como public?este jueves infoLibre, preside una abogada que en Twitter declar?ser del PP se ha convertido en la gran beneficiaria de una de las ?timas decisiones del juez Manuel Garc? Castell? en Kitchen. Es decir, en la pieza del caso Villarejo donde se investiga el espionaje a Luis B?cenas con el fin de evitar que conservara papeles incriminatorios para dirigentes del PP.
El 30 de septiembre, el magistrado que ahora ha pedido al Supremo que impute al vicepresidente Pablo Iglesias acept? que Pro Lege se incorporase a la instrucci? de Kitchen como acusaci? popular. Lo hizo con un auto que, en contra del criterio de la Fiscal?, permite a esta asociaci? ir por libre sin coordinarse con las otras acusaciones, lo cual incrementa su margen de maniobra para marcar estrategia jur?ica sin compartirla antes de tiempo.
?Cu? fue el argumento con el que Garc? Castell?, que ha denunciado estar recibiendo amenazas de muerte tras pedir la imputaci? de Iglesias, situ?a la asociaci? en una posici? privilegiada? Que las otras acusaciones populares son ejercidas por dos partidos ?Podemos y PSOE? mientras que la casi desconocida Pro Lege carece de "intereses pol?icos". La Fiscal? manten? que aunque esa asociaci? "manifieste carecer de inter? pol?ico" hab? pedido personarse para cumplir el mismo objetivo que las otras dos acusaciones: "Velar por la legalidad en defensa de las instituciones p?licas frente a la corrupci?". Y que, por tanto, todas deb?n coordinarse. El juez respondi?que ese argumento "resulta insostenible".
Lo sucedido en Kitchen contrasta con un episodio datado hace dos semanas. Porque el 24 de septiembre el juzgado de Garc? Castell? hab? ordenado por escrito que Vox fuese de la mano de esa misma asociaci? en la pieza Dina. Fuentes cercanas al juez aseguraron este jueves a infoLibre que aquel documento ?lo que en el argot jur?ico se denomina una diligencia de ordenaci? firmada por el secretario del juzgado? fue emitido por "error". Y agregan que, en realidad y tal como se desprende del auto por el que Vox y Prolege hab?n adquirido el rango de acusaciones populares el 31 de agosto, ambas partes actuar? cada una de forma independiente. No hubo respuesta a la pregunta de qu? ocurrir?ahora que se conoce la conexi? con el PP de Carolina Mata, presidenta de Pro Lege. Mata borr?su cuenta de Twitter poco despu? de recibir varias preguntas de este peri?ico cuyo enunciado hac? referencia a un determinado tuit donde proclamaba lo siguiente: "Estoy muy orgullosa de mi partido. @populares".
En P?ica, el otro gran caso de corrupci? instruido por Garc? Castell? y que gira en torno al PP, hay cuatro acusaciones populares. O sea, complementarias de la que ejerce la Fiscal? y que no se corresponde con v?timas o perjudicados directos (esas son "particulares") sino con personas o entidades que, en casos como los de corrupci?, invocan su voluntad de defender la legalidad. Las cuatro acusaciones de P?ica son una asociaci? de abogados ?Adade? y tres partidos pol?icos: PSOE, IU y Podemos. Las cuatro marchan coordinadas por decisi? expresa de Garc? Castell?. Quien lleva el tim? es Adade.
En la l?ea de P?ica y de otros casos como Lezo o los papeles de B?cenas, lo que prescrib? la diligencia de ordenaci? que por "error" se envi?a todas las partes con fecha de 24 de septiembre se resume as? que para impugnar un recurso planteado por Pablo Iglesias Vox deb? presentarlo "conjuntamente bajo la direcci? de la acusaci? popular Pro Lege, que dirige y coordina las distintas acusaciones populares en el procedimiento". La resoluci? por la que Garc? Castell? hab? admitido a Vox y a Pro Lege como acusaciones del caso Dina no hac? menci? expresa a si deb?n actuar o no de manera conjunta. S?dec? esto: que una vez cada una de las dos entidades abonasen la fianza exigida siempre a las acusaciones populares, "se entender? las sucesivas diligencias a trav? de sus respectivos representantes procesales".
En Dina solo hay dos acusaciones populares: Vox y Pro Lege. La solicitud de imputaci? de Iglesias ha situado esa pieza en el centro del escenario y ha desplazado a Kitchen a dos semanas de que declaren como imputados por el espionaje a B?cenas el antiguo n?ero dos de Interior, Francisco Mart?ez, y luego quien era su jefe, el exministro Jorge Fern?dez D?z. La solicitud de imputaci? de Iglesias ?lo que se conoce como exposici? razonada? se cimenta en la declaraci? judicial prestada como testigo por el antiguo abogado de Podemos Jos?Manuel Calvente. El letrado sostiene que el l?er de Podemos y varios miembros de la c?ula de Podemos urdieron un montaje con el robo del tel?ono de su exasesora Dina Bousselham. Pero en ning? momento revel? qui? le hab? transmitido supuestamente esa informaci?.
Como public?infoLibre este jueves, la decisi? sobre si cabe imputar al vicepresidente y l?er de Podemos ha quedado en manos de una sala del Tribunal Supremo controlada por los conservadores bajo la presidencia del magistrado Manuel Marchena.
LOS TUITS EN APOYO DEL PP QUE ESCRIBI?LA JEFA DE LA NUEVA "ACUSACI? POPULAR" EN 'KITCHEN' Y QUE YA NO EXISTEN
? La presidenta de la asociaci? que acaba de personarse en el caso donde se investiga el espionaje a B?cenas se volc?en una entusi?tica defensa del PP y su l?er
? Su cuenta de Twitter sumaba mensajes que iban del "estoy muy orgullosa de mi partido" a otros como "a ver si espabilamos en el PP" pasando por un llamamiento a una simpatizante de Vox: "Por eso vente al PP". Su perfil desapareci?de la red social este mi?coles
La cuenta de Twitter de Carolina Mata desapareci?tras enviarle infoLibre varias preguntas sobre su cercan? al PP y la entrada de Pro Lege en el 'caso Kitchen' como acusaci? popular.
infoLibre
@Caroli201, la cuenta que en 2012 abri?en Twitter la abogada Carolina Mata, presidenta de la Asociaci? de Juristas Europeos Pro Lege, ya no existe. Desapareci?apenas media hora despu? de que infoLibre enviase este mi?coles a su propietaria una bater? de preguntas. ?Sobre qu? Sobre su apasionada defensa del PP en la red social con mayor presencia de pol?icos y periodistas y su paralela entrada en escena como "acusaci? popular" en la pieza Kitchen. Esto es, en la pieza del caso Villarejo donde la Audiencia Nacional investiga si el Gobierno del PP orden? espiar a Luis B?cenas para evitar que conservara documentos sobre la caja B que pudiesen incriminar al partido. Y a sus dirigentes.
Una vez eliminado un perfil, los mensajes almacenados en el muro desaparecen sin dejar rastro. Pero algunos de los que con mayor nitidez evidencian la simbiosis de Carolina Mata con el PP, con o sin carn? ya hab?n sido extra?os el martes por este peri?ico del ?ora cibern?ico en que se ha convertido Twitter. Durante el ?timo a?, su cuenta sumaba mensajes que iban del "estoy muy orgullosa de mi partido" a otros como "a ver si espabilamos en el PP" pasando por una llamamiento a una simpatizante de Vox para que cambiase de filas: "Por eso vente PP".
Los tuits muestran la satisfacci? con el PP de quien en nombre de una asociaci? "sin inter? pol?ico" ejercer?como tercera acusaci? popular ?Podemos y PSOE son las otras dos? de un caso que por d?s incrementa las dudas sobre la participaci? y/o conocimiento de las altas instancias de la formaci? conservadora en un operativo policial sufragado con fondos reservados y desarrollado a espaldas de juez que ya en 2013 investigaba a B?cenas. En varios mensajes, Mata expuso su firme convicci? de que el PP es el partido que merece la pena ser votado. Por ejemplo, cuando en septiembre de 2019 otro tuitero lanz?que entre sus conocidos hab? "varios votantes de cs y vox que votar? al PP, la letrada respondi?as? "Yo PP por moderaci?, seriedad, confianza y responsabilidad". En otro momento, el 5 de diciembre del a? pasado, escribi?esto: "La mejor defensa de Espa? [us?aqu?el emoticono de la bandera rojigualda en lugar del vocablo] se hace desde el sentido com? y no con palabras que encandilan... que no somos Podemos..."
Su adhesi? a Pablo Casado y los elogios a su liderazgo tambi? se repitieron. "Muuuuy bien Pablo!!!", escribi?el 4 de enero en respuesta a un tuit del PP sobre "el repaso que @pablocasado _ le ha dado a S?chez recordando sus mentiras". Casi un a? antes, el 4 de abril de 2019, hizo su aportaci? al bloque de reacciones cosechado por el PP con un texto que celebraba la intervenci? de Casado en un acto de comienzo de campa? de las elecciones auton?icas de Madrid: "Pablo eres genial!!!", escribi? Como colof?, un emoticono en forma de coraz?.
En la serie recopilada por este medio y m? all?de los tuits contra el Gobierno, el PSOE o Podemos, hay uno indicativo de en qu? lado de la balanza interna del PP se hab? colocado: "Esta era una esp? socialista dentro del PP". "Esta" era Soraya S?nz de Santamar?, vicepresidenta del Ejecutivo de Mariano Rajoy y perdedora de las primarias que habua?n dado la victoria a Casado. La abogada se refiri?de esa forma a S?nz de Santamar? en su comentario a un tuit que, citando un noticia de OK Diario dec? as? "Soraya S?nz de Santamar? impidi? a Villarejo investigar los lazos de Podemos con ETA, Venezuela y Cuba". Ahora, toda la informaci? de la pieza m? relevante y delicada desde el plano pol?ico llegar?de primera mano a Carolina Mata y los asociados de Juristas Europeos Pro Lege. Aunque la asociaci? se cre?en 2018, su web no ofrece ninguna informaci? sobre sus actividades. Ni sobre el n?ero de asociados.
CAMPA? CONTRA EL JUEZ MANUEL GARC?-CASTELL?
Preocupaci? en la Audiencia Nacional por la difusi? de un v?eo de una plataforma af? a Podemos en el que se califica al titular del Juzgado Central de Instrucci? 6 de "juez para la derecha" y que ha "abierto una guerra judicial contra Podemos"
La difusi? de un v?eo sobre el juez de la Audiencia Nacional, Manuel Garc?-Castell?, en el que se le define como ?juez para la derecha? que ?ha abierto una guerra judicial contra Podemos? ha despertado preocupaci? en el Juzgado Central de Instrucci? 6 de la Audiencia Nacional, seg? ha podido saber El Independiente.
El mencionado v?eo, que hace un repaso a la trayectoria profesional del magistrado relacionando sus cambios de destino y ascensos con decisiones de miembros del Partido Popular, apuntando as?hacia comportamientos supuestamente prevaricadores, lleva colgado desde el 1 de septiembre en distintos canales de redes sociales (Youtube, Facebook) de la plataforma Spanish Revolution, una web creada por miembros de la Comisi? de Comunicaci? de Sol del Movimiento 15-M y af? a Podemos. Una p?ina que, seg? sus propios creadores, a pesar de estar ?dormida? y ?sin contenido? hasta el a? pasado ten? m? de dos millones de seguidores en Facebook y que se reactiv?en mayo.
La pieza audiovisual arranca con la pregunta: ??Qui? es Manuel Garc?-Castell?, el juez de la Audiencia Nacional que ha emprendido una guerra judicial contra Podemos?? y hace un relato temporal de su trayectoria en la que se hacen afirmaciones como: ?A? 2012, el Gobierno de Rajoy le nombra juez de enlace en Italia. As? pasa m? de 16 a?s en el extranjero, en puestos con escasa carga de trabajo y con un sueldo de m? de 120.000 euros al a?. Pero, ?por qu?decide volver a Espa?: por deseo de Ignacio Gonz?ez. En 2016, Eduardo Zaplana e Ignacio Gonz?ez, entonces investigado por corrupci? en el caso Lezo, conspiran para apartar al juez que estaba al frente de la investigaci?, Eloy Velasco, y traer de vuelta a Espa? a Garc?-Castell?, que les ayudar? en la causa?.
El relato audiovisual concluye afirmando que ?ha decidido retirar a Pablo Iglesias la condici? de perjudicado en la causa (la pieza Dina del caso Villarejo) y poner el foco sobre ? aunque la propia Fiscal? de la Audiencia Nacional haya dicho que no hay ning? indicio de delito contra el vicepresidente y a pesar de que la prueba que el propio juez Garc?-Castell? solicit?a una empresa inform?ica de Gales haya concluido que Iglesias le entreg?a Bousselham la tarjeta intacta?. Finalmente, en el v?eo se explica lo que supone el lawfare o guerra judicial, un ?instrumento? con el que, seg? los autores de la pieza audiovisual, ?quienes perdieron las elecciones frente a proyectos progresistas, intentan tumbar a esos gobiernos o apartar a determinados l?eres?, achacando al juez por deducci? un comportamiento prevaricador guiado por inclinaciones pol?icas.
M? de 2 millones de seguidores en 2019
En el Juzgado Central 6 el v?eo ha levantado preocupaci? por suponer, m? que un material informativo, una campa? de confusi? y desprestigio contra el juez puesto que se dan datos falsos como el siguiente: ?2018, Garc?-Castell? archiva la investigaci? contra el rey em?ito por la misma causa que hoy investiga la Fiscal? suiza?, cuando fue el anterior instructor de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, y no ?, quien lo hizo. Spanish Revolution es una web que naci?a la par que el movimiento reivindicativo del 15-M. Sus propios creadores contaron el a? pasado a El Confidencial en nombre del colectivo (no les gusta dar nombres concretos) que ?La Comisi? de Comunicaci? de Sol decidi?abrir esta cuenta y la de Acampada Sol tanto en Facebook como en Twitter? y que, permanec?n ?dormidas, sin contenido?, aunque con 2,4 millones de seguidores s?o en Facebook.
Precisamente en esa red social es donde se ha colgado el v?eo sobre el juez Manuel Garc?-Castell? y otros m?, recuperando dicho canal de su letargo. El pasado 26 de mayo de 2020, seg? ha podido saber este diario, se constituy?en un pueblo de Orense la sociedad Spanish Revolution SL con el objeto social de ?actividades de periodismo, prensa, redacci? de art?ulos, publicidad o gesti? de redes sociales?. Como ?ico administrador figura un vecino de Orense, Javier F.F., que apoy? igual que otras m? de 1.000 personas, a Orense en Com? en una de las asambleas de la marca gallega de Podemos.
Queja sobre las cr?icas a otro juez en un medio af? a Podemos
A finales de abril de 2019, la portavoz de la Asociaci? Profesional de la Magistratura (APM), asociaci? judicial a la que pertenece Garc?-Castell?, se quej?en una entrevista con El Independiente de las cr?icas vertidas contra Celso Rodr?uez Padr?, uno de los magistrados que dict?la sentencia condenatoria contra la portavoz de Podemos, Isabel Serra, por lesiones leves contra la Polic?, en un medio af? a Podemos.
En dicho art?ulo, publicado en el digital La ?tima Hora, dirigido por la exasesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, se hablaba del magistrado como antifeminista, se trasladaba ?episodios donde algunos cuestionan su imparcialidad pol?ica? y tambi? elaboraban la misma teor? del ?lawfare? que en el v?eo que carga contra Garc?-Castell?. ??Conoce Rodr?uez Padr? la doctrina lawfare o guerra judicial? Lawfare es aquella doctrina que hace uso abusivo de los procedimientos legales para provocar repudio popular contra adversarios pol?icos. As?se refieren algunos estos d?s a la sentencia que acaba de dictar contra la portavoz en la Asamblea de Madrid de Unidas Podemos, Isa Serra?, se dec? en el art?ulo en el que tambi? se apuntaba a que sus decisiones buscaron favorecer al Partido Popular.
https://www.elindependiente.com/politica/2020/09/08/campana-contra-el-juez-manuel-garcia-castellon/
EL JUEZ IMPUTA A JORGE FERN?DEZ D?Z POR EL ESPIONAJE POLICIAL A B?CENAS
El magistrado rechaza por ?precipitado? citar como investigados a Dolores de Cospedal y su esposo, Ignacio L?ez del Hierro
|El Gobierno y la c?ula del PP durante la etapa de Mariano Rajoy ya se encuentran oficialmente se?lados por el caso Kitchen, la supuesta trama de espionaje parapolicial creada en el Ministerio del Interior para tapar el esc?dalo de financiaci? ilegal del PP y arrebatar a su extesorero Luis B?cenas documentos comprometedores para el partido y sus l?eres entre 2013 y 2014. El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc?-Castell? ha decidido este viernes citar como imputado el pr?imo 30 de octubre al exministro del Interior Jorge Fern?dez D?z, como le hab? solicitado la Fiscal? Anticorrupci?. Sin embargo, tras examinar la causa ha rechazado citar, al menos de momento, como investigados a la ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal y a su esposo, Ignacio L?ez del Hierro, como tambi? le hab? solicitado el ministerio p?lico.
El juez cita, asimismo, como investigado, el 29 de octubre, al exsecretario de Estado de Interior Francisco Mart?ez, y convoca como testigos al exdirector de Comunicaci? de Interior Juan Jos?Esteban y a otras tres personas: el sacerdote Silverio Nieto, el exdirector de Gabinete de Francisco Mart?ez, Jorge Sanch? Bordetas, y a su tambi? colaboradora Ic?r Castro ?varez. Todos estos testigos deber? explicar el contenido de conversaciones que supuestamente mantuvieron con Mart?ez en los d?s en que la investigaci? de la Kitchen comenzaba a centrarse en ? y que el ex n?ero dos de Interior mantuvo guardadas en el tel?ono m?il hasta que su domicilio fue registrado por orden judicial.
El caso Kitchen, una de las 25 piezas en que se divide el macrosumario sobre los negocios del comisario jubilado Jos? Villarejo, es, tras la G?tel y el caso de la caja b del partido, el mayor esc?dalo de corrupci? de cuantos afectan a la formaci? conservadora. Seg? la investigaci?, durante la etapa de Fern?dez D?z en Interior supuestamente se cre? una red de polic?s que se dedic?a seguir los movimientos de B?cenas y a su familia durante la investigaci? judicial iniciada despu? de que EL PA? publicara, el 31 de enero de 2013, los papeles de la contabilidad b del partido que el extesorero llevaba en su oficina de la calle G?ova 13 de Madrid, sede nacional de la formaci? conservadora.
Seg? la investigaci? de la Unidad de Asuntos Internos de la Polic? Nacional, este presunto aparato policial clandestino al servicio del PP estuvo coordinado, en la parte pol?ica, por el ex secretario de Estado de Seguridad y n?ero dos de Interior, Francisco Mart?ez, y en la parte policial, por el antiguo director adjunto operativo, m?imo mando uniformado de la Polic? Nacional, Eugenio Pino, ambos imputados junto a Villarejo y otros miembros destacados de la llamada polic? patri?ica, como el comisario Enrique Garc?-Casta?, El Gordo. El entramado cont?con decenas de agentes dedicados a seguir los pasos de B?cenas pensando que colaboraban con la investigaci? de la caja b, que entonces llevaba juez Pablo Ruz; y los supuestos responsables dispusieron de al menos 53.000 euros de fondos reservados para pagar al principal agente encubierto de la operaci?, Sergio R?s, exempleado de seguridad del PP y ch?er de B?cenas. Estos detalles, sumados a los audios intervenidos a Villarejo y la documentaci? del sumario ?evidencia[n] el conocimiento de los hechos por parte de mandos superiores? de Interior, afirma el juez en el auto.
Adem? del pago en met?ico con dinero p?lico, del que no ha quedado rastro documental en la Secretar? de Estado de Seguridad pese a que el Consejo de Ministros levant?el secreto oficial sobre esos pagos, R?s fue supuestamente enchufado como funcionario en la Polic? Nacional con la mediaci? del entonces poderoso comisario Villarejo. Seg? el magistrado, este supuesto trato de favor ?requer? necesariamente de la participaci? de cargos con capacidad de influencia suficiente en el ministerio?.
Seg? el auto, las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el ?centro nuclear? de la operaci? en el Ministerio del Interior, ?desde donde se habr? dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participaci? directa del ministro y actuando por delegaci? de este, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad?.
Ahora, la investigaci? del caso Kitchen da un salto hacia arriba, quiz?no el ?timo, con la imputaci? de Fern?dez D?z. En su escrito, Anticorrupci? recordaba que el exministro, adem? de ser la cabeza del departamento durante todo el tiempo que dur?el operativo ilegal, mantuvo con su n?ero dos, Francisco Mart?ez, "comunicaciones directamente relacionadas con la infiltraci? en el zulo [donde B?cenas guardaba la supuesta informaci? sensible]. Estas conversaciones coinciden en el tiempo con el momento en que Sergio R?s obtuvo la informaci? que se buscaba y que almacen?en dispositivos electr?icos que fueron supuestamente entregados a Eugenio Pino.
?Estuvimos en una piscina de tiburones?
Los mensajes de tel?ono y los archivos intervenidos a Mart?ez son una de las principales armas de la Fiscal? contra Fern?dez D?z. Seg? el escrito, por ejemplo, el ex secretario de Estado deposit?ante notario un SMS que habr? recibido del ministro que dec?: ?La operaci? se hizo con ?ito. Se ha volcado todo?. La informaci? del m?il refleja tambi? como, a medida que el partido le va dejando de lado tras estallar el esc?dalo, su enfado aumenta contra sus antiguos superiores. ?Mi grand?imo error fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal?, le confi?a su amigo el presidente de la Audiencia Nacional Jos?Ram? Navarro. En una de estas conversaciones, en febrero de 2019, Mart?ez se define a s?mismo como ?un pringao? y le dec? a su colaboradora Ic?r Castro: ?Estuvimos en una piscina de tiburones?.
El magistrado aparca por ahora la imputaci? de Cospedal porque, dice, ?este es el momento de ahondar en indicios tangibles, sustentados en evidencias s?idas sobre las que ir construyendo una investigaci? de la que se desprenden hechos graves presuntamente cometidos por servidores del Estado y que exigen una investigaci? profunda?. El juez ve ?precipitado? en este momento y sin haber interrogado a los testigos ?avanzar hacia hip?esis que apunta[n] otras personas y cuya implicaci? en este momento se sustenta en referencias de terceros?. El juez recuerda que el inspector Andr? G?ez Gordo, polic? de confianza y asesor de Cospedal en su etapa al frente de la Junta de Castilla-La Mancha, y que fue quien supuestamente puso en contacto a Sergio R?s con Villarejo, declar?en su juzgado que ni la ex secretaria general del PP ni su marido le dijeron que hablara con el ch?er de B?cenas.
Garc? Castell? entiende que, antes de resolver sobre la citaci? solicitada por la Fiscal? respecto de Cospedal y su marido, se impone, a la vista del avance de la investigaci?, citar de nuevo a Francisco Mart?ez. Hasta el momento, el antiguo secretario de estado se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez Garc?-Castell?, especialmente mientras el sumario se mantuviera bajo secreto. En conversaci? con este peri?ico, el ex n?ero dos de Interior ha manifestado que se qued??at?ito? cuando Jorge Fern?dez D?z le cont?la operaci? de espionaje a B?cenas y ha expresado su voluntad de cooperar con la investigaci?: ?Voy a contarle al juez todo lo que s?
PSOE Y ADADE RECURREN LA DECISI? DE NO ABSTENERSE DEL JUEZ DE P?ICA EN LA PIEZA QUE AFECTA A EL CORTE INGL?
Recuerdan que existe una conexi? comercial entre Garc? Castell? y la mercantil y piden a CEURA que aporte el historial de remuneraciones y los detalles de su relaci? contractual
La asociaci? de abogados ADADE y el Partido Socialista Obrero Espa?l (PSOE) han presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contra la decisi? del juez Manuel Garc? Castell? de no apartarse de la pieza del caso P?ica que afecta a El Corte Ingl?. En el escrito al que ha tenido acceso ElPlural.com se especifica que el magistrado presta servicios para el Centro Universitario Ram? Areces (CEURA), estrechamente vinculado a la empresa en cuesti?, a?diendo que ?tal relaci? es un principio de prueba que expresa concreta y claramente la causa legal de abstenci? como es tener inter? directo o indirecto en la causa (art. 219-10 de la LOPJ): prestar servicios a uno de los afectados por las investigaciones y percibir por ello una remuneraci? conlleva como m?imo una p?dida de apariencia de imparcialidad?.
Por todo ello, tanto ADADE como el PSOE instan de nuevo a Garc? Castell? a apartarse de la causa que ata? a El Corte Ingl?, puesto que ?no cabe que instruya una causa quien seguramente cobra una remuneraci? de un part?ipe, precisamente adem? durante esta fase, que es cuando se deben de practicar e impulsar las diligencias de investigaci? necesarias para verificar si existen o no indicios suficientes para formular acusaci??.
En el escrito remitido al juzgado central n?ero 6 de la Audiencia Nacional se recuerda que, pese a que no se ha llamado a la causa a la mercantil El Corte Ingl? S.A., entre las irregularidades urban?ticas que est? siendo investigadas en la pieza separada del caso P?ica que lleva por nombre ?Hechos concernientes al urbanismo de Valdemoro y blanqueo de capitales?, se persigue la pista del proyecto Majuelo Norte (El Corte Ingl? era propietario de suelo r?tico en el sector el Majuelo Norte de Valdemoro) y tambi? el sector ?La peluquera? (donde actualmente tiene el Grupo El Corte Ingles una gran base log?tica instalada a partir del desarrollo del PGOU 2004 de Valdemoro).
Garc? Castell? defiende que ?no hay conflicto de inter??
El pasado martes se hacia p?lica la resoluci? de Garc? Castell? tras ser instado por ADADE y el PSOE a inhibirse del caso por su relaci? con la parte afectada. En la resoluci?, el magistrado explicaba que no se apreciaba ?conflicto de inter? alguno? recordando que el Consejo General del Poder Judicial acept?su ?compatibilidad?.
De forma previa, el pasado marzo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tumb?la resoluci? de Garc? Castell? de archivar toda una bater? de diligencias fechados antes de 2004, cuando se aprob?el plan de urbanismo que est? siendo investigado, por considerarlas prescritas. Tras el recurso de Fiscal?, se decidi?reabrir la investigaci? sobre todo lo sucedido entre Francisco Granados y empresarios de la trama de forma previa a 2004. Cabe recordar que Valdemoro, epicentro de la causa, fue gobernada como alcalde por Granados entre 1999 y 2003.
Documentaci? requerida a Garc? Castell?
En el escrito presentado este mismo viernes por ADADE y el PSOE se insta al Centro de Estudios Universitarios Ram? Areces a que, ?dada la respuesta obtenida donde se niega lo evidente y a fin de despejar cualquier tipo de duda sobre la apariencia de imparcialidad y la ausencia de cualquier tipo de inter? en la causa?, aporte la siguiente documentaci? para aclarar cu? ha sido la relaci? comercial y el tipo de contrato que un? a su centro con el magistrado: desde cu?do imparte clases, cu? o cu?es han sido sus cometidos, si hab? contrato escrito o meramente verbal, si las clases han sido presenciales, si entre los estudiantes figura alguno de los investigados en la causa y el hist?ico de la remuneraci? recibida anualmente como contraprestaci? por su labor lectiva.
Tambi? se solicitada que ?se libre oficio al Consejo General del Poder Judicial, a la Agencia Estatal de la Administraci? Tributaria y a la Tesorer? General de la Seguridad para que certifiquen ?qu?concreto r?imen de colaboraci?, retribuida o pro bono, manten? o mantiene el Magistrado instructor de la causa con la Fundaci? Ram? Areces y/o el Centro de Estudios Universitarios Ram? Areces (CEURA)?.
ANTICORRUPCI? EVITA POSICIONARSE EN LA RECUSACI? DEL JUEZ DE P?ICA POR COLABORAR CON EL CORTE INGL?
La Fiscal? asegura en su informe preceptivo que deber?ser el juez quien se pronuncie sobre la solicitud de apartarse que ha hecho la acusaci? popular. Adade y PSOE alegan que Garc?-Castell? cobra por dar clases en un centro universitario "perteneciente" a los grandes almacenes
La Fiscal? Anticorrupci? ha evitado posicionarse en el conflicto suscitado en el seno del caso P?ica con la petici? de la acusaci? popular para que el juez, Manuel Garc?-Castell?, se aparte por sus v?culos con El Corte Ingl?. El Ministerio P?lico, obligado a informar, recurre a que Adade y PSOE solo han solicitado que plantee su abstenci? para dar una respuesta gen?ica.
La abogada de la acusaci? popular denuncia por amenazas al exasesor jur?ico de El Corte Ingl? imputado en P?ica
La abogada de la acusaci? popular denuncia por amenazas al asesor jur?ico de El Corte Ingl? imputado en P?ica
SABER M?
?Es al magistrado a quien corresponde valorar si debe comunicarlo, por concurrir en el mismo alguna de las causas previstas en el art?ulo 219 de la Ley Org?ica del Poder Judicial (LOPJ). De ser as? debe entonces proceder conforme a lo establecido en el art?ulo 221 de la LOPJ?, dice el escrito de las fiscales del caso, al que ha tenido acceso elDiario.es.
En el escrito que presentaron Adade y el PSOE se afirma: ?Es un hecho notorio que su se?r? viene prestando servicios de tutor? online en el Centro Universitario Ram? Areces, perteneciente y dependiente de El Corte Ingl?. Desconocemos desde qu?fecha, pero en cualquier caso consta en la p?ina web del Consejo General del Poder Judicial la aprobaci? de la compatibilidad para prestar servicios para esta empresa y cobrar por ello, al menos desde su reincorporaci? a la plaza de la que es titular en el Juzgado de Instrucci? n?ero 6 (junio de 2017)?.
El Corte Ingl?, o sus distintas denominaciones sociales como Induyco o Hipercor, era propietaria desde 1973 de las fincas conocidas como El Majuelo Norte, de m? de 16.000 metros cuadrados, declaradas r?ticas en 1999 y reconvertidas a urbanizables en el PGOU de 2004. Antes de la recalificaci?, el Ayuntamiento acord?con la empresa una permuta por la que se quedaba con la zona a cambio de 188.775 metros cuadrados en un pol?ono donde El Corte Ingl? instal?un centro log?tico.
La acusaci? popular hab? pedido en febrero al magistrado que citara al exasesor jur?ico de El Corte Ingl?, Faustino Jos?Soriano, por su presunta participaci? en el presunto ama?, acaecido mientras Francisco Granados era alcalde de Valdemoro. A ?ta y otras diligencias, el magistrado contest?con que los hechos estaban prescritos al haber transcurrido m? de 15 a?s. Las acusaciones recurrieron ante la Sala de lo Penal y la Secci? Cuarta resolvi?que el juez estaba dando por hecho que las irregularidades se hab?n cometido antes de la aprobaci? del PGOU y que, en cualquier caso, la presentaci? de la querella por el caso P?ica de la Fiscal? en 2014 interrump? dicho plazo de prescripci?. Anticorrupci? cree que Valdemoro perdi?7 millones por las irregularidades del plan de 2004 y que dej? de ingresar otros 60 en plusval?s.
El escrito presentado por la acusaci? popular para que Garc?-Castell? se aparte de la pieza 4 esgrime: ?De la documentaci? obrante en la causa, consta acreditado que los cambios introducidos por dicho Plan, afectaron muy directamente a los intereses inmobiliarios de El Corte Ingl? y de varios miembros de su personal dirigente. De hecho, las modificaciones en el Plan permitieron la instalaci? de una de las principales sedes log?ticas de la Sociedad INDUYCO y sus diferentes denominaciones sociales?.
Soriano ha comparecido en las ?timas dos semanas otras tantas veces en la Audiencia Nacional para comparecer como imputado pero no ha llegado a hacerlo. En la primera, Garc?-Castell? no estaba por encontrarse fuera de Espa? por viaje de trabajo y su juez de refuerzo, Alejandro Abascal no hab? sido informado del escrito de la acusaci? popular, por lo que suspendi?la vista hasta el pasado viernes. En la segunda, la abogada de Adade y PSOE expuso que el juez de refuerzo, sobre cuya permanencia cada seis meses informa Garc?-Castell?, no gozaba de la independencia necesaria para sustituir al titular. Abascal volvi?a suspender la declaraci?.
EL JUEZ DEL CASO P?ICA RESPONDE A LA FISCAL? Y AL PSOE: ?PRETENDEN APARTARME SIN ARGUMENTOS?
El juez Garc?-Castell? prorrogar?la instrucci? de P?ica tras el 'par?' del estado de alarma
El juez del caso P?ica, Manuel Garc?-Castell?, ha respondido con rotundidad al PSOE, a la asociaci? Adade y a la Fiscal?: no se va a apartar de la causa porque no existen motivos para hacerlo
El juez del caso P?ica, Manuel Garc?-Castell?, ha respondido con rotundidad al PSOE y a la asociaci? Adade ?personados en la causa? que plantearon al magistrado su abstenci? en la pieza en la que se investiga el plan urban?tico de Valdemoro, as?como a la Fiscal? que se puso de perfil. ?Atendida la falta de fundamento legal de abstenci? no ha lugar a acceder a lo solicitado?, responde el instructor en un auto dictado este lunes 3 de agosto al que ha tenido acceso OKDIARIO.
En un duro escrito, Garc?-Castell? tumba la propuesta sin fundamentos solicitada por las acusaciones populares ejercidas por el partido socialista y la Asociaci? de Abogados Dem?ratas por Europa (Adade) que propusieron al juez apartarse de la pieza separada n?ero 4 en la que se investiga al ex jefe de la asesor? jur?ica de El Corte Ingl?, Faustino Jos?Soriano, por su presunta participaci? en el presunto ama? ocurrido en Valdemoro mientras Francisco Granados era alcalde del municipio madrile?.
Las acusaciones personadas alegaban en su escrito que el instructor tiene concedida por parte de la Comisi? Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la compatibilidad de su cargo judicial con el ejercicio de una docencia como tutor ?on-line? en el Centro Universitario Ram? Areces, perteneciente a los grandes almacenes. Un extremo que el magistrado no esconde y que cualquiera puede acceder a dicha informaci? con una sencilla b?queda en Internet o en la p?ina oficial del ?gano de jueces.
Tras recibir dicha solicitud, el magistrado dio traslado al Ministerio Fiscal que evit?posicionarse y se?l?que es el magistrado instructor ?a quien corresponde valorar en este caso si concurre alguna de las causas de abstenci??.
Falta de argumentos
El juez se muestra asombrado por la posici? tanto de PSOE y Adade como de la Fiscal?: ninguno de los tres se ha atrevido a presentar una recusaci? sino que le ofrecen a que decida por ?motu proprio? abstenerse de la causa.
El magistrado se?la en el auto que le ?llama la atenci?? que las fiscales del caso P?ica no hayan hecho uso del mecanismo que la ley expresamente contempla para instar este supuesto incidente, si es que as?lo considerasen, con la aplicaci? de la recusaci? prevista en el art?ulo 223 de la Ley Org?ica del Poder Judicial (LOPJ).
La raz?, para Garc?-Castell?, es sencilla: ?La mera constataci? de que las partes que piden la abstenci? no hayan valorado promover la recusaci? (como legalmente se prev? y el hecho de que el Ministerio Fiscal tampoco lo solicite, ni siquiera identifique en el informe causa legal alguna, ya evidencia la escasa solvencia del argumento con el que se pretende apartar al instructor de la causa?. As? de tajante ha respondido el magistrado.
Adem?, el titular del Juzgado de Instrucci? n?ero 6 de la Audiencia Nacional explica que ni la Fundaci? Ram? Areces ni El Corte Ingl? son objetos de investigaci? en la referida pieza separada, ?por lo que no hay conflicto de inter? alguno en la docencia cuya compatibilidad fue examinada y reconocida por el m?imo ?gano del Gobierno del Poder Judicial?.
Rapapolvo a Adade
El juez le echa un rapapolvo a la asociaci? Adade a la que reprocha que ?ni siquiera ha atendido a cumplimentar con lo que la norma exige, como m?imo, para poder interesar la recusaci? de un juez o magistrado: Expresar concreta y claramente la causa legal y los motivos en los que se funda, acompa?da de un principio de prueba sobre los mismos?.
En definitiva ?a?de? el escrito no se basa en ni un solo motivo que se identifique como una causa de abstenci? o recusaci?, s?o se limita a afirmar que ?este magistrado tiene concedido por la comisi? permanente la compatibilidad para su cargo judicial con el ejercicio de la docencia como tutor on-line?.
Fuentes consultadas por este peri?ico explican que el motivo por el que las acusaciones quisieron que el juez se apartase de la causa es porque consider?que la investigaci? objeto de esta pieza ya hab? prescrito, dado que tuvo lugar antes de 2004, por tanto se opuso a investigarlo puesto que los delitos se cometieron hace m? de 15 a?s y no tendr?n consecuencias jur?icas. La postura del magistrado se entiende si se tiene en cuenta que esta macrocausa se ha dilatado durante m? de seis a?s. La instrucci? est?a punto de llegar a su fin y debe finalizar el pr?imo 27 de agosto.
LA ABOGADA DE LA ACUSACI? POPULAR DENUNCIA POR AMENAZAS AL EXASESOR JUR?ICO DE EL CORTE INGL? IMPUTADO EN P?ICA
Los hechos han tenido lugar tras volverse a suspender la declaraci? de Faustino Jos?Soriano en la Audiencia Nacional. "A ver si te pasa algo", le ha dicho Soriano a la letrada de Adade y PSOE que hab? solicitado su declaraci? como investigado. "Es radicalmente falso", asegura el abogado del denunciado
La letrada que representa a la acusaci? popular de Adade y PSOE ha presentado este viernes una denuncia ante la Polic? por amenazas vertidas en la Audiencia Nacional por Faustino Jos?Soriano Atencia, imputado en el caso P?ica por su cargo de asesor jur?ico de El Corte Ingl? cuando se modific?el Plan General de Ordenamiento Urban?tico en Valdemoro (Madrid), seg? han informado a elDiario.es fuentes jur?icas. ?A ver si te pasa algo?, le ha dicho el investigado a la abogada de la acusaci?, seg? el relato presentado por ?ta en comisar?.
Los hechos tuvieron lugar despu? de que volviera a suspenderse la declaraci? de Soriano Atencia, a quien el juez Manuel Garc?-Castell? hab? citado como investigado por petici? de la acusaci? popular que representa la letrada denunciante. elDiario.es se ha puesto en contacto con el abogado defensor de Soriano Atencia quien ha declarado sobre la versi? de la letrada: "Es radicalmente falso".
Adade y PSOE han pedido al juez Garc?-Castell? que se aparte de la pieza 4, que investiga las irregularidades en el Plan General de Ordenamiento Urbano en Valdemoro (Madrid) y de las que se podr? haber beneficiado El Corte Ingl?. La acusaci? alega que el magistrado imparte una tutor? online remunerada en el Centro Universitario Rm? Areces, ?perteneciente y dependiente de El Corte Ingl??.
En la primera comparecencia de Faustino Jos?Soriano, la pasada semana, Garc?-Castell? estaba de viaje por trabajo fuera de Espa? y acudi?a la misma el juez de refuerzo, Alejandro Abascal, quien suspendi?la declaraci? al tener conocimiento del escrito presentado por la acusaci? popular.
Entre tanto, y de acuerdo a lo que establece la Ley, Garc?-Castell? se ha apartado mientras decide sobre la recusaci?. El magistrado podr? rechazarla directamente o informar a la Sala de lo Penal para que decida, pero sin participar mientras en la instrucci?.
Al inicio de la sesi? de hoy, la abogada ha pedido que vuelva a suspenderse la declaraci? al considerar que el juez de refuerzo, que depende de las comisiones de servicio que se renuevan cada seis meses con informe del titular del juzgado, carece de la independencia necesaria para sustituirle. Abascal ha suspendido de nuevo la declaraci? si bien lo ha atribuido a una petici? de las defensas.
Tras esta decisi?, la letrada sal? de la sala de vistas junto al abogado de Fustino Jos?Soriano cuando ?te se les ha acercado. El letrado del investigado ha solicitado a la abogada de la acusaci? popular que dejaran para otro momento la conversaci? y cuando ella se iba, el investigado le ha dicho: ?A ver si va a pasar algo?. La mujer se ha vuelto y le ha pedido que lo repitiera, lo que ha hecho el imputado, seg? ha declarado la letrada en comisar?.
El Corte Ingl?, o sus distintas denominaciones sociales como Induyco o Hipercor, era propietaria desde 1973 de las fincas conocidas como El Majuelo Norte, de m? de 16.000 metros cuadrados, declaradas r?ticas en 1999 y reconvertidas a urbanizables en el PGOU de 2004. Antes de la recalificaci?, el Ayuntamiento acord?con la empresa una permuta por la que se quedaba con la zona a cambio de 188.775 metros cuadrados en un pol?ono donde El Corte Ingl? instal?un centro log?tico.
EL JUEZ DE P?ICA SE APARTA DE LA CAUSA POR SUS V?CULOS CON EL CORTE INGL?
Tras la recusaci? de la acusaci? popular, cede el mando temporalmente al magistrado de refuerzo a la espera de que se pronuncie el fiscal
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel Garc? Castell?, deja en manos del magistrado de refuerzo Alejandro Abascal la instrucci? de la pieza 4 del 'caso P?ica' mientras se resuelve el expediente de recusaci? presentado por dos acusaciones populares personadas.
En una providencia de este mi?coles, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, el titular del Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6 explica que "en tanto se recibe informe del Ministerio Fiscal y se resuelve sobre la citada recusaci?", continuar?al frente de la investigaci? de la pieza el juez Abascal, que ejerce como refuerzo en este ?gano judicial desde hace a? y medio debido a la acumulaci? de macrocausas.
PSOE y Adade presentaron incidente de recusaci? la semana pasada por la posible vinculaci? de Garc? Castell? con una de las empresas, m? concretamente El Corte Ingl?. La firma espa?la podr? haber tenido "intereses inmobiliarios" en un plan de urbanismo de Valdemoro (Madrid), que se investiga en la pieza 4.
Seg? las acusaciones, el instructor presta "servicios de tutor? online" en un centro universitario "perteneciente y dependiente" de una sociedad cuyos "intereses inmobiliarios" y de varios sus directivos se vieron afectados "muy directamente" en los cambios introducidos por el Plan General de Ordenaci? Urbana (PGOU) de Valdemoro aprobado en mayo de 2004.
Por eso, tal y como explican en su escrito, ven "prudente" y "conveniente" que el magistrado se abstenga de esta instrucci?, relacionada con el plan urban?tico en el municipio madrile? entre 1999 y 2014.
Tras comprobar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha autorizado al juez a impartir clases al menos durante los tres ?timos cursos, consideran que Garc? Castell? no debe continuar instruyendo esta pieza porque "le hacen dependiente de una de las partes beneficiarias del proceso de cambio" del plan de urbanismo de Valdemoro.
Las acusaciones populares apoyan su petici? recordando que la Constituci? Espa?la recoge en su art?ulo 24.2 el derecho a un juez "no s?o imparcial, sino con apariencia de imparcialidad", e indican que ello est?amparado por la "constante" jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
"En la presente situaci?, no parece asegurado que concurran suficientes garant?s para excluir cualquier duda respecto de la imparcialidad de su se?r?", explican.
ADADE Y EL PSOE PIDEN AL JUEZ DE 'P?ICA' QUE SE APARTE DE LA PIEZA QUE AFECTA A EL CORTE INGL? PORQUE DA CLASES EN SU CENTRO UNIVERSITARIO
Las acusaciones populares env?n su escrito a Garc? Castell? un d? antes de que comparezca en la Audiencia el exdirectivo de la cadena de distribuci? imputado por una operaci? urban?tica bajo sospecha
El magistrado tiene concedida desde septiembre de 2017 la compatibilidad como "tutor on-line del Centro Universitario Ram? Areces"
La asociaci? de abogados progresistas Adade y el PSOE, que ejercen la acusaci? popular en P?ica, acaban de pedir al juez Manuel Garc? Castell? que se aparte de la pieza del caso donde se investiga el urbanismo en Valdemoro, donde est?reci? imputado un exdirectivo El Corte Ingl? por una recalificaci? bajo sospecha.
Adade y los socialistas reclaman al magistrado que se abstenga porque "es un hecho notorio que su se?r? viene prestando servicios de tutor? online en el Centro Universitario Ram? Areces, perteneciente y dependiente del Corte Ingl?". infoLibre comprob?a ?tima hora de este mi?coles que la web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) refleja que el magistrado, titular del juzgado 6 de la Audiencia Nacional, tiene concedida la compatibilidad como tutor online del Ram? Areces desde septiembre de 2017. La web no ofrece informaci? sobre las remuneraciones que la docencia reporta a los jueces que la ejercen bajo autorizaci? del ?gano de gobierno.
El exdirectivo de El Corte Ingl? Faustino Jos?Soriano, que rompi?amarras con la cadena hace ya a?s, la represent?en los convenios y contratos que entre 2001 y 2006, con 2004 como punto ?gido, sirvieron para cerrar en Valdemoro (Madrid) una operaci? urban?tica de la que se benefici?la trama investigada. Soriano est?citado a declarar para este viernes 24 de julio. Este peri?ico no ha logrado conocer a trav? de su entorno qu?decisi? adoptar?Garc? Castell? tras el escrito presentado por Adade y el PSOE. El plazo de instrucci? de la causa expira en principio el 27 de agosto. No se sabe a? si alguna de las partes pedir?una nueva pr?roga en cumplimiento de la reci? aprobada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que as?lo autoriza.
El escrito de las acusaciones argumenta as?la petici? para que el juez se abstenga en la denominada Pieza Separada 4 de P?ica. "En el caso que nos ocupa, y sin sembrar la m? m?ima duda sobre la profesionalidad de su se?r?, pero dado que las clases que imparte le hacen dependiente de una de las partes beneficiarias del proceso de cambio del PGOU de Valdemoro de 2004 consideramos que ser? conveniente que ante las dudas sobre la imparcialidad que esto provoca su Se?r? plantease su abstenci? en todo lo que afecte o pudiera afectar al Corte Ingl?, a sus directivos y empleados. Hasta donde sabemos, todo ello afecta a la PS 4 de las DP 85/14 conocidas como causa P?ica, cuya instrucci? asumi?su se?r? desde su regreso a Espa?, al tiempo que solicitaba autorizaci? para hacerlo compatible con dar clases en el centro universitario dependiente de El Corte Ingl?"
Faustino Jos?Soriano es el antiguo jefe de la asesor? jur?ica de El Corte Ingl?. Comparecer?este viernes, 24 de julio, como investigado por una operaci? urban?tica bajo sospecha e investigada en la causa. Solicitada por las acusaciones populares ?Adade y PSOE? y respaldada por la Fiscal? Anticorrupci?, su imputaci? aparece relacionada con la recalificaci? de unos terrenos r?ticos que la cadena de distribuci? pose? en el municipio madrile? de Valdemoro. Iniciada en 2001 durante el mandato como alcalde de Valdemoro de Francisco Granados, aquella operaci? benefici?sobre todo a uno de los socios ocultos de quien pronto se convertir? en el n?ero dos del PP madrile?: el constructor Ramiro Cid, a quien los investigadores atribuyen uno de los grandes pagos en especie de P?ica, la construcci? de una mansi? que nunca lleg?a estar escriturada a nombre de Granados y cuya existencia destap? en 2009 el diario P?lico.
Una negativa a la imputaci? que fue revocada
El juez hab? denegado la imputaci? de Soriano, con quien no ha logrado contactar este peri?ico pero que a comienzos de junio y en declaraciones a El Pa? neg?toda ilegalidad al tiempo que minimizaba su participaci? en aquellos hechos. Pero la Sala Penal de la Audiencia Nacional termin? d?dole la raz? a la Fiscal? y a las acusaciones populares, lo que obligaba al juez Manuel Garc? Castell? a citar al exdirectivo como imputado. El instructor de P?ica sosten? que "la afirmaci? sobre la existencia de informaci? privilegiada por parte de personas relacionadas con la mercantil El Corte Ingl?" se basa "en el m? absoluto vac? indiciario".
Junto con otro directivo ya fallecido, Soriano particip?en convenios p?licos y privados ?estos ?timos, con Obras y V?s, de Cid Sicluna? que en 2004 condujeron a la recalificaci? de los terrenos que El Corte Ingl? pose? en la zona de Valdemoro conocida como El Majuelo Norte. Dos a?s despu? de que el suelo fuese recalificado para uso residencial, el Ayuntamiento adjudic?parte de ? de forma directa al empresario Ramiro Cid Sicluna. A trav? de su empresa Obras y V?s, Cid Sicluna se hab? comprometido con El Corte Ingl? en 2001 a convertir aquel suelo en urbanizable. Y todo indica que lo consigui?
La operaci? inclu? tambi? la permuta de parcelas propiedad de la cadena por otras del Ayuntamiento en un ?ea industrial donde El Corte Ingl? preve? levantar una plataforma log?tica que no lleg?a existir. Al igual que en ocasiones anteriores, la cadena neg?este martes cualquier irregularidad en ning? eslab? de la cadena. Sus portavoces aseguran que lejos de obtener un trato privilegiado sali? perdiendo en Valdemoro. Las fuentes recalcaron de nuevo hace una semana que la vinculaci? profesional con Soriano dej? de existir hace a?s.
Sobre el papel de Soriano, la Fiscal? hab? destacado en su escrito que colabor?"en un plan que desviar? de las arcas p?licas m? de siete millones de euros y sustraer? al Ayuntamiento unas plusval?s que pudieron superar los 60 millones de euros".
En el auto por el que le cita a declarar el juez considera clave "esclarecer" si realmente hubo una actuaci? concertada a tres bandas: el Ayuntamiento de Valdemoro, los socios ocultos de Granados ?Ramiro Cid y el arrepentido David Marjaliza? y El Corte Ingl?. Ni del escrito de la Fiscal?, escribe Garc? Castell?, ni de la documentaci? que lo acompa? se desprende "en este momento la existencia de indicios que permitan sostener la actuaci? concertada de la mercantil El Corte Ingl?" para que Ramiro Cid se hiciera con toda la finca registral que centr?la operaci?.
LA LEY QUE AMPL? EL PLAZO PARA LAS INVESTIGACIONES JUDICIALES AMENAZA CON EMPEORAR LA SITUACI? DEL PP EN 'P?ICA'
Los ?timos pasos de la instrucci? indican que el juez es partidario de cumplir un auto de 2019 que lleva a cerrarla el 27 de agosto. Pero la reforma legal en vigor desde este mi?coles permite mantenerla abierta otro a?
Las nuevas revelaciones sobre la finciaci? interna en la etapa de Aguirre y los puntos negros a? pendientes en el caso apuntan a que la Fiscal? y las acusaciones populares pedir? que la investigaci? prosiga
La complicada situaci? del PP de Madrid en el caso P?ica, una de cuyas piezas gira en torno a si se financi? ilegalmente, amenaza con empeorar. Este mi?coles entra en vigor la reforma legal que, al ampliar a 12 meses el plazo inicial de instrucci?, concede un a? m? para proseguir las pesquisas en aquellas causas que a d? de hoy ya se est? tramitando en los juzgados. Es decir, para seguir atando cabos que en el caso del PP madrile? afectan de manera prioritaria a Esperanza Aguirre. Y ese a? adicional se concede sea cual sea el momento exacto en que con la anterior legislaci? en la mano debieran archivarse unas determinadas diligencias judiciales.
Con esa normativa previa, aprobada por el Gobierno del PP en 2015 y ahora modificada, el cerrojazo definitivo a la instrucci? en P?ica ten? ya una fecha fija: el 27 de agosto. Ahora, es a partir de esta ma?na cuando comienzan a contarse desde cero los 12 meses de m? previstos por la nueva ley. La mayor parte de los penalistas consultados por este peri?ico coinciden en su diagn?tico: el texto aprobado resulta inequ?oco y el a? adicional es siempre aplicable. La nueva norma incluye el p?rafo que sigue: "La modificaci? del art?ulo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contenida en el art?ulo ?ico ser?de aplicaci? a los procesos en tramitaci? a la entrada en vigor de la presente ley. A tal efecto, el d? de entrada en vigor ser? considerado como d? inicial para el c?puto de los plazos m?imos de instrucci? establecidos en aqu?".
Pero no todo est?claro y el caso P?ica puede convertirse en el term?etro de la efectividad real de una reforma aprobada con el voto en contra del PP. Las fricciones entre el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Manuel Garc? Castell?, y la Fiscal? Anticorrupci? auguran que el cambio legislativo puede abrir una nueva brecha. El juez, que a comienzos de a? abri?la puerta a enterrar por prescripci? una parte del caso ?la de los manejos urban?ticos en el municipio de Valdemoro? para luego verse obligado a dar marcha atr?, es partidario de seguir bajando la persiana el 27 de agosto para pasar a la fase siguiente; es decir, a la fase que abre la recta final hacia el juicio de un macrocaso abierto en 2014 y donde el n?ero de imputados en alguna de sus 16 piezas roza los 200. ?La clave de su planteamiento? Un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia que hace m? de un a? orden?al magistrado concluir la instrucci? en junio de 2020. La pandemia explica que la fecha l?ite pasara a ser luego el 27 de agosto. Cuando aquella resoluci? fue dictada, la reforma legal que da m? margen para la investigaci? judicial ni siquiera se estaba debatiendo en el Parlamento.
Frente a la posici? del juez, todo apunta a que las acusaciones pedir? la aplicaci? de la nueva norma que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) y rompe el tope m?imo impuesto a cualquier instrucci?. Las acusaciones populares que ejercen la asociaci? de abogados Adade y el PSOE lo solicitar? con rapidez. La distancia que separa del juez a Adade y el PSOE tambi? ha ido creciendo. Hace una semana, pidieron que Garc? Castell? se aparte de la pieza del urbanismo de Valdemoro porque afecta a un antiguo directivo de El Corte Ingl? reci? imputado. Y el magistrado, subraya el escrito de petici?, imparte clases en el centro universitario de la cadena de distribuci?.
La Fiscal? Anticorrupci? no ha desvelado a? oficialmente qu?har?con la que ya se conoce como la reforma del art?ulo 324 de la LEC. Pero las nuevas revelaciones hechas, por ejemplo, por un exalcalde del PP as?como la cantidad de puntos oscuros que a? requieren nuevas diligencias indican que tambi? la Fiscal? especializada que dirige Alejandro Luz? defender?la continuidad de la instrucci?.
Hace menos de 20 d?s y como public?infoLibre, el exalcalde del PP Guillermo Ortega entreg?a la Audiencia un demoledor documento y prest?declaraci? ante Garc? Castell?. Ortega incrimin?a Esperanza Aguirre en conductas que entra?n un grave riesgo para Esperanza Aguirre. "Ella era conocedora de todo y manejaba todos los hilos del Gobierno y el partido en Madrid", escribi?y ratific?luego ante el juez. Seg? sus palabras, la financiaci? ilegal, el desv? de fondos y la compra de favores "de periodistas y medios" mediante campa?s institucionales eran la t?ica.
Regidor del municipio de Majadahonda hasta que en 2005 se vio forzado a dimitir por un esc?dalo de poca resonancia pero que ya anunciaba el caso G?tel, Ortega fue recolocado como presidente de Mercado de Toledo SA, una de las empresas dependientes del Imade. O, lo que es lo mismo, de uno de los gigantescos organismos de la Comunidad de Madrid que supuestamente fueron utilizados para financiar al partido. En la declaraci? se ofreci?a identificar las facturas de Mercado de Toledo SA que fueron infladas en beneficio del PP regional.
Para Aguirre, el tiempo corre en su contra: cuanto m? tiempo tengan la Fiscal? y las acusaciones populares, peor para su futuro procesal. La mujer que m? poder acumul?en Madrid durante una d?ada conf? en verse arropada por la misma argumentaci? que ha permitido librarse en este caso al expresidente de Indra y ahora presidente del Grupo Prisa, Javier Monz?. La tesis exculpatoria podr? resumirse as? el jefe no tiene por qu?saber lo que ocurre en los niveles inferiores. Aguirre siempre ha negado todo conocimiento de las finanzas de su partido.
EL JUEZ DEL ?CASO P?ICA? CITA A DECLARAR COMO IMPUTADO A UN EXDIRECTIVO DE EL CORTE INGL?
Soriano comparecer?el 24 de julio por su presunta participaci? en las irregularidades detectadas en una operaci? urban?tica en Valdemoro
El juez del caso P?ica, Manuel Garc?-Castell?, ha citado a declarar como investigado para el pr?imo 24 de julio al exjefe de la asesor? jur?ica de El Corte Ingl? Faustino Jos?Soriano por su presunta participaci? en las irregularidades detectadas en una operaci? urban?tica ejecutada entre 2001 y 2006 en Valdemoro (Madrid) con terrenos propiedad del grupo empresarial. En esta operaci?, la trama presuntamente encabezada por el exconsejero madrile? del PP Francisco Granados se embols?supuestamente 60 millones de euros. El magistrado cita como imputado a Soriano despu? de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocase el 7 de julio un auto anterior cuyo en el que hab? rechazado las peticiones de la Fiscal? Anticorrupci? y de la acusaci? ejercida por el PSOE de investigar al exdirectivo de El Corte Ingl? al considerar que no hab? indicios suficientes para ello.
En este nuevo auto, fechado el pasado lunes y al que ha tenido acceso EL PA?, Garc?-Castell? recalca que la cita del exdirectivo es fruto de la decisi? de la Audiencia Nacional, pero insiste en que hasta el momento la investigaci? no ha revelado ?una actividad indiciaria suficiente que permita vincular? las actividades de varios de los presuntos cabecillas de la trama con la de Soriano. De hecho, aunque tomar?declaraci? a este como imputado, y tambi? a una segunda persona, Javier Cid, hermano de uno de los constructores investigados en la causa, el magistrado rechaza otras diligencias solicitadas por la Fiscal?. Entre ellas, el embargo cautelar de varios inmuebles registrados a nombre del exdirectivo de El Corte Ingl? y su esposa.
?Ser?necesario escuchar la declaraci? de aquel [Soriano] para determinar, junto con la documentaci? aportada, hasta qu?punto hubo una voluntad concentrada con los empresarios en la firma de los diferentes contratos expuestos suscritos por El Corte Ingl??, se?la el juez antes de poner en duda varias conclusiones expuestas por Anticorrupci? en su escrito.
Con la declaraci? como investigado del exdirectivo del grupo, la Fiscal? pretende aclarar su supuesta participaci? en la permuta gestada a partir de 2001 de 16.650 metros cuadrados de terreno r?tico que El Corte Ingl? ten? en este municipio del sur de Madrid ?y que fueron posteriormente recalificados y destinados a la construcci? de vivienda libre?, por otros 188.775 metros cuadrados propiedad del Ayuntamiento de Valdemoro en otro pol?ono para levantar nuevas instalaciones log?ticas que se sumar?n a las que ya contaba en la localidad desde los a?s setenta.
Anticorrupci? considera que la operaci? estuvo plagada de irregularidades, aunque el antiguo directivo neg?en conversaci? telef?ica con EL PA? el pasado 2 de junio cualquier ilegalidad en una operaci? en la que, asegura, ? no tuvo participaci? directa, y de la que responsabiliza a otro directivo del grupo ya fallecido. Soriano abandon?su puesto en El Corte Ingl? hace seis a?s. Fuentes del grupo empresarial tambi? rechazaron entonces irregularidades en la permuta y recalcaron que El Corte Ingl? sali? perjudicado en aquella operaci?, porque finalmente no pudo levantar la instalaci? industrial que pretend?, porque posteriormente se dio a los terrenos valor ecol?ico.
En su escrito, la Fiscal? insist? en que Soriano ?particip?activamente, representando a El Corte Ingl? y, adem?, buscando un beneficio propio en varios ardides del plan concertado? por varios integrantes de la trama, entre los que cita, adem? de a Granados, a los constructores Ramiro Cid, David Marjaliza y Jos?Luis C?ita, adem? de al sucesor de Granados al frente de la alcald?, Jos?Miguel Moreno Torres, todos ellos ya imputados. Anticorrupci? destacaba que el plan ?buscaba el enriquecimiento de todos ellos a costa de dirigir los desarrollos urban?ticos de dicha localidad, acaparando las parcelas del Ayuntamiento y suelo r?tico propiedad de terceros que pasar? despu? a urbanizable?.
El informe asegura que las irregularidades supusieron un desv? de las arcas p?licas de m? de siete millones de euros, adem? de arrebatar al Ayuntamiento ?unas plusval?s que pudieron suponer los 60 millones?. La Fiscal? a?de en su informe que Soriano particip??en el reparto del bot?? al recibir ?dinero en efectivo? y un chal?de 406 metros cuadrados. Tambi? pone bajo sospecha la adquisici? que hizo, junto a su esposa, de otros tres inmuebles en Valdemoro a uno de los constructores de la trama, escriturados presuntamente muy por debajo del precio real.
LA DIFUSI? DE OTRO CHAT DE PODEMOS SACUDE EL 'CASO VILLAREJO' EN UN PUNTO CLAVE PARA LAS PIEZAS DE B?CENAS Y EL BBVA
Los mensajes donde una abogada del partido insinuaba sin respaldo que manten? una relaci? con uno de los fiscales del caso y que les estaba ayudando eclipsan el avance de la instrucci?
La filtraci? se produce justo despu? de que el juez levante parcialmente el secreto en la 'operaci? Kitchen', que entronca con la financiaci? del PP, y d?a PwC un ultim?um para que entregue ya papeles del banco sobre sus contratos con el comisario
La difusi? de un controvertido chat interno de Podemos ha provocado una inesperada sacudida que eclipsa el avance de las investigaciones sobre el comisario m? c?ebre del pa?, Jos?Manuel Villarejo. El terremoto, que ya ha movilizado al PP, llega en un momento en que, aun parcialmente y de forma exigua, el juez instructor acaba de levantar el secreto sobre acuerdos del Gobierno que desclasifican papeles oficiales relacionados con la pieza m? pol?ica del caso: la Kitchen, centrada en el espionaje con medios policiales y parapoliciales a Luis B?cenas en 2013 para evitar que conservase documentos contables capaces de incriminar al partido. La espiral empuja tambi? hasta un segundo plano el ultim?um dado este lunes por el mismo magistrado a la consultora PwC (Price Waterhouse) para que aporte ya nada menos que 223 documentos del BBVA vinculados a los contratos por los que el banco pag?10,8 millones al polic?.
El epicentro del se?mo, con dimensiones pol?icas crecientes a medida que pasan los d?s, es en efecto un chat interno de Podemos. En ese ?bito, y con mensajes fechados en 2018 y 2019, una de sus abogadas, Marta Flor, se jacta de lo que aparece descrito como una relaci? sentimental nada menos que con uno de los fiscales del caso Villarejo: Ignacio Stampa. "Prepararos para la boda", lleg?a escribir la letrada. Su relato ante compa?ros y superiores constituye el ?ico respaldo de sus afirmaciones aunque ella misma se desdijo d?s despu?: "Quiz?he sido muy bocazas y he dado a entender lo que no es", escribi?ahora.
La abogada llega a asegurar en el chat que Anticorrupci? quiere ayudar procesalmente al partido. Marta Flor contin? a d? de hoy en el equipo legal de la formaci? morada, donde sigue defendiendo a Dina Bousselham, la antigua asesora de Pablo Iglesias a quien en diciembre de 2015 le robaron un m?il. La tarjeta del dispositivo almacenaba fotos ?timas suyas. Pero, sobre todo, el dispositivo alojaba un chat cuyo contenido public?el digital Okdiario en julio de 2016. Todo esto forma parte de una de las 25 piezas del caso Villarejo. Y en esa pieza, la de Dina, se han producido cambios en la versi? de la antigua asesora sobre si hab? enviado o no pantallazos del contenido de su m?il una vez recuperado o sobre si Iglesias le hab? devuelto la tarjeta del tel?ono en buen estado o da?da. Bousselham dirige ahora un digital impulsado por Podemos, laultimahora.es.
Pero parte de los mensajes difundidos ahora por elconfidencial.com y repicados por otros medios como Okdiario o Libertad Digital enlazan con otros que ya aparec?n citados en una querella. En aquella que, al margen de la Operaci? T?dem o caso Villarejo, mantiene contra Marta Flor otro letrado que pertenec? al equipo legal de Podemos hasta su despido en septiembre de 2019: Jos?Manuel Calvente.
Que esos mensajes eran conocidos hace meses lo ilustra la denuncia que entr?el 14 de febrero en la Fiscal? Anticorrupci?, la que dirige Alejandro Luz?. Esa denuncia origin?la apertura de un expediente interno sobre Ignacio Stampa. Pero la investigaci?, y as?lo aseguran fuentes del ministerio p?lico, se archiv?el 8 de marzo. Es decir, la Fiscal? no encontr?motivos para actuar contra el fiscal.
Fueron los fiscales Ignacio Stampa y su compa?ro Miguel Serrano quienes pidieron al juez Manuel Garc? Castell? que retirase a Pablo Iglesias la condici? de perjudicado en la pieza abierta sobre el robo del m?il y la posterior devoluci? de la tarjeta del dispositivo a su due?. ?Por qu? Por los cambios en la versi? de Bousselham. Fuentes de Anticorrupci? remarcaron este jueves su total apoyo a Stampa. La Fiscal? General, a cuyo frente se sit? Dolores Delgado, no se ha pronunciado hasta ahora.
Dina no le dio "importancia" y "no le ha pedido explicaciones" a Iglesias
En un caso donde casi cada nuevo dato descubierto sobre Villarejo y la llamada polic? patri?ica contiene dinamita judicial, los problemas surgidos en la pieza Dina han dado munici? contra Iglesias al juez Garc? Castell?. Fueron los fiscales Ignacio y Stampa quienes pidieron al magistrado que retirase al vicepresidente del Gobierno la condici? de perjudicado. El juez accedi?a ello. Y luego dict?la semana pasada un auto donde todo apunta a que est?preparando el terreno con el prop?ito de llevar a Iglesias ante el Tribunal Supremo. Como aforado, solo el alto tribunal podr? investigarle.
En su resoluci?, el magistrado Manuel Garc? Castell? ordenaba a Bousselham buscarse otro abogado para que su representaci? legal no est?en las mismas manos que la de Iglesias. ?El motivo? "La presencia de un efectivo conflicto de intereses". Es decir, seg? el juez hay un potencial choque entre lo que beneficia a la v?tima de un delito y a quien ha podido cometerlo: en este caso, el de da?s inform?icos por la supuesta destrucci? de la tarjeta telef?ica e incluso revelaci? de secretos.
Ninguno de esos delitos es perseguible de oficio. Es decir, si el due? no insta a perseguir a quien pudiera haber causado el da? inform?ico, no cabe persecuci? penal. Ni Bousselham ni la Fiscal? ni nadie ha pedido actuar contra Iglesias. Pero el juez parece dispuesto a hacerlo. Y, seg? distintos juristas, la ley se lo permite si llega a considerar que el vicepresidente ha delinquido aunque resulta m? que infrecuente.
Este jueves, y a trav? de un recurso, Iglesias dio un paso que le devuelve capacidad de maniobra: ha sido ? quien ha optado por elegir otro abogado. El cambio se ha hecho constar en el recurso donde reclama a la Audiencia Nacional que le devuelva la condici? de perjudicado. En otro recurso, Bousselham refuerza la postura de su antiguo jefe: ni le dio "importancia" a que tardase un tiempo en devolverle la tarjeta despu? de que un periodista se la entregara a Iglesias ni "le ha pedido explicaciones". No hay "reproche alguno", sostiene su abogada, Marta Flor, en el escrito enviado a la Audiencia Nacional.
Pero, aunque Bousselham nunca ha mostrado la menor intenci? de atribuir ninguna infracci? legal al vicepresidente, el juez aplica aqu?criterios similares a los que buscan proteger a una v?tima frente a un eventual agresor capaz de ejercer una posici? de dominio personal o profesional. De la actuaci? de la antigua asesora ?se lee en el auto ya citado? "no se desprende "una t?ita renuncia al ejercicio de la acci? penal frente a Pablo Iglesias".
Parte de esos mensajes aparecen citados en la querella que, al margen de la Operaci? T?dem o Villarejo, mantiene contra Marta Flor otro letrado que pertenec? al equipo legal de Podemos hasta su despido: Jos?Manuel Calvente. Una denuncia que lleg?el 14 de febrero en la Fiscal? que dirige Alejandro Luz? origin?la apertura de un expediente interno sobre Stampa. La investigaci?, y as?lo aseguran fuentes del ministerio p?lico, se archiv?el 8 de marzo. Junto con el otro fiscal asignado a la Operaci? T?dem o caso Villarejo, Stampa fue quien pidi?al juez Manuel Garc? Castell? que retirase a Pablo Iglesias la condici? de perjudicado en la pieza abierta sobre el robo del m?il y la posterior devoluci? de la tarjeta del dispositivo a su due?.
De no ser por la envergadura del caso Villarejo, cuyo apellido es ya sin?imo de lo que ha pasado a denominarse las "cloacas del Estado", lo sucedido con los mensajes de Marta Flor podr? haberse limitado a evocar lo sucedido con aquella otra conversaci? guardada en el m?il de Dina Bousselham y que en julio de 2016 sac?a la luz Okdiario. Fue en ese chat donde el l?er de la formaci? morada se declar? con sarcasmo que muchos definieron como machista pero en un ?bito privado, partidario de azotar a la periodista Maril?Montero "hasta hacerla sangrar". Lo hizo despu? de que Montero lanzara vidriosas acusaciones p?licas contra Iglesias durante una entrevista: "Es un hombre oscuro", dijo. Y sigui? no es el estandarte del 15M ni el prototipo del macho ib?ico. La afirmaci? m? clara sobre sus postulados fue la siguiente: "El macho ib?ico defiende y protege a la mujer, yo no me veo para nada defendida por su discurso".
EL VICEPRESIDENTE IGLESIAS BATALLA PARA MANTENER LA CONDICI? DE V?TIMA EN EL ?CASO VILLAREJO?
El l?er de Podemos pide a la Sala de lo Penal que revoque la decisi? del juez de excluirlo
El l?er de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha activado la batalla para mantener su condici? de v?tima en el caso Villarejo. El dirigente del partido de izquierdas ha presentado un recurso para tumbar la decisi? del juez Manuel Garc?-Castell? de dejar de considerarlo ?perjudicado? en la l?ea de investigaci? abierta por el robo del tel?ono m?il a una de sus antiguas asistentes y cuyo contenido acab?publicado en varios medios de comunicaci?. El miembro del Ejecutivo, que ya tramit? unas primeras alegaciones ante el propio magistrado que fueron rechazadas, ha elevado ahora el tiro y pide directamente a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que anule su exclusi? de la causa.
En un escrito presentado este mismo jueves, al que ha tenido acceso EL PA?, Iglesias rechaza la tesis esgrimida por Garc?-Castell? para retirarle la condici? de v?tima. El juez asegur?que no ha quedado acreditado que existiese un complot liderado por el comisario jubilado Jos?Manuel Villarejo para perjudicarle ante la opini? p?lica por fines pol?icos. E, incluso, le reproch?que ?ocultase? durante meses una tarjeta que conten? una copia del contenido robado a su colaboradora, Dina Bousselham, y que Iglesias hab? recuperado a trav? de Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta y editor de la extinta revista Intervi? a la que lleg?ese dispositivo supuestamente de forma an?ima tras su robo.
?En forma alguna se ha acreditado, ni indiciariamente, que [se] ocultase a cualquier otro perjudicado elemento alguno?, destaca el l?er de Podemos en su recurso, donde a?de que, ?m? all?de que se tardase m? o menos tiempo? en entregar la tarjeta a su asistenta, finalmente se lo dio sin que ella lo hubiera pedido. Adem?, el escrito insiste en que, como ha expuesto Bousselham, existe entre ambos una ?relaci? de amistad, m? all?de la relaci? laboral o pol?ica?. Seg? explic?el partido, Asensio le dijo que era la ?ica copia y, por eso, el actual vicepresidente dio por zanjado el tema y no inform?a Bousselham hasta verano de 2016, cuando Okdiario public?uno de los chats privados donde Iglesias se refer? a una presentadora de televisi? con la expresi? ?la azotar? hasta que sangrase?.
A este respecto tambi? se ha pronunciado la antigua colaboradora del l?er de Podemos, que ha presentado otro recurso ante la Sala de lo Penal contra la decisi? del juez: ?Ante las incesantes preguntas de todas las partes sobre si le pidi?explicaciones a Iglesias respecto a que este mantuviera la tarjeta en su poder durante un tiempo, mi representada afirm?que no le dio importancia y que no le ha pedido explicaciones. Es decir, que no efect? reproche alguno respecto a este extremo?, explica su abogada en el escrito enviado a la Audiencia Nacional. A su vez, Iglesias ha decidido cambiar de letrado, ya que hasta ahora compart? defensa con Bousselham y el juez pidi?que no tuviesen el mismo.
Informe de Asuntos Internos
Esta l?ea de investigaci?, bautizada como Pieza Dina, se abri?despu? de que los agentes localizaran en una casa de Villarejo una ?importante cantidad de documentos? pertenecientes a Bousselham ?sobre la que la trama tambi? recab?informaci? de bases de datos confidenciales de forma irregular, seg? un informe de Asuntos Internos de la Polic? Nacional incorporado al sumario?.
La Fiscal? expuso que lo hallado en el domicilio ?parece provenir de una extracci? de datos de un m?il utilizado por Dina? y trata de averiguar si el comisario jubilado se encuentra detr? del robo del tel?ono y de la difusi? posterior de su contenido. Entre este material, por ejemplo, se encontraron cinco informes de car?ter interno de Podemos sobre su estrategia electoral y varias capturas de pantalla de chats de Telegram, que acabaron publicados en varios medios de comunicaci?, como la web Okdiario.
Pero, seg? Garc?-Castell?, las pesquisas ?no han permitido concluir que la fuente de Okdiaro fuese Villarejo?. As? la propia Bousselham admiti?que hab? hecho capturas de pantalla de esas conversaciones y las hab? reenviado. Intervi?tambi? tuvo acceso al contenido. Seg? afirm?su ?timo director, Alberto Pozas, les lleg?en un sobre an?imo y, tras analizarlo, descartaron publicar nada por carecer de inter? informativo. Entonces, avisaron a Iglesias y le dieron la tarjeta, aunque los jefes de Intervi?dicen que le entregaron tambi? una copia a Villarejo.
El dispositivo en poder de Iglesias lo entregar? finalmente Bousselham a la Audiencia Nacional. Pero lleg?da?do, lo que ha levantado las sospechas del magistrado, que trata ahora de averiguar en qu?momento se rompi? En el recurso de este jueves, el l?er de Podemos insiste en que no existen indicios de que estuviera estropeado cuando se lo dio a Bousselham. De hecho, la excolaboradora tambi? lo exculpa y, en su respectivo recurso, dice que la recibi??en buen estado y funcionando?. ?En ning? momento la tarjeta presentaba da?s f?icos cuando se la entreg? ni se la dio destruida?, recalca el escrito, antes de decir que debi? romperse a posteriori.
Mientras tanto, la oposici? aprovecha el caso para arremeter contra el integrante del Ejecutivo. ?Le han retirado a usted la condici? de v?tima porque no hab? cloacas del Estado, porque el se?r Villarejo no le rob?a usted la SIM. ?Por qu?ha tardado tanto en entregar esa SIM y la ha entregado adem? destruida??, le preguntaba Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos, este mi?coles en el Congreso. El PP ha pedido, por su parte, la comparecencia en el Parlamento de Iglesias y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tras acusar al ministerio p?lico de haber filtrado datos a Podemos.
IGLESIAS APARTA A LA ABOGADA MARTA FLOR Y ACUSA A GARC? CASTELL? DE ECHARLE DE LA CAUSA SIN ?BASE JUR?ICA?
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha sustituido a la abogada Marta Flor, como representante en la causa ?Dina? y ha nombrado en su lugar a Ra? Maillo, abogado vinculado a Izquierda Unida con experiencia en la Audiencia Nacional. Ha tomado parte en casos como el de las ?tarjetas black? y como acusaci? particular de la familia del c?ara Jos?Couso, muerto en la guerra de Irak.
Su firma figura en el recurso de apelaci? interpuesto por Iglesias ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el auto del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucci? 6 de la Audiencia, Manuel Garc? Castell?, en el que le retir?su condici? de perjudicado en la pieza ?Dina? ?la n?ero 10 de las 25 abiertas contra el comisario Jos?Manuel Villarejo?.
La decisi? de sustituir a Marta Flor se produce 24 horas despu? de que Confilegal publicara que uno de los fiscales anticorrupci?, Ignacio Stampa ?apodado ?Iron Man? (Hombre de Hierro, en alusi? al h?oe del c?ic)? manten? una ?relaci? ?tima? con la abogada de Podemos y que tuvo que ver en la apertura de la pieza secreta del ?caso Dina? en marzo de 2019.
De acuerdo con Iglesias, Garc? Castell? ha tomado la decisi? sin ?base f?tica indiciaria alguna? y sin ?base jur?ica?.
Aquello permiti?a Iglesias personarse como perjudicado en dicha pieza, lo que abri?el camino al l?er de Podemos para construir el relato p?lico de que hab? habido una operaci? para destruirle desde las ?cloacas del Estado? y que el comisario Jos?Manuel Villarejo manejaba los hilos.
Una l?ea de ataque que emple?repetidamente en las elecciones generales de abril del a? pasado, en una clara estrategia de victimizaci? personal y de la formaci? morada.
Garc? Castell? le retir?a Iglesias la condici? de perjudicado y ofendido, a petici? del Ministerio Fiscal, en un auto fechado el 25 de mayo pasado.
El magistrado hab? dejado de creer en el relato de Iglesias de que se hab? robado el m?il a su asesora, Dina Bousselham, con el fin de publicar en medios de comunicacion las fotos que conten? el terminal para desprestigiarle pol?icamente y a Podemos. Y detr?, moviendo los hilos, estaba el comisario Villarejo.
?El recurrente concluye este trazado vinculando la sustracci? del tel?ono m?il de Dina Bousselham con una actuaci? de la llamada ?polic? patri?ica? en ejecuci? de un encargo efectuado aparentemente desde altas instancias con la finalidad de desprestigiar al partido Podemos?, escribe Garc? Castell?.
Y a?de: ?Sin embargo, tal y como se explicaba profusamente en el auto de 25 de mayo de 2020, la investigaci? no ha permitido concluir, sin lugar a duda, que la fuente del medio digital OK Diario fuese el investigado Sr. Villarejo?.
Adem?, le recuerda al vicepresidente del Gobierno que ? tuvo en su poder la tarjeta del m?il de Dina Bosusselham, cuyo aparato fue sustra?o el 1 de noviembre de 2015 por persona no identificada. El presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio Mosbah, le devolvi?dicha tarjeta el 20 de enero de 2016 en un lector que le permiti?observar su contenido en el mismo lugar.
Iglesias le ocult?a su asesora que ten? en su poder dicha tarjeta.
?Pablo Iglesias no devolvi?la tarjeta a Dina, ocult?dole que la detentaba, y son lo hizo ni cuando se la entregaron en enero de 2016, ni despu?, en Julio de 2016, tras la publicaci? de las im?enes en OK Diario, pese a constatar la coincidencia con el contenido de la tarjeta sustra?a que ? mismo hab? visto meses atr??, precisa el magistrado.
Villarejo cre?los archivos de la tarjeta el 14 de abril y el 11 de julio de 2016.
?Se desconoce cu?do recuper?Dina Bousselham la tarjeta de su tel?ono, pero existen razones fundadas para entender que no debi?ser antes de 2017?.
Y se la devolvi?da?da, asevera el magistrado.
La abogada de Podemos quiso filtrar informaci? confidencial al fiscal Stampa antes de la incoaci? del ?caso Dina?
La abogada de Podemos trat?de acelerar la incoaci? de la pieza secreta "Dina" colaborando con los fiscales anticorrupci?.
IGLESIAS NIEGA HABER DEVUELTO DA?DA LA TARJETA A SU ASESORA
En su recurso, la defensa de Iglesias sostiene que de lo investigado hasta el momento no se puede concluir que el tambi? l?er de Podemos devolviera da?da a la que era su asesora Dina Bousselham la tarjeta de su tel?ono m?il, ya que ?ta declar?que ?inicialmente funcionara?, ni que se la ocultara.
Iglesias vuelve a repetir que la publicaci? en medios de comunicaci? de parte del contenido de la tarjeta del m?il de Bousselham ha sido utilizada ?para tratar de desacreditarle, siendo perjudicado de dichas actuaciones, por lo que se debe mantener su condici? de perjudicado? en este procedimiento.
En su recurso de apelaci?, la defensa de Iglesias insiste en que ?de la pr?tica de las diligencias practicadas? no se ha podido ?probar a? que el robo del m?il? de Bousselham, en el oto? de 2015, ?fuese un hecho casual o una actuaci? deliberada, encaminada a obtener informaci? sensible, privada e ?tima? sobre el vicepresidente, ?a los efectos de perjudicarle pol?icamente, y por tanto, sin que pueda descartarse esa hip?esis?.
HECHOS ?GRAVEMENTE PERJUDICIALES? PARA IGLESIAS
En su opini?, dado que en esta macrocausa se investiga una organizaci? criminal en la que el comisario jubilado y en prisi? provisional Villarejo ?presuntamente recib? encargos y uno de ellos era, presuntamente, participar en maniobras de intoxicaci? informativa, e inclusive en algunos casos creaci? y difusi? de campa?s medi?icas de desprestigio, y dada la correlaci? de fechas y de indicios citados, todas las actuaciones ocurridas desde el robo del m?il, gravemente perjudiciales para Podemos y sus miembros, particularmente a Iglesias, las publicaciones que realizan los medios de comunicaci?, no cabe duda que no existe elemento que haya deca?o que haga perder al mismo la condici? de perjudicado?.
El escrito recuerda que Iglesias ?no ostenta condici? de investigado alguna ni se le ha denunciado por ninguna persona afectada por los delitos investigados? en la pieza sobre el robo del tel?ono de Bousselham.
En este punto, la defensa pasa a desgranar por qu?considera que el magistrado instructor ha llegado a ciertas conclusiones sobre el l?er de Podemos a su juicio ?carentes de base f?tica indiciaria alguna, as?como de base jur?ica?.
Sobre la conclusi? de que Iglesias habr? mantenido en su poder la tarjeta un determinado tiempo antes de devolv?sela a su exasesora ?en relaci? con la fecha de creaci? de las copias obtenidas en el registro? del domicilio de Villarejo, el escrito subraya que Garc? Castell? ?obvia que se trata de copias realizadas en fechas previas a la utilizaci? period?tica de los archivos y que, en cualquier caso, provienen de una previa fuente de diciembre de 2015?, antes de que el presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio entregara el soporte al l?er de Podemos despu? de que llegara a la redacci? de la revista Intervi?
Todo esto, a?de, ?en forma alguna elimina la condici? de perjudicado por los elementos que son publicados, conversaciones de las cuales? el ahora vicepresidente forma parte y que reproducen expresamente sus intervenciones.
?El hecho de no haberse obtenido dichos archivos primigenios de origen s?o acredita la existencia de una previa fuente, pero en nada acreditan una supuesta tenencia previa por mi representado, de acceso alguno a los meritados archivos cuando la fuente primaria es de diciembre de 2015?, explica.
Uno de los fiscales anticorrupci? de T?dem manten? una ?relaci? ?tima? con la abogada de Podemos
El pantallazo de la conversaci? entre Jos?Manuel Calvente y Marta Flor muestra el comienzo de la amistad de la abogada con el fiscal anticorrupci?.
En este sentido, la defensa reprocha al magistrado que sostenga, ?sin evidencia indiciaria alguna?, la ??supuesta originalidad de la tarjeta recibida? por Iglesias y entregada a Bousselham, algo que ?no deja de ser una hip?esis carente de fundamentaci? alguna en lo obrante en la causa?. Y por ello insiste en que la posibilidad de que las copias de la tarjeta se hubieran hecho en 2016 ?en nada altera la posici? de perjudicado? del vicepresidente ?ante la revelaci? de secretos?.
Sobre la entrega de la tarjeta a Bousselham por parte de Iglesias meses despu? de que ?te la obtuviera de Intervi? el escrito sostiene que ?en forma alguna se ha acreditado ni indiciariamente? que el l?er de Podemos ?ocultase a cualquier otro perjudicado elemento alguno, en la medida en que se entregase antes o despu??, entrega que ?fue siempre una actuaci? voluntaria, sin requerimiento alguno?, lo que, a su juicio, muestra ?la ausencia de ocultaci? alguna m? all?de que se tardase m? o menos tiempo?.
NADIE EN EL JUZGADO ADVIRTI?DE LOS DA?S DE LA TARJETA
Y en cuanto a la manifestaci? del instructor de que Iglesias habr? devuelto da?da la tarjeta a su exasesora, la defensa incide en que ?no s?o no consta tal elemento indiciario en la causa, sino al contrario, constan elementos muy distintos y contrarios a la meritada afirmaci??.
Seg? explica el escrito, Bousselham ?nunca ha referido ese supuesto estado de da?s?, sino que s?o indic?que el soporte ?no funcionaba no teniendo acceso completo? al mismo.
?Ha precisado, incluso, que tras haber accedido inicialmente, posteriormente no le funcionaba, pero ni que se la entregasen destruida, ni da?da, sino meramente que no consigui?funcionase ?ta de forma completa?, remarca, para destacar despu? que la tarjeta se aport?al juzgado ?sin que nadie advirtiera da? exterior alguno de la misma, ni por el propio juez instructor, ni por el letrado de la Administraci? de Justicia ni por los funcionarios que acceden a la misma en distintas ocasiones?.
?S?consta que la tarjeta inicialmente funcionaba, o al menos, se pudo acceder por do? Dina de forma parcial a los contenidos de ?ta, y posteriormente dicha tarjeta no funcion?de forma completa, pero nunca se apreci?que ?ta estuviera da?da o destruida o incluso quemada como se ha llegado a afirmar, y cuando ni tan siquiera se ha hecho as? constar en m? de un a? de presencia ante el juzgado, e incluso en diligencias referidas a dicha tarjeta, resulta aventurada la conclusi? que se impugna en la presente de c?o, cu?do y desde luego por qui? pudieron producirse dichos da?s?, explica.
Para la defensa de Iglesias, el juez Garc? Castell? hace una ?hip?esis ajena a la naturaleza de la presente causa? que adem? ?excede de la valoraci? de la condici? de perjudicado del mismo, adem? no existir tal elemento indiciario de devoluci? da?da de la tarjeta por esta parte?.
EL JUEZ CONVIERTE UNA PIEZA DE LA CAUSA CONTRA VILLAREJO EN EL 'CASO PABLO IGLESIAS'
Manuel Garc?-Castell? deja al margen a la Fiscal? Anticorrupci? para dar prioridad en la macrocausa a los indicios contra el vicepresidente, sospechoso de da?r la tarjeta del m?il de una antigua colaboradora pese a que ella le exculpa
Las decisiones adoptadas en el ?timo mes por el juez Manuel Garc?-Castell? han convertido al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias en el protagonista de una de las ramificaciones del caso Villarejo, la macrocausa que investiga desde hace tres a?s a la organizaci? criminal dirigida por un comisario que, en en su ?timo periodo activo en la Polic?, integr?la brigada pol?ica que atac? a Podemos desde el Ministerio del Interior.
En el regreso de la actividad a los juzgados tras el par?tesis por la crisis sanitaria, Garc?-Castell? ha establecido como prioridad resolver qu?hizo el pol?ico con la tarjeta del m?il de su antigua colaboradora o una copia, con independencia de que Villarejo guardara otra y tres medios publicaran parte de su contenido, seg? recogi?un informe de Asuntos Internos. En las ?timas semanas el magistrado ha activado la cooperaci? jur?ica internacional para que declaren dos t?nicos de Reino Unido por los que pas?la memoria del tel?ono; y ha ordenado, Dina Bousselham, hoy directora del medio La ?tima hora y en su d? colaboradora de Iglesias en el Parlamento Europeo, que abandone a la abogada que comparte con el l?er de Podemos.
El magistrado se hab? apoyado en los argumentos de la Fiscal? Anticorrupci? para atribuir dos posibles delitos a Pablo Iglesias por la retenci? injustificada del contenido del m?il durante meses y el da? al dispositivo que le hab?n entregado los responsables del desaparecido grupo de comunicaci? Zeta, propietario en aquel momento de la revista Interviu. Hasta que el Ministerio P?lico concluy? que no hay reproche penal posible porque la supuesta afectada, Dina Bousselham, exculpa a Iglesias de cualquier perjuicio. Desde entonces, Garc?-Castell? ha comenzado a actuar sin informar a los fiscales del caso, como ha ocurrido con la orden internacional remitida a Reino Unido, o directamente en contra de su criterio, al ordenar el cambio de abogada para Bousselham.
El vicepresidente de Asuntos Sociales y agenda 2030 est? aforado ante el Tribunal Supremo y el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc?-Castell? no puede atribuirle la condici? de investigado, pero insiste en investigar unos hechos que, seg? el relato que ? mismo hace en sus ?timos autos y providencias, presentan a Pablo Iglesias como ?ico sospechoso.
El juez ha rechazado las ?timas peticiones de la Fiscal? para que vuelva a citar a la que fuera asistente personal del secretario general de Podemos, pese a que Dina Bousselam ha mandado un escrito al juzgado exonerando a su antiguo jefe. En su auto del pasado viernes, Garc?-Castell? acusa a la Fiscal? de pretender "exculpar" a Iglesias pese a que fue Anticorrupci? quien lider?las pesquisas y calific?los delitos que se le pod?n atribuir al pol?ico en el caso de que Bousselham le acusara.
Todo est?en la pieza 10, un ap?dice menor de las m? de treinta que componen el caso Villarejo si se compara con las que investigan los encargos al comisario por parte del BBVA o su participaci? en el espionaje al extesorero del PP Luis B?cenas. Uno de los motivos de que no hubiera tenido hasta ahora una gran trascendencia pol?ica es que el juez y la Fiscal? consideraron que no era el marco procesal para ahondar en las maniobras policiales que padeci?Podemos durante el ?timo Gobierno del PP.
Este es un recorrido por la pieza bautizada period?ticamente como Dina, desde que se abri?con Iglesias de perjudicado y siendo l?er de la tercera fuerza pol?ica del pa?, hasta el giro que coincide con la etapa de mayor crispaci? pol?ica a cuenta de la crisis sanitaria, ya con Podemos en el Gobierno y el se?lado como sospechoso portando la cartera de vicepresidente de Espa?.
Informaci? robada y una campa? electoral
Es 27 de marzo de 2019 y queda un mes y un d? para las elecciones generales. Esa ma?na comparece el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la Audiencia Nacional citado por el juez del caso Villarejo. Entre la documentaci? incautada al comisario ha aparecido una copia del m?il de su antigua asistente Dina Bousselham, quien hab? denunciado el robo del terminal en el Ikea de Alcorc? en noviembre de 2015.
Iglesias explica al juez y los fiscales que Okdiario public? informaci? procedente de ese m?il, perjudicial para ? y el partido, justo cuando Podemos hac? una oferta de Gobierno de coalici? al PSOE. El l?er del partido afirma que era la tercera vez que ocurr? algo similiar ese 2016 con la intervenci? de la brigada pol?ica que todav? operaba en ese momento en el Ministerio del Interior y el medio de Eduardo Inda, aunque luego la Polic? constatar? que informaci? del m?il tambi? fue publicada en El Mundo y El Confidencial.
Al finalizar, el juez Manuel Garc?-Castell? se dirige a Iglesias y le dice: "Me alegro de que lo haya explicado usted as? tan bien, porque yo lo he entendido. Efectivamente, en el procedimiento que aqu?se sigue, y que usted conocer?por la prensa, respecto al se?r Villarejo, aparecen indicaciones del Ministerio del Interior muy serias". El instructor ofrece a Iglesias personarse en la pieza 10 del caso T?dem como perjudicado por la actuaci? del comisario.
Justo antes que Iglesias ha declarado Dina Bousselham, quien reconoce a Garc?-Castell? que ocult?a los polic?s del caso Villarejo y al juzgado que investigaba el robo en Alcorc? que hab? recuperado un dispositivo con el contenido de la tarjeta, sin que de momento est?acreditado si es el original o una copia. Ella entrega el dispositivo ese d? en la Audiencia Nacional advirtiendo de que no se puede acceder a su contenido. Era marzo de 2019 y los fiscales y el juez ya saben que Iglesias se qued?con el material un tiempo y que le entreg?a Bousselham el dispositivo da?do, seg? la versi? de ella, pero eso sin embargo no afecta durante quince meses a la condici? de perjudicado de Iglesias. Tras la declaraci? de ambos aparecen las primeras informaciones period?ticas apuntando a que la Audiencia Nacional investiga el asunto de la tarjeta como una actuaci? de la brigada pol?ica de la Polic?.
El l?er de Podemos hab? reaparecido cuatro d?s antes, tras tres meses con el permiso de paternidad, con las encuestas augurando un descenso en los apoyos a la formaci? morada. En la madrile? plaza del Reina Sof?, uno de los escenarios habituales de los m?ines de Podemos, Iglesias expone una feroz autocr?ica por los enfrentamientos internos y lanza un mensaje de movilizaci? y cohesi? a militantes y seguidores. Aquel "van a por nosotros" se llenar? de sentido d?s despu?, al conocerse la existencia de una investigaci? en el caso Villarejo por la difusi? de un chat interno de Podemos cuyas capturas proced?n del m?il robado a su colaboradora.
Un sobre an?imo, Intervi?y la llamada del comisario
La investigaci? empieza por Villarejo. El comisario declara, como investigado, que fue el director de la desaparecida revista Intervi?Alberto Pozas quien le entreg? la copia que aparece en los registros de su domicilio. El juez llama a declarar como testigo al periodista, que en ese momento es responsable de Informaci? Nacional en Moncloa dentro del equipo del presidente, Pedro S?chez. Pozas deja su cargo en el Gobierno y en una segunda declaraci?, ya como investigado, reconoce ante el magistrado que le entreg? la memoria al polic?, por entonces en activo, y a?de que lo hizo junto a su subdirector Luis Rendueles.
El relato de ambos ante el juez coincide en que la tarjeta llega de forma an?ima a la revista a principios de 2016 y que, por su contenido, documentos de escaso inter? period?tico, proponen a Antonio Asensio Mosbah, presidente de Zeta, que se la entregue a Iglesias, al considerarle el principal afectado en caso de que se difundiera su contenido. El secretario general de Podemos acude el 20 de enero de 2016 a la sede del grupo, visiona en solitario durante cuarenta minutos su contenido y se lleva el dispositivo, no sin antes trasladar su agradecimiento a Asensio. As?lo confirma Iglesias ante el juez en su declaraci? de marzo de 2019.
Pero la revista se hab? quedado con una copia, seg? afirma Pozas, casi de forma accidental al volcarla en un ordenador para su primer visionado. Unos d?s despu? de haber recibido el contenido de la tarjeta, sorprendentemente, el comisario Villarejo llama a los periodistas de Intervi? Les dice que sabe el material que obra en su poder y se lo reclama, sin que quede claro por sus declaraciones si eso ocurre antes o despu? de que se le entregase una copia a Iglesias.
Alberto Pozas declara al juez que en ese momento se trataba de un comisario "prestigios?imo", destinado en la Direcci? Adjunta Operativa de la Pol??. Rendueles a?de que atendieron la petici? porque se lo tomaron como un "requerimiento policial". Se citan en el restaurante Txistu en Madrid y los periodistas le entregan la copia. Por el testimonio de los tres investigados, el encuentro debi?de producirse en los primeros d?s de febrero de 2016 aproximadamente. En ese momento Villarejo ya se ve salpicado por el esc?dalo de su abultado patrimonio, su implicaci? en el caso de acoso a la doctora Pinto y las maniobras policiales contra el proceso soberanista.
?Por qu?retuvo la memoria Pablo Iglesias?
En los meses que transcurren hasta julio, cuando Okdiario publica las primeras capturas sobre un chat interno de la direcci? de Podemos, Iglesias guarda la copia de la tarjeta o su original, una cuesti? todav? sin resolver, en un caj? y no le hace entrega de la misma a Dina Bousselham. Al darle en mano el dispositivo de memoria, el due? de Zeta le hab? dicho que conten? material de su "pareja". Ante el juez, Iglesias atribuye el error de Antonio Asensio a que en aquella ?oca ya se hab? publicado "falsamente" un noviazgo entre ? y su asistente.
eldiario.es ha preguntado a Podemos por la raz? que llev?a Iglesias a guardar durante al menos seis meses el pendrive en su poder y a no compartir su contenido con la due? del tel?ono del que proced?. Fuentes autorizadas del partido han explicado que una vez entregada la tarjeta a Iglesias, el secretario general quiso ahorrar a Bousselham la "angustia" de pensar que quiz?las fotos ?timas que conten? se pudieran publicar, en el caso de que Asensio no le hubiera dicho la verdad o si hab? m? copias. En cuanto Okdiario comienza a publicar el contenido del m?il, a?den las mismas fuentes, Iglesias entiende que mantener esa protecci? ya no es posible y decide informar a Dina y darle la tarjeta.
Esos meses que guard?Iglesias la memoria digital y el hecho de que Dina Bousselham declarara en marzo de 2019 que estaba da?da cuando se la entreg?son los elementos que hacen sospechar a Anticorrupci? de Iglesias, quien hab? recibido el dispositivo de Intervi?en perfecto estado, seg? su propio testimonio. Pese a a esas sospechas, el volumen de la causa contra Villarejo y la gravedad de los delitos que en ella se investigan, sumado al car?ter secundario de los hechos en torno a la tarjeta de Bousselham, ralentizan la investigaci? sin que ello inquiete a sus responsables. Entre la declaraci? de Iglesias y Bousselham y el resultado del informe encargado a la Polic? Cient?ica sobre la tarjeta pasan diez meses.
En enero de 2020, los especialistas policiales informan al juez de que efectivamente la memoria est?da?da y a?den que, en contra de lo declarado por Bousselham nueve meses antes, ella hab? hecho los pantallazos que hab?n publicado Okdiario, El Mundo y El Confidencial y que aparecen en una carpeta denominada "Sent" (enviado, en ingl?).
De regreso del confinamiento, la Fiscal? solicita volver a llamar a declarar a Boussselham y el juez as?lo acuerda. Fuentes del caso justifican retomar la investigaci? en esta direcci? porque la defensa de Pozas y Rendueles reclama el archivo de la causa contra ellos y se hace necesario aclarar todos los extremos antes de adoptar una decisi?. Garc?-Castell? toma las riendas del interrogatorio a Bousselham hasta conseguir que la excolaboradora de Iglesias reconozca que ella hizo los pantallazos y que pudo enviarlos a terceros, si bien asegura no recordarlo. Los dos periodistas de Intervi?contin?n imputados por revelaci? de secretos.
Eso sirve para que Anticorrupci? y el juez que concluyan que si ella ha enviado a terceros material como el que acaba siendo publicado ya no se puede establecer que sea material robado y, por tanto, no hay delito del que pueda resultar perjudicado Pablo Iglesias, por mucho que las informaciones de los tres medios supusieran un rev? para ? y el partido. Villarejo deja as?de ser el ?ico sospechoso de haber entregado el material a los medios y pasa a un segundo plano. A diferencia de lo que hizo con Pozas y Rendueles, Garc?-Castell? nunca llam?a declarar a los periodistas que publicaron informaci? como la incluida en el m?il robado, pese a las peticiones reiteradas de la abogada de Iglesias y Bousselham.
La Fiscal? y el juez mantienen una tesis que ?te ?timo vuelve a deslizar en un auto de esta misma semana: Iglesias se qued?con la tarjeta al recibirla porque comprob?que las capturas del chat estaban realizadas por Dina Bousselham y cuando decidi?devolv?sela ya estaba destruida, de tal forma que con ambas acciones evitaba que ella pudiera difundir su contenido. "Puede ser la clave para entender no solo por qu?Pablo Iglesias Turri? no devolvi?la tarjeta a la se?ra Bousselham, sino lo m? relevante; el estado en el que se la devolvi?quot;, escribe el juez. De acuerdo con Anticorrupci?, el juez retira al l?er de Podemos la condici? de perjudicado.
Garc?-Castell? acostumbra a reiterar en sus escritos algunas de las frases publicadas por Okdiario procedentes de conversaciones privadas contenidas en el m?il robado y que escribe Pablo Iglesias. Lo hace en sus autos con entrecomillados escogidos de esas conversaciones, tales como el que vierte el l?er de Podemos sobre la presentadora de televisi? Maril?Montero, que el propio Iglesias calific? de "soez" ante Garc?-Castell? y por el que se disculp?en p?lico. "La azotar? hasta que sangrase? esta es la cara B de lo nacional popular? Un marxista algo perverso convertido en psic?tata", replica el magistrado aquellos mensajes de Iglesias que figuraban en los pantallazos a lo largo de sus autos.
Arranca la investigaci? del juez en solitario
El 22 de mayo pasado, la Fiscal? Anticorrupci? presenta un escrito a modo de conclusi?. Expone el recorrido del caso y califica los dos delitos de los que es responsable a modo indiciario Pablo Iglesias: revelaci? de secretos y/o da?s inform?icos. Respecto del primero, castigado con entre seis meses y tres a?s de c?cel, los fiscales aluden al art?ulo del C?igo Penal que declara extinguida la responsabilidad penal "por el perd? del ofendido". En cuanto a los da?s inform?icos, castigado con pena de multa, los fiscales recuerdan que figura entre los que "s?o ser? perseguibles previa denuncia de la persona agraviada".
Y a?den: "Consta en las actuaciones que la perjudicada Dina Bousselham ha comparecido en la presente causa siempre junto a Pablo Iglesias Turri? bajo una misma defensa t?nica y representaci? procesal. Ello puede entenderse como un perd? t?ito del ofendido, si bien las normas anteriormente transcritas exigen que el perd? del ofendido se otorgue de manera expresa, antes de que se dicte sentencia". Proponen entonces que Bousselham presente un escrito diciendo contra qui? dirige la acci? y que sea citada para ratificarlo.
Tres d?s despu?, el juez contesta a Anticorrupci? en un auto en el que reproduce varios p?rafos literales de la exposici? de la Fiscal? y reitera: "De las actuaciones practicadas no se puede inferir en este momento la ilicitud de las actuaci? del medio de comunicaci? OKDIARIO o de sus responsables. Tampoco resulta posible vincular las publicaciones aparecidas en el referido peri?ico digital OKDIARIO, exclusivamente a la intervenci? del investigado Jos?Manuel Villarejo P?ez". Garc?-Castell? y la Fiscal? sospechan que Iglesias pudo retener la tarjeta hasta 39 meses, al contar como ?ica certeza de que la tiene en su poder la fecha en el sobre que supuestamente env? para su reparaci? en Alemania.
Pero la concordancia con la Fiscal? se rompe al responder el juez a la solicitud de comparecencia de Bousselham. En ese momento, Garc?-Castell? dice que es "innecesaria", que adolece de "falta de proporcionalidad" y que todav? quedan muchas dudas por resolver. A?de que "resulta apremiante" averiguar si la tarjeta se envi?a Alemania o a Reino Unido, qu?ocurri?con ella en manos de los t?nicos, y adelanta lo que concretar? m? adelante: Bousselham debe cambiar de abogado para que su decisi? "no se vea perturbada o influida por la posici? o el cargo que ocupa ?te [Iglesias] en la organizaci? pol?ica que ambos comparten".
Por si quedaba alguna duda de que Bousselham no requiere la protecci? que pretende darle el juez, la exasistente de Iglesias firma un escrito a los tres d?s y lo remite a la Audiencia Nacional. En ? cambia de versi?, asegura que recibi?la tarjeta en buen estado y desliza que pudo ser ella quien la da?ra. "Debo decir que cuando se me entreg? funcionaba, y comprob?que en su interior estaban contenidos de mi tel?ono, y as? yo misma, con el fin de proteger mi intimidad, mi vida familiar y mi relaci? de pareja, acced? a los elementos de naturaleza m? personal e ?timos de ?ta, y por ello puedo indicar que inicialmente funcionaba bien si bien no contrast?ni analic?su contenido".
El juez ignora este escrito en su auto del pasado viernes en el que conmina a Bousselham a abandonar a la abogada que comparte con Iglesias si no quiere que el le asigne un letrado de oficio. Dos d?s antes, el mi?coles pasado, dicta un auto para que se remita a Reino Unido una orden internacional de cooperaci? judicial y poder tomar declaraci? al t?nico y al responsable de una empresa a la que la pareja de Bousselham hab? enviado la memoria da?da. El juez acuerda esa diligencia sin consultar con la Fiscal? Anticorrupci?, seg? confirman fuentes de la Audiencia Nacional.
Mientras el juez desliza de forma reiterada su sospecha de que Bousselham puede estar coaccionada, la antigua asistente de Iglesias ha lanzado una p?ina web de la que es directora y que est?apadrinada por la direcci? de Podemos. El 'caso Pablo Iglesias' se alargar? al menos, hasta que sean satisfechas todas las diligencias solicitadas por Garc?-Castell?, incluido un nuevo informe de los investigadores policiales del caso. Entonces, el magistrado deber?archivar la causa o elevar una exposici? razonada al Tribunal Supremo con los indicios que ha recabado contra el vicepresidente segundo del Gobierno.
EL JUEZ DEL 'CASO VILLAREJO' ACUSA A LA FISCAL? DE INTENTAR "EXCULPAR" A PABLO IGLESIAS
El magistrado Manuel Garc? Castell? obliga a Dina Bousselham a no compartir abogado con el vicepresidente del gobierno
"Si no resulta coherente esgrimir una voluntad impl?ita de dispensar por quien en el proceso se constituye como acusaci? particular, tampoco se aprecia oportuno en este momento, pretender una exculpaci?, frente a quien ni siquiera ha sido llamado al proceso como investigado".
As?respondi?este viernes el magistrado Manuel Garc? Castell? a la Fiscal? Anticorrupci? por se?lar que la ex asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, hab? otorgado ya al vicepresidente del Gobierno el "perd? t?ito" que exige la ley para "exculparlo" del posible delito de revelaci? de secretos o da?s inform?icos que se investiga en esta pieza separada del caso Villarejo por el robo y destrucci? de la tarjeta del m?il de la ex empleada de Podemos.
En el auto, el juez obliga a Bousselham a designar un nuevo abogado por el manifiesto conflicto de intereses con Iglesias en el procedimiento donde se investiga el robo de su tel?ono m?il. Desde el inicio de la instrucci? de esta pieza separada, Iglesias y la ex asesora de Podemos han estado representados por la misma letrada, la abogada Marta Flor. Sin embargo, desde que los investigadores detectaron que el propio l?er de Podemos podr? ser el responsable de la destrucci? de la tarjeta del m?il sustra?o, el magistrado ha apreciado un "insostenible" conflicto de intereses entre ambos.
La Fiscal?, que inst?al juez a retirarle la condici? de perjudicado en el procedimiento al vicepresidente del Gobierno, se ha mostrado, sin embargo, en contra de obligar a cambiar a Bousselham de representaci? letrada al considerar que "los derechos de la v?tima son plenamente disponibles para la perjudicada, ya que goza del derecho fundamental a elegir letrado de confianza, as?como del derecho a otorgar su perd? expreso". Ah?es donde surge la fricci? entre el magistrado y los fiscales Anticorrupci?.
LOS ARGUMENTOS DE ANTICORRUPCI?
Mientras el juez entiende que la acci? de Iglesias es perseguible penalmente, el Ministerio Fiscal considera que una vez otorgado el perd? de su ex asesora no es posible investigarlo, porque Bousselham no quiere proceder contra ?, tal y como dej?entrever en la carta que remiti?a la Audiencia Nacional cambiando de versi? y se?lando que Pablo Iglesias le entreg?la tarjeta del m?il sin da?r, seg? informan fuentes del caso a EL MUNDO. Sin embargo, el instructor considera perseguible el delito de da?s inform?icos a pesar de que existe el h?dicap de que Iglesias se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
El juez Manuel Garc? Castell? considera que la directora de la web La ?tima Hora no ha otorgado un perd? expreso previsto en la legislaci? al vicepresidente del Gobierno y alude a que es "necesario garantizar la pretensi? de Dina Bousselham en su leg?imo derecho a ejercer la acci? penal y esclarecer el delito, frente a una representaci? empe?da en limitar esta actuaci?".
"El Ministerio P?lico pone el foco de atenci? en las diferentes versiones de Dina Bousselham, en ocasiones contradictorias, y trata de inferir de ello una voluntad exculpatoria t?ita respecto del se?r Iglesias. Este magistrado, al contrario, considera que en ning? caso puede deducirse esta interpretaci?. Como se?la la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 225/2020, de 25 de mayo de 2020, el testigo tiene la obligaci? de declarar cuando ejercita la acci? penal en el mismo procedimiento, puesto que en esos casos resultar? contrario al principio de no ir en contra de los propios actos que alguien pueda activar los mecanismos de la Administraci? de Justicia y al mismo tiempo pretender obstaculizar su realizaci? y ?to es precisamente lo que parece desprenderse de los escritos, cuando se intenta sostener un equilibrio incompatible, entre seguir adelante con la causa y evitar que la misma se dirija contra el se?r Iglesias", recalc?el togado.
"CAR?TER VEJATORIO DE LOS HECHOS"
Para el juez, la v?tima ha puesto de manifiesto en su actuaci? "una inequ?oca voluntad de esclarecer los hechos investigados", ya que "la sustracci? de la tarjeta y su suerte ha sido y sigue siendo para la v?tima un elemento nuclear de su pretensi?. Ante ello, Dina Bousselham reclama de la Justicia una respuesta".
El instructor concluye que su "obligaci? es tutelar la efectividad de los derechos de quienes acuden al proceso, cualquiera que sea su condici?". "Atender a las circunstancias del caso concreto y garantizar la efectividad de los derechos de quienes forman parte del proceso es inherente a la condici? de juez independiente, inamovible, responsable y sometido al imperio de la ley, pero es, adem?, una obligaci? expresa de los juzgados y tribunales, quienes est? llamados a proteger los derechos e intereses leg?imos, individuales y colectivos, sin que en ning? caso pueda producirse indefensi?, tutela que resulta especialmente reforzada cuando se trata de una v?tima", agrega.
En la resoluci?, el titular del Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6 de la Audiencia Nacional afirma que "es importante resaltar el car?ter particularmente degradante y vejatorio que los hechos que se han venido conociendo tienen para Dina Bousselham, como ella misma ha manifestado, en tanto que atenta contra su intimidad y contra su patrimonio". La raz? es que en aquella tarjeta de memoria se almacenaba un gran n?ero de im?enes ?timas de la ex asesora de Iglesias.
LOS DELITOS INVESTIGADOS
En las ?timas semanas, a trav? de dos autos diferentes, el instructor de la Audiencia Nacional ha puesto de manifiesto que el vicepresidente Iglesias pudo cometer un delito de da?s inform?icos al quedarse durante meses en su poder con la tarjeta telef?ica de Bousselham y entreg?sela inservible, lo que lo convierte en el principal sospechoso de su destrucci?, pese al cambio continuo de versi? de los hechos de Dina, calificado por el juez como "un equilibrio incompatible" con su condici? de v?tima.
Si la ex consultora de Podemos no designa un nuevo abogado, la Audiencia Nacional le adjudicar?un letrado de oficio en cuanto el auto adquiera firmeza.
https://www.elmundo.es/espana/2020/06/20/5eed2cf1fdddfff0998b4609.html
EL JUEZ PREPARA EL TERRENO PARA QUE IGLESIAS ACABE EN EL SUPREMO POR EL CASO DEL ROBO DEL M?IL DE SU EX ASESORA
El magistrado que investiga en el 'caso Villarejo' la destrucci? de la tarjeta telef?ica de Dina Bousselham la obliga a cambiar de abogado contra su voluntad para que no comparta representaci? legal con el vicepresidente
Garc? Castell? desoye los escritos de la antigua asesora del l?er de Podemos y niega que como v?tima haya descartado el "ejercicio de la acci? penal frente a Pablo Iglesias"
La investigaci? abierta dentro del caso Villarejo sobre el robo y destrucci? de la tarjeta del m?il de Dina Bousselham, ex asesora de Pablo Iglesias, dio este viernes un salto cualitativo. En contra de la voluntad expresada por Bousselham, el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc? Castell? la obliga a cambiar de abogado para que no comparta representaci? legal con el vicepresidente, a quien ha retirado la condici? de perjudicado. ?Por qu?le impone la elecci? de un nuevo letrado? Por "la presencia de un efectivo conflicto de intereses". Es decir, porque seg? el juez hay un potencial choque entre lo que beneficia a la v?tima de un delito y a quien ha podido cometerlo. Este peri?ico no ha logrado confirmar si Bousselham recurrir?la resoluci? del juez.
Conocida desde que se supo que hab?n sido extra?os de su m?il datos que tras su robo en 2015 fueron difundidos por Okdiario, Bousselham no respalda los pasos dados por el juez en el ?timo mes. La Fiscal? Anticorrupci?, tampoco. En los registros al comisario Jos?Manuel Villarejo aparecieron dos archivos sobre datos de la tarjeta m?il de este tel?ono.
Pero esos pasos parecen ir apretando un nudo en torno a Iglesias. De hecho, todas las fuentes jur?icas consultadas coinciden en que tanto el auto dictado este viernes como las actuaciones anteriores indican que el juez est?preparando el terreno para llevar al vicepresidente ante el Tribunal Supremo, el ?ico con potestad para investigarlo penalmente. En el auto Garc? Castell? sostiene que "de la actuaci? de Dina Bousselham "no se desprende "una t?ita renuncia al ejercicio de la acci? penal frente a Pablo Iglesias". Y que "es precisamente en este punto donde el conflicto [de intereses] se revela insostenible". La antigua asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo dirige ahora un digital vinculado a Podemos.
Sustentando su decisi? en las diferentes versiones de la antigua colaboradora de Iglesias sobre la destrucci? de la tarjeta, el magistrado aplica criterios similares a los que buscan proteger a una v?tima frente a un eventual agresor capaz de ejercer una posici? de dominio personal o profesional. No lo dice de forma expresa pero se desprende del contenido de su resoluci?. Esa es la lectura que hacen del texto fuentes conocedoras de los planteamientos de Garc? Castell?.
Un delito perseguible solo a petici? de parte
En su primera declaraci?, Bousselham dijo que nunca pudo acceder al contenido de la tarjeta una vez la tuvo de nuevo en su poder. M? tarde, se corrigi?a s?misma y asegur?que "inicialmente funcionaba bien".
Pero incluso si fue Iglesias quien destruy?la tarjeta por cualquier motivo antes de entreg?sela a su asesora, la Fiscal? entiende que la due? del tel?ono no alberga el menor deseo de ejercer acciones contra ?. Y que en ?tima instancia ya le habr? otorgado su perd?. El delito de da?s inform?icos solo es perseguible a petici? del perjudicado. Fue la Fiscal? la que pidi?que se retirase a Iglesias la condici? de perjudicado.
Pese a todo lo anterior, el juez ha seguido practicando diligencias no requeridas por ninguna de las partes: considera que "es su obligaci?", dice una fuente. Las ?timas diligencias, estas: la solicitud de un informe a la brigada de Polic? Cient?ica y el env? de una comisi? rogatoria a la empresa brit?ica a la que el marido de Bousselham envi?la tarjeta del m?il en septiembre de 2017, como adelant?vozpopuli.
El resultado de esa rogatoria sobre en qu?estado recibieron la tarjeta puede ser determinante para que Garc? Castell? persista en su l?ea o modifique el rumbo de unas diligencias que empiezan a eclipsar las de otras piezas relevantes del caso. Entre otras, las de la pieza Kitchen, centrada en la operaci? policial y parapolicial en que intervinieron el comisario Villarejo y otros mandos para impedir que Luis B?cenas conservase documentaci? incriminatoria para el PP. En enero, el antiguo jefe operativo (DAO) de la Polic? Eugenio Pino declar?que el ministro del Interior Jorge Fern?dez D?z le transmiti?un mensaje de Mariano Rajoy: que tratase bien a Villarejo y no intentara librarse de ?.
De momento, en el caso Dina hay dos preguntas sin responder: la primera, por qu?Pablo Iglesias tard?varios meses en devolverle la tarjeta a su propietaria una vez le fue entregada por el ya desaparecido due? del Grupo Zeta, Antonio Asensio; y la segunda, por qu?la invalid?si realmente lo hizo. Anque Podemos ha optado por un silencio herm?ico, en c?culos pol?icos ha comenzado a prosperar la versi? seg? la cual dentro de la tarjeta pod? haber datos "sensibles". No sensibles para la intimidad de Dina Bousselham -en la tarjeta se almacenaban fotos ?timas suyas- sino para el partido.
El auto de Garc? Castell? evidencia una fractura entre el juez y la Fiscal? Anticorrupci?. Por ejemplo, el magistrado remacha que Dina Bousselham "ha puesto de manifiesto en su actuaci? una inequ?oca voluntad de esclarecer los hechos investigados". Y reprocha sin tapujos a Anticorrupci? que interprete lo contrario: que "ha puesto de relieve una inequ?oca falta de voluntad por esclarecer los hechos".
Pero esa fractura no es la primera. Ni la ?ica. De momento y con un portazo sobre la supuesta prescripci? de los delitos, el magistrado ha cerrado en la Operaci? P?ica la puerta a seguir investigando todo lo relacionado con el urbanismo de Valdemoro. Ese es el municipio madrile? donde arranc?su actividad el grupo en cuya c?pide aparece el antiguo n?ero 2 del PP madrile?, Francisco Granados. Entre las operaciones de Valdemoro que tanto la acusaci? popular como la Fiscal? Anticorrupci? siguen pretendiendo que se investiguen ?el asunto est?pendiente de un recurso? figura una cuyo protagonista es El Corte Ingl?.
EL JUEZ ALARGA DOS MESES EL CASO P?ICA TRAS EL VIRUS Y FIJA EL FIN EL 27 DE AGOSTO
Da un plazo 'extra' de 82 d?s -los mismos que han estado suspendidos los plazos procesales- y ordena impulsar la investigaci? en Valdemoro.
El juez desoye al exconsejero 'd?colo' de Aguirre y le mantiene en P?ica por el 1%
El magistrado del caso P?ica, Manuel Garc? Castell?, ha reactivado el procedimiento en el que se investiga una presunta caja b en el PP madrile? y ha fijado el pr?imo 27 de agosto como fecha final de la instrucci?. Se trata de una decisi? que adopta el juez un d? despu? de que se reanuden los plazos procesales, paralizados tras decretarse el estado de alarma el 14 de marzo. De este modo, da impulso a una de las principales causas de corrupci? y determina que prorrogar?los plazos 82 d?s m?, que son los mismos que ha estado paralizada la causa por la crisis sanitaria.
La trama que salpica a exdirigentes del PP madrile? como Francisco Granados, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes, contaba con fecha l?ite el 6 de junio, es decir, este mismo s?ado. La Sala de lo Penal fij?este plazo corrigiendo el criterio del instructor, que en un principio estableci?2022 como tope m?imo para terminar de instruir un caso considerado por la Fiscal? Anticorrupci? como "extremadamente complejo". Ahora, el magistrado plasma su criterio en una providencia de este mismo viernes recogida por La Informaci?, en la que aclara que alargar?la instrucci? ?ica y exclusivamente el tiempo que ha estado paralizada.
Igualmente, da impulso a parte de las pesquisas que se quedaron en el aire, como es el caso de la investigaci? relativa a los negocios de la trama en Valdemoro, epicentro de la red. El instructor se hace eco de la decisi? de la Sala de lo Penal de reabrir esta parte de la macrocausa, tal y como pidi?Anticorrupci?, y ordena practicar las diligencias que solicitaron las fiscales. Aunque consider? en un principio que esta pieza no ten? m? recorrido al estar los hechos prescritos, la Sala dio la raz? a Anticorrupci? y dijo que la investigaci? por el PGOU de 2004 en la localidad de la que fue alcalde Granados as?como las adjudicaciones del consistorio del que era edil Granados no est?prescrita.
Garc? Castell? vuelve a requerir a la Fundaci? para el Desarrollo Econ?ico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) para que responda acerca de unas diligencias solicitadas por Cifuentes. Las pesquisas realizadas desde el estallido de esta causa en 2014 demostrar?n que este organismo se habr? empleado por los acusados para desviar fondos p?licos a la caja del PP madrile?. Cifuentes, por su parte, neg?en su interrogatorio ante el juez el pasado mes de octubre la existencia de una financiaci? paralela a la oficial en la formaci? y rechaz?irregularidades de la fundaci? de la que fue patrona Esperanza Aguirre. De hecho, aport?un listado de nombres que habr?n formado parte de la fundaci?, entre los que incluy?al actual presidente del PP, Pablo Casado, l?er entonces de las Nuevas Generaciones (NNGG) de la formaci?.
Prueba de que el magistrado pisa el acelerador para tener la causa instruida en dos meses, es que libra oficio a expertos del Ministerio de Fomento y de Hacienda para que informen de las pericias acordadas en esta causa "a la mayor brevedad posible". Adem?, tiene pendiente volver a citar en sede judicial a testigos propuestos por la Fiscal? Anticorrupci? en el marco de la pieza que investiga la presunta caja b de la formaci?. El par? judicial dej?en el aire las declaraciones del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega; su hom?ogo en Boadilla del Monte Arturo Gonz?ez Panero (conocido como 'el Albondiguilla') e Isabel Jord?, esta ?tima exempleada de una de las empresas de Francisco Correa, quienes en un principio fueron llamados a declarar los pasados 14 y 15 de abril.
El futuro de Aguirre, en el aire
Durante este tiempo se han ido presentado escritos al juzgado como el aportado recientemente por Manuel Lamela. El exconsejero del Gobierno de Madrid pidi?el archivo de su causa desvincul?dose de la presunta red del 1% que habr?n aplicado los acusados a la licitaci? de obras de hospitales y centros de salud en la Comunidad de Madrid. El titular del Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6, por su parte, declin?la petici? y apunt?que los hechos que se indagan en esta pieza son "graves" y est? relacionados con una trama de corrupci? que tiene "m?tiples ramificaciones". A diferencia de Lamela, el presidente de Prisa Javier Monz? si obtuvo el archivo definitivo de la Sala de lo Penal, la cual respald?al instructor y consider?que no pesaba sobre ? ning? indicio de delito por presuntas irregularidades en Indra.
Con todo, los investigadores acelerar? para dar por terminado el caso que arranc?en octubre de 2014 con la detenci? de Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, adem? de ediles de varias localidades de Madrid. La causa ha ido creciendo estos a?s hasta desgajarse en un total de 11 piezas que aglutinan m? de un centenar de acusados. Algunas de ellas est? casi terminadas, como la relativa a Alfedel (sobre presuntos ama?s en la adjudicaci? de construcci? de colegios) o Cofely (que salpica a una decena de municipios madrile?s por adjudicaciones irregulares a la firma francesa). Otras, como la presunta caja b del PP madrile? siguen todav? su curso y mantienen la lupa en la presunta responsabilidad penal que pudieron tener en estos hechos Esperanza Aguirre y Cifuentes.
https://www.lainformacion.com/espana/juez-alarga-punica-fin-27-agosto/2807033/
BATALLA ?SUPREMA? DE MAGISTRADOS POR UNA PLAZA EN EL JUZGADO DEL ?CASO VILLAREJO?
El alto tribunal decidir?sobre la pelea de dos jueces, que se cruzan reproches, por ocupar un puesto de instructor en la Audiencia Nacional
Acostumbrados a decidir, a los magistrados Alejandro Abascal y Rosa Mar? Freire les tocar?esta vez acatar. El Tribunal Supremo ya tiene entre sus manos la intensa batalla que ambos mantienen por ocupar una plaza de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6 de la Audiencia Nacional, que investiga causas tan medi?icas como los casos P?ica y Lezo, que cerca la corrupci? del PP; y la Operaci? T?dem, sobre la macrotrama pol?ica, policial y empresarial que gira en torno al comisario jubilado Jos? Manuel Villarejo. Despu? de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), controlado por los conservadores, decidiera en febrero del pasado a? que ocupara el puesto el primero de ellos, miembro de la tambi? conservadora Asociaci? Profesional de la Magistratura (APM); la segunda se embarc?en una guerra que ya ha dejado un buen intercambio de reproches entre sus protagonistas.
En sus escritos, Rosa Mar? Freire, titular del Juzgado de Instrucci? 32 de Madrid e impulsora de la causa sobre la destrucci? de los discos duros del extesorero Luis B?cenas ?donde el PP arremeti?contra ella y lleg?a pedir su recusaci??, acusa al Poder Judicial de elegir a su oponente tras obviar todos los m?itos que le eran ?objetivamente favorables? y tras crear ?un m?ito superlativo de idoneidad no contemplado en la norma?. Una denuncia que elev?m? de tono el colectivo al que pertenece, la Asociaci? Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que considera que el CGPJ adopt?un criterio ?arbitrario? en el seno de un Consejo que ?se parece a un grupo de amigos de un club de golf?.
Unas palabras que ya han encontrado respuesta de Abascal, juez de Adscripci? Territorial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este envi?el pasado 7 de enero un escrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, al que ha tenido acceso EL PA?, donde defiende la decisi? del Poder Judicial y reprocha a Freire que, seg? ella, ?cualquier decisi? que no pase por designarla se convierte en discriminatoria?. ?[Las afirmaciones de Freire] se agotan en su muy personal juicio de valor sobre la superioridad de la candidata frente a cualquier consideraci? que se le pueda oponer?, apostilla el documento, donde tambi? acusa a la magistrada de ?atribuirse? continuamente una posici? de ?preferencia? frente a ?.
En su decisi? del pasado a?, el CGPJ valor?para designar a Abascal que en 2016 ya hab? ocupado seis meses ese mismo puesto. Un criterio que rechaza Freire, que entonces no opt? a la plaza y que recuerda que ella ostenta en la carrera el n?ero 1.271 del escalaf?, frente al 4.212 de su adversario. A lo que Abascal responde que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, al poner en marcha el concurso, consider?que ?deb? prevalecer la experiencia en el propio ?gano?.
?En resumen, lo que [Freire] hace no es contrastar sus m?itos con la definici? de las concretas necesidades del ?gano para concluir que sus m?itos son mayores, sino usurpar las funciones del ?gano de gobierno y establecer un cuadro de m?itos que construye esas necesidades a la medida de la conveniencia de su curr?ulo personal?, remacha el juez en su escrito del 7 de enero, donde tambi? acusa a su oponente de insinuar que se le ha discriminado por raz? de g?ero: ?Aunque parece que, en realidad, lo que plantea es una queja por el hecho de que la resoluci? impugnada no hubiese incluido un factor de discriminaci? de g?ero a su favor?.
Otros recursos
M? all?de la disputa particular entre estos dos magistrados, su pelea ahonda en la crisis de reputaci? que sufre el CGPJ. Pese a que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018, este ?gano ha seguido haciendo nombramientos discrecionales ?entre ellos, el de Abascal?, que dos asociaciones judiciales han decidido recurrir al Supremo: ?Los cargos se est? repartiendo por afinidades y no por lo ?ico que deber? contar en estos casos, que es adjudicarlos de forma objetiva e imparcial a quienes m? se lo merezcan y mejor los puedan ejercer?, denunci?entonces la AJFV. El Supremo ya anul?el nombramiento de Eloy Velasco y Enrique L?ez como magistrados de la Sala de Apelaci? de la Audiencia Nacional tras las alegaciones de otros jueces.
En este contexto, tras la celebraci? de las ?timas elecciones del pasado 10 de noviembre y la negativa del PP a sentarse con el PSOE a negociar la renovaci? de un CGPJ de mayor? conservadora, el presidente del ?gano Carlos Lesmes anunci?el mes pasado que no har?m? nombramientos hasta que no se renueve.
https://elpais.com/politica/2020/02/07/actualidad/1581103175_404351.html
LA AUDIENCIA CONFIRMA LA DESIMPUTACI? DE JAVIER MONZ?, EXPRESIDENTE DE INDRA
La Sala de lo Penal rechaza el recurso de la Fiscal? contra el actual presidente no ejecutivo de PRISA
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado este jueves los dos recursos presentados por la Fiscal? y la asociaci? de abogados Adade contra la decisi? del juez del caso P?ica de archivar la investigaci? abierta contra Javier Monz?, expresidente de Indra y actual presidente no ejecutivo del Grupo PRISA, editor de EL PA?. Seg? consta en sendos autos, la Secci? Cuarta del ?gano judicial confirma la decisi? del magistrado instructor Manuel Garc?-Castell?, que concluy?que no hab? quedado acreditada la existencia de pruebas o indicios que se?len al empresario como ?autor, c?plice o encubridor? del supuesto desv? de fondos p?licos ?a trav? de la adjudicaci? de contratos a la tecnol?ica? para financiar de manera irregular las campa?s electorales del PP de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid.
En sus escritos, la Sala de lo Penal apunta que, como se?l? el juez Garc?-Castell?, ?tras varios a?s de investigaci?, nadie ha se?lado ni aportado dato alguno relativo a que Monz? tuviera conocimiento de la actividad delictiva objeto de investigaci??. ?Si llegado a un punto de la investigaci? se constata que no hay diligencias que impliquen a ese directivo, necesariamente por ley, la investigaci? penal tiene que cesar?, apostillan los magistrados de la Secci? Cuarta en uno de los autos, contra los que no cabe recurso.
La Fiscal? manten? que el expresidente de Indra no pod? ser ajeno a la participaci? de esa compa?a en el presunto plan urdido por dirigentes del PP madrile?s para desviar fondos durante las presidencias de Aguirre e Ignacio Gonz?ez. Pero la Sala de lo Penal responde que no se puede achacar a Monz? la responsabilidad de las actividades de sus empleados con las investigaciones que, hasta ahora, se han puesto sobre la mesa. ?Ante la ausencia de un m?imo dato que permita atribuir al presidente de Indra el conocimiento de una actuaci? il?ita, no es posible continuar una investigaci? judicial penal?, dice la Secci? Cuarta, que confirma as?el levantamiento de su imputaci?.
https://elpais.com/espana/2020-05-07/la-audiencia-confirma-la-desimputacion-de-javier-monzon-expresidente-de-indra.html
PUNICA. LA AUDIENCIA OBLIGA AL JUEZ DE 'P?ICA' A INVESTIGAR PELOTAZOS URBAN?TICOS QUE DESECH?ALEGANDO QUE HAB?N PRESCRITO
La Sala de lo Penal remarca que las operaciones anteriores al PGOU de 2004 son "solo una fase" de una presunta actividad delictiva de la trama en Valdemoro (Madrid) "prolongada en el tiempo"
Entre esas operaciones figura una que afect?a suelos r?ticos de El Corte Ingl? que acabaron recalificados y en manos de uno de los 'socios ocultos' del exn?ero 2 del PP, Francisco Granados
La Audiencia Nacional acaba de tumbar el auto con que el juez instructor de P?ica dio en enero un paso que en la pr?tica enterraba la investigaci? sobre pelotazos urban?ticos en el municipio de Valdemoro, durante a?s feudo de Francisco Granados, que fue primero su alcalde y luego consejero de Presidencia y Justicia y n?ero 2 del PP de Madrid. En ese auto, el juez Manuel Garc? Castell? deneg?una bater? de diligencias pedidas por Anticorrupci? que afectaban a actuaciones anteriores a 2004. Lo hizo bajo el argumento de que, al haber transcurrido m? de 15, a?s, todo aquello estaba ya prescrito. Ahora, las diligencias deber? ser practicadas. Queda poco tiempo para ello: la reforma legal aprobada bajo el Gobierno de Mariano Rajoy obliga a que la instrucci? finalice, est?como est? el 6 de junio.
Entre las operaciones de las que ped?n nueva documentaci? las fiscales del caso ?y as?lo remarcaron luego en un demoledor recurso que este mi?coles ha aceptado la Sala de lo Penal de la Audiencia? figura una que afect?a una bolsa de suelo propiedad de El Corte Ingl?: de r?ticos, los terrenos pasaron a urbanizables de uso residencial y fueron adquiridos por uno de los conocidos como socios ocultos de Granados, el empresario Ramiro Cid, el promotor que levant? a gusto del pol?ico una mansi? que la Fiscal? considera un soborno en especie. La semana pasada, el juez deneg?otra solicitud: esta, formulada por las acusaciones populares que ejercen el PSOE y la asociaci? de abogados Adade para que declare como imputado quien ejerci?en aquella operaci? como representante legal de la cadena de distribuci?. El magistrado rechaz?la solicitud sin esperar a que se pronunciase la Fiscal?.
Tras la resoluci? de la Sala de lo Penal, instancia superior que dirime los recursos sobre los pasos dados por cada uno de los seis jueces centrales de la Audiencia, todas las diligencias deber? practicarse. Porque ?concluyen los magistrados de la Secci? Cuarta? no ha prescrito ninguno de los hechos sobre los que el ministerio p?lico ha puesto el foco. Las actuaciones urban?ticas en las que la Fiscal? pretende profundizar ?dice el auto de la Sala? tuvieron efectivamente lugar antes de 2004. Pero "por supuesto ?a?de el texto? no pueden considerarse prescritas habida cuenta de ser solo una fase de esa misma actividad criminal prolongada en el tiempo en el seno de una organizaci? dedicada a la comisi? de hechos delictivos para su enriquecimiento personal". En otras palabras, lo sucedido entre 1999 y 2004 se inscribe en una etapa preparatoria de lo que el PGOU de 2004 termin?consagrando. Y, por tanto, todo ello forma parte de una "presunta actividad delictiva que se inicia y concreta en los a?s 1999 y 2000".
El auto de Garc? Castell? lleva fecha del 14 de enero. Seis d?s m? tarde, el juez suspendi?sobre la marcha y a petici? del abogado de Granados la comparecencia de una testigo largamente esperada por las acusaciones por cuanto iba a explicar, como experta, la ruta de muchas decisiones urban?ticas plasmadas en el PGOU de mayo de 2004. Ese d?, 20 de enero, la Fiscal? a? no hab? recibido la resoluci? del magistrado. Y ?seg? su recurso? no le fue notificado por fax hasta el viernes 24 de ese mismo mes.
A los tres d?s, el 27 de enero ?esa es la fecha del sello de registro? Anticorrupci? curs?su recurso al juzgado de Garc? Castell? para que lo remitiese a la Sala de lo Penal. Ahora, el auto por el que esa Sala da la raz? a la Fiscal? precisa que el recurso lleg?a la Secci? Cuarta el pasado d? 9. Escrito en may?culas, el encabezamiento del escrito de la Fiscal? era este: "Causa urgente. Plazo m?imo de instrucci?". Era un aviso de que todo lo que no se haga antes del 6 de junio quedar?literalmente fuera de la escena jur?ica.
LA AUDIENCIA CORRIGE AL JUEZ DE P?ICA Y AMPL? LA INVESTIGACI? A LOS AMA?S DE GRANADOS EN VALDEMORO ANTERIORES A 2004
El juez Garc?-Castell? deneg?a Anticorrupci? documentos urban?ticos del municipio epicentro de la trama por considerar los hechos prescritos
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha tumbado la pretensi? del juez del caso P?ica de no indagar en los presuntos ama?s entre Francisco Granados y empresarios de la trama previos a la aprobaci? en 2004 del Plan General de Ordenaci? Urbana (PGOU) de Valdemoro, localidad madrile? considerada epicentro de este caso de corrupci? y de la que el exdirigente del Partido Popular fue alcalde entre 1999 y 2003.
El juez Manuel Garc? Castell? rechaz?el pasado 13 de enero una bater? de diligencias sobre contratos y adjudicaciones en ese municipio fechados antes de 2004, que es cuando se aprob?el citado plan urban?tico. Acord? considerar prescritos esos hechos al estimar que "ya habr?n transcurrido m? de 15 a?s desde su presunta comisi?", que es el l?ite que marca la ley.
Las fiscales del caso, Carmen Garc? Cerd?y Teresa G?vez, presentaron entonces un recurso de apelaci? al entender que el magistrado hab? incurrido en un "error manifiesto" al hacer el c?culo porque el plazo de prescripci? deber? empezar a contar desde que comenz?la investigaci? judicial, el 18 de junio de 2014.
En un auto fechado este mi?coles, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional da la raz? a las representantes del Ministerio P?lico. Entienden los magistrados que esa presunta actividad delictiva "se inicia y concreta en los a?s 1999 y 2000" y que no puede considerarse prescrita porque es "s?o una fase" de una actividad "prolongada en el tiempo" y cuyo plazo de prescripci? se interrumpi?al admitirse la querella que dio lugar a estas pesquisas el 18 de junio de 2014.
La Fiscal? sostiene que cuando Granados lleg?a la alcald?, en 1999, se puso en marcha una "estrategia" dirigida a "repartir" el suelo entre los empresarios implicados con el objetivo de "enriquecerse" con las plusval?s de los desarrollos urban?ticos contenidos en nuevo el PGOU que finalmente se aprob?en 2004. Esas plusval?s, sostiene el Ministerio P?lico, deber?n haber repercutido en el Ayuntamiento.
Las fiscales manejan indicios de que en la tramitaci? del PGOU de Valdemoro se llev?a cabo un "plan preconcebido" por parte de sus impulsores y con respaldo de los t?nicos municipales que ten? como objetivo "realizar una modificaci? sustancial de terrenos que previamente, y con conocimiento de las normas del futuro plan, hab?n sido adquiridos por empresas vinculadas a los responsables del mismo, produci?dose con ello una importante ganancia patrimonial en los empresarios correspondientes".
A juicio del Ministerio P?lico, limitar la investigaci? a los hechos posteriores a 2004 supondr? "desconectar" ese hecho concreto de toda otra serie de actuaciones delictivas que "antecedieron" y siguieron en a?s posteriores a la aprobaci? del PGOU y que son constitutivas de delitos continuados de fraude, tr?ico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohechos, malversaciones y prevaricaciones.
Esta cuesti? abri?una brecha entre el juez del caso y las fiscales. El magistrado les advirti?de que las diligencias solicitadas -autorizadas ahora por la Sala de lo Penal-eran de un car?ter tan "gen?ico" que "podr?n dar lugar a una suerte de prospecci? general" que es "incompatible con los fines de la investigaci?". Las fiscales respondieron afeando al instructor haber declarado prescritos los hechos "de forma gen?ica e imprecisa" y a trav? de una actuaci? un "incongruente" que dejaba la causa en una situaci? de "total inseguridad jur?ica".
https://www.eldiario.es/politica/Audiencia-Punica-investigar-Granados-Valdemoro_0_1004750245.html
ANTICORRUPCI? ACUERDA CON LA ADMINISTRADORA DE G?TEL QUE IMPLIQUE A ESPERANZA AGUIRRE EN EL 'CASO P?ICA'
El juez Garc?-Castell? cita a Isabel Jord? el pr?imo 15 de abril para que cuente lo que sabe sobre el papel de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid en los contratos p?licos investigados
El Juzgado de Instrucci? n?ero 6 de la Audiencia Nacional que investiga la denominada Operaci? P?ica ha citado a la administradora de la trama G?tel, Isabel Jord?, para que declare en calidad de testigo el pr?imo 15 de abril. La citaci? tiene lugar despu? de que Jord?, condenada por varias piezas del caso (la que investigaba el stand de Valencia en Fitur y la Primera ?oca de la trama), haya acordado con la Fiscal? Anticorrupci? explicar los datos que conoce en relaci? a la contrataci? por parte de la Comunidad de Madrid de la empresa de eventos Over Marketing. Y especialmente detallar cu? era la intervenci? de la ex presidenta 'popular' Esperanza Aguirre en estas licitaciones p?licas.
Seg? ha podido saber EL MUNDO a trav? de fuentes pr?imas a las conversaciones mantenidas durante los ?timos meses entre Jord? y el Ministerio P?lico, quien fuera una de las personas de m?ima confianza de Francisco Correa en sus empresas, est?dispuesta a contar que "Aguirre estaba al tanto de todas las contrataciones" con la empresa propiedad del argentino Daniel Mercado, investigado por financiar irregularmente al PP en varias comunidades aut?omas como Madrid y Baleares.
No obstante, Jord? tiene previsto precisar que Aguirre, seg? la informaci? de que dispone, "no se benefici? personalmente" de estos contratos "pero s?vio mejorada su imagen". Seg? el relato que tiene previsto detallar Jord?, cuando las empresas de Correa aterrizaron en la Comunidad de Madrid ya hab? una serie de entidades dedicadas a la organizaci? de eventos que se adjudicaban los grandes contratos y, entre ellas, se encontraba Over Marketing. De esta forma, seg? ha explicado Jord?, "hab? consejer?s para las que s?o trabajaba Over" y a las que la empresa Easy Concept de Correa no pudo acceder.
La informaci? de la que dispone esta ex trabajadora del Grupo Correa se debe a que Easy Concept fue utilizada por Over Marketing para presentarse a algunas de las licitaciones y repartirse el negocio posterior por lo que explicar?que tuvo informaci? directa sobre estos procesos.
Seg? Jord?, Aguirre "no se llev?un solo euro" pero los trabajos de estas empresas para la Comunidad de Madrid le permitieron llevar a cabo m? de medio millar de eventos al a? que le permitieron tener una importante notoriedad social y pol?ica. Seg? las mismas fuentes consultadas por este peri?ico, Jord? atribuye en esencia a Aguirre una considerable "ambici? de poder" pero la exculpa de cualquier tipo de cobro de comisiones o lucro personal.
La del pr?imo mes de abril no ser?la primera declaraci? judicial en la que Jord? aborde el rol de Aguirre en las contrataciones p?licas. En noviembre de 2016 durante el primer gran juicio de la trama G?tel ya dijo que la ex presidenta madrile? buscaba "su posicionamiento a nivel pol?ico porque ella era la que sal? en los eventos" organizados por las empresas mencionadas anteriormente.
En esta l?ea recalc?que "el boom de los eventos" tuvo lugar en "2006, cuando lleg?a haber hasta dos y tres al d?". "Llegamos a trabajar para Aguirre un 25 de diciembre y fines de semana", abund?
La Fiscal? Anticorrupci? tambi? se ha puesto en contacto con el ex alcalde 'popular' de Majadahonda, Guillermo Ortega, que prestar?declaraci? en P?ica un d? antes que Jord?, el 14 de abril. Al igual que la ex administradora de G?tel, ser?preguntado por la informaci? que dispone de Aguirre. En el mismo sentido declarar?Arturo Gonz?ez Panero, ex alcalde del PP de Boadilla del Monte, quien recientemente tambi? ha apuntado en un escrito remitido a la Fiscal? Anticorrupci? que Aguirre ten? "un control absoluto tanto en la Comunidad de Madrid como en el partido; nadie hac? nada importante sin su benepl?ito", ha se?lado.
Tanto Jord? como Ortega y Gonz?ez Panero buscan con sus nuevas declaraciones un trato favorable por parte del Ministerio P?lico, tanto en las causas pendientes que tienen algunos de ellos como en r?imen penitenciario que tienen Jord? y Ortega.
Estas declaraciones han sido instadas por la Fiscal? Anticorrupci?, que intenta de esta manera reforzar los indicios contra la ex presidenta madrile? para intentar procesarla en P?ica. El Ministerio P?lico dud?durante mucho tiempo si citarla como imputada al considerar que los elementos que ten? contra ella no eran suficientes. En estos momentos considera necesario recabar m? testimonios en su contra, a pesar de que negocia con algunos condenados que cumplen ya pena de prisi?.
Cabe recordar que Aguirre se encuentra imputada en estos momentos en el 'caso P?ica' despu? de que la Fiscal? Anticorrupci? le haya atribuido su participaci? en una "red de decisi? y ejecuci? cohesionada" para instrumentar "diversos canales de financiaci? irregular" en el PP de Madrid. Aguirre neg?en su declaraci? ante el juez Manuel Garc?-Castell? haber autorizado o conocido cualquier tipo de conducta ilegal.
https://www.elmundo.es/espana/2020/03/11/5e681f61fc6c83796c8b458b.html
EL JUEZ DE P?ICA RECHAZA IMPUTAR AL REPRESENTANTE DE EL CORTE INGL? SIN ESPERAR A QUE OPINE LA FISCAL?
Garc? Castell? desestima la solicitud del PSOE para que declare un exdirectivo por una operaci? urban?tica en el municipio madrile? de Valdemoro Se recalificaron terrenos de la cadena a trav? de un acuerdo suscrito con el socio oculto de Francisco Granados
El juez Manuel Garc? Castell?, instructor del caso P?ica, acaba de rechazar la petici? del PSOE para que declare como imputado el ya exdirectivo que entre 2001 y 2004 actu?como representante legal de El Corte Ingl? en una operaci? urban?tica que recalific?en Valdemoro (Madrid) una gran bolsa de suelo r?tico propiedad de la cadena tras el convenio que suscribi?en 2001 con uno de los considerados socios ocultos de Francisco Granados, el constructor Ramiro Cid. Fechado el pasado d? 3, el titular del juzgado central 6 de la Audiencia Nacional ha emitido el auto por el que deniega esa solicitud sin esperar al pronunciamiento de Anticorrupci?. Y ello pese a que un d? despu? de que los socialistas y la asociaci? de abogados Adade involucrasen al gigante de la distribuci? en los manejos urban?ticos atribuidos al antiguo n?ero 2 del PP madrile? y sus aliados, el juzgado central 6 de la Audiencia Nacional traslad?el escrito a la Fiscal? "a fin de que emita informe".
Fuentes jur?icas confirmaron este lunes a infoLibre que las fiscales del caso a? no han elevado tal informe, para el que no existe un plazo cerrado de presentaci?. No se sabe por tanto si Anticorrupci? ten? o tiene previsto apoyar la imputaci? que reclama el PSOE, que impugnar?ante la Sala de lo Penal la negativa de Garc? Castell?. El juez sostiene que los socialistas, que ejercen una de las acusaciones populares, piden llamar como investigado a aquel representante legal sin ning? motivo.
El auto expone as?la postura del juez: "La afirmaci? sobre la existencia de informaci? privilegiada por parte de personas relacionadas con la mercantil El Corte Ingl?, en relaci? a la calificaci? de los terrenos del PGOU de Valdemoro, se basa en el m? absoluto vac? indiciario, en una mera sospecha sin principio de prueba alguna que justifique la existencia de indicios racionales que justifiquen el llamamiento al proceso como investigado" de aquel directivo. Dado que no ha sido imputado, este peri?ico omite su nombre, cuyas iniciales son F.J.S., y que ya hace a?s que no mantiene relaci? profesional con El Corte Ingl?.
La existencia de este nuevo auto da alas a otro dictado por el mismo Garc? Castell? en enero y que al denegar diligencias requeridas por la Fiscal? abre la puerta a archivar una parte esencial de P?ica: justamente la que concierne al urbanismo de Valdemoro, feudo inicial pol?ico de Granados y donde sus hombres fuertes en el terreno empresarial ?Ramiro Cid y David Marjaliza, el gran arrepentido del caso? llenaron sus cuentas gracias a pelotazos urban?ticos hoy marcados por un alud de indicios incriminatorios.
En aquella resoluci? de enero, lo que Garc? Castell? ven? a sostener es que ya no cabe investigar nada de lo sucedido antes de 2004 porque el plazo m?imo de prescripci? era de 15 a?s. Anticorrupci? formul?de inmediato un recurso demoledor ante la Sala de lo Penal donde tacha de "incongruente" el auto de enero porque "incurre en un error manifiesto" al considerar prescritos hechos anteriores a la aprobaci? del PGOU de 2004 como si la investigaci? judicial hubiese comenzado ahora y no el 18 de junio de 2014.
El recurso delata la profunda brecha que separa al magistrado y a la Fiscal? a menos de tres meses de que la instrucci? de P?ica llegue a su fin el 6 de junio falte lo que falte por averiguar. En sus p?inas, Anticorrupci? detalla dos de las operaciones urban?ticas sobre las que hab? reclamado la pr?tica de pruebas. Y una de esas operaciones es la que ata? a El Corte Ingl? y la bolsa de terreno r?tico que termin?convertido en suelo residencial en el ?ea de Valdemoro conocida como El Majuelo Norte.
PSOE Y ADADE INVOLUCRAN A EL CORTE INGL? EN UNA OPERACI? URBAN?TICA INVESTIGADA EN 'P?ICA'
Las dos acusaciones populares piden al juez Garc? Castell? que llame a declarar a un exdirectivo de la firma por una recalificaci? urban?tica que asegur?un pelotazo a uno de los socios de Granados La operaci? es una de las dos citadas por Anticorrupci? como ejemplo de ilegalidad en su recurso contra el auto del juez que abre la puerta a enterrar por prescripci? una parte de lo investigado en P?ica
Las dos acusaciones populares que en el caso P?ica ejercen la asociaci? de abogados Adade y el PSOE acaban de pedir la imputaci? del directivo que en nombre de El Corte Ingl? particip?en convenios privados y p?licos que en 2004 condujeron a la recalificaci? de una bolsa de terrenos que la empresa pose? en Valdemoro. Es decir, en el municipio madrile? que fue el primer feudo pol?ico de Francisco Granados, cuya detenci? en octubre de 2014 marc?el estallido del caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc? Castell?. Dos a?s despu? de que el suelo fuese recalificado para uso residencial, el Ayuntamiento adjudic?en 2006 parte de ? de forma directa al empresario Ramiro Cid Sicluna. A trav? de su empresa Obras y V?s, Cid Sicluna se hab? comprometido con El Corte Ingl? en 2001 a recalificar el suelo. A tenor de los hechos, lo consigui? Cid Sicluna es quien, despu?, levant? en Valdemoro una mansi? a gusto de Granados y que Anticorrupci? considera un pago en especie para el pol?ico del PP, de quien ?sostiene la Fiscal?? era socio oculto.
En un escrito presentado este jueves y al que ha tenido acceso infoLibre, Adade y el PSOE piden que declare como investigado un exdirectivo ?su condici? de ex la confirmaron a este peri?ico fuentes oficiales de El Corte Ingl??, cuya versi? no ha podido recabar este peri?ico y que responde a las iniciales F.J.S. Seg? el escrito, F.J.S "figura como representante de Induyco o El Corte Ingl? en varios documentos incorporados a la causa?. De "los indicios obrantes en la documentaci? incorporada", se concluye que le correspondi?a ? hacer "el seguimiento del proceso". Seg? estas dos acusaciones, F.J.S. fue quien recibi?el informe t?nico elaborado en febrero de 2002 por el arquitecto municipal de Valdemoro de aquella ?oca ?Jos? Luis Navarro, imputado desde el primer momento? sobre la valoraci? de una ?posible permuta? que finalmente se llev? a efecto. Este peri?ico ha contactado con los portavoces oficiales de El Corte Ingl? para recabar su opini?, pero de momento no se han pronunciado.
El escrito involucra a otro alto directivo de la ?oca, el hist?ico Juan Manuel de Mingo, aunque hace constar que la prensa inform?en 2013 de su fallecimiento. "Solicitamos ?dice el texto? se oficie al Registro Civil verificar si se trata de la misma persona y en funci? del resultado se decidir?quot;.
La operaci? urban?tica que sustenta la reclamaci? de Adade y el PSOE, que afecta al gigante espa?l de la distribuci?, ya aparec? mencionada como ejemplo de ilegalidad urban?tica en el demoledor recurso de la Fiscal? contra el auto donde Garc? Castell? declaraba prescritos hechos anteriores a la aprobaci? del PGOU de 2004.
Ahora, Adade y el PSOE dan un paso m?. Y de relevancia por cuanto involucra a una empresa de gran magnitud. Tras recordar una de las tesis centrales de la investigaci? de P?ica en lo que concierne a Valdemoro ?que Granados y los que se considera sus socios secretos, David Marjaliza y Ramiro Cid Sicluna, se asociaron para gestionar el suelo de Valdemoro con pr?ticas "presuntamente delictivas"?, el escrito de las acusaciones a?de lo siguiente: que "para la ejecuci? de sus planes [Granados, Marjaliza y Cid] entran en contacto con distintos participantes, entre los que se encontrar? El Corte Ingl? (bajo sus distintas denominaciones)". Y que "a fin de poder investigar con m? detalle esta operaci? de Urbanismo de Valdemoro, solicitamos se cite a declarar como investigado, a quien en representaci? del grupo empresarial, act? como representante de El Corte Ingl? e Induyco".
Seg? Anticorrupci?, es ?incongruente? el c?puto temporal que el magistrado aplica para declarar que ya han transcurrido los 15 a?s de plazo a partir del cual los hechos prescriben para los delitos aqu?investigados. Constituye un error, alegan las fiscales bajo el argumento de que Garc? Castell? cuenta los plazos como si la instrucci? judicial hubiese comenzado ahora y no en 2014.
En su recurso, la Fiscal? hace constar que no recibi?el auto del juez hasta 10 d?s despu? de que fuese emitido y urge a la Sala a pronunciarse porque el tiempo corre en contra de la investigaci?: la instrucci? debe finalizar, sin posibilidad de pr?roga, el 6 de junio.
La operaci? bajo sospecha
La operaci? del Majuelo Norte se llev?a cabo con una enorme extensi? de suelo r?tico propiedad de El Corte Ingl? que acab?en manos de uno de aquellos empresarios que tanto la Fiscal? como las acusaciones populares tienen por socios ocultos de Francisco Granados y que se cuenta entre los imputados: Ramiro Cid, quien luego levant?una mansi? que la Fiscal? considera una "recompensa" al pol?ico que los investigados trataron de camuflar una vez que las obras de construcci? salieron a la luz en 2009.
En su escrito, Adade y el PSOE trazan un resumen de en qu? consisti?aquella compleja operaci?, cimentada primero sobre un convenio entre El Corte Ingl? y Obras y V?s SA, empresa de Ramiro Cid, y luego sobre otro firmado por la empresa que entonces presid? Isidoro ?varez y el Ayuntamiento de Valdemoro.
El escrito detalla que todo comenz?con el convenio que en abril de 2001 suscribi?El Corte Ingl? con Obras y V?s. El acuerdo requer? que se aprobase lo que se conoce como una modificaci? puntual del PGOU que entonces estaba en vigor, el de 2001. Y estipulaba que la empresa de Ramiro Cid asum? la obligaci? de gestionar el cambio de calificaci? del suelo de forma que se convirtiera en urbanizable sin gasto para El Corte Ingl?. En contrapartida, Obras y V?s obtendr? el 65% del aprovechamiento urban?tico.
El escrito de las acusaciones relata que la modificaci? puntual plante?problemas, con lo que a finales de ese a? el entonces alcalde de Valdemoro decidi?acometer los tr?ites ?para formular un nuevo Plan General de Ordenaci??. Una vez aprobado el nuevo PGOUen mayo de 2004, donde las fincas de El Corte Ingl? en El Majuelo ?ya figuraban como urbanizables y de uso residencial?, la empresa firma un contrato de venta de terreno con Obras y V?s: le transfiere la titularidad del 87,66% ?relata el escrito? con el compromiso ?de que el otro 12,34% se le entregar?al Corte Ingl? como 16.650 metros cuadrados de suelo para vivienda libre urbanizado?.
Y ah?entra en escena el segundo convenio: este entre El Corte Ingl?, que quer? suelo industrial, y el Ayuntamiento de Valdemoro.
De ese convenio ya hab? ofrecido detalles la Fiscal? en su recurso contra el citado auto del juez Garc? Castell? que abre la puerta al cerrojazo de todo lo que relacionado con el urbanismo de Valdemoro.
Anticorrupci? lo explicaba as? ?El 14 de enero de 2003 el investigado Francisco Granados firm?un Convenio Urban?tico (?) con la empresa Induyco (Corte Ingl?) por el cual el Ayuntamiento ceder? determinadas fincas r?ticas [las localizadas en el sector La Peluquera] pertenecientes al patrimonio p?lico de suelo a cambio de 16.650 metros cuadrados edificables y urbanizados de uso residencial libre, que se dec? en el protocolo que le corresponder?n a Induyco en el sector El Majuelo, cuando todav? no se hab? aprobado definitivamente el PGOUV, que lo fue en mayo del 2004, ni estaba iniciada la ejecuci? del respectivo desarrollo urban?tico del sector?.
Es decir: el suelo que a ra? de ese convenio pas?a ser propiedad de El Corte Ingl? en La Peluquera era en aquella fecha r?tico y no industrial. Y, como relatan tanto la Fiscal? como Adade y el PSOE, aquellos 16.650 metros cuadrados edificables que a cambio cedi?El Corte Ingl? al municipio mediante aquel convenio de permuta acab?tambi? en manos de Ramiro Cid mediante una adjudicaci? municipal directa efectuada en 2006. En su recurso, Anticorrupci? ya subrayaba que aquella adjudicaci? directa implic?el "consiguiente perjuicio para las arcas del Ayuntamiento, que se vieron privadas de obtener mayores ingresos que pod? haber ofrecido otro comprador" de haberse producido una venta por subasta.
EL PSOE PIDE IMPUTAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE EL CORTE INGL? EN UN PELOTAZO DE 'P?ICA'
Una portavoz de la empresa asegura que la persona que encabez?la operaci? urban?tica de Valdemoro bajo sospecha se desvincul?hace muchos a?s de la cadena de distribuci?
La representaci? legal del PSOE y de la Asociaci? de Abogados Dem?ratas por Europa (Adade) en el caso P?ica ha reclamado al juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional, Manuel Garc? Castell?, que llame a declarar como investigado al empresario Faustino Jos?S.A, quien fue el representante legal de El Corte Ingl? en una operaci? urban?tica bajo sospecha en Valdemoro (Madrid), seg? el escrito al que ha tenido acceso Vozp?uli.
Una portavoz de El Corte Ingl? ha asegurado a Vozp?uli que la compa?a no est?bajo sospecha y que ni el juez ni la Fiscal? han reclamado informaci? sobre la compraventa de terrenos en Valdemoro (Madrid), municipio considerado el epicentro de la trama P?ica. En el mismo sentido, la portavoz de la cadena de distribuci? destaca que la persona presuntamente implicada en los hechos no tiene v?culos con la compa?a desde hace muchos a?s.
Sin embargo, el documento del PSOE, registrado en la Audiencia Nacional el pasado 20 de febrero y adelantado por infoLibre, destaca que El Corte Ingl? se hizo con un suelo industrial para instalar su sede log?tica gracias a una permuta de terrenos aprobada por el Ayuntamiento de Valdemoro, controlado desde el Gobierno auton?ico por el considerado por la Fiscal? anticorrupci? como el cabecilla de la organizaci? criminal, Francisco Granados.
As? la cadena de distribuci? firm?el 27 de abril de 2001 un contrato con uno de los constructores imputados en la trama dirigida por Francisco Granados, por la que este se compromet? a realizar las gestiones necesarias para que el Ayuntamiento de Valdemoro tramitase una modificaci? urban?tica y que unos terrenos r?ticos fueran reclasificados como urbanizables.
Propuesta de Granados
Y tres meses despu?, el 24 de mayo de 2001, Granados propuso al Pleno del Ayuntamiento este cambio. Y lo hizo en los mismos t?minos que hab?n acordado El Corte Ingl? y el mencionado empresario de la trama, seg? denuncia el PSOE. Este cambio fue aprobado gracias a los votos del grupo municipal del PP, que ten? mayor? absoluta en el Consistorio.
A finales de 2001, el PP de Valdemoro, con Granados como alcalde, inici?los tr?ites para crear un nuevo Plan General de Ordenaci? Urbana, que fue aprobado en mayo de 2004: "Este nuevo plan libera las limitaciones en cuanto a calificaci? del suelo del Plan General y les permite as? poder desarrollar una actividad presuntamente delictiva y generadora de cuantiosos ingresos econ?icos en muchos casos a costa de las arcas del propio Ayuntamiento", concluye el escrito del PSOE, que especifica que el terreno de El Corte Ingl? se benefici?del nuevo Plan General.
Y para dejar cerrada la operaci? Granados firm?un convenio urban?tico entre el Ayuntamiento y una filial de la cadena de distribuci? "en el que dise? y formaliza la permuta que tendr?lugar en diciembre de 2004", prosigue el relato de los hechos de la abogada de la acusaci? popular.
Otro alcalde
El 29 de diciembre de 2004 el alcalde que sucedi?a Granados en Valdemoro, Jos?Miguel Moreno Torres, tambi? del PP, firm?la permuta de terrenos por la que El Corte Ingl? se hac? con la propiedad de 188.775 metros cuadrados de suelo industrial en el pol?ono La Peluquera, para instalar su sede log?tica.
Sin embargo, la modificaci? de la calificaci? de esta finca fue declarada nula en 2015 por el Tribunal Supremo, ya que la misma hab? sido clasificada como suelo no urbanizable de especial protecci? por sus valores paisaj?ticos, forestales y agr?olas, destaca la letrada del PSOE, que reclama la imputaci? del representante legal de El Corte Ingl? en la operativa.
"A fin de poder investigar con m? detalle esta operaci? de Urbanismo de Valdemoro, solicitamos se cite a declarar como investigado, a quien en representaci? del grupo empresarial act? como representante de El Corte Ingl? e Induyco", concluye el escrito dirigido al juez Garc? Castell?.
Adem?, los socialistas reclaman al instructor que investigue en el Registro de la Propiedad el nombre de "todas las propiedades que figuran o figuraron durante el periodo investigado a nombre de El Corte Ingl? SA o de cualquier sociedad que forme parte del grupo, o a nombre de su representante en estas operaciones".
https://www.vozpopuli.com/politica/PSOE-representante-Corte-Ingles-Punica_0_1331267932.html
LA INVESTIGACI? DE 'P?ICA' SE ACERCA A SU FIN CON UNA BRECHA CADA VEZ M? PROFUNDA ENTRE EL JUEZ Y ANTICORRUPCI?
El magistrado vuelve a decretar el sobreseimiento para el expresidente de Murcia
En enero abri?la puerta a enterrar parte del caso con un auto que considera prescritos los hechos anteriores a 2004 en el urbanismo de Valdemoro, antiguo feudo de Granados
La Fiscal? guarda silencio pero recurre a contrarreloj con la inquietud de que quede coja la investigaci?, cuyo plazo expira en junio sin posibilidad de pr?roga
"Causa urgente. Plazo m?imo instrucci?". Un telegrama conciso que evoca un SOS. As?suena el encabezamiento del recurso de Anticorrupci? contra el auto con que el juez Manuel Garc? Castell? activ?en enero las alarmas de la fiscal? especializada al denegar unas nuevas diligencias de prueba en la Operaci? P?ica. Lo hizo, y eso es lo que desat?la enorme inquietud que refleja el recurso, con el argumento de que han prescrito todos los hechos anteriores a 2004 y relacionados con el urbanismo de Valdemoro. Es decir, el primer feudo de quien en los inicios de la causa ?octubre de 2014? fue su protagonista principal y, antes de eso, n?ero 2 del PP madrile? y consejero de Presidencia, Interior y Justicia hasta 2011, Francisco Granados. Valdemoro es asimismo escenario de un extenso cap?ulo en esta historia de (supuesta) corrupci? y financiaci? ilegal que ha convertido en imputados a tres expresidentes madrile?s ?Esperanza Aguirre, Ignacio Gonz?ez, Cristina Cifuentes? y que hasta el viernes inclu? tambi? en la categor? de investigados a otro expresidente: el de Murcia, Pedro Antonio S?chez, a quien Garc? Castell? acaba de desimputar por segunda vez.
Con menos de cuatro meses por delante dado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) aprobada bajo el Gobierno del PP obliga a cerrar la instrucci? de P?ica el pr?imo 6 de junio, la Fiscal? guarda silencio. Pero sus sucesivos recursos contra decisiones de Garc? Castell? y el demoledor lenguaje con que rebate sus argumentos operan como un sism?rafo donde una aguja de movimiento sincopado confirma que la brecha es cada vez m? profunda en el caso P?ica. En los ?timos nueve meses, los hitos que han hecho aflorar las diferencias entre el ministerio p?lico y el titular del juzgado central de instrucci? n?ero 6 de la Audiencia Nacional se elevan ya a tres. Y algunas fuentes diagnostican que la lista no debe darse por cerrada. Para el cierre de las investigaciones, Garc? Castell? hab? fijado un plazo muy superior (30 de marzo de 2022) pero la Sala de lo Penal de la Audiencia lo acort?de manera dr?tica en abril de 2019 sin posibilidad de pr?roga.
Abierto y, seg? personas pr?imas, pragm?ico en cuanto a qu?cosas da tiempo a terminar y cu?es han de quedar en el camino, Garc? Castell? regres?de manera sorpresiva en junio de 2017 a la Audiencia Nacional, de la que llevaba ausente 16 a?s. Juez de enlace en Par? entre 2000 y 2012 tras un nombramiento propuesto por el Gobierno de Aznar y refrendado luego por el de Zapatero, el magistrado salt?a ese mismo puesto en Roma el primer a? de mandato de Mariano Rajoy. Su vuelta a Madrid en junio de 2017, sorpresiva en tanto que juez de enlace se inscribe en el cupo de puestos codiciados, le coloc?al frente de los mayores casos de corrupci? del momento: P?ica, Lezo y T?dem. O lo que es lo mismo, el caso Villarejo, una de cuyas piezas ?Kitchen, nucleada en torno al espionaje a que en 2013 fue sometido Luis B?cenas con el objeto de impedir que conservase documentos incriminatorios para el PP? compromete como los dos anteriores a la principal formaci? conservadora del pa?.
Desde agosto de 2017, el juzgado de instrucci? central 6 ha dispuesto de un juez de refuerzo: Diego de Egea, que ces?en esa comisi? de servicio en diciembre de 2018. En febrero de 2019, lo sustituy?en esa plaza Alejandro Abascal. Y ya en enero de este a?, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre un segundo juez de refuerzo para trabajar con Garc? Castell? y Abascal, el magistrado Joaqu? de Gadea. El juzgado 6 tambi? instruye otros asuntos relevantes de alcance pol?ico como el de los independentistas del caso de los Comit? de Defensa de la Rep?lica, CDR. O el caso Acuamed, que en enero de 2016 salt?con el arresto de 13 personas por corrupci?, entre ellas varios cargos dependientes del Ministerio de Agricultura.
De las tres causas de corrupci?, es P?ica la que con mayor claridad muestra una dimensi? pol?ica, m?ime desde que se investiga formalmente la financiaci? del PP madrile?. No obstante, T?dem se le va aproximando no solo por el puente que tiende entre el espionaje a B?cenas y el futuro juicio sobre la caja B del PP sino por las ?timas declaraciones de Eugenio Pino, antiguo n?ero dos de la Polic?, otorgando a Mariano Rajoy y a su ministro del Interior Jorge Fern?dez D?z un papel relevante en el car?ter intocable que durante a?s mantuvo el comisario Jos?Manuel Villarejo, aunque ya lo hab? sido bajo los gobiernos socialistas.
Un auto que la fiscal? recibi?despu? que las defensas
El recurso contra la denegaci? de pruebas en el caso P?ica sobre operaciones urban?ticas en Valdemoro que Anticorrupci? coloca bajo sospecha ?una de ellas afecta a El Corte Ingl?, la imputaci? de uno de cuyos exdirectivos pidieron el jueves las acusaciones populares que ejercen el PSOE y la asociaci? de abogados Adade? incorpora un dato que dispara de nuevo el sism?rafo: las fiscales del caso, Carmen Garc? y Teresa G?vez, abren el texto de su impugnaci? haciendo constar que el auto les fue "notificado por fax" el 24 de enero. O sea, 10 d?s despu? de que lo dictase el juez.
Entre esas dos fechas se encuadra el lunes 20 de enero un episodio que distintos abogados que lo presenciaron describen como prueba de que la relaci? ha empeorado: ese d? deb? declarar como testigo-perito una funcionaria de Valdemoro para explicar algunos puntos complejos de la actividad urban?tica desarrollada con Francisco Granados como alcalde o con su sucesor. Pero, aplicando la l?ica de las defensas y con una euforia que no ocult?luego, el abogado de Granados, Javier Vasallo, enarbol?con rapidez el auto del d? 14 para alegar que si los hechos estaban prescritos no cab? admitir que nadie declarase sobre ellos. Distintos juristas narran que, a diferencia de otras partes, que lo hab?n recibido el viernes, las fiscales del caso ni siquiera conoc?n ese auto.
El juez, quien seg? fuentes jur?icas cree ajustad?ima y escrupulosa su postura sobre los plazos de prescripci?, acept?en contra de la Fiscal? la solicitud del letrado Vasallo y suspendi?sobre la marcha aquella comparecencia. Qued?as?en el aire y en una fase de espera incierta la declaraci? de la testigo, clave para desenmara?r el laberinto de cesiones, recalificaciones y modificaciones normativas que enriquecieron a quienes las acusaciones consideran socios ocultos de Granados. Y al mismo pol?ico cuya tenencia de una cuenta millonaria en Suiza se sit? en el origen de la investigaci? judicial.
El recurso que de inmediato interpuso la Fiscal? carga contra Garc? Castell? porque "vulnera" ?dice el texto? su derecho a la tutela judicial efectiva con una resoluci? "incongruente" e incurre "en un error manifiesto" al considerar prescritos hechos anteriores a 2004 como si la investigaci? hubiese comenzado ahora y no en junio de 2014. La Fiscal? cimenta esa afirmaci? en que es a partir de 2014 y no del 14 de enero de 2020 cuando deben contarse hacia atr? los 15 a?s a partir de los cuales prescriben los delitos m? graves investigados en P?ica.
Pedro Antonio S?chez emerge y se sumerge como el guadiana
Pero la aparici? de lo que distintos juristas personados en la causa observan como una fractura entre las dos partes que suelen comandar al un?ono una investigaci? ya se hizo notar cuando Garc? Castell? desimput?por primera vez al pol?ico murciano. Ocurri?en abril de 2019 con un auto que luego tumb?de plano ?lo declar?nulo? la Secci? Cuarta de la Sala Penal de la Audiencia mediante una resoluci? cuyo contenido puede resumirse as? que el juez hab? exonerado de culpa a Pedro Antonio S?chez sin dar ninguna explicaci? sobre qu?le hab? conducido a cambiar de criterio. Ahora, el magistrado vuelve a sobreseer asegurando que "de las diligencias no se infieren suficientes indicios como para mantener la imputaci? contra el Sr. Pedro Antonio S?chez, al no haber resultado debidamente acreditada la comisi? de delito alguno por ?". Seg? las fuentes consultadas por este peri?ico, Anticorrupci? y las acusaciones populares plantear? de nuevo sendos recursos.
La imputaci? se sustent?desde su comienzo en indicios que, seg? la Fiscal?, destapan c?o la Consejer? de Educaci? de Murcia habr? alcanzado en 2014 un pacto ilegal con el conseguidor Alejandro de Pedro para que su empresa Eico mejorase con dinero p?lico la imagen en internet del entonces consejero, Pedro Antonio S?chez. El contrato no lleg?a firmarse una vez estall?el caso P?ica el 27 de octubre de 2014. El juez entiende que ni el "Informe Preventa Pedro Antonio S?chez" incautado a Eico ni las supuestas reuniones en las que habr? participado el pol?ico -no hay "constancia documental" de ellas, dice el auto? ni las llamadas intervenidas donde De Pedro y otro de los imputados hablan del asunto llenan lo que califica como "el m? absoluto vac? indiciario". Pero a?de algo m? que abre dudas sobre otros imputados por los trabajos de reputaci? online que fueron financiados con dinero p?lico. Y lo que dice es esto: "Aun en el caso hipot?ico de que el Consejero pudiese haber encargado estos trabajos, ?ser? esto constitutivo de infracci? penal?".
La situaci? procesal de S?chez recuerda a ese Guadiana legendario que aflora y se sumerge por tramos. Tanto que constituye un trabajo casi de excavaci? arqueol?ica localizar la secuencia completa de autos que le conciernen, autos cuyo amontonamiento ha jugado en contra de la celeridad en la pieza sobre los (supuestos) delitos perpetrados por la trama P?ica en Murcia. Y en detrimento tambi?, claro, de la causa en general. Por resumir, todo empez?en febrero de 2017, cuando la Fiscal? General del Estado, a cuyo frente se encontraba Jos?Manuel Maza, orden? a Anticorrupci? que se opusiera a la imputaci? de S?chez. Pero aquella orden, cumplida por la teniente fiscal de Anticorrupci?, Bel? Su?ez, ante la negativa de las fiscales del caso, Carmen Garc? y Teresa G?vez, no evit? que el juez que entonces instru? P?ica, Eloy Velasco, hiciera lo que entendi?correcto: pedir en abril de aquel a? la imputaci? de S?chez al TSJ de Murcia, ante el que el pol?ico gozaba de aforamiento por cuanto todav? era presidente de la Regi?.
Dado que a ra? de aquello dimiti?y perdi?por tanto su aforamiento, S?chez se reincorpor?a la lista de investigados por la Audiencia Nacional. Y un a? despu?, en julio de 2018, Garc? Castell? dict?un "auto de incoaci? de procedimiento abreviado" en el que se produjo un error en sentido literal: el expresidente murciano no aparec? entre los investigados. La Fiscal? y la acusaci? popular dieron la voz de alerta sobre el olvido, recurrieron y Garc? Castell? elabor?otro auto. Este, dos meses m? tarde, en septiembre de aquel a?.
El nombre de Pedro Antonio S?chez emerg? as?de nuevo. Pero de manera ef?era: en octubre de aquel a?, el Supremo archiv?la imputaci? que pesaba por hechos muy similares a la senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro. En su auto, la instructora de la investigaci? sobre Barreiro, la magistrada del denominado sector progresista Ana Ferrer, afirmaba esto: "No hay sospechas de corrupci? contra la investigada". La resoluci? se?laba que exist? una "precariedad de los indicios" acumulados para justificar que Pilar Barreiro usara durante su etapa como alcaldesa dinero de las consejer?s murcianas para abonar los servicios de reputaci? online concertados con el ya citado conseguidor de la trama P?ica, Alejandro de Pedro.
Fue ese auto exculpatorio el que Garc? Castell? us?como soporte para otro, dictado en abril de 2019, donde archiv? las diligencias en lo que a Pedro Antonio S?chez se refiere. Fue esa resoluci? la que en octubre anul?la Sala de lo Penal de la Audiencia con un auto que asesta un mazazo al magistrado. Porque, "de manera incomprensible" ?dice el tribunal? sobresey?las actuaciones contra el expresidente murciano sin explicar su cambio de criterio. La resoluci? emplazaba a Garc? Castell? a dictar una nueva resoluci? donde ven? obligado a aportar razones "claras y precisas" si segu? entendiendo que el pol?ico no delinqui?al concertar con el conseguidor de P?ica.
Del perfil del expresidente de Indra a la sombra de Aguirre
Ese nuevo auto es el que vio la luz el viernes. De nuevo, ser?la Secci? Cuarta de lo Penal la que dirima esa especie de litigio entre el juez y la Fiscal? donde falta a? un tercer hito, este de menor calado y proyecci? medi?ica aunque de consecuencias todav? imprevisibles: la desimputaci? del expresidente de Indra y actual presidente no ejecutivo del Grupo Prisa, Javier Monz?.
Dictada el 13 de enero, v?pera del auto de denegaci? de pruebas sobre el urbanismo de Valdemoro, la resoluci? sobre Monz? se basa en una l?ea argumental muy parecida a la que ahora exculpa a Pedro Antonio S?chez: que no hay ni pruebas ni indicios que se?len a Monz? como ?autor, c?plice o encubridor? del supuesto desv? de fondos p?licos que, mediante contratos de la agencia madrile? ICM con el gigante tecnol?ico, se produjo para financiar ilegalmente las campa?s electorales del PP madrile?. Con el mantenimiento de la imputaci? al expresidente de Indra ?a?de el auto? "validar?mos el principio de culpabilidad del presidente de la empresa por los delitos cometidos en el seno de la sociedad por los trabajadores de la misma, extremos estos descartados un?imemente por la jurisprudencia de nuestro TS [Tribunal Supremo]". Y algo m?: que "no existe acto o norma alguna" que determine que corresponde al presidente de la compa?a el deber de "supervisi?, vigilancia y control".
La Fiscal? ya ha recurrido. Y en su escrito lanza un dardo contra Garc? Castell?: "Nos llama poderosamente la atenci? los razonamientos que el Instructor utiliza para sobreseer las actuaciones (...) ya que van dirigidos a desmontar los que fueron sus propios argumentos de imputaci? (...) y, en concreto, los referentes al deber de vigilancia y control del presidente de la compa?a, que los valor?como indicio de que, como poco, tuvo que estar al tanto de unas hechos graves, que desviaron ingentes fondos p?licos del presupuesto de ICM".
Aunque procesalmente no es obligatorio, Esperanza Aguirre ha respaldado la desimputaci? de Monz? con un escrito de su defensa. La entrega de ese escrito ensancha el di?etro de uno de los principales interrogantes de P?ica: si la expresidenta m? poderosa de la Comunidad de Madrid, durante a?s lideresa del PP en esa comunidad, culminar?el camino hacia el banquillo o si, como Javier Monz?, quedar? exonerada con el argumento de que, si los hubo, los cometieron sus subordinados sin que ella misma y por usar la terminolog? que emplea a Anticorrupci?, estuviese al tanto.
EL AUTO DEL JUEZ QUE DA CERROJAZO A INVESTIGAR LOS PELOTAZOS URBAN?TICOS DE 'P?ICA' PONE EN PIE DE GUERRA A ANTICORRUPCI?
La Fiscal? formula un dur?imo recurso donde sostiene que, a falta de meses para el fin de la instrucci?, Garc? Castell? "vulnera" su derecho a la tutela judicial efectiva con una resoluci? "incongruente"
El escrito reprocha al magistrado que incurra "en un error manifiesto" al considerar prescritos hechos anteriores a 2004 como si la investigaci? hubiese comenzado ahora y no en junio de 2014
A menos de seis meses de que finalice el plazo para terminar de instruir la Operaci? P?ica, la negativa del juez Manuel Garc? Castell? a requerir documentos sobre operaciones urban?ticas que depararon a la trama aut?ticos pelotazos ha puesto en pie de guerra a Anticorrupci?. En un dur?imo recurso al que ha tenido acceso infoLibre, la Fiscal? sostiene que el auto con que el juez deniega en bloque las ?timas diligencias pedidas le provoca "indefensi?" y "vulnera" su derecho a la tutela judicial efectiva. Fechado el 14 de enero, el auto ahora sujeto a recurso fue recibido con euforia por la defensa de Francisco Granados. "Es jur?icamente impecable y demuestra la independencia plena del Poder Judicial", asegur?su abogado, Javier Vasallo, en declaraciones a este peri?ico.
Su resoluci?, dice el texto, es "incongruente" porque "incurre en un error manifiesto" al considerar prescritos hechos anteriores a la aprobaci? del PGOU de 2004 como si la investigaci? judicial hubiese comenzado ahora y no el 18 de junio de 2014. Fue en esa fecha, recalca el recurso, cuando qued?interrumpida la prescripci?. Y aduce la Fiscal? que es a partir de ah?y no del 14 de enero de 2020 ?el d? en que vio la luz el auto? cuando deben contarse hacia atr? los 15 a?s a partir de los cuales prescriben los delitos m? graves de la panoplia investigada en P?ica. "Sin embargo ?a?de el texto de las fiscales, lleno de aristas escasamente disfrazadas? es otra la conclusi? a la que llega el Instructor, por lo que hay que pensar ha sido un error al realizar el c?puto del plazo, ya que considera que han transcurrido m? de 15 a?s desde la comisi? de los delitos".
Las dos fiscales del caso, que seg? su escrito obtuvieron el auto ?"notificado por fax", dice de manera enigm?ica? 10 d?s despu? de que el titular del juzgado central de instrucci? n?ero 6 lo hubiese dictado, remiten directamente su recurso a la Sala de lo Penal, a la que casi imploran que resuelva r?ido porque el tiempo corre en contra. "El dictado de este Auto ?escriben Carmen Garc? Cerd?y Mar? Teresa G?vez? motiva la interposici? de un recurso cuya preparaci?, y resoluci? por la Sala, recorta el tiempo del que se dispone para concluir una instrucci?, que es extremadamente compleja".
Al juez, a quien "se le supone conocedor de los hechos que se llevan investigando desde el a? 2014", le lanza m? dardos la Fiscal?. Por ejemplo, este: "Recordemos tambi? al Instructor que tiene a un perito del catastro desde el a? 2016 trabajando con un objeto pericial relativo a las actuaciones que se llevaron a cabo en el Ayuntamiento de Valdemoro desde el a? 1999, entre ellas la revisi? del PGOUV [elPGOU de Valdemoro]". Y 1999 ?a eso se refiere el pasaje anterior? ser? uno de los a?s en los que todo estar? ya prescrito.
Un detallado anexo con dos operaciones
Las operaciones urban?ticas en relaci? a las cuales hab? solicitado nuevas diligencias documentales la Fiscal? se localizaron todas en el municipio madrile? de Valdemoro, feudo de quien hasta la imputaci? de Esperanza Aguirre aparec? como el principal protagonista del caso: Francisco Granados, primero alcalde de Valdemoro y luego n?ero dos del PP regional y consejero en los Gobiernos de Aguirre hasta 2011.
El recurso, que va directamente a la Sala Penal, incorpora un anexo con un detallad?imo relato de dos de esas operaciones. La primera, conocida con el nombre de su emplazamiento, Majuelo Norte, se llev?a cabo con una enorme extensi? de suelo r?tico propiedad de El Corte Ingl? que acab?en manos de uno de aquellos empresarios que la acusaci? tiene por socios clandestinos de Granados y que se cuenta entre los imputados de primera hora: Ramiro Cid, quien luego levant?una mansi? que la Fiscal? considera una "recompensa" al pol?ico que los imputados trataron de camuflar una vez que las obras de construcci? salieron a la luz en 2009.
La segunda operaci? desgranada en el anexo se situaba en el sector de Valdemoro conocido como El Espartal: ah? relata la Fiscal?, se vio involucrada Arpegio, la empresa p?lica de la Comunidad de Madrid que las acusaciones se?lan como el gran feudo auton?ico de Granados. Tambi? se vio beneficiado David Marjaliza, otro de los socios ocultos de Granados y hoy el gran arrepentido de la causa.
Esta no es la primera vez que Anticorrupci? impugna resoluciones del juez Garc? Castell? en P?ica. Hace un a?, recurri?el auto que decretaba el archivo de la imputaci? contra el expresidente de Murcia Pedro Antonio S?chez. En octubre, la Sala de lo Penal de la Audiencia tumb?el auto al declararlo directamente nulo. En su resoluci?, la Secci? Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia no solo dio la raz? a la Fiscal? y las acusaciones populares sino que coloc?al magistrado en una posici? complicada. Garc? Castell?, que "de manera incomprensible" ?dijo el tribunal? sobresey?las actuaciones contra el exl?er murciano del PP sin explicar por qu?hab? cambiado de criterio, quedaba obligado a partir de ese momento a dictar una nueva resoluci?. Y esa resoluci? debe incluir razones "claras y precisas" si sigue entendiendo que el pol?ico no delinqui?al concertar con el conseguidor de P?ica, Alejandro de Pedro, trabajos para lavar en internet su imagen con dinero p?lico en la campa? electoral de 2015.
LA FISCAL? CRITICA AL JUEZ POR RECHAZAR PESQUISAS SOBRE GRANADOS
El instructor del ?caso P?ica? descart?pedir nuevos datos sobre irregularidades urban?ticas al considerar estas prescritas
Las dos representantes de la Fiscal? Anticorrupci? en el caso P?ica, Carmen Garc? Cerd?y Mar? Teresa G?vez D?z, han lanzado un duro ataque contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc?-Castell? por la decisi? de este de rechazar la pr?tica de nuevas diligencias sobre las supuestas irregularidades urban?ticas cometidas por el exconsejero Francisco Granados en Valdemoro, donde fue alcalde, al considerar que los delitos que se investigaban han prescritos. En el recurso que ha presentado a esta decisi?, las dos fiscales acusan a Garc?-Castell? de incurrir en un ?error manifiesto? y de caer en una ?incongruencia? que se repite en las ?timas decisiones que ha tomado. Para Anticorrupci?, el auto en el que juez rechaza las nuevas pesquisas sobre Granados ?deja la causa en una situaci? de total inseguridad jur?ica? que la pone en peligro una de las piezas del sumario y alerta que adem? se produce cuando quedan solo ?unos meses? para que se cumplan el plazo legal para concluir la instrucci? del caso P?ica, previsto para junio de este a?.
La reacci? de la fiscal? se produce despu? de que el magistrado dictara el 14 de enero un auto en el que rechazaba practicar unas diligencias sobre el Plan General de Ordenaci? Urbana (PGOU) que el Ayuntamiento de Valdemoro, del PP, aprob?en mayo de 2004, cuando Granados ya era consejero pero supuestamente manten? el control del consistorio gobernado por el PP. Seg? la investigaci? de la Guardia Civil, este plan tuvo presuntamente como objetivo favorecer al pol?ico y a los empresarios Ramiro Cid y David Marjaliza ?ambos imputados tambi? en la causa? con la recalificaci? de terrenos de su propiedad en plena burbuja urban?tica. Ambos constructores hab?n adquiridos fincas por 37 euros el metro cuadrado que, tras la aprobaci? del PGOU, pasaron a valer 942 euros.
Sin embargo, el juez consideraba en su auto que los posibles delitos cometidos en la aprobaci? de aquel plan han prescrito al haber transcurridos m? de 15 a?s. Adem?, criticaba que las pruebas solicitadas por Anticorrupci? eran demasiado gen?icas y, en su opini?, pretend? iniciar una investigaci? ?prospectiva?, sin un objetivo concreto.
La respuesta de la fiscal?, en forma de recurso de apelaci?, lleg?a la Audiencia Nacional el pasado lunes. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PA?, Anticorrupci? rechaza tanto la supuesta prescripci? como la improcedencia de las diligencias solicitadas. As? destaca que la aprobaci? del PGOU bajo sospecha no es un hecho aislado, sino que est?conectada con ?otra serie de actuaciones delictivas que antecedieron y siguieron en a?s posteriores a dicha aprobaci??. Para la Fiscal? todos estos hechos ?obedecieron a un solo plan? que puso en marcha Granados al acceder a la alcald? de la localidad: ?La estrategia estuvo dirigida a repartir entre los empresarios implicados el suelo de Valdemoro y enriquecerse todos con las plusval?s de los desarrollos urban?ticos contenidos en el PGOU del 2004 [...] en un expolio con pocos precedentes?.
Seg? el criterio de las fiscales, la ?organizaci? criminal? presuntamente encabezada por el exconsejero del PP ?planific?unas actuaciones que se realizar?n de forma continuada en el tiempo, lo que impide la prescripci?? de los delitos de fraude, malversaci?, prevaricaci?, cohecho y tr?ico de influencias que, entre otros, consideran que se cometieron en la aprobaci? del plan. Para Anticorrupci?, el plazo para determinar el fin de la responsabilidad no ser?, por tanto, el momento en el que se produjo el supuesto fraude del plan urban?tico, mayo de 2004, sino el d? que se realiz?la ?tima infracci? ligada a estos hechos. En este sentido, recuerda que parte de los supuestos beneficios fueron ocultados por los implicados en cuentas en Suiza, desde la que se repatriaron a Espa? en 2013. En el caso de Granados, recuerda tambi? que en 2015, cuando el exconsejero del PP ya estaba encarcelado por el caso P?ica, se descubri?en el domicilio de sus suegros un malet? que ocultaba cerca de un mill? de euros.
Conseguir pruebas
En su recurso, las fiscales tambi? niegan que las diligencias sean para investigar hechos nuevos y recalca que el objetivo es ?conseguir los medios de prueba necesarios para poder esclarecer y probar los hechos que se investigan en la pieza de urbanismo, determinar las responsabilidades penales y concretar el capital que indiciariamente fue malversado por la trama y la ganancia il?ita que les ha generado?. En este sentido, recuerda que uno de los empresarios, Marjaliza ?que colabora con la justicia desde el verano de 2015? confes?en la Audiencia Nacional que por cada piso que construy?en los terrenos recalificados pag? una comisi? a los pol?icos hasta los 6.000 euros.
Adem?, la Fiscal? achaca incongruencia al juez al considerar prescritos unos hechos para los que, sin embargo, ten? acordada para el pasado 20 de enero, casi un mes despu? de su auto, la toma de declaraci? como testigo de un responsable de Urbanismo del Ayuntamiento. Tambi? le recuerda que ha seguido admitiendo la pr?tica de diligencias solicitadas por la defensa de Granados por los mismos hechos y que a? est?pendiente que dos peritos entreguen los informes que el propio magistrado encarg? sobre estas operaciones bajo sospecha.
https://elpais.com/ccaa/2020/01/30/madrid/1580401451_000324.html
EL JUEZ VUELVE A SACAR A PEDRO ANTONIO S?CHEZ DEL CASO P?ICA
Ha archivado la causa de corrupci? al no apreciar indicios de delito en su actuaci?
El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc? Castell? ha vuelto a archivar la causa seguida contra el expresidente de Murcia Pedro Antonio S?chez en el marco del caso de corrupci? conocido como P?ica al no apreciar indicios de delito en su actuaci?.
As?lo acuerda el magistrado en un auto en el que acuerda el sobreseimiento de las actuaciones seguidas en el marco del caso P?ica contra Pedro Antonio S?chez y otras siete personas, aunque acuerda continuar el procedimiento respecto a nueve investigados.
El pasado 16 de octubre la Secci? Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional volvi?a imputar en el caso P?ica a Pedro Antonio S?chez, al estimar un recurso del PSOE contra el archivo de la causa contra ? por usar presuntamente dinero p?lico para pagar contratos otorgados a la trama corrupta para mejorar su imagen.
La Sala entendi?que el juez instructor no justific?las razones por las que consideraba que no hab? indicios de delito contra ?.
El juez explica en el auto que esta pieza del caso P?ica tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos relativos a la planificaci?, proceso de adjudicaci? y ejecuci? por parte diversas instituciones p?licas de la Regi? de Murcia de contratos de servicios en favor de sociedades vinculadas con el investigado Alejandro de Pedro Llorca, el presunto "conseguidor" de la trama.
Pedro Antonio S?chez sigue imputado en este momento por los casos Auditorio y Guarder? por actuaciones que realiz? cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. Ha sido absuelto en el caso Pasarelas por la contrataci? de obras en dicho municipio.
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/02/20/juez-vuelve-sacar-pedro-antonio/1093001.html
EL JUEZ DE 'P?ICA' ABRE LA PUERTA A ENTERRAR POR PRESCRIPCI? PARTE DEL CASO
La defensa del exconsejero Granados recibe con euforia el auto de Garc? Castell? que deniega a la Fiscal? documentos urban?ticos de Valdemoro porque se refieren a a?s anteriores a 2004
"Es jur?icamente impecable y demuestra la independencia plena del Poder Judicial", dice su letrado cuando faltan solo seis meses para que permanezca abierta la investigaci? judicial
La entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, escucha un comentario que le hace al oido el consejero de Presidencia, Francisco Granados, en un acto de partido en 2010.
Francisco Granados hace un comentario al o?o a Esperanza Aguirre. La foto fue tomada en 2010, cuatro a?s antes de que estallase 'P?ica' EFE
Manuel Garc? Castell?, el juez que en la Audiencia Nacional instruye la Operaci? P?ica, acaba de abrir la puerta al archivo de una parte relevante del caso. En un auto recibido con euforia por la defensa de Francisco Granados, antiguo n?ero 2 del PP madrile? con Esperanza Aguirre, el magistrado deniega las pruebas solicitadas por Anticorrupci? para recabar documentos urban?ticos del municipio de Valdemoro anteriores a mayo de 2004, mes en que se aprob?su PGOU. El instructor lo hace con el argumento de que, dado que ninguna de las penas previstas en P?ica excede de los 15 a?s, "se tratar? de hechos que, en este momento, se encontrar?n ya afectados por el instituto de prescripci?". Valdemoro est?considerado por los investigadores como el gran feudo inicial pol?ico y de negocios turbios que utiliz?Granados, que fue alcalde de la localidad antes de saltar al Gobierno de Madrid en 2003.
Tanto la Fiscal? como la acusaci? popular coordinada por la asociaci? de abogados Adade recurrir? de inmediato el auto, dictado el pasado d? 14. Pero el primer efecto de que el juez lo haya dictado lleg?este mismo lunes: a petici? de la defensa de Granados, el magistrado suspendi?sobre la marcha la declaraci? largamente esperada de una testigo-perito que deb? ofrecer detalles sobre c?o se hab? fraguado el desarrollo urban?tico de Valdemoro.
El letrado de Granados, Javier Vasallo, reclam?la suspensi? alegando que, en aplicaci? del auto, nadie puede prestar testimonio sobre hechos que, seg? el auto del juez instructor, ya habr?n prescrito. El letrado, que elogi?en la misma sala y en presencia de todas las partes la decisi? del magistrado, considera que la pieza de P?ica sobre Valdemoro se cerrar?en aplicaci? del auto. ?La clave? "Que todo lo que afecta al PGOU aprobado en mayo de 2004 est? prescrito". Vasallo considera "jur?icamente impecable" el auto. "Con resoluciones de este tipo el Poder Judicial demuestra su plena independencia", agreg?el letrado en conversaci? con infoLibre. Y se prepara para pedir el cierre de la pieza de Valdemoro y de otras donde el a? 2004 adquiera protagonismo. Granados ?se queja su abogado, pero las acusaciones discrepan radicalmente del diagn?tico? estuvo dos a?s y ocho meses en la c?cel por hechos que el juez cree ahora prescritos.
Las acusaciones esperaban que la testigo citada para esta lunes pudiera, por ejemplo, ofrecer datos sobre el cambio de uso de enormes superficies de terreno cuyo uso pas?de r?tico a urbanizable y acabaron en puso en poder de empresas dominadas por socios de Granados. Seg? los investigadores, los pelotazos urban?ticos reportaron 700 millones a las empresas de quienes la causa considera dos de los principales socios clandestinos locales de Granados: el ahora arrepentido David Marjaliza y el constructor Ramiro Cid Sicluna.
El auto llega m? lejos al afirmar lo siguiente sobre la petici? rechazada a la Fiscal?: "Sin perjuicio de lo anterior, a mayor abundamiento, debe advertirse que, atendido al car?ter gen?ico de las solicitudes, las mismas podr?n dar lugar a una suerte de prospecci? general incompatible con los fines de la investigaci?". Pero fuentes jur?icas consultadas por este peri?ico aseguran que lo que buscaba la Fiscal? no era ampliar hacia atr? el espectro de personas y hechos investigados sino documentar de manera fehaciente cu? hab? sido la ruta delictiva seguida para la aprobaci? el PGOU de Valdemoro. Conocer lo que sucedi?antes de un delito ayuda a comprender c?o se llev?a cabo, a?den las fuentes.
Por decisi? de la Secci? Cuarta de lo Penal, el plazo para la instrucci? de P?ica expira el pr?imo 6 de junio y no el 30 de marzo de 2022, que era lo inicialmente previsto por Garc? Castell?. Impuesta por la reforma legal que introdujo en 2015 el entonces ministro de Justicia, Rafael Catal? la reducci? del plazo obliga a los investigadores a ir contrarreloj. Y coloca a las acusaciones en una complicada tesitura por cuanto ese reloj que avanza hacia junio dificulta recabar nuevas pruebas para sentar en el banquillo a los imputados. En la abultada lista ?comenz?con medio centenar? aparecen figuras pol?icas de gran nivel como los expresidentes madrile?s Esperanza Aguirre, Ignacio Gonz?ez y Cristina Cifuentes. Los tres permanecen como investigados por la presunta financiaci? ilegal del PP madrile?.
ARCHIVADA LA INVESTIGACI? AL EXPRESIDENTE DE INDRA POR PAGOS AL PP DE MADRID
El juez de la Audiencia Nacional considera que no hay indicios de que Javier Monz? sufragara gastos de la formaci? a cambio de desv? de fondos a su favor
El juez del caso P?ica ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa contra el expresidente de Indra Javier Monz? en relaci? con los supuestos pagos que la impresa hizo para financiar al PP de Madrid al considerar que no hay indicio alguno de que los conociera ni interviniera en los mismos.
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel Garc?-Castell? ha acordado ese archivo en un auto dictado este lunes, al que ha tenido acceso Efe, dentro de la parte de la investigaci? que afecta a Indra por el desv? de fondos de la Agencia de Inform?ica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) a su favor a partir de 2007 a cambio de sufragar gastos del PP madrile?.
El juez, en contra del criterio mostrado por el fiscal en su momento, sostiene que el an?isis de la prueba documental permite concluir que no existe ninguna norma que determine que el presidente de la empresa deb? controlar y supervisar ese tipo de cuestiones.
Porque, seg? Garc?-Castell?, eso implicar? que se le pudiera imputar cualquier hecho delictivo que se hubiera cometido en cualquier ?bito de negocio de Indra, que tiene m? de 40.000 empleados en 50 pa?es, con facturaciones superiores a los 2.000 millones de euros en los a?s analizados.
Y los contratos analizados, si bien pueden presentar indicios de delito, superan los dos millones de euros, ?una cantidad que por s?sola escapa de todo control del presidente de la compa?a?.
Se mantiene la imputaci? de la empresa como persona jur?ica
Respecto a las declaraciones realizadas en sede judicial, el juez subraya que no s?o ?no existe indicio alguno? de que conociera los hechos, sino que ninguno de los investigados ha aludido a interlocuci?, interferencia o inter? por parte de Monz? o haber hablado con ? sobre este asunto.
Se mantiene la imputaci? de la empresa como persona jur?ica, pero ?no es procedente ni adecuado? trasladar esa responsabilidad ?a la persona f?ica?.
Por todo ello, concluye que no existe ?indicio alguno del conocimiento de los hechos investigados? por parte de Monz? ?ni de intervenci? en los mismos, ni de forma directa ni indirecta, al escapar adem? de su ?bito competencial?.
Y mantener la imputaci? ser? contrario al principio de culpabilidad y de la presunci? de inocencia, pues se validar? ?el principio de culpabilidad del presidente de la empresa por los delitos cometidos en el seno de la sociedad por los trabajadores de la misma?.
Hasta el momento, el juez planteaba que Indra, ?con la participaci? activa? de varios directivos, entre ellos Monz?, se convirti??en la caja pagadora de servicios electorales prestados encubiertamente? al partido, de sus deudas o las de sus dirigentes.
Monz?, seg? indicaron a Efe varias fuentes presentes en su comparecencia, dijo al juez que esas facturas las conoci? cuando se supo el contenido del sumario de la pieza de P?ica sobre la financiaci? irregular del PP madrile?, ya que ? no entraba en el detalle de ese tipo de pagos, a cargo de otros departamentos.
GARC? CASTELL? TENDR?DOS MAGISTRADOS DE APOYO EN EL CENTRAL 6 DE INSTRUCCI?
El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucci? 6 de la Audiencia Nacional, Manuel Garc? Castell?, va a tener un segundo magistrado, este de apoyo, por la sobrecarga de trabajo que est?afrontando en macrocausas de las que es competente, como las del ?caso Villarejo?, subdividido en 12 piezas separadas, ?caso P?ica? o ?caso Lezo?.
El elegido por la Comisi? Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para tal fin es Joaqu? El?s Gadea Franc?, hasta la fecha juez de Adscripci? Territorial (jAT) destinado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?.
Gadea Franc? fue el n?ero 1 de su Promoci?, la 60, que recibi?sus despachos en 2010.
Garc? Castell? cuenta con el refuerzo de Alejandro Abascal, quien ejerce esa funci? desde enero de 2019. La misma Comisi? Permanente le ha renovado por otro periodo de seis meses.
El mismo periodo que ejercer?Gadea, si bien, a diferencia de Abascal, no tendr?funciones jurisdiccionales.
Su nombramiento se ha realizado en base a la ?Disposici? adicional vig?ima primera. Apoyo judicial en la instrucci? de causas complejas? de la Ley Org?ica del Poder Judicial?.
?Dentro de las excepcionales medidas de apoyo judicial, el Consejo General del Poder Judicial podr?acordar, para la mejor instrucci? de causas complejas y previa propuesta de su titular, la adscripci? a un ?gano determinado de otro u otros Jueces o Magistrados que sin funciones jurisdiccionales y bajo la direcci? del titular de aqu?, realicen exclusivamente labores de colaboraci?, asistencia o asesoramiento. Para id?tico fin e iguales condiciones, podr?interesarse la adscripci? de uno o varios Letrados de la Administraci? de Justicia?, dice el texto legal.
Su labor sea la de agilizar la resoluciones.
La ?tima palabra la seguir?teniendo Garc? Castell?.
Adem? de las mencionadas, Garc? Castell? dirige asimismo la investigaci? de otras causas complejas, como la que se sigue por terrorismo contra un grupo de integrantes de los Comit? en Defensa de la Rep?lica (CDR), la quiebra de Zed, el caso Aquamed, el fraude del llamado ?Madoff catal??, la instrucci? sobre la querella contra los consejeros delegados del grupo D? previos a la entrada del grupo LetterOne.
EL JUEZ RECHAZA INVESTIGAR AL PP EN EL CASO P?ICA CON EL INFORME FAVORABLE DE LA FISCAL?
La acusaci? de Izquierda Unida lo solicit?en diciembre y tanto las fiscales como el instructor consideran que es "prematuro"
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel Garc?-Castell?, rechaza investigar al Partido Popular en la pieza del caso P?ica en la que figuran como investigados los ex presidentes madrile?s Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio Gonz?ez por engrosar la presunta ?caja B? del partido a trav? de fondos p?licos de Fundescam y de las partidas de Publicidad de distintas consejer?s del Gobierno madrile?.
En una providencia con fecha del 10 de enero, el juez rechaza la petici? del partido Izquierda Unida de investigar al Partido Popular en las diligencias 85/2014 de acuerdo con un informe de las fiscales Anticorrupci?, que el pasado 21 de diciembre consideraron que es ?prematuro? realizar una valoraci? en dicho sentido contra el PP por la falta de indicios.
Tras solicitar las acusaciones de Izquierda Unida y otras que se investigara al PP en el procedimiento, las fiscales Teresa G?vez y Carmen Garc? Cerd?firmaron un escrito el 21 de diciembre, notificado al Juzgado Central n?ero 6 cinco d?s despu?, en el que afirmaron que ?la investigaci? sobre el presunto desv? de fondos p?licos que habr?n podido atender pagos electorales, omitidos en la contabilidad de las campa?s, gastos particulares del Partido Popular en la Comunidad de Madrid o enriquecido a terceros part?ipes no ha concluido todav?. Consideramos que es prematuro realizar una valoraci? de la participaci? del Partido Popular que justifique su llamada a la causa?, informaron al juez.
En una providencia del pasado viernes, y atendiendo a la petici? del Ministerio P?lico, el juez acepta el informe de la Fiscal? y tambi? rechaza incluir al Partido Popular como persona jur?ica investigada en la pieza de la presunta financiaci? irregular de dicha formaci? en el caso P?ica.
Precisamente el posicionamiento de la Fiscal? en esta causa -donde tendr?que fijar su acusaci? contra Aguirre, Cifuentes e Ignacio Gonz?ez antes de julio que concluye el plazo de la instrucci? si no se pide una ampliaci?- est? en el punto de mira tras el nombramiento este martes de la ex ministra socialista Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
El origen de los fondos
A principios de septiembre, Garc?-Castell? imput?a las ex presidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en dicha pieza de la presunta ?caja B? del PP y afirm?en su auto que Aguirre ?ide?la financiaci? ilegal del PP para fortalecer su figura pol?ica?, para lo que, seg? el instructor, se modificaron las leyes de la Comunidad para que las partidas de publicidad de las consejer?s dependiera del vicepresidente Ignacio Gonz?ez.
As? seg? los primeros indicios recavados en la investigaci?, Aguirre y su n?leo de confianza habr?n desviado presuntamente parte de los fondos p?licos de las comunidades aut?omas para financiar irregularmente las campa?s electorales de 2007 y 2011 con la ayuda del empresario publicitario Daniel Mercado, tambi? investigado. Por otro lado, seg? la investigaci?, los fondos habr?n llegado al partido para cubrir el sobrecoste presuntamente ilegal de las campa?s por medio de la Fundaci? para el Desarrollo Econ?ico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam).
Por su parte, Cristina Cifuentes est?investigada en la causa por adjudicar presuntamente de manera irregular el servicio de cafeter? de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, propiedad del empresario Arturo Fern?dez en 2009 y 2011.
Cifuentes presid? la mesa de contrataci? y formaba parte del comit?de expertos que autoriz?las adjudicaciones. Fern?dez, seg? sostiene Anticorrupci?, habr? hecho una donaci? dineraria al Partido Popular a trav? de Fundescam en el a? 2007 -cuando Cifuentes era patrona de dicha fundaci?- por lo que la acusaci? p?lica considera que las adjudicaciones a Cantoblanco respondieron a dicha donaci?. Tanto Cifuentes como Aguirre declararon ya como investigadas en la Audiencia Nacional, negando en ambos casos la existencia de una ?caja B? en el Partido Popular.
PEDRO ANTONIO S?CHEZ VUELVE A ESTAR IMPUTADO EN LA P?ICA
La Audiencia Nacional considera que el archivo de la causa contra el expresidente no estaba suficientemente justificado y anula el sobreseimiento
El expresidente de la Comunidad Aut?oma Pedro Antonio S?chez vuelve a estar imputado en el caso P?ica. La Audiencia Nacional considera que el archivo acordado por el Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6 del pasado mes de abril no est?suficientemente explicado y ha decidido anular el sobreseimiento.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha admitido un recurso de la Fiscal? y pide que se establezcan "con claridad y precisi? los hechos objeto de imputaci? y las personas que indiciarimente participaron en los mismos?.
Tambi? pide que se especifiquen ?las razones claras y precisas? por las que se considera que ?no hay datos de incriminaci? suficientes para continuar las actuaciones? contra los imputados.
Pedro Antonio S?chez hab? sido acusado de mantener conversaciones con los cabecillas de la trama P?ica, que ofrec? a los pol?icos servicios para mejorar su imagen en Internet, aunque no lleg?a firmar ning? contrato.
Con la anulaci? del auto de sobreseimiento tambi? vuelve a estar imputado en la causa el ex asesor de Pedro Antonio S?chez en la Consejer? de Educaci? David Conesa.
El Juzgado de Instrucci? n?ero 6 decidi?dar por cerrada la investigaci? contra el expresidente despu? de que el Tribunal Supremo archivara las imputaciones contra la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, al entender que sus diligencias hab?n entrado en v? muerta, dada la vinculaci? que exist? entre ambos.
Pedro Antonio S?chez present?su dimisi? como presidente de la Comunidad a principios de abril de 2017, tras la presentaci? de una moci? de censura contra ? a ra? de su imputaci? en el caso P?ica, en el que est? implicados otros ex altos cargos del Gobierno regional.
El expresidente est?imputado tambi? en el caso Auditorio, que dio lugar a una querella de la Fiscal? por la contrataci? y posterior liquidaci? del contrato para la construcci? del inmueble de Puerto Lumbreras -que qued?sin acabar- cuando era alcalde del municipio.
A finales de 2018 fue sobrese?a otra causa contra Pedro Antonio S?chez por la contrataci? de varios puentes sobre la rambla de Nogalte en Puerto Lumbreras, el llamado caso Pasarelas, cuyo archivo tambi? ha sido recurrido por la Fiscal?.
En este caso, el juez decidi?archivar la causa en aplicaci? de la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita a seis meses el plazo de instrucci?, dado que nadie present?dentro de plazo la solicitud para que fuese declarada 'causa compleja', necesaria para ampliar la instrucci? hasta los 18 meses.
La decisi? de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de anular la decisi? de sacar al expresidente Pedro Antonio S?chez de la trama P?ica se ha producido a ra? de un recurso presentado por la Fiscal? Anticorrupci?, que s? aprecia ?elementos de cargo suficientes para considerar que el procedimiento judicial deb? continuar? contra el anterior jefe del Ejecutivo regional y contra su ex asesor David Conesa.
El fiscal entiende que incluso se han omitido ?datos incriminatorios? que s?aparec?n en anteriores autos.
Los magistrados de la Secci? Cuarta comparten el criterio de la Fiscal? y entienden que en el auto de sobreseimiento dictado por el juez Manuel Garc?-Castell? el pasado mes de abril se omit?n ?hechos hasta entonces incluidos en la presente pieza, en concreto, los que hac?n referencia a la Consejer? de Educaci? de la Regi? de Murcia (de la que era titular Pedro Antonio S?chez) y al Ayuntamiento de Cartagena?, cuya alcaldesa era Pilar Barreiro, exculpada por el Tribunal Supremo.
Se?lan que, una vez archivada las actuaciones contra Pedro Antonio S?chez y Pilar Barreiro, la pieza separada denominada 'Murcia' quedaba reducida a una tercera parte, la relativa a la Consejer? de Industria, cuyo titular era Juan Carlos Ruiz. Tambi? figuran entre los imputados varios ex altos cargos del departamento.
La Sala incluso reprocha al juez Garc?-Castell? que al sobreseer las diligencias contra el expresidente murciano vinculando su decisi? al archivo de la causa contra Pilar Barreiro en el Supremo, como si fuera ?una consecuencia l?ica?, ha dado pie a que el resto de los investigados murcianos pidieran lo mismo.
EL JUEZ ARCHIVA LA INVESTIGACI? CONTRA GALLARD? Y GONZ?EZ POR LA COMPRA DE INASSA
El juez Manuel Garc? Castell? propone juzgar a 22 personas por delito de malversaci? de caudales p?licos agravado
Considera que no hay indicios contra Gallard? y Gonz?ez al no quedar acreditado que conociera los pormenores de esa compra
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz?ez (2-i), y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard?, durante el mitin de cierre de la campa? del Partido Popular para las elecciones europeas. EFE/Alberto Mart?
El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc? Castell? ha archivado la investigaci? que se ven? siguiendo contra el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallard? en la pieza del 'caso Lezo' sobre la compra de la sociedad colombiana Inassa a cargo del Canal de Isabel II en el a? 2001, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid.
Tambi? exculpa al expresidente madrile? Ignacio Gonz?ez, principal imputado en otras piezas del 'caso Lezo', ya que a? no hab? llegado a la presidencia del Canal de Isabel II cuando se cerr?la operaci? de compra de Inassa; al socio de ?te Edmundo Rodr?uez Sobrino, quien despu? ejerci? como presidente de la empresa colombiana; y a Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid y quien fuera 'mano derecha' de Gallard?.
La Audiencia Nacional investigaba si ya en la primera operaci? del Canal en Latinoam?ica hubo un desv? de fondos. Gallard? y sus consejeros aprobaron la compra de la sociedad colombiana Inassa en 2001 por 73 millones de d?ares. La Fiscal? empez?a tirar del hilo tras grabar una conversaci? de Gonz?ez con el exministro Eduardo Zaplana, en la que el primero le contaba que hab? tapado el "muerto" de su antecesor. Anticorrupci? defendi?en un primer momento que se hab? pagado un precio excesivo y apunt?al posible reparto de comisiones.
La mayor? de los consejeros de Gallard? imputados defendieron que no hubo un sobreprecio en la compra de Inassa -que ten? en propiedad Triple A, la empresa que gestionaba el agua de Barranquilla (Colombia)- y que se utiliz?una sociedad interpuesta con sede en un para?o fiscal por exigencia de los ejecutivos colombianos. Algunos de los miembros del consejo de administraci? del Canal s? que han llamado la atenci? sobre que la informaci? que tuvieron fue muy escasa y que tomaron la decisi? con poco tiempo para estudiarla. La fiscal del caso pregunt? directamente a Gallard? si hab? cobrado comisiones. "Me duele que me lo pregunte", respondi?
En un escrito de 12 p?inas dirigido al juez, la Fiscal? pidi?la semana pasada levantar la imputaci? en esta pieza de Lezo, la de Inassa, a 15 personas y procesar a otras 22, lo que ha asumido en su totalidad el juez. De entre los 15 para los que pidi?la Fiscal? el archivo, y que ahora acuerda el juez, figuran miembros del Consejo de Gobierno que aprob?esa compra como el exvicepresidente madrile? Manuel Cobo o Carlos Mayor Oreja, que tambi? fue presidente del Canal de Isabel II (CYII).
De este modo, el juez procesa a los 14 miembros del Consejo de Administraci? del Canal cuando se produjo la compra, entre los que destacan el expresidente del Canal y exconsejero Pedro Calvo; el exconsejero de Hacienda y expresidente de Adif, Juan Bravo, y el socialista Agapito Ramos, consejero del Canal hasta 2015.
Seg? el juez y la Fiscal?, aprobaron la compra "a pesar de conocer que se iba a interponer en la operaci? una sociedad paname? y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar", operaci? por la que tambi? han sido procesado 5 trabajadores de Triple A de Barranquilla vinculados a Aguas de Barcelona (Agbar).
La adquisici? de Inassa, "estuvo plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realiz?de manera indirecta, pues lo que realmente se compr?fue la sociedad paname? Aguas de Am?ica SA (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana WATCO", se?la el auto.
Eso -agrega- provoc?"un desv? de los fondos p?licos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusi? dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados -WATCO SA- que no redundaron en ning? beneficio para la Administraci? auton?ica".
En esta misma resoluci?, el juez acuerda incorporar dos informes periciales aportados por la Fiscal?, "al ser una prueba relevante y necesaria" de esas irregularidades en la compra de Inassa.
En ese proceso, al que se vincul?el Canal asoci?dose con la empresa Tecvasa -sociedad en la que los investigados eran socios minoritarios- intervinieron, seg? el juez, el que fuera director econ?ico y de desarrollo comercial del Canal, Jos?Antonio de Cachavera y Juan Pablo L?ez Heras, entonces subdirector de Nuevos Negocio.
Su actuaci? cont?"con el benepl?ito" de Arturo Canalda Gonz?ez -director gerente de CYII desde el 25 de septiembre de 2001-", quien, conociendo las circunstancias en las que se llevar? a cabo la operaci? -la interposici? societaria y el sobreprecio-, la present?a los consejos de administraci? correspondientes para obtener autorizaci?.
Por eso tambi? fue decisiva la actuaci? de los miembros del Consejo de Administraci? del Canal, que autorizaron la compra en noviembre de 2001, "a pesar de conocer que se iba a interponer en la operaci? una sociedad paname? y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar".
Con esta autorizaci? y la que obtuvieron del Consejo de Gobierno, L?ez Heras, en representaci? de Canal Extensia firm?el acuerdo de compraventa, por el que se calcula que el Canal abon?indebidamente un importe comprendido entre 17 y 29 millones de d?ares
https://www.eldiario.es/politica/archiva-investigacion-Gallardon-Gonzalez-Inassa_0_904659760.html
ANTICORRUPCI? RECURRE ARCHIVAR LA CAUSA CONTRA PEDRO ANTONIO S?CHEZ
La Fiscal? ha presentado un recurso de apelaci? al no estar de acuerdo con el criterio del juez de levantar la imputaci? al expresidente de Murcia
La Fiscal? Anticorrupci? ha recurrido este martes la decisi? del juez del caso P?ica en la Audiencia Nacional de levantar la imputaci? al expresidente de Murcia Pedro Antonio S?chez (PP).
Seg? han informado fuentes jur?icas, la Fiscal? ha presentado un recurso de apelaci? ante la Sala de lo Penal de la Audiencia al no estar de acuerdo con el criterio del juez, que archiv?la causa contra S?chez al no encontrar indicios con un "m?imo de certeza" de que pudiera haber cometido alg? delito.
El archivo lo decret?el magistrado Manuel Garc? Castell?, quien adopt?esa decisi? despu? de que el Supremo decidiera archivar la causa para la senadora del PP Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena y pieza clave en los hechos y el pilar sobre el que "pivotaba" la imputaci?.
Para el juez, si a juicio del Supremo el material probatorio contra Barreiro no es suficiente, tampoco puede serlo para incriminar a Pedro Antonio S?chez y a David Conesa, uno de sus colaboradores cuando ocupaba la Consejer? de Educaci?, en el encargo de trabajos para promover una campa? de mejora de su imagen.
En su decisi? ahora recurrida, el magistrado sostiene que contra el que fuera jefe del Ejecutivo regional solo existen "meras sospechas", por lo que no consider?procedente mantener abiertas las diligencias penales contra ? como presunto autor de los delitos de cohecho, fraude y revelaci? de informaci? reservada.
Tras la absoluci? de S?chez el pasado diciembre por la Audiencia Provincial de Murcia por el caso Pasarelas, en el que estaba acusado de prevaricaci? y falsedad, por una "indolencia" en la instrucci? que llev?a que se rebasaran los plazos establecidos en la ley, le queda pendiente de juicio el caso Auditorio.
Este caso, tambi? de presunta corrupci? urban?tica y tambi? de su ?oca de alcalde de Puerto Lumbreras, en el que est?investigado por fraude a ente p?lico, cohecho y revelaci? de informaci? reservada, lo llev?a dimitir al retirarle su apoyo Ciudadanos al sumarse a su investigaci? en la P?ica
LA AUDIENCIA NACIONAL ARCHIVA LA CAUSA CONTRA EL EXPRESIDENTE DE MURCIA POR SUS TRATOS CON LA TRAMA P?ICA
Pedro Antonio S?chez estaba siendo investigado por acordar una campa? de lavado de imagen con el inform?ico de P?ica usando fondos p?licos
El auto indica que las conversaciones grabadas y que obran en la causa son muy ambiguas: "Nada esclarecen y son susceptibles de diversas interpretaciones"
La Audiencia Nacional ha archivado la investigaci? contra el expresidente de Murcia Pedro Antonio S?chez. El juez Manuel Garc? Castell? sigue la postura que fij?el Tribunal Supremo en este caso y se?la que no hay indicios suficientes para continuar la causa que investigaba si S?chez hab? usado dinero p?lico para pagar una campa? de imagen a cargo de Alejandro de Pedro, el inform?ico de la trama P?ica.
En el auto, adelantado por La Verdad de Murcia al que ha tenido acceso eldiario.es, se pone fin a la causa que se inici?en febrero de 2017 contra S?chez y que le llev?a dejar sus cargos institucionales y en el partido. El juez Eloy Velasco envi?la causa al Tribunal Supremo, pero volvi? a la Audiencia Nacional cuando el principal investigado perdi?el aforamiento
Cuando Velasco elev?la causa al Alto Tribunal, detall?que S?chez concert?con Alejandro de Pedro la realizaci? de trabajos en redes sociales para "limpiar" su imagen de cara a las elecciones auton?icas, despu? de verse salpicado por el 'caso Auditorio'. Quer? "limpiar la inconveniente imagen que podr? dar ante el partido y la sociedad" para ganar las elecciones, como as?ocurri? se?laba el magistrado.
El juez sosten? que S?chez intent?contratar con la P?ica "lastimando los intereses de la Administraci? P?lica, que no debe correr con semejantes gastos particulares", porque intent?cargar los gastos de esa campa? a la Consejer? de Educaci?, que dirig? por entonces. "No lo sufrag?con su dinero particular, ni lo hizo personal al servicio de su cargo p?lico de su Gabinete de Prensa, pues no est?entre sus labores acondicionar la imagen privada de la persona, y ? era consciente", se?laba Velasco.
El escrito recog? los detalles del contrato que acordaron S?chez y De Pedro, y a?de que se lleg?a concertar el inici?de la actividad en redes sociales, la contrataci? de un periodista y hasta la cantidad mensual a pagar por esos trabajos, que ascender? a 4.600 euros al mes.
Entre ese escrito y el de este lunes se produjo una decisi? del Tribunal Supremo sobre este caso. Archiv?la causa contra la senadora del PP Pilar Barreiro por los mismos hechos y alegando que el contrato no se hab? llegado a firmar, con lo que no quedaba acreditado el uso del dinero p?lico para intereses personales.
En esa l?ea, el juez Garc? Castell? se?la que "los indicios son precarios, el material carece de aptitud para generar un m?imo de certeza que justifique la prosecuci? de esta instrucci?, y ello tras analizar tanto las conversaciones telef?icas que sirven para mantener la imputaci? de Pedro Antonio S?chez y David Conesa, como los correos electr?icos que como se?la la Sala carece de virtualidad por cuanto se trata de comunicaciones internas entre empleados del entramado".
El auto indica que las conversaciones grabadas y que obran en la causa son muy ambiguas -"nada esclarecen y son susceptibles de diversas interpretaciones"- y cita el caso de Barreiro y la decisi? del Supremo: "si no queda acreditado fraude respecto de Pilar Barreiro tampoco respecto de Pedro Antonio S?chez al ser el mismo material probatorio, el material obrante en las actuaciones goza de la misma fuerza que respecto de la aforada".
https://www.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-expresidente-Murcia-Punica_0_886462093.html
LA AUDIENCIA NACIONAL REVOCA OTRA VEZ EL PROCESAMIENTO DE LA 'TRAMA P?ICA'
El magistrado Garc? Castell? reconoce que el auto contra una veintena de implicados en la Regi? debe ser anulado para practicar nuevas pruebas
El camino hacia el banquillo de una veintena de encausados de la Regi? en el 'caso P?ica' bien podr? amenizarse con la banda sonora del 'baile de la yenka'. Porque ya son dos veces las que han sido procesados y otras dos las que el auto en el que se concretaban las acusaciones ha tenido que ser anulado. A lo que hay que sumar otra ocasi? en la que, con el fin de corregir un lapsus, fue necesario dictar de nuevo una de esas resoluciones. De manera que, si finalmente se confirma que existen indicios suficientes para abrir juicio contra los presuntos implicados en esta supuesta trama de corrupci?, el titular del Juzgado Central n?ero 6 de la Audiencia Nacional, Manuel Garc? Castell?, deber? emitir todav? una nueva -ser? la cuarta- resoluci? en ese mismo sentido.
La primera vez que la Audiencia Nacional dict?el denominado auto de transformaci? en procedimiento abreviado (PA) -el equivalente al de procesamiento- por la llamada 'Pieza 3' de la 'Operaci? P?ica' fue en febrero de 2017. En aquel momento se encontraba todav? al frente de ese juzgado el magistrado Eloy Velasco, quien estim?que la investigaci? estaba concluida y que hab? material probatorio suficiente para mantener las acusaciones contra una veintena de antiguos altos cargos y asesores de las consejer?s de Industria y de Educaci? y del Ayuntamiento de Cartagena. Entre los procesados tambi? se encontraban el exalcalde socialista de esa localidad, Jos?Antonio Alonso, y su socio, el inform?ico Alejandro de Pedro, quienes contrataron con los primeros unos trabajos de reputaci? que iban a ser sufragados presuntamente con dinero p?lico.
A los dos meses, la Secci? Cuarta de la Audiencia Nacional revoc?esta resoluci? al entender que quedaban pruebas por practicar.
Si la causa llega a juicio, antes habr?que dictar una cuarta resoluci?
Cuando esas diligencias se realizaron, el nuevo instructor de la causa, Manuel Garc? Castell?, dict?en julio pasado un nuevo auto de PA, en el que se ratificaban los cargos contra los supuestos integrantes de esta trama. En esta ocasi?, sin embargo, el magistrado tuvo que dictar otra resoluci? un par de meses m? tarde, con el fin de incluir el nombre de quien fue consejero de Educaci? y presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio S?chez, ya que por un lapsus se hab? omitido su menci?.
Ahora, el auto de PA ha vuelto a quedar sin efecto, despu? de que el instructor haya admitido un recurso de la defensa de Alejandro de Pedro, en el que se recordaba que segu?n quedando pruebas por practicar. El juez hab? admitido esa circunstancia, pero no hab? anulado expresamente la resoluci?. Y ayer, despu? de que el letrado Evaristo Llanos Sola pidiera una aclaraci? al respecto, ha reconocido que as?debe ocurrir.
https://www.laverdad.es/murcia/audiencia-nacional-revoca-20181128011635-ntvo.html
EL JUEZ DE P?ICA INCLUYE A PEDRO ANTONIO S?CHEZ EN EL AUTO DE PROCESAMIENTO
El juez titular del Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6 de la Audiencia Nacional, Manuel Garc? Castell?, ha incluido al ex presidente de Murcia, Pedro Antonio S?chez, en la lista de personas a las que propuso procesar por la rama murciana de la trama P?ica, despu? de que la Fiscal? le advirtiese de que en el auto inicial no constaba este nombre.
En concreto, el Ministerio Fiscal present?un recurso de reforma contra el auto de transformaci? del procesamiento abreviado -el equivalente al de procesamiento- en el que explicaba que deb? integrarse en los fundamentos jur?icos del auto los hechos e indicios criminales relacionados con Pedro Antonio S?chez, que en un primero momento hab? sido investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia porque como presidente, era aforado.
El juez reconoce ahora que "asiste la raz? a la parte recurrente", la Fiscal?, y explica que, efectivamente, la Audiencia Nacional recibi?y acept?las actuaciones procedentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia referentes a la actuaci? del Pedro Antonio S?chez en la presunta trama urdida en la regi? con fondos p?licos para abonar trabajos de reputaci? a las empresas Eico y Madiva en colaboraci? con los restantes investigados.
De hecho, el ex presidente aparec? en el relato de los hechos y, en particular, se le mencionaba al exponer su "connivencia" con el empresario Alejandro De Pedro para realizar en 2014 trabajos de reputaci? online, pero no fue incluido en la parte dispositiva, que ordenaba el procesamiento, como s?aparec?n el resto de investigados, cosa que se enmienda con este auto de reforma.
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia orden?en junio del a? pasado el procesamiento de Pedro Antonio S?chez, que era aforado ante este tribunal antes de dejar sus cargos como presidente de Murcia y diputado, y dio luz verde a la Audiencia Nacional para seguir las actuaciones del procedimiento abreviado abierto sobre ?.
En aquel momento, el TSJ se?l?como hechos punibles los contactos del que fuera consejero de Educaci? y miembro de su gabinete con personas relacionadas con dos empresas vinculadas a ?P?ica? para mejorar su imagen p?lica de cara a su postulaci? como candidato a la presidencia de Murcia en competencia con otros miembros de su partido.
Al ser preguntado en un contacto con los medios de comunicaci? por este asunto, el presidente del Gobierno murciano, Fernando L?ez Miras, ha se?lado que "cuando los temas est? en la Justicia, lo mejor es que se deje trabajar a los jueces".
https://okdiario.com/espana/juez-punica-incluye-pedro-antonio-sanchez-auto-procesamiento-3083101
EL JUEZ APARTA DEL PROCESO A LAS HIJAS DE IGNACIO GONZ?EZ
Manuel Garc? Castell? desbloquea las cuentas de las tres investigadas despu? de acreditar el origen de los ingresos
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel Garc? Castell?, ha sacado del caso Lezo la investigaci? que afectaba a las cuentas y dep?itos de ahorro de las tres hijas de Ignacio Gonz?ez y Lourdes Cavero al tratarse de ?terceros ajenos al procedimiento?.
La decisi? de Garc? Castell?, que cuenta con el visto bueno de la fiscal? anticorrupci?, llega despu? de que la defensa del matrimonio ?haya acreditado documentalmente el origen de los ingresos correspondientes a las cuentas bancarias de las que se solicita el alzamiento del bloqueo en su d? acordado?.
https://cadenaser.com/ser/2017/12/01/tribunales/1512144134_201608.html
EL JUEZ DEL ?CASO LEZO? ARCHIVA LA INVESTIGACI? AL PADRE DE IGNACIO GONZ?EZ
El juez del caso Lezo, Manuel Garc? Castell?, ha levantado la imputaci? por un delito de blanqueo al padre del expresidente madrile? Ignacio Gonz?ez Pablo Gonz?ez, de 91 a?s, al no haberse ?constatado? que conociese ?el origen criminal de los fondos? investigados en la causa.
?De lo actuado hasta el momento resulta acreditada la existencia de un contrato de pr?tamo? entre el padre y el hijo, por medio del cu? el primero le presta al segundo 10.000 euros, seg? el auto de sobreseimiento por este delito. La devoluci? de ese dinero ?se produce sin que exista en ella indicios del origen delictivo de esos fondos?, a?de la resoluci?.
El padre del principal investigado en el caso Lezo, relativo a una trama de corrupci? en el Canal de Isabel II, prest? declaraci? como investigado ante el juez el pasado 6 de septiembre dentro de la pieza en la que se investiga un supuesto blanqueo de capitales del expresidente madrile?.
Pablo Gonz?ez, hab? sido llamado a declarar en un principio el 19 de octubre, pero su citaci? se adelant? debido a su estado de salud. El d? de su comparecencia lleg?a la Audiencia Nacional a pie, ayudado con un bast? y acompa?do por su hija, la diputada madrile? del PP Isabel Gonz?ez.
Sus dos hijos Ignacio y Pablo est? imputados en el caso Lezo. El expresidente madrile? sali?de prisi? el pasado d? 8 tras haber ingresado en prisi? el 21 de abril y su hermano abandon?la c?cel el 27 de julio tras rebajarle el juez la fianza de 4 millones de euros a 200.000 euros por motivos de salud
IGNACIO GONZ?EZ ABANDONA LA C?CEL TRAS PAGAR 400.000 EUROS DE FIANZA
El auto que fij?la libertad bajo fianza detalla los mecanismos utilizados por el expresidente de Madrid para ?dar apariencia de legalidad? a la mordida por el campo de golf del Canal
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz?ez, ha salido ya de la c?cel. Lo ha hecho despu? de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc?-Castell? ordenara este mi?coles su puesta en libertad provisional y despu? de que su familia haya hecho efectiva la fianza de 400.000 euros que le impuso el martes para su excarcelaci?. Gonz?ez se encuentra en la prisi? de Soto del Real desde el pasado 21 de abril por su supuesta implicaci? en la Operaci? Lezo de corrupci?. Tras su excarcelaci?, el expol?ico deber?comparecer cada semana en el juzgado m? cercano a su domicilio, tendr?prohibido salir de Espa? y deber?entregar su pasaporte. Once fiadores han participado en reunir el dinero.
Gonz?ez, mano derecha de la antigua l?er del PP madrile? Esperanza Aguirre, se encuentra envuelto al menos en tres de las operaciones supuestamente fraudulentas investigadas en el caso Lezo. La primera son las irregularidades en la compra por parte del Canal de Isabel II, empresa de aguas de la Comunidad de Madrid, de la empresa colombiana Inassa, por valor de unos 100 millones de euros, 70 millones por encima de su valor. Esta operaci? se realiz?en 2011, cuando Gonz?ez no estaba en el Gobierno regional, pero del que tuvo conocimiento posteriormente y que no denunci? Seg? la investigaci?, el Canal gast?dinero p?lico de manera irregular para encargar un estudio jur?ico sobre dicha compra. Este informe revel?el fraude, pese a lo cual no lo denunci?"logrando as?una mayor protecci? e impunidad de los m?imos responsables" de aquella compra.
En el segundo gran desfalco participaron supuestamente Gonz?ez y su hombre de m?ima confianza, Edmundo Rodr?uez Sobrino -quien ahora colabora con la justicia- en la adquisici? por parte del Canal de Isabel II de la brasile? Emissao. La operaci? cost?25 millones de euros y, seg? la investigaci?, ambos se beneficiaron del patrimonio p?lico. El juez recalca que las actuaciones de la trama traspasaron "las frontera nacionales" y hechos similares se desarrollaron en Panam?y Rep?lica Dominicana.
La red corrupta cre?una estructura societaria mediante testaferros en Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein y Reino Unido para supuestamente ocultar "el dinero p?lico desviado". Estos fondos retornaban despu? a Espa? mediante "pr?tamos, inversiones societarias, fondos de inversi? o ampliaciones de capital en negocios con apariencia legal".
Finalmente, el juez detalla de manera exhaustiva el supuesto pelotazo en la obra de los campos de Golf del Canal, del que Ignacio Gonz?ez intent?hacer responsable en su declaraci? a su antecesora en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El instructor del 'caso Lezo' enumera fecha a fecha todos los pasos dados por Ignacio Gonz?ez para adjudicar de manera presuntamente irregular tanto la construcci? como la explotaci? del centro deportivo con una estructura societaria en la que, entre otros, participaron su hermano Pablo y un cu?do.
El escrito concluye que el expresidente madrile? y sus socios consiguieron en este proyecto comisiones il?itas por m? de 1,2 millones de euros. La trama sac?parte de este dinero en efectivo mediante cheques cobrados en ventanilla, que posteriormente fue reintroducido en el circuito monetario legal mediante empresas instrumentales, una de ellas titularidad del propio Gonz?ez y su hermano.
El expresidente de la Comunidad de Madrid ha reunido los 400.000 euros en met?ico de fianza que le exig? el juez para poder salir de prisi? de Soto del Real. El magistrado del caso Lezo Manuel Garc? Castell? tom?este martes la decisi? de liberarle bajo fianza al considerar que ha disminuido el riesgo de que Gonz?ez se fugue y vuelva a delinquir, pero le impuso como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibici? de salida de Espa? y comparecencias semanales en el juzgado. La decisi? cuenta con el apoyo de la Fiscal? Anticorrupci?.
La portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid, Isabel Gonz?ez, hermana de Ignacio Gonz?ez, hab? dicho este mi?coles por la ma?na que en la familia estaban emple?dose "con toda el alma" para lograr reunir la fianza de 400.000 euros. Pasada la una de esta tarde ha llegado ella misma a la sede del tribunal junto a dos de sus hijas para consignar el pago de la cuant? establecida.
Gonz?ez hab? solicitado tres veces desde que ingres?en la prisi? de Soto del Real el pasado 21 de abril su puesta en libertad con el argumento de que "no existe en la causa prueba alguna que haya materializado los indicios y sospechas iniciales que motivaron la decisi? de acordar la prisi? cautelar". El auto que fija la fianza detalla sin embargo los mecanismos utilizados por el expresidente de Madrid para ?dar apariencia de legalidad? a la mordida por el campo de golf del Canal.
Empresas instrumentales
Cuatro empresas instrumentales y 59 cheques. Ese fue el mecanismo presuntamente utilizado por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Gonz?ez para blanquear buena parte de los 1,2 millones de euros que supuestamente se embolsaron ?, su hermano Pablo, un cu?do y otros socios por el ama? de la adjudicaci? de los contratos para la construcci? en 2006 un campo de golf en los terrenos que el Canal de Isabel II ten? en el centro de Madrid y su posterior explotaci?.
As?lo detalla el auto del titular del Juzgado Central de Instrucci? 6, Manuel Garc? Castell?, por el que este martes fij?la fianza para que el pol?ico pudiera abandonar la prisi?. Entre las mercantiles utilizadas, el magistrado destaca por el volumen de los fondos lavados a Reimex Representaciones SL, una firma dedicada sobre el papel ?a la intermediaci? en la comercializaci? de muebles de cocina?.
El escrito judicial detalla que la trama presuntamente encabezada por Gonz?ez cobr?una comisi? il?ita de 578.474 euros de la constructora Dragados -que fue la que se hizo con el contrato para levantar el complejo deportivo- y otra de 623.063,97 euros de la sociedad que finalmente explot?las instalaciones, Green Canal Golf. Todo ello, a trav? de Tecnoconcret, una empresa en la que participaban tanto Pablo Gonz?ez, hermano del expresidente, como el cu?do de ambos, Juan Jos?Caballero. Buena parte de estos 1,2 millones fueron posteriormente extra?os en met?ico de varias cuentas mediante 59 cheques cobrados en ventanilla. En concreto, 17 de ellos de un dep?ito abierto a nombre de Tecnoconcret, que el juez califica de ?empresa instrumental? ya que fue creada 12 d?s antes de las licitaciones bajo sospecha, no ten? estructura empresarial y solo tuvo en n?ina tres empleados.
Por este sistema, la trama del caso Lezo consigui? 532.339,15 euros en efectivo entre 2005 y 2014, a los que se sumaron otros 197.858,27 euros gracias al cobro de otros 42 cheques entre 2005 y 2014 en otras cuentas bancarias por parte de uno de los empleados de Tecnoconcret. ?Los capitales obtenidos ?por ventanilla? de las entidades de cr?ito, posteriormente fueron entregados en met?ico a Pablo Gonz?ez Gonz?ez y Juan Jos?Caballero Escudier?, hermano y cu?do respectivamente del pol?ico, seg? recalca el juez Garc? Castell?. Es en ese momento cuando, seg? las investigaciones, entran en escena las otras tres empresas bajo sospechas.
La primera en Reimex Representaciones SL, un firma dedicada formalmente ?a la intermediaci? en comercializaci? de muebles de cocina? y en la que aparece como administrador ?ico uno de los empleados de Tecnoconcret y como accionistas el familiar de otro trabajador. Entre 2006 y 2010 esta compa?a emiti??facturas mendaces? por valor de 696.808.92 euros para simular una relaci? comercial ?inexistente? con la compa?a del hermano y el cu?do de Gonz?ez ?con el fin de dar apariencia de legalidad a las extracciones de dinero antes se?ladas y prestar cobertura a los investigados?, recalca el magistrado.
Un mecanismo similar fue presuntamente utilizado con las otras dos sociedades. Una de ellas, Asesora 25 SL, considerada por los investigadores una empresa ?instrumental de los hermanos Gonz?ez de la que se val?n exclusivamente para la emisi? de facturas mendaces a trav? de las cuales se daba apariencia de legalidad a capitales obtenidos il?itamente?. Supuestamente sirvi?para blanquear 8.000 euros en 2007 mediante una falsa relaci? comercial con Tecnoconcret. En esta compa?a figur?durante a?s como testaferro un abogado fallecido en 2013. Los investigadores vinculan esta firma dedicada sobre el papel a ?auditor? y asesor? legal? con el blanqueo de otros 372.000 euros.
La tercera mercantil fue Proyectos Ecosistemas SL, en la que aparec? como administrador y accionista mayoritario el cu?do de Ignacio Gonz?ez. Entre 2007 y 2009, la trama Lezo supuestamente lav?154.048 euros a trav? de ella mediante el mismo sistema: la emisi? de facturas falsas para simular ?una relaci? comercial inexistente entre esta sociedad y Tecnoconcret?. En total, entre todas las empresas, Ignacio Gonz?ez y sus socios blanquearon presuntamente entre los a?s 2006 y 2010 cerca de 859.000 euros. M? del 70% de la millonaria comisi? por el ama? en los contratos del campo de golf.
https://elpais.com/politica/2017/11/08/actualidad/1510136504_150775.html
EL CGPJ RENUEVA SEIS MESES A ALEJANDRO ABASCAL COMO JUEZ DE REFUERZO EN EL CENTRAL 6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL
La Comisi? Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este mi?coles prorrogar por seis meses la comisi? de servicios del magistrado Alejandro Abascal como juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucci? 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular ES Manuel Garc? Castell?.
UN COLECTIVO DE JUECES DICE QUE PUDO PRIMAR SU PERTENENCIA A UNA ASOCIACI? CONSERVADORA
La lupa se ha colocado sobre el Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6 de la Audiencia Nacional, que vive desde hace meses inmerso en la investigaci? de tramas tan extensas y complejas como P?ica, Lezo y el caso Villarejo. Tras la renuncia el pasado diciembre de Diego de Egea a seguir como magistrado de refuerzo en ese ?gano, la comisi? permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombr?en febrero como su sustituto al juez Alejandro Abascal, vinculado a la conservadora Asociaci? Profesional de la Magistratura (APM). Una decisi? que ha recurrido ahora la instructora Rosa Mar? Freire, que tambi? aspiraba a ocupar esa plaza y que es conocida, por ejemplo, por enviar al PP al banquillo por la causa abierta por la destrucci? de los discos duros de Luis B?cenas.
En un escrito presentado ante el Consejo, al que ha tenido acceso EL PA?, Freire argumenta que se han obviado todos los m?itos previstos para este tipo de concursos, que le eran "objetivamente favorables", y se ha concedido el puesto a Abascal solo porque lo ocup?durante seis meses en 2016. "Se crea un m?ito superlativo de idoneidad no contemplado en la norma", incide en su recurso la magistrada, que ha encontrado el respaldo de la Asociaci? Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda m? numerosa del sector despu? de la APM y a la que pertenece la juez.
Raimundo Prado, portavoz de la AJFV, insiste en que "la ley establece una serie de baremos y estos no se han respetado": "Adem?, el CGPJ se ha sacado de la chistera un criterio que no existe". "Estamos hartos de esa arbitrariedad y de que las motivaciones sean cambiantes, amold?dose a determinadas personas de determinadas asociaciones", contin? el representante de la Asociaci? Francisco de Vitoria, que subraya que, a veces, el Consejo del Poder Judicial "se parece un poco a un grupo de amigos de un club de golf".
Freire destaca en su recurso ?que ya fue admitido a tr?ite, seg? la AJFV? que, por ejemplo, el n?ero escalafonal de Abascal es el 4.212, frente al 1.271 que la magistrada ostenta. "Y el tiempo de desempe? de funciones jurisdiccionales instructoras penales es notoriamente superior en mi caso que en el del nombrado", a?de la juez en su recurso. Adem?, en 2017, Abascal intent?volver a ser el juez de refuerzo y, en esa ocasi?, no se prim?su experiencia previa, por lo que De Egea acab?ocupando el puesto.
En su resoluci? del pasado 14 de febrero, la comisi? permanente del CGPJ destacaba en el nombramiento de Abascal "su experiencia en los juzgados centrales de instrucci? de la Audiencia Nacional y en concreto en el mismo ?gano a reforzar".
https://elpais.com/politica/2019/03/18/actualidad/1552935044_061754.html
EL JUEZ ALEJANDRO ABASCAL VUELVE A LA AN PARA REFORZAR EL JUZGADO DEL CASO VILLAREJO
El CGPJ valora para ello ?la experiencia en el propio ?gano y el tiempo efectivo de ejercicio en la jurisdicci? penal en ?ganos similares al que ha de ser objeto de refuerzo"
El juez Diego de Egea ya tiene sustituto: el magistrado Alejandro Abascal vuelve a la Audiencia Nacional como refuerzo del Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6 hasta al menos el 30 de junio, explican fuentes jur?icas a El Confidencial. Abascal ya ejerci?en este puesto antes de que De Egea fuera destinado al mismo en enero de 2016, lo que le permiti?instruir parte de la P?ica e iniciar Lezo. Aunque el juzgado al que se incorpora lleva tambi? el caso Villarejo, el magistrado solo se har?cargo de las nuevas causas que puedan llegar ahora al mismo.
El titular del Juzgado Central de Instrucci? 6, Manuel Garc?-Castell?, hab? pedido un magistrado adjunto y otro de refuerzo ante la carga de trabajo a la que se enfrenta. Con el nombramiento de Abascal, la Comisi? Permanente del CGPJ atiende parte de su petici?, medida que "se justifica por el elevado n?ero de asuntos complejos en tramitaci? y la necesidad de garantizar el desarrollo de la actividad procesal y de las actuaciones instructoras".
Ha decidido rechazar asumir la pr?roga de la comisi? de servicios que encabezaba y que le condujo a hacerse cargo de la operaci? T?dem
El CGPJ valora para ello ?la experiencia en el propio ?gano y el tiempo efectivo de ejercicio en la jurisdicci? penal en ?ganos similares al que ha de ser objeto de refuerzo, unido a la experiencia en instrucci? de delitos competencia de la Audiencia Nacional?. El ?gano de gobierno de los jueces subraya en este sentido que Abascal, con destino en el Juzgado de Instrucci? de Fuenlabrada, ya hab? estado en comisi? de servicio en el Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6 entre mayo y diciembre de 2016, junto al entonces titular, Eloy Velasco.
En agosto de 2018, el voto de calidad del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, impidi?que Alejandro Abascal saliera de nuevo elegido para reforzar el Juzgado Central de Instrucci? 6. Durante la Comisi? Permanente celebrada para votar al magistrado, Lesmes inclin?la balanza a favor de otro candidato, Diego de Egea, entonces titular del Juzgado de Instrucci? n?ero 43 de Madrid. Fuentes jur?icas consultadas por El Confidencial aseguraron entonces que el seleccionado es cercano al presidente de la Audiencia Nacional, Jos?Ram? Navarro, desde la ?oca en la que ambos ejerc?n en la jurisdicci? militar.
El presidente del CGPJ cerr?as?la puerta a que el primer juez que instruy?el caso Lezo entrara en el juzgado que se ocupa precisamente de esta macrocausa de corrupci? y de otras de enorme calibre como la P?ica. De todos modos, tras la renuncia el pasado diciembre de De Egea a seguir en este puesto a ra? de sus enfrentamientos con la Fiscal? Anticorrupci?, Abascal se convirti?en el candidato natural a ocupar este puesto, ante lo que el CGPJ se enmienda ahora a s?mismo con su nueva decisi?.
INTERIOR PONE ESCOLTA AL JUEZ DEL ?CASO VILLAREJO? TRAS ALLANAR UN DESCONOCIDO SU CASA
Un individuo entr?en la vivienda sin forzar la puerta mientras estaba dentro un familiar del magistrado, aunque aparentemente no se llev?nada
El Ministerio del Interior decidi?el pasado martes poner escolta policial al juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc?-Castell? despu? de que este denunciara que un desconocido hab? entrado en su domicilio cuando se encontraba en su interior un familiar, seg? adelant?este mi?coles El Mundo y han confirmado a El Pa? fuentes policiales y judiciales. Garc?-Castell? es en la actualidad el responsable de instruir alrededor de 180 causas, seg? detallan fuentes judiciales, entre ellas los macrosumarios sobre las actividades del comisario Villarejo, las tramas de corrupci? P?ica y Lezo, o las irregularidades en la empresa p?lica Aquamed
Tambi? le corresponden investigar causas de narcotr?ico por la incautaci? de alijos de miles de kilos de coca?a, el sumario sobre la relaci? entre ETA y las FARC, el del denominado Madoff catal?, Antonio Mas Samora, y m? de una quincena de pesquisas sobre yihadismo. Pese a ello, el magistrado no contaba hasta ahora con protecci? policial, a diferencia de otros jueces de instrucci?. Este hecho produc? extra?za en la Audiencia Nacional, seg? hab?n se?lado a este diario fuentes judiciales.
El suceso que ha provocado que Interior adjudique ahora a Garc? Castell? un grupo de polic?s para garantizar su seguridad se produjo en la tarde del martes. Seg? la denuncia, un individuo desconocido entr?en la vivienda por la puerta sin forzar la cerradura y, durante varios minutos, recorri?varias estancias de la misma, entre ellos el sal? principal. Un familiar de Garc? Castell? que se encontraba en la vivienda detect?la intromisi? por el ruido, pero no sali?a ver qui? era porque pens?que era el magistrado que hab? vuelto a casa. Este, en realidad, a? no hab? regresado al domicilio de su despacho de la Audiencia Nacional.
Poco despu?, este familiar dej?de o? pasos, lo que lleva a los investigadores a concluir que el sujeto solo estuvo dentro de la vivienda del juez unos pocos minutos. El desconocido abandon?la casa por la misma puerta, que dej? abierta. Fue este hecho lo que provoc?que otro familiar del magistrado diera la voz de alarma al regresar a casa. Agentes de la polic? se desplazaron al lugar de los hechos para recopilar indicios sobre la intromisi? e identificar a su autor. El juez y su familia declararon que no hab?n echado en falta ni objetos, ni documentaci?.
https://elpais.com/politica/2019/03/14/actualidad/1552557820_096792.html
EL SUPREMO RECHAZA LA QUERELLA CONTRA EL JUEZ GARC?-CASTELL? POR LAS ESCUCHAS A ABOGADOS
Descarta la prevaricaci? porque los tel?onos eran de los investigados y fueron intervenidos con apoyo legal.
La Sala Penal del Supremo no ha admitido a tr?ite la querella interpuesta contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc?-Castell?, instructor del caso Lezo, por uno de los abogados del empresario Juan Miguel Villar Mir cuyas conversaciones con su cliente fueron escuchadas por los investigadores durante tres meses.
El presidente del Grupo Villar Mir est?siendo investigado desde 2016 por Garc?-Castell? en relaci? al pago de un supuesto soborno por la adjudicaci? del tren de M?toles a Navalcarnero. A petici? de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el instructor acord?el 15 de diciembre de 2017 intervenir el tel?ono de Villar Mir, que deb? comparecer a declarar el 8 de enero siguiente.
En esa situaci?, se?laba la querella ahora rechazada, "la probabilidad de captaci? de conversaciones del cliente con sus abogados puede expresarse como pron?tico de certeza casi absoluta". Efectivamente, la UCO grab?conversaciones de Villar Mir con el letrado querellante "relativas a la estrategia procesal" que iban a seguir para retrasar esa comparecencia.
La querella atribu? al instructor del caso un presunto delito de prevaricaci? porque, adem? de acordar la interceptaci? de los tel?onos de los investigados, "no adopt?ninguna cautela en el ejercicio de su funci? de garante de los derechos fundamentales", especialmente del derecho de defensa.
La querella se?laba tambi? que, sobre la base de esas interceptaciones, la UCO realiz?"aut?ticos an?isis policiales letrado-cliente" que luego el instructor utiliz? en los interrogatorios. Apuntaba, adem?, que otros cinco defensores han sido escuchados cuando hablaban por tel?ono del caso Lezo con sus clientes.
La Sala Penal no ha visto indicio alguno de prevaricaci? en esas escuchas, por lo que ha rechazado abrir una causa al instructor del caso Lezo.
No es el caso Garz?
En una resoluci? de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Llarena, el alto tribunal explica que, en contra de lo que la querella afirmaba, este caso "dista esencialmente" del procedimiento en el que el exjuez Baltasar Garz? fue condenado por las escuchas a los abogados del caso G?tel.
Esa condena "se asentaba en unos par?etros de restricci? de la confidencialidad en las comunicaciones entre abogado-cliente que en modo alguno se aprecian en el supuesto que ahora se plantea".
De un lado, porque Garz? orden?espiar espec?icamente los investigados mantuvieran con sus letrados, tanto presentes como futuro. De otro, porque en aquel caso "no exist? previsi? legal para que un juez de instrucci? pudiera adoptar una decisi? semejante en tal coyuntura".
En tercer lugar, porque, al encontrarse los investigados del caso G?tel en prisi?, s?o en los locutorios pod?n hablar de su defensa con los abogados, de modo que no hab? espacio para evitar que se desvelara cu? iba a ser la l?ea de defensa. Finalmente, porque esa interceptaci? "carec? de una justificaci? real o indiciariamente contrastada".
En el caso del juez Garc?-Castell?, por contra, "nunca se acord?la observaci? del espacio de defensa", subraya el Tribunal Supremo. Las escuchas ten?n apoyo legal y se dirig?n a los investigados (todos ellos en libertad), no a sus abogados.
La Sala Penal rechaza que, una vez que "coyunturalmente" apareci?el letrado, el instructor estuviera obligado a desactivar la observaci? telef?ica. "Ni existe proscripci? constitucional o legal a mantener la intervenci? telef?ica ni se ofrecen [en la querella] razones que justifiquen la oportunidad de modificar o hacer decaer el mecanismo de investigaci?", se?la el Supremo, que indica que, si as?fuera, bastar? con que los abogados llamaran a sus clientes para impedir que ?tos fueran investigados en sus comunicaciones.
"Inmisi? accidental"
"La inmisi? accidental de conversaciones relativas a la defensa jur?ica ni es causa legal de modificaci? autom?ica del mecanismo de indagaci? hasta entonces desplegado ni necesariamente obliga a renunciar a la medida", afirma el tribunal, que si exige, sin embargo, que cuando en las escuchas aparezcan abogados "el control judicial de la intervenci? pasar?por una reevaluaci? de la proporcionalidad y necesidad de la observaci?".
Deber?haber -insiste el Supremo- una "potenciaci? del control judicial" para que la investigaci? "no se reoriente aprovechando el contenido del asesoramiento de defensa desvelado ni se explote la intromisi? para enriquecer y reformar el material incriminatorio con el que se cuenta". El ?ico aprovechamiento legalmente posible se limita al supuesto en el que el abogado haya podido intervenir en un delito.
La Sala deja abierta la cuesti? de la validez de esas escuchas en el caso Lezo y afirma que "sin perjuicio de las alegaciones que en el procedimiento concreto puedan hacer las partes sobre la validez o nulidad de las distintas fuentes de prueba, en modo alguno puede sustentarse que la actuaci? del magistrado instructor querellado derive de una iniciativa carente de soporte legal y que refleje por ello el pron?tico de tipicidad por prevaricaci? que argumenta la querella".
Recuerda, a este respecto, que Garc?-Castell? 'hered? de su antecesor, Eloy Velasco, la decisi? de interceptar los tel?onos de los investigados y la pieza secreta relativa a las conversaciones con los abogados.
Control judicial
Su decisi? de "mantener el m?odo de investigaci? (que no estaba orientado a desvelar el contenido de la actividad de defensa de los encausados), as?como llevar las conversaciones mantenidas con los letrados a una pieza separada en la que evaluar su destrucci?, descans?en una previsi? legal que configura el contenido del derecho constitucional afectado, al tiempo que arranca en una decisi? jurisdiccional que le es ajena".
"Y con esos precedentes inmediatos", a?de, "la querella no aporta ninguna raz? que desconfigurase esa decisi? inicial y que -en t?minos de necesidad y proporcionalidad para el caso concreto-, recomendara desactivar la medida de investigaci?, siempre que se mantuviera el control judicial al que antes se ha hecho referencia".
EL TS VUELVE A PEDIR OPINI? AL FISCAL SOBRE GARC? CASTELL? TRAS LOS INFORMES DE LAS ESCUCHAS DE ABOGADOS EN LEZO
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha vuelto a pedir informe a Fiscal? para que se pronuncie sobre la admisi? o no a tr?ite de la querella que el empresario imputado en el caso Lezo Juan Miguel Villar Mir present?contra el instructor de la causa en la Audiencia Nacional, Manuel Garc? Castell?, por grabar conversaciones que mantuvo con sus abogados e incorporar el contenido de las mismas al sumario.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha vuelto a pedir informe a Fiscal? para que se pronuncie sobre la admisi? o no a tr?ite de la querella que el empresario imputado en el caso Lezo Juan Miguel Villar Mir present?contra el instructor de la causa en la Audiencia Nacional, Manuel Garc? Castell?, por grabar conversaciones que mantuvo con sus abogados e incorporar el contenido de las mismas al sumario.
La Fiscal? ya emiti?un informe a finales del pasado mes de noviembre contrario a la apertura de una causa criminal contra el juez, a quien el empresario acusa de los delitos de prevaricaci? judicial, interceptaci? ilegal de las comunicaciones, retardo malicioso de la Administraci? de Justicia y falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.
La Sala de admisiones del alto tribunal vuelve a recabar ahora su opini? tras recibir dos informes aportados por la defensa despu? de que se diera a conocer la pieza secreta de las citadas intervenciones.
El letrado de la administraci? de justica del Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6, del que Garc? Castell? es titular, remiti?a principios del pasado mes de enero al Supremo el contenido de dicha pieza secreta, que incluye la transcripci? de conversaciones entre abogados personados en la causa y tambi? del empresario Juan Miguel Villar Mir con sus letrados. Las escuchas transcritas por la UCO de la Guardia Civil se refieren a conversaciones grabadas durante tres meses, entre enero y marzo de 2108.
La remisi? de estos oficios, a los que ha tuvo acceso Europa Press, fueron solicitados expresamente al Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que tiene pendiente desde el pasado septiembre resolver si admite o no a tr?ite la querella que la defensa de Villar Mir present?contra el magistrado por no parar las grabaciones pese a afectar al derecho de defensa.
ADVERTIDO POR LA UCO
En los tres oficios, y al inicio de cada una de las transcripciones --que afectan a Villar Mir, su abogado y otros tres letrados personados en la causa-- los agentes de la Guardia Civil advierten expresamente que "pueden afectar al ejercicio leg?imo del derecho de defensa".
En el primero de estos oficios se transcriben conversaciones mantenidas por Villar Mir y su letrado a comienzos del pasado a?, mientras que en las incluidas en los otros dos documentos la UCO tambi? ofrece el resultado de escuchas realizada a otras personas relacionadas con operaciones de OHL investigadas en Lezo.
Los letrados hablan de coordinarse para ejercer la defensa en este caso y de cual va a ser su estrategia en las declaraciones ante el instructor del asunto en la Audiencia Nacional. En otras conversaciones, que acabaron en manos del juez del caso, los letrados comentan tambi? c?o fue la declaraci? que Villar Mir prest?a la Audiencia Nacional.
La querella contra Garc? Castell? se detiene en el d? 9 de enero de 2018, cuando la la UCO advirti?expresamente al magistrado de que hab? escuchado, grabado y analizado las conversaciones entre una persona investigada y su abogado y el Magistrado no orden?el inmediato cese de la actuaci? y la eliminaci? de la informaci? obtenida, sino que recibi? en el juzgado un oficio aparte con las transcripciones.
PIEZA POR FALSEDAD DEL CERTIFICADO M?ICO
Las escuchas realizadas dicha jornada, seg? manifiestan los propios oficios ahora en poder del Supremo, derivaron en el problema con el certificado m?ico que Villar Mir present? para aducir problemas de salud y evitar comparecer en la Audiencia Nacional cuando estaba previsto. El facultativo acab?siendo llamado a declarar en los Juzgados de Plaza de Castilla, donde ahora se investiga si incurri?en una falsedad.
La querella insiste en que Garc? Castell? no dict?ninguna resoluci? que "espec?icamente habilitara a la UCO para grabar las conversaciones entre el se?r Villar Mir y su abogado en relaci? a la entrega del certificado m?ico" y alega adem?, que si el magistrado hubiera sospechado en su momento que hab? alguna irregularidad en la conducta del m?ico, habr? mandado a un forense para reconocer al imputado en lugar de aceptar que se pospusiera la comparecencia.
EL ABOGADO DE VILLAR MIR SE QUERELLA CONTRA EL JUEZ GARC?-CASTELL? POR GRABARLE CON SU CLIENTE
La intervenci? telef?ica hall?que el letrado acord?que el empresario simulara una
La defensa del empresario Juan Miguel Villar Mir present?el pasado lunes una querella por prevaricaci? contra el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel Garc?-Castell?, instructor del caso Lezo, seg? han confirmado a este peri?ico fuentes jur?icas. El letrado del empresario responde as?a la decisi? del juez Garc?-Castell? de remitir a los juzgados de instrucci? de Madrid una grabaci? del tel?ono de Villar Mir, que estaba sometido a intervenci? judicial, en la que se escucha al abogado sugerir al empresario que solicitara un certificado m?ico en el que simulara estar enfermo.
As? el empresario evit?a principios de a? acudir a la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos para que le fueran tomadas las huellas dactilares dentro de la investigaci? del caso Lezo por una supuesta comisi? de 1,4 millones por la adjudicaci? a OHL de las obras del tranv? de Navalcarnero (Madrid).
El juez, que apreciaba un posible delito de falsedad en documento p?lico, actu?en aplicaci? del art?ulo 118.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este precepto establece que todas las comunicaciones entre abogado y cliente tendr? car?ter confidencial y que el juez ordenar?destruir las grabaciones de conversaciones entre el imputado y su letrado. Sin embargo, la ley marca una excepci? a este principio, que busca asegurar el derecho de defensa: en caso de que de esas comunicaciones se constate la existencia de un hecho delictivo, la obligaci? de destruir ese material ?no ser?de aplicaci??.
La admisi? de la querella contra Garc?-Castell? depender? ahora de la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo. Los magistrados de la Audiencia Nacional est? aforados ante el alto tribunal, seg? la Ley Org?ica del Poder Judicial. La decisi? del magistrado de enviar la transcripci? de las grabaciones de Villar Mir y el abogado Dom?guez a los juzgados de Plaza de Castilla estuvo controlada y avalada por la Secci? Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, que desestim?un recurso de la defensa del empresario contra aquella.
La acusaci? del juez Garc?-Castell? fue archivada en los juzgados de Plaza de Castilla. Ello no evit?que los Colegios de Abogados de Madrid y Barcelona y el Consejo General de la Abogac? denunciaran las grabaciones y su env? a los juzgados ordinarios como un supuesto ataque del magistrado al derecho de defensa de Villar Mir y en el secreto profesional de Dom?guez, ex abogado general de la Comunidad de Madrid.
En la querella, que incluye los delitos de interceptaci? ilegal de las comunicaciones, retardo malicioso en la administraci? de justicia e infidelidad en la custodia de documentos, la defensa de Villar Mir establece un paralelismo con el caso del exjuez Baltasar Garz?, que fue condenado a 11 a?s de inhabilitaci? por ordenar escuchas a los abogados de imputados del caso G?tel en prisi?.
https://elpais.com/politica/2018/09/25/actualidad/1537889061_426233.html
LA SOMBRA DE LAS ESCUCHAS ILEGALES A ABOGADOS VUELVE A LA AUDIENCIA NACIONAL CON UNA QUERELLA A GARC?-CASTELL?
El letrado del constructor Villar Mir atribuye delitos de prevaricaci? e interceptaci? il?ita de comunicaciones al instructor del caso Lezo.
Seis a?s despu? de que el exjuez Baltasar Garz? fuera condenado por interceptar las comunicaciones de los imputados del caso G?tel mientras hablaban con sus abogados sobre su estrategia de defensa, otro instructor de la Audiencia Nacional ha sido objeto de una querella por la misma conducta. Uno de los letrados que defienden en el caso Lezo a Juan Miguel Villar Mir, presidente del Grupo Villar Mir, ha presentado una querella contra el juez Manuel Garc?-Castell? por presuntos delitos de prevaricaci?, escuchas ilegales, retardo malicioso en la administraci? de justicia y falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.
El empresario est?siendo investigado desde 2016 por Garc?-Castell? en relaci? al pago de un supuesto soborno por la adjudicaci? del tren de M?toles a Navalcarnero. A petici? de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el instructor acord?el 15 de diciembre de 2017 intervenir el tel?ono de Villar Mir, que deb? comparecer a declarar el 8 de enero siguiente.
En esa situaci?, "la probabilidad de captaci? de conversaciones con sus abogados puede expresarse como pron?tico de certeza casi absoluta" y, efectivamente, la UCO grab?conversaciones de Villar Mir con el letrado querellante "relativas a la estrategia procesal" que iban a seguir para retrasar esa comparecencia.
Garc?-Castell? "no adopt?ninguna cautela en el ejercicio de su funci? de garante de los derechos fundamentales", especialmente del derecho de defensa, y autoriz?a la UCO a grabar a Villar Mir y a su defensa "durante un prolongado plazo de tiempo", pese a saber que "se trataba de comunicaciones constitucional y legalmente confidenciales, de acceso vedado incluso a la autoridad judicial", sostiene la querella.
Sobre la base de esas interceptaciones, la UCO realiz? "aut?ticos an?isis policiales letrado-cliente" que luego el instructor utiliz?en los interrogatorios.
La querella sostiene que "jam?" hubo un control de las escuchas por parte de Garc?-Castell?, que orden?la destrucci? de las grabaciones -lo que ni siquiera se sabe si se ha efectuado realmente por parte de la UCO- sin permitir a los escuchados conocer el contenido de las interceptaciones, en contra de lo que prescribe la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La querella califica la actuaci? del instructor del caso Lezo de "un pu?l en el coraz? del derecho de defensa". "Obsesionado por recoger autoincriminaciones", afirma, "el magistrado querellado ha tenido la osad? inconcebible de hacer acopio, como si de algo perfectamente natural se tratara, de transcripciones y an?isis policiales de conversaciones entre abogados y sus clientes" a las que nadie debi?tener acceso.
La defensa de Villar Mir tiene a su favor que, en un acuerdo adoptado el pasado 6 de julio, el Colegio de Abogados de Madrid le concedi?el amparo por vulneraci? del secreto profesional y de la confidencialidad de la relaci? entre el abogado y sus clientes en el marco del caso Lezo.
"Estoy muy tranquilo", afirman fuentes cercanas al instructor, que recuerdan que la Fiscal? aval?las escuchas y la Sala Penal de la Audiencia confirm?la decisi? de destruir las grabaciones, excepto las que se refer?n a la elaboraci? de un certificado m?ico que fue presentado para justificar la incomparecencia de Villar Mir a la citaci? del 8 de enero.
EL JUEZ DEL ?CASO VILLAREJO? RENUNCIA A SEGUIR EN LA AUDIENCIA NACIONAL
El magistrado Diego de Egea no renovar?como juez de refuerzo a partir del 1 de enero
Diego de Egea, instructor del caso de corrupci? encabezado por el comisario jubilado Jos?Manuel Villarejo, ha decidido renunciar a seguir en la Audiencia Nacional como magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6, seg? han confirmado a este peri?ico fuentes judiciales. De Egea, que aduce motivos personales, no renovar?en la plaza de juez de apoyo, que expira el pr?imo 31 de diciembre, pese a que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional hab? acordado solicitar al Consejo General del Poder Judicial su renovaci?.
El macrosumario sobre Villarejo, compuesto por siete piezas separadas, quedar?en manos del titular del juzgado, Manuel Garc?-Castell?, aunque el ?gano de gobierno de los jueces nombre a otro magistrado de refuerzo en un juzgado en el que se investiga, entre otras causas, la Operaci? P?ica.
La instrucci? del caso Villarejo (denominado en realidad Operaci? T?dem) ha estado marcada por las discrepancias jur?icas continuas del magistrado con los fiscales anticorrupci? Ignacio Stampa y Miguel Serrano, que han recurrido decisiones relevantes del juez durante la investigaci?. Entre ellas, la decisi? de levantar el secreto del sumario, que fue revocada parcialmente por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. De Egea, tambi? contra el criterio de la fiscal?, archiv?las pesquisas contra algunos de los investigados y puso en libertad a algunos de ellos, como el comisario del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, supuesto socio de Villarejo, sin esperar al informe del ministerio p?lico.
La guerra declarada entre el juez De Egea y los fiscales Stampa y Serrano se inici?el pasado 28 de mayo, cuando el comisario Enrique Garc? Casta? acudi?al despacho del magistrado en la Audiencia Nacional para preguntarle si le estaban investigando. De Egea le respondi?que acudiera a la fiscal? a demandar esa informaci?. Los fiscales le dieron la callada por respuesta. La iniciativa del juez no gust?a los representantes del ministerio p?lico, seg? se?lan fuentes judiciales. En julio, Garc? Casta? fue detenido como presunto colaborador de la trama y posteriormente puesto en libertad.
Este martes por la ma?na el juez instructor, seg? fuentes pr?imas, no ocultaba su malestar por el discurrir de este caso y confesaba: ?No me queda mucho tiempo aqu? Seg? fuentes cercanas al caso, De Egea era partidario de ?encapsular? las siete piezas del caso Tandem y que una decisi? pol?ica del Gobierno determinara ?destruir el resto del material intervenido? al comisario Jos?Manuel Villarejo. En su opini?, el asunto era dif?il de manejar y podr? llegar a atascar la Audiencia Nacional debido a la ingente cantidad de material inform?ico intervenido al comisario: cuatrocientas carpetas en m? de 20 terabytes susceptibles de convertirse en decenas de piezas separadas del caso principal.
De Egea no ocultaba que el pasado mes de julio, poco despu? de que se hicieran p?licas las grabaciones de Villarejo a Corinna Larsen sobre Juan Carlos I, estudi?la posibilidad de poner en libertad provisional a Villarejo. Incluso lleg? a sondear al entonces letrado del excomisario sobre si su cliente aceptar? llevar una pulsera electr?nica. Ayer, fuentes cercanas al magistrado se?laban que no considera ahora acceder a la ?tima petici? del abogado del comisario jubilado, que ha solicitado que su cliente quede en libertad provisional antes de Navidad.
En las ?timas semanas, De Egea aspir?a la presidencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Sin embargo, su candidatura no recab?ning? apoyo en el CGPJ, que eligi? por 11 votos al magistrado conservador Juan Pablo Gonz?ez frente a los 10 de la magistrada Ana Mercedes del Molino.
https://elpais.com/politica/2018/12/11/actualidad/1544557499_366112.html
LA AUDIENCIA NACIONAL PIDE AL PODER JUDICIAL QUE SIGA EL JUEZ DEL CASO VILLAREJO EN PLENO CHOQUE CON ANTICORRUPCI?
La Sala de Gobierno acuerda solicitar que De Egea contin? de refuerzo porque el titular de su Juzgado lo consider? conveniente hace tres meses
El instructor y los fiscales han discrepado en casi todas las decisiones relevantes adoptadas por el juez desde que Anticorrupci? presentara la querella
El magistrado De Egea abre la puerta a que Villarejo salga en libertad condicional tras acusar a la Fiscal? de hacer investigaciones ?prospectivas?
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe decidir en los pr?imos d?s si renueva por otros seis meses la comisi? de servicio en la Audiencia Nacional a Diego de Egea, el juez que instruye el caso Villarejo. La decisi? del Poder Judicial llegar?en un punto ?gido de la instrucci?, con el juez favorable a rebajar las medidas cautelares contra el comisario, lo que abrir? la puerta a su excarcelaci?, y con el conflicto entre el magistrado y la Fiscal? Anticorrupci? muy agudizado, despu? de que De Egea acusara en un auto a los dos representantes del Ministerio P?lico de realizar una investigaci? ?prospectiva? en una de las piezas separadas. La Audiencia Nacional ha informado a favor de la renovaci?.
La Operaci? T?dem o caso Villarejo lleva meses copando la actualidad nacional. Desde que se judicializ?la investigaci? al comisario, hace m? de un a?, se han visto afectados el rey em?ito; la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado; la exsecretaria general del PP Mar? Dolores de Cospedal; y la c?ula policial del anterior Ejecutivo, entre otros muchos. Eso, que se sepa, porque la causa est?en parte secreta y parece esconder otras 'bombas' entre el ingente material incautado al polic? jubilado. Pero a pesar de la relevancia del caso, el desencuentro jur?ico entre el magistrado instructor y la Fiscal? Anticorrupci?, autora de la querella que dio origen al mismo, es total.
Los fiscales se han opuesto a los archivos de la causa para varios clientes de Villarejo y para el comisario Salamanca. Tambi? solicitaron sin ?ito la prisi? provisional para el comisario Enrique Garc? Casta?, detenido por orden de la Fiscal?, despu? de que el juez hubiera garantizado previamente al mando policial que no ser? arrestado. De Egea decidi?que la investigaci? se desgajara de la de Villarejo y los fiscales lo recurrieron. A Garc? Casta?, El Gordo, se le atribuye organizaci? criminal, cohecho, blanqueo de capitales y revelaci? de secretos. Se trata del comisario que habr? vendido datos confidenciales para que Villarejo elaborara dosieres para sus clientes.
Fuentes jur?icas apuntan a que el magistrado no aprecia relevancia penal en las grabaciones en las que Garc? Casta? habla con Villarejo de dinero negro y en los documentos incautados a ?te, donde aparecen presuntas gestiones de ?Big?, el alias que utilizaba para su compa?ro. Esas gestiones eran incluidas luego por Villarejo en los informes que vend? a sus clientes a precios estratosf?icos.
Por otra parte, Anticorrupci? se opuso al establecimiento a una fianza al abogado Rafael Redondo, encarcelado en noviembre de 2017 junto a Villarejo, por el riesgo que correr? la investigaci? si quedaba libre. El socio del comisario termin?por salir de prisi? en septiembre. La semana pasada, la Sala de lo Penal decidi?levantar el secreto del archivo en papel de Villarejo, como hab? acordado De Egea, en contra del criterio de los fiscales. A esta segunda instancia de la Audiencia Nacional ha recurrido la Fiscal? para hacer frente a las principales decisiones del juez.
El diario El Mundo public?el pasado 6 de diciembre que De Egea se plantea sustituir la prisi? provisional de Villarejo por la imposici? de una fianza y que, de ser satisfecha, su libertad estar? limitada por una pulsera telem?ica. El magistrado insistir? as?en una posibilidad que rechaz?hace seis meses Instituciones Penitenciarias, a consultas del propio De Egea. En Espa?, el control telem?ico est?limitado a los condenados en sentencia firme.
Este lunes, elconfidencial.com aseguraba que el magistrado se plantea imponer una fianza a Villarejo de entre 3 y 5 millones de euros que, de ser cubierta, conllevar? medidas in?itas, como visitas de la Guardia Civil tres veces al d? para comprobar que no se fugara e imposibilidad de que el comisario se conecte a Internet ?mediante m?odos tecnol?icos?.
A la Audiencia Nacional por decisi? de Lesmes
As?las cosas, la comisi? permanente del CGPJ tiene en su mano renovar o no a De Egea. El juez lleg?a la Audiencia Nacional como refuerzo del Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6, donde se instruye P?ica y Lezo. Su anterior instructor, Eloy Velasco, tuvo la ayuda de un magistrado de apoyo, pero el CGPJ termin?por retirarlo al considerar que ya no era necesario. Sin embargo, el ?gano de gobierno de los jueces cambi?de opini? cuando a Velasco le sustituy? Manuel Garc? Castell?, el titular de la plaza que gozaba de uno de los destinos m? ansiados en la judicatura, magistrado de enlace en Roma.
Velasco fue ascendido a la Sala de Apelaciones y Garc? Castell? decidi?volver a un juzgado saturado de trabajo con dos de los casos m? graves en torno al PP. Pidi?un refuerzo y el CGPJ le concedi?a De Egea, una decisi? adoptada en pleno mes de agosto. Los vocales de la comisi? permanente se dividieron entre los que prefer?n al anterior juez de refuerzo en el Juzgado 6, Alejandro Abascal, y los que optaron por De Egea. El voto de calidad del presidente Lesmes decant?la decisi? hacia ?te ?timo. Diego de Egea se encargar? de todas las causas nuevas que entrasen en el juzgado, como ocurri?con la Operaci? T?dem.
El CGPJ decide sobre las comisiones de servicio de la Audiencia Nacional previo informe de su Sala de Gobierno y otro de la Inspecci? del propio Poder Judicial. El pasado 22 de octubre, la Sala de Gobierno vot?de forma un?ime a favor de prolongar la estancia de De Egea en el Juzgado de Instrucci? n?ero 6. En su acuerdo, valora que se dan ?las mismas circunstancias que motivaron la solicitud inicial? y que ?persisten las razones que originaron su nombramiento, debi?dose verificar a la mayor urgencia?.
Fuentes del tribunal especial explican que para adoptar esa decisi? se pregunt?al juez titular sobre la conveniencia de que continuara el refuerzo, a lo que el magistrado respondi?afirrmativamente. La consulta a Garc? Castell? se realiz?hace tres meses, a principios de septiembre. Inspecci? del CGPJ debe emitir todav? un informe sobre la situaci? del Juzgado 6 y la contribuci? de De Egea para aliviar la carga de trabajo.
La Comisi? Permanente que decidir?sobre el futuro de De Egea est?presidida por Carlos Lesmes y re?e a los siete vocales con dedicaci? exclusiva. El presidente y cuatro de ellos son conservadores y los otros tres progresistas. Recientemente, De Egea aspir?a presidir la Audiencia Provincial de Madrid, pero no obtuvo ning? voto. En un enfrentamiento total en el seno del Consejo, los magistrados conservadores impusieron su mayor? votando en bloque a Juan Pablo Gonz?ez, recusado de G?tel por su proximidad al PP, mientras que los progresistas apoyaron todos a Mercedes del Molino.
POR QU?LESMES IMPIDI?QUE EL MAGISTRADO ALEJANDRO ABASCAL FUERA EL REFUERZO DE GARC?-CASTELL?
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, finalmente tuvo que mostrar sus cartas en su particular -y personal-, ?partida de p?er? que ha venido jugando para impedir que el magistrado Alejandro Abascal pudiera ser elegido como juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucci? 6 de la Audiencia Nacional, ahora ocupado por Manuel Garc?-Castell?.
Contra todo pron?tico, Lesmes tuvo que hacer uso, el pasado 17 de agosto, de su voto de calidad para elegir a ?su candidato?, el magistrado Diego de Egea y Torr?, para ese puesto, cortando el paso a Abascal.
?te hab? sido ?descartado? previamente por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional para un puesto que ya hab? ocupado entre el 28 de marzo y el 28 de diciembre de 2016 como juez de refuerzo de Eloy Velasco -antecesor de Garc?-Castell?- cuando este ocupaba el citado Juzgado Central.
Durante ese tiempo, Abascal instruy?parte de la P?ica e inici?la de la Operaci? Lezo. Conoc? bien el Juzgado Central y era el candidato natural.
La buena impresi? dejada hizo que la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepci? Espejel, lo convirtiera en su favorito en el debate que tuvo lugar en la Sala de Gobierno de ese ?gano, que ten? que elaborar la terna de candidatos (se presentaron 16) sobre la que tendr? que decidir finalmente la Comisi? Permanente del CGPJ.
?Parad?icamente?, cuatro magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN -su presidente, Eduardo Men?dez (sucesor de Lesmes en ese puesto), Felisa Atienza, Ana Valero y Fernando Mateo-, todos miembros de la Sala de Gobierno, votaron por dejar fuera a Abascal en la selecci? final que conformaron Diego de Egea Torr?, titular del Instrucci? 43 de Madrid, y Miguel ?gel Torres Segura, magistrado del Penal 6 de Granada.
Espejel y el presidente de la Audiencia Nacional, Jos?Ram? Navarro, se quedaron literalmente solos en su apoyo a Abascal durante la votaci? que tuvo lugar el pasado 27 de julio.
?Rebeli?? en la Comisi? Permanente
Con lo que no contaba Lesmes era con que cuatro de los miembros de la Comisi? Permanente del CGPJ ??varo Cuesta, Nuria D?z Abad, Fernando Grande-Marlaska y Juan Mart?ez Moya- se rebelaran contra el ?convoluto? -que dir? el desaparecido embajador alem?, Guido Brunner? e insistieran en que se incluyera a Abascal entre los candidatos a escoger.
Abascal -juez de Adscripci? Territorial con destino en el Juzgado de Instrucci? 4 de Fuenlabrada, Madrid- no era un extra? para los vocales mencionados. No en vano, entre 2010 y septiembre de 2015 fue jefe de la Secci? del Servicio de Personal del CGPJ. Los cuatro vocales conoc?n bien su eficacia.
Con su actitud, Cuesta, D?z Abad, Grande-Marlaska y Mart?ez Moya obligaron a Lesmes a retratarse p?licamente en su rechazo a Abascal con el uso de su voto de calidad.
Porque la votaci? result?en empate. Cuesta (PSOE), D?z Abad (PP), Grande-Marlaska (PP) y Mart?ez Moya (PP) votaron por Abascal, por un lado. Cuatro.
Y Mar Cabrejas (PSOE), Rafael Mozo (PSOE) y Pilar Sep?veda (PSOE) votaron por Diego de Egea y Torr?, del que Confilegal adelant?en su momento que era el probable elegido.
Lesmes vot?con ellos, pero para salirse con la suya tuvo que hacer uso de su voto de calidad, que es como un voto doble, que rompi?el empate.
Con ello, es evidente, se dej?buena parte de los pelos en la gatera.
Y se retrat?
No le perdona que dejara el CGPJ y que sea miembro activo de la APM
De acuerdo con fuentes consultadas por Confilegal, Lesmes no le perdona a Abascal que abandonara el CGPJ y que volviera a ser un miembro muy activo de la Asociaci? Profesional de la Magistratura (APM).
Desde diciembre de 2015 la APM ha formado un frente com? con las tres asociaciones de jueces restantes -la Asociaci? de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial independiente (FJI)- que ha cosechado evidentes ?itos. De hecho, las cuatro se han convertido en un contrapoder al CGPJ y al propio Lesmes, al que han robado la iniciativa en el objetivo de reformar la Administraci? de Justicia.
El pasado mes de julio, las cuatro asociaciones entregaron, en sendos encuentros individuales con los diputados responsables de Justicia del PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, las 14 propuestas b?icas para mejorar la Administraci? de Justicia, que est? siendo respaldadas mayoritariamente por la carrera judicial, y para apremiar a los diputados para poner en marcha la tan esperada reforma de la justicia cuanto antes a trav? de un pacto de estado entre todas las formaciones pol?icas.
En el curso de esos encuentros, las cuatro formaciones mayoritarias coincidieron en afirmar que hab? que reformar el CGPJ porque hab? sido un fracaso.
Despu? la APM, la AJFV, JJpD y FJI interpusieron, ante la Sala de lo Social, una demanda de conflicto colectivo contra el CGPJ para la supresi? del denominado ?Mapa judicial de riesgos y sistema de alertas? y para que se proceda a la regulaci? de la carga de trabajo de los jueces y magistrados a efectos de salud laboral, conforme a un criterio de dedicaci? o rendimiento.
LESMES IMPONE AL JUEZ DE REFUERZO DE LEZO Y EVITA QUE INVESTIGUE EL MAGISTRADO QUE AUTORIZ?LAS ESCUCHAS A LA TRAMA
El presidente del CGPJ saca adelante a su favorito, Diego de Egea, con la ayuda de su voto de calidad. El titular del juzgado, Manuel Garc? Castell?, reclamaba al anterior juez de refuerzo del caso, Alejandro Abascal
Atado y bien atado. El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha impuesto su criterio en este ?gano para que salga elegido como juez de refuerzo del caso Lezo un magistrado distinto del que ped? el propio titular del juzgado, Manuel Garc? Castell?, quien hab? pedido expresamente a Alejandro Abascal, el anterior juez de refuerzo que autoriz?las escuchas al expresidente de Madrid Ignacio Gonz?ez.
La Comisi? Permanente del CGPJ ha acordado este jueves nombrar al magistrado Diego de Egea y Torr? como juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6 de la Audiencia Nacional, que es el ?gano que instruye casos de corrupci? como "Lezo" y "P?ica".
La decisi? ha dividido en dos al ?gano de gobierno de los jueces y ha precisado del voto de calidad de Lesmes.
De Egea ha recibido el apoyo Lesmes -que ha emitido voto de calidad, que dirime en caso de empate- y de los vocales Mar Cabrejas -de su entera confianza- as?como los progresistas Rafael Mozo y Pilar Sep?veda.
Los otros cuatro vocales de la Permanente, ?varo Cuesta, Nuria D?z, Fernando Grande-Marlaska y Juan Mart?ez Moya han votado al magistrado Alejandro Abascal, quien ya conoce casos como el de "P?ica" y otros que lleva este juzgado por haber sido refuerzo en su d? del juez Eloy Velasco, quien precedi?en este ?gano a Manuel Garc? Castell?.
Cuesta fue elegido vocal a propuesta del PSOE, mientras que los dem? lo fueron a propuesta del PP.
Bloqueo a quien autoriz?las escuchas de Lezo
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional fue el primer filtro impuesto por Lesmes para evitar que Abascal regresara al caso Lezo.
Abascal fue el magistrado que autoriz?la colocaci? de micr?onos en el despacho de Ignacio Gonz?ez, expresidente de la Comunidad de Madrid, y quien decidi?que los l?eres de esta trama corrupta fueran escuchados con sofisticados sistemas de espionaje electr?ico utilizados hasta entonces en la lucha antiterrorista.
Este juez es un activo miembro de la Asociaci? Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora, pero cuya c?ula est?enfrentada a Carlos Lesmes por su gesti? de tal manera que se ha aliada con las otras asociaciones judiciales para reclamar m? medios para la Justicia.
Oto? caliente
De fondo se encuentra tambi? el run-run de un oto? judicial caliente que circula entre los jueces y funcionarios, desbordados por la sobrecarga de trabajo y la ausencia de medios. Todos a una, APM, Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria (AfV) y Foro Judicial Independiente (FJI), han sido muy cr?icos con el plan de urgencia de cl?sulas suelo creado por Carlos Lesmes y que ha colapsado juzgados especializados, como el de Madrid.
Evitar que Lezo sea un nuevo G?tel
Es m?, el magistrado Eloy Velasco que llevaba este juzgado opt?por renunciar al Juzgado Central 6 ante la negativa del CGPJ a renovar el juez de refuerzo en el caso Lezo, donde el PP de Madrid y su exc?ula est? en el epicentro de la investigaci?.
La renuncia de Velasco origin?entonces otra maniobra para controlar el caso Lezo y evitar que se convierta en una sangr? para el PP como ha ocurrido con el caso G?tel.
El sector de Lesmes intent?nombrar de manera interina a un juez afin, en lugar de sacar la plaza a concurso. Pero los jueces de instrucci? de la Audiencia Nacional se plantaron y se ofrecieron a reemplazar a Velasco hasta que la plaza pudiera convocarse.
Fue entonces cuando el titular de dicha plaza, Manuel Garc? Castell?, pidi?su reingreso como juez y su reincorporaci? a dicho juzgado, que hab? dejado hac? 17 a?s para dedicarse a la diplomacia judicial en Francia. De esta manera no se sac?a concurso la plaza.
Garc? Castell? lleg?al juzgado y, esta vez s? consigui? que el CGPJ accediera a otorgar un juez de refuerzo para estos casos de especial complejidad como Lezo o P?ica. Pero defendi?ante Lesmes y la Audiencia Nacional su preferencia por quien ya conoc? el caso: Abascal.
El deseo de Garc? Castell? choc?contra los integrantes de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional que forman parte del c?culo de confianza de Lesmes (todos ellos de su especialidad, en lo contencioso). En un voto de bloqueo dejaron fuera de su propuesta a Abascal.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional s?o propuso como candidatos a dos magistrados, cuando lo habitual es presentar una terna. Los elegidos fueron De Egea, seguido de Miguel ?gel Torres, titular del Juzgado de lo Penal 5 de Granada.
Diego De Egea es el actual titular del Juzgado de Instrucci? n?ero 43 de Madrid y tiene m? antig?dad que todos los que solicitaron la comisi? de servicio. Ingres? en la Carrera Judicial en 1991 y tiene veinte a?s de experiencia en la jurisdicci? penal.
El refuerzo se establece inicialmente hasta el pr?imo 31 de diciembre. Si se considerara precisa la renovaci? de la medida, la Audiencia Nacional deber?remitir al CGPJ la correspondiente propuesta con al menos cuarenta d?s de antelaci? a su fecha de vencimiento.
EL CGPJ NOMBRA A UN MAGISTRADO DE REFUERZO PARA EL JUZGADO DE LEZO Y P?ICA
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado al magistrado Diego de Egea, que investig?la querella que interpuso el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) contra el "peque? Nicol?", como refuerzo del juzgado de la Audiencia Nacional que instruye los casos Lezo y P?ica.
La medida de apoyo al titular del juzgado de instrucci? n?ero 6 de la Audiencia Nacional, Manuel Garc? Castell?, se fundamenta en su "reciente incorporaci?" en sustituci? del juez Eloy Velasco y al "elevado n?ero de asuntos complejos en tramitaci?", seg? han informado fuentes del CGPJ.
Otro de los motivos ha sido "la necesidad de garantizar el desarrollo de la actividad procesal y las actuaciones instructoras del ?gano para que no se vean afectadas por paralizaci? por la necesidad de tomas iniciales de conocimiento del magistrado titular".
De Egea, titular del Juzgado de Instrucci? n?ero 43 de Madrid, es el candidato que propuso la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional entre todos los que solicitaron el puesto por "criterios de preferencia y antig?dad".
Ha investigado casos como el de la querella que interpuso el CNI por injurias contra Francisco Nicol? G?ez Iglesias, conocido como el peque? Nicol?, a quien otro juzgado de Madrid le conden?por este caso a 4.320 euros de multa por un delito de calumnias.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional justific?su favor por De Egea por ser el que m? tiempo lleva ejerciendo en la jurisdicci? penal, donde ha prestado servicio durante m? de 23 a?s, lo que "evidencia experiencia especialmente valorable para la plaza a desempe?r".
De Egea ha recibido el apoyo del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y de los vocales Mar Cabrejas, Rafael Mozo y Pilar Sep?veda, y ha resultado elegido con el voto de calidad del presidente.
Los otros cuatro vocales de la Comisi? Permanente del CGPJ, ?varo Cuesta, Nuria D?z, Fernando Grande-Marlaska y Juan Mart?ez Moya, han votado al magistrado Alejandro Abascal.
De Egea reforzar?el juzgado n?ero 6 de la Audiencia, encargado de los casos de corrupci? Lezo y P?ica, hasta el pr?imo 31 de diciembre y en el caso de que fuese preciso renovar el puesto, la Audiencia Nacional deber? remitir la propuesta al CGPJ con al menos 40 d?s de antelaci? a su fecha de vencimiento.
https://www.eldiario.es/politica/CGPJ-magistrado-refuerzo-Lezo-Punica_0_676832725.html
AS?SE GEST?EL RETORNO DEL JUEZ QUE LLEVAR?EL CASO LEZO
El titular Manuel Garc?-Castell? se har?cargo el 15 de junio del juzgado que abandono Eloy Velasco
El Ministerio de Justicia decidi?la ?tima semana de mayo dar por terminada la misi? de servicios especiales del magistrado de enlace Manuel Garc?-Castell? en Roma, tras m? de cinco a?s en dicha plaza despu? de pasar m? de once a?s en id?tica actividad en Par?, Francia. El Ministerio, seg? fuentes consultadas por ARA, estim?que era la soluci? para evitar nuevas comisiones de servicio en el juzgado central de instrucci? n?ero 6 de la Audiencia Nacional que ha abandonado el juez Eloy Velasco el pasado 1 de junio para ser magistrado de la Sala de Apelaciones.
El concurso para cubrir la plaza vacante de Velasco a trav? de una nueva comisi? de servicios ya hab? sido convocado a trav? del Bolet? Oficial del Estado de fecha 24 de mayo. El presidente de la Audiencia Nacional, Jos?Ram? Navarro, intent?que en el periodo en que se resolv? el concurso, en el que la antig?dad era la carta de triunfo, otro magistrado, Ricardo Rodr?uez, de p?lica amistad con la nueva presidenta de la Sala de lo Penal, Concepci? Espejel, que quedaba libre de una comisi? de servicios en la Audiencia Nacional en la primera semana de junio, se hiciese cargo.
Pero esta operaci? fue finalmente descartada porque el ministro Catal? despu? de consultas con su equipo y la sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, estim?que la actividad de Garc?-Castell? en Roma como magistrado de enlace ya estaba agotada. Y que era pertinente que se hiciera cargo del juzgado 6, que lleva asuntos importantes de corrupci? del Partido Popular, como P?ica, Lezo, Acuamed y otros, su titular, Garc?-Castell?.
Garc?-Castell? viaj?a Madrid. Y, tras la decisi? de Justicia, present?el viernes d? 2 de junio en el CGPJ un escrito en el que anticipaba su decisi? de solicitar el reingreso al servicio activo con car?ter inmediato. Ello, seg? fue acordado, permitir? a la Comisi? Permanente del CGPJ, adelantar su reuni? normal, de todos los martes, al lunes, para celebrar una sesi? extraordinaria. Se trataba de excluir la plaza del concurso convocado, porque de no hacerse el ganador, al regresar el magistrado titular, quedar? adscrito al presidente de la Audiencia Nacional en espera de una comisi? de servicios.
El retorno de Garc?-Castell? ha evocado alguna de las conversaciones que mantuvo el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz?ez, ahora en prisi?, con su amigo, el ex ministro Eduardo Zaplana, seg? consta en las intervenciones telef?icas del sumario del caso Lezo.
Adem? de sentirse entusiasmado con el planificado nombramiento de Manuel Moix en la Fiscal? Anticorrupci?, un nombre que solo circulaba en aquellas fechas, noviembre de 2016, entre iniciados, Gonz?ez hace referencia a la situaci? de interinato de ciertos juzgados.
Gonz?ez habla de un juez 'rogelio', progresista, en referencia a Miguel Carmona, que pact?con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard?, no hacerse cargo del juzgado cuya titularidad consigui?? el juzgado central de instrucci? n?ero 5 de la Audiencia Nacional, a cargo de la instrucci? del caso G?tel ? para ser magistrado de enlace en Londres, una plaza nunca ocupada con anterioridad.
Gallard? no quer? un juez progresista con prestigio como Carmona despu? de que la larga mano de Federico Trillo lograse inhabilitar al juez Baltasar Garz? v? una querella del ex fiscal Ignacio Pel?z. Y Gonz?ez mezcla en la conversaci? el asunto con el juzgado 6 que lleva Velasco en comisi? de servicios y cuyo titular estaba en Roma. ?Que venga el titular ?dice a Zaplana-, que ya me las apa?r?con el titular, co??. Se trata de una referencia implicita al titular del juzgado 6 Garc?-Castell?.
Veamos. Garc?-Castell? instruy?el caso Banesto, pero en paralelo le toc? por estar de guardia, investigar el atentado de ETA contra Jos?Mar? Aznar el 19 de abril de 1995. Nunca ha ocultado sus ideas conservadoras desde sus comienzos en Valladolid. Y Aznar, seg? trascendi?en esos meses, agradeci?la investigaci? de Garc?-Castell?, lo que dio lugar a cierta relaci? entre ambos.
Sin embargo, la instrucci? del caso fue controvertida, porque la fiscal encargada intent?adjudicar cierta responsabilidad al Ministerio del Interiores decir, al gobierno de Felipe Gonz?ez, y ocult?un informe al juez para no desacreditar las diligencias que solicitaba sobre la implicaci? del etarra Miquel Azurmendi. Garc?-Castell? desestim?todas las peticiones.
El Ministerio de Justicia de Juan Alberto Belloch apoy?a Garc?-Castell? ante las presiones de Mario Conde y un sector de la fiscal? de la Audiencia Nacional contrario a la querella criminal contra los ex administradores de Banesto.
En el a? 2000 el gobierno de Aznar le nombr?magistrado de enlace en Par?, el gobierno de Rodr?uez Zapatero le mantuvo y tras la llegada de Mariano Rajoy, Alberto Ruiz-Gallard?, que necesitaba colocar en Par? - primer trimestre de 2012- al magistrado Juan Pablo Gonz?ez, actualmente titular del juzgado central de instrucci? n?ero 3 de la Audiencia Nacional, traslad?a Garc?-Castell? a Roma.
El trabajo de Garc?-Castell?, de 64 a?s, se ha caracterizado durante sus investigaciones ?a excepci? del caso del atentado de Aznar- en dar un peso muy importante a los fiscales en el proceso de instrucci?.
El tema de las intervenciones telef?icas fue tratado el viernes pasado, d? 2 de junio, en una primera reuni? extraordinaria de la Comisi? Permanente del CGPJ. Lesmes quer? resolver ese d? la situaci?, el mismo dia que Garc?-Castell? solicit?el reingreso a su plaza. ?varo Cuesta, miembro de la Comisi? se opuso a que el Ministerio de Justicia resolviera el asunto del juzgado 6 a trav? de un procedimiento que hab? sido invocado por Ignacio Gonz?ez a Zaplana tras el esc?dalo de Moix. Cuesta recibi? apoyo de otra vocal, lo que llev?a Lesmes a posponer el asunto a otra reuni? extraordinaria el pasado lunes, donde finalmente se aprob?la propuesta.
https://www.ara.cat/es/Asi-gesto-retorno-llevara-Lezo_0_1809419248.html
EL CGPJ ACUERDA EL REINGRESO DE GARC? CASTELL? AL JUZGADO QUE INVESTIGA 'P?ICA' Y 'LEZO'
Garc? Castell?, que proces?a Conde y a Gil, vuelve a la Audiencia
La Comisi? Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves el reingreso de Manuel Garc? Castell? a su plaza de titular del Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6, un ?gano que lleva, entre otros los casos 'P?ica' y 'Lezo' que investigan tramas de corrupci?. A partir de ese momento el magistrado tiene 10 d?s para incorporarse aunque fuentes de su entorno apuntan que podr? hacerlo el pr?imo lunes, 26 de junio. Garc? Castell? ces?el pasado 15 de junio como juez de enlace en Italia, plaza que ocupaba desde 2012, si bien lleva 16 a?s fuera de la Audiencia Nacional ocupando diferentes plazas en el extranjero. Antes de ser juez de enlace en Italia ocup? la misma plaza en Francia.
El veterano magistrado retomar?las causas pendientes en este ?gano judicial, entre ellas los casos 'P?ica' y 'Lezo' que comenz?a instruir su antecesor, ascendido a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Pese ha haber cesado ya de su cargo, la semana pasada el CGPJ oblig?a seguir en el juzgado hasta el momento en el que se produzca el reingreso efectivo de Garc? Castell?.
La decisi? del veterano magistrado de regresar a la Audiencia Nacional oblig?al ?gano de gobierno de los jueces a excluir de la convocatoria de traslados que ya hab? sido publicada en el BOE la plaza correspondiente al Juzgado Central del Instrucci? n?ero 6 de la Audiencia Nacional. 16 a?s fuera de Espa?
De tendencia conservadora, Garc? Castell? ha trabajado durante los ?timos a?s de la banda ETA en el puesto clave de juez de enlace en Francia desde 2000 y doce a?s despu? fue designado para ocupar la misma plaza en Francia. Fue galardonado con la Legi? de Honor por el gobierno franc? y recibi?la encomienda de Isabel la Cat?ica de manos de Jos? Luis Rodr?uez Zapatero. Durante su etapa en la Audiencia Nacional Garc? Castell? se encarg?de sumarios de gran complejidad y trascendencia medi?ica como fueron el caso Banesto, que supuso el procesamiento entonces de Mario Conde; el que investig?las irregularidades de Jes? Gil al frente del Atl?ico de Madrid y el asesinato por ETA de Miguel ?gel Blanco.
https://www.elmundo.es/espana/2017/06/22/594b8bb0e2704e4f158b45f0.html
GARC? CASTELL? SOLICITA VOLVER A SU JUZGADO E INVESTIGAR? P?ICA Y LEZO
El veterano magistrado ha pedido volver a su plaza tras la marcha de Eloy Velasco
Cerca de 17 a?s despu? de abandonar el Juzgado Central de Instrucci? 6 con destino a cargos judiciales en Par? y Roma, el magistrado Manuel Garc?-Castell? se ha convertido en el principal candidato a suceder a su colega Eloy Velasco como titular del juzgado que instruye dos de los principales sumarios de corrupci?, P?ica y Lezo. Si finalmente solicita su regreso, como apuntan fuentes de su entorno, el concurso convocado para cubrir la plaza quedar? sin efectos.
Las quinielas sobre qui? ser?el sucesor de Eloy Velasco al frente del Juzgado Central de Instrucci? 6 tienen desde este mi?coles un favorito: el magistrado Manuel Garc?-Castell?, titular de la plaza, quien en el a? 2000 abandon?la Audiencia Nacional para convertirse en el juez de enlace de la justicia espa?la en Par?, primero, y m? adelante en Roma, donde se encuentra destinado en la actualidad, para agilizar la colaboraci? con las autoridades de ambos pa?es.
Fuentes de su entorno aseguraron este mi?coles que Garc?-Castell?, de 64 a?s de edad, tiene previsto solicitar en primer lugar al Ministerio de Justicia ?que fue quien le nombr?cuando su titular era el popular ?gel Acebes? su cese como enlace en el extranjero para inmediatamente despu? solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su reingreso en el juzgado de la Audiencia Nacional del que era titular cuando se march?hace casi 17 a?s.
De confirmarse estos pasos, se convertir? en semanas en el instructor de las causas que hasta ahora ha llevado su colega, incluidos los casos P?ica, Lezo y Acuamed, y dejar? en papel mojado el concurso convocado por el ?gano de gobierno de los jueces para elegir al sucesor del juez Velasco al frente del juzgado, despu? de que este fuera nombrado recientemente para formar parte de la reci? creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.
Miembro de la conservadora Asociaci? Profesional de la Magistratura (APM), Garc?-Castell? lleg?a la Audiencia Nacional como interino, aunque finalmente se convirti?en el titular del Juzgado Central de Instrucci? 6, desde el que instruy?numerosos sumarios sobre ETA. Entre ellos, el asesinato de Miguel ?gel Blanco y el atentado contra el entonces l?er de la oposici? Jos?Mar? Aznar. Tambi? se encarg?del caso Banesto, que acab?con Mario Conde en la c?cel, y de la investigaci? de las supuestas irregularidades de Jes? Gil al frente del Atl?ico de Madrid.
Aznar y Zapatero
Su salto a Francia como juez de enlace se produjo durante los Gobiernos de Jos?Mar? Aznar y fue destinado a Roma ya con Mariano Rajoy como presidente. Pese a ello, su labor en el exterior fue reconocida por el Ejecutivo socialista. Jos? Luis Rodr?uez Zapatero le condecor?con la encomienda de Isabel La Cat?ica. Francia tambi? le distingui?con la Legi? de Honor.
Su decisi? de retornar a la Audiencia Nacional ha cogido por sorpresa a la carrera judicial. Fuentes jur?icas se mostraban este mi?coles expectantes sobre cu?es ser? sus primeros pasos en causas como Lezo y P?ica. ?En 17 a?s ha cambiado, y mucho, la forma de instruir?, recalcan.
https://elpais.com/politica/2017/05/31/actualidad/1496226562_806588.html
VELASCO SER?SUSTITUIDO POR EL JUEZ QUE PED? IGNACIO GONZ?EZ EN UNA GRABACI?
El conservador Garc? Castell? decide volver a su plaza en la Audiencia Nacional con 64 a?s, despu? de 16 a?s en destinos dorados en el extranjero
?Yo le llamo a ?te y le digo: oye ven aqu? el titular aqu? y ?te? a tomar por culo?, dice Gonz?ez a Zaplana mientras son grabados por la UCO
Su regreso aborta un concurso incontrolable que hubiera ganado el juez m? antiguo de cuantos aspirasen a instruir los casos de corrupci? del PP
Ignacio Gonz?ez acert?en el nombramiento de Manuel Moix como fiscal jefe de Anticorrupci? tres meses antes de que se produjera. En esa misma conversaci? del 22 noviembre de 2016, el expresidente de la Comunidad de Madrid expresaba su deseo que Eloy Velasco fuera apartado del Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6 de la Audiencia Nacional y que volviera el titular de la plaza, Manuel Garc? Castell?, 16 a?s en el extranjero como juez de enlace. Este mi?coles, el magistrado conservador hac? p?lica su intenci? de regresar a la Audiencia Nacional, a sus 64 a?s.
Garc? Castell? no quiso volver a su plaza en todo este periodo, lo que hubiera conseguido con tal de solicitarlo. Ahora, el magistrado evita el efecto de un concurso que ganar?el m? antiguo de cuantos jueces se presenten de entre toda la carrera judicial. Cualquier intento de control sobre este proceso hubiera resultado in?il. Ya ocurri? cuando el Poder Judicial sac?la plaza de Pablo Ruz, tambi? interino, y acab?siendo sustituido por Jos?de la Mata, director general del Ministerio de Justicia con Rodr?uez Zapatero.
El 22 de noviembre de 2016 Ignacio Gonz?ez sab? que las Fuerzas de Seguridad controlaban sus comunicaciones. Desconoc?, sin embargo, que el juez Velasco hab? autorizado a la Unidad Central Operativa a introducir un micro en la sala de su despacho donde ese d? se reun? con Eduardo Zaplana. Ambos hablan del chivatazo que el presidente de La Raz?, Mauricio Casals, le ha dado en una cena del peri?ico. Y en ese contexto comienzan a comentar la situaci? de la carrera judicial y de la Fiscal?.
En un momento dado, Zaplana asegura que el problema est?en ?la instrucci??, esto es, en el juez encargado de dirigir la investigaci?, Eloy Velasco. Gonz?ez responde: ?Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no s?qu?y tal, y escucha, tenemos un juez que est? provisional? t?lo ascienden? yo le digo, a ver, venga usted pa ac? ?cu? es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente, y aqu?que venga el titular, que ya me las apa?r?con el titular, co?!?.
En su disertaci?, Ignacio Gonz?ez ofrece dos posibilidades para librarse de Velasco, el ascenso o enviarle a la plaza que tenga en propiedad. Seis meses despu?, el juez Eloy Velasco acaba de ascender a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, una segunda instancia que organismos internacionales reclaman a Espa? desde la misma creaci? del tribunal especial, pero que se hab? convertido en un proyecto continuamente postergado.
El Gobierno ha decidido impulsarlo y establecer como exigencia para su acceso una especialidad en penal que solo una docena de magistrados poseen y que obtuvieron hace dos d?adas a trav? de una sencilla oposici?. Junto a Velasco, el otro seleccionado es Enrique L?ez, apartado de los juicios de G?tel por su proximidad al PP. Gonz?ez dice en el audio de ? que es uno de los integrantes de un ?c?culo? de magistrados afines, concretamente ?quien mueve a todos ?os?.
"A escarbar cebollinos"
En su conversaci? con Zaplana, el expresidente sigue desarrollando su plan. Despu? de enviar a Velasco a su plaza o ascenderlo, contin?: ?Al titular lo quitaron porque era uno que era aparentemente rogelio (ininteligible) y le dan? magistrao de enlace en Londres, no se qu? despu? gana una pasta, o Roma, vive como dios y el t? no quiere saber nada, claro, a mi me vas a meter en l?s, y una mierda? y est?encantao. Yo le llamo a ?te y le digo, oye ven aqu? el titular aqu?y a ?te? a tomar por culo, pero ?qu?cuesta eso?, y a este t? lo pones a escarbar cebollinos, joder, y ya est? ?pero qu?cojones de chantaje!, pero como to el mundo ve que esto funciona, pues ancha es Castilla?.
Gonz?ez se corrige a s?mismo. En un primer momento confunde a Miguel Carmona con Garc? Castell?. El primero est?destinado en Londres, es de tendencia progresista y por eso Ignacio Gonz?ez se refiere a ? como un ?rogelio?. Pero enseguida a?de otro destino, Roma, donde Garc? Castell? permanece desde el a? 2012, puesto que le concedi?el Gobierno de Mariano Rajoy apenas tres meses despu? de tomar posesi?.
Las pocas plazas de juez de enlace gozan de remuneraciones que superan los 130.000 euros anuales, con una carga de trabajo muy inferior a la de cualquier juzgado en Espa?, incluidos los de la Audiencia Nacional. Se trata de destinos muy preciados que el Gobierno otorga como premios, aseguran fuentes jur?icas. En el caso de Garc? Castell?, la gratificaci? ha sido doble.
Garc? Castell? fue destinado primero a Par?, pero cuando el Ejecutivo quiso enviar all?a Juan Pablo Gonz?ez, otro de los magistrados considerados pr?imos al PP, le busc?el destino de Roma. Por si acaso, el magistrado mantuvo contactos para no volver a la Audiencia Nacional, seg? fuentes pr?imas al mismo. Roma fue el destino al que cinco a?s despu? renuncia voluntariamente. Antes de su periplo internacional, Garc? Castell? instruy?casos tan relevantes como Banesto o el asesinato de Miguel ?gel Blanco por ETA.
Otra de las capitales con juez de enlace espa?l es Londres, por el ?rogelio? Miguel Carmona. Es otra de las posibilidades que otorga el puesto de juez de enlace, enviar lejos a alguien que pueda resultar inc?odo. Carmona tiene en propiedad la plaza del Juzgado de Instrucci? n?ero 5 de la Audiencia Nacional. Destacado miembro de la progresista Jueces para la Democracia, la oferta de Londres se cruz?en su posible deseo de volver al juzgado que instruye la financiaci? irregular del PP, el caso conocido como ?caja B?.
https://www.eldiario.es/politica/Velasco-sustituido-magistrado-Ignacio-Gonzalez_0_649536066.html
MANUEL GARC?-CASTELL? PODR? VOLVER PARA OCUPAR SU PUESTO EN EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCI? 6
El actual juez de enlace de Espa? en Roma, y titular del Juzgado Central de Instrucci? 6, Manuel Mar? Garc?-Castell? Garc?-Lomas, de 65 a?s, podr? volver a Espa? para ocupar su puesto en la Audiencia Nacional.
?Estoy a lo que decida el Ministerio de Justicia. No depende s?o de m? declar?ayer telef?icamente a Confilegal. ?Soy magistrado y aunque llevo tiempo en otras funciones, esto se lleva en la sangre?.
Fuentes del Ministerio de Justicia explicaron, por su parte, a Confilegal que no est?en sus planes el cesar a Garc?-Castell? ?porque est?haciendo un buen trabajo?.
?En todo caso, es una decisi? personal que le corresponde tomar al magistrado de enlace en Roma, si as?lo considera?, explicaron las mismas fuentes.
El Consejo de Ministros nombr? en marzo de 2012, a Garc?-Castell? -a propuesta del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard?? juez de enlace en Italia tras ocupar, durante 12 a?s, el mismo puesto en Par?, Francia, a donde lleg?en junio de 2000 propuesto por el antecesor del anterior, en la misma cartera, ?gel Acebes.
Su misi? ha consistido, desde entonces, en agilizar el intercambio de informaci? entre los jueces espa?les y franceses, en su primer destino, y con los italianos, en el segundo, evitando que el exceso de burocracia o la falta de concordancia entre las respectivas legislaciones retrase la tramitaci? de las peticiones de auxilio judicial o las demandas de extradici?, primero, y de ?denes europeas de detenci? y entrega, despu?, tras el 11-S.
En total, entre Francia e Italia, Garc?-Castell? lleva 17 a?s fuera de Espa?, tiempo en el que ha acumulado una valiosa experiencia internacional -y contactos- en especial en materia de terrorismo etarra y yihadista que podr? ser de gran utilidad si finalmente decidiera regresar a ponerse al frente de su Juzgado de la Audiencia Nacional, en el que se instruyen causas como la de la Operaci? Lezo y la P?ica.
Velasco y todos los anteriores jueces que le precedieron desde 2000 ocuparon el Central de Instrucci? 6 en comisi? de servicio.
La ?propiedad? del destino es de Garc?-Castell?, el cual se encuentra en servicios especiales, una condici? que es similar a la de la excedencia pero guard?dole el destino y todos los derechos, tal como si no se hubiera ido.
Y puede volver cuando lo desee. Su antig?dad en la carrera es de 35 a?s.
Recientemente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sac?a concurso la plaza del Juzgado Central de Instrucci? 6.
El plazo de presentaci? de candidaturas concluye antes del 10 de junio. Tras estudiar las solicitudes, el ?gano de gobierno de los jueces designar?al pr?imo ocupante, en funci? de la antig?dad.
El proceso se paralizar? si Garc?-Castell? decidiera volver a su destino por voluntad propia.
Durante el tiempo de servicio en Francia del magistrado se registr?un fuerte impulso a las extradiciones, primero, y despu? a las ?denes europeas de detencion y entrega de etarras que operaban en el pa? vecino.
Nacido en 1952 en Valladolid, Garc?-Castell? fue juez de distrito en Markina y Castrojeriz, en Vizcaya; y juez de primera instancia e instrucci? en Puebla de Sanabria, Medina del Campo y Valladolid, donde fue juez decano.
En 1993 pas?a ocupar el puesto de juez Central de Instrucci? 5 de la Audiencia Nacional -ocupando la vacante dejada por Baltasar Garz?, que se pas?a la pol?ica-
M? tarde, fue juez de primera instancia e instrucci? en Valladolid y a continuaci? regres?a la Audiencia Nacional como titular del Juzgado Central de Instrucci? 6.
Durante su servicio en la Audiencia Nacional instruy?varios casos de terrorismo, como el atentado de ETA contra Jos? Mar? Aznar, cuando todav? era jefe de la oposici?, o el asesinato del concejal del PP en Ermua, Vizcaya, Miguel ?gel Blanco.
Garc? Castell? tambi? instruy?la querella de la Fiscal? contra Mario Conde por el caso Banesto.
ALEJANDRO ABASCAL, JUEZ DE REFUERZO DE ELOY VELASCO
El magistrado Alejandro Abascal es el nuevo juez de refuerzo de Eloy Velasco en el Juzgado Central de Insrtrucci? 6 de la Audiencia Nacional. A partir de ahora, y por un plazo de seis meses, se dedicar?a resolver todos los asuntos que entren regularmente mientras Velasco se dedica a los casos que necesitan agilizaci?, como la P?ica.
La Comisi? Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado hoy nombrar a un magistrado en comisi? de servicio con relevaci? de funciones como medida de refuerzo para el citado Central 6.
Alejandro Abascal cont?con los votos favorables de seis de los miembros de la Permanente -el presidente Carlos Lesmes, los vocales conservadores Gerardo Mart?ez Trist?, Juan Mart?ez Moya y Nuria D?z Abad, y los progresistas Pilar Sep?veda y ?varo Cuesta.
En su contra vot?la progresista Mar Cabrejas. Rafael Mozo, tambi? progresista, vot?en blanco.
Abascal es juez de Adscripci? Territorial en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Actualmente est?destinado en el Juzgado de lo Penal 29 de Madrid -en Juli? Camarillo- y era uno de los tres candidatos seleccionados por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.
Los otros eran Coro Monreal y Juan Antonio Toro, los dos jueces de instrucci?, la primera en el 34 y el segundo en el 36, ambos de Madrid.
El magistrado designado es el juez de Adscripci? Territorial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Alejandro Abascal Junquera, actualmente destinado en el Juzgado de lo Penal n?ero 29 de Madrid y que era uno de los tres candidatos preseleccionados por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. Antes fue letrado en el ?gano de gobierno de los jueces.
La asignaci? de Abascal al Juzgado Central de Instrucci? 6 tiene su origen en la solicitud que hizo Eloy Velasco el pasado 23 de octubre por la ?acumulaci? sobrevenida de trabajo por raz? de la complejidad de las causas? que se instruyen en este ?gano judicial ?y particularmente en relaci? al procedimiento DPA 85/2014 en la denominada ?operaci? P?ica'?.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional aprob?y convoc?la comisi? de servicio. Diez candidatos optaron, de los que fueron seleccionados tres. Una lista que fue remitida, como propuesta al CGPJ.
El pasado 1 de marzo, el Ministerio de Justicia emiti?la preceptiva autorizaci? econ?ica, como hab? adelantado Confilegal.
https://confilegal.com/20160310-alejandro-abascal-juez-refuerzo-eloy-velasco/
GARC?-CASTELL? SER?EL JUEZ DE ENLACE EN PAR? PARA LA COOPERACI? ANTITERRORISTA
El titular del Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6 de la Audiencia Nacional, Manuel Garc?-Castell?, se incorporar? con car?ter inmediato a Par? como juez de enlace para agilizar la cooperaci? bilateral en la lucha contra el terrorismo. El juez acept?ayer el ofrecimiento que le hizo el ministro de Justicia, ?gel Acebes, y ser?nombrado el viernes por el Consejo de Ministros. La designaci? del juez de enlace espa?l llega con casi cuatro a?s de retraso y se produce en v?peras de la cumbre hispano-francesa que hoy se celebra en Santander, presidida por Jacques Chirac y Jos? Mar? Aznar.
El Consejo de Ministros nombrar?el viernes a Garc?-Castell? a propuesta de los titulares de Justicia, ?gel Acebes, y Asuntos Exteriores, Josep Piqu? Su nueva tarea obligar?al instructor del caso Banesto a dejar su juzgado en la Audiencia Nacional. Garc?-Castell? pasar?a la situaci? de servicios especiales y se trasladar?a Par?, donde tendr?un despacho en el Ministerio de Justicia franc?, aunque tambi? se le reservar?otro en el departamento de Justicia espa?l.
Su misi? consistir?en agilizar el intercambio de informaci? entre los jueces espa?les y franceses, evitando que el exceso de burocracia o la falta de concordancia entre las respectivas legislaciones retrase la tramitaci? de las peticiones de auxilio judicial o las demandas de extradici?. Tambi? podr?participar en los interrogatorios a los detenidos, sin esperar a que se cursen las comisiones rogatorias.
Parad?icamente, aunque el Gobierno espa?l era el m? interesado en el buen funcionamiento de este mecanismo de coordinaci?, por su influencia sobre la eficacia de la lucha contra ETA, ha tardado casi cuatro a?s en ponerlo en marcha.
El juez Badie, en Madrid
El intercambio de jueces de enlace lo acordaron ambos Gobiernos en diciembre de 1996. En junio de 1997, el Ejecutivo franc? cumpli?con su parte y design?al magistrado Fran?is Badie, quien se incorpor?a Madrid. Sin embargo, el puesto reservado en Par? a su hom?ogo espa?l sigue todav? vacante.
Fuentes de La Moncloa atribuyeron ayer a "problemas administrativos", que no pudieron detallar, el retraso de la designaci? del juez espa?l. Tampoco en el departamento de Justicia, cuyo titular acaba de incorporarse, supieron dar una explicaci?.
En una entrevista publicada ayer por EL PA?, la ministra de Justicia francesa, ?izabeth Guigou, recordaba que ella design?en su momento a un magistrado franc? que "est? destacado en el Ministerio de Justicia espa?l, en el que ha sido bien acogido y en el que se ha integrado".
"Ya hay un juez franc? en Madrid", agregaba. "Ahora espero que tengamos pronto un magistrado espa?l destacado en Par? [...], lo deseo fervientemente porque pienso que eso servir? para mejorar a? m? las relaciones de cooperaci? judicial".
No obstante, la ministra advert? de que, en contra de la pretensi? de las autoridades espa?las, "bajo ning? concepto se debe concentrar el trabajo de ese juez en los casos de terrorismo: hay que ocuparse de todo, de los problemas de derecho com?".
El intercambio de jueces sigue el modelo aplicado por las fuerzas de seguridad. Desde hace a?s, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Polic? cuentan con agentes de enlace en la comisar? de Pau, en el sur de Francia, mientras que la polic? francesa tiene representantes en Madrid. Esta l?ea caliente entre cuerpos policiales ha sido decisiva en las operaciones desarrolladas contra ETA en Francia.
En la Audiencia Nacional Garc?-Castell? ha instruido numerosos sumarios contra ETA, como los referidos al atentado contra Aznar o el asesinato de Miguel ?gel Blanco. Su conocimiento del terrorismo y su buena relaci? con los jueces franceses han sido decisivos, seg? fuentes de Justicia, para su nombramiento. Aunque conservar?la plaza, Garc?-Castell? ser?sustituido al frente del juzgado central n?ero 6, mientras est?en Par?, por otro juez en comisi? de servicios. Se da la circunstancia de que tambi? ? lleg?a la Audiencia Nacional como interino.
El nombramiento del juez de enlace espa?l en Par? permitir?hoy al presidente espa?l, Jos?Mar? Aznar, acudir a la cumbre hispano-francesa de Santander con los deberes hechos. El reforzamiento de la cooperaci? antiterrorista, en un momento en que ETA ha dado por rota su tregua y se ha lanzado a una sangrienta ofensiva, estar? presente en las entrevistas sucesivas que Aznar mantendr? con el presidente franc?, Jacques Chirac, y con su primer ministro, Lionel Jospin. Tambi? acudir? al Palacio de la Magdalena los dos ministros del Interior, Jaime Mayor y Jean Pierre-Chev?ement.
Mayor tambi? se reunir?en breve con su colega belga, Antoine Duquesne, seg? anunci?ayer en Bruselas el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqu? quien particip? por vez primera en el Consejo Europeo de Asuntos Generales, informa Bosco Esteruelas.
EL INSTRUCTOR DE BANESTO Y GIL
Manuel Garc?-Castell? alcanz?la fama en 1999 como el juez del caso Atl?ico, en el que est?procesado y en libertad bajo fianza de 100 millones de pesetas el alcalde de Marbella y presidente del club Atl?ico de Madrid, Jes? Gil y Gil. Garc?-Castell?, tras una querella de la Fiscal? Anticorrupci?, abri?un procedimiento por delitos de estafa, apropiaci? indebida, falsedad y delito societario contra Gil, embarg?las cuentas y las acciones del club, registr?la sede social y nombr?el 21 de diciembre de 1999 a Luis Manuel Rub?Blanc como administrador judicial, sustituy?dole cuatro meses despu? por un interventor y devolviendo el club a Gil poco antes de que bajase a Segunda Divisi?. Pero Manuel Garc?-Castell? Garc?-Lomas, nacido en Valladolid hace 47 a?s, de los que ha pasado 18 en la carrera judicial, titular del Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6 de la Audiencia Nacional, ya era conocido por los lugares en los que hab? pasado. Miembro de la Asociaci? Profesional de la Magistratura, Garc?-Castell? se inici? como juez de distrito. Estuvo destinado en Marquina (Vizcaya) y Medina del Campo y en 1984 fue juez de vigilancia penitenciaria en Palma de Mallorca. De all?pas? al juzgado de Instrucci? n?ero 2 de su ciudad natal. En junio de 1992 se ocup?de la investigaci? de la violaci? y asesinato de la joven Olga Sangrador. El juez hizo una reconstrucci? de los hechos en el lugar en que fue encontrada la v?tima y en la que particip?el presunto asesino, que confes?su culpabilidad.
En 1994 lleg?a la Audiencia Nacional para descongestionar de trabajo el juzgado de delitos econ?icos del que era titular Miguel Moreiras. Poco despu? se hizo cargo del juzgado n?ero 6 y le toc?la instrucci? de la querella de la Fiscal? contra Mario Conde por el caso Banesto. Garc?-Castell? proces?al ex presidente de Banesto y otras 11 personas, cinco de las cuales han sido condenadas recientemente. Conde ha sido condenado a 10 a?s y dos meses de prisi?.
Miembro de la Comisi? de Polic? Judicial, Garc?-Castell? ha sido el juez instructor de varios casos de terrorismo como el atentado de ETA contra Jos?Mar? Aznar cuando todav? era jefe de la oposici? o el asesinato del concejal del PP de Ermua (Vizcaya) Miguel ?gel Blanco.
Otro caso que inici?Garc?-Castell? es el proceso por genocidio, terrorismo y torturas contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, aunque el asunto pas? posteriormente a Baltasar Garz? por haber comenzado antes un proceso relativo al Operativo C?dor.
https://elpais.com/diario/2000/05/23/espana/959032817_850215.html
UN JUEZ DESTITUYE A GIL COMO PRESIDENTE DEL ATL?ICO DE MADRID
El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc? Castell? decret?ayer la destituci? del presidente del Atl?ico de Madrid, Jes? Gil y Gil, y del vicepresidente del club, Enrique Cerezo. La medida se aplicar?al menos durante la investigaci? de los presuntos delitos de estafa, apropiaci? indebida, falsedad en documento p?lico y mercantil y otros delitos societarios supuestamente cometidos por Gil y otros administradores del club. La Fiscal? Anticorrupci? cifra en 9.427 millones de pesetas la presunta estafa cometida. Garc? Castell? tambi? orden? ayer "la intervenci?, secuestro y embargo" del 94,5% de las acciones que corresponden a Gil y a Cerezo. El administrador judicial que se ha hecho cargo del club es Luis Manuel Rub? inspector de finanzas del Estado, quien ayer ocup?ya la sede del club al frente de un nutrido grupo de guardias civiles. Paralelamente, el juez orden?la intervenci? y bloqueo de cuentas, saldos en met?ico y bancarios y cajas de seguridad del Atl?ico de Madrid y de la empresa Promociones Futbol?ticas, propiedad de Jes? Gil. Seg? Anticorrupci?, Gil y Cerezo se hicieron con el 94,5% del capital social del club, valorado en m? de 1.950 millones de pesetas, "sin desembolsar cantidad alguna", en tanto que 3.174 socios desembolsaron 112 millones, correspondientes al 5,5% restante, cantidad que "se qued?tambi? Jes? Gil". El presidente destituido sigui?anoche desde el palco el partido del Atl?ico, que gole?5-0 al Oviedo. Para el club, un hist?ico de la Liga espa?la, las consecuencias del proceso pueden ser dram?icas, incluido el descenso y hasta su desaparici?.
https://elpais.com/diario/1999/12/23/portada/945903603_850215.html
GARC?-CASTELL? REAFIRMA SU COMPETENCIA SOBRE EL GENOCIDIO CHILENO
El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc?-Castell? reafirm?ayer su competencia para perseguir los delitos de genocidio y terrorismo cometidos en Chile durante la etapa de la dictadura del general Augusto Pinochet.El magistrado espa?l rechazaba as?el recurso presentado por la fiscal? que cuestionaba la competencia de la justicia espa?la en el caso por no ser los hechos constitutivos de delitos de genocidio o terrorismo y por no haber jurisdicci?, es decir, que no existen fundamentos legales para que los jueces espa?les puedan investigar ese asunto.
Garc?-Castell? ya se declar?competente en el caso en un auto dictado el pasado 15 de septiembre, y ayer volvi?a ser contundente.
El magistrado record?que el genocidio "es un delito de derecho internacional contrario al esp?itu y a los fines de las Naciones Unidad y que el mundo civilizado condena". Y agrega, contestando al fiscal, que "aparecen, al menos indiciariamente, hechos en la investigaci? criminal que se sigue que pudieran incardinarse dentro de la repetida figura del genocidio, pues, efectivamente, tanto el Convenio [sobre prevenci? y sanci? del genocidio] como el C?igo Penal espa?l hacen referencia a la destrucci? total o parcial de grupo nacional, apareciendo indudablemente que en este apartado, el presente proceso ha ido precisando la eliminaci? de concretas personas unidas en su mayor parte por el nexo de pertenecer a una ideolog? pol?ica muy concreta".
Exterminio
El juez Garc?-Castell? alude al informe Retting, al que se refiri?el fiscal en su recurso, y se?la que en la p?ina 23 de ese informe se se?la: "La comisi? s?ha podido convencerse de que hab? detr? una voluntad de exterminio, dirigido sistem?icamente y por motivaciones pol?icas, en contra de cierta categor? de personas".Respecto a la falta de jurisdicci? espa?la para enjuiciar el caso, el juez se?la que hay que interpretar la Ley Org?ica del Poder Judicial "en el sentido resuelto por este juzgado (...) afirmando la competencia espa?la, que es universal, repetimos, en la persecuci? de este tipo de delitos, que suponen la violaci? m? grave que contra los derechos del hombre se pueden cometer". Y agrega: "Por lo que, al arrogarse la comunidad internacional el derecho a perseguirlos y castigarlos, no hace sino una interpretaci? l?ica del esp?itu reflejado en el convenio y en el pacto internacional sobre derechos civiles y pol?icos.
El juez rechaza tambi? la alegaci? del fiscal de que no existe delito de terrorismo. "S?que nos encontramos, al menos indiciariamente, ante un delito de terrorismo, puesto que ?te es generalmente definido como utilizaci? de la violencia como medio de actuaci? pol?ica y que mediante el terror trata de cambiar lo que los ciudadanos de forma democr?ica han instituido".
https://elpais.com/diario/1998/10/03/internacional/907365606_850215.html
EL JUEZ ARCHIVAR?EL SUMARIO POR EL ASESINATO DEL CONCEJAL DE ERMUA
El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc? Castell? ha concluido el sumario abierto por el secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular (PP) del Ayuntamiento de Ermua (Vizcaya) Miguel ?gel Blanco, quien recibi?dos tiros en la cabeza el pasado 12 de julio de 1997 y cuya muerte desencaden?la indignaci? general y multitudinarias manifestaciones de protesta en toda Espa?. La medida del magistrado ha sido adoptada a petici? del fiscal Ignacio Pel?z y constituye el paso previo al archivo de la causa por falta de autor conocido del asesinato.
Este archivo revestir?la forma de sobreseimiento provisional para que el caso pueda ser reabierto en cualquier momento si se detuviera a alguno de los autores o se encontraran pruebas que pudieran conducir a la identidad de los asesinos.
Fuentes consultadas por la agencia Efe indicaron ayer que el juez instructor se siente "dolido" por haber tenido que adoptar la decisi? de dar por concluido el sumario, en el que "han trabajado con intensidad las tres fuerzas policiales -Guardia Civil, y polic?s nacional y auton?ica". Estas tres fuerzas "han estado permanentemente colaborando con el juzgado", indicaron las mismas fuentes. Garc? Castell? se hizo cargo de la investigaci? de la causa al encontrarse de guardia cuando los terroristas mataron al concejal.
El caso del asesinato de Miguel ?gel Blanco conmocion?a la sociedad espa?la en el verano de 1997, cuando elementos de la banda terrorista ETA, presumiblemente el comando Donosti, secuestraron al concejal vizca?o y emplazaron al Gobierno de Jos?Mar? Aznar a reagrupar a los presos de la organizaci? terrorista en c?celes del Pa? Vasco en un plazo de 48 horas.
Toda la sociedad vasca se ech?a la calle para exigir a la banda terrorista la inmediata liberaci? del secuestrado, mientras que en Madrid y en casi todas las ciudades espa?las se registraron manifestaciones espont?eas masivas como muestra de apoyo al concejal.
Atado con un cable el?trico
Cumplido el plazo, la banda terrorista asesin?de dos disparos en la nuca a Miguel Angel Blanco, que fue encontrado en las proximidades de Lasarte (Guip?coa) a? con vida. El juez y el fiscal se desplazaron a Ermua para seguir de cerca los acontecimientos. La investigaci? determin?que el concejal ten? las manos atadas con un cable el?trico cuando fue asesinado. Blanco falleci?en la madrugada del 13 de julio en la residencia Nuestra Se?ra de Ar?zazu, en San Sebasti?.Como consecuencia de las investigaciones practicadas por las fuerzas de seguridad se encontraron huellas, pelos y fibras, pero las pruebas periciales practicadas no han dado resultado positivo para identificar a los autores materiales.
https://elpais.com/diario/1998/01/27/espana/885855607_850215.html
GARC?-CASTELL? SOLICITA LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CASTILLA Y LE?
El magistrado Manuel Garc?-Castell?, natural de Valladolid y responsable del Juzgado de Instrucci? n?ero 6 de la Audiencia Nacional, ha presentado su solicitud para ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le? (TSJCL), cuya presidencia mantiene en la actualidad Jos?Luis de Pedro, quien ya ha cumplido cinco a?s de mandato. Garc?-Castell? se incorpor?a la Audiencia Nacional en 1993.
Seg? publicaba ayer el peri?ico El Norte de Castilla, Garc?-Castell? present?el pasado viernes ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su solicitud, lo que le confirma como el segundo juez vinculado a esta comunidad aut?oma que opta a la plaza de presidente del Tribunal Supremo de la comunidad.
De confirmarse su elecci?, el magistrado deber?abandonar su plaza en el Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6 de la Audiencia Nacional y con ello asuntos como la quiebra de la constructora Huarte o los cr?enes contra ciudadanos espa?les en los tiempos de la dictadura del general Pinochet en Chile. Manuel Garc?-Castell?, el juez que decret?en 1994 el ingreso en prisi? de Mario Conde por el caso Banesto, pertenece a la Asociaci? Profesional de la Magistratura (APM), en la que ha ocupado puestos de responsabilidad directiva. Adem?, es desde 1992 y por designaci? del Consejo General del Poder Judicial el representante espa?l en el Grupo de Trevi, un colectivo encargado de combatir la delincuencia y el narcotr?ico internacional.
Garc?-Castell? ingres?en la carrera judicial en 1978. Ha ocupado los juzgados de las localidades de Durango y Marquina, en Vizcaya, y Azpeitia, en Guip?coa. En 1982 se traslad?a Zamora, y un a? m? tarde a la localidad vallisoletana de Medina del Campo. En 1984 ascendi?a magistrado y ocup?el Juzgado de Instrucci? n?ero 2 de Valladolid, donde, entre otras, instruy?las diligencias por los asesinatos de Olga Sangrador, y Leticia Lebrato.
La convocatoria para la plaza de presidente del Tribunal Superior de Castilla y Le? se public?en el BOE el d? 16. Entre los requisitos para ocupar la citada plaza se incluye tener una antig?dad en la carrera judicial de 15 a?s y 10 en la categor? de magistrado.
https://elpais.com/diario/1998/01/28/espana/885942012_850215.html
EL JUEZ GARC? CASTELL? RECHAZA CITAR AL ARREPENTIDO ARGENTINO SCILINGO
El juez espa?l Manuel Garc? Castell? rechaz?ayer la petici? de una de las acusaciones de citar a declarar al ex militar arrepentido argentino Adolfo Scilingo en el sumario que instruye por genocidio y terrorismo, y en el que se investigan las desapariciones de espa?les durante la dictadura chilena. La decisi? del juez fue adoptada despu? de que recibiera el informe del fiscal del caso, Ignacio Pel?z, en el que se opon? a la declaraci? por entender que el testimonio del argentino no aportaba nada a la investigaci?.
En realidad, seg? fuentes jur?icas, la Fiscal? de la Audiencia Nacional se ha opuesto frontalmente a los procesos contra los militares argentinos y chilenos que se tramitan en los juzgados centrales 5 y 6 de la Audiencia por los problemas que han generado en las relaciones internacionales espa?las, si bien lo han fundamentado jur?icamente en que la justicia espa?la no es competente para enjuiciar conductas ocurridas en otro pa? cuando los presuntos autores no son ciudadanos espa?les.Sin embargo, la Fiscal? de la Audiencia Nacional no recurri?la admisi? a tr?ite de las querellas respectivas, presentadas por la Uni? Progresista de Fiscales, ni aleg?en aquel momento falta de competencia.
De hecho, seg? fuentes de la citada agrupaci? de fiscales, no deja de ser parad?ico que cuando otros pa?es, como Estados Unidos, Suecia, Italia o Francia, reconocen la competencia para seguir adelante con el proceso, sea la Fiscal? de la Audiencia Nacional, siguiendo criterios de la Fiscal? del Estado, -en contra de la Junta de Fiscales de Sala- la que la cuestione.
Fuentes de la acusaci? en el citado proceso han anunciado que estudian la Presentaci? de un recurso contra la decisi? del juez. En medios de la Fiscal? de la Audiencia Nacional se se?laba ayer que, si en el curso de la instrucci? de la causa apareciesen nuevos datos que relacionasen a Scilingo con las desapariciones en Chile, se podr? reconsiderar la postura y recabar el testimonio del arrepentido.
Scilingo ten? previsto declarar sobre la denominada Operaci? C?dor, es decir la colaboraci? de los aparatos represivos de Chile y Argentina para deshacerse de los "subversivos". El ex capit? de corbeta argentino est?en prisi? preventiva por orden del juez Baltasar Garz?.
Por otra parte, el auditor general de Ej?cito chileno, general Fernando Torres Silva, admiti?ayer en una entrevista al vespertino La Segunda, que se entrevist?con el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc? Castell? sobre el proceso que ?te sigue a la Junta Militar chilena por genocidio, y dijo que le entreg?copia de fallos de la Corte Suprema sobre algunos de los casos que se han abordado en la causa en Madrid, "para tratar de restablecer la verdad", aprovechando una visita suya privada a Espa?, informa desde Santiago Manuel D?ano.
Seg? ?, su comparecencia ante el juez fue durante "mis d?s de permiso administrativo, en viaje particular", lo que no implica que el Ej?cito se haya hecho parte en el juicio.
En la entrevista, el general Torres dijo que no tuvo conocimiento del proceso, y que "si voy a Espa? lo menos que puedo hacer es conversar con un juez que lleva un proceso que nosotros no reconocemos como ta , porque "los tribunales espa?les no tienen jurisdicci? para conocer de hechos acaecidos en Chile".
Permiso de Pinochet
Para hacerse parte del. proceso "tendr? que haber llevado una autorizaci? del general Leigh [Gustavo], del general Pinochet [Augusto], del general Stange [Rodolfo, los tres ex miembros vivos de la Junta Militar]. ?Qui? soy yo para llegar y decir que quiero hacerme parte!", afirm? Torres.Explic?el auditor general que fue recibido en su calidad de tal, pero que no fue en comisi? de servicio y eludi?responder si previamente hab? informado al Gobierno y al Ej?cito, aunque afirm?que s?lo hizo posteriormente, sin aclarar si fue ante ambos. Consultado sobre si sufri? alguna reprimenda por aparecer ante la audiencia, contest? "Hasta ahora no, y espero que usted no le est?dando la idea".
https://elpais.com/diario/1997/10/21/internacional/877384812_850215.html
LA AUDIENCIA NACIONAL PIDE AL CGPJ QUE RENUEVE AL JUEZ GARC?-CASTELL?, EN CONTRA DE LA OPINI? DE MOREIRAS
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional acord?ayer solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que renueve por un nuevo periodo de seis meses el nombramiento del magistrado Manuel Garc?-Castell?, instructor del caso Banesto desde el pasado mes de noviembre, como juez de apoyo al juzgado central de instrucci? n?ero 3, del que es titular el juez Miguel Moreiras. La comisi? permanente del CGPJ aprobar?esa pr?roga en su pr?ima reuni?.
El juez Moreiras present?la pasada semana un escrito al presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, en el que le informaba que no necesitaba ya la ayuda del magistrado Garc?-Castell?.
?te fue nombrado juez de apoyo del juzgado de Miguel Moreiras en septiembre de 1994. Desde entonces, el instructor del caso Banesto se ocupa de los asuntos que por reparto corresponden al juzgado n?ero 3. Por su parte, el juez Moreiras investiga todos los casos anteriores a esa fecha, entre ellos el de PSV, las cesiones de cr?ito del Banco Santander, el fraude del Impuesto sobre el Valor A?dido (IVA), Enatcar o la quiebra del grupo KIO.
Como responsable del caso Banesto, Manuel Garc?-Castell? fue el encargado de firmar el auto de prisi? del ex presidente de la entidad Mario Conde y del ex vicepresidente Arturo Roman? Precisamente ayer, ?te compareci?ante Garc?-Castell? cumplimiento con su obligaci? quincenal desde que est?en libertad bajo fianza
https://elpais.com/diario/1995/04/04/economia/796946416_850215.htm
EL JUEZ GARC?-CASTELL? ASEGURA QUE "ES MUY DURO ENVIAR A ALGUIEN A LA C?CEL"
"Es muy duro adoptar la decisi? de enviar a alguien a la c?cel", manifest?en la tarde de ayer a EL PA? el juez Manuel Garc?-Castell? tras dictar prisi? incondicional para el ex presidente de Banesto Mario Conde. Una decisi? que partidos pol?icos, accionistas, sindicatos y miembros de la comisi? parlamentaria que estudi?la intervenci? de Banesto coincidieron ayer en calificar de "coherente, positiva y fundada". El Gobierno, por medio del ministro P?ez Rubalcaba, expres?"el respeto" del Ejecutivo por las decisiones judiciales.
"Decisiones de estas caracter?ticas se han de tomar siempre en caso extremo", indic?el juez con un tono de voz cansado, pero con el ?imo "en perfectas condiciones" por considerar, seg? dijo a este peri?ico, haber cumplido con su obligaci?. El juez de Delitos Monetarios Manuel Garc?-Castell?, instructor del caso Banesto, se mostr? reticente a la hora de hacer declaraciones, ya que, dijo, "me horroriza, me espanta salir en los papeles. Un juez debe realizar su trabajo sin tener que ser noticia permanente".
Garc?-Castell? tambi? indic?que el caso Banesto no alterar?en absoluto su l?ea de trabajo, ya que la pr?ima semana seguir?con el estudio y tramitaci? de los m? de 70 asuntos que en la actualidad lleva su juzgado.
Con algunos matices, el tono de las valoraciones de los partidos, sindicatos y accionistas fue muy homog?eo, con puntos comunes: respeto a las actuaciones judiciales, salvaguarda de la presunci? de inocencia y coincidencia de las conclusiones a las que lleg?la Comisi? Banesto con las del juez Garc?-Castell?.
Comisi? Banesto:
Ram? Espasa (IU): La decisi? del juez "es coherente con el contenido de nuestro dictamen, que ya hablaba de las operaciones especiales y apuntaba la existencia de delitos de apropiaci? indebida, estafa, falsedad y maquinaci? para alterar el precio de las cosas".
Mercedes Aroz (PSOE): La decisi? judicial "culmina la respuesta de todas las instituciones para clarificar la crisis de Banesto". Aroz destac?la actuaci? del Banco de Espa? y dijo que el encarcelamiento de Conde "no ha sorprendido a nadie".
Fernando Fern?dez de Troc?iz (PP): El auto es "un hito m?" en el largo proceso contra Mario Conde. No descarta "nuevos autos de prisi? incondicional contra otros antiguos consejeros".
Josep S?chez Llibre (CiU): "El dictamen de la comisi? y el auto judicial garantizan que las instituciones deben adoptar medidas para que no se vuelvan a repetir hechos similares".
Accionistas:
Enric Casany (Asociaci? de Defensa del Peque? Accionista): "La medida es positiva porque demuestra c?o la ley es igual para todos. Lo m? destacable es que se cierra un ciclo".
Mar? Victoria de la Muela (Reagrupamiento de Accionistas de Banesto): "El auto de prisi? contra Mario Conde es l?ico. Es natural que corriera la misma suerte que Arturo Roman? La decisi? del juez, por otra parte, deja claro que la intervenci? de Banesto no fue una decisi? pol?ica".
Partidos pol?icos:
PP: El encargado de asuntos jur?icos del partido, Federico Trillo, calific?la orden judicial "decisi? fundada" que ratifica la lectura pol?ica que en su d? llev?a cabo la comisi? parlamentaria que estudi?la gesti? del banco.
IU: El coordinador general la coalici?, Julio Anguita, asegur?que "se impone la catarsis" en un pa? que est? dando "un espect?ulo deprimente "y no por culpa del juez precisamente". El diputado Antonio Romero a?i?que la prisi? de Conde "cierra una ?oca de la historia moderna", la de la denominada cultura del pelotazo.
CiU: El portavoz de la coalici?, Miquel Roca, manifest?que defender?la presunci? de inocencia "de estos se?res" hasta el final. "Cuando hay la sensaci? generalizada de que el ?bol ha ca?o, todo el mundo hace le?" a?di?
PSOE: El presidente extreme?, Juan Carlos Rodr?uez Ibarra, declar?que el procedimiento seguido contra Conde es "claramente inquisitorial" y se?l?que "tener a una persona cinco d?s seguidos interrog?dole hasta encontrarle alg? acto delictivo es inhumano".
Sindicatos:
UGT: La Federaci? de Socios de la organizaci? emiti?un comunicado titulado Se ve? venir en el que, entre otras afirmaciones, se?la que la decisi? judicial avala la postura que tuvo el sindicato durante la ?oca en que Conde gestion?Banesto
https://elpais.com/diario/1994/12/24/economia/788223624_850215.html
HISTORIA DE UNA CONFESI?
En una entrevista concedida en noviembre de 2009 a 'El D? de Valladolid', el coronel de la Guardia Civil Francisco Javier Galache relat?c?o fue la investigaci? del crimen de Olga Sangrador
"El Estado ser?responsable de lo que ocurra si no pone medidas de control sobre los violadores"
El d? 11 de noviembre de 2009, durante una entrevista con El D? de Valladolid, el coronel Francisco Javier Galache que, por entonces, acababa sus d?s en activo al frente de la Guardia Civil de Valladolid, recordaba c?o fue el arresto de Juan Manuel Valent? Tejero, una investigaci? de la que, cuando todav? era capit? del Instituto Armado, se encarg?? de forma personal junto al juez instructor del caso, el magistrado Manuel Garc? Castell?, que a?s despu? acabar? en la Audiencia Nacional y de juez enlace con Francia.
?Hay dos casos muy importantes en mi vida?, recordaba Galache en la entrevista, ?el de Olga Sangrador y el de Leticia Lebrato, ambos en 1992?. ?En el primero hab? unas circunstancias especiales porque entonces mi hija ten? los mismos a?s que ella y para m?fue una experiencia dura. Ah? est?aquella toma de televisi? con el ?m?ala, m?ala?. Fue una investigaci? muy bonita, muy coordinada, muy con los jueces...?, repasaba un Galache que exigi?a Valent? Tejero que la mirase y que pidiese perd? sobre el cad?er de la ni? en el pinar de Tudela en el que la enterr?
Junto al juez Garc? Castell? hab? logrado que este pederasta confesase el lugar en el que dej?el cuerpo. Cuenta la leyenda que lo hizo durante una visita, todos de inc?nito (Valent? Tejero, Garc? Castell?, Galache y numerosos guardias), a un bar de Villal?: ?No exactamente?, aclaraba en esa entrevista el coronel. ?Una vez que ? confes? ya como detenido, comprobamos c?o se hab? hecho y, efectivamente, estuvimos en todos los lugares en que hab? estado ? y la ni??, recordaba un Galache que se encontr?ante una persona que ?se cerr?y no quer? hablar?. ?En un primer momento no nos dijo exactamente d?de estaba el cad?er, pero luego ya nos dijo el pinar y fuimos para all?con ?. El hallazgo del cuerpo fue impactante para ?, pero para nosotros fue horrible?.
?Fue un acto legal, judicial y de investigaci? para ir a los sitios y ver qu?hac? ?. No nos hab? confesado todo, pero casi. Fuimos all?de forma reglamentaria, discreta y s?ita; una tarde decidimos ir para all? a la plaza, al bar... Todos de paisano. Cuando regresamos al cuartel de Villal? se vino abajo y confes?d?de estaba el cad?er?.
EL 'VIOLADOR DEL ASCENSOR' SE RETRACTA DE SU CONFESI? AL JUEZ Y SE DECLARA INOCENTE
Pedro Luis Gallego Fern?dez, conocido como el violador del ascensor, neg?ayer, en la vista oral del juicio por el asesinato de la joven Leticia Lebrato, ser el autor del crimen y acus?al juez instructor del caso, Manuel Garc? Castell?, actualmente en la Audiencia Nacional, de haberle enga?do "con falsas promesas" cuando firm?ante ? su confesi? como autor del homicidio. "Garc? Castell? me prometi?ingresar en un centro psiqui?rico en lugar de en una c?cel", dijo el presunto asesino a preguntas del fiscal de Valladolid Jos?Carlos Jaramillo.
El juicio contra Pedro Luis Gallego, de 36 a?s, ha quedado suspendido hasta ma?na para modificar las conclusiones definitivas, despu? de que se iniciara pasadas las diez de la ma?na con la presencia de 10 testigos, en su mayor? solicitados por la acusaci? particular que dirige el abogado Luis Lav? en representaci? de la familia Lebrato. Tambi? comparecieron nueve peritos, algunos de los cuales se?laron en sus conclusiones que el violador del ascensor es una persona normal que puede discernir el bien del mal.A pesar de negar en repetidas ocasiones ser el autor del asesinato, Gallego Fern?dez escuch?las declaraciones de los responsables de las fuerzas del orden p?lico que participaron en la reconstrucci? de los hechos pocos d?s despu? de ser detenido, quienes se?laron que el acusado colabor?"sin oponer pega alguna". Tambi? indicaron que el acusado lleg?a se?lar casi con exactitud el lugar donde apareci?semi enterrado el cad?er de la joven de 17 a?s a finales de julio de 1992.
Los abogados de la familia de Leticia Lebrato han pedido en sus conclusiones provisionales 62 a?s y medio de c?cel por un delito de asesinato, violaci?, rapto e inhumaci? ilegal, mientras que el fiscal demanda 41 a?s. La defensa, ejercida por un abogado de oficio, considera que no existen pruebas concluyentes contra su patrocinado y pide la libre absoluci?.
Mientras se celebraba el juicio en la Audiencia Provincial de Valladolid, un centenar de mujeres pertenecientes a diversos colectivos feministas se manifestaron ante las puertas del Palacio de Justicia para exigir que los violadores cumplan la totalidad de las penas a las que sean condenados por este tipo de delitos.
En la sala, y acompa?ndo a la familia Lebrato, se encontraba uno de los padres de las tres ni?s asesinadas en Alc?er (Valencia), quien mostr?su extra?za por el desarrollo de la vista y las continuas contradicciones en que incurr? el violador del ascensor.
Leticia Lebrato Rojo, que entonces ten? 17 a?s, fue encontrada muerta con 11 pu?ladas en su cuerpo el 19 de julio de 1992 en un pinar pr?imo a la localidad vallisoletana de Viana de Cega, lugar donde veraneaba con. su familia.
La Audiencia Provincial de Valladolid ya conden?a Pedro Luis Gallego Fern?dez a 107 a?s de prisi? por cinco delitos de violaci? consumada, un delito (le intento de violaci?, dos de agresi? sexual, tenencia il?ita de armas y robo con intimidaci?. Adem?, fue condenado en junio de 1993 a 19 a?s de prisi? por un enfrentamiento a tiros con la polic? en Medina del Campo, cuando consigui?escapar del cerco policial que le hab?n tendido las fuerzas de seguridad.
El violador del ascensor fue detenido el 15 de noviembre de 1992 en La Coru? cuando intentaba cobrar un giro postal que le enviaba un familiar suyo mientras era perseguido por la polic? por toda Espa?.
https://elpais.com/diario/1994/07/01/espana/773013613_850215.html
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