MANUEL GARCÍA CASTELLÓN Y GARCÍA LOMAS : UN JUEZ CON 17 AÑOS EN SERVICIOS ESPECIALES
Tándem. PS 10 DINA
LAS NOTICIAS
03.02.22
EL JUEZ DA POR ACABADA LA INVESTIGACIÓN DEL ‘CASO DINA’ TRAS NO HALLAR INDICIOS CONTRA IGLESIAS
LA POLICÍA NO PUEDE ACCEDER A LA TARJETA DE DINA Y DESPEJA EL CAMINO AL JUEZ PARA DECIDIR EL FUTURO DE IGLESIAS
LA POLICÍA INFORMA A GARCÍA CASTELLÓN DE QUE NO PUEDE ACCEDER A LA TARJETA DE DINA BOUSSELHAM COMO INSISTÍA EL JUEZ
LA POLICÍA CONSIDERA INACCESIBLE LA TARJETA DEL ‘CASO DINA’ Y DESPEJA EL FUTURO JUDICIAL DE IGLESIAS
LA POLICÍA NO LOGRA ACCEDER A LA TARJETA DE DINA Y DESPEJA EL FUTURO JUDICIAL DE IGLESIAS
EL JUEZ DA POR CONCLUIDA LA INVESTIGACIÓN DEL 'CASO DINA' SIN IMPUTAR A PABLO IGLESIAS
EL JUEZ ESTUDIA SI IMPUTA A IGLESIAS POR DAÑOS INFORMÁTICOS EN LA TARJETA DE DINA
UN AÑO PARA DESENTRAÑAR UNA TARJETA: EL JUEZ DEL 'CASO DINA' NO MUEVE FICHA CON PABLO IGLESIAS
LA AUDIENCIA NACIONAL CONCLUYE QUE DINA Y PABLO IGLESIAS NO PUEDEN COMPARTIR ABOGADA
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El juez ha cerrado la instrucción del caso Dina pese a que está pendiente la declaración del jefe de la brigada política, Eugenio Pino, de quien Villarejo ha declarado que le entregó una copia del teléfono robado a Bousselham
La representación legal de Pablo Iglesias ha recurrido el cierre de la instrucción del caso Dina decretado por el juez Manuel García Castellón antes incluso de oír en declaración a los últimos tres testigos que ha citado. Uno de ellos es el comisario Eugenio Pino, jefe de la brigada política y receptor de una copia de la tarjeta robada a Dina Bousselham, según declaró el comisario Villarejo, quien aseguró que fue él mismo quien se la entregó, antes de que su contenido fuera publicado por varios medios de comunicación.
El abogado de Iglesias denuncia, en este sentido, que la pieza del caso Villarejo “está huérfana de investigación” en cuanto a esa entrega de la tarjeta por parte del comisario al responsable de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. Contrasta, añade, con la atención que ha prestado García Castellón a unas “hipótesis” que carecen de “base indiciaria”, en referencia a la insistencia del magistrado por dirigir las diligencias de investigación hacia Pablo Iglesias como supuesto autor de los daños que presentaba la tarjeta que le entregaron los responsables de Interviú y que guardó durante meses.
El letrado Raúl Maíllo recuerda al juez instructor que la orden europea de invetigación que cursó a Gales, con dirección al técnico que intentó recuperar el contenido de la tarjeta del móvil, dio como resultado que éste declarara que cuando recibió dicho dispositivo “estaba físicamente intacto” y que ha sido la propia Policía española quien ha informado al juez de que los daños que presenta la tarjeta se deben a “un exceso de lijado, compatible con la técnica utilizada por los laboratorios especializados en recuperación de información”.
García Castellón se centró en la supuesta participación de Iglesias en los daños a la tarjeta en lugar de investigar la "principal hipótesis" de la pieza que le señalaban la Fiscalía Anticorrupción y la Sala de lo Penal, instancia superior al citado juez. Estos le pusieron de manifiesto que la primera línea de investigación debía abordar que la “organización criminal” de Villarejo, a quien se le encontró copia del dispositivo en el registro de su casa, estaría detrás de la filtración de una información que podía perjudicar a Podemos en 2016.
“Es la policía científica la que señala que el material intervenido en el domicilio del señor Villarejo como coincidente con las publicaciones que está realizando Okdiario, señala el escrito del abogado de Iglesias, que tuvieron “el claro objetivo de desprestigiar su imagen en momentos electorales clave, de forma directa”.
Iglesias figura como personado en la causa después de que el juez García Castellón le retirara esa condición y la Sala de lo Penal le obligara a devolvérsela, decisión que no fue impedimento para que el juez solicitara la imputación del entonces vicepresidente segundo del Gobierno al Tribunal Supremo, que también rechazó la pretensión del magistrado instructor.
La pasada semana, la Policía Científica contestó al juez que no es posible acceder al contenido de la tarjeta, lo que eliminaba la posibilidad de atribuir a Iglesias los daños que presenta el dispositivo. Fue entonces cuando en menos de 48 horas el juez decretó que ya no era necesario seguir investigando y acordaba no prorrogar la investigación.
En su auto, García Castellón llegaba a decir que de las diligencias pendientes, entre ellas la declaración del jefe de la brigada política, no era de esperar que “surja la necesidad de analizar ninguna otra vía de investigación”. Las otras dos declaraciones corresponden a Dina Bousselham, que lleva año y medio queriendo trasladar en persona al juez que no se siente perjudicada por la actuación de Iglesias, y de la expareja de ésta, que fue quien envió la tarjeta a Gales.
EL JUEZ DA POR ACABADA LA INVESTIGACIÓN DEL ‘CASO DINA’ TRAS NO HALLAR INDICIOS CONTRA IGLESIAS
La tarjeta bajo sospecha presenta “daños” irreparables, según la Policía
El juez Manuel García-Castellón da por acabada la instrucción del caso Dina y, a falta de practicar tres declaraciones que ya se habían aprobado, ha rechazado ampliar el plazo de investigación. El magistrado toma esta decisión tras no encontrar indicios de un supuesto delito de daños informáticos cometido por Pablo Iglesias, ex secretario general de Podemos, ya que la Policía le ha enviado un informe donde explica que no puede aclarar por qué no funciona la tarjeta del teléfono de Dina Bousselham, una de sus exasesoras, que denunció el robo de su móvil en 2015 y cuyo contenido se encontró copiado en casa del comisario José Manuel Villarejo y además acabó publicado en varios medios de comunicación. El juez mantenía que el político la había dañado.
García-Castellón, que puso en la diana a Pablo Iglesias en 2020, se encontraba a la espera de dicho informe de la Policía Científica. Lo encargó después de que el Tribunal Supremo rechazase imputar al entonces líder de Podemos y le devolviese la causa por falta de indicios. Según la teoría del magistrado, el exvicepresidente del Gobierno había recibido la tarjeta de Bousselham en enero de 2016 de manos del presidente del Grupo Zeta, editor de la desaparecida revista Interviú, y “se la guardó sin decírselo a su propietaria”. Entonces, según su tesis, el dirigente político dañó el dispositivo y, a raíz de que la copia del contenido se publicase en varios medios, urdió un plan con el objetivo de aprovecharse de la instrucción judicial para inventarse una conspiración y presentarse como víctima.
En el escrito que envió al Supremo para imputar a Iglesias, el magistrado ya afirmaba que “no hay una prueba directa de la destrucción material de la tarjeta por parte” del político, pero añadió que presenta un “fallo” interno que le atribuye a él. De ahí que encargara este último informe a la Policía para intentar averiguar las causas que impiden acceder al dispositivo.
Una vez recibidas las conclusiones de los agentes, el juez ha dictado este jueves un auto para dar por acabadas las pesquisas. Según consta en su resolución, “no se desprende la necesidad de ninguna diligencia ulterior que se derive del informe”. Además, el magistrado añade que tampoco necesitará practicar más pruebas derivadas de los interrogatorios que quedan pendientes y que le ordenó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: el de la propia Dina Bousselham y su pareja; y el de Eugenio Pino, exdirector Adjunto Operativo de la Policía, que se fijó para trata de esclarecer si Villarejo informó a sus superiores de que tenía una copia del móvil de la asesora de Iglesias.
Una tarjeta con “daños” irreparables
El informe de la Policía Científica sobre la tarjeta, al que ha tenido acceso EL PAÍS, concluye que no se pueden determinar las causas ni el momento en que se estropeó la tarjeta. Tampoco se ha conseguido determinar la fecha de la última vez que se accedió a su contenido, ni se ha podido recuperar información sobre la modificación, creación o borrado de los archivos que se “encontrasen almacenados en la memoria en su momento”. Según explican los investigadores, el dispositivo presenta “daños” irreparables y, “de los dos cristales de 16 gigabytes que componen la memoria, solo ha sido posible el acceso a uno de ellos”, pero su contenido no puede descodificarse.
LA POLICÍA NO PUEDE ACCEDER A LA TARJETA DE DINA Y DESPEJA EL CAMINO AL JUEZ PARA DECIDIR EL FUTURO DE IGLESIAS
El informe policial certifica que es imposible recuperar la información de la mini SD o determinar quién fue la última persona que accedió a ella
Al ser imposible acceder al contenido de la tarjeta, la Audiencia Nacional podría dar carpetazo a las pesquisas, haciendo que el caso se releve a los juzgados de Madrid
La policía judicial ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón el informe que certifica que el contenido de la tarjeta telefónica de la ex asesora de Podemos Dina Bousselham es inaccesible, lo que imposibilita recuperar la información o determinar quién fue la última persona que accedió a ella.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press el contenido del informe remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 6 y que pone de manifiesto que la mini SD estaba destruida. Ahora, el magistrado deberá decidir sobre el futuro de la investigación y, en concreto, del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.
De esta forma quedaría agotada la vía para obtener posibles datos incriminatorios contra Iglesias para determinar si dañó deliberadamente la tarjeta antes de devolvérsela a su ex asesora. El juez tiene aún diligencias pendientes, como tomar declaración a la propia Bousselham o al antiguo director adjunto operativo de Policía Eugenio Pino.
García-Castellón acordó hace más de un año procesar al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a dos periodistas, al tiempo que propuso al Tribunal Supremo que investigara a Iglesias por descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.
Sin embargo, el alto tribunal ordenó al magistrado que siguiera indagando, indicándole expresamente varias diligencias, entre ellas volver a tomar declaración a Dina, para que aclarase si quería denunciar los hechos e incluyendo entre esas mismas instrucciones el informe pericial de la micro tarjeta.
Ahora, y una vez que ha sido imposible destripar la tarjeta, el juez podría dar carpetazo a las pesquisas o seguir investigando. De hacerlo, se abre la posibilidad de que las pesquisas no se realicen en la Audiencia Nacional sino en los juzgados de Madrid, dado que los delitos por investigar no revestirían la entidad suficiente.
Por su parte, fuentes de Podemos aseguran que al titular del JCI 6 "se le acaban las excusas en su intento de convertir a las víctimas en sospechosos". La formación morada ya criticó duramente al juez a raíz de su exposición razonada ante el Supremo, acusándole de poner "en peligro el prestigio la Justicia".
Dina consideraba el informe innecesario
Fue el pasado mes de octubre cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avaló la decisión del magistrado de pedir a la Policía Científica que determine si era "técnicamente posible" acceder al contenido de la tarjeta del teléfono móvil de Bousselham, para dilucidar el recorrido que tuvo la tarjeta desde que fue robada hasta que su información apareció publicada.
Por contra, la ex asesora del partido alegaba que este informe era innecesario porque la Policía ya emitió uno en agosto de 2020 donde concluyó que los daños sufridos por la tarjeta telefónica se debían a un exceso de lijado durante el proceso que llevó a cabo una empresa privada contratada por la propia Bousselham para intentar recuperar el contenido de la mini SD.
El informe encargado a la Sección Técnica de Ingeniería e Informática Forense de la Unidad de Policía Científica se demoró más de lo previsto porque a los investigadores les faltaban una serie de claves que debía aportar la empresa telefónica, en este caso Samsung.
Sin declaraciones hasta conocer el informe
En cualquier caso, el magistrado deberá realizar una serie de declaraciones a instancias del TS y también de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, tras revocar el auto de pase a procedimiento abreviado, ordenó al juez que tomara declaración a Bousselham, a su pareja y al que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino.
Por su parte, el juez respondió a la Sala insistiendo en que no realizaría esas declaraciones hasta no conocer el informe de la tarjeta al considerar que de esa pericial se podrían obtener extremos esenciales para la investigación, condicionando por tanto el modo de acordar la citación.
"Transcurridos más de ocho meses desde el dictado de esta resolución, es de suponer que la conclusión de la pericial no se va a demorar por más tiempo, máxime cuando los peritos ya disponen de todo lo que se requiere para culminar la intervención", justificó entonces.
El origen del caso Dina
En el auto con el que decidió finalizar la fase de investigación, el juez fijaba el origen de la causa en unos archivos encontrados en la entrada y registro del domicilio de Villarejo en 2017 en los que había información personal de la que fuera asesora de Iglesias así como datos sensibles de Unidas Podemos.
Según explicaba, en noviembre de 2015 sustraen en el IKEA de Alcorcón el abrigo de la pareja de Bousselham lRicardo Antonio Sa Ferreira- en cuyo interior había varios objetos entre los que se encontraba el teléfono móvil de la asesora.
Justo dos años más tarde de ese robo, en noviembre de 2017, aparecen en el domicilio de Villarejo un disco duro y dos memorias USB en los que se almacenan unas carpetas denominadas DINA 2 y DINA 3, que contenían archivos procedentes de la tarjeta de memoria mini SD del móvil sustraído a Bousselham.
Y apuntaba el juez en su auto que los archivos de uno de los pendrives fueron copiados el 14 de abril de 2016 mientras que los del disco duro son copia del pendrive realizada en julio de 2016. Sobre cómo llegó a manos de Villarejo esa información, el magistrado indicaba que se sabe que el contenido de la tarjeta de Bousselham llegó a los periodistas.
LA POLICÍA INFORMA A GARCÍA CASTELLÓN DE QUE NO PUEDE ACCEDER A LA TARJETA DE DINA BOUSSELHAM COMO INSISTÍA EL JUEZ
El magistrado sigue sin citar a la antigua colaboradora de Pablo Iglesias, quien lleva más de un año y medio intentando declarar ante García Castellón que no se siente perjudicada por la actuación de su antiguo jefe
Los agentes de la Policía Científica a los que el juez Manuel García Castellón había ordenado volver sobre la tarjeta de Dina Bousselham por si pudiera encontrar algún indicio con el que imputar a Pablo Iglesias han entregado un informe al magistrado en el le trasladan la imposibilidad técnica de acceder al dispositivo, aseguran a elDiario.es fuentes jurídicas. Después de que García Castellón fracasara en su intento de que el Tribunal Supremo imputara a Iglesias cuando éste era aforado, la diligencia de la tarjeta era el último recurso del juez, que ha ido aplazando hasta ahora la citación de la ex asesora de Iglesias, dueña del dispositivo.
El informe de la Policía Científica es sobre la pericial ampliatoria solicitada por el juez para determinar las causas de la "inaccesibilidad" al dispositivo y averiguar cuándo se accedió a su contenido por última vez. Las fuentes consultadas añaden que con el informe policial no se puede atribuir ninguna responsabilidad sobre la destrucción de la tarjeta. En los trabajos de la Policía, el juez llegó a implicar a la compañía Samsung, que ha colaborado con los técnicos del Cuerpo en intentar acceder al contenido de la tarjeta sin éxito.
La última corrección en este asunto de una instancia superior a García Castellón llegó el pasado mes de octubre. La misma Sala de lo Penal que había obligado a devolver a Iglesias la condición de perjudicado en el caso de la tarjeta conminaba al instructor del caso Villarejo a citar a Dina Bousselham, quien lleva más de un año y medio queriendo explicar en sede judicial que no se siente perjudicada por la actuación del exvicepresidente segundo del Gobierno. Los delitos que el juez detecta en Iglesias requieren de un perjudicado.
En octubre, la Sala de lo Penal asumió en su integridad las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción, revocando al fin la instrucción que el juez había decretado hacía un año. Un cierre de la instrucción que no lo era en términos absolutos porque la investigación puede seguir viva. Y así ha sido, pero siempre en dirección a Pablo Iglesias, pese a que el Tribunal Supremo decretó en enero de 2021 que no había indicios para imputar al político, tal y como le había solicitado García Castellón.
El juez del caso decidió ignorar la línea de investigación que conducía a Villarejo basándose en los cambios de versión de la propia Bousselham, quien llegó a reconocer que había pantallazos de los que se habían publicado en varios medios, con información procedente de su móvil, que ella había reenviado a terceras personas. En octubre, la Sala de lo Penal, de acuerdo con el escrito de la Fiscalía, recordó al juez que también se publicó información del móvil de la colaboradora de Iglesias que ella no reenvió a nadie, y por eso le pedía que ahondara en esa circunstancia sin aclarar.
El Tribunal Supremo llegó a acusar al juez, en el auto en el que rechazaba imputar a Iglesias, de "abandonar diversas líneas de investigación, para abogar como realidad acaecida una concreta alternativa sin mayor plausibilidad”. Iglesias guardó durante meses la tarjeta que los responsables de Interviú le entregaron sin dársela a su auténtica propietaria y Bousselham ha cambiado de versión sobre si pudo acceder a ella cuando el exlíder de Podemos se la entregó finalmente.
LA POLICÍA CONSIDERA INACCESIBLE LA TARJETA DEL ‘CASO DINA’ Y DESPEJA EL FUTURO JUDICIAL DE IGLESIAS
El magistrado había pedido un nuevo informe a los agentes después de que el Supremo rechazase la imputación del exlíder de Podemos
El informe policial que mantenía en suspenso las pesquisas del caso Dina ya se encuentra en la mesa de Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional. Según han confirmado fuentes jurídicas, los agentes han informado al magistrado de que no han podido acceder al contenido de la tarjeta del teléfono de Dina Bousselham, una antigua asesora de Pablo Iglesias que denunció el robo de su móvil en 2015 y cuyo contenido se encontró copiado en casa del comisario José Manuel Villarejo y además acabó publicado en varios medios de comunicación. Los investigadores, por tanto, no han podido profundizar sobre por qué no funciona este dispositivo después de que lo recuperase su propietaria tras pasar por manos del exlíder de Podemos, para quien el juez llegó a plantear su imputación por un delito de daños informáticos.
El resultado del informe policial despeja el futuro judicial de Iglesias. El magistrado lo mantiene en el punto de mira desde 2020, cuando pidió sin éxito al Tribunal Supremo que lo imputase. Según argumentó García-Castellón, el dirigente de Podemos había recibido en enero de 2016 la tarjeta de manos del presidente del Grupo Zeta, editor de la desaparecida revista Interviú, y “se la guardó sin decírselo a su propietaria”. Entonces, según la tesis del juez, el líder del partido dañó la tarjeta y, a raíz de que el contenido del dispositivo se publicase en varios medios, urdió un plan con el objetivo de aprovecharse de la instrucción judicial para inventarse una conspiración y presentarse como víctima.
El Supremo rechazó esta teoría por falta de indicios y devolvió la causa al juez. El propio magistrado ya había apuntado que “no hay una prueba directa de la destrucción material de la tarjeta por parte” de Iglesias, pero añadió que el dispositivo presenta un “fallo” interno que atribuye al exvicepresidente. De ahí que encargara este último informe a la Policía para intentar averiguar las causas que impiden acceder a él.
García-Castellón se encontraba a la espera de este informe antes de mover ficha sobre Iglesias, que perdió su condición de aforado ante el Supremo tras salir del Gobierno. Así lo indicaba el juez en una resolución dictada la pasada primavera, cuando rechazó la petición de imputar a Iglesias al considerarlo “precipitado”. Según detallaba, no había “ningún indicio nuevo distinto de los que fueron valorados en su día por el alto tribunal”.
LA POLICÍA NO LOGRA ACCEDER A LA TARJETA DE DINA Y DESPEJA EL FUTURO JUDICIAL DE IGLESIAS
La pericial efectuada sobre la microSD de Dina Bousselham ha sido infructuosa, lo que aleja una imputación del exvicepresidente por un delito de daños informáticos
El instructor del caso Dina, Manuel García-Castellón, acaba de recibir el informe pericial que reclamó a la Policía Científica sobre la tarjeta que la excolaboradora de Pablo Iglesias Dina Bousselham llevaba alojada en un móvil que le fue robado. Tras esperar casi un año el dictamen, los peritos dan cuenta de que sus intentos para acceder a la microSD que tenía alojada el teléfono de la antigua asesora han sido infructuosos. Los especialistas han probado el acceso a través de múltiples técnicas sin éxito. La diligencia se ordenó para agotar la investigación sobre la comisión de un presunto delito de daños informáticos por parte del exvicepresidente, siguiendo las instrucciones que le ordenó el Tribunal Supremo. El resultado apaga la amenaza de imputación de Iglesias. Los intentos se han topado con daños existentes en la tarjeta que han hecho imposible su lectura y que han resultado imposibles de reparar, indica el informe, conocido por El Confidencial. "No ha sido posible recuperar los ficheros ni la estructura de archivos, ni siquiera de manera parcial", dice la pericial. "En relación al contenido de la tarjeta no ha sido posible su recuperación ni siquiera de forma parcial, debido a que no han sido identificadas las transformaciones llevadas a cabo por la controladora dañada sobre la información digital, y cuyo conocimiento es necesario para poder invertir el proceso de codificación", agrega. Tampoco se ha conseguido determinar la fecha de último acceso por la imposibilidad de acceder a la estructura de archivos de la tarjeta y, por lo tanto, la recuperación de información de los datos relativos a las fechas de acceso, modificación, creación o borrado de los ficheros que en su momento se encontrasen almacenados en la memoria. El teléfono le fue sustraído a Bousselham y meses después apareció en la revista 'Interviú', donde se avisó a Iglesias y se le hizo entrega de la misma. Sin embargo, pasaron varios meses hasta que este se la entregó a su antigua ayudante que, según algunas de sus afirmaciones, no pudo acceder a su contenido porque se encontraba dañada. El instructor sospechaba a la vista de los indicios de que el antiguo líder de Podemos accedió a datos personales de su ayudante y destruyó el dispositivo antes de devolvérselo. Para tratar de determinar si estas sospechas eran fundadas, el magistrado preguntó a los expertos de ingeniería e informática forense que le indicaran si es técnicamente posible acceder a la información de la tarjeta microSD del móvil que le fue robado a Bousselham en un Ikea.
En un primer informe enviado el pasado agosto, antes de que el juez se dirigiera al Supremo para solicitar que investigara al vicepresidente, los expertos indicaron que no habían podido determinar si la tarjeta se encontraba dañada a nivel interno cuando Bousselham la recuperó. No consiguieron 'leer' el dispositivo porque el raspado que realizó la empresa de recuperación de datos a la que la remitió Dina cuando Iglesias se la devolvió había dañado una de las pistas.
Las conclusiones de aquel primer informe eran muy similares a las del nuevo. Los peritos aseguraban que no había podido realizar la lectura del contenido de la memoria. "No se puede determinar si existían daños previos a la discontinuidad encontrada en el vestigio, qué partes están afectadas por los mismos ni el momento en el que se produjeron", especificaban. Atribuían el daño externo a un raspado provocado por la empresa informática con sede en Gales que examinó la microSD por encargo de la exayudante del exvicepresidente. La nueva pericial tampoco arroja resultados concluyentes. La pericial se ha alargado a consecuencia de problemas de coordinación con Samsung, que entregó hace solo unas semanas los códigos necesarios para acceder a la tarjeta sin destruirla. García-Castellón tendrá que concretar ahora si Iglesias cuenta con el perdón de Bousselham en lo referente a su intimidad, lo que le llevará a citarla de nuevo para que aclare si vio su esfera privada violada por el acceso de su jefe a datos privados. El caso se adentra así en su tramo final.
En cuanto al delito de daños informáticos, las sospechas del instructor se centraban en el estado en que se encontraba la tarjeta cuando Iglesias se la entregó finalmente a su asesora después de retenerla varios meses una vez la recuperó de 'Interviú'. En la Audiencia Nacional, Dina dio distintas versiones, variando su declaración sobre el momento y el estado en que recuperó la microSD. Cuando entendió que su alusión a que al recuperarla ya no funcionaba podía encajar con un delito de daños informáticos, matizó lo dicho: explicó que Iglesias le entregó la tarjeta "antes de que se iniciaran estas actuaciones" y que, "inicialmente, cuando se me entregó, funcionaba, y comprobé que en su interior estaban contenidos de mi teléfono". En ocasiones anteriores había declarado que se la entregó, como pronto, en junio de 2016, y que ya entonces resultaba imposible acceder a la misma. En relación con los daños sufridos en la tarjeta del móvil sustraído, sin entrar a examinar la solidez o consistencia de los indicios planteados por García-Castellón, el Supremo consideró necesario que Bousselham sea oída de nuevo para aclarar las distintas versiones que ha dado. También defendía que resulta necesaria una ampliación de la pericial informática sobre los daños en la microSD para precisar las causas que impiden acceder a la información de la misma, cuál fue el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro, 'inservibilidad' o inaccesibilidad de los archivos que contenía, y si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos y fecha del último acceso.
EL JUEZ DA POR CONCLUIDA LA INVESTIGACIÓN DEL 'CASO DINA' SIN IMPUTAR A PABLO IGLESIAS
Toma esta decisión tras recibir el informe pericial que indica que no se puede arrojar luz sobre la destrucción de la tarjeta de memoria de la asesora del ex líder de Podemos
El juez que investiga el caso Dina ha dado por concluida la investigación sin que finalmente se haya llamado a declarar como imputado al ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. El magistrado Manuel García Castellón ha dictado este jueves un auto en el que sostiene que no es necesario practicar ninguna nueva diligencia más allá de las que ya se habían acordado. El plazo de investigación, por tanto, vencerá este sábado 29 de enero, tal y como pedía Anticorrupción.
El auto llega después de que la Policía Científica haya entregado al juez un informe en el que explica que no es posible obtener información de la tarjeta de memoria que estaba en el teléfono que robaron a Dina Bousselham cuando era asesora de Iglesias. La actuación del líder de Podemos estaba bajo sospecha, ya que cuando tiempo después se le hizo llegar a él esa tarjeta se demoró meses hasta entregársela a su propietaria. Y cuando lo hizo, el contenido ya no era accesible, pese a que según la investigación sí podía consultarse cuando él la recibió.
La posibilidad de responsabilizar a Iglesias de los daños en el soporte digital pasaba por obtener datos sobre cuándo y cómo se había dañado la minitarjeta SD, algo que según la pericial llegada esta semana a la Audiencia no ha sido posible.
Así pues, las últimas diligencias que practicara el juez son los interrogatorios ya acordados a la propia Bousselham, a su pareja en el momento del robo, y al ex director adjunto operativo de la Policía (DAO) Eugenio Pino. En ese listado no estaba una nueva declaración de Iglesias, esta vez como imputado.
Ni del contenido de la pericial ni de esos interrogatorios prevé el juez que surja la necesidad de seguir instruyendo el caso. "No se desprende la necesidad de ninguna diligencia ulterior que se derive del meritado informe, ni es de esperar que de las declaraciones que resten por practicar surja la necesidad de analizar ninguna otra vía de investigación, por lo que se estima que, tras la práctica de tales diligencias -que, reiteramos, ya han sido acordadas-, la instrucción estaría finalizada", afirma.
La de Bousselham no será la primera comparecencia ante García Castellón, ante el que ya testificó ampliamente. Esa declaración desveló que Iglesias había retenido la tarjeta y que no funcionaba cuando la devolvió. En escritos posteriores, Bousselham ha intentado exonerar a Iglesias de cualquier responsabilidad en su destrucción.
El juez acabó enviando la investigación al Tribunal Supremo para que imputara al entonces aforado Iglesias. El Alto Tribunal consideró el material insuficiente y acordó que el juez siguiera practicando diligencias como la pericial ya completada o los interrogatorios aún pendientes.
Cuando concluyan esas declaraciones, el juez deberá dictar la resolución indicando contra quién ve indicios de delito suficientes para ir a juicio. En la causa hay solo tres imputados: el comisario jubilado José Manuel Villarejo y dos periodistas de Interviú a los que se responsabiliza de entregar la tarjeta de memoria al entonces comisario en activo.
https://www.elmundo.es/espana/2022/01/27/61f2f548e4d4d8f50a8b45d8.html
EL JUEZ ESTUDIA SI IMPUTA A IGLESIAS POR DAÑOS INFORMÁTICOS EN LA TARJETA DE DINA
La Policía Científica le entrega un informe en el que concluye que el dispositivo es “inaccesible” por los daños sufridos, lo que aleja la posibilidad de comprobar si el exlíder de Podemos fue el último que manejó el dispositivo y provocó tal daño
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ya ha recibido el último informe que pidió a la Policía Científica sobre la tarjeta móvil de Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, que constituía una de las pruebas clave para decidir si proponía investigar al exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno por daños informáticos en el manejo de dicha tarjeta de su excolaboradora.
El informe policial concluye que la tarjeta es inaccesible, que está destruida y por tanto no se puede comprobar quién accedió al dispositivo por última vez para dañarla, lo que aleja las posibilidades de que se pueda culpar a Iglesias de tal daño.
El informe confirma la teoría del instructor de que la tarjeta fue destruida “a conciencia” y, aunque técnicamente sea difícil demostrar la autoría de dicha destrucción, el juez estudiará todos los elementos reunidos en la investigación de la pieza Dina del caso Villarejo para decidir si propone investigar a Iglesias. Puesto que en mayo de 2021, tras las elecciones madrileñas a las que concurrió como cabeza de lista, abandonó la política, una investigación por tal delito en caso de encontrar indicios debería llevarse en los Juzgados de Madrid y no en la Audiencia Nacional, como ya indicó la Fiscalía Anticorrupción.
Ese es otro de los elementos que estudiará el titular el Juzgado de Instrucción 6 antes de tomar la decisión de si propone que se investigue a Iglesias o decide archivar la causa después de recibir el informe policial. El instructor tenía pendientes también otras diligencias de investigación que aún no ha practicado, como tomar declaración nuevamente a Bousselham y a su pareja, Ricardo Sa Ferreira, quien trató en un momento de recuperar el contenido de la tarjeta móvil.
“Se dañó en poder de Iglesias”
Cuando Iglesias era vicepresidente del Gobierno, el juez García-Castellón elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo pidiendo que la Sala Segunda le investigara -puesto que era aforado- por tres presuntos delitos: daños informáticos, descubrimiento de secretos y denuncia falsa.
Consideró que el líder de Podemos se había presentado como víctima de las cloacas policiales del Estado para desestabilizarle en 2016, cuando las encuestas situaban a su partido como segunda fuerza política, acusando a José Manuel Villarejo de filtrar a la prensa mensajes del móvil de Bousselham que fue robado puesto que una copia apareció en casa del comisario jubilado.
Sin embargo, la instrucción demostró que la propia Bousselham había compartido pantallazos de las conversaciones que Iglesias denunció que se utilizaron en su contra y él lo sabía porque recibió una copia de dicho dispositivo, estando en sus manos antes que en las de Villarejo.
El Tribunal Supremo rechazó admitir la exposición razonada del juez pidiendo investigar a Iglesias considerando que no había agotado la instrucción. El pasado junio, como contestación a un escrito de la defensa de Bousselham, el juez insistió en que “la única explicación” sobre la tarjeta de la mujer es que se dañó en manos de Iglesias, mostrándose sorprendido de que ella no quisiera aclarar los pormenores del robo de su teléfono que denunció.
Ahora, después de recibir el informe policial a cuya llegada García-Castellón relacionó el volver a citar a Bousselham, tendrá que decidir el futuro judicial más inmediato de Iglesias.
UN AÑO PARA DESENTRAÑAR UNA TARJETA: EL JUEZ DEL 'CASO DINA' NO MUEVE FICHA CON PABLO IGLESIAS
Tras el rapapolvo del Supremo, que rechazó investigar al exvicepresidente, el magistrado García Castellón dio la orden de examinar más a fondo la mini SD de la exasesora de Podemos, pero casi doce meses después no hay resultados
El instructor del 'caso Villarejo' sospecha que la tarjeta fue dañada por Iglesias, lo que podría implicar una imputación por daños informáticos que, en cualquier caso, no sería de su competencia
En enero de 2021, el Tribunal Supremo reprendió al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por su intento de imputar al entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por haberse quedado durante meses con la tarjeta de móvil de su exasesora Dina Bousselham, soporte que resultó dañado hasta el punto de que ella no pudo recuperar su contenido. Los magistrados del alto tribunal devolvieron la causa marcando el camino a seguir en la investigación, pero de todo lo ordenado, el instructor prefirió empezar por lo que consideraba que podría obtener alguna prueba que confirmara sus sospechas: encargar más periciales para averiguar si el exlíder de Podemos fue el responsable directo del deterioro de la mini SD. Casi doce meses después, no ha habido ningún avance y García Castellón no quiere encargar otras pesquisas hasta tener los resultados del informe policial.
La investigación sobre el robo y posterior publicación en medios como Okdiario del contenido de la tarjeta del teléfono de Bousselham es la pieza 10 del caso Villarejo. Tras una instrucción llena de sobresaltos en la que Iglesias pasó de ser considerado por el juez perjudicado primero, luego sospechoso y más tarde perjudicado otra vez –por mandato de la Sala de lo Penal–, el magistrado cerró la causa en octubre de 2020 procesando a tres imputados (Villarejo y dos periodistas de Interviú) y solicitando al Supremo que abriera causa penal al entonces vicepresidente segundo por tres delitos: daños informáticos, descubrimiento y revelación de secretos y denuncia falsa.
Tres meses después, a finales de enero de 2021, el Supremo contestó, pero no en la línea de lo que buscaba García Castellón: no sólo descartó imputar a Iglesias, sino que le marcó los pasos a seguir para concluir una instrucción que consideraba no agotada y le reprochó haber abandonado otras líneas de investigación sobre cómo acabaron las fotos, vídeos y conversaciones del móvil de Bousselham en medios de comunicación. Lo que dice el alto tribunal es mandato para el juez, pero éste prefirió empezar por aquellas diligencias con las que poder demostrar el único delito para el que le ha quedado margen para investigar.
Es el ilícito de daños informáticos previsto en el artículo 264 del Código Penal, para el que se prevén condenas de entre seis meses y tres años de cárcel en su modalidad más baja. Los otros delitos que le atribuía el magistrado de la Audiencia Nacional no tienen recorrido a la luz de lo dictaminado por el Supremo: descarta una imputación de denuncia falsa porque no existe sentencia o auto de sobreseimiento de una causa en la que se haya podido producir un testimonio fraudulento y para probar el delito de descubrimiento y revelación de secretos hace falta la denuncia de la víctima, en este caso su exasesora, cosa que no es previsible que ocurra. De hecho, Bousselham ha pedido declarar una vez más desde hace año y medio, pero García Castellón no ha movido ficha de momento.
El informe definitivo
Así pues, poco después de que el Supremo tomara su decisión y devolviera la causa al instructor, éste encargó un nuevo informe sobre los daños en la tarjeta SD, pues el alto tribunal sí consideraba necesaria una ampliación de la pericial informática realizada para precisar las causas que impiden acceder a la información del soporte, cuál fue el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta contenía, y si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos y fecha del último acceso.
El juez encargó pronto el análisis de la tarjeta a la policía judicial, pero no ha sido hasta hace unas semanas cuando comenzaron a trabajar en el informe, ya que habían tenido que postergarlo porque le faltaban una serie de claves que debía aportar la empresa telefónica, en este caso Samsung. Las conclusiones que arroje ese informe llevarán a García Castellón a tener que tomar por fin una decisión: archivar, si resulta imposible destripar la mini SD, o seguir adelante con la investigación si ve corroboradas sus sospechas de que el soporte se dañó cuando estuvo en poder de Iglesias.
Y es que lo que sospechaba el juez el año pasado cuando envió la exposición razonada al Supremo lo ha seguido sospechando también este año. Para él, "la única explicación posible" a los daños informáticos sufridos por la tarjeta del teléfono móvil de la exasesora, que hacen imposible acceder a su contenido, es que fuera Iglesias quien los provocara. Así lo dijo en un auto del pasado mes de junio, en el que además acusaba al exlíder de Podemos de dañar el soporte con ánimo de hacerlo inservible.
La segunda opción, la de seguir adelante con la investigación, llevaría la causa a los juzgados de instrucción de Madrid, ya que el magistrado de la Audiencia Nacional no sería competente para investigar al exvicepresidente por un delito de daños informáticos. Tampoco el Tribunal Supremo, pues dejó de ser el órgano judicial ante el que estaba aforado Iglesias en el momento en que dejó el Gobierno para presentarse a las elecciones en la Comunidad de Madrid el pasado mes de mayo.
El alto tribunal también encargó al juez otra importante diligencia, en consonancia con lo que ya había pedido la Fiscalía Anticorrupción en dos ocasiones –y a lo que García Castellón había hecho caso omiso–, en el caso del presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, como es tomar declaración a Dina Bousselham. Iglesias vio el contenido de la tarjeta de memoria del móvil de la exasesora cuando fue a recogerlo a la revista Interviú y además se quedó con ella durante unos meses.
Sin una denuncia de Bousselham, no se puede proceder contra el exvicepresidente por este ilícito. La exasesora de Podemos envió escritos a García Castellón a mediados de 2020 exculpando a Iglesias, pero no volvió a declarar en la Audiencia Nacional. En un primer momento, el magistrado lo consideró innecesario y alegó que debía seguir investigando, pero envió la exposición razonada al Supremo sin hacerlo y casi un año después de que le fuera devuelta la causa, tampoco lo ha hecho.
Según informó Europa Press citando fuentes jurídicas, el sustituto de García Castellón en el Juzgado Central de Instrucción número 6, Joaquín Gadea, insistió a mediados del pasado noviembre que no tomará declaración a Bousselham hasta no conocer el informe pericial sobre la tarjeta SD. Así contestaba a la Sala de lo Penal después de que ésta encomendase al instructor que escuchara a la exasesora y además citara a la pareja de ésta y al que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino.
"Transcurridos más de ocho meses desde el dictado de esta resolución, es de suponer que la conclusión de la pericial no se va a demorar por más tiempo, máxime cuando los peritos ya disponen de todo lo que se requiere para culminar la intervención", justificaba el juez.
Este pronunciamiento del magistrado llegó una vez que la Sala de lo Penal puso orden en esta pieza 10 del caso Villarejo, que estaba partida en dos desde que el Supremo devolvió la parte referida a Iglesias a la Audiencia Nacional. Mientras García Castellón sigue empeñado en demostrar los indicios que, a su juicio, pesan contra el exvicepresidente, por otra parte consideraba agotada la instrucción con respecto a los periodistas y el comisario jubilado José Manuel Villarejo por el acceso al contenido de la tarjeta de memoria.
La Sala reordena la causa
Esto último es lo que ha corregido la Sala de lo Penal, que ha revocado el auto de cierre de la instrucción, recurrida por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares de Bousselham e Iglesias –ambos perjudicados en esta causa–, y ordena al juez que cite a la exasesora e indague en cómo acabó el contenido de la tarjeta de memoria publicado en medios de comunicación. Por eso le insta a citar a declarar a Pino, ya que fue Villarejo quien mencionó que cuando obtuvo una copia de la SD de manos del entonces director de Interviú, Alberto Pozas, la llevó a la DAO de la Policía.
La Sala explica que, a lo largo de la investigación, Bousselham ha prestado declaración varias veces sobre las capturas de pantalla de su teléfono publicadas por Okdiario y que, en algunos casos, también habían sido divulgadas por ella. La teoría de García Castellón es que cualquiera podría haberlas hecho llegar a los medios, no sólo Villarejo, si bien los magistrados consideran que hay otra información que fue divulgada que no es la que se ha demostrado que la exasesora pudo hacer circular. La declaración de Bousselham, por tanto, no sólo es pertinente para que diga si perdona a Iglesias por haber visto el contenido de la tarjeta, sino para contribuir al esclarecimiento de la difusión del mismo en los medios.
Un año después de que el magistrado cerrara esta pieza, la investigación, por tanto, se ha vuelto a abrir. Será en 2022 cuando, previsiblemente, tendrá que tomar una decisión sobre Iglesias, mientras que, al mismo tiempo, deberá culminar la instrucción que, tal y como le dijo la Sala de lo Penal, se había quedado a medias sin agotar todas las pesquisas posibles para averiguar cómo acabó el contenido de la tarjeta SD en los medios.
LA AUDIENCIA NACIONAL CONCLUYE QUE DINA Y PABLO IGLESIAS NO PUEDEN COMPARTIR ABOGADA
La decisión de la Sala, que respalda al juez del caso Villarejo, no tendrá efectos prácticos ya que Iglesias cambió de defensa letrada ante un posible conflicto de intereses en la investigación
La Audiencia Nacional ha zanjado la polémica sobre la abogada que compartieron en el caso Villarejo el exlíder de Podemos Pablo Iglesias y la que fuera su asesora Dina Bousselham. La Sala de lo Penal ha sentenciado que no pueden compartir defensa letrada en este procedimiento en el que se indaga la sustracción y posterior difusión en prensa de la tarjeta telefónica de Bousselham. De este modo respalda el criterio del magistrado Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción que atisbaron conflicto de intereses cuando se interpuso el recurso.
Con todo, la decisión de los magistrados de la Sección Tercera no tiene efectos reales en la pieza ya que, aunque en el momento de los hechos a ambos les defendía Marta Flor, ahora la situación es diferente. Por ello los magistrados concluyen que la exasesora de la formación morada puede seguir siendo defendida por la letrada de Podemos dado que Iglesias cambió de abogado. Ahora bien, aprueban el criterio que adoptó el magistrado el año pasado cuando el avance de la investigación apuntó a una posible responsabilidad del político en el destrozo del dispositivo telefónico.
Así lo explican en auto de este 26 de noviembre al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que desestiman el recurso presentado por la defensa de la exdirigente de Podemos y confirman las resoluciones de junio y julio de 2020 del instructor del caso Villarejo. No obstante, entienden que en la actualidad ya no hay “obstáculo” alguno para que Flor siga defendiendo a Bousselham en esta pieza décima de la macrocausa Tándem.
"La decisión estaba justificada"
“En la presente causa en el momento en que se dictaron las resoluciones recurridas, la decisión combatida estaba justifica en defensa de los intereses de las partes, pues mientras Dina Bousselham era perjudicada y víctima, por auto de 25 de mayo de 2020 se había revocado a Pablo Iglesias la condición de perjudicado y ofendido”, reza la Sala, la cual recuerda que cinco meses después de aquello el instructor del caso Villarejo envió una exposición razonada al Tribunal Supremo para que se le investigase ante los indicios que apuntaban a su implicación en los hechos.
Entendía el instructor que de lo actuado se infería la existencia de indicios razonables de la participación de Pablo Iglesias en los hechos delictivos
La Sala de lo Penal se hace eco de algunos fragmentos de la exposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en la que precisaba que la "única explicación posible" a partir de los indicios recabados para entender la inoperatividad de la tarjeta, era que los daños se produjeran mientras ésta estuvo bajo el poder de Iglesias. Cabe recordar que, del avance de la investigación se acreditó que el líder de Podemos recogió la SD de manos de los periodistas de Interviú a principios de 2016 y la retuvo en su poder hasta mediados de 2016, cuando retornó a su dueña. Para entonces, la tarjeta no se podía leer.
Con todo, la causa ha vuelto a dar un gran vuelco en los últimos meses. Para empezar, la Sala de lo Penal acabó dando la razón a Pablo Iglesias y le devolvió su condición de perjudicado al considerar que, con los indicios existentes no se podía acreditar que estuviera detrás del destrozo de la tarjeta. Del mismo modo, el Tribunal Supremo tampoco admitió la exposición razonada, sino que reclamó al magistrado que recabara más pruebas que sustentasen su acusación por los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos.
A la par que el magistrado envió esta parte de la causa al Supremo (por la entonces condición de aforado de Pablo Iglesias) dio por zanjadas las pesquisas seguidas bajo su juzgado y propuso juzgar al comisario jubilado y a los periodistas implicados por revelación de secretos. Cabe destacar que Villarejo se convirtió desde el primer momento en el principal sospechoso de difundir en prensa los pantallazos que contenía el móvil sustraído a Dina en noviembre de 2015. Máxime teniendo en cuenta que este material se encontraba entre toda la documental que la Policía Judicial se incautó en su domicilio tras su detención en noviembre de 2017.
Sin embargo, el comisario jubilado siempre negó este extremo y dijo que llegó a recabar mucha documental de Podemos en el marco de una investigación por posible financiación irregular del partido la cual, curiosamente, se ha reabierto en este mismo juzgado a tenor de las confesiones de Hugo 'el Pollo' Carvajal. Además, dijo también que la persona que filtró dicho material a prensa fue la propia Dina Bousselham por despecho a su exjefe. Una versión que, en cierta medida, vino a corroborar José Manuel Calvente en calidad de testigo.
Pendientes del informe policial
El abogado purgado del partido y enemistado con Marta Flor sostuvo que nadie le robó el teléfono y que la tesis que se mantuvo fue diseñada por el equipo jurídico para aprovecharla en clave electoral. Por su parte, Bousselham e Iglesias han defendido en todo momento que esta fue una acción de la conocida como policía patriótica entendida dentro del marco de unas actuaciones impulsadas para perjudicar a Podemos y atribuirles falsariamente una financiación irregular.
La Sala de lo Penal ha ido resolviendo recursos en los que ha dado una de cal y otra de arena a los implicados en esta pieza décima del caso Tándem. Por un lado, ha dado la razón a la Fiscalía Anticorrupción y a la propia Bousselham al acordar la reapertura de las diligencias para que se le vuelva a tomar declaración. La que fuera asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo insiste en declarar para exonerar a su antiguo jefe de cualquier culpa. Además, también se recabará el testimonio de su pareja, Ricardo Sá Ferreira, y del exdirector Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino.
Sin embargo, por otro lado, ha respaldado la decisión del magistrado instructor de impulsar un informe policial para esclarecer los motivos por los que la SD dejó de estar operativa y no se pudo recuperar. A esta diligencia se opuso Bousselham al considerar que no era necesaria la implicación de la Policía Científica y que la empresa a la que se envió el dispositivo (Recuperación Express) ya había dejado claro que se rompió por un exceso de lijado. No obstante, el instructor quiere contar con las conclusiones policiales antes de volver a citarle como testigo y reactivar de este modo las pesquisas.
https://www.vozpopuli.com/espana/audiencia-dina-iglesias-abogada.html
LA AUDIENCIA NACIONAL VUELVE A CORREGIR A GARCÍA CASTELLÓN Y LE OBLIGA A TOMAR DECLARACIÓN A DINA BOUSSELHAM
La Sala de lo Penal estima en su totalidad el recurso de Anticorrupción en contra del cierre de la instrucción decretado por García Castellón y advierte al juez de que hay información del móvil de Bousselham que fue difundida sin que ella pudiera ser el origen de la filtración
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado íntegramente el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra el auto del juez del caso Dina, Manuel García Castellón, contra el cierre de la instrucción decretado por éste. Los jueces de la Sección Tercera obligan al magistrado a tomar declaración a Dina Bousselham, la víctima del robo de su móvil cuya información sobre Podemos apareció en poder del comisario Villarejo y publicada en varios medios de comunicación. García Castellón también deberá interrogar al que fuera director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y a la expareja de Bousselham.
Los jueces de la Sala de lo Penal ya obligaron a García Castellón a devolver la condición de perjudicado a Pablo Iglesias por la difusión de la información contenida en el teléfono de Bousselham. Pese a ello, García Castellón insistió en la línea de investigación que apuntaba al entonces líder de Podemos, y no la que señalaba a Villarejo, y propuso al Tribunal Supremo imputar al político. El Alto Tribunal rechazó hace diez meses la pretensión de García Castellón y le indicó que debía preguntar a Bousselham si se sentía perjudicada por la actuación de Iglesias. El juez instructor García Castellón sigue sin llamar a la ex colaboradora de Iglesias.
La Sección Tercera de la Sala Penal ha resuelto en cinco autos los recursos presentados por la Fiscalía Anticorrupción, Pablo Iglesias, Dina Bouselham, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y los periodistas de Interviú Alberto Pozas y Luis Rendueles contra el auto del instructor Manuel García Castellón en el que propuso juzgar a los tres últimos y envió una exposición razonada al Tribunal Supremo en relación con la actuación de varios aforados, entre ellos el exlíder de Podemos.
En el auto en el que estima íntegramente el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, la Sala entiende que las diligencias pedidas por el Ministerio Público son "procedentes a los fines de la instrucción". Los jueces de la Sala explican que a lo largo de la investigación, la perjudicada Dina Bouselham ha prestado declaración varias veces sobre las capturas de pantalla de su teléfono publicadas por Okdiario que, en algunos casos, también habían sido divulgadas por ella. La tesis del juez es que cualquier podría haber hecho llegar a los medios esa inforrmación, no solo Villarejo. Sin embargo, la Sala asegura que hay otra información que fue divulgada que no es la que se ha demostrado que Bousselham pudo difundir y que su declaración puede contribuir al esclarecimiento.
En relación con la declaración de su pareja, Ricardo Sa Ferreira, la Audiencia entiende que su declaración podrá servir para explicar algunas lagunas en la información que en su día suministró sobre la sustracción del teléfono y recuperación de la tarjeta.
Igualmente, la Sala considera preciso el Tribunal que sea escuchado en calidad de testigo Eugenio Pino con las garantías interesadas por la Fiscalía (al estar investigado en otra pieza) para aclarar la consistencia de las declaraciones realizadas por los investigados Alberto Pozas y Luis Rendueles acerca de que la información que suministraron a Villarejo fue en la creencia de que era en el marco de una investigación policial, habiendo declarado este que compartió dicha información en el seno de su actividad policial en servicios de información.
En relación con los recursos de Pablo Iglesias y Dina Bouselham, la Sala lo estima igualmente en el sentido de tomar declaración a Eugenio Pino, si bien desestima otras testificales solicitadas por ambos. Los magistrados de la Audiencia descartan igualmente pronunciarse sobre la exposición razonada enviada por el Juzgado Central de Instrucción Seis al Tribunal Supremo al no ser de su competencia.
En otro de los autos la Sala rechaza el recurso conjunto de los periodistas de la extinta revista Interviú contra el auto del instructor que consideraba que debían ser juzgados por delito de revelación de secretos. El Tribunal entiende que, en contra de lo argumentado por ambos, el auto del juez describe los hechos ocurridos con la tarjeta de memoria de Bouselham y la entrega de su contenido a un tercero, actuación tipificada como delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Por último, la Audiencia desestima el recurso de Villarejo en el que pedía la reapertura del procedimiento para incorporar los chats aportados por José Manuel Calvente incluidos en una causa tramitada en juzgado de Madrid. "La incorporación al procedimiento de los chats servirá en su caso para valorar la credibilidad o verosimilitud de lo declarado por el testigo que es propia de la fase de juicio oral y podrá interesarse como prueba a practicar en el mismo", concluyen los jueces.
LA AUDIENCIA NACIONAL FRENA LOS IMPULSOS DE GARCÍA CASTELLÓN CONTRA PODEMOS
La Sala de lo Penal ordena al juez que llame de una vez a Dina Bousselham, como le ordenó el Tribunal Supremo hace nueve meses. Cuando la ex colaboradora de Pablo Iglesias declare que no acusa a su antiguo jefe, el juez se quedará sin su caso contra el antiguo líder de Podemos. La Sala de lo Penal también ha frenado esta semana el intento de García Castellón de reabrir otra causa a Podemos con origen en la brigada política de Fernández Díaz
El giro en el caso Dina que impulsó el juez Manuel García Castellón al regreso del confinamiento, orillando al comisario Villarejo y dirigiendo la investigación hacia el entonces vicepresidente Pablo Iglesias, acaba de sufrir un nuevo revés procedente de una instancia superior al magistrado. De nuevo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como ya hiciera hace nueve meses sin éxito el Tribunal Supremo, conmina al instructor a tomar declaración a Dina Bousselham, la ex colaboradora de Iglesias que lleva más de un año queriendo explicar en sede judicial que no se siente perjudicada por la actuación de su antiguo jefe. Los delitos que el juez detecta en Iglesias requieren de un perjudicado. Y sin perjudicado, no hay caso contra el antiguo líder de Podemos.
El auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, encargada de revisar las decisiones de García Castellón en el caso Villarejo, ha asumido este viernes en su integridad las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción, revocando al fin la instrucción que el juez decretó hace un año. Un cierre de la instrucción que no es en términos absolutos porque la investigación puede seguir viva. Y así ha sido, pero siempre en dirección a Pablo Iglesias, pese a que el Tribunal Supremo decretó en enero que no hay indicios para imputar al político, tal y como le había solicitado García Castellón.
En este sentido, hace apenas un mes, el juez requirió a Samsung información que permita determinar si la tarjeta del móvil de Bousselham fue dañada en el proceso de extracción de datos, durante una reparación, o a propósito por quien la retuvo durante meses, esto es, Pablo Iglesias. Una nueva diligencia que se revelaría inútil si antes hubiera llamado a declarar a Bousselham.
Está por ver si esta vez la instancia superior a García Castellón consigue que el magistrado acate sus órdenes, que devolverían a 'Dina' la naturaleza de una pieza más de la causa contra el comisario Villarejo y no el ‘caso Pablo Iglesias’ que impulsó el juez. En este sentido, los magistrados de la Sección Tercera obligan igualmente a García Castellón a que llame a declarar como testigo al que era director adjunto operativo de la Policía en el momento de los hechos, y por tanto, jefe directo de Villarejo.
Los magistrados exponen que queda por aclarar la afirmación de los dos periodistas imputados según la cual la entrega de la tarjeta a Villarejo, que habría llegado previamente de forma anónima a Interviú, fue a requerimiento del comisario, quien alegó una investigación policial en marcha.
Pino, que podrá declarar acompañado de su abogado al estar imputado en la pieza Kitchen, tendrá oportunidad de corroborar si había ordenado a Villarejo conseguir esa información o no. Cabe recordar que nunca existió una causa judicial a la que se incorporara el material robado a Bousselham sino que, como ocurrió con otras tantas maniobras policiales contra el soberanismo catalán o el propio Podemos, la información de Villarejo y otros miembros de la brigada política fue utilizada para su publicación en medios que ésta consideraba afines a sus intereses.
Antes de que García Castellón diese un giro a su instrucción de 180 grados, el propio magistrado había detectado una posible actuación del Ministerio del Interior del PP en el robo del móvil de la colaboradora de Iglesias y en la publicación de la información que contenía sobre Podemos en Okdiario, El Confidencial y El Mundo, según trasladaron en un atestado los agentes de la Unidad de Asuntos Internos. El propio García Castellón expuso sus sospechas de la ‘guerra sucia’ contra Podemos a Pablo Iglesias cuando éste declaró ante él.
A partir del giro en plena pandemia, las diligencias del juez, de espaldas a la Fiscalía, y superponiéndose a otras pendientes de piezas como Kitchen o el BBVA, iban dirigidas a obtener indicios de un delito de daños informáticos, de revelación de secretos y de acusación y denuncia falsa contra Iglesias. Anticorrupción, en su recurso de octubre de 2020, volvía a recordar al juez que copias de la tarjeta de Dina Bousselham fueron halladas en el registro de la casa de Villarejo y que lo más plausible es que, de forma directa, o a través de intermediarios, hubiera sido el comisario quien hubiera hecho llegar esa información a los medios de comunicación.
García Castellón decidió ignorar la línea de investigación que conducía a Villarejo basándose en los cambios de versión de la propia Bousselham, quien llegó a reconocer que había pantallazos de los que se habían publicado que ella había reenviado a terceras personas. Ahora, la Sala de lo Penal, de acuerdo con el escrito de la Fiscalía, recuerda al juez que también se publicó información del móvil de la colaboradora de Iglesias que ella no reenvió a nadie, y por eso le pide que ahonde en esa circunstancia sin aclarar.
El Tribunal Supremo llegó a acusar al juez, en el auto en el que rechazaba imputar a Iglesias, de "abandonar diversas líneas de investigación, para abogar como realidad acaecida una concreta alternativa sin mayor plausibilidad”. Llovía sobre mojado: la decisión de García Castellón de llevar a Iglesias al Supremo se producía después de que la Sala de lo Penal le obligara a devolver la condición de perjudicado a Pablo Iglesias.
Vuelve la brigada política
El auto de reconducción para García Castellón llega 24 horas después de que la Sala de lo Penal frenara otro impulso del juez contra Podemos. En este confluyen varios elementos que retrotraen a la primera legislatura de Mariano Rajoy, cuatro años de actividad frenética de un grupo de mandos policiales contra el soberanismo catalán, primero, y contra Podemos después. En la ecuación aparece Venezuela, la supuesta financiación irregular del partido, la brigada política y un dosier con el que aquel entramado policial, cuya primera línea está hoy procesada en el caso Kitchen, quiso tumbar al partido liderado entonces por Pablo Iglesias, y al que denominaron informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima).
El detonante fue la detención el pasado 10 de septiembre en Madrid de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, antiguo jefe de la Inteligencia militar de Chávez y huido de la justicia en España desde noviembre de 2019, cuando iba a ser extraditado a Estados Unidos. Carvajal, reclamado por narcotráfico a gran escala, declaró ante García Castellón que tenía información sobre la financiación irregular de Podemos procedente de Venezuela.
García Castellón buscó en su juzgado y encontró una causa de 2016, sobreseída provisionalmente, donde poder adjuntar las acusaciones del ‘Pollo’ Carvajal. Se trata de una denuncia presentada ante un juzgado de Zaragoza por una desconocida hasta entonces Unión Cívica que se limitaba a reproducir informaciones sobre el informe PISA y que acabó en la Audiencia Nacional.
El juzgado de García Castellón, cuando éste aún estaba de juez de enlace de Italia, archivó de plano la denuncia con un duro informe de la Fiscalía sobre el dossier parapolicial. Argumentaba, entre otras cosas, que su contenido ya había sido despreciado por el Tribunal Supremo, después de que Manos Limpias lo incorporara a una querella contra Iglesias e Íñigo Errejón.
En el marco de esa reapertura, García Castellón citó a declarar de nuevo al Pollo Carvajal el 27 de octubre, pero la Sala de lo Penal ha resuelto que el militar ha tenido dos años para colaborar con la justicia española, que en ningún momento lo ha hecho y que su denuncia contra Podemos no puede pretender otra cosa que retrasar su entrega a Estados Unidos. La entrega estaba prevista para este sábado y si se ha retrasado es por un error de forma en un auto de la propia Sala de lo Penal que ésta reconoce a instancias de la defensa del militar venezolano.
https://www.eldiario.es/politica/audiencia-nacional-frena-impulsos-garcia-castellon_1_8423001.html
LA AUDIENCIA NACIONAL CORRIGE AL JUEZ DEL ‘CASO DINA’ Y LE ORDENA INTERROGAR A LA EXASESORA DE IGLESIAS
La Sala de lo Penal revoca el auto en el que propuso juzgar a Villarejo y a dos periodistas por el robo y la difusión de información del móvil de la asistente
La Audiencia Nacional ha revocado el fin de la instrucción del denominado caso Dina, sobre las circunstancias en las que giró el presunto robo de la tarjeta de memoria a la exasesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham, y ha ordenado al juez que la interrogue junto al ex número dos de la Policía Eugenio Pino.
La sección tercera de lo Penal corrige así al juez instructor del caso, Manuel García Castellón, y revoca el auto en el que propuso juzgar por estos hechos al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a dos periodistas de la extinta revista Interviú.
De este modo y de acuerdo a lo que también dijo el Supremo al respecto, el magistrado deberá citar como testigos a Bousselham, a su pareja, y también al ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, como solicitó la Fiscalía Anticorrupción.
En uno de los autos dictados, los magistrados descartan pronunciarse sobre la exposición razonada que envió el juez al Tribunal Supremo para que investigase al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por estos hechos, petición que el alto tribunal rechazó.
EL JUEZ DEL CASO VILLAREJO SE DA MÁS TIEMPO PARA INVESTIGAR PIEZAS COMO LA DE DINA, IBERDROLA, REPSOL O BBVA
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido prorrogar seis meses cerca de una decena de piezas separadas de la macrocausa 'Tándem', donde investiga los negocios oscuros del comisario José Manuel Villarejo, entre ellas las relativas a la ex asesora de Podemos Dina Bousselham, Repsol y Caixabank, Iberdrola y BBVA, según fuentes jurídicas.
Las prórrogas, acordadas para las piezas 4, 9, 10, 13, 17, 20, 21, 27 y 28, obedecen a que estas investigaciones judiciales se acercaban al plazo máximo fijado por el nuevo artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), debido al cambio legal que tuvo lugar el año pasado, por lo que el magistrado debía decidir si ponía fin a la instrucción o la ampliaba.
Entre las que sí han sido ampliadas destaca 'Dina', donde trata de esclarecer el recorrido que experimentó la tarjeta telefónica de la otrora asesora de Pablo Iglesias desde que le robaron el móvil en 2015 en un centro comercial hasta que parte de la información que contenía vio la luz pública, es decir, por qué manos pasó, a qué manipulaciones la sometieron y cuáles fueron las consecuencias.
Conforme al relato de García-Castellón, basado en las pesquisas efectuadas hasta el momento, la tarjeta estaba en buen estado cuando el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, se puso en contacto con el entonces líder de Podemos para entregársela --después de que cayera en las manos del medio de comunicación-- con el propósito de que volviera a su legítima propietaria.
Para el juez, según reflejó en un reciente auto, "la única explicación posible, (...) para entender la inoperatividad de la tarjeta, es que los daños se causaran mientras estaba en poder del señor Iglesias". Y con ese convencimiento el pasado mes de octubre solicitó al Tribunal Supremo que le investigara por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.
El Supremo rechazó imputar a Iglesias indicando a García-Castellón que siguiera investigando. En estos momentos, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional está a la espera de recibir un informe policial que encargó en febrero para saber si es técnicamente posible acceder al contenido de la tarjeta telefónica.
EL JUEZ DEL CASO ‘TÁNDEM’ RECLAMA LAS CLAVES A LA EMPRESA TELEFÓNICA PARA INTENTAR ACCEDER AL CONTENIDO DE LA TARJETA DE DINA
García-Castellón intenta averiguar cómo se dañó la tarjeta sd de la exasesora de Iglesias
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado requerir a Samsung las claves para poder acceder al contenido de la tarjeta SD del teléfono móvil de Dina Bousselham, exasesora del exlíder de Podemos Pablo Iglesias, en el marco de la investigación que lleva a cabo para determinar cómo acabó publicada la información que albergaba.
El titular del juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha accedido así a la petición que le había formulado la Policía Científica para que informe si es técnicamente posible acceder al contenido de la tarjeta telefónica, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
En un reciente auto, donde rechazó el recurso de reforma presentado por Bousselham contra este análisis pericial, dando curso al subsidiario de apelación, García-Castellón defendió que esta diligencia «resulta pertinente para el esclarecimiento de los hechos», así como «útil y necesaria, esto es, con virtualidad probatoria relevante».
El juez trata de esclarecer el recorrido que experimentó la mini SD desde que la asesora política sufrió el robo de su teléfono móvil en 2015 en un centro comercial hasta que parte de la información que contenía vio la luz pública, es decir, por qué manos pasó, a qué manipulaciones la sometieron y cuáles fueron las consecuencias.
Conforme al relato que hizo García-Castellón en dicho auto, basado en las pesquisas efectuadas hasta el momento, la tarjeta estaba en buen estado cuando el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, se puso en contacto con Iglesias para entregársela –después de que cayera en las manos del medio de comunicación– con el propósito de que volviera a su legítima propietaria.
De las declaraciones en sede judicial, explicó el instructor, se desprende que el entonces líder ‘morado’ pudo consultar la mini SD en un ordenador en la sede del Grupo Z y después la tuvo unos meses, sin que conste que en ese lapso temporal la compartiera con nadie más, hasta que finalmente se la devolvió a Bousselham, que ya no pudo acceder al contenido de la misma porque estaba dañada.
Los periodistas implicados en estos hechos ya están procesados, aunque a la espera de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resuelva el recurso de apelación que presentaron contra el auto que ponía fin a la instrucción.
Para García-Castellón, «la única explicación posible, a partir de los indicios recabados, para entender la inoperatividad de la tarjeta, es que los daños se causaran mientras estaba en poder del señor Iglesias».
Con este convencimiento, el pasado mes de octubre propuso al Tribunal Supremo que investigara al antiguo jefe de Podemos por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.
Sin embargo, el alto tribunal le ordenó continuar indagando indicando expresamente una serie de diligencias, incluido el análisis pericial de la micro tarjeta, a lo que ahora espera el juez para decidir los siguientes pasos.
El dispositivo ya ha sido escudriñado por una empresa especializada que contrató la propia Bousselham para recuperar la información, pero esta compañía informática, asentada en Reino Unido, concluyó que no era posible por los métodos habituales y que debían acudir a otros más sofisticados y caros que Dina descartó.
La Policía Científica, en otro informe de hace casi un año, atribuyó parte de los daños en la mini SD a una técnica empleada por los laboratorios especializados en recuperación de información que habría causado un exceso de lijado en una de las pistas de la tarjeta.
El llamado caso ‘Dina’ es una pieza separada (la número diez) de la macrocausa ‘Tándem’, donde el juez intenta dilucidar la trascendencia penal de los muchos y variados negocios del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
EL JUEZ RECHAZA IMPUTAR A PABLO IGLESIAS EN EL CASO 'DINA', RELACIONADO CON EL ROBO DEL MÓVIL DE SU ASESORA
El magistrado García-Castellón no accede a la petición de la asociación de abogados Pro-Lege de imputar al exlíder de Podemos, hasta conocer el informe pericial sobre la tarjeta del móvil sustraído a Dina Bousselham, exasesora de Podemos. Otro juzgado archiva la investigación sobre el supuesto cobro de costas procesales por parte de Iglesias.
El Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional ha rechazado imputar a Pablo Iglesias por el llamado caso 'Dina', relativo al robo del móvil de la exasesora de Podemos, Dina Bousselham, que acabó en manos del comisario Villarejo. Argumenta el juez García-Castellón que sería "precipitado" dado que no ha aflorado ningún indicio nuevo, asumiendo, de momento, la tesis del Tribunal Supremo sobre la inexistencia de indicios para imputar al ex vicepresidente del Gobierno.
Aunque el magistrado ha recordado que está a la espera de conocer el informe policial sobre la tarjeta del teléfono móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham.
"En el presente caso quien suscribe esta resolución entiende que la diligencia interesada no resulta procesalmente pertinente en este momento, toda vez que este instructor está pendiente de recibir el resultado del informe interesado en resolución de 1 de marzo de 2021, conforme a lo ordenado por el Tribunal Supremo en el auto de 27 de enero de 2021, cuando se acordó recabar un informe pericial informático sobre la tarjeta de memoria facilitada en su día por Dina Bousselham", consta en el auto.
El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, participa en un acto de campaña celebrado este domingo 25 de abril de 2021 en Collado Villalba.
La Fiscalía Anticorrupción vuelve a oponerse a la imputación de Iglesias en el caso 'Dina'
García-Castellón rechaza así la petición de la acusación popular de Pro Lege, que solicitó imputar a Iglesias después de que éste renunciara a la vicepresidencia segunda del Gobierno y a su acta de diputado, perdiendo con ello su aforamiento ante el Tribunal Supremo, lo que abrió la puerta a que pueda ser investigado en la Audiencia Nacional. Por su parte, la Fiscalía rechazó la imputación de Iglesias.
García-Castellón trasladó al Tribunal Supremo, en octubre de 2020, la causa para que investigara a Iglesias, como aforado entonces, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa --o simulación del delito--.
Pero el Supremo archivó la causa contra Pablo Iglesias y devolvió la investigación a la Audiencia Nacional para que llevara a cabo varias diligencias ampliatorias, entre ellas la declaración de Bousselham, interesando que se la escuchara para saber si se considera perjudicada por Pablo Iglesias, pues de no ser así, no tendría sentido la acusación de descubrimiento y revelación de secretos. Sin embargo, García-Castellón se centró en el supuesto delito de daños informático, volviendo a enviar la tarjeta SD a la policía científica. Ahora se espera ese informe, que determinará el futuro de la causa 'Dina', enmarcada, como pieza 10 de la macrocausa 'Tándem' o 'Villarejo'.
Otro archivo para Pablo Iglesias
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción 45 de Madrid ha decidido archivar la investigación sobre el supuesto cobro por parte de Pablo Iglesias de las costas procesales en un caso donde era el partido quien pagaba a abogados y procuradores, al considerar que no hay indicios delictivos.
La exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, denunció que Iglesias se habría embolsado los 7.730 euros de la condena en costas dictada por el Juzgado de Primera Instancia 7 de Pamplona por una demanda de Unión del Pueblo Navarro sobre derecho al honor, cuando fue el partido quien pagó los honorarios de la abogada y la procuradora. El asunto pasó a engrosar, en un principio, la investigación que el juez Escalonilla, del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, tiene abierta por la contratación de Podemos de la consultora Neurona, pero luego lo disgregó, recayendo en el Juzgado de Instrucción 45, que ahora lo archiva.
EL JUEZ DEL 'CASO DINA', A LA ESPERA DE UN INFORME PARA IMPUTAR A IGLESIAS TRAS PERDER LA INMUNIDAD
García-Castellón autoriza a la Policía Científica a aplicar un método novedoso para acceder a la tarjeta de Bousselham, con riesgo de inutilizarla.
Pablo Iglesias ha quedado en manos del juez García-Castellón y de la Policía Científica. El abandono del cargo público que ostentaba (como vicepresidente del Gobierno) y del que habría podido ocupar (como diputado autonómico en la Asamblea de Madrid) conlleva la desaparición del escudo protector del aforamiento y el fundador de Podemos se encuentra ahora bajo la jurisdicción del magistrado que vio indicios suficientes para imputarle por descubrimiento de secretos, daños informáticos, denuncia falsa o simulación de delito en el llamado caso Dina.
EL RAPAPOLVO DEL SUPREMO DEJA AL JUEZ DEL 'CASO DINA' SIN APENAS MARGEN PARA ACTUAR CONTRA IGLESIAS
El magistrado de la Audiencia Nacional volverá a citar a Dina Bousselham para que aclare si perdona al vicepresidente segundo del Gobierno por haber visto el contenido de su móvil El alto tribunal le reprocha que haya abandonado otras líneas de investigación sobre cómo acabaron las fotos, vídeos y conversaciones del móvil en medios de comunicación No ve recorrido a la imputación de denuncia falsa porque no existe sentencia o auto de sobreseimiento de una causa en la que se haya podido producir un testimonio fraudulento.
Poco margen de maniobra le queda al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tras el duro auto del Tribunal Supremo en el que rechaza imputar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por tres delitos en relación con la pieza 10 del caso Villarejo, más conocida como Dina. La imposibilidad de perseguir ciertos delitos sin determinados requisitos previos, lo que se constatará previsiblemente en cuanto la causa vuelva al instructor, juega en contra de lo que defiende el magistrado y hace bastante difícil que vuelva a elevar una exposición razonada al alto tribunal solicitando abrir causa contra el líder de Podemos.
Esa imposibilidad de perseguir ciertos delitos está tasada en el Código Penal y, en este caso, afecta a los indicios que el juez apreciaba en lo que respecta a una posible revelación y descubrimiento de secretos y a una presunta denuncia falsa. En el primer caso, ha de constar denuncia de la persona afectada, lo que en este caso no ha ocurrido y parece que no va a ocurrir, mientras que, en el segundo, debe producirse una sentencia o un auto de sobreseimiento firme de los hechos falsamente denunciados, lo que tampoco se ha producido.
Lo que han hecho los magistrados de la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo este miércoles casi cuatro meses después de que García Castellón elevara su exposición razonada, es, en consonancia con la opinión de la Fiscalía, determinar que en la supuesta revelación de secretos dejó sin efectuar una diligencia que consideran primordial para saber si se puede seguir adelante con la investigación: tomar declaración a Dina Bousselham, exasesora de Podemos que denunció el robo de su teléfono móvil y a quien Iglesias devolvió la tarjeta del mismo una vez visto el contenido y habiéndose quedado con el soporte durante unos meses.
Sin una denuncia de Bousselham, no se puede proceder contra el vicepresidente por este delito. Recuerda el auto del Supremo que la Fiscalía Anticorrupción "solicitó al menos por dos veces, en mayo y septiembre de 2020, nueva declaración de Dina Bousselham para concretar, entre otros, el relativo a la denuncia, diligencia no admitida por el instructor en la primera ocasión porque la consideraba prematura". En la exposición razonada, García Castellón alegaba también que "ello afecta al aforado" y que deberá ser, en su caso, la Sala del alto tribunal la que "las acuerde y ante quien se practiquen" este tipo de diligencias.
Esa Sala del Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, entiende que "pese a las reticencias" del juez a tomar de nuevo declaración a Bousselham, es "inexcusable" que la exasesora del partido morado "sea oída acerca de si efectivamente denuncia" el hecho de que Iglesias viese el contenido de la tarjeta de su móvil cuando le llamaron de la revista Interviú el 20 de enero de 2016 para comunicarle que les había llegado el soporte. El líder de Podemos acudió a la sede de la publicación y pudo ver el contenido, después de que lo hubieran hecho el director del Grupo Zeta Antonio Asensio y los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles. Una vez se llevó la tarjeta, el vicepresidente la guardó durante meses antes de devolvérsela a su dueña.
Sin la "asertividad requerida"
Para el tribunal, el cumplimiento del requisito de escuchar a Bousselham sobre este aspecto para saber si perdona a Iglesias "en modo alguno ha sido determinado con la precisión o claridad exigida" por García Castellón "para hacer efectiva su declinación competencial" y enviar la causa al Supremo. Creen los magistrados que, de las comparecencias que ha prestado la exasesora de Podemos en el juzgado "abundan razones para afirmarlo y también para negarlo", pero "en ningún caso" sus afirmaciones tuvieron la "asertividad requerida”. De ahí que consideren que el instructor no efectuó esta diligencia fundamental para la investigación.
El Supremo opina que el instructor debería preguntar a Bousselham "si no mediaba tal autorización" para que Iglesias accediera al contenido de su móvil, "si manifiesta ahora que consiente tolera y acepta que aquel hubiera entrado en conocimiento de todos los documentos, fotografías, incluidas las íntimas y personales, archivos y comunicaciones contenidos en la tarjeta de su titularidad, pues de haber conocido que iba a hacerlo le hubiera otorgado su expreso consentimiento". Según fuentes jurídicas consultadas por infoLibre, García Castellón citará a Bousselham en los próximos días.
El requisito de procedibilidad en el delito de descubrimiento y revelación de secretos también sería necesario en el caso de la posible denuncia falsa. Así lo ponen de manifiesto los magistrados del alto tribunal en su auto de este miércoles, tal y como consta en el artículo 456.2 del Código Penal. "En la exposición razonada no aparece, lo que en cualquier caso impide la apertura del proceso penal por razón de este delito", concluyen, por lo que también rechazan imputar a la vicepresidenta tercera del Congreso y exjefa de los servicios jurídicos de Podemos, Gloria Elizo, para quien García Castellón también pedía abrir causa.
¿Cómo acabó en Okdiario?
La resolución recuerda que el juez instructor parte de que Dina Bousselham mintió al ser consciente de que las capturas de pantalla publicadas por Okdiario en julio de 2016 eran las que ella había enviado a otras personas antes de que le robaran el teléfono y que Pablo Iglesias lo sabía. Pero aquí la Sala es tajante: García Castellón abandonó "diversas líneas de investigación" dando por hecho, "sin indicios concluyentes", que el contenido había llegado al periódico digital por esa vía y no por otras. De hecho, el magistrado de la Audiencia Nacional ya ha cerrado la pieza 10 del caso Villarejo, procesando al comisario jubilado y a los periodistas Pozas y Rendueles, sin determinar cómo acabó el contenido de la tarjeta en el medio que dirige Eduardo Inda. Cabe recordar que la pieza 10 se abrió cuando se encontraron en el domicilio de Villarejo carpetas con el contenido del teléfono.
Diferente a los dos delitos explicados es el de posibles daños informáticos, en relación con el hecho de que la tarjeta del móvil de Bousselham estaba inservible cuando Iglesias se la devolvió en el verano de 2016, después de la publicación de parte de su contenido. El Supremo no entra a examinar la solidez o consistencia de los indicios planteados por García Castellón, si bien considera necesario también que la exasesora sea escuchada en sede judicial una vez más, ya que durante la instrucción en la Audiencia Nacional de la pieza 10 ha hecho diferentes matizaciones al respecto.
En 2019, cuando se abrió la causa, declaró que nunca había podido acceder al contenido de la tarjeta que el líder del partido morado le había entregado, que insistió varias veces pero que el soporte no funcionaba. Pero en mayo de 2020, después de que el juez retirara a Iglesias la condición de perjudicado en este procedimiento, la exasesora cambió su versión y en un escrito aseguró que la primera vez que lo intentó sí pudo acceder y así comprobar que se trataba de su tarjeta, pero que la siguiente ocasión en que lo intentó ya no funcionaba.
Los informes sobre los daños en la tarjeta
Además de esta diligencia, el Supremo considera necesaria una ampliación de la pericial informática realizada sobre los daños en la tarjeta para precisar las causas que impiden acceder a la información de la tarjeta, cuál fue el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta contenía, y si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos y fecha del último acceso.
La Policía Científica ya entregó en agosto de 2020 un informe en el que subrayaba que los daños hallados en la tarjeta habrían sido resultado del "lijado de la cubierta protectora", lo cual "sería compatible con un intento de recuperación del contenido de la memoria", una técnica que coincide con la "empleada por los laboratorios especializados". Por culpa de esos daños, decía, “no se puede determinar” si la tarjeta tenía “daños previos”, “qué partes están afectadas por los mismos ni el momento en que se produjeron”.
Al recuperar el soporte, Bousselham envió la tarjeta a una empresa, Recuperación Exprés, para tratar de extraer el contenido de la tarjeta, pero no se pudo hacer nada. Así lo constataron los propios técnicos de la sede de la compañía en Gales (Reino Unido) en un informe remitido a la Audiencia Nacional en el que explicaban que el soporte estaba "físicamente intacto" cuando les llegó, que no presentaba "cortocircuitos" y que no pudieron acceder a su contenido utilizando el software especializado de recuperación de datos que utilizan en casos como este. También dijeron que durante su manipulación para el análisis del soporte, retiraron el revestimiento de plástico que cubre la tarjeta, aunque recalcaron que "es posible que eliminaran mucho más del recubrimiento".
GARZÓN ACUSA EL JUEZ GARCÍA CASTELLÓN DE ACTUAR CON "SESGO IDEOLÓGICO" Y CRITICA SU "OBCECACIÓN" CON IGLESIAS
El ministro de Consumo asegura que "hay muchos jueces conservadores" en contra de este proceso
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha acusado este miércoles al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de actuar con "sesgo ideológico" contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y ha criticado la "obcecación" del magistrado "contra una persona" cuando "otros tribunales" y "el clamor de los expertos" decían "que no había base" para seguir juzgando.
"Ha sido uno de los casos más evidentes en los que había una instrumentalización dirigida contra Podemos e Iglesias", ha afirmado Garzón en una entrevista en 'La Noche en 24 Horas' de TVE, recogida por Europa Press, en la que ha argumentado que "era evidente que no había un sustento suficiente" para la imputación, algo que, según ha dicho, ya defendía "cualquier experto en la materia". "No ha podido pasar porque era evidente que no podía pasar", ha zanjado.
El ministro ha señalado que se ha puesto "de relieve" que hay "determinadas personas en la justicia" que "fuerzan en excesos sus interpretaciones probablemente empujados por su sesgo ideológico", como es el caso, a su juicio, del juez García Castellón.
Según Garzón, el juez "mantenía su posición" frente a lo que decían otros tribunales y fiscalía y ha señalado que esto "no se puede entender de forma aislada" pues la investigación a Iglesias ha servido como "altavoz" en los medios de comunicación.
"Una persona que actuó contra el propio criterio de otros jueces, fiscalía (...) ¿Por qué? ¿Tenía una interpretación especialmente brillante? Parece que no", ha cuestionado el líder de IU, que ha resaltado que esto puede llevar a la conclusión de que García Castellón ha actuado con "sesgo ideológico", algo que "no es deseable que exista en el ámbito judicial donde se pretende la imparcialidad". "Hay que poner de relieve que algo no está funcionando", ha insistido.
Así, ha defendido que hay "muchos jueces conservadores" en contra del "tratamiento de este proceso" porque "contra toda razón" se proseguía con "esa obcecación que solo se puede entender en términos políticos". "En la democracia hay que señalar los déficits para corregirlos", ha concluido.
EL SUPREMO NO VE DELITO DE IGLESIAS EN EL ‘CASO DINA’ Y LO DEVUELVE A LA AUDIENCIA
El alto tribunal sigue el criterio de la Fiscalía y esperará a que se complete la investigación
El Tribunal Supremo devuelve a la Audiencia Nacional la causa que mantenía abierta contra el vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias por el caso Dina. De acuerdo con el criterio de la Fiscalía, la Sala de lo Penal considera que no hay indicios sólidos para sostener ninguno de los delitos que el juez Manuel García Castellón atribuyó a Iglesias. El auto del Supremo supone una enmienda total a la instrucción del magistrado de la Audiencia, a quien insta a agotar su investigación y, solo entonces, decidir si procede remitir al alto tribunal otra exposición razonada contra Iglesias.
El auto notificado este miércoles por la Sala de lo Penal supone el archivo de la investigación abierta en el Tribunal Supremo contra el vicepresidente segundo del Gobierno, a quien el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acusó de inventarse una conspiración para presentarse como víctima de las cloacas del Estado a raíz del robo del teléfono móvil de su exasesora Dina Bousselham. El alto tribunal, competente para actuar contra Iglesias por su condición de aforado, considera que, por ahora, no hay base para imputar ningún delito al vicepresidente segundo.
El alto tribunal lanza un duro reproche a la actuación de García Castellón, que envió en octubre al Supremo una exposición razonada en la que atribuía a Iglesias un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, otro de daños informáticos y otro de acusación y denuncia falsa. El auto de la Sala de lo Penal, del que ha sido ponente el magistrado Andrés Palomo, desmonta esas tesis y concluye que, con los mimbres de que disponía, García Castellón no debió pedirle al Supremo que actuara contra Iglesias.
El Supremo le devuelve al juez de la Audiencia la causa y le insta a agotar su instrucción con la práctica de una serie de diligencias que el tribunal considera que tenía que haber realizado antes de enviar el caso al Supremo. Entre ellas, la declaración de Bousselham para que ratifique o se retracte de los hechos relacionados con el delito de descubrimiento y revelación de secretos, ya que, recuerda el Supremo, el Código Penal exige la denuncia de la persona agraviada para actuar por esos delitos.
García Castellón admitía este extremo en la exposición razonada, pero aseguraba que debía ser el Supremo quien citara a la exasesora de Iglesias si consideraba que había indicios de delito. El tribunal rechaza esta teoría e insta al juez de la Audiencia a llamar a Bousselham, que ya ha manifestado en varios de sus escritos ante el juez que no acusa al líder de Podemos de revelar el contenido de su móvil. Si la excolaboradora de Podemos no denuncia a Iglesias, Garcia Castellón no podrá seguir adelante con el delito de revelación de secretos.
Tampoco lo tiene fácil el juez para sostener los otros dos delitos que atribuye al vicepresidente. Respecto al de daños informáticos, derivado del deterioro sufrido en la tarjeta del móvil sustraído a su exasesora, la Sala considera necesario también citar a Bousselham para preguntarle si el contenido de la tarjeta era accesible cuando se la entregó Iglesias, ya que ha ofrecido versiones contradictorias. La última dejaba al líder de Podemos al margen del supuesto daños de la tarjeta. Los magistrados consideran además necesaria ampliar la pericial informática realizada sobre los desperfectos en la tarjeta para precisar las causas que impiden acceder a la información, cuál fue el sistema o la técnica empleada para borrarlo o dañarlo, si es posible recuperar todos estos datos y la fecha del último acceso.
Respecto al delito de acusación y denuncia falsa, el Supremo lanza un duro reproche a García Castellón al entender que ha “abandonado diversas líneas de investigación” sin contar con indicios concluyentes para abogar por una tesis “sin mayor plausibilidad”. Además, los magistrados recuerdan que tampoco puede procederse contra el supuesto autor de la denuncia falsa hasta que no haya sentencia o auto firme, de sobreseimiento o archivo del juez o tribunal que haya conocido la infracción imputada, lo que no ocurre en este caso.
La exposición razonada se refería a una segunda aforada, la diputada de Unidas Podemos Gloria Elizo, pero únicamente por el delito de acusación y denuncia falsa. El Supremo también archiva la causa ante la ausencia de indicios por las mismas razones que el atribuido a Iglesias.
Por otro lado, el auto declara la falta de competencia respecto a las personas no aforadas mencionadas en la exposición razonada, Marta Flor, Raúl Carballedo y Ricardo de Sa Ferreira.
UN JUEZ ABRE UNA INVESTIGACIÓN A LA GUERRILLA DE PODEMOS POR SUS AMENAZAS AL MAGISTRADO DEL ‘CASO DINA’
Nuevo frente judicial contra Podemos. El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha abierto diligencias de investigación sobre la «guerrilla» del partido de Pablo Iglesias que acosó al magistrado del caso Dina-Iglesias, Manuel García-Castellón. Según ha podido saber OKDIARIO, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional ya ha terminado su informe sobre estos mensajes intimidatorios y en Plaza Castilla se ha abierto una nueva causa que implica al partido morado.
Según consta en un oficio de la Dirección General de la Policía Nacional al que ha tenido acceso este periódico, «se han tramitado diligencias policiales dirigidas a la Fiscalía de Criminalidad Informática de Madrid dando cuenta de posibles acciones delictivas contra don Manuel García-Castellón, encontrándose la causa, según la información disponible, en fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid».
Ahora, el juez titular de ese juzgado, Esteban Vega, tendrá que analizar de forma pormenorizada el informe para decidir si continúa con la investigación. Se trata de un magistrado al que no le ha temblado la mano en varios casos que aparecen en la hemeroteca. Ha llamado a declarar como imputada por homicidio a la directora de una residencia de ancianos por no derivar a un usuario que falleció al hospital en la primera ola de la pandemia o ha procesado a un sujeto que criticó a una inmobiliaria en un foro de Internet por injurias graves por supuestos comentarios denigratorios.
Destapado por Calvente
Las amenazas de la «guerrilla» a sueldo de Podemos fueron destapadas por el ex abogado morado José Manuel Calvente, que rompió a llorar ante García-Castellón cuando mencionó los mensajes que él y su familia recibía: «Tengo miedo porque en Podemos hay mucho loco, una kale borroka a la que cualquier día se le va la mano», señaló en referencia al movimiento que lidera Julián Macías. Posteriormente, estos ciberguerrilleros la tomaron con el propio juez y éste las denunció a principios del pasado octubre al citado cuerpo policial. Estos duros mensajes también fueron remitidos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según explicaron entonces fuentes policiales, la investigación fue asumida por la unidad que rastrea delitos en redes sociales, un grupo de trabajo enclavado en la Comisaría General de Información, ya que fue a esta comisaría a la que se remitió el juez. Cabe recordar que, además, en marzo de 2019, sufrió un misterioso allanamiento de morada en su vivienda.
El magistrado describía una campaña de desprestigio iniciada tras su exposición razonada para que el Tribunal Supremo investigue al vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias. Se trataba de una campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación en redes y en algunos medios de comunicación, y que le situaron «en una situación de indefensión y de descrédito profesional».
Cuatro páginas
El juez acosado envió una carta de cuatro páginas al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, con varias muestras de esa campaña pública iniciada contra su persona desde que se conoció su escrito contrario a los intereses de Iglesias. En ese documento, que la Fiscalía del Alto Tribunal está ya estudiando, sometía a consideración la investigación del vicepresidente segundo del Gobierno y de la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo –ambos aforados–, y de otras cuatro personas.
En particular, García-Castellón pedía investigarlos por los delitos de revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa y/o simulación del delito. Todo ello en el marco de la investigación sobre el supuesto robo del móvil de la ex asesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y el posterior uso de los datos que contenía el mismo.
Intimidación
García-Castellón detalló que esa campaña pretendía restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña, además de difundir la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica sino de «una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política».
El juez sostiene que los mensajes contra su persona son repetidos y amplificados por muchos dirigentes, «entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación». En esta línea, afea que esos dirigentes con visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, «señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional».
Echenique y Asens
Por ejemplo, Pablo Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso lanzó: «El juez se salta a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía porque contra Podemos y contra Pablo Iglesias vale todo. Lo de siempre: Hay que destruir a los que suben el salario mínimo y quieren poner un impuesto a la riqueza con la artillería que haga falta». Igualmente, el diputado Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario morado en la Cámara Baja esgrimió: «La Audiencia Nacional obliga al juez García Castellón a devolverle la condición de perjudicado a Pablo Iglesias. Y, entonces ¿qué hace él? Se va al Supremo a plantear su imputación sin consultar ni con la Fiscalía, que es quien debe acusar. Olé, con un par…».
«A este cabrón hay que cocerlo y ya está. Creo que el juez mafioso García Castellón no puede terminar bien», se escribió en las redes sociales
Al mismo tiempo, en redes sociales plataformas afines a Podemos como La Última Hora o Spanish Revolution difundían vídeos atacándole. Le acusaban de ser «un juez a medida para la derecha» que «ha abierto una guerra judicial contra Podemos». Además, se pudo leer desde cuentas anónimas: “Este es un hijo de puto franquista que viene de familia burguesa. A este cabrón hay que cocerlo y ya está”, “García Castellón, eres un facha y un cabrón”, «Este hijo de puta que no lo piense porque está sobornado por el cabrón de Pablo Casado y su cúpula de babosos. Que asco de gente en este poder judicial hay”, o, entre otros muchos tuits, «Creo que el juez mafioso García Castellón no puede terminar bien y, siendo un juez prevaricador y se puede demostrar en cientos de ocasiones, lo único que espero es que sea pronto. No puede hacerse más daño a la democracia, que parte del cuerpo de jueces sean corruptos y mafiosos».
Inédito en 42 años
El magistrado sostiene que estas amenazas «podrían revestir carácter de infracción penal» y manifiesta que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se ha visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel.
Recuerda, en este sentido, que en su juzgado ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, habiendo tomado decisiones de muy distinto signo y «no habiéndose producido en ningún momento una reacción equiparable a la que se está produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida».
VALORACIONES ILÓGICAS E INVESTIGACIÓN INSUFICIENTE: LA FISCALÍA DA OTRO VARAPALO A GARCÍA CASTELLÓN EN SU CAUSA CONTRA IGLESIAS
El Ministerio Público considera que quedaron diligencias sin practicar, como citar nuevamente a Dina Bousselham
Ve "indicios sólidos" de que el vicepresidente cometió delito de revelación de secretos, pero no es posible encausarle si la exasesora le perdona
Tampoco es partidario de imputar a Gloria Elizo por denuncia falsa
Una investigación insuficiente y valoraciones que carecen de lógica son los dos principales argumentos que esgrime la Fiscalía del Tribunal Supremo para pedir a la Sala de lo Penal que no admita la exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en la que solicitaba la imputación del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Todo ello, unido a que el instructor no ha recabado la opinión de la exasesora de Podemos Dina Bousselham acerca de si perdona o no que el secretario general del partido se quedara durante meses con la tarjeta de su teléfono móvil.
Esta valoración cuenta con el respaldo de varios fiscales del alto tribunal. Aunque en la reunión que mantuvieron la semana pasada algunos defendían que el Supremo sí podía realizar diligencias como interrogar a Bousselham, pero finalmente todos han estado de acuerdo con el informe de la fiscal Pilar Fernández Valcarce, quien se ha encargado finalmente de elaborarlo por delegación del teniente fiscal Luis Navajas, el cual se abstuvo después de las declaraciones que hizo en medios de comunicación sobre el ya exfiscal del caso Dina Ignacio Stampa.
El Ministerio Público cree que en el momento actual y con la exposición razonada de García Castellón no se dan los requisitos para abrir una causa penal contra Iglesias en el Supremo. "No basta con la constatación puramente nominal de que un determinado hecho delictivo ha sido atribuido a un aforado. Resulta indispensable que el juez instructor que pretende declinar su propia competencia exponga las razones que determinarían la incoación por el Tribunal Supremo del procedimiento especial. Y esa exposición razonada ha de ser lo suficientemente exhaustiva como para delimitar, con toda la provisionalidad que es propia de un momento procesal como el presente, el alcance objetivo y subjetivo de los hechos", explica el informe.
Su opinión, por tanto, es que procede la devolución de la causa al Juzgado Central de Instrucción número 6 "a fin de que se culmine la investigación", ya que considera que ha habido diligencias necesarias en este procedimiento que no se han realizado, como interrogar a Bousselham sobre si se considera perjudicada por Iglesias y más pruebas sobre la destrucción de la tarjeta del móvil.
Cinco jueces presididos por Marchena decidirán
En todo caso, el informe de Fiscalía no es definitivo: la Sala de lo Penal, y en concreto un tribunal de cinco magistrados que preside Manuel Marchena, tiene que decidir si imputa o no a Iglesias. No sería ni mucho menos la primera vez que la Sala no está de acuerdo con el criterio del Ministerio Público. Un caso muy reciente es el juicio del procés, en el que el tribunal se decantó finalmente por el delito de sedición y no por rebelión. Anteriormente, la Fiscalía pidió la absolución del exjuez Baltasar Garzón por ordenar la interceptación de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados en el caso Gürtel y después fue finalmente condenado a 11 años de inhabilitación por estos hechos. El año pasado, la Fiscalía pidió la reapertura de causa en el Supremo contra la exalcaldesa de Jerez de la Frontera y candidata del PP por Cádiz María José García-Pelayo, pero la Sala determinó que el caso estaba prescrito.
Por el momento, la Sala de lo Penal del Supremo ha designado ponente sobre la apertura o no de la causa al magistrado Andrés Palomo. Su propuesta tendrá que ser refrendada por una mayoría del resto de la Sala, que está formada por el presidente Manuel Marchena y, además de Palomo, los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Ana Ferrer y Eduardo de Porres.
El juez García Castellón basaba su exposición razonada en tres posibles delitos: descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa. Con respecto al primero, la Fiscalía del Supremo está de acuerdo con lo ya expresado por sus compañeros de Anticorrupción del caso Villarejo, que habían pedido hasta en dos ocasiones la citación de Bousselham, pues la denuncia de la persona agraviada es la "llave del proceso" para imputar a alguien por este ilícito, ya que "el perdón del ofendido extingue la acción penal". Los fiscales dejan claro que en este caso "existen indicios sólidos de la posible existencia del delito", pero es necesario que la víctima del mismo denuncie, y esta diligencia es la que el Ministerio Público cree que falta por practicar.
"En concreto, deberá concretarse por la Sra. Bousselham, respecto de estos hechos: si le pidió permiso o autorización Pablo Iglesias, el día 20 de enero de 2016, para que examinara sin restricciones el contenido de su tarjeta de memoria. En caso negativo, si manifiesta ahora que consiente, tolera y acepta que aquél hubiera entrado en el conocimiento de todos los documentos, fotografías, incluidas las íntimas y personales, archivos y comunicaciones contenidos en la tarjeta de su titularidad, pues de haber conocido que iba a hacerlo le hubiera otorgado su expreso consentimiento", dice la Fiscalía a García Castellón, aunque también apunta que la exasesora de Podemos deberá declarar para aclarar las "contradicciones" reveladas en sus distintas comparecencias en la Audiencia Nacional: en un momento dijo que no pudo acceder al contenido de su tarjeta y en otro que en una primera ocasión sí pudo, pero después le fue imposible.
Sobre los daños informáticos detectados en la tarjeta del teléfono móvil, razón por la cual la propietaria del soporte no pudo recuperar el contenido de la misma, el magistrado de la Audiencia Nacional considera que resultó perjudicada en los meses en que estuvo en manos de Iglesias, aunque reconoce que no tiene pruebas de cómo se pudo dañar. La fiscal Fernández Valcarce cree que procede "practicar las diligencias necesarias para acreditar indiciariamente cuál ha sido el procedimiento empleado para generar la inservibilidad de la tarjeta y la inaccesibilidad a los datos", a pesar de que ya hay dos informes, uno de una empresa especializada y otro de la Policía Científica, que no han determinado nada al respecto, sólo constatando que no hay “fracturas externas sobre la superficie de la tarjeta” ni "cortacircuitos o discontinuidades".
"En el actual estado de la investigación, es necesario seguir practicando diligencias para acreditar los hechos, entre ellas la ampliación de la prueba pericial para poder concretar cuáles son las causas que impiden acceder a la información de la tarjeta, cuál fue el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta contenía, y si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos y fecha del último acceso", apunta el Ministerio Público.
No hay requisito de persiguibilidad
Además de los dos delitos señalados, García Castellón atribuye también a Iglesias simulación del delito o denuncia falsa por presentar la desaparición del teléfono de la exasesora y la publicación de parte de su contenido meses después como una operación de las "cloacas del Estado" y del periódico digital Okdiario "en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos", y así usar de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral. La Fiscalía no se extiende para descartar este ilícito: "los hechos que relata el instructor están repletos de valoraciones que no se revelan lógicas sólidamente. No existe requisito de persiguibilidad, lo que impide la apertura de proceso penal, es suficiente para no adentrarse más en este último apartado de la exposición razonada".
Por este delito, el juez de la Audiencia Nacional también solicitaba la imputación de la vicepresidenta tercera del Congreso y exjefa del servicio jurídico de Podemos, Gloria Elizo, al ser aforada igual que Iglesias. Al descartar que exista el ilícito que plantea García Castellón, la Fiscalía pide a la Sala de lo Penal del Supremo que no abra causa contra ella. Además, reprocha que es importante que "cuando se imputen actuaciones criminales a una persona aforada, se individualice de forma precisa la acción concreta que respecto de ese aforado pudiera ser constitutiva de delito, expresando los indicios incriminatorios que pudiera servir de apoyo a tal imputación", lo cual, a su juicio, el instructor no hace en su exposición razonada. Tampoco ve posible la imputación de Bousselham o su abogada, Marta Flor, ya que no son personas aforadas.
No es la primera vez que el juez García Castellón recibe una reprimenda por sus conclusiones sobre el caso Dina. El pasado septiembre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional enmendó su decisión de retirar a Pablo Iglesias la condición de perjudicado en la causa. Los magistrados consideraron que los elementos que conectaban al vicepresidente con el objeto del proceso y que permitieron su personación como perjudicado, esto es, la publicación en medios de parte del contenido de la tarjeta de Bousselham, se mantienen y que la expulsión se basó en "meras hipótesis". De hecho, determinaron que la inicial admisión de Iglesias en calidad de perjudicado "no pudo basarse sino en la aceptación como verosímil con arreglo a lo actuado hasta esa fecha del hecho de que la publicación de archivos inicialmente almacenados en el teléfono de Bousselham tuviese como fuente a la organización de Villarejo".
LA FISCALÍA PIDE QUE SE DEVUELVA AL JUEZ EL CASO DINA PARA QUE COMPLETE LA INVESTIGACIÓN
Un informe estima que la exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional García Castellón no tiene suficiente base para imputar a Pablo Iglesias
La Fiscalía ha presentado en el Supremo su informe sobre el caso Dina, en el que aprecia “la necesidad de complementar la instrucción” mediante la declaración de Dina Bousselham y de su pareja, Ricardo Antonio de Sa Ferreira, así como con la “ratificación y aclaración de la pericial sobre los daños en la tarjeta de memoria del móvil de Dina”. El criterio que se expone al Supremo es que “en consecuencia procede la devolución de la causa al Juzgado de procedencia, a fin de que se culmine la investigación en los términos expuestos”.
Los fiscales del Supremo subrayan que “no basta con la constatación puramente nominal de que un determinado hecho delictivo ha sido atribuido a un aforado”, ya que “resulta indispensable que el Juez instructor que pretende declinar su propia competencia, exponga las razones que determinarían la incoación por el Tribunal Supremo del procedimiento especial” relativo a aforados. Y a esa exposición razonada –añade el informe– “ha de ser lo suficientemente exhaustiva como para delimitar –con toda la provisionalidad que es propia de un momento procesal como el presente– el alcance objetivo y subjetivo de los hechos”. La Fiscalía, por tanto, concluye que la exposición que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón remitió al Supremo no tiene suficiente base como para pretender la imputación de Pablo Iglesias.
El dictamen, en todo caso, no fija un criterio definitivo sobre la posibilidad de imputar en el Supremo al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por el caso Dina. El informe, enviado este mediodía al Supremo, propone que se ordene al juez García Castellón la continuación de las investigaciones porque faltan diligencias, sobre todo el interrogatorio de la propia Dina Bousselham, exasesora de Iglesias. La finalidad de esta declaración sería conocer si su voluntad es actuar contra el líder de Podemos por el supuesto delito de revelación de secretos, figura delictiva que requiere que la persona ofendida lo denuncie.
Bousselham, sin embargo, ha sostenido reiteradamente que considera a Pablo Iglesias tan víctima como ella misma de la difusión del contenido su teléfono móvil, que le fue sustraído en noviembre de 2015. El juez García Castellón, a su vez, estima que hay indicios suficientes como para investigar al vicepresidente del Gobierno por los supuestos delitos de daños informáticos, denuncia falsa o simulación de delito y el ya mencionado de revelación de secretos.
El propósito del juez, al remitir su exposición razonada al Supremo, era que el Alto Tribunal asumiera la investigación sobre Iglesias, entendiendo que existen indicios de la comisión de los citados delitos. El Supremo, a su vez, pidió el informe de la Fiscalía sobre la procedencia de dar este paso, y el dictamen fue encargado a Pilar Fernández Valcarce, la fiscal jefe de lo Penal de mayor antigüedad en la carrera. Ésta, a su vez, ha celebrado dos reuniones con los otros siete fiscales de la misma categoría ante la Sala Penal, quienes expusieron diversos criterios sobre la procedencia o no de que el Supremo asumiera el caso y citara a Iglesias como imputado. La fórmula de consenso hallada, ante el estado de la investigación, ha sido abogar por la continuación de las diligencias por parte del juez instructor, García Castellón, quien hasta ahora se ha venido negando a citar a Dina Bousselham por entender que el concreto delito de revelación de secretos, por el que debería preguntarle para saber si quiere denunciarlo como tal, no sería competencia de la Audiencia Nacional.
El informe de la Fiscalía General del Estado va a ser, por tanto, coincidente en lo esencial con la nota interna que la Fiscalía Anticorrupción elaboró sobre este asunto, donde ponía de relieve que en el actual estado de las investigaciones no cabe apreciar la existencia de indicios de criminalidad contra Pablo Iglesias. Los fiscales de Anticorrupción precisaban que no cabe apreciar el delito de revelación de secretos cuando, como en este caso, la persona supuestamente agraviada afirma no considerarse así. En la nota remitida a la Fiscalía del Estado añadían que Bousselham ha exculpado a Iglesias mediante una carta en la que envió al juez García Castellón.
La citación de Dina Bousselham va a ser, por tanto, muy relevante y marcará el curso de esta causa penal. El juez García Castellón, a su vez, ha sostenido que Pablo Iglesias atribuyó al excomisario José Manuel Villarejo la filtración de mensajes de su exasesora por interés político, siendo conocedor de que era la propia Bousselham “el origen de la filtración”. La tesis del magistrado es que el vicepresidente quiso obtener beneficios electorales de su denuncia contra “las cloacas del Estado”, encarnadas por Villarejo. La propia Audiencia Nacional, sin embargo, sostenía en su informe tesis muy distintas, al ordenar al magistrado que devolviera a Iglesias su condición de perjudicado en esta causa, dado que la autoría de la filtración atribuida a Villarejo seguía siendo la más verosímil, a tenor de las investigaciones.
LA POLICÍA REBAJA EL ACOSO AL JUEZ GARCÍA CASTELLÓN, HABLA DE INJURIAS
No aparecen vinculaciones con Vox en las cuentas investigadas, como denunció Pablo Iglesias
Las pesquisas iniciadas por la Policía tras la denuncia del juez García Castellón por las amenazas en redes siguen vivas. Desde la Comisaría General de Información han dado prioridad a este asunto y sus unidades tecnológicas están rastreando redes, localizando mensajes intimidatorios, y tratando de ubicar a los autores.
Según explican fuentes cercanas al caso, pese a la gravedad que se detectó inicialmente tras la denuncia del juez, los avances policiales, de momento, sólo acreditan calumnias e injurias, aunque se sigue trabajando en ello. Los agentes especializados en el seguimiento de actuaciones ilegales por redes han localizado ya varias identidades de los que se presumen que podían estar detrás de los ataques al magistrado, de la campaña de acoso. Y están siguiendo la pista de sus cuentas en redes sociales.
Además, estas mismas fuentes explican que, por el momento, de lo que han detectado, el origen de las amenazas procede de cuentas que nada tienen que ver directamente con ninguna formación política. Sí sitúan a los identificados en una órbita política muy alejada de la formación Vox, liderada por Santiago Abascal. No obstante, aclaran que las pesquisas están en plena explotación y que hay mucho camino por recorrer. En caso de detectar actuaciones delictivas, los agentes procederán a judicializar el caso y a adoptar las medidas pertinentes contra los autores de las amenazas.
El pasado día 8, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional comunicó a la Policía Nacional que estaba recibiendo «amenazas de muerte» en las redes sociales tras haber elevado al Tribunal Supremo una exposición razonada contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por el llamado caso Dina.
Los investigadores monitorizan cuentas desde las que se produjeron ataques
El juez alertó de que estaba siendo víctima de una campaña de acoso en redes sociales. A continuación, la Policía decidió abrir una investigación con el objetivo de esclarecer el origen de las amenazas.
Los agentes encargados de las pesquisas están teniendo también en cuenta las revelaciones judiciales del ex coordinador legal de Podemos, José Manuel Calvente, cuando aseguró que la formación morada tenía «un equipo a sueldo para cargarse a los jueces y personas que le atacan», calificando a este grupo como «kale borroka».
De hecho, tras tomar declaración a Calvente, el instructor decidió poner estos hechos denunciados por el abogado en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción con el objeto de que investigue a ese grupo vinculado a Podemos que trata de amedrentar a jueces incómodos para el partido.
Calvente afirmó que en Podemos hay un equipo a sueldo para cargarse a los jueces
La campaña de acoso al juez, ya iniciada desde que puso en marcha las pesquisas contra Pablo Iglesias por el caso Dina, se aceleró después de que decidiera pedir al Supremo que investigue al líder de Podemos por delitos de denuncia falsa y/o simulación delito, descubrimiento y revelación de secretos -con agravante de género- y delitos de daños informáticos.
El vicepresidente Iglesias vinculó en el Congreso las amenazas con la formación Vox. Aseguró que varios analistas de redes sociales han demostrado ya que las denunciadas por el juez García Castellón provienen de cuentas vinculadas a la extrema derecha y a Vox. «Y el Ministerio del Interior lo está investigando ya».
https://www.elmundo.es/espana/2020/10/17/5f89e9e4fdddffb6748b4602.html
EL JUEZ DEL CASO DINA DICE NO A IGLESIAS: NI EXPULSA A VOX NI INTERROGA AL COMISARIO PINO
En octubre, el magistrado cerró la instrucción de la pieza Dina y envió una exposición razonada de 63 páginas al Tribunal Supremo en la que pide que se investigue al vicepresidente segundo
El juez del caso Dina, Manuel García Castellón, ha rechazado las últimas peticiones de Pablo Iglesias. En una providencia del 28 de octubre a la que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado descarta citar como testigos al que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional durante el Gobierno de Rajoy, Eugenio Pino, y al inspector del cuerpo José Ángel Fuentes Gago, ambos imputados a su vez en la pieza Kitchen, en la que se investiga la puesta en marcha de una operación parapolicial en 2013 para robar documentación sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas. En el escrito, García Castellón rechaza también la otra solicitud del líder de Podemos de expulsar la acusación popular que ejerce Vox. El pasado octubre, el magistrado cerró la instrucción de la pieza Dina y envió una exposición razonada de 63 páginas al Tribunal Supremo en la que pide que se investigue al vicepresidente segundo por su papel en el caso, que pone el foco en el robo del móvil a la exasesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y en cómo su contenido acabó en manos del comisario José Manuel Villarejo. Ante las contradicciones en las que ha incurrido Iglesias a lo largo de la instrucción, el magistrado pide al alto tribunal que le impute por tres delitos: daños informáticos, descubrimiento de secretos —con agravante de género— y denuncia falsa o simulación de delito. Con la instrucción ya cerrada y la exposición razonada sobre la mesa, Iglesias presentó entonces una serie de escritos en la Audiencia Nacional.
El primero de ellos consistió en un recurso de apelación frente al auto del juez que interesaba cerrar la instrucción y pedía su imputación, pero al mismo tiempo presentó otros ante García Castellón para que expulsara a Vox del caso y, al mismo tiempo, procediera a "la práctica de diligencias complementarias indispensables para el presente procedimiento". El líder de Podemos argumentaba para ello que la investigación se había cerrado en falso, como ya había hecho Anticorrupción, y pedía la práctica de nuevas pruebas encaminadas a aclarar si desde la DAO se tenía conocimiento sobre los movimientos de Villarejo en cuanto al robo del móvil a Bousselham y posterior publicación en prensa de noticias que podían proceder del dispositivo en cuestión. Más allá de Pino y Fuentes Gago, Iglesias solicitaba entonces que se enviara un oficio a la DAO para que remitiera una copia de todas las notas informativas que Villarejo les hubiera enviado entre noviembre de 2015 y julio de 2016 en relación con el caso Dina. En la misma línea, solicitaba que se incluyera en la causa una copia completa de las anotaciones intervenidas en el domicilio de Villarejo y, de no acordarse esta diligencia, al menos los manuscritos comprendidos entre las mismas fechas, así como requerir a la Policía los contactos telefónicos que Villarejo supuestamente había mantenido con un periodista entre el 16 de junio de 2016 y el 29 de julio de 2016, fecha en que se produce la publicación de noticias que podían proceder del móvil de Bousselham.
El líder de Podemos cerraba el escrito pidiendo que se requiriera a la Unidad de Asuntos Internos el contenido de correos electrónicos que consten en el ordenador de Villarejo y, en concreto, los que fueran dirigidos a direcciones corporativas de medios de comunicación o a los periodistas cuyos nombres están recogidos en sus anotaciones manuscritas. También solicitada librar un oficio a la Dirección General de la Policía para que aportase el expediente completo que recoja las investigaciones conocidas popularmente como 'Informe Pablo Iglesias SA' (PISA), cuestión en la que Podemos ha incidido una y otra vez en el caso Villarejo y que ahora justificaba porque puede contener "elementos provenientes de los vestigios informáticos sobrantes en la causa". En la providencia del 28 de octubre, el magistrado rechaza todas estas "diligencias complementarias" y mantiene el cierre de la instrucción. "Dada cuenta del escrito de la representación procesal de Pablo Iglesias Turrión, por el que se interesa, del mismo modo que la representación procesal del partido Vox la práctica de diligencias complementarias, no ha lugar a su práctica, conforme a lo dispuesto en el artículo 780.2 LECrim, que señala 'el Juez acordará lo que estime procedente cuando tal solicitud (diligencias complementarias) sea formulada por la acusación o acusaciones personadas'", argumenta. En cuanto a la expulsión del partido de Santiago Abascal, que también fue solicitada por Bousselham, considera una vez más que "no ha lugar".
ANTICORRUPCIÓN ASEGURA QUE LA "PRINCIPAL HIPÓTESIS" EN EL 'CASO DINA' ES QUE LA "ORGANIZACIÓN CRIMINAL DE VILLAREJO" ENTREGARA LA TARJETA A LOS MEDIOS
La Fiscalía recurre el auto de fin de la investigación dictado por García-Castellón y acusa al juez de haber cerrado el caso "en falso" y "cercenado los derechos" de acusaciones e investigados
La Fiscalía Anticorrupción reprocha al juez del caso Dina, Manuel García Castellón, que haya "cerrado en falso" la investigación "sin practicar una sola diligencia en la dirección" que le marcó la Sala de lo Penal cuando le obligó a devolver a Pablo Iglesias la condición de perjudicado. Esa instancia superior defiende, según recuerda el Ministerio Público, que "la principal hipótesis existente en la investigación es que la fuente de las publicaciones de Okdiario fuera la organización criminal de José Manuel Villarejo".
Anticorrupción se pronuncia así en su recurso al auto de pase a procedimiento abreviado —el equivalente al procesamiento para delitos castigados con menos de nueve años de prisión— que el juez dictó el pasado 7 de octubre contra Villarejo y dos periodistas de la desaparecida Interviú y que acompañó de una exposición razonada al Tribunal Supremo para que citara como investigado a Iglesias y otros.
En su "descripción limitada de los hechos punibles", dice Anticorrupción, el juez descarta los indicios de que fue Villarejo o algún miembro de su "organización criminal" quien entregó al medio que dirige Eduardo Inda, así como a El Confidencial y a El Mundo, información contenida en la tarjeta "presuntamente robada" a la excolaboradora de Iglesias.
"Una cosa es que la fuente por la que llegaran a dicho digital [Okdiario] los pantallazos pudiera derivar de Dina Bousselham, y otra muy distinta es que se pueda descartar a la organización criminal de Villarejo como fuente de dicho digital ni de los demás [El Mundo y El Confidencial], aspecto sobre el que incide especialmente la Sala", aseguran los fiscales en su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.
La Fiscalía Anticorrupción se refiere a que Bousselham reconoció en mayo que ella había realizado pantallazos a los chats de Podemos entre los que se encontraban datos que luego fueron publicados y admitió que pudo haber enviado esos pantallazos a terceros. El juez concluye a partir de ahí que ese fue el camino por el que llegó la información a los medios que la publicaron y obvian, por ejemplo, los contactos que constan en el sumario entre el director de Okdiario y Villarejo durante los meses previos a que el digital comenzara a publicar informaciones procedentes de los chats, siete en aproximadamente una semana de julio de 2016, según detalla el escrito de Anticorrupción, cuyo contenido ha adelantado este sábado El Español.
Además, Anticorrupción destaca que el magistrado García-Castellón se haya desentendido de otra información contenida en la tarjeta del móvil, alguna de la cual también fue publicada, y que no figuraba en los pantallazos hechos por Dina. Se refiere a datos bancarios, otros mensajes de Whatsapp y Telegram e incluso fotografías íntimas.
"El juez limita el alcance de su resolución y de la exposición razonada a la difusión de las capturas de chat contenida en ese teléfono, cuando lo cierto es que las carpetas intervenidas a Villarejo existe mucha más información de Dina Bouuselham y de terceros, publicada y no publicada, y que exige continuar con dicha investigación", escriben los fiscales.
Petición de que declare el jefe de la 'brigada política'
Anticorrupción considera que con este cierre "en falso" de la investigación el juez ha "cercenado los derechos de todas las partes", tanto de los investigados como de las acusaciones. De los investigados porque los dos periodistas de Interviú declararon haber entregado la tarjeta de Bousselham atendiendo a un "requerimiento policial" de Villarejo y que éste aseguró que se la remitió al director adjunto operativo entonces, Eugenio Pino, por el "interés policial" que tenía la información que contenía. El comisario Pino está considerado el artífice de la brigada política y está imputado en la pieza del caso Villarejo que investiga el espionaje a Luis Bárcenas para destruir pruebas en su poder que pudieran perjudicar al partido popular.
Sin embargo, el juez García-Castellón ha evitado profundizar en esa línea de investigación, al igual que se negó a volver a citar a Dina Bousselham, como le pidió Anticorrupción, para esclarecer las "lagunas" en el testimonio del que era su marido, Ricardo Sa Ferreira, dice la Fiscalía. De Pino, Bousselham y Sa Ferreria solicita Anticorrupción en su escrito que se les llame a declarar. Además, la Fiscalía considera que el juez instructor ha ignorado la legítima aspiración de Iglesias y Bousselham de conocer "la supuesta finalidad policial del traspaso de la información del teléfono móvil".
Los fiscales aseguran que la investigación estuvo detenida en el segundo semestre de 2019 y el principio de 2020 porque estaban pendientes informes policiales solicitados por el juez, pero que una vez se retomó, con la decaración en mayo de Bousselham, la instrucción ha estado únicamente dirigida por el juez a "los supuestos daños en la tarjeta telefónica y otros detlitos, todos los cuales se han considerado ajenos al objeto de la presente pieza por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal".
IGLESIAS RECURRE A LA AUDIENCIA NACIONAL PARA QUE ANULE LA PETICIÓN DE IMPUTACIÓN POR PARTE DEL JUEZ DEL CASO DINA
El vicepresidente recuerda en su recurso que la Sala de lo Penal ya advirtió de que no hay más indicios que los que señalan a Villarejo como el autor de la difusión de la información robada y de que tampoco pruebas de las “hipótesis alternativas” de García-Castellón
El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha recurrido el auto en el que el juez Manuel García-Castellón acuerda solicitar al Tribunal Supremo que abra una causa penal contra él por presuntamente "fingir" en el caso Dina con fines electorales. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, solicita la anulación de esa resolución al considerar que la exposición razonada enviada al alto tribunal ignora la posición que mantuvo la propia sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en relación a esa investigación, que corrigió al magistrado y le devolvió la condición de perjudicado en la causa abierta a raíz del robo del teléfono móvil de su excolaboradora y la aparición de material del mismo en varios medios de comunicación.
Además, recuerda que la Sala de lo Penal advirtió de que no hay más indicios que los que señalan al comisario José Villarejo como el autor de la difusión de la información robada y de que "no hay pruebas" de sustenten las "hipótesis alternativas" del instructor, que en algunas de sus resoluciones apuntó a la posibilidad de que hubiera otras fuentes de publicación del contenido del móvil, incluyendo a Iglesias y Bousselham. De hecho, Iglesias solicita que se profundice en esa línea de investigación y, en concreto, en la conexión con la Dirección Adjunta Operativa de la Policía a la que el excomisario testificó haber entregado el material de la tarjeta telefónica.
Buena parte de la argumentación del escrito presentado por la representación legal de Iglesias se basa en la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que enmendó al juez García-Castellón en su señalamiento al vicepresidente. "No solamente la Sala señala que no hay pruebas de los hechos que el Magistrado Instructor sostiene, sino que se le recuerda que el objeto de la investigación en la Audiencia Nacional ha de ser la averiguación de ilícitos cometidos por la organización criminal que se está investigando", dice el recurso en referencia al caso Villarejo, del que se deriva la pieza de Dina.
"El Juzgado Central de Instrucción número 6 tiene competencia en esta causa por haberse encontrado en poder del Sr Villarejo los archivos coincidentes con los del móvil sustraído a Doña Dina, y que pese a que el propio investigado declaró haber remitido los mismos supuestamente a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, el juzgado nunca ha investigado tal extremo", señala el escrito.
La tesis de Iglesias es que la publicación en algunos medios de comunicación —entre ellos OkDiario— de pantallazos de conversaciones extraídas del móvil de la exasesora de Podemos procede de Villarejo, dado que la policía se incautó de una copia del contenido de la tarjeta en el registro en el que encontró cientos de grabaciones y dosieres acumulados en 40 terabytes.
"Es la policía científica la que señala que el material intervenido en el domicilio del investigado Sr. Villarejo es coincidente con las publicaciones que está realizando OKDIARIO", afirma el recurso de Iglesias, que se refiere así a la investigación policial: "En las notas que se aportan con el informe, acreditando la dilatada relación del excomisario con varios periodistas, aparecen fechas coincidentes con distintas publicaciones en las que se reproduce materiales que coinciden con el material intervenido con origen en el móvil sustraído".
El recurso también hace referencia a cuestiones jurídicas como la consideración de que esa causa, siguiendo el criterio del instructor, no tendría que haberla instruido la Audiencia Nacional sino, en todo caso, un juzgado ordinario dado que nada tiene que ver la hipótesis que mantiene ahora el magistrado con la organización criminal a la que investiga. También recuerda que para que Iglesias pudiera llegar a estar investigado por algunos delitos por los que García-Castellón quiere que se le impute tendría que haber sido señalado por la propia Dina Bousselham, que ha declarado que es una víctima, al igual que ella.
Otro de los argumentos de Iglesias es que la decisión de García-Castellón se base en el testimonio del exabogado de Podemos José Manuel Calvente. "La ausencia de elemento indiciario alguno o las contradicciones evidenciadas en la instrucción no pueden soslayarse por las meras declaraciones de un testigo con enemistad manifiesta respecto de quienes ahora se obvia su condición de víctimas o perjudicados, con reclamaciones pendientes por cientos de miles de euros contra la organización de la que forman parte las personas respecto a las cuales se eleva exposición razonada, con conflictos con casi todas las personas señaladas en la citada exposición razonada incluso con respecto a alguna de ellas con procedimientos penales pendientes".
Con este recurso, Iglesias se defiende ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo acepte la petición de García-Castellón de iniciar una investigación —dado que es aforado y le correspondería al alto tribunal— por tres presuntos delitos: descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género; daños informáticos; y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito en relación con el robo del móvil de su exasesora.
La Fiscalía Anticorrupción ha informado en contra de esa imputación. Con esa posición sobre la mesa, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, adoptará una decisión sobre Iglesias y el resto de los señalados por García-Castellón (Dina Bousselham, Ricardo Sa Ferreira, Gloria Elizo, Raúl Carballedo y Marta Flor) previa consulta con un grupo de fiscales de sala. Con su informe, la Sala de Admisiones, formada por cinco magistrados, resolverá si acepta la exposición razonada de García-Castellón y les cita a declarar como investigados o archiva el caso.
ANTICORRUPCIÓN SE OPONE A QUE SE ABRA UNA INVESTIGACIÓN CONTRA IGLESIAS EN EL SUPREMO
Esta Fiscalía, que ha llevado el ‘caso Dina’, envía una nota interna a sus homólogos del alto tribunal
La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional ha enviado una nota interna a la Fiscalía del Tribunal Supremo donde se opone a que se abra una investigación en este tribunal contra el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en relación a la pieza Dina del caso Villarejo, según confirman fuentes jurídicas. El magistrado Manuel García-Castellón, instructor de esta causa, remitió la pasada semana su exposición razonada donde pedía imputar al dirigente político por los presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos con “agravante de género”, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delito.
Fuentes fiscales confirman que esa nota interna ha sido enviada después de que lo pidiera el ministerio público del Supremo, que es el órgano que debe pronunciarse finalmente al respecto. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha señalado este mismo jueves en un acto organizado por el Colegio de Abogados de Madrid al ser preguntada, que ella no opina y no participa en el desarrollo del informe que se prepara. En estos momentos, la Sala de Admisiones de lo Penal del Supremo permanece a la espera de ese informe de la Fiscalía donde se pronuncie sobre si apoya o no seguir adelante con la causa contra Iglesias.
Estos movimientos en el ministerio público llegan después de que el juez Manuel García-Castellón elevara al Supremo su exposición razonada al entender que existen indicios para comenzar a investigar al líder de Podemos, a su antigua asesora Dina Bousselham; a la vicepresidenta tercera del Congreso Gloria Elizo; a Ricardo Sa Ferreira, quien fuera pareja de Bousselham; y a los letrados Marta Flor y Raúl Carballedo. El juez de la Audiencia Nacional señalaba que Iglesias recibió en buen estado del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original procedente del teléfono de Dina Bousselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella.
El magistrado destacaba que, pese a que Bousselham e Iglesias eran personas cercanas, este se guardó la tarjeta durante un tiempo sin informar a la que fuera su asesora. El juez cree que esta acción puede vincularse al conocimiento que el líder de Podemos tuvo al observar las capturas de pantalla que la asesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que aparecía el aforado. Otro punto significativo para el magistrado es el hecho de que Iglesias devolviera a la que fuera su asesora la tarjeta inoperativa: “Se sabe que cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento”.
DOS UNIDADES DE ÉLITE DE INTERIOR INVESTIGAN SI VOX ESTÁ DETRÁS DE LAS AMENAZAS AL JUEZ DEL 'CASO DINA'
Iglesias avanzó que las cuentas de redes sociales están vinculadas con la extrema derecha
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, aseguró este miércoles en sede parlamentaria que los ataques al juez del caso Dina, Manuel García Castellón, provienen de la extrema derecha e Interior ya está investigándolo. Y parece que, efectivamente, así es.
Según ha publicado La Información, hay dos equipos de la Policía Nacional investigando los insultos y amenazas de muerte al magistrado. Concretamente, la Comisaría General de Información (CIG) y, en paralelo, la Brigada Central de Investigación Tecnológica (BIT). La primera de ellas dispone de medios tecnológicos propios y es la unidad que actúa en redes sociales, mientras que la segunda, es un órgano específico cuyo trabajo es la investigación y persecución del ciberdelito. Son dos unidades de élite y ambas están avanzando.
El objetivo es dilucidar quién lanzó las amenazas e insultos y evaluar si pertenecen o han participado en otras campañas semejantes. Los implicados podrían enfrentarse a un delito de injurias.
Iglesias no titubeó al afirmar ante una pregunta de la diputada de Vox, Macarena Olona, que la extrema derecha estaba detrás de las amenazas y no Unidas Podemos, tal y como dirigentes del partido de Santiago Abascal deslizan.
Olona acusó al vicepresidente segundo de azuzar y encabezar las críticas y amenazas denunciadas por el magistrado, ante lo que Iglesias le solicitó que “cite las declaraciones mías que han provocado tales amenazas”.
"Usted es un auténtico matón porque practica matonismo político. Ese moño no podrá esconder al autentico coletas, que aspira a parecer en los telediarios con chandal bolivariano”, espetó Olona.
Iglesias apuntó que “condenamos todo tipo de amenazas”, al tiempo que ha esgrimido que “varios analistas en redes han demostrado que las amenazas provienen de cuentas relacionadas con la extrema derecha y ustedes”.
VILLAREJO, INDA Y OTROS CABOS SUELTOS DEL 'CASO DINA' QUE EL JUEZ HA DEJADO MIENTRAS SE CENTRABA EN IGLESIAS
García Castellón ha cerrado la pieza sin determinar cómo acabó el contenido de la tarjeta en Okdiario
Señala a Dina Bousselham como la responsable de difundir los mensajes y descarta una relación entre el robo del teléfono y la publicación
Basa la imputación de denuncia falsa a Iglesias en la declaración del abogado despedido de Podemos José Manuel Calvente
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado por finiquitada la pieza 10 del caso Villarejo, también conocida como Dina, pero con unas conclusiones completamente insospechadas hace año y medio, cuando el instructor inició la investigación sobre el robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, exasesora del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la aparición de varios archivos con su contenido en el domicilio del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo y su publicación en medios de comunicación.
Esta fue la premisa por la que se abrió la pieza, pero el magistrado la ha concluido pidiendo la imputación, sin consultar a la Fiscalía Anticorrupción, de los principales perjudicados por la publicación de los mensajes, Iglesias y Bousselham, y sin averiguar cómo acabaron los archivos en medios como Okdiario. Villarejo y dos periodistas están procesados por descubrimiento y revelación de secretos, mientras que otros personajes cuyo nombre también aparece en el relato de hechos no han sido apenas considerados por el magistrado a lo largo de la instrucción.
Por un lado, el comisario jubilado, en prisión provisional desde que fue detenido a principios de noviembre de 2017, está procesado en esta pieza porque en su domicilio se hallaron copias de la tarjeta de Bousselham, que habría obtenido tras pedírselo supuestamente a los responsables de Interviú. El director y subdirector de la revista, Alberto Pozas y Luis Rendueles, respectivamente, también lo están por copiar los archivos, que llegaron de forma anónima a la publicación, y por hacer entrega de parte del material al expolicía.
Sin embargo, en este relato de hechos apenas aparece otro protagonista de esta parte de la trama, el entonces presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio. Pozas y Rendueles le informaron del contenido de la tarjeta de la exasesora de Podemos y tras descartar que tuviera interés periodístico, Asensio llamó a Pablo Iglesias para informarle de la situación y para invitarle a acudir a la revista a recoger el material. Por tanto, el editor vio el contenido del móvil y se lo entregó a una persona que no era su legítima dueña.
En su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, Asensio explicó que no dio la tarjeta a Bousselham porque “no la conocía y entendía que esto podía tener valor porque fuera la pareja del señor Iglesias, tenía relación con el señor Iglesias” y le parecía que “lo más normal era dársela a él”. El editor no estuvo nunca imputado y, por tanto, no ha sido procesado en esta pieza.
Villarejo apuntó a la DAO de la Policía
Otro personaje de la historia que tampoco ha sido considerado por García Castellón, quien además nunca le citó a declarar, es Eduardo Inda, director de Okdiario, el medio donde en julio de 2016 aparecieron publicados mensajes e imágenes del móvil de Dina Bousselham. Villarejo dijo en su declaración judicial que cuando el director y el subdirector de Interviú le dieron el pendrive, comentó con otros periodistas el contenido del mismo, dando así a entender que había otras copias circulando. En cualquier caso, él se quitó responsabilidad asegurando que aunque hizo dos copias y se las quedó, entregó otra en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional que entonces dirigía Eugenio Pino.
Villarejo es el principal investigado en la macrocausa Tándem, con 25 piezas separadas, que se instruye en la Audiencia Nacional y en calidad de ello puede mentir en sus comparecencias judiciales. Está claro que ni el magistrado ni los fiscales del caso dieron credibilidad a esta información, ya que ni Pino ni nadie de la DAO de entonces ha sido citado a declarar en la pieza 10.
Y así ha quedado el caso Dina, sin saber qué pasó con el contenido del móvil después de que Villarejo se hiciera con él y cómo apareció publicado en medios de comunicación unos meses después. En cambio, el magistrado sí considera que ha reunido indicios suficientes para pedir la imputación de Pablo Iglesias y otras cinco personas ajenas al marco de la organización criminal de Villarejo que se investiga en el caso Tándem.
Los orígenes de los hechos por los que se abrió la pieza 10 se remontan al 1 de noviembre de 2015, cuando Bousselham y su entonces pareja, Ricardo Sa Ferreira, están en un centro comercial de la localidad madrileña de Alcorcón y se dan cuenta de que les han robado un abrigo en el que estaban los móviles de ambos. Interponen la consiguiente denuncia en una comisaría de la Policía Nacional en la localidad.
Meses después, el 19 ó 20 de enero de 2016, Antonio Asensio llama por teléfono a Pablo Iglesias para informarle de que ha llegado a la revista Interviú, en un sobre anónimo, una tarjeta de móvil que incluye mensajes y fotografías de la que él pensaba que era la pareja del líder de Podemos, Dina Bousselham, y le invita a acudir a la redacción para comprobarlo y, en su caso, entregársela. Allí, le dejan una sala con un ordenador para que pueda visionar las imágenes, que efectivamente son de su asesora, así que Asensio se la da.
Tal y como consta en el auto de García Castellón de transformación de la causa en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), el director de Interviú se había guardado una copia de la tarjeta en su ordenador antes de que se la entregaran a Iglesias y había compartido los archivos y gran parte de la información con su entonces subdirector.
Pablo Iglesias se quedó con la tarjeta del móvil de Bousselham durante meses, según contó él mismo al juez, al menos hasta finales de agosto de 2016. Cuando la investigación giró hacia su conducta, explicó en varios medios de comunicación que retuvo el soporte para “no someter a más presión” a su exasesora, a quien se vinculaba sentimentalmente con el líder de Podemos.
En una fecha que el magistrado no ha determinado pero que sitúa entre enero y mediados de abril de 2016, el comisario Villarejo, entonces en activo, telefonea a Rendueles para pedirle una copia de los archivos de Bousselham. Según explica el instructor, el subdirector lo habla con Pozas y éste, "pese a saber que la tarjeta contenía una información personal ajena a Villarejo, accede a la petición". Ambos se reúnen con el comisario y le facilitan parte del contenido. Este es el motivo por el que los tres han sido procesados por descubrimiento y revelación de secretos.
Pendrives en casa del comisario
La investigación realizada en el marco de la pieza 10 ha determinado que los archivos de una de las memorias USB halladas en casa de Villarejo fueron copiados el 14 de abril de 2016, mientras que los encontrados en el disco duro de su ordenador son copia del pendrive realizada en julio de 2016. En ese mismo mes se publicaron en Okdiario las primeras imágenes sacadas del teléfono móvil de Bousselham, en concreto capturas de pantalla de chats internos de Podemos en las que se ve cómo Pablo Iglesias exclamaba: “La azotaría hasta que sangrase”. Fue después de eso cuando Bousselham amplía la denuncia por el robo de su móvil, apuntando al medio en el que se publicaron las imágenes.
Los hechos dan un salto de algo más de un año. El 3 de noviembre de 2017, el comisario jubilado Villarejo es detenido por delitos de blanqueo y organización criminal, entre otros. Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional se incautan de numerosa documentación y discos duros que están encriptados, por lo que el trabajo de investigación es arduo y lento. A medida que se va decodificando la información, se van abriendo piezas de la macrocausa Tándem. Hasta que los agentes llegan a unas carpetas denominadas DINA 2 y DINA 3, que contenían archivos procedentes de la tarjeta de memoria mini SD del móvil sustraído a Bousselham.
El 19 de marzo de 2019 se abre la pieza 10 y unos días después tanto Iglesias como Bousselham declaran en la Audiencia Nacional en calidad de perjudicados. Según la exposición razonada que el juez ha enviado al Supremo, el líder de Podemos reconoce que se había quedado unos meses con la tarjeta y que Asensio fue el que se la entregó. Pero la exasesora del partido comete el error de no admitir que había hecho capturas de pantalla de los mensajes de chat y que las había enviado a terceros.
Tras las comparecencias en sede judicial de Pozas, Rendueles y Asensio, además de Villarejo, se siguen abriendo piezas de la macrocausa Tándem y no es hasta mayo de 2020, en pleno estado de alarma por la pandemia de coronavirus, que se reactivan las pesquisas con una nueva citación de Bousselham después de que al analizar la tarjeta los investigadores se dieran cuenta de que sí había enviado pantallazos.
Comienzan las sospechas sobre Iglesias
Ella lo admite en la Audiencia Nacional y confirma que no pudo recuperar el contenido de la tarjeta cuando Iglesias se la devolvió en el verano de 2016. Es aquí cuando el relato de que Villarejo fuese la posible fuente de Okdiario se rompe para el juez y los fiscales, ya que al haberse enviado a otras personas los mismos mensajes que aparecieron publicados caben más posibilidades. Es por ello que García Castellóin retira a Iglesias la condición de perjudicado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, y empieza a desviar las sospechas hacia él como posible autor de dos delitos: descubrimiento y revelación de secretos por quedarse con la tarjeta y daños informáticos por el deterioro presente en el soporte, que el juez está seguro de que se dañó estando en su poder.
La actividad en la pieza 10 del caso Tándem es frenética a partir de ese momento y durante todo el verano. El juez encarga informes a la compañía de recuperación de archivos a la que Bousselham y su pareja envían la tarjeta para recuperar el contenido; la exasesora de Podemos y el actual vicepresidente segundo del Gobierno presentan escritos pidiendo que se revoque la decisión del magistrado; el instructor dicta un auto instando a la víctima del robo del móvil a cambiar de abogada para no compartir defensa letrada con el líder de Podemos…
Y todo con la desconexión entre el objetivo de García Castellón y el de los fiscales, que no están de acuerdo con la deriva de la investigación y así lo hacen constar. Entre otras cosas, instan al magistrado a citar de nuevo a Bousselham para que preste su “perdón expreso” a Iglesias, tal y como ella misma había pretendido en un escrito en el que volvió a cambiar de versión y exculpando al líder del partido de todo. El perdón de la víctima es elemento clave para continuar adelante con el delito de revelación de secretos, pero el instructor no lo permite alegando que quería seguir investigando y que no era el momento procesal oportuno.
En medio de toda esta confusión, se publican en varios medios mensajes de un chat interno de abogados de Podemos en el que hablan sobre el rumbo de la investigación del caso Tándem, en el que el partido está personado como acusación popular. Los mensajes son anteriores a la apertura de la pieza Dina y en ellos también hacen comentarios sobre su interlocución con los fiscales. Una de las letradas, Marta Flor (la abogada que luego representó a Iglesias y Bousselham en la pieza 10) alardeaba de la buena relación que mantenía con uno de los representantes del Ministerio Público, Ignacio Stampa, aunque luego reconocía que estaba exagerando.
A raíz de estas publicaciones, la Inspección Fiscal abrió un expediente para investigar la actuación de Stampa, pero ha quedado en suspenso a la espera de que se pronuncie la Fiscalía de Madrid por una denuncia penal interpuesta contra él por el partido Vox.
Tarjeta físicamente intacta
El 23 de julio se recibe en el Juzgado Central de Instrucción número 6 el informe de los técnicos de la sede de Gales (Reino Unido) de la empresa Recuperación Express, donde la exasesora envió su tarjeta de teléfono móvil después de recuperarla, en el que informan de que el soporte estaba "físicamente intacto" y que no presentaba cortocircuitos, pero que no habían podido recuperar el contenido del mismo.
Mientras el juez encarga estas diligencias, Iglesias y Bousselham recurren a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, instancia superior a los juzgados de instrucción, para que rectifique la decisión de García Castellón de retirar al primero la condición de perjudicado. Tres magistrados de la Sección Tercera les da la razón a mediados de septiembre, pero para entonces el instructor ya ha tomado declaración a José Manuel Calvente, abogado despedido de Podemos que ya había hablado en medios de comunicación acusando al partido de organizar un “montaje” usando la pieza 10 para presentarse como víctima de las cloacas, aunque luego reconoce que es algo que le han contado.
Con el relato de Calvente, que el juez califica de “minucioso” y en el que basa parte de sus imputaciones, aún reciente, llega el auto de la Sala corrigiendo al juez con respecto al vicepresidente y diciéndole que sus sospechas sobre él son “meras hipótesis” que no desvirtúan la conexión de Iglesias con el objeto del proceso”. Para los magistrados, era “verosímil” considerar que la obtención de los archivos se puede achacar a la “organización de Villarejo” y que la difusión en medios de comunicación podía tener el objetivo de “causar un quebranto” en Iglesias.
En todo caso, la Sala decía al juez que la pieza 10 no era el procedimiento donde se debían investigar sus sospechas y cuando ya parecía que todo se había calmado, el pasado 7 de octubre García Castellón eleva al Supremo una exposición razonada de 63 folios en la que expone una a una las razones que le llevan a pedir la imputación de Iglesias, Bousselham, la pareja de ésta y los abogados de Podemos Gloria Elizo (también vicepresidenta del Congreso), Raúl Carballedo y Marta Flor.
Aparte de la presentación de este documento, lo que más ha sorprendido de las conclusiones del magistrado de la Audiencia Nacional es el delito de denuncia falsa que les atribuye por la ampliación de la denuncia del robo del teléfono. Según el juez, Bousselham “era plenamente consciente de que las imágenes publicadas en Okdiario eran las que ella había enviado a otras personas” y en Podemos se utilizó este caso para obtener “rédito electoral”. Para justificarlo, el instructor no se olvida de recordar que en la primavera de 2019 hubo elecciones generales. Para García Castellón, todo fue una “consciente y planificada actuación falsaria para simular una conexión” que ya ve “inexistente” entre el robo del teléfono y la publicación de las imágenes en el periódico digital.
Los argumentos del juez García Castellón están ya en manos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que sólo un día después de recibir la exposición razonada encargó al teniente fiscal Luis Navajas un informe para que se pronuncie acerca de si se debe o no abrir causa.
INSTRUCCIÓN NÚMERO 6: RADIOGRAFÍA DEL JUZGADO "EXCEPCIONAL" QUE HA INVESTIGADO A PABLO IGLESIAS
Su titular, Manuel García Castellón, decidió volver a su plaza con 64 tras 16 años en destinos dorados en el extranjero después de que Ignacio González lo propusiera en un pinchazo. Alejandro Abascal, uno de sus dos jueces de refuerzo, fue propuesto por el PP como vocal del Poder Judicial en el frustrado intento de renovación de 2018
Tres jueces para un mismo juzgado. Esta es una de las excepciones que representa el Central de Instrucción número 6 en la historia de la Audiencia Nacional. El juzgado en el que el Partido Popular se juega su futuro, con la investigación del espionaje a Luis Bárcenas y el caso de la financiación irregular de la formación en Madrid, y que acaba de proponer al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias. Al frente está Manuel García-Castellón, el magistrado al que el Gobierno de Aznar y después el de Rajoy enviaron a los codiciados destinos de juez de enlace en París y Roma. Como magistrado de refuerzo ejerce uno de los puntales de la derecha judicial pese a su juventud, Alejandro Abascal. Y como apoyo de los dos primeros, Joaquín Gadea, miembro de la mayoritaria asociación conservadora de jueces, al igual que Abascal.
A sus 64 años, y tras más de tres lustros en destinos dorados en el extranjero, Manuel García-Castellón decidió en mayo de 2017 regresar a su plaza en la Audiencia Nacional. Su vuelta a España dejó sin efecto el concurso convocado para cubrir la vacante que había dejado tras ser ascendido Eloy Velasco, el juez que lo estaba sustituyendo. Un concurso incontrolable que habría ganado el magistrado con más antigüedad de cuantos aspirasen a instruir los sumarios de corrupción más sensibles del momento, Púnica y Lezo, y que traían de cabeza a varios dirigentes del PP, entonces en el Gobierno.
En esas dos investigaciones estaba y está implicado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, a quien la UCO cazó en un pinchazo del 22 de noviembre de 2016 ideando un plan para mandar a Velasco a “escarbar cebollinos” y traer de vuelta a García Castellón. “Yo le llamo a éste y le digo: oye ven aquí, el titular aquí y éste… a tomar por culo”, dice González al exministro del PP Eduardo Zaplana. Apenas seis meses después, Velasco, junto al hoy secretario de Justicia del PP, Enrique López, fue ascendido a la recién creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, una segunda instancia que organismos internacionales venían reclamando a España desde la misma creación del tribunal especial. Y García-Castellón volvió a España.
A Ignacio González el plan no le salió demasiado bien. García-Castellón le ha mandado a juicio por el caso Lezo y le sigue investigando en Púnica, una causa en la que ha imputado a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la financiación irregular del PP regional. También interrogará próximamente al exministro del Interior con el PP Jorge Fernández Díaz y a su ex número dos, Francisco Martínez, por el espionaje a Luis Bárcenas. Anticorrupción le ha pedido que impute también a María Dolores de Cospedal, pero García-Castellón ha optado por escuchar primero la declaración trascendental de Martínez.
El supuesto espionaje al extesorero con fondos reservados —del que ha salido a la luz abundante documentación en los últimos días al levantarse el secreto de sumario— ha quedado parcialmente opacado esta semana por otra relevante decisión de García-Castellón: la petición al Tribunal Supremo para que impute a Pablo Iglesias precisamente en una de las piezas menores del caso Villarejo, la relativa al robo del móvil de una excolaboradora. El juez ha solicitado la apertura de una causa penal contra el vicepresidente atribuyéndole el delito de denuncia falsa y/o simulación de delito por urdir un supuesto montaje para obtener "rédito electoral", de acuerdo a la teoría que le presentó un abogado despedido de Podemos que decía hablar por boca de terceros. Anticorrupción había advertido al juez que sin denuncia de Dina Bousselham no podía atribuir los otros dos delitos que el juez atribuye a Iglesias: daños informáticos y revelación de secretos. Este viernes, Manuel García-Castellón acusó a miembros del Gobierno y de “algunos medios de comunicación" de alentar una campaña en redes sociales contra él tras esta decisión.
Dos jueces de refuerzo
Las decenas de resoluciones que componen el sumario del caso Villarejo llevan su firma, pero García-Castellón no trabaja solo en el Central de Instrucción número 6. Tiene a su disposición hasta dos jueces de refuerzo, una situación inédita en el tribunal especial, confirman a elDiario.es fuentes jurídicas. De hecho, en la actualidad, es el único de los seis juzgados de la Audiencia Nacional que cuenta con jueces de apoyo. Y en este caso no es uno —que suele ser lo habitual cuando hay sobrecarga de trabajo— sino dos.
Estos jueces son Alejandro Abascal y Joaquín Gadea, ambos son miembros activos de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y ambos nombrados de manera discrecional por el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), controlado por los conservadores, y que está en funciones desde hace casi dos años. El de Abascal fue uno de los diez nombres que el PP de Pablo Casado puso encima de la mesa en la frustrada renovación del órgano de gobierno de los jueces de 2018. Si ese intento no hubiera saltado por los aires posiblemente sería a día de hoy uno de los vocales conservadores de la cúpula del Poder Judicial. El acuerdo entre el PP y el PSOE no salió adelante al filtrarse un mensaje en el que Ignacio Cosidó, entonces portavoz del PP en el Senado, asumía que con el nombramiento de Manuel Marchena como presidente se controlaría "por detrás" la Sala de lo Penal del Supremo.
Abascal, de 42 años y con destino en un juzgado de Fuenlabrada, trabaja codo a codo con García-Castellón en la Audiencia Nacional desde febrero de 2019, cuando el CGPJ lo eligió en sustitución de Diego de Egea, quien renunció a continuar en ese puesto de refuerzo alegando motivos personales. El órgano de gobierno de los jueces acordó que la comisión de servicio fuera para él en detrimento de la magistrada Rosa Freire, impulsora de la causa sobre la destrucción de los discos duros de Bárcenas y a la que el PP intentó apartar de ese caso.
El CGPJ valoró como principal mérito de Abascal que ya tenía “experiencia” en ese juzgado, en el que estuvo en comisión de refuerzo entre marzo y diciembre de 2016. De hecho, Eloy Velasco, entonces titular del juzgado en ausencia de García-Castellón, pidió que continuara como refuerzo, pero el órgano de gobierno de los jueces se lo denegó al considerar que la situación de sobrecarga del juzgado había mejorado y que esos apoyos eran algo excepcional. A los dos meses de volver a la Audiencia Nacional, García-Castellón ya contaba con juez de refuerzo. Diego de Egea primero y Alejandro Abascal después.
La jueza Freire impugnó el nombramiento de este último en el Supremo y acusó al CGPJ de obviar todos los méritos que le eran “objetivamente favorables” —como su mejor número en el escalafón— y de idear “un mérito superlativo de idoneidad no contemplado en la norma”. En el entorno de la magistrada confirman que el Alto Tribunal todavía no ha resuelto su recurso. Entre tanto, el Poder Judicial ha prorrogado en hasta tres ocasiones la comisión de servicio de Abascal, la última el pasado 27 de mayo y por un período de seis meses.
Abascal compatibiliza su cargo judicial con el ejercicio de la docencia en el CES Cardenal Cisneros. Es el mismo centro privado adscrito a la Universidad Complutense de Madrid en el que Pablo Casado aprobó en cuatro meses, entre junio y septiembre de 2007, doce de las 25 asignaturas de las que constaba la carrera de Derecho y cuando acaba de ser elegido diputado autonómico en Madrid. Abascal está autorizado a dar clases siempre que éstas se impartan a partir de las 15 horas y no le impidan el cumplimiento de sus deberes judiciales, según la resolución de la Comisión Permanente del CGPJ.
El otro juez de apoyo, Joaquín Gadea, de 39 años, llegó al Central de Instrucción número 6 por una vía muy poco habitual, admiten fuentes jurídicas. Una disposición adicional que el Gobierno del PP introdujo en el verano 2015 en la ley del Poder Judicial y que permite al CGPJ asignar jueces de refuerzo “para la mejor instrucción de causas complejas” y previa propuesta del titular del juzgado en cuestión.
La peculiaridad de esta figura es que no tiene función jurisdiccional y su función, sobre el papel, se limita a “labores de colaboración, asistencia o asesoramiento”. El CGPJ acordó el nombramiento discrecional de Gadea el 18 de diciembre de 2019 y lo renovó por otros seis meses más el pasado 4 de junio.
Juez de Adscripción Territorial destinado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Gadea fue uno de los tres magistrados que dictó la condena a un año y medio de inhabilitación y multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia a Quim Torra por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de la Generalitat en la precampaña de las generales de 2019.
A diferencia de Gadea, Abascal sí puede sustituir a García-Castellón en la toma de declaraciones o en la firma de resoluciones cuando esté ausente. Eso sí, no puede instruir casos anteriores a su llegada al juzgado, solo encargarse de los nuevos que entren. En cualquier caso, fuentes jurídicas aseguran que los tres comparten sus posiciones sobre las causas y debaten a menudo sobre ellas.
Una "excepción" en la Audiencia Nacional
Que un instructor tenga dos jueces de apoyo es una total excepción, incluso en la Audiencia Nacional, si bien el Central de Instrucción número 6 tampoco es un juzgado cualquiera. Además de Púnica y Lezo, instruye la trama policial, empresarial y política en torno al comisario Villarejo, el caso de los CDR, el presunto fraude en obras hidráulicas de Acuamed o la quiebra de la tecnológica ZED. Esta acumulación de causas mediáticas es fruto del azar, aseguran las fuentes consultadas, pues el reparto de asuntos entre los juzgados se realiza a través de un programa informático que garantiza que se haga de forma aleatoria. Además, el juzgado que está de guardia asume los atestados, denuncias y querellas que se presenten durante la misma, según las normas del tribunal especial.
La carga de trabajo de García-Castellón en la Audiencia Nacional es sin duda muy superior a la que tenía en sus anteriores destinos en París y Roma. Las pocas plazas de juez de enlace son destinos muy preciados que el Gobierno otorga como premios, aseguran fuentes jurídicas, pues además de que el ritmo de trabajo es mucho menor, las remuneraciones también son mayores y superan los 130.000 euros anuales. Es decir, García-Castellón regresó a España en mayo de 2017 asumiendo que iba a ganar menos y trabajar más.
Pero es que en su caso, la gratificación en el extranjero había sido doble. Fue destinado primero a París, pero cuando el Ejecutivo quiso enviar allí a Juan Pablo González, otro de los magistrados considerados próximos al PP, le buscó el destino de Roma. Por si acaso, el magistrado mantuvo contactos para no volver a la Audiencia Nacional, según fuentes próximas al mismo. La capital de Italia fue el destino al que cinco años después renunció voluntariamente. Antes de su periplo internacional, García-Castellón instruyó casos tan relevantes como Banesto o el asesinato de Miguel Ángel Blanco por ETA.
Casi dos décadas después, de nuevo muchas miradas están puestas sobre el juez que ha pedido la imputación de todo un vicepresidente del Gobierno por urdir un supuesto montaje para obtener "rédito electoral". García-Castellón ha hecho compatible esa acusación con imputar a Villarejo y dos periodistas en la pieza que, con el apoyo de Anticorrupción, nunca llegó a convertirse en la investigación de las maniobras policiales y mediáticas que sufrió Podemos para no alcanzar el Gobierno en 2016.
EL JUEZ DEL CASO DINA ACUSA A MIEMBROS DEL GOBIERNO DE ALENTAR UNA CAMPAÑA EN REDES SOCIALES CONTRA ÉL
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye la pieza 'Dina', ha puesto en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación que asegura estar sufriendo en las últimas horas en redes sociales y en "algunos medios de comunicación", y que le colocarían "en una situación de indefensión y de descrédito profesional", informa Europa Press.
El magistrado indica que los mensajes contra su persona son repetidos y amplificados por muchos dirigentes, "entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación". En este sentido, denuncia que esos dirigentes con visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, "señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional".
En un escrito de cuatro páginas dirigido al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional denuncia esta campaña pública que se ha iniciado contra su persona desde que se hizo pública hace dos días la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo en el marco de la investigación que lleva a cabo en la pieza 'Dina' de la macrocausa 'Tándem'.
En esa exposición razonada, de la que el Supremo ya ha solicitado informe a Fiscalía, sometía a consideración del alto tribunal la investigación del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y de la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, --ambos aforados--, así como de otras cuatro personas. Solicitaba que se investigue a Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.
En esta pieza se investiga concretamente el robo del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y el posterior uso de los datos que contenía el mismo --hubo determinados archivos que aparecieron en el registro de la casa del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo--.
Ahora en su escrito, García-Castellón explica que esa campaña pretende restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña, además de difundir la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica sino de "una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política".
Reunión antiterrorista en la Policía
El magistrado adjunta la denuncia que en el día de ayer presentó ante la Policía por la naturaleza y la gravedad de los mensajes vertidos contra su persona y que "podrían revestir carácter de infracción penal". La cúpula antiterrorista de la Policía se reunió ayer de urgencia para analizar los mensajes recabados por los agentes expertos en redes sociales y evaluar su gravedad, informan a elDiario.es fuentes policiales. El material hallado es, de forma provisional y según el análisis policial, presuntamente amenazante y difamatorio.
Por último, el magistrado manifiesta en su escrito que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se ha visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel. Recuerda que en su juzgado ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, habiendo tomado decisiones de muy distinto signo y "no habiéndose producido en ningún momento una reacción equiparable a la que se está produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida".
El escrito incluye un extracto de los mensajes publicados que han motivado su denuncia, y en algunos se puede leer que le llaman 'facha', prevaricador, corrupto o mafioso. En otro de ellos se sugiere que está sobornado por el líder del PP.
LAS FALLAS DEL ESCRITO DEL JUEZ DEL ‘CASO DINA’ EN LAS QUE CONFÍA IGLESIAS
Podemos despliega su defensa tras la exposición razonada enviada al Supremo por el magistrado García-Castellón
Podemos no quiere perder el tiempo y, apenas unas horas después de que el juez Manuel García-Castellón enviase al Tribunal Supremo la exposición razonada contra Pablo Iglesias por el caso Dina, se ha lanzado contra los argumentos del magistrado. La formación se ha esforzado este jueves en dejar clara su versión: no trataron de engañar al instructor presentándose como víctimas de la policía patriótica, sino que están convencidos de esa hipótesis. Sus declaraciones y los escritos presentados en la causa cuando dio un giro de 180 grados, donde recuerdan que el instructor no ha encontrado ninguna prueba, ya avanzan por dónde va su defensa contra los cuatro delitos que se atribuyen al líder del partido.
“Se basa en rumores”. El rompecabezas tiene como piezas fundamentales dos delitos: denuncia falsa y simulación de delito. Según el juez, en una reunión celebrada en el seno de Podemos en julio de 2016, donde estaba Gloria Elizo (responsable entonces del equipo jurídico), Iglesias “explicó a sus compañeros que sabía que las imágenes publicadas [en Okdiario y procedentes del móvil de su antigua colaboradora, Dina Bousselham], eran fruto de una filtración de gente del propio partido”. Pese a ello, prosigue el instructor, el líder de la formación vio una “oportunidad de actuar” contra esa web, activando a sus abogados para que ampliasen con tres escritos (del 2 de agosto de 2016, del 28 de septiembre de 2016 y el 3 de febrero de 2017) la denuncia que presentó la asesora tras el presunto robo del móvil y que se investigaba en un juzgado de Alcorcón.
Posteriormente, concluye el magistrado, se orquesta una “falsaria” campaña, que sigue en la Audiencia Nacional cuando se abre el caso Dina, para presentarse como víctima de la policía patriótica. Esa tesis se apoya en gran parte en la declaración de José Manuel Calvente, un exabogado del partido enfrentado con la cúpula, que habla de “montaje”. Un testimonio que, para Podemos, carece de valor. “Se basa todo en rumores e hipótesis, de un señor que oyó decir...”, contraatacó este jueves Alberto Rodríguez, secretario de Organización.
Elizo también rechaza la teoría del juez. “Iglesias no me dijo que fuese una filtración de gente de dentro del partido. Cuando se publican se hacen muchas hipótesis, pero Iglesias nunca dirige el trabajo jurídico del equipo. En absoluto”, ha negado en una entrevista la actual vicepresidenta del Congreso, que incide en que en el verano de 2016 se analizaron todas las tesis dentro de su equipo y se concluyó que había “una posibilidad cierta y verdadera” de que las publicaciones de Okdiario estuvieran conectadas con el robo del móvil. De hecho, en las ampliaciones de denuncia del juzgado de Alcorcón solo se dice que “alguien” debió dar esos datos a la web de Eduardo Inda, y nunca se vincula con las llamadas “cloacas del Estado”.
Aina Díaz, abogada de Podemos, también rechaza que en el verano de 2016 descartasen la vinculación entre el robo del móvil y las cloacas, como varios medios le han adjudicado tras publicarse algunos mensajes del chat interno de aquel grupo de letrados. Simplemente, insistió en un comunicado, porque “hasta noviembre de 2016 no se empieza a utilizar el término ‘cloacas’ por ciertos periodistas”. Ella recalca, además, que en aquellas conversaciones solo defendió que iba a ser “difícil acreditar el origen de los pantallazos publicados en Okdiario, lo cual desaconsejaba una acción jurídica directa contra Eduardo Inda, realidad que es absolutamente diferente hoy tras acreditar la Audiencia Nacional que Villarejo tenía copia de la totalidad de la información existente en el móvil robado y que la misma había sido difundida a distintos medios periodísticos, no mediante pantallazos de mensajes, sino mediante copias íntegras de la memoria del teléfono robado”.
De hecho, como recuerdan Elizo y la dirección de Podemos, el nexo entre la sustracción del móvil y miembros de la policía patriótica lo plantea primero en la causa la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, cuando en marzo de 2019 envía un informe al juez donde detalla que ha encontrado en casa del comisario jubilado José Manuel Villarejo una copia de la “extracción de datos” del teléfono. Una línea de las pesquisas que investigó el propio juez y la Fiscalía Anticorrupción. “No intentamos engañar a García-Castellón, igual que tampoco lo hizo la Fiscalía ni Asuntos Internos”, ha recalcado Elizo.
“Se requiere denuncia previa”. El tercer delito que el magistrado imputa a Iglesias es descubrimiento y revelación de secretos por guardar durante medio año la tarjeta de Bousselham antes de devolvérsela, tras recuperarla a través de Interviú. Tal y como contempla la ley, para investigarlo se requiere una denuncia previa de la víctima. El propio juez lo admite en su exposición razonada, aunque deduce que la antigua asesora del líder de Podemos tiene interés en “proceder” para dilucidar todo y afirma que debe ser el Supremo quien le pregunte si adopta acciones legales.
Bousselham ya ha evidenciado, en cambio, que no quiere actuar contra el vicepresidente. “Dina ha confiado siempre en el modo de actuar de Iglesias y en que, en todo momento, como no podía ser de otro modo, la actuación de Iglesias no ha sido otra que proteger su intimidad”, escribía su abogado en un escrito enviado al juez el pasado junio, cuando el instructor ya había puesto la diana en el líder de la formación. En ese documento, la dueña del móvil asegura que “entiende” que su “amigo” guardara la tarjeta durante un tiempo, “ya que la había obtenido de forma confidencial”.
El vicepresidente también intentó desmontar en otro escrito la tesis de que ocultó que tenía la tarjeta. Iglesias subraya que el mero hecho de dársela finalmente a su exasesora —de forma “voluntaria” y sin “requerimiento alguno”— demuestra “la ausencia de ocultación alguna, más allá de que se tardase más o menos tiempo”. Además, él mismo le contó al juez en su declaración como víctima que la guardó durante seis meses y, según remacha el líder de Podemos, entonces el juez no le dio ninguna importancia a ese detalle.
“El delito de revelación de secretos requiere una denuncia previa. El juez dice que el Supremo oirá a Dina sobre si exculpa o perdona a Iglesias. Pero es al revés: si no le denuncia, no hay caso que enviar al Supremo”, ha apostillado también esta semana Victoria Rosell (Podemos), actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y magistrada de carrera.
“No hay prueba”. El delito de daños informáticos completa el puzle. Podemos insiste en que no hay ningún indicio que demuestre que Iglesias deterioró la tarjeta intencionadamente. El propio juez lo dice en su exposición razonada: “No hay una prueba directa de la destrucción material de la tarjeta por parte del aforado”. Y, hasta ahora, han fracasado todos los esfuerzos del instructor por aclarar por qué no se puede acceder al contenido.
El dispositivo electrónico presenta un deterioro exterior que, tras ordenar investigarlo, se concluyó que se correspondía con el “lijado” que hizo una compañía especializada para intentar rescatar la información. Esa posibilidad la admitió la propia empresa. Y la policía científica dijo lo mismo. “El citado lijado [...] sería compatible con un intento de recuperación del contenido de la memoria una vez que se ha detectado un fallo en la controladora de la tarjeta que impide su normal funcionamiento [...] La técnica descrita en el punto anterior sería empleada por los laboratorios especializados en recuperación de información de este tipo”, concluía el documento, fechado el 12 de agosto. El juez se agarra a que supuestamente tenía un “fallo” interno previo que atribuye a Iglesias.
Pero en la formación de izquierdas insisten en que Iglesias nunca la deterioró: “Y, dado el actual estado de la tarjeta, no se puede precisar si existía daño alguno previo: Pero sí ha quedado acreditado que la supuesta destrucción externa era ajena a la tesis del instructor que la consideró base y elemento para la retirada de la condición de perjudicado a [Iglesias]”, defendió el abogado del vicepresidente en un escrito enviado a la Audiencia Nacional el pasado 2 de septiembre.
CRONOLOGÍA DE LA PIEZA 10: ASÍ ACABÓ IGLESIAS ACUSADO POR LA TARJETA DE SU COLABORADORA INCAUTADA A VILLAREJO
El 27 de marzo de 2019 el juez ofreció al líder de Podemos personarse como perjudicado en el 'caso Dina': información del móvil robado a Bousselham había sido publicada por varios medios. García-Castellón acusa ahora a la excolaboradora de difundirla y a Iglesias de realizar un montaje con fines electorales
Una pieza del caso Villarejo, la número 10, se ha convertido en la principal amenaza de la investigación para el Gobierno actual. El juez instructor, Manuel García-Castellón, considera que ha reunido los indicios suficientes para que el Supremo investigue a Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, diputado y, por tanto, aforado ante el Alto Tribunal.
Esta es la cronología de cómo una de las piezas aparentemente más sencillas del caso Villarejo se fue complicando y pasó a atraer la máxima atención. Es el proceso de cómo llegó hasta aquí pese a comenzar, y representar durante mucho tiempo, un asunto secundario para el juez y la Fiscalía Anticorrupción de entre los encargos al comisario. Una pieza 10 que Podemos intentó, sin éxito, que acogiera una investigación de todas las maniobras policiales para impedir que gobernara en 2016.
Al final, la pieza 10 se ha convertido en el campo de batalla sobre el que decidir si existió o no una policía política que atacó a la oposición durante la primera legislatura de Mariano Rajoy con la connivencia de algunos medios de comunicación. La opción de señalar a Iglesias ha incluido cuestionar a la Fiscalía Anticorrupción por favorecer supuestamente a Podemos, personalizando los ataques en uno de los fiscales del caso, Ignacio Stampa, que investiga la organización criminal que dirigía el comisario Villarejo y a sus poderosos clientes.
1 de noviembre de 2015. Podemos continúa su trayectoria ascendente después de que irrumpiera en el panorama político en las elecciones europeas de mayo de 2014. Su líder, Pablo Iglesias, compagina la dirección de partido con su escaño en el Europarlamento. Una de sus colaboradoras más próximas es la marroquí Dina Bousselham. Ella y su pareja de entonces, Ricardo Sa Ferreira, acuden al Ikea de Alcorcón y en un descuido les roban varias pertenencias, entre ellas el móvil de Bousselham. Denuncian ante la Policía Nacional de la localidad madrileña.
12 de enero de 2016. Ese día amanece con dos digitales de Madrid, Okdiario y El Confidencial, informando del contenido de un supuesto informe policial sobre la presunta financiación irregular de Podemos. Como había ocurrido durante toda la Operación Catalunya, el supuesto informe de inteligencia no se enmarca en causa judicial alguna. Las publicaciones se producen coincidiendo con el arranque de las conversaciones entre Podemos y PSOE para una posible coalición de Gobierno.
elDiario.es tuvo acceso a ese informe y lo publicó después de que fuera incorporado a una denuncia contra Iglesias e Iñigo Errejón en el Tribunal Supremo por Manos Limpias. Sin firma, ni sello, su contenido fue despreciado por el Alto Tribunal y por la Audiencia Nacional. La Policía de Jorge Fernández Díaz lo terminó por remitir al Tribunal de Cuentas después de admitir que había sido confeccionado en la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política. Uno de los comisarios investigados en el caso Kitchen atribuye su autoría al hoy comisario Andrés Gómez Gordo, el policía asesor de María Dolores de Cospedal.
20 de enero de 2016. Antonio Asensio Mosbah, propietario entonces del Grupo Zeta, escribe por Telegram a Pablo Iglesias. Le cita ese mismo día para entregarle un material que ha llegado a la revista Interviú y que incluye fotografías de la que el editor piensa que es la pareja del líder de Podemos. Durante 40 minutos, Iglesias dispone de un ordenador para, en privado, poder ver el material. No es su pareja la que aparece en fotos íntimas junto a capturas de chats del partido y otro material relativo a Iglesias y la formación. Se trata de Dina Bousselham, de la que había surgido el falso rumor de que mantenía una relación con su jefe.
Según han explicado después al juez el director y subdirector de Interviú, Alberto Pozas y Luis Rendueles, respectivamente, la tarjeta del teléfono llegó de forma anónima a la revista. Ambos decidieron que no era material de interés periodístico y su editor se la entregó a Iglesias, gesto que éste agradeció. El líder de Podemos se quedó con la tarjeta, pese a no pertenecerle, durante al menos seis meses. Después ha explicado que quería proteger a Bousselham, bastante afectada por entonces de las informaciones que le vinculaban sentimentalmente a Iglesias.
Febrero de 2016. A los pocos días de recibir la tarjeta, el comisario Villarejo se pone en contacto con los periodistas de Interviú y les dice que sabe que tienen la tarjeta y que la necesita para sus trabajos policiales. Pozas y Rendueles comen con él en un restaurante madrileño y le entregan el material. El policía, entonces en activo, y los dos periodistas se encuentran imputados por un delito de revelación de secretos. El juez Manuel García-Castellón acaba de dictar contra ellos auto de pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento para los delitos castigados con menos de nueve años.
21 de junio de 2016. Ese día se celebran las elecciones generales y Podemos no logra su objetivo de dar el 'sorpasso' al PSOE. Con todo, Unidas Podemos obtiene 72 escaños, la suma de los 69 de las elecciones del diciembre anterior y los dos que obtuvo en ellas IU y eso abre la puerta a un Gobierno de coalición con Pedro Sánchez. No sería hasta julio cuando Pablo Iglesias formaliza la oferta al líder de los socialistas.
22 de julio de 2016. El medio dirigido por Eduardo Inda, Okdiario, publica una información que adjunta el pantallazo de un chat interno de Podemos en el que Pablo Iglesias afirma: "La azotaría hasta que sangrase… Esa es la cara B de lo nacional popular… un marxista algo perverso convertido en un psicópata". Iglesias se disculpa públicamente del comentario en el chat privado: "Siento mucha vergüenza de haber hecho una broma machista".
3 de noviembre de 2017. El comisario José Manuel Villarejo Pérez, jubilado en el verano de 2016, es detenido en su chalet de Boadilla del Monte por agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. El material audiovisual que encontraron allí, en una finca próxima, las oficinas y pertenencias de colaboradores por los policías y la Fiscalía Anticorrupción ha servido ya para abrir más de 30 piezas vinculadas a encargos realizados al comisario cuando estaba en activo. Las piezas se han ido abriendo según se examinaban los 40 terabytes almacenados por el policía o avanzaban los trabajos de desencriptación.
El 19 de marzo de 2019, el inspector al frente de las pesquisas remite un oficio al juez del caso informando de que han aparecido dos archivos, DINA 2 y DINA 3, que albergan "una multitud de información de la usuaria, tanto datos personales, bancarios, fotografías de carácter íntimo, además de contener comunicaciones con terceros a través de correo electrónico diversas aplicaciones para telefonía móvil (Whatsapp, Telegram), archivos de vídeo y audio, estando buena parte de esos documentos fechados en los años 2014 y 2015”. En la página 2 del informe se reproduce el mismo pantallazo del mismo chat que había publicado Okdiario.
27 de marzo de 2019. Pablo Iglesias y Dina Bousselham declaran ante el juez Manuel García-Castellón. En aquella declaración, Iglesias no le esconde que se quedó con la tarjeta cuando la recibió de manos de Asensio Mosbah. Por su parte, Bousselham cuenta al juez también que no pudo consultar su contenido después de que se la entregara Pablo Iglesias. Pese a ello, el magistrado ofrece a ambos personarse como perjudicados en el caso.
García-Castellón elogia la exposición que el líder de Podemos hace intercalando las publicaciones sacadas del teléfono de Bousselham y los hitos políticos del partido para concluir que se trató de una estrategia para perjudicarles. El magistrado instructor llega a decir a Iglesias: "Sabe usted que aquí estamos investigando implicaciones muy serias del Ministerio del Interior…". El 8 de abril, el juez imputa a Pozas y posteriormente hará lo propio con Luis Rendueles.
18 de mayo de 2020. El caso pasa a un segundo plano durante un año, pero poco antes confinamiento, la Policía Científica entrega un informe que el juez les había encargado nueve meses antes sobre el contenido de la tarjeta. Anticorrupción considera que su contenido justifica volver a llamar a Bousselham a declarar. La exasesora había negado ante el juez haber difundido el contenido de su teléfono, pero los agentes certifican que los mensajes se hallaban en una carpeta del teléfono denominada "sent" (enviado). Ante el juez, Bousselham admite que ella hizo los pantallazos y que pudo enviarlos a terceros.
La Fiscalía considera que el caso da un vuelco, que ya Villarejo no es el único sospechoso de haber hecho llegar a los medios de comunicación los pantallazos y señala a Iglesias como presunto autor de dos delitos: daños informáticos por haber entregado la tarjeta a su dueña en un estado que impedía consultar su contenido; y otro de revelación de secretos, por haber guardado durante al menos seis meses el dispositivo que le había entregado Interviú sin trasladárselo a su legítima dueña. Los fiscales piden retirar la condición de perjudicado a Pablo Iglesias pero añaden que no se le puede investigar porque se trata de dos delitos que necesitan que el perjudicado se sienta víctima y ejerza acciones legales, lo que no ocurre en el caso de Bousselham.
25 de mayo de 2020. La unidad de acción entre juez y fiscales se fractura. El magistrado retira la condición de perjudicado a Pablo Iglesias pero no se detiene ahí y emprende una investigación con el líder de Podemos como principal sospechoso de la pieza 10, que margina otras investigaciones del caso Villarejo por la cantidad y el ritmo de las diligencias ordenadas por el juez.
García-Castellón ordena a Bousselham que deje de compartir abogado con Iglesias, envía una comisión rogatoria a Gales para que la empresa que intentó recuperar el contenido de la tarjeta —a petición del entonces marido de la exasesora— explique si llegó dañada "físicamente" y establece como prioridad que los policías de Asuntos Internos repasen la declaración de Ricardo Sa Ferreira, expareja de Boussleham.
10 julio de 2020. En esta fecha, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid abre una investigación a uno de los dos fiscales del caso Villarejo, Ignacio Stampa, por una denuncia de Vox basada en el contenido de las informaciones de varios medios que reproducen chats internos de Podemos. Esas informaciones concluyen que el Ministerio Público habría facilitado información confidencial a Podemos, como acusación popular, en el transcurso del caso Villarejo y, en concreto, en la pieza 10.
El jefe de la Inspección Fiscal ya ha archivado dos denuncias contra Stampa porque no aprecia irregularidad en su conducta, pero la última investigación interna está detenida a la espera de que la Fiscalía del TSJM se pronuncie acerca de la presentada por el partido ultraderechista. Algunos medios han llegado a dar por cierta una relación personal del fiscal y la abogada de Iglesias por insinuaciones que hace ella en los citados chats internos, pese a que en otra conversación niega que haya relación alguna.
26 julio de 2020. La empresa galesa que analizó la tarjeta que Iglesias le devolvió a Bousselham contesta al juez que no se podía acceder a ella sin un trabajo más a fondo, pero que ésta no estaba dañada "físicamente" cuando llegó a sus manos. Un informe posterior de la Policía Científica confirma que esos daños materiales por los que se interesaba el juez fueron producidos por los trabajos iniciales de recuperación de la empresa, que no siguieron adelante porque el marido de Bousselham rechazó el presupuesto.
Ninguna de las diligencias ordenadas por el juez permiten avanzar en los indicios contra Iglesias. El magistrado también ha ordenado a la decena de policías que investigan la treintena de piezas del caso Villarejo que den prioridad a analizar de nuevo la declaración sobre el robo en el Ikea del exmarido de Bousselham, pero el informe, entregado al magistrado en agosto, no ofrece nuevos datos. Entre tanto, García-Castellón rechaza tomar declaración de nuevo a Bousselham, como solicita Anticorrupción después de que ella haya escrito al juzgado cambiando de nuevo de versión y exculpando a Iglesias.
10 de septiembre de 2020. Declara ante la Audiencia Nacional José Manuel Calvente, antiguo abogado del equipo legal de Podemos, despedido por supuesto acoso a la abogada Marta Flor, una acusación que han rechazado los tribunales. Poco después de ser detenido, Calvente había acudido a la Guardia Civil en Barcelona, donde vive, para denunciar supuesta financiación irregular de Podemos. La denuncia acabó en un juzgado de Madrid que investiga en la actualidad a la formación.
Calvente se prodiga por los medios y niega a algunos de sus antiguos compañeros ser el filtrador de los chats internos utilizados contra el fiscal Anticorrupción por la presunta relación con Marta Flor. En una entrevista a El Mundo presenta la tesis de que Podemos utilizó el caso Dina de forma falsaria para presentarse víctima de las cloacas policiales. El juez considera que debe declarar sobre ello en la Audiencia Nacional. Allí acude Calvente y presenta una teoría que dice que le ha contado alguien de dentro del partido sobre quien se niega a revelar la identidad.
16 de septiembre de 2020. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resuelve el recurso presentado por Pablo Iglesias contra la retirada de condición de perjudicado en la causa y obliga a García-Castellón a que el líder de Podemos figure de nuevo como víctima. Los jueces de la instancia superior hablan de “meras hipótesis alternativas” al referirse a la posibilidad de que Villarejo no esté detrás de la filtración a los medios y le recuerdan que el presunto líder de una organización criminal tenía en su casa la información que luego fue publicada por Okdiario, El Confidencial y El Mundo, según recoge un informe de Asuntos Internos.
7 octubre de 2020. El juez toma la afirmación de que las "hipótesis alternativas" deberían, en su caso, ser investigadas por otra instancia y eleva exposición razonada al Supremo en la que acusa a Iglesias de dirigir un montaje para sacar "rédito político". Esta acusación se basa en la declaración de Calvente que el magistado considera "minuciosa". El juez pide igualmente en base a esa declaración que se investigue a la exresponsable de estrategia jurídica de Podemos Gloria Elizo, a la persona que ocupa ese cargo actualmente, Raúl Carballedo, y a la abogada Marta Flor. También pide imputar a Bousselham y su exmarido por falso testimonio.
Sobre los otros dos delitos, daños informáticos y revelación de secretos, dice que Bousselham ha mostrado "inequívoca voluntad" de que se esclarezcan y propone que sea el Tribunal Supremo quien le pregunte si quiere actuar o no contra Iglesias, única forma de emprender una investigación por ambos al vicepresidente segundo del Gobierno, y declaración que él se ha negado reiteradamente a practicar.
EL JUEZ PIDE AL SUPREMO QUE INVESTIGUE A PABLO IGLESIAS POR EL ‘CASO DINA’
García-Castellón solicita que se impute al vicepresidente por descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delito
Ni Podemos ni nadie en el Gobierno vio venir el nuevo revés judicial contra Pablo Iglesias. El juez Manuel García-Castellón elevó este miércoles una exposición razonada al Tribunal Supremo donde solicita que se investigue al vicepresidente segundo por el caso Dina, la pieza del caso Villarejo que versa sobre el supuesto robo del móvil de una antigua colaboradora del líder de Unidas Podemos. El magistrado de la Audiencia Nacional le atribuye los presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delito.
La noticia cayó como una bomba este miércoles en medio de la presentación del Plan de Recuperación del Gobierno para la salida de la crisis. Era un día importante para la coalición. La puesta de largo del plan económico para vehicular los fondos europeos en los próximos años debía servir como primer gran paso hacia el futuro de la legislatura, marcada hasta ahora por el día a día que exigen la pandemia y la crisis económica. Pero el bumerán en que se ha convertido el caso Dina dio su último giro inesperado contra el vicepresidente mientras se encontraba reunido telemáticamente con el resto del Ejecutivo. Nadie lo vio venir.
Hace solo tres semanas Iglesias había despejado el último golpe. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le había devuelto la condición de perjudicado en el caso, lo que obligaba al propio García Castellón a revocar su iniciativa del pasado mes de julio de retirar el estatus de víctima en la causa al vicepresidente. Una condición que le había sido otorgada a Iglesias después de que parte de los datos del teléfono robado a Dina Bousselham acabaran publicados en varios medios de comunicación, incluyendo información sobre Podemos o mensajes privados del líder de la formación.
Al magistrado, que considera que el ahora vicepresidente usó de forma fraudulenta este proceso judicial para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral, solo le quedaba la vía del Supremo, por la condición de aforado de Iglesias. La Fiscalía no ha respaldado hasta ahora esta línea de las pesquisas, pero sí se ha pronunciado en otro de los frentes judiciales que tiene abierto Podemos en un juzgado de Madrid, donde ha pedido que se investigue a la formación por la contratación de la consultora Neurona para las elecciones generales de 2019.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló con el vicepresidente segundo para trasladarle su apoyo. Sánchez, en una conversación informal con periodistas antes de tomar un avión para viajar a Argelia, informó de su charla con el líder de Podemos, aunque no desveló los detalles, y mostró su total respeto por el procedimiento judicial. El presidente añadió que no está preocupado por las implicaciones políticas de esa resolución, informa Carlos E. Cué. Pero en Podemos “no dan crédito” al nuevo giro judicial de un caso en el que se personaron como víctimas y que ha acabado volviéndose en contra. “Conozco muy bien a Pablo Iglesias y estoy muy tranquila y confiada en su inocencia. El tiempo, como siempre, hablará”, aseguró la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras conocerse la noticia. El portavoz del partido en el Congreso, Pablo Echenique, dirigió sus ataques en Twitter contra el magistrado: “El juez se salta a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía porque contra Podemos y contra Pablo Iglesias vale todo”.
Según señala el juez instructor en sus escritos, Pablo Iglesias recibió el 20 de enero de 2016 de parte de Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta y editor de la desaparecida revista Interviú, la tarjeta de memoria original procedente del teléfono de Dina Bousselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella. “Pese a ello, se la guardó en su poder, sin decírselo a su propietaria, aun cuando ambos eran personas cercanas” y a pesar “del conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015”, explica el auto. Esta acción, continúa el juez, puede vincularse a que el líder de Podemos observó que dicho dispositivo contenía capturas de pantalla que la asesora guardaba con conversaciones de grupos de mensajería en los que él aparecía.
A partir de entonces, tras la difusión en los medios de las primeras informaciones basadas en el contenido del móvil, el juez asegura que se urdió una estrategia conjunta dentro de Podemos para vincular la desaparición del teléfono y una supuesta operación orquestada por la policía patriótica contra el partido. En esa campaña, García-Castellón incluye también a Gloria Elizo, ex directora de los servicios jurídicos de Podemos y vicepresidenta del Congreso; a Marta Flor y Raúl Carballedo, letrados de la formación; así como a la propia exasesora Dina Bousselham y a su pareja, Ricardo Dasaferreira, a quien atribuye delitos de falso testimonio.
El juez asegura que, encabezados por Iglesias, se pusieron de común acuerdo para “instar a los servicios jurídicos a ampliar la denuncia inicial formulada por Bousselham, tratando de disimular falsariamente una conexión entre las imágenes publicadas en el digital y la desaparición del teléfono el 1 de noviembre de 2015”. Lo hacen, prosigue el juez en su escrito, con una finalidad “estrictamente de oportunidad política”.
Ese modus operandi, remacha el juez, se mantiene de forma “consciente y planificada” cuando la Audiencia Nacional abre la causa contra Villarejo, tras encontrar en su casa una copia de los datos del móvil. Según el magistrado, entonces Iglesias se persona “fingiendo ante la opinión pública y su electorado haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales”. Según el instructor, presentaron la desaparición del teléfono de Dina “como un encargo realizado por el Gobierno del PP al comisario jubilado Villarejo para publicar en el digital Okdiario, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos”.
Casado: “Sánchez debe cesar a su vicepresidente”
El líder de la oposición, Pablo Casado, apenas ha tardado unos minutos en reaccionar. “Sánchez debe cesar de inmediato a su vicepresidente Iglesias. La Audiencia Nacional acaba de pedir al Supremo investigarle por los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. Debe cumplir la misma vara de medir que exigía en su moción de censura”, ha escrito el dirigente del PP en Twitter. En Podemos manifiestan, en cambio, su sorpresa por la decisión del juez: “Hace unos días la Audiencia Nacional reclama a García Castellón que le devuelva la condición de perjudicado a Pablo Iglesias, y el juez responde pidiendo al Supremo que se le investigue”.
Villarejo y dos periodistas, procesados
A la vez que ha enviado al Supremo su exposición contra Iglesias, el magistrado ha dictado un auto donde procesa al comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017, y a dos periodistas de la extinta Interviú, Alberto Pozas y Luis Antonio Rendueles. El juez explica que, tras llegar a la revista una copia de la tarjeta de Bousselham, estos se la entregaron al antiguo agente de la Policía Nacional —quien dijo, a su vez, que la había llevado a la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo, seno de la conocida como policía patriótica—. El magistrado les atribuye a los tres posibles delitos de revelación de secretos y ha dado ahora a las partes un plazo de 10 días para que presenten sus escritos de acusación.
LA AUDIENCIA NACIONAL PONE FIN AL INTENTO DE CONVERTIR UNA PIEZA DE LA CAUSA CONTRA VILLAREJO EN EL 'CASO PABLO IGLESIAS'
La Sala de lo Penal interviene para recordar al juez García-Castellón que investiga a una organización que realizaba montajes y que la implicación del líder de Podemos son "meras hipótesis". Desde el fin del confinamiento, la investigación al vicepresidente se había convertido en una prioridad para el juez dentro de la macrocausa
La pieza número 10 del caso Villarejo, conocida como Dina, vuelve a centrarse en el comisario acusado de liderar una organización criminal dedicada, entre otras actividades, a realizar montajes y campañas públicas de desprestigio. Esta es la principal consecuencia de la decisión que adoptó este miércoles la Sala de lo Penal, instancia judicial de la Audiencia Nacional que revisa las decisiones de los jueces de instrucción y que decidió corregir la que adoptó Manuel García-Castellón el pasado mayo, consistente en retirar a Pablo Iglesias la condición de perjudicado que el mismo magistrado le había concedido en marzo de 2019.
La decisión del juez de dejar de considerar a Iglesias víctima de los hechos, adoptada de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, implicó un giro del caso y puso al líder de Podemos en el objetivo de una intensa investigación por parte del juez. Sin embargo, ninguna de las diligencias ordenadas por el magistrado ha arrojado un resultado concluyente, lo que ha impedido a García-Castellón dar el paso de solicitar la imputación de Iglesias al Supremo, tribunal ante el que está aforado el vicepresidente segundo del Gobierno.
Con la reorientación del caso hacia Pablo Iglesias quedó al tiempo aparcada la línea de investigación contra Villarejo, imputado desde la misma apertura de la pieza 10 por haber difundido presuntamente información privada del móvil de Dina Bousselham, una excolaboradora de Pablo Iglesias. Entre la documentación incautada al policía noviembre de 2017 había aparecido una copia de la tarjeta del móvil de Bousselham, con información coincidente con la publicada por tres medios de comunicación en momentos clave para Podemos. Los dos periodistas que reconocieron haber entregado antes esa tarjeta al policía, entonces en activo, continúan imputados.
El juez García-Castellón ha buscado indicios contra Pablo Iglesias hasta prácticamente el momento en el que la Sala de lo Penal le ha recordado en un auto que el investigado es el comisario y que lo demás son "meras hipótesis". Ademas, dicen, en el caso de que esas deducciones estuvieran acompañadas indicios razonables deberían ser investigadas por un juzgado ordinario. El ahora malogrado caso Pablo Iglesias ha centrado la actividad del caso Villarejo desde que finalizó el confinamiento, una macrocausa con una treintena de piezas que afectan al segundo banco del país, empresas del Ibex o el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Los jueces de la Sala de lo Penal también se han visto en la obligación de recordar a García-Castellón que precisamente el principal investigado, José Manuel Villarejo, lo es por liderar una organización que recibía encargos para organizar campañas de descrédito e intoxicación contra terceros con el uso de medios de comunicación.
Villarejo declaró al principio de la pieza 10 al juez que entregó copia de la tarjeta al comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo en ese momento y artífice de la brigada política que actuó contra el proceso soberanista, Podemos y en el espionaje a Bárcenas para favorecer presuntamente a dirigentes del PP. La representación de Iglesias entregó al juez un escrito con la cronología de publicaciones procedentes del móvil de Bousselham que perjudicaban a Podemos y en las que mostraba las coincidencias con, entre otros episodios, las negociaciones con el PSOE en 2016 para formar un gobierno progresista.
A la solicitud de informes periciales a la Policía Científica, la comisión rogatoria a Reino Unido por el intento de reparación de la tarjeta en una empresa local o la orden a los agentes para que investigaran esta pieza de forma "preferente" hay que sumar la última iniciativa del juez, la declaración la semana pasada de José Manuel Calvente, el abogado despedido por Podemos que había asegurado en los medios que el caso Dina era "un montaje" orquestado en persona por Iglesias. Durante la declaración, Calvente se quejó de que está siendo atacado en Twitter, donde es muy activo, y el juez le ofreció investigarlo, así como protección policial.
El caso Dina arranca a instancias de la Policía
Dina Bousselham, por entonces asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento europeo, denunció en noviembre de 2015 que le habían robado varias pertenencias en el Ikea de Alcorcón y que, entre ellas, estaba su teléfono móvil. Según declararon ante el juez los dos periodistas de Interviú, el original o una copia de esa tarjeta llegaron en enero de 2016 a la revista de forma anónima. Decidieron que el material no era publicable y la empresa editora se lo entregó a Iglesias que, pese a reconocer que se trataba del móvil de Bousselham, se quedó con la tarjeta al menos seis meses.
El líder de Podemos alega que lo hizo para proteger a su colaboradora, muy afectada por las informaciones que la relacionaban sentimentalmente con él de forma falsa. De acuerdo al relato de Iglesias, cuando Okdiario comienza a publicar el contenido de la tarjeta, el secretario general de Podemos decide que esa protección es ya imposible y le entrega la tarjeta a Bousselham, quien después declararía al juez que en ese momento ya no pudo acceder a su contenido.
Que Iglesias retuvo un tiempo indeterminado la tarjeta y que su dueña la recibió en mal estado son datos que el juez conocía desde marzo de 2019, cuando citó a declarar a ambos, les ofreció que actuaran como perjudicados y advirtió a Iglesias de las "implicaciones muy serias" del Ministerio del Interior en el caso Villarejo. Iglesias y Podemos arrancaron la campaña de las últimas generales señalando una trama contra la organización política que incluía el asunto de la tarjeta de Bousselham. La pieza 10 había sido abierta, como todas las demás del caso Villarejo, por un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía acerca del hallazgo de la tarjeta de Iglesias entre la documentación incautada al comisario.
Todo cambia tras el confinamiento
Al regreso del confinamiento, durante el que la oposición señaló a Iglesias como uno de los principales responsables de la crisis sanitaria, la Fiscalía y el juez acordaron llamar a declarar de nuevo a Bousselham. El motivo de no haberlo hecho antes, aducen, es que estaba pendiente un informe de la Policía científica que se demoró casi un año, hasta el mes de enero de 2020. En su nueva declaración ante el juez, Bousselham reconoció que ella había hecho los pantallazos de la tarjeta, publicados luego por el medio que dirige Eduardo Inda, así como por El Confidencial y El Mundo. Dina Bousselham dijo también que pudo haber enviado esos pantallazos a terceros aunque no lo recordaba.
Con esta nueva información, Anticorrupción remitió al juez un escrito en el que argumentaba que si Villarejo no era el único posible responsable de la difusión y publicación de esos mensajes, no hay delito del que pueda resultar perjudicado Pablo Iglesias y que se le debía retirar la condición de perjudicado. En el mismo escrito, Anticorrupción –acusada en algunos medios y partidos de auxiliar a Podemos–planteaba que Iglesias es presuntamente responsable de los delitos de revelación de secretos (por quedarse con documentación privada de otro) y/o daños informáticos, pero que debe citarse a Bousselham de nuevo porque se trata de tipologías delictivas que necesitan que la víctima denuncie para poder actuar.
El juez García-Castellón ignoró esta parte del documento de la Fiscalía, no citó a Bousselham e igualmente no valoró un escrito posterior en el que la mujer cambia de versión, asegurando que sí pudo acceder al contenido de la tarjeta y exculpando a Iglesias. Por contra, el juez obligó a Bousselham a dejar de compartir abogada con el secretario general de Podemos.
Sin pruebas contra Iglesias
La puesta en marcha de la cooperación jurídica internacional por parte de García-Castellón derivó en una comisión rogatoria satisfecha por Reino Unido. En ella, la empresa a la que el marido de Bousselham había enviado la tarjeta después de recibirla esta de manos de Pablo Iglesias respondió que no se podía acceder a ella, que no pusieron en marcha el mecanismo para hacerlo porque el cliente rechazó el presupuesto, al tiempo que aclaraban que ésta no les llegó dañada físicamente, cuestión en la que incidía el juez. Después, la Policía Científica certificó que los daños que interesaban al juez no los hizo Pablo Iglesias sino la empresa al hacer las primeras comprobaciones sobre el dispositivo.
Entre tanto, y según decaía la posibilidad de atribuir los citados delitos a Iglesias, algunos medios publicaron que el juez se planteaba atribuir a Pablo Iglesias un presunto delito de obstrucción a la Justicia por haber recurrido su pérdida de condición de perjudicado a sabiendas de que no lo era. El juez García-Castellón está pendiente de recibir el informe que ordenó a Asuntos Internos sobre la declaración del exmarido de Bousselham y resolver la petición de Anticorrupción de que declaren de nuevo este y la excolaboradora de Iglesias.
LA AUDIENCIA NACIONAL CORRIGE LA DECISIÓN DEL JUEZ Y VUELVE A ACEPTAR A PABLO IGLESIAS COMO PERJUDICADO EN EL CASO DINA
La Sala de lo Penal recuerda al magistrado del caso Villarejo que no hay más indicios que los que señalan a Villarejo como el autor de la difusión de la información robada del móvil y que las "hipótesis alternativas" de García-Castellón serían, en todo caso, competencia de juzgados ordinarios
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso de la representación legal de Pablo Iglesias y ordena que el secretario general de Podemos vuelve a figurar como perjudicado en la pieza del caso Villarejo que investiga la difusión de información robada del móvil de su excolaboradora Dina Bousselham dirigida contra el vicepresidente del Gobierno y la formación política que lidera, han avanzado a elDiario.es fuentes jurídicas.
El juez del caso, Manuel García-Castellón, había retirado la condición de perjudicado a Iglesias a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Magistrado y fiscales consideraban que si Bousselham había admitido que pudo enviar información del móvil a terceros no podía asegurarse que fue Villarejo quien se la entregó a los medios de comunicación y, por tanto, no había delito del que pudiera resultar perjudicado Iglesias.
Pero a partir de ahí, García-Castellón arrancó una intensa investigación para intentar recabar indicios contra Iglesias, aforado ante el Tribunal Supremo, y rechazó los recursos de Iglesias y Bousselham en contra de su decisión. El juez ordenó las pesquisas pese a que, como le había advertido Anticorrupción, si Bousselham no acusaba a Iglesias de haber retenido información de la tarjeta cuando la obtuvo de Interviú era imposible ejercer acciones penales contra él.
El auto de la Sala de lo Penal viene a recordar una cuestión que parecía aparcada desde el final del confinamiento por parte del juez y que se resume en que lo que investiga el caso Tándem es una organización criminal que hacía negocio con la información que Villarejo obtenía "aprovechando su condición policial".
En este sentido, la Sala se ve en la obligación de recordar que en el registro de la vivienda del comisario jubilado, entre el material incautado, se encontró un dispositivo informático de almacenamiento que contenía archivos con documentos procedentes del móvil de Bouselham.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal explica que algunos de esos documentos archivados en el móvil y cuya sustracción fue denunciada por Bousselham, entre los que se encontraban capturas de pantalla relativas a conversaciones por servicios de mensajería en las que había intervenido Iglesias, fueron publicados por Okdiario, El Confidencial y El Mundo con posterioridad a la fecha en la que la denunciante fijaba el robo.
Inda se reunió con Villarejo antes de publicar pantallazos
En este sentido, los magistrados destacan que consta una reunión de Villarejo y el director de Okdiario, Eduardo Inda, antes de que este medio hiciera públicos documentos del móvil de Dina "gravemente perjudiciales para Podemos y sus miembros, particularmente para el señor Pablo Iglesias". Y recuerda que entre los "encargos" que recibía el comisario estaban "campañas de desprestigio" e "intoxicación informativa" contra terceros.
Los jueces de la Sala de lo Penal recuerdan igualmente que fue el propio García-Castellón quien ofreció la condición de perjudicado a Iglesias y que entonces “no pudo basarse sino en la aceptación como verosímil" de que las publicaciones periodísticas tuvieran "como fuente la organización del señor Villarejo" y que producían "quebranto" en Iglesias. Esos elementos, que conectaban a Iglesias con el objeto del proceso y permitieron su personación como perjudicado, se mantienen en la actualidad, según la Sala.
No hay indicios más allá de los que señalan a Villarejo
El auto explica que la habilitación de Iglesias como perjudicado no resulta compatible con la existencia de hipótesis alternativas como que, según las resoluciones del juzgado de instrucción, hubiera otras fuentes de publicación del contenido del móvil, incluyendo a Iglesias y Bousselham.
Por todo ello, los jueces consideran que en la fecha en la que se dictaron los autos impugnados no hay pruebas que sustenten que los hechos se han producido conforme a alguna de esas alternativas señaladas por el juzgado central de instrucción, “por lo que nos encontramos ante meras hipótesis que no desvirtúan la ya referida conexión del recurrente señor Iglesias con el objeto del proceso en virtud de la cual -con arreglo a la valoración provisional que corresponde efectuar en esta fase procesal y sin perjuicio de lo que en su día pudiera resultar acreditada- se le reconoció la legitimación como parte en calidad de perjudicado y para actuar en defensa de sus derechos e intereses”.
La Sala añade que el hecho de que esta pieza separada del caso Villarejo continúe abierta no puede obedecer sino a la existencia de indicios compatibles con la atribución a la organización de Villarejo de la "obtención ilícita y/o la publicación de los datos" de Bouselham, lo que a su vez "resulta compatible a expensas de lo que resulte en su día acreditado, con el eventual perjuicio del señor Iglesias”.
En relación con las hipótesis alternativas planteadas por el juez García-Castellón respecto del origen de las informaciones publicadas, así como la naturaleza y autoría de los desperfectos de la tarjeta que Iglesias entregó a Bouselham, el tribunal indica que no serían competencia de la Audiencia Nacional al haberse cometido presuntamente los hechos fuera de la organización criminal investigada y por personas ajenas a ésta, por lo que las eventuales infracciones penales carecerían de la conexidad requerida para el enjuiciamiento conjunto, por lo que deberían ser investigas en otro órgano judicial.
LA AUDIENCIA NACIONAL VUELVE A ACEPTAR A PABLO IGLESIAS COMO PERJUDICADO POR EL ‘CASO DINA’
El tribunal revoca la decisión del juez García Castellón de retirar al líder de Podemos la condición de afectado
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado los recursos de apelación de de Pablo Iglesias y Dina Boulselham contra el auto del juez de instrucción Manuel García Castellón que le retiró la condición de perjudicado al líder de Podemos en la pieza que investiga la sustracción del teléfono móvil de su exasesora. El tribunal de apelación entiende que se mantienen los elementos por los que se sustentó la legitimación de Iglesias como perjudicado en la causa que se inició como una pieza del conocido como caso Villarejo.
En un auto, los magistrados de la Sección Tercera recuerdan en su escrito que el objeto que dio lugar a esta pieza fue una presunta organización criminal a través de la cual los investigados supuestamente comercializaban, aprovechando la condición policial de Villarejo, servicios ilícitos de acceso a documentación restringida, seguimientos a personas o intervenciones sin autorización judicial. La Sala añade que en el registro de la vivienda del comisario jubilado, entre el material incautado se encontró un dispositivo informático de almacenamiento que contenía archivos con documentos procedentes del móvil de Bouselham.
La Sala explica que algunos de esos documentos archivados en el móvil y cuya sustracción fue denunciada por aquella, entre los que se encontraban capturas de pantalla relativas a conversaciones por servicios de mensajería en las que había intervenido Iglesias, fueron publicados por OK Diario y otros diarios digitales, con posterioridad a la fecha en la que la denunciante fijaba el robo.
El Tribunal argumenta que la inicial admisión por el juzgado de instrucción de Iglesias como perjudicado “no pudo basarse sino en la aceptación como verosímil con arreglo a lo actuado hasta esa fecha, del hecho de que la publicación de los archivos inicialmente almacenados en el teléfono de la señora Bouselham tuviese como fuente a la organización del señor Villarejo, objeto de investigación en estas diligencias previas unida tal aceptación a la consideración como eventualmente delictiva de la obtención y/o difusión de la información y a la apreciación de la virtualidad de la difusión e esos contenidos para causar un quebranto al señor Iglesias”. Esos elementos, que conectaban a Iglesias con el objeto del proceso y permitieron su personación como perjudicado, se mantienen en la actualidad, según el tribunal.
CAMPAÑA CONTRA EL JUEZ MANUEL GARCÍA-CASTELLÓN
Preocupación en la Audiencia Nacional por la difusión de un vídeo de una plataforma afín a Podemos en el que se califica al titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de "juez para la derecha" y que ha "abierto una guerra judicial contra Podemos"
La difusión de un vídeo sobre el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en el que se le define como «juez para la derecha» que «ha abierto una guerra judicial contra Podemos» ha despertado preocupación en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, según ha podido saber El Independiente.
El mencionado vídeo, que hace un repaso a la trayectoria profesional del magistrado relacionando sus cambios de destino y ascensos con decisiones de miembros del Partido Popular, apuntando así hacia comportamientos supuestamente prevaricadores, lleva colgado desde el 1 de septiembre en distintos canales de redes sociales (Youtube, Facebook) de la plataforma Spanish Revolution, una web creada por miembros de la Comisión de Comunicación de Sol del Movimiento 15-M y afín a Podemos. Una página que, según sus propios creadores, a pesar de estar «dormida» y «sin contenido» hasta el año pasado tenía más de dos millones de seguidores en Facebook y que se reactivó en mayo.
La pieza audiovisual arranca con la pregunta: «¿Quién es Manuel García-Castellón, el juez de la Audiencia Nacional que ha emprendido una guerra judicial contra Podemos?» y hace un relato temporal de su trayectoria en la que se hacen afirmaciones como: «Año 2012, el Gobierno de Rajoy le nombra juez de enlace en Italia. Así, pasa más de 16 años en el extranjero, en puestos con escasa carga de trabajo y con un sueldo de más de 120.000 euros al año. Pero, ¿por qué decide volver a España: por deseo de Ignacio González. En 2016, Eduardo Zaplana e Ignacio González, entonces investigado por corrupción en el caso Lezo, conspiran para apartar al juez que estaba al frente de la investigación, Eloy Velasco, y traer de vuelta a España a García-Castellón, que les ayudaría en la causa».
El relato audiovisual concluye afirmando que «ha decidido retirar a Pablo Iglesias la condición de perjudicado en la causa (la pieza Dina del caso Villarejo) y poner el foco sobre él aunque la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional haya dicho que no hay ningún indicio de delito contra el vicepresidente y a pesar de que la prueba que el propio juez García-Castellón solicitó a una empresa informática de Gales haya concluido que Iglesias le entregó a Bousselham la tarjeta intacta». Finalmente, en el vídeo se explica lo que supone el lawfare o guerra judicial, un «instrumento» con el que, según los autores de la pieza audiovisual, «quienes perdieron las elecciones frente a proyectos progresistas, intentan tumbar a esos gobiernos o apartar a determinados líderes», achacando al juez por deducción un comportamiento prevaricador guiado por inclinaciones políticas.
Más de 2 millones de seguidores en 2019
En el Juzgado Central 6 el vídeo ha levantado preocupación por suponer, más que un material informativo, una campaña de confusión y desprestigio contra el juez puesto que se dan datos falsos como el siguiente: «2018, García-Castellón archiva la investigación contra el rey emérito por la misma causa que hoy investiga la Fiscalía suiza», cuando fue el anterior instructor de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, y no él, quien lo hizo. Spanish Revolution es una web que nació a la par que el movimiento reivindicativo del 15-M. Sus propios creadores contaron el año pasado a El Confidencial en nombre del colectivo (no les gusta dar nombres concretos) que «La Comisión de Comunicación de Sol decidió abrir esta cuenta y la de Acampada Sol tanto en Facebook como en Twitter» y que, permanecían «dormidas, sin contenido», aunque con 2,4 millones de seguidores sólo en Facebook.
Precisamente en esa red social es donde se ha colgado el vídeo sobre el juez Manuel García-Castellón y otros más, recuperando dicho canal de su letargo. El pasado 26 de mayo de 2020, según ha podido saber este diario, se constituyó en un pueblo de Orense la sociedad Spanish Revolution SL con el objeto social de «actividades de periodismo, prensa, redacción de artículos, publicidad o gestión de redes sociales». Como único administrador figura un vecino de Orense, Javier F.F., que apoyó, igual que otras más de 1.000 personas, a Orense en Común en una de las asambleas de la marca gallega de Podemos.
Queja sobre las críticas a otro juez en un medio afín a Podemos
A finales de abril de 2019, la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), asociación judicial a la que pertenece García-Castellón, se quejó en una entrevista con El Independiente de las críticas vertidas contra Celso Rodríguez Padrón, uno de los magistrados que dictó la sentencia condenatoria contra la portavoz de Podemos, Isabel Serra, por lesiones leves contra la Policía, en un medio afín a Podemos.
En dicho artículo, publicado en el digital La Última Hora, dirigido por la exasesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, se hablaba del magistrado como antifeminista, se trasladaba «episodios donde algunos cuestionan su imparcialidad política» y también elaboraban la misma teoría del ‘lawfare’ que en el vídeo que carga contra García-Castellón. «¿Conoce Rodríguez Padrón la doctrina lawfare o guerra judicial? Lawfare es aquella doctrina que hace uso abusivo de los procedimientos legales para provocar repudio popular contra adversarios políticos. Así se refieren algunos estos días a la sentencia que acaba de dictar contra la portavoz en la Asamblea de Madrid de Unidas Podemos, Isa Serra», se decía en el artículo en el que también se apuntaba a que sus decisiones buscaron favorecer al Partido Popular.
https://www.elindependiente.com/politica/2020/09/08/campana-contra-el-juez-manuel-garcia-castellon/
‘19-52029’: EL INFORME DE LA POLICÍA CIENTÍFICA QUE REFUERZA A IGLESIAS EN EL ‘CASO DINA’
Los agentes consideran “compatibles” los daños de la tarjeta bajo sospecha con los intentos de recuperación del contenido por parte de una empresa especializada
Un informe de nueve páginas, fechado el pasado 12 de agosto, con número de referencia 19-52029 y firmado por dos inspectores de la Sección de Ingeniería e Informática Forense de la Policía Científica, se ha convertido en una baza para Pablo Iglesias en el caso Dina, donde se investiga el robo del móvil a Dina Bousselham, una antigua asistente del líder de Podemos, y cuyo contenido acabó publicado en varios medios de comunicación. La causa dio un giro el pasado mayo cuando el juez Manuel García-Castellón retiró la condición de víctima al vicepresidente segundo del Gobierno y centró sus pesquisas en averiguar cómo se dañó una tarjeta de memoria que pasó por sus manos antes de llegar a la Audiencia Nacional. Tras un verano lleno de reveses para el partido en los tribunales, este nuevo documento policial le insufla aire. Los dos agentes que lo han elaborado concluyen que el deterioro que presentaba el dispositivo bajo sospecha es “compatible” con los intentos de recuperación de contenido que hacen las empresas especializadas en ello.
“La tarjeta presenta daños en la parte posterior izquierda producidos por el lijado de la cubierta protectora”, detallan los inspectores en el apartado de conclusiones. “El citado lijado deja al descubierto los puntos de conexión directa a la memoria de la tarjeta, por lo que sería compatible con un intento de recuperación del contenido de la memoria una vez que se ha detectado un fallo en la controladora de la tarjeta que impide su normal funcionamiento. Este lijado se suele realizar mediante la utilización de un lápiz de fibra de vidrio o bien mediante lija de grano muy fino”, continúa el informe, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso EL PAÍS, que añade: “La técnica descrita en el punto anterior sería empleada por los laboratorios especializados en recuperación de información de este tipo”. Y remacha: “Al no poder realizar la lectura del contenido de la memoria no se puede determinar si existen daños previos a la discontinuidad encontrada en el vestigio, qué partes están afectadas por los mismos ni el momento en que se produjeron”.
Esta información resulta clave para Iglesias y su antigua asistente, Dina Bousselham, en esta enrevesada causa judicial que arranca cuando los investigadores hallan en casa del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde 2017, “una importante cantidad de documentos” que parecen “provenir de una extracción de datos” del móvil de Bousselham —cuyo robo había denunciado el 1 de noviembre de 2015— y que acabaron publicados en varios medios, como la web Okdiario. Una copia de esa información acabó en la extinta revista Interviú, adonde llegó en un sobre anónimo, según dijeron sus antiguos directivos, que entregaron una réplica a Villarejo y otra a Iglesias. El líder de Podemos la guardó y no se la dio a su colaboradora hasta meses después para no meterle “más presión”, según declaró el vicepresidente en julio.
Un intrincado recorrido que no acaba ahí. Bousselham contó que no pudo acceder al contenido de la copia que le había dado su jefe y que enviaron el dispositivo a una empresa de Gales para tratar de recuperarlo, pero no tuvieron éxito. Es entonces cuando, tras abrirse la causa judicial en la Audiencia Nacional, la asesora se lo remitió al juez García-Castellón, que lo recibió dañado y empezó a sospechar a raíz de varias contradicciones en las declaraciones de la antigua ayudante de Iglesias. Quería saber dónde y cuándo se había estropeado esa prueba. A raíz de ello, el magistrado ordenó varias actuaciones. Una es este nuevo informe de la Policía Científica. También pidió a la compañía británica que le informara en qué estado se encontraba la tarjeta cuando la recibió. La compañía respondió que estaba “físicamente intacta” y “no presentaba daños”. Y añadía que, al retirar el revestimiento de plástico, pudo “eliminar” alguna parte de la misma.
Estas conclusiones de la Científica y la respuesta de la empresa de Gales suponen un respiro para Podemos, que lleva todo el verano acumulando reveses en los tribunales: además del giro del caso Dina, un juzgado de Madrid lo ha imputado tras una denuncia de su exabogado por financiación irregular y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha apreciado indicios de delito en la contabilidad que presentó sobre las elecciones del 28 de abril de 2019. De hecho, aún le queda un largo viacrucis. Parte de él, en esta causa. Su exletrado José Manuel Calvente declarará este septiembre como testigo en la Audiencia Nacional después de acusar a la formación de “urdir” un montaje en la causa sobre el robo del móvil a Bousselham y el juez ha pedido también a la policía que revise la denuncia que la excolaboradora de Iglesias y su pareja pusieron en 2015 tras la sustracción del teléfono. Todo ello, mientras Podemos intenta reconducir la investigación y volver a centrarla en la policía patriótica y su guerra sucia contra el partido.
LA POLICÍA CIENTÍFICA NO DA AL JUEZ ELEMENTOS PARA IMPUTAR A IGLESIAS POR LOS DAÑOS EN LA TARJETA DE DINA
Un informe pericial concluye que no se puede acceder a los archivos por un "exceso de lijado" compatible con el realizado por el laboratorio de Gales
Un "exceso de lijado" que produjo un "corte" o "discontinuidad" en una de las pistas de la tarjeta de memoria del móvil de Dina Bousselham es el motivo por el que no se puede acceder al contenido del dispositivo, según ha concluido la Policía Científica en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional García-Castellón, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
El informe pericial, fechado el pasado 12 de agosto, aleja las sospechas existentes sobre Pablo Iglesias como causante de los daños que presentaba la tarjeta SD de su antigua colaboradora. La investigación ha permitido descubrir que el vicepresidente segundo del Gobierno retuvo el dispositivo en su poder durante meses tras acceder a su contenido.
La Policía Científica afirma que el lijado que presenta la tarjeta de memoria en su reverso es "compatible con un intento de recuperación del contenido de la memoria" por parte de un laboratorio especializado en rescatar la información almacenada.
Esta conclusión es coincidente con las explicaciones que ha dado a la Audiencia Nacional la empresa del Reino Unido que trató de acceder a los archivos de la tarjeta por encargo de Ricardo sa Ferreira, expareja de Dina Bousselham.
Causa de los daños
El pasado 5 de junio el juez García-Castellón encargó a la Policía Científica un informe pericial sobre los daños que tiene la tarjeta de memoria entregada por Dina Bousselham en el Juzgado "y las causas u origen de los mismos".
Desde que el pasado 25 de mayo retiró a Pablo Iglesias la condición de perjudicado en la pieza Dina, el instructor del caso Tándem está tratando de determinar si existen elementos para elevar al Tribunal Supremo una exposición razonada contra el vicepresidente segundo del Gobierno.
El magistrado está convencido de que Iglesias ha pretendido instrumentalizar el proceso judicial para obtener réditos políticos como presunta víctima de Villarejo, pese a que su conducta en el asunto de la tarjeta del móvil de Dina dista de estar clara.
El líder de Unidas Podemos no sólo vio la información personal que contenía la tarjeta de memoria del móvil de su antigua colaboradora sino que, además, retuvo el dispositivo durante varios meses desde que en enero de 2016 lo recibió de Antonio Asensio, presidente del grupo Zeta.
El juez ha reprochado a Iglesias que tuviera en su poder la tarjeta, viera la información "personal e íntima" que contenían sus archivos, supiera que había sido obtenida de forma ilícita al ser producto de un robo y, sin embargo, no la devolviera a Dina ni cuando él la recibió (enero de 2016) ni cuando su contenido empezó a ser difundido en los medios (julio de 2016) y ello pese al "carácter particularmente degradante y vejatorio que el hecho tenía para Dina Bousselham, su compañera de partido, en la medida que la tarjeta almacenaba fotografías, documentos y otros archivos de su esfera más íntima que habían acabado en manos de un medio de comunicación".
García-Castellón ha sugerido, así, la posibilidad de que el vicepresidente segundo del Gobierno deba responder de supuestos delitos de descubrimiento de secretos y de daños, ya que -según declaró inicialmente Dina- cuando Iglesias le devolvió la tarjeta "no funcionaba", por lo que "nunca la he llegado a abrir".
Bousselham cambió luego su declaración para exonerar a su jefe: mandó un escrito al juez asegurando que la tarjeta "inicialmente funcionaba" y que "cuando volví a tratar de acceder a ella, dejó de funcionar".
El informe de la Policía Científica sobre qué daños presentaba la tarjeta de memoria y cómo pudieron producirse no proporciona a García-Castellón elementos para vincular la Iglesias con el deterioro del dispositivo, tal como ya pronosticaba en sus dictámenes la Fiscalía Anticorrupción.
El informe ha sido realizado por dos inspectores adscritos a la Sección de Ingeniería e Informática Forense, que explican que, en primer lugar, realizaron un examen externo de la tarjeta del móvil de Bousselham.
El reverso, lijado
Apreciaron que no existen fracturas externas sobre la superficie de la tarjeta, pero en su reverso "existe una zona que parece haber sido sometida a un proceso de lijado". Fuentes de la investigación han señalado que ese lijado corresponde a la 'quemadura' identificada en un inicial informe policial como el daño que aparecía en el dispositivo.
Reverso de la tarjeta SD donde aparece el lijado./ E.E.
El lijado aparece "en la zona en la que se localizan los puntos de lectura directa sobre la memoria a través del interfaz Nand".
Los peritos utilizaron después un microscopio para examinar la zona donde aparece el lijado. "Se observa cómo una de las pistas ha sufrido un corte y, realizando la comprobación, mediante el uso de un polímetro, se confirma que la citada pista presenta discontinuidad en la conductividad eléctrica".
A continuación los autores del informe intentaron leer la tarjeta mediante dos procedimientos. Primero utilizaron un dispositivo de lectura de tarjetas SD conectado a la estación forense mediante el puerto USB "a través de un bloqueador hardware para evitar alteraciones sobre la información almacenada en la memoria". Por esta vía "se produjo un error que impide finalizar el procedimiento" de acceso al contenido.
El segundo intento fue mediante la lectura directa de la memoria, "procedimiento utilizado cuando la controladora de la tarjeta se encuentra dañada, utilizando los pines que han sido descubiertos mediante el proceso de lijado descrito y empleando una configuración de los pines específica para la marca y modelo de la tarjeta".
Discontinuidad en un pin
"No se ha obtenido resultado positivo, no habiendo sido posible la lectura", señalan los peritos. Ello se debe a que en la tarjeta hay un pin que presenta "una discontinuidad", el pin que "corresponde con la señal ALE (Address Latch Enable) la cual es necesaria para poder realizar la lectura del chip de memoria".
Las conclusiones que alcanzan los peritos son, en primer lugar, que la tarjeta entregada por Dina "presenta daños en la parte posterior izquierda producidos por el lijado de la cubierta protectora".
"El citado lijado", apuntan en segundo lugar, "deja al descubierto los puntos de conexión directa a la memoria de la tarjeta, por lo que sería compatible con un intento de recuperación del contenido de la memoria, una vez que se ha detectado un fallo en la controladora de la tarjeta que impide su normal funcionamiento".
Los peritos explican que ese lijado se suele realizar mediante la utilización de un lápiz de fibra de vidrio o bien mediante lija de grano muy fino.
La tercera conclusión señala textualmente que "la técnica descrita en el punto anterior sería empleada por los laboratorios especializados en recuperación de información de este tipo de dispositivos".
En cuarto lugar, indican que uno de los puntos de conexión del interfaz Nand presenta una discontinuidad en su pista "debida, al parecer, a un exceso de lijado y este daño puede impedir la lectura de la memoria".
Finalmente, concluyen que "al no poder realizarse la lectura del contenido de la memoria no se puede determinar si existían daños previos a la discontinuidad encontrada en la tarjeta, qué partes están afectadas por los mismos ni el momento en que se produjeron".
Explicación de los informáticos
Las conclusiones de los agentes de la Policía Científica cuadran con el informe que envió al juez García-Castellón el responsable de la empresa informática de Bridgeng (Gales, Reino Unido) a la que la mercantil española Recuperación Express envió en septiembre de 2017 la tarjeta SD por encargo de la expareja de Bousselham para ver si era posible acceder a su contenido.
Los informáticos galeses han comunicado al juez que el dispositivo estaba "físicamente intacto" y "no presentaba cortocircuitos".
Explicaron también que retiraron el revestimiento de plástico que recubría los pines, operación que realizaron "con una pluma de fibra de vidrio o papel de lija hasta que la 'huella' puede ser identificada".
Pese a las operaciones realizadas, los informáticos de Gales no pudieron acceder al contenido mediante su 'software' especializado en recuperación de datos.
EL VICEPRESIDENTE IGLESIAS BATALLA PARA MANTENER LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA EN EL ‘CASO VILLAREJO’
El líder de Podemos pide a la Sala de lo Penal que revoque la decisión del juez de excluirlo
El líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha activado la batalla para mantener su condición de víctima en el caso Villarejo. El dirigente del partido de izquierdas ha presentado un recurso para tumbar la decisión del juez Manuel García-Castellón de dejar de considerarlo “perjudicado” en la línea de investigación abierta por el robo del teléfono móvil a una de sus antiguas asistentes y cuyo contenido acabó publicado en varios medios de comunicación. El miembro del Ejecutivo, que ya tramitó unas primeras alegaciones ante el propio magistrado que fueron rechazadas, ha elevado ahora el tiro y pide directamente a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que anule su exclusión de la causa.
En un escrito presentado este mismo jueves, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Iglesias rechaza la tesis esgrimida por García-Castellón para retirarle la condición de víctima. El juez aseguró que no ha quedado acreditado que existiese un complot liderado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo para perjudicarle ante la opinión pública por fines políticos. E, incluso, le reprochó que “ocultase” durante meses una tarjeta que contenía una copia del contenido robado a su colaboradora, Dina Bousselham, y que Iglesias había recuperado a través de Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta y editor de la extinta revista Interviú, a la que llegó ese dispositivo supuestamente de forma anónima tras su robo.
“En forma alguna se ha acreditado, ni indiciariamente, que [se] ocultase a cualquier otro perjudicado elemento alguno”, destaca el líder de Podemos en su recurso, donde añade que, “más allá de que se tardase más o menos tiempo” en entregar la tarjeta a su asistenta, finalmente se lo dio sin que ella lo hubiera pedido. Además, el escrito insiste en que, como ha expuesto Bousselham, existe entre ambos una “relación de amistad, más allá de la relación laboral o política”. Según explicó el partido, Asensio le dijo que era la única copia y, por eso, el actual vicepresidente dio por zanjado el tema y no informó a Bousselham hasta verano de 2016, cuando Okdiario publicó uno de los chats privados donde Iglesias se refería a una presentadora de televisión con la expresión “la azotaría hasta que sangrase”.
A este respecto también se ha pronunciado la antigua colaboradora del líder de Podemos, que ha presentado otro recurso ante la Sala de lo Penal contra la decisión del juez: “Ante las incesantes preguntas de todas las partes sobre si le pidió explicaciones a Iglesias respecto a que este mantuviera la tarjeta en su poder durante un tiempo, mi representada afirmó que no le dio importancia y que no le ha pedido explicaciones. Es decir, que no efectúa reproche alguno respecto a este extremo”, explica su abogada en el escrito enviado a la Audiencia Nacional. A su vez, Iglesias ha decidido cambiar de letrado, ya que hasta ahora compartía defensa con Bousselham y el juez pidió que no tuviesen el mismo.
Informe de Asuntos Internos
Esta línea de investigación, bautizada como Pieza Dina, se abrió después de que los agentes localizaran en una casa de Villarejo una “importante cantidad de documentos” pertenecientes a Bousselham —sobre la que la trama también recabó información de bases de datos confidenciales de forma irregular, según un informe de Asuntos Internos de la Policía Nacional incorporado al sumario—.
La Fiscalía expuso que lo hallado en el domicilio “parece provenir de una extracción de datos de un móvil utilizado por Dina” y trata de averiguar si el comisario jubilado se encuentra detrás del robo del teléfono y de la difusión posterior de su contenido. Entre este material, por ejemplo, se encontraron cinco informes de carácter interno de Podemos sobre su estrategia electoral y varias capturas de pantalla de chats de Telegram, que acabaron publicados en varios medios de comunicación, como la web Okdiario.
Pero, según García-Castellón, las pesquisas “no han permitido concluir que la fuente de Okdiaro fuese Villarejo”. Así, la propia Bousselham admitió que había hecho capturas de pantalla de esas conversaciones y las había reenviado. Interviú también tuvo acceso al contenido. Según afirmó su último director, Alberto Pozas, les llegó en un sobre anónimo y, tras analizarlo, descartaron publicar nada por carecer de interés informativo. Entonces, avisaron a Iglesias y le dieron la tarjeta, aunque los jefes de Interviú dicen que le entregaron también una copia a Villarejo.
El dispositivo en poder de Iglesias lo entregaría finalmente Bousselham a la Audiencia Nacional. Pero llegó dañado, lo que ha levantado las sospechas del magistrado, que trata ahora de averiguar en qué momento se rompió. En el recurso de este jueves, el líder de Podemos insiste en que no existen indicios de que estuviera estropeado cuando se lo dio a Bousselham. De hecho, la excolaboradora también lo exculpa y, en su respectivo recurso, dice que la recibió “en buen estado y funcionando”. “En ningún momento la tarjeta presentaba daños físicos cuando se la entregó, ni se la dio destruida”, recalca el escrito, antes de decir que debió romperse a posteriori.
Mientras tanto, la oposición aprovecha el caso para arremeter contra el integrante del Ejecutivo. “Le han retirado a usted la condición de víctima porque no había cloacas del Estado, porque el señor Villarejo no le robó a usted la SIM. ¿Por qué ha tardado tanto en entregar esa SIM y la ha entregado además destruida?”, le preguntaba Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos, este miércoles en el Congreso. El PP ha pedido, por su parte, la comparecencia en el Parlamento de Iglesias y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tras acusar al ministerio público de haber filtrado datos a Podemos.
IGLESIAS APARTA A LA ABOGADA MARTA FLOR Y ACUSA A GARCÍA CASTELLÓN DE ECHARLE DE LA CAUSA SIN “BASE JURÍDICA”
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha sustituido a la abogada Marta Flor, como representante en la causa “Dina” y ha nombrado en su lugar a Raúl Maillo, abogado vinculado a Izquierda Unida con experiencia en la Audiencia Nacional. Ha tomado parte en casos como el de las “tarjetas black” y como acusación particular de la familia del cámara José Couso, muerto en la guerra de Irak.
Su firma figura en el recurso de apelación interpuesto por Iglesias ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el auto del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia, Manuel García Castellón, en el que le retiró su condición de perjudicado en la pieza “Dina” –la número 10 de las 25 abiertas contra el comisario José Manuel Villarejo–.
La decisión de sustituir a Marta Flor se produce 24 horas después de que Confilegal publicara que uno de los fiscales anticorrupción, Ignacio Stampa –apodado “Iron Man” (Hombre de Hierro, en alusión al héroe del cómic)– mantenía una “relación íntima” con la abogada de Podemos y que tuvo que ver en la apertura de la pieza secreta del “caso Dina” en marzo de 2019.
De acuerdo con Iglesias, García Castellón ha tomado la decisión sin “base fáctica indiciaria alguna” y sin “base jurídica”.
Aquello permitió a Iglesias personarse como perjudicado en dicha pieza, lo que abrió el camino al líder de Podemos para construir el relato público de que había habido una operación para destruirle desde las “cloacas del Estado” y que el comisario José Manuel Villarejo manejaba los hilos.
Una línea de ataque que empleó repetidamente en las elecciones generales de abril del año pasado, en una clara estrategia de victimización personal y de la formación morada.
García Castellón le retiró a Iglesias la condición de perjudicado y ofendido, a petición del Ministerio Fiscal, en un auto fechado el 25 de mayo pasado.
El magistrado había dejado de creer en el relato de Iglesias de que se había robado el móvil a su asesora, Dina Bousselham, con el fin de publicar en medios de comunicacion las fotos que contenía el terminal para desprestigiarle políticamente y a Podemos. Y detrás, moviendo los hilos, estaba el comisario Villarejo.
“El recurrente concluye este trazado vinculando la sustracción del teléfono móvil de Dina Bousselham con una actuación de la llamada ‘policía patriótica’ en ejecución de un encargo efectuado aparentemente desde altas instancias con la finalidad de desprestigiar al partido Podemos”, escribe García Castellón.
Y añade: “Sin embargo, tal y como se explicaba profusamente en el auto de 25 de mayo de 2020, la investigación no ha permitido concluir, sin lugar a duda, que la fuente del medio digital OK Diario fuese el investigado Sr. Villarejo”.
Además, le recuerda al vicepresidente del Gobierno que él tuvo en su poder la tarjeta del móvil de Dina Bosusselham, cuyo aparato fue sustraído el 1 de noviembre de 2015 por persona no identificada. El presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio Mosbah, le devolvió dicha tarjeta el 20 de enero de 2016 en un lector que le permitió observar su contenido en el mismo lugar.
Iglesias le ocultó a su asesora que tenía en su poder dicha tarjeta.
“Pablo Iglesias no devolvió la tarjeta a Dina, ocultándole que la detentaba, y son lo hizo ni cuando se la entregaron en enero de 2016, ni después, en Julio de 2016, tras la publicación de las imágenes en OK Diario, pese a constatar la coincidencia con el contenido de la tarjeta sustraída que él mismo había visto meses atrás”, precisa el magistrado.
Villarejo creó los archivos de la tarjeta el 14 de abril y el 11 de julio de 2016.
“Se desconoce cuándo recuperó Dina Bousselham la tarjeta de su teléfono, pero existen razones fundadas para entender que no debió ser antes de 2017”.
Y se la devolvió dañada, asevera el magistrado.
La abogada de Podemos quiso filtrar información confidencial al fiscal Stampa antes de la incoación del “caso Dina”
La abogada de Podemos trató de acelerar la incoación de la pieza secreta "Dina" colaborando con los fiscales anticorrupción.
IGLESIAS NIEGA HABER DEVUELTO DAÑADA LA TARJETA A SU ASESORA
En su recurso, la defensa de Iglesias sostiene que de lo investigado hasta el momento no se puede concluir que el también líder de Podemos devolviera dañada a la que era su asesora Dina Bousselham la tarjeta de su teléfono móvil, ya que ésta declaró que “inicialmente funcionara”, ni que se la ocultara.
Iglesias vuelve a repetir que la publicación en medios de comunicación de parte del contenido de la tarjeta del móvil de Bousselham ha sido utilizada “para tratar de desacreditarle, siendo perjudicado de dichas actuaciones, por lo que se debe mantener su condición de perjudicado” en este procedimiento.
En su recurso de apelación, la defensa de Iglesias insiste en que “de la práctica de las diligencias practicadas” no se ha podido “probar aún que el robo del móvil” de Bousselham, en el otoño de 2015, “fuese un hecho casual o una actuación deliberada, encaminada a obtener información sensible, privada e íntima” sobre el vicepresidente, “a los efectos de perjudicarle políticamente, y por tanto, sin que pueda descartarse esa hipótesis”.
HECHOS “GRAVEMENTE PERJUDICIALES” PARA IGLESIAS
En su opinión, dado que en esta macrocausa se investiga una organización criminal en la que el comisario jubilado y en prisión provisional Villarejo “presuntamente recibía encargos y uno de ellos era, presuntamente, participar en maniobras de intoxicación informativa, e inclusive en algunos casos creación y difusión de campañas mediáticas de desprestigio, y dada la correlación de fechas y de indicios citados, todas las actuaciones ocurridas desde el robo del móvil, gravemente perjudiciales para Podemos y sus miembros, particularmente a Iglesias, las publicaciones que realizan los medios de comunicación, no cabe duda que no existe elemento que haya decaído que haga perder al mismo la condición de perjudicado”.
El escrito recuerda que Iglesias “no ostenta condición de investigado alguna ni se le ha denunciado por ninguna persona afectada por los delitos investigados” en la pieza sobre el robo del teléfono de Bousselham.
En este punto, la defensa pasa a desgranar por qué considera que el magistrado instructor ha llegado a ciertas conclusiones sobre el líder de Podemos a su juicio “carentes de base fáctica indiciaria alguna, así como de base jurídica”.
Sobre la conclusión de que Iglesias habría mantenido en su poder la tarjeta un determinado tiempo antes de devolvérsela a su exasesora “en relación con la fecha de creación de las copias obtenidas en el registro” del domicilio de Villarejo, el escrito subraya que García Castellón “obvia que se trata de copias realizadas en fechas previas a la utilización periodística de los archivos y que, en cualquier caso, provienen de una previa fuente de diciembre de 2015”, antes de que el presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio entregara el soporte al líder de Podemos después de que llegara a la redacción de la revista Interviú.
Todo esto, añade, “en forma alguna elimina la condición de perjudicado por los elementos que son publicados, conversaciones de las cuales” el ahora vicepresidente forma parte y que reproducen expresamente sus intervenciones.
“El hecho de no haberse obtenido dichos archivos primigenios de origen sólo acredita la existencia de una previa fuente, pero en nada acreditan una supuesta tenencia previa por mi representado, de acceso alguno a los meritados archivos cuando la fuente primaria es de diciembre de 2015”, explica.
Uno de los fiscales anticorrupción de Tándem mantenía una “relación íntima” con la abogada de Podemos
El pantallazo de la conversación entre José Manuel Calvente y Marta Flor muestra el comienzo de la amistad de la abogada con el fiscal anticorrupción.
En este sentido, la defensa reprocha al magistrado que sostenga, “sin evidencia indiciaria alguna”, la “”supuesta originalidad de la tarjeta recibida” por Iglesias y entregada a Bousselham, algo que “no deja de ser una hipótesis carente de fundamentación alguna en lo obrante en la causa”. Y por ello insiste en que la posibilidad de que las copias de la tarjeta se hubieran hecho en 2016 “en nada altera la posición de perjudicado” del vicepresidente “ante la revelación de secretos”.
Sobre la entrega de la tarjeta a Bousselham por parte de Iglesias meses después de que éste la obtuviera de Interviú, el escrito sostiene que “en forma alguna se ha acreditado ni indiciariamente” que el líder de Podemos “ocultase a cualquier otro perjudicado elemento alguno, en la medida en que se entregase antes o después”, entrega que “fue siempre una actuación voluntaria, sin requerimiento alguno”, lo que, a su juicio, muestra “la ausencia de ocultación alguna más allá de que se tardase más o menos tiempo”.
NADIE EN EL JUZGADO ADVIRTIÓ DE LOS DAÑOS DE LA TARJETA
Y en cuanto a la manifestación del instructor de que Iglesias habría devuelto dañada la tarjeta a su exasesora, la defensa incide en que “no sólo no consta tal elemento indiciario en la causa, sino al contrario, constan elementos muy distintos y contrarios a la meritada afirmación”.
Según explica el escrito, Bousselham “nunca ha referido ese supuesto estado de daños”, sino que sólo indicó que el soporte “no funcionaba no teniendo acceso completo” al mismo.
“Ha precisado, incluso, que tras haber accedido inicialmente, posteriormente no le funcionaba, pero ni que se la entregasen destruida, ni dañada, sino meramente que no consiguió funcionase ésta de forma completa“, remarca, para destacar después que la tarjeta se aportó al juzgado “sin que nadie advirtiera daño exterior alguno de la misma, ni por el propio juez instructor, ni por el letrado de la Administración de Justicia ni por los funcionarios que acceden a la misma en distintas ocasiones”.
“Sí consta que la tarjeta inicialmente funcionaba, o al menos, se pudo acceder por doña Dina de forma parcial a los contenidos de ésta, y posteriormente dicha tarjeta no funcionó de forma completa, pero nunca se apreció que ésta estuviera dañada o destruida o incluso quemada como se ha llegado a afirmar, y cuando ni tan siquiera se ha hecho así constar en más de un año de presencia ante el juzgado, e incluso en diligencias referidas a dicha tarjeta, resulta aventurada la conclusión que se impugna en la presente de cómo, cuándo y desde luego por quién pudieron producirse dichos daños”, explica.
Para la defensa de Iglesias, el juez García Castellón hace una “hipótesis ajena a la naturaleza de la presente causa” que además “excede de la valoración de la condición de perjudicado del mismo, además no existir tal elemento indiciario de devolución dañada de la tarjeta por esta parte”.
EL JUEZ CONVIERTE UNA PIEZA DE LA CAUSA CONTRA VILLAREJO EN EL 'CASO PABLO IGLESIAS'
Manuel García-Castellón deja al margen a la Fiscalía Anticorrupción para dar prioridad en la macrocausa a los indicios contra el vicepresidente, sospechoso de dañar la tarjeta del móvil de una antigua colaboradora pese a que ella le exculpa
Las decisiones adoptadas en el último mes por el juez Manuel García-Castellón han convertido al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias en el protagonista de una de las ramificaciones del caso Villarejo, la macrocausa que investiga desde hace tres años a la organización criminal dirigida por un comisario que, en en su último periodo activo en la Policía, integró la brigada política que atacó a Podemos desde el Ministerio del Interior.
En el regreso de la actividad a los juzgados tras el paréntesis por la crisis sanitaria, García-Castellón ha establecido como prioridad resolver qué hizo el político con la tarjeta del móvil de su antigua colaboradora o una copia, con independencia de que Villarejo guardara otra y tres medios publicaran parte de su contenido, según recogió un informe de Asuntos Internos. En las últimas semanas el magistrado ha activado la cooperación jurídica internacional para que declaren dos técnicos de Reino Unido por los que pasó la memoria del teléfono; y ha ordenado, Dina Bousselham, hoy directora del medio La última hora y en su día colaboradora de Iglesias en el Parlamento Europeo, que abandone a la abogada que comparte con el líder de Podemos.
El magistrado se había apoyado en los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción para atribuir dos posibles delitos a Pablo Iglesias por la retención injustificada del contenido del móvil durante meses y el daño al dispositivo que le habían entregado los responsables del desaparecido grupo de comunicación Zeta, propietario en aquel momento de la revista Interviu. Hasta que el Ministerio Público concluyó que no hay reproche penal posible porque la supuesta afectada, Dina Bousselham, exculpa a Iglesias de cualquier perjuicio. Desde entonces, García-Castellón ha comenzado a actuar sin informar a los fiscales del caso, como ha ocurrido con la orden internacional remitida a Reino Unido, o directamente en contra de su criterio, al ordenar el cambio de abogada para Bousselham.
El vicepresidente de Asuntos Sociales y agenda 2030 está aforado ante el Tribunal Supremo y el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón no puede atribuirle la condición de investigado, pero insiste en investigar unos hechos que, según el relato que él mismo hace en sus últimos autos y providencias, presentan a Pablo Iglesias como único sospechoso.
El juez ha rechazado las últimas peticiones de la Fiscalía para que vuelva a citar a la que fuera asistente personal del secretario general de Podemos, pese a que Dina Bousselam ha mandado un escrito al juzgado exonerando a su antiguo jefe. En su auto del pasado viernes, García-Castellón acusa a la Fiscalía de pretender "exculpar" a Iglesias pese a que fue Anticorrupción quien lideró las pesquisas y calificó los delitos que se le podían atribuir al político en el caso de que Bousselham le acusara.
Todo está en la pieza 10, un apéndice menor de las más de treinta que componen el caso Villarejo si se compara con las que investigan los encargos al comisario por parte del BBVA o su participación en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. Uno de los motivos de que no hubiera tenido hasta ahora una gran trascendencia política es que el juez y la Fiscalía consideraron que no era el marco procesal para ahondar en las maniobras policiales que padeció Podemos durante el último Gobierno del PP.
Este es un recorrido por la pieza bautizada periodísticamente como Dina, desde que se abrió con Iglesias de perjudicado y siendo líder de la tercera fuerza política del país, hasta el giro que coincide con la etapa de mayor crispación política a cuenta de la crisis sanitaria, ya con Podemos en el Gobierno y el señalado como sospechoso portando la cartera de vicepresidente de España.
Información robada y una campaña electoral
Es 27 de marzo de 2019 y queda un mes y un día para las elecciones generales. Esa mañana comparece el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la Audiencia Nacional citado por el juez del caso Villarejo. Entre la documentación incautada al comisario ha aparecido una copia del móvil de su antigua asistente Dina Bousselham, quien había denunciado el robo del terminal en el Ikea de Alcorcón en noviembre de 2015.
Iglesias explica al juez y los fiscales que Okdiario publicó información procedente de ese móvil, perjudicial para él y el partido, justo cuando Podemos hacía una oferta de Gobierno de coalición al PSOE. El líder del partido afirma que era la tercera vez que ocurría algo similiar ese 2016 con la intervención de la brigada política que todavía operaba en ese momento en el Ministerio del Interior y el medio de Eduardo Inda, aunque luego la Policía constataría que información del móvil también fue publicada en El Mundo y El Confidencial.
Al finalizar, el juez Manuel García-Castellón se dirige a Iglesias y le dice: "Me alegro de que lo haya explicado usted así, tan bien, porque yo lo he entendido. Efectivamente, en el procedimiento que aquí se sigue, y que usted conocerá por la prensa, respecto al señor Villarejo, aparecen indicaciones del Ministerio del Interior muy serias". El instructor ofrece a Iglesias personarse en la pieza 10 del caso Tándem como perjudicado por la actuación del comisario.
Justo antes que Iglesias ha declarado Dina Bousselham, quien reconoce a García-Castellón que ocultó a los policías del caso Villarejo y al juzgado que investigaba el robo en Alcorcón que había recuperado un dispositivo con el contenido de la tarjeta, sin que de momento esté acreditado si es el original o una copia. Ella entrega el dispositivo ese día en la Audiencia Nacional advirtiendo de que no se puede acceder a su contenido. Era marzo de 2019 y los fiscales y el juez ya saben que Iglesias se quedó con el material un tiempo y que le entregó a Bousselham el dispositivo dañado, según la versión de ella, pero eso sin embargo no afecta durante quince meses a la condición de perjudicado de Iglesias. Tras la declaración de ambos aparecen las primeras informaciones periodísticas apuntando a que la Audiencia Nacional investiga el asunto de la tarjeta como una actuación de la brigada política de la Policía.
El líder de Podemos había reaparecido cuatro días antes, tras tres meses con el permiso de paternidad, con las encuestas augurando un descenso en los apoyos a la formación morada. En la madrileña plaza del Reina Sofía, uno de los escenarios habituales de los mítines de Podemos, Iglesias expone una feroz autocrítica por los enfrentamientos internos y lanza un mensaje de movilización y cohesión a militantes y seguidores. Aquel "van a por nosotros" se llenaría de sentido días después, al conocerse la existencia de una investigación en el caso Villarejo por la difusión de un chat interno de Podemos cuyas capturas procedían del móvil robado a su colaboradora.
Un sobre anónimo, Interviú y la llamada del comisario
La investigación empieza por Villarejo. El comisario declara, como investigado, que fue el director de la desaparecida revista Interviú Alberto Pozas quien le entregó la copia que aparece en los registros de su domicilio. El juez llama a declarar como testigo al periodista, que en ese momento es responsable de Información Nacional en Moncloa dentro del equipo del presidente, Pedro Sánchez. Pozas deja su cargo en el Gobierno y en una segunda declaración, ya como investigado, reconoce ante el magistrado que le entregó la memoria al policía, por entonces en activo, y añade que lo hizo junto a su subdirector Luis Rendueles.
El relato de ambos ante el juez coincide en que la tarjeta llega de forma anónima a la revista a principios de 2016 y que, por su contenido, documentos de escaso interés periodístico, proponen a Antonio Asensio Mosbah, presidente de Zeta, que se la entregue a Iglesias, al considerarle el principal afectado en caso de que se difundiera su contenido. El secretario general de Podemos acude el 20 de enero de 2016 a la sede del grupo, visiona en solitario durante cuarenta minutos su contenido y se lleva el dispositivo, no sin antes trasladar su agradecimiento a Asensio. Así lo confirma Iglesias ante el juez en su declaración de marzo de 2019.
Pero la revista se había quedado con una copia, según afirma Pozas, casi de forma accidental al volcarla en un ordenador para su primer visionado. Unos días después de haber recibido el contenido de la tarjeta, sorprendentemente, el comisario Villarejo llama a los periodistas de Interviú. Les dice que sabe el material que obra en su poder y se lo reclama, sin que quede claro por sus declaraciones si eso ocurre antes o después de que se le entregase una copia a Iglesias.
Alberto Pozas declara al juez que en ese momento se trataba de un comisario "prestigiosísimo", destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Polícía. Rendueles añade que atendieron la petición porque se lo tomaron como un "requerimiento policial". Se citan en el restaurante Txistu en Madrid y los periodistas le entregan la copia. Por el testimonio de los tres investigados, el encuentro debió de producirse en los primeros días de febrero de 2016 aproximadamente. En ese momento Villarejo ya se ve salpicado por el escándalo de su abultado patrimonio, su implicación en el caso de acoso a la doctora Pinto y las maniobras policiales contra el proceso soberanista.
¿Por qué retuvo la memoria Pablo Iglesias?
En los meses que transcurren hasta julio, cuando Okdiario publica las primeras capturas sobre un chat interno de la dirección de Podemos, Iglesias guarda la copia de la tarjeta o su original, una cuestión todavía sin resolver, en un cajón y no le hace entrega de la misma a Dina Bousselham. Al darle en mano el dispositivo de memoria, el dueño de Zeta le había dicho que contenía material de su "pareja". Ante el juez, Iglesias atribuye el error de Antonio Asensio a que en aquella época ya se había publicado "falsamente" un noviazgo entre él y su asistente.
eldiario.es ha preguntado a Podemos por la razón que llevó a Iglesias a guardar durante al menos seis meses el pendrive en su poder y a no compartir su contenido con la dueña del teléfono del que procedía. Fuentes autorizadas del partido han explicado que una vez entregada la tarjeta a Iglesias, el secretario general quiso ahorrar a Bousselham la "angustia" de pensar que quizá las fotos íntimas que contenía se pudieran publicar, en el caso de que Asensio no le hubiera dicho la verdad o si había más copias. En cuanto Okdiario comienza a publicar el contenido del móvil, añaden las mismas fuentes, Iglesias entiende que mantener esa protección ya no es posible y decide informar a Dina y darle la tarjeta.
Esos meses que guardó Iglesias la memoria digital y el hecho de que Dina Bousselham declarara en marzo de 2019 que estaba dañada cuando se la entregó son los elementos que hacen sospechar a Anticorrupción de Iglesias, quien había recibido el dispositivo de Interviú en perfecto estado, según su propio testimonio. Pese a a esas sospechas, el volumen de la causa contra Villarejo y la gravedad de los delitos que en ella se investigan, sumado al carácter secundario de los hechos en torno a la tarjeta de Bousselham, ralentizan la investigación sin que ello inquiete a sus responsables. Entre la declaración de Iglesias y Bousselham y el resultado del informe encargado a la Policía Científica sobre la tarjeta pasan diez meses.
En enero de 2020, los especialistas policiales informan al juez de que efectivamente la memoria está dañada y añaden que, en contra de lo declarado por Bousselham nueve meses antes, ella había hecho los pantallazos que habían publicado Okdiario, El Mundo y El Confidencial y que aparecen en una carpeta denominada "Sent" (enviado, en inglés).
De regreso del confinamiento, la Fiscalía solicita volver a llamar a declarar a Boussselham y el juez así lo acuerda. Fuentes del caso justifican retomar la investigación en esta dirección porque la defensa de Pozas y Rendueles reclama el archivo de la causa contra ellos y se hace necesario aclarar todos los extremos antes de adoptar una decisión. García-Castellón toma las riendas del interrogatorio a Bousselham hasta conseguir que la excolaboradora de Iglesias reconozca que ella hizo los pantallazos y que pudo enviarlos a terceros, si bien asegura no recordarlo. Los dos periodistas de Interviú continúan imputados por revelación de secretos.
Eso sirve para que Anticorrupción y el juez que concluyan que si ella ha enviado a terceros material como el que acaba siendo publicado ya no se puede establecer que sea material robado y, por tanto, no hay delito del que pueda resultar perjudicado Pablo Iglesias, por mucho que las informaciones de los tres medios supusieran un revés para él y el partido. Villarejo deja así de ser el único sospechoso de haber entregado el material a los medios y pasa a un segundo plano. A diferencia de lo que hizo con Pozas y Rendueles, García-Castellón nunca llamó a declarar a los periodistas que publicaron información como la incluida en el móvil robado, pese a las peticiones reiteradas de la abogada de Iglesias y Bousselham.
La Fiscalía y el juez mantienen una tesis que éste último vuelve a deslizar en un auto de esta misma semana: Iglesias se quedó con la tarjeta al recibirla porque comprobó que las capturas del chat estaban realizadas por Dina Bousselham y cuando decidió devolvérsela ya estaba destruida, de tal forma que con ambas acciones evitaba que ella pudiera difundir su contenido. "Puede ser la clave para entender no solo por qué Pablo Iglesias Turrión no devolvió la tarjeta a la señora Bousselham, sino lo más relevante; el estado en el que se la devolvió", escribe el juez. De acuerdo con Anticorrupción, el juez retira al líder de Podemos la condición de perjudicado.
García-Castellón acostumbra a reiterar en sus escritos algunas de las frases publicadas por Okdiario procedentes de conversaciones privadas contenidas en el móvil robado y que escribe Pablo Iglesias. Lo hace en sus autos con entrecomillados escogidos de esas conversaciones, tales como el que vierte el líder de Podemos sobre la presentadora de televisión Mariló Montero, que el propio Iglesias calificó de "soez" ante García-Castellón y por el que se disculpó en público. "La azotaría hasta que sangrase… esta es la cara B de lo nacional popular… Un marxista algo perverso convertido en psicóptata", replica el magistrado aquellos mensajes de Iglesias que figuraban en los pantallazos a lo largo de sus autos.
Arranca la investigación del juez en solitario
El 22 de mayo pasado, la Fiscalía Anticorrupción presenta un escrito a modo de conclusión. Expone el recorrido del caso y califica los dos delitos de los que es responsable a modo indiciario Pablo Iglesias: revelación de secretos y/o daños informáticos. Respecto del primero, castigado con entre seis meses y tres años de cárcel, los fiscales aluden al artículo del Código Penal que declara extinguida la responsabilidad penal "por el perdón del ofendido". En cuanto a los daños informáticos, castigado con pena de multa, los fiscales recuerdan que figura entre los que "sólo serán perseguibles previa denuncia de la persona agraviada".
Y añaden: "Consta en las actuaciones que la perjudicada Dina Bousselham ha comparecido en la presente causa siempre junto a Pablo Iglesias Turrión bajo una misma defensa técnica y representación procesal. Ello puede entenderse como un perdón tácito del ofendido, si bien las normas anteriormente transcritas exigen que el perdón del ofendido se otorgue de manera expresa, antes de que se dicte sentencia". Proponen entonces que Bousselham presente un escrito diciendo contra quién dirige la acción y que sea citada para ratificarlo.
Tres días después, el juez contesta a Anticorrupción en un auto en el que reproduce varios párrafos literales de la exposición de la Fiscalía y reitera: "De las actuaciones practicadas no se puede inferir en este momento la ilicitud de las actuación del medio de comunicación OKDIARIO o de sus responsables. Tampoco resulta posible vincular las publicaciones aparecidas en el referido periódico digital OKDIARIO, exclusivamente a la intervención del investigado José Manuel Villarejo Pérez". García-Castellón y la Fiscalía sospechan que Iglesias pudo retener la tarjeta hasta 39 meses, al contar como única certeza de que la tiene en su poder la fecha en el sobre que supuestamente envía para su reparación en Alemania.
Pero la concordancia con la Fiscalía se rompe al responder el juez a la solicitud de comparecencia de Bousselham. En ese momento, García-Castellón dice que es "innecesaria", que adolece de "falta de proporcionalidad" y que todavía quedan muchas dudas por resolver. Añade que "resulta apremiante" averiguar si la tarjeta se envió a Alemania o a Reino Unido, qué ocurrió con ella en manos de los técnicos, y adelanta lo que concretaría más adelante: Bousselham debe cambiar de abogado para que su decisión "no se vea perturbada o influida por la posición o el cargo que ocupa éste [Iglesias] en la organización política que ambos comparten".
Por si quedaba alguna duda de que Bousselham no requiere la protección que pretende darle el juez, la exasistente de Iglesias firma un escrito a los tres días y lo remite a la Audiencia Nacional. En él cambia de versión, asegura que recibió la tarjeta en buen estado y desliza que pudo ser ella quien la dañara. "Debo decir que cuando se me entregó, funcionaba, y comprobé que en su interior estaban contenidos de mi teléfono, y así, yo misma, con el fin de proteger mi intimidad, mi vida familiar y mi relación de pareja, accedí a los elementos de naturaleza más personal e íntimos de ésta, y por ello puedo indicar que inicialmente funcionaba bien si bien no contrasté ni analicé su contenido".
El juez ignora este escrito en su auto del pasado viernes en el que conmina a Bousselham a abandonar a la abogada que comparte con Iglesias si no quiere que el le asigne un letrado de oficio. Dos días antes, el miércoles pasado, dicta un auto para que se remita a Reino Unido una orden internacional de cooperación judicial y poder tomar declaración al técnico y al responsable de una empresa a la que la pareja de Bousselham había enviado la memoria dañada. El juez acuerda esa diligencia sin consultar con la Fiscalía Anticorrupción, según confirman fuentes de la Audiencia Nacional.
Mientras el juez desliza de forma reiterada su sospecha de que Bousselham puede estar coaccionada, la antigua asistente de Iglesias ha lanzado una página web de la que es directora y que está apadrinada por la dirección de Podemos. El 'caso Pablo Iglesias' se alargará, al menos, hasta que sean satisfechas todas las diligencias solicitadas por García-Castellón, incluido un nuevo informe de los investigadores policiales del caso. Entonces, el magistrado deberá archivar la causa o elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo con los indicios que ha recabado contra el vicepresidente segundo del Gobierno.
EL JUEZ DEL 'CASO VILLAREJO' ACUSA A LA FISCALÍA DE INTENTAR "EXCULPAR" A PABLO IGLESIAS
El magistrado Manuel García Castellón obliga a Dina Bousselham a no compartir abogado con el vicepresidente del gobierno
"Si no resulta coherente esgrimir una voluntad implícita de dispensar por quien en el proceso se constituye como acusación particular, tampoco se aprecia oportuno en este momento, pretender una exculpación, frente a quien ni siquiera ha sido llamado al proceso como investigado".
Así respondió este viernes el magistrado Manuel García Castellón a la Fiscalía Anticorrupción por señalar que la ex asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, había otorgado ya al vicepresidente del Gobierno el "perdón tácito" que exige la ley para "exculparlo" del posible delito de revelación de secretos o daños informáticos que se investiga en esta pieza separada del caso Villarejo por el robo y destrucción de la tarjeta del móvil de la ex empleada de Podemos.
En el auto, el juez obliga a Bousselham a designar un nuevo abogado por el manifiesto conflicto de intereses con Iglesias en el procedimiento donde se investiga el robo de su teléfono móvil. Desde el inicio de la instrucción de esta pieza separada, Iglesias y la ex asesora de Podemos han estado representados por la misma letrada, la abogada Marta Flor. Sin embargo, desde que los investigadores detectaron que el propio líder de Podemos podría ser el responsable de la destrucción de la tarjeta del móvil sustraído, el magistrado ha apreciado un "insostenible" conflicto de intereses entre ambos.
La Fiscalía, que instó al juez a retirarle la condición de perjudicado en el procedimiento al vicepresidente del Gobierno, se ha mostrado, sin embargo, en contra de obligar a cambiar a Bousselham de representación letrada al considerar que "los derechos de la víctima son plenamente disponibles para la perjudicada, ya que goza del derecho fundamental a elegir letrado de confianza, así como del derecho a otorgar su perdón expreso". Ahí es donde surge la fricción entre el magistrado y los fiscales Anticorrupción.
LOS ARGUMENTOS DE ANTICORRUPCIÓN
Mientras el juez entiende que la acción de Iglesias es perseguible penalmente, el Ministerio Fiscal considera que una vez otorgado el perdón de su ex asesora no es posible investigarlo, porque Bousselham no quiere proceder contra él, tal y como dejó entrever en la carta que remitió a la Audiencia Nacional cambiando de versión y señalando que Pablo Iglesias le entregó la tarjeta del móvil sin dañar, según informan fuentes del caso a EL MUNDO. Sin embargo, el instructor considera perseguible el delito de daños informáticos a pesar de que existe el hándicap de que Iglesias se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
El juez Manuel García Castellón considera que la directora de la web La Última Hora no ha otorgado un perdón expreso previsto en la legislación al vicepresidente del Gobierno y alude a que es "necesario garantizar la pretensión de Dina Bousselham en su legítimo derecho a ejercer la acción penal y esclarecer el delito, frente a una representación empeñada en limitar esta actuación".
"El Ministerio Público pone el foco de atención en las diferentes versiones de Dina Bousselham, en ocasiones contradictorias, y trata de inferir de ello una voluntad exculpatoria tácita respecto del señor Iglesias. Este magistrado, al contrario, considera que en ningún caso puede deducirse esta interpretación. Como señala la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 225/2020, de 25 de mayo de 2020, el testigo tiene la obligación de declarar cuando ejercita la acción penal en el mismo procedimiento, puesto que en esos casos resultaría contrario al principio de no ir en contra de los propios actos que alguien pueda activar los mecanismos de la Administración de Justicia y al mismo tiempo pretender obstaculizar su realización y ésto es precisamente lo que parece desprenderse de los escritos, cuando se intenta sostener un equilibrio incompatible, entre seguir adelante con la causa y evitar que la misma se dirija contra el señor Iglesias", recalcó el togado.
"CARÁCTER VEJATORIO DE LOS HECHOS"
Para el juez, la víctima ha puesto de manifiesto en su actuación "una inequívoca voluntad de esclarecer los hechos investigados", ya que "la sustracción de la tarjeta y su suerte ha sido y sigue siendo para la víctima un elemento nuclear de su pretensión. Ante ello, Dina Bousselham reclama de la Justicia una respuesta".
El instructor concluye que su "obligación es tutelar la efectividad de los derechos de quienes acuden al proceso, cualquiera que sea su condición". "Atender a las circunstancias del caso concreto y garantizar la efectividad de los derechos de quienes forman parte del proceso es inherente a la condición de juez independiente, inamovible, responsable y sometido al imperio de la ley, pero es, además, una obligación expresa de los juzgados y tribunales, quienes están llamados a proteger los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, tutela que resulta especialmente reforzada cuando se trata de una víctima", agrega.
En la resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional afirma que "es importante resaltar el carácter particularmente degradante y vejatorio que los hechos que se han venido conociendo tienen para Dina Bousselham, como ella misma ha manifestado, en tanto que atenta contra su intimidad y contra su patrimonio". La razón es que en aquella tarjeta de memoria se almacenaba un gran número de imágenes íntimas de la ex asesora de Iglesias.
LOS DELITOS INVESTIGADOS
En las últimas semanas, a través de dos autos diferentes, el instructor de la Audiencia Nacional ha puesto de manifiesto que el vicepresidente Iglesias pudo cometer un delito de daños informáticos al quedarse durante meses en su poder con la tarjeta telefónica de Bousselham y entregársela inservible, lo que lo convierte en el principal sospechoso de su destrucción, pese al cambio continuo de versión de los hechos de Dina, calificado por el juez como "un equilibrio incompatible" con su condición de víctima.
Si la ex consultora de Podemos no designa un nuevo abogado, la Audiencia Nacional le adjudicará un letrado de oficio en cuanto el auto adquiera firmeza.
https://www.elmundo.es/espana/2020/06/20/5eed2cf1fdddfff0998b4609.html
EL JUEZ PREPARA EL TERRENO PARA QUE IGLESIAS ACABE EN EL SUPREMO POR EL CASO DEL ROBO DEL MÓVIL DE SU EX ASESORA
El magistrado que investiga en el 'caso Villarejo' la destrucción de la tarjeta telefónica de Dina Bousselham la obliga a cambiar de abogado contra su voluntad para que no comparta representación legal con el vicepresidente
García Castellón desoye los escritos de la antigua asesora del líder de Podemos y niega que como víctima haya descartado el "ejercicio de la acción penal frente a Pablo Iglesias"
La investigación abierta dentro del caso Villarejo sobre el robo y destrucción de la tarjeta del móvil de Dina Bousselham, ex asesora de Pablo Iglesias, dio este viernes un salto cualitativo. En contra de la voluntad expresada por Bousselham, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la obliga a cambiar de abogado para que no comparta representación legal con el vicepresidente, a quien ha retirado la condición de perjudicado. ¿Por qué le impone la elección de un nuevo letrado? Por "la presencia de un efectivo conflicto de intereses". Es decir, porque según el juez hay un potencial choque entre lo que beneficia a la víctima de un delito y a quien ha podido cometerlo. Este periódico no ha logrado confirmar si Bousselham recurrirá la resolución del juez.
Conocida desde que se supo que habían sido extraídos de su móvil datos que tras su robo en 2015 fueron difundidos por Okdiario, Bousselham no respalda los pasos dados por el juez en el último mes. La Fiscalía Anticorrupción, tampoco. En los registros al comisario José Manuel Villarejo aparecieron dos archivos sobre datos de la tarjeta móvil de este teléfono.
Pero esos pasos parecen ir apretando un nudo en torno a Iglesias. De hecho, todas las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que tanto el auto dictado este viernes como las actuaciones anteriores indican que el juez está preparando el terreno para llevar al vicepresidente ante el Tribunal Supremo, el único con potestad para investigarlo penalmente. En el auto García Castellón sostiene que "de la actuación de Dina Bousselham "no se desprende "una tácita renuncia al ejercicio de la acción penal frente a Pablo Iglesias". Y que "es precisamente en este punto donde el conflicto [de intereses] se revela insostenible". La antigua asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo dirige ahora un digital vinculado a Podemos.
Sustentando su decisión en las diferentes versiones de la antigua colaboradora de Iglesias sobre la destrucción de la tarjeta, el magistrado aplica criterios similares a los que buscan proteger a una víctima frente a un eventual agresor capaz de ejercer una posición de dominio personal o profesional. No lo dice de forma expresa pero se desprende del contenido de su resolución. Esa es la lectura que hacen del texto fuentes conocedoras de los planteamientos de García Castellón.
Un delito perseguible solo a petición de parte
En su primera declaración, Bousselham dijo que nunca pudo acceder al contenido de la tarjeta una vez la tuvo de nuevo en su poder. Más tarde, se corrigió a sí misma y aseguró que "inicialmente funcionaba bien".
Pero incluso si fue Iglesias quien destruyó la tarjeta por cualquier motivo antes de entregársela a su asesora, la Fiscalía entiende que la dueña del teléfono no alberga el menor deseo de ejercer acciones contra él. Y que en última instancia ya le habría otorgado su perdón. El delito de daños informáticos solo es perseguible a petición del perjudicado. Fue la Fiscalía la que pidió que se retirase a Iglesias la condición de perjudicado.
Pese a todo lo anterior, el juez ha seguido practicando diligencias no requeridas por ninguna de las partes: considera que "es su obligación", dice una fuente. Las últimas diligencias, estas: la solicitud de un informe a la brigada de Policía Científica y el envío de una comisión rogatoria a la empresa británica a la que el marido de Bousselham envió la tarjeta del móvil en septiembre de 2017, como adelantó vozpopuli.
El resultado de esa rogatoria sobre en qué estado recibieron la tarjeta puede ser determinante para que García Castellón persista en su línea o modifique el rumbo de unas diligencias que empiezan a eclipsar las de otras piezas relevantes del caso. Entre otras, las de la pieza Kitchen, centrada en la operación policial y parapolicial en que intervinieron el comisario Villarejo y otros mandos para impedir que Luis Bárcenas conservase documentación incriminatoria para el PP. En enero, el antiguo jefe operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino declaró que el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz le transmitió un mensaje de Mariano Rajoy: que tratase bien a Villarejo y no intentara librarse de él.
De momento, en el caso Dina hay dos preguntas sin responder: la primera, por qué Pablo Iglesias tardó varios meses en devolverle la tarjeta a su propietaria una vez le fue entregada por el ya desaparecido dueño del Grupo Zeta, Antonio Asensio; y la segunda, por qué la invalidó si realmente lo hizo. Anque Podemos ha optado por un silencio hermético, en círculos políticos ha comenzado a prosperar la versión según la cual dentro de la tarjeta podía haber datos "sensibles". No sensibles para la intimidad de Dina Bousselham -en la tarjeta se almacenaban fotos íntimas suyas- sino para el partido.
El auto de García Castellón evidencia una fractura entre el juez y la Fiscalía Anticorrupción. Por ejemplo, el magistrado remacha que Dina Bousselham "ha puesto de manifiesto en su actuación una inequívoca voluntad de esclarecer los hechos investigados". Y reprocha sin tapujos a Anticorrupción que interprete lo contrario: que "ha puesto de relieve una inequívoca falta de voluntad por esclarecer los hechos".
Pero esa fractura no es la primera. Ni la única. De momento y con un portazo sobre la supuesta prescripción de los delitos, el magistrado ha cerrado en la Operación Púnica la puerta a seguir investigando todo lo relacionado con el urbanismo de Valdemoro. Ese es el municipio madrileño donde arrancó su actividad el grupo en cuya cúspide aparece el antiguo número 2 del PP madrileño, Francisco Granados. Entre las operaciones de Valdemoro que tanto la acusación popular como la Fiscalía Anticorrupción siguen pretendiendo que se investiguen –el asunto está pendiente de un recurso– figura una cuyo protagonista es El Corte Inglés.
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