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JUECES CON ANTECEDENTES : MARÍA CRISTINA DÍAZ MÁRQUEZ
LAS NOTICIAS AL POR MENOR
UNA JUEZA EX ALTO CARGO DEL PP CITA A DECLARAR A TEZANOS COMO IMPUTADO TRAS UNA DENUNCIA DE VOX.
UNA JUEZA LLAMA A DECLARAR A JOSÉ FÉLIX TEZANOS COMO IMPUTADO POR PRESUNTA MALVERSACIÓN
LA JUEZA TOMA LAS PRIMERAS DECLARACIONES POR LA QUERELLA DE LOS FRANCO CONTRA PATRIMONIO NACIONAL
EL TRIBUNAL DE CUENTAS ARCHIVA LA CAUSA CONTRA JOSÉ FÉLIX TEZANOS POR LOS CONTRATOS DEL CIS DE ABRIL
EL TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGA LOS CONTRATOS DEL CIS DE TEZANOS POR EL BARÓMETRO DE ABRIL
LA TERCERA JUEZA QUE INVESTIGA EL ORIGEN DE LA EXCLUSIVA DEL CASO MÁSTER SE INHIBE POR "AMISTAD" CON CIFUENTES
EL 'PUESTAZO' DE LA NOVIA DE CARLOS HERRERA EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR
EL GOBIERNO NOMBRA DIRECTORA GENERAL A LA NOVIA DE CARLOS HERRERA
CRISTINA DÍAZ MÁRQUEZ, NUEVA DIRECTORA GENERAL DE JUSTICIA Y SEGURIDAD DE LA CM
DE DECIDIR SOBRE AZNAR Y LA PANTOJA A ‘ESTRELLA’ MEDIÁTICA DEL 29-M
CRISTINA DÍAZ: PORTAVOZ Mº INTERIOR & CEOE
UNA JUEZ RECHAZA REABRIR EL CASO SOBRE EL BORRADO DE ARCHIVOS DE MONCLOA AL NO HALLAR INDICIOS DE DELITO
EL GOBIERNO IGNORA QUÉ SE BORRÓ DE LOS ORDENADORES DE LA MONCLOA
LA PRUEBA DEL DELITO
CARPETAZO A LA QUERELLA CONTRA AZNAR POR EL BORRADO DE ARCHIVOS DE LA MONCLOA
EL GOBIERNO TENDRÁ QUE PAGAR AHORA LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL EJECUTIVO DE AZNAR
ZAPATERO, ABORDADO POR ARAGONÉS
EL BORRADO DE LOS ARCHIVOS DE MONCLOA, EN LA PRENSA INTERNACIONAL
EL EQUIPO DE AZNAR BORRÓ LOS ARCHIVOS INFORMÁTICOS DE PRESIDENCIA ANTES DE IRSE
La magistrada María Cristina Díaz, ex alto cargo del PP, ha dictado un oficio en el que da diez días a este periódico para identificar a la persona que filtró la lista de bienes que se encuentran en el Pazo de Meirás y cuya propiedad se encuentra actualmente en litigio
La magistrada María Cristina Díaz, titular del juzgado de instrucción número 29 de Madrid, quiere que elDiario.es revele para los Franco las fuentes que permitieron publicar la relación de bienes contenidos en el Pazo de Meirás en medio de la disputa sobre la propiedad del inmueble que la familia del dictador ocupó durante 82 años. El 7 de diciembre de 2020, este periódico publicó un listado con las fotografías de los 697 bienes, incluidos en un inventario elaborado por técnicos de Patrimonio Nacional, a petición de la juez que llevaba entonces el caso. La publicación de esa información llevó a los Franco a querellarse contra la funcionaria que elaboró la lista, a la que acusan de un presunto delito de revelación de secretos. La Fiscalía ha pedido el archivo de la causa pero la magistrada quiere seguir adelante y ahora pretende que esta redacción revele sus fuentes.
En un oficio remitido al director de elDiario.es, Ignacio Escolar, María Cristina Díaz reclama lo siguiente: "Indique el día que tuvo acceso ese medio de comunicación al informe sobre la titularidad de los bienes muebles conservados en el Pazo de Meirás (...), la persona que se lo proporcionó y el procedimiento o medio por el que recibió dicho informe". Esa orden, dictada a finales de septiembre, da a este periódico un plazo de diez días para responder al requerimiento con el que los Franco y la propia magistrada pretenden destapar una fuente de un medio de comunicación.
El director de elDiario.es ha respondido al requerimiento del juzgado, negándose a desvelar el nombre de dicha fuente o ningún dato que pueda servir para su identificación. "El secreto profesional a no revelar nuestras fuentes no es un capricho o un privilegio de los periodistas en general o de los redactores de elDiario.es en particular: es la base de un derecho fundamental para una sociedad democrática", argumenta Ignacio Escolar. Puedes leer su respuesta íntegra aquí.
No es la primera vez que esta magistrada y elDiario.es se encuentran inmersos en cuestiones jurídicas relacionadas con el derecho a la información. Durante un brevísimo periodo a finales de 2019, María Cristina Díaz llevó la querella de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes contra los periodistas Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, a los que se acusaba de un delito de revelación de secretos por las informaciones del Caso Máster. En aquella ocasión, la magistrada decidió inhibirse de la causa, alegando amistad personal con Cifuentes. María Cristina Díaz había sido alto cargo del Gobierno de Madrid, como directora general de Justicia, entre otros puestos nombrados por el PP.
Otras batallas de los Franco con elDiario.es
Tampoco es la primera vez que la familia Franco y elDiario.es se encuentran en torno a un tribunal por las informaciones publicadas sobre el Pazo de Meirás y su histórica devolución a la propiedad pública. El pasado 22 de septiembre ambas partes se reunieron en una vista oral en el juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid. La familia del dictador discutía cómo se había ejercido su derecho a réplica sobre un titular que consideraban insidioso. El titular en cuestión era el siguiente, "El juez da luz verde para que los Franco retiren los tesoros de Meirás". Los Franco exigieron que la edición gallega de este periódico llevase en su portada un texto en el que se aclarase que todo lo que hay en Meirás es de su propiedad. El juez les dio la razón en que elDiario.es debía haber publicado su versión en una nueva noticia, no ampliando la ya publicada. Para entonces otro magistrado en A Coruña había decidido reabrir el litigio sobre los muebles y obras de arte de Meirás. La luz verde del titular objeto de conflicto se había vuelto ámbar.
Durante aquella vista, los abogados de elDiario.es argumentaron que el derecho de rectificación solicitado por la familia fue atendido en tiempo y forma y que el texto remitido por los abogados de los Franco se incluyó de manera íntegra en la información que se discutía. La sentencia falló a favor de la petición de la familia Franco, y en contra de elDiario.es. Aún no es firme y ha sido recurrida por este periódico.
Con posterioridad a todo lo anterior, elDiario.es acaba de publicar el contenido de un segundo informe oficial sobre los bienes que contiene el Pazo de Meirás y que los Franco reclaman como propios. La nueva información revelada por esta redacción hace referencia al catálogo elaborado por los técnicos de la Xunta de Galicia. Sobre esa documentación elaboramos dos piezas informativas: la primera contaba las pretensiones de la familia Franco de retirar de Meirás un lavabo y varias alfombras sin aparente valor histórico. En la segunda se explica cómo los técnicos de la Xunta encontraron pruebas en una novela de 1905, escrita por Emilia Pardo Bazán, que demostrarían que algunas de las cosas que reclama la familia del dictador ya estaban ahí antes de la ocupación de la propiedad en plena dictadura.
UNA JUEZA EX ALTO CARGO DEL PP CITA A DECLARAR A TEZANOS COMO IMPUTADO TRAS UNA DENUNCIA DE VOX.
La citación tiene lugar después de que la Fiscalía pidiese el archivo de la querella del partido de ultraderecha
La jueza encargada de investigar este caso también investiga a petición de los Franco a una funcionaria por hacer un informe sobre Meirás
El Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid ha citado a declarar en calidad de imputado el 29 de octubre, a las 12.30 horas, al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, a raíz de una querella interpuesta por Vox por un presunto delito de malversación de caudales públicos
Fuentes jurídicas han informado a Europa Press que el magistrado instructor ya ha fijado fecha para la comparecencia. La decisión tiene lugar después de que la Fiscalía interesara al Juzgado que archivara la querella al considerar lo que se expone "son meras sospechas, conjeturas, que relacionan de forma no adecuada, la ineficacia en la realización de encuestas con la administración fraudulenta de la institución CIS". La querella interpuesta por la formación liderada por Santiago Abascal sostiene que el funcionamiento del CIS desde que Tezanos fue nombrado presidente en 2018 es "irregular". Le acusa, entre otras cosas, de manipular la forma de hacer las encuestas para beneficiar al PSOE.
La Fiscalía, sin embargo, aseguró que el escrito de Vox no cumplía con los presupuestos necesarios que puedan legitimar el inicio de una investigación judicial por la presunta comisión de una infracción penal, en particular, un delito de malversación de caudales públicos. En este sentido, indicó que el partido no había acreditado "nada" respecto de los indicios existentes relativos a la comisión del delito denunciado.
El Ministerio Público insistió en que las acusaciones que se reflejan en la querella y las recogidas en el informe pericial tienen tan solo como base distintas noticias de prensa y reportajes televisivos, "así como comentarios y opiniones en redes". Subrayó que "si bien es cierto" que la elaboración de encuestas forma parte de las funciones asignadas al CIS, dicha tarea se puede cuestionar por su eficacia sin que ese cuestionamiento lleve a exigir responsabilidad penal.
Según la nota difundida por la Fiscalía de Madrid, la Abogacía del Estado -en representación del investigado- recurrió la admisión a trámite de la querella. Los servicios jurídicos alegaron que la investigación penal tiene un carácter prospectivo al considerar que no existe concreción de los hechos objeto de la querella. Asimismo, defendieron que no existen indicios que justifiquen el delito de malversación de caudales públicos.
La jueza encargada de investigar este caso es, a su vez, la ex alto cargo del PP que también investiga a petición de los Franco a una funcionaria por hacer un informe sobre Meirás, como publicó infoLibre.
La querella
Vox dio a conocer el pasado agosto que el Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid había admitido a trámite la querella interpuesta contra Tezanos. Según informó el partido, el instructor requirió al CIS que presentara las actas de trabajo en las que se acuerdan los criterios de elaboración de las encuentras entre los ejercicios de 2018 y 2020 o en las que figure justificación para el "cambio de técnicas" aplicables a dichos instrumentos. También pidió el programa de cumplimiento normativo y control de delitos y las cuentas anuales de 2018 a 2020.
La querella se sustenta en un informe pericial en el que -según el partido- "quedan claras las conocidas y notorias desviaciones hacia el PSOE en los resultados de los informes del CIS". Vox sostiene que el documento apunta "elevados costes que paga el CIS por las encuestas subcontratadas" y deja clara la "falta de rigor" en la actuación del centro que preside Tezanos, que "no es casual ni aleatoria" y que "se aparta de la técnica y el rigor profesional que debería aplicar en una institución pública al servicio de todos los españoles".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/10/08/el_juez_cita_declarar_tezanos_como_imputado_octubre_por_presunta_malversacion_125395_1012.html
UNA JUEZA LLAMA A DECLARAR A JOSÉ FÉLIX TEZANOS COMO IMPUTADO POR PRESUNTA MALVERSACIÓN
La citación del presidente del CIS, fijada para el 29 de octubre, se produce después de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado pidiesen el archivo de la querella de Vox
Los tribunales abren un nuevo frente al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. La responsable del Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid, María Cristina Díaz Márquez, ha llamado a declarar como imputado el próximo 29 de octubre al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, que apoyó a Pedro Sánchez en las primarias socialistas de 2017 y que fue incluido después en la dirección del PSOE hasta que el actual presidente del Ejecutivo lo nombró para encabezar la institución. Según confirman fuentes jurídicas, la magistrada lo ha citado tras recibir una querella de Vox por un presunto delito de malversación de caudales públicos y pese a la oposición de la Fiscalía, que calificó el relato de la formación de extrema derecha como “meras sospechas” o “conjeturas”.
El partido ultra sostiene que Tezanos utiliza el CIS de forma “irregular”, “con fines partidistas y únicamente para beneficiar al PSOE”. Lo acusa, entre otras cosas, de manipular las encuestas para beneficiar a los socialistas ante la opinión pública. Una tesis que rechazan tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía, que recurrieron la admisión a trámite de la querella por parte de la juez Díaz Márquez y solicitaron su archivo. “El denunciante, nada acredita respecto de los indicios existentes relativos a la comisión del delito denunciado”, subrayó el ministerio público en un escrito, donde incidió en que no puede iniciarse una investigación judicial basada simplemente en noticias de prensa, “comentarios y opiniones en redes sociales”, y “sin aportar ninguno de los expedientes que sostienen la realización de las encuestas”.
La Fiscalía arremete, además, contra los argumentos de Vox, que carecen de la “solidez suficiente”: “Distan mucho de satisfacer los presupuestos de tipicidad del delito objeto de denuncia”, sostiene. “No existe una relación causal lógica que lleve a presuponer que los errores denunciados en la elaboración de encuestas sean consecuencia de una administración dolosa dirigida por el querellado con la finalidad de quebrantar los fines de la institución en beneficio de un partido político concreto”, prosigue el ministerio público.
Pese a la postura de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la jueza ha decidido citar como imputado a Tezanos el próximo 29 de octubre a las 12.30. La magistrada Díaz Márquez ha ocupado diferentes cargos públicos con el PP en el pasado. El Gobierno de Mariano Rajoy la nombró directora general de Política Interior en el Ministerio del Interior. También ostentó el cargo de directora general de Justicia y Seguridad en el Ejecutivo regional madrileño de Cristina Cifuentes. Fue portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Madrid durante tres años.
https://elpais.com/espana/2021-10-08/el-juez-llama-a-declarar-a-jose-felix-tezanos-como-imputado-el-29-de-octubre-por-presunta-malversacion.html
LA JUEZA TOMA LAS PRIMERAS DECLARACIONES POR LA QUERELLA DE LOS FRANCO CONTRA PATRIMONIO NACIONAL
La jueza que investiga una querella de la familia Franco contra la responsable de Patrimonio Nacional que hizo un informe sobre los bienes del Pazo de Meirás tomó las primeras declaraciones esta semana, y la presidenta de la entidad reconoció que ese informe se hizo porque lo pidió el día anterior la abogada general del Estado.
La titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, Cristina Díaz Márquez, admitió a trámite la querella interpuesta por siete nietos de Francisco Franco contra la jefa del Servicio de Conservación de Patrimonio Nacional, Pilar Benito, por la elaboración del citado informe en noviembre de 2020. Consideran los querellantes que ese documento se hizo fuera del procedimiento judicial y para el perjuicio de la familia Franco, y que se filtró a la prensa “consciente de la alteración de la realidad en su contenido” y con “unas conclusiones ajenas a la imparcialidad, fuera de cualquier comprobación razonable”. Y relatan que la autora del informe que otorga la titularidad de la mayoría de los bienes del Pazo de Meirás al Estado estuvo allí como auxilio a los técnicos de la Dirección General del Patrimonio Cultural de la Xunta que iban a hacer un simple inventario.
Por eso la familia Franco interpuso la querella por los delitos de prevaricación, falsedad en documento público, revelación de secretos, falsedad o alteración de dictamen o testimonio pericial y estafa procesal en grado de tentativa, que fue admitida por el juzgado.
Tras imputar a Pilar Benito, la magistrada solicitó una serie de diligencias y citó como primeros testigos para el pasado martes a la presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, y a la directora de las Colecciones Reales de la entidad, Leticia Ruiz Gómez. Sin embargo, Ruiz explicó a la jueza que ella no ostentó ese cargo hasta un mes después de la elaboración de ese informe por lo que su citación es un error. EFE
https://www.elcorreogallego.es/galicia/la-jueza-toma-las-primeras-declaraciones-por-la-querella-de-los-franco-contra-patrimonio-nacional-NF8272825
EL TRIBUNAL DE CUENTAS ARCHIVA LA CAUSA CONTRA JOSÉ FÉLIX TEZANOS POR LOS CONTRATOS DEL CIS DE ABRIL
El auto de archivo señala que las acusaciones remitidas por un juzgado de Madrid eran "infundadas" y basadas en recortes de prensa
El Ministerio Público y la Abogacía del Estado se suman a la petición de archivo al entender que no hubo daño a los fondos del CIS en el barómetro de abril encargado en plena crisis del coronavirus
El Tribunal de Cuentas no ve irregularidad contable en los contratos del CIS bajo la presidencia de José Félix Tezanos adjudicados durante el estado de alarma. La Sección 3ª de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha decidido archivar las diligencias preliminares que investigaban si el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) cometió alguna irregularidad al adjudicar a un tercero, la empresa Intercampo S.A., la encuesta encargada el pasado abril, semanas después del decreto de estado de alarma.
El CIS seleccionó a Intercampo S.A. amparándose en la emergencia sanitaria del COVID-19 y seleccionó la oferta más económica de las cuatro propuestas recibidas. El escrito, fechado el 23 de julio y al que ha tenido acceso la Cadena SER, reivindica la doctrina del propio Tribunal de Cuentas que establece que la responsabilidad contable debe ir más allá de “meras especulaciones”, como aseguran es el caso.
Los consejeros señalan el argumento del Ministerio Fiscal, en su escrito del pasado 21 de julio, que calificó las afirmaciones del denunciante, el abogado catalán Esteban González Rovira, sobre la supuesta irregularidad en la contratación del CIS como “genéricas e imprecisas”, basadas en “fotocopias de distintos artículos de prensa y la controversia existente en la opinión pública sobre la encuesta publicada por el CIS”, sin que se concreten los hechos “que pudieran haber causado un menoscabo a los fondos públicos”.
Es más, añade el escrito, ni siquiera se pagó un precio del contrato sin que se hubiera realizado la encuesta o por encima del precio de mercado. En este sentido, “al no desprenderse siquiera que se haya originado un perjuicio económico a los fondos del CIS, sólo procede el archivo de estas actuaciones”.
El Ministerio Público del Tribunal de Cuentas y la Abogacía del Estado se suman a la petición de archivo de las diligencias preliminares contra el presidente del CIS, José Félix Tezanos, y no han solicitado el nombramiento de Delegado Instructor para la práctica de otras actuaciones.
El consejero responsable de la instrucción, Felipe García Ortiz, concluye que de las diligencias remitidas por el Juzgado de Instrucción nº34 de Madrid, se desprende que “no se ha producido un daño concreto a los fondos públicos del CIS susceptible de generar responsabilidad contable”. El juzgado remitió el pasado mes de junio la causa al tribunal, tras archivar la denuncia por malversación, sin practicar ninguna diligencia.
El consejero García Ortiz fue el autor del voto discrepante contra la absolución de la exalcaldesa Ana Botella en el que sostuvo que hubo responsabilidad contable en la operación de la EMVS en el descuento de unos dos millones de euros que el equipo de Botella rebajó del precio final. Tras la sentencia condenatoria, la exalcaldesa del PP y el resto de implicados, presentaron un recurso ante la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Finalmente, Botella fue absuelta, por dos votos contra uno, por la venta masiva de pisos protegidos a 'fondos buitres'.
https://cadenaser.com/ser/2020/07/24/tribunales/1595583940_791253.html
EL TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGA LOS CONTRATOS DEL CIS DE TEZANOS POR EL BARÓMETRO DE ABRIL
La sección de enjuiciamiento analizará el contrato de José Félix Tezanos a la empresa Intercampo SA de la encuesta de abril. El CIS la seleccionó sin concurso público, amparándose en la situación de emergencia del covid-19
La denuncia de un abogado catalán se archivó en un juzgado de Madrid pero la juez decidió remitir la causa al Tribunal de Cuentas por posible irregularidad contable
La Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas acaba de recibir, a fecha del 24 de junio, la documentación remitida por el juzgado 34 de Madrid para que analice si el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos cometió alguna irregularidad contable al adjudicar a un tercero, la empresa Intercampo SA, la encuesta de abril que se hizo en pleno estado de alarma. El CIS seleccionó a Intercampo SA sin concurso público, amparándose en la situación de emergencia del COVID-19.
Según ha podido saber la Cadena SER, la causa está en fase de diligencias preliminares. La Sección de Enjuiciamiento tendrá que determinar con la documentación de los contratos si no hay responsabilidad contable y se hizo correctamente; o, por el contrario, decide abrir una instrucción y llevar a juicio a José Félix Tezanos para determinar cómo se han utilizado los fondos.
La magistrada, Coro Monreal, archivó el pasado 25 de abril la denuncia interpuesta por el abogado catalán, Esteban González Rovira, por presunto delito de malversación en los contratos suscritos por Tezanos, pero decidió remitir al organismo fiscalizador dichos contratos por si hubiera irregularidad en la contratación.
En la denuncia original se pedía aportar el volcado de todos los datos relacionados con la ejecución del contrato, incluyendo el nombre de los encuestadores y registros de llamadas, para acreditar su veracidad. Además, el denunciante pedía la ficha técnica de la encuesta para someterla a examen pericial independiente, ya que acusaba a Tezanos de haber condicionado las respuestas de los encuestados. Sin embargo, esta parte fue archivada por la juez y el Tribunal de Cuentas en principio solo analizará si el CIS adjudicó correctamente ese contrato sin causar perjuicio a las cuentas de la institución.
Versión del CIS: un contrato, cuatro propuestas
La denuncia en el juzgado madrileño no tuvo recorrido y la jueza no practicó diligencias para dilucidar posibles irregularidades en los contratos. Con la base del contenido de la denuncia, no vio malversación y fue en el auto de archivo cuando pidió que se remitiera al Tribunal de Cuentas.
Según la versión del CIS, José Felix Tezanos valoró cuatro propuestas y la de Intercampo SA fue la más ventajosa en tiempo de entrega y presupuesto. En un comunicado hecho público hoy, desde el Centro de Investigaciones Sociológicas aseguran que los contratos de emergencia "se efectuaron cumpliendo escrupulosamente la ley" e insta al tribunal "a verificar y hacer pública, cuanto antes, la inveracidad de esta acusación".
En cuanto a las cuatro ofertas bajo el objeto "Trabajo de campo del barómetro de abril del CIS" basado en entrevistas telefónicas asistidas por ordenador (CATI), a las que ha tenido acceso la Cadena SER, la de Intercampo ascendió a 32.825 sin IVA por el barómetro de abril; 32.825 euros por el de mayo. Y los plazos quedarían "supeditados al desarrollo de acontecimientos de la propagación y correspondiente legislación del coronavirus". El compromiso de entrega era el 8 de abril el barómetro de marzo y el 13 de mayo el de mayo.
En cuanto a IMOP Insights, su oferta ascendía a 33.000 euros sin IVA y entre otras condiciones especificaba que podía subcontratar alguna de las fases de la investigaicón y el plazo de retención de los registros sería de tres años. Realizaría 3.000 entrevistas entre el 1 y 8 de abril de 2020 y en el estudio participarían 33 investigadores. IMOP se comprometía a entregarlo el 14 de abril.
La oferta de GESOP también se realizaría a 3.000 personas entre el 30 de marzo al 8 de abril, se entregaría el 9 de abril, y ascendía a 38.611,95 euros sin IVA. En cuanto a CIMOP, era la oferta más cara, 50.000 euros más IVA, y en la oferta no incluye el periodo en el que va a realizar las 3.000 entrevistas, y deja abierta la fecha de entrega a cinco semanas después de desde la entrega del cuestionario por parte del CIS.
https://cadenaser.com/ser/2020/06/25/tribunales/1593080265_926318.html?int=masinfo
LA TERCERA JUEZA QUE INVESTIGA EL ORIGEN DE LA EXCLUSIVA DEL CASO MÁSTER SE INHIBE POR "AMISTAD" CON CIFUENTES
La causa, en la que están imputados los periodistas Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, lleva 16 meses sin apenas avances en la investigación
La tercera jueza ha tenido que renunciar al caso porque es amiga personal de Cifuentes y trabajó con ella en su etapa de presidenta regional
La expresidenta está a la espera del juicio en el que se enfrenta a tres años de cárcel por la falsificación de acta de su Trabajo de Fin de Máster
La vía judicial que emprendió Cristina Cifuentes contra la exclusiva sobre su falso Máster continúa atascada en los juzgados 16 meses después. La querella que interpuso en abril de 2018 contra los periodistas de eldiario.es Ignacio Escolar y Raquel Ejerique ha pasado por las manos de tres jueces instructores. La última tampoco avanzará nada: se ha abstenido por la "amistad y el cariño" que la unen a la expresidenta madrileña
La causa se inició con la querella que Cifuentes anunció a finales del mes de marzo de 2018 contra eldiario.es y que materializó semanas más tarde, solo unos pocos días antes de dimitir. En ella acusa a ambos periodistas de un delito agravado de revelación de secretos penado con hasta cinco años de cárcel. La Fiscalía se mostró favorable a investigar el origen de las informaciones que demostraron que la expresidenta no había cursado el Máster de Derecho Público del Estado Autonómico en la universidad pública Rey Juan Carlos.
La investigación, cuyos únicos avances han sido la declaración de algunos implicados y un informe policial que recoge los pantallazos publicados por eldiario.es, cayó hace unas semanas en manos de una tercera jueza de instrucción. Tampoco ella dará pasos nuevos. María Cristina Díaz Márquez emitió el pasado 4 de julio un auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, en el que se abstiene de continuar al frente de la causa por la estrecha relación que le une a la querellante.
"Concurre en el Juez que suscribe la circunstancia de tener con la querellante relación de amistad y cariño mutuo desde hace muchos años", escribe Díaz Márquez, que detalla a continuación los cargos de libre designación, esos cuyos titulares se escogen "a dedo", que ha desempeñado por orden de Cifuentes.
La jueza, ahora titular del juzgado de instrucción número 29 de Madrid, fue nombrada en febrero de 2012 directora General de Política Interior en el Ministerio del Interior, poco después de que el PP accediese al Gobierno tras las elecciones de noviembre de 2011. Permaneció en ese cargo hasta que Cifuentes ganó las elecciones a la Comunidad de Madrid en 2015.
En julio de ese año pasó al Gobierno regional: "La querellante me ofreció personalmente un cargo discrecional dado el grado de confianza hacia mi persona y por la relación que teníamos", admite la jueza. Ese cargo fue el de directora general de Seguridad de la Comunidad de Madrid.
Solo unos meses después, Cifuentes le pidió que asumiera, además de la de Seguridad, la Dirección General de Justicia de Madrid. Lo hizo, sostiene la magistrada, "por la relación de amistad, respeto y confianza mutua" que ambas tenían. En febrero de 2017, añade la jueza, volvió a su cargo en el Gobierno de España "por motivos estrictamente personales", y permaneció en ese puesto "hasta el cambio de Gobierno con la moción de censura".
Díaz Márquez cita a continuación la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concreto el apartado en el que se considera como causa de abstención de un juez la "amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes", para concluir que debe apartarse de la investigación. Ahora la causa caerá en manos de otro juez, el cuarto.
La investigación continuará a pesar de que se han superado los plazos máximos dictados por la ley. La reforma del PP estableció un límite de seis meses para las investigaciones penales que en esta causa se han rebasado ampliamente, porque la Fiscalía no solicitó que ese plazo se ampliase. La exgerente de la URJC, imputada en el caso, se lo hizo saber al anterior juez. María Teresa Sánchez Magdaleno argumentó que debían anularse todas las diligencias ordenadas después de octubre de 2018, cuando caducó la investigación.
Sin embargo, el anterior juez, Jesús de Jesús Sánchez, rechazó cerrar el caso. Dijo que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no obligaba al archivo de la causa cuando se superaban los plazos porque "propiciaría la impunidad de hechos presuntamente constitutivos de delito, y lesionaría sin duda el derecho a la tutela judicial efectiva de los que afirman ser perjudicados por un presunto delito y reclaman la acción de la Justicia".
La petición de la exgerente no reclamaba el cierre del caso, sino simplemente que se anulase lo actuado fuera de plazo. Pero el juez no accedió al considerar que no se ha producido ningún menoscabo a los derechos de los imputados: "Ninguna infracción procesal se ha cometido y ninguna indefensión se ha causado".
Ahora será un cuarto juez el que tendrá que decidir sobre la causa que abrió Cifuentes para tratar de demostrar que su versión sobre el caso Máster era correcta –esa que se ha ido desmontando con cada paso de la investigación principal– y para cargar contra los dos periodistas que publicaron las informaciones, que siguen imputados. Por su parte, la expresidenta está a la espera de que se ponga fecha al juicio en el que se enfrenta a tres años y tres meses de cárcel, dos menos que los que ella reclama para Ignacio Escolar y Raquel Ejerique.
https://www.eldiario.es/politica/master-cristina-cifuentes-trabajo-fin_1_1817598.html
EL 'PUESTAZO' DE LA NOVIA DE CARLOS HERRERA EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR
Cristina Díaz ha sido reclamada por Zoido para ser directora general de Política Interior. Mantienen una discreta relación desde 2015
Carlos Herrera tendrá programa de televisión en 13TV
El nombramiento de María Cristina Díaz Márquez como directora general de Política Interior por parte de Juan Ignacio Zoido está generando algunos murmullos en los pasillos del Ministerio que se encarga de la gestión de la seguridad ciudadana. Parece inevitable que los compañeros de esta magistrada comenten, a modo de chascarrillo, su romance con Carlos Herrera desde que ésta se incorporara a su puesto en febrero. Hasta entonces, formaba parte del Ejecutivo de Cristina Cifuentes, como directora general de Justicia y Seguridad de la Comunidad de Madrid. Así, Díaz Márquez recupera ahora la misma silla que ocupó en 2012, cuando le tocó dar la cara por el Gobierno de Mariano Rajoy durante la huelga general del 29-M. La relación entre la estrella radiofónica de la COPE y la política comenzó a mediados de 2015, aunque no saltó a las revistas y confidenciales hasta noviembre de dicho año. Al igual que Herrera, su novia venía de pasar página recientemente a un matrimonio fallido del que nacieron dos hijos. Poco más se sabe de esta relación, porque ambos son especialmente discretos y apenas se les ha podido fotografiar en público. El comunicador almeriense acude a encuentros sociales en contadas ocasiones -para recoger un premio y poco más- y siempre lo hace solo.
Mucho menos se prodiga por la noche, ya que todos los días se levanta a las 3.30 de la madrugada para arrancar a las 6.00 su programa de radio. La única vez que se captó a la pareja en actitud cariñosa fue el pasado mes de noviembre en la estación de Atocha de Madrid, minutos antes de que Carlos tomara un AVE con destino a Sevilla. Licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU en 1993 y con un Máster en Gestión y Dirección de Empresas de la CEOE, Díaz Márquez fue asesora de la Secretaría de Estado de Justicia cuando el titular del departamento era José María Michavila.
También se incorporó al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Madrid y, entre 2010 y 2013, fue titular del Juzgado Penal número 7. Por otro lado, durante tres años ejerció de portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura de Madrid, de ideología conservadora, además de dedicarse al ámbito de la docencia y la investigación como profesora de la Policía Municipal de Madrid, una labor que le fue reconocida con la Cruz al Mérito de dicho cuerpo.
El nombre de María Cristina también saltó a medios corazoneros mucho antes de salir con Carlos Herrera. Fue en 2009 cuando la entonces magistrada impidió la emisión de un documental sobre Isabel Pantoja dentro del programa de Telecinco La noria. Ese mismo año tuvo lugar otra sonada actuación suya: siendo titular del Jugado de Instrucción número 9 de Madrid, tal y como ya publicó entonces EL MUNDO, Díaz Márquez rechazó abrir la causa sobre una supuesta desaparición de archivos informáticos en Moncloa después de que el PP perdiera las elecciones generales de 2004. En 2012, a los tres años de aquello, María Cristina ingresó en el gobierno de Rajoy dentro del equipo de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior y permaneció allí hasta julio de 2015. Era con el mismo cargo que acaba de recuperar por expreso deseo del ministro Juan Ignacio Zoido quien, por cierto, mantiene una relación de amistad con Herrera. "Su perfil humano es el mismo que aparenta en cuanto le conoces", dejó escrito Herrera en el prólogo de una biografía sobre el ministro, Zoido. Destino Sevilla, escrita por el periodista Carlos Navarro Antolín.
Carlos Herrera vuelve a disfrutar con Díaz Márquez de la estabilidad sentimental, desde que se separara en mayo de 2011 de Mariló Montero, con quien tuvo en sus 20 años de matrimonio a Alberto, un estudiante de Administración y Marketing de 24 años, y a la modelo Rocío Crusset, de 22. Entre la madre de sus dos hijos y la actual directora general de Política Interior, el presentador de la COPE también tuvo otros dos idilios que trató de llevar con total discreción.
De quien se muestra más reacio a hablar es de María Cristina Díaz Márquez; y cuando se le pregunta directamente por ella, como hizo este medio en primavera de 2016, sale por peteneras con el mismo arte que elegancia: "El amor a las edades por las que uno transita es una experiencia particularmente literaria a la que hay que dedicar tiempo y mucho esfuerzo".
https://www.elmundo.es/loc/2017/03/25/58d551c8ca474154418b45dc.html
EL GOBIERNO NOMBRA DIRECTORA GENERAL A LA NOVIA DE CARLOS HERRERA
Zoido rescata para Interior a Cristina Díaz, hasta ahora directora general de Justicia y Seguridad de Cifuentes
El Gobierno ha nombrado a Cristina Díaz directora general de Interior. Conocida también por ser la novia del periodista Carlos Herrera, hasta ahora ocupaba el cargo de directora general de Justicia y Seguridad en la Comunidad de Madrid, dentro del Ejecutivo de Cristina Cifuentes. Ahora, gracias al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, vuelve al cargo para el que ya fue nombrada en febrero de 2012.
Su relación con Herrera, de manera pública, se remonta a noviembre de 2015, cuando se difundieron las primeras imágenes de su relación. La política ha ocupado el corazón del locutor después de su matrimonio con la conocida presentadora Mariló Montero.
Ya en noviembre de 2016, Herrera y Díaz volvieron a dejarse ver juntos y muy enamorados, protagonizando una romántica despedida en la estación de Atocha de Madrid.
Librando a Aznar
En este cargo, que ya ocupó en 2012, tuvo que hacer de portavoz del Gobierno durante la huelga general del 29-M. Sin embargo, en su pasado hay un episodio más llamativo. Díaz fue la jueza que no vio "delito alguno" cuando siendo titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid rechazó reabrir la causa sobre el borrado de archivos informáticos de la Moncloa realizado después de que el Partido Popular perdiera las elecciones en marzo de 2004, según recuerda en su cuenta de Twitter la web Los Genoveses, que recupera uno de sus artículos referido a la jueza.
Díaz Márquez, que siempre se ha movido en el entorno del PP, fue colaboradora del exministro de Justicia Michavila y de su secretario de Estado Rafael Catalá, hoy ministro. Fue, además, portavoz de la ultraconservadora Asociación Profesional de la Magistratura en la Comunidad de Madrid. Cristina Díaz Márquez se licenció en Derecho en la universidad privada CEU, cantera de cuadros populares.
https://www.elplural.com/politica/el-gobierno-nombra-directora-general-a-la-novia-de-carlos-herrera_99321102
CRISTINA DÍAZ MÁRQUEZ, NUEVA DIRECTORA GENERAL DE JUSTICIA Y SEGURIDAD DE LA CAM
Cristina Díaz Márquez, será la nueva directora general de Justicia, tras el cese del anterior director general Ricardo Ruiz de la Serna. La Comunidad ha decidido unir Justicia y Seguridad y la titular de esta última, Díaz Márquez ocupará ambas direcciones generales.
La nueva directora general de Justicia y Seguridad tiene 42 años. Es juez desde 2001. Procede de la dirección de Política Interior del Ministerio del Interior, donde fue nombrada por el actual titular de la cartera, Jorge Fernández Díaz.
Díaz Márquez antes fue asesora de Rafael Catalá cuando éste era secretario de Estado de Justicia, entre 2003 y 2004, periodo en el que José María Michavila fue ministro de Justicia.
Catalá es actualmente el titular de la misma cartera.
Ha estado destinada en distintos juzgados de Instrucción y de Primera instancia de Madrid y Alcalá de Henares. También ha pasado brevemente por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de la capital de España.
Su último destino ha sido el Juzgado de lo Penal número 7 de Madrid.
Díaz ha sido portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Madrid durante tres años.
En su día, el Ministerio señaló que, por los temas que debía tocar esa Dirección General (asilos, procesos electorales, subvenciones a partidos…), se consideró esencial su formación jurídica a la hora de elegirla.
https://confilegal.com/20151103-cristina-diaz-marquez-nueva-directora-general-justicia-seguridad-cam-03112015-1827/
DE DECIDIR SOBRE AZNAR Y LA PANTOJA A ‘ESTRELLA’ MEDIÁTICA DEL 29-M
El 29-M ha dejado una ‘estrella’ en el nuevo panorama político: María Cristina Díaz Márquez, designada por el Ministerio del Interior para comparecer ante los medios desde las 6 de la mañana y facilitar las incidencias de la jornada, se convirtió ayer en ‘trending topic’ en Twitter por su peculiar estilo de recitar la información, a medio camino entre un examen oral y la narración de un cuento para sus hijos.
Las redes sociales la concedieron un lugar entre el olimpo de los temas del día en España, compartiendo protagonismo con #yonohagohuelga, #yaesunexito o con el inefable #willytoledo, y su denuncia como líder de un piquete ‘informativo’ que acabó por causar destrozos en un bar que osó ejercer su derecho a permanecer abierto.
Bajo el lema de Cristina Díaz, la red social Twitter registró toda una serie de comentarios que mostraban su sorpresa ante el ‘estilo’ de comunicación de la directora general. “Cristina Díaz nerviosa, ahogada, sin dinamismo al hablar… leyendo como si se tratase de un cuento infantil. Y es Directora General, Ole”; “Esta noche Cristina Díaz tiene deberes: escribir una redacción sobre "Mi primera huelga". Que toca leerla delante del profe... #vayatela”; “Érase una vez la huelga general. Cristina Díaz (Interior) hace balance del #29m al estilo 'contando un cuento” o “Cristina Díaz, de política interior, hizo una prueba para el anuncio de Loewe pero se quedó en el casting”, son algunos de los ‘tuits’ más o menos sangrantes que los internautas dedicaron a su intervención. Sin embargo, Cristina Díaz, casada y con dos hijos, que tomó posesión de la Dirección General de Política Interior del Ministerio el pasado 14 de febrero, tiene tras de sí una trayectoria como juez y magistrada, fundamentalmente en la comunidad de Madrid, y ha sido incluso portavoz durante tres años de la conservadora Asociación Profesional para la Magistratura.
Licenciada en Derecho por el CEU, en la especialidad jurídico empresarial, con varios cursos de doctorado en Derecho Penal (Malos tratos en el ámbito familiar, Derecho penal de menores y Victimología), Cristina Díaz aprobó las oposiciones a la judicatura en 1999 y fue nombrada juez dos años después, con el número 11 de su promoción. Tras ser juez de instrucción en Valdepeñas, en enero de 2003 asciende a magistrada y pasa a Reus, para volver en comisión de servicios a Madrid, donde acabó siendo titular de juzgado de instrucción y primera instancia.
Fue en el juzgado número 9 donde la magistrada Díaz tuvo que lidiar en 2009 con uno de sus casos más mediáticos. Rechazó reabrir la causa sobre el borrado de archivos informáticos del Palacio de la Moncloa que supuestamente se habría cometido después de que el PP perdiera las elecciones generales de marzo de 2004. Díaz entendió que no había indicios de "delito alguno" y desestimó la petición de que se reabriera la causa contra José María Aznar después de que su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero, hablara en una entrevista televisiva en Cuatro de "barrido informático masivo". Díaz entendió que esas “declaraciones nada revelan y no sirven para tipificar delito alguno".
Ese mismo año, la ahora directora general de Interior volvió a ser protagonista cuando aceptó la petición de los abogados de la tonadillera, Isabel Pantoja, para que impidiera la emisión de un especial en ‘La Noria’ de un reportaje titulado el ‘Informe 707’. La entonces magistrada prohibió a Tele 5 su emisión, con gran enfado de Jordi González que, instantes antes de que debiera comenzar, anunciaba a cámara que “Isabel Pantoja ha hecho todo lo posible a través de sus abogados para que este informe no salga a la luz. Ha intentado paralizar este programa y ha puesto el caso en manos de la justicia con el resultado siguiente: María Cristina Díaz Márquez, la magistrada del juzgado de instrucción número 9 de Madrid ha prohibido que emitamos el contenido de este informe”. Fue su penúltimo minuto de gloria y en prime time. Hasta ayer, en que su peculiar oratoria, su estilismo y sus equivocaciones la convirtieron en una de las protagonistas del 29-M.
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-03-30/de-decidir-sobre-aznar-y-la-pantoja-a-estrella-mediatica-del-29-m_233688/
CRISTINA DÍAZ: PORTAVOZ Mº INTERIOR & CEOE
A falta de una ocurrencia mejor y mayor, Mariano ha decidido designar a Cristina Díaz Márquez, Directora General de Política Interior, como el rostro genovés para intentar minimizar el impacto de la Huelga General convocada para hoy día 29. No es casual ni inocente su designación. Otra cosa es que haya sido muy afortunada.
Para comenzar el mero hecho de designar a una responsable del Ministerio del Interior ya es indicativo de la idea que tienen los genoveses de una huelga general convocada por los sindicatos más representativos. Es verdad que dejarlo en manos de la Ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez, la del video milagroso, tampoco era una buena idea y probablemente hubiera contribuido a que la huelga hubiera sido aún más exitosa.
Dicho todo esto, la elección de la tal Cristina Díaz Márquez como Portavoz del gobierno tiene que ver mucho más de lo que te imaginas con su perfil profesional e ideológico. En una horquilla de 0 a 10 esta juez, ex portavoz de la ultra conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, se sitúa en la banda alta (10) de los que sin error pueden ser considerados genoveses talibanes con toga.
Su curriculum es la mejor prueba de por donde van los tiros. De entrada, su formación académica no tiene su origen en una de las muchas universidades públicas que hay en Madrid. Siguiendo la tradición genovesa, su licenciatura en Derecho se ha concretado en el CEU, la Universidad privada de cabecera de régimen genovés. Es decir, nacional católica, apostólica y romana. Cristina se especializa la rama Jurídico-Empresarial.
Nada más finalizar sus estudios de Derecho, la cabra tira al monte y decide ampliar horizontes realizando un exclusivo Master en Gestión y Dirección de Empresas que mira por donde lo perpetra ni mas ni menos que la mismísima patronal CEOE que con tanto fervor se opone a todo tipo de huelgas que sean convocadas por los sindicatos. Desde luego la que tuvo retuvo y no hay duda que lo que aprendió en ese Master le ha sido de gran utilidad para negar a lo largo del día la existencia de la propia huelga general celebrada hoy.
Pero a Cristina le tiran las togas y tras varios años preparando la oposición, con más pena que gloria, logra entrar en el escalafón y se hace jueza. Da varias vueltas hasta que se hace fuerte en la CM. Aquí en cuestión de nada es elegida portavoz de Asociación Profesional de la Magistratura de esa Comunidad Autónoma y se va haciendo hueco en el clan genovés. Conecta con el Ayuntamiento de Madrid y se dedica a dar conferencias a la plantilla de la policía municipal y de paso firmar sentencias claramente orientadas a tranquilizar al genovés entre genoveses, el mismísimo Aznar. De hecho, siendo titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid rechaza reabrir la causa sobre el borrado de archivos informáticos del Palacio de la Moncloa que se habría cometido después de que el PP perdiera las elecciones generales de marzo de 2004. Para esta genovesa de postín y con toga no existían indicios de que se produjera "delito alguno".
Con anterioridad, durante los últimos años de gobierno de La Cosa, guardó su habito de jueza en un armario y decidió colaborar de manera entusiasta con el Ministro de Justicia Michavila y con su Secretario de Estado Rafael Catalá.
El pasado 10 de febrero fue recompensada por el piadoso Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz designándola Directora General de Política Interior.
Lo dicho, un nombramiento nada inocente para un día como el de hoy en la CEOE. 1992-1993 (500 h.).
http://genoveses.blogspot.com/2012/03/cristina-diaz-portavoz-m-interior-ceoe.html
UNA JUEZ RECHAZA REABRIR EL CASO SOBRE EL BORRADO DE ARCHIVOS DE MONCLOA AL NO HALLAR INDICIOS DE DELITO
La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, María Cristina Díaz Márquez, ha rechazado reabrir la causa sobre el borrado de archivos informáticos del Palacio de la Moncloa que se habría cometido después de que el PP perdiera las elecciones generales de marzo de 2004, al considerar que no existen indicios de que se produjera "delito alguno".
En enero pasado los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez Segado solicitaron la reapertura de las diligencias de investigación contra el ex presidente del Gobierno José María Aznar después de que su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero, hablara en una entrevista televisiva de "barrido informático masivo".
En un auto fechado el pasado 24 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez --que es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Madrid-- explica que la nueva petición de los letrados "no aporta dato alguno que motive la reapertura de las diligencias" y "se basan únicamente en unas declaraciones que nada revelan y que no sirven para tipificar delito alguno".
El citado juzgado archivó inicialmente las investigaciones sobre el borrado de archivos en La Moncloa en julio de 2006. Esta decisión fue confirmada el pasado 7 de octubre por la Audiencia Provincial de Madrid en un auto en el que se aducía que la información aportada por los denunciantes carecía de concreción.
Según explicaron los querellantes en su escrito de enero pasado, este problema se vio solventado por el testimonio público prestado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante una entrevista que fue emitida el pasado 18 de diciembre por la televisión Cuatro.
Rodríguez Zapatero señaló que tras las Legislativas de 2004 "hubo un barrido informático masivo por parte del Gobierno saliente, del PP, lo que impidió, entre otros asuntos, tener alguna prueba de los vuelos militares de Estados Unidos que hicieron escala en España con dirección a la base de Guantánamo".
Los querellantes consideran que Aznar podría haber incurrido en el delito previsto en el artículo 413 del Código Penal que establece penas de prisión de 1 a 4 años para "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo".
Tras las declaraciones de Zapatero, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, habló de la posibilidad de llevar este asunto a los tribunales. Todo ello a pesar de que la Audiencia Provincial de Madrid ya había dado carpetazo definitivo el pasado mes de octubre a las querellas presentadas por la Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencia en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) y los dos abogados citados.
En dicha ocasión, las magistradas de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, Maria Luisa Aparicio, Ana María Ferrer y Ana Mercedes del Molino consideraron que los hechos denunciados -el supuesto borrado de archivos- se basaban en una información periodística que tenía "un carácter tan absolutamente generalizado e indeterminado" que no permitía abrir una investigación criminal, y archivaron definitivamente la causa.
Según la citada información, "miembros del equipo de Aznar" habían borrado los ordenadores de Presidencia al abandonar el poder, para lo cual contrataron a una empresa especializada. El auto de la Audiencia de Madrid especificaba que "es lógico pensar" que durante los cuatro años que fue presidente Aznar en los ordenadores de los miembros de su Gabinete se encontraran "todo tipo de archivos" como informes, agendas o diseños de discursos "que en ningún caso podrían ser considerados documentos de trascendencia jurídica".
https://www.abc.es/espana/abci-juez-rechaza-reabrir-caso-sobre-borrado-archivos-moncloa-no-hallar-indicios-delito-200904130300-92121936452_noticia.html
EL GOBIERNO IGNORA QUÉ SE BORRÓ DE LOS ORDENADORES DE LA MONCLOA
Rajoy reta a Zapatero a llevar a los tribunales la eliminación de documentos
El Gobierno está seguro de que, antes de abandonar el poder, José María Aznar ordenó borrar los archivos informáticos de la Presidencia. Dispone de una prueba irrefutable: la factura que, por valor de 12.000 euros, cobró una empresa especializada por realizar el borrado. Cuando, en abril de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero llegó a La Moncloa tuvo que abonar la factura, aún pendiente de pago.
La tarea se hizo tan a conciencia que no quedó rastro del contenido de los registros informáticos borrados y, por eso, la Audiencia Provincial de Madrid dio carpetazo, el pasado 7 de octubre, a la querella que la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencia en Informática y Comunicaciones Avanzadas y el abogado José Luis Mazón interpusieron contra el ex presidente Aznar. Sin cadáver, no hay crimen. Y sin saber qué documento oficial desapareció, no puede haber delito de falta de custodia.
Quizá conocedor de ello, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, retó ayer al Gobierno a presentar una denuncia por este asunto. "Si algo no se ha hecho bien, que vaya a los tribunales", declaró.
Rajoy se desmarcó de las maniobras para eliminar documentos que pudieran realizarse durante la transmisión de poderes, alegando que desconocía por completo el asunto. "Me fui hace más de cinco años [del Gobierno] y el presidente lleva cuatro", recordó. Rajoy dimitió como vicepresidente y ministro de la Presidencia en septiembre de 2003, para presentarse como candidato a La Moncloa en las elecciones de marzo de 2004.
El borrado de los archivos informáticos de La Moncloa fue revelado por EL PAÍS el 13 de diciembre de 2004 y confirmado al día siguiente por José Luis Rodríguez Zapatero durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investigaba los atentados del 11-M.
En una entrevista con la cadena de televisión Cuatro, en la noche del pasado jueves, el jefe del Ejecutivo alegó que no conocía la autorización dada a Estados Unidos por Aznar en 2002 para que hicieran escala en España aviones con prisioneros ilegales con destino a Guantánamo, entre otras razones, porque "había habido un barrido informático masivo" de los ordenadores de La Moncloa. Zapatero agregó que nadie le informó de este tema en el traspaso de poderes y precisó que, si lo hubiera sabido, lo habría denunciado como hizo con la inexistencia de armas de destrucción masiva en Irak.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el Gobierno tiene la "certeza" de que se realizó el borrado informático. "Otra cosa es que esa certeza se considerase en su día suficiente para establecer algún tipo de acción, dado que se desconocía la naturaleza de la documentación informática desaparecida".
Nadie sabe qué había en los ordenadores, pero sí se sabe qué es lo que no se ha encontrado. Por ejemplo, el acta de la reunión que el minigabinete de crisis mantuvo en La Moncloa tras los atentados del 11-M; las conversaciones que Aznar mantuvo ese día con mandatarios extranjeros y responsables de medios de comunicación; o las informaciones que recibió y las instrucciones que impartió.
En EE UU, el entonces presidente Richard Nixon se vio obligado a dimitir en 1974 tras negarse a entregar al Congreso las cintas donde estaban grabadas las conversaciones que mantuvo con sus colaboradores en torno al escándalo Watergate. La legislación norteamericana no admite que estas conversaciones tuvieran carácter privado.
En cambio, en España, la Abogacía General del Estado, a la que se pidió un informe sobre el borrado de los archivos informáticos, dictaminó que los datos disponibles eran "manifiestamente insuficientes para determinar si los documentos borrados eran oficiales, lo que podría constituir delito". Lo único claro, a su juicio, es que el Gobierno del PSOE debía pagar la factura de 12.000 euros que dejó Aznar.
https://elpais.com/diario/2008/12/20/espana/1229727603_850215.html
LA PRUEBA DEL DELITO
La Audiencia de Madrid archivó la investigación sobre los ordenadores de La Moncloa porque no se probó la desaparición de un documento oficial, y, por tanto, no era aplicable el artículo 413 del Código Penal, que castiga a "la autoridad o funcionario público que sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare total o parcialmente documentos cuya custodia le esté encomendada". En cambio, en el caso de los papeles de Guantánamo, un informe oficial, el documento "muy secreto" 3329/02, desapareció de los archivos de la Dirección General de Política Exterior para América del Norte, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y de la Secretaria General de Política de Defensa. El autor del informe, Miguel Aguirre de Cárcer, asegura que lo dejó archivado cuando cesó, en diciembre de 2002. Y Moratinos dice que ya no estaba cuando el PSOE llegó al poder, en abril de 2004. Incluso si no se hizo desaparecer intencionadamente, hubo delito.
https://elpais.com/diario/2008/12/20/espana/1229727602_850215.html?rel=listaapoyo
CARPETAZO A LA QUERELLA CONTRA AZNAR POR EL BORRADO DE ARCHIVOS DE LA MONCLOA
La Audiencia Provincial de Madrid ha dado carpetazo definitivo a las querellas presentadas por la Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencia en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) y el abogado José Luis Mazón contra el ex presidente del Gobierno José María Aznar por el borrado de archivos informáticos del Palacio de la Moncloa, después de que el PP perdiera las elecciones generales de marzo de 2004.
Las magistradas de la Sección Séptima Maria Luisa Aparicio, Ana María Ferrer y Ana Mercedes del Molino consideran en su auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que los hechos denunciados se basan en una información periodística -concretamente publicada por El País en 2004- que tenía «un carácter tan absolutamente generalizado e indeterminado que no permite abrir una investigación criminal.
El citado periódico indicaba en su información que «miembros del equipo de Aznar» habían borrado los ordenadores de Presidencia al abandonar el poder, para lo cual contrataron a una empresa especializada.
Los querellantes consideraban que el entonces presidente del Gobierno podría haber incurrido en el delito previsto en el artículo 413 del Código Penal que establece penas de prisión de 1 a 4 años para «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo».
«Todo tipo de archivos»
El auto especifica que «es lógico pensar» que durante los cuatro años que fue presidente Aznar en los ordenadores de los miembros de su Gabinete se encontraran «todo tipo de archivos» como informes, agendas o diseños de discursos «que en ningún caso podrían ser considerados documentos de trascendencia jurídica».
Además, los denunciantes pedían también que se investigara al Ministerio del Interior, cuyo titular era entonces Ángel Acebes, por un «volcado» de documentos relacionados con los atentados del 11-M que fueron publicados en libros meses después.
En cuanto a este segundo punto, las tres magistradas indican que el tiempo transcurrido desde entonces permitiría que en la querella se especificara «qué documentos eran aquellos que habrían sido publicados teniendo la consideración de secretos», cosa que no se hace.
Las querellas fueron archivadas en 2006 por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, decisión que fue recurrida por los dos querellantes.
Mazón interpuso la denuncia el 14 de diciembre de 2004, en la que citaba dos noticias publicadas por el diario «El País» el 13 de diciembre de 2004 en las que se informaba de que una empresa cobró 12.000 euros por eliminar archivos informáticos y sus respectivos copias de seguridad de La Moncloa, mientras que en el Ministerio del Interior se realizó un «volcado» de documentos sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
La denuncia de Mazón recogía que Aznar fue entrevistado el 16 de julio de 2004 en la emisora colombiana ‘Radio Caracol’, donde al ser preguntado sobre los atentados del 11-M y la existencia de informes del CNI avisando del riesgo de atentado islamista, el ex presidente dijo: «Yo tengo todos los informes del servicio de información comprenderá que los tenga porque era presidente del Gobierno».
El letrado denunciante consideró hoy en declaraciones a Europa Press que la decisión de la Audiencia Provincial es «de una arbitrariedad in extremis» y «puede dar lugar a pedir responsabilidades a las tres magistradas».
https://www.periodistadigital.com/politica/20081007/carpetazo-querella-aznar-noticia-689403009939/
EL GOBIERNO TENDRÁ QUE PAGAR AHORA LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL EJECUTIVO DE AZNAR
La Abogacía del Estado estima que no hay datos suficientes para saber qué tipo de documentos destruyó el Gobierno Aznar
La Abogacía General del Estado establece que los datos aportados por la subdirección informática de Presidencia del Gobierno son "manifiestamente insuficientes" para determinar la naturaleza de los documentos destruidos por el gabinete del anterior jefe del Ejecutivo, José María Aznar, antes de abandonar La Moncloa. Además, en el informe elaborado al respecto por los servicios jurídicos del Estado, al que tuvo acceso Europa Press, se recomienda además que se paguen los gastos derivados del proceso de destrucción de documentación.
El citado informe fue elaborado a petición del actual Director del Gabinete de la Presidencia, José Enrique Serrano, para conocer los trámites a seguir ante una serie de operaciones de destrucción de documentos y de borrado de los sistemas informáticos, "realizadas en fecha inmediatamente anteriores a la toma de posesión" del nuevo Ejecutivo. Después, el Grupo parlamentario de IU lo solicitó en el Congreso de los Diputados.
Así, el equipo de José Luis Rodríguez Zapatero formulaba consulta respecto a dos aspectos concretos: Al hecho del borrado en sí mismo, con la posible desaparición de documentos oficiales de la Administración, y las facturas que, por una actividad de este tipo, han sido presentados por algunas empresas.
Tres hipótesis de trabajo
Ante esto, los servicios jurídicos del Estado establecen en su informe distintas hipótesis de las responsabilidades que se pudieran derivar de la destrucción de documentos del Gobierno, dependiendo de si se tratara de documentos originales, copias de originales o informes o borradores de un partido político.
"Hay que afirmar que si la mencionada destrucción y borrado afecta a documentos personales o con carácter general, a documentos ajenos o extraños a la estricta área de funciones o competencias de la Presidencia del Gobierno (documentos personales, documentos del partido político que sostenga al Gobierno, documentos del Presidente en su condición de líder del partido...), nada habrá de decirse de la destrucción-borrado realizada por ser una actividad neutra desde la óptica el examen de los intereses generales", se especifica.
Como segunda hipótesis, se señala que si la destrucción o borrado atañe a documentos de carácter administrativo u oficial que constituyan "copias almacenadas en archivos o sistemas informáticos" de otros documentos originales que estén en poder de la Administración, "la conducta realizada será igualmente neutra".
En tercer lugar, formulan que si se examina la posibilidad de que las operaciones de destrucción y borrado vengan referidas a originales de los que no haya copia, se podría deducir responsabilidad administrativa por incumplimiento de la normativa reguladora del Patrimonio Documental --con su correspondiente sanción económica si el daño es cuantificable-- y responsabilidad disciplinaria exigible a los poseedores de documentos administrativos de acuerdo con la legislación del Patrimonio Histórico Español.
En cuanto a las posibles responsabilidades penales, desde la Abogacía del Estado se recuerda que el artículo 413 del Código Penal sanciona, en la custodia de documentos, a "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere destruyere u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo".
No obstante, en el informe recogido por Europa Press se resalta que el examen de la documentación enviada no permite llegar a una "idea cierta" y "ni siquiera aproximada" sobre el contenido de los documentos destruidos o borrados. "Y este dato fáctico es crítico para llegar a una conclusión jurídica razonada", se especifica.
Hay que pagar a las empresas
En cuanto a cómo ha de actuar el Ejecutivo ante la presentación de facturas por parte de compañías a las que, al parecer, se encomendó la realización material de las actuaciones de destrucción y borrado informático de documentos.
Tras esgrimir una serie de alegaciones jurídicas para justificar su respuesta, se afirma que las empresas no tienen por qué conocer a priori si la actividad que se les encarga desde el Gobierno es o no lícita. "Si las facturas en cuestión acreditan, como parece ser el caso, la prestación efectiva de un servicio por parte de dichas empresas a favor de la Administración, procede efectuar el pago de tales servicios, pues de lo contrario, se incurriría en un inadmisible enriquecimiento injusto", se concluye.
http://3diasdemarzo.blogspot.com/2005/02/el-gobierno-tendr-que-pagar-ahora-la.html#top
ZAPATERO, ABORDADO POR ARAGONÉS
El presidente del Gobierno fue abordado anoche, al concluir su comparecencia en la comisión, por el diputado del PP Carlos Aragonés, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno con José María Aznar, quien le pidió explicaciones por la acusación de que los populares habían borrado los archivos informáticos de su etapa de gobierno. Según Aragonés, considerado mano derecha de Aznar en La Moncloa, el PP también se encontró vacíos los archivos, y además ninguna ley obliga a dejarlos al Gobierno entrante, máxime cuando, dijo, muchos de esos documentos son privados.
https://elpais.com/diario/2004/12/14/espana/1102978830_850215.html
EL BORRADO DE LOS ARCHIVOS DE MONCLOA, EN LA PRENSA INTERNACIONAL
Los principales diarios destacan la destrucción de documentos por el anterior Gobierno
La información publicada por EL PAÍS el pasado lunes sobre el borrado completo de los archivos informáticos de la etapa de Gobierno del PP ha tenido eco en buena parte de la prensa internacional, incluidos los más importantes y prestigiosos rotativos mundiales.
Bajo el titular "Aznar, acusado de destruir pruebas de los atentados de Madrid y de engañar al pueblo", el londinense The Times hace una recopilación de las principales aportaciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su comparecencia ante la comisión del 11-M, señalando de forma destacada que "confirmó una información de EL PAÍS" sobre un masivo borrado de documentos de los ocho años de Aznar en La Moncloa. También se destaca que se pagaron 12.000 euros a una empresa privada para destruir la documentación. La crónica de The Times va firmada por David Sharrock y ocupa una página completa.
The Independent destaca en el titular el mismo hecho entrecomillando la afirmación de Zapatero ante la comisión: Aznar "depuró todos los documentos de la ocultación de los atentados". En la crónica de Elizabeth Nash se señala el detalle de que se borrasen las copias de seguridad, no sólo los discos duros, entre las aportaciones hechas por EL PAÍS.
The Guardian sigue la misma línea y titula "Aznar borró archivos de los atentados de Madrid" En la crónica señala que "el diario EL PAÍS informó ayer de que el trabajo costó 12.000 euros (8.200 libras) e incluyó la destrucción de todos los correos electrónicos. Al nuevo Gobierno sólo le dejaron documentos en papel, según dicho diario".
Por lo que respecta a los periódicos franceses, Libération señala que la revelación de Zapatero ante la comisión de que el Gobierno de Aznar borró todos los documentos informáticos que concernían al 11-M "dejó estupefacto a su auditorio". A renglón seguido, el diario francés señala que dicha información fue revelada en primera instancia por EL PAÍS. También se hace eco de la existencia de una factura y su importe. Ese mismo detalle se resalta en la crónica de Martine Silber para Le Monde.
The New York Times también titula su información sobre la comparecencia de Zapatero con el asunto del borrado de documentos: "El presidente dice que el anterior Gobierno destruyó información sobre los atentados de Madrid". Igualmente se señala que fue EL PAÍS el que dio la noticia el lunes. Menos relieve tiene la comparecencia de Zapatero en The Washington Post y en Los Angeles Times, pero ambos destacan que el anterior Gobierno borró los documentos.
De la prensa alemana, el Frankfurter Allgemaine Zeitung destaca "el puntapié propinado por Zapatero a su antecesor. 'Desveló' que no estaba tan informado como quisiera porque el equipo de Aznar borró la información de los ordenadores". El Berliner Zeitung hace un comentario sobre el tema diciendo que no se habría hecho ese borrado "si Aznar no tuviera algo que ocultar". Y remacha "¿Será solo un tozudo o también un mentiroso?".
Entre los diarios italianos, La Repubblica titula "Aznar vació los archivos sobre la masacre" y cuenta los detalles de la información publicada por este diario el pasado lunes al hilo de la crónica de la comparecencia de Zapatero.
https://elpais.com/diario/2004/12/15/espana/1103065208_850215.html
EL EQUIPO DE AZNAR BORRÓ LOS ARCHIVOS INFORMÁTICOS DE PRESIDENCIA ANTES DE IRSE
Una empresa especializada fue contratada por 12.000 euros para eliminar todas las copias
Cuenta el ex presidente Leopoldo Calvo-Sotelo que, cuando llegó a La Moncloa para sustituir a Adolfo Suárez, en febrero de 1981, y abrió la caja fuerte que debía contener los secretos de Estado, sólo halló en su interior un papel, en el que estaba anotada la combinación para abrirla. José Luis Rodríguez Zapatero no se sorprendió menos cuando en abril pasado sustituyó a José María Aznar al frente del Gobierno. Todos los archivos informáticos de Presidencia estaban vacíos. La clave también figuraba en un papel: la factura, por unos 12.000 euros, de la empresa contratada para borrarlos.
José Luis Rodríguez Zapatero comparecerá esta mañana ante la Comisión de Investigación del Congreso sobre el 11-M con el propósito de realizar, según sus propias palabras, una intervención "constructiva". El presidente detallará las medidas que ha adoptado el Ejecutivo para combatir el terrorismo de origen islamista y ofrecerá a todos los grupos políticos un pacto de Estado para hacer frente a esta amenaza. También deberá contestar a las preguntas del PP sobre cuál fue su comportamiento entre el 11 y el 14 de marzo.
Lo que Zapatero no podrá, pese a su deseo de dar una información "densa y amplia", es facilitar datos sobre la actuación de la Presidencia del Gobierno en esas fechas. No podrá explicar, por ejemplo, si es cierto que se reunió el Gabinete de Crisis, como dijo Aznar ante la comisión, pero no la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis. Y sobre todo, cualquiera que fuese el nombre del organismo que se reunió en La Moncloa el día 11, presidido por el presidente y con presencia de los vicepresidentes y los ministros y altos cargos de mayor confianza, qué decisiones se adoptaron.
Sin documentos del día 11
Cuando la Comisión de Investigación del 11-M reclamó el acta del Gabinete de Crisis, el Gobierno contestó que no había podido hallarla. Ni el acta, ni ningún otro documento sobre lo que pasó ese día en La Moncloa: las conversaciones que mantuvo Aznar con directores de medios de comunicación o mandatarios extranjeros, los informes que recibió o las instrucciones que dio.
El vacío de información no se limita al 11-M: abarca los ocho años de mandato del PP, de mayo de 1996 a abril de 2004. La explicación es que, antes de dejar el poder, el equipo dirigido por Aznar ordenó que se borrasen los archivos informáticos de Presidencia del Gobierno.
No fue un borrado rutinario, sino a conciencia. No se limitó a formatear los discos duros, lo que podría haber hecho cualquier usuario. Se borraron también las cintas con las copias de seguridad de los archivos informáticos. Para ello se recurrió a una empresa especializada, que presentó la correspondiente factura, de unos 12.000 euros.
Sólo que cuando llegó la hora de pagar ya había cambiado el inquilino de La Moncloa, por lo que fueron los socialistas los que tuvieron que asumir el coste de haberse quedado sin una información probablemente valiosa.
¿Cómo de valiosa? Fuentes gubernamentales admiten que es imposible conocer el valor de la información perdida, pues no existe un inventario de la misma. Reconocen que los documentos de carácter administrativo, con rango legal, fueron entregados en el traspaso de poderes, en soporte papel. Pero alegan que faltan informes políticos sobre todo tipo de asuntos, incluso algunos que afectan a la política de Estado, como la lucha antiterrorista.
No es concebible, argumentan, que todos los archivos informáticos de Presidencia, como el intercambio de correos electrónicos entre ordenadores oficiales, se refieran a temas personales de asesores o altos cargos.
Las mismas fuentes niegan que se produjera una situación comparable en 1996, cuando el PP sustituyó al PSOE al frente del Gobierno, entre otras razones porque el uso de la informática no estaba tan extendido.
Ha sido en los últimos años cuando los correos electrónicos han sido admitidos como prueba en procesos judiciales, como el del fraude de Gescartera. Mucho antes, en 1974, el presidente de EE UU Richard Nixon se vio obligado a dimitir por el escándalo Watergate tras mantener una larga pugna con el Congreso, que exigía la entrega de la cintas con las conversaciones mantenidas por el presidente con sus colaboradores en la Casa Blanca, sin aceptar que las mismas pudieran pertenecer al ámbito privado.
Si en Moncloa se borraron los archivos informáticos, en el Ministerio del Interior se copiaron. Fuentes de dicho departamento, tanto de la actual como de la anterior administración, han explicado que altos cargos del equipo del ex ministro Ángel Acebes hicieron copias de documentos relacionados con la investigación del 11-M, informa Jorge A. Rodríguez.
Las copias fueron volcadas en discos compactos y algunos de los documentos duplicados se publicaron en libros meses después de la salida del PP del poder. Entre los documentos copiados figuran cartas de etarras que sugerían contactos con presos islamistas, vídeos y fotos de los atentados y parte de la investigación sobre cómo se convocaron las manifestaciones del 13-M frente a las sedes del PP.
https://elpais.com/diario/2004/12/13/espana/1102892402_850215.html
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