CIFUENTES
SE QUERELLARÁ CONTRA GRANADOS TRAS SU ACUSACIÓN
La presidenta de la Comunidad de Madrid responde que le da igual lo que diga
Granados, "un presunto delincuente" y afirma que solo es responsable de su
gestión
La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha
anunciado que va a presentar "de inmediato" una querella contra el exconsejero
madrileño Francisco Granados por "un cúmulo de falsedades y un grave atentado
contra su honor y su imagen".
Según han explicado fuentes del Ejecutivo regional, Cifuentes ha tomado esta
decisión tras conocer, "a través de los medios de comunicación", las
declaraciones efectuadas este lunes por Granados ante el juez del caso Púnica.
Cifuentes ha anunciado que va a ejercer ante los tribunales "cuantas acciones
civiles y penales le correspondan, por lo que constituye un cúmulo de falsedades
y un grave atentado contra su honor y su imagen".
Así, presentará "de inmediato" una querella criminal cuyo alcance y detalles
está ultimando en estos momentos el abogado que la representará a título
personal, ya que no va a hacer uso de los servicios jurídicos de la Comunidad de
Madrid.
Francisco Granados ha declarado hoy a petición propia ante el juez de la
Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, al que ha asegurado que Cifuentes
formaba parte del círculo de poder de Ignacio González.
Granados ha dicho sobre Cifuentes -de la que ha indicado que tenía una estrecha
relación con González-, que cuando se celebraron las campañas electorales de las
elecciones autonómicas de 2007 y 2011, financiadas de forma supuestamente
irregular, ella era secretaria de Política territorial del PP madrileño y
conocía de estas prácticas.
Esta misma mañana Cifuentes ha afirmado que le daba "exactamente igual" lo que
dijera el exconsejero, "un presunto delincuente" que en su estrategia de defensa
"quiere involucrar a todo el mundo" con el fin de "poder librarse" de una
condena.
"Lo único que quiero respecto a Francisco Granados o a cualquier otra persona de
mi partido o de cualquier otro partido que haya estado o esté en un
procedimiento de corrupción es que la Justicia actúe cuanto antes, con total
contundencia y con rapidez para que se deriven las responsabilidades", ha
asegurado.
La presidenta ha defendido su trayectoria política y personal, liderando la
"tolerancia cero frente a la corrupción en el día a día". "Soy una persona
transparente, mi declaración de bienes -de no bienes- está ahí, no tengo nada,
vivo de una determinada manera y no tengo absolutamente nada que ocultar", ha
dicho.
Además, ha insistido en que ella no había tenido responsabilidades de gestión,
ni en el PP ni en ningún Ejecutivo, hasta hace dos años, porque a pesar de haber
sido diputada "muchísimos años" no ha pertenecido "a ningún Gobierno: ni de
Esperanza Aguirre ni de Ignacio González ni de Alberto Ruiz-Gallardón ni de
nadie".
http://cadenaser.com/emisora/2018/02/12/radio_madrid/1518441283_361291.html?int=masinfo
GRANADOS IMPLICA A
CIFUENTES EN LA
ESTRUCTURA PARALELA
QUE AUPÓ A AGUIRRE
CON FINANCIACIÓN
IRREGULAR
El exconsejero
revela en la
Audiencia Nacional
que la actual
presidenta de Madrid
formó parte del
núcleo de poder en
las elecciones de
2007 y 2011 dirigido
por Ignacio González
“hasta que tuvieron
la ruptura
sentimental”
La presidenta de la
Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes,
formó parte de la
estructura paralela
montada para
reforzar la imagen
de su antecesora
Esperanza Aguirre en
las elecciones de
2007 y 2011 y que
supuestamente fueron
financias con dinero
irregular, según ha
asegurado Francisco
Granados en la
Audiencia Nacional.
Cifuentes integró
esta estructura
paralela, o núcleo
de poder que dirigía
Ignacio González,
“hasta que tuvieron
la ruptura
sentimental”, según
ha afirmado de
pasada Granados en
un momento de su
declaración
voluntaria ante el
juez central de
instrucción 6,
Manuel García
Castellón, que
investiga la trama
Púnica.
Esa financiación
irregular de ambas
campañas que
Granados “intuye”
que existía era
conocida por la
propia Esperanza
Aguirre y llevada a
cabo por el
vicepresidente
Ignacio González,
ayudado por Cristina
Cifuentes quien
entonces era la
responsable regional
del partido.
Cifuentes formó
parte de la
estructura paralela
que dirigía Ignacio
González, “hasta que
tuvieron la ruptura
sentimental”, dijo
Granados
Tanto la campaña de
las elecciones
locales y
autonómicas de 2007
como las generales
de 2011 contaron con
esta estructura
paralela destinada a
impulsar a Esperanza
Aguirre como
política.
En el núcleo duro se
encontraban
Esperanza Aguirre,
Ignacio González,
Cristina Cifuentes,
Borja Sarasola
(diputado regional),
Isabel Gallego
(directora de
Comunicación de
Aguirre) y Jaime
González Taboada,
número tres de la
actual presidenta de
Madrid quien
recientemente ha
sido designado
senador a pesar de
estar salpicado por
el caso Púnica (lo
que refuerza el
aforamiento del
juicio de esta trama
en el Supremo) y que
en la época de
Aguirre era director
general de
Cooperación.
Granados cree que
las campañas
“paralelas de
refuerzo” de
Esperanza Aguirre se
pagaron en parte "a
través de gastos de
publicidad que se
encargaban a
empresas del ámbito
de la Comunidad de
Madrid", según
fuentes jurídicas
presentes en su
declaración.
Desconoce cuánto
dinero se desvió
El líder de la
Púnica no ha podido
evaluar el alcance
de dinero público
desviado para la
campaña personal de
Aguirre. Ante el
juez ha asegurado
que sólo el Canal de
Isabel II gastaba en
publicidad 15
millones y que,
sumados a otras
empresas públicas,
podría hablarse de
"30, 40 ó 50
millones" pero sin
poder concretar
cifra alguna, según
las mismas fuentes
presentes en su
declaración.
En las dos campañas
de 2007 y 2011, el
PP manejó una caja B
de cinco millones de
euros, según la
investigación
judicial.
A él no le
comunicaban todas
las decisiones sobre
las campañas
electorales, pese a
ser secretario
general del PP de
Madrid, porque era
Ignacio González
quien las
controlaba, ha
insistido.
En todo caso, ni él,
que dirigió la
campaña de los
comicios de 2011, ni
Beltrán Gutiérrez,
el gerente, tenían
acceso a esta
supuesta caja B.
Sólo conocían la
contabilidad legal,
controlada por el
Tribunal de Cuentas,
según ha revelado en
su interrogatorio
sin aportar prueba
alguna. La campaña
de 2007 fue dirigida
por Ignacio
González.
Ahora bien, a la
salida de su
declaración ha
proclamado que cree
que Aguirre,
González, Cifuentes
y demás integrantes
del núcleo paralela
actuaron de manera
“legal”. Basa su
afirmación en “las
pruebas” que existen
del caso y que no le
llevan a cambiar de
opinión.
En todo momento,
Granados ha apuntado
a Aguirre y a
González como las
personas que
decidían “todos los
cargos de la
Comunidad de Madrid
y del PP regional”,
así como las
empresas públicas.
“Y no sé si en este
orden”.
La declaración ha
durado tres horas y
será reanudada el
próximo día 20 de
febrero.
Inauguraciones de
las obras públicas
Interrogado por su
abogado defensor,
Ignacio Vasallo,
Granados ha revelado
también que el
sistema de gestión
de Prisma (el Plan
Regional de
Inversiones y
Servicios) pasó a
ser controlado por
la Comunidad de
Madrid porque
Aguirre estaba harta
de dar dinero a los
alcaldes, en
especial del PSOE, y
que luego no le
invitaran a las
inauguraciones de
las obras públicas.
Granados ha agregado
que él se
desentendió de la
gestión de Arpegio
porque Aguirre
delegó toda
responsabilidad de
esta empresa en el
consejero delegado
Eduardo Larraz.
Granados se ha
desmarcado de su
exsocio David
Marjaliza, quien lo
señala al frente de
las irregularidades
de la empresa
pública Arpegio y de
la consejería de
Transportes con las
que se habrían
financiado los
populares de Madrid.
Marjaliza ha optado
por colaborar con la
Justicia y ha
revelado los amaños
de contratos
públicos y el cobro
de comisiones del
que se valió el
líder de la Púnica
como alcalde de la
localidad de
Valdemoro (Madrid) y
como consejero de la
Comunidad.
Granados ha
asegurado ante el
juez central de
instrucción 6 que en
las obras del metro,
al principio, se
contrataba a las
grandes
constructoras porque
eran las que
disponían de
tuneladoras. Pero
más adelante, y en
otras obras como
tranvía o el metro
ligero, se empezó a
contratar a empresas
medianas.
De esta manera ha
justificado estas
contrataciones y
también una
afirmación de
Marjaliza, quien
sostiene que
Granados reveló en
una cena que había
sido cesado porque
Florentino Pérez
pidió su cabeza a
Esperanza Aguirre
después de que
intentara dar las
obras a empresas
medianas, como Albi,
San José o Teconsa.
http://www.publico.es/politica/granados-implica-cifuentes-estructura-paralela-aupo-aguirre-financiacion-irregular.html
GRANADOS IMPLICA A
CIFUENTES EN LA
FINANCIACIÓN ILEGAL
DEL PP
Afirma que Cifuentes
formaba parte del
"núcleo de hierro"
liderado por Ignacio
González para
“reforzar” con
ingresos ilegales,
las campañas de
Aguirre en Madrid,
por la “relación
sentimental” que
mantuvo Cifuentes
con el expresidente
madrileño
Un núcleo de hierro
para la financiación
ilegal que conocía
Aguirre, según
Granados, y que
estaba conformado
por González,
Cristina Cifuentes,
Borja Sarasola,
Isabel Gallego, y
José María de la Uz,
entre los años 2007
y 2011.
Granados atribuye a
Aguirre y González
la financiación
ilegal del PP en
Madrid
El supuesto líder de
la Púnica desvela a
la SER el contenido
de la declaración
voluntaria en la
Audiencia Nacional.
Sostiene que están
implicados "el viejo
y el nuevo PP"
El exsecretario
general del PP en
Madrid sostiene que
González ordenó que
empresas públicas
como el Canal Isabel
II, ICM, PromoMadrid,
Imade y el Consorcio
de Turismo,
contrataran
servicios
publicitarios
fraudulentos a
empresas como Swat,
que organizaban las
campañas de Aguirre.
Esa era la fórmula
de pagos irregulares
con dinero público
con el objetivo de
financiar de forma
ilegal al PP.
Cifuentes era
conocedora y formaba
parte del núcleo
duro de González,
dice, por la
relación sentimental
que mantenía con
éste. Ante el juez,
Granados ha dicho
que Cifuentes era
“la mano derecha y
la voz” de Ignacio
González. El “brazo
ejecutor” del
expresidente en el
partido, durante el
tiempo en el que
según dice, duró la
relación sentimental
de ambos, entre 2007
y 2011, cuando
concluyó como “la
película Atracción
Fatal”, según sus
palabras al
magistrado.
Granados no ha
aportado prueba o
documento alguno al
respecto. Dice que
ya están en el
sumario, en relación
a los indicios
recabados por los
investigadores, y ha
instado a cruzar las
facturas de
publicidad de las
empresas públicas
mencionadas para
corroborar la
veracidad de sus
afirmaciones.
A su salida de los
juzgados, Granados
ha defendido que
todo lo que ha dicho
"se puede comprobar"
a pesar de no haber
aportado documentos
porque él no se va
llevando documentos
de las
administraciones ni
de los partidos: "Yo
salgo de los sitios
con lo puesto".
http://cadenaser.com/ser/2018/02/12/tribunales/1518423966_348745.html
EL CINTURÓN DE
HIERRO DE GONZÁLEZ:
MANDABAN CIFUENTES,
ISABEL GALLEGO,
TABOADA Y SARASOLA
El núcleo de poder
se desarma cuando la
actual presidenta
rompe su relación
sentimental con el
expresidente, según
Granados
La rana ha cantado
cucú. El exconsejero
de Presidencia,
Francisco Granados,
ha declarado este
lunes ante el juez y
ha apuntado alto.
Granados ha
involucrado a
Esperanza Aguirre y
a Ignacio González
en la financiación
en B del PP
madrileño en las
campañas de 2007 y
2011. Pero no se
vayan, que aún hay
más. El concierto ha
continuado y, al
término de su
declaración,
Granados ha mentado
a Cristina
Cifuentes, quien,
según su relato,
formaba parte del
núcleo de control en
la estructura de
poder.
Francisco Granados
ha asegurado que
todos los
nombramientos los
hacían González y
Aguirre y que, hasta
el último de los
departamentos de
prensa, eran
nombrados por ellos.
La expresidenta de
la Comunidad de
Madrid despachaba
cualquier problema
con una periodicidad
semanal, según
Granados, quien ha
aseverado que ellos
mandaban en todo,
incluso en
ocasiones, tenía más
poder y peso
González que la
propia Aguirre.
González no mandaba
solo. Tenía su
particular guardia
pretoriana, un
cinturón de hierro,
un núcleo de control
del poder. Sus
integrantes eran
Isabel Gallego,
exdirectora de
Comunicación de
Aguirre (ya imputada
en la causa); Jaime
González Taboada,
exnúmero tres de
Cifuentes en el
Ejecutivo regional y
actual senador del
PP; el consejero
Borja Sarasola y el
premio gordo,
Cristina Cifuentes.
Granados ha
declarado que
Cifuentes es
nombrada en 2005
número tres del
partido y que se
convirtió en la mano
derecha de González:
era sus ojos y sus
oídos. Acumuló mucho
poder y
responsabilidad.
Incluso, el
exconsejero ha
apuntado que en
ocasiones Cifuentes
se jactaba de que no
mandaba González,
sino ella. No
obstante, Granados
no se ha limitado a
detallar su estrecha
relación
profesional, sino
que también ha
apuntado a una
relación sentimental
entre Cifuentes y
González.
El caso Púnica
investiga la
financiación
irregular del PP en
las campañas de 2007
y 2011, y en este
sentido, Granados ha
especificado que la
campaña electoral de
2007 la dirigen
González y
Cifuentes.
A la guardia
pretoriana de poder
articulada por
Ignacio González
habría que sumarle
un nombre más,
Eduardo Larraz. Fue
Aguirre quién delegó
toda la
responsabilidad de
la empresa Arpegio
en Larraz, por aquel
entonces, consejero
delegado.
El entramado de
control de González
se viene abajo por
un romance. Según
Granados, el
detonante de la
fractura es producto
de la ruptura de una
presunta relación
sentimental entre
Cifuentes y
González.
https://www.elplural.com/politica/2018/02/12/caso-punica-granados-gonzalez-cifuentes-aguirre
EL PSOE Y UNIDOS
PODEMOS PEDIRÁN LA
COMPARECENCIA DE
CIFUENTES EN EL
CONGRESO ANTE LAS
REVELACIONES DE
GRANADOS
Ambas formaciones
reclamarán que
Cristina Cifuentes
acuda a la comisión
de investigación de
la financiación del
PP Francisco
Granados asegura
ante el juez que la
presidenta madrileña
participaba en las
decisiones de
Ignacio González
Ambas formaciones
reclamarán que
Cristina Cifuentes
acuda a la comisión
de investigación de
la financiación del
PP
El PSOE y Podemos
pedirá que Cristina
Cifuentes comparezca
en el Congreso para
rendir cuentas sobre
las revelaciones de
Francisco Granados
ante el juez en las
que ha involucrado a
la actual presidenta
madrileña en las
decisiones que
tomaba su antecesor,
Ignacio González.
El Grupo Socialista
y el de Unidos
Podemos quieren ver
a la dirigente del
PP madrileño
desfilar por la
comisión
parlamentaria que
investiga la
financiación
irregular del
partido de Mariano
Rajoy.
"Creemos que es
conveniente llamarla
a declarar", ha
expresado el también
diputado, que no ha
querido entrar en si
la presidenta
madrileña será
imputada tras el
paso de Granados por
el juzgado:
"Respecto a su
futuro judicial, no
vamos a entrar",
declarado el
secretario de
Organización, José
Luis Ábalos, en una
rueda de prensa.
Los socialistas
también reclamarán
explicaciones en esa
comisión
parlamentaria de
Esperanza Aguirre e
Ignacio González por
su presunta
participación en la
financiación ilegal
del PP madrileño.
"De confirmarse las
acusaciones de
Granados, Cifuentes
llegó a la cima del
PP de Madrid
escalando una
montaña de
corrupción (Púnica,
Gürtel...). Igual
que Esperanza
Aguirre e Ignacio
González. Los
madrileños y las
madrileñas no nos
merecemos esta
vergüenza", ha
escrito el diputado
de Unidos Podemos y
previsible candidato
a la Comunidad de
Madrid en las
autonómicas de 2019,
Íñigo Errejón, en un
comentario publicado
en su cuenta de
Twitter
De confirmarse las
acusaciones de
Granados, Cifuentes
llegó a la cima del
PP de Madrid
escalando una
montaña de
corrupción (Púnica,
Gürtel...). Igual
que Esperanza
Aguirre e Ignacio
González. Los
madrileños y las
madrileñas no nos
merecemos esta
vergüenza
— Íñigo Errejón (@ierrejon)
13:23 - 12 feb. 2018
Granados declara
este lunes ante el
juez de la Operación
Púnica a petición
propia con la
intención de admitir
parte de
responsabilidad en
la caja B que se usó
para las elecciones
de 2007 y 2011,
además de señalar a
Esperanza Aguirre e
Ignacio González. En
el marco de esa
declaración, ha
apuntado que
Cifuentes era
conocedora de las
decisiones del
segundo.
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-Cifuentes-Francisco_Granados_0_739476281.html
GRANADOS IMPLICA A
AGUIRRE Y A
CIFUENTES EN LA CAJA
B DEL PP MADRILEÑO
Francisco Granados
ha tirado de la
manta, pero no tanto
como para quedarse
él mismo
descubierto. El ex
secretario general
del PP madrileño y
principal imputado
del caso Púnica ha
reconocido este
lunes la
financiación ilegal
del partido, y, por
primera vez, ha
implicado en ella a
la expresidenta de
la Comunidad,
Esperanza Aguirre,
que hasta ahora
había salido bien
librada de todas las
causas de corrupción
que cercan a la
formación
conservadora.
Granados apuntó
básicamente contra
la antigua cúpula
del PP, encarnada en
Aguirre y en su
antigua mano
derecha, el
expresidente
madrileño Ignacio
González.
También ha reservado
un dardo contra la
actual presidenta de
la Comunidad,
Cristina Cifuentes.
Según ha
manifestado,
Cifuentes estuvo en
“el núcleo de poder”
que manejó la
“campaña paralela”
de Esperanza Aguirre
en 2007 y 2011 por
una supuesta
“relación
sentimental” con
Ignacio González,
afirman fuentes
presentes en la
declaración. En esas
dos campañas el
partido en Madrid
manejó fondos opacos
por valor de cinco
millones de euros,
según la
investigación. “Me
da igual lo que diga
este señor, es un
delincuente”, ha
respondido este
lunes la aludida
Cristina Cifuentes.
La presidenta de la
Comunidad y del PP
de Madrid, Cristina
Cifuentes, ha
anunciado que
presentará "de
inmediato" una
querella contra el
exconsejero
madrileño Francisco
Granados por "un
cúmulo de falsedades
y un grave atentado
contra su honor y su
imagen".
Según el testimonio
de Granados, en la
empresa pública de
suelo Arpegio, eje
de las prácticas
corruptas, colocó
como consejero
delegado a Eduardo
Larraz, por
indicación de
Aguirre. Larraz está
imputado por
supuestamente cobrar
comisiones de
constructores por
adjudicaciones de
grandes parcelas de
suelo en diferentes
municipios para
vivienda protegida y
por las obras del
llamado Plan Prisma.
En casa de este
directivo la Guardia
Civil encontró 146
lingotes de oro.
Granados ha afirmado
también que en Plan
Prisma, Aguirre
exigió que los
fondos dejaran de
entregarse a los
ayuntamientos y que
los trabajos los
ejecutara
directamente la
Comunidad de Madrid
para poder obtener
rédito político por
ellos, apuntan
fuentes presentes en
el interrogatorio.
En momento de la
declaración,
Granados ha contado
ante el juez la
existencia de una
supuesta "relación"
de tipo
"sentimental" entre
Ignacio González y
su sucesora y actual
presidenta regional,
Cristina Cifuentes,
según varias fuentes
presentes en el
interrogatorio. Esta
es la causa por la
que la hoy
presidenta de la
Comunidad de Madrid
tenía conocimiento
de dicha caja b con
la que, según
Granados, se pagó
una campaña
“paralela” en las
elecciones
municipales y
autonómicas de 2007
y 2011. Granados ha
asegurado que en
aquellos comicios él
se centró en los
gastos de la campaña
A, y que de la
pagada con dinero
negro estaba bajo el
control absoluto de
Ignacio González.
Hasta que
mantuvieron esta
supuesta relación
sentimental,
Cifuentes se mantuvo
en “el núcleo de
control” y en “la
estructura de poder”
de dicha campaña
paralela. En este
núcleo también ha
situado a Isabel
Gallego -exdirectora
de Comunicación de
Aguirre y ya
imputada en la
causa-, Jaime
González Taboada -ex
número tres de
Cifuentes en el
Ejecutivo regional y
actual senador del
PP por designación
autonómica- y el
exconsejero Borja
Sarasola.
El exconsejero ha
asegurado que los
fondos de dicha caja
B provenían
principalmente de
falsos contratos de
publicidad del Canal
de Isabel II, del
Consorcio de Turismo
de la Comunidad de
Madrid y la empresa
pública de
informática y
comunicaciones (ICM).
En esta trama jugaba
un papel clave la
sociedad Swap, que
ya había salido en
la investigación del
caso Púnica.
Granados –que no ha
aportado
documentación
durante su
comparecencia- ha
desvinculado de
estas
irregularidades a la
dirección nacional
del partido y al
exgerente regional,
Beltrán Gutiérrez.
Así, ha afirmado que
el que fuera
tesorero del PP
nacional, Álvaro
Lapuerta nunca le
pidió que amañara
ningún contrato, en
contra de lo que
aseguró Ignacio
González. Según
Granados, él sólo
recibió una llamada
de Lapuerta en todo
el tiempo que estuvo
al frente de la
secretaría general
del PP de Madrid y
fue para pedirle que
indagara sobre el
patrimonio de
Ignacio González.
A la salida de su
declaración,
Granados ha
asegurado a la
prensa que todo lo
que había asegurado
en su declaración
ante el juez "se
puede confirmar". El
político ha
insistido ante los
medios que existía
una campaña
"paralela" que
estaba "a las
órdenes de Ignacio
González" y que se
financiaba "al
margen del partido".
El juez le tomará de
nuevo declaración el
próximo 20 de
febrero para que
continúe su
declaración.
El cabecilla de la
trama fue detenido
en octubre de 2014 y
salió de prisión el
pasado junio bajo
fianza de 400.000
euros. A finales de
enero solicitó al
juez instructor,
Manuel
García-Castellón,
comparecer para una
nueva declaración,
la tercera desde su
arresto. En su
anterior
comparecencia, en
diciembre de 2016,
también a petición
propia, sus intentos
de exculparse a toda
costa pese a los
indicios contra él
en el sumario,
exasperaron al juez
Eloy Velasco. Este
lunes, Granados
venía dispuesto a
“contar todo” lo que
sea útil para la
investigación. Eso
sí, sin complicar
más su ya difícil
situación.
El ex número dos del
partido y antiguo
consejero de
Presidencia y
Transportes de la
Comunidad de Madrid
está directamente
implicado en al
menos siete de las
16 piezas de que
consta el
macrosumario Púnica.
Este lunes, su
abogado, Javier
Vasallo, le planteó
una batería de 212
preguntas. Parte de
ellas iban
encaminadas a
desacreditar una de
las mayores pruebas
contra él: la
libreta Moleskine en
la que supuestamente
apuntó movimientos
de la caja b del PP,
con entradas y
salidas de fondos
bajo los epígrafes
in y out. En ella
quedó reflejado,
entre otras
anotaciones, cómo
Granados se repartió
con Javier López
Madrid, exconsejero
de la empresa OHL,
500.000 euros de una
partida de 2,1
millones que la
constructora había
destinado para
financiar las
elecciones
autonómicas de 2011.
Granados dedicó
buena parte de su
declaración a
desacreditar a su
antiguo amigo el
empresario David
Marjaliza, otro de
los cabecillas de la
trama corrupta y que
desde abril de 2015
colabora con la
investigación.
Marjaliza, que
empezó a labrar su
fortuna en Valdemoro
(Madrid), municipio
en el que Granados
era alcalde, fue el
que puso nombre y
apellidos a las
iniciales anotadas
en la Moleskine por
el expolítico. Más
recientemente, ha
aportado al juez
documentos sobre el
supuesto cobro de
una comisión ilegal
de 3,6 millones de
euros por la
adjudicación amañada
de tres obras del
Metro de Madrid, y
que se repartió a
partes iguales con
Granados y López
Madrid.
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/12/actualidad/1518423314_789832.html
GRANADOS INVOLUCRA A
AGUIRRE, GONZÁLEZ Y
CIFUENTES EN LA
FINANCIACIÓN ILEGAL
DEL PP
El antiguo número
dos del PP madrileño
sostiene que hubo
una financiación
"paralela" de las
campañas de Madrid
en 2007 y 2011 El
principal imputado
en 'Púnica', a quien
los investigadores
atribuyen corrupción
a gran escala, dice
que la actual
presidenta de la
Comunidad se
convirtió en "los
ojos y los oídos" de
Ignacio González.
Esperanza Aguirre,
Ignacio González y
Cristina Cifuentes
se han convertido
esta mañana en el
trípode sobre el que
el antiguo número
dos del PP
madrileño, Francisco
Granados, ha
sustentado esta
mañana su
declaración
voluntaria en el
caso Púnica, para la
que prometía
novedosas
revelaciones sobre
la –presunta–
financiación ilegal
del partido y que
finalmente ha sido
más difusa de lo
esperado. Granados,
cuya declaración
proseguirá el día 20
y que este lunes
solo ha respondido a
su abogado, ya tiene
respuesta de
Cifuentes: "No tengo
nada que ocultar, me
da exactamente igual
lo que diga este
presunto
delincuente". La
presidenta madrileña
presentará de
inmediato una
querella criminal
cuyo alcance y
detalles está
ultimando en estos
momentos el abogado
que la representará
a título personal,
puesto que no va a
hacer uso de los
servicios jurídicos
de la Comunidad de
Madrid.
En sus tres horas de
comparecencia,
Granados, ahora en
libertad bajo fianza
por graves delitos
de corrupción, ha
asegurado que las
campañas de Aguirre
se "reforzaban" con
financiación
"paralela" obtenida
a través de empresas
de publicidad y a la
que se declara por
completo ajeno.
Según Granados, esa
campaña paralela –ha
eludido términos
como ilegal o
irregular– a la que
desarrollaba la
estructura orgánica
del PP madrileño y
del nacional la
llevaban González y
Cifuentes, así como
otros cargos de
menor rango.
Granados ha
declarado que
Cifuentes, cuyo
nombramiento como
"número 3" del PP
madrileño en 2005 ha
recalcado, se
convirtió en "los
ojos y los oídos" de
Ignacio González. Y
que ambos
mantuvieron una
relación
sentimental.
Granados ha puesto
especial énfasis en
destacar el papel de
Mariano Rajoy como
quien de verdad
"destapó" la trama
Gürtel al pedir a
Esperanza Aguirre
"en 2007 o 2008" que
frenase la venta de
una parcela de
Arganda del Rey en
la que el grupo de
Francisco Correa
estaba implicado. Y
ha llegado a
asegurar que fue el
ahora presidente del
Gobierno quien, una
vez que Aguirre lo
excluyó de su
gobierno, le
convenció para que
se presentase al
Senado en 2011. Él,
Granados, no quería
porque era poco
trabajo –ha
argumentado– pero el
líder del partido se
lo pidió y
finalmente accedió a
ello.
Entre las empresas
de publicidad que
cree estaban
implicadas en ese
canal paralelo de
financiación ha
citado a Swat, que
ya estaba siendo
investigada. Esas
empresas, ha dicho,
contrataban con el
Consorcio de
Turismo, bajo la
batuta de la
exsenadora Ana
Isabel Mariño, y con
el Imade, que
dirigía Aurelio
García de Sola,
"pariente de
Esperanza Aguirre" y
cuyo presupuesto
para publicidad era
multimillonario. En
el núcleo duro de
Aguirre, Granados ha
situado también a la
exdirectora de
comunicación del
Gobierno madrileño,
Isabel Gallego, y al
exconsejero Jaime
González Taboada. El
igualmente
exconsejero Borja
Sarasola pertenecía
también al grupo
director de las
campañas.
La operativa
reconocida por
Granados coincide
con la ya descrita
por otro de los
investigados en
Púnica, el
empresario de
publicidad Daniel
Mercado. Pero
Granados, y así lo
subrayan fuentes
presentes en su
declaración, no ha
aportado detalles y
ha optado en todo
momento por la
sugerencia frente a
la atribución
directa de hechos.
Por ejemplo, al
hablar sobre las
fuentes de esa
financiación
paralela ha
mencionado el Canal
de Isabel II, feudo
de su ahora acérrimo
enemigo Ignacio
González.
Pero lo ha hecho
para decir que sabe
que en efecto
gastaba mucho en
publicidad pero que
no puede asegurar
nada. Y que cree que
la empresa Licuas y
el empresario
Joaquín Molpeceres
tal vez ayudaban en
la campaña por su
relación con el
Canal, su relación
con el marido de
Cristina Cifuentes y
por amistad con
Esperanza Aguirre.
La "intuición",
ha afirmado después,
le dicta que los
gastos más
importantes salían
del Imade, uno de
los organismos
autónomos que más
fondos manejó en la
pasada década y cuya
extinción decretó
Aguirre en diciembre
de 2010.
"El PP se dirigía
desde la Puerta del
Sol", ha dicho para
ilustrar el poder de
Aguirre y su núcleo
duro, del que él
mismo se ha excluido
para presentarse
poco menos que como
un simple
subordinado de
Ignacio González.
Granados ha relatado
cómo cuando en 2011
Aguirre lo
descabalgó de la
secretaría general
del PP madrileño
para aupar a Ignacio
González él mismo le
dijo al entonces
delfín que por fin
se había convertido
formalmente en
secretario general,
que era lo que en la
práctica llevaba
siendo desde hacía
años.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/13/granados_acusa_aguirre_75161_1012.html
GRANADOS ATRIBUYE A
AGUIRRE Y GONZÁLEZ
LA FINANCIACIÓN
ILEGAL DEL PP EN
MADRID
El supuesto líder de
la Púnica desvela a
la SER el contenido
de la declaración
voluntaria que
prestará en la
Audiencia Nacional
Francisco Granados
culpará a ambos por
las supuestas
irregularidades en
las adjudicaciones
en la Comunidad de
Madrid y Arpegio, y
señalará por la
financiación ilegal
a otras
"personalidades de
relevancia actual"
en la formación
conservadora
Sostiene que están
implicados "el viejo
y el nuevo PP"
El consejero de
Presidencia,
Justicia e Interior,
Francisco Granados
(i), y la presidenta
y vicepresidente de
la Comunidad de
Madrid, Esperanza
Aguirre (d) e
Ignacio González,
durante un pleno
celebrado el 19 de
febrero de 2009 en
la Asamblea de
Madrid. El pleno fue
suspendido ante los
gritos y reproches
entre los diputados
del PP y el PSOE
sobre los supuestos
imputados en tramas
de corrupción.
El exsecretario
general del PP y
consejero en Madrid,
Francisco Granados,
declara este lunes
como imputado a
petición propia,
ante el juez de la
Audiencia Nacional,
Manuel García
Castellón, que
instruye la
operación Púnica.
La Cadena SER ha
mantenido este fin
de semana una
extensa conversación
con Granados y
afirma que
rectificará, y
admitirá ante el
magistrado la
financiación ilegal
del PP en Madrid en
las dos campañas
electorales durante
las que ostentó la
secretaría general
del partido: tanto
en 2007 como en
2011.
El supuesto líder de
la Púnica sostiene
que responsabilizará
de la financiación
ilegal a la
expresidenta
Esperanza Aguirre, y
a su sucesor en el
cargo, Ignacio
González, quien por
orden de Aguirre
“controlaba todos
los estamentos” de
la administración y
el partido.
Granados sitúa a
ambos en el vértice
de la estrategia de
cobros en negro para
el partido, pero
asevera que también
detallará el papel
de otros personajes
importantes en la
trama como el
exconsejero Borja
Sarasola, director
adjunto de las
campañas de 2007 y
2011; o del
expresidente de la
Asamblea y
extesorero, José
Ignacio Echeverría.
El exsecretario
general del PP en
Madrid añade que
señalará además a
otras
“personalidades de
relevancia pública
actual” en la
formación
conservadora
madrileña, cuyos
nombres y
responsabilidades,
dice, desvelará ante
el juez.
Según Granados, la
financiación ilegal
del PP tenía lugar a
través de empresas
privadas, pero sobre
todo de empresas
públicas, la
fundación Fundescam
y otros
departamentos
autonómicos, que
adjudicaban o
supuestamente
pagaban por
servicios no
prestados, a las
firmas que
organizaban actos
electorales para el
Partido Popular en
Madrid.
Los investigadores
han acreditado que
el PP de Aguirre
ingresó más de 5
millones de euros en
negro en las
elecciones
autonómicas de 2007
y 2011, y en las
generales de 2008.
Para alcanzar esta
conclusión, resultó
determinante
incautar el pendrive
del exgerente
regional del
partido, Beltrán
Gutiérrez Moliner,
que contenía el
detalle de la caja
b. También ha sido
clave la confesión
del exgerente de
Over Marketing,
Daniel Mercado,
quien ha reconocido
que cobró en negro y
de adjudicatarias de
la Comunidad de
Madrid, las campañas
de 2003 y 2007.
Mercado situó a
Aguirre, González,
pero también a
Granados, como los
“estrategas” de
aquellas
operaciones.
El supuesto líder de
la Púnica reconocerá
que conocía la
financiación ilegal
y no hizo nada por
evitarla, pero
insistirá en negar
que las siglas
asociadas a cifras
que aparecen en una
libreta incautada en
su domicilio, se
correspondan con
pagos en negro.
Reiterará que son
datos de asistentes
a actos del partido.
Un argumento “de
difícil digestión y
credibilidad”, según
fuentes del caso.
Francisco Granados
también
responsabilizará a
Esperanza Aguirre y
a Ignacio González
de las supuestas
irregularidades en
las adjudicaciones
de distintas
consejerías y de
Arpegio. De nuevo
aseverará que todos
los nombramientos de
las personas que
tomaban las
decisiones eran
acordados por
Aguirre, y que
González era quien
ejercía el control.
Granados aportará
los nombres de los
“hombres de Aguirre"
que según sostiene,
fueron determinantes
en las posibles
contrataciones
fraudulentas, como
el exdirector
general de
administración
local, Jaime
González Taboada.
Está previsto que la
declaración de
Granados comience a
las 9:30 de la
mañana, con el
interrogatorio al
que le someterá su
abogado. Según su
letrado, contestará
a todas las partes
personadas excepto a
la acusación popular
y a David Marjaliza.
Si durante la mañana
no ha concluido su
relato, continuará
por la tarde tras un
receso, según
fuentes jurídicas.
http://cadenaser.com/ser/2018/02/11/tribunales/1518361531_412392.html
GRANADOS ESTUDIA DAR
DATOS AL JUEZ SOBRE
LA CAJA B DEL PP DE
AGUIRRE
El principal
imputado declarará a
petición propia el
12 de febrero para
contrarrestar las
confesiones del
arrepentido
Marjaliza
Francisco Granados,
exconsejero de
Presidencia de la
Comunidad de Madrid
y principal imputado
del caso Púnica de
corrupción, está
estudiando modificar
su línea de defensa
y aportar al juez
instructor, Manuel
García-Castellón,
algunos datos sobre
la supuesta
financiación ilegal
del PP madrileño
entre 2007 y 2014,
según fuentes
jurídicas. Granados
comparecerá el
próximo 12 de
febrero a petición
propia ante el
magistrado de la
Audiencia Nacional.
Las mismas fuentes
apuntaron que su
intención primordial
es contrarrestar las
confesiones de su
antiguo amigo el
constructor David
Marjaliza, que le ha
inculpado
repetidamente en los
últimos meses.
Granados también
está dispuesto a dar
información útil
para la pieza 14 de
las 16 que componen
el macrosumario, en
la que se investiga
la caja b del PP
madrileño en la
época en que estuvo
presidido por
Esperanza Aguirre.
Granados, ex
secretario general
del partido en
Madrid, fue detenido
en octubre de 2014
al destaparse el
caso Púnica y salió
de prisión el pasado
junio tras depositar
mediante avales una
fianza de 400.000
euros. En diciembre
de 2016 ya declaró a
petición propia ante
el anterior juez
instructor, Eloy
Velasco, aunque
entonces se limitó a
defender su
inocencia, rechazar
que tuviera fondos
ocultos en el
extranjero y negar
que los apuntes
escritos en una
agenda que le fue
intervenida en el
registro de su casa
correspondieran a
entradas y salidas
de dinero de una
caja b del PP. Esa
financiación
paralela se nutrió
supuestamente con
fondos aportados por
empresarios
adjudicatarios de
contratos públicos
de la Comunidad de
Madrid.
Según los datos de
este cuaderno,
Granados se repartió
con Javier López
Madrid, exconsejero
de la constructora
OHL, 500.000 euros
de una partida de
2,1 millones que la
constructora había
destinado
supuestamente a la
caja b del PP
madrileño para
financiar las
elecciones
autonómicas de 2011
o europeas de 2014.
López Madrid es
yerno del empresario
Juan Miguel Villar
Mir, expresidente de
OHL, y que este
jueves fue citado
como imputado en
esta pieza del caso
Púnica por el juez
García-Castellón.
La extensión y
profundidad de la
declaración de
Granados el próximo
12 de febrero
todavía es una
incógnita. El
expolítico todavía
la está preparando
con su abogado,
Javier Vasallo,
según fuentes
jurídicas. Lo que no
existe, al menos por
ahora, es ningún
pacto, acuerdo o
negociación con la
Fiscalía
Anticorrupción para
que este realice una
confesión.
En las últimas
semanas, el PP ha
recibido varios
reveses de sus
antiguos dirigentes
a cuenta de la
financiación. El
pasado 24 de enero,
el exsecretario del
PP valenciano
Ricardo Costa
reconoció que la
formación pagó las
campañas electorales
de 2007 y 2008 “con
dinero negro de
empresarios
contratistas de la
Generalitat” por
indicación del
entonces presidente
autonómico Francisco
Camps. El montante
ascendía a 3,4
millones de euros.
En diciembre,
Ignacio González,
expresidente de la
Comunidad de Madrid,
afirmó ante el juez
del caso Bárcenas
que durante el
tiempo que
permaneció como
consejero en el
Gobierno regional
—entre 2003 y 2012—
el extesorero del
partido Álvaro
Lapuerta controlaba
los grandes
contratos de
diferentes
departamentos y
sugería que fueran
adjudicados a
empresas donantes
del partido. No
obstante, él dijo
que cuando llegó a
la presidencia dio
instrucciones a sus
subordinados para
que no atendieran
estas supuestas
presiones.
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/01/actualidad/1517524627_300833.html
GRANADOS COBRÓ UNA
COMISIÓN DE 1,2
MILLONES POR TRES
OBRAS DEL METRO
Entre 2005 y 2007,
el político,
Marjaliza y López
Madrid se embolsaron
3,6 millones
El juez de la
Audiencia Nacional
Manuel García
Castellón,
instructor del caso
Púnica de
corrupción, cuenta
desde ayer con
documentación
contable inédita
sobre el supuesto
cobro de una
comisión ilegal de
3,6 millones de
euros por la
adjudicación
presuntamente
amañada de tres
obras del Metro de
Madrid. David
Marjaliza, uno de
los cabecillas de la
trama y que desde
junio de 2015
colabora con la
Justicia, ha
entregado facturas y
apuntes contables en
los que se detalla
el reparto a partes
iguales de la
mordida entre él
mismo, el ex
secretario general
del PP de Madrid
Francisco Granados y
el empresario Javier
López Madrid,
también imputados en
la causa. La
Fiscalía
Anticorrupción
interrogará hoy a
Marjaliza por estos
hechos.
La documentación, a
la que ha tenido
acceso EL PAÍS,
refleja un complejo
sistema de cruce de
facturas entre
cuatro empresas,
tres de ellas sin
conexión con las
obras. Este método
permitió tanto a
Marjaliza como a
López Madrid cobrar
por transferencia y
ya blanqueados los
1,2 millones de
euros que les
correspondían de
comisión por los
amaños. Granados
presuntamente cobró
la misma cantidad en
negro y en metálico.
Las obras bajo
sospecha son las del
Metro Ligero a la
localidad de
Boadilla del Monte,
el tramo 1-B del
Metro Norte y el 1-C
de la conexión entre
la Línea 10 y el
Metro Sur. Todas
ellas fueron
adjudicadas en 2004,
cuando Granados era
consejero de
Transportes en el
Ejecutivo regional
presidido por
Esperanza Aguirre.
La documentación
aportada por
Marjaliza incluye
seis facturas que
Aruba Gestión SL
—una de las
sociedades de su
entramado— cargó a
Obrum Urbanismo y
Construcciones SL,
en la que el
empresario tenía una
pequeña
participación y que
estaba integrada en
la Unión Temporal de
Empresas (UTE) que
se hizo con una de
las adjudicaciones
bajo sospecha. Estas
facturas recogían
falsos conceptos
como “asesoramiento”
y “gestión” y suman
un importe total de
6,6 millones.
Granados es “Futuro
1”
Una anotación
contable interna de
Marjaliza detalla
que de dicha
cantidad se
descontaron el IVA,
el Impuesto de
Sociedades y otros
gastos hasta quedar
reducida la cifra a
repartir a 3,6
millones. En esa
misma anotación, se
detalla que 1,2
millones se
entregaron a “F1”,
en referencia a
“Futuro 1”, el
seudónimo que
Marjaliza ha
confesado que
utilizaba para
referirse a
Granados. Otra parte
igual se adjudicaba
a López Madrid —al
que se identifica
con las siglas
“JLM”—, y la
tercera, a “V”, en
referencia a
Vancouver Gestión,
mercantil de la que
era socio el
constructor.
El segundo bloque
documental ahora
aportado lo componen
las cuatro facturas
que presuntamente
permitieron a López
Madrid cobrar su
parte. Todas ellas
fueron giradas desde
su mercantil
Financiera
SiaCapital SL a la
constructora
Vancouver Gestión
SL, participada por
Marjaliza. En los
conceptos se recoge
como justificación
de estos pagos la
“intermediación para
la consecución de
obras” en Parla,
Valdemoro y Getafe,
así como “la
prestación de
servicios
profesionales y
administrativos en
la consecución de
inversiones”
supuestamente
ficticios. Los pagos
se repartieron entre
2005 y 2007 con el
objetivo de
difuminar el rastro
de la comisión y
dificultar su
detección.
NUEVAS AMENAZAS AL
ARREPENTIDO
La declaración de
hoy de Marjaliza se
produce poco después
de que el
constructor haya
recibido nuevas
amenazas por su
decisión de
colaborar con la
justicia. El 19 de
diciembre, ya
denunció ante el
juez que personas
del entorno de
Granados habían
hecho llegar a otro
imputado, amigo de
Marjaliza, mensajes
como: “A ver cómo
callamos a este hijo
de puta que va a
meternos a todos en
la cárcel” y “habrá
que mandarle un
mensajito con su
hijo, que es lo
único que le
importa”. Según
fuentes jurídicas,
el constructor
denunciará hoy que
las presiones
continúan pero
afirmará que seguirá
colaborando pese a
ello.
En esta nueva
declaración,
Marjaliza iba a dar
nuevos datos sobre
las supuestas
irregularidades en
Arpegio, la empresa
madrileña del suelo
también controlada
por Granados. Sin
embargo, el lunes la
Fiscalía
Anticorrupción
propuso ampliarla a
“la adjudicación
amañada de contratos
públicos desde la
Consejería de
Transportes”.
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/16/actualidad/1516129804_982890.html
IMPUTADOS TRES
EMPRESARIOS POR
AYUDAR A GRANADOS A
OCULTAR LA PROPIEDAD
DE UNA MANSIÓN
El juez cita a
declarar a los
administradores de
las tres sociedades
que se sucedieron
como titulares de
una vivienda de lujo
en Valdemoro que se
sospecha que era del
exdirigente del PP
madrileño
El titular del
Juzgado Central de
Instrucción 6,
Manuel García
Castellón, ha citado
como imputados para
el próximo 8 de
enero a tres
empresarios
madrileños a los que
acusa de haber
ayudado al presunto
cabecilla de la
trama Púnica,
Francisco Granados,
a ocultar la
supuesta propiedad
de una vivienda de
lujo en Valdemoro,
la localidad del sur
de Madrid en la que
fue alcalde y donde
comenzó su carrera
política. Los
empresarios son
Consuelo Astasio
López,
administradora de
Taller de
Arquitectura y
Gestión de Obra SL;
Rafael Navarro
Conde, de Conde
Guedan SL; y Millán
Jesús Pradana
Cuellar, de Calderín
de Valdemoro SL. En
el auto por el que
los llama a
declarar, el
magistrado detalla
que todos ellos
figuraron de manera
ficticia y sucesiva
como propietarios de
la finca que otro
imputado en la
causa, el
constructor Ramiro
Cid, regaló a
Granados por sus
supuestos favores
urbanísticos para
que se levantara una
casa en la mejor
zona de Valdemoro.
La vivienda bajo
sospecha fue
levantada por Ramiro
Cid en dichos
terrenos bajo las
directrices
estéticas de la
esposa del político,
la también imputada
Nieves Alarcón.
Según un informe de
la Unidad Central
Operativa (UCO) de
la Guardia Civil, a
cambio el empresario
supuestamente se vio
beneficiado como
"adjudicatario
recurrente en ventas
de suelo público" en
la localidad
madrileña de
Valdemoro.
Construida sobre un
solar de 1.700
metros cuadrados (lo
que ocupan seis
chalés adosados), la
vivienda iba a tener
piscina con el vaso
revestido de
cuarcita dorada y el
perímetro cubierto
de pizarra negra.
Además, al amplio
jardín iban a dar un
porche levantado en
piedra arenisca.En
la cocina, el
político y su mujer
se habían gastado
80.000 euros, con
muebles de cocina
valorados en 44.000
y con 17.000 en
electrodomésticos.
Sólo la nevera
costaba 7.000 euros
y el horno, otros
4.000. El resto de
la vivienda seguía
la misma línea: baño
turco y sauna,
vestidor con mando a
distancia, tres
chimeneas y ducha
con cromoterapia y
efecto niebla.
Según recoge ahora
el juez García
Castellón en su
auto, los tres
empresarios ahora
imputados
participaron a
partir de 2008 en
sucesivas maniobras
para "encubrir el
patrimonio ilícito
de Francisco
Granados a través de
artificiosas
compraventas" de las
seis parcelas de la
calle Chequia de
Valdemoro donde se
levantó la ostentosa
vivienda
unifamiliar. En
concreto, Consuelo
Astasio y Rafael
Navarro están
acusados de haber
simulado en 2008 la
compra de dichos
terrenos a Ramiro
Cid para "velar a su
verdadero
propietario, en
referencia al
exdirigente del PP
madrileño, y "a su
testaferro oficial,
Ramiro Cid". En este
sentido, el
magistrado destaca
que ambos
empresarios
recogieron en
escrituras públicas
la supuesta
adquisición de las
fincas y las
inscribieron en el
registro de la
propiedad a nombre
de sus sociedades.
Sin embargo, un día
después, los dos
firmaron un contrato
privado con Cid por
el que éste
conservaba la
propiedad real de
dichos terrenos.
Después de que en
febrero de 2009 el
diario Público
comenzase a informar
sobre la existencia
de la vivienda
unifamiliar y su
vinculación con
Granados, éste y su
presunto testaferro
realizaron una nueva
maniobra de
ocultación en la que
supuestamente
participó el tercer
empresario ahora
imputado. Según
reflejan los
informes de la UCO
en los que el
magistrado sustenta
su decisión, en
julio de 2011 el
inmueble y los
terrenos fueron
comprados por
716.000 euros por
Calderín de
Valdemoro SL,
propiedad de Millan
Jesús Pradana, en lo
que el juez
considera como una
"adquisición tampoco
real". El anterior
instructor de la
causa, el juez Eloy
Velasco, ya tomó
declaración a este
empresario por estos
hechos.
Entonces, el
supuesto testaferro
negó cualquier
irregularidad en la
compra y aseguró que
había adquirido
aquella construcción
porque "el precio de
venta había bajado
considerablemente" y
"estaba dentro de
sus posibilidades
económicas", además
de tener la
intención "de sacar
dos viviendas de
esta edificiación
para sus hijas". Sin
embargo, también
admitió que esto
último no fue
posible porque el
chalé había sido
levantado "con los
servicios e
instalaciones
ejecutados para una
sola vivienda". Por
ello, la Guardia
Civil recogió en uno
de sus informes su
convencimiento de
que el empresario
presuntamente mintió
en su testimonio ya
que "llama la
atención que se
pague una cantidad
tan elevada de
dinero como son
716.000 euros sin
haber hecho
indagaciones mínimas
sobre la posibilidad
de acometer dicho
proyecto".
La UCO concluía que
la participación en
esta supuesta
maniobra de
ocultación de Millán
Jesús Pradana pudo
estar motivada por
haber sido
beneficiado en 2007
en un convenio entre
el Ayuntamiento de
Valdemoro y la
sociedad pública del
suelo Arpegio,
entonces controlada
por Granados desde
su puesto de
consejero de
Presidencia del
Gobierno de
Esperanza Aguirre.
Arpegio pagó 4,2
millones de euros en
terrenos a la
sociedad de Pradana
a cambio de que
cediese 80.672
metros cuadrados de
su propiedad en el
municipio para
incluirlos en un
espacio verde. Las
irregularidades de
aquel convenio
provocaron que en
abril de 2015 fuera
anulado por el
Tribunal Supremo.
Ahora, el juez
quiere que él y los
otros dos
empresarios declaren
como imputados
acusados de un
supuesto delito de
blanqueo de
capitales.
https://politica.elpais.com/politica/2017/12/20/actualidad/1513761417_601238.html
GRANADOS SE SIENTE
AGRAVIADO PORQUE
AGUIRRE, CIFUENTES Y
GONZÁLEZ NO SEAN
IMPUTADOS POR LA
FINANCIACIÓN ILEGAL
El supuesto líder de
la Púnica recurre el
auto del juez de la
Audiencia Nacional,
que ha rechazado su
pretensión de citar
como investigados a
los expresidentes de
la Comunidad de
Madrid Esperanza
Aguirre e Ignacio
González, a la
actual, Cristina
Cifuentes, y a una
veintena de cargos y
exresponsables del
PP y de la
administración.
Granados se pregunta
por qué se le
imputan
responsabilidades en
las elecciones bajo
sospecha “por ser
secretario de
campaña” si para
“los otros” que han
“ostentado la misma
carga, esto no vale"
El juez García
Castellón ha
rechazado la
declaración como
investigados en la
Púnica de Esperanza
Aguirre, Cristina
Cifuentes, Ignacio
González, Borja
Sarasola, González
Taboada, Lucía Figar
y otra veintena de
cargos, excargos del
PP y de la
administración
autonómica o local.
Francisco Granados
ha recurrido la
decisión y pregunta
al juez en un
escrito de 41
páginas por qué debe
asumir solo él las
supuestas
irregularidades de
la financiación
irregular del PP en
campaña, si todos
los que quiso citar
también ocuparon
altos cargos de
responsabilidad en
aquellas elecciones
bajo sospecha. Se
trata de los
comicios autonómicos
de 2007 y 2011, y
las generales de
2008.
El letrado del
supuesto líder de la
Púnica pregunta al
juez “¿Por qué a mi
representado se le
pretenden imputar
responsabilidades
por ser secretario
de campaña, y para
los otros, que han
ostentado la misma
carga, esto no vale?
Y en este sentido
recalca que si bien
él fue secretario
general, Aguirre era
la presidenta;
Cifuentes
responsable de
movilización
electoral del PP en
Madrid; o González
presidente del
comité electoral en
el periodo bajo
sospecha.
Granados cree
vulnerados sus
derechos por no
atender su
solicitud, y pide al
juez que enmiende su
decisión.
http://cadenaser.com/ser/2017/12/12/tribunales/1513102733_596647.html
MARJALIZA ASEGURA
QUE ENTREGÓ DINERO,
VIAJES Y REGALOS A
GRANADOS DURANTE 15
AÑOS
El empresario
reconoce que tras el
chivatazo quemó la
libreta donde
apuntaba los
sobornos al político
y otros cargos
públicos
Marjaliza asegura
que entregó dinero,
viajes y regalos a
Granados durante 15
años Granados pide
que Cifuentes y
Aguirre declaren
como imputadas en
Púnica
Marjaliza asegura
que entregó dinero,
viajes y regalos a
Granados durante 15
años La acusación
popular pide nueve
años de cárcel para
el expresidente de
Murcia por el ‘caso
Púnica’
Marjaliza asegura
que entregó dinero,
viajes y regalos a
Granados durante 15
años Marjaliza
afirma que un
diputado del PP le
pidió 400.000 euros
“para el jefe”
La esperada
declaración este
jueves como testigo
del constructor
David Marjaliza en
el primer juicio del
caso Púnica no ha
defraudado. El
empresario -que
colabora con la
justicia desde junio
de 2015- ha
detallado al
tribunal que fue
Francisco Granados
el que le alertó de
que la Guardia Civil
había instalado una
cámara de video
vigilancia frente a
la sede de sus
oficinas en la
localidad de Pinto y
que, por ello, quemó
"tres carros" de
documentación. Entre
ésta, se encontraba
una cuaderno en el
que había anotado
durante 15 años las
entregas de mordidas
a políticos y
funcionarios.
Marjaliza ha añadido
que entre los
receptores estaba el
propio Granados, que
figuraba en el mismo
con el alias de
"Futuro". "Le pagué
la campaña electoral
[a las municipales]
de 1999, de 2003,
escopetas,
televisiones, viajes
a Ibiza... Todo eso
estaba anotado en
ese cuaderno". El
constructor también
ha afirmado que el
político acudía a
menudo a su despacho
a recoger dinero en
metálico que él le
entregaba dentro de
una bolsa de papel
negro de una
conocida marca de
estilográficas. Su
testimonio ha sido
corroborado poco
después por su
secretaria, Ana
Ramírez, también
imputada en el caso
Púnica.
Marjaliza ha
comenzado su
declaración
recordando que
estaba colaborando
con la justicia y
que su intención es
seguir haciéndolo. A
preguntas de la
Fiscalía
Anticorrupción, ha
afirmado que el 6 de
septiembre de 2014,
el día del
chivatazo, él se
encontraba de
vacaciones en
Formentera cuando
recibió una llamada
de Francisco
Granados
–interceptada por la
Guardia Civil- en el
que le alertaba de
que la Guardia Civil
estaba vigilando sus
oficinas. El
empresario ha
admitido que tras
volver a Valdemoro,
dos días después, se
reunió con Granados
en varias ocasiones
y que éste le aportó
nuevos datos sobre
la investigación de
la Unidad Central
Operativa (UCO).
Según ha detallado,
en aquellos
encuentros el
político le pidió
también que
destruyera la
documentación que
tuviera sobre el
supuesto amaño de
contratos públicos y
que, además, no lo
hiciera en una
trituradora de papel
porque podía ser
recuperada de la
basura por la
Guardia Civil. Le
pidió que la quemara
cuando hubiera
niebla, para que
pasara inadvertido.
Marjaliza ha
recordado también
que consultó en
internet la
previsión
metereológica para
saber qué día era el
más conveniente para
hacerlo.
Entre la
documentación
destruida, Marjaliza
ha afirmado que,
junto al cuaderno
con las anotaciones
de entrega de dinero
y regalos, había "un
montón de carpetas
de la Comunidad de
Madrid y sus
consejerías". Entre
ella, documentación
reservada de las
mismas –las plicas
con las ofertas
económicas- que
supuestamente le
entregó en mano el
propio Granados o
uno de sus más
estrechos
colaboradores en el
Gobierno regional,
Ignacio Palacios,
también imputado en
el sumario de
Púnica.
Marjaliza ha
asegurado que a
partir del chivatazo
él tomó otras
medidas de
seguridad, como
destruir el disco
duro de su ordenador
y el de su
secretaria, y que
Granados dejó de
llamarle por
teléfono para
mantener más
encuentros en
persona. En los
mismos, el
constructor ha
recordado que el
político estaba "más
tenso" y que le
preguntaba
insistentemente si
había destruido la
documentación
comprometedora como
le había pedido.
Inmediatamente
después del
empresario, ha
declarado su
secretaria y persona
de máxima confianza,
Ana Ramírez, también
investigada en otras
piezas del sumario y
que en esta ocasión
acudía como testigo.
Ramírez ha
ratificado todas las
declaraciones de su
jefe, entre ellas la
existencia del
cuaderno en el que
ella anotaba por
indicación de
Marjaliza la entrega
de regalos y dinero
a cargos públicos.
La secretaria ha
añadido que ella
llevaba también en
los últimos años en
su ordenador una
contabilidad de
dichas entregas,
pero que la misma
también fue
destruida tras el
chivatazo. Ramírez
ha recordado que en
la misma Granados
aparecía con el
alias de "Futuro",
como había asegurado
su jefe. Además, ha
añadido que el
político venía con
asiduidad a las
oficinas a reunirse
con Marjaliza, quien
justo antes de esos
encuentros le pedía
importantes
cantidades de
dinero. Ha llegado a
hablar de hasta
50.000 euros en
metálico.
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/16/actualidad/1510820107_120785.html
LA AUDIENCIA
NACIONAL CONDENA A
DOS AÑOS DE CÁRCEL A
FRANCISCO GRANADOS
POR EL CHIVATAZO DE
LA PÚNICA
El exconsejero
madrileño se
benefició de un
chivatazo de la
investigación para
destruir pruebas
La Audiencia
Nacional ha impuesto
la primera condena
contra el
exconsejero
madrileño Francisco
Granados por la
primera pieza de
investigación de la
trama Púnica que
tiene además 14
investigaciones
abiertas y
pendientes de
juicio.
El primer juicio de
la Púnica en diez
frases
"Quémalo en un día
que haya niebla y no
nos pille el
helicóptero de la
Guardia Civil"
Dos años de prisión
por un delito de
“aprovechamiento de
secreto revelado por
funcionario público”
por la filtración de
la investigación de
la operación Púnica,
lo que según el
tribunal, produjo un
“intenso” daño tanto
a la causa pública
como al
esclarecimiento de
los hechos y sus
autores y permitió a
los investigados la
destrucción de
pruebas y la
ocultación de
dinero.
La Audiencia
Nacional ha
condenado además al
guardia civil José
Manuel Rodríguez
Talamino y a un año
y 6 meses al agente
de este Cuerpo en
excedencia José Luis
Caro Vinagre por la
filtración de la
investigación.
Según el tribunal,
el guardia civil
Talamino “consciente
de la importancia
para los intereses
de Granados y de su
amigo Caro Vinagre
decidió avisarles y
trasladarle la
noticia sabiendo que
violaba el deber de
confidencialidad y
secreto de las
diligencias.
El día 5 de
septiembre durante
las fiestas de
Valdemoro, el
guardia civil abordo
a Granados y le
contó los planes que
había y las
investigaciones
abiertas por la
Audiencia Nacional.
También le avisaron
que habían puesto
dispositivos para la
captación de sonido
e imágenes en su
despacho y de forma
casi inmediata,
Granados ordenó a
Marjaliza que
destruyera la
documentación:
Facturas de compras,
regalos y otros
documentos que le
relacionaba con sus
negocios, y traslado
documentación sobre
sus cuentas en
Singapur y en Suiza
al domicilio de su
secretaria, donde
luego lo descubrió
la policía. También
dice la sentencia
que reacción para
esconder el dinero
que conservaba el
domicilio siendo
descubierto después
una importante
cantidad en casa de
sus suegros
En una sentencia,
con voto particular
concurrente del
magistrado Nicolás
Poveda, los
magistrados de la
Sección Primera
condenan a Granados
y a Caro Vinagre
como autores de un
delito agravado de
aprovechamiento de
secreto revelado por
funcionario público
y a Talamino por uno
de violación de
secreto agravado.
Además, a este
último se le impone
una pena de 4 años
de inhabilitación
especial para empleo
o cargo público.
http://cadenaser.com/ser/2017/12/04/tribunales/1512390609_165922.html
GRANADOS CAMBIA POR
TERCERA VEZ DE
ABOGADO Y ELIGE AL
DEFENSOR DE ‘EL
BIGOTES’
El presunto
cabecilla de la
trama Púnica
comunica a la
Audiencia Nacional
que su letrado pasa
a ser José Javier
Vasallo
Francisco Granados,
ex secretario
general del PP
madrileño y presunto
cabecilla de la
trama Púnica, ha
vuelto a cambiar de
abogado. Es la
tercera vez que lo
hace desde que fue
detenido en octubre
de 2014 por su
presunta implicación
en la red de
corrupción. En un
escrito remitido
este lunes al
titular del Juzgado
Central de
Instrucción 6,
Manuel García
Castellón, el
político comunica al
magistrado que a
partir de este
momento su defensor
será José Javier
Vasallo, también
personado en otro
célebre sumario, el
caso Gürtel, donde
se encarga de los
intereses de Álvaro
Pérez, 'El Bigotes'.
En primer letrado
que tuvo Granados
cuando se inició la
causa hace casi tres
años fue el exfiscal
de la Audiencia
Nacional Enrique
Molina. Este abogado
decidió abandonar su
defensa en junio de
2016 al considerarse
engañado por su
cliente, quien le
había asegurado que
no tenía fondos
ocultos y, meses
después, apareció
cerca de un millón
de euros oculto en
un maletín en casa
de sus suegros.
Entonces, Molina
aseguró que dejaba
de hacerse cargo de
la defensa "por
motivos
profesionales".
A él se siguió el
letrado Carlos
Zabala, un antiguo
compañero de
despacho del
exfiscal que, sin
embargo, solo fue el
abogado de Granados
cuatro meses. En
noviembre de ese
mismo año asumieron
la defensa del
político los
letrados Virginia
Santana,
Carlos-Pelayo y
Carlos María García
de Ceca. Son estos
los que ahora, once
meses después, ha
comunicado que el ex
secretario general
del PP madrileño
deja de ser su
cliente y conceden
la venia a José
Javier Vasallo. Este
último, además de
representar a 'El
Bigotes'
-encarcelado para
cumplir la primera
condena impuesta en
el caso Gürtel- se
encargaba también de
los asuntos legales
de Rocío Carrasco.
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/26/actualidad/1506414624_438038.html
EL JUEZ ADELANTA LA
DECLARACIÓN DE GRANADOS
AL 21 DE DICIEMBRE
Francisco Granados
declara por
videoconferencia desde
la cárcel de...
Francisco Granados
acudirá al despacho del
juez Eloy Velasco 21
días antes de la fecha
prevista. El magistrado
de la Audiencia Nacional
adelantó al 21 de
diciembre la declaración
de que fuera número dos
de Esperanza Aguirre en
el PP madrileño y en la
Comunidad de Madrid
después de que su
abogado recurriese la
anterior fecha fijada
por el juez, el 11 de
enero.
El juez Velasco accedió
a la petición del ex
consejero de Presidencia
madrileño, que se
ofreció a dar
explicaciones en
relación al patrimonio
que posee en el
extranjero y que, según
consideró la Sala de lo
Penal de la Audiencia
Nacional, es
"elevadísimo" y está
"oculto" [lea el auto en
PDF]. La primera fecha
señalada por el juez no
fue recibida con agrado
por el político
madrileño, en prisión
desde el 27 de octubre
de 2014 por su
vinculación al caso
Púnica -trama de
adjudicaciones de
contratos por parte de
políticos a empresarios
a cambio de comisiones-.
Granados aspiraba a
acudir de inmediato al
despacho del juez
Velasco. Es por ello que
la representación legal
del ex consejero
madrileño recurrió la
primera fecha fijada por
el magistrado
amparándose en el
artículo 400 de la Ley
de Enjuiciamiento
Criminal, según
confirmaron a este
diario fuentes
jurídicas. El citado
artículo advierte de que
"el procesado podrá
declarar cuantas veces
quisiere y el juez le
recibirá inmediatamente
la declaración si
tuviere relación con la
causa".
La fecha de la citación
llegó cuatro días
después de que la Sala
de lo Penal ratificara
la prórroga de prisión
provisional para
Granados por dos años
más, pudiendo llegar a
cumplir cuatro, que es
el máximo legal
permitido. La Sección
Cuarta de la Audiencia
Nacional, presidida por
la magistrada Ángela
Murillo, en un auto
fechado el pasado 25 de
noviembre, advirtió de
que había riesgo de
huida y destrucción de
pruebas por parte del ex
consejero madrileño si
quedaba en libertad.
http://www.elmundo.es/espana/2016/12/01/584014a9e2704e14598b464c.html
GRANADOS METE PRISA AL
JUEZ VELASCO: LE PIDE
QUE ADELANTE SU
DECLARACIÓN EN LA
AUDIENCIA
La defensa del ex
consejero Francisco
Granados ha solicitado
al titular del Juzgado
de Instrucción Número 6
de la Audiencia, el juez
Velasco, que adelante la
declaración de su
cliente para cumplir con
los requisitos de
"inmediatez" previstos
en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
La defensa de Francisco
Granados ha remitido un
nuevo escrito a la
Audiencia Nacional donde
solicita al titular del
Juzgado Central Número
6, Eloy Velasco, que
adelante la declaración
de su cliente, prevista
para el 11 de enero,
puesto que dicha
citación "mal se
compadece con la dicción
del art. 400 LECrim
según el cual, el Juez
recibirá inmediatamente
la declaración si
tuviere relación con la
causa, ya que se retrasa
casi mes y medio sobre
la fecha de petición".
Dicho artículo de la Ley
de Enjuiciamiento
Criminal contempla que
un investigado pueda
solicitar declarar
voluntariamente cuantas
veces lo desee.
En el documento, al que
ha tenido acceso
Vozpópuli, el letrado
del que fuera mano
derecha de Esperanza
Aguirre explica que la
citación del 11 de enero
en la Audiencia Nacional
no cumple con los
requisitos de
"inmediatez" previsto en
la ley y que, además, le
coincide con la
celebración de otro
juicio en Valencia.
En el escrito, los
letrados del despacho
García Ceca sostienen
que se han enterado a
través de este periódico
de la citación de su
cliente, y piden a
Velasco "el adelanto de
la fecha prevista para
el día 11 de enero de
2017, para evitar el que
hubiera de prolongarse
el día 11 el juicio
iniciado, y por hacer
efectiva al mismo tiempo
la previsión legal de
inmediatez en la toma de
declaración".
Se trata de la primera
vez que el cabecilla de
Púnica pide declarar de
forma voluntaria ante el
juez. El escrito del ex
consejero de Madrid
estaba fechado este
lunes, cuando la Sala de
lo Penal de la Audiencia
volvió a rechazar la
excarcelación de
Francisco Granados.
En su auto, los jueces
aseguraban que se ha
hecho más patente el
presunto acopio de
"importantísimas sumas
de dinero" de ajena
procedencia por parte
del ex dirigente del PP,
"ya sea por el hallazgo
de casi un millón de
euros en el domicilio de
sus suegros, ya sea por
la declaración de otros
investigados o de
testigos, o ya sea
porque de lo investigado
hay datos elocuentes
acerca de la existencia
de presiones, amenazas y
afán de tergiversar,
entorpecer o manipular
las manifestaciones de
otros investigados, de
la policía, de
funcionarios, de su
familia, de amigos, de
testigos y de todo aquél
que no siguiera sus
directrices" razones por
las que, según los
magistrados, siguen
vigentes los motivos por
los que el juez
instructor acordó la
prórroga de prisión.
Las distintas fuentes de
la investigación
consultadas explican que
si Granados decide ahora
cambiar de estrategia de
defensa y colaborar con
la Justicia, esa
colaboración tiene que
pasar "forzosamente"
porque confiese donde
mantiene presuntamente
ocultas importantes
sumas de dinero. Tanto
el magistrado Velasco
como las fiscales
Anticorrupción entienden
que parte del dinero que
el ex consejero de
Aguirre cobraba como
mordidas o comisiones
ilegales aún no han sido
halladas por la
Audiencia.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Granados-prisa-Velasco-adelante-declaracion_0_976703393.html
EL JUEZ VELASCO CITA A
DECLARAR A GRANADOS EL
11 DE ENERO EN LA
AUDIENCIA NACIONAL
Según avanzan fuentes
jurídicas a Vozpópuli el
ex consejero madrileño
ha sido citado por el
juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco el
próximo día 11 de enero
a las 10 horas en su
juzgado.
El titular del Juzgado
Central de Instrucción
Número 6 de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco ha
citado el próximo 11 de
enero a a las 10 horas
declarar al ex consejero
de la Comunidad de
Madrid, Francisco
Granados, según avanzan
fuentes jurídicas a
Vozpópuli. De esta
forma, el ex dirigente
del PP pasará las
Navidades en la prisión
de Estremera (Madrid)
antes del cara a cara
con el magistrado y las
fiscales Anticorrupción
Carmen García y María
Teresa Gálvez.
El instructor de caso
Púnica adopta esta
decisión después de que
este lunes Granados
remitiese un escrito a
la Audiencia
"solicitando del Juzgado
el prestar declaración
al amparo de lo
dispuesto en el art. 400
LECrim. sobre hechos que
son objeto o han sido
objeto de investigación
en las diligencias
previas que se le siguen
por la comisión de
diversos presuntos
delitos". Lo cierto es
que la Ley de
Enjuiciamiento Criminal
contempla que un
investigado pueda
solicitar declarar
voluntariamente cuantas
veces lo desee.
Los investigadores
sospechan que el ex
consejero Granados
mantiene oculta
"importantísimas sumas
de dinero" cuyo paradero
no ha sido capaz de
averiguar la Audiencia
Se trata de la primera
vez que el cabecilla de
Púnica pedía declarar de
forma voluntaria en la
Audiencia Nacional. El
escrito del que fuera
mano derecha de
Esperanza Aguirre estaba
fechado este lunes,
cuando la Sala de lo
Penal de la Audiencia
Nacional volvió a
rechazar la
excarcelación de
Francisco Granados.
En su auto, los jueces
aseguraban que se ha
hecho más patente el
presunto acopio de
"importantísimas sumas
de dinero" de ajena
procedencia por parte
del ex dirigente del PP,
"ya sea por el hallazgo
de casi un millón de
euros en el domicilio de
sus suegros, ya sea por
la declaración de otros
investigados o de
testigos, o ya sea
porque de lo investigado
hay datos elocuentes
acerca de la existencia
de presiones, amenazas y
afán de tergiversar,
entorpecer o manipular
las manifestaciones de
otros investigados, de
la policía, de
funcionarios, de su
familia, de amigos, de
testigos y de todo aquél
que no siguiera sus
directrices" razones por
las que, según los
magistrados, siguen
vigentes los motivos por
los que el juez
instructor acordó la
prórroga de prisión.
Las distintas fuentes de
la investigación
consultadas explican que
si Granados decide ahora
cambiar de estrategia de
defensa y colaborar con
la Justicia, esa
colaboración tiene que
pasar forzosamente
porque confiese donde
mantiene presuntamente
ocultas importantes
sumas de dinero. Tanto
el magistrado Velasco
como las fiscales
Anticorrupción entienden
que parte del dinero que
el ex consejero de
Aguirre cobraba como
mordidas o comisiones
ilegales aún no han sido
halladas por la
Audiencia Nacional.
Además, el instructor
mantiene bajo secreto de
sumario la pieza que
afecta a la financiación
del Partido Popular de
Madrid donde la Guardia
Civil ha señalado a
Francisco Granados como
el recaudador de la
supuesta caja B.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Velasco-declarar-Granados-Audiencia-Nacional_0_976702502.html
GRANADOS CONTINUARÁ EN
PRISIÓN DOS AÑOS MÁS POR
SU «ELEVADÍSIMO»
PATRIMONIO OCULTO EN
SUIZA
La Audiencia Nacional
cree que existe riesgo
de que intente presionar
y amenazar a personas
vinculadas a la
investigación
La Audiencia Nacional ha
ratificado la prórroga
de otros dos años de
prisión preventiva para
el exconsejero madrileño
Francisco Granados ante
el riesgo de fuga por
«el elevadísimo
patrimonio» que tendría
oculto en el extranjero
y por las presiones y
amenazas a personas
vinculadas a la
investigación.
La sección cuarta de lo
Penal ha desestimado en
un auto el recurso de
Granados contra la
decisión del juez Eloy
Velasco, instructor del
caso Púnica, de
prorrogar hasta el
máximo de cuatro años su
prisión preventiva, tras
haber vencido el primer
plazo de dos años desde
que entró en la cárcel
el 31 de octubre del
2014.
Para los magistrados
-Ángela Murillo, Carmen
Paloma González y Juan
Fracisco Martel- «el
riesgo genérico de huida
y de destrucción de
pruebas se ha ido
paulatinamente
concretando» y «se ha
hecho más patente» por
«el presunto acopio de
importantísimas sumas de
dinero de ajena
procedencia», y ponen de
ejemplo «el hallazgo de
casi un millón de euros
en el domicilio de sus
suegros».Además, «hay
datos elocuentes acerca
de la existencia de
presiones, amenazas y
afán de tergiversar,
entorpecer o manipular
las manifestaciones de
otros investigados»,
circunstancia que la
Sala considera
«plenamente vigente»,
tal y como recogió el
juez Velasco en un auto
del pasado 3 de octubre.
A esto añade el tribunal
«el dinero hallado en
Suiza», del que dice no
constan pruebas de que
fuera producto de las
ganancias que obtuvo
cuando trabajaba en el
banco Societé General,
tal y como alegó la
defensa de Granados. «En
cualquier caso, de lo
que sí hay datos es de
la existencia de un
elevadísimo patrimonio
que el recurrente
oculta», destaca el
auto.Esto es así, según
la Sala, porque de la
investigación se deduce
que Granados «se ha
valido y ha utilizado en
su provecho los cargos
públicos para los que ha
sido nombrado, lo que
comporta que en estos
años, que se inician
allá por el 2000, haya
participado en un gran
número de actividades
relacionadas con el
sector inmobiliario en
las que se ventilan
miles de millones»,
indica el auto.
Para la Sala «hay datos
incriminatorios
bastantes para pensar
que el recurrente obtuvo
pingües beneficios que
le servirían para eludir
la acción de la
justicia».
Una posibilidad de que
eso pudiera suceder la
encuentran los
magistrados en la
«cuidadosa actividad
tendente a ocultar el
presunto y elevado
patrimonio a través de
sociedades formadas por
otras con sede fuera de
España, cuya titularidad
real resulta de muy
difícil averiguación».En
cuanto a la posibilidad
de destrucción de
pruebas y de influir en
otros implicados en la
investigación de quedar
ahora en libertad, el
auto resalta que
Granados «se ha valido
de familiares, amigos,
testigos, de otros
implicados, de
funcionarios, de
personas integradas en
la propia fuerza
actuante, con la
finalidad de poner
trabas a la
investigación y evitar
ser descubierto,
llegando en algunos
casos, a presionarlos e
incluso a
amenazarlos».En su
recurso contra la
prórroga de prisión,
Granados admitió que el
millón de euros hallado
en casa de sus suegros
-que su suegro justificó
señalando que por su
casa entraba mucha gente
y citó a operarios de
Ikea- procedía de la
cuenta que tenía en
Suiza y aseguró que ese
dinero y el de sus
cuentas bloqueadas es el
único que tiene, por lo
que negó tener más
oculto.
La defensa de Granados,
que ahora ejerce el
abogado Carlos García de
Ceca, explicaba en el
recurso que ese dinero
fue el que extrajo al
dejar su cuenta en Suiza
y que ese y el dinero de
sus cuentas bloqueadas y
consignadas en el
juzgado es el único con
el que contaba.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2016/11/28/granados-continuara-prision-dos-anos-elevadisimo-patrimonio-oculto-suiza/00031480361624279796863.htm
LOS INVESTIGADORES
CALCULAN QUE GRANADOS
OCULTA 20 MILLONES DE
EUROS
Sospechan que el
exconsejero de
Presidencia de la
Comunidad de Madrid se
llevó el 3% de los
contratos públicos que
manejó durante una
década.
El exconsejero madrileño
Francisco Granados
podría tener ocultos
hasta 20 millones de
euros, según las
estimaciones manejadas
por los investigadores
del 'caso Púnica'. Tanto
el juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco,
como la Fiscalía
Anticorrupción y la
Guardia Civil calculan
que esa es la cantidad
que el exnúmero 3 de
Esperanza Aguirre
tendría escondido a
través de sociedades a
día de hoy desconocidas.
Además, Velasco lo ha
citado como investigado
para el 11 de enero a
las 10 de la mañana.
Granados solicitó ante
el juzgado declarar
voluntariamente y el
juez lo ha admitido
siguiendo la ley de
Enjuiciamiento Criminal
que contempla que un
investigado puede
solicitar esto cuantas
veces quiera.
La Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional
recogía en su último
auto por el que mantenía
a Granados en prisión
que el exdirigente
'popular' "ha valido y
ha utilizado, en su
provecho, los cargos
públicos para los que
fue nombrado" desde el
año 2000 cuando fue
elegido alcalde de
Valdemoro (Madrid) hasta
2011, que dejó la
Consejería de
Presidencia de la
Comunidad para pasar a
senador y diputado
regional.
Granados "ha participado
en un gran número de
actividades relacionadas
con el sector
inmobiliario en las que
se ventilan miles de
millones y en las que,
de los datos que
figuran, hay datos
incriminatorios
bastantes para pensar
que el recurrente
(Granados) obtuvo
pingües beneficios que
le servirían para eludir
la acción de la
justicia".
Para los investigadores,
esos beneficios son
concretamente el 3% de
todos, o por lo menos
gran parte, de los
contratos públicos que
pasaron por sus manos
desde que entró en la
Alcaldía de Valdemoro en
1999 hasta su salida
como consejero de
Presidencia de la
Comunidad de Madrid,
pasando previamente por
la Consejería de
Transportes e
Infraestructuras.
A Granados se le
encontró tras su
detención en octubre de
2014 casi un millón de
euros en el altillo de
un armario en casa de
sus suegros. Además, el
juez tiene controladas
varias operaciones
inmobiliarias realizadas
entre el exnúmero 3 de
Aguirre y su socio, el
empresario David
Marjaliza, y que éste
aseguró que se trataron
de operaciones simuladas
para repatriar de Suiza
parte del dinero que
Granados tenía
escondido.
Dinero en sociedades
extranjeras
Pero con todo y con eso,
es mucho el dinero que
los investigadores creen
que Granados sigue
mantenido oculto a la
Justicia, razón
principal por lo que
lleva dos años en
prisión preventiva. “De
la investigación se
deduce que el recurrente
(Granados) ha
contribuido de forma
eficaz a aumentar esa
complejidad toda vez que
parece haber realizado
una cuidadosa actividad
tendente a ocultar ese
presunto y elevado
patrimonio a través de
sociedades formadas por
otras con sede fuera de
España cuya titularidad
resulta de muy difícil
averiguación”, explicaba
el auto por el que se
confirmaba que Granados
debe permanecer por
ahora en prisión.
El exdirigente 'popular'
tiene mucho dinero
escondido, según la
investigación, pero él a
día de hoy sigue
insistiendo que jamás ha
cobrado por amañar
contratos. Mantiene que
el dinero que tenía
guardado en Suiza fueron
ingresos obtenidos en su
época como analista del
banco Société General
antes de entrar en
política. Es más, cuando
pasa de la Alcaldía a la
Comunidad de Madrid
decide cerrar esa cuenta
por miedo a que su jefa,
Esperanza Aguirre,
conociera que poseía una
cuenta en el extranjero.
Fue por esa razón, según
la versión de Granados,
por la que su amigo
Marjaliza asume la
titularidad de su cuenta
helvética y éste le
entrega el dinero en
metálico y que es el
mismo que apareció siete
años después en el
altillo del dormitorio
de sus suegros.
Sin embargo, la Justicia
no ve creíble esta
versión. “Lo cierto es
que no consta en el
testimonio remitido la
certeza de tal
aseveración. En
cualquier caso, de lo
que sí hay datos es de
la existencia de un
elevadísimo patrimonio
que el recurrente
oculta”, recoge la
resolución.
Devolver el dinero
Ahora, Granados ha
solicitado al juez
instructor que quiere
volver a declarar en
sede judicial. Su
exsocio, David
Marjaliza, decidió
colaborar con la
Justicia y reconocer
gran parte de los
hechos, como el amaño de
contratos públicos por
parte de Granados y
otros alcaldes y
consejeros a cambio de
una mordida. El objetivo
de esa colaboración era,
en primera instancia,
salir de prisión
preventiva como así
ocurrió y después
obtener una rebaja de la
pena cuando el asunto
llegue a juicio.
Sin embargo, si Granados
decidiera ahora
colaborar con la
Justicia el primer paso
que tendría que dar es
retornar a las arcas
públicas todo el dinero
que tiene oculto y dar
datos objetivos al
magistrado de dónde se
encuentra ese dinero, el
nombre de las sociedades
en las que lo oculta, y
en qué países se
encuentra.
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20161129/174483696_0.html
INVESTIGAN A GRANADOS
POR AMAÑAR 40.000 PISOS
QUE MOVIERON "MILES DE
MILLONES"
La Audiencia ratifica la
prisión del expolítico
por su participación en
"actividades
inmobiliarias" de las
que obtuvo "pingües
beneficios". En el punto
de mira, varios
consorcios urbanísticos
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco y
la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil
investigan, desde
mediados del verano, si
la trama Púnica obtuvo
suculentos beneficios
amañando la adjudicación
de centenares de
viviendas en los
consorcios urbanísticos
que promovió la
Comunidad de Madrid a
través de la empresa
pública Arpegio (ahora
rebautizada como Nuevo
Arpegio). La Sección
Cuarta de la Sala de lo
Penal de la Audiencia
Nacional ratificó este
lunes la prórroga de dos
años de prisión
preventiva para el
exconsejero madrileño
Francisco Granados, el
principal político
imputado en la causa y
que, entre sus muchos
cargos públicos, ostentó
la presidencia de
Arpegio. Granados está
preso desde el 27 de
octubre de 2014.
En el auto, la Audiencia
Nacional se hace eco de
los argumentos de la
Fiscalía Anticorrupción
y revela que Granados ha
utilizado "los cargos
públicos" para
participar "en un gran
número de actividades
relacionadas con el
sector inmobiliario, en
las que se ventilan
miles de millones y en
las que, de los datos
que figuran, hay datos
incriminatorios
bastantes para pensar
que Francisco Granados
obtuvo pingües
beneficios que le
servirían para eludir la
acción de la Justicia".
Las actividades del
sector inmobiliario son
los consorcios que
Arpegio desarrolló en
colaboración con
diversos ayuntamientos
madrileños (Arpegio
siempre tenía la
mayoría) y que pusieron
en el mercado miles de
viviendas.
El juez Eloy Velasco
deja fuera de los tomos
entregados esta semana a
las partes un informe de
la UCO del pasado agosto
que acusa a Génova de
recibir donaciones de
constructoras
En julio de este año, el
juez Velasco solicitó
abundante documentación
al ente público, ya que
"a raíz de las
declaraciones iniciales
de David Marjaliza, se
revela el pago de
comisiones por
contratistas y
promotores para acceder
a las obras de los 22
consorcios urbanísticos
de Arpegio". La
investigación de la UCO,
no obstante, se ha
centrado solo en media
docena de consorcios,
aquellos en los que se
tiene indicios de que se
pudo amañar la
adjudicación de las
viviendas que se
levantaron en estos
ámbitos. De esos 22
consorcios, 16 son
residenciales (donde se
construyen viviendas) y
los otros seis,
tecnológicos y
empresariales.
Los consorcios se han
desarrollado gracias a
un convenio que firman
la Comunidad de Madrid
(a través de Arpegio) y
el ayuntamiento en
cuestión para levantar
tanto vivienda protegida
como libre. Ambas
administraciones crean
una sociedad gestora que
lleva los trámites y el
día a día del consorcio.
Este cuenta además con
un consejo de
administración en el que
están presentes la
Comunidad de Madrid
(como socio mayoritario)
y el ayuntamiento, a
través de todos sus
grupos políticos en
función del porcentaje
de representación que
tienen en el pleno
municipal. En el proceso
de adjudicación, Arpegio
y los ayuntamientos
podían licitar el suelo
que tenían asignados
dentro del consorcio.
Los investigadores creen
que los presuntos amaños
se produjeron desde los
dos lados.
Los consorcios bajo
sospecha son Los
Molinos-Buenavista (en
Getafe), Parla-Este (en
Parla), Los Espartales
(Alcalá de Henares) y
Móstoles Sur (en
Móstoles). También se
investiga Ciudad Jardín
en Arroyomolinos, que
técnicamente no es un
consorcio, ya que la
gestión la llevaba
directamente Arpegio a
través de una sociedad
urbanística. En estos
cinco ámbitos se
proyectaron 40.088
viviendas.
Municipios del PSOE
El de Parla se
constituyó en 1998 y el
de Getafe, en 2001. En
ambos casos, los dos
municipios estaban
controlados por el PSOE.
Como ya adelantó El
Confidencial, David
Marjaliza, el principal
empresario implicado en
el caso que ha decidido
colaborar con el juez,
explicó al magistrado
Eloy Velasco que pagó
comisiones para llevarse
adjudicaciones de
algunas de las parcelas
del consorcio de Getafe
cuando la localidad la
dirigía Pedro Castro,
exalcalde y expresidente
de la Federación
Española de Municipios.
Al menos cinco empresas
de Marjaliza se hicieron
con suelo para construir
unas 490 viviendas
protegidas.
Granados fue presidente
de Arpegio entre abril
de 2005 y diciembre de
2007. Fue en ese
periodo, concretamente
el 24 de julio de 2006,
con Granados al frente
de Arpegio y Castro al
frente del ayuntamiento,
cuando el consorcio
aprobó los pliegos de
los concursos públicos
para adjudicar las
parcelas de las
viviendas protegidas. En
Los Molinos-Buenavista
se han construido 12.700
viviendas, el 80% de
ellas protegidas.
David Marjaliza ha
puesto sobre la mesa del
juez el nombre del
exregidor de Getafe por
el desarrollo
urbanístico Los Molinos-Buenavista,
donde empresas de
Marjaliza se hicieron
con suelo
Dos cooperativas
controladas por David
Marjaliza también
consiguieron la
adjudicación de dos
parcelas para construir
532 pisos protegidos en
el consorcio de
Parla-Este durante el
mandato de Tomás Gómez
al frente de la alcaldía
de Parla. En su extensa
declaración ante el
juez, Marjaliza confesó
que había financiado con
245.000 euros diversos
gastos electorales de la
campaña electoral del
PSOE de Parla en la
campaña de 2003. Tomás
Gómez fue alcalde de
este municipio entre
julio de 1999 y octubre
de 2008. Las
adjudicaciones se
produjeron antes de que
Granados llegara a
Arpegio, en julio de
2002 y marzo de 2003. En
Parla se han levantado
11.200 casas.
Marjaliza ha aportado
documentación de estos
pagos, "algunas facturas
del tema de Parla cuando
nos adjudicaron [suelo]
a las cooperativas
nuestras", según relató
ante el juez. Estos
pagos se realizaron a
través de una gestoría,
Gesintra 2001 SL, a
petición de otro de los
imputados en el caso, el
exalcalde socialista de
Cartagena José Antonio
Alonso Conesa. Marjaliza
explicó al juez que
"entendía" que Alonso
Conesa acudía en nombre
del entonces alcalde,
Tomás Gómez. El sumario
del caso también revela
que Marjaliza regaló a
Gómez una televisión
valorada en 5.000 euros.
Estos regalos solo eran
detalles. Los promotores
que se llevaban las
adjudicaciones de las
parcelas debían pagar
una comisión que se
fijaba por el porcentaje
de edificabilidad que
tenía cada parcela:
entre 2.000 y 5.000
euros por vivienda. Los
investigadores creen que
lo que hizo Marjaliza
(pagar por conseguir
suelo) era un sistema
extendido entre otros
constructores de la
región. Y que esos
presuntos amaños también
se produjeron en los
consorcios de Móstoles
Sur y Los Espartales en
Alcalá de Henares: 8.230
pisos en el primero y
3.990 en el segundo. Los
dos consorcios fueron
constituidos en
noviembre de 2001,
cuando el PSOE gobernaba
en ambos municipios,
aunque su suelo se
empezó a desarrollar en
la época de Granados.
El PP gobernó Alcalá
entre 2003 y 2012 con
Bartolomé González, hoy
diputado autonómico.
Otro informe de la UCO
relaciona a González con
el presunto amaño de un
contrato de eficiencia
energética en el
municipio, otra de las
ramificaciones de la
Púnica. El PP también
gobernó Móstoles entre
2003 y 2012. Las
investigaciones están en
su primera fase y
llevarán su tiempo, ya
que la documentación a
examinar es ingente.
Otro de los ámbitos
urbanísticos que la UCO
está examinando es
Ciudad Jardín de
Arroyomolinos. No es
exactamente un
consorcio, sino una
sociedad urbanística
gestionada al 100% por
Arpegio. En una
superficie de 167
hectáreas, se proyectó
la construcción de 4.800
viviendas. La Guardia
Civil tiene constancia
de que en Ciudad Jardín
Marjaliza no se hizo con
suelo residencial, sino
con suelo comercial en
el año 2006, con
Granados en Arpegio. Los
consorcios son solo una
ramificación de la pieza
que investiga los
tejemanejes de la Púnica
en Arpegio. La UCO
también indaga si se
amañaron obras del Plan
Prisma, un plan que
financió en dos
ediciones (2006-2007 y
2008-2011) centenares de
adjudicaciones valoradas
en casi 800 millones por
toda la región. Algunas
empresas adjudicatarias
también pagaron mordidas
por llevarse los
contratos.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-11-29/punica-consorcios-granados-marjaliza-viviendas-adjudicacion-amano_1296651/
LA AGENDA SECRETA DE
GRANADOS APUNTA A QUE
ENCARGÓ INVESTIGAR LAS
ACTIVIDADES DE TOMÁS
GÓMEZ
El exsecretario general
del PP madrileño
escribió en su dietario
en el otoño de 2010 esta
anotación: "Enterarse
bien de labor docente de
T.G. (Germán Alcaide +
Lucía F.)"
La entonces consejera de
Educación, Lucía Figar,
hoy imputada en Púnica,
acusó en la campaña
electoral de mayo de
2011 al socialista de
haber logrado "por
enchufe" una plaza en la
Universidad Carlos III
Gómez recuerda que el PP
hizo del asunto un "tema
central y recurrente":
NNGG, de la que Germán
Alcayde era número 2 en
Madrid, lo incluyó en un
"ciberjuego", el 'Tomasómetro'
Una de las anotaciones
de la agenda manuscrita
que la Guardia Civil
intervino en el
domicilio de Francisco
Granados durante los
registros de la
Operación Púnica apunta
a que el exsecretario
general del PP madrileño
encargó en el otoño de
2010 investigar las
actividades del entonces
líder del PSOE
madrileño, Tomás Gómez.
La página 10 del
dietario, al que ha
tenido acceso infoLibre,
incluye la siguiente
anotación: "Enterarse
bien de labor docente de
T.G. (Germán Alcaide +
Lucía F.)".
Aunque el apunte carece
de fecha, las que le
preceden y las que le
siguen lo sitúan en
octubre o noviembre de
2010, cuando los
partidos ya preparaban
sus estrategias en
Madrid para las
elecciones autonómicas y
municipales de mayo de
2011. Para entonces, y
desde enero de 2010,
Tomás Gómez, jurista,
impartía clases en la
Universidad Carlos III.
El PP convirtió esa
faceta en uno de los
leitmotiv de su campaña
contra quien en ese
momento lideraba el PSM
y optaba a la
presidencia de la
Comunidad de Madrid. Los
conservadores acusaron
al también exalcalde de
Parla de haber alcanzado
la plaza en la Carlos
III "por enchufe" con su
rector, el ahora ya
fallecido Gregorio Peces
Barba. El ataque de
mayor virulencia partió
en plena campaña de
quien desde 2007
ostentaba el cargo de
consejera de Educación
del Gobierno regional,
Lucía Figar.
El círculo de Tomás
Gómez no alberga la
menor duda de que el "T.G."
de la anotación se
refiere a él. Wilfredo
Jurado, abogado del
exdirigente socialista
madrileño, lo recuerda
así: "Durante meses el
PP no paró de machacar
con la idea de que Tomás
había conseguido el
contrato por enchufe,
hubo un momento en que
en la Asamblea de Madrid
y a cada cosa que se les
preguntaba contestaban
con lo mismo, que si la
ruina de Parla y que si
el 'enchufe' de la
Carlos III".
Figar -cuyo nombre
coincide con el de la
anotación de Granados,
así como la inicial de
su primer apellido- y
ahora también imputada
en la Operación Púnica,
cargó duramente contra
Gómez en una rueda de
prensa celebrada el 13
de mayo de 2011, es
decir, 12 días antes de
la jornada electoral. La
entonces consejera de
Educación desgranó datos
detallados sobre el
número de aspirantes
que, según su versión,
habían optado a las
siete plazas docentes
convocadas por la Carlos
III. Lo hizo antes de
afirmar lo siguiente:
que el dirigente
socialista superó a
"decenas de candidatos
que tenían mayor
preparación y más alta
cualificación" "pero que
probablemente no tenían
contacto con
Peces-Barba". Este
martes y este miércoles,
infoLibre que Figar o su
entorno confirmasen si
llegó a hacer
averiguaciones sobre el
perfil docente de Tomás
Gómez. No hubo
respuesta.
Otras fuentes
conocedoras del
funcionamiento de la
Consejería de Educación
indicaron no obstante
que, con las
herramientas que como
titular de ese
departamento tenía a su
alcance, Figar no podía
acceder a ninguna
información sobre el
contrato universitario
de Gómez ni a su
génesis. Pero lo cierto
es que ninguna de las
personas consultadas
entre los allegados a la
exdirigente del PP
madrileño explicó por
qué vía conoció los
datos que presentó como
ciertos en su rueda de
prensa: que a las siete
plazas convocadas habían
optado 69 profesionales
y que todos ellos, a
excepción de Gómez,
cumplían las siguientes
condiciones: "Todos los
que fueron admitidos
tenían estudios de
Máster o eran doctores y
tenían experiencia
docente, algunos en
sitios muy prestigiosos,
salvo Gómez, que no
tiene nada".
Las palabras de la
consejera enfurecieron a
Peces Barba, que tachó a
Figar de lanzar
calumnias contra Gómez y
de ser "uno de los
elementos más mentirosos
y falaces que acompañan
a la señora [Esperanza]
Aguirre".
Germán Alcayde: "No lo
recuerdo pero pudiera
ser"
En el momento en que
Granados escribió la
nota sobre "T.G." en su
dietario, Germán Alcayde
-el apunte transcribe el
apellido con i latina-
era secretario general
de Nuevas Generaciones (NNGG)
en Madrid. En la campaña
para los comicios de
2011, NNGG lanzó en su
web un ciberjuego
bautizado como el
Tomasómetro, consistente
en encontrar "diez
mentiras" de Tomás
Gómez, a quien la
organización juvenil del
PP tildaba de "mentiroso
compulsivo". Una de las
preguntas hacía
referencia expresa a su
plaza como profesor de
la Carlos III. Y en la
panoplia de respuestas
aparecía de nuevo esta:
"Por enchufe".
Alcayde, que obtuvo un
acta de diputado
autonómico y quien tras
la renovada victoria de
Esperanza Aguirre en
mayo de 2011 fue
nombrado director
general de Formación de
la Consejería de
Educación, habló con
infoLibre desde EEUU,
donde ahora reside. "No
recuerdo esa
conversación pero
pudiera ser, puede ser
que sí", respondió a la
pregunta sobre si
Granados le hizo algún
encargo para efectuar
averiguaciones sobre las
actividades docentes de
Tomás Gómez. El
exdirigente juvenil del
PP argumenta que, dado
que Granados era el
número dos del partido
en Madrid y él mismo
ocupaba esa posición en
NNGG, resultaba habitual
que charlasen de asuntos
políticos. Y que era
Nuevas Generaciones la
que poseía implantación
en las universidades
madrileñas.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/17/la_agenda_granados_apunta_que_encargo_investigar_las_actividades_tomas_gomez_57683_1012.html
EL ENIGMA DE LA AGENDA
MANUSCRITA DE GRANADOS:
UN LISTADO CON 22
EMPRESAS, 11 DE ELLAS
DEL IBEX
Un portavoz de Legálitas
confirma que el ex
secretario general del
PP de Esperanza Aguirre
pidió trabajo al
presidente de la firma
El resto de empresas y
bancos ha negado a
infoLibre haber abonado
cantidad alguna al PP
madrileño y asegura
desconocer el motivo por
el que aparecen en el
cuaderno
La agenda manuscrita de
Francisco Granados, a la
que ha tenido acceso
infoLibre, mantiene una
incógnita que los
investigadores no son
capaces de descifrar. En
concreto, en el cuaderno
se incluye en las
páginas 23, 24 y 25 el
nombre de 22 empresas,
11 del Ibex-35, y de
varios empresarios, sin
que de momento se
conozcan los motivos por
los que el ex secretario
general del PP madrileño
realizó esas
anotaciones.
Este periódico se ha
puesto en contacto con
todas las empresas para
preguntarles los motivos
por los que aparecen en
la agenda de Granados,
un documento que ya ha
servido de prueba para
iniciar una
investigación por los
pagos de 1,4 millones al
gerente del PP de
Esperanza Aguirre,
Beltrán Gutiérrez.
Los investigadores del
caso resaltan que el
contexto de la agenda,
en la que se reflejan
las actividades
electorales del PP en
2010 y 2011, años en los
que Francisco Granados
era el secretario
general del PP
madrileño, aporta un
indicio de las
intenciones de Granados,
que en varias ocasiones
apunta los nombres de
los directivos de las
empresas.
No obstante, infoLibre
ha comprobado que está
escrito el nombre de "Goiri"
vinculado a Bankia. José
Ignacio Goirigolzarri
fue nombrado presidente
de Bankia en mayo de
2012, fecha en la que
Granados ya no era
secretario general del
PP madrileño. Además,
las tres páginas (23, 24
y 25) de la agenda en
las que se nombran las
empresas lo hacen bajo
el epígrafe 2 de
septiembre de 2014,
apenas dos meses antes
de ser arrestado, cuando
ya había dimitido y
entregado el acta de
senador del PP.
El responsable de
comunicación de
Legálitas ha aportado
información a este
periódico sobre los
motivos de la inclusión
del nombre de esta firma
en el listado, pero
también en la página
número 22. En concreto,
Granados escribió la
frase "llamar Carlos
Salamanca para quedar
con Legálitas". Y en la
siguiente, bajo la fecha
2 de septiembre de 2014,
el político madrileño
del PP vuelve a anotar
el nombre de Carlos
Salamanca.
El comisario Salamanca
Según el portavoz de
Legálitas se trata del
comisario por el que el
titular del Juzgado de
Instrucción número 4 de
la Audiencia Nacional,
Fernando Andreu, tuvo
que apartarse del caso
Emperador cuando
apareció entre los
investigados el entonces
comisario del aeropuerto
de Barajas, al que le
une una amistad
personal.
Le sustituyó el juez
Ismael Moreno, quien
imputó a Salamanca a
instancias de
Anticorrupción. La Sala
de lo Penal archivó el
caso, pero la Fiscalía
insistió ante el
Tribunal Supremo, que
volvió a cerrar el caso
en lo referente a este
policía, ascendido y
ahora destinado en la
Dirección Adjunta
Operativa (DAO).
infoLibre se ha dirigido
a la Dirección General
de la Policía para
conocer la versión de
los hechos del
comisario, que ha
declinado hacer
cualquier comentario a
este periódico al
considerarlo un tema
personal.
Sin embargo, el portavoz
de Legálitas sí ha
aportado una explicación
a las anotaciones de
Granados: "[El
presidente de Legálitas]
Alfonso Carrascosa,
Carlos Salamanca y
Francisco Granados
participaron en una
comida sin mayor
importancia con más
personas. Fue ahí cuando
conoció a Granados", ha
relatado el responsable
de prensa de la firma
jurídica, quien tras
facilitarle este diario
las anotaciones
interpretó las notas:
"Lo que ha podido
ocurrir es que Carlos
Salamanca, que es amigo
de Alfonso Carrascosa,
le facilitara el
teléfono móvil del
propio Carrascosa a
Granados. Y éste le
llamó en un par de
ocasiones para ofrecer
sus servicios. Pero
Carrascosa no vio
procedente contratarle
porque a la firma no le
interesaba contar con
una persona de este
perfil, un expolítico
que no tenía ninguna
relación con el sector
de Legálitas", ha
completado el mencionado
portavoz.
Junto al nombre de
Carlos Salamanca,
Granados añade en la
agenda el del empresario
de Ciudad Real "Domingo
D. de Mera", que ha sido
socio de referencia y
miembro del consejo de
administración de
Metrovacesa y Colonial;
el de "M. A. Gil"; y la
firma "Legálitas".
Domingo Díaz de Mera era
también el presidente
del Balonmano Ciudad
Real que en 2011
trasladó el club a
Madrid y pasó a
denominarse CB Atlético
de Madrid. Este
empresario fue uno de
los grandes promotores
del aeropuerto de Ciudad
Real. La Fiscalía
Anticorrupción llegó a
interponer una querella
contra Domingo Díaz de
Mera y Román Sanahuja,
expresidente de
Metrovacesa. infoLibre
no ha obtenido una
respuesta de Díaz de
Mera ni del Atlético de
Madrid.
Tres páginas de la
agenda
Además de Legálistas, en
la agenda negra que los
agentes de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil
requisó a Granados
durante el registro de
su vivienda incluye en
sus páginas 23, 24 y 25
los nombres de otras 21
empresas.
Las firmas del Ibex-35
son Indra, Gamesa, BBVA,
Gas Natural, Repsol,
Enagás, Endesa,
Acerinox, Inditex,
Redesa y Telefónica.
Vinculado a BBVA, en la
agenda de Granados se
incluye el nombre de Eva
Piera, que desde febrero
de 2013 es directora de
Relaciones
Institucionales del
grupo, por lo que se
encarga de coordinar la
presencia de las
distintas áreas de BBVA
en organismos y foros
internacionales públicos
y privados.
Desde el 2008, Eva Piera
Rojo fue viceconsejera
de Economía, Comercio y
Consumo en el Gobierno
de la Comunidad de
Madrid. Fue miembro de
la comisión de Economía
y Hacienda del Partido
Popular de Madrid y
coautora de la ponencia
económica 'Ideas para la
Acción' presentada en el
XIV Congreso Regional
del PP de Madrid,
celebrado en septiembre
de 2008.
Junto a la palabra
"Repsol" y el número
"6", Granados escribió "Dtra.
organización y RR.HH
Cristina Sanz". Cristina
Sanz Mendiola es la
directora general de
personal y organización
de Repsol.
Enagás y Endesa
Al lado de Enagás (y del
número "13" detrás del
nombre de la sociedad) y
Endesa (número "12")
aparecen las palabras
"presidente", aunque
sólo en el caso de
Endesa se especifica un
nombre: "Bogas, director
RR.HH". José Damián
Bogas Gálvez es el
consejero delegado de la
eléctrica.
También junto a la
empresa "Acerinox" y el
número "7" se pueden
leer las notas
manuscritas: "Rafael
Miranda". Rafael Miranda
Robredo es el presidente
de esta empresa. En el
caso de Inditex Granados
escribió el número "8" y
el nombre del actual
presidente de la
multinacional, Pablo
Isla.
El presunto cabecilla de
la trama Púnica también
incluye los nombres de
otros importantes
empresarios españoles,
como por ejemplo "Pepe
Folgado", que es
presidente del consejo
de administración de Red
Eléctrica Corporación,
S.A. (REE-Redesa), cuyo
nombre aparece
acompañado del número
"9"; "Pallete (Ceo)",
que es el consejero
delegado de Telefónica
(número "10"), cuyo
nombre completo es José
María Álvarez-Pallete.
También Granados
escribió el nombre de "Goiri"
junto al de "Bankia",
que es la entidad que
preside José Ignacio
Goirigolzarri desde la
salida de Rodrigo Rato
en mayo de 2012. En esa
fecha, mayo de 2012,
Granados ya había
abandonado la secretaría
general del PP
madrileño.
Otras diez sociedades
Asimismo, en la libreta
de Granados aparecen
otras diez sociedades y
entidades financieras
como Sacyr-Vallehermoso
y OHL, que formaban
parte del Ibex-35 hasta
hace unos meses. En el
caso de Sacyr-Vallehermoso
y OHL Granados escribió
los números "1" y "2",
respectivamente. Fuera
del Ibex-35 está Mutua
Madrileña con el nombre
del director general
"Javier Mira" y el
número "3", escrito por
el presunto cabecilla de
la trama corrupta.
El Corte Inglés,
acompañado del número
"4", incorpora el nombre
de [Manuel] "Pizarro",
que fue fichado en julio
de 2014 como adjunto al
entonces presidente
Isidoro Álvarez, que
falleció en septiembre
del mismo año.
Liberbank, NH Hoteles,
Capio (IDC Salud),
Isolux-Corsan, Caja
Navarra y Axa son las
otras empresas cuyo
nombre aparece en la
libreta de Granados. En
el caso de la última, en
la que se inserta el
número 5, Granados anotó
la frase. "Preguntar a
Donato Ceo?", en
referencia a Donato
Sánchez, jefe de
Granados en Societé
Générale, a quien debía
preguntar el nombre del
principal ejecutivo de
la aseguradora.
También está numerada,
con el "11", la hotelera
NH, junto a la que
Granados escribió:
"Hablar con Pte". Una
línea más abajo, tras
una raya que cruza toda
la página 25 de la
agenda de Granados,
también se añade la
empresa multinacional de
salud Capio, que ahora
se denomina Quirón
Salud. Además se puede
leer las notas: "Manolo
Conde, Collado
Villalba", municipio
madrileño en el que la
citada empresa explota
un hospital adjudicado
por la Comunidad de
Madrid.
Negativa generalizada
Estas importantes firmas
españolas, que han
negado a preguntas de
infoLibre haber
mantenido cualquier
reunión con Francisco
Granados en relación con
la campaña electoral,
aparecen justo después
de otros apuntes en los
que están escritos los
nombres de empresarios
como Luis Delso, Miguel
A. Gil, Blas Herrero,
Enrique Cerezo,
Ildefonso de Miguel y
Fernando Martín.
También se pueden leer
las iniciales JLM, que
en la página 119 de la
agenda vuelven a
aparecer. Según
Marjaliza, se trata del
empresario Javier López
Madrid, yerno del
propietario de OHL, Juan
Miguel Villar Mir. El
arrepentido Marjaliza
también le puso nombre a
otras iniciales de esta
página. "B.G" es Beltrán
Gutiérrez, el gerente
del PP de Aguirre. El
exgerente del PP
madrileño permanece
imputado por blanqueo y
cohecho en la Operación
Púnica desde febrero.
Según publicó El
Confidencial, la UCO de
la Guardia Civil ha
investigado si las
iniciales LD que
aparecen en la
mencionada página 119 de
la agenda se refieren a
Luis Delso, que según
Francisco Correa aparece
también en los
documentos intervenidos
a la trama Gürtel como
"Luis el cabrón". En la
agenda también están las
iniciales JEC, cuya
identidad desconocen los
agentes.
En total, la libreta de
Granados muestra
supuestas aportaciones
de 2.060.000 euros, de
los que el político se
habría quedado 505.000 y
el empresario Javier
López Madrid 185.000
euros. El resto,
1.460.000 euros tendrían
como destino al gerente
del PP madrileño.
Luis Delso
El nombre de Luis Delso
también se ha mencionado
en el caso Gürtel Época
I al haber mantenido,
según la declaración de
Francisco Correa, una
reunión con el
expresidente de la
Generalitat Valenciana
Francisco Camps (PP).
Este empresario
declarará como testigo
en Gürtel después de que
lo reclamara la fiscal
Concepción Sabadell.
infoLibre ha intentado,
sin éxito, contactar con
este empresario para
conocer su versión de
los hechos.
Por su parte, el nombre
de Fernando Martín
coincide con el del
propietario de Martinsa,
que está imputado en el
caso Gürtel como
presunto autor del pago
de la mayor mordida
recibida por la trama
presuntamente dirigida
por Francisco Correa. En
total, y según la
instrucción del juez
Pablo Ruz, Martín habría
abonado 13 de los 25
millones que cobró
Correa por su
intermediación con el
Ayuntamiento de Arganda
del Rey.
Fernando Martín ha
asegurado a infoLibre
que entre los años 2010
y 2011 Martinsa estaba
inmersa en un concurso
de acreedores "por lo
que es imposible que yo
tuviera cualquier
relación con Francisco
Granados". En los mismos
términos se expresó el
empresario Ildefonso de
Miguel, que ha negado
cualquier relación con
Francisco Granados en
ese periodo, en el que
aseguró ya no estaba en
la Comunidad de Madrid
ni en el Canal de Isabel
II.
El presidente del
Atlético de Madrid,
Enrique Cerezo, también
está imputado en el caso
del ático del
expresidente de la
Comunidad de Madrid
Ignacio González.
En la página 23 de la
mencionada agenda de
Granados, bajo la fecha
2 de septiembre de 2014,
aparecen los nombres de
otras personas, como por
ejemplo Ramiro, Donato,
Tino y Morti, que es
como Granados denominaba
a su exsocio David
Marjaliza. En el caso de
Marjaliza, Granados
anotó las frases
"reciclaje León",
"sanitario",
"franquicias" y "local
centro belleza". El juez
Eloy Velasco investiga a
la trama en relación a
la construcción de una
planta de reciclaje en
León.
Ramiro Cid Sicluna
En el caso Púnica
también está investigado
Ramiro Cid Sicluna, y
Donato es el nombre del
jefe de Granados en el
banco francés Societé
Générale, Donato
González. Ramiro Cid
Sicluna sería uno de los
empresarios
presuntamente
favorecidos en Valdemoro
por Granados, y que a
cambio, según la
Fiscalía Anticorrupción,
le regaló un inmueble:
"Dicho chalé aparece
indiciariamente recibido
como un regalo por
beneficiar Francisco
Granados desde sus
cargos públicos al
empresario Ramiro Cid
Sicluna", advierte la
Fiscalía.
La Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil investiga
también, en relación con
la empresa de festejos
Waiter Music, el pago de
importantes
constructoras por su
supuesta relación con la
organización criminal
encabezada por Granados.
De 2004 a 2013, periodo
fiscal recogido en un
informe de la Agencia
Tributaria al que ha
tenido acceso infoLibre,
en el capítulo de
'ingresos y pagos' de
Waiter Music aparecen
Sacyr, Acciona
Infraestructuras,
Dragados, FCC
Construcciones,
Ferrovial y Cespa.
Apuntes electorales
En este sentido, la
agenda incluye apuntes
electorales del otoño
2010, cuando ya
comenzaban los
preparativos para los
comicios del año
siguiente. Como por
ejemplo en la página 4,
Granados asegura: "Hemos
pedido encuestas" en los
municipios madrileños de
"Getafe, Leganés,
Alcorcón, Las Rozas,
Parla, Valdemoro,
Colmenar Viejo,
Alcobendas, San
Sebastián de los Reyes,
Coslada y Móstoles", tal
y como se puede leer
debajo de la fecha "10
de septiembre de 2010".
Un poco más abajo, en la
misma hoja, Granados
escribe otras tres
fechas: "4 oct. a las
19:00 horas. Reunión Pta.
con ptes. de distrito"",
"13 oct. a las 19:00
reunión Pta. con
comisiones de Estudio y
Jueves 23 a las 19:00
reunión ptes. sedes".
En la página 6, el ex
secretario general del
PP madrileño escribe
sobre una reunión
celebrada el 25 de
septiembre de 2010:
"Presidentes y
responsables electorales
de pueblos y distritos.
Concienciarse de que ha
empezado la campaña.
Responsable por sede,
sedes abiertas por las
tardes, y contacto
constante con equipo de
campaña".
En la cuartilla
siguiente, la número 7,
el cabecilla alude a la
"Convención, viernes 22,
Inauguración. Mª.
Dolores y E.A. 600
jóvenes. Sábado 23,
Pizarro", indica la
agenda.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/02/la_responsabilidad_penal_alcanza_los_empresarios_sospechosos_punica_57077_1012.html
LA AGENDA DE GRANADOS
DESTAPA UN PLAN DEL
GOBIERNO AGUIRRE PARA
INTERVENIR EN LAS
ELECCIONES SINDICALES A
TRAVÉS DE CSIF
En la página 7 del
cuaderno negro de
Granados, al que ha
tenido acceso infoLibre,
se puede leer: "Gador,
buscar 1 afiliado x
consejería, montar YA (CSIF)"
"No sé si él lo apuntó,
pero desde luego a mí no
me dijo nada", afirma la
diputada del PP en la
Asamblea de Madrid Gádor
Ongil El sindicato no
tiene constancia de que
Granados o el PP se
involucraran en la
formalización de una
candidatura para las
elecciones sindicales de
2011
La entonces presidenta
de Madrid, Esperanza
Aguirre, escucha un
comentario que le hace
al oido el consejero de
Presidencia, Francisco
Granados, en un acto de
partido en 2010. EFE
La agenda manuscrita que
la Policía Judicial
interceptó en la casa
del presunto cerebro de
la trama Púnica,
Francisco Granados, y en
la que aparecen
numerosas menciones a la
campaña electoral de las
autonómicas 22 de mayo
de 2011, también hace
expresas alusiones a la
Central Sindical
Independiente y de
Funcionarios (Csif), un
sindicato considerado
afín al PP, según el
documento al que ha
tenido acceso infoLibre.
En concreto, en la
agenda incorporada al
sumario del caso Púnica
aparece de forma
textual, en su página 7,
el escrito siguiente: "Gador,
buscar 1 afiliado x
consejería, montar YA (CSIF)".
Este diario omite la
reproducción de las
imágenes porque todavía
están bajo
investigación.
Por aquellas fechas,
Gádor Óngil era
senadora. En 2008
Esperanza Aguirre la
había nombrado
vicesecretaria general
de los conservadores
madrileños. En la
actualidad es diputada
en la Asamblea de Madrid
e integrante de la
gestora encabezada por
Cristina Cifuentes.
Óngil también es la
presidenta de la
formación en Valdemoro,
considerado el epicentro
de la trama liderada por
Granados, que fue
regidor de esta
localidad madrileña.
"No tenía relación con
ellos"
infoLibre ha preguntado
a la parlamentaria del
PP en la Asamblea de
Madrid sobre los motivos
por los que Granados
anotó su nombre en su
agenda de la campaña
electoral de 2011,
cuando todavía era
secretario general del
PP. Óngil, que era
vicesecretaria general
del PP, ha asegurado
desconocer el sentido
del manuscrito: "No
recuerdo absolutamente
nada. No sé si él lo
apuntó, pero desde luego
a mí no me dijo nada. Yo
no tenía ninguna
relación con los
sindicatos".
En la página 14 de la
agenda de color negro y
marca 'Moleskine', y
antes de otro apunte que
incluye la fecha de 14
de febrero de 2011, se
pueden leer otras frases
vinculadas de forma
inequívoca con el
sindicato afín al
Partido Popular, y que
dice, de forma textual:
"Csif. Hablar con los
consejeros para que den
nombres. Formación: le
vamos a dar para un
curso 18.000 euros.
Temas de organización de
exámenes".
infoLibre se ha puesto
en contacto con un
portavoz del sindicato
Csif, que ha asegurado
desconocer el contenido
de la agenda de
Granados. Este diario le
facilitó los párrafos
textuales en los que
Granados alude al
sindicato, para conocer
la relación que
mantuvieron con el
presunto cerebro de la
red Púnica.
"Frases inconexas"
El mencionado portavoz
ha destacado que las
frases son "inconexas".
En relación al abono de
18.000 euros para cursos
de formación, en el
sindicato resaltan que
Csif no es parte del
caso Púnica: "Ni nos han
requerido en la
Audiencia Nacional ni
nos han solicitado
información y no
teníamos constancia. Y
disponemos de la
relación de cursos de
formación de 2010, ya
que en 2011 no tuvimos
ninguno, pues con la
crisis desaparecieron. Y
no hay ninguno de 18.000
euros. Luego hay otros
que si se suman salen
alrededor de 21.000
euros".
Preguntado sobre si este
escrito podría estar
relacionado con el
interés del Gobierno de
Aguirre en formalizar
una candidatura de Csif
para las elecciones
sindicales de abril de
2011, el portavoz del
sindicato ha asegurado
no tener constancia de
esa posibilidad: "Las
candidaturas son libres
y los que deciden en
último término son los
trabajadores. No me
consta que Granados o
que el PP se
involucraran en la
formalización de una
candidatura".
Además, para este
sindicato, la frase de
"montar ya Csif" que
incluye la agenda de
Granados "no tiene
ningún sentido. Csif no
tiene necesidad de que
le monten una
candidatura, ya que es
un sindicato consolidado
y no necesita que le
monten nada".
Granados autorizaba los
cursos
El portavoz ha recordado
que en 2011 Csif
mantenía, al igual que
el resto de sindicatos,
"una relación
institucional normal con
Granados, que entonces
no estaba imputado. Y
Granados era el
responsable de autorizar
los cursos de
formación", ha
reconocido el
responsable de prensa de
la central sindical, que
ha explicado que son
actividades "totalmente
legales".
En relación a la frase
sobre "organización de
exámenes", Csif ha
negado haber mantenido
cualquier conversación
con Granados para
preparar las oposiciones
de funcionarios. "No
tenemos constancia de
que se haya hablado de
eso y en el sindicato no
tenemos gente dentro de
los tribunales de las
oposiciones".
Este diario también ha
interpelado al
responsable de prensa
del sindicato sobre la
existencia de una
querella que interpuso
Manos Limpias contra la
actual delegada del
Gobierno en la Comunidad
de Madrid, Concepción
Dancausa, y contra el
entonces portavoz del
sindicato Csif en el
Ayuntamiento de Madrid
Pedro Muñoz, por
presunto fraude en los
cursos de formación. El
portavoz de Csif ha
asegurado que la misma
se había archivado poco
tiempo después.
"USO, M.A. López"
Los agentes de la UCO,
que registraron la
vivienda de la Calle
Venezuela de Valdemoro
en la que vivía
Granados, dieron con el
cuaderno con el anagrama
'Moleskine' y foliaron
las 123 páginas de la
libreta. Y en la página
14 de la agenda Granados
escribió la plabra
"USO", y justo debajo la
frase "Ayudar, M. A.
López". En la página 17,
debajo de la fecha 13 de
abril de 2011, Granados
escribió también:
"Miguel A. López, cursos
on line". Después la
agenda incluye la frase
"Curso para consejería".
infoLibre se ha puesto
en contacto con una
portavoz delsindicato
USO que ha asegurado que
en los últimos años el
sindicato no ha contado
con ningún dirigente que
se llame Miguel Ángel
López. Según el
arrepentido David
Marjaliza, el exalcalde
de Torrejón de Velasco
Miguel Ángel López
recibió entre 20.000 y
30.000 euros de la
trama. Sin embargo, no
está imputado en Púnica.
Y en la página 119 de
esta agenda aparecen los
supuestos pagos
realizados por el
empresario Javier López
Madrid, el yerno de
Miguel Ángel Villar Mir,
el dueño de OHL, de
1.460.000 euros al
entonces gerente del PP
de Esperanza Aguirre,
Beltrán Gutiérrez,
procesados en el caso de
las tarjetas black.
Javier López Madrid
Los apuntes reflejan, en
concreto, cuatro abonos
de 400.000 euros, uno de
300.000, uno de 100.000
y otro de 60.000
presuntamente efectuados
por el empresario Javier
López Madrid con una
regularidad casi
mensual. Las entregas de
dinero del empresario
quedan reflejadas en el
cuaderno con las siglas
JLM.
Parte del dinero fue
repartido posteriormente
por Granados, que, según
sospecha la Guardia
Civil, la derivó al
exgerente regional del
partido en Madrid,
identificado en el
cuaderno como BG.
La Guardia Civil
sospecha que las
anotaciones de Granados
demostrarían que el
empresario Javier López
Madrid se quedó con casi
un 9,4% de los casi 2
millones que dedicó
presuntamente a
financiar la formación
presidida por Aguirre.
En total, 185.000 euros
a descontar de 1.960.000
euros que procederían
del entorno de Villar
Mir.
Además, en el registro
de la vivienda de
Granados, los agentes de
la UCO también
interceptaron "una
agenda de color morado
con anotaciones
manuscritas". Los
guardias, antes de
requisar la prueba,
foliaron las 71 páginas
para después sellarla.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/29/la_agenda_manuscrita_granados_quot_gador_buscar_afiliado_por_consejeria_montar_csif_quot_56903_1012.html
TRES EMPRESAS 'PÚNICAS'
CENTRAN LAS SOSPECHAS DE
FINANCIAR AL PP CON
FIESTAS
El juez Velasco ha
solicitado a la AEAT
todos los datos sobre
Waiter Music SL, Waiter
Music Record SL y
Saranais SL, propiedad
del imputado José Luis
Huerta, amigo de
Granados. La
investigación ha
revelado irregularidades
en las adjudicaciones
que han recibido en
varios ayuntamientos
'populares'.
Tres empresas y una
sospecha. El titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6,
Eloy Velasco, ha
centrado las pesquisas
en el 'caso Púnica'
sobre la supuesta
financiación irregular
del PP de Madrid a
través de las fiestas
patronales de los
municipios en tres
sociedades con un
denominador común: todas
ellas son propiedad de
José Luis Huerta
Valbuena, empresario y
amigo de Francisco
Granados, al que en 2008
agasajó con un
cumpleaños 'gratis
total' valorado en
12.500 euros. Se trata,
en concreto, de Waiter
Music SL, Waiter Music
Record SL y Saranais SL,
según consta en diversos
documentos incorporados
al sumario a los que ha
tenido acceso Vozpópuli.
Uno de ellos es el auto
por el que magistrado
ordena a la Agencia
Tributaria (AEAT) que le
informe de todas las
declaraciones de
"operaciones con
terceros" realizadas por
dichas sociedades entre
los años 2004 y 2014.
Fuentes cercanas a la
investigación confirman
a este diario que la
sospecha es que dichas
sociedades organizaron
presuntamente actos de
campaña e, incluso,
fiestas particulares
para candidatos
'populares' a cambio de
adjudicaciones con
sobreprecios.
Anticorrupción destaca
que las tres empresas
permitían a su dueño,
José Luis Huerta,
imponer a los
Ayuntamientos los
precios "con abultados
beneficios a su favor"
La solicitud de
información del juez
Velasco se produjo
después de que la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil le
remitiera un oficio tras
"el análisis de la
documentación
intervenida en las
diferentes actuaciones
realizadas en relación
con la sociedad Waiter
Music SL y su
administrador, José Luis
Huerta". Según dicho
escrito, esta empresa,
"dedicada a la
organización, promoción
y producción de eventos
culturales, lúdicos y
sociales", dirigía su
servicios a "diversas
entidades públicas" para
las que montaba "fiestas
o eventos de ocio y
entretenimiento para un
público masivo". En este
punto, el escrito del
Instituto armado destaca
que "la investigación ha
puesto de manifiesto la
existencia de
irregularidades" en las
adjudicaciones
realizadas por diversos
municipios a favor de
las mercantiles de
Huerta. Entre ellas,
citaba expresamente
Valdemoro, Torrejón de
Velasco, Moraleja de
Enmedio, Alcorcón y
Arroyomolinos, "entre
otros". En algunos
interrogatorios de la
UCO, los agentes han
preguntado a testigos e
imputados en esta
investigación también
por Humanes, Chinchón,
Algete, Villarejo de
Salvanés, Alcalá de
Henares, Móstoles,
Alcorcón, Nalvalcarnero
y Pinto.
La propuesta de la
Guardia Civil fue
apoyada por la Fiscalía
Anticorrupción, que en
un informe posterior
destacaba que las tres
empresas investigadas
era presuntamente
utilizadas por su
propietario "para la
consecución de
fraudulentos contratos
de realización de
festejos ilicitados
desde diversos
Ayuntamientos". Dichas
adjudicaciones eran
supuestamente
conseguidas "previo
concierto con ediles u
otros cargos públicos,
prevaliéndose José Luis
Huerta Valbuena del
tráfico de influencias
alimentado por Francisco
Granados Lerena". En
este sentido, las
representantes del
Ministerio Público
inciden en que
precisamente la
existencia de las tres
empresas permitían a su
administrador
"participar en el amaño
de contratos negociados
al ser invitadas las
tres a una misma
licitación, asegurando
la adjudicación sin
observancia de los
principios que deben
presidir las
contrataciones
públicas".
Anticorrupción destaca
que en los "expedientes
analizados" de estos
ayuntamientos se observa
que José Luis Huerta
impone el precio de su
intermediación a los
consistorios que
adjudican los contratos
con abultados beneficios
a su favor".
Músicos, castillos
hinchables...
El dueño de las tres
compañías, detenido en
octubre de 2014 dentro
de la primera fase de la
'Operación Púnica' e
imputado en la causa
desde entonces, admitió
en su declaración ante
los agentes haber pagado
la celebración del
cumpleaños de político
de 2008, cuando todavía
era secretario general
del PP de Madrid. Una
fiesta en la casa de
campo del político en el
municipio madrileño de
Valdemoro que incluyó la
instalación de un
escenario, cuatro
músicos y castillos
hinchables para los
niños. En total, 12.486
euros que, según Huerta,
nunca fueron abonados
por Granados. El
empresario aseguró
entonces que el
dirigente regional
'popular' le dijo que
"ya echaremos cuentas y
hasta hoy". Ésta no fue,
sin embargo, la única
celebración de Granados
con la que la Guardia
Civil vincula al
empresario. En 2014,
José Luis Huerta abonó
2.500 euros en canapés
"y otras cosas que se le
llevaron" para otra
fiesta, según declaró él
mismo a los agentes. No
obstante, negó en todo
momento que hubiera
habido relación entre
este 'regalo' y el hecho
de que "al mes siguiente
de la fiesta de Granados
por su cumpleaños, en
enero, se le adjudicara
un concurso".
Los investigadores
sospechan que, a cambio
de las adjudicaciones,
el empresario amigo de
Granados montaba 'gratis
total' mítines y fiestas
particulares a
candidatos del PP
Sin embargo, un informe
de la Agencia Tributaria
presente en el sumario
apunta en el sentido
contrario. Según éste,
en sólo cinco años este
empresario, a través de
Waiter Music SL, obtuvo
contratos del
Ayuntamiento de
Valdemoro, auténtico
epicentro de la trama y
donde el dirigente
regional del PP fue
alcalde, por más de 6
millones de euros. Esta
forma de acaparar los
concursos fue explicada
por el propio Huerta
ante el juez Velasco con
el argumento de que su
empresa ganaba porque se
presentaba sola ya que
las otras mercantiles
interesadas finalmente
desistían. Excusa, que,
sin embargo, la
investigación ha
demostrado como falsa,
ya que sí acudieron
otras compañías, muchas
veces con mejores
ofertas, pero finalmente
siempre se llevaba los
contratos Waiter Music.
Huerta lo justificó en
que "yo ofrecía un
concierto de mucho
calibre y otro ofrecía
un concierto más
baratito". En todo
momento negó el
"reparto" de dinero a
cargos públicos por
estas adjudicaciones ya
que aseguraba ir "al
límite" para ganar con
ofertas muy ajustadas y
márgenes pequeños. Los
investigadores sospechan
que no es así y que, a
la vista de los 'emails'
encontrados en los
ordenadores de su
empresa, algunos cargos
municipales consiguieron
mítines a buen precio e,
incluso, 'gratis total',
cuando no fiestas
particulares.
También investigadas por
la UDEF
Las tres empresas no son
unas desconocidas ni
para la Guardia Civil...
ni para la Policía. En
el sumario del 'caso
Púnica' figura el
informe elaborado en
mayo de 2014 sobre las
mismas por la Unidad de
Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF) por
encargo de la Fiscalía
provincial de Madrid
tras recibirse un
anónimo en el que se
denunciaba,
precisamente, la
supuesta financiación
irregular del PP a
través de ellas. Dicha
denuncia aseguraba que
Waiter Music SL estaba
ligada al propio ex
secretario general del
PP madrileño y "organiza
las fiestas patronales
de la mayoría de los
grandes municipios de
Madrid por decreto,
siendo el propio
Francisco Granados quien
se dedica a llamar a los
alcaldes para 'asesorar'
y llevar a cabo unos
contratos muy
sobreelevados, en donde
una cantidad sobrante
vuelve al partido". El
documento policial
recogía, de hecho, los
datos de todas las
empresas ligadas a José
Luis Huerta, entre ellas
las tres que centran
ahora las sospechas, así
como los bienes
inmuebles y vehículos
puestos a nombre de las
mismas. Los agentes
también habían realizado
un rápido repaso de
adjudicaciones recibidas
por una de ellas, Waiter
Music SL, entre 2011 y
2013 en municipios de la
Comunidad de Madrid. Los
agentes, que destacaban
que no habían encontrado
ninguna conexión con
Granados, si recogían el
sospecho hecho de que en
la Cabalgata de Reyes
celebrada en 2008 en
Valdemoro las tres
empresas invitadas a
presentar ofertas habían
sido, precisamente, las
de Huerta. Aquellas
pesquisas quedaron ahí.
Hoy, sin embargo, el
juez Velasco y la
Guardia Civil centran
buena parte de la
investigación sobre la
supuesta financiación
irregular del PP en
ellas.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/empresas-sospechas-financiacion-PP-patronales_0_966503942.html
HACIENDA RASTREA EN LAS
INVERSIONES DE UNA
EXASESORA DE AGUIRRE
'MORDIDAS' DE GRANADOS
La Agencia Tributaria
(AEAT) tiene desde el
pasado lunes sobre su
mesa un nuevo encargo
del titular del Juzgado
Central de Instrucción
número, Eloy Velasco. El
magistrado instructor
del 'caso Púnica' quiere
que los expertos del
Ministerio de Hacienda
rastreen "todos los
productos bancarios en
los que intervenga o
haya intervenido" desde
el año 2006 hasta hoy
María Victoria Cristóbal
Araujo, ex asesora de
prensa de Esperanza
Aguirre en la primera
campaña de ésta a la
Presidencia de la
Comunidad de Madrid y
que con Francisco
Granados en la
Consejería de
Presidencia, Interior y
Justicia llegó a estar
al frente de la Agencia
Madrileña de Emigración,
además de haber sido
concejal 'popular' en
Majadahonda (Madrid)
hasta enero de 2015. El
origen de la petición
son las pesquisas
realizadas en los
últimos meses por la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil sobre un vehículo
de alta gama que figura
a nombre de ella y que
los investigadores
sospechan que ha sido
pagado por uno de los
constructores de la
trama de corrupción.
El juez Velasco ordena
la medida tras recibir
un oficio de la UCO con
los indicios de
irregularidades en la
compra del 'Mercedes SLK'
de 'Vicky' Cristóbal
Así figura en un auto
del pasado 24 de octubre
al que ha tenido acceso
Vozpópuli y en el que el
juez Velasco detalla que
toma esta medida a
petición de la Guardia
Civil, que dieciocho
días antes le había
remitido un oficio en
este sentido. En el
mismo, el Instituto
armado le solicitaba
recabar dicha
información sobre las
inversiones de la ex
alto cargo de la
Comunidad de Madrid al
tener "indicios" de que
el automóvil con
matrícula 6XXX-DZL, un
Mercedes SLK de color
negro que ella incluyó
en su declaración de
bienes cuando fue
elegida edil de
Majadahonda en las
elecciones de mayo de
2011, "pudiera haber
sido pagado" por la
empresa Obras y Vías SA,
el empresario Ramiro Cid
Sicluna, imputado en la
causa. La Fiscalía
Anticorrupción mostró su
respaldo a la medida el
pasado 19 de octubre y
ahora el juez la acuerda
en un escrito en el que
destaca que con ella
pretende investigar,
entre otros graves
delitos, un "blanqueo de
capitales" que relaciona
expresamente con
"Francisco Granados
Lerena y otras personas
físicas y jurídicas".
Por ahora, María
Victoria Cristóbal, al
que todo el mundo en el
PP conoce como 'Vicky',
no figura en el sumario
como investigada
(imputada). Y ello pese
a que no es la primera
vez que el juez Velasco
pide información sobre
ella. De hecho, el
pasado mes de mayo el
magistrado dictó otro
auto en el que reclamaba
a las entidades
financieras que le
informasen de todas
cuentas bancarias en las
que esta mujer figurase
como "titular,
apoderada, autorizada o
representante" entre el
1 de enero de 2004 y el
31 de diciembre de 2008.
En aquel mismo escrito,
también solicitó a la
Agencia Tributaria que
le remitiese la
declaraciones de modelo
347 desde el año 2000
hasta el 2008 de la
sociedad Car Valdemoro
SL, un concesionario de
Valdemoro que aparece en
la compraventa de varios
vehículos bajo sospecha
utilizados por
implicados en la trama.
Detrás de ambas
peticiones, que el juez
Velasco calificaba
entonces de "urgentes e
inmediatas", se
encontraba otro informe
que la UCO, en este caso
el que entregó el pasado
mes de abril sobre el
vehículo de alta gama
que figura como
propiedad de la ex
colaboradora de
Granados.
Un 'Mercedes SLK' bajo
sospecha
En dicho informe, cuya
existencia fue
adelantada por
Vozpópuli, los agentes
destacaban que la
documentación encontrada
en la sede de la empresa
Obras y Vías SA,
propiedad del
constructor Ramiro Cid,
apuntaba a que dicho
Mercedes SLK fue
supuestamente "pagado"
al concesionario Car
Valdemoro por esta
mercantil, pese a que el
mismo figura a nombre de
María Victoria
Cristóbal. Es la misma
situación detectada con
otro vehículo, en este
caso el Mini modelo
Cooper que utilizaba la
mujer de Granados, María
Nieves Alarcón, y que
apareció quemado de
manera intencionada en
el garaje donde lo
guardaba la pareja.
Sobre la propiedad de
este último automóvil,
la Guardia Civil ya ha
elaborado dos informes,
en los que concluye que
el mismo fue un regalo
del empresario al
político como
"contraprestación" por
supuestos favores
urbanísticos.
No es la primera vez que
María Victoria Cristóbal
aparece en el sumario.
En mayo, el juez ya
pidió información sobre
sus cuentas bancarias
No es la primera vez que
María Victoria Cristóbal
aparece en el sumario.
De hecho, los informes
de la Guardia Civil
recogen numerosas
conversaciones entre
ella y Granados que
demuestran la estrecha
relación que mantenían
ambos. Así, en una
llamada del 2 de julio
de 2014, pocos meses
antes de la detención
del político madrileño,
'Vicky' se quejaba de
que José María Aznar la
quería echar de FAES,
donde ella aseguraba
trabajar en aquel
momento, aunque desde la
Fundación han asegurado
a este diario que nunca
estuvo en nómina. Según
dicha conversación
intervenida, el ex
presidente del Gobierno
lo hizo porque temía que
saliera un escándalo
"muy gordo de ella"
referido precisamente a
supuestos regalos, según
se recoge en otro
informe de la UCO.
Granados se mostraba
indignado por ello.
"Manda huevos que le
diga que yo te he
regalado el piso. Es que
me parece la polla", se
quejaba el político
encarcelado.
En una llamada
telefónica posterior,
María Victoria Cristóbal
aseguraba que iba a
enseñar a "Pablo
[Casado, entonces en
FAES] las escrituras de
la casa para demostrar
su inocencia, y que
intentará buscar nuevo
empleo en un proyecto
con la embajada de
Rusia". El exconsejero
le aseguraba por su
parte que había pensado
en hablar con "Esperanza
[Aguirre]" para
"amenazarla" y contarle
todo, pero que tampoco
pretendía "requemar el
asunto" pese a que
estaba "hasta los
cojones" porque era
posible que sólo la
perjudicase a la propia
'Vicky'. Ella entonces
le dijo que había
pensado en ir a un
notario y contar "lo de
los espías", en
referencia al escándalo
del espionaje en la
Comunidad de Madrid en
el que ambos se habían
visto salpicados.
Un piso junto al hermano
de Granados
Una nueva referencia en
el sumario a María
Victoria Cristóbal se ha
conocido recientemente.
Su nombre figura en el
informe que ha elaborado
la Guardia Civil sobre
las inversiones
inmobiliarias de Alfonso
Granados Lerena, hermano
del presunto cabecilla
de la trama, en el que
se apuntaban una
supuesta operación de
blanqueo de 360.000
euros en la adquisición
de un piso en 2011 en
una de las zonas más
caras de Madrid. El
documento policial no se
quedaba en esta compra y
analizaba el resto de
las numerosas
operaciones
inmobiliarias realizadas
por el hermano del
político desde que este
último desembarcó en
2003 en la Comunidad de
Madrid como consejero de
Transportes e
Infraestructuras. Una de
ellas era la compra de
un piso en el número 16
de la calle Argensola,
también de la capital,
en junio de aquel mismo
año.
'Vicky' aparece en el
informe de la Guardia
Civil sobre las
inversiones
inmobiliarias del
hermano de Granados y en
la lista de receptores
de regalos de la Púnica
El informe destaca que
tres años antes María
Victoria Cristóbal había
comprado una vivienda
situada en la misma
planta del edificio por
400.000 euros y que el
vendedor fue la empresa
Vicfidem Proyectos SL,
cuyo administrador único
es el constructor Ramiro
Cid, el mismo que figura
detrás de la sociedad
que pagó el Mercedes SLK
de la antigua alto
cargo. El documento
policial recalca que 'Vicky'
"ostentó el cargo de
directora de la Agencia
Madrileña para la
Inmigración (sic) tras
ser nombrada por
Francisco Granados en su
etapa como Consejero de
Presidencia, Justicia e
Interior en la Comunidad
de Madrid". También
recuerda que durante el
tiempo que el teléfono
del político estuvo
intervenido "se constató
que ambos seguían
manteniendo una relación
personal cercana".
Además, su nombre figura
en el documento policial
en el que se analizan
los regalos entregados a
cargos públicos y
funcionarios por Ramiro
Cid. En concreto,
aparece en las listas de
las Navidades de 2005,
2006 y 2007. Entre los
presentes que
supuestamente recibió de
este empresario figura
un reloj.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Hacienda-cuentas-Aguirre-mordidas-Granados_0_966203864.html
ALCALDES DEL PP PAGARON
FACTURAS FALSAS AL
EMPRESARIO DE LA FIESTA
'GRATIS' PARA GRANADOS
El pasado 7 de abril,
dos de los agentes de la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil encargados del
'caso Púnica' se
desplazaron a Murcia.
Iban a interrogar a José
Gabriel R.R., un
"trabajador autónomo"
que entre los años 2007
y 2014 había girado
diversas facturas a
ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid por
servicios relacionados
con "la celebración de
las fiestas patronales y
distintos eventos". Los
investigadores estaban
convencidos que buena
parte de ellas eran
falsas y que detrás de
todo ello estaba José
Luis Huerta, propietario
de Waiter Music SL, la
compañía especializada
en la organización de
espectáculos y mítines
políticos que montó en
2008 una fiesta de
cumpleaños 'gratis
total' para Francisco
Granados valorada en
12.500 euros. El
testimonio del pequeño
empresario murciano, que
declaró como
investigado, confirmó
las sospechas de los
agentes al admitir estas
supuestas prácticas
irregulares con
ayuntamientos gobernados
por el PP como el de
Valdemoro, Villarejo de
Salvanés y Algete.
Un trabajador autónomo
confiesa haber girado
facturas falsas a los
ayuntamientos de
Valdemoro, Villarejo y
Algete. La UCO le
preguntó por otra decena
de consistorios
Así consta en su
declaración incorporada
al sumario y a la que ha
tenido acceso Vozpópuli.
En la misma, se recoge
el acta de información
de derechos que hicieron
los agentes a José
Gabriel R.R. antes de su
interrogatorio y en el
que la Guardia Civil le
comunicó que estaba
"inmerso en una
investigación
relacionada con la
supuesta comisión de los
delitos de falsificación
de documentos, fraude y
malversación". En
concreto, los agentes le
informaron que le
relacionaban con "una
doble facturación por
servicios relacionados
con la celebración de
eventos" registrada
entre los años 2007 y
2014 en los consistorios
de Valdemoro, Moraleja
de Enmedio,
Arroyomolinos, Torrejón
de Velasco, Humanes,
Chinchón y Algete, según
le detallaron antes de
la declaración, aunque
en el transcurso de ésta
también le preguntaron
por los municipios de
Villarejo de Salvanés,
Alcalá de Henares,
Móstoles, Alcorcón,
Nalvalcarnero y Pinto.
El propio investigado
añadiría uno más en sus
respuestas, Getafe.
Las pesquisas apuntan a
que José Gabriel R.R.
giraba facturas a los
ayuntamientos de todos
estos municipios "por
servicios que se
encontraban incluidos en
los contratos en las que
las sociedades de José
Luis Huerta habrían sido
adjudicatarias" para
organizar diversos
festejos. Este
empresario, que se
encuentra imputado,
emitía posteriormente
"una contrafactura"
desde sus sociedades por
los mismos conceptos
para, de este modo,
enajenar "dinero de las
arcas públicas a favor
de Waiter Music". Una
mecánica en la que la
UCO considera al
trabajador autónomo
murciano "cooperador
necesario" al emitir las
facturas falsas a los
ayuntamientos y
canalizar el cobro de
las mismas. Una sospecha
que, según recalca el
documento policial,
surge tras analizar "la
documentación obtenida
en los registros", así
como del análisis
efectuado a diversos
correos electrónicos
intervenidos.
Dos horas y media de
declaración
En su declaración, que
duró más de dos horas y
media, José Gabriel R.R.
admitió haber realizado
dicha práctica irregular
en algunos
ayuntamientos, aunque lo
justificó como la única
forma de cobrar una
deuda que Waiter Music
tenía con él. En
concreto, detalló haber
emitido en febrero de
2010 una factura de
15.138 euros por
servicios no prestados
al Ayuntamiento de
Valdemoro por "actuación
de baile de Carnaval".
El pequeño empresario
aseguró que para aquel
festejo facilitó
generadores de
corriente, pero no lo
que figuraba como
concepto de la factura.
En este sentido aseguró
que lo hizo a propuesta
de José Luis Huerta, que
entonces mantenía con él
una deuda cercana a los
184.000 euros y le dijo
que "si quería cobrar
tendría que ser
facturando directamente
al Ayuntamiento".
El autor confeso de las
facturas falsas asegura
que fue el dueño de
Waiter Music,
investigada por la
supuesta financiación
irregular del PP, quien
le indicó cómo tenía que
hacerlas
Los agentes también le
preguntaron por otras
facturas giradas a este
mismo consistorio. Una,
de febrero de 2011 por
el "alquiler de 20
grupos electrógenos y
once plataformas" para
la Cabalgata de Reyes
del mes anterior por
importe de 19.588 euros.
Una segunda, por el
montaje de los
escenarios para las
Fiestas del Pilar de
2012, por un total de
21.239 euros. Una
tercera de 21.240 euros
por "organización,
seguimiento y control en
las Fiestas de
Valdemoro". Y una cuarta
de 16.402 euros por la
Cabalgata de Reyes de
2012. En todas ellas
admitió que "sólo
realizó la parte
correspondiente a
generadores" y que los
datos que debía incluir
en todas estas facturas
se los facilitó el dueño
de Waiter Music SL.
Villarejo y Algete
Los agentes le
preguntaron entonces por
la factura de 17.303
euros que emitió en 2014
al Ayuntamiento de
Villarejo de Salvanés
por la organización de
unas fiestas que
incluyeron un 'tributo a
los 80'. La respuesta de
José Gabriel R.R. fue
similar a las
anteriores, al reconocer
que sólo hizo parte de
los servicios que se
recogían en la misma y
que el resto lo incluyó
por indicación de José
Luis Huerta con el
supuesto objetivo de
compensarle la deuda que
aún mantenía con él.
Igual explicación dio al
pago de 126.440 euros
que en julio de 2010 le
hizo otro consistorio,
el de Algete,
supuestamente por la
organización de diversos
eventos. El trabajador
autónomo admitió que, de
nuevo, fue el dueño de
Waiter Music el que le
indició que lo hiciera
como única forma de
cobrarlo.
En su declaración, José
Gabriel R.R. reconoció
haber girado una factura
de 126.440 euros al
Ayuntamiento de Algete
por diferentes eventos
que no había realizado
Los agentes de la UCO le
preguntaron entonces "si
estas acciones de
facturar a ayuntamientos
por trabajos realizados
por Waiter Music y por
petición de José Luis
Huerta" las había
realizado en
"Arroyomolinos, Alcalá
de Henares, Móstoles,
Alcorcón, Navalcarnero y
Pinto". José Gabriel R.R.
se limitó a decir que no
lo recordaba
"claramente", aunque sí
le sonaba haberlo hecho
en "Getafe y
Navalcarnero". Eso sí,
"siempre por servicios
realizados". El
trabajador autónomo
concluyó su declaración
asegurando que "en
ningún momento tenía
constancia de que estaba
realizando algún hecho
ilícito" e insistió en
que todo ello lo hizo a
"propuesta" del otro
empresario con el único
objetivo de que éste
redujera "la deuda
contraída" con él.
La pieza separada número
7 del sumario
Cuando el juez Eloy
Velasco decidió
'trocear' el sumario de
Púnica para facilitar
una tramitación más
rápida y ordenada de la
causa y permitir el
enjuiciamiento, sin
dilaciones, en aquellas
piezas en las que haya
finalizado la
instrucción, decidió
dedicar una en exclusiva
a Waiter Music SL: la
séptima pieza separada.
La sospecha de los
investigadores es que
esta empresa se hizo con
numerosos contratos para
organizar festejos en
decenas de ayuntamientos
de la Comunidad de
Madrid y otros
organismos públicos,
como la Fundación
Arpegio, gracias a la
influencia de Francisco
Granados, entonces
poderoso 'número 3' del
Ejecutivo de Esperanza
Aguirre. Las pesquisas
apuntan a que parte de
esas adjudicaciones
vieron cómo se inflaban
sus importes para el
posterior reparto de
'mordidas' y para la
supuesta financiación de
mítines y actos
electorales del PP que
también organizaba
Waiter Music. Las
investigaciones señalan
que, además de Granados,
los regidores de algunos
de estos municipios se
beneficiaron con fiestas
'gratis total'. Fuentes
cercanas a la
investigación indican
que hace dos meses la
Guardia Civil entregó un
informe sobre las
actividades de esta
empresa al juez Velasco,
quien aún no se lo ha
entregado a las defensas
y acusaciones.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/cumpleanos-Granados-facturas-ayuntamientos-PP_0_965603934.html
LA ÚLTIMA 'BOMBA' DE
PÚNICA: EL JUEZ GUARDA
UN INFORME SOBRE
FINANCIACIÓN ILEGAL DEL
PP
El juez Eloy Velasco
deja fuera de los tomos
entregados esta semana a
las partes un informe de
la UCO del pasado agosto
que acusa a Génova de
recibir donaciones de
constructoras
El juez Eloy Velasco
acordó entregar este
miércoles a las partes
personadas en Púnica 27
nuevos tomos del
sumario, pero mantiene
en su poder el documento
más valioso. El pasado
agosto, los
investigadores de la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil encargados de las
pesquisas entregaron al
magistrado un informe
sobre las presuntas
irregularidades
cometidas en torno a una
de las empresas de la
trama, Waiter Music,
especializada en la
organización de fiestas
y eventos. Pero las
conclusiones a las que
han llegado los agentes
van más allá de esa
compañía y afectan
directamente al Partido
Popular.
Como ya informó El
Confidencial, los
investigadores han
logrado acreditar en ese
informe que el PP de
Madrid habría financiado
presuntamente actos de
partido con donaciones
ilegales de grandes
constructoras que
tendrían en común el
haber sido beneficiarias
de adjudicaciones
públicas concedidas por
administraciones
madrileñas controladas
por la formación. Se
esperaba que el
documento fuera
trasladado a las partes
dentro de los 27 tomos
facilitados esta semana,
que abarcan diligencias
realizadas entre el 19
de mayo de este año y el
pasado 10 de octubre.
Pero el informe sobre
Waiter Music, enviado a
la Audiencia Nacional el
pasado 25 de agosto,
sigue por ahora oculto.
El inicio de los
trabajos para
confeccionarlo se
remonta meses atrás. El
pasado 7 de abril,
agentes de la UCO
tomaron declaración en
la Comandancia de Murcia
a un proveedor de Waiter
Music que reconoció
haber facturado 15.138
euros en 2010 al
Ayuntamiento de
Valdemoro por indicación
del administrador y
propietario de la
empresa de eventos, José
Luis Huerta, uno de los
51 detenidos e imputados
en la primera fase del
caso. El consistorio
madrileño abonó el
importe de la factura.
Sin embargo, el
proveedor admitió que
los trabajos nunca
llegaron a realizarse.
Los agentes también
constataron la
existencia de otras
irregularidades
contables en facturas
emitidas a
administraciones
públicas por indicación
del propietario de
Waiter Music a través de
ese mismo proveedor.
La expectación que ha
despertado el informe
sobre la empresa de
eventos está
justificada. La UCO
mantiene que logró
adjudicaciones en
decenas de ayuntamientos
de la Comunidad de
Madrid gracias a la
mediación del presunto
cerebro de la trama,
Francisco Granados,
exconsejero autonómico
de Presidencia y
exsecretario general del
PP regional. Los
importes de los
contratos se inflaban
para ocultar una salida
de fondos públicos que
luego se repartían los
alcaldes. Como
contraprestación, Waiter
Music habría agasajado a
Granados con una fiesta
privada por todo lo alto
con motivo de su 44
cumpleaños.
La UCO mantiene que
Waiter Music logró
adjudicaciones en
decenas de ayuntamientos
de Madrid gracias a la
mediación de Granados
El foco se centra en los
contratos que consiguió
la firma de eventos
entre 2004 y 2013 en
Valdemoro,
Arroyomolinos, Moraleja
de Enmedio, Alcorcón,
Torrejón de Velasco y el
Patronato Madrileño de
Áreas de Montaña, un
ente público
desaparecido que también
controlaba Granados
durante su etapa en los
gobiernos de Esperanza
Aguirre. Solo en
Valdemoro, la empresa de
Huerta facturó en ese
periodo 8,98 millones de
euros.
Pero la UCO también ha
descubierto que Waiter
Music no solo mantenía
una intensa relación
comercial con
administraciones
públicas vinculadas al
PP. Entre sus clientes
figuraban empresas
concesionarias de
servicios públicos que
no tienen ninguna
relación aparente con el
negocio de la
organización de eventos.
Según recogen las
declaraciones de Waiter
Music a la Agencia
Tributaria, incorporadas
en el sumario, FCC
Construcción le habría
pagado 251.557 euros en
2004 y 299.601 euros en
2007; Acciona
Infraestructuras SA,
33.292 euros en 2004;
Ferrovial Agroman,
33.292 euros en 2004;
Dragados Obras y
Proyectos, 20.936 euros
en 2004 y, la matriz
Dragados, 358.208 euros
en 2007; OHL, 16.646
euros en 2004; Sacyr,
16.646 euros en 2004 y
89.552 euros en 2007;
Urbaser, 9.117 euros en
2007, 59.000 euros en
2010, otros 59.000 euros
en 2011, 35.400 euros en
2012 y 36.300 euros en
2013; la UTE
FCC-Acciona, 6.844 euros
en 2011; y Cespa
(Ferrovial), 35.400
euros en 2012 y 36.300
en 2013.
El informe que guarda
ahora Velasco
confirmaría que los
1.397.091 euros abonados
en total por estas
constructoras a Waiter
Music habrían servido
para sufragar actos del
PP, apuntalando de este
modo una nueva acusación
contra Génova por
financiación ilegal que
se suma a las que ya se
han acreditado en las
operaciones Gürtel y
Taula. En plena recta
final de las
conversaciones para la
investidura de Mariano
Rajoy, la difusión del
contenido del informe
amenaza con abrir otra
vía de agua en los
planes del PP y tensar
aún más el debate
interno que libra el
PSOE sobre su
abstención.
No es la única evidencia
de financiación ilegal
del PP de Madrid que se
investiga en Púnica. El
juez Velasco instruye en
secreto desde febrero
diligencias sobre las
presuntas donaciones
ilegales al PP que
supuestamente captó
Granados entre 2011 y
2014. El presunto
cabecilla de la trama
anotó los cobros en una
agenda que fue
localizada en los
registros. Las pesquisas
apuntan fundamentalmente
a OHL, que habría
aportado un total de 1,6
millones de euros a
través de Javier López
Madrid, consejero de la
compañía y consejero
delegado del Grupo
Villar Mir.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-10-23/la-ultima-bomba-de-punica-el-juez-guarda-un-informe-sobre-financiacion-ilegal-del-pp_1278998/
'GRANADOS CONNECTION':
SU CUÑADO, INVESTIGADO
POR EL AMAÑO MILLONARIO
DE CUATRO CONTRATOS
Un escrito de
Anticorrupción destaca
la presunta
participación de Germán
Alarcón cuando era
concejal de Cultura del
Ayuntamiento de
Valdemoro en las
supuestas
irregularidades que
permitieron que la
empresa Waiter Music SL
se adjudicara varios
años la organización de
las fiestas locales por
1,1 millones de euros.
Primero fueron el propio
Francisco Granados y su
esposa, Nieves Alarcón.
Después, sus suegros.
Hace unos días, su
hermano Alfonso. El
próximo puede ser su
cuñado. Un escrito de la
Fiscalía Anticorrupción
conocido ahora sitúa en
el epicentro de una de
las principales líneas
de investigación del
'caso Púnica' a Germán
Alarcón Castellanos,
hermano de su mujer y
teniente de alcalde en
Valdemoro cuando el juez
Eloy Velasco ordenó las
primeras detenciones en
octubre de 2014. Dicho
documento lo implica en
la supuesta adjudicación
irregular a la empresa
de espectáculos Waiter
Music SL de cuatro
contratos municipales
por cerca de 1,1
millones de euros.
Fuentes jurídicos
aseguran a Vozpópuli que
el familiar del político
por ahora no ha sido
imputado.
Anticorrupción señala a
Germán Alarcón por las
irregularidades en los
concursos para organizar
las fiestas de Valdemoro
entre 2011 y 2014
El escrito que lo señala
fue presentado por
Anticorrupción en la
Audiencia Nacional para
oponerse a la petición
de sobreseimiento que
habían planteado dos de
los investigados, el ex
alcalde de Valdemoro
José Carlos Boza Lechuga
y su 'mano derecha' en
el consistorio, Alfredo
Ovejero. Para justificar
su postura, la Fiscalía
detallaba en el mismo
una por una media docena
de contrataciones
realizadas por el equipo
de Gobierno de este
Consistorio durante el
mandato de Boza Lechuga
(2011-2014), que "están
siendo objeto de
investigaciones" y que,
por tanto, justificaba
que ambos siguieran como
imputados. Al detallar
una de ellas,
Anticorrupción citaba
expresamente al
"concejal de Cultura
Germán Alarcón, cuñado
de Francisco Granados"
por su presunta
implicación en una de
ellas.
Se trata, en concreto,
de la referida a las
adjudicaciones a la
empresa Waiter Music SL,
una de las sociedades
sospechosas de pagar
'mordidas' al ex
secretario general del
PP madrileño, de los
concursos para la
organización de las
fiestas patronales de la
localidad madrileña
durante los años 2011,
2012, 2013 y 2014. Unos
contratos que costaron
al Ayuntamiento de
Valdemoro 1.115.935,46
euros, según se
especificaba en el
escrito. "Durante todos
estos años los contratos
fueron incrementados con
las cuotas de
intermediación del
también imputado [José
Luis] Huerta Valbuena,
[propietario de Waiter
Music], incurriendo su
tramitación en
irregularidades que son
objeto de análisis
actualmente", señalaba
la Fiscalía.
"Personas involucradas"
No es la primera vez que
el nombre de Germán
Alarcón aparece en el
sumario. De hecho, en el
mismo figura también un
oficio de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil en
el que se detallaban
otras supuestas
irregularidades en las
contrataciones del
Ayuntamiento de
Valdemoro con las que
también se le vincula.
En dicho documento
policial, los agentes
señalan al cuñado de
Granados como una de
"las personas
involucradas" en la
sospechosa
externalización de los
contratos de
mantenimiento y
conservación de varias
instalaciones deportivas
municipales, entre ellas
la piscina, la escuela
de fútbol y el gimnasio.
Todo ello cuando él era
concejal.
Un informe de la Guardia
Civil ya implicaba al
cuñado de Granados en la
sospechosa
externalización de la
gestión de varias
instalaciones deportivas
municipales
Este informe de la
Guardia Civil recogía un
resumen de las
declaraciones de seis
trabajadores del
municipio que señalaban
expresamente a Germán
Alarcón como el
responsable de "idear,
planificar y elaborar"
los convenios que
permitieron privatizar
dichas instalaciones "en
favor de terceros [...]
en perjuicio del interés
general". Uno de estos
testigos aseguró que
cuando se opuso
abiertamente a los
amaños del cuñado de
Granados éste le
presionó para que
firmara los pliegos de
condiciones técnicas que
dieron luz verde a los
mismos. Los agentes
vieron en todo ello
claros indicios de
"prevaricación y
malversación de caudales
públicos" en la
Concejalía de Deportes
que encabezaba entonces
Germán Alarcón.
Además el cuñado de
Granados aparece en
otros dos episodios del
sumario. Uno es el
registro de la vivienda
de sus padres en los que
la Guardia Civil
localizó en un altillo
cerca de un millón de
euros en metálico que el
político ha reconocido
recientemente que es
suyo. En aquella
intervención, los
agentes también entraron
en la habitación en la
que Germán Alarcón
dormía y encontraron
dentro de un armario
varios objetos de valor.
Así, en una bolsa de
plástico de unos grandes
almacenes, se hallaron
cuatro plumas
estilográficas de
colección, así como un
reloj dorado de la marca
'Tiffany'. Junto a éste,
los agentes encontraron
la garantía del mismo
que revelaba que había
sido adquirido en la
Isla de Aruba, país del
Caribe considerado
paraíso fiscal hasta
2010. Finalmente, el
nombre del cuñado de
Granados aparece en la
lista de cargos públicos
y funcionarios
agasajados por el
constructor Ramiro Cid
para conseguir su favor.
Éstele regaló una cesta
de navidad valorada en
más de 400 euros.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/suegros-hermano-familia-Granados-sospecha_0_964704048.html
TODOS LOS MIEMBROS DEL
'CLAN GRANADOS'
SALPICADOS POR LA TRAMA
Su mujer, los suegros,
un hermano e, incluso,
el cuñado. El juez
Velasco ya investiga a
varios miembros del
entorno familiar de
Francisco Granados en el
caso Púnica. Tres de
ellos están imputados.
Los otros dos, bajo la
lupa judicial.
La familia es muy
importante en el 'caso
Púnica'. Tanto que
varios de los
principales implicados
han visto como personas
de su círculo más
próximo eran imputadas
por el juez Velasco por
su participación en las
supuestas
irregularidades. Es el
caso de Francisco
Granados, el principal
cabecilla de la trama.
Su mujer, Nieves Alarcón
Castellanos, y sus
suegros, Juan y
Catalina, forman parte
de la larga lista de
'investigados' que
acumula ya la causa.
Además la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil ha puesto
recientemente bajo
sospecha las operaciones
inmobiliarias de su
hermano Alfonso,
mientras que la Fiscalía
Anticorrupción puso hace
tiempo el foco en su
cuñado, Germán Alarcón,
concejal del PP en el
Ayuntamiento de
Valdemoro cuando se
produjeron las primeras
detenciones, en octubre
de 2014. Son el 'clan
Granados'.
La implicación de la
Nieves Alarcón arranca
como cotitular de la
cuenta que tenía con su
marido en Suiza y que
dio pie al inicio de la
investigación
La primera en verse
implicada por las
actividades del político
fue su esposa. Nieves
Alarcón no fue detenida
junto a su marido, pero
si fue imputada. Era,
junto a Francisco
Granados, titular de una
cuenta en Suiza que se
encuentra en el inicio
de las pesquisas del
'caso Púnica'. Además,
ella era la conductora
habitual de un vehículo
Mini que apareció
quemado en el garaje de
su casa y que los
investigadores sospechan
que era un regalo de
Ramiro Cid, uno de los
constructores
presuntamente
favorecidos por su
marido cuando era
alcalde. También ella
era la encargada de
supervisar las obras en
la mansión que el mismo
empresario estaba
construyendo al gusto
del matrimonio para
regalárselo al político
como supuesto pago a sus
'favores'. Las pesquisas
también la relacionan
con el gasto de 100.000
euros de dinero de la
empresa pública Arpegio
para regalar cestas de
Navidad a sus amistades.
Las investigaciones
entorno a ella aún no
han terminado.
El caso de sus suegros
es más peculiar. El juez
Eloy Velasco ordenó el
pasado mes de noviembre
registrar su vivienda en
Valdemoro después de que
un anónimo alertase a
los investigadores de
que en dicha casa podía
haber dinero oculto. Era
cierto. Los agentes de
la UCO localizaron en un
maletín ocultó en un
altillo 922.000 euros en
metálico, además de
otros objetos de valor
como estilográficas de
colección y relojes de
lujo. El magistrado citó
al matrimonio para
declarar como imputados
por blanqueo de
capitales en una
comparecencia en el que
ambos alegaron que que a
su domicilio accedían
fontaneros y "gente" de
Ikea para justificar la
presencia del dinero.
El hermano y el cuñado
Las sospechas sobre
Alfonso Granados,
hermano del político, se
centran en la
compraventa de varios
pisos, en una de las
cuales la Guardia Civil
cree haber encontrado
indicios de blanqueo del
dinero tras haber
hallado una nota
manuscrita en la que el
que fuera consejero del
Gobierno madrileño
anunciaba a su socio, el
constructor David
Marjaliza, el envío en
un sobre con 360.000
euros en metálico para
su adquisición. El
informe de la UCO
concluía que con esta
"operación hizo aflorar
una cantidad de dinero
en efectivo procedente
de Francisco Granados,
cuyo origen es
desconocido y que se
puede presumir que
procede de dinero de
supuestas comisiones
ilegales".
Un informe de la UCO
relaciona al hermano de
Granados con una
operación de blanqueo
con la compraventa de un
piso
La implicación del
quinto familiar del
político tiene que ver
su condición de concejal
en el Ayuntamiento de
Valdemoro. Germán
Alarcón, cuñado de
Granados, era el edil
responsable de Cultura y
Deportes cuando en
octubre de 2014 el juez
Velasco ordenó las
primeras detenciones,
incluida la del
político. Entonces
estuvo a punto de ser
nombrado alcalde tras el
arresto del entonces
regidor, José Carlos
Boza. Informes de la
Guardia Civil y escritos
de la Fiscalía vinculan
ahora a este quinto
miembro del 'clan' en
diversos concursos
públicos del consistorio
donde los investigadores
creen haber encontrado
indicios de
irregularidades. Entre
ellos, los cuatro
contratos adjudicados a
una empresas clave de la
trama, Waiter Music SL,
para la organización los
años 2011, 2012, 2013 y
2014 de las fiestas
patronales de la
localidad. Entre los
cuatro, suman más de 1,1
millones de euros. En el
sumario no consta que ni
él ni el hermano de
Granados hayan sido
imputados aún.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/miembros-clan-Granados_0_964704182.html
PÚNICA DA UN RESPIRO AL
PP: SU CAJA B, BAJO
SECRETO JUDICIAL DURANTE
LA INVESTIDURA
Pequeño respiro en
Génova 13. El titular
del Juzgado Central de
Instrucción número 6,
Eloy Velasco, ha dictado
un auto por el que
prorroga el secreto de
sumario sobre la pieza
separada del 'caso
Púnica' en la que se
investiga la supuesta
financiación ilegal del
PP de Madrid. De este
modo, Mariano Rajoy
podrá afrontar un
previsible debate de
investidura a finales de
octubre sin la amenaza
de nuevas revelaciones
de corrupción sobre su
partido. El magistrado
justifica su medida en
que "el conocimiento por
parte de los
investigados y terceras
personas de los datos
que figuran en el
procedimiento podrían
afectar gravemente al
mismo". La decisión
cuenta con el apoyo de
la Fiscalía
Anticorrupción.
El juez justifica la
medida en la necesidad
de "asegurar los
posibles hallazgos" de
la investigación "sin
riesgo de ser
manipulados o
destruidos"
La decisión del
magistrado se plasma en
un auto del 5 de octubre
que ha sido ahora
comunicado a las partes
personadas en el
sumario. En el mismo, al
que ha tenido acceso
Vozpópuli, el juez
Velasco recuerda que el
pasado 13 de mayo
decidió "abrir nuevas
vías de investigación"
en referencia,
precisamente, a la pieza
separada número 14
iniciada entonces y en
la que se encuentran
como investigados el
exconsejero de OHL
Javier López Madrid y el
exgerente del PP de
Madrid Beltrán
Gutiérrez, junto al
exsecretario general de
la formación regional,
Francisco Granados, por
presunta financiación
irregular de los
'populares' en esta
comunidad.
"Las investigaciones de
tales hechos -continúa
el auto del magistrado-
están todavía en fase de
análisis, siendo preciso
a tales efectos asegurar
las fuentes de
información respecto a
las conexiones o nuevas
evidencias sobre la
participación indiciaria
en los mismos". El juez
Velasco recalca que es,
precisamente, para
"obtener y asegurar más
elementos probatorios"
por lo que considera
"necesaria la prórroga
del secreto en cuestión,
ya que el conocimiento
por parte de los
investigados y terceras
personas de los datos
que figuran en el
procedimiento, podrían
afectar gravemente al
mismo". En este sentido,
recalca que el objetivo
final es "asegurar los
posibles hallazgos [...]
sin riesgo de ser
manipulados o
destruidos".
Las anotaciones de
Granados
La pieza número 14 del
sumario tiene su punto
de arranque en una
libreta con anotaciones
manuscritas halladas en
el registro de la
vivienda de Francisco
Granados el día de su
detención, en octubre de
2014. En ella aparecían
iniciales y palabras en
inglés junto a diversas
cifras que pudieron ser
interpretados gracias a
la colaboración del
constructor David
Marjaliza, socio del
político. Gracias a él,
la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil emitió en
noviembre de 2015 un
informe en el que se
apuntaban a la
existencia de una
supuesta caja B del PP
de Madrid.
La investigación sobre
la supuesta caja B del
PP madrileño arranca en
una libreta con
anotaciones manuscritas
intervenida a Granados
en su domicilio
Así, el documento
policial identificaba
las iniciales "NP" con
Nacho Palacios, antiguo
jefe de Gabinete de
Granados y también
imputado en la causa, y
la palabra "ME" con el
propio político al
considerar que era el
pronombre inglés que
significa 'yo' a la
vista que en las
columnas de entrada y
salida de efectivos
también figuraban los
términos 'in' y 'out'.
El informe de UCO
concluía de ello que
"ambos se quedaban con
parte del dinero que se
recaudaba, con destino a
BG", iniciales que los
agentes identifican con
Beltrán Gutiérrez, el
gerente del PP de
Madrid. En el apartado
de aportaciones aparece
JLM en referencia
supuestamente al
empresario Javier López
Madrid, yerno de Juan
Miguel Villar Mir y
amigo de los reyes de
España, vinculado a
entregas de 2 millones
de euros. Los agentes no
puderon despejar, sin
embargo, quién se
escondía tras las
iniciales "LB" y "JEC",
que habrían aportado
100.000 y 60.000 euros
días antes de las
elecciones europeas de
mayo de 2014.
El 12 de febrero, y
después de que el diario
El Español revelase que
se estaba investigando a
López Madrid, el juez
Velasco ordenó que se
registraran los despacho
del empresario en la
sede de OHL y las
dependencias del PP de
Madrid, dentro de la
sede nacional de Génova
13 en busca de
información sobre la
supuesta financiación
irregular. Días después,
ambos fueron llamados a
declarar como
investigados. Primero
por la Guardia Civil y,
el 26 de febrero pasado,
por el magistrado. En
ambas ocasiones, ambos
negaron los pagos
irregulares.
Las 'amenazas' leonesa y
murciana
Mientras la pieza sobre
la supuesta financiación
irregular del PP
madrileño se mantiene
bajo secreto, el juez
Eloy Velasco avanza a
velocidad de crucero con
otras dos piezas del
sumario del 'caso
Púnica' que quiere
concluir antes de que
acabe el año. Se trata,
en concreto, de las
referidas a las
'andanzas' de la trama
en la provincia de León
y en la Región de
Murcia. En la primera
está imputado, entre
otros, el que fuera
presidente de la
Diputación por los
'populares', Marcos
Martínez Barazón, además
de un alcalde del mismo
partido, Pedro Vicente
Sánchez. Éste último ha
pedido recientemente al
magistrado incorporar a
la causa una serie de
documentos presentes en
la pieza general ante la
próxima finalización de
la investigación. En la
pieza referida a Murcia,
las pesquisas salpican
directamente al
presidente de la
comunidad, Pedro Antonio
Sánchez, y a la senadora
del PP en esta comunidad
y ex alcaldesa de
Cartagena, Pilar
Barreiro, ambos
aforados. Entre los
últimos imputados se
encuentran varios
asesores de ambos. Uno
de ellos, David Conesa,
ha pedido recientemente
al juez Velasco que
retrase la toma de
declaración de dos
nuevos imputados
prevista para el próximo
viernes ante la
imposibilidad de asistir
su letrado. El
magistrado aún no se ha
pronunciado.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Punica-PP-investigacion-secretas-investidura_0_962003951.html
EL JUEZ VELASCO PRORROGA
LA PRISIÓN DE GRANADOS
HASTA UN MÁXIMO DE DOS
AÑOS MÁS
El instructor considera
que el exdirigente del
PP sigue ocultando "una
cantidad todavía elevada
de dinero que esta
investigación todavía no
ha sido capaz de
decomisarle"
Tiene en cuenta además
la nula colaboración del
acusado y la destrucción
de pruebas ejecutada por
su entorno
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco ha
prorrogado hasta un
máximo de otros dos años
más la prisión
provisional del
exconsejero y
exdirigente del PP de
Madrid Francisco
Granados, que lleva dos
años encarcelado como
presunto cabecilla de la
trama de corrupción del
caso Púnica.
En su auto el juez
incluye todos los
indicios recabados en la
investigación contra el
que fuera alcalde de
Valdemoro y secretario
general del PP en Madrid
para concluir que,
además de los fondos en
metálico localizados en
Suiza al entorno de
Granados, así como sus
bienes incautados y
efectivo en metálico –un
millón de euros
encontrados ocultos en
el interior de un
armario de casa de sus
suegros–, según el juez
sigue disponiendo " de
una manera oculta de una
gran cantidad todavía
elevada de dinero que
esta investigación
todavía no ha sido capaz
de decomisarle que haría
que, en caso de ser
puesto en libertad, le
permitiría fácilmente
sustraerse a la acción
de la justicia".
Para tomar esta decisión
el juez ha tenido en
cuenta también la no
colaboración con la
investigación y el "
apoyo ideologizado" por
parte de determinadas
personas que incluso han
destruido pruebas (
documentos quemados o
triturados en el
Ayuntamiento de
Valdemoro) una situación
que podría todavía
aumentarse con Granados
en libertad, con una
presión mas directa y
presencial por parte del
investigado.
La Fiscalía
Anticorrupción había
solicitado este
miércoles al juez que
acordase la prórroga por
dos años más de la
prisión acordada contra
el presunto cabecilla de
la trama Púnica. Tras la
vista celebrada para
estudiar este asunto, en
la que el exsecretario
general del PP en Madrid
estuvo presente, su
abogado Carlos García de
Ceca manifestó que su
cliente está dispuesto a
declarar de nuevo "para
concretar algunas
cosas".
Granados había sido
citado al estar próxima
la fecha en la que se
cumplen dos años de su
entrada preventiva en
prisión, el 31 de
octubre de 2014. Las
acusaciones personadas
en la causa se habían
adherido a la petición
del fiscal para que
Granados continúe en la
cárcel .
La Audiencia Nacional ya
había rechazado su
petición de ponerle en
libertad en tres
ocasiones. El pasado mes
de junio, Velasco no
estimó la reclamación
del ex consejero
madrileño al considerar
que podría haber "graves
riesgos de obstrucción y
alteración de las
fuentes de prueba" que
podrían afectar a la
investigación.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/05/el_juez_velasco_prorroga_prision_granados_hasta_maximo_dos_anos_mas_55799_1012.html
GRANADOS RECONOCE QUE ES
SUYO EL MILLÓN DE EUROS
"DE IKEA" ENCONTRADO A
SUS SUEGROS
El político asegura
ahora en un escrito
presentado para pedir la
libertad provisional que
los 922.000 euros
hallados en un maletín
oculto en el altillo de
la casa de los padres de
su mujer forman parte
del dinero que tenía en
Suiza y que su socio
David Marjaliza le
entregó en España.
Ni generosos ladrones,
ni olvidadizos empleados
de Ikea, ni desprendidos
fontaneros. Los 922.000
euros encontrados
ocultos en un maletín en
el altillo de un armario
de la casa de los
suegros de Francisco
Granados ya tienen
propietario: el propio
político. El que fuera
'número 3' del Gobierno
de Esperanza Aguirre y
secretario general del
PP madrileño ha
presentado un escrito en
la Audiencia Nacional en
el que admite que dichos
fondos son suyos y que
forman parte del dinero
que en su día tenía en
cuentas bancarias de
Suiza. El político
intenta con ello
demostrar que no tiene
"una gran cantidad de
dinero oculto", uno de
los argumentos
esgrimidos recientemente
por el juez Eloy Velasco
para rechazar su puesta
en libertad y prolongar
hasta dos años más su
situación de prisión
preventiva.
Granados vincula ahora
el dinero encontrado en
casa de sus suegros con
los fondos que ocultaba
en Suiza y que repatrió
para él su socio
Marjaliza
El escrito, al que ha
tenido acceso Vozpópuli,
es un recurso de
apelación a dicha
decisión del magistrado
que le mantiene como el
único de los
investigados por el
'caso Púnica' que aún
sigue en prisión. En él,
asegura que el único
dinero que tuvo
escondido fue el que
atesoró la cuenta que
abrió en Ginebra cuando
aún era empleado de
banca y no había entrado
en política. De hecho,
asegura que cerró la
misma "voluntariamente"
al considerar que "no
era compatible con el
ejercicio de un puesto
político de cierto
relieve en Madrid,
dentro de la Comunidad".
Para hacerlo, añade,
cedió su saldo al
constructor David
Marjaliza, quien se "lo
reintegró en España".
Es en este punto de su
recurso en el que
relaciona ese dinero con
los 922.000 euros que se
intervinieron en
noviembre del año pasado
en casa de sus suegros.
Hasta ahora, la única
versión sobre el origen
de dichos fondos la
habían dado,
precisamente, estos
últimos, Juan Alarcón y
Catalina Castellanos, a
los que el juez Velasco
interrogó como
imputados. Entonces, el
primero intentó
justificar el hallazgo
en el hecho de que en su
vivienda habían entrado
muchas personas, entre
ellos ladrones, "los de
Ikea" y algún
"fontanero". Ahora, sin
embargo, su yerno
reconoce que ese dinero
es suyo por primera vez,
aunque como parte de su
argumento de que no
posee más propiedades
que le puedan permitir
huir. De hecho,
considera que este
"patrimonio oculto" del
que habla el juez en sus
últimos autos no es sino
"una elucubración, una
sospecha, una hipótesis
del instructor carente
de un auténtico
fundamento" y que es
utilizada como "fórmula
estereotipada" para
rechazar sus peticiones
de excarcelación.
Su mujer y dos hijas
En este punto, Granados
compara su situación con
la de "múltiples
personas que por hechos
similares y mucho más
importantes se pasean en
estos momentos por las
sedes de nuestro
Juzgados y tribunales,
según es público y
conocido". Aunque no
cita nombres concretos,
parece referirse a
Rodrigo Rato y otros
relevantes implicados en
casos de corrupción que
no están en prisión
provisional como él.
Además, el político
'popular' destaca que
tampoco se ha tenido en
cuenta su arraigo más
que demostrable que
convierte en
prácticamente imposible
que intente fugarse si
es puesto en libertad.
De hecho, en el recurso
recuerda que "es natural
del pueblo [Valdemoro]
donde vive con su mujer
y dos hijas de poco más
de 19 ó 20 años" y que
éstas "están en
necesidad evidente de
tener a su padre en
casa". También asegura
que su madre "le visita
cada fin de semana en la
única salida que hace de
su casa desde que el
hijo entró en prisión".
El político esgrime su
situación familiar para
pedir a la Audiencia
Nacional que revoque la
decisión del juez
Velasco de mantenerlo en
prisión
A todo ello, añade que
todos los miembros de su
familia "subsisten"
gracias al trabajo de su
mujer, cuyo sueldo, sin
embargo, no les permite
hacer frente a los pagos
de la hipoteca de la
casa donde viven "con el
riesgo que ello
comporta". También
recuerda que él ha
perdido su puesto de
trabajo en el banco
Societé Genérale, donde
era analista financiero,
y que "la privación de
libertad le impide
buscar una oportunidad
de empleo cuando su edad
le incluye entre los más
difíciles de colocar".
Circunstancias todas
ellas que el ex
secretario general del
PP madrileño quiere que
la Audiencia Nacional
tenga en cuenta ahora
para anular la decisión
del juez Velasco de
mantenerlo en prisión.
El recurso de Granados
también repite el
argumento que esgrimió
en su anterior escrito
en el que pedía la
libertad. En concreto,
el supuesto
incumplimiento de una
directiva europea que
obliga a la Justicia de
los países de la UE a
facilitar a los
imputados información
suficiente sobre la
causa para garantizar
"un efectivo ejercicio
del derecho de defensa"
y que, en su caso,
considera que no se ha
producido por la larga
duración del secreto de
sumario. Entonces
sustentaba su petición
en tres resoluciones
judiciales recientes que
ahora vuelve a citar.
Dos son referidas a
sendos directivos del
banco chino ICBC
arrestados por blanqueo
de capitales, y la
tercera de un presunto
narcotraficante, en las
que sí se aplicó dicha
legislación y que supuso
su inmediata puesta en
libertad hace sólo unos
meses.
Ocho años en un altillo
La versión aportada
ahora por Francisco
Granados sobre el origen
de los 922.000 euros
implica que dicho
dinero, que
supuestamente llegó e
agosto de 2007 a España
blanqueado mediante una
operación urbanística
'pantalla', llevaba más
de ocho años oculto en
el maletín cuando la
Guardia Civil lo
encontró en noviembre de
2015 en el registro de
la casa de los suegros
del político. Un informe
de la Unidad Central
Operativa (UCO)
incorporado al sumario
detalla que Granados
llegó a acumular 1,67
millones de euros en su
cuenta suiza cuando
decidió repatriarlo ante
el temor de que "pudiera
ser descubierta por las
autoridades españolas"
en un momento en el que
formaba parte del
Ejecutivo regional de
Aguirre. Para ello,
transfirió todo ese
dinero a la cuenta que
Marjaliza tenía abierta
en el banco UBS de
Ginebra a nombre de la
sociedad costarricense
Droz & Co SA, Días
después, el entonces
dirigente del PP vendió
al constructor cuatro
parcelas en Valdemoro
por 1,55 millones de
euros, un valor muy
superior al de mercado,
en una operación que los
investigadores califican
de "ingeniosa" y que
permitió a Granados
"disponer en nuestro
país de los fondos de
origen injustificado que
tenía depositados en
Suiza con total
impunidad y opacidad".
De ser cierta la versión
que el político da
ahora, casi dos terceras
partes de ese dinero ya
blanqueado quedó
escondido en el maletín
hallado casa de los
padres de su mujer.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Granados-reconoce-Ikea-encontrado-suegros_0_961404194.html
LA AUDIENCIA NACIONAL
AVANZA EN UNA NUEVA VÍA
DE FINANCIACIÓN ILEGAL
DEL PP A TRAVÉS DE LA
TRAMA PÚNICA
Los investigadores
sospechan que el partido
en Madrid recibió
mordidas de Arturo
Fernández a cambio de la
adjudicación de un
restaurante en la
Asamblea de Madrid
El juez Velasco sigue el
hilo de una libreta de
Granados donde consta
que recibió 1,4 millones
de euros para el PP
madrileño
Púnica se convierte en
otro de los casos de
corrupción que deriva en
una posible financiación
ilegal del PP
Dentro del macrosumario
de Púnica, un entramado
de corrupción que ha
sumado más de 250
millones de euros en
contratos con distintas
administraciones, muchos
de ellos amañados a
través de sobornos, el
juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco ha
encontrado un hilo del
que ha tirado para
investigar otro presunto
caso de financiación
ilegal del PP. Aunque
esta rama del caso, la
pieza 14 del sumario
Púnica, continúa
secreta, fuentes de la
investigación confirman
que las pesquisas
apuntan al expresidente
de la patronal madrileña
Arturo Fernández y a los
sucesivos contratos que
le permitieron explotar
el restaurante de la
Asamblea de Madrid entre
2007 y 2013 a cambio de
más de un millón de
euros para su sociedad
hostelera, Grupo
Cantoblanco.
Agentes de la Unidad
Central Operativa de la
Guardia Civil se han
presentado este martes
en la Cámara Regional
para pedir los
contratos. El consejero
de Presidencia del
Gobierno de Cristina
Cifuentes, Ángel
Garrido, se ha limitado
a decir que los
expedientes bajo
sospecha rematan en
2013, precisamente el
último ejercicio en que
el Grupo Cantoblanco
explotó el restaurante
de la Asamblea, antes de
renunciar a la concesión
por sus dificultades
económicas que derivaron
en la quiebra del
grupo.
El juez Velasco trata de
saber si los contratos
de la Asamblea de Madrid
fueron amañados y si el
PP regional, con mayoría
en el Parlamento
regional entre 2007 y
2013 recibió mordidas a
cambio. El ovillo del
que tiran los
investigadores es una
libreta incautada al
cabecilla de la red,
Francisco Granados,
exmano derecha de
Esperanza Aguirre en el
Gobierno de Madrid y en
el PP regional, con
apuntes que recogen
pagos por 1,4 millones
de euros al entonces
gerente del partido,
Beltrán Gutiérrez. La
misma agenda lleva a los
investigadores a pensar
que otra parte del
dinero, 690.000 euros,
no llegó nunca a las
arcas del partido porque
se las repartieron el
propio Granados y el
alto cargo de OHL,
Javier López Madrid.
Velasco ya apuntó hacia
otro posible caso de
financiación ilegal del
PP cuando acordó el
registro de la sede del
partido en Madrid. El
pasado junio en uno de
sus autos, el juez
adelantó que en la
"ingente cantidad de
documentación tanto en
soporte físico como
digital" que tiene en su
poder hay "potentes
indicios y datos
objetivos" de que
Granados recibió fondos
para el Partido Popular.
La Guardia Civil busca
también bucea en los
contratos de la Cámara
de Cuentas, el Registro
de Fundaciones de la
Comunidad, la Consejería
de Economía y un
protectorado de
fundaciones de la
Comunidad de Madrid bajo
los gobiernos de
Esperanza Aguirre a
empresas de servicios en
busca de contratos
amañados a cambio de
dinero negro. La tesis
de los investigadores es
que era Granados el que
se encargaba de recaudar
las mordidas.
La causa que instruye el
juez Velasco es la
última operación contra
la corrupción en que ha
llevado a los
investigadores a bucear
en la supuesta
financiación ilegal del
PP. Púnica se suma así a
Gürtel, al llamado Caja
B y a la operación Taula
en Valencia que acaba de
motivar la imputación de
la exalcaldesa Rita
Barberá y que hizo
dimitir a la mayoría de
su grupo de concejales,
acusados de blanqueo. Un
juez de Ourense indaga
además sobre la
confesión de un antiguo
gerente del partido a
sueldo de José Luis
Baltar, quien también
denunció la financiación
irregular del partido. Y
otro de La Rioja
determinó que la sede
del partido allí se pagó
con dinero negro.
http://m.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-financiacion-PP-Punica_0_563444416.html
GRANADOS COMPARA SU CASO
CON LOS DE UN NARCO Y
DOS BLANQUEADORES PARA
PEDIR DE NUEVO SU
LIBERTAD
El ex secretario general
del PP remite al juez
Velasco un escrito para
reclamar su
excarcelación por la
supuesta vulneración de
una directiva europea.
Respalda su escrito con
tres resoluciones de
tribunales en el que se
dio la razón por
idéntico motivo a dos
directivos del banco
chino ICBC detenidos por
supuesto 'lavado' de
fondos y un arrestado
por un alijo de 60 kilos
de cocaína.
Enésima petición de
excarcelación, pero con
argumentos diferentes.
El ex secretario general
del PP madrileño y
presunto cabecilla de la
trama Púnica, Francisco
Granados, ha presentado
en la Audiencia Nacional
un nuevo escrito para
solicitar su puesta en
libertad condicional
cuando falta sólo un mes
para que se cumplan dos
años de su detención. No
es la primera vez que lo
hace, pero sí en la que
esgrime alegaciones
distintas a las
habituales sobre la
inexistencia de riesgo
de fuga o la
imposibilidad de
reiteración delictiva.
En esta ocasión el que
fuera número 3 del
Ejecutivo de Esperanza
Aguirre reclama su
excarcelación por el
supuesto incumplimiento
de una directiva europea
que obliga a la Justicia
de los países de la UE a
facilitar información
suficiente sobre la
causa para garantizar
"un efectivo ejercicio
del derecho de defensa"
que, en su caso,
considera que no se ha
producido por la larga
duración del secreto de
sumario. El documento
viene acompañado de tres
resoluciones judiciales
recientes, dos referidas
a sendos directivos del
banco chino ICBC
arrestados por blanqueo
de capitales, y la
tercera de un presunto
narcotraficante, en las
que sí se aplicó dicha
legislación y que supuso
su inmediata puesta en
libertad hace sólo unos
meses.
Granados asegura que el
secreto de sumario, que
aún se mantiene en una
de las piezas, le ha
provocado una "grave
indefensión" al impedir
acceder a todas las
pruebas contra él
El escrito, de nueve
folios de extensión y al
que ha tenido acceso
Vozpópuli, recalca que
el político viene
pidiendo su puesta en
libertad prácticamente
desde que fue detenido
el 27 de octubre de
2014, ya que, asegura su
abogado, desde entonces
no se han concretado en
ningún momento las
acusaciones que
sirvieron al titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6,
Eloy Velasco, para
enviarle a prisión. De
hecho, sigue negando
acusaciones concretas
como que la mansión que
uno de los constructores
imputados, Ramiro Cid,
estaba construyendo en
Valdemoro fuera
realmente para él, que
hubiera cometido
"tráfico de influencias
[...] por razón de los
cargos públicos
desempeñados" o un
delito tributario por la
apertura de una cuenta
en Suiza en el año 2000.
Asegura que las
acusaciones que
aparecían en el auto que
le envió a la cárcel no
se han probado a lo
largo de la
investigación y, de
hecho, se han
'desvanecido' porque no
se se han concretado en
personas o "contratos
irregularmente
adjudicados".
Lo que su abogado
asegura que sí ha
cambiado en estos casi
dos años es la
legislación aplicable,
entre otros motivos por
la transposición a la
española en 2015 de una
directiva europea de
mayo de 2012 que obliga
a las Justicias de los
países de la UE a
permitir a las
encausados el acceso "a
la totalidad de las
pruebas materiales, como
por ejemplo,
fotografías, grabaciones
de sonido o de vídeo, en
posesión de las
autoridades competentes
a favor o en contra de
dichas personas con la
debida antelación para
un ejercicio efectivo de
los derechos de
defensa". En su escrito,
Granados recalca que
esto no se ha dado por
la larga duración del
secreto de sumario, una
medida que aún se
mantiene en "alguna
pieza separada" en
referencia a la que
investiga la supuesta
financiación irregular
del PP madrileño, y que
él considera que debe
ser de "aplicación
excepcional". Esta
circunstancia se
traduce, en su opinión,
en una "grave
indefensión" ya que
hasta ahora no se le ha
permitido "ejercer
correctamente el derecho
de defensa" y, como
consecuencia, "la
imposibilidad de
entender y combatir la
privación de libertad".
"El Juzgado ha vulnerado
la regulación vigente"
De hecho, recalca que
las excepciones que la
propia directiva europea
marca al acceso a dicha
información -que la
misma supusiera una
amenaza grave para la
vida o fuera necesario
para defender un interés
público importante- no
se dan en su caso. Por
ello, el escrito
concluye que se debe
reconocer que se ha
impedido a Granados su
derecho al "acceso a la
totalidad de las pruebas
materiales que obran en
las actuaciones" con la
consiguiente puesta en
libertad ya que "el
Juzgado ha vulnerado la
regulación vigente" y
está "conculcando el
derecho a la libertad
prescrito en el artículo
17 de la Constitución
Española". No obstante,
su abogado admite que la
excarcelación pueda ser
acompañada de otras
medidas cautelares,
"como la fijación de
fianza, la retirada del
pasaporte o
presentación" periódicas
en el juzgado
En abril, la Audiencia
Provincial de Madrid
exscarceló a dos
directivos del banco
chino ICBC en aplicación
de dicha directiva
europea. En junio, la de
Barcelona hizo lo mismo
con un 'narco'
Para respaldar su
petición, el político
acompaña su escrito de
tres resoluciones
dictadas recientemente
por las Audiencia
Provinciales de Madrid y
Barcelona. Dos de ellas
se refieren a Wei Liu y
Liu Wang, directivos del
banco chino ICBC
detenidos por la Guardia
Civil en febrero dentro
de la 'Operación Shadow'
por un presunto delito
de blanqueo de
capitales, y a los que
un tribunal ordenó poner
en libertad precisamente
porque el secreto de las
actuaciones les había
generado una
"indefensión" al
impedirles "articular"
la impugnación de la
orden prisión "con una
información suficiente".
El tercer caso es el de
un presunto
narcotraficante detenido
en enero de 2015 en
Barcelona después de que
la Policía interviniera
en un contenedor del
puerto de la capital
catalán un cargamento
con 60 kilos de cocaína.
El pasado 28 de junio,
la Audiencia Provincial
ordenó también su puesta
en libertad en
aplicación de la
directiva europea que
ahora alega Granados
para salir de prisión
tras dos años entre
rejas.
Hasta dos años más
El escrito de la defensa
de Francisco Granados en
el que solicita de nuevo
su libertad se produce a
escasos días de una cita
clave para su futuro
judicial. El próximo 5
de octubre, a las diez
de la mañana, el
magistrado del 'caso
Púnica' decidirá si
prorroga hasta dos años
más la situación de
prisión provisional en
la que el ex dirigente
del PP madrileño está
desde que fue arrestado
el 27 de octubre de 2014
o accede a dejarle en
libertad, como el
político viene
reclamando. Hasta ahora
la Audiencia Nacional ha
rechazado hasta en
cuatro ocasiones su
excarcelación por riesgo
de fuga con el apoyo de
la Fiscalía
Anticorrupción. La
decisión del juez
Velasco, recogida en una
providencia adelantada
por Vozpópuli el pasado
6 de septiembre, se
produce en aplicación de
los artículos 505 y
504.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal,
que son los que
determinan los tiempos
máximos de prisión
provisional y los
mecanismos y plazos de
su prórroga. Para la
primera, la ley fija un
máximo de 2 años de
cárcel en los casos,
como ocurre con
Granados, que el delito
del que se le acusa
tuviera una pena
superior a los tres años
de prisión. La ley
también recoge que,
cumplido ese plazo, algo
que en el caso de
Granados ocurrirá a
finales de octubre, el
magistrado instructor
puede acordar "una sóla
prórroga de hasta dos
años" si persisten el
riesgo de fuga, de
destrucción de prueba o
de reiteración delictiva
que determinaron su
encarcelamiento.
http://vozpopuli.com/actualidad/90137-granados-compara-su-caso-con-los-de-un-narco-y-dos-blanqueadores-para-pedir-de-nuevo-su-libertad
LA UCO INCORPORA 89
NUEVAS "EVIDENCIAS"
SOBRE LAS IDAS Y VENIDAS
DE LAS FORTUNAS DE
GRANADOS Y MARJALIZA EN
EL EXTRANJERO
La Guardia Civil elabora
un anexo al informe en
el que se recogía la
exhaustiva investigación
financiera a la que
sometió a los dos
presuntos cabecilla de
la trama. En el mismo se
recogen nuevas pruebas
documentales sobre los
movimientos de fondos
entre cuentas de España,
Suiza y Singapur.
Notas manuscritas y
faxes. Extractos de
cuentas y otros
documentos bancarios.
Contratos y actas
notariales. Cartas y
correos electrónicos...
La Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil ha
incorporado
recientemente al sumario
del 'caso Púnica' un
informe 'anexo' con 89
documentos que cataloga
de nuevas "evidencias".
Se trata, en concreto,
de información en
soporte papel e
informático localizado
durante los registros o
entregado a los agentes
por imputados y que
hasta ahora no había
podido ser analizada en
detalle. Con ellos, los
agentes creen aportar
más datos sobre
diferentes aspectos de
los movimientos de
fondos en el extranjeros
que hicieron los dos
principales implicados
en la trama, Francisco
Granados y el
constructor David
Marjaliza. Nuevos
indicios que sirven para
reforzar las pruebas que
ya recogía el Informe
Integral de
Investigación Financiera
número 2016-5605-40 en
el que se analizaba
exhaustivamente el
origen y destino de la
fortuna oculta de ambos.
El nuevo documento
policial, fechado el
pasado mes de febrero
aunque desconocido hasta
ahora, se encarga de
"describir y reproducir
los documentos de mayor
relevancia obtenidos
hasta el momento".
Una nota interna del BNP
Paribas de Ginebra
hallada ahora señala que
la entidad aconsejó a
Marjaliza acogerse a las
amnistía fiscal de
Montoro y que el
constructor lo rechazó
Estas 89 nuevas
"evidencias" las
encabezan los 14 folios
encontrados en el
registro del domicilio
de Ana María Ramírez,
secretaria y persona de
la máxima confianza de
Marjaliza, sobre la
falsa compraventa de
obras de arte con la que
el constructor repatrió
a nuestro país 4,2
millones de euros en
2013. Se trata de
"diversos documentos
relacionados con el
transporte y
almacenamiento" de
dichos objetos
artísticos en un
depósito del Puerto
Franco de Ginebra, donde
finalmente fueron
intervenidas por la UCO.
Sobre esta operación
fraudulenta también
figuran varias pruebas
novedosas sobre la
constitución de la
empresa Millenia Trading
Ltd en Singapur, la
ciudad estado asiática
desde la que se
transfirieron los fondos
a España. Incluso se han
localidad los extractos
bancarios de una cuenta
abierta a nombre de esta
sociedad en este país y
los acuerdos que
Marjaliza llegó con
Tricor, una compañía
asiática dedicada a
crear y gestionar
estructuras
empresariales en ese
continente. Incluso
figuran comunicaciones
del constructor con uno
de sus 'testaferros', el
tailandés Karit Yvaboon,
del que ha aparecido
además una copia de su
documento de identidad.
El informe 'anexo'
incorpora además las
órdenes de
transferencias para la
compra de dos obras de
Antonio Tapies que
formaron parte de los
objetos de artes
utilizados en el
blanqueo de la
millonaria cantidad.
También llamativa es la
"evidencia" número 6.
Son once páginas
manuscritas aparecidas
en el domicilio de Ana
María Ramírez en las que
constan determinadas
fechas y cantidades
asociadas a las palabras
'Time' y 'Sheraton', en
referencia a los dos
nombres con los que se
identificaban sendas
cuentas de Marjaliza en
Suiza. "Parece tratarse
de algún tipo de
relación de control
manuscrita de envío de
fondos" hacia el país
helvético, aclara el
documento de la Guardia
Civil. De hecho, entre
las 89 nuevas pruebas
abundan las relacionadas
con dichos depósitos
bancarios. Así, aparecen
algunos referidos a las
aperturas de los mismos
y diversos "informes de
contacto" que elaboraba
la gestora de los mismos
en el BNP Paribas de
Ginebra, Fabiane
Guinard, en los que ésta
detallaba el contenido
de los contactos y
conversaciones que
mantenía con el
constructor sobre sus
fondos.
Alertado por el banco
En uno de ellos, la
experta financiera
aseguraba que había
recomendado a Marjaliza
acogerse a la amnistía
fiscal de 2012 de
Cristóbal Montoro, algo
que el presunto
cabecilla de la trama
rechazó. Guinard
aseguraba que el cliente
prefería "crear dos
estructuras que tendrán
dos cuentas en Singapur.
Una para poner 4,5
millones de euros y la
segunda estructura que
comprará bienes
inmobiliarios que él
posee por 4 millones de
euros en España".
También figura la carta
que el BNP Paribas le
remitió en abril de
2013, año y medio antes
de que fuera detenido,
alertándole de que su
cuenta había sido
bloqueada porque estaba
siendo investigada por
la Fiscalía helvética.
En otras ocasiones,
estas notas internas del
banco recogen órdenes de
compra de acciones por
parte de Marjaliza con
referencias al propio
Granados y la mujer de
éste como "antiguos
clientes". "David pide a
Fabienne [la gestora]
comprar en 2 ó 3 días",
se lee en una de ellas.
La Guardia Civil ha
incorporado abundante
documentación que
sugiera que Marjaliza
tenía en 2001 "algún
tipo de producto
financiero" en Bahamas
con 168.000 dólares
Las cuentas suizas
'protagonizan' también
otro tipo de documentos.
Así, aparecen resguardos
de transferencias de
cientos de miles de
euros con destino a
ellas y órdenes de pago
enviadas por Fax desde
las oficinas de
Marjaliza en la
localidad de Pinto a la
sede en Ginebra del BNP.
Entre las primeras,
destacan las realizadas
en el verano de 2013
desde una cuenta cuyo
titular es la empresa
Olfield Properties Inc,
domiciliada en las Islas
Vírgenes Británicas.
Además se han
incorporado nuevas
evidencias de las
operaciones de blanqueo
'por compensación'
realizadas con la
supuesta colaboración de
otros ciudadanos
españoles con cuentas en
el país helvético.
Incluso figura la
solicitud de una tarjeta
Visa a nombre de
Marjaliza, con otra
asociada al de su mujer,
con cargo a una de las
cuentas en Ginebra de
sus empresas 'pantalla'.
También se han
incorporado actas
notariales de
operaciones de
compraventa de acciones
de empresas de la trama
que han levantado la
sospecha de los
investigadores tanto por
el movimiento de dinero
que representaba como
por el corto espacio de
tiempo que pasaba entre
la venta y la recompra
de las mismas ya que se
hacían en el mismo día y
por los mismos actores,
Marjaliza y su cuñado
Alfonso Luna, también
imputado en la causa.
Otro contrato que figura
es el que el socio de
Granados selló con otro
de los principales
implicados, el
constructor Ramiro Cid.
Incluso, figura
abundante documentación
encontrada en el
domicilio de Marjaliza
que sugiere la apertura
por parte de éste de
"algún tipo de producto
financiero, cuenta
bancaria o similar" en
Nassau, la capital de
Bahamas, a través de un
bufete local que le
recomienda constituir
una Compañía de Negocios
Internacionales para
obtener "ventajas
fiscales, secreto
bancario y gestión de
activos". En uno de
ellos se recoge un
supuesto saldo de
167.726 dólares
americanos (149.154
euros al cambio actual)
a comienzos de noviembre
de 2001. Entonces, la
'Operación Púnica'
estaba muy lejos.
http://vozpopuli.com/actualidad/89740-la-uco-incorpora-89-nuevas-evidencias-sobre-las-idas-y-venidas-de-las-fortunas-de-granados-y-marjaliza-en-el-extranjero
EL JUEZ VELASCO ORDENA A
HACIENDA RASTREAR EL
PATRIMONIO ACUMULADO POR
GRANADOS, SUS FAMILIARES
Y TESTAFERROS EN 15 AÑOS
La Fiscalía
Anticorrupción solicitó
el pasado mes de julio
que se realizara un
"análisis y valoración
patrimonial" de los
bienes del ex secretario
general del PP de Madrid
y de su socio, el
constructor David
Marjaliza. El magistrado
ha ordenado ahora a la
Agencia Tributaria que
lo haga desde el año
2000 hasta 2014, cuando
ambos fueron detenidos
dentro de la 'Operación
Púnica'.
Más trabajo para el
Ministerio de Hacienda
en el caso Púnica.
Después de ordenar a la
Agencia Tributaria que
se encargase de analizar
la documentación
entregada recientemente
por la Comunidad de
Madrid sobre la empresa
pública Arpegio, el
titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6, Eloy Velasco,
ha cursado una nueva
instrucción a los
expertos del
departamento de
Cristóbal Montoro. En
este caso para que
rastreen el patrimonio
que los dos presuntos
cabecillas de la trama,
Francisco Granados y el
constructor David
Marjaliza, acumularon
desde el año 2000, poco
después que el primero
asumiera la alcaldía de
Valdemoro (Madrid),
hasta 2014, cuando ambos
fueron detenidos por la
Guardia Civil. El
magistrado, sin embargo,
no quiere que la
investigación se centre
en los bienes a nombre
de ambos, sino que la
misma se extienda a
"familiares, personas
interpuestas o personas
sociales [empresas]"
ligadas a ambos.
El magistrado quiere que
la AEAT analice y valore
el patrimonio del
político y su socio
Marjaliza, junto al de
"familiares, personas
interpuestas o personas
sociales" ligados a
ambos, entre el año 2000
y la detención de ambos
en 2014
Así aparece recogido en
una providencia dictada
por el magistrado de la
Audiencia Nacional a la
que ha tenido acceso
Vozpópuli y en el que se
señala que la iniciativa
de esta diligencia es de
la Fiscalía
Anticorrupción. De
hecho, fueron sus dos
representantes en la
causa las que el pasado
19 de julio presentaron
sendos escritos ante el
juez Velasco para que se
realizaran dichas
pesquisas en torno a los
considerados personajes
de la clave. Hasta
ahora, los únicos
informes de la AEAT que
figuraban en el sumario
sobre el patrimonio de
ambos fueron los
estudios iniciales que
se hicieron sobre sus
declaraciones de la
Renta y las de sus
esposas. también
imputadas, así como del
entramado societario del
constructor. Las
posteriores
investigaciones de la
Guardia Civil han
revelado que una parte
importante de las
supuestas propiedades de
ambos, sobre todo en el
caso del político, están
presuntamente ocultas
bajo la tapadera de
familiares, testaferros
y empresas 'pantalla'.
Sin olvidar, también,
que se hallaron
importantes cantidades
de efectivo en cajas de
seguridad e, incluso,
ocultas en domicilios
particulares, como el
millón de euros que
apareció en la vivienda
de los suegros de
Granados escondidos en
un maletín. Es lo que el
juez Velasco quiere
ahora que se analice en
profundidad desde un
punto de vista fiscal.
De hecho, los
investigadores sospechan
que el ex dirigente
madrileño del PP
utilizaba "diez o doce
empresas" para ocultar
el dinero de las
'mordidas' recibidas.
Así lo reveló el
interrogatorio al que el
magistrado y las
fiscales Anticorrupción
sometieron al matrimonio
formado por Ignacio
Palacios, antiguo jefe
de gabinete del político
'popular', y María José
Marijuán. Ambos, que se
negaron a contestar a
las preguntas que se les
plantearon, son
considerados los
presuntos testaferros de
las sociedades
instrumentales con las
que Granados
supuestamente evadía
dinero de España y con
las que ocultaba ser el
propietario de bienes.
Entre ellos, una finca
valorada en más de un
millón de euros situada
en la localidad abulense
de Higuera de las Dueñas
y donde el político
acudía muchos fines de
semana con sus amigos a
montar a caballo y en 'quad'.
Entre estas empresas
supuestas 'pantalla' de
Granados, el juez citó
expresamente Tuvalu
Gestión SL, Sega
Integrales SL, Circuito
de Prácticas Pista Sur,
Ayjopen Consulting SL,
Himalaya 2002 SL, Norean
2000 SL, Match Golf
Consulting SL, Servicios
Patrimoniales de Obras y
Vías SL y Bustren SA,
según los "datos
objetivos y fuertes
indicios" que
Anticorrupción aseguraba
poseer durante los
interrogatorios de
Palacios y su mujer.
El hermano y la
colaboradora
Junto a este matrimonio,
también va a ser
sometido a escrutinio
por los expertos de la
Agencia Tributaria
diversos miembros del
entorno familiar y
político más cercano de
Granados. De hecho,
algunos ya han sido
objeto de pesquisas en
los últimos meses
durante la instrucción
de la causa. En mayo el
juez Velasco ordenó
investigar a un hermano
del político, Alfonso
Antonio Granados Lerena,
y a la que fuera su
estrecha colaboradora
María Victoria Cristóbal
Araujo. Del primero, ha
indagado las
"operaciones
inmobiliarias" en las
que hubiera participado.
De la segunda, los
movimientos de sus
cuentas bancarias entre
2004 y 2008. Ambas
líneas de
investigaciones se
abrieron tras recibirse
en la Audiencia Nacional
sendos informes de la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil. El familiar del
ex dirigente del PP ya
vio el pasado 16 de
noviembre como los
agentes del Instituto
armado realizaban un
registro en una las
propiedades que
compartía con su
hermano. Fue la misma
jornada en la que se
localizó en casa de los
suegros de Granados
cerca de un millón de
euros en metálicos
escondidos en una
maleta.
En los últimos meses, el
juez ya había ordenado
indagar en las
"operaciones
inmobiliarias" en las
que hubiera participado
el hermano de Granados,
así como la compra de un
vehículo de lujo por
parte de una
colaboradora del
político
En el caso de María
Victoria Cristóbal, 'Vicky',
las pesquisas se han
centrado hasta ahora en
su vehículo, un Mercedes
SLK que fue
supuestamente "pagado"
por la empresa Obras y
Vías SA, propiedad del
constructor Ramiro Cid
Sicluna, según la
documentación encontrada
en su día en el registro
de esa compañía. Ramiro
Cid, también imputado en
la causa, es considerado
uno de los principados
implicados en la trama y
los investigadores le
acusan de haber actuado
de la misma manera con
otro vehículo, en este
caso el Mini modelo
Cooper que utilizaba la
mujer de Granados, María
Nieves Alarcón, y que
apareció quemado de
manera intencionada en
el garaje donde lo
guardaba la pareja.
Sobre la propiedad de
este último automóvil,
la Guardia Civil ya ha
elaborado dos informes
en los que concluye que
el mismo fue un regalo
del empresario al
político como
"contraprestación" por
supuestos favores
urbanísticos.
Algo similar ha ocurrido
con una mansión que este
constructor levantó en
Valdemoro bajo las
directrices estéticas de
la esposa del político y
que, pese a que no
figuró nunca a nombre de
Granados, los
investigadores estiman
que es realmente de su
propiedad. A cambio, el
empresario supuestamente
se vio beneficiado como
"adjudicatario
recurrente en ventas de
suelo público" en
Valdemoro. Construida
sobre un solar de 1.700
metros cuadrados (lo que
ocupan seis chalés
adosados), la vivienda
iba a tener piscina con
el vaso revestido de
cuarcita dorada y el
perímetro cubierto de
pizarra negra. Además,
al amplio jardín iban a
dar un porche levantado
en piedra arenisca. En
la cocina, el político y
su mujer se habían
gastado 80.000 euros,
con muebles de cocina
valorados en 44.000 y
con 17.000 en
electrodomésticos. El
resto de la vivienda
seguía la misma línea:
baño turco y sauna,
vestidor con mando a
distancia, tres
chimeneas, ducha con
cromoterapia y efecto
niebla... Según recoge
un documento policial,
el político realizó
varias maniobras
mediante testaferros en
2011 para ocultar que él
era el destinatario
final de la vivienda,
algo que intentaba
ocultar a toda costa
después de que en
febrero de 2009 el ya
desaparecido diario
Público comenzase a
informar sobre la
existencia de la
ostentosa vivienda
unifamiliar.
"Fuentes de ingresos
desconocidas"
Su patrimonio ya levantó
sospechas al inicio de
la investigación ya que
no cuadraba con los
ingresos declarados por
el matrimonio en sus
declaraciones de la
Renta. Así, entre 2003 y
2013, Francisco Granados
recibió como retribución
oficial por el desempeño
de sus diferentes cargos
públicos una cantidad
ligeramente superior al
millón de euros. Una
importante cifra que,
sin embargo, no parece
ser suficiente para
mantener el elevado
nivel de vida que tanto
él como su mujer, María
Nieves Alarcón, también
imputada en el 'caso
Púnica', mantuvieron en
esos once años. Según
destacaban aquellos
primeros informes de la
Agencia Tributaria
incorporados al sumario.
De hecho, los expertos
de Hacienda señalaban ya
entonces su
convencimiento de que
"el matrimonio dispone
de otras fuentes de
ingresos que resultan
por ahora desconocidas".
Los primeros informes de
Hacienda ya apuntaban a
la que los ingresos de
Granados y su esposa no
cuadraban con su
patrimonio: "El
matrimonio dispone de
otras fuentes de
ingresos desconocidas"
Granados pasó de ganar
algo más de 55.000 euros
como alcalde de
Valdemoro en 2003 a
ingresar 85.675 euros en
2004 como integrante del
Gobierno de Esperanza
Aguirre tras el célebre
'tamayazo'. A partir de
ese año, sus ingresos
oficiales se mantuvieron
en torno a los 100.000
con un pico de 118.034
euros en el año 2008.
Cuando dejó su puesto en
el Ejecutivo regional y
pasó al Senado, sus
retribuciones se
redujeron de manera
significativa, ya que
pasó a percibir algo más
de 60.000 euros por su
escaño en la Cámara Alta
y 19.453 euros de la
Asamblea de Madrid en
2012. Cifras que
registraron una subida
al año siguiente hasta
un total de 83.318,20
euros. Por su parte, su
mujer recibió esos años
retribuciones de hasta
siete pagadores
distintos, algunas de
menos de 100 euros, por
las que sólo un año,
2008, curiosamente el
año de más ingresos de
su marido, superó los
40.000 euros.
Con estos ingresos, el
matrimonio consiguió
amasar un importante
patrimonio inmobiliario.
Así, la Agencia
Tributaria constató que
la pareja era
propietaria de tres
viviendas en Valdemoro
de 350, 127 y 163 metros
cuadrados y que, además,
tuvo dos pisos de lujo
en Marbella que vendió.
También que figuraba
como titular de cinco
almacenes o
aparcamientos, cinco
solares urbanos de entre
500 y 600 metros
cuadrados y dos terrenos
rústicos que suman más
de 10.000 metros
cuadrados, todos ellos
en el municipio en el
que Granados fue
regidor. Hacienda
detectó incluso que
habían dado varios
'pelotazos' urbanísticos
en 2007. Entre ellos, la
venta a Servicios
Logísticos
Inmobiliarios, una
sociedad controlada por
su amigo David
Marjaliza, de cuatro
parcelas que poseían en
el llamado sector R2
Canto Negro de
Valdemoro. De aquella
operación, el dirigente
'popular' y su esposa
lograron una plusvalía
cercana a los 1,44
millones de euros. Los
investigadores creen
que, en realidad, la
misma fue una 'tapadera'
para ocultar un
'mordida'. Esa mismo año
y en un sólo día, el 31
de agosto, la pareja
vendió un inmueble por
672.000 euros que ocho
años antes le había
costado únicamente
62.000 euros, y otro por
558.000 euros que compró
siete años antes por
53.000 euros.
Elevados saldos
bancarios
El informe de Hacienda
también destacaba los
elevados saldos que
llegaron a acumular la
docena de cuentas a
nombre de Granados
cuando éste era
consejero de
Presidencia, Justicia e
Interior del gobierno de
Aguirre... sin contar
con la que tuvo en Suiza
bajo el seudónimo de 'Laiker'
y en la que llegó a
tener 1,5 millones de
euros. Así, llegó en las
que declaró al fisco
llegó a sumar en 2008
algo más de 1,4 millones
de euros, cifra que se
mantuvo por encima del
millón de euros hasta
2011. Curiosamente,
cuando abandonó su cargo
en el Ejecutivo regional
estas cifras comenzaron
a reducirse de manera
sensible hasta acabar en
2013 con 'sólo' 726.000
euros. Con esas
cantidades a su
disposición, el político
y su mujer se
permitieron el lujo en
2009 de invertir de
golpe cada uno nada
menos que medio millón
de euros en adquirir
Letras del Tesoro.
La AEAT también
resaltaba en sus
primeros análisis que a
Granados la declaración
de la Renta casi siempre
le salía a devolver. De
nueve ejercicios, sólo
tuvo que pagar a
Hacienda en dos de ellos
Además, la Agencia
Tributaria detallaba
también el amplio parque
móvil con el que
contaban y que se
componía de dos
motocicletas, un BMW
530, un Audi A5, un
Mercedes 180, el Mini
Cooper que resultó
destruido por el fuego y
un todoterreno
Volkswagen Touareg. Con
todo ello, los
resultados de las
declaraciones de la
renta del matrimonio en
aquellos años fueron
también llamativos. De
los nueve de los
ejercicios analizados
entonces, a Granados le
salió a devolver en
siete y sólo en dos tuvo
que pagar, uno de ellos
coincidiendo con sus
'pelotazos'
urbanísticos. Con estos
datos sobre la mesa, la
Agencia Tributaria
concluía ya entonces que
no le 'cuadraban' las
cifras. Ahora el juez
Velasco le ordena que
profundice en estos
análisis y lo amplíe a
sus familiares, posibles
testaferros y empresas
'pantalla'.
http://vozpopuli.com/actualidad/88931-el-juez-velasco-ordena-a-hacienda-rastrear-el-patrimonio-acumulado-por-granados-sus-familiares-y-testaferros-en-15-anos
EL JUEZ DE PÚNICA
ENCARGA A HACIENDA EL
RASTREO DE LAS CUENTAS
DE LA EMPRESA PÚBLICA
QUE SALPICA A CARGOS DE
CIFUENTES
La Unidad de la Agencia
Tributaria adscrita a la
Fiscalía Anticorrupción
se encargará de elaborar
el informe sobre la
abundante documentación
que el magistrado Eloy
Velasco reclamó el
pasado mes de julio a la
Comunidad de Madrid
referida a los contratos
del Plan Prisma y de 22
consorcios urbanísticos
en los que intervino la
sociedad pública
Arpegio. El juez busca
pruebas de los supuestos
amaños de Francisco
Granados y otras
personas que actuaron
"por delegación" de éste
en un programa de
inversiones que se
presupuestó inicialmente
en "1.000 millones de
euros".
El Ministerio de
Hacienda que dirige en
funciones Cristóbal
Montoro asume
protagonismo en la
investigación del 'caso
Púnica'. El titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6,
Eloy Velasco, ha
encargado a la Unidad de
la Agencia Tributaria
(AEAT) adscrita a la
Fiscalía Anticorrupción
que sea ella la que
analice la abundante
documentación que
reclamó el pasado mes de
julio al Gobierno de
Cristina Cifuentes sobre
la empresa pública
Arpegio Áreas de
Promoción Empresarial
SA, según han confirmado
a Vozpópuli fuentes
cercanas a la
investigación. El
magistrado pidió
entonces a la Comunidad
de Madrid que le
entregase de manera
"urgente e inmediata"
toda la información del
periodo 2006-2011
referido a 22 consorcios
urbanísticos y a un sin
fin de contratos de
obras públicas incluidos
en el llamado Plan
Prisma ante la sospecha
de que el presunto
cabecilla de la trama,
el ex consejero
Francisco Granados,
amañó los mismos para
lucrarse. Esta es la
pieza el sumario que
salpica a Jaime González
Taboada, actual número 3
del Gobierno de
Cifuentes, a quien el
constructor David
Marjaliza acusó en su
confesión de quedarse
con un tercio de estas
presuntas 'mordidas'.
La documentación que
ahora analizarán los
expertos de la AEAT es
la que el juez pidió al
Ejecutivo de Madrid en
julio sobre el Plan
Prisma y 22 consorcios
urbanísticos
De este modo, una parte
relevante de la
investigación en esta
pieza separada del
sumario que el
magistrado abrió
precisamente por "las
declaraciones iniciales"
del antiguo socio de
Granados, pasa a manos
de Hacienda, cuyo papel
en la causa hasta ahora
había sido secundario al
limitarse a la
elaboración de diversos
informes sobre la
situación fiscal de
investigados y empresas.
En uno de ellos,
detallaba precisamente
parte de la operación de
blanqueo de 4,2 millones
de euros que el
constructor realizó con
una falsa compraventa de
obras de arte. Ahora,
sin embargo, el encargo
va más allá en una línea
de investigación con
evidentes conexiones
políticas, ya que afecta
a González Taboada y
otros altos cargos de
Cifuentes que en le
etapa de Granados como
consejero ya ocupaban
puestos de
responsabilidad. Sus
pesquisas servirán de
refuerzo a las ya
realizadas por la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil, que
es la que hasta ahora ha
realizado las 'visitas'
a la sede de Arpegio
para recabar diversas
documentación y que, de
hecho, seguirá llevando
el peso de la
investigación.
En concreto, el juez
quiere que los expertos
de la Agencia Tributaria
analicen nueve
documentos que ha pedido
a la Comunidad de Madrid
relacionados con las
tomas de decisiones que
llevaron a Arpegio a
estar bajo la dirección
del presunto cabecilla
de la trama Púnica, así
como el expediente
administrativo relativo
al convenio de 3 de
febrero de 2006 suscrito
entre Granados y la
empresa pública en el
que se establecían las
bases que regían las
actuaciones del Programa
Regional de Inversiones
y Servicios de Madrid
(conocido como Plan
Prisma) de los periodos
2006-2007 y 2008-2011.
También que estudien los
acuerdos por los que
Granados designó a
González Taboada como el
vocal que representaba
al Ejecutivo regional en
la mesa de contratación
de ambos periodos y el
acuerdo del consejo de
Gobierno de Madrid que
autorizaba al político
hoy encarcelado a
celebrar los convenios
con Arpegio. Todo ello,
junto a los acuerdos de
los Consejos de
Administración
celebrados el 3 de
febrero de 2006 y el 29
de septiembre de 2008
por los que se designaba
a los integrantes de la
Mesa de contratación.
Los contratos de la
empresa DUSA
El magistrado ha
ordenado también que sea
Hacienda la que rastree
las supuestas
irregularidades
detectadas en las
adjudicaciones a la
empresa Análisis y
Gestión de Desarrollos
Urbanos SA (DUSA), "en
particular los contratos
de obras y servicios".
Para ello, le ha
entregado los
expedientes de
adjudicación de ocho
contratos a dicha
sociedad. El primero, de
fecha 31 de marzo de
2006 y 4,5 millones de
euros (más IVA) de
importe, adjudicaba a
dicha compañía los
trabajos de "consultoría
y asistencia técnica
para la gestión integral
de las licitaciones
públicas" del Plan
Prisma 2006-2007. Otros
cinco son
"complementarios" y
"prórrogas" de éste que
se extendieron hasta
febrero de 2010 y
sumaron diversas
cantidades que iban
desde los 633.333 euros
de marzo de 2007 a los
49.760 euros de febrero
de 2010. A ellos, se
suma la adjudicación de
la "coordinación de
seguridad y salud
durante la ejecución de
las obras del Plan Prima
de 2008-2011", y que fue
licitado por 3,4
millones de euros, y la
del arrendamiento de
oficinas y plazas de
garaje en la Plaza de
Colón para el personal
de dicho plan de
inversiones, y que costó
cerca de 290.000 euros.
En total, DUSA se
embolsó 9,8 millones de
euros en contratos ahora
bajo sospecha.
Buena parte de las
pesquisas se centran en
ochos contratos de
"obras y servicios"
adjudicados a la empresa
DUSA por 9,8 millones de
euros.
Otros contratos cuya
documentación va
analizar ahora la
Agencia Tributaria son
los de publicidad y
propaganda del plan de
comunicación para la
presentación del Plan
Prisma, que se elevó a
2,5 millones de euros,
más IVA; y el de
organización de "los
actos de presentación,
visitas a las obras y
primeras piedras", que
costó más de 782.000
euros. Finalmente
también rastreará las
copias de los acuerdos
de creación de Arpegio,
de sus estatutos y de
las instrucciones de
contratación de la
empresa pública, así
como los movimientos de
la cuenta a través de
los cuales la Fundación
de esta compañía
realizaba "cobros y
pagos". Este último ente
ya estaba siendo
investigado por la
financiación con más de
300.000 euros de un
concierto del que se
encaprichó Granados y
que ha supuesto la
imputación de su ex
gerente, Carmen Plata.
Como apuntaba en el auto
por el que solicitó el
pasado mes de julio toda
esta documentación al
Ejecutivo de Madrid, el
juez Velasco sospecha
que todos estos
contratos se adjudicaron
de manera supuestamente
irregular "bajo la
esfera de dominio de
Francisco Granados",
quien en ocasiones
actuaba "en persona" y
en otras, "por
delegación". Para esto
último, presuntamente
colocó como vocal en el
órgano de decisión de la
empresa pública a una
persona de su confianza
que aquel escrito
judicial no daba su
nombre. Diversas fuentes
apuntan a que se trata
de González Taboada,
actual número 3 del
Gobierno madrileño, ya
que en actas de Arpegio
figura como vocal a
propuesta de la
Consejería de
Presidencia que
encabezaba Granados.
Además, estas pesquisas
salpican a un nuevo alto
cargo del ejecutivo
regional, el
viceconsejero Miguel
Ángel Ruiz, quien en el
periodo bajo sospecha
ocupó los cargos de
director general del
Plan Prisma y de
consejero delegado de
Arpegio. Ruiz es en la
actualidad la 'mano
derecha' de González
Taboada en la Consejería
de Medio Ambiente.
http://vozpopuli.com/actualidad/88770-el-juez-de-punica-encarga-a-hacienda-el-rastreo-de-las-cuentas-de-la-empresa-publica-que-salpica-a-cargos-de-cifuentes
EL JUEZ VELASCO SIENTA
EN EL BANQUILLO A
GRANADOS POR EL
CHIVATAZO QUE LE DIO UN
GUARDIA CIVIL
La Audiencia Nacional
decreta la apertura de
juicio oral por los
delitos de revelación de
secretos y
aprovechamiento de
revelación de secretos
El chivatazo tuvo lugar
después de que los dos
agentes le informaran de
que la UCO se encontraba
investigando a su amigo,
el empresario David
Marjaliza
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco ha
decretado la apertura de
juicio oral contra el
exsecretario general del
PP de Madrid Francisco
Granados y a dos
guardias civiles que
supuestamente le
chivaron que la Unidad
Central Operativa (UCO)
estaba investigando a su
amigo el empresario
David Marjaliza, por los
delitos de revelación de
secretos y
aprovechamiento de
revelación de secretos.
El titular del Juzgado
Central de Instrucción 6
de la Audiencia Nacional
ha finalizado la
investigación de la
primera de las catorce
piezas separadas –la
denominada pieza I
Talamino– que obra el
sumario de la trama
Púnica .
Ya el pasado junio,
Velasco acusó en un auto
al cabecilla de la
trama, Francisco
Granados, de
beneficiarse de la
alerta que le hizo el
agente de la Guardia
Civil José Manuel
Talamino en una
discoteca a altas horas
de la madrugada.
También, acusó a este
agente y a su asesor de
seguridad, miembro del
Instituto Armado en
excedencia, José Luis
Caro Vinagre, de
revelación de secretos.
No obstante, el otro
considerado cabecilla,
David Marjaliza, quedó
fuera de la instrucción
de esta pieza, a pesar
de haber confesado que
había "quemado" todos
los documentos que le
incriminaban después de
que Granados le
advirtiera de que estaba
siendo investigado.
Ahora el magistrado, en
un auto de
transformación EN
procedimiento abreviado
con fecha de 5 de julio,
ha procesado tanto a los
dos agentes como ex
secretario general del
PP de Madrid. A los
miembros de la Guardia
Civil por la revelación
de secretos y a Granados
por aprovecharse de esa
revelación.
El chivatazo se produjo
del 5 al 6 de septiembre
de 2014
Precisamente, considera
a Rodríguez Talamino
autor del chivatazo, el
cual tenía acceso a la
información por su
oficio, y a Caro
Vinagre, cooperador
necesario. En cuanto a
Granados, subraya que se
interesó en conseguir
datos sobre las
pesquisas para que los
"vigilados" pudieran
adoptar medidas que
"contrarrestasen y
anulasen" la
investigación judicial.
Además, este auto que se
ha hecho público este
viernes, destaca que en
el chivatazo –que se
produjo en la noche del
5 al 6 de septiembre de
2014, especifica el
escrito de Velasco– hizo
"un grave daño" a las
acciones realizadas por
la UCO sobre la
operación Púnica .
Rodríguez Talamino,
destinado en la UCO, se
dirigió a Granados
durante las fiestas de
Valdemoro para
advertirle de que había
participado en la
colocación de un
dispositivo de
vigilancia a las puertas
de las oficinas de las
empresas del empresario,
en el centro comercial
Plaza Éboli de Pinto.
El agente se encargó de
preparar el vehículo que
la Guardia Civil iba a
emplear en su
dispositivo de
vigilancia. Tan sólo un
día después de la
instalación de los
medios en el coche,
Talamino ya llamó a Caro
Vinagre para avisarle.
La cámara instalada en
Plaza Éboli tuvo que ser
retirada y otros
implicados en la trama
comenzaron a adoptar
medidas de seguridad
adicionales en sus
comunicaciones. Además,
Marjaliza, ordenó la
compra de nuevos
teléfonos y quemó
"importantísimos
documentos que hubieran
servido de prueba".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/29/el_juez_velasco_sienta_banquillo_granados_por_chivatazo_que_dio_guardia_civil_53075_1012.html
EL JUEZ SOSPECHA QUE
GRANADOS AMAÑÓ CONTRATOS
DE ARPEGIO POR VALOR DE
"1.000 MILLONES DE
EUROS"
El magistrado hace un
requerimiento de
documentación "urgente e
inmediato" a la
Comunidad de Madrid y a
la empresa pública sobre
contratos, consorcios y
convenios firmados entre
2007 y 2011, cuando el
ex secretario general
del PP madrileño ocupaba
la consejería de
Presidencia.
El auto destaca que el
político tenía un
"dominio absoluto en
persona o por
delegación" sobre las
decisiones que
propiciaron
adjudicaciones. Las
nuevas pesquisas
salpican a un alto cargo
del Gobierno de
Cifuentes, el
viceconsejero Miguel
Ángel Ruiz, que entonces
ocupaba cargos de
responsabilidad en
Arpegio y el Plan
Prisma.
Convenios y consorcios
bajo sospecha, contratos
millonarios
supuestamente
amañados... y, detrás de
todo ello, Francisco
Granados. El titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6,
Eloy Velasco, ha dictado
un auto por el que
ordena a la Comunidad de
Madrid y a la empresa
pública Nuevo Arpegio
que le entreguen de
manera "urgente e
inmediata" abundante
documentación del
periodo 2006-2011
referida a la sociedad
antecesora de esta
última, Arpegio Areas de
Promoción Empresarial
SA. El motivo es la
sospecha de que el que
fuera secretario general
del PP de Madrid y ahora
señalado como presunto
cabecilla de la trama
Púnica aprovechó su
puesto como consejero
durante aquellos años
para manipular 22
consorcios urbanísticos
y un sin fin de
contratos de obras
públicos incluidos en el
llamado Plan Prisma. En
el escrito, al que ha
tenido acceso Vozpópuli,
el magistrado cita
expresamente la cantidad
de "1.000 millones de
euros", que se
corresponde con la
totalidad de dicho
programa de inversiones
en aquellos años, aunque
no se ejecutó en su
totalidad.
Las pesquisas ordenadas
por el magistrado
salpican a un
viceconsejero del
Gobierno de Cifuentes
que en el periodo
investigado, 2006-2011,
fue consejero delegado
de Arpegio y director
general del Plan Prisma
El auto recalca que todo
este dinero se adjudicó
"bajo la esfera de
dominio de Francisco
Granados", quien en
ocasiones actuaba "en
persona" y en otras,
"por delegación". Para
esto último,
presuntamente colocó
como vocal en el órgano
de decisión de la
empresa pública a una
persona de su confianza
que el escrito judicial
no da su nombre. Según
diversas fuentes, se
trata de Ignacio
Palacios, imputado ya en
la causa como presunto
testaferro del político,
aunque otras también
apuntan a Jaime González
Taboada, actual número 3
del Gobierno de Cristina
Cifuentes y a quien el
constructor David
Marjaliza acusó en su
confesión de quedarse
con un tercio de las
'mordidas' de los
supuestos amaños de la
empresa pública. En
actas de Arpegio,
González Taboada figura
como vocal a propuesta
de la Consejería de
Presidencia que
encabezaba Granados.
Además, las nuevas
pesquisas salpican a un
nuevo alto cargo del
ejecutivo regional, el
Viceconsejero Miguel
Ángel Ruiz, quien en el
periodo investigado
ocupó los cargos de
director general del
Plan Prisma y de
consejero delegado de
Arpegio. Ruiz es en la
actualidad la 'mano
derecha' de González
Taboada en la Consejería
de Medio Ambiente.
El auto del juez Velasco
detalla que esta línea
de investigación, que le
llevó recientemente a
abrir una nueva pieza
separada en el sumario
que permanece secreta,
arranca precisamente con
"las declaraciones
iniciales" de Marjaliza.
Éste había revelado la
existencia del "pago de
comisiones por
contratistas y
promotores para acceder
a las obras de los 22
consorcios urbanísticos
de Arpegio y los dos
planes Primas,
impulsados todos ellos
por la Comunidad de
Madrid". El magistrado
destaca que todo ello
estaba "dotado con 1.000
millones de euros" de
fondos públicos, una
importante cantidad que
se adjudicaron "bajo la
esfera de dominio de
Francisco Granados como
presidente de las Mesas
de Contratación". Para
ello, añade el escrito,
el político participaba
directamente o "junto un
número de vocales, uno
de ellos elegido
directamente por aquel,
y procedentes todos del
Patronato de Arpegio
(sic), presidido por el
mismo". De este modo,
Velasco considera que
"el dominio sobre las
decisiones de
adjudicación era
absoluto y fue algo
buscado desde el momento
inicial de redacción del
convenio" que puso a la
empresa pública bajo el
control directo de la
consejería que
encabezaba Granados.
Copias certificadas
Por todo ello, el
magistrado ordena a la
Comunidad de Madrid que
le entregue copias
certificadas de nueve
documentos relacionados
con las tomas de
decisiones que llevaron
a Arpegio a estar bajo
la dirección del
presunto cabecilla de la
trama Púnica. Así,
reclama el expediente
administrativo relativo
al convenio de 3 de
febrero de 2006 suscrito
entre Granados y la
empresa pública en el
que se establecían las
bases que regían las
actuaciones del Programa
Regional de Inversiones
y Servicios de Madrid
(conocido como Plan
Prisma) de los periodos
2006-2007 y 2008-2011.
También quiere que se le
entregue los acuerdos
por los que Granados
designó a Ignacio
Palacios como el vocal
que representaba al
Ejecutivo regional en la
mesa de contratación de
ambos periodos, así como
el acuerdo del consejo
de Gobierno de Madrid
que autorizaba al
político hoy encarcelado
a celebrar los convenios
con Arpegio. A su vez,
pide a la empresa
pública los acuerdos de
los Consejos de
Administración
celebrados el 3 de
febrero de 2006 y el 29
de septiembre de 2008
por los que se
desiginaba a los
integrantes de la Mesa
de contratación.
El juez Velasco ha
reclamado a la Comunidad
de Madrid los
expedientes de las
adjudicaciones a la
empresa DUSA de ocho
contratos de Arpegio por
valor de 9,8 millones de
euros
El auto del juez apunta
además a otras dos
líneas de investigación
también dentro de
Arpegio a la vista de la
documentación que
reclama. Por un lado, la
abierta por dos
recientes oficios
remitidos a la Audiencia
Nacional por la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil
sobre indicios de
supuestas
irregularidades
detectadas en las
adjudicaciones a la
empresa Análisis y
Gestión de Desarrollos
Urbanos SA (DUSA), "en
particular los contratos
de obras y servicios".
Por otro, la que se
inicia tras "la
declaración de un
testigo el pasado mes de
marzo" que no identifica
y que, según destaca el
magistrado en su
magistrado, dio detalles
sobre "la arbitrariedad
de las decisiones que se
adoptaban en la
Fundación de Arpegio a
la hora de ejecutar su
programa de ayudas y
subvenciones". El juez
Velasco quiere saber
ahora qué "entidades
físicas y jurídicas"
concretas resultaron
"beneficiarias de este
proceder".
"Complementarios" y
"prórrogas"
Para aclarar los
supuestos amaños
relacionados con DUSA,
el magistrado reclama
los expedientes de
adjudicación de ocho
contratos. El primero,
de fecha 31 de marzo de
2006 y 4,5 millones de
euros (más IVA) de
importe, adjudicaba a
dicha empresa los
trabajos de "consultoría
y asistencia técnica
para la gestión integral
de las licitaciones
públicas" del Plan
Prisma 2006-2007. Otros
cinco son
"complementarios" y
"prórrogas" de éste que
se extendieron hasta
febrero de 2010 y
sumaron diversas
cantidades que iban
desde los 633.333 euros
de marzo de 2007 a los
49.760 euros de febrero
de 2010. A ellos, se
suma la adjudicación de
la "coordinación de
seguridad y salud
durante la ejecución de
las obras del Plan Prima
de 2008-2011", y que fue
licitado por 3,4
millones de euros, y la
del arrendamiento de
oficinas y plazas de
garaje en la Plaza de
Colón para el personal
de dicho plan de
inversiones, y que costó
cerca de 290.000 euros.
En total, DUSA se
embolsó 9,8 millones de
euros en contratos ahora
bajo sospecha.
Un testigo detalló en
marzo al juez "la
arbitrariedad de las
decisiones que se
adoptaban en la
Fundación de Arpegio a
la hora de ejecutar su
programa de ayudas y
subvenciones"
Otros contratos cuya
documentación ha
reclamado el juez, como
adelantó este miércoles
el diario El Mundo, son
los de publicidad y
propaganda del plan de
comunicación para la
presentación del Plan
Prisma, que se elevó a
2,5 millones de euros,
más IVA; y el de
organización de "los
actos de presentación,
visitas a las obras y
primeras piedras", que
costó más de 782.000
euros. Finalmente
reclama también copias
de los acuerdos de
creación de Arpegio, de
sus estatutos y de las
instrucciones de
contratación de la
empresa pública, así
como los movimientos de
la cuenta a través de
los cuales la Fundación
de esta compañía
realizaba "cobros y
pagos". Este último ente
ya estaba siendo
investigado por la
financiación con más de
300.000 euros de un
concierto del que se
encaprichó Granados y
que ha supuesto la
imputación de su ex
gerente, Carmen Plata.
El escrito del juez
recalca a los
destinatarios de su
escrito, Comunidad de
Madrid y Nuevo Arpegio,
que la "práctica y
ejecución" de dicho
requerimiento "es
urgente e inmediata". El
cerco sobre Francisco
Granados se sigue
estrechando a toda
prisa.
http://vozpopuli.com/actualidad/86592-el-juez-sospecha-que-granados-amano-contratos-de-arpegio-por-valor-de-1-000-millones-de-euros
GRANADOS SEGUIRÁ ENTRE
REJAS
La Audiencia Nacional
rechaza dejarlo en
libertad desestimando su
recurso de apelación
para evitar su fuga
Valdemoro Caso Púnica PP
Madrid Provincia Madrid
Adjudicación contratos
Fiscalía Anticorrupción
Contratación pública
Corrupción política
Contratos
administrativos PP
Fiscalía Comunidad de
Madrid Casos judiciales
Corrupción Finanzas
públicas Delitos España
La Sección Cuarta de la
Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional
rechaza dejar en
libertad al ex alcalde
de Valdemoro y ex
secretario general del
PP de Madrid por tres
motivos fundamentales:
por riesgo de fuga,
porque puede hacer
desaparecer
documentación y porque
podría “comprar
voluntades” en su
beneficio futuro. De
esta manera la Audiencia
desestima el recurso de
apelación que presentó
Granados ante la
decisión del juez Eloy
Velasco, que ya le negó
salir de prisión.
La Audiencia Nacional
insiste en que los
beneficios de la trama `Púnica´
están localizados “en
gran parte” pero todavía
podría quedar patrimonio
oculto tanto dentro como
fuera de España. La Sala
de lo Penal añade que si
accediera al recurso del
ex alcalde de Valdemoro,
éste podría dedicarse a
actividades “que bordean
la legalidad” y cometer
otros hechos delictivos.
http://cadenaser.com/emisora/2016/07/15/ser_madrid_sur/1468575934_223946.html
OTRA EMPRESA DE LA
‘PÚNICA’ CONTROLADA POR
GRANADOS ABONÓ 719.000
EUROS A MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
CONSERVADORES
La empresa que recibió
más dinero fue la
editora de La Razón, con
253.884 euros, seguida
de Orange Media (145.588
euros), Sierra Media
Siglo XXI (77.623), Abc
(39.618), Unidad
Editorial (35.764) y
Madrid Diario (20.600)
La salida de Granados de
Arpegio coincide con un
importante descenso del
gasto en comunicación,
que pasó de los 91.397
euros de 2010 a 57.895
el año siguiente
Arpegio, la empresa
pública encargada de la
gestión del suelo de la
Comunidad de Madrid,
abonó 719.621 euros a
empresas periodísticas y
de comunicación entre
los años 2007 y 2015,
según la documentación a
la que ha tenido acceso
infoLibre. A estos
fondos hay que añadir
los 491.680 euros que la
Fundación de Arpegio
repartió entre 2006 y
2013 entre medios de
comunicación afines al
PP, por lo que la suma
total es de 1.211.301
euros.
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco
investiga todas las
adjudicaciones de
terreno de esta empresa
pública y su fundación,
por las que la trama
liderada por Francisco
Granados pudo haber
cobrado millonarias
comisiones ilegales. La
fundación disponía de un
presupuesto propio que
surgía de los beneficios
de la empresa matriz,
Arpegio, por lo que
ambas financiaron por
separado campañas
informativas y
publicitarias.
La empresa que recibió
más dinero de Arpegio y
su sucesora, Nuevo
Arpegio, fue Audiovisual
Española 2000 SL, la
editora de La Razón, con
253.884 euros, seguida
de Orange Media
Advertising SL (145.588
euros), Sierra Media
Siglo XXI (77.623
euros), Abc (39.618
euros), Unidad Editorial
(35.764 euros), Madrid
Diario (20.600 euros) y
Consultoría de
Comunicación Estratégica
( 19.416 euros). Llama
la atención que el Grupo
Prisa percibió otros
1.889 euros.
Las empresas
beneficiadas por la
Fundación Arpegio, tal y
como adelantó infoLibre,
fueron el Grupo
Intereconomía (247.165
euros), la Cadena Cope
(177.510 euros), La
Razón (33.332 euros),
Abc (21.672 euros) y la
revista Época (12.001
euros).
La información
suministrada por la
Comunidad de Madrid a
petición del diputado y
portavoz de Podemos en
la comisión de
investigación de la
corrupción de la
Asamblea de Madrid,
Miguel Ongil, muestra
que en 2007, el primer
año en el que Granados
pasó a controlar
Arpegio, esta empresa
pública gastó en
publicidad y
comunicación 126.029
euros. De esta cantidad,
la mayor parte (47.049
euros) se la llevó el
grupo gallego La Región,
que sigue una línea
editorial por cercana al
Partido Popular de
Alberto Núñez Feijóo.
Pareja de Núñez Feijóo
Según adelantó El País,
la empresa controlada
por Granados abonó esta
cantidad a La Región el
mismo año en el que fue
entrevistado como
consejero de Presidencia
de Madrid por uno de los
medios de comunicación
del grupo.
El rotativo madrileño
destaca en su
información que según
las facturas que
conserva el Gobierno
madrileño, ese dinero
sufragó publirreportajes
mensuales en la
publicación La Región
Internacional a un
precio de 6.000 euros la
página. La entrevista la
realizó la periodista
Carmen Chinny Gámir,
entonces pareja del
presidente de la Xunta
de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo, que era la
corresponsal de La
Región en Madrid.
La segunda empresa más
beneficiada fue el
diario Abc, que obtuvo
otros 34.800 euros,
seguido de la empresa
Orange Media Advertising
SL (30.331 euros),
Madrid Diario (11.600
euros) y Gremios
Periódico de la
Construcción (2.247
euros).
278.718 euros en 2008
Pero 2008 fue el año en
el que Granados gastó
más dinero desde Arpegio
en los medios de
comunicación. En total
abonó 278.718 euros, de
los que 119.954 euros
correspondieron a la
empresa editora de La
Razón (Audiovisual
Española 2000) y 115.257
euros a Orange Media
Advertising SL.
Unidad Editorial, la
editora de El Mundo,
Marca y Expansión
percibió otros 17.049
euros, seguido de Madrid
Diario (9.000 euros),
Acción Media (7.999),
Telemadrid (6.820 euros)
y Abc (2.937).
En 2009, en el que
Arpegio gastó 90.895
euros, la editora de La
Razón recibió otros
43.689 euros, mientras
que el resto ingresaron
cantidades muy
inferiores: Sierra Media
Siglo XXI (10.000
euros), Grupo
Actualidad/Trade Maritim
SL (8.885 euros), Cesine
Metros2 (5.568 euros),
Mercados de la
Construcción y las
Infraestructuras (4.640
euros), Codice RJA
(4.640 euros), Ducal
Ediciones (4.176 euros),
Cerezo Comunicaciones
(3.944 euros), Grupo
Prisa (1.829 euros), Abc
(1.881 euros), Unidad
Editorial (668 euros) y
Editorial Observatorio
Empresas y Negocios (974
euros).
91.397 euros en 2010
En 2010, con un total de
91.397 euros gastados
por Arpegio, nuevamente
la empresa que recibió
más dinero de la empresa
controlada por Granados
fue Audiovisual Española
SA (editora de La
Razón), con otros 45.000
euros, seguido de Sierra
Media Siglo XXI (11.086
euros), Mercados de la
Construcción y las
Infraestructuras (9.280
euros), Grupo
Actualidad/Trade Maritim
SL (5.664 euros), Cesine
Metros2 (5.396 euros),
Editorial Observatorio
Empresas y Negocios
(4.687 euros), Cerezo
Comunicaciones (3.742
euros), Ducal Ediciones
(2.900 euros), Grupo
Iniciativa Soluciones
Editoriales (1.972
euros), Unidad Editorial
(974 euros) y Grupo
Prisa (696 euros).
Pero la salida de
Granados de Arpegio, que
se produjo en 2011,
protagonizó un
importante descenso del
gasto de Arpegio, que
pasó de los 91.397 euros
de 2010 a 57.895 euros.
La empresa que recibió
más dinero volvió a ser
la editora de La Razón,
con 45.118 euros,
seguida de Sierra Media
Siglo XXI (11.108
euros), Consultoría de
Comunicación Estratégica
(1.888 euros) y Unidad
Editorial (165 euros).
Menos gasto sin Granados
En 2012 el dinero
abonado desde Arpegio y
su sucesora, Nuevo
Arpegio, bajó nuevamente
de forma ostensible, ya
que pasó de los 57.895
euros de 2011 a los
15.828 euros. La
sociedad que más recibió
fue Sierra Media Siglo
XXI con 11.108 euros.
En 2013 el gasto fue
también de 15.175 euros,
por 21.180 euros en 2014
y 22.499 euros en 2015.
Sierra Media Siglo XXI
recibió estos tres años
11.474 euros cada uno.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/14/una_empresa_punica_controlada_por_granados_abono_719_000_euros_abc_unidad_editorial_region_51196_1012.html
EL JUEZ HALLA "POTENTES
INDICIOS" DE QUE
FRANCISCO GRANADOS
RECAUDABA PARA LA
FINANCIACIÓN ILEGAL DEL
PP
El juez Velasco rechaza
dejar en libertad al ex
'número dos' de
Esperanza Aguirre, quien
"abusó de sus cargos
para conseguir" mordidas
a cambio de
adjudicaciones, y ante
la existencia de
"potentes indicios y
datos objetivos" de que
recibía dinero para
financiar de forma
ilegal al PP, a pesar de
que solo ha podido
evaluar el 4% de la
documentación
intervenida
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco
rechaza la petición de
libertad de Francisco
Granados ante la
"sensibilidad de la
investigación" que se
desarrolla, así como por
"los graves riesgos de
obstrucción y alteración
de las fuentes de prueba
que siguen existiendo".
En su auto, el juez
determina que existen
"potentes indicios y
datos objetivos", de que
Francisco Granados
actuaba como recaudador
para la financiación
ilegal del Partido
Popular.
"Indicios" que ha ido
descifrando la
investigación, y que se
vieron fortalecidos al
descubrir la libreta de
Granados, que contenía
anotaciones que
supuestamente eran
dinero (1,4 millones
transferidos hasta mayo
de 2014 al gerente del
PP de Esperanza Aguirre
en Madrid, Beltrán
Gutiérrez), y otros
elementos que permanecen
bajo secreto de sumario.
Sostiene en su auto el
juez que en estos
momentos analiza
"ingente documentación"
al respecto. De hecho,
fuentes jurídicas
aseveran a la SER que
solo han podido evaluar
el 4% de la información
intervenida sobre la
presunta financiación
ilegal del PP, que el
magistrado mantiene bajo
secreto de sumario en
una pieza separada.
En su escrito, el
titular del Juzgado
Central de Instrucción 6
rechaza las alegaciones
de la defensa de
Granados para quedar en
libertad, puesto que "en
nada" desvirtúan los
razonamientos por los
que se acordó su ingreso
en prisión.
Velasco, de conformidad
con lo manifestado por
la Fiscalía, considera
que la investigación
"está patentizando la
realización de gran
número de hechos
delictivos con una
significativa
participación" de
Granados, quien "ha
abusado del desempeño de
sus sucesivos cargos
públicos para conseguir
la adjudicación de un
sustancial número de
contratos públicos de
obras, servicios, etc, a
favor de empresarios que
le abonaban importantes
comisiones por la
consecución de las
amañadas
adjudicaciones".
Explica que se revela,
además, "un uso
indiscriminado" de la
empresa pública de la
Comunidad de Madrid
Arpegio y de la
Fundación Arpegio, cuya
presidencia "en un
primer momento" le
permitió controlar la
venta de suelo público
de la región.
Añade que "posteriores
maniobras defraudatorias"
(firma de varios
convenios) le aseguraron
presidir las mesas de
contratación que
proponían la
adjudicación de los
contratos financiados
con Fondos Prisma,
"gestionándose a cargo
de dichos fondos durante
los años 2006 a 2011 más
de mil millones de
euros".
Señala también el auto
que "está analizándose
en este momento una
ingente cantidad de
documentación tanto en
soporte físico como
digital, intervenida en
los últimos registros
realizados,
documentación que está
proyectando potentes
indicios y datos
objetivos de la
recepción de dinero por
este investigado para
posible financiación del
Partido Popular".
http://cadenaser.com/ser/2016/06/08/tribunales/1465392762_960272.html
LOS NÚMEROS DE LA
‘PÚNICA’: DE LOS 709
MILLONES PARA
CONSTRUCTORES A LOS 222
MILLONES POR EDIFICAR
COLEGIOS PRIVADOS
Los dos líderes de la
trama, Francisco
Granados y David
Marjaliza, ingresaron en
Suiza 12,9 millones para
después transferir 4,5
millones a Singapur
Los contratos de
eficiencia energética
posibilitaron que los
integrantes de la red
corrupta se hicieran
también con 170 millones
de euros de
Administraciones
públicas
El sumario del caso
Púnica, en el que se
investiga una trama de
corrupción liderada por
Francisco Granados en la
que también participaron
empresarios amigos como
David Marjaliza y Ramiro
Cid Sicluna, entre
otros, ha puesto al
descubierto las
importantes sumas que
los implicados han
podido embolsarse
gracias a la
intermediación del que
fuera número dos de
Esperanza Aguirre en el
PP madrileño y en su
Gobierno.
De acuerdo con la
investigación judicial y
de la Guardia Civil, la
trama liderada por
Francisco Granados
facilitó a empresarios
pelotazos urbanísticos
por 709 millones,
concesiones para
construir colegios por
222 millones, y
contratos de eficiencia
energética por 170
millones de euros.
1. Pelotazos
urbanísticos: 709
millones
Un informe financiero de
la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil ha
confirmado que Granados
posibilitó a sus socios
pelotazos urbanísticos
por 709 millones en el
término municipal de
Valdemoro, al sur de la
Comunidad de Madrid. De
esta forma, estos
constructores se
lucraron con la
reclasificación de 1,12
millones de metros
cuadrados rústicos que
se revalorizaron
alrededor de 550 euros
por metro cuadrado.
Durante los años en los
que ejerció como
regidor, entre julio de
1999 y noviembre de
2003, Granados creó un
urbanismo a la carta en
Valdemoro. Así,
"confeccionó" un nuevo
Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU)
en el que "las
directrices de trazado y
ampliaciones fueron
acordadas" con los
empresarios del sector
inmobiliario David
Marjaliza y Ramiro Cid
Sicluna.
2. Construcción de
colegios privados: 222
millones
Pero las constructoras
de la trama no sólo se
beneficiaron del
urbanismo de Valdemoro,
sino que diversificaron
sus negocios. Por ello,
se hicieron con la
edificación de 17
colegios concertados y
privados, lo que les
reportó unos ingresos de
222,8 millones.
De hecho, hicieron caja
por una doble vía, ya
que la compañía que
promovía los centros
educativos, Alfedel,
cuya propiedad la
Guardia Civil atribuye a
Marjaliza, se hizo con
otros 19 millones de
euros mediante el cobro
a las cooperativas de
profesores que son las
que, en última
instancia, gestionan los
colegios. La trama
garantizaba a los
docentes, según se
deduce de la
investigación, que los
municipios liberarían
suelo para los centros y
que la Administración
les daría el concierto.
Los 17 colegios
concertados promovidos
por la compañía Alfedel,
vinculada a la trama
Púnica, ingresaron 41,7
millones de dinero
público para su
funcionamiento en el
curso 2014-2015, según
los cálculos realizados
a partir de los datos de
las consejerías de
Educación de Madrid y
Murcia.
La empresa Ferrón Laguía
SL, propiedad de Alfonso
Ferrón del Río, el
administrador de la
sociedad educativa
Aldefel, percibió en
ocho años 1.731.397
euros de la cooperativa,
según las facturas
aportadas al sumario.
3. Adjudicaciones de
eficiencia energética:
al menos 170 millones
Cofely-España, la filial
de la multinacional
francesa GDF Suez, fue
la compañía que se
benefició de una buena
parte de las
adjudicaciones públicas
que ahora investiga la
Guardia Civil. Cofely
pudo haber cobrado más
de 170 millones de euros
de las Administraciones
públicas implicadas,
principalmente
ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid.
Sólo en 2014, Cofely
ingresó 49,3 millones de
instituciones y empresas
públicas, según la
documentación contenida
en el sumario a la que
ha tenido acceso
infoLibre.
4. Contratos del
ayuntamiento de Madrid:
32,4 millones
El Ayuntamiento de
Madrid, gobernado
entonces por el PP,
contrató por valor de
32,4 millones con
empresas de la trama
Púnica, según se
desprende de un informe
inicial firmado por el
subdirector general de
la Auditoría de la Deuda
y las Políticas
Públicas.
Son siete las empresas
de la trama que firmaron
contratos con el
Ayuntamiento: Waiter
Music (10 contratos),
Grupo Dico y
Construcciones (5
contratos), Cofely
España (25), Elyo
Ibérica Servicios
Energéticos (4), la UTE
Cofely-Velasco (2),
Obrum (1) y Super Cash
de Alimentación (1).
5. Servicio madrileño de
salud: 12 millones de
euros
El Servicio Madrileño de
Salud (SERMAS) abonó en
2006, 2007 y 2009 un
total de 10,7 millones a
la empresa Obrum
Urbanismo y
Construcciones, en cuya
propiedad participaba el
cabecilla de la trama
David Marjaliza, según
un informe realizado el
19 de mayo de 2014 por
la Agencia Tributaria.
Después de esa fecha, en
junio de 2014, la
Comunidad abonó otros
1,3 millones a la
constructora que
pertenece a David
Marjaliza, el principal
socio de Francisco
Granados. En total, la
empresa de Marjaliza
habría percibido del
Servicio Madrileño de
Salud más de 12 millones
de euros.
6. La reputación del
gobierno madrileño:
140.000 euros en negro
La Comunidad de Madrid
utilizó la empresa
pública que gestiona el
agua, el Canal de Isabel
II, para pagar a las
empresas del informático
Alejandro de Pedro por
sus trabajos de
reputación online para
Esperanza Aguirre e
Ignacio González. Las
sociedades de De Pedro,
Eico y Madiva recibieron
una "facturación
ficticia" a través de
dicha empresa pública,
según varios testigos
del caso.
La encargada de
facturación de dichas
mercantiles, Guadalupe
Caballero, también
mencionó en la
declaración como testigo
que De Pedro le pidió
anotar "a cuenta de la
deuda con la Comunidad
de Madrid" que ya se
habían abonado 14.000
euros. En esa
comparecencia, también
señaló que la deuda que
tenía la Comunidad de
Madrid con las empresas
de De Pedro, que era
supuestamente de 140.000
euros, se iba a pagar
con la intermediación
del Canal de Isabel II.
Una parte de esos
140.000 abonados fue
interceptada por la
Guardia Civil en el
registro de la vivienda
de De Pedro, que además
en su declaración
reconoció que en 2011
una de sus empresas
facturó 40.000 euros al
PP madrileño por siete
meses de campaña.
7. Pagos a Granados de
OHL: 1,4 millones
El ex secretario general
del PP de Madrid
Francisco Granados
reflejó en las páginas
de una libreta pagos de
1,4 millones al
exgerente del PP
madrileño Beltrán
Gutiérrez, según se
desprende del sumario de
la trama Púnica.
Los apuntes reflejan, en
concreto, cuatro pagos
de 400.000 euros, uno de
300.000, uno de 100.000
y otro de 60.000
presuntamente efectuados
por el empresario Javier
López Madrid, yerno del
presidente de la
constructora OHL, Juan
Miguel Villar Mir, con
una regularidad casi
mensual. Las entregas de
dinero del empresario
quedan reflejadas en el
cuaderno con las siglas
JLM.
Tanto Villar Mir como
Javier López Madrid
aparecen en otros casos
de corrupción, como por
ejemplo Gürtel y las
tarjetas black. En este
último López Madrid ha
sido procesado por usar
la tarjeta de Caja
Madrid de forma
irregular.
8. Envíos de dinero a
Suiza: 12,9 millones
Entre 1999 y 2003
Granados ingresó en sus
cuentas de Suiza 1,33
millones, pasando a
superar los 1,68
millones en 2005. Entre
el exalcalde de
Valdemoro y su socio
Marjaliza transfirieron
12,9 millones al país
centroeuropeo. Sin
embargo, la Guardia
Civil llega incluso a
elevar la cifra hasta
los 15 millones de
euros.
Los asesores de David
Marjaliza, crearon a
toda "prisa" una empresa
en Singapur a la que
transfirió 4,5 millones
de euros, según los
correos electrónicos
incluidos en el sumario
del caso. Marjaliza tomó
esta decisión después de
descartar regularizar el
dinero con la amnistía
del Gobierno del PP, que
sí aprovecharon siete
personas que ayudaron a
Marjaliza a lavar el
dinero.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/03/los_numeros_punica_50696_1012.html
UN TICKET DE 121 € EN
CASA DE GRANADOS SIRVIÓ
PARA DESCUBRIR 8
MILLONES DE LA PÚNICA EN
EEUU
La Guardia Civil
encontró el cargo de un
restaurante pagado con
American Express. Al
tirar del hilo,
localizaron los
depósitos.
El recibo de una comida
de 121 euros en uno de
los restaurantes de moda
de Madrid llevó a la
Guardia Civil a
descubrir el botín de
ocho millones de euros
que imputados de la
trama Púnica escondían
en Estados Unidos. El
grueso de esta cantidad
se atribuye al
constructor Ramiro Cid,
propietario de la
empresa Obras y Vías. La
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia
Civil descubrió en el
domicilio del ex
político del PP en
Valdemoro un recibo de
pago de una de las
tarjetas de crédito de
Granados.
Le llamó la atención a
los investigadores que
el nombre del cliente en
el recibo estaba escrito
al revés, figurando en
primer lugar su segundo
apellido, Lerena. “El
desorden en la
consignación del nombre
y apellidos del titular
de la tarjeta infieren
que pudiera tratarse de
un medio de pago
expedido en un país
extranjero”. También
destacó la Guardia Civil
en sus informes que “se
debe tener en cuenta el
escaso uso de tarjetas
de crédito tipo American
Express en España”,
recordando que
“representan una cuota
de mercado del 1% en
medios electrónicos de
pago”.
Este hallazgo,
aparentemente
anecdótico, llevó de
inmediato a la Guardia
Civil a “inferir” que
dicha tarjeta de crédito
“podría estar asociada a
alguna cuenta bancaria
no identificada en otros
países mediante la cual
Granados podría titular
activos financieros no
identificados hasta el
momento”. Y apostillaba
la Guardia Civil que
“lógicamente el país
donde más se usa este
tipo de tarjeta es EEUU”.
Pesquisas a la embajada
Siguiendo esta pista, la
misma Guardia Civil
chequeó los vuelos
realizados por el ex
consejero de la
Comunidad de Madrid a
países extranjeros para
intentar determinar en
qué países podría
custodiar fondos
ocultos. Una primera
búsqueda arrojó el
hallazgo de
desplazamientos a
Panamá, a Nueva York y a
Costa Rica.
“Como se puede
observar”, precisaba la
Guardia Civil, “se
evidencian varios vuelos
de Granados a países en
los cuales existen
estructuras societarias
domiciliadas que han
sido utilizadas por la
trama para operaciones
financieras criminales”.
No obstante, el interés
de los investigadores se
centró de inmediato en
Estados Unidos. De
hecho, los agentes se
pusieron en contacto con
la embajada
estadounidense en
Madrid. Fue el cuerpo
diplomático quien
confirmó a la Fiscalía
que Granados y Marjaliza
habían contratado varios
servicios financieros en
EEUU.
Con esta nueva
información, la Guardia
Civil pudo determinar
que las empresas
vinculadas a varios de
los investigados, y en
especial al empresario
Ramiro Cid llegaron a
sacar en dirección a
Estados Unidos ocho
millones de euros en
ocho años. En un solo
día, el 13 de octubre de
2014, estas entidades
llegaron a sacar siete
millones para enviarlos
al país norteamericano.
Pero lo más paradójico
del descubrimiento es
que, tal y como concluyó
posteriormente la
Guardia Civil en otro
informe, la tarjeta de
crédito American Express
que se creyó asociada a
una cuenta
estadounidense y que
llevó al descubrimiento
del botín americano
finalmente resultó estar
domiciliada en España, y
ser más entre las miles
de tarjetas que se
expiden en le país cada
año.
http://www.elespanol.com/espana/20160608/130987290_0.html
FRANCISCO GRANADOS
EMPLEÓ UNA ESTRUCTURA
OPACA PARA BENEFICIARSE
DE UN MILLONARIO
CONTRATO EN EL METRO DE
MOSCÚ, SUPUESTAMENTE
AMAÑADO CON LA
COLABORACIÓN DEL
VICEALCALDE
El ex 'número dos' de
Esperanza Aguirre planeó
engañar a Javier López
Madrid para apartarle de
la operación, según las
conversaciones
intervenidas
La trama Púnica,
liderada por Francisco
Granados, no solo
extendió sus tentáculos
a Suiza, Panamá, Costa
Rica, el Caribe o
Estados Unidos. También
intervino para sacar
tajada de un millonario
contrato de consultoría
y asistencia para la
construcción de 40
kilómetros del metro de
Moscú mediante el empleo
de testaferros y una
estructura opaca.
Supuestamente, según
fuentes del caso,
gracias a la sospechosa
intervención del
vicealcalde de la
capital rusa.
La Guardia Civil tuvo
conocimiento del negocio
de Moscú gracias a una
conversación telefónica
pinchada entre Granados
y su jefe de gabinete y
testaferro, Ignacio
Palacios, en septiembre
de 2014, un mes antes de
la detención del ex
número dos de Esperanza
Aguirre.
En ella, los imputados
cuentan que optaban a la
obra del metro ruso por
medio de la empresa
Bustren, que estaba
administrada por quien
había sido director
general de
infraestructuras con
Granados en Madrid,
Jesús Trabada. Como en
Rusia no podía concursar
una empresa española,
crearon otra sociedad
pantalla dependiente de
Bustren pero dirigida
por un ruso que fue
colocado en el cargo por
el vicealcalde de Moscú,
según admite Trabada a
los agentes, y lograron
el contrato.
Aunque a todos los
efectos la obra del
metro de Moscú había
sido adjudicada a una
empresa rusa dirigida
por el ciudadano
moscovita Sergei
Groshikov, el 70% de los
beneficios iban a parar
a Granados, Trabada y
Javier López Madrid,
quien también formaba
parte de la sociedad
gracias a un contrato de
fiducia "opaco al
sistema", según
Palacios.
La conversación
telefónica entre
Francisco Granados e
Ignacio Palacios también
revela cómo pretendieron
traicionar a Javier
López Madrid y sacarle
del negocio. Granados y
su testaferro dicen que
hay que "meter un poco
de veneno y generar la
duda" con el proyecto
para ver si "Javier la
monta y se quita de en
medio".
La relación entre todos
los involucrados en esta
sociedad arranca en
2011, el año en el que
Granados deja la
consejería de
Transportes para
ingresar en el Senado.
El supuesto líder de la
Púnica contacta con
Jesús Trabada, que
acababa de abandonar la
dirección general de
Infraestructuras de su
consejería para pasarse
a la iniciativa privada
fundando la sociedad
Bustren PM, y Francisco
Granados propone a
Trabada adquirir el 10%
de su empresa a través
de su jefe de gabinete
de siempre, Ignacio
Palacios, que actuaría
como testaferro. También
Javier López Madrid
entraría en la empresa
con un 12% de las
acciones, pero en su
caso colocó a su hermana
en la firma, ocultando
tras ella la identidad
del verdadero
beneficiario de los
trabajos, según admitió
ante la Guardia Civil el
propio Trabada.
Francisco Granados y
Jesús Trabada estuvieron
al frente de sucesivas
ampliaciones de metro en
Madrid desde la
consejería de
Transportes. Fuentes
jurídicas investigan si
cuando abandonaron el
Gobierno de la comunidad
aprovecharon los
contactos y
conocimientos
adquiridos.
La Cadena SER se ha
puesto en contacto con
Jesús Trabada, quien ha
admitido que finalmente
obtuvo el contrato del
metro de Moscú, además
de otros en Perú y
Ecuador. No quiso
ofrecer más
explicaciones a
preguntas de esta
emisora.
http://cadenaser.com/ser/2016/06/05/tribunales/1465162978_423095.html
EL 'CUBATA' Y LAS 14
LLAMADAS QUE PUEDEN
COSTARLE SEIS AÑOS DE
CÁRCEL A FRANCISCO
GRANADOS
El reciente auto que ha
dado un impulso a la
pieza del sumario en la
que se investiga el
'chivatazo' detalla una
por una las llamadas y
encuentros de aquella
semana de 2014 que
pusieron en peligro la
'Operación Púnica'.
El banquillo de los
acusados está un poco
más cerca para Francisco
Granados desde esta
semana. El titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6,
Eloy Velasco, dio el
pasado jueves los
primeros pasos para
enviar a juicio la
primera de las catorce
piezas en las que ha
dividido el sumario del
'caso Púnica'. En
concreto, la referida al
'chivatazo' que
supuestamente recibió el
político de un guardia
civil semanas antes de
su detención y que
estuvo a punto de echar
por tierra meses de
investigación. El auto
por el cual el
magistrado delimita
quiénes están acusados
por estos hechos -el
propio ex secretario
general del PP
madrileño, el agente y
un compañero de éste en
excedencia- detalla los
cuatro encuentros y
catorce llamadas
registrados entre el 5 y
el 13 de septiembre de
2014 que obligaron a
precipitar las
detenciones de los
implicados en la trama
de corrupción y provocó
"la quema de
importantísimos
documentos que hubiera
servido de prueba en
esta causa". Aquellos
sucesos serán
previsiblemente los que
hagan que se siente por
primera vez en un
banquillo de los
acusados el que fuera
todopoderoso número 3
del Gobierno de
Esperanza Aguirre. Lo
hará bajo la acusación
de aprovecharse de la
revelación de un secreto
realizado por un
funcionario público, un
delito castigado en el
artículo 418 del Código
Penal con una pena de
uno a seis años de
cárcel.
El juez Velasco apunta
en su último auto que
Granados habría cometido
un delito de
"aprovechamiento" de
revelación de secreto,
castigado por el
artículo 418 del Código
Penal con entre uno y
seis años de cárcel
Todo comenzó la noche
del 5 al 6 de septiembre
de aquel año en
Valdemoro, la localidad
del sur de Madrid donde
Granados fue alcalde y
que se ha revelado como
el auténtico epicentro
de la trama. En plenas
fiestas patronales de
Nuestra Señora del
Rosario, José Manuel
Rodríguez Talamino, un
integrante de la Unidad
Central Operativa (UCO)
vecino del municipio y
que había participado en
la colocación de una
cámara oculta frente a
las oficinas del
constructor David
Marjaliza, se acercó al
entonces ya ex senador
mientras tomaba copas
para hacerle un
comentario que dejó
preocupado a éste. Así
lo deducen los
investigadores, y
refleja el auto del
juez, de la conversación
telefónica que pocas
horas después
mantuvieron el ex
secretario general del
PP de Madrid y el tercer
imputado por estos
hechos, José Luis Caro
Vinagre, guardia civil
en excedencia y amigo de
ambos, que había
trabajado para Granados
cuando estuvo en la
Consejería de Interior
del Ejecutivo regional.
"Me contó una película
sin venir a cuento, y
no... entendí yo muy
bien [...] Es que me dio
la sensación de que me
lo quería contar ...
porque fue sin salir",
le relató Granados a
este segundo agente.
Éste le respondió que a
él también le había
abordado en la calle
porque, según le dijo,
"tengo que hablar con
Paco y contigo", pero
que lo dejó ahí. "Y si
te ha contado algo es
porque él se mamó el
cabrón", le añadió.
Ambos concluyeron que
había que volver a
hablar con él para que
"nos lo cuente". De
hecho, el político le
indicó a su interlocutor
que "lo que tienes que
hacer es llamar a éste y
que te cuente, porque
yo... me dio la
sensación... es que no
venía a cuento".
A esa llamada le siguió
otra minutos después de
Granados a su amigo
Marjaliza para indicarle
que "uno que está en la
UCO" le había comentado
algo que le había sonado
a advertencia ya que le
apuntó que la Guardia
Civil estaba "haciendo
cosas" en la puerta de
las oficinas que el
constructor tenía en el
Edificio Éboli, en la
cercana localidad de
Pinto. "¿Seguimientos o
qué?", fue la pregunta
que le planteó éste.
Granados le respondió
con un rotundo "sí" para
señalarle que "supongo
que mañana tendré...
tendré más información".
Inmediatamente después
era el empresario el que
realizaba una llamada.
En este caso, a su
secretaria y persona de
la máxima confianza, Ana
María Ramírez, para
alertarla. "Que tengo un
policía, un guardia
civil en la puerta. Y
bueno, aparte el
teléfono pinchado, ya lo
sabes", le dijo a su
interlocutora, aunque en
un primer momento él
relacionó esta
vigilancias con las
visitas que había
recibido en dicho
edificio de un individuo
al que apodaba 'el cojo'
y cuyo hermano "está en
la cárcel por droga". "A
ver si van a pensar
también estoy metido
porque han venido dos
veces a verme", se
escudaba. Ese mismo 6 de
septiembre se producía
una cuarta llamada entre
los implicados. En este
caso, de nuevo entre
Granados y su amigo José
Luis Caro Vinagre. En
ella, éste le comentaba
al primero que "ya he
hablado con éste",
aunque evitando dar más
detalles por teléfono.
Se limitaron a quedar en
la puerta de la casa del
agente en excedencia
para tratarlo en
persona.
"Una pinta malísima"
La información que el
político recibió del que
fuera su colaborador
generó a éste enorme
preocupación. De hecho,
a las dos de la
madrugada del 7 de
septiembre, Granados
volvía a ponerse en
contacto con Caro
Vinagre para decirle que
esa noche no iba a bajar
a las fiestas de
Valdemoro ya que "no
tengo muchas ganas
después de lo que ha
pasado hoy". Sin
embargo, los
investigadores y el juez
Velasco están
convencidos de que
aquella llamada
intentaba realmente
ocultar un nuevo
encuentro en persona
entre ambos aquella
misma noche. De hecho,
los informes de la UCO
y, ahora, el último auto
del juez destacan una
llamada, la quinta, de
la que se deduce que
antes de aquel encuentro
Rodríguez Talamino había
transmitido al otro
guardia civil datos
sobre el grupo concreto
de la unidad de élite
que estaba al frente de
las pesquisas y que éste
se lo había comunicado a
su vez al político. De
hecho, en esta nueva
comunicación, el ex
secretario general del
PP madrileño daba a
entender claramente que
había realizado un
consulta en Internet
sobre dicho departamento
y había descubierto que
el mismo se dedicaba a
casos de corrupción. "Y
eso tiene una pinta
malísima, me he metido
yo [en Internet], y eso
tiene una pintaaaa", le
espetaba a su
interlocutor para más
adelante incidir en su
preocupación: "Por lo
que yo he visto y tal,
¡no tengo duda! Vamos,
¡100 por 100! [...] y
con una pinta mala,
mala, mala en mi
opinión". En una nueva
llamada de ese mismo
día, el político y su
amigo acordaba recabar
más datos sobre la
investigación ya que,
como destacaba Granados
en la misma, "el tema va
pa' lante y serio". "Sí,
ya me lo dijo él a mí
que era la cosa seria,
pero bueno", fue la
respuesta de su
interlocutor.
Los 'pinchazos'
telefónicos muestran la
preocupación de
Francisco Granados tras
recibir el chivatazo y
saber que la UCO lo
investigaba: "Eso tiene
una pinta malísima[...]
El tema va pa'lante y
serio"
A raíz de la
intervención de aquellas
llamadas, los
responsables de la
investigación decidieron
'alejar' simulando un
trabajo fuera de Madrid
al presunto autor del
'chivatazo' de las
pesquisas y, de paso,
impedir que entrase en
contacto con su amigo
Caro Vinagre. De hecho,
el mismo 9 de septiembre
este último volvía a
llamar al político para
decirle que el día
anterior había hablado
con "éste" pero que
tenía que concretar "a
ver si hablo con él
ahora a mediodía [...]
Hoy concreto para
verle", añadía. Horas
después se producía la
novena llamada, en la
que de nuevo el agente
en excedencia facilitaba
'novedades' al presunto
cabecilla de la trama.
En concreto, que vería a
Rodríguez Talamino tres
días después ya que éste
estaba entonces de
viaje. Un día antes de
ese encuentro, los
investigadores
interceptaban otra
llamada relacionada con
el 'chivatazo'. En este
caso, de David Marjaliza
a un "estrecho
colaborador", Antonio
Serrano, de la que la
UCO destaca la
sospechosa insistencia
del constructor en
recalcar la supuesta
legalidad de su
actividad con la
multinacional Cofely,
una de las empresas
presuntamente implicadas
en la red de corrupción.
También para entonces
Ana María Ramírez, la
secretaria del
constructor, había
llamado a su marido,
guardia civil de
profesión y hermano del
entonces alcalde de
Valdemoro, Juan Carlos
Boza Lechuga, también
implicado en la causa,
para preguntarle por las
capacidades de las
cámaras térmicas que
utilizaba el Instituto
armado para sus
vigilancias y si
"atraviesan paredes".
El 12 de septiembre de
2014 se reanudaba el
intercambio de llamadas
entre Caro Vinagre y el
político. La primera,
poco después de las diez
y media de la mañana. En
ella, el primero le
anunciaba que a lo mejor
quedaba esa misma
jornada con el miembro
de la UCO autor de la
filtración para tomar
algo. Una segunda se
producía diez horas
después y en ella le
señalaba que dicho
encuentro se había
pospuesto para el día
siguiente. En dicha
conversación, Granados
le pedía que le
preguntase si la
investigación le
afectaba a él: "Sobre
todo si va la cosa
conmigo, claro".
Finalmente, sólo unas
horas más tarde, a la
una y veinte de la
madrugada del 13 de
septiembre, Caro Vinagre
telefoneaba de nuevo al
ex senador para que le
abriese la puerta de su
domicilio porque "me he
traído al 'calvito",
apelativo con el que
ambos se referían a
Rodríguez Talamino que
entonces llevaba la
cabeza rapada. Los
investigadores concluyen
que en ese momento los
tres mantuvieron una
reunión en la vivienda
del político en el que
el miembro de la UCO les
confirmó sus temores.
Graves perjuicios a la
investigación
El juez destaca en su
escrito, adelantado por
Vozpópuli el pasado
jueves, que por culpa de
la indiscreción del
agente hubo que retirar
la cámara instalada
frente a las oficinas de
Marjaliza y "que se
perdiera una fuente de
información muy valiosa
para los investigados y
para la instrucción de
la causa". También
resalta en su escrito
que disminuyó la
frecuencia en las
llamadas entre los
principales implicados
"y el contenido de las
mismas", ya que desde
ese momento "evitaban
pronunciarse sobre temas
de interés para la
investigación". Eso hizo
que "la intervención
telefónica desarrollada
con autorización
policial perdiera
eficacia en relación a
la obtención de datos de
interés para la
investigación". De
hecho, destaca que
Marjaliza destruyó
documentación, como
luego él reconocería en
su confesión, y que
incluso cambió de
terminales telefónicos.
El auto también resalta
que para subsanar los
perjuicios del
'chivatazo' de su
agente, la UCO tuvo que
distraer "medios
materiales y humanos"
para intentar despistar
a éste y que tuvieron
que disminuir los
seguimientos para evitar
ser detectados "con la
consiguiente pérdida de
información". Todo ello
desembocó en "una
explotación precipitada
de la investigación" el
27 de octubre de 2014.
El juez considera
probado que el
'chivatazo' puso en
peligro la 'Operación
Púnica', cuyas
detenciones hubo que
precipitar después de
que los implicados
reforzaran sus medidas
de seguridad
Por todo ello, el juez
considera que la
actuación de Rodríguez
Talamino no fue "un acto
individual y asilado,
sino que se extendió en
el tiempo" y que en ella
tuvo una participación
activa tanto Granados
como el amigo común de
ambos Caro Vinagre. Todo
ello se plasmó en la
difusión de la noticia a
varios investigados y
los insistentes intentos
del político por
conseguir recabar más
datos sobre las
pesquisas que le
afectaban. Por ello,
considera a los tres
responsables del delito
de revelación de
secretos. El agente de
la UCO, en grado de
autor recogido en el
artículo 417 del Código
Penal, que sanciona
estos hechos con entre
dos y cuatro años de
cárcel cuando han
causado "un grave daño
para la causa pública"
como considera el
magistrado que ha
ocurrido en este caso. A
su compañero en
excedencia, como
colaborador. Y al
político, por "el
aprovechamiento" de
dicho secreto, una
figura recogida en el
artículo 418 que fija
penas de entre uno y
seis años de cárcel. El
primer banquillo del
político está desde este
jueves un poco más
cerca.
http://vozpopuli.com/actualidad/83891-el-cubata-y-las-14-llamadas-que-pueden-costarle-seis-anos-de-carcel-a-francisco-granados
EL JUEZ DE ‘PÚNICA’
RASTREA LOS SOBRECOSTES
DE OBRAS QUE LA
COMUNIDAD DE MADRID
ADJUDICÓ EN CINCO AÑOS
POR UN TOTAL DE 1.000
MILLONES
Eloy Velasco destaca que
se están estudiando las
adjudicaciones de suelo
público a través de los
consorcios urbanísticos,
"aflorando
indiciariamente la
obtención de elevadas
ganancias ilícitas por
la trama investigada"
El magistrado está
analizando "una ingente
cantidad de
documentación que está
proyectando potentes
indicios y datos
objetivos de la
recepción de dinero para
la posible financiación
del PP"
El juez que instruye en
la Audiencia Nacional el
caso Púnica, Eloy
Velasco, y la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil,
rastrean entre la
"ingente" documentación
sobre las obras en los
municipios obtenida de
la Comunidad de Madrid
los sobrecostes de las
adjudicaciones del Plan
de Inversión Regional
(Prisma).
En concreto, el
magistrado y los agentes
peinan todas las obras,
cuyo montante total
entre los años 2006 y
2011 supera los 1.000
millones de euros, para
determinar los
beneficios que han
podido obtener las
empresas de la trama
liderada por el ex
secretario general del
PP madrileño Francisco
Granados.
El 24 de febrero pasado,
Velasco reclamó con el
apoyo de la Fiscalía
Anticorrupción a la
sociedad pública Nuevo
Arpegio SA, dominada por
Granados, "la relación
de contratos adjudicados
con cargo al plan Prisma
entre los años 2006 y
2011". El instructor
pedía además a la
empresa dependiente de
la Comunidad de Madrid
que especificara toda la
información "que resulte
de los registros
informáticos".
Amañadas adjudicaciones
"La documentación
incautada en los
registros, los volcados
informáticos y las
declaraciones de
testigos e imputados han
patentizado amañadas
adjudicaciones desde
Arpegio", completa el
juez en el auto de 24 de
febrero, que recuerda
que la declaración del
arrepentido David
Marjaliza, uno de los
cabecillas de la trama,
demuestra que Granados
utilizó su poder como
consejero de Presidencia
de la Comunidad de
Madrid para controlar
las adjudicaciones del
Plan Prisma: "Lo que le
permitió poder solicitar
a los empresarios que
iban a resultar
adjudicatarios, una
cantidad de dinero en
efectivo en concepto de
comisión por tal
adjudicación", destaca
el juez en el mencionado
auto, que ha permanecido
secreto hasta hace menos
de un mes.
De esta forma, el
Gobierno de la
presidenta madrileña,
Cristina Cifuentes
aportó, a requerimiento
del juez, según consta
en el sumario al que ha
tenido acceso infoLibre,
un listado de las
licitaciones y los
contratos modificados
del Plan Prisma, muchos
de ellos vinculados a
las empresas de Granados
y sus socios.
Entre los documentos de
2007 aparece, por
ejemplo, la
rehabilitación en la
urbanización Santo
Domingo, en el municipio
de Algete; dos
adjudicaciones de
renovación de asfalto y
alumbrado en Aranjuez; y
mejoras en glorietas en
Majadahonda. Sólo en
estas obras, la sociedad
Virton Construcciones y
Proyectos se benefició
de sobrecostes por
221.148 euros.
Según Marjaliza, Virton
fue una de las empresas
beneficiadas por
Francisco Granados en su
etapa como máximo
responsable de Nuevo
Arpegio. Además, la
Fiscalía Anticorrupción
investiga si esta
empresa aportó 100.000
euros del millón que
supuestamente reclamó en
2007 el número dos de
Esperanza Aguirre a una
veintena de alcaldes del
PP de la Comunidad de
Madrid.
El Plan Prisma es como
se denominan las obras y
servicios que la
Comunidad de Madrid
realizaba en todos los
municipios de menor
población con la empresa
Nuevo Arpegio. Pese a
ello, los Ejecutivos del
PP invertían en ellos
importantes cantidades
de dinero. Y según el
juez, "la presidencia
por parte de Francisco
Granados de Arpegio y de
la Fundación en un
primer momento permitió
a dicho investigado
controlar la venta de
suelo público de la
Comunidad".
Adjudicaciones de suelo
En su auto de 1 de junio
pasado, el juez Velasco
apunta que se están
estudiando "las
adjudicaciones de suelo
público a través de los
consorcios urbanísticos,
aflorando
indiciariamente la
obtención de elevadas
ganancias ilícitas por
la trama investigada. Se
revela un uso
indiscriminado de la
empresa pública de la
Comunidad de Madrid
Arpegio Áreas de
Promoción empresarial SA
y de la Fundación
Arpegio dependiente de
dicha sociedad", destaca
el instructor.
El propio Marjaliza
reconoció haber abonado
dinero negro tras
resultar adjudicatario
de vivienda pública en
el municipio de Getafe,
gobernado entonces por
el socialista Pedro
Castro. Un informe de la
Agencia Tributaria
investiga las
cooperativas de
viviendas Lares del Sur
Sociedad Cooperativa
Madrileña y de Altamira
Sociedad Cooperativa.
Según Hacienda, estas
cooperativas abonaron en
total 4.281.677 euros a
empresas que la
investigación vincula
con la red corrupta
encabezada por el ex
secretario general del
PP madrileño, Francisco
Granados. "Hay que
conocer la razón de
dicha facturación",
adelantaba el informe
realizado a instancias
de la Fiscalía
Anticorrupción.
infoLibre se ha puesto
en contacto con el
exregidor de Getafe
Pedro Castro, que ha
rechazado haber cometido
cualquier ilegalidad en
la adjudicación de la
vivienda pública en
colaboración con la
empresa Nuevo Arpegio.
Pago "de un peaje"
Marjaliza también
aseguró al juez que
Granados aprovechó sus
cargos en la Comunidad
de Madrid para controlar
las ventas de suelo del
Gobierno regional y la
adjudicación de vivienda
protegida y de obra
civil, para solicitar
"el pago de un peaje a
los empresarios
interesados en dichas
adjudicaciones para la
consecución de las
mismas".
Pero el juez Velasco va
más allá, y sin
especificar a qué
documentación se
refiere, asegura en el
auto en el que niega la
libertad a Granados que
está analizando "una
ingente cantidad de
documentación, tanto en
soporte físico como
digital, intervenida en
los últimos registros
realizados,
documentación que está
proyectando potentes
indicios y datos
objetivos de la
recepción de dinero por
este investigado
[Granados] para posible
financiación del Partido
Popular".
Además, el instructor
resalta que Granados "ha
abusado del desempeño de
sus sucesivos carqos
públicos para conseguir
la adjudicación de un
sustancial número de
contratos públicos de
obras y servicios, a
favor de empresarios que
le abonaban importantes
comisiones por la
consecución de las
amañadas
adjudicaciones". Y según
el mencinado auto, estos
pagos permitieron al
presunto cabecilla de la
red Púnica desviar
fondos públicos.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/08/el_juez_punica_analiza_los_sobrecostes_las_obras_que_comunidad_madrid_adjudico_por_mas_000_millones_50967_1012.html
EL ABOGADO DE GRANADOS
ABANDONA SU DEFENSA "POR
MOTIVOS PROFESIONALES"
El ex fiscal Enrique
Molina, que llevaba la
defensa del político y
su mujer, remite al juez
Eloy Velasco un escrito
en el que anuncia que a
partir de ahora se hará
cargo Carlos Zabala,
especialista en derecho
penal del bufete Ramón y
Cajal.
"Razones de índole
profesional". Ese es el
argumento esgrimido por
el abogado Enrique
Molina para dejar la
defensa en el caso
Púnica de Francisco
Granados y su mujer,
Nieves Alarcón, también
investiga (antes,
imputada) en la causa.
Así aparece en el
escrito que ha dirigido
al titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6, Eloy Velasco,
y al que ha tenido
acceso Vozpópuli. En
dicho escrito, fechado
el pasado 14 de junio,
el letrado informa al
magistrado que le
sustituirá Carlos Zabala
López-Gómez,
especialista en derecho
penal del bufete Ramón y
Cajal. En su
comunicación, Enrique
Molina, que en su día
fue fiscal de la
Audiencia Nacional,
asegura también que
sigue "instrucciones de
mis mandantes".
Molina, que dice seguir
"instrucciones de mis
mandantes", será
sustituido por Carlos
Zabala, especialista en
derecho penal del bufete
Ramón y Cajal
La decisión del abogado
del político e produce
poco después de que
haber presentado dos
escritos en en las
últimas semanas. El
primero, para solicitar
la libertad del que
fuera todopoderoso
secretario general del
PP madrileño. El último,
hace sólo unos días,
para reclamar que el
juez Velasco se
inhibiera en los
juzgados de Valdemoro en
la instrucción de la
primera pieza del
sumario del caso Púnica,
la referida al
'chivatazo' que le dio
un guardia civil de que
estaba siendo
investigado. La primera
petición fue rechazado
de plano por el
magistrado, mientras que
sobre el segundo aún no
se ha pronunciado.
Petición de libertad
El escrito en el que
solicitaba su puesta en
libertad fue presentado
el pasado 18 de mayo,
sólo 24 horas después de
que se desatara una
tormenta mediática tras
levantarse el secreto de
sumario sobre la
confesión de su socio,
David Marjaliza, en la
que éste le señalaba
como una pieza clave en
la trama. Entonces,
Granados, insistía en
que no había riesgo de
fuga porque era
"ciudadano español" y
tenía arraigo en nuestro
país, además de que la
posibilidad de que
destruyese pruebas o
reincidiese en la
actividad delictiva de
que se le acusa era nula
porque "parece poco
probable" que volviese
"a ocupar el puesto como
funcionario público". No
era la primera vez que
pedía su excarcelación,
pero anteriormente el ex
senador había llegado a
proponer llevar un
pulsera de control
telemático. En esta
ocasión no planteó dicha
posibilidad.
Tras verlo rechazado y
seguir siendo el único
imputado que sigue
preso, la defensa
intentó una nueva
maniobra. En este caso,
para solicitar a la
Audiencia Nacional que
las pesquisas por el
supuesto 'chivatazo' que
le dio un guardia civil
que puso en peligro toda
la 'Operación Púnica'
fuese a partir de ahora
instruido por un juzgado
de Valdemoro, el pueblo
del sur de Madrid en el
que fue alcalde y que se
convirtió en el
epicentro de la trama de
corrupción. El político
encarcelado argumentaba
en dicho escrito que esa
parte del sumario, cuya
finalización está
próxima, no podía seguir
siendo llevada por el
juez Velasco, ni por la
Unidad Central Operativa
(UCO) ni por la misma
Audiencia Nacional, al
considerar que los
hechos no son
competencia de este
último tribunal, y que
el magistrado y el grupo
de élito de la Guardia
Civil no eran
imparciales.
http://vozpopuli.com/actualidad/84324-caso-punica-el-abogado-de-granados-abandona-su-defensa-por-motivos-profesionales
FRANCISCO GRANADOS
ROBABA PARTE DE LAS
DONACIONES ILEGALES AL
PP DE MADRID
La Guardia Civil
concluye que Francisco
Granados y su jefe de
Gabinete, Ignacio
Palacios, se quedaban
con “parte del dinero
recaudado para el
partido” haciendo “gala
del refrán castellano
quien parte y
reparte…(sic)”
El sumario de la Púnica
muestra por primera vez
la libreta del
exconsejero de Madrid,
Francisco Granados, que
sirvió al juez para
registrar la sede
madrileña del Partido
Popular, al hallar
indicios de financiación
ilegal. En un informe,
la Unidad Central
Operativa de la Guardia
Civil muestra una
captura de pantalla del
documento, que está
dividido en dos columnas
de entrada o “in” en
inglés, y salida u
“out”.
En la columna de
entrada, Granados va
reflejando distintos
números, que según los
investigadores
corresponden a
cantidades en miles de
euros ingresadas, junto
a una serie de
acrónimos. Hay seis
posibles identidades
distintas, de los que
los agentes, gracias a
la declaración del
número 2 de la Púnica,
David Marjaliza, han
identificado a cuatro.
Se trata de las
iniciales JLM, que
corresponderían a Javier
López Madrid; BG, que
serían las cifras del
gerente de siempre del
PP de Aguirre, Beltrán
Gutiérrez; las iniciales
NP, que son las de Nacho
Palacios, el jefe de
gabinete de Granados y
testaferro; y “Me” –
“yo” en inglés-, que
sería la identificación
del propio Francisco
Granados.
López Madrid también se
quedaba con parte del
dinero del PP
El cuaderno muestra que
cuando quien aporta el
dinero es Javier López
Madrid, no llega todo al
PP de Madrid, sino que
el propio miembro del
consejo de OHL,
Francisco Granados y en
ocasiones también
Ignacio Palacios, se
reparten con entre el 50
y más del 60 por ciento
del dinero.
Es lo que lleva a la UCO
a asegurar en su informe
que “a tenor de las
cantidades que se
detraen de ciertas
aportaciones parece que
se hace gala del refrán
castellano “quien parte
y reparte…”, pues tanto
Francisco Granados como
Ignacio Palacios parece
que se quedarían con una
parte del dinero
recaudado para el
Partido”.
Las otras siglas de
supuestos donantes de
fondos de forma ilegal
al PP de Madrid,
anotadas por Granados en
su libreta son “LD” y “JEC”,
cuyas identidades no han
podido descubrir hasta
el momento los
investigadores. En ambos
casos realizan una
supuesta aportación de
100.000 y 60.000 euros
respectivamente, y
llegan de forma íntegra
a “BG”, supuestamente,
Beltrán Gutiérrez
Moliner, gerente del PP
madrileño.
http://cadenaser.com/ser/2016/05/31/tribunales/1464715582_076183.html
GRANADOS Y MARJALIZA
MOVIERON CASI 6 MILLONES
DE EUROS DE SUIZA A
COSTA RICA
Francisco Granados y el
conseguidor de la trama
Alejandro de Pedro
viajaron a Costa Rica y
Panamá en abril del 2013
en "calidad de asesores
de campañas electorales
a diferentes políticos
de ambos países"
La investigación de la
UCO entorno a los viajes
y negocios que Francisco
Granados y el
conseguidor de la
Púnica, Alejandro de
Pedro, hicieron en Costa
Rica y Panamá tiene
lugar cuando Granados
era Senador en las
Cortes Generales de
España entre el 29-06-11
y 21-02-2104. En ambos
países la trama Púnica
intentó llevar a cabo
trabajos en calidad de
asesores de campañas
electorales a diferentes
políticos de ambos
países.
La investigación sobre
los bienes e intereses
personales o mercantiles
que tanto Granados como
de Pedro tienen en
Panamá está todavía
abierta pero se ha
evidenciado la
prestación de servicios
de la empresa EICO a
OPERA GLOBAL
INTERNACIONAL SL a la
alcaldía de Panamá. La
UCO tiene constancia
policial además que la
trama tiene la empresa
Bonnano Media SA
constituida el
05-02-2014, domiciliada
en Panamá, que tiene
como directores a José
Antonio Alonso Conesa,
socio de Alejandro en
España, Borja Jordan de
Urries, administrativo
de EICo y Adrián de
Pedro Llorca, hermano de
Alejandro.
Lo que está mas claro y
constatado policialmente
es lo que la trama
Púnica logró en Costa
Rica. El 2 de abril del
2013 Granados en
compañía de los
empresarios Alejandro de
Pedro y José Antonio
Alonso Conesa viajaron a
Costa Rica para visitar
a determinados cargos
públicos y políticos "al
objeto de obtener
contratos y presentarse
a adjudicaciones
públicas". Según los
investigadores el
objetivo de los
investigados era "crear
un grupo de trabajo
online (equipo
multidisciplinar) para
llevar a cabo trabajos
en calidad de asesores
de campañas electorales
a diferentes políticos
de Costa Rica". Además
se tiene constancia de
que realizaron una
propuesta para el
"diagnóstico y la
gestión en medios
digitales para el
posicionamiento y la
reputación del Gobierno
de Costa Rica y la
efectividad de sus
políticas públicas".
David Marjaliza,
Francisco Granados y sus
esposas constituyeron
sociedades en Costa Rica
Sheraton Trading SA,
Candeo SA, Droz&CO SA
como primera maniobra
"de ocultación de los
fondos de corrupción
derivados de su
contratación, subastas y
concursos con el
ayuntamiento de
Valdemoro y organismos
públicos de la Comunidad
de Madrid". La UCO que
el pasado julio recibió
la segunda parte de la
Comisión Rogatoria
Suiza, sigue analizando
actualmente las cuentas
de estas sociedades
costarricenses que
figuran en las entidades
suizas UBS Y BNP. De
momento no hay una
cantidad global del
dinero que la trama ha
podido blanquear porque
las cuentas se siguen
rastreando pero se sabe
que Sheraton Trading
recibió transferencias
de 4 millones de euros
en seis años (del
2006-2011) y que Droz&CO
recibió en tres años
(2007-2010)
transferencias de 1,7
millones de euros.
En cuanto al
asesoramiento de
políticos diferentes
correos electrónicos
demuestran que en Costa
Rica los políticos
elegidos eran Rodolfo
Hernández Gómez,
candidato político del
RUSC Costa Rica y
Rodolfo Arias, candidato
político del PLN de
Costa Rica. Respecto a
las reuniones que se
intentaron llevar a cabo
con determinados cargos
públicos destaca el de
la alcaldesa de Panamá,
Roxana Méndez del
Partido del Cambio
Democrático y Rodolfo
Hernández, precandidato
por el partido PUSC. En
el mismo correo De pedro
y Granados comentan que
está pendiente de
confirmar citas con los
"precandidatos
presidenciales" del
partido del Cambio
Democrático como Rómulo
Roux (ex ministro del
Canal y ex canciller de
la Répública o José
Domingo Arias (ex
ministro de Vivienda).
"Tanto si sale el uno
como el otro, dicen,
podemos colocar nuestros
servicios ya que quien
no sienta con ellos
ahora, nos pagará a
nosotros nuestros
servicios como regalo de
campaña al candidato
elegido".
http://cadenaser.com/ser/2016/05/31/tribunales/1464726919_221356.html
LA GUARDIA CIVIL APUNTA
QUE GRANADOS SIGUIÓ
RECAUDANDO MORDIDAS PARA
EL PP DE AGUIRRE TRES
AÑOS DESPUÉS DE SU CESE
Los investigadores de la
Púnica aseguran que
siguió consiguiendo
dinero negro tras haber
sido apartado a un papel
de segunda fila en el
Senado, al menos hasta
mayo de 2014
Señalan que la
intervención de Granados
era "necesaria" porque
"este tipo de
actuaciones están
constituidas sobre
relaciones de confianza"
A partir de la libreta
incautada durante su
detención, la UCO cree
que Granados y su exjefe
de gabinete en Valdemoro
se quedaban con parte de
las mordidas
La Guardia Civil trabaja
con la tesis de que
Francisco Granados
recaudaba de empresarios
dinero negro para el PP
de Madrid a cambio de
adjudicaciones que
concedía la sociedad
pública Arpegio y el
Plan Prisma de la
Comunidad de Madrid. En
un informe de la UCO,
incorporado al sumario
del caso Púnica, los
investigadores apuntan
la posibilidad de que
Granados hubiera podido
seguir recaudando para
el partido tres años
después de que Esperanza
Aguirre se deshiciera
aparentemente de él.
La tesis de la UCO se
construye a partir de la
incautación de una
libreta a Francisco
Granados en el momento
de su detención, en
octubre de 2014. Las
misteriosas anotaciones
que contenía una de sus
hojas comenzaron a
cobrar sentido con las
averiguaciones de los
guardias civiles y la
declaración del exsocio
de Granados en la trama
de corrupción, David
Marjaliza.
"A juicio policial, las
iniciales NP podrían
corresponder a Nacho
Palacios -exjefe de
gabinete de Granados en
Valdemoro- y Me
(teniendo en cuenta que
las columnas de entrada
y salida de efectivo se
denominan en inglés
IN/OUT) sería el mismo
Francisco Granados,
quien se aludiría a sí
mismo con la expresión
inglesa me (pronombre
inglés que significa
yo)", escribe el
instructor de la UCO en
un informe incorporado
al sumario.
Y añade: "De todo ello
se deduce que ambos se
quedaban con parte del
dinero que se recaudaba,
con destino a BG". La
duda de a quien
corresponden estas
iniciales se resuelve a
continuación en el
informe: Beltrán
Gutiérrez, el gerente
del PP de Madrid. En el
apartado de aportaciones
aparece JLM, el
empresario Javier López
Madrid, añade el
informe, sobrino de
Villar Mir y amigo de
los reyes de España.
Los investigadores
apoyan su tesis en que
Granados fue secretario
general del PP entre
2004 y 2011, periodo en
el que coincidió con
Gutiérrez. "Su condición
de secretario general
del partido le supuso
que hubiera de articular
las campañas electorales
en Madrid. Así, en la
misma libreta donde se
encontraban las
anteriores anotaciones,
hay apuntes relativos a
los comités electorales
del año 2011", añade la
UCO.
Además, las anotaciones
reseñadas empiezan en
noviembre y finalizan el
25 de mayo. Un 25 de
mayo hubo elecciones
europeas, concretamente
en 2014. Hacía tres años
que Granados había
perdido la batalla
contra Ignacio González,
lo que provocó su salida
de la Secretaría General
del PP madrileño.
El motivo, según la
Guardia Civil, podría
ser a que "este tipo de
actuaciones están
constituidas sobre
relaciones de confianza
a nivel personal, lo que
convierte la
participación de
Francisco Granados en
necesaria, habida cuenta
de que éste a lo largo
de su dilatada carrera
en el Partido a nivel
regional, habría sido el
encargado de mantener
dicha red de contactos
con los contribuyentes a
la campaña".
El 12 de febrero, el
juez Velasco ordenó que
se registraran las
dependencias del PP de
Madrid, dentro de la
sede nacional de 'Génova
13', en busca de
información sobre la
supuesta financiación
irregular. Dos meses
antes, Velasco ya
situaba a Ignacio
Palacios como "pieza
clave del cobro de
comisiones ilegales con
destino a Francisco
Granados".
El titular del Juzgado
Central de Instrucción
Número 6 indaga, en una
pieza que mantiene bajo
secreto del sumario, si
Javier López Madrid era
uno de los empresarios
que habría incurrido en
pagas irregulares.
http://m.eldiario.es/politica/Guardia-Civil-Granados-PP-Madrid_0_521798378.html
¿QUÉ HAY HASTA EL
MOMENTO CONTRA FRANCISCO
GRANADOS?
La Púnica se revela como
la mayor y más compleja
trama de corrupción en
España
El levantamiento del
secreto descubre que la
Púnica liderada por
Francisco Granados es el
mayor caso de corrupción
en volumen económico
malversado de España y
uno de los de más
complejidad, superando
con creces a la Gürtel.
Solo en Valdemoro, junto
a David Marjaliza y
Ramiro Cid, lograron un
pelotazo de 700 millones
de euros, de los que
Granados, supuestamente,
se embolsó el 20 por
ciento. Y después la red
se instaló en más de una
decena de municipios de
Madrid y en la propia
Comunidad, donde el ya
consejero de Transportes
Granados, como “rey del
suelo” desde Arpegio
según Anticorrupción,
manejó miles de millones
en ladrillo y benefició
a sus amigos púnicos,
sacando tajada de ello.
Cuando pinchó la burbuja
pasaron a la eficiencia
energética. La cantidad
de millones en mordidas
en ambos sectores es
hasta el momento
incalculable, según el
juzgado. Además, la
Púnica también se
extendió a Murcia, León
y Valencia.
Pero la trama no tuvo
bastante con España. El
sumario ha revelado esta
semana que a juicio de
los investigadores,
Francisco Granados y sus
socios evadieron
capitales y tuvieron
negocios en Panamá,
Costa Rica o Estados
Unidos. Ya se sabía de
sus cuentas en Suiza.
Supuestamente, también
el Partido Popular de
Esperanza Aguirre se
benefició de la trama.
Hubo actos y eventos a
bajo precio a cambio de
las fiestas de los
pueblos para Waiter
Music, encuestas pagadas
por constructoras y
empresas de servicios
que recibían
adjudicaciones a cambio,
y la libreta confiscada
a Granados, que revela
pagos de hasta 1.4
millones de euros para
el gerente del PP hasta
mayo de 2014. Es decir,
que Granados, según esos
apuntes manuscritos,
seguía recaudando dinero
ilegal para el partido
después de su dimisión
como senador por
encontrársele una cuenta
en Suiza.
El juzgado aún cree que
Granados tiene dinero
oculto. En metálico le
han encontrado poco más
de 2 millones, y manejó
cientos.
http://cadenaser.com/ser/2016/06/03/tribunales/1464958593_525785.html
LAS OSCURAS CONEXIONES
DEL MINISTRO DE GUINDOS
CON LA PÚNICA
El 'popular', que ya se
vio salpicado por su
amistad con Granados, ve
ahora su apellido en
pleno sumario
Dentro de la maraña de
nombres que pululan en
el sumario de la Púnica
uno de los que más
destaca por su
importancia es el de
Michael Trevor Langdon,
un financiero suizo
afincado en España que
las investigaciones
sitúan como clave a la
hora de blanquear el
dinero de Francisco
Granados, David
Marjaliza y de otros
clientes relacionados
con la trama de
corrupción.
El blanqueador de la
Púnica saca a relucir un
Guindos
Al ser interrogado el
financiero explicó por
ejemplo cómo Granados le
entregaba dinero en
efectivo en el despacho
de éste último como
consejero de la
Comunidad de Madrid para
que fuera blanqueado.
Pero hizo más
revelaciones. En sus
declaraciones ante la
UCO de la Guardia Civil,
a las que ha tenido
acceso ELPLURAL.COM,
Trevor Langdon fue
preguntado por un nombre
de apellido notorio:
Ricardo Antonio Guindos
Latorre.
El financiero recordaba
bien a esa persona y
este es el extracto de
la declaración: “lo
conoce ya que es un
asesor fiscal,
recordando que hizo una
operación del tipo
anteriormente indicado
[blanqueo mediante
operaciones de
compensación]. Que lo
conoce porque tenían en
común un amigo no
recordando ahora su
nombre, que lo conoce
desde hace unos 10 años
y que se dedicó al tema
de la amnistía de su
mujer y de su cuñada”.
¿Primo del ministro?
Resulta llamativo que un
Guindos aparezca
salpicado por una trama
de blanqueo y de
asesoramiento para
acogerse a una amnistía
fiscal, cuando
precisamente el Gobierno
del PP con un Luis De
Guindos en el ministerio
de Economía había
promovido, junto al
ministerio de Hacienda
de Montoro, tal medida.
¿Pero son familia el
Ricardo Guindos Latorre
y Luis de Guindos
Jurado? Pues al menos
hay dos primos llamados
así que además tienen en
común el nombre de sus
padres respectivos:
Ricardo de Guindos Vera
(casado con una Latorre
como demuestra esta
esquela de ABC) y
Antonio De Guindos Vera
(el padre del ministro,
casado con una Jurado)
La amistad entre De
Guindos y Granados
Pero el ministro se ha
visto de lleno salpicado
en anteriores ocasiones
por sus vínculos con el
cabecilla político de
Púnica, Francisco
Granados, de hecho el
ministro invitó y abrazó
durante la boda de su
hija al ‘púnico’ cuando
ya se había destapado su
cuenta opaca en Suiza.
Las grabaciones de la
investigación también
cazaron a Granados
pidiendo ayuda al
ministro de Economía
para que le ayudase a
llevarse una porción de
la privatización de
AENA. De Guindos admitió
que la conversación se
había producido pero
limitó su papel a
remitir a Granados al
responsable de la
privatización de AENA,
defendiendo también que
la empresa para la que
trabajaba su compañero
de filas, Société
Général, no había
participado finalmente
en la operación.
http://www.elplural.com/2016/06/03/las-oscuras-conexiones-del-ministro-de-guindos-con-la-p-nica
GRANADOS DICE QUE “NO HA
COMETIDO NI HA CONOCIDO
NINGÚN DELITO ”
El exconsejero declara
desde la cárcel por
videoconferencia ante la
Asamblea y pide que se
respete su presunción de
inocencia
Poco o nada ha aclarado
el exconsejero Francisco
Granados sobre la
Fundación Arpegio en su
comparecencia de hoy por
videoconferencia desde
la cárcel de Estremera
ante la comisión de
investigación de la
corrupción de la
Asamblea.
Ha defendido su
inocencia “hasta que no
se demuestre lo
contrario” y ha
asegurado no haber
“cometido, ni conocido,
ni amparado ningún hecho
delictivo en la
Comunidad de Madrid”. El
exconsejero se encuentra
en la cárcel desde el
pasado 31 de octubre por
orden del juez Eloy
Velasco que investiga la
trama Púnica, de la que
se ha levantado el
secreto del sumario esta
semana.
En repetidas ocasiones,
Granados ha recordado
que su falta de libertad
le impide acceder a la
documentación y declarar
en las mismas
condiciones que otras
personas que acuden
también ante la misma
comisión. Motivo que le
impide, a su vez,
contestar con mayor
precisión a las
preguntas de los
diputados. Ha mantenido
que no recordaba los
detalles de los
convenios y subvenciones
que firmó la Fundación
Arpegio, que creó en
2006 y presidió durante
15 meses. Los proyectos
llegaban desde las
diferentes consejerías,
él los firmaba, pero no
entraba en los detalles.
Recuerda haber oído algo
sobre un “órgano” (costó
300.000 euros) y también
los 500.000 euros con
los que subvencionaron a
la Consejería de
Cultura. En cuanto a la
subvención de 139.000
euros que dió a un
concierto organizado por
Waiter Music en el
Palacio de los Deportes
y que investiga la
Audiencia Nacional, dijo
no recordar nada.
En su relación con José
Luis Huerta, dueño de
Waiter Music e imputado
en la trama Púnica,
Granados ha dudado de
que “jamás” le haya
acusado de nada. “Yo no
tengo nada que ver con
esa empresa”, ha dicho.
El juez investiga si se
amañaron concursos para
que Waiter Music
consiguiera contratos en
las fiestas de los
pueblos. Sobre David
Marjaliza, al que se
considera su socio
empresario en la trama
Púnica, y que decidió
declarar ante el juez,
ha preferido no comentar
nada “de alguien que se
ha declarado culpable de
múltiples delitos, yo no
sé los pactos a los que
habrá llegado”.
La comparecencia ha
subido de tono con el
representante de Podemos
(Ramón Espinar) cuando
le ha espetado “es usted
el rey del golferío”.
Granados ha pedido el
amparo a la presidenta
de la comisión de
investigación al
considerar que se estaba
“menoscabando su derecho
al honor”.
También se ha mostrado
dolido con la actitud
del representante del PP
en la Comisión, Alfonso
Serrano, del que habría
agradecido “un poquito
más de cordialidad y
cariño”. Pidió a los
miembros de su partido
que respetaran su
presunción de inocencia,
algo que, puntulizó, no
hizo Javier Maroto,
alcalde de Vitoria,
cuando gritó en un mitin
“Granados al trullo”. Un
señor, “al que solo del
que solo se conoce el
mérito de meterse con
los compañeros de
partido”.
El cuanto a su relación
con José Luis Huerta,
dueño de Waiter Music e
imputado en la trama
Púnica, Granados ha
dudado de que “jamás” le
haya acusado de nada.
“Yo no tengo nada que
ver con esa empresa”, ha
dicho. El juez investiga
si se amañaron concursos
para que Waiter Music
consiguiera contratos en
las fiestas de los
pueblos.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/03/madrid/1464966733_540359.html
LA UCO SOSTIENE QUE
GRANADOS FACILITÓ
PELOTAZOS URBANÍSTICOS A
EMPRESARIOS AMIGOS POR
709 MILLONES
En su etapa de alcalde
en Valdemoro, Granados
"convocó" a los
empresarios a una
reunión para informarles
de las "oportunidades
urbanísticas" y de su
interés por participar
en "los beneficios"
Los socios de Granados
se lucraron con la
reclasificación de 1,12
millones de metros
cuadrados rústicos que
se revalorizaron unos
550 euros por metro
cuadrado
El presunto cabecilla de
la trama Púnica,
Francisco Granados,
facilitó pelotazos
urbanísticos en
Valdemoro (Madrid) de
sus empresarios amigos
por un valor de 709
millones de euros, según
sostiene el informe
financiero de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil de
febrero pasado.
Durante los años en los
que ejerció como
alcalde, entre julio de
1999 y noviembre de
2003, "planificó y
confeccionó" un nuevo
Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU)
para el municipio de
Valdemoro. "El devenir
de la investigación ha
puesto de manifiesto que
las directrices de
trazado y ampliaciones
del nuevo plan fueron
acordadas por Francisco
Granados en connivencia
con los empresarios del
sector inmobiliario
David Marjaliza y Ramiro
Cid Sicluna". En ese
mismo cuatrienio,
Granados ingresó en sus
cuentas de Suiza 1,33
millones de euros,
pasando a superar los
1,68 millones en 2005.
Pero la Guardia Civil
sostiene que los
sucesores de Granados en
la alcaldía de
Valdemoro, José Miguel
Moreno Torres
(2004-2012) y José
Carlos Boza Lechuga
(2012-2015), también
colaboraron con la
trama, ya que eran
afines al ex número dos
de Aguirre, "quién por
su influencia en el
Partido Popular del
municipio de Valdemoro y
su condición de
secretario regional del
PP tuvo la posibilidad
de influir en su
designación como
candidatos y por tanto
en la línea política y
gestión municipal de la
localidad".
Los agentes explican que
Granados también
maniobró desde el
Gobierno madrileño con
terrenos de diferentes
municipios mediante la
empresa Arpegio y el
denominado Plan Prisma,
cuyos movimientos de
fondos entre los años
2006 y 2007 superaron
los 300 millones.
Un nuevo Plan General
En 2004 Granados aprobó
un nuevo Plan General,
"pese a que Valdemoro
contaba con un PGOU
aprobado en el año 1999
por la corporación que
dirigía el exalcalde
socialista José Huete
López", relata el
dossier policial, que
completa que los
intereses económicos del
complejo societario de
estos constructores
resultaron beneficiados
con las
"clasificaciones" y
"recalificaciones" de
parcelas.
Según la declaración de
Marjaliza, Granados, que
16 días después de ser
nombrado alcalde abrió
su primera cuenta en
Suiza, fue el que
"convocó" a los
empresarios a una
reunión en la que les
informó de las
"oportunidades
urbanísticas y el
interés del propio
Granados en participar
del beneficio que podría
obtener por estos
negocios".
Después de esta reunión,
los empresarios
constituyeron la empresa
Servicios Patrimoniales
de Obras y Vías SL,
"cuyos socios serían
Ramiro Cid Sicluna,
David Marjaliza y María
José Marijuán" a través
de la sociedad Ayjopén,
que es la esposa de
Ignacio Palacios, jefe
de gabinete de Francisco
Granados, "quién
encubriría su
participación en la
sociedad", prosigue el
documento policial.
"Se allanó el camino"
Y los empresarios
"vieron reclasificados
sectores dónde disponían
de suelo, se allanó el
camino a cualquier
proyecto de compensación
que procediera de los
mismos y se articularon
los procedimientos de
venta de suelo público
en su favor", aseguran
los agentes al juez
Velasco.
El desarrollo
urbanístico del
municipio se dirigió
hacia sectores dónde los
empresarios disponían de
suelo, "conociendo de
antemano hacia donde se
iba a desarrollar el
municipio y
beneficiándose de manera
directa a través de la
plusvalía generada,
vendiendo el suelo una
vez clasificado a
terceros interesados en
desarrollarlo o
haciéndolo a través de
empresas propias".
En concreto, y según la
Guardia Civil, los
supuestos socios de
Granados se beneficiaron
de la reclasificación de
1,12 millones de metros
cuadrados de suelo
rústico en el municipio
mediante la aprobación
del Plan General y otros
recalificaciones
parciales, que sufrieron
una revalorización de
unos 550 euros por metro
cuadrado, ya que
"compraban suelo a
sabiendas de que se iba
a clasificar en gran
parte".
Además, se beneficiaron
de la adjudicación
concertada de suelo
público para la
construcción de vivienda
de protección oficial,
"para lo que tenían que
pagar el correspondiente
peaje político en forma
de comisión en
efectivo".
"Decisiones políticas
corruptas"
"Observando estos datos,
es fácil tomar
conciencia de la gran
plusvalía inducida que
se puede llegar a
generar con las
transacciones
comerciales relativas a
un sector urbanístico
favorecido
deliberadamente con
decisiones políticas
corruptas", completa el
informe financiero de la
UCO dirigido al juez
Velasco.
La investigación de la
Agencia Tributaria ha
determinado que a través
de un "sofisticado
entramado de facturación
ficticia", Marjaliza
detrajo del circuito
económico legal en
España al menos 10,2
millones de euros entre
2004 y 2006. Los
investigadores sostienen
que Marjaliza envió a
Suiza 15 millones.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/02/la_uco_sostiene_que_granados_facilito_pelotazos_urbanisticos_empresarios_amigos_por_709_millones_euros_50641_1012.html
EL SOCIO PRINCIPAL DE LA
‘RED PÚNICA’ CONFIRMA
QUE GRANADOS “COBRABA
COMISIONES” PARA
FINANCIAR AL PP
El ex secretario general
del PP madrileño se
llevaba dinero "contante
y sonante" con el
"negocio" de la
adjudicación de suelo,
asegura David Marjaliza
al juez, tal y como
consta en la declaración
conocida tras levantar
el secreto de sumario
El número dos de la
Púnica a preguntas de la
fiscal sobre la agenda
manuscrita requisada a
Granados: "Supongo que
él se quedaba con una
parte. Viendo esto,
alguna vez hemos
escuchado cosas, y como
se dice, el que parte y
reparte para sí la mejor
parte”
"¿Francisco Granados era
partícipe en la
recepción de comisiones
para la financiación de
la campaña [del PP]?",
preguntó el juez de la
Audiencia Nacional Eloy
Velasco a David
Marjaliza, uno de los
cabecillas de la trama
Púnica. Y el arrepentido
contestó: "Yo no lo he
visto, pero supongo que
sí. Por comentarios que
hacía: hay que pagar
esto..., hay que pagar
lo otro... todo esto lo
decía en reuniones o en
comidas", completó de
nuevo Marjaliza, en
libertad desde el fin de
año de 2015 tras abonar
una fianza de 100.000
euros.
En la declaración de 13
de noviembre de 2015,
cuyo secreto ha sido
levantado por el juez,
Marjaliza aseguró que el
ex secretario general
del Partido Popular (PP)
de Madrid Francisco
Granados se "llevó"
dinero "contante y
sonante" con las
adjudicaciones de suelo
en las que intervenía la
trama Púnica y que
entendía como un
"negocio" a partir del
cual alcaldes y
empresarios sacaban un
"margen" de beneficio.
En ese momento del
interrogatorio, el
magistrado alude a la
libreta morada que fue
requisada en el
domicilio de Granados, y
que tal y como adelantó
infoLibre incluía
anotaciones manuscritas:
"Hemos encontrado en el
domicilio del señor
Granados una libreta que
tenía anotaciones
relativas a campañas
electorales en las que
aparece una especie de
anotaciones de entrada y
salida acompañadas de
ciertas iniciales, y
quería si usted es capaz
de reconocer a alguna
persona. ¿Esa es la
letra del señor
Granados?" preguntó el
juez, a lo que Marjaliza
contesta de forma
afirmativa: "Sí. Creo
que sí".
"El que parte y reparte,
para sí la mejor parte"
Y tras mirar la misma
unos segundos, el
arrepentido identificó
varios de los nombres:
"Yo puedo interpretar y
que me suene J.L.M,
entiendo que puede ser
Javier López Madrid, B.G.
será el gerente del
partido a nivel
regional, Beltrán
[Gutiérrez], N.P. puede
ser Nacho Palacios, y
M.E. no sé quién es, no
me suena nadie en la
cabeza”.
Fue entonces cuando la
fiscal le pregunta por
las anotaciones
manuscritas en la compra
de un barco: “Y entonces
usted dijo que J.L.P.
podía ser Javier López
Madrid”, resaltó la
fiscal. “No, ahí sí sé
que es Javier López
Madrid, porque es el
barco que pagaba yo, y
sabía la relación que
tenía".
La fiscal vuelve a
interpelar a Marjaliza
acerca de las iniciales
M.E: “M.E. puede
significar yo en
inglés?” “Si”, respondió
de nuevo el arrepentido,
que completó: “Que se
quedaba él con una parte
supongo". ¿A usted le
consta que se quedaba
con una parte?, completó
la responsable del
Ministerio Público, a lo
que el cabecilla de la
trama dijo: “No, pero
viendo esto, alguna vez
hemos escuchado cosas, y
como se dice, el que
parte y reparte para sí
la mejor parte”,
sentenció Marjaliza.
Modus operandi de la
organización
Así consta en el audio,
al que ha tenido acceso
Europa Press, de la
declaración que el
presunto cerebro de la
red corrupta y
empresario de la
construcción, David
Marjaliza, prestó el
pasado junio en calidad
de investigado y en la
que detalló el modus
operandi de la
organización en varios
municipios madrileños.
Al ser preguntado si con
esos favores
urbanísticos "ganaba" la
localidad madrileña de
Valdemoro o "ganaban"
quienes fueran sus
alcaldes Francisco
Granados o José Miguel
Moreno Torres, Marjaliza
responde: "Yo creo que
en esa época hemos
ganado todos". "Cuando
se adjudicaban los
suelos, tu pactabas y
pagabas un precio",
añade.
"¿Y cómo se pagaba el
dinero: en mano, con
dinero contante y
sonante?", inquiere el
juez, a lo que Marjaliza
responde con un "claro".
"¿Y se lo llevaba
Granados?", le pregunta.
"Claro", vuelve a
responder el
constructor.
Tema a tema
Durante su declaración
ante el juez Velasco,
Marjaliza pide ser
preguntado tema por
tema, ya que considera
que narrar la trama "por
bloques es más fácil" y
desmiente las
informaciones que le
señalan como amigo del
ex secretario general
del PP de Madrid desde
la infancia.
"Paco me saca tres o
cuatro años y no hemos
estudiado juntos ni
mucho menos -puntualiza
ante el juez-. Conozco a
Paco desde que estaba en
Alianza Popular, pero
tenemos un
enfrentamiento y decido
dejar la política, y
cuando llega a la
alcaldía pues se acercan
posturas y reconciliamos
nuestras diferencias
políticas".
A partir de ahí,
Marjaliza narra al juez
que él era un "promotor
inmobiliario mediano de
Valdemoro", sector en el
que trabaja desde los 19
años, y que fue Granados
quien les "juntó a
comer" a él y a otro
promotor más fuerte,
Ramiro Cid Cicluna, para
proponerles crear una
sociedad en la que el
alcalde estaría presente
en un 20 por ciento,
según cree recordar su
exsocio, a través de la
mujer de su jefe de
gabinete, Ignacio
Palacios.
"Se sobreentiende"
"De alguna manera
entiendo que es entre
comillas su porcentaje",
puntualiza Marjaliza. El
magistrado le pregunta
si en dicha reunión
Granados les prometió
que recalificaría suelo
rústico para que puedan
construir, a lo que el
promotor contesta que el
exdiputado del Partido
Popular no lo dice así
de claro "pero se
sobreentiende".
En este momento, el
declarante reconoce ante
el titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6 que no recuerda
muy bien los detalles ni
el nombre de la sociedad
porque en ese momento
-se encontraba en
prisión y no sale hasta
seis meses más tarde-,
lleva "ocho meses
perdido" y además no se
sabe el nombre de todas
sus empresas. "El
entramado empresarial
mío es bastante grande y
hay cosas que he vendido
y cosas que no", señala,
para concluir que esta
sociedad en concreto se
llamaba Servicios
Patrimoniales de Obras y
Vías.
Sobre el porcentaje de
Granados, que en dos
ocasiones sitúa en el 20
por ciento y luego duda
para situar en un diez
por ciento, Marjaliza
señala que era la parte
que "él [Granados] iba a
ganar. "Nosotros
compramos suelo, el
dinero lo poníamos
Ramiro y yo", indicó
Marjaliza al juez.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/17/declaracion_marjaliza_sobre_financiacion_ilegal_del_pp_49819_1012.html
LOS 23 CONTRATOS QUE
SUMAN 11,8 MILLONES Y
QUE SALPICAN AL 'NÚMERO
3' DE CIFUENTES
Tras la confesión de
David Marjaliza, la UCO
investiga las
adjudicaciones de dos
empresas concretas en
los planes Prisma
2006-2007 y 2008-2011,
gestionados por Jaime
González Taboada
Dos empresas que se
llevaron 23 contratos
que suman 11,8 millones
de euros en un periodo
de seis años. El juez
instructor del caso
Púnica, Eloy Velasco, y
la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil han
empezado a mirar con
lupa las adjudicaciones
que dos sociedades
ganaron entre 2006 y
2011 dentro del Plan
Prisma de la Comunidad
de Madrid, un plan
financiado por el
Gobierno regional para
ejecutar inversiones a
los municipios
madrileños. Obras que
salpican directamente al
actual consejero de
Medio Ambiente y 'número
tres' del Gobierno de
Cristina Cifuentes,
Jaime González Taboada.
Como ya adelantó 'El
Confidencial', el
empresario David
Marjaliza, principal
cabecilla de la trama y
socio del exconsejero de
la Comunidad de Madrid
Francisco Granados,
reveló ante el
magistrado de la
Audiencia Nacional el
nombre de una empresa
que supuestamente les
pagaba comisiones tras
ser adjudicataria de
obras públicas en la
región. Comisiones que
se repartía no solo
Marjaliza como
intermediario, sino
también los políticos
que al parecer
gestionaban esas obras.
Pero no era solo una.
Los investigadores han
sabido ahora que había
una segunda empresa que
también pagaba
comisiones.
Taboada planificaba el
Plan Prisma y estaba en
la mesa de contratación
de Arpegio, con Granados
de presidente, donde se
gestionaban las obras
Esas dos sociedades
ganaron 23 contratos por
un valor de 11,8
millones, adjudicados en
dos ediciones del Plan
Prisma; la 2006-2007 y
la 2008-2011. El ahora
'número tres' de
Cifuentes fue durante
una década director
general de Cooperación
con la Administración
Local del Gobierno
regional, dirección de
la que dependía la
planificación del plan
Prisma. En febrero de
2006, esta dirección
firmó un convenio con
Arpegio (empresa pública
de suelo), para que este
ente gestionara el
Prisma.
Granados, actualmente en
prisión, fue presidente
de Arpegio entre abril
de 2005 y diciembre de
2007. Es decir, Taboada
planificaba el plan
Prisma y Arpegio (con
Granados como
presidente) lo
gestionaba. Granados fue
además consejero de
Presidencia, Justicia e
Interior desde diciembre
de 2004 a junio de 2011,
con gran poder e
influencia dentro del
Ejecutivo autonómico.
González Taboada estuvo
en la Mesa de
Contratación de Arpegio
en esas dos ediciones
del plan Prisma. La Mesa
es el órgano técnico que
valora las ofertas
presentadas por las
empresas que concurren a
una adjudicación.
Una 17 contratos y otra,
cinco
Por eso los
investigadores están
analizando los contratos
que estas dos empresas
se llevaron entre 2006 y
2011, periodo en el que
Granados y Taboada
tenían poder de
decisión. Una de ellas
ganó 17 contratos para
realizar diversas obras
del Prisma en las
localidades de Pinto,
Batres, Fuenlabrada,
Aranjuez, Leganés,
Villamanta, Algete, El
Escorial, Majadahonda,
Fresno del Torote,
Alameda del Valle y
Móstoles. Contratos que
suman 6,43 millones de
euros. La segunda
empresa ganó otros cinco
contratos en Móstoles,
Navas del Rey,
Paracuellos del Jarama y
Valdilecha por un valor
total de 5,22 millones
de euros.
Marjaliza facilitó el
nombre de estas dos
firmas e incluso el
nombre de algún
directivo que
supuestamente hacía los
pagos. La colaboración
del empresario ha sido
el motivo por el que el
magistrado revocó su
prisión provisional a
cambio de una fianza de
100.000 euros. Su
declaración sigue
secreta y en ella
desgranó el sistema de
reparto de comisiones
entre los políticos
implicados. El juez y la
UCO están ahora
intentando establecer
una conexión, "una tarea
complicada", a la espera
de que Marjaliza aporte
más detalles. Fuera del
periodo 2006-2011, esas
dos empresas también
ganaron otros 10
contratos del Plan
Prisma valorados en dos
millones de euros.
Taboada siempre ha
negado los hechos y
espera que se levante el
secreto de la
declaración de Marjaliza
para emprender acciones
legales contra
Marjaliza.
Uno de los tentáculos
del caso Púnica agarra
con fuerza a la empresa
pública Arpegio. La UCO
investiga también ocho
contratos que Arpegio y
la Fundación Arpegio
firmaron con tres
empresas de la trama:
Waiter Music, la
constructora DICO y
Aranan Gestión
Patrimonio Inmobiliario,
estas dos últimas
vinculadas al empresario
David Marjaliza. El
montante de todas estas
operaciones asciende a
11,7 millones de euros.
Aunque ha aparecido un
nuevo contrato que se
llevó DICO por valor de
409.000 euros.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-04-25/los-25-contratos-que-suman-8-millones-y-que-salpican-al-numero-3-de-cristina-cifuentes_1188627/
EL JUEZ VINCULA LA
AGENDA DE GRANADOS A LA
FINANCIACIÓN DEL PP
Velasco cree que el ex
secretario general del
partido en Madrid
anotaba ingresos y
gastos de campañas
electorales.
"Hemos encontrado en el
domicilio del señor
Granados una libreta que
tenía anotaciones
relativas a campañas
electorales", informó al
constructor David
Marjaliza el juez de la
Audiencia Nacional Eloy
Velasco durante el
interrogatorio realizado
bajo secreto sumarialel
pasado noviembre.
El instructor de la
trama Púnica mostró a
Marjaliza la agenda de
Granados -cuya
existencia fue
adelantada por EL
ESPAÑOL- con el fin de
que el empresario, que
había empezado a
colaborar con la
Justicia seis meses
antes, reconociera la
letra de su antiguo
amigo y socio de
negocios e identificara
los nombres de las
personas que pueden
estar detrás de las
iniciales reflejadas en
el diario del ex
secretario general del
PP de Madrid.
"Aparece una especie de
anotaciones de entradas
y salidas de cantidades
acompañadas de ciertas
iniciales y quería ver
si usted es capaz de
reconocer a ciertas
personas", invitó
Velasco a Marjaliza.
"Son ingresos y salidas
de dinero", dijo éste
con la agenda en la
mano.
-Juez: ¿Ésa es la letra
de Granados?
-Marjaliza: Sí. Creo que
sí, no soy especialistas
pero creo que sí. JLM
entiendo que puede ser
Javier López Madrid. BG,
el gerente del partido a
nivel regional, Beltrán.
NP puede ser Nacho
Palacios. ME no me
suena.
-Fiscal: ME puede ser
'yo' en inglés
-Marjaliza: Que se
quedaba con una parte.
-Fiscal: ¿A usted le
consta que Granados se
quedara con una parte?
-Marjaliza: No, pero
viendo esto... Alguna
vez hemos escuchado
cosas. Al final en estos
casos, como se dice, 'el
que reparte se queda con
la mejor parte'.
La investigación sobre
la agenda de Granados es
una de las partes del
caso Púnica que
permanece bajo secreto.
Tanto López Madrid, ex
suegro del empresario
Juan Miguel Villar Mir,
como Beltrán Gutierrez
han tenido que acudir a
declarar ante el juez y
sus despachos y
domicilios fueron
registrados el pasado 11
de febrero.
http://www.elespanol.com/espana/20160517/125487745_0.html
CERCO A LÓPEZ MADRID: LA
UCO ENTREGA UN
VOLUMINOSO INFORME SOBRE
EL YATE QUE COMPARTÍA
CON GRANADOS
El juez Eloy Velasco
había encargado a la
Guardia Civil que
investigase en
profundidad la relación
del barco de recreo del
antiguo consejero de OHL
con el ex secretario
general del PP de Madrid
y el constructor David
Marjaliza. El voluminoso
estudio ha llegado
recientemente a la
Audiencia Nacional. El
yerno de Villar Mir está
imputado en la causa por
la supuesta financiación
irregular de los
'populares' en Madrid.
El empresario Javier
López Madrid centra, de
nuevo, la investigación
del 'caso Púnica'. En
este caso, por la
embarcación de recreo
que compartió al menos
durante tres años con
los dos principales
cabecillas de la trama
de corrupción, Francisco
Granados y el
constructor David
Marjaliza. El titular
del Juzgado Central de
Instrucción número 6,
Eloy Velasco, había
encargado a la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil que
elaborase un informe
específico sobre el yate
del hasta hace poco
consejero de OHL y "la
relación" de dicho barco
con el ex secretario
general del PP madrileño
y su socio. Los agentes
del Instituto armado han
entregado recientemente
en la Audiencia Nacional
dicho documento, tan
voluminoso que ha
obligado a formar con él
un nuevo tomo en la
causa, el número 89, que
aún permanece secreto.
La UCO entregó el 20 de
abril su voluminoso
informe sobre la
"relación" del político
con el barco del ahora
ex consejero de OHL. Se
ha incorporado al tomo
89 del sumario, aún
secreto
Así lo revelan
documentos judiciales a
los que ha tenido acceso
Vozpópuli y en los que
se detalla que la UCO lo
aportó a la causa el
pasado 20 de abril con
el número
2016-5605-0000128. A la
vista de su contenido,
el magistrado ha dado
traslado del mismo a la
Fiscalía Anticorrupción
para que informe sobre
qué pasos seguir a
partir de ahora en las
pesquisas entorno a
dicho barco de lujo,
bautizado con el nombre
de 'Myriam' y de 18
metros de eslora. Las
declaraciones presentes
en el sumario del
capitán del yate y de
una empleada del
consejero de OHL ya
habían revelado que el
yerno de Juan Miguel
Villar Mir, Granados y
Marjaliza se turnaron en
su disfrute durante
entre 2012 y 2014 y que,
durante un tiempo, se
repartían los gastos de
mantenimiento del mismo,
habitualmente amarrado
en Marbella.
Según fuentes cercanas a
la investigación, el
objetivo de las nuevas
pesquisas encargadas a
la Guardia Civil es
determinar si la cesión
de la embarcación era
uno de los supuestos
favores que el
empresario hacía al
político y su socio a
cambio de adjudicaciones
del Ejecutivo de la
Comunidad de Madrid,
como sospecha el juez
Velasco. López Madrid
declaró como imputado el
pasado 26 de febrero
acusado de los delitos
de cohecho y blanqueo de
capitales después de que
Marjaliza, que lleva
cerca de un año
colaborando con la
Justicia, desvelase al
magistrado que las
siglas 'JML' que
aparecían en una agenda
intervenida a su amigo
Granados con supuestos
cobros de 'mordidas'
correspondían al
entonces consejero de
OHL. El constructor
'arrepentido' detalló
que aquellas anotaciones
reflejaban el pago de
cerca de 2 millones de
euros en comisiones que
presuntamente se
repartieron el político
y su partido. De hecho,
también fue llamado a
declarar como
investigado Beltrán
Gutiérrez, el gerente
del PP madrileño en la
época de Esperanza
Aguirre. En su
comparecencia ante el
juez, López Madrid negó
las acusaciones.
El patrón y la gestora
Sin embargo, para
entonces ni su nombre ni
su yate eran nuevos en
el sumario del caso
Púnica. De hecho, el
'Myriam', escriturado a
nombre de la madre del
ex consejero de OHL y
gestionado por la
sociedad LM Gestión,
aparecía desde el
comienzo de las
investigaciones. La UCO
y el juez Velasco ya
habían interrogado hace
meses como testigos al
patrón del barco,
Eduardo G.V., y a la
gestora de fondos del
empresario, Consuelo N.F.
El primero confirmó a la
Guardia Civil que el
político y el
constructor casi "nunca"
coincidieron en el
barco, sino que se
alternaban. También dijo
que el primero solía
utilizarlo en compañía
de su mujer, Nieves
Alarcón, también
imputada, y sus hijas.
Sobre el segundo, el
patrón detalló que
invitaba a navegar a
numerosas personas,
entre las que identificó
a los alcaldes
'populares' de Torrejón
de Velasco y Valdemoro,
Gonzalo Cubas Navarro y
José Carlos Boza
Lechuga, también
encausados.
El juez Velasco planteó
a una testigo sus
sospechas sobre López
Madrid y su yate: "¿Para
qué les deja a Granados
y Marjaliza un barco
gratis en temporada
alta?"
Por su parte, la
empleada de López Madrid
admitió al juez que el
'Myriam' era una de las
propiedades que debía
"gestionar" y que por
ello recibía las
llamadas de Marjaliza y
Granados cuando éstos
querían utilizarlo. Del
primero, aseguró que le
solía llamar
personalmente para que
le preparara el barco.
En el caso del ex
dirigente del PP
madrileño, solía ser su
mujer quien lo hacía.
También afirmó que entre
ambos y el propio
consejero de OHL se
repartían los gastos
derivados de la
utilización del yate,
pero que en el caso del
político, los "ingresos"
para hacer frente a
éstos los realizaba el
constructor. Ante el
juez, esta mujer también
dijo que en un momento
determinaron Granados y
Marjaliza dejaron de
abonar éstos aunque
siguieron utilizándolo.
Ante esta afirmación, el
magistrado le lanzó una
pregunta que la empleada
de López Madrid no supo
responder: "¿Para qué
les deja a estos señores
[Granados y Marjaliza]
un barco gratis en
temporada alta?".
Un coche de lujo y
noches de hotel
El informe sobre el yate
de López Madrid y su
relación con la trama
Púnica no es el único
documento que la Guardia
Civil ha entregado
recientemente en la
Audiencia Nacional sobre
aspectos muy concretos
de sus pesquisas. Hace
escasos días también
aportó a la causa uno
específico sobre un
vehículo de la marca
Mercedes que aparece a
nombre de una antigua
cargo del Ejecutivo
regional de Esperanza
Aguirre que hasta ahora
no está imputada en la
causa. Se trata de María
Victoria Cristóbal
Araujo, ex asesora de
prensa de la lideresa en
la primera campaña de
ésta a la Presidencia de
la Comunidad de Madrid y
que con Francisco
Granados en la
Consejería de
Presidencia, Interior y
Justicia llegó a estar
al frente de la Agencia
Madrileña de Emigración.
Antigua colaboradora
también de José María
Aznar en la fundación
FAES y concejal
'popular' en Majadahonda
(Madrid) hasta enero de
2015, el magistrado
sospecha de los
supuestos vínculos entre
este automóvil de lujo y
la trama después de que
en los 'pinchazos'
telefónicos que
revelaban la estrecha
relación entre la mujer
y Granados se escuchase
a ambos hablar sobre
dicho coche. También en
abril, en concreto el
pasado día 11, la UCO
entregó un segundo
informe. En este caso,
"sobre diversas
gestiones practicadas en
establecimientos
hoteleros". Aún no han
transcendido detalles
sobre ninguno de ellos
al haber sido incluidos
también en la parte
secreta de la causa.
http://vozpopuli.com/actualidad/80942-cerco-a-lopez-madrid-la-uco-entrega-un-voluminoso-informe-sobre-el-yate-que-compartia-con-granados
GRANADOS PIDE AL JUEZ
QUE LE LIBERE 114.269 €
PARA PAGAR LA HIPOTECA
DE SU CASA 'OFICIAL'
El exsecretario general
del PP de Madrid dirige
un escrito a la
Audiencia Nacional para
que desbloquee de sus
cuentas los fondos
suficientes para pagar
toda la deuda pendiente
con el banco. Su
argumento: si no lo hace
así, la entidad
financiera se quedará
con la vivienda que
utilizaba cuando fue
detenido en octubre de
2014.
Nueva petición de
Francisco Granados desde
la cárcel. El que fuera
secretario general del
PP de Madrid y número 3
del Ejecutivo de
Esperanza Aguirre ha
dirigido un escrito al
titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6, Eloy Velasco,
en el que le pide de
nuevo que le desbloquee
las cuentas que tiene
embargadas desde que fue
detenido el 27 de
octubre de 2014. En
concreto, el político,
único de los
'investigados' en el
caso Púnica que
permanece encarcelado,
pide que se liberen
114.269,40 euros de la
cuenta en la que figuran
como titular él y su
mujer, María Nieves
Alarcón, también
imputada, para poder
saldar el préstamo
hipotecario que grava la
casa que la pareja
utilizaba como vivienda
habitual en la localidad
de Valdemoro. Su
argumento es que, de no
hacerse así, la entidad
financiera que les
concedió el crédito, se
la quedará. Los
investigadores adjudican
al ex alcalde y ex
consejero la propiedad
de otros cuatro
inmuebles, dos de ellos
a nombre de testaferros
(ver recuadro).
Catalunya Caixa ha
ofrecido a Granados y su
mujer la posibilidad de
acogerse a "la
reestructuración de la
deuda y la dación en
pago". El político ni se
lo plantea
En el escrito, fechado
este lunes y al que ha
tenido acceso Vozpópuli,
Francisco Granados
asegura que Catalunya
Caixa "va a iniciar la
ejecución hipotecaria de
la vivienda en las
próximas fechas" después
de que la pareja no haya
abonado desde el arresto
del político, hace año y
medio, ninguna de cuota
de dicho préstamo. En
total, más de 32.000
euros. Para demostrarlo,
incorpora la carta que
recientemente ha
remitido la entidad
financiera a la pareja
en la que ésta les da "5
días hábiles [...] para
regularizar la totalidad
de la deuda". En la
misma misiva, la caja
catalana ahora absorbida
por el BBVA, le ofrece
"soluciones como la
reestructuración viable
de la deuda y la dación
en pago".
Sin embargo, ninguna de
estas dos posibilidades
es contemplada por el
político a la vista del
contenido del escrito.
De hecho, en el mismo
solicita al juez Velasco
"el desbloqueo de los
saldos suficientes para
pagar el préstamo
hipotecario pendiente,
toda vez que el bien
inmueble se encuentra
embargado por este
Juzgado y de otro modo
perdería el bien a favor
de la entidad bancaria
como acreedor
hipotecario", algo que
rechaza. El político
cuantifica en 114.269,40
euros el dinero
necesario para no
'despedirse' de su
vivienda, según un
certificado con las
cifras pendientes de
amortización que le
remitió el banco el
pasado 15 de marzo. En
él se detallaba que esta
cantidad se repartía
entre 80.793,93 euros de
"capital pendiente",
32.205,60 euros de
"deuda vencida", 18,93
euros de "intereses
devengados", 807,94
euros de "comisión
amortización" y otros
442 euros de "comisión
de rec. impago".
Una inmobiliaria bajo
sospecha
En su escrito, Granados
y su mujer detallan al
juez todo el proceso que
siguieron para la
adquisición en marzo
2007 de dicha vivienda,
situada en el número 2
de la calle Venezuela,
de Valdemoro, la
localidad donde el
exdirigente del PP fue
alcalde. Así, aseguran
que firmaron un contrato
de compraventa con
Promodico SL, también
intervenida por orden
judicial en el 'caso
Púnica', por un precio
de 468.000 euros. Para
ello, aseguran que
suscribieron la hipoteca
con Catalunya Caixa por
330.000 euros de capital
gracias a que la casa
fue tasada entonces por
un valor incluso
superior al que ellos
iban a pagar. Todo ello
lo acompañan con
documentos como la
propia escritura de la
compra.
El juez investiga si la
vivienda que quiere
salvar Granados fue
realmente pagada por el
político o se trató de
un 'pago en especie' por
sus favores a una
constructora
Promodico SL, la
inmobiliaria que le
vendió la casa, es una
de las filiales del
Grupo DICO, uno de cuyos
directivos denunció hace
tiempo el supuesto pago
de 'mordidas' al
exdirigente regional del
PP. En el sumario consta
que fue esta promotora
la que vendió al
político 'popular' dos
viviendas, entre ellas
la que ahora a toda
costa conservar. No
obstante, la
investigación intenta
aclarar si ésta fue
realmente abonada por
Granados o se trató de
un 'pago en especie' por
los supuestos favores
que el político hizo a
la constructora y sus
filiales en Valdemoro.
Además, un informe de la
Agencia Tributaria
incorporado a la causa
también llama la
atención sobre otra
venta de Promodico al
'clan Granados', en este
caso a los cuñados del
exsecretario general del
PP en Madrid.
Formalizada en 350.000
euros, los expertos de
Hacienda destacan que su
valor real se acercaba
al medio millón de
euros. Por todo ello, el
pasado 27 de octubre,
cuando se produjeron las
detenciones, la compañía
fue intervenida, y todos
sus bienes y cuentas
corrientes embargados.
Situación que se
mantiene en la
actualidad.
Sus viviendas 'ocultas'
El patrimonio
inmobiliario de
Francisco Granados no se
limita, ni mucho menos,
a la vivienda de la
calle Venezuela, de
Valdemoro, para cuya
hipoteca pide ahora
dinero. Él y su mujer
también figuran como
titulares de otra casa
en esta localidad al Sur
de Madrid donde él
ejerció de alcalde y de
un chalé en Marbella.
Ambas adquisiciones
también están bajo
sospecha. Sin embargo,
las pesquisas también
han permitido destapar
otras posesiones que
supuestamente pertenecen
al político aunque
figuran a nombre de
supuestos testaferros.
Una es la mansión de
1.000 metros cuadrados
que uno de los
constructores imputados
en la causa le estaba
levantando también en
Valdemoro. La misma iba
a contar con todo tipo
de lujos como una
piscina con el vaso
revestido de cuarcita
dorada, un amplio jardín
con porche levantado en
piedra arenisca y una
cocina con muebles y
electrodomésticos
valorados en más de
80.000 euros. El resto
de la vivienda seguía la
misma línea: baño turco
y sauna, vestidor con
mando a distancia, tres
chimeneas, ducha con
cromoterapia y efecto
niebla... La segunda
propiedad inmobiliaria
oculta es un chalé
situado en la localidad
abulense de Higuera de
las Dueñas, un pequeño
pueblo de menos de 300
habitantes. Esta
vivienda, que Granados
utilizaba junto a otros
imputados como lugar de
asueto muchos fines de
semana, esta situado
sobre siete fincas
valoradas en más de un
millón de euros.
http://vozpopuli.com/actualidad/78506-granados-pide-al-juez-que-le-libere-114-269-para-pagar-la-hipoteca-de-su-casa-oficial
GRANADOS PIDE DE NUEVO
LA LIBERTAD EN PLENA
TORMENTA POR LAS
CONFESIONES DE MARJALIZA
El político, único
encarcelado por el 'caso
Púnica', envía al juez
Velasco un escrito para
reclamar su "inmediata"
salida de prisión sólo
24 horas después de que
se conocieran las
declaraciones judiciales
de su ex socio y amigo
que le incriminan.
Sólo 24 horas. Ese es el
corto espacio de tiempo
que ha pasado entre que
salieran a la luz la
confesión de David
Marjaliza y que el
principal damnificado
por sus revelaciones
pida la "inmediata
puesta en libertad".
Francisco Granados ha
entregado este miércoles
en la Audiencia Nacional
un escrito por el que
vuelve a solicitar al
juez instructor del
'caso Púnica', Eloy
Velasco su
excarcelación. El que
fuera 'número 2' de
Esperanza Aguirre en el
PP madrileño insiste en
que no hay riesgo de
fuga porque "es
ciudadano español" y
tiene arraigo en nuestro
país, además de que la
posibilidad de que
destruya pruebas o
reincida en la actividad
delictiva de que se le
acusa es nula porque
"parece poco probable"
que vuelva "a ocupar el
puesto como funcionario
público". En las
ocasiones anteriores en
las que pidió también su
libertad, ésta fue
rechazado con el apoyo
de la Fiscalía
Anticorrupción pese a
que el ex senador
incluso propuso llevar
un pulsera de control
telemático. En esta
ocasión no plantea esta
posibilidad.
El escrito de su abogado
defensor, de poco más de
tres folios de extensión
y al que ha tenido
acceso Vozpópuli,
destaca que el pasado 7
de mayo el magistrado
acordó el levantamiento
parcial del secreto de
sumario y que, a la
vista de ello, "no
concurren las causas que
motivaron el ingreso en
prisión incondicional"
de su cliente, por lo
que solicita "su
inmediata puesta en
libertad o,
alternativamente, la
imposición de una medida
menos gravosa que la
prisión preventiva".
Para ello, alega que ya
no existe riesgo de fuga
ya que "como se ha
explicado en anteriores
escritos, el señor
Granados es ciudadano
español, residente en
Valdemoro, donde vive
con su mujer y sus
hijas". "Por este motivo
-continúa el escrito-,
el arraigo en España se
muestra como plenamente
acreditado".
Tres años de
investigación
El abogado del político
también considera que
"no existe riesgo de
reiteración delictiva".
Para ello, destaca que
los delitos que "suspuestamente"
se le imputan "se
habrían cometido
aprovechando su posición
como funcionario
público". "A estas
alturas, parece poco
probable que el señor
Granados pueda volver a
ocupar un puesto como
funcionario público".
Finalmente, incide en
que tampoco puede
destruir ningún tipo de
prueba. En este sentido,
recalca que la
investigación se inició
en el año 2013 y que
está judicializada desde
2014, "por lo que
entiende esta defensa
que difícilmente el
señor Granados va a
poder interrumpir el
curso de la
investigación casi tres
años después de que se
iniciasen".
Por todo ello, reclama
la puesta en libertad
del político sin fianza
o, en su defecto, de una
medida económica "como
le fue impuesta en su
momento tanto al señor
Moreno [Jesús Moreno
Torres, su sucesor en la
alcaldía de Valdemoro]
como al señor
Marjaliza". El primero
eludió el ingreso en
prisión tras su
imputación tras abonar
una fianza de 100.000
euros. El segundo
abandonó la prisión el
pasado mes de diciembre,
tras seis meses de
colaboración con la
Justicia y consignar en
el Juzgado la misma
cantidad.
http://vozpopuli.com/actualidad/82119-granados-pide-de-nuevo-la-libertad-en-plena-tormenta-por-las-confesiones-de-marjaliza
UN EX CONCEJAL DEL PP
PROCESADO EN GÜRTEL
COLABORA EN PÚNICA:
DESTAPA CÓMO ERAN LAS
CACERÍAS DE GRANADOS Y
MARJALIZA
Se trata del ex edil de
Majadahonda, Juan José
Moreno Alonso, quien
recientemente prestó
declaración en la
Fiscalía Anticorrupción
incriminando al ex
secretario general del
PP de Madrid, Francisco
Granados. El ex concejal
explicó cómo se hacían
negocios en las cacerías
donde estaba la mano
derecha de Aguirre.
El ex edil de
Majadahonda, Juan José
Moreno Alonso, procesado
por su participación en
la Primera Época de la
trama Gürtel
(1999-2005), testificará
en los próximos días
ante el titular del
Juzgado Central de
Número 6 de la Audiencia
Nacional, Eloy Velasco,
para colaborar en la
investigación de la
trama Púnica, según han
informado fuentes
jurídicas a Vozpópuli.
En realidad, Moreno
Alonso había sido citado
por el magistrado este
martes pero por motivos
de agenda no dio tiempo
a que prestase
declaración ante el
instructor y dicha
comparecencia se ha
aplazado para los
próximos días, según
explican las mismas
fuentes.
Moreno Alonso, ahora
testigo en Púnica,
también colaboró a
esclarecer la
investigación de la
trama Gürtel con sus
confesiones
Se da la circunstancia
de que el ahora testigo
del caso Púnica fue uno
de los concejales que
ayudó a destapar la
trama Gürtel ya que
participó en las
grabaciones que se
realizaron al presunto
cabecilla de esta red de
corrupción, Francisco
Correa, y que en 2007
fueron aportadas a la
Fiscalía Anticorrupción
por el también ex edil
de Majadahonda, José
Luis Peñas. Moreno, que
no se atrevió en un
primer momento a ir
junto con Peñas a la
Fiscalía para denunciar
los hechos, sí que
colaboró con la
Audiencia Nacional y
Anticorrupción en
momentos posteriores de
la instrucción de
Gürtel. De ahí, que en
el auto de apertura de
juicio oral de la
Primera Época de esta
trama corrupta a Juan
José Moreno Alonso, ex
concejal de Hacienda de
Majadahonda, se le
apliquen varios
atenuantes por
"colaboración con la
justicia y confesión
judicial".
Pues bien, Moreno Alonso
prestó declaración
recientemente en la
Fiscalía Anticorrupción
y entregó allí las
cintas de las
grabaciones que forman
parte del sumario de
Gürtel donde se recoge
cómo operaba la red de
Correa y donde aparece
salpicado Francisco
Granados. Este ex edil
contó cómo el ex
consejero de
Presidencia, Justicia e
Interior de la Comunidad
de Madrid ordenó al ex
alcalde de Majadahonda,
Guillermo Ortega,
dimitir porque se estaba
quedando con el dinero
de las comisiones que
daban los empresarios y
no las estaba haciendo
llegar a sus superiores.
Cacerías con putas
Según fuentes de la
investigación
consultadas por este
periódico, el testimonio
de este ex concejal del
PP tiene valor en las
pesquisas de Púnica ya
que coincidió en algunas
de las cacerías que
están siendo
investigadas con los
cabecillas de la trama,
Francisco Granados y su
ex socio arrepentido,
David Marjaliza. Era en
dichos encuentros de
caza donde, en
ocasiones, se cerraban
los 'pelotazos'
urbanísticos.
El ex edil de
Majadahonda coincidió
con los cabecillas de la
trama Púnica en las
ostentosas cacerías
donde se cerraban los
'pelotazos' urbanísticos
Del sumario de Púnica se
desprende que tanto el
que fuera mano derecha
de Esperanza Aguirre
como sus entonces
amigos, Marjaliza y el
también constructor
Ramiro Cid, cerraban
gran parte de sus
operaciones
empresariales en
cacerías. Así lo confesó
el ex director
financiero de la
promotora Dico, David
Merino, una de las
constructoras
investigadas en este
procedimiento y que
habría costeado las
ostentosas monterías que
se dieron en fincas como
La Parrilla, La Solana,
Los Yébenes, Los
Berrocales y Los
Collados de San Benito,
para uso y disfrute de
los imputados en dicha
trama de corrupción.
Merino explicó que las
monterías se celebraban
en prestigiosas fincas
de España de caza mayor,
donde había "venados a
cascoporrillo", y que a
ellas acudían unas 50
personas entre
empresarios y políticos.
Según sostuvo el ex
director de la
constructora Dico en su
confesión, en las
jornadas cinegéticas
tampoco faltaban las
prostitutas.
Por su parte, el ex
concejal de Majadahonda
Juan José Moreno detalló
cómo se hacían los
negocios en dichos
encuentros campestres
cuando compareció en la
sede de Anticorrupción a
voluntad propia. De ahí
que las fiscales del
caso, Carmen García y
María Teresa Gálvez,
incorporaran su
testimonio al sumario de
Púnica y consideraran
que éste debe ser
escuchado también por el
juez Velasco.
http://vozpopuli.com/actualidad/78577-un-ex-concejal-del-pp-procesado-en-gurtel-colabora-en-punica-destapa-como-eran-las-ostentosas-cacerias-de-granados-y-marjaliza
EL JUEZ DE PÚNICA IMPUTA
A UN HOTELERO VALENCIANO
POR EL BLANQUEO EN SUIZA
DE GRANADOS Y MARJALIZA
Suma y sigue en el 'caso
Púnica'. El titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 6,
Eloy Velasco, ha tomado
declaración como
imputado en los últimos
días a un nuevo
empresario dentro de las
pesquisas para
desentrañar el entramado
de blanqueo que
Francisco Granados y el
constructor David
Marjaliza utilizaron
durante años en Suiza
presuntamente para
'lavar' millones de
euros. Se trata, en
concreto, del hotelero
valenciano José Amadeo
Semper Asensi, del que
el magistrado ya
solicitó información al
Banco de España el
pasado mes de
septiembre. Al menos
otras tres personas se
encuentran ya encausadas
por el mismo motivo.
Vozpópuli se puso este
viernes en contacto con
el despacho de abogados
de Madrid que lleva su
defensa, pero declinaron
responder a las
preguntas de este
diario.
El nombre de Semper
Asensi ya figuraba en el
listado de doce
empresarios que el juez
Velasco envió al Banco
de España en septiembre
para saber si habían
declarado tener cuentas
en Suiza
La imputación de Semper
Asensi se le comunicó
personalmente en la
Audiencia Nacional el
pasado 2 de marzo, según
documentos judiciales a
los que ha tenido acceso
este periódico. Días
después, el juez Velasco
dictaba una providencia
por la que acordaba
prolongar el secreto
sobre las actuaciones
para identificar,
precisamente, a "las
personas que colaboraron
en las actuaciones de
blanqueo". Se trata de
una línea de
investigación que se
centra en una veintena
de empresarios con
cuentas en Suiza que
presuntamente
facilitaron, muchos de
ellos de manera
inconsciente, que la red
de corrupción 'lavara' y
repatriara fondos
mediante el llamado
'mecanismo de
compensación'.
El nombre del hotelero
no es, sin embargo,
nuevo en el sumario de
Púnica. El pasado mes de
septiembre, el juez
Velasco ya lo incluyó en
el listado de doce
empresarios que remitió
al Banco de España para
recabar información
sobre ellos. En el mismo
también se encontraba su
esposa, María del Carmen
Ballester Ríos, que
figura junto a él en
varias de las empresas
que administra. El
magistrado reclamaba del
matrimonio y de las
otras diez personas,
entre las que se
encontraba Inés de
Borbón y Borbón, prima
del Rey Juan Carlos,
información sobre la
"apertura, cancelación o
movimientos de cuentas
bancarias en el
exterior" entre 2003 y
2015 "con especial
hincapié" en las que
tuviera en el país
helvético.
Un ingreso de 1,28
millones de euros
Hasta el momento, hay al
menos otras tres
personas imputadas por
estos hechos. El primero
lo fue en octubre
pasado. Se trataba de
Michael Trevor Langdon
Sharman, un ciudadano
español de origen
norteamericano al que la
investigación relaciona
con un ingreso de 1,28
millones de euros en los
depósitos en el BNP
Paribas de Ginebra de
los dos presuntos
cabecillas de la trama.
La Guardia Civil llegó,
incluso, a registrar su
domicilio. A él se han
sumado en las últimas
semanas al menos otras
dos personas, además del
hotelero valenciano. Se
trata de J.P.B. y M.G.Y.
El abogado del primero
confirmó en conversación
telefónica con Vozpópuli
que la situación
judicial de su cliente
había sido provocada por
un movimiento bancario
que se hizo desde sus
cuentas en el año 2008
con los depósitos de
Marjaliza y Granados,
aunque negó que
conociera a éstos y
descargó toda la
responsabilidad de
aquella transferencia en
la entidad financiera
helvética.
En octubre, el
magistrado imputó por
los mismos hechos a un
ciudadano español de
origen norteamericano al
que la investigación
relaciona con un ingreso
de 1,28 millones de
euros en las cuentas de
Granados y Marjaliza
Esta parte de la
investigación ha sido
incluida por el juez
Velasco en la bautizada
como 'pieza separada
internacional', que
mantiene bajo secreto de
sumario. En ella se
encuentra, precisamente,
la abundante
documentación que las
autoridades suizas
remitieron a comienzos
de 2014 sobre las
cuentas de Granados y
Marjaliza y que
permitieron,
precisamente, iniciar la
investigación que
desembocó en la
'Operación Púnica'. El
magistrado ha señalado
en varias ocasiones que
la información que ha
llegado desde Berna es
tan voluminosa que aún
no se ha terminado de
traducirla al
castellano. No obstante,
diversos
pronunciamientos de los
tribunales helvéticos a
los que ha tenido acceso
Vozpópuli en los últimos
meses, revelan detalles
de esta trama y de los
empresarios implicados.
Así, dichos documentos
judiciales señalan que
las pesquisas se
iniciaron en el país
centroeuropeo mucho
antes que en España. En
concreto, el 6 de
diciembre de 2012, hace
más de tres años, cuando
sus servicios de lucha
contra el lavado de
capitales detectaron
movimientos sospechosos
en las cuentas abiertas
en el BNP Paribas a
nombre de la empresa
costarricense Sheratong
Trading, del "promotor
inmobiliario en España"
David Marjaliza y del
"hombre político
español" Francisco
Granados. En dicha
fecha, la Fiscalía suiza
ya procedió al
"secuestro penal" de
dichos depósitos, medida
que extendió en junio de
2013 a otra cuenta, en
este caso la abierta en
el UBS de Ginebra con
otra mercantil
centroamericana como
titular, Droz & Co.
también propiedad del
constructor.
"Catorce intermediarios
financieros"
Entre ambas fechas, las
pesquisas de la Justicia
suiza habían detectado
ya la existencia de un
importante "flujo
financiero" compuesto
por más de un centenar
de transferencias
realizadas desde 2003
que apuntaban a un
supuesto delito de
blanqueo de capitales
que tenía como destino,
precisamente, las
cuentas de Marjaliza y
Granados. En ellas,
detalla uno de los
escritos judiciales en
poder de este diario,
aparecieron implicados
"catorce intermediarios
financieros en Suiza".
En mayo de 2013, un mes
antes incluso de que
actuaran contra las que
tenía Luis Bárcenas en
el país helvético, las
autoridades de Berna
bloquearon los depósitos
de todos ellos, algunos
abiertos formalmente a
nombre de empresas
registradas en paraísos
fiscales o de
fundaciones 'pantalla'.
Documentos judiciales
suizos destacan la
existencia de un "flujo
financiero" de más de un
centenar de
transferencias
realizadas desde 2003 en
las cuentas de los
cabecillas de la trama
Esta decisión fue
comunicada a los
afectados por la propia
entidad en la que tenían
sus fondos, la mayoría
el BNP Paribas. De
hecho, al menos uno de
los afectados inició
entonces trámites
judiciales en el país
helvético para revertir
esta situación, aunque
sin éxito. El Tribunal
Penal Federal argumentó
en el fallo en el que
rechazó definitivamente
su pretensión
precisamente que los
movimientos financieros
de la cuenta bloqueada
revelaban que se habían
hecho transferencias con
otros depósitos
sospechosos de cobijar
dinero "originado en la
corrupción". En aquel
momento, con la
investigación en España
recién iniciada, la
Justicia helvética
insistía en la necesidad
de salvaguardar la
información contenida en
el procedimiento "a la
vista de su carácter
internacional, el largo
periodo [desde 2003]
durante el cual se han
desarrollado los hechos,
el número de
transacciones a
dilucidar, la
complejidad de las
estructuras financieras
y el número de personas
físicas y jurídicas
afectadas".
El fallo recalcaba
también que había un
"riesgo concreto" de
malograr las
investigaciones si se
daba acceso a las mismas
a los titulares de las
cuentas bloqueadas.
"Después de haber
consultado el sumario y
tomado conocimiento de
los hechos precisos que
contiene, las personas
implicadas podrían
contactar con otras
personas relacionadas
con el caso y todavía no
identificadas y hacer
desaparecer las
pruebas", recalcaban los
magistrados helvéticos
para explicar su
negativa. Un mes después
de este último fallo,
las autoridades suizas
remitieron a la Fiscalía
española una
comunicación en la que
la informaba por primera
vez de la existencia de
"varios terceros
(personas físicas y
jurídicas)" que habían
"intervenido
activamente" en
transferir algo más de 5
millones de euros a las
cuentas en el BNP
Paribas y el UBS de
Ginebra abiertas a
nombre de Marjaliza,
Granados y sus empresas
'pantalla'.
Anticorrupción elaboró
entonces un informe,
fechado el 11 de junio
de 2014, en el que ya
recogía la sospecha de
que dichos movimientos
de fondos estaban
relacionados con
operaciones de blanqueo
de capitales "gracias al
mecanismo de
compensación". En el
mismo sólo se
mencionaban entonces a
cinco empresarios
españoles. Ahora, sin
embargo, esta cifra se
ha elevado a cerca de
una veintena de
sospechosos. El hotelero
valenciano es, por
ahora, el último
imputado en una línea de
investigación que aún
permanece secreta.
http://vozpopuli.com/actualidad/77573-el-juez-de-punica-imputa-a-un-hotelero-valenciano-por-el-blanqueo-en-suiza-de-granados-y-marjaliza
EL JUEZ DE 'PÚNICA'
BUSCA NUEVAS CUENTAS DE
GRANADOS, MARJALIZA Y
SUS ESPOSAS EN EEUU
El auto que levanta el
secreto de sumario
revela que el magistrado
remitió en octubre una
comisión rogatoria a
Washington para
solicitar información
sobre el político, el
constructor y las
esposas de ambos.
El caso Púnica cruza de
nuevo el Océano
Atlántico. El titular
del Juzgado Central de
Instrucción número 6,
Eloy Velasco, remitió el
pasado mes de octubre
una comisión rogatoria a
Estados Unidos para
recabar información
sobre la posible
existencia en este país
de cuentas y propiedades
a nombre de los dos
presuntos cabecillas de
la trama, Francisco
Granados y David
Marjaliza, y sus
esposas, María Nieves
Alarcón y Adela Cubas,
así como el de una
quinta persona, Ana
María Ramírez,
secretaria y persona de
la máxima confianza del
constructor. El dato,
desconocido hasta ahora,
ha salido a la luz
gracias al auto por el
que este viernes el
magistrado levantaba el
secreto de sumario sobre
la mayor parte de la
causa, entre ellas la
pieza separada
"internacional".
Además de a EEUU y
Suiza, el magistrado ha
pedido ayuda a las
autoridades de
Liechtenstein, Panamá,
Costa Rica, Holanda y
Singapur
La solicitud del juez
Velasco es la respuesta
a la petición que cinco
meses antes le había
hecho la Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil. De hecho,
los agentes responsables
de la investigación
habían iniciado 2015
planteando al magistrado
la colaboración
internacional de varios
países. Así, en marzo de
aquel añpo solicitaron
una a Liechtenstein. Dos
meses después, hacían lo
mismo con Costa Rica y
Panamá, además de EEUU.
En septiembre le tocó el
turno a Holanda También
plantearon una a
Singapur. En todos los
casos contó con el
respaldo de la Fiscalía
Anticorrupción que, sin
embargo, en el caso del
Washington pidió una
aclaración previa a la
Guardia Civil. Aunque en
el auto conocido ahora
no se detalla qué
información reclama de
todos estos países, un
oficio de noviembre de
2014 ya apuntaba que la
mayor parte de ellas se
referían a la búsquedas
de "cuentas en el
extranjero". El juez dio
trámite a la comisión
rogatoria a EEUU en un
auto fechado el pasado
15 de octubre.
Las 19 cuentas de Suiza
De confirmarse la
existencia de nuevas
cuentas en este último
país, se añadirían a las
ya descubiertas en Suiza
gracias a la
colaboración de las
autoridades de Bena y
que fueron,
precisamente, las que
permitieron iniciar la
investigación que
desembocó en la
Operación Púnica. En
concreto, ya ha
transcendido la
existencia de 19
depósitos abiertos a
nombre de Granados,
Marjaliza, sus esposas y
cuatro las sociedades
'fantasmas'. El banco
que mayor número de
depósitos cobija es el
BNP Paribas Private Bank
de Ginebra. En él
figuran nada menos que
13 cuentas bancarias a
nombre de dos
mercantiles con sede en
Costa Rica y que estaban
controladas por
Marjaliza.
En Suiza, la
investigación ya ha
localizado 19 cuentas de
Púnica abiertas en tres
bancos y a nombre de
cuatro empresas
'pantallas'
Una de ellas es Sheraton
Trading SA, que figura
como titular de cinco
cuentas. Las otras ocho
en este banco aparecen a
nombre de Time, una
empresa también
registrada en el país
centroamericano. Otra
mercantil 'pantalla, en
este caso Oldfield
Properties Inc,
localizada en el paraíso
fiscal de Tórtolas-Islas
Vírgenes Británicas.,
figura como titular de
una cuenta en el LGT
Bank de Basilea.
Finalmente, los últimos
cinco depósitos se
encontraron en el UBS,
el mayor banco suizo.
Todos ellos a nombre de
la mercantil
costarricense Droz & Co
SA, cuyo real
beneficiario no es otro
que Marjaliza.
Los informes de la UCO y
la Fiscalía
Anticorrupción también
recogen la existencia de
otras cuentas ya
cerradas. Así, Granados
y su esposa, María
Nieves Alarcón, abrieron
a su nombre en el año
2000 una cuenta en el
BNP Paribas con fondos
procedentes de la
entidad Credit Lyonnais.
En la misma, realizaron
ingresos de 1,5 millones
hasta 2006, y fue
finalmente cerrada en
2007. Entonces, la misma
tenía un saldo de
"alrededor de 1,7
millones de euros", que
fueron transferidos
aquel año a uno de los
depósitos del UBS a
nombre de Droz & Co.
También en el BNP tenían
otra cuenta a su nombre
Marjaliza y su mujer,
Adela Cubas. En la misma
recibieron entre febrero
de 2003 y mayo de 2006
nada menos que 4,1
millones de euros. Ese
dinero fue trasladado
ese último año a uno de
los depósitos abiertos a
nombre de Sheraton
Trading SA.
Singapur, Holanda y
Costa Rica
La comisión rogatoria
enviada a Singapur
también parece estar
relacionada con cuentas
bancarias. En este caso
con la abierta en el
Standard Chartered Bank
de esta ciudad estado
asiática y que figura a
nombre de la sociedad
pantalla Milenia Trading
Pte Ltd. Desde este
depósito, el constructor
transfirió a España en
el verano de 2013 más de
4,2 millones de euros
con una falsa
compraventa de obras de
arte con la que blanqueo
dicha cantidad de
dinero. A Holanda, el
juez Velasco también le
ha solicitado
información bancaria. De
hecho, la Fiscalía de la
localidad de Zwolle
remitió el pasado 24 de
septiembre información
sobre el ABN Amro Bank,
sin que hasta el momento
haya transcendido de qué
persona o empresa
recababa la información.
La Fiscalía de la
localidad holandesa de
Zwolle remitió el pasado
septiembre información
de cuentas en el ABN
Amro Bank
Finalmente, la petición
de colaboración a Costa
Rica está relacionada
con las tres empresas
'fantasmas' registrada
en el país
centroamericano y que
fueron utilizadas por
Marjaliza y Granados
para abrir cuentas en
Suiza,. La primera
detectada fue Sheraton
Trading SA, creada en
febrero de 2006. La
segunda es Droz & Co,,
que está operativa desde
septiembre de 2006. La
tercera es Time, cuya
existencia fue conocida
tras analizar la
documentación
intervenida en el
registro que los agentes
hicieron en el domicilio
de Ana María Ramírez, la
secretaria de Marjaliza.
http://vozpopuli.com/actualidad/81822-el-juez-de-punica-busca-nuevas-cuentas-de-granados-marjaliza-y-sus-esposas-en-eeuu
EL JUEZ DE PÚNICA
INVESTIGA A UNA ANTIGUA
COLABORADORA DE AGUIRRE,
AZNAR Y GRANADOS
El magistrado recibe un
informe de la Guardia
Civil sobre el vehículo
propiedad de María
Victoria Cristóbal
Araujo por la supuesta
vinculación del mismo
con la trama. Asesora de
la 'lideresa' y ex
concejal en Majadahonda,
no es la primera vez que
esta ex alto cargo del
Ejeuctivo regional
aparece en el sumario,
en el que figuran
numerosas conversaciones
de ella con el ex
secretario general del
PP de Madrid.
Ni un cabo suelto ni una
pista sin investigar en
el 'caso Púnica'. El
titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 6, Eloy Velasco,
ha encargado a los
agentes de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil un
informe sobre un
vehículo de la marca
Mercedes que aparece a
nombre de una antigua
cargo del Ejecutivo
regional de Esperanza
Aguirre que hasta ahora
no está imputada en la
causa. Se trata de María
Victoria Cristóbal
Araujo, ex asesora de
prensa de la lideresa en
la primera campaña de
ésta a la Presidencia de
la Comunidad de Madrid y
que con Francisco
Granados en la
Consejería de
Presidencia, Interior y
Justicia llegó a estar
al frente de la Agencia
Madrileña de Emigración.
Antigua colaboradora
también de José María
Aznar en la fundación
FAES y concejal
'popular' en Majadahonda
(Madrid) hasta enero de
2015, el magistrado
indaga sobre los
supuestos vínculos entre
este automóvil de lujo y
la trama. Vozpópuli se
puso este jueves en
contacto telefónico con
María Victoria Cristóbal
para conocer su versión
sobre la adquisición de
dicho coche, pero ella
declinó hacer
declaraciones. "No me
dedico a la política
desde hace más de un año
y no tengo nada que
decirle", fue su escueta
respuesta.
La Guardia Civil remitió
el informe a la
Audiencia Nacional el
pasado 6 de abril. Nueve
días después, el
magistrado preguntaba a
Anticorrupción qué pasos
seguir en la
investigación del
vehículo bajo sospecha
El informe de la Guardia
Civil sobre el automóvil
con matrícula 6XXX-DZL,
un Mercedes SLK de color
negro que ella incluyó
en su declaración de
bienes cuando fue
elegida concejal en las
elecciones de mayo de
2011, llegó a la
Audiencia Nacional el
pasado 6 de abril. Nueve
días después el
magistrado dictaba una
providencia a la que ha
tenido acceso este
diario en la que
solicitaba a la Fiscalía
Anticorrupción que lo
estudiase para que
propusiera qué pasos dar
a partir de ahora sobre
el mismo y si se toma
alguna medida judicial
contra su propietaria.
El contenido del mismo
aún no ha transcendido,
pero fuentes cercanas a
la investigación apuntan
a este diario que el
objeto de las pesquisas
es comprobar cómo el
automóvil llegó a ser
propiedad de Vicky, como
todo el mundo conocía a
la colaboradora de
Aguirre, Granados y
Aznar. En este sentido,
recuerdan que la UCO ya
realizó uno similar
sobre otro vehículo, en
concreto uno marca Mini
Cooper que utilizaba la
mujer del cabecilla de
la trama, María Nieves
Alarcón, también
imputada en la causa, y
que resultó destruido en
un incendio provocado.
Aquel informe concluyó
que el coche era en
realidad un supuesto
pago 'en especie' de un
constructor de
Valdemoro, Ramiro Cid,
también inculpado, que
se intentó camuflar con
"facturación falsa",
según reconoció el
propietario del
concesionario.
Un "piso" y un "coche"
En el caso de María
Victoria Cristóbal
Araujo ha pesado también
el contenido de las
numerosas conversaciones
que ésta mantuvo
precisamente con
Granados cuando éste
tenía el teléfono
intervenido por orden
judicial. En las mismas,
además de constatarse la
estrecha relación entre
ambos a pesar de que
cuando se producen él ya
no está en política y
ella ejerce de concejal
de Relaciones
Instituciones en el
Ayuntamiento de
Majadahonda, aparecen
precisamente referencias
a un "piso" y un "coche"
supuestamente regalados
a ella por el cabecilla
de la trama. De hecho,
en una llamada del 2 de
julio de 2014, pocos
meses antes de la
detención del político
madrileño, Vicky se
quejaba de que José
María Aznar la quisiera
echar de la fundación
FAES, donde ella
trabajaba en aquel
momento. Al parecer, por
temor a que saliera con
escándalo "muy gordo de
ella", según se recoge
en un informe de la UCO.
Granados: ¿Qué pasa?
¿Qué te ha dicho éste?
Victoria: Bueno, pues
nada, lo que yo más o
menos me figuraba.
G: ¿El qué?
V: Pues que quieren que
me quede fuera del
proyecto, de momento.
G: ¿Cómo? ¿Que te quedes
... ?
V: Fuera del proyecto de
momento.
G: ¿Y eso?
V: Pues porque...,
bueno, eh... pues...
Pues porque a [José
María] Aznar le han
contado toda mi historia
y tal y entonces pues...
no quieren, no quieren
que esté en esto. Porque
vamos muy justos de
tiempo... y yo puedo ser
una persona ahí que por
estar yo en esto se
bloquee la historia y
tal. Y, bueno, Aznar le
ha contado a [Javier
Fernández] Lasquetty lo
del piso, lo del coche,
todo.
G: ¿Qué del piso y del
coche?
V: Que tú me has
regalado un piso. O sea,
le ha debido... Me ha
dicho Pedro que Pablo
[Casado] no me lo quería
decir porque yo le he
dicho, oye, pero
exactamente qué he hecho
yo, ¿sabes? Porque es
que yo también necesito
saberlo. [...] ¿Qué
puedo hacer Paco? Joder,
que al final a mí me han
jodido la vida, porque
claro, es que por más
que yo lo intente y por
más que tal, pues que
estoy ahí y me han
puesto una cruz
imposible de levantar,
imposible, imposible.
"Manda huevos"
Granados se mostraba
indignado en aquella
conversación por el
hecho de que se le
acusase de haberle
regalado un piso y un
coche a su antigua
colaboradora. "Manda
huevos que le diga que
yo te he regalado el
piso. Es que me parece
la polla", se quejaba el
político encarcelado. En
una llamada telefónica
posterior, María
Victoria Cristóbal
aseguraba que iba a
enseñar a "Pablo"
[Casado] las escrituras
de la casa para
demostrar su inocencia,
y que intentará buscar
nuevo empleo en un
proyecto con la embajada
de Rusia", destaca un
informe de la UCO. El ex
consejero le aseguraba
que había pensado en
hablar con "Esperanza
[Aguirre]" para
"amenazarla" y contarle
todo, pero que tampoco
pretendía "requemar el
asunto" pese a que
estaba "hasta los
cojones" porque era
posible que sólo la
perjudicase a la propia
Vicky. Ella entonces le
dijo que había pensado
en ir a un notario y
contar "lo de los
espías", en referencia
al escándalo del
espionaje en la
Comunidad de Madrid en
el que ambos se habían
visto salpicados.
En una de las
conversaciones entre
Granados y Vicky, está
asegura que Aznar la ha
echado de FAES por temor
a que saliera a la luz
"lo del piso, lo del
coche" de ella
Éstas no son, sin
embargo, las únicas
conversaciones incluidas
en el sumario del 'caso
Púnica' en el que se
muestra la estrecha
relación entre María
Victoria y Francisco
Granados. Las llamadas
entre ambos son
numerosas y, en las
mismas, hablan de la
situación interna del
PP, del Ayuntamiento de
Majadahonda, donde ella
era concejal en aquel
momento, e, incluso, de
negocios como la compra
de unas naves en las que
se quería embarcar el
político. Éste le
comenta a Vicky,
incluso, sus encuentros
con David Marjaliza, el
otro presunto cabecilla
de la trama; y con
Javier López Madrid,
consejero de OHL y
también imputado en el
caso por la supuesta
entrega de dinero a los
'populares', así como de
sus contactos
telefónicos con el
ministro de Economía,
Luis de Guindos, por la
privatización de Aena.
Una estrecha relación de
confianza que ahora se
ha vuelto en su contra y
ha puesto su coche de
lujo bajo la lupa del
juez y de la Guardia
Civil.
"Granados y
colaboradores"
Cuando el pasado mes de
septiembre el juez
Velasco dividió el
sumario del 'caso
Púnica' en doce piezas
separadas para agilizar
la investigación,
decidió que la octava
tuviera el significativo
nombre de "Granados y
Colaboradores". En ella
se incluyen todas las
pesquisas en torno a las
personas que durante su
etapa de consejero de
los Ejecutivos de
Esperanza Aguirre
trabajaron con él. Según
las fuentes consultadas,
la investigación
referida al vehículo de
lujo de 'Vicky' estaría
incluida en ella.
Además, figuran los
avances en torno a la
figura de Ignacio
Palacios Azazuri, quien
durante años fuera la
mano derecha del
político, y la mujer de
éste, ambos detenidos el
pasado mes de noviembre.
A ambos los acusa el
juez de haber servido de
testaferros para que
Granados ocultara ser el
propietario de una
enorme finca situada en
Higuera de las Dueñas
(Ávila).
http://vozpopuli.com/actualidad/80196-el-juez-de-punica-investiga-a-una-antigua-colaboradora-de-aguirre-aznar-y-granados
LA GUARDIA CIVIL HA
ENTRADO TRES VECES EN LA
SEDE DEL PP DE MADRID EN
BUSCA DE PAPELES
Los agentes se llevaron
abundante documentación
relacionada con campañas
electorales.
Numerosos indicios
apuntan directamente al
expresidente Ignacio
González en la
corrupción detectada en
el Canal de Isabel II
La Guardia Civil ha
entrado en el último
año, no una, sino en
tres ocasiones, en la
sede del PP de Madrid y
se ha llevado
documentación
relacionada con
adjudicaciones y
campañas electorales,
según han confirmado
fuentes jurídicas y
corroborado otras
fuentes cercanas a la
gerencia de los
populares madrileños.
Con autorización del
juez, los agentes de la
UCO han acudido tres
veces para cotejar si el
exconsejero Francisco
Granados y otros
dirigentes del PP
utilizaron empresas
públicas para lucrase
ellos e inyectar dinero
al grupo regional.
En el marco de la
Operación Púnica, que
instruye el juez Eloy
Velasco, los agentes
requisaron una agenda a
Granados (ex secretario
general del PP con
Esperanza Aguirre) en la
que figuran apuntes de
supuestos pagos hechos
por un alto cargo de la
constructora OHL a esta
formación política y que
supuestamente acabaron
en las arcas que
controla el exgerente
del PP de Madrid Beltrán
Gutiérrez.
Las tres entradas no
fueron registros
judiciales en sentido
estricto, sino
peticiones de
documentación para
cotejarla con la que
figuran en el sumario de
la Púnica, según fuentes
cercanas al exgerente
del PP. Los agentes
recabaron documentación
en el despacho de
Gutiérrez, hombre de
confianza de la
expresidenta Esperanza
Aguirre, apartado
recientemente del cargo
por Cristina Cifuentes,
responsable de la
gestora constituida en
el PP de Madrid después
de trascender la última
de las visitas
efectuadas a Génova por
agentes de la UCO.
La investigación de la
red Púnica ha destapado
la trama de Granados y
de su socio David
Marjaliza para el lucro
personal de ambos y,
además, aflorado
prácticas de
financiación ilegal.
Arpegio (que gestiona
suelo público en Madrid,
600 millones anuales en
inversiones), la Agencia
Informática ICM (hasta
200 millones ha llegado
a manejar en un año) y
el multimillonario Canal
de Isabel II son las
tres empresas que indaga
el juez Velasco y de las
que, mediante contratas
infladas y facturación
falsa, ha salido dinero
del que se habrían
beneficiado los
bolsillos de altos
cargos del PP y el
propio partido.
Sobre el Canal de Isabel
II, las pesquisas
apuntan a graves
irregularidades. Se
investigan numerosas
contratas ante la
sospecha de que muchas
de ellas fueron
infladas, en connivencia
con los adjudicatarios,
con la finalidad de
tener un colchón
económico a disposición
del partido y de altos
cargos del Gobierno de
Ignacio González. Una
dinámica parecida a la
empleada con ICM, que se
sirvió de empresas
privadas para darles
contratos millonarios
inflados a sabiendas de
que el dinero sobrante
quedaba a disposición de
los políticos. De tal
forma que, cuando hacía
falta dinero (Granados
dejó vacía la caja del
PP cuando se marchó),
bastaba un telefonazo, o
una orden al gerente de
ICM, el imputado en
Púnica José Martínez
Nicolás, para obtener
dinero líquido. Velasco
también tiene imputado,
por ejemplo, al
exconsejero del Gobierno
de Madrid Salvador
Victoria, quien habría
dado instrucciones a
Martínez Nicolás para
obtener dinero con el
que pagar a un experto
en redes sociales,
Alejandro de Pedro, por
borrar en Internet
noticias negativas sobre
el expresidente de
Madrid Ignacio González.
En Arpegio, y en
concreto las obras del
plan regional de
inversiones en pueblos
de la Comunidad
(Prisma), la
investigación se centra
en ventas de terrenos
públicos por debajo de
su valor y en
recalificaciones muy
onerosas para el erario
público. Y en supuestas
comisiones para los
cargos públicos que las
instigaban, según se
desprende de las
confesiones del
arrepentido Marjaliza.
El Canal de Isabel II no
solo pagó al conseguidor
De Pedro por dar brillo
a la imagen de González
en la red; los
investigadores
escudriñan operaciones
(relacionadas con
contratas publicidad y
de imagen, entre otras)
que apuntan directamente
al expresidente
González, envuelto
ahora, además, en el
asunto de su ático en la
selecta urbanización
Alhambra Golf de
Marbella, que está
siendo investigado por
un juzgado de Estepona,
y con indicios que lo
vinculan a comisiones en
las que medió la trama
Gürtel. Las pesquisas
trascienden incluso el
Atlántico; en concreto,
llegan a Colombia, y
tienen ramificaciones en
otros países.
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/06/actualidad/1457284463_012548.html
UN EMPLEADO DE GÉNOVA 13
ALERTÓ A LA UCO DE QUE
EL PP AÚN GUARDABA LOS 'EMAILS'
DE GRANADOS
La Unidad Central
Operativa (UCO) de la
Guardia Civil ha acudido
a la sede nacional del
Partido Popular (PP) en
la calle Génova de
Madrid hasta en tres
ocasiones durante la
instrucción de la trama
Púnica, tal y como
desveló Vozpópuli. El
reciente levantamiento
del secreto sobre parte
del sumario revela ahora
que una de ellas fue
propiciada por un
trabajador del
Departamento de
informática de la propia
formación. Éste informó
a los agentes del
Instituto Armado que
habían acudido el pasado
9 de julio al edificio a
hacer el primer
requerimiento de
información que el ex
secretario general de
Madrid, Francisco
Granados, cabecilla de
la trama, mantenía aún
"una cuenta corporativa
[de correo electrónico]
activa y que existía,
además, una copia de
seguridad que podía
mantener información
previa".
En el informe remitido
por los agentes de la
UCO al titular del
Juzgado Central de
Instrucción Número 6,
Eloy Velasco, éstos
sostienen que
considerando los cargos
que ocupó Granados en el
PP y el uso "espurio"
que hizo de los mismos
se consideraba de gran
interés la
interceptación de los 'emails'
"que haya podido mandar
o recibir de dicha
cuenta corporativa que
pueden contribuir a
aportar nueva
información sobre las
instrucciones o
comunicaciones que
mantenía con otros
miembros del partido en
relación al
favorecimiento de
determinados empresarios
en materia de
contratación pública o
urbanismo o cualquier
otra información que
revele la comisión de
los delitos
investigados".
En Génova 13 se guardaba
copia de la cuenta
corporativa del
cabecilla de Púnica,
Francisco Granados, y
una copia de seguridad
de sus correos
electrónicos
Los investigadores
hicieron dicha solicitud
al juez el 14 de julio
mediante un oficio ahora
conocido. El magistrado
dictó al día siguiente
el auto por el que
autoriza la diligencia,
además de un mandamiento
al PP para que
facilitase la labor de
los agentes. Dos días
más tarde se realizó sin
que transcendiera a la
prensa hasta ahora. Por
su parte, la primera
ocasión en la que los
agentes acudieron a
Génova 13 fue para
requerir varios
contratos firmados por
el PP de Madrid. La
tercera, el pasado día
11 para extraer
información del
ordenador del exgerente
regional del PP de
Madrid, Beltrán
Gutiérrez Moliner, en
busca de documentación
sobre la supuesta
recepción de
'donaciones' ilegales
por parte de la
formación.
Se guardaron los correos
de Granados pero no los
de Lapuerta y Páez
De la afirmación de este
empleado del PP a la UCO
se desprende además una
gran contradicción. El
PP sí guardó durante
meses copia de los 'emails'
de Francisco Granados
pero no hizo lo mismo en
el caso del ex tesorero
Álvaro Lapuerta y el
exgerente Cristóbal
Páez. El acta levantada
por el secretario
judicial de la Audiencia
Nacional durante el
registro que tuvo lugar
en Génova 13 por 'el
caso Bárcenas' en
diciembre del año 2013
los expertos policiales
que revisaron el
servidor informático del
partido se encontraron
con una desagradable
sorpresa: los buzones de
correo electrónico de
dos de los imputados en
la causa de los 'papeles
de Bárcenas', Lapuerta y
Páez, habían sido
"borrados".
Durante la instrucción
del caso Bárcenas, la
Policía descubrió que
los buzones de correo
electrónico de dos de
los imputados en la
causa, Lapuerta y Páez,
habían sido "borrados"
Según recogía el
documento judicial que
daba fe de dicho
registro, publicado por
este periódico, el
borrado del contenido de
dichos dispositivos no
pudo ser realizado "por
el usuario físicamente
debiendo ser solicitado
explícitamente". Los
representantes del PP
que asistieron a la
diligencia policial
negaron cualquier
implicación en esta
maniobra y aseguraron
que "ninguna persona de
la actual gerencia ni
tesorería ha ordenado
dicho borrado". Los
mismos apuntaron que "lo
lógico es pensar que
debió ser él mismo [en
referencia a Lapuerta y
Páez] quién antes de
marcharse diera la orden
ya que tenía funciones
para ello".
http://vozpopuli.com/actualidad/76393-un-empleado-de-genova-13-alerto-a-la-uco-de-que-el-pp-aun-guardaba-los-emails-de-granados
"EL EXPEDIENTE DE LA 'COJOCASA'
DE GRANADOS FUE
MANIPULADO", DENUNCIA
UNA FUNCIONARIA
Asegura al juez que la
llamaron un domingo a su
domicilio para que fuera
al Ayuntamiento a sacar
el documento.
Personas próximas a
Francisco Granados en el
Ayuntamiento de
Valdemoro "manipularon"
un expediente
urbanístico para
desvincularle de la
mansión de lujo que se
estaba construyendo en
el sector de El Caracol
de la localidad, desveló
al juez la responsable
de los servicios
jurídicos del área de
urbanismo del
Consistorio, Montserrat
Pacheco.
Por las manos de esta
funcionaria han pasado
todos los procedimientos
urbanísticos desde 1991,
cuando fue nombrada para
ese puesto. Es, por
ello, una testigo de
especial relevancia por
su conocimiento del
desarrollo urbanístico
de Valdemoro antes,
después y durante el
mandato de Francisco
Granados, alcalde de la
ciudad ente 1999 y 2003
y luego brazo derecho de
Esperanza Aguirre como
consejero del Gobierno
regional y como
secretario general del
PP de Madrid.
Durante su declaración
ante el juez de la
operación Púnica, Eloy
Velasco, Montserrat
Pachecho habló de un
expediente especial, el
que afectaba a siete
parcelas en el sector
R-6, denominado El
Caracol, una zona con
excelentes vistas.
La "cojocasa"
"Todo el mundo comentaba
que ese inmueble era de
Francisco Granados",
dijo la funcionaria, que
no dudó en calificar de
"cojocasa" ("vi por
curiosidad el plano")
una construcción de
1.000 metros cuadrados
de vivienda y cuya
parcela ocupaba el
terreno de seis chalés
adosados. Piscinas
exterior e interior,
ascensor, salón de
juegos para adultos con
barra de bar incluida,
habitaciones para el
servicio, sauna y hamman
en el sótano, chimeneas
en el salón, dormitorio
y despacho...
Pacheco explicó al
instructor que en las
dependencias de
urbanismo se guardan los
expedientes de una
antigüedad inferior a 5
años y que el resto se
almacena en el archivo
general del
Ayuntamiento, "a
excepción", matizó, "del
expediente de la calle
Chequia, que lo tenía yo
bajo custodia porque así
me lo pidió el alcalde
José Miguel Moreno
Torres". Moreno, también
imputado en la trama
Púnica, sucedió a
Granados al frente del
Consistorio.
Una llamada en domingo
"¿Por qué lo custodiaba,
qué pasaba con ese
expediente?", le
preguntó el juez. La
jefa de los servicios
jurídicos del área de
urbanismo relató
entonces que "un domingo
que, además, era la
fiesta de Todos los
Santos recibí una
llamada en mi casa
porque tenía que acudir
al Ayuntamiento a sacar
ese expediente".
"¿Quién la llamó?",
inquirió el instructor.
"Me llamó José Luis
Navarro [el arquitecto
municipal] por orden del
alcalde José Miguel
Moreno, para que
acudiese al departamento
y abriese las puertas.
Le dije que yo no iba a
ir un domingo a sacar
ningún expediente,
aparte de que no tenía
llaves", contestó ella.
"Se quejó de que cómo es
posible que no tuviera
las llaves y me dice:
'Bueno, pues te vienes'.
Y le dije: 'No pienso
ir'". Me negué, dije que
no iba y no fui. Me
dijeron que querían
coger ese expediente".
Pacheco añadió que "al
día siguiente, lunes,
cuando fui a trabajar
noté que en ese
expediente había alguna
manipulación. Lo habían
tocado, no sé en qué
sentido". La funcionaria
cree que había un
documento "que hacía
referencia a la mujer"
de Granados que pudo ser
retirado. Con
posterioridad, Moreno le
pidió que custodiara el
expediente porque "la
Prensa está detrás".
En el procedimiento de
la trama Púnica consta
una copia del "Proyecto
básico y de ejecución de
vivienda unifamiliar en
Glorieta de Suecia" en
cuya carátula figura
como propietaria Nieves
Alarcón Castellanos,
esposa de Francisco
Granados. El proyecto se
incorporó al expediente
urbanístico donde, sin
embargo, consta que la
licencia de obra la
solicitó "una empresa de
Ramiro Cid", dijo la
funcionaria, que
remachó: "Granados no
tenía suelo en ese
desarrollo".
Los investigadores
sospechan que Cid, uno
de los constructores más
beneficiados por la
trama Púnica con
recalificaciones de
terrenos y nuevos
planeamientos
municipales, pagó los
favores urbanísticos a
Granados con esa mansión
de lujo, entre otras
contraprestaciones.
"Quería una casa más
grande"
Nieves Alarcón trató de
desvincularse a toda
costa de la "cojocasa"
cuando declaró como
investigada ante el juez
el 29 de enero de 2015.
Según dijo, "nosotros
[Granados y ella]
queríamos construir una
casa, a mí me gustaba
esa zona y Ramiro Cid
[propietario de las
parcelas] quería
venderla".
"Yo quería vivir en una
casa más grande que mi
adosado de 250 metros en
cuatro plantas",
manifestó Alarcón, que
admitió que alguna vez
se acercaba "a dar una
vuelta para ver cómo
iba" la obra, tras hacer
un proyecto "muy
impersonal, para que lo
pudiera comprar
cualquiera".
La versión de la mujer
de Granados tiene en
contra no sólo el
testimonio de varios
testigos sino incluso
las manifestaciones de
Ramiro Cid y, sobre
todo, los documentos
custodiados por Pacheco.
La primera carátula del
proyecto, en la que
Nieves Alarcón figuraba
como propietaria, fue
cambiada por otra en la
que la propiedad era de
la empresa Vicfidem,
vinculada a Ramiro Cid.
Así lo declaró el
arquitecto que visó el
proyecto, Carlos de
Rojas, citado como
testigo por Velasco.
"Inicialmente visé el
proyecto a nombre de
Nieves Alarcón y luego
nos pidieron que
cambiáramos la
propiedad", dijo.
"O sea, que usted sabía
que el chalé era del
matrimonio
Granados-Alarcón",
manifestó el juez.
"Estaba en la carátula",
respondió el arquitecto,
que señaló que ignoraba
por qué se le pidió que
cambiara la propiedad.
La decoradora de la
vivienda, también
llamada a declarar como
testigo, indicó que se
reunió decenas de veces
con Nieves Alarcón.
"Todo se hacía 'ad hoc'
para ella, con el tamaño
de los muebles de su
casa", señaló.
Esta testigo entregó al
juez un documento que
constituye otra prueba
de la relación de la
esposa de Granados con
la "cojocasa". Se trata
de un email que Nieves
Alarcón envió a la
decoradora para que
retomara el proyecto en
diciembre de 2012. Ella
declinó la oferta.
El correo desmiente que
fuera un proyecto
"impersonal", como
manifestó Alarcón al
juez. Según recordó a la
decoradora la esposa de
Granados, "teníamos
hasta presupuesto de
puertas, vestidores,
muebles de cocina, baño
y bastantes cosas que
teníamos elegidas y
algunas pedidas".
Consuelo Astasio,
arquitecto técnico y
gestor del proyecto de
la calle Chequia,
manifestó que la mujer
de Granados visitaba
frecuentemente la obra,
eligió los materiales "e
incluso hizo
modificaciones como
tirar una escalera. El
matrimonio Granados
actuaba como clientes
finalistas", aseguró.
Astasio confirmó que en
el proyecto -"que se
presentó en el
Ayuntamiento"- "aparecía
el nombre de Nieves
Alarcón". La empresa de
Astasio compró las
parcelas a Ramiro Cid y
luego se deshicieron de
ellas, perdiendo dinero,
"porque Granados y su
mujer dejaron de tener
interés en la casa en
2009, después de que
aparecieran unos
artículos en la Prensa".
La festividad de Todos
los santos de ese año
2009 fue domingo.
"Era una cabezonada de
la mujer"
Ramiro Cid negó que la
casa de la calle Chequia
fuera un cohecho a
Granados pero no supo
explicar cómo empezó a
desarrollar una
construcción cuyo coste
cifró en 1,5 millones
sin firmar un solo papel
con Granados y sin que
éste entregara un solo
euro. "Francisco
Granados me plantea que
están buscando una
vivienda de lujo, una
casa singular, con la
idea de hacer una casa a
su medida. El único
problema es que nunca
llegamos a cerrar un
acuerdo sobre el precio
de la casa. Hablamos
bastantes veces y no
llegamos a concretar
nada. La mujer insistía
mucho, me presionaba.
Era una cabezonada
particularmente de la
mujer".
"¿Y no le pidió una
compensación por echarse
atrás después de los
gastos ocasionados?", le
preguntó el instructor.
"No, porque no teníamos
nada firmado", fue la
respuesta de Cid.
http://www.elespanol.com/espana/20160229/105989694_0.html
EL PP DE VALDEMORO USÓ
DINERO MUNICIPAL PARA
AUTOBUSES A MÍTINES Y
TRAJES DE ESQUÍ PARA
EDILES
El Ayuntamiento de
Valdemoro, feudo de
Francisco Granados,
mantuvo durante años una
caja b con dinero en
efectivo cobrado por la
concejalía de Deportes
con las que se costeaban
actos del PP y gastos
privados.
El Ayuntamiento de
Valdemoro bajo la
gestión del Partido
Popular también tuvo una
caja b, según se
desprende de los
informes de la Unidad
Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil que
investiga la trama
Púnica. El consistorio,
feudo de Francisco
Granados, contaba con
ese fondo en el que se
realizaban ingresos en
efectivo procedentes de
las actividades
relacionadas con la
Concejalía de Deportes y
que se utilizaron para
fines tan diversos como
pagar autobuses para
acudir a mítines del PP
o para equipaciones de
esquí para los
concejales.
La existencia de esta
caja b fue desvelada a
la UCO por un testigo,
Carlos Tomás Barajas,
trabajador de la
concejalía de Deportes.
Su relato fue explosivo:
“Una parte de los
ingresos que entraban en
la concejalía de
Deportes procedentes de
otras actividades
deportivas que se
abonaban en metálico no
ha tenido
fiscalización”.
El testigo fue más lejos
en su acusación: “Parte
de ese dinero ha sido
utilizado para pagar el
traslado en autobuses a
mítines del PP”. Esa
caja b se usó para
costear dos trajes de
esquí, comidas y taxis
sin justificar. “Todo
ese montante de dinero
se puede considerar como
la caja b del
Ayuntamiento de
Valdemoro”.
“En algunas ocasiones,
en la concejalía de
Deportes disponían de
una caja fuerte, en la
cual tanto desaparecía
como aparecía dinero. En
alguna ocasión fueron a
devolver el dinero de
las fianzas del futbol y
el dinero no se
encontraba en la caja
fuerte”, continuaba el
relato del testigo.
Pero las irregularidades
en Deportes, cuya
gestión llevó un cuñado
de Granados, no acaban
aquí: en un momento dado
se decidió “externalizar
la escuela municipal de
padel”, justo cuando
empezaba a ser muy
rentable. El testigo
relata que la
adjudicataria resultó
ser una empresa
vinculada al
omnipresente David
Marjaliza.
El empleado de Deportes
no se arredró a la hora
de repartir culpas:
“Todo lo ocurrido en la
concejalía de Deportes
ha tenido una magnitud
muy grande debido al
enmascaramiento de lo
que sucedía y ser
conocedores de estos
hechos los distintos
concejales del
Ayuntamiento que han
pasado por la concejalía
de Deportes. En la
actualidad han puesto
como jefe de deportes a
José Manuel García
Morán, que ha estado
viviendo en chalés a
nombre de Ana María
Ramírez [directiva de
Marjaliza] sin pagar
nada por ello”.
http://okdiario.com/investigacion/el-pp-de-valdemoro-uso-dinero-municipal-para-autobuses-a-mitines-y-trajes-de-esqui-para-ediles-77390
LA AUDIENCIA DENIEGA LA
LIBERTAD A GRANADOS POR
SU "RED DE INFLUENCIAS"
Cree que tiene dinero
oculto y pide al juez
que termine "a la mayor
brevedad" la
investigación.
La Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional
deniega la libertad a
Francisco Granados al
considerar que existe
riesgo de que se fugue o
destruya pruebas. Eso
sí, insta al juez que
instruye la denominada
Operación Púnica a que
"culmine" su
investigación "a la
mayor brevedad".
La Sección Cuarta
concluye en un auto al
que ha tenido acceso EL
ESPAÑOL que el ex
secretario general del
PP de Madrid, acusado de
cobro de comisiones a
cambio de favores
públicos, no puede
abandonar la prisión
debido a la "red de
influencias y favores"
que ha demostrado
controlar así como por
disponer de fondos que
todavía no han sido
localizados por la
Justicia.
Sostiene la Audiencia
Nacional que el "riesgo
de fuga" de quién fuera
mano derecha de
Esperanza Aguirre en la
Comunidad de Madrid "se
ve incrementado tras la
aparición de un maletín
con un millón de euros
en su interior en el
altillo del armario del
dormitorio de sus
suegros en la vivienda
en la que estos residen
en Valdemoro".
"Constituyendo tal
hallazgo", añade la
Sala, "una evidencia
poderosa de poseer
activos patrimoniales
que se ocultan al
juzgado".
Otros "precedentes"
Pero es que, además, la
Audiencia Nacional
considera que dejar en
libertad al ex dirigente
del PP en este momento
"podría poner en peligro
el éxito de la
investigación". Alude en
esta línea a "ciertos
precedentes relativos al
uso por Granados de una
red de influencias y
favores" que le habría
llevado a "obtener
revelación de
informaciones secretas
de la Guardia Civil, así
como la colaboración de
funcionarios del
Ayuntamiento y la
Policía Local, para la
destrucción de
expedientes".
La defensa de Granados
ha esgrimido que "tras
un estudio pormenorizado
de la causa se extrae la
conclusión de que no se
le atribuyen hechos
delictivos concretos y
sí genéricas
imputaciones veladas,
vagas e inconcretas
referidas a los cargos
que ocupó en la
Comunidad de Madrid".
Segundo revés de la
audiencia
Asimismo, los letrados
del principal imputado
en la Operación Púnica
arguyen que su cliente
"tiene arraigo, pues
vive con su esposa y sus
hijos en la localidad de
Valdemoro, tenía un
trabajo conocido que
desempeñó hasta ser
detenido y es un
personaje público, por
lo que difícilmente
podría sustraerse a la
acción de la Justicia".
Esta es la segunda vez
que se le deniega la
libertad a Granados, que
ingresó en prisión
preventiva en octubre de
2014. El Juzgado de
Instrucción número 6 de
la Audiencia Nacional
rechazó su petición el
pasado 28 de diciembre
utilizando argumentos
similares.
http://www.elespanol.com/espana/20160219/103489927_0.html
EL JUEZ CASTRO ABRE UNA
PIEZA SECRETA SOBRE LAS
OBRAS DE LA SEDE DE
GÉNOVA, 13
Solicita a la Audiencia
Nacional la agenda de
Granados y al PP las
facturas de su reforma
en la primera planta del
edificio.
El juez José Castro ha
abierto una pieza
separada para investigar
los pagos de la
constructora OHL al
Partido Popular de
Madrid. En un auto
emitido el pasado día
16, el magistrado balear
solicita a la Audiencia
Nacional la información
existente en la trama
Púnica sobre la agenda
de Francisco Granados.
Además, el titular del
Juzgado de Instrucción
número 3 de Palma de
Mallorca libra un oficio
a la Presidencia del
Partido Popular para que
"informe sobre las obras
de reforma que haya
realizado en la plata
primera" de la sede
central del partido.
La petición del juez
Castro llega después de
que este diario revelara
los vínculos entre el
empresario Javier López
Madrid y la reforma de
las instalaciones que el
PP de Madrid ocupa en la
primera planta del
edificio de la calle
Génova. La contabilidad
manuscrita de Francisco
Granados, localizada en
el registro de su
domicilio, fue
interpretada después por
el empresario David
Marjaliza, considerado
el principal testaferro
del ex vicepresidente de
la Comunidad de Madrid.
Ante el juez Eloy
Velasco, Marjaliza
mantuvo que las
iniciales "JLM"
correspondían al yerno
de Villar Mir, y las
cantidades anotadas en
relación a estas siglas,
corresponderían a
donaciones en dinero B
aportadas a Granados por
el consejero de OHL.
El magistrado enmarca
sus pesquisas en la
investigación sobre el
hospital de Son Espases,
otorgado a la
constructora de Villar
Mir por más de 700
millones de euros. Tanto
Castro como la Fiscalía
Anticorrupción trabajan
con la tesis de que
responsables del grupo
OHL pagaron comisiones a
miembros del PP a cambio
de la concesión del
contrato público.
http://www.elespanol.com/espana/20160218/103239741_0.html
GRANADOS CONTROLABA LA
VENTA DE SUELO EN LA
COMUNIDAD DE MADRID POR
MORDIDAS
Son adjudicaciones
públicas por centenares
de millones de euros
desde 2004 en venta de
suelo, adjudicación de
vivienda protegida y
obra civil, según la
declaración de
Marjaliza. Los
investigadores sospechan
que parte de las
comisiones fueron a
parar al Partido Popular
de Madrid
El sumario de la Púnica
revela que Francisco
Granados controló y
exigió mordidas para la
adjudicación de suelo
público y la concesión
de vivienda protegida y
obra civil en toda la
Comunidad de Madrid
entre 2004 y 2011.
Son centenares de
millones de euros en
adjudicaciones y a
cambio reclamaba a los
empresarios el pago de
una comisión, parte de
la cual engrosaba las
arcas de la caja B del
Partido Popular en
Madrid, según las
sospechas de los
investigadores.
Anticorrupción revela el
control del mercado
público del suelo por
parte de Granados en un
informe contenido en el
sumario de la Púnica, a
cuyo acceso ha tenido
acceso la SER.
Un informe de la
Fiscalía basado en la
declaración del
arrepentido socio y
colíder del entramado,
David Marjaliza, cuyo
interrogatorio de más de
13 horas ante el juez,
permanece aún bajo
secreto de sumario.
La Fiscalía asevera que
Francisco Granados
“aprovechó sus
continuados cargos
públicos en la Comunidad
de Madrid” para
“situarse al frente de
la sociedad pública
Arpegio y para gestionar
los fondos del Plan
Regional de Inversiones
y Servicios PRISMA”,
permitiéndole con ello
“controlar ventas de
suelo de la Comunidad y
la adjudicación de
vivienda protegida y de
obra civil, solicitando
el pago de un peaje a
los empresarios
interesados” en las
adjudicaciones para la
consecución de las
mismas.
Granados controló desde
2004 la fundación
Arpegio, que ha dedicado
centenares de millones
de euros desde su inicio
tanto a la creación de
suelo residencial y
vivienda protegida, como
a la promoción de
polígonos industriales.
Según la declaración de
Marjaliza recogida en el
informe fiscal, esas
adjudicaciones tenían
lugar a cambio de
mordidas. Los
investigadores, que solo
han encontrado una
mínima parte del dinero
supuestamente malversado
entre los investigados,
sospechan que un
porcentaje de esas
comisiones ilegales
abonadas por empresarios
a cambio de las
adjudicaciones
concedidas por Granados,
iban a parar al Partido
Popular de Madrid.
http://cadenaser.com/ser/2016/02/18/tribunales/1455809210_218970.html
