CASO CARLOS FABRA : CRONOLOGÍA INACABADA DE UN SOSPECHOSO PROMETEDOR

-18 diciembre 2003.- El empresario de Castellón, Enrique Vilar, presenta dos querellas contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en un juzgado de Nules:

1) por delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida.

2) por delitos contra la propiedad industrial y delitos contra la salud pública.

Vilar, propietario de la empresa Naranjax, dedicada a la elaboración de productos fitosanitarios, afirmó que había pagado durante años por informes inexistentes elaborados por Carmacas, una sociedad instrumental de la que Fabra es administrador único. El empresario acusó además al presidente de la Diputación de haber cobrado dinero por tráfico de influencias.

-16 enero 2004.- El Juzgado nº 3 de Nules rechaza la querella presentada por Vilar contra su ex esposa (Vives) y contra Fabra por estafa, falsedad documental y apropiación indebida, por entender que los hechos no son constitutivos de delito. -El Juzgado nº 1 de Nules no admite a trámite la otra querella presentada por Vilar contra Fabra y otras ocho personas por delitos contra la propiedad industrial y la salud pública al existir un defecto formal en la personación. Sin embargo, la jueza abrió de oficio un nuevo procedimiento ante la aparición de indicios racionales de la comisión de uno o varios delitos contra la administración pública.

-13 julio 2004.- El Juzgado nº 1 de Nules archiva la causa contra Fabra y otras ocho personas por supuestos delitos contra la salud pública y la propiedad industrial. La juez estima que los análisis efectuados por el Ministerio de Agricultura sobre varias muestras de los productos fitosanitarios vendidos por empresas relacionadas con Fabra indican que no constituyen un riesgo para la salud pública. Sobre el supuesto delito contra la propiedad industrial, la juez comunica que al ser un conflicto por la titularidad de determinados productos, éste debe ser dirimido por la vía civil.

-14 junio 2005.- La Agencia Tributaria presenta una denuncia contra Fabra por un presunto delito fiscal cometido en 1999, que el Juzgado nº 1 de Nules admite a trámite y decide acumular a las actuaciones que ya se seguían contra Fabra.

-2005.- El Juzgado nº. 2 de Nules abre diligencias de investigación a raíz de otra denuncia presentada por Vilar ante el Ministerio de Agricultura, en la que revelaba una supuesta falsificación de sellos y cuños en los documentos de unos productos fitosanitarios.

-2 junio 2006.- La Audiencia Provincial de Castellón condena al empresario Vicente Vilar a 10 años de prisión por agredir sexualmente, robar y retener ilegalmente a su esposa ex esposa, Montserrat Vives, en abril de 2003.

-11 mayo 2009.- El Juzgado nº 2 de Nules incoa un procedimiento contra Carlos Fabra, por una posible falsificación de documentos para la obtención de autorizaciones comerciales. El procedimiento se abre también contra Domingo Cadahía (ex director adjunto de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura), Amparo Fernández Blanes (esposa de Fabra), Vicente Vilar y su ex esposa Monserrat Vives. Esto se produce después que el 31 de marzo la Audiencia Provincial de Castellón rechazara la acumulación de la causa que se sigue en el Juzgado nº 2 (falsedad documental) con la del Juzgado nº 1 (Hacienda y Administración Pública).

-22 mayo 2009.- La Fiscalía Anticorrupción pide dos años de prisión para Fabra por un supuesto delito continuado de falsedad en documento oficial. El fiscal considera que con el fin de conseguir "el mayor número posible de autorizaciones" para la producción de productos fitosanitarios, Fabra acordó manipular documentación. La Fiscalía solicita que se sobresean las actuaciones contra Domingo Cadahía y María Amparo Fernández.

15 de mayo de 2010. Tras cinco años de análisis, los peritos judiciales, que son inspectores de Hacienda, detectan 3,6 millones de euros sin justificar en las cuentas de Fabra y de la que era su esposa, María Amparo Fernández, y un presunto fraude de 1,7 millones de euros a las arcas públicas

Junio de 2010: El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules da por concluida la investigación, confirma la imputación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda pública. Cita a las partes para que el día 25 concreten sus imputaciones y expone que los presuntos delitos son competencia de un jurado popular.

Julio 2010. La fiscalía pide 15 años de cárcel para Carlos Fabra. La acusación lo eleva a 20. 

 8 de julio de 2010. El juez de Nules encuentra "indicios racionales de criminalidad" y apunta los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y cinco fraudes fiscales. Trata de dar por concluidas las diligencias de investigación e inicia el trámite para juzgarlo.

23 de septiembre de 2010. Después de cinco años sin acudir al juzgado y casi siete de instrucción, Carlos Fabra va a declarar ante el juez, trámite que paraliza el cierre de la investigación.

27 de diciembre de 2010. La Audiencia decide que cuatro de los cinco delitos fiscales han prescrito pero mantiene la causa por tráfico de influencias, cohecho y la denuncia por fraude fiscal de 1999.

20 Octubre 2011.  La sala segunda del Tribunal Supremo decide rechazar la prescripción de cuatro de los cinco delitos fiscales de los que se acusaba al expresidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra. En un auto hecho público hoy, la sala ha admitido los recursos presentados por la fiscalía, la acusación popular y la abogacía del Estado contra la prescripción que determinó la sección segunda de la Audiencia de Castellón.

Enero de 2012. El juez decide dictar auto de apertura de juicio y fija una fianza de 4,2 millones de euros. 

Enero 2012. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación definitivo para el caso Fabra, en el que reclama 13 años de prisión y 15 de inhabilitación para el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra. Acusa al dirigente popular de la comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública, por los que le reclama una multa de 1,9 millones de euros de multa y el pago de una indemnización de otros 692.000 euros.

Mayo de 2012. La Audiencia de Castellón decide anular el auto de apertura de juicio e insinúa que se debe archivar la acusación por cohecho. 

Marzo 2013. El titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, decreta el auto de apertura de juicio oral, que no es recurrible, con la “absoluta libertad de criterio” que le otorgó el Tribunal Supremo en su última sentencia.

Octubre 2013. Comienza el juicio oral en la Audiencia Provincial.

Noviembre 2013. Es condenado a cuatro años de cárcel por defraudar a Hacienda casi 700.000 euros entre 1999 y 2003.

Julio 2014. Sentencia Tribunal Supremo confirma sentencia Audiencia Provincial

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