FRANCESC DE
CARRERAS
Amenazas a la
Constitución
Cuando están a
punto de cumplirse 25 años de la aprobación de la Constitución, algunos hechos
recientes amenazan -en distinto grado de importancia- su carácter de norma
plenamente eficaz y legitimada, es decir, acatada y aceptada por los ciudadanos.
Ello encierra algunos peligros que no deben magnificarse, pero tampoco
subestimarse: en todo caso, hay que tomar conciencia de ellos y ponerles
remedio.
Estos hechos son,
como es fácil de adivinar, dos: la negativa del presidente del Parlamento vasco
a acatar una sentencia judicial y la fundada sospecha de que dos miembros recién
elegidos a la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid han actuado en dicha
Cámara al margen de su partido por presunta corrupción. En el primer caso, sin
duda el más grave, se vulnera un aspecto básico del principio de Estado de
derecho. En el segundo, se pone en cuestión la idea misma de representación
política, uno de los elementos estructurales del Estado democrático. Estado de
derecho y Estado democrático son, probablemente, las dos columnas vertebrales
sobre las que se sostiene un Estado constitucional como el nuestro. Por tanto,
los motivos de preocupación están más que justificados.
La negativa de
Juan María Atutxa -arropado por la mayoría de la Mesa del Parlamento vasco- a
cumplir una sentencia de un órgano judicial es especialmente grave por varias
razones. Primera, porque el presidente del Parlamento vasco es el representante
de una institución que tiene como una de sus actividades principales aprobar
leyes, es decir, crear derecho. Que el máximo representante de una institución
de tal género se niegue, precisamente, a cumplir el derecho es, pedagógicamente,
un precedente funesto. Ante tal ejemplo de desobediencia, ¿cuál puede ser la
reacción de un ciudadano vasco ante cualquiera de las leyes que aprueba el
Parlamento que preside Atutxa?
Como es bien
sabido, y Atutxa no puede desconocerlo, el desacuerdo con una resolución
judicial no puede conducir a que ésta no se acate, sino en todo caso a ejercer
todos los recursos que la ley permita contra la posible ilegalidad de la misma.
Este es un principio básico del Estado de derecho, cuya vulneración flagrante
por un representante institucional del nivel de Atutxa, a la vista de todos,
supone un desafío de la máxima gravedad.
Pero, en segundo
lugar, el hecho reviste más gravedad todavía por el contexto en el que sucede.
En efecto, en septiembre pasado, el presidente de la misma comunidad autónoma
anunció un plan de reforma del Estatuto vasco que vulnera sustancialmente la
Constitución y el Estatuto vigente; es decir, supone una ruptura o quiebra de
las bases del sistema jurídico fundamental aprobado hace 25 años. La negativa de
Atutxa parece ser el aperitivo de lo que vendrá a continuación.
Como es sabido,
la función de los aperitivos es despertar el apetito, y todas las demagógicas y
falaces argucias con las que nos obsequian los dirigentes nacionalistas vascos
estos días no parecen tener otro objetivo que ir excitando un ambiente ya de por
sí suficientemente caldeado. Las medidas tomadas por el Tribunal Supremo para
hacer cumplir su sentencia y la querella interpuesta por la Fiscalía son las
respuestas jurídicas más adecuadas, pero están siendo presentadas por el
Gobierno vasco ante sus ciudadanos como un ataque -un ataque más, por supuesto-
contra el pueblo vasco.
Incluso se hace
correr el rumor -y lo repiten solventes comentaristas de todo el abanico
ideológico, ignorando la legislación vigente- que el Gobierno central está
preparando la suspensión de la autonomía vasca. Pues bien, esta situación no
cabe en nuestro sistema constitucional. La autonomía está asegurada en el bloque
de la constitucionalidad que forman la Constitución y los estatutos, los cuales
sólo pueden modificarse por los métodos constitucionalmente previstos, que
implican, en todo caso, el acuerdo de la comunidad autónoma afectada. Las dos
medidas constitucionales que más pueden acercarse a una suspensión de la
autonomía (los estados de excepción y sitio y la llamada "coacción federal",
previstos, respectivamente, en los artículos 116 y 155 de la Constitución)
tienen una naturaleza y unos efectos muy distintos y no son, en ningún caso,
supuestos de suspensión de la autonomía.
Menos peligros
encierra para el sistema lo sucedido en la Comunidad de Madrid. En cambio,
suscita más desconfianza en los ciudadanos ya que pone nuevamente de manifiesto
algo que afortunadamente en España merece la reprobación general: la corrupción
política por motivos económicos.
Todavía es pronto
para hacer un balance de lo ocurrido, tantas son las incógnitas que todavía
deben despejarse. Ahora bien, no cabe duda de que el comportamiento anómalo de
los dos diputados autonómicos afecta a la credibilidad democrática tanto del
PSOE como del PP. Afecta al PSOE, obviamente, por incluir en las listas
electorales a personas de sospechosos ligámenes con intereses espurios y
conductas previamente irregulares. Pero también afecta al PP porque estos
intereses espurios han pretendido cambiar el sentido del voto de los ciudadanos
de Madrid porque han considerado que el partido de José María Aznar es más
susceptible de ser ilegítimamente coaccionado que el partido socialista. Ello
honra a estos últimos y debería preocupar a los primeros.
Sin embargo, del
conjunto, quien sale malparada es, una vez más, la clase política. Es a
restituir la buena fama de los políticos, aclarando todo el asunto, a lo que
deberían dirigir sus esfuerzos los dos grandes partidos, en lugar de provocar
pequeñas y miserables acusaciones que sólo conducen al mutuo desprestigio.
Tras todo ello,
quizá es pecar de optimista decir que nuestra democracia goza de buena salud.
Sin embargo, creo que tal afirmación seguirá siendo cierta mientras la opinión
pública sea mayoritariamente crítica con comportamientos que, como los
referidos, no se ajustan a los principios del Estado democrático de derecho, el
Estado que pronto hará 25 años sancionó nuestra Constitución. La democracia la
sustentan los ciudadanos, no los poderes públicos
(*) Publicado en El País.26.06.03
