IGNACIO COSIDÓ : KITCHEN LLAMA SU PUERTA
LAS NOTICIAS SOBRE EL SUSODICHO
EL EXJEFE DE LA POLICÍA APUNTA EN KITCHEN A MÁS DIRIGENTES DEL PP: “COSIDÓ LO SABÍA TODO”
MARTÍN-BLAS SOLICITA QUE IGNACIO COSIDÓ DECLARE COMO TESTIGO EN 'KITCHEN'
MAÑUECO NOMBRA ASESOR A IGNACIO COSIDÓ
LA JUNTA CONTRATA A COSIDÓ Y MUÑOZ COMO PERSONAL EVENTUAL
EL PP DEJA SIN AFORAMIENTO A COSIDÓ EN PLENA INVESTIGACIÓN DE 'KITCHEN'
COSIDÓ, 'SACRIFICADO' POR MAROTO, SE QUEDA SIN ESCAÑO
COSIDÓ APUNTA "DIRECTAMENTE" AL NÚMERO DOS DE FERNÁNDEZ DÍAZ COMO GESTOR DE LOS FONDOS RESERVADOS DURANTE LA OPERACIÓN KITCHEN
DARDO DEL SUPREMO A COSIDÓ: "EL WHATSAPP LE RETRATA A ÉL, SI FUERA SUYO"PRÓXIMOS A COSIDÓ ASEGURAN QUE ÉL "SÓLO REENVIÓ UN WHATSAPP QUE VINO DE ARRIBA"
SÁNCHEZ A COSIDÓ: "HOY HA RENUNCIADO ALGUIEN, PERO NO QUIEN LOS ESPAÑOLES ESPERABAN, QUE ES USTED"
EL PP CIERRA EN EL SENADO EL GRUPO DE WHATSAPP QUE PROVOCÓ LA RENUNCIA DE MARCHENA
EL PP RETIRA SU FIRMA DE LA LISTA DE CANDIDATOS AL CGPJ
EL ‘WHATSAPP’ SOBRE EL PODER JUDICIAL PONE EN LA CUERDA FLOJA A COSIDÓ Y ABRE OTRA CRISIS A CASADO
JUNQUERAS Y CINCO LÍDERES DEL ‘PROCÉS’ RECUSAN AL JUEZ MARCHENA POR “FALTA DE IMPARCIALIDAD”
EL PP NO HABLA DE COSIDÓ Y APUNTA A DELGADO: "ES LA MINISTRA MÁS SUCIA POLÍTICAMENTE DEL GOBIERNO"
LAS ASOCIACIONES JUDICIALES APLAUDEN LA DECISIÓN DE MARCHENA: “ES UNA LECCIÓN DE INDEPENDENCIA”
MARCHENA RENUNCIA A PRESIDIR EL SUPREMO Y EL PODER JUDICIAL Y DESBARATA EL PACTO PSOE-PP
COSIDÓ ADMITE EL MENSAJE DE WHATSAPP EN EL QUE PRESUME DE UN FUTURO CONTROL DEL PP SOBRE EL SUPREMO
EL JUEZ DE LA MATA INVESTIGA SI INTERIOR DESTRUYÓ PRUEBAS DE LA CAJA B CON FONDOS RESERVADOS
EL JUEZ INVESTIGA SI EL EQUIPO DE FERNÁNDEZ DÍAZ SOBORNÓ AL CHÓFER DE BÁRCENAS CON FONDOS RESERVADOS
LOS 'PAPELES DE KITCHEN' TIENEN PRUEBAS DE LA CAJA B DEL PP EN TODA ESPAÑA
OPERACIÓN KITCHEN: LA POLICÍA RASTREÓ LAS PRUEBAS DE BÁRCENAS CONTRA RAJOY EN LA SIERRA DE BURGOS
ORDENAN INVESTIGAR POSIBLES SOBORNOS DEL GOBIERNO DE RAJOY PARA FRUSTRAR EL CASO DE LA CAJA B DEL PP
UN POLICÍA QUIERE EXPLICAR AL JUEZ CÓMO VIGILÓ INTERIOR A BÁRCENAS
EL GOBIERNO DE RAJOY PREMIÓ A LOS POLICÍAS QUE ESPIARON A BÁRCENAS
UN DOCUMENTO OFICIAL PRUEBA QUE VILLAREJO REPORTABA A COSIDÓ DE SUS “TAREAS DE PENETRACIÓN EN GÜRTEL”
LA OPERACIÓN CONTRA BÁRCENAS CONTÓ CON HASTA 4 TOPOS DE SU ENTORNO FAMILIAR Y CARCELARIOEL PORTAVOZ DEL PP EN EL SENADO LEYÓ SU TESIS ANTE UN TRIBUNAL DE AFINES Y DIPUTADOS CON MONTORO AL FRENTE
EL PP CONVIERTE EL SENADO EN TRINCHERA CONTRA EL GOBIERNOIGNACIO COSIDÓ, PORTAVOZ DEL PP EN EL SENADO
INTERIOR JUSTIFICÓ LAS MEDALLAS A LA BRIGADA PATRIÓTICA EN SU “MERITORIA TRAYECTORIA PROFESIONAL”
EL DIRECTOR DE LA POLICÍA SOSTIENE QUE PODEMOS “ES UNA AMENAZA PARA LA DEMOCRACIA”
COSIDÓ DEJA LA POLICÍA Y EL PP LO 'RECOLOCA' COMO SENADOR TERRITORIALEL CONGRESO DICTAMINA QUE EL PP MONTÓ UNA POLICÍA POLÍTICA
TODOS, SALVO EL PP, CONSIDERAN PROBADO EL USO DE LA POLICÍA CONTRA ADVERSARIOS POLÍTICOS
COSIDÓ SE ESCUDA EN QUE LA 'BRIGADA POLÍTICA' SE REUNÍA CON FERNÁNDEZ DÍAZ SIN INFORMARLE
FERNÁNDEZ DÍAZ SE DESMARCA DE LA ‘POLICÍA PATRIÓTICA’, PERO DEFIENDE A SUS MANDOS
LA CÚPULA POLICIAL COMPRÓ EQUIPOS DE ESPIONAJE TELEFÓNICO SIN AUTORIZACIÓNINTERIOR PONE LA FORMACIÓN POLICIAL EN MANOS DE UNA UNIVERSIDAD CATÓLICA
INTERIOR INCLUYE AL EX JEFE DE GABINETE DE COSIDÓ, RELEVADO POR IRREGULARIDADES, ENTRE LOS CONDECORADOS CON MEDALLAS PENSIONADASINTERIOR CONTINÚA ASCENDIENDO A LOS ‘PIADOSOS’ DE FERNÁNDEZ DÍAZ
LA RENUNCIA DE UNA 'DOBLE SENADORA' DEL PP ABRE LA PUERTA DE LA CÁMARA ALTA A COSIDÓ
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EL NÚMERO DOS DE LA POLICÍA “ME OBLIGÓ A DEJAR DE INVESTIGAR EL ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ”
EL DIRECTOR DE LA POLICÍA CALLA TRAS SER ACUSADO DE PRESIONAR A AGENTES PARA TAPAR EL CASO DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ
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UNA MISA SEPARA AL SINDICATO UNIFICADO DE POLICÍA DE SU DIRECTOR GENERAL, IGNACIO COSIDÓ
COSIDÓ: “LA INMIGRACIÓN IRREGULAR ES UNA AMENAZA PARA TODA LA UE”
LA POLICÍA NO TENÍA CONSTANCIA DE LAS GRABACIONES A IGNACIO GONZÁLEZ
UN JUEZ INVESTIGA A COSIDÓ Y CIFUENTES POR PROHIBIR SÍMBOLOS REPUBLICANOS
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INTERIOR EXPEDIENTA A UN COMISARIO POR HABLAR DEL 11-M PARA EL PAÍS
EL ARZOBISPO CASTRENSE VIAJA EN EL HELICÓPTERO QUE DEBE VIGILAR LA VALLA
EL DIRECTOR DE LA POLICÍA CONDECORA PERSONALMENTE A LA VIRGEN DEL AMOR POR SUS "MÉRITOS POLICIALES"
LA AUDIENCIA NACIONAL ADMITE UNA DENUNCIA CONTRA INTERIOR POR OTORGAR LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL A LA VIRGEN
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ASUNTOS INTERNOS HA INTERROGADO AL MENOS CUATRO VECES A LOS POLICÍAS DEL CASO BÁRCENAS
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EXTERIORES INSTRUYE A LOS EMBAJADORES PARA JUSTIFICAR LA LEY DE SEGURIDAD
EL PODER JUDICIAL DESMONTA LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA POR INCONSTITUCIONAL
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TRAS LA MEDALLA A LA VIRGEN, INTERIOR INCLUYE UN CANTO RELIGIOSO EN LOS ACTOS OFICIALES DE LA POLICÍA
FERNÁNDEZ DÍAZ CONCEDE A LA VIRGEN LA MÁS ALTA CONDECORACIÓN POLICIAL
EL CÍRCULO PIADOSO DE FERNÁNDEZ DÍAZ
EL JEFE DE LA POLICÍA ADMITE QUE LA LEY “NO ES UNA DEMANDA CIUDADANA”
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PP, CIU Y PNV APRUEBAN QUE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD PUEDAN IDENTIFICAR Y DETENER A CIUDADANOS
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INTERIOR DA MARCHA ATRÁS Y MANTIENE EN SUS PUESTOS A TODOS LOS JEFES DE LA UDEF
DESBANDADA EN LA UDEF: EL POLICÍA QUE ENCARCELÓ A DÍAZ FERRÁN DEJA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
‘CANCIÓN TRISTE’ POR LA UDEF
FERNÁNDEZ DÍAZ VE "LÓGICO" QUE HAYA CAMBIOS EN LA UDEF PORQUE EL NUEVO COMISARIO GENERAL "TIENE DERECHO A ELEGIR EQUIPO"
INTERIOR JUSTIFICA CAMBIAR A DEDO A POLICÍAS QUE INVESTIGAN EL CASO GÜRTEL
INTERIOR 'ASALTA' LA UDEF Y NOMBRARÁ A DEDO A LOS POLICÍAS QUE CERRARÁN EL CASO BÁRCENAS
UN CONTROL POLICIAL BAJO SOSPECHA
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CONJURA POLICIAL CONTRA EL SOBERANISMO
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LA POLICÍA IMPULSA EL INTERCAMBIO DE DATOS CON LA SEGURIDAD PRIVADA
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EN INTERIOR SE ASISTE CON PERPLEJIDAD Y PREOCUPACIÓN A LA ‘CAÍDA’ DEL MINISTERIO EN MANOS DEL OPUS DEI
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EL DIRECTOR DE LA POLICÍA AFIRMA QUE SU PRIMER "DESAFÍO" SIGUE SIENDO ETA
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EL PORTAVOZ DE INTERIOR DEL PP ACUSA AL GOBIERNO DE “UNA NUEVA HUMILLACIÓN INADMISIBLE” A LAS VÍCTIMAS DE ETA
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EL PP APUESTA POR UN DURO COMO PORTAVOZ DE INTERIOR
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EL SENADOR COSIDÓ RETIRA SUS DESCALIFICACIONES HACIA PECES-BARBA
COSIDÓ: "LAS FRASES A VECES QUEDAN MUY ROTUNDAS, SIN MATICES, PERO ME RATIFICO"
EL PP ACUSA AL GOBIERNO DE MANTENER CONTACTOS "INDECENTES" CON LOS TERRORISTAS
EL EXJEFE DE LA POLICÍA APUNTA EN KITCHEN A MÁS DIRIGENTES DEL PP: “COSIDÓ LO SABÍA TODO”
Pino admite que envió mensajes al entonces secretario de Estado donde “especulaba” con que Cospedal y su marido manejaban a Villarejo
El comisario Eugenio Pino, jefe de la Policía Nacional con el Gobierno de Mariano Rajoy, implicó este lunes a más dirigentes del PP en el caso Kitchen, el espionaje sin control judicial urdido en 2013 para arrebatar al extesorero Luis Bárcenas documentación comprometedora para el partido. El antiguo mando, que ya había reconocido la existencia del operativo y defendido su legalidad, volvió a señalar a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, pero también a Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía, y a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, sobre la que “especuló” que manejó al comisario Villarejo.
”Cosidó lo sabía todo. Yo despachaba con él”, respondió contundente Pino, señalado en 2017 por el dictamen de la comisión de investigación del Congreso como el muñidor de la brigada patriótica que, en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, se dedicó a “obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP” y perseguir a los “adversarios políticos”. El comisario lo hizo a preguntas de la Fiscalía, que inquirió con insistencia al exjefe de la Policía sobre quiénes de la cúpula política de Interior estaban al tanto de la captación de Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, como topo de la trama. “A mí, el secretario de Estado [Francisco Martínez] me llamó preguntándome por si había algún confidente, y yo le dije que sí. Y yo se lo conté al director [Cosidó]. O sea, los dos lo sabían”, recalcó el comisario, según la reconstrucción del interrogatorio realizado por EL PAÍS con los detalles ofrecidos por fuentes jurídicas presentes en el mismo.
—¿Lo sabía el ministro?—insistió el representante del ministerio público, en referencia a Jorge Fernández Díaz, imputado en esta investigación judicial.
—Lo desconozco. Yo con el ministro no tenía una relación de poder llamarle—contestó Pino.
“El ministro me llamaba de vez en cuando, con asuntos..., digamos, especiales, pero nada operativo”, apostilló el ex director adjunto de la policía, que centró su declaración en la presunta implicación de Martínez y Cosidó, quien, tras la llegada de Pablo Casado a la presidencia del PP, ejerció como portavoz de la formación conservadora en el Senado. “El ministro no tenía mucho feeling [buena relación] con el señor Cosidó. Había cosas que me contaba el secretario de Estado y que me decía que no le contara a Cosidó”. El fiscal insistió en preguntar si el entonces director general estaba al tanto de que se había captado al chófer. “Yo se lo contaba”, recalcó Pino, quien admitió también haber autorizado pagar a Sergio Ríos con fondos reservados. La Audiencia Nacional ya ha acreditado que el chófer recibió 53.000 euros procedentes de esa partida de dinero público. Cosidó aún no ha sido llamado a declarar en esta instrucción ni como testigo ni como imputado. Fuentes de su entorno insistían este lunes en que “nunca tuvo conocimiento de la operación Kitchen”.
Durante más de hora y media, el fiscal repasó gran número de mensajes de teléfono que Pino y Martínez se cruzaron durante años, y que se han incorporado a la causa tras ser intervenido por orden judicial el teléfono del segundo. En esas conversaciones, Pino señalaba que María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP y exministra de Defensa, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, estaban tras los movimientos del comisario jubilado José Manuel Villarejo, también imputado y en prisión desde 2017. La Fiscalía pidió en septiembre la imputación en esta causa de Cospedal y su esposo, pero el juez Manuel García-Castellón lo rechazó.
Fiscal: ¿Quiénes son “M. C.” y el “maridísimo”?
Pino: Yo me referiría, en tono especulativo, sin ninguna prueba…
F.: ¿”M. C.” es Cospedal y el “marídisimo” es López del Hierro?
P.: Es una especulación en la que yo no afirmo nada.
F.: ¿Usted, cuando se refiere a “M.C.” y al “maridísimo” se refería a estas personas?
P.: A esos me refería. Tengo por costumbre eso.
F.: Y el atribuirle que estarían detrás dando indicaciones a Villarejo, ¿eso es una especulación?
P.: Sí, claro.
Según fuentes jurídicas, el exjefe de la Policía también señaló en su declaración a Mauricio Casals, consejero del grupo Atresmedia, como otra de las personas que “manejaban” a Villarejo.
Justo antes del Pino, había declarado también como imputado el comisario Enrique García Castaño, conocido como El Gordo, máximo responsable en 2013 de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO, especializada en labores de captación de información en la lucha antiterrorista). Este grupo se encargó de parte del espionaje al entorno del extesorero del PP, pese a no existir una orden judicial. García Castaño, que colabora con la investigación e informó al magistrado de la existencia de los documentos notariales con los SMS entre Martínez y Fernández Díaz que incriminan a este último, negó ser el autor de uno de esos mensajes, supuestamente reenviados por el ministro a su número dos y en los que se hacía referencia al volcado de los teléfonos de Bárcenas y su esposa.
El Gordo señaló que, por el lenguaje y la existencia de “errores” en el contenido del mensaje, este no procedía de un agente “operativo”. “Un policía no redacta eso”, afirmó, antes de apuntar su origen político: “La información no es de abajo arriba. Esa información viene de arriba abajo. Son informaciones que recibe el ministro y él transmite hacia abajo para confirmar”, aseguró. Minutos después Pino declaraba algo similar: “No es un mensaje entre policías, porque hubieran puesto el tratamiento. Habrían puesto ‘ministro, esto’, ‘secretario de Estado, esto”.
García Castaño, que fue interrogado también por su intercambio de mensajes de móvil con el entonces secretario de Estado, insistió en que la información que él obtuvo durante los seguimientos a Bárcenas se la transmitió directamente a Martínez, incluido lo que obtuvo del volcado sin orden judicial de los móviles de Bárcenas y su esposa. “Al día siguiente o a los dos días le entrego [a Martínez] el pendrive [con el volcado]”, recalcó. En este sentido, el comisario también indicó que sobre esta parte del operativo tardó tiempo en informar al comisario Pino, que era su superior, y que “nunca” tuvo interlocución directa ni con el ministro Fernández Díaz ni con el entonces director general de la Policía, el también popular Ignacio Cosidó.
García Castaño también negó que estuviera ocultando información sobre los seguimientos a Bárcenas y, en concreto, una “agenda” sobre la que habla en uno de sus mensajes con Martínez en 2017. Según el comisario, esa “agenda” era el listado de restaurantes que el extesorero del PP elaboraba porque los había visitado durante sus viajes y que guardaba en el móvil a cuyo contenido accedió. Según explicó al juez, ese documento era información útil para saber dónde se movía Bárcenas cuando salía al extranjero.
Las siglas “M. R.” y los audios de Corinna
Los cuatro confidentes. Durante el interrogatorio al comisario Pino sobre los mensajes que intercambió con el exsecretario de Estado Francisco Martínez tras salir a la luz pública la Operación Kitchen, el fiscal preguntó por uno en el que el exjefe policial hablaba de “cuatro confidentes” en el espionaje a Bárcenas. “Eran hechos deductivos de las informaciones que salían. Concibo el chófer, deduzco que hay un confidente en la cárcel y que hay alguien que está informando más a mi gente. Pero no sé quiénes eran los confidentes. Eran cosas que yo he sabido de forma tangencial”, señaló Pino, que negó saber sus nombres, salvo el de Sergio Ríos.
Quién es “M. R.”. El fiscal también le interrogó por un mensaje en el que el exsecretario de Estado auguraba que el escándalo del espionaje al extesorero del PP iba a “escalar inmediatamente” a dos personas que identificaba con las iniciales J. F. D. y M. R. El comisario intentó evitar responder —”Esa pregunta la debe responder él [Martínez]. Las siglas las da él”—, pero el fiscal insistió: “Es evidente que usted interpretó que las siglas corresponderían a dos personas”, para a continuación preguntar directamente: “¿Interpretó que ‘J. F. D.’ era [el ministro] Jorge Fernández Díaz y ‘M. R.’ era Mariano Rajoy?”. “Es posible, pero no lo puedo asegurar. Estas cosas las dice él”, se escudó el exjefe policial. En ese momento, el juez Manuel García-Castellón recriminó al comisario sus respuestas evasivas, que, recalcó, había esgrimido “en, al menos, cinco o seis ocasiones”.
El “fin de fiesta” de Villarejo. El fiscal insistió en que Pino explicara qué quería decir un mensaje de teléfono que, en marzo de 2017, le envió el entonces ya exsecretario de Estado de Seguridad y en el que este le decía que “PPK” (como se referían a Villarejo en sus comunicaciones) estaba preparando “un fin de fiesta” y que este era Bárcenas. “No sé a qué se refiere. El señor Sanz Roldán [director del Centro Nacional de Inteligencia] me pidió tres veces el cese de Villarejo y supongo que iba por ahí el mensaje”, dijo.
Las cintas de Corinna. Pino aseguró que se reunió con el general Sanz Roldán para hablar de Villarejo y de las grabaciones a Corinna Larsen, examiga íntima de Juan Carlos I. “Me preguntó dónde tendría las cintas. Le dije que tendría copias y que tenía un zulo en un chalé [en referencia a su vivienda a las afueras de Madrid]”. El comisario se mostró convencido de que que el ‘caso Villarejo’ se montó como “excusa” para recuperar esas grabaciones, y que el CNI no lo dirigía realmente el general sino la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
MARTÍN-BLAS SOLICITA QUE IGNACIO COSIDÓ DECLARE COMO TESTIGO EN 'KITCHEN'
La defensa alega que "acreditará la falsedad" de las declaraciones de Villarejo y Pino
La defensa del que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) Marcelino Martín-Blas en la época en la que se llevó a cabo la operación Kitchen solicita al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que se interrogue en calidad de testigo al que fuera por entonces director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó.
En una semana en la que la Audiencia Nacional ha dado un nuevo impulso a la instrucción de esta pieza separada número 7 del caso Tándem, en la que se investiga un supuesto operativo parapolicial sufragado con fondos reservados y con el que se espió al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su familia para sustraerles documentación sensible para esa formación política, el nombre de Cosidó se pone sobre el tablero de juego.
Cabe recordar que, el que fuera portavoz y senador del Grupo Parlamentario Popular hasta la primavera de 2019, fue entre 2012 y 2016 el director general de la Policía. En ese espacio temporal fue cuando tuvo lugar la Kitchen.
Pero la defensa de Martín-Blas, en un breve escrito, señala que el objetivo de su declaración sería "acreditar la falsedad" de las declaraciones en sede judicial tanto del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo como del que fue director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino. Argumenta la defensa que ambos señalaron que el entonces director de la Policía Ignacio Cosidó "estaba al tanto de la supuesta
intervención de Marcelino Martín-Blas en los hechos objeto de la presente instrucción".
Dado que por el Juzgado Central de Instrucción número 6 han pasado gran parte de los responsables de Interior del gobierno de Mariano Rajoy, cabía la posibilidad de que finalmente Cosidó -cuyo cargo se ubicaba entre el que era el ministro y los mandos policiales- fuera llamado. Y ahora, con esta petición de la defensa de uno de los imputados, se abre esa posibilidad.
En su paso por el Senado, cuando era portavoz, generó una gran polémica al enviar un mensaje al resto del grupo parllamentario señalando que la designación de Manuel Marchena como presidente de lo Penal del Tribunal Supremo permitiría al PP controlar este órgano "por la puerta de atrás".
La declaración de Pino
Ya en octubre de 2020, en la que era la segunda declaración ante el juez del ex DAO de la Policía Nacional Eugenio Pino, apuntó a la cúpula política policial como conocedora de determinados detalles de la operación Kitchen, como la conveniencia de que fuera uno u otro comisario el que actuara como controlador del chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas.
Así, afirmó que no recordaba si fue el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez o el director general Ignació Cosidó quien le habló de lo poco conveniente que era que el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, fuera quien controlara a este confidente.
Según esta declaración de Pino, sobre Ríos actuaron como controladores cuatro altos mandos, el jefe de Asuntos Internos Marcelino Martin-Blas; el inspector en excedencia (como director de seguridad de Castilla-La Mancha en la época de Dolores de Cospedal) Andrés Gómez Gordo; el comisario jubilado hoy en prisión José Manuel Villarejo y, de modo circunstancial, el comisario de la UCAO Enrique García Castaño.
MAÑUECO NOMBRA ASESOR A IGNACIO COSIDÓ
El presidente de la Junta 'engorda' la relación de asesores que dependen de él con otras cuatro personas, entre ellas, el ex senador del PP
El Boletín Oficial de Castilla y León publica este jueves cuatro nombramientos de personal eventual vinculados todos ellos al presidente de la Junta. Entre los nombres, el más llamativo es el de Ignacio Cosidó, ex senador del PP por designación autonómica, cargo que ahora ocupa Javier Maroto.
Cosidó fue noticia hace un año cuando admitió haber enviado un mensaje en un grupo de Whatsapp del Grupo Popular en el que afirmaba que su partido tenía controlada la Sala Segunda del Supremo.
Junto a Cosidó figuran otra ex senadora, Esther Muñoz de la Iglesia que ocupó el puesto número 2 en la lista del PP al Senado y que no consiguió escaño en las elecciones del 28 de abril.
También han sido nombrados como personal eventual, Isabel Hernández Rozas, que formó parte del Gabinete de Presidencia de las Cortes con Ángel Ibáñez y Aurelia Hernández, que fue secretaria de Mañueco durante su etapa como alcalde de Salamanca.
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/26/radio_valladolid/1569481249_626555.htmlLA JUNTA CONTRATA A COSIDÓ Y MUÑOZ COMO PERSONAL EVENTUAL
El Bocyl también recoge hoy la incorporación de Isabel Hernández Rozas, exdiputada del PP y exconcejala de Salamanca
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recoge en su edición de hoy un acuerdo de Presidencia por el que se nombra personal eventual de la Junta a los exsenadores ‘populares’ Ignacio Cosidó y Esther Muñoz de la Iglesia.
También se incorpora como personal eventual de la Administración Autonómica Isabel Hernández Rozas, que fue diputada por el Partido Popular durante la primera legislatura de José María Aznar entre los años 1996 y 2000. También fue concejala en el Ayuntamiento de Salamanca y alcaldesa de Palacios Rubios.
También se nombra persona eventual a Aurelia Hernández Sánchez, que fue secretaria particular en el Ayuntamiento de Salamanca.
Ignacio Cosidó fue director general de la Policía Nacional desde el 30 de diciembre de 2011 hasta el 18 de noviembre de 2016. Fue senador en la VIII Legislatura y diputado por Palencia al Congreso en las IX y X Legislaturas, así como portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. El pasado mes de julio se despidió como portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, tras conocerse la designación del alavés Javier Maroto como senador autonómico
Por su parte, Esther Muñoz de la Iglesia fue senadora por la provincia de León entre 2016 y 2019.
https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z3FC40D23-F0F8-44AA-50FBA93143AF9234/201909/la-junta-contrata-a-cosido-y-munoz-como-personal-eventual?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitterEL PP DEJA SIN AFORAMIENTO A COSIDÓ EN PLENA INVESTIGACIÓN DE 'KITCHEN'
El exdirector de la Policía se queda 'desnudo' ante la Audiencia Nacional al igual que ocurrió en mayo con el ministro Fernández Díaz y su número dos de Interior
Esta semana se ha sabido que el PP colocará a Javier Maroto como senador por designación autonómica por Castilla y León. La consecuencia de ello es que su último portavoz en el Senado y exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó, deja ese puesto y pierde su condición de aforado ante la Justicia en plena investigación del caso Kitchen en la Audiencia Nacional.
Ignacio Cosidó era el máximo responsable policial cuando se puso en marcha la operación Kitchen, ahora bajo el foco de la Audiencia Nacional como una pieza separada del caso Villarejo. Se investiga la participación del polémico comisario y otros agentes del Cuerpo en un plan para robar información comprometedora para el PP al extesorero del partido Luis Bárcenas. Entre otras acciones, captaron al chófer de Bárcenas al que pagaban con fondos reservados. Todo ello sin control judicial alguno.
Una de las incógnitas aún por determinar es si aquellas actividades se quedaron en el ámbito policial o si trascendieron o incluso partieron de los cargos políticos y del Ministerio del Interior. La novedad ahora es que el juez instructor, Manuel García Castellón, tiene ahora a toda la cúpula política de entonces -el ministro, su número dos -Francisco Martínez- y el citado Cosidó- sin el aforamiento que tuvieron en el inicio de las pesquisas.
Su relación con Casado
Cosidó fue una de las primeras figuras del PP que se unieron a la candidatura de Pablo Casado para dirigir el partido, por lo que tuvo un papel muy relevante en las primarias internas del partido. Tras ello, siguió como portavoz del PP en la Cámara Alta pero el escándalo del mensaje de móvil que envió a los senadores de su partido sobre el acuerdo con el PSOE para colocar al juez Manuel Marchena al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) provocó la renuncia del magistrado a ese puesto y que él quedase muy marcado.
Desde entonces, Casado le fue despojando de sus prerrogativas. Tras las elecciones generales, el PP le comunicó que no sería su portavoz cuando empezase la actividad parlamentaria en el Senado, algo que aún no ha ocurrido. Y cuando ahora tocaba renovar los senadores por designación autonómica por Castilla y León, el líder popular ha dejado caer a Cosidó.
El exdirector de la Policía se ha desvinculado de la operación Kitchen en los últimos meses e, incluso, ha llegado a señalar que la gestión de los fondos reservados en el Ministerio del Interior la realizaba "directamente" la Secretaría de Estado de Seguridad en manos de Martínez.
Fondos reservados
El Mundo publicó que policías de la Kitchen se quedaron 600.000 euros de fondos reservados y señaló que el juez había acreditado sobresueldos en metálico en cuentas de varios comisarios del operativo contra Bárcenas liderado por el excomisario José Manuel Villarejo. Vozpópuli, por su parte, aseguró que este dinero fue a parar a cuentas del excomisario principal de la Comisaría General de Información Enrique García Castaño, también investigado por formar parte de la organización criminal.
Tras estas informaciones, Cosidó explicó en los pasillos del Senado que como director de la Policía tenía múltiples competencias, dado que dirigía 70.000 efectivos, disponía de un elevado presupuesto y se encargaba de organizar planes y estrategia para afrontar la lucha contra el terrorismo, la inmigración ilegal o la trata de personas. De hecho, subrayó que todo eso se desarrolló "con gran eficacia" y "notable éxito" bajo su mandato (2012-2016).
Sin embargo, recalcó que no estaba entre sus competencias "ni el control ni la gestión de los fondos reservados" y apuntó que tal atribución pasaba "directamente" por la Secretaría de Estado de Seguridad. Y tras recordar que, por definición el uso de los fondos es una cuestión "reservada y secreta", el entonces portavoz del PP en el Senado dejó claro que "no tenía ninguna responsabilidad de ninguna clase" en Kitchen.
Guerra fría en Interior
Los funcionarios policiales investigados formalmente responsabilizaron al número dos de Cosido, Eugenio Pino, en sus declaraciones ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Alegan que cumplían órdenes y que era un trabajo de inteligencia en apoyo de las unidades investigadores y que todos sus avances se incluían en los ficheros policiales.
De forma indirecta el caso Villarejo ha hecho aflorar las guerras intestinas que se libraron en aquel Departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz. A medida que avanzó la legislatura, Cosidó y el ministro se distanciaron hasta el punto de que Fernández Díaz encontró a Eugenio Pino como su hombre de confianza en la Policía. Recientemente el comisario Villarejo remitió desde prisión una carta al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que confirmaba esas luchas internas.
Añadió que el entonces secretario de Estado, Francisco Martínez, también puenteaba al ministro y trataba con el entorno de la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría o el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El aludido niega estas informaciones que emanan del polémico mando, en prisión preventiva desde 2017.
Consultadas por este periódico, fuentes policiales conocedoras de cómo funcionaba Interior aquellos años no se ponen de acuerdo a la hora de definir el papel de Cosidó ante los trabajos de Villarejo y el resto de policías bajo el mando de Pino. Se debaten entre si el director de la Policía no se enteraba o no se quería enterar. O las dos cosas. El despacho de Eugenio Pino y el de Ignacio Cosidó estaban ambos en la primera planta de la sede de la Dirección General en la calle Miguel Ángel separados apenas por unos metros. Todas las fuentes consultadas aseguran que eran habituales las visitas de Villarejo y el resto de su clan policial al despacho de Pino.
https://www.vozpopuli.com/politica/PP-aforamiento-Cosido-investigacion-Kitchen_0_1264974492.htmlCOSIDÓ, 'SACRIFICADO' POR MAROTO, SE QUEDA SIN ESCAÑO
Su nombre apareció vinculado durante su etapa al frente de la Dirección Nacional de Policía con la llamada 'operación Kitchen'
Con el visto bueno de Ciudadanos, el líder del PP, Pablo Casado, ha decidido que el vitoriano Javier Maroto, vicesecretario de Organización del partido, ocupe el único puesto de senador por designación autonómica de Castilla y León que tendrá el PP en la Cámara Alta esta legislatura.
Con la polémica elección, 'Génova' deja fuera a Ignacio Cosidó, que fue elegido senador autonómico en 2016 y más tarde portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, tras la llegada de Casado a la Presidencia del partido hace un año.
Lo cierto es que Cosido aspiraba a revalidar su asiento de senador y por el momento se desconoce si Casado le buscará un nuevo destino.
En las últimas semanas, en las filas del PP ya se apuntaba a que 'Génova' podía optar por el relevo de Cosidó después de que su nombre apareciese vinculado durante su etapa al frente de la Dirección Nacional de Policía con la llamada 'Operación Kitchen', relativa al robo de material en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas con cargo a fondos reservados.
Sin embargo, Cosidó --que apoyó a Casado desde el primer momento en el proceso de primarias del PP-- se ha desvinculado siempre de ese caso, dejando claro además que solo la Secretaría de Estado de Seguridad manejaba los fondos reservados.
Su CV oficial, parco en detalles, informa que nace en Salamanca allá por el año 1965. A los 4 años marchó a Palencia y se crió en Palenzuela. Cursó primaria en la Colonia Infantil General Varela de Quintana del Puente (Palencia) y secundaria en los maristas de San José del Parque de Madrid. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y Doctor en Historia Contemporánea por la UNED. Alférez de Complemento del Ejército del Aire, fundador de la Asociación Pro-Servicio Militar Voluntario y miembro del Grupo de Estudios Estratégicos.
Su paso por la Benemérita y en particular el atentado del 11-M, aunque por su parte ya había predisposición, acaban de convertirle en un ferviente creyente de las teorías conspiratorias que lideraba por aquel entonces el amoral de Pedro José Ramírez y su grupo de seguidores. Jaleado, aleccionado y amaestrado por este grupo le acaban convirtiendo en su portavoz en el Senado del que formaba parte tras las elecciones del 14M del 2004.
Desde su escaño por Palencia sus intervenciones estuvieron repletas de incidentes y salidas de tono que le llevaron en numerosas ocasiones a enzarzase con todos aquellos que según sus teorías conspiratorias habían llegado al Gobierno gracias al atentado del 11M y a la mano negra de ETA.
El más importante de estos incidentes lo protagonizó al acusar a Gregorio Peces Barba, ex ponente constitucional, de ser “un alto comisionado para el diálogo y el amparo de los verdugos terroristas". Días después, de mala gana y de peores maneras, se vio obligado a pedir disculpas aunque se ratificó en lo que el denominó “criticas políticas “.
Pero su salto a la fama le viene cuando fue elegido diputado en el año 2008 y es nombrado portavoz de Interior del Grupo Parlamentario genovés en el Congreso de los Diputados. Aquí ya se entrega en cuerpo y alma a las tesis más ultraderechistas que circulan sobre el 11-M y la política antiterrorista de ZP. En particular se especializa, siguiendo las instrucciones de sus referentes ideológicos, Jaime Mayor Oreja $ Pedro José Ramírez, superando los límites de la razón y la cordura, en el denominado Caso Faisán.
Tras cesar como Director General de la Policía, fue recuperado para ocupar una plaza de senador territorial. Su decidido apoyo a Pablo Casado frente a Soraya Sáenz de Santamaría le fue recompensado nombrándole el 26 de julio del 2018 Portavoz genovés en el Senado.
https://www.elplural.com/politica/cosido-sacrificado-por-maroto-se-queda-sin-escano_220675102COSIDÓ APUNTA "DIRECTAMENTE" AL NÚMERO DOS DE FERNÁNDEZ DÍAZ COMO GESTOR DE LOS FONDOS RESERVADOS DURANTE LA OPERACIÓN KITCHEN
"Entre las competencias atribuidas al director de la Policía no estaba ni el control ni la gestión de los fondos reservados", afirma el hoy portavoz del PP en el Senado, que señala a Francisco Martínez En un encuentro con periodistas, Cosidó insiste en que "sinceramente", no tuvo "responsabilidad de ninguna clase" en le Operación Kitchen
El exdirector general de la Policía Nacional y hoy portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha vuelto este viernes a desvincularse de la Operación Kitchen supuestamente puesta en marcha por el Ministerio del Interior cuando él dirigía el cuerpo para espiar y robar documentos comprometedores para el PP al extesorero de los populares Luis Bárcenas.
Después de que este viernes el diario El Mundo haya publicado que algunos policías que participaron en la operación se quedaron con 600.000 euros de fondos reservados, Cosidó ha aprovechado un encuentro con periodistas en el Senado para recordar que él no tenía ninguna capacidad de gestión de esos fondos y que por tanto no tuvo responsabilidad ni participación en su utilización.
El portavoz popular en la Cámara Alta ha responsabilizado "directamente" de la gestión de los fondos reservados al entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que ahora es diputado del PP y portavoz en la Comisión Constitucional.
"Como director de la Policía tenía múltiples competencias dirigiendo todos los planes estratégicos y políticos y la lucha contra el crimen. Pero entre las competencias atribuidas al director no estaba ni el control ni la gestión de los fondos reservados que es algo que realizaba directamente la Secretaría de Estado de Seguridad", ha asegurado durante el briefing informativo con periodistas.
El portavoz popular en el Senado ha insistido en que "sinceramente", no tuvo "responsabilidad de ninguna clase" en le Operación Kitchen. "Hay una investigación judicial en marcha, un procedimiento secreto. Vamos a dejar que la justicia funcione, que aclare exactamente todos los términos y que tome las decisiones que sean pertinentes. Hacer adelantos de intenciones, o juicios paralelos ayuda poco al funcionamiento correcto de nuestra justicia y a eso no voy a contribuir", ha zanjado.
https://www.eldiario.es/politica/Cosido-Francisco-Martinez-Operacion-Kitchen_0_863364019.htmlDARDO DEL SUPREMO A COSIDÓ: "EL WHATSAPP LE RETRATA A ÉL, SI FUERA SUYO"
La conocida como 'sala del 61' rechazó apartar del caso a los jueces del Supremo que juzgarán el procés
Los jueces dicen que ese mensaje muestra la "inaptitud" de Cosidó para comprender el funcionamiento de la Justicia
El Tribunal Supremo ha hecho público en un auto los argumentos con los que rechaza la recusación planteada por varios líderes independentistas de Manuel Marchena y el resto de jueces que juzgarán el procés en las próximas semanas. Sobre el caso concreto del ponente de la sentencia y los mensajes del senador Ignacio Cosidó, los jueces son claros: "El whatsapp atribuido al Sr. Cosidó le retrata a él (si fuera suyo, cuestión en la que no entramos), pero eso no es extensible a nadie más", dice el auto.
Los jueces no creen que esos mensajes, en los que Cosidó defendía ante sus compañeros de bancada que iban "controlar desde detrás" la sala de lo penal, afecten a la imparcialidad de Marchena: "Difícilmente cabe sospechar de la imparcialidad de un magistrado por sus actos u opiniones si ni siquiera los ha realizado o las ha emitido", dicen, añadiendo que " el citado mensaje debe ser contemplado como lo que es: una opinión personal de un dirigente político".
Para el Supremo, ese mensaje se "trata de un argumentario que un político utiliza para justificar un pacto con otra formación política y realiza afirmaciones sobre lo que desconoce por completo y que demuestra una inaptitud de raíz para conocerla" a la hora de defender el reparto de sillones en el CGPJ. Se trata, dicen, de "una opinión –inaceptable- realizada en el ámbito político" y destacan que el propio Marchena rechazó el puesto.
Juicio inminente
Son los argumentos con los que la conocida como 'sala del 61', encabezada por Carlos Lesmes, rechazó a principios de mes la recusación planteada por varios imputados contra los magistrados que juzgarán el procés, entre ellos Manuel Marchena.
El juicio contra los 18 líderes independentistas acusados de impulsar el procés arrancará con su fase previa el martes de la semana que viene con las cuestiones de previo pronunciamiento, en las que los abogados defenderán que el caso debe ser llevado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
http://cadenaser.com/ser/2018/12/14/tribunales/1544793444_485947.htmlPRÓXIMOS A COSIDÓ ASEGURAN QUE ÉL "SÓLO REENVIÓ UN WHATSAPP QUE VINO DE ARRIBA"
Cunde entre senadores y altos cargos la idea de que el portavoz en el Senado está protegiendo a alguien de la cúpula del PP.
Ignacio Cosidó no es el autor del mensaje de WhatsApp que EL ESPAÑOL hizo público este lunes y que provocó tanto la renuncia del magistrado Manuel Marchena a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, como la ruptura del pacto entre PP y PSOE para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Esa es la impresión que durante las últimas horas ha cundido entre senadores y altos cargos populares, convencidos de que Cosidó se limitó a reenviar el mensaje escrito "por alguien de arriba" en otro grupo de WhatsApp diferente al de los senadores del PP y en el que sólo figurarían los principales dirigentes del partido.
Aunque el portavoz del PP asumió públicamente la autoría del mensaje y se defendió argumentando que este "se había interpretado mal", las fuentes consultadas consideran muy improbable que él fuera el autor del texto. Las pruebas, todas ellas circunstanciales, apuntan en efecto a alguien distinto a Cosidó.
El detalle más llamativo del WhatsApp es ese forwarded (reenviado) que aparece al principio del mensaje de Cosidó y que indica que se ha reenviado desde otro chat. Y lo que es aún más relevante: que el autor del mensaje no es el propio Cosidó. Si así fuera, la palabra forwarded no aparecería en su encabezamiento. A menos que el mensaje hubiera sido enviado desde un número de teléfono perteneciente a Cosidó hasta otro número de teléfono también perteneciente a Cosidó, algo que las fuentes consultadas consideran improbable.
Cosidó no estuvo en "primera línea"
El segundo detalle que ha llamado la atención entre los miembros del PP es la frase "ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea". El autor del mensaje se está refiriendo, como es evidente, a las negociaciones para la renovación de los vocales del CGPJ. Dado que Cosidó no participó en esas negociaciones, todas las miradas se han dirigido hacia los que sí participaron en ellas: Rafael Catalá, exministro de Justicia con Mariano Rajoy, y Teodoro García Egea, secretario general del PP en sustitución de María Dolores de Cospedal.
El tercer detalle que las fuentes consultadas consideran llamativo es otra de las frases del mensaje: "Sacar a de Prada de la Audiencia Nacional es bueno. Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP". Aseguran esas fuentes que la expresión coloquial "poniendo sentencias" jamás sería utilizada por un jurista que dominara el lenguaje técnico de su profesión. Rafael Catalá es licenciado en Derecho. Teodoro García Egea, ingeniero de telecomunicaciones.
Más allá de las sospechas acerca de la verdadera identidad del autor del texto, las fuentes consultadas insisten en descartar la responsabilidad de Cosidó: "Sólo lo reenvió. Vino de arriba". Sí le reprochan al portavoz su imprudencia al compartir el mensaje en un chat que el partido calificó de "descontrolado", poco antes de proceder este martes a su cierre definitivo.
Aunque Cosidó rechaza la dimisión y afirma sentirse respaldado por el presidente del partido, Pablo Casado, las fuentes consultadas niegan que su posición esté asegurada. "No le obligarán a dimitir, porque ha puesto la cara para proteger a alguien de arriba, pero no le frenarán si la presión le fuerza a abandonar su cargo", han afirmado.
https://www.elespanol.com/espana/politica/20181121/proximos-cosido-aseguran-solo-reenvio-whatsapp-arriba/354715760_0.htmlSÁNCHEZ A COSIDÓ: "HOY HA RENUNCIADO ALGUIEN, PERO NO QUIEN LOS ESPAÑOLES ESPERABAN, QUE ES USTED"
El presidente evita contestar si indultará a los presos separatistas en caso de condena y carga contra el PP por el WhatsApp de Cosidó: "Respeten a la Justicia".
El líder 'popular' en el Senado da por hecho que el "pacto de la moción de censura incluía la liberación de los golpistas".
Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, preguntaba este martes a Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Senado si se compromete a no dar el indulto a "sus socios independentistas", al menos a los que "presuntamente cometieron rebelión en Cataluña" hace ahora un año. Y lo ha argumentado recordando que PDeCAT y ERC "han condicionado el apoyo parlamentario a su Gobierno a la liberación de los presos".
Pero Sánchez se ha ido por la tangente, aprovechando que quien le interpelaba es el protagonista de la noticia de la semana. Cosidó era portada este lunes en EL ESPAÑOL, que publicaba un WhatsApp en el que el portavoz popular en la Cámara Alta presumía de "la buena jugada" que era para el PP el reparto del Consejo del Poder Judicial.
La única frase sobre indultos ha sido: "El juicio no se ha celebrado, ¿de qué indultos me hablan?". Para pasar de inmediato a tirarle a Cosidó donde más le duele estos días: "Hoy ha renunciado alguien", en referencia a Manuel Marchena, propuesto para presidir el CGPJ", pero no quienes los españoles esperaban, que es usted".
El presidente le ha espetado "la mayor diferencia entre usted y yo es que yo creo en la independencia del Poder Judicial". Sánchez no ha contestado a lo de los indultos ni en la réplica y ha respondido a Cosidó como si éste le hubiera preguntado por su propio WhatsApp a los senadores del PP desvelado por este periódico: "Usted ha hecho ver que el PP quiere controlar el CGPJ", le ha recordado, "desvirtuando el pacto".
"El escándalo no es que sea el Legislativo el que elija a los vocales del CGPJ, sino el sentido patrimonialista que tiene el PP de la Justicia", ha dicho el presidente. "Ustedes son un partido de palabra y les pido que respeten los acuerdos", ha insistido alejándose cada vez más de la pregunta sobre los indultos catalanes. "Respete la Justicia, no se quieran ustedes hacer jueces de la causa del 1-O", ha concluido.
Cosidó ha acusado al Gobierno de cambiar de criterio en el caso del golpe separatista para sostenerse en el poder. "Su ministra de Justicia forzó a la Abogacía del Estado a retirar la acusación de rebelión", ha dicho. Y ante los rumores que han surgido en la bancada socialista -por la polémica de las relaciones de uno y otra con el excomisario José Villarejo-, el también exdirector general de la Policía ha querido ponerse por encima de Dolores Delgado y ha presumido de su pasado: "Estoy muy orgulloso".
"Usted es presidente por los separatistas"
"Usted es presidente del Gobierno gracias a esos votos y hoy le siguen sosteniendo", ha contestado Cosidó en la réplica a Sánchez, devolviéndole la pelota al recordarle al presidente que Miquel Iceta -líder del PSC-, Teresa Cunillera -delegada del Gobierno- y Meritxell Batet -ministra- le han pedido el indulto al Gobierno para los líderes catalanes del golpe. "En su pacto para llegar a la Moncloa yo creo que usted incluyó la libertad de estos presos", ha dicho Cosidó en la Cámara Alta. "Si los da, éstos serán los indultos de la vergüenza".
Para el líder popular en el Senado, Sánchez estaría "incitando a nuevos golpes de Estado" porque cedería al chantaje "con tal de seguir en la Moncloa" a cambio de indulto, referéndum "o lo que sea". A modo preventivo, ha acusado al jefe del Ejecutivo de traición a los catalanes "españolistas desapamarados por la falta de autoridad del Gobierno" poniendo el ejemplo del nuevo presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, a quien los radicales le pincharon las ruedas del coche y le pintaron esvásticas este fin de semana.
"Convoque elecciones y cuanto antes mejor, señor presidente", ha concluido Cosidó, "porque le precio que usted se comprometió a pagar no se puede pagar".
Sin embargo, el argumento se lo ha desmontado Sánchez acusando al PP de estarse "descomponiendo" y de adolecer de "falta de sentido de Estado", recordando que el PSOE apoyó "siete años" a Rajoy ante el desafío catalán. "Un poco de humildad", ha exigido Sánchez.
Para el portavoz popular todo parte de que el presidente tiene demasiado apego a la butaca de la Moncloa, razón por la que "cambia de criterio". Es decir, que "en la oposición veía clarísimo delito de rebelión y ahora que es presidente no ve delito... no ve nada". En ese punto, Cosidó ha introducido la ironía recordando las palabras de Carmen Calvo, "su vicepresidenta, que nos quiere convencer de que usted nación el día de la investidura".
https://www.elespanol.com/espana/politica/20181120/sanchez-cosido-hoy-renunciado-no-espanoles-esperaban/354715364_0.htmlEL PP CIERRA EN EL SENADO EL GRUPO DE WHATSAPP QUE PROVOCÓ LA RENUNCIA DE MARCHENA
Cosidó descarta dimitir tras la renuncia de Marchena y se siente respaldado por Pablo Casado
El juez Marchena renuncia a presidir el Supremo y el CGPJ tras el acuerdo entre PSOE y PP
La dirección del Grupo Popular en el Senado ha decidido hoy cerrar el grupo de Whatsapp en el que su portavoz, Ignacio Cosidó, reenvió un mensaje donde defendía el acuerdo logrado con el Gobierno sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en el que se sugería que, con el juez Manuel Marchena en la presidencia de este órgano y del Tribunal Supremo, el PP podría controlar la Sala Segunda del Supremo "desde detrás".
Después de hacerse público, en el diario digital El Español, y de que Marchena anunciara hoy su renuncia a formar parte de este órgano, los populares han optado por liquidar este grupo de comunicación entre los senadores. En él los parlamentarios habían vertido sus críticas a este acuerdo, en el que el PP permitía una mayoría progresista a cambio de cerrar la presidencia para Marchena. El magistrado abandonaría así, en virtud de este pacto, la presidencia de la Sala Segunda del Supremo, encargada de juzgar a los líderes independentistas por el intento de secesión. Ambas derivadas habían provocado un enorme malestar entre los senadores y los diputados.
Para intentar frenar esta inquietud Cosidó reenvió un mensaje, que no deja de ser el argumentario que defiende la dirección del PP pero que circulaba de manera más restringida y no en un grupo en el que participan 146 personas. Ese grupo se ha cerrado hoy. Fuentes del grupo parlamentario explican que desde el departamento de prensa se había pedido que se le pusiera fin hace un año porque resultaba inoperante.
Los senadores, explican, se dedicaban a enviar asuntos personales -fotos de vacaciones- y ya no cumplía la utilidad para el que fue creado. De hecho, desde que se produjo el cambio en la dirección del PP tras el congreso que eligió a Pablo Casado se habían creado ya otros grupos. Uno, también con todos los senadores, pero donde no es posible escribir mensajes de respuesta. Y otro más donde figura únicamente la nueva dirección y el personal de prensa.
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/20/5bf4517046163fdb2f8b461b.htmlEL PP RETIRA SU FIRMA DE LA LISTA DE CANDIDATOS AL CGPJ
Lo hace tras dar por roto el pacto con el PSOE. La lista tiene que ser votada el jueves en el Congreso
Este martes, el juez Manuel Marchena descartaba ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Anunciabo su renuncia, vía comunicado, para defender su independencia como magistrado desvinculándose del acuerdo alcanzado entre PP y PSOE.
Poco después, el PP daba por roto este pacto, por lo que podría quedar suspendido el proceso de renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Pero hay más porque el último movimiento del Partido Popular pasa por retirar su firma de la lista de candidatos propuestos para ser los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial, según publica eldiario.es.
Una lista que debía ser votada por el Congreso de los Diputados este mismo jueves.
La retirada de la firma supone la ruptura definitiva del pacto entre socialistas y populares. Así, el partido que lidera Pablo Casado ha presentado un escrito a la Mesa del Congreso de los Diputados con el que muestra su "voluntad de retirar su firma del escrito de propuesta de vocales de Vocales del Consejo General del Poder Judicial por el turno de juristas".
Sólo horas antes, el PP criticaba la “irresponsabilidad del gobierno al gestionar este proceso filtrando los detalles de la negocia con parlamentaria ha desgastado la justicia".
https://www.elplural.com/politica/pp-retira-su-firma-de-la-lista-de-candidatos-al-cgpj_206719102EL ‘WHATSAPP’ SOBRE EL PODER JUDICIAL PONE EN LA CUERDA FLOJA A COSIDÓ Y ABRE OTRA CRISIS A CASADO
El PP culpa de la renuncia de Marchena para presidir el Tribunal Supremo al Gobierno y a Delgado, "la ministra más sucia políticamente"
El portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, ha abierto una segunda crisis a Pablo Casado tras la dimisión de María Dolores de Cospedal por sus reuniones con el comisario encarcelado José Manuel Villarejo, hace menos de 15 días. Dos escándalos han colocado a Cosidó en la cuerda floja: los whatsapps que reenvió a 146 miembros del partido jactándose del control del Tribunal Supremo tras el pacto con el PSOE y el supuesto encargo al Ministerio del Interior para robar al extesorero Luis Bárcenas documentos que podrían perjudicar al PP. "Está en el alero", señalan fuentes populares. El líder, Pablo Casado, ha evitado respaldarle públicamente. "Esto es terrible, un desastre que solo beneficia a Ciudadanos" en plena campaña electoral andaluza, añaden cargos de la formación.
De momento, el PP mantiene en público su primera reacción habitual ante los escándalos, y se defiende atacando. "La ministra Dolores Delgado [titular de Justicia] es la ministra más sucia políticamente del Gobierno", ha dicho este martes el vicesecretario de organización del PP, Javier Maroto. Los populares responden a la tormenta política provocada por la renuncia del juez Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) culpando al Ejecutivo, y especialmente a Delgado, de la decisión del magistrado para tratar de desviar el foco de Cosidó. Según el PP, Marchena ha tomado esa decisión molesto porque se filtrara su nombre, pero su elección se conoció hace ocho días y entonces el PP se limitó a celebrar el pacto con el Gobierno, negociado precisamente con Delgado, a la que ahora vetan como interlocutora. La única novedad desde entonces ha sido la difusión, este lunes por El Español de los whatsapps del portavoz popular en el Senado.
Casado ha evitado refrendar su confianza en Cosidó pero sí ha tratado de desmarcar la ruptura del pacto judicial de "cualquier interpretación que se haya transmitido por móvil", en alusión a los mensajes del portavoz, difundidos 24 horas antes de la renuncia de Marchena. El líder del PP manifestó su "rechazo" al contenido de esos whatsapps, aseguró que Marchena "acierta" al no dejarse "instrumentalizar" y manifestó, menos de diez días después de cerrar el pacto con el PSOE para renovar el Poder Judicial, su intención de modificar el sistema de renovación de CGPJ para regresar al de 1985 y que las Cortes solo refrenden a los candidatos propuestos por los jueces.
Fuentes del PP aseguran que en realidad, Cosidó reenvió esos mensajes, que le habían llegado, a su vez, de otro miembro de la formación. El partido niega oficialmente que fuera alguien de la dirección nacional y fuentes próximas al senador afirman que no señalará a nadie porque al reenviar esos whatsapps él los estaba asumiendo como si fueran propios.
Esos mensajes trataban de aplacar cierta inquietud en las filas populares por el hecho de que el PSOE tuviese mayoría en el órgano de gobierno de los jueces y que entrara en el mismo el juez José Ricardo de Prada, que juzgó el caso Gürtel. "Es bueno para la justicia española que deje de poner sentencias y pase a un órgano administrativo", llegó a decir el popular Carlos Rojas el pasado viernes en el Congreso sugiriendo que ese nombramiento era una patada hacia arriba que les beneficiaba.
Cosidó: "No dimitiré mientras tenga la confianza del presidente"
El propio Cosidó ha insistido este martes en que la responsabilidad fundamental de la renuncia de Marchena y la ruptura del pacto es del Gobierno —"envenenaron el debate" , dice—, y no ha asumido autocrítica alguna. Preguntado por si pensaba dimitir, ha asegurado que no lo hará mientras tenga la confianza de Casado. "Ahora me siento respaldado por mi grupo y mi presidente", ha zanjado.
La dirección nacional da, no obstante, más importancia a otro escándalo que también afecta a Cosidó, la llamada Operación Kitchen sobre un supuesto encargo pagado con fondos reservados que hizo el Ministerio del Interior al comisario Villarejo -encarcelado desde hace un año- para recuperar los papeles que el extesorero del PP Luis Bárcenas se llevó de la sede del partido. Cosidó era en ese momento director general de la Policía, y el juez del caso Bárcenas, José de la Mata, ha pedido un informe urgente para saber si esa operación se pagó con fondos reservados.
Fuentes de la dirección nacional afirman que "hay que esperar" para ver cómo evoluciona esa investigación, sin respaldar plenamente a su portavoz en el Senado. Si esa polémica empeorara, Casado podría dejarlo caer, porque las mismas fuentes apuntan que su propósito es dejar atrás el escándalo Bárcenas y lo que llamó "vergonzantes prácticas del pasado" para volcarse en lo que considera una campaña electoral "permanente" y tener al partido movilizado ante un eventual adelanto de las generales.
https://elpais.com/politica/2018/11/20/actualidad/1542709427_130352.htmlJUNQUERAS Y CINCO LÍDERES DEL ‘PROCÉS’ RECUSAN AL JUEZ MARCHENA POR “FALTA DE IMPARCIALIDAD”
Los acusados cuestionan la relación del presidente del tribunal con el PP tras el mensaje de Cosidó
Seis acusados en el futuro juicio sobre el proceso independentista catalán —entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras— han recusado por supuesta "falta de imparcialidad" al magistrado Manuel Marchena, presidente del tribunal y que ha renunciado este martes a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo tras pactar el PP y el PSOE su candidatura. Los escritos de recusación llegan tras el escándalo desatado por un mensaje de WhatssApp enviado por el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que presumía que el nombramiento de Marchena permitiría al PP tener bajo control el Tribunal.
Los procesados que tratan que sacar del proceso a Marchena por su supuesta relación con el Partido Popular son, además de Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull; y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez. El presidente de Ómnium, Jordi Cuixart, también ha anunciado que intentará apartar a Marchena de esta misma causa sobre el desafío independentista catalán que culminó tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia.
Los procesados han solicitado que se llame a testificar a Cosidó para que explique “qué intervención o conocimiento ha tenido el magistrado recusado en las decisiones de configuración del nuevo CGPJ”, para que revele qué reuniones ha tenido con Marchena “durante el último mes” y para corroborar o no el mensaje de Cosidó.
Los primeros en formalizar su petición han sido el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el exconsejero Raül Romeva. Su abogado, Andreu Van den Eynde, argumenta en el texto que Marchena es "protagonista” de un “pacto para controlar el poder judicial y a él se le atribuyen características personales vinculadas a una determinada orientación política que hacen dudar de la imparcialidad para la participación en el proceso" contra sus defendidos. Junqueras y Romeva están en prisión preventiva en la prisión catalana de Lledoners, a la espera del juicio oral. Marchena ha renunciado esta mañana a presidir el Supremo.
El letrado Van den Eynde defiende que los mensajes de Cosidó dejan de manifiesto la "falta de imparcialidad" y la "existencia de un acuerdo político para el reparto de las vocalías del órgano de gobierno de los jueces". "En dicho pacto habría tenido singular protagonismo la candidatura del magistrado recusado a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a quien se habría otorgado por el mencionado senador la responsabilidad de 'ganar' las votaciones mediante la anulación de la minoría 'progresista' de tal órgano de gobierno", dice el escrito.
Los exconsejeros Rull y Turull y del expresidente de la ANC Jordi Sànchez ya habían tratado de apartar a Marchena sin éxito en verano. En esta ocasión han alegado los "vínculos" del presidente del tribunal "con la formación política que reclama severas condenas" para ellos.
https://elpais.com/ccaa/2018/11/20/catalunya/1542714901_616137.htmlEL PP NO HABLA DE COSIDÓ Y APUNTA A DELGADO: "ES LA MINISTRA MÁS SUCIA POLÍTICAMENTE DEL GOBIERNO"
Los populares suspenden el proceso de renovación y hablan ahora de reformar el sistema de elección de los jueces
Anuncian que no volverán a negociar hasta el cese de la titular de Justicia. "Es la ministra más sucia políticamente del Gobierno", dice Maroto
Ignacio Cosidó, en la cuerda floja por su whatsapp sobre el poder judicial
Maroto culpa al Gobierno de la renuncia de Marchena: "Delgado es la ministra más sucia políticamente del Gobierno".
El Partido Popular da por roto el acuerdo con el PSOE. Los populares han decidido suspender el proceso de renovación y consideran “acertada” la renuncia del magistrado Manuel Marchena.
La dirección nacional conservadora ha anunciado que, tras haber intentado por responsabilidad institucional hacerlo en tiempo y forma con la legislación en vigor, reivindicará a partir de ahora la reforma del sistema de elección. Además, buscará el consenso parlamentario para modificarla. Ahora, por primera vez, los populares se muestran dispuestos a abordar este asunto.
"La irresponsabilidad del Gobierno al gestionar este proceso filtrando los detalles de la negociación parlamentaria han desgastado la justicia", indican fuentes del PP.
Génova culpa a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, intentando alejar el foco de Ignacio Cosidó. El lunes El Español publicó un mensaje interno del portavoz en el Senado. "Controlaremos la Sala Segunda desde detrás", señalaba en este.
Pero el PP intenta que la decisión de Marchena no se asocie a esta polémica. Hablan de "la irresponsabilidad" de Pedro Sánchez y del "asco" que les da el Ejecutivo. "Delgado es la ministra más sucia políticamente del Gobierno", ha comentado Javier Maroto. Para el responsable de Organización popular es "una broma pesada" que el presidente les pida a ellos explicaciones.
http://cadenaser.com/ser/2018/11/20/politica/1542706271_371510.htmlLAS ASOCIACIONES JUDICIALES APLAUDEN LA DECISIÓN DE MARCHENA: “ES UNA LECCIÓN DE INDEPENDENCIA”
Los colectivos insisten en que los vocales judiciales del CGPJ sean votados por jueces y magistrados
El magistrado Manuel Marchena ha apretado a primera hora de este martes el botón nuclear de la independencia judicial y ha renunciado, en un gesto sin precedentes, a ser nombrado presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo. La decisión de Marchena, aplaudida unánimemente por las asociaciones judiciales y por otros operadores jurídicos, llega en medio de una de las mayores crisis de legitimidad y de imagen de la judicatura en cuatro décadas de democracia y desbarata el pacto entre el PP y el PSOE para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. El paso atrás se produce al día siguiente de que se publicara un mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a sus compañeros de partido en el que presumía de que la designación de Marchena permitiría a los populares controlar “desde detrás” nombramientos judiciales y salas clave del alto tribunal.
"Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal", ha recalcado el magistrado, de 59 años, en un comunicado de cuatro puntos. “Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional”, añade la nota de renuncia a la candidatura.
El gesto de Marchena ha cogido por sorpresa a primera hora a sus compañeros. El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez Padrón, en declaraciones a Efe, ha manifestado que esa decisión demuestra no solo su “valía” como candidato, sino también su “autoridad” y sus condiciones personales”. “Es una lección de independencia y nos sentimos orgullosos. Ningún político domina al Poder Judicial, a ningún tribunal en concreto ni a ningún juez”, afirma Rodríguez Padrón. El portavoz de la asociación mayoritaria entre los jueces considera que la renuncia de Marchena supone una “demostración de fortaleza del sistema”.
La designación del actual presidente de la Sala de lo Penal del Supremo como primera autoridad judicial española fue acordada hace ocho días por el Gobierno y el PP, y filtrada como un hecho consumado. Y se hizo así pese a que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que serán los 20 vocales del CGPJ, nombrados por el Congreso y el Senado, los que elegirán al presidente en la sesión constitutiva del órgano. Los dos partidos mayoritarios presentaron la renovación del órgano como un buen acuerdo político por el que el PP permitía una mayoría progresista en el Consejo a cambio de situar en la presidencia a Marchena, un jurista con fama de conservador, pero con enorme capacidad de diálogo y una solvencia técnica y jurídica reconocida por todos los sectores.
El paso atrás de Marchena ha supuesto, al menos en un primer momento, una inyección de autoestima para los magistrados. Natalia Velilla, miembro de la Ejecutiva de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda en número de afiliados, afirma que su colectivo acoge “con total alegría y esperanza” la decisión del presidente de la Sala de lo Penal del Supremo. “Era una lástima que una persona de la estatura profesional y jurídica del señor Marchena, que es un magnífico jurista, estuviera de un lado a otro en boca de los partidos, nos ha parecido un gesto que le honra”. La asamblea de la asociación había acordado recurrir el hipotético nombramiento de Marchena, no por desacuerdo con su figura, sino por “la manera en que se deslizó impúdicamente quién iba a ser el presidente del Supremo sin saber siquiera quiénes iban a ser los vocales del CGPJ”, afirma Velilla.
El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ignacio González Vega, ha estimado que la decisión de Manuel Marchena "le honra, dignifica a la carrera judicial y su independencia", y muestra "el malestar" existente entre los magistrados. La sorprendente renuncia de Marchena se produce al día siguiente de la segunda huelga general de jueces y fiscales para lograr mejoras salariales y laborales y en defensa de la independencia del Poder Judicial, y que fue secundada por alrededor del 50% de los magistrados españoles.
Las asociaciones judiciales reclaman que los 12 vocales del CGPJ que se eligen entre jueces —los otros ocho se eligen entre juristas de reconocida competencia— sean seleccionados directamente por los miembros de la carrera y no por el Congreso y el Senado, como sucede desde 1985. “No solo lo decimos nosotros, también lo llevan diciendo dos años los informes del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa”, recuerda Velilla.
La renuncia de Marchena y la decisión del PP de romper el pacto para la renovación del CGPJ aboca a la prórroga del mandato del actual Consejo y de su presidente, Carlos Lesmes. “No creemos que en esta legislatura se vaya a alcanzar un acuerdo, creo que el Consejo se prorrogará más de un año, eso es una prueba más de que el sistema no funciona. Hacer depender esto de pactos políticos va contra el sentir del legislador constituyente; que no dejen meter baza más que a los partidos, se traduce en que no funciona el sistema”, se lamenta Velilla.
https://elpais.com/politica/2018/11/20/actualidad/1542710645_591169.htmlMARCHENA RENUNCIA A PRESIDIR EL SUPREMO Y EL PODER JUDICIAL Y DESBARATA EL PACTO PSOE-PP
Pedro Sánchez dice que la decisión del magistrado tras los mensajes de WhatsApp del senador popular Ignacio Cosidó "demuestra lo acertado de su nombramiento"
El primer y único gran pacto político de la legislatura entre el PSOE y PP ha saltado por los aires. El juez Manuel Marchena, pieza clave del acuerdo entre ambos partidos para renovar a tiempo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y dar un impulso a una justicia en horas bajas, ha renunciado a presidir ese órgano y el Tribunal Supremo, según ha adelantado este martes El Español. Marchena reacciona así a la publicación de un mensaje de WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, dirigido a sus 146 compañeros de la Cámara alta, en el que presumía de que con el acuerdo su partido seguiría controlando "por detrás la Sala Segunda" del Tribunal Supremo, la que lleva el juicio del procés. Ante la evidencia de que se estaba ofreciendo la imagen de Marchena como un hombre al servicio del PP, el juez ha decidido renunciar y reventar un acuerdo que había sido muy cuestionado por las asociaciones judiciales, pero que PSOE y PP habían decidido mantener y tenían que votar definitivamente este jueves.
La retirada de Marchena supone un problema para el PP, que lo había propuesto y ha sido el responsable de su abandono, pero sobre todo para el Gobierno, que veía en la renovación del Poder Judicial una pieza fundamental para mostrar estabilidad institucional y disipar el ambiente que se está instalando en círculos políticos de que el Ejecutivo no va a poder aguantar mucho tiempo y se verá obligado a convocar elecciones. En La Moncloa insisten en que la polvareda de los últimos días pasará en cuanto salga el resultado de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre y se vea, como ellos auguran, que el gran perdedor de la noche es el PP. Entonces se pasará de hablar de la inestabilidad del Gobierno a analizar la crisis del PP, sostienen. Sin embargo, esta noticia del fiasco de la operación Marchena alimentó inmediatamente esas especulaciones que apuntan a un adelanto electoral inminente y el propio presidente ha admitido que "sin Presupuestos, mi vocación de llegar al final de la legislatura se ve acortada".
Sánchez ha dicho este martes en un acto organizado por The Economist en Madrid que se ha enterado esta misma mañana de la renuncia de Marchena. Sánchez ha querido destacar tres cosas. Uno, que él desconocía la intención de renunciar. En segundo lugar, que "al haberse puesto en cuestión la imparcialidad de un juez por una persona importante del PP", le parece "que su renuncia demuestra lo acertado de su nombramiento". Y, por último, ha dejado caer con cierta ironía que si el senador popular no quería que se conociera su mensaje no debía haber enviado un whatsapp a 146 senadores. Sánchez ha aludido a una frase del expresidente republicano Manuel Azaña para decir que la política es tejer y destejer. "Y lo de la renuncia de hoy [por este martes] es un buen ejemplo", ha señalado. A continuación, ha pedido que se recupere el sentido institucional para poder alcanzar pactos, informa Antonio Maqueda.
El PP ha reaccionado rápidamente, pero no con medidas contra su portavoz Cosidó, sino dando por roto el acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces y la presidencia del alto tribunal, y culpando al Gobierno. Pedro Sánchez también ha pedido a los populares que reflexionen y vuelvan a la mesa de negociación para buscar un nuevo presidente y mantener el pacto, que implicaba cesiones por los dos lados: el PP renunciaba a la mayoría en el CGPJ (los progresistas serían 11 de 20 vocales, los conservadores 9), mientras los socialistas aceptaban como presidente a Marchena, un conservador muy respetado en el mundo de la justicia que ha sido por dos veces el candidato del PP para presidir el Poder Judicial, pero ha querido mostrar su independencia con una dura carta de renuncia.
El acuerdo parece ahora difícilmente recuperable, por lo que es posible que el Poder Judicial entre en una situación de bloqueo y tenga que continuar al frente con el mandato ya caducado Carlos Lesmes, cuya imagen ha quedado muy tocada después de la sentencia de las hipotecas. La dirección del PP, y en especial su principal negociador, Rafael Catalá, había recibido muchas críticas por este acuerdo que cedía la mayoría a los progresistas. Pablo Casado estaba visiblemente incómodo con estas críticas del ala más conservadora, y con esta renuncia de Marchena se quita un problema de encima, aun a costa de bloquear el Poder Judicial. La crisis llega, por tanto, por un error de Cosidó, que ha sido la gota que colmó el vaso de la paciencia de Marchena, pero puede ser utilizada por los populares para resolver su problema interno.
En la carta, Marchena defiende su independencia y se desliga del acuerdo político entre PP y PSOE para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, alcanzado hace poco más de una semana. "Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal", ha recalcado el magistrado en un comunicado. La decisión de Marchena tiene una consecuencia directa sobre el juicio más importante de los últimos años, el del procés. Su salida de la Sala de Lo Penal para presidir el Supremo implicaba una serie de cambios que modificaban el tribunal y permitían una composición con un progresista más. La renuncia implica que Marchena seguirá al frente de la sala, que presidirá el juicio y que será por tanto la figura clave del proceso.
Los independentistas ya se habían lanzado a criticar a Marchena y al Supremo después de que se publicaran los mensajes de Cosidó que mostraban ese intento del PP por controlar este juicio, y Oriol Junqueras ha decidido recusar al juez. Las consecuencias políticas de ese juicio son tan evidentes como incalculables, pero sin duda este fiasco no ayuda a mejorar la relación entre el PSOE y los independentistas ni a la estabilidad del Gobierno. El Ejecutivo sigue convencido de que Junqueras no tiene ningún interés en que haya ahora elecciones generales que podrían abrir la puerta a un mayor poder de Ciudadanos, y confía en reconducir la situación apelando al interés de los que apoyaron la moción de censura por mantener la estabilidad del Gobierno, pero la situación se precipita por momentos.
El presidente Sánchez ha responsabilizado al PP por poner en duda la profesionalidad de Marchena y ha pedido a los populares responsabilidad para que no rompan el acuerdo, porque entre los nombres pactados hay jueces de gran prestigio e imparcialidad que pueden ser candidatos a presidir el Consejo General del Poder Judicial, informa Anabel Díez. El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha anunciado en una entrevista en RNE que el PP da por roto el acuerdo y suspende la renovación "hasta que la ministra (Dolores) Delgado sea cesada". "Es la más cuestionada", ha incidido. "Esa opción (la candidatura de Marchena) está rota y la culpa es del Gobierno por filtrar el contenido de las negociaciones, poner su nombre en la picota y dejarle en mal lugar", ha asegurado.
Las asociaciones judiciales habían expresado su respeto por la figura del magistrado Manuel Marchena como candidato a presidir el CGPJ y el alto tribunal en sustitución de Carlos Lesmes, pero la forma en la que se anunció que iba a ocupar la presidencia generó malestar. Los colectivos rechazaron en términos muy duros que su nombre, pactado entre populares y socialistas, viera la luz sin que se hubiera cerrado la composición de los 20 vocales que renovarán el órgano de gobierno de los jueces y que son los que tienen que elegir al presidente en la sesión constitutiva de acuerdo con la Constitución y según la ley. Este hecho supuso, según ellos, la demostración gráfica de la politización del órgano constitucional llamado a defender la independencia de los 5.500 jueces y magistrados españoles.
https://elpais.com/politica/2018/11/20/actualidad/1542697441_589989.htmlCOSIDÓ ADMITE EL MENSAJE DE WHATSAPP EN EL QUE PRESUME DE UN FUTURO CONTROL DEL PP SOBRE EL SUPREMO
El portavoz del PP en el Senado asegura que ha sido malinterpretado porque usó un lenguaje coloquial al ser un texto sólo para sus compañeros en la Cámara alta
El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha admitido este lunes ser el autor del texto enviado a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp el pasado sábado a sus 146 compañeros en el Senado en el que se detallaban las interioridades del polémico acuerdo alcanzado con el PSOE para repartirse el nombramiento de los vocales del futuro Consejo del Poder Judicial (CGPJ). En el mismo, presumía de un supuesto control futuro "desde detrás" sobre varios órganos clave en el Tribunal Supremo. En un encuentro con periodistas, Cosidó —uno de los hombres de la máxima confianza del presidente del partido, Pablo Casado— ha negado que del mensaje se pueda sacar esta conclusión y ha achacado "mala interpretación" a la redacción del texto, que ha tildado de "no la más afortunada". El dirigente popular justificó dicha circunstancia en que era un mensaje interno del partido que no debería haber trascendido.
En el mensaje, adelantado por El Español, Cosidó explicaba a sus compañeros "el pacto previo" con el PSOE que permitía a los socialistas elegir 11 vocales del CGPJ, mientras que al PP le tocaría dar los nombres de nueve "más la presidencia". Este último es un puesto clave en el Supremo que supuestamente deben elegir los vocales que finalmente sean elegidos por el Congreso y el Senado, pero que desde el primer momento se supo adjudicado al magistrado conservador Manuel Marchena. Cosidó presumía en el mensaje, precisamente, de este logro: "Un presidente gran jurista con muchísima experiencia en el Supremo, que prestigiará el TS y el CGPJ, que falta le hace, con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0".
Sin embargo, Cosidó añadía inmediatamente después en el texto remitido a sus compañeros: "Y, además, controlando la Sala Segunda desde detrás", en referencia a la Sala lo Penal, competente para enjuiciar los casos que afectan a aforados, y "presidiendo la Sala del 61", la encargada de asuntos con mucha carga política como la ilegalización de partidos. El portavoz del PP ha negado este lunes en su encuentro semanal con los periodistas que de su mensaje escrito se desprenda ningún tipo de control político, y achaca todo al "lenguaje coloquial" por el que ha pedido "disculpas".
También ha negado que enviara el mensaje para calmar un supuesto malestar existente entre las filas populares por haber permitido que el juez José Ricardo de Prada —uno de los tres magistrados de la Audiencia Nacional que dictó la sentencia del caso Gürtel que condenó al PP como partícipe a título lucrativo de la trama de corrupción y que desembocó en la moción de censura que acabó con la presidencia de Mariano Rajoy— haya sido elegido para el órgano de gobierno de jueces. En el mensaje ahora conocido, Cosido justificaba que esa decisión era buena: "Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP". Este lunes, el dirigente popular ha recordado que esta opinión no es nueva y que ya fue manifestada por el diputado popular Carlos Rojas el pasado viernes durante la comparecencia precisamente de De Prada en el Congreso como candidato a ocupar un puesto en el CGPJ.
Las explicaciones no han convencido a Ciudadanos, el partido más crítico con el reparto en la elección de los vocales del CGPJ pactado por el PP y el PSOE. Inés Arrimadas, portavoz de la ejecutiva de la formación naranja, ha pedido explicaciones a Casado de forma "urgente" por el mensaje filtrado, que considera muy grave. "No es un chiste de mal gusto o una palabra inapropiada. Esto es muy grave, merece una explicación urgente del presidente del partido. Es un intento de controlar la justicia. Requiere explicaciones serias", informa Elsa García de Blas. "Esto es gravísimo, está poniendo en duda la credibilidad de la justicia española", ha censurado Arrimadas que, sin embargo, no ha pedido la dimisión de Cosidó.
Los seguimientos a Bárcenas
Cosidó también ha aprovechado el encuentro para marcar distancias con la supuesta vigilancia que, tras estallar el escándalo de los papeles de Bárcenas, el comisario José Manuel Villarejo y otros integrantes de la llamada "brigada patriótica" sometieron al extesorero del PP mediante el pago de fondos reservados al chófer del político hoy encarcelado. El portavoz popular —que cuando se produjeron aquellos hechos era el director general de la Policía en el equipo que encabezaba como ministro del Interior Jorge Fernández Díaz— aseguró no saber nada del asunto ni haber visto ninguno de los informes o la documentación que en los últimos días está revelando el diario El Mundo sobre dichas pesquisas nunca judicializadas. Cosidó afirmó que si hubiera tenido en sus manos dichos documentos, los hubiera puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional, que investigaba el caso.
https://elpais.com/politica/2018/11/19/actualidad/1542630134_616500.htmlEL JUEZ DE LA MATA INVESTIGA SI INTERIOR DESTRUYÓ PRUEBAS DE LA CAJA B CON FONDOS RESERVADOS
El juzgado número cinco de la Audiencia Nacional abre otra investigación sobre las revelaciones del excomisario Villarejo
Reclama a Interior que aporte toda la información sobre la supuesta operación llevada a cabo en 2013 por la antigua cúpula del ministerio para destruir pruebas del caso de la caja b del PP, con la colaboración del comisario, que incluyó el posible soborno al chófer de Bárcenas con fondos reservados
El juez José de la Mata quiere saber si es cierto que el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz llevó a cabo un operativo policial con la participación de Villarejo para destruir en 2013 Y 2014 documentos del extesorero Luis Bárcenas sobre la causa de la caja b del PP. Para ello, supuestamente, utilizaron fondos reservados y sobornaron al chófer del responsable de las finanzas en el Partido Popular.
El juez José de la Mata abre por ello estas diligencias y dirige un requerimiento a la Secretaría de Estado de Seguridad para que le informe a la "máxima urgencia" sobre esta operación, detallando quiénes participaron y cuáles fueron sus objetivos, así como la preparación, quién la aprobó y la supervisó. También reclama toda la documentación "en cualquier soporte" que se haya generado durante su desarrollo.
El juez actúa sin consultar al juzgado de refuerzo número 6 de la misma Audiencia Nacional, que ya investiga la 'operación Tandem' del excomisario Villarejo. Inicia esta causa, tal y como refleja en su auto, después de que el periódico 'El Mundo' publicase este jueves información sobre este posible operativo, denominado 'Kitchen'. Una operación que supuestamente, consiguió el robo de las agendas personal y de trabajo de Luis Bárcenas. Además, el chófer del extesorero, Sergio Ríos, fotocopió "íntegramente" una caja con documentación y la "puso en manos del dispositivo" dirigido por Villarejo.
http://cadenaser.com/ser/2018/11/16/tribunales/1542379700_198272.htmlEL JUEZ INVESTIGA SI EL EQUIPO DE FERNÁNDEZ DÍAZ SOBORNÓ AL CHÓFER DE BÁRCENAS CON FONDOS RESERVADOS
El instructor Diego de Egea inicia una investigación tras recibir un informe de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.
El juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, ha abierto una nueva pieza secreta en el marco del caso Tándem (caso Villarejo) en el que investiga si el Ministerio de Interior -en la etapa de Jorge Fernández Díaz- sobornó al chófer de Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular, con dinero de los fondos reservados para que localizara pruebas comprometedoras contra María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría o Javier Arenas.
Según una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y Asuntos Internos presentada al juez De Egea, Interior habría pagado 2.000 euros al mes de dinero público a Sergio Ríos Esgueva, conductor de Bárcenas y su familia, para que recuperara documentos en manos del extesorero del PP que comprometerían a la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría o el exsecretario general del PP andaluz, Javier Arenas, según ha adelantado este jueves Okdiario.
Según los informes a los que se refiere este diario y que ya están en manos del juez, el Gobierno de Rajoy habría recurrido a los excomisarios investigados, José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, para que realizaran este trabajo extraoficial al margen de los mandos policiales.
Cosidó se desentiende
El director general de la Policía en el momento en que se habría encargado esta operación a Villarejo ha negado este jueves en declaraciones a los medios que la conociera, y ha afirmado que la Policía realiza un "excelente trabajo" y les ha transmitido su apoyo para que sigan "hasta el final" con esta investigación.
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción han desarrollado dicha investigación a raíz de documentos y facturas encontradas en los registros del domicilio y empresas de Villarejo.
Además de la declaración de Villarejo, para que explique cuál fue el encargo que le hicieron y quién se lo hizo, se hace casi imprescindible que el juez llame a declarar a los dirigentes de Interior en aquél momento para saber de quién fue responsabilidad. Los informes apuntan directamente al exministro Jorge Fernández-Díaz, por lo que el instructor podría citarle a declarar.
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20181108/investiga-fernandez-diaz-soborno-barcenas-fondos-reservados/351715492_0.htmlLOS 'PAPELES DE KITCHEN' TIENEN PRUEBAS DE LA CAJA B DEL PP EN TODA ESPAÑA
El PP se desmarca del escándalo de la 'operación Kitchen': "Es cosa del pasado"
Interior sustrajo a Bárcenas su agenda y notas de pagos en 'B'
Las pruebas de la 'operación Kitchen': Los pagos en 'B' que Interior robó a Luis Bárcenas
La Policía se apoderó en 2013 de una caja repleta de anotaciones y documentos de la financiación ilegal del PP en toda España en poder de Luis Bárcenas. El dispositivo puesto en marcha por el Ministerio del Interior sin control judicial bajo la denominación de operación Kitchen interceptó este material aprovechando que el ex tesorero había ingresado en prisión preventiva y que los documentos se encontraban custodiados por su mujer, Rosalía Iglesias. Estas pruebas nunca fueron puestas a disposición de la Audiencia Nacional, que investigaba en ese momento tanto la financiación ilegal del partido como la fortuna oculta de Bárcenas.
El chófer del matrimonio Bárcenas, Sergio Ríos, captado por la Policía como confidente, facilitó la sustracción de la documentación, en la que figuraban, entre otros elementos, documentos de la contabilidad B del partido en Galicia; una completa relación de notas y presupuestos sobre la financiación irregular de las campañas electorales en Madrid; contratos suscritos por el PP vinculados con las actividades de la formación en Valencia, y apuntes relacionados con la tesorería nacional del partido.
EL MUNDO ha tenido acceso a una amplia selección de esta documentación, en la que se encuentran documentos hasta ahora inéditos, como una carta manuscrita del ex gerente del PP gallego a Bárcenas en la que, tras disculparse por el retraso, le remitía la contabilidad oculta de la formación en dicha región. En los papeles intervenidos el ex senador había tachado su nombre del tarjetón que le envió el gerente gallego para evitar que se le pudiera relacionar con el conocimiento de dichas operaciones.
En este paquete de documentos Bárcenas también introdujo una carta que le envió el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, en la que le enviaba una serie de facturas por importe de 216.000 euros relacionadas con las campañas electorales del PP de Madrid de las que se hizo cargo Génova. Este documento integra un rosario de anotaciones, ingresos bancarios y presupuestos de campaña modificados del PP en la capital de España. Estas pruebas no sólo acreditan la financiación irregular del partido en Madrid, sino la cooperación de la tesorería nacional del partido para blanquear las donaciones en negro obtenidas por sus líderes con el objetivo de sortear los controles legales. En este apartado figuran numerosas anotaciones de aportaciones de dinero en efectivo por parte de empresarios a Fundescam, la entidad utilizada por el PP madrileño para recaudar fondos y sortear los límites legales establecidos para las campañas. Junto a ellas, referencias del ex tesorero a pagos en negro, siempre según él, librados al ex alto cargo del PP madrileño Jesús Pedroche para sufragar vallas publicitarias de las campañas de principios de los años 90. Y además, anotaciones de pagos en negro para un acto puntual de Nuevas Generaciones que no consta en los célebres papeles del ex tesorero.
La referida selección de documentos también contenía una serie de tarjetones rellenados de su puño y letra por Bárcenas en los que aludía a pagos realizados con cargo a la caja B gestionada desde Génova. Entre ellos, una nota que incluía abonos que databan de 1989 vinculados, siempre según expuso en ellos Bárcenas, al pago de la vivienda que utilizó el ex presidente del Gobierno José María Aznar en la madrileña calle de Arturo Soria. Asimismo, esta tarjeta contemplaba anotaciones relacionadas con supuestas donaciones en negro realizadas por grandes empresas como El Corte Inglés, concretamente una que ascendía a 10 millones de pesetas, y el reparto posterior que se habría realizado del dinero. También incorporaba presuntos pagos en B al ex asesor electoral de Rajoy, Pedro Arriola.
El paquete de documentos interceptados ilegalmente albergaba, asimismo, el pago de 90.000 euros a través del PP de Alicante para la impresión y distribución en 2004 de un libro titulado Rajoy, camino a La Moncloa. Junto a este pago, y también en relación con el partido en la Comunidad Valenciana, aparece un abono de 2.140 euros a una empresa sevillana para alquilar un avión turbohélice privado que fue utilizado por los líderes regionales del partido.
Entre los elementos que atesoraba Bárcenas y que fueron neutralizados se encontraba también un mensaje de teléfono que envió al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que éste nunca respondió. En él el ex tesorero le interpelaba por las gestiones que había pedido a la dirección del partido para que la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía (Udef) rectificara sus informes, en los que le vinculaba con los pagos de Gürtel bajo el pseudónimo de Luis El Cabrón. «¿Qué estás haciendo con el tema que he hablado con el presidente?», le interrogó sin éxito.
La bautizada como operación Kitchen aprovechó la orden de Bárcenas a su mujer de trasladar la documentación sensible al despacho de su abogado para custodiarla mientras se encontraba en prisión durante el verano de 2013. En el trayecto, el conductor fotocopió las pruebas y las puso en manos de un grupo de mandos policiales integrado, entre otros, por el comisario José Manuel Villarejo, que se encuentra en estos momentos en prisión. No obstante, también fueron intervenidos manuscritos en el interior de inmuebles del matrimonio, donde albergaban las agendas personales y de trabajo del ex tesorero, así como anotaciones realizadas de su puño y letra por Iglesias, donde hacía alusión a otra serie de pruebas en poder del ex tesorero que podían comprometer al PP.
Se trataba de una serie de apuntes que realizó la esposa de Bárcenas en una de las visitas que realizó a su marido en prisión y que, según fuentes próximas al operativo, se encontraban en el taller de restauración de obras de arte de los Bárcenas en la madrileña calle del General Díaz Porlier.
En estas notas, Iglesias hacía referencia a que el matrimonio disponía de pruebas de cómo se pagaron, supuestamente con dinero negro, la instalación de cámaras de seguridad y de un cristal blindado en el domicilio de Rajoy.
EL MUNDO reveló el pasado jueves que entre la documentación robada en el operativo de Kitchen se hallaron, además de las agendas del ex tesorero, un tarjetón que hacía referencia a supuestos pagos en negro vinculados con la boda de la hija de Aznar en El Escorial, una entrega de 300.000 euros en efectivo del constructor Juan Miguel Villar Mir al ex tesorero Álvaro Lapuerta y el contacto de Manuel Calvo de Mora, el sastre de Rajoy al que, según testificó Bárcenas, también se le abonaron en negro sus trabajos. Esa misma tarjeta incluía la anotación «Amper-Ignacio López del Hierro», empresa de la que era consejero el marido de María Dolores de Cospedal, de quien más allá de las anotaciones de Bárcenas no se ha podido acreditar que realizara pagos opacos al partido.
El juez de la Audiencia Nacional que investiga la caja B del PP en el sumario conocido como los Papeles de Bárcenas ha abierto una investigación sobre la operación Kitchen y ha exigido a Interior que explique el operativo con la «máxima urgencia» y que entregue la documentación intervenida al ex tesorero popular. El juez José de la Mata ha solicitado también a este periódico la documentación que ha publicado. De manera paralela otro juez de la Audiencia Nacional, en este caso Diego de Egea, que instruye el caso Villarejo, ha incoado una pieza separada para investigar este operativo policial tras hallar documentación del mismo en el registro del domicilio del ex comisario y acreditar que se le pagaron fondos reservados a cambio de sus trabajos de espionaje.
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/19/5bf1b311268e3e5c418b45ab.htmlOPERACIÓN KITCHEN: LA POLICÍA RASTREÓ LAS PRUEBAS DE BÁRCENAS CONTRA RAJOY EN LA SIERRA DE BURGOS
Preguntó al chófer y confidente si había llevado allí a algún familiar tras el ingreso del extesorero en prisión.
Siguieron también al propio conductor para garantizar su lealtad.
La cúpula policial del comisario Eugenio Pino creó una operación secreta para localizar e intervenir sin conocimiento judicial toda la documentación comprometida que el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas custodiaba. Como gancho, utilizó al chófer personal del exsenador, su persona de confianza, con el objetivo de que identificara una casa segura entre las sierras de Soria y Burgos. Un lugar donde Bárcenas podría esconder esos documentos que perjudicaban la imagen del PP tanto en la prensa como en los tribunales.
El guión de esas preguntas, a las que ha accedido este diario, es un documento de trabajo de los policías que integraron la llamada operación Kitchen, investigada ahora por partida doble en la Audiencia Nacional. El objetivo era que el agente de enlace directo con el confidente, el comisario José Manuel Villarejo, le preguntara por los frecuentes viajes de Luis Bárcenas a "la zona de la sierra de Soria/Burgos".
El documento, sin sello, ni firma, ni número de expediente, ni nada que sirva para identificar a los autores, solicita que se pregunte al conductor de Bárcenas sobre "Cuántas veces lo llevó y en qué fechas, lugares que visitaron, qué personas fueron y donde durmieron" y sobre todo si "llevó posteriormente, después de ingresar en prisión, a alguno otro miembro de la familia y en qué fechas".
Preguntas para el chófer
Este diario ya desveló que los policías habían seguido sin conocimiento de juzgado alguno y sin dar cuenta de los resultados a los miembros de la familia Bárcenas. De hecho, lo hicieron incluso con el propio Sergio Ríos, como demuestran los documentos de trabajo utilizados en la operación Kitchen.
En otro de los fragmentos, los agentes hablan del seguimiento realizado a un varón sin identificar el 15 de agosto de 2013. El escrito clarifica que el objeto de ese seguimiento era en realidad el propio chófer de Bárcenas, que se habría citado en la puerta de un restaurante de Madrid con la persona sin identificar para darle un paquete que fue entregado desde la ventanilla.
Surgen nuevas preguntas que Villarejo debe tratar con el confidente: "identificación de la persona del Metro como la que le entregó documentación el día 15 de agosto en la puerta del restaurante Arturo en la Plaza República Argentina". "Preguntarle porqué abrió el maletero del Alfa Romeo el día 15 si la entrega de documentación se llevó a cabo por la ventanilla del copiloto". "Preguntarle si le entregó algo a esa persona". Por el momento, nada se sabe del personaje desconocido.
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20181120/operacion-kitchen-policia-pruebas-barcenas-rajoy-burgos/354465614_0.htmlORDENAN INVESTIGAR POSIBLES SOBORNOS DEL GOBIERNO DE RAJOY PARA FRUSTRAR EL CASO DE LA CAJA B DEL PP
El juzgado del caso Villarejo ha ordenado ya diligencias de investigación para averiguar si Interior sobornó a través del excomisario al chófer de Bárcenas en 2014, para destruir pruebas que afectasen al PP en el caso de la caja B
El juez de refuerzo número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, ha abierto este lunes una pieza separada secreta del caso Villarejo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, para averiguar si en 2014, el Ministerio del Interior dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz, sobornó con fondos reservados a través del excomisario al conductor del extesorero del PP, Luis Bárcenas, con el objetivo de que se apoderase de documentos y aportase información que pudiera perjudicar al Partido Popular, en el caso de la caja B abierto un año antes a este mismo partido, que también se investiga en la Audiencia Nacional.
Las pesquisas, avanzadas por el digital 'OkDiario', están en la fase inicial, pero según confirman fuentes jurídicas a la Cadena SER, el juez ya ha ordenado las primeras diligencias de investigación.
Las mismas fuentes afirman que esta nueva causa parte de documentos incautados en el registro practicado en el domicilio del excomisario José Manuel Villarejo, que apuntan a que existió el soborno con dinero público, y a informes policiales realizados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en base a esas pruebas, que ahondan en estas sospechas.
http://cadenaser.com/ser/2018/11/08/tribunales/1541710638_600834.htmlUN POLICÍA QUIERE EXPLICAR AL JUEZ CÓMO VIGILÓ INTERIOR A BÁRCENAS
El comisario García Castaño pide permiso para detallar el uso de fondos reservados
El comisario Enrique García Castaño, detenido el pasado 11 de julio como presunto integrante de la trama policial encabezada por José Manuel Villarejo, presentó el miércoles en la Audiencia Nacional un nuevo escrito para que el Gobierno le autorice a aportar en el juzgado datos sobre operaciones policiales sometidas a la Ley de Secretos Oficiales. Es el tercer escrito que presenta en el mismo sentido para defenderse de las acusaciones que pesan sobre él, sin que hasta ahora haya recibido contestación oficial.
En esta ocasión, el alto mando policial quiere aportar información sobre los supuestos pagos con fondos reservados al chófer de la mujer de Luis Bárcenas para localizar documentación supuestamente comprometedora en poder del extesorero del PP tras su ingreso en prisión en 2013 por su implicación en el caso Gürtel.
El juez Diego de Egea ha abierto una pieza separada dentro del caso Tándem para investigar dichos pagos, en los que desempeñó un papel clave el comisario Villarejo, que entonces estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior. Un informe de la Unidad de Asuntos Internos revela que en el domicilio del comisario jubilado se encontraron los recibos que presuntamente le firmó el chófer, Sergio Ríos Esgueva, tras recibir los pagos por sus servicios. Las pesquisas apuntan a que Villarejo le entregó 48.000 euros en metálico con cargo a los fondos reservados. Los entonces responsables policiales nunca judicializaron aquellas pesquisas ni hay constancia de que la información recabada se incorporara al sumario de los papeles de Bárcenas.
"Nuevas filtraciones"
García Castaño reclama ahora al juez Diego de Egea que "se dirija al Consejo de Ministros para que le dispense la obligatoriedad de guardar silencio sobre determinadas materias afectas por la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y la Ley de Gastos Reservados de 1995". El comisario asegura que su petición viene motivada por “las nuevas filtraciones” sobre los supuestos pagos a quien fuera chófer de Bárcenas. "La intención del señor García Castaño es poder informar con todo detalle al órgano judicial de las condiciones en que se produjeron esos hechos y, con ello, poder acreditar su absoluta falta de responsabilidad penal", destaca una nota hecha pública por su defensa, encabezada por el exjuez Baltasar Garzón.
El policía —que en sus declaraciones ante el juez ha insistido en desmarcarse de las actividades del comisario Villarejo— asegura que su intención es "colaborar y facilitar las labores judiciales y fiscales de investigación" y recuerda que, días antes de su arresto, acudió "voluntariamente" a la Audiencia Nacional para declarar al trascender públicamente que algunas de las grabaciones de Villarejo le salpicaban en sus actividades.
Con la apertura de la investigación judicial sobre las supuestas vigilancias a Bárcenas, el sumario del caso Tándem cuenta ya con siete piezas separadas, además de haber provocado la apertura de un segundo sumario sobre las relaciones entre Villarejo y su compañero García Castaño. La principal novedad de la nueva pieza es ser la primera en la que se investigan actividades supuestamente vinculadas con la llamada brigada patriótica, el grupo de agentes que supuestamente participó en campañas contra rivales políticos durante la etapa de Fernández Díaz al frente de Interior. Los entonces responsables políticos del ministerio han negado estar al tanto de estas vigilancias a Bárcenas. Hasta ahora, las otras piezas del sumario se han centrado en las actividades privadas del comisario jubilado para su lucro personal en las que elaboraba dosieres comprometedores sobre empresarios con el uso, en muchos casos, de medios públicos.
Seguimientos en el metro de Madrid
Los diarios Ok Diario y El Español han publicado este jueves la existencia de un informe apócrifo que recoge seguimientos policiales a un supuesto colaborador del extesorero del PP con imágenes del circuito de videovigilancia del Metro de Madrid. El documento no figura entre los documentos intervenidos en los registros del caso Villarejo y, por tanto, no se ha incorporado al sumario, según fuentes de la investigación.
https://elpais.com/politica/2018/11/15/actualidad/1542314078_549331.htmlEL GOBIERNO DE RAJOY PREMIÓ A LOS POLICÍAS QUE ESPIARON A BÁRCENAS
Estas medallas facilitan los ascensos y algunas conllevas beneficios económicos
Los agentes policiales de la red de “penetración e inteligencia” en la trama Gürtel opaca al control judicial y que contaba con la connivencia del ahora portavoz en el Senado del PP y entonces director general del Cuerpo Nacional de Policía, Ignacio Cosidó, recibieron medallas al mérito policial, según publica Okdiario.
El citado diario informa de que el despliegue policial destinado a incautar documentación comprometedora que tenía en su haber Luis Bárcenas y que pudiera salpicar a Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría o María Dolores de Cospedal contaba con el respaldo de Interior. Tanto es así que el dispositivo contaba con 80 efectivos en total.
Todos ellos recibieron distintas condecoraciones en un lapso de tiempo más amplio para no despertar sospechas. La mayoría de los policías recibieron medalla con distintitvo blanco, una condecoración que acelera el logro de ascensos dentro del cuerpo.
Otros cinco recibieron la medalla roja, una de las más valoradas y que, además de facilitar el ascenso, conlleva beneficios económicos tales como pensiones, de ahí que se llame medalla pensionada.
Estas medallas fueron creadas en los años 40 para premiar a los miembros de la Policía que realizan determinados servicios o misiones especialmente importantes o valientes.
https://www.elplural.com/politica/los-policias-de-la-red-que-espio-a-barcenas-recibieron-condecoraciones_206677102UN DOCUMENTO OFICIAL PRUEBA QUE VILLAREJO REPORTABA A COSIDÓ DE SUS “TAREAS DE PENETRACIÓN EN GÜRTEL”
Cosidó coordinó la operación para rescatar los papeles de Bárcenas sobornando al chófer
Interior sobornó con fondos reservados al chófer de Bárcenas para rescatar documentos sensibles de Arenas, Soraya y Cospedal
El historial policial de Villarejo destapado por OKDIARIO muestra otras operaciones de penetración en casos políticos
El comisario José Villarejo lideró el dispositivo policial diseñado para recuperar los documentos sensibles de altos cargos del PP que el ex tesorero Luis Bárcenas se había llevado de su despacho de la sede de Génova. Todo el operativo, que se desarrolló entre 2013 y 2014, se llevó a cabo con conocimiento y bajo la coordinación de Ignacio Cosidó, como confirma el documento policial que reproduce OKDIARIO.
El propio Villarejo lo confirmó así y por escrito en el documento en poder de este periódico en el que confirma sus “tareas de penetración e inteligencia durante varios meses en Operación Gürtel”. El escrito, fechado en “Madrid 18 de marzo de 2015” figura con el registro de entrada número 157 en la “Dirección General de la Policía, Dirección Adjunta Operativa”. En aquel momento el director de la Policía era Ignacio Cosidó, quien, por lo tanto, tuvo conocimiento de la declaración expresa de actividades del comisario Villarejo.
Un documento oficial prueba que Villarejo reportaba a Cosidó de sus “tareas de penetración en Gürtel”
OKDIARIO publicó este miércoles que Ignacio Cosidó coordinaba el dispositivo que se encargó de sobornar al chófer de Luis Bárcenas con fondos reservados y el regalo de una plaza en el escalafón del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).
El chófer del ex tesorero del PP, Sergio Ríos Esgueva, recibió 2.000 euros mensuales a lo largo de dos años procedentes de los fondos reservados y, además, fue enchufado en la escala básica del CNP como pago por rescatar documentos sensibles de Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal aprovechando su cercanía al ex tesorero y su familia.
Operaciones reservadas
El documento refleja el “historial profesional” y resume toda la labor llevada a cabo por el comisario Villarejo desde su ingreso en la Policía en 1972. Se refiere a sus destinos en el País Vasco, centrado en la lucha contra ETA -“primer destino Comisaría Provincial de San Sebastián en el Grupo Antiterrorista, participando en numerosas detenciones de miembros de ETA”-, hasta su paso por distintas comisarías de Madrid o Seguridad Ciudadana también en Madrid.
Un documento oficial prueba que Villarejo reportaba a Cosidó de sus “tareas de penetración en Gürtel”
Pero el documento refleja una serie de actividades llamativas que nada tienen que ver con la faceta expuesta en el resto del informe. En el segundo folio, el informe señala la declaración de “diferentes trabajos de diversa naturaleza” -el documento omite más concreción ante la evidencia de que se trataba de una prueba por escrito y sellada por la Dirección General de Policía- que eran “directamente encomendados por el titular, y siempre de naturaleza reservada”. Todos ellos aparecen dentro de un epígrafe que describe las tareas llevadas a cabo para “la Dirección Adjunta Operativa y ante la Subdirección General Operativa”.
El ex comisario actualmente en prisión ponía en manos de sus superiores en 2015 su currículum policial en una época en la que ya había estallado la conocida como “guerra entre comisarios” y había provocado enfrentamientos internos en la Policía. Como consecuencia de todo ello, un Juzgado de Madrid había abierto unas diligencias contra Villarejo en el ‘caso Nicolay’ y lo que pretendía el comisario era destacar ante la Dirección General de la Policía su hoja policial, según él, inmaculada.
De ahí que resulta poco probable que el documento no pasara por la mesa de Cosidó, entonces el máximo responsable de la Policía. Sobre todo porque el actual senador del PP estaba al tanto de todas la operaciones policiales, incluidas las perpetradas en el caso Gürtel. Las operaciones a las que hace referencia Villarejo eran “reservadas” pero nunca para el director de la Policía, quien las aprobaba.
Como en cada tarea reservada y con asignación de fondos reservados, la justificación y control se realizaba de abajo a arriba. Es decir, el control más cercano a las tareas realizadas se desarrollaba por los agentes implicados, que justificaban su labor ante el asistente del DAO (Director Adjunto Operativo), éste al DAO, y, así, sucesivamente, pasando por el director de la Policía -que era Ignacio Cosidó-, hasta llegar al máximo responsable de la firma de los fondos. Este último, de hecho, tan sólo firmaba con un concepto genérico. En el caso del soborno al chófer de Bárcenas, por ejemplo, la firma del secretario de Estado de Seguridad tan sólo recogía el concepto “confidente”.
“Tareas de penetración” en la Gürtel
En un apartado posterior, en el tercer folio del documento, las tareas de Villarejo incluyen una mayor concreción. Y es donde se destacan las “tareas de penetración e inteligencia durante varios meses en Operación Gürtel”. El comisario no exagera porque, desde que se inició la operación Gürtel en julio de 2008, colaboró desde la Unidad de Inteligencia de la Policía con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, entonces dirigida por el comisario José Luis Olivera.
Dentro de la Gürtel, Villarejo participó en la investigación contra el testaferro suizo, Arturo Fasana, que desde Ginebra ocultaba y movía el dinero de Francisco Correa, y facilitó su detención en Madrid tras la redada de febrero de 2009. Así mismo, al margen de la captación del chófer, emprendió otras operaciones contra Bárcenas en España y en el extranjero.
El documento desvelado por OKDIARIO está fechado en marzo del año 2015.
Justo después de haber finalizado el dispositivo de recuperación de documentos y grabaciones en poder de Bárcenas con el propósito de eliminarlos -pese a que posteriormente otro de los comisarios coordinados con Villarejo (Enrique García Castaño) lejos de destruir los documentos, los guardó-. Y al cierre del documento, el reflejo de actividades de Villarejo narra “otras operaciones” dentro del mismo apartado de actividades, que siguen “actualmente activas” y sobre las que se omite cualquier aclaración extra por tratarse de trabajos “reservados”.
Cosidó sigue negando
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó, afirma que no ha tenido “ningún tipo de contacto o de relación” con el ex comisario José Manuel Villarejo. Señala que el documento publicado en OKDIARIO con registro de entrada en la Dirección General de la Policía y fechado en marzo de 2015 no iba dirigido a su persona y no tiene conciencia de haberlo visto anteriormente.
https://okdiario.com/investigacion/2018/11/15/documento-villarejo-reportaba-ignacio-cosido-tareas-penetracion-gurtel-3352348LA OPERACIÓN CONTRA BÁRCENAS CONTÓ CON HASTA 4 TOPOS DE SU ENTORNO FAMILIAR Y CARCELARIO
El equipo policial montado desde la Dirección de la Policía para recuperar los papeles de Luis Bárcenas llegó a infiltrar hasta cuatro topos en el entorno familiar del ex tesorero del Partido Popular. Además del conductor Sergio Ríos, que cobraba por sus servicios con fondos reservados autorizados por la cúpula de Interior, los comisarios José Villarejo y Enrique García Castaño se servían al menos de otros tres colaboradores que les facilitaban información de los movimientos de Bárcenas, tanto en la cárcel como en su entorno familiar. Todos ellos eran también premiados con dinero “reservado” de Interior, según fuentes policiales.
Sin duda alguna, el infiltrado más importante era el conductor Sergio Ríos, de ahí que fuera compensado con un salario fijo de 48.000 euros durante dos años y con una plaza de subinspector en el Cuerpo Nacional de Policía. Todas las autorizaciones pasaron por la mesa de Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía. Sobre todo porque eran decisiones de tal calado que requerían el visto bueno del jefe del departamento.
Durante el tiempo que duró la ‘operación Cuisine’ –como se conocía internamente-, entre 2013 y el verano de 2014, la Policía contó además con los servicios de un preso suramericano de la cárcel de Soto del Real donde permanecía Bárcenas desde junio de 2013. El recluso hacía de intermediario con sus familiares cuando salía de permiso del centro penitenciario. Lo que desconocía el ex tesorero del PP era que había sido captado por la Policía para hacer de agente doble.
El recluso se entrevistaba en secreto con los agentes policiales antes de regresar a la cárcel madrileña. Además de facilitarles las consignas de Bárcenas, recibía instrucciones para espiarlo en la cárcel. Muchas de las filtraciones que se produjeron en aquellas fechas sobre las costumbres y movimientos de Bárcenas en Soto del Real procedían de las confidencias del topo policial .
El papel del preso era clave en el operativo policial porque, al mismo tiempo que trasladaba al hijo de Bárcenas o a otros amigos o familiares los mensajes de su compañero de módulo carcelario, mantenía informado a Villarejo y a la cúpula de la Policía. El infiltrado disfrutó de más permisos porque de esa manera aumentaba también el flujo de la información.
Asalto a un taller de la mujer de Bárcenas
Otro de los topos era un uruguayo que trabajaba en el taller donde Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas, realizaba trabajos de restauración de muebles y cuadros. Los comisarios jefes de la misión secreta estaban convencidos de que Bárcenas ocultaba parte de la documentación en ese taller ubicado en el barrio Salamanca de Madrid.
Tal era la obsesión que llegaron a practicar lo que se conoce en el lenguaje de los servicios secretos como un CIR (Control Integral de Relaciones). Es decir una penetración durante la noche en el inmueble donde trabajaba la esposa de Bárcenas. Desde la Dirección de la Policía estaban convencidos de que los papeles y cintas del ex tesorero a rescatar, que afectaban a Soraya Sáenz Santamaría, María Dolores de Cospedal y Javier Arenas, estaban escondidos en un doble fondo de un armario.
Las cintas intervenidas a Villarejo en su domicilio de Boadilla del Monte (Madrid), actualmente en poder de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), contienen conversaciones del ex comisario en las que se refiere a la entrada en el local de la esposa de Bárcenas. Los agentes de la UAI no han podido volcar y transcribir todas las cintas porque muchas de las grabaciones están encriptadas.
La misión policial contra Bárcenas contaba así mismo con los servicios del conserje de un inmueble próximo al domicilio del ex tesorero. Era una buena adquisición porque estaba al tanto de las entradas y salidas de la finca.
El cocinero de la ‘operación Cuisine’
La misión contra Bárcenas fue bautizada por el propio Villarejo como ‘Operación Cuisine’ (cocina, en francés), aunque en el grupo del comisario Enrique García Castaño y de la Dirección General de la Policía el nombre de guerra utilizado era Operación Kitchen (cocina, en inglés). ¿Y por qué “Cuisine”? Porque, según comentó el comisario Villarejo a sus colaboradores, toda aquella misión policial era una labor de cocina, donde se cocía todo.
Todos los topos eran conocidos en el argot del operativo policial con la clave “Cocinero” y a cada uno de ellos se le asignaban un número. Por ejemplo, el conductor Sergio Ríos era identificado como “Cocinero 1”. Para contactar con el chófer de Bárcenas, Villarejo utilizaba también el seudónimo de “Tony”.
Al final, quien se llevó la parte más grande de la tarta fue el chófer, quien en la actualidad está destinado como funcionario en unas dependencias policiales. El conductor de Bárcenas mantenía unas excelentes relaciones con la familia Bárcenas hasta que en el verano de 2014 empezaron a perder su confianza en él. Una serie de actuaciones y situaciones lo colocaron bajo sospecha hasta el punto que prescindieron de sus servicios.
https://okdiario.com/investigacion/2018/11/16/operacion-luis-barcenas-cuatro-topos-entorno-carcelario-familiar-3356892EL PORTAVOZ DEL PP EN EL SENADO LEYÓ SU TESIS ANTE UN TRIBUNAL DE AFINES Y DIPUTADOS CON MONTORO AL FRENTE
El tribunal de Cosidó estaba formado por un histórico de la UCD, un colaborador de FAES, dos diputados del PP y un condenado por robar 128.000 euros con las black
El exdirector de la Policía ejercía de asesor del grupo parlamentario del PP cuando dos de sus diputados evaluaron su tesis
Cosidó es el impulsor del pleno monográfico que la mayoría del PP en el Senado programa en la Cámara Alta para que Sánchez explique su tesis
El portavoz del Partido Popular en el Senado y exdirector de la Policía Ignacio Cosidó contó con un tribunal de afines y diputados del PP para sacar adelante la tesis que leyó en 1994 cuando él mismo ejercía como asesor del grupo parlamentario popular y tras desempeñar cargos de responsabilidad en Nuevas Generaciones del PP (secretario de Acción Política). Cosidó, alineado con Casado en el proceso de primarias del PP y su mano derecha en el Senado, será el encargado de interrogar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Pleno monográfico que los populares ya han programado en la Cámara Alta para que explique las supuestas irregularidades que el PP denuncia en la tesis del presidente. La fecha de la comparecencia del presidente todavía está por cerrar.
Una de las acusaciones que el PP ha dirigido contra Sánchez es que el tribunal que juzgó su tesis no contaba con las mínimas garantías académicas. Cosidó, será el portavoz que interpele al presidente. En su caso, el tribunal que evaluó su tesis estaba formado por un dirigente histórico de la UCD, un colaborador de FAES, dos diputados del grupo parlamentario del PP, del que Cosidó era asesor, y un quinto integrante condenado años después por apropiarse de 128.000 euros con las black de Caja Madrid.
Cosidó leyó en 1994 su tesis bajo el título, "La Economía de la Defensa en España". El trabajo analiza el gasto en Defensa en la década entre 1982 y 1992. La tesis del portavoz del PP en el Senado está rodeada de opacidad. Cosidó decidió no publicarla en la plataforma TESEO, por lo que no es de acceso público en formato digital. Tan solo se puede consultar un breve resumen sobre el objeto del trabajo. Fuentes del grupo parlamentario en el Senado aclaran que la tesis de Cosidó está publicada y disponible en librerías en formato papel.
eldiario.es ha solicitado al PP en el Senado una copia de la tesis de Cosidó en formato digital pero desde esta formación aseguran que solo están en condiciones de facilitar una copia en papel. Fuentes del PP aclaran que les resulta "imposible" obtener una copia electrónica de una tesis que se realizó hace más de veinte años y con formatos que ya no son compatibles con los actuales. "Grabó la tesis en un disco flexible de los que se utilizaban entonces", aseguran en la formación conservadora.
Tribunal de afines y diputados
Los cinco miembros que formaron parte del tribunal de tesis de Ignacio Cosidó tienen relación directa con el mundo político y son mayoritariamente de la órbita del Partido Popular. El más conocido del grupo es Cristóbal Montoro. El exministro de Hacienda era ya diputado en el Congreso en los días en los que le tocó juzgar la tesis del actual portavoz de su partido en el Senado. En ese tribunal estaba también Luis Gamir Casares, también diputado del PP en el tiempo en el que Cosidó sometió su trabajo a examen.
Los otros tres miembros del tribunal de Cosidó también tienen relación directa con la política. Javier Tusell, persona muy destacada del mundo cultural y exconcejal de UCD en el Ayuntamiento de Madrid (1979) y alto cargo en el Ministerio de Cultura hasta el año 1982 con el mismo partido, es quizás el miembro con más distancia respecto al PP de los cinco que conformaron ese tribunal.
Florentino Portero es el cuarto de la lista. Miembro fundador del Grupo de Estudios Estratégicos (GEES) y colaborador de FAES, fue autor del artículo "La España menguante de Zapatero".
El quinto de la lista de personas que decidieron sobre la calidad del trabajo del dirigente popular fue Juan Gómez Castañeda. Vinculado a Izquierda Unida, fue secretario de la Comisión de Control de Cajamadrid en los años en los que el Partido Popular gobernaba la caja y repartía tarjetas black entre sus principales dirigentes. Gómez Castañeda acabaría siendo condenado por la Audiencia Nacional por un delito de apropiación indebida en relación al uso de la tarjeta black que se le concedió y con la que se gastó más de 128.000 euros.
https://www.eldiario.es/politica/PP-Senado-diputados-condenado-Cajamadrid_0_818218584.htmlEL PP CONVIERTE EL SENADO EN TRINCHERA CONTRA EL GOBIERNO
La mayoría absoluta de los populares fuerza dos comparecencias de Sánchez en la Cámara alta
El PP ha vuelto la vista hacia el Senado tras ser desalojado de La Moncloa y constatar su insuficiente mayoría parlamentaria en el Congreso. Ahora el Senado se ha convertido no solo en el dique de contención del Gobierno de Pedro Sánchez sino también en una importante fuerza de asalto para los populares. La mayoría absoluta en la Cámara alta ofrece al PP un propicio campo de batalla en el que amplificar su capacidad como oposición, bloquear o frenar iniciativas del Congreso, someter a un control implacable al Gobierno, reprobar ministros (como ha hecho con Dolores Delgado) y forzar comparecencias del presidente.
El PP está dispuesto a sacar todo el rendimiento del Senado para someter a Sánchez a la máxima erosión en sus momentos de desaliento y anticipar la convocatoria de elecciones. Con ese fin acaba de pedir la comparecencia del presidente para que dé cuenta de las supuestas sospechas de plagio de su tesis doctoral, una iniciativa desechada por el Congreso y que se añade, entre otras, a un pleno extraordinario para que Sánchez explique la crisis de la llegada de migrantes a las costas.
La incorporación de Ignacio Cosidó como portavoz del Grupo Popular en el Senado, tras el congreso del PP, ha supuesto un replanteamiento respecto a las prestaciones que ofrece en el nuevo escenario político esta institución considerada de segunda lectura. Cosidó, con un perfil más afilado que su predecesor, José Manuel Barreiro, se encerró hace unos días con sus senadores en un convento de Palencia para preparar una estrategia acorde con la posición de fuerza de sus 147 escaños que contribuya a paliar la pérdida de hegemonía del partido tras el desalojo de Mariano Rajoy del Gobierno. Y sobre todo, para desgastar al Gobierno en sus flancos más vulnerables.
Cosidó ha trazado una línea de ataque cuyo eje es “garantizar la unidad de España” a partir del artículo 155 de la Constitución. La aprobación de este precepto, siempre a requerimiento del Gobierno, corresponde al Senado y por la mayoría absoluta de que el PP dispone. El conflicto catalán ha amplificado la importancia de la Cámara alta por tener en sus manos la intervención de la Generalitat. Cosidó dispone del botón rojo, considera que “las causas que motivaron la intervención siguen vigentes” y urge al Gobierno de forma insistente para volver a aplicar de nuevo la medida. Con ello, rechaza la utilidad de la vía de diálogo abierta por el Gobierno con la Generalitat y sacude el frágil equilibrio con sus socios de moción de censura catalanes.
La cuestión catalana, por ser uno de los puntos más delicados de Sánchez, ocupará buena parte del trabajo del grupo de Cosidó. Y para intensificar la artillería sobre el Gobierno, el PP ha solicitado en la Junta de Portavoces del Senado, un órgano que controla, aumentar el número de preguntas que le corresponde plantear a los ministros en las sesiones de control. El Grupo Popular del Senado ya no es el del partido del Gobierno sino el del principal partido de la oposición. Considera que debe aumentar el cupo de siete preguntas de que ahora dispone, las mismas que tiene el PSOE, que ha sido el principal partido de la oposición hasta junio, con 61 senadores. El PP, como oposición, reclama un incremento proporcional a sus 147 escaños.
Además, ha ampliado el plan de trabajo de la Comisión de Investigación sobre la Financiación de los Partidos Políticos, considerada por la mayoría de grupos, que no participan en ella, como una réplica de la que investiga la financiación del PP en el Congreso. Los populares, que ya han perturbado a los socialistas durante un año con un supuesto caso de financiación irregular surgido en Valencia, van a solicitar las comparecencias del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por la presunta implicación de varios de sus ministerios. Esta misma comisión, por la que ya han pasado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos y el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, también llamará al presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig.
La comisión, asimismo, tiene bajo la lupa el caso de los ERE de Andalucía, para el que llegó a registrar las comparecencias de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y de sus antecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los populares quieren subir la temperatura al máximo contra el Gobierno. Y contra los partidos que lo sostienen. Ese órgano, que durante el primer año ha gastado 5.736 euros, va a meter la garra también en Cataluña. El expresidente catalán Artur Mas será requerido por la financiación de su formación en calidad de máximo responsable de Convergència Democràtica de Catalunya (entre 2012 y 2016) y del PDeCAT (desde 2016 a 2018).
Con los ojos en la actual coyuntura, pero sin perder de vista un futuro en el que la institución fuera la trinchera para el PP, Cosidó quiere impulsar una resignificación del Senado que lo convierta en una Cámara de primera lectura para las leyes que atañan a las competencias autonómicas, lo que aumentaría la posibilidad de intervención de los populares. Pero manteniendo la última palabra en asuntos cruciales como la capacidad de veto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que le otorgó el Gobierno de Mariano Rajoy y que el de Sánchez trata de sortear en un pulso sin precedentes entre La Moncloa y el Senado.
https://elpais.com/politica/2018/09/23/actualidad/1537691808_070533.htmlIGNACIO COSIDÓ, PORTAVOZ DEL PP EN EL SENADO
La exministra de Sanidad Dolors Montserrat será la nueva portavoz del PP en el Congreso, mientras que Ignacio Cosidó será el nuevo portavoz del partido en el Senado y el salmantino José Antonio Bermúdez de Castro, renueva su puesto como secretario general el PP en el Congreso
Así lo ha anunciado del nuevo presidente del partido, Pablo Casado, ante el primer Comité Ejecutivo Nacional del PP que se celebra bajo su liderazgo, y que se ha reunido en Barcelona.
Montserrat, que fue la portavoz de la campaña de María Dolores de Cospedal en las primarias del PP y que en la segunda ronda de este proceso apoyó a Pablo Casado junto a ella, toma así el relevo de Rafael Hernando en la portavocía del PP en el Congreso.
Por su parte, Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía, ha sido uno de los valedores de Casado desde el comienzo de su campaña en estas primarias, y le acompañó desde el primer día de este proceso.
Esteban González Pons repite como portavoz de PP en el Parlamento Europeo, que trabajará junto a la exministra de Educación y Cultura Pilar del Castillo como secretaria general del grupo parlamentario.
Como secretario general del grupo popular en el Congreso también renueva en su puesto el diputado salmantino José Antonio Bermúdez de Castro, mientras que en el Senado ocupará ese cargo el senador José Ortiz Galván.
https://www.lavanguardia.com/politica/20180726/451112011279/ignacio-cosido-portavoz-del-pp-en-el-senado.htmlEL CONGRESO DICTAMINA QUE EL PP MONTÓ UNA POLICÍA POLÍTICA
Aprobadas cuatro conclusiones sobre la etapa de Fernández Díaz al frente de Interior con el único voto en contra del PP y la abstención a última hora de Ciudadanos
Cuatro meses y cinco comparecencias después, la comisión de investigación sobre la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior llegó este jueves a su fin con la aprobación por mayoría de un breve documento con cuatro conclusiones. Con la única oposición del PP y la abstención de última hora de Ciudadanos, el dictamen certifica que los populares hicieron un “uso partidista” de la policía.
El documento considera probado que dos de los responsables políticos de Interior, el propio Fernández Díaz y el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, se valieron de mandos policiales —de manera especial del número dosdel cuerpo, el comisario Eugenio Pino— para “obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP” y para perseguir a los “adversarios políticos”.
Las conclusiones citan entre las formaciones afectadas al nacionalismo catalán, Podemos y el PSOE en referencia al caso de la falsa cuenta de Xavier Trias en Suiza, al llamado informe Pisa sobre la supuesta financiación irregular del partido de Pablo Iglesias y a la creación de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), que reabrió en secreto el caso Faisán y el 11-M. El dictamen incluye también un respaldo expreso a la “encomiable labor” de las Fuerzas de Seguridad del Estado y una crítica a los actuales responsables de Interior por su escasa colaboración con la comisión.
El documento, que se elevará al Pleno del Congreso cuando se reanuden las sesiones en septiembre, es un “acuerdo de mínimos”, como lo definió la portavoz de Podemos, Irene Montero. En él, finalmente, se excluyó la petición de que se diese traslado del mismo a la fiscalía para que esta valorase si hubo algún tipo de ilícito penal. No obstante, tanto la formación de Pablo Iglesias como ERC anunciaron ya ayer su intención de presentar sendas querellas “lo antes posible”. El PSOE y el PNV rechazaron dicha iniciativa, la que más debate provocó ayer en la última reunión de la comisión, al considerar que la fiscalía tiene autonomía para actuar “si lo considera oportuno”. Tampoco salió adelante la propuesta de pedir a Interior que retirase las condecoraciones a los presuntos integrantes de la brigada patriótica.
De las cuatro conclusiones finalmente aprobadas, dos salieron del documento previo elaborado por el PSOE. En él, se certificaba que en la etapa de Fernández Díaz, y con conocimiento de este, “se creó una estructura policial” para obstaculizar la investigación de los casos de corrupción que salpicaban al PP y hacer un “seguimiento, investigación y, en su caso, persecución” de la oposición. El segundo punto del dictamen califica todo ello de “inaceptable utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos de Interior” en lo que tilda de “abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y el Estado de derecho”.
Apoyo a la policía
Los otros dos puntos aprobados fueron propuestos por el presidente de la comisión, Mikel Legarda (PNV). En el primero, el único en el que hubo unanimidad, se deja claro que la comisión “en ningún momento” ha evaluado el trabajo de la policía en su conjunto, que “de manera amplísimamente mayoritaria” trabaja “en pro de la ciudadanía”. Finalmente, el dictamen da un tirón de orejas a Juan Ignacio Zoido al considerar que Gobierno e Interior han atendido “de forma impuntual e incompleta” las solicitudes de documentación de la comisión.
https://elpais.com/politica/2017/07/20/actualidad/1500534512_231651.htmlTODOS, SALVO EL PP, CONSIDERAN PROBADO EL USO DE LA POLICÍA CONTRA ADVERSARIOS POLÍTICOS
Los partidos preparan las conclusiones de la comisión de investigación de Interior
El Gobierno del PP utilizó de forma partidista a la policía para combatir a los adversarios políticos. Esta grave acusación es compartida por todos los partidos, salvo el PP, y figurará en las conclusiones de la comisión de investigación del Congreso sobre el Ministerio del Interior que deberán estar cerradas antes de final de mes. Esa idea es el mínimo común denominador de las propuestas que manejan los grupos de la oposición; solo queda que lleguen a un acuerdo y aparten los puntos en los que discrepan, que podrán figurar en votos particulares.
Todos los partidos, menos el PP, creen probado que el Ministerio del Interior, con el exministro Jorge Fernández Díaz al mando, creó una estructura policial al margen de la oficial que usaba con fines partidarios. En esa idea coinciden PSOE, Podemos, PNV, Ciudadanos, ERC y PDeCAT. Solo el PP sostiene que las cinco comparecencias y la abundante documentación manejada por la comisión demuestran que el funcionamiento de Interior era irreprochable.
El PSOE entiende en sus conclusiones provisionales que hubo una estructura policial que se cobijaba en el catálogo de puestos de trabajo que utilizaban arbitrariamente el comisario Eugenio Pino, entonces director Adjunto Operativo (DAO), e Ignacio Cosidó, a la sazón director general de la Policía. Esta práctica, según los socialistas, era conocida por el ministro y los sucesivos secretarios de Estado de Interior.
Atribución de delitos
ERC y PDeCAT hacen especial hincapié, en sus propuestas de conclusiones, en que la policía y el ministerio fueron usados con el objetivo específico de desprestigiar y hacer frente al proceso soberanista en Cataluña. Amplían las responsabilidades al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y previsiblemente lo incluirán en un voto particular al informe.
ERC, además, va un paso más allá que el resto e incluye la atribución de delitos de acusación y denuncia falsa, así como la simulación de delitos, tipificados en los artículos 456 y 457 del Código Penal, por lo que piden que se dé traslado a la fiscalía. Y deja caer que pudieron utilizarse fondos reservados, lo que incluiría una supuesta malversación.
Ciudadanos entiende igualmente que hubo ese uso partidista de la policía y también hace recaer la responsabilidad sobre el entonces ministro y su director general de la Policía. Este partido coincide también con otros en poner de manifiesto el descontrol del ministerio que, por ejemplo, hacía que policías fueran adscritos a unidades que ni pisaban.
LA COMISIÓN SE EXTINGUIRÁ EL 31 DE JULIO
La comisión de investigación sobre el Ministerio del Interior se extinguirá automáticamente el 31 de julio. Por eso los partidos deben cerrar antes unas conclusiones que se remitirán al pleno en septiembre.
Podemos y ERC han pedido formalmente a la Mesa del Congreso que se amplíe ese plazo para que haya nuevas comparecencias, pero eso lo tendría que aprobar, en ausencia del pleno, una Diputación Permanente. No está prevista ninguna reunión de la Diputación antes de final de mes y, en todo caso, el PP, el PSOE y Ciudadanos se oponen a prolongar la comisión.
Según el PSOE, el objetivo era, por una parte, interferir en la situación política de Cataluña. En segundo lugar, investigar a adversarios políticos de los populares; y, por último, entorpecer investigaciones sobre corrupción en el PP. Los responsables políticos serían Fernández y Cosidó.
Podemos también llega a esta conclusión y no desiste aún de que la comisión pueda prolongarse para que se admitan más comparecencias que terminen de probar algunas de las irregularidades. Este partido completa las acusaciones con la referencia concreta a la investigación policial paralela que se hizo al partido de Pablo Iglesias, que se plasmó en el llamado Informe Pisa (rechazado reiteradamente por la justicia).
El PNV, cuyo diputado Mikel Legarda preside la comisión, concluye también que desde Interior se perseguía a adversarios políticos, impulsando investigaciones prospectivas para perjudicarlos. Con voluntad manifiesta de presionar a la fiscalía y ayudados de filtraciones interesadas a medios de comunicación, con dossieres apócrifos y manipulación de pruebas, según os nacionalistas vascos. El PNV no quiere que se haga referencia a responsabilidad concreta de policías, pero sí a la de su dirección política, personalizada en Fernández y Cosidó y a través del DAO. No atribuye responsabilidades a quienes fueron secretarios de Estado de Interior en la época investigada, porque no han acudido a la comisión.
https://elpais.com/politica/2017/07/13/actualidad/1499961020_125030.htmlCOSIDÓ SE ESCUDA EN QUE LA 'BRIGADA POLÍTICA' SE REUNÍA CON FERNÁNDEZ DÍAZ SIN INFORMARLE
El ex director general de la Policía asegura que él y el ministro mantenían una relación simplemente "jerárquica"
El ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha acudido este martes a la comisión de investigación sobre la utilización partidista de la policía durante el mandato de Jorge Fernández Díaz con el objetivo claro de marcar distancias desde el primer momento con el que era su superior "jerárquico", el ministro Jorge Fernández Díaz. Cosidó, en cuya primera intervención se ha limitado a detallar una a unas las cifras de la lucha de la policía contra la delincuencia organizada, el terrorismo y la violencia de género, ha terminado admitiendo a preguntas de los diputados que sabía que su número dos y señalado como presunto integrante de la llamada brigada política, el comisario Eugenio Pino, despachaba a menudo con el ministro y que no le informaba del contenido de dichos encuentros.
El hoy senador ha asegurado que su relación con Fernández Díaz, pese a conocerse de la etapa de ambos como diputados, no pasaba de ser la de jefe y subordinado, y que en ningún momento estaba al tanto de la agenda del ministro ni con quién se reunía. En este sentido, ha recalcado que él se enteró de la existencia del encuentro del ministro con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, cuando se publicaron las grabaciones de dicha reunión en los medios de comunicación. "Mi trabajo era otro, no escuchar conversaciones de otras personas", ha asegurado.
Cosidó también ha negado que conociera la existencia de ninguna Operación Cataluña dirigida a investigar a líderes del soberanismo, y ha defendido que la única actividad de sus subordinados en esta comunidad autónoma fueron cientos de actuaciones contra el crimen organizado y el terrorismo yihadista. Sobre la existencia de informes de la UDEF con referencias a supuestas cuentas en el extranjeros de Artur Mas y Xavier Trias, el ex máximo responsable de la Policía se ha escudado en que a él no se le informaba de estas pesquisas, ya que los agentes están obligados por la ley a comunicar únicamente de sus gestiones a jueces y fiscales. "Esos informes no pasan por el despacho del director general", ha señalado.
En este sentido, el portavoz del PSOE en la comisión, Antonio Trevín, le ha preguntado de manera insistente si él autorizó que se pagaran con fondos públicos el viaje de uno de los presuntos integrantes de la policía política a Suiza a recoger información sobre la supuesta cuenta de Trias y si dio el visto bueno a que los comisarios José Luis Olivera y Marcelino Martín Blas, que no participaban directamente en la investigación sobre las finanzas de Convergencia, acudieran a Barcelona a pedir a la Fiscalía Anticorrupción el registro de la sede de este partido. En el primer caso, Cosidó ha evitado contestar alegando que él autorizaba "muchísimos viajes" al extranjero de agentes. Sobre el segundo, ha esgrimido dicha actuación entraba "dentro de la normalidad" y que no tenía "por qué entrometerme".
El ex director general de la Policía también ha marcado distancias con el comisario jubilado José Villajero, también señalado como integrante de la brigada política, y con la medalla pensionada que durante su mandato se le concedió supuestamente por su participación en dicha operación Cataluña. Para ello, ha detallado el proceso que se sigue para otorgar estas condecoraciones y ha dejado claro que la última palabra sobre la misma la tuvo el ministro Fernández Díaz. De hecho, ha recalcado que en los cinco años que estuvo al frente de la Policía nunca despachó personalmente con el comisario Villarejo aunque el mismo estaba destinado en el equipo de su número dos.
Cosidó, al que los diputados han acusado de presentarse ante la comisión como alguien que "nunca se ocupaba de nada", también ha evitado apoyar abiertamente el polémico informe PISA que recogía supuestas irregularidades en la financiación de Podemos. De hecho, ha esquivado las preguntas del representante de este partido, Rafael Mayoral -que le ha entregado una copia del mismo- sobre si el mismo presentaba las "características técnicas" que acompañan todos los documentos oficiales de la Policía. "No supervisaba el contenido ni la forma de los informes", ha asegurado. Sobre quien encargó el mismo, ha señalado a su número 2, el comisario Eugenio Pino, el mismo que se reunía con el ministro del Interior sin informarle.
https://elpais.com/politica/2017/06/06/actualidad/1496755341_584983.htmlFERNÁNDEZ DÍAZ SE DESMARCA DE LA ‘POLICÍA PATRIÓTICA’, PERO DEFIENDE A SUS MANDOS
Díaz niega haber ordenado registrar sus encuentros con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña y se presenta como “víctima” del escándalo
El exministro del Interior con el PP Jorge Fernández Díaz ha admitido este miércoles, en la comisión parlamentaria de investigación sobre su etapa al frente del departamento, que altos mandos policiales decidieron investigar a otros partidos, y ha dicho que lo hicieron sin informarle a él. Fernández Díaz, que se ha presentado como una “víctima” de la grabación de su conversación con el que fuera director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, ha señalado al que fuera número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, como el que propuso aquel polémico encuentro.
“No soy el Gran Hermano que lo controla todo”. El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz se ha escudado en la ignorancia para desmarcarse de las actividades supuestamente irregulares de los integrantes de la llamada policía política. El político ha llegado a asegurar que conoció la existencia del polémico informe PISA sobre las finanzas de Podemos cuando se comenzó a hablar de él en la prensa. Incluso, ha calificado dicho documento policial como un simple “dossier de prensa” en el que los agentes que lo elaboraron se limitaron a recoger lo que aparecía “en fuentes abiertas”. En este sentido, ha negado que durante su mandato “hubiera ninguna voluntad política de investigar a ninguna formación” y ha justificado la iniciativa de la policía en que el origen de los fondos del partido de Pablo Iglesias estaba “generando un debate en las tertulias”.
Fernández Díaz también se ha desmarcado de los informes elaborados por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), el grupo creado y controlado por el ex director adjunto de la Policía, el comisario Eugenio Pino, que ha sido recientemente disuelta. Y ha asegurado que nunca los recibió: “Yo no era el destinatario”. Pese a ello, ha defendido su creación y sus actividades, aunque ha recalcado que “jamás” ordenó que esa brigada hiciera un informe. “Si yo hubiera tenido conocimiento de que iba a elaborar un informe sobre el [caso] Faisán, hubiera preguntado para qué”, ha añadido.
A la vez que se desmarcaba de las actividades más polémicas de la policía durante su mandato, el exministro ha salido en su defensa. Alabó el trabajo del excomisario Pino, al que, sin embargo ha señalado como el promotor de la reunión que mantuvo con el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, cuya grabación —en la que ambos supuestamente defendían la elaboración de informes contra partidos independentistas catalanes— ha provocado la creación de la comisión. Al también comisario José Luis Olivera, hoy máximo responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, lo ha calificado como un “magnífico profesional” del que ha recordado que estaba al frente de la UDEF cuando este grupo realizó la Operación Gürtel. No obstante, también aseguró que no le informó de que acudió a la Fiscalía Anticorrupción de Cataluña a pedir que se registrara la sede de Convergència justo antes de las elecciones autonómicas de 2012. Incluso insistió en que el ya jubilado comisario José Villarejo “ha prestado grandes servicios en la lucha contra ETA”. Eso sí, dijo que en los cinco años que estuvo al frente de Interior “jamás” despachó “nada” con él.
Fernández Díaz ha recalcado que él no ordenó grabar los encuentros que mantuvo el 2 y el 16 de octubre de 2014 en la sede de su departamento con Daniel de Alfonso. Ha evitado en todo momento comentar el contenido de las grabaciones —“no las he escuchado”, dijo— y ha centrado su intervención en dejar claro que las consideraba “ilegales” y que quien las difundió en plena campaña electoral en 2016 lo hizo para perjudicar al PP.
“Mal precedente”
El exministro ha tildado de “mal precedente” la creación de la comisión parlamentaria por la existencia de dicha grabación y que “nadie se haya preocupado de investigar quién la hizo” para “alterar la voluntad popular”. Fernández Díaz, que negó que durante su etapa en Interior se obstaculizasen las investigaciones de los casos de corrupción de su partido, ha llegado a autocalificarse de “víctima” de unas grabaciones que calificó como “editadas, fragmentadas y descontextualizadas” con el único objetivo de influir en el resultado electoral.
Cuando se le ha preguntado si sabía quién había grabado aquella conversación, ha respondido que tiene “una idea”, pero se ha negado a dar más detalles. “No tengo pruebas”, dijo. Incluso ha asegurado que, pese a lo que había afirmado el excomisario Pino, en su despacho del ministerio no se grababa.
Antes que él había comparecido el propio Daniel de Alfonso, quien también negó ser el autor de la grabación. En una bronca intervención, en la que por momentos se mostró desafiante, el exjefe de la Oficina Antifraude Cataluña insistió en que sus encuentros con Fernández Díaz fueron solo parte de los que mantuvo con otros 68 políticos y cargos públicos. Lo que sí admitió es que el que fuera jefe de gabinete del comisario Pino, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, le mostró en su móvil un pantallazo con datos de las supuestas cuentas en Suiza del entonces alcalde de Barcelona, el convergente Xavier Trias. Eso sí, recalcó que nunca investigó a este político.
https://elpais.com/politica/2017/04/05/actualidad/1491400610_447287.htmlLA CÚPULA POLICIAL COMPRÓ EQUIPOS DE ESPIONAJE TELEFÓNICO SIN AUTORIZACIÓN
Altos cargos compraron presuntamente esos equipos meses antes de que se produjeran grabaciones ilegales al ministro y el exjefe de la Oficina Anticorrupción de Cataluña
La cúpula policial en tiempos del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz disponía de la tecnología suficiente para poder interceptar y grabar conversaciones e información de teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos sin autorización judicial. El director adjunto operativo, Eugenio Pino, y su jefe de gabinete, José Fuentes Gago, compraron presuntamente esos equipos de forma clandestina a la empresa israelí Raizone Group meses antes de que se produjeran las grabaciones ilegales al ministro y el exjefe de la Oficina Anticorrupción de Cataluña, así como una reunión entre policías y miembros del CNI.
El que fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional y responsable de la comisión judicial de los casos Nicolay y Villarejo, Marcelino Martín Blas, presentó el viernes pasado un escrito ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid, en el que adjuntaba pruebas de la citada compra de material de espionaje telefónico, que vinculaba con las dos citadas grabaciones ilegales. La primera se investigó sin que se llegará a conclusiones fehacientes, y la segunda sigue abierta en una pieza separada en la que figura como investigado por revelación de secretos el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Junto al escrito, el abogado de Martín Blas presenta documentación acreditativa de que Pino y Fuentes Gago adquirieron de forma oculta el citado material a Raizone Group en el verano de 2014. Las pruebas presentadas fueron remitidas al comisario ya retirado por un policía de Asuntos Internos, al que apodan Lionel, los días 16 y 18 de octubre pasados. Entre estos documentos están dos cartas con membrete de Eugenio Pino Sánchez (director adjunto operativo hasta hace unos meses), en las que figuran la propuesta económica de la compra y un informe sobre correos electrónicos remitidos el 31 de julio de 2014.
Adquisición clandestina
De esas pruebas se deduce que Pino y Fuentes Gago realizaron presuntamente la compra del citado material de forma oculta durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2014 a la empresa israelí Rayzone Group LTD. Se trata de tecnología de última generación destinada a interceptar teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. En los correos electrónicos, los policías explican a los proveedores que la mercancía debería ser introducida de forma subrepticia en España a través del aeropuerto de Barajas, en Madrid.
En concreto, las cartas del 31 de julio de 2014, redactadas en inglés, iban destinadas al señor Matan Caspy de Rayzone Group, en la ciudad de Tel Aviv (Israel). Eugenio Pino les invitaba a “realizar demostraciones y pruebas de campo en vivo durante diez días acerca de las tecnologías inter app sistems y tactical pasive GSM system capabilities”, proponiéndose como fecha para las pruebas el 11 de agosto de 2014. En un correo posterior, se concretaban el precio y las condiciones de pago, a realizarse en septiembre.
La compra de estos sofisticados equipos se realizó sin que existiera registro oficial o concurso alguno, según se deduce de la amplia documentación presentada en el juzgado, que incluye todas las compras y concursos oficiales para material tecnológico del Ministerio del Interior en 2014. Además, la entrega del material se produjo pocas semanas antes de que se produjeran varias grabaciones ilegales, cuyas interceptaciones telefónicas no han dejado rastro de su metodología, a pesar de haber sido investigadas oficialmente.
Las primeras se realizaron en el despacho del por entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, los días 2 y 16 de octubre de ese año. Se trata de conversaciones del ministro con el que era jefe de la Oficina Anticorrupción de Cataluña, Daniel de Alfonso. Esa grabación fue posteriormente filtrada a la prensa, causando un gran escándalo, por cuanto se deducía que ambos habían conspirado para actuar en contra de políticos nacionalistas catalanes, en connivencia con la propia fiscalía anticorrupción.
Esta grabación motivó una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la posible utilización partidista del Ministerio del Interior, así como la elaboración de varios informes técnicos sobre el método de grabación, que se cerraron sin conclusiones fidedignas. Según el escrito presentado el viernes en el juzgado, “con la documentación que aquí se aporta podría darse explicación a dichos graves hechos delictivos de descubrimiento y revelación de secretos”. Daniel de Alfonso declaró en la citada comisión de investigación que José Fuentes Gago (involucrado presuntamente en la compra de los equipos de grabación) fue el artífice de la reunión.
La segunda grabación se realizó el 20 de octubre de 2014 en un despacho oficial de la Policía en el que se celebraba una reunión entre miembros de la Unidad de Asuntos Internos y componentes del Centro Nacional de Inteligencia. Esa grabación fue manipulada y filtrada a varios diarios digitales con intención de anular el procedimiento contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás, según consta en los informes de la comisión judicial.
Por esa actuación se inició una pieza separada en el caso y se imputó al comisario José Manuel Villarejo, a su actual esposa, Gemma Alcalá (directora del digital Información Sensible, que distribuyó la grabación) y al periodista Carlos Mier, que por entonces trabajaba en ese medio. Según la comisión judicial, fue Mier el que activó el sistema de grabación, que había sido instalado con anterioridad en el teléfono de Martín Blas. En el escrito presentado el viernes, se vincula esta grabación a los equipos adquiridos un mes antes por Pino y Fuentes Gago.
Por todo ello, el abogado de Martín Blas solicita la declaración como investigados de Eugenio Pino y José Fuentes Gago. Asimismo, se pide que declaren como testigos el propio denunciante, así como el policía apodado Lionel y el que fuera director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Por último, se solicita una comisión rogatoria a EE UU para obtener información sobre la dirección IP utilizada para las gestiones de la compra de ese material, así como la investigación de las cuentas de e-mail de Pino y Fuentes Gago.
Nuevas pruebas para el ‘caso Villarejo’
Los documentos presentados el viernes ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid aportan posibles pruebas para avanzar en el caso Villarejo.La pieza separada número 2 de las diligencia previas 4676/2014 está sin cerrar, a pesar de que en julio la juez María del Pilar Martínez Gamo, decidiera dar por concluidos los trabajos de la comisión judicial creada para el caso.
Los dispositivos de alta tecnología adquiridos en septiembre de 2014 (un mes antes de la grabación sometida a investigación) pueden explicar el sistema utilizado para grabar a los policías y miembros del CNI en sede oficial.
La investigación del caso Villarejo lleva abierta desde hace más de dos años y la magistrada cuenta con miles de folios elaborados por la comisión judicial de la Policía. La conclusión de esos informes es que José Manuel Villarejo organizó la grabación ilegal, la manipuló y la difundió a la prensa, por lo que ha declarado en calidad de investigado por revelación de secretos.
https://elpais.com/politica/2017/10/30/actualidad/1509383749_882560.htmlINTERIOR JUSTIFICÓ LAS MEDALLAS A LA BRIGADA PATRIÓTICA EN SU “MERITORIA TRAYECTORIA PROFESIONAL”
La comisión parlamentaria de investigación del Congreso recibe la relación de 595 medallas pensionadas concedidas por Fernández Díaz
La Dirección General de la Policía ha remitido a la comisión parlamentaria de investigación sobre la utilización partidista del Ministerio del Interior la relación de 595 policías que entre enero de 2012 y diciembre de 2016, con Jorge Fernández Díaz al frente del departamento, recibieron una medalla de plata o una cruz roja (ambas acompañadas de un incremento vitalicio de sueldo) y los motivos esgrimidos para su concesión. En el listado figuran varios de los mandos señalados como integrantes de la llamada brigada patriótica.
Entre los recompensados en 2013 con una medalla roja (pensionada con un incremento del sueldo del 10% de manera vitalicia) aparece el ya jubilado comisario José Manuel Villarejo, recientemente imputado por la agresión a la doctora Elisa Pinto, y ya investigado anteriormente en el caso Nicolay. Destinado en aquel momento en la Dirección Adjunta Operativa, fue el máximo responsable de ésta, el también comisario Eugenio Pino, quien lo propuso para la distinción por su “meritoria trayectoria profesional”.
Ese mismo año, otros tres mandos policiales salpicados por el escándalo de la policía patriótica fueron condecorados. Uno fue el comisario Marcelino Martín-Blas, entonces máximo responsable de la Unidad de Asuntos Internos y que, tras estallar el caso del Pequeño Nicolás, fue cesado de aunque siguió dirigiendo esta investigación hasta su jubilación el pasado abril. Junto a él aparece el actual responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), José Luis Olivera, ex jefe de la UDEF y entonces destinado en un organismo ahora desaparecido.
A finales de 2012 trascendió que ambos habían acudido a la Fiscalía de Barcelona para convencer a los encargados del caso Palau de que solicitaran el registro de la sede de Convergència con el fin de ahondar en las pesquisas sobre la supuesta financiación irregular de la formación.
En ambos casos, el documento ahora remitido a la comisión del investigación repite como justificación la “meritoria trayectoria profesional” de ambos.
También en 2013 recibió una medalla pensionada el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, actualmente destinado en la embajada de España en México y al que un juez de Plaza de Castilla ha citado recientemente a declarar por su relación con el pendrive de origen desconocido que la brigada política intentó colar en el caso Pujol. Díez Sevillano estaba entonces destinado en la Jefatura Superior de Castilla y León. En concreto, en la Brigada de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, su condecoración fue a propuesta del comisario Pino por la “investigación [de] tramas dedicadas a evadir dinero a Andorra”. Considerado una de las personas de máxima confianza de éste, Díez Sevillano fue señalado por el banquero andorrano Higini Cierco como presunto participante en una extorsión para que facilitara información sobre las cuentas de la familia Pujol.
En 2014 le tocó el turno al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, hombre muy cercano también al comisario Pino y la persona que puso en contacto al jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, con Jorge Fernández Díaz, según desvelaron las polémicas grabaciones de las conversaciones que ambos mantuvieron en la sede de Interior. Fuentes Gago, actualmente destinado en la embajada española en La Haya, recibió dicha condecoración a propuesta de Pino, en cuyo equipo trabajaba pese a que oficialmente pertenecía a la plantilla de la Jefatura Superior de Cantabria. En su caso, se justificó la medalla roja por “meritorio hecho concreto” que, sin embargo, no se detalla.
El último en recibir la condecoración fue el propio comisario Eugenio Pino, a quien se le otorgó una cruz de plata, recompensada con un incremento del 15% de su salario de manera vitalicia. En su caso, de nuevo, la justificación fue su “meritoria trayectoria profesional”. El proponente, su superior, el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó.
Medallas similares se entregaron esos años a dos agentes que sobrevivieron al ataque yihadista a la embajada española en Kabul, a un policía herido de bala en un atraco en el que murió una agente y a otro que resultó “lesionado de gravedad en actuación policial”, además de a otro comisario que se jubilaba. En el auto en el que el juez José de la Mata enviaba su investigación sobre el pendrive fantasma del caso Pujol a los Juzgados de Plaza de Castilla sugería a Interior que retirase a Pino este reconocimiento.
https://elpais.com/politica/2017/06/14/actualidad/1497463138_485183.htmlEL DIRECTOR DE LA POLICÍA SOSTIENE QUE PODEMOS “ES UNA AMENAZA PARA LA DEMOCRACIA”
Ignacio Cosidó aseguró en un programa de televisión que el partido de Pablo Iglesias "defiende proyectos como el de ETA"
El director general de la policía, Ignacio Cosidó, ha cargado contra Podemos, del que sostiene que su proyecto político supone "una amenaza a nuestra democracia". El máximo responsable policial afirma, además, que Podemos "defiende proyectos como el de ETA" y que "en su doctrina política está un germen de justificación de la violencia", según dijo anoche en un programa de televisión.
"Podemos representa un proyecto de izquierda totalitaria cuyas consecuencias cualquier ciudadano lo puede ver en lo que está sucediendo en Venezuela: un empobrecimiento de la sociedad y un recorte brutal de las libertades con auténticos presos políticos de los que ni siquiera los representantes de Podemos en el Parlamento tienen la decencia de pedir la libertad", asegura Cosidó en el plató de El Cascabel de 13 TV.
"Lo que me parece más peligroso de Podemos", prosigue el director general de la policía, "es que en su doctrina política está un germen de justificación de la violencia, porque ellos se consideran los únicos representantes del pueblo y eso es en los que en los regímenes del comunismo real llevó a una justificación plena de la violencia como instrumento político". Cosidó termina acusando a Podemos, esa "izquierda totalitaria", de defender "proyectos como el de ETA en nuestro país, que tanto daño han causado".
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha respondido a esas acusaciones desde su cuenta en la red social Twitter. "España se merece un director general de Policía que sea un profesional y no un tertuliano de 13 TV", ha escrito.
https://elpais.com/politica/2016/05/01/actualidad/1462127008_936334.htmlCOSIDÓ DEJA LA POLICÍA Y EL PP LO 'RECOLOCA' COMO SENADOR TERRITORIAL
El grupo popular en la Cámara alta tiene una vacante de “reserva” desde enero que no se ha cubierto ya que dispone de una amplia mayoría absoluta.
El actual director general de la Policía, Ignacio Cosidó, abandonará sus actuales responsabilidades en el Ministerio del Interior y será designado por las Cortes de Castilla y León para ocupar una plaza como senador territorial en representación de esa comunidad autónoma, según informaron a este periódico fuentes de la formación conservadora.
Cosidó ha sido uno de los colaboradores más cercanos de Jorge Fernández Díaz mientras estuvo al frente del departamento, entre finales de 2011 y el pasado viernes cuando abandonó el nuevo Ejecutivo de Rajoy.
Cosidó, natural de Palencia, ocupará uno de los tres escaños territoriales que le corresponden a Castilla y León –uno como comunidad y otro más por cada millón de habitantes -. Actualmente, uno de los tres puestos se encuentra “vacante” desde el pasado mes de enero, cuando se constituyó la Cámara alta en la pasada legislatura. Es uno de los dos que le corresponden al PP, mientras que el tercero es para el PSOE.
Su titular, Marimar Angulo, fue elegida senadora por la circunscripción de Soria en la candidatura del PP en las elecciones del 20 de diciembre de 2015, condición que repitió en los pasados comicios del 20-J. Por lo tanto, renunció a su escaño territorial, que no ha sido cubierto por la cámara autonómica castellanoleonesa. Las otras dos plazas territoriales están ocupadas por el popular Juan José Lucas y por el socialista Óscar López.
Pero desde la renuncia de Angulo como senadora territorial su escaño no había sido ocupado. Las Cortes de Castilla y León no están obligadas por plazo alguno a cubrir una vacante que se produzca en su “cupo” de tres senadores territoriales. “Esa vacante, según las citadas fuentes parlamentarias del PP, se mantuvo en “reserva” ante “posibles eventualidades”. El PP no ha tenido necesidad alguna de “rellenar” ese puesto ya que cuenta con una amplia mayoría absoluta en la Cámara alta, tanto en la anterior legislatura fallida como en la actual. Ahora tiene 147 escaños de un total de 266 que componen el Senado.
El responsable de la Policía española desde finales de 2011 hasta estos momentos “se encuentra haciendo las maletas”, explicaron a este periódico las fuentes consultadas. El pasado jueves el presidente Mariano Rajoy hizo pública la lista de los miembros de su nuevo gabinete en el que Fernández Díaz fue sustituido por Juan Ignacio Zoido al frente del departamento del Interior.
La salida de Cosidó al frente de la dirección general de la Policía se producirá este vienes cuando el Consejo de Ministros dedique parte de su reunión al nombramiento de muchos cargos institucionales relacionados con el nuevo Ejecutivo.
Su designación como senador territorial por parte de las Cortes de Castilla y León se demorará algo más, ya que depende del calendario de esta Cámara autonómica. “De todas formas no se retrasará demasiado porque el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara castellanoleonesa”, agregaron las mencionadas fuentes del PP, que no quisieron precisar si el político palentino ocupará alguna función de responsabilidad en el organigrama interno del grupo parlamentario popular en la Cámara alta.
https://www.publico.es/politica/cosido-deja-policia-y-pp.htmlINTERIOR PONE LA FORMACIÓN POLICIAL EN MANOS DE UNA UNIVERSIDAD CATÓLICA
La Dirección General de la Policía firma un contrato con la Universidad Católica de Ávila "porque es más barata" que la de Salamanca, tras 28 años de relación con esta última
Una diferencia de 18 euros por hora de clase ha propiciado que la formación de los nuevos inspectores de policía la impartan a partir de ahora docentes de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) en lugar de catedráticos de la Universidad de Salamanca (USAL), como sucedía desde hace 28 años. La escuela de policías de Ávila, Dirección General de Policía (DGP) mediante, ha firmado un contrato de colaboración con esa entidad privada y religiosa. “Es la oferta más barata”, justifican. El ministerio dice haberse “mantenido ajeno” a este acuerdo.
Nadie parece querer hacerse responsable de una decisión que ha generado ampollas en el ámbito educativo porque lo que está en juego no es una mera cuestión económica —supuestamente la Universidad de Ávila rebaja casi a la mitad el coste del “servicio”, de 200.000 a 100.000 euros— sino el modelo de formación policial español y, en consecuencia, los valores que defenderán en el desempeño de sus funciones los futuros agentes.
30 puntos para todas las concursantes
La Mesa de Contratación que analiza las ofertas presentadas a concurso por las universidades para colaborar en la educación de los inspectores de policía de la academia de Ávila le dio la misma puntuación a las tres concursantes en los aspectos técnicos: “30 puntos”, según el vicerrector de docencia de la USAL, José Ángel Domínguez. No le dio más valor al hecho de que la universidad de Salamanca lleve casi 30 años de colaboración con la academia, que tenga por ello un Centro de Ciencias de la Seguridad (con un Grado de Criminología y un laboratorio de criminalística incluido) o la relación recíproca fraguada en este tiempo con una veintena de profesores-policías de la academia que ya imparten clases en la USAL.
“Nunca serán lo mismo el aborto, la eutanasia o la llamada Ley mordaza explicados por un catedrático de una universidad pública que por uno de una católica y privada, en la que manda el obispo”, señala uno de los profesores de Derecho Penal de la USAL que hasta ahora daba clases en la academia de policías.
El Ministerio del Interior, pese a las buenas relaciones que mantiene su titular en funciones, Jorge Fernández Díaz, con el prelado Jesús García Burguillo, se desmarca del acuerdo y habla de “decisión delegada” en la Dirección General de la Policía (DGP). Y esta se remite a la “resolución de una mesa de contratación” responsable de dirimir si las universidades que se presentan al concurso cumplen con los requisitos. “Tienen las mismas condiciones técnicas, pero ante un máximo de 100 euros la hora, Salamanca ofreció 98, Sevilla 95 y Ávila 80”. El obispo, por su parte, dice: “Lo más oportuno es que se dirija a la Escuela de Policía”. Y en la UCAV se niega a hacer declaraciones.
Históricamente existía un convenio de colaboración entre la USAL y la academia de policías, pero la Ley de Contratos obligó a sacar el servicio a concurso hace cuatro años. Hasta ahora ganaba Salamanca sin competencia. Pero este año la balanza se decantó hacia Ávila, “de un total de 100 puntos, 65 se le dan a la mejor oferta económica”, explican en la DGP.
Pero la decisión de la mesa de contratación —formada por un miembro de la División de Formación de la Policía, otro de la Intervención Delegada de Hacienda y un abogado del Estado—, no entra a valorar el carácter laico de la educación en una universidad pública frente a una católica. Tampoco el hecho de que se privatice ese servicio. Ni que se cambie un funcionamiento histórico y común a todas las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos acuerdos de colaboración en los planes de estudio están ligados a las universidades públicas de referencia (el ejército y la Guardia Civil con la UNED, por ejemplo).
Tampoco parece tener en cuenta este contrato de finales de septiembre el hecho de romper una relación de 28 años con una de las universidades más prestigiosas de España. “Se han primado los criterios económicos sobre el prestigio académico y una colaboración de décadas”, decía Daniel Hernández Ruipérez, rector de la USAL, que al enterarse del acuerdo el 24 de septiembre convocó a los vicerrectores y decidieron que ninguno de los 19 profesores de la USAL que van a la academia volvería, pese a que el curso ya había empezado.
La guerra está abierta. La primera batalla se librará en los tribunales. El decano de la Facultad de Derecho de la USAL, Ricardo Rivero, prepara un recurso “por falta de solvencia técnica”. Desde la DGP abren la puerta: “Lo estudiaremos con rigor”.
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/12/actualidad/1476270980_031399.htmlINTERIOR INCLUYE AL EXJEFE DE GABINETE DE COSIDÓ, RELEVADO POR IRREGULARIDADES, ENTRE LOS CONDECORADOS CON MEDALLAS PENSIONADAS
Pedro Agudo cesó en su cargo en septiembre de 2012 alegando "motivos personales" tras ser acusado de dirigir, a través de su mujer, una academia de formación que examinaba y cobraba a futuros agentes que preparaban la oposición de acceso a la Policía
El presidente del TSJ de Cataluña ha renunciado a su distintivo al verlo "poco oportuno" y para mantener la "imparcialidad"
El Ministerio del Interior ha incluido entre funcionarios y mandos del Cuerpo Nacional de Policía condecorados este año con la medalla al Mérito con distintivo rojo y, por tanto, pensionada a Pedro Agudo, exjefe de Gabinete del director general, Ignacio Cosidó. Agudo fue relevado de su puesto en septiembre de 2012 alegando "motivos personales" y tras ser acusado de dirigir, a través de su mujer, una academia de formación que examinaba y cobraba a futuros agentes que preparaban la oposición de acceso a la Policía.
Este inspector jefe fue enviado entonces a Roma, donde ha desempeñado su trabajo como empleado de la embajada española en Italia. Su propuesta para recibir la medalla al Mérito Policial con distintivo rojo ha sido registrada por la Comisaría General de Información, según consta en la Orden General Extraordinaria y en la documentación facilitada a los sindicatos.
Sin embargo, desde los sindicatos se ha cuestionado que se utilice como "pantalla" a la comisaría que dirige Enrique Barón Castaño –mando policial igualmente condecorado– para promover el distintivo de Agudo, una decisión que achacan directamente a Cosidó, ya que, dicen, este policía no desempeña en la actualidad ninguna función como enlace de dicha comisaría.
Tras el Consejo de la Policía celebrado este lunes, todos los sindicatos policiales cuestionaron que en la reunión no se les hubiera dado aún traslado del listado de condecorados, lo que, entendían, derivaba en un "problema importante" al dificultar el traslado a Ávila de los beneficiarios y sus familiares. El SUP, además, es el único sindicato que como señal de protesta ha anunciado su ausencia en los fastos que se desarrollan este 29 de septiembre. "El colectivo policial seguimos sufriendo el perjuicio de quienes, con total descaro e impunidad, utilizan las condecoraciones, sobre todo las pensiones, para pagar servicios prestados en enjuagues políticos, jubilaciones en puestos de responsabilidad u otras fidelidades ajenas a la actividad policial", alega el SUP.
El portavoz de la UFP, José María Benito, ha recordado las promesas incumplidas de este Gobierno acerca de la reforma de una "ley preconstitucional" –de 1964– por la que se conceden medallas de distintivo rojo con pensión vitalicia a agentes que no cumplen con los requisitos, algo que refrenda a Jorge Fernández Díaz como "el peor ministro que ha pasado por Interior, según el secretario general del CEP, Antonio Labrado.
Desde el SPP, su portavoz, Jesús Andrés de Dios, ha subrayado que su crítica se centra en la falta de motivación sobre los excluidos año tras año. "Nos duele la falta de transparencia y algunas condecoraciones que sorprenden", ha resumido.
La Ley 5/1964 establece como requisitos para la concesión de la medalla al Mérito Policial con distintivo rojo haber resultado herido en acto de servicio, participar en al menos tres servicios en los que ha corrido peligro la vida del policía por el uso de armas, haberla puesto en peligro durante un hecho abnegado o, en su caso, a través de una conducta de especial trascendencia. Entre los funcionarios premiados con esta medalla figuran este año mandos como José Santiago Sánchez Aparicio, el comisario general de la Policía Judicial que, hasta su reciente jubilación, se hizo cargo de la investigación por la grabación en 2014 en el despacho del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el entonces director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso.
La concesión de las medallas está precedida por la renuncia a la condecoración con distintivo blanco –sin retribución salarial– con la que Interior ha premiado, entre otros, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, que ha justificado su decisión ante "las actuales circunstancias de máxima exigencia por parte de la sociedad de apariencia de imparcialidad e independencia".
El presidente del TSJC, tribunal que previsiblemente enjuiciará al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsellera Irene Rigau por el la consulta sobre la independencia del 9N, ha transmitido su decisión en una carta al Ministerio, al considerar que su aceptación sería "poco oportuna". Fernández Díaz e Ignacio Cosidó presiden este jueves el Día de la Policía en la Escuela Nacional de la Policía en Ávila donde, además de imponer las condecoraciones, se rinde homenaje a los caídos en acto de servicio.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/09/28/interior_incluye_exjefe_gabinete_cosido_relevado_por_irregularidades_entre_los_condecorados_con_medallas_pensionadas_55439_1012.htmlEL CONGRESO INSTA AL GOBIERNO A INVESTIGAR A COSIDÓ POR PRESIONES A POLICÍAS EN EL CASO DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ
Se trata de una proposición no de ley presentada por el PSOE que salió adelante con 25 votos a favor, una abstención y 16 votos en contra
Desde el PP contestaron a estas acusaciones denunciando una "falta de rigor plagada de falsedades y odio político"
La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados instó este martes al Gobierno a investigar las presuntas presiones políticas denunciadas ante los tribunales por miembros de la Policía Nacional en relación con la investigación del ático de Estepona adquirido por el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, imputado por estos hechos desde el mes pasado.
Se trata de una proposición no de ley presentada por el PSOE que salió adelante con 25 votos a favor, una abstención y 16 votos en contra. El texto final exige al Gobierno a "ordenar a la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad una investigación para analizar todas las actuaciones, instrucciones y órdenes policiales del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y el Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, en la investigación sobre el ático, depurando las responsabilidades que en su caso procedan".
Además, pide al Gobierno que remita a la Cámara las conclusiones de esa investigación "dada la gravedad de los hechos que recogen las declaraciones en sede judicial de distintos miembros de la Policía Nacional para que el Congreso de los Diputados exija, en su caso, las responsabilidades políticas que procedan por promover, permitir, por acción u omisión, métodos policiales incompatibles con la actuación exigible a todo servidor público", informa Europa Press.
Esta iniciativa fue presentada por el PSOE y en concreto por su portavoz en la Comisión de Interior, Antonio Trevín, quien dio cuenta de esas declaraciones en sede judicial de policías afectados presuntamente por esas presiones y ha citado al comisario José Villarejo quien, según Trevín, afirmó ante la jueza de Estepona que investiga el caso que "Cosidó le ordenó parar la investigación sobre el ático".
El comisario Villarejo
Según el mismo relato socialista, antes que a Villarejo le sucedió lo mismo al ex comisario general de Policía Judicial Enrique Rodríguez Ulla. "Declaró en sede judicial que el Director Adjunto Operativo (DAO) le ordenó que cesase esa investigación", apuntó Trevín, quien recordó que luego ese mando policial fue cesado de su cargo en el que había permanecido seis meses.
"Tuvo la mala suerte el comisario de Marbella Agapito Hermes de Dios de ser el primero en mandar la información", insitió el diputado, quien denunció que, desde entonces, "no tuvo paz" y fue sometido a tres trasladados. "Fue el DAO quien le pidió que en ningún caso siguiera con esa investigación", ha remachado Trevín en un relato en el que no obvió otras cuestiones como los sms del presidente Rajoy al ex tesorero Luis Bárcenas o la existencia de informes "apócrifos de la UDEF contra diversos adversarios".
También censuró que el año pasado se abrirse una Agregaduría de Interior en Panamá y que para el puesto sólo se estudiase un expediente, concretamente el del que fue jefe de escoltas del ex presidente Aznar. Llamó la atención Trevín de que ese es un puesto en el que se tiene mucha información de los datos que las autoridades panameñas mandan a las españolas en el marco de investigaciones judiciales.
"Fines partidistas"
Ciudadanos se sumó a la "estupefacción" que le generan algunas informaciones policiales que coinciden con procesos electorales y pidió que las disputas políticas se limiten a las instituciones políticas sin usar a las fuerzas de seguridad "con fines partidistas", en palabras del diputado Miguel Ángel Gutiérrez.
Desde Podemos-En Comú-En Marea se mostraron a favor de la propuesta ya que "es un tema serio". "Al margen del color político, hay actuaciones que distan mucho de respetar el principio de neutralidad política que se esperan de las fuerzas se seguridad", comentó el diputado Eduardo Santos, quien habló de "informes fantasma que se fabrican para generar un estado de opinión". A su juicio, esto "es perjudicial para la Policía, que se ven desprestigiados por unos pocos". A las críticas se ha sumado Democracia y Liberad quien también se ha referido a los "informes falsos en épocas electorales".
Desde el PP contestaron a estas acusaciones denunciando una "falta de rigor plagada de falsedades y odio político". "Podemos hablar del GAL o de los fondos reservados", replicó al tiempo que pidió "no desprestigiar" a los mandos policiales "con mentiras". "El ático está siendo investigado", sentenció el diputado conservador Martín Toledano.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/04/05/el_congreso_insta_gobierno_investigar_cosido_por_presiones_policias_caso_del_atico_gonzalez_47371_1012.htmlINTERIOR CONTINÚA ASCENDIENDO A LOS ‘PIADOSOS’ DE FERNÁNDEZ DÍAZ
El nombramiento del ex jefe de la Policía de Alicante, José Javier Cuasante, como mando de toda la Comunidad Valenciana se engloba dentro del conocido como “círculo piadoso” del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y del Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino. Los miembros de este círculo son policías y políticos cercanos al Opus Dei y pertenecen a organizaciones religiosas con ideas muy militarizadas. El comisario, hasta ahora jefe de la policía de Alicante, acumula además denuncias de diferentes organizaciones sindicales por recibir regalos de empresarios que después son condecorados y por sus relaciones con políticos valencianos imputados por corrupción.
Incluso Compromís ha solicitado en el Senado que comparezca Fernández Díaz para que explique por qué asciende a un puesto tan relevante a un policía que "aparece en los círculos más próximos de Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno, ahora detenido implicado en numerosos casos de corrupción”, y también de Juan Cotino, expresidente de les Corts y ex director general de la Policía, cuya familia también aparece en diferentes sumarios judiciales como los papeles de Bárcenas de corrupción que afectan al PP. El propio Cuasante tardó cinco años en enviar el juzgado que instruye la operación Brugal contra el empresario Enrique Ortiz y el PP de Alicante un informe sobre los registros efectuados a los detenidos.
Entre las características de los cargos de la Policía que son miembros de la Orden de San Cristóbal, subvencionada por la Secretaria de estado de Defensa, está la introducción de ceremonias religiosas
Tanto Serafín Castellano, hombre fuerte del PP valenciano que está imputado desde su detención en 2015, como Cuasante pertenecen a organizaciones religiosas muy militarizadas y, en ocasiones, con difusión de ideas de extrema derecha, según denuncia el Observatorio Contra la Corrupción, Alternativa Sindical de la Policía (ASP) y Compromis. En concreto, se trata de la Orden de los Caballeros de San Cristóbal, a la que pertenecen la mayoría de nombrados por Interior en dicha comunidad autónoma y también, “la mayoría por no decir todos los policías que han conseguido puestos de relevancia desde que Fernández Díaz e Ignacio Cosidó dirigen la Policía”, explican fuentes policiales.
Entre las características de los cargos de la Policía que son miembros de la Orden de San Cristóbal, subvencionada por la Secretaria de estado de Defensa, está la introducción de ceremonias religiosas y de carácter militar en la mayoría de los actos conmemorativos de la Policía incluso en las visitas. Por ejemplo, las fuentes consultadas denuncian que en octubre de 2014 el entonces delegado de Gobierno Serafín Castellano, nombrado en 2011 Caballero por la Orden, acudió a la Comisaría Provincial de Alicante, el Comisario Cuasante obligó “en un claro e innecesario acto de pleitesía a lo castrense que los mandos de la comisaría se vistieran de uniforme y salieran a la puerta a recibirlo”.
Los actos de esta Orden sirven para entregar medallas, entre otros, a miembros de la Policía Nacional “creando un interesado vínculo de hermandad pero que realmente sirve para inflar de manera artificiosa los currículos profesionales con condecoraciones que nada tienen que ver con el desempeño efectivo de su labor”, explica estas fuentes.
Políticos, policías, sindicalistas
También es miembro de la Orden de San Cristóbal el subdelegado del Gobierno en Alicante Alberto Martínez
También es miembro de la Orden de San Cristóbal el subdelegado del Gobierno en Alicante Alberto Martínez y que junto con el comisario José Javier Cuasante se ha beneficiado de reparto de regalos por diferentes empresas que después han sido condecoradas por la Policía. El comisario Javier Pérez del Castillo, jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Alicante, o el adscrito a la Policía Autonómica Valenciana –Dependiente de la Policía Nacional-, David Manuel Argandoña Santander, administrador de una cuenta de Facebook con miles de usuarios policías denominada Primavera Española del CNP y de otra cuenta de twitter llamada @PrimaveraCNPE. Según denuncian diferentes organizaciones policiales, “desde las redes sociales realizan propaganda ideológica de extrema derecha imprimiendo un carácter marcadamente militarista y corporativista”.
Tampoco escapan a la órbita de la Orden de San Cristóbal miembros de diferentes sindicatos policiales, como la CEP (Confederación Española de Policía) o la UFP (Unión Federal de Policía). Néstor José Gómez Colín es el máximo responsable de la UFP en la provincia alicantina, es miembro de la Orden. Pese a que las relaciones de Cuasante con las organizaciones sindicales como el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) o ASP son muy conflictivas, con denuncias incluso en los tribuales, a este sindicalista el actual jefe de la Policía de la Comunidad de Valencia le propuso junto con el comisario de Elche para que recibiera condecoración en el año 2012.
El hecho de que el comisario reciba regalos de los empresarios y el que sea denunciado por ello no es cosa novedosa. Ya en el año 2006 fue denunciado mientras ejercía la jefatura de la comisaría de Elche por hechos similares con una diferencia, en aquella ocasión fueron todos los sindicatos en unidad de acción los que denunciaron.
http://www.publico.es/politica/interior-continua-ascendiendo-piadosos-fernandez.htmlLA RENUNCIA DE UNA 'DOBLE SENADORA' DEL PP ABRE LA PUERTA DE LA CÁMARA ALTA A COSIDÓ
El director general de la Policía no pudo ir en las listas de las elecciones generales por el empeño del Gobierno en no crear un vacío en Interior en plena escalada del independentismo en Cataluña
Las pasadas elecciones del 20-D dejaron en la cuneta de las listas electorales a los directores generales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, Arsenio Fernández de Mesa e Ignacio Cosidó, respectivamente. Fue un empeño expreso del Gobierno de Mariano Rajoy, que evitaba así que se generarse una situación de vacío en la cúpula de Interior en medio de la vorágine independentista catalana.
El requerimiento del Ejecutivo estaba motivado en que, de haber sido incluidos en listas, ambos deberían haber renunciado a sus puestos oficiales, de vital importancia tras unas elecciones catalanas que barruntaban un giro secesionista que se ha plasmado en la elección del nuevo ejecutivo de la Generalitat que comanda el exalcalde de Girona, Carles Puigdemont.
Pero su recolocación, al menos en el caso de Cosidó, parece un asunto que podría estar atado.
El actual director general de la Policía -que ha sido diputado en el Congreso de los Diputados y senador- ocuparía un puesto en la Cámara Alta en el hueco por designación autonómica que ha dejado vacante la popular María del Mar Angulo, senadora por los votos de las urnas en las últimas elecciones generales. Angulo había acumulado dos actas al Senado -la electoral por Soria y la que ya ostentaba de designación directa por las Cortes de Castilla y León-. Al hacer valer la de designación electoral, Angulo ha dejado abierta una puerta que podría servir para que Cosidó fuese designado en su momento senador por el Parlamento castellano y leonés, según ha podido saber El Confidencial.
Cosidó ya había sido senador (de 2004 a 2008) y diputado nacional (de 2008 a 2012) por Palencia. La misma provincia por la que no pudo presentarse en los últimos comicios para no provocar un vacío en Interior, al ser incompatible su candidatura y la dirección policial.
Por su parte, María del Mar Angulo es, además, procuradora en las Cortes de Castilla y León y presidenta del PP soriano.
De los tres puestos del Senado que son designados por las Cortes de CyL, dos corresponden al PP (uno lo ostenta el histórico Juan José Lucas; el otro lo ocupaba María del Mar Angulo) y uno al PSOE (el socialista Óscar López entró en la Cámara Alta tras conocerse que no encabezaría las listas regionales por el PSOE en mayo, puesto que ocupó el burgalés Luis Tudanca).
No obstante, parece complicado que Cosidó ocupe de inmediato el asiento vacante del Senado, dado que tras los resultados del 20-D aún continúan los tiras y aflojas para la investidura de un Presidente del Gobierno, asunto que no parece tener fácil solución. En caso de que la posición de Rajoy siga siendo la de no crear una crisis en Interior, Cosidó podría verse abocado a continuar en el cargo hasta la formación de un Ejecutivo o, en su caso, la convocatoria de nuevas elecciones generales o la constitución de una nueva Cámara Baja.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-01-16/la-renuncia-de-una-doble-senadora-del-pp-abre-la-puerta-de-la-camara-alta-a-cosido_1135972/EL COMISARIO VILLAREJO DENUNCIA “GRAVES AMENAZAS”: LE EXIGEN "QUE ROMPA TODOS LOS INFORMES” SOBRE EL ÁTICO DE GONZÁLEZ
El comisario José Manuel Villarejo, que fue el encargado de coordinar la investigación inicial sobre el ático del expresidente madrileño Ignacio González, ha denunciado a la Policía "graves amenazas" para que retire la declaración que realizó ante la jueza de Estepona en la que advertía que había sufrido coacciones por parte del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para que cerrara las pesquisas que afectaban al número dos de Esperanza Aguirre. Así consta en la denuncia policial, presentada este miércoles 3 de marzo, a la que ha tenido acceso infoLibre.
En el documento, Villarejo explica que un varón le llamó a su número de teléfono oficial el pasado 1 de marzo "con un tono imperativo" y le exigió que "retire inmediatamente de su declaración sobre el ático relacionado con Ignacio González que Ignacio Cosidó le coaccionó para que no investigara". Además, el amenazante anónimo le conminó a "romper todos los informes y notas sobre dicho asunto y todos los relacionados con el Partido Popular, y negar la autoría de todos los que puedan salir de ahora en adelante". En caso de que no cumpliese con dichas exigencias, continúa la denuncia presentada por Villarejo, su interlocutor le advirtió de que "además del expediente" que se le había abierto "van a venir más expedientes para expulsarme del Cuerpo, por lo que no me iba a jubilar tranquilamente como tenía previsto".
En su declaración del pasado 1 de febrero ante la jueza que investiga el caso del ático, Villarejo afirmó que un mando le había encargado investigar el asunto después de que un confidente policial alertara de que Ignacio González podría haber percibido dos millones de euros por la recalificación de unos terrenos en Arganda del Rey (Madrid). En esa misma operación, considerada como el mayor pelotazo de Gürtel, el presunto cabecilla de la trama habría cobrado hasta 25 millones de euros, entre otros del empresario Fernando Martín. Este último siempre ha negado el pago de cualquier comisión.
Por este testimonio y por las grabaciones aportadas, el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha pedido la declaración como investigados (imputados) de Ignacio González; de su mujer, Lourdes Cavero; y del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
En su testimonio ante la jueza, Villarejo se incluyó entre los tres comisarios "represaliados" por investigar el ático. Los otros dos fueron, siempre según el agente, los comisarios Enrique Rodríguez Ulla y Agapito Hermes de Dios.
La llamada amenazante
En la denuncia policial presentada este jueves 3 de marzo, Villarejo indica que su interlocutor en la conversación telefónica utilizaba "un lenguaje propio de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado" y denuncia que le transmitió "una serie de mensajes" que califica como "graves amenazas".
El comisario, que asegura que en estos momentos presta servicio en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), indica que la persona que le llamó dijo en un principio que lo hacía "en nombre del jefe superior de la Policía, y creyendo que era un subordinado de dicho mando que me pedía que hablara con él, le dije: 'de acuerdo, pásemelo', a lo que inmediatamente me contestó: 'no se lo voy a pasar, sólo le voy a decir lo que tiene que hacer'".
El relato de los hechos de la denuncia de Villarejo especifica que tras recibir la amenaza le contestó a su interlocutor anónimo: "¿Es usted compañero? Le advierto que no dude de que voy a averiguar quién es usted y le puedo asegurar que nadie luego le va a proteger, ni usted va a poder alegar que lo hizo por obediencia debida". En total la conversación apenas superó el minuto de duración.
Conversación con Eugenio Pino
Al finalizar la llamada, el comisario llamó al director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, para contarle todo lo sucedido. Según esta versión, Pino le dijo que "debería denunciar lo ocurrido, porque se trataba de amenazas graves".
Villarejo asegura que no lo hizo en un principio ya que en la conversación con el propio Eugenio Pino, éste le dijo que no le constaba que le hubieran abierto un expediente, tal y como le anunció la persona anónima que le había amenazado: "Le contesté que si no lo sabía él, que era el jefe, es que no existía tal expediente, por lo que se trataría de una amenaza sin fundamento y por mi parte, no deseaba denunciar una vez más, evitando de nuevo polémicas".
Pero la publicación el pasado 2 de marzo en un periódico y una radio de ámbito nacional de una información en la que se informada de que sí se le había abierto un expediente, convenció al comisario de la necesidad de denunciar las amenazas, "toda vez que al parecer están llenas de contenidos veraces que sin duda hacen creíbles las mismas".
El expediente que le abrieron, explica Villarejo en su denuncia, se ha tratado de justificar "por unos mensajes enviados a dos comisarios, en el lenguaje coloquial entre dos compañeros, donde les recrimino su complicidad en el montaje ya acreditado de la denuncia falsa de la dermatóloga Elisa Pinto [contra el empresario Javier López Madrid]". El comisario añade que ese caso "quedó en nada, puesto que carecía de importancia".
Villarejo llama la atención sobre el hecho de que el caso se reabra dos meses después de que se cerrara una información reservada. Y se reinicia la misma coincidiendo con la publicación por el diario El País de una noticia "que me pareció un refrito de otras ya publicadas. Alguien ha debido decidir reabrir dicho asunto de los mensajes y con esa excusa se me abre un expediente que es inmediatamente aireado en la prensa".
Pero además de los problemas entre agentes, la denuncia hace mención a otros aspectos de las amenazas que tendrían cierta relevancia de cara a la investigación de la compra del ático de Estepona por parte de un testaferro profesional, Rudy Valner, que luego se lo alquiló a Ignacio González. "La referencia [del anónimo] a que si hay otros informes y notas debería destruirlos y en todo caso negar mi autoría [...] lejos de amilanarme me animan porque estoy en el buen camino".
Otra nota informativa de interés para la jueza
Y por eso Villarejo asegura en la denuncia haber "tratado de recordar e indagar si hay otras notas referidas al tema del ático, y aunque se me había olvidado su confección", pudo comprobar que elaboró una nota informativa, con fecha 11 de julio de 2011. Villarejo adjunta dicha nota a la denuncia policial, "por si en los archivos de la Dirección Adjunta Operativa se hubiera extraviado y no constara".
El comisario sostiene que tras releer el mencionado informe policial, ha podido comprobar que en el mismo ya constaban datos "que ahora son de actualidad y que la UCO está sacando a la luz, gracias al magnífico trabajo realizado por nuestros compañeros de la Guardia Civil y que hace casi cinco años ya se conocían, aunque de manera lamentable, sorprendentemente no se investigaron en su día".
Villarejo destaca en su denuncia que la nota policial debería remitirse oficialmente al Juzgado de Estepona en el que se investiga el caso del ático, "o en su defecto lo haría a título personal, poniéndome de nuevo a disposición de su señoría para testificar y explicar los detalles de dicha nota, lamentando no haberla aportado el día de mi comparecencia, porque no recordaba ni su elaboración ni por supuesto, el posible interés que puede tener para el esclarecimiento de los hechos".
Declaración de Rodríguez Ulla
Precisamente, este jueves ha declarado por videoconferencia el comisario Enrique Rodríguez Ulla. Este agente fue apartado de su cargo tras investigar el caso del ático. Y, según fuentes de la declaración del testigo ante la jueza de Estepona, confirmó los hechos conocidos hasta el momento.
Y lo hizo al asegurar Rodríguez Ulla que apenas días después de que el DAO Eugenio Pino le dijera que no tenía que haber iniciado la investigación de la denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP) sobre el dúplex de lujo de González, fue relegado de su cargo por falta de confianza, tal y como reconoció el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/03/04/el_comisario_villarejo_denuncia_cosido_por_atico_gonzalez_45878_1012.html
EL NÚMERO DOS DE LA POLICÍA “ME OBLIGÓ A DEJAR DE INVESTIGAR EL ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ”
José Enrique Rodríguez Ulla, comisario general de Policía Judicial en 2012, declaró ante el juzgado que instruye el caso del ático del ex presidente de la comunidad de Madrid que fue cesado por abrir diligencias a petición del juzgado
El Partido Popular le nombró Comisario General de Policía Judicial al llegar al poder, pero a José Enrique Rodríguez Ulla le duró el puesto lo que tardó en abrir diligencias para investigar la compra del ático de Estepona (Málaga) del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, presuntamente con el dinero de un soborno por recalificar unos terrenos en Arganda del Rey a favor de la constructora Martinsa-Fadesa.
Así lo explicó el miércoles en su breve declaración en el caso que instruye un juzgado de Estepona. Las diligencias se abrieron en 2012, después de que se hiciera llegar al Sindicato Unificado de la Policía (SUP), liderado entonces por José Manuel Sánchez Fornet, y que este interpusiera la denuncia en Estepona.
Según Rodríguez Ulla, organizó un grupo de trabajo con el jefe de la UDEF, José Luis Olivera, y también con el responsable de Servicios de Prevención y Blanqueo de Capitales, José Luis Fernández Gudiña. Sin embargo el comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO) de la Policía “me obligó a que cerrara la investigación que nos había solicitado el juzgado”. El número dos de la Policía apeló, según la declaración de Rodríguez Ulla, a que la causa iba a ser archivada.
Las fuentes consultadas por Público aseguran que “desde que se abrió la investigación en el juzgado de Estepona nunca se ha querido archivar la causa, lo que estamos teniendo son serios problemas para que llegue la información que el juzgado solicita, por ejemplo, las comisiones rogatorias que demostraría que el dinero estaba en el paraíso fiscal de Delawere era de González y que su testaferro era el mismo que el del empresario Enrique Cerezo, Rudy Valner”.
La declaración del comisario ha sido “parca y escueta”, según fuentes presentes en la sala, pero ha dejado claro que “su cese como máximo responsable de la Policía Judicial se debió a este choque que tuvo con el comisario Eugenio Pino”. Al menos la acusación popular representada por los trabajadores afectados por el ERE de Telemadrid, entienden que el número dos de la Policía tendrá que explicar en el juzgado los motivos de paralizar esas diligencias.
Los letrados presentes le han preguntado también si sufrió presiones por investigar del entonces comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas Aranda, como declaró el comisario Villarejo. Sin embargo Rodríguez ha asegurado que la única persona que le presionó fue la persona que le había nombrado en el puesto, Eugenio Pino.
A pesar de que el comisario José Manuel Villarejo se atribuye haber sacado a la luz el caso del ático gracias a un confidente policial y poseer importante información desde al menos 2011, según demuestra además la grabación realizada a Ignacio González junto con el comisario Enrique García Castaño en noviembre de ese año, Rodríguez Ulla ha asegurado que no conoce a Villarejo y tampoco ha tenido acceso a su información.
El comisario cesado por Eugenio Pino por investigar ha dicho no saber nada de la información desvelada por Público sobre que la hija del número dos de la Policía, María Pino de Juana, era teniente alcalde del Ayuntamiento de Arganda del Rey en el momento en que González compró su ático de Estepona.
En diciembre de 2008 Eugenio Pino, que había sido relegado por el PSOE a la comisaría de Huesca, facilitó presuntamente esa información al comisario José Villarejo y así consiguió ascender a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), de la que es actual jefe.
Villarejo es en estos momentos persona de confianza de Eugenio Pino, a pesar de ser quien supuestamente ha destapado el caso y de haber sufrido fuertes presiones por hacerlo. Según su testimonio, fue el anterior DAO que había nombrado el PSOE, el ya fallecido Miguel Ángel Fernández Chico, quién le encargó investigar a González aunque nunca se han incluido estas pesquisas en el caso Gürtel donde sí se investiga la recalificación de terrenos en Arganda del Rey para favorecer a Martinsa.
http://m.publico.es/politica/1952342/el-numero-dos-de-la-policia-me-obligo-a-dejar-de-investigar-el-atico-de-ignacio-gonzalezEL DIRECTOR DE LA POLICÍA CALLA TRAS SER ACUSADO DE PRESIONAR A AGENTES PARA TAPAR EL CASO DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ
El comisario Villarejo lo acusó hace una semana, en sede judicial, de presionar para que se cerrase la investigación policial
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, reclamó la suspensión de empleo y sueldo del comisario José Manuel Villarejo después de que el agente asegurara en sede judicial que el responsable político le había pedido que abandonara la investigación sobre el ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Así lo indicaron a infoLibre fuentes policiales. Un portavoz del Ministerio del Interior se negó a contestar cualquier tipo de pregunta en relación con este asunto.
El pasado 1 de febrero, Villarejo declaró como testigo ante la jueza del Juzgado de Estepona en el que se investiga la compra del dúplex de lujo adquirido por González y su mujer, Lourdes Cavero. Y en sede judicial aseguró que la investigación sobre el ático había sido "la más difícil de su vida". Y especificó que durante la misma, había sufrido "presiones" y que se sintió "coaccionado para dejar de investigar el caso", según consta en el acta de la declaración a la que ha tenido acceso infoLibre.
En concreto, el comisario apuntó al propio director general de la Policía, Ignacio Cosidó, como la persona que le "ordenó, a través del comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, que no siguiera investigando".
Según el testimonio de Villarejo, la Policía Judicial inició la investigación sobre el ático de lujo del expresidente madrileño Ignacio González tras recibir la información de un confidente del caso Gürtel que apuntaba a que el político habia percibido dos millones de euros a cambio de una recalificación de terrenos en el municipio madrileño de Arganda del Rey.
La petición de Cosidó
Pocos días después de la declaración, según indican fuentes del caso, el propio Cosidó se reunió con el secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Francisco Martínez Vázquez, para pedirle que Villarejo fuese suspendido de empleo y sueldo.
InfoLibre se ha puesto en contacto con el gabinete de prensa del Ministerio del Interior, que no ha contestado ninguna de las preguntas (ver La caja negra, al final de esta información). Entre las preguntas no contestadas figura si Cosidó pensaba tomar alguna iniciativa judicial tras las acusaciones lanzadas por Villarejo.
Comisario de Marbella
En su testimonio, Villarejo también apunta otras posibles presiones, aunque esta vez la víctima habría sido el comisario de Marbella que llevó a cabo la investigación, Agapito Hermes de Dios. Según esta versión, además de ser suspendido de empleo y sueldo, los superiores de Hermes de Dios lo presionaron para que cambiara informes sobre el ático de González. "Y temiendo ser expulsado los cambió", dijo Villarejo a la jueza, a la que también informó de que a Hermes de Dios "le abrieron un expediente por infidelidad en custodia de documentos".
También en este sentido, Villarejo recordó que el comisario Enrique Rodríguez Ulla inició una investigación y al final fue expulsado de su cargo: "Fue otro de los represaliados".
Precisamente, en marzo de 2015, infoLibre desveló que Ignacio Cosidó había celebrado en abril de 2012 una comida con el entonces líder del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet. Durante el encuentro, según indicó Fornet a este diario, Cosidó intentó convencerle de que el sindicato policial debía frenar las denuncias sobre la propiedad del ático.
El PSOE pide explicaciones
El pasado martes, el portavoz del PSOE en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Antonio Trevín, reclamó la comparecencia del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para que aclaren si presionaron para obstruir la investigación sobre el ático de Marbella, adquirido por el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
En concreto, Trevín quiere que Fernández Díaz aclare "las actuaciones que se han llevado a cabo desde el Ministerio para obstruir la investigación sobre quién y cómo se pagó el ático de lujo de Ignacio González". En cuanto a Cosidó, el PSOE pretende que explique "las actuaciones sobre miembros del Cuerpo Nacional de Policía bajo su dependencia para impedir la investigación sobre la forma y medios de adquisición del ático".
Por su parte, el abogado de la acusación popular en el caso del ático de González ha asegurado a este diario que estudia la posible existencia de coacciones por parte de la cúpula policial a los investigadores.
COSIDÓ NO TIENE NADA QUE DECIR
infoLibre se puso en contacto, el viernes 5 de febrero, con el departamento de prensa del Ministerio del Interior para conocer la versión oficial del director general de la Policía tras las acusaciones lanzadas en sede judicial por el comisario Villarejo. Cosidó no respondió a ninguna de las preguntas planteadas, que fueron las siguientes:
1.¿Ha reclamado el señor Cosidó, en una reunión mantenida el pasado jueves con el secretario de Estado de Seguridad o en cualquier otro momento, algún tipo de actuación disciplinaria contra el comisario Villarejo?
2.¿Ha iniciado el señor Cosidó o tiene intención de iniciar algún tipo de actuación judicial contra el señor Villarejo, después de que este lo acusase de coaccionarle para que dejase de investigar el caso del ático de Ignacio González?
3.En caso de que no tenga previsto hacer nada, ¿está de acuerdo el señor Cosidó con el contenido de la declaración del comisario Villarejo en relación con su persona?
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/02/06/coacciones_policia_nacional_caso_del_atico_ignacio_gonzalez_44380_1012.htmlLA VIRGEN DEL AMOR SE QUEDA CON LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL
La Audiencia nacional avala la distinción otorgada por el ministro del Interior
La Audiencia Nacional ha avalado la concesión de la medalla de oro al mérito policial, máxima distinción del cuerpo, a Nuestra Señora María Santísima del Amor, al entender que el destinatario real del galardón no es la virgen sino la Cofradía de Jesús el Rico, a la que pertenece la imagen y que tiene personalidad jurídica propia. Por tres votos a favor y dos en contra, los magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso han rechazado el recurso que presentó la asociación Europa Laica contra la orden de 3 de febrero de 2014 del Ministerio del Interior por la que se concedió la medalla.
La asociación recurrió esta resolución defendiendo la tesis de que se había concedido una distinción a una figura religiosa que no es persona ni, por tanto, tiene entidad jurídica. Sin embargo, los tres jueces entienden, con la Abogacía del Estado, que en realidad se entrega a la cofradía malagueña, que sí tiene personalidad jurídica y que mantiene vínculos con la Policía Nacional. Esta hermandad, fundada en 1658, es una de las que cuentan con el privilegio de liberar a un preso en su salida procesional.
Los magistrados no ven irracionalidad o arbitrariedad de la Administración al conceder la medalla, porque el Gobierno tiene "potestad discrecional" para otorgar este tipo de galardones. La sentencia recuerda que no es la primera vez que se concede el ingreso en la Orden al mérito policial a una imagen religiosa como símbolo representativo de un colectivo, hermandad o cofradía.
Frente a la tesis de la mayoría, otros dos magistrados firman un voto particular al entender que se tenía que haber anulado esta condecoración. Estos dos jueces, entre ellos el presidente de la sección, José Luis Gil Ibañez, argumentan que el espíritu de la ley por la que se dan este tipo de condecoraciones persigue recompensar "comportamientos muy relevantes o trayectorias profesionales ejemplares de personas o grupos de personas, muchas veces anónimas que objetivamente se han hecho acreedoras de ellas".
El voto particular recuerda que estas recompensas en principio se dirigen directamente a miembros y funcionarios de la Policía Nacional y solo excepcionalmente se conceden a otras personas físicas o jurídicas o incluso entes sin personalidad, cuando concurren algunos de los motivos legalmente señalados, por ejemplo actuaciones en defensa del orden, de las personas o de la propiedad.
El voto discrepante destaca que para conceder una medalla de oro, se requieren "actos excepcionales como fallecer en acto de servicio, padecer mutilaciones, o algún servicio de trascendental importancia que redunde en prestigio de la Corporación". Dentro de esos excepcionales otorgamientos a personas ajenas al Cuerpo, no puede encajar, según los magistrados discrepantes, conceder la medalla de oro a una cofradía sobre la base de que colabora con la Dirección General de la Policía, principalmente en la Semana Santa: "Ni la asistencia a actos procesionales, ni el privilegio de liberar a un preso durante la Semana Santa constituyen comportamientos o actuaciones extraordinarias o motivos que excepcionalmente, aconsejen otorgar la principal distinción policial, al no suponer esta distinción ningún incentivo para los miembros de la Policía Nacional".
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/18/actualidad/1447839428_360471.htmlUNA MISA SEPARA AL SINDICATO UNIFICADO DE POLICÍA DE SU DIRECTOR GENERAL, IGNACIO COSIDÓ
El Sindicato Unificado de Policía se niega a permitir que la actual dirección de la Policía Nacional, imponga su criterio religioso a todo un colectivo
"Nos hemos quejado en numerosas ocasiones de la retrógrada y peligrosa vertiente militarista y de adoctrinamiento religioso que se viene imponiendo en todos los actos oficiales del CNP", dice el SUP
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha plantado este jueves al director general del Cuerpo, Ignacio Cosidó, en un acto oficial de homenaje a los policías nacionales fallecidos en acto de servicio. La razón es que el evento se ha iniciado con una misa, algo que el sindicato entiende contrario al carácter laico de la institución.
Denuncian que, según la invitación del servicio de protocolo de la Policía Nacional, la previsión era que la misa fuese "voluntaria" y al finalizar el acto, no al principio. El evento central era la inauguración de una placa con todos los nombres de los policías fallecidos en acto de servicio.
"Ante esta invitación para un acto cuyo fin principal era inmortalizar los nombres de los compañeros como merecido reconocimiento a su entrega, algo hasta ahora sin precedente en nuestro colectivo, el SUP decidió estar presente por la importancia y el valor que este hecho requiere, a pesar de que la previsión era celebrar un oficio religioso voluntario tras el acto central", explica el sindicato.
Este colectivo manifiesta a través de un comunicado su respeto "en todo momento el carácter laico de la Policía Nacional donde trabajan personas de los más variados credos; algo que no se ha respetado".
El SUP se niega a permitir que la actual dirección de la Policía Nacional, imponga su criterio religioso a todo un colectivo, en clara muestra de lo que ha venido siendo su talante democrático en esta legislatura, con una clara falta de deferencia hacia quienes no lo comparten".
"Nos hemos quejado en numerosas ocasiones de la retrógrada y peligrosa vertiente militarista y de adoctrinamiento religioso que se viene imponiendo en todos los actos oficiales del CNP", insisten al tiempo que recuerdan que la Constitución deja claro que "ninguna confesión tendrá carácter estatal".
Por todo ello justifican su decisión de abandonar la misa inicial, "con el capellán castrense dirigiendo el acto". Aclaran que no pretenden faltar al respeto de "la religión católica" que cultivan muchos de sus afiliados.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/10/22/una_misa_separa_sindicato_unificado_policia_director_general_ignacio_cosido_39564_1012.htmlCOSIDÓ: “LA INMIGRACIÓN IRREGULAR ES UNA AMENAZA PARA TODA LA UE”
Para el director general de la Policía los sucesos de Calais demuestran que es necesaria una respuesta europea
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha asegurado este lunes que la inmigración irregular es una amenaza para el conjunto de la Unión Europea y no exclusivamente para los países de la frontera exterior o de la frontera sur. Para el director del cuerpo así lo demuestran los últimos sucesos ocurridos en la localidad francesa de Calais, desde donde cientos de inmigrantes tratan de cruzar a Reino Unido por el eurotúnel. Este nuevo foco de presión migratoria expone la necesidad de una "respuesta europea" porque "es un problema europeo", ha considerado.
Cosidó ha explicado su postura sobre este fenómeno a la salida de la inauguración del curso sobre trata de personas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. El director no ha querido valorar las reacciones de Francia y Reino Unido ante esta nueva tesitura migratoria, aunque sí ha especificado que "España puede servir como modelo de éxito para la gestión de flujos migratorios".
Sobre el anuncio de Reino Unido de invertir siete millones de libras (unos 10 millones de euros) para reforzar el vallado de las vías del túnel que atraviesa el Canal de la Mancha, Cosidó ha justificado que cuando "la presión migratoria lo exige hay que adoptar las medidas necesarias, incluyendo medidas físicas que impidan ese paso ilegal de personas".
La muerte de un inmigrante magrebí que trataba de entrar en Almería dentro de una maleta supone para Cosidó una prueba de la necesidad de entrar a España y a la Unión Europea por los puntos habilitados. "Este es uno de los riesgos de esta inmigración irregular. Por eso pedimos a los inmigrantes que utilicen los mecanismos legales porque cuando utilizan los ilegales corren un inmenso peligro para su propia vida", ha añadido.
Más presión sobre los clientes de prostitución
El director general de la Policía ha asegurado este lunes que es necesario poner más presión sobre los consumidores de prostitución porque “muchas veces pueden convertirse en cómplices de la trata de seres humanos y eso es inaceptable”. Cosidó ha reiterado que las multas sobre los clientes son una forma de proteger a las mujeres que ejercen la prostitución por ser potenciales víctimas de trata.
La entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, permite multar a los clientes de prostitución con hasta 30.000 euros y a las mujeres que la ejerzan por “la exhibición obscena de su cuerpo desnudo para ejercer la prostitución”.
Colectivos de defensa de las trabajadoras del sexo, como Hetaria, han advertido que estas sanciones sobre los clientes y sobre las mismas profesionales dificultan su trabajo y las margina hacia lugares más alejados. El director general de la Policía ha justificado las multas basándose en que la prostitución en lugares públicos y cerca de entornos escolares supone una amenaza para la educación de los menores.
La Ley de Seguridad Ciudadana forma parte del plan de actuación de la Policía para terminar con la trata de seres humanos. Desde abril de 2013 hasta junio de 2015 se ha detenido a 2.000 personas vinculadas a redes de trata de personas y se han rescatado a más de 1.000 de víctimas de explotación sexual y laboral.
http://politica.elpais.com/politica/2015/08/03/actualidad/1438603583_637195.htmlLA POLICÍA NO TENÍA CONSTANCIA DE LAS GRABACIONES A IGNACIO GONZÁLEZ
El cuerpo ha abierto un expediente disciplinario por la filtración del audio, según su director
Asuntos Internos investiga a Villarejo y este denuncia al jefe de la unidad
El director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, ha afirmado este martes en el programa La Noche en 24 horas de Televisión Española, que en un primer informe no constaba el audio filtrado de la conversación entre el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño. Además, ha asegurado que han remitido al juez toda la información disponible sobre las investigaciones realizadas respecto a las supuestas irregularidades del ático González y que la policía ha abierto una investigación sobre esa entrevista y un expediente disciplinario por la filtración de la grabación a los medios de comunicación.
"Estamos hablando sobre una investigación abierta en 2011 y hay un procedimiento judicial abierto, y una vez abierto este procedimiento el margen de maniobra que se tiene desde la administración es muy limitado". El director general de la policía ha asegurado que en 2012 se hizo una investigación "muy exhaustiva" del primer informe policial que se realizó en la anterior legislatura del PSOE que, "tenía algunas irregularidades. Se abrió expediente disciplinario y se depuraron responsabilidades por esa primera investigación".
Sobre la información que publicaba este martes EL PAÍS, que destapaba la participación de Villarejo en 12 empresas con 16 millones de capital, se ha limitado a recordar que el ministro de Interior ha ordenado una investigación para analizar si existe incompatibilidad entre la actividad del comisario y su cargo. "Estamos investigando para saber qué ocurrió" ha enfatizado Cosidó.
El director general ha hablado también sobre la operación de la policía que se saldó la madrugada de este martes con la detención de dos yihadistas que tenían intención de atentar en España. Cosidó ha asegurado que España lidera la lucha contra el terrorismo en Europa, y ha recordado que en 2014 se practicaron 55 detenciones y siete en lo que va de año.
"Tenían un perfil parecido al de los terroristas que atentaron en París", ha explicado Cosidó, quien ha advertido que la "amenaza es real y persistente".
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/11/actualidad/1426061819_432369.htmlUN JUEZ INVESTIGA A COSIDÓ Y CIFUENTES POR PROHIBIR SÍMBOLOS REPUBLICANOS
La Coordinadora 25-S denunció la vulneración de derechos fundamentales el día de la problamación de Felipe VI
La juez de Instrucción número 52 de Madrid, María Belén Sánchez Hernández, ha aceptado una querella de la Coordinadora 25-S contra el director del Cuerpo Nacional de Policía, Ignacio Cosidó, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y el jefe Superior de Policía de Madrid, Alfonso Fernández Díez, por prohibir la exhibición de símbolos republicanos el pasado 19 de junio durante la proclamación de Felipe VI como Rey.
La denuncia del 25S, una plataforma ciudadana que ha impulsado las protestas Rodea el Congreso, sostiene que la prohibición choca contra los derechos fundamentales y libertades públicas, los derechos individuales y que las detenciones que se llevaron a cabo durante aquella jornada a ciudadanos que portaban banderas y otros emblemas republicanos fueron ilegales.
La juez en un auto dictado el pasado 10 de octubre ve indicios de delito y ordena a la Dirección General de Policía que remita "el informe de la Abogacía del Estado por el que se dan instrucciones sobre cómo han de actuar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en relación al desarrollo de los acontecimientos referentes a la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI".
Ese informe de la Abogacía del Estado fue el que esgrimió el Ministerio del Interior y la policía para prohibir la difusión de símbolos republicanos el día de la proclamación del nuevo Rey. Fuentes del Gobierno explicaron entonces que el dictamen jurídico tiene soporte en la ley orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, la Ley 1/1992, que aborda la manera de evitar altercados en la calle
El auto de la juez solicita también al Ayuntamiento de Madrid que aporte el bando dictado por la alcaldesa, Ana Botella, con motivo de la misma celebración.
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/24/actualidad/1414149402_893713.htmlINTERIOR MANDA AL POLICÍA QUE DIRIGE LOS CASOS GÜRTEL Y BÁRCENAS AL BANCO DE ESPAÑA
La Brigada del Banco de España, donde acaba de aterrizar el comisario, ha estado seis meses sin jefe por la paralización del nombramiento.
El policía que ha dirigido la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delitos Económicos (UDEF) de la Policía, José Luis Fernández Gudiña, ya ha sido trasladado a su nuevo destino, la comisaría del Banco de España, que ha estado durante los últimos seis meses sin jefe. El funcionario, que ha sido el responsable de sacar adelante investigaciones tan relevantes desde el punto de vista político como la trama Gürtel o los papeles de Bárcenas en la Brigada de Blanqueo, solicitó el traslado por motivos personales justo cuando se quedó vacante la jefatura de la Brigada del Banco de España el pasado mayo, después de que se jubilara el anterior comisario, Alfredo Cabezas.
La plaza de Fernández Gudiña será ocupada por José Manuel García Catalán, un comisario recién ascendido que cuenta con la confianza del máximo responsable de la Comisaría General de Policía Judicial, José Santiago Sánchez Aparicio. En un primer momento, la opción de García Catalán no era del agrado del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que finalmente ha accedido al nombramiento.
El destino de jefe de la Brigada de Blanqueo que ahora ocupa García Catalán es uno de los más sensibles del cuerpo por la trascendencia de los casos que investiga. La repercusión política de algunos de ellos, de hecho, ha provocado más de una presión del poder. A las citadas diligencias iniciadas por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz –Gürtel y Bárcenas–, la Brigada de Blanqueo suma otras con clara incidencia política, como el caso Brugal –que implica a responsables del PP valenciano– o el caso Millet, que salpica a Convergència Democràtica de Catalunya.
Fernández Gudiña, que dirigía las investigaciones de Blanqueo desde 2011, pasa ahora a un destino más cómodo, aunque también importante, ya que desde las dependencias policiales del Banco de España también se colabora en la detección de fraudes y otros delitos económicos con la UDEF. La ausencia de jefe en esta plaza durante los últimos seis meses ha ralentizado algunos procesos internos dentro del órgano supervisor, aunque en ningún caso de manera relevante.
Además del desacuerdo en torno a la figura del mencionado García Catalán, el hecho de que en mayo eldiario.es adelantara el relevo provocó que el propio ministro ordenara paralizar los cambios. En concreto, cuando fue publicada la noticia, aún estaban frescos los movimientos en la Comisaría General de Policía Judicial. El director de la Policía, Ignacio Cosidó, llegó a relevar hasta en tres ocasiones al máximo responsable de la Comisaría General, lo cual hacía que el reemplazo de Fernández Gudiña también se entendiera en clave política.
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-12-15/interior-manda-al-policia-que-dirige-los-casos-gurtel-y-barcenas-al-banco-de-espana_589911/FERNÁNDEZ DÍAZ ORDENA PARAR IN EXTREMIS LOS CAMBIOS EN LA UDEF AL SER PUBLICADOS
La información de eldiario.es provocó que el ministro paralizara el relevo en la Brigada que investiga al PP pocas horas antes de que se produjera
Intenta descalificar la noticia a pesar de que los cambios habían sido comunicados a los afectados y decenas de mandos los conocían
Un comisario afín a la cúpula policial era el elegido para controlar a los agentes que indagan en la financiación irregular del Partido Popular
La Unidad se instala en un estado de provisionalidad y la Brigada del Banco de España queda descabezada por la maniobra de Fernández Díaz
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía vive al albur de la próxima e inesperada decisión que tome el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El político ordenó suspender ‘in extremis’ la pasada semana el relevo en la Brigada Anticorrupción, a las pocas horas de que eldiario.es anunciara que era inminente y revelara el nombre del comisario del que iba a depender el grupo que investiga los casos de corrupción que afectan al Partido Popular. La orden del ministro ha frustrado los planes de los responsables policiales y deja por el momento sin mando la Brigada de Investigación del Banco de España, una de las afectadas por los cambios planificados.
El pasado miércoles, 7 de mayo, eldiario.es informó a primera hora de la mañana del relevo del comisario jefe de la Brigada contra el Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF. José Luis Gudiña pasaría el lunes siguiente a otro puesto de menor relevancia por las investigaciones que realiza y mucha menos presión política, la Brigada de Investigación del Banco de España. El comisario de ésta última, Alfredo Cabezas, se jubilaba ese día poniendo fin a décadas de servicio en el Cuerpo Nacional de Policía.
Según la citada información, Gudiña iba a ser relevado por José Manuel García Catalán, elegido para tan relevante cargo a pesar de haber ascendido a comisario hace solo cinco meses y no tener experiencia alguna en la Policía Judicial ni en los delitos económicos. García Catalán es, sin embargo, un hombre de toda la confianza de Sánchez Aparicio, el comisario elegido por Interior para dirigir la Comisaría General de Policía Judicial tras el cese en octubre de José Losada, el tercero para ese puesto en lo que va de legislatura. Losada fue relevado por no poner freno ni informar con antelación de los informes de los casos Gürtel y Bárcenas que afectan al PP y a sus dirigentes. Con la elección de García Catalán, la cúpula policial pretendía tener más control sobre el trabajo de los policías que redactan los informes para el juez Pablo Ruz, según las citadas fuentes.
Aunque el relevo se iba a hacer oficial el lunes, Gudiña y García Catalán habían quedado el mismo 7 de mayo por la tarde para que el primero informara al segundo del día a día de la Brigada, una reunión habitual entre mandos policiales salientes y entrantes. Sin embargo, García Catalán no llegó a pisar la Brigada Anticorrupción. Las fuentes citadas aseguran que la orden partió del propio ministro, que ordenó suspender esa misma mañana, y hasta nueva orden, los cambios en la UDEF. No es la primera vez que los relevos en la Unidad son abortados por las informaciones sobre ellos y el consiguiente escándalo que producen. A finales del pasado año, el Ministerio del Interior dio marcha atrás en el cambio al frente mismo de la UDEF. El comisario Manuel Vázquez, al que se había anunciado la destitución cinco meses antes, junto a la de Losasa, iba a ser relegado a la Unidad de Delitos Telemáticos, pero una información de elconfidencial.com provocó el primer viraje de Fernández Díaz.
A pesar de todo ello, el ministro no tuvo este jueves empacho en negar la mayor durante la sesión de control al gobierno. Inclusó acusó al diputado socialista Antonio Trevín de hacer “el ridículo” por preguntar por un relevo que no se había producido y llevar a la cámara la información de “un digital” sin contrastarla antes. Ni la información hablaba de “cese”, ni afirmaba que ya se hubiera producido, al contrario de lo que aseguró en sede parlamentaria el ministro del Interior. El ministro trató de desacreditar la información cuando decenas de mandos policiales saben que en ella residió el único motivo por el que el propio Fernández Díaz decidió abortar los cambios.
La misma mañana de la noticia de eldiario.es, el Ministerio del Interior intentó convencer de que el relevo de Gudiña por García Catalán era solo una posibilidad y que aún no estaba firmado. Algunos medios trascendieron la explicación oficial, comprobaron con sus propias fuentes que el relevo estaba en marcha, y así lo publicaron en las horas siguientes.
Pendientes del ministro
Toda la cúpula policial estaba al tanto del relevo que ahora niega el ministro. Los afectados habían trasladado a su entorno y a sus compañeros cuándo y cómo se iba a producir. Ahora aguardan si el ministro levanta el veto a los cambios o busca otro comisario afín para ocupar la Brigada Anticorrupción, de la que depende el grupo que instruye los casos Gürtel y Bárcenas. La decisión de Jorge Fernández Díaz de detener unos relevos planificados por la información periodística que informaba de ellos ha causado estupefacción en amplios sectores policiales.
La estrategia de presionar a los investigadores de la corrupción en el PP controlando toda la escala de mando tiene un plan b: ante la posibilidad de que trasciendan los nombramientos de tipo político en la Policía se intenta presionar directamente a los investigadores de forma que no trascienda. A esto responden los interrogatorios realizados por la Unidad de Asuntos Internos a los policías del Grupo XXI por filtraciones que nada tienen que ver con ellos. De ese tipo de presión también informó eldiario.es. En aquella ocasión, Fernández Díaz no tuvo más que reconocer en el Congreso que los interrogatorios se habían producido
http://www.eldiario.es/politica/Fernandez-Diaz-extremis-UDEF-publicados_0_260025002.htmlINTERIOR QUIERE UNA POLICÍA MÁS NACIONAL, “PATRIÓTICA” Y JOVEN
Ignacio Cosidó plantea un cambio que irrita a los sindicatos del cuerpo
El Ministerio del Interior va a intentar, por segunda vez en las últimas dos legislaturas, que la policía tenga un régimen de personal del que ahora carece. Pero lo más probable es que se quede en un intento. La Dirección General de la Policía presentó este jueves a los sindicatos del cuerpo un borrador de anteproyecto de ley orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional —el segundo que elabora en menos de un mes—, cuya principal novedad es el nombre: el Cuerpo Nacional de Policía pasaría a llamarse Policía Nacional, es decir, que regresaría a la denominación que tenía hasta 1986. El texto —cuajado de medallas (antiguas y nuevas, pero casi siempre concedidas en función del “patriotismo”), con nuevas categorías y con el regreso del cargo extinto de subcomisario— ha irritado a los sindicatos del cuerpo.
El segundo borrador fue presentado por Antonio Rodríguez, subdirector de Recursos Humanos de la Policía, a los sindicatos, que fueron convocados de urgencia el día anterior. La llamada obedecía a las severas críticas de las centrales al primer borrador, entregado el 4 de abril. En líneas generales, los sindicatos ven en el texto un intento loable de regulación que necesitan (el de la Guardia Civil está en trámite), pero un paso atrás por su contenido.
La ley, en caso de que el Gobierno acabe iniciando los trámites, está abocada a la melancolía: los plazos legislativos supondrían que se pusiera en cola de las que ya están en el Congreso y que decayera (que se dejara en un cajón al disolverse las Cortes). Por ello los sindicatos miran con un doble recelo el texto que ha puesto en marcha el director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Las principales novedades del texto, ahora retocado, son estas:
» Vuelve la Policía Nacional. El texto (artículos 1 y 2) subraya el cambio de nombre, que retrotrae a la denominación previa a 1986. Ese año se unificaron el Cuerpo Superior de Policía (de investigación) y el de Policía Nacional (la antigua Policía Armada militar, centrada en el orden público). El instituto armado de naturaleza civil resultante fue denominado Cuerpo Nacional de Policía. El proyecto subraya: “Los funcionarios de carrera de la Policía Nacional recibirán la denominación genérica de Policías Nacionales”. Los sindicatos cuestionan por retrógrado el cambio de nombre y consideran que los costes de la modificación (uniformes, placas, documentos...) serían muy elevados e “innecesarios”.
» Cambios en la jubilación. Es lo que posiblemente más malestar ha causado en el cuerpo. Entre los 58 y los 64 años, según las escalas, solo podrán permanecer en activo quienes ocupen puestos de despacho, sin acción ni investigación, y siempre que haya puestos vacantes. También tendrán que pasar a puestos de dirección, coordinación, gestión o apoyo los agentes que “experimenten una disminución de sus condiciones psicofísicas cuya intensidad no comporte el pase automático a la jubilación o la segunda actividad”. Los sindicatos aseguran que este artículo 45 puede suponer “una desbandada de jubilaciones de policías cuando ya son realmente experimentados y veteranos para las investigaciones”.
» Un saco de medallas. Nada menos que 22 condecoraciones distintas frente a las cuatro actuales. El aumento contrasta con la anunciada intención de Cosidó de reducir su número. En la mayoría de ellas, el “patriotismo” será decisivo para obtenerlas. Seis (las cruces de oro, plata y bronce al mérito policial con distintivos rojo o amarillo) supondrán aumentos retributivos de carácter vitalicio y acumulativo de hasta el 20% (en las de oro). Hasta ahora las medallas se concedían por una ley de 1964. Diez de las 70 páginas del proyecto están dedicadas a detallar las medallas y sus porqués.
» Subcomisario y “subinspector mayor”. Subcomisario era el nombre o grado que desde 1986 tenían los agentes de la primera categoría de la escala ejecutiva. Posteriormente, pasaron a denominarse inspectores jefe. Cosidó quiere retomar para estos el nombre de subcomisarios y, además, introducir en la escala de subinspección la figura del “subinspector mayor”, cargo que para el Sindicato Unificado de Policía supone “otro matiz militar” y un escollo a la promoción interna
http://politica.elpais.com/politica/2014/04/26/actualidad/1398531380_845354.htmlINTERIOR EXPEDIENTA A UN COMISARIO POR HABLAR DEL 11-M PARA EL PAÍS
El propio director de la Policía instó la investigación contra Telesforo Rubio por la entrevista
La Dirección General de la Policía ha abierto un expediente disciplinario al comisario principal Telesforo Rubio, máximo responsable de la Comisaría General de Información (CGI) de junio de 2004 a septiembre de 2006, por una entrevista concedida a EL PAÍS sobre el 11-M con motivo del décimo aniversario de los atentados de Madrid. El expediente ha sido abierto a instancias del director del cuerpo, Ignacio Cosidó, quien el mismo día de la trágica efeméride, a las 13.14, envió un correo a la Subdirección de Recursos Humanos para preguntar quién había dado permiso a Rubio para hacer las declaraciones, según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), al que ha causado algo más que extrañeza este proceder.
Telesforo Rubio se convirtió desde prácticamente los primeros días de gestión del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en la pieza a batir en la que se fijó el PP dentro de su estrategia para sembrar de sospechas la investigación del peor atentado en la historia de España. El PP incluso arrojó sospechas sobre su participación en el llamado chivatazo a ETA del bar Faisán.
El expediente por falta leve, al que ha tenido acceso este diario, ha sido abierto por haber dado la entrevista sin permiso de sus superiores y por haber facilitado, dice, datos de los que tuvo conocimiento como jefe de la inteligencia policial. Pero Rubio dio datos conocidos durante la instrucción, el juicio y la comisión de investigación del 11-M o difundidos por Interior. En la entrevista, el comisario negaba que antes o después de los atentados de los trenes se hubiese encontrado “ni un hilo que vinculase el 11-M con ETA”.
Antonio, ¿quién autorizó esta entrevista?”, inquirió Ignacio Cosidó
La entrevista fue publicada el 10 de marzo. Al día siguiente, Cosidó envió un correo (con copia de la entrevista) a Antonio Rodríguez Martín, subdirector general de Recursos Humanos, con este texto: “Antonio, ¿quién autorizó esta entrevista?”. La cuestión acabó recayendo en Roberto Nuevo, jefe de Régimen Disciplinario, quien hizo el primer escrito sobre el asunto. “En relación con las declaraciones realizada por el comisario principal don Telesforo Rubio sobre los atentados del 11-M de 2004 y su relación con ETA, se informa [de] que en su contenido no se aprecian manifestaciones que ofrezcan indicios de responsabilidad disciplinaria”, arrancaba.
La ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía solo considera que constituyen faltas muy graves “la publicación o la utilización indebida de secretos oficiales, declarados así con arreglo a la legislación específica en la materia” o “la violación del secreto profesional cuando perjudique el desarrollo de la labor policial, a cualquier ciudadano o a las entidades con personalidad jurídica”.
Las fuentes consultadas explican que el 11-M es “un hecho histórico” y “cosa juzgada”, por lo que las declaraciones de Telesforo Rubio no cabe incardinarlas en ninguno de los preceptos de falta muy grave. Y añaden que el excomisario general de Información “no facilitó ningún dato que no fuera conocido de los atentados” que hubiera conocido en razón de su cargo. Por lo tanto, sostienen que habló como “un ciudadano más en el ejercicio de su libertad de expresión”. La inexistencia de relación entre el 11-M y ETA, además de figurar en la sentencia de los atentados, fue objeto de debates, interrogatorios e informes tanto en el juicio por los atentados como en la comisión de investigación parlamentaria. Y los datos sobre detenciones de etarras que facilitó Rubio figuran en las estadísticas que Interior difunde en su página web.
La policía se remite a una circular de 1994 para el proceso sancionador
Sin embargo, los responsables policiales buscaron un resquicio para proceder contra Rubio, único comisario principal exresponsable de Información y exsubdirector del cuerpo que sigue activo al que no se le ha dado un puesto en el Consejo de la Policía: el no pedir autorización para hablar.
Para ello, el expediente se remite a la circular número 85 de la DGP, de 28 de marzo de 1994, elaborada durante el Gobierno de Felipe González y con Margarita Robles como viceministra de Interior. Dicho documento, que firma el entonces director general de la Policía, Carlos Conde Duque, se refiere a la necesidad de autorización para que los policías participen en medios de comunicación, aunque de su lectura se infiere que dicho texto se refiere a casos aún abiertos o recién resueltos. El catálogo de 13 faltas leves del régimen disciplinario no incluye nada sobre la falta de autorización. De hecho, en el expediente no se identifica la frase o dato que facilitó el comisario principal que pudiera haber obtenido solo por el ejercicio de su cargo en la CGI.
Rubio, funcionario de nivel 30 con 39 años de servicio efectivo, está citado a declarar el día 25 de este mes, pero al ser vocal de la ejecutiva de la Federación de Comisarios del SUP, su caso puede aún tener más vericuetos. De ser sancionado, como máximo le impondrían la suspensión de funciones de uno a cuatro días, que no supondrá la pérdida de antigüedad ni implicará la inmovilización en el escalafón, o un apercibimiento. Rubio tiene otros dos expedientes abiertos relacionados con su separación matrimonial y tramitados por Asuntos Internos, lo que también ha causado extrañeza en fuentes del cuerpo.
http://politica.elpais.com/politica/2014/04/20/actualidad/1398017910_217134.htmlEL ARZOBISPO CASTRENSE VIAJA EN EL HELICÓPTERO QUE DEBE VIGILAR LA VALLA
La aeronave dedicó más de cinco horas a llevar al prelado de Melilla a Ceuta
A principios de marzo, un mes después de que 15 inmigrantes muriesen ahogados intentando alcanzar las playas de Ceuta, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, visitó las dos ciudades españolas del norte de África y anunció la adopción de una serie de medidas para intentar frenar los asaltos masivos a la frontera: el envío de 20 agentes de refuerzo, el despliegue permanente de un helicóptero en Ceuta y la instalación de mallas antitrepa en la valla.
Sin embargo, la vigilancia del perímetro fronterizo — “en labores de detección y disuasión”, según palabras del ministro— no es la única misión encomendada al helicóptero que la Guardia Civil, tiene en Melilla, un BK-117 de tamaño medio. Ayer por la mañana, la aeronave viajó de Melilla a Ceuta (225 kilómetros), trasladando al arzobispo castrense, Juan del Río Martín, y a su secretario. El viaje dura alrededor de 150 minutos, por lo que el desplazamiento completo, ida y vuelta, se prolongó durante unas cinco horas, sin tener en cuenta el tiempo necesario para repostar.
Fuentes de la Dirección General del instituto armado justificaron el desplazamiento del arzobispo castrense en el helicóptero oficial alegando que este tiene a los guardias civiles entre sus feligreses y que estaba realizando una “visita pastoral” a las comandancias de la Guardia Civil de Ceuta y Melilla.
“Cuando el arzobispo visita unidades de alguno de los tres los ejércitos, es este el que se hace cargo de facilitar el transporte”, indicaron dichas fuentes.
La página web del Arzobispado castrense daba cuenta ayer del desplazamiento de monseñor del Río en visita pastoral a Melilla, donde fue recibido por el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, y el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani. También visitó la Comandancia General de Melilla, la Jefatura de Policía Nacional, la Comandancia de la Guardia Civil, el paso fronterizo de Farhana y el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes). Finalmente, participó en la misa conmemorativa del 25º aniversario de la cofradía del Humillado, hermandad castrense de Melilla.
En declaraciones a los medios de comunicación, el arzobispo mostró su apoyo a los efectivos de la Guardia Civil y la Policía que vigilan la frontera y dijo que “España no puede ser el portero de Europa”. Del Río no quiso pronunciarse sobre la polémica concertina que corona la valla y dijo que es un problema “complejo” en el que “todos tenemos que arrimar el hombro”.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, recordó que lleva mucho tiempo reclamando más medios para afrontar la presión de la inmigración en Ceuta y Melilla y calificó de “inadecuado que en un Estado aconfesional” se empleen recursos públicos para actividades religiosas.
http://politica.elpais.com/politica/2014/04/16/actualidad/1397671557_945229.htmlEL DIRECTOR DE LA POLICÍA CONDECORA PERSONALMENTE A LA VIRGEN DEL AMOR POR SUS "MÉRITOS POLICIALES"
"No podemos permanecer indiferentes ante el poso de nuestra historia y de nuestro patrimonio cultural y espiritual", dice Cosidó.
Europa Laica y Movimiento hacia un Estado Laico interpusieron una demanda ante la sección contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional por la imposición de la medalla.
El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no acudió al acto como estaba previsto.
La Virgen María Santísima del Amor ha sido condecorada este Miércoles Santo por sus méritos policiales. Y aunque la hicieron esperar durante un largo rato a las puertas de un cine antiguo, hoy edificio en ruinas, volvió a la casa hermandad, apenas a unas decenas de metros del lugar donde se celebró el acto, con un adorno más. En este caso, civil, y símbolo del reconocimiento a unos valores que la Policía dice compartir con Ella y su cofradía: la dedicación, el desvelo, la solidaridad y el sacrificio. El secretario de estado de Seguridad, Francisco Martínez, puso sobre su pecherín el reconocimiento de mayor categoría que concede la Policía, la Medalla de Oro al Mérito Policial, en un acto celebrado en la Plaza de la Merced de Málaga.
La Virgen María Santísima del Amor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús El Rico, que es su nombre completo, no se encontró finalmente con Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior, quien firmó la orden de concesión de la medalla pero no acudió al acto. Así que fueron el secretario de Estado de Seguridad y el Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, quienes presidieron la ceremonia (como autoridades civiles), celebrada junto al obelisco en recuerdo de los fusilados por el levantamiento de Riego. Llegaron, como el resto de autoridades, por el acceso norte a la plaza, sobre la que se levanta una pequeña baranda que facilitó el amplio despliegue de seguridad. Había mucha policía para garantizar la seguridad de la policía.
La Virgen acudió a la cita por la fachada sur. Rodeó el edificio de los antiguos cines Astoria, desde cuyas terrazas destartaladas por el abandono de una década se habían dispuesto tres largas banderas de España, Andalucía y Málaga; y allí esperó, junto a sus portadores, a que Martínez y Cosidó acudieran a imponerle la medalla. En posición esquinada, el trono no pudo acceder a la plaza de la Merced porque se lo impedía la misma baranda que separaba a los invitados al acto de los curiosos.
Primero esperaron bajo un sol de justicia, la Virgen y sus portadores, a que se entregaran las medallas a las autoridades, funcionarios de policía y niños que acudían como nuevos cofrades. Y luego, ya con la medalla puesta, aguardaron los discursos, con los que tanto Martínez como Cosidó se esforzaron en justificar la imposición, denunciada ante la Audiencia Nacional por asociaciones por el laicismo y criticada desde los propios sindicatos policiales.
La Orden por la que se concede la medalla, que tiene carácter honorífico, explica que la cofradía y el Cuerpo Nacional de Policía comparten valores como "la dedicación, el desvelo, la solidaridad y el sacrificio". La Orden también destaca que la Policía mantiene con la cofradía una "estrecha relación, principalmente en actos celebrados durante la Semana Santa". El Cuerpo Nacional de Policía es Hermano Mayor Numerario de la cofradía desde 1938. Además, El Rico indulta a un preso el Miércoles Santo. Es un privilegio que tiene su origen en una Pragmática Real sancionada por Carlos III en 1759.
"No podemos permanecer indiferentes ante el poso de nuestra historia"
"No podemos permanecer indiferentes ante el poso de nuestra historia y de nuestro patrimonio cultural y espiritual", porque si ello ocurriera se estaría produciendo un alejamiento "de los valores que han cimentado la sociedad a la que servimos" dijo Cosidó. Luego pidió cobijo y guarda bajo el manto de la virgen para todos los policías. La Dirección General de la Policía propuso la concesión de la medalla y su Junta de Gobierno informó favorablemente el 31 de enero.
La Orden del Mérito Policial está regulada por una ley de 1964, inalterada desde entonces. Los méritos o circunstancias que acreditan para recibirla parecen reservados, si no a los propios policías, sí a las personas físicas: resultar muerto, mutilado o herido grave en acto de servicio sin "menoscabo del honor, imprudencia, impericia o accidente"; o realizar operaciones "excepcionales". También tener una actuación extraordinaria y ejemplar de la que resalte el valor y se prestigie a la Policía. Pueden concederse a quien "por su decisiva colaboración con aquellos funcionarios, practiquen actos de relevante importancia en defensa del orden, de las personas o de la propiedad, o así resulte aconsejable por otros importantes motivos".
Europa Laica y Movimiento hacia un Estado Laico interpusieron una demanda ante la sección contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional con la que cuestionan la legalidad de la imposición de la medalla a la Virgen del Amor. La demanda fue admitida a trámite la semana pasada, según aseguran. Así que el Miércoles Santo la Virgen del Amor recibió en su pecho una medalla de oro que le podría ser retirada en los tribunales
http://www.eldiario.es/andalucia/Virgen-Amor-Medalla-Merito-Policial_0_250225500.htmlLA AUDIENCIA NACIONAL ADMITE UNA DENUNCIA CONTRA INTERIOR POR OTORGAR LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL A LA VIRGEN
Europa Laica y Movimiento hacia un Estado Laico solicitan que la justicia determine si la Virgen es meritoria de dicha condecoración al mérito policial
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la demanda contencioso-administrativa contra la orden del Ministerio del Interior por la que se otorgaba la medalla al mérito policial con carácter honorífico a la Virgen de Nuestra Señora del Santísimo Amor, presentada por las asociaciones Europa Laica y Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL).
Según han informado ambas asociaciones, la demanda ha sido admitida a trámite recayendo en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7.
De esta manera, Europa Laica y MHUEL confían en que "la justicia determine si es procedente o no en base a la ley vigente de honores y distinciones que una Virgen sea meritoria de dicha condecoración al mérito policial".
Según se recoge en la demanda, las asociaciones rechazan la concesión de dicha medalla argumentando que se trata de una "figura religiosa", que "no es persona ni por tanto tiene entidad jurídica, ni es ni puede ser sujeto ni de derechos ni de obligaciones".
"Europa Laica defiende que circunstancias como la fe y la confesión religiosa constituyen un atributo de la conciencia individual y deben quedar circunscritos a la esfera privada", esgrime el escrito.
La distinción policial fue firmada el pasado 3 de febrero por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, después de recibir un informe favorable de la Dirección General de la Policía. La solicitud había sido realizada por la cofradía de culto y procesión Nuestro Padre Jesús el Rico y María Santísima del Amor. El argumento que justifica la concesión reside en la "estrecha colaboración" de la cofradía con la Policía Nacional "en actos celebrados durante la Semana Santa". Asimismo, la orden firmada por el titular de Interior reconoce compartir valores con la agrupación religiosa como la "dedicación", el "desvelo, la "solidaridad" y el "sacrificio".
Ya en septiembre de 2012, el Gobierno concedió la Gran Cruz de la Guardia Civil a la Virgen del Pilar.
http://www.publico.es/politica/513927/la-audiencia-nacional-admite-una-denuncia-contra-interior-por-otorgar-la-medalla-al-merito-policial-a-la-virgenFERNÁNDEZ DÍAZ ADMITE INTERROGATORIOS DE ASUNTOS INTERNOS A LOS POLICÍAS QUE INVESTIGAN AL PP
El ministro dice que se les ha citado por una información del caso Gürtel que llegó hace 4 años a una agencia de detectives
Evita referirse a los interrogatorios extrajudiciales sufridos por los investigadores en relación con las filtraciones de informes que afectan al PP
Unos interrogatorios y otros son tomados por los agentes como un método de presión en un momento clave de las pesquisas
Cosidó negó hace tres días que se hubiera interrogado a los agentes del Grupo XXI de la Brigada Anticorrupción
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha admitido en el Congreso la existencia de interrogatorios a los policías que investigan al PP. En el marco de esas pesquisas de Asuntos Internos, aún en marcha, se ha interrogado a "algunos policías" por una información vinculada al caso Gürtel que recibió una agencia de detectives de manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), según Fernández Díaz.
Agentes del Grupo XXI de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, perteneciente a la UDEF, fueron llamados a declarar el pasado febrero a la Unidad de Asuntos Internos, según desveló eldiario.es. A este respecto, el ministro ha dicho hoy: "No se ha interrogado a la UDEF sino a algunos policías para aclarar cómo llegó esa información a esa agencia y a ese cliente, que tenía interés en esa investigación a la que usted se ha referido y que no tenía nada que ver (el cliente) con el PP".
La información a la que se había referido la diputada socialista Ángeles Álvarez es el caso Gürtel. Fuentes policiales aseguran a esta redacción que la aparición del informe en la agencia de detectives es posterior al levantamiento del secreto de sumario, por lo que habían tenido acceso a él todas las partes personadas en el caso, que superan el centenar. El ministro, por tanto, ha admitido interrogatorios en el marco de una investigación, pero no ha aludido a otros que se han producido sin control judicial y que tienen que ver con la aparición en la prensa de informaciones vinculadas a la investigación de la trama de corrupción y a la financiación irregular del PP.
Según publicó eldiario.es, Asuntos Internos ha preguntado a los investigadores por el origen de esas filtraciones en al menos cuatro ocasiones, sin necesidad de abrir una investigación para ello. En dos de esas cuatro ocasiones, los interrogatorios estaban vinculados a informes en los que aparecía la ministra de Sanidad, Ana Mato.
Fernández Díaz ha justificado que la investigación en marcha tenga lugar cuatro años después de la filtración porque es cuando se ha "tenido conocimiento de los hechos". "Pregunte a su gobierno porque esos hechos se remontan a 2010", le ha espetado a la diputada socialista. La mayoría de los policías que investigan al PP están en el caso Gürtel desde que arrancó, hace más de cinco años.
Destituciones en la Policía
En medios policiales se ha tomado ese interrogatorio como un método más dentro de la presión que viven los agentes que investigan al PP. Sus pesquisas han costado el cargo ya a dos comisarios generales de Policía Judicial. El último de ellos, José Losada, el pasado octubre, destituido por no lograr frenar los informes del Grupo XXI que afectan al partido o a relevantes dirigentes del mismo.
El ministro del Interior ha alegado que tenía que ser "bastante escrupuloso" porque la investigación de Asuntos Internos aún está abierta. La información motivo de la investigación a la que ha aludido Fernández Díaz "tiene que ver con una información que extrañamente le llegó a una agencia de detectives que ha adquirido notoriedad últimamente por actuaciones policiales y judiciales y que salió de esa unidad (UDEF) sin registro de salida y llegó a esa agencia de detectives donde uno de sus clientes estaba especialmente interesado en esas investigaciones". El ministro no ha aclarado si la información en poder de la agencia de detectives -al parecer Método 3- hacía referencia a Ana Mato. "No puedo ir más allá", añadió.
Después de la primera información de eldiario.es, el director de la Policía, Ignacio Cosidó, negó en dos ocasiones interrogatorios a agentes de la UDEF. En su tercera negación ya matizó que no se había producido "una investigación en los términos" en los que se le había preguntado.
http://www.eldiario.es/politica/Fernandez-Diaz-Asuntos-Internos-PP_0_247775831.htmlASUNTOS INTERNOS HA INTERROGADO AL MENOS CUATRO VECES A LOS POLICÍAS DEL CASO BÁRCENAS
Los investigadores fueron citados cuando saltó la noticia de que el PP siguió pagando al extesorero hasta diciembre de 2012
Cosidó niega que los policías fueran "investigados" por el informe de Ana Mato, una maniobra que Asuntos Internos realiza sin control judicial
La Unidad de Asuntos Internos ha sido utilizada por la Dirección de la Policía como herramienta para presionar a los agentes que investigan al PP desde que estalló el caso de la financiación irregular del partido. Según fuentes policiales, los agentes del Grupo XXI de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción han sido citados para aclarar el origen de informaciones periodísticas en al menos cuatro ocasiones desde que estalló el 'caso Bárcenas'.
El pasado miércoles, eldiario.es informó de que una decena de agentes habían sido interrogados por Asuntos Internos en febrero por un informe sobre los regalos de la red Gürtel a la familia de Ana Mato. Un año antes, los policías ya habían sido citados por la filtración del mismo informe. Y en diciembre de 2013 tuvieron que responder por la noticia acerca de la incorporación al sumario de una carpeta intervenida a la red con el historial de los viajes pagados a la familia entre 2001 y 2004. Esa información apareció en los medios el 3 de diciembre del pasado año.
En todos esos casos se trata de documentos incorporados al sumario y a los que previamente habían tenido acceso las más de cien partes personadas. A pesar de que todo indicaba que la filtración no partía de los investigadores, Asuntos Internos preguntó a los policías por la custodia de los documentos. En febrero de 2013 lo hizo una vez más. En este caso por las informaciones acerca del sueldo que el Partido Popular estuvo pagando a Luis Bárcenas hasta diciembre de 2013, mucho después de que dejara de trabajar en el partido y fuera imputado en el ‘Gürtel’. Las evidencias de los pagos estaban en poder de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, ya que el PP había seguido pagando el IRPF y las cuotas por Luis Bárcenas. En 2011 y 2012, Bárcenas recibió 200.000 euros anuales que el PP intentó disfrazar como finiquito.
La preocupación de Asuntos Internos coincide con las informaciones del caso que han afectado a relevantes cargos del partido. En tres ocasiones por informes que citaban a un miembro del Ejecutivo, Ana Mato. La ministra de Sanidad llegó a reprochar en febrero de 2013 al titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, tanto el contenido como la publicación de esos informes. Fue a partir de entonces cuando la presión comenzó a crecer en el seno de la UDEF. José Losada, máximo responsable de la Comisaría General de Policía Judicial, fue informado en verano del pasado año que iba a ser destituido por el contenido de los informes que afectaban a dirigentes del PP, lo que finalmente se produjo en octubre.
En una cuarta ocasión, la maniobra de Asuntos Internos se produjo por una noticia que señalaba directamente al presidente del PP y del Gobierno. Como declaró en sede judicial la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, la "indemnización en diferido" –como lo bautizó ante los medios- fue fruto de un acuerdo del extesorero con Mariano Rajoy y Javier Arenas, alcanzado ocho meses antes de que ella lo conociera.
La Unidad de Asuntos Internos depende directamente de la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo. Solo rinde cuentas al titular de ésta, el comisario Eugenio Pino, número dos de Ignacio Cosidó. Asuntos Internos interviene cuando hay indicios de delito en la conducta de algún miembro del Cuerpo Nacional de Policía, ya que para estudiar posibles infracciones reglamentarias existe la Unidad de Régimen Disciplinario. En ninguna de las cuatro ocasiones, los agentes del Grupo XXI han sido citados como acusados. Esta circunstancia permite la posibilidad de que los interrogatorios se produjeran sin que llegara a abrir una investigación.
El máximo responsable del Cuerpo, Ignacio Cosidó, negó este domingo que hubiera "una investigación" a los agentes de la UDEF. La periodista Ana Pastor le preguntó en el programa 'El Objetivo' de La Sexta por el interrogatorio con motivo de la publicación del informe sobre Ana Mato y el director de la Policía respondió: "No es verdad que se haya producido una investigación a una unidad del Cuerpo Nacional de Policía en los términos en los que usted se ha referido".
En las citadas circunstancias, los interrogatorios no fueron puestos en conocimiento de un juez. Nada salió de Asuntos Internos y solo trascendió hacia arriba, al director adjunto operativo, Eugenio Pino. Ni siquiera existía la obligación de informar al juez que dirige los casos sobre los que se interrogó a los policías, en este caso Pablo Ruz. El juez de la Audiencia Nacional solo ha conocido los interrogatorios con posterioridad a que se produjeran, confirmaron fuentes jurídicas.
Sin comentarios sobre Asuntos Internos
Durante la elaboración de su información, eldiario.es preguntó a la Dirección General de la Policía por los interrogatorios de febrero de este año. La respuesta fue que nunca se atienden consultas sobre las investigaciones de la Unidad de Asuntos Internos. La información fue finalmente publicada tras confirmarse por tres fuentes diferentes.
En medios policiales se atribuye la estrategia de presión a los policías del 'caso Bárcenas' al director adjunto operativo, Eugnio Pino. Asuntos Internos está dirigida por un comisario de su absoluta confianza, Marcelino Martín-Blas Aranda. Ambos colaboraron en la confección del programa electoral del Partido Popular y estaban llamados a ocupar puestos de relevancia en el organigrama del Cuerpo cuando el partido ganara las elecciones. El nombramiento de Pino al frente de la dirección operativa del Cuerpo le fue impuesto a Cosidó.
Pino es el responsable de todas las destituciones y nombramientos que se han producido en el Cuerpo en esta legislatura, según coinciden fuentes de la Policía y del Ministerio del Interior. El jefe del Grupo XXI, el agente 81.067, ganó la plaza y no puede ser destinado a otra hasta que no ascienda a inspector jefe. El juez Ruz designó al Grupo XXI de la Brigada de Blanqueo en funciones de policía judicial para investigar la caja b del PP cuando abrió una pieza separada del 'caso Gürtel'.
http://www.eldiario.es/politica/Asuntos-Internos-interrogado-policias-Barcenas_0_246725679.htmlEL PSOE PIDE QUE COSIDÓ ACLARE EN EL CONGRESO LAS PRESIONES A LOS POLICÍAS QUE INVESTIGAN AL PP
Los socialistas instan a una investigación interna y a que la Fiscalía abra diligencias por las revelaciones de eldiario.es
"¿Va a continuar el Ministerio utilizando a determinados responsables policiales para intimidar a miembros de la UDEF?", pregunta el diputado Trevín
El PSOE quiere que el director de la Policía, Ignacio Cosidó, comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar las presiones que los policías encargados de investigar la financiación irregular del Partido Popular están recibiendo por parte de la cúpula del Ministerio del Interior. El diputado Antonio Trevín registró ayer la solicitud de comparecencia en la comisión de Interior a raíz de una información de el diario.es sobre el interrogatorio practicado por la Unidad de Asuntos Internos a los policías de los casos Gürtel y Bárcenas.
Los socialistas han registrado además una batería de preguntas ante la Mesa del Congreso. “¿Va a continuar el Ministerio del Interior utilizando a determinados responsables policiales para intimidar a los miembros de la UDEF hasta conseguir afectar a su imparcialidad en el importante trabajo que desarrolla?”, dice una de esas preguntas. La Unidad de Asuntos Internos, que depende directamente de la Dirección de la Policía, llamó a declarar el pasado febrero a los miembros del Grupo XXI de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción por un informe aparecido en la prensa hace un año sobre regalos de la trama Gürtel a la familia de la ministra de Sanidad, Ana Mato.
El político socialista alude, sin citarlo, al comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas. Dice el diputado que Martín-Blas es "conocido por su relación con casos de gran calado político para los que no se le conoce ni legal ni reglamentariamente competencia de ningún tipo". Trevín se refiere al viaje que este comisario y otro realizaron a Barcelona en plena campaña electoral autonómica para convencer a los fiscales Anticorrupción de que registraran la sede de CDC. Ninguno de los dos comisarios tenía vínculo alguno con la investigación del 'caso Palau'. Martín-Blas está considerado la mano derecha del 'número dos' de la Policía, Eugenio Pino, el comisario elegido por el PP para dirigir operativamente el Cuerpo.
Los interrogatorios de los agentes Anticorrupción de los que ha informado eldiario.es se produjeron en secreto y sin que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que dirige las investigaciones en las que están inmersos los policías, fuera informado. El PSOE pregunta a Interior “si desconoce y vulnera” que la policía judicial depende de los jueces, los tribunales y la Fiscalía en sus funciones de “averiguación del delito”.
La Unidad de Asuntos Internos solo participa en investigaciones de hechos que pueden revestir carácter de delito por parte de los agentes. Los policías de la UDEF fueron interrogados por la publicación en los medios de un informe que previamente había pasado por un centenar de abogados personados en el ‘caso Gürtel’. Ante los hechos descritos por eldiario.es, el PSOE pregunta si la Dirección General de la Policía tiene previsto abrir una investigación interna para depurar responsabilidades y si la Fiscalía actuará en consecuencia ante un posible delito de coacciones a los investigadores de la ‘caja b’ del PP.
Cambio de estrategia en Interior
Hace un mes, el diputado Trevín dedicó una pregunta en el pleno a las presiones que soportan los policías anticorrupción. En aquel momento, recordó al ministro del Interior por el cese del comisario general de Policía Judicial, José Losada, el segundo en lo que va de legislatura en ese puesto. En su intervención, Trevín aludió al cambio de estrategia de Interior. Los planes del Ministerio pasaban entonces por seguir con las destituciones de todos los mandos por encima de los policías que ahora han sido llamados a declarar, pero el revuelo mediático detuvo la intentona.
“Esta vez se han asegurado de que esos miembros de las Fuerzas de Seguridad hayan recibido sus mensajes y ellos mismos van a pedir que los releven para enviarlos a destinos en los que hagan una vida más tolerable, lejos de las presiones a las que diariamente son sometidos”, dijo el diputado.
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-Cosido-Congreso-presiones-UDEF_0_245676357.htmlINTERIOR PRESIONA CON ASUNTOS INTERNOS A LOS POLICÍAS QUE INVESTIGAN AL PP
Los agentes han sido interrogados en secreto por la publicación hace un año del informe sobre los regalos de Gürtel a la familia de Ana Mato
La citación se produce cuando aún está pendiente el informe sobre los pagos de las obras de Génova, clave para acreditar la caja B del partido
La unidad de Asuntos Internos responde en exclusiva ante Eugenio Pino, el comisario elegido por el PP para la dirección operativa del Cuerpo
El juez Pablo Ruz no fue informado de los interrogatorios a los policías, a pesar de dirigir la investigación del caso Gürtel
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía, que depende directamente de la dirección del Cuerpo, tiene entre sus objetivos a los agentes que investigan la financiación irregular del Partido Popular. El pasado febrero, una decena de policías fueron llamados a declarar en secreto por la aparición en los medios de comunicación de informaciones relativas al caso Gürtel, según ha podido saber eldiario.es.
La mayoría de los policías interrogados pertenecen al Grupo XXI de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, integrada en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Solo dos de los que declararon ante Asuntos Internos ya no pertenecen al Grupo XXI y ocupan en la actualidad otro destino. Por tanto, la ronda de declaraciones se centró en los responsables de las investigaciones de la trama Gürtel y del llamado caso Bárcenas, cuyas revelaciones sacuden judicialmente al PP en la Audiencia Nacional.
La declaración ante Asuntos Internos es uno de los episodios más complicados a los que se puede enfrentar un policía durante su carrera. Esta unidad es designada para investigar sólo si hay indicio de delito en la conducta de un policía, ya que de las sanciones reglamentarias se encarga la Unidad de Régimen Disciplinario. Una filtración a la prensa puede constituir un delito de revelación de secretos castigado en el Código Penal con hasta cinco años de prisión para los agentes.
Por eso, en medios policiales causa sorpresa el motivo del interrogatorio a los investigadores de la UDEF. Entre ellos figura un informe del caso Gürtel aparecido en los medios cuando ya no pesaba sobre él el secreto de sumario. Según las fuentes consultadas, se trata del informe de 81 páginas con registro de salida al juzgado 10.418/13. Se trata de un análisis ampliatorio de la documentación incautada en un local de Easy Concept, una de las empresas de la red Gürtel, ubicada en un polígono industrial de Alcorcón (Madrid). Con esa documentación se pudo acreditar los regalos que los cabecillas de la trama entregaron a un imputado, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda. Pero lo que concedió trascendencia mediática a aquel informe fue la identidad de la esposa de Sepúlveda en el momento de los regalos, la actual ministra de Sanidad, Ana Mato. Los policías redactaron el informe por orden expresa del juez Pablo Ruz.
La Unidad de Asuntos Internos trabaja a las órdenes directas del máximo responsable operativo de la Policía, el comisario que nombra el Gobierno de turno para dirigir el Cuerpo. Sus investigaciones son secretas, ni siquiera las dos brigadas que la componen saben en qué está trabajando la otra. Es habitual que realicen seguimientos y pinchen con autorización judicial el teléfono de los policías a los que investigan desde las sedes que tienen en Madrid, de localización también reservada y sin distintivos en el exterior.
Las fuentes consultadas por eldiario.es aseguran que los agentes de la UDEF no fueron llamados como acusados, pero añaden que se les preguntó por la custodia de los documentos analizados en el informe publicado en la prensa. La Dirección General de la Policía no ofrece información al respecto alegando que nunca lo hace si la investigación sobre la que se solicita corre a cargo de Asuntos Internos.
El citado informe es uno de los miles de escritos policiales, de la Agencia Tributaria, Intervención del Estado, autos, escritos de Fiscalía y un largo etcétera que integran el más del millón de folios, separados en 2.000 tomos, que forman el sumario del 'caso Gürtel' y de los que no debe quedar uno con interés mediático por publicar. El informe sobre los regalos a la familia Mato-Sepúlveda apareció en los primeros medios de comunicación en la tarde del 1 de febrero, solo unas horas después de que hubieran podido acceder a él los abogados de los más de 100 imputados en el 'caso Gürtel' (187 en la actualidad).
A pesar de ello, la ministra de Sanidad reprochó a su colega de Interior, Jorge Fernández Díaz, la divulgación de su contenido en los medios, que dejó a Mato malherida políticamente. Entre las cajas de documentos hallados en la nave de Alcorcón aparecían documentos que apuntaban al pago de viajes, fiestas familiares y la entrega de obsequios de lujo a Ana Mato y su familia por un valor superior a los 60.000 euros. Solo en confeti para una fiesta infantil, el gasto superó los 4.600 euros. En esa época, a principios de la década pasada, Ana Mato ya era dirigente del Partido Popular. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción no aprecia delito en la conducta de la ministra y en ningún momento se ha planteado solicitar su imputación.
Fernández Díaz: "Son elementos de la UDEF"
En plena tormenta en el seno del Gobierno por el informe, Fernández Díaz declaró a ‘Abc’ que los policías que investigan el caso Gürtel y la financiación del PP no están bajo control de Interior. Sus responsables son "elementos" de la UDEF, como llamó a los policías, que trabajan directamente a las órdenes del juez Ruz. Las tensiones en el seno del Ministerio del Interior y la dirección de la Policía ya no cesaron y en verano se decidió la destitución del comisario Losada, al que se le comunicó que se haría efectivo en breve. Sin embargo, la afirmación de Rajoy el 15 de julio de que a él nadie le impone fiscales o policías –en respuesta a la publicación de los SMS que se intercambió con Bárcenas- retrasó al 17 de octubre la destitución, que intentó difuminarse en medio de una reestructuración más amplia de la cúpula policial. Interior informó de la misma en una nota de prensa a las nueve de la noche.
A pesar de la relevancia de los interrogatorios a los policías del caso Gürtel, el juez Pablo Ruz no fue informado con anterioridad a que se produjeran, precisaron fuentes jurídicas. Cuando tuvieron lugar las declaraciones, los policías ya trabajaban en uno de los informes clave para la investigación de la financiación irregular del PP. Para su elaboración todavía hoy estudian miles de correos electrónicos incautados en la empresa del arquitecto responsable de las obras en la sede de Génova, de las que la Policía y el juez Pablo Ruz sospechan que fueron abonadas con dinero negro. Esa información está siendo cruzada con la obtenida de los ordenadores analizados en la propia sede nacional del PP, registrada el 19 de diciembre pasado por orden de Ruz después de distintas maniobras del partido para obstaculizar la investigación. Fuentes del caso consideran que las pesquisas acerca de la reforma en Génova es la rama del caso que con mayor precisión puede acreditar la existencia de una caja B en el PP mantenida en el tiempo, como apuntan los papeles de Bárcenas.
Investigaciones al PP o a algunos de sus destacados miembros han costado el puesto a dos comisarios generales de Policía Judicial, máximos responsables de la UDEF, en lo que va de legislatura. Enrique Rodríguez Ulla apenas duró cinco meses. Fue destituido por investigar, sin informar a sus superiores, el origen del ático que Ignacio González tiene en Estepona (Málaga). Su sustituto, José Losada, cayó por no frenar los informes de la UDEF sobre el caso Gürtel y la financiación irregular del partido. En octubre pasado, el director adjunto operativo, Eugenio Pino, puso al frente de la Comisaría General de Policía Judicial a un comisario de su total confianza, José Santiago Sánchez Aparicio, del que internamente se esperaba que comenzara realizando cambios en la UDEF.
Policía 81.067
Sin embargo, dos obstáculos principales han frenado desde entonces la 'limpia' en la unidad. El revuelo mediático que causó el cese de Losada obligó al Ministerio del Interior a frenar sus planes. En contra de lo previsto y de lo que se le llegó a comunicar, el jefe de la UDEF, el comisario Manuel Vázquez, continúa a día de hoy en el cargo. La estrategia, según fuentes policiales, ha cambiado. Ahora se trata de intentar influir en el contenido de los informes del Grupo XXI sin el ruido que producen las destituciones. En esta nueva forma de proceder se enmarcarían los interrogatorios realizados el pasado febrero por Asuntos Internos a los investigadores.
Otra de las circunstancias que no puede cambiar Interior es la jefatura del Grupo XXI. El inspector que la lidera, Manuel M., tiene su destino ganado por oposición y no puede ser relevado hasta que ascienda a inspector jefe, lo que no ocurrirá antes de que finalice la instrucción de los casos que afectan al PP. Además, cuando Ruz abrió la pieza separada de los papeles de Bárcenas' designó al Grupo XXI en funciones de Policía Judicial para el caso, con lo que la Dirección del Cuerpo no puede asignársela a otros funcionarios. El inspector Manuel M. es el agente que firma con su número de carnet profesional, el 81.067, todos los informes del caso Gürtel desde hace 5 años y los de la pieza separada de la financiación irregular desde que arrancó el caso hace un año.
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía está dirigida por el comisario Marcelino Martín-Blas Aranda. Su nombre sonaba para ocupar puestos de responsabilidad cuando el PP ganara las elecciones de 2011, aún meses antes de que se produjera el relevo en Moncloa. Descrito en el Cuerpo como auténtica mano derecha de Eugenio Pino, Martín-Blas fue destinado sin embargo a una unidad sin visibilidad pero clave en el control de los más de 68.000 agentes que integran la Policía. Su nombre apareció en los medios de comunicación cuando trascendió que dos comisarios habían viajado a Barcelona en plena campaña electoral catalana para convencer sin éxito a los fiscales anticorrupción de que había que registrar de inmediato la sede de Convergència Democràtica de Catalunya, en relación con el caso Palau. Como denunció el Consejo Fiscal en una nota, ni Martín-Blas ni el otro comisario, José Luis Olivera, tenían relación alguna con esa investigación.
http://www.eldiario.es/politica/Interior-Asuntos-Internos-investigan-PP_0_244976157.htmlEXTERIORES INSTRUYE A LOS EMBAJADORES PARA JUSTIFICAR LA LEY DE SEGURIDAD
El ministerio asegura en un argumentario que “se trata de defender la democracia”
Malestar entre diplomáticos porque consideran que no es su tarea apoyar actuaciones políticas
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado un documento reservado a los embajadores, en el que les ofrece argumentos para defender ante las instituciones internacionales el proyecto de ley de seguridad ciudadana.
El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, está redactado en inglés y, entre otras cosas, en él se asegura que “la finalidad no es castigar más, sino castigar mejor, es decir, con mayores garantías” y “lo que la nueva ley pretende no es proteger a los políticos, sino proteger la democracia”.
Los actuales responsables de Exteriores han utilizado reiteradamente este sistema de argumentarios a las embajadas para defender actuaciones concretas del Gobierno. Lo hicieron con un documento extenso sobre el soberanismo de Cataluña y sobre las cifras de paro, entre otras. En este caso lo hacen sobre un texto legal controvertido que está en trámite, pendiente de modificaciones y que no ha llegado al Congreso.
Esa situación ha provocado malestar entre diplomáticos que consideran que su misión no es explicar y defender actuaciones políticas del Gobierno. El anteproyecto ha sido criticado por el Consejo Fiscal en su informe preceptivo y hay una propuesta de informe muy crítico del Poder Judicial que, además, considera que incluye aspectos inconstitucionales.
El documento de Exteriores sobre la Ley de Seguridad Ciudadana está redactado en forma de preguntas que va contestando, siempre de forma positiva.
Presenta el anteproyecto como si fuera la contestación a un clamor social y habla de respuesta a “peticiones que muchos ciudadanos, asociaciones de comerciantes, asociaciones de vecinos, asociaciones de padres, alcaldes, etcétera, han realizado durante años sobre temas que afectan al pleno disfrute de derechos y libertades, a la vida diaria de muchas familias y, en general, a la coexistencia pacífica en libertad y con el máximo respeto por la pluralidad, en contraposición con las actitudes antisociales, violentas y coercitivas”. Y concluye: “Es, por tanto, una iniciativa valiente”.
Más de 300 informes de política nacional
En los dos últimos años, el Ministerio de Exteriores ha remitido a las embajadas más de 300 notas, informes o argumentarios secretos sobre temas de actualidad. En palabras del ministro José Manuel García-Margallo, “los embajadores tienen que saber qué es lo que está pasando [en España], deben tener unas instrucciones precisas, porque están allí precisamente para explicarles a los Gobiernos extranjeros lo que estamos haciendo”. La ley de pensiones, la reforma laboral, la condena a Garzón o el reto soberanista catalán —sobre el que se elaboró un estudio de 200 páginas— son algunos de los temas sobre los que se ha instruido a los diplomáticos.
La diferencia es que la Ley de Seguridad Ciudadana aún no es norma —está pendiente de informe en el Consejo General del Poder Judicial— y que el tono del documento es abiertamente partidista y casi ofensivo hacia Gobiernos anteriores. Exteriores alega que es habitual informar de proyectos en trámite a las embajadas ante organizaciones multilaterales (la UE, la ONU o la OSCE) que se interesan por los mismos.
En diciembre, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ya mostró su “seria preocupación” por la ley Fernández; aunque no ha habido petición formal de información. Respecto al tono del texto, Exteriores sostiene que se limitó a distribuir una nota que le dio Interior y que no es la única información que tienen los embajadores.
El texto explica que la ley es consecuencia de haber sacado del nuevo Código Penal las faltas, para asegurar que “mejora el marco regulatorio legal”. Omite que esas conductas se sancionarán con faltas administrativas y sin intervención judicial como hasta ahora. Además, explica: “Las asociaciones de comerciantes del centro de Madrid nos han expresado su valoración positiva del anteproyecto. Durante años han sufrido el problema de la prostitución frente a centros educativos”. A lo que apostilla: “Han llegado a pensar que los Gobiernos anteriores preferían poner en peligro a los niños en vez de abordar un tema como éste”.
Exteriores niega en el documento que se restrinjan derechos y explica que solo se castigan “acciones que sean violentas, agresivas y coercitivas” que “se produzcan mientras se ejerza el derecho de manifestación, o que afecten a la seguridad ciudadana”. Omite que son mínimas las manifestaciones violentas y, según dijo el jueves el director general de la policía en el Senado, en 2013 solo hubo actuación policial en 23 de las 25.461 manifestaciones.
“Manifestarse con el rostro cubierto no se sanciona, lo que se sanciona es la alteración del orden público con el rostro cubierto para evitar la identificación”, añade el texto, que niega que se pretenda proteger a los políticos de las marchas y escraches. A continuación, añade que “lo que la nueva ley pretende no es proteger a los “políticos”, sino proteger la democracia: 'El Parlamento es por excelencia el lugar donde reside la democracia y, con independencia de quiénes sean representantes electos, es un símbolo de libertad y una expresión de la riqueza democrática que se tardó siglos en lograr”.
También señala que no se pretende solo proteger a la policía y que se castigue la difusión de imágenes, pese a que estas hayan sido objeciones de diversas instancias al anteproyecto de ley. Sobre la prostitución dice que “simplemente trata de proteger otros derechos legales que prevalecen: la protección infantil y la seguridad viaria”. Pero niega que imponga multas desproporcionadas, como denuncia en su propuesta de informe el Poder Judicial.
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/02/actualidad/1393782237_423028.htmlEL PODER JUDICIAL DESMONTA LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA POR INCONSTITUCIONAL
El texto rechaza la intervención de vigilantes privados en tareas de seguridad
El Consejo del Poder Judicial considera de dudosa constitucional muchos de los artículos más controvertidos del anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana y propone su supresión o una nueva redacción. El informe elaborado por dos vocales (el conservador Wenceslao Olea y la progresista Victoria Cinto), y que dentro de un mes votará el pleno del Consejo, plantea que el texto elaborado por el Ministerio del Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, establece criterios “excesivamente amplios” para justificar la intervención policial y rechaza que la mera sospecha sobre la posibilidad de que se produzcan perturbaciones justifique la denuncia de una autoridad o empleado público.
Los redactores del informe sostienen que la regulación de la identificación de personas, es de “dudosa constitucionalidad” así como la posibilidad de practicar detenciones por “faltas penales o infracciones administrativas”. Los vocales cuestionan que se pueda realizar un cacheo “para sancionar una infracción”, además de considerar “incompleta e imprecisa” esta práctica, al no excluir “los desnudos, siquiera parciales”. También rechaza que empresas y empleados de seguridad privada colaboren en disolver reuniones y manifestaciones. Y para los menores de edad se recomiendan sanciones reeducadoras, no económicas. Y ve excesivo penalizar los llamados escraches.
Derecho penal de peligrosidad. Consideran los redactores del informe que el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana sigue la línea de la también anunciada reforma del Código Penal en el sentido de situarla en el marco del llamado derecho penal de peligrosidad, pues convierte la seguridad en una prioridad de la política criminal y al Estado en el espadachín que ha de defenderla con todos los medios a su alcance. Así, la reforma intensifica la acción preventiva, no solo del delito, sino también de las infracciones administrativas y, por tanto, incrementa notablemente las infracciones contra la seguridad ciudadana.
Cacheos e identificaciones. El anteproyecto regula las diligencias de cacheo e identificación realizadas con ocasión de controles preventivos de ciudadanos. Entienden los redactores del informe del Poder Judicial que es cuestionable que se establezca un cacheo para “sancionar una infracción” y critican la imprecisa redacción normativa, puesto que no se sabe qué se quiere decir en ella y si ha de entenderse que ya existe un proceso penal o un procedimiento sancionador. Además, la diligencia de cacheo que recoge la norma es incompleta e imprecisa. No define el cacheo. No lo limita al registro externo y superficial, y no excluye, en consecuencia, la práctica de desnudos, siquiera parciales. El informe echa en falta una referencia más precisa a cómo ha de llevarse a cabo el cacheo, por lo que considera que la nueva norma debería indicar expresamente el respeto a la dignidad e intimidad de la persona sometida al mismo y su carácter reservado, limitando los cacheos en la vía pública a supuestos de necesidad. Del mismo modo, señala el informe, debería recogerse la indicación del cacheo por una persona del mismo sexo que la cacheada, y con el máximo respeto a su identidad sexual.
Disoluciones de reuniones. El anteproyecto, en su artículo 22.3, incluye como causa de disolución de reuniones que “exista riesgo de que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana con armas, objetos contundentes o con otros medios de acción violenta”. Señala el informe que esto supone una expansión de los supuestos de disolución de las reuniones y manifestaciones que resulta inadmisible.
Intervención de la seguridad privada. El informe rechaza también la obligación de empresas y empleados de seguridad privada las colaborar eficazmente con la policía. Y recomienda la supresión de esta norma, básicamente porque afecta al ejercicio de un derecho fundamental, cuya defensa se atribuye en exclusiva a las citadas fuerzas estatales.
Los artículos cuestionados
Artículo 16. Los policías podrán requerir la identificación de las personas y realizar las comprobaciones necesarias en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento.(...) Podrán inmovilizar a quienes se negaren o no pudieran ser identificados (...) y requerirles para que les acompañen a comisaría.
Artículo 17. Para el descubrimiento y detención de los partícipes en una acción ilegal (...) se podrán establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos (...) para identificar a las personas que transiten o se encuentren en ellos, el registro de los vehículos y el control superficial de los efectos personales.
Artículo 19. Las diligencias de cacheo e identificación en controles preventivos (...) tendrán la consideración de medidas preventivas policiales de carácter administrativo no sujetas a las mismas formalidades que la detención.
Artículo 42. Con el fin de apreciar la reincidencia y valorarla a efectos de la concesión de autorizaciones administrativas (...) se crea en el Ministerio del Interior un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana.
Artículo 47. Los policías podrán efectuar denuncias por la comisión de infracciones (...) teniendo sus manifestaciones valor probatorio de los hechos denunciados.
Artículo 54. Las sanciones, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de responsables de la comisión de infracciones muy graves, cuando hayan adquirido firmeza en vía administrativa, podrán ser hechas públicas.
Disposición final. Cuando los infractores sean extranjeros (...), podrá aplicarse, además de la multa, la expulsión del territorio español.
Responsabilidad de los organizadores de manifestaciones. El artículo 29.3 de la nueva norma establece la responsabilidad conjunta de los organizadores y promotores de las reuniones y manifestaciones. Esto contraviene, según el informe, el principio juridico de personalidad de la sanción, por lo que debería suprimirse esta norma.
Faltas y delitos. Algunas de las nuevas infracciones incorporan conductas que actualmente son faltas penales. El informe indica que, ante la supresión de esta clase de infracciones penales en la ley orgánica que proyecta el Gobierno para el Código Penal, hay que tener en cuenta las siguientes consecuencias: a) la sanción no se impone por un órgano judicial, sino por la Administración, a quien corresponderá la valoración del comportamiento, sin perjuicio de la posibilidad de revisión ante órganos jurisdiccionales; b) para la revisión judicial de la sanción administrativa, será necesario el pago de tasas judiciales, que no existen en el actual procedimiento penal. También hay que analizar que, en el procedimiento sancionatorio administrativo, las declaraciones de los agentes que formulen denuncia gozan de valor probatorio de los hechos denunciados, mientras que en el procedimiento penal tienen el valor de simples declaraciones. Además, siempre según el informe, la multa penal se impone ahora por un juez y teniendo en cuenta la capacidad económica del denunciado, mientras que para la determinación de la multa administrativa no se atiende a esta circunstancia. Y no solo eso: según el anteproyecto, la sanción firme administrativa será inscrita en un Registro Central de Infracciones, mientras que ahora la condena por falta no es susceptible de inscripción en registro alguno.
Ultraje a la bandera. Otras de las nuevas infracciones que plasma el anteproyecto se refiere a conductas que ya están tipificadas y sancionadas como delito. Por ejemplo, las ofensas o ultrajes a España, las Comunidades autónoma, o a sus símbolos o emblemas o las manifestaciones públicas, escritas o verbales. En este caso, según el informe, no se establece en ningún caso la diferencia entre el delito y la infracción administrativa, lo que plantea problemas relacionados con el principio de non bis in ídem (nadie será sancionado dos veces por el mismo hecho).
El informe también critica que la nueva norma tipifique conductas que difícilmente puede decirse que comprometen la seguridad pública y, por tanto, no está justificada su previsión como infracción. En algunas infracciones se aprecia una falta de proporcionalidad, llegándose a sancionar conductas insignificantes. El informe destaca, además, que la supresión de los criterios de graduación de las sanciones que se hace en el anteproyecto resulta desafortunada y puede dar lugar a sanciones injustas.
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/24/actualidad/1393272364_019032.htmlEL SUP A LA REINA SOFÍA: "EN LA POLICÍA LO RELIGIOSO SE IMPONE SIN RESPETAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN"
El principal sindicato de policías declina la invitación a participar en un curso del cuerpo, al que les había invitado la reina, para mostrar su rechazo a la gestión de Cosidó. En las últimas semanas han hecho lo mismo en varios actos oficiales, protestando además por los expedientes disciplinarios impuestos a varios de sus dirigentes
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha declinado la invitación para presentar la Jornada internacional de formación en investigación de delitos cibernéticos contra menores, que tendrá lugar este lunes en la comisaría de Canillas de Madrid y que será inaugurada por la reina Sofía, porque se resisten a "participar en actos de propaganda mediática orquestados por el actual director", Ignacio Cosidó, tal y como destacan en una nota de prensa. Los motivos de esta decisión han sido expuestos por la secretaria general del sindicato, Mónica Gracia, en una carta dirigida directamente a la reina, en la que asegura que "sería un honor asistir al acto pero por razones de elemental coherencia es imposible que podamos hacerlo si la invitación procede del Director General de Policía".
En la carta, la secretaria general del SUP expone lo siguiente: "En los poco más de dos años de mandato, este sindicato mayoritario y defensor de los valores constitucionales, está siendo objeto de reiterados ataques por parte del Director General de Policía apostando por un modelo policial alejado de nuestro carácter civil, donde lo religioso se impone sin respetar la libertad de elección de cada persona, y las discrepancias legítimas en este contexto se penalizan con expedientes disciplinarios, sanciones y querellas contra quienes han sido elegidos por los/las policías para ser representados".
Además, añade que "el método impuesto por el Director llega al extremo de excluir de la convocatoria del Consejo de Policía, contra toda norma, a un vocal elegido democráticamente arguyendo que un expediente disciplinario le impide la representación de los intereses profesionales de los policías para el que fue democráticamente elegido".
"Más respeto a los derechos y menos politización"
El pasado viernes el SUP también declinó asistir al acto de Ávila de jura de la XXV promoción de inspectores de la Policía Nacional porque la Dirección General del cuerpo, por órdenes del ministro Jorge Fernández Díaz, que recientemente se encomendó a Santa Teresa para que "interceda" por España en estos "tiempos recios", obligó a cambiar la canción tradicional que entonan los nuevos agentes, una marcha fúnebre de Frédéric Chopin por una nueva canción de carácter religioso en el homenaje a los policías caídos . De esta forma, se les obligó a aprender y cantar el himno militar La muerte no es el final, algo que el sindicato considera "absolutamente improcedente y fuera de lugar", según ha subrayado esta organización en un comunicado.
La extrema religiosidad de Fernández Díaz es públicamente conocida y, en ocasiones, criticada cuando la intenta imponer en las políticas que impulsa y sus acciones al frente del Ministerio. Varios de sus asesores y altos cargos del Ministerio no sólo son católicos de pro, sino que incluso contribuyen a la causa con su afiliación al Opus Dei o a la Orden Constantiniana de San Jorge, a la que pertenece el propio ministro a pesar de no estar reconocida por el Vaticano.
El pasado 3 de febrero, el ministro firmó la Orden ministerial por la que concedía la Medalla de Oro al Mérito Policial, con carácter honorífico, a la virgen María Santísima del Amor. El argumento que justificaba la concesión reside en la "estrecha colaboración" de la cofradía con la Policía Nacional "en actos celebrados durante la Semana Santa". Asimismo, la orden firmada por el titular de Interior reconoce compartir valores con la agrupación religiosa como la "dedicación", el "desvelo, la "solidaridad" y el "sacrificio".
En el mismo comunicado en el que se denunciaba el cambio del himno, el SUP también afirmaban que lo que la Policía necesita es más formación y "menos politización", así como "más respeto a sus derechos", protocolos de actuación y menos recortes de sueldo.
La semana pasada el sindicato tampoco acudió al Pleno del Consejo de Policía porque Cosidó les "sigue ninguneando". Denunciaron, así, que en la presentación del Informe del Director General de la Policía no se permitió que los vocales del Consejo los sindicatos hicieran alegaciones, lo que consideraron tanto un incumplimiento de la norma como una falta de respeto a las organizaciones sindicales representativas del cuerpo.
Además, denunciaron que, en el apartado de expedientes disciplinarios, en la mayoría de casos ya habían sido cumplidas las sanciones impuestas a los agentes, "despreciando los argumentos y pruebas aportados en las Comisiones donde se vieron (J. M. O. S., Josefina Lamas, José Manuel Sánchez Fornet, M. V. C.) por lo que esto se convierte en un mero trámite burocrático completamente estéril", como destacaron en una nota de prensa
http://www.publico.es/politica/505523/el-sup-a-la-reina-sofia-en-la-policia-lo-religioso-se-impone-sin-respetar-la-libertad-de-expresionTRAS LA MEDALLA A LA VIRGEN, INTERIOR INCLUYE UN CANTO RELIGIOSO EN LOS ACTOS OFICIALES DE LA POLICÍA
La Dirección General de la Policía ha dado instrucciones para que en la jura de los nuevos inspectores que se celebra el próximo viernes en Ávila los agentes presentes entonen por primera vez un cántico católico en el homenaje a los caídos.
Primero, la medalla de oro al mérito policial a la Virgen del Amor. Y, ahora, una canción religiosa en los actos oficiales del Cuerpo Nacional de Policía. El Ministerio del Interior vuelve a hacer gala del fervor religioso de su máximo responsable, Jorge Fernández Díaz, al impartir instrucciones para que en la jura de los nuevos inspectores que se celebrará el próximo viernes 28 de febrero en la Academia de Policía de Ávila se sustituya en el homenaje a los caídos la tradicional marcha fúnebre de Frédéric Chopin por una himno con numerosas referencias católicas en su letra. La orden incluye la entrega a todos los funcionarios que participen en la misma de una hoja en la que figuran las estrofas del cántico con la instrucción concreta de que la memoricen para ese día o, en su defecto, “muevan los labios” cuando se entone, según fuentes policiales.
La Dirección General de la Policía ha repartido a los agentes que participan en la jura del próximo viernes la letra de la canción 'La muerte no es el final', compuesta por un sacerdote y entonada ya en actos castrenses
Hasta ahora, durante el homenaje a los fallecidos en acto de servicio que se realiza en todos los actos oficiales del Cuerpo Nacional de Policía se seguía siempre la misma ceremonia. Se hacía desfilar la bandera a media altura mientras varios policías trasladaban una corona de laurel hasta un monolito. Una vez allí, un miembro de la academia pronunciaba unas palabras mientras sonaba de fondo la conocida música del compositor polaco. Sin embargo, la intención de la Dirección General es que a partir del próximo viernes se sustituya esta pieza clásica por la canción 'La muerte no es el final', compuesta por el sacerdote vasco Cesáreo Gabaráin y que desde 1981 se interpreta en ceremonias militares similares.
La orden ha creado un fuerte malestar entre los agentes que no entienden la incorporación de elementos religiosos en un acto de "un cuerpo civil y aconfesional como es la Policía", según han manifestado a este diario varios de ellos. Sin embargo, desde la Dirección General de la Policía se justifica su inclusión en que ya fue entonada en el homenaje a los tres policías muertos en enero de 2012 en la playa coruñesa de Orzán. Las fuentes consultadas señalan al actual 'número 2' de la Policía, el comisario Eugenio Pino, como el instigador de esta medida, que ha contado con el visto bueno final de sus superiores políticos, el propio Fernández Díaz y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó.
El antecedente de 2012
No es la primera vez que la Dirección General de la Policía intenta incluir este himno religioso en sus actos oficiales. De hecho, en junio de 2012 ya intentó que se entonara en la jura de los 1.945 nuevos agentes que salían entonces de la Academia de Ávila. Entonces, los responsables del acto llegaron a repartir entre los agentes un archivo de sonido en formato 'mp3' para que aprendieran a entonarla correctamente. Incluso, se hizo una modificación en la letra para adaptarla a la institución. Así, la palabra “hermano” había sido sustituida por “policía”, aunque el resto de las estrofas se mantenían tal cual, con las referencias religiosas intactas. Finalmente, y ante la polémica interna que se produjo, la Dirección General decidió aplazar su inclusión.
El SUP denuncia desde hace meses el intento del actual equipo de Interior de 'militarizar' las ceremonias de la Policía con la inclusión de desfiles y descargas de fusilería
No es la primera vez que fuentes sindicales de la Policía denuncian la “obsesión” de los máximos responsables de la Policía por modificar los actos oficiales para incluir elementos totalmente ajenos hasta ahora a los mismos. Muchos de los cuales, afirman, tienen “evidentes connotaciones religiosas o suponen una militarización ‘encubierta’ de unas ceremonias que, no lo olvidemos, son las de un cuerpo civil y laico”, señalan fuentes del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), el mayoritario del cuerpo y el que más se ha opuesto a estas modificaciones “innecesarias”, como las califican. Así, señalan que ya hace dos años se intentó incluir el desfile de agentes y las descargas de fusilería, además de la canción ‘La muerte no es el final’.
Sin embargo, la que no se ha frenado es la denunciada ‘militarización’ que contempla el proyecto de los nuevos galones que lucen los integrantes del Cuerpo Nacional de Policía. El borrador que maneja Interior, y cuyo contenido adelantó en exclusiva Vozpópuli el pasado noviembre, recoge la inclusión por primera vez en la divisas de los policías de una corona real en "oro y gules (rojo)" hasta ahora inexistente en dichos distintivos y que no termina de convencer a los representantes de los sindicatos. Desde el SUP se insiste que la Constitución determina que la Policía depende orgánicamente del Gobierno y no del Rey que sí tiene el mando de las Fuerzas Armadas. Por ello, consideran que la inclusión de dicho elemento ornamental “no está justificado”.
Más divisas 'militarizadas'
Además, el borrador recoge un aumento del número de divisas al pasar de las once actuales a 16. De las cinco nuevas, cuatro no servirán para determinar el grado del agente, sino su puesto de responsabilidad. Para conformarlos, la Dirección General ha decidido también dejar a un lado las hojas y coronas de laurel características del Cuerpo y utilizar la corona real, bastones de mandos y entorchados muy similares a los que emplea actualmente la Armada española. Por último, el departamento de Jorge Fernández Díaz pretende que a las hojas y coronas de laurel que hasta ahora servían para distinguir el grado de los agentes junto a entorchados y enmarcados, incorporen nuevos elementos, como galones en ‘v’ y serretas.
Pero la mayor crítica hacia los nuevos cambios se dirigen contra el coste económico de supondrá dotar de los nuevos distintivos a los 65.000 agentes con los que cuenta en la actualidad el Cuerpo Nacional de Policía. En la orden que pretende sacar adelante, la Dirección General reconocía que su implantación se hará de modo escalonado “conforme lo vayan permitiendo las disponibilidades presupuestarias”, aunque sin especificar en ningún momento ni la cuantía y en que periodo de tiempo se hará. El sindicato policial asegura, sin embargo, que el mismo costará cerca 3 millones de euros.
http://vozpopuli.com/actualidad/39451-tras-la-medalla-a-la-virgen-interior-incluye-un-canto-religioso-en-los-actos-oficiales-de-la-policiaFERNÁNDEZ DÍAZ CONCEDE A LA VIRGEN LA MÁS ALTA CONDECORACIÓN POLICIAL
Ni la Virgen ni la cofradía cumplen los requisitos para la Medalla de Oro al Mérito Policial, entre otros haber muerto en acto de servicio o quedar mutilado
Nuestra Señora María Santísima del Amor recibe la distinción por la colaboración de su cofradía con la Policía durante la Semana Santa
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha concedido la más alta condecoración del Cuerpo Nacional de Policía a la Virgen, en concreto a Nuestra Señora María Santísima del Amor. Los méritos para recibir la Medalla de Oro al Mérito Policial los ha realizado la cofradía de El Rico y María Santísima del Amor, que comparte con la Policía “valores como la dedicación, el desvelo, la solidaridad y el sacrificio”, según recoge la orden firmada por Fernández Díaz.
La Medalla de Oro al Mérito Policial es una condecoración que va acompañada de pensión, pero que en esta ocasión pierde la recompensa económica por ser concedida a título honorífico, según fuentes policiales. En la orden, a la que tuvo acceso eldiario.es, se destaca la colaboración de la cofradía malagueña con la Policía cada Semana Santa.
Sin embargo, ni la Virgen, ni la Cofradía parecen reunir los méritos que establece la Ley 5/1964 para la concesión de esta medalla. A saber: haber muerto en acto de servicio o sufrir mutilación, dirigir o participar en un servicio de la Policía de “trascendental importancia”, haber desarrollado una “actuación extraordinaria y ejemplar” que dote de prestigio al Cuerpo o realizar “hechos análogos” a los citados que impliquen “méritos extraordinarios”.
La orden, que adelantó Vozpopuli.com, se ha hecho pública el lunes. Para ello, los comisarios que integran la cúpula policial tuvieron que dar su visto bueno a la concesión de la medalla a la Virgen, como es preceptivo. El asunto se abordó en la Junta de Gobierno de la Policía, que abordó el tema el 31 de enero.
Con la Medalla de Oro al Mérito Policial están distinguidos, por ejemplo, los tres policías que fallecieron intentando rescatar del agua a un grupo de jóvenes que se bañaba de madrugada en la playa de Orzán, en A Coruña, en enero de 2012
http://www.eldiario.es/politica/Fernandez-Diaz-Virgen-condecoracion-policial_0_232377680.htmlEL CÍRCULO PIADOSO DE FERNÁNDEZ DÍAZ
Buena parte de los altos cargos del Ministerio del Interior son simpatizantes del Opus
Las pasadas Navidades, por primera vez en muchos años, el christmas laico que el Ministerio de Interior ponía siempre a disposición de sus empleados en su web se agotó y los funcionarios de este departamento sólo pudieron felicitar las fiestas a los suyos con la "Adoración de los Reyes Magos". Este, como otros, es sólo un ejemplo de los milagros que ocurren alrededor del titular de esta cartera, Jorge Fernández Díaz, que recientemente se ha encomendado a Santa Teresa para que "interceda" por España en estos "tiempos recios".
El ministro que redescubrió su catolicismo en Las Vegas y declaró a la ultraderecha Hazte Oír como una asociación "de utilidad pública" confía en Dios para arreglar todos los males del país. "Estoy seguro de que el esfuerzo de ella [Santa Teresa] desde arriba, que manda mucho, hará que [el proyecto turístico de la ruta teresiana presentada el pasado 23 en FITUR] sea un éxito", proclamó Fernández Díaz la semana pasada. Y, como la unión hace la fuerza, ha creado a su alrededor todo un séquito de fieles que le ayudan a hacer llegar sus plegarias hasta esas altas esferas. Varios de sus asesores y altos cargos del Ministerio no sólo son católicos de pro, sino que incluso contribuyen a la causa con su afiliación al Opus Dei o a la Orden Constantiniana de San Jorge, a la que pertenece el propio ministro a pesar de no estar reconocida por el Vaticano.
Para empezar, el titular de Interior tiene a su propio confesor personal. El padre Silverio Nieto, ex marino mercante, ex radiotelegrafista de la oficina de la Interpol en Madrid, expolicía de la Brigada de Información franquista, exjuez y exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y exprofesor de las Universidades de Comillas y San Dámaso (en Madrid) y San Antonio (Murcia), se ordenó tarde, a los 51 años (en 1999), pero su carrera espiritual le ha llevado a ser director jurídico de la Conferencia Episcopal y, tal y como adelantó El Confidencial, "fontanero" de los servicios secretos del Vaticano en España. En la actualidad, según fuentes conocedoras del departamento, no sólo es confesor del ministro, sino que le asesora en la designación de comisarios de la Policía. Es vocal, además, de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia.
El ministro es coautor, con uno de sus asesores, de una obra en honor a Sor Patrocinio
Otro de los asesores en nómina de Fernández Díaz es Raúl Armando Sandoval, uno de los hombres de confianza del ministro tan motivado por sus creencias religiosas como el propio Jorge Fernández. Sandoval es co-autor junto a éste de una obra en honor a Sor Patrocinio: Real Oratorio de Caballero de Gracia en el corazón de las dos últimas apariciones de la Virgen reconocida por la Iglesia en España [en Estudios Marianos (Salamanca), 2009] . "Miembro del Gabinete del titular de Interior como asesor, Sandoval se ocupa de los temas más diversos que Fernández Díaz le encarga directamente, desde reunirse con el grupo cristiano de la Policía para trasladarle el apoyo directo del ministro hasta intervenir en el turbio asunto del espionaje a la presidenta del PP Catalán y a la exnovia del hijo de Jordi Pujol, Victoria Álvarez, en el restaurante La Camarga.
Sandoval se reunió con la Coordinadora de Policías Cristianos, vinculada a la Consejería de Asistencia Religiosa de FEREDE, en marzo de 2013 y en el despacho que el asesor tiene en la sede del Ministerio. Sin embargo, con la detective Mayte Francés, de la agencia de detectives Método 3, Sandoval se reunió en su antiguo despacho de abogado y por indicación del ministro. Método 3 grabó la polémica conversación de Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez en el restaurante barcelonés La Camarga.
Fernández Díaz, aunque vallisoletano de nacimiento, es miembro del PP catalán, que presidió entre 1989 y 1991 y uno de sus referentes en el PP nacional. Su relación con Sánchez-Camacho es cordial y cercana, lo que, junto a la amistad de ésta con el catalán Jorge Moragas, director del Gabinete de Mariano Rajoy, le dan acceso directo al presidente. Según contó la propia detective Mayte Iglesias en varios medios, el ministro del Interior ordenó la reunión de Sandoval con ella, aunque éste se limitó a recabar información sobre el espionaje de Método 3 en La Camarga y nunca más dio señales de vida.
Luis Aguilera, subsecretario del Ministerio, es también —según fuentes cercanas— simpatizante del Opus. Entre sus otros méritos está el pertenecer a la llamada promoción de 1996 de abogados del Estado. La Gloriosa, como se la conoce, por ser la orla de la que Rajoy ha elegido a varios miembros de su equipo como a la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, según El Confidencial.
Los directores generales de la Policía y la Guardia Civil son, como Fernández Díaz, simpatizantes de la Obra
Entre los altos cargos simpatizantes de la Obra se encuentran también el director general del Cuerpo de Policía, Ignacio Cosidó, y su homólogo en la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. Este último fue, además, investido caballero de la Orden Constantiniana en 2009, mismo año en el que ingresaron en la institución otros ilustres españoles: duques, embajadores y hasta el director de un periódico nacional.
Fernández de Mesa, diplomado en Altos Estudios Militares y con estudios de Ingeniería Técnica Naval (es funcionario en excedencia del puerto ferrolano), comenzó su carrera política en su ciudad natal, Ferrol, en 1983, fue diputado del PP durante siete legislaturas y llegó a ostentar el cargo de delegado del Gobierno en Galicia entre 2000 y 2004, en plena crisis del Prestige. Una situación de la que salió airoso echando balones fuera ("yo sólo coordinaba la transmisión de información", se excusó ante el juez) y en la que se ganó el beneplácito de Rajoy.
Cosidó, por su parte, ha protagonizado fuertes polémicas, como la reciente destitución del Comisario General de Policía Judicial, José García Losada, —encargado de casos como el de los papeles de Bárcenas o Gürtel—, o su renovación de cargos policiales tras la llegada del PP al poder para poder rodearse de los suyos. No obstante, el director general de la Policía Nacional, ligado a Aznar y FAES, ha tenido también algún encontronazo con Fernández Díaz.
Asimismo, el jefe del Gabinete del Secretario de Estado, Alejandro Sánchez García, y el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino Sánchez son también —siempre según fuentes cercanas al departamento— simpatizantes de la Obra. Otro de los altos cargos ligados a esta causa es el director general de Relaciones Internacionales y Extranjería, Carlos Abella y de Arístegui, hijo de Carlos Abella, que fue embajador de España ante la Santa Sede entre 1996 y 2004 y miembro de la Comisión Nacional para la Causa de Beatificación de Isabel la Católica. Su madre, la pintora y escritora Pilar de Arístegui también ha dedicado parte de su obra a la reina española y aboga, como su marido, por beatificarla.
Del mismo modo, el primer secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, pertenece al Opus. Ulloa, vinculado al PP Catalán y a FAES, fue destituido en enero del año pasado (después de apenas 12 meses en el cargo) tras el escándalo de los "informes fantasma" en los que policías anónimos acusaban de corrupción a dirigentes de la Generalitat, entre otras personalidades, en plena campaña electoral.
Además de los cargos que figuran públicamente en el organigrama del Ministerio, Fernández Díaz puede tener hasta nueve asesores más —según el Real Decreto 1887/2011 de 30 de diciembre—. Pero, tras varios días pidiendo la información insistentemente, el Ministerio del Interior se ha negado a facilitar a este diario los nombres de los asesores del ministro que integran su Gabinete.
Los 'castigados' por el ministro
Del otro lado están los castigados por Fernández Díaz. Según fuentes cercanas al ministro, el ya exdirector de Comunicación de Fernández Díaz, Alberto Gimeno, era quien, hasta su marcha, procuraba frenar la fuerte impronta religiosa que el ministro da a sus intervenciones, decisiones o comparecencias públicas. Su relevo al frente de la Oficina de Comunicación lo ocupa ahora Juan José Esteban Servus, un histórico del Ministerio de Interior. El periodista, que ocupó varios cargos en la agencia Europa Press, llegó a la dirección del gabinete de prensa de la Policía en 1996, cargo que ha ocupado hasta su reciente nombramiento como sustituto de Gimeno.
Por último, la fe del ministro le ha llevado, como ya denunció este periódico, a acosar a un alto funcionario de Interior, dejándole con despacho pero sin trabajo, quizá como represalia por haber sido quien acabó con la carrera política de su "guía espiritual". Jaime Nicolás se encuentra en pleno proceso judicial después de que en 2002 se enfrentara a Jaime Rodríguez Arana, exdirector del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Arana, miembro del Opus acusado de plagio por Jaime Nicolás, dirigía grupos de meditación y oración a los que acudía el actual ministro de Interior
http://www.publico.es/politica/498972/el-circulo-piadoso-de-fernandez-diazEL JEFE DE LA POLICÍA ADMITE QUE LA LEY “NO ES UNA DEMANDA CIUDADANA”
Ignacio Cosidó reconoce que la criminalidad ha bajado en los últimos dos años
Asegura que los manifestantes tienen, en general, una conducta ejemplar
La cascada de medidas que ha aprobado el Ministerio del Interior bajo el paraguas de la seguridad en las calles no responde, según el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, a un aumento de la peligrosidad. Cosidó ha recalcado este martes, en pleno vuelco de la política del departamento de Interior del Gobierno, que todos los datos apuntan a una mejora de la seguridad y que el comportamiento de los manifestantes en las protestas es ejemplar en la mayoría de los casos.
"Hay una mejora de la seguridad objetiva y subjetiva. En absoluto la Ley de Seguridad Ciudadana responde a una demanda ciudadana. Todo lo contrario", ha declarado Cosidó, aunque fuentes de la Dirección General de Policía aclaran que Cosidó tuvo un lapsus y que en realidad se refería a la Ley de Seguridad Privada, que enfatiza la cooperación entre los agentes públicos y los vigilantes privados.
Las medidas del Ministerio de Interior no cesan. La última, anunciada este lunes, es la compra de un camión-botijo que lanzará chorros de agua en las manifestaciones. El departamento de Jorge Fernández Díaz presupuestó 493.680 euros para esta adquisición apenas tres semanas después de aprobar el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que prevé multas de hasta 30.000 euros para los participantes en protestas no autorizadas ante el Congreso; y una después de dar luz verde a la Ley de Seguridad Privada, que da más poderes a las empresas de vigilancia en espacios públicos. En la última manifestación organizada por el colectivo Rodea el Congreso, celebrada el pasado sábado en Madrid y que acabó con cargas policiales, el Gobierno sacó a la calle un agente por cada dos manifestantes.
"Nunca en España hemos tenido un mayor número de manifestaciones y una menor necesidad de acción de las fuerzas policiales como en estos momentos", ha rebatido Cosidó durante la presentación de dos nuevos proyectos de colaboración entre la policía y las empresas de seguridad privada donde ha citado los datos sobre las protestas de 2013. A lo largo del año se han celebrado más de 6.000 manifestaciones con presencia policial. En 84 de esas manifestaciones se ha producido algún tipo de incidente y en 18 de ellos ha sido necesario utilizar la fuerza policial, según ha expuesto.
"Creo que esto demuestra dos cosas: un sentido de la responsabilidad y del respeto a la convivencia por parte de los ciudadanos que creo que es digno de destacar", ha admitido. A lo que ha agregado que espera una caída de en torno al 4% de los delitos y faltas, que se suma a un descenso del 2% del año pasado. Cosidó ha aludido también a la última encuesta del CIS, según la cual la seguridad ciudadana ha desaparecido como una de las preocupaciones de los ciudadanos.
Sobre la compra del camion-botijo, Cosidó ha insistido en que era necesario sustituir los cinco que tiene la Policía Nacional porque se han quedado obsoletos y que son menos lesivos que otros mecanismos de dispersión de masas como las pelotas de goma, uno de los aspectos más discutidos sobre esta herramienta. "Hemos apreciado un aumento de la quema de contenedores y de las barricadas durante las manifestaciones", ha apuntado
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/17/actualidad/1387283926_218608.htmlEL ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR TAMBIÉN CONFIRMA QUE EL GOBIERNO BUSCA FAVORECER EL NEGOCIO DE LA SEGURIDAD PRIVADA
La nueva Ley de Seguridad Privada reabre el debate sobre intereses económicos de dirigentes del PP en este sector
La aprobación de la nueva Ley de Seguridad Privada, que dará luz verde a vigilantes de empresas privadas para que puedan cachear y detener en la calle a cualquier ciudadano tiene como un objetivo clave potenciar negocio a este sector. No es una acusación proveniente de la oposición ni de movimientos sociales, lo ha admitido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Este miércoles las redes sociales ardían por los numerosos comentarios que recordaban las conexiones de dirigentes del PP con este negocio.
Conectar lo público y lo privado
Francisco Martínez reconoció ayer ante unos 300 representantes de empresas de Seguridad, durante la entrega de los XXVII Trofeos de la Seguridad convocados por la revista Seguritecnia, que la nueva ley tiene entre sus principales objetivos ayudar a consolidar ese sector económico que ha sufrido dificultades durante la crisis. El número dos de Interior explicó que la intención del Gobierno es propiciar que el marco legal beneficie a todos, y que “conectar lo público y lo privado supone una muestra de sensatez”. El presidente del Consejo Asesor de Seguritecnia, Miguel Ángel Fernández Roncaño, agradeció al Gobierno que cumpla “lo que prometió” y recoja en su ley las sugerencias del sector.
El sector agradece a Rajoy que cumpla “lo que prometió”
Martínez también insistió en el mensaje trasmitido anteriormente por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que justificó que se favorezca a la seguridad privada por la importancia del sector, que integran unas 1.500 empresas, que factura 3.600 millones de euros al año y emplea a 90.000 personas, según dijo.
Los “amplios intereses de la familia Mayor Oreja”
Pero la otra cara de este asunto pone en cuestión los verdaderos intereses del Gobierno, dada la polémica sobre vínculos de dirigentes del PP con el negocio de la seguridad. Una polémica, que, por cierto, viene de lejos, y que sacó a la luz en 2002 el dirigente nacionalista Xavier Arzallus, quien en un acto público criticó los obstáculos puestos por el entonces Gobierno del PP para no aumentar los efectivos de la Policía autonómica. Arzallus dio a entender que podía haber una razón oculta en la actuación del Ejecutivo de Aznar: “No pienso, no quiero pensar que Rajoy [entonces ministro de Interior] esté anunciando un principio de privatización de la policía, acudir a las compañías privadas, ¿no?, en las que, por cierto, la familia Mayor Oreja tiene amplios intereses”.
Estaba clara la denuncia del dirigente nacionalista: el Gobierno mantenía un número insuficiente de agentes de la Policía para tener que recurrir a compañías de seguridad privada, que cubrieran el servicio de escoltas.
Rajoy se unió a Mayor Oreja, contra Arzallus
Las acusaciones de Arzallus encontraron respuesta por parte de Jaime Mayor que presentó una demanda por intromisión en el honor, a la que se sumaron sus hermanos y, curiosamente, Mariano Rajoy. Pero la Justicia no hizo más que confirmar que efectivamente los Mayor Oreja participaban en el negocio de la seguridad. Como recordó ayer ELPLURAL.COM, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vitoria dio como probada la participación de Jaime Mayor Oreja en Eulen, y la de sus hermanos en empresas como Seguritec, Prosegur y Protección y Custodia.
La Justicia confirmó los “cargos” de los Mayor Oreja en empresas de seguridad
La Audiencia Provincial de Vitoria vino a confirmar lo que había dictaminado el juzgado de Primera Instancia. Luego, el Supremo sentenció que “de acuerdo con la documentación aportada relativa a las certificaciones del BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil), desde 1992 hasta el momento en que se efectúan las declaraciones por parte del D. Xavier Arzallus Antia diferentes miembros de la familia Mayor Oreja habían ostentado y ostentaban cargos diversos en empresas privadas de seguridad”.
Los vínculos de Trillo con Prosegur
Otro dirigente del PP vinculado con empresas de seguridad y que también provocó polémica en su momento es Federico Trillo, actualmente embajador en Reino Unido. Los vínculos del exministro de Defensa fueron con la empresa de seguridad Prosegur, con quien mantuvo un contrato de asesoramiento desde su firma Estudio Jurídico Labor, que comparte con dos hijos.
Con Trillo Prosegur cuadruplicó la facturación con Defensa
El contrato de Trillo con Prosegur después de dejar el Ministerio de Defensa provocó una investigación de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública del Ministerio de todas las adjudicaciones dadas a la empresa privada de seguridad por valor de 7.154.151 euros durante la etapa de Trillo como ministro.
Prosegur, contratista de Defensa incrementó notablemente sus contratos con el ministerio entre los años 2000 y 2004, bajo el mandato de Trillo, y pasó de facturar 2.113.073 euros entre 1996 y 1999 a los 7.154.151 euros ya referidos. Durante la gestión de Trillo al frente de Defensa las contrataciones con las empresas de seguridad privada aumentaron considerablemente. En aquellas fechas se desveló la contratación de guardias jurados para la Academia de Zaragoza, según informó El País en aquellos años.
http://www.elplural.com/2013/12/12/el-numero-dos-de-interior-tambien-confirma-que-el-gobierno-busca-favorecer-el-negocio-de-la-seguridad-privada/EL ‘NEGOCIO DE LA SEGURIDAD’ ERA UNA VÍCTIMA COLATERAL DEL FIN DE ETA…, AHORA EL PP LE ENCUENTRA ‘UNA SALIDA’
El Supremo dio por demostrado que los Mayor Oreja tenían intereses en estas empresas, y ahora la ciudadanía sospecha de la nueva Ley de Seguridad Privada que el ministro de Interior ha reconocido que está pensada para ampliar su campo de actuación
Ahora es juez del Tribunal Constitucional, pero el 6 de noviembre de 2008, la magistrado Encarnación Roca Trías era juez del Tribunal Supremo, en concreto de la Sala de lo Civil. Ese día la sala dictó una sentencia de la que ella había sido ponente y que tenía que ver con un recurso interpuesto por Mariano Rajoy Brey y los hermanos Mayor Oreja, Jaime, Carlos y José, contra Xavier Arzallus.
Rajoy y los Oreja contra Arzallus
En el año 2002, el político nacionalista en un acto público se quejaba de que se estuviera paralizando la posibilidad de aumentar los efectivos de la policía autonómica en 200 nuevos miembros. E insinuó que podía haber una razón oculta para ello. Sus palabras fueron: “no pienso, no quiero pensar que Rajoy esté anunciando un principio de privatización de la policía, acudir a las compañías privadas, ¿no?, en las que, por cierto, la familia Mayor Oreja tiene amplios intereses”. Lo que venía a decir el dirigente del PNV era, claramente, que se buscaba mantener en lo que él consideraba un número insuficiente a la policía autonómica, de forma que la seguridad de los amenazados por ETA tuviera que recaer en las compañías de seguridad que ofrecían servicio de escoltas.., y que en ese negocio los dirigentes del PP tenían intereses. Rajoy entonces era el ministro de Interior, razón por la que el líder peneuvista le incluía en su ‘pensamiento’.
La reacción de Jaime Mayor incluyó calificativos contra Arzallus como ‘calumniador’ y ‘cobarde’, y ante la negativa del político nacionalista a rectificar, acabó en una demanda ‘por intromisión en el honor’. Sus hermanos se sumaron a Jaime, y los tres presentaron la querella a la que, aún más sorprendentemente, se sumó Mariano Rajoy, un hombre que huye de los pleitos, como se ha demostrado en el caso Luis Bárcenas, contra el que se ha negado a actuar legalmente mientras que sí lo hicieron su partido y otros líderes ‘populares’.
Juzgado de Primera Instancia, Audiencia Provincial y Supremo coincidieron: los Oreja habían participado en el negocio de la seguridad
Los hermanos Oreja y, con ellos, Mariano Rajoy, fueron perdiendo demanda y recursos. Primero fue el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vitoria, que de acuerdo a la documentación aportada durante la causa, dio como probada la participación de Jaime Mayor Oreja en Eulen, una empresa que gestiona compañías de seguridad, y la de sus hermanos en empresas como Seguritec, Prosegur y Protección y Custodia. Después ante la Audiencia Provincial de Vitoria, que vino a confirmar lo que había dictaminado el juzgado de Primera Instancia.
Y al final ante el Supremo, que, conforme a lo que proponía la ponente, la juez ahora del Constitucional, Encarnación Roca Trías, en su sentencia daba por probado que “de acuerdo con la documentación aportada relativa a las certificaciones del BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil), desde 1992 hasta el momento en que se efectúan las declaraciones por parte del D. Xavier Arzallus Antia diferentes miembros de la familia Mayor Oreja habían ostentado y ostentaban cargos diversos en empresas privadas de seguridad”.
Un negocio que ‘mancha’ a los dirigentes populares
En realidad, la insinuación de Arzallus, los intereses de los Mayor Oreja en los negocios de la seguridad privada, que todos los tribunales fueron dando por hecho probado, es algo de lo que siempre se ha acusado a políticos del PP. Tanto desde las filas de la oposición de izquierda, como desde el público. De hecho, tan pronto se conoció que se iba a permitir que los vigilantes privados pudieran hacer funciones hasta ahora reservadas a la policía, en las redes sociales se está apuntando en esta dirección profusamente.
Lo cierto es que el propio ministro, Jorge Fernández ha reconocido que la ley va a servir para ‘revivir’ el campo de negocio de las empresas de seguridad privada, que se había convertido en ‘víctima colateral’ del fin de los atentados de ETA. El argumento que utilizan en Interior, uno muy recurrente: en España el número de vigilantes por habitante es menor que en otros países como Alemania, Francia o el Reino Unido. Una forma de consagrar el hecho de que el Estado se dispone a renunciar a tener más policías o guardia civiles -sólo se están reponiendo el 10% de las plazas que quedan vacantes en estos cuerpos de funcionarios-, para ‘privatizar’ la responsabilidad de la seguridad.
Un negocio que mueve en estos momentos por encima de los 3.500 millones de euros al año y que se va a ver muy reforzado porque ante estas empresas se abre la oportunidad de cubrir tareas que hasta ahora llevaban en exclusiva las Fuerzas de Seguridad públicas, y que, como les venimos contando en ELPLURAL.COM en los últimos meses, van a incluir la supervisión de la convivencia en zonas abiertas y otras como las zonas exteriores de los recintos públicos.
http://www.elplural.com/2013/12/11/el-negocio-de-la-seguridad-era-un-victima-colateral-del-fin-de-eta-ahora-el-gobierno-del-pp-le-encuentra-una-salida/PP, CIU Y PNV APRUEBAN QUE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD PUEDAN IDENTIFICAR Y DETENER A CIUDADANOS
La nueva ley aprobada en el Congreso les permitirá vigilar las cárceles y se les considerará "agentes de la autoridad" frente a desobediencias y agresiones
Un nuevo paso hacia la “seguridad ciudadana”, esta vez perpetrada por el Partido Popular con los apoyos de CiU y PNV, que han aprobado en la Comisión de Interior del Congreso una ley para que los vigilantes de seguridad puedan permitir identificar y detener a ciudadanos en espacios públicos. Una polémica propuesta a la que se han opuesto claramente el PSOE y el grupo de la Izquierda Plural.
La ponencia de la ley, que ha hecho pública El País, asegura que se ha aprovechado para realizar una necesaria matización del principio general de exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos, cuya formulación actual, excesivamente rígida, ha dificultado o impedido la necesaria autorización de servicios en beneficio del ciudadano, que resulta hoy obsoleta”.
Zonas comerciales
La norma, que ahora será remitida al Senado, busca regular la vigilancia “en polígonos industriales y urbanizaciones y en sus vías de uso común” y “en zonas comerciales peatonales”. También en “acontecimientos deportivos, culturales o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos”, así como en “espacios o vías públicas en supuestos distintos de los previstos en este artículo”.
En espacios públicos
Los servicios de los vigilantes de seguridad estarán permitidos “en espacios o vías públicas que se encuentren o puedan ser delimitados de cualquier forma” en ciertos supuestos, además de los ya clásicos como la retirada o reposición en cajeros. También en “los servicios de ronda o de vigilancia discontinua” y “aquellos servicios de vigilancia y protección que lo requieran por su propia naturaleza y desarrollo”.
Persecución de delincuentes
La ley también permitirá que los vigilantes puedan perseguir en espacios públicos a “sorprendidos en flagrante delito, aun cuando no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección” .
Vigilancia de cárceles
El proyecto también culmina un deseo con el PP llevaba remoloneando desde su victoria electoral y que consiste en que los vigilantes de seguridad también puedan hacerse con el control exterior de las cárceles y de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
“Agresión a la autoridad”
Además, se considerarán “agresiones y desobediencias a agentes de la autoridad las que se cometan contra el personal de seguridad privada, debidamente identificado, cuando desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
http://www.elplural.com/2013/12/10/pp-ciu-y-pnv-aprueban-que-los-vigilantes-de-seguridad-puedan-identificar-y-detener-a-ciudadanos/LOS RESPONSABLES DE LA UDEF SEGUIRÁN EN SU CARGO HASTA QUE FINALICE EL ‘CASO BÁRCENAS’
La Dirección General de la Policía Nacional ha decidido mantener en sus puestos a los máximos responsables de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la sección de la Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ) encargada de la investigación de los dos mayores escándalos vinculados con el Partido Popular, los casos Gürtel y Bárcenas. La Dirección General convocó el pasado 4 de noviembre un concurso para designar a dedo mediante un proceso de libre designación a los máximos responsables de estas investigaciones. La convocatoria afectaba en total a 64 puestos de mando de la Policía, pero la atención se centró en cuatro de esos cargos: los responsables de las brigadas de la UDEF encargadas de investigar la corrupción.
El Ministerio del Interior y la Dirección General de Policía reconocieron días después de que se aprobara la convocatoria que el concurso de libre designación se utilizaría para hacer cambios en puestos claves de la UDEF. El propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, defendió públicamente que el nuevo comisario de la Policía Judicial, Santiago Sánchez Aparicio, el cuarto en lo que va de legislatura, tenía derecho a sustituir a los actuales responsables por otros agentes de su confianza.
Pero, finalmente, a pesar de lo anunciado, las vacantes serán ocupadas por los mismos mandos que desempeñan en la actualidad esas funciones, según han confirmado fuentes policiales a este diario. El concurso se ha cerrado en tiempo récord, tres semanas antes de que expirara el plazo de resolución. La noticia ya ha sido comunicada a los afectados.
Sánchez Aparicio quería contar con ellos
Oficialmente, la decisión ha correspondido al director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Pero, según ha podido saber este diario, el verdadero responsable de que los cuatro jefes de Brigada de la UDEF vayan a continuar en sus puestos es el nuevo comisario de la Policía Judicial, que ha pedido a la Dirección General poder seguir trabajando con esos profesionales. De hecho, sólo unos días después de asumir el cargo, el pasado mes de octubre, Sánchez Aparicio ya transmitió a sus subordinados que iba a contar con todo el equipo de su predecesor. Esa promesa se ha convertido ahora en una realidad.
La convocatoria del concurso de libre designación provocó que los cuatro jefes de la Brigada se plantearan no solicitar la plaza que ocupan para ser así trasladados a otros destinos menos problemáticos. Todos ellos han denunciado en los últimos meses ser víctimas de presiones continuas por parte del Ministerio del Interior y otros ámbitos del Gobierno por las implicaciones de los casos que investigan. Cuando trascendió la convocatoria del curso, dieron por descontado que el método de libre designación iba a ser utilizado por la Dirección General para sustituirlos por otros funcionarios.
En esa situación se encontraba especialmente el jefe de la Brigada de Blanqueo, José Luis Fernández Gudiña, responsable del grupo que ha asumido directamente el rastreo de los fondos evadidos por la red Gürtel y el extesorero de los populares Luis Bárcenas. Pero, según ha podido saber este diario, Sánchez Aparicio transmitió personalmente su confianza a los jefes de Brigada, incluido a Fernández Gudiña, y les pidió que continuaran en la UDEF, al menos, hasta que concluya la instrucción judicial del caso Bárcenas.
Manuel Vázquez también seguirá
El comisario de la Policía Judicial envió el mismo mensaje al máximo responsable de la UDEF, Manuel Vázquez. Aunque su plaza no estaba entre las que salió a concurso, Vázquez había reconocido entre sus colaboradores que tenía intención de solicitar una de las vacantes de la convocatoria para abandonar el cargo tan delicado que ocupa en estos momentos. En concreto, quería hacerse cargo de la Unidad de Investigación Tecnológica, la sección que abandonó en julio de 2012 para asumir el mando de la UDEF. Pero Sánchez Aparicio también lo ha convencido para que continúe en su puesto, como mínimo, hasta que termine la investigación policial del caso vinculado con el extesorero del PP. Después, el comisario de la Policía Judicial se ha comprometido a facilitarle su marcha a otro destino, al igual que al resto de mandos de la UDEF que pidan un traslado.
Las fuentes consultadas aseguran que la instrucción de ese procedimiento podría concluir el próximo mes de marzo. La prioridad de Sánchez Aparicio es mantener al mismo equipo de policías que se ha encargado de los casos Gürtel y Bárcenas desde el principio para aprovechar el conocimiento que han adquirido en todos estos meses de averiguaciones. El nuevo comisario de Policía Judicial pretende aprovechar la experiencia de los responsables de la UDEF para darle un impulso a ambas investigaciones. Su objetivo es que el instructor de los dos procedimientos, el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, pueda contar con todos los informes policiales que ha encargado en el menor plazo posible.
http://www.elconfidencial.com/espana/2013-12-02/los-responsables-de-la-udef-seguiran-en-su-cargo-hasta-que-finalice-el-caso-barcenas_61562/INTERIOR DA MARCHA ATRÁS Y MANTIENE EN SUS PUESTOS A TODOS LOS JEFES DE LA UDEF
El ministro Jorge Fernández Díaz opta por dejar en sus puestos a los cuatro policías que dirigían las brigadas de la unidad que investiga los casos Gürtel y Bárcenas después de amagar con su relevo a través de un concurso de "libre designación".
Tras la tormenta, vuelve la calma de manera momentánea a la Policía. El Ministerio el Interior ha decidido finalmente mantener en sus cargos a los mandos policiales que hasta ahora venían ocupando las jefaturas de las cuatro brigadas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) cuyos puestos había sacado recientemente a concurso "de libre designación" (a dedo). La decisión, que afecta a puestos claves en la investigación de los 'casos Gürtel' y 'Bárcenas', ha sido tomada sólo tres días después de que finalizara el plazo fijado para la presentación de candidaturas, lo que es calificado por las fuentes policiales consultadas por este diario como de "inusitado" por su rapidez. Aunque fuentes del Ministerio encuadraban este lunes la decisión dentro de "la normalidad" para acabar con la provisionalidad de los agentes que ocupaban esos puestos, desde fuentes policiales se mostraban convencidos de que al mantener a los policías en sus puestos Jorge Fernández Díaz ha intentado evitar una nueva polémica en plena crisis de imagen tras su cuestionado anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.
La polémica sobre la posible renovación del 'segundo escalón' de la unidad policial que investiga la corrupción política saltó el pasado 4 de noviembre, cuando Ignacio Cosidó publicó en la Orden General de la Dirección General de la Policía el concurso para cubrir 62 plazas de otros tantos altos cargos policiales que en ese momento estaban “vacantes o próximos a quedar vacantes”. Entre las decenas de destinos a cubrir había cuatro que llamaron especialmente la atención: los de los responsables de cuatro de los cinco departamentos que integran la UDEF. Se trataba, en concreto, de las jefaturas de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción; de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal; de la Brigada Central de Inteligencia Financiera y de la Brigada de Investigación del Banco de España. En ese momento, sus responsables ocupaban el puesto de manera provisional.
La convocatoria se producía, además, sólo un mes después Cosidó destituyera al comisario general de la Policía Judicial, José García Losada, precisamente el máximo responsable de las investigaciones sobre la corrupción y la criminalidad organizada, y por tanto, de la UDEF. Para su puesto había sido designado Santiago Sánchez Aparicio, el tercer comisario que ocupaba el puesto desde la llegada del PP al poder. Aquel cambio ya provocó un enorme revuelo en la opinión pública ya que se vinculó a los informes elaborados por la UDEF sobre la red de corrupción de Francisco Correa y, más en concreto, a los que detallaban los viajes que la actual ministra de Sanidad, Ana Mato, había realizado supuestamente con cargo a la trama, y a los que han permitido al juez Pablo Ruz dar veracidad de los 'papeles de Bárcenas' que han hecho tambalearse los cimientos de Génova 13.
"Su propio equipo de trabajo"
Cuatro semanas después, Interior convocaba el concurso que afectaba directamente a cuatro de los cinco jefes de brigada y que abría la puerta a una renovación que el propio Fernández Díaz defendió públicamente el pasado 13 de noviembre. Entonces, el ministro aseguró a preguntas de los periodistas en el Congreso que el nuevo comisario general de Policía Judicial tenía su visto bueno para realizar los cambios que considerase oportunos en las unidades bajo su responsabilidad y así crear "su propio equipo de trabajo". El ministro, no obstante, quiso desmarcarse de los posibles relevos al asegurar que éstos se producirían bajo la "absoluta autonomía" de Ignacio Cosidó y del comisario Sánchez Aparicio.
El plazo para que todos aquellos agentes que aspiraran a ocupar el puesto presentaran su candidatura acabó el pasado 25 de noviembre y el director general de la Policía tenía un mes para elegir entre todos ellos a quiénes ponía al frente de los mismo. Sin embargo, sólo hicieron falta tres días. El pasado 28 de noviembre, Cosidó publicaba una resolución en la orden general por la que mantenía en sus puestos a F.A.R., como jefe de la Brigada Central de Inteligencia FInanciera; a J.L.G.F., como responsable de la de Investigación de Blanqueo de Capitales; a J.L.A.V. en la de Delincuencia Económica y Fiscal; y a A.C.B., al frente de la de Investigación del Banco de España. No obstante, la noticia no se conoció en la UDEF hasta este lunes, cuando el documento oficial fue dado a conocer de modo interno a través de la 'intranet' de la Policía.
La misma resolución mantiene vacante el puesto de comisario jefe de la nueva Unidad de Investigación Tecnológica (UIT), también dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial, lo que ha provocado suspicacias entre los policías que luchan contra la corrupción. De hecho, en su momento se barajó con que el actual jefe de la UDEF, el comisario Manuel Vázquez, muy cuestionado desde Interior, aspirase a dicho puesto ya que con anterioridad había sido el máximo responsable de la Brigada de Investigación Tecnológica, antecesora del nuevo grupo de lucha contra el cibercrimen, y él se había quejado en privado de haber sufrido presiones por los informes de la Gürtel y del 'caso Bárcenas'. Sin embargo, el mando policial optó finalmente por mantenerse en su cargo ya que éste no había salido a concurso. No obstante, al dejar desierta la plaza en la UIT, Interior deja abierta la posibilidad de este mando en un futuro próximo.
http://vozpopuli.com/actualidad/35381-interior-da-marcha-atras-y-mantiene-en-sus-puestos-a-todos-los-jefes-de-la-udefDESBANDADA EN LA UDEF: EL POLICÍA QUE ENCARCELÓ A DÍAZ FERRÁN DEJA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El inspector jefe que llevaba la 'Operación Crucero' pasa al sector privado y su 'número 2' pide el cambio a otro grupo. Las salidas se producen días antes de que Interior elija quién dirigirá las brigadas que investigan los casos Gürtel y Bárcenas.
De grupo policial estrella a destino casi maldito. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), responsable entre otros de la investigación de los casos 'Gürtel' y 'Bárcenas', vive jornadas convulsas. La última, con la reciente salida del inspector jefe que ha dirigido con éxito la 'Operación Crucero' que permitió encarcelar al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y al 'liquidador' de Marsans, Ángel de Cabo. Este mando policial ha abandonado la jefatura del grupo de la Brigada de Blanqueo de Capitales que dirigía para pasar a la empresa privada. No ha sido el único. Su 'número 2', una inspectora jefe también con amplia experiencia en la lucha contra la corrupción, ha pedido pasar a otro grupo de la UDEF, la Brigada de Inteligencia Financiera, no directamente implicada en las pesquisas de los casos más polémicos. El doble cambio se produce escasos días después de que Interior haya anunciado una convocatoria para cubrir por "el procedimiento de libre designación" (a dedo) las plazas, entre otras, de los máximos responsables de cuatro de las cinco brigadas que integran en la Unidad.
El doble cambio no afectará, sin embargo, a la investigación del saqueo del grupo Marsans. Según destacan fuentes policiales a este diario, las pesquisas sobre las actividades supuestamente delictivas de Díaz Ferrán y el resto de imputados en la causa están prácticamente finalizadas y sólo queda que el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa, Eloy Velasco, dé por concluso el sumario y lo eleve a la sala para que ésta fije la fecha de celebración del juicio. De hecho, apuntan que ambos agentes han esperado a finalizar las mismas para consumar su salida. Sin embargo, estas mismas fuentes insisten en que el movimiento es muy significativo del mal ambiente que se vive actualmente en la UDEF, fruto de las supuestas presiones políticas surgidas después de que varios informes elaborados por sus agentes para el 'caso Gürtel' pusieran contra las cuerdas a una integrante del Ejecutivo de Mariano Rajoy, la ministra de Sanidad, Ana Mato. "No son los primeros ni serán los últimos en marcharse", augura una de las fuentes consultadas, que recalca que en el último año un grupo significativo de los policías que contaban con amplia experiencia en la lucha contra este tipo de delincuencia económica ha ido saliendo en busca de destinos con 'menos carga política'.
Siempre según estas fuentes, esto se ha traducido en una carencia de efectivos en un momento en el que los diferentes juzgados que investigan casos de corrupción reclaman más pesquisas a la Policía, lo que ya ha provocado varios roces con los representantes del poder judicial. De hecho, el pasado martes, los jueces José Castro y Pablo Ruz dictaron sendas providencias en las que echaban un serio rapapolvo a la UDEF por no haber entregado informes que habían solicitado hace tiempo y sin los cuales no pueden avanzar, respectivamente, en los casos 'Nóos' y de los 'papeles de Bárcenas'. Las fuentes policiales consultadas insisten en que gran parte de dichos retrasos es consecuencia del exceso de trabajo acumulado por la marcha de funcionarios y la necesidad de adiestrar a los agentes que se han incorporado para relevar a los que salen. "Un policía recién llegado a una unidad tan especializada tarda un tiempo en alcanzar la capacidad de investigación de los veteranos a los que sustituyen y esto necesariamente se ha terminado notando". El resto de la tardanza la adjudican al interés de determinados mandos en "leer y releer" dichos análisis policiales antes de que sean enviados a los magistrados instructores para evitar nuevas situaciones comprometidas con el Gobierno.
Más cambios en breve
La regañina judicial es, sin embargo, el último episodio que sacude a una unidad que el propio Ministerio del Interior ha puesto en el disparadero con la reciente convocatoria para cubrir 'a dedo' cuatro jefaturas de sus cinco brigadas. Aunque a la misma pueden aspirar los comisarios que actualmente las ocupan, fuentes policiales han confirmado a este diario que al menos uno de los afectados ya ha anunciado a su círculo más cercano que no optará a la misma convencido de que "ya está dada" a otro mando. Desde la Dirección General de la Policía se insiste en que este procedimiento, que estará concluido las próximas Navidades, es el ordinario para acabar con la provisionalidad de los mandos que actualmente ocupan estos puestos. No obstante, en el seno de la propia Unidad existe el convencimiento de que su convocatoria precisamente ahora busca que algunos de sus actuales responsables renuncien a aspirar al puesto para colocar en su lugar a otros mandos más cercanos.
A ello se une el convencimiento de que el actual jefe de la propia UDEF, el comisario Manuel Vázquez, también estudia pedir su traslado a otra unidad después de haber reconocido a su círculo más próximo las enormes presiones que ha recibido en los últimos meses por los informes de la 'Gürtel' y el desmentido que hizo del llamado informe 'fantasma' que acusaba a Artur Mas y la familia Pujol de tener cuentas en Suiza. El propio Ministerio del Interior le ha tendido un 'puente de plata' al convocar la plaza de jefe de la Unidad de Investigaciones Tecnológicas, un puesto nuevo tras la reciente creación de este grupo de lucha contra el cibercrimen. Los alicientes para el comisario son varios. En primer lugar, sería el regreso a un tipo de investigación que conoce perfectamente, ya que hasta que hace año y medio fue ascendido a jefe de la UDEF él era el responsable de la Brigada de Investigación Tecnológica, el antecesor de la nueva unidad y que ahora ha sido absorbida por la misma. Además, mantendría el nivel 29 en la Administración y el consiguiente complemento salarial, cercano a los 26.000 euros anuales.
El pasado verano ya circularon rumores de que el comisario Vázquez iba a ser cesado junto al que entonces era su superior, el comisario general de Policía Judicial, José García Losada, una decisión que finalmente frenaron desde Moncloa para evitar precisamente el revuelo mediático de la medida en pleno auge del 'caso Bárcenas'. Losada fue finalmente relevado de su puesto hace menos de dos meses, cuando llevaba sólo un año en el puesto, para ser trasladado a un puesto burocrático. La caída de éste ya provocó revuelo en el seno de la propia Policía y en los grupos parlamentarios de la oposición, que han pedido explicaciones al Gobierno en el Congreso sobre lo que consideran un cambio 'sospechoso' en un momento clave para dilucidar el archivo o no de la investigación sobre la supuesta contabilidad B del PP.
Una polémica que, sin embargo, no parece haber afectado a los planes del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien la semana pasada ya dejó entrever en una comparecencia ante la prensa que habrá más cambios al defender que el nuevo comisario general, José Santiago Sánchez Aparicio, puede realizar los cambios que considerase oportunos en las unidades bajo su responsabilidad para crear "su propio equipo de trabajo". El terremoto en la UDEF no ha terminado. El próximo temblor, el próximo lunes 25 de noviembre, cuando concluya el plazo para optar a los jefaturas de las brigadas de la UDEF y se conozcan las identidades de los que optan a ellas y los que tiran la toalla.
http://vozpopuli.com/actualidad/34854-desbandada-en-la-udef-el-policia-que-encarcelo-a-diaz-ferran-deja-la-lucha-contra-la-corrupcion‘CANCIÓN TRISTE’ POR LA UDEF
¿Está el Gobierno intentando bloquear a la policía judicial? Sentimiento de "cabreo y desasosiego" entre los funcionarios, mientras en pocas horas los jueces del caso 'Gürtel- Bárcenas', y 'Noos-Urdangarín', protestan por la tardanza en la entrega de informes...
Es alarmante. Desde luego lo es para los policías que integran la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que acuden a los sindicatos y a sus compañeros a mostrar su miedo a que se esté fraguando un ‘golpe’ dentro de su unidad con el cambio de la cúpula que los dirige. Un cambio que está a punto de concretarse en las próximas semanas.
Dos jueces al borde de un ataque de nervios
Y las razones para esa alarma se han concretado en apenas unas horas, las que han pasado entre las dos quejas que se han visto obligados a formular, a través de providencias, los dos jueces que en estos momentos llevan las causas con más carga política. Por un lado el juez José Castro, responsable de la instrucción del caso Noos, que se quejaba del trabajo de la Agencia Tributaria y de la UDEF, que no acaba de enviarle los datos que ha pedido sobre las cuentas de la infanta Cristina de Borbón. Por otro el juez Pablo Ruz, que ha tenido que exigir a la policía judicial que le entreguen en tres días un informe sobre la financiación irregular del PP para avanzar en el sumario que instruye del caso ‘Gürtel-Bárcenas’.
La instrucción del juez Ruz, a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM es especialmente significativa, por la dureza del tono en el que el magistrado recuerda las veces en las que ha pedido informes (en especial sobre las obras que el PP realizó en su sede central de Génova y que presuntamente se habrían pagado de manera irregular) que no le llegan y acaba escribiendo que “no habiéndose emitido aún el informe de avance interesado, y resultando el mismo imprescindible para la práctica de ulteriores diligencias de investigación” dirige un oficio a la UDEF, a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción en concreto, “a fin de que de forma urgente, y en todo caso, en el improrrogable plazo de TRES días, procen a la presentación del meritado informe de avance” (el subrayado y las capitulares son del original).
Los cambios en cúpula y mandos intermedios de la UDEF son inminentes
¿Qué está sucediendo? ELPLURAL.COM lo ha preguntado en fuentes policiales. “La situación en la UDEF -nos cuentan- es de cabreo… Hay preocupación, desasosiego… una sensación de estar en el ojo del huracán que dificulta enormemente su trabajo diario”. Ese malestar tiene su origen en las órdenes que les llegan desde hace tiempo, pero se ha intensificado con la noticia del cambio inminente en la cadena de mando de la Unidad, de la que les informó este periódico el pasado día 13, y que en entre los funcionarios se contempla como un intento de ‘cercar’ a aquellos que están directamente investigando los temas que resultan ‘molestos’ para el Gobierno. Sean por ‘la trama Gürtel’, sean por ‘el caso Noos’.
Hasta ahora, los informes que llegaban a los jueces eran los que presentaban los funcionarios expertos, aunque no sin presiones -ELPLURAL.COM ha sabido de policías implicados en la investigación de la Gürtel que han solicitado su traslado por el acoso que vivían-. La situación, temen, está a punto de cambiar radicalmente, hacia peor, con la salida de los actuales jefes y su sustitución, palabras del ministro Jorge Fernández Díaz en los pasillos del Congreso, por la ‘gente de confianza’ del nuevo Comisario General, José Santiago Sánchez Aparicio, ‘el Chati’, como le conocen en la policía, y de quien además de por este mote se le conoce por su “absoluta fidelidad al PP”. Una fidelidad que se fundamenta, por ejemplo, en la supuesta preparación de informes sobre sus compañeros conforme a la ideología política y religiosa de cada uno de ellos.
Intermediarios entre los informes policiales y los jueces que los piden
Entre los cambios de jefaturas que se esperan, porque están incluidos en la oferta de puestos, hay un caso que está mereciendo mucha atención y que se presenta como el de ‘la prueba del algodón’ sobre las verdaderas intenciones de la dirección de la Policía: el puesto de Jefe de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales. Y es que quien ocupe este cargo será el encargado de redactar, o controlar el contenido y qué funcionarios los hacen, los informes que los jueces Ruz y Castro están pidiendo sobre los movimientos de capitales en los casos que instruyen.
Lo que está claro es que la dirección y los mandos intermedios de la UDEF actual no gustan a la cúpula del ministerio de Interior. Como les informamos en su momento, muchos de los funcionario que aún ocupan los cargos sacados a concurso han recibido la ‘sugerencia’ de que no vuelvan a solicitarlo. “En dos o tres semanas, cuando se concreten los nombramientos, sabremos de manera ya inequívoca hasta qué punto se atreven a poner ‘controladores’ en esos puestos clave…”, nos dice una fuente policial que, eso sí, advierte que “el problema que van a encontrarse es que muchos de quienes realmente hacen esos informes, los funcionarios que saben de estos asuntos, no se van a doblegar y no les va a resultar fácil echarles, porque ocupan sus plazas por su ser expertos…, y si intentan cambiarles se va a producir mucho ruido”.
http://www.elplural.com/2013/11/20/cancion-triste-por-la-udef/FERNÁNDEZ DÍAZ VE "LÓGICO" QUE HAYA CAMBIOS EN LA UDEF PORQUE EL NUEVO COMISARIO GENERAL "TIENE DERECHO A ELEGIR EQUIPO"
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que es lógico que en las próximas semanas se produzcan cambios en la UDEF, la unidad policial encargada de investigar los principales casos de corrupción política como el 'caso Bárcenas' o el 'caso Gürtel'. El ministro ha argumentado que ahora esa unidad depende de un nuevo comisario general de Policía Judicial que "tiene derecho a proponer su equipo".
"Hace unas fechas fue nombrado un nuevo comisario general de Policía Judicial y, como es lógico, pasado un tiempo prudencial, un comisario general tiene derecho a proponer su equipo de trabajo puesto que después se le van a exigir a él los resultados", ha dicho.
"Lo que se ha hecho es en definitiva, bajo la absoluta autonomía de la Dirección General de la Policía, es sacar a concurso a aquellas plazas que afectan al ámbito del nuevo comisario general de Policía Judicial y de otros ámbitos de la Dirección General de la Policía, cuyos titulares también fueron renovados recientemente", explicado el ministro.
Los grupos parlamentarios del PSOE y de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) han reprochado este miércoles al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la convocatoria de nombramientos anunciada en la Comisaría General de Policía Judicial pues sospechan que pone en riesgo la imparcialidad de la lucha policial contra la corrupción. "Los agentes que investigan Gürtel y Bárcenas van a sentir el aliento del Gobierno", sostiene el socialista Antonio Trevín.
El socialista Antonio Trevín ha recordado que la Policía Judicial y la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) son responsables de la investigación de casos que afectan al PP como la red Gürtel o las actividades del extesorero Luis Bárcenas, y que después de haber cambiado tres veces en dos años a su máximo responsable, ahora se corre el riesgo de afectar a los agentes que operan sobre el terreno.
Su temor es que, a la hora de designar responsables, el mérito y la capacidad se sustituyan por "la conveniencia o el interés partidario" del PP y, en lugar de colocar al más idóneo, se escoja a quien más convenga a los 'populares'. "Aquellos que investiguen temas sensibles como la Gurtel o Bárcenas, sentirán el aliento controlador del Gobierno en su cogote a través de jefes de libre designación", sospecha.
Para el portavoz de Interior de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Ricardo Sixto, "la cúpula de investigación de estos delitos de corrupción está en el aire" y se ponen en evidencia "serias dudas sobre la imparcialidad con el que Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado van a enfrentarse a la corrupción, especialmente la que afecta al partido que sustenta el Gobierno".
El Cuerpo Nacional de Policía nombrará en las próximas semanas en torno a 60 plazas de libre designación de comisario o comisario principal y cuatro de ellas afectan a los responsables de sendas brigadas centrales dependientes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Se trata de la Brigada Central de Crimen de Inteligencia Financiera, la Brigada Central de Investigación del Banco de España, la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción y la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-fernandez-diaz-ve-logico-haya-cambios-udef-porque-nuevo-comisario-general-tiene-derecho-elegir-equipo-20131113142222.htmlINTERIOR JUSTIFICA CAMBIAR A DEDO A POLICÍAS QUE INVESTIGAN EL CASO GÜRTEL
Fernández Díaz señala que el nuevo comisario de policía judicial tiene derecho a formar un equipo de confianza en la UDEF, la unidad que investiga la corrupción. Los sindicatos denuncian "desasosiego"
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cree lógico que en las próximas semanas se produzcan relevos en los puestos claves de la UDEF, la unidad policial encargada de investigar los principales casos de corrupción política como el 'caso Bárcenas' o el 'caso Gürtel'. El ministro ha argumentado que ahora esa unidad depende de un nuevo comisario general de Policía Judicial, Santiago Sánchez Aparicio, que "tiene derecho a proponer su equipo".
Por su parte, los sindicatos policiales han recibido con preocupación las intenciones de Interior, que afirman que han sido recibidas con "desasosiego" en la Policía. Entre los puestos de la UDEF que serán cubiertos en las próximas semanas por el procedimiento de libre designación (en otras palabras, a dedo) están las jefaturas de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción y la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal, autores de los principales informes del 'caso Gürtel'.
Según ha señalado este miércoles Fernández Díaz, "hace unas fechas fue nombrado un nuevo comisario general de Policía Judicial y, como es lógico, pasado un tiempo prudencial, un comisario general tiene derecho a proponer su equipo de trabajo puesto que después se le van a exigir a él los resultados", ha dicho.
"Lo que se ha hecho es en definitiva, bajo la absoluta autonomía de la Dirección General de la Policía, es sacar a concurso aquellas plazas que afectan al ámbito del nuevo comisario general de Policía Judicial y de otros ámbitos de la Dirección General de la Policía, cuyos titulares también fueron renovados recientemente", explicado el ministro.
Los grupos parlamentarios del PSOE y de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) han reprochado al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la convocatoria de nombramientos anunciada en la Comisaría General de Policía Judicial pues sospechan que pone en riesgo la imparcialidad de la lucha policial contra la corrupción. "Los agentes que investigan Gürtel y Bárcenas van a sentir el aliento del Gobierno", sostiene el socialista Antonio Trevín.
Este diputado ha recordado que la Policía Judicial y la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) son responsables de la investigación de casos que afectan al PP como la red Gürtel o las actividades del extesorero Luis Bárcenas, y que después de haber cambiado tres veces en dos años a su máximo responsable, ahora se corre el riesgo de afectar a los agentes que operan sobre el terreno.
Su temor es que, a la hora de designar responsables, el mérito y la capacidad se sustituyan por "la conveniencia o el interés partidario" del PP y, en lugar de colocar al más idóneo, se escoja a quien más convenga a los 'populares'. "Aquellos que investiguen temas sensibles como la Gurtel o Bárcenas, sentirán el aliento controlador del Gobierno en su cogote a través de jefes de libre designación", sospecha.
Para el portavoz de Interior de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Ricardo Sixto, "la cúpula de investigación de estos delitos de corrupción está en el aire" y se ponen en evidencia "serias dudas sobre la imparcialidad con el que Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado van a enfrentarse a la corrupción, especialmente la que afecta al partido que sustenta el Gobierno".
El Cuerpo Nacional de Policía nombrará en las próximas semanas en torno a 60 plazas de libre designación de comisario o comisario principal y cuatro de ellas afectan a los responsables de sendas brigadas centrales dependientes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Se trata de la Brigada Central de Crimen de Inteligencia Financiera, la Brigada Central de Investigación del Banco de España, la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción y la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal. En octubre, se produjo el cambio en la Comisaría General de Policía Judicial, que pasó a estar dirigida por Santiago Sánchez Aparicio, conocido entre sus compañeros con el sobrenombre de "El Chati", que sustituyó a José García Losada. La sustitución fue acogida con recelo en el Cuerpo.
Tras conocer los anunciados cambios en la UDEF, los sindicatos policiales mostraron recelo y preocupación, y destacaron están generando "desasosiego" en los profesionales dedicados a combatir la corrupción .
El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, ha reconocido la legalidad de la convocatoria de plazas por la dirección general, pero tiene la sensación de que el nombramiento de cuatro comisarios generales de Policía Judicial en menos de dos años responde a que "Interior no está encontrando la persona idónea ni a nadie que se pliegue a sus pretensiones" en la dirección de investigaciones como la trama Gürtel o el caso Bárcenas.
"Por muchos cambios que se produzcan, la Policía seguirá haciendo su trabajo porque no puede sustraerse a la persecución de los delitos, afecten a quien afecten, y porque muchas de sus investigaciones están ordenadas por la autoridad judicial", ha subrayado.
Tras indicar que en este asunto no sirven "medias tintas" ni "componendas", el portavoz del SUP cree que todos estos cambios están generando "desasosiego y preocupación" entre los profesionales de la Policía que "en condiciones desfavorables y aguantando las críticas trabajan día a día para limpiar a este país de corruptos".
Para el secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Ignacio López, cualquier nombramiento por libre designación genera "recelo y desconfianza", sobre todo cuando se trata de mandos de unidades especialmente sensibles como la UDEF.
Ha recordado que la CEP siempre se ha opuesto a que se abuse de esta práctica que, aunque legal, no debería instalarse entre los comisarios generales para nombrar a dedo a los jefes de sus unidades.
Una práctica que, según López, ya denunció su sindicato y que incluso los tribunales tuvieron que "frenar en seco" en la etapa en la que Alfredo Pérez Rubalcaba estaba al frente del Ministerio del Interior. "Este mecanismo debería limitarse al máximo", ha enfatizado el secretario general de la CEP.
http://www.publico.es/482064/interior-justifica-cambiar-a-dedo-a-policias-que-investigan-el-caso-gurtelINTERIOR 'ASALTA' LA UDEF Y NOMBRARÁ A DEDO A LOS POLICÍAS QUE CERRARÁN EL CASO BÁRCENAS
La Dirección General de la Policía Nacional acaba de convocar un concurso de libre designación para cubrir los principales puestos de mando de la Comisaría General de la Policía Judicial (CGPJ), un movimiento que permitirá al Ministerio del Interior elegir a dedo a los máximos responsables de las pesquisas sobre los escándalos de corrupción, entre ellos, los casos Gürtel y Bárcenas, dos frentes judiciales que han puesto contra las cuerdas la credibilidad del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
La convocatoria fue publicada el pasado lunes 4 de noviembre por la Orden General de la Dirección General de la Policía, el boletín oficial del cuerpo, y se enmarca en un proceso de actualización del catálogo de puestos de trabajo. Entre las plazas que salen a concurso se encuentran las de jefe de la Brigada Central de Crimen Organizado; jefe de la Brigada Central de Inteligencia Financiera; jefe de la Brigada Central de Investigación, Blanqueo de Capitales y Anticorrupción; jefe de la Unidad de Investigación Tecnológica; jefe de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal; jefe de la Brigada Central de Seguridad Informática y jefe de la Brigada de Investigación del Banco de España, todas ellas encuadradas en la Comisaría de Policía Judicial. La lista es mucho más larga, pero destacan esos siete puestos. En cuestión de semanas serán ocupados por funcionarios elegidos por el Ministerio del Interior.
Dos de esos nombramientos tendrán especial incidencia en el funcionamiento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la sección de élite en la lucha contra la corrupción que ha provocado los mayores dolores de cabeza al Gobierno y al Partido Popular. Sus miembros son los autores de los informes que han permitido avanzar en la instrucción de los casos Gürtel y Bárcenas, en los que se investigan presuntos delitos de cohecho, prevaricación y financiación ilegal, entre otros, cometidos a la sombra de Génova durante más de un lustro. Serán también los funcionarios de la UDEF los que determinen el alcance penal de estos dos escándalos con las numerosas pruebas que aún tienen que aportar a la Audiencia Nacional.
Relevos en la dirección de la UDEF
Por un lado, la convocatoria de la Dirección General de la Policía deja en el aire la continuidad del jefe de la UDEF, el comisario principal Manuel Vázquez. Según fuentes consultadas por este diario, Vázquez ha manifestado a su entorno su intención de abandonar el cargo para dejar atrás las presiones que está soportando por el puesto tan delicado que ocupa. Su objetivo es marcharse a la sección de Investigación Tecnológica, de la que ya fue máximo responsable antes de aterrizar en la dirección de la UDEF en julio de 2012. La convocatoria anunciada ahora facilita su salida al sacar a concurso la plaza a la que aspiraría Vázquez, la de jefe de la Unidad de Investigación Tecnológica. Si Vázquez se va, Interior tendrá vía libre para colocar al frente de la UDEF al comisario principal que prefiera. La decisión sólo dependería del Ministerio.
El otro puesto clave que queda en las manos de Interior es el que se encuentra justo por debajo del que ocupa Vázquez, el de jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, la sección de la UDEF que más directamente se ha implicado en los dos casos relacionados con el PP. En esta brigada trabaja el inspector Manuel Morocho, el autor de los informes que han vinculado a dirigentes populares con Gürtel. La dirigente más señalada por sus investigaciones ha sido la ministra de Sanidad, Ana Mato, que según sus informes habría recibido numerosos regalos de lujo de la trama corrupta durante el tiempo que estuvo casada con el exdirigente del PP Jesús Sepúlveda. No obstante, sus hallazgos han tenido consecuencias, de un modo u otro, para la mayoría del Gobierno.
El jefe actual de la Brigada de Blanqueo de la UDEF es el comisario José Luis Fernández Gudiña. Su nombramiento para el cargo se produjo durante la época del Gobierno socialista pero no es un puesto de confianza. Sin embargo, la convocatoria aprobada por la Dirección General de la Policía saca la nueva denominación de su plaza a concurso, la de jefe de la Brigada Central de Investigación, Blanqueo de Capitales y Anticorrupción. Según aseguran fuentes cercanas, Fernández Gudiña tiene intención de solicitarla para permanecer en el puesto, pero Interior tendrá la última palabra. Incluso en el caso de que opte por mantenerlo, el Ministerio mandará el mensaje de que su continuidad es fruto de la confianza que hay depositada en su trabajo.
No cuentan los méritos
Lo mismo podrá hacer con otros cinco puestos decisivos de la Comisaría de Policía Judicial. Al tratarse de un concurso de libre designación, no hay ningún factor objetivo que deba ser observado por los responsables de los nombramientos, todo lo contrario que en concurso por méritos, donde se valora la experiencia en el cargo y la hoja de servicios. En los de libre designación, sin embargo, es suficiente con tener el rango para acceder al empleo. El resto depende de la voluntad de los responsables políticos del Ministerio.
La convocatoria del concurso se produce sólo tres semanas después del polémico relevo del comisario de la Policía Judicial, José García Losada. Es la tercera vez en lo que va de legislatura que Interior cambia al responsable de las unidades policiales encargadas de investigar los delitos relacionados con las drogas, la delincuencia organizada, económica, financiera, tecnológica y el control de los juegos de azar. Losada sólo ha durado 15 meses en el cargo, y su antecesor, el comisario José Enrique Rodríguez Ulla, apenas estuvo cinco meses.
El nuevo comisario general de la Policía Judicial, Santiago Sánchez Aparicio, reunió a sus subordinados directos unos días después de llegar al cargo para asegurarles que no tenía intención de realizar cambios. Sin embargo, el concurso de libre designación abierto por la Dirección General de la Policía permitirá a Interior ejecutar una remodelación completa de la cúspide de la Policía Judicial.
El plazo para la presentación de los candidatos interesados en cubrir las vacantes concluye en una semana. Después, los responsables de Interior tendrán un mes para realizar la selección de los funcionarios que cubrirán las vacantes. Antes de que concluya el año se conocerán los nombres de los nuevos responsables policiales de los casos de corrupción.
http://www.elconfidencial.com/espana/2013-11-12/interior-asalta-la-udef-y-nombrara-a-dedo-a-los-policias-que-cerraran-el-caso-barcenas_52199/UN CONTROL POLICIAL BAJO SOSPECHA
Las diferencias entre el ministro y el director de la policía por el dominio de la unidad anticorrupción causa tres remodelaciones de altos mandos en dos años
Cuarto comisario de las unidades contra la corrupción desde que llegó Cosidó
Tres remodelaciones de la cúpula policial en dos años son demasiados cambios. Tantos que han movido a sospecha: ¿cómo es que el Gobierno del PP no ha encontrado un comisario general de Policía Judicial de su confianza dentro de un colectivo mayoritariamente formado por hombres conservadores? ¿O es que esa confianza exige algo más? La teoría de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quiere un control absoluto de la unidad anticorrupción (UDEF) se ha consolidado entre los mandos policiales, pero es incompleta: los constantes desencuentros entre el ministro y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, forman parte del relato.
El ministro del Interior, hombre de confianza de Rajoy, se encontró un ministerio con los altos cargos nombrados por el partido: Cosidó al frente de la Policía y Arsenio Fernández, de la Guardia Civil. Puestos por el partido, pero con una diferencia: Cosidó aspiraba a ser ministro porque hizo méritos como azote de Rubalcaba durante los años de la oposición. Con un perfil político y muchos tentáculos en el PP, Cosidó ha actuado como si fuera el ministro de la Policía.
De tal forma que hay cierta confusión sobre quién ejerce de mano dura en la policía: si Cosidó o el ministro, a pesar de que Fernández Díaz es un hombre más conservador ideológicamente. Y quien dice mano dura quiere decir también quién quiere llegar más lejos en el control de la unidad policial anticorrupción (UDEF), cuyas investigaciones e informes son un auténtico dolor de cabeza para el Gobierno y para el partido.
“De lo que no se dan cuenta es de que en la policía no puedes obligar a un inspector jefe a hacer un informe como tú quieras y menos a firmar un informe que no ha hecho. Eso en la Guardia Civil funciona, pero aquí no”, dice un mando policial. “Cosidó quiso contentar a mucha gente y ha asumido algunos planteamientos con los que no estaba de acuerdo. Lo que pide el PP es no conocer a la policía, un control estalinista de la policía. No se da cuenta de que los informes terminan siendo públicos, tienes que mantenerlos en un juicio; no puedes retorcer la realidad permanentemente”.
Precisamente por sus informes firmados y por los que no firmó, la UDEF se convirtió en una unidad rebelde a ojos del Gobierno y del partido, máxime teniendo en cuenta que se creó durante el mandato de Rubalcaba como ministro del Interior hasta alcanzar los 300 agentes. Y, por contraste, los comisarios generales, empezaron a ser vistos como mandos débiles. El relato de episodios está documentado desde que el primer comisario general (Rodríguez Ulla) reabrió una investigación sobre el ático de Ignacio González [presidente de Madrid] sin necesidad, a juicio del Gobierno, hasta los informes sobre los regalos a la ministra Ana Mato, las vacaciones de la familia Aznar, pasando por el informe que se negó a firmar sobre el patrimonio de Artur Mas y Jordi Pujol. Y luego, lo relacionado con el patrimonio de Bárcenas y los donativos al PP. Un informe de la UDEF fue clave para que el juez Ruz enviase a prisión a Bárcenas y de su existencia no sabía nada el Gobierno: “No se trata de manipular informes”, dicen fuentes del partido, “se trata de que un Gobierno tiene derecho a saber qué es lo que se está investigando, en qué actividades está la policía. Se trata de hacer un control activo. Lo que no puede ser es que Rajoy se entere de unos datos que están en un informe de la UDEF en una conferencia de prensa. Que hayan estado molestos Mato, González o gente del partido es una muestra de que la policía ha obrado con independencia”.
“En la policía no puedes obligar a hacer un informe como tú quieras”
Aquel informe se redactó en junio, con José Losada al frente de la comisaría general, un policía bien considerado a nivel profesional y sin un marcado perfil político, que ya había ocupado ese puesto en el Gobierno de Aznar. Aquel informe neutralizó cualquier intento de pacificar a Bárcenas, camino de la cárcel. Losada supo una mañana que estaba cesado por culpa de ese informe, al igual que Manuel Vázquez, comisario de la UDEF. Pero el cese de Losada no se ejecuta en junio sino en octubre. Y Vázquez sigue.
¿Quién ordena el cese de Losada y por qué se retrasa cinco meses? El parón se explica porque a Losada le comunican su destitución por la mañana y Bárcenas entra por la tarde en la cárcel: era muy descarado que ambos hechos coincidieran. En cuanto a la orden, todas las fuentes señalan al ministro, pero oficialmente se le atribuye al secretario de Estado, Francisco Martínez, que llegó al cargo hace unos meses y no había hecho ningún nombramiento. Caído Losada, le sustituye José Sánchez Aparicio, conocido como Chati, un hombre ligado al sindicato SPP (Sindicato Profesional de Policía), de donde se dice que Cosidó tiene su cantera de altos mandos. “Seguir los boletines del SPP es muy interesante de un tiempo a esta parte. Se ve cómo lanzan dardos contra el ministro y siempre salvan a Cosidó”. El nuevo comisario, Sánchez Aparicio, tiene un perfil más político que sus antecesores.
“Cosidó debió de dar un paso atrás. Si hay una cara debe ser la del ministro”
Y, luego, están los desencuentros entre el ministro del Interior y el ministro de la Policía, cada vez más frecuentes. Actos en los que el ministro no está invitado pero aparece de improviso y termina elogiando a la Guardia Civil han sido muy comentados entre los mandos. O el sucedido hace un mes con una misa televisada el 27 de septiembre en la catedral castrense, organizada por Cosidó y repleta de policías uniformados. “Que a esa misa, televisada además, no acudiese el ministro, que es del Opus y de misa casi diaria, parece una provocación”, cuenta un comisario.
La situación ha llegado al punto en el que la mayoría de comisarios consideran a Cosidó como un verdadero defensor de la policía frente al ministro. “Cosidó debió dar un paso atrás hace tiempo”, explican fuentes del Gobierno. “Si hay una cara en el ministerio, tiene que ser la del ministro”.
“Todo esto demuestra”, reflexiona un comisario, “que están en juego unos valores, una forma de trabajar de la policía. No te puedes cargar tres comisarios en dos años por motivos políticos y que la gente no proteste en el Parlamento”. Precisamente, el PSOE, que había permanecido callado en este asunto, anuncia ahora que preguntará en el pleno de esta semana.
http://politica.elpais.com/politica/2013/10/27/actualidad/1382903155_202035.htmlPSOE E IU VEN MOTIVOS POLÍTICOS EN EL CESE DEL COMISARIO ENCARGADO DE ‘GÜRTEL’ Y ‘BÁRCENAS’
Los socialistas reclaman que el director de la Policía comparezca en el Congreso tras la "llamativa" destitución de José García Losada e IU pide la del ministro del Interior
Cayo Lara señala que la caída del comisario es una prueba más del intento del PP de "tapar la corrupción"
El PSOE quiere que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, comparezca en el Congreso para explicar la "profunda" reestructuración de su Junta de Gobierno y, singularmente, el "llamativo" cese del comisario general de la Policía Judicial, José García Losada, de quien dependían las investigaciones sobre corrupción y, en concreto, los casos Bárcenas y Gürtel. También IU pide la comparecencia del ministro del Interior y denuncia el intento del Ejecutivo de "tapar la corrupción".
La Dirección General de la Policía anunció este jueves una remodelación de la Junta de Gobierno de la Policía que, entre otros cambios, conlleva el cese de García Losada, cargo que a partir de ahora desempeñará el comisario principal Santiago Sánchez Aparicio. Se trata del tercer mando policial que desempeña este cargo en la presente legislatura.
Además de reclamar la presencia de Cosidó en la Comisión de Interior del Congreso, el primer partido de la oposición ha registrado una batería de preguntas parlamentarias al Gobierno interesándose por las razones de este cese y su relación con las investigaciones de ambos casos. Asimismo, los socialistas quieren conocer si el nuevo destino de García Losada en la División Económica y Técnica, "entre cuyas funciones no se encuentra la labor de investigación", significa que "no se confía" en el quehacer profesional de quien ha dirigido durante año y medio "la más importante" comisaría general de investigación de la Policía.
Sobre el nuevo comisario general de la Policía Judicial, "un avezado sindicalista del Sindicato Profesional de Policía", el PSOE quiere conocer qué investigaciones relevantes ha desarrollado y qué méritos especiales ha acumulado durante su corta estancia en la División de Formación y Perfeccionamiento.
Nombramiento de Rodríguez Calderón
Por último, el grupo parlamentario que capitanea Soraya Rodríguez también pregunta por otro de los cambios anunciados por la Dirección General de la Policía, el nombramiento del comisario principal José María Rodríguez Calderón como subdirector general de Inspección de Personal y Servicios de la Seguridad, hasta ahora subdirector de Logística. A este respecto, los socialistas tratan de que el Gobierno precise si su nombramiento obedece a "razones profesionales" y explique "cómo es posible" que un comisario que fue cesado de su anterior destino "por deslealtad" con el Cuerpo Nacional de Policía y habiendo sido sancionado con tres meses de suspensión de empleo y sueldo se encargue a partir de ahora de la inspección.
Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, fue preguntado hoy viernes por la mañana por los periodistas por la destitución de García Losada. "¡Qué casualidad!", ironizó. El líder de la federación señaló que la voluntad de "tapar" los casos de corrupción está detrás del cese, como lo están también las comparecencias a través de una televisión de plasma de Mariano Rajoy, las ruedas de prensa sin preguntas, sus "bloqueos" en el Congreso a las mociones sobre el caso Bárcenas o los movimientos judiciales, informa Juanma Romero. Esto "dice mucho de la actitud democrática del PP y de Rajoy", remachó, para recordar que el Ejecutivo también hizo caer a los técnicos de la Oficina de Investigación contra el Fraude (ONIF), responsables de la investigación de casos como Gürtel o Urdangarin al poco de llegar al poder.
Por la tarde, y a través de un comunicado, IU anunció que el diputado y portavoz parlamentario de Interior de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Ricardo Sixto, había registrado la petición de comparecencia del ministro Jorge Fernández Díaz, “para que explique los motivos que justifican los cambios en la Comisaría General de Policía Judicial”.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/10/18/psoe_ven_motivos_politicos_cese_del_comisario_encargado_gurtel_barcenas_8789_1012.htmlRAJOY DESTITUYE AL COMISARIO QUE DIRIGE LAS INVESTIGACIONES DE GÜRTEL Y BÁRCENAS
El presidente dijo en julio y en referencia velada a Bárcenas que nadie le imponía policías o fiscales y eso retrasó el cese del comisario Losada, que ya le había sido comunicado
Interior informa a las nueve de la noche de la destitución y lo esconde dentro de una remodelación de la cúpula policial
El Gobierno ha cesado al máximo responsable policial en los casos de corrupción, el comisario José García Losada. El anuncio se ha producido al filo de las nueve de la noche de este jueves a través de una larga nota de prensa de Interior que informa de una amplia remodelación en la cúpula policial. De todos los cambios trasladados, el más relevante es el citado, por afectar al mando de la Comisaría General de Policía Judicial, la estructura central competente para investigar todos los delitos relevantes a excepción de los terroristas.
La destitución de Losada se produce por el malestar existente en la dirección política de la Policía, el Partido Popular, el Ministerio del Interior y el resto del Gobierno con las investigaciones de los casos Gürtel y Bárcenas. Losada es un policía curtido en la lucha contra el narcotráfico en su Galicia natal, que ya ocupó el puesto del que ha sido destituido con los Gobiernos de Aznar y que, con independencia de esa vinculación, goza de amplio predicamento en todos los sectores de la Policía por su valía profesional. El hecho de que no haya frenado los informes que señalan al PP y a algunos de sus máximos responsables le han valido el cese, según confirman desde su entorno.
Fuentes policiales informan a eldiario.es que Losada sabe que no seguiría al frente de la Policía Judicial desde el pasado julio, cuando le fue comunicada la destitución por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y el número dos del Cuerpo, el comisario Eugenio Pino. Fueron las palabras del presidente del Gobierno asegurando que nadie imponía al Ejecutivo fiscales ni policías lo que motivó que su destitución fuera postergada por una cuestión de apariencia, confirman las fuentes consultadas. Rajoy contestaba así a las informaciones sobre sus últimas comunicaciones con Bárcenas y el malestar de éste porque con el cambio en La Moncloa no habían llegado las destituciones deseadas en la Fiscalía Anticorrupción y la Policía.
El enfado de Ana Mato
Entre los agentes que dependían de Losada se encuentran los miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). La situación del comisario comenzó a torcerse seriamente en febrero, cuando el juez del ‘caso Gürtel’ incorporó a la causa los informes de esa Unidad sobre los gastos de la familia Mato-Sepúlveda a cuenta de la trama dirigida por Francisco Correa. Los medios de comunicación accedieron a esos informes, como a otros, después de que se diera traslado a las partes personadas. Sin embargo, la ministra mostró su enfado en el seno del Gobierno por la filtración de los mismos y por haber conocido su contenido a través de los medios.
Aunque el incidente no trascendió públicamente, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, descargó cualquier responsabilidad de su departamento o la cúpula policial sobre esos informes. En declaraciones al diario ‘Abc’ dijo que los citados documentos se debían atribuir a “elementos” que trabajan en la UDEF, pero no a la unidad como tal, ya que esos policías trabajan a las órdenes directas del juez Pablo Ruz. La inmensa mayoría de los informes de la UDEF van firmados con el carnet profesional de dos policías, un inspector y un inspector jefe. Aunque los jueces instructores del ‘caso Gürtel’ han cambiado en varias ocasiones, ellos han figurado en la investigación, junto a las fiscales Anticorrupción, desde los inicios de la misma, en tiempos del Gobierno socialista.
Las presiones en la Policía fueron creciendo acorde a lo hacía el ‘caso Bárcenas’. Sin embargo, los citados policías continuaban elaborando sus informes, siempre a requerimiento del juez instructor, nunca por iniciativa propia. El resultado de uno fr esos informes influyó decisivamente en la decisión de Ruz de abrir una pieza separada del ‘caso Gürtel’ por la aparición de los ‘papeles de Bárcenas’. Los policías cruzaron la ‘contabilidad b’ de la trama liderada por Correa, hallada en uno de los registros a la red, y la ‘caja b’ del PP que publicó ‘El País’. Los policías concluyeron que había al menos tres coincidencias en los dos flujos de fondos. En otro informe, los agentes de la UDEF señalaban que “19 donantes identificados” del PP habían recibido 12.000 millones de euros en adjudicaciones públicas entre 2001 y 2012.
El chalet de Ignacio González, motivo del anterior cese
La destitución del comisario García Losada es la segunda al frente de la Comisaría General de Policía Judicial con este Gobierno. Su antecesor, José Enrique Rodríguez Ulla, apenas duró cinco meses en el puesto. La investigación que ordenó sobre el origen del ático que tiene en Marbella el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, motivó su cese fulminante por no haber informado de la misma a sus superiores. Como en esta ocasión, la Dirección General de la Policía aprovechó para mover varias fichas y justificar así el cambio.
El sustituto de García Losada al frente de la Policía Judicial es el comisario Sergio Sánchez Aparicio, de la máxima confianza del director adjunto operativo, Eugenio Pino. El comisario Pino está detrás del resto de cambios en la cúpula policial, que pretendía haber hecho hace meses y que hasta hoy frenó su inmediato superior, Ignacio Cosidó.
Jefe de los Antidisturbios en la época de Aznar, Pino autorizó que dos comisarios viajaran a Barcelona en plena campaña de las autonómicas catalanas para convencer a los fiscales Anticorrupción de que había que registrar de inmediato la sede de CDC en el marco del ‘caso Palau’. Aquellos dos comisarios no tenían ninguna vinculación con la investigación, a diferencia del jefe de la UDEF o del ahora destituido García Losada. Sin embargo, ninguno de estos dos últimos fue informado de la maniobra. El comisario García Losada es desde hoy jefe de la División Económica y Técnica, una estructura sin tareas operativas dedicada al funcionamiento interno de la Policía.
http://www.eldiario.es/politica/Cesan-Policia-Judicial-investigaciones-corrupcion_0_186882215.htmlEL SUP VINCULA LOS CAMBIOS EN LA CÚPULA POLICIAL A LAS INVESTIGACIONES QUE AFECTAN AL PP
"Debe ser que no encuentran a nadie que siga sus dictados", señala el portavoz del sindicato policial, en referencia a los tres cambios realizados en este puesto hasta ahora
CEP respalda los cambios y dice que el relevo no tiene por qué afectar a los casos de corrupción abiertos
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha calificado como "malo para la independencia" del Cuerpo que la Dirección General haya llevado a cabo una profunda reestructuración de su junta de gobierno que contempla el cese del jefe de la Comisaría General de Policía Judicial, José García Losada, responsable último de todas las investigaciones sobre corrupción. Entre los casos que dirigía Losada se encuentran los que afectan al PP (Gürtel y Bárcenas).
El secretario de Comunicación del SUP, José María Benito, ha valorado como un "toque de atención" el cese de García Losada, destacando que es la tercera persona que pasa por este cargo en la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy.
"Debe ser que no encuentran a nadie que siga sus dictados", ha señalado el portavoz del SUP, para quien el cese tiene que ver con las investigaciones llevadas a cabo por la Policía y que apuntan a asuntos de "corrupción en el Partido Popular". El relevo, ha añadido, es "malo para la independencia judicial, que necesita investigar la corrupción venga de donde venga".
La responsabilidad al frente de la Comisaría General de la Policía Judicial será desempeñada a partir de ahora por el comisario Santiago Sánchez Aparicio. La Confederación Española de Policía (CEP), otro de los sindicatos mayoritarios, ha destacado que este nombramiento les genera "confianza y satisfacción" porque se trata de un profesional "contrastado" y con un desempeño "excelente".
Según la CEP, el revelo en la Policía Judicial no tiene por qué afectar a las investigaciones abiertas. De hecho, para este sindicato el hecho de que haya habido tres máximos responsables al frente de esta división da prueba de que las investigaciones "salen adelante con independencia de quién ocupe el cargo".
La CEP ha sostenido que, en general, los cambios en la junta de gobierno de la Policía Nacional eran "convenientes" porque hacía falta un "nuevo impulso para hacer frente a los retos pendientes".
http://www.eldiario.es/politica/SUP-Policia-Judicial-investigaciones-PP_0_186882243.htmlMEDALLAS POLICIALES 'A GOGÓ': UN OBISPO, UNA ACTRIZ, UN COFRADE, UN DIRECTIVO DE 'GALLINA BLANCA'...
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, concede condecoraciones a 449 personas ajenas a las Fuerzas de Seguridad. Entre los agraciados con la distinción aparecen religiosos, jueces, políticos, empresarios y periodistas.
Entre las cerca de 3.800 medallas al mérito policial que con motivo de la celebración del patrón de la Policía impondrá la próxima semana su director general, Ignacio Cosidó, llama la atención un grupo: las que se entregan a personas que no pertenecen ni a las Fuerzas de Seguridad del Estado ni al Ejército. Según la documentación en poder de Vozpópuli, este año serán nada menos que 449 los agraciados, un 35% más que el año anterior. Entre ellos, nombres curiosos, como el del monseñor Esteban Escudero Torres, obispo de la diócesis de Palencia, provincia en la que fue elegido como diputado el propio Cosidó; la actriz María Isabel López García, varios periodistas y editores de medios de comunicación, numerosos empresarios y dos políticos del PP 'en retirada'.
La Policía ha concedido sendas condecoraciones a dos políticos del PP que han abandonado sus cargos para pasar al mundo empresarial: Juan Carlos Aparicio y Antonio Basagoiti
Éstos últimos son Juan Carlos Aparicio y Antonio Basagoiti. Al primero se le concede la madalla de plata al mérito policial, la segunda en importancia de estas distinciones, por haber ejercido hasta ahora como presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Aparicio, que también fue ministro de Trabajo y alcalde de Burgos, ha renunciado recientemente a su cargo para pasar al mundo empresarial, en concreto, para ocupar un puesto como consejero de Indra. También ha pasado a los negocios el segundo dirigente del PP condecorado por la Policía. Se trata del hasta hace unos meses máximo dirigente de este partido en el País Vasco, Antonio Basagoiti, quien se ha ido a México a trabajar para el banco Santander. Ahora podrá incluir en su equipaje la cruz al mérito policial con distintivo blanco.
La relación de "personas ajenas a la corporación" que reciben condecoraciones es una de las más criticadas por los propios agentes, que no entienden por qué se concede este tipo de reconocimientos a personas que, en muchos casos, no tienen que ver nada con el trabajo policial. En este sentido, ha provocado fuertes críticas dentro del colectivo la que se va a otorgar al obispo de Palencia, provincia donde el director general de la Policía tiene fuertes vinculaciones familiares. Monseñor Esteban Escudero no será, sin embargo, el único religioso que reciba esta distinción. También tiene reservada una Sebastián Llanes, párroco de la Iglesia Corpus Christi de Algeciras (Cádiz). Incluso figura un miembro del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Velez de Luna. Aunque las mayores críticas se han dirigido hacia la que recibirá Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. Numerosos agentes no entienden que se premie al dirigente de una asociación que se ha distinguido por protagonizar una de las acusaciones que ha sentado en el banquillo de los acusados a dos mandos policiales por el 'caso Faisán'.
Periodistas y empresarios
El apartado de periodistas y personas relacionadas con medios de comunicación es también muy amplio. Así, aparecen tertulianos como José Antonio Zarzalejos y Fernando Ónega, el presidente de los grupos Planeta y Antena 3, José Manuel Lara, el del Grupo Z, Antonio Asensio Mosbah y dos periodistas de la Cope. También figuran dos miembros del equipo de prensa del Tribunal Supremo. Además, la Dirección General de la Policía ha querido destacar con sendas medallas a las responsables de programas de televisión en los que se ha dado un enfoque positivo al trabajo policial. Así, se les entregará la medalla con distintivo blanco a la directora del programa de TVE '24 horas en la calle', Ascensión Clemente López, y a la productora de 'Policías en acción', que emite La Sexta, María Nieves Olmedo.
También recibirán medallas al mérito policial el propietario de una cadena de cafeterías, el director de una clínica dermatológica, el responsable de un hotel malagueño y el presidente de una asociación de agricultores
La lista de empresarios y directivos es mucho más amplia. Así, destacan el consejero delegado del Grupo Gallina Blanca, Ignasi Ricou, y María Pilar Jericó Rodríguez, presidenta de Be-Up, una consultora especializada en recursos humanos que defiende "el buen rollo" en el trabajo y huir de la "reunitis". Junto a ellos aparece el viticultor riojano Dionisio Ruiz Ijalba; el propietario de la cadena 'Café y Te', Adolfo Ron García; el director de relaciones institucionales de Abertis, Sergio Loughney, y Barbara Navarro, que ocupa el mismo cargo en Google. Junto a ellos, el director gerente del concesionario de coches Talleres Prizan, Juan Carlos Moreno; el de Citycar Sur-Mercedes Benz, Ángel Alcañiz, y el empresario de automoción Antonio Linares Marín.
También les esperan medallas a un mayorista de frutas leridano, Jorge Capdevila Florensa, al consejero delegado de la inmobiliaria Urtinsa, Jaime González Rodríguez, y a un directivo de Aguas de Barcelona (Agbar), Alberto Martínez Lacambra. LLamativa también son las concedidas al empresario Cipriano Villoslada, hermano de un industrial navarro secuestrado por ETA en 1989; al director de la Clínica Dermatológica Internacional, Ricardo Ruiz Rodríguez; al responsable del Hotel AC Málaga Palacio, Jorge González Sánchez; a David García López, empresario catalán de máquinas recreativas; al apoderado de la empresa de seguros Basere SA, Enrique Tudela Garmendia; y al presidente de una asociación de agricultores gaditana, Luis Morales García. Sobre ninguno de ellos Interior especifica sus méritos para recibir la condecoración.
Empresas de seguridad y colaboradores
Más entendible, por su relación con el trabajo policial, son las medallas que se conceden a agentes de cuerpos policiales de otros países, jueces, directivos de empresas de seguridad y responsables de este área en bancos y grandes empresas. Así, entre estos últimos aparecen altos cargos de cuatro compañías de telefonía (Ono, Euskaltel, Yoigo y Movistar), de compañías del sector como Prosetecnisa, Segur Ibérica, Sasegur y Xtralis, y miembros de los equipos de seguridad de bancos como Santander, Sabadell, Globalcaja y Caja Cantabria, y de grandes compañías como El Corte Inglés y Gas Natural-Fenosa. También aparecen tres embajadores de España, entre ellos el máximo representante de nuestro país en la India, el exdirigente del PP Gustavo de Aristegui, y dos miembros del CNI.
En la relación de condecorados también figuran el forense Francisco Etxeberria y el paleontólogo José María Bermúdez de Castro, cuyos estudios permitieron 'desatascar' la investigación por la muerte de los niños de Córdoba
Aunque, sin duda, las condecoraciones más justificadas son aquellas concedidas a personas que han colaborado en investigaciones concretas de la Policía. Así, figuran Luis Moya Pimentel, copropietario de la empresa de georradar Cóndor que durante meses rastreó la parcela cordobesa de Las Quemadillas en busca de los restos de Ruth y José, los hermanos asesinados en octubre de 2011 por su padre. Esta empresa actualmente participa en los nuevos rastreos en busca de Marta del Castillo. Relacionados con el primer caso, también recibirán una medalla los dos profesionales que desatascaron la investigación: el forense de la Universidad del País Vasco Francisco Exteberria y el paleontólogo José María Bermúdez de Castro. Ambos fueron fundamentales para resolver un caso que se le atragantó a la Policía por un error de una de sus técnicos en la identificación de los huesos. Sus medallas son de las pocas que los agentes no ponen en duda.
http://vozpopuli.com/actualidad/32245-medallas-policiales-a-gogo-un-obispo-una-actriz-un-cofrade-un-directivo-de-gallina-blancaLA CRISIS DE LOS INFORMES ANÓNIMOS AGITA A LA POLICÍA
Los casos de corrupción aireados por agentes no prosperan en los juzgados
Desde que el PP gobierna en el Ministerio del Interior se han sucedido los informes policiales sin firma distribuidos a determinados medios de comunicación por agentes anónimos donde se destapan supuestas prácticas corruptas de políticos, en su mayoría adversarios del partido en el poder.
Mariano Rajoy eligió para dirigir la policía a un diputado, Ignacio Cosidó, muy activo en las denuncias contra el que fue ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Desde su llegada a ese departamento se han sucedido los problemas por la actuación de determinados agentes a los que nadie ha conseguido identificar todavía.
En abril de 2012, agentes de policia difundieron un informe donde relacionaban al entonces vicepresidente madrileño, Ignacio González —enfrentado a Mariano Rajoy en el último congreso nacional del PP— con la trama Gürtel, que supuestamente le habría pagado un ático del que disfrutaba en Marbella. El informe policial mezclaba datos ciertos con otros no contrastados que, además, habían investigado los jueces sin descubrir lo que los agentes consideraban como cierto.
Tras el ruido organizado por el caso, con una sospecha cierta pues González pagaba 2.000 euros de alquiler al mes a una firma domiciliada en Delaware a nombre de un abogado, Rudy Valner, experto en sociedades tapadera, el recién nombrado Comisario General de Policía Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla, decidió abrir una investigación, que se cerró de inmediato sin resultados. El comisario, que ocupaba uno de los puestos más importantes de la cúpula policial, fue destituido unos días después.
En verano, otros policías airearon la supuesta corrupción del ex ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba por contratar a dedo a una empresa, Interligare, que espiaba a la sede del PP con un aparato comprado en Israel. La elucubración sin fundamento del informe policial basado en denuncias anónimas quedó en nada. Pero Asuntos Internos de la policia abrió expediente al agente que había impulsado el informe contra Rubalcaba por haber amenazado supuestamente al jefe de gabinete del director general de la Policía con filtrarlo a la prensa si no le promocionaban.
A finales de octubre, en los días previos al comienzo de la campaña electoral catalana con el desafío independentista del Gobierno de CiU como principal protagonista, agentes anónimos airearon un supuesto borrador de informe de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Económica donde junto a informaciones sacadas directamente del sumario del caso Palau, se deslizaba una acusación mayor contra Artur Mas sobre un cobro de comisiones ilegales a través de cuentas que tendría abiertas en Suiza.
A ese informe con membrete pero sin firma, que el jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, consideró falso y negó ante el juez que se hubiera hecho en su unidad, siguieron otros igualmente anónimos pero ya sin membrete que aireaban casos de grave corrupción con datos sin contrastar y en ocasiones falsos, que afectaban no sólo a políticos de CiU, sino a jueces y fiscales.
http://politica.elpais.com/politica/2013/01/11/actualidad/1357934761_300399.htmlEL DESCONTROL DE INTERIOR TUMBA AL ‘NÚMERO DOS’ TRAS SOLO UN AÑO EN EL CARGO
Fuentes policiales afirman que el ya ex alto cargo no había logrado controlar su departamento
Nunca se habían producido en la cúpula del Ministerio del Interior y en tan poco tiempo tantos ceses, destituciones y dimisiones. La última, este viernes, del viceministro, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, da la medida del tiempo convulso y el descontrol que vive una institución tan importante y delicada como la que dirige a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. Ulloa cae en mitad del escándalo por los informes fantasma elaborados por policías anónimos para desacreditar a nacionalistas, jueces y fiscales en plena campaña electoral en Cataluña. Todavía hoy el Ministerio no sabe quién redactó tales informes. Pero antes de Ulloa ya cayeron otros muchos y su sustituto, Francisco Martínez Vázquez, hasta ahora jefe del Gabinete del ministro del Interior, quiere hacer más cambios, según fuentes policiales.
Un perfil jurídico para dar órdenes a policías y guardias civiles
La decisión de Jorge Fernández Díaz de colocar en ese puesto tan relevante a su jefe de gabinete, y no algún fichaje de gran peso político, implica un intento del ministro por controlar directamente un departamento que ha generado varios quebraderos de cabeza al Gobierno en este año.
Los comentarios sobre relevos y destituciones en Interior eran constantes en el entorno del Ejecutivo en los últimos meses, informa Carlos E. Cué. Sin embargo, Rajoy no parece tener ninguna intención de momento de cambiar a ningún ministro. El caso de Fernández Díaz además es especial, ya que se trata de un hombre de absoluta confianza del presidente, un amigo personal desde hace 30 años que ya fue incluso su secretario de Estado cuando Rajoy fue ministro de Administraciones Públicas. Fernández Díaz opta así por intentar cerrar la crisis con un control más directo del ministerio. De hecho Ulloa no era una persona de su entorno.
Cuando Fernández Díaz tomó posesión de su cargo tenía por delante un escenario mucho más favorable que el de sus antecesores. A diferencia de todos los demás ministros del Interior de la democracia él podía irse a dormir sin la pesadilla de un atentado de ETA de madrugada. Con la banda terrorista desactivada, todo hacía pensar que sería un mandato tranquilo y sobre todo, que el ministerio y las fuerzas de seguridad podrían dedicar más tiempo y esfuerzos a grandes operativos. Pero nada más lejos de la realidad. Las grandes operaciones, salvo la Emperador, contra la mafia china, la detención de varios implicados en el secuestro del empresario Publio Cordón —éxito a medias porque no se ha encontrado el cuerpo—, y algunas contra el tráfico de droga, en especial una en Cádiz, han brillado por su ausencia mientras los escándalos no han dejado de salpicar al organismo, que ha desaprovechado con luchas internas la ventaja de no tener, por primera vez en los últimos 50 años, la acaparadora amenaza de ETA.
Desde el Gobierno insisten en que la decisión de Ulloa es personal. “Es un cargo muy duro, que exige mucha dedicación, y eso hace que se resienta la vida personal y familiar de quien lo ostentan”, dicen. El Ejecutivo ha premiado sus servicios con un puesto en el Tribunal de Justicia de la UE, en Luxemburgo. Pero resulta difícil separar esta dimisión de la frenética oleada de ceses y cambios que ha vivido la cúpula del ministerio de Fernández Díaz, en poco más de un año.
Casi todos los cesados, destituidos y dimitidos están ligados a esas investigaciones clandestinas que el propio ministro ha reconocido no saber por dónde empiezan y que al final, es decir, en los tribunales de justicia, siempre se han quedado en nada. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió en que la dimisión no está vinculada a esos escándalos y dijo que Interior ha abierto una investigación interna y la explicará en el Congreso cuando finalice. Sin embargo, el hecho de que dos meses después Interior no haya sido capaz de saber aún quién hizo los informes sobre Artur Mas y la familia Pujol ha causado estupor en el mundo político.
Los informes sobre los políticos catalanes no eran, además, los primeros irregulares. En junio de 2012 la policía investigó también sin control de nadie ni orden judicial al actual presidente de la Comunidad de Madrid —entonces vicepresidente con Esperanza Aguirre— Ignacio González —con una complicada relación con la dirección de su partido, el PP—, a cuenta del alquiler de un ático de lujo en Marbella. El propio director general de la Policía, Ignacio Cosidó, reconoció en una comparecencia en el Senado el 18 de julio de 2012, que se había enterado de que tal investigación existiera al verla publicada en El Mundo. Al no encontrar indicios de delito, la Fiscalía Anticorrupción dio carpetazo al asunto, que provocó la fulminante destitución de uno de los cargos más importantes del organismo, el poderoso comisario general de la policía judicial, José Enrique Rodríguez Ulla. Solo cinco meses aguantó en el cargo. Es el comisario general más breve de la historia de la policía. El ático de Ignacio González ya había hecho rodar algunas cabezas más. En abril de 2012 había sido relevado Agapito Hermes de Dios, comisario jefe de Marbella.
Después, llegó el caso Interligare, con Alfredo Pérez Rubalcaba en la diana. Según un nuevo informe repleto de elucubraciones y datos sin contrastar, el exministro del Interior había montado una trama de corrupción con base en la empresa Interligare para espiar al PP, con sede en la misma calle, y lograr contratos irregulares. Ningún juzgado había abierto diligencias por el asunto. Pero Asuntos Internos sí había abierto una investigación al comisario que había dirigido esos informes contra Rubalcaba, Jaime Barrado, entonces jefe de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, que terminó siendo destituido.
Además de Ignacio Ulloa, al que fuentes policiales atribuyen “malas relaciones” con Ignacio Cosidó, aunque fuentes próximas a este último insisten en que eran “buenas”, también han sido relevados, cesados o destituidos en el último año Pedro Agudo, jefe de gabinete de Cosidó, y Concepción Figuerola, jefa del gabinete del secretario de Estado.
Pocas palabras, siempre polémicas
Al hasta ayer secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, se le había oído poco, pero sus declaraciones han venido casi siempre acompañadas de polémica.
Enfrentamiento con Garzón. Para explicar la reducción de la escolta al juez Garzón, declaró: “La escolta no es ni un servicio por razón de estatus, ni un servicio de mayordomía”. “Garzón sigue siendo una persona que podría tener un riesgo mínimo, no con respecto a las personas que él pudiera pensar, los terroristas, sino con respecto a la ciudadanía”. El juez le respondió en una carta abierta publicada en este periódico, en la que le advertía que su decisión podía “revertir en perjuicios irreparables” para su integridad.
La piedra y la prima de riesgo. Preguntado por el coste del descomunal despliegue policial con motivo de la reunión del Banco Central Europeo en Barcelona el pasado mayo (8.000 agentes), Ulloa no respondió, pero sí dijo: “No podemos permitir que por la broma de la piedra o del cóctel molotov suba la prima de riesgo”.
http://politica.elpais.com/politica/2013/01/11/actualidad/1357901988_232325.htmlPOLICÍAS INDAGAN SOBRE PUJOL EN MÉXICO Y ARGENTINA SIN ORDEN JUDICIAL
Un informe policial sin firma del 11 de septiembre tiene como objetivo “determinar el proceso de extracción de dinero desde Cataluña”. Acusa de cobro de dinero negro al expresidente catalán
Entre los informes policiales sin membrete ni firma que detallan supuestas prácticas corruptas de dirigentes nacionalistas catalanes, hay uno fechado el 11 de septiembre de 2012 cuyo objetivo, declarado en su primer párrafo, es “determinar el proceso de extracción de dinero desde Cataluña a cuentas al extranjero, tal y como se desprende de los diversos testimonios e informes que constan en los diferentes sumarios en los que actualmente interviene esta Comisaría General”.
El desarrollo del informe, sin embargo, apenas habla de investigaciones judiciales en marcha o de sumarios donde se mencione esta circunstancia. El informe se detiene en la confidencia de un examante de un asesor financiero con sede en Londres. A partir de ahí, desgrana toda una serie de acusaciones de cobro de dinero negro por parte del expresidente catalán, Jordi Pujol, y de prácticamente todos sus hijos, cuyo destino final han sido distintas sociedades inversoras en países de Latinoamérica.
Los jueces no tienen conocimiento de estos hechos, pero los agentes que firman el anónimo sostienen que ellos o sus compañeros ya han hecho gestiones para investigar el caso.
“Los responsables policiales mejicanos [sic] y argentinos contactados”, señala el informe sin fecha ni membrete ni autor conocido, “dicen no tener inconveniente en realizar gestiones oficiales e incluso acompañar a gestiones con dichos empresarios siempre que se disponga de las oportunas comisiones rogatorias, sugiriendo que previamente contactara la Fiscalía española con la Procuraduría General a efectos de coordinar tanto el trasvase oficial de información como la asistencia a interrogatorios de funcionarios españoles, que en todo caso solo podrían asistir a los mismos sin poder intervenir ni encuestar a los afectados”.
La nota policial anónima viene a señalar que agentes españoles se han puesto en contacto con fuerzas de seguridad argentinas y mexicanas en relación con supuestos negocios ilegales de Jordi Pujol y su familia. Y que de esas investigaciones no se ha dado cuenta a la fiscalía o a los jueces.
“Del resto de las gestiones practicadas sobre cuentas en Brasil, Panamá, Bahamas, Nueva Zelanda y otros, se está a la espera de recibir los plácet para poder confirmar los datos que se están recibiendo”, concluye el informe.
http://politica.elpais.com/politica/2012/12/23/actualidad/1356295594_406281.htmlLA OPOSICIÓN EXIGE EXPLICACIONES A INTERIOR DE LA CONJURA POLICIAL ANÓNIMA
PSOE y ERC reclaman que comparezca en el Congreso el director general de la Policía
La difusión de informes policiales anónimos que sugieren, con datos sin contrastar, graves corruptelas de dirigentes nacionalistas de CiU y de jueces, fiscales y periodistas de Cataluña, es “un hecho gravísimo”, según el PSOE; supone “un GAL mediático y el regreso a los tiempos de la Brigada político social franquista”, según ERC.
Francesc Homs, portavoz del Gobierno catalán, consideró este domingo “tremendamente grave” lo ocurrido. “Creo que ya no bastan las explicaciones del Ministerio del Interior. Ahora habrá que asumir responsabilidades. Esto me recuerda al caso GAL [presunto terrorismo de Estado durante los Gobiernos de Felipe González]. Evidentemente, utilizando determinada prensa para vehicular sus objetivos. ¿Cómo es posible que utilicen a la Policía para hacer estos informes? Sería conveniente para la salud democrática de España que se tomen medidas y se asuman responsabilidades de forma inmediata. Lo único que sentimos en este momento es indignación”, declaró a EL PAÍS. “Hablaremos con el grupo parlamentario de CiU para ver qué medidas tomamos en el Congreso”, anunció.
Seis informes mezclan datos reales de corrupción con otros falsos
PSOE y ERC reclamaron la comparecencia urgente de Ignacio Cosidó, director general de la Policía, en el Congreso para que explique si está detrás de estas maniobras de determinados policías al margen de la ley y si piensa hacer algo para frenarlas.
Uno de los seis informes anónimos lleva membrete de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF); los otros cinco son análisis de situación del caso Palau —una trama de cobro de comisiones ilegales a través de la institución cultural catalana que acabó financiando a Convergencia, partido que ha gobernado Cataluña 25 de los 32 años de la reciente etapa democrática—. Mezclan datos investigados e incorporados a distintos sumarios con otros ofrecidos por fuentes anónimas sin contrastar o directamente falsos, o correspondientes a sumarios abiertos hace más de 15 años en los que se manejan cifras y nombres de implicados erróneos.
El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Antonio Hernando, calificó este domingo de “gravísima” la supuesta operación puesta en marcha por policías que se escudan en el anonimato y actúan al margen de la ley difundiendo informes contra políticos, jueces, fiscales y periodistas catalanes. El PSOE anunció que va a exigir explicaciones inmediatas al Gobierno y para ello va a solicitar con carácter de urgencia la comparecencia en el Congreso del director general de la Policía.
El portavoz socialista recuerda que no es la primera vez que se conocen informaciones sobre estas presuntas actuaciones contra políticos, jueces, fiscales, periodistas o empresarios, que de ser ciertas constituirían un gravísimo atentado a las libertades y derechos de los ciudadanos.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue víctima de un informe policial que sugería la posibilidad de que el Ministerio del Interior, durante la época en la que el líder socialista estuvo al frente de ese departamento, había contratado a dedo a una empresa, Interligare, que podría haber espiado la sede del PP con tecnología punta porque tenían una oficina en la calle de Génova (Madrid) a unos metros del edificio donde Mariano Rajoy tiene despacho. Aquella elucubración sin fundamento no pasó de los titulares de portada de un medio de comunicación.
El PSOE liga esta operación con la que les acusó a ellos de espiar al PP
El diputado de ERC Alfred Bosch anunció este domingo también que llevará al Congreso y a la Unión Europea (UE) la presunta actuación de mandos policiales “al margen de la ley” contra políticos catalanes. Bosch considera los informes policiales anónimos “un ataque gravísimo contra todos los dirigentes de partidos catalanes que han virado hacia la autodeterminación y la independencia”.
Los republicanos catalanes quieren saber si los agentes en cuestión actúan por su cuenta o con el conocimiento del Gobierno, y consideran que el Ejecutivo de Rajoy debe “cortar de raíz este GAL mediático para no regresar a los tiempos de la brigada político-social franquista”.
CiU recordó, por su parte, que ha presentado una demanda por delito electoral contra los funcionarios de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF, en relación con el informe policial sin firma pero con membrete de ese departamento que se difundió en plena campaña electoral y que afirmaba que Artur Mas tiene cuentas en Suiza. El jefe policial de la UDEF aseguró al juez que ese informe no se había elaborado en su departamento.
Dirigentes de Convergència señalaron a EL PAÍS que ya tenían constancia de la existencia de un “documento base” del que se iban desgajando los informes que se han publicado, pero aseguran no haberlo visto. Estos dirigentes nacionalistas están preocupados no solo por la imagen del partido, sino porque, según sostienen, se está mezclando sin razón alguna en este proceso a personas relevantes de la sociedad catalana. También lamentan que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no les haya dado ningún tipo de explicación todavía de todo lo que está ocurriendo.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/23/catalunya/1356265556_823036.htmlCONJURA POLICIAL CONTRA EL SOBERANISMO
• Un grupo de agentes elabora otros cinco informes sin firma
• Están basados en sumarios abiertos mezclados con datos sin contrastar
• Acusan a jueces, políticos y periodistas catalanes
Un grupo de policías emboscado en el anonimato está lanzando informes sin firma con sospechas de grave corrupción contra la clase política gobernante en Cataluña, contra algunos jueces y fiscales que investigan la corrupción de dirigentes de Convergència y contra directivos de los diarios de mayor difusión en esa comunidad autónoma.
Esta conspiración policial anónima, que el Ministerio del Interior no parece controlar, irrumpió cuando el Gobierno de Artur Mas inició su deriva soberanista para lograr la independencia de Cataluña, convocó elecciones anticipadas y anunció la fecha de una consulta sobre el derecho a decidir.
Desde entonces, los policías que elaboran esos informes contra el soberanismo catalán pretenden defender con su estrategia la unidad de España —en peligro por culpa del plan rupturista de los nacionalistas catalanes—, según interpretan fuentes policiales.
Ese grupo anónimo distribuyó un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) —falso, según declaró el jefe de esa unidad policial al juez— para desacreditar al presidente catalán en plena campaña electoral. Ahora, otros cinco informes, también sin firma, circulan por los mismos territorios con idénticos objetivos.
En estos informes, que ha analizado EL PAÍS, los policías anónimos aíslan datos reales, basados en hechos probados incluidos en sumarios, y los mezclan con otros datos procedentes de investigaciones preliminares, atribuidos a fuentes anónimas, no contrastados por nadie, en algún caso falsos y en otros muchos resultado de elucubraciones sin fundamento.
Interior dice que aún no sabe quién fabricó el informe con sello de la UDEF
Esos documentos anónimos pero elaborados supuestamente en algún departamento del Ministerio del Interior se distribuyen convenientemente y se convierten en escándalo de primeras páginas. Los periódicos que acogen esa mercancía irregular fuera del circuito legal y ajena a la instrucción judicial manipulan el titular hasta llevarlo más allá de donde llevó el policía anónimo su propio análisis.
El trabajo de esos agentes sin identificar ha sido amparado por altos dirigentes del Gobierno y del PP a través de declaraciones públicas que sirven como altavoz de las elucubraciones. Ha habido ministros, como el de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha llegado a pedir cuentas a los políticos de CiU acusados por esos informes sin firma ni destinatario.
El desconcierto en el Ministerio del Interior respecto a estas prácticas cuanto menos alegales es mayúsculo, a juzgar por las declaraciones públicas de sus responsables. Un mes y medio después de que apareciese el supuesto borrador de la UDEF que sugería, sin aportar una sola prueba, que el presidente Artur Mas había cobrado comisiones ilegales a través de cuentas en Suiza, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asegura que aún ignora quién fabricó el papel.
La víctima principal de estas prácticas anónimas e ilegales es la clase política que gobierna en Cataluña, que, sin embargo, sí está inmersa en varios procedimientos judiciales, como el caso Palau y el caso ITV, donde se acumulan decenas de pruebas sólidas de su presunta corrupción. Esos casos judicializados, que se investigan desde hace mucho tiempo, tienen ya imputados a relevantes dirigentes de Convergència, el partido mayoritario en la coalición CiU.
En los informes policiales anónimos —además del fabricado con el membrete de la UDEF hay otros cinco que circulan sin sello ni firma con el título “Sumario Palau. Análisis de situación”, fechados entre el 12 de septiembre y el 31 de octubre de este año— se citan como fuentes de la información “sectores judiciales no nacionalistas, empresariado catalán, servicios policiales extranjeros, imputados que quieren negociar y sindicalistas de los Mossos”. Entre los imputados que quieren declarar, según uno de los informes anónimos, figura el ingeniero informático Hervé Falciani, que trabajó en el HSBC Private Bank de Ginebra y copió los datos de 130.000 cuentas, entre ellas 3.000 de españoles que supuestamente defraudaron al fisco. Los informes anónimos apuntan que Falciani, ya en libertad, podría facilitar datos referidos a autoridades catalanas que blanquearon dinero a través de Suiza.
Los policías descalifican en sus “análisis de situación” a los jueces y fiscales que investigan los casos de corrupción que afectan al Gobierno catalán de CiU, sugiriendo que quieren tapar el escándalo porque trabajan a sueldo de los políticos independentistas catalanes.
Estos jueces y fiscales a los que descalifican los policías anónimos en sus informes son los mismos jueces y fiscales que han imputado al extesorero de Convergència y los mismos que han impuesto a este partido una fianza de responsabilidad civil de 3,2 millones, además de destapar una red de financiación ilegal a través del Palau que se nutría con las comisiones que pagaban determinadas constructoras, entre ellas Ferrovial, por la adjudicación de obras públicas por parte del Gobierno catalán de Jordi Pujol hasta 2003.
Para descalificar al juez del ‘caso Palau’ se usó una ayuda a una fundación
Todo lo que los policías anónimos escriben en sus informes sin firma ni destinatario acaba publicado en determinados periódicos de tendencia conservadora. Así ocurrió con la denuncia policial anónima contra el juez del caso Palau, que decía así: “Su señoría Josep María Pijuan surgiendo como forma de sentirse realizado que le gustaría una Fundación para reinsertar los desclasados socialmente (IRES). A partir de ese momento, al parecer se le ha inyectado a esta Fundación fondos de la Generalitat, en una ingente cantidad de euros por importe de varios millones”. Con esta información bastante incomprensible, los policías querían sugerir que el juez protegía los intereses del Gobierno catalán como pago a la subvención recibida para esa fundación.
Los mossos anónimos que supuestamente nutren de información a los policías anónimos que hacen informes anónimos cuentan que vieron billetes de 500 euros en el maletero del coche del consejero catalán de Interior, Felip Puig; y que Félix Millet, expresidente del Palau de la Música y principal acusado de robar 30 millones de euros en esa institución, habló con Artur Mas el día que registraban su casa, y que si el caso “termina en un juzgado fuera de Cataluña” aportarán documentación que compromete a miembros del Gobierno catalán.
Imágenes captadas por la policía a principios de 2011 —e incorporadas al sumario— en las que se ve al secretario general de CiU, Oriol Pujol, en un restaurante de Barcelona en compañía de empresarios.
Con esos supuestos chivatazos futuros de los Mossos se fabricó parte del famoso informe de la UDEF que acusaba a Mas de tener cuentas en Suiza con dinero procedente de comisiones ilegales.
Los informes incluyen en algunos casos errores de bulto para magnificar el escándalo. Como cuando señalan que un juzgado de instrucción investiga un pelotazo inmobiliario de 800 millones de euros por la venta de unos terrenos a Eroski que valían “538 millones de euros” y se vendieron por “1.337 millones”. “Se investigan los 800 que faltan, con cuentas en Liechtenstein a nombre de varios dirigentes políticos, entre ellos AM (Artur Mas) y su padre”, señala el anónimo.
El pelotazo inmobiliario se investiga desde hace 15 años, pero fue de 800 millones de pesetas, no de 800 millones de euros, y no aparece Artur Mas por ningún lado.
Otro informe anónimo intenta rebuscar en la vida de los directivos de los principales periódicos que se editan en Barcelona vínculos con el blanqueo de capitales o con el delito fiscal o simplemente con su apoyo al Gobierno catalán de CiU por motivos inconfesables.
Los agentes anónimos deslizan acusaciones graves contra periodistas
En el encabezamiento de los informes anónimos se señala que las denuncias de corruptelas proceden de “fuentes judiciales y de fiscalía que con ocasiones de reuniones cordiales han mostrado preocupación”.
La Fiscalía ha mostrado preocupación, pero no ante la deficiente investigación de los casos de corrupción en Cataluña, sino ante la filtración interesada en las últimas semanas de informes anónimos con datos falsos o sin contrastar que ponen en cuestión el Estado de derecho, según fuentes judiciales.
La única reunión que se conoce entre agentes y fiscales —porque la dio a conocer con otro escrito, también anónimo, el Sindicato Unificado de la Policía— se celebró el 28 de octubre pasado, en plena precampaña electoral catalana, y no resultó muy cordial. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, llegó a considerar la reunión una maniobra irregular “desde el punto de vista de la relación procesal entre las fuerzas del orden y la fiscalía”, dado que “la sugerencia de actividad de los policías a los fiscales estaba fuera de situación porque no era el cauce regular” para plantearla.
Aquella cita en la fiscalía se produjo en las fechas previas al comienzo de la campaña electoral catalana, donde se dirimía el futuro de esa comunidad y el desafío soberanista del candidato Artur Mas. El exjefe de la UDEF José Luis Oliveras, nombrado jefe del Centro de Inteligencia del Crimen Organizado (CICO), pidió una reunión con el fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled, encargado de la investigación, entre otros, del caso Palau, en el que están imputados los extesoreros de Convergència y que ha puesto al Gobierno catalán bajo la sospecha de grave corrupción.
La excusa de la reunión solicitada por Oliveras era presentar a Marcelino Martín Blas, jefe policial de Asuntos Internos, competente en la investigación de casos de corrupción policial. Tras diez minutos de conversación protocolaria, donde hablaron de temas relacionados con la corrupción policial y un nuevo grupo que se iba a crear para combatirla, Oliveras fue al grano con una cuestión que excedía sus competencias actuales y las de su compañero de Asuntos Internos. “Si encomienda el asunto del Palau a este nuevo grupo, podemos obtener resultados”, le soltó al fiscal, según fuentes conocedoras de la reunión.
En la instrucción de la trama corrupta que salpicaba de lleno al partido en el Gobierno de Cataluña, el fiscal Sánchez Ulled había aconsejado al juez que para rastrear el destino de decenas de millones presuntamente robados por los directivos de la institución cultural sería bueno acudir a una unidad policial de ámbito nacional, dado que el tráfico de dinero podía afectar a bancos y sucursales de toda España. Y por eso encomendaron a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía rastrear el destino de lo robado. Esa unidad policial nacional contó con el apoyo del fiscal y del juez para su investigación y entregó su trabajo hace meses, cuando Oliveras era jefe de la UDEF.
Ahora, en otro puesto distinto de la policía, Oliveras intermediaba a favor del jefe policial de Asuntos Internos para investigar más el caso, al margen de su sustituto en la UDEF. Tras la irregular petición, llegó otra sorprendente. Oliveras y Martín Blas pidieron al fiscal su apoyo para conseguir una orden judicial de registro de la sede de Convergència y la casa del extesorero. El fiscal les explicó que llevaban tres años de investigación del caso y que tanto Convergència como el extesorero hacía muchos meses que conocían toda la investigación abierta contra ellos. En esas condiciones, no habría nada que encontrar en esa sede.
Los policías intentaron argumentar que todo el mundo guarda papeles y sugirieron que los confidentes tenían información. Cuando el fiscal les preguntó si tenían confidentes que les habían contado algo relevante, los agentes contestaron que no, pero que los confidentes se podían buscar.
Los policías mostraron un supuesto informe del caso Palau al fiscal, que comprobó que se trataba de una simple cronología de la instrucción del caso y algunos párrafos copiados y pegados de partes del sumario que él mismo había escrito.
El fiscal consideró muy poco seria la extraña oferta de aquella pareja de policías y les pidió que fueran al juez a pedirle autorización para lo que querían hacer, porque estaba convencido de que obtendrían la misma negativa que él les había dado.
Los dos agentes no fueron a ver a nadie, pero el fiscal, sorprendido y preocupado, advirtió por teléfono a sus superiores y al juez del caso de todo lo ocurrido en ese extraño encuentro.
Un informe anti-Mas confunde millones de pesetas con millones de euros
Sólo unos días después de aquella cita entre los dos jefes policiales y el fiscal del caso Palau, varios periódicos próximos al PP lanzaban informaciones que culpaban a los dirigentes de CiU de todo tipo de delitos, la inmensa mayoría sin que hubiera todavía pruebas solventes para sustentar las acusaciones.
Cuando Manuel Vázquez, jefe actual de la UDEF, acudió al juez del caso Palau a declarar por el informe fabricado con el membrete de su departamento, declaró que era falso, que ningún agente de su unidad lo había elaborado, y se sorprendió al conocer que dos compañeros suyos de otros departamentos —Oliveras y Martín Blas— habían visitado al fiscal para pedirles que les encomendara la investigación.
El jefe directo de esos tres policías, Ignacio Cosidó, director general de la Policía, no ha tomado ninguna medida ante el sorprendente desliz en un momento político tan delicado en Cataluña y el resto de España.
“Si el trabajo de este grupo de policías anónimos es inducido por un cargo político del Ministerio del Interior o del partido en el Gobierno, es muy grave. Pero si no ha sido inducido también es muy grave, porque significa que nadie controla a ese grupo policial autónomo que ha cobrado vida propia y que se dedica a lanzar acusaciones de corrupción con escaso fundamento”, señalan fuentes fiscales.
“Llegará un día”, dice un profesional judicial muy avezado en la investigación de casos de corrupción al que ha consultado este periódico, “en que haya una investigación seria firmada por la UDEF y se la habrán cargado por todo lo que está pasando ahora. Nadie se fiará del trabajo de esa unidad policial, donde están pasando estas cosas. La onda expansiva de todo esto es terrible”.
El Ministerio del Interior no ha sido capaz aún de frenar estas prácticas presuntamente ilegales.
‘CASO PALAU’
LO INVESTIGADO. El Gobierno de Jordi Pujol (hasta 2003) adjudicó contratos de obra pública a Ferrovial a cambio de comisiones millonarias para su partido CDC, según la investigación judicial. Están imputados dos extesoreros de CDC (el partido mayoritario en la coalición que gobierna Cataluña). El máximo responsable de Palau de la Música, Félix Millet, imputado también en la causa, intermedió para hacer llegar el dinero de Ferrovial al partido de Jordi Pujol y Artur Mas. El juez impuso una fianza de 3,2 millones al partido para responder civilmente del daño ocasionado. Convergencia puso su sede principal como aval de esa fianza.
LAS ACUSACIONES SIN PRUEBAS. Posible cobro de comisiones ilegales de obras públicas por parte del presidente Artur Mas y del expresidente Jordi Pujol, que habrían ingresado parte de ese dinero en cuentas bancarias suizas.
‘CASO ITV’
LO INVESTIGADO. El reparto de nuevas estaciones para la inspección técnica de vehículos en Cataluña derivó en un escándalo de supuesto tráfico de influencias por parte del Gobierno de Artur Mas. El principal sospechoso de ese tráfico de influencias es el número dos de Convergencia y secretario general de este partido, Oriol Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat. La juez está pendiente de un informe para decidir si hay indicios suficientes para la imputación de Oriol Pujol. Un informe de la Agencia Tributaria señala que Oriol Pujol forma parte de una iniciativa empresarial que pretendía lograr, de forma fraudulenta, la adjudicación de estaciones de ITV y hacer negocios en el sector de la eficiencia energética gracias a sus contactos en la esfera política. Pujol “proporciona el impulso y el apoyo necesario” para que el proyecto “llegue a buen fin” y, presuntamente, “tendría indirectamente participación accionarial en Upprime Energy a través de Sergi Alsina”, su amigo empresario, señala el informe.
http://politica.elpais.com/politica/2012/12/22/actualidad/1356190958_900041.htmlINTERIOR VUELVE A ENREDAR CON EL BORRADOR CONTRA ARTUR MAS
Asuntos Internos, que debería investigar la filtración, vuelve a elaborar unas conclusiones que corresponden a la policía judicial
El Ministerio del Interior embarra cada semana algo más la historia del borrador policial fantasma publicado por El Mundo y que insinuaba la posible implicación del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y del expresidente Jordi Pujol en el cobro de comisiones del caso Palau. Esta vez, de nuevo, la unidad de Asuntos Internos de la Policía ha intervenido más allá de sus límites, convirtiéndose en investigador bis del caso Palau sin que ningún juez se lo haya encomendado.
Ahora, Asuntos Internos ha elaborado unas conclusiones provisionales sobre el borrador que no contienen ninguna novedad sobre el objeto de su investigación —siguen sin saber, un mes después, quién elaboró y filtró el informe— pero que incluyen la existencia de una supuesta información “nueva” que debe verificarse, pero que podría ser “muy esclarecedora” para investigaciones judiciales en marcha. Una vez más, nadie explica por qué esta información “nueva” posterior a la publicación del borrador es manejada por Asuntos Internos en vez de por la policía judicial.
La labor de Asuntos Internos es investigar quién elaboró el borrador fantasma y quién lo filtró a El Mundo, dado que la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) —los realmente encargados del caso Palau— se ha desentendido por dos veces ante el juez, verbalmente y por escrito, tanto de la autoría del informe (que llevaba su membrete), como de su contenido. Pero —y ya van dos veces—, en vez de centrarse en sus tareas, Asuntos Internos prefiere manejar personalmente las denuncias y la información sobre casos de corrupción política que nada tienen que ver con las posibles irregularidades en la actuación de un agente de policía.
La unidad ha recibido el respaldo del ministro del Interior, Jorge Fernández, en sus actuaciones. Primero, el jefe de Asuntos Internos se reunió con el fiscal del caso en Barcelona para pedir el registro de la sede de Convergència y para solicitar hacerse cargo del caso. La reunión resultó extremadamente sorprendente para el fiscal, que asegura que no entendió qué pintaba Asuntos Internos en el asunto y dice que, además, no se le presentó un solo indicio sólido que permitiera investigar nada. A pesar de todo ello, el ministro avaló públicamente esta reunión.
El Consejo Fiscal tratará hoy todo lo relativo al informe y a la actuación de la Fiscalía de Cataluña
http://politica.elpais.com/politica/2012/12/11/actualidad/1355181438_669797.htmlEL GOBIERNO ALIENTA EL INFORME CONTRA MAS
Santamaría pide investigar y da por bueno el texto el día del cierre de la campaña
El Gobierno de Mariano Rajoy se juega mucho dentro de 24 horas. Casi tanto como el de Artur Mas. Una victoria aplastante con mayoría absoluta de CiU, admiten en privado fuentes del Ejecutivo, daría una señal de inestabilidad política de España. Así la analizaría la prensa internacional. Rajoy ha decidido echar toda la carne en el asador, incluida su propia presencia cuatro veces en la campaña, para intentar evitarlo. En medio de esa batalla a todo o nada entre Rajoy y Mas, surgió el polémico informe policial publicado por El Mundo, del que nadie se hace responsable, que apunta contra el presidente de la Generalitat. Y el Gobierno, sobre todo en los últimos días, ha decidido hinchar todo lo posible la polémica del informe, dejar caer todo tipo de insinuaciones, eso sí sin acusaciones concretas.
Cristóbal Montoro, el máximo responsable de la Agencia Tributaria, ya apuntó está vía. Soraya Sáenz de Santamaría apuntaló ayer esa posición del Gobierno, que consiste en tirar la piedra y esconder la mano. Hasta en cinco ocasiones se le preguntó por el informe, y la vicepresidenta, a pocas horas de cerrarse la campaña, no solo no puso en duda en ningún momento el informe o su elaboración —el juez dice que él no lo ha pedido, la policía no sabe quién lo ha hecho, no lleva firma— sino que lo dio por bueno, ya que pidió expresamente a la Justicia que lo investigue.
"Cuando se pone encima de la mesa un informe como el que ha hecho público el SUP, hay que investigar dos circunstancias: la filtración de este informe, y el Ministerio del Interior se ha puesto a ello, y después las acusaciones que de ahí surgen. Y corresponde a los jueces, yo espero que lo hagan, dilucidar los posibles delitos que ahí se contienen, y dictaminar sobre los mismos", aseguró la vicepresidenta, que repitió esta idea varias veces.
Pero no solo alentó así que crezca la bola del informe y la sospecha sobre Mas. También lanzó esa piedra en otras respuestas, siempre con la habilidad suficiente como para asegurar al final de la rueda de prensa que ella no estaba insinuando nada. Le preguntaron abiertamente si el Gobierno tenía algún indicio de que Mas tiene cuentas en el extranjero, como apunta el informe y el presidente desmiente. Y ella, lejos de decir que no tenía ninguna evidencia, contestó: "Estamos en medio de un proceso de regularización fiscal, que acaba la semana que viene, corresponde a los que tengan cuentas fuera declararlas. Los que no lo hagan saben que podrán ser investigados". "Si yo le diera lo que me está pidiendo probablemente incumpliría alguna norma tributaria; están muy limitados los derechos de acceso a documentación", añadió sobre esos posibles indicios contra Mas, lo que alentó aún más la sospecha. Sin embargo, cuando se le preguntó si estaba insinuando que el Gobierno tiene esos datos, se defendió: "No ponga en mi boca conclusiones que yo no he hecho. Ustedes me preguntan por personas y yo les cuento el procedimiento, la conexión va entre sus preguntas y mi respuesta, pero no dentro de mi respuesta".
Por si aún había dudas de la posición del Gobierno, que consiste en seguir alimentando la polémica, Sáenz de Santamaría también se pronunció sobre el choque entre el fiscal jefe de Cataluña, que cree que son "radicalmente falsas" las noticias elaboradas con el informe. La vicepresidenta defendió la independencia de los fiscales pero señaló: "Los fiscales están sometidos a los principios de unidad y dependencia jerárquica, por lo que corresponde al fiscal general fijar la posición de lo que es adecuado hacer". Esto es, el Gobierno da su apoyo rotundo a Eduardo Torres Dulce, que cuestionó a su subordinado catalán.
Todas las respuestas iban en ese sentido e incluso llegó a hurgar un poco más en la herida: "A lo largo de estos años son múltiples los procesos que afectan a CiU, a ellos les corresponderá dar explicaciones".
Mientras, desde Bruselas, el presidente Mariano Rajoy fue mucho más cauto y esquivó el asunto: "No me lo tome como una descortesía porque no lo es, pero permítame que no contribuya más a este espectáculo".
La campaña se cierra así en un ambiente de enorme tensión entre el PP y CiU, hasta hace pocos meses socios en todo: el PP catalán apoyaba todos los recortes de Mas en el Parlament mientras CiU votó a favor incluso de las más duras subidas de impuestos de Rajoy.
La anormal dureza de esta campaña catalana, más frecuente en las generales, llega a tal nivel que Mas, en tono durísimo, acusó ayer al Ejecutivo de "maquinar" con este informe policial "para alterar el resultado de las elecciones". El Gobierno lo niega, pero lo cierto es que pase lo que pase mañana, el informe será muy tenido en cuenta en el análisis del resultado.
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/23/actualidad/1353705274_669652.htmlEL SUP DENUNCIA AL DIRECTOR DE LA POLICÍA POR MALVERSACIÓN
El sindicato asegura que Cosidó usó voló en un jet que legalmente solo puede ser usado por los agentes antidrogas
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo, presentó el pasado martes ante los juzgados de Madrid una denuncia penal contra el director general de la institución, Ignacio Cosidó, por malversación de bienes públicos. El SUP sostiene que Cosidó usó el pasado verano un jet incautado a un grupo de 'narcos' que legalmente solo puede ser utilizado por los agentes de estupefacientes de la Policía Judicial y únicamente para operaciones contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Interior, sin embargo, argumenta que el SUP se equivoca de avión y tiene autorización judicial para disponer del aparato «sin limitaciones» en sus traslados, siempre que sean oficiales.
La denuncia del SUP pivota sobre el artículo 374.3 del Código Penal, que limita el uso de los bienes decomisados a los narcotraficantes exclusivamente a los funcionarios antidroga. Textualmente, ese precepto establece que «la autoridad judicial podrá acordar que, con las debidas garantías para su conservación y mientras se sustancia el procedimiento, el objeto del decomiso, si fuese de lícito comercio, pueda ser utilizado provisionalmente por la Policía Judicial encargada de la represión del tráfico ilegal de drogas».
El sindicato también insiste en que el Fondo de Bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados y la Ley de Represión de Contrabando reiteran que las propiedades incautadas solo puede ser usados por las fuerzas de seguridad y en exclusiva para combatir los delitos de narcotráfico y conexos.
Los hechos denunciados se remontan al pasado 14 de agosto, cuando Cosidó, «en compañía de tres periodistas», voló a Cádiz en un avión del Cuerpo Nacional de Policía para felicitar a los agentes que habían participado en la 'Operación Espartana', en la que se había interceptado un mercante con 3.000 kilos de cocaína en sus bodegas. La demanda del SUP asegura que el aparato utilizado por el director era un reactor alemán Tipo Jet bimotor, matrícula D-ISGW, que la Policía interceptó en diciembre de 2005 en el aeródromo de Fuentemilanos, en Segovia, en el transcurso de la 'operación Fomento' en la que fueron incautados 106 kilos de cocaína.
Para el sindicato no hay duda de que Cosidó incurrió en un delito de malversación porque es evidente que su figura como director general no puede «integrarse dentro del concepto de Policía Judicial dedicada particularmente a la persecución del tráfico de droga».
«El uso que se hizo del avión no se ajusta a los requisitos establecidos legalmente. Cuestión distinta es que se estén utilizando de forma permisiva y generalizada e, incluso, abusiva por parte de responsables policiales aviones, vehículos y otros medios y objetos intervenidos en la lucha contra el narcotráfico, al amparo de la legislación indicada», apunta la denuncia. En ese documento, el SUP insiste en la falta de «control» en el Cuerpo de esos medios incautados a las redes de narcotraficantes y la «desviación en el uso y los fines para los que han sido autorizados judicialmente».
'Operación Malaya'
Responsables de la Dirección General de la Policía aseguraron que el viaje a Cádiz se realizó en otro avión, un reactor matrícula EC-IAX, incautado en la conocida 'operación Malaya' de blanqueo de capitales, nada que ver con el narcotráfico. En cualquier caso, sostienen que el Cuerpo Nacional de Policía tiene autorización judicial para usar ese aparato «sin limitaciones» en cuanto al motivo del viaje, siempre que se trate de traslados oficiales de miembros de la institución. Todo ello, amén de que el viaje en el avión del Cuerpo costó 1.737 euros frente a los 3.861 que hubieran costado siete billetes de ida y vuelta entre Madrid y Jerez, según esas fuentes.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20121116/politica/denuncia-director-polica-malversacin-20121116.htmlCOSIDÓ RELEVA A SU JEFE DE OFICINA, ACUSADO POR EL PSOE DE DIRIGIR UNA ACADEMIA DE POLICÍAS
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha relevado del cargo a Pedro Agudo, su Jefe de Oficina y uno de los hombres de su confianza dentro del gabinete. Recientemente, Pedro Agudo había sido acusado de dirigir, a través de su mujer, una academia de formación que examina y cobra a futuros agentes que preparan la oposición al Cuerpo. Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión, el relevo se ha producido a petición propia de Agudo, quien ha solicitado volver a labores operativas "por motivos personales".
Otras fuentes consultadas explican que la situación de Agudo en el gabinete de Cosidó se había tornado insostenible en los últimos meses debido a su mala relación con los altos mandos de la Policía Nacional, entre ellos el propio Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino.
Además, según estas mismas fuentes, guardaba relación con el ex jefe de la brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, Jaime Barrado González, investigado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional como posible filtrador de datos relacionados con la empresa Interligare, la presunta trama corrupta formada por ex altos mandos de Interior.
JAIME BARRADO, CESADO EN JULIO
Barrado fue el principal investigador de esta trama, pero fue cesado de su cargo el pasado mes de julio en una de la primeras decisiones adoptadas por José García Losada, actual responsable de la Comisaría General de Policía Judicial.
Losada accedió a ese puesto tras el cese --por orden del Director General de la Policía Ignacio Cosidó-- de José Enrique Rodríguez Ulla tras apenas seis meses en el cargo. Barrado era el hombre de confianza de Ulla en el seno de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que dirige el comisario José Luis Olivera.
El cese de Barrado se enmarcó en una reestructuración de la Brigada, si bien otras fuentes apuntan a una pérdida de confianza por parte del Director Adjunto Operativo de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y el propio Director General de la Institución, Ignacio Cosidó.
Por su parte, la situación de la academia de formación de futuros policías fue objeto de una pregunta parlamentaria escrita dirigida por el PSOE al Gobierno. El PSOE se interesaba acerca de si Agudo ha formado parte de algún tribunal de promoción dentro de la Policía, cuántas acciones posee de la citada academia, si se ha abierto alguna investigación interna en Interior sobre estos hechos y si Agudo va a ser cesado de su cargo.
Según informó el diario 'El Mundo', las acciones de la academia figuraban inicialmente a nombre de Agudo, pero posteriormente pasaron a nombre de su esposa porque el reglamento de la Policía le impide gestionar centros de este tipo.
EL GOBIERNO NO VEÍA MOTIVOS PARA SU CESE
El Gobierno contestó que no veía "incompatible" que la esposa del jefe de gabinete del Director de la Policía, Ignacio Cosidó, sea la máxima accionista de una academia de formación que examina y cobra a los agentes que preparan la oposición al Cuerpo. En consecuencia, el Ejecutivo informaba de que este funcionario no sería cesado de su cargo, según la respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press.
El Ejecutivo defendía que este funcionario, Pedro Agudo, "no posee ninguna acción en academia alguna y tampoco ha formado parte de ningún tribunal de acceso, ni de promoción al Cuerpo Nacional de Policía" y explicaba que desempeña un puesto como "coordinador de proyectos en comisión de servicios en el Catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía".
Por ello "el Director General de la Policía no tiene previsto el cese de este funcionario y no observa incompatibilidad entre la actividad profesional de su esposa y el puesto que éste desempeña en este momento". En la respuesta del Gobierno no se precisaba si anteriormente Agudo poseía acciones de la academia.
Se trata de Legispol, un centro fundado en 2009 que presume en Internet de ser la academia con más aprobados en las oposiciones a la Policía. "Oposición Cuerpo Nacional de Policía 2011 - gran éxito de aprobados en el ingreso al CNP de nuestros alumnos. Un 8.5 por ciento de todos los aprobados de España son alumnos de Legispol, cuando sólo se han preparado con nosotros un 0.2 por ciento de los opositores. ¡Felicidades a todos y gracias por confiar en nosotros!", celebra un mensaje en su web.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-cosido-releva-jefe-oficina-acusado-psoe-dirigir-academia-policias-20120904184814.htmlLA HISTORIA DE LA CAÍDA DE PEDRO AGUDO, EL POLICÍA AL QUE LE GUSTABAN LOS UNIFORMES
Hoy se ha hecho público lo que desde hace días era una de las comidillas en el mundo policial. Pedro Agudo Novo, el hasta ahora todopoderoso jefe de Gabinete del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha dimitido. Él dice que "por acoso mediático" y que "por motivos personales ya que mi mujer ha tenido una depresión". La depresión y el acoso mediático tienen mucho que ver, sin embargo, con las actividades y particularidades de este inspector de policía que 'muere' por haber querido 'matar' a Alfredo Pérez Rubalcaba con 'el caso Interligare'.
El Infiltrado ha llamado a puertas donde conocen la historia de Pedro Agudo. Les ponemos al día. Este policía, inspector hace una docena de años, comenzó a ser conocido en su profesión de la mano de Enrique Barón , otro policía significado. En concreto, Barón, como les contamos ya en ELPLURAL.COM de la mano de Los Genoveses, es actual Comisario General de Información, pero antes fue jefe superior de la Policía en el País Vasco primero, y en Madrid, más tarde. Y en ambos destinos, Pedro Agudo fue su Jefe de Gabinete.
Matrimonio ‘perfecto’ con Cosidó
Posiciones que le valieron para encontrar a quien realmente le ha hecho de padrino en su encumbramiento tanto policial como político, el actual director General de la Policía, Ignacio Cosidó, hombre conocido por sus posiciones ultraconservadoras tanto en política como en religión. Con Cosidó, la identificación de Agudo es total según cuentan a El Infiltrado en medios policiales.
Y nos dan un ejemplo. Cada año, los dos, renuevan el juramento a la bandera (vean la foto que nos han hecho llegar y que acompaña esta información). En ambos casos, ‘integrados’ en alguna ceremonia cívico militar a la que acuden ‘vestidos’ con uniforme militar. Porque Pedro Agudo, según aseguran a este medio, no es ni ha sido nunca alférez de la marina, uniforme que viste en la foto, con ‘el derecho’ que le da su posición de inspector.
Amago de ‘resucitar’ a ‘los grises’
Claro, que ese mismo gusto por ‘lo militar’ de Cosidó y Agudo ya estuvo a punto de provocar un buen escándalo hace un par de meses, durante la jura de la última promoción de miembros de la policía en Ávila. Pretendían el Director General y su jefe de Gabinete que, contra la norma, los nuevos policías desfilaran como hacían cuando la Policía eran ‘los grises’; o sea, un cuerpo militarizado. Sí, en el franquismo. Los sindicatos policiales se negaron y amenazaron con lanzar objetos durante el desfile si la idea seguía adelante, porque para ensayar ‘la actuación’, los cadetes tendrían que haber sustraído sus últimas semanas jornadas a la formación profesional, para jugar a los soldados.
Nos dicen en fuentes policiales que Director General y jefe de Gabinete coinciden también en su perfil autoritario. “En el caso de Agudo -nos cuentan en la Policía- su falta de tacto le lleva incluso a dar órdenes, y en un tono despótico, a quienes son por rango superiores a él… Y como no tiene ese mando, lo que hace es hablar en plural mayestático, asumiendo el poder de su jefe. Le encanta eso de decir “hemos decidido…”, “hemos pensado…”, “queremos que se haga…”, en lugar de decir, el Director General “ha decidido…”. Es ese tipo de persona con ínfulas de mando”.
‘Interligare’ a Rubalcaba a toda costa
Ese tipo de persona, también, que se entrega a agradar… Agradar a sus superiores. Lo que le llevó, nos aseguran en fuentes políticas, a comenzar ya meses antes de la llegada del PP al poder a remover el ‘caso Interligare’, que ha acabado por costarle el puesto. Él ‘vendió’ en el entorno ‘popular’ en el que se mueve que, con el asunto Interligare podrían ‘quemar’ a Alfredo Pérez Rubalcaba . Lo cierto es que, al final, el tiro le ha salido por la culata… y el ‘quemado’ ha resultado ser él.
Porque, aunque Pedro Agudo ha asegurado en unas declaraciones a Europa Press que se va “por el acoso mediático que sufre” y por un supuesto escándalo relacionado con una Academia, de nombre Legispol, donde se forma a aspirantes a policías, en las que daba clases y su esposa es directora -ya se ve que Pedro Agudo anda metido en más de una salsa -, en fuentes policiales dicen a El Infiltrado que su caída viene forzada en realidad por el affaire Interligare.
Investigación de Asuntos Internos
En concreto, nos aseguran, porque la investigación de Asuntos Internos de la Policía sobre el asunto Interligare, dirigida por su responsable, el inspector Eugenio Pino, deja poco lugar a dudas sobre la responsabilidad de Pedro Agudo “a la hora de estimular -nos dicen- no sólo la investigación, sino a que ésta concluyera supuestas relaciones entre mandos policiales implicados en Interligare y Alfredo Pérez Rubalcaba…, lo que se ha demostrado falso”.
¿Por qué Pedro Agudo ‘estimuló’ la investigación de Interligare? ¿Fue una ocurrencia suya, o se lo pidió alguien? ¿Qué pone en el informe de Asuntos Internos? ¿Por qué el diario El Mundo, que lanzó la campaña Interligare con información filtrada desde Interior, al dar la noticia de la dimisión/cese de Pedro Agudo no le relaciona ni una sola vez con Interligare? … Son preguntas que aún no se pueden responder.
Vuelta a los brazos del comisario Barón
Sí es incontestable, sin embargo, que Pedro Agudo, el policía que es Caballero del Gran Priorato de España de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, que es una vez al año alférez de marina… ya no es jefe del Gabinete del Director General – aunque su jefe no se va como él-, y todo indica que ahora, después de renunciar a marchar de consejero a alguna embajada, que eso le ofrecieron primero al ‘cargárselo’, acabará en la Unidad de Información, de vuelta a la vera de Enrique Barón, de vuelta a sus orígenes.
http://www.elplural.com/2012/09/05/la-historia-de-la-caida-de-pedro-agudo-el-policia-al-que-le-gustaban-los-uniformes/GÓMEZ BERMÚDEZ INVESTIGA SI INTERIOR REVELÓ SECRETOS DEL ‘CASO PUBLIO CORDÓN’
El juez quiere saber si hay base para ir contra el ministro y el director de la Guardia Civil
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha lanzado una bomba de efectos imprevisibles. El magistrado ha dictado una providencia que solo puede interpretarse como los primeros pasos para dirigir un procedimiento por delito de revelación de secretos contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y los miembros de la Guardia Civil que hicieron públicos los datos de una comisión rogatoria secreta a Francia que contenía nuevos hallazgos relacionados con el caso del secuestro y presunto fallecimiento del empresario Publio Cordón, perpetrado por los GRAPO hace 17 años.
Los datos sobre la identificación de la casa en las proximidades de Lyon (Francia) donde estuvo retenido el empresario, cómo este contaba los días transcurridos con palotes en el armario donde estuvo encerrado, la detención de tres de los presuntos autores y que el éxito de la operación había sido posible gracias al testimonio de un testigo protegido cuya identidad no reveló, fueron proporcionados por el ministro en una multitudinaria rueda de prensa celebrada en el Congreso el 19 de julio. La convocatoria eclipsó informativamente los últimos recortes del Gobierno en materia económica, especialmente la subida del IVA y la supresión de la paga extra de Navidad para los funcionarios.
Al día siguiente, Fernández Díaz ofreció una ampliación de la conferencia de prensa en la sede del Ministerio, acto al que asistieron el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa y tres responsables del servicio de información del Instituto armado que habían dirigido o participado en las pesquisas y en las detenciones. El ministro tuvo también una reunión con Pilar Muro, la viuda de Cordón y con una de sus hijas, a las que informó de las novedades. Los actos fueron retransmitidos por la mayoría de las televisiones y radios y encontraron amplio eco en todos los periódicos del país.
El juez Gómez Bermúdez se sorprendió de que datos que eran secretos y sobre los que tenía que interrogar a los nuevos detenidos, José Antonio Ramón Teijelo, su esposa, Manuela Ontanilla Galán y Vicente Sarasa hubieran sido revelados por el propio ministro.
Así, cuando fueron a declarar los detenidos, sus abogados conocían la mayor parte de los datos contenidos en la comisión rogatoria francesa.
El magistrado considera que la filtración, además de perjudicar la investigación, pone en peligro la cooperación con Francia. Por ello, decidió abrir una pieza separada en el procedimiento, para determinar si se cometió un delito de revelación de secretos y qué órgano judicial sería el competente para investigarlo, a la vista de que el ministro es aforado y el caso correspondería instruirlo, en su caso, al Tribunal Supremo.
De modo que el juez pidió a la Guardia Civil un informe sobre lo ocurrido, pero en el mismo se sostiene que en ningún momento se rompió la cadena de custodia de la comisión rogatoria francesa.
A la vista de esa respuesta claramente autoexculpatoria, Gómez Bermúdez ha lanzado un órdago. En la providencia dictada ayer, el magistrado requiere al director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y al general jefe del servicio de información, Faustino Álvarez Sola, para que, en un plazo de cinco días, comuniquen quién o quiénes les "dieron información, verbal o escrita, del resultado de las investigaciones ordenadas en la comisión rogatoria internacional de referencia y a quién la transmitió".
El magistrado requiere exclusivamente al general Álvarez Sola para que "identifique, con el número de carné profesional si fuese otro miembro de las fuerzas de seguridad y nominalmente en otro caso, a la persona que informó a las autoridades del Ministerio del Interior sobre el resultado de la investigación".
Además, la providencia reclama a RTVE, Antena 3, Tele 5, Cuatro, la Sexta y Telemadrid que en 10 días le remitan el vídeo de la rueda de prensa que el ministro del Interior ofreció el 19 de julio sobre el caso de Publio Cordón.
A la vista de la respuesta que unos y otros le ofrezcan, Gómez Bermúdez decidirá si lo ocurrido presenta las características de un delito de revelación de secretos, en cuyo caso, remitirá los hechos a los juzgados de instrucción de Madrid, en la Plaza de Castilla, donde las diligencias se turnarán por reparto al juez que le correspondan. Y si este estima que hay elementos para investigar al ministro, al tratarse de un aforado deberá remitir una exposición razonada al Tribunal Supremo para que la Sala de lo Penal decida si procede o no investigar el caso.
En caso de considerar que no existen suficientes indicios de la existencia de un delito, el propio Gómez Bermúdez deberá archivar la pieza separada que ha abierto.
El secreto fue decretado en 2009 cuando el jefe del comando de los GRAPO Fernando Silva Sande decidió colaborar con la justicia. El terrorista fue conducido a Francia en más de una ocasión, pero no pudo encontrar el lugar, próximo al Mont Ventoux, en el que dijo haber enterrado al empresario. Silva Sande se ha enfrentado a otros miembros de los GRAPO en distintos juicios, pero, finalmente, ha delatado a Ramón Teijelo, Ontanilla y Sarasa, que tras cumplir condenas anteriores se habían reintegrado con aparente normalidad a la vida civil y residían en Sevilla.
Por otro lado, el magistrado decretó ayer la prisión provisional para Manuela Ontanilla, que estaba en libertad bajo fianza de 10.000 euros por su participación en el secuestro de Cordón.
Gómez Bermúdez abrió un nuevo procedimiento contra la antigua miembro de los GRAPO debido a que su huella genética se encontró en una cinta adhesiva que sujetaba dos cajas de fulminantes en la casa de Fontainebleau (Francia), que habitaron los terroristas.
En el interior de un bidón se encontraron armas y explosivos, así como las cajas de los fulminantes que estaban dentro de una bolsa. Por ello, el magistrado le ha imputado un delito de depósito de armas, municiones y explosivos como miembro de una organización terrorista.
El juez estima que aunque no hubiera riesgo de reiteración delictiva u obstrucción a la investigación, "es patente el riesgo de sustracción a la justicia, pues, dada la solidez de los indicios, la amenaza de ser condenada a pena grave, junto con el fuerte arraigo que la detenida tiene en Francia y la ausencia de medios de vida en España, determinan que la tentación de huir sea notable".
Cronología del supuesto delito
1. Febrero de 2009. El juez Fernando Grande-Marlaska decreta el secreto de las actuaciones sobre la búsqueda de la vivienda en la que estuvo secuestrado y falleció en 1995 el empresario Publio Cordón.
2.18 de junio de 2012. Llega la comisión rogatoria francesa en la que se da por localizada la casa del secuestro en Lyon.
3.20 de julio. Fernández Díaz comparece para ampliar los detalles en el ministerio, con la plana mayor de la Guardia Civil.
4.21 de julio. El juez Javier Gómez Bermúdez abre una investigación sobre la filtración de datos sobre el secuestro.
5.29 de agosto. Gómez Bermúdez da los primeros pasos para un posible encausamiento del ministro y el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, por revelación de secretos.
http://politica.elpais.com/politica/2012/08/29/actualidad/1346241162_123884.htmlLOS ESCÁNDALOS QUE AFECTAN A POLÍTICOS CONVULSIONAN A LA POLICÍA
Las luchas internas entre mandos, la destitución de un jefe clave y las pesquisas sin orden judicial ponen al rojo los siete meses de mandato de Ignacio Cosidó
El PP utiliza datos "no corroborados" para acusar a Rubalcaba de espionaje
Asuntos Internos no aprecia delito en los expolicías vinculados a Interligare
Las investigaciones sin control judicial sobre supuestas corruptelas que afectan a políticos han convertido en un polvorín la cúpula de la policía. En los apenas ocho meses que el popular Ignacio Cosidó lleva al frente de la Dirección General de la Policía, el cuerpo ha estallado en una reyerta interna que ha llegado a las puertas del despacho de Cosidó y ha desangrado la Comisaría General de Policía Judicial —un área clave en la lucha contra la corrupción—. El estallido ha sido provocado por dos investigaciones casi clandestinas. Una, la del ático marbellí del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, muy poco afín a la dirección nacional del PP. La otra, por los informes con datos "sin corroborar ni confirmar" sobre una supuesta trama de corrupción y espionaje al PP que habría montado desde el Ministerio del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del PSOE y habitual adversario de Cosidó en el Congreso por el caso Faisán. Las cabezas de quienes hicieron ambas pesquisas ya han rodado por los suelos. Y el hacha sigue levantada. La lucha de policías contra policías ha llegado a los juzgados.
Cosidó llegó a la policía e hizo tabla rasa: apenas 10 días después de tomar posesión, el 11 de enero destituyó a todos los comisarios generales. También echó al director adjunto operativo, Miguel Ángel Fernández Chico, gravemente enfermo, que falleció días después entre críticas por las formas de ese cese. Este tipo de relevos es habitual con los cambios de Gobierno, pero Cosidó lo hizo en un solo día. El cuerpo interpretó el relevo en masa como una limpieza de lo que el PP llamaba la policía de Rubalcaba desde el 11-M y el caso Gürtel.
Uno de los destituidos fue Juan Antonio González, el comisario general de Policía Judicial convertido en anatema para el PP por ser el jefe de las unidades que han investigado los casos Gürtel o Palma Arena. En su lugar puso al comisario Enrique Rodríguez Ulla, lo que también sorprendió al cuerpo por no tener la categoría de comisario principal. Poco después, Cosidó trasladó al Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) a José Luis Olivera, responsable directo de las pesquisas del caso Gürtel como de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
La investigación casi clandestina del ático de Ignacio González, sin embargo, convirtió a Rodríguez Ulla en el comisario general más efímero de la historia. Este policía, que había tomado posesión el 13 de enero, fue decapitado en julio por ordenar una investigación secreta y oficial sobre el ático de lujo del vicepresidente de la Comunidad de Madrid y secretario general del PP-Madrid. Ni Cosidó ni el comisario Eugenio Pino, director adjunto Operativo, tenían ni idea de la pesquisa.
No era la primera cabeza que rodaba por el caso del Ático. En abril era relevado Agapito Hermes de Dios, comisario jefe de Marbella. El fallecido Fernández Chico le había encargado en julio de 2011 una comprobación informal sobre el ático que supuestamente alquila González. Esas gestiones se cerraron a primeros de 2012 "al no encontrar indicios de delito alguno", según declaró Cosidó el 18 de julio en la Comisión de Interior del Senado. El director general se vio obligado a comparecer por el enredo policial y político montado.
Cosidó manifestó en el Senado que se había enterado de la existencia de la investigación sobre Ignacio González por una información publicada por El Mundo el 23 de marzo. Y aseguró que se trataba de una "investigación irregular", de la que no se enteró la cadena de mando actual, lo que da idea del desbarajuste que había entonces en la Policía Judicial. Los investigadores llegaron a elaborar informes cargados de elucubraciones. En ellos mezclaban la sospecha sobre la compra del ático con una operación de recalificación de terrenos del Atlético de Madrid y con la operación inmobiliaria de Arganda del Rey que enriqueció al promotor Antonio Martín y al líder de la trama Gürtel, Francisco Correa.
Rodríguez Ulla tuvo la osadía de recuperar la investigación sobre el controvertido ático de la urbanización Alhambra del Golf. Lo hizo tras recibir una carta del Sindicado Unificado de Policía (SUP). Ulla encargó la reapertura a un subordinado quien, a sabiendas de que el asunto le había costado el cargo a Hermes de Dios (ahora en una comisaría de distrito de Madrid), le pidió que le pusiera la orden por escrito. El asunto se dio policialmente por cerrado el 9 de julio y, al día siguiente, la Fiscalía Anticorrupción le dio carpetazo, aunque dejaba la puerta abierta a una futura investigación policial que aquilatara las sospechas. Rodríguez Ulla, a quien también se le reprochó que no frenara la sangría de informaciones sobre el caso Gürtel, ya era historia en la Policía Judicial.
Dos comisarios han caído por investigar al número dos de Esperanza Aguirre
El SUP acusó al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y a Cosidó, de ser "sospechosos por omisión de no querer esclarecer el asunto" y aseguró que el cierre del caso del ático apuntaba a que España es un país "donde la corrupción puede campar a sus anchas". El líder del citado sindicato, José Manuel Sánchez Fornet, tiene el ático entre ceja y ceja.
Mientras esto ocurría, Cosidó ya sabía de la existencia de otro caso con una forzada derivada política que era una bomba de relojería. Desde el 9 de enero, casi a la vez que se sentaba en su despacho del palacete de la calle de Miguel Ángel (sede de la Dirección General de la Policía) tuvo sobre la mesa un informe que apuntaba a la existencia de una supuesta trama de corrupción montada en Interior cuando Rubalcaba era su titular y que tenía su base en la empresa Interligare. El informe, más bien una nota interna confeccionada especialmente para Cosidó —quien, aún como diputado había preguntado a Interior por la firma Interligare—, añadía la siguiente coletilla:
"Se participa que por informaciones recibidas y no confirmadas ni corroboradas, una de las sedes de la empresa Interligare estaba ubicada en la calle Génova 15 frente a la sede de un partido político, pudiendo ser utilizada como base para posibles interceptaciones telefónicas". El Mundo dio la noticia, ya transformada en una red que dirigía Rubalcaba con exmandos policiales afines integrados en Interligare para espiar el PP y lograr contratos irregulares.
¿Espionaje al PP, corrupción y Rubalcaba de por medio? El PP se lanzó en tromba contra el líder del PSOE, pese a que ningún juzgado ha hecho diligencia alguna por corrupción, pese a que que Cosidó no ha instado investigación por espionaje alguna (y sabe de ello desde hace meses) y, sobre todo, pese a que la propia policía ya investigaba a quien había dirigido esos informes: el comisario Jaime Barrado, entonces jefe de la brigada de Delincuencia Económica y Fiscal. Este también había tenido que ver con las pesquisas sobre Ignacio González. Porque Barrado ya es también historia en la Policía Judicial.
El cesado Rodríguez Ulla fue sustituido al frente de la Comisaría General de Policía Judicial por un veterano del cuerpo, José García Losada, quien goza de un prestigio mucho mayor que el de Rodríguez Ulla. Y al poco de llegar ya había decapitado a Barrado, quien tampoco había informado a sus jefes naturales de las pesquisas de Interligare.
La investigación había abierto una guerra intestina en el cuerpo, una lucha de poder entre familias policiales. La bronca se debía a que los informes dirigidos por Barrado señalaban a los comisarios ahora fuera del cuerpo Miguel Ángel Fernández Rancaño y Gabriel Fuentes, quienes mantienen excelentes relaciones con altos cargos policiales en activo y en puestos clave. Ambos habían integrado el consejo de administración de Interligare durante el año 2009
Rancaño era el jefe superior de Policía de Madrid cuando los atentados del 11-M (y por ello era una de las dianas preferidas de las teorías de la conspiración sobre el mayor atentado de España) y hoy es jefe de Seguridad de Caixabank. Fuentes fue el responsable antiterrorista durante el mandato en Interior de Juan Alberto Belloch, subdirector del ministerio con Ángel Acebes. Ahora, su nombramiento como asesor del secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, era inminente pero se ha frustrado.
Asuntos Internos ha llevado al juez al agente que sugirió el espionaje al PP
Ni Rancaño ni Fuentes han trabajado jamás para Rubalcaba. Pero Barrado sugería en sus informes que, gracias a su presencia en Interligare, esta empresa había recibido jugosos contratos de Interior mientras Rubalcaba era ministro con la mediación de Luis Luengo. Este fue responsable de Infraestructuras del ministerio desde 2007 y hasta marzo de 2011 y, a su vez, sus dos hijos trabajaban en la firma de tecnología para la inteligencia, ahora insolvente. Pero Interligare ya contrababa con Interior desde 2005. Además, resultaba cuando menos extraño que se espiara al PP desde una empresa que tenía entre sus accionistas a Jacqueline Tibisay Moro Albacete, quien había sido candidata a las elecciones municipales de 2007 por el PP.
Mientras los populares insistían con informaciones sin confirmar ni corroborar en que Interligare era "un nido de espías", los sabuesos de la Unidad de Asuntos Internos sometían a investigación al destituido Jaime Barrado. Este comisario, al comprobar que la supuesta trama de corrupción y espionaje no recibía el impulso que él consideraba, ni se le reconocía con una medalla roja (pensionada) un trabajo que el PP había convertido en arma política contra Rubalcaba, se reunió supuestamente con Pedro Agudo, el jefe de gabinete del director general. En su despacho supuestamente le advirtió de que tiraría de la manta del asunto Interligare si no era restituido en su puesto.
Agudo, un hombre de la máxima confianza de Ignacio Cosidó, informó del incidente a Eugenio Pino, quien no se lo pensó: "Pedro, o llevas eso a Asuntos Internos o lo hago yo", le vino a decir a Agudo. Este denunció el caso a dicha unidad, aunque intentó rebajar el tono de las amenazas. Asuntos Internos abrió expediente a Barrado por coacciones y amenazas y lo citó a declarar. Barrado vino a decir que la cúpula policial le había dejado tirado policial y políticamente. Asuntos Internos también escudriñó la actuación de Rancaño y Fuentes para concluir que no había delito en su actuación en Interligare. Ambos esperan para llevar el caso a los juzgados por las amenazas vertidas contra ellos, mientras que la pesquisa de Asuntos Internos por coacciones, amenazas y revelación de secreto esperan destino en el juzgado de instrucción número 25 de Madrid. Policías contra policías y todos en los juzgados. Insólito.
Las fuentes aseguran que los pasos de Pino en este asunto no han sido del agrado de Ignacio Cosidó, quien se ha visto obligado a sofocar unos incendios que han disgustado al ministro del Interior. Muchas de las fuentes policiales y sindicales consultadas aseguran que el director general ha intentado controlar la Policía Judicial, donde aún persiste la investigación de Gürtel, un caso que llega al corazón del PP.
Además, las purgas de policías aireadas a los cuatro vientos han abierto un clima de abierta desconfianza en el cuerpo y, sobre todo, en la Comisaría General de Policía Judicial, la encargada de investigar los escándalos que afectan a políticos en toda España.
http://politica.elpais.com/politica/2012/08/11/actualidad/1344709242_594837.htmlASUNTOS INTERNOS NO APRECIA DELITO EN LOS EXPOLICÍAS VINCULADOS A INTERLIGARE
La investigación descarta que exista base para montar un caso de espionaje
Interligare trabajaba para Interior desde 2006, antes de que llegase Luengo en 2007
Los dos comisarios niegan la deslealtad, ya que informaron a sus empresas
El portavoz en el Congreso del PP, Alfonso Alonso, pidió ayer explicaciones al socialista Alfredo Pérez Rubalcaba por el supuesto espionaje al PP. "En el portal de al lado teníamos un nido de espías y merecemos que alguien nos dé una explicación y nos diga qué pasaba. Rubalcaba sigue sin dar una explicación de una trama de corrupción ligada al Ministerio del Interior del que él era titular".
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha concluido que no hay base para actuar penalmente contra los dos ex altos mandos policiales que fueron consejeros de Interligare. Esta empresa es señalada por el PP y El Mundo como un "nido de espías" y el eje de una red corrupta montada por Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio del Interior. Según dicha investigación, los comisarios Miguel Ángel Fernández Rancaño y Gabriel Fuentes habrían incurrido como máximo en una "deslealtad profesional" hacia las empresas privadas para las que trabajaban a la vez que para Interligare. Pero, según los dos citados, sus respectivas empresas estaban informadas y les dieron las autorizaciones pertinentes.
Rancaño, responsable de seguridad de La Caixa, y Fuentes, que desarrolla su labor en una consultoría de seguridad, solo fueron consejeros de Interligare durante 2009, ya que al final de dicho año presentaron su renuncia. Para entonces, dicha firma ya trabajaba en proyectos para el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (el primer contrato data de 2006, por 240.000 euros) o Instituciones Penitenciarias (2007). O lo que es lo mismo: antes de la llegada a Interior de Luis Luengo, responsable de Infraestructuras con Rubalcaba, y antes también de que Rancaño y Fuentes trabajaran para Interligare. Luengo ha negado que firmara contratos entre Interligare y el CNCA.
Los dos comisarios, que nunca han trabajado a las órdenes de Rubalcaba en el Ministerio del Interior, no ejercían tareas ejecutivas en Interligare, ni se encargaban de los pagos ni del día a día, sino que pertenecían al Consejo de Administración. Tampoco estaban entonces en la policía. Por ello, la unidad de Asuntos Internos, que dirige el comisario Marcelino Martín Blas Aranda, tras investigar a Rancaño y Fuentes, concluye que, como máximo, se les podría imputar un delito de deslealtad profesional hacia sus respectivas empresas, previsto en el artículo 465 del Código Penal, según fuentes policiales. Ese artículo está especialmente dedicado a abogados y procuradores en su ejercicio como tales, lo que no es el caso.
Asuntos Internos no ha visto nada que se parezca a un caso de espionaje ilegal al PP que el comisario de la Brigada de Delincuencia Económica que ha investigado el caso sugirió en un informe que supuestamente está aportado al juzgado de Instrucción número 3 de Aranjuez (Madrid). Este informe sostiene que Interligare pudo espiar desde sus oficinas de la calle de Génova, cercana sede del PP, lo que sirve de base a este partido para acusar a Rubalcaba de haber montado un "nido de espías".
El director general de la Policía, el popular Ignacio Cosidó, tampoco ha instado a la apertura de una investigación sobre tal espionaje, pese a que tiene desde el 9 de enero pasado tiene el informe dirigido por el comisario Jaime Barrado que sugiere el posible espionaje con datos "sin confirmar ni corroborar". Tampoco en las diligencias remitidas al juzgado de Aranjuez por los investigadores del caso Interligare hay referencias al espionaje. Solamente se habla de fraude a la Seguridad Social, estafa, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.
http://politica.elpais.com/politica/2012/08/09/actualidad/1344541909_293595.htmlEL GOBIERNO VE COMPATIBLE QUE LA MUJER DEL JEFE DE GABINETE DE COSIDÓ TENGA UNA ACADEMIA DE FORMACIÓN DE POLICÍAS
El Gobierno no ve "incompatible" que la esposa del jefe de gabinete del Director de la Policía, Ignacio Cosidó, sea la máxima accionista de una academia de formación que examina y cobra a los agentes que preparan la oposición al Cuerpo. En consecuencia, el Ejecutivo informa de que este funcionario no será cesado de su cargo, según una respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press.
El Ejecutivo defiende que este funcionario, Pedro Agudo, "no posee ninguna acción en academia alguna y tampoco ha formado parte de ningún tribunal de acceso, ni de promoción al Cuerpo Nacional de Policía" y explica que desempeña un puesto como "coordinador de proyectos en comisión de servicios en el Catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía".
Por ello "el Director General de la Policía no tiene previsto el cese de este funcionario y no observa incompatibilidad entre la actividad profesional de su esposa y el puesto que éste desempeña en este momento".
CAMBIO DE NOMBRE EN LAS ACCIONES
Según informó el diario 'El Mundo', las acciones de la academia figuraban inicialmente a nombre de Agudo, pero posteriormente pasaron a nombre de su esposa, Ana Eugenia Pardo, porque el reglamento de la Policía le impide gestionar centros de este tipo. En la respuesta del Gobierno no se precisa si anteriormente Agudo poseía acciones de la academia.
Se trata de Legispol, un centro fundado en 2009 que presume en Internet de ser la academia con más aprobados en las oposiciones a la Policía. "Oposición Cuerpo Nacional de Policía 2011 - gran éxito de aprobados en el ingreso al CNP de nuestros alumnos. Un 8.5 por ciento de todos los aprobados de España son alumnos de Legispol, cuando sólo se han preparado con nosotros un 0.2 por ciento de los opositores. ¡felicidades a todos y gracias por confiar en nosotros!", celebra un mensaje en su web.
La respuesta del Gobierno se produce a raíz de una batería de preguntas formuladas por el diputado socialista, Pedro Muñoz, quien también reclamó la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
El PSOE se interesaba acerca de si Agudo ha formado parte de algún tribunal de promoción dentro de la Policía, cuántas acciones posee de Legispol, si se ha abierto alguna investigación interna en Interior sobre estos hechos y si Agudo va a ser cesado de su cargo.
NO ACLARA SI POLICÍAS A LAS ÓRDENES DE AGUDO ESTÁN EN UN TRIBUNAL
El diputado socialista ampliaba sus preguntas cuestionando acerca del número de policías que "son profesores de la academia Legispol". A esta pregunta el Gobierno responde que "la Dirección General de la Policía no tiene constancia de que ningún miembro de la Policía sea profesor de la Academia Legispol".
Muñoz también se interesaba acerca de si otros policías que trabajen a las órdenes de Pedro Agudo "han formado parte de algún tribunal de acceso o de promoción dentro del Cuerpo", pero el Ejecutivo no ofrece explicación sobre este particular.
El pasado junio, el PSOE pidió la comparecencia en el Congreso del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para preguntarle si le parece normal e incluso "ético" que su director de gabinete sea propietario de un centro de formación que examina y cobra a los agentes que preparan la oposición al Cuerpo Nacional de Policía.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-ve-compatible-mujer-jefe-gabinete-cosido-tenga-academia-formacion-policias-20120809182801.htmlEL JEFE DE LA POLICÍA DE RAJOY, UN DEFENSOR DE LAS “GUERRAS NECESARIAS, JUSTAS, Y LEGÍTIMAS”
El nuevo director general de la Policía, Ignacio Cosidó, no dudó en calificar la semana pasada de “correcta” la actuación de los agentes en las manifestaciones de Valencia. Para ello, el alto cargo del Partido Popular decía basarse en “datos objetivos” y en la convicción de que si la policía no hubiese cargado contra los estudiantes de educación secundaria se habrían puesto en peligro la “convivencia y la seguridad”. Salvando las distancias, no era la primera vez que Cosidó se mostraba partidario del uso de la violencia para evitar “males mayores”.
Cosidó destaca por su pensamiento radical, su amor a Dios y su devoción a José María AznarDe hecho, el 8 de febrero de 2003 Cosidó no dudó en criticar la peligrosa “ceguera de los ingenuos de la paz” que consideran que “ninguna guerra puede ser necesaria, justa, ni legítima”. Lo hizo a través de un artículo publicado en el Diario Palentino para intentar convencer a la ciudadanía de que “ante la posibilidad de un 11 de septiembre nuclear o biológico” y ante “la combinación de terrorismo y armas de destrucción masiva” que se daba en el régimen de Sadam Hussein, era inevitable la guerra “por la libertad”.
Elogios a Aznar
En otro artículo, publicado el 13 de abril de 2003, Cosidó se mostraba igual de satisfecho con la guerra de Irak y presentaba a José María Aznar como un iluminado que, pese a que había hecho lo correcto (al pretender “conjurar la terrible amenaza del terrorismo y las armas de destrucción masiva”), desgraciadamente no había sido “capaz de convencer a una mayoría de los españoles de que España ha hecho lo que tenía que hacer y ha estado donde tenía que estar”. Es decir, contra Europa y siguiendo los dictados de George W. Bush.
“Hacer cumplir con contundencia la ley”
En especial, el ahora director general de la Policía agradecía a José María Aznar su objetivo de hacer de España un Estado más fuerte que “sepa internamente hacer cumplir con contundencia la ley y asegurar el orden social”. Algo para lo que, en opinión de Cosidó, “se requiere un poder militar que pueda no sólo conjurar cualquier amenaza externa a nuestra seguridad, sino que pueda intervenir allí donde la libertad se encuentre radicalmente amenazada”.
Mensaje radical
Las ideas de Cosidó se encuentran en la órbita de FAES a través del Grupo de Estudios Estratégicos (GEES). Es un radical sin complejos que ejerció un alto cargo en la Dirección General de la Guardia Civil en los ocho años del Gobierno de Aznar. Cuando el PP perdió el poder en 2004, Cosidó radicalizó aún más si cabe su mensaje y se convirtió en uno de los principales colaboradores Libertad Digital, el periódico que dirige Federico Jiménez Losantos.
Polémicas
También son conocidas las polémicas palabras que pronunció sobre Alfredo Pérez Rubalcaba (del que llego a decir que había sido designado ministro del Interior “con la connivencia de ETA o de una parte de ETA”), sobre Gregorio Peces-Barba (al que se refirió como un “alto comisionado para el diálogo y el amparo a los verdugos terroristas”), o sobre la autoría del atentado ocurrido el 11 de marzo de 2004.
Animadversión hacía el socialismo
Muy cercano a Mayor Oreja, el ahora director general de la Policía se convirtió en un asiduo de las manifestaciones que convocaban las asociaciones más críticas con la política antiterrorista de José Luis Rodríguez Zapatero. Su animadversión hacía el expresidente del Gobierno es especialmente llamativo. A través de su artículos, Cosidó ha presentado a Zapatero como una persona que llegó al poder “por la fuerza del azar” y que ha “abandonando el campo de los que mueren para ir a hablar con los que matan”.
Zapatero “el brujo”
“La fórmula de este aprendiz de brujo es una gran pócima de socialismo, un poco de comunismo y grandes dosis de nacionalismo radical que condene al PP a un aislamiento eterno”, dijo Cosidó sobre Zapatero el 23 de abril de 2005. Sólo Alfredo Pérez Rubalcaba sale peor parado que el ex presidente del Gobierno en los escritos del nuevo director general de la Policía.
La extinción de Rubalcaba
Por ejemplo, el 10 de octubre de 2010 Cosidó se refirió a Rubalcaba como “el prototipo de político sin principios y sin escrúpulos que ha hecho de la conquista del poder y su conservación el único objetivo de su interminable carrera política. Lo peor es que tener a un político de esta naturaleza en el Ministerio del Interior es un verdadero riesgo para nuestra libertad (…) Su extinción política, que estoy convencido está próxima, será una excelente noticia para la libertad”.
Ultracatólico
Mención aparte se merece la visión que en muchos de sus escritos ofrece sobre el cristianismo, religión que a su entender “parte de una defensa radical de la libertad del ser humano, porque estamos hechos a imagen de Dios; de la igualdad, porque todos somos hijos de Dios; y de la dignidad, que emana del amor de Dios a cada vida humana”. Pese a todo, Cosidó reconoce que la situación de la Iglesia no vive sus mejores momentos debido a que “hay quienes quieren desterrar a Dios de Europa” e “imponer un relativismo absoluto”.
La Iglesia en España
“España el país en el que la Iglesia Católica corre el mayor riesgo de quedar marginada a una secta semiclandestina. Así, en laicismo militante de una parte de la izquierda política amenaza con transformase en una política antirreligiosa en la que se borre toda manifestación espiritual de nuestra vida pública y muy en especial se margine la enseñanza de la religión en las escuelas. Por otro lado, existe una ofensiva en materias como el matrimonio homosexual, el aborto, la manipulación de embriones o el incipiente debate sobre la eutanasia que atentan contra los principios morales más básicos”, afirmó el 9 de abril de 2005.
De procesiones
Ante este tipo de ideas no es de extrañar que Ignacio Cosidó haya sido elegido para pronunciar el pregón de la Semana Santa de Palencia el próximo 30 de marzo. Además de cofrade de la hermandad de Jesús Nazareno, Cosidó ya representó en su día a la Guardia Civil en la procesión de Los Pasos, que organiza la hermandad a la que pertenece todos los Viernes Santo. Su sintonía con la jerarquía católica es absoluta.
www.eplural.com 29.02.12
LA POLICÍA IMPULSA EL INTERCAMBIO DE DATOS CON LA SEGURIDAD PRIVADA
Las compañías no podrán acceder a investigaciones abiertas
Los vigilantes podrán saber si alguien a quien ha retenido tiene antecedentes
Las compañías que más colaboren tendrán derecho a obtener más información pública
Una “alianza de seguridades” quiere crear el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, según indicó en la presentación de Red Azul, un plan integral de colaboración entre la Policía y las empresas de seguridad privada referida sobre todo al intercambio de información y bajo el principio de reciprocidad. Es decir, las compañías que más colaboren tendrán derecho a obtener más información pública. ¿Qué tipo de datos? El plan no concreta demasiado, sino que más bien establece unas pautas generales y una metodología para una colaboración que ahora, afirma Cosidó, ya se lleva a cabo y que considera obligada “en estos momentos de crisis”. El comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada, Esteban Gándara, asegura que las empresas no tendrán acceso a datos de carácter personal de los ciudadanos ni a investigaciones policiales abiertas o judicializadas.
¿Qué podrán saber, entonces, estas compañías, más de 1.500 en España y con más de 100.000 empleados? El Corte Inglés, por ejemplo, si retiene a alguna persona por hurto o robo, podrá pedir información sobre sus antecedentes policiales. Preguntado sobre si esto no supone la cesión de un dato personal, el comisario Gándara considera que se trata solo de “confirmar” una información.
Otro ejemplo. Si un detective privado sospecha que la mujer a la que un particular ha encargado localizar puede ser víctima de violencia de género, podrá consultar con la policía si hay alguna orden de protección vigente. Si una determinada empresa quiere instalarse en una zona, podría preguntar por riesgos concretos de seguridad, el tipo de delincuentes que operan en la zona… a cambio de una colaboración futura. Podrán tener acceso a estadísticas policiales y a boletines que ahora no pueden proporcionarse. Habrá que esperar a la puesta en práctica del plan para ver el alcance del intercambio de información.
www.elpais.es 27.02.12
COSIDÓ INDIGNA A LA OPOSICIÓN AL JUSTIFICAR COMO “ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE” LA CARGA CONTRA LOS ESTUDIANTES
El director general de la Policía, el diputado 'popular' Ignacio Cosidó, se ha desmarcado de las palabras del responsable del Cuerpo en Valencia tachándolas de desafortunadas. Aunque ha asegurado que la Policía no tiene "enemigos", Cosidó sí ha avalado su actuación con las cargas de los antidisturbios asegurando que estaba "obligada a intervenir" para hacer frente a los "elementos violentos" que según él se habían introducido en las manifestaciones de estudiantes.
El PSOE cree que el director general de la Policía genera "alarma social" amparando las actuaciones violentas y Compromís pide su dimisión. Entrevistado en la COPE, Cosidó ha lamentado asimismo las críticas “injustas” a la actuación policial lanzadas desde partidos y medios de comunicación y que, a su juicio, han “magnificado” lo ocurrido en Valencia.
Justificaciones “irresponsables”
Las justificaciones del director general de la Policía han sido replicadas por el portavoz de Interior del grupo socialista, Antonio Hernando, quien ha acusado a Cosidó de crear “alarma social” al respaldar la “actuación violenta y desproporcionada” de algunos agentes. En declaraciones al Congreso recogidas por EFE, Hernando ha insistido en que las justificaciones del director general son “irresponsables” y que “nada crea más alarma social que los que tienen que proteger a los ciudadanos sean los que les agreden”, exigiéndole tanto una investigación sobre los hechos y las medidas “disciplinarias” oportunas como explicaciones en el Congreso de los Diputados que también reclaman al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Antecedentes radicales
Cosidó se destacó como diputado durante las legislaturas de Zapatero como uno de los elementos más radicales de la oposición, como cuando atacó al entonces Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, el socialista Gregorio Peces-Barba, pidiendo que se le cesara o que se cambiara el nombre de su cargo por el de “Alto Comisionado para el diálogo y el amparo de los verdugos terroristas”. Entre algunos socialistas existe la percepción de que Cosidó aplica en su nueva responsabilidad la radicalidad que mostró como diputado de la oposición.
Compromís pide destitución
Mientras, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, también ha exigido la destitución “inmediata” de Cosidó por sus declaraciones en la COPE, asegurando que con sus palabras “ha agredido verbalmente a los estudiantes”. En una nota de prensa, Compromís informa de que ha registrado en la Cámara la petición de dimisión debido a que las palabras de Cosidó “demuestran las mentiras reiteradas de la Policía”, ya que las imágenes captadas en Valencia ponen de manifiesto que los “únicos elementos violentos iban de uniforme”.
www.eplural.com 23.02.12
EN INTERIOR SE ASISTE CON PERPLEJIDAD Y PREOCUPACIÓN A LA ‘CAÍDA’ DEL MINISTERIO EN MANOS DEL OPUS DEI
Ser del Opus no es ilegal. Seguramente ni siquiera criticable. Es una decisión personal... Pero en un estado aconfesional como es España, lo que se exige a quienes representan al Estado es que mantengan sus creencias, o la falta de ellas, en el ámbito personal. En los pasillos del ministerio de Interior no tienen la sensación de que sea ésta situación de 'neutralidad' la que se esté dando en estos momentos.
El ministro, Jorge Fernández Díaz, como saben bien quienes tienen contacto con él, no oculta su pertenencia al Opus Dei. Son conocidas frases suyas que merecen respeto en cualquier particular, pero que parecen al menos discutibles en boca de un cargo público; frases como “Dios es el gran legislador del universo”, o, aún más criticable en un Estado aconfesional, “la política es un magnífico campo para el apostolado”.
Un rato de oración, otro de lectura espiritual
Pero en Interior lo que empieza a contemplarse ‘con perplejidad’ es la ‘coincidencia’ de varios personajes en la cúpula del ministerio, todos ellos provenientes de la Obra, o al menos sus círculos de influencia. Lo que preocupa no es tanto que Fernández Díaz ‘presuma’ de “ir a misa todos los días, rezar el rosario, hacer un rato de oración y otro de lectura espiritual”, aunque ese es un derecho individual, pero que como tal debe mantenerse en el ámbito privado, lo que provoca prevención es que la gente de la que se ha rodeado proviene, casi sin excepción, de gente que comparte ideas y formas de comportamiento.
En concreto, se señala entre los funcionarios cómo, un puesto clave, el de Secretario de Estado de Seguridad, ha pasado a ser ocupado por otro hombre de ese entorno, Ignacio Ulloa. Hombre duro del PP catalán, salido de las filas de FAES –es decir del entorno de José María Aznar-, se asegura en el ministerio que Ulloa también es de “oración y lectura espiritual”. En concreto, que es en los círculos del Opus donde Fernández Díaz y Ulloa se descubrieron.
Secretario de Estado, Director General de la Policía…
Hay más. La biografía del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, parece de alguna manera clónica con la de sus jefes. Miembro del ala más derechista del PP, hombre que progresó a la sombra de Mayor Oreja, del entorno de Aznar, como demuestra su pertenencia a GEES, el Grupo de Estudios Estratégicos, Cosidó era colaborador habitual de medios como Libertad Digital, donde se ratificaba cada vez que tenía ocasión en las teorías conspiranoias para explicar el 11M.
No son los únicos, sólo los más conocidos. Lo que comentan, y temen, muchos de los funcionarios es la posible reacción que tenga la cúpula del ministerio en una situación de conflictividad en las calles como la que se prevé en los próximos meses, dada la contestación de grandes bolsas de la población a las medidas, tanto económicas como sociales, que está tomando el gobierno Rajoy; lo que ha venido en llamarse ‘la contrarreforma”.
¿Lo de Valencia es sólo el principio?
Los sucesos de Valencia, en este sentido, podrían ser un primer aviso. Como se ha publicado en ELPLURAL.COM, la ideología del jefe superior de policía de Valencia es de derecha extrema, lo que quizá explique que se le ‘escapara’ llamar a los estudiantes “el enemigo”. Con Interior en manos de esta cúpula, ¿se verá como ”enemigos” también, y se les reprimirá en consecuencia con tal pensamiento, a los estudiantes o los trabajadores del campo sanitario si salen a protestar por los recortes en las prestaciones sociales, a los trabajadores que se manifiesten en las calles contra la reforma laboral, a las mujeres que pidan públicamente que no se regrese a una ley que les obliga a ‘justificarse’ por decidir interrumpir su embarazo…?
www.eplural.com 23.02.12
EL NUEVO ESTILO DE INTERIOR: EL JEFE SUPERIOR DE POLICÍA OBLIGADO A FRENAR SU REESTRUCTURACIÓN A DEDO PORQUE DESCONOCÍA LA LEY
Tras la victoria electoral del 20-N el PP desembarcó en Interior acusando a la Policía de haber estado instrumentalizada por el anterior Gobierno y comprometiéndose a gestionar el cuerpo por criterios de “mérito, capacidad y antigüedad”. Purgaron a los altos mandos y algunos, como el nuevo jefe de Policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díez, pretendieron rodearse de comisarios de su confianza, cesando a personal que ni conocían. El problema: la ley no se lo permitía y ha tenido que readmitirlos reconociendo que lo ignoraba.
El flamante nuevo director general de la Policía, el neocon Ignacio Cosidó, que ya durante su labor en el Congreso se encargó de presentar reiteradamente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como un juguete en manos de Rubalcaba, desembarcó prometiendo una nueva era. Así, el Cuerpo “jamás” sería instrumentalizado “al servicio de ningún otro interés que no sea el interés general” y su política de personal se guiaría por “criterios objetivos de mérito, capacidad y antigüedad”.
Cese de hasta 14 mandos…
Pero nada más llegar empezó el carrusel de ceses y nombramientos de hombres de su confianza para nueva cúpula policial, entre ellos el nuevo jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díez. En la línea de su director, Fernández Díez pretendió hacer lo mismo y rodearse de afines, y se puso manos a la obra cesando a 14 mandos, entre ellos varios comisarios de distintos distritos de Madrid, según informa Madridiario.
… saltándose la ley
Aunque acababa de llegar, Fernández Díez comunicó el cese a los mandos dando razones como que no tenían un perfil adecuado, que no contaban con su confianza o que no le gustaba su forma de trabajar. Sin embargo, los sindicatos policiales ya habían conseguido en 2009 que el Tribunal Supremo pusiera límite a los puestos de libre designación con el fin de prevenir la politización del Cuerpo.
El responsable reconoce que lo ignoraba
Fernández Díez tuvo que dar marcha atrás y lo hizo con un correo electrónico dirigido a los mandos afectados en los que reconocía que no conocía la ley: “Siento profundamente los quebrantos que mi proceder, originado ignorantemente, hayan podido ocasionarte en tus expectativas personales y profesionales”. Y reclama a los comisarios cesados temporalmente que continúen su labor con “actitud y dedicación”.
Lío monumental
El problema está lejos de arreglarse, entre los cargos destituidos hay confusión por estos vaivenes de sus superiores y también se teme el descrédito de este tipo de acciones para la Policía en general. Además, de momento lo que Fernández Díez ha ofrecido a los comisarios no es seguir en sus puestos según apunta El País –sus relevos ya estaban también preparados-, sino que elijan una comisaría de distrito o de los municipios de la región, para que mantengan su rango.
www.elplural.com 03.02.12
EL DIRECTOR DE LA POLICÍA AFIRMA QUE SU PRIMER "DESAFÍO" SIGUE SIENDO ETA
Cosidó asegura que, pese al cese de ETA, este Cuerpo no bajará la guardia "lo más mínimo"
El director general del Cuerpo Nacional de la Policía, Ignacio Cosidó, ha asegurado hoy que el primer "desafío" que tiene por delante la nueva cúpula policial "sigue siendo el terrorismo" y ha avanzado que, a pesar del anuncio de cese definitivo de la violencia por parte de ETA, este Cuerpo no bajará la guardia "lo más mínimo".
En la toma de posesión de los nuevos mandos policiales y en presencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, Cosidó ha dejado claro que la Policía Nacional se mantendrá "en la vanguardia" de esa lucha hasta lograr "la derrota definitiva" de la banda terrorista.
Por su parte, el titular de Interior ha señalado que el relevo de la Junta de Gobierno de la Policía se enmarca "en la normalidad institucional" propia de un cambio de Ejecutivo, que ha decidido con "naturalidad" una sustitución del equipo.
"No ha sido una decisión fácil", ha dicho Fernández Díaz, que ha añadido que los nuevos mandos son los más idóneos para los nuevos tiempos en el marco de la "excelencia" presente en el Cuerpo Nacional de Policía.
Tanto el ministro como Cosidó han tenido palabras de agradecimiento para la Junta saliente y, en especial, para el exdirector adjunto operativo Miguel Angel Fernández-Chico, hospitalizado por un empeoramiento de la grave enfermedad que padece, del que han recordado que se ha mantenido en su puesto a pesar de esas "circunstancias personales difíciles".
www.elpais.es 13.02.12
COSIDÓ NOMBRA A OCHO NUEVOS MANDOS POLICIALES
El director general de la Policía había relevado la semana pasada a 10 de los 13 responsables
Interior destituyó a la cúpula que investigó casos claves para el PP
El director general de la Policía, el popular Ignacio Cosidó, ha propuesto al ministro del Interior los relevos de los responsables de ocho Jefaturas Superiores de Policía, de las veinte que existen. En los próximos días tomarán posesión de su cargo los nuevos jefes superiores de Cataluña, Navarra, Murcia, Extremadura, Andalucía Occidental, Illes Balears, Aragón y Cantabria. La semana pasada, Interior destituyó a la práctica totalidad de la cúpula policial: 10 de los 13 mandos de la junta de gobierno fueron relevados de una sola vez, entre ellos los responsables de la investigación de casos clave para el PP.
A estos relevos hay que sumar los ya efectuados en las Jefaturas Superiores de Policía del País Vasco y de Madrid, cuya dirección estaba también vacante.
Agustín Castro Abad, hasta ahora Jefe de la Brigada Provincial de Información en Cataluña, asume la Jefatura Superior de esa comunidad; Manuel Pena Echevarría, en la actualidad jefe de la Comisaría Provincial de Burgos, la Jefatura Superior de Cantabria; Daniel Rodríguez López, jefe de la Comisaría de Distrito Centro en Madrid, la Jefatura de Navarra; Cirilo Duran Reguero, jefe de la Comisaría de Distrito Moncloa-Aravaca en Madrid, la Jefatura de Murcia; Miguel García-Izquierdo Gómez, jefe de la Brigada Investigación de Delitos Monetarios, la Jefatura de Extremadura; Miguel Rodríguez Durán, jefe de la Comisaría Provincial de Huelva, la Jefatura de Andalucía Occidental; José Villar del Saz Martínez, jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana en Madrid, la Jefatura de Aragón; y Antonio Jarabo de la Peña, jefe de la Comisaría Local de Maspaloma, la Jefatura de Illes Balears.
El relevo en lo más alto del Cuerpo Nacional de Policía es algo frecuente con el cambio de Gobierno: lo ha hecho el PP ahora a su llegada al poder tal y lo hizo el PSOE cuando llegó al Gobierno en 2004. Los populares han destituido a aquellos mandos que habían dirigido a las unidades que han investigado casos molestos para ellos, como la trama Gürtel, los asuntos del Palma Arena o el caso Faisán.
www.elpais.es 20.01.12
EUGENIO PINO, 'NÚMERO DOS' DE LA POLICÍA Y ENRIQUE BARÓN, JEFE ANTITERRORISTA
El PP y el nuevo director general fueron muy críticos con la cúpula policial en el mandato socialista
Interior destituye a 10 de los 13 mandos de la cúpula policialRubalcaba rompe "una lanza por la profesionalidad de los mandos policiales"
Interior releva al jefe de Policía en el País Vasco, imputado en el 'caso Faisán'
Apenas diez días después de tomar posesión, el nuevo director general de la Policía, el popular Ignacio Cosidó, ha destituido a la práctica totalidad de la cúpula policial: 10 de los 13 mandos de la junta de gobierno han sido relevados de una sola vez. Han sido destituidos aquellos comisarios que se han dedicado en los últimos años a la actividad policial pura y dura y se quedan los cargos técnicos. El relevo en lo más alto del Cuerpo Nacional de Policía estaba cantado con la llegada al poder del PP —tal y como hizo el PSOE cuando llegó al Gobierno en 2004—, pero estaba aún más cantado para aquellos mandos que habían dirigido a las unidades que han investigado casos clave e incluso molestos para los populares, como la trama Gürtel, los asuntos del Palma Arena o el caso Faisán. Un policía estaba especialmente en el punto de mira: el comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González, quien será sustituido por Enrique Rodríguez Ulla.
El director general citó este miércoles a todos los mandos policiales a su despacho para comunicarles personalmente y uno a uno que habían sido relevados. A ninguno de ellos les comunicó, según las fuentes, quiénes iban a ser sus sustitutos, cuyos nombres está previsto que se anuncien este jueves en el BOE para que tomen posesión el viernes, según una nota facilitada por el Ministerio del Interior.
Eugenio Pino, destinado en Aragón, donde ha sido jefe provincial de Huesca, y anteriormente jefe de los antidisturbios (dirigió el operativo para la boda del Príncipe en Madrid), será nombrado, según varias fuentes, director operativo o número dos de Cosidó, mientras Enrique Barón, que fue el responsable de la lucha contra ETA en el País Vasco y ha desempeñado tareas de seguridad en el Gobierno de Esperanza Aguirre en paralelo con el supuesto espionaje a altos cargos del PP de Madrid, ha sido el elegido para la lucha antiterrorista. La Policía Científica pasará a estar bajo las órdenes de Pilar Allue, destinada en Cantabria, mientras para Seguridad Ciudadana ha sido elegido Florentino Tino Villabona, quien ya fue jefe superior de Andalucía Oriental y en Melilla. Cosidó recupera en Extranjería al veterano Emilio Baos.
La destitución llega al día siguiente de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, mantuviera una reunión en secreto con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para hablar de ETA. La reunión ha sido confirmada por Fernández Díaz, que rehusó hablar sobre el contenido de la misma.
Los primeros que recibieron la noticia fueron el actual director adjunto operativo (DAO), Miguel Ángel Fernández Chico (cuya salud se ha deteriorado seriamente por una grave enfermedad), y el responsable de la lucha antiterrorista o comisario general de Información, Miguel Valverde, un hombre sobre cuya permanencia se especuló en círculos policiales.
El relevo afecta a todos los comisarios generales: de Información, Policía Judicial (Juan Antonio González), Extranjería y Fronteras (Enrique Taborda Álvarez), Policía Científica (Miguel Ángel Santano) y Seguridad Ciudadana (José Marín Manzanera). Interior ha informado de que mantendrán su puesto los jefes de División de Personal (Gonzalo Rodríguez Casares) y Coordinación Económica y Técnica (Ildefonso Escalero Simón). Asciende de jefe de División a subdirector general el responsable del Área de Recursos Humanos (José Ignacio Araujo Otero). Eso quiere decir que caen también el subdirector general de gestión económica, técnica y documental (José Felipe Hernández Díaz) y la responsable de la Unidad de Coordinación (Ana María Arias Gallego).
El relevo de la cúpula policial era esperado desde el mismo momento de la victoria del PP y, sobre todo, tras la llegada a la dirección general de Ignacio Cossidó. Durante los últimos años, el PP se ha mostrado especialmente crítico con la labor del veterano Juan Antonio González, responsable de la Policía Judicial y máximo jefe de las unidades que han investigado los casos Gürtelo Palma Arena, por los que en la actualidad se sientan en el banquillo los expresidentes autonómicos del PP Jaume Matas y Francisco Camps. González ha estado continuamente en la diana del PP y saltó a la fama como el hombre que detuvo en Laos al exdirector general de la Guardia Civil Luis Roldán
Pero la animadversión creció a raíz de que González apareciera en una cacería en Andújar (Jaén) en la que participaban el juez Baltasar Garzón y el exministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo cuando estaba estallando el caso Gürtel, que entonces solo afectaba a cargos del PP en la Comunidad de Madrid.
El PP también censuró durante el juicio del 11-M al comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano, muy criticado por el asunto conocido como del ácido bórico o por las pruebas periciales sobre los explosivos utilizados durante los atentados. En el caso del titular de Información, el llamado caso Faisán y la investigación de ese asunto ha deteriorado su imagen a los ojos del PP, pese a haberse producido el supuesto chivatazo con anterioridad a su llegada al cargo.
Por otra parte, el director de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, ha destituido al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, uno de los tres mandos policiales que fue imputado en el caso Faisán, y ha nombrado como sustituto al comisario Fernando Amo García.
La cúpula "más politizada"
El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha tildado a la nueva cúpula policial de la más "politizada desde la llegada de la democracia". En un comunicado, el sindicato policial ha recordado que lleva años reclamando el relevo de la Junta de Gobierno saliente, por la " desorganización, las disputas internas y por la ineficaz gestión, que ha convertido en caótica algunas áreas". Y apostilla: "Nos parecía imposible configurar un equipo peor que aquel del que pedíamos su relevo pero Ignacio Cosidó y el ministro del Interior lo han conseguido: estamos ante la peor Junta de Gobierno, por politizada, desde la llegada de la democracia".
www.elpais.es 12.01.12
INTERIOR DESTITUYE A LA CÚPULA POLICIAL QUE INVESTIGÓ CASOS CLAVE PARA EL PP
El director general releva a 10 de los 13 mandos y solo deja a los cargos técnicos
Apenas 10 días después de tomar posesión, el nuevo director general de la Policía, el popular Ignacio Cosidó, ha destituido a la práctica totalidad de la cúpula policial: 10 de los 13 mandos de la junta de gobierno han sido relevados de una sola vez. Han sido destituidos aquellos comisarios que se han dedicado en los últimos años a la actividad policial pura y dura y se quedan los cargos técnicos. El relevo en lo más alto del Cuerpo Nacional de Policía estaba cantado con la llegada al poder del PP -tal y como hizo el PSOE cuando llegó al Gobierno en 2004-, pero estaba aún más cantado para aquellos mandos que habían dirigido a las unidades que han investigado casos clave e incluso molestos para los populares, como la trama Gürtel, los asuntos del Palma Arena o el caso Faisán. Un policía estaba especialmente en el punto de mira: el comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González.
El más marcado por el PP era Juan Antonio González, por el 'caso Gürtel'
Eugenio Pino será el 'número dos' y Enrique Barón llevará Información durante el juicio por el 11-M
El director general citó ayer a todos los mandos policiales a su despacho para comunicarles personalmente y uno a uno que habían sido relevados. A ninguno de ellos les comunicó, según las fuentes, quiénes iban a ser sus sustitutos, cuyos nombres está previsto que se anuncien hoy en el BOE para que tomen posesión mañana, según una nota facilitada por el Ministerio del Interior.
Según varias fuentes, el número dos de la Policía será Eugenio Pino, hasta ahora jefe provincial de Huesca y uno de los responsables del dispositivo de seguridad de la boda del Príncipe. El comisario general de Información será Enrique Barón, jefe superior de policía en el País Vasco durante algunos de los años duros de ETA, que, además, ha sido responsable de seguridad en áreas el Gobierno de Esperanza Aguirre, en paralelo con el supuesto espionaje a dirigentes del PP en Madrid. Enrique Rodríguez Ulla será el responsable de la Policía Judicial; la jefa superior en Cantabria, Pilar Allúe, de la Policía Científica. Para Seguridad Ciudadana, se nombrará a Florentino Tino Villabona, jefe superior en Andalucía Oriental y responsable policialal en Mellilla. Para Extranjería, Cosidó recupera a un veterano de la lucha contra la inmigración ilegal: Emilio Baos.
Los primeros que recibieron la noticia fueron el actual director adjunto operativo (DAO), Miguel Ángel Fernández Chico (cuya salud se ha deteriorado seriamente por una grave enfermedad), y el responsable de la lucha antiterrorista o comisario general de Información, Miguel Valverde, un hombre sobre cuya permanencia se especuló en círculos policiales.
El relevo afecta a todos los comisarios generales: de Información, Policía Judicial (Juan Antonio González), Extranjería y Fronteras (Enrique Taborda Álvarez), Policía Científica (Miguel Ángel Santano) y Seguridad Ciudadana (José Marín Manzanera). Mantendrán su puesto los jefes de División de Personal (Gonzalo Rodríguez Casares) y Coordinación Económica y Técnica (Ildefonso Escalero Simón). Asciende de jefe de División a subdirector general el responsable del Área de Recursos Humanos (José Ignacio Araujo Otero). Eso quiere decir que caen también el subdirector general de gestión económica, técnica y documental (José Felipe Hernández Díaz) y la responsable de la Unidad de Coordinación (Ana María Arias Gallego).
El relevo era esperado, sobre todo tras la llegada de Ignacio Cosidó. En los últimos años, el PP se ha mostrado especialmente crítico con la labor de Juan Antonio González, máximo jefe de las unidades que han investigado los casos Gürtel o Palma Arena.
González ha estado continuamente en la diana del PP y saltó a la fama como el hombre que detuvo en Laos al ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán. Pero la animadversión creció a raíz de que González apareciera en una cacería en Andújar (Jaén) en la que participaban el juez Baltasar Garzón y el exministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo cuando estaba estallando el caso Gürtel, que entonces solo afectaba a cargos del PP en la Comunidad de Madrid.
El PP también censuró durante el juicio del 11-M al comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano. En el caso del titular de Información, el llamado caso Faisán y la investigación de ese asunto ha deteriorado su imagen a los ojos del PP, pese a haberse producido el supuesto chivatazo con anterioridad a su llegada al cargo.
www.elpais.es 10.01.12
FERNÁNDEZ PONE A UN DURO EN POLICÍA Y PIDE “INTELIGENCIA” CON PRESOS DE ETA
Cosidó, ariete del ‘Faisán’, director de Policía; Fernández de Mesa de Guardia Civil
La primera y segunda fila del Gobierno están ya prácticamente completas. Y ya se puede hablar de algunas líneas maestras. Mariano Rajoy ha tratado de contentar a todos los sectores del partido aunque sobre todo ha premiado a quienes le han acompañado en los últimos años.
Rajoy quiere jugar a dos cartas: por un parte, moderación, por otra, guiños para satisfacer al ala dura. Y Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, es el máximo ejemplo de esa estrategia. Un duro que ofrece un discurso moderado y gestos hacia el ala dura.
Este jueves llegó al extremo. Por la mañana, en Onda Cero —el único medio al que están acudiendo de momento los ministros— habló de “utilizar con inteligencia la política penitenciaria” para “contribuir a la desaparición de ETA”. Esto es, dejó la puerta abierta a posibles acercamientos de presos. Y por la tarde, se conocieron sus nombramientos. Entre ellos hay uno que destaca especialmente: Ignacio Cosidó, destacado miembro del ala dura, dirigirá la Policía. Arsenio Fernández de Mesa, un hombre del aparato cercano a Rajoy, dirigirá la Guardia Civil, ya que el ministro ha decidido acabar con el mando único que instauró el PSOE.
Por encima de ellos estará un secretario de Estado de Seguridad absolutamente desconocido en el PP y en todos los círculos consultados: Ignacio Ulloa, un letrado del Tribunal Constitucional, fiscal de carrera, que ha ejercido como magistrado en Cataluña, la comunidad del ministro. En 2005 fue delegado de una misión europea en Irak para el fortalecimiento del Estado de Derecho, y en el Constitucional trabaja con el magistrado conservador Ramón Rodríguez Arribas.
Por debajo estará el director general de Instituciones Penitenciarias, que será Ángel Yuste, quien ya ocupó este puesto en el Gobierno de José María Aznar. Yuste, entonces a las órdenes de Jaime Mayor Oreja, acercó a más de 100 presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco durante la tregua de 1998.
El diseño es claro. El Gobierno de Rajoy quiere evitar las suspicacias del ala dura del partido y de algunos medios de comunicación. Cosidó, con una larga trayectoria política vinculada a Interior y a Mayor Oreja, se ha destacado últimamente por sus durísimos ataques contra Alfredo Pérez Rubalcaba por el caso Faisán. Llegó a decir que al entonces ministro del Interior le nombró Zapatero “con la connivencia de ETA o de una parte de ETA” para gestionar “la paz sucia”. El día que ETA anunció el cese definitivo, mientras Rajoy hablaba de “gran noticia”, él dijo: “No nos podemos dejar engañar por ETA”. También ha tenido intervenciones polémicas para pedir que se sepa “toda la verdad” del 11-M. Algunos medios presionan para que se reabra el caso y se investigue desde Interior.
Fernández de Mesa es un histórico del PP que ha acompañado a Rajoy, ha organizado sus actos y le ha apoyado en los momentos más difíciles. Tiene mucha trayectoria política y parlamentaria, como portavoz de Defensa. Antes fue conocido porque era el polémico delegado del Gobierno en Galicia en la época del Prestige, cuando fue muy criticada su actuación.
www.elpais.es 29.12.11
EL PORTAVOZ DE INTERIOR DEL PP ACUSA AL GOBIERNO DE “UNA NUEVA HUMILLACIÓN INADMISIBLE” A LAS VÍCTIMAS DE ETA
La estrategia del PP de recuperar el terrorismo como argumento de oposición ha subido un peldaño más con la intervención del portavoz popular en la comisión de Interior del Congreso, Ignacio Cosidó. El diputado niega al Gobierno la posibilidad de recurrir a la política penitenciara negando que sirva para dividir a la banda, y asegura que “supone una nueva humillación inadmisible para la dignidad de las víctimas” así como que “debilita la credibilidad de nuestro Estado de Derecho” y constituye “una afrenta al conjunto de los demócratas españoles” que han sufrido el terrorismo “sin pedir venganza, pero sin claudicar de un principio de justicia”.
Cosidó ha vertido sus graves acusaciones contra el Gobierno desde el instituto necon GEES, órgano propagandístico vinculado al PP que recurre habitualmente a ETA en sus intentos de desgastar al Gobierno de Zapatero. El caso de este diputado es especialmente significativo ya que su área es precisamente la de Interior, junto a Trillo, el encargado dentro del PP de colaborar con Rubalcaba en la lucha contra ETA.
“Nueva humillación”
Después de que Rubalcaba confirmara que hay “acercamientos y alejamientos” en relación a los presos de ETA y Trillo subrayara que en su partido están al tanto de esos movimientos y que se trata de un buen mecanismo, Cosidó denuncia que “las concesiones”, “los privilegios” o “el diálogo” con el sector “supuestamente más moderado” de ETA no sirve para crear “escisiones” en la organización y además representan “una nueva humillación inadmisible para la dignidad de las víctimas” y un debilitamiento “de nuestro Estado de Derecho”.
Rubalcaba “pretende otra negociación”
También recupera los ataques a cuenta de la negociación, insistiendo es que ha sido “un error que ha retrasado el final de la banda terrorista” y “una humillación colectiva para el conjunto de los demócratas españoles y de forma muy especial para las víctimas del terrorismo”. Y acusa a Rubalcaba de pretender otra “negociación” con un sector minoritario de ETA “supuestamente moderado”, lo que tacha de “error aún mayor”.
“Inutilidad” de políticas penitenciaria anteriores
Además de la consabida petición de disolución inmediata de los ayuntamientos de ANV, Cosidó reclama al Gobierno “olvidarse de políticas de beneficios penitenciarios que ya demostraron su inutilidad en el pasado”, asegura que “cualquier concesión es interpretada por los terroristas como una muestra de debilidad” y que puede interpretarse como “una nueva oportunidad para el diálogo”. “ETA es una y debe ser derrotada”, concluye.
Experto de armas de destrucción masiva
Este diputado, ya ha instrumentalizado el terrorismo en otras ocasiones. Cuando Gregorio Peces Barba ejercía como comisionado para las víctimas del terrorismo, aseguró que en realidad debía ser nombrado “alto comisionado para el diálogo y el amparo de los verdugos terroristas”. Recientemente también recuperó desde la FAES de Aznar los argumentos que justificaron la invasión de Irak. Acusó al Gobierno de Zapatero de no estar dispuesto a utilizar la fuerza en ningún caso, asegurando que para el actual Ejecutivo “la proliferación de armas de destrucción masiva debe evitarse a través del diálogo y la negociación, pero jamás con la fuerza”.
www.elplural.com, 16/12/08
"LOS MUSULMANES SUPONEN UN RIESGO PARA NUESTRA DEMOCRACIA" SEGÚN IGNACIO COSIDÓ
El portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso, Ignacio Cosidó, sentenció que los inmigrantes musulmanes suponen "un riesgo para nuestra democracia" porque en sus costumbres e ideas traen a España un modelo de vida que presenta "incompatibilidades serias".
Durante su participación en una mesa redonda de los cursos de verano organizados por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), Cosidó advirtió del "riesgo creciente de radicalización" del millón de musulmanes que residen en España, ya que entre ellos hay actualmente "un 5% que apoya la yihad y el terrorismo islamista".
Yihadismo y laicismo
Cosidó avisó que ese porcentaje "irá a más" durante los próximos años hasta superar el cálculo actual de "50.000 personas que justifican o amparan el terrorismo islamista", lo que definió como "una base muy inquietante".
Aunque partió de la base de que preferiría entenderse "con un islamista moderado que con un laicista radical”, el diputado del PP señaló que una política de tolerancia hacia los preceptos musulmanes sólo serviría "para generar más problemas, lejos de conseguir un apaciguamiento".
Incompatibilidad con la democracia
"Yo no comparto que haya una incompatibilidad radical entre Islam y democracia", dijo Cosidó que, sin embargo, si alertó de que la interpretación de esta religión que "mayoritariamente es compartida por los musulmanes que vienen a nuestro país genera algunas incompatibilidades con nuestros principios democráticos, sobre todo en términos de igualdad entre hombres y mujeres y en la concepción del islam como sistema político", dijo.
Cosidó avisó también de que España es "después de Francia" el país europeo donde actualmente existe "una mayor presencia de células de terrorismo islamista”.
"En seis meses de 2008 llevamos tantas detenciones como en todo 2007, esto demuestra una buena labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado pero prueba también que España es junto a Francia el país donde los terroristas islamistas tienen más actividad", añadió.
Críticas al Gobierno
Cosidó lamentó que, pese a esta presencia de musulmanes en España, no exista "una clara percepción de la amenaza" porque el gobierno actual de José Luis Rodríguez Zapatero "prefiere renunciar a sus principios con tal de no provocar un choque" con los países donde impera el Islam.
Por su parte, el profesor Emanuele Ottolenghi, experto en el conflicto de Oriente Próximo, dio una voz de alarma ante la posibilidad de que el régimen iraní de Mahmoud Ahmadinejad pueda hacerse en breve con armas nucleares, ya que considera que eso abrirá inmediatamente la puerta al resto de países islamistas.
Ottolenghi aseguró que se trata de "un riesgo mucho más grave" de lo que la gente piensa , por lo que se necesita una respuesta contundente e inmediata porque "mañana será imposible".
A su juicio, Irán "lleva años engañando" al resto del mundo con su programa nuclear, que según las autoridades del país sólo tiene fines energéticos pero que desde EEUU se mira como una amenaza mundial por la posibilidad de construir la bomba atómica.
Uso de la fuerza
Finalmente, el profesor Serafín Fanjul, doctor en Filosofía y Letras Árabes por la Universidad Complutense, reclamó el uso de la "fuerza" como única solución a la amenaza islamista y se opuso a cambiar las costumbres españolas para facilitar la integración de los inmigrantes musulmanes.
A modo de ejemplo, Fanjul explicó que en algunos pueblos de la sierra oeste de Madrid este colectivo ha pedido que las piscinas municipales tengan un horario exclusivo para que las mujeres musulmanes puedan bañarse sin presencia de hombres.
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/631733/07/08/Los-musulmanes-suponen-un-riesgo-para-nuestra-democracia-segun-Ignacio-Cosido.htmlEL PP APUESTA POR UN DURO COMO PORTAVOZ DE INTERIOR
Mariano Rajoy encomendará la portavocía de las comisiones sobre las que negociará pactos con el PSOE a diputados que mantuvieron duros enfrentamientos con el Gobierno en la anterior legislatura. El líder del PP apostará por la continuidad en las caras o en los mensajes en las comisiones con asuntos de Estado.
Así, en Justicia seguirá Ignacio Astarloa -que participó en el bloqueo de la renovación del Poder Judicial durante 16 meses y ahora negocia el primer acuerdo con el PSOE- y en Exteriores se mantendrá Gustavo de Arístegui. En Interior, el líder del PP apostará por Ignacio Cosidó, que ya mantuvo en el Senado en la anterior legislatura un mensaje muy duro contra la política antiterrorista del Gobierno.
Aguirre logra que Rajoy retire su órdago Durante el llamado proceso de paz el ahora diputado Cosidó (que ejerció un alto cargo en la Dirección General de la Guardia Civil en los ocho años de Gobierno del PP) acusó a Gregorio Peces-Barba de ser "alto comisionado para el diálogo y el amparo a los verdugos terroristas". Cosidó, colaborador de Libertad Digital, la web vinculada a la Cope, acusó a Zapatero de usar políticamente el 11-M. Recientemente se pronunció en contra de llegar a un acuerdo con el PSOE sobre terrorismo que no sea por escrito. En el Senado mantuvo duros enfrentamientos con los dos ministros del Interior de la anterior legislatura.
Los nombramientos de portavoces del PP no son aún oficiales y están pendientes de la reorganización de las comisiones que negocia con el PSOE. En la Comisión Constitucional seguirá como portavoz Federico Trillo, autor de los recursos de inconstitucionalidad del PP en la anterior legislatura y de la triple recusación de magistrados del Constitucional. Serán nuevos Vicente Martínez-Pujalte, en Presupuestos; Carlos Floriano, en Medio Ambiente, y Carmen Álvarez Arenas, en Trabajo, entre otros.
www.elpais.es 22.04.2008
COSIDÓ: “UN FUTURO GOBIERNO DEL PP NO RESPETARÁ LOS ACUERDOS DE ZAPATERO CON ETA”
"El PP no va a cejar en la búsqueda de la verdad en el caso Faisán, sea en la oposición o en el Gobierno". Así de contundente se ha mostrado en Crónica Negra de Es la Mañana de Federico Ignacio Cosidó, portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
Cosidó ha analizado con Federico Jiménez Losantos y Francisco Pérez Abellán asuntos como el poder de Rubalcaba, el caso Faisán o las negociaciones con ETA. Sobre el chivatazo a la banda terrorista, Cosidó ha asegurado que "mientras Rubalcaba sea ministro del Interior es difícil que sepamos la verdad". Dice tener esperanza en "ver algo de luz en los informes que le ha solicitado la Audiencia Nacional a la juez francesa Le Vert".
¿Quién es J.A.G.?
"El juez ha pedido a la policía, o sea a Rubalcaba, que despeje las iniciales J.A.G. ¿Es Juan Antonio González, mano derecha de Rubalcaba, el que habría cobrado de Roca, uno de los principales imputados en el caso Malaya?", ha asegurado Jiménez Losantos que se ha preguntado "¿Por qué ese mando policial es tan importante para Rubalcaba cuando podría haberlo dejado caer?"
Ignacio Cosidó ha asegurado que "la pregunta es qué sabe este señor para que nadie lo pueda mover del puesto en el que está". El portavoz del PP en Interior ha añadido que "además, son las únicas siglas que están sin especificar en el caso Malaya, el mayor caso de corrupción de España".
Para Cosidó, "la obligación del Ministerio del Interior es que se sepa si hay un alto mando implicado en el mayor caso de corrupción e identificar quién es". Federico ha recordado que el hombre de Rubalcaba "estuvo cenando con Bermejo y Garzón cuando el caso Gürtel". De hecho, ha apuntado Cosidó, "es el único superviviente de aquella cena, que sólo buscaba criminalizar al principal partido de la oposición".
Para Ignacio Cosidó, uno de los agravantes es que "este señor sigue en su puesto y encima nos desayunamos todas las mañanas filtraciones de informes policiales sujetos a secretos de sumario en determinados medios de comunicación". Informes policiales elaborados "por este señor, o por subordinados de este señor". Filtraciones, que "siempre se producían en el momento que al PSOE le interesaba".
El poder de Rubalcaba
Federico también ha analizado con Cosidó el poder de Rubalcaba dentro de la policía. "El problema de fondo es que hay una sentencia firme del Tribunal Supremo declarando ilegal el catálogo de puesto de trabajo de la Policía Nacional, porque Rubalcaba ha hecho discrecionales todos los puestos en el Cuerpo Nacional de Policía". El portavoz del PP ha explicado que "todos los mandos policiales están sometidos a la confianza de Rubalcaba que los puede cesar si no responden milimétricamente su voluntad". La sensación que hay dentro de la policía es que "Rubalcaba maneja a la policía como si fuera su cortijo".
Negociación con ETA
El portavoz del PP en la Comisión de Interior ha explicado que "el final de ETA tiene dos escenarios posibles: mediante un pacto con los terroristas o venciéndolos". La primera vía ha asegurado que su partido no la contempla, "que tenga muy claro el Gobierno, ningún compromiso con los terroristas para su fin va a ser respetado por un Gobierno del PP".
http://www.esradio.fm/es-la-manana-de-federico/un-futuro-gobierno-del-pp-nos-respetara-los-acuerdos-de-zapatero-con-eta-1276405424/EL PP RECUPERA LOS GAL PARA ATACAR AL PSOE
La tensión política que se vive entre el PSOE y el PP a cuenta de cómo acabar con el terrorismo de ETA llegó ayer multiplicada al Senado. El portavoz del PP, Ignacio Cosidó, recuperó la figura de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) y llegó a decir que el PSOE llegó al poder "manipulando y utilizando el dolor de los españoles con el atentado del 11 de marzo". Cosidó respondía así al senador socialista José Miguel Camacho, quien había acusado al PP de "utilizar de forma partidista el terrorismo", por sus ataques al Gobierno ante la posibilidad de una negociación con ETA.
En la mesa, frente a los dos portavoces, asistía al cruce, atónito, el secretario de Estado para la Seguridad, Antonio Camacho, que evitó entrar en la disputa y ofrecer los datos que Cosidó le pedía sobre la posibilidad real de que ETA esté preparando una tregua. El otro Camacho, el portavoz del PSOE, sí entró de lleno: "Lo que hizo el PSOE fue acabar con los GAL. Ha vuelto usted a hablar con las vísceras", sentenció.
www.elpais.es 24.05.2005
EL SENADOR COSIDÓ RETIRA SUS DESCALIFICACIONES HACIA PECES-BARBA
El representante del PP matiza que mantiene su críticas políticas
El portavoz del PSOE en el Senado, Joan Lerma, pidió ayer a Cosidó que retirara esas "palabras ofensivas" que "en nada favorecen a las posiciones del partido del señor Cosidó ni tampoco a esta Cámara, ni a la representación parlamentaria".
El senador popular dijo que "en ningún caso" su intención fue la de realizar una "descalificación personal" de Peces-Barba, sino una crítica política a su gestión. Por tanto, Cosidó anunció que no tenía "ningún inconveniente en retirar cuanto de crítica personal" hubo en su intervención, aunque insistió en que mantenía "en los mismos términos la crítica política a su actuación".
Los socialistas aceptaron las disculpas porque entienden que dentro de "crítica personal" está la afirmación del senador popular de que el ex presidente del Congreso es "amparador de los verdugos". Peces-Barba responsabilizó la semana pasada de las agresiones que pueda recibir en el futuro a quienes, como Cosidó, le descalifican e insultan.
La rectificación no eliminó la tensión por este asunto ayer en el Senado. Cosidó señaló que si él no tiene "inconveniente en pedir disculpas" también Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del PSOE en el Congreso, debería "retirar las acusaciones y la amenaza de tomar medidas" políticas contra él. Pío García Escudero, portavoz del PP en la Cámara Alta, aseguró haber escuchado de boca de Rubalcaba la frase "vamos a ir a por él", en referencia a Cosidó. Pero el portavoz del PSOE en el Congreso, consultado ayer, negó haber pronunciado ese comentario y se remitió a la rueda de prensa del pasado jueves, en la que simplemente, según se publicó, anunció que se tomarían "medidas políticas" contra el senador popular -es decir, la exigencia de su dimisión- si no rectificaba.
Según García Escudero, "las disculpas, aceptadas por Joan Lerma, abren la puerta a que los que se excedieron" en su crítica a Cosidó, como Rubalcaba, también rectifiquen. García-Escudero defendió que Cosidó ha dado una "lección de responsabilidad e incluso de humildad política" porque "ha hecho algo que en política es excepcional, que es rectificar unas palabras que él en frío posteriormente ha considerado que no eran apropiadas". Además, reclamó que todos los políticos sean "tratados con el mismo rasero".
La tensión no amainó en el pleno. El senador del PP Ignacio Cosidó culminó su petición de excusas con esta frase: "Quiero condenar cualquier forma de violencia venga de donde venga y se dirija contra quien se dirija. En este sentido, me gustaría que ustedes [el PSOE] también tuvieran siempre esta misma actitud", agregó entre aplausos de sus compañeros.
Esto indignó al presidente de la Cámara, Javier Rojo, quien recordó en tono airado que el pasado día 9 todos los grupos del Senado dieron fe de que están en contra de la violencia. "Por tanto, nadie se puede arropar y plantear las cosas en términos que no son. Para que queden las cosas claras", concluyó entre aplausos del PSOE y amargas quejas en los escaños del PP.
La trifulca quedó cerrada con la intervención, de nuevo, de Joan Lerma, portavoz del PSOE, quien dijo que no compartía la intervención política de Ignacio Cosidó, pero agradecía la retirada de las palabras ofensivas para Peces-Barba.
Sólo después de esta aceptación, que implica modificar las actas oficiales para retirar de ellas los ataques personales contra el alto comisionado, pudo comenzar con normalidad la sesión de ayer en el Senado.
www.elpais.es 16.03.2005
COSIDÓ: "LAS FRASES A VECES QUEDAN MUY ROTUNDAS, SIN MATICES, PERO ME RATIFICO"
Ignacio Cosidó (Salamanca, 1965) es el portavoz del PP en la Comisión de Interior del Senado. Con el Gobierno de Aznar, fue jefe del gabinete técnico de la Dirección General de la Guardia Civil y, por tanto, mano derecha de su máximo responsable, Santiago López Valdivielso.
Pregunta. ¿Qué actuación de Gregorio Peces-Barba le mueve a acusarle de amparar a los terroristas?
Respuesta. No tengo nada personal contra Peces-Barba, pero es evidente que el Gobierno le colocó para preparar a las víctimas ante un eventual acuerdo con ETA, que está buscando. En esa búsqueda, el Ejecutivo tiene un gran problema, que son las víctimas. Y creo que ése es el cometido principal que le han dado a Peces-Barba, el de neutralizarlas. Por eso hemos pedido su dimisión y por eso le descalifico, más que nada por su función.
El PP acusa al Gobierno de mantener contactos "indecentes" con los terroristas P. Pero, ¿por qué le llama "alto comisionado para el diálogo y el amparo de los verdugos terroristas"?
R. Las frases a veces quedan muy rotundas, y se pierden los matices, hay que reconocerlo. Yo estaba un poco desesperado porque ya le había preguntado en varias ocasiones al ministro del Interior, José Antonio Alonso, sobre los posibles contactos con ETA, y él había dado una respuesta evasiva. Por eso, tal vez, me salió una frase rotunda, sin matices. En cualquier caso, me ratifico en mis palabras, porque yo lo único que hago es trasladar el mensaje que ha lanzado antes la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que ha criticado siempre a Peces-Barba.
P. ¿Hasta el punto de acusarle de amparar a los verdugos de los terroristas?
R. Sí. Es lo que dijeron cuando Peces-Barba acudió al País Vasco y señaló que le parecía normal que el Gobierno vasco subvencionara los viajes de los familiares de terroristas a las cárceles lejanas del País Vasco. Entonces, los dirigentes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo dijeron que el Alto Comisionado para las Víctimas se preocupaba más por los verdugos que por ellos mismos. Y ése es el mensaje que he querido transmitir en el Senado.
P. También ha acusado al Gobierno de mantener contactos con ETA. ¿Tiene algún dato?
R. Lo que tengo son sus evasivas. Incluso hoy, el ministro del Interior, preguntado directamente sobre el asunto, se ha negado a desmentirlo. Lo ha hecho incluso después de que yo le acusara abiertamente de mantener contactos. Se ha centrado en criticar mi tono en vez de negarlos tajantemente. No sé qué otras pruebas son necesarias, si ni siquiera el Gobierno se encarga de negarlo.
P. El presidente del Gobierno lo ha desmentido en varias ocasiones.
R. Sí, pero Zapatero tan pronto dice que no hay ningún tipo de contacto como asegura que hay que ser valiente. Lo cierto es que hay una sensación de que el Gobierno está pactando con ETA y éste no quiere desmentirlo tajantemente. Así que no es ninguna locura deducir que está habiendo contactos. Por eso he acusado abiertamente al ministro del Interior de estar manteniendo esos contactos, para ver si me lo podía desmentir categóricamente, y no lo ha hecho. Para mí la cosa está clara, aunque las formas y las frases exactas puedan ser un poco excesivas.
www.elpais.es 10.03.2005
EL PP ACUSA AL GOBIERNO DE MANTENER CONTACTOS "INDECENTES" CON LOS TERRORISTAS
Un senador popular califica a Peces-Barba de "comisionado para el amparo de los verdugos"
En el Senado, tradicionalmente, los tonos son más suaves que los del Congreso, el centro de la gresca política. Pero ayer fue una excepción absoluta. Primero, con la comparecencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que acude de forma voluntaria a la Cámara alta. Apenas pudo ser escuchado en medio de las protestas del PP. Luego, la senadora por Valladolid María Mercedes Coloma acusó a los socialistas de ser "los mayores dictadores de la historia de España". Coloma se negó a retirar esa acusación pese a la petición del presidente de la Cámara, el socialista Javier Rojo. Pero el golpe final, que indignó al PSOE, lo dio Ignacio Cosidó, que pedía al ministro del Interior, José Antonio Alonso, la destitución de Gregorio Peces-Barba.
Jaleado por su bancada, Cosidó fue creciendo en sus tonos. "El presidente del Gobierno nombró al señor Peces-Barba y no a usted [Alonso] como una pieza más en una estrategia, que es del presidente del Gobierno y no suya, de negociación y diálogo con ETA. Y para ese diálogo y esa negociación las víctimas son un serio obstáculo porque lo que éstas nunca van a consentir es que ustedes por la mañana les digan bonitas palabras, como las que usted ha pronunciado, y por la noche estén manteniendo contactos indecentes e inconfesables con los terroristas". Los aplausos fueron entonces mucho más fuertes. "¡Muy bien!", le gritó un compañero.
"Y como las víctimas no van a consentir esto, el señor Zapatero nombró al señor Peces-Barba con la misión, no de defender a las víctimas, sino de dividirlas, de silenciarlas y de neutralizarlas", siguió Cosidó. "Por tanto, en nombre del Grupo Parlamentario Popular le pido que si el señor Peces-Barba no tiene la dignidad personal de dimitir, el Gobierno tenga la responsabilidad política de cesarle. Y como no nos van a hacer caso y no le van a cesar, le pido que al menos tengan la decencia moral de cambiar su título y nominarle alto comisionado para el diálogo y el amparo de los verdugos terroristas".
Ante las acusaciones de Cosidó, Alonso se limitó a recordar que Peces-Barba "ha sido presidente de las Cámaras legislativas, padre de la Constitución y presidente de la Asociación Española Pro Derechos Humanos". "Lamento este maltrato. Nosotros no somos así", concluyó el ministro.
El portavoz del PSOE en el Senado, Joan Lerma, calificó las declaraciones de Cosidó de "absolutamente inadmisibles". "Sólo son explicables desde alguna enajenación mental transitoria", afirmó Lerma. "Mariano Rajoy debería rectificar y pedir la dimisión de un senador semejante". Rajoy, preguntado por las declaraciones, reiteró sus críticas al comisionado. Esa figura se creó "por propaganda y se decidió unilateralmente que fuera Gregorio Peces-Barba", afirmó Rajoy.
www.elpais.es 10.03.2005
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