La política antiterrorista de Zapatero ha estado marcada en todos sus años de mandato por su voluntad de negociar con ETA. Los socialistas recibieron de Aznar una banda derrotada en lo estratégico, asilada política y socialmente y perseguida internacionalmente. Zapatero legará al próximo Gobierno una ETA con más poder político y presencia institucional de los que jamás haya tenido, en proceso de rearme y con algunos nuevos aliados internacionales, como el régimen chavista. Solo la eficaz labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ajenas a todo el proceso negociador emprendido por Zapatero, ha impedido que los terroristas hayan podido recuperar su capacidad criminal.

La negociación con la banda terrorista desarrollada en la primera legislatura de Zapatero ha sido uno de los peores errores cometidos en toda su acción de Gobierno. Una negociación que se saldó con un estruendoso fracaso tras el atentado de la T4 en Barajas, pero que puso en cuestión los fundamentos de nuestra democracia, nuestro orden constitucional y la dignidad de las victimas. Pero lo más grave es que tras aquel atentado, Zapatero siguió negociando a espaldas de los ciudadanos y que aún hoy sigue defendiendo ese proceso como un eficaz instrumento de pacificación. La realidad es que si Zapatero hubiera persistido en la política de firmeza democrática y fortaleza del Estado de Derecho, en lugar de tomar el atajo de la negociación, la derrota de los terroristas podría ser hoy una realidad.

Las ilegalidades cometidas en aquella negociación (como el caso Faisán, un ignominioso chivatazo a terroristas que iban a ser detenidos) han perseguido a Zapatero y a su ministro del interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante toda esta segunda legislatura. A pesar de que su primer director general de la Policía ha sido procesado por un delito de colaboración con organización terrorista, el Gobierno se ha negado sistemáticamente a asumir responsabilidad política alguna por este caso, endosando toda la culpa a los policías que obedecieron sus órdenes.

El peor legado que deja el Gobierno de Zapatero, quizá aún mayor que la ruina económica de la Nación, es la vuelta de los cómplices políticos de los terroristas a las instituciones democráticas. Con el control por parte de Bildu, una franquicia de Batasuna rehabilitada por el Tribunal Constitucional, de muchos ayuntamientos del País Vasco y Navarra, los terroristas han accedido a unas fuentes de financiación, a una información y a un grado de control político y social desconocidos en toda su historia.

El desafío del nuevo Gobierno que surja de las elecciones del 20-N será consumar la derrota de ETA a través de una política de máxima firmeza en el marco estricto de nuestro Estado de Derecho. El nuevo Gobierno deberá aumentar la presión policial y judicial sobre la banda terrorista, cercenar cualquier vía de contacto o diálogo con los asesinos, expulsar a sus cómplices políticos de las instituciones democráticas, reforzar la cooperación internacional y recuperar la plena confianza de las victimas del terrorismo. No será un camino fácil, pero es el único que conduce a la derrota incondicional y definitiva de los terroristas.