CRISTINA CIFUENTES CUENCAS :  YO, MI, ME, CONMIGO

LAS NOTICIAS SOBRE LA SUSODICHA AÑO 2017

INFORMES DE LA UCO, MOCIÓN DE CENSURA Y LAS OPERACIONES DEL CANAL: LOS TRES FRENTES ABIERTOS DE CIFUENTES

EL ACTUAL GERENTE DEL PP EN MADRID PARTICIPÓ EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL

DIMITE UNA DIPUTADA DEL PP DE MADRID POR EL ‘CASO GÜRTEL’

LA GUARDIA CIVIL RATIFICA SUS SOSPECHAS SOBRE CIFUENTES EN UN SEGUNDO INFORME

LA UCO INVESTIGABA A IGNACIO GONZÁLEZ DESDE 2015 POR UNA DENUNCIA ANÓNIMA

CIFUENTES DENUNCIÓ AL FISCAL QUE EL CANAL SE HABÍA SALTADO EL “57% DE LOS CONTROLES” AL COMPRAR EMISSAO

EL PP 'OLVIDA' QUE ANTICORRUPCIÓN YA INVESTIGABA LA CORRUPCIÓN EN EL CANAL CUANDO CIFUENTES DENUNCIÓ

SE DESMONTA EL DISCURSO DE CIFUENTES: LA UCO YA INVESTIGABA A IGNACIO GONZÁLEZ POR UNA DENUNCIA ANÓNIMA

CIFUENTES NIEGA QUE TOMARA DECISIONES SOBRE LA OPERACIONES DEL CANAL DE ISABEL II INVESTIGADAS

CRISTINA CIFUENTES: "EL TIEMPO DE LOS CORRUPTOS HA LLEGADO A SU FIN EN LA COMUNIDAD DE MADRID"

LOS 20 ‘CAÍDOS’ DE CIFUENTES: EL 40% DE SUS DIPUTADOS REGIONALES RENUNCIA EN DOS AÑOS

LA PROHIBICIÓN DE SÍMBOLOS REPUBLICANOS EN LA CORONACIÓN DE FELIPE VI LLEGA A ESTRASBURGO

MADRID DESTINA 100 MILLONES EN TRES AÑOS A COLEGIOS QUE SEGREGAN POR SEXOS, LA MITAD DE ELLOS DEL OPUS DEI

TODOS CONTRA LA "RUBIA" CIFUENTES

MADRID DA 1,54 MILLONES EN SUBVENCIONES A SAN ROMÁN, CUYA AGENCIA DE COLOCACIÓN 'FANTASMA' FUE CLAUSURADA EN CASTILLA-LA MANCHA

A DIFERENCIA DE SUSANA DÍAZ, CIFUENTES NO PUBLICA LA RENTA DE SU MARIDO

LA UCO INTERROGA A FUNCIONARIOS QUE JUNTO CON CIFUENTES DIERON UN CONTRATO AL EXJEFE DE LA PATRONAL MADRILEÑA

ENCIERRO EN EL HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL CONTRA EL RECORTE DE CIFUENTES PARA ESTE AÑO

EL GOBIERNO DE CIFUENTES TOMA EL CONTROL DEL NUEVO PP DE MADRID

EL 'HOMBRE FUERTE DE CIFUENTES', DE 'COMIDA' EN UN BAR FRANQUISTA

CIFUENTES INSISTE EN QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE PIDE LA UCO ES DE GOBIERNOS ANTERIORES Y SE DESLIGA DE FUNDESCAM

EL JUEZ DE 'PÚNICA' PREGUNTA POR CIFUENTES A UN EMPRESARIO QUE HIZO DONACIONES A UNA FUNDACIÓN DEL PP

CRISTINA CIFUENTES APOYA AL ALCALDE DE ALCORCÓN “PORQUE ERES UN BUEN ALCALDE Y TE ESTÁS DEJANDO LA PIEL”

CRISTINA CIFUENTES SERÁ LA PRÓXIMA PRESIDENTA DEL PP DE MADRID

SÓLO EL 11,5% DE LOS AFILIADOS DEL PP SE INSCRIBEN PARA LAS PRIMARIAS

SOLO EL 11% DE LOS AFILIADOS DEL PP DE MADRID ELEGIRÁN A SU NUEVO PRESIDENTE

EL PLAN DE SÁNCHEZ MARTOS SÓLO CONSIGUE REDUCIR LA LISTA DE ESPERA EN 53 PERSONAS

CIFUENTES COLOCA COMO ALTO CARGO AL ‘BISOÑO’ HIJO DE SU NÚMERO DOS DE COMUNICACIÓN

CIFUENTES DIMITE COMO PRESIDENTA DE LA GESTORA DEL PP... PERO PARA NO IRSE

MADRID GASTÓ 921 MILLONES EN CONCIERTOS CON LA SANIDAD PRIVADA Y SÓLO 32 EN LA PÚBLICA

CIFUENTES RETIRA SU ANTEPROYECTO DE 'LEY MORDAZA' POR LA FALTA DE CONSENSO

LA GUERRA INTERNA EN EL PP DE MADRID SE RECRUDECE A DOS MESES DEL CONGRESO REGIONAL

EL PP RETIRA PREGUNTAS DEL PLENO PARA QUE CIFUENTES ASISTA AL BAUTIZO DE UN PANDA GIGANTE EN EL ZOO

LAS NUEVAS GENERACIONES DE CARROMERO: CESES FULMINANTES, GESTORAS Y CARGOS A DEDO

SALPICADA POR EL 'CASO TEATRO', CIFUENTES ACTIVA EL CORTAFUEGOS DE LOS CESES

CUATRO CONCEJALES DEL PP DE GETAFE CITADOS A DECLARAR EN EL JUZGADO COMO INVESTIGADOS

LA OPOSICIÓN DENUNCIA UNA MANIOBRA DEL PP DE CIFUENTES PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN EN MADRID

LA FISCALÍA PIDE ARCHIVAR EL CASO POR ACOSO LABORAL CONTRA EL PORTAVOZ DEL PP EN MADRID


INFORMES DE LA UCO, MOCIÓN DE CENSURA Y LAS OPERACIONES DEL CANAL: LOS TRES FRENTES ABIERTOS DE CIFUENTES

La presidenta de la Comunidad de Madrid acudirá este mes de junio a la Asamblea en dos ocasiones para dar explicaciones sobre la 'operación Lezo'

También se enfrentará a una moción de censura de Podemos que tiene dificultades de prosperar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se enfrenta a partir de este viernes a comparecencias parlamentarias en las que tendrá que rendir cuentas sobre sus vinculaciones, las de la Comunidad de Madrid o las del PP de Madrid, que también lidera, con algunos de los escándalos de corrupción que han salpicado a las filas conservadoras en los últimos meses.

La primera de las citas tendrá lugar este viernes en la Asamblea de Madrid. La presidenta madrileña comparece para explicar para explicar los contratos de la cafetería de la Cámara autonómica adjudicados en 2009 y 2011 al grupo Cantoblanco. Recientemente, la Guardia Civil reclamó su imputación al encontrar indicios de delito de cohecho y malversación en la adjudicación de los citados contratos. Cifuentes fue presidenta de la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid.

La segunda de las citas, prevista para la semana, que viene es una moción de censura presentada por Podemos. El debate arranca el jueves 8 de junio. Y, la tercera, tendrá lugar, previsiblemente el 23 de junio. Será este día cuando la Cámara aborde el escándalo del Canal de Isabel II a raíz de las investigaciones destapadas en el marco del caso Lezo.

Cifuentes llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las autonómicas de mayo de 2015. Mariano Rajoy apostó por ella como candidata descartando a Ignacio González, que había asumido las riendas del Gobierno regional tras la marcha de Esperanza Aguirre en septiembre de 2012.

Asimismo, se hizo con las riendas de la gestora del PP de Madrid cuando Aguirre dejó la presidencia de los conservadores madrileños en febrero 2016, en plena ebullición de la operación Púnica. El pasado marzo, en el congreso regional del PP madrileño, fue proclamada presidenta de la formación.

En un primer momento, la propia Cifuentes, llegó a calificar algunas de las informaciones de las que ha sido protagonista como una especie de fuego amigo. Es decir: que podrían partir de compañeros de su propio partido, de sectores rivales. ¿Por qué? "Por su discurso de 'tolerancia cero' contra la corrupción", responde un diputado regional en conversación con infoLibre.

No obstante, días después de hacer estas declaraciones en las que se le cuestionaba por el "fuego amigo", agradeció ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, con Mariano Rajoy presente, el apoyo recibido en las últimas semanas por la dirección nacional de su partido.

A continuación, infoLibre repasa el contexto de cada una de estas sesiones parlamentarias.

"La oposición intentará montar un circo. Pero la presidenta no va alimentarlo: máxima transparencia", señala un dirigente del PP madrileño.

INFORME DE LA UCO SOBRE EL CONTRATO DE LA CAFETERÍA DE LA ASAMBLEA

Este viernes, Cifuentes comparecerá ante la Comisión de Investigación sobre la corrupción política de la Asamblea de Madrid, para informar de los procesos de adjudicación del servicio de cafetería de la Cámara regional en 2009 y 2011, que han sido objeto de investigación policial.

El origen de esta comparecencia está en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario de la operación Púnica que demandaba investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid por los delitos de prevaricación y cohecho en adjudicaciones del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.

El sumario sobre la pieza de la presunta financiación irregular del PP incluía un informe en el que la Guardia Civil señalaba a Cifuentes como presidenta de las mesas de contratación de las licitaciones de los contratos públicos en la Asamblea de Madrid. La información se conoció el 16 de mayo. Horas después se supo que ni el juez Eloy Velasco ni la Fiscalía Anticorrupción consideraban que hubiese el menor indicio que vincule a Cifuentes con la financiación ilegal del PP. Los contratos, uno de 2009 y otro de 2011 y ambos para la gestión de la cafetería de la Asamblea de Madrid, beneficiaron a una empresa de Arturo Fernández, entonces presidente de la patronal madrileña Ceim, uno de los donantes de Fundescam.

En su día, Cifuentes insistió en que su actuación en ambos procesos se había ajustado plenamente a la legalidad, que todas las decisiones se adoptaron por unanimidad en el marco de un proceso administrativo en el que intervinieron tanto representantes políticos como técnicos de la Administración, y en que no tenía nada que ocultar. Similares argumentos llevará este viernes a la Asamblea.

Para el Gobierno regional, la participación de la presidenta, vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid en los años investigados, se ajustó plenamente a derecho.

"Las acusaciones vertidas contra ella en los informes policiales carecen de fundamento alguno según fuentes jurídicas de la Comunidad de Madrid y, tras las extensas investigaciones efectuadas, no hay ni un solo imputado", sostuvieron las citadas fuentes.

Además, destacaron que el hecho de que Cristina Cifuentes participara como miembro de la Mesa de Contratación en estos concursos se derivó de su cargo de vicepresidenta primera de la Asamblea, en quien siempre se ha delegado esta función. "Y en lo que se refiere a su participación como miembro del Comité de Expertos, respondió a un mandato adoptado por unanimidad en la Mesa de la Asamblea de Madrid", añaden.

"Las decisiones se adoptaron en todo momento por unanimidad, y en base, exclusivamente, a criterios técnicos", insisten.

Para los conservadores, el valor que tiene un informe policial (en este caso de la UCO de la Guardia Civil) "y los juicios de valor allí contenidos no es ni tan siquiera el de un dato indiciario".

"Debe concluirse que si no se ha seguido diligencia judicial alguna antes del levantamiento de la medida de secreto para las partes, tras la emisión de los citados informes, es que a juicio de la Fiscalía y de la autoridad judicial debe descartarse la relevancia penal de los hechos expuestos en los citados informes", sostienen.

Este episodio supuso un agrio enfrentamiento entre el PP y Ciudadanos, formación con la que suscribió un pacto para la legislatura. "Yo no apoyaría a un partido si pienso que es un partido corrupto", llegó a decir Cifuentes. Mientras, algunos dirigentes de su propio partido, ponían el foco en que la presidenta regional había ido demasiado lejos en si pacto con la formación naranja y se había convertido en "rehén" de lo firmado.

Ciudadanos admite su preocupación por el informe de la UCO. "Por eso hemos pedido la comparecencia de Cristina Cifuentes en la comisión de corrupción para que explique este contrato, si conocía o no la presunta financiación ilegal del PP o si recibió presiones por Ignacio González o Aguirre para aprobar este informe", señalan fuentes de la dirección de Cs en Madrid consultadas por infoLibre.

La formación naranja espera que la presidenta "aclare todo lo que ha ocurrido". "Porque hasta ahora básicamente lo único que ha dicho es que la UCO ha hecho un informe que no vale para nada, que ella no tiene culpa de nada y no ha hecho nada malo. Pero cuando en dos informes distintos de la UCO consideran de forma 'indubitada' que Cifuentes conocía la presunta contratación irregular en la Asamblea, queremos que especifique y aclare punto por punto cómo fue la contratación", añaden.

Para Ciudadanos "la UCO no es una patrulla vecinal, es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y sus informes merecen el máximo respeto".

Mientras, el Grupo Socialista cree que la presidenta ha de dar explicaciones. "Lo que queremos es saber de verdad qué es lo que ha ocurrido y dicho en un espacio institucional. Es necesario aclararlo públicamente porque tenemos algunos indicios de que, según parece, podrían haberse tomado algunas decisiones sin que esté muy claro que los ámbitos o los procedimientos hayan sido los adecuados", mantienen.

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, considera que el lugar adecuado donde la presidenta del Gobierno debería dar explicaciones es el Pleno de la Asamblea. "Es de una gravedad enorme, porque está bajo sospecha de haber podido cometer irregularidades gravísimas que podían ser incluso constitutivas de delito, que no quiera comparecer en Pleno y sí en comisión", dijo según informa Europa Press.

No obstante, Ruiz-Huerta espera que dé las explicaciones oportunas, con todos los documentos y "que lo deje todo muy claro" porque, a su juicio, si sigue habiendo sospechas después de esta comparecencia Cristina Cifuentes "no podrá continuar un día más al frente de este Gobierno", comparando el caso con el del recién dimitido fiscal anticorrupción Manuel Moix, al que definió como "el zorro al cuidado de las gallinas".

Este mismo jueves, 24 horas antes de la comparecencia, el diario El Mundo publicaba una entrevista a Moix en la que este asegura, entre otros asuntos, que la Guardia Civil "ha ido más allá de sus funciones en la investigación sobre Cifuentes". El fiscal jefe Anticorrupción renunció al cargo a mediodía, tal y como anunció el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

MOCIÓN DE CENSURA

Tras la comparecencia que se centrará en el informe de la UCO, Cifuentes se enfrentará, el próximo 8 de junio, a una moción de censura presentada por el Podemos Comunidad de Madrid. Una iniciativa que los conservadores ven abocada al fracaso si se tiene en cuenta que no logrará los apoyos necesarios. La candidata es su portavoz en la Asamblea madrileña, Lorena Ruiz-Huerta.

"Otro circo", mantiene uno de los diputados más cercanos a la presidenta. A día de hoy, todo apunta a que no será ella quien comparezca en nombre del Grupo Popular. Así lo dio a entender el consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de esta semana.

Según explicó, la comparecencia de Cifuentes en ese debate es algo que aún no se lo han planteado porque tienen "muchas cosas que hacer" y ésta no está entre sus prioridades.

Esta semana, la formación morada ha presentado "Madrid se levanta", el programa para la moción de censura que arranca el 8 de junio.

El documento incluye 500 medidas y una memoria económica. En la elaboración han participado, además de la formación morada, Izquierda Unida, Equo "y la sociedad civil organizada".

Entre estas propuestas destacan "un plan de rescate ciudadano, medidas contra la corrupción, un nuevo modelo económico para las mayorías y la mejora de los servicios públicos".

"A Cristina Cifuentes no se le asocia a una sola iniciativa política, su modelo de región es el continuismo de las políticas de Esperanza Aguirre e Ignacio González: recortes, pelotazo urbanístico y turismo low cost. Presentamos un Programa de gobierno antagonista al del PP, sobre la base de la reversión y reinversión de los recortes, industria 4.0 e I+D+i y aumento del gasto social. Hay dos modelos de región, las madrileñas merecen poder contraponerlos y Cristina Cifuentes debe dar la cara. Al PSOE y a Cs, les tocará elegir entre uno u otro, mantuvo Víctor Rey, secretario de análisis y programa de Podemos Comunidad de Madrid el día del anuncio de las 500 medidas.

Para Garrido (PP) la evaluación del programa la hicieron los ciudadanos hace dos años y la volverán a hacer en dos en la próxima cita electoral. Sobre la propuesta de Podemos, sostuvo que lleva su "sello", que se basa en "intervencionismo" y más impuestos, cosas que les gustan pero que a la "inmensa mayoría de la sociedad madrileña no le gustan en absoluto".

Los conservadores critican esta moción de censura con la misma fuerza que critican la planteada, por el Grupo de Unidos Podemos, a Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. Además, consideran que el partido morado la "degradado" la iniciativa designando a Ruiz-Huerta en lugar de a Ramón Espinar, secretario general de la formación en la Comunidad de Madrid.

El PSOE, señalan desde la dirección del grupo en la Asamblea, no tiene claro qué va a votar. Pero ya avanzan que no va a ser un 'sí'. El Grupo Parlamentario Socialista, mantienen, comparte el diagnóstico que hace el grupo proponente de la moción. "Madrid requiere un Gobierno distinto que haga las cosas de modo diferente. El Grupo Socialista quiere cambiar de gobierno de Madrid y la forma de gobernar. Pero, ¿la moción planteada puede lograrlo? ¿Hay alguna posibilidad de cambiar el Gobierno de Madrid con esta moción de censura?", se preguntan.

Para Ciudadanos, esta moción de censura va a hacer perder a los parlamentarios regionales un día de trabajo. "Un día en el que íbamos a aprobar la ley de gratuidad de libros de texto algo que si que iba a ayudar a miles de familias madrileñas", subrayan desde la formación naranja.

"Podemos viene con una moción fallida, que ya sabemos que no va a ningún lado y que encima se presentan con un programa con el que quiere subir los impuestos a los madrileños. Nosotros lo hemos dicho alto y claro: no vamos a subir los impuestos a los madrileños que ya han tenido que sufrir subidas de tributos durante muchos años. Ni PSOE ni Podemos está en una situación de estabilidad interna como para ofrecer estabilidad y reformas en la Comunidad de Madrid", añaden.

CANAL DE ISABEL II

La última comparecencia de este periodo de sesiones podría ser el 23 de junio. En esta, la presidenta madrileña será cuestionada por las compras y adquisiciones del Canal de Isabel II en Latinoamérica en el marco de la operación Lezo.

Recientemente, la presidenta madrileña, que en su época de delegada del Gobierno formó parte del consejo del Ente del Canal representando al Estado, garantizó que "en las nueve reuniones" a las que asistió "en ninguna se trató ninguna decisión" relativa a "operaciones internacionales del Canal".

"Todo es opacidad y además todo apunta a que Ignacio González usó el agua de todos los madrileños para hacer negocio. Si no llega ser porque Ciudadanos incluyó en el acuerdo de investidura la no privatización del Canal de Isabel II, el PP hubiera puesto la guinda al pastel del saqueo con su privatización en 2016. No llevaban ni un solo punto en su programa electoral sobre el canal de Isabel II", aseguran desde la formación naranja.

"Nosotros hemos presentado una ley de reforma del Canal para garantizar que el Canal siga siendo 100% público, que cualquier operación societaria tenga que pasar por el Consejo de Gobierno, que la Asamblea de Madrid sea informada de ello", añaden.

Los socialistas demandan que explique "la verdad" sobre lo ocurrido.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/30/cifuentes_corrupcion_tres_comparecencias_65699_1012.html

EL ACTUAL GERENTE DEL PP EN MADRID PARTICIPÓ EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL

Guillermo Mayoral, el actual responsable de las cuentas del PP de Madrid, recibió correos electrónicos en 2007 de un proveedor en el que se falseaba el coste de los mítines y los reenvió a su jefe, el entonces gerente Beltrán Gutiérrez

En el email, un directivo de Waiter Music imputado en la trama Púnica pacta con Mayoral, en aquella época empleado del PP, presupuestar un acto por la mitad del precio real y le pide instrucciones sobre a quién se le debe facturar

El PP madrileño sostiene que el nombramiento y cese de Mayoral son competencia de la dirección nacional

Al ser detenido Gutiérrez en la Operación Púnica, contó a la Guardia Civil que el día a día del dinero del partido siempre lo llevó Mayoral y que él como gerente solo supervisaba

El Partido Popular mantiene como gerente en Madrid a un empleado que participó en la financiación irregular de las campañas de Esperanza Aguirre, según consta en el sumario Púnica que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Guillermo Mayoral, actual gerente del PP de Madrid que sustituyó en 2014 a Beltrán Gutiérrez – el hombre de las cuentas de toda la vida que fue destituido tras su imputación en las tarjetas black– también conoció de primera mano las ilegalidades en la forma de pagar aquellas campañas electorales que ahora se investigan.

La implicación de Mayoral, quien continúa en la gerencia del PP madrileño, queda patente en un cruce de correos del 31 de julio de 2007 entre dirigentes del PP madrileño y Waiter Music, un proveedor habitual de los mítines del partido que facturó entre 2006 y 2010 más de 19 millones de euros a ayuntamientos del Partido Popular de la región. Esa correspondencia es muy relevante porque los investigadores sospechan que la empresa inflaba los contratos públicos para sufragar las campañas del PP en la era de Esperanza Aguirre.

En el intercambio de comunicaciones interceptado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil e incorporado al sumario, el PP y Walter Music –empresa clave de la trama según el juez y la Fiscalía Anticorrupción– acordaron falsear el coste del mitin de fin de campaña de las autonómicas y municipales de 2007 que se cerró con las actuaciones de Azúcar Moreno e Iguana Tango. Ese baño de masas en el Palacio de los Deportes de Madrid –donde intervinieron el presidente del partido, Mariano Rajoy, junto a sus candidatos de entonces a la Comunidad, Esperanza Aguirre, y al Ayuntamiento de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón– se acabó cargando a la cuenta de dos municipios madrileños gobernados por el PP: Pinto y Valdemoro, con 25.000 euros cada uno.

El actual gerente del PP Guillermo Mayoral –quien según fuentes del PP madrileño solo puede ser destituido "por la gerencia del partido a nivel nacional que es quien le nombró y quien le paga el sueldo"– era por aquella época un subordinado en el PP madrileño del responsable de las cuentas, Beltrán Gutiérrez. Y como parte del equipo económico del partido Mayoral fue informado en ese cruce de correos por un directivo de Waiter Music Luis Huerta de que el acto presupuestado en 48.600 euros más IVA se facturaría al partido por menos de la mitad de su coste (20.000 euros, impuestos incluidos).

En un mail fechado el 31 de julio de 2007 a las 13:55 horas y que se encabeza bajo el asunto "Facturas" y que figura en el informe de la Guardia Civil, Luis Huerta, representante de Walter Music e imputado en la causa, cuenta a Mayoral: "Estimado Guillermo, según conversación mantenida te adjunto el desglose de los importes. Ruego me digas lo antes posible cómo facturo esto y la forma de cobro". A continuación, el directivo de la firma proveedora del PP madrileño hace la cuenta de los costes: contratación de Azúcar Moreno (30.000 euros) e Iguana Tango (15.000), servicio de catéring (250 euros), mobiliario para los camerinos (1.650 euros), equipo de sonido (600 euros) y producción (1.100 euros). El presupuesto total asciende a 48.600 euros, más IVA. Sin embargo, al final del mail el directivo de Walter Music señala: "Siguiendo instrucciones de Edelmiro (Consejería de Presidencia) [un hombre de la confianza del entonces consejero y secretario general del PP madrileño, Francisco Granados], les hicimos un contrato por 20.000 euros IVA incluido, aún sabiendo ambas partes que ascendía a una cantidad mayor, como te explico anteriormente".
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Cinco horas después de recibir el mail, a las 18:59, Guillermo Mayoral lo reenvió a quien era su jefe en la sede popular de la calle Génova, el gerente Beltrán Gutiérrez, hoy imputado en la pieza separada de la financiación ilegal que instruye el magistrado Eloy Velasco.

Precisamente fue un pen drive incautado a Gutiérrez el que permitió a la Guardia Civil comprobar que el coste real de ese mitin en el Palacio de Deportes de Madrid lo acabó cargando Waiter Music a los ayuntamientos de Pinto y Valdemoro.

El documento de la contabilidad del PP regional bajo el título "Deudas Nov 07" enumera el apunte "Actuaciones Fin de Campaña, 54.432 euros, Pinto/Vald" junto con otros importes pendientes de pago de la campaña electoral. El informe de la Guardia Civil señala: "Merece la pena destacar la referencia a Pinto/Valdemoro para el pago de "actuaciones de finde campaña, de la que puede demostrar con la información procedente del registro de la empresa Waiter Music (organizadora del evento) que estaba previsto que fuera sufragado con fondos públicos procedentes de los Ayuntamientos de Pinto y Valdemoro".

La contabilidad interna de Waiter Music es la tercera evidencia que halló la UCO del desvío de fondos públicos para pagar mítines del PP con una caja B que solo en las campañas de 2007, 2008 y 2011 manejó 4,9 millones de euros, según los investigadores.

La documentación de la empresa incautada por la Guardia Civil computa como trabajos realizados pendientes de facturar a distintos municipios, junto a conceptos como "pista de hielo de navidad" o "4 generadores para cabalgatas", dos importes idénticos que atribuye a los ayuntamientos de Pinto y Valdemoro: "50% Cierre campaña PP Palacio de los Deportes, 25.862,07 euros".

Los investigadores están convencidos de que esos fondos servían para pagar a Azúcar Moreno, Iguana Tango y la producción del mitin final de campaña.

El exgerente aseguró que el día a día lo llevaba Mayoral

El propio Beltrán Gutiérrez cuando fue interrogado por agentes de la UCO el 12 de febrero de 2016, dos años después de abandonar el puesto pero todavía a sueldo del PP, admitió que su subordinado –y sucesor con el paso del tiempo– estaba al tanto del grueso de los movimientos de tesorería del partido. El exgerente aseguró que el partido se nutría "de aportaciones del grupo popular en la Asamblea de Madrid, de afiliados y también por donativos cuando estaba permitido por ley". Los investigadores le plantearon quién supervisaba los números del partido y Gutiérrez señaló "que la contabilidad del Partido Popular de Madrid la llevaba Guillermo Mayoral. "El declarante solo supervisaba los informes finales por encima", dijo entonces Gutiérrez a la Guardia Civil.

Guillermo Mayoral, quien de momento no figura como imputado en este caso, evitó atender las llamadas de eldiario.es y colgó el teléfono al redactor que le pedía su versión sobre los hechos que relata el sumario Púnica.

http://www.eldiario.es/politica/PP-financiacion_irregular_0_645335803.html

DIMITE UNA DIPUTADA DEL PP DE MADRID POR EL ‘CASO GÜRTEL’

Aguado comunica su renuncia tras la decisión del Tribunal Superior de investigarla por presunta malversación, prevaricación y fraude

La diputada del PP en la Asamblea de Madrid Josefa Aguado ha presentado este jueves su dimisión a la presidenta regional, Cristina Cifuentes. Aguado ha tomado esta decisión, que formalizará este viernes, tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado la competencia para investigarla por los posibles delitos de prevaricación, fraude y malversación en relación con la adjudicación de un contrato en Arganda del Rey en 2007 a empresas de la trama Gürtel.

Anca Moldovan será la sustituta de la diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Moldovan, que ocupó el puesto 69 la lista con la que el PP concurrió a las elecciones autonómicas de mayo de 2015, nació en Cluj-Napoca (Rumaní) en 1976 y es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata envió el pasado abril una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que proponía investigar a Aguado por prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos al apreciar que la parlamentaria “habilitó los trámites administrativos” que permitieron abonar a las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, las facturas de la celebración, en abril de 2007, de las X Olimpiadas Escolares de Arganda del Rey, municipio en el que la aforada trabajó como Jefa de Deportes municipal. La adjudicación a Correa de esta actividad fue de 89.000 euros, a los que hay que sumar otros 83.000 por "encargos extra" eludiendo los trámites legales.

Ahora la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM sostiene en un auto que Aguado no ha sido autora directamente "de resoluciones administrativas arbitrarias" en los términos que argumentaba el magistrado de la Audiencia Nacional, pero sí se deduce "una contribución importante de doña María Josefa Aguado del Olmo a que se dictaran esas resoluciones arbitrarias, favorecidas o propiciadas gracias a sus informes favorables al cobro"

"No puede descartarse que la persona aforada fue consciente de que con su actuación participaba en el dictado de resoluciones arbitrarias, mediante las que se consumó un fraude a la administración pública y se permitió la indebida disposición de fondos públicos, lo que obliga a iniciar la investigación penal en relación a ella" por posibles delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos", añade.

Los magistrados aceptan las competencias sobre Aguado pero no sobre el resto de los investigados en relación con el expediente de las Olimpiadas Escolares, sin perjuicio de lo que proceda cuando avance la investigación.

http://cadenaser.com/emisora/2017/05/25/radio_madrid/1495720893_526222.html

Un viceconsejero de Cifuentes dimite tras ser imputado en el ‘caso Púnica’

La UCO ha registrado este martes el despacho de Miguel Ángel Ruiz

El juez instructor del caso Púnica ha citado a declarar, en calidad de imputado, a un viceconsejero de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz, por su supuesta implicación en la trama Púnica. Según fuentes del Gobierno madrileño, Ruiz ha presentado su dimisión. Horas antes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han desplazado a la sede de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid para registrar el despacho del número 2 de este departamento.

Fuentes cercanas a la investigación apuntan que el requerimiento de información va dirigido, no tanto a las actuales funciones de este alto cargo del Ejecutivo de Cifuentes, sino a las que tuvo en la etapa de Esperanza Aguirre. Entonces, Ruiz era el director general del Plan Prisma de inversión pública y consejero delegado de Arpegio, la empresa que debía llevarlo a cabo y que está bajo sospecha por supuesto desvía de fondos en la investigación que el juez Eloy Velasco realiza dentro del sumario del 'caso Púnica'. La UCO también ha acudido a la sede de esta sociedad y otros cinco lugares, entre ellos un despacho de abogados. No se han producido detenciones, según confirman fuentes judiciales, pero el juez tiene previsto llamar a declarar como imputados a una docena de personas.

El Gobierno de Cristina Cifuentes ha remitido un comunicado en el que especifica que esta renuncia tiene lugar "por hechos ocurridos durante legislaturas anteriores, coincidiendo con el mandato de Esperanza Aguirre". "Aunque el auto de investigación es completamente ajeno a la labor que desempeña actualmente en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz ha presentado esta misma mañana, de forma voluntaria, su renuncia al cargo de viceconsejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, así como de vicesecretario Territorial del PP de Madrid", añade el comunicado.

Las pesquisas sobre Arpegio recibieron un fuerte impulso en julio de 2016, cuando el juez Velasco dictó un auto por el que ordenaba a la Comunidad de Madrid y a la empresa pública que le entregasen de manera "urgente e inmediata" abundante documentación del periodo 2006-2011 referida a la sociedad. El motivo era la sospecha de que Francisco Granados, señalado como presunto cabecilla de la trama Púnica, aprovechó su puesto como consejero durante aquellos años para manipular 22 consorcios urbanísticos y un sin fin de contratos de obras públicas incluidos en el llamado Plan Prisma. En aquel escrito, el magistrado citaba expresamente la cantidad de "1.000 millones de euros", que se correspondía con la totalidad de dicho programa de inversiones en aquellos años, aunque no se ejecutó en su totalidad.

El auto recalcaba que todo ese dinero se adjudicó "bajo la esfera de dominio de Francisco Granados", quien en ocasiones actuaba "en persona" y en otra "por delegación". El magistrado recordaba que esa línea de investigación arrancaba con "las declaraciones iniciales" de Marjaliza, entonces socio de Granados y que ahora colabora con la Justicia. En su confesión, este empresario relevó la existencia del "pago de comisiones por contratistas y promotores" para hacerse con las adjudicaciones del Plan Prima y los consorcios urbanísticos. Para ello, añadía el escrito, el político participaba directamente o "junto un número de vocales, uno de ellos elegido directamente por aquel, y procedentes todos del Patronato de Arpegio (sic), presidido por el mismo".

Hace pocas semanas, el juez Velasco realizaba un nuevo requerimiento de información a la Comunidad de Madrid referido a Arpegio. En esta ocasión, le reclamó toda la documentación sobre los gastos de 16,5 millones de euros del plan de inversiones Prisma 2006-2007 para incorporarlos a la pieza secreta en la que investiga la presunta financiación irregular del PP madrileño en la etapa de Granados como secretario regional. La relación de gastos incluye desde la colocación de primeras piedras de obras al pago de consultorías.

MANO DERECHA DEL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE

Miguel Ángel Ruiz, hasta hoy viceconsejero de Medio Ambiente, es considerado mano derecha de Jaime Taboada, consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio en el Gobierno de Cristina Cifuentes. Ocupó el puesto de consejero delegado de Arpegio (2008-2010), la empresa pública que gestiona el suelo de la Comunidad de Madrid y que está siendo investigada en la Púnica. Desde su posición participó en mesas de contratación del organismo. También fue gerente del Plan Regional de Inversiones de Madrid (Prisma), que gestionaba Arpegio realizando proyectos de las obras en los municipios y las adjudicaciones correspondientes. Ruiz es trabajador en excedencia de Arpegio.

Comenzó su andadura política en 1990 en el Ayuntamiento de Madrid, en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, según señala su biografía en la página web de la Comunidad de Madrid. En ella no figura la etapa de Arpegio. Después desempeñó las funciones de asesor técnico en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y tras una breve vuelta al Consistorio madrileño se incorporó a la Comunidad de Madrid.

En 2011 llegó a Boadilla del Monte como concejal del Área de Urbanismo e Infraestructuras del y presidente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda del municipio, donde estuvo hasta junio de 2015, fecha en que es elegido diputado autonómico en la Asamblea de Madrid con el Gobierno de Cifuentes. El dos de julio del mismo año dejó el cargo.

En octubre del año pasado compareció ante la comisión parlamentaria de investigación sobre la corrupción política en la que aseguró a los diputados que “nunca recibió un duro” por ninguna adjudicación realizada por la empresa.
 

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/16/actualidad/1494927822_052696.html

LA GUARDIA CIVIL RATIFICA SUS SOSPECHAS SOBRE CIFUENTES EN UN SEGUNDO INFORME

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió al juez Eloy Velasco un segundo documento sobre la presunta implicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en las supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato de comedor y cafetería al Grupo Cantoblanco del empresario Arturo Fernández, imputado en el caso Púnica por aportar fondos a la caja b del PP madrileño. Fechado 27 días después del primero, llegó a la Audiencia Nacional el 28 de marzo de 2017 como un "ampliatorio" del anterior. En el mismo, los agentes hacen un "análisis" de las declaraciones que tomaron en calidad de investigados policiales a tres asesores y miembros de los comités de expertos que participaron en las licitaciones de los años 2009 y 2011.

En la conclusiones del nuevo documento policial, de quince folios de extensión y al que ha tenido acceso EL PAÍS, los agentes concluyen que "el contenido de las referidas declaraciones avala aún más las conclusiones apuntadas" en el informe anterior "respecto a la existencia de una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades SL en ambos procesos de licitación y decidir de antemano la adjudicación de los mismos". La UCO recalca que de algunas de las supuestas irregularidades detectadas "tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras" los integrantes del comité de expertos que decidió el concurso y entre las que cita expresamente a Cristina Cifuentes. El documento concluye que este último hecho "ha podido acreditarse de manera indubitada" en uno de los aspectos de la adjudicación bajo sospecha.

Las tres declaraciones que analiza el informe son las que prestaron el pasado 8 de marzo ante la Guardia Civil como investigados María Merino, jefa de Protocolo de la Asamblea de Madrid; Tatiana Recoder, responsable del Servicio Jurídico de la Cámara autonómica, e Isaac Arturo Zubiri, funcionario de la misma. Todo ellos fueron, junto a la hoy presidenta regional y que entonces ocupaba el cargo de vicepresidenta del parlamento madrileño, asesores y miembros de los comités de expertos que decidieron sobre ambos concursos. Los agentes destacan que durante las declaraciones, los tres cayeron en "significativas y evidentes contradicciones" tanto con lo que afirmaban unos y otros como con los "elementos de prueba documental que obran en la investigación desarrollada". La UCO destaca que todo ello es un indicio más de que se produjeron "conductas arbitrarias que derivaron en actos injustos" con el único objetivo de que los concursos para el comedor y la cafetería de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011 se los llevara el empresario Arturo Fernández.

"La finalidad pretendida por los respectivos comités de expertos en ambas licitaciones –se lee textualmente en este segundo informe de la Guardia Civil- habría sido la de proporcionar a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades SL un amplio margen de puntos obtenidos en la valoración de los criterios de juicios de valor, para poder afrontar la apertura del último sobre el que emanarían las puntuaciones otorgadas de manera automática inherentes a las ofertas económicas de las empresas licitadoras (puntuaciones donde el comité de expertos no intervenía)”. La UCO destaca en este sentido que esta supuesta irregularidad “es fácilmente apreciable en ambas licitaciones", pero sobre todo en la de 2011. En este punto, llega a aseverar que el comité de expertos del que formaba parte Cifuentes dio cero puntos en dos apartados a la oferta presentada por la empresa Clece SA "bajo la falsa argumentación de que la misma no había presentado documentación alguna". En este punto, los agentes recalcan que de dicha circunstancia estaba al tanto la hoy presidenta de la Comunidad.

Cifuentes aseguró este martes, tras conocerse el primer informe de la Guardia Civil que la vinculaba con la supuesta financiación irregular de las campañas electorales de su partido, que los informes policiales eran "juicios de valor, sin fundamento jurídico" y que así lo debía entender Velasco ya que no había tomado ninguna iniciativa contra ella. "En todos los años que fui presidenta del órgano de contratación, el 100% de las decisiones se tomaron por unanimidad de todos los partidos y en base a los informes técnicos", puntualizó en su comparecencia ante los medios. La presidenta madrileña sugirió la existencia de una posible conspiración al señalar que "están ocurriendo muchas cosas, muchas de ellas muy desagradables". "En política no todo vale", añadió.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/17/actualidad/1495020664_645861.html

LA UCO INVESTIGABA A IGNACIO GONZÁLEZ DESDE 2015 POR UNA DENUNCIA ANÓNIMA

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigaba a Ignacio González casi desde un año antes de que el Gobierno de Cristina Cifuentes pusiera en conocimiento de la Fiscalía General del Estado las presuntas irregularidades en la compra de una compañía brasileña por parte del Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid y ahora bajo la lupa del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y de Anticorrupción.

Según ha podido conocer este periódico en fuentes del caso, el origen de la investigación que ha trascendido ahora bajo el nombre de operación Lezo se remonta al verano de 2015, cuando una denuncia anónima puso sobre la pista a la UCO de que Ignacio González era el titular de cuentas corrientes en paraísos fiscales. González había dejado la Presidencia del Gobierno regional en junio de dicho año -menos de tres años después de relevar a Esperanza Aguirre- y la dirección nacional del PP lo había apartado de las listas con que la formación conservadora concurrió a las elecciones autonómicas del 24 de mayo en beneficio de Cristina Cifuentes, hasta entonces al frente de la Delegación del Gobierno en Madrid.

Al menos desde 2014 existen fundadas sospechas de que Ignacio González podría ser titular de una cuenta en Suiza, país que ha mantenido el secreto bancario durante los últimos 80 años. Como ha informado El Mundo, el diputado del PP en la Asamblea de Madrid Jesús Gómez informó a la dirección nacional del partido en 2014 que González tenía una cuenta en el país helvético. Fue en el curso de un encuentro mantenido con el entonces portavoz adjunto en el Congreso, Carlos Floriano, y con el entonces coordinador de Organización del PP, Juan Carlos Vera.

La titularidad de cuentas corrientes en paraísos fiscales, origen de la investigación a Ignacio González

Según ha reconocido Floriano al estallar ahora el escándalo, el partido no puso en conocimiento de la Justicia este hecho porque Ignacio González “negó todo lo relacionado con esa cuenta” cuando le pidieron explicaciones, si bien ha sugerido que este hecho pesó en la decisión de descabalgar al ex presidente de la Comunidad de Madrid de las listas con que los populares concurrieron a las elecciones autonómicas de 2015.

Una de las líneas que investiga el juez Velasco en el marco de la operación Lezo es el intento de pago de una comisión de 1,4 millones de euros por parte de OHL a González como comisión por la adjudicación a esta constructora del contrato de obra del tren Móstoles-Navalcarnero. Según ha reconocido a El Mundo, el empresario Adrián de la Joya recibió la transferencia a través de su sociedad panameña Lauryn Groun Inc con la indicación de Javier López Madrid -ex consejero de OHL y también investigado por el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional- de que entregara “dos tercios” al ex gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, considerado por los investigadores como testaferro de Ignacio Gónzález. De la Joya, al que ha alcanzado también las pesquisas de la UCO y del magistrado de la Audiencia Nacional, asegura que se negó a ‘comerse el marrón’ de pagar a políticos y se quedó con el dinero para cobrarse deudas antiguas que el grupo de Villar Mir tenía con él.

La Guardia Civil seguía los pasos a González antes de que la Comunidad de Madrid acudiera al fiscal

De forma simultánea a la investigación de Púnica, por la que se encuentra en prisión preventiva desde octubre de 2014 el ex consejero de Presidencia Francisco Granados, los agentes de la Guardia Civil fueron recabando indicios de la presunta implicación de Ignacio González en una trama corrupta dedicada a desviar fondos públicos en beneficio privado y a la financiación irregular del PP de Madrid. Es la operación que estalló hace dos semanas con el desarrollo de un operativo policial que ha supuesto la entrada en prisión preventiva del ex presidente madrileño y de antiguos directivos del Canal de Isabel II.

Entre el inicio de las pesquisas y la operación Lezo hay otro hito relevante. Está fechado el 13 de julio de 2016, cuando el actual Ejecutivo autonómico -por medio de Ángel Garrido, consejero de Presidencia y presidente del consejo de administración de Canal Isabel Gestión SA- presentó un escrito ante la Fiscalía General del Estado en el que se detallaban presuntas irregularidades en la compra del 75% de la empresa brasileña Emissao por parte de la filial latinoamericana del Canal (Inassa) a cambio de unos 21,4 millones de euros.

Esta operación societaria es una de las líneas de investigación que dirige el juez Velasco, que ha incorporado a la instrucción las conclusiones de la auditoría interna que llevó a cabo la empresa pública y que puso en conocimiento del Ministerio Público. Entre otras sombras, la compra se llevó a cabo sin una tasación independiente, se obvió un informe elaborado por la firma de auditoría KPMG en el que se alertaba de riesgos potenciales que aconsejaban ponderar la valoración de la empresa carioca, se utilizó una firma uruguaya sin actividad real como empresa interpuesta y se desembolsó el 84% del dinero (18 millones de euros) en un banco en Suiza. El cerebro de esta operación fue Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de Inassa entre 2006 y 2016 y también en la cárcel tras su detención en esta redada.
“Dinero en efectivo”

En el auto por el que lo envió a prisión incondicional el pasado 21 de abril, el instructor asegura que existen indicios de que Ignacio González “posee gran cantidad de dinero en efectivo de origen indeterminado” relacionado “con las supuestas actividades criminales” objeto de investigación y de su interés en constituir sociedades diversas para, “a través de destrezas financieras orientadas a velar la titularidad real”, aflorar el dinero de procedencia ilícita.

“Existe una pluralidad de indicios que apuntan a que el ex presidente de la Comunidad de Madrid maneja dinero en efectivo en importantes cantidades y cuyo origen debe ser comprometido en orden a la serie de operativas que articula para introducirlo en el sistema financiero legal”, expone Eloy Velasco en su resolución.

Localizar el dinero que Ignacio González guarda presuntamente en paraísos fiscales procedente del cobro de comisiones ilícitas es el motivo por el que el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional va a enviar comisiones rogatorias a diversas países, ha informado El País. El juez también sigue el rastro del dinero de origen ilícito que pueda tener en el extranjero Rodríguez Sobrino, ante sus sospechas de que éste utilizó a una hija para ocultar patrimonio en Colombia, República Dominicana e Inglaterra.

http://www.elindependiente.com/politica/2017/05/02/la-uco-investigaba-a-ignacio-gonzalez-desde-2015-por-una-denuncia-anonima/

CIFUENTES DENUNCIÓ AL FISCAL QUE EL CANAL SE HABÍA SALTADO EL “57% DE LOS CONTROLES” AL COMPRAR EMISSAO

El testaferro de Ignacio González dice en una grabación que el expresidente estaba "absolutamente" informado de la operación

El segundo de los dos informes aportados por el Gobierno de Cristina Cifuentes que han ayudado a la Guardia Civil a descubrir el presunto pelotazo de Ignacio González y su testaferro Edmundo Rodríguez en la compra de la firma brasileña Emissao, con dinero público del Canal de Isabel II, 31 millones de dólares, acredita que en la operación se saltaron “el 57% de los controles” normativos. Las pesquisas revelan que todo fue un chanchullo continuado donde Edmundo Rodríguez, "planificador y ejecutor" de la operación en su calidad durante diez años de jefe del Canal en toda América, hizo y deshizo con la cooperación de la entonces, octubre de 2013, responsable de las finanzas del Canal, María Fernanda Richmond. Los dos están presos en el marco de la Operación Lezo, junto con los hermanos Ignacio (expresidente de Madrid) y Pablo Manuel González.

Edmundo Rodríguez afirma en una grabación que el Canal le paga cerca de 30.000 euros al mes

Hubo un primer informe de la Comunidad, fechado el 13 de julio de 2016, y un segundo ampliatorio meses después. La UCO de la Guardia Civil llevaba dos años investigando al Canal, el caso no lo ha destapado Cifuentes. Según el sumario, Anticorrupción interpuso su querella por las fechorías del Canal casi a la par que recibió el informe del Canal dando cuenta también de las graves irregularidades que acumulaban los negocios del canal en América, iniciados en 2001 con la compra de una sociedad en Colombia, Inassa.

Los funcionarios de Hacienda adscritos a Anticorrupción, cuyo jefe desde hace dos meses es Manuel Moix, que han desbrozado el informe de Cifuentes, detallan toda una batería de irregularidades, algunas de ellas tipificadas en el Código Penal. Por ejemplo, que unos 25 millones de los abonados por el Canal acabaron en Suiza y otros 5 se quedaron en Brasil a cambio de una empresa en total decadencia, con dinero público. Y que el dinero se desvió a cuentas de un ciudadano brasileño, Sebastiao Cristovam, que vendió al Canal por 31 millones una empresa que valía 5,5. Y con riesgos certeros: tenía pendientes 83 juicios por despidos laborales y sus cuentas casi se llevaban a mano, según el sumario.

El informe que aportó Cifuentes a Anticorrupción concluye “que los controles del proceso de compra de participaciones [de Emissao] funcionaron de forma inadecuada”. Y, entre otros, apunta a Fernando García Arias como la persona que elaboró el seudoinforme en el que se basó Edmundo Rodríguez para aprobar la adquisición de Emissao sin que nadie del Consejo de Administración pusiera reparo alguno. Casi el único aval para comprar la brasileña Emissao era que podía servir “como el vehículo de acceso al mercado brasileño” por parte del Canal. La idea era comprar el 80% de Emissao y dejar el 20% restante en manos del teórico vendedor, Sebastiao Cristovam, imputado en las pesquisas del juez Eloy Velasco. Edmundo destacó ante el Consejo como gran mérito de Cristovam sus “buenas relaciones con un altísimo cargo del Estado de Río de Janeiro y con cinco alcaldes” de la zona. El dinero del Canal también fue utilizado para pagar comisiones a políticos de diferentes países con vistas a obtener contratas, como por ejemplo en República Dominicana.

"Un día todo eso puede estallar y entonces me vuelvo loco”, señala el testaferro de González sobre las empresas de un magnate mexicano al que representa en firmas opacas

Según la investigación de la Guardia Civil, Edmundo Rodríguez, el hombre de Ignacio González en el Canal, el mismo que le acompañaba en Cartagena de Indias cuando ambos fueron grabados con grandes bolsas en las manos a la salida de un hotel, “sobrevaloró premeditadamente el precio de compra de las participaciones” . Y de todos los tejemanejes de la operación Ignacio González estaba “absolutamente informado”, según relata el propio Edmundo en una grabación interceptada por la UCO.

El informe de Cifuentes aportado a Anticorrupción (los cargos públicos que obvian denunciar hechos delictivos de los que hayan tenido conocimiento están obligados a denunciarlos so pena de incurrir también ellos en responsabilidad) revela que “no consta ningún estudio independiente" sobre la compra de Emissao. Solo hay uno, un borrador, realizado por la auditora KPMG "y pedido aparentemente por Inassa”, la que compró Emissao junto con otra empresa del Canal. No se pidió ninguna auditoria sobre Emissao, no se pidió ningún informe sobre su valor de mercado, no se analizaron los posibles riesgos, señala el informe. Lo único que se pidió fue un informe a KPMG, que, en solo un mes de plazo, se limitó a hacer un borrador donde decía que los datos que se le habían facilitado de Emissao “resultan insuficientes para efectuar una valoración correcta”, concluye. No sin antes advertir de los riesgos de la operación.

En el Consejo de Administración que aprobó la compra de Emissao, octubre de 2013, Edmundo se limitó a defender la operación, pero sin aportar aval o informe que la justificase; y se aprobó como si de un trámite menor se tratase, señalan los investigadores de la Guardia Civil. Ni siquiera se pidió el preceptivo estudio jurídico que legalmente requiere una adquisición de esta envergadura con dinero público, 31 millones. Y se inventó, le reprochan los funcionarios de Hacienda en Anticorrupción en su informe, que expusiera que era necesario entrar con esa operación en Brasil para franquear los obstáculos del país a las salidas y movimientos de dinero. El informe de Cifuentes, muy técnico, también revela la extraña forma en que se compró Emissao, interponiendo una firma pantalla en Uruguay vinculada accionarialmente a otro de los imputados en Lezo, Ignasi maestre. Muy cercano a Edmundo, y con el que comparte tres cuentas y sociedades opacas en Hong Kong.

También denunció el actual Gobierno de Madrid, su número dos, Ángel González, que la persona que paga una operación “ha de ser diferente de la que la aprueba”. El informe de Cifuentes no apunta el nombre de esa persona. Sí lo hace la Guardia Civil: “María Fernanda Richmond”, encarcelada por el juez Velasco.
1.500 euros por gestionar tres sociedades de otro

Edmundo Rodríguez es consejero delegado del diario La Razón como apoderado de las acciones de un empresario mexicano, José Ramiro Garza Cantú, quien le paga 1.500 euros al mes, admite Edmundo en una grabación, por gestionarle tres sociedades, algunas opacas. Edmundo señala en una grabación que quiere apartarse de las sociedades de Garza Cantú porque un día “todo eso puede estallar y entonces", señala, "me vuelvo loco”.

- “Que te deje seguir de consejero en La Razón”, le pregunta su interlocutor en una grabación.

- “Sí, sí” -responde Edmundo.

La otra persona le comenta que, si se va de las otras sociedades, quizás el empresario mexicano no le deje seguir en el periódico "y el dinero que pueda percibir" de él.

- “Qué va… claro que sigo: él ni se entera, ni se entera, ni se entera…”.

Varios meses antes de su detención, el pasado 18 de abril, Edmundo sabía que tenía “pinchado el teléfono”. Y hablaba por WhatsApp. De los cuatro que le intervino la Guardia Civil, Edmundo llevaba siempre encima dos teléfonos, “uno de Brasil, y otro de España, pero no hablo por el de aquí porque lo tengo pinchado”, decía. En otra de las conversaciones que le ha intervenido la Guardia Civil, señala que su sueldo en el Canal rondaba los 360.000 euros al año, en torno a 30.000 mensuales provenientes del erario público.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/03/actualidad/1493769904_030894.html

EL PP 'OLVIDA' QUE ANTICORRUPCIÓN YA INVESTIGABA LA CORRUPCIÓN EN EL CANAL CUANDO CIFUENTES DENUNCIÓ

El Fiscal General avaló el intento del jefe de Anticorrupción de impedir la detención de Ignacio González

El PSOE acusa a Ciudadanos de “maquillar” al PP y de boicotear el cambio en la Comunidad de Madrid

El Partido Popular pretende salvar su reputación asegurando que la intervención de la Justicia en contra de la presunta corrupción del Canal de Isabel II durante los años de Gobierno de Ignacio González es obra de Cristina Cifuentes. Sin ella no habría sido posible luchar de esta forma contra la corrupción, considera el PP. Sin embargo, el partido olvida que la Fiscalía Anticorrupción lleva más de cuatro años investigando las presuntas corruptelas acaecidas al calor del Canal.

Existen tres precedentes muy concretos que demuestran cómo la Fiscalía ya investigaba las operaciones del Canal de Isabel II cuando Cristina Cifuentes interpuso en verano de 2016 la denuncia sobre la compra ‘sobrevalorada’ de la compañía brasileña Emissâo Engenharia e Construccoes.
Primeras denuncias en 2013

Uno de los primeros ejemplos de que la Justicia ya estaba detrás de las operaciones sospechosas del Canal se produjo en los juzgados de Estepona (Málaga) en el año 2013. Tal y como recuerda la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II a elboletin.com, ese año interpusieron una denuncia – junto a los trabajadores de Telemadrid – en la que señalaban “los manejos fraudulentos” de Ignacio González.

La Fiscalía Anticorrupción facilitó al juez del ‘caso ático’ el escrito de 750 folios presentado por la Plataforma en el que apuntan que el empresario, y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo habría costeado el inmueble del presidente de la Comunidad de Madrid como compensación por adjudicaciones directas de González a empresas vinculadas a Cerezo.

Concretamente se refieren a la adjudicación a Boomerang TV del acto de inauguración de los Teatros del Canal. Un contrato llevado a cabo por parte de la empresa pública del agua, el Canal de Isabel II, por el que se pagó a Cerezo 1,5 millones de euros.
Más investigaciones en 2015

El segundo precedente de que la Fiscalía Anticorrupción investigaba las presuntas tramas sucedidas sobre el Canal antes de la denuncia de Cifuentes sucede en febrero de 2015, cuando la misma Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II facilitó a la Fiscalía más documentos sobre irregularidades en la gestión de la empresa pública del agua de Madrid.

Según infolibre, aquellas denuncias se referían a Gerardo Díaz García, exgerente de Hispanagua y gerente de Canal Gestión Lanzarote, implicado en la operación Tosca por supuesta corrupción en la adjudicación de contratos públicos, y José Manuel Serra Peris, encargado de la información financiera del Canal e implicado, desde diciembre, en el caso Bankia.

Ese mismo año, en agosto de 2015, la cadena SER emite una serie de audios correspondientes a los interrogatorios dirigidos por el juez Eloy Velasco en el marco de la operación Púnica en el que el conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, revela pagos sospechosos a políticos desde el Canal de Isabel II.

Quien hace las preguntas es la Fiscalía Anticorrupción.

Por tanto, Anticorrupción estaba más que al tanto de las presuntas tramas de corrupción que han sucedido en el Canal de Isabel II durante los años de Ignacio González al frente de la Comunidad. Años en los que Cristina Cifuentes fue vocal (2012-2014) del Consejo de Administración del Canal.

El PP rechazó una comisión de investigación en 2015

El 7 de julio de 2015, la Asamblea de Madrid votó una propuesta de Ciudadanos donde se planteaba la creación de una comisión de investigación sobre la corrupción política habida en la Comunidad en las dos últimas legislaturas.

La propuesta incluía investigar, principalmente, el caso Gürtel, la trama Púnica, el caso Aneri y el Canal de Isabel II. La propuesta salió adelante gracias al sí de toda la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos), ya que el PP de Cristina Cifuentes se opuso.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, comparó esa comisión de investigación con las "cárceles de la inquisición" en las que los presos "no sabían por qué iban a ser juzgados".

Según Ossorio, "lo único que se pretende es, en vez de mirar los problemas de los madrileños hacia el futuro y resolverlos o reforzar la recuperación de la crisis económica, mirar al pasado para desgastar un partido".

http://www.elboletin.com/movil/noticia/148189/nacional/el-pp-olvida-que-anticorrupcion-ya-investigaba-la-corrupcion-en-el-canal-cuando-cifuentes-denuncio.html

SE DESMONTA EL DISCURSO DE CIFUENTES: LA UCO YA INVESTIGABA A IGNACIO GONZÁLEZ POR UNA DENUNCIA ANÓNIMA

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigaba a Ignacio González casi desde un año antes de que el Gobierno de Cristina Cifuentes pusiera en conocimiento de la Fiscalía General del Estado las presuntas irregularidades en la compra de una compañía brasileña por parte del Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid y ahora bajo la lupa del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y de Anticorrupción

Lo revela hoy elindependiente.com que asegura que fuentes del caso le han contado que “el origen de la investigación que ha trascendido ahora bajo el nombre de operación Lezo se remonta al verano de 2015, cuando una denuncia anónima puso sobre la pista a la UCO de que Ignacio González era el titular de cuentas corrientes en paraísos fiscales. González había dejado la Presidencia del Gobierno regional en junio de dicho año -menos de tres años después de relevar a Esperanza Aguirre- y la dirección nacional del PP lo había apartado de las listas con que la formación conservadora concurrió a las elecciones autonómicas del 24 de mayo en beneficio de Cristina Cifuentes, hasta entonces al frente de la Delegación del Gobierno en Madrid”.

Y recuerda que al menos desde 2014 existen fundadas sospechas de que Ignacio González podría ser titular de una cuenta en Suiza, país que ha mantenido el secreto bancario durante los últimos 80 años. Se basa este digital en lo que contó el diputado del PP en la Asamblea de Madrid Jesús Gómez en una entrevista a El Mundo, en la que reveló que informó a la dirección nacional del partido en 2014 que González tenía una cuenta en el país helvético. Una información que dio al Partido Popular en el curso de un encuentro mantenido con el entonces portavoz adjunto en el Congreso, Carlos Floriano, y con el entonces coordinador de Organización del PP, Juan Carlos Vera.

http://www.elboletin.com/noticia/148570/nacional/se-desmonta-el-discurso-de-cifuentes:-la-uco-ya-investigaba-a-ignacio-gonzalez-por-una-denuncia-anonima.html

CIFUENTES NIEGA QUE TOMARA DECISIONES SOBRE LA OPERACIONES DEL CANAL DE ISABEL II INVESTIGADAS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha negado, con una cadena de mensajes en la red social Twitter, que haya participado como consejera del Canal Isabel II en "ningún tipo de decisión, respecto a las operaciones que están siendo investigadas".La dirigente autonómica ha lanzado seis tuits para contestar al portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, que hoy ha afirmado que Cifuentes participó en el Consejo de Administración entre 2012 y 2014, cuando se cometieron "la mayor parte de las tropelías" que se están investigando en la operación Lezo.

A raíz de la detención y posterior ingreso en prisión del ex presidente Ignacio González por su presunta implicación en una trama corrupta en el Canal, Ciudadanos ha pedido la comparecencia de la presidenta autonómica en la comisión de investigación de la corrupción política, como también ha hecho Podemos.
"Mientes Ignacio Aguado y la mentira es la expresión más rancia de la 'vieja política' que tanto criticas desde C's", escribe Cifuentes en su cuenta de Twitter.
A continuación indica que "jamás" ha tenido que ver con operaciones internacionales del Canal de Isabel II. Al Consejo acudía en calidad de representante del estado, su presencia allí era "exclusivamente" en su condición de delegada del Gobierno en Madrid, añade.

"En ese periodo (2 años) nunca jamás participé en ningún tipo de decisión, respecto a las operaciones que están siendo investigadas", afirma Cifuentes ante las palabras de Aguado.

En el caso concreto de 'Emissao', la empresa cuya compraventa investiga el juez Eloy Velasco, la operación "se hizo a espaldas del consejo de administración del Canal y nunca pasó por él", recalca la presidenta popular.

A juicio de la dirigente autonómica, "en política no vale todo y menos aún arremeter contra quien denuncia hechos presuntamente delictivos... como si yo formara parte de ellos", dice sobre la denuncia sobre el Canal que su Gobierno llevó a la Fiscalía.

"No se puede desacreditar con mentiras al partido al que se sostiene mediante un pacto", dice Cifuentes a Aguado, con quien mantiene un acuerdo de investidura que le permite gobernar en la Comunidad de Madrid. "La política requiere coherencia y madurez", a afirma la presidenta.
"Otra falsedad: jamás cobré percepción económica alguna por pertenecer al Consejo de Administración del Canal", contesta Cifuentes al mensaje de una usuaria de Twitter.

Tanto C's como Podemos han pedido la comparecencia de la presidenta autonómica en la Cámara de Vallecas. Además, el partido morado defiende una moción de censura en Madrid, pese a que para prosperar necesitaría del apoyo de Ciudadanos, que por ahora se niega a romper el pacto con Cifuentes.
Aguado ha asegurado esta mañana que "permitirá" que Cristina Cifuentes gobierne en Madrid mientras "siga cumpliendo" el pacto de investidura, pero no confía en el PP y por eso, cada día, se plantea apoyar una moción de censura contra su Gobierno.

http://www.elmundo.es/madrid/2017/04/22/58fbab78468aeb5f1d8b45fb.html

CRISTINA CIFUENTES: "EL TIEMPO DE LOS CORRUPTOS HA LLEGADO A SU FIN EN LA COMUNIDAD DE MADRID"

La caída en desgracia de Ignacio González y el aguirrismo a cuenta de la operación Lezo lo llenó todo ayer durante la celebración institucional del Día de la Comunidad de Madrid. Cristina Cifuentes se subió a sus palabras de tolerancia cero contra la corrupción para enarbolar esa bandera desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico. "Vamos a seguir liderando el camino de regeneración democrática iniciado, porque la corrupción es incompatible con la democracia, y el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin en la Comunidad de Madrid. Y porque la corrupción afecta a numerosos partidos e instituciones en una u otra medida y, por tanto, todos debemos ser implacables con ella", aseguraba en la parte final de su discurso.

La presidenta regional esperó al término de su alocución para referirse al asunto que estos días martillea a los populares madrileños. La contundencia de sus palabras la situó en plano paralelo, ajeno a todo ello que le sirvió para erigirse en el azote de los corruptos. "Vivimos días convulsos que nos avergüenzan a todos. Ante ellos: honestidad, compromiso, talento y esfuerzo", dijo.

La presidenta regional comenzó su intervención con el recuerdo y el simbolismo del levantamiento del pueblo de Madrid de aquel 2 de mayo de 1808 contra el invasor francés. En el arranque animó a la sociedad, políticos incluidos, a sumar esfuerzos para superar los problemas que la asolan.

Pero la ceremonia contó con notables ausencias, como la de los ex presidentes. Hacía mucho tiempo que no acudía ninguno de ellos a la celebración institucional: ni Esperanza Aguirre ni Alberto Ruiz-Gallardón ni Joaquín Leguina ni, por motivos obvios, Ignacio González.

Acto seguido, pasó a rematar su intervención apelando a su cruzada contra la corrupción. "Están pasando muchas cosas, que nos avergüenzan, que todos condenamos, y a las que debemos hacer frente, apelando a esos valores que encarnan los premiados. Porque la honestidad, el compromiso, el talento y el esfuerzo, son el más eficaz antídoto frente a las conductas que vulneran la ley, y frente a las dificultades de cada día", dijo. Insistió en que el "compromiso ético y la defensa de la legalidad nos concierne a todos, por encima de siglas e ideologías".

http://www.elmundo.es/madrid/2017/05/02/5908183de2704e3b108b45da.html

LOS 20 ‘CAÍDOS’ DE CIFUENTES: EL 40% DE SUS DIPUTADOS REGIONALES RENUNCIA EN DOS AÑOS

El grupo de Cristina Cifuentes en la Asamblea regional madrileña es desde sus inicios un baile continuo de sillas. Desde las elecciones autonómicas de mayo de 2015, donde el PP obtuvo 48 diputados, la renovación de caras alcanza casi a la mitad del grupo, con la renuncia al acta de 20 diputados; una cifra que podría aumentar en los próximos días con una renuncia más: la de Isabel González, hermana del ex presidente de la Comunidad Ignacio González, detenido al hilo de la operación Lezo junto a un tercer hermano, Pablo González. El PP madrileño reconoce que la situación de la diputada es “insostenible”.

Otra de las candidatas a engrosar la lista de bajas populares en la Asamblea Regional es la diputada Josefa Aguado, a la que el juez del caso Gürtel José de la Mata ha pedido imputar por tres posibles tres delitos. En caso de que la imputación se formalice, tendría la obligación de renunciar a su acta de acuerdo con el código ético establecido por el grupo.

En una situación similar está el diputado Bartolomé González, al que la Guardia Civil atribuyó el pasado septiembre la recepción de 60.000 euros cuando era alcalde de Alcalá de Henares por parte de una empresa de la Púnica, aunque no ha sido formalmente imputado y no tiene la obligación de dejar su acta, como establece el pacto firmado con Ciudadanos en la Comunidad.

El número tres de Cifuentes, Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, también ha estado en la cuerda floja, después de que el conseguidor de la trama Púnica le acusara de gestionar obras públicas y amañar contratos para un plan de inversiones de la Comunidad de Madrid. A día de hoy sigue como diputado al no haberse salpicado por la imputación.

Estos cuatro ceses, en caso de producirse, se sumarían a la lista de representantes populares que han tenido que renunciar por verse implicados en casos de corrupción. Así sucedió con Borja Sarasola Jaúdenes, ex consejero de Ignacio González, que no llegó a recoger su acta de diputado tras ser imputado en la trama Púnica, aunque la razón oficial que esgrimió fue el paso a la empresa privada. Justo un año después, en julio de 2016, hizo lo propio Daniel Ortiz Espejo después de ser imputado por recibir 240.000 euros de comisión de una empresa de la misma trama a cambio de una adjudicación en su etapa en la Alcaldía de Móstoles.

Sin embargo, y aunque varios diputados populares cayeron por este motivo, en la mayoría de los casos la renovación se debe a una renuncia para cumplir el régimen de incompatibilidades puesto en marcha por el PP de Madrid, que pretende evitar la acumulación de cargos.

Incompatibilidad por altos cargos
Una de las críticas más duras que recibió Cifuentes por parte de la oposición en la Asamblea de Madrid era el elevado número de diputados que renunciaron por casos de corrupción. Sin embargo, la mayor parte de las renuncias se deben a otra razón: la incompatibilidad. En total, 12 de los 20 diputados dejaron su acto por esta causa. Los ocho restantes, además de los casos por corrupción ya repasados, estuvieron motivados por distintas razones. José Ignacio Echeverría Echaniz presentó su dimisión irrevocable tras un accidente de coche, pese a asegurar que no conducía ebrio. Otros,como José Cabrera de Orellana, renunció para no tener que publicar su declaración de bienes; y, en el caso de Antonio Pablo González Terol, dejó la Asamblea regional para ser diputado en el Congreso de los Diputados.

El PP obtuvo 48 puestos en la Asamblea regional y a día de hoy el último diputado en entrar, el pasado febrero, Ana Belén Barbero, ocupaba el número 68 de las listas. En los dos primeros meses después de las elecciones hubo nueve renuncias, en la mayoría de casos por la asunción de otro cargo en el Gobierno regional de Cifuentes y la consecuente incompatibilidad. Así fue el caso de Manuel Francisco Quintanar, que dejó su acta tras ser nombrado secretario general del Consejo de Gobierno regional, o Miguel Ángel Ruiz López, que también entró en el equipo de Gobierno como viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

También fue el caso de José Tortosa de la Iglesia, director general de Urbanismo; Cristina Álvarez Sánchez, a la que Cifuentes nombró directora general de Relaciones con la Asamblea de Madrid, o Eva Tormo, que en septiembre de 2015 renunció su acta de diputada del PP en la Asamblea de Madrid para dedicarse en exclusiva a la dirección de la Fundación Canal Isabel II.

http://www.elindependiente.com/politica/2017/05/01/cifuentes-diputados-renuncia/?utm_source=Usuarios+con+newsletter&utm_campaign=b554ede1b4-Boletin_todos_02_05_17&utm_medium=email&utm_term=0_19d740f1b0-b554ede1b4-50421447

LA PROHIBICIÓN DE SÍMBOLOS REPUBLICANOS EN LA CORONACIÓN DE FELIPE VI LLEGA A ESTRASBURGO

La Coordinadora 25S presentó ante el TEDH una demanda contra Cristina Cifuentes y varios cargos policiales por la vulneración de los derechos de libertad de expresión, de opinión y de manifestación

Luis Ocampo reconoce que la admisión de la demanda no presupone que les vayan a dar la razón, “pero al menos se va a estudiar, algo que es importante y significativo”

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) estudiará la denuncia presentada por la Coordinadora 25S contra Cristina Cifuentes, Ignacio Cosidó –quienes en 2014 ostentaban los cargos de delegada del Gobierno en Madrid y director general de la Policía, respectivamente– y Alfonso Fernández Díez, jefe superior de la Policía Nacional en Madrid, por prohibir la exhibición de símbolos republicanos durante los actos que siguieron a la proclamación de Felipe VI y por hacer un despliegue policial de 7.000 agentes, que consideran “amplio e intimidatorio” y propio de un "estado de sitio".

En un primer momento, se presentó una querella en la Audiencia Provincial. Se produjo una investigación judicial, pero finalmente fue archivada. “Se recurrió al Supremo y posteriormente al Constitucional, pero no fue admitida. Preveíamos que iba ocurrir eso”, señala a infoLibre Luis Ocampo quien, en nombre de la Coordinadora 25S, continuó con el proceso después del fallecimiento de Doris Benegas, la letrada que puso en marcha la querella.

Sostienen que durante el 19 de junio de 2014 y los días previos a la coronación, se vulneró la Convención Europea de Derechos Humanos al impedir el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, de opinión y de manifestación de ideas antimonárquicas.

En la demanda presentada ante el TEDH, señalan que el 11 de junio, día de la votación en el Parlamento de la Ley Orgánica de Abdicación de Juan Carlos I, la Coordinadora 25S había convocado una concentración en la Plaza de Neptuno, pero que un despliegue de cerca de 2.000 antidisturbios, una unidad de caballería y una treintena de furgones impidió a los ciudadanos llegar al lugar de la protesta.

Días antes de la coronación, la Policía comenzó con los registros de mochilas, carritos de bebé, bolsos, etc., e incluso recorrió las viviendas cercanas al itinerario que haría el Cortejo Real para “recabar datos sobre quiénes eran sus ocupantes”, recoge la demanda.

Ya el día 19 de junio, se trataron de impedir tres manifestaciones. Una de la Coordinadora Republicana de Madrid, otra de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo –acto que realizan todos los jueves– y una concentración de la Coordinadora 25S. Sin embargo, en la Puerta del Sol, a pesar del fuerte dispositivo policial, “centenares de personas sacaron banderas republicanas” y fueron por ello rodeadas por la Policía, produciéndose “cargas y agresiones policiales”, junto con algunas detenciones.

Recogen más ejemplos de lo que supuso la presencia policial de ese día: una mujer fue interceptada por llevar una chapa en el vestido, otra mujer fue inmovilizada contra el suelo por intentar sacar una bandera, al igual que le ocurrió al hombre que trató de mostrar una pañoleta. Además, se llegó a retener a personas “no por llevar símbolos republicanos, sino por estar en las listas de activistas”.

Por último, denuncian la inadecuada investigación de los hechos por no haber “practicado las diligencias necesarias” para señalar a los responsables, “admitiendo como válido un informe de la Secretaría de Estado de Seguridad sin firma y, a todas luces, incompleto, del que nadie se responsabiliza”, y por no haber tomado declaración ni a Cifuentes, ni a Cosidó ni a Fernández Díaz.

La demanda se presentó en Estrasburgo a principios de 2017 y, aunque haya sido aceptada, Ocampo reconoce que no quiere decir que les vayan a dar la razón, “pero al menos se va a estudiar, algo que es importante y significativo”, destaca.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/29/estrasburgo_acepta_querella_contra_cifuentes_por_prohibir_exhibicion_simbolos_republicanos_proclamacion_felipe_vi_64491_1012.html

MADRID DESTINA 100 MILLONES EN TRES AÑOS A COLEGIOS QUE SEGREGAN POR SEXOS, LA MITAD DE ELLOS DEL OPUS DEI

Actualmente hay 18 centros concertados religiosos que ofrecen educación separada para niños y niñas y que reciben financiación pública en la Comunidad de Madrid

Nueve de estos centros están directamente vinculados con el Opus Dei y en estos tres años han recibido en total 51,2 millones de euros

El colegio Juan Pablo II de Alcorcón, investigado por ofrecer talleres de ganchillo solo para alumnas, recibió 2,3 millones de euros 2015 y 2,5 en 2016

La Comunidad de Madrid ha invertido en los tres últimos años 98,5 millones de euros en financiar colegios concertados que segregan por sexos a sus alumnos. Según informan desde la Consejería de Educación, actualmente en esta región hay 18 centros que ofertan educación diferenciada para niños y niñas y que reciben fondos públicos. Todos son religiosos, la mitad de ellos vinculados al Opus Dei y el resto a fundaciones con raíces católicas.

En 2015 el Gobierno regional destinó 34,8 millones de euros a este modelo educativo, en 2016 desembolsaron 37,7 millones y hasta agosto del 2017 prevén gastar 25,9 millones; 98,5 millones de euros en total. La Comunidad de Madrid ha facilitado estas cifras tras una solicitud de información de eldiario.es al portal de transparencia regional.

A pesar de que esta redacción pidió las cantidades invertidas desde el año 2009, el Gobierno regional solo ha aportado –tras una reclamación presentada ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno– la información "referida al periodo asumido por esta dirección general (ejercicios 2015, 2016 y hasta agosto de 2017)". Ya en el año 2012, Comisiones Obreras denunció la opacidad de la administración regional para acceder a estos datos.

Entre los 18 colegios que ofertan educación segregada las cantidades recibidas son dispares. El polémico colegio Juan Pablo II de Alcorcón recibió en estos tres años 6,7 millones de euros (2,3 en 2015; 2,5 en 2016 y 1,8 hasta agosto de este 2017). Este colegio ha acaparado titulares, entre otros casos, por la investigación abierta por la Comunidad de Madrid para comprobar si ofrece talleres de ganchillo solo para alumnas y limitan las visitas al estadio del Real Madrid solo para sus alumnos, tal como informó la Cadena Ser.

En este centro la docencia de Primaria y Secundaria se imparte en aulas diferentes y reservan los espacios comunes para que sean compartidos por alumnos y alumnas, lo que denominan "educación diferenciada mixta". Abrió sus puertas en el curso 2010/2011 y pertenece a la Fundación Educatio Servanda. Esta organización gestiona otro centro, con el mismo nombre, en Parla. Por él han recibido durante estos tres años 2,4 millones de euros. Sumando lo recibido por estos dos centros, esta fundación ha gestionado durante este periodo 9,1 millones de euros de dinero público.

51 millones para colegios del Opus

De los 18 colegios, el centro que más financiación pública ha obtenido es el Tajamar. Durante el periodo en el que la Consejería ha facilitado información, este centro ha obtenido 12,3 millones de euros (4,6 en 2015 y 2016; y 3,1 hasta agosto de este año). Este colegio masculino está ya enraizado en la educación segregada de la capital y fue inaugurado en 1958, "secundando así un deseo expreso de San Josemaría Escrivá de Balaguer (fundador del Opus Dei)", explican en la página web oficial.

De acuerdo a la información suministrada por el Gobierno regional, dos colegios también vinculados al Opus Dei siguen de cerca al Tajamar en financiación pública: Las Tablas Valverde y Fuenllana. Cada uno de ellos ha recibido 9 millones de euros en total durante estos tres años. A este último solo asisten chicas y es una "obra corporativa" –recogen en su web– del Opus Dei.

Por su parte, el primero, Las Tablas Valverde, separa a los estudiantes en edificios según el género. Este colegio pertenece a Fomento de Centros de Enseñanza, una organización educativa que desde sus inicios solicitó a la prelatura de Escrivá de Balaguer "que le ayudara a mantener viva su identidad cristiana" en las escuelas que gestionan en todo el país. Esta compañía también coordina el colegio concertado masculino Los Olmos, que ha percibido 3,7 millones de euros durante los años en los que el Gobierno regional ha facilitado la información.

Entre las "obras corporativas" del Opus Dei financiadas en Madrid con dinero público también se encuentran los colegios femeninos Los Tilos con 4,9 millones de euros y Senara con 4,2 millones en estos tres años; y los masculinos Andel con 5,7 millones de euros y Retamar con 463.624 euros también en el mismo periodo. En el caso de este último, es un colegio privado que solo cuenta con concierto para un módulo de Formación Profesional de grado medio. Sin embargo, los otros tres centros ofrecen educación concertada en Primaria y Secundaria, en algún caso también en Infantil, Bachillerato y FP.

La última escuela vinculada a esta prelatura es el Centro de promoción rural de la mujer EFA Valdemilanos, que ha recibido 858.494 euros en la etapa temporal citada. Según explica la web oficial del Opus Dei, estas Escuelas Familiares Agrarias (EFA) comenzaron "alentadas por el impulso" de Escrivá de Balaguer. Así, sumando las cantidades percibidas por estos nueve centros, los madrileños abonaron 18,7 millones de euros en 2015 a centros directamente vinculados con el Opus Dei; 19,3 millones en 2016 y 13 millones hasta agosto del 2017; en total, 51,2 millones de euros.

Cinco colegios más en cuatro años

Según la Consejería de Educación, en el curso 2010/2011 había 13 centros de de este tipo y se han concertado entre 2011 y 2014 cinco colegios más que segregan. "Hay que recordar que durante el actual Gobierno de Cristina Cifuentes no se ha concertado ningún nuevo centro de ningún tipo, ya sea o no de educación diferenciada", apuntan desde este departamento. Según El País, en 2006 solo había seis colegios con educación segregada.

Teniendo en cuenta estas cifras, es evidente que, por un lado, durante los gobiernos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González el número de centros que impartían este tipo de educación aumentaron y, por otro lado, que han surgido nuevas fundaciones –también católicas– que han comenzado a aglutinar la gestión de centros concertados que imparten educación segregada.

Una de ellas es la Fundación Arenales, que actualmente coordina cuatro colegios de este tipo y comenzó a funcionar hace tan solo ocho años. "En el 2009 iniciamos el colegio Alborada, en Alcalá de Henares. La acogida fue extraordinaria y un año después el colegio ya tenía 850 alumnos. Nos dimos cuenta de que había una fuerte demanda de este tipo de enseñanzas y así continuamos después en Carabanchel y Arroyomolinos", explicaba su presidente, Alfonso Aguiló en una entrevista publicada en la web de la Fundación. Aguiló, que durante once años se encargó de gestionar el colegio Tajamar, también dirige la Confederación Española de Centros de Enseñanza.

Según la información remitida por la Consejería, el centro que ayudó a impulsar este proyecto, Alborada, recibió 2,8 millones de euros en 2015; 3 millones en 2016 y obtendrá 2,1 millones hasta agosto de este año, un sumatorio total de 8 millones de euros. Asimismo, han recibido 4,6 millones de euros en estos tres años por el que tienen en el madrileño barrio de Carabanchel; 5,6 millones de financiación pública por el que gestionan en Arroyomolinos; y 2,9 millones durante el mismo periodo por el colegio Mª Teresa, localizado en Alcobendas.

Esta redacción ha intentando, sin éxito, ponerse en contacto con esta Fundación para recabar información sobre el tipo de educación que imparten y sus vinculaciones con movimientos eclesiales. "El colegio Arenales ha optado por la educación diferenciada en algunas etapas. Se trata de un modelo que tiene buenos resultados académicos, amortigua los estereotipos de género y fomenta el liderazgo de la mujer", apuntan en el portal online de uno de los centros. Además, Aguiló reconoce en esta web su pertenencia al Opus Dei, pero asegura que en estos colegios "no hay vinculación institucional con el Opus Dei ni con el Camino Neocatecumenal".

Más allá de fundaciones que aglutinen varios centros de este tipo, de acuerdo a la información facilitada por la Comunidad de Madrid, uno de los colegios que más financiación recibe es el Edith Stein con 6,7 millones de euros en estos tres años, y también imparte docencia mixta segregada en Primaria y Secundaria. Adscritos al grupo Chesterton Education, imparten su modelo educativo "desde una sólida y clara identidad cristiana y con un fuerte sentido de pertenencia a la iglesia católica".

Colegio cedido a exdirigentes de la Comunidad

Este grupo, según publicó en 2009 El País, fue promovido por "dos exaltos cargos del Gobierno regional, José Javier Fernández Santamaría, exdirector gerente del Canal de Isabel II, y Alejandro Sanz Peinado, exdirector general de Deportes, son presidente y consejero, respectivamente, de la empresa que dirige el centro". En aquel momento, la Comunidad aseguró que "no incurrían en incompatibilidad" al haber pasado dos años desde que ocuparan cargos públicos.

El colegio Monte Tabor, una "iniciativa del instituto secular de padres de Schoensttat", también obtiene seis millones de euros. En su web destacan que "la relación con Dios y con la Virgen María es el eje vertebrador de la vida escolar". Por último, el centro Stella Maris con 4,2 millones de euros, gestionado por los Discípulos de los Corazones de Jesús y María, ofrece también educación segregada mixta.

Según explicaron en la respuesta emitida a esta redacción desde la Consejería de Educación, "las cuantías que se indican han sido calculadas en función del número de unidades concertadas de cada centro y de los módulos económicos de financiación de los conciertos aprobados por las Leyes de Presupuestos".

Recurso ante transparencia

La Comunidad de Madrid se negó en un primer momento a facilitar las cantidades exactas que aporta a estos centros alegando que "la elaboración de un informe específico requeriría un tratamiento que obligaría a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado".

Sin embargo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, previo recurso de esta redacción, no compartió la argumentación de la Consejería y consideraron que la información solicitada debe figurar en los documentos emitidos por la intervención General de la Comunidad de Madrid "al llevar a cabo la intervención previa del reconocimiento de obligaciones o propuestas de pago a los centros concertados anualmente". A pesar de que esta redacción solicitó información desde el año 2009, la Comunidad ha remitido los datos de los tres últimos años.

Comisiones Obreras denunció en un informe publicado en 2012 por Carmen Heredero, coordinadora del Observatorio de Igualdad de Género, la opacidad de la administración regional para permitir acceder a estos datos. En él destacaron "la falta de atención analítica de las instituciones educativas madrileñas" ante este tema, también reclamaron "la publicación en las estadísticas educativas del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de los datos que den cuenta del fenómeno de la educación diferenciada".

Recientemente, en la publicación oficial sobre el sistema educativo regional, editada por la Consejería de Educación, tampoco facilitan el número de este tipo de centros y los estudiantes que estudian en ellos.

http://m.eldiario.es/sociedad/Comunidad_de_Madrid-financiacion-educacion_segregada_0_636936731.html

TODOS CONTRA LA "RUBIA" CIFUENTES

Las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid en una entrevista en la que reconoce "hacerse la rubia" desatan las críticas del conjunto de la oposición

Cristina Cifuentes la ha liado y bien liada en la entrevista que ha concedido al suplemento SModa de El País. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado en la misma, que su estrategia es "hacerse la rubia" sin bajar la guardia en reuniones con hombres. Las declaraciones no han gustado nada a los portavoces del PSOE, Podemos y Ciudadanos, que se han mostrado absortos ante otras frases con las que ha bromeado Cifuentes como la de "sin tacón no hay reunión".

La presidenta regional ha defendido el papel "muy importante" del feminismo para lograr la igualdad, pero considera, eso sí, que "esa fase ya está superada". "El problema del feminismo tradicional es que en algunas ocasiones se ha identificado con la defensa de las mujeres, pero a costa de ir en contra de los hombres", ha declarado.

Tras la publicación de la entrevista, distintos políticos han criticado en la red social Twitter las declaraciones de Cifuentes, y a algunos de esos comentarios ha respondido la propia presidenta.

Para Podemos, Cifuentes "ha dado una lección a todas las feministas... No tomarla como ejemplo... jamás", a lo que la aludida ha respondido recogiendo cuatro denuncias recientes de mujeres contra la formación morada.

La secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, por su parte, ha afirmado que "feminismo es reivindicar igualdad, avanzar tod@s para no tener necesidad de hacernos las rubias".

También en este caso la presidenta regional ha respondido al mensaje, afirmando que "sólo necesitabas 5 minutos más para leer la entrevista que has compartido". "Te lo ponemos fácil", ha continuado Cifuentes, antes de adjuntar otro extracto de la entrevista donde admite que la igualdad "ya está en las leyes" pero no en el día a día: "Aún existen muchos micromachismos y hay que seguir reivindicando la igualdad", contestaba.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha intervenido también, afirmando que su partido trabaja para que "ninguna mujer tenga que 'hacerse la rubia' para conseguir lo que se propone. Avancemos", ha subrayado, para finalizar con el hashtag Stop Machismo.

http://www.elplural.com/politica/2017/04/15/unanimidad-todos-contra-la-rubia-cifuentes

MADRID DA 1,54 MILLONES EN SUBVENCIONES A SAN ROMÁN, CUYA AGENCIA DE COLOCACIÓN 'FANTASMA' FUE CLAUSURADA EN CASTILLA-LA MANCHA

Su presidente, miembro de la cúpula de CEIM, dirige la patronal de consultoría

Empleo, que dice no haber recibido los informes de la Inspección de Trabajo y de Castilla-La Mancha sobre la agencia, pidió una explicación a la empresa, pero no la investigó

Aun así, cerró 13 locales tras la denuncia del Gobierno autonómico

La Comunidad de Madrid ha concedido un total de 1,54 millones de euros en subvenciones para cursos de formación a Consultora San Román, la empresa cuyas oficinas de agencia de colocación fueron cerradas por el Gobierno de Castilla-La Mancha porque no realizaban ninguna tarea de intermediación laboral.

Consultora San Román y Consulta Formación, Soluciones de Aprendizaje, Evaluación y Empleo pertenecen a José Antonio Fernández Ramos, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría, Oficinas y Despachos y Servicios (Fenac), la patronal del sector. También preside la Comisión de Economía de los Intangibles de CEIM, la patronal madrileña.

En la última convocatoria madrileña de ayudas para programas de formación destinados a ocupados y desempleados, ambas empresas consiguieron un total de nueve subvenciones: seis Consultora San Román y tres Consulta Formación. Los importes van desde 70.200 hasta 379.770 euros. La convocatoria, resuelta el pasado 31 de diciembre, repartió 22,29 millones de euros con cargo a los fondos que la Comunidad de Madrid recibe del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Así se financian cursos de formación para el empleo de carácter sectorial e intersectorial, para autónomos y para obtener certificados de profesional, tanto presenciales como mediante teleformación. Los subvencionados a estas dos empresas incluyen desde clases de cocina internacional y contabilidad hasta interiorismo o certificación energética de edificios.

Consultora San Román fue creada en 1990 y dice contar con una plantilla de 800 trabajadores e impartir 400.000 horas de formación al año. Consulta Formación nació más tarde, en 2002, y su presidente ejecutivo también es Fernández Ramos. Además de los cursos subvencionados por la Comunidad de Madrid, funciona desde el pasado año como sede de exámenes en la capital de la Universidad Isabel I, una universidad privada on line con domicilio en Burgos.

Agencia de colocación con problemas

Al igual que muchas otras empresas del sector de la formación para el empleo, San Román también se constituyó como agencia privada de colocación. El SEPE le adjudicó uno de los lotes del concurso para encontrar empleo a los beneficiarios del Plan Prepara. Le correspondieron las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha. El pasado 6 de marzo el Gobierno castellano-manchego ordenó el cierre de 13 oficinas de San Román en esa comunidad, que carecían de actividad. Sólo estaban operativos, explicó entonces la Consejería de Empleo, siete locales.

Ese departamento asegura a infoLibre que informó al SEPE de la existencia de los locales “fantasma” el año pasado. Además, según publicó este periódico, la Inspección de Trabajo elaboró un informe sobre la actividad de San Román en la provincia de Albacete. Tras visitar sus oficinas, los inspectores concluyeron que la consultora “no funciona como agencia de colocación” ni “prácticamente” hace gestiones de mediación.

De los cuatro locales que poseía San Román en Albacete, sólo uno estaba abierto, pero se trataba de una asesoría donde la consultora había alquilado un despacho, que carecía de personal propio. Allí sólo se recogían currículos. Un empleado de San Román, según explicó a los inspectores el personal de la asesoría, venía de Murcia o de Madrid para llevárselos dos o tres veces a la semana. Después, a preguntas de la Inspección, la consultora reconoció que únicamente había conseguido empleo a seis personas en todo 2016.

Poco después, el sindicato CCOO visitó buena parte de los 24 centros que San Román declaraba tener en Castilla-La Mancha. Y el resultado de sus indagaciones no difirió mucho de los hallazgos de la Inspección de Trabajo en Albacete: unos centros estaban cerrados y otros sólo recogían currículos, tanto en Ciudad Real como en Toledo, Cuenca y Guadalajara.

El SEPE no sabe, pero cerró las oficinas

En ese momento, el SEPE respondió a infoLibre que desconocía el informe de la Inspección. Y que tampoco le había llegado ninguna otra denuncia sobre la falta de desempeño o alguna negligencia por parte de esta agencia privada.

Sin embargo, ANAC, la asociación que agrupa a las pequeñas y medianas agencias de colocación, envió en 2014 a la mesa de contratación del concurso, antes de ser adjudicado, escritos y pruebas sobre la precariedad de la red que San Román, y otras empresas, habían creado a toda prisa para presentarse a la convocatoria.

El pasado 22 de febrero, CCOO interpeló a los responsables del SEPE en la Comisión Ejecutiva Central de este organismo no sólo sobre el informe de la Inspección, sino también sobre el que había enviado Castilla-La Mancha. Sus responsables respondieron al sindicato que no habían “recibido” ninguno de los dos documentos. Sí pidieron un informe a la propia consultora y hablaron con sus dueños, que dijeron tener un total de 137 locales en Madrid y Castilla-La Mancha, 60 propios y 77 subcontratados con otras entidades. Si habían cerrado alguno, había sido por iniciativa propia, añadieron. El SEPE también dio por buena la afirmación de los responsables de San Román de que el número de personas que había atendido en 2016 era “correcto y similar al de otras agencias de colocación”, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico.

Por su parte, el viceconsejero de Empleo de Castilla-La Mancha, Francisco Rueda, insiste en que mandó a comienzos de 2016 un informe que examinaba a todas las agencias privadas de la comunidad autónoma. De hecho, el SEPE lo pide cada año. La Consejería de Empleo es la encargada de comprobar si éstas cumplen los requisitos que acreditaron en las declaraciones responsables que se les exige para operar. En ese documento, asegura Rueda, se incluían los incumplimientos de San Román: “A algunos demandantes de empleo los atendían en la plaza del pueblo”. Además, destaca el número dos de la consejería, las 13 oficinas señaladas no las ha cerrado, en realidad, el Gobierno manchego, sino el propio SEPE, que fue el que las autorizó. Rueda dice que a San Román sólo le quedan los locales situados en las capitales de provincia y teme por la calidad de la atención que está prestando a los desempleados residentes en los pueblos. “¿Tendrán que desplazarse a su propio coste los parados del Plan Prepara que cobran 426 euros?”, se pregunta.

Castilla-La Mancha renunció al acuerdo marco poco después de enviar ese informe, en junio de 2016. Ha prescindido de las agencias privadas y optado por “reforzar los servicios públicos”, explica Francisco Rueda. De momento, ha aumentado en 122 personas el personal de las oficinas públicas de empleo.

Un problema antiguo

La endeblez con que algunas de estas empresas montaron sus redes de oficinas se reveló nada más tramitarse el primer concurso del SEPE. Cuando se abrieron los sobres de los candidatos, en septiembre de 2014, un grupo de empresas de formación declaraba tener una red de oficinas superior al millar repartidas por toda España. Ese número multiplicaba hasta por 10 la cifra de sucursales que presentaban las grandes multinacionales de los recursos humanos como Adecco, Manpower o Randstad.

Como el 70% de la puntuación, según las condiciones del concurso, procedía del número de oficinas que aportaban las candidatas, las firmas de formación se pusieron a la cabeza de la clasificación provisional. Una de ellas era Consultora San Román.

El SEPE sospechó entonces que estas empresas habían hinchado artificialmente su red de oficinas, aprovechando que el concurso sólo les exigía presentar una declaración responsable de que contaban con un determinado número de locales, pero no necesitaban acreditarlo documentalmente. De hecho, muchas de ellas “apalabraron” acuerdos con academias de idiomas, autoescuelas, asociaciones profesionales, organizaciones de agricultores y hosteleros para construir esa red de centros. Unas lo hicieron enviándoles correos electrónicos en los que les invitaban a “colaborar con los servicios públicos de empleo” y conseguir así una “fuente alternativa de ingresos”. Otras incluso utilizaron operadores telefónicos.

Por eso el SEPE exigió enseguida a estas firmas de formación los documentos que probaban la existencia real de esos locales. Una vez efectuada la criba, la clasificación provisional dio un vuelco y las grandes ETT pasaron a liderar el concurso: Manpower, Adecco y Eulen, junto a Telefónica, la Fundación Once y la Asociación Salesiana.

Pero las empresas de formación no se dieron por vencidas y presentaron hasta una treintena de recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Éste les dio la razón y suspendió el concurso. La lista definitiva, decidida en mayo de 2015, devolvía los contratos a buena parte de las pequeñas empresas de formación excluidas en un primer momento.

Prorrogados hasta 2018

El año pasado el SEPE prorrogó hasta 2018 no sólo este primer contrato para los parados el Plan Prepara sino también el que suscribió más adelante con las cuatro grandes ETT. Y lo hizo antes de haber completado la evaluación de su eficacia a que le obligaba el acuerdo marco que sirvió para contratarlas.

No obstante, el Ministerio de Empleo elogia el trabajo de las agencias de colocación, que encontraron trabajo a 8.051 personas de las 81.635 que atendieron en 2014 y 2015. Como esas cifras superan el índice de inserción de los servicios públicos de empleo, el ministerio lo considera un éxito. El recurso a las agencias privadas es una de las principales apuestas del departamento de Fátima Báñez. Pero ha tenido que superar múltiples problemas antes de ponerse en marcha, según las propias agencias por culpa de la mala redacción de los pliegos de condiciones de los contratos. Los recursos que suspendieron el primer concurso obligaron a rehacer hasta cuatro veces la lista de adjudicatarios, retrasando dos años la resolución definitiva, y forzaron al SEPE a utilizar el procedimiento negociado y sin publicidad para la siguiente convocatoria.

Después, cuando comenzaron a funcionar, las agencias de colocación se encontraron con que las listas de desempleados que les enviaba el SEPE estaban plagadas de errores. Así, por ejemplo, tuvieron grandes dificultades para localizar a algunos de los parados a los que debían atender. Los listados estaban tan poco actualizados que incluían a trabajadores ya jubilados y hasta fallecidos.

Pero no es sólo San Román sobre la que se han multiplicado las denuncias. También la Fundación Sócrates, adjudicataria del concurso convocado por la Junta de Castilla y León, fue denunciada por atender a los desempleados en gasolineras, a falta de mejores oficinas. Al tiempo, sus trabajadores en Andalucía, todos ellos profesionales del programa Andalucía Orienta, denunciaban en julio de 2015 que llevaban seis meses sin cobrar.

http://www.infolibre.es/noticias/economia/2017/04/06/cifuentes_concede_millones_subvenciones_san_roman_cuya_agencia_colocacion_fantasma_fue_clausurada_castilla_mancha_63481_1011.html

A DIFERENCIA DE SUSANA DÍAZ, CIFUENTES NO PUBLICA LA RENTA DE SU MARIDO

La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que su pareja, -arquitecto desde 1977, empresario y afortunado para las concesiones públicas-, es ‘mileurista’

En julio de 2015, Cristina Cifuentes anunció a bombo y platillo que publicaría en la web institucional las retribuciones, la declaración de la renta y la declaración de bienes de todos los miembros del Consejo de Gobierno. La presidenta de la Comunidad de Madrid cumplió su palabra, publicando en el Portal de Transparencia su declaración de bienes patrimoniales (valorados en 26.392 euros) y rentas (percibe por el desempeño de su cargo 107.316 euros brutos anuales).

El marido ‘mileurista’ de Cifuentes

Pero a diferencia de Susana Díaz, la presidenta de la Comunidad de Madrid todavía no ha hecho pública la renta de su marido, Javier Aguilar Viyuela, arquitecto desde 1977, empresario y afortunado para las concesiones públicas.

De este modo, aún no se ha podido comprobar si tal y como afirmó Cristina Cifuentes en una entrevista concedida a La Sexta, el salario de su marido “ronda los 1.000 euros”.

Susana Díaz si informa de la renta de su marido

A diferencia de Cifuentes, la presidenta de la Junta de Andalucía sí que ha hecho pública la declaración de rentas tanto de ella como de su marido, José María Moriche. Algo que Díaz hizo nada más tomar posesión de su cargo.

"Quiero que los andaluces tengan la tranquilidad de saber qué entra en casa de su presidenta", dijo entonces la presidenta de Andalucía.

Así, la ciudadanía pudo comprobar que en 20014, el matrimonio formado por Díaz y Moriche ingresó un total de 78.125,6 euros. De ellos 59.348,15 euros corresponden a ella; 18.719,4, él. Siempre como ingresos netos, no brutos. Hacienda tuvo que devolver a la presidenta 1.397,44 euros, mientras que su marido recibió 1.028,11 euros.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/25/diferencia-de-susana-diaz-cifuentes-no-publica-la-renta-de-su-marido

LA UCO INTERROGA A FUNCIONARIOS QUE JUNTO CON CIFUENTES DIERON UN CONTRATO AL EXJEFE DE LA PATRONAL MADRILEÑA

La Guardia Civil investiga la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid en 2011 tras la valoración efectuada por un comité al que pertenecía la hoy presidenta de Madrid

Arturo Fernández, beneficiario de aquella concesión y donante de la fundación utilizada por el PP en la etapa de Aguirre para abonar gastos electorales, ya ha declarado como investigado ante el juez de Púnica

La investigación sobre la presunta financiación del PP madrileño en el marco de la Operación Púnica ha colocado bajo la lupa a los funcionarios que, en 2011 y junto con la hoy presidenta del Ejecutivo regional, Cristina Cifuentes, integraban el "comité de expertos" cuya valoración de ofertas inclinó la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid en favor del entonces jefe de la patronal autonómica, Arturo Fernández.

Donante de la fundación Fundescam, a través de la cual el PP captó fondos para las campañas de Esperanza Aguirre desde 2003, el año del tamayazo, y adjudicatario de múltiples contratos de la Comunidad de Madrid, Arturo Fernández ya declaró en calidad de investigado hace dos semanas ante el juez del caso Púnica, Eloy Velasco,

Fuentes conocedoras de lo sucedido han confirmado a infoLibre que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha interrogado al menos a uno de los tres empleados de la Cámara autonómica relacionados con aquella decisión, aunque otras fuentes indican que ya han declarado los tres: la jefa de servicio M.M. y el técnico asesor A.Z., que formaban parte del comité, y la letrada T.R. De momento, no consta que el instructor de Púnica, Eloy Velasco, les haya citado a comparecer o haya decidido hacerlo, aunque algunas fuentes conocedoras del caso indican lo contrario.

A través de los portavoces oficiales de la Asamblea de Madrid, este diario ofreció el martes a los tres empleados públicos aportar su versión de los hechos. Ninguno de ellos accedió.

Bajo el argumento de que la causa permanece bajo secreto de sumario, la Cámara autonómica declinó asimismo corroborar si ha puesto a disposición de alguno de ellos o de los tres los servicios jurídicos de la institución.

El equipo de Cristina Cifuentes también rehusó cualquier pronunciamiento, aunque sus portavoces siempre han remarcado que la jefa del Gobierno madrileño pertenecía a aquel comité de expertos de 2011 por su condición de vicepresidenta de la Asamblea. Y que se guió por el criterio de los técnicos.

La participación de Cifuentes en ese comité trascendió el 28 de septiembre de 2016. Dos medios digitales –elconfidencial.com e informacionsensible.com, este último vinculado al célebre comisario José Manuel Villarejo– publicaron ese día el acta del comité de expertos que, el 21 de junio de 2011, otorgó a la empresa de Arturo Fernández la puntuación más elevada en el concurso para la concesión de la cafetería y el comedor de la Asamblea de Madrid.

Dos concursos en competición y el tercero, en solitario

El pliego de condiciones de aquella licitación establecía cinco criterios como "base para la adjudicación". Uno de ellos –el precio ofertado– era de "valoración automática". Los otros cuatro implicaban un "juicio de valor".

Uno de esos cuatro criterios, el número 3, era el de las referencias de trabajos efectuados de forma satisfactoria en los tres años previos cuya certificación pudiera aportar cada aspirante. La puntuación máxima asignable era de 30 puntos. Uno de los tres licitadores, el grupo Clece, obtuvo en ese apartado la nota más alta: 28,5 puntos, 3,5 más que Cantoblanco Colectividades, la empresa de Arturo Fernández que resultó finalmente adjudicataria.

Otro de los criterios subjetivos, el número 2, medía la "calidad de los alimentos y de los suministradores", valorado con hasta 20 puntos. Ahí, Clece, la empresa que había logrado la máxima puntuación en lo relativo a trabajos previos desarrollados con éxito, cosechó un 0. La misma nota recibió en el apartado relativo a mejoras adicionales ofrecidas. infoLibre preguntó este miércoles a los portavoces de Clece qué factor podría explicar la enorme discrepancia de notas parciales. La empresa, que en 2009 ya había quedado por detrás del ganador Cantoblanco Colectividades en el concurso convocado aquel año para adjudicar igualmente la cafetería y el comedor de la Asamblea de Madrid, no dio respuesta.

A la licitación lanzada en 2013 por la Cámara Autonómica con el mismo objetivo –adjudicar por un año la gestión de la cafetería y el comedor– solo optó ya Arturo Fernández. Pero esta vez lo hizo a través de otra de sus empresas, Grupo Cantoblanco Restauración, que se alzó con el contrato en julio de aquel año.

El 14 de diciembre de 2012, la Asamblea de Madrid había recibido de la Seguridad Social una orden de embargo por 400.000 euros contra la facturación de la mercantil de Fernández que entonces todavía gestionaba el servicio de restauración de la Cámara, Grupo Cantoblanco Colectividades SL. Poco después de que la Guardia Civil requiriese a la Asamblea de Madrid los contratos otorgados a empresas del exjefe de la patronal CEIM, Fernández aseguró a este diario que había saldado aquella deuda con la Seguridad Social y que, por tanto, cumplía los requisitos exigidos para obtener adjudicaciones públicas.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/23/la_uco_interroga_funcionarios_que_junto_con_cifuentes_dieron_contrato_exjefe_patronal_madrilena_62843_1012.html

ENCIERRO EN EL HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL CONTRA EL RECORTE DE CIFUENTES PARA ESTE AÑO

"9,2 millones de euros menos en gasto de personal que afectará la calidad asistencial”

Los trabajadores del Hospital Ramón y Cajal realizan este miércoles una concentración, a las 12 del mediodía, para protestar contra el recorte “de 9,2 millones de euros” en el gasto de personal para este centro previsto en el Proyecto de Presupuesto para la Sanidad Pública para 2017, del Gobierno de Cristina Cifuentes.

Encierro, mañana y tarde
Los trabajadores realizan, además, un encierro en el hospital, desde las 10:30 hasta las 19 horas. La iniciativa está convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Área 4, que integran asociaciones vecinales y trabajadores del centro médico.

La plataforma considera que el recorte “de 9,2 millones de euros” en el gasto de personal provocará “un descenso de la calidad asistencial”, y un paso más en “la destrucción de los recursos del hospital” y “el desmantelamiento de la sanidad pública”.

Políticos en la concentración

En la concentración participan, además de miembros de la Plataforma en Defensa de la Sanidad, el diputado socialista en la Asamblea de Madrid José Ángel Gómez Chamorro; la diputada regional por Podemos Mónica García; las concejalas de Ahora Madrid Marta Gómez Lahoz y Yolanda Rodríguez; también el actor Alberto San Juan.

Camas vacías, cierre de áreas...
El Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad (MATS) ha denunciado, en ELPLURAL.COM, los problemas que han provocado los recortes en los hospitales públicos madrileños y, en particular, en el Ramón y Cajal.

Según los datos de MATS, en el hospital hay más de 100 camas que no se utilizan, a pesar de la larga lista de espera. De tres unidades de UVI post quirúrgicas, de Cirugía general, Cardiología y Neurología que había, ahora sólo hay una, con seis camas menos, con “la consecuencia de que el número de personal es menor y menos especializado”, según explicaba a ELPLURAL.COM el representante de MATS en este centro.

"Salvemos el Ramón y Cajal", el lema en la concentración de este mediodía

"Cruzar todo el hospital con pacientes recién operados"
“Las unidades post quirúrgicas estaban antes junto a los quirófanos, pero ahora hay que atravesar en algunos casos todo el hospital con los pacientes recién operados, hasta llegar a la sala de recuperación y bajar en ascensores. Es el caso de Neurocirugía, que está en la sexta planta, mientras la UVI de recuperación, en la primera, por lo que hay que atravesar el hospital entero, con el riesgo de que el paciente, recién intervenido, pueda coger alguna infección”, explicaba este representante de MATS, que fijaba en 482 el número de puestos de trabajo

http://www.elplural.com/politica/2017/03/21/encierro-en-el-hospital-ramon-y-cajal-contra-el-recorte-de-cifuentes-para-este

 

 

EL GOBIERNO DE CIFUENTES TOMA EL CONTROL DEL NUEVO PP DE MADRID

La nueva Presidenta del partido en Madrid ha colocado a Ángel Garrido como nuevo Secretario General y a Jaime González Taboada como Coordinador General, un cargo que no existía hasta ahora

El PP de Madrid estrena una nueva etapa, “se abre un antes y un después”, según ha repetido en varias ocasiones Cristina Cifuentes, durante su discurso en el decimosexto Congreso Regional del PP madrileño. Se entierra la anterior etapa, la de Esperanza Aguirre, una etapa donde ha habido “errores”, según reconocía la nueva Presidenta del partido en Madrid. Como por ejemplo, “algunos casos de corrupción”, casos que según Cristina Cifuentes, “hicieron cundir el desánimo entre nuestra militancia y generaron alarma social entre los ciudadanos”. Su empeño, ahora como Presidenta del PP en Madrid es “recuperar a todos esos afiliados que se han quedado por el camino”.

Superado el pasado, el PP en Madrid inicia esta nueva etapa con la intención de hacer borrón y cuenta nueva. Con Cifuentes al frente del partido aspira a “transformar Madrid” y de paso a dejar también un “partido renovado”. Para lograrlo, vertebra su proyecto en varios ejes: “Un partido comprometido con la democracia, un partido beligerante con la corrupción, y un partido abierto, sin exclusiones y sin excluidos”.

La nueva ejecutiva

Con la vista puesta en el futuro, Cristina Cifuentes ha diseñado un nuevo equipo en el que su Gobierno toma el control del nuevo PP de Madrid. Cifuentes ha apostado por gente de su máxima confianza. El nuevo Secretario General del PP de Madrid será Ángel Garrido, actual Consejero de Presidencia y portavoz del ejecutivo madrileño. La nueva Presidenta también ha decidido importar el modelo de Mariano Rajoy, y ha creado la figura de Coordinador General, un cargo que ocupará el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada – aunque hay una diferencia evidente respecto al modelo naciona, Fernando Martínez Maillo no está en el Gobierno-.

En la lista de los nuevos 22 vocales, Cifuentes también ha recuperado a varios diputados como Isabel González, alcaldesas como Nieves Roses, y también exdiputados como Enrique Núñez, actual director de Seguridad de la Comunidad de Madrid.

Integración

Pero la sorpresa ha saltado en los cuatro vocales designado y nombrados directamente por Cristina Cifuentes. Entre ellos, está Íñigo Henríquez de Luna, número dos de Aguirre, que ha amagado hasta el final con presentarse a las primarias del PP de Madrid. También figuran, Ángeles Pedraza, expresidenta de la AVT, Luis Partida y Juan Van-Halen.

Según Cifuentes, es un equipo “integrado e integrador”, un equipo donde “no hay guerras de familias, ni luchas internas por el poder”, y donde según la nueva Presidenta, “no caben los personalismos”.

Este 16 Congreso del PP de Madrid ha confirmado que la etapa de Esperanza Aguirre ya es historia, ha llegado a su fin. Ahora está por ver qué ocurrirá con su futuro político. De momento, Cifuentes ha vuelto a repetir que entre sus prioridades está “recuperar las alcaldías perdidas”, entre ellas, Madrid, “para que los ciudadanos no tengan que sufrir las políticas disparatadas de Podemos”.

¿Quién asumirá ese reto? La respuesta sigue siendo una incógnita, de momento, Esperanza Aguirre ha guardado un escrupuloso silencio, no ha querido atender a la prensa, “porque ella hoy no es la protagonista”, según ha justificado su equipo.

http://cadenaser.com/m/emisora/2017/03/18/radio_madrid/1489849770_676290.html

EL 'HOMBRE FUERTE DE CIFUENTES', DE 'COMIDA' EN UN BAR FRANQUISTA

Jaime González Taboada publicó un mensaje en Twitter desde ‘El Mirador de Pelayos’, el establecimiento decorado con bustos y retratos de Franco

Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, visitó el municipio de Pelayos de la Presa el 10 de octubre de 2013. Así lo compartió en Twitter el ‘hombre fuerte de Cifuentes’: “Visitando Pelayos de la Presa. Reunión con vecinos, comida rápida y a seguir la jornada”, afirmó el que está llamado a ocupar puestos de enorme responsabilidad en el nuevo PP madrileño.

Un mensaje que Taboada, por aquel entonces director general de Cooperación con la Administración Local de la Comunidad de Madrid, acompañó de una instantánea. En la imagen aparecía una piscina, rodeada de vegetación y en la que se podía observar el paisaje de montaña característico de esta localidad madrileña.

Desde el bar franquista

Aunque hasta ahora ha pasado desapercibido, el lugar exacto en el que esta fotografía fue tomada no es otro que a las puertas de ‘El Mirador de Pelayos’, el polémico establecimiento en el que pese a que se rinde tributo a la figura del dictador Francisco Franco, el Partido Popular de esta localidad madrileña conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Se trata de un establecimiento en el que cuelgan hasta siete imágenes de Francisco Franco y abundan numerosos bustos del dictador, cuadros religiosos y banderas preconstitucionales. Por haber, incluso hay un maniquí vestido de Policía Nacional. Una estética que ha situado a este establecimiento entre uno de los más destacados de los bares franquistas que aún perduran en España.

El silencio del PP

ELPLURAL.COM se puso en contacto la semana pasada con el Partido Popular de Madrid para obtener explicaciones sobre la elección por parte del Gobierno de Pelayos de la Presa de un bar franquista con el objetivo de celebrar una fiesta tan emblemática como el 8 de marzo. El PP prefirió guardar silencio sobre el sitio desde el que ahora se desvela que el mismísimo consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid escribió en su red social tras parar su jornada laboral para realizar “una comida rápida”.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/18/el-hombre-fuerte-de-cifuentes-de-comida-en-un-bar-franquista

CIFUENTES INSISTE EN QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE PIDE LA UCO ES DE GOBIERNOS ANTERIORES Y SE DESLIGA DE FUNDESCAM

Podemos critica que "no hubo tal etapa" del pasado de la que habla porque son "los mismos" en el PP de Madrid

La presidenta regional niega que interviniera en ninguna actividad en su etapa como vocal de la fundación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, insistió este jueves en que la documentación que la Unidad Central Operativa (UCO) está solicitando al Ejecutivo autonómico en el marco de la operación Púnica se refiere a actuaciones de gobiernos anteriores; y se ha desligado de los contratos que la Asamblea de Madrid adjudicó al empresario Arturo Fernández y de Fundescam, dos cuestiones que está investigando el juez Eloy Velasco, informa Europa Press.

"Estamos colaborando plenamente con la justicia remitiéndoles cuanta documentación están solicitando, toda ella de gobiernos anteriores", afirmó Cifuentes en el pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha asegurado que en su Gobierno no hay "ni un solo caso de corrupción".

Sin embargo, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, respondió a Cifuentes asegurando que "no hubo tal etapa" del pasado de la que habla porque son "los mismos".

"Ustedes, los de entonces, siguen siendo los mismos. Formaba parte del equipo de Esperanza Aguirre, era vocal de Fundescam y participó en la adjudicación de los servicios de cafetería", reprochó Ruiz-Huerta, quien ha dicho a Cifuentes que "no es muy leal negar los orígenes" y ella tiene una "larga historia" ligada al PP.

Por su parte, Cifuentes aseguró que ni ha elaborado, ni adjudicado el pliego de condiciones de los contratos del servicio de cafetería que la Asamblea adjudicó al expresidente de CEIM, Arturo Fernández, y que está investigando la justicia.

"Ni elaboré los pliegos de condiciones, ni los adjudiqué. Cosa diferente es que me tocara presidir, por delegación la mesa de contratación", continuó Cifuentes, quien precisó que en esa mesa estaban sentados técnicos y representantes de todos los partidos políticos. Explicó que la mesa tomaba las decisiones en base a informes técnicos y por unanimidad, y la que adjudicaba era la Mesa de la Asamblea, también por unanimidad.

En cuanto a Fundescam, fundación también investigada por el juez Velasco de la que ella fue vocal, indicó que aceptó el cargo de vocal "como tantos otros", pero añadió que no intervino en "ninguna actividad y mucho menos en decisiones económicas que corresponden exclusivamente a los apoderados".

En su intervención, Lorena Ruiz-Huerta felicitó a Cifuentes por su victoria en las primarias del PP de Madrid, pero añadió que en el PP cuando las mujeres alcanzan la cima "no miran nada, no saben nada y no tienen curiosidad de saber de dónde sale nada".

"Sus frases preferidas son: 'no sé', 'no me consta'", afeó la portavoz de la formación morada, quien afirmó que en Podemos están "hartos de mordidas, comisiones y adjudicaciones a dedo". "Indignados de que lleven años costeando campañas con dinero negro", añadió.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/16/cifuentes_insiste_que_documentacion_que_pide_uco_gobiernos_anteriores_desliga_fundescam_62605_1012.html

EL JUEZ DE 'PÚNICA' PREGUNTA POR CIFUENTES A UN EMPRESARIO QUE HIZO DONACIONES A UNA FUNDACIÓN DEL PP

Eloy Velasco interroga al expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández por el dinero que trasvasó a Fundescam antes de las autonómicas de 2007 y el contrato que logró para gestionar el bar de la Asamblea regional

También han declarado como imputados el exconsejero de Industria de Esperanza Aguirre José Ignacio Echeverría y el ex gerente del Partido Popular madrileño Beltrán Gutiérrez

Las investigaciones que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco mantiene abiertas sobre la financiación del PP madrileño en el contexto de la Operación Púnica han dado hoy un salto cualitativo. Ante Velasco han declarado como imputados dos antiguos altos cargos del PP madrileño -José Ignacio Echevarría, exconsejero con Esperanza Aguirre y expresidente de la Asamblea regional, y Beltrán Gutiérrez, gerente regional del partido en la etapa de Aguirre-, así como el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández. El juez ha preguntado al empresario por sus relaciones con la expresidenta Esperanza Aguirre, a la que le une una larga amistad, pero también con la actual jefa del Ejecutivo autonómico, Cristina Cifuentes.

El interrogatorio a Fernández ha hecho que trascienda un dato que hasta ahora había pasado inadvertido: que la actual jefa del Ejecutivo regional fue vocal de la fundación Fundescam, que centra el foco de las investigaciones y cuyo papel en la presunta financiación ilegal del PP madrileño en las campañas de 2003 y 2004 ya fue destapado en 2009 p0r una investigación periodística del diario Público. El magistrado ha preguntado al exdirigente patronal madrileño por los al menos 60.000 euros que donó a Fundescam en 2007 poco antes de las elecciones autonómicas a través de la Fundación Arturo Fernández. Y por el contrato que ese mismo año obtuvo de la Asamblea de Madrid para gestionar el bar de la Cámara, donde Cifuentes ostentaba entonces el cargo de de vicepresidenta.

Fuentes cercanas a la presidenta regional han enfatizado que la pertenencia de Cifuentes a la junta directiva de Fundescam era obligada dado que formaba parte del comité de dirección del partido en Madrid pero que "jamás tuvo acceso ni a los informes ni a las cuentas de esa fundación". Sobre el contrato adjudicado a una de las empresas de Arturo Fernández para la gestión del bar de la Asamblea, las mismas fuentes han recalcado que las decisiones adoptadas por la mesa de contratación que Cifuentes presidía por delegación de la presidencia de la Cámara eran siempre "colegiadas".

Hasta ahora se sabía que Fernández había sido uno de los grandes donantes de la fundación de cabecera del PP madrileño, Fundescam, en las elecciones que en 2003, el año del tamayazo, auparon a Esperanza Aguirre a la presidencia de Madrid. Los manejos de esa fundación ya afloraron en el sumario del caso Gürtel pero Anticorrupción consideró que los presumibles delitos habían prescrito. Ahora, el hallazgo de nuevos documentos durante los registros de la Operación Púnica la han traído de nuevo al primer plano.

El juez que instruye la causa no ha decretado medidas cautelares para ninguno de los tres investigados. El magistrado ha interrogado a los imputados después de que ordenara el pasado martes el registro de empresas e incluso realizara "requerimientos inmediatos y mediatos" a departamentos de la Comunidad de Madrid, como es el caso de las Consejerías de Industria y Sanidad.

Según las mismas fuentes, los requerimientos inmediatos se realizan bajo la posibilidad de que se efectúe un registro para obtener la documentación requerida. El diario El Independiente.com, ha asegurado que el juez Velasco busca información sobre los hospitales promovidos por el Gobierno de Esperanza Aguirre.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/09/el_juez_punica_pregunta_por_cifuentes_empresario_que_hizo_donaciones_una_fundacion_del_pp_62226_1012.html

CRISTINA CIFUENTES APOYA AL ALCALDE DE ALCORCÓN “PORQUE ERES UN BUEN ALCALDE Y TE ESTÁS DEJANDO LA PIEL”

La presidenta regional, Cristina Cifuentes y el alcalde de Alcorcón, David Pérez, en un acto de campaña en el centro de mayores Adolfo Suárez del municipio

La presidenta regional, Cristina Cifuentes y el alcalde de Alcorcón, David Pérez, en un acto de campaña en el centro de mayores Adolfo Suárez del municipio / Twitter Cristina Cifuentes

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a presidir el PP en la región, Cristina Cifuentes, estuvo este domingo en Alcorcón en un acto de campaña, en el Centro de mayores Adolfo Suárez, donde la presidenta regional estuvo acompañada de los dirigentes y militantes de Alcorcón, Móstoles y Leganés. Durante el acto, Cristina Cifuentes apoyó al alcalde del municipio, David Pérez.

Señaló que Alcorcón apoya a David Pérez y el PP de Madrid también porque "eres un buen alcalde y te estás dejando la piel". Aseguró Cifuentes "hay un partido unido que gobierna para los ciudadanos en Alcorcón que son los que han votado a David Pérez". Sobre el PP de Alcorcón también aseguró que "es un gran partido que sabe cómo afrontar las adversidades".

Durante el acto, Cifuentes animó a que cada cual "vote a quien crea" por primera vez en el PP y ha reivindicado además la importancia de que "por primera vez en la historia del PP de Madrid" haya unas elecciones abiertas.

En su discurso ante los militantes, la presidenta regional ha explicado que quiere hacer el PP de Madrid "la gran referencia del centro político", con medidas que permiten crean empleo y crecer al 3,4 % "sin renunciar a bajar impuestos en un futuro".

"Tenemos que ser un partido moderado, integrador y tolerante", ha reivindicado la presidenta regional ante centenares de afiliados, a quienes les ha dicho que el sur "ya no quiere ser el cinturón rojo" y les ha pedido su confianza para "construir un PP de Madrid centrado, de todos y para todos" y que permita "seguir creciendo".

http://cadenaser.com/emisora/2017/03/06/ser_madrid_oeste/1488783352_912831.html

CRISTINA CIFUENTES SERÁ LA PRÓXIMA PRESIDENTA DEL PP DE MADRID

Cifuentes ha cosechado 6.944 votos de los 10.888 afiliados inscritos en los comicios, frente a los 1.095 obtenidos por Asúa, han informado fuentes del PP de Madrid. La participación en la consulta ha sido del 74,8%, al haber votado 8.166 de los inscritos

http://www.diariodenavarra.es/noticias/actualidad/nacional/2017/03/13/cristina_cifuentes_sera_presidenta_del_madrileno_521488_1031.html

SÓLO EL 11,5% DE LOS AFILIADOS DEL PP SE INSCRIBEN PARA LAS PRIMARIAS

De los cerca de 95.000 afiliados, tan sólo 11.088 han formalizado su inscripción para elegir al presidente del partido en Madrid

Sólo el 11,5% de de los casi 95.000 afiliados del PP de Madrid ha decidido inscribirse en el "acontecimiento histórico", como lo definió la Gestora, de elegir al próximo presidente del PP de Madrid. La Gestora, que hasta hace unas semanas presidía la presidenta regional, Cristina Cifuentes, acordó dar la voz a los militantes, que fuesen ellos, los que, tras regularizar su situación en el partido mediante el pago de la cuotas atrasadas, pudiesen participar en el proceso.

El PP de Madrid ha informado de que se han inscrito 11.088 militantes. Del total, 3.748 pertenecen a los 21 distritos de Madrid y 7.340 a los municipios de la región. "Hay que señalar que estos datos son provisionales, hasta que se proceda a su revisión final por parte de la Comisión Organizadora del Congreso (COC). Además, se abre un plazo de 24 horas para presentar reclamaciones y la Comisión deberá resolverlas en un plazo no superior a 48 horas", precisan.

La Gestora llegó a asegurar que la cifra de afiliados había aumentado en casi 10.000 personas desde que Cifuentes llegó a la Presidencia de la Comunidad.

http://www.elmundo.es/madrid/2017/02/27/58b4ac13468aeb5b7d8b45ca.html

SOLO EL 11% DE LOS AFILIADOS DEL PP DE MADRID ELEGIRÁN A SU NUEVO PRESIDENTE

De los 94.000 militantes censados, solo 11.088 se han inscrito para participar en las primarias organizadas por el Partido Popular en Madrid. Para Cristina Cifuentes esa participación supone un "record histórico"

Ellas y ellos serán quienes elegirán a su nuevo Presidente o Presidenta del PP de Madrid. Es la primera vez que los militantes decidirán a través de primarias quien liderará su partido durante los próximos años. El censo oficial es de 94.000 afiliados. Pero, solo 11.088 se han inscrito para poder participar en la votación del Congreso Regional – solo pueden participar en la elección directa de los candidatos, pero no en el debate de las ponencias y sus enmiendas-. Es decir, solo el 11’7% de los afiliados del PP de Madrid podrán elegir por primera vez a su presidente mediante el sistema ‘un militante, un voto’.

http://cadenaser.com/emisora/2017/02/28/radio_madrid/1488302239_044395.html

EL PLAN DE SÁNCHEZ MARTOS SÓLO CONSIGUE REDUCIR LA LISTA DE ESPERA EN 53 PERSONAS

El Plan Integral de Listas de Espera, que puso en marcha el consejero Jesús Sánchez Martos, no está funcionando. Si comparamos enero de 2016 con el de 2017, la espera media ha aumentado de 43 a 53 días, también el número de pacientes que se ven obligados a aguardar más de 180 días

El Plan de Sánchez Martos sólo consigue reducir la lista de espera en 53 personas
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Ha descendido el número de pacientes que rechazan la derivación, pero ha aumentado en casi 30 días más lo que tienen que esperar. Una media de 161 días. Respecto a la lista de espera diagnóstica, la situación tampoco mejora hay más de 245 mil pacientes esperando a que le realicen una prueba y 84 mil de ellos llevan así más de tres meses.

La consejería presupuestó el pasado año 80 millones de euros para rebajar la lista de espera entre 2016 y 2020. Hace dos semanas Sánchez Martos comparecía en la Asamblea, a petición propia, para hacer balance del primer año del Plan Integral con la contabilidad a 31 de diciembre. Le salían 516 personas menos en espera, con los datos de enero son sólo 53 pacientes menos.

Aunque los datos no daban para triunfalismos, todavía se oscurecieron más con el análisis realizado por Daniel Álvarez Cabo, el portavoz de Ciudadanos que aseguró que: "Estamos muy preocupados porque si descontamos los cinco hospitales concesionados, la lista de espera en los centros de gestión directa del Servicio Madrileño de Salud ha crecido en 1.600 pacientes."

http://cadenaser.com/emisora/2017/02/20/radio_madrid/1487607416_399332.html

CIFUENTES COLOCA COMO ALTO CARGO AL ‘BISOÑO’ HIJO DE SU NÚMERO DOS DE COMUNICACIÓN

Justifica el 'fichaje' de 93.855 euros porque es “un crack con idiomas”; en la Comunidad se quejan de su “inexperiencia”

El Gobierno de Cristina Cifuentes ha fichado como director general de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado, con un salario de 93.855 euros, a Ignacio Javier García Gimeno, hijo del número dos de Comunicación, Jesús García, y sin “una experiencia profesional que avale el nombramiento”, según aseguran fuentes fidedignas de la Comunidad a ELPLURAL.COM.

La inexperiencia de Ignacio Javier García Gimeno, que tiene 28 años, ha provocado “malestar” en el Departamento que dirige por “su inexperiencia”, según aseguran las mismas fuentes.

El Gobierno de Cifuentes, sin embargo, justifica su fichaje porque “es un crack, que sabe 4 o 5 idiomas”. “Es un cargo de libre designación y se elige a los mejores”, dicen fuentes autorizadas de la Comunidad, que han confirmado que Ignacio Javier García Gimeno es hijo del número dos de Comunicación.

"Ficha biográfica", en blanco

La Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado depende de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno regional. De García Gimeno, a su vez, dependen la Subdirección General de Asuntos Europeos y Acción Exterior y la Subdirección de Fondos Europeos y Política Regional. Estas áreas se ocupan de las acciones de la Comunidad de Madrid en el exterior, la atención al emigrante, Derecho comunitario, el control de los Fondos Europeos y la representación en Bruselas, entre otras unidades.

En la página web de la Comunidad de Madrid, en la que aparece el cargo, el apartado referido a la “ficha biográfica” aparece en blanco. Este diario ha pedido al Gobierno de Cifuentes datos sobre su historial, que se nos han facilitado.

En el apartado laboral, llamativamente corto, aparece que fue “gerente de la Fundación para el conocimiento Madri+d (una entidad pública) desde noviembre de 2015” y que “ha desarrollado su carrera profesional en diversas entidades del ámbito jurídico y de consultoría”, “y en el campo de la consultoría estratégica y la gestión de proyectos”, aunque no se especifica en qué empresas o entidades.

Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, el curriculum menciona que “ha cursado períodos de formación en diversas universidades internacionales” y que tiene dos máster, uno de ellos en Derecho Comunitario Europeo e Internacional. El curriculum está basado fundamentalmente en el apartado de su formación académica, este sí muy extenso, con certificaciones de inglés y francés y “matrícula de honor” en el bachillerato.

La política "no está para servirse de los ciudadanos"

El fichaje de García Gimeno fue anunciado por Cristina Cifuentes el 6 de febrero junto a otros nombramientos, en un acto en sede el Gobierno regional. En su discurso, la presidenta agradeció la implicación de los nombrados en la política, que “pese a sus connotaciones negativas”, es una actividad “noble”.

Cifuentes añadió que su Equipo "da lo mejor" de ellos mismos y trabaja no para servirse "de los ciudadanos" sino para "servir a los ciudadanos".

http://www.elplural.com/politica/2017/02/20/cifuentes-coloca-como-alto-cargo-al-bisono-hijo-de-su-numero-dos-de-comunicacion

CIFUENTES DIMITE COMO PRESIDENTA DE LA GESTORA DEL PP... PERO PARA NO IRSE

La presidenta de Madrid mueve la fecha del Consejo de Gobierno para hacer hueco a la reunión de la Gestora del partido

Cristina Cifuentes ha decidido adelantar la reunión de ‘su Consejo de Ministros’, el Consejo de Gobierno de Madrid, que tiene como fecha oficial de reunión los martes, para hacer hueco a una reunión muy especial de la Gestora del PP de Madrid. Una reunión en la que va a presentar su dimisión para poder ser la candidata a presidir a los populares madrileños en el Congreso que celebrarán el fin de semana del 17 al 19 de marzo.

Irse para quedarse

Esta dimisión viene a confirmar una información que ya adelantamos la semana pasada en ELPLURAL.COM, y que tenía relación con la petición por parte de sus rivales en el partido para que se le impidiera presentarse al cargo por haberse excedido en el tiempo en el que podía permanecer al frente de la gestora, seis meses.

En medios cercanos a Cifuentes se nos aseguró que, pese a que según los estatutos del partido quede “automáticamente excluido para presentarse como candidato en el próximo congreso para ocupar cargos de representación” cualquiera que haya incumplido ese tope de tiempo al frente de la gestora, en este caso no aplicaba ya que lo que había impedido la celebración del congreso regional había sido la paralización del congreso nacional a causa de la sucesión de procesos electorales.

Ni Aguirre ni aguirristas

En estos momentos parece muy asegurada la victoria de Cifuentes en el Congreso e incontestable su control sobre el partido en Madrid, una vez asegurada la no presencia de Aguirre, desde luego por sí misma, pero tampoco por candidato intermediario.

En cuanto al hecho de que haya movido la fecha del Consejo de Gobierno de Madrid por un asunto interno de su partido, en su entorno le restan importancia. “Ha pasado otras veces”, dicen, y al contrario de lo que sucede con el Consejo de Ministros de la nación, que se celebra los viernes incluso si el Presidente del Gobierno está fuera del país en viaje oficial, vienen a decirnos que se celebra en el día de la semana que mejor cuadra a la agenda de la presidenta.

Cifuentes y Chulina

Es cierto que Cifuentes parece adaptar con frecuencia el calendario de su gobierno a su calendario de intereses personal. De hecho, ya lo hizo en su momento para asistir a un acto en Galicia junto a Núñez Feijóo. O por ejemplo, logró que en la Asamblea de Madrid el PP renunciara en una sesión de control a realizarle preguntas para así poder asistir al bautizo de Chulina, una oso panda nacida en el zoo de Madrid.

http://www.elplural.com/politica/2017/02/13/cifuentes-dimite-como-presidenta-de-la-gestora-del-pp-pero-para-no-irse

MADRID GASTÓ 921 MILLONES EN CONCIERTOS CON LA SANIDAD PRIVADA Y SÓLO 32 EN LA PÚBLICA

CCOO denuncia que la inversión en mantenimiento de centros públicos se ha reducido un 77% desde 2002 y que el gasto en conciertos con empresas sanitarias ha crecido en 700 millones, mientras los hospitales públicos se caen a pedazos

No es una exageración afirmar que los hospitales públicos de Madrid se caen a pedazos, y no le falta razón a la presidenta, Cristina Cifuentes, cuando se queja de la herencia legada por Esperanza Aguirre. La inversión en el mantenimiento de la sanidad pública madrileña se ha reducido en un 77% desde 2002. Ha pasado de 164,92 millones a poco más de 32 en 2015, según denuncia CCOO citando datos ejecutados del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

El sindicato recuerda que, en el mismo periodo de tiempo, la inversión en conciertos con el sector de la sanidad privada ha aumentado en casi 700 millones de euros, pasando de 224,96 millones en el año 2002 a 921,25 en 2015. Eso supone una inversión casi nueve veces superior que la destinada a los centros públicos.

La raíz del problema hay que buscarla en el año 2006, señala Manuel Rodríguez, secretario de Política Institucional de CCOO. Fue entonces cuando el Gobierno de Aguirre decidió construir diez nuevos hospitales en la región. En realidad, la mayoría los construyeron empresas sanitarias privadas junto a fondos de capital riesgo y constructoras, financiadas por entidades bancarias. Y también se encargan de su gestión a cambio de una cuota anual, siguiendo diferentes modelos de concesión.

"Esta decisión, unida a los efectos de la crisis y la privatización de los servicios de mantenimiento, ha tenido unos efectos devastadores en la conservación y mantenimiento en el resto de centros sanitarios" de la región, critica CCOO, que pide "de forma urgente" un plan de inversiones para el acondicionamiento que precisan "la inmensa mayoría de los centros hospitalarios" de la Comunidad.

"El Gobierno regional se ha olvidado de la inversión en el mantenimiento de hospitales que tienen más de 50 años. Y también en muchos centros de salud.
En algún caso se han hecho reformas, como en el Hospital Clínico, pero ya hace tanto que está casi obsoleta", apunta Rodríguez. "No hablamos ni de camas ni de personal ni de tecnología. Hablamos de algo tan básico como puertas, ventanas, pintura, electricidad o cañerías", especifica.

Inversión urgente en los presupuestos de 2017
El sindicato estima que sería necesaria una "inversión plurianual" a razón de entre 200 y 250 millones de euros durante un mínimo de tres años para solucionar el mal estado de los centros sanitarios públicos, y exige a Cifuentes que contemple una financiación extraordinaria para los presupuestos regionales de 2017, que debería estar listos este trimestre.

El gasto presupuestado para 2016 en mantenimiento de la sanidad pública fue ligeramente superior al de 2015, algo más de 45 millones de euros. De ellos, 25,6 millones estaban destinados a atención especializada y 20 millones a atención primaria, aunque no se conoce aún la cuantía del gasto ejecutado.

Desde la Consejería de Sanidad remiten a las palabras de la propia Cristina Cifuentes, que la pasada semana reconoció el mal estado de algunos hospitales públicos. La presidenta regional anunció un programa de "actuaciones prioritarias en los centros sanitarios públicos”, aunque no ha concretado cifras ni plazos por el momento.

Al mismo tiempo, la Consejería afirma que el informe de CCOO "mezcla conceptos presupuestarios" de distintas partidas, aunque el sindicato defiende que son datos públicos ya ejecutados que conciernen sólo al mantenimiento de los centros.

http://www.publico.es/sociedad/madrid-gasta-921-millones-conciertos.html

CIFUENTES RETIRA SU ANTEPROYECTO DE 'LEY MORDAZA' POR LA FALTA DE CONSENSO

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ángel Garrido, ha explicado que esta retirada se debe a que en la Asamblea de Madrid hay dos proyectos sobre el mismo tema (otro parecido del PSOE)

La Comunidad de Madrid ha retirado su anteproyecto de ley de igualdad de trato y la protección contra las acciones de incitación al odio, que ha recibido el nombre de 'Ley Mordaza' en aras a llegar a algún acuerdo con el resto de grupos en torno a un texto consensuado.

Así lo ha afirmado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ángel Garrido, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha explicado que retiran el anteproyecto de ley sobre la igualdad de trato y la protección contra las acciones de incitación al odio, la discriminación y la intolerancia en la Comunidad de Madrid como, ha asegurado, va a hacerlo el Grupo Socialista.


Garrido ha explicado que esta retirada se debe a que en la Asamblea de Madrid hay dos proyectos sobre el mismo tema (otro parecido del PSOE) que se están debatiendo al mismo tiempo y ha explicado que intentarán llegar a un acuerdo con el resto de grupos ya que la tramitación simultánea de ambos proyectos "no tiene demasiado sentido".

Críticas de las plataformas civiles

El anteproyecto fue muy criticado por asociaciones civiles y periodísticas, como la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) porque preveía multas de hasta 45.000 euros por mensajes en redes sociales que la Administración regional llegue a considerar que son insultos. La calificaron de "Ley Mordaza de Cifuentes" y "aberración jurídica, de difícil encaje en nuestro ordenamiento legal".

La PDLI consideraba "gravísimo" que un Gobierno "traslade al ámbito administrativo lo que es materia de derecho penal", según señala su director legal, Carlos Sánchez Almeida. Y añade "los problemas que pretende sancionar Cifuentes por vía administrativa están ya regulados en el artículo 510 del Código Penal".

http://www.eldiario.es/madrid/Cifuentes-retira-anteproyecto-mordaza-consenso_0_609989687.html

LA GUERRA INTERNA EN EL PP DE MADRID SE RECRUDECE A DOS MESES DEL CONGRESO REGIONAL

Aguirristas y seguidores de Cifuentes se enzarzan en Twitter en una pugna de acusaciones mutuas de falta de democracia interna y poca honestidad

Las fechas del cónclave regional autonómico, del 17 al 19 de marzo, y donde se designará al nuevo presidente, han provocado un otro conflicto interno

A dos meses de la celebración del Congreso Regional del PP de Madrid la guerra entre las corrientes que forman el partido es pública y notoria. Solo se ha tenido que dar el primer acto en el que han coincidido la presidenta de la Comunidad y de la gestora del PP, Cristina Cifuentes, con Íñigo Henríquez de Luna, mano derecha de Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid, para que la batalla soterrada que mantenían ambas familias del PP madrileño salga a la luz.

La dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta del PP de Madrid en febrero de 2016, debido a los casos de corrupción que rodean a la formación política, llevo a la dirección nacional del partido a nombrar a un gestora con Cristina Cifuentes como presidente. Desde que tomó posesión, Cifuentes ha ido moldeando el partido con sus afines y ha tratado de marcar distancia con la anterior dirección.

Un encuentro mantenido este miércoles en la misma sede de la calle Génova entre Cifuentes y más de 200 vocales vecinos, presidentes de distrito y secretarios generales del Partido Popular, entre los que se encontraba Henríquez de Luna. Una reunión que ha devenido en un enfrentamiento en Twitter con acusaciones de impedir el debate, búsqueda de la promoción personal, falta de democracia interna y de actuar deshonestamente.

Durante el acto Cifuentes aseguró que el proceso para elegir al máximo responsable del partido en Madrid, que culminará en el Congreso convocado para los días 18 y 19 de marzo, será "sin privilegios, ventajas ni favoritismos, en el que todos los militantes son iguales y tienen las mismas oportunidades". El problema ha llegado al terminar su discurso, ya que según Henríquez de Luna "por primera vez en la historia del PP de Madrid, no ha permitido que los presentes plantearan preguntas o intervinieran para defender sus ideas".

Henríquez de Luna quería transmitir ante el resto de los congregados sus quejas por las fechas del Congreso Regional, ya que en su opinión la celebración en el puente por la festividad de San José no va a permitir una competencia real. Según su versión, han subido la música y no le han permitido dar su opinión. "Este intento por acallar otras voces no tiene precedentes, y nunca se había producido en el PP", ha añadido.

Desde el entorno de la presidenta de la gestora del PP se aseguró que Henríquez de Luna pudo hablar todo el tiempo que quiso con los vecinos vocales sin ningún problema. A partir de ahí se inicio una diatriba pública en Twitter entre los miembros de un partido acostumbrado a lavar los trapos sucios en silencio y con una cultura poco proclive a mostrar disidencia alguna.

A las declaraciones de Henríquez de Luna le salieron rápidamente a contestar otros miembros del PP y el consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz de la Comunidad de Madrid y mano derecha de Cifuentes, Ángel Garrido, acusándole de buscar protagonismo.

Mientras, representantes del sector aguirrista como Eva Durán llegaban a meter en esta pugna al presidente del partido, Mariano Rajoy, apelando a su mediación, y otros como Luis Asúa dudaban de que Génova fuera ya la casa de todos.

Las respuestas de los seguidores de Cifuentes se centró en comparar el PP madrileño de ahora con el anterior. La portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid, Isabel Ayuso, calificó de deshonesto el comportamiento de los aguirristas mientras que Luis Miguel Torres, concejal del PP en Alcobendas, lanzaba loas al PP de Cifuentes.

Todo este debate ante la mirada atónita de militantes y la confusión de trabajadores del PP, que ven como en esta ocasión las veleidades internas del partido se airean. La campaña electoral por la presidencia del Partido Popular de Madrid no ha hecho más que empezar. Un proceso de luchas intestinas al que todavía restan dos meses.

http://www.eldiario.es/madrid/PP-Madrid-recrudece-Congreso-Regional_0_605440555.html

EL PP RETIRA PREGUNTAS DEL PLENO PARA QUE CIFUENTES ASISTA AL BAUTIZO DE UN PANDA GIGANTE EN EL ZOO

Era imposible que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, consiguiera asistir al bautizo de una cría de oso panda gigante (Chulina) en el Zoo Aquarium, con el volumen de preguntas de control que se presentaban en el pleno de hoy. Cuestión de falta de tiempo y "de agenda de la presidenta", como indicó el portavoz del grupo popular Enrique Ossorio antes de que se iniciara el pleno. El compromiso era "ineludible", razón por la que "queremos acabar para que pueda acudir", añadió el diputado.

La solución adoptada por el PP fue solicitar ayer la retirada de cinco de las seis preguntas que tenían previstas. Solo se mantuvo una de ellas, que ha formulado el portavoz del grupo popular, Enrique Ossorio, a la presidenta. Se decidió suprimir los puntos que se referían a los datos del paro del año pasado, al plan para 2017 de la Fundación Canal, a las medidas de lucha contra la contaminación, a las mejores de la nueva unidad de cuidados intensivos del Hospital Niño Jesús y a las prioridades de la Consejería de Políticas Sociales para 2017. Fuentes del PP indican que "es reglamentario quitarlas". La sesión plenaria que se ha celebrado este jueves tiene carácter extraordinario y ha incluido la sesión de control y la elección del nuevo director general de Telemadrid.

A la presentación de la cría, que nació el pasado 30 de agosto en el Zoo, han asistido, además de Cifuentes, el consejero de Medio Ambiente, Jaime Taboada y el embajador de China en España, Lyu Fan. El evento ha coincidido con la celebración del Año Nuevo Chino del Gallo y con la semana cultural de Chengdu, lugar de origen de los padres de Chulina (que significa tesoro entre bambú).

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/01/12/madrid/1484230008_040503.html#?ref=rss&format=simple&link=link

LAS NUEVAS GENERACIONES DE CARROMERO: CESES FULMINANTES, GESTORAS Y CARGOS A DEDO

Militantes de Nuevas Generaciones del PP de Madrid denuncian que el polémico asesor de Esperanza Aguirre está laminando a dirigentes elegidos democráticamente para colocar a mandos afines

Ángel Carromero no es el máximo responsable de Nuevas Generaciones (NNGG) en Madrid, pero se comporta como si disfrutara de un poder sin límites. El polémico asesor de Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid lleva meses cesando a los dirigentes de la filial juvenil del PP en la comunidad que cuestionan su liderazgo para promocionar a mandos afines. Por lo pronto, según militantes de base preguntados por El Confidencial, Carromero ya ha conseguido pilotar la designación de los nueve compromisarios que NNGG de Madrid sentará en el Congreso Nacional del PP del próximo mes y también podrá influir en la designación de los representantes de su organización en el congreso regional que debe proclamar a Cristina Cifuentes nueva presidenta del PP madrileño.

Sobre el papel, el liderazgo de NNGG de Madrid recae desde 2013 en Ana Isabel Pérez, que desde mayo de 2015 también ocupa un escaño en la Asamblea autonómica. Pero en la práctica, Carromero, que ostenta el puesto de secretario general, 'número dos' en el organigrama, es quien se encarga de las relaciones con las sedes de NNGG y de imponer disciplina. Solo en el último año, ha provocado la disolución de los comités de los distritos de Chamartín, Ciudad Lineal, San Blas y Moncloa. También ha terminado con las direcciones de Alcalá de Henares y Villaviciosa de Odón.

Militantes de base que piden permanecer en el anonimato por temor a represalias aseguran que acabó con esas direcciones únicamente porque entendía que se habían distanciado y ya no apoyaban sus intereses. Las mismas fuentes también denuncian que, en lugar de celebrar nuevas elecciones en esas sedes supuestamente díscolas, haya optado casi siempre por nombrar gestoras encabezadas por dirigentes de su círculo más cercano.

En Chamartín, por ejemplo, ha nombrado a dedo a un amigo íntimo, Javier Segura, que procede de la Comunidad Valenciana. En Moncloa, colocó tras unas elecciones sin oponentes a la pareja de otro fiel de NNGG, Borja Alcedo, el chico que lo recogió en la cárcel de Segovia cuando logró el tercer grado penitenciario en enero de 2013, tras ser condenado en Cuba por homicidio imprudente de los opositores castristas Oswaldo Payá y Harold Cepero en un accidente de coche. Y su compañero de piso, Álvaro Hernández, se postula como próximo responsable de NNGG en Hortaleza. Sus fieles no sólo consiguen puestos de dirección en el partido. También son recompensados con empleos en administraciones del PP y en el propio partido retribuidos con hasta 60.000 euros al año. El propio Carromero gana al menos 53.000 euros por asesorar a Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid.

Carromero rechaza las acusaciones de los críticos. Asegura que las gestoras se han nombrado para cubrir dimisiones sobrevenidas por motivos laborales o personales. “Todas las gestoras que se han puesto están perfectamente justificadas. Algunos ya no tienen edad para estar en NNGG y otros, simplemente, no tienen tiempo y tienen que dejar el partido. Y las personas elegidas no sólo son de mi confianza. También tienen el apoyo de toda la dirección”, sostiene, en conversación con este diario.

Sus fieles no sólo consiguen puestos de dirección en el partido. También obtienen empleos en administraciones del PP y en el propio partido

Los críticos desmienten esos argumentos y aseguran que ha entrado en una deriva para colocar a sus fieles en sedes clave en un momento decisivo para la formación. En esa escalada de disoluciones y gestoras, Carromero y la presidenta de NNGG Madrid -que ha apoyado los ceses y la imposición de gestoras- podrían ser sancionados por incumplir su reglamento. Los estatutos de NNGG establecen que los ceses de dirigentes elegidos democráticamente -como los que ha relevado- deben ser acordados por mayoría reforzada por el máximo órgano de dirección, el Comité Ejecutivo Regional, y fija que además deben de estar escrupulosamente motivados. Pero Carromero ha preferido proclamar las gestoras en un órgano inferior, el Comité de Dirección, más pequeño y manejable. Ni siquiera existen actas de las supuestas reuniones en las que se decidieron las disoluciones. Además, los perjudicados tampoco tuvieron opción de recurrir los acuerdos, como prevé el reglamento.

Carromero también niega esta acusación. Admite que las decisiones se han adoptado siempre en el Comité de Dirección. “Pero todas las decisiones son luego validadas por el Comité Ejecutivo, exactamente igual que se ha hecho siempre en el partido”, alega. “Es perfectamente legal”. Asimismo, asegura que las actas se facilitan a cualquiera que las pida.

No dicen lo mismo los críticos. Pero no son las únicas irregularidades a las que se enfrenta Carromero, que en 2009 ya estuvo a punto de ser expulsado de la formación tras descubrirse que había cambiado a militantes de distrito para amañar elecciones. La normativa establece que los estatutos y la composición de los órganos directivos deben estar disponibles en la página web de NNGG Madrid. Sin embargo, es imposible encontrarlos. Además, el reglamento fija la obligación de reunir al Comité Ejecutivo Regional de forma regular, como mínimo, cada tres meses. Pero el secretario general ha estado un año sin convocarlo. Las críticas le han forzado finalmente a celebrar uno este lunes. Carromero asegura a El Confidencial que el objetivo de la reunión es precisamente validar la convocatoria de elecciones en todas las sedes dirigidas en estos momentos por gestoras. Niega que no se convoque desde hace un año pero no recuerda cuándo fue la última vez que se celebró.

Con peones en todas las plazas clave, el polémico asesor de Aguirre no ha tenido problemas para pilotar la elección de los nueve compromisarios de NNGG de Madrid que participarán en el Congreso Nacional del PP que se celebrará entre el 10 y 12 febrero en la capital. Por supuesto, Carromero es uno de los nueve elegidos que participará en la convención.

También tendrá en su mano la selección de los compromisarios que asistirán al Congreso del PP Regional de marzo, en el que Cristina Cifuentes no debería tener problemas para convertirse en la nueva presidenta de la formación. Y podrá hacer lo mismo con el congreso de NNGG Madrid que se celebrará previsiblemente este año. Carromero, que tiene 31 años, uno por encima del límite para optar a un cargo en NNGG, no podrá seguir vinculado a la organización, pero ha maniobrado para poder influir en la designación del ganador. Política.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-01-22/las-nuevas-generaciones-de-carromero-ceses-fulminantes-gestoras-y-cargos-a-dedo_1319836/

SALPICADA POR EL 'CASO TEATRO', CIFUENTES ACTIVA EL CORTAFUEGOS DE LOS CESES

La presidenta regional fulmina a dos miembros de su equipo investigados por posible corrupción en Getafe

El juez que instruye el conocido como 'caso Teatro', donde se investigan los posibles amaños de contratos públicos en el Ayuntamiento de Getafe, ha dictado una nueva providencia con novedades en las diligencias. Según ha adelantado ELBERCIAL.COM, el medio que ha alentado la acción judicial con sus denuncias en los juzgados, el juez ha llamado a declarar a nueve personas en calidad de investigados (lo que antes se conocía como imputados).

De la confianza de Soler a la de Cifuentes
Entre los nuevos investigados figuran Inmaculada Lázaro, actual concejal del PP de Getafe, el exconcejal de Obras Jorge Paumard y varios colaboradores más del popular Juan Soler en su etapa como alcalde de la localidad madrileña. Además dos de los investigados formaban parte del equipo de confianza de asesores de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, concretamente Miguel Garzón Andrés y María Begoña Reyero.

Garzón pasó de ser jefe de gabinete de Soler en la alcaldía de Getafe a gerente de la empresa municipal GISA, que aparece en los informes policiales del caso como una sociedad central en los posibles amaños según los testimonios de algunos de los implicados. El exgerente de GISA fue contratado como asesor este mes de enero por la presidenta regional. Mientras, la también Reyero, que trabajó en prensa en el Ayuntamiento de Soler, trabajaba actualmente como periodista en el equipo de comunicación de Cifuentes.

Preguntada esta mañana por la investigación de Garzón la presidenta regional ha asegurado que si se confirmaba la noticia tomaría medidas y aplicaría el código ético del partido. Desde el Gobierno regional aseguran a ELPLURAL.COM que los ceses tanto de Garzón como de Reyero ya se han producido, por lo que la reacción ha sido "inmediata". Aseguran que aunque no entran estrictamente dentro de los criterios internos que obligan al cese en caso de imputaciones, al ser miembros del equipo de confianza de la presidenta se extreman las medidas.

http://www.elplural.com/politica/2017/01/22/salpicada-por-el-caso-teatro-cifuentes-activa-el-cortafuegos-de-los-ceses

CUATRO CONCEJALES DEL PP DE GETAFE CITADOS A DECLARAR EN EL JUZGADO COMO INVESTIGADOS

Fuentes judiciales han señalado a ELBERCIAL.COM que cuatro concejales del Partido Popular en Getafe han sido citados a declarar en el juzgado los próximos días como investigados (antigua imputación)

Los hechos por los que son investigados se refieren a diversos presuntas irregularidades en varios contratos municipales

Fernando Lázaro, exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Getafe, Paz Álvarez, exconcejal de Urbanismo, Antonio José Mesa, exconcejal de Obras y exjefe de Gabinete de Juan Soler durante su etapa como alcalde de la ciudad de Getafe y Pablo Martínez, exconcejal de Cultura, todos en la actualidad concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Getafe en la oposición, han sido citados a declarar en calidad de investigados (la nueva figura por la que se conoce procesalmente a los imputados) en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Getafe, en relación a los hechos que instruye el Juzgado sobre presuntas irregularidades en, al menos, seis contratos municipales llevados a cabo durante el Gobierno del Partido Popular, con Juan Soler Espiauba-Gallo a la cabeza.

Junto a ellos, según las mismas fuentes, han sido llamados a declarar varios investigados entre los que se encuentra un técnico municipal, un antiguo asesor del Gobierno de Juan Soler, así como varios empresarios y profesionales que de forma directa, o indirecta, tuvieron algo que ver con los contratos investigados.

Las primeras declaraciones tendrán lugar el próximo 16 de enero, y se irán desarrollando a lo largo de diferentes días.

Código Ético

El Código Ético del Partido Popular de Madrid señala en su artículo 9º que todas las personas incluidas en el ámbito de aplicación de este Código “se abstendrán de influir en la tramitación o resolución de los procedimientos administrativos, de contratación pública, de subvenciones o cualquier otro que implique el uso de recursos públicos”. Además, en su artículo 5 “causas de renuncia” se recoge que “las personas incluidas en el ámbito de aplicación de este Código renunciarán voluntariamente al cargo o responsabilidad que ostenten en caso de que concurra alguna de las siguientes causas:

1ª.- Ser investigado formalmente por delitos de corrupción o por delitos que por su gravedad causen una especial alarma social, ante cualquier órgano jurisdiccional…”.

A tenor de lo dispuesto en este Código Ético, los cuatro concejales del Partido Popular de Getafe tendrían que renunciar de forma voluntaria a sus cargos y responsabilidades dentro del Partido Popular.

El Caso Teatro de la Calle Madrid

El origen de estas imputaciones y declaraciones en el Juzgado tiene que ver con la querella que el editor de ELBERCIAL.COM , Roberto Carlos Benítez, y el abogado Alberto Ganga interpusieron en el mes de abril de 2015 ante los juzgados de la ciudad, en la cual se narraban una serie de hechos que podían ser constitutivos de de presuntos delitos en la adjudicación de los proyectos de derribo y construcción del proyecto “estrella” del Gobierno de Juan Soler, el conocido como “Centro Europeo de Artes Audiovisuales y Escénicas” y que coloquialmente se conoce como Teatro de la Calle Madrid.

http://www.elbercial.com/2017/01/03/exclusiva-cuatro-concejales-pp-getafe-citados-declarar-juzgado-investigados-imputados/

LA OPOSICIÓN DENUNCIA UNA MANIOBRA DEL PP DE CIFUENTES PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN EN MADRID

La presidenta de la Asamblea pidió, en contra de PSOE, Podemos y C's, un informe a los servicios jurídicos de la Cámara regional para intentar cerrar la Comisión de Investigación donde ha comparecido Granados, entre otros. Los populares justifican la decisión apelando a la "seguridad" de los comparecientes y a la sentencia que tumbó la del Ayuntamiento.

Una maniobra del PP de Cristina Cifuentes para tapar la corrupción de sus antecesores. Así es como ve la oposición, incluidos sus socios de Ciudadanos, la petición de la presidenta de la Asamblea de Madrid para que los servicios jurídicos de la Cámara regional elaboren un informe que ponga en duda la legalidad de la Comisión de Investigación creada en julio de 2015.

Paloma Adrados (PP) ha utilizado su poder como jefa de la institución para, pese a la oposición de PSOE, Podemos y C's, poner a los letrados de la secretaría general a trabajar para analizar si el funcionamiento de dicha Comisión es o no legal. ¿La excusa? La reciente sentencia judicial que anuló la correspondiente investigación que el Ayuntamiento de Madrid pretendía llevar a cabo sobre los gobiernos anteriores de Ana Botella y Alberto Ruíz Gallardón.

Aunque la solicitud acaba de realizarse y en la oposición están a la espera de "ver qué dice el informe" correspondiente, todos temen que la Comisión de la Asamblea termine paralizada, como la del Ayuntamiento. Pero todos también exponen las diferencias entre ambas situaciones.

Aguado (C's): ""El PP está obsesionado con tapar las fosas sépticas de la corrupción que campó a sus anchas en la Comunidad en la época de Esperanza Aguirre e Ignacio González"

Por un lado, explican desde las filas de la oposición, la Justicia paralizó la del Consistorio porque la Comisión no tenía, a su parecer, "un objeto concreto, sino genérico, vedado a este tipo de comisiones no permanente". "Son dos comisiones distintas: en la de la Asamblea se aborda la corrupción organizada y la normativa aplicable es distinta porque el reglamento de la Asamblea tiene rango de ley y, por tanto, aplicamos una ley", señaló el líder del PSOE en la Comunidad, Ángel Gabilondo.

"El Reglamento de la Asamblea nos permite abrir esa Comisión sin ningún tipo de injerencias", argumentó también el líder de C's en Madrid, Ignacio Aguado. "El PP no tiene nada en lo que basarse: en el Ayuntamiento no está regulada la creación de estas comisiones, pero en la Asamblea, sí", incidió el diputado de Podemos Miguel Ongil, que apunta también la posibilidad de que, incluso, la petición de nulidad de la comisión podría haber llegado demasiado tarde en cuanto al calendario reglamentario se refiere.

Sea como sea, el riesgo de no volver a ver a Francisco Granados declarando desde la cárcel por la trama Púnica o de no llegar a ver nunca a guardias civiles declarando sobre las posibles tramas de espionaje en la Comunidad -entre otras muchas cosas- existe pese al intento fallido de la oposición por paralizar la petición de Adrados. La mayoría de la Cámara votó en contra de pedir ese informe, pero la presidenta usó su potestad como "órgano parlamentario unipersonal" para hacerlo.

En las filas del PP justificaron la decisión alegando las dudas razonables que podrían presentarse tras la sentencia relativa a la Comisión del Ayuntamiento e incluso se vanagloriaron de la actitud de la presidenta de la Asamblea al convocar una votación sobre la petición; algo que, según ellos, "nunca se había realizado". Además, tal y como informó ABC, arremetieron contra sus oponentes por rechazar la solicitud. "Sorprende que el rodillo de la oposición se oponga a que los servicios jurídicos de la Cámara emitan ese informe. Nunca nos hemos opuesto a la Comisión, pero desde su constitución está viciada", señalaron fuentes populares al citado diario.

Ossorio (PP): "Queremos que se investigue sin riesgo para nadie"

El portavoz del PP en la Asamblea incidió en la misma idea: sólo buscan "garantizar los derechos de los comparecientes que están obligados a asistir". "No nos importa que se investigue el pasado, pero queremos que se haga bien y sin riesgo para nadie", declaró Enrique Ossorio a Efe.

De nuevo, toda la oposición rebate ese argumento: "si no estaban de acuerdo con la organización de la Comisión, podían haberlo dicho antes", coinciden las fuentes consultadas. "El 28 de octubre de 2015, por unanimidad, se dictaminó no sólo la creación de la Comisión, sino también sus normas de funcionamiento", señaló Gabilondo en rueda de prensa. "El PP se abstuvo, nunca se ha opuesto explícitamente", recuerda también Ongil en una conversación telefónica con Público.

Ongil (Podemos): "Cifuentes tiene que intentar agradar al ala 'aguirrista' del PP antes de su Congreso"

Sin embargo, mientras Gabilondo no quiso ver intenciones políticas en la actuación de Adrados ("Si alguien obstruye la Comisión para evitarse problemas [hay diputados del PP de Cifuentes señalados por las investigaciones judiciales] estaría haciendo mucho daño a Madrid y espero que nadie esté en eso", dijo), Ongil sí denuncia que la petición del informe es una forma de "tirar la piedra y esconder la mano".

"Sin tener la mala prensa de haber acudido a los tribunales, intentan cercenar la legitimidad de una Comisión anticorrupción que les molesta porque está siendo útil", argumenta el diputado de Podemos tras enumerar los logros de la Comisión en la que él participa: de la declaración de Granados a la aparición de nuevas pruebas y nuevos imputados en casos menos mediáticos como el de la "enajenación de viviendas a fondos buitre por parte del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA)", entre otros.

En la misma línea se expresó también Aguado, que pese a ser quien sustenta el Gobierno de Cifuentes en la Comunidad, fue muy crítico con ella respecto a esta cuestión: "No tendrá nuestro apoyo. La Comisión tiene que durar, por lo menos, esta legislatura porque está dando resultados", declaró. "El PP está obsesionado con tapar las fosas sépticas de la corrupción que campó a sus anchas en la Comunidad en la época de Esperanza Aguirre e Ignacio González", criticó también.

Gabilondo (PSOE): "Espero que nadie esté en obstruir la Comisión anticorrupción para evitarse problemas"

Aunque Gabilondo quiso ser bien pensado en sus declaraciones en la prensa, otras fuentes del PSOE sí ven intenciones políticas en el intento de tumbar la Comisión anticorrupción. "Cada día se abordan asuntos relacionados con el PP y hay que recordar que en la época de Aguirre y González, también Cristina Cifuentes ocupó cargos en el partido y fue diputada", apostillan.

En Podemos, en cambio, mantienen otra teoría. Cifuentes no querría salvarse a sí misma, sino contentar al sector 'aguirrista' del Partido Popular de cara al próximo congreso regional que tendrá lugar los próximos 17, 18 y 19 de marzo. La actual presidenta de la Comunidad es ahora quien preside también la Gestora del PP de Madrid y, aunque no anunciará si se postula como candidata a liderar la organización territorial del partido hasta el 13 de febrero, se da por hecho que quiere ratificar su poder en dicho cargo. "Tiene que intentar agradar al ala ultra del partido en los días previos al Congreso", concluye Ongil.

http://m.publico.es/politica/1986277/la-oposicion-denuncia-una-maniobra-del-pp-de-cifuentes-para-tapar-la-corrupcion-en-madrid

LA FISCALÍA PIDE ARCHIVAR EL CASO POR ACOSO LABORAL CONTRA EL PORTAVOZ DEL PP EN MADRID

Enrique Ossorio fue acusado por su adjunta Elena González-Monux de trato humillante y vejatorio

La Fiscalía ha pedido este martes el archivo de la causa contra el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, que fue denunciado por su adjunta Elena González-Monux por acoso laboral, al entender que "en ningún caso" los hechos son constitutivos de delito.

El pasado noviembre la diputada denunció ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a Ossorio por trato humillante y vejatorio y le acusó de mobbing o acoso laboral por el que se encuentra de baja médica, ya que padece una depresión.

En la denuncia, la parlamentaria, también del PP, detalla que en un pleno del pasado mes de junio, el diputado le espetó: "¡Es que no te sabes la ley, eres tonta, tonta! Ahora coges y te vas y te estudias la ley y las enmiendas ¡Venga, ve y te las estudias! y a las cinco voy a convocar una reunión y te vamos a preguntar".

Al hacerse pública la denuncia, el portavoz reclamó 100.000 euros a la diputada por el "gravísimo e irreparable daño moral, personal y reputacional" que le causó esta "falsa información".

Este martes, justo un día antes de que se señalara el acto de conciliación entre ambos, la Fiscalía considera que faltan elementos "fundamentales" que acrediten la existencia de un delito contra la integridad moral y que tampoco existiría un delito de acoso pues ambos desempeñan sus cargos
en condiciones de igualdad, "sin que exista una dependencia jerárquica entre ellos".

De este modo, el Ministerio Público rechaza que Ossorio pudiera prevalerse de su superioridad para cometer un delito. Es más, pese a que González-Moñux asegura que fue objeto de un "continuo" trato humillante y vejatorio, la Fiscalía cree que esta conducta se circunscribe a dos casos concretos cuya proximidad en el tiempo se desconoce "ni consta si están relacionados entre sí", por lo que rechaza que se trate de un comportamiento reiterado y prolongado en el tiempo.

El Ministerio Fiscal niega además que concurra un delito de lesiones psíquicas "pues no se concreta la relación de causalidad entre la enfermedad sufrida y la conducta del denunciado" ni los delitos de coacciones, amenazas y contra los derechos de los trabajadores. Por todo ello, considera que la denuncia no debería admitirse a trámite y que el procedimiento tendría que archivarse.

Ayer mismo, el abogado de González-Moñux reclamó la suspensión del acto de conciliación previsto para este miércoles y solicitado por el denunciado con el objetivo de que la denunciante se desdiga de sus acusaciones. Sin embargo, el defensor de la diputada popular consideró que esto no es posible ya que su representada "no puede retractarse".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/01/10/madrid/1484050484_536161.html

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