CIFUENTES : “ENTIENDO QUE LOS CIUDADANOS ESTÉN HARTOS DE LOS
POLÍTICOS; TIENEN RAZÓN”
Cuando aquel coche embistió su moto y se fue al suelo hace
justo un año, Cristina Cifuentes (Madrid, 1964) no vio pasar
toda su vida en pequeños flases. Pasó, eso sí, una buena
temporada en el hospital. Pero logró recuperarse y volver a
su puesto como delegada del Gobierno en Madrid. Tuitea,
participa en tertulias con opiniones no siempre del todo en
la línea de su partido y hace mucha calle, donde se acerca a
sus detractores y a sus fans, que también los tiene. Muchos
ven en ella a una de las nuevas lideresas del PP. Cifuentes
escurre el bulto y asegura que está muy a gusto entre las
paredes de la antigua embajada japonesa que hoy ocupa la
delegación del Gobierno.
Pregunta. ¿El 20 de agosto celebra su otro cumpleaños?
Respuesta. Cumplí 50 el 1 de julio. Pero para mí, el de
verdad es el 20 de agosto.
P. ¿Qué recuerda de aquel día?
R. Todo lo que hice, con quién comí… en el momento del golpe
pensé “qué mala suerte”. Ese día entendí que no depende de
ti que no te pase nada y vi que no me estaba pasando mi vida
por delante. Me di cuenta de que estaba muy mal y que no
quería que se marchara el señor que me había atropellado.
Enseguida le oí diciendo: “Dios mío, qué he hecho”.
P. ¿Está en paz con él?
R. Hubiera preferido que no se cruzara en mi vida, nunca
mejor dicho. Pero no le guardo rencor. Me dijeron que cuando
estuve en el hospital él fue y llamó. Aunque he echado en
falta que me hubiera llamado cuando me he incorporado, para
ver cómo estaba.
P. ¿Qué pasa al morir?
R. Pienso igual que antes del accidente, yo soy agnóstica.
Solo creo que la vida siempre es demasiado corta y hay que
aprovecharla lo mejor posible. Nunca sabes si volverás por
la noche a casa.
P. ¿Habrá dejado la moto?
R. Sí, primero porque estoy en rehabilitación y con una
vértebra aplastada. Pero a mis hijos les prometí que no me
montaría otra vez en la moto. Y tengo la intención de
cumplir. Me da mucha rabia; la moto me gusta mucho…
P. Lo de la intención suena muy vago.
R. Es lo que importa, como dejar de fumar.
P. ¿Ha pasado miedo?
R. Muchísimo. Pero me he vuelto más resistente. Al final lo
relativizas todo, y eso es positivo. A pesar del dolor, las
lesiones, la dureza de la rehabilitación, soy una persona
más fuerte. La cabeza me funciona ahora muchísimo mejor.
P. Usted agradeció mucho el trato en el hospital público
donde la atendieron pese a las protestas que hubo. ¿Cambió
algo su forma de ver la sanidad pública?
R. No me enteré de las protestas porque en ese momento yo me
estaba muriendo. Pero soy usuaria de la sanidad pública
desde antes del accidente y siempre la he defendido.
P. El Gobierno regional del PP no tanto, ¿no cree?
R. El Gobierno de la Comunidad de Madrid estos años ha
tratado de hacer sostenible un sistema que tenía unas
carencias estructurales. Y tenemos la mejor sanidad pública
de toda España y de las mejores de Europa.
P. 28.500 sanitarios menos en los últimos años. ¿Esto es
sostenible?
R. Ha habido que hacer ajustes, porque la alternativa es
dejar de dispensar la sanidad pública. Pero me llama la
atención que se critique tan feroz a la Comunidad de Madrid
cuando pretendía privatizar la gestión de algunos hospitales
cuando eso se ha hecho en comunidades gobernadas por el
PSOE, como Andalucía.
P. Como nueva lideresa del PP, ¿se ve más en el Ayuntamiento
o la Comunidad?
R. En la Delegación del Gobierno. Lo digo de verdad.
P. Pero no estará aquí toda la vida.
R. Ya, pero no me planteo nada más. Nunca he pensado a largo
a plazo. Para mí la política no es una carrera de quemar
etapas.
P. Pues es la primera política sin ambición que conozco.
R. Eso me ha permitido disfrutar mucho más de lo que tengo.
P. No me diga que no le gustaría ser alcaldesa.
R. Lo que me gustaría es que el PP continúe al frente de la
alcaldía y de la Comunidad de Madrid. Y el resto lo tiene
que decidir el partido. No me gusta aparecer en las
quinielas, porque los entornos de quienes sí quieren los
puestos o de los que los están ocupando se mosquean.
P. ¿Le tocó hacer a usted el papel de la mala en el 15-M?
R. Es verdad que me tocó ese papel, porque cuando llegué a
la Delegación había una situación que los responsables
anteriores no habían administrado. Se había tomado la calle
en sentido literal y provocaba un perjuicio enorme a los
ciudadanos. Yo protejo el derecho a protestar, pero con dos
requisitos: de manera pacífica y comunicándose a la
autoridad gubernativa.
P. ¿Entiende que los ciudadanos estén hartos de los
políticos?
R. Sí, y tienen mucha razón. Entiendo que estén hartos de
los políticos porque nos perciben como parte del problema.
Creen que somos una casta aparte que nos dedicamos a
nuestros intereses. Y ahí está el reto: recuperar la
confianza. Y la corrupción hace que la distancia sea todavía
mayor.
P. Usted fue precursora antes que Pablo Iglesias de la
política en tertulias televisivas.
R. Los políticos tenemos la obligación de contar al
ciudadano lo que hacemos. Los medios sirven para llegar a
ellos, a través de las redes sociales, pero también de la
calle.
P. Usted que maneja su Twitter, y con mucha actividad, ¿no
le parece una estafa una cuenta de un político que no
controla él mismo?
R. Hay que diferenciar un Twitter personal de uno
institucional. Pero si quieres interactuar con el ciudadano,
es importante llevarlo tú mismo. Y hay muy pocos políticos
que lo hagan.
P. Republicana, agnóstica, a favor del matrimonio
homosexual… ¿No se ha equivocado de partido?
R. Para nada. Milito en el PP desde que era AP. Y
representamos a un electorado muy amplio. No somos una secta
y no tenemos por qué pensar igual de todo. Pero me consta
que muchos piensan como yo.
P. Usted es el nuevo verso suelto del PP, ¿no?
R. No, nunca lo he sido. Y además soy muy disciplinada
porque soy hija de militar. Tengo el sentido de la jerarquía
en mi ADN. Pero los políticos tenemos que decir lo que
pensamos. Tiene que haber debate.
P. Se le habrá pegado algo de la ley y el orden de la
policía...
R. Bueno, yo soy su jefa [de la Policía Nacional y de la
Guardia Civil] y hacemos un buen equipo. Les comprendo y les
valoro. Hacen un trabajo muy difícil con una retribución muy
baja. Su salario es muy inferior a la media de la policía
municipal y autonómica, y es muy injusto.
P. ¿Mucha policía y poca diversión?
R. En Madrid tenemos mucha diversión, y precisamente porque
hay mucha policía. Tenemos mucha seguridad ciudadana. Puede
haber una vida nocturna, por ejemplo, con la tranquilidad de
que haya cada vez menos delitos. Y el mérito es de la
policía y la Guardia Civil.
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/08/26/actualidad/1409077194_039389.html
CIFUENTES DUDA DE QUE EL ORGULLO GAY ESTÉ DENTRO DEL DERECHO
DE MANIFESTACIÓN POR IR CON CARROZAS
"En el derecho de reunión no entra una manifestación con
carrozas", ha dicho la delegada del Gobierno en Madrid,
aunque admite que la protesta tiene una connotación
reivindicativa
Cifuentes admite que los empresarios le pidieron que la
marcha del Orgullo pasara por la Gran Vía de Madrid y no por
el Paseo del Prado, al suponer una fuente de ingresos
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha
afirmado que el desfile del Orgullo Gay, que se celebra este
sábado en Madrid, tiene una naturaleza distinta al resto de
manifestaciones y que "existen dudas de que este tipo de
acontecimientos entren dentro del derecho de reunión".
Aunque finalmente la Delegación ha decidido que sí entra
dentro del derecho de manifestación y, por tanto, la
institución tiene que regularla, como así ha ocurrido hasta
ahora, señala en una entrevista concedida a Europa Press que
aunque una parte del Orgullo Gay tiene una connotación
reivindicativa, "en el derecho de reunión no entra una
manifestación con carrozas".
"Eso no es derecho de reunión, es otra cosa. Pero como tiene
ese componente reivindicativo, es un acontecimiento a
caballo entre ese derecho y algo más lúdico", ha dicho
Cifuentes, que ha pedido un informe a la Abogacía del Estado
sobre su competencia en este tipo de eventos.
Los empresarios pidieron que pasase por Gran Vía
A pesar de ello, la representante del Gobierno central en
Madrid finalmente acordó, tras varias reuniones con los
organizadores, que la marcha del Orgullo Gay discurriera por
el Paseo del Prado, la segunda opción de los promotores del
desfile, y no por la Gran Vía, la primera opción que dieron.
"Todo se hizo en base a un informe del Ayuntamiento de
Madrid que alertaba de los problemas de seguridad que
entraña Gran Vía porque va a reunir a más de un millón de
personas. Supone que vayan a circular camiones y la Gran Vía
es estrecha porque imposibilita que puedan entrar los
equipos emergencia. ¿Quién asume el riesgo un trayecto con
un informe negativo de Protección Civil del Ayuntamiento si
allí ocurre cualquier cosa, como un incendio en una casa o
un infarto y no puede entrar la ambulancia?", se ha
preguntado.
Cristina Cifuentes reconoce que ha recibido cartas de
asociaciones de empresarios de la noche madrileña y de los
comerciantes del Gran Vía solicitando que reconsidera su
decisión porque esta opción es "una fuente de ingresos" para
los comerciantes y empresarios de esta zona. "Pero yo tengo
que velar por la seguridad de todos", les respondió.
"El Cogam y la FELGTB eran conscientes de que el trayecto de
Gran Vía entrañaba el problema de seguridad. A mí me da
igual que una manifestación se realice en una vía u otra,
incluso en el tráfico puede alterar más el eje
Prado-Recoletos que en Gran Vía", ha apostillado.
"Las celebraciones deportivas y el Orgullo son distintos"
Cifuentes, preguntada por la permisividad entre dicha marcha
gay con otras movilizaciones por el centro de Madrid, como
las celebración del Real Madrid de la Copa de Europa, ha
negado que exista una doble vara de medir, ya que "la Ley es
igual para todos".
"Me resulta muy curioso porque una celebración deportiva no
entra dentro del derecho de reunión porque tienen
legislaciones diferentes. En una celebración deportiva la
Delegación del Gobierno no tiene absolutamente nada que
decir, mientras que un acontecimiento deportivo sí porque se
rige por la Ley de Violencia en el Deporte", ha explicado.
Así, la representante del Gobierno en Madrid ha precisado
que las celebraciones deportivas no entran dentro del
derecho de reunión, aunque reconoce que como se producen
aglomeraciones importantes de personas la Policía está
presente para evitar alteraciones de orden público o delitos
de robo al descuido. "Pero ese tipo de eventos que supone la
utilización del espacio público corresponde regularlos a los
ayuntamientos", ha apuntado.
Además, Cifuentes señala que ambos eventos son muy
distintos, ya que en las celebraciones deportivas se colocan
vallas y los aficionados se colocan detrás, mientras que en
el Orgullo Gay hay carrozas con la gente entre medias. "En
todos los orgullos tenemos la dificultad que tienen las
carrozas para ir avanzando y el riesgo objetivo para las
personas que van transitando al lado de las carrozas", ha
concluido.
http://www.eldiario.es/sociedad/Cifuentes-Orgullo-Gay-manifestacion-carrozas_0_278222319.html
CIFUENTES MULTIPLICA POR NUEVE LAS MULTAS EN MANIFESTACIONES
El PSOE pide que la delegada del Gobierno en Madrid
comparezca en el Congreso para explicar esta subida en un
año
El grupo socialista en el Congreso de los Diputados ha
registrado una solicitud para que comparezca la delegada del
Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. El motivo es que la
titular de este departamento ha multiplicado por nueve el
número de multas impuestas durante las manifestaciones de
2012 respecto a las del año anterior. Fuentes de la
Delegación explican que el número de manifestaciones no
comunicadas en ese año fueron 734, una cifra muy superior a
las 340 del 2011, lo que en algunas ocasiones se traduce en
expedientes sancionadores a los convocantes o a los
asistentes a las mismas.
Los datos del Ministerio del Interior recogen que en el año
2011 se impusieron por parte de la Delegación del Gobierno
57 multas por vulnerar los derechos de reunión y
manifestación. Ese año estuvo plagado de protestas y
manifestaciones en la calle, sobre todo por la presencia de
centenares de personas que pernoctaban en la Puerta del Sol.
También hubo diversas concentraciones con motivo de las
Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) a la que asistió el
Papa Benedicto XVI, además de otras protagonizadas por el
15-M. Días antes de su llegada, la policía desalojó la
céntrica plaza sin que se produjeran altercados de
importancia. En 2012 hubo 3.419 manifestaciones comunicadas,
lo que arroja una media de nueve protestas al día.
Paso vacilante
El número de manifestaciones se ha incrementado de forma
palpable en los últimos años. Si en 2011 se comunicaron
1.963 protestas en la región, la cifra subió a 3.419 en 2012
y se llegó a las 4.354 en el último año.
Las multas impuestas por la Delegación de Gobierno ha tenido
un recorrido irregular. En 2008 se tramitó tan solo una por
contravenir el derecho de reunión y manifestación. El mayor
número, cuando estaba al frente el PSOE, se dio en 2010 con
112 expedientes. Un ejercicio más tarde bajaron hasta las
57. Con la llegada del PP, se situaron en 516 expedientes.
Los mismos datos de Interior reflejan que en 2012 las
denuncias llegaron a 516, lo que supone nueve veces más que
las del ejercicio anterior y casi el 30% de las 1.772 que se
impusieron por el mismo concepto en toda España. Los datos
de 2013 todavía no están cerrados, ya que la tramitación de
algunos expedientes puede llevar hasta seis meses, según la
legislación vigente.
Por meses, septiembre (126 multas) y octubre (119) son los
que han supuesto mayores ingresos para la Delegación, frente
a agosto (2) y abril (7) en los que fueron los menores.
Frente a otras delegaciones del Gobierno, Madrid no da una
cuantía total de lo recaudado. Tan solo se limita a recoger
que su coste oscila entre los 90 euros de las leves y los
6.000 de máximo en las muy graves.
Los datos provisionales arrojan que en 2013 habrá un número
similar de multas por parte del organismo del Ejecutivo
central. Hasta el mes de septiembre, el departamento que
dirigie Cifuentes ha comunicado 358 denuncias. En este caso,
abril (con 100) se sitúa de momento y hasta el cierre
definitivo del listado a la cabeza.
El PSOE considera que el número es “bastante alto” y que la
propia delegada debe dar explicaciones en la Cámara Baja,
por lo que ha registrado la solicitud de comparecencia para
que explique este cambio en la imposición de multas contra
el derecho de manifestación y reunión. “Entendemos que el PP
está recortando de forma abusiva las libertades y los
derechos de los ciudadanos”, han comentado fuentes del grupo
socialista en el Congreso.
Fuentes del Partido Popular explicaron ayer por la tarde que
“lo más probable” es que el grupo del PP en la Cámara Baja
rechace la petición socialista, ya que se quiere evitar que
los distintos delegados de gobierno tengan que acudir de
forma reiterada al Congreso. Desde este departamento también
se recordó que el número de concentraciones y
manifestaciones no comunicadas se ha situado en los dos
últimos años en 1.109, lo que supone un número más alto que
en otros ejercicios.
La Delegación del Gobierno también mantuvo que a veces
también se producen incidentes aislados en las
concentraciones comunicadas. En estas ocasiones la actuación
policial se centra en aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana
y la normativa de reunión y manifestación que recoge
sanciones para los infractores. “El dato también hay que
extrapolarlo y ponerlo en relación con el número de
manifestaciones convocadas y con el número de asistentes”,
destacaron las citadas fuentes.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/25/madrid/1393358015_689025.html
LA PRIVATIZACIÓN DE GALLARDÓN BENEFICIÓ AL MARIDO DE
CIFUENTES
El Supremo tumbó la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid que
ha supuesto unas pérdidas en las arcas públicas de ocho
millones de euros
Privatizar para favorecer la actividad económica y
crecimiento de la ciudad. Bajo este argumento externalizó el
Ayuntamiento de Madrid en 2009, por entonces con el gobierno
de Alberto Ruiz Gallardón, la gestión de licencias
urbanísticas de actividad.
Y entre los beneficiarios de esta externalización, un
nombre: Francisco Javier Aguilar Viyuela. El marido de
Cristina Cifuentes es vicepresidente de ‘Licencias y
Certificaciones de Madrid SL’, una de las compañías
colaboradoras con el consistorio en la gestión de licencias.
Como publicó este lunes ESTRELLA DIGITAL, el esposo de la
Delegada del Gobierno, no está solo. Comparte consejo de
administración con Rafael Verdes –hermano del abogado del
‘tamayazo’ Esteban Verdes y cuñado de la concejala del PP,
Paloma García Romero- y Gonzalo Martín Borregón, compañero
de negocios de la familia Rato.
Según los Requisitos Específicos de Acreditación que marca
el consistorio para las ECLU, estas empresas deben disponer
de procedimientos para ser informadas de cualquier posible
relación directa o indirecta de su personal con la
Administración municipal, pero no exige ninguna exigencia
para los dueños de la empresa. Fuentes cercanas al
consistorio de Ana Botella aseguran que el grupo municipal
‘popular’ prefiere no decir nada al respecto porque “es un
capricho del modelo Gallardón”. Sin embargo el consejero de
Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador
Victoria, se muestra convencido de que no existe ningún tipo
de conflicto de interés o imcompatibilidad legal porque el
marido de la Delegada del Gobierno tenga una empresa que dé
licencias administrativas o municipales.
El Supremo tumbó en diciembre la ordenanza privatizadora del
Ayuntamiento de Madrid
El concejal del Grupo socialista, Diego Cruz Torrijos,
considera que el único objetivo de esta privatización es
recaudatorio. Desde que el Ayuntamiento de Madrid aprobó la
ordenanza de privatización, ha dejado de ingresar en sus
arcas ocho millones de euros.
Una cantidad que se ha repartido entre las 25 empresas
colaboradoras con el Ayuntamiento que se han creado desde la
privatización de las licencias. El negocio se divide tras el
fallo del Tribunal Supremo del pasado mes de diciembre que
dio la razón al TSJM y anuló la ordenanza de Ruiz Gallardón
que privatizaba la gestión de licencias. El consistorio de
Ana Botella no se achica y prepara una nueva ordenanza en la
que pretende dar al empresario las dos opciones para
gestionar sus licencias; acudir al Ayuntamiento o bien, a
una entidad privada.
http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/privatizacion-gallardon-beneficio-marido-cristina-cifuentes/20140217203427011987.html
EL MARIDO DE CRISTINA CIFUENTES HACE NEGOCIOS CON EL
AYUNTAMIENTO DE MADRID
El esposo de la Delegada del Gobierno tramita licencias de
actividad en la capital. Sus socios, el cuñado de una
concejala y un aliado empresarial de la familia Rato. El
hombre que da el visto bueno a la actividad de los locales
nocturnos, es el esposo de la mujer que tiene autoridad para
cerrarlos
Francisco Javier Aguilar Viyuela, marido de la delegada del
Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, tramita licencias de
actividad urbanística autorizado por el Ayuntamiento de
Madrid. La empresa ‘Licencias y certificaciones de Madrid
SL’, de la que el esposo de Cifuentes es vicepresidente, es
una de las ECLU (Empresa Colaborado de Licencias
Urbanísticas) que se creó en 2009 en paralelo a la
externalización del servicio que hizo el Ayuntamiento de
Ruiz Gallardón tras el 'caso Guateque'. Así, el hombre que
autoriza la actividad a los locales nocturnos es
paradógicamente el esposo de la mujer que tiene facultad
para cerrarlas, Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno
que manda en la Policía y la Guardia Civil.
“Es obvio que el modelo que construyeron es irregular”,
asegura a ESTRELLA DIGITAL el concejal del grupo municipal
socialista, Diego Cruz Torrijos. “Claramente es un negocio
para algunas empresas porque todo el dinero que recibía el
Ayuntamiento por las tasas para tramitar las licencias,
ahora lo reciben las ECLU”.
La empresa en la que trabaja el marido de la Delegada de
Gobierno tiene la sede principal en la exclusiva calle
Príncipe de Vergara, 136, a tres número de la Junta
Municipal del Distrito de Chamartín. Las otras dos oficinas
se distribuyen entre el norte y sur de la capital. Una se
sitúa en la calle General Ricardos, 147, en el barrio de
Carabanchel, y la segunda en la Av. Monforte de Lemos, 117
en pleno barrio de Pilar.
No está solo en este oficio. El marido de la Delegada del
Gobierno tiene como socios en ‘Licencias y certificaciones
de Madrid SL’ a personalidades conocidas en el aparato del
PP de Madrid. Los principales, Rafael Verdes López Diéguez y
Gonzalo Martín Borregón García Chica, ambos apoderados de la
empresa.
Rafael Verdes es el hermano del abogado y afiliado del PP,
Esteban Verdes, y por tanto cuñado de concejala del
Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero.
Manchado por el ‘tamayazo’, Esteban Verdes fue denunciado
por el PSOE por hacer de intermediario entre el tránsfuga
Eduardo Tamayo y el entonces secretario general del PP de
Madrid, Ricardo Romero de Tejada. La cuñada de Rafael Verdes
es Paloma García, concejala del Ayuntamiento de Madrid y
esposa de Esteban Verdes. Su trayectoria siempre ha estado
ligada a la carrera de Ruiz Gallardón. Fue su viceconsejera
de Presidencia en la Comunidad de Madrid, y a partir de
2003, concejala del consistorio que Gallardón gobernaba.
El segundo camarada del marido de Cristina Cifuentes ligado
al PP es Gonzalo Martín Borregón García Chica. Secretario y
consejero de Telemadrid desde 1992 hasta 1997, es socio
habitual de la familia de Rodrigo Rato. Así, el registro
Mercantil muestra varias compañías en las que está asociado
con la ex esposa, los hermanos y cuñados del expresidente de
Bankia. Comparte consejo de administración en Hispánica Arte
SL, Muinmo SL, Mundiclass SL, Independencia Plaza SA o
Europea de Bebidas entre otras.
El concejal socialista Diego Cruz incide en la “casualidad”
de que en este negocio haya gente relacionada con el Partido
Popular. “El marido de Cifuentes y otra vez, Verdes.
Sorprende que siempre aparezcan las mismas personas”.
Aguilar Viyuela fue nombrado director general del Patrimonio
Cultural en 1999 cuando Cristina Cifuentes estaba en el
Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid y era diputada
de la Asamblea regional. El consejero de Educación por aquel
entonces era Gustavo Villapalos, ex rector de la UCM.
Siempre a la sombra de la carrera de su mujer, no se prodiga
ante los medios ni aparece de su brazo en los actos
públicos. Disfruta de una discreción que le ha permitido
moverse con ligereza de una empresa a otra junto con sus
aliados empresariales muy cercanos al PP.
http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/marido-cristina-cifuentes-hace-negocios-ayuntamiento-madrid/20140214174844011652.html
ENTREVISTA CRISTINA CIFUENTES 'HAY GENTE MUY DE DERECHAS QUE
VOTABA AL PP PERO SOMOS UN PARTIDO DE CENTRO'
Ana Botella está teniendo que gobernar en momentos muy
difíciles'
Reforma del aborto: 'Afecta a convicciones. Lo prudente es
esperar al TC"
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. La
delegada del Gobierno en Madrid,
El nombre de la delegada del Gobierno en Madrid aparece en
todas las quinielas como posible relevo electoral en el
ayuntamiento de la capital; ella no lo desmiente. "Si el
Partido popular me pide que sea candidata en Robregordo, o
haré", afirma
¿La Convención del PP ha sido un llamamiento a la unidad y
al cierre de filas o algo más?
Ha sido un profundo análisis sobre lo que hemos tenido que
hacer en los dos primeros años de Gobierno y sobre lo que
debemos hacer hasta el final de la legislatura. En una
primera fase nos vimos obligados a tomar medidas que ningún
Ejecutivo quisiera adoptar y ahora podremos llevar a cabo
las medidas de nuestro programa electoral que tuvimos que
aplazar, como las bajadas de impuestos, que ya ha anunciado
el presidente del Gobierno.
Pues para muchos estamos asistiendo a la descomposición del
PP, con la salida de Ortega Lara y de Vidal-Quadras o los
portazos de Mayor Oreja o Aznar...
Estamos en un momento difícil, pero no ante la
descomposición del PP. Como partido estamos fuertes. Es
verdad que el caso de Ortega Lara es muy especial, pero él
abandonó el PP hace tiempo y ahora ha decidido formar un
partido con otras personas, lo cual entra en la normalidad
democrática. El PP es un partido de amplio espectro
ideológico y, hasta cierto punto, es lógico que pueda surgir
una formación de...
¿...de extrema derecha?
Yo no lo calificaría de extrema derecha. Es verdad que hay
una parte de la derecha, no sé si extrema pero muy de
derechas, que estaba de alguna manera votando al PP. Y ahora
no sé a quién votarán. Pero nosotros debemos ser un partido
de centro, como nos reclama la mayoría de la sociedad
española.
En la Convención resultaron llamativos los escasos aplausos
que se le dieron a Aznar cuando fue citado.
El Partido Popular es de los militantes, sin personalismos
ni individualismos, y todos son necesarios pero ninguno es
imprescindible.
¿Es normal que Mayor Oreja no encabece la candidatura de las
europeas por su discrepancia con la política antiterrorista
de Rajoy? ¿Usted lo lamenta?
No hay nada que lamentar, porque es una decisión voluntaria.
Ha sido él quien ha tomado la decisión de no volver a
repetir, pero Mayor Oreja no se ha marchado del PP y tendrá
nuevas responsabilidades. Respecto a su posición sobre la
lucha antiterrorista, creo en la discrepancia en asuntos
puntuales dentro de los partidos, es algo saludable. Los
partidos políticos no somos sectas. Tener debates y
diferencias internas ahonda en la democracia.
También me dirá que el plantón de Aznar no evidencia su
falta de sintonía con la política de
Rajoy...
Aznar, siempre que ha querido, ha dado su opinión, tanto en
los órganos del partido como fuera, y se le ha respetado.
Valladolid habría sido una buena ocasión para que diera esa
opinión divergente de la que hablan algunos.
Permítame un inciso personal. ¿Qué tal se encuentra cinco
meses después del accidente que casi le cuesta la vida?
Estoy mucho mejor, las fracturas múltiples van muy bien. El
pulmón, que era lo que más preocupaba, mejora cada día. Ya
no tomo analgésicos y los parches de morfina me los estoy
quitando poco a poco.
¿Es cierto que usted recibió un trato un tanto cuestionable
por parte de algunos en el hospital en plena eclosión de la
marea blanca?
A mí en el hospital me salvaron la vida y recibí un trato
excelente por parte de todos los profesionales, al margen de
alguna protesta puntual en la calle, de la que yo no llegué
a enterarme entonces porque estaba en la UVI.
¿La paralización de la externalización de la sanidad en
Madrid es una rendición de Ignacio González?
Los tribunales han tomado una decisión que resulta difícil
de explicar a los ciudadanos. Tenemos un sistema sanitario
que es de los mejores del mundo, pero hay que hacerlo
sostenible. Y la realidad es que en Madrid hay tres
hospitales -Valdemoro, Móstoles y Torrejón- con este sistema
y son los hospitales más valorados por los ciudadanos.
Cambiando de asunto, ¿usted quiere ser alcaldesa de Madrid?
Querer, no quiero. De momento sólo quiero ser delegada del
Gobierno, que es a lo que me he comprometido, y no me
planteo nada más. Después del accidente vivo al día. Yo
siempre voy a estar donde el partido me diga. Haré lo que el
PP me pida, como si me dicen que me tengo que ir de
candidata a Robregordo.
¿Ana Botella está siendo una buena alcaldesa?
Ana Botella está teniendo que gobernar en unos momentos
extraordinariamente difíciles y cualquier valoración debe
hacerse teniendo en cuenta estas especiales circunstancias.
¿Y el regreso de Esperanza Aguirre es una hipótesis o puede
ser una realidad?
Yo en política no descarto nada. Eso es algo que tendrán que
decidir ella y el partido cuando llegue el momento.
Se ha mostrado muy rotunda contra la reforma del aborto de
Gallardón...
El tema del aborto es muy complejo, porque afecta a
convicciones. Nosotros tenemos que cumplir nuestros
compromisos electorales, éste y el resto, pero buscando
consensos. El PSOE no debió haber modificado la Ley del
Aborto, porque metió el palo en el avispero sin que hubiera
demanda social. Pero el PP, a diferencia de lo que ocurrió
en el PSOE, sí tenía un compromiso electoral de modificar la
ley, y lo tenemos que cumplir. No obstante, lo prudente
sería esperar a ver la respuesta del Constitucional sobre el
recurso que hay.
¿Que la Infanta no tenga que hacer el paseíllo es la prueba
de que la justicia no es igual para todos?
Que haga o no el paseíllo es accesorio. Lo importante, más
allá del morbo, es que la justicia sea igual para todos, y
que sea eficaz. Para eso tiene que ser rápida, porque una
justicia lenta, que prolonga los temas indefinidamente,
termina desvirtuando su finalidad.
http://www.elmundo.es/espana/2014/02/03/52eebc36268e3eb67f8b4578.html
BOTELLA CENSURA A
CIFUENTES POR FILTRARSE DATOS PERSONALES DEL BOMBERO
DETENIDO
• Los funcionarios tachan la actuación de la Delegación del
Gobierno de "incorrecta y desleal"
• La detención de un compañero ha supuesto un enfrentamiento
entre instituciones
• Consideran un "atentado" la actuación de los agentes y
denuncian "acoso y derribo"
• El jefe superior de la Policía en Madrid se declara
"orgulloso" del arresto del bombero
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), ha censurado este
viernes la gestión de la Delegación del Gobierno y de la
Policía Nacional, sin mencionarlos explícitamente, tras la
detención de un bombero el pasado miércoles por un altercado
con agentes antidisturbios cuando trataba de apagar un fuego
en unos incidentes callejeros. Botella ha retirado su "apoyo
a cualquier trabajador municipal que, en acto de servicio,
tenga un incidente como el que ha habido". Pero, además, ha
"lamentado algunas cuestiones personales", en referencia,
según fuentes municipales, a la filtración tras su detención
de los supuestos antecedentes policiales del bombero.
Los bomberos municipales han denunciado esta mañana "una
campaña de acoso y derribo brutal e injustificada" por parte
de la Delegación del Gobierno de Madrid, cuya actuación han
tachado de "incorrecta y desleal". Los representantes
sindicales de este colectivo también se han referido a la
"filtración" a los medios de comunicación de las "presuntas
fichas policiales protegidas por Ley de Protección de Datos"
y han emplazado a la delegada, Cristina Cifuentes (PP), a
dejar de decir "barbaridades" y "depurar responsabilidades
si no apoya esas filtraciones". Los bomberos municipales han
confirmado que, en su reunión del mediodía de este viernes
con la alcaldesa, Botella les ha trasladado su "repulsa" por
esa filtración.
"Santiago no tiene antecedentes, es una maniobra burda"
Además, han tachado de "atentado claro que ha puesto en
riesgo la ciudad" la detención en la noche del miércoles de
su compañero tras un altercado con agentes de la Policía
Nacional mientras trataba de apagar un fuego provocado en
unos incidentes callejeros.
Santiago de la Fuente, el bombero detenido, fue puesto en
libertad alrededor de las nueve de la noche de ayer.
"Gracias a la labor del Ayuntamiento de Madrid y a la
movilización de los bomberos, porque la intención de los
mandos policiales era mantenerlo encarcelado hasta hoy", han
añadido los representantes sindicales, muy "agradecidos" con
la labor del concejal de Seguridad, Enrique Núñez (PP).
"Santiago no tiene antecedentes, es una maniobra burda", ha
señalado Rubén Gallego, responsable de Bomberos de
Comisiones Obreras, en respuesta a la "filtración" ayer de
ese dato a la prensa. "Es increíble e inconstitucional,
imagino que esta campaña de intoxicación se debe a que la
Delegación del Gobierno y el Ministerio de Interior tienen
poco contra Santiago", ha añadido el líder de CC OO en el
Ayuntamiento, Pedro Delgado.
Por su parte, según ha informado Efe, el jefe superior de la
Policía en Madrid, Alfonso Fernández Díez, ha declarado este
viernes que se siente "tremendamente tranquilo y orgulloso"
del arresto del bombero. "Se ha cumplido con la ley, que es
igual para todos, sea quien sea el que agreda a la fuerza
pública", ha recalcado en una rueda de prensa para presentar
una operación policial.
Unas 1.500 personas se concentraron el pasado miércoles en
la Puerta del Sol, Gran Vía y la calle de Génova para
respaldar la movilización ciudadana contra una obra
municipal en el barrio burgalés de Gamonal. La Policía
Nacional detuvo a 14 personas, entre ellas al citado
bombero, al que acusaron de agredir a un subinspector de los
agentes antidisturbios. El Ayuntamiento aseguró ayer que
estaba "en acto de servicio", en contra de lo afirmado en un
primer momento por Cifuentes, y prometió prestarle "todo el
apoyo y la asistencia jurídica necesaria".
Según los bomberos, De la Fuente estaba terminando de apagar
el incendio de un contenedor de basura cuando un agente
antidisturbios se acercó a pedirle que se fuera. "Santiago
les dijo que esperaran dos minutos, que había que finalizar
la extinción y recoger el material", narró Gallego. Fue
entonces cuando el "mando de la 'lechera' [furgón policial]
se acercó de malos modos para pedirles que se fueran en ese
mismo momento. Tuvieron unas palabras: el típico ‘a ver aquí
quién manda’. Entonces, el policía empujó a Santiago, que
cayó de espaldas contra una valla de obra. Fue al levantarse
cuando pudieron chocar sus respectivos cascos", explicó el
delegado sindical.
Para los bomberos municipales la detención de su compañero
supuso "poner en riesgo" la seguridad ciudadana
"En una zona donde trabajan los bomberos, la autoridad
competente son los bomberos, es de sentido común; si hay un
incendio, deciden los bomberos sobre el salvamento de
personas y bienes; considerando a los agentes también
personas, su bienestar también es nuestra responsabilidad",
ha explicado hoy, viernes. Luego ha insistido en que lo
ocurrido es un hecho "puntual" que no significa un
enfrentamiento entre los dos cuerpos. "Es un hecho
deleznable que se debe a la mala actuación de una persona de
un colectivo, pero no se puede generalizar ni volvernos
locos, todos somos funcionarios que protegemos el bien común
y al ciudadano", ha añadido.
El portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky, ha
reclamado esta mañana que se establezca un protocolo "claro
y rotundo" para que no vuelva a producirse una situación
similar. Lissavetzky considera que este incidente ha
provocado un nuevo enfrentamiento entre Botella y Cifuentes,
después de los "rifirrafes" a cuenta de la actuación
policial en la tragedia del Madrid Arena en 2012. "Los
madrileños queremos seguridad y lo que se pide a quienes la
gestionan es que se pongan de acuerdo y manejen las
situaciones de la mejor forma posible. Con la delegada del
Gobierno ya van dos", ha asegurado.
"Ya vivimos una etapa de enfados entre Esperanza Aguirre y
Alberto Ruiz-Gallardón y ahora asistimos a similares
episodios entre el equipo de Ana Botella, el de Ignacio
González y también el de Cristina Cifuentes. O nos tomamos
en serio que lo importante es la gestión de los asuntos
públicos y no quién va a ocupar tal puesto o esta ciudad
seguirá retrocediendo", ha apuntado.
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/17/actualidad/1389954385_203443.html
CIFUENTES VUELVE A
CULPAR A GRUPOS DE
EXTREMA IZQUIERDA DE
LA VIOLENCIA EN LAS
MANIFESTACIONES EN
MADRID
La delegada del
Gobierno cifra en
150 las personas que
se dedican a
provocar incidentes
en Madrid y que
pertenecen a
Bukaneros e
Izquierda
Castellana. Asegura
que no está en las
"guerritas" por las
candidaturas del PP
para 2015.
La delegada del
Gobierno en Madrid
ha señalado hoy que
es un grupo "muy
pequeño, no más de
150 personas", el
que "va a reventar
las manifestaciones
y provocar
incidentes" en
Madrid. Según ha
detallado en una
entrevista en RNE,
en este grupo
estarían conocidos
colectivos de
extrema izquierda.
"Los informes
policiales indican
que cuando se
producen incidentes
normalmente hay una
parte del grupo
Bukaneros e
Izquierda Castellana
metidos en este tipo
de líos", ha
añadido. La delegada
se ha referido a la
manifestación del 14
de diciembre, que
terminó con una
carga policial y con
34 heridos leves, la
mitad agentes, donde
estos grupos
"aprovecharon que
estaban familias
paseando por Madrid
para quemar
contenedores y
cajeros,
dificultando mucho
la actuación de la
Policía".
A Cifuentes también
le ha llamado la
atención la manera
en la que algunos
medios de
comunicación
reflejan este tipo
de sucesos. "Parece
que a veces esto es
Grecia y no lo es.
La inmensa mayoría
de las
manifestaciones son
pacíficas", ha
apostillado. A este
respecto, la
representante del
Gobierno central en
Madrid ha apuntado
que el derecho de
protesta "es
respetable y hay que
protegerlo" y que
precisamente, la
nueva ley de
Seguridad Ciudadana
que se está
tramitando "pretende
proteger este
derecho pero también
impedir o poner más
difícil que se pueda
hacer actos
vandálicos".
La 'ley Fernández'
"sólo busca proteger
el derecho de
expresión y
manifestación",
según la dirigente
madrileña"Que le
llamen ley mordaza
es una forma de
buscar un titular
que venda muy bien
pero cuando se
conoce la ley, tiene
poco sentido porque
la ley quiere
proteger el derecho
de expresión y
manifestación de los
ciudadanos y quiere
castigar el
comportamiento de
una minoría muy
pequeña de personas
que utilizan las
concentraciones y
manifestaciones para
provocar disturbios
violentos e
incidentes", ha
insistido.
Preguntada por dicha
ley, Cifuentes la
considera "muy
necesaria" porque
"hay que actualizar
las leyes" y la
anterior era de
1992, "que no podía
prever
comportamientos
sancionables como
los que tienen que
ver con las nuevas
tecnologías, como
por ejemplo algo tan
dañino como apuntar
con un puntero láser
a una aeronave".
Según ha explicado,
la nueva norma
también responde a
que en el nuevo
Código Penal
desaparecerán las
faltas y sólo habrá
delitos, por lo que
"lo que antes eran
faltas ahora son
comportamientos
sancionables
administrativamente".
La delegada también
ha asegurado que
esta ley no pretende
ser un traje a
medida contra los
nuevos movimientos
como Rodea el
Congreso y el 15M,
que no suelen pedir
autorización previa
a la Delegación para
convocar
concentraciones.
"Manifestarse
alrededor del
Congreso cuando hay
sesión del Pleno es
considerado ya
delito por parte del
Código Penal cuando
se hace
interfiriendo el
periodo de sesiones
y existe una
sentencia del
Tribunal Supremo que
lo prohíbe. La ley
pretende recoger en
un texto legal lo
que viene siendo una
jurisprudencia de
los tribunales de
Justicia", ha
agregado.
No obstante,
Cifuentes ha
recordado que la ley
está todavía en un
estado inicial y
queda todavía la
tramitación
parlamentaria y el
paso por diferentes
consejos. "Va a
sufrir
modificaciones y
espero que se
apruebe con un
amplio consenso. Se
va a modificar para
adaptarla a las
propuestas de otros
grupos, pero hay que
tener voluntad
porque si el PSOE
sale, como ya ha
hecho, criticando la
ley desde el inicio
se ve poca voluntad
de diálogo que
tienen", sostiene.
Cifuentes garantiza
que los camiones
lanza-agua sólo se
utilizarán para
"apagar" fuegos
De hecho, se ha
mostrado
"sorprendida" por
las críticas
socialistas teniendo
en cuenta que las
multas de la ley de
1992 "son
prácticamente
similares a la
actual y en todo
caso inferiores a la
ley del Deporte de
2007". "No he
entendido que quemar
un contenedor en el
entorno de un
estadio durante un
partido se pueda
sancionar con 60.000
euros y hacerlo en
una calle a tres
manzanas no se pueda
sancionar. No tiene
sentido. Si un
comportamiento es
reprobable, que lo
sea en toda momento
y situación", ha
recalcado.
Sobre el camión
policial lanza-agua
que quiere comprar
el Ministerio del
Interior para
utilizarlo en
manifestaciones,
Cristina Cifuentes
ha indicado que
responde a una
decisión de
"operativa policial"
y que desde que
lleva en el puesto,
no han utilizado
este tipo de
vehículos. "Son unos
vehículos permitidos
y se utilizan en
otros muchos países
europeos. En España
tenemos cinco y
están necesitados de
mantenimiento. Me
dicen que el
objetivo es cuando
hay una barricada y
se prende fuego y
actuar de una manera
inmediata antes de
que vengan los
bomberos, no contra
los manifestantes,
sino para apagar el
fuego, utilizando el
principio de
proporcionalidad. La
Policía es un Cuerpo
muy profesional que
sabe muy bien de qué
manera actuar y no
provocar un mal
mayor del que
pretende evitar", ha
afirmado.
España con Catalunya
y Catalunya con
España
La delegada del
Gobierno en Madrid
también ha comentado
el desafío
independentista y ha
manifestado que "no
coincide una España
sin Cataluña ni una
Cataluña sin España"
y que ambas se
necesitan. "Juntos
podemos llegar más
lejos, ser más
fuertes y atacar
mejor la crisis.
Separados y
divididos nos vamos
a quedar donde
estamos", ha dicho.
"Si mi partido me
dice que tengo que
ir a Vitigudino pues
me voy", afirma al
delegadaAdemás, ha
destacado que el
Gobierno catalán
pretende meter a los
ciudadanos en "un
pulso" que les
perjudica porque
"sin España estarían
automáticamente
fuera de Europa y
del euro. "La
Constitución lo dice
claramente: España
es indivisible y la
soberanía nacional
reside en el pueblo
español", ha dicho.
Sobre su futuro
político, Cifuentes
ha subrayado que ese
debate "no está
abierto y ahora no
toca abrirlo" ya que
le quedan dos años
en la Delegación del
Gobierno y está "muy
satisfecha y con
muchísimo trabajo".
En este sentido, ha
tildado de "leyenda
urbana" las
encuestas internas
del PP sobre los
candidatos a la
Alcaldía y la
Comunidad, aunque
cree que "está bien
que en un momento
dado se pueda testar
el grado de
satisfacción o de
insatisfacción de
los ciudadanos". "El
objetivo de las
encuestas tiene que
ser ése, ver en qué
se pude fallar y
cuáles son los
puntos fuertes.
Hablar de candidatos
no toca, es muy
pronto. Eso
introduce una
presión adicional
para quienes están
gobernando en un
momento muy
complicado y ellos
se tienen que
centrar en su tarea
y no en encuestas",
considera.
De hecho, a
preguntas de los
periodistas, ha
negado que haya
hablado con la
alcaldesa de Madrid,
Ana Botella, sobre
la candidata al
Consistorio pero sí
de "de otras cosas
que interesan y
afectan a la
ciudadanía". "De lo
otro no, que no
tiene sentido. Ni
estoy en esas
guerritas ni voy a
estarlo. Yo estoy en
lo que se tiene que
estar, que es la
Delegación del
Gobierno", ha
insistido. La
delegada ha
esgrimido que "no
tiene sentido pensar
en lo que uno quiere
hacer en los
próximos años", ya
que no depende de
ella, sino del
partido y de los
ciudadanos que
votan. "Ahora la
vida la planifico a
corto plazo. La vida
hay que vivirla un
poco al día", ha
asegurado, tras el
grave accidente de
tráfico que sufrió
este verano.
Eso sí, ha dejado
abierta la ventana a
lo que le pida en el
futuro el PP. "Si mi
partido me dice que
tengo que ir a
Vitigudino
[Salamanca] pues me
voy. Uno tiene que
hacer lo que debe en
un partido, no lo
que quiere", ha
concluido.
http://www.publico.es/491464/cifuentes-vuelve-a-culpar-a-grupos-de-extrema-izquierda-de-la-violencia-en-las-manifestaciones-en-madrid
CRISTINA CIFUENTES
:
.LA DELEGADA VUELVE
A LA CARGA
Cristina Cifuentes
pide el alta
voluntaria tras su
gravísimo accidente
de moto
La batalla por las
candidaturas del PP
en Madrid no es
ajena a las prisas
La delegada del
Gobierno en Madrid,
herida grave en un
accidente de moto
Ventilados los
discursos, los
entusiastas
militantes del
Partido Popular de
Alcalá de Henares se
abalanzan sobre la
homenajeada en su
copa de Navidad del
pasado miércoles en
el añejo restaurante
Oliver’s, un clásico
de bodas, bautizos y
comuniones de la
ciudad. La
concurrencia, desde
el alcalde hasta las
señoronas de
peluquería y los
jóvenes de flequillo
al bies, se la comen
a besos, palmadas en
la espalda y abrazos
de los que crujen
las costillas. Lo
último que le
conviene a Cristina
Cifuentes, delegada
del Gobierno en
Madrid, proclamada
“Popular del Año” en
la fiesta, y recién
incorporada al
puesto tras el
accidente de moto
que casi le cuesta
la vida el pasado 20
de agosto. Ya las
tiene rotas.
Siete, por varios
sitios, además de la
escápula y el coxis,
fracturas que solo
sueldan con tiempo y
paciencia. Sufre,
además, las secuelas
de un neumotórax,
dos tubos torácicos,
una traqueotomía, un
derrame pleural de
2,5 litros y sendos
hematomas en el
corazón y el pulmón
derecho. Le duele el
cuerpo desde que se
levanta hasta que se
acuesta. Para
soportarlo, lleva
adherido al omóplato
un parche de
morfina. Acarrea en
el bolso pastillas
de rescate, por si
el zarpazo arrecia,
pero se las está
autorretirando
porque está tan
acostumbrada a
aguantarlo que, en
la escala del dolor
que los médicos
estipulan de 0 a 10,
lo que para ella
antes era un 9,
ahora es un 4. Aún
así, los achuchones
de los compañeros de
partido le deben de
estar fastidiando lo
suyo. Pese a ello,
sonríe a boca llena.
Se hace la última
foto con el último
pesado. Ha vuelto a
la arena.
Hace días, pidió a
los médicos el alta
voluntaria y se
reincorporó
oficialmente al
trabajo. Le ha dicho
a los suyos que no
es una descerebrada.
Que regresa por
responsabilidad. Por
sentido del deber.
Porque son tiempos
complicados y están
pasando cosas.
Porque la nueva
subdelegada del
Gobierno, María del
Mar Angulo, a la que
nombró ella misma
estando de baja en
octubre, está recién
aterrizada y no va a
dejarla sola con el
marrón del comienzo.
Porque nadie es
imprescindible, pero
algunos más que
otros. No oculta,
sin embargo, que
desea estar
exactamente ahí. En
su sitio. En primera
línea. Porque cree
que el trabajo forma
parte de su
curación. Porque así
piensa menos en el
dolor. Pero quizá,
también, porque para
algunos políticos,
la ambición es un
estimulante más
potente que los
analgésicos que le
hacen tolerable el
tormento.
Así que aquí está,
ocho horas después
de la velada de
Alcalá, en un
desayuno informativo
del ministro del
Interior, Jorge
Fernández Díaz —Dios
padre, le llaman
algunos
subordinados, por su
profunda devoción
católica— en un
lujoso hotel
madrileño.
Cifuentes,
republicana,
defensora del
matrimonio gay y que
por ella no hubiera
tocado la ley de
plazos del aborto,
comparte mesa con la
vicepresidenta Sáenz
de Santamaría, los
ministros Gallardón
y Báñez, la
secretaria Cospedal
y otros
notabilísimos de su
partido. Faltan Ana
Botella e Ignacio
González, alcaldesa
y presidente
madrileños. Pero
nadie parece
echarles de menos.
Primorosamente
maquillada, con una
raya verde
subrayando sus ojos
claros, oscuros en
las fotos antiguas,
una delgadísima
Cifuentes —ha
perdido ocho kilos y
dos tallas— escucha
al ponente. El
ministro se ha
olvidado de ella en
la salutación a las
autoridades. Pero
luego la resarce con
un largo aparte
fusilado por los
fotógrafos y
respetado
religiosamente por
la selecta
concurrencia. Parece
que los cuchillos
vuelan en todas
partes, aunque sean
los de alpaca fina
del hotel Villamagna.
La delegada está de
nuevo en su salsa.
En el hospital creyó
morir. Luego, quiso
morir. Finalmente
decidió no morir
allí
En realidad, nunca
se fue del todo,
salvo los 12 días
que permaneció en
coma, y los otros
tantos que pasó en
la UVI del Hospital
La Paz, de Madrid, a
donde fue trasladada
después de que su
ciclomotor fuera
embestido por un BMW
mientras circulaba
por el carril bus de
La Castellana. En
ese tiempo y ese
lugar, que ha
descrito a sus
íntimos como la
antesala del
infierno, primero
temió morir, después
deseó morir para
acabar con su
sufrimiento, y, por
fin, un día, decidió
que no iba a morir
allí y se puso a
ello. Con disciplina
castrense. Su padre,
general de
Artillería de 83
años, estaría
orgulloso si el
Alzheimer se lo
permitiera. Ya en
planta, empezó a
regresar a la vida.
Y a la política.
Dos días después de
recibir el alta, el
25 de septiembre, ya
estaba en la
Delegación, —se
distribuyó foto al
efecto— para
supervisar el
operativo de
seguridad de la
manifestación Jaque
al Rey. Una supuesta
amenaza al orden
público que al final
quedó en nada, entre
otras cosas porque
la lluvia que
arreció sobre Madrid
mermó la asistencia
a unas 1.000
personas, bastantes
menos que los
policías que
Cifuentes envió a
vigilarles
pertrechados hasta
las cejas.
“Prefiero pasarme
que no llegar, y
tener que recurrir a
las cargas. Una
carga es para mí un
fracaso”, ha dicho
en alguna ocasión la
delegada más
criticada por el uso
de la fuerza contra
las movilizaciones
ciudadanas. Y aporta
datos: de las 2.509
manifestaciones en
las que ha
intervenido la
Unidad de
Intervención
Policial desde enero
de 2012, solo en 6
se ha usado material
antidisturbios.
Jaque al Rey no fue
una de ellas.
Ya entonces, en
aquella primera y
prematura vuelta a
la arena, le dijo a
la familia que no
era una
descerebrada. Que
debía y quería estar
allí. Por
responsabilidad, por
sentido del deber.
Pero puede que
también para
demostrar que estaba
viva a algunos que
la daban por muerta
políticamente. Ya
dijo Konrad Adenauer
que hay enemigos,
enemigos mortales y
compañeros de
partido.
Tras el fiasco de
los Juegos y
Eurovegas, todas sus
opciones siguen
intactas
Política vieja a sus
49 años, y casi de
dedicación exclusiva
desde que, en 1979,
ingresara en Alianza
Popular —menos los
cinco años que fue
directora de un
colegio mayor de la
Complutense donde
las pupilas la
llamaban Barbie—,
Cifuentes sabe que
quien no está, no
cuenta. Y ahora, en
Madrid, hay
demasiado en juego
como para estar
esperando a que se
suelden los huesos
en casa. Con la
popularidad de la
alcaldesa Botella y
el presidente
González por los
suelos tras los
fiascos de los
Juegos Olímpicos y
Eurovegas, la
delegada conserva
sus opciones
intactas a cualquier
puesto en cualquier
lista. Ella no
gobierna. Ella no ha
dicho una palabra
más alta que otra
sobre Rajoy. Aunque
discrepa, ella acata
las mayorías.
“Bienvenida de
vuelta, Cristina, te
necesitamos más que
nunca, con las
calles llenas de
vándalos”, saludaba
Javier Bello,
alcalde de Alcalá de
Henares a Cifuentes
el miércoles. En su
respuesta, la
delegada agradeció
las flores pero de
vándalos no dijo
palabra. Criticada
por algunos por su
mano dura fuera y
dentro de la
Delegación —hay
quien la acusa de
despreciar a algunos
funcionarios en
beneficio de su
círculo de
confianza—, en la
distancia corta la
delegada exhibe una
notable cintura con
el prójimo y consigo
misma.
Vilipendiada en las
redes sociales,
guarda en dos
carpetas insultos
irreproducibles por
si alguna vez los
denuncia, pero
también una galería
de fakes con los
que, en privado, se
ríe a carcajadas.
Esa cintura, y ese
humor, le ha
granjeado amigos en
su partido y en la
oposición. A tomar
un café con alguno
se dirigía el 20 de
agosto, cuando el
BMW se la llevó por
delante. Pero ha
vuelto a la carga.
La moto con la que
se escapaba sola por
la ciudad ya no la
espera en el paso de
carruajes de la
Delegación. Le ha
prometido a sus
hijos no volver a
usarla. También les
ha dicho a sus
amigas que se le ha
quitado la ansiedad.
Que valora las cosas
pequeñas. Ese café
en una terraza que,
admite, no tiene
tiempo de tomarse.
Hay, sin embargo,
cierto brillo en los
ojos y cierta
fragilidad en una
figura que antes fue
robusta, que habla
de una Cifuentes
distinta. “Cuidaos,
al salir de casa no
sabemos si
regresaremos”. Así
se despidió de los
populares
alcalaínos.
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/14/actualidad/1387021673_954885.html
CIFUENTES: 'MI ÚNICO
OBJETIVO EN ESTE
MOMENTO ES ACABAR LA
LEGISLATURA EN LA
DELEGACIÓN'
"Me repugna la
existencia de
corruptos. Hay que
devolver la
confianza a los
ciudadanos"
"Estoy a favor de
que los ciudadanos
puedan elegir a sus
políticos en listas
abiertas"
Tras el grave
accidente de moto
que sufrió el pasado
20 de agosto, la
delegada del
Gobierno en Madrid,
Cristina Cifuentes,
ya se ha
reincorporado al
trabajo tras 34
ingresado en el
Hospital de la Paz.
Dice que tras el
accidente ha
aprendido a
preocuparse más de
su familia "y en
definitiva a dar más
importancia a las
cosas verdaderamente
importantes de la
vida, que son muy
pocas. Yo ahora
quiero vivir cada
día como si fuera el
último". Desde su
despacho en la
Delegación ha
respondido a las
preguntas de los
lectores de
ELMUNDO.es:
VOLVER A SUBIR EN
MOTO
"Creo que en la vida
no hay que tener
miedo a nada y
además a mí la moto
me gusta mucho. Soy
motera desde hace
más de 20 años. Sin
embargo, al salir
del hospital les
hice a mis hijos la
promesa de que no
volvería a subir en
moto y tengo el
propósito de cumplir
esta promesa. De
momento no me voy a
subir".
MUESTRAS DE APOYO
"Afortunadamente
fueron tantas las
muestras de apoyo
que recibí durante
esos días, no sólo
de compañeros sino
de miembros de la
Policía Nacional y
de la Guardia Civil
y sobre todo de
personas anónimas,
que compensan
cualquier otra cosa.
Yo me he sentido muy
apoyada y muy
querida".
LOS POLÍTICOS Y LA
CORRUPCIÓN
"Comprendo el recelo
que existe de una
gran parte de la
población hacia la
clase política y
desde luego comparto
el malestar por los
casos de corrupción
política. Los
partidos tenemos que
tener tolerancia
cero hacia la
corrupción, pero
deben ser los jueces
los que determinen
cuando se ha
producido. A mí me
repugna la
existencia de
corruptos. El
Partido Popular está
tomando medidas para
atajar la corrupción
en la vida pública.
Es imprescindible
devolver la
confianza a los
ciudadanos en los
políticos".
LA PRIVATIZACIÓN DE
LA SANIDAD
"Yo siempre, antes
del accidente
también, he
defendido la sanidad
pública. Soy usuaria
de la sanidad
pública y creo que
en Madrid y en
España tenemos la
suerte de tener una
de las mejores
sanidades públicas
del mundo. Respecto
a las declaraciones
de mis compañeros,
algunas las comparto
y otras no. Pero
entiendo que estamos
en un momento muy
difícil de grave
crisis y muchas de
las medidas que se
han tomado en
materia sanitaria lo
que buscan es hacer
sostenible el
sistema sanitario y
que la sanidad
pública pueda
continuar siendo
gratuita y
universal".
REFORMAR LA LEY
ELECTORAL
"Personalmente estoy
a favor de que los
ciudadanos puedan
elegir a sus
políticos en listas
abiertas, pero la
reforma de la Ley
Electoral requiere
un amplísimo
consenso político y
ya en la última
legislatura esta ley
se reformó, por
tanto no parece
previsible que vaya
a haber una nueva
reforma en el futuro
cercano".
ASPIRAR A LA
ALCALDÍA
"Mi único objetivo
en este momento es
acabar la
legislatura
trabajando en la
Delegación de
Gobierno, que para
eso me han nombrado.
Adopté el compromiso
de permanecer en
este puesto durante
la legislatura
completa y en ello
estoy".
DIVISIÓN EN EL PP
"Yo no creo que haya
riesgo de fractura
en las bases del
Partido Popular,
pero sí creo que
todos los
militantes,
afiliados y cargos
públicos del Partido
Popular tenemos que
hacer un esfuerzo
extraordinario para
explicar al conjunto
de la ciudadanía las
difíciles medidas
que ha habido que
tomar para salir de
la crisis, muchas de
las cuales van en
contra de nuestro
programa electoral,
pero que eran
imprescindibles en
el momento actual".
SUS PRÓXIMAS TAREAS
EN LA DELEGACIÓN
"Sobre todo las que
tienen que ver con
garantizar los
derechos
fundamentales de los
ciudadanos y la
seguridad. En ese
sentido, que la
Comunidad de Madrid
continúe siendo una
de las regiones más
seguras de España.
Hay que recordar que
en el último año la
criminalidad en la
Comunidad de Madrid
ha bajado 2 puntos y
en la ciudad de
Madrid casi 3, cosa
que se debe sin duda
al magnífico trabajo
realizado por la
Policía Nacional y
la Guardia Civil".
REFERÉNDUM EN
CATALUÑA
"Yo espero que no lo
haya. Es un
reférendum ilegal.
No se puede tomar
unilateralmente por
parte de unos
españoles una
decisión que afecta
a España en su
conjunto. Yo no
concibo Cataluña sin
España ni España sin
Cataluña".
COCHES OFICIALES
"Yo sí creo que
sobran coches
oficiales. El coche
oficial debería
usarse
exclusivamente para
cuestiones que
tengan que ver con
el trabajo y yo
desde luego siempre
he tratado de hacer
el uso mínimo
indispensable. Hacer
un uso indebido de
un coche oficial me
parece lamentable".
RELACIÓN CON SUS
COMPAÑEROS DE
PARTIDO
"Con cada uno
diferente. Con
Mariano Rajoy es muy
buena y yo le
agradezco la
confianza que puso
en mí para nombrarme
en un cargo de
tantísima
responsabilidad. Le
estoy muy
agradecida. He
tenido el privilegio
de trabajar con
Esperanza Aguirre
durante 10 años y
actualmente estoy en
su equipo en el
Partido Popular de
Madrid. De ella he
aprendido muchísimo.
Es una gran política
y además la quiero y
la admiro. Lo mismo
puedo decir de
Ignacio González,
con el que tengo muy
buena relación. Es
un gran presidente.
Con Ana Botella he
tenido quizá menos
relación personal.
Tiene mucho mérito
gobernar la ciudad
de Madrid en un
momento tan
complicado".
MADRID ARENA
"Un año más tarde,
sigo lamentando la
muerte de 5 niñas la
fatídica noche del
Madrid Arena. Espero
además que la
Justicia actúe lo
antes posible para
deteminar las
responsabilidades y
que los responsables
paguen por ello.
Dicho esto, la
Policía Nacional no
tuvo ninguna
responsabilidad en
estos trágicos
sucesos, puesto que
no es competencia
suya vigilar ni
supervisar este tipo
de eventos privados
y menos aún cuando
se realizan en un
espacio municipal.
La competencia de la
Policía Nacional es
exclusivamente
vigilar los entornos
para impedir que se
produzcan hechos
delictivos como
asaltos o
violaciones (tal
como había ocurrido
en años anteriores).
Por otra parte, la
Delegación de
Gobierno y la
Policía Nacional
estamos colaborando
como no puede ser de
otra manera con el
juez, aportando
documentos y
mediante la propia
investigación
policial para
ayudarle en todo lo
que nos ha
requerido".
LEY DE SEGURIDAD
CIUDADANA
"Las sanciones de la
ley son
prácticamente
iguales que la
vigente ley
socialista del año
92. Y, desde luego,
inferiores a las
sanciones que recoge
la también ley
actual socialista
del deporte. No se
va a restringir en
modo alguno el
derecho de protesta,
que es un derecho
constitucionalmente
protegido. Al
contrario ,se va a
proteger para que
pueda realizarse de
manera pacífica,
conforme a la ley y
con más garantías
para quienes quieran
ejercer este
derecho".
ATAJAR LA
PROSTITUCIÓN
"Es un tema muy
complejo. Yo creo
que cualquier medida
tiene que ir
dirigida a evitar el
ejercicio de la
prostitución en
determinadas zonas,
como por ejemplo el
entorno de los
centros escolares o
donde hay menores,
pero creo que no se
puede ni se debe
criminalizar a la
prostituta, que en
una inmensa mayoría
ejerce contra su
voluntad y es
víctima de trata de
seres humanos. Hay
que cargar las
tintas contra los
proxenetas, contra
quienes las explotan
y, si acaso, contra
los clientes. Nunca
contra las
prostitutas. La
Policía Nacional
está de manera
permanente actuando
contra estas bandas
mafiosas que
explotan a las
mujeres, como por
ejemplo en la
colonia Marconi de
Madrid. Es otro
compromiso mío
asumido con los
vecinos".
CAMBIAR EL SENADO
"Estoy a favor de
modificar
radicalmente la
concepción del
actual Senado. Mi
opinión personal es
que una cámara de
segunda lectura en
un país como España
si no representa
verdaderamente los
intereses de las
diferentes
comunidades
autónomas que la
integran no tendrían
sentido. Sería
importante hacer una
modificación del
Senado cuanto
antes".
http://www.elmundo.es/madrid/2013/12/11/52a8555163fd3d3a578b45a3.html?a=9f37d1d4d5b01f4c2aac0fa6507ff08a&t=1386780249
Cifuentes dice que
el independentismo
es “un atentado
directo a la
convivencia”
La delegada
reaparece en la
escena política y
hace un llamamiento
a la unidad de
España
Ignacio González
defiende que no
puede ni debe
cambiarse por el
interés "de unos
pocos"
Entre las ausencias,
destacan las de
Esperanza Aguirre y
Alberto
Ruiz-Gallardón
La delegada del
Gobierno en Madrid,
Cristina Cifuentes,
ha reaparecido esta
mañana en la escena
política después de
haber estado tres
meses de baja a
causa de un grave
accidente de moto en
el paseo de la
Castellana.
Cifuentes ha
aprovechado la
celebración del XXXV
Aniversario de la
Constitución
española para lanzar
un claro mensaje a
Cataluña de que es
imposible la
escisión en el marco
legal existente.
“Creo que el
independentismo es
sin duda la mayor de
las amenazas que
vive hoy la
Constitución y,
desde luego, supone
un atentado directo
al corazón de
nuestra
convivencia”, ha
señalado.En la misma
línea ha intervenido
el presidente de
Madrid, Ignacio
González, que ha
defendido una
reforma de la
Constitución pero
para adaptarla
únicamente a los
próximos retos a los
que se enfrente el
país y no por
situaciones
coyunturales
promovidas por
algunas regiones, en
clara referencia a
Cataluña.
Cifuentes ha
iniciado su discurso
señalando que era un
“auténtico placer”
que su primer acto
fuera la celebración
de la Constitución
tras una larga
convalecencia. “Han
sido tres meses y
para mí tiene una
importancia muy
especial, no solo
por el XXXV
aniversario de la
Constitución sino
también por lo que
representa este
acto”, ha destacado
la delegada.
Después, ha entrado
de lleno en el
discurso y ha
destacado la
importancia de la
Carta Magna en estas
tres décadas y media
de existencia: “La
Constitución es hoy,
sin duda, la piedra
angular de nuestra
Democracia y la base
más firme de
instituciones y
organizaciones que
son esenciales para
la convivencia y
libertad”.
La delegada ha hecho
una referencia
directa a Cataluña y
sus intenciones de
separarse de España.
“No cabe mayor
deslealtad. Nadie
puede ser excluido
ni puede
autoexcluirse de
esta meta común,
según parece
pretender alguna
comunidad como
Cataluña.
Precisamente por
ello, en estos
momentos mas que
nunca, hay que decir
alto y claro, desde
la convicción, la
lógica y el corazón
que España necesita
a Cataluña y
Cataluña necesita a
España”, ha
enfatizado. También
ha defendido que se
pueda reformar la
Constitución “desde
el consenso para
aumentar las cotas
de autogobierno, el
sistema de
financiación
autonómica o
desarrollar las
previsiones
legislativas
constitucionales”. A
lo que se ha
opuesto, “con un no
rotundo y sin
ambages”, a los
procesos
unilaterales que “al
margen de la ley y
de las previsiones
constitucionales,
pretenden romper
España y destruir su
identidad como
nación”.
Por su parte,
Ignacio González,
que ha dado un
saludo muy especial
a su compañera de
partido por la
recuperación, ha
seguido la misma
línea al llamar a
mantener la unidad
de España y a
respetar la
Constitución como
norma fundamental
del Estado de
Derecho. “La
Democracia sin ley
no existe, en la
desunión no hay
futuro y la
Constitución está
para cumplirla y
asumirla en un
momento
trascendente”. El
presidente regional
ha utilizado una
metáfora de que
quizá en estos 35
años se ha podido
estropear la
embarcación en
referencia a la
Constitución pero la
solución pasa, según
su criterio, por
reformarla de forma
que permita afrontar
el futuro de España.
“La permanencia es
un valor del
constitucionalismo
en sí misma que
debemos defender”,
ha destacado
González, que ha
hecho referencia al
artículo 1 de la
Constitución que
recuerda que España
es un Estado social
y democrático de
Derecho y patria
común e indivisible
de todos los
españoles. También
ha recordado que “no
es un texto sagrado
ni una finalidad en
sí misma: “es un
texto normativo que
tendrá sentido en
cuanto sirva a la
sociedad”.
Ya fuera del
discurso, la
delegada del
Gobierno, que ha
pedido el alta
médica voluntaria
tras haber salido
del hospital 23 de
septiembre para
continuar su
recuperación en
casa, ha destacado
que se encuentra
“muchísimo mejor"
tras haber pasado
"una lesión muy
importante". "He
vuelto con muchas
ganas de trabajar,
ya que nos
encontramos en un
momento muy
complicado”, ha
explicado mientras
defendía la nueva
ley de seguridad
ciudadana. La
delegada, que ha
recibido una cerrada
ovación tras su
discurso y que ha
centrado toda la
atención de los
asistentes, ha
confesado que está
mejor anímica que
físicamente.
Momentos antes de
comenzar el acto, el
secretario general
del Partido
Socialista de Madrid
(PSM), Tomás Gómez,
también ha apostado
por reformar la
Constitución, pero
con otros fines:
"para blindar la red
de seguridad" que
tenemos los
españoles, que son
los derechos
sociales. A su
juicio, los años
pasados desde 1978
han sido "los 35
años mejores de la
vida" de España, ya
que la Constitución
"dio un marco de
convivencia y
también de progreso
social y económico"
a España.
Desde el mismo
partido, su portavoz
en el Ayuntamiento
de Madrid, Jaime
Lissavetzky, ha
afirmado que hay que
estar satisfechos
por los 35 años que
cumple mañana la
Constitución
Española, aunque ha
dicho que "todo en
la vida es mejorable
y una manera de
sustentar la
Constitución es
poder reformarla".
Para Lissavetzky,
"es bueno un debate"
en este sentido.
El portavoz del PP
en la Asamblea de
Madrid, Iñigo
Henríquez de Luna,
ha considerado que,
"como cualquier buen
traje, después de 35
años necesita
ajustes". A su
juicio, "un proceso
constituyente no
tiene ningún sentido
pero sí hacer
ajustes para
resolver aquellas
cuestiones
pendientes que no
han funcionando
bien".
Su homólogo de UPyD,
Luis de Velasco, ha
opinado que "35 años
son muchos años",
por lo que ha
apostado por "tunear
a fondo" la
Constitución para
dar paso a un Estado
Federal con
"competencias
definidas y
respetadas".
"Algunos dicen que
esto es un estado
federal pero esto no
es ni chicha ni
limoná", ha añadido.
Los secretarios
generales de CC OO y
UGT de Madrid han
llamado a revisar la
Constitución para
lograr "mayor
descentralización" y
porque "buena parte"
de ella "no se está
cumpliendo". "Es el
35 aniversario y
quiero reivindicar
el artículo 35, que
dice que los
españoles tenemos
derecho al trabajo
en un momento en que
ése como otros
artículos no se está
cumpliendo", ha
dicho el líder de CC
OO de Madrid, Jaime
Cedrún. Su homólogo
de UGT, José Ricardo
Martínez, ha
señalado que "hay
que adecuarla a los
nuevos tiempos",
sobre todo en lo
relacionado con "el
tipo de Estado".
También con una
"mayor
descentralización,
revisar el papel de
las instituciones,
dar más
participación a la
sociedad, mayor
control a los
gobiernos".
Entre las ausencias,
destacan las de las
dos figuras que han
marcado la política
madrileña de los
últimos años,
Esperanza Aguirre y
Alberto
Ruiz-Gallardón. De
los presidentes que
ha tenido la
Comunidad, solo ha
acudido al acto el
socialista Joaquín
Leguina. Entre las
autoridades
invitadas se
encuentran Ana
Botella, alcaldesa
de Madrid; Francisco
Pérez de los Cobos,
presidente del
Tribunal
Constitucional; José
Ignacio Echeverría,
presidente de la
Asamblea de Madrid;
Eduardo
Torres-Dulce, fiscal
General del Estado;
Manuel Moix, fiscal
jefe de Madrid.
También está entre
el público Angel
Carromero, número
dos de Nuevas
Generaciones del PP
de Madrid.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/05/madrid/1386236756_203682.html
CIFUENTES CIRCULABA
SIN LA ITV Y POR UN
CARRIL PROHIBIDO
PARA CICLOMOTORES
CUANDO TUVO EL
ACCIDENTE
Conducía un
ciclomotor Yamaha
Neos de cilindrada
inferior a los 50 cc
El historial de
ITV´s del vehículo,
solicitado a la DGT,
aparece vacío
La infracción no
supone que fuera la
responsable del
accidente pero sí
una sanción
administrativa y que
la aseguradora se
niegue a pagar los
daños
No supondría más que
una multa, una
sanción
administrativa y, de
hecho, no supone que
la responsabilidad
del accidente sea de
Cristina Cifuentes,
ni exime de
responsabilidad al
contrario, en el
caso de que el
siniestro hubiera
sido culpa suya. Sin
embargo, no llevar
la documentación en
regla sí permite a
la compañía
aseguradora negarse
a hacerse cargo de
los daños.
Según consta en
el registro de la
Dirección General de
Tráfico, el vehículo
que conducía la
delegada del
Gobierno en Madrid
era una Yamaha,
modelo YN50R,
matriculada en mayo
del año 2005. En
2007 entró en vigor
la obligatoriedad de
someter los
ciclomotores, con
tres años de
antigüedad, a la
ITV. En la
información
facilitada, el
historial de
Inspecciones
Técnicas aparece
vacío y con la
advertencia en color
rojo: "Debe
verificar la
vigencia de la ITV".
Aunque, en un primer
momento, se habló de
que Cifuentes se
había accidentado
con una motocicleta,
el mismo documento
inscribe el tipo de
vehículo de la
delegada como
“ciclomotor de dos
ruedas”.
El carril-bus
permitido para
motos, no para
ciclomotores
Y esto lleva a la
segunda cuestión
polémica: si
Cifuentes circulaba
por el carril
apropiado o no. En
una instrucción de
2006, el
Ayuntamiento de
Madrid permitió a
las "motocicletas"
la circulación por
los carriles
reservados al
transporte público
(Taxi y EMT) los
llamados carril-bus,
"quedando prohibido
el tránsito por
ellos a cualquiera
otros que no estén
comprendidos en
dicha categoría”.
Esa instrucción
especifica que
-según el Reglamento
General de
Vehículos- se debe
entender motocicleta
“como el vehículo de
dos o tres ruedas
provisto de un motor
de cilindrada
superior a 50 cc, si
es de combustión
interna, y/o con una
velocidad máxima por
construcción
superior a 45 km/hora".
Además del registro
como "ciclomotor de
dos ruedas" en la
DGT, en las
especificaciones
técnicas de Yamaha,
ninguno de sus
modelos Neo´s
alcanza los 50 cc
para que se les
pueda dar la
categoría de
motocicleta.
El accidente de
Cristina Cifuentes
tuvo lugar hace 16
días en el Paseo de
la Castellana de
Madrid, cuando un
BMW que giraba a la
derecha, hacia la
calle Profesor
Waksman, golpeó con
la parte trasera al
vehículo de la
delegada del
Gobierno,
probablemente, al
quedar este en el
ángulo muerto del
conductor.
Cifuentes permanece
aún en la Unidad de
Cuidados Intensivos
del hospital de La
Paz, donde se
recupera a buen
ritmo del
traumatismo torácico
grave y el
hemoneumotórax que
le causó el
siniestro. Según la
información que
ofrecía este lunes
la agencia Europa
Press, está
consciente, consume
alimentos sólidos y
se levanta de la
cama con ayuda
http://www.zoomnews.es/96943/actualidad/espana/cifuentes-circulaba-itv-y-lugar-prohibido-ciclomotores
La delegada del
Gobierno en Madrid,
herida grave en un
accidente de moto
La delegada del
Gobierno en Madrid,
Cristina Cifuentes,
de 49 años, se
encuentra ingresada
en estado grave en
la unidad de
Medicina Intensiva
del hospital de La
Paz tras sufrir un
accidente de moto
alrededor de las
seis de esta tarde.
Según el parte
médico difundido a
las 20.30, Cifuentes
sufre un
"traumatismo
torácico grave que
requiere intubación
oro-traqueal y
conexión a
ventilación
mecánica". Sufre la
fractura de cinco
costillas con
afectación en los
pulmones y su
pronóstico es grave
pero por el momento
se ha descartado la
intervención
quirúrgica.
El parte está
firmado por el jefe
de turno del
hospital, el doctor
M. Quintana Díaz,
quien, a preguntas
de los periodistas,
ha recordado que,
como ocurre con todo
paciente ingresado
en la unidad de
Medicina Intensiva,
existe riesgo vital.
Tras esta primera
evaluación, el
equipo médico que
atiende a la
delegada analizará
su evolución y
difundirá un nuevo
parte médico mañana
por la mañana.
El accidente ha
tenido lugar en el
Paseo de la
Castellana a la
altura de la calle
Profesor Waksman al
colisionar la moto
de tipo scooter que
conducía con un
coche de la marca
BMW. Los datos
recabados en el
lugar del siniestro
apuntan a que
Cifuentes viajaba
sola y a que recibió
un fuerte golpe que
la derribó de la
moto. Al parecer, la
delegada circulaba
por el carril bus en
dirección norte y ha
sido en el cruce de
la Castellana con
Profesor Waksman
donde se ha
producido la
colisión. El coche
tenía marcas de un
choque en la parte
lateral trasera
derecha.
Al ser atendida por
los sanitarios del
SAMUR, Cifuentes se
encontraba
consciente y
orientada y pudo
advertir de que
sufría mucho dolor.
En el momento de
estudiar sus
constantes vitales,
los médicos han
apreciado una baja
saturación de
oxígeno en sangre,
por lo que han
decidido intubarla.
La policía municipal
ha tomado
declaración allí
mismo al conductor
del coche, de color
gris, que poco
después ha
abandonado el lugar.
La prueba de
alcoholemia que se
le ha realizado ha
dado resultado
negativo
En la zona del
choque se han
producido numerosos
accidentes con
motos, según cuentan
varios vecinos de la
zona. “Suelo ir con
miedo cuando tomo el
cruce. Son muy
frecuentes los
accidentes", asegura
Luis Ramos, portero
de uno de los
edificios de la
Castellana, que se
encontraba
trabajando en el
momento del choque.
Tras difundirse la
noticia, diversos
responsables
políticos han
acudido al centro
hospitalario para
interesarse por la
evolución médica de
Cifuentes: la
vicepresidenta del
Gobierno Soraya
Sáenz de Santamaría
o el presidente de
la Comunidad,
Ignacio González,
han manifestado su
confianza en su
pronta recuperación.
La Reina Doña Sofía
y el presidente del
Gobierno, Mariano
Rajoy, han llamado
por teléfono para
transmitir ánimos a
la familia de
Cifuentes.
A La Paz también se
han desplazado
Salvador Victoria,
consejero de
Presidencia y número
dos de la Comunidad
de Madrid, Enrique
Núñez, delegado de
Seguridad del
Ayuntamiento de
Madrid y Lola
Navarro, alcaldesa
en funciones al
encontrarse fuera de
la capital Ana
Botella. La
Defensora del
Pueblo, Soledad
Becerril, ha acudido
también a La Paz.
Cifuentes se hizo
cargo de la
Delegación del
Gobierno en Madrid
en enero de 2012
tras la llegada de
Mariano Rajoy a La
Moncloa. Antes había
sido diputada
regional y
vicepresidenta de la
Asamblea de Madrid
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/08/20/madrid/1377017853_520499.html
CIFUENTES VULNERÓ EL
DERECHO DE REUNIÓN
AL MULTAR A UNA
ASISTENTE A UNA
CONCENTRACIÓN
PACÍFICA
Un juzgado madrileño
ha dado la razón a
una manifestante
sancionada con 300
euros por
"desobedecer los
mandatos de la
autoridad" al
asistir a una
concentración no
comunicada
El juez defiende que
si las
concentraciones no
comunicadas se
desarrollan
"siguiendo pautas y
derroteros pacíficas
y civilizados ha de
existir una
motivación
específica en la
orden de disolución
o desconcentración
de los reunidos"
Ninguno de los 447
detenidos en
movilizaciones del
15M en Madrid ha
sido condenado
El juzgado número 12
de Madrid ha dado la
razón a una
manifestante que
asistió a una
concentración
convocada el 27 de
abril de 2012 y que
no fue comunicada a
Delegación del
Gobierno. El juez
considera que el
organismo que dirige
Cristina Cifuentes
vulneró el derecho
de reunión al
sancionar con 300
euros a una de las
participantes y al
disolver la
manifestación a
pesar de que se
desarrollaba
pacíficamente.
El juez defiende que
se ha vulnerado ese
derecho
constitucional "dado
que mediante las
actuaciones
sancionadoras se
enerva la
posibilidad de
poderse reunir de
manera pacífica y en
señal de protesta".
Además, señala que
la orden de
disolución "no tenía
justificación
amparada legalmente
que la hiciera
pertinente". "Es
cierto que
participan en una
reunión o
concentración no
comunicada -indica
el juez en relación
a la protesta
convocada por el 15M
para reclamar la
liberación de los
detenidos en la
acción 'Toma el
Metro'- pero cuando
se desarrolla sin
previa comunicación
pero siguiendo
pautas y derroteros
pacíficas y
civilizados ha de
existir una
motivación
específica en la
orden de disolución
o desconcentración
de los reunidos".
"Solo se ha de
limitar el ejercicio
del derecho cuando
haya elementos,
firmes e
indiscutibles, de
los que pueda
deducirse la clara
existencia de un
peligro concreto y
no meras sospechas o
posibilidades de que
pueda haber
alteraciones de
orden público",
afirma tajante el
juez.
Legal Sol, la
comisión del 15M que
se encarga de la
asistencia letrada
de muchos de los
sancionados y
detenidos, celebra
el pronunciamiento
del juez: "Tras más
de 1.000 sanciones
en dos años esta es
la segunda sentencia
de las decenas de
procedimientos
similares abiertos
por hechos
análogos", señalan
en su web.
"Con esta sentencia
se termina de
desmontar la
manipulación
constante de nuestra
Delegada de Gobierno
en sus
intervenciones
públicas de querer
hacer creer que una
concentración no
comunicada es
ilegal, y por tanto
puede ser disuelta
por ello y sus
asistentes
sancionados", añade
Legal Sol.
Otras setenta
personas presentaron
alegaciones
similares por las
sanciones impuestas
en la concentración
celebrada en abril
de 2012, por lo que
el colectivo espera
que esta sea la
primera "de otras
muchas que están por
venir y que pondrán
a cada una en su
lugar".
Esta es el tercer
varapalo judicial
que recibe Cristina
Cifuentes en un mes.
A finales de junio
el juzgado de lo
contencioso
administrativo
número 20 de Madrid
condenó a la
Delegación del
Gobierno por
vulnerar los
derechos
fundamentales de un
manifestante durante
la misma protesta.
En ese caso, el juez
defendió la
presunción de
inocencia de uno de
los asistentes a la
concentración, a
quien habían
sancionado con 300
euros por no
abandonar el lugar
cuando lo ordenó la
Policía. "Se ha de
recordar que el
derecho a la
presunción de
inocencia exige que
la imposición de una
sanción a un
administrado solo se
efectuará cuando en
el expediente
administrativo se
haya desarrollado
una actividad
probatoria de cargo,
practicada con
garantías para
aquél, determinante
de una infracción y
sanción tipificadas
legalmente", dictaba
la sentencia.
Hoy se ha conocido
otra sentencia que
da la razón a un
manifestante multado
por desobedecer a la
autoridad. En su
caso, la delegación
del Gobierno también
vulneró su derecho a
la presunción de
inocencia ya que el
informe que denunció
al manifestante fue
distinto al que
presenció los
hechos.
http://www.eldiario.es/politica/Cifuentes-asistentes-concentracion-pacifica-comunicada_0_159584254.html
ANULADA UNA MULTA DE
LA DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN MADRID A
UN MANIFESTANTE
• El juzgado
contencioso
administrativo
número 20 considera
que se vulneró su
derecho la
presunción de
inocencia
• Interpreta que los
policías no se
identificaron
concretamente al
denunciado
El Juzgado
Contencioso
Administrativo
número 20 de Madrid
ha anulado la
sanción de 300 euros
que interpuso la
Delegación del
Gobierno en Madrid a
un manifestante por
"vulnerar su derecho
fundamental a la
presunción de
inocencia", según el
fallo. Los hechos en
cuestión corresponde
al 27 de abril de
2012. Un grupo de
150 personas se
concentró en las
inmediaciones del
intercambiador de la
Puerta del Sol para
protestar contra las
detenciones de los
activistas del
colectivo que
supuestamente
participó en la
acción de sabotajes
Toma el Metro dos
días antes.
Los policías
nacionales allí
desplegados
informaron a los
participantes en el
acto que dicha
concentración no
había sido
comunicada a la
Delegación del
Gobierno, por lo que
se les conminó a
abandonar el lugar,
haciendo caso omiso
de las indicaciones
de los agentes. Por
ello, los
manifestantes fueron
identificados, entre
los que se
encontraba el
recurrente, que
recibió una sanción
administrativa por
desobediencia de los
mandatos de la
autoridad o a sus
agentes, siguiendo
lo indicado en la
resolución judicial.
En alegaciones, el
interesado,
admitiendo que le
pidieron el DNI, que
proporcionó, negó
que se le hubiera
comunicado que
abandonara el lugar.
Acompañó al escrito
dos declaraciones
juradas de personas
presentes que asó lo
atestiguan. Como
respuesta a estas
alegaciones, dos
agentes se
ratificaron en el
informe que
realizaron ese día,
expresando que fue
identificado por
efectivos
dependientes del
indicativo policial
Puma 60, como
participantes en los
hechos y requerido
el abandono del
lugar.
La Delegación
desestimó el recurso
de alzada presentado
por el sancionado,
que a continuación
llevó el asunto a
los tribunales a
través de la
Comisión Legal de
Sol del movimiento
15M.
El juez reconoce
ahora en una
sentencia dictada
hace unos días que
la Administración
tiene potestad
sancionadora,
"aunque sometida a
las cautelas que
garanticen los
derechos de los
ciudadanos, que son
los verdaderos
derechos subjetivos,
y se condensan en
último extremo en no
sufrir sanciones
sino en los casos
legalmente
prevenidos y de
autoridades que
legalmente puedan
imponerlas".
Asegura también que,
"se ha de coincidir
con el Ministerio
Fiscal en que la
ratificación de lo
sucedido debe ser
efectuada por los
agentes que personal
y directamente
identificaron y
requirieron al
sancionado para que
abandonara el
lugar". "En el
presente caso lo que
se manifiesta es que
el interesado fue
identificado por
efectivos
dependientes del
Puma 60,
desconociéndose
quienes fueron esos
agentes
concretamente y si
coinciden o no con
los titulares de los
carnés policiales
que formularon la
ratificación",
añade.
Por ello, el
magistrado invoca el
artículo 37 de la
Ley 1/1992 de
Seguridad Ciudadana
que recoge que, si
en dichas
circunstancias se
negaran los hechos,
lo que ha pasado en
este caso, y los
agentes que los
presenciaron no los
ratifican en
términos
fehacientes, "no
queda desvirtuada la
presunción de
inocencia del
recurrente", por lo
que estima la
demanda. Contra esa
decisión se puede
interponer en un
plazo de 15 días un
recurso de apelación
ante el mismo
Juzgado de lo
Contencioso.
Tras este fallo, la
Comisión Legal Sol
ha señalado en un
comunicado que "tras
más de mil multas en
dos años ésta es la
primera sentencia de
las decenas de
procedimientos
similares abiertos
por hechos
análogos". "Y
estamos convencidos
de que no será
última", han
agregado. Por ello,
han exigido al
departamento que
dirige Cristina
Cifuentes que
proceda al archivo
de oficio, aludiendo
al artículo 105 de
Ley 30/1992, de
todos los
procedimientos
sancionadores que
mantiene actualmente
abiertos "y en los
que se ha repetido
la misma
vulneración, que son
la mayoría de
ellos".
La Comisión Legal de
Sol del 15M ha
asegurado que estas
sanciones son fruto
de "una política de
represión de baja
intensidad o 'burorepresión'
que no busca otra
cosa que amedrentar
a la población para
que no ejerza su
legítimo derecho de
protesta".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/26/madrid/1372270680_130376.html
CIFUENTES NIEGA
HABER COBRADO DOS
SUELDOS DEL PP
La delegada del
Gobierno en Madrid
percibió en 1998 más
de dos millones de
pesetas
Cifuentes asegura
haber tributado a
Hacienda por los
emolumentos
rebicidos
La delegada del
Gobierno en Madrid,
Cristina Cifuentes,
percibió del grupo
popular en la
Asamblea de Madrid
2.096.000 pesetas,
unos 12.000 euros,
en el año 1998,
según los documentos
contables a los que
ha tenido acceso la
SER. Según esta
cadena, Cifuentes,
diputada en el
hemiciclo de
Vallecas desde 1991
hasta que fue
nombrada delegada,
fue ese año la
tercera diputada
mejor remunerada al
sumar a las dietas
por asistencia a
pleno, como todos
los parlamentarios,
los 12.000 euros que
recibía del grupo
por su trabajo como
portavoz adjunta.
Los parlamentarios,
en aquellos años, no
cobraban un sueldo,
sino dietas por
asistencia.
Cifuentes recordó
hoy que las
retribuciones extras
que recibió se
debieron a un
acuerdo de la Mesa
de la Asamblea que
decidió dar un
complemento a
determinados cargos
parlamentarios:
presidente,
vicepresidentes,
portavoces de
comisión, de
grupo... La
delegada, que en
aquel momento era
portavoz adjunta,
afirma: "Todas estas
retribuciones
fueron, además,
declaradas a
Hacienda".
Cifuentes formaba
parte de la
dirección del grupo
junto a otros
nombres que también
recibían esas
compensaciones como
Fermín Lucas, Pedro
Muñoz Abrines o
Manuel Cabo. Ese
mismo año, por
ejemplo, su
compañero Pio García
Escudero percibió
375.000 pesetas. Y
esa era la media del
resto de miembros
del grupo.
Estas retribuciones
son legales y
tributadas y el PP
las mantienen a día
de hoy a cargos y
otros asesores en la
Asamblea.
Entrevistado por la
SER, el portavoz del
grupo popular en la
Asamblea, Iñigo
Henriquez de Luna,
aseguró que estos
sobresueldos se
cobran "desde hace
muchos años".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/12/madrid/1371020657_755102.html
CRISTINA CIFUENTES:
“NO QUIERO SER LA
SUCESORA DE ANA
BOTELLA”
"Si ellos
[González y Botella]
deciden no
presentarse, el
partido decidirá",
declara la delegada
Es "un melón que no
está abierto y no se
debe de abrir", ya
que "no beneficia a
nadie"
"Es normal que quien
gobierne sufra un
desgaste"
Sigue el desmentido
y la negación de que
esté abierta la
carrera sucesoria en
el seno del PP
madrileño ante los
malos resultados que
pronostican los
sondeos para las
elecciones
autonómicas y
locales. Con una
nueva encuesta de EL
PAÍS sobre la mesa,
que vaticina el fin
de la mayoría
absoluta del PP en
el Ayuntamiento
después de la que ya
publicó este diario
en el mismo sentido
el 2 de mayo para el
Gobierno regional,
la delegada del
Gobierno de Madrid,
Cristina Cifuentes,
ha asegurado que no
está haciendo
campaña "en
absoluto" para ser
la candidata del PP
a la Alcaldía de
Madrid. Al ser
preguntada en varias
ocasiones por este
asunto, ha
sentenciado: "No
quiero ser la
sucesora de Ana
Botella".
En una entrevista
esta mañana en TVE,
Cifuentes ha
señalado, no
obstante, que "en la
vida uno no puede
descartar nada",
aunque eso no
significa que se
esté postulando.
"Cuando llegue el
momento Botella y
González tendrán que
decidir si quieren
volver a
presentarse. El
partido será el que
abra el debate si
[ellos] no quieren.
Yo no quiero. No me
interesa la sucesión
de nadie", ha
zanjado. Y si
Botella y González
optan por concurrir
a las elecciones,
"por supuestísimo"
que los apoyará.
El runrun sobre sus
aspiraciones
políticas subió
varios escalones el
lunes, después de
que Cifuentes, que
antes de delegada
fue presidenta de la
Asamblea de Madrid,
fuera presentada y
arropada por la
secretaria general
del PP, María
Dolores de Cospedal,
en un desayuno
informativo, aunque
tanto la una como la
otra negaron que se
tratara del inicio
de una carrera o que
haya disputa
sucesoria. Al
respecto, Cifuentes
ha querido aclarar
hoy que el desayuno
del lunes estaba
cerrado desde hace
cinco meses,
coincidiendo con el
segundo aniversario
del Movimiento 15-M.
"Esto no era ninguna
campaña planificada.
No hago campaña en
absoluto", ha
insisto.
La delegada del
Gobierno ha admitido
que estos sondeos no
son buenos, pero les
ha dado un valor
"relativo" porque
son "la foto de un
momento concreto" y
quedan aún dos años
para las elecciones
autonómicas y
locales, que en
política es
"muchísimo". Además,
ha recordado que
siempre que se
gobierna se sufre un
desgaste y tanto
Botella como
González están
gestionando en un
momento complicado.
Para Cifuentes, los
malos resultados en
las encuestas
deberían servir de
"acicate" para
trabajar por volver
a recuperar la
confianza ciudadana.
A preguntas sobre
que puntuación
pondría ella a
Botella y a
González, ha eludido
contestar, ya que a
su juicio deben ser
los madrileños
quienes pongan la
nota. En la encuesta
de hoy, Botella
cosecha la peor nota
de los políticos
municipales, un -61,
mientras que
González restó un
-41. No obstante ha
indicado que les
daría un aprobado y
"por supuesto con
nota".
Pese a insistir en
que prefiere "no
participar" en la
"polémica" sobre la
sucesión en la
Alcaldía o la
Comunidad, Cifuentes
ha reiterado, como
no ha parado de
decir en los últimos
días, que su
"horizonte" y su
"meta" es acabar la
legislatura como
delegada. Una tarea
que, ha asegurado,
le gusta y en la que
se siente "muy
cómoda", a pesar de
que supone una
dedicación de 24
horas al día y está
"permanentemente al
borde del
precipicio".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/15/madrid/1368609228_939724.html
CIFUENTES DA
LECCIONES DE
LEGALIDAD AL
PRESIDENTE DEL PODER
JUDICIAL
La delegada del
Gobierno en Madrid,
Cristina Cifuentes,
ha pretendido este
jueves dar lecciones
de legalidad al
presidente del
Tribunal Supremo y
del Consejo General
del Poder Judicial
(CGPJ), Gonzalo
Moliner, al
recordarle “algo que
probablemente tiene
que saber”, según ha
dicho, “que el
derecho de reunión y
manifestación no es
un derecho absoluto
y tiene límites
fijados por la
propia
Constitución”.
Moliner dijo que los
escraches son un
derecho
La polémica delegada
del Gobierno en
Madrid se refería
así a las
declaraciones, ayer,
del presidente del
Poder Judicial en
las que dijo que las
protestas que han
llevado a cabo
algunos ciudadanos
junto a viviendas de
políticos y cargos
públicos no están
siendo violentas y,
por lo tanto,
constituyen un
ejemplo de la
libertad de
manifestación,
protegida por la
Constitución.
Actos violentos
En una entrevista en
la COPE, Cifuentes
ha señalado que el
artículo 21.2 de la
Constitución
Española establece
que el derecho de
reunión debe ser
previamente
comunicado, “cosa
que en la
manifestación de hoy
frente al Congreso y
tampoco en los mal
llamados escraches
lo hacen”.
La representante del
Gobierno considera
que los escraches
son “hechos
violentos”, “acoso,
coacción,
hostigamiento, el
acoso y que vayan a
tu casa a decir: ‘no
es un vecino, es un
asesino’ creo que sí
es violencia. Y este
tipo de actos no
cumple los
requisitos que la
ley establece, y
esto el señor
Moliner no lo ha
tenido en cuenta”.
El asedio al
Congreso, esta tarde
Sobre el asedio al
Congreso, programado
para esta tarde,
Cifuentes ha dicho
que está esperando a
que los líderes de
IU y el PSOE
“condenen sin
paliativos” la
convocatoria porque
la concentración
“puede derivar en
incidentes
violentos”.
“No estamos hablando
de derecho de
reunión o
manifestación, sino
una convocatoria que
quiere alterar el
orden público desde
el primer momento
utilizando medios
que no van a ser
pacíficos. Sus
intenciones no
parecen ser
precisamente
pacíficas”, ha
insistido
En otra entrevista
también esta mañana
en Onda Cero, la
delegada del
Gobierno en Madrid
ha afirmado que los
promotores del
‘Asedia el Congreso’
tienen “un perfil
activista tan
radical que ha hecho
que el 15-M se
desmarcara de esta
iniciativa”.
Cifuentes diferencia
ahora el 25-S de
convocatorias
violentas
Cifuentes ha
considerado que esta
convocatoria es
diferente a los
otras realizadas por
el movimiento 25-S
entorno a las Cortes
y supone “un salto
hacia adelante”
protagonizado por
los elementos más
radicales de extrema
izquierda “.
Sin embargo, aunque
Cifuentes ha dicho
ahora que en las
manifestaciones
anteriores alrededor
del Congreso
convocadas por el
movimiento 25-S no
había elementos
radicales, cuando
ocurrieron aquellas
concentraciones en
2012, la delegada
del Gobierno las
vinculó entonces con
elementos
extremistas e
incluso de la
extrema derecha. “En
este caso, como en
otros, los extremos
se unen”, dijo
entonces, además de
advertir que las
manifestaciones no
cumplián “los
requisitos legales
necesarios” y que la
Policía “actuará en
consecuencia”. Y,
efectivamente, las
cargas policiales
fueron memorables.
http://www.elplural.com/2013/04/25/cifuentes-da-lecciones-de-legalidad-al-presidente-del-poder-judicial/
LA POLICÍA NACIONAL
CONTROLÓ EL ACCESO
AL MADRID ARENA PARA
EVITAR INCIDENTES
Un informe enviado
al juez indica que
los ocho agentes
“patrullaban los
alrededores”
El comisario jefe de
la Brigada
Provincial de
Seguridad Ciudadana
firmó el 29 de
octubre una orden de
servicio (3463/12)
para determinar el
despliegue de la
Policía Nacional en
la fiesta de
Halloween celebrada
entre las once de la
noche y las seis de
la mañana en el
pabellón municipal
Madrid Arena. El
comisario jefe dio
tres instrucciones:
un par de agentes
debía recoger la
documentación
correspondiente y
supervisar la
apertura de puertas.
Un equipo (unos ocho
agentes) de la
Unidad de Prevención
y Reacción,
conocidos como
zodiacos, en
furgoneta y con
material
antidisturbios,
debía “establecer un
servicio desde las
diez de la noche,
garantizando el
normal desarrollo
del acto y
permaneciendo en el
lugar hasta su
finalización”. Y un
subgrupo (unos 20
agentes) de la
Unidad de
Intervención
Policial, conocidos
como
antidisturbios,debía
estar en alerta por
si fueran
necesarios.
Tal y como se
observa en las
grabaciones de las
cámaras de
seguridad, dos
agentes recorrieron
durante 15 minutos
el pabellón a las
diez de la noche;
entraron a por
documentación y,
aunque entre sus
competencias no
estaba revisar el
recinto, sí lo
atravesaron de cabo
a rabo, atendiendo a
las indicaciones de
los responsables de
la empresa municipal
y de la firma de
seguridad Seguriber.
Hasta ahora nada se
sabía oficialmente
de la labor del
equipo de zodiacos
durante la fiesta.
EL PAÍS ha tenido
acceso a una nota
enviada por el
comisario jefe al
Juzgado de
Instrucción 51 de
Madrid, que
investiga la muerte
de cinco jóvenes en
la fiesta. En este
documento, el agente
que dirigió a los
zodiacos esa noche
cuenta que,
alrededor de las
diez y media de la
noche, se dirigieron
a “las inmediaciones
del pabellón al
objeto de
entrevistarse con el
personal de
seguridad privada e
interesarse sobre el
ambiente de la
celebración”. Tras
ello, se entrevistan
“con el indicativo
Puma
[antidisturbios]
asignado al evento,
en el acceso a la
zona en la estación
de metro de Lago”.
Se deduce de ello
que la Unidad de
Intervención
Policial, o al menos
parte de ella, se
encontraba en esa
zona.
A partir de
entonces, el equipo
de zodiacos “realiza
patrullaje por los
alrededores del
evento y controlando
los accesos del
mismo, comprobando
que no se produzca
ningún altercado o
incidencia”. El
pasado 20 de
noviembre, la
delegada del
Gobierno, Cristina
Cifuentes (PP),
afirmó: “La Policía
Nacional no tenía
competencia en el
Madrid Arena”. Hace
dos semanas, reiteró
esta afirmación,
recordando, eso sí,
que la Policía
Nacional “estableció
el dispositivo
adecuado en el
exterior del Madrid
Arena, con el fin de
garantizar el
mantenimiento del
orden público en
caso de que se
produjera alguna
incidencia”.
Un estrecho
vomitorio
El estrecho
vomitorio de unos
cuatro metros de
ancho y unos 10 de
largo en el que se
produjo la tragedia
del Madrid Arena el
pasado 1 de
noviembre pudo
fotografiarse ayer
por primera vez.
Este corto paso
entre la planta baja
del pabellón (la
llamada cota cero) y
las salidas
laterales se
convirtió en una
trampa mortal por la
que querían salir
centenares de
personas, mientras
otras pretendían
entrar para ver al
pinchadiscos Steve
Aoki. La
aglomeración fue tal
que una puerta, que
da a un pequeño
almacén, quedó
destrozada, mientras
la gente se apiñaba
y resultaban
aplastadas cinco
jóvenes. Las
escaleras laterales,
no se usaron para
huir.
En el exterior del
recinto había
también 12 agentes
de la Policía
Municipal. El juez
ha imputado a su
inspector jefe,
Emilio Monteagudo; y
al que fuera su
responsable
político, el
exdelegado municipal
Antonio de Guindos,
porque “en un evento
en el que
aparentemente se
produce un fallo
clamoroso en las
medidas de seguridad
más elementales,
algo tendrán que
decir los máximos
responsables de
seguridad del
Ayuntamiento,
titular del
recinto”.
El colapso del
corredor en el que
perdieron la vida
las jóvenes se
produjo a las 3.32.
Según las
conclusiones de la
comisión de
investigación
municipal, la
Policía Municipal
recibió la primera
alerta a las 4.00.
Los servicios de
emergencia
municipales (Samur)
llegaron a las 4.04.
La empresa municipal
que gestiona el
recinto, Madridec,
se enteró a las
4.10.
A esa misma hora,
los zodiacos
recibieron un aviso
de los pumas de que
“había gente
mareada”. Se
desplazan en
dirección a la zona
del metro de Lago en
busca de un Samur.
Sin éxito. A las
4.30, interceptaron
un coche circulando
en dirección
contraria.
Solicitaron la
presencia de la
Policía Municipal
para multarlo. Sin
éxito. Mientras
esperaban respuesta,
recibieron la alerta
de los pumas de que
se había producido
una avalancha en el
interior del Madrid
Arena. Se dirigieron
entonces al
pabellón. En uno de
los dos accesos
estaban los pumas,
pero no sabían en
cuál. Se presentaron
en uno, y resultó
que están en el
otro, así que se
movieron hacia allí.
Cuando llegaron, sus
compañeros ya se
habían hecho cargo
de la situación.
Según la comisión de
investigación
municipal, eso
ocurrió a las 4.40,
mucho antes de la
llegada de los
zodiacos. A estos,
nadie les contó lo
que había ocurrido
dentro del pabellón:
según denuncian en
su nota, se tuvieron
que enterar por los
avisos que
escucharon en la
emisora. Su misión
concluyó pasadas las
7.20, tras comprobar
un falso aviso de
avalancha en la
estación de metro de
Lago.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/24/madrid/1366835796_111267.html
EL GOBIERNO SANCIONA
POR ESCRACHE A 18
PERSONAS, ENTRE
ELLAS A VERSTRYNGE
La Delegación del
Gobierno en Madrid
tiene previsto
sancionar a 18
personas acusadas de
haber participado en
un escrache
(protesta
domiciliaria), en
los alrededores de
la vivienda de la
vicepresidenta del
Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría.
Los multados fueron
identificados por la
policía, que dio
traslado de los
hechos a la
Delegación del
Gobierno por si esas
personas eran
merecedoras de un
castigo
administrativo.
La vicepresidenta
del Gobierno sufrió
el pasado día 5 un
escrache a las
puertas de su casa,
en la colonia
madrileña de Fuente
del Berro. La
Plataforma de
Afectados por la
Hipoteca (PAH) había
convocado en la
plaza de Manuel
Becerra de Madrid a
activistas,
afectados y
periodistas al
polémico modelo de
protesta. Entre 200
y 300 personas
participaron en la
concentración,
mientras dentro del
chalé de la
vicepresidenta
estaban ella, su
esposo y su hijo.
Los agentes pidieron
el DNI a algunas
personas por
“concentración no
autorizada” por no
haber sido
comunicada con
anterioridad. Uno de
los identificados
fue Jorge Verstrynge,
secretario general
de Alianza Popular
(AP) entre 1979 y
1986, hoy militante
socialista y marido
de una activista de
la PAH, que dijo que
él entendería que le
montaran un escrache
“si lo hubiera hecho
mal”.
La policía también está
tramitando expedientes
contra un número de
personas, que las
fuentes no han
concretado, por hacer
escrache contra la
diputada Belén Bajo,
contra la sede del PP en
la calle de Génova de
Madrid y otra acción
similar celebrada ayer.
Lo probable es que la
sanción media a los
considerados como
organizadores de estas
concentraciones ronde en
torno a los 1.500 euros,
mientras que quienes
simplemente sean
acusados de participar
en ellas recibirán de la
Delegación del Gobierno
una sanción estimada en
200 euros.
http://politica.elpais.com/politica/2013/04/11/actualidad/1365680741_380337.html
CIFUENTES AFIRMA QUE LA
PAH HA MANIFESTADO SU
APOYO AL ENTORNO DE ETA
Ada Colau anuncia que
estudia acciones legales
para defenderse de las
acusaciones
La delegada del Gobierno
en Madrid, Cristina
Cifuentes (PP), ha unido
este lunes con un fino
lazo a la Plataforma de
Afectados por la
Hipoteca (PAH) y a
grupos proetarras. Esas
declaraciones suponen un
escándalo para los
activistas antidesahucio
y para su portavoz, Ada
Colau, que está
estudiando denunciar a
la delegada.
Sucedió durante una
entrevista con Radio
Nacional por la mañana.
Cifuentes afirmó que “la
PAH y su lideresa
últimamente parece que
tienen ciertas
inquietudes de apoyos a
grupos filoetarras o
proetarras”. Y más tarde
especificó: “A Bildu, a
Sortu y a grupos que
tienen mucho que ver con
el entorno de ETA (…)
Están siguiendo una
estrategia política
bastante radical”.
Después, en otra
convocatoria, Cristina
Cifuentes pidió a los
activistas que aclaren
por qué apoyaron “una
manifestación a favor de
los presos de ETA”. “La
comunión de ideas entre
la plataforma
antidesahucios y Bildu
no es algo nada
positivo”, añadió la
representante del
Gobierno en Madrid.
La manifestación a la
que se refiere Cifuentes
se desarrolló en Bilbao
el 12 de enero en apoyo
al acercamiento de
presos etarras a
cárceles del País Vasco.
A la marcha asistieron
miles de ciudadanos.
Cuarenta organizaciones
locales se sumaron a la
convocatoria, entre
ellas Stop Desahucios
Bizkaia.
Esa marcha es el origen
de las
descalificaciones,
amenazas y ofensas que
los activistas, y Ada
Colau en particular, han
recibido en los últimos
días, desde que el
pasado sábado durante El
gran debate (Telecinco),
Carlos Cuesta,
periodista de El Mundo y
de 13TV, mostrara una
imagen de esta
manifestación y acusara
a los activistas de
apoyar a terroristas.
Stop Desahucios Bizkaia,
grupo que no pertenece a
la PAH, se unió a esta
manifestación porque
suponía “otra vía en la
resolución del problema
del País Vasco”, según
afirma Marta Uriarte, su
portavoz. “Se unió todo
tipo de movimientos.
Estamos estudiando
seriamente demandar al
periodista Carlos Cuesta
por difamarnos”.
Por su parte, Ada Colau
está estudiando también
denunciar a Cristina
Cifuentes por la
“gravísima y ridícula”
acusación de que la PAH
tiene vínculos con Bildu
y Sortu. “Es realmente
inmoral, y no
descartamos acciones
legales por la
difamación y el clima de
confusión y tensión”, ha
deplorado Colau. Esta
niega categóricamente
haber mencionado nunca
la situación en el País
Vasco y ha recordado que
la PAH es una plataforma
“apartidista,
independiente y plural”.
“Me han llegado ya
varias amenazas de
muerte tras relacionarme
con grupos proetarras”.“Cuando
la resolución del
Tribunal de Justicia de
la Unión Europea te dice
que hay que cambiar la
ley hipotecaria por
injusta, se inventan que
somos de ETA”, termina.
También han llovido las
críticas desde la
Asociación Catalana de
Víctimas de
Organizaciones
Terroristas, que han
reclamado la dimisión de
Cifuentes por faltarles
al respeto.
El PSOE —en palabras de
uno de sus portavoces
económicos en el
Congreso, Antonio
Hurtado— ha considerado
“una barbaridad”
relacionar al movimiento
contra los desahucios
con ETA y ha elogiado
“la presión social” del
movimiento que alumbró
la Iniciativa
Legislativa Popular (ILP)
de la dación en pago.
La PAH ha anunciado
también este lunes una
acción colectiva para
que todas las personas
con procedimientos de
ejecución hipotecaria en
marcha reclamen ante los
juzgados la nulidad del
procedimiento, después
del varapalo del
Tribunal de Justicia de
la UE contra la ley
hipotecaria española. La
plataforma repartirá
este martes, a las 11,
en las puertas de los
juzgados un escrito,
preparado por su equipo
jurídico, que los
afectados podrán
presentar en los
tribunales.
El 'No' de Rosa Díez
Rosa Díez, líder de
Unión Progreso y
Democracia (UPyD),
también ha salido en
defensa de los diputados
del PP y ha atacado los
llamados escraches, una
campaña de la PAH
consistente en acudir al
encuentro de los
dirigentes populares
para intentar
convencerles de la
necesidad de votar en
favor de la iniciativa
legislativa popular que
se está tramitando en el
Congreso de los
Diputados que defiende,
entre otras medidas, la
dación en pago.
En una tribuna publicada
en el diario El Mundo
titulada No, Díez
asegura que no es
aceptable, "bajo ningún
concepto", que se viole
el domicilio de ningún
ciudadano español; que,
"amparándose en una
reivindicación legítima,
se cometan actos
ilegítimos", o que se
llame asesino a quien
"ostentando la
representación de los
ciudadanos defiende una
propuesta política que
coincide o difiere en
parte o en todo con la
que otros puedan
sostener". Se refería
con esto último a la
intervención de Ada
Colau, portavoz de la
PAH, en el Congreso, en
la que calificó al
representante de la
banca de criminal.
http://politica.elpais.com/politica/2013/03/25/actualidad/1364203963_208246.html
IU SE QUERELLA CONTRA LA
DELEGADA DEL GOBIERNO EN
MADRID
Acusa a Cifuentes de
haber cometido delitos
contra la Constitución y
la Administración
pública y falsedad
documental durante la
manifestación del 27 de
octubre
Izquierda Unida ha
presentado hoy una
querella contra la
delegada del Gobierno en
Madrid por su actuación
en la manifestación del
pasado 27 de octubre en
las inmediaciones del
Congreso. En concreto,
acusan a Cristina
Cifuentes de haber
cometido "un delito
contra la Administración
pública por
prevaricación", otro de
"falsedad documental" y
"delitos contra la
Constitución".
En la querella, IU
asegura que la
manifestación contra los
recortes "se desarrolló
en todo momento de forma
pacífica", pese a lo
cual, "cientos de
personas fueron
acechadas e intimidadas
por agentes de policía y
obligadas a
identificarse bajo la
amenaza de que de no
hacerlo serían
detenidas". Los agentes
indicaban, según la
denuncia, que "cumplían
órdenes precisas". IU
recuerda que hubo
ciudadanos que fueron
identificados sin ni
siquiera haber
participado en la
manifestación.
El escrito recoge "la
comunicación de acuerdo
de iniciación de un
expediente sancionador
contra un ciudadano,
Eduardo Garzón, por la
supuesta participación
en una manifestación".
La formación política
denuncia que la policía
"violentó el derecho a
la intimidad, a no
declarar sobre su
ideología o creencias
amedrentando el libre
ejercicio de los
derechos de reunión y
difusión de ideas sin
que se registrase ni un
solo incidente violento
ni daño alguno sobre
personas o bienes".
Finalmente fueron
identificadas por la
policía hasta 300
personas que han
empezado a recibir los
expedientes
sancionadores "que no se
corresponden con la
realidad de lo ocurrido
el 27 de octubre dado
que en ningún momento se
produjo desorden
alguno", según IU.
http://politica.elpais.com/politica/2012/12/12/actualidad/1355321415_620886.html
CIFUENTES: “LA POLICÍA NO
TENÍA COMPETENCIA EN EL
MADRID ARENA”
La delegada del Gobierno
dice que se limitaron a
recoger la documentación de
los organizadores y a
verificar la apertura de
puertas del recinto
La delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes,
ha reiterado esta mañana que
la Policía Nacional no tenía
ninguna competencia en la
fiesta celebrada el pasado 1
de noviembre en el Madrid
Arena. Durante la
presentación de la nueva
Unidad de Protección y
Reacción (UPR) que será
conocida como Bronce,
Cifuentes se ha referido a
un informe que pasó la
Delegación del Gobierno al
Ayuntamiento de Madrid en el
que aclaraba que los agentes
del Cuerpo Nacional de
Policía se limitaron a
recoger la documentación de
los organizadores y a
verificar la apertura de
puertas en el Madrid Arena.
“La Delegación le mandó la
documentación a la alcaldesa
de Madrid con el único fin
de interrogar y contribuir a
la investigación y al
desarrollo de la propia
comisión de investigación.
Queríamos que tuvieran las
aclaraciones oportunas en
ese sentido de lo que ha
ocurrido para esa comisión”,
ha señalado Cifuentes que ha
recordado que los agentes de
Homicidios están
investigando lo ocurrido
bajo las órdenes del juez.
Cifuentes también ha
señalado que no tiene ningún
problema en comparecer ante
la comisión municipal, si es
requerida para ello. “Desde
el primer momento la empresa
organizadora dio una mala
información de que la
Policía Nacional había
conocido lo ocurrido pero no
quisimos desmentirles porque
creíamos que debería hacerse
en sede judicial”, ha
destacado Cifuentes.
La delegada también se ha
referido a la polémica cifra
de 35.000 asistentes a la
manifestación del 14-N dada
por la Delegación esa misma
noche y ha dicho que la
Policía Nacional es quien
efectúa el recuento a través
de las imágenes de su
helicóptero. Los convocantes
aseguraron que un millón de
personas se echaron a las
calles, mientras que EL PAÍS
calculó que había 174.078.
“No voy a entrar en
polémicas porque para mí es
indiferente el número de
asistentes que van a una
manifestación. Yo no sé
exactamente cuántos hubo
porque pasé toda la jornada
de huelga en la Delegación
del Gobierno y luego me
centré en los graves
altercados que provocaron
los vándalos, tanto en el
mobiliario urbano como en
los comercios”, ha
destacado.
La delegada del Gobierno ha
presentado en la sede
policial de la Casa de Campo
a la Unidad de Protección y
Reacción, formada 378
agentes. Estos policías,
destinados a la Brigada
Provincial de Seguridad
Ciudadana, se destinarán a
prevenir la delincuencia en
zonas especialmente
delictivas, a labores de
orden público en especial en
los puntos a los que no
puedan acudir los
antidisturbios; a colaborar
con otras unidades como la
policía judicial, los
juzgados o las comisarías
locales, y actuar en caso de
emergencias o catástrofes.
La nueva unidad consta de
tres secciones y 12 grupos.
Cuenta con motos, coches
patrulla y vehículos
camuflados para desarrollar
su labor. Trabajarán en
turnos de mañana y de tarde.
Suponen la reagrupación en
una única unidad de otros
servicios como eran los
alazanes (las motos) y los
centauros y los zodiacos
(servicios nocturnos de la
policía).
Los sindicatos, que también
han acudido al acto, han
criticado el mal estado en
que se encuentran las
dependencias policiales de
la Casa de Campo y han
solicitado que se tomen
medidas urgentes para
rehabilitar los edificios y
dotar a todos los policías
que allí trabajan de un
lugar adecuado para
desarrollar su labor.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/20/madrid/1353412918_917706.html
LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EXPEDIENTA A 300
MANIFESTANTES DEL 27-O
La Policía identificó a los
asistentes y les abrió parte
por asistir a una
manifestación "no
comunicada" e "ilegal"
Miles de personas marchan en
Madrid contra los
presupuestos
La Delegación del Gobierno
en Madrid ha abierto
expediente administrativo a
300 personas como
convocantes y promotores de
la protesta ciudadana para
rodear el Congreso que se
celebró ayer entre las
plazas de España y de
Neptuno.
Según han informado a Efe
fuentes de la Delegación del
Gobierno, los expedientes se
ha abierto a las personas
que fueron identificadas por
la Policía por su presencia
en la manifestación "no
comunicada" y por tanto
"ilegal" que ayer por la
tarde recorrió el centro de
Madrid. En caso de prosperar
tras el proceso
administrativo que se abre
ahora, estos expedientes
darían lugar a sanciones de
300 euros.
Esos 300 expedientes
equivalen al 10 % de las
3.000 personas que, según la
propia Delegación,
participaron ayer en la
marcha al Congreso, en
protesta esta vez contra los
Presupuestos Generales del
Estado. En la anterior
protesta, que se celebró el
pasado día 23 con la
asistencia de unos 2.000
manifestantes según la
Delegación, se abrió
expediente administrativo a
algo menos de 50 personas.
En ambos casos las
manifestación se
desarrollaron sin
incidentes.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/28/madrid/1351435653_646505.html
CIFUENTES SANCIONA A 50
PERSONAS POR CONVOCAR LA
PROTESTA DEL CONGRESO
Delegación les abre un expediente
al considerarlos promotores de la manifestación
La Coordinadora 25-S acusa a la
delegada de querer "criminalizar a los movimientos sociales"
La Delegación del Gobierno de
Madrid ha abierto un proceso administrativo sancionador a 50
manifestantes que participaron ayer en la protesta para rodear
el Congreso por convocar una protesta no comunicada a las
autoridades. Los expedientados fueron identificados por la
policía durante la manifestación que impulsó la Coordinadora
25-S, cuyo objetivo era protestar contra los Presupuestos
Generales del Estado de 2013 que se debatían en el hemiciclo. En
el primer acto de este movimiento, rodear el Congreso el 25-S,
un simpatizante, Rafael-Óscar González Regueira, decidió
informar de la protesta a delegación, que le sancionó con 6.000
euros.
La delegada del Gobierno, Cristina
Cifuentes, ya había avanzado a primera hora de la mañana en
declaraciones a Radio Nacional de España que abrirían
expedientes a los convocantes porque la manifestación no se
notificó en la Delegación, tal y como recoge el artículo 23 de
ley de protección de la seguridad ciudadana. Cifuentes ha
señalado que la concentración era "ilegal" en tanto en cuanto no
se había comunicado "como marca preceptivamente la ley" y, "en
consecuencia, se aplicará lo que la propia ley establece", es
decir, abrir un expediente administrativo sancionador "a las
personas que la convocaron y a los promotores", esto es, la
Coordinadora 25-S.
Varios miembros de la coordinadora
consultados por este periódico se preguntan quiénes serán los
afectados en esta ocasión y recuerdan que en este movimiento "no
hay organizadores, sino participantes". La Policía identificó a
algunos de los manifestantes que se congregaron a las cinco y
media de la tarde en la Cuesta del Moyano, cerca de Atocha. Felícita, integrante de la coordinadora que asistió a la
convocatoria y que no quiere revelar su apellido, lamenta que
las declaraciones de la delegada "empañen" una protesta que se
desarrolló sin incidentes. A diferencia de los disturbios con
los que se estrenó el colectivo —ese día hubo 64 heridos y 35
detenidos—, en la protesta de ayer no hubo altercados, ni
heridos ni arrestados. "La relación con la policía fue buena,
las asambleas se desarrollaron sin problemas y la gente fue
abandonado la plaza sin que ocurriera ningún percance", asegura
esta pensionista de 58 años. "Es una pena que Cifuentes quiera
empañar la convocatoria con las amenazas de sanción", añade. La
delegada ha declarado, por su parte, que el único incidente
"puntual" fue la quema de un contenedor. El Ministerio de
Interior movilizó a 600 agentes antidisturbios para garantizar
la seguridad del hemiciclo.
Por cuarta vez en un mes, miles de
manifestantes se congregaron en el Congreso para protestar
contra el Gobierno. Aunque menos numerosos que en anteriores
concentraciones alrededor del Parlamento, los congregados
celebraron asambleas sobre los Presupuestos y sobre cómo iniciar
un proceso constituyente, uno de sus objetivos. También
prendieron de las vallas carteles con frases como "que la
Constitución no se puede cambiar cada 25 años es como creer que
la Tierra es de los muertos".
"Estamos muy contentos con la
convocatoria de ayer porque vemos que la inteligencia colectiva
va funcionando. El pasado 25-S, cuando intentamos rodear el
Congreso, hay que reconocer que en algunos momentos nos
encaramos con la policía porque no nos dejaron acceder al mismo
por las calles aledañas, a pesar de haberles explicado que
nuestra intención era rodearlo, no alterar su funcionamiento.
Ayer hicimos lo mismo pero ante la negativa de los agentes nos
dimos la vuelta. No hubo actos violentos", explica una indignada
que no quiere revelar su identidad.
Uno de los abogados de la
Coordinadora que prefiere mantenerse en el anonimato ha
criticado las palabras de Cifuentes: "Habría que ver si es de
recibo sancionar la reunión de un grupo de personas que se
reúnen de forma pacífica e intentando buscar una salida a la
crisis. Lo que la delegada se ha propuesto es criminalizar a los
movimientos sociales". La Coordinadora 25-S ha anunciado que
volverá a protestar alrededor del Congreso el próximo sábado. La
delegada del Gobierno confía que "se convoque por la vía legal".
Pero la coordinadora avisa de que no van la van a comunicar. "No
vamos a notificar la convocatoria del sábado a la Delegación
porque nuestras acciones son de desobediencia civil", sentencia.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/24/madrid/1351073081_144090.html
EL JUEZ PEDRAZ ARCHIVA EL
25-S Y CRITICA A INTERIOR
POR LA GRAVEDAD DE SU
DENUNCIA
El objetivo de lograr la dimisión del Gobierno "está protegido
por la libertad de
expresión"
Interior intenta hasta esta misma mañana trasladar el caso a la
Audiencia Nacional
La convocatoria de la manifestación del pasado 25 de septiembre
bajo el lema Rodea el
Congreso no supone la
comisión de delito alguno.
Así lo estima el juez de la
Audiencia Nacional Santiago
Pedraz que esta mañana ha
dado carpetazo al caso
abierto contra ocho
organizadores de la marcha
por un presunto delito
contra las Instituciones del
Estado. El juez mantiene que
los promotores imputados en
ningún caso trataron de
invadir el Congreso, como
mantenía la policía ni
alteraron el normal
funcionamiento de la Cámara
y recuerda que los fines de
la protesta -exigir la
dimisión del Gobierno, la
disolución de las Cortes e
iniciar un proceso
constituyente- están
protegidos por el derecho
fundamental a la libertad de
expresión.
Pedraz inicia su resolución subrayando la gravedad de la denuncia
que presentó la policía el
pasado 14 de agosto. En ese
escrito, los agentes le
indicaban que la intención
de los convocantes de la
marcha era "ocupar una de
las instituciones públicas
más importantes del Estado",
el Congreso de los
Diputados. La policía
advertía además que la
convocatoria había
movilizado hasta ese momento
a 42.162 personas y que los
invitados a la marcha
ascendían a 608.983
personas.
El juez relata cómo, "dada la gravedad de lo expuesto por la
Unidad de Delincuencia
Económica y Financiera" de
la policía, ordenó
identificar a los promotores
en Facebook y Google, así
como a los titulares de las
dos cuentas abiertas para
financiar el acto y los
desplazamientos a Madrid de
los manifestantes así como
de las personas que
ingresaron dinero en ellas.
Esto último lo ordenó ante
la advertencia de los
titulares de esas cuentas
"desempeñan un papel activo
en la organización de los
hechos presuntamente
delictivos objeto de
investigación y cabiendo ser
consideradas las
aportaciones económicas a
las mismas como colaboración
en dichos actos".
Inicialmente, la policía identificó a 30 promotores de la marcha,
pero Pedraz solo llamó a
declarar como imputados a
ocho de ellos, que estaban
citados a declarar hoy.
Siete de ellos han
comparecido ante el juez y
tras negar todos ellos que
tuvieran la intención de
entrar en la Cámara, han
quedado en libertad. El
octavo imputado, Antonio
López, un jornalero de Jerez
de los Caballeros (Granada)
se ha negado a comparecer en
el juzgado acogiéndose a la
"objeción de conciencia" y a
que no compartía los hechos
que se le achacaban, según
contó él mismo a las puertas
del tribunal. El juez
considera que el hecho de
que no se haya presentado
"resulta indiferente, por
cuanto citado en forma el
mismo habría renunciado a
declarar lo que tuviera por
conveniente", por lo que
también archiva el caso
respecto a él.
El magistrado recuerda también, cómo, a pesar de la gravedad de
los hechos denunciados
inicialmente por la policía,
la delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes,
autorizó la manifestación.
En su acuerdo, Cifuentes
contaba que, realmente, "la
convocatoria no pretendía
ocupar el Congreso, sino que
"la verdadera intención de
la convocatoria" era
"permanecer de forma
indefinida en el Paseo del
Prado, en las inmediaciones"
de la Cámara. Por tanto,
concluye Pedraz, "la
gravedad aventurada por la
policía no era tal" por lo
que decidió no imputar a
ninguna otra persona a pesar
de las múltiples
identificaciones de
promotores presentadas por
los agentes.
El auto señala cómo la manifestación no alteró en ningún caso la
actividad del Congreso como
lo demuestra las
manifestaciones de uno de
los diputados, que llegó a
señalar que la cámara había
podido "mantener su
actividad hasta el momento
con absoluta normalidad".
"La normalidad más allá de
la esquina del paseo del
Prado no es así, se han
producido algunas
detenciones y algunos
alborotos, pero por lo que
sabemos, todos los diputados
han podido acceder a la
cámara sin ningún problema",
señaló ese mismo diputado.
En la concentración de apoyo a los imputados del 25-S ha habido
también heridos en las
manifestaciones, como David
R., de 35 años. Las marcas
de la porra son visibles en
su cuerpo. "Seguiré
manifestándome, pero me
tiemblan las piernas".
La resolución también detalla cómo hasta hoy mismo, Interior ha
intentado llevar el caso a
la Audiencia Nacional. El
juez cuenta cómo esta misma
mañana, se ha recibido un
informe de la Brigada
Provincial de Información de
la policía señalando a cinco
de los detenidos el pasado
25 de septiembre como
posibles autores de un
delito contra las
Instituciones. Pedraz
asegura que no es a los
agentes a los que
corresponde apreciar el
delito concreto que hayan
cometido, sino que debe ser
el propio juzgado de
Instrucción Madrid que lleva
el caso, el número 8, el
que, en caso de que aprecie
delitos que competen a la
Audiencia, los ponga en
conocimiento de esta.
Por último, el juez descarta uno a uno los delitos contra las
Instituciones que apreciaba
la policía. Matiene, en
primer lugar que "no existe
indicio alguno" de que los
promotores imputados
tuvieran "intencionalidad de
invadir" el Congreso.
Después subraya que, en
ningún momento se alteró su
"normal funcionamiento" y
que el objetivo de conseguir
la dimisión de Gobierno y la
apertura de un proceso
constituyente con el que se
presentó la protesta, no
solo no es delictivo, sino
que está protegido por el
derecho a la libertad de
expresión.
Pero, además, adelanta la decisión que tomará respecto de la
inhibición de los 35
detenidos por los disturbios
durante la protesta que
acordó la juez de
Instrucción 8 de Madrid en
favor de la Audiencia.
Pedraz recuerda que el
perímetro de seguridad
instalado en torno a la
Cámara "está alejado de la
sede, sin que pueda
considerarse como parte del
edificio del Congreso". "No
cabe deducir que intentar
rebasar el perímetro
implique querer entrar en el
edificio", dice. "Puede
pensarse también que solo
quisiera llegar a las
puertas o simplemente
rodearlo o cercarlo, como
expresaba la convocatoria".
Tampoco consta que "a algún
diputado se le hubiera
impedido salir del
hemiciclo".
http://politica.elpais.com/politica/2012/10/04/actualidad/1349340437_119434.html
PEDRAZ COMUNICA A LOS BANCOS
QUE YA NO NECESITA LOS DATOS
RELACIONADOS CON EL 25-S
La policía informó al juez Santiago Pedraz el pasado septiembre
de que el 25 de ese mismo
mes se iba a perpetrar un
delito grave. Nada menos que
un asalto al Congreso de los
Diputados de tinte
quasiglolpista. Ese es el
contexto en el que el
magistrado de la Audiencia
Nacional imputó a ocho de
sus promotores un presunto
delito contra las
Instituciones del Estado y
en el que, seis días antes
de la marcha, pidió a
Triodos Bank y Caixabank las
identidades de los titulares
de dos de las cuentas
abiertas para organizar los
viajes a Madrid en autobuses
procedentes de toda España,
así como a los manifestantes
que ingresaron dinero en
esas cuentas. Esta misma
mañana, Pedraz ha anulado
esta última petición a los
bancos al considerar que,
tras el desarrollo de la
marcha, no es necesaria.
Fuentes de la Audiencia
Nacional aseguran que lo ha
hecho antes de que ambos
entidades facilitaran esa
información a la policía.
La manifestación del 25-S se saldó con 35 detenidos después de
varias cargas policiales
contra los asistentes porque
algunos de ellos intentaron
tirar las vallas que la
policía había colocado a 200
metros de las puertas de la
Cámara para evitar que la
protesta pudiera llegar
hasta allí. Interior intentó
hasta el último momento que
el caso de esos 35
arrestados se investigara en
la Audiencia Nacional,
debido a que Pedraz había
abierto esas diligencias por
el presunto delito contra el
Estado, pero el juez rechazó
hacerse cargo del caso el
pasado jueves al considerar
que los delitos que la
policía les imputaba
-resistencia, desórdenes
públicos y atentado- no eran
competencia de ese tribunal.
La juez que finalmente
interrogó a los detenidos
-la titular del juzgado de
Instrucción 8 de Plaza de
Castilla- sí apreció sin
embargo esos delitos y el
lunes se inhibió a favor de
Pedraz sin investigar
ninguna de las conductas
individuales de los
detenidos.
Pero de las últimas resoluciones de Pedraz se deduce que tampoco
ahora va a quedarse la
causa. Además de no apreciar
el delito contra el Estado,
el juez ha pedido que se
analice el diario de
sesiones del Congreso para
analizar si el pleno que se
desarrollaba ese día se vio
de alguna forma afectado por
la actuación de los
manifestantes, un requisito
imprescindible para que se
haya podido cometer el
delito contra las
Instituciones del Estado por
el que abrió la causa. La
reunión de la Cámara, sin
embargo, transcurrió con
total normalidad y en ningún
momento fue interrumpida.
Solo se produjeron algunas
alusiones de los diputados a
la protesta que se estaba
llevando a cabo 200 metros
más abajo, en la plaza de
Neptuno.
Esta mañana, ademas, ha anulado el auto por el que solicitaba a
Caixabank y Triodos Bank los
datos de los titulares de
las dos cuentas abiertas
para contribuir a la
organización de la marcha y
la identificación de las
personas que aportaron
depósitos a esas cuentas al
no considerar necesaria esa
información tras conocer el
transcurso de la
manifestación. La anulación,
según fuentes de la
Audiencia Nacional, se ha
producido antes de que los
dos bancos facilitaran esos
datos.
La resolución anulada la emitió el pasado 19 de septiembre a
petición de la Brigada de
Investigación Tecnológica de
la Unidad de Delitos
Económicos y Financieros (UDEF).
Los agentes aseguraban en su
escrito que los titulares de
esas cuentas y los que
aportaron dinero a ellas
tendrían “un papel activo en
la organización de los
hechos presuntamente
delictivos objeto de
investigación cabiendo ser
consideradas las
aportaciones económicas a
las mismas como colaboración
en dichos hechos”. Y los
hechos que se imputaban
eran, básicamente, los de la
preparación de un asalto al
Congreso.
Los ocho promotores de la manifestación imputados por Pedraz
pasarán a declarar mañana
por la mañana por la
Audiencia Nacional. Todos
ellos fueron encausados tras
participar en una reunión
preparatoria de la protesta
el pasado 16 de septiembre.
Está por ver también la
decisión que toma el juez
sobre los 35 detenidos de
los que, según la juez de
plaza de Castilla, debería
hacerse cargo al haber
apreciado contra ellos el
delito contra el Estado que
la Audiencia Nacional no
contempla. En caso de que
Pedraz, como se espera,
vuelva a rechazar el caso,
la magistrada madrileña
podría plantear una cuestión
negativa de competencia que
debería resolver la Sala de
lo Penal del Tribunal
Supremo.
http://politica.elpais.com/politica/2012/10/03/actualidad/1349247402_925453.html
LA JUEZ DEVUELVE EL CASO DE
LOS 34 DETENIDOS EL 25-S A
LA AUDIENCIA NACIONAL
La juez de instrucción de Plaza de Castilla que se ocupó del caso
de los detenidos el 25-S
durante las marchas
celebradas en Madrid bajo el
lema Rodea el Congreso ha
devuelto el caso de 34
arrestados a la Audiencia
Nacional. A pesar de que ese
tribunal dijo el viernes que
no era competente para
juzgar esos hechos porque no
se habían cometido delitos
contra el Estado, la
magistrada cree que sí y
reenvía el asunto a la
Audiencia. El auto puede ser
recurrido por las partes.
Los abogados de los
arrestados estudian ahora el
contenido de la resolución.
La magistrada imputó el viernes a 34 detenidos, en un auto
genérico para todos ellos,
sin individualizar, delitos
de “atentado, resistencia y
contra las altas
instituciones del Estado”.
Los abogados han recurrido
conjuntamente esta decisión
judicial porque aseguran que
durante las comparecencias
la juez no hizo ninguna
pregunta sobre si los
arrestados pensaban asaltar
el Congreso o impedir salir
a los diputados o perturbar
de alguna manera el orden en
la Cámara, según informan
los letrados Beatriz
Monasterio y Raúl Maíllo.
Los letrados esperaban que
hoy se concretara la
acusación específica para
cada uno de ellos.
Pero la juez ha optado por una solución distinta: en los 34 casos
se ha inhibido a favor de la
Audiencia Nacional.
Considera que sí hay
indicios de delitos contra
el Estado y que, además, el
atestado policial es una
ampliación de las
diligencias abiertas en la
Audiencia contra los
promotores de la marcha,
causa en manos del juez
Santiago Pedraz en la que
hay ocho imputados. Fuentes
de la Audiencia Nacional
indican que la semana pasada
se declinó la competencia
precisamente después de leer
esas diligencias
ampliatorias.
El delito del que la juez ve indicios de delitos es el recogido
en el artículo 493 del
Código Penal, que señala lo
siguiente: “Los que, sin
alzarse públicamente,
invadieren con fuerza,
violencia o intimidación las
sedes del Congreso de los
Diputados, del Senado o de
una Asamblea Legislativa de
Comunidad Autónoma, si están
reunidos, serán castigados
con la pena de prisión de
tres a cinco años”.
“Ni de la lectura de derechos en la policía ni el juzgado, ni
del atestado, ni tampoco de
las preguntas realizadas por
la juez y el fiscal se
desprende que los detenidos
puedan completar el tipo
recogido en ese artículo”,
señala Erlantz Ibarrondo,
abogado de tres de los
detenidos. “Nos gustaría
saber quién es el que ha
añadido ese delito, porque
no hay delitos bastantes, ni
siquiera indicios, para
imputárselo. Ver esto
después de haber estado la
semana pasada durante seis u
ocho horas en un limbo
jurídico resulta
extrañísimo”.
Los argumentos que plantea la magistrada, en el auto, son los
mismos que contenía el
atestado policial que fue
remitido en primer lugar a
Pedraz y en que este, con la
conformidad del Ministerio
Fiscal, consideró
insuficientes para apreciar
indicios de delitos contra
el Estado.
“El día 25 acudieron al lugar de la convocatoria los
manifestantes, los cuales se
encontraron con que la
policía estaba allí para
proteger el normar
desarrollo de la sesión
plenaria que se estaba
desarrollando en el
Congreso”, indica el auto.
“La policía había puesto
vallas de seguridad con
dicha finalidad. A lo largo
de la concentración se
produjeron incidentes
ocasionados porque algunos
de los asistentes intentaron
rebasar el perímetro de
seguridad establecido en el
Congreso de los Diputados,
así como impedir a Sus
señorías abandonar el
hemiciclo; lanzaron objetos
a los funcionarios de
Policía que allí estaban,
produjeron agresiones,
intentando también los
manifestantes saltar las
vallas de protección”.
La juez asegura que los manifestantes pretendían “una ruptura con
el régimen vigente mediante
la dimisión del Gobierno en
pleno, la disolución de las
Cortes y de la Jefatura del
Estado, abolición de la
actual Constitución e
iniciar el proceso de
constitución de un nuevo
sistema de organización
política, económica y
social”.
Ahora, sin perjuicio de lo que pueda ocurrir con los recursos, la
juez de Madrid tendrá que
enviar copia de las
actuaciones al juzgado de
Pedraz para que sea este el
que decida si asume el caso
o no, aunque lo más probable
es que no lo haga dado su
pronunciamiento del pasado
jueves. En ese caso, la
magistrada madrileña deberá
plantear una cuestión de
competencia ante la Sala de
lo Penal del Tribunal
Supremo, que decidirá qué
juzgado es el competente.
La decisión del juzgado de Instrucción 8 de Madrid ha causado
sorpresa en la Audiencia
Nacional porque este
tribunal ya se había
pronunciado sobre el tema.
La juez toma la decisión
conjunta para los 34 a pesar
de que había abierto pieza
separada de cada uno de
ellos para investigar sus
conductas individuales.
Entre los enviados a la
Audiencia también está la
persona detenida en un bar
de Atocha por lanzar
supuestamente un vaso a un
policía, un incidente que se
produjo a kilómetro y medio
del Congreso.
Las dos magistradas de los juzgados 12 y 26- que investigan los
supuestos delitos de los
detenidos en las
manifestaciones del
miércoles (3) y del sábado
(2) no han apreciado delitos
contra las instituciones del
Estado. No han pedido la
acumulación de sus cinco
casos a los del juzgado
número 8 ni han acordado
hasta el momento inhibirse a
favor de la Audiencia.
http://politica.elpais.com/politica/2012/10/01/actualidad/1349087407_833658.html
MÉNDEZ CREE QUE DE COSPEDAL
Y CIFUENTES QUIEREN OCUPAR
EL "HUECO" DE AGUIRRE
Con estas palabras se ha referido Méndez a la medida de De
Cospedal, también presidenta
de Castilla-La Mancha, para
que los diputados de esa
comunidad dejen de percibir
un sueldo, lo que, para el
dirigente sindical, supone
restringir el acceso a la
política de personas sin
recursos.
En cuanto a Cifuentes ha rechazado que pretenda "restringir" el
derecho a manifestarse en
Madrid.
En su opinión, las ideas de De Cospedal y de Cifuentes son
"ocurrencias siniestras y
antidemocráticas".
Por todo ello, Méndez ha reconocido que en las últimas horas ha
estado pensando que, "a lo
mejor, añoraremos a la
señora Aguirre", quien el
pasado mes decidió dejar su
cargo como presidenta de la
Comunidad de Madrid.
http://economia.elpais.com/economia/2012/10/03/agencias/1349266996_023511.html
EL GOBIERNO NO CONTEMPLA “DE
MOMENTO” MODIFICAR LA LEY
SOBRE MANIFESTACIONES
-
González avala la
petición de la delegada
por el "colapso" que
está sufriendo la
capital
-
Cifuentes matiza que no
pide que se limite el
derecho y admite que no
le corresponde a ella
-
Rubalcaba advierte de
que no van a "tolerar
más recortes de
derechos"
-
Los sindicatos
policiales opinan que
“no es necesario”
cambiar la ley sino
“aplicarla”
-
Torres-Dulce aboga por
regular el derecho
administrativamente
-
Gómez Benítez: "Típica
de regímenes
autoritarios y
dictatoriales"
Debate zanjado o, al menos, aplazado. El Ministerio del Interior
ha respondido a su propia
representante en Madrid que
"no contempla, de momento"
modificar la ley que regula
el derecho de reunión y de
manifestación, según han
asegurado esta tarde fuentes
de este departamento,
informa Mónica Ceberio. La
delegada del Gobierno,
Cristina Cifuentes (PP),
planteó ayer “modular” la
ley para "racionalizar" el
uso del espacio público”, si
bien matizó que no se
trataría de cambiar la
Constitución, que en su
artículo 21 lo protege, ni
de "recortar" este derecho,
sino de revisar la Ley
Orgánica de 1983, a su
juicio "muy permisiva y
amplia".
Según su propuesta, se trataría de ampliar el “margen de
maniobra” de las
Administraciones para
modificar recorridos y
horarios para evitar que
haya "10 protestas el mismo
día" en la capital. La
propuesta ha recibido sin
embargo el aval de muchas
voces del partido,
encabezadas por el
presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González,
que ha considerado
"razonable" la petición.
González ha justificado la
necesidad de una reforma en
el "colapso" que, a su
juicio, está sufriendo la
ciudad.
Entrevistado en la cadena SER, González ha repetido lo dicho por
Cifuentes: "No es que se
restrinja el derecho de
manifestarse. Es tener la
posibilidad de ordenar el
ejercicio de ese derecho,
que se pueda administrar
esas peticiones de una
manera racional". El
presidente madrileño ha
argumentado que "en Madrid
hay muchas
concentraciones", 2.200
desde enero, y que "no se
puede estar colapsando
permanentemente la ciudad".
Para González, manifestarse no soluciona nada: "Cualquier
ciudadano sabe lo que está
pasando y que prácticamente
todos los días hay muchas
movilizaciones en el centro,
no tiene mucho sentido".
"Tiene razón la delegada.
Hay que respetar el derecho
a manifestación pero también
el de los demás ciudadanos a
moverse y poder circular",
ha sentenciado. También
desde el Gobierno regional,
el consejero de Presidencia
y Justicia, Salvador
Victoria, ha apostado por un
equilibrio entre el derecho
a la manifestación y el
respeto la vida "ordinaria y
rutinaria" de los
madrileños.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado una
de cal y otra de arena. Por
una parte, ha afirmado que
el ejercicio legítimo del
derecho de manifestación,
considerado "fundamental",
debe ser protegido, aunque
los poderes públicos si lo
consideran "necesario"
pueden regularlo aunque solo
"administrativamente", nunca
por la vía penal o
constitucional. A su juicio,
ir más allá sería
perjudicial: "Todo lo que
sea restringir en exceso los
derechos fundamentales
complica la convivencia
democrática". Por otro lado,
ha defendido que no se puede
"otorgar carta de naturaleza
a la explotación de un
legítimo malestar social"
como un medio para
"deslegitimar en bloque" la
forma de Estado, "las
Cámaras o sus titulares",
con un "frecuente y
gravísimo quebranto de la
convivencia democrática".
Mucho más tajante ha sido el jurista José Manuel Gómez Benítez,
vocal del Poder Judicial,
quien ha recordado que
manifestarse es "un
contrapeso fundamental en
cualquier democracia frente
a los excesos o
arbitrariedades del poder",
por lo que la propuesta de
Cifuentes es, a su juicio,
"típica de regímenes
autoritarios y
dictatoriales". En
declaraciones a la SER, ha
añadido que es "bastante
posible" que la
representante del Gobierno
en Madrid se haya situado
"fuera del marco
constitucional". "Lo que le
molesta al parecer a
Cifuentes es el número, la
constancia y la permanencia
de las manifestaciones, pero
eso se produce porque cada
vez hay más ciudadanos que
no confían en que las
personas a las que han
elegido o que se encuentran
quiénes defiendan sus
intereses y en consecuencia
buscan una vía directa de
manifestar su crítica", ha
subrayado.
La también vocal del Poder Judicia Margarita Robles ha censurado
la idea: "Este Gobierno
cuando hay un problema lo
único que pretende es
cambiar la ley". Robles ha
considerado innecesaria una
modificación porque si se
trata de compatibilizar
derechos —los de los
manifestantes y los de los
demás ciudadanos— "esa es
labor de la Delegación del
Gobierno".
Dado el revuelo, la propia Cristina Cifuentes ha vuelto esta
mañana sobre el asunto para
negar que "ni mucho menos"
abogue por "restringir" el
derecho a protestar sino por
regularlo para minimizar el
impacto de las molestias a
vecinos y comerciantes.
Según Cifuentes, proteger el
derecho de manifestación "no
es incompatible con la
racionalidad de su
utilización y, sobre todo,
con la racionalidad en el
uso de los espacios
públicos".
"Yo no he dicho en ningún momento y además no creo que haya que
reformar la Constitución. Yo
no entro a valorar qué
reforma habría que hacer, es
un tema complicado", ha
admitido la delegada. "Ni lo
he hecho ni me corresponde
porque yo no soy
legisladora", ha continuado,
para añadir que lo que ha
planteado es la oportunidad
de abrir un debate. "Debatir
las cuestiones es bueno en
una sociedad democrática. No
sé qué miedo tienen algunos
a poder hablar libremente de
cualquier tema", ha
apostillado.
El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha advertido de que
los socialistas no van a
"tolerar más recortes de
derechos" y se ha preguntado
en las redes sociales "por
qué la derecha habla de
modular cuando quiere decir
restringir". La
vicesecretaria general del
PSOE, Elena Valenciano, ha
pedido una rectificación a
Cifuentes. "No parece muy
prudente que la delegada del
Gobierno lance mensajes para
limitar el derecho de
manifestación... debe
rectificar", ha escrito
Valenciano en Twitter.
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, ha
acusado al PP de tener
"querencias
predemocráticas". La
diputada y líder de UPyD,
Rosa Díez, se ha mostrado
también en contra de limitar
la protesta, puesto que se
trata de un "derecho básico"
de los ciudadanos. "La
crisis no puede ser una
excusa para recortar
derechos", ha reflexionado.
El secretario general de
UGT, Cándido Méndez, ha
acusado a Cifuentes y a la
secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal,
de querer ocupar el hueco de
la expresidenta Esperanza
Aguirre, haciendo
"propuestas siniestras".
Los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, ya
replicaron ayer a la
delegada que “no es
necesario” modular la ley.
Según los sindicatos, lo que
hay que hacer es “aplicar la
ley que tenemos de reunión y
manifestación y cuando no
cumplan con los requisitos
no autorizarlas”, declaró el
secretario de comunicación
del SUP, José María Benito.
El dirigente se mostró de
acuerdo con Cifuentes en que
Madrid es el "manifestódromo",
pero insistió en que "eso no
es suficiente para pretender
modificar la ley". "No
estamos en absoluto de
acuerdo. El derecho de
reunión y manifestación debe
ser un derecho sagrado en un
país democrático", dijo por
su parte el secretario
general de la CEP, Ignacio
López.
Una reforma de difícil encaje constitucional
El derecho de manifestación está regulado por el artículo 21 de
la Constitución y
desarrollado por la Ley
Orgánica de 1983. Los dos
requisitos exigidos para
prohibir o modificar una
protesta son que puedan
alterar el orden público y
que exista riesgo real para
las personas o los bienes.
En los nueve primeros meses
del año se han registrado
2.732 manifestaciones, entre
las autorizadas y las que no
contaban con el visto bueno
de la Delegación del
Gobierno.
La reforma de esta norma requiere la mayoría absoluta del
Congreso de los Diputados,
condición con la que cuenta
en estos momentos el PP. Sin
embargo, el eventual texto
siempre tendría que mantener
el contenido esencial del
derecho de manifestación,
según recuerda el profesor
titular de Derecho
Constitucional de la
Universidad Complutense,
Manuel Sánchez de Diego. “La
última palabra en caso de
que la nueva ley no se
ajustara a derecho la
tendría el Tribunal
Constitucional, que puede
modificar o rechazar la
norma, como ya ha hecho en
algunas sentencias”, añade
el profesor. Eso sí, ese
fallo del Constitucional no
podría hacerse de oficio.
Exigiría que acudieran a él
diputados o el Defensor del
Pueblo, entre otros.
Para cambiar itinerarios u horarios de manifestaciones o incluso
prohibirlas, los jueces
siempre valoran si no es
posible encontrar una medida
más moderada y que tenga la
misma eficacia (que no se
corte la circulación).
También ponderan que la
protesta sea proporcional
con el bien general y que no
cause perjuicios para bienes
o valores, según Sánchez de
Diego.
Otro profesor de Derecho Constitucional, Santiago Sánchez
González, de la UNED,
mantiene, por el contrario,
que con la actual
legislación sería posible
reducir el alto número de
manifestaciones diarias en
Madrid. “Se deberían
ponderar por parte de los
jueces otros derechos en
conflicto como la libre
circulación o los perjuicios
a comerciantes y
empresarios”, señala.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/03/madrid/1349249150_832437.html
CIFUENTES PIDE CAMBIOS
LEGALES PARA “MODULAR” EL
DERECHO DE MANIFESTACIÓN
"Hay que garantizar el derecho a no estar en una ciudad en
ocasiones inhabitable",
argumenta
Matiza que no plantea restringirlo sino que haya más margen para
modificar recorridos y
horarios
No soy yo, es la ley, vino a responder el pasado viernes la
delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes,
a las veladas acusaciones de
Ana Botella de permitir
"demasiadas" manifestaciones
en la capital. Hoy,
Cifuentes ha reiterado que
la ley es "muy permisiva y
amplia" con el derecho de
reunión y manifestación y ha
ido un paso más allá en el
debate sobre los límites del
derecho a protestar abierto
por el Movimiento 15-M y
reabierto por los recientes
intentos de rodear el
Congreso. Ha planeado
"modular" la ley para
"racionalizar el uso del
espacio público". La
delegada ha matizado que no
se trataría de cambiar la
Constitución sino de revisar
la Ley Orgánica que regula
este derecho, no para
"recortarlo" sino para
ampliar el margen de
maniobra de las
Administraciones para
modificar recorridos y
horarios.
En una entrevista en RNE, ha reiterado que Madrid es "una ciudad
complicada porque las
manifestaciones son
permanentes y su cifra
desmesurada", opinión que
sustenta en un dato: en lo
que llevamos de año se han
producido "casi 2.200
concentraciones y
manifestaciones" en la
capital —Botella las cifró
en 2.732 el viernes. En todo
2011, fueron 1.380, según
los datos de la alcaldesa—.
"El tema de las
movilizaciones es una
cuestión puntual que viene
dada por el momento político
y propiciado porque hay
grupos que tratan de
conseguir en la calle lo que
no han conseguido en las
urnas", ha argumentado,
culpando a los socialistas
sin nombrarlos del aumento
de las protestas en las
calles.
Qué dice la ley
El derecho de manifestación y de reunión lo recoge el artículo 21
de la Constitución, que
reza: "Se reconoce el
derecho de reunión pacífica
y sin armas. El ejercicio de
este derecho no necesitará
autorización previa".
Añade que, para los "casos de reuniones en lugares de tránsito
público y manifestaciones",
se dará "comunicación previa
a la autoridad", que sólo
podrá prohibirlas cuando
existan "razones fundadas de
alteración del orden
público, con peligro para
personas o bienes".
La Ley Orgánica 9/1983 reitera que "ninguna reunión estará
sometida al régimen de
previa autorización", al
tiempo que subraya la
especial importancia de este
derecho al hacer responsable
a la "autoridad gubernativa"
de proteger "las reuniones y
manifestaciones frente a
quienes trataren de impedir,
perturbar o menoscabar el
lícito ejercicio de este
derecho".
La misma ley establece que para celebrar una manifestación en
espacios "de tránsito
público" hay que comunicarlo
con una antelación de 10
días hábiles y una máxima de
30 a la Delegación del
Gobierno, salvo que se
argumenten "causas
extraordinarias y graves que
justifiquen la urgencia de
convocatoria", con lo que el
plazo se reduce a 24 horas.
Aunque ha recordado que el derecho de manifestación es
constitucional "y no se
necesita autorización
previa" sino una
comunicación a la
Delegación, apuesta por
compatibilizarlo con el
derecho que tiene el resto
de la población "a poder
estar en una ciudad que sea
habitable". "Significa poder
circular con tranquilidad,
que no haya incidentes,
disturbios, que no haya
problemas de orden público.
"Es mi objetivo y trato de
conseguirlo", ha agregado.
En este sentido, Cifuentes defiende un cambio legislativo, aunque
no ha detallado cómo se
realizaría. "Lo que quiero
es abrir un debate porque
cualquier modificación tiene
que ser adoptada por un
amplio consenso. El derecho
de manifestación lo recoge
la Constitución es su
artículo 21 y no creo que
haya que cambiar la
Constitución. Este derecho
tiene que seguir siendo
siempre en todo caso un
derecho constitucional.
Estamos en una sociedad
democrática y los derechos
de los ciudadanos no se
pueden recortar", ha
matizado.
Sin embargo, considera que el derecho de reunión hay que
"modularlo" porque la Ley
Orgánica que lo recoge, de
1983, "tiene muchos años".
"Habría que modificarla, no
para recortar derechos, pero
sí para racionalizar el uso
del espacio público. No
puede ser que en un mismo
día en Madrid haya 10
manifestaciones en la misma
zona. Los comerciantes y
vecinos del centro están
desesperados con toda la
razón", ha dicho. La
delegada ha apuntado que la
reforma debería dar a la
Administración "cierto
margen para modificar las
horas y cambiar lugares para
compatibilizar el derecho de
manifestación, que no hay
que restringirlo en
absoluto, sino para
garantizar el derecho de los
ciudadanos a no estar en una
ciudad que en ocasiones es
inhabitable".
"La ley es muy permisiva y amplia con el derecho de manifestación
y cuando la Delegación ha
intentado en diversas
ocasiones no prohibir sino
modular este derecho
cambiando itinerarios o de
día una manifestación porque
creíamos que podía suponer
un peligro de orden público,
sistemáticamente el Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid siempre ha fallado en
nuestra contra", ha
recordado. En marzo, en
vísperas de la huelga
general, Cifuentes recibió
tres varapalos consecutivos
de este tribunal. "Lo que
dice la ley es que solo se
puede prohibir o modificar
una manifestación cuando
existan razones fundadas de
alteración del orden público
con peligro para bienes o
personas, que yo he
apreciado en algunas
ocasiones y en todas ellas
los tribunales nos han
quitado la razón", ha
proseguido.
Cifuentes ha lamentado que lo único que pueda hacer contra, por
ejemplo, los cortes de
tráfico que, en protesta los
recortes de Mariano Rajoy a
los sueldos de los
funcionarios, protagonizan
todos los viernes "grupos de
liberados sindicales que
trabajan en los ministerios
que van cortando de manera
indiscriminada las calles"
sea "identificarlos y
sancionarlos
administrativamente".
La delegada ha admitido que el grueso de las manifestaciones de
estos meses han sido
pacíficas y ha vuelto a
avalar la actuación de la
policía el 25-S. "Muchas de
las actuaciones que hace la
Policía Nacional son para
proteger el derecho de la
manifestación, no está para
reprimir derechos", ha
defendido a los agentes,
acusados de desmesura en su
respuesta a los
manifestantes.
Esta petición de Cifuentes de modificar la ley respecto al
derecho a protestar se suma
a la ofensiva lanzada el
pasado mes de abril por el
ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, que planteó
una reforma para endurecer
las penas por desobediencia
y resistencia a la autoridad
que castigará el vandalismo
callejero igual que la kale
borroka.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/02/madrid/1349172692_804454.html
BOTELLA INSINÚA QUE EL
GOBIERNO AUTORIZA DEMASIADAS
MANIFESTACIONES
El Ayuntamiento se lamenta del coste que tienen para los
servicios municipales y pide
“mesura” a los ciudadanos a
la hora de salir a la calle
a protestar
Sin decir nada pero diciéndolo todo, midiendo sus palabras para
dejarlas al borde del
titular vocinglero, y
repitiendo frases que
parecen destinadas a oídos
nobles, la alcaldesa de
Madrid, Ana Botella, no ha
pedido hoy a los ciudadanos
que se moderen en sus
expresiones públicas de
desagrado a las políticas de
las Administraciones, no ha
pedido a la delegación del
Gobierno que sea más
rigurosa a la hora de
autorizar esas protestas en
las calles de la capital, y
no ha pedido al Estado una
compensación económica por
los gastos extraordinarios
que manifestaciones y
concentraciones, que se han
disparado desde el verano,
causan al Ayuntamiento
(principalmente, por los
servicios de limpieza y
seguridad) y por las
molestias que generan a
ciudadanos y turistas. No lo
ha hecho, en fin, pero
cualquier diría que en
realidad sí lo ha hecho.
¿Demasiado permisivos? Lo primero que ha hecho es trasladar a
doblones el monto de sus
quebrantos: 3,8 millones de
euros desde enero. En los
nueve primeros meses del año
se han registrado 2.732
concentraciones o
manifestaciones, entre las
autorizadas y las que no
contaban con el visto bueno
de la delegación del
Gobierno. En todo 2011,
fueron 1.380; algo que
parece molestar
particularmente a la
alcaldesa, según ha dicho
hoy, es que, cuando el
anterior presidente del
Ejecutivo, José Luis
Rodríguez Zapatero (PSOE),
aprobó en 2010 un recorte
del sueldo de los
funcionarios, no se
produjeran protestas como
las actuales.
Desde el pasado 17 de julio hasta la fecha, se han registrado
983, “la gran mayoría con
cortes de tráfico”. En lo
que va de año, la media es
de 10 al día; desde el 17 de
julio, la media es de 14. En
algunos días, las cifras se
disparan: el 18 de julio
hubo 57 (solo seis
autorizadas); el 20 de
julio, 61 (solo seis
autorizadas); el 27 de
julio, 65 (solo seis
autorizadas). Ojo a las
cifras, porque las
proporciona el Ayuntamiento;
y ojo sobre todo a las
cifras de manifestaciones
autorizadas por la
delegación del Gobierno y,
sobre todo, al cambio que se
desprende de los datos
facilitados: el 14 de
diciembre hubo 54 (29
autorizadas); el 21 de
septiembre, 43 (30
autorizadas). A buen
entendedor…
Pero por si acaso, ha añadido: “Tenemos que pensar que hay muchas
manifestaciones y tenemos
que tener prudencia con
aquellas que se autorizan”.
Esa decisión es competencia
de la delegada del Gobierno,
Cristina Cifuentes (PP). En
cuanto a las no autorizadas,
ha afirmado: “Apoyamos a la
Policía Nacional y
Municipal”.
¿Demasiado protestones? Botella se ha esmerado en recalcar que
“respeta y defiende el
ejercicio del derecho de
manifestación”. Pero, “por
decirlo de forma clara: es
respetable que quien quiera
protestar tenga derecho a
ello, pero los vecinos,
trabajadores o turistas de
Madrid tienen derecho a
vivir, trabajar y a moverse
libremente por su ciudad”. A
la alcaldesa le preocupa el
“impacto negativo que está
teniendo el ingente número
de manifestaciones y
concentraciones en los
ciudadanos y turistas”, y
“los efectos negativos de
cara al exterior, a la
inversión extranjera” y la
imagen de la ciudad.
“Hay que tener mesura en todo. Me gustaría pedir a los
madrileños, a los que se
manifiestan y a los que no,
un poquito de prudencia. Los
que se manifiestan son muy
pocos y hacen un daño muy
grande a muchas personas,
ayer fuimos portada [en
medios internacionales] y
eso tiene un efecto, todos
tenemos que tener
responsabilidad”, explicó la
alcaldesa.
“Es verdad que existe un malestar social. Pero el número de
personas que se manifiestan
es muy pequeño en
comparación con el número
total de la población.
Cuando se tienen que tomar
algunas decisiones porque
son necesarias y son
beneficiosas a largo plazo,
no hay más remedio que
asumir el coste. Hay que
saber que, por el voto
ejercido en las urnas, se
toman decisiones, y se
responderá otra vez en las
urnas”, ha concluido la
alcaldesa.
El vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, ha añadido un matiz: “Se
pide prudencia. Que
administremos el ejercicio
de esos derechos con
prudencia. Sobre todo cuando
se derivan acciones
violentas. Creo que los que
se manifiestan deben
expulsar a los que tienen
actitudes violentas. Pedimos
prudencia, mesura, sentido
común”.
>> ¿Demasiado caros? El Ayuntamiento calcula que, desde enero,
las manifestaciones y
concentraciones en la ciudad
le han costado 1,9 millones
en servicios de seguridad y
1,9 millones más en
servicios de limpieza. Y
pone un ejemplo: el 25 de
septiembre, es decir, el
25-S, con miles de personas
tratando de “rodear” el
Congreso de los Diputados,
destinó 490 agentes y 156
vehículos a servicios de
seguridad, con un gasto
estimado de 211.000 euros.
Los cortes de tráfico
afectaron a 60.000 vehículos
y 150.000 personas; 90.000
usuarios de los autobuses
municipales se vieron
afectados, y 30.000 personas
dejaron de usarlos, con un
lucro cesante para el
servicio de 32.000 euros. Es
más, “desde el más absoluto
de los respetos”, una
manifestación de 6.000
personas afecta a 89.000
viajeros de autobús, asegura
el Ayuntamiento.
“Estamos muy contentos con ser la capital de España, pero hay
cosas que son consecuencia
de ello”, explica el
Ayuntamiento, que ha pedido
al Gobierno una modificación
legal para cargar a los
organizadores de eventos
públicos (partidos de
fútbol, conciertos,
etcétera) con parte de los
gastos de limpieza y
seguridad en la vía pública,
pero ha dejado fuera de sus
reivindicaciones las
manifestaciones por ser un
derecho fundamental. Ahora,
que si esos oídos nobles a
los que iban dirigidas estas
cifras quisieran participar
en la cuenta de los gastos
para la ciudad…
Como dijo ayer, referido eso sí a otra materia, el concejal de
Medio Ambiente, Movilidad y
Seguridad, Antonio de
Guindos, “para insinuarse
hay que saber lo que se
insinúa”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/27/madrid/1348746697_234982.html
LA POLICÍA CONDECORA AL JEFE
DE LOS ANTIDISTURBIOS DE
MADRID
Otros dos altos mandos policiales de la Jefatura madrileña
también son condecorados por
su trabajo en el último año
El máximo responsable de la Unidad de Intervención Policial (UIP,
conocidos como
antidisturbios), el
inspector jefe Javier
Nogueroles, será condecorado
la próxima semana durante la
fiesta del cuerpo con la
medalla al mérito policial
con distintivo rojo, una de
las más apreciadas dentro de
la corporación. Supone el
cobro mensual de un 10% más
del sueldo, según han
confirmado fuentes
policiales.
El inspector jefe de la 1ª compañía de la UIP (la que corresponde
a Madrid) estuvo antes al
frente de la unidad homóloga
en la Jefatura Superior de
Castilla León, con sede en
Valladolid. Hace dos años,
fue trasladado a la región
madrileña. Aquí dirige a
unos 500 agentes cuya sede
está en el complejo policial
de Moratalaz. La concesión
de la medalla se inició hace
unos dos meses, tras pasar
distintos filtros la
propuesta de condecoración.
Sus agentes participaron en la protección del Congreso de los
Diputados del pasado martes,
en la que se produjeron
cargas por parte de los
antidisturbios contra
algunos manifestantes y en
la estación de Atocha.
Nogueroles no era entonces
el máximo responsable del
dispositivo policial.
El responsable de la UIP madrileña no será el único mando de la
Jefatura Superior de Policía
de Madrid que ha conseguido
esta distinción. Los
comisarios responsables de
la Brigada Provincial de
Seguridad Ciudadana, Alfonso
María Sánchez Núñez, y de
Información, Germán
Rodríguez Castiñeira,
también lucirán esta
condecoración a partir de la
próxima semana, entre otros
agentes.
Fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario
dentro del cuerpo, han
criticado la fórmula elegida
para la concesión de estas
condecoraciones y han
recordado que algunos mandos
policiales (sin referirse en
concreto a los tres citados)
"atesoran medallas rojas"
mientras que los agentes que
se juegan la vida día a día
en la calle no son
reconocidos.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/28/madrid/1348859547_173010.html
Cifuentes "no le gusta" que
la Audiencia no juzgue a los
detenidos del 25S
La delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes,
ha dicho que "no le gusta"
pero "comparte" y "acata" la
decisión del juez Santiago
Pedraz de declarar que la
Audiencia Nacional no es
competente para juzgar a los
detenidos en los incidentes
del 25S.
Cifuentes, que ha asistido
hoy a la toma de posesión
del nuevo Gobierno de la
Comunidad de Madrid, ha
recalcado que "siempre acata
y acepta, como no puede ser
de otra manera" la decisión
de los jueces, "aunque no
todas las comparto y no
todas me gustan", ha
admitido.
En concreto, Cifuentes ha
señalado que la decisión del
juez de la Audiencia
Nacional sobre los detenidos
del 25S "a mi no me gusta
pero, por supuesto, la
comparto".
Por tanto, la delegada del
Gobierno ha insistido en que
no se trata "de una cuestión
de decepción" por la
decisión que ha tomado el
juez Pedraz ya que, según ha
recordado, la labor de la
Delegación del Gobierno en
las manifestaciones consiste
en "garantizar el orden
público".
Por contra, ha añadido que
cuando se producen
"detenciones por alteración
del orden" los jueces son
"los encargados de
determinar el delito que se
les imputa".
http://www.diariovasco.com/agencias/20120928/cifuentes-no-gusta-audiencia-juzgue_201209281313.html
Revolcón a Interior: la
Audiencia Nacional rechaza
tomar declaración a los
detenidos del 25-S
En una providencia enviada
al comisario jefe de la
Brigada Provincial de
Información, el juez
Santiago Pedraz afirma que
los delitos de los que se
les acusa no son competencia
de la Audiencia Nacional
El juez de la Audiencia
Nacional Santiago Pedraz ha
dado un serio revolcón a las
intenciones del ministerio
de Interior de que este
tribunal instruyera causas
contra los detenidos por la
manifestación del 25-S.
Pedraz ha rechazado tomar
declaración a los 35
detenidos por la
manifestación del 25-S el
pasado martes. En una
providencia dirigida al
comisario jefe de la Brigada
Provincial de Información,
Pedraz se da por enterado de
la detención de las 35
personas a los que se le
acusa de delitos de
atentado, lesiones,
resistencia a la autoridad y
desobediencia y desórdenes
públicos, pero recuerda al
mando policial que "ninguno
de ellos competencia de la
Audiencia Nacional".
Por ello, Pedraz, que se
encuentra de guardia esta
semana, concluye que "la
unidad policial deberá
actuar en consecuencia
respecto de los mismos
delitos".
Fuentes jurídicas han
explicado que la Policía
deberá remitir los atestados
a los juzgados ordinarios de
instrucción en Plaza de
Castilla, que son los que
tienen la competencia para
instruir los citados
delitos.
La Audiencia recrimina a la
Policía la tardanza en
enviar el atestado
Esta decisión del juez se
produce después de que ayer
fuentes de Interior
informaran de que a los 35
arrestados —uno de ellos
menor de edad— se les
imputaría un delito
tipificado en el artículo
494 del Código Penal, que se
refiere, a la promoción de
manifestaciones ante la sede
de organismos legislativos.
Este mismo jueves la
Audiencia Nacional ya había
mostrado este jueves su
malestar ante la actuación
desarrollada desde el
Ministerio del Interior y la
Policía con los 36 detenidos
en la protesta desarrollada
el pasado martes ante el
Congreso de los Diputados.
El titular del Juzgado
Central de Instrucción
número 1 de la Audiencia
Nacional imputó el pasado
viernes a ocho personas por
la convocatoria de la
iniciativa "Rodea el
Congreso", a los que ha
citado el próximo día 4
después de que los Juzgados
de Instrucción de Madrid se
inhibieran en favor de la
Audiencia Nacional para que
investigase los hechos.
Ayer, miércoles en el
Congreso, el director
general de la Policía,
Ignacio Cosidó, calificó los
altercados como "muy graves"
ya que se produjeron contra
la Cámara Baja y señaló que
la Policía ha instruido los
atestados de las 35
detenciones, teniendo en
cuenta que los arrestados
cometieron delitos contra
altos organismos de la
Nación, que son competencia
de la Audiencia Nacional.
http://www.publico.es/443037/revolcon-a-interior-la-audiencia-nacional-rechaza-tomar-declaracion-a-los-detenidos-del-25-s
EL GOBIERNO FELICITA A LA
POLICÍA POR SU ACTUACIÓN EL
25-S
Cifuentes afirma que los agentes "recibieron un ataque
desproporcionado"
Fernández Díaz habla de "violencia extrema" por parte de algunos
manifestantes
La protesta junto al Congreso acabó con 64 heridos y 35 detenidos
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha
defendido la actuación
policial y las cargas contra
los manifestantes que se
produjeron la tarde-noche de
ayer en las inmediaciones
del Congreso de los
Diputados. La protesta,
bautizada 25-S Rodea el
Congreso y que mantuvo todo
el día blindado el edificio
con 1.400 antidisturbios,
dejó al menos 35 detenidos y
64 heridos, 16 de ellos
trasladados a centros
hospitalarios, según el
último balance ofrecido por
la Jefatura Superior y
Emergencias Madrid. De los
heridos, 27 son agentes.
La protesta, que congregó a un público variopinto hastiado por
los recortes y la crisis,
comenzó a las doce de la
mañana con varias
concentraciones y asambleas
y a las cinco y media de la
tarde salieron dos marchas
autorizadas hacia el
Congreso que congregaron a
miles de personas —6.000,
según los datos de
Delegación de Gobierno—,
muchas de ellas llegadas en
autobuses de otras
comunidades. Aunque los
convocantes insistieron
hasta el último momento en
el carácter pacífico de la
protesta, la tensión entre
asistentes y policías fue
subiendo y acabó con varias
cargas policiales con
pelotas goma en la zona de
la plaza de Neptuno, que hoy
son imagen de portada en
medio mundo. La primera
carga fue sobre las siete de
la tarde y a última hora,
los palos y golpes llegaron
hasta los andenes de Atocha.
La protesta junto al Congreso deja 64 heridos y 35 detenidos
Cifuentes ha respaldado "absolutamente" esta respuesta a los
manifestantes, es más, ha
felicitado a la policía por
su respuesta. "Respaldo
absolutamente. Quiero además
felicitar a la Policía
Nacional porque ayer
demostraron su
profesionalidad en
circunstancias muy
difíciles", ha declarado en
una entrevista en RNE a
primera hora de la mañana.
Según la delegada, la
policía "recibió un ataque
desproporcionado" con
lanzamiento de "piedras,
tornillos, botellas" y otros
objetos. Cifuentes, que ayer
comparó la convocatoria con
el golpe de Estado del 23-F
al igual que María Dolores
de Cospedal, ha culpado de
los incidentes a "radicales
y antisistema" y ha
lamentado que concluyera así
una manifestación que era
"pacífica" hasta que estos
grupos entraron en acción.
A última hora de ayer, los convocantes del 25-S, que a las once
de la mañana ofrecerán en
rueda de prensa su versión
de los hechos y anunciarán
nuevas movilizaciones,
decidieron llamar a regresar
hoy a las siete de la tarde
a Neptuno. La delegada del
Gobierno ha hecho un
"llamamiento a la
tranquilidad" ante esta
nueva convocatoria y ha
recordado que no está
autorizada, por lo que ha
advertido de que "se
aplicará la ley con todas
sus consecuencias".
Poco después, en los pasillos del Congreso, el ministro del
Interior, Jorge Fernández
Díaz, ha respaldado también
la actuación policial y ha
calificado de "violencia
extrema" la actitud de
"algunos manifestantes". A
su juicio, la Policía actuó
"magníficamente" y "cumplió
con su deber" ante "algunos
manifestantes que usaron
demasiada violencia".
Fernández Díaz ha añadido que la Policía "cumplió la ley en unas
circunstancias especialmente
complejas" y ha justificado
las cargas porque la policía
"cuando carga es porque se
ve obligada a hacerlo".
"Felicito a la policía, que
actuó extraordinariamente
bien y gracias a ella esa
intención manifiestamente
inconstitucional e ilegal de
ocupar el Congreso y
coaccionar a los diputados
cuando están reunidos en
sesión no se pudo llevar a
cabo", ha sentenciado. Esta
mañana, el Congreso continúa
su actividad con la sesión
de control. Los servicios de
limpieza han acabado con
todo rastro de la protesta y
la zona sigue vallada y
fuertemente vigilada.
Las manifestaciones frente al Congreso están prohibidas cuando
hay actividad parlamentaria
y ayer había pleno, lo que
llevó al Gobierno a
considerarlas ilegales y
hasta de golpistas, aunque
cinco concentraciones y
marchas del 25-S estaban
autorizadas. El Código Penal
tipifica las protestas ante
la Cámara Baja y las castiga
con cárcel si alteran “el
normal funcionamiento” del
hemiciclo. El objeto de la
acción era manifestar a los
políticos el hastío de los
ciudadanos e iniciar “un
proceso constituyente”,
según los organizadores.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha justificado la
actuación policíal porque
"un grupo reducido de
manifestantes, de forma
violenta, intentó romper el
cordón establecido alrededor
del Congreso", según reza un
comunicado, que especifica
que la policía trató "de
impedirlo a toda costa y
para ello tuvo que utilizar
la fuerza", informa Tono
Calleja. Además, ve
"plenamente justificado" el
importante despliegue ante
la gravedad de los
incidentes.
El sindicato, el de mayor número de afiliados, explica que las
instrucciones que tenían
eran claras: "Se aguanta
todo menos que se intente
romper el cordón policial
para intentar acceder al
Congreso". El SUP considera
"lamentable" que se critique
que los policías no llevaran
identificación, "mientras
que con su silencio o de
forma clara algunos
justificaran las agresiones
a policías. Como si este
hecho anecdótico justificara
la violencia contra los
policías".
El SUP critica, sin citarlo, al diputado de IU Alberto Garzón,
por sus declaraciones:
"Resulta especialmente
preocupante que algunos
representantes políticos a
los que se intentó proteger
justifiquen la violencia de
unos pocos y critiquen la
actuación policial". El
sindicato policial informa
también de que todos los
policías, sean o no
afiliados, podrán contar con
los servicios jurídicos del
SUP: "Porque estamos
convencidos de que ayer, el
Cuerpo Nacional de Policía
prestó un servicio más a la
democracia de este país,
aunque algunos con su
habitual ceguera quieran
negarlo".
Por su parte, el Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE)
defiende la legalidad de las
actuaciones realizadas por
las Fuerzas de Seguridad en
los días previos a la
convocatoria cuando se
reunían sus promotores,
entre los que había
"radicales de extrema
izquierda, cuyo objetivo era
la violencia pura y dura".
El SIPE lamenta que un
problema social o laboral se
convierta en "un problema
policial" y advierte de que
"en esto no hay nada
pacífico", y concluye
diciendo de los policías no
son "violentos" y protegen
"a todos los ciudadanos".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/26/madrid/1348642682_939719.html
LA PROTESTA DEL 25-S EN EL
CONGRESO ACABA CON CARGAS,
64 HERIDOS Y 35 DETENIDOS
Los agentes han cargado contra grupos de manifestantes en los
momentos de mayor tensión
El descontento de parte de la ciudadanía por los recortes y su
distanciamiento de la clase
política se volcó este
martes en un episodio
inédito. Miles de personas
(6.000, según los datos de
Delegación de Gobierno),
muchas de ellas llegadas de
otras comunidades, acudieron
a la llamada de un grupo de
activistas a dar un paso más
en la muestra de su
descontento cercando el
Congreso de los Diputados.
Aunque los convocantes
insistieron hasta el último
momento en el carácter
pacífico de la protesta, la
tensión entre asistentes y
policías fue subiendo y
acabó con varias cargas. En
la noche del martes había un
total de 28 detenidos, según
los datos de la Delegación
del Gobierno, y unos 64
heridos, 16 de los cuales
fueron trasladados a centros
hospitalarios (uno de ellos
grave, aunque la policía
señala que tenía una lesión
medular previa producto de
un accidente de tráfico,
informa F. J. Barroso).
Entre los lesionados había
27 agentes, según el Samur.
Las cargas llegaron, a
última hora, hasta los
andenes de Atocha. Este
miércoles, fuentes
policiales han realizado un
nuevo balance de detenidos,
que asciende a 35.
A partir de las siete de la tarde del martes, cuando se produjo
la primera carga policial,
se sucedieron momentos de
tranquilidad y caos. A las
nueve de la noche, los
antidisturbios, que ya
habían entrado en la plaza,
intentaron dispersar por la
fuerza a los manifestantes y
dispararon salvas. Muchos
congregados trataron de huir
metiéndose por algunas
callejuelas aledañas al
Congreso y acabaron entre
dos cordones. La policía
sostuvo para argumentar su
intervención que algunos
manifestantes violentos
comenzaron a tirar botellas,
pilas y otros objetos.
Algunos de los participantes
en las protestas de Madrid
golpearon a agentes. Las
duras cargas policiales que
se sucedieron sobre los
concentrados dejaron
impactantes imágenes de
manifestantes
ensangrentados.
La policía cerró varios anillos en torno a la Cámara para impedir
el paso a los concentrados
La policía cerró varios anillos en torno a la Cámara baja para
impedir el paso a los
manifestantes. Durante toda
la tarde, algunos asistentes
a la manifestación
intentaron acercarse lo más
posible por los distintos
accesos que dan al Congreso,
que está rodeado por 13
callejuelas. Unos lo
intentaron por la calle de
Cedaceros, otros por la de
Zorrilla, otros por la
carrera de San Jerónimo y el
grueso lo hizo por la plaza
de Neptuno, el único punto
autorizado por la Delegación
del Gobierno pasadas las
seis de la tarde. La
delegada, Cristina
Cifuentes, ha insistido
durante estos días en que
las manifestaciones frente
al Congreso están prohibidas
cuando hay actividad
parlamentaria. El Código
Penal las tipifica si
alteran “su normal
funcionamiento”.
En un momento de la tarde noche, al salir del cordón policial, un
periodista que trabajaba
dentro de la zona cercada
fue confundido con un
político e increpado con
saña por algunos
manifestantes: “¡Es un
político!”, gritaba uno.
“¡No, es un
guardaespaldas!”, decía
otro. “¡No, es un tertuliano
facha!”.
El objeto de la acción, con el lema Rodea el Congreso era
manifestar a los políticos
el hastío de los ciudadanos
e iniciar “un proceso
constituyente”, según los
organizadores. Que el enfado
de muchas personas que
acudieron a la cita era
mayúsculo se palpaba el
martes en la calle. “Yo he
venido para que los
políticos vean cara a cara
mi sufrimiento”, decía Mamen
Gubas, una desempleada de 41
años procedente de Bilbao.
Entre los asistentes había
indignados pero también
parados, estudiantes, amas
de casa y personas mayores
procedentes de Andalucía,
Aragón, Cataluña, Valencia o
Galicia, entre otros.
Despejaron la plaza de Neptuno disparando pelotas de goma
Alberta Matarán y Francisco Mármol llegaron el martes por la
mañana desde Granada “para
decir a nuestros
representantes que no
estamos de acuerdo con el
atropello a la ciudadanía".
El autobús en el que
viajaban fue uno de los
abordados por la policía
para identificar a sus
ocupantes. “Pido a nuestros
representantes que cuiden al
pueblo y lo protejan de los
mercados financieros”, decía
el sacerdote Joaquín
Sánchez, venido desde Murcia
con otros activistas.
Pelotas de goma para despejar Neptuno
Más de 1.300 agentes procedentes de 30 de los 52 grupos de las
Unidades de Intervención
Policial (UIP) de la Policía
Nacional, venidos de toda
España, fueron desplegados
en Madrid. El motivo de este
gran dispositivo, según la
policía, fue la dificultad
para calcular la asistencia
a las manifestaciones
convocadas, como esta, por
redes sociales. En total
había tres anillos de
seguridad en torno al
Congreso, dos de los cuales
se cerraron a cal y canto
antes de las seis de la
tarde. Un grupo de guías
caninos más algunas unidades
de caballería completaban el
dispositivo. Al frente de
todo, entre los agentes de
Neptuno, estaba el comisario
general de Seguridad
Ciudadana, Florentino
Villabona.
No había forma de traspasar las vallas que habían cerrado el
acceso a la carrera de San
Jerónimo desde Neptuno. O
eso parecía. Hasta las siete
de la tarde, la única
incidencia había sido el
arresto de un hombre que se
había subido a una valla,
horas antes, con una bandera
del Sindicato Andaluz de
Trabajadores (SAT) de Juan
Manuel Sánchez Gordillo.
Entonces, un pequeño grupo
trató de romper parte de la
valla de uno de los extremos
de la plaza y la policía
intervino. Fue cuando se
produjo la primera carga y
se llevaron a los primeros
detenidos. Los agentes
entraron y desalojaron por
la fuerza a todos los que
estaban pegados a la valla,
ocupando la parte de la
calle más cercana al cordón
policial. Una de las
mujeres, sin un zapato y con
los pantalones rotos, pedía
a los agentes que no la
separaran de sus dos
compañeros. Un trozo de
valla fue lanzado a los
agentes en medio de la
trifulca.
La intervención, y los primeros arrestos, calentaron los ánimos
en la plaza de Neptuno.
Varios grupos de agentes
pasaron la valla para
controlar a los
manifestantes, esta vez con
material antidisturbios.
Pero en ese momento aún no
se estaba desalojando la
plaza entera. Un policía le
decía a uno de sus
subordinados, que seguía
caminando al frente: “No
vamos a retroceder ni un
centímetro, pero tampoco
vamos a avanzar. ¿Has
entendido?”. En medio de la
crispación, una señora se
acercó a los agentes. Con
voz alta, nerviosa y entre
lágrimas, les recriminaba
que no les dejaran acercarse
al Congreso: “¿Pero qué
esconden ahí? Díganme. ¿Por
qué no podemos pasar? Esa es
nuestra casa. Es nuestra”.
Dos horas después la situación se recrudecía con sucesivas cargas
que incluyeron el
lanzamiento de pelotas de
goma y que acabaron con el
desalojo de gran parte de la
plaza. Esta vez, todo empezó
cerca de la fuente de
Neptuno, alejada de las
vallas que impedían el
acceso al Congreso. Según la
policía, el origen fueron
los objetos que empezaron a
lanzar algunos
manifestantes. Los arrestos
se sucedieron, hasta llegar
a los 35 detenidos, mientras
los asistentes denunciaban
cargas indiscriminadas. Uno
de los arrestados era un
hombre mayor a quien los
agentes llevaban con el
rostro tapado y que se tiró
al suelo pidiendo por favor
que no le hicieran daño. En
ese momento, las imágenes de
lo que estaba sucediendo
eran ya noticia de primera
página en la prensa nacional
e internacional. A las once
de la noche, centenares de
manifestantes seguían aún en
la plaza, algunos increpando
a los policías. Muchos de
los que se quedaron hasta
tarde eran jóvenes, pero no
solo. Una desempleada que
pasaba de los 50, rodeada de
sorprendidos veinteañeros,
reivindicaba su derecho a
protestar todo lo que
quisiera ante el Gobierno y
los políticos por la
situación de España.
Que la manifestación se saldara con incidentes no es una buena
noticia para los ocho
organizadores imputados por
la Audiencia Nacional. Uno
de ellos, Chema Ruiz,
explicaba que su intención
en principio era disolver a
la gente al final de la
noche. El grupo pretende dar
“continuidad” a su acción,
aspira a atraer a más
colectivos y a seguir
convocando movilizaciones.
El martes a última hora, los
manifestantes decidieron
regresar el miércoles a las
siete de la tarde a Neptuno
http://politica.elpais.com/politica/2012/09/25/actualidad/1348574519_035448.html
LA PRENSA MUNDIAL MIRA A
MADRID
Medios de comunicación internacionales destacan en sus ediciones
'online' las protestas
Medios de todo el mundo han puesto este martes los focos sobre
Madrid. La multitudinaria
protesta alrededor del
Congreso y las cargas
policiales que ha convertido
el centro de la capital en
una batalla campal ha
ocupado un sitio destacado
en las portadas de la prensa
internacional más
prestigioda.
The New York Times
Durante los momentos de mayor tensión frente al Congreso, sobre
las once de la noche, el
diario The New York Times ha
situado la información de
las protestas en Madrid como
primera noticia de su
edición web. Bajo el titular
Los manifestantes rodean el
parlamento español, el
diario ha destacado que las
protestas son fruto del
descontento social por los
recortes y los planes de
austeridad impuestos por la
Unión Europea y el Gobierno.
El diario neoyorquino cubre
desde hace tiempo con mucha
atención el desarrollo de la
crisis española. El Rey se
reunió esta semana con el
consejo editorial del
periódico para transmitir su
punto de vista sobre la
situación a una de las
redacciones más influyentes
del mundo.
BBC
La BBC, el ente público británico, también ha primado las
protestas en Madrid frente a
otros temas de actualidad y
última hora. En la
información, titulada
Pelotas de goma en la
manifestación de Madrid, la
línea era muy similar a la
de The New York Times, al
destacar que la policía
cargó contra las personas
que formaban parte de una
masiva manifestación contra
los planes de austeridad. El
periodista de la cadena
británica Tom Burridge
señaló que la protesta fue
la más tensa de todas las
que cubrió en España y que
en ella la proporción de
jóvenes era mayor que en
otras. "La táctica de mano
dura de la policía, pese a
que no sufrió grandes
provocaciones, muestra quizá
que las autoridades temían
una escalada de la
situación", observa Burridge.
Le Monde
Las protestas han abierto también la edición online del diario
francés Le Monde durante la
madrugada. Aunque durante la
tarde la noticia titulada En
Madrid, manifestantes y
policías se enfrentan
delante del Parlamento ha
ocupado un lugar discreto,
la información se ha
convertido esta noche en lo
más leído del día.
Financial Times
El diario de referencia de la City londinense también abre esta
mañana su edición online con
noticias desde España. Sin
embargo, en contratendencia
con la mayoría de las
cabeceras más prestigiosas,
titula la información con el
ordago político lanzado por
la Generalitat. El texto
menciona la protesta ante el
Congreso en Madrid, pero se
centra en el pulso político
entre el Gobierno de Rajoy y
Cataluña, y las potenciales
consecuencias económicas de
una secesión.
The Guardian
El diario británico The Guardian ha titulado Violencia en Madrid
por la carga de la policía
contra los manifestantes la
noticia sobre las protestas
y ha acompañado la
información con una galería
de imágenes y un seguimiento
que han ido actualizando en
directo.
The Wall Street Journal
El periódico neoyorquino destaca en su portada una entrevista con
el presidente del Gobierno
español, Mariano Rajoy.
Al Jazeera
El canal de noticias árabe Al Jazeera también se ha hecho eco de
los sucesos en Madrid, al
situar el tema entre los
cinco destacados de la noche
de este martes.
http://politica.elpais.com/politica/2012/09/26/actualidad/1348618004_214512.html
CIFUENTES DEFIENDE EN ‘EL
GATO AL AGUA’ QUE EN EL 25-S
“HAY GRUPOS NAZIS QUE ESTÁN
APOYANDO LA TOMA DEL
CONGRESO”
La delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes,
acudió la noche del lunes al
programa 'El Gato al Agua'
para ser entrevistada sobre
las protestas programadas
para el 25 de septiembre
alrededor del Congreso de
los Diputados. Cifuentes se
ha sentado en una mesa
separada de su lugar
habitual de contertulia en
el plató de Intereconomía
desde donde ha insistido en
su teoría de que hay "grupos
nazis que están apoyando
tomar el Congreso". La
'popular' también ha
señalado la "intención
totalmente golpista" de la
convocatoria y ha lamentado
que, con las protestas, "en
Madrid hemos llegado a un
nivel insoportable para los
vecinos".
Cristina Cifuentes ha vuelto
al plató de El Gato al
Agua pero no como
tertuliana, sino como
entrevistada en calidad de
delegada del Gobierno de
Madrid. Cifuentes ha
asegurado que “la
información es muy difusa”
en torno a la manifestación
del 25-S que se celebrará en
las inmediaciones del
Congreso de los Diputados.
Cambio de estrategia
Según Cifuentes, los
manifestantes “han cambiado
la estrategia” después de
que la Audiencia Nacional
empezara a repartir
imputaciones entre personas
que han acudido a reuniones
sobre el 25-S “y ahora
hablan de rodear el
Congreso”.
Grupos nazis
Pero Cifuentes ha insistido
en su teoría de que “hay un
grupo de organizaciones que
pretenden tomar el
Congreso”. “Hay grupos
radicales que pretenden una
involución política. Es una
intención totalmente
golpista”, ha clamado la
delegada del Gobierno, “hay
grupos muy radicales y muy
violentos de ultraizquierda
y ultraderecha, grupos nazis
que están apoyando la toma
del Congreso. Y me preocupa
que quieran capitalizar la
protesta”.
Manifestaciones
insoportables
Cifuentes también ha
lamentado que “en Madrid
hemos llegado a un nivel
insoportable para los
vecinos” y ha pedido una
reforma legal para que el
derecho de manifestación “no
se restringa pero sí que se
module”. Dice la delegada
del Gobierno que “he tenido
que aprender” que hay que
permitir la mayoría de las
manifestaciones porque “no
hay más remedio” y su
capacidad de prohibirlas “es
muy limitada”.
http://www.elplural.com/2012/09/24/cifuentes-defiende-en-el-gato-al-agua-que-en-el-25-s-hay-grupos-nazis-que-estan-apoyando-la-toma-del-congreso/
CIFUENTES PIERDE LOS NERVIOS
CUANDO LE PREGUNTAN POR SU
MARIDO ‘DESAPARECIDO’
La delegada de Gobierno de
Madrid, Cristina Cifuentes,
ha abordado con tranquilidad
los preparativos de
seguridad de cara a las
protestas del 25-S, pero ha
perdido los nervios en la
radio cuando se le ha
preguntado por la situación
judicial de su marido, que
destapó ELPLURAL.COM. El
Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid (B.O.C.M.)
declaró a su esposo, Javier
Aguilera, en "ignorado
paradero" a la hora de
afrontar una condena
judicial.
Artículos relacionados
Entrevistada en Punto Radio
por Melchor Miralles,
Cifuentes se ha alterado
notablemente cuando le han
preguntado por la situación
judicial de su marido,
a quien se da en “ignorado
paradero” a la hora de pagar
una indemnización:
“No acostumbro a hablar de
temas personales jamás,
jamás, voy a hacer una
excepción. Eso de que está
en ‘busca y captura’ es una
mentira, una falsedad”.
“Podría defenderme pero no
voy a entrar”
Sin embargo, Cifuentes se
aferró a su vida personal
para no profundizar en el
asunto y presentarse como
víctima de un intento de
desprestigio: “Es un
comportamiento mezquino,
produce indefensión, podría
defenderme pero no voy a
entrar, mantengo mi vida
personal al margen, ¿si esa
infamia fuera verdad mi
marido podría andar
tranquilamente por la
calle?”. “No voy a consentir
que nadie entre en esa
parcela personal y no tiene
que afectar a mi trabajo”,
insistió la delegada de
Gobierno de Madrid.
Miralles: “Sabe que le tengo
especial simpatía”
Ante la alteración de su
invitada, Miralles se
justificó apelando a que se
trata de un asunto “en boca
de la gente” y Cifuentes le
reprochó que está “en boca
de quienes no tienen otro
asunto para criticarme, pero
a usted le parece que es un
asunto muy importante”.
“Sabe que le tengo especial
simpatía y cariño, era mi
obligación, no tenía ningún
ánimo de molestarla”,
intentó tranquilizarle
Miralles (el
episodio se puede escuchar a
partir del minuto 15 del
audio de la entrevista
http://www.elplural.com/2012/09/24/cifuentes-pierde-los-nervios-cuando-le-preguntan-por-su-marido-desaparecido/
-
La delegada del
Gobierno insiste en
que "todos los
policías nacionales
van identificados"
-
Muestra su
preocupación por
"ciertos grupos
violentos" que
puedan reventar la
marcha
-
"No puedo
prohibirla, aunque
rechace sus ideas",
dice de la
convocatoria de
ultraderecha
Con
Madrid convertido en un
manifestódromo –más de 1.900
movilizaciones en los
últimos siete meses-, la
delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes,
afronta este sábado, en el
septiembre más caliente de
los últimos años, el reto
más exigente tras el primer
aniversario del 15-M el
pasado mayo. “Garantizamos
el derecho
constitucionalmente
reconocido a manifestarse.
Nos hemos reunido con
Comisiones Obreras y UGT
para buscar las ubicaciones
para los entre 1.000 y 1.500
autobuses que llegarán a
Madrid y facilitar las vías
de acceso a los ciudadanos”.
La
posibilidad de que las
protestas deriven en
disturbios son el principal
problema. “Me preocupan
ciertos grupos organizados
violentos que en ocasiones
intentan reventar
manifestaciones y
movilizaciones legítimas.
Afortunadamente, representan
a una minoría de ciudadanos.
¿Fractura social? No creo
que se haya producido,
aunque la situación actual
es muy complicada. Pero
estoy segura de que dentro
de poco empezaremos a salir
de esta crisis”. Cifuentes
ha negado que exista una
lista negra en la que se
identifica a entre 800 y
1.000 personas "violentas"
en Madrid. “No existen ni
listas negras ni blancas,
tan solo grupos y
organizaciones (sin
identificar las personas que
los componen) que, según los
informes policiales,
participan de manera
habitual en todo tipo de
movilización que se efectúa
en Madrid”.
Sobre
las polémicas generadas en
ocasiones anteriores en las
que algunos representantes
de las fuerzas de seguridad
no llevaban visible su
identificación, Cifuentes ha
asegurado que “van
identificados y además están
obligados a mostrar su
identificación a cualquier
ciudadano que se lo
requiera”. ”En algunas
manifestaciones los miembros
de la UIP (Unidad
Antidisturbios) llevan la
identificación debajo del
chaleco antitraúma para
evitar que, como ya ha
ocurrido en otras ocasiones,
les sea arrancada la
identificación y se haga un
uso indebido de la misma”,
ha añadido.
Cifuentes también ha
explicado las razones por
las que no se ha prohibido
la concentración
ultraderechista convocada
por la Falange y el Nudo
Patriota Español para este
sábado bajo el lema “La
crisis se llama democracia”.
“El derecho de manifestación
es un derecho
constitucionalmente
reconocido que no está
sometido a autorización
previa. Yo no puedo prohibir
una manifestación, aunque
como es el caso rechace
absolutamente la ideas
políticas de quienes la
organizan. La grandeza de la
democracia consiste en
permitir que se manifiesten
incluso aquellos que están
en contra de la democracia”,
ha observado. “De las más de
1.900 manifestaciones
celebradas en Madrid en los
últimos siete meses no se ha
prohibido ninguna
manifestación de ningún
signo político. Tan
solamente ha habido un caso
en el cual, por razones de
seguridad, se trasladó con
el apoyo de los tribunales a
otro día. Me refiero a la
manifestación atea que
coincidía en día, horario y
trayecto con las procesiones
del Jueves Santo. En el caso
de la manifestación de
ultraderecha que coincidía
en la final de la Copa del
Rey entre el Athletic y el
Barcelona, la Delegación
modificó el día pero el TSJM
falló en contra de la
Delegación y la
manifestación se tuvo que
celebrar”, ha continuado.
La
marcha prevista para el
martes 25 de septiembre bajo
el lema “Rodea el Congreso”
es “una manifestación no
comunicada y por tanto no
cumple los requisitos
legales establecidos por la
Constitución”, ha apuntado
la delegada del Gobierno.
“El día 25 habrá sesión del
Pleno y el Código Penal
prohíbe que en esas
circunstancias haya
manifestaciones en el
entorno del Congreso de los
Diputados. La Policía
Nacional garantizará la
seguridad ciudadana y el
orden público. Nuestra
legislación determina que no
se puedan realizar
manifestaciones, aunque sean
pacíficas, mientras están
reunidas las Cortes para ‘no
violentar la libertad de los
legisladores’. Se actuará en
consecuencia”, se ha
mostrado tajante. La fecha
no ha sido elegida al azar,
sino precisamente por el
cónclave de los diputados.
La
identificación masiva de
inmigrantes, que algunas
plataformas afirman que se
siguen realizando, ha sido
otro de los temas que ha
tratado. Cifuentes rechaza
que se produzcan. “Las
identificaciones
indiscriminadas de
inmigrantes por motivos
raciales por parte de la
policía era una práctica
habitual permitida por los
anteriores ministros del
Interior socialistas, los
señores Rubalcaba y Camacho.
La Dirección General de la
Policía ha prohibido estas
prácticas y la Jefatura de
Policía de Madrid ha
constatado que no se
realizan detenciones masivas
a ciudadanos por esta causa.
Si cualquier ciudadano es
objeto de estas prácticas,
debería notificarlo de
inmediato a la Jefatura
Superior de Policía”.
Aunque
considera que “el sistema
penal tiene que ir dirigido
a la rehabilitación del
delincuente”, la delegada
del Gobierno ha recordado
que “no siempre se castiga a
quienes delinquen”. “Habría
que realizar determinadas
modificaciones legislativas
para evitar que delincuentes
multirreincidentes o que
criminales que han cometido
delitos de especial gravedad
(asesinos de niños,
violadores, etc) estén en la
calle sin haber cumplido la
totalidad de sus condenas”.
Respecto al anuncio del
ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, de
una cadena perpetua
revisable para delitos de
especial gravedad y no solo
para terroristas, Cifuentes
se ha mostrado
“completamente de acuerdo,
es una buena noticia para
los españoles y una muy mala
noticia para los
delincuentes”.
Cifuentes también se ha
centrado en la prostitución.
La presidenta de la
Comunidad, Esperanza
Aguirre, plantea que se
regularice y la alcaldesa de
Madrid, Ana Botella, que se
persiga al proxeneta y
proteja a las mujeres
explotadas sexualmente,
además de disuadir e incluso
multar a los clientes. “No
estoy de acuerdo en regular
la prostitución como una
profesión porque no lo es.
Es una actividad degradante.
Aunque algunas mujeres la
ejerzan de manera
voluntaria, la gran mayoría
son víctimas de tratas de
seres humanos. Creo que
habría que aumentar las
penas contra los proxenetas
que las explotan sin
criminalizar en ningún caso
a quienes ejercen la
prostitución. Dicho esto,
también creo que habría que
regular a nivel nacional
determinadas cuestiones
relacionadas con la
prostitución para impedir su
ejercicio en determinadas
zonas, como por ejemplo
colegios, jardines donde
jueguen niños, etc”.
“Está
siendo juzgada por graves
delitos, cometidos
presuntamente en el
ejercicio de su cargo, y me
parece muy mal que pudiera
reincorporarse como jefe de
la policía municipal de
Coslada”, ha opinado sobre
la polémica provocada por la
posible readmisión del
exjefe de policía de la
localidad, Ginés Jiménez.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/14/madrid/1347640420_701346.html
