RAFAEL CATALÁ : UN ULTRA GENOVÉS con puertas giratorias personalizadas
LAS NOTICIAS. AGOSTO 2022
RODRIGO RATO PIDE QUE EL EXMINISTRO RAFAEL CATALÁ DECLARE COMO TESTIGO EN SU JUICIO
EL EXMINISTRO RAFAEL CATALÁ FICHA POR EL DESPACHO CARLES CUESTA ABOGADOS
CATALÁ YA TIENE RETRATO EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA POR 14.995 EUROS MÁS IVA
RAFAEL CATALÁ, NUEVO AMOR Y NUEVA VIDA PARA EL EX MINISTRO DE JUSTICIA
LA CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA CREA EL CENTRO ESPAÑOL DE MEDIACIÓN QUE SERÁ PRESIDIDO POR RAFAEL CATALÁ
LOS VÍNCULOS DE CATALÁ Y EL GOBIERNO DE RAJOY CON LA MORDIDA DE JUAN CARLOS I POR EL AVE A LA MECA
LOS VÍNCULOS DE CATALÁ, ASESOR DE CODERE, EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE LE REBAJARÁ LOS IMPUESTOS
CATALÁ, FUERA DE LA CÚPULA DE PABLO CASADO
EL EXMINISTRO RAFAEL CATALÁ 'FICHA' COMO 'SENIOR ADVISOR' DE LA CONSULTORA DE COMUNICACIÓN KREAB
EL EXMINISTRO RAFAEL CATALÁ, FICHADO POR LA SOCIEDAD HOTELERA DE ANTONIO CATALÁN
JUSTICIA PAGÓ EN ÉPOCA DEL PP LA DEFENSA DE ACUSADOS DE GÜRTEL QUE NO TENÍAN DERECHO A ELLO
CATALÁ COLOCA A SU JEFA DE GABINETE, A SU JEFE DE PRENSA Y A SU PAREJA EN EL AYUNTAMIENTO Y LA COMUNIDAD DE MADRID
EL PP MANTIENE A CATALÁ, LOBISTA DE CASAS DE APUESTAS, AL FRENTE DE JUSTICIA
LOS 'PELOTAZOS' DE CATALÁ DESDE QUE DEJÓ DE SER MINISTRO DE JUSTICIA
LA CASA DE APUESTAS CODERE 'FICHA' AL EXMINISTRO RAFAEL CATALÁ, QUE LE ASESORARÁ EN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
EL EXMINISTRO CATALÁ FICHA POR CODERE EN PLENA OFENSIVA POLÍTICA CONTRA EL JUEGO
RAFAEL CATALÁ, NUEVO AMOR Y NUEVA VIDA PARA EL EX MINISTRO DE JUSTICIALEGÁLITAS PAGÓ UN VIAJE A MIAMI A CATALÁ PORQUE “INTERESABA”
Rafael Catalá renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados
LOS VÍNCULOS DEL BUFETE DE CATALÁ CON EL GOBIERNO DE RAJOY
EL PP SE LA JUEGA EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN DONDE PRESENTA AL 'FICHADO' CATALÁ
RAFAEL CATALÁ Y LA NORMATIVA SOBRE INCOMPATIBILIDADES DE LOS DIPUTADOSCUANDO CASADO ELOGIÓ LAS "INFLUENCIAS" DE CATALÁ
CATALÁ INAUGURÓ COMO MINISTRO DE JUSTICIA LA SEDE DEL BUFETE QUE LE HA FICHADO
LA VINCULACIÓN DEL BUFETE QUE HA FICHADO A CATALÁ Y EL ACCIDENTE DEL TREN DE ANGROIS
EL PP DICE QUE CATALÁ OBTUVO UNA AUTORIZACIÓN "VERBAL" DE LOS LETRADOS DEL CONGRESO
EL REGISTRO DE ACTIVIDADES PRIVADAS DE CATALÁ ESTÁ EN BLANCO
CATALÁ TRABAJA EN EL SECTOR PRIVADO SIN AUTORIZACIÓN DEL CONGRESOEL EXMINISTRO RAFAEL CATALÁ VOLVERÁ A ENCABEZAR LA CANDIDATURA AL CONGRESO DEL PP EN CUENCA
GABRIEL RUFIÁN ACUSA A RAFAEL CATALÁ DE HABER CRUZADO “UNA PUERTA GIRATORIA COMO UNA CASA” Y EL EXMINISTRO NO LO NIEGA
CATALÁ RECHAZA LA EXISTENCIA DE UNA PUERTA GIRATORIA TRAS SU FICHAJE POR LA FIRMA QUE DEFIENDE A LA ASEGURADORA DE RENFE Y ADIFEL EXMINISTRO CATALÁ FICHA POR UN DESPACHO DE ABOGADOS QUE CONTRATÓ EL GOBIERNO DEL PP
CATALÁ SE RECOLOCA EN EL ATLETI Y LEGÁLITAS, DE LA SERNA EN NEC Y MORENÉS, ASESOR
LEGÁLITAS Y GLOBALIA RECIBEN LOS PREMIOS PONCE DE LEÓN 2018 EN MIAMI
EL BUFETE QUE QUIERE FICHAR AL EXMINISTRO RAFAEL CATALÁ TUVO COMO ASESOR AL MARIDO DE COSPEDAL HASTA ESTE AÑOEL PP RECONOCE QUE RAFAEL CATALÁ “COMPRÓ VIVIENDAS” A TRAVÉS DE UNA EMPRESA
RAFAEL CATALÁ ADQUIRIÓ 4 PROPIEDADES A TRAVÉS DE UNA EMPRESA CREADA PARA PAGAR MENOS IMPUESTOS
CUATRO EXMINISTROS DE RAJOY EN LA CANDIDATURA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE CASADO
PABLO CASADO SUMA A LA MAYORÍA DE EXMINISTROS DE RAJOY
CATALÁ EXPRESA SU APOYO A COSPEDAL PORQUE SIEMPRE "HA DADO LA CARA" POR EL PP
CATALÁ JUSTIFICA LA FIRMA IN EXTREMIS DEL DUCADO DE FRANCO COMO "UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO"
CATALÁ SE SALTÓ EL TRASPASO DE LA CARTERA DE JUSTICIA A DOLORES DELGADO
CATALÁ: "LA CONDENA AL PP EN GÜRTEL NO TIENE QUE VER CON LA CORRUPCIÓN"
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y EL ABOGADO DEL PP SE REUNIERON ANTES DE LA SENTENCIA GÜRTEL
SÁNCHEZ PIDE A CATALÁ QUE ACLARE SU ACUSACIÓN AL JUEZ DE LA MANADA O QUE ESTÉ “CALLADO”
CATALÁ, SOBRE EL VOTO PARTICULAR DE LA MANADA: “TODOS SABEN QUE ESTE JUEZ TIENE ALGÚN PROBLEMA SINGULAR”MÁS DE 200 JUECES Y FISCALES PIDEN LA DIMISIÓN DE CATALÁ ANTE JUSTICIA: "TIENE UN PROBLEMA SINGULAR"
CATALÁ USA SU CARGO Y SU CUENTA DE TWITTER PARA PROMOCIONAR EL BUFETE DE UN AMIGO
LEXNET SE CAE UN DÍA DESPUÉS DE QUE CATALÁ PRESUMIERA DE QUE "ES SEGURO"
"LOS TÉCNICOS DEL MINISTERIO ENTRAN EN LOS ORDENADORES DE LOS FISCALES Y HACEN LO QUE QUIEREN"
Rafael Catalá, primer ministro reprobado por el pleno del Congreso
LAS MANIOBRAS DE GONZÁLEZ CON EL MINISTRO CATALÁ Y ENRIQUE CEREZO PARA INFLUIR EN LA FISCALÍA Y EN LOS JUECES
CATALÁ NIEGA QUE TRATARA "CUESTIONES JUDICIALES" CON IGNACIO GONZÁLEZ: "EL SMS FUE UNA RESPUESTA DE CORTESÍA"
EL MINISTRO DE JUSTICIA MANDÓ UN SMS DE ALIENTO A IGNACIO GONZÁLEZ: “OJALÁ SE CIERREN PRONTO LOS LÍOS”
LAS GRABACIONES DEL 'CASO LEZO' MUESTRAN LAS VINCULACIONES DE GONZÁLEZ CON EL MINISTRO CATALÁ Y ENRIQUE CEREZO¿PERNOCTÓ EL MINISTRO CATALÁ EN EL APARTAMENTO DEL CONDENADO TORREBLANCA?
MANUEL TORRALBA, DELINCUENTE FISCAL BIEN RELACIONADO
CATALÁ GUARDA SILENCIO SOBRE QUIÉN PAGÓ SU FIESTA CON EL DEFRAUDADOR
“SEÑOR MINISTRO, NADA DE FIESTAS, VIGILE QUIÉN LE INVITA”Rafael Catalá asiste al cumpleaños de un empresario condenado por siete delitos de fraude a Hacienda
EL MINISTRO DE JUSTICIA, DE FIESTA CON UN DEFRAUDADOR A HACIENDAEL PSOE EXIGE A CATALÁ QUE "SAQUE SUS MANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DE LA FISCALÍA"
CATALÁ: “PRESIONAR A LOS JUECES ES IMPROPIO E INÚTIL” … MENOS CUANDO LO HACE ÉL
CATALÁ DEFIENDE QUE "NO ES EL MOMENTO" DE EXIGIR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS AL PRESIDENTE DE MURCIA
CATALÁ SOSTIENE QUE EL GOBIERNO APLICA LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA A PESAR DE QUE NO PONE UN EURO
CATALÁ INSISTE EN QUE EL GOBIERNO NO TIENE QUE PEDIR PERDÓN POR CULPA EN EL CASO DEL YAK-42
RAFAEL CATALÁ: "LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA POR CORRUPCIÓN SE SALDA EN LAS URNAS"
EL MINISTRO DE JUSTICIA OPTIMIZA SU FISCALIDAD EN UNA EMPRESA CON SU MUJER
AUMENTA EL RECHAZO DE LOS JUECES CONTRA ‘SU MINISTRO’: “LA INDEPENDENCIA JUDICIAL MOLESTA”
Catalá no cree que tenga trascendencia penal borrado ordenadores de BárcenasCATALÁ INTENTA, DESDE SU CARGO, 'LEGALIZAR' LA POSIBLE NO ASISTENCIA DE RAJOY AL PLENO DE INVESTIDURA
CATALÁ DA POR CUMPLIDA SU REFORMA PENAL CON DATOS NO OFICIALES
RAFAEL CATALÁ: “LOS ESPAÑOLES NOS TIENEN QUE ESTAR MUY AGRADECIDOS”
CATALÁ DICE QUE PANAMÁ NO ES UN PARAÍSO FISCAL SINO QUE TIENE “UNA CULTURA TRIBUTARIA DISTINTA”
PUNTUALIZACIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA RAFAEL CATALÁ
JUSTICIA PONE AL FRENTE DE UN GRUPO DE TRABAJO PARA CAMBIAR LOS DESPIDOS COLECTIVOS AL ABOGADO QUE LLEVÓ EL ERE DE COCA-COLA
COSPEDAL DICE QUE DEFENDERÁ A CASTILLA-LA MANCHA DESDE EL CONGRESO
EL PP CONQUENSE SE LEVANTA CONTRA EL “CUNERO” CATALÁ IMPUESTO POR COSPEDAL
LOS RAZONES QUE ESGRIMEN LOS JUECES PARA PLANTAR AL MINISTRO CATALÁ
CASUALIDADES QUE PASAN... ALLÁ POR DONDE VIAJA EL MINISTRO DE JUSTICIA, LOS LÍOS DEL PP SE ALIVIAN
CATALÁ SOBRE EL TRIBUNAL DE LA CAJA B: “HA TOCADO EL MISMO Y NADIE HA HECHO NADA PARA QUE ASÍ SEA”
LA QUE FUERA VICECONSEJERA DE PRESIDENCIA E ÍNTIMA AMIGA DE COSPEDAL, MAR ESPAÑA, SERÁ LA
NUEVA DIRECTORA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
CATALÁ DICE QUE LA CONVERSACIÓN ENTRE EL MINISTRO DE GUINDOS Y GRANADOS FUE “ENTRE PARTICULARES”
EL MINISTRO DE JUSTICIA YA AMENAZA AL SUSTITUTO DE RUZ: "SI NO ES INDEPENDIENTE, SE LE PUEDE RECUSAR"
LOS “EMPLEADOS PÚBLICOS” A LOS QUE RAJOY SALUDÓ EN LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN ERAN SECRETARIAS DEL MINISTRO, SEGÚN LOS SINDICATOS
LOS ABOGADOS SE UNEN A FISCALES Y JUECES CONTRA LA REFORMA PROCESAL
CATALÁ INSISTE EN DEFENDER LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ ENRIQUE LÓPEZ
LOS JUECES DECANOS VEN “INADMISIBLE” Y "NEGATIVA" LA LEY PROCESAL DEL PP
LOS FISCALES ACUSAN AL GOBIERNO DE DIFICULTAR LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
CATALÁ INSISTE EN PROTEGER LA IMAGEN DE LOS ACUSADOS EN PROCESOS JUDICIALES
EL GOBIERNO ALEGA QUE LA ‘LEY MORDAZA’ GARANTIZA LOS DERECHOS DE LA MAYORÍA
EL GOBIERNO NO TIENE EXPLICACIÓN SOBRE LA PÉRDIDA DE LA CAUSA DEL BORRADO DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS
EL MINISTRO DE JUSTICIA PLANTEA MULTAR A MEDIOS QUE REVELEN SUMARIOS
CATALÁ NO VE INCONVENIENTE PARA QUE UN PROCESADO SEA CANDIDATO
LA CARTA QUE PLASMA EL HARTAZGO DE LOS JUECES POR LAS CRÍTICAS DEL GOBIERNO
LOS DEL JUEGO, SOBRE CATALÁ: “IMPEDIRÁ CUALQUIER GILIPOLLEZ SOBRE EL SECTOR EN EL CONSEJO DE MINISTROS”
RAFAEL CATALÁ POLO SERÁ EL NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA
RAFAEL CATALÁ POLO, EL MINISTRO DE JUSTICIA
RAFAEL CATALÁ: "ESPAÑA ES EL MERCADO MÁS PREOCUPANTE PARA EL JUEGO"
RAFAEL CATALÁ, NUEVO SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA
RODRIGO RATO PIDE QUE EL EXMINISTRO RAFAEL CATALÁ DECLARE COMO TESTIGO EN SU JUICIO
El exvicepresidente del Gobierno de Aznar denuncia que se ha abierto una “causa general” contra él y cualquier persona con la que haya tenido relación
Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha solicitado que Rafael Catalá, exministro de Justicia de Mariano Rajoy, declare como testigo en el juicio que debe afrontar por el presunto origen ilícito de su patrimonio. El exdirigente del PP, que se encuentra actualmente en libertad, quiere que su antiguo compañero de filas ratifique unas declaraciones públicas que hizo en 2015, cuando aseguró que Rato se había acogido a la amnistía fiscal que había aprobado el Ejecutivo de Rajoy en 2012, según consta en el escrito de defensa del acusado, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Rato, condenado a cuatro años y medio de cárcel por el caso de las tarjetas black y absuelto en la causa abierta por la salida a Bolsa de Bankia —entidad que también presidió entre 2010 y 2012—, aún tiene pendiente la vista oral por el supuesto origen ilícito de su patrimonio. El pasado diciembre, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la apertura de juicio, para el que todavía no se ha fijado fecha, por delitos fiscales, de blanqueo de capitales y corrupción. La Fiscalía, que le atribuyó más delitos durante la investigación, ha llegado a pedir que se le condene a 70 años de prisión por estas pesquisas.
En su escrito de acusación provisional, el ministerio público apuntó que el exdirector del FMI ocultó parte de su patrimonio al fisco desde 1999, cuando era vicepresidente del Gobierno. Para ello, según la acusación, se valió de un entramado de sociedades —entre ellas, la irlandesa Red Rose Investment; las panameñas Red Rose Finantial y Westcastle Corporation; y la británica Vivaway Limited— que usaba para realizar continuas actividades de inversión financiera, mediante multitud de cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco, entre otros lugares. La Fiscalía calculó que las cuotas defraudadas por Rato superan los 8,5 millones de euros.
Sin embargo, el expresidente de Bankia niega esa tesis. “Los hechos sometidos a enjuiciamiento no son constitutivos de delito alguno y, en relación con el comportamiento tributario de mi defendido, opera la eximente de responsabilidad criminal regulada en el artículo 305.4 del Código Penal”, apunta su abogada. Ese precepto legal contempla que no se puede castigar a un defraudador si “regulariza” antes de que Hacienda, la Fiscalía o un juez le hayan notificado el inicio de una investigación contra él. Por ello, la letrada también pide que testifique en el juicio Santiago Menéndez, ex director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
En su escrito de defensa, Rato también plantea una serie de cuestiones previas con el objetivo de que no llegue a celebrarse el juicio. El exvicepresidente del Gobierno asegura que se vulneraron sus derechos fundamentales. Entre otros motivos, argumenta que los registros que se hicieron en la investigación fueron “inconstitucionales”, desproporcionados e innecesarios; que “se produjo una absoluta extralimitación en la incautación de documentación”; y que se abrió una “causa general y prospectiva” contra él. Su defensa añade que los delitos fiscales relacionados con el IRPF previos a 2008 habrían prescrito.
“Nos encontramos ante una causa general y prospectiva, en la que se dirige la acción acusatoria contra todas y cada una de las personas que hayan podido tener cualquier tipo de relación (de amistad, familiar o empresarial) con [Rodrigo Rato]”, incide la abogada del exdirector del FMI, que remacha: “Para tratar de dar una apariencia de gravedad, que no revisten en realidad los hechos investigados, se ha construido un macro procedimiento, que se dirige, además de contra Rodrigo Rato, contra un ingente número de personas que poca o ninguna vinculación tienen o han tenido con los hechos que aquí se investigan”. El juez instructor procesó a otras 16 personas físicas y jurídicas.
EL EXMINISTRO RAFAEL CATALÁ FICHA POR EL DESPACHO CARLES CUESTA ABOGADOS
Deja su puesto en el consejo asesor de Herbert Smith Freehills
El exministro de Justicia Rafael Catalá se incorpora al despacho Carles Cuesta Abogados, un bufete especializado en recuperaciones empresariales, refinanciaciones de deuda y derecho concursal. El ex titular de la cartera de Justicia cierra su paso definitivo al sector privado y se convierte en el primer socio de la firma, que hasta ahora solo contaba con sus fundadores en el capital social.
El despacho ha calificado la incorporación de un "fichaje estratégico", que servirá para dar apoyo a la dirección.
Catalá abandona así su puesto en el consejo asesor en la firma anglosajona Herbert Smith Freehills y se suma a la compañía dirigida por José Carles y Carlos Cuesta.
Además de ministro de Justicia entre 2014 y 2018, Catalá es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y forma parte del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/28/legal/1619605527_667630.html
CATALÁ YA TIENE RETRATO EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA POR 14.995 EUROS MÁS IVA
El exministro de Justicia Rafael Catalá (i) ha acudido esta mañana al acto de desvelo y posterior colocación de su retrato oficial en la galería de los ministros, en el Ministerio de Justicia, y junto al titular de la cartera de Justicia, Juan Carlos Campo (d). La obra ha sido realizada por Gerardo Pita, uno de los pintores realistas españoles más reconocidos de los últimos años. EFE/Ministerio de Justicia
El retrato del exministro de Justicia Rafael Catalá cuelga desde este martes en la sede del Ministerio, que ha pagado 14.995 euros más IVA por un cuadro encargado al pintor realista Gerardo Pita.
Fuentes de Justicia han informado a Efe del importe abonado por el retrato oficial de Catalá, responsable del área entre 2014 y 2018 y que hoy ha regresado al Ministerio para asistir a la colocación del cuadro en la denominada "galería de ministros"
En el acto ha estado acompañado por el actual titular de la cartera, Juan Carlos Campo; el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero; y el subsecretario, Miguel Bueno.
El retrato de Gerardo Pita, uno de los pintores realistas españoles más reconocidos de los últimos años, según destaca el Ministerio, muestra con minucioso detalle el rostro y las manos de Catalá, mientras que apenas unas líneas esbozan el resto del cuerpo.
RAFAEL CATALÁ, NUEVO AMOR Y NUEVA VIDA PARA EL EX MINISTRO DE JUSTICIA
El ex ministro de Justicia abandonó su escaño el 21 de mayo. Tiene cuatro cargos en la empresa privada y una nueva novia: "Es cierto", dice a LOC
Rafael Catalá (57) es uno de los hombres del Gobierno de Rajoy que mejor se ha recolocado en su vida laboral y personal tras la caída del Ejecutivo. El ex ministro de Justicia dejó la política el pasado 21 de mayo, fecha en la que abandonó el escaño que ocupaba por Cuenca después de 23 años dedicado a la función pública. En el mes y medio que ha transcurrido desde su partida, Catalá disfruta de una segunda carrera en el ámbito privado al lado de Lourdes López, una periodista madrileña casi 20 años más joven con la que comenzó una relación hace unos meses. "Así es, soy muy celoso de mi vida privada pero es cierto", confirma en conversación telefónica con LOC. Aunque Catalá aún figura en su ficha del Congreso como "casado con dos hijos", a mediados de 2018 se separó de María Ángeles Martínez Esteban, la mujer con la que tuvo a dos vástagos, un chico y una chica, con los que vivía en un chalé en Pozuelo de Alarcón. La nueva ilusión del ex ministro ha hecho una discreta carrera dentro del PP y la pareja no se esconde. Varios ex compañeros de Gobierno de Catalá consultados por LOC han afirmado conocer a la novia del político, con la que acude a cenas y eventos privados y a la que definen como "una chica encantadora".
Catalá y López se vieron por primera vez hace años. Ella estaba vinculada al PP de Cuenca y él hizo campaña por esa localidad para conseguir su escaño. La relación laboral derivó en una amistad que les llevó a trabajar mano a mano. Lourdes, licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense, fue jefa de prensa del PP en Cuenca mientras el partido estaba en la oposición. Cuando en 2007 Francisco Javier Pulido se convirtió en alcalde, la nombró jefa de Gabinete, cargo que ocupó hasta el fin de la legislatura en 2011 y que renovó en 2015, esta vez con Ángel Mariscal al frente y con un sueldo de 2.000 euros mensuales, según figura en el portal de retribuciones el Ayuntamiento de Cuenca. En abril de 2017, Lourdes se mudó a la capital para ejercer como técnico de medios de comunicación del Ayuntamiento de Madrid. En febrero de 2018, coincidiendo con los inicios de su relación persona, López se incorporó al equipo de Catalá como asesora.
Fue entonces cuando estrecharon unos vínculos que llevaron al ex ministro a separarse. El movimiento más claro de la ruptura matrimonial de Catalá está en sus empresas. Hace once años, el popular fundó Pocat Consultoría and Management, una sociedad que en 2012 quedó a manos de su esposa mientras él se ascendía políticamente. El pasado 30 de noviembre, María Ángeles cesó como administradora de la empresa y desde ese día se encarga el hermano del ex ministro, Antonio Catalá. La sociedad tiene en propiedad un piso de 47 metros cuadrados en el barrio madrileño de Ríos Rosas, un apartamento de 73 metros con una plaza de garaje de 16 en Denia, Alicante; además de la mitad de un terreno de 623 metros en Sanxenxo. De momento, esos bienes continúan a manos de la sociedad, por lo que el ex matrimonio no ha repartido aún las propiedades que compartían. Porque la pareja estaba casada en régimen de gananciales, como figura en la declaración de bienes que Catalá presentó en el Congreso. El abandono de la vida pública del popular fue progresivo. Tras apoyar en las primarias del PP inicialmente a María Dolores de Cospedal -"somos amigos desde hace 25 años", dice- y después a Pablo Casado, el político recuperó su escaño por Cuenca como diputado. El pasado noviembre se reintegró en el Colegio de Abogados y recibió autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses para entrar en el Patronato de la Fundación del Atlético de Madrid. A principios de año, la Fundación Legálitas anunció su fichaje, que se materializó el 28 de marzo, y desde finales de 2018 es senior advisor del bufete Herbert Smith Freehills.
El gran puesto lo ha conseguido hace unos días, cuando le han nombrado presidente del Consejo de Administración de Belagua,la empresa detrás de AC Hotels.Catalá tenía ganas de retirarse del sector público y probar suerte en el privado, en el que de momento parece que marchan bien al cosas. "La salida de los políticos es complicada porque muchas veces se critica lo que haces, pero a mí me han autorizado y no me he vinculado con compañías con las que creo que tendría incompatibilidades", dice. Su marcha silenciosa de la política no le impide opinar desde la barrera sobre las negociaciones para formar un nuevo Gobierno. Amigo de Casado, piensa que Casado podría barajar la abstención: "Hay que apoyar la gobernabilidad con pactos políticos importantes. Ya hay un precedente, el PSOE se abstuvo para que gobernara Rajoy "Catalá asegura a LOC que en la próxima legislatura no volverá al sector público, pero no sabe qué pasará "dentro de ocho años".
Lo que no ha perdido de sus tiempos de ministro es la práctica de paddle y tenis. "Algún viernes jugaba con Tejerina y De Guindos después del Consejo de Ministros, decía en broma que yo lo hacía mejor que ellos dos". Su salida política ha sido un match point.
https://www.elmundo.es/loc/famosos/2019/07/07/5d1e08f2fc6c833e648b457b.html
El Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de España ha aprobado la creación del Centro Español de Mediación (CEM), que nace con vocación de ser una institución de mediación empresarial de referencia. El impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19 hace más necesario que nunca poner a disposición de las empresas un servicio de mediación independiente, eficiente y transparente que facilite la resolución de controversias empresariales y ofrezca una alternativa efectiva a los tribunales de justicia.
El CEM estará liderado por Rafael Catalá como Presidente y Adolfo Díaz-Ambrona como Vicepresidente. El Secretario General del nuevo centro de mediación será José María Fernández de la Mela.
El Pleno del CEM está formado por cinco profesionales de reconocido prestigio en el mundo jurídico y empresarial: María Emilia Adán, María Jesús Fernández-Cortés y Antonio Sáinz de Vicuña, además de Rafael Catalá y Adolfo Díaz-Ambrona.
La mediación se orienta a la consecución de un acuerdo que permita a las partes, asistidas por un mediador y bajo un principio de confidencialidad, poner fin a la controversia suscitada entre ellas. El logro de un arreglo pactado que satisfaga los intereses de las partes y evite, por tanto, la iniciación de un pleito o ponga fin al ya entablado se perfila, por tanto, como el resultado deseable de la mediación.
Entre las ventajas de la mediación, destaca su capacidad para ofrecer soluciones prácticas, discretas, efectivas y eficientes a las diferencias que surgen entre empresarios en el curso ordinario de sus negocios.
Uno de los atractivos principales de la mediación radica, precisamente, en facilitar la continuidad futura de relaciones comerciales, al quedar ambas partes en “paz” tras el acuerdo de mediación, sin un “derrotado” y un “ganador”.
Al fundarse en la voluntariedad y libre decisión de las partes, la mediación resulta especialmente idónea para encontrar soluciones basadas en los intereses reales de las partes, así como para evitar el deterioro en las relaciones entre socios comerciales que la litigación inevitablemente conlleva.
La mediación en Europa y en España
La unificación del mercado interior en la Unión Europea –dinamizada por la introducción en 1998 de la moneda única– ya planteó la conveniencia de fomentar la mediación mercantil para evitar la complejidad de los litigios internacionales.
Los trabajos legislativos de la Comisión Europea se iniciaron con un Libro Verde de 2002 sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil. Estos esfuerzos fraguaron –precisamente en los comienzos de la crisis financiera internacional– en una Directiva de 2008 sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles de carácter transfronterizo. Esta Directiva fue traspuesta en España mediante la Ley 5/2012 de 6 julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, desarrollada por el Real Decreto 980/2013 de 13 diciembre, y aplicable no sólo a controversias transfronterizas sino también a las puramente nacionales.
La Cámara de Comercio de España
Presidida por José Luis Bonet, la Cámara de España es una corporación de Derecho público que tiene como finalidad primordial la representación, promoción y defensa de las empresas españolas.
Fiel a su vocación de servicio a las empresas, la Cámara de España está comprometida con el impulso y el fomento de los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos. Un compromiso que se basa, en última instancia, en la convicción de que la mediación representa un eficaz instrumento para la competitividad empresarial y, por ende, para la generación de bienestar social.
Con este nuevo proyecto, la Cámara de España refuerza su función de servir eficazmente a los empresarios y contribuir de esa manera a la misión empresarial de generar riqueza, crear empleo y, en definitiva, garantizar el bienestar general.
https://www.camara.es/camara-crea-centro-espanol-mediacion
LOS VÍNCULOS DE CATALÁ Y EL GOBIERNO DE RAJOY CON LA MORDIDA DE JUAN CARLOS I POR EL AVE A LA MECA
Riaño Pombo es el secretario del Consorcio español adjudicatario y fichó a Catalá para su bufete tras dejar su cargo de ministro
Este lunes la Fiscalía del Tribunal Supremo emitió un comunicado mediante el cual informaba de que asumía las diligencias abiertas en diciembre de 2108 por Anticorrupción sobre los negocios del rey emérito Juan Carlos I, concretamente, por la presunta mordida cuantificada en 80 millones de euros que recibió por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en el año 2011.
La Fiscalía Anticorrupción inició en 2018 una investigación sobre las presuntas comisiones que recibió Juan Carlos I en la construcción del AVE entre Medina y La Meca. Según el testimonio de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, su amiga íntima, recogido en las grabaciones del excomisario Villarejo en 2015, el monarca recibió parte de una mordida de 80 millones de euros por sus gestiones en esa operación.
De acuerdo con las declaraciones de Corinna, el empresario Juan Miguel Villar Mir, junto a otros adjudicatarios de esta obra, así como otros empresarios saudíes, pagaron las comisiones, que fueron depositadas en una cuenta suiza.
El rey emérito, presuntamente, se habría llevado una mordida por la mediación, En este punto, cabe recordar que existen vínculos entre el conglomerado de empresas adjudicatario, el exministro de Justicia Rafael Catalá y el Gobierno de Mariano Rajoy.
En 2019 trascendió que Catalá compaginaba una amplia gama de actividades privadas con su desempeño público. Uno de los bufetes por el que fue fichado fue Herbert Smith Freehills.
De los muchos empleos que Catalá ostentaba entonces en el sector privado, ese es el que más problemas le hubiera acarreado para ser aprobado por la Comisión y por el Pleno de la Cámara, por sus relaciones con el anterior Gobierno del Partido Popular del que el exministro formó parte.
Y es que, Rafael Catalá antes que ministro fue Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda tras ser nombrado en enero del 2012 por la entonces Ministra de Fomento Ana Pastor, con la que desde hace años mantiene una intensa amistad.
Uno de los primeros asuntos con lo que se encontró en su cargada mesa de trabajo fue la supervisión de las obras del tren de alta velocidad entre Medina y La Meca (Arabia Saudí) gestionadas desde el 2011 por el consorcio español adjudicatario integrado por Renfe, Adif, Talgo, OHL, Copasa, Indra, Dimetronic, Cobra, Inabensa, Imathia, Consultrans e Ineco. El Secretario de este Consorcio es Miguel Riaño Pombo, socio director en España de Herbert Smith Freehills, el bufete que asesora al consorcio en todos los aspectos legales de esta adjudicación y el que fichó a la postre al propio Catalá.
Desde entonces Catalá y Riaño han ido consolidando sus relaciones hasta el punto de participar en varias jornadas y seminarios y ser el invitado estelar en la inauguración de la nueva sede del bufete Herbert Smith Freehills en España. El acto tuvo lugar el 15 de junio de 2015, recién nombrado ministro de Justicia. Un año después, guiado por la curiosidad que no por sus responsabilidades políticas, asistió el 6 de octubre de 2016 a la jornada de energía e infraestructuras de ámbito EMEA, Europa, Oriente Medio y África que organizaba su actual empleador.
https://www.elplural.com/politica/vinculos-catala-gobierno-rajoy-mordida-juan-carlos-ave-meca_241508102
LOS VÍNCULOS DE CATALÁ, ASESOR DE CODERE, EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE LE REBAJARÁ LOS IMPUESTOS
El actual jefe de Comunicación de Almeida es Daniel Hidalgo Paniagua, otrora jefe de Comunicación del propio Catalá
El Ayuntamiento de Madrid ha sorprendido a buena parte de la opinión pública en las últimas horas rescatando a las casas de apuestas en plena pandemia de coronavirus a través de una propuesta de modificación del Impuesto sobre Actividades Económicas. Una de las empresas más beneficiadas será Codere, una de las tantas puertas giratorias del exministro de Justicia Rafael Catalá Polo. Pues bien, se da la caprichosa casualidad de que el actual jefe de Comunicación de José Luis Martínez-Almeida es Daniel Hidalgo Paniagua, otrora jefe de prensa del propio Catalá.
La modificación que está tramitando el alcalde de Madrid junto a sus socios de Ciudadanos incluye beneficios tales como una rebaja fiscal del 25% tanto en los impuestos de bienes inmuebles (IBI) como en el de actividades económicas (IAE) si mantienen hasta final de año el mismo número de contratos que tenían a principio de año.
Concretamente, se especifica que forman parte de la “Agrupación 96” relativa a “servicios recreativos y culturales”: salas de baile y discoteca, casinos de juego, juegos de bingo, juegos de billar, ping pong, bolos y otros; salones recreativos y de juego.
El ayuntamiento ha cifrado la ayudar en torno a 63 millones de euros y deberá ser aprobada en el pleno de junio.
El consistorio ha informado de que la rebaja se financiará con los más de 400 millones de euros de superávit que, en cumplimiento de la regla de gasto, deben destinarse a amortizar anticipadamente deuda. No obstante, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha apuntado que para que esta bajada de impuestos se pueda llevar a cabo, el Ejecutivo central deberá de flexibilizar la regla de gasto.
En caso de concretarse la iniciativa, Codere es la más beneficiada dado que es la casa de apuestas que más locales tiene en la capital junto con Sportium, según el estudio ‘Locales de juego y apuestas en el municipio de Madrid, elaborado en octubre de 2019 por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).
https://www.elplural.com/politica/vinculos-catala-asesor-codere-ayuntamiento-madrid-rebajara-impuestos_238295102
CATALÁ, FUERA DE LA CÚPULA DE PABLO CASADO
El exministro ha ido compaginando varios cargos en empresas privadas -algunos de manera irregular- con sus funciones en el PP
El exministro de Justicia del Gobierno de Mariano Rajoy, Rafael Catalá, ha sido cesado por Pablo Casado como responsable de Justicia del Partido Popular. Catalá deja así la política para centrarse en seguir cebando su currículum en el sector privado, como ya venía haciendo. Llegó a compaginar siete cargos en empresas privadas con sus funciones en la formación popular.
Según ha comunicado el propio presidente del PP, será el polémico magistrado de la Audiencia Nacional y exmiembro del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, quien le sustituya.
Rafael Catalá no es el único integrante del Ejecutivo de Rajoy que ha dejado la primera línea política. Isabel García Tejerina, exministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, también ha dejado su puesto como vicesecretaria general. En su caso, su sustituta será Elvira Rodríguez, otrora exministra de Medio Ambiente con José María Aznar.
Un CV envidiable
Desde que dejó su cargo como ministro con motivo de la moción de censura, Catalá ha ido compaginando diversos puestos en empresas privadas con el desempeño de sus funciones públicas. El último puesto al que accedió fue el de consejero de la consultora de comunicación Kreab (septiembre de 2019).
En julio de 2019 fichó por la casa de apuestas Codere como asesor, precisamente el día en que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, le había mantenido como secretario de Justicia e Interior.
A estos tres cargos, uno político y dos en el sector privado, habría que sumarle otros cuatro: senior advisor del bufete inglés Herbert Smith Freehills, miembro del Patronato de la Fundación Atlético de Madrid y del Patronato de la Fundación Legálitas; en junio fichó como presidente de la sociedad Belagua (que participa en AC Hotels by Marriott); y figura como abogado en ejercicio del Colegio de Abogados de Madrid.
El montante total de cargos acumulados asciende a siete, algunos de los cuales han enfangado la figura de Catalá por las irregularidades de su nombramiento.
Al bufete Herbert Smith Freehills sin autorización del Congreso
ElPlural.com desveló en exclusiva que el exministro carecía de la autorización de la Cámara Baja para desarrollar actividades privadas, pese a lo cual, llegó a acaparar hasta siete cargos paralelos.
Como exministro y entonces diputado en ejercicio, la normativa vigente establece la necesidad de una autorización formal por parte tanto de la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, como de la Cámara Baja para poder compaginar su actividad como diputado con labores en el sector privado. Catalá recibió el ‘ok’ de la Oficina de Conflicto de Intereses, tras lo cual, solicitó en el Congreso el registro de sus actividades privadas. Una vez registrada la solicitud, paso que sí dio el exministro, la Comisión del Estatuto debe decidir sobre ello y el fallo final debe ser votado por el pleno del Congreso. Y todo previo informe de los letrados.
El Partido Popular admitió a ElPlural.com que no tenía tampoco el informe de los letrados: “No hay nada escrito”. No contaban con ningún documento formal que acreditara la consulta de Catalá a los letrados. De hecho, esgrimieron que esta consulta solo se realizó de forma “verbal”.Según las fuentes consultadas, durante una conversación con un letrado éste le aseguró que “no habría problema”.
Pese a no contar con la autorización del Congreso, Catalá prosiguió con el fichaje por el bufete Herbert. En este sentido, cabe recordar que existen numerosos vínculos entre este despacho de abogados y el Gobierno de España que podrían poner en jaque hasta la autorización de la Oficina de Conflicto de Intereses.
Catalá inauguró la nueva sede de Herbert en junio de 2015, ya siendo ministro; y en octubre de 2016 fue invitado a unas jornadas. Quedan claros los vínculos, pero la relación se extiende más allá de su mera presencia como figurante en eventos de calado.
El accidente ferroviario de Angrois se produjo el 21 de enero de 2013, siendo Catalá secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Esta catástrofe se cobró la vida de 80 personas y 144 resultaron heridas. Ante los frentes judiciales abiertos, la aseguradora de Renfe y Adif en el momento del accidente recurrió a un despacho de abogados, que resulta ser el mismo que fichó a Catalá a la postre: Herbert Smith Freehills.
En otro orden de cosas, el secretario del Consorcio de empresas españolas que supervisa las obras del AVE Medina-La Meda, Miguel Riaño Pombo, es socio director en España del bufete Herbert Smith Freehills.
Legálitas: un viaje a Miami y un fichaje en secreto
El pasado 12 de julio ElPlural.com desveló en exclusiva que Legálitas ha ocultado el fichaje del exministro ante la polvareda generada por las irregularidades del nombramiento. La Fundación de la empresa de asesoría jurídica, que le pagó un viaje a Miami, le designó oficialmente como miembro del Patronato el pasado 28 de marzo a pesar de que Catalá no contaba con la autorización del Congreso, requisito indispensable.
No tenía autorización del Congreso y los letrados no habían emitido informe alguno. El proceso estaba plagado de irregularidades, pero eso no impidió a Legálitas consumar su fichaje estrella. Según pudo saber este periódico, el 28 de marzo se reunió el Patronato y fue nombrado oficialmente. Lo llamativo es que no se comunicó de manera pública.
Cuando una empresa privada ficha a un exministro acostumbra a presumir de ello. Pero en este caso, la compañía lo ocultó. No informó de ello ni tan siquiera a través de una nota de prensa.
Este periódico se puso en contacto con Legálitas para conocer los motivos por los que no hicieron pública su designación, pero guardan silencio. Casualmente, la reunión del Patronato que oficializó al exministro se celebró en plena polémica, apenas tres días después de que ElPlural.com revelara que dicha compañía le pagó un viaje a Miami.
Legálitas le pagó un viaje a Miami
El pasado 16 de noviembre Legálitas fue premiada junto a Globalia en un acto organizado por la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos y que tuvo lugar en Miami. Catalá fue una de las ilustres personalidades que estuvo presente en dicho evento, pero el desplazamiento no fue costeado por él.
Fue Legálitas quien “costeó” el viaje, tal y como la propia compañía confirmó a este periódico. Argumentaron que se “montó un viaje con una serie de invitados” para el acto de entrega de premios: “Llevamos también a periodistas de diferentes medios para poder cubrir el acto. Y otros [invitados] porque son un círculo de personas que interesaba llevar”.
Lo que no aclararon es si Catalá fue a Miami con acompañante, como tampoco aclararon la fecha de vuelta. La ida tuvo lugar el 15 de noviembre, jueves, un día antes del evento; pero sobre la vuelta no aportan información porque “al final te pasan las facturas y ya está”, explicaron desde Legálitas.
La Cámara de Comercio de España en Estados Unidos tampoco aclaró si acudió con acompañante o no, ni las fechas en que regresó.
https://www.elplural.com/politica/casado-cesa-catala-responsable-justicia-pp_231137102
EL EXMINISTRO RAFAEL CATALÁ 'FICHA' COMO 'SENIOR ADVISOR' DE LA CONSULTORA DE COMUNICACIÓN KREAB
Tras su paso por Justicia también trabaja para Herbert Smith Freehills, Codere y Belagua
Rafael Catalá, que fuera exministro de Justicia entre 2014 y 2018, ha fichado como senior advisor de la firma de consultoría de comunicación Kreab y suma una nueva responsabilidad en su actividad privada desde su cese como ministro en junio del año pasado.
Según datos del Portal de Transparencia, Catalá recibió la autorización para ejercer esta nueva actividad profesional privada el pasado 19 de julio, ya que no se detectó ningún tipo de incompatibilidad con su pasado en la Administración.
No es la primera vez que Kreab solicita los servicios de un ex alto cargo del Gobierno, ya que el pasado mes de marzo contrató al que fuera secretario de Estado de Hacienda entre 2012 y 2016, Miguel Ferre, como 'financial policy senior consultant' para liderar y consolidar la práctica de regulación financiera en España.
Además, la consultora internacional de comunicación y asuntos públicos también cuenta entre sus filas con Eduardo Madina, como director de Kreab Research Unit, y con Xavier Cima, exconcejal y exdiputado del Parlament de Cataluña y marido de Inés Arrimadas, diputada por Ciudadanos.
Vuelta a la empresa privada
Tras cesar su responsabilidad como ministro de Justicia, en junio del año pasado, tuvieron que transcurrir apenas cuatro meses para que una compañía privada solicitara los servicios de Catalá, en este caso la firma anglosajona Herbert Smith Freehills, que lo contrató como miembro del consejo asesor.
Herbert Smith Freehills dio entrada, de esta forma, a un nuevo exministro a su consejo, del que ya era miembro Josep Piqué. Catalá no firmó un compromiso de exclusividad con este despacho, que está entre las veinte firmas legales con mayor facturación en España.
En junio de este año, Rafael Catalá se convirtió en presidente de la sociedad Belagua, enseña a través de la que el empresario Antonio Catalán y otros grupos corporativos participan en AC Hoteles by Marriot (ACHM).
La compañía explicó que el fichaje del exministro de Justicia buscaba "fortalecer las políticas de gobierno corporativo", además de posibilitar que Antonio Catalán dedique sus capacidades a su responsabilidad como presidente de ACHM.
También el pasado mes de junio fue la casa de apuestas Codere la que contrató a Catalá colaborador para ofrecer asesoramiento en la definición e implementación de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
El exministro, nacido en 1961, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Cuenta con una dilatada trayectoria profesional vinculada a la Administración Pública, ha ocupado cargos de responsabilidad en los ministerios de Sanidad, Educación, Administraciones Públicas, Justicia y Hacienda.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/22/companias/1569146353_381024.html
EL EXMINISTRO RAFAEL CATALÁ, FICHADO POR LA SOCIEDAD HOTELERA DE ANTONIO CATALÁN
La entidad participa, por ejemplo, en la cadena hotelera AC.
El extitular de Justicia abandonó la política el pasado mes de mayo.
El exministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, en una imagen del mes de abril.El exministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, en una imagen del mes de abril.EFE/Zipi
El ex ministro de Justicia Rafael Catalá será el nuevo presidente del consejo de Administración de Belagua, la sociedad propietaria de la mayor parte de los hoteles de la marca AC Hotels by Marriott en Españal, ha informado este lunes la hotelera en un comunicado.
El pasado 18 de junio, Belagua celebró una reunión de su Junta General de Accionistas y del Consejo de Administración en la que el accionista mayoritario de la sociedad, Anca Hoteles, de la que es propietario Antonio Catalán, propuso la incorporación como Presidente del Consejo de Administración al ex ministro.
Con esta propuesta, la sociedad pretende fortalecer las políticas de gobierno corporativo, a la vez que posibilitar que Antonio Catalán dedique sus capacidades, conocimientos y experiencia acumulados durante décadas a sus funciones como Presidente Ejecutivo de ACHM, ha afirmado la hotelera.
ACHM es la sociedad participada al 50 % por Antonio Catalán y por el Grupo Marriott Internacional que gestiona los hoteles con marca AC Hotels by Marriot y que podrá gestionar otras de las 30 marcas del Grupo Marriott.
La dedicación de Antonio Catalán en sus funciones al frente de ACHM permitirá ampliar y mejorar dicho negocio, mientras que la designación de Rafael Catalá, Ministro de Justicia entre los años 2014 y 2018 con el Partido Popular, aportará a Belagua su experiencia en la gobernanza de entidades mercantiles y en la defensa de los intereses de los accionistas de la entidad.
https://www.20minutos.es/noticia/3680716/0/rafael-catala-exministro-ficha-presidente-belagua/
JUSTICIA PAGÓ EN ÉPOCA DEL PP LA DEFENSA DE ACUSADOS DE GÜRTEL QUE NO TENÍAN DERECHO A ELLO
El ministerio costeó los abogados de oficio de implicados en la trama a los que no se les reconocía la asistencia jurídica gratuita, según la relación de abonos a la que ha accedido EL PAÍS
El Ministerio de Justicia pagó durante la etapa de Rafael Catalá (PP) a los abogados de oficio designados para varios acusados de la trama Gürtel que no tenían reconocido el derecho a asistencia jurídica gratuita, entre ellos Francisco Correa y varias empresas implicadas en la red de corrupción que anidó en la formación conservadora, según la documentación y relación de pagos a la que tuvo acceso EL PAÍS. Una presunta irregularidad de 800.000 euros que ha provocado que el actual equipo haya abierto una investigación interna.
Según la relación de gastos, Justicia abonó en la etapa de Catalá cerca de 800.000 euros a abogados de oficio de acusados como Correa; el exalcalde popular de Majadahonda, Guillermo Ortega; y, al menos, 11 sociedades limitadas implicadas en una de las mayores tramas de corrupción del país, cuya red de empresas se lucró con el PP nacional durante el aznarismo. Estos importes se desembolsaron a través de mecanismos de asistencia jurídica gratuita, pese a que legalmente no tenían reconocido el derecho, reservado a quienes acreditan que carecen de medios materiales para costearse una defensa.
Fuentes próximas al anterior equipo de Justicia aseguran que los primeros problemas con estos pagos se detectaron días antes del cambio de Gobierno en 2018, provocado precisamente por la sentencia de la Gürtel que condenó al PP nacional al considerarlo beneficiario de este "sistema de corrupción institucional". Estas mismas fuentes consideran "sorprendente" que se haya abonado la asistencia a personas físicas y jurídicas que supuestamente no tenían derecho a ello, como las sociedades limitadas —a las que la ley excluye—.
Pese a ello, uno de los abogados designados para Correa explicó a EL PAÍS que sabía que no se le había reconocido la asistencia gratuita. Y otro letrado relató que en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) se le dijo que ni siquiera se iba a llevar el caso de las sociedades al órgano donde se aprueba la concesión de este derecho porque no se lo iban a otorgar, pero que después se alcanzó un "acuerdo" con el ministerio. De hecho, se costearon finalmente estas defensas, según la relación de pagos. El ICAM no ha querido responder a este periódico al respecto, pero sí ha reconocido por e-mail que este tipo de compañías no tienen derecho a asistencia gratuita.
El origen de estos pagos se encuentra en junio de 2016, cuando Catalá firmó un convenio con el Consejo General de la Abogacía y el ICAM para aumentar la subvención que reciben los abogados de oficio que ejercían la defensa en el macrosumario del caso Gürtel. El acuerdo pasaba por multiplicar hasta por cuatro la aportación económica debido a la especial complejidad y dimensión de la causa, que se investiga desde 2008 y que cuenta con una decena de piezas separadas.
La vista del juicio central de Gürtel —la llamada Época 1— sumó 125 sesiones entre octubre de 2016 y noviembre de 2017 y la sentencia ocupó 1.687 folios.
La idea que subyacía en este acuerdo, similar a uno suscrito en 2006 por el ministro Juan Fernando López Aguilar (PSOE) para el juicio del 11-M, era compensar a los letrados que debían dedicarse casi en exclusiva a estos casos y garantizar que los acusados sin recursos no sufran indefensión. El convenio de 2016 fijaba un máximo de 30.000 euros por letrado de oficio. Sin embargo, Justicia superó ese límite; además de que, según las certificaciones de pagos, se costeó la defensa de procesados que no la tenían concedida, como Correa, el líder de la trama vinculada al PP, cuyos tres letrados de oficio recibieron 67.506 euros.
Según la relación de gastos, la defensa de Guillermo Ortega, condenado a 38 años de prisión —la mayor pena del juicio central de Gürtel—, también fue pagada por el departamento que dirigía Catalá, con 38.348 euros; y la de su esposa, Gema Matamoros, condenada como partícipe a título lucrativo, para la que se giraron minutas por un total de 56.987 euros. En el caso de este matrimonio, la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita había acordado en mayo de 2015 denegarles la prestación, que sin embargo acabó siendo abonada.
Investigación abierta
A preguntas de este diario, el actual equipo de Justicia repite que, desde que llegó la actual ministra Dolores Delgado con el PSOE, no se ha destinado ni un solo euro al convenio. A su vez, ha admitido que se ha abierto una investigación interna para reconstruir el expediente que validó los pagos. Entre otras partidas bajo sospecha, se encuentran 56.987 euros destinados a la defensa de Inmaculada Mostaza, empleada de la trama finalmente absuelta, que fue beneficiaria de la asistencia gratuita. Y las dirigidas a sufragar los abogados de 11 mercantiles de los acusados, entre ellas algunas de las principales de la trama, como las de Correa: Pasadena Viajes (56.987 euros), Good and Better (76.311 euros) o Special Events (56.987 euros), todas ellas bajo administración judicial. También figura la sociedad limitada Cresva, del número dos de Gürtel y exsecretario de organización del PP gallego, Pablo Crespo, también condenado. Y la sociedad pantalla Alcancía Corporate 02, que según datos del registro sigue perteneciendo a Ortega.
Fuentes del equipo del ministerio en época del PP señalan que son los colegios de abogados, en este caso el de Madrid, los que gestionan las solicitudes y quienes tienen que rendir cuentas sobre cómo aplican los criterios de concesión de la asistencia gratuita. Además, estas mismas fuentes insisten en que la gestión del convenio se realizó en escalones inferiores del ministerio, a nivel de subdirectores generales.
La batalla entre el ministerio y el consejo de la abogacía
Estos pagos desataron el pasado año una batalla entre el actual equipo de Justicia y el Consejo General de la Abogacía, a quien el ministerio transfiere el dinero. Tras el cambio de Gobierno, la Administración socialista detectó que se había superado el tope previsto en el convenio —dotado con 570.000 euros, aunque se pagó más de un millón—, suspendió los abonos pendientes y pidió al consejo que devolviera lo excedido. Este se negó, pero finalmente lo hizo al recibir, según dice, la "amenaza" del Gobierno de que no pagaría las siguientes minutas de todos los letrados de oficio del país. A continuación, anunciaron un recurso por la vía contencioso-administrativa.
A preguntas de EL PAÍS, el consejo defiende los pagos a los letrados de oficio de Gürtel e insiste en que la ley prevé que todos los acusados en un proceso penal deben tener un abogado de oficio —incluidas las personas jurídicas, si así lo decreta un juez— y critica que estos no cobren por meses de trabajo, porque muchas de esas empresas se encuentran en situación de insolvencia. Ante esto, el consejo afirma que lo normal es que los colegios abonen las minutas a los abogados de oficio y, si el letrado consigue después que el cliente le pague, las devuelve. Fuentes de Justicia niegan ese mecanismo. Y fuentes del equipo del PP señalan, por su parte, que si no se cumplieron las condiciones se deben iniciar expedientes de reintegro.
Fuentes de la etapa de Catalá, sobre el hecho de que se superase el tope de 570.000 euros, reconocen un posible "fallo de control". No obstante, explican que, aunque el convenio fija un límite, los fondos salen de un crédito general del ministerio contra el que todos los colegios facturan. "Parece que las facturas iban llegando y se iban pagando con la partida global, pero el exceso se debía haber identificado. No se encendió la alarma".
https://elpais.com/politica/2019/11/02/actualidad/1572729223_823494.html
CATALÁ COLOCA A SU JEFA DE GABINETE, A SU JEFE DE PRENSA Y A SU PAREJA EN EL AYUNTAMIENTO Y LA COMUNIDAD DE MADRID
El exministro de Justicia sigue combinando sus asesorías en el sector privado con el Partido Popular
Madrid se ha convertido en el anhelo de asesores, cargos intermedios, personal de comunicación y altos cargos del Partido Popular. El revés electoral en los comicios del pasado 26 de abril, perdiendo más de la mitad de los diputados y haciendo sobrevolar la posibilidad de un ERE obligado al partido hizo que todo el mundo se temiera el peor de los escenarios. Pero, un mes después, sin que los resultados fueran espectaculares, al menos permitieron (junto al apoyo de Ciudadanos) que el abismo no fuera el único destino. Y Rafael Catalá, exministro de Justicia y con mando en plaza pese a su proximidad al sector privado, ha tenido mucho que ver.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital, salvaron a un Pablo Casado que empezaba a acumular un lastre demasiado pesado en su mochila pese a su brevedad. Pero no solo fue el refugio de Casado, sino el de los cientos de asesores colocados, consejeros premiados y personal dispuesto en toda serie de cargos.
El exministro de Justicia, pluriempleado actualmente por sus servicios de asesor en el sector privado -con dudosas conexiones que le han valido la reprimenda de sus homólogos-, divide su tiempo entre sus numerosos oficios y los servicios al Partido Popular. Hombre de favores y talante excelso a la hora de devolver beneficios -que se lo digan a las víctimas del accidente de Angrois, a los que mintió descaradamente para cubrir los intereses del bufete de abogados en el que posteriormente recalaría-, Catalá ha convertido Madrid en su agencia particular de colocación.
Su exjefa de Gabinete, número dos de Educación
Mano derecha del nuevo consejero de Educación en la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, conocido por faltar al respeto a los niños andaluces catalogándolos como mediocres y fracasados en sus estudios, María Pilar Ponce pasa de ser la directora del gabinete de Rafael Catalá hasta junio de 2018 a entrar en la administración madrileña en un alto cargo dentro del Ejecutivo pactado con Cs.
Además de ser patrona de la Fundación Jóvenes y Desarrollo, una asociación religiosa que busca que los jóvenes se críen fomentando los valores salesianos, Ponce ha ido encadenando una serie de puestos públicos de la mano del Partido Popular desde 2009.
Previamente a ser jefa de gabinete de Catalá, la nueva número dos de la consejería de Educación madrileña ocupó dos cargos como asesora: en el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados (2009-2012) y en el ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2012-2014).
Su jefe de prensa, director de comunicación en el Ayuntamiento
Se trata de Daniel Hidalgo. Recientemente nombrado director general de Comunicación del Ayuntamiento de Madrid, este periodista pasó previamente, como en el anterior caso, por el ministerio de Justicia que encabezaba Rafael Catalá.
Prensa y comunicación. 16 años trabajando como periodista en Onda Cero Radio, CNN+, Cuatro, Sogecable y Telemadrid, donde en su última etapa logró ser subdirector del ente público. Ahora su lugar está al otro lado del teléfono, donde ha conocido a poderosas influencias que no han dudado en promocionarlo en diferentes competencias.
Pareja sentimental y periodista de carné
Lourdes López Fernández es la última de las promocionadas por Rafael Catalá. Pareja sentimental del exministro, la periodista ha acumulado puestos en el PP, especialmente en el Partido Popular de Cuenca. Allí fue jefa de prensa del partido a nivel regional, directora de gabinete en el Consistorio y responsable de Comunicación y Secretaría del Grupo Popular.
10 años en la provincia manchega para, finalmente, dar el salto a Madrid en 2017. Primero como técnico de comunicación del Ayuntamiento y, posteriormente, asesorando al equipo de prensa del ministerio de Justicia del propio Catalá.
Ahora, tras su breve etapa en la administración Catalá, los resultados madrileños han facilitado que Lourdes López Fernández vuelva al Consistorio madrileño.
https://www.elplural.com/politica/catala-coloca-a-su-jefa-de-gabinete-a-su-jefe-de-prensa-y-a-su-pareja-sentimental-en-el-ayuntamiento-y-la-comunidad-de-madrid_222987102
EL PP MANTIENE A CATALÁ, LOBISTA DE CASAS DE APUESTAS, AL FRENTE DE JUSTICIA
El exministro será el nexo entre Codere y todas las fuerzas políticas para la negociación de la nueva legislación
El destino quiso que el martes coincidiera la noticia del fichaje de Rafael Catalá por la casa de apuestas Codere con la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. El máximo organismo conservador entre congresos ha traído bajo el brazo una renovación al completo del organigrama de la formación. Pero no ha sido una revolución al completo, pues Casado ha mantenido al pluriempleado exministro al frente de la Secretaría de Justicia e Interior.
Poco antes de la celebración de la Junta Directiva Nacional, El Confidencial adelantaba que Rafael Catalá engordaría su currículum con un nuevo empleo más. El popular se incorporó a Codere como asesor de relaciones institucionales – con funciones no ejecutivas – el pasado mes de junio, a oscuras, como ya ocurriera, tal y como adelantó en exclusiva ElPlural.com, con Legálitas.
Casualmente, la noticia trascendió el mismo día en el que el organigrama del Partido Popular iba a ser modificado casi al completo. Los nombramientos de Cayetana Álvarez de Toledo y Javier Maroto como portavoces en el Congreso y en el Senado ejercieron de eclipse perfecto para Catalá, que se mantenía en el puesto que Pablo Casado le ubicó tras las primarias
Sin regeneración
Rafael Catalá continuará al frente de la Secretaría de Justicia e Interior del Partido Popular pese a su fichaje por la casa de apuestas de Codere. De hecho, a los conservadores se les ha pasado por alto que el exministro, en su condición de asesor de relaciones institucionales, tenga que ejercer de nexo con las principales fuerzas políticas del país, incluido el propio PP.
El que fuera titular de Justicia con Rajoy no es la primera vez que trabaja para una casa de apuestas. De hecho, entre los años 2005 y 2011 ya estaba vinculado a la empresa que le ha vuelto a fichar. Catalá era secretario del consejo de administración de Codere, aunque ahora ha regresado sin funciones ejecutivas.
Un multitarea
Pero no sólo de Codere vive el exministro. También se vinculó a Legálitas. La Fundación de la empresa de asesoría jurídica, que le pagó un viaje a Miami, le designó oficialmente como miembro del Patronato el pasado 28 de marzo a pesar de que Catalá no contaba con la autorización del Congreso, un requisito indispensable.
ElPlural.com desveló en exclusiva que el exministro carecía de la autorización de la Cámara Baja para desarrollar actividades privadas, pese a lo cual, llegó a acaparar hasta cuatro cargos paralelos: senior advisor del bufete inglés Herbert Smith Freehills, miembro del Patronato de la Fundación Atlético de Madrid y del Patronato de la Fundación Legálitas; y figura como abogado en ejercicio del Colegio de Abogados de Madrid. Por si fuera poco, también fue nombrado presidente no ejecutivo de Belagua.
https://www.elplural.com/politica/el-pp-mantiene-a-catala-lobista-de-casas-de-apuestas-al-frente-de-justicia_221392102
LOS 'PELOTAZOS' DE CATALÁ DESDE QUE DEJÓ DE SER MINISTRO DE JUSTICIA
Ha sido fichado para un total de siete cargos, seis de ellos en el sector privado y plagados de irregularidades
El exministro de Justicia Rafael Catalá Polo puede haber abandonado su carrera política tras renunciar a su acta de diputado, pero no le va nada mal. En el sector privado vive su particular época dorada. Tras dejar la cartera de Justicia con motivo de la moción de censura y el consecuente cambio de Gobierno, la carrera de Catalá ha protagonizado un ascenso meteórico, valiéndose de su cargo en el Ejecutivo para sumar pelotazo tras pelotazo.
Este martes trascendió que la casa de apuestas Codere le había fichado como asesor, precisamente el día en que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, le ha mantenido como secretario de Justicia e Interior.
A estos dos cargos, uno político y otro en el sector privado, habría que sumarle otros cuatro: senior advisor del bufete inglés Herbert Smith Freehills, miembro del Patronato de la Fundación Atlético de Madrid y del Patronato de la Fundación Legálitas; en junio fichó como presidente de la sociedad Belagua (que participa en AC Hotels by Marriott); y figura como abogado en ejercicio del Colegio de Abogados de Madrid.
El montante total de cargos acumulados asciende a siete, algunos de los cuales han enfangado la figura de Catalá por las irregularidades de su nombramiento.
Al bufete Herbert Smith Freehills sin autorización del Congreso
ElPlural.com desveló en exclusiva que el exministro carecía de la autorización de la Cámara Baja para desarrollar actividades privadas, pese a lo cual, llegó a acaparar hasta siete cargos paralelos
Como exministro y entonces diputado en ejercicio, la normativa vigente establece la necesidad de una autorización formal por parte tanto de la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, como de la Cámara Baja para poder compaginar su actividad como diputado con labores en el sector privado. Catalá recibió el ‘ok’ de la Oficina de Conflicto de Intereses, tras lo cual, solicitó en el Congreso el registro de sus actividades privadas. Una vez registrada la solicitud, paso que sí dio el exministro, la Comisión del Estatuto debe decidir sobre ello y el fallo final debe ser votado por el pleno del Congreso. Y todo previo informe de los letrados.
El Partido Popular admitió a ElPlural.com que no tenía tampoco el informe de los letrados: “No hay nada escrito”. No contaban con ningún documento formal que acreditara la consulta de Catalá a los letrados. De hecho, esgrimieron que esta consulta solo se realizó de forma “verbal”. Según las fuentes consultadas, durante una conversación con un letrado éste le aseguró que “no habría problema”.
Pese a no contar con la autorización del Congreso, Catalá prosiguió con el fichaje por el bufete Herbert. En este sentido, cabe recordar que existen numerosos vínculos entre este despacho de abogados y el Gobierno de España que podrían poner en jaque hasta la autorización de la Oficina de Conflicto de Intereses.
Catalá inauguró la nueva sede de Herbert en junio de 2015, ya siendo ministro; y en octubre de 2016 fue invitado a unas jornadas. Quedan claros los vínculos, pero la relación se extiende más allá de su mera presencia como figurante en eventos de calado.
El accidente ferroviario de Angrois se produjo el 21 de enero de 2013, siendo Catalá secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Esta catástrofe se cobró la vida de 80 personas y 144 resultaron heridas. Ante los frentes judiciales abiertos, la aseguradora de Renfe y Adif en el momento del accidente recurrió a un despacho de abogados, que resulta ser el mismo que fichó a Catalá a la postre: Herbert Smith Freehills.
En otro orden de cosas, el secretario del Consorcio de empresas españolas que supervisa las obras del AVE Medina-La Meda, Miguel Riaño Pombo, es socio director en España del bufete Herbert Smith Freehills.
Legálitas: un viaje a Miami y un fichaje en secreto
El pasado 12 de julio ElPlural.com desveló en exclusiva que Legálitas ha ocultado el fichaje del exministro ante la polvareda generada por las irregularidades del nombramiento. La Fundación de la empresa de asesoría jurídica, que le pagó un viaje a Miami, le designó oficialmente como miembro del Patronato el pasado 28 de marzo a pesar de que Catalá no contaba con la autorización del Congreso, requisito indispensable.
No tenía autorización del Congreso y los letrados no habían emitido informe alguno. El proceso estaba plagado de irregularidades, pero eso no impidió a Legálitas consumar su fichaje estrella. Según pudo saber este periódico, el 28 de marzo se reunió el Patronato y fue nombrado oficialmente. Lo llamativo es que no se comunicó de manera pública.
Cuando una empresa privada ficha a un exministro acostumbra a presumir de ello. Pero en este caso, la compañía lo ocultó. No informó de ello ni tan siquiera a través de una nota de prensa.
Este periódico se puso en contacto con Legálitas para conocer los motivos por los que no hicieron pública su designación, pero guardan silencio. Casualmente, la reunión del Patronato que oficializó al exministro se celebró en plena polémica, apenas tres días después de que ElPlural.com revelara que dicha compañía le pagó un viaje a Miami.
Legálitas le pagó un viaje a Miami
El pasado 16 de noviembre Legálitas fue premiada junto a Globalia en un acto organizado por la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos y que tuvo lugar en Miami. Catalá fue una de las ilustres personalidades que estuvo presente en dicho evento, pero el desplazamiento no fue costeado por él.
Fue Legálitas quien “costeó” el viaje, tal y como la propia compañía confirmó a este periódico. Argumentaron que se “montó un viaje con una serie de invitados” para el acto de entrega de premios: “Llevamos también a periodistas de diferentes medios para poder cubrir el acto. Y otros [invitados] porque son un círculo de personas que interesaba llevar”.
Lo que no aclararon es si Catalá fue a Miami con acompañante, como tampoco aclararon la fecha de vuelta. La ida tuvo lugar el 15 de noviembre, jueves, un día antes del evento; pero sobre la vuelta no aportan información porque “al final te pasan las facturas y ya está”, explicaron desde Legálitas.
La Cámara de Comercio de España en Estados Unidos tampoco aclaró si acudió con acompañante o no, ni las fechas en que regresó.
Un acto de altos vuelos
La entrega de premios Ponce de León se celebró durante la noche del viernes 16 de noviembre en el Biltmore de Miami, un hotel de lujo en el corazón de la ciudad, con una tarifa que ronda los 500 dólares por noche la habitación más económica.
Al evento acudieron unos 350 invitados, entre los que se encontraba el exministro de Justicia. El encargado de recoger el galardón de Legálitas fue el entonces presidente, Alfonso Carrascosa, quien fue relevado en febrero por Cecilio Moral y ahora se focaliza en la expansión por Latinoamérica y Estados Unidos de la compañía.
Carrascosa, quien estuvo arropado por Catalá, fue también uno de los protagonistas de la polémica cena entre Ángel Acebes, exministro de Justicia y de Interior; Pedro Calvo, concejal del PP del Ayuntamiento de Madrid y el propio Carrascosa. La cena no solo fue polémica por los comensales, sino porque terminó en un incidente de tráfico entre los escoltas y un conductor, tal y como relató el jurista José María Mena, ex fiscal Jefe de Catalunya.
https://www.elplural.com/politica/pelotazos-rafael-catala-exministro-justicia_221395102
LA CASA DE APUESTAS CODERE 'FICHA' AL EXMINISTRO RAFAEL CATALÁ, QUE LE ASESORARÁ EN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
En 2011 abandonó el consejo de administración de Codere al ser nombrado número dos del Ministerio de Fomento del Gobierno de Rajoy Ha vuelto a la empresa para mediar con los partidos políticos en la concreción de un entorno legal en torno al sector de las apuestas en el país
La casa de apuestas Codere ha incorporado al exministro de Justicia Rafael Catalá como colaborador para ofrecer asesoramiento en la definición e implementación de una estrategia de Responsabilidad Social Corporativa.
Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del nombramiento, el que fuera ministro de Justicia durante los gobiernos de Mariano Rajoy fichó por Codere el pasado mes de junio con funciones no ejecutivas en el asesoramiento de relaciones institucionales.
Catalá ya fue secretario del consejo de administración de esta casa de apuestas entre 2005 y 2011, pero, según adelanta El Confidencial, ha vuelto a la empresa para mediar con los partidos políticos en la concreción de un entorno legal en torno al sector de las apuestas en el país.
Regulación del sector
De hecho, el acuerdo programático firmado el pasado mes de octubre entre PSOE y Unidas Podemos incluía una reforma del sector para la regulación de la actividad de las casas de apuestas, contemplando una regulación similar a la del tabaco.
Entre otros aspectos, las medidas reivindicadas por la formación morada y que el PSOE descartó en las últimas negociaciones para formar gobierno pasan por la colocación de un cartel de advertencia sobre los peligros de la ludopatía en la entrada de este tipo de establecimientos, la limitación de su proximidad a centros escolares o la restricción de bonos de bienvenida y de comida y bebida más barata.
En este sentido, el Congreso ya aprobó el año pasado una moción presentada por Unidas Podemos para regular la publicidad de los juegos de azar y apuestas, evitando que se anuncien en medios de comunicación y que personajes reconocidos por el público sean imagen de las mismas.
Rafael Catalá Polo fue ministro de Justicia, nombrado por Mariano Rajoy en septiembre de 2014, en sustitución de Alberto Ruiz Gallardón, tras encabezar desde diciembre de 2011 la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento, siendo el 'número dos' de Ana Pastor en el departamento.
Catalá Polo, nacido el 21 de junio de 1961, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Con una dilatada trayectoria profesional vinculada a la Administración Pública, ha ocupado cargos de responsabilidad en los Ministerios de Sanidad, Educación, Administraciones Públicas, Justicia y Hacienda.
Hasta su nombramiento como número dos de Ana Pastor en 2011, Catalá también desempeñó en Codere los cargos de secretario de los comités de Auditoría, Cumplimiento y Gobierno Corporativo.
El 26 de julio de 2002 fue nombrado secretario de Estado de Justicia, en sustitución de José María Michavila, designado ministro del departamento en el segundo mandato de José María Aznar.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/07/30/la_casa_apuestas_codere_ficha_exministro_rafael_catala_que_asesorara_responsabilidad_social_corporativa_97475_1012.html
EL EXMINISTRO CATALÁ FICHA POR CODERE EN PLENA OFENSIVA POLÍTICA CONTRA EL JUEGO
Codere confía en Catalá para que actúe de lobista ante sus antiguos compañeros del hemiciclo, les exponga la visión de la compañía y suavice cualquier regulación que sea muy restrictiva
Rafael Catalá va encauzando su nueva vida profesional tras dejar la política. El que fuera ministro de Justicia en los gobiernos de Mariano Rajoy y exdiputado del Partido Popular por Cuenca hasta el pasado mes de junio ha fichado por Codere, la empresa de casinos, apuestas 'online' y máquinas recreativas con premios en metálico. El abogado madrileño se incorpora a la empresa controlada por varios ‘hedge funds’ en pleno debate político por la regulación del sector del juego en España, con Unidas Podemos como principal ariete contra estas compañías.
Catalá ya fue secretario del consejo de administración de Codere entre 2005 y 2011, pero, según distintas fuentes, ahora vuelve a la empresa como colaborador externo y asesor global de relaciones institucionales, un puesto sin funciones ejecutivas al que se le ha atribuido, entre otras responsabilidades, la de mediar con todas las formaciones políticas para concretar un marco jurídico que no perjudique al sector. En la industria se teme que, dada la mala percepción de la sociedad sobre la captación de los jóvenes a través de las casas de apuestas y la presencia abusiva de la publicidad de estas empresas vinculadas al deporte, el Congreso de los Diputados imponga una normativa restrictiva.
Los Martínez Sampedro, los reyes del bingo, destituidos de la presidencia de Codere
Los 'hedge funds', los actuales accionistas del grupo de juegos, han decidido relevar a la familia fundadora, que llegó a tener el 80% del capital y un patrimonio de 700 millones
De hecho, el partido de Pablo Iglesias ya presentó una moción en octubre del pasado año para regular este sector mediante la instalación de lectores de DNI en las máquinas de apuestas, así como prohibir su publicidad. Lo hizo tras pactar todos los grupos un texto común que enmendaba la propuesta original de la coalición de izquierdas en busca del consenso con PSOE y Ciudadanos. Unidas Podemos llegó a asegurar que “el juego presenta un especial riesgo para la salud pública” al indicar que es “una patología adictiva” que se ha transformado en un problema social.
La mayoría de los partidos apoyó la moción liderada por Pablo Iglesias debido a la "desmedida proliferación" de las casas de apuestas y los riesgos que ello entraña para la salud al ser "una adicción sin sustancias". Alguno destacó en el Congreso que el juego "está al alcance de un clic”, lo que supone un riesgo para la gente joven, la más familiarizada con las nuevas tecnologías. Hasta el Partido Popular dio su conformidad al escrito de Podemos, si bien hizo varias alusiones a respetar "la libertad de las personas adultas" para elegir el ocio que prefieran, aunque siempre "protegiendo al menor".
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En la campaña para las elecciones del pasado 28 de abril, todas las formaciones incluyeron en sus programas la regulación del juego. El PSOE insistió en regular la publicidad de los juegos de azar y las apuestas 'online', mensaje similar al lanzado por el PP, que también apostó por campañas de prevención. Ciudadanos defendió este sector desde su postura de liberalismo económico, pero exigió revisar los espacios publicitarios de estas empresas.
El más beligerante volvió a ser Unidas Podemos, que llegó a decir que "una nueva red de casas de apuestas digitales y presenciales está atacando nuestras comunidades". La formación morada propuso que estos locales abran a partir de las 22:00 y que puedan publicitarse con las restricciones de los productos nocivos, como el alcohol y el tabaco. Además, añadió que deberían instalarse lejos de los colegios y no poder ofrecer reclamos como bebidas y comida barata para enganchar a los jóvenes.
Tres empleos en tiempo récord
Codere confía en Catalá, que conoce bien el Congreso, para que actúe de lobista ante sus antiguos compañeros del hemiciclo, les exponga la visión de la compañía y suavice cualquier regulación que sea muy restrictiva. El exministro sabe cómo se negocian este tipo de legislaciones porque también lideró la cartera de Fomento de forma provisional en 2016 y por su anterior ocupación como secretario del consejo de Codere. El sector factura unos 5.200 millones de euros y genera 80.000 empleos directos y 200.000 indirectos.
El Atlético de Madrid ficha al exministro de Justicia Rafael Catalá para su fundación
El que fuera ministro de Justicia hasta el pasado mes de junio era un asiduo al palco del Wanda Metropolitano y fue invitado por Enrique Cerezo a la final de la Champions de 2016 en Milán
Lo curioso es que Catalá vuelve a la empresa de juegos que está en guerra abierta con los anteriores gestores —los Martínez Sampedro—, para quienes trabajó el político del PP. Porque el miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado llegó a la compañía de la mano de esta familia, que hace cuatro años perdieron el control accionarial por impago de deudas y en la pasada junta general fueron expulsados del consejo de administración. Los 'hedge funds' que tienen ahora la mayoría del capital —el 80%— y su nuevo presidente, Norman Sorensen, creen que Catalá puede ser una apuesta segura para el nuevo escenario que se avecina.
El exministro se ha reposicionado con gran rapidez en la vida privada. Primero entró como miembro del consejo asesor del bufete Herbert Smith Freehills en octubre de 2018. Hace unas semanas, fue nombrado presidente no ejecutivo de Belagua, la sociedad propietaria de AC Hoteles. Y ahora se incorpora a Codere con funciones plenamente ejecutivas.
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-07-30/exministro-catala-ficha-codere_2151415/
RAFAEL CATALÁ, NUEVO AMOR Y NUEVA VIDA PARA EL EX MINISTRO DE JUSTICIA
Rafael Catalá (57) es uno de los hombres del Gobierno de Rajoy que mejor se ha recolocado en su vida laboral y personal tras la caída del Ejecutivo. El ex ministro de Justicia dejó la política el pasado 21 de mayo, fecha en la que abandonó el escaño que ocupaba por Cuenca después de 23 años dedicado a la función pública. En el mes y medio que ha transcurrido desde su partida, Catalá disfruta de una segunda carrera en el ámbito privado al lado de Lourdes López, una periodista madrileña casi 20 años más joven con la que comenzó una relación hace unos meses. "Así es, soy muy celoso de mi vida privada pero es cierto", confirma en conversación telefónica con LOC.
Aunque Catalá aún figura en su ficha del Congreso como "casado con dos hijos", a mediados de 2018 se separó de María Ángeles Martínez Esteban, la mujer con la que tuvo a dos vástagos, un chico y una chica, con los que vivía en un chalé en Pozuelo de Alarcón. La nueva ilusión del ex ministro ha hecho una discreta carrera dentro del PP y la pareja no se esconde. Varios ex compañeros de Gobierno de Catalá consultados por LOC han afirmado conocer a la novia del político, con la que acude a cenas y eventos privados y a la que definen como "una chica encantadora".
Catalá y López se vieron por primera vez hace años. Ella estaba vinculada al PP de Cuenca y él hizo campaña por esa localidad para conseguir su escaño. La relación laboral derivó en una amistad que les llevó a trabajar mano a mano. Lourdes, licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense, fue jefa de prensa del PP en Cuenca mientras el partido estaba en la oposición. Cuando en 2007 Francisco Javier Pulido se convirtió en alcalde, la nombró jefa de Gabinete, cargo que ocupó hasta el fin de la legislatura en 2011 y que renovó en 2015, esta vez con Ángel Mariscal al frente y con un sueldo de 2.000 euros mensuales, según figura en el portal de retribuciones el Ayuntamiento de Cuenca. En abril de 2017, Lourdes se mudó a la capital para ejercer como técnico de medios de comunicación del Ayuntamiento de Madrid. En febrero de 2018, coincidiendo con los inicios de su relación persona, López se incorporó al equipo de Catalá como asesora.
Fue entonces cuando estrecharon unos vínculos que llevaron al ex ministro a separarse. El movimiento más claro de la ruptura matrimonial de Catalá está en sus empresas. Hace once años, el popular fundó Pocat Consultoría and Management, una sociedad que en 2012 quedó a manos de su esposa mientras él se ascendía políticamente. El pasado 30 de noviembre, María Ángeles cesó como administradora de la empresa y desde ese día se encarga el hermano del ex ministro, Antonio Catalá.
La sociedad tiene en propiedad un piso de 47 metros cuadrados en el barrio madrileño de Ríos Rosas, un apartamento de 73 metros con una plaza de garaje de 16 en Denia, Alicante; además de la mitad de un terreno de 623 metros en Sanxenxo. De momento, esos bienes continúan a manos de la sociedad, por lo que el ex matrimonio no ha repartido aún las propiedades que compartían. Porque la pareja estaba casada en régimen de gananciales, como figura en la declaración de bienes que Catalá presentó en el Congreso.
El abandono de la vida pública del popular fue progresivo. Tras apoyar en las primarias del PP inicialmente a María Dolores de Cospedal -"somos amigos desde hace 25 años", dice- y después a Pablo Casado, el político recuperó su escaño por Cuenca como diputado. El pasado noviembre se reintegró en el Colegio de Abogados y recibió autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses para entrar en el Patronato de la Fundación del Atlético de Madrid. A principios de año, la Fundación Legálitas anunció su fichaje, que se materializó el 28 de marzo, y desde finales de 2018 es senior advisor del bufete Herbert Smith Freehills. El gran puesto lo ha conseguido hace unos días, cuando le han nombrado presidente del Consejo de Administración de Belagua, la empresa detrás de AC Hotels.
Catalá tenía ganas de retirarse del sector público y probar suerte en el privado, en el que de momento parece que marchan bien al cosas. "La salida de los políticos es complicada porque muchas veces se critica lo que haces, pero a mí me han autorizado y no me he vinculado con compañías con las que creo que tendría incompatibilidades", dice. Su marcha silenciosa de la política no le impide opinar desde la barrera sobre las negociaciones para formar un nuevo Gobierno. Amigo de Casado, piensa que Casado podría barajar la abstención: "Hay que apoyar la gobernabilidad con pactos políticos importantes. Ya hay un precedente, el PSOE se abstuvo para que gobernara Rajoy"
Catalá asegura a LOC que en la próxima legislatura no volverá al sector público, pero no sabe qué pasará "dentro de ocho años". Lo que no ha perdido de sus tiempos de ministro es la práctica de paddle y tenis. "Algún viernes jugaba con Tejerina y De Guindos después del Consejo de Ministros, decía en broma que yo lo hacía mejor que ellos dos". Su salida política ha sido un match point.
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-07-30/exministro-catala-ficha-codere_2151415/
LEGÁLITAS PAGÓ UN VIAJE A MIAMI A CATALÁ PORQUE “INTERESABA”
La compañía costeó su asistencia a una entrega de premios, pero no aclara si acudió con acompañante ni cuánto tiempo estuvo allí
Legálitas, empresa que ha fichado a Rafael Catalá como miembro del Patronato a pesar de que no cuenta con la autorización del Congreso de los Diputados, le pagó un viaje a Miami al exministro de Justicia y diputado del Partido Popular.
El pasado 16 de noviembre Legálitas fue premiada junto a Globalia en un acto organizado por la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos y que tuvo lugar en Miami. Catalá fue una de las ilustres personalidades que estuvo presente en dicho evento, pero el desplazamiento no fue costeado por él.
Según confirman desde Legálitas a ElPlural.com, quien “costeó” el viaje fue la propia compañía. Argumentan que se “montó un viaje con una serie de invitados” para el acto de entrega de premios: “Llevamos también a periodistas de diferentes medios para poder cubrir el acto. Y otros [invitados] porque son un círculo de personas que interesaba llevar”.
Lo que no aclaran es si Catalá fue a Miami con acompañante, como tampoco aclaran la fecha de vuelta. La ida tuvo lugar el 15 de noviembre, jueves, un día antes del evento; pero sobre la vuelta no aportan información porque “al final te pasan las facturas y ya está”, explican desde Legálitas.
La Cámara de Comercio de España en Estados Unidos tampoco aclara si acudió con acompañante o no, ni las fechas en que regresó.
La entrega de premios Ponce de León se celebró durante la noche del viernes 16 de noviembre en el Biltmore de Miami. Se trata de un hotel de lujo en el corazón de la ciudad, con una tarifa que ronda los 500 dólares por noche la habitación más económica.
Al evento acudieron unos 350 invitados, entre los que se encontraba el exministro de Justicia. El encargado de recoger el galardón de Legálitas fue el entonces presidente, Alfonso Carrascosa, quien fue relevado en febrero por Cecilio Moral y ahora se focaliza en la expansión por Latinoamérica y Estados Unidos de la compañía.
Carrascosa, quien estuvo arropado por Catalá, fue también uno de los protagonistas de la polémica cena entre Ángel Acebes, exministro de Justicia y de Interior; Pedro Calvo, concejal del PP del Ayuntamiento de Madrid y el propio Carrascosa. La cena no solo fue polémica por los comensales, sino porque terminó en un incidente de tráfico entre los escoltas y un conductor, tal y como relató el jurista José María Mena, ex fiscal Jefe de Catalunya.
Un fichaje sin autorización
El que será nuevamente cabeza de lista al Congreso por Cuenca, registró el 26 de septiembre en la Oficina de Conflicto de Intereses una solicitud para poder compaginar su cargo público con actividades desarrolladas en el sector privado. Concretamente, pidió desempeñar funciones en hasta cuatro cargos paralelos. Es senior advisor del bufete inglés Herbert Smith Freehills, miembro del Patronato de la Fundación Atlético de Madrid y del Patronato de la Fundación Legálitas. Tres puestos adicionales al que hay que añadir un cuarto, pues figura como abogado en ejercicio del Colegio de Abogados de Madrid.
Pero aún no es miembro del Patronato de la Fundación Legálitas de manera oficial. Según ha desvelado ElPlural.com, la compañía tiene previsto investir patrono al exministro en las próximas semanas a pesar de no contar con la autorización del Congreso de los Diputados para desarrollar sus actividades privadas, requisito obligatorio.
La Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, le dio su beneplácito el 26 de noviembre. Sin embargo, Catalá aún no estaba autorizado para desempeñarlas. Tal y como establece la normativa, requiere también del consentimiento expreso del Congreso de los Diputados, aprobación que aún no tiene.
Catalá registró el 29 de octubre de 2018 en la Cámara Baja una solicitud para modificar su declaración de Actividades. Tras este paso, la Comisión del Estatuto debe decidir sobre ello y el fallo final debe ser votado por el pleno del Congreso. Y todo previo informe de los letrados, que tampoco lo tiene puesto que el PP admitió a ElPlural.com que “no hay nada escrito”, ningún documento formal que acredite la consulta de Catalá a los letrados. De hecho, esta consulta solo se realizó de forma “verbal”. Según las fuentes consultadas, durante una conversación el letrado le aseguró que “no habría problema”.
Pero a Legálitas le es indiferente que Catalá no cumpla todos los requisitos. La compañía ha confirmado a este periódico que todavía no se ha hecho oficial el fichaje porque “no se ha celebrado la reunión del Patronato” y, como consecuencia, “no se ha producido ese nombramiento”. No obstante, no tienen dudas de que cuando se agende dicho encuentro, “será Patrón oficialmente”.
Tanto es así, que la reunión del Patronato está prevista para este semestre, antes de junio, aunque aún no ha fecha agendada.
https://www.elplural.com/politica/legalitas-pago-un-viaje-a-miami-a-catala-porque-interesaba_212987102Rafael Catalá renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados
El diputado por Cuenca ha argumentado que no se siente con la energía e ilusión suficientes para luchar por los intereses de esta provincia
Rafael Catalá, diputado por Cuenca por el PP, renuncia a su escaño en el Congreso. El que fuera secretario de Estado de Fomento y ministro de Justicia con Mariano Rajoy, ha asegurado que "no me siento con la ilusión y la energía suficiente para defender los intereses de Cuenca en el Congreso de los Diputados".
Catalá ha explicado que es consciente de que el Partido Popular perdió en las pasadas Elecciones Generales 22.000 votos en la provincia de Cuenca. Ha insistido en que él es muy exigente con su trabajo y cree que "debo asumir mis responsabilidades". Tras la renuncia de Catalá será María Jesús Bonilla, la número dos de la candidatura popular, la que acceda al Congreso de los Diputados por la provincia de Cuenca.
En una comparecencia sin preguntas, Catalá ha agradecido a los tres presidentes de su partido con los que ha trabajado su apoyo, así como a Dolores de Cospedal que, según sus palabras, "me apadrinó". Agradecimientos que ha trasladado a todos los conquenses que le han votado en las dos últimas legislaturas.
Ha afirmado que renuncia a su escaño pero no dejará nunca su vinculación con Cuenca y luchará desde donde esté por los intereses de esta provincia.https://cadenaser.com/emisora/2019/05/27/ser_cuenca/1558973668_712955.html
LOS VÍNCULOS DEL BUFETE DE CATALÁ CON EL GOBIERNO DE RAJOY
Herbert Smith está relacionado con el Ave a La Meca, el accidente del Alvia, las fotovoltaicas...
LOS GENOVESES Jueves, 21 de marzo de 2019
Entre el abanico de actividades privadas que el exministro de Justicia, Rafael Catalá, ha incluido a su currículo sin contar con el permiso expreso del Congreso de los Diputados, tal y como adelantó ElPlural.com, destaca su fichaje por el bufete Herbert Smith Freehills, precisamente el que más problemas le hubiera acarreado para ser aprobado por la Comisión y por el Pleno de la Cámara, por sus relaciones con el anterior Gobierno del Partido Popular del que el exministro formó parte.
Este bufete anglo australiano, resultado de la fusión del despacho británico "Herbert Smith”y el australiano “Freehills", cuentan las crónicas, aterrizó en España en el año 2009 y tras 10 años de actividad tiene en plantilla más de 100 empleados trabajando en la oficina de Madrid, incluyendo 12 socios y 72 abogados. Están especializados en grandes operaciones de fusiones y adquisiciones, financiaciones y en el asesoramiento integral de proyectos de sectores de energía, infraestructuras, minas o inmobiliario, entre otros. La firma creció un 8,9% en el último ejercicio y se sitúa en el 'top 3' en productividad Por abogados, y en el ‘top 20’ de bufetes en España.
Hecha este breve presentación de su poderío volvamos al hiperactivo de Rafael Catalá y sus “vinculaciones” con este bufete. Para ello vamos en primer lugar en centrarnos en una de sus etapas menos conocidas pero más activas: Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda tras ser nombrado en enero del 2012 por la entonces Ministra de Fomento Ana Pastor, con la que desde hace años mantiene una intensa amistad.
Ave Medina- La Meca
Uno de los primeros asuntos con lo que se encuentra en su cargada mesa de trabajo es la supervisión de las obras del tren de alta velocidad entre Medina y La Meca (Arabia Saudí) gestionadas desde el 2011 por el consorcio español adjudicatario integrado por Renfe, Adif, Talgo, OHL, Copasa, Indra, Dimetronic, Cobra, Inabensa, Imathia, Consultrans e Ineco. El Secretario de este Consorcio es Miguel Riaño Pombo, socio director en España de Herbert Smith Freehills que es bufete que asesora al consorcio en todos los aspectos legales de esta adjudicación.
Desde entonces Catalá y Riaño han ido consolidando sus relaciones hasta el punto de participar en varias jornadas y seminarios y ser el invitado estelar en la inauguración de la nueva sede del bufete Herbert Smith Freehills en España. El acto tuvo lugar el 15 de junio de 2015, recién nombrado ministro de Justicia. Un año después, guiado por la curiosidad que no por sus responsabilidades políticas, asistió el 6 de octubre de 2016 a la jornada de energía e infraestructuras de ámbito EMEA, Europa, Oriente Medio y África que organizaba su actual empleador.
Accidente de Angrois y Herbert Smith Freehills
Siendo también Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda se produjo el 21 de enero del 2013 el accidente ferroviario de Angrois en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas. Según se puede consultar en el diario de sesiones de la Comisión de Investigación que se constituyó en el Congreso y en la que compareció Catalá, los diputados Rufián (ERC) y Alexandra Fernández (En Marea) le plantearon si le parecía legal y ético ser contratado por el mismo bufete que a su vez había sido por la compañía de seguros internacional QBE Insurance Group, aseguradora de Renfe y Adif en el momento del accidente. Jesús Domínguez, presidente de la Asociación de Víctimas del Alvia se ratifica en que el actual despacho de Català fue contratado por QBE a partir de noviembre de 2014.
Tecnología fotovoltaica y Herbert Smith Freehills
Y finalmente, sin ánimo exhaustivo, este despacho mantiene desde enero del 2018 un contrato con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cuyo titular en ese momento era el Ministro Álvaro Nadal para asesoramiento legal externo, colaboración y apoyo a la Abogacía General del Estado en el procedimiento arbitral PCA Nº 2012/14 promovido por PV INVERSTORS contra el Estado Español-Reino de España en relación con la regulación del sector de la energía de tecnología fotovoltaica. En ese momento la Abogacía del Estado dependía del Ministerio de Justicia cuyo titular era Rafael Catalá. El contrato asciende a 1 millón de €.
Meses después Álvaro Nadal, diputado por Albacete del PP, fue elegido presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado, órgano encargado de autorizar o denegar las declaraciones de actividades de los diputados, incluida la de su ex compañero de Consejo de Ministro Rafael Catalá. Como se ve todo queda en casa.
https://www.elplural.com/politica/los-genoveses/rafael-catala-bufete-herbert-smith-gobierno-mariano-rajoy_212842102
EL PP SE LA JUEGA EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN DONDE PRESENTA AL 'FICHADO' CATALÁ
Cuenca, plaza clave para los 'populares' el próximo 28 de abril
Cuestionado por las informaciones publicadas por ElPlural.com, el “fichado” Rafael Catalá se la juega el próximo 28 de abril en Cuenca. El exministro de Justicia es el elegido por el equipo de Casado para encabezar la lista en esta circunscripción.
En la provincia manchega solo se reparten tres escaños, por lo que los partidos tratan de conseguir un voto masivo y no fraccionado con otros partidos, ya que el reparto electoral penaliza en mayor medida que en escenarios más grandes.
En las elecciones de 2016, Rafael Catalá ya fue el elegido por los populares como número uno de estas listas. Un currículum político envidiable, con diversos cargos de responsabilidad dentro de las filas de la formación, le valieron entonces para convertirse en un peso pesado del partido. Pablo Casado, actual presidente del PP, elogió en su momento la mayor de las virtudes del político: sus influencias.
Virtud que se pone en cuarentena tras las informaciones que ElPlural.com ha publicado en exclusiva a lo largo de los últimos días. Una circunscripción con pocos electores y solo tres escaños, un tablero político donde muchos agentes tratarán de repartirse el botín y una decisión que puede afectar a los intereses del Partido Popular. Ellos lo saben, y Catalá también, que no dudó en afirmar que “Cuenca es una de las provincias donde fraccionar el voto más puede favorecer a Sánchez”.
La exclusiva de ElPlural.com
Este lunes ElPlural.com ha desvelaba en exclusiva que el exministro de Justicia y diputado del Partido Popular, Rafael Catalá, carece de la autorización del Congreso para realizar las actividades privadas que ha venido desarrollando desde que dejara el Gobierno de Mariano Rajoy con motivo de la moción de censura.
Según ha podido saber este periódico, Catalá se saltó la formalidad en uno de los procesos: su consulta a los letrados del Congreso sobre sus actividades paralelas en el sector privado se redujo a una “consulta oral” con un letrado. En otras palabras, a una conversación que sólo ha sido recordada por uno de los interlocutores.
Así lo han confirmado desde el Partido Popular en el Congreso tras hacerse público que Catalá carece del permiso de la Cámara Baja. La normativa vigente establece la necesidad de una autorización formal por parte tanto de la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, como de la Cámara Baja para poder compaginar su actividad como diputado con labores en el sector privado.
Tal y como explicamos en ElPlural.com, Catalá recibió el visto bueno de la Oficina de Conflicto de Intereses, tras lo cual solicitó en el Congreso el registro de sus actividades privadas: hasta cuatro puestos paralelos a su labor parlamentaria: es senior advisor del bufete inglés Herbert Smith Freehills.
En la inauguración del bufete que ahora le ha fichado
Precisamente Rafael Catalá protagonizó la inauguración del bufete Herbert Smith Freehills en España. El acto tuvo lugar el 15 de junio de 2015, recién nombrado ministro de Justicia. De su presencia queda rastro en internet gracias a un tuit del periodista y abogado Carlos García-León.
“En la inauguración de la nueva sede del bufete Herbert Smith con el ministro de Justicia, Rafael Catalá”, escribió García-León.
En su día, el Partido Popular defendió que no era irregular que el ministro Catalá inaugurase bufetes privados ante acusaciones por parte de Izquierda Unida de “conflicto de intereses”.
¿Conflicto de intereses?
Sea como fuere, lo que es innegable es la vinculación del bufete que ha fichado a Catalá y el accidente del tren de Angrois. Y es que según ha podido saber ElPlural.com, el bufete de abogados en el que trabaja Rafael Catalá, exministro de Justicia y diputado del Partido Popular, participó en la defensa de Adif y Renfe en el accidente ferroviario del pasado 24 de julio de 2013, en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas.
Al dirigente ya se le acusó en la comisión de investigación del siniestro de favorecer a los intereses clientelares del bufete, utilizando su puesto como secretario de Infraestructuras para presionar a Teresa Gómez Limón, excompañera de partido, y tratar de desvincular las causas del accidente de las operaciones del servicio de alta velocidad. Ahora, tras ser fichado por Herbert Smith Frehills, el interrogante cae sobre su propio peso: ¿Trató Catalá de proteger a Renfe y Adif, empresas defendidas por el bufete, del terrible descarrilamiento que acabó con la vida de 80 personas?
https://www.elplural.com/politica/el-pp-se-la-juega-en-la-circunscripcion-donde-presenta-al-fichado-catala_212877102
RAFAEL CATALÁ Y LA NORMATIVA SOBRE INCOMPATIBILIDADES DE LOS DIPUTADOS
Sus señorías tienen dedicación absoluta, sus trabajos privados han de ser aprobados por una Comisión y tienen obligación de declarar actividades
LOS GENOVESES Miércoles, 20 de marzo de 2019
La polémica sobre el diputado Rafael Catalá y sus vinculaciones con el sector privado está reguladas a través de varias normas. Aquí dejamos al lector un extracto de las mismas para que sin intermediarios profesionales puedan sacar sus propias conclusiones.
01. LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL
CAPÍTULO II
Incompatibilidades
Artículo ciento cincuenta y siete.
1. El mandato de los Diputados y Senadores se ejercerá en régimen de dedicación absoluta en los términos previstos en la Constitución y en la presente Ley.
2. En virtud de lo establecido en el apartado anterior, el mandato de los Diputados y Senadores será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarias o cualquier otra forma. En caso de producirse el pase a la situación administrativa o laboral que corresponda en aquéllos, deberá garantizarse la reserva de puesto o plaza y de destino, en las condiciones que determinen las normas específicas de aplicación.
El régimen de dedicación absoluta y de incompatibilidades previsto en esta Ley será aplicable sin que en ningún caso se pueda optar por percepciones o remuneraciones correspondientes a puestos o cargos incompatibles.
Artículo ciento cincuenta y nueve.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 157, el mandato de los Diputados y Senadores es incompatible con el desempeño de actividades privadas.
2. En particular, es en todo caso incompatible la realización de las conductas siguientes:
a) Las actividades de gestión, defensa, dirección o asesoramiento ante cualesquiera Organismos o Empresas del sector público estatal, autonómico o local, respecto de asuntos que hayan de resolverse por ellos, que afecten directamente a la realización de algún servicio público o que estén encaminados a la obtención de subvenciones o avales públicos. Se exceptúan las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho reconocido, realicen los directamente interesados, así como las subvenciones o avales cuya concesión se derive de la aplicación automática de lo dispuesto en una Ley o Reglamento de carácter general.
b) La actividad de contratista o fiador de obras, servicios, suministros y, en general, cualesquiera contratos que se paguen con fondos de Organismos o Empresas del sector público estatal, autonómico o local o el desempeño de puestos o cargos que lleven anejas funciones de dirección, representación, asesoramiento o prestación de servicios en Compañías o Empresas que se dediquen a dichas actividades
c) El desempeño de puestos o cargos que llevan anejas funciones de dirección, representación, asesoramiento o prestación de servicios en Empresas o Sociedades arrendatarias o administradoras de monopolios.
d) La prestación de servicios de asesoramiento o de cualquier otra índole, con titularidad individual o compartida, en favor de Organismos o Empresas del sector público estatal, autonómico o local.
e) La participación superior al 10 por 100, adquirida en todo o en parte con posterioridad a la fecha de su elección como Diputado o Senador, salvo que fuere por herencia, en Empresas o Sociedades que tengan contratos de obras, servicios, suministros o, en general, cualesquiera otros que se paguen con fondos de Organismos o Empresas del sector público estatal, autonómico o local.
f) Las funciones de Presidente del Consejo de Administración, Consejero, Administrador, Director general, Gerente o cargos equivalentes, así como la prestación de servicios en Entidades de Crédito o Aseguradoras o en cualesquiera Sociedades o Entidades que tengan un objeto fundamentalmente financiero y hagan apelación públicamente al ahorro y al crédito.
g) Y cualesquiera otras actividades que por su naturaleza sean incompatibles con la dedicación y las obligaciones parlamentarias contenidas en los respectivos Reglamentos
3. De la prohibición de ejercicio de actividades públicas y privadas a que se refieren el artículo 157.2 y el presente, se exceptúan tan sólo:
a) La mera administración del patrimonio personal o familiar. Sin embargo, en ningún caso tendrán esta consideración las actividades privadas cuando el interesado, su cónyuge o persona vinculada a aquél en análoga relación de convivencia afectiva y descendientes menores de edad, conjunta o separadamente, tengan participación superior al 10 por 100 en actividades empresariales o profesionales de toda índole que tengan conciertos, concesiones o contratos con Organismos o Empresas del sector público estatal autonómico o local.
b) La producción y creación literaria, científica, artística o técnica, así como las publicaciones derivadas de ellas, siempre que no se incurra en ninguno de los supuestos del artículo 157.2 o de los apartados 1 y 2 del presente artículo.
c) Las actividades privadas distintas de las recogidas en el apartado 2 de este artículo que serán autorizadas por la respectiva Comisión de cada Cámara, previa petición expresa de los interesados.
La solicitud y la autorización que se otorgue se inscribirán en el Registro de Intereses a que se refiere el artículo 160 de la presente Ley.
Artículo ciento sesenta.
1. Los Diputados y Senadores, con arreglo a las determinaciones de los respectivos Reglamentos de las Cámaras, están obligados a formular declaración de todas las actividades que puedan constituir causa de incompatibilidad conforme a lo establecido en esta Ley Orgánica y de cualesquiera otras actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, así como de sus bienes patrimoniales, tanto al adquirir corno al perder su condición de parlamentarios, así como cuando modifiquen sus circunstancias.
2. Las declaraciones sobre actividades y bienes se formularán por separado conforme a los modelos que aprobarán las Mesas de ambas Cámaras en reunión conjunta y se inscribirán en un Registro de Intereses, constituido en cada una de las propias Cámaras bajo la dependencia directa de sus respectivos Presidentes, a los efectos del presente artículo y a los que determinen los Reglamentos de las mismas Cámaras.
La declaración de actividades incluirá:
a) Cualesquiera actividades que se ejercieren y que puedan constituir causa de incompatibilidad, conforme al número 2 del artículo 159.
b) Las que, con arreglo a la Ley, puedan ser de ejercicio compatible.
c) En general, cualesquiera actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos.
El contenido del Registro de Intereses tendrá carácter público. Las Mesas de las Cámaras, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero de este apartado, acordarán el procedimiento para asegurar la publicidad.
La instrucción y la resolución de todos los procedimientos relativos al Registro de Intereses y a las actividades de los Diputados y Senadores, salvo lo previsto en los restantes apanados de este artículo y en el artículo 159.3, c), corresponderá al Presidente de cada Cámara.
3. El Pleno de la Cámara resolverá sobre la posible incompatibilidad, a propuesta de la Comisión correspondiente, que deberá ser motivada y, en el supuesto de actividades privadas, basarse en los casos previstos en el número 2 del artículo 159, y, si declara la incompatibilidad, el parlamentario deberá optar entre el escaño y el cargo, actividad, percepción o participación incompatible. En el caso de no ejercitarse la opción, se entiende que renuncia al escaño.
4. Declarada por el Pleno correspondiente la reiteración o continuidad en las actividades a que se refiere el apartado a) o en la prestación de servicios a que alude el apartado d), ambos del número 2 del artículo anterior, la realización ulterior de las actividades o servicios indicados llevará consigo la renuncia al escaño, a lo que se dará efectividad en la forma que determinen los Reglamentos de las Cámaras.
02. REGLAMENTO DEL CONGRESO
Artículo 18
Los Diputados estarán obligados a formular declaración de sus bienes patrimoniales en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Artículo 19
1. Los Diputados deberán observar en todo momento las normas sobre incompatibilidades establecidas en la Constitución y en la Ley Electoral.
2. La Comisión del Estatuto de los Diputados elevará al Pleno sus propuestas sobre la situación de incompatibilidad de cada Diputado en el plazo de veinte días siguientes, contados a partir de la plena asunción por el mismo de la condición de Diputado o de la comunicación, que obligatoriamente habrá de realizar, de cualquier alteración en la declaración formulada a efectos de incompatibilidades.
3. Declarada y notificada la incompatibilidad, el Diputado incurso en ella tendrá ocho días para optar entre el escaño y el cargo incompatible. Si no ejercitara la opción en el plazo señalado, se entenderá que renuncia a su escaño.
Artículo 20
1. El Diputado proclamado electo adquirirá la condición plena de Diputado por el cumplimiento conjunto de los siguientes requisitos:
1º. Presentar en la Secretaría General la credencial expedida por el correspondiente órgano de la Administración electoral.
2º. Cumplimentar su declaración de actividades en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
3º. Prestar, en la primera sesión del Pleno a que asista, la promesa o juramento de acatar la Constitución.
03. ACUERDO DE LAS MESAS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y DEL SENADO, DE 21 628/000005 (S) DE DICIEMBRE DE 2009, POR EL QUE SE APRUEBAN NORMAS EN MATERIA DE REGISTRO DE INTERESES.
1. El Registro de Intereses constituido en cada una de las Cámaras dependerá directamente de su Presidente, sin perjuicio de que su gestión administrativa corresponda a los órganos competentes de la respectiva Secretaría General.
2. La publicidad del Registro de Intereses de cada Cámara, de la que, conforme a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, queda excluido lo referido a bienes patrimoniales, se hará efectiva mediante la publicación en la sede electrónica de la Cámara de la que forma parte el Parlamentario de los siguientes elementos:
a) Un documento, elaborado por la Comisión competente, en el que consten las actividades declaradas y sobre las que haya recaído el acuerdo definitivo correspondiente.
b) Un anexo con los escritos presentados por los Parlamentarios en relación con sus actividades declaradas y sobre las que haya recaído el acuerdo definitivo correspondiente.
3. Para la elaboración del documento al que se refiere el apartado a) de la Norma 2, la Comisión competente en cada Cámara tendrá en cuenta los siguientes datos:
a) Las actividades declaradas por el Parlamentario, junto con las modificaciones y aclaraciones que sobre las mismas haya presentado a lo largo de su mandato y la mención, en su caso, de las renuncias declaradas;
b) La mención sobre compatibilidad recaída sobre las declaraciones presentadas, con la fecha del acuerdo del dictamen de la Comisión por el que se declara la compatibilidad y la fecha del acuerdo definitivo correspondiente.
Este documento se publicará en la sede electrónica de la Cámara correspondiente, en un formato que no sea susceptible de manipulación por terceros, una vez adoptado el acuerdo definitivo correspondiente.
4. Una vez finalizado el mandato del Parlamentario, las actividades declaradas mientras ostentaba la condición plena de Diputado o Senador sólo podrán hacerse públicas a través de un procedimiento de exhibición personal. La exhibición al interesado de las declaraciones de actividades de que se trate y de los acuerdos definitivos correspondientes se hará efectiva con sujeción a las siguientes reglas:
a) Corresponde a la Mesa de cada Cámara la autorización, en cada caso, al respectivo Secretario General para facilitar el acceso al Registro de intereses a quien, mediante escrito razonado de solicitud, acredite su interés;
b) Una vez acordada por la Mesa la autorización, la publicidad del Registro se hará efectiva mediante la exhibición al interesado, en presencia del funcionario competente, de fotocopia autenticada de la declaración o declaraciones a que se refiera la autorización, junto con el acuerdo o acuerdos definitivos recaídos en relación con ellas. Respecto de dichos documentos podrá tomarse notas, sin que sea posible fotocopiar o solicitar certificaciones.
c) En ningún caso se podrá autorizar la exhibición de declaraciones de actividades respecto de las cuales no se haya adoptado aún acuerdo definitivo de la Cámara, ni exhibir las declaraciones separadamente de los correspondientes acuerdos plenarios.
5. Las presentes normas entrarán en vigor el 1 de marzo de 2010. Queda derogado el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 18 de diciembre de 1995, en materia de Registro de Intereses.
https://www.elplural.com/politica/los-genoveses/rafael-catala-diputado-incompatibilidades-reglamento-norma-ley-dedicacion_212843102CUANDO CASADO ELOGIÓ LAS "INFLUENCIAS" DE CATALÁ
Destacó esta virtud del ministro de Justicia, un halago que ha adquirido un cariz diferente tras conocerse que trabaja en el sector privado sin autorización del Congreso
Este lunes ElPlural.com desveló en exclusiva que el exministro de Justicia y diputado del Partido Popular, Rafael Catalá, carece de la autorización del Congreso para realizar las actividades privadas que ha venido desarrollando desde que dejara el Gobierno de Mariano Rajoy con motivo de la moción de censura. Ocupa hasta cuatro cargos paralelos: es senior advisor del bufete inglés Herbert Smith Freehills. A esto suma su papel de miembro del Patronato de la Fundación Atlético de Madrid y del Patronato de la Fundación Legálitas. Tres puestos adicionales al que hay que añadir un cuarto, pues figura como abogado en ejercicio del Colegio de Abogados de Madrid. Un currículum envidiable hasta para Pablo Casado, quien en 2016 ya adelantó la pasta de que la estaba hecho Catalá destacando su mayor virtud: las “influencias”.
Corría junio de 2016. Primer día de campaña de cara a las elecciones generales del 26J. El actual presidente del PP, entonces vicesecretario de Comunicación, compartió toda la jornada con el ministro. Por la mañana ambos lideraron un acto en Ávila, provincia por la que es diputado Casado; y por la tarde, en Cuenca, donde Catalá repetirá como cabeza de lista.
Durante el acto en la capital conquense, Casado destacó una virtud de Catalá: “Es una persona que tiene influencia”. Unas dulces y cariñosas palabras que, sin duda, han adquirido un cariz diferente con el tiempo.
Y es que, Casado no se equivocaba. Apenas tres meses aproximadamente después de dejar el Gobierno, Catalá comunicó a la Oficina de Conflicto de Intereses su intención de desempeñar hasta cuatro actividades de calado en el sector privado. La Oficina, dependiente del Ministerio de Hacienda, le dio su beneplácito el 26 de noviembre. Sin embargo, Catalá aún no estaba autorizado para desempeñarlas. Tal y como establece la normativa, requiere también del consentimiento expreso del Congreso de los Diputados, aprobación que aún no tiene.
Catalá registró en la Cámara Baja el 29 de octubre de 2018 una solicitud para modificar su declaración de Actividades. Tras este paso, la Comisión del Estatuto debe decidir sobre ello y el fallo final debe ser votado por el pleno del Congreso. Y todo previo informe de los letrados.
En este sentido, el PP ha admitido a ElPlural.com que “no hay nada escrito”, ningún documento formal que acredite la consulta de Catalá a los letrados. De hecho, esta consulta solo se realizó de forma “verbal”. Según las fuentes consultadas, durante una conversación el letrado le aseguró que “no habría problema”.
https://www.elplural.com/politica/cuando-casado-elogio-las-influencias-de-catala_212839102
CATALÁ INAUGURÓ COMO MINISTRO DE JUSTICIA LA SEDE DEL BUFETE QUE LE HA FICHADO
El dirigente del Partido Popular acudió para “apoyar” a los profesionales del despacho de abogados
Este lunes ElPlural.com ha desvelado en exclusiva que el exministro de Justicia y diputado del Partido Popular, Rafael Catalá, carece de la autorización del Congreso para realizar las actividades privadas que ha venido desarrollando desde que dejara el Gobierno de Mariano Rajoy con motivo de la moción de censura.
Según ha podido saber este periódico, Catalá se saltó la formalidad en uno de los procesos: su consulta a los letrados del Congreso sobre sus actividades paralelas en el sector privado se redujo a una “consulta oral” con un letrado. En otras palabras, a una conversación que sólo ha sido recordada por uno de los interlocutores.
Así lo han confirmado desde el Partido Popular en el Congreso tras hacerse público que Catalá carece del permiso de la Cámara Baja. La normativa vigente establece la necesidad de una autorización formal por parte tanto de la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, como de la Cámara Baja para poder compaginar su actividad como diputado con labores en el sector privado.
Tal y como explicamos en ElPlural.com, Catalá recibió el visto bueno de la Oficina de Conflicto de Intereses, tras lo cual solicitó en el Congreso el registro de sus actividades privadas: hasta cuatro puestos paralelos a su labor parlamentaria: es senior advisor del bufete inglés Herbert Smith Freehills. A esto suma su papel de miembro del Patronato de la Fundación Atlético de Madrid y del Patronato de la Fundación Legálitas. Tres puestos adicionales al que hay que añadir un cuarto; pues figura como abogado en ejercicio del Colegio de Abogados de Madrid.
En la inauguración del bufete que ahora le ha fichado
Precisamente Rafael Catalá protagonizó la inauguración del bufete Herbert Smith Freehills en España. El acto tuvo lugar el 15 de junio de 2015, recién nombrado ministro de Justicia. De su presencia queda rastro en internet gracias a un tuit del periodista y abogado Carlos García-León.
“En la inauguración de la nueva sede del bufete Herbert Smith con el ministro de Justicia, Rafael Catalá”, escribió García-León.
En su día, el Partido Popular defendió que no era irregular que el ministro Catalá inaugurase bufetes privados ante acusaciones por parte de Izquierda Unida de “conflicto de intereses”.
En concreto, el PP defendió que “entre las obligaciones de Rafael Catalá" estaba la de “escuchar" al sector de la Justicia y "apoyar" a todos sus profesionales. De este modo, apuntaban que para "el buen desarrollo de las políticas de Justicia" es importante conocer la demandas del sector y, por lo tanto, "participar en sus actos y en aquellos encuentros que faciliten acercar las demandas del sector al Ministerio de Justicia". Y en Génova acompañaban esta explicaciones con un listado de los actos de despachos y empresas a los que había asistido Catalá desde septiembre de 2014.
Fueron cuatros las veces que asistió a la inauguración de un bufete: la nueva sede de Herbert Smith Freehills Spain, en junio de 2015, la de Carlos Cuesta Abogados y Asesores Financieros, la de las oficinas de Eversheds Nicea, y la de G.C. Legal. Mientras los sindicatos y asociaciones judiciales criticaban que el ministro visitase más bufetes privados que los juzgados de los cuales él era responsable.
https://www.elplural.com/politica/catala-inauguro-como-ministro-de-justicia-la-sede-del-bufete-que-le-ha-fichado_212831102
LA VINCULACIÓN DEL BUFETE QUE HA FICHADO A CATALÁ Y EL ACCIDENTE DEL TREN DE ANGROIS
La aseguradora de Adif y Renfe contrató a Herbert Smith Frehills para recurrir el auto judicial del caso Alvia
Según ha podido saber ElPlural.com, el bufete de abogados en el que trabaja Rafael Catalá, exministro de Justicia y diputado del Partido Popular, participó en la defensa de Adif y Renfe en el accidente ferroviario del pasado 21 de enero de 2013, en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas.
Además de prestar sus servicios como senior advisor en el bufete sin contar con la autorización necesaria del Congreso para compaginar sus funciones públicas y privadas, ominosas circunstancias unen el pasado de Rafael Catalá, Herbert Smith Frehills y el caso Alvia.
El fatídico accidente tuvo lugar cuando el dirigente popular ejercía como Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Tal y como denunciaron Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicano de Catalunya (ERC) y Alexandra Fernández, homóloga en En Marea, en la comisión de investigación del caso el pasado enero, Catalá habría utilizado su poder para tratar de despejar el foco del debate de las responsabilidades de las empresas de alta velocidad a las que representaba el bufete al que actualmente pertenece.
ElPlural.com ha podido saber de primera mano que este despacho de abogados fue contratado por QBE, aseguradora de Renfe y Adif en el momento del accidente que recurrió el auto judicial, como refuerzo para participar en la defensa de las operadoras ferroviarias implicadas en el siniestro.
Ya en su momento, desde su puesto como secretario de Fomento, alegó que el accidente no tenía nada que ver con la alta velocidad. Falta a la verdad que ahora le salpica, ya que Herbert Smith Frehills protege los intereses del tratado de alta velocidad entre España y la Meca. El actual cabeza de lista por Cuenca se enfrenta así a acusaciones de utilizar su poltrona particular para beneficiar los intereses clientelares del bufete de abogados al que a día de hoy asesora sin el consentimiento de la cámara.
Jesús Domínguez, presidente de la Asociación de Víctimas del Alvia, ha comentado en declaraciones a ElPlural.com qué le parece la actuación de Catalá al frente de la secretaría de Infraestructuras: “Él presionó a Teresa López Limón, dijo que mentía. Esta es la puerta giratoria de la vergüenza”, denuncia.
“Llegó a decir que no se trataba de alta velocidad para proteger los negocios del bufete. La propia Audiencia Provincial, el Boletín oficial del Estado y la Unión Europea desmintieron su premisa, haciendo evidente que a Catalá le preocupaban más los negocios que aclarar la verdad de lo sucedido”, nos cuenta Domínguez, antes de añadir que el actual diputado “ha recogido ahora los frutos de esa defensa a ultranza”. “80 muertos y 144 heridos que le dan igual. A él y a su partido, que luego lo premió haciéndolo ministro de Justicia”, se queja el presidente de la asociación.
"Hasta al menos el 6 de octubre, el bufete encargado era DAC Beachcroft, y desde, al menos, el 6 de noviembre de 2014, pasa a Herbert Smith Freehills", nos confirma Domínguez.
Denunciado por Gabriel Rufián y Alexandra Fernández
El pasado 21 de enero, en la comisión de investigación sobre el accidente del ferrocarril Alvia en Santiago de Compostela en 2013, que ocasionó 80 muertes y 144 heridos, Gabriel Rufián preguntó a Catalá sobre su papel como Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. El dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) aprovechó su intervención para preguntar al popular sobre las presiones ejercidas tanto al maquinista, al que trataron de echar toda la culpa de lo sucedido, como a Teresa López Limón, excompañera de partido que denunció la coacción recibida para no culpar ni a la operadora Renfe ni Adif de lo sucedido.
Graves acusaciones que cobran sentido. Una puerta giratoria evidente en la que los intereses particulares de Catalá pudieron ir en contra de sus responsabilidades como secretario de Fomento. Esto al menos fue lo que ya denunció el representante de ERC que, tratando de unir los hilos, presiones y posteriores contrataciones dejó sobre el papel la relación bilateral de Catalá con lo sucedido. “Esto es una puerta giratoria como una casa de payés”, denunciaba el político catalán.
Pero no sería el único que aprovecharía la comparecencia de Catalá para sacar a relucir el supuesto oscurantismo de sus decisiones. Alexandra Fernández, diputada por En Marea, también relacionó directamente al político popular con Adif. La diputada, además, aprovechó para decir a Catalá que seguro que le iría muy bien en la empresa privada, aunque, puntualizó, a costa de “cargar con 80 muertos”.
Trabajos privados sin declarar
Tal y como ha publicado este lunes en exclusiva ElPlural.com, Rafael Catalá no cuenta con la autorización necesaria para realizar los trabajos privados en los que ha ido recalando desde que se viera obligado a dejar el Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy.
Para poder compaginar la actividad privada con las funciones parlamentarias, Catalá debe contar con la autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses, la del Congreso de los Diputados y la ratificación parlamentaria de la misma. Un proceso necesario para todos aquellos diputados y senadores que quieran compaginar la labor pública con otros trabajos en el sector privado.
El exministro cuenta con cuatro trabajos y un folio en blanco en su declaración de actividades. A pesar de no cumplir con el proceso necesario para no caer en una incompatibilidad de funciones, Catalá trabaja como senior advisor del bufete de abogados Herbert Smith Frehills, miembro del Patronato de la Fundación Atlético de Madrid y del Patronato de la Fundación Legálitas y como abogado del Colegio de Abogados de Madrid
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https://www.elplural.com/politica/la-vinculacion-del-bufete-que-ha-fichado-a-catala-y-el-accidente-del-tren-de-angrois_212832102
EL PP DICE QUE CATALÁ OBTUVO UNA AUTORIZACIÓN "VERBAL" DE LOS LETRADOS DEL CONGRESO
El exministro del PP trabaja en el sector privado sin el visto bueno de la Cámara Baja
Este lunes ElPlural.com ha desvelado en exclusiva que el exministro de Justicia y diputado del Partido Popular, Rafael Catalá, carece de la autorización del Congreso para realizar las actividades privadas que ha venido desarrollando desde que dejara el Gobierno de Mariano Rajoy con motivo de la moción de censura. Según ha podido saber este periódico, Catalá se saltó la formalidad en uno de los procesos: su consulta a los letrados del Congreso sobre sus actividades paralelas en el sector privado se redujo a una “consulta oral” con un letrado. En otras palabras, a una conversación.
Así lo han confirmado desde el Partido Popular en el Congreso tras trascender que Catalá carece del permiso de la Cámara Baja. La normativa vigente establece la necesidad de una autorización formal por parte tanto de la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, como de la Cámara Baja para poder compaginar su actividad como diputado con labores en el sector privado.
El PP admite que "no hay nada escrito" y que la consulta de Catalá a los letrados del Congreso fue "verbal"
Tal y como explicamos en ElPlural.com, Catalá recibió el ‘ok’ de la Oficina de Conflicto de Intereses, tras lo cual, solicitó en el Congreso el registro de sus actividades privadas: hasta cuatro puestos paralelos a su labor parlamentaria: es senior advisor del bufete inglés Herbert Smith Freehills. A esto suma su papel de miembro del Patronato de la Fundación Atlético de Madrid y del Patronato de la Fundación Legálitas. Tres puestos adicionales al que hay que añadir un cuarto, pues figura como abogado en ejercicio del Colegio de Abogados de Madrid.
Una vez registrada la solicitud, paso que sí dio el exministro, la Comisión del Estatuto debe decidir sobre ello y el fallo final debe ser votado por el pleno del Congreso. Y todo previo informe de los letrados.
En este sentido, el PP ha admitido a ElPlural.com que “no hay nada escrito”, ningún documento formal que acredite la consulta de Catalá a los letrados. De hecho, esta consulta solo se realizó de forma “verbal”. Según las fuentes consultadas, durante una conversación el letrado le aseguró que “no habría problema”.
Entre los documentos que el Partido Popular ha remitido a este diario figura la autorización de la Oficina de Conflicto de Intereses, fechado a 26 de noviembre. Asimismo, se incluye el registro de la solicitud para actualizar su declaración de Actividades, que a día de hoy continúa en blanco.
https://www.elplural.com/politica/el-pp-dice-que-catala-obtuvo-una-autorizacion-verbal-de-los-letrados-del-congreso_212822102
EL REGISTRO DE ACTIVIDADES PRIVADAS DE CATALÁ ESTÁ EN BLANCO
El exministro de Justicia y diputado del PP no ha declarado ninguna de sus actividades privadas en el Congreso, tal y como figura en la web
Este lunes ElPlural.com ha desvelado en exclusiva que el exministro de Justicia y diputado del Partido Popular, Rafael Catalá, carece de la autorización del Congreso para realizar las actividades privadas que ha venido desarrollando desde que dejara el Gobierno de Mariano Rajoy con motivo de la moción de censura.
Y es que, además de su cotizado puesto como diputado y presidente de la Comisión de Interior, y de su puesto en el Comité Ejecutivo del PP -la cúpula de la Génova de Pablo Casado-, Catalá tiene otros cuatro empleos que, además, no aparecen en su declaración de actividades, la cual lleva sin renovar desde julio de 2016, nada más ser elegido como diputado por Cuenca.
Pues bien, no solo es que no haya obtenido la autorización del Congreso, es que su registro de Actividades aparece completamente en blanco.
https://www.elplural.com/politica/el-registro-de-actividades-privadas-de-catala-esta-en-blanco_212804102
CATALÁ TRABAJA EN EL SECTOR PRIVADO SIN AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO
El exministro de Justicia y diputado tiene varias puertas giratorias personalizadas: abogado, consejero en el Atlético de Madrid y en Legálitas
LOS GENOVESES Lunes, 18 de marzo de 2019
El exministro de Justicia y diputado del Partido Popular, Rafael Catalá, carece de la autorización del Congreso para realizar las actividades privadas en las que ha ido recalando desde que se viera obligado a dejar el Gobierno, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Un permiso obligatorio para todos aquellos diputados y senadores que quieran compaginar la labor parlamentaria con otros trabajos en el sector privado.
En la actualidad, al margen de su cotizado puesto como diputado y presidente de la Comisión de Interior, y de su puesto en el Comité Ejecutivo del PP -la cúpula de la Génova de Pablo Casado-, Catalá tiene otros cuatro empleos que, además, no aparecen en su declaración de actividades, la cual lleva sin renovar desde julio de 2016, nada más ser elegido como diputado por Cuenca.
Catalá fue uno de los primeros ministros de Rajoy que se apuntó a la moda de fichar por bufetes privados, como la semana pasada hizo la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, con su polémica incorporación al bufete Cuatrecasas. En su caso, Catalá es senior advisor del bufete inglés Herbert Smith Freehills. A esto suma su papel de miembro del Patronato de la Fundación Atlético de Madrid y del Patronato de la Fundación Legálitas. Tres puestos adicionales al que hay que añadir un cuarto, pues figura como abogado en ejercicio del Colegio de Abogados de Madrid.
Catalá se queda de diputado
Catalá, para progresar adecuadamente en su trayectoria profesional, desde que ha tenido uso de razón administrativa y mercantil, ha hecho lo inimaginable para estar en el lugar y en el momento adecuado. Con ese instinto de supervivencia que le caracteriza, tras su cese imprevisto por la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, lo primero que hace es continuar como diputado.
Esa condición le hace aforado, pero debe renunciar a la indemnización por cese de actividad que podía haber percibido durante dos años, una especie de paro para altos cargos. La explicación está en que sabe que, tras la dimisión de Rajoy como presidente del PP, se elegirá un sustituto que podría integrarle en su nueva dirección. Su apuesta es por la candidatura de María Dolores Cospedal, su hada madrina manchega, quien tras perder las primarias se aliaría con Pablo Casado y contra Sáenz de Santamaría.
La victoria de Casado supone que Catalá entre en el Comité Ejecutivo Nacional que preside Pablo Casado. Desde entonces allí sigue y de propina acaba de ser designado una vez más cabeza de cartel para las elecciones generales por la circunscripción de Cuenca.
La suerte le sigue sonriendo y poco tiempo después de anunciar que sigue de diputado, el 18 de septiembre es elegido presidente de la Comisión de Interior. Para sus finanzas y comodidad logística no es un hecho menor. Su elección le supone un importante incremento en sus retribuciones, dado que los presidentes de Comisión cobran un plus de 1.512,22 euros cada mes.Cargos en el sector privado
Pero no contento con ello, Catalá quiere más y ahí es donde surgen los problemas. Apenas cinco meses después de abandonar el gobierno, y una vez que comprueba que está cómodamente asentado en el Congreso, solicita a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, la autorización para ejercer la actividad privada, sin esperar a los dos años siguientes a la fecha de su cese, tal como establece el artículo 15 de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Un mes después de solicitarlo, fue autorizado el 26 de noviembre del 2018 al entender la responsable de la Oficina de Conflictos que sus nuevos trabajos en entidades privadas no se han visto afectados por decisiones en las que haya podido participar durante su etapa como ministro de Justicia. Es ahí donde Catalá hace públicos sus cuatro empleos paralelos: abogado, senior advisor en un bufete inglés y Patrono en el Atlético de Madrid y en Legálitas.
Sin embargo, no consta que el exministro haya hecho el trámite obligatorio ante el Congreso, donde sigue siendo diputado a todos los efectos pese a la disolución de las Cortes, dado que forma parte como titular de la Diputación Permanente del Congreso. Pincha aquí para consultar la normativa vigente sobre incompatibilidades de los diputados.
Ni en la declaración, ni aprobadas en Pleno
Rafael Catalá lleva sin actualizar su declaración de actividades desde 2016, donde informa que es ministro de Justicia y que por ello ha cobrado 50.760,58 euros al año. Una declaración que fue dictaminada por la Comisión del Estatuto el 23 de febrero del 2017 y por el Pleno del Congreso el 29 de junio de ese mismo año. Votaron a favor la mayoría de los Grupos Parlamentarios con la abstención del PSOE.
A diferencia de la Oficina de Conflicto de Intereses de la Administración, no consta en la web del Congreso que Catalá haya presentado una ampliación de su inicial declaración de actividades tras su dimisión como ministro. Como tampoco consta que, de haberlo hecho, esta haya sido aprobada por la Comisión del Estatuto del Diputado y por el Pleno del Congreso.
Y eso que son varios los diputados que desde el 1 junio del 2018 sí han presentado declaración de actividades. En algunos casos han sido dictaminadas por la Comisión del Estatuto (16 de octubre) y aprobadas por el Pleno (25 de octubre) y en otros, las que van desde noviembre del 2018 hasta febrero del 2019, no han podido ser ni dictaminadas, ni aprobadas, por haber decaído tras la disolución anticipada de las Cortes.
En consecuencia y a la vista de todo lo anterior se puede afirmar que sus nuevas actividades remuneradas en el sector privado no han sido autorizadas por el Congreso de los Diputados lo que sitúa a Catalá en un difícil posición legal y ética que en cualquier otro país de la UE se saldaría con su dimisión.
https://www.elplural.com/politica/los-genoveses/rafael-catala-trabajos-sector-privado-sin-autorizacion-del-congreso_212743102EL EXMINISTRO RAFAEL CATALÁ VOLVERÁ A ENCABEZAR LA CANDIDATURA AL CONGRESO DEL PP EN CUENCA
El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Vicente Tirado, será el número 1 por Toledo, el puesto que ocupaba Dolores de Cospedal
Se han confirmado los nombres en Ciudad Real (Rosa Romero), Albacete (Carmen Navarro) y Guadalajara (Silvia Valmaña)
El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Vicente Tirado, encabezará la lista al PP por Toledo al Congreso en las elecciones generales del 28 de abril, según han informado fuentes de la dirección nacional de la formación.
De esta forma, Tirado sustituye a la exministra de Defensa y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que encabezó la lista por Toledo a la Cámara Baja en los comicios del 26 de junio de 2016.
Fuentes del PP han señalado que por Cuenca encabezará la lista el exministro Rafael Catalá, Rosa Romero lo hará por Ciudad Real, Silvia Valmaña por Guadalajara y Carmen Navarro por Albacete. Los cuatro ya fueron cabeza de cartel hace tres años en esas circunscripciones.
https://www.eldiario.es/clm/Rafael-Catala-Congreso-PP-Cuenca_0_878063096.html
GABRIEL RUFIÁN ACUSA A RAFAEL CATALÁ DE HABER CRUZADO “UNA PUERTA GIRATORIA COMO UNA CASA” Y EL EXMINISTRO NO LO NIEGA
El exministro de justicia, exsecretario de estado de infraestructuras en el momento del accidente del Alvia, ha comparecido en la comisión parlamentaria de investigación del siniestro pocos días después de que se haga público su fichaje por un bufete de abogados que trabaja para la Alta Velocidad española.
La comparecencia del exministro de Justicia Rafael Catalá en la comisión parlamentaria de investigación del accidente del Alvia del 24 de julio de 2013, en el que fallecieron 81 personas y 144 resultaron heridas, se ha hecho esperar y finalmente se ha producido pocos días después de que se haga público su fichaje por Herbert Smith Freehills, el despacho de abogados de referencia en el asesoramiento de los proyectos más ambiciosos para la construcción de ferrocarriles de alta velocidad.
Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en dicha comisión, le ha recordado sus declaraciones del 29 de julio de 2013, 5 días después del siniestro: “El accidente fue gravísimo pero no fue de alta velocidad, como algunos dañinamente están diciendo”.
En aquella comparecencia Catalá, entonces número dos del Ministerio de Fomento, contestó así a un periodista que le preguntó si corría peligro la opción española en el concurso para la alta velocidad en Brasil: “En el concurso de Brasil hay una cláusula que estipula expresamente que no se pueden presentar empresas que hayan tenido accidentes de alta velocidad en los últimos cinco años. Nosotros tenemos que ser muy firmes en que no ha sucedido esto. Si no podríamos quedar fuera del concurso.”
Catalá ha vuelto a cargar toda la responsabilidad en los técnicos y no ha dicho nada sobre los carteles y los anuncios de ADIF y Renfe que denominaban a esta línea “Alta Velocidad”, ni de las declaraciones de José Blanco y de Núñez Feijoo asegurándolo en el momento de la inauguración de la línea, cuando eran ministro de Fomento y presidente de la Xunta, respectivamente.
Rufián, también le ha leído las declaraciones de Teresa Gómez Limón, diputada del PP que fue víctima del accidente: “Catalá me llamó después de ocho días en la uvi. Me presionó para que no hablara mal de Renfe y toda mi familia fue testigo de eso. Me dijo que cómo era posible que una diputada del PP pudiera decir las cosas que estaba diciendo y lo hizo, además, en un momento en que yo estaba muy enferma, muy vulnerable”. El compareciente ha afirmado conocer dicha declaración, que todavía le “duele” y la ha tildado de “incierta”, aunque ha reconocido esa llamada de teléfono. “Todas las llamadas eran de afecto, de solidaridad, de qué podemos hacer para ayudaros…”.
El portavoz de los republicanos también le ha preguntado por Herbert Smith Freehills y el exministro, después de negar que esta agencia le haya fichado, ha reconocido que trabaja para el consejo asesor de esa firma, autorizado por la Oficina de Conflictos de Interés, según su declaración. Hay que recordar que Catalá sigue siendo diputado por el PP y presidente de la Comisión de Interior, desde septiembre del año pasado. Después de cierto rifirrafe, Rufián le ha preguntado contundente: “¿Esta firma está especializada en asesorar al consorcio español en alta velocidad desde lo que está haciendo en nuestro país hasta la Meca? ¿Sí o no?”. “No lo sé, exactamente”, ha sido su respuesta. “Pero creo que sí”, ha añadido después.
En su defensa ante las insinuaciones de Rufián, el exministro y ex secretario de Estado de Infraestructuras ha afirmado con ironía: “Tengo ciertas capacidades pero no tenía la de ver el futuro con cinco años y medio de antelación”; negando de ese modo el hecho de que sigue sosteniendo (hoy mismo lo ha vuelto a hacer- que el accidente no fue debido a la velocidad alta del tren, a pesar del fraude que eso implica.
A su respuesta, Rufián ha contestado categórico: “¿Sabe que pasa? Que esto es una puerta giratoria como una casa de payés, que se dice en mi pueblo. Y usted se puede poner ahora como quiera y sus compañeros lo pueden blanquear como quieran, pero esto se llama puerta giratoria y en un caso como éste es aún más grave”.
El exministro no ha contestado a esta acusación directa y Rufián ha terminado su intervención recordando que se comprometió con las víctimas a hacerles llegar a José Blanco, Ana Pastor y al propio Catalá sus preguntas y así lo ha hecho: “El señor Domínguez me pidió que le dijera si tenía pensado pedir perdón; la señora Cristina Liras me pidió que le dijera que si algún día piensa explicar lo que no dejó investigar y la señora María Concepción Díaz me pidió que le dijera si habría actuado igual si hubiera tenido a alguien en ese tren”.
Catalá no ha respondido a la acusación clara de Rufián y sobre las cuestiones de las víctimas se ha limitado a declarar: “Pues yo creo que habría actuado exactamente igual”, ha defendido la oficina de atención a las víctimas y ha señalado que tuvieron detrás a “todo un país” apoyándolas. Sobre si pedirá perdón ha afirmado que a él “no se le caen los anillos” […] “Si toca, no tendré ningún inconveniente. No me parece que sea nada que me deje en peor posición pedir perdón si hubo alguna cuestión que justifique esa petición de perdón”, ha dicho para cerrar y después se ha bebido un buen vaso de agua enterito.
Durante su declaración a lo largo de la mañana, también ha negado que nadie de su departamento cargara contra el maquinista. “Lo he leído pero no se puede afirmar con rigor intelectual”, ha dicho, poniendo directamente en duda una información de La vanguardia. “Se dijo de todo. Pero ningún responsable del ministerio trasladó la responsabilidad al maquinista”, ha asegurado. También ha defendido a la CIAF y su independencia, a pesar de los informes de la Unión Europea que la niegan sin paliativos.
https://www.publico.es/politica/comision-alvia-gabriel-rufian-acusa-rafael-catala-haber-cruzado-puerta-giratoria-casa-exministro-no-niega.html
CATALÁ RECHAZA LA EXISTENCIA DE UNA PUERTA GIRATORIA TRAS SU FICHAJE POR LA FIRMA QUE DEFIENDE A LA ASEGURADORA DE RENFE Y ADIF
La diputada Alexandra Fernández recuerda que el bufete de abogados Herbert Smith Freehills, donde acaba de entrar Rafael Catalá, defiende a la aseguradora de Renfe y Adif en el accidente de Angrois
El exministro y ex secretario de Estado de Infraestructura asegura contar con el aval de la Oficina de Conflictos de Intereses
"¿Qué es Herbert Smith Freehills?". Con esta pregunta ha interpelado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, al exministro y ex secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, durante la comisión de investigación que analiza las circunstancias en las que se produjeron el accidente de Angrois en julio de 2013. "Una firma de abogados de origen inglés que tiene sede en España", ha respondido el exministro, quien finalmente ha confirmado su pertenencia a la misma desde enero del presente año. Pese a tratarse de una empresa especializada en asesorar al consorcio español en alta velocidad y la "firma de abogados que defiende a la aseguradora de Renfe y Adif en el accidente de Angrois", el conservador ha rechazado tajantemente la existencia de una puerta giratoria y de un conflicto de intereses con su entrada en el bufete.
"¿No le chirría a usted que sea fichado por este bufete de abogados especializado en alta velocidad y que usted niegue desde el minuto uno que [el tren accidentado] sea de alta velocidad?", ha lanzado el diputado, para a continuación recalcar que se trata de "una puerta giratoria como una casa" que en este contexto resulta "aún más grave". Al respecto, Catalá se ha limitado a señalar que sus primeras declaraciones asumiendo que el tren no era de alta velocidad datan del año 2013, mientras que su fichaje en la firma apenas tiene un mes. Además, ha insistido en subrayar que cuenta con el aval de la Oficina de Conflictos de Intereses.
Alexandra Fernández, diputada de En Marea, le ha preguntado si "éticamente cree que hay un conflicto de intereses". Catalá ha vuelto entonces a desvincular sus declaraciones de 2013 con su actividad profesional de 2019. "Las leyes son muy exigentes, los plazos, los tiempos, los he cumplido sobradamente", de manera que "no hay ninguna incompatibilidad formal", ha reiterado.
También Catalá ha asegurado que desde el Ministerio de Fomento en ningún momento se trasladó la responsabilidad del siniestro al maquinista y ha destacado que siempre respetaron desde el ministerio la investigación judicial y técnica por lo que no quisieron anticipar orígenes y causas. Durante su intervención, recoge Europa Press, ha vuelto a recalcar que el tren no funcionaba con los estándares de alta velocidad. "A nosotros nos dijeron los técnicos que un sistema de alta velocidad se compone de elementos como un tipo de vías, formación, etc., y el 24 de julio no funcionaba en modo de alta velocidad; y eso fue lo que dijimos", ha apostillado.
En este punto, ha señalado que hoy actuaría igual que lo hizo en ese momento y ha subrayado que se pusieron en marcha "las capacidades del departamento para que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) hiciera bien su trabajo". Preguntado sobre si pedirá perdón a las víctimas por su actuación, ha señalado que puesto que hay procesos abiertos sobre el accidente, cuando se conozcan sentencias y conclusiones, quien deba pedir perdón deberá hacerlo.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/01/21/catala_rechaza_las_acusaciones_puerta_giratoria_tras_fichaje_por_una_firma_especializada_alta_velocidad_91006_1012.html
EL EXMINISTRO CATALÁ FICHA POR UN DESPACHO DE ABOGADOS QUE CONTRATÓ EL GOBIERNO DEL PP
El exministro de Justicia y diputado del PP, Rafael Catalá, vuelve al sector privado cuando no han pasado ni seis meses de la moción de censura que tumbó el gobierno de Mariano Rajoy. Curiosamente el exministro se incorporará al despacho de abogados Herbert Smith Freehills, despacho que en enero pasado renovó uno de sus contratos clave con el Estado: el asesoramiento del gobierno español en los pleitos que mantiene con inversores internacionales por los recortes en el sector de las renovables, según informa el diario a La Información.
El enero pasado el ministro de Energía Álvaro Nadal adjudicó en el despacho donde se incorpora ahora Rafael Catalá el contrato de asesoramiento a la Abogacía del Estado, contrato que tiene una duración de 27 meses y fija cada hora de trabajo en 300 euros. El contrato, negociado por la vía urgente y sin publicidad, está valorado en 1,18 millones de euros. El anterior contrato, con fecha de octubre del 2011, tenía una duración de cuatro años y estaba valorado en 2,8 millones de euros.
Catalá no se incorporará coma socio, sino como miembro del comité asesor. No tendrá exclusividad, ni relación directa con los clientes, hecho que le permitirá mantener su acta de diputado.
https://www.elnacional.cat/es/politica/catala-ficha-por-un-despacho-de-abogados-que-contrato-el-gobierno-del-pp_319737_102.htmlEl exministro destaca la independencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, cuestionada por la agencia europea, en el siniestro que dejó 80 muertos en Santiago
“El Ministerio de Fomento en ningún momento trasladó la responsabilidad del accidente del Alvia en Angrois al maquinista”. Así lo ha manifestado este lunes Rafael Catalá (secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento en el momento en que tuvo lugar el accidente) durante su intervención en la comisión que investiga en el Congreso el accidente ferroviario ocurrido en Santiago en julio de 2013 y que dejó 80 muertos y 140 heridos. El ex secretario de Estado y exministro ha defendido además la independencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), cuestionada recientemente por un cargo de Fomento, así como del juez instructor en el accidente del Alvia de Santiago y ha negado instrucciones políticas para adelantar plazos de la infraestructura. Junto a ello ha destacado que desde Fomento siempre se respetó la investigación judicial y técnica.
“Los técnicos nos dijeron que un sistema de alta velocidad se compone de elementos como un tipo de vías, formación, etc., y el 24 de julio no funcionaba en modo de alta velocidad; y eso fue lo que dijimos”, apostilló Catalá.
El exsecretario de Estado de Infraestructuras reivindicó además la gestión realizada desde Fomento los días posteriores al accidente, motivada, precisó, “por el máximo interés en ayudar a las víctimas” y con el objetivo de “investigar lo ocurrido para evitarlo en el futuro".
No obstante, Catalá tuvo que hacer frente a las preguntas formuladas por la portavoz de En Marea, Alexandra Fernández, relativas a los “bloqueos sistemáticos” de la investigación judicial y a sus supuestos conflictos de intereses por asesorar actualmente a la firma de abogados que defiende ala aseguradora de Renfe y Adif en esta causa.
La diputada consideró de especial importancia “saber si alguien pudo labrarse un futuro en la empresa privada demorando la investigación”, toda vez que, puntualizó, “cada vez que el juez imputaba [a un cargo de Adif o Renfe], la Audiencia desimputaba, hasta que se cambia el juez y solo imputa al maquinista”. Junto a ello, la representante de En Marea preguntó al compareciente si no consideraba que al ser nombrado ministro de Justicia posteriormente al accidente incurrió igualmente en un “amplio conflicto de intereses”.
“Su fin es desacreditarme pero el régimen de incompatibilidades es el que contemplan las leyes y por tanto no hay ninguna incompatibilidad formal”, en ninguno de los casos, respondió el exministro que aseguró también, en respuesta a otra pregunta de la diputada, que está “convencido” de que siempre hubo independencia judicial e independencia en la CIAF, adscrita a Fomento, cuyo informe fue, no obstante, criticado por la Agencia Ferroviaria Europea que lo tildó de “demasiado flojo” cuestionando la independencia de la propia CIAF y deshaciendo el relato construido por el Gobierno de Mariano Rajoy, con Catalá al frente de Justicia.https://elpais.com/politica/2019/01/21/actualidad/1548086839_641246.html
ENRIQUE CEREZO FICHA A CATALÁ, EL MINISTRO DE JUSTICIA AL QUE RECURRIÓ PARA SOLUCIONAR SUS PROBLEMAS JUDICIALES
El empresario acordó con Ignacio González recurrir al ministro para tratar de frenar la investigación del caso Ático y ahora lo incorpora al Atlético de Madrid
Cerezo y Catalá hablaban a menudo del avance de la investigación, según dijo el empresario:"No se lo tengo que decir, siempre lo recuerda él"
El exministro, aún diputado, ha recibido autorización de la Oficina de Conflicto de Intereses para entrar como patrono a la Fundación del club de fútbol
Rafael Catalá, hasta hace unos meses ministro de Justicia con el PP y aún diputado en el Congreso, se va a incorporar como patrono a la Fundación del Atlético de Madrid, el club que preside el empresario Enrique Cerezo. Ambos mantienen una amistad que el empresario no dudó en utilizar cuando él y otro de sus amigos, Ignacio González, se vieron en apuros judiciales por el caso Ático. La Unidad Central Operativa (UCO) agrupó todas esas maniobras en un informe que destacaba sus tintes mafiosos.
Según ha adelantado este jueves El Confidencial, Catalá ha recibido autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses. Así lo recoge el Portal de Transparencia, donde se informa de que el pasado lunes Catalá obtuvo permiso para incorporarse a cuatro puestos: en la Fundación del Atlético de Madrid, en el Colegio de Abogados, en el bufete Herbert Smith Freehils y en la Fundación de Legálitas.
Catalá y Cerezo son dos viejos conocidos y han compartido en varias ocasiones palco para ver los partidos del Atlético de Madrid del que el exministro es aficionado. Cuando todavía estaba al frente de la cartera de Justicia, Catalá viajó en el avión que el club fletó para que una comitiva repleta de personalidades viajara a la final de la Champions League de Milán de 2016. Allí Catalá se fotografió con el propio Cerezo, que ya llevaba tiempo imputado junto a González por cohecho y blanqueo de capitales en el caso que investiga la procedencia del dinero que pagó el ático de lujo que el político tiene en la localidad de Estepona (Málaga).
Ese caso llevó a que, unos meses después de ese viaje, Cerezo tratase de recurrir a su amigo, siendo este el máximo responsable del ministerio de Justicia, para que le echase una mano a él y al expresidente de la Comunidad de Madrid. Así lo revelaron las escuchas policiales que efectuaron los investigadores del caso Lezo y los mensajes que intervinieron en sus teléfonos móviles. Cerezo e Ignacio González recurrieron a él y a todos los contactos a su alcance para tratar de frenar esa investigación, todavía abierta en un juzgado de Málaga.
Las primeras conversaciones captadas por los agentes de la UCO se remontan a agosto de 2016. González y Cerezo se preguntan si la única forma de frenar esa investigación es "pegarle dos tiros a la juez". Luego intentan trazar una estrategia mas realista que pase por presionar al fiscal del caso Ático. El empresario recomienda esperar a septiembre para hablar con él, pero acuerdan ya cómo le deben abordar para obtener resultados: "Estamos teniendo más paciencia de la que teníamos que tener, porque si quieren guerra, vamos a tener guerra".
Ambos interlocutores vuelven a hablar en octubre en otra charla grabada por la policía en la que lamentan que sus gestiones no dan resultados. Es a partir de este punto cuando Cerezo y González apuntan al ministro de Justicia como la persona que les puede ayudar a cerrar la investigación.
El empresario y presidente del Atlético de Madrid relata en una conversación que habla a menudo con Catalá "por el tema del Estadio", y que el ministro le ha prometido que se estaba ocupando de las gestiones que le habían pedido. "Me dijo lo mismo, que lo estaban mirando", explica Cerezo, que añade que suelen hablar sobre el caso del ático a menudo. De hecho, comenta que es el propio ministro quien saca el tema durante sus encuentros: "No se lo tengo que decir, siempre lo recuerda él".
En otra ocasión, es González quien se felicita de sus gestiones. En un SMS dice que el ministro de Justicia le contestó a su felicitación por el nombramiento. "A mí me puso el otro día un mensaje encantador (…) A ver si terminamos con los líos y tal, bueno vale macho, pues lo que quieras, ja, ja". Cuando trascendió la existencia de ese mensaje, el titular de Justicia intentó justificarse diciendo que se refería a la "convulsa" situación política, pero González no lo interpretó así.
En otra conversación vuelven a hablar de la investigación del ático y González muestra su desesperación al no saber cómo avanza el caso, si Suiza ha contestado ya a "las comisiones rogatorias de los cojones". Llega a decir que va a ir directamente a hablar con el ministro de Justicia para pedirle explicaciones: "Yo tengo ganas de echarme un día a la cara a Rafa, porque Rafa yo creo que lo sabe".
Catalá fue solo uno de los frentes que abrieron Cerezo y González para zafarse de la investigación. También hablaron con un exvocal del Consejo General del Poder Judicial () para tratar de averiguar a quién se iba a nombrar fiscal general del Estado, para que luego este influyese en el resto de fiscales que perseguían a González y Cerezo. De hecho, ambos se felicitan cuando se nombra a José Manuel Maza y hablan de que hay que decirle a Catalá que Manuel Moix es un buen candidato para Anticorrupción. También Moix fue finalmente nombrado, aunque apenas duró unos meses en el cargo.
Tal fue el afán de los dos imputados por mover hilos para cerrar la investigación que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil comparó sus movimientos con los del "crimen organizado". González resume sus movimientos en una charla en la que se envalentona al hablar sobre los avances en sus contactos para librarse de los casos judiciales: "Tenemos el Gobierno y el Ministerio de Justicia". La Guardia Civil, eso sí, duda en sus informes de los resultados de esas maniobras. Ambos siguen imputados en el caso ático a pesar de todas sus maniobras.
Catalá abandonó el Ministerio de Justicia como consecuencia de la moción de censura pero mantiene su escaño en el Congreso. Dejó la cartera después de haber sido reprobado junto con Maza -el primer fiscal en la historia en ser reprobado- por el Congreso por sus injerencias en varios casos de corrupción. Ahora será de la mano de Cerezo patrono de la Fundación del Atlético de Madrid, dedicada a "contribuir a través del deporte en actividades humanitarias, culturales, educacionales y de investigación".
Hace unas semanas fue el dirigente que negoció la reforma del Consejo General del Poder Judicial por encargo del presidente del PP, Pablo Casado, hasta que este decidió romper unilateralmente la negociación con el PSOE y presentar una iniciativa para modificar los trámites de elección de los vocales.
https://m.eldiario.es/politica/Cerezo-Catala-exministro-Justicia-solucionar_0_840966747.htmlCATALÁ SE RECOLOCA EN EL ATLETI Y LEGÁLITAS, DE LA SERNA EN NEC Y MORENÉS, ASESOR
Tres exministros de Rajoy y otros altos cargos se incorporan a diferentes firmas privadas apenas seis meses después de abandonar el Gobierno.
Las puertas giratorias siguen funcionando para los antiguos miembros del Gobierno del PP. Rafael Catalá, que fue ministro de Justicia hasta hace apenas seis meses, se ha incorporado al Patronato de la Fundación Atlético de Madrid y al Patronato de la Fundación Legátitas. Sus dos nuevas funciones se suman al ya conocido fichaje por el despacho de abogados Herbert Smith Freehills Spain, como adelantó La Información, y, además, se ha colegiado en el Colegio de abogados de Madrid.
https://www.lainformacion.com/espana/catala-atletico-legalitas-serna-nec-morenes/6448065/
LEGÁLITAS Y GLOBALIA RECIBEN LOS PREMIOS PONCE DE LEÓN 2018 EN MIAMI
El presidente de Globalia Corporación, Juan José Hidalgo, y la empresa de servicios y seguros jurídicos Legálitas recibieron este viernes el premio Ponce de León y Compañía del Año, respectivamente, por parte de la Cámara de Comercio España-EEUU en Miami, que este año celebra su 38 aniversario, y lo hicieron entre llamadas a la unidad y la convivencia de España y reconociendo la necesidad de seguir estrechando relaciones entre ambos países. En la entrega de premios, celebrada en el Biltmore Hotel de Miami y ante la presencia del cónsul de España en la ciudad, Cándido Creis, el presidente de Legálitas, Alfonso Carrascosa, y el director de Comunicación de Globalia, Luis Lacave, en nombre de Hidalgo, recogieron unos galardones que reconocen la trayectoria de ambos en la promoción de la creación de riqueza a través del comercio y el turismo.
La gala también contó con la presencia de la consejera de Educación, Cultura y Deporte de Aragón, Mayte Pérez -que estos días encabeza una misión económica y cultural del Gobierno aragonés en la ciudad-; el exministro de Justicia Rafael Catalá; el presidente de Microsoft para Latinoamérica, César Cernuda; y un nutrido grupo de representantes del mundo empresarial español con intereses en Florida, un Estado en el que se establecen el 40 por ciento del total de empresas españolas que tienen presencia en EEUU. Legálitas resultó merecedora del premio por su apuesta por la ciudad de Miami como 'hub' que conecta sus operaciones comerciales con el resto de países de Latinoamérica, donde viene ofreciendo asistencia jurídica y seguros de asistencia en viaje en Colombia, Perú o México y en su intervención, Carrascosa ensalzó que el premio se entregue "en la cuna del emprendimiento y la libre competencia".
El presidente de la compañía subrayó que esta ha permitido acercar la figura del abogado al ciudadano y democratizar los servicios jurídicos y ha posibilitado a todas las personas y a sus familias acceder a un abogado de una forma sencilla. Además, Carrascosa hizo una defensa de la unidad de España "frente a quienes quieren romper la convivencia y disgregar" el país y, en ese sentido, ofreció la experiencia y "apoyo jurídico" de su compañía -con 20 años de trayectoria y más de 800 abogados en el país- para impedirlo. El presidente de Legálitas acabó su discurso entre aplausos, con vivas a Estados Unidos, España y el Rey.
El fundador de Globalia no pudo desplazarse a Miami para recoger el premio por una convalecencia tras un leve accidente y fue Lacave quien recibió el premio en su nombre poniendo de manifiesto los "fuertes lazos" que la compañía mantiene con el mercado estadounidense, especialmente en destinos como Miami y Nueva York, y también y de forma "muy destacable", con Caribe y Latinoamérica. Fue precisamente Miami el primer destino en el que Air Europa comenzó a operar los aviones Boeing 787 Dreamliner, que componen actualmente una flota de diez aeronaves. La aerolínea prevé incorporar otros 17 en los próximos años. La compañía, con más de 20.000 trabajadores, trasladó el año pasado a más de 9 millones de pasajeros a más de medio centenar de destinos.
Hidalgo manifestó, a través de un vídeo, su agradecimiento a la Cámara por "reconocer la labor que Globalia viene desarrollando desde su creación en un mercado tan competitivo como el de Estados Unidos y Latinoamérica". Además, incidió en recordar la, cada vez mayor, presencia de las marcas que componen el Grupo Globalia en América. La Cámara de Comercio España-Estados Unidos en Miami, en palabras de su presidente, Javier Estades, defiende que este organismo trabaja "sin descanso" para "estar presente entre los líderes de opinión y seguir fortaleciendo los vínculos" tanto económicos como culturales y sociales.
En este sentido, tanto Legálitas como Globalia destacan por su compromiso con el continente americano, enlazando los países, descubriendo sus potenciales turísticos y permitiendo a sus ciudadanos estar asesorados jurídicamente, entre otros aspectos. "Con la celebración de sus premios anuales, la Cámara de Comercio España-EEUU de Miami constata su apoyo a las empresas que consiguen hacerse un hueco dentro de este mercado", subrayaron desde la institución.
http://www.expansion.com/empresas/2018/11/17/5befd656e2704e0e798b4651.html
EL BUFETE QUE QUIERE FICHAR AL EXMINISTRO RAFAEL CATALÁ TUVO COMO ASESOR AL MARIDO DE COSPEDAL HASTA ESTE AÑO
López del Hierro fue miembro del consejo asesor del despacho anglo-australiano Herbert Smith en España desde octubre de 2016 hasta el pasado mes de abril Catalá prevé incorporarse ahora a ese órgano, aunque no consta que haya recibido autorización de la Oficina de Conflictos de Interés Las últimas cuentas de la sociedad que canaliza la actividad del bufete en España reflejan que su beneficio se multiplicó por 16 en el ejercicio cerrado en abril de 2017
Herbert Smith Freehills, el despacho angloaustraliano que pretende fichar al exministro de Justicia y actual diputado del PP, Rafael Catalá, tuvo como asesor hasta el pasado abril a Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP, exministra de Defensa y exdiputada María Dolores de Cospedal, según confirman a eldiario.es fuentes del bufete.
Esas fuentes explican que López del Hierro fue miembro de su consejo asesor desde octubre de 2016 hasta el pasado abril, cuando salió de ese órgano consultivo debido a la renovación "natural" que suele producirse en el mismo cada cierto tiempo.
Fuentes próximas a López del Hierro señalan que en ese órgano el empresario coincidía con, entre otros, el exministro del PP Josep Piqué, el exconsejero delegado delegado de Banco Santander Alfredo Sáenz o Ernesto Mata, que fue directivo de Unión Fenosa, entre otros cargos.
Este tipo de consejos asesores (que no figuran en ningún registro oficial) son muy habituales en el mundo de la abogacía, del que Herbert Smith se ha convertido en un pujante actor en los últimos años. La firma, que cuenta entre sus socios con Leopoldo González Echenique, presidente de RTVE de 2012 a 2014 y abogado del Estado como Cospedal, registró en 2017 una facturación de 31 millones de euros, lo que le sitúa entre las 20 mayores del país.
El bufete, que como suele ser norma del sector en España no comunica sus beneficios, canaliza sus operaciones en España a través de la firma británica Herbert Smith Freehills Spain LLP. En el ejercicio 2017 (cerrado el 30 de abril de ese año), esta sociedad multiplicó por 16 sus beneficios, hasta 2,276 millones de euros, según sus últimas cuentas publicadas en el Registro Mercantil de Reino Unido.
El despacho, al que el Gobierno de Mariano Rajoy renovó en enero pasado el contrato de asesoramiento para los pleitos que el Estado español mantiene con algunos inversores extranjeros en el sector fotovoltaico por los recortes a las energías renovables, se dedica, según destaca en su web, a ayudar a las empresas a manejar transacciones "complejas e innovadoras". Trabaja con empresas del Ibex 35 y con importantes clientes locales y multinacionales con operaciones de alto perfil en España y el resto del mundo, proporcionándoles asesoramiento legal nacional y transfronterizo.
El consejo asesor de Herbert Smith España, que lleva sin reunirse desde primavera, es el órgano al que se prevé que se incorpore Rafael Catalá. El exministro de Justicia y Fomento, que pretende compatibilizar ese puesto con su escaño del Congreso, es también el actual secretario de Justicia y Administraciones Públicas del PP. No consta que la Oficina de Conflictos de Intereses haya dado todavía su preceptivo visto bueno a ese fichaje. Este órgano rara vez ha vetado un nombramiento de este tipo.
"Pena y tristeza"
Catalá, que el pasado verano apoyó públicamente a Cospedal antes de que esta perdiera las primarias con las que intentó alcanzar la presidencia del PP, es uno de los pocos cargos del partido que la semana pasada salieron en defensa de la expresidenta de Castilla-La Mancha, después de que una serie de polémicas grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo liquidasen su carrera política.
El pasado viernes, Catalá consideró "muy ingrato y muy injusto" que esas grabaciones "contaminen una carrera política de treinta años" y dijo tener una "sensación de pena y tristeza" por la salida de Cospedal del Congreso de los Diputados y la Ejecutiva del PP.
López del Hierro, de 71 años, va a perder próximamente sus cargos en Iberdrola (la eléctrica va a liquidar las dos filiales de las que es consejero), aunque se mantiene de momento como vocal de la concesionaria de autopistas Itínere, donde representa los intereses de Liberbank, la entidad que absorbió a la extinta (y fallida) Caja Castilla-La Mancha, de la que también fue consejero y a la que asesora desde hace años.
Hace dos semanas, tras salir a la luz las primeras grabaciones comprometedoras para el matrimonio, El Confidencial publicó que Société Générale había decidido no renovar a López del Hierro como ‘senior advisor’ del banco francés en España. El marido de Cospedal se mantiene como administrador único de su consultora Hilo de Inversiones, en la que recientemente afloró un sueldo de más de 200.000 euros anuales.
https://www.eldiario.es/economia/bufete-exministro-Rafael-Catala-Cospedal_0_835367233.html
EL PP RECONOCE QUE RAFAEL CATALÁ “COMPRÓ VIVIENDAS” A TRAVÉS DE UNA EMPRESA
"Constituyó una sociedad por su actividad, porque tuvo ingresos y facturaba", explica el Partido Popular ante la exclusiva de ElPlural.com
En declaraciones a este periódico, desde Génova 13 reconocen que el exministro de Mariano Rajoy y actual secretario de Justicia y Administraciones Públicas del Partido Popular, Rafael Catalá, adquirió hasta cuatro propiedades a través de la empresa Pocat Consultoría and Management S.L.,
“Rafael Catalá trabajó en la empresa privada de 2005 hasta el 2011 y entonces constituyó una sociedad por su actividad, porque tuvo ingresos y facturaba. Y en ese momento también, coincidiendo con la actividad de la sociedad, compró viviendas”, han admitido a ElPlural.com desde el Partido Popular.
En este sentido, desde el PP señalan que desde que Catalá volvió a la administración pública en 2011, la sociedad está inactiva: “Al volver a la actividad pública cesa en su actividad. Es una sociedad que desde entonces está inactiva y la gran diferencia (respecto a Pedro Duque) es que en todo momento pagó impuestos. La suya es una sociedad vinculada a su actividad profesional y no constituida en ningún momento para la compra de vivienda, sino que estaba constituida por todos esos ingresos y facturas”.
La exclusiva de ElPlural.com
El exministro de Mariano Rajoy y actual secretario de Justicia y Administraciones Públicas del Partido Popular, Rafael Catalá, posee el 49,7% de una sociedad que se llama Pocat Consultoría and Management S.L., y cuya administradora y propietaria del resto de las participaciones es su esposa, María Ángeles Martínez Esteban.
En concreto, Pocat Consultoría and Management S.L. cuando Rafael Catalá presidía una gran empresa de Juego, Codere, y no pasó el control a su mujer hasta que fue nombrado Secretario de Estado con Ana Pastor.
Fundada en 2008 en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, la empresa declaraba al cerrar el año 2014 un activo no corriente de 518.955 euros, de ellos inversiones mobiliarias por valor de 398.348,27 euros.
A través de esta sociedad, el exministro habría adquirido una vivienda y una plaza de aparcamiento en Alicante, otra en Madrid, y una parcela urbana en Pontevedra.
De este modo, el que sin duda es uno de los hombres de confianza de Pablo Casado en el nuevo organigrama del Partido Popular, habría utilizado esta empresa para realizar una ‘optimización fiscal’.
Es decir, Catalá se habría estado aprovechando de esta sociedad para pagar menos impuestos por sus propiedades que como persona física.
Esta exclusiva de ElPlural.com, que tiene su origen en 2016, nunca ha sido desmentida por el exministro de Mariano Rajoy.
El caso Duque ni se parece al caso Catalá
El ministro de Ciencia, Innovación y Universidad, Pedro Duque, se ha visto inmerso en una auténtica polvareda después de que Okdiario publicara que tiene una casa en Jávea a nombre de una sociedad patrimonial. Duque ha argumentado que “no sé si el notario o alguien” le recomendaron constituir una sociedad patrimonial una vez comprada la casa dada su situación, ya que pasaban mucho tiempo fuera de España.
El ministro ha asegurado que no ha facturado ningún ingreso que no fuera de la sociedad, que está al corriente de todas sus obligaciones fiscales y que no ha pagado menos impuestos. Pero desde el Partido Popular meten el dedo en el ojo si ver la paja en el suyo propio. Dolors Monserrat ha precisado que “es un Gobierno en descomposición donde si no recuerdo mal el primer ministro que dimitió, Màxim, fue por un caso muy parecido al de Pedro [Duque]”. El ministro de Ciencia ya ha dado las explicaciones pertinentes. La pregunta es: ¿Por qué exministros del PP que utilizaron sus sociedades para facturar ingresos no comparecen también?
Es el caso del extitular de Justicia Rafael Catalá Polo, explicado con anterioridad. Aunque a priori el caso de Catalá y el de Duque parezca similares, se parecen como el agua y el aceite.
El objeto social de la sociedad de Catalá, Pocat S. L., según la propia sociedad, es “asesoramiento, consultoría y/o tramitación documental”.
La clave de todo esto se encuentra en el artículo 5.2 de la Ley del Impuesto de Sociedades que establece lo que es una sociedad patrimonial y lo que no:
“A los efectos de lo previsto en esta Ley, se entenderá por entidad patrimonial y que, por tanto, no realiza una actividad económica, aquella en la que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o no esté afecto, en los términos del apartado anterior, a una actividad económica”.
Pues bien, con las cartas sobre la mesa se puede concluir que la sociedad de Duque sí que es patrimonial, puesto que ha explicado que factura los ingresos derivados del alquiler de la vivienda cuando se encontraban en el extranjero y algunas aportaciones en concepto de autoalquiler. Por otro lado, y según la propia descripción de la sociedad de Catalá, esta realiza una actividad económica, “asesoría, consultoría y/o tramitación documental”.
https://www.elplural.com/politica/espana/el-pp-reconoce-que-rafael-catala-compro-viviendas_203760102
RAFAEL CATALÁ ADQUIRIÓ 4 PROPIEDADES A TRAVÉS DE UNA EMPRESA CREADA PARA PAGAR MENOS IMPUESTOS
Su caso no es similar al de Duque: el astronauta gestionaba su patrimonio, el exministro del PP actividades económicas
El exministro de Mariano Rajoy y actual secretario de Justicia y Administraciones Públicas del Partido Popular, Rafael Catalá, posee el 49,7% de una sociedad que se llama Pocat Consultoría and Management S.L., y cuya administradora y propietaria del resto de las participaciones es su esposa, María Ángeles Martínez Esteban.
En concreto, Pocat Consultoría and Management S.L. cuando Rafael Catalá presidía una gran empresa de Juego, Codere, y no pasó el control a su mujer hasta que fue nombrado Secretario de Estado con Ana Pastor.
Fundada en 2008 en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, la empresa declaraba al cerrar el año 2014 un activo no corriente de 518.955 euros, de ellos inversiones mobiliarias por valor de 398.348,27 euros.
A través de esta sociedad, el exministro habría adquirido una vivienda y una plaza de aparcamiento en Alicante, otra en Madrid, y una parcela urbana en Pontevedra.
De este modo, el que sin duda es uno de los hombres de confianza de Pablo Casado en el nuevo organigrama del Partido Popular, habría utilizado esta empresa para realizar una ‘optimización fiscal’. Es decir, Catalá se habría estado aprovechando de esta sociedad para pagar menos impuestos por sus propiedades que como persona física.
Esta exclusiva de ElPlural.com, que tiene su origen en 2016, nunca ha sido desmentida por el exministro de Mariano Rajoy.
El caso Duque ni se parece al caso Catalá
El ministro de Ciencia, Innovación y Universidad, Pedro Duque, se ha visto inmerso en una auténtica polvareda después de que Okdiario publicara que tiene una casa en Jávea a nombre de una sociedad patrimonial. Duque ha argumentado que “no sé si el notario o alguien” le recomendaron constituir una sociedad patrimonial una vez comprada la casa dada su situación, ya que pasaban mucho tiempo fuera de España.
El ministro ha asegurado que no ha facturado ningún ingreso que no fuera de la sociedad, que está al corriente de todas sus obligaciones fiscales y que no ha pagado menos impuestos. Pero desde el Partido Popular meten el dedo en el ojo si ver la paja en el suyo propio. Dolors Monserrat ha precisado que “es un Gobierno en descomposición donde si no recuerdo mal el primer ministro que dimitió, Màxim, fue por un caso muy parecido al de Pedro [Duque]”. El ministro de Ciencia ya ha dado las explicaciones pertinentes. La pregunta es: ¿Por qué exministros del PP que utilizaron sus sociedades para facturar ingresos no comparecen también?
Es el caso del extitular de Justicia Rafael Catalá Polo, explicado con anterioridad. Aunque a priori el caso de Catalá y el de Duque parezca similares, se parecen como el agua y el aceite.
El objeto social de la sociedad de Catalá, Pocat S. L., según la propia sociedad, es “asesoramiento, consultoría y/o tramitación documental”.
La clave de todo esto se encuentra en el artículo 5.2 de la Ley del Impuesto de Sociedades que establece lo que es una sociedad patrimonial y lo que no:
“A los efectos de lo previsto en esta Ley, se entenderá por entidad patrimonial y que, por tanto, no realiza una actividad económica, aquella en la que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o no esté afecto, en los términos del apartado anterior, a una actividad económica”.
Pues bien, con las cartas sobre la mesa se puede concluir que la sociedad de Duque sí que es patrimonial, puesto que ha explicado que factura los ingresos derivados del alquiler de la vivienda cuando se encontraban en el extranjero y algunas aportaciones en concepto de autoalquiler. Por otro lado, y según la propia descripción de la sociedad de Catalá, esta realiza una actividad económica, “asesoría, consultoría y/o tramitación documental”.
https://www.elplural.com/politica/espana/rafael-catala-adquirio-4-propiedades-a-traves-de-una-empresa-creada-para-pagar-menos-impuestos_203756102LA NÚMERO 2 DE JUSTICIA CON EL PP LLAMÓ A LA JUEZA DEL CASO MÁSTER PARA SABER SI IBA A PEDIR LA IMPUTACIÓN DE CASADO
Carmen Sánchez-Cortés fue jefa de la magistrada Rodríguez-Medel durante los 11 meses que ésta paso en el Ministerio que dirigía Rafael Catalá
La jueza despachó a la exsecretaria de Estado sin facilitarle información y reprochándole la llamada; Sánchez Cortés respondió que la habían obligado
Ocurrió en la sobremesa del sábado 4 de agosto, tras las declaraciones de testigos e imputados que estrechaban el círculo sobre el presidente del PP
Sánchez-Cortés ha declinado hacer comentarios sobre la llamada al ser consultada por eldiario.es
La jueza que investiga los másteres de la Universidad Rey Juan Carlos, Carmen Rodríguez-Medel, recibió una llamada en su teléfono móvil alrededor de las 16:30 del pasado 4 de agosto. Al otro lado del terminal se identificó Carmen Sánchez-Cortés, la secretaria de Estado del Ministerio de Justicia durante todo el mandato de Rafael Catalá. La número dos del Ministerio los últimos cuatro años de Gobierno de Mariano Rajoy quería saber cuáles eran los planes de la magistrada con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. No lo consiguió.
Dos días después de la llamada, la jueza dictó una exposición razonada solicitando al Tribunal Supremo la imputación de Casado por prevaricación y cohecho, ante los indicios recabados de que obtuvo un máster en la universidad pública Rey Juan Carlos de forma irregular.
Rodríguez-Medel había dejado el juzgado de instrucción entre febrero de 2017 y enero de 2018 para trabajar en el Ministerio de Justicia como asesora, concretamente en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Quien la llamaba, por tanto, había sido su jefa hasta hacía solo siete meses. La jueza despachó a Sánchez-Cortés sin contestar a su pregunta y reprochándole lo improcedente de la llamada, según han trasladado a eldiario.es fuentes conocedoras de la conversación. Ante la reacción de la magistrada, Carmen Sánchez-Cortés se excusó en que se había visto obligada a llamarla, precisan las mismas fuentes.
Este martes, eldiario.es se ha puesto en contacto con la exsecretaria de Estado de Justicia para preguntarle sobre el motivo de esa llamada, pero Sánchez-Cortes ha declinado hacer ningún comentario. Esta redacción ha intentado también recabar la versión de la jueza Rodríguez-Medel a través del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Sus responsables han trasladado la respuesta de la magistrada: “Sin comentarios”.
Carmen Sánchez-Cortés pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ha ocupado varios puestos de responsabilidad en los ministerios de Hacienda, Administraciones Públicas e Industria. También fue asesora en el Ministerio del Interior. De bajo perfil político, su máxima responsabilidad le llegó por decisión de Rafael Catalá, cuando éste fue señalado por Rajoy para sustituir al dimitido Alberto Ruiz-Gallardón, en septiembre de 2014.
Los vaivenes internos en el PP han terminado por convertir a Catalá en un hombre de Pablo Casado. En las primarias para sustituir a Rajoy se alineó con María Dolores de Cospedal. Al quedar eliminada ésta en la primera vuelta del proceso interno, Rafael Catalá apoyó a Casado, en contra de Soraya Sáenz de Santamaría, con quién había mostrado sintonía en el pasado. Fue uno de los miembros del gabinete de Rajoy que participó en la comida de exministros alineados con Casado en el tramo final de la carrera sucesoria y dijo que prestaba su apoyo al actual presidente del PP porque “tiene un proyecto para España, con medidas como defender la unidad”. El nuevo presidente del PP ha recompensado a Rafael Catalá con un cargo en su ejecutiva: secretario de Justicia y Administraciones Públicas del partido.
La llamada, en un momento crítico para Casado
El 4 de agosto, día de la llamada de la antigua número dos de Catalá a la jueza, era sábado. El jueves y viernes de esa semana habían resultado claves para la instrucción de la pieza separada del caso Cifuentes en la que Rodríguez-Medel investiga supuestos tratos de favor en el curso 2008/09 del mismo máster. El 2 de agosto, jueves, declararon como imputadas tres alumnas con idéntico expediente que Casado. Como él, las tres tenían vínculos con el PP o con la Universidad en aquel curso.
Una de esas alumnas, María Dolores Cancio, admitió ante la jueza que no hizo nada por obtener el máster; que el director del IDP, Enrique Álvarez Conde, le dijo lo que tenía que hacer para conseguir el título sin asistir a clase, a pesar de ser presencial; que obtuvo el título sin hacer trabajos y sin examinarse. Cancio había sido becaria de investigación de Álvarez Conde, principal imputado en los casos Cifuentes y Casado.
El círculo de los indicios contra Casado terminó de cerrarse al día siguiente, viernes. Varios alumnos del mismo curso habían sido citados por la jueza como testigos. Ellos sí tuvieron que ir a clase, presentar trabajos y examinarse, según le detallaron a la magistrada. Ninguno tenía vínculos con el PP o con la Universidad.
Tanto al término de la jornada del jueves como de la del viernes, los medios de comunicación recogieron lo que había ocurrido en el Juzgado de Instrucción número 51 citando fuentes presentes en la declaración. El sábado, la jueza recibió la llamada de su antigua jefa en el Ministerio. El lunes, Rodríguez-Medel dictó la exposición razonada de 54 páginas en la que concluyó indiciariamente que Casado recibió su máster “a modo de prebenda o dádiva”.
El futuro político del nuevo presidente del PP quedó en el aire a la espera de lo que decidiera el Tribunal Supremo. Y esa ha sido la situación hasta el pasado viernes, cuando la Fiscalía del Alto Tribunal ha pedido a la Sala de Admisión que no investigue a Casado. En su escrito, el teniente fiscal Luis Navajas desautoriza todo el trabajo de la Fiscalía de Madrid en los cuatro meses de instrucción de la pieza separada sobre el máster de Casado y ataca con dureza a la magistrada Rodríguez-Medel, a la que acusa de haber ignorado la jurisprudencia del propio Supremo en la materia. El Partido Popular reaccionó exultante al escrito de la Fiscalía del Supremo. "La verdad se abre camino", sentenció Teodoro García-Egea, la persona a la que Casado colocó como secretario general tras su victoria en el congreso.
https://m.eldiario.es/politica/Justicia-PP-Master-imputacion-Casado_0_817869040.htmlCUATRO EXMINISTROS DE RAJOY EN LA CANDIDATURA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE CASADO
También figuran su director de campaña, Teodoro García Egea, los hasta ahora vicesecretarios Javier Maroto y Andrea Levy
Cuatro exministros de Rajoy en la candidatura del Comité Ejecutivo Nacional de Casado
Pablo Casado ha anunciado hoy los nombres de su candidatura al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, entre los que ha incluido a cuatro exministros, el de Interior, Juan Ignacio Zoido; la de Salud, Dolors Montserrat; el de Justicia, Rafael Catalá, y la de Agricultura, Isabel García Tejerina
También figuran su director de campaña, Teodoro García Egea, los hasta ahora vicesecretarios Javier Maroto y Andrea Levy, y buena parte de los estrechos colaboradores de Casado en esta campaña, como Esperanza Oña, Isabel Díaz Ayuso o Antonio González Terol.
PABLO CASADO SUMA A LA MAYORÍA DE EXMINISTROS DE RAJOY
En una comida el candidato ha reunido a los exministros Margallo, Soria, Zoido, Cospedal, Montserrat, Catalá y García Tejerina
José Ignacio Wert, Miguel Arias Cañete, Alberto Ruiz Gallardón y Luis de Guindos también han mostrado su sintonía con Casado y el apoyo a su candidatura
Finalmente y tras mucha expectación la famosa comida de exministros en apoyo a Pablo Casado se ha celebrado este mediodía. Hasta siete miembros del Ejecutivo de Rajoy han compartido mesa y mantel en un conocido restaurante de la capital madrileña con el candidato a las primarias por liderar el Partido Popular.
José Manuel García Margallo, Jose Manuel Soria, Juan Ignacio Zoido, María Dolores de Cospedal y Dolors Montserrat han sido los primeros exministros en acudir. A la hora del café finalmente se les ha unido el ex titular de Justicia, Rafael Catalá, y la exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que por motivos de agenda no pudieron llegar antes.
No todos ellos han querido hacer declaraciones a los periodistas apostados en la puerta del local. Pero los que lo han hecho han coincidido en dos cosas: No se trata de una ‘reunión anti-Soraya’, sino de una reunión ‘pro-Casado’, y Mariano Rajoy no es contrario a esa reunión.
Dolors Montserrat aseguraba que no le “consta” que el expresidente esté descontento con la muestra de apoyo de sus exministros a Pablo Casado. “Todos somos leales a él -a Rajoy-, a su legado y a sus políticas”. Posicionarse, comentaba, es algo “normal y natural” en un proceso de primarias.
El exministro Margallo apuntaba que “Mariano Rajoy prometió neutralidad y se despidió diciendo que los militantes eligiésemos”. “Somos militantes que tenemos sintonía desde hace muchos años y parece normal que tomemos una decisión”, aseguraba.
Parece que Pablo Casado logra sumar a la mayoría de los exministros de los gobiernos de Rajoy. Según García Tejerina el candidato se lleva “un grupo importante”. Para Margallo son más de dos tercios de los que formaron parte de su ejecutivo. El que fuera titular de Exteriores cree que a Casado le salen las cuentas para el congreso. Aunque desde el frente sorayista todavía no ven perdida la batalla y respondían a la reunión de Casado con una foto de su comida en la sede de Génova.
Del restaurante salían todos juntos. Hablaban de “regeneración”, “unidad” y de “llegar más fuertes que nunca”. Pablo Casado comentaba lo mismo a la entrada que a la salida: “El próximo sábado, cuando ganemos el congreso, integraremos a Soraya Sáenz de Santamaría y a todo su equipo”.
http://cadenaser.com/ser/2018/07/19/politica/1532022178_470822.html
CATALÁ EXPRESA SU APOYO A COSPEDAL PORQUE SIEMPRE "HA DADO LA CARA" POR EL PP
El exministro de Justicia Rafael Catalá ha expresado hoy su respaldo a María Dolores de Cospedal para presidir el PP porque opina que "hay que apoyar" a los "que han trabajado siempre por el partido y "han dado la cara cuando había que darla" y ha instado a la integración y a "sumar" tras las primarias.
Lo ha manifestado en declaraciones a los medios en la campaña "Quedamos", una iniciativa impulsada por el PP madrileño de cara a los comicios municipales de 2019.
Catalá ha expresado que quería "escuchar y oír" a todos los candidatos y que así lo ha hecho porque, opina, son "profesionales de primer nivel" y "con experiencia".
Tras ello, ha aclarado que apoyará a Cospedal porque su labor en el partido "siempre ha integrado" y ha destacado que ella "ha dado la cara" en "etapas muy duras" para el PP.
Asimismo, Catalá ha opinado que la exministra de Defensa es de las personas que "han luchado contra la corrupción" y que "han querido alejar del PP esa lacra" y ha ensalzado su trabajo a favor de la unidad de España.
El exministro de Justicia ha instado a "todos" a que busquen en estas primarias "la integración" y ha deseado que el resto de candidatos "pueda sumarse" al proyecto de Cospedal para que ella "lidere esa nueva etapa" que habrá en el PP.
CATALÁ JUSTIFICA LA FIRMA IN EXTREMIS DEL DUCADO DE FRANCO COMO "UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO"
"A ese expediente como a otros muchos les tocaba en su plazo con normalidad democrática"
El exministro de Justicia, Rafael Catalá, firmó la sucesión del ducado de Franco a Carmen Martínez-Bordiú el 31 de mayo, un día antes de que se votara en el Congreso la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, Catalá ha asegurado que se trató de un sinmple "trámite administrativo".
En declaraciones a La Sexta, Catalá ha dicho que él firmó "todos los documentos administrativos que los servicios del Ministerio me pusieron a la firma, conforme a la normalidad, como hicieron todos los ministros socialistas en su momento sobre las sucesiones en los títulos concedidos por Franco en aquellos tiempos. Por lo tanto, lo que quiero decir es que esto es un trámite administrativo".
"Normalidad democrática"
"Es un proceso administrativo que se gestiona desde los servicios del Ministerio de Justicia, e, insisto, igual que hicieron mis antecesores, yo también lo firmé. Lo que tienen que hacer los gestores públicos es darle normalidad a la gestión administrativa".
"Yo cada día me iba a casa y dejaba firmados contratos administrativos, títulos nobiliarios, expedientes disciplinarios, todo lo que los funcionarios ponían a la firma al ministro", ha insistido Catalá.
El exministro de Justicia ha defendido en que la firma de títulos nobiliarios "es un procedimiento administrativo transparente, y "a ese expediente como a otros muchos les tocaba en su plazo con normalidad democrática".
Catalá firmó la orden de sucesión del ducado de Franco el 31 de mayo a favor de Carmen Martínez-Bordiú, el mismo día en que se celebraba el debate de la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy en el Congreso de los Diputados, es decir, un día antes de abandonar su cargo.
La orden fue enviada al Boletín Oficial del Estado para su publicación el pasado 4 de junio.
Carmen Martínez-Bordiú pidió en marzo la sucesión
La orden fue una de las últimas cosas que hizo Rafael Catalá antes de abandonar el Ministerio de Justicia y si no la hubiera firmado había muchas probabilidades de que el trámite de la sucesión del polémico ducado no se hubiera llevado a cabo nunca, ya que es presumible que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez la hubiera evaluado junto con otras iniciativas que ha puesto sobre la mesa, como la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, para cumplir con la Ley de la Memoria Histórica.
CATALÁ SE SALTÓ EL TRASPASO DE LA CARTERA DE JUSTICIA A DOLORES DELGADO
El ministro saliente se excusó con un acto en Cuenca
El entusiasmo de la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado en la toma de posesión de su cartera contrastó notablemente con el mal gesto de su antecesor en el cargo, Rafael Catalá, ausente en el acto.
"Soy Dolores Delgado y es un honor estar aquí. Es un verdadero un orgullo" incorporarme a "Justicia, que es lo que he hecho toda mi vida y les aseguro que me encanta", afirmó emocionada la nueva titular, que se definió como una ministra "de trinchera" y desgranó a continuación su programa para el resto de la legislatura, en el que destacó "la transparencia".
El ministro saliente se escudó con un acto en Cuenca
A diferencia del resto de ministros salientes, que acogieron con afecto y cordialidad a sus relevos, Rafael Catalá no asistió por primera vez al acto de traspaso de poderes. El ya extitular de Justicia se excusó con un acto en Cuenca para no hacerle entrega de la cartera a Dolores Delgado ante la vista de todos. En la ceremonia no estuvieron tampoco los familiares de la nueva ministra, quien, no obstante, anunció que "empeño, ganas, ilusión y fuerza" no le van a faltar en "la nueva etapa que arranca", de la que "la sociedad espera mucho".
La foto de la entrega de la cartera de Justicia por parte de Catalá se realizó en otro momento, sólo para la foto.
Un ministro muy cuestionado
Rafael Catalá, que se convirtió en el primer ministro reprobado por el Congreso en democracia, ha sido muy cuestionado, además, tras conocerse que se reunió con el abogado de la defensa del PP en el caso Gürtel, Jesús Satos, días antes de la demoledora sentencia que condenó al partido y que desencadenó en la moción de censura.
Como adelantó en exclusiva El Plural, Catalá y el abogado se encontraron en el Club de Campo Villa de Madrid para jugar al tenis.
CATALÁ: "LA CONDENA AL PP EN GÜRTEL NO TIENE QUE VER CON LA CORRUPCIÓN"
El ministro de Justicia acusa a PSOE y Cs de buscar "cambios políticos sin pasar por las urnas"
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado que la condena al PP en la sentencia Gürtel tenga que ver con la corrupción.
En una comparecencia en el Foro Cinco Días, el ministro ha reconocido que la sentencia del caso Gürtel “ha provocado un tsunami político hasta el punto de provocar una moción de censura”, pero ha señalado que “la condena al PP le hace responsable como participe a título lucrativo, que es una condena de carácter civil, por la comisión de un delito en el que no participó, ni tuvo conocimiento”.
Acusa a la oposición de aprovechamiento
“Que desde ahí se construya una tormenta política es aprovechamiento del momento, una intención de provocar cambios políticos sin pasar por las urnas”, ha dicho Catalá, en alusión a la moción de censura presentada por el PSOE o a la petición de elecciones anticipadas por parte de Ciudadanos.
Catalá ha asegurado que tiene confianza en la continuidad de un Gobierno que ultima un proyecto de ley de enjuiciamiento criminal y de reforma de la Fiscalía que su Ministerio presentará “a la vuelta de verano”. El titular de Justicia ha avanzado que espera poder poner en marcha otros proyectos con relevancia económica como el nuevo Código de Comercio. “Ojalá tengamos tiempo político suficiente para llevarlos a buen puerto”, dicho el ministro.
Si aumenta la dificultad para avanzar, ha añadido, será "responsabilidad de los grupos que provoquen que no se puedan aprobar las reformas que España necesita”.
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y EL ABOGADO DEL PP SE REUNIERON ANTES DE LA SENTENCIA GÜRTEL
Los abonados del Club de Campo Villa de Madrid se sorprendieron al ver jugando al tenis a Rafael Catalá y Jesús Santos en este contexto judicial
Días antes de que se conociese la demoledora sentencia a la primera época de la trama Gürtel y que en ella se condenase al Partido Popular a título lucrativo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el abogado defensor del partido conservador, Jesús Santos, se reunieron para jugar al tenis en el Club de Campo Villa de Madrid.
El encuentro, que ha podido confirmar El Plural por varias fuentes, no pasó desapercibido para el resto de los asistentes del club en un momento en el que el Partido Popular tiene varios frentes judiciales abiertos.
Desde este medio se ha intentado recabar la opinión al respecto de este encuentro al ministro Catalá, buscando conocer si no le parecía que dicha reunión ponía en duda la imparcialidad que debe mantener el titular de la cartera de Justicia. El ministro de Mariano Rajoy ha preferido guardar silencio.
Este encuentro es todavía más peliagudo si se tiene en cuenta que hay voces que apuntan a que la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, no entrará de forma preventiva en prisión, ya que, de hacerlo, se ha especulado con que el extesorero del Partido Popular haría nuevas revelaciones sobre la financiación ilegal del Partido Popular.
También la decisión judicial que se tomará este miércoles sobre Rosalía Iglesias se habría relacionado con la decisión del presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, de impedir que el juez progresista De Prada decida si los Gürtel ingresan o no en prisión.
Un exfiscal para defender al PP
Es necesario recordar que Jesús Santos no es, precisamente, un letrado de oficio. Se trata de uno de los juristas más prestigiosos del país y gran conocedor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conocimientos adquiridos, en parte, en su anterior etapa como exteniente fiscal de la Audiencia Nacional, a la que se incorporó en 1989 sustituyendo en el cargo a la fiscal Carmen Tagle, asesinada por la banda terrorista ETA.
Además, Santos es uno de los abogados mejor pagados de España, con un sueldo superior a los 300.000 euros, y se le considera los “ojos y oídos de Cospedal en el caso Gürtel”.
El selecto Club de Campo Villa de Madrid
El lugar del encuentro entre Catalá y Santos es un punto de referencia recurrente de distintas personalidades del país. Si bien es cierto que no es de los más exclusivos de Madrid, desde hace tiempo sí que se ha señalado a un selecto grupo de personalidades que tienen la entrada garantizada la mismo.
Los primeros en ser señalados fueron el matrimonio Aznar, del cual El Plural publicó que se regalaron clases de golf por valor de un millón y medio de pesetas. Después, a finales de 2013, también se publicó que la institución deportiva madrileña dio a un “reducido grupo” de periodistas acceso vip y todo gratuito a sus instalaciones.
SÁNCHEZ PIDE A CATALÁ QUE ACLARE SU ACUSACIÓN AL JUEZ DE LA MANADA O QUE ESTÉ “CALLADO”
El líder socialista se desmarca del apoyo que Margarita Robles dio al ministro de Justicia
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que respete la división de poderes y que aclare si tiene alguna acusación que hacer sobre el magistrado que emitió un voto particular a favor de la absolución de La Manada.
Así lo ha manifestado este martes Sánchez durante la manifestación celebrada en Madrid con motivo del Día Internacional del Trabajador, donde ha pedido al ministro de Justicia que "no sea torpe" y que si tiene alguna acusación "particular o personal" que hacer sobre el magistrado que "aclare a qué se refiere". "Si no, lo mejor es estar callado y si no lo mejor es asumir la responsabilidad que tiene un miembro del Gobierno y respetar la división de poderes", ha añadido.
El ministro dijo el lunes que "todos saben" que ese magistrado "tiene algún problema singular" y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "debería haber actuado preventivamente" contra él, posición que fue apoyada por la portavoz del PSOE en el Congreso y exmagistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, y el secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos.
Sánchez, sin embargo, se ha desmarcado de las palabras del ministro: "yo no lo diría así", ha corregido cuando le han preguntado por el "apoyo" de los socialistas a Catalá y ha explicado que el PSOE, como "partido de gobierno" que es, no va a "entrar en valoraciones y disquisiciones sobre la actuación personal de un magistrado".
Sánchez ha subrayado que una cosa es la sentencia, que "tiene que ser criticada", y otra es entrar en acusaciones personales "que no se aclaran" por parte del ministro. "No puede tirar la piedra y esconder la mano", ha precisado el socialista, al tiempo que ha pedido a Catalá "prudencia, sentido común y que no desvíe la atención" del debate sobre la sentencia de los cinco miembros del grupo 'La Manada', condenados a nueve años de prisión por un delito continuado de abuso sexual pero absueltos de la acusación por agresión sexual.
El dirigente socialista ha afirmado que si dependiera de su partido Rafael Catalá "hubiera dejado de ser ministro hace mucho tiempo". "Llueve sobre mojado en nuestra petición de responsabilidades políticas por parte del señor Catalá", ha precisado.
Por ello, ha apostado por hacer modificaciones en la ley para mejorar la formación y abrir el debate en el Congreso de los Diputados sobre si hay que hacer modificaciones en el Código Penal.
Para el secretario general del PSOE, el 8 de marzo "cambiaron las cosas" con una movilización "sin precedentes" a favor de la igualdad de género que, en sus palabras, "es un punto de no retorno".
https://elpais.com/politica/2018/05/01/actualidad/1525174388_934908.html
El vocal del Consejo General del Poder Judicial Juan Manuel Fernández mantiene que "no había ningún motivo" para actuar contra él
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado sorprendido este lunes por que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no actúe" contra Ricardo González, el juez que emitió el voto particular en la sentencia contra La Manada. El ministro ha reconocido en una entrevista en Herrera en Cope que él no ha hablado de sanciones, aunque ha añadido lo siguiente: "Cuando todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe". Las siete asociaciones de jueces y fiscales han pedido en bloque su dimisión. En un comunicado firmado por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han considerado sus palabras "una temeridad". Los jueces y magistrados de Navarra consideran también "escandalosa" la actitud de Catalá y se unen a la petición de dimisión.
Catalá ha evitado ofrecer más datos sobre el problema que, según ha apuntado, tiene González. "No conozco con detalle [el problema] y tampoco sería razonable hablar de un problema personal", ha respondido el ministro, preguntado acerca de este magistrado. Pero ha insistido en que "todos lo saben", en referencia a los profesionales de la judicatura. Además, Catalá ha indicado que, según le han dicho, González "ha tenido algunos expedientes" abiertos. "En España tenemos 5.500 jueces magníficos y muy profesionales. Pero como en todas las corporaciones, hay algunas personas con dificultades. Si en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra conocían esta situación, debería haberse actuado preventivamente".
La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, también ha considerado que el órgano de gobierno de los jueces debió haber emprendido alguna actuación ante el retraso del tribunal a la hora de emitir la controvertida sentencia del caso de La Manada y ante el voto particular de González. "Por parte del CGPJ hubiera tenido que haber seguimientos claros porque no se puede tardar cinco meses en poner una sentencia en una causa con preso", ha afirmado Robles, que es magistrada en excedencia y formó parte del CGPJ. "Las resoluciones judiciales hay que protegerlas y proteger la independencia de los jueces, pero lo que no es aceptable es utilizar un voto particular para ofender a la víctima, como en este caso, e incluso a los propios compañeros que formaban el tribunal", ha añadido. Por ello, y sin entrar en el fondo de las declaraciones del ministro, la portavoz socialista entiende que Catalá las ha hecho "con conocimiento de causa" y que el CGPJ "tendría que dar explicaciones de por qué no se realizó un seguimiento y por qué tardó tanto la sentencia".
El vocal del CGPJ y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Juan Manuel Fernández, ha asegurado que "no había ningún motivo" para actuar contra el juez. "El Consejo no ha actuado porque no ha habido ninguna actuación disciplinaria contra el magistrado González", ha sentenciado el vocal en declaraciones a LaSexta, informa Europa Press.
Suspendido en 2001 por retrasos
Ricardo González fue suspendido seis meses por retrasos injustificados en 2001, según han indicado fuentes del Consejo General del Poder Judicial, informa Efe. Entre otras dilaciones, el magistrado tardó 14 meses en redactar un fallo sobre un divorcio. En el expediente del órgano de gobierno de los jueces se tuvo en cuenta que González, entonces juez de primera instancia de Bilbao, tenía en los últimos años de la década de los noventa sanciones previas que se concretaron en multas. Fuentes del CGPJ han añadido que González no ha sido expedientado o sancionado en los últimos cuatro años.
Las críticas a Catalá han llegado tanto desde el frente político como judicial. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha considerado que sus palabras demuestran "poco respeto por la separación de poderes" y suponen "señalar" a un juez. Villegas ha indicado que lo que debería hacer en este caso un responsable político, sobre todo si se trata del ministro de Justicia, es proponer cambios legislativos concretos, "no señalar a jueces, atacándoles directamente", ni "interferir en el trabajo" del CGPJ.
La asociación judicial progresista Juezas y jueces para la democracia ha pedido "rigor" al ministro a través de Twitter. "Se descuelga con 'problemas particulares' que ni conoce, ni constan acreditados, ni sabemos de dónde se los saca", han considerado en su perfil en esta red social. En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez. "Debería ser más prudente a la hora de lanzar este tipo de juicios de valor subliminales porque, entre otras cosas, no es competencia del Ministerio de Justicia", ha apuntado.
La presidenta de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, ha aseverado que la conducta de Catalá es "absolutamente reprochable". "Es incendiario e irresponsable y si hubiera algún tipo de cuestión corresponde al CGPJ tratarlo; se trata de una violación de la independencia judicial", ha apostillado. Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), ha tildado de "muy graves" las afirmaciones del ministro.
El magistrado Ricardo González emitió un voto discrepante de la sentencia condenatoria contra los miembros de La Manada, que asciende a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual continuado. En su escrito, afirmó que en los vídeos grabados por los acusados solo observa a cinco varones y una mujer practicando "actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo". Según Catalá, el voto particular y las expresiones empleadas por el magistrado en el escrito son los detalles que han inflamado a la sociedad, más que el fallo judicial en sí. "[Respecto a] la sentencia, yo no he comentado nada porque me parece un buen ejercicio en un asunto tan delicado y muy difícil. [Sobre el voto discrepante], una sentencia de 340 folios no puede tener 200 folios de voto particular con expresiones inadecuadas, que es lo que creo que ha generado el gran revuelo social, no tanto la sentencia como el voto particular, en eso se podría haber actuado preventivamente y ahí el Consejo tiene una responsabilidad", ha explicado este lunes el ministro.
Decenas de miles de personas se manifestaron la semana pasada en contra de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, que condenó a los cinco acusados por la violación grupal a una joven durante los Sanfermines de 2016 a nueve años de cárcel por abuso sexual continuado y no por violación, ya que los magistrados consideran que los hechos se produjeron sin violencia ni intimidación. La decisión rebaja de este modo la solicitud de la fiscalía, que pedía 22 años de prisión por cinco delitos continuados de agresión sexual, contra la intimidad y por robo con intimidación.
Después de conocerse la sentencia y tras las multitudinarias manifestaciones, el Gobierno informó de que ha pedido que se revise la tipificación de los delitos sexuales en el código penal. Este lunes, el ministro ha insistido en la importancia de evitar legislar en caliente. "Yo soy partidario de que las leyes se adapten a la realidad social. Si hay un desajuste, hay que legislar para cambiarlo", ha afirmado. "Sobre este caso, la fina línea entre el prevalimiento, la violencia y la intimidación provoca resultados tan peculiares que seguramente es conveniente repasarlos. Pero no de forma precipitada ni desde un punto de vista populista. Los expertos en Derecho Penal van a tomarse su tiempo y los partidos decidiremos sobre sus conclusiones. Pero yo no veo una acción precipitada", ha añadido. Catalá ha asegurado, además, que esta no es una excepción y que con anterioridad el Gobierno ya ha modificado la legislación a raíz de algún caso concreto: "En materias de quiebras de empresas, hemos reformado la ley concursal tres veces durante la crisis. Y en la lucha contra la violencia hacia la mujer, me parece aconsejable escuchar a los expertos y, si procede, cambiar el código penal".
https://elpais.com/politica/2018/04/30/actualidad/1525076110_372978.html
MÁS DE 200 JUECES Y FISCALES PIDEN LA DIMISIÓN DE CATALÁ ANTE JUSTICIA: "TIENE UN PROBLEMA SINGULAR"
La concentración tenía como objetivo reivindicar mejoras de sus condiciones laborales y pedir la dimisión del ministro por sus "injerencias" en la labor de los profesionales
Fue convocada por las cuatro asociaciones de jueces y las tres organizaciones de fiscales
Más de 200 jueces y fiscales se concentraron este viernes ante el Ministerio de Justicia para reivindicar mejoras de sus condiciones laborales y pedir la dimisión del ministro Rafael Catalá por sus "injerencias", subrayan, en la labor de estos profesionales. "Tiene Catalá un problema singular", vociferaron, según informó Europa Press.
La protesta fue convocada por las cuatro asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), y las tres de fiscales la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).
Una concentración que tuvo lugar un día después de un paro parcial que hicieron los miembros de la judicatura y del Ministerio Público, que fue secundado por casi 2.000 jueces y unos 800 fiscales. Esta protesta fue la segunda que se hizo a la puertas de los juzgados y tribunales de toda España y que se repetirán los días 10 y 17 de mayo para concluir el día 22 de este mismo mes con una huelga general.
Este viernes se congregaron más de 200 jueces y fiscales procedentes de varios puntos del país, aunque la mayoría procedían de Madrid, y de distintos órganos judiciales, desde juzgados de primera instancia hasta la Audiencia Nacional. Cortaron la calle donde se encuentra el Ministerio de Justicia para pedir "unas cargas de trabajo saludables", "más autonomía para el fiscal" y un Consejo General del Poder Judicial "independiente", ya que lo consideran "un lacayo del Gobierno".
"Menos populismo, más justicia"
"Menos populismo, más justicia", "no se pagan esas guardias", son otras de las consignas que se pudieron escuchar durante la concentración, que duró alrededor de una hora.
Además, los jueces y fiscales, los cuáles algunos acudieron con su toga, aprovecharon para pedir la dimisión del ministro de Justicia por las recientes declaraciones que hizo sobre el juez de la Audiencia Provincial de Navarra que firmó el voto particular en el caso de La Manada. El titular de este Ministerio afirmó que este magistrado, Ricardo González , tenía "un problema singular" y "todos lo saben".
Ante estas declaraciones, que para algunos de los manifestantes resulta "una injerencia" en la Justicia, y que se une a la situación que vive la Administración de Justicia, según destacaron a los medios de comunicación, pidieron su "dimisión". "Tiene Catalá un problema singular" o "vete ya", gritaron los jueces y fiscales.
Sobre este mismo asunto también reprocharon a la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles –magistrada en excedencia–, que considere que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debió haber emprendido alguna actuación ante el retraso del tribunal a la hora de emitir la controvertida sentencia y afirmase que el voto particular ofende a la víctima. "Cállate, Margarita", espetaron.
Decisiones que "no son del agrado de los políticos"
Para finalizar la concentración, los portavoces de las siete asociaciones leyeron un manifiesto, al que se adhirieron más de 3.500 profesionales de la judicatura y la Fiscalía, en el que se recalca la labor "independiente" que realizan jueces y fiscales "sujetos exclusivamente a la ley".
"Quizá las decisiones que adoptamos, en ocasiones, no sean del agrado de algunos responsables políticos o no se adecuen al sentir social o a las corrientes de opinión imperantes en un momento dado, pero esa independencia es lo que nos garantiza la democracia y la convivencia pacífica. Los jueces y fiscales no hacemos las leyes, solo las interpretamos y aplicamos", reza el comunicado.
Los manifestantes portaron carteles subrayando sus reivindicaciones."¡Recuperar ingresos!"; "Así, no"; "Son tres (poderes, autónomos para coordinar"; "digitalización como ayuda, no como lastre", son algunas de ellas.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/05/04/jueces_fiscales_exigen_frente_ministerio_dimision_catala_82473_1012.html
CATALÁ USA SU CARGO Y SU CUENTA DE TWITTER PARA PROMOCIONAR EL BUFETE DE UN AMIGO
El ministro de Justicia se va de visita al nuevo despacho de un abogado del Estado que siempre ha acompañado a Rajoy en su vida política
Un prescriptor es un famoso que presta su imagen para publicitar una marca o una empresa. No es una práctica barata. Por ejemplo, se dice que Cristiano Ronaldo cobra en torno a medio millón de euros por producto anunciado. En el mundo virtual, por ejemplo, Paula Echevarría cobra 15.000 euros por un solo tuit, según la fundadora de la agencia Influgency. Todo depende del caché del personaje en cuestión. ¿Y a cuánto asciende la reputación de un ministro del Reino de España? Pues depende, porque en el caso de Rafael Catalá, siendo un ministro reprobado, puede que no sea muy alto. Si encima es amigo, te puede salir muy barato. Incluso gratis, esperemos, por cuestiones de legalidad e incompatibilidad.
El caso es que Rafael Catalá, ministro de Justicia reprobado, fue el invitado estrella del despacho de abogados GC Legal este pasado martes. Una oficina privada de una empresa privada que se dedica a un sector público, como es la Justicia, que depende directamente de Catalá. Algo que no parece muy ético, pero seguro que es efectivo, porque Catalá tiene en Twitter casi 17.000 seguidores y GC Legal sólo 98. De hecho, el bufete acaba de llegar a la red social y sólo tiene publicados tres tuits: el saludo de bienvenida, el retuit a Catalá y el agradecimiento al ministro.
Seguro que la presencia de Catalá ayudará a GC Legal a impulsarse en unos inicios que siempre son duros. Aunque se hacen más llevaderos cuando tienes buenos amigos, como le pasa a su fundador y dueño de las siglas, Tomás González Cueto. Se trata de un abogado del Estado en excedencia con un pasado que le ha granjeado buenos contactos.
Tras ejercer como abogado del Estado, la llegada del Partido Popular al Gobierno en el año 1996 le abrió varias puertas más allá del mundo funcionarial. García Cueto se convirtió en secretario general técnico y pasó por tres Ministerios hasta el año 2000: Administraciones Públicas, Educación y Cultura y Presidencia. Precisamente los tres ministerios -y en el mismo orden- por los que pasó Mariano Rajoy.
Después, García Cueto fue elegido director general en el Ministerio de Justicia, entre el año 2001 y 2002, según su propio currículo. Allí tuvo la oportunidad de conocer a un Rafael Catalá 15 años más joven, que en ese año fue secretario de Estado de Justicia. Después, en 2011, justo antes de las elecciones Catalá y González Cueto volvieron a coincidir al recibir la medalla de plata de la Real Orden del Mérito Deportivo por parte del Gobierno socialista.
En esta nueva etapa del Gobierno del Partido Popular, García Cueto ha tenido unos años movidos en los que ha sido miembro del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y aspirante frustrado a presidir el organismo. Ahí ha protagonizando varias polémicas por su supuesta falta de imparcialidad. Sobre todo, a raíz de un proceso en el TAD contra Ángel María Villar, entonces presidente de la Federación de Fútbol, por un supuesto trato de favor. Villar contrató a un abogado del bufete Jiménez Parga donde entonces también estaba pluriempleado García Cueto.
Tanto ajetreo profesional le ha reportado una interesante cartera de contactos que no quisieron faltar a la cita del estreno de su propio bufete. Ahí estaban Luis Rubiales, presidente de la Asociación de Futbolistas españoles; Joaquín Vives, secretario general del CGPJ; Manuel Tuero, director general del BOE; Manuel Ardanza, presidente de la Bolsa de Bilbao o el exconcejal socialista Jaime Lissavetky, según informa Confilegal.
Sin embargo, el más relevante fue, sin dudarlo, Rafael Catalá, quien utilizó su cuenta oficial y verificada en Twitter, para promocionar el bufete de su antiguo compañero en el Ministerio. Una razón por la que le han llovido las críticas en la red social.
https://www.elplural.com/politica/2017/10/27/catala-usa-su-cargo-y-su-cuenta-de-twitter-para-promocionar-el-bufete-de-unLEXNET SE CAE UN DÍA DESPUÉS DE QUE CATALÁ PRESUMIERA DE QUE "ES SEGURO"
La caída llega un día después de que el ministro presumiera del buen funcionamiento del sistema y minimizara el fallo del 27 de julio
El sistema que utilizan más de 140.000 abogados y procuradores en España ha vuelto a caerse el día en el que volvían al trabajo después del verano
Apenas 24 horas después de que el ministro de Justicia Rafael Catalá defendiese en el Congreso Lexnet, el sistema se ha vuelto a caer. Catalá decía el jueves que Lexnet "es más seguro que un fax o una carta" e intentó minimizar los daños del error del pasado 27 de julio.
Este 1 de septiembre miles de abogados y procuradores españoles han vuelto al trabajo. LexNET es el programa que utilizan unos 140.000 profesionales de la Justicia en nuestro país y con el que comparten sentencias y notificaciones con los juzgados.
Abogados como Fabián Valero, miembro de la Brigada Tuitera, denunciaban a eso de las 11 de la mañana del viernes que el sistema estaba caído.
"Hace media hora, algunos usuarios me decían que funcionaba con lentitud", explica a eldiario.es José Muelas, decano del Colegio de Abogados de Cartagena. "Saber cuándo está colgado y cuándo no empieza a resultar difícil", continúa. Esta mañana la cuenta de Twitter de LexNET, que administra Justicia, avisaba de que el acceso al sistema podía ser un poco más lento de lo habitual debido a la descarga de un applet (un componente, una extensión para el navegador).
Catalá, después de comparecer en el Congreso, escribió un tuit en el que abogada por utilizar LexNET "de forma legal y ética". Un día después, el sistema se ha caído tras registrar problemas de conexión, lentitud y terminando con la expulsión de los usuarios de la red.
"El Gobierno, al parecer, lo que ha solucionado es el agujero que se detectó el 27 de julio. Pero lo que no ha arreglado han sido las fallas estructurales del programa. Es un software malo, por diseño y por concepto", continúa Muelas.
A eso de las 13:30 horas, LexNET ha vuelto a estar operativo. Sin embargo, numerosos abogados y procuradores han mostrado su enfado públicamente en Twitter.
"El Gobierno tenía perfectamente claro que el 1 de septiembre volvemos a trabajar. No habrán asignado los recursos precisos para poder atender el sistema. No lo han dimensionado bien", concluye Muelas.
http://m.eldiario.es/cultura/tecnologia/LexNET-cae-Justicia-vuelve-vacaciones_0_682082038.html"LOS TÉCNICOS DEL MINISTERIO ENTRAN EN LOS ORDENADORES DE LOS FISCALES Y HACEN LO QUE QUIEREN"
Tras el fallo de LexNET, Emilio Fernández, portavoz de la UPF, alerta del riesgo que supone que Justicia controle sus terminales y las plataformas digitales
Colectivos de abogados llevan años denunciando que ese control choca con el principio básico de separación de poderes
Desde JpD, Juan Antonio Lozano cree que los funcionarios del Ministerio apenas pueden acceder a documentación y que el riesgo son los hackers
El Ministerio de Justicia que dirige Rafael Catalá lleva desde el pasado jueves tratando de solucionar el fallo de seguridad de LexNET, la plataforma que usan abogados y procuradores para recibir notificaciones judiciales. Más allá de la enorme grieta que ha dejado al descubierto miles de documentos, la crisis ha reabierto el debate sobre el control que tiene el Gobierno y las distintas administraciones de las aplicaciones judiciales. Son sus técnicos los que acceden a las plataformas para repararlas, con acceso a documentación judicial, cuestionando el principio de separación de poderes.
El control no se limita a las aplicaciones. Emilio Fernández, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), alerta del riesgo que supone que los técnicos de Justicia accedan a los terminales de jueces y fiscales cada vez que tienen que hacer una reparación: "comprobamos cómo en los accesos remotos, los técnicos del Ministerio entran en nuestros ordenadores para repararlos y hacen lo que quieren, eso lo vemos, entras y ves que el ordenador no estaba como el día anterior y esto supone una perturbación".
Es habitual que en las administraciones, como en las empresas privadas, los informáticos accedan por control remoto a los ordenadores que deben reparar. El problema surge cuando esos ordenadores manejan información sensible que afecta a quienes integran esas administraciones, sean el Ministerio de Justicia o las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias.
"Hay muchos asuntos, como los que maneja la Fiscalía Anticorrupción y otros, que sería mejor que estuviesen gestionados por la Fiscalía, por una entidad independiente, o incluso por el Congreso", asegura Fernández. Otros fiscales comentan lo mismo: los técnicos del Ministerio acceden por control remoto a sus ordenadores cuando tienen que hacer reparaciones y en ocasiones les solicitan sus claves. Algunos se han negado a dárselas.
La tentación de "cotillear"
"El Ministerio controla los medios materiales, las aplicaciones, los navegadores que podemos utilizar, además del grueso denuesto trabajo", denuncia Fernández, que advierte sobre el peligro de que alguien quiera enterarse sobre los detalles de un procedimiento aprovechando ese control: "puede haber interés de cotillear por parte de quien no está personado en una causa".
Ese control es consecuencia de la digitalización de la Justicia, un camino tortuoso que se inició hace años y que no termina de cuajar. La cruzada del Gobierno para eliminar el papel en la administración de justicia se sustenta sobre una diversidad enorme de plataformas que sustituyen los trámites clásicos de la administración judicial.
Hay una para las notificaciones a abogados, otra para jueces, una de documentación y gestión para fiscales y otra para acceder a expedientes judiciales completos. A eso hay que añadir una herramienta para firmar digitalmente los documentos y por el camino se han quedado algunas aplicaciones desarrolladas que nunca llegaron a funcionar correctamente. Las comunidades autónomas que tienen competencias en Justicia han desarrollado sus propias aplicaciones.
"Vulnera el principio de separación de poderes"
El esfuerzo tecnológico y económico, que por ahora no ha conseguido eliminar el papel, lleva años provocando recelos sobre el control que tiene el Ministerio de todas esas aplicaciones. Solo Justicia conoce el código y son sus técnicos quienes se ocupan de reparar las plataformas cuando surgen grietas de seguridad como la de LexNET. Iniciativas como Denuncia LexNET, tras la que está el colectivo Brigada Tuitera, alertan de que "el diseño del Sistema LexNET vulnera el principio de la separación de poderes, la independencia judicial, el derecho a la defensa y la privacidad de los ciudadanos".
José Muelas, abogado vinculado a Denuncia LexNET y quien detectó el fallo de seguridad, ha denunciado públicamente que "con frecuencia, quienes controlan los expedientes son precisamente las personas de quienes deberíamos defender esos expedientes". "Ahora que es electrónico el expediente ya no está en el juzgado, está en servidores cuyo último responsable es el ministro", dice en referencia a Rafael Catalá.
"Si la crisis de LexNET demuestra algo es que, en este tipo de materias, cuando se abusa del interés político propio el sistema entero puede acabar quebrando", escribía Muelas hace unos días. Javier de la Cueva, abogado y también miembro de Denuncia LexNET, se expresaba en los mismo términos en su cuenta de Twitter, insistiendo en la necesidad de desvincular al Ministerio del control de estas aplicaciones judiciales.
"El problema son los hackers"
Juan Antonio Lozano, de Jueces para la Democracia (JpD), discrepa y no ve riesgo en el acceso a sus ordenadores o en que el Ministerio esté encargado del funcionamiento de las aplicaciones judiciales. Defiende que sea Justicia quien debe ocuparse de reparar las grietas de LexNET porque "es suyo, lo hizo el Ministerio". "Justicia tiene sus competencias" sobre un sistema "de archivos compartidos, por lo que a través de él no pueden acceder a expediente judiciales completos", explica.
Lozano recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional establece que "el poder administrativo gestiona los medios materiales de la administración", y que así sucede en el caso de la Justicia. No descarta que pueda abrirse un debate sobre si debería continuar este sistema, pero duda de que el Ministerio vaya a desprenderse del control de las aplicaciones. "El poder público se va a resistir a hacer dejación de esas competencias", añade.
Además, discrepa de que ese control suponga un riesgo, porque el técnico que accede solo podría mirar unos pocos documentos, los últimos que se encuentre en la bandeja de entrada: "controlará un documento, si es que lo controla, ¿de verdad un funcionario se va a dedicar a rastrear miles de documentos?".
Para Lozano los riesgos van más por el apartado de un posible ataque externo: "el problema son los hackers, si han entrado en el Pentágono, cómo no van a entrar en LexNET". "Desde JPD estamos a favor de este tipo de sistemas porque agiliza, siempre nos quejamos de que la Justicia no está informatizada, no entiendo por qué nos ponemos en contra de un avance tecnológico", añade. Comenta también que los abogados "están encantados con LexNET" y que si a los fiscales no les gusta es porque "les obliga a cumplir los plazos".
Este medio ha intentado recabar la posición del Ministerio de Justicia, qué les parece las advertencias sobre el riesgo que implica que ellos controlen estas plataformas y si estarían dispuestos a debatir un posible traspaso de esas competencias a un ente independiente. Desde su departamento de prensa han asegurado "en estas fechas" no puede hacer una valoración como esta, de carácter político.
http://www.eldiario.es/politica/LexNET-control-Gobierno-aplicaciones-judiciales_0_671583449.htmlRafael Catalá, primer ministro reprobado por el pleno del Congreso
La Cámara ha reprobado también al fiscal jefe del Estado y al fiscal Anticorrupción
Rafael Catalá ya es el primer ministro de la democracia reprobado por el pleno del Congreso. José Manuel Maza ya es el primer fiscal general del Estado reprobado por la Cámara y Manuel Moix el primer fiscal jefe Anticorrupción rechazado por el Parlamento. Los tres son acusados de entorpecer la investigación de casos de corrupción.
Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, consideran que el ministro de Justicia, el fiscal general del Estado y el fiscal jefe Anticorrupción han tomado decisiones para “obstaculizar la acción de la Justicia en las causas judiciales por delitos relacionados con la corrupción”, según consta en la moción del PSOE aprobada este martes por 207 votos a favor y 134 en contra.
“Usted ha actuado como abogado defensor de los acusados de corrupción de su partido. El Gobierno ha urdido un plan perfecto para proteger a sus corruptos”, le ha dicho Isabel Rodríguez, diputada socialista, al ministro de Justicia en la presentación de la moción. Según ha señalado, “pone en riesgo el Estado de derecho y no puede seguir ni un minuto en su cargo”.
Los tres podrán seguir en sus cargos porque se trata de una moción sin efecto ejecutivo y solo tiene valor político y simbólico. Catalá no va a dimitir y tiene respaldo de Mariano Rajoy, que es el único que le puede destituir. Pero le debilita que ha sido cuestionado incluso por partidos que como Ciudadanos apoyan decisiones vitales del Gobierno.
INTENTOS FRUSTRADOS
El 17 de septiembre de 1981 se produjo el primer intento de reprobación de ministros: el PSOE lo intentó con los responsables del fraude de la colza pero perdió la votación.
La ministra de Fomento del PSOE Magdalena Álvarez salvó la reprobación (por el caos en el transporte) en el Congreso, pero perdió en el Senado, aunque constitucionalmente la Cámara alta no otorga confianza a los Gobiernos.
Jorge Fernández, ministro de Interior, fue reprobado por la Comisión de Interior (por investigar a adversarios) en octubre de 2016, cuando ya estaba en funciones.
"Yo he sido nombrado por el presidente del Gobierno, que es quien tiene la confianza de la Cámara. Este es nuestro modelo democrático, eso es lo verdaderamente democrático", ha asegurado el ministro a la salida del pleno.
A Maza el Congreso le concedió la idoneidad para su nombramiento y ahora le retira la confianza, pero él aseguró ayer a la Cadena Ser que no tiene intención de dimitir, ni de destituir a Moix. La apariencia de imparcialidad de ambos miembros de la cúpula fiscal queda afectada.
Los tres reprobados quedan tocados políticamente porque lo que ha ocurrido en el pleno no había sucedido nunca en democracia. Catalá ha escuchado desde su escaño, acompañado de cinco ministros.
Se les ha reprochado el interés del Gobierno por remover la Fiscalía Anticorrupción, provocando la salida de la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, por negarse a los nombramientos; la designación de Moix pese a que Maza fue advertido de que los investigados del caso Lezo le querían para el cargo y algunas actuaciones como el intento por parar diligencias o apartar a fiscales del caso. También se les reprueba por los mensajes del ministro de Justicia al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González hoy encarcelado. Y los chivatazos a los investigados en el caso Lezo.
Esta situación insólita tendrá continuidad mañana miércoles en la ofensiva sobre la corrupción contra el Gobierno que se inició la pasada semana, que seguirá con preguntas del PSOE al Ejecutivo, incluido Mariano Rajoy, y ante la inminencia de la presentación de una moción de censura de Podemos, justificada, precisamente, por los escándalos.
Al reproche de la ponente socialista, le ha seguido el del resto de portavoces para apoyar la reprobación en términos muy duros. La del PDeCAT, Lourdes Ciuró, que ha incluido la dura crítica por la actuación del Gobierno y la Fiscalía ante el proceso independentista catalán. Mikel Legarda, del PNV ha reprochado la acumulación de hechos y la falta de explicaciones que han terminado en “una sospecha reforzada de parcialidad y manipulación”. Para Ester Capella, de ERC, “las pruebas de la existencia de la unidad de acción entre el Gobierno y la Fiscalía son evidentes”.
Ciudadanos, teórico socio del PP, ha asegurado, a través de Ignacio Prendes, que “hemos caído por el precipicio de la pérdida de credibilidad” de la Fiscalía. “Quiero un país en el que el presidente del Gobierno no defienda a los jefes de la Fiscalía”, ha dicho. Para Gloria Elizo, de Podemos, por estos hechos, el PSOE debería apoyar la reprobación total del Gobierno, con su moción de censura.
En defensa de Catalá, Maza y Moix solo ha salido el PP. Según Carlos Rojas, “pretenden que una moción política interfiera en la Justicia”. “Este Gobierno jamás ha dado órdenes a la Fiscalía, ustedes están faltando al respeto a los fiscales”, ha concluido frente a todos y en medio de la bronca.https://politica.elpais.com/politica/2017/05/16/actualidad/1494937258_693041.html
LAS MANIOBRAS DE GONZÁLEZ CON EL MINISTRO CATALÁ Y ENRIQUE CEREZO PARA INFLUIR EN LA FISCALÍA Y EN LOS JUECES
Las conversaciones del expresidente madrileño con el empresario madrileño se centran en su imputación en el caso del ático, pero sobre todo atacan a la jueza Isabel Conejo y al fiscal Juan Carlos López Caballero
El juez Eloy Velasco advierte de que Edmundo Rodríguez Sobrino, uno de los principales integrantes de la trama del Canal de Isabel II, ha realizado gestiones para tratar de conocer las medidas solicitadas por la Fiscalía a Suiza
Los nuevos mensajes y grabaciones conocidos y que fueron interceptados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la trama liderada por el expresidente madrileño Ignacio González, ponen de manifiesto las maniobras que realizaron los integrantes de la red corrupta para tratar de desplazar a jueces y fiscales, según se desprende de los mensajes hechos públicos por laSexta en exclusiva.
En sus conversaciones con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; con el exministro del PP Eduardo Zaplana; con el exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y expresidente del Tribunal Administrativo del Deporte, Enrique Arnaldo Alcubilla; y sus SMS con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, Ignacio González muestra sus anhelos por influir en la jueza que instruye en Estepona el caso del ático, Isabel Conejo, y en el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero; pero también porque sus candidatos a puestos clave en la judicatura y en la Fiscalía acaben siendo elegidos.
Esas conversaciones muestran que en todo momento González apostaba por los mismos candidatos que al final acabó eligiendo Catalá. Así, el ministro de Justicia optó por el magistrado conservador del Tribunal Supremo, José Manuel Maza, como fiscal general del Estado, y "un tío serio" para González. Maza apartó a Consuelo Madrigal, que en marzo de 2015 había pedido al embajador de Estados Unidos en España que acelerara las comisiones rogatorias del caso del ático del expresidente madrileño.
Especial relevancia tiene las conversaciones con el exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y expresidente del Tribunal Administrativo del Deporte, Enrique Arnaldo Alcubilla, considerado una persona de la esfera del PP. Y el expresidente madrileño conversaba con Arnaldo Alcubilla sobre el nombramiento del fiscal general, que explicaba a González que los "cambios en la Fiscalía General", que se ponían "en marcha las piezas" y que sabía que era "voluntad del ministro cambiar la pieza principal".
"Moviéndote como corresponde"
A sus palabras, González respondía, según laSexta: "Joder, estás ahí moviéndote como corresponde". A continuación Arnaldo Alcubilla añadía: "Estoy moviéndome para que el nuevo que sustituya a esta señora sea bueno", en clara referencia a Consuelo Madrigal.
El 11 de noviembre del año 2016, Maza accede al cargo y tanto González como el exvocal del Poder Judicial se muestran entusiasmados en sus conversaciones grabadas por la UCO. Y González afirmaba: "Estamos contentos, ¿o no?" y Alcubilla le respondía: "Estamos muy contentos, sí [...] cuando nos veamos te contaré cómo se actuó en otra etapa anterior que es la que hay que seguir".
Después de conseguir al fiscal general de su gusto, González se interesa por otros nombramientos. Y entonces Arnaldo Alcubilla asegura: "Hay que mover la pieza principal y luego las dos que van al lado, la Fiscalía de la Nacional y la Fiscalía Anticorrupción". Las nuevas designaciones, ya estaban preparadas, según Arnaldo Alcubilla, que explicó a González: "Esa operación, que yo sepa, está preparada; ahora es una garantía que siga Rafael porque ya se lo conoce".
Al final los dos elegidos al frente de Anticorrupción y de la Audiencia Nacional fueron Manuel Moix y Jesús Alonso, respectivamente. Precisamente, en una de las conversaciones ya conocidas entre González y Zaplana, el primero explicaba al exministro del Gobierno de José María Aznar su predilección por Moix.
"No me corto"
En la conversación Arnaldo Alcubilla, Ignacio González asegura que va a hablar con el ministro de Justicia: "No soy quién, pero no me corto en decirle a Rafa: oye Rafa, ¿sabes? Este ¿cómo se llama? Jesús, voy a ver si se lo puedo hacer llegar". En la escucha, según laSexta, no se entiende el apellido, aunque al final fue nombrado como fiscal jefe de la Audiencia el hasta entonces teniente fiscal, Jesús Alonso.
El pasado 3 de noviembre le envió un mensaje que el propio González valoró: "Gracias Nacho, un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos". En una conversación posterior de González con el presidente del Atlético de Madrid, el expresidente madrileño le dice al empresario que recibió de Rafael Catalá un "mensaje encantador" en el que hablaba de "terminar con los líos". Un día antes, el 2 de noviembre, González había reclamado a la jueza de Estepona el sobreseimiento.
Sin embargo, las conversaciones con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, muestran la principal y lógica obsesión de González: el procedimiento del ático de Estepona por el que está imputado por cohecho y blanqueo de capitales junto a su mujer, Lourdes Cavero.
Cerezo, que asegura mantener con el ministro Catalá una relación fluida, asegura a González que ve "con frecuencia por el tema del estadio, siempre se lo digo y siempre, pero es que no se lo tengo que decir, que siempre lo recuerda él" se felicita el empresario, que también está imputado en el caso del ático de Estepona.
"Que lo estaban mirando"
En otra conversación, González vuelve a interesarse por su imputación: "¿Tienes una noticia de algo?", le interpeló, a lo que Cerezo responde: "El otro día me encontré con Rafa y me dijo lo mismo, que lo estaban mirando". Y en otro de los pasajes de las conversaciones grabadas por la UCO el presidente del club colchonero saca pecho por su influencia en el ministro: "¿Te acuerdas de que dije yo lo de las acusaciones particulares [populares]? Le dije, no tenéis cojones a quitar y tal. Lo van a quitar".
El ministro de Justicia, a Ignacio González, en 2016: Ojalá se cierren pronto los líos El ministro de Justicia, a Ignacio González, en 2016: Ojalá se cierren pronto los líos
Este desparpajo de Cerezo con el ministro Catalá llega hasta el punto, siempre según las conversaciones hechas públicas por el programa Al Rojo Vivo de laSexta, de asegurar a González que le va a preguntar por "las comisiones rogatorias".
Precisamente, este viernes infoLibre informa de que cuatro años después de que la jueza de Estepona reclamara los primeros datos a las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido y Panamá sobre los verdaderos compradores del ático de lujo que ahora es propiedad del expresidente madrileño, los continuos errores en las peticiones de información han impedido saber si el testaferro mexicano Rudy Valner adquirió desde el primer momento el dúplex para el matrimonio González-Cavero.
Y el propio González, que ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real la noche del viernes al sábado, también arremetió en sus conversaciones con Cerezo contra la jueza de Estepona Isabel Conejo: "Ahora, la niñata esta de mierda de ahí abajo es una tonta del culo; pues claro y luego el otro, el fiscal, otro que tal baila", dijo en una conversación con Enrique Cerezo, en una nueva referencia de la jueza Isabel Conejo y el fiscal jefe de Málaga. Juan Carlos López Caballero, que esta semana acudió a Madrid en un viaje de trabajo.
El fiscal superior de Málaga
González hace especial hincapié en la figura del fiscal López Caballero, que fue el que reclamó en febrero de 2016 su declaración como imputado: "A ver si ahora con este fiscal general más o menos se le pone en orden al de abajo. Ahora me imagino que no estarán protegidos como antes", se jacta el expresidente, que en otro momento de la conversación completa: "Bueno, de momento ahora está vacante la Fiscalía Anticorrupción, tienen que nombrar un fiscal Anticorrupción". Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción de Málaga estaba vacante desde la salida del propio López Caballero, que pasó a ser fiscal jefe superior de la provincia andaluza.
Asimismo, el que fuera número dos de Esperanza Aguirre en el PP madrileño y en la Comunidad de Madrid estaba muy interesado en otros movimientos en el poder judicial: "Antes de poner a estos hijos de puta es mejor Marchena", en referencia al magistrado del Tribunal Supremo conservador Manuel Marchena.
Además, y tal y como ha podido advertir este periódico, el juez que instruye en la Audiencia Nacional la Operación Lezo, Eloy Velasco, destaca en el auto con el que envía a González a prisión que uno de los principales responsables del Canal de Isabel II con Ignacio González, en concreto Edmundo Rodríguez Sobrino, realizó gestiones "para tratar de conocer las medidas solicitadas por la Fiscalía a Suiza".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/29/las_maniobras_gonzalez_con_catala_fiscalia_los_jueces_64465_1012.htmlCATALÁ NIEGA QUE TRATARA "CUESTIONES JUDICIALES" CON IGNACIO GONZÁLEZ: "EL SMS FUE UNA RESPUESTA DE CORTESÍA"
El ministro de Justicia afirma que no mantiene "una relación de amistad" con el expresidente de la Comunidad de Madrid, tras revelarse el SMS que le envió en el que le decía: "Ojalá se cierren pronto los líos"
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado hoy que en el mensaje que envió a Ignacio González en noviembre de 2016 se refiriera a "cuestiones judiciales" que tuvieran que ver con el expresidente madrileño, al expresarle su deseo de que se cerrasen "los líos", es decir, según él, la situación política en España.
"Yo no me refiero en absoluto a cuestiones judiciales, no me refiero en absoluto a cuestiones que tengan que ver con el señor González", ha manifestado Catalá en los pasillos del Senado tras responder a las dos preguntas de control al Ejecutivo que le ha formulado la oposición en el Pleno de la Cámara y dónde el PSOE ha llegado a pedir su dimisión.
En los pasillos del Senado, Catalá ha explicado también que él mantiene una "relación" con González, en razón a su trayectoria institucional y "no una relación de amistad" y ha ratificado que el expresidente de la Comunidad de Madrid "nunca" le ha pedido ayuda para solucionar sus problemas en los tribunales.
Catalá ha explicado que esos días recibió "cientos de mensajes de felicitación" y ha añadido que "a todos" esos mensajes respondió con "amabilidad y educación", "entre ellos" el de Ignacio González, a quien, según ha dicho "conoce desde 1996" porque ha desempañado funciones dentro del Gobierno como "subsecretario, como secretario de Estado, como vicepresidente de la Comunidad de Madrid y como presidente de la Comunidad de Madrid.
"Por lo tanto, es evidente que tengo una relación de personalidad con él, no una relación de amistad", ha declarado, para añadir que ese SMS se ha conocido tras una "violación flagrante" del secreto de sumario, aunque "eso parece que no importa demasiado en este momento".
El ministro ha asegurado que cuando él dice "ojalá se cierren pronto los líos" le está transmitiendo su "voluntad y deseo" de que el país tenga "pronto estabilidad" porque llevaban ya un año con el Gobierno en funciones, "con dos procesos electorales e investiduras fallidas". Según ha recalcado, él no se refería "en absoluto a cuestiones judiciales".
Preguntado expresamente si el expresidente de la Comunidad de Madrid le ha pedido ayuda alguna vez para arreglar sus "líos", ha contestado: "Nunca". Según ha añadido, el ministro de Justicia no tiene "ninguna capacidad de influir ni sobre los jueces ni sobre los fiscales para que una investigación judicial vaya en una dirección o en otra". En este sentido, ha recalcado que la labor del ministro de Justicia "no está en decirle a los jueces ni a los fiscales lo que tienen que hacer", porque "no puede", sino en "hacer que la justicia sea más ágil". Y este último punto, ha afirmado que el Gobierno del PP está "comprometido".
Catalá también ha defendido al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, tras conocerse la semana pasada que intentó frenar los registros de la Operación Lezo. "Me parece intolerable que diga que el fiscal Anticorrupción paraliza, bloquea o no quiere llevar a cabo investigaciones", ha enfatizado.
Lo que hizo Moix, según Catalá "como muy bien él dijo", fue manifestar a los fiscales que adentrarse en una "investigación del año 2001" relacionada con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González -en prisión incondicional desde la noche del pasado viernes-, "cuando no trabajaba" en dicha Administración regional, podía "enturbiar" la operación, ha precisado Catalá.
Según el ministro, Moix tenía la intención de "ayudar a la buena marcha de la investigación" y ha reprochado que esté "diciendo justo todo lo contrario". "Se está enturbiando la labor de un magnífico profesional de muchas décadas de servicio al derecho y a la ley", ha concluido.
http://m.publico.es/politica/1997398/catala-niega-que-tratara-cuestiones-judiciales-con-ignacio-gonzalez-el-sms-fue-una-respuesta-de-cortesiaEL MINISTRO DE JUSTICIA MANDÓ UN SMS DE ALIENTO A IGNACIO GONZÁLEZ: “OJALÁ SE CIERREN PRONTO LOS LÍOS”
El expresidente de Madrid, ya investigado, le había felicitado previamente por su continuidad en el Gobierno
“Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos”. Ese es el mensaje que recibió en su teléfono móvil el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. El autor no era un remitente cualquiera, sino el ministro de Justicia, Rafael Catalá. El exmandatario madrileño había escrito previamente para felicitarle por su confirmación al frente del Ministerio y esa fue su respuesta. Catalá mandó el mensaje el pasado 3 de noviembre, un día antes de su toma de posesión oficial tras el periodo en funciones.
Según informan a EL ESPAÑOL fuentes cercanas al caso, González tenía en ese momento el teléfono intervenido, y de ese modo, los investigadores tuvieron conocimiento de la comunicación con el ministro. A ese mismo mensaje se refirió González en otra conversación posterior con su amigo y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. El mandatario rojiblanco le dice que había charlado también con Catalá sobre el caso de su ático: “Hablé el otro día con Rafa, que lo estaban mirando, Nacho”. A esas palabras, González responde que había recibido de parte del ministro “un mensaje encantador”.
Esta charla entre Cerezo y González, ambos imputados en el caso del ático, se produce apenas unos días después del sms de Catalá. El presidente del Atlético de Madrid le dice al expresidente madrileño que unos días atrás estuvo cenando con una persona que, según afirma, fue "jefa" de Catalá. Según las fuentes consultadas, el presidente del Atlético de Madrid parece estar refiriéndose a una superior de Catalá en el pasado. Cerezo le hizo saber a González que esta persona le había tranquilizado diciéndole que el ministro "mantiene muy buena sintonía con todos los jueces". González contesta a Cerezo recordándole que Catalá fue antes secretario de Estado del mismo Departamento.
Prisión sin fianza para González
Pese a que en su mensaje, el ministro de Justicia habla de “líos” en plural, en ese momento González sólo tenía comunicación oficial de su imputación en el caso de su ático de Marbella (desde marzo de 2016). Las pesquisas de la Operación Lezo estaban ya en marcha pero permanecían secretas y para entonces, la Comunidad de Madrid había enviado también su informe a la Justicia sobre las inversiones del Canal de Isabel II.
Pese a las palabras del ministro, el deseo que deslizaba Catalá en su mensaje de apoyo a González no se materializó. El caso del ático ha seguido su curso con el ministro de Justicia al frente de la cartera y la Audiencia Nacional ha detonado la causa que se centra directamente en los negocios del número dos del gobierno madrileño. En lugar de cesar, los problemas para González han crecido de forma exponencial con Catalá como ministro. No sin polémica, si tenemos en cuenta la confrontación del nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, con los responsables del Ministerio Público que investigan la causa.
En las intervenciones telefónicas y según fuentes cercanas al caso, es el propio González el que se queja del escaso apoyo que en realidad le están prestando sus compañeros de partido a la hora de paralizar sus problemas judiciales. Sin embargo, tal y como informó este diario, González fue alertado de su detención dos meses antes de que se produjera. El chivatazo le vino de parte de un alto cargo del Gobierno, pero según creen los investigadores, este no procedió del Gabinete de ministros, sino de un cargo intermedio. Eso descartaría por completo la implicación de Catalá en los hechos.
Fueron avisados
De forma complementaria y tal y como informó este diario, unos meses antes de aquel soplo también tuvo conocimiento de que sus conversaciones estaban siendo intervenidas por orden judicial. Lo sabían él y el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals porque "una magistrada amiga de la casa (del periódico)" había llamado para prevenirles.
Por su parte, de la relación entre Catalá y Cerezo -también investigado en el caso del ático- da cuenta la presencia del ministro en la comitiva vip que acudió a la final de la Copa de Europa en Milán el pasado mayo invitada por el Atlético de Madrid. En aquella expedición estaban también la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, y su compañero de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado. También el presidente y el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y José Luis Martínez Guijarro (PSOE) o el concejal del Ayuntamiento de Madrid Antonio Carmona, entre otros.
En otra ocasión más reciente Catalá se vio inmerso en otra polémica por demostrar cercanía personal con personas con problemas con la Justicia. El pasado mes de marzo, el ministro se desplazó a Baqueira Beret, la estación de esquí en el pirineo catalán, para asistir a una fiesta organizada por el empresario Manel Torreblanca, condenado a dos años de prisión por siete delitos fiscales y que evitó la cárcel gracias a un pacto con la Fiscalía. Aquel episodio provocó que el grupo socialista en el Congreso de los Diputados presentase una batería de preguntas para saber por qué fue a la fiesta, hasta dónde sabía el ministro del acuerdo con la Fiscalía por el que Torreblanca evitó la prisión y quién pagó su desplazamiento y gastos. No consta respuesta parlamentaria por el momento.
"Luis sé fuerte" o "compi yogui"
La difusión de mensajes privados entre altos representantes del Estado y personas investigadas por la Justicia también afectaron al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien se llegó a intercambiar comunicaciones con el extesorero de su partido Luis Bárcenas, según desveló el diario El Mundo. “Sé fuerte” o "Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo" son algunos de los mensajes que mantuvo el líder del Ejecutivo con un Bárcenas al que se le pedía guardar silencio sobre la contabilidad B del partido.
Incluso la indiscreción con los mensajes de móvil salpicó a la reina Letizia hace un año cuando Eldiaro.es difundió el mensaje que le escribió al empresario de OHL Javier López Madrid, amigo personal de los reyes e implicado en el escándalo de las tarjetas black: “Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)”.
http://www.elespanol.com/espana/20170425/211229083_0.htmlLAS GRABACIONES DEL 'CASO LEZO' MUESTRAN LAS VINCULACIONES DE GONZÁLEZ CON EL MINISTRO CATALÁ Y ENRIQUE CEREZO
Las grabaciones muestran que el ministro de Justicia dio ánimos a Ignacio González, cuando estaba imputado en el caso del ático y se le investigaba en secreto en la operación Lezo
El expresidente madrileño habla también con el exministro Zaplana sobre su interés en cambiar a la jueza y en reunirse con el fiscal encargado del caso del ático de Estepona
Las grabaciones de las conversaciones realizadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a los integrantes de la trama muestran las conexiones que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, presunto cabecilla de la trama disuelta con la Operación Lezo, ha mantenido con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que también está imputado en el caso del ático de Estepona.
Catalá, de cuyo departamento dependen las comisiones rogatorias reclamadas por la jueza de Estepona que investiga el caso del ático, Isabel Conejo, contestó el 3 de noviembre de 2016, según han adelantado laSexta y El Español, a un SMS de felicitación que le había remitido previamente González en el que le daba la enhorabuena por su nombramiento como ministro de Justicia: "Gracias Nacho, un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos".
Precisamente, las comisiones rogatorias de este caso han sufrido una extrema lentitud, que ya ha tenido importantes consecuencias en la investigación, según se especifica en una providencia de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número, Isabel Conejo. Esta resolución, de 6 de noviembre de 2015, explica que el US Bank, la entidad financiera de Estados Unidos desde la que se realizaron en marzo de 2008 las dos transferencias de 100.000 y 650.000 euros con los que la empresa offshore pagó el ático de Estepona, ya no disponía de la documentación relativa al origen del dinero, según una nota enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a las autoridades españolas.
Cuando el ministro Catalá envió el SMS, González, su mujer, Lourdes Cavero, y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, llevaban ya nueve meses imputados por la jueza de Estepona, al mismo tiempo que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigaba en secreto la denominada trama Lezo.
Un portavoz del Ministerio de Justicia ha asegurado a laSexta que cuando el ministro se refiere en el mensaje a los "líos" está hablando de los problemas políticos de cara a la gobernabilidad. Sin embargo, tan sólo un día después del SMS, el 4 de noviembre, Catalá tomaba posesión de su cargo de ministro.
En el palco con Cerezo
El 17 de marzo de 2015, el ministro Catalá fue fotografiado en el palco del Vicente Calderón junto al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que todavía no estaba imputado en el caso del ático, aunque las investigaciones ya apuntaban a que el comprador del dúplex de lujo, un testaferro profesional, era empleado de Cerezo en una sociedad con vínculos con Telemadrid. Al día siguiente, el 18 de marzo, el titular de Justicia asistió en visita de trabajo a la Audiencia Provincial de Málaga, al mismo tiempo que acudió al Colegio de Abogados de esta provincia andaluza.
Asimismo, Rafael Catalá viajó invitado por el Atlético de Madrid a la final de la Champions League celebrada en Milán, en la que el conjunto de Cerezo, que ya estaba imputado en Estepona, se enfrentó al Real Madrid. En el viaje también participaron otros políticos madrileños como Begoña Villacís (Ciudadanos). A la final también acudió el testaferro profesional y empleado de Cerezo que compró el ático desde EEUU, Rudy Valner, y tras visitarlo la mujer de González, Lourdes Cavero.
El presunto testaferro Rudy Valner (con gafas y los ojos cerrados) en la final de la Champions en presencia de Ignacio Aguado de Ciudadanos (en primer plano a la derecha). El presunto testaferro Rudy Valner (con gafas y los ojos cerrados) en la final de la Champions en presencia de Ignacio Aguado de Ciudadanos (en primer plano a la derecha).
Pero los mensajes interceptados por la UCO de la Guardia Civil apuntan a otras maniobras de González en relación con la justicia. En una conversación intervenida por orden del juez Velasco,el expresidente de la Comunidad de Madrid explica al exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana su intención de cambiar a un juez: "Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, y escucha: tenemos a un juez que está provisional. Tú lo asciendes. Yo le digo: a ver, venga usted pa' acá. ¿Cuál es la plaza que le toca?¿Onteniente? A tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular".
Precisamente, en el caso del ático la jueza sustituta, Mariana Peregrina, se encargó de la instrucción durante los meses de baja maternal de la titular Isabel Conejo. Esta jueza ordenó en un primer momento imputar a la mujer de González, Lourdes Cavero, al mismo tiempo que solicitó que el caso se enviara a la Audiencia Nacional. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Málaga revocó esa decisión, por lo que dejó el caso en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona. Su titular, Isabel Conejo, de vuelta a su puesto, fue más allá y acordó la imputación del matrimonio con el respaldo del fiscal delegado de Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero.
Sin embargo, el diario El Español asegura que González hace referencia a que la plaza en propiedad que ocupa Velasco, la del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, es de otro juez, Manuel García-Castellón, que está de juez de enlace en Roma.
En otra de las conversaciones que González mantiene con Zaplana, el primero alude a sus deseos sobre quién debe ser fiscal jefe de Anticorrupción: "A ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, Yo creo que va a salir él, si sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío bueno y serio. Yo no soy quién, pero no me corto a decirle a Rafa: "Oye Rafa, ¿sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte. O los tienes controlados o estás muerto", indica el expresidente madrileño a Zaplana.
Moix rechazó investigar el campo de golf
Precisamente, según adelantó infoLibre, Moix rechazó el registro de la sede del Canal para reclamar información de la etapa de la presidencia de la Comunidad de Alberto Ruiz-Gallardón al considerar que esta investigación debería desgajarse del caso Lezo, por lo que deberían encargarse del mismo otro instructor y otros fiscales diferentes a los de la trama de Ignacio González. Este fue el motivo por el que los fiscales de Anticorrupción invocaron el artículo 27 de su Estatuto para oponerse a la decisión del fiscal jefe de Anticorrupción.
Además, tal y como ha adelantado este diario, el propio Moix ya había cerrado en 2009 la investigación por la adjudicación de un campo de golf en el centro de Madrid a una empresa de un hermano y un cuñado del expresidente madrileño.
En este sentido, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió este martes al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, tras conocerse la semana pasada las discrepancias manifestadas en el seno de la Fiscalía Anticorrupción sobre los registros de la operación Lezo. "Me parece intolerable que diga que el fiscal Anticorrupción paraliza, bloquea o no quiere llevar a cabo investigaciones", enfatizó.
El relevo de Velasco
Pero en sus conversaciones grabadas, González también se refiere al relevo del juez Velasco, que además del caso Lezo instruye la Púnica, en la que aparece el nombre de Zaplana vinculado a la trama liderada por Francisco Granados: "Este poli me ha dicho que al Velasco le van a mandar al Supremo, pero yo creo que hay una jugada, me ha contestado este, si hay un juez de apoyo, para sacarlo de ahí y dejar al de apoyo".
Tal y como adelantó infoLibre, el juez Velasco reclamó un puesto en la nueva sala de apelaciones de la Audiencia Nacional. Velasco tomó esta decisión después de que el Consejo General del Poder Judicial no prorrogara la presencia del juez Alejandro Abascal como refuerzo de Velasco, que se incorporó al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en marzo de 2016.
González también mantuvo conversaciones con el expresidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en las que también hablan de cómo evitar la investigación de la jueza de Estepona Isabel Conejo. en la conversación, siempre según La Sexta, Cerezo asegura: "Dicen que el juez es el juez y que no se puede hacer nada, yo ya les he dicho, aquí qué queda, ¿pegarle dos tiros a la jueza? ¿Qué alternativas tengo?¿no se puede hablar con el fiscal?", a lo que Cerezo contesta: "Volveremos a hablar con este a primeros de septiembre, porque si quieren guerra vamos a tener guerra".
Con el ministro del Interior
Asimismo, el expresidente de la Comunidad de Madrid propuso al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tomarse un café en una llamada de teléfono en la que le felicitó por su nombramiento como ministro del Interior, según han explicado a Europa Press fuentes conocedoras de la conversación, que precisan que dicho encuentro no llegó a celebrarse.
Zoido concluyó su intervención en el Senado señalando que él y otros miembros del Ministerio del Interior recibieron "centenares" de felicitaciones a su llegada al Departamento, incluyendo la que expresó en persona Pablo González, directivo de Mercasa y hermano del expresidente madrileño Ignacio González, en su cita con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.
Según Zoido, esa reunión fue solicitada días después de Reyes y se celebró el 8 de marzo para tratar cuestiones relativas a la seguridad de nuevos centros de Mercasa, la empresa pública que abastece a los mercados de diferentes ciudades españolas.
"Se ha reunido con luz y taquígrafos en su despacho", dijo sobre el secretario de Estado, añadiendo que éste "no tiene necesidad de reunirse en gasolineras, ni en ningún reservado, ni dar ningún chivatazo para que algún servicio se tenga que desmontar", aludiendo de esta forma de forma indirecta a diferentes polémicas de la etapa del PSOE en el Gobierno.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/26/las_grabaciones_del_caso_lezo_llevan_catala_cerezo_actualidad_64304_1012.html¿PERNOCTÓ EL MINISTRO CATALÁ EN EL APARTAMENTO DEL CONDENADO TORREBLANCA?
Los asistentes a la fiesta de aniversario del millonario barcelonés en Baqueira Beret dan por hecho que el titular de Justicia hizo noche en el domicilio del anfitrión defraudador
La amistad entre el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el millonario barcelonés Manel Torreblanca es reciente, no tiene más de dos años. Ambos sintonizaron tras coincidir en un acto con otros amigos comunes y, a partir de ese momento, establecieron una relación frecuente y estrecha. Fruto de esa armonía, el representante del Gobierno y el esposo de la acaudalada Liliana Godia juegan de forma habitual al pádel. Unas veces en Madrid y otras, en Barcelona, según convenga a sus apretadas agendas.
Así explican desde el entorno del empresario catalán la especial relación que le llevó a invitar al ministro a su fiesta de 50 cumpleaños en la localización pirenaica de Baqueira Beret. La celebración tuvo lugar un sábado, el pasado 4 de marzo. Un selecto grupo de invitados y sus acompañantes llegaron al restaurante Esquiró hacia las nueve de la noche. El ministro y su esposa, María Ángeles Martínez, se presentaron más tarde, casi una hora después. Los saludos y los aperitivos habían comenzado cuando el representante gubernamental de la justicia española hizo acto de presencia.
Sorpresa entre los asistentes
Muchos de los presentes se frotaron los ojos. Pese a ser buenos amigos del anfitrión se sorprendían de que la máxima autoridad del Ejecutivo en materia de justicia participara en un encuentro organizado por Torreblanca, un empresario que acaba de pactar con la fiscalía una condena por fraude a Hacienda y que se ha visto obligado a pagar unas millonarias cuantías para evitar la cárcel y frenar el ingreso de prisión de su esposa, Lily.
La sorpresa fue mayúscula entre las acompañantes de algunos ilustres invitados, entre los que destacaba José Creuheras, el actual hombre fuerte de Planeta y Atresmedia. También asistían otros amigos íntimos como Enrique Lacalle, Francisco Reynés, Oscar Pierre o Javier Faus, todos ellos habituales del esquí en Vall d’Aran. Los comentarios fluyeron durante la cena de manera pícara mientras Torreblanca mantenía la tradición de celebrar su aniversario, como viene llevando a cabo desde hace diez años, en la exclusiva estación de Baqueira. “El mejor regalo que recibió Torreblanca fue la presencia del ministro”, explica uno de los presentes en la fiesta.
Pregunta sin respuesta
El propio organizador presumía ante amigos y asistentes del honor que suponía haber alojado a Catalá en su apartamento, según ha podido saber este medio. “Son apartamentos correctos, en la montaña no hay grandilocuencias en las viviendas”, cuenta uno de los que han visitado la vivienda de Torreblanca. Con todo, el empresario ha declinado responder a Crónica Global a la pregunta de si el ministro se alojó en su domicilio o bien recaló en otro lugar para hacer noche en el enclave montañoso.
La filtración de la asistencia del ministro a una fiesta con un condenado por fraude ha generado tensión política en el seno del propio Gobierno, entre las facciones del PP más próximas a Soraya Sáenz de Santamaría (en la que se encuadra Catalá) y los partidarios de la secretaria general y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
El matrimonio Torreblanca y Godia es una de las principales fortunas de la capital catalana y gustan de mantener un nivel de relaciones sociales desacostumbrado en Barcelona, donde la burguesía clásica mantiene siempre un bajo perfil público. Sus veraneos en lujosos yates, a los que invitan a toda suerte de empresarios y prohombres de los negocios, se han convertido en una tradición estival, tanto en las islas Baleares como en otros enclaves del litoral Mediterráneo. El champán francés se sirve a todas horas y la alta gastronomía siempre está presente, explican sus íntimos.
Artillería legal para evitar la cárcel
El lance que mantuvo con la justicia fue un duro trago para el matrimonio. La fiscalía interpuso sendas querellas por fraude fiscal en diferentes ejercicios. El texto de aquella denuncia denotaba una clara dejadez en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ponía de manifiesto el nivel habitual de gasto y de patrimonio acumulado, incluso en Suiza, por la pareja barcelonesa. Un primo de Lily, el abogado Xavier Amat, era el encargado de esos asuntos fiscales en la familia. Él también acabó condenado.
Torreblanca puso a toda la artillería legal a su alcance para frenar una condena indiscutible. El abogado penalista José Ángel González Franco fue el encargado de negociar con fiscales, letrados del Estado y de la Generalitat un pacto que salvó a Godia de una condena (dos años y 15 días de prisión, que evitó con una multa adicional) y que atribuía al empresario toda la responsabilidad en lo sucedido.
La parte final de ese acuerdo que suponía una condena menor (evitaba el ingreso en prisión) y el pago de cantidades millonarias para resarcir las arcas públicas por lo defraudado tuvo lugar en el verano de 2015. Catalá accedió al ministerio el 29 de septiembre de 2014, en sustitución del dimitido Alberto Ruiz-Gallardón.
http://cronicaglobal.elespanol.com/politica/ministro-catala-torreblanca-fiesta_70530_102.htmlMANUEL TORRALBA, DELINCUENTE FISCAL BIEN RELACIONADO
El ‘cumpleañero’ amigo del ministro Catalá, condenado por delitos fiscales y lobista político
Ser amigo de un ministro tiene que tener sus cosas buenas. Si no que se lo digan a Manuel Torralba, que contó en su último cumpleaños, celebrado en un exclusivo restaurante de la estación de esquí de Baqueira Beret, con la presencia de Rafael Catalá, actual ministro de Justicia.
La presencia de Catalá ha levantado una fuerte polémica, más si cabe recordando otros casos de amiguismo en el Gobierno como los del exministro Soria y su invitación a un resort en Punta Cana. Pero, además de conocer si el ministro de Justicia pagó o no su viaje al Pirineo, cabe destacar que acudía a la fiesta de un condenado por delitos fiscales, aunque con resultado muy favorable.
Pacto con la Fiscalía
En junio de 2015, Manuel Torralba, marido de la empresaria y mecenas Liliana Godia, fue condenado a una pena de dos años de cárcel por siete delitos fiscales. La pena, sin embargo, le permitió no pisar la cárcel y sólo tuvo que pagar una multa tras defraudar 1,6 millones de euros en el impuesto de sociedades y 348.393,23 euros en el IVA.
Una solución bastante favorable a juzgar la gravedad y cantidad de delitos que se le imputaban. Y ese trato tan laxo le fue concedido tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, la Abogacía del Estado, organismos que dependen del Ministerio de Justicia, y la Generalitat catalana.
Es reseñable también que Manuel Torralba, máximo responsable de Gupa Consulting y expresidente del salón inmobiliario Barcelona Meeting Point, forma parte del lobby conocido como Foro Puente Aéreo, creado durante la época del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que reúne a una treintena de compañías de Madrid y Barcelona para, según defienden, fomentar el diálogo institucional con la clase política de ambas ciudades.
De este grupo de presión es actualmente secretario Enrique Lacalle, exdiputado del Partido Popular y presidente del Puerto de Barcelona durante el Gobierno de José María Aznar (1996-2004), un puesto muy suculento que el Ejecutivo conservador le otorgó a dedo.
Lacalle también fue uno de los asistentes al cumpleaños de Torralba en Baqueira Beret y se dice que es un experto en moverse por los despachos, tanto de los ministerios como de la Generalitat. Precisamente, fue en los despachos donde surgió la laxa condena al anfitrión de la fiesta y compañero en el Foro Puente Aéreo.
Actualmente en el juego
Todo esto parece lejano en el tiempo, pero en la actualidad siguen mostrando sus altos contactos políticos desde el lobby Puente Aéreo. Torralba, Lacalle y otro empresario y miembro del grupo, Luis Conde, propusieron el pasado diciembre al lobby convocar un encuentro con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para relanzar la labor del foro, que había estado prácticamente parado en 2016 para no interferir en el bloqueo político.
Sin embargo, algunos de los empresarios de la parte catalana del Foro Puente Aéreo, tal y como recogió El Confidencial, se opusieron a este encuentro argumentando que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aún no había puesto sobre la mesa una oferta concreta de negociación dentro de la denominada operación diálogo con Cataluña.
http://www.elplural.com/politica/2017/03/22/manuel-torralba-delincuente-fiscal-bien-relacionadoCATALÁ GUARDA SILENCIO SOBRE QUIÉN PAGÓ SU FIESTA CON EL DEFRAUDADOR
¿Se pagó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, su estancia en Baqueira Beret y la comilona en el restaurante del hotel? Es la pregunta que está ahora en el aire, después de que se conociera que hace dos semanas en la elitista estación de esquí del Pirineo Catalán.
El caso no es baladí, porque el responsable de la Justicia española no tuvo reparos en acudir a la celebración de Torreblanca, quien en junio de 2015 fue condenado a una pena de dos años de cárcel por siete delitos fiscales. La pena, sin embargo, le permitió no pisar la cárcel y sólo tuvo que pagar una multa tras defraudar 1,6 millones de euros en el impuesto de sociedades y 348.393,23 euros en el IVA.
Una solución bastante favorable a juzgar la gravedad y cantidad de delitos que se le imputaban. Y ese trato tan laxo le fue concedido tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, la Abogacía del Estado -organismos que dependen del Ministerio de Justicia- y la Generalitat catalana.
Preguntarse quién pagó los gastos de Catalá está justificado por dos antecedentes. El primero de ellos, que el ministro ya se dejó agasajar el año pasado por el Atlético de Madrid, club del que es aficionado, con un viaje a Milán para asistir a la final de Champions contra el Real Madrid. Catalá ni siquiera tuvo reparos a fotografiarse con el presidente del club, Enrique Cerezo, quien está imputado por cohecho y blanqueo de capitales junto a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, en el caso ático, la investigación sobre el origen del piso de lujo que el político tiene en Marbella.
Por otra parte, porque no sería la primera vez que un ministro del Gobierno de España se ve agasajado por empresarios de dudoso jaez. José Manuel Soria mintió hasta la saciedad para asegurar que de Punta Cana. Finalmente, y señaló que esas vacaciones habían corrido a cargo del dueño del resort, del Grupo Martinón. Empresa que también posee el lujoso hotel Volcán de Lanzarote, declarado ilegal por la justicia y .
En ELPLURAL.COM hemos intentando obtener una respuesta del Ministerio de Justicia, reclamando una aclaración sobre quién sufragó el banquete del que disfrutó Catalá y quién pagó su estancia en Baqueira Beret.
Tras hablar con el gabinete del ministro, se nos ha reclamado que hiciéramos las preguntas por email, lo que ha cumplido uno de nuestros redactores.
Pasadas tres horas sin obtener una mínima respuesta, nos hemos vuelto a poner en contacto con el gabinete, por vía telefónica, para reclamar una aclaración. Algo que hemos conseguido a medias.
Desde el gabinete de Rafael Catalá se limitan a señalar que el viaje a Baqueira “no forma parte de la agenda del ministro” sino que pertenece a su “agenda privada”. “Desconocemos los términos del viaje”, señalan, para concluir que “no son actos como ministro”. Al parecer, un ministro deja de serlo los viernes a las 15:00 horas, sobre todo si es para reunirse con defraudadores condenados por la Justicia que él rige.
http://www.elplural.com/politica/2017/03/21/catala-guarda-silencio-sobre-quien-pago-su-fiesta-con-el-defraudador“SEÑOR MINISTRO, NADA DE FIESTAS, VIGILE QUIÉN LE INVITA”
Soraya Rodríguez reprocha a Catalá su “fiesta” con un defraudador
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha eludido responder este miércoles en la Sesión de Control al Gobierno cuando la diputada socialista Soraya Rodríguez le ha reprochado su “fiesta” con un empresario defraudador en Baqueira Beret .
“Vigile quién le llame y quien le invita”, le ha dicho la diputada socialista al ministro, que acudió a la celebración del empresario Manuel Torreblanca, condenado, en junio de 2015, a una pena de dos años de cárcel por defraudar 1,6 millones de euros en el impuesto de sociedades y 348.393,23 euros en el IVA.
Catalá no se da por aludido
Catalá no ha dedicado ni una palabra a responder al reproche de la diputada socialista y se ha centrado en la pregunta base de la intervención de Rodríguez sobre el poco respeto del ministro a “la separación de poderes”, a partir de “sus últimas declaraciones reinterpretando una sentencia del Supremo para cuestionar derechos fundamentales como el derecho a la huelga”.
Rodríguez reprocha que no respete la separación de poderes
“De sus declaraciones se entendía que las empresas cuyos trabajadores que están en huelga pueden subarrendar esos trabajos no realizados y lo entendió así también el Tribunal Supremo, que tuvo que sacar una nota aclaratoria para explicar el alcance de la sentencia, diciendo de forma clara que el derecho de huelga ni se restringe, ni se flexibiliza, ni se limita, y que lo único que se permite es que los clientes de esa empresa puedan contratar con otras empresas si no se realizan esos servicios”, ha afirmado Soraya Rodríguez.
La diputada socialista ha añadido que las declaraciones de Catalá “van contra el sentido más elemental de la separación de poderes; además, es grave porque se unen a otras declaraciones que hacen que sobre usted pese acusaciones de presión a los fiscales después de atreverse a valorar las actuaciones de dos fiscales del supremo, después de cesar a 35 fiscales de una vez en puestos importantes en la lucha contra la corrupción”.
"De fiestas nada, menos si son de cumpleaños"
Rodríguez ha criticado duramente a Catalá y su gestión al frente de Justicia: “Pare si puede, porque usted ya no tiene el crédito con el que le recibió el mundo judicial a su llegada aliviado por la marcha de Gallardón. Tiene el crédito a cero. No coja el teléfono durante una temporada, no sea el presidente de Murcia o cualquier otro compañero suyo desesperado en una situación judicial”. Ha sido en este punto, cuando la diputada socialista ha reprochado al ministro su encuentro con el defraudador.
“De fiestas, nada, señor ministro, menos si son de cumpleaños. Vigile quién le llama y quién le invita”, ha subrayado la diputada del PSOE, que ha afeado a Catalá su “imagen de político exaltado controlando la justicia de un gobierno acosado en los tribunales”.
Catalá se ha limitado a responder que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo dicta que el derecho de huelga no es ilimitado” y se refiere, además, al derecho de los ciudadanos a la prestación de servicios. “Yo lo consideré interesante. Se pueden hacer esas valoraciones de jurisprudencia”, ha apuntado.
http://www.elplural.com/politica/2017/03/22/senor-ministro-vigile-quien-le-llame-y-quien-le-invitaRafael Catalá asiste al cumpleaños de un empresario condenado por siete delitos de fraude a Hacienda
Fuentes de Justicia confirman que el ministro se desplazó a Baqueira para participar en la comida organizada en un restaurante por el empresario Manuel TorreblancaLa Unión Progresista de Fiscales se pregunta cómo ayuda la conducta del ministro a concienciar de que "defraudar a Hacienda es defraudar a todos"
Torreblanca forma con Liliana Godia una de los matrimonios más poderosos de la burguesía catalana, de la que hubo una amplia representación en el convite
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, asistió hace dos semanas a la celebración del 50º cumpleaños del empresario Manuel Torreblanca, condenado en 2015 por siete delitos contra la Hacienda Pública, según confirmaron a eldiario.es fuentes del Ministerio de Justicia. La celebración consistió en una comida en un restaurante de la estación de esquí de Baqueira, en el Valle d’Aran, según adelantó Economía Digital, y a la misma asistieron destacados miembros de la élite empresarial catalana.
El empresario es un viejo conocido de la justicia. Un acuerdo entre la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la Generalitat y la defensa de Torreblanca propició que fuera condenado en junio de 2015 a una pena de dos años de cárcel por siete delitos fiscales y evitara así la cárcel. Tanto Torreblanca como Francisco Javier Amat, gestor de la fortuna de la familia de su esposa, los Godia, tuvieron que abonar multas de 2,4 millones de euros y una indemnización a la Agencia Tributaria de 2,2 millones.
La sentencia consideró probado que Manuel Torreblanca defraudó 1,6 millones al tributar como impuesto de sociedades rentas por rendimientos del trabajo, obtenidas como consejero y administrador de varias empresas, entre 2007 y 2011, un caso similar al de Iñaki Urdangarin con la sociedad Aizoon que compartía al 50% con la infanta Cristina. Asimismo, defraudó en el IVA a través de la compañía BCN Godia SL 348.393,23 euros en el ejercicio 2008 e intentó otro fraude similar en 2011 con la sociedad Barcel Euro SL al tratar de atribuir gastos personales a la sociedad.
Manuel Torreblanca y Liliana Godia forman uno de los matrimonios más conocidos de la burguesía catalana. Ella es hija del empresario, coleccionista y piloto de Fórmula 1 de los años 50 Francisco Godia, quien fue hombre fuerte del grupo químico que hoy lleva el nombre de Ercros. Liliana Godia heredó una gran fortuna que ha invertido en arte y en bolsa. A través del holding BCE, Godia está presente en Fersa y Abertis, entre otras.
La Unión Progresista de Fiscales reaccionó a la noticia de la asistencia de Catalá al cumpleaños del condenado por fraude fiscal desde su cuenta de Twitter. "Otros dimitían por ir de caza con el juez", se puede leer en referencia a la renuncia del ministro socialista Mariano Fernández Bermejo tras asistir a una cacería con el juez Baltasar Garzón y varios mandos policiales horas después de que se desatara la operación contra la trama Gürtel, el mayor caso de corrupción en torno al Partido Popular.
En declaraciones a eldiario.es, el presidente de la UPF, Álvaro García Ortiz, ha asegurado que los cargos públicos"tienen la obligación de ser ejemplares y fomentar la credibilidad de las instituciones de las que son responsables". "No es suficiente cumplir la ley, ni hacer solo lo que no está prohibido, hay que ir más allá. El ministro de Justicia debería plantearse anteponer el interés público de su cargo, la imagen que proporciona a los ciudadanos, a cualquier acto privado que pueda interpretarse como una frivolidad o un gesto que minimice la gravedad de una condena penal", añade el presidente de los fiscales progresistas.
Los delitos fiscales, añade el presidente de la UPF, "solamente pueden ser cometidos por un sector muy determinado de la población (por debajo de 120.000 euros el fraude a Hacienda no es delito) y son un termómetro del funcionamiento del principio de igualdad de todos ante la ley". "Su persecución y castigo, como todo delito -añade-, tiene sentido si con ello se adquiere la conciencia social de que defraudar a Hacienda es defraudar a todos". "¿Ayuda el ministro o perjudica con su conducta a ello?", termina preguntándose García Ortiz.
La crema de la burguesía catalana
La celebración del 50º aniversario de Torreblanca también contó con la asistencia del presidente de Planeta, José Crehueras; el consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés, o los empresarios Javier Faus y Enrique Lacalle, según Economía Digital.
Rafael Catalá también formó parte de la comitiva que viajó a costa del Atlético de Madrid a la última final de la Champions League, en la ciudad italiana de Milán. Aficionado del club colchonero, Catalá no tuvo problema en fotografiarse con el presidente de la entidad, Enrique Cerezo, imputado junto a Ignacio González por cohecho y blanqueo de capitales en el caso que investiga la procedencia del ático de lujo que el político tiene en la localidad de Estepona (Málaga).http://www.eldiario.es/politica/Rafael-Catala-cumpleanos-empresario-Hacienda_0_624338294.html
EL MINISTRO DE JUSTICIA, DE FIESTA CON UN DEFRAUDADOR A HACIENDA
Rafael Catalá asistió al cumpleaños de Manuel Torreblanca, el empresario que fue condenado a dos años de prisión y tuvo que devolver 4 millones de euros
Ocurrió hace un par de semanas. Manuel Torreblanca, el marido de la empresaria y mecenas Liliana Godia, celebró su cumpleaños en un exclusivo restaurante de Baqueira Beret.
Pese a que Torreblanca acabó pactando con la Fiscalía, en junio de 2015, una pena de dos años -con lo que evitó entrar en prisión, a cambio de devolver más de cuatro millones de euros defraudados-, el ministro del Partido Popular no tuvo reparos en dejarse ver en la estación de esquí situada en el valle de Arán con la pareja que defraudó a Hacienda. Todo ello a pocos días de que se conociera la sentencia del TSJC sobre el expresidente de la Generalitat, Artur Mas.
Las confidencias del ministro
Según desvela ‘Economía Digital’, además de Rafael Catalá, importantes empresarios como Enrique Lacalle o Javier Faus también acudieron a la fiesta organizada por los Godia. Un evento en el que el ministro reflejó su preocupación por la posible evolución de la convocatoria del referéndum, por parte del presidente catalan, Carles Puigdemont.
Confidencias que Catalá compartió con el matrimonio Godia, que llegó a estar acusado de cometer hasta nueve delitos contra la Hacienda Pública.
El último escándalo
La participación en el cumpleaños de Torreblanca es el último escándalo de un ministro muy cuestionado entre el colectivo judicial debido a sus constantes injerencias a la independencia judicial y las precipitadas reformas procesales que ha impuesto el gobierno de Rajoy y que con indisimulado entusiasmo ha ejecutado sin cuestionar.
http://www.elplural.com/politica/2017/03/18/el-ministro-de-justicia-de-fiesta-con-un-defraudador-hacienda
Manuel López Bernal denuncia que la mayoría de fiscales anticorrupción de España sienten “cierta desprotección”
“A los compañeros de Murcia no se nos ha hecho la vida especialmente agradable. Llama la atención que se haya creado, por ejemplo, una asociación en Madrid con la única finalidad de querellarse contra mí y mi familia, en fechas próximas a mi renovación”, ha dicho Manuel López Bernal en una entrevista en ‘Hoy por Hoy’.El fiscal superior saliente de la Región de Murcia ha subrayado que “da mucho que pensar” que a otro compañero suyo le hayan entrado dos veces en su casa “delincuentes profesionales para llevarse información sensible de la lucha contra la corrupción”. “Solo se llevaron su ordenador. Ni siquiera se han llevado para disimular el dinero que había en casa, como queriendo dejar su tarjeta de visita”.
López Bernal ha dicho que esta situación no es exclusiva de Murcia: “La mayoría de los fiscales anticorrupción sienten una cierta desprotección”. Ha lamentado que no se pongan medios para solucionar esta desprotección. “Hemos denunciado a la Fiscalía General del Estado y a la Delegación del Gobierno, pero las investigaciones no salen adelante”. “No es que la policía no quiera investigar”, ha matizado, “pero tampoco se le da a nuestras denuncias la importancia que realmente tienen”.
Entiende López Bernal que debería combatirse esta situación con “leyes” porque “no puede ser que al final los perseguidos seamos los fiscales por delante de los corruptos”, y vaticina que “si no se soslaya el problema, nos podremos encontrar en los próximos años con que nadie quiere luchar contra la corrupción”.
http://cadenaser.com/programa/2017/02/23/hoy_por_hoy/1487835310_268077.html
EL PSOE EXIGE A CATALÁ QUE "SAQUE SUS MANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DE LA FISCALÍA"
El ministro insiste en que las diferencias en la Fiscalía se resuelven "con unas normas de jerarquía"
Los socialistas acusan al titular de Justicia de "querer salvar" al presidente de Murcia
Los casos Púnica y Auditorio, que tienen en el punto de mira al presidente de Murcia, el conservador Pedro Antonio Sánchez, ocuparon gran parte de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados de este miércoles. Después de que Rajoy tuviera que responder sobre estos escándalos al líder del Podemos, el siguiente miembro del Gobierno que tuvo que rendir cuentas sobre los escándalos de corrupción que afectan al PP fue el titular de Justicia, Rafael Catalá. "¿Por qué ha cuestionado el Ministro de Justicia la actuación de las Fiscales Anticorrupción en el caso Púnica?", quiso saber la diputada socialista Isabel García antes de exigir al ministro que "saque sus manos de la administración de Justicia y de la Fiscalía".
Catalá, por su parte, no se movió de sus últimas declaraciones apuntando a una cuestión de "jerarquía" como forma de resolver divisiones en la Fiscalía.
Para conocer el origen de esta pregunta hay que remontarse a la semana pasada, cuando el magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso Púnica, Eloy Velasco, señaló a Pedro Antonio Sánchez, como uno de los implicados en la trama corrupta por presuntos delitos de cohecho, fraude y revelación de información.
El anuncio del juez Velasco se produjo pese al desacuerdo del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y de la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez, quienes se opusieron al informe suscrito por las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez. Las dos fiscales involucraban a Sánchez en un "plan criminal" y pedían su imputación, pero la Fiscalía General ordenó no acusar al presidente de Murcia y elaboró otro informe paralelo, firmado por Belén Suárez pero no por las dos fiscales.
En este contexto, y después de que el presidente murciano se hubiese jactado de tener información privilegiada sobre el caso que le afecta, el ministro de Justicia se limitó a calificar de "anómalo" que las fiscales se negaran a firmar el escrito favorable de la Fiscalía Anticorrupción. "Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", dijo. Unas declaraciones que le recordó la diputada socialista en el hemiciclo y que indignaron a las asociaciones profesionales.
"No es cierto"
"No es cierto, yo no he menospreciado ni me he puesto del lado de ningún fiscal. Creo en las instituciones", respondió Catalá a García, que vio la actitud del ministro como algo "inadmisible que sólo se entiende propio del un nerviosismo del que es pillado infraganti". "Saque sus manos de la Administración de Justicia y de la Fiscalía. [...] Coja el teléfono y llame a Pedro Antonio [Sánchez], pero para pedirle que dimita", añadió.
A ojos de los socialistas, el ministro medió en la división generada en el Ministerio Público para "salvar a su compañero de partido".
"Le vuelvo a recordar cómo funciona la Fiscalía. Cuando en la Fiscalía hay discrepancias, existe un procedimiento mediante el que los fiscales de sala del Supremo [...] emiten sus informes [...] y el fiscal general dicta un decreto todo transparente, todo por escrito". "Señoría, creamos en las instituciones, respetemos las instituciones, no generen inseguridad donde no la hay", zanjó después de haber comentado, con ironía, que del PSOE da "por supuesto" que el ministro de Justicia "remite a los fiscales lo que tiene que opinar y los fiscales, como son todos ellos muy dóciles, hacen lo que dicen el ministro de Justicia".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/22/el_psoe_exige_catala_que_saque_sus_manos_administracion_justicia_fiscalia_61526_1012.html
CATALÁ: “PRESIONAR A LOS JUECES ES IMPROPIO E INÚTIL” … MENOS CUANDO LO HACE ÉL
El ministro de Justicia se tomó la libertad de pedir “respeto” ante las decisiones jurídicas y, a la vez, criticar a Ruz, Pedraz…
Las decisiones que tome la justica son siempre apropiadas, justas y hay que respetarlas, eso sí, siempre y cuando beneficien al Partido Popular. Y es que, hemos asistido a más de una, dos y de tres ocasiones en las que miembros del PP aseguran “respetar” lo que ocurra y se sentencie en un tribunal para luego criticarles e incluso meterles prisa.
Este lunes ha sido el turno del mismísimo ministro de Justicia, Rafael Catalá, que coincidiendo con el juicio que ha sentado a Artur Mas en el banquillo por la consulta independentista del 9N ha dicho: “presionar a los jueces es impropio e inútil”.
¿Ya no recuerda cuando eran ellos, los populares, los que lamentaban que las instrucciones de casos como la Gürtel estaban siendo demasiado largos? Pero podemos concretar y personalizar un poco más. El propio Catalá ha hecho declaraciones de este tipo.
Contra José de la Mata
“Si no es independiente, se le puede recusar”. Con estas palabras recibió Catalá al juez José de la Mata, el sustituto de Pablo Ruz en la Audiencia Nacional como instructor de casos como Gürtel o Bárcenas. Según dijo, el juez contaba de inicio con la “confianza absoluta” del Gobierno, pero recordaba su pasado como director general del Ministerio de Justicia con el último Gobierno del PSOE, por lo que avisaba que, en el caso de tomar decisiones que no fueran independientes, se le podía recurar como ya se hizo con Baltasar Garzón. Coincidencias de la vida que esas decisiones afectaban directamente al PP.
Ahora, pide que no se presione a las jueces y que se deje trabajar tranquilamente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que juzga la consulta del 9N.Y también contra Pedraz
También hemos escuchado en repetidas ocasiones a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, responder a cuestiones sobre investigaciones decir que el Ejecutivo "respeta las decisiones judiciales". Una frase que saltó por los aires después de que Catalá criticara y atacara públicamente al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que decidió archivar por segunda vez la causa contra Guillermo Zapata y sus tuits que, supuestamente, humillaban a las víctimas del terrorismo.
Según sentenció Pedraz, en los mensajes del concejal de Madrid no había voluntad de humillar, que era "imposible" cometer un delito con "humor negro" puesto que sólo eran chistes irónicos que entraban dentro de su "derecho a la expresión en términos de debate". Pero el ministro de Justicia no lo vio así y aseguró que el magistrado contaba con poca “sensibilidad”. "La sensibilidad del Gobierno hacia las víctimas y nuestra cercanía es completa y por eso cuando en un caso como éste se antepone lo que se denomina la libertad de expresión a la protección a las víctimas, lo recibimos con una cierta sorpresa", aseguró.
Algo parecido ocurrió cuando Pedraz permitió que se celebrara, a principios del 2014, un acto de expresos de ETA en Durango. En este caso, Oyarzabal, como secretario de Derechos y Libertades del PP, declaró: "Desde el PP discrepamos radicalmente por la decisión del juez y de la fiscalía y creemos que deberían haber hecho todo lo posible por evitar ese acto”. El PP “difiere radicalmente de las razones esgrimidas" por el magistrado en este caso para no prohibir el acto. "Nos ha parecido lamentable esa celebración".
El PP y su no colaboración con la justicia
Pero no sólo se les llena la boca haciendo creer que respetan a la justicia, sino afirmando que siempre han colaborado en las investigaciones. Nada más lejos de la realidad, como ya publicó el colaborador de este diario LOS GENOVESES, el PP y el Gobierno de Rajoy han cuestionado, desacreditado y recusado a varios jueces que han investigado casos de corrupción en los que estaban o están implicados.
Estas son las 10 razones por las que se puede afirmar que el PP no ha colaborado con los jueces:
1. Recusar, desacreditar…
Se han empleado con especial saña con los instructores del Caso Gürtel: Garzón, Ruz y De la Mata. También han criticado hasta recusarles al juez De la Prada, miembro de la Sala que está juzgando la PS 1999-2005 y a la jueza Freire que ha procesado al propio PP y a su actual Tesorera por encubrimiento y daños informáticos.
2. Ceses
Desde el Gobierno han cesado sin complejos a los funcionarios en auxilio judicial que han investigado la trama gurteliana. En particular a los de la AEAT-ONIF y a los de la UDEF, incluyendo a sus máximos responsable.
3. Su relación con los medios
El PP así como varios de sus dirigentes han amenazado primero y en muchos casos denunciado después a varios medios de comunicación que han informado sobre sus casos de corrupción, en particular sobre la existencia de una Caja B.
4. Fraude procesal
Han cometido sucesivos fraudes procesales, bien personándose bien intentándolo como acusaciones populares, a sabiendas que en realidad solo pretendían defenderse a sí mismos o a determinados imputados. Han sido finalmente expulsados de la causa principal o no admitidos en la “PS UDEF-BLA. Papeles de Bárcenas”.
5. Obstruccionismo
Desde el Gobierno y desde el PP han practicado obstruccionismo negándose a facilitar información a los jueces instructores, por ejemplo, la Directora de la ONIF y su resistencia a facilitar al juez Ruz un informe cuantificando la deuda tributaria del PP por impago del Impuesto de Sociedades del 2008 o también por la negativa del PP a entregar al juez el soporte documental completo de las obras de reforma de su sede nacional.
6. Las pruebas
Han destruido pruebas claves para esclarecer los hechos, como, por ejemplo, los 2 discos duros de los portátiles de Luis Bárcenas.
7. Eliminación
Han borrado los videos y los registros de entrada a su sede nacional que podían confirmar indicios sobre su complicidad con los empresarios que en su momento estaban imputados.
8. Más borrados
Han borrado las agendas y los correos de sus dos ex tesoreros nacionales, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas lo que de hecho ha dificultado poder disponer de información sobre sus reuniones con los donantes del PP.
9. Los testigos
Son numerosos los ejemplos de testigos ligados al PP que frente al juez instructor han padecido una amnesia selectiva que les ha impedido recordar, mucho menos confirmar, hechos que incriminarían al propio PP y a su cúpula dirigente.10.A por la oposición
El PP así como varios de sus dirigentes han denunciado ante los tribunales a responsables de otras formaciones políticas por criticar sus casos de corrupción que posteriormente han sido archivadas por carecer de fundamento y atentar a la libertad de expresión.
http://www.elplural.com/politica/2017/02/06/catala-presionar-los-jueces-es-impropio-e-inutil-menos-cuando-lo-hace-el
CATALÁ DEFIENDE QUE "NO ES EL MOMENTO" DE EXIGIR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS AL PRESIDENTE DE MURCIA
El PP considera que el 'caso Auditorio' no es corrupción y confía en mantener a salvo su pacto con Ciudadanos
El Gobierno de Murcia aplaza la toma de decisiones al momento de la apertura de juicio oral
¿Accedió el presidente de Murcia, del Partido Popular, a información privilegiada sobre su situación judicial en la Operación Púnica? ¿Es el momento para que asuma responsabilidades políticas y deje el cargo? Estas preguntas siguen coleando desde que hace una semana Pedro Antonio Sánchez presumiese en público de conocer que, además de la Fiscalía Anticorrupción, "cuatro fiscales jefe de las cuatro salas de lo Penal del Tribunal Supremo" se oponían a su investigación y tras su reciente imputación. Y estuvieron en el foco del coloquio posterior al desayuno informativo protagonizado este martes en Madrid por el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
En el acto, organizado por Europa Press, el ministro Catalá no se movió ni un ápice del argumentario del Gobierno y del Partido Popular, marcado un día antes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. A saber: respeto a la presunción de inocencia y prudencia antes de tomar decisiones precipitadas.
Catalá señaló que el hecho de que Sánchez vaya a tener que acudir a declarar ante el juez "pone de manifiesto que todos somos iguales ante la ley".
"En mi opinión, no es el momento en que se comparece en el que son exigible las responsabilidades", dijo. Y, sin citar ningún caso, sostuvo que existen "suficientes precedentes recientes como para que nos preguntemos si no hemos aprendido nada". A su juicio, no se puede poner en duda el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy en la lucha contra la corrupción.
¿Peligra el pacto con Ciudadanos en Murcia? "Creo que somos gente seria, responsable, lo que escribimos, lo cumplimos... Somos coherentes con esa posición". "Hasta que sea inculpado no debería exigírsele responsabilidades políticas", subrayó. Pedro Antonio Sánchez es presidente autonómico gracias a los votos del partido de Albert Rivera.
Un día antes, este lunes, la Fiscalía de la Región de Murcia presentó un escrito en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el que pedía "a la mayor brevedad posible" la declaración como investigado -figura jurídica conocida antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) como "imputado"- del actual presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez.
De esta forma, el fiscal encargado del caso, José Luis Díaz Manzanera, trataba de impulsar la investigación del caso Auditorio, que ahora se encuentra en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el que se atribuyen a Sánchez delitos de corrupción en su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras.
La versión de Génova
Antes del comienzo del desayuno informativo, el coordinador general del PP y responsable de Organización y Electoral, Fernando Martínez-Maillo, adelantó este que su partido buscará "convencer" a Ciudadanos de que hay que "esperar" antes de pedir la dimisión del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, porque no está afectado por un "caso de corrupción".
"No estamos hablando inicialmente de un caso de corrupción y siempre será en el ámbito del acuerdo entre Ciudadanos y Partido Popular de Murcia", señaló Maillo, que recordó que durante las negociaciones con Ciudadanos a nivel nacional a finales de agosto para el pacto de investidura se hizo "famosa" la frase de que "no es lo mismo meter la pata que meter la mano".
A su juicio, a Sánchez "nadie le acusa de llevarse un solo euro" e insistió que no está en discusión el pacto nacional entre Partido Popular y Ciudadanos.
No obstante, recordó que el verano pasado, durante la negociación entre PP y Ciudadanos, hubo un "caso similar de un diputado de Castellón" que era "prácticamente igual" al de Sánchez y los propios dirigentes de esa formación "entendieron" entonces que no era corrupción.
"Estamos en contacto permanente con Ciudadanos y esperemos poder convencerles de que, como no es un caso de corrupción, hay que esperar a que haya un pronunciamiento mucho más firme por parte de los juzgados y luego ya veremos", manifestó.
Como ya avanzó infoLibre, El Partido Popular y Ciudadanos discrepan sobre cómo debe afectar su pacto anticorrupción al presidente de Murcia. Mientras que desde la formación naranja defienden que debe dejar ya la Presidencia, los conservadores de la Región de Murcia interpretan que este paso debería darse, en todo caso, en el momento de la apertura de juicio oral.
Los conservadores se acogen a una discusión terminológica para aplazar la dimisión al momento previo a la apertura del juicio oral. Subrayan que el pacto fue firmado antes de que la palabra "imputado" fuese sustituida en la ley por "investigado". Esta disparidad de criterios va a poner a prueba la solidez del pacto en los próximos días.
Caso Nóos
Además, Catalá demandó que la adopción de medidas provisionales se tomen en base a las circunstancias personales de cada situación y que la prisión provisional es una medida de carácter extraordinario que debe estar justificada, en referencia a la postura de la Fiscalía que sopesa pedir prisión provisional para Iñaki Urdangarin.
Sobre la vista que celebrará la Audiencia Provincial de Baleares este jueves para decidir si se acuerdan medidas cautelares contra Urdangarin, condenado a seis años y tres meses de prisión y su exsocio Diego Torres, condenado a ocho años, Catalá se mostró confiado en que el tribunal, a la vista de los informes del Ministerio Público y de las partes, decidirá "con arreglo a la ley".
Por otra parte, Catalá rechazó que deba suprimirse el principio de jerarquía en la Fiscalía o que el fiscal general sea designado por el Parlamento como medidas necesarias para que esta institución se dote de mayor independencia de cara a la instrucción penal por los fiscales.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/21/catala_murcia_punica_imputacion_informacion_privilegiada_61461_1012.htmlEL PRESIDENTE DE MURCIA SE REUNIÓ CON CATALÁ ANTES DE QUE PRESUMIERA DE CONOCER INFORMACIÓN RESERVADA SOBRE SU CASO
Según publica 'La Verdad de Murcia', se vieron durante el congreso del PP. Poco después Sánchez alardeó de saber la postura de fiscales del Supremo
El Gobierno de Murcia afirma que el mandatario lo sabía "por la prensa", luego por "fuentes oficiales" y ahora es "secreto profesional"
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se reunió con el presidente de Murcia, José Antonio Sánchez, en el congreso nacional del PP, días antes de que generara polémica el conocimiento de éste último de información reservada sobre su situación procesal. Según publica La Verdad de Murcia, mantuvieron "una larga conversación" poco antes de que se conociera la decisión del juez Eloy Velasco de achacar al mandatario delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada dentro de la rama murciana de la operación Púnica. Tras haber trascendido este auto, así como la postura de la Fiscalía Anticorrupción, contraria a que se investigara a Sánchez, el líder autonómico declaró que sabía que "cuatro fiscales del Supremo" también se oponían a la investigación. Por entonces se trataba de información secreta y reservada que el dirigente no podía conocer.
Un día después salía a la luz que la Fiscalía General del Estado ordenaba a la Fiscalía Anticorrupción no investigar a Pedro Antonio Sánchez. Ante preguntas de infoLibre acerca de cómo Sánchez podía haber accedido a esa información, fuentes cercanas al mandatario autonómico afirmaban que se había enterado "por la prensa", cuando no se había publicado nada. A La Verdad de Murcia sus fuentes aseguraron que fue por "fuentes oficiales". Posteriormente, el Gobierno murciano se acogió a una suerte de "secreto profesional" para no revelarlo.
Catalá, por su parte, aseguró que no sabe cómo le llegó a Sánchez la información de que cuatro fiscales del Supremo se oponían a su imputación, y reclamó a la Fiscalía "una mayor discreción". Además, Catalá atacó a los fiscales de la Púnica por no acatar la decisión de Anticorrupción de no investigar al presidente de Murcia. Es lo que consideró "anómalo", pasando por alto y otorgando normalidad a que Sánchez conociera la postura de los fiscales del Alto Tribunal."La secuencia temporal tiene una cierta lógica porque la Fiscalía General dictó su decreto el lunes por la tarde y lo envió a Anticorrupción, y en ese decreto se daban esos detalles", afirmó en la Cadena Ser. La periodista Pepa Bueno le puntualizó que en ese "decreto" no se mencionaba la posición de los fiscales del Supremo, lo cual no fue desmentido por Catalá.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/17/el_presidente_murcia_reunio_con_catala_antes_que_presumiera_conocer_informacion_reservada_sobre_caso_61326_1012.htmlLAS AMENAZAS DEL GOBIERNO Y EL PP A LOS FISCALES ANTICORRUPCIÓN INDIGNAN A LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES
Rafael Catalá cree que "la negativa" de las fiscales de Púnica a seguir la orden del fiscal general "generará algún tipo de actuación interna"
Tres asociaciones de fiscales reprochan al ministro su amenaza implícita y una de ellas pide su dimisión
Las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien este jueves expresó su creencia en que la "negativa" de las fiscales del caso Púnica a firmar un escrito favorable al presidente de Murcia "generará algún tipo de actuación interna en la Fiscalía", provocó ayer la indignación de las asociaciones profesionales.
Las palabras del máximo responsable de Justicia le granjearon el inmediato reproche de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que pidió la dimisión del ministro, sí como el de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) e incluso el de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales.
El tono de la amenaza implícita vertida por el titular de Justicia se vio superado por las palabras que más tarde lanzó el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando. La Fiscalía, dijo el diputado, "funciona como funciona hace muchísimo tiempo" y también tiene "sus límites" ante la posibilidad de que haya fiscales que decidan "inventarse delitos que no existen en el Código Penal". Según Hernando, los fiscales tienen tener "a veces alguna limitación". "Esto es supongo lo que ha pretendido hacer el fiscal general", ha manifestado, para insistir en que no hay intereses políticos en estas decisiones del Ministerio Público, pero sí en las formaciones políticas que, según su diagnóstico, presentan sistemáticamente demandas para ganar en los tribunales lo que no ganan en las urnas.
Fue en una entrevista concedida a la Cadena Ser donde antes de que Hernando subiera aún más de grados el termómetro de la polémica se había ya pronunciado sobre lo sucedido en Púnica el ministro de Justicia. "Me parece –dijo en relación a las dos fiscales del caso– que es un procedimiento anómalo que se nieguen a firmar, imagino que eso generará algún tipo de actuación interna en la fiscalía, que se esté dando esa información de bueno sí, sí, pero a mí me obligaron y yo no quise". En ese momento, la conductora del programa, la periodista Pepa Bueno, preguntó al ministro si también le parece anómalo que el presidente de Murcia tuviera información sobre la posición adoptada en bloque por los cuatro fiscales jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo antes de que esa información hubiera trascendido.
Catalá minimizó entonces el alcance de ese aspecto del asunto y argumentó que la Fiscalía General del Estado firmó el lunes su decreto sobre la posición que Anticorrupción debía adoptar en el caso del presidente murciano mientras que la entrevista en la que este desveló su conocimiento de lo que opinaban los cuatro fiscales jefe del Supremo tuvo lugar a la mañana siguiente. "Me temo que han pasado las horas suficientes y me temo que ha pasado por las manos suficientes como para que alguien le haya podido informar del asunto", adujo el ministro.
El titular de Justicia fue más allá en su carga contra las fiscales de Púnica: "Que el criterio de dos fiscales –dijo en otro momento de la entrevista– no sea soportado por sus jefes, no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", remachó.
Citando como ejemplo una noticia conocida la semana pasada –la firma de sendos acuerdos de conformidad por parte de siete empresarios que admiten haber financiado al PP valenciano–, el ministro subrayó que la Fiscalía debería funcionar "con mayor discreción".
Los reproches a Catalá desde las asociaciones profesionales cayeron en cascada a partir de la entrevista. A través de un comunicado, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) pidió la dimisión del ministro "por cuestionar, fuera de sus competencias constitucionales el trabajo de nuestras compañeras, y amenazar con acciones contra ellas por discrepar del criterio de un superior". "Es una intromisión intolerable en nuestro trabajo por parte del Ejecutivo y un desprecio a la autonomía del Ministerio Fiscal", añade la nota.
También la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) reclamó con una nota pública que el Consejo Fiscal, órgano que asesora a la Fiscalía General del Estado, "ampare a las compañeras injustamente atacadas en los medios de comunicación". "Lo anómalo –opina la APIF– debería ser que cualquier Fiscal de este país, como jurista de acreditada solvencia profesional, no discutiera aquellas órdenes que entendiera por cualquier motivo improcedentes".
Incluso la Asociación de Fiscales, de signo conservador y mayoritaria en la carrera, lanzó un reproche a Catalá. El ministro, transmitió la asociación en un comunicado oficial, "no debe tomar partido ni dar su opinión sobre una u otra postura", pues, dado el cargo que ocupa, "puede dar la falsa percepción de injerencia del poder Ejecutivo en el Judicial".
Desde la magistratura, la asociación Jueces para la Democracia solicitó que se modifique el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y han reivindicado la necesidad de concienciar a los políticos en una cultura de respeto a la independencia judicial y de autonomía del fiscal. "El Ministerio de Justicia tendrá que dejar trabajar y omitir cualquier tipo de valoración", aseveró su portavoz Ignacio Ubaldo González.
Maza niega presiones políticas
En medio del terremoto provocado por el viraje de Anticorrupción en lo relativo al presidente de Murcia, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, aseguró este jueves que "en absoluto" el Ministerio Público ha recibido presiones en su decisión de pedir que no se investigue al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en relación con la trama Púnica y al respecto ha afirmado que este criterio está "totalmente fundado en la legalidad".
El fiscal general precisó que se trata de una actuación avalada por los informes firmados por dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y se ha mostrado sorprendido por la solicitud del PSOE de que comparezca en el Congreso de los Diputados.EL MINISTRO DE JUSTICIA CARGA CONTRA LAS FISCALES DE PÚNICA Y TACHA DE "ANÓMALO" QUE NO ACATEN EL CRITERIO DE SUS SUPERIORES
Catalá reconoce que no sabe cómo le llegó a Sánchez la información de que cuatro fiscales del Supremo se oponían a su imputación, y reclama a la Fiscalía "una mayor discreción"
El fiscal general del Estado asegura que "en absoluto" el Ministerio Público ha recibido presiones para pedir que no se investigase a Sánchez
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que lo que es "anómalo" en la causa contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, es que las fiscales del caso Púnica se hayan negado a firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que pide que no se le investigue y, además, que la discrepancia se haya divulgado.
"Quizá quien tiene el problema son las fiscales, ya que no se ha mantenido su criterio", ha añadido. En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Catalá ha remarcado que la Fiscalía es una organización jerárquica y que es habitual que los superiores se pronuncien cuando hay asuntos de especial relevancia.
A su modo de ver, lo que es "bastante anómalo" es que no se acate esa orden. Es más, se ha referido al fondo del asunto que se investiga, recordando que a Sánchez se le quiere acusar pese a que no llegó a firmar nada con la trama Púnica. "Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", ha remachado.
Catalá no considera, sin embargo, que hubiera anomalía alguna en el hecho de que el presidente murciano presumiese ya el martes por la mañana de conocer que cuatro fiscales del Tribunal Supremo se habían opuesto a su imputación, como ha venido publicando infoLibre. El ministro argumenta que "la secuencia temporal tiene una cierta lógica porque la Fiscalía General dictó su decreto el lunes por la tarde y lo envió a Anticorrupción, y en ese decreto se daban esos detalles". La periodista Pepa Bueno le ha puntualizado que en ese "decreto" no se mencionaba la posición de los fiscales del Supremo, lo cual no ha sido desmentido por Catalá, que ha reconocido no saber cómo le llegó a Sánchez la información. El ministro apunta que entre la tarde del lunes y la mañana del martes "el documento pasó pasó por las manos suficientes para que alguien le haya podido informar del asunto". Este jueves infoLibre desvelaba que el presidente de Murcia conoció antes que las propias fiscales del 'caso Púnica' que la cadena de mando del Supremo se oponía a su imputación.
El ministro ha señalado que la Fiscalía debería funcionar "con mayor discreción", y ha defendido el criterio del PP, que sostiene que Pedro Antonio Sánchez no debe dimitir aunque sea "investigado", salvo en el caso de que se le abra juicio oral. Esta posición es contraria a la que defiende Ciudadanos, socio del gobierno murciano y con quien el partido de Rajoy firmó el acuerdo anticorrupción que cada cual interpreta ahora de diferente modo.
Maza descarta presiones al Ministerio Público
Por su parte, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado que "en absoluto" el Ministerio Público ha recibido presiones en su decisión de pedir que no se investigue al presidente de Murcia.
El fiscal general ha precisado que se trata de una actuación avalada por los informes firmados por dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y se ha mostrado sorprendido por la solicitud del PSOE de que comparezca en el Congreso de los Diputados.
"Si tengo que comparecer, encantado de hacerlo y aclararlo todo porque a mí esto me resulta sorprendente. Igual que hay multitud de asuntos de corrupción todos los días en los cuáles la Fiscalía está investigando y colaborando, hay casos en los cuáles consideramos que un ciudadano no tiene por qué estar sometido a un procedimiento penal", ha aseverado Maza antes de participar en la inauguración de un curso sobre criminalidad informática.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/16/el_ministro_justicia_carga_contra_las_fiscales_punica_tacha_anomalo_que_acaten_criterio_sus_superiores_61252_1012.html
CATALÁ SOSTIENE QUE EL GOBIERNO APLICA LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA A PESAR DE QUE NO PONE UN EURO
Considera que la aplicación no depende de si se le destina o no un presupuesto concreto y suficiente
El senador socialista Francesc Antich preguntó por la reducción de la partida dedicada a la Memoria Histórica de un 50%
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido este martes en el Senado que la aplicación de la Ley de Memoria Histórica con el objetivo de reconciliar y apoyar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista no depende de la existencia de una partida presupuestaria específica, según ha informado Europa Press.
Así lo ha afirmado a la pregunta formulada por el senador socialista Francesc Antich sobre si el Gobierno de Mariano Rajoy tiene pensado crear una partida presupuestaria "específica y suficiente" para aplicar a dicha ley.
Catalá, que ha coincidido con el senador socialista en que esta ley tiene como espíritu la "reconciliación y dar todo el apoyo" a las más de 45.000 víctimas reconocidas –ha indicado–, ha recalcado que se está aplicando porque está en vigor y no depende de ello si tiene o no dicho presupuesto.
"¿Por qué una partida presupuestaria se ha reducido o ha podido desaparecer, eso significa que no se hace nada en esa materia?", se ha preguntado Catalá ante la crítica de Antich por la reducción de la partida dedicada a la Memoria Histórica de un 50%, según ha dicho, del presupuesto fijado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, haciéndola desaparecer en los sucesivos años con la "excusa" de la crisis económica.
"El hecho de que no haya partida no significa que no se esté haciendo nada", ha contestado el ministro. "Claro que hacemos (...) se está aplicando la ley, se están reconociendo los derechos", ha proseguido.
En este sentido, el ministro ha instado al senador socialista que apoye la tramitación de los presupuestos para 2017 y que presente una enmienda en la que apueste por la creación de esa partida específica que demanda.
Degradación de la ley
"Han degradado y dejado en vía muerta la ley en casi todos los sentidos, en especial en la localización de fosas", ha lamentado el socialista, al mismo tiempo que ha reprochado que la labor del Ministerio de Justicia se haya "limitado" en esta materia al mantenimiento de la página web, a la atención de consultas y "poco más".Asimismo, Catalá ha recordado que se mantiene el mapa de fosas, de las cuales 2.430 han sido identificadas y localizadas. También ha apostillado que el Portal de la Ley de Memoria Histórica tiene alrededor de 100.000 visitas anuales, la cual está gestionada por los funcionarios del Ministerio que "cobran un sueldo" –reflejado en una partida presupuestaria, ha añadido– y que han atendido 12.000 consultas personalizadas.
CATALÁ INSISTE EN QUE EL GOBIERNO NO TIENE QUE PEDIR PERDÓN POR CULPA EN EL CASO DEL YAK-42
"Se genera un daño y hay que responder por ello pero es distinto del concepto de culpa. Aquí no hay culpa", explica
Las disculpas serían pertinentes, matiza, "por no haber atendido adecuadamente" a los familiares de las víctimasEl ministro de Justicia, Rafael Catalá, insistió este miércoles en que el Gobierno no debe pedir perdón "por culpabilidad" en el accidente del Yak 42, en el que murieron 62 militares en mayo de 2003, pero añadió que "sí, tal vez, por no haber atendido adecuadamente" a los familiares de las víctimas.
En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Catalá señaló que tal vez se explicó mal cuando afirmó que el Gobierno no debe pedir perdón porque no hay culpa, aunque insistió en su argumento de que pedir perdón "está asociado al reconocimiento de culpa y aquí no ha habido culpa". "En ese sentido, no hay que pedir perdón porque no hay culpa, pero estar cercano a las víctimas, con reconocimiento y afecto, eso todo", añadió.
De hecho, subrayó que si las familias de las víctimas consideran que no han sido atendidas adecuadamente, tienen razón, puesto que ellas lo sienten así, de manera que eso "hay que corregirlo y mejorarlo".
Después de que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se haya reunido con las víctimas y haya asumido el informe del Consejo de Estado que habla de "responsabilidad patrimonial" del Estado, Catalá explicó que hay que distinguir entre la responsabilidad penal, la civil y la administrativa.
Las dos primeras, recordó, ya se dilucidaron en los tribunales "y en sentencias que dijeron que no había responsabilidad". Sin embargo, quedaba la administrativa y es ahí donde se ha pronunciado el Consejo de Estado que el Gobierno hace suyo.
Así, explicó que hay "una responsabilidad por el funcionamiento de los servicios públicos", sea un funcionamiento normal o anormal. "Se genera un daño y hay que responder por ello pero es distinto del concepto de culpa. Aquí no hay culpa pero sí hay una responsabilidad porque hubo un daño, fue una tragedia y eso no se compensa de ninguna manera", dijo.
Catalá recordó también que el Consejo de Estado ha puesto de manifiesto que la responsabilidad ya fue satisfecha económicamente, y que los propios familiares han dejado claro que no quieren dinero, "sino reconocimiento moral" y que se "esclarezca toda la verdad", y eso es lo que hará el Gobierno. También defendió que el Ejecutivo siempre ha estado cerca de todas las víctimas y ha puesto como ejemplo las del terrorismo, las víctimas de delitos y las de tráfico.
Critica a Bono y defiende a TrilloPor otro lado, criticó al exministro de Defensa socialista José Bono por "llamarse a escándalo ahora" en lugar de "haber denunciado en su momento que faltaban papeles". Con todo, aseguró que el Gobierno actual seguirá buscando esos documentos y no dejará que parezca que quieren "echar tierra encima".
Por último, defendió el derecho de Federico Trillo, ministro de Defensa cuando tuvo lugar el accidente, a volver a su puesto de funcionario –letrado– en el Consejo de Estado, puesto que "no ha sido condenado por nada, no ha perdido la condición de funcionario".
Por eso, cree que es "sacar las cosas un poco de quicio" y "añadirle una penalidad adicional" a alguien que "ha sufrido mucho" y ha "trabajado mucho" en este asunto. "Hacerle aparecer como una persona que no es digna ni de volver a trabajar me parece desproporcionado", remachó.
Catalá ha distinguido este caso del de José Manuel Soria, también exministro, que renunció a aspirar a un puesto en el Banco Mundial tras haber dimitido de su cartera por no saber explicar su presencia en los papeles de Panamá. Soria, argumentó, "había concurrido a un puesto singular" pero también habría estado en su derecho si hubiera pedido ocupar su puesto de funcionario.
RAFAEL CATALÁ: "LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA POR CORRUPCIÓN SE SALDA EN LAS URNAS"
El ministro de Justicia vuelve a criticar las 'penas de Telediario': "Lamentablemente, estamos anticipando conclusiones sin que el proceso penal haya finalizado"
Rafael Catalá considera que la responsabilidad política derivada de los casos de corrupción "se salda con las elecciones". "Cuando vamos a votar, hacemos balance y valoramos qué nos parece la gestión de un Gobierno o las propuestas de la oposición y en los últimos dos años y medio ha habido todo tipo de elecciones y ha habido ocasión para que los ciudadanos hayan emitido su veredicto", asegura en una entrevista en El País.
El ministro de Justicia reitera su idea de que es necesario "poner en valor la presunción de inocencia" durante las instrucciones judiciales. "Lamentablemente, estamos anticipando conclusiones sin que el proceso penal haya finalizado", explicita. Catalá fue uno de los primeros dirigentes del PP que valoró la muerte de Rita Barberá la pasada semana en Madrid. "Cada uno tendrá sobre su conciencia lo que ha hecho y ha dicho (...) las barbaridades que se le han atribuido sin ninguna prueba y justificación"", anunció.
En abril de 2015, el titular de Justicia abrió una "reflexión" sobre la "presunción de culpabilidad" que, según dijo, sustituye en muchas ocasiones a la presunción de inocencia cuando se filtran los detalles de un proceso a los medios de comunicación. En una intervención en Barcelona, afirmó que sería "un buen debate trasladar la sanción al medio e imponer la obligación de la no publicación de la información". Días después, afirmó que se habían manipulado sus palabras.
Sobre los aforamientos, Rafael Catalá afirma que, de los 280.000 que existen actualmente en España, hay que abordar "con criterio restrictivo" cerca de 2.000. "Somos partidarios de reducir notablemente los aforamientos políticos", anuncia. "El de diputados y senadores debería estar vinculado exclusivamente a sus actividad como parlamentarios, no a los delitos que puedan cometer como personas físicas", concreta el ministro.
Sobre la limitación de la acusación popular en los procesos judiciales, Catalá explica que el Gobierno plantea "que sea el fiscal quien asuma la función de investigación y que el juez sea un juez de garantías, pero con el fiscal dirigiendo la política judicial". La acusación popular quedaría así reducida a unos tipos concretos de delitos y a quien ostenta la representación de los intereses generales. "Debe reducir mucho su ámbito de actuación. Así es en toda Europa", según el ministro.
Rafael Catalá también asegura que "hay que regular los indultos y las puertas giratorias entre la Justicia y la política para fortalecer la independencia [judicial}". "Una persona que ha elegido ejercer la profesión de juez, con limitaciones como no pertenecer a partidos, legítimamente puede decidir dedicarse a la política; lo que eso no puede suponer es que al día siguiente de abandonar la acción política vuelva a incorporarse a un juzgado", explica. A su juicio, "lo que hay que hacer es establecer un tiempo de incompatibilidades y de alejamiento".
Sobre una futura reforma en el sistema de nombramientos de vocales del Consejo General del Poder Judicial, a juicio de Catalá "es conveniente conseguir un equilibrio razonable entre el origen de la propuesta de los miembros de la carrera judicial y una participación del Parlamento, sin que desvirtúe el origen profesional de la propuesta". Actualmente, 36 jueces son elegidos por otros magistrados y 12 son propuestos por los grupos parlamentarios. El ministro aboga por que "esos 36 o 24 o 20 tengan un sistema más participativo" y asegura que trabajará previamente con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante la medida.
Sobre la situación en Cataluña, Rafael Catalá afirma que el Gobierno va a tener "la mayor flexibilidad para buscar soluciones políticas a las reivindicaciones de la sociedad catalana, pero quien incumpla las leyes se encontrará con la acción de la justicia". "Si un presidente de la Generalitat, un consejero o una presidenta del Parlament ha incumplido una ley debe responder ante los tribunales", concreta el ministro, que reitera que, "con nuestro sistema actual y nuestra constitución", no es posible una consulta pactada sobre el encaje de esta comunidad en el resto de España.
http://cadenaser.com/ser/2016/11/28/tribunales/1480329578_509812.htmlEL MINISTRO DE JUSTICIA OPTIMIZA SU FISCALIDAD EN UNA EMPRESA CON SU MUJER
Constituida cuando Rafael Catalá presidía una gran empresa de Juego, pasó el control a su mujer tras su nombramiento como Secretario de Estado con Ana Pastor
En marzo de 1999 se montó en el Congreso un buen lío. Saltó a la luz que Josep Piqué, por entonces ministro portavoz del Gobierno de José María Aznar, tenía una empresa que utilizó, entre otras cosas, para realizar lo que él mismo calificó en pleno debate político como “optimización fiscal”. O sea, que se aprovechaba de la sociedad para pagar menos impuestos por sus propiedades que como persona física.
Empresas en gananciales
La empresa que utilizaba en aquel entonces Piqué se llamaba Loreto Consulting y era una S.L. que poseía en bienes gananciales con su esposa de entonces. En medio del escándalo se escucharon en los escaños y se leyeron en los periódicos frases y titulares como “defraudador tributario”, “Rasputín de mierda” o “actuaciones fraudulentas”.
La situación de Josep Piqué encuentra un paralelismo aparente casi total con la que vive otro ministro. En este caso actual. El de Justicia, Rafael Catalá. En concreto, el ministro posee, según él mismo ha reconocido en su declaración de bienes al Congreso, el 49,7% de una sociedad que se llama Pocat Consultoría and Management S.L., y cuya administradora y propietaria del resto de las participaciones es su esposa, María Ángeles Martínez Esteban.
La empresa, fundada en 2008 en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, declaraba al cerrar el año 2014 un activo no corriente de 518.955 euros, de ellos inversiones mobiliarias por valor de 398.348,27 euros. El propio ministro, en su declaración de bienes presentada al Congreso al que nos hemos referido, dice haber adquirido a través de Pocat una vivienda y una plaza de aparcamiento en Alicante, otra en Madrid, y una parcela urbana en Pontevedra.
"Optimización fiscal"
Puestos en contacto con empresas de asesoría fiscal, los expertos han explicado a ELPLURAL.COM que este tipo de empresas se monta con la intención, como en su día apuntó como justificación Josep Piqué, “optimizar fiscalmente” las inversiones. El hecho en sí no es ilegal, nos apuntan, si se realiza conforme a las reglas que impone Hacienda para estos casos.
Pero resulta éticamente debatible en un ministro, puesto que cuando constituyen una sociedad de este tipo, los propietarios pasan a beneficiarse doblemente de lo que en principio está pensado para las actividades empresariales. Esos beneficios son, por un lado, la posible imputación en la declaración de desgravaciones por gastos que un ciudadano no puede aplicar, y por otro, un tipo de imposición menor.
Cambios en el cargo de Administrador de la empresa familiar del ministro Catalá
En el caso de Pocat, creada como hemos dicho en 2008, su capital suscrito es de 183.200 euros, y su objeto social declarado el de “asesoramiento, consultoría y o tramitación documental”. El administrador de Pocat S.L. desde su creación fue Rafael Catalá Polo (como su nombre delata), hasta que el dos de enero de 2012, diez días después de su nombramiento como Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, pasó el cargo a su esposa, María Ángeles Martínez.
http://www.elplural.com/2016/08/16/el-ministro-de-justicia-optimiza-su-fiscalidad-en-una-empresa-con-su-mujerLOS JUECES ACUSAN A CATALÁ, VILLALOBOS, INDA Y MARHUENDA DE ACOSO CONTRA LA JUEZA ‘DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS’
Las asociaciones de magistrados también se quejan del “clamoroso silencio del CGPJ” ante las presiones que están ejerciendo sobre la magistrada
Desde las “intolerables” manifestaciones del ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, sobre si existe concurrencia o no de infracción criminal, las “más graves manifestaciones” realizadas en prensa por la diputada por el Partido Popular Celia Villalobos a los exabruptos de los periodistas Francisco Marhuenda y Eduardo Inda, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha hecho público su enfado por el acoso a la jueza Rosa María Freire. La magistrada ha osado proponer procesar al PP por el asunto del borrado de los ordenadores de Bárcenas lo que también ha provocado el desacuerdo del fiscal. Tanto la AJFV como Jueces para la Democracia reclaman que el Consejo General del Poder Judicial rechace las presiones.
¿Será posible que el PP no tenga un momento de tranquilidad? Si no fuera poco con la que le está cayendo políticamente hablando y con el juicio de la primera pieza Gürtel que empezará el 4 de octubre con el desfile de militantes y altos cargos por la Audiencia Nacional, la propuesta de la jueza Rosa María Freire de que los populares sean procesados como persona jurídica por el borrado de los ordenadores de Bárcenas ha venido a trastornar más las cosas para los de Rajoy. Ante tal desaguisado la maquinaria se ha puesto en marcha. Mención aparte de la Fiscalía que ha recurrido este lunes contra el auto de la jueza quien señala a tres empleados (entre ellos la tesorera) para ocupar el banquillo, las críticas a su labor judicial han arreciado…desde los entornos próximos al partido.
Políticos, tertulianos… todos contra Freire
Así lo señala con indignación en un comunicado la Asociación Judicial Francisco de Vitoria que dice: “Nuevamente asistimos, como ya viene siendo costumbre, a manifestaciones efectuadas por personas con importantes responsabilidades políticas y por periodistas y tertulianos en medios de comunicación que, haciendo directa referencia a la labor de jueces de instrucción a los que corresponde, por aleatorio reparto de asuntos, conocer de causas penales con implicaciones políticas”.
Los jueces de AJFV señalan que esas personas “se inmiscuyen en aspectos de su vida personal, ofreciendo datos poco contrastados cuando no simplemente falsos para así lograr poner en tela de juicio la imparcialidad de dichos profesionales, atacando de forma directa a su independencia”.
“En esta ocasión tal proceder ha afectado a nuestra compañera Dª. Rosa María Freire Pérez, titular del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, a quien le ha correspondido por turno de reparto instruir una causa en la que se halla encartado el Partido Popular y cuyas últimas resoluciones han tenido repercusión en los medios de comunicación”, continúan.
Intolerable lo de Catalá
La Asociación califica de “intolerable y poco ajustado a las exigencias de un Estado de derecho del ámbito europeo” que el ministro de Justicia del Gobierno, actualmente en funciones, realice manifestaciones públicas opinando "sobre la concurrencia o no de infracción criminal en unos hechos que se están instruyendo en sede judicial”.
“Tales manifestaciones - expresan- contravienen las más elementales normas de prudencia y respeto al principio de separación de poderes y a la independencia judicial que cabe exigir a tan alto responsable político, constituyendo una conducta que en cualquier país de nuestro entorno habría dado lugar a una seria reprobación política y social”.
Y lo de Villalobos aún más grave
Todavía más graves son, son para esta Asociación “las manifestaciones realizadas en un medio de comunicación por la Diputada por el Partido Popular Dª. Celia Villalobos, que, criticando de manera abierta las decisiones adoptadas por la Jueza de Instrucción nº 32 de Madrid en la instrucción de la causa antedicha, atribuye su sentido a la existencia de una relación de parentesco entre la misma y una persona perteneciente a un partido político de diferente signo”.
“Desde luego mueve a risa echarle la culpa al primo del juez pero no por ello dejan de ser afirmaciones que, expresadas en un medio público por una Diputada nacional, pretenden poner en tela de juicio la imparcialidad de Dª. Rosa María Freire Pérez, afectando a su dignidad personal y profesional”, reprochan.
Completando Inda y Marhuenda
Para completar el panorama de exabruptos, se refieren a dos de los habituales tertulianos aparentes puntales del partido de Mariano Rajoy : “se complementan con las intervenciones en el programa de televisión La Sexta Noche de los periodistas D. Francisco Marhuenda y D. Eduardo Inda, atribuyendo a Dª. Rosa María Freire Pérez una inexistente relación de amistad íntima con un vocal del Consejo General del Poder Judicial al que se le imputa una procedencia política de diferente signo al Partido Popular”.
“Este Comité Nacional quiere expresar su más contundente rechazo a la cada vez más extendida práctica de atacar en el terreno personal a los jueces que realizan de forma profesional y discreta su trabajo con plena sujeción al ordenamiento jurídico vigente por el simple hecho de conocer de causas con relevancia mediática y que guardan relación con la actividad política o con los actores de la misma”, aseveran.
Muestran su apoyo a la jueza Freire, de la que dicen que “durante una dilatada carrera ha mostrado la más elevada capacidad y disposición para el desempeño de su trabajo en todos los puestos de responsabilidad que por su cargo ha ocupado”. Y añaden: “consideramos inaceptables los ataques a su independencia y a su imparcialidad y absolutamente reprobables las referencias, muchas inexactas, a cuestiones estrictamente personales que corresponden a una esfera de su privacidad que debe ser respetada”.
¿Y el Consejo General del Poder Judicial?
La asociación Judicial Francisco de Vitoria señala también “la cada vez más generalizada situación de acoso a los jueces en el desempeño de su labor profesional”. Y exigen “al Consejo General del Poder Judicial que, en defensa de los más elementales principios de respeto a la independencia del poder judicial, y en garantía del necesario sosiego de que deben disfrutar quienes han de adoptar cotidianamente decisiones de gran relevancia y responsabilidad, otorgue el necesario amparo a cuantos jueces y magistrados se ven sometidos a estas situaciones”.
Añaden que también el CGPJ debe procurar que “el respeto a nuestro quehacer profesional sea equivalente al de los países europeos con democracias de calidad”.
La crítica al órgano máximo de gobierno de los jueces es también la de la asociación progresista Jueces para la Democracia, cuyo portavoz, Ignacio González de Vega manifestaba a ELPLURAL.COM que “es clamoroso el silencio del Consejo sobre un tema que atañe a la independencia judicial y a las presiones sobre los jueces”. “Es que incluso las declaraciones desacertadas de algunos dirigentes políticos , incluso con sesgo machista, diciendo que familiares de la jueza son los entendidos en informática… son una forma de presión”, explicó. Para JpD “se está poniendo en cuestión la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales”.
http://www.elplural.com/2016/08/02/los-jueces-acusan-catala-villalobos-inda-y-marhuenda-de-acoso-contra-la-jueza-de-losAUMENTA EL RECHAZO DE LOS JUECES CONTRA ‘SU MINISTRO’: “LA INDEPENDENCIA JUDICIAL MOLESTA”
Catalá y Villalobos en el punto de mira de los magistrados, ya son tres las asociaciones profesiones que les acusan de querer “encorsetarles”
Los jueces de la asociación Foro Judicial Independiente (FJI) se han unido a las críticas contra el ministro Catalá, la diputada del PP Celia Villalobos y los tertulianos entusiastas del partido del Gobierno (como Inda y Marhuenda) por sus palabras contra la jueza Rosa María Freire. La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ha propuesto el procesamiento del Partido Popular en el caso de los ordenadores de Bárcenas. FJI denuncia en un comunicado público las reformas realizadas y dirigidas “a encorsetar cada vez más al poder judicial, cuya independencia molesta”.
Los jueces quieren así “mostrar su rechazo e indignación por las declaraciones vertidas contra la compañera titular del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid con motivo de su auto por el cual da por terminada la instrucción y entiende, dando argumentos de ello, que el partido político en el Gobierno ha cometido delitos de daños informáticos y de encubrimiento”.
Lo de Catalá y Villalobos causa pasmo
La asociación judicial abofetea con cierta suavidad a los habituales debatidores que en programas televisivos suelen apoyar a Rajoy y su partido diciendo que dejan de lado “las manifestaciones llevadas a cabo por quienes, en su papel de periodistas y/o tertulianos, se dejan llevar por sus pasiones y, reprochablemente, se exceden de la sana crítica a la que toda decisión judicial puede y debe ser sometida”.
Pero aquí si cargan las tintas contra los políticos: “causa pasmo que sean responsables políticos de primer orden, tales como el Ministerio de Justicia en funciones D. Rafael Catalá o la diputada del Congreso Dª Celia Villalobos, personas con obligaciones públicas de gran importancia, quienes más duramente hayan ido contra esta juez y su decisión”.
“Análisis sesgados y acusaciones veladas”
Más aún, FJI acusa al ministro y a la diputada populares de realizar “análisis sesgados y partidistas de una resolución que no les parece bien, o incluso acusando veladamente a la compañera de haber actuado por filias ideológicas de algún familiar. Absurdo. Y tremendo”.
“Lo bueno de tales declaraciones es que dicen más del que las expone que lo expuesto. Desautorizan a su autor al no utilizar la fuerza de los argumentos y descender al ataque personal. Dejan ver que sólo admiten un pensamiento único, su verdad (que es la de su partido), y por ello no toleran que otro poder del Estado, en el ejercicio de sus funciones, pueda afearles nada, revolviéndose con poca prudencia”.
Objetivo: “encorsetar al poder judicial”
Y añaden los jueces de FJI: “Es más, declaraciones como éstas explican el porqué de las reformas habidas en los últimos años dirigidas a encorsetar cada vez más al poder judicial, cuya independencia molesta”.
“Porque lo que ha pasado esta vez es lo que ha pasado ya otras veces. Que la clase política, por lo general, sólo gusta de las decisiones judiciales cuando les vienen bien, y se exceden en la normal prudencia de sus cargos y el debido respeto a la separación de poderes cuando les son contrarias o no les convienen. Ellos, que deberían ser ejemplo de sometimiento a las resoluciones judiciales. Y luego se sorprenden cuando otros no acatan las decisiones de los tribunales en defensa de la legalidad”, añaden.
La asociación concluye manifestando su adhesión “a la petición realizada por las asociaciones judiciales antes citadas para que el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, actué como tal y salga en defensa de sus gobernados cuando responsables políticos, sin la mesura que les es exigible, realicen manifestaciones que supongan un ataque a la separación de poderes y pongan en duda la independencia del poder judicial, única garantía a día de hoy de que no estamos en una democracia meramente formal”.
http://www.elplural.com/2016/08/08/aumenta-el-rechazo-de-los-jueces-contra-su-ministro-la-independencia-judicial-molesta
Catalá no cree que tenga trascendencia penal borrado ordenadores de Bárcenas
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha afirmado que no cree que el borrado que hizo el PP de los ordenadores usados por el extesorero Luis Barrenas tenga "ninguna trascendencia penal", después de que una jueza de Madrid haya procesado al partido por la presunta comisión de dos delitos.
"Es una gestión que seguramente hacen muchas empresas en España: cuando un empleado se va, limpian los archivos, le pasan ese ordenador a otro empleado, o lo sustituyen por obsolescencia. No creo que lleve consigo ninguna trascendencia penal", ha dicho Catalá a los medios antes participar en la entrega de despachos a la 41 promoción de letrados.
En un auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ha procesado al PP por la presunta comisión de un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento por el supuesto borrado de los discos duros de los ordenadores usados por Bárcenas.
Con esta decisión, la juez cierra así la instrucción y da el primer paso para sentar en el banquillo al PP, tras desestimar la petición de archivo que planteó esta formación política y la Fiscalía.
El ministro de Justicia en funciones ha explicado que no ha tenido ocasión de leer el auto, pero sí ha trasladado su respeto por las decisiones judiciales.
Ha señalado que es un asunto "que tiene que ver con la supuesta destrucción de un material de una organización que, cuando finaliza el periodo laboral de un empleado, procede a la destrucción de su material", por lo que no encuentra "ámbito penal" en esa actividad.
Catalá ha añadido que no se le ocurre en qué medida esta cuestión puede "contaminar" al PP, pues es "una organización que tiene 800.000 militantes, un partido político que tiene una estructura territorial en toda España y que tiene acreditada su condición de transparencia".
"No me parece que este asunto puntual y concreto pueda generar ninguna tacha sobre la adecuación del PP al ordenamiento jurídico y al cumplimiento de sus obligaciones", ha apuntado. EFEEl ministro en funciones de Justicia y Fomento explica que si no existen las mayorías necesarias "no tiene sentido presentarse"
El ministro en funciones de Justicia y Fomento, Rafael Catalá, ha bendecido desde su cargo la posible decisión de Mariano Rajoy a no presentarse a la investidura. Lo que de manera casi unánime los constitucionalistas ves como un hecho ilegal. Catalá lo dijo en La noche 24 Horas. "Ojalá las próximas reuniones que se produzcan, tanto las oficiales como las informales, vayan ayudando a construir ese consenso que necesitamos", ha anunciado el Ministro en el programa, que así daba a entender que si no tiene asegurada la mayoría necesaria, Rajoy podría no acudir al Congreso.
El ministro justifica lo que otros ven como ilegal
La cuestión principal de la entrevista a Catalá en la te visión pública rondó sobre el artículo 99.2 de la Constitución, que dicta: “El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara”.
Lo primero que hay que aclarar es la legalidad o ilegalidad de que Mariano Rajoy no se presentara a la investidura. El ministro, al que medios afines han presentado como autoridad relevante para hablar de ello tras su intervención en TVE, aunque no es constitucionalista, dio así su versión sobre el artículo 99.2: "Lo que yo creo que dice el artículo 99.2 es que el candidato propuesto por el rey expondrá su programa para llevar en su caso adelante la investidura, pero entre la proposición del rey y la exposición de la candidatura estamos en la constatación de si existe mayoría suficiente para que esto se produzca".
El Ministro concluye, por tanto, que "puede no llevarse a cabo ese debate y no estar vulnerando la legalidad". En su opinión no habría infracción alguna si entre la propuesta del rey y la exposición del programa "hay un corte" porque carece de mayoría suficiente para ello. Sobre si el Presidente en funciones irá a la investidura y a la votación, Catalá ha afirmado que si cuenta con el apoyo suficiente para ser investido, "por supuesto que sí". O lo que es lo mismo, puso en duda, sin despeinarse, que Rajoy podría no ir: "El presidente Rajoy ha dicho que él quiere liderar España, y sabe que tiene que contar con el apoyo de otros partidos políticos".
No sólo Rajoy, también Pastor podría defraudar la Constitución
Sin embargo este planteamiento de Rafael Catalá no coincide, como decimos, con el argumento de la mayoría de los constitucionalistas que han hablado estos últimos días. Sin ir más lejo, choca con el argumento aportado por Armando Salvador Sancho, ex letrado del Tribunal Constitucional. Este experto explicó en ELPLURAL.COM el fraude que ya supuso a la Constitución el comportamiento de Mariano Rajoy en las elecciones de diciembre al esquivar el ofrecimiento del Rey. Además se refiere al artículo 99.2 de la Constitución como "un mandato imperativo respecto del candidato propuesto por el Rey" y cómo ahora volvería a hacerlo si no acudiera al pleno de investidura. Es más, cómo también lo haría Ana Pastor si no convoca ese pleno en un plazo razonable.
“La Constitución en absoluto prevé que un candidato pueda rechazar la propuesta del Rey -escribió Armando Salvador Sancho-. La potestad Real que nos ocupa no está sometida a condición (salvo la ya señalada consulta previa con los representantes de los Grupos Políticos), de modo que la condición de su aceptación por el candidato priva de eficacia a la decisión Real y desnaturaliza el procedimiento de investidura diseñado en la Constitución”.
Además añade el exletrado del Constitucional que el procedimiento de investidura de un candidato designado por el Rey es el único y necesario requisito de la Constitución "para evitar el bloqueo político indefinido que se derivaría de que ningún candidato se sometiera a la investidura", ya que sin la formalización de la investidura ante el Congreso no pueden convocarse unas nuevas elecciones generales.
Y concluye: "el art. 99 de nuestra Constitución impone que la propuesta del Rey no pueda menoscabarse, pues si dicha propuesta pudiera rechazarse o condicionarse y no se celebrara ninguna investidura, simplemente, no podrían celebrarse nuevas elecciones y la democracia resultaría liquidada".
http://www.elplural.com/2016/08/05/catala-intenta-desde-su-cargo-legalizar-la-posible-no-asistencia-de-rajoy-al-pleno-de
CATALÁ DA POR CUMPLIDA SU REFORMA PENAL CON DATOS NO OFICIALES
Justicia admite que no puede certificar que no queden procedimientos judiciales pendientes
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha dado por cumplido al 100% el plazo para la revisión de las causas penales previsto en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esa reforma legal, una de las últimas del Gobierno antes de las elecciones de diciembre, establece un plazo de instrucción de seis meses, ampliable a 18 a petición del fiscal, y dado que la norma entró en vigor el 6 de diciembre, se cumple ahora el límite temporal para la revisión de todas y cada una de las causas.
Catalá da por cumplida su reforma penal con datos no oficiales La fiscalía admite ignorar cuántas causas quedan por revisar
Catalá ha asegurado que desde diciembre se han revisado 302.132 en toda España, según él, la totalidad de las que había. No obstante, ha reconocido que el ministerio no tiene competencias sobre la estadística judicial, no recibe diariamente datos de causas revisadas y, por tanto, no son datos oficiales. "No me corresponde a mi certificar la actividad del Poder Judicial", ha asegurado tras presentar datos de todas las provincias con el cumplimiento total de las previsiones.
“Despropósito, mal redactada e interpretada”
La reforma ha sido rechazada por todos los sectores de la justicia. La última reacción es de la Unión Progresista de Fiscales, que durante el pasado fin de semana aprobó un informe que habla de “despropósitos legislativos del Gobierno. Mal concebida,mal redactada y mal interpretada”.
La conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales aseguró ante el propio Catalá que provoca “graves dificultades en la investigación de las formas más graves de delincuencia, en especial de delitos relacionados con la corrupción”.
Los datos oficiales se conocerán cuando el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía hagan sus respectivas memorias.
El propio ministro ha admitido que no tiene competencia para la estadística judicial y, de hecho, para explicar la naturaleza de los delitos a los que se refieren esas causas h utilizado datos de la memoria de la Fiscalía de 2014, es decir, de hace dos años.
Catalá, además de remitirse a la confianza en la profesionalidad de trabajadores de la justicia, ha asegurado que esos datos proceden de todos los juzgados, aunque no haya un listado oficial de causas. De hecho, hay discrepancias sobre las cifras que se han mantenido durante los últimos meses y la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, aseguró recientemente que hay un número indeterminado de causas no controlado en las estadísticas. Y al inicio del plazo, el 6 de diciembre, se habló de más de 400.000 causas vivas. Los fiscales han calificado todas las causas de las que les han dado traslado los letrados de la administración de justicia, antes llamados secretarios judiciales.
La fiscalía remitió la pasada semana una circular que permitía calificar como complejas las causas con un formulario común y sin revisar ni razonar. No obstante, el ministro ha asegurado que no cree que eso se haya producido, apelando a la profesionalidad de los fiscales.
En los datos aportados por Catalá se cuenta que a 1 de junio había sin revisar 12.501 causas que ya se han terminado en el final del plazo. Es decir, dado que ha habido un sábado y un domingo entremedias y la rueda de prensa fue a primera hora de la mañana del lunes, las causas se revisaron entre el jueves y el viernes, en solo dos días, y, además, el ministerio pudo comprobarlo en ese plazo juzgado por juzgado de toda España para poderlo presentar en la rueda de prensa.
Sobre la recopilación de datos, el ministro ha puesto como ejemplo el funcionamiento de Aviación Civil, que permite que se tenga información en tiempo real de cada vuelo de cada día en el Ministerio de Fomento. "Ya me gustaría que fuera como El Corte Inglés, que tiene información inmediata sobre cifras de ventas", ha añadido antes de asegurar que hasta que no se elaboren el próximo año la memoria del Poder Judicial y de la Fiscalía no se conocerán los datos oficiales.
"Es la certeza del equipo del ministerio, porque ha habido toma de temperatura diaria", ha dicho para sustentar sus datos. El ministro ha hablado de más de 44.000 causas que se han archivado en este proceso por carecer de autor conocido. En total, ha asegurado, según sus cifras no oficiales, que con esta reforma y con la del Código Penal que despenalizó las faltas que se han liberado a los juzgados de dos millones y medio de procedimientos.
La reforma fue cuestionada por todas las asociaciones de jueces y fiscales, conservadoras y progresistas, y por todos los partidos políticos, salvo el PP. De hecho, en la legislatura frustrada se aprobó una proposición no de ley pidiendo la derogación del artículo 324 que establece los plazos de instrucción.
El ministro ha asegurado que esas críticas se deben "a que todos los cambios provocan resistencias y tensiones". En particular, Catalá ha arremetido contra el PSOE y las asociaciones progresistas por oponerse a esas reformas. También asociaciones como la conservadora AF, mayoritaria en la carrera fiscal, se opuso radicalmente. "Soy respetuoso con las opiniones, pero no se ha dicho la verdad", ha asegurado el ministro en funciones.
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/06/actualidad/1465198950_569794.html
RAFAEL CATALÁ: “LOS ESPAÑOLES NOS TIENEN QUE ESTAR MUY AGRADECIDOS”
Para el ministro en funciones, el PP es el creador de la recuperación económica y "ese mérito y esa satisfacción no nos la puede quitar nadie"
En campaña todos los partidos son los mejores, eso es así. Aprovechando esta realidad, el PP ha apostado por apuntarse el logro de la recuperación económica hasta el punto de asegurar que todos los españoles tienen que estar "muy agradecidos" al PP dado que, si España está creciendo, creando empleo y se han garantizado las pensiones, se debe a la labor realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ni más, ni menos.
"Ese mérito y esa satisfacción no nos la puede quitar nadie", ha afirmado el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá durante un acto de precampaña organizado por el PP de Asturias ante varias decenas de dirigentes y simpatizantes.
Para el titular de Justicia, es cierto que el Ejecutivo ha podido no hacer algunas cosas bien y puede entenderse que haya gente que esté "enfadada" con el PP por cuestiones como la corrupción, pero ha advertido de que los populares son "inteligentes" y saben "rectificar".A su juicio, la España de hoy "nada que ver con la España de 2011" tras una periodo de gobierno del PP en el que esta formación "ha luchado con toda firmeza contra la corrupción", una lacra contra la que, ha apuntado, ningún Ejecutivo había hecho "tanto".
No a la izquierda radical
Catalá ha comparado la gestión de Rajoy con la de gobiernos como el del Ayuntamiento de Madrid u otros que apuestan por la izquierda "radical" y que pretenden que España se parezca "a Grecia o a Venezuela".
"No quiero para mi país las colas de Venezuela ni las bajadas de pensiones de Grecia", ha apuntado tras subrayar que mientras otros partidos se dedicaron en los pasados meses a "hacerse fotos" o a "darse besos en el Congreso", "a hacer el idiota", ha resumido-, el único que mantuvo "la cabeza en su sitio" fue Mariano Rajoy.http://www.elplural.com/2016/05/25/rafael-catal-los-espa-oles-nos-tienen-que-estar-muy-agradecidos
CATALÁ DICE QUE PANAMÁ NO ES UN PARAÍSO FISCAL SINO QUE TIENE “UNA CULTURA TRIBUTARIA DISTINTA”
El ministro de Justicia pide que se investigue "el origen de la filtración"
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha asegurado este lunes que no cree que Panamá sea un paraíso fiscal, sino que cuenta con una "cultura tributaria distinta" a la española y hay que entender que esa "distinta realidad forma parte de la diversidad de las relaciones internacionales". "Creo que algunos están sobreactuando con la explosión del Panamá leaks", ha añadido el mismo día en que El Confidencial y La Sexta publicaban que el ministro de Industria, José Manuel Soria, y su hermano figuran en los llamados papeles de Panamá como administradores de una compañía offshore. Soria niega las acusaciones.
Catalá ha diferenciado el "plano hipotético de legalidad" y el "plano ético" en torno a las revelaciones de los papales de Panamá y ha manifestado su sorpresa por que se hable de las personalidades que salen en la documentación del despacho de abogados Mossack Fonseca y no del "origen" de la filtración. "La Agencia Tributaria y la Fiscalía hacen muy bien en investigar si se ha cometido algún ilícito penal, pero nadie presta atención al origen de esa información y si se ha violado el secreto profesional".
El ministro de Justicia en funciones ha recordado que España mantiene con Panamá una relación de "lealtad y colaboración" y ha insistido en que definir a un país como paraíso fiscal es una "decisión que corresponde a la Unión Europea y el ámbito internacional".
Catalá ha hecho estas declaraciones en un desayuno informativo organizado por Europa Press y al que también han asistido los ministros de Exteriores, José Manuel García Margallo; Defensa, Pedro Morenés y Hacienda, Cristóbal Montoro. El titular de Justicia ha enviado desde la tribuna un cariñoso saludo a este último "porque es el que siempre se lleva las tortas".
Inhabilitación para los jueces que pasen por la política
Catalá ha defendido la "independencia" de la judicatura, aunque ha planteado la necesidad de poner en marcha algún tipo de mecanismo para evitar las "puertas giratorias" en la justicia, esto es, jueces que deciden dedicarse a la política "y al minuto se sientan a dictar sentencias". A su juicio, "entre la permisibilidad actual y la inhabilitación absoluta hay puntos intermedios" que permitirían fortalecer la idea de la independencia del poder judicial.
El ministro ha añadido, en referencia a los vocales del órgano de gobierno de los jueces, que en ocasiones resulta "ofensivo" que a un profesional de prestigio y años de experiencia le pongan la etiqueta de conservador o progresista "impropia e indigna" por el supuesto origen de su designación y ha lamentado que el "órgano creado para fortalecer la independencia se haya convertido en el paradigma de la politización de la justicia". Catalá ha defendido la permanencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es partidario de revisar el sistema de elección de sus vocales, pero rechaza que sean elegidos directamente por los ciudadanos.
http://economia.elpais.com/economia/2016/04/11/actualidad/1460366617_910584.htmlPUNTUALIZACIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA RAFAEL CATALÁ
Leo con indignación en EL PAÍS cómo falsamente uno de sus columnistas me atribuye haber cobrado “750.000 euros de dinero público” en el año 2011 “por un curso de formación a una empresa pública”. No es la única calumnia contenida en la columna que firma este jueves, 11 de febrero, el señor Ángel Sánchez Harguindey. Es igualmente falso que ni entonces ni en ningún otro momento el señor Diego Torres y yo hayamos sido socios en nada. Por no ser, no somos ni conocidos.
Imagino que al columnista ya se le habrán exigido desde la Dirección de su periódico las pertinentes explicaciones. Y estoy seguro de que no habrán resultado satisfactorias por no ajustarse ni de lejos a los criterios de “rigor informativo, verificación de los datos, contraste de las noticias, consulta a la persona perjudicada y respeto al honor” que se establecen en el Libro de estilo de EL PAÍS.
Le rogaría, señor director, que adopten los controles que impidan que en el futuro puedan producirse este tipo de situaciones que generan un lamentable perjuicio al honor del injuriado e incluso a la reputación del medio.— Rafael Catalá.
http://elpais.com/elpais/2016/02/11/opinion/1455216550_948072.htmlJUSTICIA PONE AL FRENTE DE UN GRUPO DE TRABAJO PARA CAMBIAR LOS DESPIDOS COLECTIVOS AL ABOGADO QUE LLEVÓ EL ERE DE COCA-COLA
Jueces, fiscales, catedráticos, abogados y secretarios judiciales proponen cambiar la ejecución de los despidos colectivos
Plantean también aumentar los 3.000 euros que cuesta presentar un recurso de casación o crear una “mediación intrajudicial”
El Ministerio de Justicia creó hace dos meses un grupo de trabajo para evaluar el funcionamiento de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, aprobada en 2011. Y su frente situó a Íñigo Sagardoy, presidente del despacho del mismo nombre, especializado en asesorar a empresas que quieren acometer despidos colectivos. De los asuntos tratados por el grupo, los más candentes fueron precisamente los despidos colectivos y su ejecución. Como el que ha afrontado la embotelladora de Coca-Cola en España, por el que la empresa ha estado batallando en los tribunales, hasta alcanzar el Supremo, durante casi dos años. En torno a la ejecución de las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que condenaban a Coca-Cola a readmitir a la plantilla, se ha librado una agria disputa, legal y en la calle, entre los sindicatos y la multinacional. El bufete que preparó el despido colectivo de Coca-Cola y después lo defendió, sin éxito, en los tribunales fue Sagardoy Abogados.
Los trabajos del grupo ya han terminado, pero aún no se han elaborado las conclusiones que debería recibir el ministerio de Rafael Catalá. Las fuentes consultadas por infoLibre aseguran que se celebraron apenas cuatro reuniones y dudan de las “perspectivas de futuro” del trabajo realizado, con las elecciones y un posible cambio de gobierno a las puertas.
Para formar el grupo, el Ministerio de Justicia llamó a jueces, fiscales, catedráticos de Derecho del Trabajo, secretarios judiciales y abogados. Entre ellos, al magistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo, Antonio Sempere; su fiscal, Pilar Barrero; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, y los catedráticos de Derecho del Trabajo Alfredo Montoya Melgar y Jesús Mercader.
Los expertos han analizado el funcionamiento de la ley en sus cuatro años de vigencia “desde un punto de vista muy técnico”, coinciden. Así, estudiaron cómo se ha aplicado el artículo 124 de la ley, que regula los aspectos procesales de los despidos colectivos, y las “disfunciones” que han encontrado, para proponer a continuación cómo mejorar los procedimientos. También fue uno de los temas de análisis la ejecución provisional de los despidos colectivos, cuando la sentencia que los anula no es firme porque la empresa la ha recurrido ante un tribunal superior. La ley determina que, si el despido es nulo, los trabajadores deben ser readmitidos “en su puesto de trabajo y en las mismas condiciones” que tenían antes, y no es extraño que las empresas aleguen que no pueden hacerlo. Coca-Cola, Tragsa, Transportes Buytrago o Air Europa son sólo algunas de las que han tenido ejecuciones problemáticas de las sentencias que anulaban sus despidos colectivos, por diferentes motivos.
El caso de Coca-Cola fue el más largo y el que más atención acaparó en los medios. Primero la empresa se negaba a reabrir la fábrica de Fuenlabrada (Madrid) y después lo hizo pero sólo como almacén logístico, sin producción. Hasta llegar a ese punto, el pasado mes de septiembre, hicieron falta múltiples pronunciamientos previos tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo.
Lo que no significa que el conflicto se haya zanjado. Los trabajadores de la planta de Fuenlabrada han regresado a las movilizaciones este mismo fin de semana, explica el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, porque Coca-Cola tampoco ha cumplido su promesa de crear un centro logístico en la antigua fábrica. Asegura que la mayor parte de la plantilla no tiene carga de trabajo durante la jornada. CCOO mantiene el pulso judicial con la embotelladora tras presentar un recurso de reposición ante la Audiencia Nacional.
Examen a la reforma laboral en sus aspectos procesales
Aunque la ley cuyo funcionamiento ha evaluado el grupo de trabajo fue aprobada en octubre de 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la reforma laboral del Ejecutivo de Mariano Rajoy introdujo sólo unos meses después una nueva modalidad procesal de despidos colectivos. Y un año más tarde un decreto ley modificó dos artículos de la ley de 2011, precisamente los relativos al despido colectivo y su ejecución, “para dotarlo de una mayor seguridad jurídica”, según reza su preámbulo.
En estos cuatro años, la reforma laboral ha sido puesta a prueba en los tribunales; de hecho, la mitad de los despidos colectivos que fueron impugnados por los trabajadores han sido anulados o declarados improcedentes por los jueces. En este tiempo los abogados que defienden a las empresas no han dejado de reclamar que se acote la capacidad de interpretación de los jueces o, por ejemplo, que éstos no puedan anular un despido sólo por motivos formales. Además, la combinación de crisis económica, aumento de los despidos, tanto individuales como colectivos, y reforma laboral ha disparado el número de litigios, saturando unos juzgados víctimas de los recortes presupuestarios. Las fuentes consultadas describen los trabajos del grupo de expertos como “un examen a la reforma laboral en sus aspectos procesales”.
Recursos más caros, más posibilidades de mediación
Así, aparte de la ejecución de las sentencias, el grupo de trabajo estudió el sistema de recursos: si se acumulan los de determinados tipos y cómo se pueden agilizar sus trámites. Pese a que el sistema funciona “muy bien”, aseguran las fuentes, se puso sobre la mesa, entre otras medidas, aumentar los 3.000 euros que ahora cuesta presentar un recurso de suplicación, o al menos que su cuantía sea “revisable”.
Otras propuestas se encaminan a introducir una “mediación intrajudicial” –la que se produce una vez iniciado el procedimiento judicial, a invitación del juez–, que se añada a la mediación administrativa previa en el SIMA y sus homólogos autonómicos, y a la mediación que celebran las partes ante los secretarios judiciales –ahora letrados de la Administración de Justicia– antes de comparecer ante el juez. En la jurisdicción social, el 50% de los litigios se resuelven antes de llegar a juicio gracias a estos procedimientos.
Según el Ministerio de Justicia, los resultados del trabajo realizado por el grupo –que prefiere llamar “ámbito de reflexión”– son sólo “material interno de trabajo”, por lo que no se harán públicos. “Tampoco tendrán consecuencias legislativas, sólo se trata de averiguar dónde hacen falta refuerzos, qué carencias detectan los jueces y qué necesidades hay en la jurisdicción social”, explica un portavoz.
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2015/12/12/justicia_pone_frente_grupo_trabajo_para_cambiar_los_despidos_colectivos_abogado_que_llevo_ere_coca_cola_42134_1011.htmlCOSPEDAL DICE QUE DEFENDERÁ A CASTILLA-LA MANCHA DESDE EL CONGRESO
El nombramiento del ministro Rafael Catalá provoca el malestar en el partido en Cuenca
La secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, ha defendido esta mañana en Toledo la decisión de Mariano Rajoy de presentarla como número 1 de esa provincia para el Congreso de los Diputados. Esta nominación implicará que Cospedal, que no logró gobernar en las elecciones autonómicas del pasado 27 de mayo, abandone las Cortes de Castilla-La Mancha. Cospedal se ha comprometido a seguir defendiendo los intereses de la región desde la Cámara baja y ha subrayado su “voluntad de seguir liderando” el partido en la región, informa Efe.
Tras perder el poder en Castilla-La Mancha el pasado mayo, Cospedal se había comprometido varias veces ante los miembros de su equipo en quedarse allí toda la legislatura y disputar las próximas elecciones al socialista Emiliano García-Page, que gobierna gracias al apoyo de Podemos. Cospedal sostenía que ese pacto abocaba al ejecutivo de Page a la inestabilidad y propiciaría una legislatura corta.
En declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, antes de reunirse con los miembros de la candidatura del partido al Congreso y al Senado por esta provincia, la número dos del PP ha dicho que ha aceptado ser cabeza de lista porque su partido “ha considerado que era lo mejor”. Cospedal se ha mostrado “muy agradecida” por ese ofrecimiento, que, según ella, servirá “para llevar a los castellanomanchegos la necesidad de que gobierne el PP en España”.
“Nadie me va a echar de mi tierra”, ha afirmado Cospedal, que ha querido dejar claro que aunque ya no estará presente en el Parlamento regional, tampoco lo estuvo el presidente regional, Emiliano García-Page, cuando era secretario regional del PSOE y candidato a las elecciones del pasado 24 de mayo. “Todos tenemos derecho a tener la misma condición y pienso seguir defendiendo mi tierra y trabajando por ella, desde Toledo y desde las cinco provincias”, ha asegurado Cospedal.
La necesidad de situar a los miembros del Gobierno con escasa trayectoria de partido como cabezas de lista ha provocado el malestar en algunas provincias. En Cuenca, donde Rajoy ha colocado como número 1 al ministro de Justicia, Rafael Catalá, el concejal popular Pedro García Hidalgo ha lanzado su protesta contra el candidato cunero. En la red social Twitter ha dicho: “Rafael Catalá es un muy buen ministro pero hubiera preferido alguien de Cuenca o fuertemente vinculado a Cuenca”.
Sobre la inclusión de Catalá, Cospedal ha señalado que “el PP de Cuenca tiene desde hace tiempo una intensa relación” con el ministro, que además “ha trabajado mucho y bien y ha puesto en marcha muchos proyectos para la justicia” en la región.
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/07/actualidad/1446893841_751173.html
EL PP CONQUENSE SE LEVANTA CONTRA EL “CUNERO” CATALÁ IMPUESTO POR COSPEDAL
Una veintena de miembros de la Ejecutiva Provincial de la formación de la gaviota piden apartar al ministro de Justicia de las listas de Cuenca
Se veía venir. Estaba claro que la militancia no soportaría “más engaños y manipulaciones” de la dirección regional del Partido Popular presidida por María Dolores Cospedal, reconocen las mismas fuentes que informaron a ELPLURAL.COM del descontento del partido por la confección de las listas electorales, como este periódico publicó este fin de semana, y que ahora corroboran nuestra crónica con la protesta por escrito de una veintena de miembros del Comité Provincial del PP de Cuenca, dirigido por el presidente de la Diputación , Benjamín Prieto, “tal vez el más dócil y servil de cuantos dirigentes tiene nuestro partido en tierras castellano-manchegas”. Escrito en el que, según ha podido comprobar ELPLURAL.COM, exigen la revisión de la candidatura del ministro de Justicia Rafael Catalá, que “nada tiene que ver con Cuenca, ni por asomo, ni por proximidad, ni muchos menos por los lazos que Cospedal dice que le unen a nuestra ciudad”, comentan indignadas las fuentes.
Convocatoria urgente del Comité Ejecutivo
El enfado es mayúsculo, puesto que “en Cuenca estamos hartos de que Madrid nos imponga cuneros y paracaidistas como es el caso del señor Catalá”, que encabeza la lista electoral del PP por esta provincia. Tanto es así, que destacados miembros de la Ejecutiva Provincial piden la convocatoria urgente de la misma para abordar la designación del ministro de Justicia, y aclarar que aquí, “salvo los dirigentes, nadie le ha pedido al PP que Rafael Catalá encabece nuestra candidatura”. La petición ha llegado a la sede popular conquense a través de escritos no sólo ya de miembros del citado Comité, sino de militantes y simpatizantes del PP que no entienden la elección “de este hombre, que sabrá mucho de Justicia pero que no tiene ni idea de lo que pasa en Cuenca”, concretan.
Carta a Génova contra los “paracaidistas”
Y que esa veintena de conquenses descontentos con la candidatura de Catalá, recuerdan que “viéndolas venir al Comité Ejecutivo Provincial se le pidió enviara una carta a ‘Génova’ – sede del PP nacional- para "exigir" que el partido en Cuenca no admitiese en las listas electorales a los candidatos denominados como ‘cuneros’. Un aspecto este último que fue desvelado por dirigentes ‘populares’ como el concejal en el Ayuntamiento de la capital, Pedro J. García Hidalgo, recoge en su edición de este miércoles el portal capitalino lasnoticias.com. Por todo ello, insisten en pedir la convocatoria de dicho Comité a fin de que "todos tengamos información de primera mano sobre el proceso de elaboración de las candidaturas". Entre ello se encuentra el ex alcalde de Motilla del Palancar y concejal en el Grupo Popular en la oposición, Jesús Ángel Gómez.
Benjamín se lava las manos
Por su parte, el presidente provincial del PP, Benjamín Prieto, mira para otro lado, se lava las manos, aunque dice comprender y respetar todas “las sensibilidades”, y le dice a la veintena de díscolos que ya no se puede hacer nada. “Aquí el debate no existe; esta cerrado”, ha declarado a los medios el hombre fuerte de Cospedal en esta provincia, recordando que no convocará al Comité Provincial ya que no es “el órgano”, dice, que tiene competencias, puesto que de estos menesteres los “lleva el Comité Electoral Provincial el encargado de conformar las candidaturas”. Comité que, como ya adelantó ELPLURAL.COM, no hizo otra cosa que seguir las directrices de Cospedal, quien no dudó ni un momento en ofrecer a Rajoy Castilla La Mancha para acomodar a “cuneros” y “paracaidistas” de postín, como es el caso del ministro Catalá.
El PP puede pagar un alto precio
Prieto se confunde, y de qué forma, al minusvalorar a la veintena de dirigentes. Y se confunde porque Ciudadanos obtuvo en Cuenca uno de sus mejores resultados en Castilla La Mancha, sentando en el Ayuntamiento capitalino hasta tres concejales, que salieron, principalmente, del caladero de votos del PP. Y por mucho que Catalá, de visita este miércoles a Cuenca para hacer electoralismo utilizando los familiares de las jóvenes asesinadas este verano, intente sofocar la rebelión, con declaraciones como “no voy a tratar de disfrazarme de conquense, porque no lo soy”, el descontento se puede traducir en las urnas donde en esta provincia desde las elecciones de 1993 siempre ha ganado la derecha.
http://www.elplural.com/2015/11/11/el-pp-conquense-se-levanta-contra-el-cunero-catala-impuesto-por-cospedalLOS RAZONES QUE ESGRIMEN LOS JUECES PARA PLANTAR AL MINISTRO CATALÁ
Jueces para la Democracia, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente se niegan a reunirse con el responsable de Justicia porque aseguran que no les escucha
Las tres asociaciones judiciales denuncian la profunda escasez de jueces y juzgados y la precariedad de las instalaciones y materiales con los que trabajan
Pocos jueces, aún menos juzgados, instalaciones que se caen a trozos y una Administración que no escucha. Es el negro panorama que pintan tres de las cuatro asociaciones judiciales españolas, que este miércoles decidieron conjuntamente no reunirse con el ministro del ramo, Rafael Catalá, ya que a su juicio "ignora reiteradamente" sus peticiones para la mejorar del sistema judicial español.
Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente y la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria –no así la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, de corte conservador– publicaron una nota conjunta en la que anunciaron que no acudirán a las reuniones a las que el Ministerio de Justicia les ha convocado durante esta semana separadamente, ya que entienden que estos encuentros "pretenden trasladar a la sociedad una disposición al diálogo que es ficticia".
"El ministro de Justicia, Rafael Catalá, repite invariablemente su voluntad de alcanzar acuerdos con las asociaciones judiciales, pero la realidad es que solo se nos convoca para informarnos de lo que ya está decidido, sin que en ningún momento se tengan en cuenta las aportaciones que podamos realizar", denuncian los colectivos de jueces, que exigen que se les reúna de forma conjunta en una verdadera mesa de negociación para abordar sus "reivindicaciones profesionales" y, especialmente, "la situación de la administración de Justicia", que consideran caótica.
La principal reivindicación de los togados tiene que ver con una de las máximas preocupaciones de la ciudadanía: la lentitud de la Justicia, que estas asociaciones achacan a la sobrecarga en los juzgados y la falta de medios. "Los órganos judiciales están desbordados", sostiene Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, que llama la atención a las cifras que ofrece en este sentido el informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): a fecha de 31 de diciembre de 2013, el 43,53% de los juzgados españoles trabajaban a más del 150% de su capacidad.
Estas cifras eran especialmente escandalosas en algunos tipos de órganos en concreto, como los juzgados de primera instancia, ya que la práctica totalidad –el 95,6%– de los mismos tenían cargas de trabajo superiores a este porcentaje. Una situación similar se vivía en los juzgados de lo mercantil –el 93,75% de ellos se encontraba en esta situación– o los juzgados de lo social –nada menos que el 97,83% sufría este problema–. Y, desde entonces, las cosas no han hecho más que empeorar, según Bosch, que se declara "cansado de pedir que se fije una carga máxima de trabajo".
Pocos jueces y pocos juzgados
"Es imposible que un juzgado funcione bien cuando está llevando un 250% de la carga de trabajo que tendría que llevar", denuncia el portavoz de Jueces para la Democracia, que sostiene que "en muchos juzgados, el juez y el equipo están trabajando como si estuvieran llevando dos juzgados a la vez". "La gente, de tan saturada que está, se desmotiva, y los asuntos se estancan, y esto no es un riesgo sólo para su salud laboral, sino también un perjuicio para la ciudadanía", asegura Bosch.
Con él coincide Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, que asegura que ahora mismo hay "100 jueces menos que hace cuatro años" y ofrece un nuevo matiz con respecto a las cifras aportadas por el informe del CGPJ, ya que afirma que casi todos los juzgados –"el 90%", señala– se encuentran por encima del 100% de su carga de trabajo adecuada. Según Sexmero, este problema tiene dos patas: la escasez de jueces y, además, los pocos órganos judiciales existentes en España.
"Tenemos una fuerte distorsión, porque se ha mantenido un ritmo de reposición de jueces pero no sean creado nuevas plazas para ellos", abunda el portavoz de la Francisco de Vitoria, que resume que "hay más jueces que órganos judiciales". "Esto ha ocurrido porque no se ha respetado el planteamiento de [el exministro de Justicia entre 2009 y 2011, Francisco] Caamaño, que era crear 900 órganos judiciales en tres años, acompañados de la inclusión de 750 jueces", explica Sexmero, que señala que "se crearon esos puestos de jueces, pero los juzgados se quedadaron en la mitad".
Togados en situación de precariedad
En los últimos años sólo se han cubierto las plazas de los jueces que se jubilaban, denuncian los togados. Y esto implica que haya una serie de magistrados que, al entrar en la carrera judicial, quedan a la espera de destino en una situación de precariedad, sostiene Bosch, que explica que se les envía a juzgados ya cubiertos por un juez y "duplican" su función en lugar de tener un órgano propio para poder aligerar el sistema, lo que además implica que su estabilidad en un mismo lugar de trabajo sea prácticamente nula.
A ello se une, según Conrado Gallardo, portavoz de Foro Judicial Independiente, lo farragoso del procedimiento para crear un juzgado en España. "Hace falta que se pongan de acuerdo el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas", explica Gallardo, que señala que la Administración central paga a los jueces y a parte de los funcionarios y la autonómica pone el edificio y las nóminas del resto de empleados públicos. "Pero ahora las comunidades se están negando a poner edificios" por problemas presupuestarios, sostiene el portavoz, un problema que se une a la falta de iniciativa del Gobierno para ampliar la estructura.
Las cifras son palmarias, tal y como resaltan los tres portavoces. Según el informe Cuadro de Indicadores de Justicia de la UE 2015, elaborado por la Comisión Europea, el número de jueces en España es de poco más de 11 por cada 100.000 habitantes, por los más de 20 que hay de media en la UE. Bosch ofrece una receta para que la situación sea "mínimamente razonable": aumentar en 1.000 efectivos el número de magistrados y también crear un millar de juzgados.
Juzgados insalubres y sistemas incompatibles
Junto a la falta de jueces y la escasez de juzgados, el tercer problema fundamental del que se quejan las tres asociaciones judiciales es la falta de medios materiales y el mal estado de las instalaciones. No existen, según los portavoces, informes que recojan una relación de todas estas deficiencias, pero los tres coinciden en que la situación en la que trabajan muchos de los magistrados y empleados de los juzgados es de "total abandono", en palabras de Marcelino Sexmero.
En este sentido, uno de los problemas que más retrasa las tareas judiciales es su sistema informático, explica Bosch, que lo tacha de "desastre". Y es que, según señala el portavoz de Jueces para la Democracia, los juzgados y la Fiscalía trabajan con entornos diferentes que no son compatibles entre sí, a lo que se suma que los sistemas también son distintos en cada una de las comunidades autónomas. "Eso significa que para intercambiar información se sigan trayendo carritos llenos de documentos", ejemplifica Bosch.
Pero existen, además, verdaderos problemas de salubridad que afectan al trabajo en los juzgados. En un informe presentado el año pasado ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos del Consejo de Europa, Foro Judicial Independiente recogía varios casos de plagas de ratas en juzgados como de Madrid, A Coruña o Girona, así como socavones o edificios en mal estado y con serias deficiencias para funcionar como sede de un órgano judicial.
"Esas situaciones son, lamentablemente, las cotidianas, porque ni siquiera hay una normativa que diga cómo tiene que ser un juzgado", denuncia Conrado Gallardo, que hace hincapié en que tanto a su colectivo como a los de sus dos colegas les gustaría poder negociar soluciones para estos problemas con el ministro Catalá. "Queremos que las reuniones tengan un orden del día, que se incluyan los problemas que preocupan a los jueces y que se levante acta", demanda el portavoz.
Por ahora, "las convocatorias a reuniones sólo han tenido como objetivo cubrir las apariencias y simular un diálogo que no existe", según el comunicado hecho público este miércoles por las tres asociaciones judiciales, que sostienen que "no puede sorprender que esta forma de gestión no hay producido avances significativos en beneficio del servicio público que se presta a la sociedad, ni tampoco en la situación de nuestros órganos judiciales". No obstante, los jueces aseguran que siguen dispuestos a hablar. Aunque, eso sí, siempre y cuando no se les pretenda "instrumentalizar".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/09/10/los_razones_que_esgrimen_los_jueces_para_plantar_ministro_catala_37540_1012.htmlCASUALIDADES QUE PASAN... ALLÁ POR DONDE VIAJA EL MINISTRO DE JUSTICIA, LOS LÍOS DEL PP SE ALIVIAN
El papel de este 'popular' dentro del partido recuerda, salvando las obvias distancias, al del mítico 'señor Lobo' de 'Pulp Fiction', el 'solucionador de problemas'
Hoy vamos abordar la agenda geográfica de Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia, un genovés de los que según avanza el partido, se muestra cada día más encantado de haberse conocido y más entusiasmado por el papel que Rajoy, su Jefe de Clan, le ha asignado. De entrada, no está de más recordar que su nombramiento tiene que ver con una situación de urgencia como fue cubrir la vacante forzosa que tras su dimisión había dejado su predecesor , Alberto Ruiz Gallardón.Dicho esto, para situar la cuestión, os proponemos que echéis un vistazo atrás en el tiempo hasta situaros en 1994. En ese año se estrenaba “Pulp Fiction”, el mítico film del director Quentin Tarantino.
Uno de los personajes que se dan cita en esta magnifica película, y que interpreta el actor Harvey Keitel, es “Sr. Lobo”. Su papel, como se verá, tiene mucho en común, obviamente en el sentido más figurado del término, con el que tiene asignado nuestro protagonista, Rafael Catalá. Ambos, allá donde se desplazan, “solucionan problemas” de todo tipo y condición.
El primero, el original y genuino, sacando de un buen aprieto a Jules y Vincent, interpretados por John Travolta, y Samuel L. Jackson, dos asesinos a sueldo con no demasiadas luces, que trabajan para el gánster Marsellus Wallace. El segundo, haciendo de “talismán de la mejor suerte” para un buen número de imputados genoveses que son citados, un día sí y otro también, a lo largo y ancho del país, por numerosos tribunales de justicia.
Vayamos al grano. Os hemos seleccionado como muestra 4 casos, 4 en los que el Ministro de Justicia, con su acusado sentido de estar siempre donde se le espera, se le envía y/o se le reclama, logra que su agenda territorial tenga efectos balsámicos para algunos de sus colegas de Partido que están sistemáticamente envueltos en casos relacionados con prácticas corruptas.
Melilla conections. Hechos:
02 de febrero 2015. El Tribunal Supremo abre una investigación por prevaricación a Juan José Imbroda, Presidente de la Ciudad de Melilla y Presidente del PP.
04 de marzo 2015. Rafael Catalá, cual pitoniso bien informado sobre la imputación por prevaricación a Juan José Imbroda, responde en rueda de prensa que su imputación : "A lo mejor se archiva (…) ¿ Por qué no va a ir en la lista si la causa que tiene se archiva?".
11 de marzo 2015. El Presidente de la Ciudad de Melilla declara ante el instructor del Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación. Ocho de los once consejeros de Melilla están imputados, algunos por partida doble o triple, y también lo están las esposas de dos de ellos.
12 de marzo 2015. Rafael Catalá visita Melilla. Firma en el Libro de Honor de la Ciudad, que preside Juan José Imbroda. Posteriormente, inaugura la nueva sede del Colegio de Abogados, cuyo decano es Blas Jesús Imbroda Ortiz, hermano del Alcalde y su abogado defensor ante el Tribunal Supremo y, por último, visita la recién abierta Oficina Fiscal.
06 de abril 2015. El Tribunal Supremo, con la oposición del Fiscal, archiva la investigación sobre Imbroda.
07 de julio 2015. El BOE publica el nombramiento de Juan José Imbroda Ortiz como Presidente de la Ciudad de Melilla.
Murcia conections. Hechos.
29 de enero 2015. La mayoría conservadora del CGPJ impone el nombramiento de Miguel Pascual del Riquelme Herrero como nuevo Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU).
23 de marzo 2015. El TSJMU, con la oposición de la Fiscalía, remite a un juzgado de Lorca la causa en la que está imputado Pedro Antonio Sánchez, ex alcalde de Puerto Lumbreras y Consejero de Educación del Gobierno regional. Esta decisión facilita que Sánchez pueda ser candidato genovés a la Presidencia de Murcia.
21 de mayo 2015. El Ministro de Justicia visita el TSJMU. Se reúne con representantes de los operadores jurídicos de la comunidad autónoma. A este encuentro asisten, entre otros, el delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana, imputado por el TSJCMU, el presidente del TSJ murciano, Miguel Pasqual del Riquelme, el fiscal superior, Manuel López y el vocal del CGPJ, Juan Martínez. Posteriormente, Catalá participa en un acto electoral con el candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, el de la Alcaldía de Murcia, José Ballesta y con los candidatos a las alcaldías de los 45 municipios de la Región de Murcia y los candidatos a la Asamblea Regional.
22 de junio 2015. El juzgado de Instrucción nº 1 de Lorca cita a declarar para el próximo 14 de julio, entre otros, a Pedro Antonio Sánchez en condición imputado.
30 de junio 2015. Pedro Antonio Sánchez es elegido Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia con el voto a favor de los 22 diputados del PP y los cuatro de Ciudadanos, mientras que los 13 del PSOE y los seis de Podemos han votado en contra.
Almería conections. Hechos
17 de noviembre 2014. Gabriel Amat Ayllón, amigo personal de Mariano Rajoy y de Javier Arenas, Presidente del PP en Almería, Presidente de la Diputación Provincial y Alcalde Roquetas del Mar declara como imputado en el juzgado de instrucción nº 1 de Roquetas . Está acusado de prevaricar en el conocido como “Caso La Fabriquilla”. Además de este asunto su nombre está relacionado con otros muchos casos que afectan a la presunta financiación irregular del PP.
18 de marzo 2015. Catalá visita la ciudad de Almería. Se reúne con el Colegio de Abogados y con Lourdes Molina, Pta. Audiencia Provincial. Por la tarde se desplaza a Gádor para participar en un acto electoral del PP. Intervienen, entre otros, Gabriel Amat Ayllón, Javier Arenas y Rafael Hernando.
26 de marzo 2015. La Fiscalía presenta un escrito en el que se suma a la petición de la defensa de Gabriel Amat Ayllón para que se archive la causa abierta contra el alcalde de Roquetas del Mar en relación al “ Caso La Fabriquilla”.
09 de mayo 2015. Rafael Catalá se desplaza a Roquetas del Mar para presentar la candidatura de Gabriel Amat Ayllón a la alcaldía de este municipio. En el mitin también intervino el Vicesecretario General del PP, Javier Arenas .
13 de mayo 2015. María del Mar Alejo Rico, titular del juzgado de instrucción nº 1 de Roquetas del Mar, atendiendo la petición de la defensa y del MF archiva provisionalmente las actuaciones del “Caso La Fabriquilla “.
Caja B del Partido Popular
En este asunto, en honor a la verdad, sus desplazamientos, sus entradas y salidas, no figuran en su agenda territorial sino más bien en la virtual y en la mediática. En cualquier caso, el papel pusilánime de la Abogacía del Estado que dirige casualmente la sobrina del procesado Álvaro Lapuerta, ex Tesorero Nacional del PP y el papel del Fiscal Romeral, claramente obstruccionista para la investigación, no solo no han sido corregidos por Catalá sino más bien se ha sentido cómodo con esa estrategia. Estos son algunos hechos en los que Catalá se ha asomado a la instrucción :
20 de enero 2015. En una entrevista en Antena3, Catalá afirma en el PP no hay ninguna Caja B que esté acreditada. Además negó que el PP no haya colaborado con el juez, y precisó que cuando Ruz se personó en la sede del partido para buscar documentación los abogados del PP "ya le habían entregado toda la documentación que él fue a buscar. Comprobó que era la misma que ya tenía entregada".
05 de marzo 2015. Rafael Catalá expresa sus reservas sobre la independencia del Juez De la Mata, sustituto del Juez Ruz: “No me parece que haber trabajado en una administración pública con un gobierno democrático inhabilite a nadie para el desempeño, pero eso hay que acreditarlo y demostrarlo en el quehacer cotidiano (…) Que el magistrado que ocupe la plaza de un juzgado titular de instrucción con la complejidad que tienen esas plazas sea el más antiguo de los que lo han pedido no me parece un criterio de selección”.
29 de abril 2015. El nombre de Daniel Hidalgo, director de comunicación de Catalá y ex Subdirector de Informativos de Telemadrid, aparece en los metadatos de un escrito de la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, que fue filtrado a El Mundo. El escrito, sin membrete, firma y fecha es idéntico al que posteriormente se registró en la Audiencia Nacional. El texto filtrado trataba de minimizar el papel del PP en la creación y mantenimiento durante 19 años de una Caja B, tal como el juez instructor ha reiterado.
Vamos acabando como comenzamos. Siendo obvio que ni Rafael Catalá es Harvey Keitel, ni Rajoy es Tarantino, sin embargo, vista la agenda del Sr. Ministro, el papel del “Sr. Lobo” encuentra similitudes entre la ficción que representa ese personaje y la cutre realidad en la que se desenvuelve el Gobierno y el Partido Popular en asuntos de corrupción. Y esto bien lo saben los agraciados que le estarán eternamente agradecidos. No es para menos.
http://www.elplural.com/2015/07/08/soy-rafael-catala-ministro-de-justicia-soluciono-problemasCATALÁ SOBRE EL TRIBUNAL DE LA CAJA B: “HA TOCADO EL MISMO Y NADIE HA HECHO NADA PARA QUE ASÍ SEA”
"La mejor garantía de independencia es el funcionamiento normal de las instituciones", recalca el ministro de Justicia
Rafael Catalá ha destacado que los jueces "con toda seguridad van a dictar una sentencia adecuada al Estado de Derecho"
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que la asignación de asuntos en la Audiencia Nacional –que ha provocado que los dos jueces para los que se solicitó la recusación en el caso Gürtel por sus supuestos vínculos con el Partido Popular (PP), Concepción Espejel y Enrique López, formen también parte del tribunal que se encargará de juzgar la caja B– se ha realizado a través de un sistema de reparto "objetivo y de carácter general".
"Ha tocado que sea otra vez el mismo tribunal. Esto es así, es absoluta objetividad. La mejor garantía de independencia es el funcionamiento normal de las instituciones. Cada día se reparten asuntos y ha caído en esa sección sin que nadie haya hecho nada para que así sea", ha destacado el ministro en declaraciones a Europa Press.
Catalá ha puesto, además, de manifiesto que los magistrados son "profesionales e independientes" por lo que el enjuiciamiento se llevará "con toda la calidad de los jueces de la Audiencia Nacional, sean quien sean y se llamen como se llamen". "Son jueces independientes, cualificados, y con toda seguridad van a dictar una sentencia adecuada al Estado de Derecho", ha destacado.
Vocales del CGPJ
Los dos magistrados a los que se ha encargado juzgar las causas sobre la trama Gürtel y la presunta caja B del PP fueron vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP. López también fue elegido en 2013 miembro del Tribunal Constitucional a iniciativa del Gobierno. Sin embargo, se vio obligado a dimitir en junio de 2014 después de dar positivo en un control de alcoholemia cuando circulaba con su motocicleta sin casco por el centro de Madrid.
La elección del tribunal, que se ha realizado siguiendo el sistema de reparto de la Audiencia Nacional, también determina que el tercer miembro de la Sala será el magistrado progresista José Ricardo de Prada.
López será ponente de las dos sentencias porque le corresponden los procedimientos cuyos rollos de sala acaban en cinco, como es el caso de la pieza sobre la contabilidad B del PP, y en seis, correspondiente a la causa en la que se investigan la primera época de actividades de corrupción de la trama Gürtel, que se desarrolló entre los años 1999 y 2005.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/07/31/catala_sobre_tribunal_caja_quot_tocado_otra_vez_mismo_nadie_hecho_nada_para_que_asi_sea_quot_36112_1012.htmlLA QUE FUERA VICECONSEJERA DE PRESIDENCIA E ÍNTIMA AMIGA DE COSPEDAL, MAR ESPAÑA, SERÁ LA NUEVA DIRECTORA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Cospedal ha sido la "muñidora" de este nombramiento. El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comunicado al Congreso de los Diputados su propuesta de nombramiento de la exviceconsejera de Presidencia, Mar España, como vocal del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y como nueva directora de este organismo.
La candidata propuesta este viernes por el Consejo de Ministros deberá comparecer ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados en los próximos días, requisito previo a su nombramiento definitivo como directora mediante Real Decreto.
Tanto los nuevos vocales como la futura directora de la AEPD ejercerán su mandato durante los próximos cuatro años.
Este nombramiento ya fue anunciado hace días por diarios nacionales como "Confilegal" y El Plural donde el periodista toledano Carlos Iserte aseguraba que Cospedal tenía "sus prisas por dejar situados a sus más fieles, como es el caso de la viceconsejera de Presidencia y Administraciones Públicas e íntima amiga, Mar España Martí, a quien pretende situar al frente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)". Se preguntaba el motivo por el que Cospedal quiere a Mar España al frente de la AEPD: "La Agencia Española de Protección de Datos es la autoridad estatal de control independiente encargada de velar por el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos. Garantiza y tutela el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal de los ciudadanos, o lo que es lo mismo, decide lo que pertenece al ámbito personal y lo que se puede o no publicar de los datos correspondientes a una persona. Agencia relacionada con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, que Cospedal ha utilizado en varias ocasiones para proteger su "intimidad" dineraria y patrimonial.
Tanto es así, que denunció a ELPLURAL.COM ante la AEPD porque publicamos la nota simple de su mansión-búnker valorada en 2,3 millones de euros. La agencia nos dio la razón a través de un amplio escrito donde recriminaba a María Dolores Cospedal su argumentario y exceso de celo, al mismo tiempo que le recordaba su condición de persona pública sujeta a una mayor transparencia que el resto de los ciudadanos".
Nada más conocerse la noticia Confilegal aseguraba: "Cospedal ha sido, precisamente, la muñidora de esta gestación al conseguir colocar a España entre los diez vocales del Consejo Consultivo de la AEPD, pero propuesta por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, como vocal de la Administración General del Estado...España Martí tiene 51 años, es licenciada en Derecho y experta en gestión de entidades sin ánimo de lucro. Tiene un master sobre protección de derechos humanos y es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado, en la especialidad jurídica, desde 1989. Ha sido secretaria general del Defensor del Pueblo, consejera de Canal Sur, directora del Área de la Alta Inspección de Educación en Andalucía, secretaria general del Instituto de la Mujer, consejera técnica del Director General de Coordinación y la Alta Inspección del Ministerio de Educación y asesora técnica del Director Provincial de Educación en Cantabria. Antes de ser nombrada viceconsejera, en enero de 2012, había ocupado la Secretaría General de Presidencia de la Junta".
http://www.dclm.es/shh.php?id=2293
CATALÁ DICE QUE LA CONVERSACIÓN ENTRE EL MINISTRO DE GUINDOS Y GRANADOS FUE “ENTRE PARTICULARES”
"Que alguien se interese por algo y se le dice habla con el que lo lleva y luego se acredita que no se consiguió nada no es indicio de nada", añade
De Guindos sostiene que facilitó a Granados un contacto oficial como a los demás interesados en la privatización de AENA
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que la conversación desvelada en la trama Púnica entre el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el imputado exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, fue "una conversación entre particulares" y destacó que Granados no consiguió nada con aquellas gestiones, según informó Europa Press.
En una entrevista en Telemadrid, Catalá quiso distinguir en el sumario de la trama Púnica los comportamientos que apuntan a actividades delictivas de las "conversaciones en las que no hay materialidad". "Que alguien se interese por algo y se le dice habla con el que lo lleva y luego se acredita que no se consiguió nada no es indicio de nada", argumentó.
Granados llamó a De Guindos el 8 de julio de 2014, cuando trabajaba en el banco Societé Generale, para interesarse por el proceso de privatización de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Catalá recordó que él estaba entonces al frente de ese proceso, como secretario de Estado de Infraestructuras, y recalcó que se hizo con total objetividad.
El ministro, según el acta levantada por la Guardia Civil, le respondió que acababa de llegar de Bruselas y le remitió al secretario de Estado del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa, hermano del director general de la Guardia Civil. Según la transcripción, De Guindos dijo a Granados que le llame y que él le avisará de que han hablado de este asunto.
Las gestiones de Granados con De Guindos se produjeron cinco meses después de que el político de Valdemoro dimitiera como senador y como diputado en la Asamblea de Madrid tras conocerse que tenía una cuenta en Suiza.
Fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad recordaron a Europa Press que Société Générale quedó al margen del proceso de salida a Bolsa de AENA.
Catalá valoró las conversaciones conocidas en el sumario de la Púnica como "una auténtica vergüenza desde el punto de vista ético" y desde el jurídico como algo "delictivo y absolutamente reprobable", pero destacó que quienes actúan así se encontrarán con la acción de la justicia.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/07/28/catala_dice_que_conversacion_entre_ministro_guindos_granados_fue_quot_entre_particulares_quot_35994_1012.htmlEL MINISTRO DE JUSTICIA YA AMENAZA AL SUSTITUTO DE RUZ: "SI NO ES INDEPENDIENTE, SE LE PUEDE RECUSAR"
Rafael Catalá asegura que hubiera preferido que su puesto lo ocupe "el mejor" y no por antigüedad, como marca la ley
El ministro de Justicia, Rafael Catalá en un receso del pleno del Congreso en el que se debaten las partidas ministeriales de los Presupuestos Generales del Estado para 2015. EFE El ministro de Justicia, Rafael Catalá en un receso del pleno del Congreso en el que se debaten las partidas ministeriales de los Presupuestos Generales del Estado para 2015. EFE
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que el magistrado José de la Mata, que sustituirá en la Audiencia Nacional al juez Pablo Ruz, cuenta de inicio con su "confianza absoluta" pero le ha advertido de que, si no es independiente, se le puede recusar. En un desayuno informativo, Catalá se ha referido así al nombramiento de José de la Mata, que fue director general del Ministerio de Justicia con el último Gobierno del PSOE, como sustituto de Ruz en el juzgado que instruye casos como Gürtel y Bárcenas.
"Hay que acreditarlo"
"No me parece que haber trabajado en una administración pública con un gobierno democrático inhabilite a nadie para el desempeño, pero eso hay que acreditarlo y demostrarlo en el quehacer cotidiano", ha explicado.
"Confianza absoluta"
Catalá ha dicho que todos los nuevos magistrados -incluido De la Mata- designados tras el macroconcurso de traslados de plazas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuentan de inicio con su "confianza absoluta" para el desempeño profesional e independiente de sus funciones.
Recusación
No obstante, ha avisado de que, "si no es así, cada uno de ellos sabrá qué consecuencia puede tener en términos de recusación, pero eso son extremos finales que espero no haya que llegar en ningún caso".
Sustituto de Ruz
La Comisión Permanente del Poder Judicial otorgó el pasado martes la plaza a José de la Mata por ser el aspirante con mayor antigüedad, al resolver un macroconcurso de traslados para 364 plazas de magistrados.
Críticas a la antigüedad
Al respecto, el titular de Justicia ha criticado que la antigüedad sea el principal criterio para la cobertura de plazas de jueces, al defender un sistema en el que prime también la cualificación y la especialización como requisitos fundamentales para valorar la candidatura.
"El sistema vigente"
"Que el magistrado que ocupe la plaza de un juzgado titular de instrucción con la complejidad que tienen esas plazas sea el más antiguo de los que lo han pedido no me parece un criterio de selección", ha asegurado. Dicho esto, ha agregado, como es "el sistema vigente, bienvenido sea".
"Los mejores"
En su opinión, todas las profesiones del sector público como los médicos, docentes y justicia "deberían incorporar al sistema de provisiones de puestos elementos cualitativos que permitan que los mejores ocupen los puestos más cualificados".
http://www.elplural.com/2015/03/05/el-ministro-de-justicia-ya-amenaza-al-sustituto-de-ruz-si-no-es-independiente-se-le-puede-recusarLOS “EMPLEADOS PÚBLICOS” A LOS QUE RAJOY SALUDÓ EN LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN ERAN SECRETARIAS DEL MINISTRO, SEGÚN LOS SINDICATOS
Moncloa montó un vodevil con ‘trabajadores-figurantes’ para “inaugurar” unas dependencias que legalmente no existían y a que a día de hoy siguen vacías
En época electoral, el desenfreno de inauguraciones ofrece imágenes de vodevil como la de Mariano Rajoy inaugurando un pantano que lleva seis meses funcionando. Pero es una novedad que un político estrene algo que no existe todavía, lo que implica un nivel de surrealismo difícil de imaginar. Esto ocurrió el pasado viernes, cuando Rajoy se desplazó a bombo y platillo hasta la sede del Ministerio de Justicia para “inaugurar” la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).
Un organismo del que el presidente no ha parado de presumir desde el viernes. La última vez este lunes, en su entrevista en TVE: “He inaugurado yo una oficina el pasado viernes porque hemos aprobado una ley que obliga a aquellas personas que han robado a devolver aquello que han robado”.
Pero la realidad es que la oficina no existe, o al menos no existía cuando Rajoy visitó las instalaciones y saludó a los supuestos trabajadores. El Consejo de Ministros aprobó el real decreto que crea la oficina el pasado viernes, pero no se publicó en el BOE hasta el sábado por la mañana. Lo mismo ocurrió con la directora general de la oficina, Isabel Tarazona, cuyo nombramiento no se publicó hasta el sábado. Y dado que la Constitución consagra la “publicidad de las normas” en su artículo 9.3, como sabe cualquier estudiante de Derecho, Rajoy acudió a una oficina fantasma donde una directora general fantasma le estuvo explicando su funcionamiento (fantasma).
Rajoy inaugura una oficina anticorrupción para que "ningún delincuente disfrute de lo robado"
Pero claro, el lector avispado se preguntará “¿me engañan mis ojos? ¿Acaso no he visto a Rajoy saludando a los funcionarios de esta oficina en el Telediario de TVE? ¡Si hasta el presidente ha saludado en Twitter a “los empleados públicos de la Oficina”, con foto incluida?” Pues aquí, avispado lector, viene el doble salto mortal del surrealismo, porque a quien Rajoy daba la mano en dichas imágenes no eran trabajadores de la oficina, sino las secretarias del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que a efectos electorales se hicieron pasar por funcionarias de la ORGA, según han denunciado fuentes sindicales. Desde Justicia aseguran que no son las secretarias del ministro, sino funcionarias del Ministerio, aunque no pueden corroborar que en aquel momento trabajasen en la ORGA.
Agradezco a los empleados públicos de la Oficina inaugurada hoy la gran labor que van a hacer contra la corrupción pic.twitter.com/5VmgstNbaT
— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) octubre 23, 2015
Según fuentes de Justicia, dichas trabajadoras estaban realizando labores de apoyo para la ORGA. Pero, desde los sindicatos consultados por este periódico niegan este punto e insisten en que son personal vinculado al ministro, porque para dotar de personal a un organismo como éste sólo hay dos posibilidades: sacar una circular para pedir voluntarios que quieran trabajar en el nuevo equipo y que acudirán cuando se creen las plazas; o, la otra vía, es coger a una unidad que ya esté formada en Justicia y que se les pase allí cuando la oficina esté conformada. Ambos extremos, como decimos, son inviables hasta que la oficina esté creada, algo que legalmente no pudo suceder hasta este lunes. Desde Justicia alegan que es algo habitual, que la oficina tiene que ir montándose "poco a poco". "Es como si se inaugura una calle, la calle está ya pero poco a poco se van añadiendo otros elementos", explican.
El #CMin ha aprobado el RD que regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Y hoy mismo, sin más dilación, la estamos inaugurando
— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) octubre 23, 2015
Y es que era imposible que Rajoy saludase a nadie en dicha oficina ni el viernes, ni el lunes, ni el martes. Simplemente, porque tampoco existen. Según ha podido comprobar ELPLURAL.COM, las dependencias de la ORGA en la calle San Bernardo siguen estando a oscuras. Y es que no podría ser de otra manera, tal y como marca el decreto del Gobierno en su disposición transitoria primera, que dice así:
La entrada en funcionamiento operativo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos se determinará mediante Orden del Ministro de Justicia y se realizará tras la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre.
Es decir, no es solo que Rajoy acudiera a la ORGA antes de que naciera legalmente mediante su publicación en el BOE. Es que todavía no puede funcionar pues debe activarse con una orden ministerial de Justicia para la que no hay fecha. De hecho, la responsable nacional de Justicia del sindicato UGT, Victoria Carrero ha explicado a este periódico que el silencio respecto a la ORGA es absoluto y "no se nos ha informado de nada". El Ministerio no ha comunicado a la mesa sectorial ninguna información sobre el organismo ni sobre quién trabajará en él o cuáles serán sus condiciones laborales. "Es una vergüenza, ha sido un acto electoralista para neutralizar toda la corrupción que afecta al PP", señala Carretero.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, pasó el martes por los micrófonos de la Cadena SER, donde Pepa Bueno le ha preguntado si la inauguración del pasado viernes fue “una mascarada electoral”. “Lo que hicimos fue una presentación (...) una inauguración-presentación” ha defendido Catalá, aunque Rajoy siempre ha hablado de inauguración a secas. “Evidentemente esa oficina tiene por delante una trayectoria y tiene que diseñar todo su plan de actuación”, ha reconocido el ministro.
Cuando se le ha reprochado que a día de hoy las dependencias de la ORGA siguen estando vacías, Catalá ha esgrimido que la directora general, “en vez de quedarse en su despacho seguramente estaba reunida, le preguntaré dónde estaba”. Pero Catalá sólo habla de la directora general porque, a día de hoy, es la única que legalmente está vinculada a la ORGA. Para saber qué hacen el resto de empleados, sólo tiene que preguntar a sus secretarias.
http://www.elplural.com/2015/10/27/los-empleados-publicos-a-los-que-rajoy-saludo-en-la-oficina-anticorrupcion-eran-en-realidad-las-secretarias-del-ministroLOS ABOGADOS SE UNEN A FISCALES Y JUECES CONTRA LA REFORMA PROCESAL
El Consejo de la Abogacía reclama "diálogo" a Justicia antes de la entrada en vigor de la ley
Los abogados se han unido a las críticas de jueces y fiscales contra la Ley de Enjuiciamiento Criminal y han advertido en un comunicado de que "puede resultar de imposible cumplimiento". Todas las asociaciones de jueces y fiscales han rechazado la limitación de los plazos de instrucción.
El Consejo General de la Abogacía Española señaló, en un comunicado difundido en su página web, que la ley "puede resultar de imposible cumplimiento" en lo relativo a la solicitud de prórroga cuando en los plazos previstos —de seis a dieciocho meses— no pueda completarse la instrucción y "porque habrá de aplicarse a todas las causas penales que se encuentren en fase de investigación en todos los juzgados de España". El órgano de los abogados ha añadido que, en todo caso, "es poco eficaz la novedosa regulación si la prórroga tiene que resolverla el juez de instrucción, a petición del fiscal o de las partes, continuando con el deficiente marco procesal penal que ignora las peticiones de la mayor parte de los intervinientes en el proceso".
Los abogados reclamaron este lunes "participación y diálogo" para alcanzar una "solución consensuada" entre el Ministerio de Justicia y los profesionales jurídicos, incluidos los abogados, antes de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, prevista para el 5 de diciembre. Todas las asociaciones de jueces y fiscales han criticado el nuevo proceso de investigación penal contenido en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que llaman "ley de punto final", que limita el tiempo de las instrucciones a un plazo de entre seis y dieciocho meses.
El titular de Justicia, Rafael Catalá, intenta aplacar las críticas prácticamente unánimes. El ministro asistirá este martes a la reunión del Consejo Fiscal para tratar de acercar posturas sobre el nuevo modelo, que plantea un plazo de seis meses para instruir las causas ordinarias y de dieciocho para las complejas, en ambos casos prorrogables a instancias del fiscal o, de forma excepcional y justificada, de una de las partes.
Catalá ha explicado que no tiene intención de retirar la ley o aplazar la entrada en vigor como le exigen las asociaciones de jueces y fiscales. Ofrecerá más fiscales sustitutos y apoyo informático. También instrucciones a los secretarios judiciales para que den traslado de las causas.
El Consejo de la Abogacía ha destacado, asimismo, que, de acuerdo con la ley, los abogados, "en defensa de los intereses de las partes procesales", también pueden solicitar al juez de instrucción, junto con los fiscales, la ampliación de los plazos para la finalización de la instrucción.
El pasado 16 de octubre, seis asociaciones de jueces y fiscales hicieron público un comunicado conjunto en el que piden la suspensión de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por considerarla una "ley de punto final". Nunca antes tantas asociaciones de jueces y fiscales habían firmado un comunicado así. Al mismo tiempo, ya han firmado una carta similar más de 1.000 fiscales de un total de 2.500. El comunicado lo firman Jueces para la Democracia, Asociación de Fiscales, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, no suscribió ese comunicado, pero rechaza el sistema de plazos en la instrucción y reclama su modificación.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha considerado que las últimas modificaciones de la instrucción penal llevadas a cabo no mejoran la "calidad y eficiencia" de la Justicia. Asimismo, ha defendido que se necesita un proyecto global de modernización del sistema de justicia para mejorar la "calidad, su eficiencia y la independencia judicial", informa Europa Press.
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/19/actualidad/1445254926_342128.htmlCATALÁ INSISTE EN DEFENDER LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ ENRIQUE LÓPEZ
El ministro de Justicia afirma que haber sido nombrado por el PP para el Poder Judicial y el Constitucional no es una “tacha” para juzgar el ‘caso Gürtel’
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido este miércoles en la defensa de los jueces conservadores de la Audiencia Nacional Enrique López y Concepción Espejel, miembros del tribunal que juzgará el caso Gürtel de corrupción y que han sido recusados por varias acusaciones populares por su cercanía al Partido Popular. En el caso de López, Catalá ha asegurado que el hecho de haber sido propuesto por el PP para altos cargos como vocal del Consejo General del Poder Judicial o magistrado del Tribunal Constitucional “no puede ser una tacha” para desarrollar su labor como juez y participar en el juicio, en el que la formación conservadora se sentará en el banquillo como partícipe a título lucrativo.
Catalá ha opinado así después de que la Fiscalía Anticorrupción emitiera sendos informes sobre la supuesta apariencia de falta de imparcialidad de ambos magistrados. En esos informes, el ministerio público ve acreditados los hechos que llevan a las acusaciones populares a recusar a López y Espejel y pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que determine si un “observador objetivo” podría tener dudas sobre la apariencia de imparcialidad. El pleno de la Sala de lo Penal decidirá el próximo 30 de octubre si aparta o no a los magistrados de la causa más sensible para el PP.
Los escritos de la Fiscalía hacen hincapié en que los jueces y tribunales deben no solo ser imparciales —cosa que no discute en el caso de López y Espejel— sino también parecerlo, entre otros motivos para preservar la imagen de la Justicia. Sobre Espejel, que también fue propuesta por el PP como vocal del Poder Judicial, el ministerio público recuerda que será la presidenta de “un tribunal compuesto únicamente por tres magistrados que debe determinar responsabilidades, no sólo del partido político que propuso su nombramiento, sino de personas que, siendo representantes de ese partido político, participaron directamente con su voto en su elección" como vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Catalá se refirió, en los pasillos del Congreso de los Diputados a la designación de los jueces como miembros de organismos constitucionales. Sin embargo, en el caso de López, los indicios que la fiscalía ve probados de su cercanía al PP van más allá. Este magistrado ha impartido dos conferencias políticas del PP y el partido recurrió el rechazo a su primera candidatura como magistrado del Tribunal Constitucional en 2008.
El fiscal cita más indicios: Ana Mato, exministra de Sanidad y considerada partícipe lucrativa de la trama, estuvo en el Consejo de Ministros que propuso a López como magistrado del Constitucional en 2013, cargo que abandonó al año siguiente antes de ser condenado por conducir su moto ebrio por Madrid. Enrique López, recuerda el fiscal, ha participado en 68 actividades formativas de la fundación FAES, vivero ideológico del PP, de cuyo patronato es miembro también la exministra Mato.
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/21/actualidad/1445422428_637011.html
LOS JUECES DECANOS VEN “INADMISIBLE” Y "NEGATIVA" LA LEY PROCESAL DEL PP
Más de 50 responsables judiciales de toda España, contra la Ley de Enjuiciamiento
Los jueces decanos de toda España consideran “inadmisible, con un efecto sumamente negativo y poco comprensible” el establecimiento de plazos legales en la instrucción que prevé la ley de Enjuiciamiento Criminal que entrará en vigor el 6 de diciembre.
Esa dura crítica a la norma está contenida en las conclusiones de la reunión que han mantenido hasta ayer en Vigo los decanos de toda España y que fue clausurada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Asistieron 43 y estaban convocados más de 50, uno por provincia. Los decanos se suman a la posición de rechazo a la ley de todas las asociaciones de jueces y fiscales, los secretarios judiciales y el Consejo General de la Abogacía, es decir, todos los sectores de la Justicia. El Gobierno, que sacó adelante la ley solo con los votos del PP, mantiene su idea de que entre en vigor en la fecha prevista, pese a las protestas.
Bajo el epígrafe “inadmisible limitación del tiempo de instrucción”, los decanos aseguran que “sorprendentemente se han aprobado otras medidas poco comprensibles en cuanto que van a tener un efecto sumamente negativo, como lo es el establecimiento de plazos-límite en la instrucción, medida de evidente carácter voluntarista que nada soluciona ni aporta y traslada la idea de que son los jueces los responsables de la lentitud de los procedimientos, cuando su causa radica precisamente en la permanente escasez de personal y medios así como en leyes anticuadas que aplicamos al proceso penal y que, gobierno tras gobierno, nadie se atreve a modernizar”.
Añaden que “esta idea que se traslada es especialmente injusta, porque los tiempos de la instrucción judicial no sólo dependen del trabajo del juez sino de múltiples condicionantes externos al Poder Judicial: en el proceso penal trabajan fiscales, letrados de la Administración de Justicia, médicos forenses, policías, traductores, peritos (tasadores, economistas, informáticos, funcionarios de la Agencia Tributaria o del Banco de España, interventores, etcétera...), y además muchas diligencias dependen de otros órganos judiciales en ocasiones extranjeros (comisiones rogatorias etc…). En suma, no por mucho señalar plazos se tramitarán los procesos con mayor agilidad, pues lo que hacen falta son precisamente medios humanos y materiales e intensificar la cooperación judicial internacional”.
Los jueces decanos hacen una valoración muy crítica de la situación de la Justicia y, especialmente, de las normas aprobadas por el Gobierno con el pretendido interés de agilizar su funcionamiento. “Van a tener una eficacia muy limitada y poco o nada va a agilizar el trabajo de los juzgados”, explican.
Los jueces critican que la vacatio legis —periodo que transcurre desde la publicación hasta la entrada en vigor— haya sido de solo dos meses y sugieren que tiene que ver con el interés electoral del Gobierno.
Por otra parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han remitido una carta conjunta a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, en la que reclaman medios para poder aplicar la ley y le piden información sobre las medidas que el ministro de Justicia les prometió para poder aplicar la ley. Catalá se comprometió también a dictar una instrucción a los secretarios judiciales para la aplicación de la norma que aún no se ha concretado.
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/28/actualidad/1446059093_045426.htmlLOS FISCALES ACUSAN AL GOBIERNO DE DIFICULTAR LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
La asociación conservadora arremete contra las leyes del Gobierno del PP
Los fiscales conservadores consideran que las leyes aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy provocan “graves dificultades en la investigación de las formas más graves de delincuencia, en especial de los delitos relacionados con la corrupción”. Esa es una de las duras conclusiones del congreso de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera y la más próxima ideológicamente al PP.
Se da la circunstancia de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, participó en la clausura del congreso celebrado en Zamora, pero rechazó quedarse en la cena posterior. También estaba presente la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, a la que la AF le reprocha no haber mantenido la posición crítica del Consejo Fiscal a la Ley de Enjuciamiento Criminal.
Las conclusiones de la AF extiende las críticas a las leyes del Gobierno a la reforma del Código Penal que entro en vigor el pasado mes de junio. Aseguran que la asociación “lamenta la aprobación de la Ley Orgánica de reforma del Código Penal, ya que evidencia la falta de una visión acertada y completa del derecho penal y la administración de Justicia en nuestro país”. Añade que “la Asociación de Fiscales considera inadecuada e innecesaria la reforma en los términos en que se ha producido, así como la premura de su entrada en vigor desde su publicación en el BOE”.
“Dislate” legislativo
Las conclusiones hacen un repaso a la actividad legislativa del Gobierno de Mariano Rajoy sobre Justicia y prácticamente rechaza todas las normas aprobadas.
Es especialmente dura con la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que entrará en vigor el 7 de diciembre y que, según explican, al limitar los plazos de instrucción dificulta la lucha contra la corrupción. Según explican, “refleja un absoluto desconocimiento del funcionamiento interno de cada Fiscalía e implanta una carga de trabajo irracional en relación a los medios materiales disponibles”.
“La exclusión del control judicial de oficio de la duración de la instrucción y sus prorrogas es un dislate pues es la oficina judicial quien tiene el dominio efectivo del procedimiento y por tanto quien puede cumplir la finalidad pretendida”, aseguran los fiscales. Sobre este asunto, la Asociación de Fiscales “lamenta la inflexible postura del Ministerio de Justicia precipitando la entrada en vigor de la reforma en periodo electoral y pide a la Fiscal General del Estado un pronunciamiento expreso de apoyo a la postura mayoritaria de la Carrera Fiscal en este tema”.
Critica también que el Gobierno haya renunciado a su intención inicial de dar a los fiscales la instrucción.
La Asociación de Fiscales, además, incluye en sus conclusiones duros reproches al Gobierno por no haber dotado al ministerio fiscal de medios suficientes para asumir sus funciones, ni haber ampliado la plantilla en los últimos años.
“El debido funcionamiento de la justicia exige que la justicia profesional sea desarrollada por un número suficiente de fiscales, con una progresiva reducción de la desproporción entre ciudadanos por cada fiscal, en paralelo a lo que sucede en el resto de Europa. Para tal fin, resulta imprescindible contar con las herramientas que permitan determinar la carga de trabajo de cada fiscal", asegura.
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/25/actualidad/1445795711_715265.html
CATALÁ INSISTE EN PROTEGER LA IMAGEN DE LOS ACUSADOS EN PROCESOS JUDICIALES
El ministro de Justicia asegura que no tiene intención de limitar el derecho a la información
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, insiste en la necesidad de proteger la imagen de los acusados en los procesos judiciales, así como de preservar su presunción de inocencia. En una entrevista concedida a Europa Press, Catalá aclara, sin embargo, que estos derechos fundamentales de los imputados hay que ponerlos en correlación con el derecho a la información, que también es un derecho constitucional.
La pasada primavera, el PP aceptó una enmienda que planteó el grupo de CiU para reformar el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta modificación buscaba que se protegiera “singularmente” el derecho a la imagen, a la intimidad de las personas que participaban en un proceso.
“Cuando por parte de los medios y las asociaciones, sindicatos, federaciones de editores se entendió que eso podía significar alguna limitación al derecho de la información, como ese no era el objetivo, lo que hemos hecho es mantener varias reuniones, también con expertos en esta materia y hemos matizado ese nuevo artículo 520 que se aprobará en breve, con el objetivo, sin duda difícil, de equilibrar derechos”, explica.
“Por supuesto, se puede grabar la llegada a los juzgados de quienes participan en un proceso. Por supuesto, se pueden grabar en ocasiones vistas, cuando así se autorice. Pero todo eso no puede menoscabar los derechos a la presunción de inocencia y los derechos a la propia imagen de los ciudadanos”. Otro aspecto de la enmienda que han planteado va dirigido a los fiscales, jueces y policías “para que preserven los derechos de las personas que forman parte de un proceso”, apunta.
Sobre la publicación de sumarios secretos, afirma: “Yo no tengo ninguna intención de limitar el derecho a la información, pero evidentemente si se comete un delito de revelación de secretos, me parece razonable que se investigue quién es el responsable”.
http://politica.elpais.com/politica/2015/08/16/actualidad/1439748511_393194.htmlEL GOBIERNO ALEGA QUE LA ‘LEY MORDAZA’ GARANTIZA LOS DERECHOS DE LA MAYORÍA
Catalá: "Me preocupa mucho cuando concejales o alcaldes toman medidas para que no se pueda hacer lo que la justicia" ordena", dice el ministro respecto a los desahucios
El Gobierno se lanzó a defender la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza por la oposición, el día de su entrada en vigor. Los ministros del Interior y de Justicia, Jorge Fernández Díaz y Rafael Catalá, aseguraron que la norma no solo no limita derechos y libertades, sino que las refuerzan.
La tesis de los dos ministros fue que se trata de defender los derechos de la mayoría frente a los que, por ejemplo, puedan provocar actos violentos en las manifestaciones. Fernández llegó a asegurar que se trata de una ley “muy garantista”.
Según explica el Gobierno, el preámbulo de la ley explica que se trata de “asegurar un ámbito de convivencia en el que sea posible el ejercicio de los derechos y libertades, mediante la eliminación de la violencia y la remoción de los obstáculos que se opongan a la plenitud de aquellos”. Y el artículo primero remarca que “la seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes”.
Según esta tesis, el ministro de Justicia justificó que se prohíba manifestarse junto al Congreso y al Senado asegurando que ya la establece la Constitución “para que no haya una excesiva presión social al poder legislativo”. Añadió que está justificado que se penalice a quien impida un desahucio porque es “la ejecución material de una orden que ha dado un juez”, y que alguien que se oponga a su cumplimiento “está fuera del Estado de derecho”.
Los dos ministros descalificaron en distintos medios las críticas a la norma, asegurando que están formuladas sin haber leído el articulado concreto. Según Catalá están llenas de “eslóganes y lugares comunes” y según Fernández carecen de fundamento. En esa crítica han estado unidos todos los partidos representados en el Congreso, salvo el PP.
El presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, admitió que le hubiera gustado que la Ley de Seguridad Ciudadana fuera "más consensuada", pero instó a "cumplirla y hacerla cumplir". Esta norma y el Código Penal fueron aprobadas solo con los votos del PP.
Reunión de justicia con editores
Rafael Catalá se reunió este martes con representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) para hablar sobre estos aspectos.
Atendiendo a las demandas de editores y periodistas, Catalá se ha comprometido a buscar "un texto alternativo" que refuerce el equilibrio entre el derecho a la información y los derechos constitucionales del investigado en el artículo 520.1 de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según han informado las entidades periodísticas, que durante la reunión mostraron su inquietud por este artículo, introducido en una enmienda en el Congreso de los Diputados. Profesionales y editores afirman que con esta reforma legislativa se pone en peligro "el derecho constitucional a la información".
Según el texto, en la detención de una persona “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores”. Los medios de comunicación mantienen que en asuntos de interés público y con veracidad informativa, prevalece el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen, según diversas sentencias del Tribunal Constitucional.
Por la mañana, una entrevista en Los Desayunos de TVE, ha asegurado que no está arrepentido de haber planeado el debate de las sanciones a medios de comunicación. "No me arrepiento de plantear los debates que obedecen a la realidad social de España. El arte de la democracia es el de equilibrar entre el derecho a la información y los derechos constitucionales del investigado. Tenemos casos de muy diversa índole en el que ese equilibrio no se ha conseguido", ha declarado.
http://politica.elpais.com/politica/2015/07/01/actualidad/1435734629_237250.htmlEL GOBIERNO NO TIENE EXPLICACIÓN SOBRE LA PÉRDIDA DE LA CAUSA DEL BORRADO DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS
El Ejecutivo subraya, en una respuesta parlamentaria, que no puede extraerse "conclusión definitiva" de las pesquisas iniciadas a instancias del Ministerio de Justicia
Asegura que los "órganos judiciales y gubernativos con competencias" siguen realizando actuaciones "tendentes a la completa averiguación de los hechos"
El Gobierno no está en disposición de ofrecer "conclusión definitiva alguna" sobre la desaparición de la causa del borrado de los ordenadores del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas por el propio partido. Así figura en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo al diputado del Grupo de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares publicada el pasado día 20 de abril en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Fue el pasado 18 de febrero cuando se conoció que el sumario del procedimiento que investigaba el borrado de los discos duros de los ordenadores del hombre que durante años tuvo la llave de la caja del PP se había extraviado. Casi un mes después, el 10 de marzo, el Ejecutivo admitía en la citada respuesta parlamentaria no tener datos al respecto. No obstante, avanzaba que el departamento que dirige Rafael Catalá se había interesado por lo ocurrido aunque, de momento, sin éxito.
"Unicamente cabe señalar, dentro del ámbito competencial del Ministerio de Justicia, que una vez se tuvo conocimiento de la posible pérdida de las diligencias a las que se alude en la pregunta [de Llamazares], se solicitó informe al secretario de juzgado y al secretario de Gobierno en relación con lo sucedido, sin que a la vista de la información provisional recibida pueda extraerse hasta el momento conclusión definitiva alguna", reza la respuesta.
Según figuraba en esta respuesta del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, en la fecha de respuesta no habían finalizado "todas las actuaciones en curso tendentes a la completa averiguación de los hechos" que se estaban llevando a cabo "por los diferentes órganos judiciales y gubernativos con competencia en la materia".
En la información sobre la desaparición del sumario del borrado de los ordenadores de Bárcenas, adelantada por La Sexta y eldiario.es, se informaba que el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid había comunicado a Izquierda Unida la pérdida de la causa y la necesidad de que acudiese de nuevo a entregar la documentación. Previamente, IU había recurrido el archivo de la investigación por parte del citado juzgado que en octubre de 2013 dio carpetazo al proceso al no apreciar delito.
La misma petición de que aportase los escritos que adjuntaron en su día fue elevada al resto de las acusaciones, entre las que figura UPyD.
El archivo de la investigación llegó tras no apreciarse daños debido a que los ordenadores cuyos discos duros habían sido borrados eran propiedad del PP aunque los usara Bárcenas para el desempeño de sus funciones.
En su pregunta, Llamazares pedía además al Gobierno una valoración sobre el destino que había corrido de este sumario. "¿Cómo valora el Gobierno la desaparición del sumario sobre el borrado de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas por parte del Partido Popular?". "¿Se echará la culpa a algún empleado o al servicio de correos, o se explicará lo sucedido como un inexplicable extravío, como sucedió en su día con el expediente relativo al Juez Baltasar Garzón?". Pero el Gobierno entra poco en materia. Se limita a señalar que no puede valorar situaciones que afectan a asuntos que están en manos de la Justicia.
"En relación con la información solicitada por su señoría, cabe informar en primer lugar que el Gobierno no puede valorar las circunstancias concurrentes en los procedimientos en trámite ante los Tribunales de Justicia, ni mucho menos pronunciarse sobre las diligencias que hayan practicado en la causa los órganos judiciales intervinientes. Tampoco resulta factible valorar las contingencias extraprocesales de un procedimiento hasta el completo esclarecimiento de las mismas", figura en la respuesta del Ejecutivo.
Descripción de los hechos
En su pregunta parlamentaria, registrada justo un día después de que se conociese que la causa del borrado de los ordenadores de Bárcenas se había esfumado, Llamazares hace una descripción muy detallada de todo el proceso.
Señala Llamazares que el juzgado 32 de Madrid había emplazado a las partes para un día después de su escrito, el 20 de febrero, a que llevasen la documentación que en su día habían aportado al sumario pues la jueza, tras detectar el extravío, pretendía entonces reconstruir el sumario con la documentación de las partes "y poder seguir así con el recurso de apelación".
Además, el portavoz de Justicia de Izquierda Plural se quejaba de que ya hacía un año desde que las acusaciones recurrieron el archivo del sumario ante la Audiencia y que durante ese tiempo no había habido "ninguna" actuación por parte del tribunal. Precisamente, sobre esta materia, Llamazares también preguntó al Gobierno. "¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el hecho de que, más de un año después de la presentación de un recurso de apelación contra el archivo del sumario sobre el borrado de los ordenadores por parte del PP, no se haya practicado ninguna actuación por parte de la Audiencia Provincial?", cuestionó.
Investigación de un juzgado
Un mes después de esta respuesta parlamentaria del Gobierno, el 10 de abril, se conocía que el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid estaba investigando si se cometió un delito de infidelidad de custodia de documentos o falsedad de documento público por la desaparición de esta causa.
Tras detectarse la pérdida de esta causa –la secretaria judicial se percató de que la documentación había desaparecido cuando iba a remitir las diligencias a la Audiencia Provincial–, se abrieron dos investigaciones: una a cargo del secretario del juzgado que instruía el caso y otra del Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla. Definitivamente, según informó Europa Press, fue el Decanato el que acumuló las dos investigaciones y decidió que sea el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid el que decida si pudo cometerse alguna ilegalidad.
Antecedentes
Los hechos se remontan al mes de agosto de 2013. El día 16 , cuando acudió a declarar ante el juez Pablo Ruz en calidad de testigo, la secretaria general del PP mantuvo que los dos ordenadores que utilizaba el extesorero del PP Luis Bárcenas mientras siguió acudiendo a la sede del partido estaban custodiados en la calle Génova. El magistrado los reclamó, el partido los entregó y el 29 de agosto, a las 9 de la mañana, comenzó a analizarse el contenido en la Audiencia Nacional. Los investigadores se encontraron con la sorpresa de que los discos duros de ambos habían sido destruidos. Es decir, manipulados.
En concreto, uno de los ordenadores (un PC de la marca Toshiba, modelo Libretto 100 CT) fue enviado sin disco duro mientras que el otro (un Apple) contenía unos 500 gigas de contenido. Según el acta de la diligencia, el Macintosh presentaba "signos evidentes en los tornillos de sujeción de que podría haber sido extraído o cambiado con anterioridad".
¿Cómo explicó el PP que el partido decidiese vaciar de contenido parte del material de trabajo del hombre que durante años tuvo la llave de la caja del PP? Según un escrito remitido por el partido a la Audiencia Nacional con fecha del 20 de agosto, los discos duros de los equipos que empleaba el exsenador fueron "destruidos" cuando "adquirió firmeza la resolución judicial que denegaba su devolución" a raíz del archivo de la denuncia que Bárcenas había presentado ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/04/28/el_gobierno_tiene_explicacion_sobre_perdida_cauda_del_borrado_los_ordenadores_barcenas_31969_1012.htmlEL MINISTRO DE JUSTICIA PLANTEA MULTAR A MEDIOS QUE REVELEN SUMARIOS
El ministro de Justicia ve positivo un "debate" sobre los límites de la información en casos de corrupción para proteger la presunción de inocencia y evitar "juicios paralelos"
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha sugerido este miércoles la posibilidad de "sancionar" a los medios de comunicación que informen, mediante filtraciones, sobre casos que están bajo investigación judicial. En una conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona, y a preguntas sobre los "juicios paralelos" a personajes públicos imputados, Catalá ha abogado por abrir el "debate" sobre si deben fijarse límites a la información.
El ministro ha sostenido que se debe "sancionar con firmeza" a los miembros de instituciones (Fiscalía, Hacienda, jueces) que "filtren" a la prensa información sobre casos que están siendo investigados y bajo secreto de sumario. La ley, en realidad, ya castiga esas conductas mediante el delito de revelación de secretos, que se puede atribuir a los funcionarios.
La novedad del planteamiento de Catalá es que propone "trasladar esas sanciones" a los medios de comunicación. "Un buen debate sería trasladar la sanción al medio e imponer la obligación de la no publicación de la información", ha dicho el ministro. "No estaría de más que pudiésemos debatir sobre esto, si de verdad nos creemos que es bueno no vulnerar el principio de presunción de inocencia", ha añadido.
Un buen debate sería trasladar la sanción al medio e imponer la obligación de la no publicación de la información"
Más tarde, a preguntas de los periodistas, Catalá ha matizado que el Gobierno no tiene "ningún proyecto" para sancionar a los medios y que en ningún caso es un planteamiento que, ahora mismo, tenga sobre la mesa. El ministro ha puntualizado que se trata solamente de una "reflexión" que debería ser objeto de "análisis" por parte de la sociedad y de los poderes públicos.
Durante el debate en el Círculo Ecuestre, y en alusión al caso Rato, Catalá también ha abogado por proteger la "confidencialidad" de las causas judiciales y la presunción de inocencia de los investigados. El ministro también ve positivo que se abra un debate para determinar si un político, por el mero hecho de estar imputado, debe abandonar su carrera.
“Rechazo absoluto” de la federación de la prensa
La presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Elsa González, ha mostrado un "absoluto rechazo" contra la propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de "someter a debate y reflexión" si se debe sancionar a los medios de comunicación por publicar informaciones judiciales sobre casos bajo secreto de sumario.
"No es la primera vez que se pone este asunto sobre la mesa y desde el punto de vista periodístico merece un rechazo absoluto. ¿Qué periodismo de investigación se puede realizar si te cortan todas las alas?", ha indicado en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.
A su entender, tanto el periodista como el medio de comunicación "sabe de su responsabilidad y debe de ser consciente de ello", al tiempo que ha reiterado que ese es el motivo por el que se publica "aquello que se considera de interés público para todos los ciudadanos".
La presidenta de la FAPE ha ensalzado la labor de los periodistas de investigación, cuestionando "cuántos casos se hubieran hurtado al ciudadano" si no hubieran sido hechos públicos por los medios de comunicación y los informadores. "Que se persiga a filtradores, funcionarios, jueces... pero precisamente al que lleva las misivas y al mediador, no tiene sentido", ha añadido.
Además, ha señalado la dificultad para imponer este tipo de sanciones judiciales. "Si son los medios los responsables, un medio que este localizado en España puede ser castigado, pero el medio que esté localizado en otros sitios como las Islas Bermudas o cualquier medio online es muy complicado", ha indicado.
Por último, ha incidido en que la FAPE cuenta con una comisión de arbitraje y quejas que contó con el apoyo del anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, recogido en una misiva.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/04/29/catalunya/1430320548_942886.htmlCATALÁ NO VE INCONVENIENTE PARA QUE UN PROCESADO SEA CANDIDATO
El ministro de Justicia se refiere al caso concreto de León de la Riva, alcalde de Valladolid
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró este jueves que no hay inconveniente para que un procesado sea candidato por el PP. El ministro se refería al caso concreto de Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid, que se presenta a la reelección pese a que el 27 de abril será juzgado por un delito de desobediencia.
Según Catalá, los órganos internos que se ocupan de las candidaturas en el PP han valorado que la situación procesal del actual alcalde de Valladolid “no le inhabilita para que inicialmente, en este momento que es cuando hay que tomar decisiones de listas, llevarle como candidato”.
Los partidos criban las candidaturas para limar el impacto de la corrupción
Añadió que es así “sin perjuicio de que si hay alguna evolución negativa en ese proceso penal pueda modificarse esa situación”.
Para el titular de Justicia, la valoración de la situación actual del proceso y las circunstancias “no justifica una descalificación de un profesional mientras no haya una acreditación suficiente para su inhabilitación”.
Si la apertura de juicio oral no es motivo suficiente para no ir en las listas según el ministro, la imputación lo es menos, de acuerdo a su argumentación. Por eso, el ministro explicó que no hay razón para que Juan José Imbroda no se presente a la reelección como presidente de Melilla pese a haber sido imputado. “Estar imputado no puede llevar consigo una tacha anticipada de culpabilidad”, aseguró el ministro.
“A lo mejor se le archiva”, dijo Catalá, que subrayó que, si esto se produce, “¿por qué no va a ir en la lista?”.
“¿Y si se archiva?”
El Tribunal Supremo ha citado como imputado para el próximo día 11 a Imbroda (PP) para tomarle declaración en relación con un supuesto delito de prevaricación en la contratación irregular de un abogado por parte de la ciudad autónoma.
Por ello, defendió que “la mera imputación no debería significar la exclusión de responsabilidades públicas” porque “se están conociendo imputaciones que se archivan”.
“Deberíamos, por tanto, hacer una reflexión sobre las consecuencias profesionales y personales que llevan consigo”, destacó el ministro ya que “cualquiera de nosotros podría estar imputado hoy porque alguien presenta una denuncia en un juzgado y el juez lo admite a trámite para investigarlo”.
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/05/actualidad/1425588550_824707.htmlLA CARTA QUE PLASMA EL HARTAZGO DE LOS JUECES POR LAS CRÍTICAS DEL GOBIERNO
Un magistrado se quejó en el último pleno de las presiones del Ejecutivo
La carta que han firmado 13 jueces de la Sala de lo Penal del Supremo empezó a gestarse el martes. Ese día, en sesión de mañana y tarde, la Sala de lo Penal celebró un pleno para debatir el recurso del etarra Kepa Pikabea contra una resolución de la Audiencia Nacional que le negaba la posibilidad de descontarse del cumplimiento de su condena en España los años de pena pasados en Francia. La intención inicial del tribunal era que este caso sirviera para fijar criterio sobre la acumulación de penas, pero esa decisión finalmente se aplazó.
Según fuentes del Supremo, durante el largo debate que mantuvieron los 15 magistrados del pleno de la sala se escucharon opiniones diversas, entre ellas la de un juez que mostró su hartazgo por los ataques del poder político sobre el judicial en relación con la excarcelación de etarras. Varios magistrados manifestaron compartir esta sensación, pero no se planteó actuar en este asunto porque el carácter jurisdiccional con el que se había convocado el pleno no permitía este tipo de debates. Ayer, sin embargo, este y otros jueces decidieron escribir sus quejas, redactaron la carta y se la ofrecieron al resto de miembros de la sala para que la firmaran.
El detonante han sido unas manifestaciones al diario La Razón del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pero entre los miembros de la judicatura tampoco habían sentado bien las críticas que hizo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la excarcelación del etarra Santi Potros. “Esto no se puede hacer”, señaló la número dos del Gobierno, que añadió: “Los ciudadanos no lo entienden y nosotros tampoco lo entendemos”. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se sumó hace unos días a las críticas y mostró su confianza en que el Supremo “valide” la ley española que restringe la acumulación de condenas promovida por el Consejo de Europa. Este jueces, tras conocer el escrito de los 13 miembros del alto tribunal, Catalá defendió la “libertad de expresión” de Fernández Díaz y sostuvo que las actuaciones judiciales pueden ser comentadas “sin que eso signifique ninguna injerencia”.
El ministro del Interior, a preguntas de los periodistas, se refirió también a la carta de los jueces: aseguró respetar la separación de poderes que, añadió, es “el fundamento de un buen funcionamiento de un Estado social, democrático y de Derecho”.
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/18/actualidad/1418935342_070700.htmlLOS DEL JUEGO, SOBRE CATALÁ: “IMPEDIRÁ CUALQUIER GILIPOLLEZ SOBRE EL SECTOR EN EL CONSEJO DE MINISTROS”
CODERE ya se felicitaba en 2013 cuando su patrono era secretario de Estado de Infraestructuras
La buena opinión que sobre el ministro de Justicia y patrono de CODERE mantiene el sector del juego viene de atrás: Así lo recogía un editorial de Azar Plus el 13 de febrero de 2013 tras un acto de la Fundación. El articulista agradecía un elogio de Catalá con estas palabras: "El secretario de Estado se refería a mi opinión sobre la Ley de La Unidad de Mercado...Y como es de bien nacidos ser agradecido, corresponderé a tan cariñosa definición pública manifestando mi certeza de enhorabuena sectorial al disponer de una autoridad que impide e impedirá que ninguna gilipollez sobre el Juego se filtre en las deliberaciones del Consejo de Ministros. Desde su nombramiento, Rafael Catalá se ha convertido así para el sector y la nación en un plus del que solo cabe felicitarle y felicitarnos.
Este editorial de la revista AzarPlus, prestigioso digital dedicada al mundo del juego, se publicaba tras un acto de la Fundación CODERE celebrado el día anterior, (12 de diciembre de 2013) en el que se presentaron tres libros editados por la institución.
En la mesa presidencial
“El encuentro ha estado presidido por Rafael Catalá Polo, Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento y miembro del patronato de la Fundación CODERE; José Antonio Martínez Sampedro, presidente de la Fundación CODERE, distinguidos invitados del sector y directores de los libros”, indicaba en una nota de prensa la Fundación. En la mesa presidencial figuraba también Fernando Prats Máñez, director general de Tributos y Ordenación y Gestión del juego de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Destacó la labor de la Fundación
En aquel acto y en relación al futuro de la Industria en España, según informaba la Fundación, “Rafael Catalá Polo, ha destacado la labor de la Fundación CODERE en el impulso del conocimiento asociado y de creación de opinión, desarrollando líneas de actuación que permiten la reforma del Sector del Juego”.
“El sector mantendrá un desarrollo constante”
El patrono y secretario de Estado añadió: “Hay que mirar con optimismo los años próximos. Creo que el sector mantendrá un desarrollo constante. Vamos a asistir a un periodo de recuperación económica y del consumo, de nuevas modalidades y ofertas del juego, y la Fundación CODERE va a acompañar al sector, a los profesionales y a las administraciones públicas en este proceso”, añadía el comunicado.
Rajoy también le tiene en alta estima
La buena consideración que hacia Catalá demuestra el editorial de aquel año de Azar Plus, así como la felicitación por su nombramiento de apenas hace dos días, es solo comparable a la que debe sentir por él el presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Este aprecio se observa repasando su biografía personal. Nacido el 21 de junio de 1961 en la localidad navarra de Corella, Catalá se licenció licenciado en Derecho por la Universidad Complutense (Madrid) accediendo al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Sanidad, Aena, Administraciones Públicas, Educación…
Entre los cargos que ha ocupado Rafael Catalá figura el de subdirector general de Ordenación en el Ministerio de Sanidad y Consumo o el de director de Relaciones Laborales en Aena. En 1996 fue nombrado director general de la Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas, con Mariano Rajoy al frente de ese departamento, y más tarde sería director general de Personal del Ministerio de Educación y Cultura.
…Hacienda, Justicia, un hospital
En el año 2000 ocupó el puesto de subsecretario del Ministerio de Hacienda y en el 2002 el Consejo de Ministros le nombró secretario de Estado de Justicia, siendo ministro José María Michavilla. En este puesto se mantuvo hasta 2004. Pasó después de la mano de la Comunidad madrileña y hasta marzo de 2005 al puesto de director gerente del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
Hasta llegar al sector del juego
Tras ese agitado periplo por tantas áreas y temas que concluye en ese tiempo de ocuparse brevemente de gestionar de uno de los más importantes centros hospitalarios y de investigación de este país, Catalá recala ese mismo año en la multinacional del juego CODERE como secretario general.
Patrono de la Fundación CODERE
Catalá regresa a sus orígenes en diciembre de 2011 cuando es nombrado Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento. Desde entonces y hasta la fecha de su nuevo nombramiento como titular de Justicia el 24 de septiembre de 2014, Catalá ocupa un puesto en el Patronato de la Fundación CODERE en cuya página web continúa apareciendo como tal.
Regreso al Consejo de Ministros
Y sin duda, el nuevo ministro de Justicia es un hombre muy bien considerado por sus conocimientos, trabajo y valía personal en el sector del juego. Su paso por la Administración solo interrumpido por un periodo de cinco años al frente de la empresa CODERE no ha supuesto merma en esta opinión. Así se desprende de ese saludo del año 2013 en el editorial del digital de referencia: “… la enhorabuena sectorial al disponer de una Autoridad que impide e impedirá que ninguna gilipollez sobre el Juego se filtre en las deliberaciones del Consejo de Ministros. Desde su nombramiento, Rafael Catalá se ha convertido así para el Sector y para la Nación en un plus del que solo cabe felicitarle y felicitarnos”.
http://www.elplural.com/2014/09/28/el-sector-de-las-apuestas-sobre-el-nuevo-ministro-de-justicia-impedira-que-filtre-alguna-gilipollez-sobre-el-juego-en-el-consejo-de-ministrosRAFAEL CATALÁ POLO SERÁ EL NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA
El hasta ahora Secretario de Estado de Infraestructuras tomará posesión la próxima semana
El nuevo miembro del Gobierno de Rajoy es una persona de confianza de la vicepresidenta
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha tardado tres horas en elegir al sustituto del ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, cerrando así toda posibilidad de que se abriera una crisis de Gobierno. Tal como ha informado La Moncloa, Rafael Catalá Polo, será el nuevo ministro de Justicia y tomará posesión de su cargo la próxima semana, cuando hayan concluido los viajes oficiales del Rey a Nueva York para asistir a la asamblea general de la ONU, y de Rajoy a China. Hasta ese momento, la responsabilidad del Ministerio será asumida por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
En una nota oficial, Moncloa ha comunicado que el cese de Gallardón será efectivo mañana con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En la misma, el presidente del Gobierno ha agradecido a Ruiz-Gallardón "la labor desarrollada al frente del Ministerio durante este tiempo y su colaboración solidaria con el conjunto del Gobierno durante una etapa de gran exigencia para todos".
En 2000, una joven desconocida llamada Soraya Sáenz de Santamaría se incorporó al PP para elaborar el programa electoral de Justicia para las generales. Con ella trabajaba en el mismo equipo otro joven llamado Rafael Catalá Polo. Ella es ahora vicepresidenta del Gobierno y él será desde mañana ministro de Justicia.
A esa condición de persona de confianza de la todopoderosa número dos del Gobierno, hay que sumar como factores que impulsan a Catalá al Gobierno que en esta legislatura era el número dos de Ana Pastor y la ministra de Fomento es una de las políticas más influyentes en Mariano Rajoy.
En Educación y Administraciones Públicas había trabajado también como técnico con Rajoy y es sabido cómo el actual presidente ha ido cuidando y manteniendo a sus colaboradores durante años.
Además, Catalá ya fue secretario de Estado de Justicia en la última etapa de Aznar, con José María Michavila como titular del ministerio. En esa época participó activamente en el proceso de ilegalización de Batasuna y sus ramificaciones. Es un técnico discreto, es decir, la antítesis del dimitido Gallardón, que siempre ha trabajado en la sombra, haciendo papeles y gestiones. También trabajó con Cristóbal Montoro, otro de los ministros influyentes, en Hacienda en la etapa de Aznar.
Se le considera dialogante y ha intervenido con éxito en conflictos como el de Iberia. En Fomento ha gestionado más los recortes que la inversión. Ha tenido que lidiar con el rescate de las autopistas radiales, que ahora deja encauzado. También, ha preparado la salida a Bolsa del 49% de Aena y, apurado por Bruselas, la liberalización parcial del transporte ferroviario. Quienes le conocen de su paso al frente de Infraestructuras le describen como una persona sensata, inteligente y trabajadora.
De su perfil se deduce que Rajoy quiere un ministro de Justicia que, a diferencia de su antecesor, no provoque polémicas y cierre heridas.
Catalá Polo, nacido en Madrid el 21 de junio de 1961, estudió en el Colegio San Viator de Madrid, es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1985. Su vínculo con la Justicia procede de 2002 cuando, durante dos años, ocupó la secretaría de Estado cuando era ministro José María Michavila. Actualmente es Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Fue Subdirector General de Ordenación y Política de Personal del Ministerio de Sanidad (1988-1992), Director de Relaciones Laborales y de Administración y Servicios de AENA (1992-1996), Director General de la Función Pública (1996-1999), Director General de Personal y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (1999-2000), Subsecretario de Hacienda (2000-2002) y Secretario de Estado de Justicia (2002-2004), Director Gerente del Hospital Ramón y Cajal (2004-2005), Secretario General y del Consejo de Administración hasta 2012 de Codere, la multinacional del juego que presentó el preconcurso de acreedores a principios de este año.
Ha dirigido el Máster de Administración Pública en el campus de Madrid de la Escuela de Negocios de ESADE entre los años 2005 a 2012 y fue profesor Asociado de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Carlos III (2007-2011).
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/23/actualidad/1411498041_682758.htmlRAFAEL CATALÁ POLO, EL MINISTRO DE JUSTICIA
Desde 1985 pertenece al cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado y desde 1988 ha ocupado distintos cargos en la Administración.
Además, también ha sido
Subdirector General de Ordenación y Política de Personal del Ministerio de Sanidad (1988-1992)
Director de Relaciones Laborales y de Administración y Servicios de AENA (1992-1996)
Director General de la Función Pública (1996-1999)
Director General de Personal y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (1999-2000)
Subsecretario de Hacienda (2000-2002)
Secretario de Estado de Justicia en el Departamento que dirigía José María Michavila(2002-2004)
Cuando pierde Aznar las elecciones
Director Gerente del Hospital Ramón y Cajal (2004-2005)
Secretario General y del Consejo de Administración de CODERE, S.A. (2005-2012) multinacional española del sector del juego privado Su negocio se centra en la gestión de terminales de juego, bingos, salas de apuestas, casinos de juego, hipódromos. Codere tiene presencia en Argentina, México, Uruguay y Panamá.
Como en un partido de fútbol sale Catalá de Codere para entrar en el gobierno y entra en Codere, Juan Junquera Temprano, después de abandonar el cargo de secretario de Estado de Telecomunicaciones con el gobierno Zapatero cuando pierde las elecciones y vuelve a gobernar el Partido Popular.
Entonces Catalá es nombrado Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras Transporte y Vivienda, dependiente del ministerio de Fomento que dirige Ana Pastor. El pasado julio fue nombrado presidente de Enaire (antigua AENA) para encargarse de su privatización.
¿Se puede nombrar ministro de Justicia al número dos de Fomento cuando se está juzgando el accidente de Angrois ?
Las víctimas del Alvia, siniestrado en Santiago están indignadas y manifiestan su rechazo al nombramiento de Rafael Catalá, tras "sus mentiras y sus posibles responsabilidades políticas" en el accidente ferroviario de Angrois "que ha causado 80 muertos y más de 140 heridos". Las plataformas de víctimas denuncian que Catalá "no hizo nada por depurar responsabilidades, ni asumió para sí ninguna" después del accidente de tren ocurrido el 24 de julio de 2013 en Santiago, sino que "sólo mintió y negó que fuera un accidente de la alta velocidad española para defender intereses económicos", recriminan en un comunicado este miércoles.
Además, reprochan que en junio de 2012, "siendo también secretario de Estado de Infraestructuras Rafael Catalá", se autoriza en los trenes Alvia la desconexión del sistema de control de velocidad ERTMS "sin ningún análisis previo". Al respecto, recuerdan que "de haber estado activado el sistema ERTMS, se hubiera evitado el accidente, tal y como señalan los peritos forenses". Por ello, acusan directamente de que "se tomaron decisiones que mermaron claramente la seguridad de los pasajeros, siendo uno de los responsables políticos Rafael Catalá" La plataforma Víctimas Alvia 04155 considera "una burla y una falta de respeto a la memoria de los fallecidos, a sus familias, a todas las víctimas del accidente y a todos los españoles".
Todavía hay más:
El pasado julio Teresa Gómez Limón diputada por el PP en la Asamblea regional de Madrid manifestó que había sido presionada cuando estaba en mi casa, con collarín, con un yeso, con el esternón roto y ataques de pánico constante. Era un trapo; una piltrafa. Fue por lo de los presidentes de Adif y Renfe (había manifestado: " los presidentes de Adif y Renfe ganan sueldazos con la excusa de que tienen grandes responsabilidades. La ministra habría tenido que cesarlos de inmediato"
Salvador Victoria y Rafael Catalá me llamaron tras el accidente para presionarme 'Cómo una diputada del PP puede decir eso', me soltaron. No querían que hablase más. Pero cuando se trata de la vida y de la muerte, el partido me importa poco". Me parece una falta de humanidad terrible. Esto sólo lo he visto en algunos políticos. Y eso es lo que tenemos, esos son los que nos gobiernan"..
Fragmento de entrevista a Teresa Gómez Limón
¿Por qué esa repulsa al nuevo ministro de Justicia?
Por varias razones.
La primera de ellas porque mintió siendo secretario de Estado de Fomento cuando dijo que la línea no era de alta velocidad, cuando eso era lo que decía el BOE y cuando fue lo que se demostró en sede judicial, tanto por parte de los declarantes de Adif, como por los peritos o por el propio juez.
En segundo lugar porque Rafael Catalá estuvo interceptando y no facilitando la investigación judicial. El magistrado tuvo que requerir en numerosas ocasiones a Adif y a Renfe, dependientes de Fomento, para que le enviasen documentación que llegaba tarde, mal e incompleta.
Él es responsable de todo esto, pero también es responsable político del desastre que se produjo porque cuando se decidió desconectar el sistema ERTMS, que pudo evitar el accidente tal y como afirmaron los peritos, él ya era secretario de Estado de Infraestructuras.
http://www.angelesgarciaportela.com/2014/09/rafael-catala-polo-el-ministro-de.htmlRAFAEL CATALÁ: "ESPAÑA ES EL MERCADO MÁS PREOCUPANTE PARA EL JUEGO"
Codere es el Microsoft del juego privado en Europa. Gestiona 140 salas de bingo, 160 salas de apuestas, tres hipódromos y 7 casinos en 8 países. Para está multinacional con más de 30 años de experiencia la crisis ya es historia.
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En el último ejercicio ingresó 1.127 millones de euros y acumula 14 meses consecutivos de alzas en el Mercado Continuo. Codere refleja así una imagen de “sostenibilidad y de crecimiento futuro”, un mensaje que el secretario general de la compañía, Rafael Catalá, envía a los inversores.
El que fuera Secretario de Estado de Justicia durante el Gobierno de Aznar advierte a EXPANSIÓN de la situación “crítica” que atraviesa el sector en España y hace un balance de los dos meses de vigencia de la ley de juego. Catalá lleva al frente de la empresa desde 2006 y consciente de las “vueltas que da la vida profesional” no descarta volver a la política.
¿El 2011 dará tantas alegrías a Codere como el año anterior?
Nuestras expectativas en términos de volumen de negocio cumplen las previsiones marcadas. El mercado argentino sigue funcionando con fortaleza. El italiano ha tenido un dinamismo importante, fruto de reformas normativas en materia de los bingos, de vídeo loterías y medidas fiscales. El mercado más preocupante es España debido a la crítica situación económica, a las restricciones al consumo y también al efecto negativo de la ley del tabaco. Desde el 1 enero está habiendo unas caídas tanto en la línea de bingos, un 20%, y en la línea de máquinas recreativas un 15% en comparación con 2010.
¿En qué punto se encuentra su proyecto de petición de la licencia de juego?
Estamos pendientes del desarrollo reglamentario que está preparando el Ministerio de Economía y ya hemos preparado la documentación. Vamos a solicitar la licencia general y en cuanto a licencias específicas nuestras expectativas no están cerradas todavía pero intentaremos abarcar el mayor número posible de juegos. En el proyecto están incluidas las apuestas deportivas on-line, el juego de bingo y también los juegos típicos de casino.
"Solicitaremos varias licencias especificas para abarcar el mayor número de juegos"
Frente al proyecto de ley nacional las comunidades tienen posibilidad de otorgar licencias. ¿Han pensado solicitar una para la Comunidad de Madrid?
Sí, por supuesto. De esa manera todo el trabajo de homologación técnica que hagamos en Madrid nos va a servir para el proyecto de licencia nacional. Pensamos que el de Madrid puede estar en las próximas semanas y el nacional para primeros de año.
¿Cuál es el estado de la demanda que interpuso Codere contra Bwin y el Real Madrid por competencia desleal y por publicidad ilegal?
No hemos vuelto a tener mayor comunicación procesal desde la vista sobre las medidas cautelares solicitadas. Una vez que éstas se resuelvan continuará el pleito. Y además no descartamos ampliar la demanda aunque no es una decisión definitiva. Lo que no tenemos previsto es interponer más demandas a otros operadores aunque somos conscientes de que hay empresas que están haciendo prácticas equivalentes a las de Bwin.
¿Vería con buenos ojos la paralización de la salida a bolsa de Loterías en otoño, época en la que podría haber un adelanto electoral?
Si el resultado de esas elecciones anticipadas supone como todo apunta a un cambio de Gobierno sería razonable que el proceso de salida a bolsa se paralizase. Además hay incertidumbre en cuanto a qué mercado va a haber en esas fechas. El tema del precio no es un tema menor, ya que la situación económica es la que es. Así que no tiene ningún sentido plantear una privatización si la hacienda pública no obtiene un retorno importante.
¿Es partidario de un adelanto electoral?
Lo razonable es que haya cuanto antes un gobierno que tenga todas las fortalezas de inicio de mandato para poner en marcha las reformas que le hace falta a la economía y a la sociedad española. En los meses que quedan el Gobierno no tiene la fortaleza, ni los soportes, ni la legitimidad para llevar a cabo las reformas necesarias.
¿Una victoria del Partido Popular le haría volver a la política?
La vida profesional da muchas vueltas. Soy un servidor público, ahora estoy trabajando en el sector privado pero no descarto volver a la administración, bien en puestos técnico o bien en puestos de responsabilidad política.
Codere no descarta ampliar la demanda contra el operador de juego en internet Bwin
La nueva norma del juego
La ley del juego, que cumple dos meses vida, nunca ha contado con el visto bueno de los principales actores del sector. El hecho de que Loterías pueda comercializar cualquier tipo de juego a través de internet sin autorización previa es lo que más molesta, esto es aún más grave si se tiene en cuenta su próxima privatización, ya que en este contexto captaría clientes privados generando competencia desleal.
Otra de las críticas a la Ley es que ésta beneficia la posición dominante de los operadores on-line. Para evitar esto Codere plantea el cese de su actividad; eliminar sus bases de datos; que establezcan servidores en España y que procedan a su inmediata regularización fiscal.
http://www.expansion.com/2011/07/16/economia/1310845339.htmlRAFAEL CATALÁ, NUEVO SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA
El Consejo de Ministros previsiblemente nombrará hoy nuevo secretario de Estado de Justicia a Rafael Catalá Polo, actual subsecretario del Ministerio de Hacienda, según informaron a Europa Press fuentes gubernamentales.
Catalá Polo sustituye en este cargo a José María Michavila, que fue nombrado ministro de Justicia en la última remodelación del Ejecutivo de José María Aznar. Polo Catalá fue designado subsecretario del Ministerio de Hacienda en mayo de 2000.
Con anterioridad había sido director general de Personal y Servicios del Ministerio de Educación y Cultura y director general de la Función Pública en el Ministerio de Administraciones Públicas.
http://elpais.com/diario/2002/07/26/espana/1027634430_850215.html
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