RAFAEL CATALÁ : UN ULTRA GENOVÉS CUNERO, SECTARIO y con puertas giratorias personalizadas
CATALÁ Y LA CORRUPCIÓN GENOVESA
ENRIQUE CEREZO FICHA A CATALÁ, EL MINISTRO DE JUSTICIA AL QUE RECURRIÓ PARA SOLUCIONAR SUS PROBLEMAS JUDICIALES
CATALÁ: "LA CONDENA AL PP EN GÜRTEL NO TIENE QUE VER CON LA CORRUPCIÓN"
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y EL ABOGADO DEL PP SE REUNIERON ANTES DE LA SENTENCIA GÜRTEL
LAS MANIOBRAS DE GONZÁLEZ CON EL MINISTRO CATALÁ Y ENRIQUE CEREZO PARA INFLUIR EN LA FISCALÍA Y EN LOS JUECES
CATALÁ NIEGA QUE TRATARA "CUESTIONES JUDICIALES" CON IGNACIO GONZÁLEZ: "EL SMS FUE UNA RESPUESTA DE CORTESÍA"
EL MINISTRO DE JUSTICIA MANDÓ UN SMS DE ALIENTO A IGNACIO GONZÁLEZ: “OJALÁ SE CIERREN PRONTO LOS LÍOS”
LAS GRABACIONES DEL 'CASO LEZO' MUESTRAN LAS VINCULACIONES DE GONZÁLEZ CON EL MINISTRO CATALÁ Y ENRIQUE CEREZO
RAFAEL CATALÁ ASISTE AL CUMPLEAÑOS DE UN EMPRESARIO CONDENADO POR SIETE DELITOS DE FRAUDE A HACIENDA
EL FISCAL SUPERIOR SALIENTE DE MURCIA DENUNCIA QUE HA SUFRIDO INTIMIDACIONES POR LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN
EL PSOE EXIGE A CATALÁ QUE "SAQUE SUS MANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DE LA FISCALÍA"
CATALÁ: “PRESIONAR A LOS JUECES ES IMPROPIO E INÚTIL” … MENOS CUANDO LO HACE ÉL
CATALÁ DEFIENDE QUE "NO ES EL MOMENTO" DE EXIGIR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS AL PRESIDENTE DE MURCIA
EL PRESIDENTE DE MURCIA SE REUNIÓ CON CATALÁ ANTES DE QUE PRESUMIERA DE CONOCER INFORMACIÓN RESERVADA SOBRE SU CASO
LAS AMENAZAS DEL GOBIERNO Y EL PP A LOS FISCALES ANTICORRUPCIÓN INDIGNAN A LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES
EL MINISTRO DE JUSTICIA CARGA CONTRA LAS FISCALES DE PÚNICA Y TACHA DE "ANÓMALO" QUE NO ACATEN EL CRITERIO DE SUS SUPERIORES
RAFAEL CATALÁ: "LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA POR CORRUPCIÓN SE SALDA EN LAS URNAS"
LOS JUECES ACUSAN A CATALÁ, VILLALOBOS, INDA Y MARHUENDA DE ACOSO CONTRA LA JUEZA ‘DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS’
CATALÁ NO CREE QUE TENGA TRASCENDENCIA PENAL BORRADO ORDENADORES DE BÁRCENAS
CATALÁ DICE QUE PANAMÁ NO ES UN PARAÍSO FISCAL SINO QUE TIENE “UNA CULTURA TRIBUTARIA DISTINTA”
CASUALIDADES QUE PASAN... ALLÁ POR DONDE VIAJA EL MINISTRO DE JUSTICIA, LOS LÍOS DEL PP SE ALIVIAN
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CATALÁ INSISTE EN DEFENDER LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ ENRIQUE LÓPEZ
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LOS FISCALES ACUSAN AL GOBIERNO DE DIFICULTAR LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
CATALÁ INSISTE EN PROTEGER LA IMAGEN DE LOS ACUSADOS EN PROCESOS JUDICIALES
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EL GOBIERNO NO TIENE EXPLICACIÓN SOBRE LA PÉRDIDA DE LA CAUSA DEL BORRADO DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS
EL MINISTRO DE JUSTICIA PLANTEA MULTAR A MEDIOS QUE REVELEN SUMARIOS
CATALÁ NO VE INCONVENIENTE PARA QUE UN PROCESADO SEA CANDIDATO
LA CARTA QUE PLASMA EL HARTAZGO DE LOS JUECES POR LAS CRÍTICAS DEL GOBIERNO
ENRIQUE CEREZO FICHA A CATALÁ, EL MINISTRO DE JUSTICIA AL QUE RECURRIÓ PARA SOLUCIONAR SUS PROBLEMAS JUDICIALES
El empresario acordó con Ignacio González recurrir al ministro para tratar de frenar la investigación del caso Ático y ahora lo incorpora al Atlético de Madrid
Cerezo y Catalá hablaban a menudo del avance de la investigación, según dijo el empresario: "No se lo tengo que decir, siempre lo recuerda él"
El exministro, aún diputado, ha recibido autorización de la Oficina de Conflicto de Intereses para entrar como patrono a la Fundación del club de fútbol
Rafael Catalá, hasta hace unos meses ministro de Justicia con el PP y aún diputado en el Congreso, se va a incorporar como patrono a la Fundación del Atlético de Madrid, el club que preside el empresario Enrique Cerezo. Ambos mantienen una amistad que el empresario no dudó en utilizar cuando él y otro de sus amigos, Ignacio González, se vieron en apuros judiciales por el caso Ático. La Unidad Central Operativa (UCO) agrupó todas esas maniobras en un informe que destacaba sus tintes mafiosos.
Según ha adelantado este jueves El Confidencial, Catalá ha recibido autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses. Así lo recoge el Portal de Transparencia, donde se informa de que el pasado lunes Catalá obtuvo permiso para incorporarse a cuatro puestos: en la Fundación del Atlético de Madrid, en el Colegio de Abogados, en el bufete Herbert Smith Freehils y en la Fundación de Legálitas.
Catalá y Cerezo son dos viejos conocidos y han compartido en varias ocasiones palco para ver los partidos del Atlético de Madrid del que el exministro es aficionado. Cuando todavía estaba al frente de la cartera de Justicia, Catalá viajó en el avión que el club fletó para que una comitiva repleta de personalidades viajara a la final de la Champions League de Milán de 2016. Allí Catalá se fotografió con el propio Cerezo, que ya llevaba tiempo imputado junto a González por cohecho y blanqueo de capitales en el caso que investiga la procedencia del dinero que pagó el ático de lujo que el político tiene en la localidad de Estepona (Málaga).
Ese caso llevó a que, unos meses después de ese viaje, Cerezo tratase de recurrir a su amigo, siendo este el máximo responsable del ministerio de Justicia, para que le echase una mano a él y al expresidente de la Comunidad de Madrid. Así lo revelaron las escuchas policiales que efectuaron los investigadores del caso Lezo y los mensajes que intervinieron en sus teléfonos móviles. Cerezo e Ignacio González recurrieron a él y a todos los contactos a su alcance para tratar de frenar esa investigación, todavía abierta en un juzgado de Málaga.
Las primeras conversaciones captadas por los agentes de la UCO se remontan a agosto de 2016. González y Cerezo se preguntan si la única forma de frenar esa investigación es "pegarle dos tiros a la juez". Luego intentan trazar una estrategia mas realista que pase por presionar al fiscal del caso Ático. El empresario recomienda esperar a septiembre para hablar con él, pero acuerdan ya cómo le deben abordar para obtener resultados: "Estamos teniendo más paciencia de la que teníamos que tener, porque si quieren guerra, vamos a tener guerra".
Ambos interlocutores vuelven a hablar en octubre en otra charla grabada por la policía en la que lamentan que sus gestiones no dan resultados. Es a partir de este punto cuando Cerezo y González apuntan al ministro de Justicia como la persona que les puede ayudar a cerrar la investigación.
El empresario y presidente del Atlético de Madrid relata en una conversación que habla a menudo con Catalá "por el tema del Estadio", y que el ministro le ha prometido que se estaba ocupando de las gestiones que le habían pedido. "Me dijo lo mismo, que lo estaban mirando", explica Cerezo, que añade que suelen hablar sobre el caso del ático a menudo. De hecho, comenta que es el propio ministro quien saca el tema durante sus encuentros: "No se lo tengo que decir, siempre lo recuerda él".
En otra ocasión, es González quien se felicita de sus gestiones. En un SMS dice que el ministro de Justicia le contestó a su felicitación por el nombramiento. "A mí me puso el otro día un mensaje encantador (…) A ver si terminamos con los líos y tal, bueno vale macho, pues lo que quieras, ja, ja". Cuando trascendió la existencia de ese mensaje, el titular de Justicia intentó justificarse diciendo que se refería a la "convulsa" situación política, pero González no lo interpretó así.
En otra conversación vuelven a hablar de la investigación del ático y González muestra su desesperación al no saber cómo avanza el caso, si Suiza ha contestado ya a "las comisiones rogatorias de los cojones". Llega a decir que va a ir directamente a hablar con el ministro de Justicia para pedirle explicaciones: "Yo tengo ganas de echarme un día a la cara a Rafa, porque Rafa yo creo que lo sabe".
Catalá fue solo uno de los frentes que abrieron Cerezo y González para zafarse de la investigación. También hablaron con un exvocal del Consejo General del Poder Judicial () para tratar de averiguar a quién se iba a nombrar fiscal general del Estado, para que luego este influyese en el resto de fiscales que perseguían a González y Cerezo. De hecho, ambos se felicitan cuando se nombra a José Manuel Maza y hablan de que hay que decirle a Catalá que Manuel Moix es un buen candidato para Anticorrupción. También Moix fue finalmente nombrado, aunque apenas duró unos meses en el cargo.
Tal fue el afán de los dos imputados por mover hilos para cerrar la investigación que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil comparó sus movimientos con los del "crimen organizado". González resume sus movimientos en una charla en la que se envalentona al hablar sobre los avances en sus contactos para librarse de los casos judiciales: "Tenemos el Gobierno y el Ministerio de Justicia". La Guardia Civil, eso sí, duda en sus informes de los resultados de esas maniobras. Ambos siguen imputados en el caso ático a pesar de todas sus maniobras.
Catalá abandonó el Ministerio de Justicia como consecuencia de la moción de censura pero mantiene su escaño en el Congreso. Dejó la cartera después de haber sido reprobado junto con Maza -el primer fiscal en la historia en ser reprobado- por el Congreso por sus injerencias en varios casos de corrupción. Ahora será de la mano de Cerezo patrono de la Fundación del Atlético de Madrid, dedicada a "contribuir a través del deporte en actividades humanitarias, culturales, educacionales y de investigación".
Hace unas semanas fue el dirigente que negoció la reforma del Consejo General del Poder Judicial por encargo del presidente del PP, Pablo Casado, hasta que este decidió romper unilateralmente la negociación con el PSOE y presentar una iniciativa para modificar los trámites de elección de los vocales.
https://m.eldiario.es/politica/Cerezo-Catala-exministro-Justicia-solucionar_0_840966747.html
CATALÁ: "LA CONDENA AL PP EN GÜRTEL NO TIENE QUE VER CON LA CORRUPCIÓN"
El ministro de Justicia acusa a PSOE y Cs de buscar "cambios políticos sin pasar por las urnas"
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado que la condena al PP en la sentencia Gürtel tenga que ver con la corrupción.
En una comparecencia en el Foro Cinco Días, el ministro ha reconocido que la sentencia del caso Gürtel “ha provocado un tsunami político hasta el punto de provocar una moción de censura”, pero ha señalado que “la condena al PP le hace responsable como participe a título lucrativo, que es una condena de carácter civil, por la comisión de un delito en el que no participó, ni tuvo conocimiento”.
Acusa a la oposición de aprovechamiento
“Que desde ahí se construya una tormenta política es aprovechamiento del momento, una intención de provocar cambios políticos sin pasar por las urnas”, ha dicho Catalá, en alusión a la moción de censura presentada por el PSOE o a la petición de elecciones anticipadas por parte de Ciudadanos.
Catalá ha asegurado que tiene confianza en la continuidad de un Gobierno que ultima un proyecto de ley de enjuiciamiento criminal y de reforma de la Fiscalía que su Ministerio presentará “a la vuelta de verano”. El titular de Justicia ha avanzado que espera poder poner en marcha otros proyectos con relevancia económica como el nuevo Código de Comercio. “Ojalá tengamos tiempo político suficiente para llevarlos a buen puerto”, dicho el ministro.
Si aumenta la dificultad para avanzar, ha añadido, será "responsabilidad de los grupos que provoquen que no se puedan aprobar las reformas que España necesita”.
https://www.elplural.com/politica/catala-la-condena-al-pp-en-guertel-no-tiene-que-ver-con-la-corrupcion_128736102
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y EL ABOGADO DEL PP SE REUNIERON ANTES DE LA SENTENCIA GÜRTEL
Los abonados del Club de Campo Villa de Madrid se sorprendieron al ver jugando al tenis a Rafael Catalá y Jesús Santos en este contexto judicial
Días antes de que se conociese la demoledora sentencia a la primera época de la trama Gürtel y que en ella se condenase al Partido Popular a título lucrativo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el abogado defensor del partido conservador, Jesús Santos, se reunieron para jugar al tenis en el Club de Campo Villa de Madrid.
El encuentro, que ha podido confirmar El Plural por varias fuentes, no pasó desapercibido para el resto de los asistentes del club en un momento en el que el Partido Popular tiene varios frentes judiciales abiertos.
Desde este medio se ha intentado recabar la opinión al respecto de este encuentro al ministro Catalá, buscando conocer si no le parecía que dicha reunión ponía en duda la imparcialidad que debe mantener el titular de la cartera de Justicia. El ministro de Mariano Rajoy ha preferido guardar silencio.
Este encuentro es todavía más peliagudo si se tiene en cuenta que hay voces que apuntan a que la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, no entrará de forma preventiva en prisión, ya que, de hacerlo, se ha especulado con que el extesorero del Partido Popular haría nuevas revelaciones sobre la financiación ilegal del Partido Popular.
También la decisión judicial que se tomará este miércoles sobre Rosalía Iglesias se habría relacionado con la decisión del presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, de impedir que el juez progresista De Prada decida si los Gürtel ingresan o no en prisión.
Un exfiscal para defender al PP
Es necesario recordar que Jesús Santos no es, precisamente, un letrado de oficio. Se trata de uno de los juristas más prestigiosos del país y gran conocedor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conocimientos adquiridos, en parte, en su anterior etapa como exteniente fiscal de la Audiencia Nacional, a la que se incorporó en 1989 sustituyendo en el cargo a la fiscal Carmen Tagle, asesinada por la banda terrorista ETA.
Además, Santos es uno de los abogados mejor pagados de España, con un sueldo superior a los 300.000 euros, y se le considera los “ojos y oídos de Cospedal en el caso Gürtel”.
El selecto Club de Campo Villa de Madrid
El lugar del encuentro entre Catalá y Santos es un punto de referencia recurrente de distintas personalidades del país. Si bien es cierto que no es de los más exclusivos de Madrid, desde hace tiempo sí que se ha señalado a un selecto grupo de personalidades que tienen la entrada garantizada la mismo.
Los primeros en ser señalados fueron el matrimonio Aznar, del cual El Plural publicó que se regalaron clases de golf por valor de un millón y medio de pesetas. Después, a finales de 2013, también se publicó que la institución deportiva madrileña dio a un “reducido grupo” de periodistas acceso vip y todo gratuito a sus instalaciones.
https://www.elplural.com/politica/el-ministro-de-justicia-y-el-abogado-del-pp-se-reunieron-antes-de-la-sentencia-guertel_128889102
LAS MANIOBRAS DE GONZÁLEZ CON EL MINISTRO CATALÁ Y ENRIQUE CEREZO PARA INFLUIR EN LA FISCALÍA Y EN LOS JUECES
Las conversaciones del expresidente madrileño con el empresario madrileño se centran en su imputación en el caso del ático, pero sobre todo atacan a la jueza Isabel Conejo y al fiscal Juan Carlos López Caballero
El juez Eloy Velasco advierte de que Edmundo Rodríguez Sobrino, uno de los principales integrantes de la trama del Canal de Isabel II, ha realizado gestiones para tratar de conocer las medidas solicitadas por la Fiscalía a Suiza
Los nuevos mensajes y grabaciones conocidos y que fueron interceptados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la trama liderada por el expresidente madrileño Ignacio González, ponen de manifiesto las maniobras que realizaron los integrantes de la red corrupta para tratar de desplazar a jueces y fiscales, según se desprende de los mensajes hechos públicos por laSexta en exclusiva.
En sus conversaciones con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; con el exministro del PP Eduardo Zaplana; con el exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y expresidente del Tribunal Administrativo del Deporte, Enrique Arnaldo Alcubilla; y sus SMS con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, Ignacio González muestra sus anhelos por influir en la jueza que instruye en Estepona el caso del ático, Isabel Conejo, y en el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero; pero también porque sus candidatos a puestos clave en la judicatura y en la Fiscalía acaben siendo elegidos.
Esas conversaciones muestran que en todo momento González apostaba por los mismos candidatos que al final acabó eligiendo Catalá. Así, el ministro de Justicia optó por el magistrado conservador del Tribunal Supremo, José Manuel Maza, como fiscal general del Estado, y "un tío serio" para González. Maza apartó a Consuelo Madrigal, que en marzo de 2015 había pedido al embajador de Estados Unidos en España que acelerara las comisiones rogatorias del caso del ático del expresidente madrileño.
Especial relevancia tiene las conversaciones con el exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y expresidente del Tribunal Administrativo del Deporte, Enrique Arnaldo Alcubilla, considerado una persona de la esfera del PP. Y el expresidente madrileño conversaba con Arnaldo Alcubilla sobre el nombramiento del fiscal general, que explicaba a González que los "cambios en la Fiscalía General", que se ponían "en marcha las piezas" y que sabía que era "voluntad del ministro cambiar la pieza principal".
"Moviéndote como corresponde"
A sus palabras, González respondía, según laSexta: "Joder, estás ahí moviéndote como corresponde". A continuación Arnaldo Alcubilla añadía: "Estoy moviéndome para que el nuevo que sustituya a esta señora sea bueno", en clara referencia a Consuelo Madrigal.
El 11 de noviembre del año 2016, Maza accede al cargo y tanto González como el exvocal del Poder Judicial se muestran entusiasmados en sus conversaciones grabadas por la UCO. Y González afirmaba: "Estamos contentos, ¿o no?" y Alcubilla le respondía: "Estamos muy contentos, sí [...] cuando nos veamos te contaré cómo se actuó en otra etapa anterior que es la que hay que seguir".
Después de conseguir al fiscal general de su gusto, González se interesa por otros nombramientos. Y entonces Arnaldo Alcubilla asegura: "Hay que mover la pieza principal y luego las dos que van al lado, la Fiscalía de la Nacional y la Fiscalía Anticorrupción". Las nuevas designaciones, ya estaban preparadas, según Arnaldo Alcubilla, que explicó a González: "Esa operación, que yo sepa, está preparada; ahora es una garantía que siga Rafael porque ya se lo conoce".
Al final los dos elegidos al frente de Anticorrupción y de la Audiencia Nacional fueron Manuel Moix y Jesús Alonso, respectivamente. Precisamente, en una de las conversaciones ya conocidas entre González y Zaplana, el primero explicaba al exministro del Gobierno de José María Aznar su predilección por Moix.
"No me corto"
En la conversación Arnaldo Alcubilla, Ignacio González asegura que va a hablar con el ministro de Justicia: "No soy quién, pero no me corto en decirle a Rafa: oye Rafa, ¿sabes? Este ¿cómo se llama? Jesús, voy a ver si se lo puedo hacer llegar". En la escucha, según laSexta, no se entiende el apellido, aunque al final fue nombrado como fiscal jefe de la Audiencia el hasta entonces teniente fiscal, Jesús Alonso.
El pasado 3 de noviembre le envió un mensaje que el propio González valoró: "Gracias Nacho, un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos". En una conversación posterior de González con el presidente del Atlético de Madrid, el expresidente madrileño le dice al empresario que recibió de Rafael Catalá un "mensaje encantador" en el que hablaba de "terminar con los líos". Un día antes, el 2 de noviembre, González había reclamado a la jueza de Estepona el sobreseimiento.
Sin embargo, las conversaciones con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, muestran la principal y lógica obsesión de González: el procedimiento del ático de Estepona por el que está imputado por cohecho y blanqueo de capitales junto a su mujer, Lourdes Cavero.
Cerezo, que asegura mantener con el ministro Catalá una relación fluida, asegura a González que ve "con frecuencia por el tema del estadio, siempre se lo digo y siempre, pero es que no se lo tengo que decir, que siempre lo recuerda él" se felicita el empresario, que también está imputado en el caso del ático de Estepona.
"Que lo estaban mirando"
En otra conversación, González vuelve a interesarse por su imputación: "¿Tienes una noticia de algo?", le interpeló, a lo que Cerezo responde: "El otro día me encontré con Rafa y me dijo lo mismo, que lo estaban mirando". Y en otro de los pasajes de las conversaciones grabadas por la UCO el presidente del club colchonero saca pecho por su influencia en el ministro: "¿Te acuerdas de que dije yo lo de las acusaciones particulares [populares]? Le dije, no tenéis cojones a quitar y tal. Lo van a quitar".
Este desparpajo de Cerezo con el ministro Catalá llega hasta el punto, siempre según las conversaciones hechas públicas por el programa Al Rojo Vivo de laSexta, de asegurar a González que le va a preguntar por "las comisiones rogatorias".
Precisamente, este viernes infoLibre informa de que cuatro años después de que la jueza de Estepona reclamara los primeros datos a las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido y Panamá sobre los verdaderos compradores del ático de lujo que ahora es propiedad del expresidente madrileño, los continuos errores en las peticiones de información han impedido saber si el testaferro mexicano Rudy Valner adquirió desde el primer momento el dúplex para el matrimonio González-Cavero.
Y el propio González, que ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real la noche del viernes al sábado, también arremetió en sus conversaciones con Cerezo contra la jueza de Estepona Isabel Conejo: "Ahora, la niñata esta de mierda de ahí abajo es una tonta del culo; pues claro y luego el otro, el fiscal, otro que tal baila", dijo en una conversación con Enrique Cerezo, en una nueva referencia de la jueza Isabel Conejo y el fiscal jefe de Málaga. Juan Carlos López Caballero, que esta semana acudió a Madrid en un viaje de trabajo.
El fiscal superior de Málaga
González hace especial hincapié en la figura del fiscal López Caballero, que fue el que reclamó en febrero de 2016 su declaración como imputado: "A ver si ahora con este fiscal general más o menos se le pone en orden al de abajo. Ahora me imagino que no estarán protegidos como antes", se jacta el expresidente, que en otro momento de la conversación completa: "Bueno, de momento ahora está vacante la Fiscalía Anticorrupción, tienen que nombrar un fiscal Anticorrupción". Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción de Málaga estaba vacante desde la salida del propio López Caballero, que pasó a ser fiscal jefe superior de la provincia andaluza.
Asimismo, el que fuera número dos de Esperanza Aguirre en el PP madrileño y en la Comunidad de Madrid estaba muy interesado en otros movimientos en el poder judicial: "Antes de poner a estos hijos de puta es mejor Marchena", en referencia al magistrado del Tribunal Supremo conservador Manuel Marchena.
Además, y tal y como ha podido advertir este periódico, el juez que instruye en la Audiencia Nacional la Operación Lezo, Eloy Velasco, destaca en el auto con el que envía a González a prisión que uno de los principales responsables del Canal de Isabel II con Ignacio González, en concreto Edmundo Rodríguez Sobrino, realizó gestiones "para tratar de conocer las medidas solicitadas por la Fiscalía a Suiza".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/29/las_maniobras_gonzalez_con_catala_fiscalia_los_jueces_64465_1012.html
CATALÁ NIEGA QUE TRATARA "CUESTIONES JUDICIALES" CON IGNACIO GONZÁLEZ: "EL SMS FUE UNA RESPUESTA DE CORTESÍA"
El ministro de Justicia afirma que no mantiene "una relación de amistad" con el expresidente de la Comunidad de Madrid, tras revelarse el SMS que le envió en el que le decía: "Ojalá se cierren pronto los líos"
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado hoy que en el mensaje que envió a Ignacio González en noviembre de 2016 se refiriera a "cuestiones judiciales" que tuvieran que ver con el expresidente madrileño, al expresarle su deseo de que se cerrasen "los líos", es decir, según él, la situación política en España.
"Yo no me refiero en absoluto a cuestiones judiciales, no me refiero en absoluto a cuestiones que tengan que ver con el señor González", ha manifestado Catalá en los pasillos del Senado tras responder a las dos preguntas de control al Ejecutivo que le ha formulado la oposición en el Pleno de la Cámara y dónde el PSOE ha llegado a pedir su dimisión.
En los pasillos del Senado, Catalá ha explicado también que él mantiene una "relación" con González, en razón a su trayectoria institucional y "no una relación de amistad" y ha ratificado que el expresidente de la Comunidad de Madrid "nunca" le ha pedido ayuda para solucionar sus problemas en los tribunales.
Catalá ha explicado que esos días recibió "cientos de mensajes de felicitación" y ha añadido que "a todos" esos mensajes respondió con "amabilidad y educación", "entre ellos" el de Ignacio González, a quien, según ha dicho "conoce desde 1996" porque ha desempañado funciones dentro del Gobierno como "subsecretario, como secretario de Estado, como vicepresidente de la Comunidad de Madrid y como presidente de la Comunidad de Madrid.
"Por lo tanto, es evidente que tengo una relación de personalidad con él, no una relación de amistad", ha declarado, para añadir que ese SMS se ha conocido tras una "violación flagrante" del secreto de sumario, aunque "eso parece que no importa demasiado en este momento".
El ministro ha asegurado que cuando él dice "ojalá se cierren pronto los líos" le está transmitiendo su "voluntad y deseo" de que el país tenga "pronto estabilidad" porque llevaban ya un año con el Gobierno en funciones, "con dos procesos electorales e investiduras fallidas". Según ha recalcado, él no se refería "en absoluto a cuestiones judiciales".
Preguntado expresamente si el expresidente de la Comunidad de Madrid le ha pedido ayuda alguna vez para arreglar sus "líos", ha contestado: "Nunca". Según ha añadido, el ministro de Justicia no tiene "ninguna capacidad de influir ni sobre los jueces ni sobre los fiscales para que una investigación judicial vaya en una dirección o en otra". En este sentido, ha recalcado que la labor del ministro de Justicia "no está en decirle a los jueces ni a los fiscales lo que tienen que hacer", porque "no puede", sino en "hacer que la justicia sea más ágil". Y este último punto, ha afirmado que el Gobierno del PP está "comprometido".
Catalá también ha defendido al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, tras conocerse la semana pasada que intentó frenar los registros de la Operación Lezo. "Me parece intolerable que diga que el fiscal Anticorrupción paraliza, bloquea o no quiere llevar a cabo investigaciones", ha enfatizado.
Lo que hizo Moix, según Catalá "como muy bien él dijo", fue manifestar a los fiscales que adentrarse en una "investigación del año 2001" relacionada con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González -en prisión incondicional desde la noche del pasado viernes-, "cuando no trabajaba" en dicha Administración regional, podía "enturbiar" la operación, ha precisado Catalá.
Según el ministro, Moix tenía la intención de "ayudar a la buena marcha de la investigación" y ha reprochado que esté "diciendo justo todo lo contrario". "Se está enturbiando la labor de un magnífico profesional de muchas décadas de servicio al derecho y a la ley", ha concluido.
http://m.publico.es/politica/1997398/catala-niega-que-tratara-cuestiones-judiciales-con-ignacio-gonzalez-el-sms-fue-una-respuesta-de-cortesia
EL MINISTRO DE JUSTICIA MANDÓ UN SMS DE ALIENTO A IGNACIO GONZÁLEZ: “OJALÁ SE CIERREN PRONTO LOS LÍOS”
El expresidente de Madrid, ya investigado, le había felicitado previamente por su continuidad en el Gobierno
“Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos”. Ese es el mensaje que recibió en su teléfono móvil el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. El autor no era un remitente cualquiera, sino el ministro de Justicia, Rafael Catalá. El exmandatario madrileño había escrito previamente para felicitarle por su confirmación al frente del Ministerio y esa fue su respuesta. Catalá mandó el mensaje el pasado 3 de noviembre, un día antes de su toma de posesión oficial tras el periodo en funciones.
Según informan a EL ESPAÑOL fuentes cercanas al caso, González tenía en ese momento el teléfono intervenido, y de ese modo, los investigadores tuvieron conocimiento de la comunicación con el ministro. A ese mismo mensaje se refirió González en otra conversación posterior con su amigo y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. El mandatario rojiblanco le dice que había charlado también con Catalá sobre el caso de su ático: “Hablé el otro día con Rafa, que lo estaban mirando, Nacho”. A esas palabras, González responde que había recibido de parte del ministro “un mensaje encantador”.
Esta charla entre Cerezo y González, ambos imputados en el caso del ático, se produce apenas unos días después del sms de Catalá. El presidente del Atlético de Madrid le dice al expresidente madrileño que unos días atrás estuvo cenando con una persona que, según afirma, fue "jefa" de Catalá. Según las fuentes consultadas, el presidente del Atlético de Madrid parece estar refiriéndose a una superior de Catalá en el pasado. Cerezo le hizo saber a González que esta persona le había tranquilizado diciéndole que el ministro "mantiene muy buena sintonía con todos los jueces". González contesta a Cerezo recordándole que Catalá fue antes secretario de Estado del mismo Departamento.
Prisión sin fianza para González
Pese a que en su mensaje, el ministro de Justicia habla de “líos” en plural, en ese momento González sólo tenía comunicación oficial de su imputación en el caso de su ático de Marbella (desde marzo de 2016). Las pesquisas de la Operación Lezo estaban ya en marcha pero permanecían secretas y para entonces, la Comunidad de Madrid había enviado también su informe a la Justicia sobre las inversiones del Canal de Isabel II.
Pese a las palabras del ministro, el deseo que deslizaba Catalá en su mensaje de apoyo a González no se materializó. El caso del ático ha seguido su curso con el ministro de Justicia al frente de la cartera y la Audiencia Nacional ha detonado la causa que se centra directamente en los negocios del número dos del gobierno madrileño. En lugar de cesar, los problemas para González han crecido de forma exponencial con Catalá como ministro. No sin polémica, si tenemos en cuenta la confrontación del nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, con los responsables del Ministerio Público que investigan la causa.
En las intervenciones telefónicas y según fuentes cercanas al caso, es el propio González el que se queja del escaso apoyo que en realidad le están prestando sus compañeros de partido a la hora de paralizar sus problemas judiciales. Sin embargo, tal y como informó este diario, González fue alertado de su detención dos meses antes de que se produjera. El chivatazo le vino de parte de un alto cargo del Gobierno, pero según creen los investigadores, este no procedió del Gabinete de ministros, sino de un cargo intermedio. Eso descartaría por completo la implicación de Catalá en los hechos.
Fueron avisados
De forma complementaria y tal y como informó este diario, unos meses antes de aquel soplo también tuvo conocimiento de que sus conversaciones estaban siendo intervenidas por orden judicial. Lo sabían él y el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals porque "una magistrada amiga de la casa (del periódico)" había llamado para prevenirles.
Por su parte, de la relación entre Catalá y Cerezo -también investigado en el caso del ático- da cuenta la presencia del ministro en la comitiva vip que acudió a la final de la Copa de Europa en Milán el pasado mayo invitada por el Atlético de Madrid. En aquella expedición estaban también la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, y su compañero de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado. También el presidente y el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y José Luis Martínez Guijarro (PSOE) o el concejal del Ayuntamiento de Madrid Antonio Carmona, entre otros.
En otra ocasión más reciente Catalá se vio inmerso en otra polémica por demostrar cercanía personal con personas con problemas con la Justicia. El pasado mes de marzo, el ministro se desplazó a Baqueira Beret, la estación de esquí en el pirineo catalán, para asistir a una fiesta organizada por el empresario Manel Torreblanca, condenado a dos años de prisión por siete delitos fiscales y que evitó la cárcel gracias a un pacto con la Fiscalía. Aquel episodio provocó que el grupo socialista en el Congreso de los Diputados presentase una batería de preguntas para saber por qué fue a la fiesta, hasta dónde sabía el ministro del acuerdo con la Fiscalía por el que Torreblanca evitó la prisión y quién pagó su desplazamiento y gastos. No consta respuesta parlamentaria por el momento.
"Luis sé fuerte" o "compi yogui"
La difusión de mensajes privados entre altos representantes del Estado y personas investigadas por la Justicia también afectaron al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien se llegó a intercambiar comunicaciones con el extesorero de su partido Luis Bárcenas, según desveló el diario El Mundo. “Sé fuerte” o "Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo" son algunos de los mensajes que mantuvo el líder del Ejecutivo con un Bárcenas al que se le pedía guardar silencio sobre la contabilidad B del partido.
Incluso la indiscreción con los mensajes de móvil salpicó a la reina Letizia hace un año cuando Eldiaro.es difundió el mensaje que le escribió al empresario de OHL Javier López Madrid, amigo personal de los reyes e implicado en el escándalo de las tarjetas black: “Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)”.
http://www.elespanol.com/espana/20170425/211229083_0.html
LAS GRABACIONES DEL 'CASO LEZO' MUESTRAN LAS VINCULACIONES DE GONZÁLEZ CON EL MINISTRO CATALÁ Y ENRIQUE CEREZO
Las grabaciones muestran que el ministro de Justicia dio ánimos a Ignacio González, cuando estaba imputado en el caso del ático y se le investigaba en secreto en la operación Lezo
El expresidente madrileño habla también con el exministro Zaplana sobre su interés en cambiar a la jueza y en reunirse con el fiscal encargado del caso del ático de Estepona
Las grabaciones de las conversaciones realizadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a los integrantes de la trama muestran las conexiones que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, presunto cabecilla de la trama disuelta con la Operación Lezo, ha mantenido con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que también está imputado en el caso del ático de Estepona.
Catalá, de cuyo departamento dependen las comisiones rogatorias reclamadas por la jueza de Estepona que investiga el caso del ático, Isabel Conejo, contestó el 3 de noviembre de 2016, según han adelantado la Sexta y El Español, a un SMS de felicitación que le había remitido previamente González en el que le daba la enhorabuena por su nombramiento como ministro de Justicia: "Gracias Nacho, un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos".
Precisamente, las comisiones rogatorias de este caso han sufrido una extrema lentitud, que ya ha tenido importantes consecuencias en la investigación, según se especifica en una providencia de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número, Isabel Conejo. Esta resolución, de 6 de noviembre de 2015, explica que el US Bank, la entidad financiera de Estados Unidos desde la que se realizaron en marzo de 2008 las dos transferencias de 100.000 y 650.000 euros con los que la empresa offshore pagó el ático de Estepona, ya no disponía de la documentación relativa al origen del dinero, según una nota enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a las autoridades españolas.
Cuando el ministro Catalá envió el SMS, González, su mujer, Lourdes Cavero, y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, llevaban ya nueve meses imputados por la jueza de Estepona, al mismo tiempo que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigaba en secreto la denominada trama Lezo.
Un portavoz del Ministerio de Justicia ha asegurado a laSexta que cuando el ministro se refiere en el mensaje a los "líos" está hablando de los problemas políticos de cara a la gobernabilidad. Sin embargo, tan sólo un día después del SMS, el 4 de noviembre, Catalá tomaba posesión de su cargo de ministro.
En el palco con Cerezo
El 17 de marzo de 2015, el ministro Catalá fue fotografiado en el palco del Vicente Calderón junto al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que todavía no estaba imputado en el caso del ático, aunque las investigaciones ya apuntaban a que el comprador del dúplex de lujo, un testaferro profesional, era empleado de Cerezo en una sociedad con vínculos con Telemadrid. Al día siguiente, el 18 de marzo, el titular de Justicia asistió en visita de trabajo a la Audiencia Provincial de Málaga, al mismo tiempo que acudió al Colegio de Abogados de esta provincia andaluza.
Asimismo, Rafael Catalá viajó invitado por el Atlético de Madrid a la final de la Champions League celebrada en Milán, en la que el conjunto de Cerezo, que ya estaba imputado en Estepona, se enfrentó al Real Madrid. En el viaje también participaron otros políticos madrileños como Begoña Villacís (Ciudadanos). A la final también acudió el testaferro profesional y empleado de Cerezo que compró el ático desde EEUU, Rudy Valner, y tras visitarlo la mujer de González, Lourdes Cavero.
El presunto testaferro Rudy Valner (con gafas y los ojos cerrados) en la final de la Champions en presencia de Ignacio Aguado de Ciudadanos (en primer plano a la derecha). El presunto testaferro Rudy Valner (con gafas y los ojos cerrados) en la final de la Champions en presencia de Ignacio Aguado de Ciudadanos (en primer plano a la derecha).
Pero los mensajes interceptados por la UCO de la Guardia Civil apuntan a otras maniobras de González en relación con la justicia. En una conversación intervenida por orden del juez Velasco,el expresidente de la Comunidad de Madrid explica al exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana su intención de cambiar a un juez: "Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, y escucha: tenemos a un juez que está provisional. Tú lo asciendes. Yo le digo: a ver, venga usted pa' acá. ¿Cuál es la plaza que le toca?¿Onteniente? A tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular".
Precisamente, en el caso del ático la jueza sustituta, Mariana Peregrina, se encargó de la instrucción durante los meses de baja maternal de la titular Isabel Conejo. Esta jueza ordenó en un primer momento imputar a la mujer de González, Lourdes Cavero, al mismo tiempo que solicitó que el caso se enviara a la Audiencia Nacional. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Málaga revocó esa decisión, por lo que dejó el caso en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona. Su titular, Isabel Conejo, de vuelta a su puesto, fue más allá y acordó la imputación del matrimonio con el respaldo del fiscal delegado de Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero.
Sin embargo, el diario El Español asegura que González hace referencia a que la plaza en propiedad que ocupa Velasco, la del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, es de otro juez, Manuel García-Castellón, que está de juez de enlace en Roma.
En otra de las conversaciones que González mantiene con Zaplana, el primero alude a sus deseos sobre quién debe ser fiscal jefe de Anticorrupción: "A ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, Yo creo que va a salir él, si sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío bueno y serio. Yo no soy quién, pero no me corto a decirle a Rafa: "Oye Rafa, ¿sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte. O los tienes controlados o estás muerto", indica el expresidente madrileño a Zaplana.
Moix rechazó investigar el campo de golf
Precisamente, según adelantó infoLibre, Moix rechazó el registro de la sede del Canal para reclamar información de la etapa de la presidencia de la Comunidad de Alberto Ruiz-Gallardón al considerar que esta investigación debería desgajarse del caso Lezo, por lo que deberían encargarse del mismo otro instructor y otros fiscales diferentes a los de la trama de Ignacio González. Este fue el motivo por el que los fiscales de Anticorrupción invocaron el artículo 27 de su Estatuto para oponerse a la decisión del fiscal jefe de Anticorrupción.
Además, tal y como ha adelantado este diario, el propio Moix ya había cerrado en 2009 la investigación por la adjudicación de un campo de golf en el centro de Madrid a una empresa de un hermano y un cuñado del expresidente madrileño.
En este sentido, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió este martes al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, tras conocerse la semana pasada las discrepancias manifestadas en el seno de la Fiscalía Anticorrupción sobre los registros de la operación Lezo. "Me parece intolerable que diga que el fiscal Anticorrupción paraliza, bloquea o no quiere llevar a cabo investigaciones", enfatizó.
El relevo de Velasco
Pero en sus conversaciones grabadas, González también se refiere al relevo del juez Velasco, que además del caso Lezo instruye la Púnica, en la que aparece el nombre de Zaplana vinculado a la trama liderada por Francisco Granados: "Este poli me ha dicho que al Velasco le van a mandar al Supremo, pero yo creo que hay una jugada, me ha contestado este, si hay un juez de apoyo, para sacarlo de ahí y dejar al de apoyo".
Tal y como adelantó infoLibre, el juez Velasco reclamó un puesto en la nueva sala de apelaciones de la Audiencia Nacional. Velasco tomó esta decisión después de que el Consejo General del Poder Judicial no prorrogara la presencia del juez Alejandro Abascal como refuerzo de Velasco, que se incorporó al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en marzo de 2016.
González también mantuvo conversaciones con el expresidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en las que también hablan de cómo evitar la investigación de la jueza de Estepona Isabel Conejo. en la conversación, siempre según La Sexta, Cerezo asegura: "Dicen que el juez es el juez y que no se puede hacer nada, yo ya les he dicho, aquí qué queda, ¿pegarle dos tiros a la jueza? ¿Qué alternativas tengo?¿no se puede hablar con el fiscal?", a lo que Cerezo contesta: "Volveremos a hablar con este a primeros de septiembre, porque si quieren guerra vamos a tener guerra".
Con el ministro del Interior
Asimismo, el expresidente de la Comunidad de Madrid propuso al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tomarse un café en una llamada de teléfono en la que le felicitó por su nombramiento como ministro del Interior, según han explicado a Europa Press fuentes conocedoras de la conversación, que precisan que dicho encuentro no llegó a celebrarse.
Zoido concluyó su intervención en el Senado señalando que él y otros miembros del Ministerio del Interior recibieron "centenares" de felicitaciones a su llegada al Departamento, incluyendo la que expresó en persona Pablo González, directivo de Mercasa y hermano del expresidente madrileño Ignacio González, en su cita con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.
Según Zoido, esa reunión fue solicitada días después de Reyes y se celebró el 8 de marzo para tratar cuestiones relativas a la seguridad de nuevos centros de Mercasa, la empresa pública que abastece a los mercados de diferentes ciudades españolas.
"Se ha reunido con luz y taquígrafos en su despacho", dijo sobre el secretario de Estado, añadiendo que éste "no tiene necesidad de reunirse en gasolineras, ni en ningún reservado, ni dar ningún chivatazo para que algún servicio se tenga que desmontar", aludiendo de esta forma de forma indirecta a diferentes polémicas de la etapa del PSOE en el Gobierno.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/26/las_grabaciones_del_caso_lezo_llevan_catala_cerezo_actualidad_64304_1012.html
EL FISCAL SUPERIOR SALIENTE DE MURCIA DENUNCIA QUE HA SUFRIDO INTIMIDACIONES POR LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN
Manuel López Bernal denuncia que la mayoría de fiscales anticorrupción de España sienten “cierta desprotección”
“A los compañeros de Murcia no se nos ha hecho la vida especialmente agradable. Llama la atención que se haya creado, por ejemplo, una asociación en Madrid con la única finalidad de querellarse contra mí y mi familia, en fechas próximas a mi renovación”, ha dicho Manuel López Bernal en una entrevista en ‘Hoy por Hoy’.
El fiscal superior saliente de la Región de Murcia ha subrayado que “da mucho que pensar” que a otro compañero suyo le hayan entrado dos veces en su casa “delincuentes profesionales para llevarse información sensible de la lucha contra la corrupción”. “Solo se llevaron su ordenador. Ni siquiera se han llevado para disimular el dinero que había en casa, como queriendo dejar su tarjeta de visita”.
López Bernal ha dicho que esta situación no es exclusiva de Murcia: “La mayoría de los fiscales anticorrupción sienten una cierta desprotección”. Ha lamentado que no se pongan medios para solucionar esta desprotección. “Hemos denunciado a la Fiscalía General del Estado y a la Delegación del Gobierno, pero las investigaciones no salen adelante”. “No es que la policía no quiera investigar”, ha matizado, “pero tampoco se le da a nuestras denuncias la importancia que realmente tienen”.
Entiende López Bernal que debería combatirse esta situación con “leyes” porque “no puede ser que al final los perseguidos seamos los fiscales por delante de los corruptos”, y vaticina que “si no se soslaya el problema, nos podremos encontrar en los próximos años con que nadie quiere luchar contra la corrupción”.
http://cadenaser.com/programa/2017/02/23/hoy_por_hoy/1487835310_268077.htmlCATALÁ: “PRESIONAR A LOS JUECES ES IMPROPIO E INÚTIL” … MENOS CUANDO LO HACE ÉL
El ministro de Justicia se tomó la libertad de pedir “respeto” ante las decisiones jurídicas y, a la vez, criticar a Ruz, Pedraz…
Las decisiones que tome la justica son siempre apropiadas, justas y hay que respetarlas, eso sí, siempre y cuando beneficien al Partido Popular. Y es que, hemos asistido a más de una, dos y de tres ocasiones en las que miembros del PP aseguran “respetar” lo que ocurra y se sentencie en un tribunal para luego criticarles e incluso meterles prisa.
Este lunes ha sido el turno del mismísimo ministro de Justicia, Rafael Catalá, que coincidiendo con el juicio que ha sentado a Artur Mas en el banquillo por la consulta independentista del 9N ha dicho: “presionar a los jueces es impropio e inútil”.
¿Ya no recuerda cuando eran ellos, los populares, los que lamentaban que las instrucciones de casos como la Gürtel estaban siendo demasiado largos? Pero podemos concretar y personalizar un poco más. El propio Catalá ha hecho declaraciones de este tipo.
Contra José de la Mata
“Si no es independiente, se le puede recusar”. Con estas palabras recibió Catalá al juez José de la Mata, el sustituto de Pablo Ruz en la Audiencia Nacional como instructor de casos como Gürtel o Bárcenas. Según dijo, el juez contaba de inicio con la “confianza absoluta” del Gobierno, pero recordaba su pasado como director general del Ministerio de Justicia con el último Gobierno del PSOE, por lo que avisaba que, en el caso de tomar decisiones que no fueran independientes, se le podía recurar como ya se hizo con Baltasar Garzón. Coincidencias de la vida que esas decisiones afectaban directamente al PP.
Ahora, pide que no se presione a las jueces y que se deje trabajar tranquilamente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que juzga la consulta del 9N.
Y también contra Pedraz
También hemos escuchado en repetidas ocasiones a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, responder a cuestiones sobre investigaciones decir que el Ejecutivo "respeta las decisiones judiciales". Una frase que saltó por los aires después de que Catalá criticara y atacara públicamente al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que decidió archivar por segunda vez la causa contra Guillermo Zapata y sus tuits que, supuestamente, humillaban a las víctimas del terrorismo.
Según sentenció Pedraz, en los mensajes del concejal de Madrid no había voluntad de humillar, que era "imposible" cometer un delito con "humor negro" puesto que sólo eran chistes irónicos que entraban dentro de su "derecho a la expresión en términos de debate". Pero el ministro de Justicia no lo vio así y aseguró que el magistrado contaba con poca “sensibilidad”. "La sensibilidad del Gobierno hacia las víctimas y nuestra cercanía es completa y por eso cuando en un caso como éste se antepone lo que se denomina la libertad de expresión a la protección a las víctimas, lo recibimos con una cierta sorpresa", aseguró.
Algo parecido ocurrió cuando Pedraz permitió que se celebrara, a principios del 2014, un acto de expresos de ETA en Durango. En este caso, Oyarzabal, como secretario de Derechos y Libertades del PP, declaró: "Desde el PP discrepamos radicalmente por la decisión del juez y de la fiscalía y creemos que deberían haber hecho todo lo posible por evitar ese acto”. El PP “difiere radicalmente de las razones esgrimidas" por el magistrado en este caso para no prohibir el acto. "Nos ha parecido lamentable esa celebración".
El PP y su no colaboración con la justicia
Pero no sólo se les llena la boca haciendo creer que respetan a la justicia, sino afirmando que siempre han colaborado en las investigaciones. Nada más lejos de la realidad, como ya publicó el colaborador de este diario LOS GENOVESES, el PP y el Gobierno de Rajoy han cuestionado, desacreditado y recusado a varios jueces que han investigado casos de corrupción en los que estaban o están implicados.
Estas son las 10 razones por las que se puede afirmar que el PP no ha colaborado con los jueces:
1. Recusar, desacreditar…
Se han empleado con especial saña con los instructores del Caso Gürtel: Garzón, Ruz y De la Mata. También han criticado hasta recusarles al juez De la Prada, miembro de la Sala que está juzgando la PS 1999-2005 y a la jueza Freire que ha procesado al propio PP y a su actual Tesorera por encubrimiento y daños informáticos.
2. Ceses
Desde el Gobierno han cesado sin complejos a los funcionarios en auxilio judicial que han investigado la trama gurteliana. En particular a los de la AEAT-ONIF y a los de la UDEF, incluyendo a sus máximos responsable.
3. Su relación con los medios
El PP así como varios de sus dirigentes han amenazado primero y en muchos casos denunciado después a varios medios de comunicación que han informado sobre sus casos de corrupción, en particular sobre la existencia de una Caja B.
4. Fraude procesal
Han cometido sucesivos fraudes procesales, bien personándose bien intentándolo como acusaciones populares, a sabiendas que en realidad solo pretendían defenderse a sí mismos o a determinados imputados. Han sido finalmente expulsados de la causa principal o no admitidos en la “PS UDEF-BLA. Papeles de Bárcenas”.
5. Obstruccionismo
Desde el Gobierno y desde el PP han practicado obstruccionismo negándose a facilitar información a los jueces instructores, por ejemplo, la Directora de la ONIF y su resistencia a facilitar al juez Ruz un informe cuantificando la deuda tributaria del PP por impago del Impuesto de Sociedades del 2008 o también por la negativa del PP a entregar al juez el soporte documental completo de las obras de reforma de su sede nacional.
6. Las pruebas
Han destruido pruebas claves para esclarecer los hechos, como, por ejemplo, los 2 discos duros de los portátiles de Luis Bárcenas.
7. Eliminación
Han borrado los videos y los registros de entrada a su sede nacional que podían confirmar indicios sobre su complicidad con los empresarios que en su momento estaban imputados.
8. Más borrados
Han borrado las agendas y los correos de sus dos ex tesoreros nacionales, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas lo que de hecho ha dificultado poder disponer de información sobre sus reuniones con los donantes del PP.
9. Los testigos
Son numerosos los ejemplos de testigos ligados al PP que frente al juez instructor han padecido una amnesia selectiva que les ha impedido recordar, mucho menos confirmar, hechos que incriminarían al propio PP y a su cúpula dirigente.
10.A por la oposición
El PP así como varios de sus dirigentes han denunciado ante los tribunales a responsables de otras formaciones políticas por criticar sus casos de corrupción que posteriormente han sido archivadas por carecer de fundamento y atentar a la libertad de expresión.
http://www.elplural.com/politica/2017/02/06/catala-presionar-los-jueces-es-impropio-e-inutil-menos-cuando-lo-hace-el
CATALÁ DEFIENDE QUE "NO ES EL MOMENTO" DE EXIGIR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS AL PRESIDENTE DE MURCIA
El PP considera que el 'caso Auditorio' no es corrupción y confía en mantener a salvo su pacto con Ciudadanos
El Gobierno de Murcia aplaza la toma de decisiones al momento de la apertura de juicio oral
¿Accedió el presidente de Murcia, del Partido Popular, a información privilegiada sobre su situación judicial en la Operación Púnica? ¿Es el momento para que asuma responsabilidades políticas y deje el cargo? Estas preguntas siguen coleando desde que hace una semana Pedro Antonio Sánchez presumiese en público de conocer que, además de la Fiscalía Anticorrupción, "cuatro fiscales jefe de las cuatro salas de lo Penal del Tribunal Supremo" se oponían a su investigación y tras su reciente imputación. Y estuvieron en el foco del coloquio posterior al desayuno informativo protagonizado este martes en Madrid por el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
En el acto, organizado por Europa Press, el ministro Catalá no se movió ni un ápice del argumentario del Gobierno y del Partido Popular, marcado un día antes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. A saber: respeto a la presunción de inocencia y prudencia antes de tomar decisiones precipitadas.
Catalá señaló que el hecho de que Sánchez vaya a tener que acudir a declarar ante el juez "pone de manifiesto que todos somos iguales ante la ley".
"En mi opinión, no es el momento en que se comparece en el que son exigible las responsabilidades", dijo. Y, sin citar ningún caso, sostuvo que existen "suficientes precedentes recientes como para que nos preguntemos si no hemos aprendido nada". A su juicio, no se puede poner en duda el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy en la lucha contra la corrupción.
¿Peligra el pacto con Ciudadanos en Murcia? "Creo que somos gente seria, responsable, lo que escribimos, lo cumplimos... Somos coherentes con esa posición". "Hasta que sea inculpado no debería exigírsele responsabilidades políticas", subrayó. Pedro Antonio Sánchez es presidente autonómico gracias a los votos del partido de Albert Rivera.
Un día antes, este lunes, la Fiscalía de la Región de Murcia presentó un escrito en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el que pedía "a la mayor brevedad posible" la declaración como investigado -figura jurídica conocida antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) como "imputado"- del actual presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez.
De esta forma, el fiscal encargado del caso, José Luis Díaz Manzanera, trataba de impulsar la investigación del caso Auditorio, que ahora se encuentra en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el que se atribuyen a Sánchez delitos de corrupción en su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras.
La versión de Génova
Antes del comienzo del desayuno informativo, el coordinador general del PP y responsable de Organización y Electoral, Fernando Martínez-Maillo, adelantó este que su partido buscará "convencer" a Ciudadanos de que hay que "esperar" antes de pedir la dimisión del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, porque no está afectado por un "caso de corrupción".
"No estamos hablando inicialmente de un caso de corrupción y siempre será en el ámbito del acuerdo entre Ciudadanos y Partido Popular de Murcia", señaló Maillo, que recordó que durante las negociaciones con Ciudadanos a nivel nacional a finales de agosto para el pacto de investidura se hizo "famosa" la frase de que "no es lo mismo meter la pata que meter la mano".
A su juicio, a Sánchez "nadie le acusa de llevarse un solo euro" e insistió que no está en discusión el pacto nacional entre Partido Popular y Ciudadanos.
No obstante, recordó que el verano pasado, durante la negociación entre PP y Ciudadanos, hubo un "caso similar de un diputado de Castellón" que era "prácticamente igual" al de Sánchez y los propios dirigentes de esa formación "entendieron" entonces que no era corrupción.
"Estamos en contacto permanente con Ciudadanos y esperemos poder convencerles de que, como no es un caso de corrupción, hay que esperar a que haya un pronunciamiento mucho más firme por parte de los juzgados y luego ya veremos", manifestó.
Como ya avanzó infoLibre, El Partido Popular y Ciudadanos discrepan sobre cómo debe afectar su pacto anticorrupción al presidente de Murcia. Mientras que desde la formación naranja defienden que debe dejar ya la Presidencia, los conservadores de la Región de Murcia interpretan que este paso debería darse, en todo caso, en el momento de la apertura de juicio oral.
Los conservadores se acogen a una discusión terminológica para aplazar la dimisión al momento previo a la apertura del juicio oral. Subrayan que el pacto fue firmado antes de que la palabra "imputado" fuese sustituida en la ley por "investigado". Esta disparidad de criterios va a poner a prueba la solidez del pacto en los próximos días.
Caso Nóos
Además, Catalá demandó que la adopción de medidas provisionales se tomen en base a las circunstancias personales de cada situación y que la prisión provisional es una medida de carácter extraordinario que debe estar justificada, en referencia a la postura de la Fiscalía que sopesa pedir prisión provisional para Iñaki Urdangarin.
Sobre la vista que celebrará la Audiencia Provincial de Baleares este jueves para decidir si se acuerdan medidas cautelares contra Urdangarin, condenado a seis años y tres meses de prisión y su exsocio Diego Torres, condenado a ocho años, Catalá se mostró confiado en que el tribunal, a la vista de los informes del Ministerio Público y de las partes, decidirá "con arreglo a la ley".
Por otra parte, Catalá rechazó que deba suprimirse el principio de jerarquía en la Fiscalía o que el fiscal general sea designado por el Parlamento como medidas necesarias para que esta institución se dote de mayor independencia de cara a la instrucción penal por los fiscales.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/21/catala_murcia_punica_imputacion_informacion_privilegiada_61461_1012.html
EL PRESIDENTE DE MURCIA SE REUNIÓ CON CATALÁ ANTES DE QUE PRESUMIERA DE CONOCER INFORMACIÓN RESERVADA SOBRE SU CASO
Según publica 'La Verdad de Murcia', se vieron durante el congreso del PP. Poco después Sánchez alardeó de saber la postura de fiscales del Supremo
El Gobierno de Murcia afirma que el mandatario lo sabía "por la prensa", luego por "fuentes oficiales" y ahora es "secreto profesional"
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se reunió con el presidente de Murcia, José Antonio Sánchez, en el congreso nacional del PP, días antes de que generara polémica el conocimiento de éste último de información reservada sobre su situación procesal. Según publica La Verdad de Murcia, mantuvieron "una larga conversación" poco antes de que se conociera la decisión del juez Eloy Velasco de achacar al mandatario delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada dentro de la rama murciana de la operación Púnica. Tras haber trascendido este auto, así como la postura de la Fiscalía Anticorrupción, contraria a que se investigara a Sánchez, el líder autonómico declaró que sabía que "cuatro fiscales del Supremo" también se oponían a la investigación. Por entonces se trataba de información secreta y reservada que el dirigente no podía conocer.
Un día después salía a la luz que la Fiscalía General del Estado ordenaba a la Fiscalía Anticorrupción no investigar a Pedro Antonio Sánchez. Ante preguntas de infoLibre acerca de cómo Sánchez podía haber accedido a esa información, fuentes cercanas al mandatario autonómico afirmaban que se había enterado "por la prensa", cuando no se había publicado nada. A La Verdad de Murcia sus fuentes aseguraron que fue por "fuentes oficiales". Posteriormente, el Gobierno murciano se acogió a una suerte de "secreto profesional" para no revelarlo.
Catalá, por su parte, aseguró que no sabe cómo le llegó a Sánchez la información de que cuatro fiscales del Supremo se oponían a su imputación, y reclamó a la Fiscalía "una mayor discreción". Además, Catalá atacó a los fiscales de la Púnica por no acatar la decisión de Anticorrupción de no investigar al presidente de Murcia. Es lo que consideró "anómalo", pasando por alto y otorgando normalidad a que Sánchez conociera la postura de los fiscales del Alto Tribunal."La secuencia temporal tiene una cierta lógica porque la Fiscalía General dictó su decreto el lunes por la tarde y lo envió a Anticorrupción, y en ese decreto se daban esos detalles", afirmó en la Cadena Ser. La periodista Pepa Bueno le puntualizó que en ese "decreto" no se mencionaba la posición de los fiscales del Supremo, lo cual no fue desmentido por Catalá.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/17/el_presidente_murcia_reunio_con_catala_antes_que_presumiera_conocer_informacion_reservada_sobre_caso_61326_1012.html
LAS AMENAZAS DEL GOBIERNO Y EL PP A LOS FISCALES ANTICORRUPCIÓN INDIGNAN A LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES
Rafael Catalá cree que "la negativa" de las fiscales de Púnica a seguir la orden del fiscal general "generará algún tipo de actuación interna"
Tres asociaciones de fiscales reprochan al ministro su amenaza implícita y una de ellas pide su dimisión
Las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien este jueves expresó su creencia en que la "negativa" de las fiscales del caso Púnica a firmar un escrito favorable al presidente de Murcia "generará algún tipo de actuación interna en la Fiscalía", provocó ayer la indignación de las asociaciones profesionales.
Las palabras del máximo responsable de Justicia le granjearon el inmediato reproche de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que pidió la dimisión del ministro, sí como el de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) e incluso el de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales.
El tono de la amenaza implícita vertida por el titular de Justicia se vio superado por las palabras que más tarde lanzó el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando. La Fiscalía, dijo el diputado, "funciona como funciona hace muchísimo tiempo" y también tiene "sus límites" ante la posibilidad de que haya fiscales que decidan "inventarse delitos que no existen en el Código Penal". Según Hernando, los fiscales tienen tener "a veces alguna limitación". "Esto es supongo lo que ha pretendido hacer el fiscal general", ha manifestado, para insistir en que no hay intereses políticos en estas decisiones del Ministerio Público, pero sí en las formaciones políticas que, según su diagnóstico, presentan sistemáticamente demandas para ganar en los tribunales lo que no ganan en las urnas.
Fue en una entrevista concedida a la Cadena Ser donde antes de que Hernando subiera aún más de grados el termómetro de la polémica se había ya pronunciado sobre lo sucedido en Púnica el ministro de Justicia. "Me parece –dijo en relación a las dos fiscales del caso– que es un procedimiento anómalo que se nieguen a firmar, imagino que eso generará algún tipo de actuación interna en la fiscalía, que se esté dando esa información de bueno sí, sí, pero a mí me obligaron y yo no quise". En ese momento, la conductora del programa, la periodista Pepa Bueno, preguntó al ministro si también le parece anómalo que el presidente de Murcia tuviera información sobre la posición adoptada en bloque por los cuatro fiscales jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo antes de que esa información hubiera trascendido.
Catalá minimizó entonces el alcance de ese aspecto del asunto y argumentó que la Fiscalía General del Estado firmó el lunes su decreto sobre la posición que Anticorrupción debía adoptar en el caso del presidente murciano mientras que la entrevista en la que este desveló su conocimiento de lo que opinaban los cuatro fiscales jefe del Supremo tuvo lugar a la mañana siguiente. "Me temo que han pasado las horas suficientes y me temo que ha pasado por las manos suficientes como para que alguien le haya podido informar del asunto", adujo el ministro.
El titular de Justicia fue más allá en su carga contra las fiscales de Púnica: "Que el criterio de dos fiscales –dijo en otro momento de la entrevista– no sea soportado por sus jefes, no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", remachó.
Citando como ejemplo una noticia conocida la semana pasada –la firma de sendos acuerdos de conformidad por parte de siete empresarios que admiten haber financiado al PP valenciano–, el ministro subrayó que la Fiscalía debería funcionar "con mayor discreción".
Los reproches a Catalá desde las asociaciones profesionales cayeron en cascada a partir de la entrevista. A través de un comunicado, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) pidió la dimisión del ministro "por cuestionar, fuera de sus competencias constitucionales el trabajo de nuestras compañeras, y amenazar con acciones contra ellas por discrepar del criterio de un superior". "Es una intromisión intolerable en nuestro trabajo por parte del Ejecutivo y un desprecio a la autonomía del Ministerio Fiscal", añade la nota.
También la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) reclamó con una nota pública que el Consejo Fiscal, órgano que asesora a la Fiscalía General del Estado, "ampare a las compañeras injustamente atacadas en los medios de comunicación". "Lo anómalo –opina la APIF– debería ser que cualquier Fiscal de este país, como jurista de acreditada solvencia profesional, no discutiera aquellas órdenes que entendiera por cualquier motivo improcedentes".
Incluso la Asociación de Fiscales, de signo conservador y mayoritaria en la carrera, lanzó un reproche a Catalá. El ministro, transmitió la asociación en un comunicado oficial, "no debe tomar partido ni dar su opinión sobre una u otra postura", pues, dado el cargo que ocupa, "puede dar la falsa percepción de injerencia del poder Ejecutivo en el Judicial".
Desde la magistratura, la asociación Jueces para la Democracia solicitó que se modifique el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y han reivindicado la necesidad de concienciar a los políticos en una cultura de respeto a la independencia judicial y de autonomía del fiscal. "El Ministerio de Justicia tendrá que dejar trabajar y omitir cualquier tipo de valoración", aseveró su portavoz Ignacio Ubaldo González.
Maza niega presiones políticas
En medio del terremoto provocado por el viraje de Anticorrupción en lo relativo al presidente de Murcia, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, aseguró este jueves que "en absoluto" el Ministerio Público ha recibido presiones en su decisión de pedir que no se investigue al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en relación con la trama Púnica y al respecto ha afirmado que este criterio está "totalmente fundado en la legalidad".
El fiscal general precisó que se trata de una actuación avalada por los informes firmados por dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y se ha mostrado sorprendido por la solicitud del PSOE de que comparezca en el Congreso de los Diputados.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/17/las_amenazas_del_gobierno_a_los_fiscales_anticorrupcion_indignan_las_asociaciones_profesionales_61299_1012.html
EL MINISTRO DE JUSTICIA CARGA CONTRA LAS FISCALES DE PÚNICA Y TACHA DE "ANÓMALO" QUE NO ACATEN EL CRITERIO DE SUS SUPERIORES
Catalá reconoce que no sabe cómo le llegó a Sánchez la información de que cuatro fiscales del Supremo se oponían a su imputación, y reclama a la Fiscalía "una mayor discreción"
El fiscal general del Estado asegura que "en absoluto" el Ministerio Público ha recibido presiones para pedir que no se investigase a Sánchez
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que lo que es "anómalo" en la causa contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, es que las fiscales del caso Púnica se hayan negado a firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que pide que no se le investigue y, además, que la discrepancia se haya divulgado.
"Quizá quien tiene el problema son las fiscales, ya que no se ha mantenido su criterio", ha añadido. En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Catalá ha remarcado que la Fiscalía es una organización jerárquica y que es habitual que los superiores se pronuncien cuando hay asuntos de especial relevancia.
A su modo de ver, lo que es "bastante anómalo" es que no se acate esa orden. Es más, se ha referido al fondo del asunto que se investiga, recordando que a Sánchez se le quiere acusar pese a que no llegó a firmar nada con la trama Púnica. "Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", ha remachado.
Catalá no considera, sin embargo, que hubiera anomalía alguna en el hecho de que el presidente murciano presumiese ya el martes por la mañana de conocer que cuatro fiscales del Tribunal Supremo se habían opuesto a su imputación, como ha venido publicando infoLibre. El ministro argumenta que "la secuencia temporal tiene una cierta lógica porque la Fiscalía General dictó su decreto el lunes por la tarde y lo envió a Anticorrupción, y en ese decreto se daban esos detalles". La periodista Pepa Bueno le ha puntualizado que en ese "decreto" no se mencionaba la posición de los fiscales del Supremo, lo cual no ha sido desmentido por Catalá, que ha reconocido no saber cómo le llegó a Sánchez la información. El ministro apunta que entre la tarde del lunes y la mañana del martes "el documento pasó pasó por las manos suficientes para que alguien le haya podido informar del asunto". Este jueves infoLibre desvelaba que el presidente de Murcia conoció antes que las propias fiscales del 'caso Púnica' que la cadena de mando del Supremo se oponía a su imputación.
El ministro ha señalado que la Fiscalía debería funcionar "con mayor discreción", y ha defendido el criterio del PP, que sostiene que Pedro Antonio Sánchez no debe dimitir aunque sea "investigado", salvo en el caso de que se le abra juicio oral. Esta posición es contraria a la que defiende Ciudadanos, socio del gobierno murciano y con quien el partido de Rajoy firmó el acuerdo anticorrupción que cada cual interpreta ahora de diferente modo.
Maza descarta presiones al Ministerio Público
Por su parte, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado que "en absoluto" el Ministerio Público ha recibido presiones en su decisión de pedir que no se investigue al presidente de Murcia.
El fiscal general ha precisado que se trata de una actuación avalada por los informes firmados por dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y se ha mostrado sorprendido por la solicitud del PSOE de que comparezca en el Congreso de los Diputados.
"Si tengo que comparecer, encantado de hacerlo y aclararlo todo porque a mí esto me resulta sorprendente. Igual que hay multitud de asuntos de corrupción todos los días en los cuáles la Fiscalía está investigando y colaborando, hay casos en los cuáles consideramos que un ciudadano no tiene por qué estar sometido a un procedimiento penal", ha aseverado Maza antes de participar en la inauguración de un curso sobre criminalidad informática.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/16/el_ministro_justicia_carga_contra_las_fiscales_punica_tacha_anomalo_que_acaten_criterio_sus_superiores_61252_1012.htmlRAFAEL CATALÁ: "LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA POR CORRUPCIÓN SE SALDA EN LAS URNAS"
El ministro de Justicia vuelve a criticar las 'penas de Telediario': "Lamentablemente, estamos anticipando conclusiones sin que el proceso penal haya finalizado"
Rafael Catalá considera que la responsabilidad política derivada de los casos de corrupción "se salda con las elecciones". "Cuando vamos a votar, hacemos balance y valoramos qué nos parece la gestión de un Gobierno o las propuestas de la oposición y en los últimos dos años y medio ha habido todo tipo de elecciones y ha habido ocasión para que los ciudadanos hayan emitido su veredicto", asegura en una entrevista en El País.
El ministro de Justicia reitera su idea de que es necesario "poner en valor la presunción de inocencia" durante las instrucciones judiciales. "Lamentablemente, estamos anticipando conclusiones sin que el proceso penal haya finalizado", explicita. Catalá fue uno de los primeros dirigentes del PP que valoró la muerte de Rita Barberá la pasada semana en Madrid. "Cada uno tendrá sobre su conciencia lo que ha hecho y ha dicho (...) las barbaridades que se le han atribuido sin ninguna prueba y justificación"", anunció.
En abril de 2015, el titular de Justicia abrió una "reflexión" sobre la "presunción de culpabilidad" que, según dijo, sustituye en muchas ocasiones a la presunción de inocencia cuando se filtran los detalles de un proceso a los medios de comunicación. En una intervención en Barcelona, afirmó que sería "un buen debate trasladar la sanción al medio e imponer la obligación de la no publicación de la información". Días después, afirmó que se habían manipulado sus palabras.
Sobre los aforamientos, Rafael Catalá afirma que, de los 280.000 que existen actualmente en España, hay que abordar "con criterio restrictivo" cerca de 2.000. "Somos partidarios de reducir notablemente los aforamientos políticos", anuncia. "El de diputados y senadores debería estar vinculado exclusivamente a sus actividad como parlamentarios, no a los delitos que puedan cometer como personas físicas", concreta el ministro.
Sobre la limitación de la acusación popular en los procesos judiciales, Catalá explica que el Gobierno plantea "que sea el fiscal quien asuma la función de investigación y que el juez sea un juez de garantías, pero con el fiscal dirigiendo la política judicial". La acusación popular quedaría así reducida a unos tipos concretos de delitos y a quien ostenta la representación de los intereses generales. "Debe reducir mucho su ámbito de actuación. Así es en toda Europa", según el ministro.
Rafael Catalá también asegura que "hay que regular los indultos y las puertas giratorias entre la Justicia y la política para fortalecer la independencia [judicial}". "Una persona que ha elegido ejercer la profesión de juez, con limitaciones como no pertenecer a partidos, legítimamente puede decidir dedicarse a la política; lo que eso no puede suponer es que al día siguiente de abandonar la acción política vuelva a incorporarse a un juzgado", explica. A su juicio, "lo que hay que hacer es establecer un tiempo de incompatibilidades y de alejamiento".
Sobre una futura reforma en el sistema de nombramientos de vocales del Consejo General del Poder Judicial, a juicio de Catalá "es conveniente conseguir un equilibrio razonable entre el origen de la propuesta de los miembros de la carrera judicial y una participación del Parlamento, sin que desvirtúe el origen profesional de la propuesta". Actualmente, 36 jueces son elegidos por otros magistrados y 12 son propuestos por los grupos parlamentarios. El ministro aboga por que "esos 36 o 24 o 20 tengan un sistema más participativo" y asegura que trabajará previamente con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante la medida.
Sobre la situación en Cataluña, Rafael Catalá afirma que el Gobierno va a tener "la mayor flexibilidad para buscar soluciones políticas a las reivindicaciones de la sociedad catalana, pero quien incumpla las leyes se encontrará con la acción de la justicia". "Si un presidente de la Generalitat, un consejero o una presidenta del Parlament ha incumplido una ley debe responder ante los tribunales", concreta el ministro, que reitera que, "con nuestro sistema actual y nuestra constitución", no es posible una consulta pactada sobre el encaje de esta comunidad en el resto de España.
http://cadenaser.com/ser/2016/11/28/tribunales/1480329578_509812.html
LOS JUECES ACUSAN A CATALÁ, VILLALOBOS, INDA Y MARHUENDA DE ACOSO CONTRA LA JUEZA ‘DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS’
Las asociaciones de magistrados también se quejan del “clamoroso silencio del CGPJ” ante las presiones que están ejerciendo sobre la magistrada
Desde las “intolerables” manifestaciones del ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, sobre si existe concurrencia o no de infracción criminal, las “más graves manifestaciones” realizadas en prensa por la diputada por el Partido Popular Celia Villalobos a los exabruptos de los periodistas Francisco Marhuenda y Eduardo Inda, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha hecho público su enfado por el acoso a la jueza Rosa María Freire. La magistrada ha osado proponer procesar al PP por el asunto del borrado de los ordenadores de Bárcenas lo que también ha provocado el desacuerdo del fiscal. Tanto la AJFV como Jueces para la Democracia reclaman que el Consejo General del Poder Judicial rechace las presiones.
¿Será posible que el PP no tenga un momento de tranquilidad? Si no fuera poco con la que le está cayendo políticamente hablando y con el juicio de la primera pieza Gürtel que empezará el 4 de octubre con el desfile de militantes y altos cargos por la Audiencia Nacional, la propuesta de la jueza Rosa María Freire de que los populares sean procesados como persona jurídica por el borrado de los ordenadores de Bárcenas ha venido a trastornar más las cosas para los de Rajoy. Ante tal desaguisado la maquinaria se ha puesto en marcha. Mención aparte de la Fiscalía que ha recurrido este lunes contra el auto de la jueza quien señala a tres empleados (entre ellos la tesorera) para ocupar el banquillo, las críticas a su labor judicial han arreciado…desde los entornos próximos al partido.
Políticos, tertulianos… todos contra Freire
Así lo señala con indignación en un comunicado la Asociación Judicial Francisco de Vitoria que dice: “Nuevamente asistimos, como ya viene siendo costumbre, a manifestaciones efectuadas por personas con importantes responsabilidades políticas y por periodistas y tertulianos en medios de comunicación que, haciendo directa referencia a la labor de jueces de instrucción a los que corresponde, por aleatorio reparto de asuntos, conocer de causas penales con implicaciones políticas”.
Los jueces de AJFV señalan que esas personas “se inmiscuyen en aspectos de su vida personal, ofreciendo datos poco contrastados cuando no simplemente falsos para así lograr poner en tela de juicio la imparcialidad de dichos profesionales, atacando de forma directa a su independencia”.
“En esta ocasión tal proceder ha afectado a nuestra compañera Dª. Rosa María Freire Pérez, titular del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, a quien le ha correspondido por turno de reparto instruir una causa en la que se halla encartado el Partido Popular y cuyas últimas resoluciones han tenido repercusión en los medios de comunicación”, continúan.
Intolerable lo de Catalá
La Asociación califica de “intolerable y poco ajustado a las exigencias de un Estado de derecho del ámbito europeo” que el ministro de Justicia del Gobierno, actualmente en funciones, realice manifestaciones públicas opinando "sobre la concurrencia o no de infracción criminal en unos hechos que se están instruyendo en sede judicial”.
“Tales manifestaciones - expresan- contravienen las más elementales normas de prudencia y respeto al principio de separación de poderes y a la independencia judicial que cabe exigir a tan alto responsable político, constituyendo una conducta que en cualquier país de nuestro entorno habría dado lugar a una seria reprobación política y social”.
Y lo de Villalobos aún más grave
Todavía más graves son, son para esta Asociación “las manifestaciones realizadas en un medio de comunicación por la Diputada por el Partido Popular Dª. Celia Villalobos, que, criticando de manera abierta las decisiones adoptadas por la Jueza de Instrucción nº 32 de Madrid en la instrucción de la causa antedicha, atribuye su sentido a la existencia de una relación de parentesco entre la misma y una persona perteneciente a un partido político de diferente signo”.
“Desde luego mueve a risa echarle la culpa al primo del juez pero no por ello dejan de ser afirmaciones que, expresadas en un medio público por una Diputada nacional, pretenden poner en tela de juicio la imparcialidad de Dª. Rosa María Freire Pérez, afectando a su dignidad personal y profesional”, reprochan.
Completando Inda y Marhuenda
Para completar el panorama de exabruptos, se refieren a dos de los habituales tertulianos aparentes puntales del partido de Mariano Rajoy : “se complementan con las intervenciones en el programa de televisión La Sexta Noche de los periodistas D. Francisco Marhuenda y D. Eduardo Inda, atribuyendo a Dª. Rosa María Freire Pérez una inexistente relación de amistad íntima con un vocal del Consejo General del Poder Judicial al que se le imputa una procedencia política de diferente signo al Partido Popular”.
“Este Comité Nacional quiere expresar su más contundente rechazo a la cada vez más extendida práctica de atacar en el terreno personal a los jueces que realizan de forma profesional y discreta su trabajo con plena sujeción al ordenamiento jurídico vigente por el simple hecho de conocer de causas con relevancia mediática y que guardan relación con la actividad política o con los actores de la misma”, aseveran.
Muestran su apoyo a la jueza Freire, de la que dicen que “durante una dilatada carrera ha mostrado la más elevada capacidad y disposición para el desempeño de su trabajo en todos los puestos de responsabilidad que por su cargo ha ocupado”. Y añaden: “consideramos inaceptables los ataques a su independencia y a su imparcialidad y absolutamente reprobables las referencias, muchas inexactas, a cuestiones estrictamente personales que corresponden a una esfera de su privacidad que debe ser respetada”.
¿Y el Consejo General del Poder Judicial?
La asociación Judicial Francisco de Vitoria señala también “la cada vez más generalizada situación de acoso a los jueces en el desempeño de su labor profesional”. Y exigen “al Consejo General del Poder Judicial que, en defensa de los más elementales principios de respeto a la independencia del poder judicial, y en garantía del necesario sosiego de que deben disfrutar quienes han de adoptar cotidianamente decisiones de gran relevancia y responsabilidad, otorgue el necesario amparo a cuantos jueces y magistrados se ven sometidos a estas situaciones”.
Añaden que también el CGPJ debe procurar que “el respeto a nuestro quehacer profesional sea equivalente al de los países europeos con democracias de calidad”.
La crítica al órgano máximo de gobierno de los jueces es también la de la asociación progresista Jueces para la Democracia, cuyo portavoz, Ignacio González de Vega manifestaba a ELPLURAL.COM que “es clamoroso el silencio del Consejo sobre un tema que atañe a la independencia judicial y a las presiones sobre los jueces”. “Es que incluso las declaraciones desacertadas de algunos dirigentes políticos , incluso con sesgo machista, diciendo que familiares de la jueza son los entendidos en informática… son una forma de presión”, explicó. Para JpD “se está poniendo en cuestión la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales”.
http://www.elplural.com/2016/08/02/los-jueces-acusan-catala-villalobos-inda-y-marhuenda-de-acoso-contra-la-jueza-de-losCATALÁ NO CREE QUE TENGA TRASCENDENCIA PENAL BORRADO ORDENADORES DE BÁRCENAS
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha afirmado que no cree que el borrado que hizo el PP de los ordenadores usados por el extesorero Luis Barrenas tenga "ninguna trascendencia penal", después de que una jueza de Madrid haya procesado al partido por la presunta comisión de dos delitos.
"Es una gestión que seguramente hacen muchas empresas en España: cuando un empleado se va, limpian los archivos, le pasan ese ordenador a otro empleado, o lo sustituyen por obsolescencia. No creo que lleve consigo ninguna trascendencia penal", ha dicho Catalá a los medios antes participar en la entrega de despachos a la 41 promoción de letrados.
En un auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ha procesado al PP por la presunta comisión de un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento por el supuesto borrado de los discos duros de los ordenadores usados por Bárcenas.
Con esta decisión, la juez cierra así la instrucción y da el primer paso para sentar en el banquillo al PP, tras desestimar la petición de archivo que planteó esta formación política y la Fiscalía.
El ministro de Justicia en funciones ha explicado que no ha tenido ocasión de leer el auto, pero sí ha trasladado su respeto por las decisiones judiciales.
Ha señalado que es un asunto "que tiene que ver con la supuesta destrucción de un material de una organización que, cuando finaliza el periodo laboral de un empleado, procede a la destrucción de su material", por lo que no encuentra "ámbito penal" en esa actividad.
Catalá ha añadido que no se le ocurre en qué medida esta cuestión puede "contaminar" al PP, pues es "una organización que tiene 800.000 militantes, un partido político que tiene una estructura territorial en toda España y que tiene acreditada su condición de transparencia".
"No me parece que este asunto puntual y concreto pueda generar ninguna tacha sobre la adecuación del PP al ordenamiento jurídico y al cumplimiento de sus obligaciones", ha apuntado. EFE
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-07-26/catala-no-cree-que-tenga-trascendencia-penal-borrado-ordenadores-de-barcenas_975217/
CATALÁ DICE QUE PANAMÁ NO ES UN PARAÍSO FISCAL SINO QUE TIENE “UNA CULTURA TRIBUTARIA DISTINTA”
El ministro de Justicia pide que se investigue "el origen de la filtración"
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha asegurado este lunes que no cree que Panamá sea un paraíso fiscal, sino que cuenta con una "cultura tributaria distinta" a la española y hay que entender que esa "distinta realidad forma parte de la diversidad de las relaciones internacionales". "Creo que algunos están sobreactuando con la explosión del Panamá leaks", ha añadido el mismo día en que El Confidencial y La Sexta publicaban que el ministro de Industria, José Manuel Soria, y su hermano figuran en los llamados papeles de Panamá como administradores de una compañía offshore. Soria niega las acusaciones.
Catalá ha diferenciado el "plano hipotético de legalidad" y el "plano ético" en torno a las revelaciones de los papales de Panamá y ha manifestado su sorpresa por que se hable de las personalidades que salen en la documentación del despacho de abogados Mossack Fonseca y no del "origen" de la filtración. "La Agencia Tributaria y la Fiscalía hacen muy bien en investigar si se ha cometido algún ilícito penal, pero nadie presta atención al origen de esa información y si se ha violado el secreto profesional".
El ministro de Justicia en funciones ha recordado que España mantiene con Panamá una relación de "lealtad y colaboración" y ha insistido en que definir a un país como paraíso fiscal es una "decisión que corresponde a la Unión Europea y el ámbito internacional".
Catalá ha hecho estas declaraciones en un desayuno informativo organizado por Europa Press y al que también han asistido los ministros de Exteriores, José Manuel García Margallo; Defensa, Pedro Morenés y Hacienda, Cristóbal Montoro. El titular de Justicia ha enviado desde la tribuna un cariñoso saludo a este último "porque es el que siempre se lleva las tortas".
Inhabilitación para los jueces que pasen por la política
Catalá ha defendido la "independencia" de la judicatura, aunque ha planteado la necesidad de poner en marcha algún tipo de mecanismo para evitar las "puertas giratorias" en la justicia, esto es, jueces que deciden dedicarse a la política "y al minuto se sientan a dictar sentencias". A su juicio, "entre la permisibilidad actual y la inhabilitación absoluta hay puntos intermedios" que permitirían fortalecer la idea de la independencia del poder judicial.
El ministro ha añadido, en referencia a los vocales del órgano de gobierno de los jueces, que en ocasiones resulta "ofensivo" que a un profesional de prestigio y años de experiencia le pongan la etiqueta de conservador o progresista "impropia e indigna" por el supuesto origen de su designación y ha lamentado que el "órgano creado para fortalecer la independencia se haya convertido en el paradigma de la politización de la justicia". Catalá ha defendido la permanencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es partidario de revisar el sistema de elección de sus vocales, pero rechaza que sean elegidos directamente por los ciudadanos.
http://economia.elpais.com/economia/2016/04/11/actualidad/1460366617_910584.htmlCASUALIDADES QUE PASAN... ALLÁ POR DONDE VIAJA EL MINISTRO DE JUSTICIA, LOS LÍOS DEL PP SE ALIVIAN
El papel de este 'popular' dentro del partido recuerda, salvando las obvias distancias, al del mítico 'señor Lobo' de 'Pulp Fiction', el 'solucionador de problemas'
Hoy vamos abordar la agenda geográfica de Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia, un genovés de los que según avanza el partido, se muestra cada día más encantado de haberse conocido y más entusiasmado por el papel que Rajoy, su Jefe de Clan, le ha asignado. De entrada, no está de más recordar que su nombramiento tiene que ver con una situación de urgencia como fue cubrir la vacante forzosa que tras su dimisión había dejado su predecesor , Alberto Ruiz Gallardón.Dicho esto, para situar la cuestión, os proponemos que echéis un vistazo atrás en el tiempo hasta situaros en 1994. En ese año se estrenaba “Pulp Fiction”, el mítico film del director Quentin Tarantino.
Uno de los personajes que se dan cita en esta magnifica película, y que interpreta el actor Harvey Keitel, es “Sr. Lobo”. Su papel, como se verá, tiene mucho en común, obviamente en el sentido más figurado del término, con el que tiene asignado nuestro protagonista, Rafael Catalá. Ambos, allá donde se desplazan, “solucionan problemas” de todo tipo y condición.
El primero, el original y genuino, sacando de un buen aprieto a Jules y Vincent, interpretados por John Travolta, y Samuel L. Jackson, dos asesinos a sueldo con no demasiadas luces, que trabajan para el gánster Marsellus Wallace. El segundo, haciendo de “talismán de la mejor suerte” para un buen número de imputados genoveses que son citados, un día sí y otro también, a lo largo y ancho del país, por numerosos tribunales de justicia.
Vayamos al grano. Os hemos seleccionado como muestra 4 casos, 4 en los que el Ministro de Justicia, con su acusado sentido de estar siempre donde se le espera, se le envía y/o se le reclama, logra que su agenda territorial tenga efectos balsámicos para algunos de sus colegas de Partido que están sistemáticamente envueltos en casos relacionados con prácticas corruptas.
Melilla conections. Hechos:
02 de febrero 2015. El Tribunal Supremo abre una investigación por prevaricación a Juan José Imbroda, Presidente de la Ciudad de Melilla y Presidente del PP.
04 de marzo 2015. Rafael Catalá, cual pitoniso bien informado sobre la imputación por prevaricación a Juan José Imbroda, responde en rueda de prensa que su imputación : "A lo mejor se archiva (…) ¿ Por qué no va a ir en la lista si la causa que tiene se archiva?".
11 de marzo 2015. El Presidente de la Ciudad de Melilla declara ante el instructor del Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación. Ocho de los once consejeros de Melilla están imputados, algunos por partida doble o triple, y también lo están las esposas de dos de ellos.
12 de marzo 2015. Rafael Catalá visita Melilla. Firma en el Libro de Honor de la Ciudad, que preside Juan José Imbroda. Posteriormente, inaugura la nueva sede del Colegio de Abogados, cuyo decano es Blas Jesús Imbroda Ortiz, hermano del Alcalde y su abogado defensor ante el Tribunal Supremo y, por último, visita la recién abierta Oficina Fiscal.
06 de abril 2015. El Tribunal Supremo, con la oposición del Fiscal, archiva la investigación sobre Imbroda.
07 de julio 2015. El BOE publica el nombramiento de Juan José Imbroda Ortiz como Presidente de la Ciudad de Melilla.
Murcia conections. Hechos.
29 de enero 2015. La mayoría conservadora del CGPJ impone el nombramiento de Miguel Pascual del Riquelme Herrero como nuevo Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU).
23 de marzo 2015. El TSJMU, con la oposición de la Fiscalía, remite a un juzgado de Lorca la causa en la que está imputado Pedro Antonio Sánchez, ex alcalde de Puerto Lumbreras y Consejero de Educación del Gobierno regional. Esta decisión facilita que Sánchez pueda ser candidato genovés a la Presidencia de Murcia.
21 de mayo 2015. El Ministro de Justicia visita el TSJMU. Se reúne con representantes de los operadores jurídicos de la comunidad autónoma. A este encuentro asisten, entre otros, el delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana, imputado por el TSJCMU, el presidente del TSJ murciano, Miguel Pasqual del Riquelme, el fiscal superior, Manuel López y el vocal del CGPJ, Juan Martínez. Posteriormente, Catalá participa en un acto electoral con el candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, el de la Alcaldía de Murcia, José Ballesta y con los candidatos a las alcaldías de los 45 municipios de la Región de Murcia y los candidatos a la Asamblea Regional.
22 de junio 2015. El juzgado de Instrucción nº 1 de Lorca cita a declarar para el próximo 14 de julio, entre otros, a Pedro Antonio Sánchez en condición imputado.
30 de junio 2015. Pedro Antonio Sánchez es elegido Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia con el voto a favor de los 22 diputados del PP y los cuatro de Ciudadanos, mientras que los 13 del PSOE y los seis de Podemos han votado en contra.
Almería conections. Hechos
17 de noviembre 2014. Gabriel Amat Ayllón, amigo personal de Mariano Rajoy y de Javier Arenas, Presidente del PP en Almería, Presidente de la Diputación Provincial y Alcalde Roquetas del Mar declara como imputado en el juzgado de instrucción nº 1 de Roquetas . Está acusado de prevaricar en el conocido como “Caso La Fabriquilla”. Además de este asunto su nombre está relacionado con otros muchos casos que afectan a la presunta financiación irregular del PP.
18 de marzo 2015. Catalá visita la ciudad de Almería. Se reúne con el Colegio de Abogados y con Lourdes Molina, Pta. Audiencia Provincial. Por la tarde se desplaza a Gádor para participar en un acto electoral del PP. Intervienen, entre otros, Gabriel Amat Ayllón, Javier Arenas y Rafael Hernando.
26 de marzo 2015. La Fiscalía presenta un escrito en el que se suma a la petición de la defensa de Gabriel Amat Ayllón para que se archive la causa abierta contra el alcalde de Roquetas del Mar en relación al “ Caso La Fabriquilla”.
09 de mayo 2015. Rafael Catalá se desplaza a Roquetas del Mar para presentar la candidatura de Gabriel Amat Ayllón a la alcaldía de este municipio. En el mitin también intervino el Vicesecretario General del PP, Javier Arenas .
13 de mayo 2015. María del Mar Alejo Rico, titular del juzgado de instrucción nº 1 de Roquetas del Mar, atendiendo la petición de la defensa y del MF archiva provisionalmente las actuaciones del “Caso La Fabriquilla “.
Caja B del Partido Popular
En este asunto, en honor a la verdad, sus desplazamientos, sus entradas y salidas, no figuran en su agenda territorial sino más bien en la virtual y en la mediática. En cualquier caso, el papel pusilánime de la Abogacía del Estado que dirige casualmente la sobrina del procesado Álvaro Lapuerta, ex Tesorero Nacional del PP y el papel del Fiscal Romeral, claramente obstruccionista para la investigación, no solo no han sido corregidos por Catalá sino más bien se ha sentido cómodo con esa estrategia. Estos son algunos hechos en los que Catalá se ha asomado a la instrucción :
20 de enero 2015. En una entrevista en Antena3, Catalá afirma en el PP no hay ninguna Caja B que esté acreditada. Además negó que el PP no haya colaborado con el juez, y precisó que cuando Ruz se personó en la sede del partido para buscar documentación los abogados del PP "ya le habían entregado toda la documentación que él fue a buscar. Comprobó que era la misma que ya tenía entregada".
05 de marzo 2015. Rafael Catalá expresa sus reservas sobre la independencia del Juez De la Mata, sustituto del Juez Ruz: “No me parece que haber trabajado en una administración pública con un gobierno democrático inhabilite a nadie para el desempeño, pero eso hay que acreditarlo y demostrarlo en el quehacer cotidiano (…) Que el magistrado que ocupe la plaza de un juzgado titular de instrucción con la complejidad que tienen esas plazas sea el más antiguo de los que lo han pedido no me parece un criterio de selección”.
29 de abril 2015. El nombre de Daniel Hidalgo, director de comunicación de Catalá y ex Subdirector de Informativos de Telemadrid, aparece en los metadatos de un escrito de la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, que fue filtrado a El Mundo. El escrito, sin membrete, firma y fecha es idéntico al que posteriormente se registró en la Audiencia Nacional. El texto filtrado trataba de minimizar el papel del PP en la creación y mantenimiento durante 19 años de una Caja B, tal como el juez instructor ha reiterado.
Vamos acabando como comenzamos. Siendo obvio que ni Rafael Catalá es Harvey Keitel, ni Rajoy es Tarantino, sin embargo, vista la agenda del Sr. Ministro, el papel del “Sr. Lobo” encuentra similitudes entre la ficción que representa ese personaje y la cutre realidad en la que se desenvuelve el Gobierno y el Partido Popular en asuntos de corrupción. Y esto bien lo saben los agraciados que le estarán eternamente agradecidos. No es para menos.
http://www.elplural.com/2015/07/08/soy-rafael-catala-ministro-de-justicia-soluciono-problemasCATALÁ SOBRE EL TRIBUNAL DE LA CAJA B: “HA TOCADO EL MISMO Y NADIE HA HECHO NADA PARA QUE ASÍ SEA”
"La mejor garantía de independencia es el funcionamiento normal de las instituciones", recalca el ministro de Justicia
Rafael Catalá ha destacado que los jueces "con toda seguridad van a dictar una sentencia adecuada al Estado de Derecho"
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que la asignación de asuntos en la Audiencia Nacional –que ha provocado que los dos jueces para los que se solicitó la recusación en el caso Gürtel por sus supuestos vínculos con el Partido Popular (PP), Concepción Espejel y Enrique López, formen también parte del tribunal que se encargará de juzgar la caja B– se ha realizado a través de un sistema de reparto "objetivo y de carácter general".
"Ha tocado que sea otra vez el mismo tribunal. Esto es así, es absoluta objetividad. La mejor garantía de independencia es el funcionamiento normal de las instituciones. Cada día se reparten asuntos y ha caído en esa sección sin que nadie haya hecho nada para que así sea", ha destacado el ministro en declaraciones a Europa Press.
Catalá ha puesto, además, de manifiesto que los magistrados son "profesionales e independientes" por lo que el enjuiciamiento se llevará "con toda la calidad de los jueces de la Audiencia Nacional, sean quien sean y se llamen como se llamen". "Son jueces independientes, cualificados, y con toda seguridad van a dictar una sentencia adecuada al Estado de Derecho", ha destacado.
Vocales del CGPJ
Los dos magistrados a los que se ha encargado juzgar las causas sobre la trama Gürtel y la presunta caja B del PP fueron vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP. López también fue elegido en 2013 miembro del Tribunal Constitucional a iniciativa del Gobierno. Sin embargo, se vio obligado a dimitir en junio de 2014 después de dar positivo en un control de alcoholemia cuando circulaba con su motocicleta sin casco por el centro de Madrid.
La elección del tribunal, que se ha realizado siguiendo el sistema de reparto de la Audiencia Nacional, también determina que el tercer miembro de la Sala será el magistrado progresista José Ricardo de Prada.
López será ponente de las dos sentencias porque le corresponden los procedimientos cuyos rollos de sala acaban en cinco, como es el caso de la pieza sobre la contabilidad B del PP, y en seis, correspondiente a la causa en la que se investigan la primera época de actividades de corrupción de la trama Gürtel, que se desarrolló entre los años 1999 y 2005.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/07/31/catala_sobre_tribunal_caja_quot_tocado_otra_vez_mismo_nadie_hecho_nada_para_que_asi_sea_quot_36112_1012.html
CATALÁ DICE QUE LA CONVERSACIÓN ENTRE EL MINISTRO DE GUINDOS Y GRANADOS FUE “ENTRE PARTICULARES”
"Que alguien se interese por algo y se le dice habla con el que lo lleva y luego se acredita que no se consiguió nada no es indicio de nada", añade
De Guindos sostiene que facilitó a Granados un contacto oficial como a los demás interesados en la privatización de AENA
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que la conversación desvelada en la trama Púnica entre el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el imputado exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, fue "una conversación entre particulares" y destacó que Granados no consiguió nada con aquellas gestiones, según informó Europa Press.
En una entrevista en Telemadrid, Catalá quiso distinguir en el sumario de la trama Púnica los comportamientos que apuntan a actividades delictivas de las "conversaciones en las que no hay materialidad". "Que alguien se interese por algo y se le dice habla con el que lo lleva y luego se acredita que no se consiguió nada no es indicio de nada", argumentó.
Granados llamó a De Guindos el 8 de julio de 2014, cuando trabajaba en el banco Societé Generale, para interesarse por el proceso de privatización de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Catalá recordó que él estaba entonces al frente de ese proceso, como secretario de Estado de Infraestructuras, y recalcó que se hizo con total objetividad.
El ministro, según el acta levantada por la Guardia Civil, le respondió que acababa de llegar de Bruselas y le remitió al secretario de Estado del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa, hermano del director general de la Guardia Civil. Según la transcripción, De Guindos dijo a Granados que le llame y que él le avisará de que han hablado de este asunto.
Las gestiones de Granados con De Guindos se produjeron cinco meses después de que el político de Valdemoro dimitiera como senador y como diputado en la Asamblea de Madrid tras conocerse que tenía una cuenta en Suiza.
Fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad recordaron a Europa Press que Société Générale quedó al margen del proceso de salida a Bolsa de AENA.
Catalá valoró las conversaciones conocidas en el sumario de la Púnica como "una auténtica vergüenza desde el punto de vista ético" y desde el jurídico como algo "delictivo y absolutamente reprobable", pero destacó que quienes actúan así se encontrarán con la acción de la justicia.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/07/28/catala_dice_que_conversacion_entre_ministro_guindos_granados_fue_quot_entre_particulares_quot_35994_1012.html
EL MINISTRO DE JUSTICIA YA AMENAZA AL SUSTITUTO DE RUZ: "SI NO ES INDEPENDIENTE, SE LE PUEDE RECUSAR"
Rafael Catalá asegura que hubiera preferido que su puesto lo ocupe "el mejor" y no por antigüedad, como marca la ley
El ministro de Justicia, Rafael Catalá en un receso del pleno del Congreso en el que se debaten las partidas ministeriales de los Presupuestos Generales del Estado para 2015. EFE El ministro de Justicia, Rafael Catalá en un receso del pleno del Congreso en el que se debaten las partidas ministeriales de los Presupuestos Generales del Estado para 2015. EFE
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que el magistrado José de la Mata, que sustituirá en la Audiencia Nacional al juez Pablo Ruz, cuenta de inicio con su "confianza absoluta" pero le ha advertido de que, si no es independiente, se le puede recusar. En un desayuno informativo, Catalá se ha referido así al nombramiento de José de la Mata, que fue director general del Ministerio de Justicia con el último Gobierno del PSOE, como sustituto de Ruz en el juzgado que instruye casos como Gürtel y Bárcenas.
"Hay que acreditarlo"
"No me parece que haber trabajado en una administración pública con un gobierno democrático inhabilite a nadie para el desempeño, pero eso hay que acreditarlo y demostrarlo en el quehacer cotidiano", ha explicado.
"Confianza absoluta"
Catalá ha dicho que todos los nuevos magistrados -incluido De la Mata- designados tras el macroconcurso de traslados de plazas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuentan de inicio con su "confianza absoluta" para el desempeño profesional e independiente de sus funciones.
Recusación
No obstante, ha avisado de que, "si no es así, cada uno de ellos sabrá qué consecuencia puede tener en términos de recusación, pero eso son extremos finales que espero no haya que llegar en ningún caso".
Sustituto de Ruz
La Comisión Permanente del Poder Judicial otorgó el pasado martes la plaza a José de la Mata por ser el aspirante con mayor antigüedad, al resolver un macroconcurso de traslados para 364 plazas de magistrados.
Críticas a la antigüedad
Al respecto, el titular de Justicia ha criticado que la antigüedad sea el principal criterio para la cobertura de plazas de jueces, al defender un sistema en el que prime también la cualificación y la especialización como requisitos fundamentales para valorar la candidatura.
"El sistema vigente"
"Que el magistrado que ocupe la plaza de un juzgado titular de instrucción con la complejidad que tienen esas plazas sea el más antiguo de los que lo han pedido no me parece un criterio de selección", ha asegurado. Dicho esto, ha agregado, como es "el sistema vigente, bienvenido sea".
"Los mejores"
En su opinión, todas las profesiones del sector público como los médicos, docentes y justicia "deberían incorporar al sistema de provisiones de puestos elementos cualitativos que permitan que los mejores ocupen los puestos más cualificados".
http://www.elplural.com/2015/03/05/el-ministro-de-justicia-ya-amenaza-al-sustituto-de-ruz-si-no-es-independiente-se-le-puede-recusar
CATALÁ INSISTE EN DEFENDER LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ ENRIQUE LÓPEZ
El ministro de Justicia afirma que haber sido nombrado por el PP para el Poder Judicial y el Constitucional no es una “tacha” para juzgar el ‘caso Gürtel’
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido este miércoles en la defensa de los jueces conservadores de la Audiencia Nacional Enrique López y Concepción Espejel, miembros del tribunal que juzgará el caso Gürtel de corrupción y que han sido recusados por varias acusaciones populares por su cercanía al Partido Popular. En el caso de López, Catalá ha asegurado que el hecho de haber sido propuesto por el PP para altos cargos como vocal del Consejo General del Poder Judicial o magistrado del Tribunal Constitucional “no puede ser una tacha” para desarrollar su labor como juez y participar en el juicio, en el que la formación conservadora se sentará en el banquillo como partícipe a título lucrativo.
Catalá ha opinado así después de que la Fiscalía Anticorrupción emitiera sendos informes sobre la supuesta apariencia de falta de imparcialidad de ambos magistrados. En esos informes, el ministerio público ve acreditados los hechos que llevan a las acusaciones populares a recusar a López y Espejel y pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que determine si un “observador objetivo” podría tener dudas sobre la apariencia de imparcialidad. El pleno de la Sala de lo Penal decidirá el próximo 30 de octubre si aparta o no a los magistrados de la causa más sensible para el PP.
Los escritos de la Fiscalía hacen hincapié en que los jueces y tribunales deben no solo ser imparciales —cosa que no discute en el caso de López y Espejel— sino también parecerlo, entre otros motivos para preservar la imagen de la Justicia. Sobre Espejel, que también fue propuesta por el PP como vocal del Poder Judicial, el ministerio público recuerda que será la presidenta de “un tribunal compuesto únicamente por tres magistrados que debe determinar responsabilidades, no sólo del partido político que propuso su nombramiento, sino de personas que, siendo representantes de ese partido político, participaron directamente con su voto en su elección" como vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Catalá se refirió, en los pasillos del Congreso de los Diputados a la designación de los jueces como miembros de organismos constitucionales. Sin embargo, en el caso de López, los indicios que la fiscalía ve probados de su cercanía al PP van más allá. Este magistrado ha impartido dos conferencias políticas del PP y el partido recurrió el rechazo a su primera candidatura como magistrado del Tribunal Constitucional en 2008.
El fiscal cita más indicios: Ana Mato, exministra de Sanidad y considerada partícipe lucrativa de la trama, estuvo en el Consejo de Ministros que propuso a López como magistrado del Constitucional en 2013, cargo que abandonó al año siguiente antes de ser condenado por conducir su moto ebrio por Madrid. Enrique López, recuerda el fiscal, ha participado en 68 actividades formativas de la fundación FAES, vivero ideológico del PP, de cuyo patronato es miembro también la exministra Mato.
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/21/actualidad/1445422428_637011.htmlLOS JUECES DECANOS VEN “INADMISIBLE” Y "NEGATIVA" LA LEY PROCESAL DEL PP
Más de 50 responsables judiciales de toda España, contra la Ley de Enjuiciamiento
Los jueces decanos de toda España consideran “inadmisible, con un efecto sumamente negativo y poco comprensible” el establecimiento de plazos legales en la instrucción que prevé la ley de Enjuiciamiento Criminal que entrará en vigor el 6 de diciembre.
Esa dura crítica a la norma está contenida en las conclusiones de la reunión que han mantenido hasta ayer en Vigo los decanos de toda España y que fue clausurada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Asistieron 43 y estaban convocados más de 50, uno por provincia. Los decanos se suman a la posición de rechazo a la ley de todas las asociaciones de jueces y fiscales, los secretarios judiciales y el Consejo General de la Abogacía, es decir, todos los sectores de la Justicia. El Gobierno, que sacó adelante la ley solo con los votos del PP, mantiene su idea de que entre en vigor en la fecha prevista, pese a las protestas.
Bajo el epígrafe “inadmisible limitación del tiempo de instrucción”, los decanos aseguran que “sorprendentemente se han aprobado otras medidas poco comprensibles en cuanto que van a tener un efecto sumamente negativo, como lo es el establecimiento de plazos-límite en la instrucción, medida de evidente carácter voluntarista que nada soluciona ni aporta y traslada la idea de que son los jueces los responsables de la lentitud de los procedimientos, cuando su causa radica precisamente en la permanente escasez de personal y medios así como en leyes anticuadas que aplicamos al proceso penal y que, gobierno tras gobierno, nadie se atreve a modernizar”.
Añaden que “esta idea que se traslada es especialmente injusta, porque los tiempos de la instrucción judicial no sólo dependen del trabajo del juez sino de múltiples condicionantes externos al Poder Judicial: en el proceso penal trabajan fiscales, letrados de la Administración de Justicia, médicos forenses, policías, traductores, peritos (tasadores, economistas, informáticos, funcionarios de la Agencia Tributaria o del Banco de España, interventores, etcétera...), y además muchas diligencias dependen de otros órganos judiciales en ocasiones extranjeros (comisiones rogatorias etc…). En suma, no por mucho señalar plazos se tramitarán los procesos con mayor agilidad, pues lo que hacen falta son precisamente medios humanos y materiales e intensificar la cooperación judicial internacional”.
Los jueces decanos hacen una valoración muy crítica de la situación de la Justicia y, especialmente, de las normas aprobadas por el Gobierno con el pretendido interés de agilizar su funcionamiento. “Van a tener una eficacia muy limitada y poco o nada va a agilizar el trabajo de los juzgados”, explican.
Los jueces critican que la vacatio legis —periodo que transcurre desde la publicación hasta la entrada en vigor— haya sido de solo dos meses y sugieren que tiene que ver con el interés electoral del Gobierno.
Por otra parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han remitido una carta conjunta a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, en la que reclaman medios para poder aplicar la ley y le piden información sobre las medidas que el ministro de Justicia les prometió para poder aplicar la ley. Catalá se comprometió también a dictar una instrucción a los secretarios judiciales para la aplicación de la norma que aún no se ha concretado.
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/28/actualidad/1446059093_045426.html
LOS FISCALES ACUSAN AL GOBIERNO DE DIFICULTAR LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
La asociación conservadora arremete contra las leyes del Gobierno del PP
Los fiscales conservadores consideran que las leyes aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy provocan “graves dificultades en la investigación de las formas más graves de delincuencia, en especial de los delitos relacionados con la corrupción”. Esa es una de las duras conclusiones del congreso de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera y la más próxima ideológicamente al PP.
Se da la circunstancia de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, participó en la clausura del congreso celebrado en Zamora, pero rechazó quedarse en la cena posterior. También estaba presente la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, a la que la AF le reprocha no haber mantenido la posición crítica del Consejo Fiscal a la Ley de Enjuciamiento Criminal.
Las conclusiones de la AF extiende las críticas a las leyes del Gobierno a la reforma del Código Penal que entro en vigor el pasado mes de junio. Aseguran que la asociación “lamenta la aprobación de la Ley Orgánica de reforma del Código Penal, ya que evidencia la falta de una visión acertada y completa del derecho penal y la administración de Justicia en nuestro país”. Añade que “la Asociación de Fiscales considera inadecuada e innecesaria la reforma en los términos en que se ha producido, así como la premura de su entrada en vigor desde su publicación en el BOE”.
“Dislate” legislativo
Las conclusiones hacen un repaso a la actividad legislativa del Gobierno de Mariano Rajoy sobre Justicia y prácticamente rechaza todas las normas aprobadas.
Es especialmente dura con la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que entrará en vigor el 7 de diciembre y que, según explican, al limitar los plazos de instrucción dificulta la lucha contra la corrupción. Según explican, “refleja un absoluto desconocimiento del funcionamiento interno de cada Fiscalía e implanta una carga de trabajo irracional en relación a los medios materiales disponibles”.
“La exclusión del control judicial de oficio de la duración de la instrucción y sus prorrogas es un dislate pues es la oficina judicial quien tiene el dominio efectivo del procedimiento y por tanto quien puede cumplir la finalidad pretendida”, aseguran los fiscales. Sobre este asunto, la Asociación de Fiscales “lamenta la inflexible postura del Ministerio de Justicia precipitando la entrada en vigor de la reforma en periodo electoral y pide a la Fiscal General del Estado un pronunciamiento expreso de apoyo a la postura mayoritaria de la Carrera Fiscal en este tema”.
Critica también que el Gobierno haya renunciado a su intención inicial de dar a los fiscales la instrucción.
La Asociación de Fiscales, además, incluye en sus conclusiones duros reproches al Gobierno por no haber dotado al ministerio fiscal de medios suficientes para asumir sus funciones, ni haber ampliado la plantilla en los últimos años.
“El debido funcionamiento de la justicia exige que la justicia profesional sea desarrollada por un número suficiente de fiscales, con una progresiva reducción de la desproporción entre ciudadanos por cada fiscal, en paralelo a lo que sucede en el resto de Europa. Para tal fin, resulta imprescindible contar con las herramientas que permitan determinar la carga de trabajo de cada fiscal", asegura.
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/25/actualidad/1445795711_715265.html
CATALÁ INSISTE EN PROTEGER LA IMAGEN DE LOS ACUSADOS EN PROCESOS JUDICIALES
El ministro de Justicia asegura que no tiene intención de limitar el derecho a la información
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, insiste en la necesidad de proteger la imagen de los acusados en los procesos judiciales, así como de preservar su presunción de inocencia. En una entrevista concedida a Europa Press, Catalá aclara, sin embargo, que estos derechos fundamentales de los imputados hay que ponerlos en correlación con el derecho a la información, que también es un derecho constitucional.
La pasada primavera, el PP aceptó una enmienda que planteó el grupo de CiU para reformar el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta modificación buscaba que se protegiera “singularmente” el derecho a la imagen, a la intimidad de las personas que participaban en un proceso.
“Cuando por parte de los medios y las asociaciones, sindicatos, federaciones de editores se entendió que eso podía significar alguna limitación al derecho de la información, como ese no era el objetivo, lo que hemos hecho es mantener varias reuniones, también con expertos en esta materia y hemos matizado ese nuevo artículo 520 que se aprobará en breve, con el objetivo, sin duda difícil, de equilibrar derechos”, explica.
“Por supuesto, se puede grabar la llegada a los juzgados de quienes participan en un proceso. Por supuesto, se pueden grabar en ocasiones vistas, cuando así se autorice. Pero todo eso no puede menoscabar los derechos a la presunción de inocencia y los derechos a la propia imagen de los ciudadanos”. Otro aspecto de la enmienda que han planteado va dirigido a los fiscales, jueces y policías “para que preserven los derechos de las personas que forman parte de un proceso”, apunta.
Sobre la publicación de sumarios secretos, afirma: “Yo no tengo ninguna intención de limitar el derecho a la información, pero evidentemente si se comete un delito de revelación de secretos, me parece razonable que se investigue quién es el responsable”.
http://politica.elpais.com/politica/2015/08/16/actualidad/1439748511_393194.html
EL GOBIERNO ALEGA QUE LA ‘LEY MORDAZA’ GARANTIZA LOS DERECHOS DE LA MAYORÍA
Catalá: "Me preocupa mucho cuando concejales o alcaldes toman medidas para que no se pueda hacer lo que la justicia" ordena", dice el ministro respecto a los desahucios
El Gobierno se lanzó a defender la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza por la oposición, el día de su entrada en vigor. Los ministros del Interior y de Justicia, Jorge Fernández Díaz y Rafael Catalá, aseguraron que la norma no solo no limita derechos y libertades, sino que las refuerzan.
La tesis de los dos ministros fue que se trata de defender los derechos de la mayoría frente a los que, por ejemplo, puedan provocar actos violentos en las manifestaciones. Fernández llegó a asegurar que se trata de una ley “muy garantista”.
Según explica el Gobierno, el preámbulo de la ley explica que se trata de “asegurar un ámbito de convivencia en el que sea posible el ejercicio de los derechos y libertades, mediante la eliminación de la violencia y la remoción de los obstáculos que se opongan a la plenitud de aquellos”. Y el artículo primero remarca que “la seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes”.
Según esta tesis, el ministro de Justicia justificó que se prohíba manifestarse junto al Congreso y al Senado asegurando que ya la establece la Constitución “para que no haya una excesiva presión social al poder legislativo”. Añadió que está justificado que se penalice a quien impida un desahucio porque es “la ejecución material de una orden que ha dado un juez”, y que alguien que se oponga a su cumplimiento “está fuera del Estado de derecho”.
Los dos ministros descalificaron en distintos medios las críticas a la norma, asegurando que están formuladas sin haber leído el articulado concreto. Según Catalá están llenas de “eslóganes y lugares comunes” y según Fernández carecen de fundamento. En esa crítica han estado unidos todos los partidos representados en el Congreso, salvo el PP.
El presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, admitió que le hubiera gustado que la Ley de Seguridad Ciudadana fuera "más consensuada", pero instó a "cumplirla y hacerla cumplir". Esta norma y el Código Penal fueron aprobadas solo con los votos del PP.
Reunión de justicia con editores
Rafael Catalá se reunió este martes con representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) para hablar sobre estos aspectos.
Atendiendo a las demandas de editores y periodistas, Catalá se ha comprometido a buscar "un texto alternativo" que refuerce el equilibrio entre el derecho a la información y los derechos constitucionales del investigado en el artículo 520.1 de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según han informado las entidades periodísticas, que durante la reunión mostraron su inquietud por este artículo, introducido en una enmienda en el Congreso de los Diputados. Profesionales y editores afirman que con esta reforma legislativa se pone en peligro "el derecho constitucional a la información".
Según el texto, en la detención de una persona “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores”. Los medios de comunicación mantienen que en asuntos de interés público y con veracidad informativa, prevalece el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen, según diversas sentencias del Tribunal Constitucional.
Por la mañana, una entrevista en Los Desayunos de TVE, ha asegurado que no está arrepentido de haber planeado el debate de las sanciones a medios de comunicación. "No me arrepiento de plantear los debates que obedecen a la realidad social de España. El arte de la democracia es el de equilibrar entre el derecho a la información y los derechos constitucionales del investigado. Tenemos casos de muy diversa índole en el que ese equilibrio no se ha conseguido", ha declarado.
http://politica.elpais.com/politica/2015/07/01/actualidad/1435734629_237250.html
EL GOBIERNO NO TIENE EXPLICACIÓN SOBRE LA PÉRDIDA DE LA CAUSA DEL BORRADO DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS
El Ejecutivo subraya, en una respuesta parlamentaria, que no puede extraerse "conclusión definitiva" de las pesquisas iniciadas a instancias del Ministerio de Justicia
Asegura que los "órganos judiciales y gubernativos con competencias" siguen realizando actuaciones "tendentes a la completa averiguación de los hechos"
El Gobierno no está en disposición de ofrecer "conclusión definitiva alguna" sobre la desaparición de la causa del borrado de los ordenadores del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas por el propio partido. Así figura en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo al diputado del Grupo de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares publicada el pasado día 20 de abril en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Fue el pasado 18 de febrero cuando se conoció que el sumario del procedimiento que investigaba el borrado de los discos duros de los ordenadores del hombre que durante años tuvo la llave de la caja del PP se había extraviado. Casi un mes después, el 10 de marzo, el Ejecutivo admitía en la citada respuesta parlamentaria no tener datos al respecto. No obstante, avanzaba que el departamento que dirige Rafael Catalá se había interesado por lo ocurrido aunque, de momento, sin éxito.
"Unicamente cabe señalar, dentro del ámbito competencial del Ministerio de Justicia, que una vez se tuvo conocimiento de la posible pérdida de las diligencias a las que se alude en la pregunta [de Llamazares], se solicitó informe al secretario de juzgado y al secretario de Gobierno en relación con lo sucedido, sin que a la vista de la información provisional recibida pueda extraerse hasta el momento conclusión definitiva alguna", reza la respuesta.
Según figuraba en esta respuesta del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, en la fecha de respuesta no habían finalizado "todas las actuaciones en curso tendentes a la completa averiguación de los hechos" que se estaban llevando a cabo "por los diferentes órganos judiciales y gubernativos con competencia en la materia".
En la información sobre la desaparición del sumario del borrado de los ordenadores de Bárcenas, adelantada por La Sexta y eldiario.es, se informaba que el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid había comunicado a Izquierda Unida la pérdida de la causa y la necesidad de que acudiese de nuevo a entregar la documentación. Previamente, IU había recurrido el archivo de la investigación por parte del citado juzgado que en octubre de 2013 dio carpetazo al proceso al no apreciar delito.
La misma petición de que aportase los escritos que adjuntaron en su día fue elevada al resto de las acusaciones, entre las que figura UPyD.
El archivo de la investigación llegó tras no apreciarse daños debido a que los ordenadores cuyos discos duros habían sido borrados eran propiedad del PP aunque los usara Bárcenas para el desempeño de sus funciones.
En su pregunta, Llamazares pedía además al Gobierno una valoración sobre el destino que había corrido de este sumario. "¿Cómo valora el Gobierno la desaparición del sumario sobre el borrado de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas por parte del Partido Popular?". "¿Se echará la culpa a algún empleado o al servicio de correos, o se explicará lo sucedido como un inexplicable extravío, como sucedió en su día con el expediente relativo al Juez Baltasar Garzón?". Pero el Gobierno entra poco en materia. Se limita a señalar que no puede valorar situaciones que afectan a asuntos que están en manos de la Justicia.
"En relación con la información solicitada por su señoría, cabe informar en primer lugar que el Gobierno no puede valorar las circunstancias concurrentes en los procedimientos en trámite ante los Tribunales de Justicia, ni mucho menos pronunciarse sobre las diligencias que hayan practicado en la causa los órganos judiciales intervinientes. Tampoco resulta factible valorar las contingencias extraprocesales de un procedimiento hasta el completo esclarecimiento de las mismas", figura en la respuesta del Ejecutivo.
Descripción de los hechos
En su pregunta parlamentaria, registrada justo un día después de que se conociese que la causa del borrado de los ordenadores de Bárcenas se había esfumado, Llamazares hace una descripción muy detallada de todo el proceso.
Señala Llamazares que el juzgado 32 de Madrid había emplazado a las partes para un día después de su escrito, el 20 de febrero, a que llevasen la documentación que en su día habían aportado al sumario pues la jueza, tras detectar el extravío, pretendía entonces reconstruir el sumario con la documentación de las partes "y poder seguir así con el recurso de apelación".
Además, el portavoz de Justicia de Izquierda Plural se quejaba de que ya hacía un año desde que las acusaciones recurrieron el archivo del sumario ante la Audiencia y que durante ese tiempo no había habido "ninguna" actuación por parte del tribunal. Precisamente, sobre esta materia, Llamazares también preguntó al Gobierno. "¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el hecho de que, más de un año después de la presentación de un recurso de apelación contra el archivo del sumario sobre el borrado de los ordenadores por parte del PP, no se haya practicado ninguna actuación por parte de la Audiencia Provincial?", cuestionó.
Investigación de un juzgado
Un mes después de esta respuesta parlamentaria del Gobierno, el 10 de abril, se conocía que el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid estaba investigando si se cometió un delito de infidelidad de custodia de documentos o falsedad de documento público por la desaparición de esta causa.
Tras detectarse la pérdida de esta causa –la secretaria judicial se percató de que la documentación había desaparecido cuando iba a remitir las diligencias a la Audiencia Provincial–, se abrieron dos investigaciones: una a cargo del secretario del juzgado que instruía el caso y otra del Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla. Definitivamente, según informó Europa Press, fue el Decanato el que acumuló las dos investigaciones y decidió que sea el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid el que decida si pudo cometerse alguna ilegalidad.
Antecedentes
Los hechos se remontan al mes de agosto de 2013. El día 16 , cuando acudió a declarar ante el juez Pablo Ruz en calidad de testigo, la secretaria general del PP mantuvo que los dos ordenadores que utilizaba el extesorero del PP Luis Bárcenas mientras siguió acudiendo a la sede del partido estaban custodiados en la calle Génova. El magistrado los reclamó, el partido los entregó y el 29 de agosto, a las 9 de la mañana, comenzó a analizarse el contenido en la Audiencia Nacional. Los investigadores se encontraron con la sorpresa de que los discos duros de ambos habían sido destruidos. Es decir, manipulados.
En concreto, uno de los ordenadores (un PC de la marca Toshiba, modelo Libretto 100 CT) fue enviado sin disco duro mientras que el otro (un Apple) contenía unos 500 gigas de contenido. Según el acta de la diligencia, el Macintosh presentaba "signos evidentes en los tornillos de sujeción de que podría haber sido extraído o cambiado con anterioridad".
¿Cómo explicó el PP que el partido decidiese vaciar de contenido parte del material de trabajo del hombre que durante años tuvo la llave de la caja del PP? Según un escrito remitido por el partido a la Audiencia Nacional con fecha del 20 de agosto, los discos duros de los equipos que empleaba el exsenador fueron "destruidos" cuando "adquirió firmeza la resolución judicial que denegaba su devolución" a raíz del archivo de la denuncia que Bárcenas había presentado ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/04/28/el_gobierno_tiene_explicacion_sobre_perdida_cauda_del_borrado_los_ordenadores_barcenas_31969_1012.html
EL MINISTRO DE JUSTICIA PLANTEA MULTAR A MEDIOS QUE REVELEN SUMARIOS
El ministro de Justicia ve positivo un "debate" sobre los límites de la información en casos de corrupción para proteger la presunción de inocencia y evitar "juicios paralelos"
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha sugerido este miércoles la posibilidad de "sancionar" a los medios de comunicación que informen, mediante filtraciones, sobre casos que están bajo investigación judicial. En una conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona, y a preguntas sobre los "juicios paralelos" a personajes públicos imputados, Catalá ha abogado por abrir el "debate" sobre si deben fijarse límites a la información.
El ministro ha sostenido que se debe "sancionar con firmeza" a los miembros de instituciones (Fiscalía, Hacienda, jueces) que "filtren" a la prensa información sobre casos que están siendo investigados y bajo secreto de sumario. La ley, en realidad, ya castiga esas conductas mediante el delito de revelación de secretos, que se puede atribuir a los funcionarios.
La novedad del planteamiento de Catalá es que propone "trasladar esas sanciones" a los medios de comunicación. "Un buen debate sería trasladar la sanción al medio e imponer la obligación de la no publicación de la información", ha dicho el ministro. "No estaría de más que pudiésemos debatir sobre esto, si de verdad nos creemos que es bueno no vulnerar el principio de presunción de inocencia", ha añadido.
Un buen debate sería trasladar la sanción al medio e imponer la obligación de la no publicación de la información"
Más tarde, a preguntas de los periodistas, Catalá ha matizado que el Gobierno no tiene "ningún proyecto" para sancionar a los medios y que en ningún caso es un planteamiento que, ahora mismo, tenga sobre la mesa. El ministro ha puntualizado que se trata solamente de una "reflexión" que debería ser objeto de "análisis" por parte de la sociedad y de los poderes públicos.
Durante el debate en el Círculo Ecuestre, y en alusión al caso Rato, Catalá también ha abogado por proteger la "confidencialidad" de las causas judiciales y la presunción de inocencia de los investigados. El ministro también ve positivo que se abra un debate para determinar si un político, por el mero hecho de estar imputado, debe abandonar su carrera.
“Rechazo absoluto” de la federación de la prensa
La presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Elsa González, ha mostrado un "absoluto rechazo" contra la propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de "someter a debate y reflexión" si se debe sancionar a los medios de comunicación por publicar informaciones judiciales sobre casos bajo secreto de sumario.
"No es la primera vez que se pone este asunto sobre la mesa y desde el punto de vista periodístico merece un rechazo absoluto. ¿Qué periodismo de investigación se puede realizar si te cortan todas las alas?", ha indicado en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.
A su entender, tanto el periodista como el medio de comunicación "sabe de su responsabilidad y debe de ser consciente de ello", al tiempo que ha reiterado que ese es el motivo por el que se publica "aquello que se considera de interés público para todos los ciudadanos".
La presidenta de la FAPE ha ensalzado la labor de los periodistas de investigación, cuestionando "cuántos casos se hubieran hurtado al ciudadano" si no hubieran sido hechos públicos por los medios de comunicación y los informadores. "Que se persiga a filtradores, funcionarios, jueces... pero precisamente al que lleva las misivas y al mediador, no tiene sentido", ha añadido.
Además, ha señalado la dificultad para imponer este tipo de sanciones judiciales. "Si son los medios los responsables, un medio que este localizado en España puede ser castigado, pero el medio que esté localizado en otros sitios como las Islas Bermudas o cualquier medio online es muy complicado", ha indicado.
Por último, ha incidido en que la FAPE cuenta con una comisión de arbitraje y quejas que contó con el apoyo del anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, recogido en una misiva.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/04/29/catalunya/1430320548_942886.html
CATALÁ NO VE INCONVENIENTE PARA QUE UN PROCESADO SEA CANDIDATO
El ministro de Justicia se refiere al caso concreto de León de la Riva, alcalde de Valladolid
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró este jueves que no hay inconveniente para que un procesado sea candidato por el PP. El ministro se refería al caso concreto de Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid, que se presenta a la reelección pese a que el 27 de abril será juzgado por un delito de desobediencia.
Según Catalá, los órganos internos que se ocupan de las candidaturas en el PP han valorado que la situación procesal del actual alcalde de Valladolid “no le inhabilita para que inicialmente, en este momento que es cuando hay que tomar decisiones de listas, llevarle como candidato”.
Los partidos criban las candidaturas para limar el impacto de la corrupción
Añadió que es así “sin perjuicio de que si hay alguna evolución negativa en ese proceso penal pueda modificarse esa situación”.
Para el titular de Justicia, la valoración de la situación actual del proceso y las circunstancias “no justifica una descalificación de un profesional mientras no haya una acreditación suficiente para su inhabilitación”.
Si la apertura de juicio oral no es motivo suficiente para no ir en las listas según el ministro, la imputación lo es menos, de acuerdo a su argumentación. Por eso, el ministro explicó que no hay razón para que Juan José Imbroda no se presente a la reelección como presidente de Melilla pese a haber sido imputado. “Estar imputado no puede llevar consigo una tacha anticipada de culpabilidad”, aseguró el ministro.
“A lo mejor se le archiva”, dijo Catalá, que subrayó que, si esto se produce, “¿por qué no va a ir en la lista?”.
“¿Y si se archiva?”
El Tribunal Supremo ha citado como imputado para el próximo día 11 a Imbroda (PP) para tomarle declaración en relación con un supuesto delito de prevaricación en la contratación irregular de un abogado por parte de la ciudad autónoma.
Por ello, defendió que “la mera imputación no debería significar la exclusión de responsabilidades públicas” porque “se están conociendo imputaciones que se archivan”.
“Deberíamos, por tanto, hacer una reflexión sobre las consecuencias profesionales y personales que llevan consigo”, destacó el ministro ya que “cualquiera de nosotros podría estar imputado hoy porque alguien presenta una denuncia en un juzgado y el juez lo admite a trámite para investigarlo”.
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/05/actualidad/1425588550_824707.html
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