el caso de los DNI falsos : cañete siempre estuvo allí
RESUMEN DEL CASO : 18 AÑOS NO SON NADA
CAÑETE SALPICADO POR UN FRAUDE FISCAL
INTERVIÚ. JULIO 2001
Miguel Arias Cañete no sólo ocultó sus negocios privados y administró empresas montadas en paraísos fiscales. Además, el actual ministro de Agricultura estuvo relacionado con uno de los mayores fraudes fiscales descubiertos en España durante las últimas décadas. Se trata del llamado caso de los DNI falsos, que supuso el blanqueo de más de 2.000 millones de dinero negro generado por industrias del sector agropecuario, dedicadas a la fabricación de piensos para animales y a la comercialización de pollos.
La historia arranca a finales de los años ochenta y en su origen se encuentran tres abogados de Jerez de la Frontera: el propio Arias Cañete, que entonces era eurodiputado; Antonio Morenés Giles, amigo íntimo de Cañete, con quien compartió primero clases en la Facultad y luego un bufete; y José Luis Coveñas Tamayo, conocido como Pepón, concejal de AP en el Ayuntamiento de Jerez y persona de confianza tanto de Cañete como de la familia Morenés. Arias Cañete y Pepón Coveñas desarrollaron diversas actividades en Sogdal, una empresa utilizada como fachada para. blanquear 2.000 millones del industrial catalán Bertrán de Caralt. Antonio Morenés era corredor de bolsa en su propia agencia de valores, Usera y Morenés, implicada en el fraude de la colocación de acciones de Repsol llevada a cabo en mayo de 1989. En ambos casos, los fraudes se realizaron utilizando DNI falsos. Y fue la imprudencia de utilizar el mismo DNI de un pescador de Huelva en las dos operaciones lo que permitió descubrir los escándalos.
La empresa Sogdal se constituyó el 29 de mayo de 1987, con un capital social de 15.000 pesetas y domicilio en la calle Sevilla, 4143, de Jerez. En dicho edificio tienen sus despachos de abogado tanto Arias Cañete como Pepón Coveñas. Como socios fundadores de Sogdal constan tres personas: el citado Coveñas Tamayo, Timoteo Ramírez Cuesta y Jaime Parera Ambros. Los dos últimos estaban ligados al grupo empresarial agropecuario de Bertrán de Caralt: Timoteo Ramírez como encargado de la gestión financiera y Parera como su ayudante.
En enero de 1988, Timoteo Ramírez, que figuraba como empleado de Sogdal, inició las operaciones para ocultar a Hacienda parte del patrimonio de Bertrán de Caralt. El blanqueo de dinero se realizaba a través de inversiones en Letras del Tesoro, utilizando identidades falsas, para lo que se usaban fotocopias del DNI de personas que nada tenían que ver con las operaciones.
Poco después, en mayo de 1988, se producen dos cambios en Sogdal: la sede se traslada a Barcelona y Miguel Morenés Giles sustituye a Pepón Coveñas como administrador único de la empresa. Miguel Morenés es yerno de Bertrán de Caralt y hermano de Antonio, el ya mencionado corredor de bolsa. Durante el resto de 1988 y todo el año 1989, Timoteo Ramírez continúa con sus operaciones fraudulentas en Letras del Tesoro, hasta sumar inversiones por importe de 2.045 millones de pesetas.
Paralelamente, la agencia de valores Usera y Morenés también recurre al método de los DNI falsos para realizar una operación fraudulenta con una colocación de acciones de Repsol. De las 484 peticiones de suscripción de acciones realizadas por dicha firma, 162 supuestos peticionarios negaron haber dado orden alguna de suscripción y otros 161 no pudieron ser localizados en los domicilios que figuraban en la lista elaborada por Usera y Morenés. Entre las peticiones irregulares figuraba una a nombre de Manuel Díaz Pérez, un pescador de Cartaya (Huelva) totalmente ajenoa la operación.
El 14 de diciembre de 1989, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acordó la apertura de un expediente sancionador a Usera y Morenés por prácticas irregulares. Antonio Morenés fue finalmente inhabilitado durante dos años comoagente de cambio y bolsa.
La apertura del expediente de la CNMV no sólo desató las alarmas en la firma de Antonio Morenés, sino también en Sogdal, administrada por su hermano Miguel. De hecho, en enero de 1990, Timoteo Ramírez realizó la última operación en Letras del Tesoro utilizando DNI falsos. Pero ya era demasiado tarde.
El Banc Catalá de Crédit había comunicado a Manuel Díaz Pérez, de profesión pescador y residente en Cartaya, el rendimiento generado por una inversión de 30 millones de pesetas en Letras del Tesoro. Manuel Díaz, asombrado se puso en contacto con el banco catalán.
Al conocer las gestiones del pescador onubense, Bertrán de Caralt le indicó al consejero delegado del Banc Catalá de Credit que era necesario presentar la operación fraudulenta como un error. Sogdal, además, estaba dispuesta a compensar económicamente a Manuel Díaz por el error.
En la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Barcelona sobre el caso de los DNI falso: se indica textualmente lo siguiente: “ Al Sr Díaz se le abonan 250.000 pesetas por D. Miguel Arias Cañete, abogado con el mismo domicilio que la empresa Sogdal para que trabaja Timoteo Ramírez en la fechade los hechos y de la que fue administrador único el propio Sr Arias después de que lo fuera el Sr Morenés ".
Manuel Díaz ingresó el talón de Arias Cañete en un banco y ello permitió a los jueces seguir la pista del dinero. La declaración que realizó en su día ante los tribunales fue confirmada la semana pasada por el pescador de Cartaya en declaraciones a interviú: "Me llamó un abogado de Jerez y me dijo que me había enviado un talón de 250.000 pesetas por el error cometido y que no me preocupase porque estaba todo resuelto. Yo le creí, pero a las pocas semanas llegaron más papeles con inversiones y entonces lo denuncié a Hacienda".
La intervención de Arias Cañete en los asuntos de Sogdal no era algo inusual. "Siempre que había algún problema de dinero, Arias Cañete venía al despacho y se reunía con Miguel Morenés y con Timoteo Ramírez. En otras ocasiones, llamaba desde Bruselas", explica una persona que en aquella época trabajaba para las empresas de Bertrán de Caralt.
Aunque Timoteo Ramírez ya no realizase operaciones fraudulentas con las Letras del Tesoro, la mera existencia de Sogdal era un elemento comprometedor y se decidió liquidar la empresa. La tarea fue asumida personalmente por Miguel Arias Cañete y por una persona de su máxima confianza, Bernardo Villar de Lanuza, que trabajó como asesor del eurodiputado y era concejal del PP en Jerez desde 1987. En la actualidad, Villar de Lanuza es portavoz municipal en el Ayuntamiento jerezano y preside el PP local.
El 15 de julio de 1991, Arias Cañete sustituyó a Miguel Morenés como administrador de Sogdal. Y sólo cinco meses después, en una asamblea celebrada el 31 de diciembre de 1991 y presidida por Cañete, se decidió disolverla compañía y nombrar liquidador al entonces eurodiputado. En ese momento, los dos únicos accionistas de la empresa eran Cañete y Villar de Lanuza. Sogdal tenía un haber líquido de 2,4 millones, de los que se entregaron 2,1 a Cañete y el resto a Villar. Para entonces, tanto Hacienda como los tribunales de justicia ya seguían la pista de las operaciones fraudulentas, a raíz de la denuncia presentada por Manuel Díaz.
Ni el pago de 250.000 pesetas al pescador onubense ni la liquidación de Sogdal impidieron que la justicia alcanzase a las dos cabezas visibles del entramado: Bertrán de Caralt, dueño del dinero negro generado por su grupo agropecuario, y Timoteo Ramírez, encargado de la gestión financiera y responsable de diseñar el plan para blanquear el patrimonio. El 3 de marzo de 1993 fue detenido Timoteo Ramírez y el 8 de junio entró en la cárcel Bertrán de Caralt. Ambos salieron de prisión a principios de julio del mismo año.
El 5 de abril de 1994, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Bertrán de Caralt y a Timoteo Ramírez, por un delito continuado contra la Hacienda Pública, a seis años de prisión menor y 591 millones de multa. Además, Timoteo Ramírez fue sentenciado a otros dos años de cárcel por un delito de falsedad en documento mercantil. En el fallo judicial, se indica que Sogdal "resulta ser una simple fachada al servicio de otras sociedades dentro del sector agropecuario”. Y el tribunal añade que se trata "de una sociedad a través de la cual se sirven los intereses de las demás pertenecientes a Bertrán de Caralt".
El Tribunal Supremo, en una sentencia dictada en mayo de 1996, confirmó todos los hechos descritos por la Audiencia Provincial de Barcelona y acordó una pena de cinco años de cárcel para Timoteo Ramírez y de cuatro años para Bertrán de Caralt. Además, mantuvo las multas impuestas por la Audiencia. Sin embargo, el Gobierno de Aznar acudió en socorro de ambos al aprobar su indulto en un Consejo de Ministros celebrado agosto de 1997
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