Nace en Madrid un 16 de
noviembre de 1970. Casado e hijo de un mallorquí,
músico y profesor de la sección de viento de la
Banda Militar y de una
madrileña. Licenciado en Farmacia por la Universidad Complutense de
Madrid. Es el dueño de una de las farmacias de su municipio de
residencia, Marratxí.
Se afilió a los genoveses en 1996, y fue concejal en la oposición de su
municipio desde ese año hasta 2003. En las elecciones autonómicas de
mayo de 2007, repitió como candidato a la alcaldía del ayuntamiento de
Marratxí, lograndon mayoría absoluta , tras haber ostentado la alcaldía
desde 2005 gracias a un pacto de gobierno con Independents de Marratxí.
Ha sido primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Sanidad de
la localidad.
En 2003 asume la presidencia de la junta local genovesa de Marratxí. En
el año 2008, tras la celebración del Congreso Regional del Partido
Popular de Baleares que ganó la ex vicepresidenta del Gobierno balear,
Rosa Estaràs, es nombrado vicepresidente ejecutivo de la
formación. Tras la dimisión de la presidenta de la formación política,
es nombrado presidente del PP balear, en junta directiva extraordinaria,
encuentro en el que se compromete a convocar un Congreso Extraordinario
El 7 de marzo de 2010 se celebró dicho Congreso Extraordinario que
gana con un 70% de los votos contra Carlos Delgado que se presentó por
segunda vez a optar al cargo. Tras negociaciones, este se integró como
vicepresidente ejecutivo del PP balear, junto con Joan Jaume, Rafel
Torres y Toni Pastor, alcaldes de Calvià, Llucmajor, Inca y Manacor,
respectivamente .En noviembre de 2010 es postulado como candidato a la
presidencia de las Islas Baleares por el Partido Popular.
En las elecciones del 22 de mayo de 2011, el Partido Popular gana las
elecciones por un 46,3% de los votos y un total de 35 de los 59 escaños
del Parlamento de las Islas Baleares, obteniendo mayoría absoluta y
siendo investido presidente de las Islas Baleares el 18 de junio de
2011.
Desde que es Presidente se
ha visto envuelto en numerosas polémicas. Desde solicitar el voto el
mismo día de las elecciones generales del pasado 20-N, pasando por
encabezar el ranking de los Presidentes que más recortes ha hecho en los
servicios educativos y sanitarios. Asimismo no logra aclarar sus
relaciones con sus negocios privados que podrían incumplir la vigente
Ley de Incompatibilidades.
Los populares sostienen que se invirtieron 2,5 millones en la adquisición y
la reforma
La líder del PSOE de Baleares, Francina Armengol, reclamó este martes al
presidente del Gobierno balear y líder del PP regional, José Ramón Bauzá,
que detalle el origen del millón y medio de euros que su organización abonó
en efectivo para la compra y la reforma de la sede de Palma, entre 2003 y
2006. “Eran a tocateja. ¿De dónde salen?”, dijo Armengol en el Parlamento.
Bauzá que lidera el PP desde 2010, dio sus cifras sobre el caso a partir del
21 de enero, después de que el excontable Luis Bárcenas afirmase ante una
comisión de investigación de la cámara balear, que un empresario, Antonio
Pinal, de Brues, pagó en parte las sedes de Palma y del País Vasco. El PP
sostiene que se gastó más de 2,5 millones entre la adquisición y la reforma
de Palma. 886.000 euros de aportaciones de militantes y cargos públicos;
1,05 millones de una hipoteca y 579.000 euros de una trasferencia bancaria.
Los socialistas echan sus cálculos y denuncian el manejo 1,5 millones en
efectivo.
El tema de la supuesta financiación ilegal del PP balear está bajo
investigación judicial tras la documentación librada por el fiscal Pedro
Horrach al juez José Castro quién abrió la pieza 28 del caso Palma Arena
para abordar la cuestión. En la causa-madre hay otras dos piezas
relacionadas con la supuesta caja 'b' de los populares, por pagos en
efectivo de publicidad con facturas simuladas y contratos públicos
supuestamente amañados a favor de la empresa de publicidad Over MC.
Las sospechas sobre aportaciones clandestinas de contratistas nacen de las
confesiones de implicados en casos de corrupción, Luis Bárcenas y Rodrigo de
Santos, los dos excargos del PP y del publicista Daniel Mercado de Over MC.
Los expoliticos conservadores señalaron al empresario Antonio Pinal, de
Brues, como uno de los supuestos benefactores del partido. Brues logró
contratos públicos por unos 70 millones, según los datos aportados por el
grupo MÉS per Mallorca.
Para el Gobierno balear, los socialistas ofenden a la verdad y plantean
juicios paralelos sobre el asunto de la sede. El presidente Bauzá le dijo a
la secretaria general socialista Armengol que rechazaba sus “lecciones” y
reprimendas y aventó el “estricto y muy duro código ético del PP”, que
"lidera" la regeneración en España. Armengol había criticado a Bauzá por
“sus medias verdades y opacidad”, mezclando lo privado con lo público. El
presidente del PP cerró el cruce dialéctico lanzando una sospecha contra su
adversaria al reclamarle “explicaciones sobre sus negocios inmobiliarios”,
por la actividad privada de su compañero. Además aseguró que la socialista
“tiene algo que esconder” por haber votado contra el plan de la comisión de
investigación de son Espases, en la que Bárcenas aseguró que el PP tuvo la
ayuda del constructor para su sede.
El fiscal ha entregado al juez las facturas sobre la sede del PP en Palma,
que apuntan a que fueron sufragadas por empresarios favorecidos por
adjudicaciones públicas en la etapa de Jaume Matas como presidente de
Baleares.
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha entregado al juez instructor del
caso Palma Arena, José Castro, las facturas relativas a la reforma de la
sede del PP, que junto a su compra fue financiada de forma presuntamente
ilegal por parte de empresarios favorecidos con la adjudicación de diversas
obras públicas durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007).
Así lo han confirmado fuentes de la investigación, que han precisado que,
junto a las facturas, el representante del Ministerio Público ha presentado
la declaración que prestó en su día el exconcejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, quien confesó estos hechos
ante el fiscal. La documentación prevé ser incorporada al caso Palma Arena.
El fiscal ha desgajado de este modo las investigaciones que lleva a cabo en
torno a la financiación supuestamente irregular del PP, remitiendo al
magistrado los datos recabados hasta el momento en torno a su sede.
Documentos de los que, una vez Castro los una a la causa que instruye desde
hace más de cinco años, dará traslado a las partes para proseguir con las
pesquisas.
Precisamente, sobre estos hechos fue inquirido el extesorero del PP nacional
Luis Bárcenas durante la comisión de investigación del hospital de Son
Espases en el Parlament balear, a través de videoconferencia, al recordar
que un empresario gallego, Antonio Pinal, presidente de Bruesa, colaboró en
la adquisición y financiación del inmueble junto a otros empresarios.
El propio Castro investiga en el marco del caso Palma Arena la supuesta
financiación irregular del partido bajo el mandato de Matas, principalmente
a través de los pagos que varias empresas llevaron a cabo con destino a las
campañas electorales del PP de 2003 y 2007, mercantiles que a su vez
resultaron favorecidas con contratos públicos.
Entre ellas se encuentra Over Marketing, en cuyo beneficio habrían sido
amañados diversos expedientes de contratación investigados en el marco de la
pieza 27 del caso, considerada la ramificación de la trama Gürtel en
Baleares. En este fleco están imputados tanto Matas como el exdelegado del
Gobierno en las islas y actual presidente del PP de Palma, José María
Rodríguez, el expresidente del Parlament Pere Rotger, y el extesorero de la
formación Fernando Areal.
Tal y como confesó el propio administrador de Over, Daniel Mercado, éste
pactó con Matas poder cobrar parte de los gastos de las campañas electorales
en dinero opaco al fisco e incluso manifestó que existía el acuerdo con el
exministro de que parte de los gastos que se debían cobrar en negro y
finalmente no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de
adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían.
De hecho, explicó cómo Areal establecía los pagos en dinero A y B, si bien
en una ocasión fue Rodríguez quien efectuó el pago de dinero negro en las
antiguas oficinas del partido. "Pero el grueso de los pagos en negro me los
hizo Areal, a quien supongo que Matas ya le había dado instrucciones",
apuntó en su día el declarante.
Del mismo modo, otra de las investigaciones del caso Palma Arena se centra
en el presunto delito electoral que se habría producido con motivo de los
servicios prestados por la empresa Nimbus -a la que también se habrían
adjudicado sin concurso público diversos contratos- en favor del PP durante
la campaña electoral de 2007. Las pesquisas apuntan a que la agencia emitió
facturas falsas con sobrecostes sin justificar, cobrando a cambio a 'precio
coste' la organización de la campaña de los 'populares'.
Sobre ello, en los registros que se practicaron en la sede de Nimbus fueron
intervenidos numerosos documentos que, en relación a la campaña del PP,
hacían mención a que no se facturasen determinados conceptos, que en el caso
de otros se hiciera a coste cero y otros en negro.
El propio administrador de Nimbus, Miquel Romero, reconoció que se habían
cobrado del PP, en efectivo y sin libramiento de facturas, determinadas
partidas por cuñas publicitarias de la campaña al objeto de no superar los
límites que las subvenciones imponen a los gastos electorales, de tal manera
que tales gastos habían sido ocultados a la Sindicatura de Comptes,
llegándose a cifrar en 71.958 euros.
Trabajos en beneficio del PP apagados con dinero público
Unos extremos que también fueron advertidos por los empleados de la empresa
publicitaria encargados del correspondiente negociado. En el marco de este
fleco -pieza 4- figura además el pago de tres facturas por servicios
prestados en el mitin que el PP celebró precisamente en el velódromo Palma
Arena el 18 de mayo de 2007 y que, según los investigadores, fueron pagadas
por la Fundació Illesport y, por tanto, abonadas con fondos públicos.
Una de ellas fue librada por Balimsa S.A. por importe de 2.726 euros en
concepto de limpieza del velódromo y otros servicios, otra por Trablisa por
servicios de seguridad prestados ese mismo día por 1.769 euros, y una
tercera también de esta última empresa por 307 euros y en concepto de
'servicios de Atesa'. "Nota común a todas estas facturas es que fueron
pagadas por la Fundació Illesport con cargo a los fondos públicos", incide
Castro en uno de sus autos.
El instructor aludía asimismo a diversas facturas emitidas por las empresas
del grupo Nimbus contra organismos públicos, entre las que figura una
factura de la entidad Romero y Compañía S.L., de 8.782 euros y cargada a la
Conselleria de Vicepresidente por la 'fabricación e instalación de la
señalítica del parking de la Avenida Uruguay', y otra de la misma mercantil
por valor de 10.344 euros en concepto de 'impresión de ocho lonas de tribuna
con el logotipo del Govern'.
Los jueces de la Audiencia ordenan admitir la querella de un farmacéutico
por presunta prevaricación, falsedad documental e infidelidad en la custodia
de documentos
Nuevo varapalo judicial para José Ramón Bauzá. La Audiencia Provincial de
Palma ha estimado el recurso de apelación presentado por Critstòfol Pons,
revocando así la decisión del juzgado de Instrucción número 7 de Palma de no
admitir a trámite la querella por presunta prevaricación falsedad documental
e infidelidad en la custodia de documentos interpuesta contra el president
Bauzá el conseller de Sanidad, Martí Sansaloni, y el director general de
Farmacia del Govern, César Vicente Sánchez, a raíz de la no convocatoria de
concursos para abrir nuevas farmacias.
La Audiencia ordena ahora tramitar la querella contra Bauzá, Sansaloni y
Vicente, los tres farmacéuticos, y explica que deben practicarse diligencias
para determinar los hechos y las personas contra las que dirigir las
diligencias porque "no se puede descartar la naturaleza delictiva" y "puede
comportar una ilegalidad patente, grave, manifiesta y evidente".
Los jueces precisan que consideran "necesario y recomendable" practicar una
investigación previa a la imputación de los posibles responsables, empezando
por tomar declaración al querellante y otros posibles perjudicados. El auto
del tribunal provincial es firme y contra él no cabe recurso.
El farmacéutico Cristòfol Pons es una persona que mantiene, desde hace años,
una ofensiva legal contra el Govern de Bauzá por tener bloqueadas 51
farmacias, que ya están autorizadas, pero que no pueden abrirse al no salir
los concursos de méritos para asignarles un titular.
De forma paralela a sus recursos en vía contencioso-administrativa, Pons
interpuso a finales de julio una querella contra Bauzá y los otros dos
exaltos cargos, a los que acusó de paralizar los concursos de méritos por
intereses personales, dado que los tres son licenciados en farmacia y tienen
relaciones con establecimientos de ese tipo, ya de forma directa, como en el
caso del president, o indirecta. Básicamente, Pons atribuía a Bauzá y sus
dos altos cargos el bloquear los concursos para, dados sus vínculos
económicos con el sector, evitar la competencia de nuevas farmacias.
El juez instructor desestimó la querella por considerar que no existe una
resolución injusta y deliberada sino simples hechos omisivos y porque la
cuestión debe someterse a la jurisdicción contencioso-administrativa.
El tribunal provincial considera que, en este caso, "la falta de
convocatoria del concurso equivale a una resolución, en la medida que ello
sería tanto como habérselo denegado".
La Audiencia considera que el retraso en abrir la segunda fase del concurso
de méritos para adjudicar las farmacias autorizadas entre 2009 y 2011 "pudo
obedecer a la simple o intrínseca lentitud de la Administración o a otros
intereses o a la propia situación económica", sin que suponga "atisbo alguno
de omisión grosera, flagrante y evidente del ordenamiento jurídico".
Pero el tribunal advierte de que dicho retraso "sí puede alcanzar tales
notas" a partir de la sentencia contencioso-administrativa del 29 de enero
de 2014 que reconoció a otro farmacéutico el derecho a que se tramitara la
apertura de nueve farmacias como había reclamado.
La Audiencia de Palma afirma que "no se puede descartar la naturaleza
delictiva de los hechos, ante la claridad de la sentencia indicada y el
tiempo transcurrido". "Sí se aprecia que dicha omisión, en este momento y
tal y como viene relatada en la querella, puede comportar una ilegalidad
patente, grave, manifiesta y evidente", afirman los jueces en el auto.
Consideran recomendable "la dilación en la imputación de los posibles
responsables", dada la complejidad "fáctica y jurídica" de este asunto y
necesario practicar una investigación previa, empezando por tomar
declaración al querellante, Cristòfol Pons, al otro farmacéutico que acudió
a los tribunales y obtuvo en enero de 2014 la sentencia que reconoció su
derecho a que prosiga la tramitación de 9 farmacias que solicitó; y de
"otros posibles testigos perjudicados".
La decisión de la Audiencia podría abrir una grave crisis política ya que,
para garantizar los derechos procesales de José Ramón Bauzá durante la
instrucción, el juez puede optar por imputarle si los resultados de la
investigación siguen apuntando hacia él como responble. Si esto llegase a
ocurrir, con las elecciones autonómicas a la vuelta de esquina y atendiendo
al compromiso adoptado por el propio Bauzá de no incluir imputados en sus
listas, el Partido Popular podría verse sin candidato a escasas fechas de la
cita con las urnas.
El presidente balear (PP) desafía a los tribunales y asegura que su plan
sigue en vigor
El conflicto social y político que se vive en Baleares por la manera con que
se aplica el trilingüismo en las escuelas –con una catarata protestas de
docentes y de sentencias judiciales adversas- ha provocado hoy la caída del
segundo consejero de Educación implicado en el desarrollo del TIL, el
decreto para el Tratamiento Integrado de Lenguas.
El presidente del Gobierno José Ramón Bauzá (PP) ha dejado caer a otro
miembro de su equipo, a ocho meses de las elecciones. La hasta ahora
consejera de Educación, Cultura y Universidades, Juana María Camps, ha
“cesado” según la expresión de la fuente gubernamental. Camps había sido
marginada por Bauzá por los reiterados errores en sus declaraciones. La
oposición y los docentes reclamaban su dimisión desde hace meses.
El presidente de Baleares cree que el trilingüismo sigue completamente en
vigor pese a las sentencias judiciales. Al comentar el cese de la anterior
consejera de Educación, Juana María Camps, Bauzá ha dicho que "seria un caos
no continuar el curso escolar" de acuerdo con el proyecto del trilingüismo (TIL).
El líder del PP ha señalado que todos los funcionarios tienen la obligación
de cumplir la ley -por los profesores- y ha negado que los miembros del
Gobierno vayan a incurrir en un posible delito de desobediencia.
Bauzá ha manifestado que, en opinión del Gobierno y de la Abogacía de la
Comunidad, las tres sentencias y cuatro autos del Tribunal Superior de
Justicia de Baleares no anulan ni consideran ilegales el decreto ni la norma
del trilingüismo. Ha anunciado un recurso contra los autos que, en su
parecer, solo abordan cuestiones muy formales y en ningùn caso de fondo. La
nueva consejera de Educación, Nuria Riera, ha dicho que se reunirá "con
quien haga falta" para mejorar la situación
Juana María Camps será sustituida por la consejera portavoz, Nuria Riera,
que es abogada como aquella y además funcionaria. Antes que Camps falló en
su intento de implantar el TIL un profesor y exdirector de colegios, Rafael
Bosch, con experiencia en la consejería de Educación. Bosch fue profesor y
mentor de Bauzá pero estos avales no le bastaron para seguir al frente del
programa estelar del Gobierno regional del PP. La nueva consejera de
Educación, Nuria Riera, ha dicho que se reunirá "con quien haga falta" para
mejorar la situación
En un año, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha dado una
cadena de reveses al Gobierno autonómico al declarar nulo el (TIL) y luego
suspender sus normas de aplicación. El trilingüismo es uno de sus ejes de la
acción política y causa de gran polémica públicas desde 2013. Esta norma
desarrolla la implantación de la enseñanza en tres idiomas (inglés,
castellano y catalán) en los distintos niveles de infantil, primaria y
secundaria de los centros públicos y concertados y privados.
El Tribunal Superior de Baleares permite que el presidente mantenga su
farmacia
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha dictaminado hoy que José
Ramón Bauzá, del Partido Popular, puede ser presidente del Gobierno
balear y, a la vez, propietario de un negocio de farmacia en la
comunidad. La sentencia de la sala contenciosa administrativa, formada
excepcionalmente por cinco magistrados, fue adoptada por tres votos
contra dos.
Los jueces Fernando Socías, Alicia Ortuño y Carmen Frígola creen que
Bauzá “se limita a ser titular de un patrimonio económico que,
obviamente genera beneficios, pero sin que dicha propiedad sea causa de
incompatibilidad”. En su sentencia aseguran que el presidente balear
está amparado al tener sustituto en la botica y en que sus empresas no
facturan ni contratan con la Administración. En 2008 el mismo Tribunal
Superior decidió que una farmacéutica y consejera de Salud, del PSOE,
Aina Salom, si era incompatible.
El presidente de la sala Gabriel Fiol y el juez Pablo Delfont, expresan
sus dos votos particulares, discrepantes, a favor de sentenciar la
incompatibilidad de Bauzá. Rebaten la que llaman “sentencia
mayoritaria”, aluden a tres leyes baleares sobre el caso y a
interpretaciones que creen forzadas de la jurisprudencia del Supremo
sobre funcionarios que no eran políticos.
El magistrado Delfont señala en estos casos "las cautelas se refuerzan"
para no frenar el cumplimiento de deberes o comprometer la imparcialidad
del cargo público. El juez Delfont subraya que la ley “ básicamente (es)
para evitar en la medida de lo posible perniciosos efectos como, por
ejemplo, los siempre indeseables efectos de las maniobras alrededor de
la conocida técnica de “la puerta giratoria”, el pase de la vida pública
a la privada, la confusión de intereses.
Los negocios y el patrimonio del líder del PP balear son objeto de
debate político y pleitos desde hace tres años, poco después de ser
elegido, en 2011, con mayoría absoluta. Bauzá articuló un mensaje de
ruptura con los escándalos del pasado de la época de Jaume Matas y
marginó a los imputados de las listas de su grupo.
La sentencia judicial, recurrible ante el Tribunal Supremo, responde a
una demanda civil formulada por los diputados de la oposición, del PSOE
y los econacionalistas de Més, que consideraron que el presidente
vulnera la ley balear de incompatibilidades de los miembros del Gobierno
y altos cargos. Mabel Cabrer, portavoz del PP, ha reaccionado a la
sentencia exigiendo a los líderes de la izquierda que "pidan disculpas y
perdón" a Bauzá y al PP por "la campaña de difamación, calumnias y
persecución personal".
Bauzá afirmó en todo momento que estaba dentro de la legalidad y el PP
acusó a la izquierda de querer “ensuciar su imagen” con una “campaña de
acoso y derribo”. El vicepresidente del Gobierno regional, Antonio
Gómez, dijo el martes en el Parlamento que al presidente le “adorna” la
más absoluta legalidad.
El marco legal balear señala que el presidente y los consejeros no
podrán compatibilizar sus cargos con otra profesión o actividad, “por sí
o mediante sustitución o apoderamiento”. Tampoco podrán “percibir
cualquier otra remuneración que no sea la que corresponde al cargo o
puesto de trabajo del que se derive la incompatibilidad".
Tras la primera acción administrativa de la oposición ante el propio
Gobierno balear del PP, el Ejecutivo decidió, con informes de los
técnicos funcionarios, que Bauzá era compatible. La izquierda recurrió,
entonces, ante el Tribunal Superior. El presidente refutó, sin éxito, la
legitimidad de los diputados de la oposición para actuar contra él en su
contra en este caso.
José Ramón Bauzá posee una oficina de farmacia y laboratorios con siete
empleados, para cuya gestión nombró un sustituto. Fue alcalde y
responsable de Urbanismo de Marratxí, donde abrió su portal de boticario
antes de dedicarse a la política. El dispensario factura entre 1,1
millones y 800.000 euros anuales a la sanidad pública balear. Al estar
la oficina ubicada al lado de un centro de acogida de personas mayores,
la izquierda afirmó que el edil Bauzá participó en la modificación de la
normativa urbana que facilitó la ubicación de la residencia, que genera
buena parte de su negocio.
El PP ha vivido en este caso la réplica en propia carne de la campaña y
acción judicial que en 2001 emprendió contra la entonces consejera
balear de Salud del PSOE, la farmacéutica Aina Salom (1999-2003), que
facturó medicamentos a un centro de mayores público por cerca de tres
millones en cuatro años. En 2008 el Tribunal Superior dio la razón al PP
y decidió que Salom era incompatible cuando ya no era consejera.
Bauzá, tras ser elegido presidente en junio de 2011, figuró en el
Registro Mercantil, durante diez meses, como administrador y dueño de
dos empresas particulares, su patrimonial Bauser y la vinoteca Divino,
de la que es accionista. La izquierda le cuestiona también por esa
actividad económica. El político lo atribuyó a un olvido de su asesor.
Los econacionalistas de Més le denunciaron -sin éxito- ante la Fiscalía
por haber nombrado gerente en la televisión pública Ib3 a una persona
con la que tuvo negocios,
El político del PP tiene además inversiones inmobiliarias. Dice que solo
mantiene la gestión pasiva de su patrimonio personal, la farmacia y
“varios locales”. Tiene un chalé, un piso de lujo ante el mar en Palma,
cuatro locales y un solar de 7.500 metros en una zona residencial. En
sus declaraciones consta que afronta hipotecas. El PSOE afirmó en el
Parlamento que paga 10.000 euros al mes a los bancos.
Baleares cuenta con una Ley de Ordenación Farmacéutica para el sector.
El presidente y farmacéutico Bauzá sostuvo que su cargo no es ejecutivo,
sino de mera representación del órgano ejecutivo, y que las decisiones
relativas a la ordenación y gestión farmacéutica las adopta el consejero
de Sanidad (farmacéutico sin oficina propia), que tiene las competencias
para dictar órdenes o resoluciones.
Del total de los ingresos que obtuvo por las recetas de la sanidad
pública, 123.595 euros fueron abonados directamente por sus clientes por
los copagos. La oposición resalta la diferencia entre lo que ingresó del
IB-Salut el jefe del Ejecutivo y los 499.481 euros de media que
facturaron todas las farmacias
El president José Ramón Bauzá facturó el pasado año al Govern a través
de la farmacia que posee en Marratxí 886.510 euros por las recetas
bonificadas por la Seguridad Social, según los datos que ofreció ayer en
el pleno del Parlament el conseller de Salud, Martí Sansaloni. De esta
cantidad, 123.595 euros fueron abonados por los clientes de su botica
por los copagos. Esos 886.510 euros totales suponen un descenso del 16
por ciento con respecto a lo que facturó al IB-Salut en 2012 (1.051.426
euros), aunque Sansaloni no ofreció los datos desglosados por copagos
correspondientes a ese año ya que, según recordó en los pasillos del
Parlament, estos se aplicaron a partir de septiembre de 2012.
El conseller dio a conocer estos datos en respuesta a una pregunta de la
diputada Fina Santiago (Més) quien, al igual que el socialista Vicenç
Thomàs, resaltó los elevados ingresos que obtiene del IB-Salut la botica
de Bauzá. Dentro del pleno, Santiago se limitó a criticar que el Govern
se negara hasta ayer a hacer pública esta información solicitada por Més
desde enero. Después, en los pasillos de la Cámara balear, la diputada
incidió de manera especial en que los 886.510 euros facturados por la
farmacia de Bauzá al Govern que preside contrastan con los 499.481 euros
de facturación media de las 437 boticas de las islas por todas las
recetas bonificadas por la Seguridad Social.
Santiago recordó que en 2004, cuando Bauzá era regidor de Urbanismo en
el Ayuntamiento de Marratxí, "hizo una modificación de las normas
subsidiarias del municipio con el fin de que en lugar de un equipamiento
docente público se ubicara un equipamiento asistencial de uso y dominio
público a unos 500 metros de su farmacia". Este equipamiento asistencial
fue una residencia para mayores con dependencia, "consumidores
habituales de medicamentos".
Para Santiago, no hay dudas de que la ubicación de esta residencia
beneficiaba a la farmacia de Bauzá y que éste "utilizó la acción
política en beneficio personal", como lo demuestra, según dijo, el
incremento en la facturación a pensionistas que obtuvo su botica a
partir de 2007.
Añadió que "la bajada de la facturación que ha tenido en 2013 se debe al
copago de los pensionistas, ya que el número de envases es similar al
año anterior". El copago hizo que a partir de septiembre de 2012 los
pensionistas pagaran una parte del precio del medicamento.
Vicenç Thomàs también apuntó al copago como uno de los motivos que a su
juicio explican que la botica de Bauzá facturara menos al IB-Salut en
2013 que el año anterior. A ello, el diputado socialista añadió que "la
demanda de atención sanitaria ha bajado un 5 por ciento y, además, uno
de cada cinco pensionistas ha dejado de retirar medicamentos por el
copago". Por último, Thomàs resaltó el efecto del conocido como
"medicamentazo", la retirada de financiación pública de más de 400
medicamentos que en 2012 afectó a los últimos tres meses del año y no a
todo el ejercicio como ocurrió el pasado año, lo que también se
reflejaría en los ingresos.
En el pleno, Santiago criticó a Sansaloni que hasta ayer no informara
sobre la facturación de la botica de Bauzá en 2013, después de que Més
le pidiera esta información en varias ocasiones desde el pasado mes de
enero. "Usted me ha contestado de todo, hasta sobre la facturación de
todas las farmacias de Marratxí, pero la de Bauzá ha sido hasta ahora un
secreto", dijo la diputada al conseller. "En enero de 2015 le pediremos
la facturación de 2014, téngala preparada", avisó a Sansaloni.
Sansaloni
El conseller de Salud rechazó las acusaciones de intentar ocultar los
ingresos de la farmacia del president y sostuvo que desde que está al
frente de la Conselleria ha contestado a más de 1.400 preguntas de la
oposición. "Lo que pasa es que lo que están haciendo (la oposición)
desde hace tres años es una política de acoso y derribo contra una
persona que es el president", acusó Sansaloni a PSOE y Més.
La última vez que la oposición preguntó por la facturación de la botica
del president en 2013 fue el pasado día 7, cuando Santiago insistió en
comisión parlamentaria en que Sansaloni le desvelara este dato. En
aquella ocasión, el conseller se aferró a un error formal para no dar
esta información y Santiago ya le advirtió que le pediría estos datos en
el pleno. Además, la diputada de Més recordó al conseller que el plazo
que estipula el Reglamento del Parlament para que el Govern conteste a
las preguntas de los diputados es de 20 días y que por más que intentara
retrasar el hacer públicos estos datos, al final tendría que revelarlos.
Lo que sí contestó aquel día el conseller en comisión parlamentaria fue
lo que había facturado en 2013 la farmacia de Bauzá sólo por recetas de
pensionistas: 489.405 euros, es decir, más de la mitad de su facturación
total al IB-Salut y prácticamente lo mismo que facturaron de media las
boticas de las islas por todas las recetas bonificadas por la Seguridad
Social, no sólo por las de pensionistas.
El Tribunal Superior desestima las alegaciones del presidente y le da 19
días para contestar la demanda de incompatibilidad
El Tribunal Superior de Justicia de Balears hizo público ayer un auto
por el que se desestiman las alegaciones presentadas por el presidente.
Con esta resolución se cierran las cuestiones previas del litigio y en
consecuencia se dirimirá el fondo del asunto. Se entra pues en la fase
de prueba, por lo que Bauzá tiene 19 días para contestar la demanda en
su contra interpuesta por la oposición.
Bauzá pretendía que los magistrados declararan la inadmisibilidad del
recurso que presentaron PSOE y Més "por falta de legitimación" de ambos
partidos, ya que, sostenía, "el único beneficio" que obtendrían en caso
de una sentencia favorable sería "un rédito consecuente con su
posicionamiento político".
Anteriormente la Abogacía de la Comunidad Autónoma ya había esgrimido la
misma tesis, pero los magistrados de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo lo desestimaron. Ahora vuelven a tumbar las
alegaciones de Bauzá porque "no se puede negar interés legítimo a
parlamentarios del Parlament de les Illes Balears para cuestionar si el
Presidente de Illes Balears está incurso o no en causa de
incompatibilidad para dicho cargo por la sencilla razón de que son los
electores para su nombramiento y, por ello, no les puede ser indiferente
lo que se decida acerca de si está o no afectado por causa de
incompatibilidad para el cargo en cuyo nombramiento tuvieron que
decidir".
Como en la anterior ocasión, no ha habido un pronunciamiento unánime de
la Sala: el acuerdo se ha tomado por mayoría de tres de sus miembros
–Gabriel Fiol, Pablo Delfont y Fernando Socías–, mientras que las
magistradas Carmen Frigola y Alicia Esther Ortuño han emitido un voto
discrepante como ya hicieron la otra vez. Curiosamente, la sala despacha
la cuestión con un auto de solo 5 folios, frente a los 18 del voto
particular.
PSOE y Més consideran que Bauzá incurre en causa de incompatibilidad por
ser el titular de una farmacia que en su mayor parte factura al propio
Govern que él preside. Además, recuerdan que el líder del PP ocultó que
era administrador de dos sociedades mercantiles –una vinoteca y una
comercializadores de productos ortopédicos– siendo ya presidente,
circunstancia que prohíbe la ley balear de Incompatibilidades para altos
cargos.
Tras dar carpetazo el Govern por vía administrativa al posible conflicto
de intereses, la izquierda acudió a los tribunales solicitando que se
declare la incompatibilidad de Bauzá, lo que de facto podría implicar su
inhabilitación.
La Sala de lo Contencioso zanja ahora definitivamente la cuestión
planteada por el Govern y Bauzá a la par, ya que –reza el auto–, "de
seguirse el criterio que postulan quienes invocan la causa de
inadmisibilidad, al no venir referida la incompatibilidad a actuación
concreta, nadie –parlamentarios o no parlamentarios- estaría legitimado
para cuestionar judicialmente si el Presidente de la Comunidad Autónoma
está o no incurso en causa de incompatibilidad, por lo que bastaría una
decisión de su Consejo de Gobierno en sentido negativo, para enterrar
para siempre el debate".
Aunque el auto no se conoció hasta ayer, lleva fecha del 2 de diciembre
y el sentido de su parte dispositiva ya circulaba el martes por los
pasillos del Parlamento, sobre todo después de que la directora de la
Abogacía del Govern, Antònia Perelló, se encerrara en un despacho con
Bauzá y el vicepresidente Antonio Gómez. El encuentro dio pie a
especular que Perelló ya conocía todo o parte de la resolución judicial
y quiso comunicársela en persona al presidente.
En cuanto a los dos votos particulares, las magistradas reiteran la
sentencia del Tribunal Supremo que ´salvó´ al expresidente de Andalucía,
el socialista Manuel Chaves, de someterse a un contencioso similar al de
Bauzá. Así, las juezas repiten que "el Tribunal Supremo ha negado esta
legitimación a los parlamentarios, ya que los intereses legítimos que
representan se deben ejercer mediante los mecanismos parlamentarios, no
ante los Tribunales de Justicia. Partiendo de las consideraciones
expuestas, el recurso contencioso-administrativo debió ser declarado
inadmisible", remachan, aunque por mayoría se impone el criterio del
resto de la Sala.
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/12/12/bauza-logra-impedir-le-juzgue/896440.html
El exgerente de IB3 pone al presidente balear contra las cuerdas por sus
negocios: "Me dijo ´tengo que vender la vinoteca porque soy el adalid
anticorrupción´ y nos pidió 350 mil euros"
El exgerente de IB3, Borja Rupérez, preso en León por el atraco a la
abuela de su mujer. El titular, aunque llamativo, no tendría la
trascendencia política que tiene si no fuera por el hecho de que Rupérez
era un íntimo amigo del presidente balear, José Ramón Bauzá, tanto que
llegó a convertirse en su prestamista , además de que la entrada y
salida de aquel de la televisión pública balear estuvo relacionada con
una de las empresas privadas del político. El asunto tiene tintes de
escándalo mayúsculo.
Rupérez, un atracador a la sombra
Sobre el atraco a la abuela de la mujer de Rupérez, poco que contar. El
exgerente de IB3 fue detenido en octubre después de que la Policía
encontrara en su casa de Madrid planos del chalé de la anciana,
matriarca de una conocida familia de empresarios en León, con los que se
facilitó el asalto que llevaron a cabo cuatro hombres. Robo de 5.000
euros y joyas.
Íntimo del president
¿Pero quién es el madrileño Borja Rupérez, que llegó a presidir la
cadena pública de Baleares siendo un gran desconocido en esa comunidad?.
El empresario contó los detalles de su amistad con el president a Diario
de Mallorca. “Hicimos una muy buena amistad, me abrazaba efusivamente
cuando venía al Ritz de Madrid”, explica Rupérez, que narra, también que
su familia y la de Bauzá compartieron la comida de Navidad de 2010, “la
última antes de que ganara las elecciones”.
Bauzá le propuso a Rupérez venderle la vinoteca
Bauzá, que pretendió combinar su cargo de presidente con la
administración de varios negocios privados, tenía al final de su etapa
en la oposición una delicada situación económica en su vinoteca Divino,
así que le planteó la venta a su amigo Borja Rupérez. “El president me
dijo: ´tengo que vender la vinoteca porque soy el adalid anticorrupción´,
y nos pidió 350 mil euros”, ha contado el empresario. La cifra era
similar a las pérdidas de la empresa.
Cuatro entregas en sobres, hasta 140.000 euros
Según Rupérez, Bauzá le pidió un préstamo por adelantado porque la deuda
en su vinoteca se acumulaba y “tenía miedo de salir en el RAI como
moroso” y ser víctima de un escándalo.
Rupérez aceptó adelantarle a Bauzá 140.000 euros, un dinero que le fue
entregado en cuatro entregas de 35.000 euros, en efectivo, metidos en
sobres. Las dos primera entregas, según la versión de Rupérez, se
efectuaron antes de las elecciones y el resto, cuando Bauzá ya era
presidente.
El nombramiento como gerente de IB3
Tras ese préstamo, llegó el nombramiento de Rupérez como gerente de IB3.
La cosa habría sido más o menos así, según cuenta el empresario: “¿No te
interesaría trabajar en IB3? Yo te podría dar un cargo”, le dijo el
presidente. Dos semanas después llegó su nombramiento.
¿Y por qué no, director de RTVE?
La cosa no terminó ahí. Según Rupérez, “Bauzá llegó a prometerme la
dirección de RTVE en Madrid, como si yo no supiera que ese cargo no
depende de él”. El periodista Matías Vallés cuenta hoy en Diario de
Mallorca que el empresario comentó en su despacho en la televisión
pública que él se iba a Madrid, “en cuanto a mi amigo lo hagan
ministro”.
El cese, tras la centa frustrada de la vinoteca
Pero el sueño de Rupérez se truncó porque no accedió a comprar la
vinoteca del presidente por los 350.000 euros que pedía, y éste le
castigó cesándole como gerente de IB3, en noviembre de 2011. Y no sólo
eso, se negó a pagar los 140.000 euros adelantados.
Para la mala suerte del presidente balear, su prestamista había grabado
en un iPhone algunas conversaciones comprometedoras , así que a Bauzá no
le quedó más remedio que buscarse unos buenos abogados que negociaran
zanjar el turbio asunto de la manera más urgente posible.
Pérdidas de 330.000 euros
Los balances oficiales de la vinoteca Divino, cuyo accionariado Bauzá
compartía con el empresario José Antonio Guitart, dan cuenta de que la
empresa acumula pérdidas de 330.000 euros hasta finales de 2010, un
desequilibrio patrimonial que no ha sido corregido ni reclamado
judicialmente por los acreedores.
Bauzá ocultó al Parlamento balear y al Govern sus negocios
Bauzá ocultó que era administrador de la vinoteca Divino y además de una
farmacia y de su negocio de alquiler de locales comerciales (Bauser
International 2001 SL) al Parlamento balear y al Govern, cuando tomó
posesión de su cargo como presidente autonómico en 2011.
Bauzá mantuvo durante 11 meses la presidencia de Baleares con la
administración de algunos de sus negocios, como la vinoteca. Aunque el
presidente balear aseguró que dejó la administración de esta empresa el
9 de julio de 2011, la realidad es que no lo elevó a público ante
notario hasta el 28 de abril de 2012, y no se formalizó hasta unos días
después ante el Registro Mercantil.
En el caso de Bauser SL, ocurrió algo similar. El presidente se mantuvo
en el cargo hasta que el 30 de abril de 2012 puso a su mujer en su
lugar. En el periodo comprendido entre estos once meses, Bauzá firmó
documentos de ambas sociedades en su calidad de administrador, mientras
presidía el Gobierno balear.
Bauzá levanta un avispero con su polémica reforma educativa
Sectores del PP cuestionan al presidente de Baleares por endurecer su
estrategia política
A José Ramón Bauzá le gusta el ataque.Un ataque medido, sin demasiadas
salidas de tono que le comprometan personalmente, pero al fin y al cabo
una estrategia ofensiva. Ese es el esquema de confrontación política que
ha elegido el presidente de Baleares, donde el PP domina desde mayo de
2011 todas las instituciones con la mayoría absoluta más holgada en la
historia de la autonomía, pero que empieza a costarle el cuestionamiento
interno, al menos en las islas. Y el barón popular ha demostrado en la
última semana que está dispuesto a mantenerlo tanto en el archipiélago
como frente a Madrid y el Gobierno de Mariano Rajoy.
Bauzá ha levantado un avispero con una polémica reforma educativa que
introduce el trilingüismo por decreto a costa del catalán, según la
oposición, cambiando un modelo que ningún presidente del PP se había
atrevido a tocar y que rompe décadas de consenso social. El domingo más
de 100.000 personas marcharon contra esta reforma en todas las islas
tras una huelga indefinida que dura ya tres semanas. Una multitud a la
que él tachó de “minoría”. Días después, volvió a la carga con un ataque
a los Presupuestos Generales del Estado. No lo hizo directamente, sino a
través de cargos autonómicos del PP. El mensaje a Rajoy y al ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, es inequívoco: las cuentas para 2014
suponen un “desprecio” y un “maltrato” del Gobierno a su autonomía.
La primera decisión le costó críticas entre los alcaldes populares y
sectores del partido en Baleares. La gestión de la huelga llegó a
provocar cierto malestar en Madrid. Pero todos los consultados recuerdan
que la mejor carta de Bauzá es su sólida mayoría absoluta. Y es
precisamente esta la circunstancia que le permite elegir su estrategia.
Algunos cargos insisten en la metáfora futbolística cuestionando su
“táctica de entrenador que prefiere el esquema de ataque”, en lugar de
aprovechar esa mayoría para limitarse a controlar el partido.
Otros dirigentes del PP balear admiten que en la estructura del partido
en Baleares rige “un estilo de ordeno y mando, sin debate interno”. Al
presidente se le reconocen formas afables, talante y cercanía en el
trato personal, pero también unos modos implacables, propios de un
estratega militar, “sin margen para el error o el repliegue”.
Bauzá, a punto de cumplir 43 años, farmacéutico de profesión, tenía
experiencia como alcalde de Marratxí, una ciudad dormitorio de Palma. Al
llegar al Gobierno, igual que hizo en el partido, se rodeó de un núcleo
reducido de asesores y gestores de imagen sin experiencia gubernamental.
Su mano derecha, el fiel vicepresidente Antonio Gómez, también fue
alcalde y se obsesionó con la penetración en los municipios de sus
cargos públicos y parlamentarios. Y desde allí le ha llegado ahora la
réplica.
El alcalde de Binissalem, JeroniSalom, presidente del PP de Mallorca,
criticó al Gobierno de Bauzá antes de la manifestación por “un error
cálculo” ante el impacto de la huelga de profesores. Y aseguró en la
Ser: “El Gobierno ha reaccionado tarde, jamás pensamos que hubiera en la
calle una problemática tan grande”. Al día siguiente tuvo que matizar
sus comentarios y aseguró que estaban “sacados de contexto”. No
obstante, muchos alcaldes viven con malestar la gestión de esta huelga
que tanto inquieta ya a los padres. Muchos alertaron a la cúpula del PP
y al entorno de Bauzá sobre el rechazo de familias y profesores a la
reforma. No les tomaron en consideración.
El lunes, la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, defendió
públicamente a Bauzá, apelando a “las voces que hace dos años votaron al
PP en Baleares sabiendo cuál es el proyecto educativo”. La cúpula
popular perdona al presidente de Baleares ese error de cálculo, “sobre
todo si se compara la situación de Baleares con la de Cataluña”, resume
un miembro del Comité Ejecutivo. En el partido hay un sector duro que
apoya esta estrategia y pide que no “se dé ni un paso atrás”, no
obstante, también hay dirigentes y diputados muy perplejos. Lo que
cuestionan es precisamente la escasa explicación que precedió la
adopción de esta medida, y no les extraña que haya derivado en un
incendio más.
Un incendio que algunos esperan se aplaque con el rechazo frontal a los
Presupuestos, que en Madrid estarían dispuestos a perdonar y se
considera una “rebelión pactada”. Aunque también es otra estrategia de
ataque que, si se tensan las relaciones con Hacienda, podría convertirse
en un nuevo frente abierto.
http://politica.elpais.com/politica/2013/10/02/actualidad/1380742748_077976.html
Los manifestantes argumentan que la introducción del trilingüismo por
decreto se hace a costa del catalán
La marea verde se hizo tsunami este domingo en Baleares. Las cuatro
capitales de las islas del archipiélago (Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera) han acogido manifestaciones que en su conjunto han reunido a
más de 110.000 personas (de una población de 1,1 millones) para
protestar contra los recortes y el vuelco en el modelo educativo que
pretende el PP, con la introducción acelerada de un trilingüismo que
debe recortar el espacio del catalán y el castellano para dárselo al
inglés. Fue también una manifestación en solidaridad con los profesores
de la enseñanza pública no universitaria, en huelga indefinida desde el
16 de septiembre. Según los organizadores se trata de “la mayor
manifestación de la historia” en el archipiélago.
En estas marchas del 29-S por la educación pública de calidad y en
defensa de la lengua catalana, anidó una crítica directa al plan del PP
de introducción urgente y sin consenso educativo del trilingüismo en las
aulas. Los sindicatos rechazan “la imposición” del inglés en tres cursos
de primaria, uno de infantil y uno de secundaria. El PP solo está
dispuesto a dejar que sea opcional de los centros la aplicación en un
curso de secundaria.
En las calles se comprobó que el PP erró en su intento de hacer chocar a
los padres con los docentes en paro. No ha habido conflictos
significativos en los centros y, este domingo, cerca de 200 autobuses
fueron movilizados por asociaciones de padres y madres que acudieron
desde los pueblos hasta Palma. Tampoco caló la estrategia de la derecha
de denunciar la “politización” de la huelga, como dijo el ministro de
Educación, José Ignacio Wert.
Ante la protesta, el presidente Balear, José Ramón Bauzá, censuró
insistentemente a la “minoría” que grita ante la legitimidad de su
“mayoría silenciosa que se expresa en las urnas”. Bauzá fue el más
aludido críticamente por los cánticos y pancartas de los manifestantes.
Sin apenas banderas y pancartas partidistas, las cuatro expresiones
callejeras festivas de Mahón, Palma, Ibiza y Formentera transcurrieron
sin incidentes. La Sociedad de matemáticas cifró en 80.000 los
asistentes solo en Palma, y la Delegación del Gobierno los rebajó a
70.000. En Ibiza y Mahón fueron unos 10.000 y en Formentera 500. En
Barcelona y otras ciudades hubo actos de solidaridad.
De verde y hablador, Xisco P, exbancario jubilado, explicó: “Llevo la
camiseta de los profesores en huelga en homenaje a mi maestro de las
primeras letras en Es Puig de Sant Pere de Palma, que en la dura
posguerra y pese al control del profesor falangista nos ayudó a amar
nuestra lengua y nos la enseñó”.
Xisco se pasea por el barrio y la escalera de la comunidad con la prenda
reivindicativa. En la torre de pisos en la que habita, en la capital,
hay una maestra de escuela de un colegio de monjas, G., que secundó la
huelga pero que no pudo usar prenda ni signo verde. La propiedad del
centro se lo impidió. De todas formas el primer día el 80% de educadores
de la primera línea escolar, paró.
Angel B. y Concha, con sus tres hijos de cinco, tres y un año, como
cientos de familias de las islas, participaron en el desfile de apoyo a
los docentes. La protesta tiene muchas lecturas posibles, todas en
sentido crítico al Gobierno del PP. El partido del poder reduce el
mensaje: es una manifestación política, contra la enseñanza en inglés.
La huelga debe de dar fuerza a la huelga de docentes, que empieza su
tercera semana, ante el fracaso de las primeras negociaciones del
Gobierno balear de José Ramón Bauzá del PP con los sindicatos de la
enseñanza y asambleas horizontales nacidas en cada centro.
Las familias de alumnos son cómplices de la acción reivindicativa de los
profesores. Un sector de los huelguistas —con 10 días sin ir a trabajar—
ha perdido ya 1.000 euros de su nómina. 220.000 euros se han recaudado
en colectas. Miquel Barceló anunció ayer que redobla su apoyo con obra
gráfica para su venta. La potencia alcanzada por la manifestación
respalda la posición de los profesores y de sus socios, las familias,
ante el Gobierno.
Las sanciones impuestas el mes de julio por el Gobierno Bauzá a tres
directores de institutos de Menorca, por objetar sus planes lingüísticos
caldearon la respuesta sindical. El Gobierno del PP también ha aprobado
leyes de convivencia y de símbolos en escuelas para controlar el
discurso de los maestros, y prohibir el uso de las banderas de las
cuatro barras (símbolo de la defensa de la lengua y cultura catalanas)
en las escuelas, infracción que representará una multa de hasta 10.000
euros al responsable. Son normas legales que rechazan los sindicatos por
“represivas y autoritarias” y porque “causan más tensión”.
Ante la protesta social más extendida de la democracia Bauzá se siente
tranquilo, avalado por la mayoría absoluta de las urnas (la más holgada
desde 1983) y cree en la necesidad de afrontar una reforma histórica,
liberal, en la educación. Con gestión inflexible, de mano dura, Bauzá
aborda un giro rotundo en las escuelas y reduce enseñanza del catalán y
el castellano a favor del inglés.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/29/actualidad/1380473980_619444.html
El paro contra el trilingüismo inicia su segunda semana sin visos de
solución inmediata
Se han recaudado 107.000 euros para ayudar a los maestros
Una huelga inédita que ha entrado este lunes en su segunda semana tiene
bloqueado el comienzo del curso escolar en Baleares. Las clases no se
imparten con normalidad en gran parte de los 300 centros públicos pese a
que las aulas se abrieron el pasado día 13 de septiembre. La comunidad
educativa protesta contra el modelo trilingüe impuesto por el Gobierno
de José Ramón Bauzá (PP) que resta peso horario al catalán en favor del
inglés. El apoyo social recabado por los profesores es incontestable en
las calles. Como prueba, las fotografías y un dato: la caja de
resistencia para compensar la pérdida de salario por la huelga lleva ya
recaudados 107.000 euros en aportaciones individuales y alguna donación
significativa: el pintor Miquel Barceló aportó un grabado para su venta
en subasta, en un acto cómplice con la causa de los huelguistas.
El paro representa un episodio sin precedentes por la resistencia de los
docentes —pese a la sangría en sus nóminas, hasta 600 euros— y, también
por esa complicidad ciudadana, aunque hay también sectores disonantes,
movimientos críticos de familias por la duración del conflicto. En Ibiza
y Formentera el Gobierno reconoce un impacto del 27% entre el
profesorado mientras que los sindicatos lo elevan al 90%. En Mallorca,
la Administración habla del 9,5% y los huelguistas del 55%. En Menorca
la protesta ha bajado su intensidad. El paro no tiene visos de solución
inmediata aunque el Gobierno ha llamado a los sindicatos a una mesa de
negociación con los mismos puntos de otras citas, pero no plantea,
inicialmente, un diálogo concreto para afrontar el fin de la huelga. Los
padres no enviarán a sus hijos el viernes a la escuela y el domingo se
prepara una movilización ciudadana en Palma, Mahón, Ibiza y Formentera;
este martes ante el Parlamento los huelguistas quieren expresar, de
nuevo, su rechazo al refrendo de normas lingüísticas y educativas
aprobadas por decreto. El PP actuó en vísperas del inicio del curso para
esquivar una sentencia adversa de los tribunales. El Tribunal Superior
de Baleares había paralizado cautelarmente la implantación del decreto
de trilingüismo por defectos de forma a la espera de pronunciarse sobre
el fondo del asunto.
El pintor Miquel Barceló ha donado un grabado para vender en subasta
“Es grave que llevemos una semana sin dar clases pero el Gobierno tarda
dos y tres semanas en sustituir una baja en los centros”, advirtió una
portavoz de los profesores huelguistas. En el sistema balear hay 164.000
alumnos de los que 54.000 asisten a escuelas privadas y concertadas,
donde el eco del conflicto es testimonial. La mitad de las plantillas de
los 10.500 profesores de los centros públicos sigue parada aunque el
Gobierno rebaja al 9,5% el impacto del paro de este lunes.
La patronal de las 25 escuelas privadas, con 11.000 alumnos, salió en
apoyo del Gobierno del PP y la presidenta del gremio concertado,
Magdalena Mateu, dijo a la radio Ib3: “La consejera de Educación,
JoanaMaria Camps, hará todo lo posible para que todo funcione” y
desgranó las bondades sobre el trilingüismo.
El Gobierno de las islas ha dejado crecer un conflicto excepcional por
su impacto y extensión en toda la geografía del archipiélago. En cada
pueblo, en cada una de las escuelas, existe un núcleo contestatario, que
objeta a la política educativa gubernamental. Los sindicatos CC OO, el
nacionalista STEI, UGT y la alternativa asamblea de docentes impugnaron
las acciones urgentes del PP para dar un vuelco al sistema educativo. El
sindicato conservador ANPE se adhiere a la protesta y la escuela
católica se muestra comprensiva.
Baleares sustituye la inmersión en catalán por el trilingüismo en las
escuelas
La derecha balear apostó por anular la inmersión lingüística parcial en
las escuelas, que tenía el catalán como lengua vehicular de la
enseñanza. “Hemos acabado con la imposición de la inmersión y apostamos
por la libertad”, predica el presidente Bauzá, que culpa, sin datos
científicos a la vista, del fracaso escolar (del 39%) a este modelo y
“las leyes socialistas”. La estructura imperante en la educación de las
Baleares desde hace tres décadas tiene la marca de la propia derecha.
La mecha que prendió la protesta tiene diferentes líneas. Los argumentos
iniciales radican en una respuesta a los recortes salariales, de
plantillas, de becas de transporte y comedor, más las leyes de símbolos
(con multas de 10.000 euros por exhibir banderas catalanas en los
centros) y las normas nuevas autonómicas de convivencia sobre la
autoridad y respeto en las aulas. Una marea verde nació en cada isla
para defender la escuela pública y el bilingüismo y los sindicatos
llamaron a la huelga contra la imposición urgente del trilingüismo.
La llamarada partió del TIL (Tratamiento Integrado de Lenguas) que
afecta a 36.000 alumnos que estudiarán en inglés, castellano y catalán.
Su aplicación se inicia entre alumnos de cinco años (en segundo curso de
educación infantil) y de 11, en primero, en un solo curso de ESO. En
primaria, primero, tercero y quinto, inician el proceso experimental, a
desarrollar totalmente en cinco años en todos los cursos y niveles.
Un librero distribuidor de textos escolares narró a EL PAIS el
desconcierto inicial de la aplicación del trilingüismo, que se aplicó,
se suspendió judicialmente durante dos horas y el Gobierno lo reactivó,
modificándolo, al cabo de otras dos horas. “En una mañana, en tres horas
recibimos tres encargos distintos de libros de texto para una
asignatura, Matemáticas, que cambio del inglés al español y después al
catalán. Eran 50 libros cada vez”. Este día el Gobierno excitó más aún
la protesta.
Bauzá ha cambiado la inmersión por el trilingüismo: "Por la libertad",
dicen
Este lunes, en una escuela de la turística Portocristo, Manacor, un solo
niño fue a clase. En es Pont de son Gotleu de Palma tan solo 60
escolares de los tres centenares habituales. En Menorca ha bajado el
seguimiento aunque se mantiene desde hace una semana una acampada de
padres contra las sanciones a tres directores de instituto que objetaron
el nuevo modelo del trilingüismo. “Estamos preparados para resistir esta
semana y más”, confesó anoche una maestra de primaria tras la masiva
Asamblea de Docentes. “No hay visos de dar marcha atrás, seguimos”, dijo
a última hora.
Las familias cooperan con la protesta. La federación de padres apoya la
huelga y contribuye a su impacto, pese a las amenazas gubernamentales de
intentar sancionar a quienes impulsan el absentismo de sus hijos. En
Ibiza, 1.000 personas llenaron el fin de semana el paseo central de la
capital con sus camisetas verdes y fueron las asociaciones de padres y
madres las que se movilizaron. “Los padres reciben presiones muy fuertes
para que no lleven sus niños a clases”, repitieron distintos líderes del
PP.
“El Gobierno no quiere negociar nada”, replican los sindicatos. “No
pasaremos por la retirada del decreto de trilingüismo”, advirtió la
portavoz del PP, Mabel Cabrer. Y la diputada Magda Prohens repitió en
dos radios locales las ideas del argumentario. “Algunos profesores
intentan aliarse con los padres para que no lleven a sus hijos a la
escuela. Ellos tienen una obligación, cobran un sueldo público que
pagamos todos. Cobran para dar clases”.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/23/actualidad/1379964896_017208.html
Los profesores iniciaron un paro educativo que coge impulso en las
asociaciones de padres: piden que los niños no vayan al colegio. El PP
de Eivissa se desmarca del Govern. Protestas masivas desnudan la minoría
social de un president con mayoría absoluta política
Lo que empezó siendo una huelga de profesores se ha convertido en un
paro de padres y alumnos. Así se calibra el error estratégico de un
Govern que no contó con el sentido común de las familias cuando lanzó su
ataque velado al catalán con la excusa del inglés y de un fracaso
escolar que en España se repite en todos los idiomas. El cálculo de
Bauzá de que solo los sectores más acendrados y militantes del
nacionalismo catalanista plantarían cara al decreto de trilingüismo
concebido desde el nacionalismo españolista del president saltó por los
aires cuando el Govern incorporó a la protesta a los miles de padres sin
trinchera lingüística que están de acuerdo con la enseñanza en inglés,
pero no tragan con que el president Bauzá convierta a sus hijos en
cobayas. Y menos para complacer las fobias ideológicas que tan buena
imagen le dan al president entre lo más rancio de la derecha madrileña,
a costa de enseñar en inglés con profesores que en muchos casos lucen la
pronunciación de Tarzán y la gramática de un indio apache salido de una
película de vaqueros de John Ford. Es decir: fracaso garantizado. Máxime
cuando se dirigen a alumnos que, según padres y profesores, no entienden
lo que sea que les están diciendo en un remedo de idioma que no
reconocería Shakespeare ni aunque le pusiesen subtítulos.
Todo ello en un contexto de recortes públicos que lleva la reforma a un
punto de incoherencia sin retorno: Bauzá lleva tres años mutilando las
partidas de formación del profesorado, pero pretende que los docentes
estén de la noche al día preparados para impartir clases en inglés. Por
ahí muere el sentido común, el menos común de los sentidos. Su
desaparición de la negociación educativa queda plasmada en una frase tan
repetida en la calle que la ha oído estos días hasta el president, que
vive la polémica escondido de la sociedad a la que pretende gobernar:
"Estoy a favor de que se enseñe en inglés, pero no así, sin recursos,
sin profesores preparados y con niños que aún no tienen el vocabulario
básico para entender asignaturas que desconocen". Con leves variaciones,
esas palabras han aparecido en estas páginas en boca de uno u otro padre
durante toda la semana que hoy concluye. La frase, de hecho, es similar
la que usaba el PP de Eivissa para desmarcarse de la estrategia de Bauzá
y pedir "progresividad en la implantación del modelo trilingüe y en la
dotación de recursos".
Centros vacíos con maestros dentro
Se explica así que la huelga siga viva mientras los maestros vuelven al
trabajo. Lo pueden ver en las cifras de seguimiento de la tabla que
acompaña a estas líneas: pese a que el porcentaje de profesionales en
huelga ha ido descendiendo conforme se acababa la capacidad de
resistencia económica de unos profesores que pierden cien euros por día
de paro, la parálisis de los colegios no ha hecho más que aumentar. El
lunes no había profesores. El viernes no había alumnos. De eso se han
encargado los padres. Y sus hijos. La situación se resume en una escena:
el jueves, en Manacor, un instituto de 800 alumnos vio entrar a once
estudiantes.
Estaban los profesores, pero no los chavales. Así no hace falta ni
seguir engordando la caja de resistencia de los huelguista para doblarle
el brazo a un Bauzá al que no respaldan ni los suyos, como quedó patente
ayer en Eivissa o durante toda la semana en una huelga a la que se
sumaron profesoras casadas con cargos del PP en Educación o hermanos de
destacados consellers que han formado parte de este Govern ahora
arrinconado.
Por no hablar de la deserción masiva de militantes de PP de los actos
del partido. Lo leyeron ayer en estas páginas : el primer presidente que
huye de la inauguración del curso académico en la Universidad y se
esconde hasta de esa fiesta mayor del arte y la cultura que es la Nit de
l´Art, fue incapaz de simular un lleno en un mitin de ses Voltes al que
no asistieron ni los militantes, pese a la mediación del antiguamente
todopoderoso convocador de conservadores José María Rodríguez. En ses
Voltes había 250 personas (contando a los muchos policías presentes), y
la mitad eran cargos políticos o familiares de cargos.
Con semejante quórum cuesta averiguar dónde está esa mayoría social que
Bauzá confunde con su mayoría absoluta política, para justificar la
imposición de un decreto de trilingüismo (TIL) que recibe un rechazo
casi absoluto en los centros públicos. Y en la calle: mientras el
president se borraba de la agenda pública y su mitin del viernes
pinchaba con apenas 250 acólitos presentes de 500 citados, las protestas
educativas superaban cada día los 4.000 manifestantes.
Rechazo masivo en la Part Forana Eso en Palma, donde el malestar salía a
la calle. En la Part Forana la huelga enseñaba músculo en los centros.
Se ve en los datos: los diez institutos con mayor seguimiento de la
huelga son de fuera de Palma (el Damiá Huguet, de Campos; el Sant Marçal,
de Santa Maria; el Puig de Sa Font, de Son Servera, el de Llucmajor; el
Can Peu Blanc, de Sa Pobla; el de Binissalem, el de Capdepera; el de
Santanyí; el Clara Hammerl, del Port de Pollença, el instituto de
Portocristo; el Guillem Cifre, de Pollença, o el instituto de Son
Ferrer, en Calviá). Y, del mismo modo, son de fuera de Palma todos los
institutos que el viernes superaban el 75% de seguimiento, según cifras
facilitadas por la fuente más fiable de esta huelga, la asociación de
profesores (a diferencia del Govern, que habla de normalidad mientras
los colegios están vacíos y su president se parapeta de todos, en los
datos de seguimiento de los profesores solo se cuenta a quienes hacen
huelga entre quienes tienen derecho a hacerla, al estar exentos de
servicios mínimos).
La sorpresa así es que no sorprenda algo que en condiciones normales
resultaría inimaginable: que las asociaciones de padres de centros
públicos (la última en hacerlo fue ayer la de Eivissa) recomienden a las
familias no llevar a los niños al colegio. Gana de ese modo virulencia
la rebelión contra un TIL al que se le afea la imposición unilateral por
parte de un Govern que se declara dispuesto a negociarlo todo menos el
decreto lingüístico. Cuando el fuego arde, Bauzá lo apaga todo salvo las
llamas.
José Ramón Bauzá dice que la huelga indefinida en la enseñanza tiene un
"marcado carácter ideológico". El president del Govern, que ha sido
entrevistado esta mañana en IB3 Radio, ha destacado que existe el
derecho en la huelga, como también existe el derecho a recibir una
educación. Bauzá ha hecho un llamamiento a a la responsabilidad de los
docentes, afirmando que la huelga no beneficia nadie.
Además, ha defendido que sí ha habido voluntad de negociar, pero ha
dicho que "lo primero que querían los sindicatos al sentarse en la mesa
es que se retire el TIL y también los expedientes a los directores
menorquines", y ha añadido que la comunidad educativa no les puede
impedir realizar su proyecto, que ha sido votado por la mayoría.
Asimismo, Bauzá ha expresado que es normal que se critiquen los
servicios mínimos porque lo que querían los convocantes de la huelga es
que en los centros "sólo estuviera el director y el secretario, una
fórmula que no garantiza una buena atención a los alumnos", ha dicho.
Según el president, lo único que pretende el modelo trilingüe que lleva
el Decreto de lenguas es que "los niños tengan la máxima capacidad y las
máximas posibilidades de ser competitivos", algo que se consigue, según
él, "hablando cuántos más idiomas mejor". Y ha añadido: "si los docentes
realmente fueran responsables y les importara quién sale perjudicado,
los niños, no habrían convocado esta huelga".
"No queremos imposición, no queremos educación que no sea en libertad,
tienen que respetar la decisión de la mayoría", ha considerado Bauzá, al
mismo tiempo que ha criticado a aquellos sectores que sólo sacan la
bandera del idioma para fomentar el enfrentamiento
Enrique Calvo filtró supuestamente respuestas de un examen a dos
policías que ascendieron
Un hombre del aparato del Partido Popular, Enrique Calvo, tuvo que
dimitir este jueves de su cargo de director general de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de Palma tras ser imputado en un episodio de
supuesta corrupción relacionado con las pruebas de ascenso a oficiales
de la Policía Local. La Guardia Civil registró el cuartel central de la
antigua guardia urbana y requisó bases informáticas y los expedientes
administrativos del proceso de 2012.
La Fiscalía Anticorrupción acumula indicios y documentos escritos que
señalan que, supuestamente, Enrique Calvo transmitió hasta siete
preguntas y sus correspondientes respuestas a dos policías de su entorno
que resultaron ganadores, en una oposición, de sendas plazas. Personas
protegidas por Calvo entraron a la cúpula policial. En su día, la
promoción del nuevo intendente, el oficial de más grado desde 2011,
Antonio Vera, fue denunciada políticamente por el PSOE.
El asunto está trabado porque una persona que el implicado Enrique Calvo
usó de intermediaria, para recabar las direcciones electrónicas de sus
amigos y mandarles la información confidencial del examen, acudió al
notario con las copias de los correos que desvelan la aparente
manipulación ilegal. Y la denunció al consumarse.
Una reciente operación de la Audiencia Nacional en Mallorca, contra la
banda internacional de moteros Los Ángeles del Infierno, reveló que
diferentes policías municipales de Palma cooperaban con capos de la
banda, con posible tráfico de datos y documentos. Al menos uno de los
imputados en el examen filtrado apareció vinculado a la red de las
motos. La Guardia Civil intervino en aquella investigación y por ello
registró este jueves la sede central de los antiguos urbanos de Palma.
El juez José Castro dirigió la operación, al estar de guardia. El caso
está en manos de fiscales Juan Carrau, Miguel Ángel Subirán y Pedro
Horrach. No se efectuaron detenciones.
Enrique Calvo afirmó que dimitía, no porque asumiera los hechos que se
le imputan, sino para "no perjudicar al cuerpo de la Policía Local y
para poder ejercer libremente su defensa". Controla una junta de
distrito del PP de Palma y es un activista de confianza de José María
Rodríguez, exsecretario general del PP de Baleares, líder del PP en la
capital balear y exconsejero de Interior con Jaume Matas. Rodríguez,
controvertido personaje, a su vez, es investigado en un escándalo de
supuesta financiación irregular del PP, con pagos en dinero B a la
agencia Over MC, según declaró su dueño Daniel Mercado.
Podrán acogerse viviendas que lleven más de ocho
años construidas y sin expedientes abiertos
El Gobierno de Baleares de José Ramón Bauzá, del PP,
lanzó este viernes una nueva iniciativa legislativa
de impacto social con la que pretende beneficiar a
más de dos decenas de miles de ciudadanos y subrayar
su proyecto político liberal conservador. Mediante
la nueva ley de suelo -que el PP aprobará sin
problemas-, los propietarios de unas 25.000 casas y
construcciones ilegales en suelo rústico -porque se
alzaron o ampliaron, al margen de la norma, sin
licencia ni permiso de obras-, podrán regularizar
sus bienes inmuebles. El urbanismo disperso creció
espontáneo, sin control de la administración, en
terrenos agrícolas en desuso o de nuevo valor
residencial
Podrán acogerse al mecanismo de amnistía o
regularización las viviendas e instalaciones que
lleven más de ocho años construidas, siempre que no
pese sobre ellas expedientes sancionadores o
judiciales. En este plazo no hay posibilidad de
nuevo procedimiento legal al haber prescrito el
delito, según razona el Gobierno.
La medida tiene también finalidad recaudatoria. Los
propietarios que se acojan a la medida de gracia
deberán pagar las tasas municipales, presentar plano
del proyecto y abonar una sanción de entre el 15% y
el 25% de lo que costó la obra inicial. El primer
año será más barata la regularización.
BielCompany, consejero de Ordenación del Territorio,
Medio Ambiente y Agricultura, empresario rural y ex
activista de la patronal Asaja, es el adalid de
estas reformas de apertura liberal. Las ha aplicado
ya en las licencias para nuevos pozos, en la gestión
de parques naturales y en los fondeos en zonas
delicadas. Company opina que los Gobiernos
progresistas en Urbanismo y Territorio actuaron "por
ideología", de manera insensata, al vetar e impedir
el desarrollo de muchos proyectos y proteger zonas
del territorio en proceso de urbanización. Cree el
político del PP que la izquierda “confundió lo
público con barra libre”.
Con la nueva ley del suelo de Baleares en marcha
–única comunidad que no ha desarrollado hasta ahora
su propio marco en España-, el consejero Company
emplaza a ayuntamientos y consejos insulares "a
actuar" contra las ilegalidades urbanísticas en su
ámbito porque “se debe acabar de mirar hacia otro
lado. Si se hacen nuevas obras ilegales, se han de
derribar”.
El nuevo marco legal contempla el flexibilizar la
tramitación de licencias de obra. Los ayuntamientos
podrán sustituir la licencia urbanística por una
comunicación previa para comenzar las obras menores.
El Tribunal Superior de Baleares
sentenciará sobre los negocios
privados del presidente balear
La justicia investigará los
múltiples negocios privados del
presidente balear, José Ramón Bauzá,
para aclarar si incurren en una
incompatibilidad con el cargo
público que ostenta. El Tribunal
Superior de Justicia de las Islas
Baleares ha admitido a trámite la
demanda presentada por el PSOE y la
coalición de izquierda nacionalista
Més, en la que se solicita el cese
de Bauzá por mantener una actividad
económica paralela al desempeño de
su ocupación institucional. Las tres
infracciones denunciadas,
tipificadas como graves y muy graves
en la ley balear de
Incompatibilidades de Altos Cargos,
podrían costarle la inhabilitación
para trabajar en la administración
durante diez años. El Gobierno
autonómico deberá pronunciarse al
respecto mediante un escrito en los
próximos veinte días, tras lo cual
el tribunal emitirá sentencia.
En junio de 2011, Bauzá,
farmacéutico de profesión, tomó
posesión como presidente, un cargo
por el que empezó a cobrar 70.000
euros anuales. En la declaración de
bienes que presentó entonces tanto
al Gobierno autonómico como al
Parlamento no mencionó la
titularidad de una farmacia con la
que, ese mismo año, había ganado
134.176 euros. Desde entonces, el
negocio familiar de Bauzá ha
facturado cerca de 2 millones de
euros a las diferentes empresas
sanitarias del Ejecutivo que
preside. El dirigente del PP tampoco
dejó constancia de la propiedad de
otras dos empresas: Bauser
International, enfocada a la gestión
de patrimonio, y Divino, una enoteca.
Las escrituras y los balances de
cada uno de esos tres negocios
particulares están ahora bajo la
lupa de los jueces por una posible
incompatibilidad con el ejercicio de
la función pública a un alto nivel.
Para la diputada socialista Pilar
Costa, “Bauzá es tri-incompatible” y
“debe elegir entre los negocios, que
en su momento ocultó, y su cargo
como presidente”. El presidente
balear ha negado en todo momento
“incurrir en incompatibilidad
alguna” y cuenta con el aval de los
servicios jurídicos del Gobierno,
que en su día elaboraron sobre este
asunto un informe al que la
oposición no ha podido tener acceso.
Pese a las reiteradas peticiones de
la oposición en sede parlamentaria,
Bauzá solo detalló su patrimonio
tras la presentación de un recurso
contencioso-administrativo
presentado por socialistas y
econacionalistas en diciembre. Se
supo entonces que, además de
mantener las tres actividades
económicas ahora bajo sospecha, el
presidente posee un chalé y un piso
de lujo frente al mar en Palma,
además de un solar de 7.500 metros
cuadrados en una urbanización y
cuatro locales comerciales.
El Tribunal Superior de Baleares
sentenciará sobre los negocios
privados del presidente balear La justicia investigará los
múltiples negocios privados del
presidente balear, José Ramón Bauzá,
para aclarar si incurren en una
incompatibilidad con el cargo
público que ostenta. El Tribunal
Superior de Justicia de las Islas
Baleares ha admitido a trámite la
demanda presentada por el PSOE y la
coalición de izquierda nacionalista
Més, en la que se solicita el cese
de Bauzá por mantener una actividad
económica paralela al desempeño de
su ocupación institucional. Las tres
infracciones denunciadas,
tipificadas como graves y muy graves
en la ley balear de
Incompatibilidades de Altos Cargos,
podrían costarle la inhabilitación
para trabajar en la administración
durante diez años. El Gobierno
autonómico deberá pronunciarse al
respecto mediante un escrito en los
próximos veinte días, tras lo cual
el tribunal emitirá sentencia.
El presidente de las islas ficha a
la miss Baleares de 2009, Verónica
Hernández
El presidente del Gobierno de
Baleares, José Ramón Bauzá (PP)
incorporó este mes, de golpe, a tres
mujeres a su Ejecutivo –Joana María
Camps Bosh, Nuria Riera Martos y
Sandra Fernández Herranz- que hasta
entonces tan solo estaba integrado
por hombres. Bauzá niega que obre
por cuotas o de cara a la galería.
Ahora acaba de fichar para su
secretaría personal de Presidencia a
una joven profesional del
periodismo, poliglota, que fue miss
Baleares en 2009. Verónica Hernández
Rodríguez (Palma, 1987) ha logrado
tantas portadas locales -y más
impacto en el exterior de las islas-
que como cuando recibió la banda y
la corona de belleza regional. Desde
niña quiso ser miss y política,
aseguró. En su biografía no
institucional consta que dama de
honor en un concurso y que subió al
pódium al año siguiente. Entonces
indicó que esperaba que la victoria
le ayudara para su carrera
profesional, “que le sirviera de
trampolín”.
Esta persona de confianza para los
secretos del presidente es
licenciada por la Universidad San
Pablo CEU de Madrid en Periodismo y
Comunicación Audiovisual. Domina el
inglés y el alemán, idioma clave
para las relaciones turísticas y
empresariales del Gobierno balear.
Ha trabajado en períodos de
prácticas y rodaje en diferentes
medios: en la televisión oficial
autonómica balear Ib3 el canal de TV
online AdtitudTV, Interviú y la Cope
de Mallorca. Obviamente domina las
pasarelas. Hizo un Erasmus en
Alemania y un curso de Diseño de
Munich y de mercadotecnia online.
Domina el activismo en las redes
sociales.“Estoy convencida de que
puedo llegar lejos”, dijo al ser
proclamada belleza de concurso.
El sueldo estipulado de la
secretaria miss es de 50.023 euros
al año más dietas. Nada más llegar
al poder Bauzá elevó en 2011 el
salario a su núcleo de confianza en
Presidencia mientras se jactaba de
reducir cargos y recortar sueldos al
conjunto de la administración. Los
Tribunales derribaron el aumento a
su cúpula de confianza. La anterior
secretaria, Elvira Bonnail, tendrá
otro destino en la estructura del
Gobierno.
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/14/actualidad/1368567573_002241.html
Afirman que el president mintió "a conciencia" al Govern y al
Parlament sobre sus propiedades e
ingresos
Los partidos de la oposición, el PSIB-PSOE y MÉS, han afirmado
hoy que el presidente del Govern,
José Ramón Bauzá, está
"absolutamente ilegitimado" para
gobernar ya que ejerce sus funciones
en "clara y absoluta
incompatibilidad", y le han "pedido
que se vaya" por no haber incluido
en su declaración de bienes y
actividades al Govern la
administración de dos empresas.
En los pasillos del Parlament, la diputada socialista Pilar Costa
ha aseverado que Bauzá mintió "a
conciencia" al Govern y al Parlament
sobre sus propiedades e ingresos, no
solo de su farmacia, sino sobre la
administración de Bauser y Divino
"con el objetivo de ocultar su ahora
flagrante incompatibilidad".
"Es un tema preocupante. Tenemos un presidente que está
absolutamente ilegitimado porque
está ejerciendo sus funciones en un
clara y absoluta incompatiblidad",
ha dicho Costa.
Por su parte, la portavoz del grupo econacionalista Fina Santiago
le pedido a Bauzá que se "vaya"
porque los documentos "hoy mismo"
dice que es "absolutamente
incompatible" para ejercer su cargo.
Además, ha añadido, Bauzá ha dejado
a la Comunidad Autónoma en
"ridículo" tras haber declarado que
no tiene funciones ejecutivas.
"Ante un presidente que hace el ridículo, que miente y oculta
este presidente se ha de ir. No
podemos continuar con un presidente
de estas características en un
momento en que se necesita
fortaleza, gestión, ideas claras",
ha expresado Santiago.
Según el expediente remitido por el ejecutivo balear al juez que
estudia la posible incompatibilidad
de Bauzá, el presidente balear no
incluyó en su declaración inicial de
actividades y patrimonio al Govern
la administración de las empresas
Bauser y Divino, según han publicado
hoy varios medios.
El documento señala que el presidente autonómico entregó una
declaración complementaria al Govern
en 2012 a pesar de que asumió el
cargo en 2011, mientras que ante el
Parlament la presentó hace unas
semanas.
En este sentido, Santiago ha asegurado que el único documento que
acredita que Bauzá dejó la
administración de Bauser y Divino es
de 2012 y no de 2011.
"Ha sido un presidente que ha sido incompatible al menos durante
meses", ha precisado Santiago.
Costa ha criticado que Bauzá se erija "como el defensor de la
transparencia" cuando ahora "ejerce
su cargo en absoluta irregularidad".
La socialista ha cuestionado también que el presidente balear
diga "públicamente y por escrito que
él no pinta nada en el Govern, que
no es nadie y que solo es un
coordinador".
"Se ha autodefinido como un florero y no sabemos si los
consellers son las flores que están
en ese florero", ha ironizado Costa.
"Es cierto que no hace nada por esta Comunidad y al final se
autodefine como un rey que reina,
pero que no gobierna y es
inadmisible", ha apostillado.
Para Costa, "si la teoría de Bauzá" de solo representación de la
comunidad fuera válida, no se
hubiera podido condenar al
expresidente balear, Jaume Matas,
por sus actuaciones. "Si no pintan
nada que se queden en su casa", ha
precisado.
Para la diputada del PSIB-PSOE, "lo más preocupante es que con la
que está cayendo" exista "un Govern
absolutamente paralizado, solo
pendiente de las irregularidad del
presidente" que "pierde esfuerzos en
tapar las mentiras" de Bauzá.
Costa ha definido el asunto de la incompatibilidad del presidente
balear como "el culebrón Bauzá",
"una película que va por episodios".
Para los socialistas, independientemente de lo que decida el
Tribunal Superior de Justicia de
Islas Baleares (TSJIB) que tramita
el asunto de incompatibilidad del
presidente balear, "el señor Bauzá
está absolutamente inhabilitado
desde el punto de vista político
porque ha quedado demostrado que
ocultó información fundamental que
acredita que está ejerciendo su
cargo en absoluta incompatiblidad".
Según Costa, ha quedado demostrado que Bauzá no solo tenía
ingresos por su farmacia sino como
administrador de dos empresas
privadas cuando accedió a la
presidencia del Govern y el
argumento de Bauzá de que estas
actividades eran patrimonio no se
sostienen.
La Cadena SER ha tenido acceso a las alegaciones expuestas por el
presidente balear a la acusación de
incompatibilidad de la oposición por
sus tres negocios particulares
El Tribunal Superior de Justicia ya investiga estas posibles
incompatibilidades que podrían
conllevar una inhabilitación para
cargo público. En las alegaciones,
el líder del Ejecutivo sostiene
textualmente que "el presidente de
Baleares, a diferencia de los
consellers, ostenta únicamente
atribuciones de representación y de
dirección", pero no de gestión. Por
tanto, siempre según su criterio, la
farmacia no le haría incompatible.
Bauzá se considera a sí mismo una figura institucional que quita
y pone consellers, pero carece de
potestades resolutorias. A su
juicio, el poder Ejecutivo reside en
cada conseller y en las votaciones
del Consell de Govern, pese a que él
lo preside. Es su línea argumental
para defender que a él no le afecta
la sentencia inhabilitadora contra
la consellera socialista de Salud
Aina Salom por compaginar una
farmacia y el cargo público. Según
Bauzá, ella como consellera tenía
función ejecutiva pero él como
presidente no.
La SER también ha tenido acceso a las declaraciones de bienes y
actividades que el president debía
entregar al entrar en el Govern y
que no incluyó en un primer momento
sus negocios al frente de las
enpresas Bauser y Divino. Ambas
aparecen en una declaración
complementaria, sin fecha de entrada
de ninguno de los dos documentos,
por lo que no queda claro si se
escribieron antes o después de la
polémica suscitada al conocerse que
Bauzá era administrador de estas
sociedades meses después de ejercer
como líder del Ejecutivo balear.Lo
que sí tiene fecha es el documento
legal que demuestra que el president
no dejó de ser administrador de
ambas sociedades hasta mayo de 2012,
once meses después de alcanzar la
presidencia, pese a que la ley de
incompatibilidades lo prohíbe.
En sus 25 páginas de alegaciones Bauzá intenta evitar el hecho de
que estuvo casi un año siendo
presuntamente incompatible y
argumenta que había documentos
privados anteriores a los oficiales
en los que ya cedía la gestión de
esas empresas a terceros como por
ejemplo su esposa. El president
añade que Bauser, su empresa de
servicios sanitarios, se usaba
únicamente para gestionar los
alquileres de sus inmuebles, por lo
que no debería considerarse
actividad económica. Respecto a la
vinoteca Divino, destaca que no
tenía contratos con la
administración pública.
En el escrito Bauzá lamenta que la oposición le denuncie ahora
como presidente y no impugnara las
listas electorales cuando era
candidato para un cargo al que
presuntamente no debía optar. Su
alegato termina con una reflexión:
todo es un intento espúrio de
conseguir el cese del president.
En su toma de posesión el presidente solo declaró ante el
Ejecutivo que tenía una farmacia
pero se calló la vinoteca Divino y
la sociedad Bauser
Mateu Ferrer José Ramón Bauzá no solo ocultó su vinoteca Divino
y su negocio de alquiler de locales
comerciales (Bauser International
2001 SL) al Parlamento, también
actuó con la misma opacidad ante el
Govern que él mismo preside:
Escondió oficialmente que era el
administrador de estas dos
sociedades mercantiles, actividad
incompatible con el ejercicio de su
cargo público, ya que la ley exige
dedicación exclusiva a los miembros
del Ejecutivo autonómico.
En 2011, en su toma de posesión Bauzá estaba obligado a declarar
ante el Govern sus intereses y
actividades, por una parte, y sus
bienes patrimoniales por otra. El
presidente no reveló su
participación en Divino ni en Bauser
ante el primer Registro. Tampoco lo
consignó en la declaración
patrimonial, en la que solo hizo
constar que poseía una oficina de
farmacia. Posteriormente, y en una
hoja sin especificar la fecha, Bauzá
registró una segunda declaración
complementaria en la que terminó
desvelando que poseía acciones en la
vinoteca Divino y Bauser.
Misma estrategia
Bauzá siguió pues en el Govern idéntico modus operandi que en el
Parlamento: primero ocultar sus
negocios privados ante la
institución, y más adelante, cuando
éstos fueron descubiertos por Diario
de Mallorca, terminar admitiéndolos
en el último minuto y por la puerta
de atrás. La única salvedad, nada
baladí, es que la ´confesión´ ante
el Ejecutivo de dos sociedades
mercantiles a la hora de acceder al
Consolat hubiera podido suponer un
importante problema para el
presidente, ya que él mismo hubiese
destapado su incompatibilidad. En
cambio, la ley sí permite a los
diputados baleares simultanear el
escaño con trabajos y remuneraciones
en la empresa privada.
La normativa balear de Incompatibilidades para altos cargos del
Govern, impulsada en su día por el
PP, pretende evitar los conflictos
de intereses, es decir, que los
miembros del Ejecutivo no
intervengan en decisiones
relacionadas con asuntos en los que
al mismo tiempo confluyen intereses
de su cargo público e intereses
privados propios o de familiares.
El Govern se ha negado a revelar estos datos, hasta que le han
sido requeridos recientemente por el
Tribunal Superior de Justicia a raíz
del contencioso-administrativo que
se sigue contra el presidente Bauzá
por su supuesta incompatibilidad.
Con todo, el Ejecutivo no ha
detallado las fechas en las que
Bauzá registró su declaración
inicial y la complementaria.
De la documentación facilitada a la Justicia se evidencia una vez
más que el presidente simultaneó
durante 11 meses la presidencia de
Balears con la administración de sus
dos negocios, desde junio de 2011
hasta mayo de 2012. Las escrituras
ante notario despejan cualquier duda
al respecto.
Aunque Bauzá se viene escudando en que dejó de ser el
administrador de la vinoteca el 9 de
julio de 2011, lo cierto es que no
lo elevó a público ante notario
hasta el 28 de abril de un año
después, 2012, y no se formalizó
hasta unos días después ante el
Registro Mercantil. Lo mismo sucedió
en el caso de Bauser SL, donde el
presidente se mantuvo en el cargo
hasta que el 30 de abril de 2012
puso a su mujer en su lugar. En el
periodo comprendido entre estos once
meses, Bauzá firmó documentos de
sendas sociedades en su calidad de
administrador, a la vez que ya
presidía el Govern.
Informe privado para defenderse
También ahora ha trascendido que para defenderse de las
acusaciones de incompatibilidad de
la oposición, en agosto de 2012
Bauzá aportó al Govern un informe
que concluyó que la entidad Bauser
SL debe considerarse una "sociedad
patrimonial sin actividad económica
propiamente dicha". La ley de
Incompatibilidades sí permite que
los altos cargos del Govern puedan
administrar su patrimonio personal.
El informe fue encargado por Bauzá a
un economista privado.
El president balear ganó con esa maniobra el doble de lo que le
correspondía del erario público en
cada ejercicio
El president balear fue concejal y alcalde de Marratxí entre 2003
y 2011 y entre septiembre 2005 y
noviembre de 2009 mantuvo su
exclusividad al mismo tiempo que
cobraba de su farmacia, pese a que
la ley lo prohíbe. Eso le reportó el
doble del sueldo que le
correspondía.
Los documentos a los que ha tenido acceso la SER confirman que el
ahora president del Govern no nombró
una farmacéutica sustituta hasta
2009 y lo hizo por una carta de la
Conselleria de Salud del 6 de
octubre de ese año que le instaba a
que pusiese un sustituto como obliga
el artículo 11 de la Ley 7/98 de
Ordenación Farmacéutica, algo que
había incumplido durante los años
anteriores.
El president ocultó ya en 2012 esta información en su defensa
sobre la presunta incompatibilidad
de su cargo y la farmacia. Dijo que
nombró a la sustituta en noviembre
de 2009 porque le habían designado
presidente del PP, casualmente un
mes después de recibir la carta del
organismo regulador.
Fuentes municipales confirman que el entonces alcalde cobraba
66.000 euros por su labor exclusiva
como primer edil y por tanto no
podía tener ninguna otra actividad.
De hecho, para compaginarla tendría
que haber solicitado la dedicación
parcial, unos 30.000 euros anuales.
Es decir, ganó al menos 120.000
euros más de los que le
correspondían entre septiembre de
2005 y noviembre de 2009.
Por otro lado Bauzá ocultó a su propio Govern durante un año que
tenía dos empresas que presuntamente
eran incompatibles con su cargo.
Fuentes del Ejecutivo han desvelado
a la SER que el president entregó al
Govern su declaración complementaria
en la que incluía las empresas
Bauser y Divino el 16 de mayo de
2012, once meses después de aportar
su primera declaración.
Las mismas fuentes sostienen que no es verdad que el líder del
Ejecutivo ocultase información
puesto que estaba a disposición de
los ciudadanos en el registro
mercantil. La incluyó tras conocer
que se había generado una polémica
sobre el tema y para ser más
transparente.
El equipo de Bauzá minimiza el hecho de que esa necesidad de
transparencia del president llegó
una vez que el president había
cambiado oficialmente la
administración de esas entidades
para ser ahora sí compatible con el
cargo.
El
president cambió el miércoles su
relación y añadió sus deudas,
préstamos y sociedades, entre ellas
Bauser y Divino
El
president del Govern y del PP
balear, José Ramón Bauzá, ocultó
información al Parlament sobre sus
negocios privados y participación en
diferentes empresas. La oposición lo
sospechaba. Lo que no se podía
imaginar es que Bauzá fuera a
aprovechar el periodo que abrió el
Parlament para hacer públicas las
declaraciones de bienes
patrimoniales y de actividades para
añadir esos datos.
En su
declaración complementaria,
presentada el pasado miércoles,
Bauzá da cuenta de todos los
detalles que omitió, incluida su
participación, al cien por cien, en
Bauser Internacional y en Guitart
(es decir, Divino), así como su
participación en otras sociedades:
Unión farmacéutica Balear, Endesa,
Telefónica, Fondos de inversión
Mediolanum y Catamar. Igualmente
consigna sus deudas, por préstamos,
algo que también omitió en 2011.
Colapso
El
Parlament hizo públicos los datos
relativos a Bauzá junto al los del
resto de diputados y diputadas. La
web de la Cámara (www.Parlamentib.es)
presentó dificultades de acceso
durante toda la tarde, posiblemente
se colapso por los intentos
constantes de acceder.
La
oposición consideró ayer «muy grave»
que Bauzá mantuviera oculto al tomar
posesión de su cargo todas las
actividades que, en su opinión
resultan incompatibles para ocupar
el cargo. De hecho, hay un
procedimiento judicial abierto por
ser titular de una farmacia, que
Bauzá anotó como «bien patrimonial»
en su primera declaración.
«Bauzá
no sólo ha ocultado información sino
que ha mentido de forma intencionada
y ha quedado inhabilitado para
ejercer como presidente», comentó el
portavoz adjunto del PSIB, Vicenç
Thomás.
El PP
respondió antes incluso de que se
produjeran las primeras críticas de
la oposición y de que comenzaran
circular por las redes sociales
comentarios sobre los añadidos de
Bauzá a su declaración inicial. El
PP difundió un comunicado con
declaraciones de su portavoz Mabel
Cabrer en la que presentaba al
president como «pionero en la lucha
contra la corrupción» y la
transparencia y comento que «como
otros tantos diputados simplemente
olvidó poner algunas cosas».
El PP
aludió a «olvidos» de los
socialistas Cosme Bonet o Antoni
Diéguez. Cabrer cargó expresamente
contra Armengol. En estos términos:
«La declaración de bienes de
Armengol es cuando menos sospechosa
ya que ha utilizado dos bolígrafos y
dos tipos de letra diferentes. Llama
mucho la atención».
Thomás
respondió desde el PSIB: «Lo que
hizo Armengol fue quitar información
personal o que afectaba a terceras
personas, seguramente con otro
bolígrafo diferente al que utilizó
en 2011 pero lo que no hizo es
presentar una nueva como ha hecho
Bauzá».
Bauzá
siempre se había negado a que se
difundiera su declaración de bienes
y actividades. La ha entregado pero
tras forzar un desnudo integral de
la clase política.
Seis profesionales de las Fuerzas Armadas fichados por Bauzá
Desde un clarinetista profesor de la banda militar hasta un
general jefe del Estado Mayor. Ya son
seis los militares de formación y
carrera que ocupan cargos políticos de
confianza en la estructura de poder de
las administraciones de Baleares. El
nuevo director insular del Gobierno
central en la isla Menorca será el hasta
ahora comandante de la base Naval de
Mahón, el capitán de fragata Javier
López-Cerón, que sustituirá a Antoni
Juaneda, que tuvo que dimitir al
resultar imputado en el caso Over M C,
de supuesta financiación ilegal del PP
balear.
El PP balear que lidera José Ramón Bauzá pesca en las filas de
las Fuerzas Armadas para dotar puestos
muy diversos del organigrama autonómico
y de la Administración periférica del
Estado. En la misma demarcación de
Menorca, el PP incorporó a sus listas
electorales de 2011 al general del
Ejército Luis Alejandre, que en la vida
política ejerce de vicepresidente de
proyectos del Consell de Menorca.
Alejandre fue jefe del Estado Mayor de
la Defensa y tuvo mucha proyección en
los medios
Al igual que en Menorca, en las islas de Ibiza y Formentera el
delegado insular del Gobierno central es
un militar, en este caso ya en la
reserva, Rafael García Vila, que llegó a
teniente coronel de Infantería, fue
comandante militar de Ibiza y -ya
retirado- presidente de la Cruz Roja en
Ibiza.
En la presidencia ejecutiva de la relevante empresa de la
Autoridad Portuaria de Baleares –que
gestiona los negocios de los puertos
clave y de interés general- Bauzá situó
a un capitán de navío del Cuerpo General
de la Armada, José María Urrutia, que
era comandante del Sector Naval de
Baleares. A su vez un alférez de fragata
en la reserva voluntaria, Antonio
Deudero Mayans, está la dirección
general autonómica de Puerto y
Aeropuertos, dependiente de la
consejería de Turismo.
El gerente del Consorcio de la Orquesta Simfònica de les Illes
Balears Ciutat de Palma es Marcelino
Minaya, profesor de clarinete, que fue
integrante de la banda militar a lo
largo de doce años y además profesor del
conservatorio. Minaya es de la misma
quinta (1971) que el presidente José
Ramón Bauzá, a su vez hijo de un músico
militar.
Abre diligencias informativas para determinar la existencia de
delitos de prevaricación y tráfico de
influencias. La investigación tiene su
origen en una denuncia del PSM y se
centra en la contratación de un alto
cargo de IB3
La Fiscalía de Balears ha abierto diligencias informativas para
determinar si existe responsabilidad
penal en una serie de actuaciones del
president José Ramón Bauzá en la gestión
de sus negocios privados y en el
nombramiento y destitución de un cargo
de IB3, concretamente de Francisco de
Borja Rupérez, con quien el president
mantuvo previamente una relación
comercial a través de una de sus
empresas, una vinoteca llamada Divino.
La apertura de la investigación, que fue confirmada a Ultima Hora
en fuentes judiciales, tiene su origen
en un escrito de denuncia presentado el
pasado mes de agosto por Biel Barceló y
Fina Santiago en representación de su
grupo parlamentario, el PSM-Iniciativaverds-Entesa.
En su escrito, de tres páginas, Barcelo y Santiago, ponen en
conocimiento de la Fiscalía una serie de
hechos que, en opinión de los
denunciantes, podrían enmarcarse en «la
presunta comisión de un delito de
prevaricación» y en otro de «tráfico de
influencias».
A juicio de la parte denunciante existe un vínculo claro entre la
contratación de Borja Rupérez como
gerente de IB3 y su relación con Bauzá.
Según el relato de los hechos entregado
a la Fiscalía, Bauzá estaba en
negociaciones con Rupérez y otra
persona, Jesús Bleda, para que comprasen
Divino. Al romperse las negociaciones,
Rupérez fue destituido en su cargo.
Se puede archivar
El PSM, en su escrito, alude igualmente a la participación de
Bauzá en la empresa Bauser y en la
titularidad de una farmacia. En su
declaración de actividades, como
parlamentario, Bauzá no incluyó estas
empresas.
Ni la aceptación por parte de la Fiscalía de este escrito ni la
apertura de diligencias supone, el
inicio de ningún proceso contra el
president.
La denuncia puede derivar en una acción penal (que tendría que
dilucidarse en la Sala de lo Civil y
Penal del Tribunal Superior de Justicia
de Balears, al tratarse de un aforado)
o, por el contrario, ser archivada.
Los hechos denunciados ya fueron expuestos hace unos meses por la
asociación de productores Aproba, que
alertó de la aparición de grabaciones
que podían afectar al president. Bauzá
reaccionó querellándose con Aproba.
Según la ley autonómica, la mujer, docente, no podía tener un
cargo empresarial privado
Hasta su elección, en mayo de 2011, el presidente de Baleares,
José Ramón Bauzá, del PP, era
farmacéutico; su oficina tenía siete
empleados. Además, era empresario en dos
sociedades, Bauser Internacional 2001 y
la enoteca Divino. Al tomar posesión de
su cargo, aseguró en el registro de
intereses de altos cargos que su única
actividad paralela era la de diputado.
Bauzá figuró en el registro mercantil como administrador y
apoderado de las dos compañías hasta
mayo de 2012, cuando al trascender la
aparente incompatibilidad inició la
venta de su parte en Divino y transfirió
formalmente la administración de Bauser
—compañía patrimonial y comercial— a su
esposa, Alejandra Marquina, que es
docente interina de la Administración.
Al ser docente, la esposa de Bauzá entraba en incompatibilidad
para tener un cargo empresarial privado,
por la ley estatal y autonómica. La ley
dice que no puede ejercer “cargo,
profesión o actividad, público o
privado, que pueda impedir o menoscabar
el estricto cumplimiento de sus
deberes”. El Gobierno de Baleares, el 31
de agosto de 2012, halló una posible
puerta de salida para este obstáculo, un
cambio legal. En uno de los 20 decretos
“para la reducción del déficit del
sector público”, incorporó una
disposición adicional que facilita a los
funcionarios y “personal docente” la
compatibilidad con actividades privadas.
La esposa del presidente puede así “solicitar el reconocimiento
expreso de esta compatibilidad”, lo que
implica “la reducción del importe del
complemento [salarial] específico”.
El portavoz del Gobierno y consejero de Educación, Rafael Bosch,
negó anoche que el cambio responda a un
deseo político de salvar la
incompatibilidad de la profesora
Marquina para que pueda seguir como
administradora y titular de la empresa.
“Ni ella ni ningún interino, con el
salario que cobra, entra en
incompatibilidades”. El PSOE cree que
“el PP ha fabricado un cambio legal ad
hoc, ha hecho un traje a medida”, según
comentó su portavoz, Pilar Costa.
El portavoz del Govern balear, Rafael Bosch, manifestó este
viernes que, en principio, el Consell de
Govern y su presidente, José Ramón Bauzà,
no ven incompatible ostentar este cargo
y ser, al mismo tiempo, propietario de
una farmacia.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno de las
islas, Bosch rechazó que sea comparable
el caso de Bauzà con el del delegado del
Gobierno en Extremadura, Alejandro
Ramírez del Molino, y la exconsejera
socialista del Ejecutivo balear, Aima
Salom, que hubieron de dimitir por ser
también, en ambos casos, titulares de
farmacia.
El portavoz balear anunció para las próximas semanas la
aprobación y publicidad de un informe
que demuestre la tesis de Bauzà al
respecto. En Baleares, adelantó Bosch
este viernes, �hay una ley propia
farmacéutica que regula expresamente la
compatibilidad e incompatibilidad del
mundo de la farmacia en el ámbito
político� y, en este sentido, agregó que
no hay duda de que (la de Bauzà) no es
una situación comparable ni mucho menos
con la situación de Extremadura, por
ejemplo.
Explicó Bosch que, de acuerdo con lo previsto en la ley balear
del buen gobierno, en breves semanas
habrá un pronunciamiento del Govern en
torno a este asunto. �Se cumplirán los
trámites y se presentará al Consell de
Govern con el correspondiente acuerdo al
respecto.
Dicho esto, el portavoz del Gobierno insular aseveró que �no es
comparable jurídicamente esta situación
a la de Extremadura�, y, además, añadió,
�Bauzà está convencido de que se han
seguido todos los procesos que debían
seguirse para garantizar la
compatibilidad�.
“No está justificado distinto trato a un colectivo determinado”,
dice el Tribunal de Justicia balear
“No es posible que ese colectivo (cargos políticos de élite) se
vea excluido de soportar unos
sacrificios que al resto del personal de
las Administraciones sí se les exige”.
Así es la segunda bofetada del Tribunal
Superior de Justicia de Baleares al
suspender los aumentos de sueldos
políticos en época de crisis y agonías
financieras que aplicó el presidente
balear, José Ramón Bauzá, a sus hombres
y mujeres de su equipo directo. El PP
mantiene su criterio, indica que el auto
"no es firme y cabe el recurso". El
presidente Bauzá trasladó a la Abogacía
de la Comunidad la decisión final y
evitó opinar.
Al llegar al poder, en 2011, Bauzá redujo a la mitad la
estructura y el número de los cargos de
confianza del Gobierno de Baleares, pero
primó con un aumento del 25% del salario
a su equipo de apoyo en Presidencia:
media docena de personas, políticos del
PP, periodistas y empresarios de su
confianza. Un Gabinete en la sombra, -el
sanedrín según el aparato del PP-, que
mueve los hilos y apenas tiene
protagonismo público. Este comité está
encabezado por el empresario de
publicidad y comunicación Javier Fons.
Los magistrados del Tribunal Superior resaltan que “no está
justificado un distinto trato tan
singular y privilegiado a un colectivo
determinado” mientras que al resto de
empleados“ se les rebaja sus
percepciones retributivas de forma
considerable”.
El sindicato UGT denunció el caso de este incremento selectivo.
Tras una primera decisión judicial
comprensiva de los jueces ante el
Gobierno, en 2012 el Tribunal primero
dictó una suspensión cautelar que ahora
ha ratificado. El PP justificó los
aumentos del equipo de Bauzá en la mayor
carga laboral que soporta tras la
reducción del gasto y de la plantilla de
Presidencia. El portavoz del Gobierno
valoró “el ahorro” de la nuestra
estructura en dos millones sobre el
gasto generado en el anterior Gobierno
del PSOE. UGT anuncia que la ratificada
suspensión “conlleva la devolución del
aumento de sueldo percibido”.
“Todo el personal, esto es, funcionarios, personal directivo o
personal eventual (político) ha de
soportar bajo el mismo criterio los
perjuicios y los efectos que la crisis
causa", resalta el Tribunal Superior de
Justicia de Baleares. UGT tilda el caso
de “cacicada”, mientras rebaja de
sueldos, programa 1.200 despidos
públicos y ha causado ya gran número de
parados entre empresas públicas.
El sindicato UGT y los grupos de izquierda reclaman al Gobierno
balear del PP no recurra la suspensión
ante el Tribunal Supremo y denuncian que
estos 'premios' de Bauzá en las nóminas
de sus asistentes directos es un agravio
y discriminación. "Miles de funcionarios
trabajan más horas a cambio de menos
sueldos y salario, es un agravio",
manifestó el portavoz del PSOE, Vicenç
Thomàs.
Los jueces señalan que “el resto del personal de la
administración, al que sin duda se ha
obligado por la crisis económica al
sacrificio de ver menguados sus
salarios". UGT calcula que cada uno de
los seis premiados debe devolver 6.000
euros de las primas anuladas.
El Gobierno balear busca dar marcha atrás en uno de los recortes
anunciados en abril
El Gobierno balear busca la manera de dar marcha atrás en uno de
los principales recortes que anunció el
pasado mes de abril: el cierre de dos
hospitales públicos de Mallorca.
La medida, incluida en el plan de saneamiento presentado por el
presidente José Ramón Bauzá, perseguía
el ahorro de 25 millones de euros e
implicaba, según los sindicatos, el
despido de un millar de trabajadores,
además de la desaparición de 195 camas y
de las dos unidades públicas de la isla
destinadas a los cuidados paliativos
para pacientes en fase terminal.
La presión sostenida por parte de las plantillas del Hospital
General y el Hospital Joan March ha sido
clave para que el consejero del ramo,
Antoni Mesquida, se haya replanteado el
cierre de estos dos centros secundarios
del servicio balear de salud. Tras
cuatro meses de manifestaciones,
marchas, encierros y protestas ante el
Parlamento balear, en las que también
participaron usuarios de los centros
afectados, Mesquida anunció que
estudiará el plan de viabilidad que le
presentarán los trabajadores en el plazo
de dos semanas. Su intención, afirmó, es
evitar la clausura “siempre que el plan
presentado sea eficiente, con la calidad
máxima y con el coste justo y
necesario”. Es decir, siempre que la
propuesta alternativa de los
trabajadores consiga ahorrar 25 millones
de euros.
Las declaraciones de Mesquida han generado una división en el
seno del Ejecutivo autonómico. Tras
anunciar su cambio de postura, el
consejero remarcó que “no echo las
culpas a nadie: los que toman decisiones
son los que se equivocan, los que no las
toman no se equivocan nunca”. Preguntado
al respecto, el vicepresidente
económico, Josep Ignasi Aguiló, salió al
paso con un “ya se verá”. Aguiló recalcó
que “el consejero de Salud ha dicho que
los trabajadores presentarán un plan de
viabilidad. Nada más”. Por su parte, el
presidente Bauzá pareció respaldar en
público la decisión de su responsable de
sanidad: “si es posible mantener
abiertos los hospitales y el ahorro se
puede producir en otras líneas, lo
haremos y, si no, seguiremos con el
mismo plan que presentamos hace unos
meses”. El portavoz del Ejecutivo,
Rafael Bosch, trató de zanjar la
cuestión: “no existe ninguna
discrepancia sobre el cierre. Ante una
decisión tan compleja, Mesquida planteó
al presidente que deseaba estudiar a
fondo el tema. Pero no se ha aprobado
ningún cambio en el plan inicial. No se
ha vuelto atrás”. El hecho es que ayer
se paralizó el desmantelamiento de los
dos hospitales. El traslado de los
pacientes, que debía comenzar la semana
que viene, ha quedado aplazado sine die.
Los sindicatos, que habían pedido reiteradamente que se
reconsiderase la decisión, se
felicitaron ayer por la noticia: “es de
agradecer que ahora digan que los
hospitales no se van a cerrar”, subrayó
Miguel Romero, de UGT. “Celebramos que
la movilización sindical y social haya
conseguido que el Gobierno dé un paso
atrás”.
Carlos Delgado, con su intervención en
el Parlament, el otro protagonista de la
semana
"No me gusta el señor Bauzá. Está
haciendo las cosas mal y solo para su
beneficio". Así manifestaba su
indignación un internauta después de
leer el Boulevard, de Matías Vallés,
sobre las empresas y el piso que el
president del Govern tiene en Dalt
Murada, valorado en 1,2 millones de
euros. En este artículo, el más seguido
en el digital con casi 10.000 visitas,
Vallés explicaba la gestión del
president "de su patrimonio millonario y
de sus deudas también millonarias".
Muchos internautas coincidieron en
mostrar su desconcierto ante el hecho de
que "habiéndose demostrado que José
Ramón Bauzá ha pasado de la ley de
incompatibilidades con sus empresas
privadas, nunca pase nada". Otros
aseguraron que la gestión del líder del
Ejecutivo balear les recordaba a la
llevada a cabo por algunos de sus
antecesores.
Por otro lado, los lectores se han
volcado con otro miembro del Govern:
Carlos Delgado. Durante el pleno del
Parlament de esta semana, el conseller
de Turismo aprovechó para desmentir ante
todos los medios de comunicación una
información publicada por el Grupo
Serra, sobre la contratación de un
asesor por parte de la conselleria de
Turismo que había cobrado 637.000 euros
del ayuntamiento de Calvià cuando
Delgado era alcalde del municipio. El
conseller aseguró que todo se debía a
una "venganza personal" del presidente
de ese grupo editorial por no haberle
dejado construir en 2005 unas viviendas
en Son Massot. De este modo, mientras
unos se dirigían a Delgado para
recriminarle que "ocupar un cargo
público implica siempre saber encajar
las críticas que te lluevan", otros
señalaban a los medios de comunicación,
culpándoles de situaciones como esta por
"dejarse influir por la política".
Finalmente, la entrevista chat al
conseller de Agricultura, Medio Ambiente
y Territorio, fue seguida por más de
6.000 usuarios. Biel Company respondió a
una docena de preguntas y, además,
garantizó a los internautas que no se
construirá ni un solo metro en espacios
naturales
Hasta los
kamikazes llevaban casco, pero Josep Ramon Bauçà se
enfrenta sin protección a la gestión de su patrimonio
millonario y de sus deudas también millonarias. Entre
las críticas no siempre injustas que recibimos, se nos
reprocha la imprecisión sobre el coste del "pisito
millonario" que el president compró junto a la catedral,
en la zona más cara de España y en un edificio
ilegalizado por el Supremo.
Pues bien,
vamos reconstruyendo el rompecabezas y, según el
registro de la propiedad, el pisito millonario irregular
de Bauçà está tasado oficialmente en la friolera de 1.2
millones de euros, con aparcamiento y trastero.
Doscientos millones de las antiguas pesetas por una
segunda o tercera residencia desocupada, mobiliario al
margen. Y luego dicen que en política se pierde dinero.
Bauçà
suscribió en su pisito millonario una hipoteca, entre la
docena que baraja, por 800.000 euros. Este compromiso
con la Caixa Rural le obliga a pagar el doble de la
cantidad señalada. Al hacer balance de su primer año de
Govern, es de justicia reseñar que se ha dedicado con
mayor empeño a la salvaguarda de su patrimonio y
negocios personales que a la siempre ingrata gestión
pública.
Recapitulemos:
Pisito en
edificio ilegal. El ayuntamiento de Palma del PP
modificará el Plan General para eludir la sentencia del
Supremo, de modo que no se devalúe la inversión
millonaria del president del PP. El Govern del PP
también modifica la Ley del Suelo con este objetivo, sin
que conste la abstención de Bauçà.
Vinoteca.
Siendo inquilino del Consolado de la Mar, el president
ha firmado documentos de la vinoteca Divino, cuya
presidencia compatibiliza con la del Govern. Sólo se
retira de administrador tras airearse su vinculación en
esta página, pero sigue respondiendo por una deuda en
torno a los 400 mil euros.
Cosméticos.
Después de sus bravatas sobre la legalidad de su
permanencia al frente de la empresa Bauser S.L. de
ortopedia y cosmética, duplicidad descubierta en esta
página, Bauçà traspasa con la máxima urgencia el cargo
de administrador único a su esposa.
Acreedores
amenazantes. El president proclama su ignorancia sobre
el amigo a quien nombró gerente de IB3, a quien propuso
la compra de la vinoteca ruinosa y a quien destituyó
tras frustrarse la operación. A continuación, los
acreedores que amenazaban a Bauçà con la publicación de
grabaciones comprometedoras cobran más de 140 mil euros.
El pago milagroso coincide con la publicación de la
deuda presidencial en esta página.
La oposición
se plantea el traslado de la doble vida de Bauçà a los
tribunales. Dado que el caso recaerá en el Tribunal
Superior, la ilustrísima instancia concluirá que el
cargo de president del Govern es compatible con la
condición de delegado en Balears de Coca-Cola y de
Microsoft. Sirva como coletilla que los vecinos del
líder del PP en el edificio millonario eran renuentes a
la contratación de un abogado para defender sus
intereses. Así de ciega era su confianza en que el
president resolvería la legalización, por la cuenta que
le trae. Finalmente eligieron a un letrado solvente.
El grotesco
sainete de la contratación de la novia de Carles Delgado
fue rematado por el director general de Turismo, el
arquitecto Jaime Martínez Llabrés, con una conmovedora
carta en apoyo de la decisión de su conseller. Se me
saltaron las lágrimas ante la devoción del subordinado,
y estoy seguro de que su dolor compartido no se debe a
que el entonces alcalde de Calvià y "amigo personal" lo
contratara como director de área municipal de ordenación
del territorio, a 75 mil euros anuales.
Mis lágrimas
no se enfriaron al saber que, cuando Martínez Llabrés
deja Calvià por la conselleria, le sucede al frente de
la dirección de área de urbanismo su propia esposa, la
también arquitecta Patricia Domínguez junto a la que ha
firmado proyectos. Percibe del ayuntamiento del PP un
salario de 64 mil euros anuales, superior al sueldo que
ingresa su marido en el Govern. Estos datos no figuran
en la carta lacrimógena.No nos cabe duda de que ningún
otro profesional mallorquín "reunía el perfil apropiado"
–por utilizar la expresión del director general–, y de
que la nueva directora de urbanismo de Calvià mejora
ampliamente las prestaciones de su marido. Sin embargo,
nos corroe una duda, ¿existe algún cargo del PP cuyo
cónyuge no haya sido contratado por el PP? Todos los
puestos citados en esta historia son de libre
designación.
La
magistrada Francisca Ramis ya es presidenta de la
sección primera de lo penal de la Audiencia de Palma.
Autora de una sentencia pionera en España sobre los
malos tratos psicológicos, ocupa el sillón del añorado
Guillem Vidal, que nunca escatimó elogios hacia la labor
de su amiga jueza y que debería apadrinar la toma de
posesión desde el mundo de los inolvidables. El registrador de la propiedad Mariano Rajoy subsanará
el agravio comparativo de haber amnistiado a los
delincuentes fiscales, en detrimento de los criminales
urbanísticos. La amnistía inmobiliaria, agazapada en una
modificación legislativa, corregirá esta discriminación
y permitirá legalizar el complejo Auschwitz-sur-mer de
ses Covetes, tan mimado por el ayuntamiento de Campos.
Las casas de inquietante silueta, levantadas al grito de
"en cuanto pongamos el techo, nadie las derribará",
vigilaron la cadena humana en defensa de es Trenc. La
destrucción violenta debe continuar.
Una sentencia de 2007 que promovió el PP de Balears obligaría al
presidente de las Illes a dejar el Ejecutivo por incompatibilidad
Poco a poco, el cerco de la incompatibilidad entre la Presidencia de las
Illes Balears y sus negocios se ha ido estrechando en torno a José Ramón
Bauzá. En la actualidad, el presidente de Illes Balears tiene abierto un
proceso de "carácter reservado" previo a la apertura de un expediente
sancionador en la Conselleria d'Administracions Públiques que debería
resolverse en octubre.
Este proceso se abre después de las reiteradas denuncias de la oposición
del Parlament balear por la declaración de bienes que Bauzá presentó
como diputado cuando accedió a la Presidencia de las Illes, en julio de
2011. En ese papel, la única actividad remunerada que declaró el
president es su sueldo como diputado y no las dos empresas y la farmacia
en las que Bauzá figuraba como administrador único: la vinoteca Divino,
en Calvià; la comercializadora de cosméticos y artículos ortopédicos
Bauser Internacional 2001 S.L., y la farmacia Bauzá, en Marratxí.
Cuando la información sobre la existencia de estos negocios salió a la
luz en el periódico local 'Diario de Mallorca', el pasado mes de mayo,
Bauzá contestó en una carta pública que la empresa Divino pasó a manos
de otro administrador en julio de 2011, antes de que él hiciera su
declaración de bienes y actividades, pero achacó a un problema de
retrasos del nuevo responsable que su nombre todavía figurase en 2012 en
el Registro como el administrador único. Sobre Bauser, alegó que es una
empresa que no realiza actividades desde hace dos años y que se utiliza
sólo para administrar su patrimonio personal, algo "expresamente
permitido a los diputados y presidentes por ley". Con todo, Bauzá
traspasó la administración de Bauser a su esposa al hacerse pública su
existencia este año.
Sentencia elocuente
Sobre la farmacia que posee en Marratxí, el presidente balear no se
pronuncia y, al margen de que mintiera o no en su declaración de
actividades al acceder a su escaño, parece el tema legalmente más
delicado para Bauzá y más evidente para la Dirección General que lo
estudia. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares
(TSJB) de noviembre de 2007 declaró la incompatibilidad de la consellera
de Sanidad y Consumo Aina Salom por poseer también una farmacia.
La sentencia respondía al recurso contencioso-administrativo presentado
por 28 diputados autonómicos del PP balear en diciembre de 2011, cuando
Salom ocupaba este puesto en el Govern de Francesc Antich (1999-2003) La
consellera socialista ya había abandonado su puesto cuando el TSJB
dictaminó la sentencia, pero éste terminó decretando, además, la
inhabilitación de Salom para acceder a cargos públicos autonómicos.
Con esta jurisprudencia, y teniendo en cuenta que Bauzá es president y
responsable de toda la actividad del Govern balear, incluida la
Conselleria de Sanidad, la oposición del PSIB-PSOE y del PSM-Iniciativa
Verds-Entesa considera imposible que el Govern pueda dictaminar algo
distinto a la incompatibilidad del jefe del Ejecutivo balear y
sancionarlo por ello. Esto supondría o bien una amonestación a Bauzá o
bien la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears de la
incompatibilidad del president con su farmacia, dependiendo de si la
sanción se considera grave o muy grave.
La oposición balear asegura que estará muy vigilante para que en otoño
sin más dilación, el Govern se pronuncie sobre la cuestión de la
farmacia y la presunta ocultación de los negocios de Bauzá en su
declaración parlamentaria de bienes, aunque no descartan acudir a la
Justicia y presentar un recurso contencioso-administrativo.
La empresa Bauser está dedicada a la "simple
administración" de su "patrimonio personal", ha afirmado el president
El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha
destacado este martes que no ha incurrido en "ninguna causa de
incompatibilidad", ni como diputado del PP ni como líder del Ejecutivo
autonómico, puesto que, según ha explicado, la empresa Bauser está
dedicada a la "simple administración" de su "patrimonio personal".
Durante el pleno, Bauzá ha indicado que esta
empresa, creada en el año 2001, fue quedando "gradualmente inactiva" de
manera que en los años 2010 y 2011 "no tuvo ningún tipo de actividad
comercial" y, al dedicarse a la administración de su patrimonio
personal, lo que está "permitido a diputados y al presidente", estaba
"excluida de la declaración de actividades".
"No se tenía que hacer ninguna referencia a estas
sociedades en la declaración del Parlament a efectos del examen de
posibles incompatibilidades", ha dicho el presidente tras señalar, por
otra parte, que renunció al cargo de administrador de la otra empresa,
la vinoteca, en una junta extraordinaria de socios que tuvo lugar el 9
de julio de 2011. Aunque, "cuestión diferente era su elevación a público
de la renuncia y su presentación en el registro que debe hacer el nuevo
administrador", ha añadido.
"DEDICACIÓN EXCLUSIVA"
Bauzá ha reiterado que ejerce los dos cargos con
"dedicación absoluta y exclusiva" exceptuando las actividades
correspondientes a la administración de su patrimonio personal y
familiar, y las relativas a ser el presidente del PP en Baleares, ambos
supuestos permitidos por la ley.
Según ha señalado, no tiene "voluntad de ocultar
absolutamente nada". "Si tienen esta información es porque es pública y
pueden tener acceso los ciudadanos en los registros públicos", ha dicho
al principal partido de la oposición.
Por su parte, la portavoz del PSIB en el Parlament,
Francina Armengol, ha criticado que Bauzá se presentase a las pasadas
elecciones autonómicas con una carta de compromisos éticos en la que
prohibía a los altos cargos del PP ostentar el cargo de administrador en
cualquier sociedad mercantil y que él sea "administrador de dos
empresas".
Según ha dicho la socialista, el presidente fue
administrador de la vinoteca hasta el pasado 3 de mayo, mientras que de
Bauser lo fue hasta el 30 de abril, cuando pasó a ostentar este cargo la
esposa de Bauzá. "Ha incumplido el propio código ético del PP", le ha
dicho Armengol, quien también ha señalado que la ley prohíbe que "haya
estado administrando dos empresas privadas a la vez que es presidente".
En este sentido, Armengol le ha preguntado que "si
no era incompatible" por qué ha realizado los cambios en el registro
mercantil "hace 15 días". Asimismo, le ha pedido qué relación tiene con
Borja Rupérez y por qué contrató a esta persona en Ib3 y lo cesó
posteriormente. "Usted ha mentido a los ciudadanos", le ha dicho al
líder del Govern.
Finalmente, Bauzá, tras recordar los detalles del
comunicado que emitió detallando su situación el pasado día 30 de abril,
ha tildado de "curioso" que los socialistas "se den cuenta y cuestionen"
sus posibles incompatibilidades a la hora de participar en el Consell de
Govern por ser el titular de una farmacia "diez meses después" de su
toma de posesión, ha dicho después de que Armengol haya criticado que el
Ejecutivo todavía no haya contestado a la petición de información que el
PSIB realizó hacer casi un mes sobre esta materia.
El presidente pone a su socio y a su esposa como
administradores pese a defender que no hay nada irregular en sus
negocios
Bauzá eludió el martes aclarar si incurre o no en
incompatibildad
Onces meses después de haber sido investido
presidente del Govern, y tras desvelar DIARIO de MALLORCA que
simultaneaba su cargo público con la gestión de sus negocios privados,
aparte de no haberlo declarado al Parlamento ni al Govern, José Ramón
Bauzá se ha apresurado a dejar de figurar como administrador de sus dos
sociedades, pese a haber defendido hasta la saciedad que ello era
perfectamente compatible.
El presidente se ha visto acorralado después de
que la oposición requiera acceder a la declaración de sus bienes y
actividades entregada al Parlamento y al Govern, para comprobar si Bauzá
ha vulnerado la ley de Incompatibilidades y en su caso denunciarlo ante
los tribunales. Dicha ley, muy estricta, prohíbe que un miembro del
Govern, y especialmente el presidente, administre sociedades mercantiles
mientras dure su mandato, por lo que Bauzá se ha apartado oficialmente
de la gestión de la vinoteca Divino, en Calvià, y de la sociedad Bauser
International 2001, S.L., en Marratxí, cuyo objeto social es la venta de
productos sanitarios.
Al poco de estallar la polémica, el pasado 3 de
mayo el presidente renunció como administrador mancomunado de la
vinoteca Divino, y colocó a su socio, José Antonio Guitart, como
administrador único de la misma. Unos días más tarde, el 9 de mayo,
Bauzá cesó como administrador único de Bauser International 2001, S.L.,
nombrando en su lugar a su esposa, Ángeles Alejandra Marquina. En ambos
casos, Bauzá continúa apareciendo en el Registro Mercantil como
accionista de ambas empresas, poseyendo el total de participaciones en
Bauser.
Desmiente y luego renuncia
Llama la atención que tan solo unos días antes de
hacer estos cambios societarios, el 30 de abril Bauzá difundió un
"desmentido" oficial sobre las informaciones publicadas principalmente
por este diario, y defendió, rotundo: "No he incurrido en ninguna causa
de incompatibilidad ni como diputado ni como presidente del Govern de
las Illes Balears".
En el caso de la vinoteca, Bauzá sostenía que
renunció el 9 de julio de 2011 como administrador de la misma, y
descargaba sobre su socio, Guitart, la responsabilidad de no haberlo
elevado a documento público ante el Registro Mercantil: "No me incumbía
personalmente [hacerlo], sino a quien era el nuevo administrador único
de la sociedad", decía el desmentido de Bauzá. La realidad es que hasta
el pasado día 3 ha sido formalmente administrador mancomunado de Divino
y sigue siendo copropietario según el Registro.
En cuanto a la sociedad Bauser, "se trata de
simple administración de patrimonio personal, expresamente permitida a
los diputados y a los presidentes por ley y, en consecuencia, excluida
de la declaración de actividades", aseguró por su cuenta y riesgo el
presidente en su comunicado. Paradójicamente, Bauzá se ha afanado ahora
a nombrar a su mujer, profesora de Instituto, como administradora de la
empresa oficialmente dedicada al "comercio al por menor de instrumentos
médicos, ópticos, ortopédicos y fotográficos", si bien en realidad se
dedica "al arrendamiento de locales", según el propio presidente
especificaba en su desmentido. Marquina jamás ha desempeñado un cargo
societario.
Bauzá aún tiene otro frente abierto con su
farmacia, pues el PSOE ha solicitado al Govern un dictamen sobre la
compatibilidad de ser presidente y propietario de una farmacia, aun
habiendo nombrado a un farmacéutico sustituto para que la gestione.
Los socialistas se aferran a una sentencia que
hace unos años declaró incompatible que la exconsellera de Salud Aina
Salom fuera la titular de una farmacia, algo vetado a los miembros del
Ejecutivo autonómico.
El PSOE analizará si acude a los juzgados, y para
el PSM se demuestra que Bauzá "ha sido incompatible durante 11 meses"
La portavoz del PSIB-PSOE, Francina Armengol,
calificó ayer de "absoluta gravedad" el hecho de que el presidente haya
dejado de ser administrador de su empresa Bauser SL hace unos días,
puesto que para ella "queda claro que este tiempo" Bauzá "ha estado
engañando, él que tenía que ser el adalid de la transparencia".
Armengol criticó que el Govern tampoco les haya
contestado a sus peticiones de información sobre la supuesta
incompatibilidad de Bauzá y sobre su participación en las reuniones del
consejo de gobierno por el hecho de ser titular de una farmacia. También
exigen una explicación "de qué pasó con Borja Rupérez", el exgerente de
IB3 que fue destituido coincidiendo con la frustrada venta de la
vinoteca de Bauzá. La socialista exigió que la contestación por parte
del Ejecutivo sea "rápida y transparente", y anunció que una vez la
tengan, su grupo analizará si acude o no a los juzgados.
Bauzá admite que no lo declaró
Cabe recordar que el propio Bauzá, en el
desmentido oficial que hizo el 30 de abril, admitió que no había
declarado ante el Parlamento su condición de administrador de dos
sociedades, a los efectos del examen de posibles incompatibilidades, al
concluir él mismo que no tenía que hacer "ninguna referencia" a ello.
Por su parte, el portavoz del PSM-IniciativaVerds-Entesa,
Biel Barceló, aseveró ayer que la negativa del presidente Bauzá a
esclararecer el contenido de su declaración de bienes y de intereses
"demuestra que probablemente haya sido incompatible en el cargo durante
11 meses, y que está aprovechando este tiempo para arreglar sus asuntos
mercantiles y dejar de serlo".
Barceló recordó que el martes en el pleno del
Parlamento Bauzá rechazó contestar a sus preguntas sobre por qué el
Govern no deja acceder a su declaración de intereses, y si ha vulnerado
la ley de Incompatibilidades. Para Barceló, las evasivas del presidente
confirman "su incompatibilidad". El ´pesemero´ también indicó que su
grupo continuará reclamando esta información y pondrá este tema "en
manos de los servicios jurídicos" de la coalición para acordar las
medidas oportunas.
En cuanto al PP, la portavoz de este partido en el
Parlamento, Mabel Cabrer, aseguró que no existe "ningún tipo de
incompatibilidad" en el desarrollo del cargo por parte del presidente
del Govern, puesto que éste se ha "dedicado íntegramente a su función"
como líder del Ejecutivo autonómico. Cabrer también afirmó que la
oposición "tendrá la contestación" por parte del Ejecutivo.
Carlos Delgado defendió la contratación de su
novia como "éxito de gestión política"
El
conseller balear de Turismo, Carlos Delgado, ha despedido a su novia del
cargo de asesora de la conselleria para el que la había contratado hace
unos días tras las críticas recibidas por este nombramiento, informa
Efe. Delgado ha firmado hoy el cese de Lourdes Reynés como asesora de
comunicación del gabinete de la consellería de Turismo y Deportes del
Gobierno de Baleares, según publica hoy el Boletín Oficial de la Islas
Baleares (BOIB).
La
resolución del BOIB refiere que el puesto de Lourdes Reynés era de
confianza o asesoramiento especial no reservado a personal funcionario y
de carrera. Los grupos parlamentarios del PSIB-PSOE y del PSM-IV-ExM en
el Parlament balear reclamaron el pasado jueves la dimisión del
conseller de Turismo, Carlos Delgado, por contratar a su pareja como
asesora técnica del departamento que dirige.
Horas después, el conseller Delgado defendió la contratación de su
pareja en el departamento de prensa de su conselleria como un "éxito de
gestión política" que volvería a hacer y que había supuesto un ahorro de
50.000 euros a las arcas públicas. "Creo que es un paso más en la labor
de austeridad y de ahorro y optimización de los recursos públicos",
afirmó el conseller en declaraciones a los periodistas.
Al
día siguiente, el portavoz del Gobierno de Baleares, Rafael Bosch,
mostró el total respaldo del Ejecutivo a la contratación, de la que
destacó que había supuesto un ahorro de 50.000 euros. Bosch aseguró con
rotundidad que esta contratación no violaba el código de buenas
costumbres del PP que impide la contratación de familiares.
El consejero
de Turismo de Baleares, Carlos Delgado, ha dicho este jueves que
"volvería" a nombrar a su pareja, Lourdes Reynes, porque "ahorra dinero"
y es "un paso más en su política de austeridad". Según ha añadido, al
presidente del Gobierno regional, José Ramón Bauzá, "no le supone ningún
problema" porque ya se esperaban que se diera el revuelo mediático.
Delgado ha
señalado que "va con la cabeza bien alta" porque el PP "no gobierna de
cara a la galería". Así, ha señalado que no le parece "antiestético el
cambio" con el que su compañera sentimental pasa a cubrir un puesto de
asesora, por el que cobra 46.200 euros anuales después de que
previamente, rescindiera el contrato con el Consorcio de la Playa por el
que percibía 54.000 euros al año.
"Lo que no
voy a hacer es penalizarla por mantener una relación conmigo", ha
señalado. El consejero ha añadido que "podíamos haber suplido la vacante
y haberla dejado en el Consorcio, donde tenía menos trabajo, hubiera
sido lo más cómodo. Pero vamos a eliminar su plaza y así ahorraremos un
sueldo".
El president ha querido aclarar que no era
administrador de ninguna sociedad cuando realizó la declaración de
posibles incompatibilidades para el Parlament El presidente del Govern,
José Ramón Bauzá, ha querido aclarar este lunes que no era administrador
de ninguna sociedad cuando realizó la declaración de posibles
incompatibilidades para el Parlament.
Según ha remarcado Bauzá en una nota aclaratoria publicada en
la web del Ejecutivo autonómico, no ha "incurrido en ninguna causa de
incompatibilidad ni como diputado ni como presidente del Govern" puesto
que ejerce estos cargos "con dedicación absoluta y exclusiva, excepto
por lo que se refiere a mi condición de presidente del PP y a las
actividades correspondientes a la administración de mi patrimonio
personal y familiar, ambos supuestos permitidos por la ley".
Además, en cuanto a la sociedad que explota la
vinoteca Divino, ha apuntado que renunció al cargo de administrador el
pasado 9 de julio de 2011 durante la celebración de una Junta General
Extraordinaria y Universal de socios, que tuvo lugar con anterioridad a
realizar la declaración a efectos de posibles incompatibilidades ante la
Cámara balear, ha afirmado negando por tanto una información
periodística publicada.
En este sentido, ha señalado que, la elevación a
pública de su renuncia y su posterior presentación ante el Registro
Mercantil, no le "incumbía personalmente, sino a quien era el nuevo
administrador único de la sociedad".
Por otra parte, en cuanto a la sociedad Bauser
Internacional 2001, S.L., ha apuntado que es una sociedad creada en el
2001 "como complementaria de mi profesión de farmacéutico y que
paulatinamente fue quedando inactiva, de forma que en los ejercicios
correspondientes a los años 2010 y 2011 ya no realizó actividad
comercial alguna, limitando sus ingresos a los derivados del
arrendamiento de dos locales".
Según ha detallado, "se trata de una simple
administración de patrimonio personal, expresamente permitida a los
diputados y a los presidentes por ley y, en consecuencia, excluida de la
declaración de actividades".
Por todo ello, ha reiterado que "ninguna
referencia tenía que hacerse respecto de tales sociedades en la
declaración ante el Parlament a efectos del examen de posibles
incompatibilidades".
En relación a las informaciones aparecidas que
vinculan su nombre con "una supuesta venta de participaciones de la
sociedad que explota Divino" ha destacado que "no he tenido vinculación
ni conocimiento alguno con esta hipotética venta, y que lógicamente no
he recibido ninguna suma de dinero por ello".
Finalmente, Bauzá ha dicho asumir "la exposición
pública que conlleva dedicarse a la política, y lo asumo gustosamente
porque ejerzo esta labor voluntariamente desde mi vocación de servicio,
pero a la vez reitero una vez más que en política no todo vale". En este
sentido, ha añadido que "quienes apreciamos el servicio público debemos
trabajar para que exista mucho más respeto por la verdad de los hechos,
admitiendo toda opinión y crítica, y actuando de forma contundente
contra las falsedades y tergiversaciones malintencionadas", ha
concluido.
Cabe recordar que, preguntado sobre esta materia,
el portavoz del Ejecutivo, Rafel Bosch, aseguró el pasado viernes que
Bauzá comparecería ante los medios de comunicación para explicar la
"regularidad" de su situación personal, si bien finalmente ha optado por
emitir un comunicado.
El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha
querido aclarar este lunes que no era administrador de ninguna sociedad
cuando realizó la declaración de posibles incompatibilidades para el
Parlament.
Según ha remarcado Bauzá en una nota aclaratoria
publicada en la web del Ejecutivo autonómico, no ha "incurrido en
ninguna causa de incompatibilidad ni como diputado ni como presidente
del Govern" puesto que ejerce estos cargos "con dedicación absoluta y
exclusiva, excepto por lo que se refiere a mi condición de presidente
del PP y a las actividades correspondientes a la administración de mi
patrimonio personal y familiar, ambos supuestos permitidos por la ley".
Además, en cuanto a la sociedad que explota la
vinoteca Divino, ha apuntado que renunció al cargo de administrador el
pasado 9 de julio de 2011 durante la celebración de una Junta General
Extraordinaria y Universal de socios, que tuvo lugar con anterioridad a
realizar la declaración a efectos de posibles incompatibilidades ante la
Cámara balear, ha afirmado negando por tanto una información
periodística publicada.
En este sentido, ha señalado que, la elevación a
pública de su renuncia y su posterior presentación ante el Registro
Mercantil, no le "incumbía personalmente, sino a quien era el nuevo
administrador único de la sociedad".
Por otra parte, en cuanto a la sociedad Bauser
Internacional 2001, S.L., ha apuntado que es una sociedad creada en el
2001 "como complementaria de mi profesión de farmacéutico y que
paulatinamente fue quedando inactiva, de forma que en los ejercicios
correspondientes a los años 2010 y 2011 ya no realizó actividad
comercial alguna, limitando sus ingresos a los derivados del
arrendamiento de dos locales".
Según ha detallado, "se trata de una simple
administración de patrimonio personal, expresamente permitida a los
diputados y a los presidentes por ley y, en consecuencia, excluida de la
declaración de actividades".
Por todo ello, ha reiterado que "ninguna
referencia tenía que hacerse respecto de tales sociedades en la
declaración ante el Parlament a efectos del examen de posibles
incompatibilidades".
En relación a las informaciones aparecidas que
vinculan su nombre con "una supuesta venta de participaciones de la
sociedad que explota Divino" ha destacado que "no he tenido vinculación
ni conocimiento alguno con esta hipotética venta, y que lógicamente no
he recibido ninguna suma de dinero por ello".
Finalmente, Bauzá ha dicho asumir "la exposición
pública que conlleva dedicarse a la política, y lo asumo gustosamente
porque ejerzo esta labor voluntariamente desde mi vocación de servicio,
pero a la vez reitero una vez más que en política no todo vale". En este
sentido, ha añadido que "quienes apreciamos el servicio público debemos
trabajar para que exista mucho más respeto por la verdad de los hechos,
admitiendo toda opinión y crítica, y actuando de forma contundente
contra las falsedades y tergiversaciones malintencionadas", ha
concluido.
Cabe recordar que, preguntado sobre esta materia,
el portavoz del Ejecutivo, Rafel Bosch, aseguró el pasado viernes que
Bauzá comparecería ante los medios de comunicación para explicar la
"regularidad" de su situación personal, si bien finalmente ha optado por
emitir un comunicado.
El Gobierno presenta un "plan para el equilibrio
económico" que supone 350 millones de ajuste en el Presupuesto de 2012
El plan de ajuste 2012 del Gobierno balear
El Gobierno de Baleares de José Ramón Bauzá, del
PP, que goza de amplia mayoría absoluta, anunció este lunes el plan de
recortes, ajustes y cierres titulado “plan para el equilibrio
económico”, cuyo objetivo es reducir en casi un 10% el presupuesto, con
una rebaja de casi 350 millones de euros. Es el segundo que presenta
desde su llegado al poder hace diez meses.
El plan prevé el cierre de dos hospitales
secundarios de Mallorca, la ampliación de la jornada laboral de los
funcionarios, la venta de bienes del patrimonio público (desde la sede
del Inquisidor en Palma hasta los nichos de un cementerio). Además, se
anticipa la entrada de capital privado en la radiotelevisión autonómica
IB3 y la anulación del Consejo Económico y Social y del Consejo de la
Juventud. La limitación de personal se extenderá a la Sindicatura de
Cuentas.
Con la reducción de interinos y la extinción de
contratados temporales en empresas públicas y la no cobertura de
jubilaciones, las plantillas autonómicas se reducen en más de 2.000
personas. El Gobierno es renuente a dar cifras concretas; habla de 1.000
interinos no renovados en Educación. Por la tarde, el Gobierno recibió
el plantón de los sindicatos progresistas (UGT, CC OO y el STEI) de la
Enseñanza, que hicieron sus cuentas: entre 800 y 1.000 docentes
interinos dejarán de trabajar mientras que en Sanidad se habla de 2.000
personas "a la calle", según UGT.
Las medidas del "plan para el equilibrio
económico", según el presidente autonómico, José Ramón Bauzá, aseguran
“por completo” que Baleares “no puede ser intervenida”. Bauzá ha lanzado
mensajes políticos sobre “compromisos con nosotros mismos” para tener
“las riendas del futuro” bajo el concepto del “ahorro y la estimulación
directa de la economía”. El relato de los ajustes y recortes económicos
lo ofreció el vicepresidente José Ignacio Aguiló.
Los hospitales tradicionales, de raíz benéfica y
popular, son el Juan March (antiguo Caubet) y el General (antiguo
provincial), que fue el hospital medieval. Están en Palma y en sus
alrededores y se dedican a la atención sociosanitaria. Los pacientes
serán transferidos a las clínicas privadas benéficas de Sant Joan de Déu
y de la Cruz Roja en Palma. Las plantillas de los centros que se
clausuran suman unos 600 profesionales, de los que más de 100 no son
fijos. El personal será integrado en la red sanitaria o sometido a
procesos de rescisión de contratos en el caso de interinos o
sustitutos.
“Un interino, al firmar el contrato, sabe que
puede continuar o no al terminar el plazo”, dijo el vicepresidente
Aguiló para no cuantificar el número de despedidos cesados.
En Sanidad, Baleares recortará también los
horarios de los centros de salud y se reducirán los días de descanso del
personal después de guardias. Se cobrará a los empleados y al público
por aparcar en el hospital de referencia de Son Espases en Palma. Son
Espases se abre a una explotación privada, parcial, por arrendamiento,
de algunos espacios vacantes del complejo, quirófanos o áreas
hospitalarias.
Los trabajadores públicos ampliarán su jornada
laboral de 35 a 37,5 horas semanales, algunos de sus complementos
salariales quedarán recortados o suspendidos y se anulará la
contratación de interinos. En el conjunto del funcionariado autonómico,
se suspenderá la prolongación del servicio activo cuando se alcanza la
edad de jubilación, se fomentarán las excedencias, se reducirán los días
libres por asuntos propios y se recortarán al máximo las horas extra.
Los sueldos de los altos cargos de empresas
públicas se limitarán y estarán ligados al cumplimiento de objetivos. Se
creará una central de compras y los departamentos del Gobierno
recortarán otros 74,1 millones de sus gastos corrientes.
En Educación no se cubrirán las bajas de
profesores que se prolonguen menos de un mes, se suprimirá los
complementos salariales de productividad, tutoría y jefatura de
departamento en los centros y se anularán las ayudas individuales y a
asociaciones, premios y subvenciones. Además de aumentarse la jornada
laboral en un 7%, se incrementarán las horas lectivas en secundaria y no
se contratará a nuevos docentes.
Las medidas de ajuste suman un ahorro de 263,6
millones de euros a los que el Gobierno de Bauzá quiere añadir otros
84,2 millones por la vía del incremento de ingresos. Es decir, con
impuestos y tasas: el céntimo sanitario (0,48 euros por litro de
gasolina), que comienza a aplicarse mañana, o la citada venta de
inmuebles públicos y la privatización parcial de IB3. El incremento del
impuesto de transmisiones patrimoniales ya fue anunciado semanas atrás.
"Nos hemos aplicado en contener la maraña de
deudas", ha dicho Bauzà, que ha anunciado que las medidas de ahorro e
incremento de ingresos se completarán con otras de impulso de la
economía, destinadas a "crear marco el adecuado para promover un
crecimiento económico sostenible".
El presidente del PP rechaza la existencia de un
pacto con el anterior Gobierno del PSOE
El presidente del gobierno balear, José Ramón
Bauzá, ha cesado a la interventora general de la Comunidad Autónoma,
Maria Marqués, después de que este miércoles asegurara que el presidente
del Ejecutivo "pactó" con la exvicepresidenta económica del Gobierno
central, Elena Salgado, la deuda pendiente con los proveedores que
ascendía a 1.500 millones de euros y no a 1.104 millones, informa Europa
Press.
En una comparecencia urgente, Bauzá ha remarcado
que es "rotundamente falso e irreal" que él pactara con Salgado ocultar
la deuda, si bien ha reconocido que sí es cierta la cifra de 1.500
millones de euros, teniendo en cuenta que desde el pasado 30 de junio,
se ha ido acumulando la deuda con los proveedores.
De este modo, ha anunciado que en las próximas
horas, comparecerá el vicepresidente económico del Govern, Josep Ignasi
Aguiló, para dar detalles de los datos exactos de la deuda de la
Comunidad a fecha de hoy.
Bauzá ha insistido en que "no ha ocultado
información y que ha trabajado con rigor y transparencia para conseguir
un redireccionamiento de las cuentas públicas, cumplir el objetivo del
déficit y reactivar la economía".
Finalmente, ha revelado que la propia interventora
ha reconocido que se ha equivocado y, por ello, ha remarcado que él ha
decidido cesarla, teniendo en cuenta que es "falso" que existiera un
pacto con Salgado para ocultar información relativa a la cifra de deuda
de la Comunidad Autónoma con los proveedores.
Para cumplir con el déficit,
las arcas del Gobierno de Bauzá han de sumar otros 400 millones
Baleares ha entrado hoy en el camino de las comunidades que han optado
por subir tasas e impuestos en su tramo autonómico: en carburantes,
vehículos más contaminantes y compraventas de inmuebles de más de
300.000 euros. Se trata de generar nuevos fondos para mitigar el déficit
público, que ronda el 4% y debe de situarse en el 1,5% del PIB regional
que fijó el Gobierno central.
El céntimo sanitario, un aumento de 4,8 céntimos por litro de gasolina y
gasóleo, servirá para recaudar 37 millones de euros en 2012, mientras
que el incremento del impuesto de transmisiones generará unos 22
millones. El ajuste en las cuentas insulares obliga a recortar 400
millones de euros en 2012, y con esas primeras medidas y otras de menor
impacto solo se recaudan 65 millones.
En las próximas semanas el Gobierno balear, del PP, deberá anunciar otro
tijeretazo en el sector público, con reducciones de partidas en Sanidad
y Educación, y previsiblemente con nuevas medidas fiscales de tipo
medioambiental. Estudia rescatar el impuesto sobre grandes
infraestructuras de empresas de energía y transporte que impactan en el
entorno, que aprobó un antiguo Gobierno balear del PP y que derribaron
los tribunales, que exigieron cambios en su definición y aplicación
antes de imponerlo.
“No había más remedio”. El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá,
anticipó el incremento de impuestos tras reunirse el jueves pasado en
Palma con Mariano Rajoy.
Esas primeras medidas de mayor presión tributaria en Baleares suponen
dos incumplimientos del programa del PP y del discurso de Bauzá contra
la política de la izquierda, que ya la ha descalificado. El presidente
balear evitó asumir ante la opinión pública el coste del anuncio. Delegó
en el vicepresidente económico, José Ignacio Aguiló, quien dijo que
habían buscado actuar sobre figuras caracterizadas por “su neutralidad”
sobre la actividad económica.
Aguiló entiende que el céntimo sanitario “se trasladará muy poco a los
consumidores”. La gasolina más cara de España —la de las islas, por el
sobrecoste de transporte— aún subirá los citados 4,8 céntimos por litro.
Los transportistas y taxistas quedan exentos. Otra de las nuevas cargas,
con una recaudación mucho menor, de unos 700.000 euros, es la tasa
progresiva sobre emisiones altas en C02 de vehículos especiales: hasta
el 16% suben los impuestos para todoterrenos, quads, motos náuticas o
caravanas.
Con un objetivo declarado de “descongestionar la sanidad pública e
incentivar el sector privado”, el Ejecutivo de Baleares invita a
contratar un seguro médico a los mayores de 65 años, familias numerosas
y personas con discapacidades superiores al 65%. A quienes en estas
circunstancias opten por las pólizas del sector privado de la sanidad
“se les aplicará una deducción íntegra del 15% de los gastos por esa
contratación” en la declaración del IRPF, en su tramo autonómico.
José Ramón Bauzá intervino ante la dirección del grupo parlamentario del
PPE del Parlamento Europeo, reunida en Palma, para asegurar que se ha de
ser “inflexible” y actuar “con radicalidad contra la corrupción”. El
líder del PP balear, que ha rechazado tener en sus listas y en su
Gobierno a imputados, advirtió: “Una persona corrupta nunca es de los
nuestros”.
Desde un general hasta un músico militar, en puestos de confianza del PP
De la milicia a la política: desde un general de la antigua cúpula del
Estado Mayor hasta un músico militar, un clarinetista, han entrado en el
escalafón gubernamental. En Baleares ya son cuatro los militares de
carrera, ya en la reserva, retirados, que ocupan otros tantos cargos de
responsabilidad pública y de gestión política, por designación de los
Ejecutivos del PP en La Moncloa y en Palma de Mallorca.
El nuevo delegado insular del Gobierno de Mariano Rajoy en las islas de
Ibiza y Formentera es Rafael García Vila, militar en la reserva activa,
teniente coronel de Infantería, que fue comandante militar de Ibiza. Su
última ocupación fue la de presidente de la Cruz Roja en Ibiza. Para ser
delegado del Gobierno se debe ser funcionario.
El cargo político de mayor relieve está, precisamente, en manos
del general del Ejército, Luis Alejandre, que es vicepresidente de
proyectos del Consell de Menorca, que concurrió en las listas del PP en
2011. Alejandre tiene una notable carrera en las Fuerzas Armadas y fue
capitán general de la Región Pirenaica y jefe del Estado Mayor de la
Defensa. En Menorca, desde la vida civil, lanzó la operación de rescate
del hospital de la Illa del Rey.
Un capitán de navío del Cuerpo General de la Armada, José María Urrutia,
fue elegido por el presidente del Gobierno de Baleares José Ramón Bauzá,
para que fuera presidente de la Autoridad Portuaria, la gestora de todos
los grandes puertos isleños. Urrutia dejó de ser comandante del Sector
Naval de Baleares y entró en el ente portuario.
El Gobierno de Baleares (PP) empezó el día 2 de enero a cobrar
10 euros por renovar la tarjeta sanitaria. Es una medida para compensar
las carencias presupuestarias. Su implantación ha sido descrita como un
avance de servicios digitales para el ciudadano, porque el carné
incorporará un chip, una banda magnética y una fotografía del titular
que facilitará el acceso al historial. También se ha empezado a hacer en
Galicia, aunque en este caso no será obligatorio renovar las tarjetas,
sino que solo se pagará si se deteriora o extravía.
En las islas venden la medida como un avance
tecnológico para evitar fraudes
Pero aunque el cobro ya se aplica, los ciudadanos baleares, de
momento, pagarán por una tarjeta provisional, idéntica a la ya
existente, porque hasta el mes de mayo no estarán disponibles las nuevas
con las características anunciadas como justificación a su implantación.
La izquierda en la oposición, PSOE y PSM, atacaron la innovación y el
cobro del soporte en el debate presupuestario al entender que era un
paso hacia un futuro copago sanitario, extremo que niega el Gobierno del
PP.
El Servicio de Salud de las Islas Baleares, Ibsalut, indica
que el nuevo sistema implantado "permitirá luchar contra el fraude" al
facilitarse la identificación del paciente con el uso de una tarjeta
intransferible. Desde la consejería de Salud y el grupo parlamentario
del PP se ha insistido en las últimas semanas en los episodios de uso
fraudulento, citándose el caso de una misma tarjeta que fue usada en un
mismo año en cinco partos.
La presidenta de la asociación El Defensor del Paciente,
Carmen Flores, afirmó que el hecho de cobrar 10 euros por la nueva
tarjeta es "anticonstitucional, injusto e insolidario". Es una medida
"vergonzosa, propia de un estado inquisitorio y dictatorial". El
Gobierno de Baleares, en su plan de recortes y ajustes, anuló el
departamento y la figura del Defensor del Paciente autonómico.
Flores afirmó que la medida de cobrar 10 euros supone
implantar el copago en la comunidad y, además, ha criticado que se vaya
a llevar a cabo "con la patética excusa de controlar el fraude". Flores
equipara la acción a la anunciada en Cataluña por la Generalitat de
cobrar un euro por receta.
En la campaña de promoción del Gobierno de Baleares -y como
prueba de que el objetivo último es recaudar dinero ya para las
comunidades- se resalta que las personas que tengan una tarjeta con una
vigencia posterior al 31 de diciembre de 2012 y que la renueven durante
este año se beneficiarán de una reducción del 50% de la cuota y tendrán
que pagar cinco euros. Un portavoz del Ibsalut recalcó esta mañana que
el cobro corresponde a una tasa por la expedición del documento, y que,
como tal, estaba incluido en los presupuestos de la comunidad.
Lógicamente, quien tenga que renovar ahora la tarjeta no deberá pagar de
nuevo cuando, a partir de mayo, esté en vigor la nueva.
Una portavoz del Ministerio de Sanidad se limitó a indicar que
el caso entra dentro de las competencias de las comunidades, aunque
figuras destacadas del PP, como la actual ministra de Fomento y
exministra de Sanidad, Ana Pastor, la criticaran.
El exsecretario general de Sanidad en el anterior Gobierno,
José Martínez Olmos, criticó la medida porque "su coste puede dejar a
personas fuera del sistema" y cree que "se está utilizando la sanidad
para recaudar, cuando luego no es seguro que ese dinero vaya a revertir
en la atención sanitaria".
El Gobierno balear del 'popular' José Ramón Bauzá
ha aprobado en plena ola de recortes presupuestarios un paquete de
bonificaciones tributarias en el que destaca la renuncia al 100% del
impuesto de Patrimonio. Renuncia así a ingresar unos 23 millones de
euros que se obtendrían a partir de las contribuyentes con un patrimonio
superior a los 700.000 euros. Mientras, los recortes en Sanidad ya pasan
factura a la población con un espectacular incremento de las listas de
espera.
El Gobierno del PP de Baleares bonifica el 100%
del impuesto de patrimonio al tiempo que reduce el presupuesto de
Sanidad
El Ejecutivo de Bauzá aprobó el pasado viernes un
plan de bonificaciones fiscales que englobadas bajo el nombre de “Ley de
Emprendedores” reduce los impuestos a quienes más tienen. Así, se
incluye una bonificación del 100% en el pago del impuesto de Patrimonio
y reducciones del tramo autonómico del IRPF, del impuesto sobre
Sucesiones y del impuesto sobre Transmisiones.
Temor a la reacción de las grandes fortunas
En el caso del impuesto sobre el Patrimonio,
recuperado por el Gobierno central para hacer frente a la caída de
ingresos que conlleva la crisis, el Gobierno de Bauzá renuncia a 23
millones de euros, según apunta el Diario de Mallorca, donde
apuntan que pretenden evitar que las grandes fortunas se vayan de las
islas. El Govern justifica la medida en que no afectará a las cuentas
del próximo ya que los ingresos por ese impuesto no estaban
presupuestados.
Recortes generalizados
Desde el PSOE han tachado de “vergonzosa” la
medida, apuntando que es “injustificable que el Govern no pida esta
contribución a los que más tienen” cuando se piden esfuerzos adicionales
a colectivos como los pensionistas o los funcionarios. Los socialistas
ya denunciaron que el Gobierno del PP en Baleares han recortado
drásticamente de múltiples partidas presupuestarias básicas: 150
millones de euros del presupuesto en Sanidad -con reducción de médicos
de guardia incluida-, 240 millones del plan de competitividad, 500.000
del plan de Igualdad, o la supresión de programas de formación para los
parados de larga duración.
Lista de espera disparada
A Bauzá no le cuadran las cuentas, pero reduce
impuestos a los ricos y su equipo de Gobierno se sube el sueldo entre un
10 y un 21%. Pero los recortes pasan factura. El Servicio de Salud de
Islas Baleares( IB-Salut) ha suprimido las derivaciones de
intervenciones quirúrgicas a las clínicas privadas y las intervenciones
quirúrgicas fuera del horario ordinario, lo que aumentara una lista de
espera que ya tendía a crecer considerablemente. La demora media para
ser operado en Baleares se situó a finales de septiembre en 69,49 días,
casi doce días por encima de los 57,52 días que había que esperar para
ser intervenido a finales del mismo mes en 2010.
El PSOE quiere “garantías y
máxima transparencia” por parte del Gobierno de Baleares El PP dice que el impacto de su norma es mínimo porque aborda zonas
urbanizadas
Cambio de mayoría y otro rumbo en la política territorial de Baleares.
Se abre la puerta, otra vez, al desarrollismo urbanístico en el litoral,
paralizado tras las presiones ciudadanas y de los ecologistas. Con los
argumentos de “la seguridad jurídica” y de evitar el pago de grandes
indemnizaciones a los promotores [cerca de 1.000 millones, según el PP]
cuyos derechos fueron anulados, el Gobierno de Baleares del popular José
Ramón Bauzá, dará marcha atrás a decisiones proteccionistas de la
izquierda, que anularon proyectos urbanísticos en zonas sensibles del
archipiélago.
La nueva mayoría absoluta del PP tiene las manos libres para dar este
golpe de timón anunciado. El consejero Company quiere facilitar la
edificación agrícola en suelo rústico y permitirá, “con normas para que
los agricultores no tengan tantos problemas para poder construir sus
dependencias en suelo rústico. Debemos fomentar la seguridad jurídica”,
ha indicado.
Las zonas húmedas de Ses Feixes (Ibiza) y Ses Fontanelles (Mallorca),
ámbitos de interés natural con planes de explotación que motivaron la
protesta ciudadana, serán liberadas de las normas de preservación.
También quedarán abiertas para el negocio antiguas urbanizaciones
paralizadas en las dunas de Son Real, en la zona montañosa de Es Verger,
Es Guix en Escorca, Valldemossa, Soller, Alcúdia, Pollença, Andratx y
Sant Josep. En 2008, el Gobierno PSOE-PSM-UM cambió a rústica la
clasificación urbanística en decenas de enclaves de suelo urbano o
urbanizable. Se trata de suelos explotados sin un proceso legal
definido, en el litoral y la montaña, en buena parte que quedaron fuera
del mercado tras ser iniciados al margen de la ley, como parte de la
lujosa urbanización de Roca Llisa (Ibiza).
El consejero balear de Medio Ambiente, Biel Company, confirmó su plan en
las redes sociales así: “El decreto ley que prepara el Gobierno [balear]
es para legalizar zonas ya urbanizadas que el Pacte [PSOE-PSM-UM]
desclasificó de forma arbitraria”. El posible desarrollo de la
urbanización germinal en Es Guix, en la montaña de Lluc, en plena Serra
de Tramontana, ha creado alarma en el PSOE y su portavoz parlamentario,
Francina Armengol, expresidente del Consell de Mallorca, ha dicho que
pondrá en peligro la reciente consideración de la Tramontana como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
El PP dice que el impacto de su norma es mínimo porque aborda zonas
urbanizadas. En el caso de Es Guix se asegura que la explotación es de
los años 60 y que los habitantes de Escorca han de tener la posibilidad
de construir una casa en su término.
Garantías y transparencia Por otra parte el PSOE quiere “garantías y máxima transparencia” por
parte del Gobierno de Baleares de José Ramón Bauzá (PP) en la concesión
de pautas legales de excepción y celeridad para determinadas actuaciones
urbanísticas. Bauzá reclama la aceleración del cambio económico a través
de la recuperación de los proyectos excluidos por la izquierda.
El presidente exhibe como uno de sus grandes logros iniciales la apuesta
inversora por el grupo turístico Meliá en la reforma del núcleo de
Magaluf, avalada por la consideración de “interés autonómico”.
La declaración autonómica del proyecto, aún antes de que fuese oficial
–que reduce a la mitad los trámites administrativos– la empresa hotelera
Meliá –de la familia Escarrer– anunció que el gabinete iba a concederlo
y que Bauzá asistiría a la presentación. Así ha ocurrido, el
salvoconducto se otorgó y el presidente acudió al acto empresarial. El
PSOE, ante los anuncios de cambios en leyes territoriales para facilitar
inversiones, cree necesario esmerar la vigilancia, la seguridad jurídica
y la publicación de las excepciones en el Boletín Oficiales de las Islas
Baleares.
La diputada socialista y exconsejera de Turismo, Joana Barceló,
defenderá una proposición de ley para modificar la ley del PP de
“medidas urgentes para el impulso a la inversión”. Barceló solicita el
control parlamentario de los proyectos protegidos gubernamentalmente con
un análisis de la viabilidad económica-financiera, generación de
ocupación, impacto económico, impacto medioambiental o en la
vertebración territorial y social.
La autonomía con menos funcionarios por habitante
es paradójicamente la más dura en el ajuste: de julio a octubre se
perdieron 5.700 puestos Mientras la administración crecía en España, las
islas destruían el 7,78% de su plantilla pública
Mientras en el Reino Unido cien economistas de
todo credo se conjuran estos días para cargar contra los recortes con
los que el Gobierno de derechas de Cameron "ha agravado la crisis", en
España, Balears se destaca como la comunidad que más empleo destruye en
sus servicios públicos. Sobre todo desde las elecciones de mayo. Con el
president Bauzá los trabajadores públicos y los negocios que de ellos se
alimentan directa o indirectamente lo tienen más duro que con en tiempos
del president Antich. El socialista se limitó a eliminar en sus últimos
dos años 9.500 empleos públicos de los 8.400 que había creado en los dos
primeros años de legislatura, pero a Bauzá de momento solo le ha dado
tiempo a pasar la cuchilla: desde que el PP empezó a aplicar en Balears
(y solo en Balears) la tradicional receta liberal de recortar plantilla
en la administración, 5.700 trabajadores han dado con sus huesos en la
cola del paro.
Lo certifica el Instituto Nacional de Estadística,
que revela que el año pasado trabajaban entre julio y octubre en los
organismos y entes públicos 73.200 personas, un plantilla que con la
llegada del PP al Govern se ha encogido hasta 67.500. Y eso son 5.700
expulsados del mundo del trabajo público, que se suman a los miles que
engrosan la lista de desempleados generada por las empresas privadas. La
tormenta es así perfecta: rayos sobre el sector privado, centellas sobre
el público y una inundaciones de parados: 109.600 personas quieren hoy
trabajar y no pueden. Y aún es septiembre. Si se repite la evolución de
los dos últimos años, este invierno se presenta con una amenaza que
congela el ánimo: que el mercado laboral de las islas rompa el techo
histórico de 144.000 desempleados marcado hace un año. Se cumpliría de
este modo el análisis del ministro de Trabajo, tan falaz para el
conjunto de España como atinado para Balears: aseguraba la semana pasada
Valeriano Gómez, en argumento que repetían machaconamente los portavoces
del PSOE en todo el territorio español, que el desastre plasmado en los
últimos datos de paro está relacionado directamente con los despidos
acometidos en el sector público por las autonomías. El análisis parecía
ser un tortazo directo al PP, que desde junio gobierna todas las
autonomías, salvo, Euskadi y Cataluña, aún socialistas, y otras cuatro
comunidades en manos de nacionalistas o regionalistas de derechas.Pero
Gómez miente o se equivoca: la realidad es que en Balears sí crece el
paro por la destrucción de empleo público, pero no en España ni en la
mayoría de las comunidades que la componen, que en total mantiene ya a
2,8 millones de funcionarios.
Porque mientras Mallorca lidera la destrucción de
empleo público desde las pasadas elecciones autonómicas de mayo, en el
conjunto del país la bolsa de trabajadores públicos está cada vez más
inflada. ¿Responde eso a que Balears es el alumno descarriado que
entierra dinero en trabajadores públicos a paladas? Responden los
sindicatos: ni de lejos. "Somos una de las comunidades con menos
funcionarios", abunda Miguel Ángel Romero, responsable de Servicios
Públicos de UGT. ¿Arrima el sindicalista el ascua a su sardina como el
ministro de Trabajo o en este caso dice la verdad? Pues los datos le dan
la razón al de UGT. Balears es la tercera comunidad que menos empleados
públicos paga. Según los datos del Registro de Personal, tiene 67.500,
es decir, 50 trabajadores con nómina a cargo de la caja de todos por
cada mil baleares, lejos de la media de 59 trabajadores públicos por
cada mil españoles, o de los 86 funcionarios por mil habitantes del
paraíso del empleo público: Extremadura.
La administración más corta
Y eso si se cuenta a los trabajadores de todas las
administraciones, porque si se compara solo la cifra de empleados al
servicio de la comunidad resulta que el Govern es el que menos
funcionarios paga. Hay 27.247. O traducido: 24 trabajadores en nómina
por cada mil baleares. ¿Son muchos? Pues depende de a quien le pregunte,
pero la realidad es que ninguna comunidad paga a menos. La media es de
30 funcionarios autonómicos por millar de ciudadanos, con un pico
máximo, ya saben, en la comunidad que más trabajadores públicos
alimenta, Extremadura (42 por millar de extremeños).
¿Quiere eso decir que Extremadura, también
gobernada por el PP, ha metido la tijera a sus servicios públicos desde
el cambio de gobierno con tanto brío y escabeche como Balears?
Pues no. Ni Extremadura con el PP ni nadie con
ningún partido. Mientras la austeridad de Bauzá contribuía a cepillar de
la nómina de empleados públicos a 5.700 trabajdores (un 7,78% de
recorte), el PP extremeño se cobraba 2.200 empleos (un 2,2% de
reducción). Claro que habrá quien piense que la tibieza en el ajuste
extremeño tiene que ver con el hecho de que allí el PP depende del visto
bueno de Izquierda Unida para gobernar. Pero no: si se analizan todas
las comunidades se llega a la conclusión de que la virulencia del Govern
balear no tiene igual. En su apuesta liberal, José Ramón Bauzá es más
papista que el papá y que Dolores de Cospedal: la presidenta manchega y
secretaria general del PP español lleva las riendas de la comunidad con
las cuentas más ahogadas, pero, lejos de recortar empleo público, la
manchega y su mantilla engordan un 1,29% la plantilla, sumándole entre
julio y septiembre 2.100 efectivos al ejercito de trabajadores públicos
de Castilla La Mancha.
El PP balear, el más duro
¿Casualidad? Podría ser el caso, pero no parece:
otras dos comunidades gobernadas por el PP desde hace tres décadas, con
problemas de caja y deuda tan acusados como los baleares, destacan como
las que más han aumentado las plantillas públicas desde las elecciones.
Son Valencia y Murcia, campeonas de la creación de empleo público.
Mientras en Balears el PP de Bauzá alimentaba el paro con despidos
públicos, en tierras murcianas el PP de Valcárcel sumaba 11.500
empleados a una región con cifras similares a las del archipiélago. Pese
a ello, en Murcia cuentan con 101.000 trabajadores públicos mientras la
islas disponen de 56.330 (la mitad bajo batuta del Govern). El PP
valenciano, por su parte, ponía en nómina pública a 15.800 trabajadores
más. Y lo mismo hacían el recién estrenado Gobierno del PP en Aragón
(6.000 empleados más), y hasta uno de los más criticados por los
sindicatos, el de Esperanza Aguirre: Madrid añadía 17.100 efectivos a su
plantilla.
Balears tiene así el doblemente dudoso honor de
ser la comunidad con menos funcionarios en su administración y la que
más trabajadores públicos elimina. Tanto es así que, para llegar a la
media de funcionarios de otras comunidades, Balears necesitaría
contratar a 5.900. ¿Los contratarán Bauzá y sus chicos? A la espera de
que el Govern acabe en los próximos días los presupuestos que ya aprobó
el lunes, los dirigentes del Govern lo dejan claro: no. Aunque en
política nunca se sabe. Los eslóganes a veces son solo eso, eslóganes.
Vean los presupuestos de la austeridad aprobados por el PP, que suponen
en realidad un fuerte aumento de gastos respecto al pasado año. Aunque
el Govern ofrece explicación: hay que pagar a los bancos. ¿Y los
proveedores? Pues siguen sin plan de cobro.
La izquierda balear reacciona con malestar y
recelo ante lo que creen un gasto
innecesario
El
Gobierno de Baleares de José Ramón Bauzá ha
decidido, por sorpresa, crear una delegación del
ejecutivo en la menor de las Baleares. En la
legislatura 2003-2007, el entonces presidente
balear Jaume Matas, creó también delegaciones
gubernamentales en Menorca que funcionaban en
paralelo al Consell de Menorca que entonces
estaba gobernado por el PSOE. La isla de
Formentera, con Consell propio y diputado
autonómico directo en el Parlamento balear, es
la única mancha progresista en el mapa uniforme
que plasma la mayoría hegemónica del PP de
Baleares.
La
izquierda balear y la local han reaccionado con
malestar y recelo ante lo que consideran
representará un gasto innecesario y la
multiplicación de la administración en época de
crisis. La oposición al Gobierno Bauzá afirma
que se trata de una maniobra de “control” del
Consell de Formentera, mediante una figura que
no consta expresamente en el Estatuto de
Autonomía.
Entre los progresistas de Formentera se supone
que el PP pretende dar protagonismo a uno de sus
líderes insulares ante la poblacición en sus
trámites administrativos. Jaume Ferrer,
presidente del Consell por dos veces, líder del
un grupo de izquierdas y autonomista Gent per
Formentera, se enteró por la prensa de la
instauración de la embajada del
Gobierno de Palma en su isla. Ferrer es
parlamentario por Formentera en la asamblea de
Baleares pero no tiene posibilidad de intervenir
con amplitud porque el PP vetó la creación del
grupo mixto con otros parlamentarios de minoría
no adscrita.
El
consejero balear de Presidencia, Antonio Gómez,
fue el encargado del procedimiento de
elaboración del decreto de la delegación
territorial del Gobierno. Se justifica en “la
doble insularidad” y en la necesidad de
“coordinación administrativa de las competencias
y de los servicios” así como el deseo de
«acercar» los trámites a los ciudadanos. Desde
Formentera se recuerda al Gobierno balear que se
les adeuda diez millones de euros y que se
ampara en la austeridad y falta de fondos para
no abonarla.
El conseller
de Educación afirma que se mantendrá las retribuciones "de todo el
personal que trabaja en el sistema educativo"
El conseller
de Educación, Cultura y Universidades, Rafael Bosch, ha asegurado hoy
que la prioridad de su presupuesto para 2012, que se reduce en un 10 %
sin contar gastos de personal, es mantener las retribuciones de todos
los trabajadores del sistema educativo balear.
"La decisión política que asumo es que todos los esfuerzos están
dirigidos a mantener tanto las retribuciones básicas como el complemento
retributivo de Baleares", se ha comprometido Bosch en la presentación de
las cuentas de su departamento para 2012 ante la comisión de Hacienda y
Presupuestos del Parlament.
La
Conselleria dispondrá en 2012 de 767.400.521 euros, lo que supone una
reducción de 54,7 millones contando gastos de personal (un 6,65 %
menos), en comparación a los últimos presupuestos, que fueron de 822,1
millones.
La oposición
ha reprochado al conseller esta reducción. La diputada socialista Rosa
María Alberdi ha afirmado que Baleares "no se puede permitir una bajada
de 55 millones de euros en educación" y ha augurado que el conseller
tendrá que buscar más fondos.
Bosch ha
asegurado que, al margen de los gastos de personal, el resto de
capítulos del presupuesto de su Conselleria están marcados por "una
contención de alrededor de un 10 %" y por reducir las partidas de
inversión "para que el año que viene el presupuesto no produzca más que
el máximo de endeudamiento que esta comunidad puede asumir".
El objetivo
es "poner el contador a cero" respecto a lo que se puede ejecutar, en un
departamento autonómico que históricamente siempre ha registrado
déficit, "para pagar las nóminas sin acudir como cada mes a solicitar
crédito", ha dicho Bosch.
El conseller
ha insistido en que la contención se acometerá para poder mantener los
salarios, a diferencia de otras comunidades autónomas, y a pesar de las
dificultades de tener que asumir un déficit de 26 millones de euros de
este año.
"Uno ajusta
el número de profesores, horas y cuotas de distribución, para no rebajar
los sueldos de los docentes", ha afirmado.
Entre los
ajustes figuran que unas 100 personas que estaban en comisión de
servicios vuelven a la enseñanza para ahorrar unos 4 millones al año, y
en la concertada se ajustan al máximo gastos de funcionamiento y
sustituciones, con otro ahorro de 4 millones.
Se aplaza el
incremento de retribuciones para docentes y no se abonará el sueldo de
julio y agosto a los sustitutos que no cubran vacantes de más de cinco
meses.
En
secundaria se pide "un esfuerzo" a los docentes que tendrán que impartir
20 horas lectivas semanales, algo que el conseller ha puntualizado que
"no vulnera ninguna norma" y permitirá un ahorro de 8,8 millones al
contratar a 400 interinos menos.
"Esto no
implica despedir a ningún interino, implica que la Administración
necesitará contratar menos interinos el año que viene porque si lo
hiciera entraría en déficit", ha asegurado Bosch.
La suma de
todas estas medidas reducirá el gasto en 23 millones de euros, según
prevé el conseller.
La transferencia de la Conselleria para la Universidad de las Islas
Baleares será de 50 millones, un 4,8 % inferior, pero Bosch ha destacado
que se desbloqueará además un crédito de 5 millones para poder sustituir
un edificio de aulas prefabricadas "por un multiaulario como Dios
manda".
También ha
resaltado la recuperación íntegra de la partida para alumnos que no
pueden cursar estudios superiores en su propia isla o deben salir del
archipiélago, por 780.000 euros.
En el área de Cultura, que dispondrá de un 6 % menos de presupuesto,
Bosch se ha referido de forma específica a la Orquesta Sinfónica de
Baleares. "La ayudaremos y la potenciaremos", se ha comprometido. Además
se organizarán exposiciones y visitas guiadas en Sa Llonja de Palma.
En Juventud, en campamentos y albergues se hará "lo básico" y otros
programas no se harán.
En relación al Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB), Bosch ha
apuntado a la necesidad de que la Unión Europea retire el veto a
Baleares para que se puedan percibir fondos europeos por unos 38
millones.
La diputada
socialista Cristina Rita ha acusado a Bosch de "desmontar" el SOIB,
porque carecerá de fondos propios y solo se nutrirá de aportaciones del
Gobierno central.
La también socialista Alberdi ha criticado a Bosch por aplicar una
rebaja general del 10 % cuando "hay conceptos que no se pueden reducir
de esta forma" entre los que ha citado la calefacción, el agua, seguros
o reparaciones de edificios. Ha preguntado cómo se abordará la rebaja
desde 10,5 millones a 8 en el mantenimiento de centros escolares.
También el diputado del PSM-IV-ExM y Més per Menorca Antoni Alorda ha
cuestionado las rebajas en transporte escolar, comedor o limpieza.
Bosch ha
respondido "se garantizarán todos los gastos de funcionamiento", así
como los comedores. En transporte ha admitido que se han reorganizado
rutas para cumplir estrictamente la ley pero ha subrayado: "Estamos
recogiendo a todos los niños y seguiremos recogiéndolos a todos".
Para
explicar que las partidas de estos conceptos bajen, Bosch ha dicho que
la Conselleria espera ahorrar un 30 % en consumo de energía con un plan
que está elaborando y también prevé un plan centralizado de compras que
reducirá costes.
El Gabinete
de Bauzá anuncia que reducirá las plazas de los interinos
Al cabo de
cien días en el poder, el Gobierno de Baleares, presidido por José Ramón
Bauzá, del PP, anunció ayer la primera medida de recorte presupuestario
que afecta directamente al bolsillo de una parte de los ciudadanos. Los
funcionarios autonómicos -27.290- perderán el complemento de
productividad de su paga y no percibirán retribuciones por las horas
extras si las realizan. Los 4.000 interinos y laborales quedan bajo la
amenaza de no ver renovado su contrato a su conclusión.
La medida de
mayor calado puede ser "la suspensión del nombramiento de personal
funcionario interino", según la nota oficial. Tres fuentes del Gobierno
negaron que ello implique la rescisión automática de los contratos
actuales, e indicaron que puede suponer que no sean renovados cuando
expiren. No se incorporarán nuevos interinos en los supuestos en que
sean precisas incorporaciones por bajas o enfermedades. En Sanidad y
Educación, esta medida puede sobrecargar las plantillas y obligará a
reducir horarios públicos, según los sindicatos.
Solo en
Educación hay 2.400 interinos, sobre una plantilla de unos 11.400
empleados, y en Sanidad existen 14.289 trabajadores del Ibsalut, pero no
es posible precisar el número que corresponde a contratados. Sanidad y
Educación cuentan con casi el 75% del personal público de Baleares. Los
gestores de las consejerías tienen un mes para presentar el plan de
ahorro.
El Gobierno
de Bauzá no concretó la magnitud económica -"considerable"- del
tijeretazo ni precisó el número de personas afectadas. Los líderes de
los sindicatos acudieron ayer a protestar ante la sede del Ejecutivo en
Palma y fueron atendidos brevemente por el presidente. "Este es un plan
de congelación y recortes a lo bestia, sin negociar", lamentó Biel
Caldentey, del sindicato Stei. Desde UGT de Sanidad se auguraron
"consecuencias nefastas para los usuarios". "No se puede gobernar con
órdenes, decretos y leyes", indicó Katiana Vicens, de CC OO. Ayer, el
Ejecutivo del PP formalizó el acuerdo de anulación de los liberados
sindicales institucionales.
En el resto
de la estructura del Gobierno balear, en servicios generales y empresas
públicas, existen 3.129 funcionarios de carrera. Hay 837 trabajadores
interinos; laborales fijos son 546 y 292 son laborales con más de seis
meses de contrato.
El 31 de
diciembre de 2012, según la evolución económica y la recaudación de
impuestos, el Gobierno de Baleares puede "revisar" estas acciones de
ahorro y recorte.
El Ejecutivo autonómico, que rompe así el acuerdo de Acción
Sindical, ha indicado que las medidas se aplicarán "de manera inminente"
El Gobierno balear ha anunciado este martes la eliminación de
todos los liberados sindicales institucionales de la comunidad autónoma
(89 en total), de los créditos horarios que superen los mínimos fijados
por la Ley Orgánica de Libertad Sindical, así como las subvenciones a
organizaciones sindicales, denominadas Fondos de Acción Social.
En un comunicado hecho público este martes, el Ejecutivo
autonómico ha indicado que estas medidas se aplicarán "de manera
inminente".
Según la nota del Gobierno balear, la Dirección General de
Función Pública ya ha informado sobre estas acciones a los
representantes de los sindicatos firmantes del acuerdo de Acción
Sindical de 2006 (Cemsatse, UGT, STEI-I y CCOO), así como a los que se
adhirieron al mismo con posterioridad (USO, ANPE, CSIF y SAE).
De esta forma, se plantea la supresión de todas las licencias
relativas a la dispensa de asistencia al trabajo, que no tengan su
origen en la acumulación de horas. En la práctica, se traduce en la
eliminación de la figura del 'liberado sindical institucional' que, tal
como recuerda la nota de la Administración autonómica, "son los que
permite el Govern para su representación institucional en órganos de
diálogo".
En total, la comunidad autónoma balear tiene 89 liberados
institucionales: 31 en el ámbito sanitario, 34 en Educación y el resto
en servicios generales.
En paralelo, existe un grupo de 221 liberados por créditos de
horas (los que acumulan horas de representación sindical cedidas por sus
compañeros) que no se verán afectados por los cambios anunciados.
Por otro lado, el Gobierno balear también preve "ajustar el
crédito horario atribuido a los miembros electos y a los delegados
sindicales en la escala regulada en el Estatuto de los Trabajadores y en
el EBEP".
Ni subvenciones ni locales sindicales
El conjunto de medidas anunciadas por el Ejecutivo balear
incluye, así mismo, la supresión de los Fondos de Acción Sindical,
destinados anualmente por la comunidad autónoma a los sindicatos
comprendidos en el ámbito de aplicación del acuerdo de 2006. En ese
texto, se fija un montante de 205.495 euros en concepto de subvenciones
a las organizaciones sindicales.
Se plantea la eliminación de los locales sindicales para uso exclusivo
En concreto, las partidas a eliminar serían de 68.906 euros para
los sindicatos con representación en el ámbito funcionarial y de la
enseñanza pública no universitaria; 40.610 euros entre las
organizaciones sindicales de Servicios Generales de la comunidad; 68.906
euros de las centrales sindicales del ámbito sanitario y estatutario; y
27.073 euros de los sindicatos del área laboral de la administración
autonómica.
Igualmente, se plantea la eliminación de los locales sindicales
para uso exclusivo de cada sección sindical u órgano de representación.
La nota oficial publicada en la web de la CAIB señala que esta medida
"ya se está materializando, con la adecuación de un local de 300 metros
cuadrados en Palma" y supondrá el "ahorro de 41 mil euros anuales a las
arcas públicas en concepto de alquiler de cuatro locales en uso
actualmente por parte de UGT, USO, CCOO y CSIF.
Pendiente de ratificación en el Consell de Govern
El acuerdo del equipo de gobierno presidido por José Ramón Bauzá
(PP) deberá aprobarse en una próxima reunión del Consell de Govern. La
Dirección General de Función Pública de la comunidad autónoma de
Baleares ha justificado su paquete de acciones respecto a los sindicatos
en la aplicación del artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP).
Según el Gobierno balear, el EBEP permite suspender o modificar el
contenido de los pactos o acuerdos ya firmados "siempre que esté
motivado por una causa de grave interés público, derivada de una
alteración sustancial de las circunstancias económicas"
Con la aprobación de estas medidas, el Gobierno balear dejará "en
suspenso" el acuerdo de Acción Sindical. La intención, en palabras del
Ejecutivo balear, es suprimir "todo lo que suponga un incremento de los
mínimos que vienen fijados en el Estatuto de los Trabajadores, el
Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley Orgánica de Libertad
Sindical. www.publico.es 13.09.11
El Gobierno da las riendas
de IB3 a su consejero de Presidencia La oposición denuncia la inconstitucionalidad del nombramiento
El consejero de Presidencia del Gobierno balear, Antoni Gómez, ha
asumido desde esta semana una competencia inédita en el panorama
político autonómico. Es el nuevo director general de la televisión
pública de las islas, IB3. Gómez, agente de medio ambiente en excedencia
y exdirector general de caza, coordinó la campaña electoral que permitió
al PP recuperar el poder autonómico y local en Baleares.
El presidente balear, José Ramón Bauzà, justifica el nombramiento
“porque cubre un vacío y es temporal”. La dimisión del anterior director
de IB3, Pedro Terrassa, dejó el cargo vacante, una situación no prevista
por la ley que regula el ente autonómico. El propio director entrante,
Antoni Gómez, insiste en que “la decisión debía tomarse por
responsabilidad”. Sin menoscabo de su responsabilidad como consejero de
Presidencia, Goméz ha asumido de forma interina las tareas de
contratación, autorización de gastos, ordenación de pagos,
representación del ente y organización de la programación de IB3.
El hecho de que un alto cargo del Gobierno y cerebro electoral del PP
tome las riendas de la radio y la televisión públicas en pleno periodo
preelectoral ha levantado ampollas entre la oposición. Los socialistas
baleares lo tildan de “golpe de estado mediático y asalto a la
televisión pública” y denuncian que es una decisión inconstitucional en
el fondo y en la forma. “La decisión”, explica el portavoz de PSIB-PSOE,
Antoni Diéguez, “se ha tomado a través de un decreto ley que modifica
una ley orgánica, lo que supone un defecto de forma. Pero es que dicha
ley especifica que el cargo de director de la radiotelevisión pública es
incompatible con ser miembro del Parlamento o del Gobierno, para
garantizar así la imparcialidad del ente”. Para Diéguez, el Gobierno
balear que preside José Ramón Bauzà ha situado un “comisario político”
al frente de la radio y la televisión públicas en un momento
especialmente delicado, la antesala de las elecciones generales del
próximo 20 de noviembre. “¿Cómo decidirá Antoni Gómez que sean los
debates electorales? Es un nombramiento que, si nos lo dicen hace unos
meses, nos habría parecido una broma pesada. Pero se ha hecho realidad,
como la peor de las pesadillas”. El grupo socialista ha comenzado los
trámites para que el Consejo Consultivo autonómico analice la
constitucionalidad del decreto.
Por su parte, la coalición de izquierda nacionalista formada por el PSM,
Iniciativa Verds y Esquerra per Mallorca ha amenazado con abandonar el
consejo de administración de IB3 ante lo que considera un “ataque
antidemocrático”.
Company agrega que solo
interrogan en el Parlamento "para tocar las narices" y "cabrearle"
Uno de los consejeros
estrella del nuevo Gobierno de Baleares del PP, Gabriel Company, titular
de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, considera que existen
diputados que abusan de las preguntas parlamentarias y supone que le
harán perder el tiempo. “A esos políticos les deberían arrear una patada
en el pandero y mandarlos a casa”, dijo ayer Company en una entrevista
en la radio pública Ona Mallorca. Cree que se interroga en el Parlamento
“para tocar las narices” por “una estrategia política de las que a mí me
dan asco”, observó.
A los cuatro días de su estreno en la política como responsable de una
de las macro consejerías del equipo del presidente José Ramón Bauzá,
Gabriel Company, ex líder de la patronal agraria Asaja –que no está
afiliado al PP- regresó a las trincheras dialécticas que le dieron
notoriedad y un perfil populista desde las tres tertulias semanales a
las que concurría en Mallorca. Durante más de una década fue el ariete
crítico del sector rural conservador y catalizó protestas callejeras
contra los ex gabinetes del PSOE y los nacionalistas del PSM.
José Ramón Bauzá ha encomendado a Company –diplomado en Economía y ex
futbolista del Zaragoza- las áreas tradicionalmente más polémicas en
Baleares, aquellas que aluden a los proyectos y legislación con impactos
medioambientales, con infraestructuras y negocios turísticos. Los
ecologistas del GOB (Grup de Ornitologia Balear) y el sindicato
progresista Unió de Pagesos recibieron con cordialidad al que fue su
tradicional adversario.
Aún no se ha estrenado en debates o comparecencias en el Parlamento
balear, ni ha convocado en ruedas de prensa abiertas, pero Company
entiende que se “hacen preguntas para cabrear y porque quieren hacerme
perder el tiempo” . En su reflexión reseñó:” El ciudadano debe saber que
fulano o mengano tan solo hace preguntas para cabrear, no le interesa lo
que le contaré porque hace preguntas para cabrear y porque quiere
hacerme perder el tiempo, tener que preparar preguntas durante toda la
semana y así no trabajaré durante en lo que realmente interesa a la
sociedad”.
