LA MEDALLA PARA AZNAR QUE NUNCA EXISTIÓ
POR UN PUÑADO DE DÓLARES......Y QUIZÁ ALGO MÁS.....
Dixit Aznar sin mover un músculo allá por el año del Señor de 1994:
" Un gobernante no debe olvidar nunca que cada peseta que gasta procede del dinero del contribuyente y que el despilfarro ha de ser considerado como un atentado a la misma democracia. Confieso que frente al gusto por las parafernalias del poder me resulta mucho más atractivo hacer de la sencillez una señal distintiva de comportamiento. Convertir este criterio en hábito es un antídoto contra muchos males"
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA OBLIGADALAS NOTICIAS , TAL CUAL
EL TRIBUNAL DE CUENTAS FIJARÁ EN UNA VISTA EL DAÑO CAUSADO AL ESTADO POR LA MEDALLA DE AZNAR
Los denunciantes cifran en 2,3 millones el perjuicio que se produjo a las arcas públicas
El Tribunal de Cuentas sigue avanzando en la investigación que inició en marzo del año pasado por el pago de 2,3 millones de euros a la empresa norteamericana Piper Rud-Nick para mejorar las relaciones de España con Estados Unidos. Con ese dinero, el lobby también hizo gestiones para que se concediera al entonces presidente, José María Aznar, la medalla del Congreso estadounidense.
La próxima diligencia será celebrar una vista, a la que están citados los denunciantes la asociación Preeminencia del Derecho y los abogados que la dirigen, José Luis Mazón y Encarnación Martínez Segado, el abogado del Estado y la Fiscalía, para fijar la liquidación provisional del posible perjuicio causado a las arcas del Estado. La fecha señalada es el 5 de mayo.
Pese a que el pago al lobby estadounidense se acordó en el Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003, la denuncia considera responsable contable del desembolso del Estado al entonces presidente Aznar, por su condición y porque fue el beneficiario del reconocimiento.
El artículo 47 de la ley reguladora del órgano fiscalizador establece que se procederá a la "liquidación provisional del alcance, previa citación de los presuntos responsables, Ministerio Fiscal, letrado del Estado o, en su caso, legal representación de la entidad perjudicada, con mención expresa de la clase de valores, efectos o caudales públicos que pudieran haber sufrido menoscabo".
Por eso, al no constarles que el presunto responsable haya sido citado, los denunciantes preparan ya un escrito en el que solicitarán su comparecencia. José Luis Mazón declaró a Público que, en caso contrario, entiende que la vista fijada para mayo carecería de validez.
Sin más acusaciones
La denuncia, tras cuyo estudio el Tribunal de Cuentas declaró que "se podrían desprender supuestos de responsabilidad contable derivados de la adopción de decisiones de gasto y pago con presupuesto público", no cuenta con el respaldo del fiscal ni del abogado del Estado.
Ninguno de los dos ve responsabilidad contable en las gestiones realizadas entonces. Sostienen que fueron "perfectamente encuadrables en la asistenciacontratada".
www.publico.es 08.04.11
EL TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGA SI AZNAR DAÑÓ AL ESTADO PARA LOGRAR UNA MEDALLA
Los auditores ven posible "responsabilidad contable" del ex presidente por aprobar 2,3 millones para que un 'lobby' de Washington le gestionase el premio
El Tribunal de Cuentas ha decidido nombrar un delegado instructor para investigar al ex presidente del Gobierno José María Aznar por presunta "responsabilidad contable" debido a la aprobación de un gasto de 2,3 millones destinados a promocionar la concesión de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos para él mismo. El gasto fue aprobado de urgencia, sin concurso y sin pedir ofertas por el Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003, cuando gobernaba el PP.
El PP mostró ayer "confianza" en su presidente de honor en un comunicado
El Tribunal determinará si el objetivo del gasto era privado o público
El Tribunal de Cuentas tratará de aclarar la cantidad que pagó el Gobierno de Aznar a un lobby de Washington, Piper Rudnick, para lograr ese objetivo, finalmente frustrado, y si la contratación se efectuó de acuerdo con la ley. En caso contrario, el Tribunal podría obligar a los responsables a devolver el dinero al Tesoro Público.
El auto del Tribunal de Cuentas precisa que la "responsabilidad contable" puede derivarse de "la adopción de decisiones de gasto y pago con presupuesto público, si la finalidad contractual hubiese sido privada y no pública y el gasto no hubiera sido debidamente justificado, aspecto que no ha quedado claro con la documentación remitida".
El Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003 aprobó un gasto de 2,3 millones de euros para los ejercicios 2004 y 2005 con el fin de contratar al despacho de abogados Piper Rudnick. El contrato fue gestionado por el procedimiento de urgencia porque, según el Ejecutivo de Aznar, hacía falta "asistir al Gobierno de España en las relaciones más próximas con EE UU".
La decisión del Consejo de Ministros no figuró en el BOE. El objetivo del acuerdo con el lobby era asesorarle "para reforzar sus relaciones con la Casa Blanca, con el Departamento de Estado, con otros departamentos ejecutivos y agencias y con el Congreso de EE UU encargándose de las acciones y actividades adecuadas".
El acuerdo con el lobby se hizo efectivo el 30 de diciembre de 2003 y el Gobierno de Aznar aceptó pagar una retención de dos millones de dólares en 20 plazos mensuales de 100.000 dólares. Según el acuerdo, se efectuó un pago del 35% del total de la retención, 700.000 dólares, en el momento de ejecución del mismo.
El 2 de marzo de 2004, Piper Rudnick envió un informe al embajador de España en Washington, Javier Rupérez, en el que le relataba el plan de acción concertado en enero de ese año. Los asuntos tratados incluían la preparación del discurso de Aznar ante la sesión conjunta del Congreso de EE UU, la resolución autorizando la entrega de una Medalla de Oro del Congreso para Aznar y la evaluación de la reacción de ciertos departamentos del Gobierno ante la iniciativa económica del ex presidente. El informe añadía que los miembros de la firma asistieron a un almuerzo ofrecido por la Cámara de Comercio de EE UU en honor de Aznar.
El auto del Tribunal de Cuentas, firmado por el consejero Felipe García Ortiz, precisa que de la documentación conocida "podría deducirse, de forma indiciaria, unas supuestas irregularidades en el procedimiento de contratación, aceptadas tanto por el Ministerio Fiscal como por el Abogado del Estado en sus escritos respectivos de 9 y 16 de febrero de 2010, y una deficiente justificación del contrato".
El auto detalla el alcance de la investigación: "Sería conveniente analizar si la actividad a desarrollar por la empresa contratista era de naturaleza pública, en todo o en parte, así como la finalidad perseguida por el objeto del contrato. Es decir, resulta necesario verificar si los servicios se prestaron o no, y si se prestaron finalmente, si dichas actuaciones tenían por objeto una finalidad pública, debidamente justificada, todo ello, puesto en relación con aquellas normas presupuestarias de aplicación del gasto".
La denuncia que origina la investigación del Tribunal de Cuentas fue presentada por la Asociación Preeminencia del Derecho y el letrado José Luis Mazón. Los tribunales ordinarios desestimaron en su día una denuncia similar de Mazón. El fiscal del juzgado número tres de Madrid recomendó a los denunciantes acudir al Tribunal de Cuentas, al que compete fiscalizar el uso de los fondos públicos y su posible restitución. En el Tribunal, ni el fiscal ni el Abogado del Estado apoyaron la admisión de la denuncia y pidieron, sin éxito, su archivo. Mazón es un abogado conocido. Entre sus acciones figura una querella contra el juez Baltasar Garzón por el patrocinio de unos cursos en la Universidad de Nueva York. Mazón consiguió que el Supremo condenara a 11 magistrados del Constitucional a indemnizarle con 500 euros por rechazar un recurso de amparo sin estudiarlo. También llevó la denuncia contra el juez Calamita, expulsado de la judicatura por impedir a un matrimonio de lesbianas adoptar a una niña.
El PP mostró ayer su "confianza y respaldo" a Aznar y a la labor desarrollada en su etapa de Gobierno. En un comunicado, los populares se mostraron convencidos de que "la actuación del Tribunal de Cuentas sólo puede conducir al archivo de la causa".
100.000 euros al mes por redactar cartas y llenar actos de Aznar
- El Gobierno de Aznar aprobó en diciembre de 2003 de urgencia, sin concurso y sin invitar a tres empresas para adjudicar el contrato, un gasto de 2,3 millones a favor de la firma estadounidense de abogados Piper Rudnick. Bajo la apariencia de mejorar las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos, el contrato pretendía asegurar la concesión de la medalla de oro del Congreso a Aznar.
- Piper Rudnick, a razón de 100.000 dólares al mes, desglosó así sus trabajos:
Enero de 2004. "La firma se reunió con personal de la Embajada para (...) desarrollar un plan de acción sobre cómo poner en práctica una estrategia de relaciones de la Embajada con el Gobierno". Los asuntos tratados incluyen la preparación del discurso del presidente Aznar ante la sesión conjunta del Congreso y la resolución autorizando la entrega de una medalla de oro del Congreso para Aznar.
Febrero de 2004. "Miembros de la firma acudieron a la Embajada para aumentar el número de asistentes al discurso ante la Sesión Conjunta del Congreso. Entre sus actividades estuvo la redacción de una carta del embajador Ruipérez a los miembros del Congreso y de una lista de hechos describiendo las consecuciones de Aznar durante sus ocho años en la presidencia (...). Miembros de la firma contactaron también con distintos departamentos del Congreso para solicitar su asistencia a la Sesión Conjunta (...) y apoyaron una resolución por la que se autoriza la entrega de una medalla de oro al presidente Aznar. Para este fin, fue necesario contactar con varias oficinas para solicitar que sus miembros copatrocinasen la resolución presentada por el republicano Jim Gibbons".
www.elpais.es 30.03.10
SÁENZ DE SANTAMARÍA DEFIENDE A AZNAR Y SU FRUSTRADA MEDALLA APELANDO AL "INTERÉS PÚBLICO"
Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que le consta que el Gobierno de Aznar "siempre" defendió "el interés público general y nunca el interés personal de su presidente". Salía así al paso de la investigación del Tribunal de Cuentas sobre el empleo de 2,3 millones de euros de dinero público para conseguir la obtención de una medalla para Aznar por parte del Congreso de EEUU y mostraba su confianza en el archivo del caso, igual que hiciera previamente el responsable de comunicación del PP, Esteban González Pons, quien mostró el respaldo "total y absoluto" del partido a su presidente de honor. Mientras, un periodista de La Razón, José Antonio Gundín, ha difundido desde un digital la teoría de que detrás de la investigación se encuentra la mano del Gobierno. Para Gundín se trata incluso de una "respuesta" a las recientes acusaciones de Mayor Oreja de que Zapatero y ETA son "aliados potenciales" y al homenaje que Aznar se dio en Sevilla este fin de semana. La socialista Elena Valenciano ha denunciado que si la búsqueda de la medalla se financió con dinero público es un acto "deshonesto", mientras que si se hizo con dinero particular es "patético".
González Pons defendió a Aznar tras la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas declarando que el PP está “orgulloso” de su etapa al frente del Gobierno y están convencidos de que se producirá “el archivo de la causa". En declaraciones recogidas por Europa Press, el responsable de comunicación del PP habló de “persecución y criminalización del Partido Popular" y advirtió de que "como partido nos estamos cansando".
“Respaldo total y absoluto” del PPEl vicesecretario de Comunicación del PP mostró un "respaldo total y absoluto” del partido hacia Aznar en este asunto y defendió que sus Gobiernos siempre han defendido el interés general. En esa línea insistió Sáenz de Santamaría en La noche en 24 horas, recordando que también ese había sido el criterio de la Fiscalía y sentenciando que “me consta que siempre se ha defendido desde el Gobierno de Aznar el interés público general y nunca el interés personal de su presidente".
“Nada reprochable”
La portavoz parlamentaria del PP recordó que "ha habido anteriores querellas en el ámbito penal y actuaciones judiciales contencioso-administrativas" sobre este mismo asunto y en todas ellas "los tribunales no han visto ninguna actuación reprochable ni desde un punto de vista penal ni siquiera desde un punto de vista administrativo". También apuntó que anteriores investigaciones por la vía penal y administrativa no habían encontrado nada “reprochable” en la actuación de Aznar.
Periodistas próximos al PP apuntalan la conspiraciónEscuchando las palabras de Sáenz de Santamaría desde el plató de La noche en 24 horas se encontraba el periodista José Antonio Gundín, contertulio de ese espacio, ex director de relaciones institucionales de RTVE con Aznar y actualmente subdirector de opinión de La Razón. Gundín había difundido también desde Elsemanaldigital un artículo, Una maniobra del Gobierno contra Aznar, en el que abundaba en la teoría conspirativa esbozada por González Pons. Así, el periodista hablaba de “irritación” en Moncloa y Ferraz con Aznar, primero porque según él están convencidos de que está detrás de las recientes denuncias de Mayor Oreja y segundo por “la celebración del veinte aniversario del Congreso de Sevilla, en que fue entronizado Aznar”.
“Previo asesoramiento político”“La respuesta” a este presunto malestar habría llegado “de la mano de unos oscuros personajes, que viven parasitando las subvenciones del Gobierno socialista”, asegura Gundín, quien habla de “desconocidos individuos, que se embozan en una asociación denominada "Preeminencia del derecho" habrían acudido al Tribunal de Cuentas “previo asesoramiento político”.
Valenciano: “Patético o deshonesto”Por su parte, la secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, ha planteado que “si esa medalla se pagó con dinero privado, de Aznar, estaríamos ante un acto un poco patético” de buscar ese honor, mientras que "si se pagó con dinero de todos los españoles, estaríamos ante un acto deshonesto".
www.elplural.com 30.03.10
El PP muestra su "respaldo total y absoluto" a Aznar
El PP ha reaccionado a la decisión del Tribunal de Cuentas investigar los gastos por la medalla de Aznar y ha mostrado su "respaldo total y absoluto" al ex presidente y a la labor desarrollada por sus Gobiernos. "El PP se muestra orgulloso de la etapa de Aznar al frente el Gobierno", ha afirmado el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons.
A través de un comunicado, los populares se han mostrado convencidos de que "la actuación del Tribunal de cuentas sólo puede conducir al archivo de la causa", ya que todas las actuaciones de los dos Gobiernos de Aznar "han buscado el interés general".
Gozález Pons ha deslizado la denuncia contra "la persecución y criminalización del Partido Popular", en alusión a la actuación del Tribunal de Cuentas, que, según ha afirmado, no puede traer "ninguna consecuencia positiva" par ala armonía y el buen desarrollo de la vida pública. "Como partido nos estamos cansando", ha zanjado el vicesecretario de comunicación.
www.elpais.es 29.03.10
El Tribunal de Cuentas investigará el gasto de 2,3 millones por la frustrada medalla a Aznar
El Tribunal de Cuentas ha abierto unas diligencias preliminares para determinar si José María Aznar y los demás miembros del Consejo de Ministros incurrieron en responsabilidad contable al aprobar un gasto de 2,3 millones para promocionar la concesión de la medalla de oro del Congreso de EE UU al ex presidente del Gobierno en diciembre de 2003. La denuncia, presentada por la asociación Preeminencia del Derecho y el letrado José Luis Mazón, pide que se aclare la cantidad que efectivamente se pagó a un lobby de Washington para lograr ese objetivo, si la contratación se efectuó cumpliendo la ley, y que, en caso contrario, se obligue a los presuntos responsables a devolver el dinero a las arcas del Estado.
El Consejo de Ministros, en su reunión del 26 de diciembre de 2003, aprobó un gasto de 2,3 millones de euros para los ejercicios 2004 y 2005 cuyo objetivo era contratar los servicios del despacho de abogados estadounidense Piper Rudnick. El objetivo de ese contrato, gestionado por el procedimiento más opaco -el negociado sin publicidad, para el que no es necesario un concurso- por "la imperiosa urgencia" que, según el Gobierno, lo justificaba, era "asistir al Gobierno de España en las relaciones más próximas con Estados Unidos". La decisión no figuraba en la reseña del Consejo de Ministros ni se publicó en el BOE. Pero el mes de enero de 2004 se cargaron las primeras facturas del bufete por gestiones para conseguir la medalla y la asistencia de congresistas y senadores al discurso de Aznar ante ambas Cámaras el 4 de febrero.
Lo que los denunciantes quieren saber es qué parte del gasto aprobado (2,3 millones) se destinó a pagar al lobby, ya que el contrato se suscribió por dos millones. También piden que se investigue si ese acuerdo, suscrito por 20 meses (a razón de 100.000 euros al mes) "se cumplió en su totalidad" o se rescindió tan pronto no fue posible la obtención de la medalla (Aznar perdió las elecciones del 14 de marzo de 2004). "Esta parte entiende que la desviación de fondos públicos para usos particulares, como es la obtención de la medalla para el señor Aznar debe considerarse como una malversación de caudales ya que su aplicación se ha destinado a usos propios", dice la denuncia.
El tribunal ha pedido informes al fiscal y al abogado del Estado para decidir si sigue adelante con la investigación, aún en fase muy incipiente
www.elpais.es 06.02.10
El juez decide seguir la investigación del 'caso de la medalla de Aznar'
El juez de Madrid Julio de Diego, que investiga la denuncia presentada por el abogado José Luis Mazón contra el ex presidente del Gobierno José María Aznar por la Medalla de Oro que le concedió Estados Unidos, ha pedido a Presidencia del Gobierno el expediente de aprobación del gasto con el que se tramitó la concesión de la medalla. Por lo tanto, decide seguir con la investigación del caso.El pasado día 13, el titular del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid notificó una providencia en la que solicitaba a Presidencia del Gobierno que remitiera al juzgado el "expediente íntegro incoado tras el acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003 [durante el Gobierno de Aznar] y aprobación del gasto de 2,3 millones de euros por el procedimiento de imperiosa urgencia, con todas las actuaciones administrativas habidas en el mismo", informaron fuentes jurídicas.
La denuncia, en julio de 2005
El magistrado incoó diligencias previas tras la denuncia presentada por Mazón en julio de 2005 sobre el supuesto desvío de fondos públicos para gestionar la concesión a Aznar de la Medalla de Oro del Congreso de EEUU, y ordenó que se tradujeran al castellano unos documentos que había aportado el denunciante y que estaban en inglés. El pasado junio, el titular del Juzgado 23 dio traslado al Ministerio Fiscal para que se pronunciase y acordase "eventuales diligencias a practicar" y en vista del informe del fiscal y de las alegaciones de la acusación popular, solicita ahora el expediente de aprobación del gasto de la citada condecoración. Además, el juez admitió la personación de los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez como acusación particular en el caso.
ANTECEDENTES
El Gobierno de José María Aznar contrató por dos millones de dólares a una conocida empresa de abogados de Washington para promover la imagen del ex presidente del Gobierno español en EEUU y para lograr las firmas necesarias que requiere la concesión de la medalla de oro del Congreso. El ex secretario de Exteriores, Gil Casares, ha reconocido la existencia del contrato, aunque se ha negado a responder si en él se contemplaba la promoción de Aznar y la concesión de la medalla en EEUU.
El contrato, firmado en secreto tres meses antes de las elecciones, se financió con fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores a través de un cauce extraordinario que garantizaba la confidencialidad. Los fondos se desviaron a través de la Secretaría de Estado para Asuntos Exteriores e Iberoamérica.El contrato con la empresa de abogados Piper Rudnick, al que ha tenido acceso la Cadena SER, estableció un pago inicial de 700.000 dólares, correspondientes a los siete primeros meses, y mensualidades de 100.000 en los meses posteriores hasta completar los 2 millones de dólares.
El documento no tenía contemplada la relación contractual en caso de que el Gobierno de Aznar perdiera las elecciones.
"REFORZAR RELACIONES"
La cadena SER tiene también el justificante de pago de los 700.000 dólares iniciales, sufragados a través de la Embajada de España en Washington. El ex embajador español en EEUU, Javier Rupérez, actuó como representante del Gobierno español.
En el contrato, la empresa de “lobby” se compromete a “asistir al Gobierno de España en diplomacia pública y comunicación estratégica”. Llama la atención que el contrato hable de “reforzar las relaciones con la Casa Blanca” en un momento en el que Aznar presumía de su relación privilegiada con Bush.
La SER también tiene en su poder el desglose de actividades y la minuta de los abogados contratados por el Gobierno de Aznar.
LOS "LOGROS" DEL PRESIDENTE
Durante el mes de enero, la propia empresa comunicó al Gobierno español que su trabajo, tal y como se había solicitado, consistió fundamentalmente en fomentar la asistencia al discurso de Aznar ante una sesión conjunta en el Capitolio de EEUU y, por encima de todo, contactar individualmente con congresistas y senadores para pedirles su firma en la resolución que propone la concesión de la medalla de oro del Congreso de EEUU al ex presidente del Gobierno español.
En las semanas anteriores al discurso de Aznar en el Congreso –pronunciado el pasado dos de febrero- la empresa de abogados redactó una carta en nombre del embajador Rupérez “para describir los logros del Presidente Aznar durante sus ocho años de presidencia” a los miembros del Congreso. Los abogados también contactaron con los despachos de los congresistas para “rogar la asistencia” al discurso de Aznar.
Los abogados hacen una facturación detallada del tiempo empleado en redactar esa breve carta que enviaron a los miembros del Congreso.
LAS FACTURAS AL DETALLE
Uno de ellos, J. Boggs, cobra 805 dólares por una reunión rápida en la embajada de España para discutir el borrador de la carta el 21 de enero; otro abogado, D. Marshall, cobra otros 1.110 dólares el mismo día por valorar el borrador; al día siguiente, J. Pickup, miembro del mismo “lobby”, factura otros 1.087 dólares por revisar la hoja en la que se detallan los “logros” de Aznar.
El día 23, un cuarto abogado, I. Sanchez, cobra 672 dólares por una revisión de la carta a la que apenas dedica poco más de una hora de su tiempo.
Se da la circunstancia de que la SER desveló hace meses que la presencia de congresistas y senadores en aquella sesión fue tan escasa que hubo que rellenar apresuradamente los asientos vacíos con empleados del Congreso y turistas que visitaban ese día el Capitolio.
ESCASO ÉXITO INICIAL
En la facturación se detallan también los esfuerzos del Gobierno español, a través de la compañía de abogados, para conseguir firmas de congresistas y senadores en la resolución que proponía la concesión de la Medalla de Oro del Congreso a José María Aznar “por ser un aliado firme e incondicional de EEUU y por su apoyo a la guerra contra el terrorismo”.
La propuesta, aprobada el 15 de mayo de 2003, apenas había logrado unas pocas decenas de firmas a finales del pasado año, tanto que su promotor, el congresista Jim Gibbons, tuvo que dirigirse públicamente a la cámara para “urgir” a sus colegas a que apoyasen la propuesta, sin demasiado éxito inmediato.
LAS 290 FIRMAS
Tres meses después de que la empresa Piper Rudnick recibiera los 700.000 dólares del Gobierno español y comenzara su trabajo como “lobby de presión” en el Capitolio, la resolución sobre la medalla de Aznar contaba ya con las 290 firmas necesarias para su tramitación en pleno.
Conseguida esta meta, la propuesta apenas registró unos pocos adeptos más. A día de ayer, contaba con 306 firmas, aunque el Senado ni siquiera ha empezado a tramitar su propia propuesta, necesaria para la concesión de la medalla.
COBRAR POR ASISTIR
Los abogados de Piper Rudnick realizaron decenas de llamadas de teléfono a los congresistas para ensalzar a Aznar y pedirles su firma en la resolución que propone la concesión de la medalla. Muchas de los congresistas contactados añadieron su firma inmediatamente después de las llamadas. El 30 de enero, cuando se acercaba el discurso de Aznar, los abogados intensificaron su campaña con el envío de 40 cartas y varias llamadas a congresistas, una labor de unas pocas horas por la que cobraron 3.420 dólares.
Los abogados contratados por el Gobierno de Aznar también cobraban por asistir a los actos del propio ex presidente en Washington. I. Sanchez facturó 1.536 dólares por estar presente en una comida en la Cámara de Comercio, ante la que Aznar pronunció un discurso durante una visita a la capital de EEUU. En el desglose de la facturación, los abogados cobran también al Gobierno español 6,63 dólares por gasto en sellos de correos.
GIL CASARES RECONOCE EL CONTRATO
La cadena SER se ha puesto en contacto esta misma mañana con el que fuera secretario de estado de Exteriores, Ramón Gil Casares, del PP, quien ha reconocido que el Gobierno firmó este contrato con la firma americana. Gil Casares asegura que se buscaba con la contratación de este lobby mejorar algunos aspectos de la defensa de los intereses de España en Estados Unidos; por ejemplo, el conflicto de las naranjas clementinas...
Gil Casares se ha negado a responder a la cadena SER, cuando se le ha preguntado si entre los trabajos contratados estaba la promoción personal de Aznar en Estados Unidos y la concesión de la medalla del congreso americano.Las facturas del "lobby" de Washington se manipularon para disfrazar el pago por la medalla
Las facturas originales enviadas por el "lobby" de abogados Piper Rudnick fueron manipuladas para que pudieran superar el control de la Intervención General del Estado. A diferencia del orginal del documento que se guarda en la secretaría de Estado de Exteriores, desaparece cualquier mención explícita a José María Aznar y la concesión de la medalla
A Madrid y siempre a través de la embajada española, el grupo de abogados envió dos facturas. La primera, a principios del mes de marzo. Cuando el gobierno del PP la vio entendió que no pasaría el control de la intervención del estado…y solicitó una segunda versión maquillada.
Ambos documentos describen, en tres puntos, los servicios prestados por el grupo de presión …pero intencionadamente de la segunda versión, la que se modifica, el lobby elimina el nombre de Aznar.
Así leemos, en el punto uno, en el original ponía: “Preparar el discurso del presidente Aznar dirigido al congreso”… En la versión modificada sólo dice:“preparación del discurso del presidente del gobierno de España”…
Pero lo más importante… La mención explicita a la resolución de la medalla del congreso, que aparece en el original, se “esfuma” en la segunda versión.
En el primer encabezado el titulo es “Medalla de oro del congreso” y en el segundo,se cambia para decir “Aasuntos varios del congreso”. Los abogados se limitan a mencionar el número de la resolución, la 2131, omitiendo su contenido, que se refiere exclusivamente a la propuesta de concesión de medalla Aznar.
El segundo documento, llegó a la secretaria de estado después de las elecciones del 14M. Todas esas modificaciones, se realizaron a petición del gobierno. Javier Rupérez, el embajador en Washington, fue quien actuó de mediador entre el gobierno y el grupo de abogados.
Tal y como informó ayer la cadena SER, el gobierno de José María Aznar contrató por dos millones de dólares a una conocida empresa de abogados de Washington para promover la imagen del ex presidente del Gobierno español en EEUU y para lograr las firmas necesarias que requiere la concesión de la medalla de oro del Congreso.
El contrato, firmado en secreto tres meses antes de las elecciones, se financió con fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores a través de un cauce extraordinario que garantizaba la confidencialidad.
El Gobierno de Aznar contrató al 'lobby' por el sistema de "imperiosa urgencia"
El Gobierno del PP recurrió al sistema menos transparente de los previstos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el procedimiento negociado sin publicidad, para adjudicar a un lobby de Washington el contrato, por valor de dos millones de dólares, utilizado para recabar las firmas necesarias para la concesión a Aznar de la medalla de oro del Congreso de EE UU. El servicio jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores elaboró tres informes en los que pedía que se explicasen las razones de "imperiosa urgencia" que justificaban recurrir a este sistema y se recabasen tres ofertas.
El contrato con el despacho de abogados Piper Rudnick, que trabaja como lobby en Washington, fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 26 de diciembre, aunque no figuraba en la reseña informativa de dicha reunión ni se publicó en el BOE.
El contenido del contrato es muy genérico, pues se refiere a la prestación de "consejo, asesoramiento y otros servicios en una amplia gama de asuntos políticos, económicos y de otro tipo del Gobierno de España".
Sin embargo, ya en su primer mes de vigencia, enero pasado, se cargaron facturas por gestiones encaminadas a recabar firmas para la concesión a Aznar de la medalla de oro del Congreso de EE UU y a animar a los congresistas a que asistieran al discurso que el entonces jefe del Gobierno pronunció ante las dos Cámaras legislativas el 4 de febrero.
En junio de 2003, seis meses antes de aprobarlo el Gobierno, el servicio jurídico del ministerio remitió un informe a la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, que dirigía Ramón Gil Casares, advirtiendo de que el contrato podía adjudicarse por el procedimiento negociado sin publicidad, pero en ese caso deberían justificarse las razones de urgencia que aconsejaban recurrir al sistema menos transparente de los previstos por la legislación.
En agosto de 2003 dicho servicio jurídico emitió otro informe en el que señalaba la conveniencia de encontrar al menos tres empresas capaces de cumplir los requisitos del contrato y, en caso de no hacerlo, justificar las causas que lo hacían imposible.
En el último informe, de octubre de 2003, el servicio jurídico de Exteriores daba el visto bueno a la contratación del lobby, pero recordaba que, en otra adjudicación efectuada en EE UU y con urgencia más justificable -la contratación de un despacho de abogados para defender al Estado español en la demanda interpuesta en un tribunal de Nueva York contra la sociedad ABS, que certificó que el Prestige estaba en condiciones de navegar-, se lograron reunir tres ofertas.
La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas permite recurrir al procedimiento negociado sin publicidad por razones de "imperiosa urgencia" e impone la obligación de reunir, "siempre que sea posible, tres ofertas, al menos, de empresas capaces de cumplir" los requisitos.
Por otra parte, las facturas originales enviadas por el despacho de abogados Piper Rudnick fueron manipuladas para que pudieran superar el control de la Intervención del Estado, según informó ayer la Cadena SER.
En el documento que se guarda en la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores no figura ninguna referencia al ex presidente Aznar y a las gestiones para la concesión de la medalla.
El lobby remitió las dos facturas a Madrid a través de la Embajada española en Washington. La primera llegó a principios de marzo, pero el Gobierno del PP pidió que fuese modificada y se recibió una segunda versión después de las elecciones del 14-M.
En los dos documentos se describen las gestiones realizadas, pero el original menciona expresamente la "medalla de oro del Congreso", mientras que la segunda sólo alude a la resolución 2131, sin decir que se refiere a dicho tema. La primera menciona el discurso del "presidente Aznar" y la segunda, del "presidente del Gobierno de España".
(*) Publicado en la edición digital de La Cadena Ser y en el periódico El País .
