GUERRA ABIERTA ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA DELEGACIÓN POR EL ‘CASO MADRID ARENA’
LA AUDIENCIA MANTIENE IMPUTADA EN EL ‘CASO MADRID ARENA’ A LA CÚPULA MUNICIPAL
DE GUINDOS CULPA A UNA CONCEJAL DEL OPERATIVO POLICIAL DEL MADRID ARENA
EL JUEZ DEL MADRID ARENA MANTIENE LA IMPUTACIÓN DE LA CÚPULA DE SEGURIDAD
La alcaldesa se queda sin red tras echar a su 'número dos', Miguel Ángel Villanueva
ANA BOTELLA ASEGURA QUE NO DIMITIRÁ PORQUE SE SIENTE LEGITIMADA POR LAS URNAS
VILLANUEVA: “ESPERO QUE MI MARCHA AYUDE A SERENAR LOS ÁNIMOS”
EL DICTAMEN SOBRE EL MADRID ARENA SUBRAYA LOS ERRORES DEL AYUNTAMIENTO
EL AYUNTAMIENTO IMPROVISÓ EL DESPLIEGUE DEL SAMUR EN LA FIESTA DEL MADRID ARENA
BOTELLA AMORDAZA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL MADRID ARENA
BOTELLA DESTITUYE A DOS ALTOS CARGOS POR OCULTAR DATOS SOBRE EL MADRID ARENA
CIFUENTES: "LA POLICÍA NO TENÍA COMPETENCIA EN EL MADRID ARENA"
DIMITE EL CONCEJAL PEDRO CALVO TRAS SER IMPUTADO EN EL ‘CASO MADRID ARENA’
EL ‘CASO MADRID ARENA’ REABRE LA GUERRA DENTRO DEL PP MADRILEÑO
LA SOMBRA DE AGUIRRE CUESTIONA LA CANDIDATURA DE BOTELLA EN 2015
CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE LA PRINCESA. FIRMADO, BOTELLA
ANA BOTELLA PIDE A LA VIRGEN QUE AYUDE A LOS PADRES DE LAS VÍCTIMAS DEL MADRID ARENA
ANA BOTELLA ANUNCIA SONRIENDO QUE “NO” PIENSA DIMITIR Y QUE SU VIAJE A PORTUGAL ES “MI VIDA PRIVADA”
BOTELLA SE FUE DOS VECES A PORTUGAL TRAS LA TRAGEDIA DEL MADRID ARENA
LA POLICÍA CONFIRMA EL “EXCESO DE AFORO” EN LA FIESTA DEL MADRID ARENA
EL MADRID ARENA NO ARREGLÓ LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS POR URBANISMO
EL AYUNTAMIENTO SABÍA DESDE 2010 LOS FALLOS DE SEGURIDAD DEL MADRID ARENA
El Supremo
condena al médico del Madrid Arena y confirma la prisión
para Flores
El alto tribunal ratifica los cuatro años para el
promotor de la fiesta de Halloween en la que fallecieron
cinco chicas en 2012
Los médicos Simón Viñals y su hijo Carlos Viñals, en una
imagen de 2016. CLAUDIO ÁLVAREZ
El Tribunal Supremo ha confirmado este viernes la
condena a cuatro años de prisión al empresario Miguel
Ángel Flores, promotor de la fiesta de Halloween en el
pabellón Madrid Arena en la que cinco chicas de entre 17
y 20 años murieron aplastadas por una avalancha humana
provocada por el exceso de aforo en el recinto. El alto
tribunal modifica la sentencia de la Audiencia de Madrid
y anula la absolución del médico Simón Viñals, encargado
de dirigir los servicios sanitarios en el Madrid Arena
cuando ocurrieron los hechos, en la noche del 31 de
octubre de 2012.
En el caso del facultativo, la Sala de lo Penal del
Supremo le impone un año de prisión por un delito de
imprudencia grave con resultado de muerte, en la
modalidad de imprudencia profesional, en relación a la
víctima Cristina Arce, e incluye la inhabilitación
especial para la profesión de médico por un periodo de
cuatro años. Viñals tendrá que indemnizar a los
familiares de esta chica en un total de 340.000 euros.
La sentencia explica que al actuar negligentemente
incrementó el riesgo de que la joven, que fue trasladada
con vida a la enfermería del recinto, falleciera debido
a las graves lesiones que padecía tras el aplastamiento
sufrido en el vomitorio.
La Audiencia Provincial madrileña basó la absolución del
médico del Madrid Arena en que “no resultaba acreditado
que la asistencia sanitaria que el doctor Viñals hubiera
debido prestar, y no prestó, hubiera evitado, con
probabilidad rayana en la certeza, el fallecimiento de
las jóvenes”. La Sala de lo Penal rechaza este argumento
y precisa que Cristina Arce ingresó en el servicio
médico y que Viñals "no llevó a cabo las maniobras más
elementales de reanimación", afirmando que se “omitió
toda diligencia debida”.
Para el Supremo es “innegable” que la actuación de
Viñals incrementó el riesgo para la vida de la joven, ya
que “llegó viva a su servicio médico, y nada hizo el
acusado por reanimarla”. La sentencia dice que “lo que
no es de recibo es justificar la postura del médico
acusado, que desatiende escandalosamente su actuación
profesional, nada menos que en un caso de urgencia
vital, no poniendo los medios mínimos adecuados para
intentar salvar la vida de la paciente”.
El alto tribunal también ha confirmado tres años de
prisión por los mismos delitos a Francisco del Amo,
responsable de Madrid Espacios y Congresos S.A. (Madridec),
y a Santiago Rojo, director general de Diviertt; dos
años y seis meses de prisión a Miguel Ángel Morcillo,
jefe de personal de Diviertt, y a Carlos Manzanares,
socio de Kontrol 34 (empresa encargada de controlar el
acceso al recinto), así como el pago de una multa de
3.600 euros a los coordinadores de Seguridad de
Seguriber, Juan José París y Raúl Monterde. En el caso
de estos dos últimos, la condena es por cinco delitos de
homicidio por imprudencia menos grave.
La sentencia, de la que ha sido ponente Julián Sánchez
Melgar, ahora fiscal general del Estado, confirma que
los condenados por la Audiencia Provincial de Madrd,
junto al subdirector de Seguridad de Madridec Rafael
Pastor Martín -que fue absuelto porque las infracciones
que cometió eran constitutivas de faltas y están
despenalizadas-, tendrán que pagar de forma conjunta y
solidariamente indemnizaciones de más de dos millones de
euros a las familias de las cinco víctimas -entre
300.000 y 480.000 euros- y a los lesionados en
proporción a las lesiones y secuelas que padecieron.
La sentencia corrobora la responsabilidad civil
subsidiaria de Diviertt, Seguriber, Kontrol 34,
Ayuntamiento de Madrid, y Madrid Destino, Cultura y
Ocio, que sustituyó a Madrid Espacios y Congresos S.A. (Madridec),
así como la responsabilidad directa de las aseguradoras
Mapfre, Hisco, Zurich y AIG Europe.
El Supremo confirma los hechos probados por la Audiencia
de Madrid. La empresa promotora de la fiesta vendió
16.605 entradas pese a que el aforo máximo permitido era
de 10.620 personas y considera que Flores controló esta
sobreventa. El exceso de entradas “produjo un riesgo
evidente para la seguridad de todos los asistentes y fue
el origen del grave resultado mortal y lesivo producido
con posterioridad durante el desarrollo del
espectáculo”. Sobre las 23.25 se abrieron las puertas
del pabellón al público, aunque la mayor afluencia se
produjo entre las dos y las tres de la mañana cuando un
grupo numeroso de personas, que había estado haciendo
botellón en las inmediaciones del recinto y en el
aparcamiento, quiso entrar para ver la actuación del
disc jockey Alejo Fidel.
A las 3.35 horas, cuando la pista estaba masificada por
la entrada de miles de personas en media hora gracias a
la sobreventa de entradas, y cuando cinco de los ocho
vomitorios de salida estaban cerrados, muchos de los
jóvenes empezaron a sentir agobio y falta de control de
sus movimientos. Intentaron salir por uno de los tres
vomitorios que estaban abiertos en ese momento. En ese
vomitorio, de dimensiones muy reducidas cuya salida
estaba taponada por las personas que querían ir a la
pista, confluían quienes querían salir con los que
pretendían entrar. Debido a ello, el gran número de
jóvenes que estaba en el interior del vomitorio cayeron
unos encima de otros, produciéndose en pocos segundos
una montaña de personas en la que los de abajo llegaron
a tener hasta siete u ocho personas encima, como recogen
los hechos probados.
El rescate de las personas que quedaron atrapadas en el
vomitorio se realizó de forma “descoordinada, lenta y
poco eficaz”, con la ayuda de los asistentes a la
fiesta, y veinte minutos después del incidente, a las
3.55 horas, se logró evacuar a todas. 29 jóvenes
resultaron lesionados de diversa entidad y de extrema
gravedad las cinco jóvenes que fallecieron como
consecuencia del aplastamiento que habían sufrido.
https://elpais.com/ccaa/2018/03/02/madrid/1519987909_519338.html
Cuatro años de prisión para Miguel Ángel Flores por la tragedia del Madrid Arena
La Audiencia
Provincial de Madrid considera al promotor de la fiesta
culpable de cinco homicidios por imprudencia grave
La avaricia de un empresario que vendió más entradas de
las que permitía el aforo para una fiesta de Halloween,
sumada a una organización precipitada “en la que nada
funcionó”, son las causas de la tragedia del Madrid
Arena en 2012, en la que murieron aplastadas en una
avalancha cinco jóvenes. Así lo dice la sentencia, que
ha condenado al promotor de la fiesta, Miguel Ángel
Flores, a cuatro años de prisión por homicidio
imprudente, y a entre dos años y seis meses y tres años
de cárcel a otros cinco responsables del evento.
Con el ánimo de “conseguir un mayor beneficio
económico”, Miguel Ángel Flores vendió 16.492 entradas
para la fiesta de Halloween que se celebró el 1 de
noviembre de 2012 en el Madrid Arena, en la Casa de
Campo de la capital, un pabellón que tenía un aforo
máximo de 10.620 personas; finalmente, llegaron a
juntarse dentro del recinto, al menos, 16.605 personas.
Esa fue la primera de una serie de imprudencias y
acciones y omisiones con las que infringieron los
“deberes de cuidado” que acabaron en una avalancha de
personas, en la que murieron aplastadas cinco jóvenes de
entre 17 y 20 años y otra treintena sufrió heridas.
Bajo esos argumentos, Flores, máximo responsable de
Diviertt, la promotora de la fiesta, ha sido condenado
por las magistradas de Sección Séptima de la Audiencia
Provincial de Madrid a cuatro años de prisión por cinco
delitos de homicidio por imprudencia grave y otros 14 de
lesiones. La sentencia, conocida hoy, considera que
Flores y otros responsables directos de la organización
y seguridad del evento “no solo no evitaron riesgos,
sino que los crearon y los permitieron”. Los crearon con
un montaje que no atendía a las indicaciones aprobadas,
por el cierre de vomitorios para proteger las
instalaciones utilizadas por la organización y,
finalmente, por la apertura de puertas de emergencia
para facilitar el acceso a la gran cantidad de jóvenes
que se iba agolpando en la entrada a medida que se
acercaba la actuación estelar de la noche, del DJ Steve
Aoki.
Así, esa “conducta gravemente imprudente” culminó
pasadas las tres y media de la madrugada en una
aglomeración de personas que intentaban salir de la
pista del escenario central, agobiadas por la falta de
espacio, pero chocaban con las que trataban de entrar.
Un horrible suceso en el que murieron aplastadas esa
misma noche Cristina Arce y Katia Esteban, mientras que
Rocío Oña, Belén Langdon y Teresa Alonso lo harían en
los dos días posteriores.
Pero si la avaricia desencadenó todo, los sonrojantes
fallos de los encargados de seguridad en el pabellón, de
la organización del evento y la gestión que han quedado
en evidencia durante el macrojuicio terminaron de dar
forma a la tragedia. Así, el resto de los acusados
—responsables de la promotora de la fiesta (Diviertt),
de la empresa pública dueña del Madrid Arena (Madridec),
de las subcontratadas para las labores de seguridad (Seguriber
y Kontrol 34) y el servicio médico, y de la Policía
Municipal— han sufrido distinta suerte: aparte de Flores
—que ya ha anunciado que recurrirá la sentencia al
Tribunal Supremo—, otros seis acusados han sido
condenados y otros ocho han sido absueltos.
A tres años de cárcel ha sido condenado el que era
responsable de Madridec, Francisco del Amo, y el
director general de la firma Diviertt, Santiago Rojo. A
Miguel Ángel Morcillo, también de Diviertt, y a Carlos
Manzanares, de Kontrol 34, se les impone una pena de dos
años, seis meses y un día de prisión.
Multas y absoluciones
Las magistradas consideran también que Juan José Paris y
Raúl Monterde, coordinadores de la otra empresa que
debía cuidar de la seguridad (Seguriber), son
responsables en menor grado y les impone una multa de
3.600 euros (10 euros diarios 12 meses). El resto de los
acusados en este macrojuicio que arrancó el pasado 12 de
enero han sido absueltos.
Las absoluciones alcanzan a los doctores Simón Viñals y
a su hijo Carlos. “Pese a entender acreditada su
negligente actuación cuando las víctimas fueron llevadas
al botiquín para que las asistieran”, dice el fallo, no
está probado que si hubieran actuado correctamente
podrían haberlas salvado, dado el tiempo que las
víctimas estuvieron atrapadas en el vomitorio.
La actuación de Simón Viñals, exconcejal de Madrid por
el PP y fundador del Samur, de 77 años en el momento de
la tragedia, en una “supuesta enfermería” que carecía de
materiales básicos, y con un equipo de solo siete
personas (incluido él y un auxiliar de enfermería de 81
años), ha sido muy polémica. El propio Viñals admitió
haber previsto una asistencia mucho menor, para unas
6.000 personas, y en el caos que siguió a la avalancha,
el relato de varios testigos ha puesto en duda la
capacidad y preparación de Viñals para atender a las
víctimas.
De hecho, esta absolución “es lo más duro; a las
familias les va a doler”, ha dicho a Efe Gerardo Viada,
abogado de la familia de una de las víctimas, Katia
Esteban. Viada añadió que, por lo demás, han sido “las
condenas esperadas”.
En ese sentido, el fiscal jefe de Madrid, José Javier
Polo Rodríguez, se ha declarado satisfecho con la
sentencia. “Hemos conseguido una condena penal y una
civil que se acerca mucho a la aspiración de justicia
que tenía el ministerio fiscal”. Y ha insistido en la
parte civil: “Todas las entidades que se pedían como
responsables civiles han sido condenadas [entre ellas,
el Ayuntamiento de Madrid] y también las compañías de
seguros como responsables de seguros”.
Las familias de las víctimas recibirán indemnizaciones
en torno a los 350.000 euros por cada una de las
fallecidas y los lesionados también cobrarán en
proporción a las lesiones y secuelas que padecieron. La
madre de Cristina Arce, Isabel de la Fuente, criticó la
sentencia. Dijo que le parecía “un insulto y una falta
de respeto a las víctimas”, y aseguró que se reunirá con
sus abogados para saber cómo proceder. “El Ayuntamiento
se comporta igual que el anterior. En el tema de la
licencia [del Madrid Arena] ha pasado. [El edificio]
estará más controlado, pero estructuralmente no cumple
la normativa”.
Cuatro años después
Termina con este fallo, casi cuatro años después de la
tragedia, un juicio que arrancó el pasado 12 de enero y
durante el cual se han entremezclado los relatos
escalofriantes de los jóvenes que se vieron atrapados en
la avalancha —incluido el de una muchacha que escuchó,
medio ahogada entre una maraña de piernas, las últimas
palabras de sus amigas— con las acusaciones cruzadas,
procedentes del hiperpoblado banquillo de los acusados,
que trataban de cargarse las culpas entre sí: los
abogados de Flores a los dueños municipales del
edificio; estos a la empresa Kontrol 34; quién aseguró a
su vez que aquella noche solo aportó personal, pero que
la seguridad dependía únicamente de Seguriber; los
letrados de los sanitarios, por su parte, llegaron a
señalar al Samur y a la Delegación del Gobierno en
Madrid por dar el visto bueno a la apertura de puertas
del pabellón.
Ningún responsable político del Ayuntamiento se ha visto
obligado a sentarse en el banquillo de los acusados. La
tragedia, cuya gestión supuso un enorme coste de imagen
a Ana Botella (PP), por entonces alcaldesa de Madrid, le
costó el puesto a Pedro Calvo, que dimitió de su cargo
de delegado de Economía y portavoz municipal del Partido
Popular en el Ayuntamiento de la capital tras ser
imputado por el juez que empezó a investigar el
incidente; aunque, finalmente, no fue acusado de nada.
https://elpais.com/ccaa/2016/09/26/madrid/1474910892_725102.html
GUERRA ABIERTA ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA DELEGACIÓN POR
EL ‘CASO MADRID ARENA’
• El testimonio ante el juez de la exdelegada de
Seguridad desata otro choque
• La exdelegada dice que a ella solo le atañía "el
órgano político de Seguridad y Emergencias"
• Tres abogados la 'plantan' en plena declaración en
protesta por su "mitin político"
Al margen de la responsabilidad de Miguel Ángel Flores,
promotor de la fiesta en el Madrid Arena que acabó con
la muerte de cinco jóvenes, el caso parece dar vueltas
sobre la misma cuestión: si la culpa es del Ayuntamiento
o si esta debe ser compartida con la Delegación del
Gobierno.
En el goteo de declaraciones que se sucede en los
juzgados de la plaza de Castilla, ayer fue el turno de
la exdelegada de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid
Fátima Núñez. Su declaración desató un nuevo
enfrentamiento entre los organismos que dirigen la
alcaldesa, Ana Botella, y la delegada del Gobierno,
Cristina Cifuentes, que se cruzaron durante la noche de
ayer notas oficiales.
Núñez volvió, supuestamente, sobre la idea de que a la
Policía Nacional le correspondía controlar las
alteraciones del orden público, tanto en el interior
como en el exterior de la fiesta. Eso es, al menos, lo
que dijeron los abogados de las acusaciones particulares
a la salida de los juzgados. Pero el Ayuntamiento, horas
después, emitió una nota afirmando que lo que decían los
letrados de la acusación era falso: Núñez jamás había
dicho nada parecido.
La polémica entre el Ayuntamiento y la Delegación del
Gobierno por el asunto de las competencias durante la
fiesta ya ha sido abordada en otras ocasiones. El fiscal
superior de Madrid, Manuel Moix, descartó en abril que
la Delegación tuviera alguna responsabilidad en la
tragedia. Aun así, Moix señaló entonces que la opinión
de la fiscalía puede cambiar en función de cómo
evolucione la instrucción. Según opina, la Delegación
del Gobierno solo se dedica a inspeccionar cuestiones
técnicas y estas, supuestamente, no influyeron en la
muerte de las cinco jóvenes.
De hecho, la Delegación del Gobierno, tras conocer las
supuestas palabras de Núñez, emitió un comunicado donde
mostraba su sorpresa por "su absoluto desconocimiento de
las competencias que la legislación atribuye a la
Policía Nacional, a la Policía Municipal, y a las
instituciones de las que depende cada uno de estos
cuerpos de seguridad". La Delegación insistió en que
corresponde a los Ayuntamientos la inspección que
garantice el cumplimiento de las normas que rigen la
celebración de espectáculos públicos y actividades
recreativas (Ley de la Asamblea de Madrid 17/1997, de 4
de julio).
Ante las declaraciones de Núñez, tres de las acusaciones
particulares decidieron abandonar la sala en protesta
por "el mitin político y la falta de coherencia" de la
exdelegada de Seguridad. Según dijeron a la salida del
juzgado los letrados Abdón Núñez y María José Siñeriz,
Núñez tan solo asumió su facultad de ser "el órgano
político de la seguridad y las emergencias". Abdón
Núñez, que representa a la familia de una de las jóvenes
fallecidas, Belén Langdon, criticó el comportamiento de
la edil y aseguró que es "una falta de respeto a las
víctimas y a lo que pasó".
Reabierta la guerra entre todas las partes, por la noche
llegó un nuevo comunicado, el del abogado del
Ayuntamiento. En el texto, el letrado aseguró que las
aseveraciones de los letrados de las víctimas eran
falsas y que Núñez en ningún momento había declarado que
la Policía Nacional tuviera la responsabilidad. El
abogado señaló que, dado que sus colegas se habían
marchado antes de que terminase la declaración de Núñez,
estos dieron una información tergiversada.
La exdelegada de Seguridad fue apartada del cargo el 9
de enero, en la remodelación del equipo municipal
ocasionada por la dimisión del vicealcalde, Miguel Ángel
Villanueva. En cualquier caso, Núñez sigue en el
Gobierno local. Fue nombrada concejal presidenta del
distrito de Carabanchel casi un mes antes de ser
imputada.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/23/madrid/1369299762_106324.html
LA AUDIENCIA MANTIENE IMPUTADA EN EL ‘CASO MADRID ARENA’
A LA CÚPULA MUNICIPAL
La Audiencia desestima el recurso del Ayuntamiento, que
"carece de legitimidad"
Considera que los cuatro imputados deben aclarar los
fallos en la seguridad exterior
La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso del
Ayuntamiento contra la imputación en el caso Madrid
Arena del ex delegado de Seguridad, Antonio de Guindos;
la edil Fátima Núñez; el director de Emergencias,
Alfonso del Álamo; y el inspector jefe de la Policía
Municipal, Emilio Monteagudo.
El auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, considera que
el recurso “carece de legitimidad”, pero lo resuelve en
segunda instancia al haber sido admitido por el juez de
instrucción, Eduardo López-Palop.
Cree el tribunal que el juez “citó como imputados a los
cuatro máximos responsables en Seguridad del
Ayuntamiento porque los hechos investigados, muy graves
porque se trata del fallecimiento de cinco personas,
ocurrieron en un recinto propiedad del Ayuntamiento,
gestionado por él y sometido a su control”. Y porque
esos hechos “parecieron ser desencadenados por ‘un fallo
clamoroso de las medidas de seguridad más elementales”.
“Es lógico”, opina, que declaren “sobre esos fallos” en
la seguridad “exterior del recinto”; y como imputados,
“si existe algún indicio, por débil que sea”.
La Audiencia rechaza que el proceso transcurra con
dilación indebida, y recalca su “gran complejidad” y “la
actividad instructora incesante”. Y concluye que no debe
ser obstáculo, ni se puede controlar, el daño en su
imagen que sufran los imputados por serlo.
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/07/actualidad/1367951212_960576.html
DE GUINDOS CULPA A UNA CONCEJAL DEL OPERATIVO POLICIAL DEL MADRID ARENA
El exdelegado de Seguridad admite que hubo un botellón en los exteriores del recinto·
·
Dice que la Policía Municipal no actuó "por falta de medios" y porque estaban "tranquilos"·
El Ayuntamiento niega que el exresponsable acusara a Fátima NúñezEl exdelegado de Seguridad, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Antonio de Guindos, ha descargado esta mañana toda la responsabilidad del operativo policial montado para vigilar la fiesta del Madrid Arena en su exnúmero dos y entonces concejal de Seguridad, Fátima Núñez, hoy concejal-presidente del distrito de Carabanchel, según han avanzado los abogados de las acusaciones particulares. De Guindos, que dimitió tras ser imputado, ha declarado desde las diez de la mañana hasta alas 13.50 ante el juez Eduardo López-Palop, que investiga la muerte de cinco jóvenes en el evento celebrado en el pabellón municipal el 1 de noviembre.
En un receso, María José Siñériz, la abogada de la familia de una de las víctimas, Cristina Arce, y Abdon Núñez, letrado de los familiares de otra de las fallecidas, Belén Langdon, han indicado que De Guindos ha asegurado que desconocía los detalles del dispositivo policial porque las responsabilidades de seguridad estaban delegadas en Núñez. Según su testimonio, lo conoció con posterioridad, al leer los informes sobre dicha noche.
El exdelegado de Seguridad ha reconocido que se produjo un multitudinario botellón en los exteriores del recinto y que no se actuó "por falta de medios" y porque los jóvenes estaban "tranquilos". "No hubo denuncias, ni hubo incidentes y fue una noche tranquila", ha remarcado, para añadir que la noche de la fiesta no hubo ninguna denuncia por consumo de alcohol, ni hubo ninguna requisa de botellas en el entorno del pabellón por parte de la Policía Municipal.
Ha admitido, como ya han apuntado muchos de los imputados, que no había policías suficientes para atajar la situación. La dotación estaba formada por un oficial, un sargento y 12 agentes, un número "insuficiente" para cubrir cualquier eventualidad, a pesar de que había pasado de "riesgo medio" a "riesgo alto". El hermano del ministro de Economía no ha sabido explicar por qué se pasó a un nivel alto de seguridad durante la noche, pero ha matizado que suelen ser "órdenes verbales" que se dan durante los eventos. De Guindos ha admitido así mismo, como ya explicó otro imputado, que no hubo una reunión preparatoria entre Ayuntamiento y Delegación del Gobierno, como sí se suele hacer con eventos similares.
Abdón Núñez ha asegurado que su declaración ha puesto en evidencia que ha habido "una dejación de funciones por parte de gente de su área de Gobierno". Por su parte, Felipe Moreno, letrado de la familia de Rocío Oña, otra de las víctimas, ha opinado que el exdelegado de Seguridad ha demostrado conocimientos suficientes para defenderse como "gato panza arriba".
Para Gerardo Viada, representante legal de la familia de Katia Esteban, Antonio de Guindos ha puesto de relieve la absoluta falta de previsión y de planificación en materia de seguridad, así como la imprudencia y la escasa dotación de la Policía Municipal. Si el exdelegado de Seguridad no tenía las facultades para dar la orden de que se celebrara o no el evento, habrá que ver quién tenía esa facultad delegada y por qué no se hicieron inspecciones para controlar el cumplimiento de las medidas de seguridad, ha destacado María José Siñeriz.
De Guindos dimitió el 4 de febrero de su cargo de delegado de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad tras ser imputado por el suceso. En la comisión de investigación, el exdelegado avanzó que lo haría en el caso de que era imputado. En un recurso, el Consistorio impugnó la imputación de la cúpula de seguridad, pero el juez lo rechazó el 4 de marzo al estimar que hubo un fallo clamoroso en las medidas de seguridad.
Antes de la declaración de De Guindos, las partes han escuchado grabaciones de la Policía entre las doce de la noche y las tres de la madrugada que demuestran desde un principio que saben que hay un botellón y que hay más de 3.000 personas en la zona de Lago. La Policía, según Abdón Núñez, tiene conocimiento de lo que está pasando, pero el problema es que "no tienen medios para intervenir".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/13/madrid/1363159395_512458.html
EL JUEZ DEL MADRID ARENA MANTIENE LA IMPUTACIÓN DE LA CÚPULA DE SEGURIDAD
Eduardo López Palop tumba el recurso del Ayuntamiento contra la imputación de De Guindos
Afirma en un auto que "se produjo un fallo clamoroso en las medidas de seguridad"
Archivado en: Madrid Arena Juzgados Centrales Instrucción TSJM Autos judiciales Imputados Antonio de Guindos Accidentes fiestas Tribunales Sentencias Comunidad de Madrid Poder judicial Accidentes Sanciones España Juicios Sucesos Proceso judicial Justicia
El juez que instruye el caso Madrid Arena, Eduardo López Palop, ha rechazado hoy en un auto el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid y ha decidido mantener la imputación de la cúpula municipal Seguridad y Emergencias el día en que se produjo la tragedia. Son el exdelegado de Seguridad, Antonio de Guindos; de la exconcejal de Seguridad y actual concejal del distrito de Carabanchel, Fátima Núñez; del inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteaguado; y del director general de Emergencias y Protección Civil, Alfonso del Alamo.
El juez tumba los argumentos del Consistorio y le recuerda que, ante lo que parece "un fallo clamoroso" en la seguridad, "algo tendrán que decir los máximos responsables municipales". Ese algo lo marca el propio juez en el auto, que pregunta a los cuatro por qué se permitió un macrobotellón ilegal, si los efectivos policiales eran o no "notoriamente insuficientes" y por qué se permitió a 2.000 jóvenes que participaban en este irrumpir "confusa y tumultuariamente" en el recinto. No conforme con el resultado, la defensa del Ayuntamiento ha anunciado recurrirá el auto.
De Guindos —que dimitió al ser llamado por el juez—, Núñez —que fue desplazada a los distritos cuando salió del Ayuntamiento Miguel Ángel Villanueva—, Del Alamo y Monteagudo —que siguen en sus puestos—, fueron imputados por el juez junto a otras 11 personas el día 4 de febrero. El pasado viernes, el Ayuntamiento recurrió esta medida y el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, aseguró en un informe sobre el recurso que veía "precipitadas e improcedentes" las imputaciones porque antes debían declarar las personas que ejercieron directamente funciones de seguridad en la fiesta en la que fallecieron cinco jóvenes.
"Por ahora no está demostrado que exista una relación directa causa-efecto entre la conducta de esas cuatro personas imputadas y la muerte de las cinco víctimas", dijo Moix, para matizar que, una vez que avance la investigación, "habrá que ver hasta dónde alcanzan las responsabilidades". Moix también consideraba, en todo caso, que no había lugar al recurso porque el Ayuntamiento está personado en la causa como responsable civil subsidiario —en una providencia el 21 de enero, el juez le negó la posibilidad de ser acusación particular—.
El titular del Juzgado de Instrucción número 51 entiende, contra el criterio de la Fiscalía, que el Ayuntamiento sí está legitimado para interpuesto recurso, pero desestima el fondo de la cuestión. En un duro auto de cinco puntos, subraya que "en un evento en el que aparentemente se produce un fallo clamoroso en las medidas de seguridad más elementales, parece razonable que algo tendrán que decir los máximos responsables de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, siendo este titular del recinto". "Y si estas personas tienen algo que decir que lo digan, y si lo dicen es una garantía para ellos hacerlo en situación procesal de imputados", remacha el juez, que recuerda que no están obligados a declarar contra sí mismos y que les asiste un letrado.
Sobre las alegaciones del recurrente, el Ayuntamiento, el juez desestima el argumento de falta de motivación porque no la requiere en este caso. También rechaza que tenga relevancia alguna el hecho de que hayan sido imputados antes que otros que también podrían serlo —"no implica vulneración alguna de derechos" y "en nada perjudica a los ahora imputados"—, al tiempo que recuerda, "con independencia de la repercusión mediática" que tiene, qué implica ser citado a declarar, o más bien, lo que no implica: "Que tales personas vayan a ser posteriormente acusadas y mucho menos condenadas". "Solo significa que pueden existir indicios racionales de un ilícito penal por acción u omisión".
Tampoco comparte el juez que estar imputado sea "lesivo para la fama y el honor" y culpa a los medios de "asimilar la condición de imputado a la de condenado", cuando "obviamente no es así". En todo caso, continúa el juez, las que han sufrido un "daño irreparable" son las fallecidas y sus familias. Sobre la alegación de que algunos mandos se vieron obligados a dimitir como consecuencia de las imputaciones, el magistrado entiende que las dimisiones responden a que así lo dicta la "conciencia" de la persona afectada, porque "nadie ha puesto en duda la honorabilidad de las personas". "Lo que es seguro es que este juzgado no ha obligado a dimitir a nadie", añade.
Como datos "objetivos" que condujeron a la imputación de los cuatro responsables municipales, Palop cita el botellón "perfectamente ilegal" celebrado esa noche en un espacio público de titularidad municipal y que después unos "2.000 jóvenes, en avanzado estado de embriaguez la mayoría de ellos", irrumpieron en el pabellón, lo que "fue determinante en la tragedia" que aconteció posteriormente. lo dicho por el juez se parece en parte a la versión de los hechos declarada ante el juez por el empresario Miguel Ángel Flores, dueño de la empresa que organizó la fiesta, que, cubrirse las espaldas, dijo que la avalancha se produjo cuando se colaron sin entrada unos 3.000 jóvenes que hacían botellón a la entrada del Madrid Arena.
El empresario mantuvo frente al magistrado que había vendido tan solo las 9.650 entradas que permitía el aforo del recinto municipal y que el Ayuntamiento era responsable de la "seguridad interior" del recinto, a través de la empresa Seguriber, y del exterior y en especial del botellón, a través Policía Municipal. Sin embargo, el recuento de los tiques reveló que se vendieron 16.791, lo que superaba con creces el aforo máximo del Madrid Arena (10.600 asistentes).
En su auto, el juez recuerda que todos los que han declarado hasta el momento han manifestado unánimemente que los efectivos de la Policía Municipal eran "notoriamente insuficientes" y no estaban situados en los puntos adecuados para controlar la situación. En este sentido, el juez cree que estos imputados "estarán sin duda deseosos de explicar la situación" y si era cierta o no la "exigua" cantidad de policías desplegados y si esa "escasez" estaba relacionada con que el suceso se produce "al comienzo de un largo puente" —se envió más del doble de policías municipales a los estudios donde se graba el programa El Hormiguero que al Madrid Arena—. También podrán explicar porqué se permitió un multitudinario botellón y la irrupción "confusa y tumultuaria" de los jóvenes en el Madrid Arena. Según el juez, algunos de ellos llegaron a "romper las alambradas".
Tras conocer el auto, fuentes de la defensa letrada del Ayuntamiento han señalado a Europa Press que, desde el respeto que merece cualquier resolución judicial, se presentará el recurso en apelación en el plazo de tres días ante el mismo juzgado.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/22/madrid/1361537120_835728.html
La alcaldesa se queda sin red tras echar a su 'número dos', Miguel Ángel Villanueva
El PP no moverá ficha al menos hasta la votación en septiembre de Madrid 2020
El Partido Popular oscila entre la preocupación, el temor y el desconcierto ante la deriva cada vez más sombría de la crisis política ocasionada por la tragedia del Madrid Arena en el Ayuntamiento de Madrid. En su momento ya había muchas dudas dentro del partido sobre la idoneidad de Ana Botella como repuesto de Alberto Ruiz-Gallardón. Pero tanto este como el líder del PP, Mariano Rajoy, decidieron apostar por ella y colocarla de número dos, en un movimiento estratégico pensado entonces para frenar a Esperanza Aguirre —muchos temían en el PP que quisiera dar el salto a la alcaldía— y contentar a José María Aznar, mentor de Rajoy y aún gran poder fáctico en el partido.
Entonces había dudas. Ahora, un año después, lo que hay es susto, porque el PP no se puede permitir perder Madrid. La dimensión pública que ha adquirido la tragedia, y la torpe gestión de la inexperta alcaldesa ha causado estragos. La destitución el martes de su lugarteniente político, Miguel Ángel Villanueva, la ha dejado sin red, expuesta. Y las dudas sobre el futuro se multiplican.
En el PP madrileño y nacional, varios dirigentes asumen que está muy tocada, pero no hundida. Hay una clave básica que les hace pensar que resistirá: el apoyo del presidente, Mariano Rajoy. La respalda, ha dado muestras de ello —la ha recibido dos veces en Moncloa y ha buscado las fotos con ella—, y lo va a seguir haciendo a corto y medio plazo. No tiene intenciones de abrir ese frente. Sería muy complicado: en la capital no se pueden anticipar las elecciones y tendría que dejar el Ayuntamiento en manos de una concejal sin peso específico.
Quedan dos años y medio para los comicios, y a Rajoy le gusta esperar. Eso sí, no está nada claro si será la candidata en 2015. Como es habitual, y como hizo Aznar cuando decidió colocar a Gallardón, ocho o 10 meses antes de la cita se encargará una carísima encuesta secreta con tres o cuatro nombres. Si los datos indican que, como se temen muchos, Botella no tiene tirón y el PP puede perder el fuerte, Rajoy se moverá. Y con mucha cautela, al tratarse de la esposa de Aznar. Hasta entonces, no hará nada, insisten tanto en el Gobierno como en el PP.
Botella aterrizó en la alcaldía de Madrid prácticamente en pañales. Es cierto que tenía desde 2003 responsabilidades crecientes en el Gobierno local de Alberto Ruiz-Gallardón, pero sus labores eran de gestión, no políticas. Ella no era un peso pesado. Gallardón confiaba en el vicealcalde, Manuel Cobo; y el edil de Hacienda, Juan Bravo. Y en Miguel Ángel Villanueva y Pedro Calvo.
Los dos primeros, dejaron el Ayuntamiento cuando Gallardón fue nombrado ministro de Justicia, en diciembre de 2011. A los otros dos, Botella les otorgó puestos clave en su equipo. A Villanueva, le nombró su número dos. Con él se fue curtiendo golpe a golpe; él le salvó la cara muchas veces ante los medios y la oposición.
Villanueva y Calvo, dos hombres del partido de toda la vida, la guiaron como niñeras dentro del muy difícil PP madrileño. Pero algo cambió en verano. Esa sintonía con Villanueva se quebró. Y la crisis política desencadenada por la muerte de cinco jóvenes en la fiesta de Halloween del Madrid Arena agravó esa desconfianza o, cuando menos, desincronización. “Creo en los equipos y en las personas que los forman que miran por el éxito del conjunto del equipo”, dijo ayer, tras las loas a Villanueva, cuyo cese quiso hacer pasar por dimisión.
El núcleo de Gallardón no era un equipo: era una secta. Así se les conocía, de hecho. Y en ese entorno causa impotencia y desconcierto la salida deshonrosa de Villanueva. “Alguien le ha dicho que así podría pasar página del Madrid Arena”, se indica. Parece evidente que Botella, apurada por una crisis inesperada y que ha colocado al mundo del PP en su contra, ha soltado lastre. Villanueva, un moderado, era duramente criticado por el ala más conservadora del PP, a la que pertenece Botella y su entorno.
Villanueva no está imputado. Se le critica su primera rueda de prensa, pero dio la cara y siguió trabajando esos días mientras Ana Botella acudía a visitar a las familias en el tanatorio y se iba de vacaciones a un balneario portugués junto a Aznar. El fiscal, Manuel Moix, dijo ayer: “No hay datos para pedir su imputación, que es absolutamente improbable”. En cambio, Botella mantiene en su Gobierno y defiende a capa y espada (“es una de las personas más importantes, un lujo”) a Antonio de Guindos, responsable durante la tragedia de la actuación de la Policía Municipal y servicios médicos de emergencia, y cuya figura está más cuestionada en la investigación judicial. En el caso de ser imputado, dimitiría inmediatamente.
La marcha de Villanueva la ha dejado expuesta. En primer lugar, porque ahora cualquier golpe relacionado con la tragedia lo encajaría ella sin cortafuegos. Pero, según coinciden en el PP, porque ya no le queda margen para revés alguno, ni tiene a quién la defienda. Su equipo municipal es solvente a ese nivel, municipal, pero Madrid es mucho más que una ciudad.
Fuentes del Gobierno y del PP admiten que está muy tocada, pero todos coinciden en asumir que aguantará gracias al apoyo de Rajoy. Si ella quiere seguir, seguirá, explica. Y quiere, de eso no hay duda: “No arrojaré la toalla”, dijo ayer. Aguantará lo que haga falta, se resistirá con uñas y dientes. Hay una fecha clave que todos tienen apuntada: el 7 de septiembre, cuando se decide quién organizará los juegos olímpicos de 2020. Hasta ese día, insisten, no habrá movimientos. Si Madrid gana, el enorme deterioro de la imagen municipal puede dar un giro. Si no, Botella seguirá siendo lo que ya era hace un año: una política de cuya capacidad muchos dudan, incluso en el PP. Y la oposición, liderada por Jaime Lissavetzky, lo tendrá más fácil.
Por ahora, uno de los que más claramente la han respaldado y han apuntado públicamente que sí será candidata es el propio Aznar. No es poco en el PP.
http://politica.elpais.com/politica/2013/01/10/actualidad/1357850891_215681.html
ANA BOTELLA ASEGURA QUE NO DIMITIRÁ PORQUE SE SIENTE LEGITIMADA POR LAS URNAS
Seis de los 11 primeros nombres de la lista del PP se han ido o han caído por el Madrid Arena
La tragedia en la que murieron cinco jóvenes le cuesta el puesto a dos de sus siete 'ministros'
LAS EVASIVAS DE BOTELLA. “No voy a añadir nada a lo dicho por el vicealcalde”, responde la alcaldesa sobre los motivos del cese. Niega pérdida de confianza y justifica los cambios en la austeridad.
La lista del Partido Popular encabezada por Alberto Ruiz-Gallardón obtuvo el 50% de los votos en las elecciones municipales madrileñas del 22 de mayo de 2011. Su principal promesa fue impulsar la creación de 150.000 empleos. Desde entonces, el paro ha aumentado en la ciudad en 29.353 personas (un 13,3%). Gallardón abandonó la alcaldía en diciembre, tras ser nombrado ministro de Justicia. De la lista original que conquistó aquellos comicios con mayoría absoluta, seis de los 11 primeros nombres, los principales, se han marchado o los ha barrido la tragedia del Madrid Arena.
La alcaldesa, Ana Botella, no cree sin embargo haber perdido legitimidad: "Las listas se votan en su totalidad. Nunca he pensado en arrojar la toalla", ha explicado esta mañana. La última baja de su equipo es precisamente su número dos durante este año de mandato, Miguel Ángel Villanueva, al que destituyó ayer aunque hoy, faltando a la verdad, ha querido hacerlo pasar por una dimisión voluntaria. "Decidí reestructurar el Gobierno cuando Villanueva presentó su dimisión", ha añadido. Eso tampoco es cierto. Los cambios estaban preparados, y el vicealcalde de enteró de su cese a las seis de la tarde. Esta mañana, Botella ha señalado: "No he perdido la confianza en Villanueva. Ha sido un colaborador leal que ha desarrollado todas sus competencias con el máximo esfuerzo y honestidad. Le aprecio en lo personal y en lo político".
Botella destituyó al vicealcalde para tratar de pasar página a la tragedia en la que perdieron la vida cinco jóvenes en la noche de ánimas. Sin embargo, no hay ningún indicio hasta el momento que apunte a una responsabilidad de ningún tipo de Villanueva en la tragedia. Las informaciones periodistas publicadas al respecto sólo han probado que conocía al organizador de la fiesta, Miguel Ángel Flores, pero nada indica, hasta la fecha, que maniobrase en su favor. Esta mañana, el fiscal general de Madrid, Manuel Moix, ha asegurado que "no hay datos para pedir su imputación, que es absolutamente improbable". Su cese tiene como objeto cortar cualquier relación del Ayuntamiento con la tragedia, una vez que otro punto flaco, Pedro Calvo, también dejó el cargo en noviembre tras ser imputado por el juez como responsable político de alquilar el pabellón municipal a Flores. Sin embargo, queda otro: Antonio de Guindos.
Lissavetzky: "Botella ha destrozado su escasa legitimidad"
“Madrid necesita un líder político y alguien que gestione bien y Ana Botella no tiene ni lo uno ni lo otro”, ha señalado hoy el portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky. En su opinión, el Gobierno local vive en una situación de “interinidad” tras sufrir dos restructuraciones en solo un año. Y el cese de su ‘numero dos’, Miguel Ángel Villanueva, “ha acabado con la escasa legitimidad de la alcaldesa”, cuya gestión considera “una chapuza permanente”. El vicealcalde ha dicho que se va para que se serene el Ayuntamiento. ¿Significa que la alcaldesa está intranquila? Y si lo está, ¿por qué?”, ha añadido. “Heredar el cargo puede ser legal, pero luego hay que legitimarlo y Botella ha destrozado la escasa legitimidad con que contaba”, ha concluido.
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad ha perdido en esta remodelación las competencias de Seguridad, pero no se puede borrar que fuera responsable en el momento de la tragedia de la Policía Municipal y de los servicios médicos de emergencia (Samur). Las familias de las víctimas han pedido su imputación, aunque la fiscalía lo considera "prematuro". Botella le ha defendido esta mañana: "Es una de las personas más importantes en el Ayuntamiento; es un lujo tenerlo aquí". También ha "respaldado absolutamente" a la hasta ayer número dos de De Guindos, Fátima Núñez, que pasa de coordinar la Seguridad a llevar el distrito de Carabanchel.
La primera decisión de la alcaldesa, a principios de año, fue eliminar el área de Seguridad en aras de una supuesta austeridad. La integró así con Medio Ambiente y Movilidad, bajo el mando de De Guindos, que aglutinó más de la mitad del presupuesto municipal en sus manos. Ahora vuelva a obtener personalidad propia, y queda al mando de Enrique Núñez, uno de los políticos con mayor proyección en el Ayuntamiento (antes de la tragedia era concejal de Centro; cubrió el hueco de Calvo como delegado de Economía, encabezó la comision de investigación, y ahora asume una de las responsabilidades más peliagudas, en pleno conflicto dentro de la Policía Municipal).
"La situación objetiva es diferente a la del año anterior", ha explicado la alcaldesa para justificar su rectificación. Se ha referido de pasada al incremento de manifestaciones en la ciudad, pero en los últimos meses el Ayuntamiento se ha enfrentado a tres grandes crisis propias, y las tres en ese área: los disturbios en la fiesta de la MTV, el incendio en los túneles de la M-30 (que costó la vida a dos trabajadores y destapó graves fallos de seguridad en la instalación) y el Madrid Arena.
"Si se cometen errores, debemos preservar sobre todo la institución", ha dicho Botella. Ahora, la alcaldesa queda como única responsable, junto a De Guindos, que no ha rendido cuentas por la tragedia del Madrid Arena. Ayer, el líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, pidió su dimisión de nuevo.
"Tenemos que tener una estructura más ágil y austera, adaptada a la realidad del presente. Creo en los Gobiernos compactos. Pienso que se pueden hacer todas las funciones con una mayor economía de medios. Los sacrificios que pedimos a los españoles tienen que reflejarse en sus gobernantes", ha dicho esta mañana Botella para justificar su reestructuración. Sin embargo, ha sido incapaz de cuantificar el ahorro previsto por estos cambios, que no suponen la eliminación de ningún área de Gobierno.
Seguridad recupera su espacio, pero lo hace a costa de Economía y Empleo, que se integran dentro de Hacienda, bajo el mando de Concepción Dancausa, la nueva primera teniente de alcalde y, por tanto, formalmente número dos aunque no se la denomine vicealcaldesa. Es decir, Empleo deja de tener un área de Gobierno propio y se suma a Hacienda, un área ha muy ocupada de por sí: desde las elecciones de mayo de 2011, el Ayuntamiento ha presentado cinco planes de ajuste consecutivos, y su deuda a los bancos, superior a 6.600 millones de euros, no sólo no ha disminuido sino que se ha incrementado al aflorar las facturas impagadas por Alberto Ruiz-Gallardon a los proveedores.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/10/madrid/1357805178_658298.html
VILLANUEVA: “ESPERO QUE MI MARCHA AYUDE A SERENAR LOS ÁNIMOS”
El vicealcalde disfraza de dimisión su cese, del que no tenía noticia alguna hasta esta tarde
Anuncia que entregará su acta de concejal y se convertirá en "ciudadano de a pie"
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), ha comunicado a su número dos, Miguel Ángel Villanueva, su destitución como vicealcalde en una reunión a las seis de la tarde en el Palacio de Cibeles. Villanueva, que estaba citado en principio para tratar otros asuntos, no sospechaba ni de lejos lo que le esperaba. Llevaba semanas dándole vueltas a la idea de dimitir, incluso en alguna ocasión le había puesto fecha, muy tocado por las informaciones periodísticas, hasta la fecha infundadas, sobre su supuesto trato de favor al promotor de la fiesta de Halloween del pabellón municipal Madrid Arena, en la que perdieron la vida cinco jóvenes.
Pero Botella, que hasta ahora le había sostenido públicamente, ha terminado por destituirle para tratar de pasar pagina política a esta tragedia y sus repercusiones sobre el Ayuntamiento. Este cese se ha convertido nominalmente en dimisión durante la reunión de las seis de la tarde, por petición de Villanueva y para tratar de salvaguardar su honor. A las siete y media de la tarde, tras convocar precipitadamente a la prensa, ha comparecido para dar explicaciones.
"Espero que mi dimisión contribuya a dar esa serenidad tan necesaria en unos momento como estos. Adopto esta decisión en beneficio de la serenidad del Gobierno", ha dicho Villanueva, que entregará su acta de concejal y se convertirá en "ciudadano de a pie, voluntario olímpico y militante del PP".
Villanueva ha vinculado su salida a la tragedia del Madrid Arena, pero ha afirmado: "Tengo la conciencia tranquila. Seguro que he cometido errores pero nadie puede poner en duda mi honor y mi honestidad. Nunca he utilizado mi cargo en beneficio mío o de nadie". Además, ha explicado que no tiene noticia alguna de haber sido imputado por la justicia.
"Espero que mi dimisión puede ayudar a serenar los ánimos", ha concluido. Ese es el motivo elegido por Botella para su cese, que había sido exigido por el líder de la oposición, el socialista Jaime Lissavetzky. Villanueva ha calificado a la alcaldesa esta tarde de "excelente".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/09/madrid/1357758436_687899.html
EL DICTAMEN SOBRE EL MADRID ARENA SUBRAYA LOS ERRORES DEL AYUNTAMIENTO
El Gobierno municipal regido por Ana Botella (Partido Popular) ha insistido esta mañana por enésima vez en descargarse de toda responsabilidad en la tragedia del Madrid Arena, pese a que sus propias acciones parecen indicar lo contrario. Las conclusiones presentadas esta mañana por el PP de la comisión de investigación sobre la muerte de cinco jóvenes en la fiesta de Halloween celebrada en el pabellón municipal buscan remediar varias de las deficiencias o errores administrativos que, según ha denunciado la oposición, tuvieron incidencia en la tragedia.
Antes de desgranar sus conclusiones, el portavoz del PP, Enrique Núñez, ha resumido así lo acaecido en la noche del 31 de octubre: "Hay una instalación, el Madrid Arena, que cumple todas las garantías de seguridad; que la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos alquiló a un promotor privado; y que el mal uso hecho por éste derivó en tragedia". "Nuestro dictamen busca soluciones para que este tipo de desgracias no vuelvan a tener cabida en la ciudad", ha añadido Núñez.
"Todas las áreas del Ayuntamiento y las empresas municipales hemos actuado dentro de la legalidad", ha asegurado, para a continuación pedir disculpas, como la alcaldesa la semana pasada, por alquilar el pabellón a los organizadores de la fiesta. "Las responsabilidades políticas ya están asumidas con la dimisión del máximo responsable político de esa empresa, Pedro Calvo", ha zanjado. Calvo dimitió el 13 de noviembre tras ser imputado en el caso Madrid Arena como máximos responsable de Madrid Espacios y Congresos, la empresa municipal que gestiona el pabellón.
El portavoz del PP no ha descartado aun así, "en función de como avance la investigación judicial", la posibilidad de sumar nuevas dimisiones o ceses de cargos "de la empresa municipal" a la de su expresidente y exdelegado de Economía, Pedro Calvo, "que no tuvo ninguna responsabilidad", ha acotado Núñez, y mantiene su acta de concejal.
El delegado de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad, Antonio de Guindos, que no tiene acta de concejal, ya avanzó que, en caso de ser imputado por la justicia, dimitiría del cargo. Añadió sin embargo que no tenía intención de cesar a la concejal de Seguridad, Fátima Núñez, que depende orgánicamente de él.
Varias de las conclusiones propuestas por el PP atañen precisamente al área de Seguridad, en la que afloró durante la comisión falta de coordinación entre los servicios de emergencia médica (Samur) y la Policía Municipal. El Ayuntamiento va a crear un mando único operativo que coordine a estos dos cuerpos y a los bomberos de cara al control de actos multitudinarios; al frente se colocará, de forma rotatoria, un representante de cada uno de ellos.
Además, se "actualizarán los procedimientos operativos de emergencia para hacerlos más eficaces", con el fin de evitar situaciones como la de aquella noche, en la que, según su responsable político, el Samur no fue avisado con tiempo por la Policía Municipal para organizar un dispositivo médico adecuado.
Durante la comisión, el Ayuntamiento se descargó de responsabilidades porque la fiesta, pese a celebrarse en un recinto municipal, era privada. Ahora aboga por cambiar la ley regional para que la Policía deba vigilar "de forma permanente" cualquier acto en un recinto privado con más de 5.000 asistentes.
Respecto a la seguridad del Madrid Arena, que el PP ha defendido sin fisuras, pese a que conocía desde 2010 un informe de técnicos de Urbanismo que señalaba diversas deficiencias, el dictamen apuesta por reforzar las inspecciones en las instalaciones municipales; y por crear un registro que actúe de hecho como de licencias para estos edificios, que según el PP no tienen por ley obligación de contar con estos documentos para poder operar. El Gobierno municipal intentó en varias ocasiones obtener licencia de funcionamiento para el Madrid Arena, pero le fue denegada precisamente por las deficiencias halladas en 2010.
Además, el Ayuntamiento definirá los usos permitidos para estos edificios, evitando así que se empleen para espectáculos para los que nunca fueron pensados, como ocurrió con el Madrid Arena al albergar una macrofiesta. En este sentido, tal y como ha adelantado hoy EL PAÍS, el aforo de las instalaciones municipales se recortará drásticamente, al permitir que asista el mismo público de pie que podría hacerlo en caso de estar sentado.
En opinión del líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, la comisión sólo ha servido para que el PP se descargue de responsabilidad jurídica pensando en la investigación del juez. A ello achaca Lissavetzky los vetos de comparecencias y documentación impuestos por el PP, que llevaron a Izquierda Unida a retirarse de la comisión (aunque hoy ha presentado también sus conclusiones).
Lissavetzky ha exigido el cese de Antonio de Guindos y de Fátima Núñez; del inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, y otros responsables policiales; de la delegada de Urbanismo, Paz González, y dos altos cargos, por no remediar las deficiencias detectadas en el Madrid Arena; del vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, por "dar información sin contrastar y por la falta de coordinación de las áreas, y, aunque no se le puede acusar formalmente, por dar un presunto trato de favor a los organizadores de la fiesta". "Y pedimos a Ana Botella una reflexión: estaríamos encantados de que presentara su cese", ha añadido el líder municipal.
Tanto el líder de Izquierda Unida, Ángel Pérez, como el de Unión Progreso y Democracia, David Ortega, han coincidido en señalar que hubiera bastado con cumplir la ley para poder evitar o mitigar la tragedia. Ortega ha exigido que se cierre el Madrid Arena hasta solventar las deficiencias detectadas en 2010; que se remedie la "laguna jurídica" para que el Samur deba supervisar los servicios médicos en actos multitudinarios aunque sean privados (cobrando en este caso una tasa); y que las próximas comisiones de investigación no puedan ser cercenadas por un partido aunque cuente con mayoría absoluta, para evitar así que se convierta "en juez y parte".
Pérez ha acusado al Ayuntamiento de ser "corresponsable" de la tragedia por no haber evitado la actuación de "un empresario que quería lograr un beneficio ilícito, poniendo en riesgo la vida de los madrileños". "Es intolerable, y más aún en una instalación municipal", ha añadido el líder de IU. "Se fue demasiado transigente con la empresa. Si el Ayuntamiento niega irregularidades y dice que todo funcionó bien, en cualquier momento podría repetirse la tragedia", ha concluido.
El juez admite una nueva acusación popular
El juez Eduardo López Palop, que instruye el caso Madrid Arena, ha admitido la personación como acusación popular del sindicato Coalición Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid (CITAM), según han informado fuentes judiciales. CITAM, constituido en 2007con el 8% de los trabajadores municipales, se suma así al pseudosindicato Manos Limpias y el policial SUP.
López Palop ha comunicado a los abogados de las acusaciones populares que solo va a admitir a un abogado que las represente a todas, mientras que las acusaciones particulares, que representan a las familias de las cinco víctimas, sí que podrán tener el suyo propio cada una. Mañana, a partir de las once de la mañana, el juez acompañará a los abogados de las familias a una inspección ocular del Madrid Arena.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/11/madrid/1355225035_130408.htmlEL AYUNTAMIENTO IMPROVISÓ EL DESPLIEGUE DEL SAMUR EN LA FIESTA DEL MADRID ARENA
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El responsable de Emergencias dice que no fue avisado a tiempo para montar el dispositivo
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El portavoz del PP le desmiente: se le comunicó cinco días antes
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El médico Carlos Viñals no se presenta en la comisión de investigación
El Ayuntamiento de Madrid (PP) sabía desde el 26 de octubre que se iba a celebrar una fiesta de Halloween en el Madrid Arena, a la que asistirían al menos 7.000 personas. La empresa municipal que gestiona el pabellón se lo comunicó ese día, a las 10.23, a la Delegación del Gobierno, a la Policía Municipal y al área de la vicealcaldía del Ayuntamiento. Esta última le trasladó de inmediato esa información al área de Seguridad, de la que dependen, entre otros servicios, las emergencias del SAMUR. En la noche del evento, el 31 de octubre, la Policía Municipal montó un dispositivo para una actividad de riesgo alto. La Policía Nacional (dependiente de la Delegación del Gobierno) envió a 40 agentes. Pero el SAMUR (servicio municipal de atención de urgencias) no se desplegó porque no fue avisado a tiempo.
Que el SAMUR no se activara no significa que no fuera necesaria su presencia, aun cuando no hubiera sucedido la tragedia. Entre las 0.09 y las 2.48 de esa noche tuvo que acudir a atender a 10 jóvenes, algunos de ellos menores de edad, por intoxicaciones etílicas o heridas; y al menos tres fueron hospitalizados.
El director general de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid, Alfonso del Álamo, médico que ocupa ese cargo desde 2003, dijo esta mañana ante la comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento que su departamento no recibió el aviso de que se iba a celebrar el evento. Se enteró a última hora, añadió, al recibir un correo electrónico rutinario de la Policía Municipal en el que se mencionaba. Al no "existir tiempo suficiente" para valorar y programar un dispositivo preventivo adecuado, se decidió establecer una alerta. A las 2.28, viendo la profusión de avisos recibidos, se enviaron dos unidades a la zona, que fueron las que actuaron luego con rapidez.
Nada más acabar la comparecencia de Alfonso del Álamo, el portavoz del PP en la comisión, Enrique Núñez, le desmentía rotundamente, asegurando que la vicealcaldía sí comunicó al área de Seguridad de inmediato toda la información sobre el evento.
¿Por qué no se movilizó entonces adecuadamente al SAMUR? La delegada de Seguridad, Fátima Núñez, alega que el evento era privado y contaba con servicio médico propio. Sin embargo, también había un servicio de seguridad y eso no impidió el despliegue preventivo de la policía. Además, en otras ocasiones el SAMUR sí se ha movilizado para eventos privados. Y, sobre todo, el propio director de Emergencias cree que debería haberse programado el despliegue pero no tuvo tiempo.
Alega Núñez además que la base del SAMUR se encuentra a 700 metros del pabellón, "lo que permitía una respuesta inmediata, en torno a 4 o 5 minutos". Sin embargo, de estar en el recinto, el SAMUR podría haber atendido de inmediato a la joven que fue sacada del pabellón; y se habría acelerado su asistencia al resto de víctimas. Además, el SAMUR solo se movilizó al recibir el aviso del 112, lo que retrasó su respuesta.
Alfonso del Álamo depende de la edil Fátima Núñez, que declarará ante la comisión el lunes —su comparecencia, prevista para hoy, se suspendió por el luto decretado tras fallecer la quinta víctima—. Por encima de ambos se encuentra el delegado de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, Antonio de Guindos, al que los abogados de las víctimas quieren imputar en el caso aunque el fiscal lo ve "prematuro".
En su comunicado de condolencias, la alcaldesa, Ana Botella, aseguró esta tarde: "Tomaré todas las medidas que estén en mi mano. Los comportamientos que hayan influido en esta tragedia no van a quedar impunes".
El edil Pedro Calvo, responsable de la empresa municipal gestora del recinto, dimitió al ser imputado por el juez; dos altos cargos de esa empresa fueron cesados por "ocultar" información. El PP ha vetado comparecencias clave en la comisión.
Del Álamo reveló en su exposición dos irregularidades más en las medidas de seguridad del Ayuntamiento. A modo de disculpa afirmó: "No hay sistema preventivo que pueda soportar el triple del aforo del que se ha comunicado, 7.000 personas". Es decir, el dispositivo se habría programado para un aforo muy inferior al permitido por el propio Ayuntamiento, de 10.600 personas.
Además, dijo que los bomberos, que dependen de su área, no recibieron el plan de autoprotección para la fiesta. Los promotores no lo tenían y el Ayuntamiento no lo exigió pese a que debía haberlo hecho.
El 112 recibe la primera alerta a las 3.59. Una mujer llama pidiendo ayuda para una chica inconsciente. En esos momentos, tres jóvenes están siendo trasladadas a la enfermería del Madrid Arena tras ser aplastadas por una supuesta avalancha de gente. El jefe del dispositivo médico, Simón Viñals, asistido por su hijo, también doctor, y dos auxiliares, detalló el martes en la comisión de investigación lo que sucedió entonces: "No sé cuánto tiempo llevaban aplastadas. No hubo oportunidad de recuperar una parada cardiorespiratoria sobrepasada en el tiempo. A los ocho minutos, las posibilidades son cero". Pero, añadió, siguió el protocolo: "Llegaban con una midriasis [dilatación de pupila] total, sin tiro cardiaco ni conciencia. Despejamos la vía aérea, introdujimos una cánula, hicimos masaje cardíaco y luego desfibrilaciones a 200, 300 y 360 julios. Vimos que eran ineficaces".
Esta fue la versión de Viñals, exconcejal de José María Álvarez del Manzano (PP) y padre fundador precisamente del Samur. Ya había trabajado antes para el organizador, Miguel Ángel Flores. Este no le contrató, simplemente apalabró sus servicios. Como no tenía más médicos a mano, "estaban de puente", se llevó a su hijo, funcionario. Según dijo, nadie de la empresa del Ayuntamiento que gestiona el pabellón supervisó su dispositivo.
Respecto a su actuación, el informe oficial del Samur ya vertía serias dudas. Una unidad llega a las 4.04 y encuentra fuera del edificio a otra chica herida que "al parecer había sacado el personal de seguridad"; la atiende y logra reanimarla y estabilizarla para su traslado al hospital. Otra unidad llega a la enfermería a las 4.15 y encuentra a las tres jóvenes atendidas por Viñals. "Hasta esos momentos, en una de las pacientes se estaba realizando masaje cardiaco", dice el informe, que no señala signo alguno de los procedimientos que dijo haber seguido Viñals. De hecho, el Samur toma el control de la situación y actúa como si nada de aquello se hubiera hecho: realiza "maniobras de reanimación avanzada" entre 30 y 40 minutos. Sin éxito. Las chicas están muertas.
Hoy, el director general de Emergencias ha añadido un dato crucial a ese informe: "El soporte avanzado (intubación, medicación y desfibrilación) se realiza durante un tiempo mínimo de 30 minutos antes de declarar el paciente como no viable". Eso es lo que hizo el Samur cuando llegó, dando por hecho que el equipo de Viñals no lo había hecho (en caso contrario, el mero hecho de repetir los procedimientos constituiría mala praxis profesional).
Pero es que, aún en caso de que Viñals lo hubiera hecho, no existe tiempo material entre la llegada de las jóvenes y la del Samur a la enfermería para haber realizado las maniobras de reanimación básicas y avanzadas. Este y otros asuntos debería haber contribuido a aclararlos el hijo de Viñals, Carlos, que estaba llamado a comparecer esta mañana, pero no se ha presentado. No estaba obligado por ley, pero se da la circunstancia de que es además funcionario municipal. Además, si hubiera trabajado esa noche, hubiera cometido en principio una irregularidad, al no poder compatibilizar ambas labores. El PP ha vetado la comparecencia de los técnicos del Samur que atendieron a las víctimas. La comisión ha sido aplaza al lunes tras conocersea primera hora de la tarde la muerte de la quinta víctima del suceso. María Teresa Alonso, de 20 años, llevaba casi un mes en estado de extrema gravedad en la UCI, en coma y con un respirador.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/29/madrid/1354189348_026954.htmlBOTELLA AMORDAZA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL MADRID ARENA
Lleva varios días Ana Botella (Partido Popular) repitiendo que no tiene miedo a la verdad. Esta mañana, su vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, ha llegado a decir que "esclarecer los hechos es una obligación moral". Y mientras, al mismo tiempo pero en otra sala, reunido con la oposición, el concejal de Economía, Enrique Núñez, amordazaba y hería de muerte la comisión de investigación que la propia Botella había publicitado como su compromiso con la verdad y con las víctimas del caso Madrid Arena.
Según Villanueva, gracias a esta comisión se conocerá lo sucedido en la fiesta de la noche de Ánimas en la que murieron cuatro jóvenes en el pabellón municipal Madrid Arena. Y a partir de sus conclusiones "se asumirán responsabilidades políticas" y "se tomarán las medidas necesarias para que una tragedia así no se repita". No podrá ser: el Partido Popular, que pese a que la alcaldesa dice "no tener miedo a la verdad" se aseguró una mayoría de control y la presidencia de la comisión, y ha vetado hoy la comparecencia de la propia Botella; y de la concejal de Hacienda, Concepción Dancausa, responsable de la investigación interna y presidenta ahora de la empresa municipal que gestiona el pabellón.
Pero no sólo. También ha vetado la comparecencia de todos los cargos políticos de otras Administraciones, entre ellos, el consejero regional Salvador Victoria, responsable de la Ley de Espectáculos bajo la que se celebró la fiesta y que el Ayuntamiento tachó de imperfecta; la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que ha cuestionado la veracidad de la información aportada por Botella a la causa judicial; y el jefe de la Policía Nacional en Madrid, Alfonso José Fernández Díez, que destacó a 40 agentes esa noche para evitar problemas de orden público en el exterior del recinto.
González: "Que comparezca quien tenga conocimiento"
El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria (PP), ha dicho esta mañana que ve "innecesaria" su comparecencia en la comisión de investigación porque la Comunidad "no tiene competencia al respecto". Al contrario, él es el máximo responsable de la Ley de Espectaculos, que rige fiestas como la que acabó con la muerte de cuatro jóvenes en la noche de Ánimas en el pabellón municipal Madrid Arena. Además, el Ayuntamiento ha señalado que esta norma no es todo lo exigente que debiera, y ha planteado la comisión como "un foro de debate sereno", en palabras de la alcaldesa, para introducir cambios legales que eviten que la tragedia se pueda repetir. Eso dijo en cualquier caso Ana Botella (PP) es un primer momento; luego debió cambiar de idea, puesto que el pasado lunes vetó la comparecencia de políticos de otras Administraciones, incluido el propio Victoria. El presidente regional, Ignacio González (PP), dijo ayer que le parece "lógico" que comparezca "quien tiene las competencias y quien tiene conocimiento de lo que allí pasó".
Pero no sólo: además, hoy ha vetado la comparecencia de todos los funcionarios municipales convocados por la oposición por tener, en principio, información relevante sobre la tragedia. El Partido Popular solo ha hecho dos excepciones: el jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, y uno de los médicos que formaban parte del equipo contratado por los organizadores Carlos Viñals, que es funcionario.
¿Quién comparecerá entonces? Pues políticos del Partido Popular en el Gobierno municipal, todos de la cuerda de Botella y cuyo cargo depende directamente de esta. Y poco más, porque el Ayuntamiento había convocado además a los responsables de las empresas implicadas (Seguriber, Kontrol 34 y Dato) pero solo ha obtenido respuesta de la primera, encargada de la vigilancia del recinto y con contrato vigente con el propio Ayuntamiento, que ha declinado en principio comparecer hasta haberlo hecho ante el juez.
Así las cosas, ni siquiera está claro que la comisión vaya a echar a andar en su periodo de comparecencias este lunes, como se había anunciado hace tres días. Y desde luego parece difícil que vaya a emerger de ella cualquier otra verdad que no sea la de Ana Botella.
En opinión del líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, que fue quien exigió esta comisión, y de los portavoces de Unión Progreso y Democracia, David Ortega (que respaldó la necesidad de convocarla), y de Izquierda Unida, Ángel Lara (que votó también a favor), la actitud de Botella demuestra que "no está a favor de la transparencia", como promete, sino que tiene "pánico" a la verdad y se dedica a "ocultarla". Lissavetzky exigió ayer su dimisión.
"¿Tienen miedo a lo que digan los funcionarios? ¿No les da vergüenza la imagen que están dado al pueblo de Madrid?", se ha pregunta Lissavetzky ante este acto de "censura". "De más de 100 comparecencias solicitadas por los grupos municipales, sólo aceptan unas 15 y todas ellas de cargos políticos. El PP no quiere que los ciudadanos se enteren por medio de los técnicos de lo que ha ocurrido. Es una tomadura a los ciudadanos y una falta de confianza en los trabajadores municipales, a los que ponen la mordaza", ha añadido.
"Ana Botella nos dijo que no tenía miedo a la verdad, sin embargo lo que ha demostrado el PP en la Junta de Portavoces es pavor a que hablen los funcionarios municipales. Esto, junto al veto a Cristina Cifuentes, Salvador Victoria, Concepción Dancausa y a la propia alcaldesa, nos parece una falta de respeto a los madrileños", ha apostillado David Ortega (UPyD).
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/22/madrid/1353593084_509228.html
BOTELLA DESTITUYE A DOS ALTOS CARGOS POR OCULTAR DATOS SOBRE EL MADRID ARENA
Se trata del consejero delegado y el gerente de Madrid Espacios y Congresos
La alcaldesa reconoce que escamotearon un contrato con condiciones preferentes para Diviertt
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), ha ordenado esta mañana el cese inmediato del consejero delegado de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (Madridec), José Ángel Rivero, y del gerente, Jorge Rodrigo. Ambos se encontraban en el ojo del huracán como máximos responsables del pabellón Madrid Arena, y de su alquiler a la empresa Diviertt para celebrar la fiesta de Halloween en la que murieron cuatro jóvenes.
Un documento conocido hoy prueba además que concedieron prácticamente la exclusividad del uso del pabellón a Diviertt. Botella no les ha cesado por sus acciones, pues afirma que ese documento "no supone ninguna irregularidad", sino por considerar que, aun siendo "relevante", "no se había puesto en conocimiento de la alcaldesa" ni pudo ser incluido así en la investigación interna del Ayuntamiento.
Estas pesquisas fueron llevadas a cabo por la delegada de Hacienda, Concepción Dancausa, que es también la responsable política interina de Madrid Espacios y Congresos, tras la dimisión la semana pasada del concejal Pedro Calvo al ser imputado por el juez. Botella ha exigido a Dancausa "el cese inmediato" de esos dos responsables al considerar que "la ocultación de esa información supone una grave falta de confianza depositada en ellos para desempeñar dichos puestos".
La información a la que se refiere es un "compromiso de fidelización firmado el pasado 21 de septiembre por la dirección de Madrid Espacios y Congresos con la empresa Divertt, por el que se establecían una serie de condiciones preferentes para la utilización del pabellón Madrid Arena en 2012 y 2013".
Según desveló ayer Estrella Digital, el Ayuntamiento se comprometió a no alquilar el pabellón a ningún competidor de Diviertt ni el mes anterior ni el posterior a la organización de un evento por parte de esta empresa. De esta forma, repartiendo adecuadamente sus fiestas, Diviertt podía copar el recinto en exclusividad.
El motivo alegado como justificación de que esta empresa "viene celebrando en las instalaciones que gestiona Madrid Espacios y Congresos una serie de eventos de carácter singular que han contribuido a la consolidación de la imagen de dichas instalaciones vinculadas a esos eventos". Además, Diviertt obtenía un descuento del 5% en el caso de organizar más de cinco eventos anuales, y del 10% por más de 10.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/21/madrid/1353506401_361237.htmlCIFUENTES: "LA POLICÍA NO TENÍA COMPETENCIA EN EL MADRID ARENA"
La delegada del Gobierno dice que se limitaron a recoger la documentación de los organizadores y a verificar la apertura de puertas del recinto
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha reiterado esta mañana que la Policía Nacional no tenía ninguna competencia en la fiesta celebrada el pasado 1 de noviembre en el Madrid Arena. Durante la presentación de la nueva Unidad de Protección y Reacción (UPR) que será conocida como Bronce, Cifuentes se ha referido a un informe que pasó la Delegación del Gobierno al Ayuntamiento de Madrid en el que aclaraba que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía se limitaron a recoger la documentación de los organizadores y a verificar la apertura de puertas en el Madrid Arena.
"La Delegación le mandó la documentación a la alcaldesa de Madrid con el único fin de interrogar y contribuir a la investigación y al desarrollo de la propia comisión de investigación. Queríamos que tuvieran las aclaraciones oportunas en ese sentido de lo que ha ocurrido para esa comisión", ha señalado Cifuentes que ha recordado que los agentes de Homicidios están investigando lo ocurrido bajo las órdenes del juez.
Cifuentes también ha señalado que no tiene ningún problema en comparecer ante la comisión municipal, si es requerida para ello. "Desde el primer momento la empresa organizadora dio una mala información de que la Policía Nacional había conocido lo ocurrido pero no quisimos desmentirles porque creíamos que debería hacerse en sede judicial", ha destacado Cifuentes.
La delegada también se ha referido a la polémica cifra de 35.000 asistentes a la manifestación del 14-N dada por la Delegación esa misma noche y ha dicho que la Policía Nacional es quien efectúa el recuento a través de las imágenes de su helicóptero. Los convocantes aseguraron que un millón de personas se echaron a las calles, mientras que EL PAÍS calculó que había 174.078. "No voy a entrar en polémicas porque para mí es indiferente el número de asistentes que van a una manifestación. Yo no sé exactamente cuántos hubo porque pasé toda la jornada de huelga en la Delegación del Gobierno y luego me centré en los graves altercados que provocaron los vándalos, tanto en el mobiliario urbano como en los comercios", ha destacado.
La delegada del Gobierno ha presentado en la sede policial de la Casa de Campo a la Unidad de Protección y Reacción, formada 378 agentes. Estos policías, destinados a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, se destinarán a prevenir la delincuencia en zonas especialmente delictivas, a labores de orden público en especial en los puntos a los que no puedan acudir los antidisturbios; a colaborar con otras unidades como la policía judicial, los juzgados o las comisarías locales, y actuar en caso de emergencias o catástrofes.
La nueva unidad consta de tres secciones y 12 grupos. Cuenta con motos, coches patrulla y vehículos camuflados para desarrollar su labor. Trabajarán en turnos de mañana y de tarde. Suponen la reagrupación en una única unidad de otros servicios como eran los alazanes (las motos) y los centauros y los zodiacos (servicios nocturnos de la policía).
Los sindicatos, que también han acudido al acto, han criticado el mal estado en que se encuentran las dependencias policiales de la Casa de Campo y han solicitado que se tomen medidas urgentes para rehabilitar los edificios y dotar a todos los policías que allí trabajan de un lugar adecuado para desarrollar su labor.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/20/madrid/1353412918_917706.htmlDIMITE EL CONCEJAL PEDRO CALVO TRAS SER IMPUTADO EN EL ‘CASO MADRID ARENA’
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Era responsable político de Madrid Espacios y Congresos, la propietaria del Madrid Arena
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Renuncia también como portavoz municipal pero no entrega el acta
Pedro Calvo, imputado esta mañana por el juez en el caso Madrid Arena, ha dimitido este mediodía como delegado de Economía y portavoz municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital. No ha entregado el acta de concejal. Según el comunicado emitido por el Ayuntamiento, "ha tomado esta decisión en tanto que, como delegado de Economía, ostentaba desde enero de 2012 la presidencia no ejecutiva de la empresa pública Madrid, Espacios y Congresos", gestora del pabellón en el que perdieron la vida en una fiesta cuatro jóvenes el pasado 31 de octubre. La oposición en bloque ha aplaudido la decisión de Calvo, a quien a defendido Gallardón.
El Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, que investiga la tragedia, imputó esta mañana a Calvo, tras llamar ayer a declarar, "en principio como testigo", al responsable de la concejalía encargada de tramitar la cesión del Madrid Arena, informa Tono Calleja. El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, que ha acompañado esta mañana al juez en una reconstrucción de los hechos, ha subrayado que en este proceso se depurarán "responsabilidades penales, no políticas". "Lo que quiere la Fiscalía es que se realice una investigación minuciosa y exhaustiva que determine los motivos y los responsables", ha señalado. "Si alguien del Ayuntamiento ha cometido una conducta que pudiera ser constitutiva de una infracción penal se le podrá imputar", ha añadido.
Tres investigaciones en marcha
A parte del sumario abierto por el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, hay otras dos pesquisas en ciernes. Por una parte, la comisión de investigación política instada por el líder socialista, Jaime Lissavetzky, y aceptada por Botella como "foro sereno de debate". Ayer, tras una reunión con sus concejales, la alcaldesa propuso al edil de Chamberí, Pedro del Corral, como presidente de esta comisión, que se constituirá el viernes. Formaran parte también, por parte del PP, el concejal de Centro, Enrique Núñez; el jefe de gabinete de la alcaldesa, Diego Sanjuanbenito; la delegada de Asuntos Sociales, Dolores Navarro; y la responsable de los servicios jurídicos, Patricia Lázaro. Quedan fuera todos aquellos responsables del Gobierno municipal que podrían tener cierta relación con la tragedia, de forma más o menos directa: el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva; el propio Calvo; el delegado de Seguridad, Antonio de Guindos; y la concejal de Urbanismo, Paz González. Además, el Gobierno municipal ha abierto una investigación interna, al cargo de la concejal de Hacienda, Concepción Dancausa.
El Ayuntamiento de Madrid, regido por Ana Botella (PP), conocía las deficiencias de seguridad del pabellón Madrid Arena desde 2010, pero no las subsanó. Además, en mayo de este año, Calvo encargó un informe sobre este y otros edificios municipales, lo que revela su desconfianza. Cuando estuvo listo, el 19 de octubre, arregló —según Botella— lo referido al Madrid Arena, pero sin subsanar los fallos de seguridad detectados por la concejalía de Urbanismo en 2010. Mantuvo en cambio abiertos el resto de recintos, pese a hallar deficiencias, y solo decidió cerrar dos de ellos una semana después de la tragedia.
Madrid Espacios y Congresos firmó el 24 de octubre un contrato de alquiler del pabellón a la empresa Diviertt, cuyo responsable, Miguel Ángel Flores, también ha sido imputado por el juez. Según comunicó Flores al Ayuntamiento tras la tragedia, vendió 9.650 entradas para un aforo máximo de 10.700. Sin embargo, las pesquisas policiales se encaminaron desde el primer momento a constatar si se produjo un exceso de aforo; así se lo comunicó al juez en el informe preliminar, pero sin cuantificar ese exceso de aforo.
Calvo fue diputado regional entre 1991 y 2003, durante los años en la oposición y en la presidencia (1995-2003) de Alberto Ruiz-Gallardón. Entre 1995 y 1999 fue senador; y de 2000 a 2003, consejero regional de Medio Ambiente. Saltó al Ayuntamiento con Gallardón, y entre 2003 y 2012 fue concejal de Seguridad y Movilidad (perdió esa última competencia en junio de 2011). Tras la marcha de Gallardón al Ministerio de Justicia, Ana Botella le nombró concejal de Economía pero quiso refrendar su poder interno dándole también la portavocía del Grupo Popular.
Hasta ahora, la principal sombra en su expediente databa de 2006, cuando la adjudicación de la gestión de una de las zonas de parquímetros de la capital a una empresa cuyo apoderado era amigo personal del concejal llevó a la oposición a exigir sin éxito una comisión de investigación por un posible trato de favor. El Gobierno de Gallardón abrió una investigación administrativa que se cerró con todas las dudas sin resolver. Por entonces, los colaboradores más estrechos de Calvo eran Javier Conde, director de Movilidad, y Fernando Autrán, coordinador de Servicios a la Comunidad.
Fernando Autrán era coordinador de Circulación en diciembre de 2011 cuando fue obligado a dimitir por Gallardón y Calvo a consecuencia del revuelo por sus mensajes en la red social Twitter: "ETA vota Rubalcaba", "urkullu ez de euzcadi porque ez jilipollaz", "Caamaño 'los demócratas sabrán ser generosos cuando ETA deje las armas'. Desde luego, en vez de un tiro les meteremos dos". Javier Conde fue investigado por el Ayuntamiento el pasado mes de febrero por el uso indebido de vehículos municipales, desvelado por EL PAÍS. Calvo, su responsable durante el periodo de la polémica, admitió que se habían empleado vehículos que debían dedicarse a reparar semáforos para otros usos, en principio, como coches oficiales. La investigación se zanjó sin dimisiones, pero con cambios de importancia en los protocolos de uso de coches oficiales.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/13/madrid/1352816701_170328.htmlEL ‘CASO MADRID ARENA’ REABRE LA GUERRA DENTRO DEL PP MADRILEÑO
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El Ayuntamiento se siente atacado por la Comunidad y por el PP regional
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Sospecha que la causa última es la ambición de Aguirre por acceder a la alcaldía en 2015
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El Gobierno regional censura la gestión de la alcaldesa y redobla su petición de dimisiones
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Cospedal asegura que "no hay crisis" y que la "bicefalia Aguirre-González no es extraordinaria"
"Botella no se ha enterado". González opina que Botella firmó a favor de La Princesa porque "no se ha enterado de lo que está pasando" en el hospital. Fuentes municipales sostienen que Botella sabía "perfectamente" lo que estaba firmando.
Aunque desde el Ayuntamiento de la capital se intenta explicar como fruto de la casualidad, es difícil imaginar una forma más teatral de escenificar el enfrentamiento abierto tras la tragedia del Madrid Arena entre el Gobierno municipal y la Comunidad de Madrid. La firma ayer de la alcaldesa, Ana Botella (PP), en respaldo de la protesta de los trabajadores del hospital de La Princesa ha sido interpretada por el Gobierno regional, que dirige Ignacio González (PP), como un torpedo en su línea de flotación, toda vez que los recortes en el área de Sanidad incluidos en el presupuesto autonómico para 2013 son su principal frente político y, a la vez, su flanco más débil.
González se ha apresurado hoy a descalificar a la alcaldesa: "No se ha enterado de lo que está pasando". El Ayuntamiento asegura que sí que lo sabe, aunque insiste en que firmó sencillamente porque estaba visitando a un familiar en ese centro y los trabajadores se lo pidieron. Y va más allá en sus sospechas, temiendo que lo que se esconde detrás de lo que consideran una operación de acoso y derribo contra Botella es quién será el candidato del Partido Popular para la alcaldía en 2015.
Ana Botella llegó a la alcaldía de Madrid en diciembre, cuando Alberto Ruiz-Gallardón fue nombrado ministro de Justicia. Hasta entonces no había ejercido ni como número dos ni como clave de bóveda de un Gobierno municipal del que formaba parte desde 2003. Gallardón, de cuya mano se había incorporado a la política activa aquel año, la había tutelado, otorgándola progresivamente mayores responsabilidades de gestión y, al mismo tiempo, alejándola de terrenos potencialmente peligrosos. Primero fue concejal de Asuntos Sociales, luego concejal de Medio Ambiente, y, a partir del junio de 2011, cuando el alcalde ya se sabía ya ministro, concejal del área de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, que concentra la mitad del presupuesto municipal.
Pero, para Gallardón, el papel principal de Botella era otro: era su relevo para cuando cumpliera su anhelo de pasar a la política nacional. En opinión del ministro, ningún otro miembro de su equipo tenía la talla política para ostentar la alcaldía en su lugar. Su plan pasaba por ganar las elecciones locales de 2011, ceder el testigo rápidamente y permitir así que Botella se ganará el respaldo popular en los siguientes tres años y medio. Contaba además con que, siendo la esposa del ex presidente del Gobierno José María Aznar (PP), nadie se atreviera a moverle la silla dentro del partido.
Y cuando decimos nadie, Gallardón pensaba en Esperanza Aguirre. La expresidenta regional no había ocultado su deseo de ser alcaldesa de la capital, una vez frustrados aparentemente sueños de mayor fuste. Preguntada al respecto, Botella siempre se mostró evasiva pero más contundente de lo habitual: pregúntenle a ella, dijo en un acto público, sentada apenas unos metros frente a Aguirre. Su equipo más cercano era consciente sin embargo de que anular esa posibilidad dependía de que la alcaldesa no cometiera errores en los años que quedaran para las elecciones, y que se ganara a la vez el respaldo popular.
Nadie en el Ayuntamiento consideró que la dimisión de Aguirre como presidenta regional el pasado 17 de septiembre fuera una retirada definitiva; apuntaban más bien a un paso estratégico, marchándose con todo su capital político intacto, y sus sospechas se vieron reforzadas al no dejar Aguirre la presidencia del PP regional a Ignacio González. Ahora diversas fuentes consultadas creen que la supuesta falta de respaldo por parte de la dirección del PP regional y de la Comunidad, que algunos van más allá y califican de palos en las ruedas, forman parte de esta estrategia conjunta entre Aguirre y González.
La convivencia entre ambas Administraciones tras la marcha de Gallardón, enemigo íntimo de Aguirre, fue más plácida que en la etapa anterior pero repleta de conflictos soterrados. Ninguno de ellos tenía sin embargo magnitud de casus belli. La muerte de cuatro jóvenes en la fiesta de la noche de Ánimas en el pabellón Madrid Arena era otra cosa. La gestión política de la tragedia, que hasta dentro del Ayuntamiento consideran imperfecta, y los documentos que prueban que el Gobierno municipal conocía los fallos de seguridad del recinto desde 2010, podían herir de gravedad a la alcaldesa.
La Comunidad guardó silencio durante unas horas, poniéndose de perfil en un asunto que no consideraba de su responsabilidad. El viernes, un día después de la tragedia, Botella anunció que aceptaba la petición del líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, de crear una comisión de investigación política. Deseaba, según dijo, "un debate sereno" sobre qué cambios legislativos se podrían realizar para evitar sucesos similares en el futuro. La Comunidad, responsable de la Ley de Espectáculos que regula estos asuntos, montó entonces en cólera, atribuyendo al Ayuntamiento una maniobra para incluirlos en la lista de posibles responsables.
A partir de ese lunes, González salió a la palestra con más brío si cabe: "Los acontecimientos que se produjeron son graves. Hay que hacer una investigación en profundidad, cuanto antes y en consecuencia con lo que ha aclarado, tomar decisiones". Al mismo tiempo, según fuentes municipales, varios concejales colocados en la lista del Ayuntamiento por Aguirre (como presidenta del PP) alimentaron las dudas sobre la relación entre los organizadores de la fiesta y algunos miembros del Gobierno local.
Y, sobre todo, nadie salió en público a defender a Botella y a su equipo. No lograron el respaldo de González o Aguirre, pero tampoco el de Gallardón (que tendría mucho que decir sobre un asunto del que fue responsable hasta hace menos de un año), o el de Manuel Cobo, antes número dos del exalcalde, ahora alto cargo del PP nacional. En privado, sí. En público, no. Igual lamento guardan para el Gobierno central: en privado, máximo apoyo. En público, no.
Ese enfrentamiento ha emergido con la firma de Botella en el hospital de La Princesa. "Han pasado 10 días, y ha llegado el momento de pedir esas responsabilidades", ha afirmado esta mañana González a la pregunta expresa de los periodistas sobre posibles dimisiones en el Ayuntamiento.
Fuentes regionales señalan que la relación de Botella con Aguirre no era mala, pero las cosas se torcieron desde el principio con González. La alcaldesa evitó respaldarle para la presidencia del PP regional cuando parecía más que probable que Aguirre también le cediera ese asiento. "No estoy interesada en la carrera por la presidencia del PP de Madrid. Ahora hay un apoyo por parte de todo el PP, incluido todo el equipo municipal, a González como presidente de la Comunidad; la otra cuestión de momento no se ha planteado", dijo la alcaldesa.
Botella se remitió a la línea oficial de la dirección nacional, expresada antes por la secretaria general, Dolores de Cospedal, y en el Ayuntamiento creen que la Comunidad malinterpretó sus palabras. Pero la relación se agrió, y la crisis del Madrid Arena la hizo saltar por los aires. Fuentes regionales critican la gestión política de la tragedia, y muestran su sorpresa y disgusto al ver saltar una historia diferente cada día, a cual peor. En concreto, consideran un error de bulto que la alcaldesa decidiera irse de vacaciones a Portugal el fin de semana posterior a la tragedia. Y censuran que, a su juicio, el Ayuntamiento esté "echando balones fuera" hacia la Comunidad.
La semana pasada, Aguirre intervino en el comité regional del PP, pidiendo responsabilidades políticas, lo que molestó profundamente al Ayuntamiento. Luego, ante los medios de comunicación, insistió: "Caiga quien caiga". Se le preguntó si eso significaba que podían caer miembros del Gobierno municipal. "Caiga quien caiga", reiteró. El vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, no despierta antipatías en la Comunidad, pero no se puede decir lo mismo del concejal de Economía, Pedro Calvo. De él depende además la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, dueña del pabellón Madrid Arena.
Las declaraciones de Aguirre terminaron en cualquier caso por desquiciar al Ayuntamiento. La firma del hospital de La Princesa, días después, puede haber sido casual, pero desde luego no lo parece. Preguntada al respecto, Cospedal ha dicho esta mañana que no ve un enfrentamiento entre González y Botella. En su opinión, la alcaldesa firmó la petición del hospital "para que se llegue a una solución más satisfactoria para todas las partes". En su opinión, no hay duda de que Botella "respalda" a González, según informa Francesco Manetto.
Preguntada sobre la bicefalia de González y Aguirre, Cospedal ha respondido que la presidenta regional "dijo que dejaría la presidencia del PP de Madrid cuando procediera". Y ha asegurado que "la bicefalia no es una situación extraordinaria" antes de matizar que "no hay un problema de presidencia". "Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero no hay crisis", ha zanjado.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/12/madrid/1352727710_525398.htmlLA SOMBRA DE AGUIRRE CUESTIONA LA CANDIDATURA DE BOTELLA EN 2015
Varias fuentes hablan de una estrategia para debilitar a la alcaldesa de la capital
Alberto Ruiz-Gallardón, perdedor de todas y cada una de sus batallas contra Esperanza Aguirre, quiso arrogarse un último triunfo: cerrarle el paso a la alcaldía —una aspiración con la que la expresidenta regional había coqueteado— cuando él diera su anhelado salto a la política nacional. Contaba para ello con Ana Botella, a la que había mimado y preparado desde 2003 para ese momento. Contaba con que, siendo esposa del expresidente del Gobierno José María Aznar, nadie, ni siquiera Aguirre, se atrevería a moverle la silla. Sabiéndose ya ministro, Gallardón ganó las elecciones municipales en junio de 2011 y dejó la alcaldía en diciembre.
Botella tenía así tres años y medio para ganarse el respaldo popular. Su equipo más cercano era consciente, sin embargo, de que solo sería candidata en 2015 sí, además, evitaba cualquier patinazo. Nadie en el Ayuntamiento consideró que la dimisión de Aguirre el 17 de septiembre fuera una retirada definitiva; apuntaban más bien a un movimiento táctico, marchándose con su capital político intacto para aventuras futuras. Y sus sospechas se reforzaron al no dejar Aguirre la presidencia del PP regional a Ignacio González. Ahora varias fuentes consultadas creen que la falta de respaldo de la dirección del PP regional y de la Comunidad forma parte de una estrategia conjunta para debilitar a la alcaldesa y preparar el camino de Aguirre.
Botella no aspira a presidir el PP regional, o eso dijo tras la retirada de Aguirre. Pero tampoco apoyó expresamente a González para un cargo que Aguirre se resiste a abandonar. Esta "bicefalia no es una situación extraordinaria", dijo ayer Cospedal, que negó "un problema de presidencia" en el PP regional. Eso sí, añadió un aviso a navegantes: "[Aguirre] dijo que dejaría la presidencia del PP de Madrid cuando procediera".
La expresidenta regional, entretanto, presume ante las cámaras de nuevo trabajo como funcionaria en Turismo, pero no abandona la actividad política. Participó en las elecciones gallegas y vascas. Esta tarde dará un mitin ante 400 afiliados del PP en Tarragona, a 12 días de las elecciones catalanas. Explota así el tirón que mantiene en un sector del electorado popular. Pero también se permite poner en evidencia las contradicciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para defender de las críticas del PP nacional (por ejemplo en el euro por receta) la política de González.
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/12/actualidad/1352753082_741142.htmlCONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE LA PRINCESA. FIRMADO, BOTELLA
La alcaldesa, que fue a ver a un amigo a urgencias, apoya la lucha del hospital madrileño
Los trabajadores de la urgencia del hospital de La Princesa no daban crédito. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, entraba el domingo por la noche, hacia las once de la noche, para interesarse por un amigo que había sufrido un percance leve. Los sanitarios, que llevan días en lucha para que la Comunidad dé marcha atrás en su plan de convertir el hospital en un centro especializado en las patologías de los mayores de 75 años, aprovecharon la oportunidad. Abordaron a Botella y le pidieron que firmara en las hojas que llevan días recogiendo en mesas distribuidas por todo el edificio. En la urgencia también hay una, así que solo tuvieron que acercársela unos metros. Y la alcaldesa firmó.
Su nombre no se entiende del todo bien. El de su yerno, Alejandro Agag, en cambio, sí. Un residente de guardia explicó a este diario que no vio a Agag, pero sí a Jaime de Marichalar, que llegó antes que Botella a la sala de espera de traumatología. Según creyó entender, todos formaban parte de un grupo que había salido a cenar y uno de sus miembros había sufrido un percance leve que únicamente necesitó unos puntos de sutura. Otra residente aseguró que lo que había llevado a esta persona a urgencias había sido un atropello en la calle. A la alcaldesa la acompañaban, al menos, tres guardaespaldas, según el primer sanitario.
Los trabajadores y los usuarios de La Princesa consideran que los planes del Gobierno regional para su hospital significan que será desmantelado porque perderá especialidades, capacidad docente e investigadora y sus unidades de referencia. Así que las hojas de firmas piden ayuda para evitar el "desmantelamiento" de La Princesa. Así que Ana Botella se encontró firmando contra una de las iniciativas incluidas en el Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público que el presidente regional, Ignacio González, y el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ambos del PP como ella, presentaron hace unos días.
Ana Botella firmó en la casilla 10 y su yerno, Alejandro Agag, en la anterior.
Las redes sociales no tardaron en hacerse eco del acontecimiento. Un trabajador fotografió con su teléfono móvil a la alcaldesa mientras firmaba; también inmortalizó la hoja de firmas. Las dos instantáneas empezaron a correr por Twitter hacia la medianoche. Enseguida aparecieron hashtags (etiquetas) como #GraciasAlcaldesa y #AnaBotellafirma. La cuenta de las protestas contra la privatización en el hospital de Arganda, @hospitalarganda, escribía: "#Graciasalcaldesa porque queda claro que ni dentro de su partido saben lo que quieren". Una enfermera de La Princesa, @eva7due, preguntaba: "¿Se habrá enterado Ana de que se firma para #NoalcierredelaPrincesa, no? Tengo mis dudas".
Los representantes de los trabajadores se reúnen este lunes con el consejero de Sanidad después de que el día 7 acordaran seguir dialogando con la condición de mantener el carácter asistencial, docente e investigador del centro.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/12/madrid/1352679963_633102.htmlANA BOTELLA PIDE A LA VIRGEN QUE AYUDE A LOS PADRES DE LAS VÍCTIMAS DEL MADRID ARENA
La alcaldesa, que realizó un viaje privado a Portugal en los días posteriores a la tragedia, ha señalado que todos los madrileños han sentido como propio el dolor de sus familias
Tomás Gómez: "Botella tiene que dimitir tras haber mentido"
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha pedido a la Virgen de la Almudena, en la eucaristía que se celebra esta mañana en honor de la patrona de la capital, que ayude a los padres de las cuatro fallecidas en el recinto ferial Madrid Arena a "sobrellevar el dolor de su ausencia".
La alcaldesa, que realizó un viaje privado a Portugal en los días posteriores a la tragedia, ha señalado que todos los madrileños han sentido como propio el dolor de sus familias, "muy especialmente" los que son padres, y ha mostrado su esperanza por el restablecimiento de María Teresa, la joven herida que permanece hospitalizada tras el suceso. Pero además de estos hechos, la alcaldesa se ha referido a las víctimas del terrorismo. "Ruego que veles por España y todos los españoles. Lo hago con la gratitud de todos los que han dado su vida por España y en especial hacia las víctimas del terrorismo y su afán de memoria y justicia que compartimos", ha comentado.
Rouco Varela también ha recordado a las víctimas del suceso que tuvo lugar en Madrid hace poco menos de una semana, "¡Casi unas niñas!", –ha dicho–, y ha urgido a la sociedad madrileña a una "verdadera conversión personal y ciudadana". "La llamada urgente a la conversión debe comenzar por nosotros mismos", ha agregado. Antes la alcaldesa, a los pies de la Virgen, ha subrayado la unidad de los madrileños a la hora de afrontar "los días de tristeza y los tiempos de dificultades", como los que han acontecido tras el suceso.
"Señora –ha continuado–, conocisteis el dolor más profundo que puede sentir el corazón humano, el de la pérdida de un hijo. Sabéis muy bien que es la pérdida de más difícil consuelo. Por eso, hoy os pido que extendáis el manto de vuestra infinita misericordia sobre los padres de Cristina, Katia, Rocío y Belén, y sobre sus familiares y amigos para que les ayudéis a sobrellevar el dolor de su ausencia".
ANA BOTELLA ANUNCIA SONRIENDO QUE “NO” PIENSA DIMITIR Y QUE SU VIAJE A PORTUGAL ES “MI VIDA PRIVADA”
La alcaldesa de Madrid ha anunciado comisión de investigación, que se establecerá en un pleno extraordinario del Ayuntamiento a celebrar el próximo día 16 de noviembre. Una "investigación -ha dicho recalcando las palabras- sin precipitaciones y con total rigurosidad". Pero no ha mostrado ni la más mínima intención de dimitir, ni arrepentimiento de haber viajado este fin de semana dos veces a Portugal para poder seguir disfrutando de su puente, a pesar de la tragedia del Madrid Arenas que costó la vida a 4 jóvenes, aunque 'precipitada', la alcaldesa habló de tres.
“¿Piensa dimitir?”, le preguntó una periodista a Ana Botella tan pronto dio ocasión a que se le hicieran pregunta. “No”, contestó con una sonrisa llena de contenidos, pero sin añadir ni una palabra más. Después se le preguntó de varias formas, como si se le ofrecieran puertas para mostrar cierta autocrítica, por su viaje de ida y vuelta en dos ocasiones a Portugal, a un hotel-spa de lujo y se mostró igual de concisa y contundente: no se arrepentía.
“El resto es mi vida privada”
“Estuve trabajando en el despacho el viernes -comenzó a decir-, estuve con la familia de Belén (una de las víctimas) el domingo, y el resto es mi vida privada…”. Eso dijo la alcaldesa a la primera ocasión que se le dio para disculparse por su ‘escapada’ en medio de la crítica situación que vive el Ayuntamiento desde los sucesos del Madrid Arena.
La contestación no varió mucho en las siguientes intervenciones. “No dejé de pensar en lo sucedido en ningún momento”, intentó justificar la alcaldesa una de las veces, a la hora de explicar su estadía en el hotel-spa con lo que dejaba detrás, y luego insistió “desde el primer momento no he dejado de pensar de los sucesos del Madrid Arena ni un solo minuto”. Y aún al final de la rueda de prensa, sin borrar su gesto irónico ante la reiteración de la pregunta para que justificara en medio de la crisis su escapada de asueto a una residencia de lujo, insistía: “procuro pensar en las cosas que me ocupan en cualquier lugar”.
“Exigiré hasta la última responsabilidad”
La alcaldesa anunció, eso sí de manera mucho más prolija, que se abrirá una investigación para determinar si hubo negligencia en los suscesos del Madrid Arena “sin miedo a la verdad”. Una comisión que, ha dicho, se constituirá el próximo 16 de noviembre, para que se realice a fondo, pero, ha recalcado “sin precipitaciones y con total rigurosidad”.
Antes, Ana Botella había dicho que ha encargado también que en su Ayuntamiento se abra una investigación interna que, aunque partiendo del presupuesto de “la honestidad de funcionarios y cargos públicos” sea profunda y tenga consecuencias: “exigiré -ha dicho la alcaldesa- hasta la última responsabilidad que corresponda”. En la exigencia de esas responsabilidades, como luego aclaró, no se incluye a sí misma. Eso sí, también dijo que “yo de momento, no pienso cesar a nadie”.
Cerrados Palacio de Congresos y Palacio de Cristal
En medio de esta crisis, la alcaldesa anunció la existencia de un estudio encargado por uno de los más afectados por la crisis del Madrid Arena, el concejal de Economía, Pedro Calvo. Un estudio que les ha llevado a decidir el cierre de dos de los espacios públicos más utilizados de Madrid, el Palacio Municipal de Congresos, del Campo de las Naciones, y el Palacio de Cristal, situado en la Casa de Campo.
http://www.elplural.com/2012/11/08/ana-botella-anuncia-sonriendo-que-no-piensa-dimitir-y-que-su-viaje-a-portugal-es-mi-vida-privada/
BOTELLA SE FUE DOS VECES A PORTUGAL TRAS LA TRAGEDIA DEL MADRID ARENA
Ana Botella viajó en dos ocasiones a Portugal tras la tragedia en el Madrid Arena, en la que murieron cuatro jóvenes y una de ellas se encuentra en estado crítico. La primera, horas después del siniestro. No se trataba de un fin de semana, sino de un puente familiar que decidió no suspender a pesar de los acontecimientos que marcaron la noche de Halloween.
Fue el jueves, horas después de la tragedia y tras acudir al Instituto Anatómico forense, cuando la alcaldesa de Madrid ponía rumbo a Portugal por primera vez. No obstante, los acontecimientos la obligaron a regresar a España el viernes para ofrecer una rueda de prensa en la que daba detalles del suceso.
Aseguraba que "nunca" se volvería a "ceder ningún edificio del Ayuntamiento para este tipo de eventos" y mostraba la total disposición del Consistorio a colaborar en la investigación. También afirmaba que el Ayuntamiento se personaría como acusación particular si se demostraba que la empresa organizadora de la fiesta cometió irregularidades.
El sábado, como han recogido muchos medios, la alcaldesa viajaba a Portugal. Era la segunda vez en 48 horas.
Un día más tarde, ponía fin a su estancia en el país vecino y regresaba de nuevo a la capital española para acudir al Tanatorio San Isidro con el objetivo de asistir al velatorio de una de las jóvenes fallecidas en el suceso, Belén Langdon.
Durante su estancia en Portugal, Botella se hospedó junto a su marido, el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, en el exclusivo hotel Spa&Golf Penha Longa, en el parque natural de Sintra, según avanzó economiadigital.es.
Este establecimiento de lujo, frecuentado por la élite empresarial y política de nuestro país, dispone de un complejo de aguas termales y dos campos de golf, uno de ellos homologado para competiciones oficiales. Además, en sus instalaciones cuenta con el mejor restaurante asiático de Portugal, según la crítica especializada, y un establecimiento dirigido por el cocinero Sergi Arola.
La alcaldesa apela a su 'vida privada'
A las 19.20 horas de la tarde de este martes, un portavoz de la alcaldesa resolvió el asunto al decir que "se la pudo ver el jueves, el viernes y el domingo y que el resto del tiempo forma parte de su vida privada. No tengo nada más que decir", concluyó.
Irregularidades en el Madrid Arena
Hasta el momento se han conocido varias posibles irregularidades, como que el Pabellón Madrid Arena no tenía licencia de funcionamiento al detectarse graves fallos de seguridad en 2010 o que la empresa Madrid Espacios y Congresos, que preside el concejal Pedro Calvo, no podía contratar con el promotor de la fiesta ya que su empresa tenía deudas con la Seguridad Social, algo que el Ayuntamiento niega.
Ayer, en su primera comparecencia tras el fin de semana, la alcaldesa salió en defensa de su vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, que, según admitió él mismo, tenía una relación de "conocimiento" con Miguel Angel Flores, el dueño de Diviertt, la empresa que organizó la fiesta.
El propio vicealcalde admitía ayer a este periódico que celebró varios cumpleaños en discotecas del conocido empresario, pero subrayó que pagó todas las facturas.
La ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado que desconocía el viaje de Botella y ha añadido a continuación: "no me parece ningún delito ir a Portugal, la verdad". Asimismo, ha pedido que se depuren responsabilidades "caiga quien caiga".
Por su parte, el portavoz municipal de UPyD, David Ortega, ha mandado una carta a la alcaldesa en la le pide la dimisión de la delegada de Urbanismo, Paz González; el delegado de Economía, Pedro Calvo, y el vicealcalde, por hacer caso omiso al informe de Urbanismo que alertaba en 2010 de graves deficiencias en el pabellón. Los 'magenta' piden que renuncien a su cargo porque ellos fueron responsables de Madrid Espacios y Congresos. Mientras, el portavoz del PSM en la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, criticó que cinco días después de la tragedia "todavía no se ha producido ninguna dimisión ni ninguna detención", informa Efe.
Concentración frente al Ayuntamiento
Entretanto, amigos de las víctimas de la fiesta han convocado una concentración a través de la red social 'twitter' en apoyo a los familiares de las cuatro fallecidas. La concentración está prevista que tenga lugar este jueves de 20 a 21 horas en la Plaza de Cibeles y los asistentes están llamados a hacer una sentada frente a la sede del Consistorio.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/06/madrid/1352203864.html?cid=GNEW970103
LA POLICÍA CONFIRMA EL “EXCESO DE AFORO” EN LA FIESTA DEL MADRID ARENA
El atestado del incidente enviado al juez ratifica la hipótesis de que cientos de personas se colaron al evento
La policía ha informado al juez de que había “exceso de aforo” en la fiesta de Halloween del Madrid Arena en la que fallecieron cuatro jóvenes en una avalancha tras el estallido de un petardo o bengala. Así consta en el atestado policial sobre el siniestro que la policía ha enviado al juez que investiga el caso, Eduardo López Palop, según han informado a EL PAIS fuentes policiales. La empresa Diviertt, que organizaba el evento Thriller Music Park, afirmó haber vendido 7.000 entradas, mientras que el Ayuntamiento de Madrid las cifró en 9.600 al día siguiente de la tragedia. El Madrid Arena, un pabellón polivalente, tiene aforo para 10.600.
El atestado policial confirma pues las primeras hipótesis, las de que un exceso de personas –la policía ya declaró que cientos de personas se colaron-, sumado a la afluencia masiva a la pista central para presenciar la actuación del DJ Steve Aoki, estrella de la noche, así como el estallido de una bengala o un petardo, causaron un tapón humano en uno de los pasillos de acceso a la pista. Montonera en la que quedaron atrapadas Cristina Arce, Katia Esteban, Belén Langdon y Rocío Oña, las cuatro fallecidas en la tragedia, y María Teresa Alonso, que permanece en estado grave.
Las primeras investigaciones policiales ya apuntaban a que la actuación de Aoki provocó una afluencia masiva hacia la pista central que contribuyó a colapsar el mencionado pasillo. Ya unos días después, tras visionar los vídeos de la sala, los agentes concluyeron que, independientemente de la venta de entradas, cientos de personas se habían colado a la fiesta, pese a los controles en el exterior del recinto por el personal de la empresa Dator. Cientos de jóvenes, que hacían botellón en el exterior, en la Casa de Campo, desbordaron la seguridad exterior para no perderse la actuación de uno de los Dj mejor pagados del mundo. Su movimiento de entrada coincidió en el pasillo con el de salida de los que no tenían tanto interés en el pichadiscos. Finalmente, el estallido de una bengala o petardo pudo provocar una marea adicional que derivó en el tapón en el que murieron aplastadas las cuatro jóvenes.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/07/madrid/1352278233_646079.html
EL MADRID ARENA NO ARREGLÓ LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS POR URBANISMO
Urbanismo defiende que se adecúa a la normativa de 2001
El Ayuntamiento de Madrid insiste día tras día en que el pabellón Madrid Arena no precisa de licencia para acoger eventos deportivos, conciertos, o fiestas multitudinarias como la que el pasado 31 de octubre costó la vida a cuatro adolescentes. Según el concejal de Economía, Pedro Calvo, “los edificios municipales no requieren de licencia urbanística, en virtud del artículo 151 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid”. Dicha norma obliga sin embargo al Ayuntamiento a cumplir “los mismos requisitos” que si la necesitase. Y, de acuerdo con un informe de los propios técnicos municipales de Urbanismo, elaborado en 2010, no solo no los cumple sino que además presenta graves deficiencias de seguridad, entre otras, en los pasillos de salida donde sucedió la tragedia.
Por eso, cuando el Ayuntamiento solicitó la licencia en octubre de 2009 para poder privatizar el recinto, le fue denegada. Desistió en abril de 2010, pero el pabellón siguió funcionando pese a conocerse esos fallos de seguridad.
Ahora, el gobierno municipal presidido por Ana Botella (Partido Popular) insiste en que la licencia no es necesaria. EL PAÍS publicó hoy en su edición de papel que un técnico de Urbanismo intentó cambiar la calificación del expediente para que no apareciera el término "petición de licencia" por ningún lado y se sustituyera por "consulta urbanística especial". Ese trámite se hizo, pero no un día después de la tragedia, como había informado hoy EL PAÍS, sino en 2009, cuando se inició el expediente.
El informe por el cual le fue denegada la licencia señalaba una larga lista de “deficiencias concretas” de seguridad. El pabellón era inaccesible para los camiones de bomberos. Los recorridos de evacuación de la pista y la grada media eran insuficientes y había que habilitar “al menos otro acceso más opuesto y alejado del principal y único en cada uno de estos niveles”. Los detectores de incendios estaban a demasiada altura y eran insuficientes. Las barras y asientos eran de madera contrachapada, lo que alimentaría un posible incendio. Las gradas bloquean “casi todas” las salidas de emergencia si se despliegan a nivel de pista, tal y como ha ordenado la alcaldesa hacer.
La explicación del Ayuntamiento la ofreció Paz González, que ahora es concejal de Urbanismo y en el momento de emitirse el informe lo era de Obras, teniendo a su cargo la empresa Madrid Espacios y Congresos, gestora del pabellón. Según dijo este lunes, el recinto cumple la norma vigente en 2001, cuando se construyó. Apeló pues al “principio general de derecho” que establece que “las normas no se pueden aplicar retroactivamente”, para justificar que el pabellón no se ajustara a la ley al hacerse el informe.
¿Por qué no se corrigieron las deficiencias de seguridad una vez detectadas y plasmadas en un documento técnico? “Si tuviéramos que hacer adaptaciones permanentes, estaríamos de obras permanentemente en todos los edificios púbicos y privados, y habría que demoler la mitad de ellos”.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, pidió una investigación “muy rigurosa” y “lo más rápido posible” para establecer responsabilidades sobre la tragedia, recordando que la ley “es igual para todos”. En 2010 era alcalde el ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Prácticamente toda su plana mayor estaba en el Consejo de Administración de Madrid Espacios y Congresos, que presidía el exdiputado regional Luis Blázquez. Sin embargo, varios exmiembros del consejo, alguno incluso de la oposición, han negado que el informe fuera discutido en ese órgano.
Este lunes, Botella respaldó e hizo suya la gestión de la crisis por parte del vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, que actúa como su “portavoz y coordinador”. El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, exigió por su parte que el Ayuntamiento convoque un pleno extraordinario de inmediato para aprobar la comisión de investigación que él pidió y Botella admitió el viernes. Añadió que el Grupo Municipal Socialista se personará como acusación particular para “llegar hasta el fondo”.
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/05/actualidad/1352153203_399932.html
EL AYUNTAMIENTO SABÍA DESDE 2010 LOS FALLOS DE SEGURIDAD DEL MADRID ARENA
Tramitó la licencia tras ocho años de actividad y siguió en uso, pese a serle denegada
El pabellón tampoco cumplía la normativa nacional contra incendios
El Ayuntamiento de Madrid, regido por Ana Botella (PP), dijo el sábado que el pabellón municipal Madrid Arena no precisaba de licencia de funcionamiento para la celebración de conciertos y macrofiestas como la que terminó con la muerte de cuatro jóvenes el pasado 31 de octubre. Pero la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, gestora del recinto, y cuyo presidente es ahora el edil de Economía, Pedro Calvo, inició en noviembre de 2009 un procedimiento para obtener licencia ante el área municipal de Urbanismo. Entonces era alcalde el ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP). El Ayuntamiento lo achaca a que, por entonces, pretendía privatizar el pabellón.
Pocos meses después desistió, ante las objeciones presentadas por la dirección general de Ejecución y Control de la Edificación, dependiente de Urbanismo, que detectó una larga serie de gravísimas deficiencias que comprometían la seguridad e impedían que pudiera obtener dicha licencia. Entre ellas, que los pasillos para salir de la pista a la calle, donde murieron las cuatro jóvenes aplastadas por un agolpamiento súbito de gente, eran insuficientes. Pese a ello, el Madrid Arena siguió funcionando.
Entre 2002 y 2012 ha organizado cientos de eventos deportivos, musicales y de ocio, con la asistencia de hasta 11.000 personas en los más multitudinarios. Según el concejal Pedro Calvo, sin que se produjera ningún incidente. Hasta el 31 de octubre.
Lissavetzky pide cuentas
El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, pidió el viernes una comisión de investigación que la alcaldesa, Ana Botella (PP), ha aceptado. Lissavetzky quiere “dilucidar cuál es la responsabilidad jurídica y política del Ayuntamiento”.
Para ello, ha pedido a la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos las licencias urbanística y de actividad del Madrid Arena; su plan de seguridad y el de los organizadores; el contrato de arrendamiento con estos, y la certificación de que estaban al corriente de pago en sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social; la autorización regional; y los informes policiales.
Lissavetzky solicita esa documentación “a poder ser antes del 7 de noviembre”, porque ese día se reúne el consejo de Madrid Espacios y Congresos, del que depende el recinto, y “todo el mundo pedirá explicaciones”.
“Creo que cada uno debe responsabilizarse de su gestión, y no simplemente prohibir las macrofiestas”, concluye Lissavetzky, en referencia a una decisión, anunciada por Botella, que tampoco secundan la Comunidad de Madrid y otras grandes ciudades.
Un informe de la Policía Nacional conocido tras la tragedia pero fechado el 4 de diciembre de 2006 denunciaba ya que el pabellón carecía de licencia de funcionamiento. Y concluía: “Lleva funcionado más de cuatro años y en él se han venido celebrando espectáculos musicales, deportivos, exposiciones, etcétera, con lo que resulta impensable que se estuvieran efectuando sin licencia municipal de funcionamiento”.
El concejal Pedro Calvo explicó el sábado que “los edificios municipales no requieren de licencia urbanística, en virtud del artículo 151 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, y al artículo 4.e de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas”. El citado artículo 151 se refiere expresamente a “actos de uso del suelo, construcción y edificación”; en esos casos, exime al Ayuntamiento de licencia urbanística, aunque lo obliga a cumplir “los mismos requisitos”. Es decir, aunque no requiera de licencia, debería poder obtenerla en caso de solicitarla.
Calvo entiende que la licencia de funcionamiento (que exige certificados de seguridad y protección contra incendios) entra dentro de este apartado, y el Ayuntamiento está exento. Sin embargo, Madrid Espacios y Congresos, dependiente del área municipal de Economía, sí pidió esa licencia para el pabellón ante la Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación, dependiente del área municipal de Urbanismo.
Lo hizo el 30 de octubre de 2009, cuando el recinto llevaba en uso más de siete años, seis de ellos con Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde. Esa petición se hizo “de conformidad con lo dispuesto” en la propia ordenanza municipal de licencias, según la documentación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
El área de Urbanismo estudió la solicitud “para informe de seguridad para la posible instalación de varias actividades en el pabellón”, pese a que reconocer que “el edificio se encuentra terminado y funcionando”. Y dictaminó el 10 de marzo de 2010 que el recinto “no se ajusta” a lo exigido por la ordenanza de licencias. Es decir, que no cumple los requisitos de seguridad. Aparte de denunciar una abultada falta de documentación y planos, Urbanismo señala “deficiencias concretas” de seguridad. Así, el edificio incumplía el Código Técnico de Edificación, entre otros motivos porque resulta inaccesible para los camiones de bomberos. Además, considera que los recorridos de evacuación de la pista, donde murieron las cuatro jóvenes, y de la grada intermedia son insuficientes a menos que se habilite “al menos otro acceso más opuesto y alejado respecto al principal y único en cada uno de estos niveles”.
Detecta fallos en la ventilación, en caso de que hubiera humo por un incendio; que el material del que están hechos los asientos (madera contrachapada) “no es reglamentario” porque alimentaría un hipotético fuego (también lo harían las barras de la pista y la grada intermedia); y que los sistemas de detección de incendios son “insuficientes” porque están en el techo, “demasiado altos” para resultar útiles.
La alcaldesa, Ana Botella, anunció el viernes que prohibía realizar en el pabellón Madrid Arena (y el resto de recintos municipales) cualquier tipo de concierto o evento en el que todo el público no esté sentado. Pues bien, el informe de Urbanismo señala que, en ese caso, es decir, con las gradas desplegadas en la pista, se bloquean “casi todas” las salidas de evacuación, lo que, en caso de emergencia, obligaría al público a huir hacia arriba, saltando sobre sus asientos, dado que tampoco los pasillos entre butacas cumplen la normativa.
Madrid Espacios y Congresos recibió el informe el 11 de marzo de 2010. Pidió más tiempo para estudiarlo, pero no respondió en plazo. Por tanto, Urbanismo concluyó el 19 de abril de 2010 que la empresa municipal “desistía en su petición de licencia”. El 28 de abril, Madrid Espacios y Congresos aportó nueva documentación a Urbanismo, que consideró que “persistían parte de las deficiencias señaladas” en cuanto a falta de papeles y planos. Dio por cerrado definitivamente en mayo el expediente al considerar que la empresa municipal había desistido en su solicitud de licencia. El Madrid Arena siguió funcionando.
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/04/actualidad/1352060543_423950.html
