ANA BOTELLA Y LOS FONDOS BUITRES AMIGOS
El Ayuntamiento rechaza recurrir la sentencia que absuelve a Botella por la venta de vivienda pública
Más Madrid y PSOE denuncian los lazos con la exalcaldesa de una de los dos consejeros que han revocado una sentencia anterior
El Tribunal de Cuentas ha revocado la condena del pasado 27 de diciembre a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y siete ex altos cargos del Ayuntamiento por vender 1.860 viviendas públicas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a dos fondos buitre en 2013. El Ayuntamiento, encabezado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida (PP), ha descartado recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, como le han pedido Más Madrid y PSOE. Los dos partidos denuncian además los lazos con la exalcaldesa de una de los dos consejeros que han votado a favor de exculpar al anterior equipo municipal del PP.
“Parece evidente que cuando los procesos penales han sido archivados, cuando la Fiscalía también se ha adherido a desestimar este asunto y cuando el propio Tribunal de Cuentas ha dictado esta sentencia revocatoria, no parece que tenga mucho sentido recurrir”, ha afirmado en una comparecencia ante la prensa la portavoz municipal, Inmaculada Sanz. Según la concejal, la sentencia “deja claro que existió un concurso público, que había una serie de informes, entre ellos el de la Intervención, que avalaba ese proceso”, como ha defendido su grupo municipal en los últimos años.
El fallo de diciembre condenó a Botella y a parte de su equipo a pagar 25,7 millones de euros por el perjuicio realizado a la Hacienda Pública, al considerarles “responsable directo”. Ahora una instancia superior del mismo tribunal, ante el que los condenados presentaron un recurso, da marcha atrás en una decisión que han tomado tres consejeros, dos a favor, del PP, y uno en contra, del PSOE.
Fue el gobierno de Manuela Carmena quien presentó la demanda en noviembre de 2017, al entender que la venta de las viviendas había causado un perjuicio de 127 millones al Ayuntamiento. Ante la decisión del tribunal solo cabe recurso de amparo ante el Supremo, que debería presentar el demandante, es decir, el gobierno municipal de PP y Ciudadanos, encabezado por José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, de quien depende la EMVS.
Rita Maestre, portavoz de Ahora Madrid, considera "vergonzosa" la decisión judicial. Según la concejala, la consejera del PP Margarita Mariscal de Gante —exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, marido de Ana Botella— debería haberse inhibido del caso, como hizo en el pasado una consejera que conocía a Marta Higueras, ex número dos de Carmena y responsable de la EMVS. "Es evidente que la exministra de Aznar no puede juzgar a Botella", ha señalado Maestre, que expera que "el gobierno del Ayuntamiento y la EMVS velen por los intereses de los madrileños y presenten un recurso de casación, cosa que deben y pueden hacer".
El PSOE se manifiesta en la misma línea. "Lamentamos esta sentencia", dice la concejal Mercedes González, que asegura que la esperaban "teniendo en cuenta que la sala de enjuiciamiento está presidida por una exministra de Aznar, que creemos que debería haberse abstenido de participar en la deliberación y en el fallo de esta sentencia, no solo porque fue ministra de Aznar, marido de Ana Botella, sino también por su conocida amistad con un consejero del Tribunal de Cuentas, llamado Manuel Aznar, cuñado a la sazón de Ana Botella".
González afirma que "los hechos están más que probados" y "son incuestionables". "Pedimos tanto a la EMVS, que es la única que puede recurrir, como a la Fiscalía, que vayan al Supremo para recurrir en casación ya que es el máximo garante del Estado de derecho en nuestro país", añade la concejal. "Es un perjuicio que consideramos que el Ayuntamiento debe recurrir esté quien esté y gobierne quien gobierne", por el daño económico generado que considera que se debe resarcir.https://elpais.com/ccaa/2019/07/17/madrid/1563374060_383951.html
El Tribunal de Cuentas revoca la condena a Ana Botella por la venta masiva de pisos protegidos a ‘fondos buitre’
La absolución, por dos votos contra uno, la firman dos consejeros propuestos por el PP, entre ellos la exministra de Aznar Margarita Mariscal de Gante
La Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha revocado una sentencia condenatoria anterior y absuelve por tanto a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella (PP) y a siete miembros de su equipo por la venta en 2013 a fondos buitre de 5.315 inmuebles de protección pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Entre los inmuebles enajenados había 1.860 viviendas ocupadas por familias necesitadas. La sentencia ahora revocada condenaba a los acusados a abonar solidariamente de sus bolsillos 22,7 millones de euros.
El consejero que ha votado en contra de la absolución, Felipe García, sostiene que hay responsabilidad contable en la operación de la EMVS
La resolución ha sido adoptada por dos votos contra uno de los tres miembros que conforman la citada sala. Los dos consejeros que suman mayoría y que han votado a favor de la absolución son Margarita Mariscal de Gante —exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, marido de Ana Botella— y José Manuel Suárez Robledano. Ambos fueron nombrados consejeros del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP, que en la misma tanda también nombró consejero a Manuel Aznar, cuñado de Botella y muy amigo de Mariscal de Gante.
El consejero que ha votado en contra de la absolución y que ha formulado un voto discrepante es Felipe García Ortiz, propuesto por el PSOE y que fue presidente de esta sección hasta hace un año. Sostiene que hubo irregularidades y responsabilidad contable en la venta de estas casas protegidas y hace especial hincapié en el aspecto social de esta operación y sus efectos perniciosos. Muchos inquilinos tuvieron que marcharse de ellas al subirle los precios del alquiler los nuevos propietarios, fondos de inversión extranjeros.
La sentencia, hecha pública este miércoles, revoca otra de la primera instancia del Tribunal de Cuentas dictada el pasado 27 de diciembre por la consejera María Antonia Lozano (propuesta por el PSOE) y que condenó a Botella y a los citados miembros de su equipo a devolver en conjunto 22,7 millones por haber realizado la operación saltándose el procedimiento (con "opacidad", "sin concurrencia" de otros interesados y "por debajo del precio de mercado"). También fueron condenados en el marco de esta operación por pagos "no justificados" a la UTE Ítaca Desarrollos Urbanos y Promociones y Desarrollos Creaciona, y por la "bajada injustificada del precio previamente pactado entre la EMVS y las empresas que adquirieron las 18 promociones de viviendas y otros inmuebles".
Estas promociones pertenecían a la EMVS, dependiente del Ayuntamiento de Madrid. La demanda ante el Tribunal de Cuentas por esta operación fue presentada en noviembre de 2017 por el Ayuntamiento de Madrid, entonces gobernado por Ahora Madrid. La presentó la entonces teniente de alcalde del Consistorio, Marta Higueras, mano derecha de Manuela Carmena, al entender que esta operación había ocasionado un perjuicio de 127 millones a las arcas municipales, sin contar los graves perjuicios causados a las familias que ocupaban tales inmuebles. Al llegar Carmena al Ayuntamiento en 2015 había tratado de anular la operación, pero legalmente no pudo. Fue cuando se decidió denunciar la situación ante el Tribunal de Cuentas.
Frente a la decisión de la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas solo cabe recurso ante el Tribunal Supremo
El fallo de primera instancia consideró que los implicados fueron responsables contables de los hechos porque eludieron "la normativa de derecho público aplicable a operaciones en las que intervinieron y provocaron una salida de fondos indebida y una venta de patrimonio público a precio injustificadamente reducido".
Tras la sentencia condenatoria, Botella y los demás afectados presentaron un recurso ante la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, órgano superior a la consejera Lozano. Y ahora han quedado absueltos. Frente a la decisión exculpatoria de la Sala de Enjuiciamiento solo cabe recurso ante el Tribunal Supremo. El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, no vio responsabilidad contable (perjuicio al erario público) en la operación y no se adhirió en su momento a la demanda del Gobierno municipal de Carmena.
El voto particular ve una clara responsabilidad contable en el descuento de algo más de dos millones que el Ayuntamiento rebajó del precio final y a última hora
El fiscal es el único que, en su caso, puede recurrir la absolución ante el Supremo. No es previsible que lo haga el actual Consistorio ya que, tras las últimas elecciones, este ha vuelto a las manos del PP, partido al que pertenecen los implicados y que gobierna en coalición con Ciudadanos.
En quiebra
Los dos consejeros propuestos por el PP que se han decantado por la absolución sostienen que la venta de las viviendas se atuvo a la legalidad ya que la EMVS se hallaba en quiebra y carecía de recursos para ser gestionada, y añaden que la tasación que configuró el precio de venta era correcta dada la crisis que vivía España en ese momento.
El consejero Felipe García, en su voto particular, entiende que sí existió responsabilidad contable en esta operación y que Botella, aunque no participase directamente en la decisión, era la máxima responsable de la EMVS y no fue ajena al acuerdo de enajenación de esas viviendas protegidas. También destaca que, dada la envergadura de la operación, debieron realizarse varias tasaciones, y no solo la que figura en el expediente. Y añade que, si bien es difícil dictaminar si el precio global de las viviendas se ajustó o no a los de mercado, existe una clara responsabilidad contable en el descuento de algo más de dos millones que el Ayuntamiento rebajó del precio final a última hora.
Tal descuento se hizo sin ninguna justificación ni motivación, expone García en su voto particular. También observa responsabilidad contable en otra rebaja "injustificada" de algo más de un millón de euros que hizo la EMVS a los fondos buitre por la venta, a un precio inferior al que constaba en el catastro, de otra partida de 34 casas, estas de precio libre.
Los inicialmente condenados y ahora absueltos son, aparte de Botella: Fermín Oslé, consejero delegado de la EMVS y principal implicado en la operación; cuatro miembros del equipo de Botella que estaban en la Junta de Accionistas de la EMVS —Concepción Dancausa (que luego fue delegada del Gobierno en Madrid), Paz González, Enrique Núñez y Diego Sanjuanbenito—; y dos exaltos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid vinculados a la EMVS: Dolores Navarro y Pedro del Corral, acusados de negligencia grave por permitir la venta de los inmuebles.
La sentencia condenatoria estimó probado que se vendieron 18 promociones de vivienda pública —en total, 5.315 inmuebles (incluidos garajes, otros locales y 1.860 viviendas)— por 128 millones de euros al fondo de inversión Fidere, del grupo Blackstone, operación que se hizo mediante un procedimiento ilegal. El Ayuntamiento de Carmena aportó informes que, en cambio, cifraban en 249 millones el precio de los inmuebles enajenados.https://elpais.com/politica/2019/07/17/actualidad/1563319874_469890.html
Botella y 7 excargos de Madrid, condenados a pagar 26 millones por malvender pisos públicos a fondos buitres
La sentencia del Tribunal de Cuentas, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, condena a ocho miembros del equipo de la exalcaldesa del PP por vender por debajo del precio de mercado
La exalcaldesa de Madrid Ana Botella (Partido Popular) fue “responsable directo” de que, en octubre de 2013, el Ayuntamiento de Madrid vendiese por debajo de precio de mercado un total de 18 promociones inmobiliarias, donde había 1.860 viviendas públicas, a dos fondos buitre. Ambas empresas formaban parte del conglomerado de Blackstone, el mayor casero de España. La operación, según el dictamen de 90 páginas al que ha tenido acceso EL PAÍS, se hizo dando información privilegiada a los fondos, “sin pliegos, sin concurrencia, y sin realizar una tasación inicial”. “El precio de venta de todos estos inmuebles fue inferior al mínimo jurídicamente exigible”, concluye la sentencia, firmada el 27 de diciembre de 2018 por la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas y que condena, además de a Botella, a otros siete miembros de su equipo a abonar en total 25,7 millones de euros por el perjuicio realizado a la Hacienda Pública.
La resolución hace referencia a la venta de 18 promociones inmobiliarias (un total de 5.315 inmuebles, incluyendo garajes, trasteros y otros locales), que fueron vendidos por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en octubre de 2013 al grupo Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone. El Consistorio vendió todos los inmuebles por 128.500.000, un precio que el Tribunal de Cuentas no solo considera por debajo del mercado sino que también provocó “un menoscabo injustificado en el patrimonio público” de más de 22 millones de euros, pues las viviendas, según estima el Tribunal, se podían haber vendido por un total de 151.211.518 euros.
Además del perjuicio económico por haber realizado una venta a la baja, el Tribunal identifica otras irregularidades en la operación, como la ausencia de pliegos y de estudios técnicos, así como que en los concursos no se garantizó la libre participación. En definitiva, concluye que eran procesos ideados para que hubiera un beneficiado.
Tras analizar los datos, el Tribunal sentencia que tanto Botella como otros siete integrantes de su equipo cuando era alcaldesa de Madrid son responsables directos del perjuicio generado. Los condenados, además de la exalcaldesa Botella, son Fermín Oslé, exconsejero delegado del EMVS; Concepción Dancausa, exdelegada del Gobierno en Madrid; Diego Sanjuanbenito, actual viceconsejero de la Comunidad de Madrid; Pedro Corral, actual concejal municipal del PP; María Dolores Navarro Rey, concejal de Transparencia en Torrejón de Ardoz; José Enrique Núñez, que ejerce ahora de viceconsejero de Justicia en el Gobierno regional, liderado por Ángel Garrido; y Paz González, exconcejal de Urbanismo y Vivienda. Tres de los condenados ostentan actualmente cargos públicos.
Aunque la sentencia aún se puede recurrir (el tribunal da un plazo de 15 días), todos ellos han sido condenados a pagar 22.711.518 euros (unos 2,8 millones de euros cada uno) debido a que los responsables municipales eran a la vez "integrantes de la junta de accionistas de la EMVS", al ser esta una empresa mixta. A Fermín Oslé, que ostentaba el cargo de consejero delegado de la EMVS cuando se realizó la venta, el Tribunal le condena además a abonar otros tres millones de euros.
Desde la EMVS confirman que la resolución es el resultado de la denuncia por el agravio financiero, pero avisan: "Esta sentencia es solo por el delito contable, pero hay otras dos vías abiertas: la penal y la administrativa". La vía administrativa busca la nulidad de la venta realizada ya que, en base a las pruebas aportadas, fue fraudulenta.
La sentencia es el resultado de una demanda que el Ayuntamiento presentó en 2017, después de que la Cámara de Cuentas alertara en 2016 sobre las irregularidades que habían identificado en la venta. La Cámara determinó que muchos inquilinos de estas casas tenían derecho a opción de compra, pero al venderlas en bloque se les impidió ejercerlo: “La EMSV les negó la condición de interesados". La Cámara de Cuentas también consideró que, aunque la EMVS es una sociedad mercantil de titularidad municipal de gestión privada, dado su fin social y carácter público está sujeta a una normativa diferente a las empresas estrictamente privadas. Por su parte, el Consistorio reclamaba un daño patrimonial, por estas operaciones, superior a los 55 millones de euros. En esa demanda, el Ayuntamiento reclamaba la restitución en la caja municipal tras la venta realizada en octubre de 2013.
Botella recurrirá
La exalcadesa Ana Botella y los miembros de su equipo condenados por el Tribunal de Cuentas han anunciado que recurrirán la condena. Desde el PP han indicado que el anterior equipo municipal "no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas", solo "en su calidad de Junta General de Accionistas de la citada mercantil" y que su función fue la de ratificar el plan de viabilidad aprobado por el Consejo de Administración de la EMVS.
En esa época, han recordado los populares, la EMVS, con cerca de 700 empleados, atravesaba una situación complicada debido a la crisis económica y acumulaba una deuda de más de 600 millones de euros: "Si no cumplía lo establecido en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local debía aprobar un plan de viabilidad o liquidarse, lo que hubiese supuesto el despido de sus trabajadores".https://elpais.com/politica/2018/12/28/actualidad/1545982331_650044.html
LA VENTA A UN FONDO BUITRE DE MILES DE CASAS PROTEGIDAS FUE ILEGAL
Un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid destapa un "quebranto económico" y graves irregularidades en la entrega a Blackstone de 1.860 viviendas municipales
La venta a un fondo buitre (el grupo Magic Real State/Blackstone) de 1.860 viviendas que el Ayuntamiento de Madrid tenía mayoritariamente alquiladas a familias con escasos recursos presenta graves irregularidades. Información privilegiada, ausencia de concurrencia y publicidad, falta de transparencia y un “quebranto” millonario para las arcas municipales constituyen solo una parte de las presuntas ilegalidades halladas por la Cámara de Cuentas de Madrid en una operación que, desde que se consumó en 2013, tiene en pie de guerra a los inquilinos con su nuevo casero, que ha desahuciado a varias decenas de familias que no han podido afrontar las nuevas condiciones impuestas.
El informe, preliminar y sometido a alegaciones, elaborado por el órgano fiscalizador de las entidades públicas madrileñas y al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla una decena de irregularidades en la venta de estas casas por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). La operación se cerró por 128,5 millones, unos 32 millones menos de lo que, según estudios que poseía el Consistorio, valían esos inmuebles, siempre según el informe. Sin justificación fehaciente alguna, y saltándose además el procedimiento, el Ayuntamiento, gobernado entonces por la alcaldesa Ana Botella, rebajó el precio de adjudicación inicial (127,5 millones) en casi más de dos tras alegar los compradores que la morosidad en los pagos del alquiler era superior a la indicada por el municipio; y, además, en el mismo lote, le escrituró por tres millones otros 89 inmuebles (garajes, locales y trasteros) a pesar de que once de ellos se introdujeron a última hora en la operación y no figuraban en la relación de bienes pactadas inicialmente. La entonces concejal de Urbanismo, Paz Fernández, hoy retirada de la política, ha declinado pronunciarse sobre este asunto hasta que el informe sea definitivo, y eludió facilitar las alegaciones que ha presentado ante la Cámara para refutarlo.
El informe de la Cámara de Cuentas describe a lo largo de 65 páginas hechos que en algunos casos pueden revestir carácter delictivo. La Cámara analiza en este informe la desinversión que hizo el Ayuntamiento en los años 2012 y 2013 al vender un total de 6.844 inmuebles que le reportaron 261,8 millones de euros. Entre ellos, las citadas 1.860 viviendas, alquiladas dentro de programas de ayuda a jóvenes sin vivienda y familias con recursos limitados). Muchos de estos inquilinos tenían contratos con la EMVS que estipulaban un derecho de opción de compra pasados siete años en unos casos y 10, en otros.
El informe revela que todas esas casas (que formaban un total de 18 promociones) se vendieron en bloque vulnerando la ley y sin darle siquiera a los arrendatarios la posibilidad de ejercer su derecho de opción de compra. El Ayuntamiento de Ana Botella justificó la decisión en la necesidad de equilibrar las cuentas de la EMVS. Pero al poco de llegar el nuevo casero, y a medida que iban expirando los contratos firmados con la EMVS, las condiciones del alquiler cambiaron al alza, con incrementos de hasta un 43%, según explica la presidenta de la Asociación de Familias Afectadas por la venta de las Viviendas de la EMVS, Arancha Mejías. “Se pasó de pagar en torno a 400 euros, dependiendo de los metros cuadrados de la casa, a unos 700. Y se elevó el precio de la comunidad. Y llegaron los desahucios: solo en la promoción de Carabanchel, una quincena”, asevera Mejías.
El informe arroja conclusiones demoledoras: “Han sido los interesados en la compra [de estas viviendas], los que han fijado el precio de venta y [este] ha sido aceptado” sin más por la EMVS, subrayan los redactores del documento. En la venta de estos inmuebles, la EMVS “prescindió de las instrucciones internas de contratación” fijadas por su Consejo de Administración en 2008 y los enajenó “sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta y sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar”. Es decir, el precio se puso “por un acuerdo negociado entre el comprador” y la EMVS pero sin que existiesen “tasaciones previas que fijaran dichos valores” ni un “estudio o informes de viabilidad técnica y jurídica de la operación”. Y, además, saltándose las “normas de contratación e incumpliendo los criterios de racionalidad, economía y eficacia que debe presidir la gestión de los intereses públicos”.
El Consejo de Administración de la EMVS aprobó el 11 de junio de 2008 las instrucciones internas que había que seguir para la compraventa de inmuebles públicos. Estas normas se incumplieron, según el informe de la Cámara de Cuentas. “La venta de las 18 promociones se ha realizado sin que haya un informe técnico de valoración en el que se cifre el valor objetivo y cierto de mercado de los elementos objetos de enajenación, aunque teniendo en cuenta las limitaciones, en cuanto al precio, por ser viviendas de protección pública. Ello puede ser indicativo, de una deficiente o mala gestión en la administración y valoración de los intereses públicos a los que la venta, en todo caso, ha de responder”, concluye el informe.
La EMVS es una sociedad mercantil de titularidad municipal, con gestión privada que se rige por unos estatutos aprobados por el pleno del Ayuntamiento el 28 de febrero de 1997 y modificados luego en febrero de 2005 y noviembre de 2013. Es mercantil, pero dado su fin social y carácter público está sujeta a una normativa diferente a las empresas estrictamente privadas, destaca el informe.
La Cámara de Cuentas ha instado a la exalcaldesa Ana Botella y al anterior gerente de la EMVS, Fermín Oslé, a que ofrezcan explicaciones sobre las graves irregularidades detectadas en esta macrooperación de venta de casas protegidas. Botella ha eludido contestar personalmente a la Cámara y se ha adherido a las alegaciones presentadas por los miembros de su anterior equipo de gobierno.
Poco después de caer en manos de este fondo buitre las casas, los vecinos afectados acudieron a los tribunales. El asunto cayó en el Juzgado 38 de Instrucción de Madrid, que lo sobreseyó provisionalmente sin practicar las pruebas que le pedían los damnificados y con las que intentaron demostrar las irregularidades de la compraventa y sugirieron un trato de favor municipal al grupo empresarial beneficiario, vinculado societariamente con empresas para las que trabaja el hijo mayor de la exalcaldesa, José María Aznar Botella, según argumenta la presidenta de los afectados y ha denunciado la denominada Asociación Corruptil en un escrito presentado ante el juzgado 48 de Madrid, que investiga malversación de caudales en otra operación de compraventa de casas públicas del IVIMA ejecutada por la Comunidad de Madrid. Este es el primer informe oficial que se hace sobre la macrooperación de la EMVS.
Este informe, sometido en la actualidad alegaciones, se refiere solo a la EMVS, aunque el Gobierno del expresidente Ignacio González también enajenó 2.935 viviendas protegidas del IVIMA, en fechas coincidentes y mediante un procedimiento similar, a otro fondo buitre, Azora-Goldman Sachs. Los afectados del IVIMA presentaron una querella que está siendo investigada por el Juzgado número 48 de Madrid, en la que ya está imputado Juan Van-Halen, exdirector general de Vivienda de Madrid, quien presentó su dimisión en el cargo que tenía en el Ministerio de Fomento al conocer que el juez le había llamado como investigado sobre este asunto. Los de la EMSV también interpusieron una querella, que fue sobreseída provisionalmente por el Juzgado 38 de la plaza de Castilla. “A la vista de los nuevos datos que recoge el informe de la Cámara de Cuentas vamos a pedir la reapertura del procedimiento en el Juzgado 38”, avanza Mejías.
Las viviendas no se podían vender
La conclusión sexta del informe de la Cámara de Cuentas explica por qué, jurídicamente, no se podían vender estas promociones: La EMSV “contravino el contenido del Reglamento de Adjudicación de Viviendas de protección pública aprobado por el Ayuntamiento en 2008 y modificado el 30 de octubre de 2012, que impide la venta de viviendas de protección pública, a entidades jurídicas, que previamente no hayan quedado vacantes en los procedimientos de adjudicación previstos en el propio reglamento”.
Muchos inquilinos de estas casas tenían derecho a opción de compra, pero al venderlas en bloque se les impidió ejercitarlo: “La EMSV les negó la condición de interesados en el procedimiento en contra de los establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común (apartado IV.5), al que se remite, en los procedimientos de adjudicación de tales viviendas el Reglamento” municipal.
Otra irregularidad que detecta la Cámara de Cuentas es que, tras comprar las casas, la EMSV no “estableció una comisión o instrumento adecuado de seguimiento y control para asegurar el cumplimiento por la compradora de las obligaciones en las que esta se ha subrogado y que exceden de las obligaciones que tienen los promotores privados de viviendas de protección pública, cuyo control corresponde a otras instituciones de la Comunidad de Madrid”.
Casas, trasteros y garajes
La Cámara de Cuentas ha fiscalizado la venta de inmuebles que hizo la EMVS en los años 2012 y 2013. No sólo vendió en esas fecha las citadas 18 promociones (1.860 casas con 3.366 garajes y trasteros). La mayoría de las casas estaban sujetas a algún tipo de protección.
Lo enajenado en esos años fue catalogado por el Ayuntamiento en tres grupos: uno) 1.529 inmuebles, de los que 1.096 eran viviendas, 412 garajes y 21 locales, vendidos a personas físicas, casi todas personas necesitadas. De las 1.096 casas, 33 fueron vendidas a dos inmobiliarias, de manera individualizada, al margen del procedimiento de adjudicación previsto para los planes municipales de viviendas; dos) 1.860 viviendas, 3.430 garajes, 1860 trasteros y 25 locales de negocio, vendidos todos ellos, mediante una única operación de venta, a Fidere Vivienda SLU y Fidere Gestión Vivienda SLU, del grupo Blackstone.
Y tres: también vendió suelo. En 2013 se traspasó la propiedad de varias parcelas desde la EMVS al Ayuntamiento. Todo ello se enajenó por casi 262 millones de euros, el precio del total de 6.906 inmuebles vendidos.
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/05/actualidad/1459876286_119185.html
