CASO ACUAMED : LO NUNCA VISTO. CESAN A UNO DE LOS SUYOS
LAS NOTICIAS , TAL CUAL
LAS SEIS OPERACIONES “ESCANDALOSAS” DE ACUAMED QUE FAVORECIERON A CONSTRUCTORAS CON DINERO PÚBLICO
EL EX NÚMERO 3 DE SORAYA PARTICIPÓ DESDE MONCLOA EN EL AMAÑO DE UN CONTRATO DE ACUAMED
EL JUEZ VELASCO ASEGURA QUE CAÑETE PRESENCIÓ LA COACCIÓN AL DENUNCIANTE DEL 'CASO ACUAMED'
TRES MINISTERIOS IGNORARON LOS AMAÑOS Y AVALARON EL CESE DEL DENUNCIANTE DE ACUAMED
EL JUEZ, AL 'CAPO' DE ACUAMED: "¿SE QUEDABA EL DINERO O FINANCIABA ALGÚN PARTIDO?"
LA EMPRESA PÚBLICA ACUAMED FUNCIONABA COMO UNA "ORGANIZACIÓN CRIMINAL"
"EL CONTRATISTA ME DIJO QUE CONOCÍA AL MINISTRO Y ME AMENAZÓ CON DESTROZAR MI CARRERA PROFESIONAL"
VELASCO ORDENA A AGRICULTURA QUE 'MANDE A SUS CASAS' A LOS TRES CABECILLAS DEL 'CASO ACUAMED' READMITIDOS
MIGUEL ARIAS CAÑETE: “SI TENGO QUE ELEGIR, QUITO A LA CHICA”
DOS ALTOS CARGOS SEÑALAN A ARIAS CAÑETE EN EL ‘CASO ACUAMED’
AGRICULTURA DEBE INDEMNIZAR A UNA INGENIERA REPRESALIADA DE ACUAMED CON 90.000 EUROS POR "DAÑO MORAL GRAVE"
AGRICULTURA RECOLOCA A DOS CABECILLAS DEL 'CASO ACUAMED' MIENTRAS SE NIEGA A READMITIR A LAS DENUNCIANTESUN INFORME DE HACIENDA CONFIRMA LOS AMAÑOS EN ACUAMED DESTAPADOS POR EL JUEZ VELASCO
EL NÚMERO 2 DE TEJERINA APOYÓ REPRESALIAR A DOS TRABAJADORAS DE ACUAMED QUE DENUNCIARON PUFOS CON FCC
EL PRESIDENTE DE ACUAMED ADMITE AHORA QUE CONOCÍA EL FRAUDE Y EL ACOSO LABORAL
EL EX NÚMERO 3 DE SORAYA TAMBIÉN PRESIDIÓ DESDE 2013 ACUAES, LA OTRA GRAN EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS‘CASO ACUAMED’: ASÍ SE INFLÓ LA FACTURA DE LA DESALADORA ESTROPEADA
ISABEL GARCÍA TEJERINA : "HE ORDENADO INVESTIGAR TODOS LOS CONTRATOS DE FCC CON EL MINISTERIO"ARIAS CAÑETE IGNORÓ UN INFORME DE SU MINISTERIO CONTRARIO A COMPENSAR A FCC
CAÑETE IGNORÓ UN INFORME INTERNO QUE RECOMENDABA QUE ACUAMED NO PAGARA A FCCARIAS CAÑETE SE REUNIÓ CON FCC PARA TRATAR EL PAGO “ILEGAL” SEGÚN EL JUEZ
LOS INGENIEROS DE ACUAMED AFIRMAN QUE ARIAS CAÑETE FUE INFORMADO
EL DELATOR DE LA TRAMA ACUAMED AL JUEZ: "LAS ÓRDENES ERAN DIRECTAS DEL MINISTRO CAÑETE"
LA INVESTIGACIÓN DEL ‘CASO ACUAMED’ SALPICA A LA DIRECTORA GENERAL DEL AGUA
LAS NUEVE CLAVES DEL CASO ACUAMEDDIMITE EL SUBSECRETARIO DE PRESIDENCIA PARA “DEFENDER SU HONOR”
UN SEGUNDO ALTO CARGO DE AGRICULTURA ESTABA AL CORRIENTE DE LOS AMAÑOS DE ACUAMED CON FCC
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ACUAMED CONOCÍA LAS IRREGULARIDADES
LA CONEXIÓN DE MONCLOA CON EL ESCÁNDALO ACUAMED
UN CORREO IMPLICA AL SUBSECRETARIO DE PRESIDENCIA EN EL FRAUDE DE ACUAMED
LA EMPRESA PÚBLICA ACUAMED INFLABA ARTIFICIALMENTE LA OBRA HASTA EN UN 10%
EL JUEZ APUNTA A "ALTOS CARGOS DE AGRICULTURA" EN LOS SOBORNOS DE ACUAMED
UN ALTO CARGO DE SORAYA ABORTÓ LA INVESTIGACIÓN DE CORRUPCIÓN EN ACUAMED Y FULMINÓ AL DENUNCIANTE
LA GUARDIA CIVIL DETIENE AL ‘GURÚ DEMOSCÓPICO’ DE COSPEDAL POR SUPUESTOS DELITOS DE PREVARICACIÓN
EL JUEZ IMPLICA A “MUY ALTOS CARGOS DE AGRICULTURA” EN EL FRAUDE DE ACUAMED
TRECE DETENIDOS POR CONTRATACIÓN FRAUDULENTA EN LA EMPRESA PÚBLICA ACUAMED
LAS SEIS OPERACIONES “ESCANDALOSAS” DE ACUAMED QUE FAVORECIERON A CONSTRUCTORAS CON DINERO PÚBLICO
Las declaraciones de los principales testigos de la trama del agua, a las que ha tenido acceso infoLibre, desvelan irregularidades en obras de Alicante, Almería, Murcia y Valencia
Las constructoras presuntamente beneficiadas por el Ministerio de Agricultura fueron FCC, Acciona y Altyum Proyectos y Servicios
El juez Eloy Velasco acusó al cerebro de la trama de "favorecer escandalosamente intereses de carácter privado"
El sumario de la trama descubierta en la empresa pública Acuamed, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, pone de manifiesto que el juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso, Eloy Velasco, investiga seis operaciones sospechosas que supusieron un importante quebranto para las arcas públicas.
El propio magistrado llega a definir de esta forma la actuación del jefe de la trama desarticulada, Arcadio Mateo, que era director general de Acuamed en el momento de su detención: "Usted lo que hace es favorecer escandalosamente intereses de carácter privado". El propio Mateo, que se negó a declarar, interrumpió en ese momento al magistrado para decirle: "Yo no he favorecido a nadie y lo demostraremos".
Las constructoras presuntamente beneficiadas serían, según los interrogatorios a los que ha tenido acceso infoLibre, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Acciona y Altyum Proyectos y Servicios. Dos de los testigos, en concreto la delegada de Acuamed en la cuenca del Júcar, Gracia Ballesteros, y el responsable de las obras de la desalinizadora de Torrevieja, Diego Cuenca, aseguraron que las empresas trataron de aumentar el precio de dos obras un 10%.
Entre estas operaciones destaca por el montante de dinero la vinculada a la planta desalinizadora del Bajo Almanzora, en Almería, en la que la empresa FCC arrancó del Ministerio de Agricultura, encabezado entonces por Miguel Arias Cañete, un compromiso de pago de 40 millones de euros, según confirmó la extrabajadora Azahara Peralta Bravo, que fue despedida por oponerse al desembolso, ya que ella consideraba que la cifra correcta era de solo 3,5 millones.
Una formación política
El magistrado trata de determinar si los sobreprecios detectados sirvieron para financiar alguna formación política, en referencia al Partido Popular en el Gobierno, o sin embargo ese dinero acababa en manos de los dirigentes Ministerio de Medio Ambiente. En este sentido, el testigo clave, el directivo de Acuamed que denunció el caso ante la Fiscalía Anticorrupción, Francisco Valiente, aseguró que el presunto cabecilla de la trama, Arcadio Mateo, le dijo tras pedirle que amañana el contrato: "Paco, esto es así, no es cosa mía, hay mucha gente ahí... en el partido y tal", aseguró Valiente al juez que le dijo Mateo en relación a la desaladora de Mutxamel.
infoLibre ha tenido acceso a las declaraciones de los principales testigos de la denominada Operación Frontino en el seno del Gobierno de Mariano Rajoy, que focalizan sus denuncias en la mencionada desalinizadora del Bajo Almanzora, en las plantas de Torrevieja (Alicante), Águilas (Murcia) y El Campello-Mutxamel (Alicante), así como obras ambientales en la Rambla Gallinera del municipio de Oliva (Valencia) y en el río Serpis (Valencia).
1. BAJO ALMANZORA Y EMBALSE DE FLIX
Las declaraciones de los testigos Francisco Valiente, Azahara Peralta Bravo, Diego Cuenca y de la investigada Gabriela Mañueco evidencian que la obra más importante que investiga el juez Eloy Velasco es la de la desalinizadora de Almería, que costó 76 millones y que a su vez la trama habría ligado a los trabajos de descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona, también adjudicada a FCC por 165 millones en 2008, pero cuyo coste final ascendió a más de 190 millones.
Correo electrónico
El denunciante explicó al magistrado que recibió un correo electrónico de su jefe, Arcadio Mateo, en la cárcel desde el pasado 20 de enero, en la que previamente el exsubsecretario de Estado, Federico Ramos, había explicado su intención de compensar a la contratista FCC por las inundaciones que sufrió con la desaladora del Bajo Almanzora. "Y en ese email se decía: a ver si le podemos colar a la contratista los dos millones del Bajo Almanzora y le vamos pagando algo, que le debemos mucho", aseguró el denunciante, que confirmó que en Acuamed se hablaba del intento de compensar las pérdinas que habría sufrido FCC en Almería con otro contrato por la descontaminación del Ebro en Flix (Tarragona).
El subsecretario de Estado Federico Ramos se vio obligado a dimitir tras conocerse la existencia de este mensaje, que acabó en el correo del testigo, que se negó a amañar los contratos, y por lo que acabó despedido. Según adelantó elespañol.es, el propio número tres de Soraya Sáenz de Santamaría fue quién dio instrucciones de paralizar el pago de los 40 millones tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción había iniciado una investigación.
Por eso, el juez Velasco, según se desprende de sus interrogatorios, investiga si el Gobierno trató de compensar a FCC, que fue la adjudicataria de la desalinizadora de Almería, por una inundación que sufrió este infraestructura en 2012. En este presunto acuerdo se enmarcaría una reunión, mantenida "al más alto nivel" en el Ministerio de Agricultura.
En la reunión habrían participado, según reconoció el Ministerio a la Cadena Ser, el entonces ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, y directivos de FCC como el presidente de la filial de construcción Miguel Jurado. Pero el testigo Francisco Valiente asegura que también podría haber participado en la citada reunión Esther Alcocer Koplowitz, la principal accionista de la constructora.
2. DESALINIZADORA DE TORREVIEJA
Otra de las operaciones que el juez considera "escandalosas" es la de la construcción de la desalinizadora de Torrevieja, Alicante, cuya adjudicataria fue la firma Acciona. Según el testigo Diego Cuenca, responsable de las obras de Acuamed en la planta alicantina, Acciona reclamó un aumento del precio de la misma, que era de 184 millones, de 17 millones. Esta cifra suponía elevar 18,9 millones la cantidad que ofrecía la Administración, que consideraba que debía abonar dos menos de los presupuestados: 182 millones.
Acciona reclamaba ese importante aumento por la construcción de la planta pese a que el testigo principal del caso Acuamed, Francisco Valiente, aseguró al juez que la constructora había "engañado" a la Administración, ya que la edificación de la planta había sido "un desastre".
Según Valiente, una de las empleadas de Acuamed le llegó a asegurar que la desalinizadora estaba terminada y que no tenía ningún problema: "Por los retrasos en la obra se llegaron a perder los fondos europeos, pero eso fue antes de que yo entrara a trabajar. Y no pudimos recuperar los 55 millones de fondos europeos porque no estaban las certificaciones. Y después me dijeron que la obra no está acabada, pues tenía muchos problemas, como por ejemplo fisuras".
Ante esta situación, el denunciante les pregunté a los responsables de Acuamed si no habían controlado los trabajos realizados: "Y me contestaron que para qué, ya que habían adjudicado la obra a la mejor empresa del mundo ¿para qué la vamos a controlar? Y esa respuesta fue definitiva, por lo que llamé a la responsable de la misma Gabriela [Mañueco] y le dije que eso era una vergüenza. Te tenemos que destituir. Y al gerente de la UTE de Acciona hay que escribirle una carta porque nos han engañado", aseguró el denunciante durante su declaración ante el juez Velasco.
3. PLANTA DE MUTXAMEL-EL CAMPELLO
El autor de la denuncia que dio inicio a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción en Acuamed también explicó al juez instructor que el director general de la empresa pública, Arcadio Mateo, le pidió que "preparara" la adjudicación de la planta desalinizadora de El Campello-Mutxamel (Alicante) a la empresa Altec, que después cambió su nombre por el de Altyum Proyectos y Servicios.
Francisco Valiente se negó a "amañar" la adjudicación. Sin embargo, el denunciante asegura que Acuamed contrató a una empresa externa que hizo un informe que sirvió para otorgar la obra a la empresa que en un principio "estaba colocada como la penúltima de 20 o 30 empresas que optaban al mismo. La adjudicación se amaña para dársela a Altec ya que se cambia para dársela a éstos. Los perjudicados fueron las constructoras que competían" con la firma beneficiada presuntamente de forma irregular.
4. CERRO COLORAO EN ÁGUILAS (MURCIA)
Las operaciones sospechosas, según el denunciante del caso Acuamed, incluyen la adquisición de las tuberías de la planta desalinizadora de Águilas (Región de Murcia), que conectan una balsa de agua situada en el paraje denominado Cerro Colorao con las acequias que reparten el agua en el campo de Lorca.
Valiente destacó que las conducciones habían sido compradas por la concesionaria a una empresa de Vitoria sin tan siquiera preguntar a una empresa de Lorca por los precios, que según su versión eran más baratos que los de la empresa vasca. "Con todo lo que había visto, esto me dio una sensación extraña", explicita el denunciante, que asegura que mantuvo una reunión "muy desagradable" con los regantes murcianos que le denunciaron los hechos. "Era un indicio porque no era normal", lamenta.
5.RAMBLA GALLINERA (ALICANTE)
El denunciante Francisco Valiente también se negó a certificar un aumento del gasto de dos millones de euros que beneficiaban a la UTE compuesta por las empresas Sogeosa y Torres Cámara. Esta empresa llegó a hacer tres proyectos diferentes para acondicionar la Rambla Gallinera, con el correspondiente gasto para la Administración pública.
Los tres proyectos, y sus correspondientes obras, fueron realizadas por la contratista "sin contar con nadie", relató Valiente, que aseguró que muchas de estas obras no se llegan a hacer. Según la ingeniera de Caminos que trabajó como gerente territorial en Acuamed, Gracia Ballesteros, Acuamed abonó dos millones de euros por una escollera que "no existía".
6. RÍO SERPIS (VALENCIA)
Francisco Valiente y la delegada de Acuamed en la cuenca del Júcar, Gracia Ballesteros, aseguraron al juez en sus declaraciones que los directivos de Acuamed trataron de aumentar el 10% el precio de la obra que había que pagar a la constructora Altec por construir la presa de avenidas del río Serpis, en Valencia.
Según esta versión, el director de obra se opuso a ese aumento, que rondaba los dos millones de euros. "La irregularidad consistía en que Arcadio Mateo llamó al director de obra para que hiciera una liquidación un 10% superior cuando él había hecho un informe del cero por cien". Por eso el contratista, Nicolás Steegmann, pidió su destitución, que acabó produciéndose poco después. Al final se abonó la obra con un precio superior al 10% pese a que la misma estaba incompleta.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/28/los_seis_pelotazos_trama_corrupta_descubierta_ministerio_agricultura_50354_1012.htmlEL EX NÚMERO 3 DE SORAYA PARTICIPÓ DESDE MONCLOA EN EL AMAÑO DE UN CONTRATO DE ACUAMED
Llamadas de teléfonos. Correos electrónicos. Mensajes de móvil... Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recientemente incorporado al sumario del 'caso Acuamed' detalla todas las pruebas de la supuesta implicación de Federico Ramos de Armas, ex secretario de Estado de Medio Ambiente y 'número 3' de Soraya Sáenz de Santamaría hasta que dimitió tras saltar el escándalo, en el amaño de uno de los contratos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA investigados por el juez Eloy Velasco. El documento policial, fechado el pasado 18 de abril, recoge numerosos mensajes intercambiados entre algunos de los principales implicados en la trama en los que se señala que el que fuera subsecretario de Presidencia siguió participando desde su despacho del Palacio de La Moncloa en gestiones presuntamente irregulares que tenían como objetivo compensar a FCC en un contrato por los gastos surgidos en otra adjudicación. "La semana [pasada] le pasaron a vicepresidencia del Gobierno pero sigue teniendo influencia política en el ministerio", se lee en uno de esos mensajes intervenidos. El documento policial concluye que la presunta participación de Ramos de Armas fue tan intensa que incluso asegura que fue él quien "habría instruido" a Arcadio Mateo, director general de Acuamed y presunto cabecilla de la trama, sobre cómo actuar en dicho caso. El juez Velasco tomó declaración como investigado (antes imputado) a Ramos de Armas tras recibir este informe.
"Le pasaron a Vicepresidencia del Gobierno, pero sigue teniendo influencia política en el Ministerio", comentan dos directivos de FCC en un email
El documento de la UCO detalla uno por uno todos los indicios que apuntan a Federico de Armas en el escándalo Acuamed. Desde la declaración del ingeniero Francisco Valiente ante la Fiscalía Anticorrupción que permitió iniciar la investigación, hasta el último correo electrónico en el que se le menciona expresamente. Así, el documento policial detalla que el primer correo en que se le cita de manera expresa es un 'email' de 17 de junio de 2013 que le remite el entonces director de Asuntos Jurídicos de Acuamed, Javier Moya Lambarri, al director general de la compañía pública y principal cabecilla de la trama, Arcadio Mateo. En el se apunta a una próxima reunión entre directivos de la compañía FCC y "SEMA", que la Guardia Civil identifica como las siglas de "secretario de Estado de Medio Ambiente". A partir de ese momento se suceden los mensajes entre varios de los presuntos implicados en el acuerdo para compensar a la constructora por las obras de reparación que tenía que acometer en la desaladora del Bajo Almanzora tras una inundación que la había dejado inutilizable con el supuesto 'engorde' de la facturas de otra de las obras que llevaba la compañía, la descontaminación del embalse de Flix, en la provincia de Tarragona.
La mayor parte de los primeros mensajes se refieren a esas negociaciones que desembocan dos años después, el 16 de junio de 2015, en una reunión en el "despacho [del] secretario" en el que participan el propio Ramos de Armas, Arcadio Mateo y la directora general del Agua, Liana Ardiles, por parte de Acuamed, y Alicia Alcocer Koplowitz y Miguel Jurado, consejera y directivo de FCC respectivamente, por parte de la constructora. En dicho encuentro, según uno de estos mensajes, la empresa se comprmetió "a terminar la obra antes del 31 de diciembre de 2015 a cambio de analizar las reivindicaciones económicas del contratista". Poco días después de aquella reunión, Federico Ramos de Armas dejaba su puesto como secretario de Estado de Medio Ambiente y 'fichaba' como subsecretario de Presidencia para convertirse en el 'número 3' de Soraya Sáenz de Santamaría.
"Aunque ya no es secretario de Estado..."
Sin embargo, ese cambio de 'destino' no le impidió seguir teniendo una participación directa en el presunto amaño. De hecho, los agentes de la Guardia Civil han localizado diversos correos electrónicos intercambiados entre Miguel Jurado, que terminó siendo detenido e imputado en la causa, y el también alto cargo de la compañía Vicente Mohedano Martín que confirman que Federico Ramos de Armas siguió presuntamente implicado en las negociaciones del acuerdo que ahora investiga el juez Velasco. Entre ellos, destaca uno intercambiado del 30 de junio del año pasado, cuando el político ya llevaba una semana en el Palacio de La Moncloa. En él, Jurado le dice a su compañero que "aunque ya no es secretario de Estado de Medio Ambiente se comprometió con Alicia [Alcocer] a seguir la evolución de Flix".
"Aunque ya no es secretario de Estado de Medio Ambiente se comprometió con Alicia Alcocer a seguir la evolución de Flix", se lee en otro mensaje intervenido por la UCO
Sólo unos días después, el 3 de julio, vuelve a haber un cruce de emails entre ambos directivos de FCC en la misma línea: "Nuestra consejera acaba de hablar con Federico Ramos. Le ha dicho que está pendiente de la situación y que la DG [Dirección General del Agua, que encabeza Liana Ardiles] va a impulsar la solución. El día 9 se ha convocado una reunión a tal efecto. Si es la misma que comentas en tu correo vamos los dos", señala Miguel Jurado. Ese mismo día, la UCO interviene una llamada telefónica entre el cabecilla de la trama y este directivo de constructora en la que éste insistía al primero que le había llamado Alicia Alcocer "otra vez" para preguntarle por dicho asunto. "Sabes que luego estuvo con él, con nuestro ex secretario de Estado". Arcadio Mateo le tranquiliza y le asegura que "independientemente de que nos cambie el secretario de Estado, de alguna cosa que pudiera influir la auditoría, lo arreglaremos, yo sigo pensado en esta línea, Miguel".
"¿Se lo mando a Federico o a Pablo?"
El 17 de julio, cuando ya se cumple casi un mes de su llegada al equipo de Soraya Sáenz de Santamaría, Federico Ramos de Armas sigue muy presente en los 'emails' que intercambian los presuntos implicados en el amaño. Ese día, Jurado remite un mensaje por correo electrónico en el que informa a dos de sus subordinados que "el mes pasado tuve reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos" quien pese haber pasado a la Vicepresidencia del Gobierno, "sigue teniendo influencia polïtica en el Ministerio [de Agricultura] con el objeto de desbloquear la situación de Flix". Para entonces, el directivo de FCC ya augura una pronta solución ya que anuncia que "antes de final de mes se desbloqueará la situación consolidando los reclamos y objetivos".
La consejera de FCC remitió en persona un mensaje a Federico Ramos de Armas cuando éste ya llevaba casi seis meses en Moncloa
Meses después, el 17 de diciembre, en plena investigación de la Guardia Civil, el directivo de FCC remite a "Alicia" el correo electrónico que ha enviado un día antes a la directora general del Agua, Liana Ardiles, también imputada, con copia a Arcadio Mateo en el que la apremia para que pague las millonarias cantidades que reclama la constructora a Acuamed de manera a través del contrato del Embalse de Flix. Media hora después, la consejera de FCC le responde: "Muy bien. Se lo mando a Federico o a Pablo?" en referencia a Ramos de Armas y a Pablo Saavedra, quien sustituyó a aquel como secretario de Estado de Medio Ambiente cuando se fue a Moncloa y aún ocupa el cargo de secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones. Jurado le recomienda que lo haga a ambos. "Es importante que se lo mandes a los dos". Entonces, el primero llevaba ya cerca de seis meses como persona de la máxima confianza de Soraya Sáenz de Santamaría. Un mes después, se producían las detenciones de la 'Operación Frontino' que desembocaban jornadas después en la dimisión de Federico Ramos de Armas. El informe de la UCO que recoge todos estos mensajes ha terminado provocando que el juez Velasco le convirta en investigado (antes imputado) y que haya tenido que ir a declarar como tal a la Audiencia Nacional.
Ramos, sobre el denunciante: "gilipollas, malnacido"
El 9 de junio de 2015, la Guardia Civil intervino una llamada realizada por Arcadio Mateo, presunto cabecilla de la trama, a Federico Ramos de Armas, en aquel momento aún secretario de Estado de Medio Ambiente y, por tanto, presidente de Acuamed. En ella, el que pocos días después sería nombra 'número 3' de Soraya pregunta preocupado a su interlocutor si hay novedades con "la denuncia de este tío", en referencia a Francisco Valiente y al escrito que presentó a la Fiscalía Anticorrupción y que dio pie al inicio de la investigación que ha destapado el escándalo. Arcadio Mateo comentan que les han pedido más documentación sobre contratos de otras obras, pero que desde que la entregaron en octubre no había vuelto a tener "mas noticias". En ese momento, Ramos de Armas comienza a insultar al denunciante. "La gracia que sería irte de aquí con eso abierto... porque este gilipollas... este pollo... no sabe lo que ha hecho... o sí lo sabe... pero es un malnacido. Tu imagínate la gracia de que alguien se lo coja luego y tal y acabamos en los periódicos... oye, y nos ha jodido aquí el curriculum y el nombre". Arcadio, que ha acompañado la diatriba contra Valiente ("eso se queda corto para lo que pienso de él") le ofrece a quedar para hablarlo en persona "más que por teléfono" y acordar la estrategia en la que le propone echar mano de "contactos". La respuesta del secretario de Estado es clara: "No... ahí hay que tener siempre mucho cuidadillo".
http://vozpopuli.com/actualidad/82829-el-ex-numero-3-de-soraya-participo-desde-moncloa-en-el-amano-de-un-contrato-de-acuamedEL JUEZ VELASCO ASEGURA QUE CAÑETE PRESENCIÓ LA COACCIÓN AL DENUNCIANTE DEL 'CASO ACUAMED'
El magistrado planteó al presunto cabecilla de la trama, Arcadio Mateo, una batería de preguntas sobre los amaños que éste se negó a contestar. En la misma, el juez recalcó la presencia del ex ministro de Agricultura en un encuentro en el que se conminó al principal testigo de la causa a modificar uno de sus informes para favorecer a la empresa Acciona.
Fue un interrogatorio sin respuestas, pero con incisivas preguntas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, sometió el pasado mes de enero al presunto cabecilla de la trama de amaño de contratos en el empresa pública Agua de las Cuenas Mediterráneas SA (Acuamed), Arcadio Mateo del Puerto, a una batería de preguntas que éste se negó a contestar. En el enunciado de una de ellas, el magistrado llega a acusar al principal implicado en la causa de las coacciones que el principal testigo de cargo, el ingeniero Francisco Valiente, recibió en febrero de 2014 en un hotel de Madrid para que diera el visto bueno a las supuestas irregularidades en una de las obras. El juez sitúa como presentes en aquella conversación al entonces ministro de Agricultura y hoy comisario europeo, Miguel Arias Cañete, y a un alto cargo de la empresa beneficiaria, Acciona.
El juez sitúa las coacciones al ingeniero que destapó en el escándalo en unas jornadas sobre el agua celebradas en febrero de 2014 en un hotel de Madrid
Así aparece recogido en los audios incorporados al sumario a los que ha tenido acceso Vozpópuli y sobre los que el juez ha levantado recientemente el secreto. En dicho interrogatorio, de poco más de trece minutos de extensión, Arcadio Mateo, al que el juez acusa de "todo el conjunto de los delitos" investigados dada su condición de presunto cabecilla de la llamada 'mafia del agua', se negó a responder a las cuestiones que iba a plantearle el magistrado sobre seis millonarios contratos que "usted adjudica a sus amigos en contra de lo que dicen los ingenieros técnicos". Pese a ello, el juez Velasco decidió plantearle una tras otras todas las acusaciones concretas que había contra él tras "año y cuarto que le hemos estado investigando" para que supiera las imputaciones que había contra él "y luego no diga".
Una de ellas se refiere a lo ocurrido durante una jornada sobre agua celebreada en el Hotel Intercontinental de Madrid en febrero de 2014. Según el relato que hace el juez Velasco, aquel encuentro fue supuestamente utilizado por Arcadio Mateo para presionar a uno de sus subordinados. En concreto, el entonces director de Construcción, el ingeniero Francisco Valiente, quien meses después sería despedido tras denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción las supuestas irregularidades. "Usted, con el ministro [Miguel] Arias Cañete y con el señor Luis Castilla, de Acciona, le coacciona a este señor, Francisco Valiente, para que firme la liquidación que depende de él"sobre las obras en la desaladora de Torrevieja, uno de los mayores pufos de la trama.
Reuniones en el Ministerio y "superiores"
No es la única ocasión en la que el magistrado hace referencia a responsables del Ministerio de Agricultura en la trama investigada. Poco antes ya había planteado a Arcadio Mateo cuestiones sobre el supuesto amaño de otra de las obras investigadas, la de desaladora del Alto Almanzora, en la que, según el juez, el director general de Acuamed "se inventa un acuerdo que perjudica los intereses públicos" para repartirse los costos de reparación de la misma con la adjudicataria, en este caso FCC. En concreto, asegura que para ello se celebró una reunión en el Ministerio de Agricultura "con superiores de usted" que no identifica y en la que se llegó al acuerdo supuestamente irregular de compensar a esta empresa con pagos en otra obra, en este caso la descontaminación del pantano de Flix, en Tarragona.
El magistrado preguntó a Arcadio Mateo si los amaños sirvieron "para financiar a algún partido político" o para "meterse el dinero en su bolsillo"
El juez le llega a plantear por qué, si desde su puesto de director general de una empresa estatal como era Acuamed debía velar por los intereses públicos, "es usted una persona empeñada en favorecer" a empresas privadas. "Dice usted que por orden de superiores. Le iba a preguntar que qué superiores y qué personas y si es para financiar a algún partido político o es para meterse el dinero en su bolsillo". En este sentido le recuerda que en el registro de su domicililo se halló una cantidad de dinero, 120.000 euros, en billetes de 500 escondidos "en unos sitios muy concretos dentro de sobres". "Puede pensar que eso es una parte de la compesaciones" que recibió de firmas privadas, resalta el juez antes de recordarle que hay pruebas de que una empresa privada le pagó viajes a Turquía para someterse a implantes capilares. Todo ello por "favorecer escandalosamente intereses de carácter privado".
http://vozpopuli.com/actualidad/82687-el-juez-velasco-asegura-que-canete-presencio-la-coaccion-al-denunciante-del-caso-acuamedTRES MINISTERIOS IGNORARON LOS AMAÑOS Y AVALARON EL CESE DEL DENUNCIANTE DE ACUAMED
El abogado del Estado jefe de Acuamed convocó a Agricultura, Hacienda y Justicia ante las revelaciones de Valiente, pero el departamento de Tejerina abortó la reunión
Tres ministerios conocieron los sobrecostes en obras del agua a favor de grandes constructoras como FCC o Acciona denunciadas en el caso Acuamed, pero el Gobierno dejó caer a la garganta profunda del caso y evitó que cargos de esos tres departamentos conocieran de primera mano las pruebas que pretendía aportar sobre las irregularidades que ahora investiga el juez Eloy Velasco. Tras escuchar los amaños de boca del denunciante, el exdirector de ingeniería de la empresa, Francisco Valiente, el abogado del Estado responsable de Acuamed convocó a distintos cargos del Ejecutivo para que conocieran de primera mano los detalles del caso. Pero el número tres del departamento de Isabel García Tejerina (y de su antecesor, Miguel Arias Cañete) abortó el encuentro y no impidió el despido de Valiente, pese a la importante información que había facilitado.
Pocos días antes de su cese como director de Ingeniería y Obras, Francisco Valiente acudió al despacho de Pablo Fernández Ruiz, abogado del Estado coordinador del convenio jurídico con Acuamed (el máximo asesor jurídico de esa empresa pública), para comunicarle los sobrecostes en certificaciones y liquidaciones de varias obras que él y algunos de los técnicos de la sociedad estatal habían detectado. Según la declaración de ese miembro del servicio jurídico del Estado, obrante en el sumario del caso, Valiente le anticipó que tenía pruebas de todo. Fernández, según su testimonio, le aconsejó que acudiera a fiscalía o al juzgado a denunciar, al constatar que los presuntos amaños eran "muy relevantes". Pero el ingeniero insistió en que quería aportarlas en una reunión.
Tras su salida del despacho de Fernández, este comentó las revelaciones de Valiente a otra abogada del Estado. Se trata de Isabel Bonelli, secretaria del consejo de administración de Acuamed. "Se le reproduce toda la conversación con Valiente y se le dice que este quiere una reunión para aportar las pruebas", explicó Fernández al juez. "Desde ese momento, reportamos el caso a muchísima gente: al abogado del Estado jefe del ministerio [de Agricultura], Julio Díez, para que haga el reporte interno, y a la directora general del Agua, Liana Ardiles. En el Ministerio de Hacienda, contactamos con el subdirector de Empresas y Participaciones de la dirección general de Patrimonio. En el Ministerio de Justicia, avisamos a la Abogacía General [la dirección de la Abogacía del Estado] y al abogado del Estado coordinador de temas penales por la trascendencia del asunto", añadió.
"Instrucción directa": no habrá reunión
Pero pocos días después, cuando llegó el orden del día del consejo de administración en el que estaba recogido el cese de Valiente, Fernández recibió una "instrucción directa" por parte del abogado jefe del Ministerio, Julio Díez, y del subsecretario de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Jaime Haddad Sánchez de Cueto, el número tres del departamento de Isabel García Tejerina: "Que no recibiéramos a esta persona", es decir, a Valiente. "Que si quería aportar las pruebas se le diera cita con él [con Díez] y con el propio Haddad Sánchez de Cueto", relata el abogado del Estado coordinador de Acuamed. Además, según relató al juez Velasco, se les advirtió de que no hablaran del asunto con nadie de Acuamed por las consecuencias que podría traer.Fernández y el resto de abogados del Estado que forman parte el convenio con Acuamed se ofrecieron para llevar el asunto ante los tribunales. Pero, tras la denuncia de Valiente en Anticorrupción, cuando esta fiscalía solicitó una serie de documentos a la sociedad estatal, se les comunicó que no serían ellos los encargados del caso, sino un despacho de abogados privado: Gómez Acebo y Pombo.
La actuación de Fernández ante la denuncia de Valiente no le granjeó grandes simpatías en la dirección de la sociedad estatal a la que asesoraba. "¿Recibió presiones desde Acuamed para elaborar sus informes sobre obras en un sentido o en otro?", le preguntó el juez Eloy Velasco. "A mí me piden mi cese por escasa proactividad ante la Abogacía General del Estado por la fecha de la denuncia", respondió Fernández. "Se me dice que fueron Arcadio Mateo [exdirector general de Acuamed aún encarcelado] y Javier Moya [director de los servicios jurídicos de la empresa] los que lo reclaman, por ser yo una persona poco proactiva, poco dispuesta. Pero la Abogacía General no lo aceptó", concluyó el letrado.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-05-26/tres-ministerios-ignoraron-los-amanos-y-avalaron-el-despido-del-denunciante-del-caso_1206453/EL JUEZ, AL 'CAPO' DE ACUAMED: "¿SE QUEDABA EL DINERO O FINANCIABA ALGÚN PARTIDO?"
Eloy Velasco acusa al exdirector de Acuamed de "favorecer escandalosamente a intereses privados". Preguntó por dos encuentros de Arias Cañete con Acciona y FCC para tratar obras
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco preguntó a Arcadio Mateo, exdirector general de la empresa pública Acuamed, por qué “favorecía escandalosamente a intereses privados”. Según los interrogatorios del sumario, a los que ha tenido acceso El Confidencial, Velasco preguntó a Mateo si lo hacía por orden de “qué superiores" y si era "para financiar a un partido político o se metía el dinero en su bolsillo”. Mateo, que continúa en prisión al no haber abonado la fianza que se le impuso, se acogió a su derecho a no declarar.
El juez Eloy Velasco tenía preparado un duro interrogatorio a Arcadio Mateo, ingeniero industrial que realizaba encuestas para el PP y fue nombrado por el exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete presidente de Acuamed, una empresa pública de obra hidráulica. Velasco afirmó que Mateo trabajaba en realidad para favorecer intereses privados: “Usted adjudica a sus amigos en contra de lo que le dicen los ingenieros técnicos”.
Velasco acusó a Mateo de destituir a los que le hacían frente. “En un año y cuarto que le hemos investigado a usted, ha despedido usted o ha removido a tanta gente que no sé si es normal en una empresa privada, pero desde luego no parece propio de una empresa pública”. Mateo está acusado de "falsificación, fraude, prevaricación, tráfico, malversación, cohecho y concertación para variar el precio de las licitaciones públicas".
El juez enumera las irregularidades que cree que ha hallado durante la investigación, como una adjudicación en Campello “absolutamente amañada”, reuniones para compensar a FCC con obras en el embalse de Flix, “facturación de puentes que no existen” en la presa para contener avenidas en el río Serpis, certificación de obra “que no está en el contrato”, en la de rambla Gallinera, o la liquidación de la desaladora de Torrevieja, la más grande de Europa.
En ese punto, señala que en febrero de 2014 hubo una “jornada del agua del Hotel Intercontinental” en la que Arcadio Mateo, con “el ministro Arias Cañete y con el señor Luis Castilla, de Acciona”, “coacciona” a Valiente “diciéndole que firme la liquidación”. Valiente fue el ingeniero de Acuamed despedido que acabó denunciando el caso en Anticorrupción. El juez también le recuerda que en casa de Arcadio Mateo habían encontrado billetes de 500 en sobres que no justifica y que una empresa le pagó implantes de pelo y un viaje a Turquía.
Castilla, consejero delegado de Acciona Infraestructuras, está investigado, la antigua figura del imputado, como decenas de personas, entre directivos y técnicos de la empresa pública y responsables de constructoras. A Castilla, el juez le imputa que "no duda en presionar a los órganos directivos de Acuamed en la tramitación de sus presupuestos de liquidación presentándolos a sabiendas de la falsas mediciones que soportan los escritos presentados por la desaladora de Torrevieja". Castilla se acogió a su derecho a no declarar.
Una testigo: "El contratista me dijo que era íntimo amigo de la directora general, que conocía al ministro y que iba a destrozar mi carrera profesional"
Gracia Ballesteros, que fue gerente territorial en Valencia de Acuamed y fue despedida el 31 de julio de 2015, declaró como testigo y sí reveló detalles escabrosos del funcionamiento de Acuamed. Según esta, fue relevada en 2014 a un cargo sin actividad llamado 'gerente de estudios' porque se negó a firmar un aumento del 10% a una obra de Nicolás Steegman, también imputado y que había sido alto cargo de Acuamed, en la presa de Serpis. "Me represaliaron por negarme a hacer todas estas cosas".
Ballesteros detalló una reunión entre Steegman, Arcadio Mateo y ella. Los técnicos decían que Acuamed había pagado un 1% más de lo realmente ejecutado, por lo que Steegman debía devolver dinero. "Arcadio Mateo intervino diciendo que eso no podía ser porque Steegman era un profesional y que yo tenía que mirar para hacer lo posible para que fuese un 10%". Ese 10% suponía un millón y medio de euros aproximadamente. Sobre cómo lo justificaba Mateo, Ballesteros replicó que éste "alguna vez justificó su actuación con un 'esto me lo dicen del ministerio".
Ballesteros detalla ante el juez "una reunión muy tensa y bastante violenta" con Arcadio Mateo en la que este le recriminó: "No haces caso a lo que te ordena tu director general. Ya sabéis que ese contratista era amigo y le habéis hecho una liquidación negativa". Sobre cómo había llegado Arcadio Mateo a la dirección de Acuamed, si no tenía experiencia en temas de agua, "se sabe que es amigo de Dolores de Cospedal", declara Ballesteros, algo que la política popular ha negado.
En otra reunión, "absolutamente irregular", Nicolás Steegman le enseñó una valoración de las ofertas que ella había realizado para Acuamed. Era confidencial y se la había enseñado solo al director general. Steegman le pidió que revisara al alza la valoración de su empresa, que aspiraba a una obra en Mutxamiel. "Pasó a amenazarme, me dijo que conocía a mucha gente, que era íntimo amigo de la directora general, que conocía al ministro y que iba a destrozar mi carrera profesional".
A Gabriela Mañueco, directora de obra e ingeniería de Acuamed, el juez la acusa de “vestir el santo” de las órdenes del director general. La mayoría de los imputados se acogen a su derecho a no declarar, pero esta se defiende tranquila en el interrogatorio. Sí admite que encontró "irregularidades en los contratos". "En Flix me enteré de que se venían certificando obras que no estaban en el contrato. En cuanto me enteré, hice una nota interna y le pedí a mi director general que se activara la auditoría interna de la obra de Flix”. El juez pregunta por qué cambió de orden a algunas empresas que habían quedado peor valoradas y que finalmente se llevaron alguna adjudicación.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-05-26/el-juez-al-capo-de-acuamed_1206420/LA EMPRESA PÚBLICA ACUAMED FUNCIONABA COMO UNA "ORGANIZACIÓN CRIMINAL"
La SER accede al sumario del caso Acuamed, empresa pública dependiente de Agricultura
Un informe de la UCO de la Guardia Civil sostiene que Arcadio Mateo, exdirector general, era quien "promovía, organizaba y dirigía" los hechos delictivos
Según un informe de la UCO de la Guardia Civil que figura en el sumario del caso Acuamed al que ha accedido la SER, el exdirector general de la empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura, Arcadio Mateo, era quien "promovía, organizaba y dirigía" los hechos delictivos.
Así lo sostiene la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en un informe al juez Velasco que figura en el sumario al que ha accedido la SER.
La Benemérita coloca en la cúspide de la trama al exdirector general de la empresa pública, Arcadio Mateo, quien según los agentes, "promueve, organiza, coordina y dirige cada uno de los hechos delictivos, y adapta el funcionamiento interno de Acuamed como si se tratara de una organización criminal".
Los agentes añaden que Mateo se rodeaba de "personas de su confianza que se alinean con él, obedeciendo sus órdenes y directrices que imparte a pesar de ir contra el ordenamiento jurídico, y expulsando a todos aquellos que se oponen a sus decisiones discrecionales, aunque traten de velar por los intereses de la administración".
Arcadio Mateo, cesado en enero de 2016 y aún en prisión, era quien promovía las adjudicaciones a empresas amigas a cambio de regalos y comisiones, y a quien Miguel Arias Cañete no quiso remover de su cargo cuando era Ministro de Agricultura, a pesar de que ya había sospechas de corrupción, según la declaración judicial del exsecretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas.
http://cadenaser.com/ser/2016/05/26/tribunales/1464257075_999315.html"EL CONTRATISTA ME DIJO QUE CONOCÍA AL MINISTRO Y ME AMENAZÓ CON DESTROZAR MI CARRERA PROFESIONAL"
La ex gerente de Acuamed relata ante el juez Velasco las amenazas y presiones que sufrieron por parte de la trama corrupta
Amenazas, coacciones, trabajos que no existen... Las grabaciones de las declaraciones judiciales de las víctimas sobre el caso Acuamed que hoy revela El Mundo ponen, negro sobre blanco, como funcionaba la trama y las presiones que sufrían los funcionarios.
En una de esas grabaciones se escucha a Gracia Ballesteros, ex gerente de Acuamed para Cataluña y Valencia, contarle al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, como el contratista de la empresa Altyum, Nicolás Steegmann, le amenazó con “destrozarle su carrera profesional” si no aceptaba cambiar la valoración de su oferta del concurso de la localidad valenciana de Muchamiel.
Ballesteros narra su encuentro con Steegman en una cafetería cercana a la sede de Acuamed en Madrid.
Le dije: 'Nicolás, no me voy a reunir contigo porque no tengo nada que hablar contigo', pero él me decía que era por otra cosa. Decía: 'Vamos a tomarnos un café', y me empezó a hablar de (el concurso de la localidad valenciana de) Muchamiel.
Le dije que cuando estoy valorando obras no hablo con contratistas. No puedo hablar de Muchamiel contigo, Nicolás'" sigue contando Gracia Ballesteros ante el juez
"Entonces él me enseñó una hoja en Excel, que no me dio tiempo a verla del todo, pero que era claramente documentación interna confidencial de Acuamed. ¿Cómo era posible que él tuviera esa hoja, la valoración interna de las ofertas de los contratistas? Me dijo muy tranquilamente que se la había dado Arcadio Mateos (se refiere al presunto cabecilla de la trama, en prisión desde enero pasado).
“Y va y me dice, muy tranquilo, que esa valoración que yo hacía ahí de su oferta no podía ser. Es más, que él traía una valoración hecha en casa, 'por si la quieres copiar', algo completamente fuera de lugar ".
"Me puse muy seria con él, le dije que no podíamos hablar de eso. Entonces pasó a amenazarme, a decirme que conocía a mucha gente, a la directora general, que conocía al ministro, y que iba a destrozar mi carrera profesional. Me fui corriendo a llorar de pura rabia",
¿Y a qué ministro?", le pregunta Eloy Velasco a Ballesteros. "Pues sería a Arias Cañete", contesta ella.
Nicolás Steegmann había sido directivo de la empresa pública predecesora de la propia Acuamed, llamada Trasagua y creada por el Ejecutivo de José María Aznar a finales de los años 90 para ejecutar el trasvase del Ebro.
En otro momento de la declaración judicial la ex gerente de Acuamed le relata a Eloy Velasco que se pagaron 2 millones de euros por una obra que no se construyó.
El director de la obra de Rambla Gallinera le pide que se acerque al lugar para ver con sus propios ojos cómo "se habían certificado dos millones de euros de una escollera que, simplemente, no existía... Llegué allí y me dijo: '¿Ves, ves como no existe?'. No había que ser muy listo para ver que aquello era falso".
“¿Y la escollera? ¿Se había certificado por dos millones y no existía la escollera?”, le pregunta Eloy Velasco a Gracia Ballesteros.
“Eso es”, reponde la ex gerente
“Vale, vale, por si no lo había entendido bien”, señala el juez.
Ballesteros alude varias veces a cómo Arcadio Mateos le dijo, sobre algunas obras: "Ya sabéis que ese contratista era amigo, no sé cómo le habéis hecho esa certificación por ese importe, además sin consultarme, no me haces caso y no has hecho esa liquidación que te ordené". ¿Usted cuántos años llevaba en Acuamed entonces?, inquiere el juez.
"Yo, 11 años".“¿Y él?”
"Él desde 2012", responde Ballesteros
“Y su nombramiento, ¿es por dedo de político?” pregunta Velasco
"Hombre, se sabe que es amigo de María Dolores de Cospedal", contesta en ese momento Ballesteros.
Mateos realizó encuestas para el Ejecutivo de Castilla La Mancha en la época de Cospedal con su empresa Demoscopia y Servicios.
La ex gerente explicó también al magistrado cómo una técnico le justificó haber firmado informes falsos por miedo a represalias, igual que le había pasado a la propia Ballesteros: "Le dije: 'Acabáis de llegar, no firméis eso'. Pero ella me dijo que iba a firmar, me dijo: 'Mira lo que te han hecho a ti, han despedido a Jose (otro de los responsables), yo estoy divorciada y...'». Interviene el juez Velasco: "Eso es lo que yo llamo coacciones calladas". Zanja: "Ella estaba asustada y vino a decírmelo"
Sobre la obra de Campello-Muchamiel, adjudicación amañada a favor de la empresa Altec según el juez, Francisco Valiente, director de construcción e ingeniería en la empresa pública, y primer denunciante ante la Fiscalía de esta trama relató que Arcadio Mateos le había dicho: "Paco, esto es así. Además, tampoco es cosa mía, hay mucha gente...".
Y presionando para que Valiente aceptara pagar más a FCC por la obra del embalse de Flix y compensar así otra obra que a Acuamed no le interesaba que quedara reflejada: "Paco, si no lo haces tú, ya lo hará otro".
Al final, Gracia Ballesteros fue despedida; su compañera Azahara Peralta, también; a Valiente le invitaron a salir y pactó un acuerdo. "¿Por qué decidieron prescindir de Azahara Peralta?", pregunta Velasco. "Porque se negó a aceptar el modificado (el sobrecoste de la obra de Flix)", contesta Nuria Segura, que fue adjunta a cuatro diferentes directores de construcción de Acuamed, entre ellos Valiente.
http://www.elplural.com/2016/05/26/el-contratista-me-dijo-que-conoc-al-ministro-y-me-amenaz-con-destrozar-mi-carreraVELASCO ORDENA A AGRICULTURA QUE 'MANDE A SUS CASAS' A LOS TRES CABECILLAS DEL 'CASO ACUAMED' READMITIDOS
El magistrado considera que la reciente reincoporación de tres de los principales implicados en la trama puede poner en peligro documentación de las millonarias adjudicaciones bajo sospecha que aún investiga dentro de la 'Operación Frontino'.
Nuevo varapalo judicial al Ministerio de Agricultura. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha ordenado al departamento que dirige en funciones Isabel García Tejerina, que 'envíe a su casa' a los tres directivos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) imputados en la 'Operación Frontino' y a los que había recolocado en las últimas semanas tras abandonar la prisión bajo fianza. Según fuentes judiciales, el magistrado destaca en el escrito que desde sus puestos de trabajo, los presuntos cabecillas de la trama de amaño de contratos podrían seguir teniendo acceso a documentación relacionada con la investigación, con el riesgo de destrucción que supone. Por ello, y en virtud de la presunción de inocencia que impide su despido hasta que no haya sentencia firme, el magistrado solicita al Ministerio que impida su vuelta aunque siga pagándoles el sueldo. En el escrito, el juez cita la reciente sentencia de un juzgado de lo Social de Madrid que condenó a Agricultura a readmitir a una trabajadora represaliada al considerar probado que estos cabecillas de la trama la sometieron a acoso laboral precisamente por denunciar las irregularidades.
El magistrado reconoce que hasta que no haya sentencia firme, ninguno puede ser despedido. Por ello, ordena que se les siga pagando el sueldo aunque no trabajen
El escrito del juez Velasco se produce después de que la semana pasada enviara un oficio para que "a la mayor brevedad posible" los máximos responsables de Acuamed, entre los que se encuentra el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, le explicasen las circunstancias de la reciente reincorporación de estos tres directivos de la compañía que acababan de abandonar la prisión. Se trataba, en concreto, de Gabriela Mañueco Pfeiffer, directora de Ingeniería y Construcción de la compañía hasta su detención como presunta 'número 2' de la trama, Francisco Javier Gómez Pastor y Pablo Martín Mira, gerentes de Contratación y de la Cuenca del río Júcar respectivamente. Todos ellos habían sido enviados a prisión el pasado mes de enero al considerarles el magistrado pieza clave en el amaño de contratos que presuntamente lideraba el director general de la empresa pública, Arcadio Mateo.
El magistrado reclamaba en aquel escrito a los actuales responsables de Acuamed "información ampliatoria". En concreto, quería saber qué "concretas medidas [...] se han adoptado en el seno de la empresa pública respecto de los trabajadores que son investigados en el presente procedimiento", en referencia a los tres directivos excarcelados. El escrito recordaba que, ante todo, se debían "garantizar los principios de actuación de funcionamiento que han de regir en el sector público y, concretamente, garantizar la protección de los intereses expuestos". El magistrado finalizaba pidiendo que "se justifique de manera precisa la existencia de una situación de riesgo de la que derive la necesidad de reforzar la protección de estos concretos intereses legítimos invocados" en referencia a "la protección al ofendido o perjudicado por los delitos investigados" y a las "pruebas que pudieran desaparecer". El oficio había sido propiciado por un escrito anterior de la Abogacía del Estado, personada en la causa en representación del Gobierno, quien había pedido al magistrado "dar protección al ofendido o perjudicado por los delitos investigados y de consignar pruebas que pudieran desaparecer".
Acoso laboral
Ahora, la respuesta dada por el Ministerio ha llevado al juez Velasco a ordenar la salida inmediata de los tres exdirectivos de la compañía justo el día en el que también dictaba el auto por el que levantaba el secreto de sumario. En el escrito, el magistrado recalca que aunque todos ellos hayan sido recolocados en funciones distintas a las que ocupaban cuando fueron arrestados (Gabriela Mañueco había empezado a trabajar ahora en el Departamento de Explotación en la elaboración de protocolos de actuación), ello no elimina el riesgo de que a través de los equipos informáticos de la empresa tengan acceso a documentación relacionada con algunos de los contratos investigados dentro de la 'Operación Frontino'. No obstante, el juez reconoce que la presunción de inocencia impide, hasta que haya sentencia firme, despedirlos, por lo que acuerda que todos ellos sean apartados de sus funciones y se les impida el acceso a las dependencias de la compañía, aunque se les siga abonando sus salarios.
El juez destaca en su escrito la reciente sentencia de un Juzgado de lo Social que consideraba probado que los directivos implicados acosaron laboralmente a los empleados que denunciaron las irregularidades
Además, considera que su presencia en las dependencias de la empresa pública también puede influir en la actuación de otros trabajadores. En este sentido, el nuevo escrito de Velasco recuerda que su colega del Juzgado de lo Social número 19 de Madrid, Antonio Cervera, consideró probado en la sentencia por la que ordenaba recientemente la readmisión e indemnización de una de las ingenieras represaliadas por denunciar los pufos en Acuamed, que los presuntos implicados en la trama sometieron a ésta y otros dos trabajadores a un acoso laboral que desembocó finalmente en el despido. Paradójicamente, ninguno de estos represaliados ha sido readmitidos aún en la empresa y, de hecho, los representantes legales del Ministerio de Agricultura ya han anunciado que recurrirán el fallo que ha declarado nulo el despido nulo y le obliga a indemnizarla con 90.000 euros.
http://vozpopuli.com/actualidad/82257-velasco-ordena-a-agricultura-que-mande-a-sus-casas-a-los-tres-cabecillas-del-caso-acuamed-readmitidosMIGUEL ARIAS CAÑETE: “SI TENGO QUE ELEGIR, QUITO A LA CHICA”
Así lo afirmó el exministro de Agricultura, según la declaración como imputado del exsecretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, cuando le dio a escoger entre Arcadio Mateo, el principal involucrado en la causa contra el que ya se acumulaban sospechas de corrupción, y la directora general del Agua, Liana Ardile
Mateo recibió mordidas y regalos en forma de implantes capilares
Cañete fue el responsable del nombramiento de Arcadio Mateo como director de Acuamed
Federico Ramos de Armas, quien dimitió como número tres de Soraya Sáenz de Santamaría cuando la SER publicó un correo que le involucraba en la causa, declaró este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y apuntó a Miguel Arias Cañete como la persona que se empecinó en la continuidad de Arcadio Mateo al frente de la empresa pública Acuamed, incluso con las primeras sospechas de corrupción lanzadas por los propios técnicos.
Según fuentes del caso, Ramos de Armas declaró que defendió ante Cañete la continuidad en Acuamed de la directora general del Agua, Liana Ardiles, frente a la de Mateo porque era más profesional y cualificada, mientras que Mateo ni siquiera se preparaba las reuniones. Arias Cañete zanjó la discusión, según el imputado, afirmando que "si me das a elegir entre los dos, quito antes a la chica que a este".
Supuestamente, Arcadio Mateo cobraba mordidas a cambio de favorecer a grandes constructoras en contratos públicos en materia hídrica. Hubo regalos de coches a varios implicados, e implantes de pelo en Turquía para el entonces director general de Acuamed, a quien el magistrado envió a prisión incondicional, subsanable desde hace unas semanas con el pago de una fianza de 600.000 euros. Más allá de los 120.000 euros en billetes de 500 camuflados entre libros, que fueron hallados en el registro del domicilio de Arcadio Mateo, los investigadores no han encontrado grandes sumas de dinero en el entramado corrupto.
Arias Cañete llegó a recibir en su despacho a FCC y validó una adjudicación que rechazaban los técnicos honestos de Acuamed. En concreto, el hoy comisario europeo recibió el lunes 24 de febrero de 2014 a una delegación de la empresa, que pretendía que el Gobierno asumiera el pago de 40 millones por las obras de reparación de la desaladora almeriense de Almanzora.
Cuando se produjo ese cónclave, diversos técnicos de Acuamed llevaban ya meses advirtiendo a la dirección de la empresa pública que no debía abonarse el dinero que exigía FCC. Entendían que la constructora tenía que asumir los costes por contrato.
Al final, y a pesar de los informes contrarios de los técnicos que soportaron las presiones del director general de Acuamed, Arcadio Mateo, el Ministerio de Agricultura contempló en los presupuestos generales del Estado el pago de esos 40 millones, tal y como pedía FCC.
http://cadenaser.com/ser/2016/05/18/tribunales/1463567016_040848.htmlDOS ALTOS CARGOS SEÑALAN A ARIAS CAÑETE EN EL ‘CASO ACUAMED’
El juez imputa al ex secretario de Estado de Medio Ambiente y a la directora general de Aguas
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, encargado de la investigación del caso de corrupción en la sociedad pública Acuamed (Agua de las Cuencas Mediterráneas), ha tomado este martes declaración a Federico Ramos, ex secretario de Estado de Medio Ambiente, y a Liana Ardiles, actual directora general de Aguas del Ministerio de Agricultura. Ambos, según informan fuentes judiciales, han señalado al exministro Miguel Arias Cañete como responsable del nombramiento del ex director general de Acuamed, Arcadio Mateo, el cabecilla de la trama corrupta que cobraba dádivas a cambio de beneficiar a empresas constructoras.
Ramos y Ardiles, además, han relatado al juez que el antiguo responsable de Acuamed "tenía una relación directa con Arias Cañete", según las mismas fuentes. Han explicado el enfrentamiento que tuvieron Mateo y Ardiles, que era presidenta del consejo de administración de la sociedad pública. Finalmente, según la versión de ambos, el exministro y actual comisario europeo terminó por retirar a Ardiles de la presidencia. "En los momentos de tensión, Arcadio Mateo era respaldado por Arias Cañete", ha dicho Ramos al juez.
Ramos fue hasta mayo de 2015 secretario de Estado de Medio Ambiente. Hace un año dejó ese cargo y pasó a formar parte del equipo de confianza de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Fue nombrado subsecretario de Presidencia.
Cuando estalló el escándalo de Acuamed se detuvo a 13 personas. Ninguno era alto cargo del Ministerio de Agricultura, del que depende esta empresa pública. Sin embargo, en el auto en el que Velasco dictó prisión para los 13 detenidos, el juez apuntó que "cargos de muy alto nivel del ministerio" habrían beneficiado a FCC. Aunque su nombre no aparecía, Ramos dimitió.
Hace 10 días, Ramos y Ardiles fueron citados a declarar como investigados por Velasco —la antigua imputación—. El ex secretario de Estado, según las fuentes judiciales consultadas, ha llevado a su declaración de este martes ante el juez un informe de su departamento en el que se desaconsejaba cerrar una compensación con fondos públicos para FCC por los daños en una desaladora de Almería, una obra que está en el centro de la trama de Acuamed. A pesar de ese informe, y tras reunirse con FCC, Arias Cañete encargó a la Abogacía del Estado que analizara el encaje legal de la operación de compensación.
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/17/actualidad/1463509401_687205.htmlAGRICULTURA DEBE INDEMNIZAR A UNA INGENIERA REPRESALIADA DE ACUAMED CON 90.000 EUROS POR "DAÑO MORAL GRAVE"
La sentencia que obliga a readmitir a una de las trabajadores que denunció las irregularidades que investiga el juez Velasco considera que lo sucedido es de "especial gravedad" por el carácter público de la empresa.
Readmisión e indemnización. La sentencia por el despido de Gracia Ballesteros, una de las dos ingenieras de Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) que fueron represaliadas por denunciar la corrupción en esta sociedad pública, no sólo obliga al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a reincoporarla a su puesto de trabajo, como adelantó Vozpópuli la semana pasada, sino también a pagarle 90.000 euros por el "daño moral de especial gravedad" que le produjo su arbitraria salida de la empresa. El fallo dictado por el titular del Juzgado de lo Social número 19 de Madrid, Antonio Cervera, considera probado que la mujer fue despedida en julio del año pasado "a consecuencia de su negativa a la realización de actuaciones irregulares en la empresa" que, según destaca el magistrado, están siendo corroboradas por la investigación de su colega de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Pese a la contundencia de la sentencia, el departamento que dirige en funciones Isabel García Tejerina estudia si recurre la misma, según confirmaron fuentes oficiales.
El juez recalca que el auto de su colega Eloy Velasco confirma la existencia en Acuamed de "presiones" a los empleados que no se prestaban "a los manejos"
En la sentencia, de 22 folios y a la que ha tenido acceso este diario, el juez reconoce el peso que ha tenido en su decisión la investigación de su compañero Eloy Velasco y la Guardia Civil. La 'Operación Frontino', desarrollada el pasado mes de prisión, llevó a prisión a cuatro altos cargos de la compañía acusados de varios delitos, entre ellos el de organización criminal, por el supuesto amaño de media docena de contratos millonarios. De hecho, el fallo del magistrado de lo Social recalca que el auto que dictó su colega de la Audiencia Nacional para encarcelarlos ya aludía a la existencia de "presiones para imponer en Acuamed procederes irregulares, con actuaciones perjudiciales (destituciones y remociones de sus cargos) para el personal probo que no se prestaba a esos manejos". Aunque el magistrado reconoce que dichas pesquisas aún están en fase de instruccion y sus conclusiones son, por ello, provisionales, también considera que el juez Velasco es "imparcial" y que si éste tomó la decisión de enviar a la cárcel a varios de los presuntos implicados era porque "existen indicios de criminalidad de especial solidez".
El juez Cervera resalta que el escrito de su colega da también plena validez a las palabras de uno de los testigos que compareció en la vista celebrada el pasado 1 de abril por el despido, el también represalidado Francisco Valiente, el alto cargo de Acuamed que denunció ante la Fiscalía Anticorrupción las graves irregularidades y que también por ello fue despedido. Según recoge el fallo, de su testimonio se desprende que su compañera y él "se negaron a realizar una modificiación que no procedía en la obra [de limpieza del pantano tarraconense] de Flix, a fin de proceder a un pago a un tercero [la empresa FCC] que no era correcto". A partir de ese momento, añade la sentencia, la situación de ambos en la empresa "se tornó más difícil, al punto de que fueron veladamente amenazados de despido". En este sentido, el juez considera veraz que, como aseguró Francisco Valiente, el director general de la sociedad estatal, Arcadio Mateo del Puerto, aún encarcelado como cabecilla de la trama, les espetase a ambos: "Van a caer dos pájaros por uno".
"Por negarse a realizar actuaciones irregulares"
Por todo ello, el juez concluye que Gracia Ballesteros y su compañero Francisco Valiente "se negaron a realizar actuaciones irregulares tras el verano de 2013" por lo que el segundo "fue cesado unos meses después" para poco más tarde ser ella "removida de sus responsabilidades y colocada durante un largo periodo en tareas sin especial relevancia, siendo despedida a la postre tras denunciar ante la Fiscalía y haber interpuesto una demanda contra la empresa que aún no estaba resuelta". Como responsables directos de estas represalias, el juez cita expresamente a Arcadio Mateo, el director general encarcelado, y a su número 2 en la trama, Gabriela Mañueco Pfeiffer, en libertad bajo fianza desde el pasado 29 de abril. De hecho, señala a esta última como la persona que mantuvo deliberadamente a la ingeniera "sin ocupación relevante, lo que se puede calificar como una actuación lesiva para la misma e inaceptable en derecho".
El fallo considera de "especial gravedad" que los hechos se produjeran en "una empresa pública, en la que el deber de actuación conforme a Derecho ha de regir con especial intensidad"
Por todo ello, el juez considera que la empresa dependiente del Ministerio de Agricultura no sólo debe readmitir a la demandante y pagarle los salarios desde su despedido a finales de julio del año pasado hasta hoy, sino también indemnizarla con 90.000 euros al entender que su salida de la empresa se sustentó en un informe de cuestionable "valor probatorio" ya que una de las personas que lo firmaba era Francisco Javier López Pastor, uno de los implicados en la trama a los que el juez Velasco envió a prisión. De hecho, considera que el contenido de dicho documento, una auditoria interna, no sólo ha podido comprometer el "prestigo profesional" de la despedida, sino también causarle "un sufrimiento psicológico". Un hecho que considera de "especial gravedad" ya que se ha producido en "una empresa pública, en la que el deber de actuación conforme a Derecho ha de regir con especial intensidad". Un detalle, este último, que considera que "no se puede pasar por alto".
Otra represaliada en la calle y 3 imputados readmitidos
La sentencia que obliga a readmitir a Gracia Ballesteros marcará en buena parte el devenir judicial de Azahara Peralta, la segunda ingeniera represaliada por negarse a validar los 'pufos' de la bautizada como 'la mafia del agua'. Ella también demandó a Acuamed por despido nulo, pero la vista de su caso no se celebrará antes de enero de 2017... siempre y cuando el Ministerio de Agricultura no decida su readmisión antes. Una postura que, por ahora, no se vislumbra ya que la actitud del departamento de García Tejerina en todo el proceso ha sido un tanto errático. De hecho, no hizo ningún intento de reincorporar a ambas trabajadores pese a que la 'Operación Frontino' de la Guardia Civil destapó que las denuncias de éstas eran reales. Sólo se avino a plantear un acuerdo con la primera de ellas a la puerta de la sala donde se iba a celebrar el juicio en el que finalmente Acuamed ha sido condenada. Eso sí, aquel día puso sobre la mesa un pacto con 'condiciones' que la trabajadora rechazó de plano. Tras el contundente fallo, Agricultura aún estudia sin recurre el mismo. Si no lo hace finalmente, se abriría la puerta para que la segunda ingeniera vuelva a su puesto de trabajo con relativa rapidez. Si opta por continuar la batalla legal, los despidos de ambas aún tendrán un largo peregrinar por los Juzgados de lo Social.
Todo ello con Acuamed 'revolucionada' por la reciente reincorporación de tres de los principales implicados en la trama desmantelada por el juez Velasco que acaban de salir de prisión tras abonar sendas fianzas de 300.000 euros. Uno de ellos es, precisamente, Gabriela Mañueco, cuyo nombre aparece citado reiteradamente en el reciente fallo como una de las personas que represalió a Gracia Ballesteros. Tras abandonar la cárcel el pasado 29 de abril, se incorporó a Acuamed el 3 de mayo. Dos semanas antes había pasado lo mismo con Francisco Javier Gómez Pastor y Pablo Martín Mira. En el auto de enero por el que enviaba a los tres, a Arcadio Mateo y a una quinta persona a prisión, el juez Velasco destacaba el papel relevante que supuestamente habían desempeñado todos ellos en la trama. Ahora, sin embargo, llevan ya varios semanas trabajando mientras las denunciantes siguen a la espera de que Agricultura decide si acata o recurre el fallo que acaba de declarar nulo el primero de aquellos dos polémicos despidos disciplinarios.
http://vozpopuli.com/actualidad/81750-agricultura-debe-indemnizar-a-una-ingeniera-represaliada-de-acuamed-con-90-000-euros-por-dano-moral-graveAGRICULTURA RECOLOCA A DOS CABECILLAS DEL 'CASO ACUAMED' MIENTRAS SE NIEGA A READMITIR A LAS DENUNCIANTES
Francisco Javier Gómez Pastor y Pablo Martín Mira vuelven a trabajar tras salir de prisión bajo fianza. Mientras tanto, las dos ingenieras que fueron despedidas por negarse a avalar los pufos de la trama sigue batallando en los tribunales por recuperar su puesto.
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Los investigados, en sus puestos de trabajo. Las denunciantes, aún en la calle. Francisco Javier Gómez Pastor y Pablo Martín Mira, dos de los detenidos por su implicación en el presunto amaño de contratos en la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) se han reincorporado a sus puestos de trabajo al abandonar recientemente la cárcel tras abonar sendas fianzas impuestas por el juez que instruye la causa, Eloy Velasco. Así lo han confirmado a Vozpópuli trabajadores de la propia la sociedad estatal, que aseguran que esta mañana se han encontrado por sorpresa al primero de ellos en las oficinas que la compañía tiene en Madrid. El segundo apareció ya el martes en las dependencias de Valencia, donde estaba destinado. Mientras tanto, Gracia Ballesteros y Azahara Peralta, dos ingenieras que fueron despedidas precisamente por negarse a dar el visto bueno a las irregularidades de la trama, continúan batallando en los tribunales su readmisión. Fuentes oficiales del Ministerio de Agricultura no habían respondido al requerimiento de información de este diario al cierre de estas líneas.
El juez Velasco envió a ambos a prisión por "plegarse sin discusión a las órdenes arbitrarias e irregulares" de los cabecillas de la trama
El destacado papel supuestamente jugado por Francisco Javier Gómez y Pablo Martín fue resaltado por el juez Velasco en el auto del pasado 20 de enero por el que envió a ambos y a otros tres presuntos implicados a prisión. Según señalaba el magistrado en aquel escrito, el primero era el gerente de Contratación y el segundo gerente territorial en la cuenta del Júcar cuando se produjeron las irregularidades y supuestamente tuvieron una participación activa en las mismas. De hecho, las investigaciones apuntan a que ambos "lo hicieron plegándose sin discusión a las órdenes arbitrarias e irregulares" de los señalados como los dos principales cabecillas, el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, y su mano derecha, Gabriela Mañueco Pfeiffer. Todo "en búsqueda de beneficios propios como ascensos, prebendas y agasajos de los contratistas". El juez llegaba a apuntar la existencia de pagos en especie como alquileres de coches de lujo, estancias en hoteles e, incluso, la colocación de familiares en las empresas beneficiadas.
Por ello, la presencia de ambos en las oficinas de la compañía ha causado este miércoles un gran malestar entre el resto de trabajadores, según confirman éstos a Vozpópuli. "Nadie comunica nada". "A Pablo le van a buscar trabajo para hacer". "De Javier no sabemos si seguirá como gerente de Contratación". "Lo de esta empresa no tiene nombre". Son algunos de los mensajes que han hecho llegar a este diario. Además, todos coinciden en señalar el agravio comparativo con la situación que viven Gracia Bastelleros y Azahara Peralta, despedidas precisamente por negarse a dar luz verde a las irregularidades con las que se intentaron presuntamente camuflar pagos millonarios a FCC a través de otro contrato. La vista por el primero de estos despidos se vio el pasado 1 de abril en el Juzgado de lo Social número 19 de Madrid. Entonces, el Consejo de Administación de Acuamed, el mismo órgano que había despedido a ambas fulminantemente el verano anterior, ordenó a los abogados que ofrecieran a la primera la readmisión con condiciones. Ésta se negó y la vista se celebró. Aún no hay sentencia.
Presiones, amenazas y despido
Ambas habían denunciado antes de su despedido que su oposición a dar el visto bueno a las supuestas irregularidades que les presentaban Arcadio Maeto y Gabriela Mañueco le había llevado a sufrir una situación de auténtico acoso laboral. De hecho, la primera de ellas llegó a remitir una carta al entonces número 2 de Agricultura, Federico Ramos de Armas y tres más a su sucesor, Pablo Saavedra, en las que detallaba "presiones, amenazas y descalificaciones" por parte de sus jefes. Aquellas misivas, la última de las cuales llegó a la sede del Ministerio el 28 de julio, nunca obtuvieron respuesta y dos días después el Consejo de Administración de Acuamed se reunió con un orden del día en el que se incluía, precisamente, el despido de ambas trabajadoras.
Uno de los directivos que se ha reincorporado ahora a Acuamed fue el que elaboró el informe para despedir a las dos ingenieras denunciantes
Según confirmaron en su momento a este diario portavoces oficiales del propio Ministerio de Agricultura, aquel encuentro fue presidido por Saavedra, quien tras haber tomado posesión un mes antes de su cargo de secretario de Estado se había convertido automáticamente en el presidente de la sociedad estatal ahora bajo sospecha. Según refleja el acta que se levantó de aquella reunión, todos los asistentes a la misma apoyaron la propuesta de despedir a ambas. "Tras la oportuna deliberación, el Consejo de Administración, por unanimidad, presta su conformidad a las medidas disciplinarias propuestas y solicita que se le vaya ofreciendo información exhaustiva sobre este punto en la siguiente reunión del Consejo", se lee textualmente en el documento al que adelantó en su día Vozpópuli en exclusiva. El documento en el que se basaron para tomar la decisión fue un informe elaborado, precisamente, por uno de los dos directivos que sería detenido en enero y que ahora ha vuelto a su puesto de trabajo, Francisco Javier Gómez Pastor.
http://vozpopuli.com/actualidad/80075-agricultura-recoloca-a-dos-cabecillas-del-caso-acuamed-mientras-se-niega-a-readmitir-a-las-denunciantesUN INFORME DE HACIENDA CONFIRMA LOS AMAÑOS EN ACUAMED DESTAPADOS POR EL JUEZ VELASCO
Un informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) revela que los directivos de la empresa pública aprobaron sin justificación el pago de cerca de 37 millones de euros a FCC por los trabajos de descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona. También destaca que se devolvieron a la constructora dinero de más por descuentos realizados y otros supuestos pufos.
El Ministerio de Hacienda también ve irregularidades en los contratos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo que depende del departamento que dirige en funciones Cristóbal Montoro) ha elaborado un "informe provisional" de auditoria sobre las supuestas irregularidades existentes en diversos contratos adjudicados en los últimos años por la sociedad estatal ahora bajo sospecha en el que certifica la existencia de algunas de las que llevaron a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a detener el pasado 18 de enero a trece personas entre directivos de la compañía y de las constructoras implicadas. En el caso de la descontaminación del pantano de Flix (Tarragona), el documento confirma que se acordó el pago de cerca de 37 millones de euros a FCC por supuestos sobrecostes. El juez Velasco ya recogía dicha irregularidad en el auto por el que envió en enero a prisión a cinco implicados señalando que la misma se realizó "siguiendo instrucciones emanadas" de altos cargos del departamento que ahora dirige en funciones Isabel García Tejerina.
El informe de la IGAE sobre la descontaminación del embalse de Flix confirma el agujero de 37 millones al que el juez hacía referencia en uno de sus autos
Parte de ese informe de la IGAE fue incorporado el pasado 18 de marzo por la propia Acuamed a la causa que se sigue en un Juzgado de lo Social de Madrid por el despido de una de las ingenieras represaliadas, precisamente, por negarse a avalar con su firma los supuestos amaños. Con el mismo, los representantes legales de la compañía estatal -que este viernes intentaron sin éxito que la extrabajadora retirara la denuncia ofreciéndole una readmisión con condiciones- pretendían demostrar que ésta no detectó dichas irregularidades. Sin embargo, el documento lo que hace es respaldar la investigación de la Guardia Civil y las conclusiones que las mismas reflejó el juez Velasco en aquel auto de enero. En éste, el magistrado aseguraba que con dicha maniobra propiciada presuntamente por FCC Construcciones -cuyo presidente, Miguel Jurado, fue detenido-, los directivos de Acuamed aceptaron el pago de "obras no ejecutadas en expedientes paralelos" que causaron "un perjuicio a la Administración de 40 millones de euros para 'compensar" a la constructora. Ahora el estudio realizado por el organismo de Hacienda dentro del "plan auditoría 2015" señala que en el contrato de "eliminación de la contaminación química del embalse de Fix" se produjeron numerosas irregularidades a lo largo de todo el proceso, pero sobre todo en la parte final del mismo.
Entre ellos destaca, precisamente, por la cuantía la referida a los "sobrecostes reclamados por el contratista" y que el juez Velasco llegó a calificar en su escrito de "ilegal". La IGAE apunta en el mismo sentido al afirmar que los trabajos supuestamente realizados por FCC para pedir dicha cantidad se realizaron "al margen del proyecto aprobado y sin cobertura contractual". "Acuamed valoró dicha reclamación, aceptando algunos conceptos y rechazando otros" se lee en el documento que a continuación cuantifica "los trabajos aceptados como abonables" en la cantidad de 36.823.743,45 euros. "Esto supone un 27,53% sobre el presupuesto global de la obra, que Acuamed presentó para su convalidación al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente", recalca. Los autores del informe aseguran que "los responsables" de la sociedad estatal validaron dichas obras y aseguraron que la citada reclamación estaba "soportada por facturas que acreditarían tanto la naturaleza de los trabajos como su realización". Sin embargo, reconocen que cuando pidieron dichos albaranes, la empresa pública no los pudo aportar y se escudó, precisamente, en el registro que realizó la Guardia Civil el pasado 18 de enero en las oficinas de la compañía en Madrid y la documentación que intervinieron.
Otras irregularidades económicas
El supuesto pufo de los cerca de 37 millones no es, sin embargo, la única irregularidad detectada por IGAE en los trabajos en el pantano de Flix. De hecho, destaca que en febrero de 2014 se penalizó a la constructora por "retrasos en la ejecución" de las obras relacionadas con la extracción de lodos. El importe de la misma fue de 1,1 millones de euros que se descontaron de los abonos que ese mismo mes y en marzo siguiente se hicieron a la compañía. Aquella penalización fue recurrida por FCC el 3 de marzo de aquel año y eliminada meses después por la propia Acuamed, que justificó su cambio de decisión en que "el retraso en el ritmo [...] se había recuperado en meses posteriores". Hacienda destaca que en noviembre de 2015, sólo dos meses antes de que la Guardia Civil desarrollase la 'Operación Frontino', la empresa pública entregó por ello a FCC 1,3 millones en este concepto, una cifra mayor a la cantidad reclamada. "Se habría devuelto un importe superior en 216.368,87 euros al efectivamente descontado en su momento. No consta en la documentación aportada que se hayan realizado actuaciones para recuperar dicha diferencia abonada incorrectamente", recalca el informe.
Hacienda critica que FCC recibió más de 216.000 euros de más de Acuamed por una penalización que le impuso por los retrasos en las obras
La IGAE también destaca otros incumplimientos en una obra que costó al erario público 155 millones de euros. Así, resalta que el replanteo de las obras, que debería haberse formalizado en un plazo máximo de 30 días, se realizó finalmente once meses después. "Se habría incumplido dicho plazo, sin que figure en el acta de comprobación [...] referencia a las causas", señala el texto. Asimismo, asegura que la documentación aportada por Acuamed para justificar los pagos "solo soporta parcialmente" una parte de los abonos incluidos bajo el concepto de "acopios". Según la documentación, se abonaron en este concepto 5,1 millones de euros, la mitad de dicha cantidad sorprendentemente sin que hubiera "ninguna solicitud del contratista". Finalmente, Hacienda destaca las "cuatro prórrogas" que se concedieron a FCC para terminar una obra cuyo plazo final estaba previsto inicialmente para el 3 de septiembre de 2012 y que, aún hoy,, más de tres años después, no están totalmente concluidas. Prorrogas que fueron aprobadas sistemáticamente por Acuamed sin casi objeciones pese a que pusieron el grave riesgo una ayuda de la Unión Europea.
Siete obras y un fraude multimillonario
Desde un contrato de 6,5 millones de euros a otro de más de 270 millones. En Tarragona, Murcia, Valencia, Alicante y Almería. La 'Operación Frontino' que permitió destapar la trama que presuntamente amañaba adjudicaciones de Acuamed maneja cifras de vértigo. Las pesquisas de UCO se centraron en un primer momento en siete concursos públicos que supusieron una inversión de dinero público superior a los 625 millones y sobre los que se sospecha que fueron adjudicados de manera irregular y con pagos inflados "de manera desorbitada". Así , a la descontaminación del embalse de Flix, se unen los trabajos de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera, en el municipio valenciano de Oliva; las obras de la desaladora Bajo Almanzora, en Almería; una instalación similar en Torrevieja, Alicante; las tuberías de la desaladora de Campello-Mutxamel, en la misma provincia; la presa de antiavenidas en el Ríos Serpis, de Valencia; y los trabajos para transferir aguas desde el embalse de Cerro Colorado al valle del Guadalentín, en la Región de Murcia. Todas ellas aparecen relacionadas en el auto del juez Velasco que ahora se ha visto respaldado por el informe de Hacienda.
http://vozpopuli.com/actualidad/78799-un-informe-de-hacienda-confirma-los-amanos-en-acuamed-destapados-por-el-juez-velascoUN INFORME DE HACIENDA CONFIRMA LOS AMAÑOS EN ACUAMED DESTAPADOS POR EL JUEZ VELASCO
Un informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) revela que los directivos de la empresa pública aprobaron sin justificación el pago de cerca de 37 millones de euros a FCC por los trabajos de descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona. También destaca que se devolvieron a la constructora dinero de más por descuentos realizados y otros supuestos pufos.
El Ministerio de Hacienda también ve irregularidades en los contratos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo que depende del departamento que dirige en funciones Cristóbal Montoro) ha elaborado un "informe provisional" de auditoria sobre las supuestas irregularidades existentes en diversos contratos adjudicados en los últimos años por la sociedad estatal ahora bajo sospecha en el que certifica la existencia de algunas de las que llevaron a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a detener el pasado 18 de enero a trece personas entre directivos de la compañía y de las constructoras implicadas. En el caso de la descontaminación del pantano de Flix (Tarragona), el documento confirma que se acordó el pago de cerca de 37 millones de euros a FCC por supuestos sobrecostes. El juez Velasco ya recogía dicha irregularidad en el auto por el que envió en enero a prisión a cinco implicados señalando que la misma se realizó "siguiendo instrucciones emanadas" de altos cargos del departamento que ahora dirige en funciones Isabel García Tejerina.
El informe de la IGAE sobre la descontaminación del embalse de Flix confirma el agujero de 37 millones al que el juez hacía referencia en uno de sus autos
Parte de ese informe de la IGAE fue incorporado el pasado 18 de marzo por la propia Acuamed a la causa que se sigue en un Juzgado de lo Social de Madrid por el despido de una de las ingenieras represaliadas, precisamente, por negarse a avalar con su firma los supuestos amaños. Con el mismo, los representantes legales de la compañía estatal -que este viernes intentaron sin éxito que la extrabajadora retirara la denuncia ofreciéndole una readmisión con condiciones- pretendían demostrar que ésta no detectó dichas irregularidades. Sin embargo, el documento lo que hace es respaldar la investigación de la Guardia Civil y las conclusiones que las mismas reflejó el juez Velasco en aquel auto de enero. En éste, el magistrado aseguraba que con dicha maniobra propiciada presuntamente por FCC Construcciones -cuyo presidente, Miguel Jurado, fue detenido-, los directivos de Acuamed aceptaron el pago de "obras no ejecutadas en expedientes paralelos" que causaron "un perjuicio a la Administración de 40 millones de euros para 'compensar" a la constructora. Ahora el estudio realizado por el organismo de Hacienda dentro del "plan auditoría 2015" señala que en el contrato de "eliminación de la contaminación química del embalse de Fix" se produjeron numerosas irregularidades a lo largo de todo el proceso, pero sobre todo en la parte final del mismo.
Entre ellos destaca, precisamente, por la cuantía la referida a los "sobrecostes reclamados por el contratista" y que el juez Velasco llegó a calificar en su escrito de "ilegal". La IGAE apunta en el mismo sentido al afirmar que los trabajos supuestamente realizados por FCC para pedir dicha cantidad se realizaron "al margen del proyecto aprobado y sin cobertura contractual". "Acuamed valoró dicha reclamación, aceptando algunos conceptos y rechazando otros" se lee en el documento que a continuación cuantifica "los trabajos aceptados como abonables" en la cantidad de 36.823.743,45 euros. "Esto supone un 27,53% sobre el presupuesto global de la obra, que Acuamed presentó para su convalidación al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente", recalca. Los autores del informe aseguran que "los responsables" de la sociedad estatal validaron dichas obras y aseguraron que la citada reclamación estaba "soportada por facturas que acreditarían tanto la naturaleza de los trabajos como su realización". Sin embargo, reconocen que cuando pidieron dichos albaranes, la empresa pública no los pudo aportar y se escudó, precisamente, en el registro que realizó la Guardia Civil el pasado 18 de enero en las oficinas de la compañía en Madrid y la documentación que intervinieron.
Otras irregularidades económicas
El supuesto pufo de los cerca de 37 millones no es, sin embargo, la única irregularidad detectada por IGAE en los trabajos en el pantano de Flix. De hecho, destaca que en febrero de 2014 se penalizó a la constructora por "retrasos en la ejecución" de las obras relacionadas con la extracción de lodos. El importe de la misma fue de 1,1 millones de euros que se descontaron de los abonos que ese mismo mes y en marzo siguiente se hicieron a la compañía. Aquella penalización fue recurrida por FCC el 3 de marzo de aquel año y eliminada meses después por la propia Acuamed, que justificó su cambio de decisión en que "el retraso en el ritmo [...] se había recuperado en meses posteriores". Hacienda destaca que en noviembre de 2015, sólo dos meses antes de que la Guardia Civil desarrollase la 'Operación Frontino', la empresa pública entregó por ello a FCC 1,3 millones en este concepto, una cifra mayor a la cantidad reclamada. "Se habría devuelto un importe superior en 216.368,87 euros al efectivamente descontado en su momento. No consta en la documentación aportada que se hayan realizado actuaciones para recuperar dicha diferencia abonada incorrectamente", recalca el informe.
Hacienda critica que FCC recibió más de 216.000 euros de más de Acuamed por una penalización que le impuso por los retrasos en las obras
La IGAE también destaca otros incumplimientos en una obra que costó al erario público 155 millones de euros. Así, resalta que el replanteo de las obras, que debería haberse formalizado en un plazo máximo de 30 días, se realizó finalmente once meses después. "Se habría incumplido dicho plazo, sin que figure en el acta de comprobación [...] referencia a las causas", señala el texto. Asimismo, asegura que la documentación aportada por Acuamed para justificar los pagos "solo soporta parcialmente" una parte de los abonos incluidos bajo el concepto de "acopios". Según la documentación, se abonaron en este concepto 5,1 millones de euros, la mitad de dicha cantidad sorprendentemente sin que hubiera "ninguna solicitud del contratista". Finalmente, Hacienda destaca las "cuatro prórrogas" que se concedieron a FCC para terminar una obra cuyo plazo final estaba previsto inicialmente para el 3 de septiembre de 2012 y que, aún hoy,, más de tres años después, no están totalmente concluidas. Prorrogas que fueron aprobadas sistemáticamente por Acuamed sin casi objeciones pese a que pusieron el grave riesgo una ayuda de la Unión Europea.
Siete obras y un fraude multimillonario
Desde un contrato de 6,5 millones de euros a otro de más de 270 millones. En Tarragona, Murcia, Valencia, Alicante y Almería. La 'Operación Frontino' que permitió destapar la trama que presuntamente amañaba adjudicaciones de Acuamed maneja cifras de vértigo. Las pesquisas de UCO se centraron en un primer momento en siete concursos públicos que supusieron una inversión de dinero público superior a los 625 millones y sobre los que se sospecha que fueron adjudicados de manera irregular y con pagos inflados "de manera desorbitada". Así , a la descontaminación del embalse de Flix, se unen los trabajos de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera, en el municipio valenciano de Oliva; las obras de la desaladora Bajo Almanzora, en Almería; una instalación similar en Torrevieja, Alicante; las tuberías de la desaladora de Campello-Mutxamel, en la misma provincia; la presa de antiavenidas en el Ríos Serpis, de Valencia; y los trabajos para transferir aguas desde el embalse de Cerro Colorado al valle del Guadalentín, en la Región de Murcia. Todas ellas aparecen relacionadas en el auto del juez Velasco que ahora se ha visto respaldado por el informe de Hacienda.
http://vozpopuli.com/actualidad/78799-un-informe-de-hacienda-confirma-los-amanos-en-acuamed-destapados-por-el-juez-velascoEL NÚMERO 2 DE TEJERINA APOYÓ REPRESALIAR A DOS TRABAJADORAS DE ACUAMED QUE DENUNCIARON PUFOS CON FCC
Pablo Saavedra presidió el Consejo de Administración de la sociedad estatal en el que se decidió "por unanimidad" despedir a dos empleadas de la compañía que respaldaban las acusaciones de Francisco Valiente, el ingeniero defenestrado catorce meses antes por denunciar irregularidades en adjudicaciones. Entonces, el juez Velasco ya tenía en marcha la investigación que ha terminado por confirmar los engaños descubiertos por los tres sancionados y que desembocó el pasado mes de enero en la 'Operación Frontino'.
El escándalo de corrupción en Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) sigue escalando en el organigrama del Ministerio de Agricultura. Tras la dimisión del que fuera secretario de Estado de Medio Ambiente y subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas, y la aparición de los primeros indicios que salpican a la directora general del Agua, Liana Ardiles López, ahora le toca el turno a Pablo Saavedra Inaraja, actual número 2 del departamento que encabeza Isabel García Tejerina. El acta de la reunión que el Consejo de Administración de la sociedad estatal celebró el 30 de julio de 2015 refleja que este alto cargo apoyó con su voto el despido de dos trabajadoras de la compañía pública que se habían negado a avalar las irregularidades en los contratos adjudicados, entre otras empresas, a FCC. También respaldó que se les impusieran sanciones de suspensión de empleo y sueldo a otros dos empleados, y que se estudiara "ejercitar acciones judiciales contra las personas que no se encuentran trabajando en la sociedad", en lo que parece una referencia a Francisco Valiente, el directivo de la compañía que destapó las supuestas irregularidades con su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y que había sido despedido por ello en abril de 2014.
Saavedra, como recién nombrado secretario de Estado de Medio Ambiente, presidió la reunión del Consejo de Acuamed del 30 de julio de 2015 que decidió "por unanimidad" despedir a ambas empleadas
Las trabajadoras despedidas eran Gracia Ballesteros y Azahara Peralta, quienes durante los meses precedentes a su despido habían rechazado dar el visto bueno a las irregularidades con las que el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, y su mano derecha, María Gabriela Mañueco Pfeiffer, ambos encarcelados por el juez Eloy Velasco dentro de la 'Operación Frontino', intentaban camuflar pagos millonarios a FCC a través de otro contrato. En concreto, a través de la adjudicación para la eliminación de la contaminación química en el embalse de Flix, en la provincia de Tarragona. Tras dicha negativa, ambas denunciaron que comenzaron a sufrir una situación de acoso laboral. De hecho, la primera de ellas llegó a remitir una carta a Federico Ramos, el anterior secretario de Estado de Medio Ambiente, y tres más a Pablo Saavedra, el actual número 2 de Agricultura, en las que detallaba "presiones, amenazas y descalificaciones" por parte de Arcadio Mateo y María Gabriela Mañueco, según adelantó este lunes la Cadena Ser.
Aquellas misivas, la última de las cuales llegó a la sede del Ministerio el 28 de julio, nunca obtuvieron respuesta y dos días después el Consejo de Administración de Acuamed se reunía con un orden del día en el que se incluía, precisamente, el despido de ambas trabajadoras. Según han confirmado a este diario portavoces oficiales del propio Ministerio de Agricultura, aquel encuentro fue presidido por Saavedra, quien tras haber tomado posesión un mes antes de su cargo de secretario de Estado se había convertido automáticamente en el presidente de la sociedad estatal ahora bajo sospecha. Según refleja el acta que se levantó de aquella reunión, todos los asistentes a la misma apoyaron la propuesta de despedir a ambas. "Tras la oportuna deliberación, el Consejo de Administración, por unanimidad, presta su conformidad a las medidas disciplinarias propuestas y solicita que se le vaya ofreciendo información exhaustiva sobre este punto en la siguiente reunión del Consejo", se lee textualmente en el documento al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Punto octavo del orden del día
La decisión se tomó dentro del punto octavo del orden del día en el que se analizó la auditoría que había puesto en marcha Acuamed del contrato a FCC sobre el pantano de Flix, uno de los ahora investigado ahora por el juez Eloy Velasco. Para ello se valía de una auditoría realizada por un denominado Comité de Control Interno, un órgano creado a marchas forzadas en noviembre de 2014, justo después de que el Consejo recibiera la notificación de la Fiscalía Anticorrupción de que se estaban investigando las supuestas irregularidades en las adjudicaciones de la compañía tras la denuncia del ingeniero Francisco Valiente. Dicho comité, formado por cuatro personas, estaba encabezado por Francisco Javier Gómez Pastor, uno de los 13 detenidos el pasado mes de enero por la Guardia Civil que ha sido enviado a prisión por su relevancia dentro de la trama presuntamente encabezada por Arcadio Mateo.
La propuesta de despedir a ambas trabajadores fue puesta sobre la mesa por un recién creado Comité de Control que presidía un directivo ahora encarcelado por el juez Velasco
En dicho encuentro del Consejo de Administración fue precisamente este último, en su condición de director general de la sociedad, quien elevó el informe de este Comité interno en el que se reflejaban "una serie de deficiencias e irregularidades halladas en el desarrollo de la auditoría y que tienen que ver, esencialmente, con la falta de cumplimiento de forma estricta de algunos de los requerimientos contractuales ligados a la ejecución de la actuación mencionada". Según fuentes cercanas a las trabajadoras, dicho documento fue elaborado ad hoc para justificar su despido. Tras su exposición y la intervención de Ángel Álvarez Capón, uno de los cuatro consejeros del Ministerio de Hacienda y presidente de la Comisión de Auditoría y Control del que dependía el Comité, que propuso una serie de mejoras para dar "mayores garantías procedimentales y documentales en las actuaciones de Acuamed", el siguiente en tomar la palabra fue Juan García Cuenca director de la Asesoría Jurídica de la empresa. Éste fue quien formalmente puso sobre la mesa "las medidas disciplinarias promovidas por la empresa" para despedir a Gracia Ballesteros y Azahara Peralta, así como a sancionar a María Dolores D. y Jaime G., otros dos trabajadores.
No fue su única propuesta. El responsable del departamento jurídico también anunció que se iba a realizar "un estudio" para emprender acciones legales contra "las personas que ya no se encuentran trabajando en la sociedad", en lo que parece una clara referencia Francisco Valiente, "y contra las empresas contratadas". Al día siguiente, las dos trabajadoras recibían la carta firmada por Arcadio Mateo por las que se les despedía. Era el 31 de julio de 2015 y para entonces el caso ya era investigado por el Juez Eloy Velasco y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Unas pesquisas en las que, el testimonio de ambas mujeres, junto al del directivo defenestrado en abril de 2014, ya estaban siendo claves.
"Daños y perjuicios"
El asunto de los despidos volvió a salir meses después en una nueva reunión del Consejo de Administración de Acuamed. Fue en la celebrada el 1 de octubre de 2015, a menos de cuatro meses de las detenciones de la 'Operación Frontino'. En dicho encuentro, de nuevo Arcadio Mateo volvió a recordar lo acordado en julio y anunció la elaboración del "correspondiente informe" sobre el estado de las obras de descontaminación del embalse de Flix que sirvieron de excusa a la trama para propiciar la salida de la empresa de las dos trabajadoras. En ese encuentro también se habló de la decisión de "ejercitar acciones judiciales" contra otras personas y que, el presunto cabecilla de la trama señaló que estaba avalado por "el dictamen del experto independiente" que habían contratado para estudiar esa posibilidad. Éste había concluido que se les podía acusar de "daños y perjuicios". Los asistentes a la reunión se dieron por enterados.
Sin embargo, en el acta de dicha reunión no se hace referencia a que ambas mujeres habían emprendido ya sendas demandas laborales por sus despidos. De hecho, la de Gracia Ballesteros se iba a ver el pasado viernes 29 de enero en los Juzgados de lo Social de Madrid. A la misma estaban convocados varios responsables de la compañía, entre ellos los integrantes del Comité de Control que había elaborado el informe para despedirla, salvo su presidente, Gómez Pastor, quien junto a Arcadio Mateo y María Gabriela Mañueco siguen encarcelados por orden del juez de la Audiencia Nacional. También estaba citado como testigo el propio Pablo Saavedra, según las fuentes cercanas a las empleadas represaliadas consultadas por este diario, que no se personó, lo que obligó a suspenderla vista.
EL JUEZ, LOS "PROBOS" FUNCIONARIOS Y LOS "ALTOS CARGOS"
El auto que el juez Eloy Velasco dictó el pasado 20 de enero para enviar a prisión a cinco de los 13 detenidos en la 'Operación Frontino' dedicaba un espacio al calvario laboral que les tocó vivir durante meses a Francisco Valiente, Gracia Ballesteros y Azahara Peralta, a los que califica como "funcionarios técnicos probos que no se plegaban" a las irregularidades promovidas por Arcadio Mateo y María Gabriela Mañueco. De hecho, recalca que fue esta firmeza lo que provocó que fuera destituidos o removidos de su puestos para poner en su lugar a personas que sí aceptaban "sin discusión" las órdenes "arbitrarias e irregulares" de los dos principales implicados.
En este mismo texto, el magistrado también reflejaba sus sospechas sobre la presunta implicación en todo el escándalo de cargos de "muy alto nivel" del departamento que dirije Isabel García Tejerina. Hasta en tres ocasiones, el magistrado afirmaba expresamente que varias de las irregularidades detectadas habían sido "pactadas" entre responsables de Agricultura y la cúpula de la empresa FCC, dos de cuyos directivos fueron arrestados. De hecho, llega a afirmar que en uno de los casos se produjo un perjuicio de 40 millones a la Administración "para compensar a FCC siguiendo instrucciones emanadas desde la Superioridad", en clara referencia al Ministerio.
http://vozpopuli.com/actualidad/75297-el-numero-2-de-tejerina-apoyo-represaliar-a-dos-trabajadoras-de-acuamed-que-denunciaron-pufos-con-fccEL PRESIDENTE DE ACUAMED ADMITE AHORA QUE CONOCÍA EL FRAUDE Y EL ACOSO LABORAL
El secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente de Acuamed, Pablo Saavedra, recibió tres denuncias sobre graves irregularidades en los contratos y acoso laboral en la empresa pública a las que nunca contestó. Saavedra afirmó en la SER que se enteró "por la prensa" al estallar el escándalo de las represalias contra los trabajadores que denunciaban, pero ahora admite que fue informado en verano de 2015
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El secretario de Estado de Medio Ambiente desde finales de junio de 2015 y como tal y desde entonces, presidente de la empresa pública Acuamed, Pablo Saavedra, recibió tres cartas los días 6, 14 y 28 de julio de ese año de la ingeniero y directivo de Acuamed, Gracia Ballesteros, en las que denunciaba con detalle las graves irregularidades que se estaban produciendo en contratos que ahora investiga la justicia. Son cartas que han sido incorporadas al sumario y a cuyo contenido ha tenido acceso la Cadena SER. Se trata de misivas idénticas a una cuarta, remitida el 19 de junio de 2015 por la misma trabajadora al antecesor de Saavedra, Federico Ramos, quien ha dimitido por su vinculación con los hechos. Ni Ramos ni Saavedra contestaron jamás a Gracia Ballesteros.
En sus cartas, la trabajadora relataba que recibía "presiones, amenazas y descalificaciones" del director general Arcadio Mateo, y de la directora de Construcción, Gabriela Mañueco, ambos hoy en prisión, para "realizar actos que beneficiaban a determinados contratistas".
En concreto, Ballesteros informó de que se amañaron sus informes contrarios a la adjudicación a Altec de la obra para la red de abastecimiento Campello-Muxamel, con "presiones para que la empresa recibiera buena puntuación técnica".
Además, denunció "continuas presiones por parte de Arcadio Mateo" para incrementar un 10% a favor de la contratista la liquidación de las obras del río Serpis. La ingeniero afirmó que ante su "rotunda negativa" a ceder a las presiones, tanto ella como otras tres personas, fueron "apartadas" de sus responsabilidades y "sustituidas" por otros empleados.
En sus cartas, Gracia Ballesteros solicitaba el "amparo y protección" de Pablo Saavedra ante la "insoportable situación" de acoso laboral, ya que tanto Arcadio Mateo como Gabriela Mañueco, la habían sometido a mobbing, ignorándola, "destrozando" su reputación, y construyendo un "círculo de aislamiento" a su alrededor como consecuencia de su "negativa a realizar las acciones irregulares" que le eran ordenadas. Ballesteros, quien tuvo que darse de baja por el acoso y al final, fue despedida, también sostuvo en sus cartas a Saavedra que había "varios compañeros en situación grave de presiones", ya que se les "amenazaba con el despido si no acataban las órdenes irregulares del director general".
El pasado 21 de enero, el secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente de Acuamed, Pablo Saavedra, afirmó en una entrevista en Hora 25 de la Cadena SER que no había tenido conocimiento de que trabajadores hubieran sido depuestos por denunciar los hechos. Sostuvo que se enteró "por la prensa" al estallar el escándalo. “No, esta es la información que está surgiendo estos días en la prensa. Es la única información que tenemos, estamos bajo secreto de sumario”, contestaba Saavedra en aquella ocasión.
La Cadena SER se ha puesto en contacto con Saavedra, que no ofrece una respuesta. En su lugar, ha contestado el gabinete de comunicación del Ministerio de Agricultura, que admite ahora que el secretario de Estado recibió esas cartas y que no las contestó. Agricultura argumenta que no hubo respuesta, a pesar de que la trabajadora imploraba su "protección y amparo", porque Ballesteros se encontraba inmersa en un expediente disciplinario abierto por Arcadio Mateo, y el presidente de Acuamed no debía interferir en el proceso.
Agricultura añade que Acuamed creó una comisión interna para estudiar las presuntas irregularidades en los contratos en noviembre de 2014, dos meses después de ser informados de la investigación abierta por Anticorrupción. Esa comisión no adoptó decisión alguna y el acoso a los trabajadores continuó, según sus declaraciones ante el juez.
http://cadenaser.com/ser/2016/01/31/tribunales/1454261924_590314.htmlEL EX NÚMERO 3 DE SORAYA TAMBIÉN PRESIDIÓ DESDE 2013 ACUAES, LA OTRA GRAN EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS
Federico Ramos de Armas, ex número 3 de Soraya Sáenz de Santamaría, no sólo presidió Acuamed desde diciembre de 2011. También estuvo al frente de la otra gran empresa estatal de aguas, Acuaes, desde mayo de 2013 hasta que lo fichó la vicepresidenta en junio de 2015.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente controla dos grandes compañías estatales de aguas. Una de ellas es Acuamed, la compañía de la trama corrupta destapada con la 'Operación Frontino', y la otra es Acuaes, nacida en 2013 tras la fusión de las también públicas Acuasur, Acuanorte y Acuaebro.
Las dos compañías estuvieron presididas por Federico Ramos de Armas, por ser Secretario de Estado de Medio Ambiente. En el caso de Acuamed, el dimitido número 3 de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría comenzó a presidirla nada más ser fichado por el ministro Miguel Arias Cañete para Agricultura en diciembre de 2011.
Ramos de Armas también tenía en Acuaes como mano derecha a la directora general de Aguas del Ministerio, Liliana Ardiles
A Acuaes llegó más tarde. Formalmente, la segunda gran empresa de aguas se creó en marzo de 2012, pero no echó a andar como grupo integrado hasta mayo de 2013. Fue entonces cuando el ex alto cargo de Moncloa pasó a presidirla. En su primer consejo de administración en Acuaes, Ramos de Armas, al que fuentes de la investigación de la 'Operación Frontino' sitúan como uno de los "cargos de muy alto nivel" implicados en la trama corrupta, se comprometió a "lograr la máxima optimización de los recursos económicos existentes y sacar el máximo provecho a los fondos europeos ya asignados para la ejecución de las infraestructuras hidráulicas necesarias en España con mayor flexibilidad financiera".
Al igual que en Acuamed, Ramos de Armas también tenía en su equipo de confianza en Acuaes a la directora de Aguas del Ministerio, Liana Ardiles. La investigación llevada a cabo por el juez Eloy Velasco apunta a que estos dos altos cargos podrían estar implicados en la trama corrupta supuestamente montada por Arcadio Mateo, ex director general de Acuamed, actualmente en prisión.
Acuaes, sin embargo, no figura en ninguna de las investigaciones realizadas hasta la fecha. Por ahora, la trama corrupta sólo se ciñe a Acuamed y sus empresas adjudicatarias (FCC, Acciona, Abengoa…).
Acuaes es una gran empresa estatal de aguas que cerró el ejercicio de 2014 con unas pérdidas consolidadas de 3,86 millones de euros y un patrimonio neto consolidado de 2,5 millones de euros, frente al beneficio consolidado de 3,6 millones y al patrimonio neto consolidado de 2,44 millones en 2013.
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/75014-el-ex-numero-3-de-soraya-tambien-presidio-desde-2013-acuaes-la-otra-gran-empresa-publica-de-aguas‘CASO ACUAMED’: ASÍ SE INFLÓ LA FACTURA DE LA DESALADORA ESTROPEADA
El presupuesto modificado de la desaladora del Bajo Almanzora indica que la toma de agua de mar de la obra civil debe costar 3,5 millones de euros. A la hora de hacer la liquidación, los técnicos encargados de la dirección de obra calculan que el gasto final es de 4,6 millones. La contratista, en cambio, lo valora en 5,4 millones. Sucede algo similar con los equipos mecánicos. Donde los técnicos dicen 13,2 millones, la constructora afirma que son 14,2. Y así, millón a millón, la factura va engordando. Las diferencias entre contratista y dirección de obra quedaron reflejadas en un documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, incluido en el sumario del caso Acuamed. Las divergencias en la liquidación de esa obra —10 millones de euros, un 20% más de lo presupuestado— son la raíz de la desavenencia y del posterior pacto fallido que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
La desaladora del Bajo Almanzora, planificada para llevar "20 hectómetros cúbicos de agua garantizada al Levante almeriense" —así rezaba la publicidad institucional—, es hoy una mole de hormigón que lleva tres años inutilizada en una comarca que sufre la sequía como pocas. Con la obra apenas terminada, unas lluvias torrenciales inundaron la instalación el 28 de septiembre de 2012. No tenía seguro. Empezaba entonces un pleito entre el Ministerio de Agricultura, de quien depende la empresa pública Acuamed, y la contratista (una UTE formada por FCC y Abengoa) que ha desembocado en la Operación Frontino: la investigación de una red corrupta con 13 detenidos y que ya se ha cobrado una dimisión en el Gobierno.
El denunciante avisó también a un representante de Hacienda
La denuncia que el ingeniero de caminos Francisco Valiente presentó ante la Fiscalía Anticorrupción, y que dio lugar a la investigación de la Audiencia Nacional, había pasado previamente por varias manos. Valiente, entonces director de Ingeniería y Construcción de Acuamed, habló varias veces con el director financiero de la empresa pública, Carlos Aníbarro, el representante de Patrimonio del Estado (dependiente del Ministerio de Hacienda). Según relata Valiente en una carta abierta que ha dirigido a los medios de comunicación, durante las tres primeras semanas del mes de marzo de 2014 le informó de que le estaban dando órdenes para "cambiar los informes técnicos para una adjudicación" y para "certificar, para poder pagar, una cantidad que no estaba justificada y asumir una parte de la reparación necesaria". Valiente asegura que Aníbarro le dijo que había hablado con la Dirección General de Patrimonio del Estado y que les llamarían para tener una reunión. "Esa reunión nunca se produjo", señala.
Cuando Valiente intentó poner el caso en conocimiento del consejo de administración de Acuamed (en el que hay representantes de varios ministerios), tampoco lo tuvo fácil. Asegura que el abogado del Estado del Ministerio de Agricultura, Pablo Fernández, organizó una reunión para el 25 de marzo de 2014. El día anterior "canceló esa reunión".
Finalmente Valiente optó por enviar un notario a Acuamed para asegurarse de que la información llegara a su destino. El notario fue atendido por Aníbarro y por Javier Moya, abogado del Estado y entonces director jurídico de Acuamed. Según el relato del denunciante, ambos examinaron la carta y la documentación adjunta (100 páginas en total) y "declinaron hacerse cargo de la cédula de notificación".
El 2 de abril de 2014 Acuamed comunica a Valiente que la empresa "ha decidido desistir de la relación laboral especial como alto cargo". Es decir, le echa. Apenas 20 días antes Valiente había recibido otra carta en la que el responsable de recursos humanos le comunicaba que había superado en un 108% los objetivos fijados por la empresa para 2013, por lo que cobraría al año siguiente el máximo bonus posible, 12.000 euros para un año completo. Una prueba más, opina el denunciante, de que la decisión de despedirle respondió únicamente a que había puesto una patata muy caliente sobre la mesa de Acuamed.
El sobrecoste en la liquidación de la obra y la reconstrucción de la desaladora tras la riada están en el germen del conflicto. El auto con el que el juez Velasco envió a la cárcel sin posibilidad de fianza a cuatro directivos de Acuamed y al máximo responsable de una constructora explica que el director general de la empresa pública, Arcadio Mateo, pactó con la contratista de la obra que ella sufragaría el 60% de la reparación y Acuamed, el 40% ("cuando no es responsabilidad de la Administración"). Ese dinero, según el auto, se le compensaría a FCC con otras obras "al parecer pactadas desde muy alto nivel en el ministerio". Son los 40 millones de euros de compensación que el juez cree que se generaron artificialmente en la descontaminación de Flix, también adjudicada a FCC, mediante "modificados ficticios irreales". Fue una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción la que permitió sacar a la luz estos acuerdos.
El entonces director de Ingeniería y Construcción de Acuamed, Francisco Valiente, llevó al fiscal el mismo escrito —y 60 folios de documentación anexos solo sobre el caso de la desaladora estropeada— con el que previamente había intentado, sin éxito, que el consejo de administración de Acuamed investigara los hechos. Su denuncia, presentada en abril de 2014, relata que el pacto para asumir con dinero público la reparación de la desaladora no llegó a firmarse porque la constructora exigía que antes se le abonara la liquidación de la obra.
Velasco señala en su auto que “la oposición de ciertos funcionarios a permitir tales irregularidades” lo impidieron, así como el hecho de que se presentara la denuncia. El Gobierno, añade, había presupuestado la “compensación indebida” en las cuentas de 2015.
“Fue el único que asumió la responsabilidad”
Poco después de que unas fuertes riadas dañaran gravemente la desaladora de Bajo Almanzora, un ingeniero, el encargado de Explotación, intentó en solitario arreglar el desastre, según el relato de tres páginas que Valiente hizo llegar al Consejo de Administración de Acuamed y que ahora está en el sumario del Caso Frontino. “Fue el único que asumió la responsabilidad que le correspondía”, escribe Valiente. Ordenó al contratista que reparara la planta. Y envió “constantes peticiones de ayuda” a la dirección de la empresa, comunicaciones que también han llegado al juez que instruye la causa, Eloy Carrasco.
El director de obra recomienda a Acuamed que resuelva el contrato y que repare de forma urgente la planta (adjudicando la obra a otra empresa), para después pasarle la factura a FCC, a quien considera responsable de carecer de un seguro de daños por agua. Este ingeniero llega a calcular los costes de asumir la reparación de esa manera: 8,5 millones de euros. Sin embargo, la dirección de Acuamed no reacciona, según el relato de Valiente. El presupuesto va “aumentando drásticamente” a medida que pasan los meses y la planta permanece abandonada a su suerte. Desde el 25 de octubre de 2012 al 10 de diciembre de ese mismo año, el coste se incrementa un 40%. El 25 de enero de 2013 el sobrecoste alcanza ya el 50%, según calcula el ingeniero.
“La dirección de Acuamed no tomó decisión alguna”, señala Valiente en su escrito. Lo que empezó siendo un problema de “unos pocos millones de euros “ crece hasta convertirse en “un gravísimo problema de decenas de millones de euros”. El ingeniero describe en sus comunicaciones con la empresa la decisión de Acuamed: no actuar e intentar llegar a un acuerdo con el contratista. En un email de noviembre de 2012 habla de ese pacto: dice que no lo discute y lo acata, pero no lo comparte.
Valiente llega a Acuamed en marzo de 2013. En aquella época ya estaba jubilado, pero se incorpora a la empresa pública tras una llamada de Arcadio Mateo del Puerto, una de las cinco personas encarceladas sin fianza en el marco de la operación Frontino. Al poco tiempo de llegar, en el mes de abril, visita la desaladora y comprueba que ya está “arruinada”. Es entonces cuando se entera, según su relato, de que Acuamed ya ha negociado un “principio de acuerdo” con la UTE un acuerdo según el cual los costes de la reparación los asumiría en un 40% la empresa pública y en un 60% el contratista.
El acuerdo no llegó a materializarse, asegura Valiente, porque la empresa exigía como condición previa que se le pagara la liquidación pendiente de la obra. FCC calculó en 9,5 millones de euros el importe que se le adeudaba por los trabajos realizados, es decir, más de un 20% por encima del último presupuesto aprobado. El juez Velasco se refiere a ello en su auto: la empresa no permite la liquidación de la obra “pretendiendo que los aproximadamente dos millones que podrían debérseles se conviertan en 10, con un perjuicio para la Administración de ocho millones de euros”. Efectivamente, el director de obra calcula en el documento aportado al caso que los trabajos han costado un 3,7% más de lo presupuestado (2 millones de euros), no el 20% que pide FCC. La empresa mantiene que las cantidades que reclama responden a trabajos efectivamente realizados.
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/28/actualidad/1454002537_608006.htmlISABEL GARCÍA TEJERINA : "HE ORDENADO INVESTIGAR TODOS LOS CONTRATOS DE FCC CON EL MINISTERIO"
La ministra de Agricultura en funciones, Isabel García Tejerina (Valladolid, 1968), acepta una entrevista centrada en el escándalo del momento en la Administración Central: Acuamed. García Tejerina, que es ministra desde el 29 de abril de 2014, afirma que está intentando reconstruir lo sucedido tras asegurar que tuvo un primer conocimiento del caso hace apenas 10 días. Sostiene que su antecesor, Miguel Arias Cañete, está en la misma situación y respalda a la directora general del Agua, vicepresidenta de Acuamed.
¿Cuándo conoce usted que hay una presunta trama corrupta en Acuamed?
El mismo lunes 18 en que se producen las detenciones. Mi primera decisión fue pedir el cese del director general de Acuamed [Arcadio del Puerto]. La presunción de inocencia está muy bien en el ámbito penal, pero en cuanto se produce su detención, pierdo absolutamente la confianza en este señor y duró en el puesto menos de 24 horas.
¿Hasta dónde llega la trama?
Yo soy la primera en querer saberlo. Por eso he tomado varias medidas. Hemos solicitado que la Abogacía del Estado se persone en el caso, aunque corresponde al juez tomar la decisión de otorgar esta solicitud. Además, el consejo de administración de Acuamed inició ya este lunes toda la tramitación para la contratación de una auditoría técnica externa que se hará por concurso. Queremos que se audite desde 2004.
¿Por qué desde esa fecha?
Porque la inmensa mayoría de las adjudicaciones por las que la Fiscalía se interesa se produjeron antes de 2012. Hay que investigar a Acuamed desde sus orígenes.
El PSOE ha solicitado que usted comparezca en el Congreso...
Estoy a total disposición del Congreso de los Diputados para facilitar cuanta información tenga en mi poder, aunque uno de mis problemas es reconstruir lo que ha sucedido. Es difícil, porque desconozco lo que está investigando la Fiscalía al estar bajo secreto de sumario. Además, falta documentación en Acuamed que está ahora en poder de la Fiscalía. No obstante, hemos creado un grupo de trabajo en el que está la Intervención delegada, la Dirección General del Agua y la Inspección de Servicios coordinada por el subsecretario del Ministerio para que coordine la auditoría técnica externa.
El auto apunta que FCC obtuvo compensaciones «pactadas a muy alto nivel en el Ministerio».
Sí, y a la luz de ese auto he tomado otra medida. He pedido al subsecretario del Ministerio que dé instrucciones a la Inspección General de Servicios para que realice una investigación de todos los contratos de obras, incluidos los modificados y complementarios, a cualquier empresa del grupo FCC. Todos los contratos con el Ministerio, con sus organismos autónomos o con las empresas públicas desde, de momento, 2012. Todo lo que haya sido contratado con esta empresa he dado instrucciones para que se investigue. Mi compromiso es buscar en cada rincón del Ministerio y de la empresa la más mínima irregularidad que haya podido existir.
¿Por qué no también los contratos con Acciona, Altyum y otras empresas que menciona el auto?
Es verdad que el auto menciona a otras empresas, pero en FCC se cita la existencia de compensaciones en otras obras y podría ayudar tener una visión global de lo ocurrido. En todo caso, yo voy a ir tomando más medidas y colaborando con la Justicia.
¿Cómo es posible que no actuara antes si hay una denuncia de un ex directivo ya en abril de 2014?
El entonces director de Ingeniería dirigió un escrito al consejo de administración. Se analiza y se recaban hasta cuatro opiniones que coinciden en que no hay indicios de tipo penal: la del jefe del servicio jurídico de Acuamed, confirmada por la secretaria del consejo de Acuamed, el abogado del Ministerio y, posteriormente, el abogado de un bufete externo. Los cuatro coincidieron en no ver indicios de ilícito penal mínimamente acreditados, que son los requisitos para llevar el caso a la Fiscalía y que el escrito no reunía.En el escrito se habla de daño al patrimonio del Estado.Había una reparación necesaria en una desaladora y señalaba que, cuanto más se dejara, más costoso iba a ser. La situación era que el contratista, FCC, decía que no es responsable de la reparación y la empresa pública, tampoco.
¿Ha hablado con su antecesor, Miguel Arias, sobre qué sabía él?
Sí, ante las informaciones que han aparecido en medios de comunicación sobre una reunión en febrero de 2014. FCC solicitó un encuentro en el que planteó que Acuamed debía hacerse cargo de la reparación de los daños provocados por una riada en una desaladora. Por su parte, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente mantenía la postura inversa: que toda la responsabilidad correspondía a la adjudicataria. Como en cualquier caso de discrepancia de este tipo, el presidente del consejo de administración solicitó informe a la Abogacía del Estado para que indicara cómo proceder al respecto.
El auto apunta que se compensa entonces a FCC en las obras del pantano de Flix.
Es una obra iniciada en 2009 que está sin terminar. La empresa reclama 45 millones y, de nuevo, está sin atender, porque no lo ha aprobado el consejo de administración.
Entonces, ¿dónde pudo haber sobornos?
Lo desconozco, pero a la vista del auto, si ha habido sobornos ha sido en el ámbito propio de la gestión ordinaria de la empresa. El auto habla de adjudicaciones, certificaciones y precios que caen en el ámbito de la gestión ordinaria de la empresa donde el consejo de administración no entra.
¿En las adjudicaciones no?
Adjudica la empresa con una mesa de contratación y eleva al consejo de administración la propuesta, incluyendo los informes técnicos y jurídicos, para visto bueno. Hay gran diferencia en cómo se adjudica ahora y cómo se adjudicaba antes. Mi antecesor, Miguel Arias, ordenó endurecer las instrucciones de contratación. Por ejemplo, quitó discrecionalidad a la empresa sobre el tipo de contrato y estableció que la puntuación máxima que depende de un juicio de valor sea del 20%. Esto no le gusta al sector y me han pedido en reiteradas ocasiones que lo flexibilice, pero yo me he negado porque me parece un buen sistema.
El presidente de Acuamed era entonces el subsecretario de Presidencia del Gobierno que acaba de dimitir. ¿Qué le parece su actuación?
Sobre su dimisión, él ha dado sus explicaciones y a ellas me remito. Y en cuanto a su etapa como presidente de Acuamed, tengo que decir, por la información que me han ido trasladando, que el consejo de administración fue adoptando medidas. En noviembre de 2014 acordó la puesta en marcha de un comité de control interno con un plan de obras que investigar.
Pero sin expedientar al director general...
Nadie imaginaba que el problema podía ser la persona que estaba para poner orden. En todo caso, en breve plazo desde el escrito del director de Ingeniería, en septiembre de 2014, la Fiscalía solicitó información y la empresa atendió sus requerimientos.
¿Quién nombró a Arcadio del Puerto? ¿Cómo se explica su actuación?
Es un nombramiento de febrero de 2012 y tenía un buen currículum profesional. Si se demuestra su culpabilidad es increíble de lo que pueden ser capaces las personas.
http://www.elmundo.es/espana/2016/01/28/56a940c046163f93058b460b.htmlARIAS CAÑETE IGNORÓ UN INFORME DE SU MINISTERIO CONTRARIO A COMPENSAR A FCC
El ex ministro de Agricultura se reunió con la constructora para abordar este acuerdo y pidió a la Abogacía del Estado que buscara si tenía encaje legal
El exministro Miguel Arias Cañete —hoy comisario europeo— se reunió en febrero de 2014 con dos altos cargos de FCC para abordar una compensación con fondos públicos para esta constructora por los daños en una desaladora de Almería. Esta operación —que no llegó a materializarse— es parte de la investigación de la trama corrupta en la empresa pública Acuamed que dirige el Eloy Velasco. Tras la cita, Arias Cañete ignoró un informe interno que rechazaba la compensación y encargó a la Abogacía del Estado que analizara su encaje legal.
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La reunión entre los directivos de la constructora FCC y Arias Cañete se celebró el 24 de febrero de 2014, un año y medio después de la riada que dañó la desaladora de Bajo de Almanzora (Almería). Sobre este asunto se ha pronunciado este martes, a través de un comunicado, el Ministerio de Agricultura, a pesar de que Arias Cañete dejó este departamento en abril de 2014. Agricultura ha confirmado la reunión. "Para la celebración de la misma, [el gabinete del entonces ministro] pidió información a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la situación del proyecto", señala ese comunicado. Aquella desaladora resultó dañada por una riada y la UTE que la construyó —de la que formaba parte FCC— se negaba a afrontar el coste de su reparación. Agricultura no ha informado este martes sobre el sentido de la "información" solicitada, que contenía un escrito contrario a las pretensiones de FCC.
Según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente se remitieron al gabinete de Arias Cañete dos informes para esa reunión. El primero de ellos era de Acuamed, la empresa pública responsable de la obra y de afrontar los pagos. En ese escrito se apunta ya a que se habían mantenido reuniones entre esta empresa pública —que está en el centro de la trama que investiga el juez Velasco— y la UTE. "La última propuesta alcanzada fijaba un reparto del importe de la reparación del 40% por parte de Acuamed y el 60% por parte de la UTE", se apunta en el escrito elaborado de la sociedad pública el 19 de febrero de 2014. Pero se señalaba que había sido "inviable concretar ese acuerdo".
Resolución del contrato
En el segundo informe que se adjuntó para la reunión, fechado el 23 de enero de 2014 y elaborado por la Dirección General del Agua, se concluía que "lo más conveniente sería la resolución del contrato por causas imputables al contratista, reclamando al mismo los daños causados". En el escrito se señalaba que si se daba ese paso "con casi toda seguridad" el contratista "intentará evitarla" con un "pleito".
En el informe de la Dirección General del Agua se resalta que, cuando se produjeron las inundaciones, "se comprobó que el contratista no disponía de las coberturas de seguros que establecía el contrato y el pliego". "Evidentemente si se hubiese suscrito el seguro, los daños estarían reparados, reparándose o indemnizados por la compañía aseguradora o por el Consorcio de Compensación de Seguros", se añadía. Fuentes cercanas al caso señalan que no había seguro porque la obra no estaba acabada cuando sufrió la inundación.
A pesar de que la trama del agua no había saltado aún a la opinión pública, en el informe ya se advertía de que "existe una gran sensibilidad social y mediática, en lo que afecta a la gestión de los fondos públicos", lo que "hace que la Administración y los entes públicos sean aún más prudentes en sus actuaciones, que exigen demostrar sin la mas mínima duda una defensa clara y nítida del interés público". Y se avisaba: "Este tema podría trascender a la opinión pública", como ha ocurrido.
A pesar de este informe, tras la reunión con la constructora, Arias Cañete solicitó a la Abogacía del Estado que analizara si era legal que parte de los gastos de reparar la desaladora los asumiera la Administración, como pretendía FCC. Las constructoras se quejaban en ese momento de que el Estado les adeudaba 1.200 millones de euros en obras y que el presupuesto del ministerio para temas hídricas era de apenas 300 millones. El informe encargado por Arias Cañete, firmado por el letrado del Estado Pablo Fernández Ruiz el 10 de abril de 2014, concluía que había una "corresponsabilidad" entre la UTE y Acuamed, como sostenía la constructora.
El ministerio resalta que la Administración nunca pagó a la UTE ni las obras de la desaladora ni la reparación tras la riada. La semana pasada, el juez Velasco sostuvo que no se cerró finalmente la "compensación indebida" porque el Consejo de Administración de Acuamed y su dirección tuvieron conocimiento de la "denuncia" que un exdirectivo presentó en marzo de 2015 alertando de este principio de acuerdo. Sin embargo, el juez señala que hubo "persistencia en la idea", ya que en los presupuestos generales de 2015 se "consignaron cerca de 36 millones". En los de 2016 bajó esa "compensación de 8 y 14 millones". EL PAÍS ha intentado este martes recabar, sin éxito, la versión de Arias Cañete. Desde su departamento europeo un portavoz ha asegurado que "no se desoyó nada". "Al contrario, se pidió el informe jurídico de la Abogacía del Estado", ha añadido. FCC, por su parte, defiende la legalidad de su reclamación. Según la empresa, lo que había solicitado era "el pago que le corresponde, en el marco de la legislación aplicable".
PRESIONES Y TRABAJADORES DESPEDIDOS
Existen al menos cuatro denuncias presentadas ante la fiscalía sobre la empresa pública Acuamed. La primera la presentó el exdirectivo Francisco Valiente en marzo de 2014, en la que ya se alertaba de la irregular compensación a la UTE encargada de la desaladora almeriense. Posteriormente, tres trabajadores de Acuamed presentaron otras tantas, en las que se relataban sobrecostes en otras actuaciones. Los cuatro fueron despedidos de Acuamed. Uno de estos exempleados, que pide el anonimato y ha declarado ya ante Eloy Velasco, sostiene que el director general de la empresa pública les presionaba para que firmaran certificaciones irregulares. "Nos presionaban y nos amenazaban con el despido disciplinario", como finalmente ocurrió.
Este empleado de la sociedad pública, además, elevó un escrito en junio de 2015 al entonces secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y a la directora general del Agua, Liana Ardiles. "Nunca contestaron". De momento, en este caso solo están imputados empresarios y directivos de Acuamed. Pero Eloy Velasco apuntó en su auto de la semana pasada a que la compensación irregular a la UTE de la desaladora de Almería fue "pactada entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel del ministerio".
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/26/actualidad/1453824440_832101.htmlCAÑETE IGNORÓ UN INFORME INTERNO QUE RECOMENDABA QUE ACUAMED NO PAGARA A FCC
Como ministro, recibió al consejero de la constructora y preguntó a la Abogacía si había que compartir gastos en una desaladora ahora investigada.
La Secretaría de Estado había pedido rescindir el contrato
El 23 de enero de 2014, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente realizó un informe profético sobre el caso Acuamed. Analizaba la reclamación de FCC para compartir gastos para reparar la desaladora del Bajo Almanzora (Almería), inundada desde septiembre de 2012 y que estaba sin seguro. El informe señalaba que se trataba "de un grave incumplimiento de contrato" culpa de la empresa, por lo que recomendaba resolver el contrato. Y advertía: "Este tema podría trascender a la opinión pública, (...) no sería nada desdeñable que cualquier persona que se considere dañada-perjudicada por el actual equipo gestor de Acuamed y que disponga de información, lo que por otro lado no es nada difícil, lo trasladara a algún medio o incluso se plantearan denuncias". Aun así, un mes después el entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, recibió a los máximos responsables de FCC y pidió un informe a la Abogacía del Estado para valorar quién era responsable de los daños y por lo tanto ver si había que pagar a medias. La partida acabó en los Presupuestos aunque nunca se abonó.
El caso es complejo, farragoso y muy largo, así que conviene ir por orden. El viernes 28 de septiembre de 2012 a las 11 de la mañana, el sureste de la Península sufre una tromba de agua brutal. En el litoral mediterráneo y a finales de septiembre, las gotas frías no son extrañas. Hubo 10 muertos en Murcia, Almería y Málaga.
A la una de la tarde se desbordó la rambla de Canalejas, cerca de la desembocadura del río Almanzora. Ese río se cruza habitualmente sin problema en coche porque en el mejor de los casos no es más que un hilo de agua. La desembocadura de la rambla está encauzada "para una avenida de 500 años de periodo de retorno", es decir, para soportar la peor riada prevista en ese tiempo. Pero la riada fue tremenda. En cuanto se desbordó la rambla, la desaladora del Bajo Almanzora quedó inundada en 15 minutos. "A primera hora de la tarde, el agua alcanzó un nivel de unos dos metros, tal vez superior, en toda la parcela", según un informe posterior de Medio Ambiente.
La inundación no fue violenta, por lo que no dañó la estructura, pero el 75% de las instalaciones eléctricas y el 90% de los aparatos electrónicos y de la instrumentación quedaró inservible. El coste de reparación se estimaba entonces entre 10 y 15 millones de euros. La planta, planificada por la sociedad estatal Acuamed en 2005 bajo el Gobierno socialista dentro del plan para sustituir al trasvase del Ebro, quedaba así herida de muerte."Este tema podría trascender a la opinión pública", avisó el ministerio antes de que Cañete recibiera a FCC
El problema es que entonces la titularidad no estaba clara. El 31 de julio de ese año, menos de dos meses antes, Acuamed había firmado un "acta de inicio parcial de operación y mantenimiento" y un "acta de terminación parcial de las pruebas". En esos documentos, Acuamed recoge que en ese momento inicia el periodo de "operación y mantenimiento durante 15 años previsto en el contrato" pero advierte de que la toma de posesión no será total hasta que "se hayan solventado los problemas surgidos con el bastidor número tres de la planta y probado su funcionamiento".
Así que la inundación en septiembre llega cuando Acuamed aún no ha recepcionado formalmente la totalidad de la obra. FCC, que lidera la UTE junto a Befesa (de Abengoa), ya no tenía el seguro a todo riesgo de obra ni había suscrito el seguro de explotación al que obligaba el contrato. La desaladora está empantanada y nadie quiere pagar por ella. FCC abandona el mantenimiento. El Gobierno no paga a pesar de que un decreto ley de urgencia por las inundaciones le permite mover partidas presupuestarias para paliar los daños de la riada.
El Gobierno señala que Cañete solo pidió un informe a la Abogacía del Estado y que no ha pagado finalmente
Comienza entonces una sucesión de reuniones, informes y peticiones de información para ver quién paga el arreglo. FCC pide el dinero y Acuamed no quiere pagar. El 20 de junio de 2013, el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente de Acuamed, Federico Ramos, envía un correo al director general de Acuamed, Arcadio Mateo, en el que le pregunta si puede llevar al consejo de administración de la empresa pública el pago de 9,5 millones para liquidar la obra. “Así vamos avanzando con esta gente”, añade Ramos, “a la que debemos bastante dinero por otras obras”, según adelantó la Cadena Ser. Finalmente, el tema no va al consejo de administración.
Ramos, que en 2015 pasó a ser subsecretario de Presidencia, dimitió el viernes pasado para defenderse. Pese a que fue nombrado secretario de Estado de Medio Ambiente en enero de 2012, no asumió la presidencia de Acuamed hasta mayo de 2013, cuando ya estaba como director general Arcadio Mateo, hoy en prisión provisional. Mateo siguió en el cargo cuando en 2015 Ramos pasó a Presidencia.
El asunto seguía empantanado cuando Juan Béjar, entonces consejero delegado de FCC, pide una reunión con el ministro Cañete. El encuentro se produjo el 24 de febrero de 2014, según admitió ayer el ministerio en un comunicado. Cañete acudió acompañado de un abogado del Estado. Béjar iba con Fernando Moreno, entonces presidente de FCC Construcción, según fuentes próximas al encuentro. Antes de esa reunión, Cañete pidió informes a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y a Acuamed.
Esos informes, a los que ha tenido acceso El Confidencial, cargaban la culpa en FCC. Especialmente uno de ellos, el de la Secretaría de Estado que dirigía Ramos, que concluye: "Estamos ante un grave incumplimiento de contrato, que es causa de resolución del mismo por causas imputables al contratista, con las consecuencias que ello conlleva (incautación, pérdida de fianza...) y la reclamación del mismo de los daños ocasionados, ya que el tema cobra especial relevancia si tenemos en cuenta que el incumplimiento ha traído un perjuicio a un bien público de cuantía económica muy elevada". Y advertía: "Por suerte, no hubo daños a las personas, pues de haber sido así, con bastante probabilidad estaríamos con procesos penales abiertos". El texto, fechado el 23 de enero del 14, un mes y un día antes de la reunión, recomienda "demostrar sin la más mínima duda una defensa clara y nítida del bien interés público".
El documento añade un párrafo visionario: "Este tema podría trascender a la opinión pública, pues ante el más mínimo atisbo de alguna posible actuación que se entienda como irrgeular, no sería nada desdeñable que cualquier persona que se considere dañada-perjudicada por el actual equipo gestor de Acuamed y que disponga de información, lo que por otro lado no es nada difícil, lo trasladara a algún medio o incluso se plantearan denuncias".
El ministerio pidió otro informe a Acuamed para la reunión del ministro. Este no es tan contundente. Admite que el seguro de operación y mantenimiento debía haberlo contratado Acuamed, lo que la haría responsable. Pero planteaba una "medida más drástica": "Ante la situación de abandono de la obra, cabría resolver el contrato, habida cuenta de que concurren, al menos, dos causas: el abandono e incumplimiento contractual grave". De hacerlo, Acuamed tendría que reparar la obra y restarlo de lo que aún debía pagar a FCC. Si en ese proceso aún faltaba dinero, reclamarlo a la UTE. En ese informe, Acuamed explica que antes de llegar a eso había una propuesta para repartir los costes al 60% por parte de FCC y al 40% por Acuamed. Sin embargo, no hubo acuerdo porque la empresa exigía un pago del 20% del importe de la misma "que no tenía soporte real".
El informe avisó: "Cualquiera que disponga de información, lo que por otro lado no es nada difícil, lo puede trasladar a algún medio o incluso denunciar"
Con esos informes, Cañete, según lo apuntado ayer por el ministerio, se inclinó por la opción más favorable a la empresa. No ordenó pagarla, pero sí pidió a la Abogacía del Estado "valorar jurídicamente las responsabilidades de cada parte en cuanto a los daños ocasionados en la planta del Bajo Almanzora". Es decir, no optó por resolver el contrato, como recomendaba la Secretaría de Estado, sino por la vía pactista. Esta fue "la única conclusión de la reunión", según el ministerio. El abogado del Estado encargado de la asistencia jurídica a esa empresa pública, Pablo Fernández Ruiz, concluyó el 10 de abril de 2014 que tanto Acuamed como la UTE tenían que correr con los gastos porque había "concurrencia de culpa en el daño". Posteriormente, señaló en un correo que si le pedían informe sobre el reparto 60%-40%, informaría negativamente.
Aunque testigos han señalado a Federico Ramos como una de las personas clave en el trato con FCC, la reunión de Cañete con los máximos responsables de la empresa y el informe de la Secretaría de Estado de Ramos puede servir en su defensa. Fuentes del ministerio indican que señalaría que el poder de mando sobre Acuamed estaba en realidad en el ministerio y no en la Secretaría de Estado. Añaden que, en realidad, Arcadio Mateo, el director general, al que el juez le atribuye directamente que recibía "agasajos" de constructoras, era un hombre del partido y de Cañete, no de Ramos, un abogado del Estado con bajo perfil político. Mateo realizaba sondeos electorales para el PP cuando fue designado y durante su mandato.
"En Acuamed quien se negaba a firmar era apartada o represaliada"
El 31 de marzo de 2014, el directivo de Acuamed Francisco Valiente presenta su denuncia interna en la que incluye como ilegal el "principio de acuerdo" para repartir los gastos de la desaladora 40%-60%. Acuamed y el ministerio paralizan cualquier negociación con FCC, y nunca se pagó por la reparación.
La empresa desestimó las alegaciones de Valiente, pero la Audiencia Nacional comenzó una investigación en la que señala entre las irregularidades el pacto con FCC para que Acuamed pague el 40%, "cuando no es responsabilidad de la Administración", y añade que hay otras compensaciones "pactadas desde muy alto nivel en el ministerio" para que FCC recuperara dinero a través de certificaciones infladas en la descontaminación del embalse de Flix (Tarragona).
El juez señala que ha habido partidas en los Presupuestos Generales para reparar la desaladora. El ministerio admite que es así, pero añade: "La única partida presupuestaria de la sociedad Acuamed relativa al concepto 'Reparación desaladora de Bajo Almanzora' corresponde a los presupuestos del año 2016. Dicha partida, que asciende a 14,55 millones de euros y no ha sido ejecutada, corresponde a habilitación de crédito, sin constituir obligación alguna de gasto.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-01-26/canete-pidio-informes-para-que-acuamed-pagara-a-fcc-en-contra-de-la-secretaria-de-estado_1141908/ARIAS CAÑETE SE REUNIÓ CON FCC PARA TRATAR EL PAGO “ILEGAL” SEGÚN EL JUEZ
Admite la reunión avanzada por la SER entre el hoy comisario europeo y la constructora en 2014, para abordar la deuda por una desaladora. El Ministerio contempló en los presupuestos del año siguiente el pago, tal y como pedía FCC, a pesar de los informes contrarios de los técnicos
La Cadena SER desvelaba este martes la existencia de un correo electrónico que situaba al exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, en una reunión con la constructora FCC en la época en la que la empresa exigía el pago de 40 millones de euros para reparar la desaladora almeriense de Almanzora. Un abono ilícito para el juez Eloy Velasco, que investiga caso Acuamed.
Arias Cañete sigue guardando silencio, pero el Ministerio de Agricultura ha reconocido en un comunicado que esa reunión tuvo lugar el 24 de febrero de 2014, tal y como ha informado esta emisora, y que en la misma se abordó el problema de la deuda con FCC por la desaladora de Almería.
Agricultura sostiene en su comunicado que la única partida presupuestaria de Acuamed para reparar la desaladora corresponde a 2016 por un total de 14.5 millones de euros. Pero tal y como reflejan los presupuestos de 2015, el Ministerio de Agricultura también contempló la partida para el mismo concepto por cerca de 36 millones de euros. Un dinero calificado por el propio juez en su auto como una “compensación indebida” pactada “entre la cúpula de FCC y altos cargos del Ministerio” que “no llegó a ejecutarse al conocer la denuncia de la Fiscalía que ha originado” esta causa.
Con todo, para el juez, los 14.5 millones aprobados por Agricultura para la reparación de la desaladora en los presupuestos de este año, tampoco deberían abonarse. Los técnicos de Acuamed emitieron informes en los que especificaban que FCC debía correr con todos los gastos. Los autores de estos informes fueron despedidos o removidos de sus cargos.
http://cadenaser.com/ser/2016/01/26/tribunales/1453834350_204715.htmlLOS INGENIEROS DE ACUAMED AFIRMAN QUE ARIAS CAÑETE FUE INFORMADO
La Cadena SER accede a un correo electrónico en el que la vicepresidenta de Acuamed, Liana Ardiles, pide un informe sobre la polémica desaladora de Almanzora para la reunión que iba a mantener el entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, con FCC, la adjudicataria del proyecto. La reunión fue planteada mientras la constructora exigía el pago de 40 millones que negaban los técnicos honrados de Acuamed. El Ministerio acabó incluyendo el pago ilícito a FCC, según el juez, en los presupuestos del Estado
La Cadena SER ha tenido acceso a un correo electrónico de la directora general del Agua del Ministerio de Agricultura y actual vicepresidenta de Acuamed, Liana Ardiles, que por primera vez relaciona al comisario europeo y por entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, con el caso Acuamed.
Liana Ardiles envía el 18 de febrero de 2014 un mensaje a Arcadio Mateo, director general de Acuamed que está hoy en prisión por estos hechos, en el que le pide un “informe sobre la situación de la desaladora” almeriense de Almanzora, porque “el ministro recibe a FCC el lunes próximo”. Ardiles pregunta a Mateo si puede remitir el informe en un plazo de 24 horas y Arcadio Mateo contesta tres minutos después con un sucinto “por supuesto”.
La justicia investiga a una decena de constructoras beneficiadas en seis proyectos de Acuamed
Según fuentes de Acuamed, esa reunión tuvo lugar finalmente el lunes 24 de febrero. Cuando se produjo ese cónclave, los técnicos honestos de Acuamed llevaban ya meses advirtiendo a la dirección de la empresa pública que no debían pagarse los 40 millones que exigía FCC para reparar de unas inundaciones la desaladora de Almanzora. Entendían que la constructora debía asumir los costes por contrato.
Al final, y a pesar de los informes contrarios de los técnicos que soportaron las presiones del director general de Acuamed, Arcadio Mateo, el Ministerio de Agricultura contempló en los presupuestos generales del Estado el pago de esos 40 millones, tal y como pedía FCC.
El nombre de Liana Ardiles no es la primera vez que aparece vinculado a la causa. Como avanzó la SER este viernes, el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, le remitió la copia de un correo enviado a Arcadio Mateo, en el que también pedía aprobar un pago a FCC por el mismo proyecto. Un pago de 9,5 millones ilegal según los técnicos honrados de Acuamed y el juez instructor. Horas después, Ramos de Armas, que ahora ocupaba la subsecretaría del Ministerio de Presidencia, anunció su dimisión.
La Cadena SER ha intentado recabar las versiones de Arias Cañete y de Liana Ardiles. De momento, del exministro no ha habido respuesta y solo Ardiles ha afirmado a esta emisora que ella no estuvo en esa reunión.
http://cadenaser.com/ser/2016/01/25/tribunales/1453751654_683661.htmlEL DELATOR DE LA TRAMA ACUAMED AL JUEZ: "LAS ÓRDENES ERAN DIRECTAS DEL MINISTRO CAÑETE"
Uno de los testigos del caso AcuaMed apunta directamente hacia el exministro Miguel Arias Cañete como responsable de una adjudicación irregular.
Hace una semana, el juez Eloy Velasco implicaba a "muy altos" responsables del Ministerio de Agricultura en su auto sobre la trama Acuamed. Ahora, Francisco Valiente, el funcionario que ha delatado las presuntas irregularidades en el seno de esta empresa pública, señala directamente al exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete como responsable de algunas de las órdenes del caso Acuamed, en el que se desviaron fondos públicos a empresas privadas.
Según la declaración de este testigo de las adjudicaciones irregulares, a la que ha tenido acceso el programa Las Mañanas de Cuatro, el Director General de Acuamed, Arcadio Mateo, habría intentado obligar -siguiendo "instrucciones del ministro"- a que se concediera de manera fraudulenta la infraestructura de la desaladora de Bajo Almanzora en Almería.
Arcadio Mateo intentó en una reunión celebrada el 24 de marzo de 2014, que la constructora FCC lograse la adjudicación de dicha obra a pesar de la negativa del Director de Ingeniería y Construcción de la empresa pública. Los testigos aseguran en su declaración que Arcadio Mateo aseguró recibir instrucciones de Cañete, tras la negativa de sus subordinados a participar en el desvío de fondos.
Así ha relatado Francisco Valiente ante el juez cómo se produjo el choque:
- Valiente: Yo dije que no firmaba eso y Arcadio Mateo me dijo que si no me daba cuenta de que aquello no eran instrucciones suyas sino que eran órdenes directas del ministro.
- Juez Eloy Velasco: ¿Qué ministro era ese?
- Valiente: Miguel Arias Cañete.
Dichas instrucciones desembocaron en un acuerdo por el que inflaron en 8 millones de euros los pagos a FCC haciendo que las arcas públicas pagaran el 40% de los desperfectos que había ocasionado la propia constructora. El juez recoge en su auto que las irregularidades en esa instalación están "pactadas desde muy alto nivel" en el Ministerio aunque no recoge el nombre de Miguel Arias Cañete que sí se señaló en la sala.
Más declaraciones el miércoles
El juez Velasco ha citado a declarar este miércoles a cuatro testigos más para profundizar en la investigación y tratar de aclarar la participación de Cañete en las irregularidades denunciadas. Los testigos son Nuria Segura –adjunta al director de construcción de Acuamed—Mariola Durá y David Soriano –ambos rebajados en sus cargos desde que se negaron a firmar algunas de esas adjudicaciones- y Susana López, gerente territorial de Almería.
Arcadio Mateo continúa en prisión mientras que Miguel Arias Cañete sigue siendo eurodiputado del Partido Popular y Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía.
http://vozpopuli.com/actualidad/74932-el-delator-de-la-trama-acuamed-al-juez-las-ordenes-eran-directas-del-ministro-caneteLA INVESTIGACIÓN DEL ‘CASO ACUAMED’ SALPICA A LA DIRECTORA GENERAL DEL AGUA
Correos electrónicos, testimonios e intervenciones telefónicas apuntan a que Liana Ardiles también estaba al tanto de los pagos económicos irregulares a las contratistas
La investigación del caso Acuamed que desarrollan el juez Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción no se detiene en el ya dimitido subsecretario de Presidencia, Federico Ramos De Armas, número tres de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. También salpica a la actual directora general del agua, Liana Sandra Ardiles, adscrita al círculo más cercano de Ramos. Correos electrónicos y testimonios que constan en las diligencias apuntan a su supuesta implicación.
Ya avanzó el pasado miércoles el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del caso, en el auto en que dictó prisión incondicional contra cinco de los 13 detenidos en este escándalo (ocho de ellos han quedado libres tras prestar fianzas de entre 12.000 y 15.000 euros) que las pesquisas trascendían a los detenidos. E implicaban “a cargos de muy alto nivel" del Ministerio de Agricultura. Después de Ramos, Ardiles es otro de esos altos cargos investigados en el caso Acuamed. Este periódico intentó ayer sin éxito, a través del jefe de prensa del ministerio, hablar con Ardiles.
No era intención del juez Velasco que trascendiera ahora el nombre de Federico Ramos, y ello a pesar de que existe un correo electrónico (que figura en la denuncia que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción un ingeniero de Acuamed que fue despedido tras negarse a avalar las irregularidades que veía en su empresa, dependiente de Agricultura) en el que Ramos comunica al director general de Acuamed, Arcadio Mateo, la necesidad de entregar casi 10 millones a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Dinero que saldría del presupuesto de una obra diferente y que nada tenía que ver con esos diez millones. Es decir, altos cargos del Ministerio pactaron con FCC que le pagarían “indebidamente”, según el juez, un total de 40 millones de euros para compensar el supuesto perjuicio que habría sufrido esta contratista por unas inundaciones que dejaron inservible la desaladora del bajo Almanzora, en Almería.
Entre otros delitos, el juez ve en este trasvase de dinero una supuesta malversación de caudales públicos. Primero porque la obra de Almanzora disponía de un seguro que respondía de cualquier eventualidad, y, segundo, porque en todo caso, contractualmente ese incidente debía abonarlo la contratista, nunca el erario público. Aun así, y lo explica Velasco en el auto que dictó la semana pasada, altos cargos del ministerio pactaron con la cúpula de FCC compensar esos daños sacando el dinero de las obras de descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona, a unos 600 kilómetros de Almanzora. Una obra distinta, con sus propios presupuestos y trámites. Y, además, con parte del dinero procedente de fondos europeos, escamoteándolo mediante certificaciones falsas de obras no hechas. Aparte de conversaciones telefónicas, existen correos electrónicos que apuntan a que no solo Ramos estaba al tanto del pacto con FCC.
Según fuentes cercanas a Anticorrupción, Ramos envió un e-mail al director general de Acuamed, Arcadio Mateo (uno de los cinco encarcelados por el caso Acuamed) instándole a que liberase casi 10 millones para dárselos a FCC. El mismo correo también fue remitido a la directora general de aguas. “Lo que revela que ella también conocía la operación y nada hizo por evitarla, a pesar de los informes técnicos que la desaconsejaban por ilegal”, señalan las citadas fuentes.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga en Acuamed los patrimonios de algunos de los principales encausados y los supuestos sobornos pagados por contratistas (FCC y Acciona son las más implicadas en el caso) por los favores económicos que recibían de Acuamed y, por tanto, de las arcas públicas. De momento, el juez ha enviado a la cárcel a cinco de los detenidos y ha impuesto fianzas a los ocho restantes. Entre los sobornos, hay viajes de lujo y hasta un implante de pelo pagado a Arcadio Mateo.
UNA INGENIERA AL MANDO DE LAS OBRAS DEL AGUA
La investigación del ‘caso Acuamed’ salpica a la directora general del agua Liana Ardiles.
Liana Ardiles López (Bahía Blanca, Argentina) pertenece al círculo de confianza de Federico Ramos. Fue él quien, como secretario de Estado de Medio Ambiente bajo las órdenes del entonces ministro Miguel Arias Cañete, la nombró directora general del Agua en septiembre de 2012. Como tal, figura en el segundo puesto en el escalafón del consejo de administración de la empresa pública Acuamed, solo por detrás del secretario general de Medio Ambiente (actualmente, Pablo Saavedra; antes, Federico Ramos, que dimitió el viernes tras conocerse que es uno de los altos cargos del ministerio investigados en la Operación Frontino). Ardiles es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, se formó en el CEDEX, y antes de su último nombramiento trabajaba en la Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático.
Previamente fue directora técnica de la Confederación Hidrográfica del Duero —número tres—, de donde salió en 2010 tras verse envuelta en la polémica por los sobrecostes de la presa del embalse burgalés de Castrovido, cuyo presupuesto pasó de los 61 millones de euros iniciales a 157, y con la mitad de capacidad. La empresa adjudicataria de la obra fue FCC.
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/24/actualidad/1453662532_976557.htmlLAS NUEVE CLAVES DEL ‘CASO ACUAMED’
La causa investiga la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014
El juez Eloy Velasco desplegó el pasado lunes la Operación Frontino, una redada anticorrupción por un fraude millonario en la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Velasco redactó esta semana un auto en el que sitúa de cabecilla de la "organización criminal" al destituido director general de la empresa pública, Arcadio Mateo, e implica a "cargos de muy alto nivel del ministerio" en pactos para favorecer con dinero público a una unión temporal de empresas (UTE) liderada por FCC. Este viernes ha dimitido de su cargo el subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas, tras haberse visto relacionado en este escándalo.
1. ¿Qué es el caso Acuamed? La llamada Operación Frontino está en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y está abierta desde hace algo más de un año. El juez Velasco —el mismo que instruye el caso Púnica— investiga la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014, así como la supuesta falsificación de certificaciones, facturas y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las adjudicatarias. Se indagan delitos de malversación, cohecho y fraude contra la Administración.
2. ¿Cuántos detenidos ha habido? Hasta el momento, la Operación Frontino se ha saldado con 13 detenidos —cinco en prisión incondicional— y 16 registros efectuados en domicilios de los implicados y en las sedes de esta firma en Madrid, Valencia y Murcia. Entre los detenidos están el director general de la empresa pública —nombrado en febrero de 2012 bajo el mandato en Agricultura del exministro y hoy comisario europeo Miguel Arias Cañete— y el presidente de FCC Construcciones, Miguel Jurado Fernández. Aparte de los arrestados, el juez imputa a una treintena de personas, entre funcionarios y empresarios que recibieron contratas a dedo, troceadas o infladas, de esta firma estatal.
3. ¿A cuánto asciende el presunto fraude? Las contratas investigadas suman cientos de millones de euros. Uno de los contratos bajo la lupa de Anticorrupción es la descontaminación del embalse de Flix (Tarragona), adjudicada a FCC por 155 millones de euros en 2008. El adjudicatario, en una de las múltiples variantes del presunto fraude, fingía utilizar determinados materiales de calidad en obras y Acuamed, conocedora de la falsedad, le abonaba la certificación. Únicamente en este aspecto, la defraudación puede alcanzar los 25 millones, según fuentes jurídicas.
4. ¿Qué empresas están relacionadas con el fraude? El juez Eloy Velasco señala a FCC, Abengoa, Sogeosa, Torrescámara, Acciona, Altec y Altyum. El magistrado investiga siete contratos: la desaladora de Bajo Almanzora en Almería (adjudicada a FCC y Abengoa y en el que el juez describe una "compensación indebida" de 40 millones de euros); la descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona (licitación que ganó FCC); la presa de la rambla Gallinera, en Valencia (empresas Sogeosa y Torrescámara); la desaladora de Torrevieja (Acciona); las conducciones de la desaladora de Campello-Mutxamel, en Alicante (Altec-Altyum); el Cerro Colorado de Murcia (Altec) y la presa del río Serpis (Altec).
5. ¿De cuánto dinero dispone Acuamed? En los Presupuestos Generales del Estado de este año, la empresa pública cuenta con 206 millones de euros para realizar inversiones públicas, que se centran en obras hidráulicas en la cuenca del Mediterráneo. Además, ha recibido un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y cuantiosas subvenciones de la Unión Europea. Su patrimonio es de casi 2.400 millones de euros.
6. ¿En qué comunidades trabaja la empresa pública? Acuamed se centra en las obras hidráulicas de las cuencas del Mediterráneo. En concreto, sus actuaciones son en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y parte de Andalucía.
7. ¿Quién ha dimitido por el supuesto caso de corrupción? El subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas, ha presentado su dimisión este viernes "a petición propia", tras haberse visto relacionado con la operación. Varios exempleados de Acuamed afirmaron ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que Ramos participó en la presunta reunión con FCC en la que se pactó una "compensación indebida" de 40 millones de euros a la constructora que luego se consignó en los presupuestos de 2015. Ramos, mano derecha de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha tomado esta decisión "para defender su honorabilidad y el estricto cumplimiento de la legalidad" en su cargo anterior en el Ministerio de Medio Ambiente. También ha sido destituido el director general de la empresa pública, Arcadio Mateo.
8. ¿De quién depende Acuamed? La sociedad estatal depende funcionalmente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pero en realidad el 100% de su capital está en manos de Patrimonio del Estado, que depende a su vez del Ministerio de Hacienda. Esta empresa pública de inversión ha manejado en los últimos años cientos de millones de euros en contratos. A 31 de diciembre de 2014 (última memoria publicada), los contratos vigentes que gestionaba eran 58.
9. ¿Había algún aviso previo a la investigación del juez Eloy Velasco? El Tribunal de Cuentas ya advirtió a finales de 2014 de los problemas de Acuamed para llevar a cabo sus atribuciones. En un informe de fiscalización sobre las sociedades estatales de aguas en 2010 y 2011, llegó a recomendar que se replanteara su existencia.
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/22/actualidad/1453479297_006765.htmlDIMITE EL SUBSECRETARIO DE PRESIDENCIA PARA “DEFENDER SU HONOR”
El subsecretario de Presidencia presenta su renuncia "a petición propia" por el 'caso Acuamed'
El subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas, ha presentado su dimisión este viernes "a petición propia", tras haberse visto relacionado con el caso Acuamed. Ramos ha renunciado esta misma mañana.
Ramos, mano derecha de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha tomado esta decisión "para defender su honorabilidad y el estricto cumplimiento de la legalidad" en su cargo anterior en el Ministerio de Medio Ambiente. Ha sido la propia Sáenz de Santamaría la encargada de anunciar su salida este viernes tras el Consejo de Ministros, que ha aceptado su dimisión. La vicepresidenta ha señalado que el caso se circunscribe a sus actividades desarrolladas en su anterior cargo de secretario de Estado de Medio Ambiente, que dejó en mayo de 2015.
Antes de pasar a formar parte del equipo de Sáenz de Santamaría estuvo en el Ministerio de Agricultura. En concreto, fue secretario de Estado de Medio Ambiente. Al ocupar este cargo, le correspondía la presidencia del Consejo de Administración de Acuamed, la sociedad pública encargada de realizar obras hidráulicas en las cuencas del Mediterráneo que está ahora en el centro de un presunto caso de corrupción que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
"Compensación indebida"
Varios exempleados de esta empresa pública han afirmado ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que Ramos participó en la presunta reunión con FCC en la que se pactó una "compensación indebida" de 40 millones de euros a la constructora que luego se consignó en los presupuestos de 2015.
Ramos llegó a la presidencia de Acuamed en mayo de 2013 y dejó ese puesto dos años después, cuando dejó la secretaría de Estado de Medio Ambiente para pasar a formar parte del equipo de Sáenz de Santamaría.
A pesar de que algunos testigos lo habrían señalado, Ramos no está imputado aún. Este caso ha derivado en la detención del director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto. Fuentes cercanas a Ramos insisten en que no tenía relación con Arcadio Mateo del Puerto, que ya estaba al frente de Acuamed cuando el ya exsubsecretario de Presidencia llegó al consejo de esta empresa pública.
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/22/actualidad/1453461604_233215.html
UN SEGUNDO ALTO CARGO DE AGRICULTURA ESTABA AL CORRIENTE DE LOS AMAÑOS DE ACUAMED CON FCC
Liliana Ardiles, directora general del Agua, recibió el correo electrónico en el que el ya dimitido número 3 de Soraya Sáenz de Santamaría preguntaba al presunto cabecilla de la trama por detalles sobre los pagos a la constructora de la desaladora de Bajo Almanzora (Almería), uno de los contratos investigados por el juez Velasco.
El escándalo de los contratos de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) sigue golpeando al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Un correo electrónico enviado por el que fuera secretario de Estado y, hasta este viernes, número 3 de Presidencia, Federico Ramos de Armas, al presunto cabecilla de la trama, Arcadio Mateo, director general de la compañía, salpica a un segundo alto cargo del departamento que dirige Isabel García Tejerina. Se trata de Liliana Ardiles López, directora general del Agua, cuyo nombre figura como destinataria de una "copia" de ese mensaje en el que el ya dimitido integrante del equipo de Soraya Sáenz de Santamaría plantea al directivo de Acuamed la necesidad de llevar al Consejo de Administración de la compañía el pago de cerca de 10 millones de euros a FCC por las obras de la desaladora del Bajo Almanzora (Almería). Esta es una de las adjudicaciones en las que el juez Eloy Velasco ha encontrado indicios de irregularidades. Vozpópuli se puso en contacto con los portavoces oficiales del Ministerio de Agricultura, que declinaron hacer declaraciones "hasta que analicen toda la documentación".
La directora general del Agua aparece como destinataria de una copia del 'email' en el que se habla de lo que el juez tilda de "compensación indebida"
El 'email', adelantado por la Cadena Ser este viernes, fue enviado por Ramos de Armas el 20 de junio de 2013, cuando aún era secretario de Estado de Medio Ambiente y, por ello, también presidente de Acuamed y de su Consejo de Administración. En el mismo, pregunta a su destinatario, el hoy encarcelado Arcadio Mateo, "si podemos llevar como pide la contratista [FCC] la liquidación pendiente de la obra al Consejo de Administración del mes de julio por valor de 9,5 Mil [millones] de euros". Se refiere, según se recoge en el asunto del documento, a un pago pendiente de la obras de la desaladora almeriense, que ya entonces no había podido ser puesta en marcha ya que una inundación la había dejado inservible. El mensaje continuaba con un "así vamos avanzado con esta gente a la que debemos bastante dinero en otras obras" para terminar con "un abrazo". En los detalles del correo, aparece el nombre de la directora general del Agua como destinataria de una copia del mismo.
Vicepresidenta de Acuamed y vocal del Consejo
Este detalle apunta a que Liliana Ardiles, quien asumió su actual responsabilidad en septiembre de 2012 tras haber ocupado antes otros cargos de menor rango en el departamento, presuntamente estaba al corriente de aquella maniobra, señalada por el juez Velasco como una grave irregularidad en el auto que dictó el miércoles pasado para enviar a prisión a cinco de los 13 detenidos en la 'Operación Frontino'. De hecho, en el momento en el que fue remitido el correo electrónico, ella ya figuraba como vicepresidenta de Acuamed y vocal de su Consejo de Administración, en cuya reunión de julio de 2013 Ramos de Armas quería plantear el pago de la millonaria cantidad a FCC. Fue también en este órgano de dirección de la sociedad estatal donde meses después, en abril de 2014, se estudió la denuncia sobre las corruptelas que había presentado un alto directivo de la empresa pública y finalmente se decidió darle carpetazo. Aquel hecho supuso el fulminante despido del denunciante, Francisco Valiente, quien acudió más tarde a la Fiscalía Anticorrupción y permitió el inicio de la investigación que desembocó en las detenciones del pasado lunes.
Desde el entorno de Liliana Ardiles se justifica que recibiera el mensaje en que era "algo automático" y destacan que no lo contestó
Este viernes, desde Agricultura declinaron comentar oficialmente la presencia de un segundo cargo del departamento en la documentación incorporada al sumario del 'caso Acuamed'. Se escudaron para ello en que aún debían analizar la documentación para valorar dicha información. Sin embargo, otras fuentes del Ministerio cercanas a la directora general del Agua quitaban hierro al hecho de que ésta hubiera recibido dicho correo electrónico. "Era algo automático, como miembro del Consejo de Administración, que se le remitiera este tipo de comunicación. No consta que ella respondiera al mismo", añaden, sin aclarar por qué ella es la única destinataria de una "copia" y no figura ninguno de los otros doce miembros de dicho órgano, pese a que diez son vocales como Liliana Ardiles. Por su parte, fuentes cercanas a la investigación aseguraban a este diario que de la documentación analizada hasta ahora no han aparecido por el momento nuevas referencias a ella.
El auto de Velasco
La presunta implicación de más de un responsable del departamento de García Tejerina en la trama ya era apuntaba expresamente por el juez Velasco en su auto del miércoles. Aquel escrito hablaba de la participación de "cargos de alto (sic) nivel", en plural, en un supuesto acuerdo entre "la cúpula de FCC" (el presidente de su filial de construcciones, Miguel Jurado, fue uno de los 13 detenidos) y éstos para realizar a la compañía una "compensación indebida" de "un monto de diez millones", una cifra muy cercana a la que recogía el correo electrónico. Hasta en tres ocasiones, el magistrado afirmaba expresamente que varias de las irregularidades detectadas habían sido "pactadas" entre responsables de Agricultura y la constructora, dos de cuyos directivos fueron detenidos. De hecho llega a hablar de "instrucciones emanadas desde la Superioridad", en clara referencia al Ministerio.
El auto del juez Velasco destacaba en tres ocasiones la supuesta implicación de "cargos de alto nivel", en plural, del Ministerio de Agricultura
El juez Velasco lo hace para hablar de los contratos para la construcción de una desaladora en el Bajo Almanzora, la que figura en el asunto del 'email', y los trabajos para la descontaminación del pantano de Flix, en Tarragona. Sobre la primera, aseguraba que la inundación que a finales de 2012 la había dejado inservible también había sacado a la luz la supuesta "concertación" que existía entre el principal detenido hasta ahora, Arcadio Mateo del Puerto, director general de Acuamed, y directivos de FCC, ya que aquel no exigió "en contra de lo que decía el contrato y la legalidad" que la empresa pagase los desperfectos y el seguro. De hecho, el magistrado recalcaba que el presunto cabecilla de la trama llegó a arbitrar un acuerdo para que la propia sociedad pública que dirigía abonase un 40% de las reparaciones y FCC fuese compensada por el pago del 60% restante "mediante compensaciones" con la adjudicación de otras obras "al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio [de Agricultura]". Se refiere en concreto al contrato para la descontaminación del pantano de Flix, presupuestados en 194 millones de euros. Una obra en la que se pretendía "fijar ficticios irreales para, al final conseguir compensar con 40 millones de euros" a la constructora.
"La oposición de cierto funcionarios"
El auto señalaba a continuación que dicho plan no pudo llevarse a cabo por "la oposición de ciertos funcionarios a permitir tales irregularidades", por lo que la desaladora "sigue sin arreglarse" más de tres años después. Además, el juez Velasco recalcaba que FCC, ante la imposibilidad de cobrar por ello los 2 millones de euros que se le adeudaban, pretendía que el Estado le pagase 10 millones, los que recoge el correo electrónico, "con un perjuicio para la Administración de ocho millones de euros". Una "compensación indebida" que, según el magistrado, pactó la cúpula de la compañía con "cargos de alto nivel en el Ministerio" y que fueron incluidos en una partida en los Presupuestos General del Estado para 2015 "fijando un monto de diez millones más veinte millones para hacerlo". Un desembolso que finalmente no se hizo "al conocer [Agricultura] la denuncia que ha originado la presente causa en Fiscalía, lo que no obstó en la persistencia de la idea". De hecho, el magistrado añade que ambas cifras se han mantenido en las cuentas públicas para 2016 "sólo que reducidas" a 8 y 14 millones, respectivamente.
La partida cercana a los diez millones de euros de la que se habla en el 'email' fue incluida en los Presupuestos Generales de 2015 y 2016
El segundo contrato en el que el juez Velasco ve la implicación directa de responsables del Ministerio era, precisamente, el adjudicado para la descontaminación del pantano de Flix ganado por FCC mediante una UTE de dos de sus filiales como "compensación" por los problemas con la desaladora del Bajo Almanzora. En esta obra, el magistrado consideraba que se produjo "una reclamación ilegal de 30 millones de euros" por parte de la constructora que fue "apoyada por los directivos de Acuamed" pese a que era rechazada por los técnicos de la compañía pública. "Se pretende cambio de certificaciones para retirar penalizaciones y pasar de una facturación aproximadamente debida de 3,5 millones a 40 [millones] ficticios que se intentan justificar certificando unidades de obra no ejecutadas en expedientes paralelos", señalaba el auto. El juez consideraba que estos últimos fueron creados "para meter conceptos extraordinarios que no existían con documentación falsa pretendiendo justificar unos conceptos por otros con convalidación del gasto de 32 millones y un proyecto complementario". Todo ello para causar un perjuicio a la Administración "de 40 millones de euros para 'compensar' a FCC siguiendo instrucciones emanadas desde la Superioridad".
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ACUAMED CONOCÍA LAS IRREGULARIDADES
Un testigo clave en el caso fue despedido por hacer llegar las graves negligencias a altos cargos de la empresa pública
Un secretario de Estado, abogados y altos asesores del Estado. Todos ellos miembros del Consejo de Administración de la empresa pública Acuamed sabían de la existencia de supuestas operaciones fraudulentas. Así lo recoge el relato del testigo clave del caso, Francisco Valiente.
El que por 2014 era director de Construcción de Acuamed, según recoge la Cadena SER, hizo llegar por todos los medios la existencia de las operaciones a los distintos responsables de la empresa pública, así como al Ministerio de Agricultura, pero nadie le hizo caso.
Testimonio calve
El relato de Valiente es el que ha permitido a la Fiscalía destapar la conocida como Operación Frontino, que investiga delitos de cohecho, malversación, prevaricación, fraude y organización criminal entre otros.
Fue a principios de marzo de 2014 cuando Francisco Valiente halla graves irregularidades además de actividades negligentes, las que intenta hacer llegar a los altos cargos de Acuamed. El dos de abril, la secretaria del consejo recoge el requerimiento notarial presentado por Valiente y lo lleva a la reunión.
Según el relato, al que da total veracidad el juez Velasco de la Audiencia Nacional, el Consejo de Administración decide no analizar el grueso del requerimiento con la denuncia de Valiente y decide despedirlo al instante.
Tras su destitución, Valiente decidió acudir directamente a la Fiscalía Anticorrupción que empezó a investigar y ha dado como resultado la detención del director general de Acuamed, así como de otros altos cargos y empresarios.
Contradicción con el director
El presidente del consejo de administración de Acuamed, Pablo Saavedra, aseguró este martes que la destitución de Francisco Valiente de su cargo de director de Construcción no fue motivada por la denuncia que hizo de las irregularidades, versión que contradice totalmente la de Valiente.
Saavedra aseguró, con respecto a la denuncia de irregularidades, que no la tuvieron en cuenta porque no tenían ninguna relevancia penal, también todo lo contrario que opina el juez de la Audiencia Nacional tras ordenar la detención de 13 personas.
Relación directa con Moncloa
Da la casualidad de que algunos de los miembros del Consejo de Administración de Acuamed están estrechamente relacionados con la cúpula del Gobierno de Mariano Rajoy. Uno, quizás el más llamativo, Eduardo Ribas Steegmann, es nada menos que el Director del Gabinete del Secretario de Estado de relaciones con las Cortes. Secretario de Estado, José Luis Ayllón, que es mano derecha de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a la que acompaña como sombra desde que entre los dos dirigían el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso durante la última legislatura de Zapatero. La otra presencia de Moncloa es la de la Asesora del Departamento de Asuntos Jurídico-Institucionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. O si lo prefieren, una asesora de Jorge Moragas, el ‘hombre de Rajoy’.
LA CONEXIÓN DE MONCLOA CON EL ESCÁNDALO ACUAMED
Los 25 millones defraudados pasaron por delante de las narices del Consejo de Administración, plagado de altos cargos nombrados por el Gobierno ¿nadie ‘vio’ nada de esto?
El juez Eloy Velasco ha supervisado 16 registros y ordenado la detención de 13 personas en la ‘operación Frontino’, que es el nombre dado a la actuación sobre la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas, (Acuamed). Entre los detenidos, el director general, Arcadio Mateo del Puerto, al que el Ministerio de Justicia se ha apresurado a decir que destituirá en unas horas…
Cuatro de Agricultura, dos de Hacienda, dos abogados del estado…
Pero ¿y quienes tenían que supervisar el trabajo de Mateo del Puerto? Nos referimos a los miembros del Consejo de Administración, nombrados uno a uno por los diferentes órganos del Gobierno ¿Qué hacían mientras, supuestamente, sucedían operación tras operación desfalcos del dinero público? ¿Para qué están allí?
Porque, esto es lo primero, hay que recordar que Acuamed es una empresa pública y, como tal, está controlada y regida por un Consejo de Administración en el que están presentes diferentes ministerios, y la propia estructura de Presidencia del Gobierno.
Así, puesto que depende directamente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, su presidente es nada menos que el Secretario de Estado del departamento de Medio Ambiente, Pablo Saavedra. Y del mismo ministerio figuran, como vocales, dos directores generales y un subdirector general. Además de Hacienda está presente una Jefa de Unidad y el Secretario General de Patrimonio y el Auditor Nacional Jefe de División. También está de Economía presente un Asesor del propio Ministro.
También están en el Consejo de Administración de Acuamed, y resulta resaltable, dos Abogados del Estado. Uno del propio ministerio de Hacienda. Otro, Abogado del Estado en Valencia.
…Y dos que trabajan con los ‘jefes’ de Moncloa
Y luego dos que trabajan directamente en Moncloa, adscritos a Presidencia. Uno, quizás el más llamativo, Eduardo Ribas Steegmann, es nada menos que el Director del Gabinete del Secretario de Estado de relaciones con las Cortes. Secretario de Estado, José Luis Ayllón, que es mano derecha de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a la que acompaña como sombra desde que entre los dos dirigían el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso durante la última legislatura de Zapatero. La otra presencia de Moncloa es la de la Asesora del Departamento de Asuntos Jurídico-Institucionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. O si lo prefieren, una asesora de Jorge Moragas, el ‘hombre de Rajoy’.
A ellos dos podría, en realidad, añadírsele el detenido y, pre-cesado cuando escribimos esta crónica, director general, Arcadio Mateo, que antes de ser nombrado para este puesto en los inicios de 2012 ocupaba una posición de ejecutivo en el Banco de Santander. Banco del que llegó, y al que regresó cuando acababa la pasada legislatura, Jaime Pérez Renovales, el subsecretario y amigo personal de Soraya Sáenz de Santamaría.
¿Cómo pudieron no saber nada de los que estaba pasando todos estos miembros del Consejo de Administración de Acuamed? ¿Para qué formaban parte de una empresa pública en la que, según los investigadores, se realizaban contratas a dedo, se troceaban otros contratos y unos más se inflaban cuando incluso estaban ya casi acabados los trabajos?
Una cosa es cierta, todos ellos, los miembros del Consejo recibían remuneración por su trabajo. Unos, los que están por debajo del puesto de director general, en forma de dietas pagadas por la propia Acuamed. Los otros, porque veían reflejada sus presencia en mejora de su plus de complemento por productividad.
http://www.elplural.com/2016/01/19/la-conexion-de-moncloa-con-el-escandalo-acuamed/
UN CORREO IMPLICA AL SUBSECRETARIO DE PRESIDENCIA EN EL FRAUDE DE ACUAMED
Documentación del sumario a la que ha accedido la SER revela que Federico Ramos de Armas, remitió un correo al director general de Acuamed, Arcadio Mateo, interesándose por el pago de casi 10 millones a FCC que los funcionarios de la empresa pública y el juez Velasco han considerado ilegal. Ramos de Armas pidió aprobar el pago en la siguiente reunión del consejo porque debían a FFC “bastante dinero en otras obras”
El sumario del caso del supuesto fraude en la empresa pública Acuamed revela pruebas de la implicación del antiguo secretario de Estado de Medio Ambiente y hoy número 3 de Soraya Sáenz de Santamaría en el Ministerio de la Presidencia, Federico Ramos de Armas.
La Cadena SER ha accedido a un correo electrónico que obra en poder del juez Eloy Velasco, enviado por Ramos de Armas el 20 de junio de 2013, cuando presidía el consejo de administración de Acuamed como secretario de Estado de Medio Ambiente. El correo es enviado a su director general, Arcadio Mateo, hoy en prisión por estos hechos.
En su mensaje, Federico Ramos de Armas pregunta a Mateo si pueden llevar al próximo consejo de administración el pago pendiente de la desaladora de Almanzora por 9.5 millones de euros, tal y como “pide la contratista” FCC. “Así vamos avanzando con esta gente”, añade Ramos de Armas, “a la que debemos bastante dinero por otras obras”.
En aquellas fechas de junio de 2013, ya hacía varios meses que los técnicos honestos de Acuamed como Francisco Valiente entre otros, se habían negado a pagar euro alguno a FCC por el problema de la inundación de la desaladora de Almanzora. Entendían que el seguro de la empresa privada tenía que pagar la reparación, o en cualquier caso, FCC debía asumir el coste por contrato. Estos técnicos remitieron diversos informes al director general de Acuamed y mantuvieron reuniones expresándole su postura. Finalmente fueron removidos o despedidos por no aceptar las presiones.
A pesar de los informes contrarios de los técnicos, el Ministerio de Agricultura contempló el pago a FCC en los presupuestos de 2015. Diez millones por la liquidación, como aconsejaba Ramos de Armas en su mensaje, y otros 20 por la ejecución de los trabajos. También ha contemplado el pago en los presupuestos de 2016 aunque reducidos a 22 millones, después de haber recibido la denuncia de la Fiscalía, como recuerda el juez en su auto.
Eloy Velasco apuntó en su auto de este miércoles que “altos cargos del Ministerio” de Agricultura “pactaron con la cúpula de FCC” compensar a esta empresa por las obras del embalse de Almazora. También impartieron “instrucciones” para abonar 40 millones de euros a la misma empresa por la descontaminación del embalse de Flix, mediante “facturas falsas” y “conceptos inexistentes”.
La Cadena SER se ha puesto en contacto con el Gabinete de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, de cuyo ministerio depende en la actualidad Federico Ramos de Armas como subsecretario de Estado, y ha declinado respuesta alguna
http://cadenaser.com/ser/2016/01/21/tribunales/1453416017_380788.html
LA EMPRESA PÚBLICA ACUAMED INFLABA ARTIFICIALMENTE LA OBRA HASTA EN UN 10%
La cuantía del fraude estimado es de veinte millones de euros aunque los investigadores creen que la cifra final va a ser superior
Los delegados de Acuamed en Murcia y Valencia, J.M.G. y P.M.M., respectivamente, figuran entre la decena de detenidos por la Guardia Civil en una operación contra el fraude en contratos de esta empresa pública, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. En la imagen, las oficinas en la capital valenciana
La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, tiene constancia de que la empresa pública Acuamed inflaba el precio final de la obra adjudicada hasta un 10% más. Los investigadores calculan que la cuantía del fraude detectado supera los veinte millones de euros.
La mayoría de los contratos presuntamente fraudulentos fueron adjudicados en el año 2012 aunque la UCO tiene sobre la mesa adjudicaciones que hizo la empresa pública dependiente del ministerio de agricultura en el año 2007 y hasta el año pasado. Hay una decena de empresas salpicadas en este nuevo escándalo de corrupción y entre estas grandes constructoras como Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la empresa Acciona, Befesa, Sogecosa y Altec. Según la Guardia Civil, Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A.)presuntamente adjudicaba obras sin pasar las tramitaciones públicas pertinentes y después inflaba los contratos para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias.
Según los investigadores lo que hacía Acuamed era inflar artificialmente la obra hasta en un 10%. Hay constancia policial de que obras que ya estaban prácticamente finalizadas tuvieron certificaciones finales falsos que inflaban las obras entre un 5 y un 10%. Sin duda es uno de los extremos más relevantes que tienen que aclarar los detenidos y una de las claves de esta investigación.
La cuantía total del fraude no se ha calculado todavía finalmente pero según la UCO el fraude estimado contabilizado hasta ahora es de veinte millones de euros. La Guardia Civil está convencida de que el fraude va a ser mucho mayor a medida que se vayan cotejando los documentos incautados en los registros.
De momento las investigaciones apuntan a corrupción de funcionarios dirigidos por el director general detenido, Arcadio Mateo del Puerto. Sin embargo los investigadores no descartan la posibilidad de que el Consejo de Administración de esta empresa pública no estuviesen al corriente de estas irregularidades. Entre los miembros de este consejo está el que fue hasta el pasado julio Secretario de Estado de Medio Ambiente y Agricultura, Federico Ramos.
La investigación se inició hace un año a raíz de una denuncia presentada por el que fue director general de Construcción ante la Fiscalía Anticorrupción. Francisco Valiente denunció estas contrataciones irregulares por las que las empresas investigadas obtuvieron beneficios millonarios después de que le cesarán de su cargo por desavenencias con la empresa. La Cadena SER les puede adelantar también que al menos tres trabajadores de Acuamed han colaborado con la justicia y con la Guardia Civil aportando datos de estas presuntas irregularidades. Las diligencias se encuentran declaradas secretas.
La operación sigue abierta a esta hora. En las próximas horas se va a proceder a citar en calidad de investigados a 35 personas. Además según fuentes cercanas a este caso, no se descartan más registros como los que se practicaron ayer, algunos en domicilios particulares.
De momento hay trece personas detenidas, entre ellos, el director general de la empresa, Arcadio Mateo, la subdirectora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela, los delegados de las sedes de la empresa en Valencia y Murcia, y el ex director de Construcción en Trasagua, Nicolás Steegman, predecesora de Acuamed cuando la empresa fue creada por Jose María Aznar. Todos han pasado la noche en los calabozos de la Guardia Civil y mañana pasarán a disposición judicial.
http://cadenaser.com/ser/2016/01/18/tribunales/1453156682_392266.html
Un alto directivo de Acuamed intentó por todos los medios informar al consejo de administración de la empresa pública y al Ministerio de Agricultura de las irregularidades en las contrataciones de la empresa estatal. Acuamed no solo no actuó, sino que le despidió. Tuvo que acudir a la Fiscalía y su testimonio ha sido decisivo para destapar la trama corrupta. Este es su relato, según fuentes jurídicas de la Audiencia Nacional
La Operación Frontino, que investiga delitos de cohecho, malversación, prevaricación, fraude y organización criminal entre otros por las adjudicaciones de al menos seis proyectos por parte de la sociedad pública Acuamed, ha estallado esta semana, pero las irregularidades fueron detectadas hace ya dos años, sin que nadie las atajara.
Valiente ha confirmado todos los extremos de su relato que ha permitido desarticular el entramado corrupto, tanto a la Fiscalía Anticorrupción como al juez Eloy Velasco. Según fuentes jurídicas de la Audiencia Nacional, su relato es el siguiente.
El director de Construcción de Acuamed, Francisco Valiente, detecta a principios de marzo de 2014 las operaciones bajo sospecha. Indaga sobre las mismas y halla graves irregularidades además de actividades negligentes en la ejecución de determinados proyectos hídricos. En esos primeros días de marzo de 2014 intenta hacer llegar estas evidencias a altos cargos de Acuamed, así como a personalidades del Ministerio de Agricultura, y nadie actúa al respecto.
El 31 de marzo de 2014 envía un requerimiento notarial dirigido a la secretaria del consejo de administración de Acuamed con todas las actuaciones supuestamente ilegales detectadas. Un requerimiento del que levanta acta el notario Ignacio Martínez-Echevarria y Ortega a las 17:15 horas de ese 31 de marzo.
La secretaria del consejo, Isabel Bonelli, no se encontraba presente y en su lugar, según el acta, atienden al notario el director financiero de Acuamed, Carlos Anibarro y el director jurídico y abogado del Estado, Javier Moya. Tras examinar la carta, ambos declinan hacerse cargo de la célula de notificación notarial.
En la mañana del 2 de abril, la secretaria del consejo de Acuamed recoge finalmente el requerimiento notarial y lo eleva a la reunión del consejo de administración que tiene lugar esa misma tarde. Según el relato del testigo clave al juez Velasco, el consejo decide no analizar el grueso requerimiento notarial que contenía la denuncia de Francisco Valiente. En cambio, adopta una decisión sorprendente: el despido de forma unilateral del directivo denunciante.
Francisco Valiente mantuvo conversaciones y remitió correos electrónicos a altos cargos del Ministerio de Agricultura, sin que nadie adoptara decisión alguna. Finalmente, acudió a la Fiscalía Anticorrupción.
El presidente del consejo de administración de Acuamed, Pablo Saavedra, afirmó ayer que la presentación de la denuncia no fue motivo para la destitución de Francisco Valiente, sino que el despido fue anterior. El relato del directivo al juez Velasco es justo el contrario. Saavedra también afirmó ayer que desecharon la denuncia de Valiente y decidieron no actuar al carecer de relevancia penal. Por esa misma denuncia, el juez Velasco ha detenido a 13 personas, entre ellas a la cúpula de Acuamed y empresarios que recibían adjudicaciones, por delitos relacionados con la corrupción.
http://cadenaser.com/ser/2016/01/19/tribunales/1453243767_170994.html
EL JUEZ APUNTA A "ALTOS CARGOS DE AGRICULTURA" EN LOS SOBORNOS DE ACUAMED
Implantes de pelo, viajes a Turquía, trabajo para familiares y pagos de coches a cambio de pantanos y desaladoras. Esas son algunas de las dádivas que las principales constructoras del país pagaban a cambio de ser adjudicatarias de concursos ofertados por la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y de que ésta certificara la necesidad de los sobrecostes que luego presentaban. El ejemplo más claro, según el juez, es el de la desaladora de Almanzora en Almería y la descontaminación del pantano de Flix, actuación en la que la «cúpula de FCC y cargos de alto nivel en el Ministerio» pactaron una «compensación indebida» que causó un perjuicio de 40 millones a la Administración.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decretó el miércoles prisión incondicional para cuatro de los ex responsables de Acuamed detenidos el lunes en la operación Frontino y para el presidente de Altyum, Nicolás Steegmann [lea el auto en PDF]. Son el hasta el martes director general de la empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura, Arcadio Mateo; la directora de Ingeniería y Construcción de la compañía, María Gabriela Mañueco; el jefe de proyecto en Valencia, Pablo Martín Mira, y el responsable de contratación, Javier Pastor. Todos los detenidos se acogieron a su derecho constitucional a no declarar, salvo Mañueco y Martín, quienes trataron sin éxito de negar las acusaciones que pesan sobre ellos.
Para los responsables de obra acuífera de las constructoras que resultaron adjudicatarias de los contratos bajo sospecha el juez ha acordado fianzas de entre 12.000 y 50.000 euros para que puedan eludir la cárcel. Son los cargos de FCC Miguel Jurado (presidente de la división de Construcción, al que se ha impuesto una fianza de 50.000 euros), Santiago Farré (20.000) y el ingeniero Miguel Roset (20.000), así como el director de Infraestructuras en España de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente Pelegrini (50.000); el director de proyectos de Altyum, José Ramón González (12.000), y el presidente de Pipeline, Manuel Moreno Maestre (12.000). Para el responsable de Alicante de Altyum, Javier Delgado, y David José Blanca Montero la fianza impuesta es de 20.000 euros. Los ocho procedieron a hacer efectivas las fianzas anoche para evitar ir a prisión.
El juez imputa a los 13 investigados (nueva definición de los imputados tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), que comparecieron ante él por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, cohecho, fraude a la Administración Pública, maquinación para alterar el precio de los contratos, falsedad en documento oficial y pertenencia a organización criminal.
El auto afirma que, al menos desde mediados de 2014, Arcadio Mateo urdió junto con otras personas «un conjunto de actuaciones dolosas, imperativas, conscientes y queridas (se habla de presiones) para imponer en el seno de Acuamed numerosas irregularidades en contra de los intereses públicos y ciudadanos».Todo ello a cambio «del correlativo beneficio injusto (pero también querido) retribuido en parte en regalos en especie para él y para otros -implantes de pelo o viajes a Turquía-, a favor de diversos contratistas, con ocasión de la adjudicación en algunos casos y del desarrollo de la ejecución en otros de diversos contratos públicos en obra para la ejecución de infraestructuras acuarias en numerosos puntos de la cuenca mediterránea y en los que los contratistas, conniventes con aquel, ayudaban y cooperaban a la perpetuación de estas irregularidades».
El juez se centra en seis contratos públicos. En el de la desaladora de bajo Almanzora, adjudicada a FCC y Abengoa, el auto explica que Mateo pactó con los contratistas que la empresa pública cubriría los daños producidos por una inundación, pese a que debían haberlos asumidos ellos. Para encubrirlo, arbitró que Acuamed se hiciera cargo del 40% y compensara el 60% mediante adjudicaciones de otras obras a FCC, «al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio», como la descontaminación del pantano de Flix. La resolución señala que con «modificados ficticios irreales» se quería conseguir «compensar en 40 millones de euros» a la empresa.
Ante la oposición de varios funcionarios, la desaladora no se arregló y la empresa no permitió la liquidación del contrato, haciendo que los dos millones que podría debérseles ascendieran a 10. Los Presupuestos Generales del Estado de 2015 preveían cubrir esa «compensación indebida pactada entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel en el Ministerio». Se fijan 10 millones más otros 20 en los Presupuestos de 2015, que han quedado reducidos en los de este año en una compensación de ocho y 14 millones. En la descontaminación de ese pantano, FCC reclamó ilegalmente 30 millones de euros con el apoyo de Acuamed. A través de sus certificaciones, de 3,5 millones se pasaron a «40 ficticios», perjuicio causado en la Administración con la operación.
Otros contratos
Desaladora de Marina de Torrevieja.
Entre los contratos investigados por el juez figura esta adjudicación a Acciona. El magistrado señala que la empresa pretendía causar tres millones de perjuicio a la Administración.
Conducciones de la de Campello-Mutxamel.
Esta obra correspondió a Altec-Altyum, pero acabó entregándola a Altec y a Clothos, que nunca habrían sido adjudicatarios por su mal posicionamiento en el informe técnico.
Tuberías para el riego en Lorca.
El juez señala que para subir el Cerro Colorado en Murcia y permitir el riego en Lorca, a través de la desoladora de Águilas, Altec necesitaba tuberías. La contratista las adquirió a la empresa más cara, lo que luego no podían justificar los técnicos.
El director de Acuamed guardaba 100.000 euros en su casa
La Guardia Civil encontró una cantidad cercana a los 100.000 euros en metálico en el marco de los registros realizados en la operación Frontino, han confirmado fuentes conocedoras del caso. Además, estas fuentes han precisado que tal hallazgo se produjo en el domicilio del director general de Acuamed, el ya cesado de su cargo Arcadio Mateo. El dinero estaba distribuido en billetes de distinto valor.
http://www.elmundo.es/espana/2016/01/20/569f944aca4741d9598b4647.html
Federico Ramos de Armas fue nombrado secretario de Estado de Medio Ambiente en diciembre de 2011 al asumir Miguel Arias Cañete la cartera. En febrero dispuso que su amigo Arcadio Mateo del Puerto, principal inculpado en el escándalo, ocupase el cargo de director general de la sociedad estatal.
No sólo despidió fulminantemente al funcionario que denunció el escándalo hace año y medio, sino que además fichó para dirigir la sociedad estatal Aguas de las Cuencas del Mediterráneo SA (Acuamed) a la persona que presuntamente terminó amañando las millonarias adjudicaciones de la misma. Federico Ramos de Armas, actual subsecretario de Presidencia, fue la persona que en febrero de 2012, cuando ocupaba el cargo de secretario de Estado de Medio Ambiente, colocó como director general de la empresa pública a Arcadio Mateo del Puerto, encarcelado este miércoles por orden del juez Eloy Velasco como presunto cabecilla de la trama de corrupción desmantelada en la Operación Frontino. El 'número 3' de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, lo hizo además poco tiempo después de aterrizar él en el Ministerio de Agricultura de la mano del entonces titular de la cartera, Miguel Arias Cañete.
Ramos de Armas llegó a Agricultura el 11 de diciembre de 2011. Dos meses después había designado a su amigo Arcadio Mateo director general de Acuamed
Ramos de Armas, que antes de la victoria electoral del PP en las elecciones de 2011 ocupaba un cargo en el Ejecutivo madrileño de Esperanza Aguirre, fue nombrado como 'número 2' de Agricultura el 11 de diciembre de aquel año. Una de sus primera decisiones fue, precisamente, poner al frente de Acuamed, la sociedad estatal que maneja importantes recursos económicos para realizar obras hidráulicas en los ríos de la cuenca mediterránea, al ahora encarcelado Arcadio Mateo. Lo hizo a mediados de febrero de 2012, es decir, sólo dos meses después de que él hubiera sido designado para su cargo. Según trabajadores de la empresa consultados por Vozpópuli, entre ambos había una relación previa de amistad.
Por sus respectivos puestos, Ramos de Armas y Mateo del Puerto compartieron durante los siguientes tres años, hasta la salida del primero de Agricultura en mayo de 2015 para incorporarse al equipo de Sáenz de Santamaría, responsabilidades en la compañía ahora bajo sospecha. El primero, como presidente de la misma y de su Consejo de Administración. El segundo, como 'número 3' en la estructura de mando. Varios testigos han declarado en los últimos días ante el juez Velasco que ambos trabajaban coordinadamente y que, incluso, el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente partició en reuniones con adjudicatarias junto al presunto cabecilla de la trama. Entre ellas, en la que supuestamente se pactaron “compensaciones indebidas” para la compañía FCC por los problemas surgidos en la construcción de la desaladora del Bajo Almanzora (Almería) y que terminaron provocando un 'agujero' de 40 millones de euros a la Administración.
Despedido por denunciar
Una actuación de Ramos de Armas en el día a día de Acuamed que, de confirmarse, se convertiría en la más polémica de su paso como máximo responsable político de la sociedad estatal, pero no la única. De hecho, el 2 de abril de 2014 él era el máximo responsable presente en la reunión del Consejo de Administración en el que se analizó la documentación que había remitido notarialmente un directivo de la compañía, Francisco Valiente, y en la que denunciaba la supuesta existencia de irregularidades en la adjudicación de seis obras que habían costado al erario más de 620 millones de euros. Aquel día, el hoy 'número 3' de Sáenz de Santamaría dio carpetazo a aquella denuncia, lo que permitió a Arcadio Mateo despedir fulminantemente al denunciante por falta de confianza, como adelantó este jueves Vozpópuli. Meses después el trabajador represaliado acudía a la Fiscalía Anticorrupción y se abría la investigación que hasta el momento se ha saldado con 13 personas detenidas y 35 más 'investigadas' (el término que ha sustituido ahora al de imputado).
Trabajadores denuncian que al llegar Arcadio Mateo a Acuamed, algunas empresas empezaron a hacerse "sospechosamente" con buena parte de las adjudicaciones
Los empleados de la compañía consultados por este diario destacan que durante todo el tiempo en el que Ramos de Armas y Arcadio Mateo coincidieron en Acuamed, éste último contaba con una amplia autonomía para tomar decisiones. De hecho, estas fuentes destacan que poco después de su llegada la compañía hubo un cambio en la política de contratación y algunas empresas empezaron a ganar "sospechosamente" buena parte de los concursos. No fueron los únicos cambios. También aseguran que se produjeron relevos en el organigrama de la sociedad estatal que afectaron tanto al Servicio Jurídico como a algunos puestos de la dirección claves del mismo. Entre ellas, la Dirección de Ingeniería y Construcción, para la que en un primer momento eligió a Francisco Valiente, pero en la que tras la denuncia de éste puso a otra de las detenidas el pasado lunes, María Gabriela Mañueco, quien se convirtió en su mano derecha de la trama.
Según detalla el juez Velasco en el auto del pasado miércoles por el que enviaba a prisión al director general y otros cuatro trabajadores de Acuamed, Arcadio Mateo impuso mientras Ramos de Armas estuvo al frente del Consejo de Administración "numerosas irregularidades en contra de los intereses públicos y ciudadanos" que le reportaron dádivas de las empresas adjudicatarias. Para amañar los concursos, el magistrado destaca que presionó a los directivos que tenía bajo su mando para que éstos, a su vez, "incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades". Si se negaban, eran amenazados con un cambio de puesto o "incluso, destituidos". De hecho, al menos cuatro de ellos, entre los que está el denunciante Francisco Valiente, sufrieron represalias laborales. Pese a la dureza del auto del magistrado y a que éste ya apuntaba a la presunta implicación de cargos de "muy alto nivel" del Ministerio de Agricultura, Federico Ramos de Armas no está imputado aún en el 'caso Frontino' ni ha sido llamado a declarar a la Audiencia Nacional.
UN ALTO CARGO DE SORAYA ABORTÓ LA INVESTIGACIÓN DE CORRUPCIÓN EN ACUAMED Y FULMINÓ AL DENUNCIANTE
Federico Ramos de Armas, actual subsecretario de Presidencia, era presidente de Acuamed cuando en marzo de 2014, el director de ingeniería, Francisco Valiente, denunció las irregularidades detectadas. El número 3 de Moncloa y hombre de confianza de la vicepresidenta en funciones decidió entonces frenar esa denuncia, abortar cualquier tipo de investigación interna y destituir de forma fulminante al directivo que alertó de las prácticas corruptas.
Las conexiones de "muy alto nivel" que el juez Eloy Velasco ve entre la trama corrupta de Acuamed y altos cargos del Ministerio de Agricultura van más allá del Departamento que dirige Isabel García Tejerina y apuntan ya a Moncloa directamente.
El actual subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas, hombre de confianza de la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, fue el que frenó en seco la investigación interna que se iba a abrir en Acuamed tras la denuncia de las irregularidades detectadas por parte del director de Ingeniería y Obras, Francisco Valiente, en marzo de 2014.
La mano derecha de Sáenz de Santamaría dio carpetazo a la denuncia de Valiente cuando ésta fue elevada al consejo de administración por Isabel Bonelli
Ramos de Armas, que entonces era secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente de Acuamed, dio carpetazo a la denuncia de Valiente cuando ésta fue elevada al consejo de administración por la secretaria del consejo, Isabel Bonelli, el 2 de abril de ese año. El ahora cargo de confianza de Sáenz de Santamaría rechazó abrir una investigación interna sobre los supuestos amaños de contratos y ordenó el despido fulminante del denunciante.
Fue Arcadio Mateo, entonces director general de Acuamed, amigo íntimo de Ramos de Armas y jefe de la trama corrupta, el que cursó la orden del presidente de destituir a Valiente, argumentado que "había perdido la confianza", según ha aclarado este martes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, a la sazón presidente de la sociedad pública de aguas.
Según informa eldiario.es, Ramos de Armas estaba al tanto de las irregularidades cometidas para favorecer a los gigantes FCC y Abengoa en dos grandes obras que fueron presupuestadas con sobrecostes millonarios para beneficiar a los integrantes de la trama corrupta.
Fuentes cercanas a la investigación confirman a Vozpópuli que el subsecretario de Presidencia estaba al tanto de estas irregularidades tras la denuncia de Valiente, pero que prefirió mirar hacia otro lado. El director de Ingeniería y Obras, tras ser despedido por alertar de la trama, acudió a la Fiscalía Anticorrupción para poner en su conocimiento los hechos delictivos. Su denuncia ante la Fiscalía dio lugar a la 'Operación Frontino', que, por ahora, coloca al frente de la trama a Arcadio Mateo, mano derecha del alto cargo de Moncloa en su etapa en Acuamed. Mateo y otros cuatro implicados en la trama, de un total de 13 imputados, han sido enviados a prisión por el juez Velasco.
Sin embargo, el magistrado sospecha de la implicación de cargos de "muy alto nivel" del Gobierno en la trama.
Despedido por denunciar
La infructuosa aventura de Francisco Valiente por denunciar las prácticas corruptas en Acuamed empezó cuando en la primavera de 2014 avisó, de palabra, a sus superiores. Al ver que sus denuncias no eran atendidas, el 31 de marzo envió un requerimiento notarial a la secretaria del consejo, Isabel Bonelli. Esta última llevó el 2 de abril la denuncia al consejo de administración que entonces presidía Ramos de Armas. El máximo órgano de poder de la sociedad estatal decidió rechazar la apertura de una investigación. Posteriormente, se procedió al despido del denunciante, que precisamente había llegado a la casa de mano del jefe de la trama, pero que no quiso sumarse a las actividades corruptas.
Federico Ramos de Armas llegó a la presidencia de Acuamed el 29 de mayo de 2013, cuando el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, lo nombró secretario de Estado de Medio Ambiente. Estuvo en el cargo hasta junio de 2015, cuando fue llamado a Moncloa por la vicepresidenta del Gobierno para cubrir la vacante dejada por Jaime Pérez Renovales tras su marcha al Banco Santander.
LA GUARDIA CIVIL DETIENE AL ‘GURÚ DEMOSCÓPICO’ DE COSPEDAL POR SUPUESTOS DELITOS DE PREVARICACIÓN
Arcadio Mateo era hasta ayer director general del ente público Acuamed y fundador de “Demoscopia y Servicios”, empresa que realizaba encuestas ad hoc para la líder del PP
La Guardia Civil ha detenido al director general de la empresa pública Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción desde noviembre de 2014, por supuestos delitos de prevaricación y falsedad en la adjudicación de contratos públicos, dentro de la operación Frontino dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que se ha saldado también con la detención de una decena de personas en distintas ciudades españolas, a las que en los próximos días se sumarán otras 35 en calidad de investigados (imputados). Acuamed, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene por objeto la contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas de las cuencas mediterráneas.
¿Quién es Arcadio Mateo?
El director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, fue uno de los fundadores de la empresa Demoscopia y Servicios, que realizó encuestas electorales ad hoc para el PP de Castilla-La Mancha por encargo directo del secretario general del partido en esta comunidad, Vicente Tirado, quien mantenía amistad (al menos en Facebook) con el hoy detenido por supuesta prevaricación de contratos públicos que podrían superar los 30 millones de euros, según las primeras valoraciones judiciales. Cuando ELPLURAL.COM denunció públicamente en noviembre de 2010 los tejemanejes de esta dudosa empresa demoscópica, que contaba con un solo empleado a tiempo parcial y que era capaz de hacer 1.500 entrevistas en unos días, propio del ‘Libro Guinness de los Récords’, Mateo del Puerto se “anuló” de las redes sociales para, suponemos, no dañar más todavía si cabe la imagen de la secretaria general del PP y por aquel entonces candidata a la Presidencia del Gobierno castellano-manchego, María Dolores Cospedal, beneficiada a la postre de las raras encuestas realizadas por la empresa fundada por este hombre y dirigida por otra no menos curiosa mujer, María José Combarros Prieto.
¿Hay “dos” Arcadio Mateo del Puerto?
Qué Arcadio Mateo del Puerto fue fundador de Demoscopia y Servicios S.L., eso está constado y comprobado, al igual que está contrastada la dualidad empresarial de los servicios de su compañía, que, además de realizar estudios demoscópicos, se dedicaba también a la restauración y la hostelería (Ravena Promociones Hostelera SL y Soluciones Hosteleras Castrillo SL). Como decían los socialistas en 2010: “Está claro, Demoscopia y Servicios es capaz de hacer al mismo tiempo un café expreso y una encuesta exprés, cortada, con mala leche o descafeinada”. Pero aquí no queda el enigma del tal Arcadio. El pasado 22 de mayo aparecía en el programa de 13 TV El cascabel al gato vaticinando la mayoría absoluta para Cospedal en Castilla La Mancha, cuando en realidad la urnas la apearon de la presidencia de la comunidad. Y aparecía con tupé sobre su cabeza, mientras que en las fotos del Ministerio se presenta calvo, como muestra la fotografía. ¿Es el mismo Arcadio Mateo del Puerto, el ayer detenido por supuestos delitos de prevaricación, que el “gurú electoral” de Cospedal?
“Soraya lo ha puesto de patitas en la calle”
En el Ministerio de Agricultura se reían en la tarde de ayer y se negaban a confirmar si el Arcadio calvo, director general de Acuamed, es el mismo que el Arcadio con tupé fundador de Demoscopia y Servicios. Lo que sí nos han confirmado las mismas fuentes es que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Juan Pablo Saavedra Inaraja, un destacado “sorayo”, destituirá hoy a Arcadio Mateo como director general de la empresa pública investigada por el juez Velasco. Una vez más, la rápida actuación de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, expulsa del Ejecutivo a todo aquel que presenta una mácula en su expediente, como es el caso de Mateo, detenido este lunes por la Guardia Civil y que dice adiós a los 128.903,85 euros que cobraba todos los años por dirigir Acuamed.
¿Quién era el protector de Arcadio Mateo?
Es una pregunta que, hoy por hoy, se la formulan dentro y fuera del PP y que señalan a María Dolores Cospedal como supuesta benefactora de Mateo. Y razón no les falta, ya que a su condición de fundador de Demoscopia y Servicios, empresa que “cocinaba” encuestas para Cospedal, el que hoy será previsiblemente destituido, si es que es el mismo, fue fichado en febrero de 2012 para el cargo por el entonces ministro de Agricultura y hoy eurodiputado, Miguel Arias Cañete, íntimo amigo de Cospedal y de toda la familia de la secretaria general del PP, empezando por su padre, Ricardo Cospedal Peinado.
“La culpa es del PP”
Sea como sea, el caso es que el secretario adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, José Luis Ábalos, ha exigido “explicaciones urgentes e inmediatas” a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, al mismo tiempo que se mostraba convencido de que “el PP es el verdadero responsable de todo esto, porque está ocurriendo con un gobierno del PP” y cree que actuaciones como ésta “no pueden constituir una credencial para que el PP siga gobernando este país”.
EL JUEZ IMPLICA A “MUY ALTOS CARGOS DE AGRICULTURA” EN EL FRAUDE DE ACUAMED
Velasco impone cárcel sin fianza a cinco de los acusados, incluido el jefe de la trama
El juez Eloy Velasco, que el miércoles dictó prisión incondicional para cinco de los 13 detenidos en la Operación Frontino, cree que hay "una organización criminal" dentro de la firma Acuamed (Agua de las Cuencas Mediterráneas, dependiente del Ministerio de Agricultura). Velasco redactó anoche un auto en el que sitúa de cabecilla de la red al destituido director general de la empresa pública, Arcadio Mateo, e implica a "cargos de muy alto nivel del ministerio" en pactos para favorecer con dinero público a una unión temporal de empresas (UTE) liderada por FCC.
En una de las siete obras investigadas en esta trama, la desaladora de Bajo Almanzora (Almería), Velasco desvela un pacto económico con FCC que incluso trasciende a los directivos de Acuamed implicados y que vendría impuesto "desde muy alto nivel en el Ministerio [de Agricultura]".
El auto del juez Velasco abunda en siete contratos sospechosos: la desaladora de Bajo Almanzora en Almería (adjudicada a FCC y Abengoa); la descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona (licitación que ganó FCC); la presa de la avenida Rambla Gallinera en Valencia (empresas Sogeosa y Torrescámara); la desaladora de Torrevieja (Acciona); las conducciones de la desaladora de Campello-Mutxamel en Alicante (Altec-Altyum); el Cerro Colorado de Murcia (Altec) y la presa de antiavenidas del río Serpis (Altec).
El caso de los contratos con FCC para construir la desaladora de Bajo Almanzora y descontaminar el pantano de Flix es especialmente llamativo. El juez describe cómo Acuamed pactó con FCC una "compensación indebida" de 40 millones de euros. Según el auto ese acuerdo incluyó a "cargos de alto nivel en el Ministerio" de Agricultura y llegó a consignarse en una partida en los Presupuestos Generales del Estado de 2015.
El juez explica que, después de que en 2012 una riada inundara y dejara inutilizada la desaladora de Bajo Almanzora, en Almería, Acuamed pactó con FCC que el dinero que esta debía desembolsar para arreglar los desperfectos se le compensaría posteriormente con otros contratos.
En Flix "se pretenden cambios de certificaciones para retirar penalizaciones y pasar de una facturación aproximadamente debida de 3,5 millones, a 40 ficticios". Esta cantidad, argumenta el juez, se intenta justificar certificando unidades de obra no ejecutadas en expedientes paralelos, metiendo conceptos extraordinarios que no existían con documentación falsa. El perjucio a la Administración por "compensar" a FCC es de 40 millones de euros. Y se hizo "siguiendo instrucciones emanadas desde la Superioridad", asegura el juez.
Dádivas
Velasco sitúa al ya exdirector Arcadio Mateo del Puerto en la cúspide de una trama que actuaba en connivencia con ejecutivos de grandes empresas constructoras adjudicatarias de contratos públicos gestionados por la empresa estatal Acuamed. El juez señala que a cambio de adjudicar obras a estas compañías, entre ellas FCC y Acciona, recibió regalos en especie para él y algunos de sus subordinados. Entre las "dádivas" que el juez destaca en el auto figuran viajes a Turquía, el pago de hoteles de lujo, coches e incluso un "implante de pelos".
Velasco sostiene que el jefe de la trama, en connivencia con contratistas beneficiarios de obras, presionaba a sus subordinados para que amañasen las adjudicaciones y los sobrecostes de obras. Los que se negaban eran despedidos, tal y como adelantó ayer EL PAÍS. Los que colaboraban, en cambio, eran ascendidos en la empresa, que pese a ser pública no está formada por funcionarios sino por personal laboral.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió este miércoles a prisión incondicional —sin posibilidad de fianza— a cinco de los 13 detenidos en la Operación Frontino, que investiga el supuesto fraude en la empresa pública Acuamed (Agua de la Cuencas Mediterráneas). El magistrado ha impuesto fianzas de entre 12.000 y 50.000 euros a los otros ocho arrestados para evitar su ingreso en la cárcel.
Velasco atribuye a los implicados en la trama delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, maquinación para alterar el precio de los contratos, prevaricación y falsedad documental. También considera que forman parte de una trama y les atribuye asimismo el delito de organización criminal en un auto dictado a última hora de la tarde tras tomar declaración a los detenidos durante ocho horas.
Los detenidos que han ingresado en prisión sin posibilidad de fianza son el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto; su responsable de Contratación, Francisco Javier Gómez Pastor; su directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco; su delegado en Valencia, Pablo Martín; y Nicolás Steegmann, presidente de Altec. El juez aprecia riesgo de fuga y de "destrucción y amaño de pruebas". Además cree que podrían intentar influir en contratistas o trabajadores honrados que les plantaran cara.
Velasco considera que los detenidos actuaban de esta forma a sabiendas de que estaban produciendo un perjuicio al erario público que "por supuesto tenían que defender". Y apunta en el auto: "Alguno llega a decir que el dinero público no es de nadie".
El juez ha enviado a la cárcel, aunque con posibilidad de salir libres si pagan sus fianzas, al presidente de FCC Construcciones, Miguel Jurado Fernández, y a Justo Vicente Pelegrini, director de Infraestructuras en España de Acciona, entre otros. Este último abonó por la tarde los 50.000 euros de fianza que le impuso el juez y quedó en libertad.
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/20/actualidad/1453306935_118390.html
TRECE DETENIDOS POR CONTRATACIÓN FRAUDULENTA EN LA EMPRESA PÚBLICA ACUAMED
Según los investigadores la cuantía del fraude ronda los 20 millones de euros
La Guardia Civil ha registrado las sedes de Acuamed en Madrid, Valencia y Murcia. Acuamed es una empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura que se encarga de otorgar contratos a diferentes empresas para la construcción de embalses y cuencas hidrográficas. Según la Guardia Civil Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A.) presuntamente habría adjudicado fraudulentamente obras y/o falsificado certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias.
Hay trece detenidos y no se descartan más detenciones en las próximas horas. Ha habido ocho arrestos en Madrid, tres en Barcelona, uno en Valencia y otro en Alicante. Entre ellos, la Guardia Civil ha arrestado al director general de la empresa, Arcadio Mateo del Puerto, y la subdirectora de Ingeniería y Construcción. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, les acusa de posible contratación fraudulenta, de realizar contratos irregulares con empresas sin pasar las tramitaciones públicas pertinentes y de inflar los contratos.
Hay una decena de empresas investigadas y en con concretos dos contratos que tienen que ver con una desaladora de Almería y la red de aguas de Campello (Alicante). Según fuentes de la UCO, el dinero defraudado puede ser de 20 millones de euros.
Según la Guardia Civil las obras objeto de la presente investigación se encuentran relacionadas con la creación de conducciones acuíferas terrestres, acondicionamientos de cuencas de ríos y contención de embalses, construcciones de desaladoras y tratamientos químicos para la descontaminación de embalses.
La Guardia Civil ha hecho además dieciséis registros en diferentes sedes sociales de empresas y domicilios particulares (ocho en Madrid, tres en Valencia, dos en Murcia, uno en Alicante, uno en Barcelona y uno en Tarragona). En los próximos días se procederá a citar en calidad de investigados a 35 personas. Las diligencias se encuentran declaradas secretas.
Según fuentes de investigación, la denuncia contra la cúpula de la empresa la interpuso el que el exdirector de Construcción ante la Fiscalía Anticorrupción hace ya un año. Además, según los investigadores, la cuantía del fraude que se investiga es muy importante.
Según fuentes de la UCO, hay constancia policial de que la contratación fraudulenta se ha venido realizando durante años en contratos firmados en Madrid, Murcia y Valencia. Fuentes judiciales señalan además que, aparte de Acuamed, hay más empresas que están siendo registradas. Se prevén unas 14 detenciones tras una veintena de registros.
El juzgado número seis de la Audiencia Nacional, con el juez Eloy Velasco al frente, investiga el caso en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción.
Anticorrupción extiende a la etapa de Cañete la investigación sobre Acuamed
Según la fiscalía las irregularidades se produjeron durante parte de la época de Miguel Arias Cañete al frente del Ministerio de Agricultura y en concreto afectarían a un cambio de material de las tuberías de la red de la desaladora de Carboneras en Almería. Lo que se investiga es si el precio pagado a la constructora fue superior al previsto en el proyecto. Frente a una estimación inicial de 53 millones de euros, el tendido de las tuberías, que se dividió en dos tramos, acabaron costando 87 millones de euros, según datos de la compañía.
http://cadenaser.com/m/ser/2016/01/18/tribunales/1453111514_228861.html
