ABOGADOS DEL ESTADO : UN CLAN GENOVÉS DE ALTO STANDING
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250 ABOGADOS DEL ESTADO TRABAJAN PARA EL SECTOR PRIVADO
LA PRINCIPAL JUEZ ESPAÑOLA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA FUE DONANTE DEL PP DURANTE AÑOS
CONDENADOS LOS RESPONSABLES DE AFINSA POR LA ESTAFA DE LOS SELLOS
EL JUEZ PONE A MARIO CONDE EN LIBERTAD BAJO FIANZA DE 300.000 EUROS
EL PP 'PERDONA' AL EXTESORERO LAPUERTA LOS 209.550 EUROS QUE SE APROPIÓ DE LA CAJA B
JOSÉ MARÍA GARCÍA URBANO: EL DIPUTADO QUE NUNCA ESTUVO ALLÍ
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CAÑETE NO SE INHIBIÓ EN EL CONSEJO QUE APROBÓ LA AMNISTÍA QUE BENEFICIÓ A SU MUJER
JUSTICIA PERMITIÓ A CAÑETE TRATAR SIN INHIBIRSE LEYES QUE AFECTABAN A SU PETROLERA FAMILIAR
ARIAS CAÑETE IGNORÓ UN INFORME DE SU MINISTERIO CONTRARIO A COMPENSAR A FCC
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HERBERT SMITH FICHA AL EXPRESIDENTE DE RTVE LEOPOLDO GONZÁLEZ-ECHENIQUE
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UNO DE CADA DIEZ ABOGADOS DEL ESTADO ACABA EN UNA EMPRESA DEL IBEX 35
LA IDEÓLOGA ANTICORRUPCIÓN DE C'S FACTURÓ 1,5 MILLONES A LA FIRMA PÚBLICA EN LA QUE TRABAJÓ
ABOGADOS DEL ESTADO PLEITEAN CONTRA ESPAÑA FICHADOS POR FONDOS ‘VERDES’
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LA JEFA DE LOS ABOGADOS DEL ESTADO ERA SECRETARIA DE SACYR CUANDO LA EMPRESA PAGÓ LA SUPUESTA COMISIÓN A COSPEDAL
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LAMELA ASESORÓ A UNA EMPRESA QUE EQUIPÓ TRES HOSPITALES QUE ÉL PRIVATIZÓ COMO CONSEJERO DE SANIDAD
EL JUEZ IMPUTA AL ABOGADO DEL ESTADO QUE TAMBIÉN COBRÓ SOBRESUELDOS DEL PUERTO
LA IRRESISTIBLE LLAMADA DEL SERVICIO PÚBLICO
LA TELE DE POLO
EL PRESIDENTE DE RTVE, EL SÉPTIMO CACHORRO DE ‘LA GLORIOSA’: LOS ABOGADOS DEL ESTADO DE 1996
SANTAMARÍA APUNTA QUE SE INHIBIRÁ EN LAS DECISIONES SOBRE TELEFÓNICA
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MANUEL LAMELA NOMBRA CONSEJERA DE SU CONSULTORA A ELENA SÁNCHEZ, EX MUJER DE JUAN COSTA
250 ABOGADOS DEL ESTADO TRABAJAN PARA EL SECTOR PRIVADO
Sólo el 52,7% de los abogados del Estado están en activo. El resto, o trabajan para el sector privado (38,2%) o están en servicios especiales en la Administración pública (9%)
Estas cifras contrastan con otros altos funcionarios: el 98% de los registradores y el 97% de los notarios se encuentran en activo
La última actualización de la relación de abogados del Estado cifra en 654 el número de estos altos funcionarios. Del total, 250 (el 38,22%) están en situación de excedencia trabajando en el sector privado, 345 (52,75%) están en activo y 59 (9%) en situación de servicios especiales, es decir, en cargos públicos de la Administración o en órganos judiciales.
Además, de los 345 abogados del Estado que, según datos oficiales, están en activo, una treintena compatibiliza su puesto de funcionario con actividades privadas para las que han obtenido la compatibilidad. Como norma general se les autoriza al ejercicio de la abogacía siempre y cuando esa actividad no colisione con los intereses del Estado. Estas compatibilidades son no pocas veces polémicas.
También es controvertido el tránsito de abogados del Estado al sector privado, en muchos casos para asesorar a empresas que litigan contra el Estado. De ellos, las empresas privadas valoran su gran conocimiento del derecho público y de la legislación. Los funcionarios, a cambio, obtienen remuneraciones muchísimo más altas que en el sector público.
Si se les compara con los registradores de la propiedad y los notarios, los abogados del Estado son los altos funcionarios más proclives a solicitar una excedencia para dar el salto a la empresa privada. En el caso de los notarios, de un censo de 2.894, sólo 1 (0,03%) está en situación de servicios especiales, mientras que 63 se encuentran en excedencia (2,16%) y los 2.830 restantes (97,7%) están en activo. En el de los registradores de la propiedad, de un total de 1.062 que figuran en el escalafón, 2 (0,18%) están en servicios especiales, 19 (2,73%) lograron una excedencia y 1.041 (98%) se encuentran en activo.
Los datos, con fecha de este mes de diciembre, han sido facilitados a infoLibre a raíz de tres demandas de información al Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado.
A continuación, este diario repasa los datos más relevantes que se desprenden de los listados actualizados de cada uno de estos cuerpos de funcionarios.
Abogados del Estado
Este cuerpo se encarga de prestar asistencia jurídica al Estado y a sus organismos autónomos, así como a los órganos constitucionales. La última oferta de empleo público para abogados del Estado apareció en el Boletín Oficial del Estado este mes de diciembre. El total de plazas para este proceso selectivo es de 20.
En el listado facilitado a través del Portal de la Transparencia figuran nombres tan conocidos como el de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el de la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, o el del comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete.
Santamaría ocupa el puesto 683 en el escalafón oficial, en el que también conservan su número los funcionarios jubilados y fallecidos. A Cospedal le corresponde el número 555. La situación administrativa de ambas es en "servicios especiales". Arias Cañete, en la misma situación, ocupa el número 280.
Entre los 59 abogados del Estado que están en servicios especiales figuran nombres como el de Jaime Alfonsín, jefe de la Casa del Rey, o Eva María González Díez, secretaria general y del consejo de Loterías y Apuestas del Estado. También se encuentra el nombre de uno de los más jóvenes del Cuerpo: Álvaro Botella. Nacido en 1981 fue nombrado secretario general y del consejo de Correos en febrero de 2016. Ocupa el puesto 888 en el escalafón.
Dentro del mundo de los abogados del Estado tiene mucha fama la promoción de 1996. Es la conocida como La Gloriosa. Sus integrantes ocupan o han ocupado altos cargos tanto en el Gobierno como en la empresa privada. Es el caso de Jaime Pérez Renovales, subsecretario de Presidencia entre los años 2011 y 2015 y ahora de vuelta al Banco Santander, de donde fue fichado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Ocupa el puesto 618 del escalafón y su situación es de excedencia.
También tuvo un cargo relevante en el primera legislatura de Rajoy otro de los nombres más conocidos de La Gloriosa: Leopoldo González-Echenique, expresidente de RTVE. Este abogado del Estado presentó el 25 de septiembre de 2014 su dimisión ante el consejo de administración de RTVE. Y el 6 de marzo de 2015 obtenía la autorización de compatibilidad para incorporarse a la consultora Sociedad Everis SLU. Se dio la circunstancia de que era la misma empresa a la que se le había adjudicado un análisis del Portal de la Transparencia, una de las iniciativas estrella del Gobierno.
Pérez Renovales y González-Echenique son compañeros de promoción de Iván Rosa. El marido de Soraya Sáenz de Santamaría ocupa el puesto 650 en el listado de los abogados del Estado y en la actualidad está en excedencia. Trabaja para Telefónica.
Tal y como informó este periódico, durante la primera legislatura de Rajoy, la vicepresidenta Santamaría fue la integrante de su gabinete que más se apartó a la hora de tomar decisiones en el Consejo de Ministros: 23. El grueso de sus abstenciones tuvieron que ver con el trabajo de su marido. Rosa fichó por Telefónica como asesor jurídico en marzo de 2012.
La influencia y el poder de los altos funcionarios del Estado en la primera legislatura de Rajoy provocó no pocos recelos en sectores del Gobierno y del PP. Uno de los puntos de mayor fricción fue la regulación del cargo público.
En los momentos de redacción de la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, dirigentes conservadores se quejaban de que pese a que el mensaje que se pretendía lanzar desde el Gobierno era el de que los controles a quienes se dedican a la actividad pública iban a ser mayores, lo que podía extraerse del proyecto de ley apuntaba a lo contrario. Se quejaban de que el Gobierno estaba dando pasos para hacer de la Administración un coto privado al que sólo tuviesen acceso los funcionarios.
La crítica venía sustentada en el artículo 2.6 de la ley, que establecía como norma general que los puestos de director general quedaban reservados para funcionarios de carrera.
Registradores de la propiedad y notarios
El máximo exponente de los registradores de la propiedad es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, titular del registro de Santa Pola (Alicante). En la actualidad, con datos de diciembre, hay 1.062 registradores en España. El grueso de ellos está en activo (1.041), 19 en excedencia y dos en servicios especiales. Según el Ministerio de Justicia, la función es "la llevanza de los Registros de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles existentes en España".
Uno de los dos registradores en servicios especiales es Rajoy, que ingresó en el cuerpo con fecha del 21 de septiembre de 1978; el otro es Francisco Javier Gómez Gálligo, director general de los Registros y del Notariado. Gómez Gálligo, que se incorporó a la carrera en septiembre de 1984, es titular del registro número 5 de Las Palmas de Gran Canaria.
El apellido Rajoy Brey se repite en dos ocasiones más en el listado de registradores de la propiedad. Al presidente del Gobierno le acompañan en esta carrera sus hermanos Mercedes y Enrique. En el escalafón, en el que también figuran los fallecidos y los jubilados, Rajoy ocupa el número 61. Mercedes, titular del número 2 de Getafe (Madrid), ocupa el puesto 145, y Enrique, titular del registro número 3 de Valladolid, ocupa el 246. Ambos, a diferencia de su hermano, están en activo.
Según ha informado este diario, del expediente de Rajoy se desprende que el líder del PP cobró entre 1981 y 1985 como cargo público y también como registrador. Al conseguir su primer escaño, en octubre de 1981, tenía dos opciones legales: pedir la excedencia como registrador, con lo que su plaza saldría a concurso, o acogerse a la norma que le permitía recibir una parte de los honorarios registrales al tiempo que percibía retribuciones como diputado. Y optó por la segunda opción. Sólo renunció a esos honorarios en noviembre de 1985, es decir, 14 meses después de que hubiera entrado en vigor la ley que pasó a prohibir la doble cobranza a todos los funcionarios, incluidos los registradores.
El notario es el funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales. Dentro de los altos funcionarios este es uno de los grupos más numerosos. En la actualidad hay 2.894. Sólo 1 está en servicios especiales y 63 en excedencia. El único notario es excedencia es Ángel Aznárez Rubio, magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJ de Asturias.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/23/250_abogados_del_estado_trabajan_para_sector_privado_59074_1012.htmlLA PRINCIPAL JUEZ ESPAÑOLA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA FUE DONANTE DEL PP DURANTE AÑOS
La principal juez española del Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue donante del PP durante años
Rosario Silva Lapuerta, hermana de la jefa de los abogados del Estado y sobrina del extesorero ‘popular’, 'financió' Génova al menos entre los años 2008 y 2011
Rosario Silva Lapuerta es la autoridad judicial más poderosa de España en la Unión Europea. Lo es como la representante de nuestro país en el Tribunal de Justicia (TJUE) con sede en Luxemburgo, donde Preside la Sala Primera. Si lo quieren ver así, el TJUE es una especie de Tribunal Supremo de los 28 países miembros.
"...absolutas garantías de independencia..."
Un puesto para el que Mariano Rajoy volvió a proponer a Silva Lapuerta en octubre de 2014 para la renovación de su plaza en 2015, y en el que, dado que los mandatos duran seis años, debiera permanecer hasta el año 2021. Los jueces del TJUE son designados a propuesta de los diferentes gobiernos de los Estados miembro y tras pasar el control de un Comité de selección del que forma parte, por España, la exministra de Exteriores con José María Aznar, Ana Palacio.
Dice el artículo 253 que regula el TJUE que “los jueces y los abogados generales del Tribunal de Justicia, (serán) elegidos entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos países, de las más altas funciones jurisdiccionales o que sean jurisconsultos de reconocida competencia”.
ELPLURAL.COM ha tenido acceso a documentos que vienen a demostrar que Rosario Silva Lapuerta ha sido donante del PP, al menos entre los años 2008 y 2011. La magistrado del TJUE aparece en el listado de donantes calificados como “no incluidos en el programa mecenazgo”. ELPLURAL.COM ha podido comprobar su inclusión en este listado, en el que Rosario Silva aparece como uno de los mayores donantes, y con una cantidad fija durante esos cuatro años.
Leyes españolas, leyes europeas
En España este hecho imposibilitaría a Rosario Silva para ser juez del Tribunal Supremo. En realidad, de cualquiera de nuestros tribunales, ya que tanto por el artículo 127 de la Constitución, como por el 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial está prohibida para los miembros de la magistratura o la fiscalía que se encuentren en activo la militancia o donación de dinero a cualquier partido político.
El dato que, al menos éticamente parece chirriar con ese artículo del propio TJUE que exige “garantías de independencia”, no se nos ha negado desde el Servicio de Prensa y de Información del TJUE, con el que ha contactado ELPLURAL.COM. Sí se nos advierte, sin embargo, “que no existe disposición alguna que prohíba a los miembros de dicho Tribunal estar afiliados a una asociación o partido político siempre y cuando no ejerzan un mandato dentro de los mismos, es decir, no desempeñen ninguna función activa dentro de éstos”.
El caso de Rosario Silva Lapuerta es muy similar al del actual presidente del Tribunal Constitucional español, Francisco Pérez de los Cobos, del que se supo que también era afiliado y donante del Partido Popular. El Tribunal Constitucional determinó entonces que sus miembros estaban por encima de la reglamentación que sí afectaba al resto de miembros de la judicatura española. La razón era que dictaminaron que el Constitucional no era parte del Poder Judicial, sino que estaba por encima de él.
Favores personales
Rosario Silva Lapuerta es hija de Federico Silva, el que fuera ministro de Francisco Franco y fundador de Alianza Popular, y sobrina de Álvaro Lapuerta, extesorero del Partido Popular, en estos momentos procesado junto a Luis Bárcenas por los asuntos relacionados con la trama Gürtel y la financiación del PP. Además Rosario Silva, abogada del Estado en origen, es hermana de Marta Silva Lapuerta, jefe de la Abogacía del Estado por nombramiento del actual gobierno. Es decir, es miembro de una familia de hondas raíces en Alianza Popular y su evolución, el actual Partido Popular. Y en ambas formaciones han ocupado posiciones de gran relevancia.
Rosario Silva fue propuesta por primera vez para este cargo por el gobierno de José María Aznar en octubre de 2003. Pero Aznar y su ministra de Exteriores, Ana Palacio, tuvieron un detalle más con ella.
El TJUE tiene su sede en Luxemburgo. Tan sólo dos semanas antes de abandonar el cargo de Presidente del Gobierno, y ya con las cámaras disueltas, Aznar y Palacio decidieron relevar por sorpresa al embajador en Luxemburgo y nombrar como sustituto en el Gran Ducado a Julio Núñez Montesinos. A la sazón, esposo de Rosario Silva Lapuerta, que meses antes había desembarcado también a propuesta de la ministra Palacio, en el TJUE. Se trata de un caso que recuerda enormemente a lo sucedido, gracias esta vez al Gobierno Rajoy, con el matrimonio Monserrat Gomendio y José Ignacio Wert, tan sólo cambiando organismos y ciudades: la OCDE, y París.
Maneras de nombrar
Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del PSOE, al saber del hecho de que la magistrado Silva Lapuerta es donante, o al menos lo fue durante años, del PP, ha declarado a este periódico que “la política de designación de cargos del Partido Popular tiene siempre un marchamo inquebrantable, la de elegir a aquellas personas de adhesión total, elegir a militantes de martillo. Ese es el contexto en el que buscan”.
http://www.elplural.com/2016/06/20/la-principal-juez-espa-ola-del-tribunal-de-justicia-de-la-uni-n-europea-fue-donante-delCONDENADOS LOS RESPONSABLES DE AFINSA POR LA ESTAFA DE LOS SELLOS
La Audiencia Nacional impone penas de hasta 12 años de prisión a los cabecillas de la trama
La Audiencia Nacional ha condenado este miércoles a 11 de los 13 exdirectivos de Afinsa por la estafa piramidal con la compraventa de sellos que hace una década dejó un agujero de 2.574 millones de euros y afectó a más de 190.000 inversores, en su mayoría pequeños ahorradores. Tras medio año de juicio, que terminó el pasado junio la Sección Primera de la Sala de lo Penal, condena, entre otros, al presidente de Afinsa, Antonio Cano (12 años y 10 meses), a Albertino de Figueiredo, fundador de Afinsa (11 años); Carlos de Figueiredo, su hijo y consejero de la sociedad (11 años y 11 meses); y al jurista de la compañía, el exjefe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, José Joaquín Abajo (6 años y 3 meses). Los condenados deberán indemnizar a los afectados, agrupados en distintas plataformas, en la cantidad de 2.574 millones de euros.
http://economia.elpais.com/economia/2016/07/27/actualidad/1469607037_203007.htmlEL JUEZ PONE A MARIO CONDE EN LIBERTAD BAJO FIANZA DE 300.000 EUROS
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha impuesto este martes una fianza de 300.000 euros a Mario Conde para salir de prisión, ya que entiende que no hay riesgo de fuga ni de que obstaculice la investigación. En un auto, el magistrado acuerda que una vez deposite dicha cantidad, al exbanquero se le impondrán como medidas cautelares las comparecencias semanales, la retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio, así como la obligación de facilitar un teléfono móvil donde estar localizado.
Conde ingresó en prisión preventiva hace dos meses por sus maniobras para traer a España más de 13 millones de euros fruto del saqueo que perpetró en Banesto cuando era su presidente a finales de los ochenta y comienzos de los noventa, que tenía ocultos en cinco países.
En su auto de envío a prisión Pedraz detalló en 22 páginas la estructura de la "organización criminal" encabezada por Conde. "En primer lugar" situó a su hija Alejandra, que supuestamente coordinaba con su padre la operativa de blanqueo y fraude fiscal, y a quien Pedraz impuso el arresto domiciliario. Su hijo Mario (que quedó en libertad, con la obligación de comparecer todos los lunes y a quien se le retiró el pasaporte) también fue utilizado para "instrumentar la trama defraudatoria". Ambos hermanos eran titulares al 50% de una sociedad, Black Royal, que recibió fondos ilícitos de otras cuatro mercantiles.
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/14/actualidad/1465898615_803547.htmlEL PP 'PERDONA' AL EXTESORERO LAPUERTA LOS 209.550 EUROS QUE SE APROPIÓ DE LA CAJA B
Tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción acusan a Lapuerta de haberse apropiado de 209.550€ de la Caja B con la compra de acciones del periódico Libertad Digital.
El Partido Popular (PP) ha enviado un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional donde asegura que la formación no se ha visto perjudicada por el delito de apropiación indebida cometido presuntamente por el extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, en la causa donde se investiga la Caja B de la formación de Mariano Rajoy. En el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el representante legal del PP, Alberto Durán, sostiene que "no les consta" que el extesorero Lapuerta haya producido "ningún perjuicio al partido por razón de actos apropiativos, de distracción o de falta de diligencia en el ejercicio de sus funciones de tesorero nacional de esta formación política".
La defensa del extesorero, ejercida por el prestigioso penalista Cristóbal Martell, pidió al tribunal que juzgará la contabilidad opaca de los 'populares' que, como prueba documental a practicar, preguntara al PP si había reclamado a Álvaro Lapuerta algún perjuicio patrimonial por su actuación como responsable de las cuentas del partido entre los años 1993 y 2008. Ahora, la formación política -perjudicada directa de la supuesta apropiación- niega que ésta se haya producido.
El PP sostiene que Lapuerta no les causó ningún perjuicio patrimonial mientras fue su tesorero entre los años 1993 y 2008
En contraposición, tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción acusan a Lapuerta de haberse apropiado de 209.550 euros de la Caja B con la compra de acciones del periódico Libertad Digital. En 2004, el extesorero compró 1.270 acciones del medio de comunicación por valor de 139.700 euros con "fondos en metálico procedentes de la Caja B del Partido Popular que le facilitó Luis Bárcenas", según sostuvo el exjuez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el auto donde dio por concluida la instrucción de dicha causa de corrupción. Tres años después, el 20 de marzo de 2007 procedió a vender las acciones a la propia sociedad para "su autocartera" por un precio de 209.550 euros, que no repuso a la contabilidad opaca.
La Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de prisión para el que fuera responsable de las cuentas del PP por los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y fraude fiscal. En concreto, el Ministerio Público pide que se le imponga al octogenario Lapuerta una pena de tres años de cárcel y una multa de 48.000 euros por el delito de apropiación indebida que supuestamente cometió con la compra de acciones de Libertad Digital; un año de prisión y 18.000 euros por falsedad documental; y, otro año de prisión y 195.000 euros de multa por un delito contra la Hacienda Pública. Por otro lado, el fiscal Antonio Romeral solicita idénticas penas para el extesorero Luis Bárcenas. Ambos están acusados de gestionar la contabilidad opaca con la que el PP sufragó campañas electorales, pagó sobresueldos a dirigentes y reformó su sede nacional de Génova 13.
Además, en el escrito enviado por los 'populares' a la Sala de lo Penal estos se lamentan de que "en ningún momento se le haya formulado ofrecimiento de acciones a pesar de que se ha formulado acusación por supuesta apropiación indebida de los fondos del partido" y recuerda que, en la primera fase de esta instrucción tuvo la condición de acusación particular, posteriormente la de acusación popular, y finalmente fue privado de tal condición", en referencia a la pieza principal de la trama Gürtel donde el PP fue expulsado por orden del juez Ruz.
http://vozpopuli.com/actualidad/82561-el-pp-perdona-al-extesorero-lapuerta-los-209-550-euros-que-se-apropio-de-la-caja-bJOSÉ MARÍA GARCÍA URBANO: EL DIPUTADO QUE NUNCA ESTUVO ALLÍ
El Registrador, Notario y Alcalde que quiso ser diputado
El pasado 28 de abril se celebró el último Pleno del Congreso de los Diputados. En el orden del día se incluyó el Dictamen de la Comisión del Estatuto referido a las autorizaciones de compatibilidad de los Diputados, cuestión está que por sí sola merecerá que más adelante hagamos una crónica especial y específica .
Esa mañana en este punto no hubo debate ya que había consenso entre los Grupos Parlamentarios y todo quedó reducido a una breve presentación del Presidente de la citada Comisión que se limitó a leer una cadena encadenada de las obviedades más obvias que se recuerdan en el Diario de Sesiones. La votación habla por sí misma: 322 a favor, 1 en contra y 7 abstenciones.
Esta introducción viene a propósito de lo que había sucedido una semana antes cuando nuestro protagonista de hoy tuvo que dimitir como diputado por Málaga y cabeza de lista del PP en esa provincia para básicamente seguir ganando dinero a granel como Registrador de la Propiedad en Huelva. Esta oportuna dimisión, como se verá , le evitó tener que figurar como el único diputado incompatible de esta corta XI legislatura. El susodicho responde al nombre de José María y sus apellidos a los de García Urbano.
Pero antes de entrar en detalles sobre su vida, trayectoria, bienes, rentas, patrimonio y sociedades, conviene aclarar a nuestros lectores que su dimisión como diputado cuatro meses después de ser elegido, ni fue espontánea ni mucho menos la hizo pensando en sus votantes malagueños.
Una dimisión forzada
En realidad dimitió tras ser advertido por la Comisión del Estatuto por escrito que no se puede pretender ser diputado y Registrador de la Propiedad. Como es natural el aludido para salir del paso no se le ha ocurrido nada mejor que sobreactuar y decir que deja su escaño porque quiere seguir siendo alcalde de Estepona cuando en realidad ambos cargos - alcalde y diputado-son perfectamente compatibles siempre y cuando se renuncie a uno de los dos sueldos.
La cuestión finalmente se reduce a que a sabiendas que incurría en incompatibilidad ha estado cobrado como diputado durante 4 meses mientras que ha continuado en activo como Registrador de la Propiedad. Ni más ni menos, ni menos ni más. Para los mas curiosos la cantidad cobrada podría ascender a unos 20 mil € brutos.
Dicho esto vayamos al personaje. Sobre su trayectoria profesional y política os invitamos a echar un rápido vistazo al CV que el propio interesado se deleita contando en primera persona en la web del PP de Estepona. Las dosis de pedantería que utiliza son dignas de subrayar. Aquí tenéis el enlace.
Un funcionario de cuello blanco
Sin embargo su trayectoria profesional, sin restarle mérito alguno a sus conocimientos, está marcada por su tendencia acusada por exhibir su pertenencia a diversos Cuerpos de funcionarios, incluso si es necesario, exagerando un poco. Por ejemplo, cuando "oculta" que su condición de Abogado del Estado la adquiere por integración de Cuerpos y no por haberla obtenida en unas oposiciones libres.
En cuanto a su condición de Notario y Registrador, tanto monta monta tanto, os hemos seleccionado sus destinos, sus altas y bajas en los citados cuerpos y sus preferencias por las zonas costera donde el ladrillo, la especulación y la corrupción urbanística se dan la mano y en muchas ocasiones tienen que pedir hora en las notarías y registros más próximos. Aquí podéis pinchar la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Caso Malaya donde es citada la notaria de García Urbano.
Pero en realidad es a partir de su elección como Alcalde genovés de Estepona en junio del 2011 cuando este Registrador $ Notario se da a conocer. Sobre su gestión,despidos y nombramientos amigos podéis consultar la selecta selección de noticias que hemos reunido en este enlace. Vayan aquí un par de ejemplos por adelantado:
El primero es cuando a bombo y platillo anunció que renunciaba a cobrar el sueldo de alcalde y además solicitaba pasar a servicios especiales como Registrador. Circunstancia esta que dicho sea de paso le venía dada por "ser incompatible con la condición de alcalde de Estepona", tal como se puede visualizar en este vínculo.
Y el segundo es cuando un año después este Robín Hood populista de cuello blanco fue autorizado para volver al servicio activo como Registrador de la Propiedad en Huelva 1, es decir, a 324,6 km de distancia del municipio de Estepona del que es alcalde.
Bienes y rentas
De entrada como dice el refranero “no hay mal que por bien no venga” y gracias a su breve y concisa presencia retribuida en el Congreso de los Diputados se ha sacado a la luz uno de los mayores secretos que García Urbano guardaba. Y es que a diferencia del Ayuntamiento donde ejerce como alcalde con mayoría absoluta , en el Congreso hay reglas que se deben cumplir. Una de ellas es publicar una declaración de bienes y rentas de los diputados. Y hete aquí que por imperativo legal García Urbano tuvo que hacerlo y que a fecha de hoy es la única que se conoce ya que en su Estepona del alma se niega a publicar su declaración como Alcalde. Dicho esto, pelillos a la mar y vamos a los entresijos de su incunable declaración que se puede consultar aquí.
En primer lugar, de forma deliberada, se niega a facilitar sus ingresos netos referidos al año fiscal anterior. La casilla está en blanco. Dejamos a nuestros lectores unos minutos para adivinar y / o especular sobre las razones. Valga como dato que el resto de sus colegas si la cumplimentan, salvo los que hayan sido en el año anterior diputados.
Tiene, sin embargo, a bien facilitar la cuota liquida pagada por IRPF que asciende a 162.962,79€. Sin necesidad de ser un lince fiscal cabe deducir que si los ingresos son proporcionales a lo que paga, el resultado final es que ha percibido unas cantidades sencillamente llamativas. La cifra no obstante la dejamos en manos nuevamente de nuestros lectores.
Mención aparte es su participación superior a un 5% en sociedades que probablemente le han hecho ser, mientras que lo ha sido, el diputado con mayor número de sociedades mercantiles de todo tipo y condición donde su nombre está relacionado. Estas son las 14 declaradas:
CARMENES DE LA NORIA, S.L.
DESARROLLOS INMOBILIARIOS PEREILA, S.L.
LA CORRALA DE CAPUCHINOS, S.L.
LA NORIA DE FAHALA, S.L.
NA PRIKLADE, S.L.
NUEVOS AIRES 2002, S.L.,
PRIMERA LINEA DE PLAYA PROMOCIONES, S.L.
SERVICIO CARTAMA DIRECTO, S.L.
MELIASAMARO, S.L.
PLEASING NORIA, S.L.
URIKE INVERSIONES, SL.
HOTEL CASTILLO DE MONDA, SL.
TRAMITACIONES ESTEPONA, SL.
NOGALES DE MARÍA, SL.
En cuanto a depósitos en C/C declara 264.324,77€. Como es natural no tiene créditos ni préstamos hipotecarios. Usa como vehículo utilitario un discreto AUDI Q7 ADVANCE y dice tener un seguro de vida con Caser sin precisar cantidad alguna.
Epílogo
Tras este breve repaso a su trayectoria vamos ya acabando recordando que el determinismo biológico que con tanto entusiasmo defiende Rajoy, jefe de filas de García Urbano y también compañeros como Registradores de la Propiedad que lo son, que aunque es una teoría reaccionaria que ya no se ve por el mundo democrático en nuestro país, a la mínima de cambio, algunos genoveses intentan aplicarla para acceder a los cargos públicos prescindiendo de la legislación sobre incompatibilidades. Afortunadamente no siempre lo consiguen. Confiemos que siga siendo así. Nos vemos en la próxima entrega.
http://www.elplural.com/2016/05/02/jos-mar-garc-urbano-el-diputado-que-nunca-estuvo-allEL EX NÚMERO 3 DE SORAYA PARTICIPÓ DESDE MONCLOA EN EL AMAÑO DE UN CONTRATO DE ACUAMED
Llamadas de teléfonos. Correos electrónicos. Mensajes de móvil... Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recientemente incorporado al sumario del 'caso Acuamed' detalla todas las pruebas de la supuesta implicación de Federico Ramos de Armas, ex secretario de Estado de Medio Ambiente y 'número 3' de Soraya Sáenz de Santamaría hasta que dimitió tras saltar el escándalo, en el amaño de uno de los contratos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA investigados por el juez Eloy Velasco. El documento policial, fechado el pasado 18 de abril, recoge numerosos mensajes intercambiados entre algunos de los principales implicados en la trama en los que se señala que el que fuera subsecretario de Presidencia siguió participando desde su despacho del Palacio de La Moncloa en gestiones presuntamente irregulares que tenían como objetivo compensar a FCC en un contrato por los gastos surgidos en otra adjudicación. "La semana [pasada] le pasaron a vicepresidencia del Gobierno pero sigue teniendo influencia política en el ministerio", se lee en uno de esos mensajes intervenidos. El documento policial concluye que la presunta participación de Ramos de Armas fue tan intensa que incluso asegura que fue él quien "habría instruido" a Arcadio Mateo, director general de Acuamed y presunto cabecilla de la trama, sobre cómo actuar en dicho caso. El juez Velasco tomó declaración como investigado (antes imputado) a Ramos de Armas tras recibir este informe.
"Le pasaron a Vicepresidencia del Gobierno, pero sigue teniendo influencia política en el Ministerio", comentan dos directivos de FCC en un email
El documento de la UCO detalla uno por uno todos los indicios que apuntan a Federico de Armas en el escándalo Acuamed. Desde la declaración del ingeniero Francisco Valiente ante la Fiscalía Anticorrupción que permitió iniciar la investigación, hasta el último correo electrónico en el que se le menciona expresamente. Así, el documento policial detalla que el primer correo en que se le cita de manera expresa es un 'email' de 17 de junio de 2013 que le remite el entonces director de Asuntos Jurídicos de Acuamed, Javier Moya Lambarri, al director general de la compañía pública y principal cabecilla de la trama, Arcadio Mateo. En el se apunta a una próxima reunión entre directivos de la compañía FCC y "SEMA", que la Guardia Civil identifica como las siglas de "secretario de Estado de Medio Ambiente". A partir de ese momento se suceden los mensajes entre varios de los presuntos implicados en el acuerdo para compensar a la constructora por las obras de reparación que tenía que acometer en la desaladora del Bajo Almanzora tras una inundación que la había dejado inutilizable con el supuesto 'engorde' de la facturas de otra de las obras que llevaba la compañía, la descontaminación del embalse de Flix, en la provincia de Tarragona.
La mayor parte de los primeros mensajes se refieren a esas negociaciones que desembocan dos años después, el 16 de junio de 2015, en una reunión en el "despacho [del] secretario" en el que participan el propio Ramos de Armas, Arcadio Mateo y la directora general del Agua, Liana Ardiles, por parte de Acuamed, y Alicia Alcocer Koplowitz y Miguel Jurado, consejera y directivo de FCC respectivamente, por parte de la constructora. En dicho encuentro, según uno de estos mensajes, la empresa se comprometió "a terminar la obra antes del 31 de diciembre de 2015 a cambio de analizar las reivindicaciones económicas del contratista". Poco días después de aquella reunión, Federico Ramos de Armas dejaba su puesto como secretario de Estado de Medio Ambiente y 'fichaba' como subsecretario de Presidencia para convertirse en el 'número 3' de Soraya Sáenz de Santamaría.
"Aunque ya no es secretario de Estado..."
Sin embargo, ese cambio de 'destino' no le impidió seguir teniendo una participación directa en el presunto amaño. De hecho, los agentes de la Guardia Civil han localizado diversos correos electrónicos intercambiados entre Miguel Jurado, que terminó siendo detenido e imputado en la causa, y el también alto cargo de la compañía Vicente Mohedano Martín que confirman que Federico Ramos de Armas siguió presuntamente implicado en las negociaciones del acuerdo que ahora investiga el juez Velasco. Entre ellos, destaca uno intercambiado del 30 de junio del año pasado, cuando el político ya llevaba una semana en el Palacio de La Moncloa. En él, Jurado le dice a su compañero que "aunque ya no es secretario de Estado de Medio Ambiente se comprometió con Alicia [Alcocer] a seguir la evolución de Flix".
"Aunque ya no es secretario de Estado de Medio Ambiente se comprometió con Alicia Alcocer a seguir la evolución de Flix", se lee en otro mensaje intervenido por la UCO
Sólo unos días después, el 3 de julio, vuelve a haber un cruce de emails entre ambos directivos de FCC en la misma línea: "Nuestra consejera acaba de hablar con Federico Ramos. Le ha dicho que está pendiente de la situación y que la DG [Dirección General del Agua, que encabeza Liana Ardiles] va a impulsar la solución. El día 9 se ha convocado una reunión a tal efecto. Si es la misma que comentas en tu correo vamos los dos", señala Miguel Jurado. Ese mismo día, la UCO interviene una llamada telefónica entre el cabecilla de la trama y este directivo de constructora en la que éste insistía al primero que le había llamado Alicia Alcocer "otra vez" para preguntarle por dicho asunto. "Sabes que luego estuvo con él, con nuestro ex secretario de Estado". Arcadio Mateo le tranquiliza y le asegura que "independientemente de que nos cambie el secretario de Estado, de alguna cosa que pudiera influir la auditoría, lo arreglaremos, yo sigo pensado en esta línea, Miguel".
"¿Se lo mando a Federico o a Pablo?"
El 17 de julio, cuando ya se cumple casi un mes de su llegada al equipo de Soraya Sáenz de Santamaría, Federico Ramos de Armas sigue muy presente en los 'emails' que intercambian los presuntos implicados en el amaño. Ese día, Jurado remite un mensaje por correo electrónico en el que informa a dos de sus subordinados que "el mes pasado tuve reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos" quien pese haber pasado a la Vicepresidencia del Gobierno, "sigue teniendo influencia polïtica en el Ministerio [de Agricultura] con el objeto de desbloquear la situación de Flix". Para entonces, el directivo de FCC ya augura una pronta solución ya que anuncia que "antes de final de mes se desbloqueará la situación consolidando los reclamos y objetivos".
La consejera de FCC remitió en persona un mensaje a Federico Ramos de Armas cuando éste ya llevaba casi seis meses en Moncloa
Meses después, el 17 de diciembre, en plena investigación de la Guardia Civil, el directivo de FCC remite a "Alicia" el correo electrónico que ha enviado un día antes a la directora general del Agua, Liana Ardiles, también imputada, con copia a Arcadio Mateo en el que la apremia para que pague las millonarias cantidades que reclama la constructora a Acuamed de manera a través del contrato del Embalse de Flix. Media hora después, la consejera de FCC le responde: "Muy bien. Se lo mando a Federico o a Pablo?" en referencia a Ramos de Armas y a Pablo Saavedra, quien sustituyó a aquel como secretario de Estado de Medio Ambiente cuando se fue a Moncloa y aún ocupa el cargo de secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones. Jurado le recomienda que lo haga a ambos. "Es importante que se lo mandes a los dos". Entonces, el primero llevaba ya cerca de seis meses como persona de la máxima confianza de Soraya Sáenz de Santamaría. Un mes después, se producían las detenciones de la 'Operación Frontino' que desembocaban jornadas después en la dimisión de Federico Ramos de Armas. El informe de la UCO que recoge todos estos mensajes ha terminado provocando que el juez Velasco le convirta en investigado (antes imputado) y que haya tenido que ir a declarar como tal a la Audiencia Nacional.
Ramos, sobre el denunciante: "gilipollas, malnacido"
El 9 de junio de 2015, la Guardia Civil intervino una llamada realizada por Arcadio Mateo, presunto cabecilla de la trama, a Federico Ramos de Armas, en aquel momento aún secretario de Estado de Medio Ambiente y, por tanto, presidente de Acuamed. En ella, el que pocos días después sería nombra 'número 3' de Soraya pregunta preocupado a su interlocutor si hay novedades con "la denuncia de este tío", en referencia a Francisco Valiente y al escrito que presentó a la Fiscalía Anticorrupción y que dio pie al inicio de la investigación que ha destapado el escándalo. Arcadio Mateo comentan que les han pedido más documentación sobre contratos de otras obras, pero que desde que la entregaron en octubre no había vuelto a tener "mas noticias". En ese momento, Ramos de Armas comienza a insultar al denunciante. "La gracia que sería irte de aquí con eso abierto... porque este gilipollas... este pollo... no sabe lo que ha hecho... o sí lo sabe... pero es un malnacido. Tu imagínate la gracia de que alguien se lo coja luego y tal y acabamos en los periódicos... oye, y nos ha jodido aquí el curriculum y el nombre". Arcadio, que ha acompañado la diatriba contra Valiente ("eso se queda corto para lo que pienso de él") le ofrece a quedar para hablarlo en persona "más que por teléfono" y acordar la estrategia en la que le propone echar mano de "contactos". La respuesta del secretario de Estado es clara: "No... ahí hay que tener siempre mucho cuidadillo".
http://vozpopuli.com/actualidad/82829-el-ex-numero-3-de-soraya-participo-desde-moncloa-en-el-amano-de-un-contrato-de-acuamedCAÑETE NO SE INHIBIÓ EN EL CONSEJO QUE APROBÓ LA AMNISTÍA QUE BENEFICIÓ A SU MUJER
El ahora comisario sí se ausentó en deliberaciones que afectaban a su petrolera y a su hermano. Una ley le impedía participar en decisiones que beneficiasen a familiares
Miguel Arias Cañete no se ausentó del Consejo de Ministros del 30 de marzo de 2012 en que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la amnistía fiscal a la que luego se acogió su mujer, Micaela Domecq Solís. Cañete, que se escuda en que tienen separación de bienes desde que se casaron, en 1978, sí se ausentó en otras dos deliberaciones por afectar a intereses familiares. Una ley de 2006, reformada por el PP en 2015, obligaba a los altos cargos a inhibirse en cuestiones que afectan a sus familiares directos.
El viernes 30 de marzo de 2012, poco más de tres meses después de llegar al Gobierno el PP, el Ejecutivo aprobó una amnistía fiscal. No la llamó así, sino que la definió como una "serie de medidas de carácter excepcional para favorecer la atracción de rentas y contribuir también a la consolidación fiscal", según la referencia del Consejo de Ministros. Hasta el 31 de diciembre de ese año, quienes se acogieran a esta medida solo pagarían el 8% de "los dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera" y "una regularización extraordinaria de capitales, previo pago de un gravamen complementario del 10% de los bienes y derechos que se repatríen". El tipo real pagado se redujo y en la práctica acabó en un 3%. Casi 30.000 personas se acogieron a la amnistía.
Arias Cañete evitó dar explicaciones como las de José Manuel Soria. En su lugar optó por el silencio
A ese Consejo de Ministros acudió Miguel Arias Cañete como responsable de la cartera de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, según figura aún en la agenda del Ministerio. Arias Cañete ocupó el cargo desde que en diciembre de 2011 el PP llegó al poder hasta abril de 2014, cuando encabezó la candidatura popular de las elecciones europeas. En octubre de ese año, fue nombrado comisario de Energía y Clima tras un duro examen en el Europarlamento marcado por las denuncias de conflicto de intereses por ser accionista de una petrolera.
Meses después de que el Gobierno aprobase la amnistía, Micaela Domecq Solís se apuntó a esa medida, como desveló ayer El Confidencial. Domecq, heredera de una de las familias más ricas de Andalucía, en cuyos negocios ha participado Cañete, fue uno de los miles de españoles que repatriaron el dinero confiando en que no habría más preguntas sobre el origen de los fondos. Pero la Agencia Tributaria elaboró después un listado de 715 personas públicas y sus familiares y lo envió al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). Las normativas internacionales sobre blanqueo recomiendan investigar a los cónyuges de los políticos sin mencionar si es relevante que tengan separación de bienes.
El actual comisario europeo de Energía y Clima siempre se ha desmarcado de los negocios de su mujer, alegando que tienen separación de bienes. Eso afirmó cuando Micaela Domecq Solís apareció en los papeles de Panamá como apoderada de una empresa en Panamá que manejaba cuentas en Suiza. A esa declaración se remitió cuando El Confidencial le preguntó por la amnistía fiscal. Desde el PP hubo quien ayer le pidió explicaciones, como el líder de la formación en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Pero Arias Cañete hizo lo contrario que José Manuel Soria: optó por el silencio y su gabinete no respondió a las llamadas de este diario.
Aunque tuvieran separación de bienes, una ley impedía a Cañete participar en la toma de decisiones que beneficiaran a familiares. La ley "de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración general del Estado", aprobada en 2006 y vigente hasta el 20 de abril de 2015, establecía que "hay conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios o de familiares directos". La norma obligaba a los altos cargos a "inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o familiar".
Pese a la ley, que el PP reformó en 2015 aunque mantuvo esa idea, Cañete participó en la deliberación del Consejo de Ministros que aprobó la amnistía. Sin embargo, Cañete sí tuvo cuidado de ausentarse en otras deliberaciones. Según una respuesta escrita del Gobierno a la diputada socialista Meritxell Batet de 2013, Arias Cañete se ausentó de dos Consejos de Ministros. La primera vez fue el 20 de enero de 2012, dos meses antes de que se aprobara la amnistía fiscal. Entonces el Gobierno trató un informe sobre la nuclear de Garoña y Cañete se abstuvo porque su hermano Alfonso era director general de la división nuclear de Endesa, propietaria del 50% de Garoña.
Meses después volvió a cuidarse de no incurrir en conflicto de intereses y se abstuvo en el debate sobre el decreto por el que el Gobierno declaraba zona protegida el Estrecho. Lo hizo a pesar de que era su Ministerio el que impulsó el decreto, pero Cañete era accionista -y antes había sido presidente- de Petrolífera Dúcar, una empresa que almacena combustible en Ceuta gracias a una concesión administrativa (Cañete ocultó al Congreso las relaciones con el Estado, según publicó 'El País'). Esta empresa abastece de fuel a buques en el Estrecho. En su lugar le representó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.
Aunque Cañete se desmarca de los negocios de su mujer, gestionaba Dúcar junto a su cuñado, Miguel Domecq Solís, que es accionista y directivo de la empresa. Al llegar a Bruselas tuvo que vender sus acciones en Dúcar por un conflicto de intereses. Sin embargo, mientras era ministro las mantuvo y declaró su participación al Congreso. Estas sociedades pertenecen en buena medida a "una sociedad pantalla" con sede en Holanda y con ramificaciones en paraísos fiscales como las Antillas Holandesas.
http://www.elconfidencial.com/economia/2016-05-04/canete-participo-en-el-consejo-de-ministros-que-aprobo-la-amnistia-fiscal-que-beneficio-a-su-mujer_1191990/JUSTICIA PERMITIÓ A CAÑETE TRATAR SIN INHIBIRSE LEYES QUE AFECTABAN A SU PETROLERA FAMILIAR
El exministro trató en el Consejo de Ministros la ley sobre repostajes en el Estrecho pese a tener acciones en el sector en Ceuta. También votó la amnistía que benefició a su esposa
Miguel Arias Cañete no solo no se inhibió en el Consejo de Ministros que aprobó la amnistía fiscal que benefició a su esposa. Tampoco se abstuvo en la aprobación de una ley que prohibía los repostajes en mitad del Estrecho y con la que España pretendía presionar a Gibraltar. Lo hizo gracias a dos informes de la Abogacía del Estado del mismo día en los que interpretaba que no había conflicto de intereses pese a ser accionista -y antes haber sido presidente- de una petrolera que operaba en Ceuta y que comparte con la familia de su mujer. Años más tarde, ya en Bruselas, tuvo que vender esas acciones porque en Bruselas sí veían conflicto de intereses con su cartera de comisario de Energía y Clima.
El 30 de agosto de 2013, tras un verano de polémicas con Gibraltar, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió tensar la cuerda contra el 'bunkering', el repostaje en el Estrecho practicado por gasolineras principalmente de Gibraltar. El Consejo de Ministros aprobó entonces a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente un proyecto de ley que prohibía el 'bunkering', una práctica muy contaminante. El día antes, el entonces ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, preguntó entonces a la abogada del Estado de guardia en su ministerio si debía abstenerse.
Cañete, que es abogado del Estado en situación de servicios especiales, realizó la consulta a una compañera del cuerpo adscrita al ministerio si entraba en conflicto de intereses al poseer el 2,5% de las acciones de Petrolífera Dúcar, una empresa de los Domecq, su familia política, con sede en Ceuta y vinculada al sector. La compañía es propiedad formalmente de una empresa pantalla con sede en Holanda. Cañete señaló en su petición que su firma no realizaba directamente el 'bunkering', sino que "su negocio consiste en suministrar combustible a buques, sin almacenar combustible por cuenta de terceros". Sí admitía que "las operaciones de 'bunkering' son realizadas por los propietarios de combustible depositado en sus instalaciones".
La ley de altos cargos, de 2006, definía que los conflictos de intereses se dan "cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas". La Abogacía del Estado concluyó que no había ningún conflicto porque "el señor ministro no ha tenido parte ninguna en la dirección, ni el asesoramiento, ni la administración de la sociedad en cuestión". El dictamen insiste en que "la titularidad de participaciones empresariales no es, solo por sí misma, causa de inhibición".
Petrolífera Dúcar es una sociedad vinculada a paraísos fiscales como Antillas Holandesas de la familia Domecq, a la que pertenece su esposa, Micaela Domecq. Según los papeles de Panamá, estos tuvieron una sociedad en Panamá que manejaba cuentas en Suiza. El Confidencial adelantó que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 después de que Cañete participase en el Consejo de Ministros que la aprobó. El comisario ha alegado que él y su esposa tienen separación de bienes desde 1978.
Alfonso Alonso pide a Cañete que dé explicaciones, pero el comisario calla sobre la amnistía de su esposa
Ese mismo día, Arias Cañete pidió un "informe complementario". En su primera solicitud no aclaró que además de accionista había sido presidente de la petrolera, cargo que dejó cuando llegó al Gobierno, a finales de 2011. La conclusión de la Abogacía del Estado fue la misma, aunque tuvo que detallar sus argumentos. El informe bis señala que al ser una ley, que aprueba el Congreso, tampoco hay conflicto de intereses. "La decisión sobre el asunto en que pudiera tener (hipotéticamente) interés personal el ministro (de acuerdo con la Ley 5/2206) le corresponde al Parlamento". Cañete sí se abstuvo en un decreto -de rango inferior a la ley y que aprueba directamente el Consejo de Ministros- sobre la protección en el Estrecho y una vez que el Consejo de Ministros abordó la prórroga de Garoña, porque su hermano era directivo de la división nuclear de Endesa.
El PP respaldó ayer con matices la decisión de Cañete de no abstenerse en el Consejo de Ministros en el que se aprobó la amnistía fiscal a la que más tarde se acogió su esposa. El ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, pidió a Cañete que aclare la situación: "Quien tiene que dar unas explicaciones que satisfagan y que lo hará es Miguel Arias", declaró en una entrevista en Onda Cero.
Sin embargo, Arias Cañete no ha dado niguna explicación pública. Esa ha sido tradicionalmente su estrategia con los escándalos, y le ha funcionado. Difícilmente le ocurrirá lo que a José Manuel Soria y sus explicaciones sobre los papeles de Panamá. Sí ha hablado con el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, que explicó en La Sexta lo que le ha transmitido por teléfono. "Me dijo que no tenía ni la más remota idea de que había una empresa de su mujer y sus hermanos y que funcionaba así. Me dijo que tienen separación de bienes y que no se entera mucho de las cosas que tiene su mujer".
La Abogacía del Estado emitió dictámenes similares para otros ministros. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría -también abogada del Estado-, tuvo uno que le permitía tratar asuntos de Telefónica, que al poco de llegar al Gobierno fichó a su marido, Iván Rosa, para la asesoría jurídica. Rosa también es abogado del Estado y compañero de promoción de la jefa del cuerpo, Marta Silva Lapuerta. La ley impide tratar asuntos de empresas si los cónyuges participan en su "dirección, asesoramiento o administración". Pero la abogacía interpretó que el puesto de Rosa en Telefónica era "de tercer nivel". Sáenz de Santamaría se abstuvo en dos consejos de ministros en temas que afectaban a Telefónica.
http://www.elconfidencial.com/economia/2016-05-05/justicia-permitio-a-canete-tratar-sin-inhibirse-leyes-que-afectaban-a-su-petrolera-familiar_1195011/ARIAS CAÑETE IGNORÓ UN INFORME DE SU MINISTERIO CONTRARIO A COMPENSAR A FCC
El ex ministro de Agricultura se reunió con la constructora para abordar este acuerdo y pidió a la Abogacía del Estado que buscara si tenía encaje legal
El exministro Miguel Arias Cañete —hoy comisario europeo— se reunió en febrero de 2014 con dos altos cargos de FCC para abordar una compensación con fondos públicos para esta constructora por los daños en una desaladora de Almería. Esta operación —que no llegó a materializarse— es parte de la investigación de la trama corrupta en la empresa pública Acuamed que dirige el Eloy Velasco. Tras la cita, Arias Cañete ignoró un informe interno que rechazaba la compensación y encargó a la Abogacía del Estado que analizara su encaje legal.
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La reunión entre los directivos de la constructora FCC y Arias Cañete se celebró el 24 de febrero de 2014, un año y medio después de la riada que dañó la desaladora de Bajo de Almanzora (Almería). Sobre este asunto se ha pronunciado este martes, a través de un comunicado, el Ministerio de Agricultura, a pesar de que Arias Cañete dejó este departamento en abril de 2014. Agricultura ha confirmado la reunión. "Para la celebración de la misma, [el gabinete del entonces ministro] pidió información a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la situación del proyecto", señala ese comunicado. Aquella desaladora resultó dañada por una riada y la UTE que la construyó —de la que formaba parte FCC— se negaba a afrontar el coste de su reparación. Agricultura no ha informado este martes sobre el sentido de la "información" solicitada, que contenía un escrito contrario a las pretensiones de FCC.
Según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente se remitieron al gabinete de Arias Cañete dos informes para esa reunión. El primero de ellos era de Acuamed, la empresa pública responsable de la obra y de afrontar los pagos. En ese escrito se apunta ya a que se habían mantenido reuniones entre esta empresa pública —que está en el centro de la trama que investiga el juez Velasco— y la UTE. "La última propuesta alcanzada fijaba un reparto del importe de la reparación del 40% por parte de Acuamed y el 60% por parte de la UTE", se apunta en el escrito elaborado de la sociedad pública el 19 de febrero de 2014. Pero se señalaba que había sido "inviable concretar ese acuerdo".
Resolución del contrato
En el segundo informe que se adjuntó para la reunión, fechado el 23 de enero de 2014 y elaborado por la Dirección General del Agua, se concluía que "lo más conveniente sería la resolución del contrato por causas imputables al contratista, reclamando al mismo los daños causados". En el escrito se señalaba que si se daba ese paso "con casi toda seguridad" el contratista "intentará evitarla" con un "pleito".
En el informe de la Dirección General del Agua se resalta que, cuando se produjeron las inundaciones, "se comprobó que el contratista no disponía de las coberturas de seguros que establecía el contrato y el pliego". "Evidentemente si se hubiese suscrito el seguro, los daños estarían reparados, reparándose o indemnizados por la compañía aseguradora o por el Consorcio de Compensación de Seguros", se añadía. Fuentes cercanas al caso señalan que no había seguro porque la obra no estaba acabada cuando sufrió la inundación.
A pesar de que la trama del agua no había saltado aún a la opinión pública, en el informe ya se advertía de que "existe una gran sensibilidad social y mediática, en lo que afecta a la gestión de los fondos públicos", lo que "hace que la Administración y los entes públicos sean aún más prudentes en sus actuaciones, que exigen demostrar sin la mas mínima duda una defensa clara y nítida del interés público". Y se avisaba: "Este tema podría trascender a la opinión pública", como ha ocurrido.
A pesar de este informe, tras la reunión con la constructora, Arias Cañete solicitó a la Abogacía del Estado que analizara si era legal que parte de los gastos de reparar la desaladora los asumiera la Administración, como pretendía FCC. Las constructoras se quejaban en ese momento de que el Estado les adeudaba 1.200 millones de euros en obras y que el presupuesto del ministerio para temas hídricas era de apenas 300 millones. El informe encargado por Arias Cañete, firmado por el letrado del Estado Pablo Fernández Ruiz el 10 de abril de 2014, concluía que había una "corresponsabilidad" entre la UTE y Acuamed, como sostenía la constructora.
El ministerio resalta que la Administración nunca pagó a la UTE ni las obras de la desaladora ni la reparación tras la riada. La semana pasada, el juez Velasco sostuvo que no se cerró finalmente la "compensación indebida" porque el Consejo de Administración de Acuamed y su dirección tuvieron conocimiento de la "denuncia" que un exdirectivo presentó en marzo de 2015 alertando de este principio de acuerdo. Sin embargo, el juez señala que hubo "persistencia en la idea", ya que en los presupuestos generales de 2015 se "consignaron cerca de 36 millones". En los de 2016 bajó esa "compensación de 8 y 14 millones". EL PAÍS ha intentado este martes recabar, sin éxito, la versión de Arias Cañete. Desde su departamento europeo un portavoz ha asegurado que "no se desoyó nada". "Al contrario, se pidió el informe jurídico de la Abogacía del Estado", ha añadido. FCC, por su parte, defiende la legalidad de su reclamación. Según la empresa, lo que había solicitado era "el pago que le corresponde, en el marco de la legislación aplicable".
PRESIONES Y TRABAJADORES DESPEDIDOS
Existen al menos cuatro denuncias presentadas ante la fiscalía sobre la empresa pública Acuamed. La primera la presentó el exdirectivo Francisco Valiente en marzo de 2014, en la que ya se alertaba de la irregular compensación a la UTE encargada de la desaladora almeriense. Posteriormente, tres trabajadores de Acuamed presentaron otras tantas, en las que se relataban sobrecostes en otras actuaciones. Los cuatro fueron despedidos de Acuamed. Uno de estos exempleados, que pide el anonimato y ha declarado ya ante Eloy Velasco, sostiene que el director general de la empresa pública les presionaba para que firmaran certificaciones irregulares. "Nos presionaban y nos amenazaban con el despido disciplinario", como finalmente ocurrió.
Este empleado de la sociedad pública, además, elevó un escrito en junio de 2015 al entonces secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y a la directora general del Agua, Liana Ardiles. "Nunca contestaron". De momento, en este caso solo están imputados empresarios y directivos de Acuamed. Pero Eloy Velasco apuntó en su auto de la semana pasada a que la compensación irregular a la UTE de la desaladora de Almería fue "pactada entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel del ministerio".
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/26/actualidad/1453824440_832101.htmlEL DELATOR DE LA TRAMA ACUAMED AL JUEZ: "LAS ÓRDENES ERAN DIRECTAS DEL MINISTRO CAÑETE"
Uno de los testigos del caso AcuaMed apunta directamente hacia el exministro Miguel Arias Cañete como responsable de una adjudicación irregular.
Hace una semana, el juez Eloy Velasco implicaba a "muy altos" responsables del Ministerio de Agricultura en su auto sobre la trama Acuamed. Ahora, Francisco Valiente, el funcionario que ha delatado las presuntas irregularidades en el seno de esta empresa pública, señala directamente al exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete como responsable de algunas de las órdenes del caso Acuamed, en el que se desviaron fondos públicos a empresas privadas.
Según la declaración de este testigo de las adjudicaciones irregulares, a la que ha tenido acceso el programa Las Mañanas de Cuatro, el Director General de Acuamed, Arcadio Mateo, habría intentado obligar -siguiendo "instrucciones del ministro"- a que se concediera de manera fraudulenta la infraestructura de la desaladora de Bajo Almanzora en Almería.
Arcadio Mateo intentó en una reunión celebrada el 24 de marzo de 2014, que la constructora FCC lograse la adjudicación de dicha obra a pesar de la negativa del Director de Ingeniería y Construcción de la empresa pública. Los testigos aseguran en su declaración que Arcadio Mateo aseguró recibir instrucciones de Cañete, tras la negativa de sus subordinados a participar en el desvío de fondos.
Así ha relatado Francisco Valiente ante el juez cómo se produjo el choque:
- Valiente: Yo dije que no firmaba eso y Arcadio Mateo me dijo que si no me daba cuenta de que aquello no eran instrucciones suyas sino que eran órdenes directas del ministro.
- Juez Eloy Velasco: ¿Qué ministro era ese?
- Valiente: Miguel Arias Cañete.
Dichas instrucciones desembocaron en un acuerdo por el que inflaron en 8 millones de euros los pagos a FCC haciendo que las arcas públicas pagaran el 40% de los desperfectos que había ocasionado la propia constructora. El juez recoge en su auto que las irregularidades en esa instalación están "pactadas desde muy alto nivel" en el Ministerio aunque no recoge el nombre de Miguel Arias Cañete que sí se señaló en la sala.
Más declaraciones el miércoles
El juez Velasco ha citado a declarar este miércoles a cuatro testigos más para profundizar en la investigación y tratar de aclarar la participación de Cañete en las irregularidades denunciadas. Los testigos son Nuria Segura –adjunta al director de construcción de Acuamed—Mariola Durá y David Soriano –ambos rebajados en sus cargos desde que se negaron a firmar algunas de esas adjudicaciones- y Susana López, gerente territorial de Almería.
Arcadio Mateo continúa en prisión mientras que Miguel Arias Cañete sigue siendo eurodiputado del Partido Popular y Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía.
http://vozpopuli.com/actualidad/74932-el-delator-de-la-trama-acuamed-al-juez-las-ordenes-eran-directas-del-ministro-caneteLAMELA MEDIÓ A FAVOR DE UNA MINA DE URANIO ANTE SU EXJEFE CAÑETE EN LA UE
Una empresa australiana contrató como 'lobbista' a un exalto cargo del actual comisario de Medio Ambiente
Manuel Lamela, ex alto cargo del exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, cobró por mediar a favor de la construcción de una mina de uranio ante la Unión Europea, según publica este miércoles la Cadena Ser. La empresa australiana Berkeley, promotora del proyecto energético que se ubicará en Retortillo (Salamanca), contrató al ex subsecretario del dirigente popular hace menos de un año, aunque este no tiene ningún tipo de relación con el sector de la energía, el ámbito nuclear o el entorno comunitario.
Berkeley registró el fichaje del ex subsecretario de Agricultura el pasado 26 de diciembre de 2014. Lamela inscribió entonces su despacho personal, Acountax, en el registro de lobbies de la UE. El único cliente del asesor era la empresa minera y él el único lobista autorizado por la misma. El exministro popular Miguel Arias Cañete había sido nombrado comisario de Energía justo un mes antes, el 1 de noviembre.
La empresa sometió el proyecto de la mina de uranio al dictamen de la UE semanas después de que Lamela comenzase a trabajar oficialmente para Berkeley. En el departamento que tenía que examinar el plan energético se encontraba el ya comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, que dio luz verde a la operación en Retortillo. Y no solo eso, sino que fue el propio exministro, como detalla la Cadena Ser, quien firmó cinco meses después, en mayo de este año, el dictamen positivo de la Comisión Europea sobre la mina.
Según Berkeley, "en su informe la Comisión resaltaba los progresos realizados por la empresa en el cumplimiento de las obligaciones de comunicación a la UE que establece el artículo 41 del Tratado del Euratom, al tiempo que destacaba que el proyecto de Retortillo responde a la estrategia energética de la Unión Europea".
Pero la Cadena SER especifica que es imposible comprobar cuáles fueron los argumentos exactos del comisario para autorizar el proyecto, porque el contenido del informe, según la Comisión, está clasificado "a petición de la propia empresa". El propio organismo europeo ha dirigido un escrito a la emisora en el que acompaña una versión "mutilada del informe", en la que solo es visible el prefacio y la firma del comisario Cañete.
Sobre la polémica contratación de Lamela, la empresa Berkeley desvincula el fichaje del ex subsecretario como lobbista de su relación con el comisario de Energía, y manifiesta que "la empresa puede contratar a los profesionales que tenga por conveniente" y que ha contado con él para asuntos puntuales "como abogado del Estado, experto en asuntos de derecho administrativo".
http://politica.elpais.com/politica/2015/12/02/actualidad/1449044625_684122.htmlEL EQUIPO A DE LA ABOGACÍA: ESTOS SON LOS 33 ABOGADOS DEL ESTADO CON NEGOCIOS PRIVADOS
Un grupo selecto y hasta ahora secreto de miembros de la Abogacía del Estado trabaja a la vez en lo público y en lo privado. Son 33 altos funcionarios -de los 323 en activo en el cuerpo- que tienen permiso para compatibilizar su tarea de defensa de la Administración con otros negocios. La mayoría ejercen de abogados, asesores o árbitros entre empresas, pero en la práctica apenas se fiscaliza su actividad para que no haya conflicto de intereses, según fuentes de la Abogacía. El pasado 2 de noviembre, El Confidencial presentó una solicitud de acceso a la información pública para conocer la identidad de estas 33 personas. La Abogacía del Estado se negó a hacerla pública, pero El Confidencial recurrió y el Consejo de Transparencia ha fallado a favor de este diario. Aquí está el listado. Como en el Equipo A, “si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos”.
El pasado 18 de enero, el secretario del consejo de administración de Afinsa, Joaquín José Abajo Quintana, comparecía en el macrojuicio en la Audiencia Nacional por la presunta estafa de los sellos. Abajo fue durante años abogado del Estado en activo y a la vez secretario del consejo de Afinsa, el que vigila por la legalidad de sus actos. "Dada su amplia formación jurídica como abogado del Estado, los más relevantes temas de la compañía, aquellos que afectaban al núcleo del negocio de inversión, fueron sometidos a su consideración durante los años que estuvo en la compañía (1997-2006)", según la fiscalía.
Allí, ante el interrogatorio del fiscal Luzón, un histórico en temas de corrupción, Abajo Quintana dio detalles sobre los abogados del Estado con compatibilidad difíciles de escuchar en público. Abajo Quintana admitió que no tenía contrato con Afinsa aunque, según el auto de procesamiento, recibió 230.455 euros entre 1998 y 2005 "en concepto de retribuciones o sobresueldos no declarados". "La relación entre Afinsa y yo siempre fue una relación verbal. Jamás se puso por escrito. Jamás fue laboral. Entre otras razones porque eso hubiera sido incompatible con mi función de abogado del Estado en activo", declaró Abajo Quintana en el juicio.
Allí señaló que jamás se ocupó de los temas fiscales, porque él en la Abogacía del Estado defendía a la Agencia Tributaria. "La asesoría fiscal dependió del señor Ballesteros, porque la tenía atribuida y por una razón de incompatibilidad personal. Antes yo era abogado del Estado en activo, y precisamente mi función como abogado del Estado era llevar pleitos de la Administración Tributaria, porque la sección quinta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lleva los recursos contra las decisiones de la Agencia Tributaria y de los tribunales económico administrativos, con lo cual evidentemente mi incompatibilidad en esos asuntos, tal y como yo la entiendo, es total". Pero inmediatamente añadió que cuando comenzó el caso puso en contacto a los abogados de Cuatrecasas, contratados por Afinsa, con la inspectora de Hacienda que llevaba el tema: "Ahí terminó mi intervención".
Luzón mostró un papel con el membrete de la Abogacía en el que aparecía documentación de Afinsa. Abajo señaló que resolvía su trabajo como funcionario para la Administración desde su despacho en Afinsa y, por tanto, no era extraño que se mezclase papel con membrete público entre la documentación de Afinsa.
Su relato ante el tribunal es de los más claros sobre este cuerpo con un pie en la Administración y otro en lo privado. Tras ser imputado, Abajo Quintana pidió el reingreso y volvió a la Abogacía del Estado en la Audiencia Nacional, la misma que lo investigaba. Abajo se incorporó a lo Contencioso, donde menos vistas hay y donde hay más abogados compatibles, y luego fue trasladado a otro tribunal.
El secretario de Afinsa era abogado del Estado. No tenía contrato porque "hubiera sido incompatible"
En la Audiencia Nacional estuvo también de abogada del Estado Catalina Miñarro Brugarolas, que compatibilizaba su puesto con el de consejera de Mapfre. Después de que 'El País' publicase su nombramiento, pidió la excedencia. Antes de ella, Francisco Ruiz Risueño, ya jubilado, compaginó el cargo de abogado del Estado en ese mismo lugar con el de vicepresidente de Mapfre.
El cuerpo más prestigioso del Estado
Los abogados del Estado son quizás el cuerpo más prestigioso de la Administración pública. Tras una dura oposición, ingresan con un nivel 28 -el máximo es 30- en la función pública. Defienden al Estado en pleitos e informan sobre la elaboración de leyes, decretos y todo tipo de actos administrativos. Tienen mucho poder. Un informe negativo de la Abogacía del Estado disuade a muchos políticos de tomar decisiones.
Por todo ello, también son muy codiciados en el sector privado. Muchos piden la excedencia, situación en la que se encuentran actualmente 262 abogados del Estado -frente a 323 en activo-. Son muy apreciados por el Ibex por sus conocimientos jurídicos… y de la Administración y sus resortes. Forman una piña. Hay consenso en que dentro de la Administración hay pocos incentivos para progresar, que una vez sacada la exigente oposición hay poco margen para ascender, lo que lleva a muchos a pasarse al sector privado, donde multiplican su sueldo. Los que están en excedencia a menudo se enfrentan en pleitos y arbitrajes con compañeros en activo que se dejan las pestañas para defender lo público con muchos menos medios y sueldo. Los que siguen en la brecha en la Administración señalan en privado que sienten que a veces no se les valora y se les confunde con los que optan por el dinero. Otros pasan a la política. Soraya Sáenz de Santamaría, Dolores de Cospedal y Miguel Arias Cañete son abogados del Estado. Están en servicios especiales en puestos públicos, una categoría donde actualmente se encuadran 61 personas.
Y hay un tercer grupo, menos conocido y visto con cierto recelo incluso dentro del cuerpo: los que han conseguido la compatibilidad. Se trata de un puesto de libre designación en el que trabajan a la vez en sus negocios. A cambio, rebajan su nivel en la Administración a un nivel 24 y su sueldo a la mitad. Aun así, hay cola por estar ahí.
El pasado 2 de noviembre, El Confidencial presentó una solicitud de acceso a la información pública ante el Ministerio de Justicia en la que se pedían las “autorizaciones de actividad privada de los abogados del Estado que se encuentran en régimen de compatibilidad o en excedencia voluntaria”. Un mes y medio más tarde, se recibía respuesta firmada por la abogada general del Estado, Marta Silva de Lapuerta, en la que no se contestaba a la solicitud planteada por El Confidencial.
La respuesta detallaba la situación profesional de los abogados del Estado (323 activos, 37 en régimen de compatibilidad, 260 en excedencia voluntaria y 61 en servicios especiales, en el Gobierno o cargos públicos) a 17 de diciembre de 2015 y la relación de nombres de los 323 abogados del Estado en activo. Esa lista se publicaba periódicamente en el BOE, pero desde marzo de 2012, nada más llegar el PP al poder, no se actualiza sin que Justicia haya explicado por qué no la ha vuelto a hacer pública.
La respuesta de la Abogacía a El Confidencial no incluía las compatibilidades ni las excedencias voluntarias. Justicia no quería hacer público el listado. El Confidencial reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y este estimó parcialmente la reclamación e instó a la Abogacía del Estado a facilitar las “resoluciones de compatibilidad (incluyendo nombre y apellidos del funcionario) que afecten a funcionarios del Cuerpo de Abogado del Estado” y la “identificación del listado de ex altos cargos que tengan concedida la compatibilidad para el ejercicio de actividad privada”.
En su resolución, el Consejo de Transparencia afea la publicación en el Portal de Transparencia de un listado con las compatibilidades de los funcionarios al “no cumplir con la literalidad de la norma”. “La Ley de Transparencia habla expresamente de que lo que se debe publicar son las resoluciones de compatibilidad”, lo que “implica que se conozca la identidad del beneficiario”, manifiesta Esther Arizmendi, presidenta del CTBG, al tiempo que afirma que “la sustitución del nombre del funcionario por sus iniciales no cumple el objetivo de salvaguardar su identidad”.
Finalmente, El Confidencial ha tenido acceso a las 33 resoluciones de compatibilidad originales de los abogados del Estado, firmadas todas ellas por el director de la Oficina de Conflictos de Intereses o, en su defecto, el jefe del departamento responsable de gestionar estas competencias.
Tienen una autorización genérica para ejercer la abogacía siempre que no vayan contra el Estado
Los abogados del Estado reciben una compatibilidad genérica para ejercer la abogacía, sin entrar en detalles. La resolución señala que deben hacerlo en horario que no coincida con el de su puesto de funcionarios. Sin embargo, la realidad es que algunos trabajan en su despacho. Francisco García Gómez de Mercado es uno de ellos. Es socio fundador de Gómez de Mercado Abogados y abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Especializado en expropiaciones, pasó al sector privado y cuando acabó el 'boom' de obra pública -y con él las expropiaciones- pidió el reingreso y obtuvo la compatibilidad. Ahora lleva casos de expropiaciones a favor del Estado pero según fuentes del cuerpo trabaja desde su despacho, donde ha defendido casos contra comunidades autónomas. No ha querido hablar para este reportaje.
No son el único cuerpo de altos funcionarios que pueden aspirar a la compatibilidad. Los letrados del Consejo de Estado y los letrados de Cortes también pueden trabajar a la vez asesorando a sus órganos y en despachos privados.
De la compatibilidad a la excedencia
En los abogados del Estado la compatibilidad se da con la condición de que no pleiteen contra la Abogacía del Estado. Nada les impide ir contra otras administraciones, comunidades autónomas o ayuntamientos. En la práctica, apenas se controla que su actividad no incurra en conflicto de intereses. Cuando llega a oídos de la Abogacía un posible problema, se le sugiere a esa persona que pase a la excedencia, según fuentes del cuerpo. Así evitan un contencioso de difícil pronóstico y un eventual escándalo. Es lo que, según fuentes de la Abogacía, le ocurrió a Juan Ramón García Notario, padre de la Ley de Puertos y que era abogado del Estado en activo cuando comenzó a asesorar a ACS como constructora del Puerto del Musel en su reclamación millonaria contra la Autoridad Portuaria -que formalmente no es Administración general del Estado-. Al poco pidió la excedencia. García Notario afirmó a El País que siempre cumplió la ley.
Así que cada uno pone sus propios límites. Emilio Jiménez Aparicio fue director general de la Abogacía a principios de la década de 1990 y ahora está destinado en lo laboral en el Tribunal Supremo y tiene la compatibilidad. Él ganó por ejemplo la sentencia del ERE de la empresa pública Tragsa. Contesta al teléfono desde su despacho en el Supremo en horario laboral. Tiene fama de serio y riguroso. "Tengo un concepto de la incompatibilidad absoluta. En mi despacho no llevo nada de laboral". Señala que él tampoco iría contra una autoridad portuaria. "En mi caso, no hay ni ha habido ningún conflicto de interés. No entro en juegos malabares ilícitos".
Jiménez Aparicio trabaja solo. En otros casos, los abogados del Estado compatibles comparten despacho y, aunque el abogado del Estado en activo no pleitee contra la Administración, sí lo puede hacer el compañero -o subordinado- de la puerta de al lado. Reciben una compatibilidad para ejercer la abogacía genérica y en algunos casos luego trabajan para empresas. Elsa María Andrés Sanchís, abogada del Estado en Valencia, es al mismo tiempo secretaria del consejo de administración de la inmobiliaria Libertas 7. Esa entidad recibió varios préstamos del Banco de Valencia que, a pesar de su impago, fueron refinanciados por esa entidad en contra de la normativa bancaria y causando un quebranto a esa entidad de 13 millones de euros antes de que tuviera que ser rescatada por el Estado, según la investigación penal que sigue el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Elsa Andrés Sanchís, como secretaria del consejo de administración de Libertas 7, participada por Banco de Valencia, tenía encomendada la tarea de vigilar por la legalidad de las decisiones que tomara ese órgano directivo. El Confidencial trató de ponerse en contacto con ella por teléfono y mediante un correo electrónico enviado a su secretaria, pero no contestó a las preguntas de este diario. Se trataba de conocer si pudo advertir de la posible irregularidad de esas operaciones y de las consecuencias penales que pudieron acarrear.
Aunque las compatibilidades se siguen dando a discreción de la dirección de la Abogacía -la última es de marzo de 2016-, hay quien lleva en esa situación 28 años. Si busca contratar de forma legal a un abogado del Estado, con un pie en las tripas de la Administración, estos son sus hombres.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-05-09/abogados-estado-compatibilidad-actividad-privada-sector-publico_1195823/JUSTICIA Y HACIENDA ESCONDEN A LOS 38 ABOGADOS DEL ESTADO EN ACTIVO QUE TIENEN NEGOCIOS PRIVADOS
Estos funcionarios compatibilizan el servicio activo para la administración pública con tareas para otras empresas y el ministerio que dirige Rafael Catalá dice que esa es una información "confidencial"
Entre los que están esa situación hay abogados del Estado en la Agencia Tributaria o el Tribunal de Cuentas, entre otros organismos públicos
Los abogados del Estado son una pieza muy codiciada por las grandes empresas ( uno de cada diez acaba en compañías del Ibex 35) y es muy habitual que, tras lograr su plaza en una de las oposiciones más duras que existen en España, la abandonen acogiéndose a una excedencia voluntaria para marcharse al sector privado, como han hecho cerca de 40 funcionarios de este cuerpo de élite desde 2012. Pero hay una fórmula intermedia que, en principio, beneficia a la Administración y a estos funcionarios, porque les permite compatibilizar el servicio público como defensores del Estado en todo tipo de litigios con los negocios privados, en especial, el ejercicio de la abogacía para empresas y particulares.
Esa fórmula es lo que se conoce como “nivel 24”, en referencia al grado que se les asigna en el escalafón funcionarial una vez obtienen permiso para trabajar en el sector privado. Como explica José Ignacio Monedero, of Counsel del despacho DLA Piper, abogado del Estado en excedencia y ex presidente de la asociación de Abogados del Estado, esta situación administrativa es “muy secular” en este cuerpo de élite. Los niveles 24, resume, “pueden compatibilizar siempre y cuando no litiguen contra la Administración General del Estado ni empresas del sector público estatal”, algo que “nadie hace porque habría un clarísimo caso de conflicto de intereses”.
Actualmente, según el Ministerio de Justicia, hay 38 abogados del Estado en esa situación, que a cambio de una notable reducción de sueldo (cobran en torno a la mitad que sus compañeros, que tienen nivel 29 en la escala de funcionarios) y trabajando las mismas horas, pueden luego prestar servicios en el sector privado. Sus nombres están recogidos a nivel interno en la relación de puestos de trabajo de la Abogacía del Estado (dependiente de Justicia) que aprueba Hacienda, pero es imposible precisar quiénes son, porque ni Justicia ni Hacienda facilitan ningún dato al respecto.
El pasado 15 de febrero, eldiario.es solicitó a Justicia la relación de abogados del Estado en esa situación. Un portavoz de Justicia indicó que hay 38 funcionarios del cuerpo con la preceptiva autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para el ejercicio de actividades privadas, pero declinó identificarlos porque es información “confidencial”. No obstante, animó a solicitar los datos a Hacienda a través del portal de la Transparencia.
Tras la correspondiente consulta, la directora de la Oficina de Conflictos de Intereses, María López Laguna, ha denegado facilitar la relación de abogados del Estado en activo que tienen esa autorización, su puesto actual en la Administración y para qué actividades tienen concedida la compatibilidad. En su respuesta, López Laguna señala que, desde el 1 de enero de 2014, “momento a partir del cual se considera que procede facilitar los datos a los que se refiere la Ley 19/2013”, de Transparencia, hasta el pasado 22 de febrero, “sólo un funcionario del Cuerpo de Abogados del Estado ha obtenido el reconocimiento de la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas”.
Bufetes, empresas y sicavs
Hay varios abogados del Estado en activo que al mismo tiempo desarrollan otras actividades, como las de árbitros en procedimientos litigiosos, o que son consejeros, secretarios o presidentes de empresas privadas o de sociedades de inversión de capital variable (Sicavs). Algunos ocupan cargos en empresas familiares, como Víctor Murcia Vela, jefe jurídico de la Agencia Tributaria en Alicante que, al mismo tiempo, preside la inmobiliaria familiar Ferris Hills; o Rafael Santacruz Blanco, consejero y secretario de varias inmobiliarias en Aragón, entre las que está la que explota la estación de esquí de Astún, en Huesca.
Pero, ¿quiénes son esos 38 abogados del Estado con la compatibilidad concedida? Entre ellos está Vicente Fenellós Puigcerver, abogado del Estado en la Agencia Tributaria que, al mismo tiempo, atiende un despacho en Valencia para temas de derecho administrativo y penal. En el cuerpo desde 1993, es uno de los niveles 24 más antiguos (lleva en esa situación desde 1998) y no tiene inconveniente en atender a eldiario.es. Defiende que este régimen “genera un montón de costas en favor del Estado con un importante ahorro en sueldos” y que “hay grandes asuntos que han ganado niveles 24 en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo”. Su régimen de incompatibilidades “es absolutamente igual que el del resto de funcionarios”, recalca Fenellós, que duda “que haya compañeros que puedan defender por la mañana una cosa y por la tarde otra”.
Otro nivel 24 es Juan Zabía de la Mata, abogado del Estado en el Tribunal de Cuentas desde 2000, que tiene su propio despacho junto con su padre, también abogado del Estado (en excedencia) y otro socio. Zabía, que llegó a ser consejero de una empresa cotizada en Bolsa (Biosearch) entre 2008 y 2010, también administra Previsalia, consultora especializada en prevención del blanqueo de capitales. Entre los clientes de su despacho está el Grupo de Empresas Alonso Marí (GEAMSA), cuyo nombre comercial es Insotel. Una de las empresas de Insotel, la naviera Sercomisa, se adjudicó en 2010 una concesión de la Autoridad Portuaria de Baleares para explotar durante nueve años la gestión de amarres en el puerto de Palma. La Autoridad Portuaria de Baleares es uno de los organismos públicos cuya actividad debe fiscalizar el Tribunal de Cuentas.
El pasado 18 de febrero, tras interesarse eldiario.es por sus actividades privadas, Zabía remitió a esta redacción un burofax de cuatro páginas en el que niega incompatibilidad alguna y subraya que la Ley del personal al servicio de la Administración pública de 1984 sólo prohíbe “la pertenencia a consejos de administración o el desempeño de cargos de todo orden en empresas o sociedades concesionarias”. “Sercomisa es una sociedad independiente de GEAMAS, que es la compañía para la que yo he llevado algunos pleitos y que es cliente de mi despacho”, añade Zabía para explicar que figure en el Registro Mercantil como apoderado de GEAMSA.
Un abogado del Estado en activo que trabaja con dedicación completa recuerda que, en la práctica, en el ámbito contencioso-administrativo o civil, cualquier miembro del cuerpo puede ejercer como abogado porque no es necesaria su presencia física en los pleitos. En el caso de los de nivel 24, cree que esta opción es “una posibilidad muy buena de irse poco a poco hacia la excedencia total”. “Sabemos que suscita recelos y siempre están en el punto de mira por parte de la Abogacía General del Estado, pero la gente tiene un especialísimo cuidado en no meter la pata” y la política que sigue Justicia para evitar incompatibilidades es “de dureza extrema”. “Nunca se quiere que un nivel 24 trabaje en una gran firma; aprovechan para montar un despacho pequeñito y, si termina creciendo o un despacho grande quiere absorberlo, ya piden la excedencia”, resume.
http://www.eldiario.es/economia/Justicia-Hacienda-abogados-negocios-privados_0_495201432.htmlHERBERT SMITH FICHA AL EXPRESIDENTE DE RTVE LEOPOLDO GONZÁLEZ-ECHENIQUE
El bufete internacional Herbert Smith Freehills ha incorporado en su oficina de Madrid al expresidente y consejero de Radio Televisión Española (RTVE) Leopoldo González-Echenique, como director de la práctica de derecho regulatorio-financiero.
Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas-Icade, González-Echenique es miembro del Cuerpo de Abogados del Estado desde 1996. Ha sido subdirector jurídico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), director del Gabinete Técnico del subsecretario de Economía y director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
En 2003, se incorporó al Grupo Barclays España como secretario general, donde además asumió diversas funciones ejecutivas. En 2008 se incorporó como secretario general del Grupo NH, donde estuvo hasta 2012.
Cuando ese año Mariano Rajoy configuró su Gobierno, un total de 15 abogados del Estado fueron designados para ocupar puestos de relevancia, incluida la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro Arias Cañate, un secretario de Estado y cinco subsecretarios. Uno de ellos fue Leopoldo González-Echenique, que dejó la secretaría general de NH Hoteles para presidir RTVE.
Pero si ha habido una tendencia clara desde hace años para los abogados del Estado es su camino de la Administración al sector privado. De los más de 650 abogados del Estado con plaza, casi un 40% está en excedencia voluntaria. La mayoría desempeña su trabajo en bufetes y como directores jurídicos, consejeros o secretarios generales de grandes compañías. Tan sólo en el Ibex 35, casi la mitad de los secretarios del consejo son abogados del Estado -uno de los últimos en llegar ha sido Jaime Pérez Renovales a Santander-, y hay muchos trabajando como letrados en los principales despachos, algunos incluso como socios directores.
http://www.expansion.com/juridico/fichajes/2015/09/03/55e8820522601d932c8b4598.htmlRENOVALES, DE NÚMERO 3 DE MONCLOA A JEFE JURÍDICO DEL BANCO SANTANDER
El ex subsecretario de Presidencia regresa a la entidad como secretario general
El hasta hace apenas diez días subsecretario de Presidencia del Gobierno, Jaime Pérez Renovales, ha sido nombrado nuevo secretario general del consejo del Banco Santander. Tendrá mando reforzado puesto que el cargo ya no solo comporta ser el jefe del servicio jurídico, sino también del departamento de recursos humanos. Así lo ha anunciado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Pérez Renovales era en la práctica el número tres de Moncloa como brazo derecho de la vicepresidenta del Gobierno y coordinador, entre otras tareas, de la reforma de la Administración. Este abogado del Estado ya fue jefe jurídico de Banesto en la etapa en que estaba presidido por Ana Patricia Botín y vicesecretario del Santander hasta la victoria del PP en las elecciones de 2011. Su caso no es una puerta giratoria de dirección Administración-sector privado, sino de ida y vuelta. Regresa al banco tras permanecer casi toda la legislatura en Moncloa.
Era previsible que la presidenta del Santander intentaría recuperarle desde el pasado septiembre en que sucedió a su padre al frente del banco, según publicó entonces este diario. Fuentes próximas a Pérez Renovales aseguran que no incumple la Ley de Incompatibilidades de altos cargos aunque pase de Moncloa a la entidad en tan corto espacio de tiempo. Su incorporación formal se producirá el 1 de septiembre.
El nombramiento de Pérez Renovales se produce en el marco de una nueva oleada de relevos de directivos de confianza de Emilio Botín que pierden el cargo con la nueva presidenta. El ex alto cargo de Moncloa sucede a Ignacio Benjumea, veterano secretario del consejo en la etapa del anterior presidente que pierde funciones ejecutivas y será consejero externo de la entidad.
También deja el cargo otro histórico como Juan Rodríguez Inciarte que dimite "por razones personales", según el comunicado oficial y hará efectiva su marcha como director general el próximo mes de diciembre.
El hasta ahora responsable del negocio en España y de confianza de Emilio Botín, Enrique García Candelas cede su puesto a Rami Aboukhair, director general del banco. García Candelas seguirá vinculado al Grupo como vicepresidente de Santander Totta (Portugal). El actual director de Recursos Humanos, Jesús Cepeda, dejar también su responsabilidad.
Por otro lado, Rodrigo Echenique, vicepresidente del banco, será el presidente del consejo de Santander España, que contará con al menos un tercio de consejeros independientes y con el Aboukhair como miembro permanente.
Finalmente, Javier San Félix, considerado de la plena confianza de Ana Patricia Botín, será responsable de Banca Comercial de Santander UK reportando a Nathan Bostock (CEO de Santander UK). Ángel Rivera, director general del banco, es nombrado director de la división de Banca Comercial.
http://www.elmundo.es/economia/2015/06/30/5592a24222601d7f2a8b4591.htmlDÓNDE ESTÁN LOS ABOGADOS DEL ESTADO QUE HAN PASADO AL SECTOR PRIVADO DESDE QUE LLEGÓ RAJOY
Al menos 40 abogados del Estado que en 2012 estaban en activo o en servicios especiales (en cargos políticos o en empresas y organismos públicos) se han ido a empresas privadas durante la última legislatura
Su principal destino han sido compañías del Ibex 35, grandes bufetes y consultoras internacionales
Las empresas que más funcionarios de este cuerpo han contratado desde 2012 han sido E&Y, Iberdrola, ACS y los bufetes CMS, Pérez Llorca y Ramón y Cajal
Uno de cada diez abogados del Estado acaba en una empresa del Ibex 35
Al menos 40 abogados del Estado que en 2012 estaban en activo o en servicios especiales (en cargos políticos o en empresas y organismos públicos) se han ido al sector privado durante la última legislatura. eldiario.es ha investigado el censo de los Abogados del Estado, uno de los cuerpos de élite de la Administración Pública española que más activos ha perdido en los últimos años.
En la última legislatura, este cuerpo de funcionarios de élite ha aumentado su influencia política y económica al abrigo de importantes miembros del Ejecutivo de Mariano Rajoy como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, abogada del Estado desde enero de 1999, y con el trasvase al Gobierno de varios de los miembros de la promoción de 1996, conocida como ' La Gloriosa', de la que proceden el ex subsecretario de Presidencia Jaime Pérez Renovales (ya en el Santander) o el ex director de RTVE Leopoldo González-Echenique.
Los datos salen del análisis de la última relación de abogados del Estado publicada por el Ministerio de Justicia en marzo de 2012. Ese año se fueron al sector privado nueve funcionarios del cuerpo. En 2013, se marcharon otros once; en 2014, cinco; en 2015, catorce; y en lo que va de año, uno. El listado de Justicia reflejaba que, de los 657 abogados del Estado con plaza en 2012, poco más de la mitad (338) estaban en activo. Del resto, 252 (el 38%) estaban en excedencia voluntaria y 70, en servicios especiales. En total, casi uno de cada dos abogados del Estado se pasan "al lado oscuro", como ellos mismos coloquialmente aseguran.
De los 40 que desde 2012 han pasado de defender los intereses de la Administración en todo tipo de litigios a ponerse al servicio de empresas privadas, 25 estaban en servicio activo. Los otros quince, en servicios especiales, la situación de la propia Sáenz de Santamaría, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, o el comisario europeo y exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. En el caso de los abogados en servicios especiales que están en empresas públicas (suelen ser secretarios del consejo de administración o directores del área jurídica), este es un paso intermedio hasta lo privado: ya no están en la Abogacía del Estado, pero siguen al servicio del sector público con un sueldo ligeramente superior.
El principal destino de los que han decidido dar el paso desde 2012 han sido los bufetes de abogados, con quince incorporaciones, aunque en tres casos ha sido para crear su propio bufete. Los grandes despachos CMS, Pérez Llorca y Ramón y Cajal han sido los más activos, con dos fichajes cada uno. A continuación figuran empresas del Ibex 35, índice que ocupa a uno de cada diez miembros de este cuerpo, con doce fichajes, e Iberdrola y ACS como empresas más activas (dos cada una); otro importante nicho son las grandes consultoras y auditoras. Una de ellas, E&Y, es la empresa que más abogados del Estado ha contratado desde 2012 (tres).
El mayor trasvase al sector privado desde 2012 se produjo el año pasado, con catorce salidas. De ellas, la mitad correspondió a abogados del Estado que estaban en servicio activo, como Juan Manuel Herrero de Egaña y Espinosa de los Monteros (de director del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria a la consultora Deloitte); Gloria Calvo ( de abogada jefe en el Ministerio de Economía a Bankinter); Antonio Botella, nombrado consejero de ACS en abril de 2015, cuando todavía estaba en el Tribunal Supremo (se jubiló unos meses después); y Soledad Borrego (de Exteriores a directora de Regulación y Control del 'banco malo', que no es una empresa pública).
Un privilegiado
También está desde el año pasado en el ‘lado oscuro’ Ignacio Grangel, que pasó a servicios Especiales tras convertirse en asesor en el Ministerio de Industria y fichó por Red Eléctrica en septiembre pasado como vicesecretario. En su caso, no ha tenido que pedir la excedencia voluntaria, por la influencia del Estado en esa empresa del Ibex (su participación es del 20% pero tiene más derechos políticos que el resto de accionistas). Al seguir en servicios especiales, Grangel tiene sueldo de directivo del Ibex pero puede pedir el reingreso en el cuerpo en cualquier momento.
De entre las cinco bajas que hubo 2014 sólo había dos abogados del Estado en activo. Destaca el caso de Catalina Miñarro. Estando en la Audiencia Nacional fichó como consejera de Mapfre (en octubre de 2013) y se mantuvo en el cuerpo con una reducción de sueldo (lo que se conoce como nivel 24). Pero unos meses después Miñarro se convirtió también en consejera de la constructora ACS, que tiene abiertos un buen número de pleitos ante la Audiencia Nacional, y tuvo que pedir la excedencia.
En 2013 hubo doce salidas, de las que nueve eran abogados del Estado en activo. Entre ellos, María Guinot, que se marchó a la Sareb y ahora está en CMS; Iván Gayarre (al bufete Sagardoy), artífice del fallido ERE de Coca-Cola; e Isabela Pérez, fichada por la filial ibérica de la multinacional de los refrescos. Entre los que ese año estaban en servicios especiales y pasaron al sector privado, destaca el caso de Cristina Vidal, que fue directora del Servicio de lo Contencioso y Régimen Sancionador de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y, tras un breve paso por Barclays, fichó por el bufete Ramón y Cajal. Desde allí logró anular la sanción del regulador bursátil al banquero Jaime Botín, principal accionista de Bankinter, por ocultar en Suiza su participación en el banco.
En 2012 se fueron al sector privado nueve abogados del Estado, de los que ocho estaban en activo. Entre ellos, Maximino Linares, que era coordinador de Asuntos Tributarios en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y fichó por E&Y; el ex abogado general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero, Joaquín de Fuentes Bardají (que estuvo en servicio activo sólo unos meses), y Manuel Rivero, ex subdirector de lo Contencioso en la Abogacía General.
Al Ibex se fueron en 2012 Iván Rosa, marido de Sáenz de Santamaría y miembro de 'La Gloriosa' (a Telefónica); Santiago Martínez-Lage, que estaba en la subdirección General de Asuntos de la UE y se fue a Iberia (meses después recaló en Inditex, donde es vicesecretario del consejo); Jesús Rodrigo, que estaba en la Audiencia Nacional y se marchó a Iberia (ahora está en JB Capital Markets, la sociedad de valores de Javier Botín, hermano de la presidenta del Santander) y Elena Otero-Novas, que pasó del Tribunal Supremo a la constructora Sacyr, donde es secretaria del consejo.
En estos años, una decena de abogados del Estado que estaban en servicio activo han pasado a Servicios Especiales y también ha habido alrededor de quince bajas de efectivos que se han jubilado o han fallecido. En sentido contrario, en torno a una decena de funcionarios han vuelto al cuerpo en estos poco más de tres años. El último, Federico Ramos, el ex subsecretario de Presidencia dimitido en enero tras el escándalo de la empresa pública Acuamed, que ha regresado al Tribunal Supremo.
Justicia prevé adjudicar después de Semana Santa 25 nuevas plazas que se sumarán a las 15 que se crearon el año pasado, las primeras desde 2011, que no van a ser suficientes para cubrir el vacío generado. La descapitalización que el continuo trasvase de efectivos a empresas privadas genera en este cuerpo de élite, que conoce al dedillo los entresijos jurídicos y debilidades de la Administración, es reconocida en su seno, aunque es una situación histórica desde su creación en 1881. Y ha habido épocas peores.
“En tiempos de bonanza económica, ha habido años de irse 20 compañeros a la excedencia”, señala un abogado del Estado en ejercicio que probó en el sector privado y volvió. “Antes, el perfil del que pedía la excedencia era el de que tenía entre cinco y ocho años de antigüedad; ahora, prefieren seguir y se van los que tienen a partir de 49-50 años y llevan toda la vida en la faceta contenciosa; hablamos de sueldos por encima de 250.000 euros al año”, resume este alto funcionario.
http://m.eldiario.es/economia/abogados-privado-llegada-Rajoy-Moncloa_0_494850919.htmlUNO DE CADA DIEZ ABOGADOS DEL ESTADO ACABA EN UNA EMPRESA DEL IBEX 35
De los 657 que tenían asignada plaza en 2012, hay 70 que son altos directivos, asesores o consejeros de las grandes empresas
Según el último listado publicado por Justicia, poco más de la mitad de funcionarios de ese cuerpo siguen trabajando para el Estado; desde entonces ha habido numerosas fugas al sector privado y 15 de ellos se han jubilado o fallecido
Las que más tienen son Iberdrola y Santander, con ocho cada una; seguidas por Telefónica, con siete, BBVA y Caixabank, con cinco, y ACS, Bankinter, Gas Natural e Inditex, con cuatro cada una
70 de los 657 abogados del Estado que tenían una plaza en ese cuerpo de funcionarios de élite en marzo de 2012 (último dato disponible) trabajan como asesores, altos directivos o consejeros de empresas del Ibex 35. El 10,6% de estos trabajadores públicos, que conocen al dedillo las tripas (y debilidades) de la Administración tras superar una de las oposiciones más duras que existen en España se han pasado a la excedencia para ponerse al servicio de compañías del índice bursátil que aglutina a la élite empresarial española.
Lo hacen con retribuciones que multiplican con creces los sueldos que tenían en el sector público (como máximo, unos 100.000 euros brutos anuales, contando complementos) cuando se ocupaban de defender al Estado en pleitos de todo tipo, incluyendo litigios contra grandes empresas.
El cálculo es conservador, porque hay abogados del Estado que ya no están en el cuerpo al haberse jubilado hace años. Está basado en el análisis de la última relación circunstanciada de abogados del Estado publicada por el Ministerio de Justicia en marzo de 2012, que lleva sin actualizarse desde entonces. Ese listado reflejaba que, de los 657 abogados del Estado con plaza, poco más de la mitad (338) estaban en activo. Del resto, 252 (el 38%) estaban en excedencia voluntaria y 70 en situación de servicios especiales en el Gobierno central o autonómico o empresas públicas.
Desde entonces se ha producido un importante trasvase de efectivos al sector privado (los abogados del Estado no están sujetos al régimen de incompatibilidades de los altos cargos, por lo que pueden estar un día en el sector público y al siguiente en el privado), y hay al menos quince miembros del cuerpo que han fallecido o se han jubilado desde 2012, sin que Justicia haya cubierto nuevas plazas.
En el departamento que dirige Rafael Catalá no responden a la pregunta de cuántos funcionarios del cuerpo han pedido la excedencia voluntaria desde 2012, cuántos han vuelto y cuántos están en activo actualmente. Tampoco explican la tardanza en actualizar ese listado, que se ha quedado viejo. Justicia, en definitiva, no comenta este asunto.
La llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa dio nuevo brillo a este cuerpo, con un importante trasvase de abogados del Estado (encabezados por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría) a los despachos del poder político y empresarial. El Ibex 35 es, junto a otras grandes multinacionales, consultoras y grandes bufetes de abogados, uno de los destinos más habituales entre los que deciden pasarse al lado oscuro, por utilizar el argot del sector.
Actualmente, 25 de las empresas del Ibex 35 cuentan con al menos un abogado del Estado en sus filas. Las que más tienen son Iberdrola y Santander, con ocho cada una, seguidas por Telefónica, con siete, BBVA y Caixabank, con cinco, y ACS, Bankinter, Gas Natural e Inditex, con cuatro cada una. A continuación figuran Bankia, Enagás y Repsol (tres); Gamesa, Red Eléctrica y Acciona (dos cada una) y Acerinox, Abertis, Aena, Banco Popular, Ferrovial, Indra, FCC, Mapfre, Sabadell y Sacyr, con uno. Además, hay tres abogados del Estado que trabajan en tres patronales íntimamente vinculadas a algunas de estas empresas: la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal eléctrica, Unesa, y la del gas, Sedigas.
abogados del estado
Varios de esos altos funcionarios se han incorporado a compañías del selectivo en el último año. Es el caso de Eva Chamizo (que en noviembre pasado fichó por Iberdrola); Ignacio Grangel, exjefe de gabinete del todavía secretario de Energía, Alberto Nadal, para el que Red Eléctrica se inventó un nuevo puesto en septiembre pasado (vicesecretario del consejo); la exabogada del Estado en el Ministerio de Economía Gloria Calvo, que en abril de 2015 fichó como secretaria general de Bankinter; o el de Antonio Botella García, nombrado consejero de ACS en abril de 2015, cuando todavía era abogado del Estado en el Tribunal Supremo, donde la constructora se juega miles de millones de euros por litigios como los relacionados con el rescate de las autopistas de peaje.
Las compañías del Ibex con más abogados del Estado son estas:
Iberdrola
El abogado del Estado más poderoso en Iberdrola es Julián Martínez-Simancas, que aunque se acaba de jubilar como empleado de la eléctrica sigue como secretario del consejo de administración. También es abogado del Estado Santiago Martínez Garrido, recientemente ascendido como director de los Servicios Jurídicos de la compañía, en la que lleva desde 2004; Rafael Mateu, letrado asesor del consejo y secretario de la Comisión de Retribuciones de Iberdrola; José Miguel Alcolea, director de los Servicios Jurídicos de los Negocios de Iberdrola, consejero de su participada Gamesa y de su filial Scottish Power; Rafael Gil Nievas (representante legal en América); Félix Sobrino (director de los servicios jurídicos de Iberdrola España) y Gerardo Codes.
La última en incorporarse ha sido Eva Chamizo Llatas, número uno de su promoción en 2001 y que fichó en noviembre pasado por la eléctrica como directora de su oficina en Bruselas. Hasta entonces, era la representante de la Abogacía del Estado en la Representación Permanente de España ante la Comisión Europea (Reper).
Santander
El abogado del Estado más destacado en el primer banco español es Rodrigo Echenique, vicepresidente ejecutivo de la entidad, en cuyo consejo se sienta José Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, su secretario general hasta el año pasado, abogado del Estado y sustituido por el ex número dos de Sáenz de Santamaría en Moncloa, Jaime Pérez Renovales, también funcionario de ese cuerpo. La compañera de promoción de éste, Mónica López-Monís, también consejera de Abertis y esposa del expresidente de RTVE Leopoldo González-Echenique, también abogado del Estado, fichó el año pasado por Santander procedente de Bankinter, donde era la secretaria general.
También son abogados del Estado Juan Manuel Cendoya, director de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios del Santander; Mauricio Corral (director de la Asesoría Jurídica Procesal Corporativa); Juan Guitard (director de Auditoría Interna) y Adolfo Díaz-Ambrona Moreno (también en el área jurídica).
Telefónica
El secretario general de Telefónica es desde 2005 otro funcionario del cuerpo en excedencia, Ramiro Sánchez de Lerín García-Ovies; el mismo puesto en Telefónica España ocupa Pablo Antonio de Carvajal, también abogado del Estado; y en su cúpula directiva están los abogados del Estado Carlos López, director de Asuntos Públicos y Regulación desde 2012, miembro del Comité Ejecutivo y exsecretario de Estado de Telecomunicaciones con el PP y Enrique Medina, director de Políticas Públicas. También son abogados del Estado Iván Rosa, marido de Sáenz de Santamaría y fichado para el área jurídica de la compañía en marzo de 2012; y su compañero de promoción Nicolás Oriol. En el consejo de Telefónica se sienta Pablo Isla, presidente de Inditex y abogado del Estado.
BBVA
El banco que preside Francisco González tiene a dos abogados del Estado en su consejo de administración: José Maldonado, exsecretario del consejo, y, desde 2014, Lourdes Maíz Carro, a su vez, secretaria del consejo de Iberia. En la alta dirección de la entidad está el abogado del Estado Eduardo Arbizu, director de los Servicios Jurídicos del banco; otro miembro del cuerpo en excedencia, Rafael García-Valdecasas, es defensor del Cliente de BBVA desde 2011. Y su colega Pablo Manuel Mayor, exabogado del Estado en el Ministerio de Fomento, fichó hace unos meses por la promotora de la Operación Chamartín, controlada por BBVA.
Caixabank
En el consejo del banco se sienta el abogado del Estado Antonio Sainz de Vicuña, fichado en 2014, un año después de su jubilación como abogado general y director general del Servicio Jurídico del Banco Central Europeo (BCE). El secretario del consejo es Alejandro García-Bragado Dalmau, abogado del Estado en excedencia desde 1984; y el secretario general y vicesecretario primero del consejo, su colega Óscar Calderón de Oya. El secretario (no consejero) de Caixaholding, la sociedad de inversiones de La Caixa, es José Antonio Alepuz Sánchez, abogado del Estado, como lo es Ignacio Redondo Andreu, director de Asesora jurídica en La Caixa, cuyo anterior presidente, el fallecido Ricardo Fornesa, también era abogado del Estado.
ACS
El secretario-consejero de la constructora es un histórico de la compañía, José Luis del Valle, compañero de promoción del citado Antonio Botella en la hornada de abogados del Estado de 1975. Este último se ha jubilado recientemente, aunque en su perfil biográfico en la web de ACS, la compañía que preside Florentino Pérez señala que, “como Abogado del Estado, en la actualidad, presta servicios en la Abogacía del Estado del Tribunal Supremo”. En el consejo les acompañan Catalina Miñarro, también fichada hace un año y que se convirtió en vocal de la aseguradora Mapfre en octubre de 2013, cuando todavía estaba en la Audiencia Nacional. El último informe de Gobierno corporativo de Mapfre, de 2015, señala que Miñarro está en "excedencia" en ese puesto, aunque en mayo de 2014, poco después de fichar por el grupo asegurador, afirmó al diario El País que sólo acudía a las reuniones de Mapfre seis veces al año y no se había encontrado con ningún conflicto de interés. El cuarto abogado del Estado al servicio de ACS es Juan Carlos Calvo, asesor legal de la Presidencia en su filial Urbaser desde 1991.
Gas Natural
Varios de los principales responsables del área jurídica de la gasista son abogados del Estado: Manuel García Cobaleda, secretario del consejo; Javier Gallego Piñera, director jurídico de Gas Natural Fenosa; y Víctor Antonio Quesada, director del Servicio Jurídico de Distribución de Gas Natural. Además, en su consejo se sienta otro funcionario del cuerpo en excedencia, Luis Suárez de Lezo, que representa a su accionista Repsol.
Bankinter
El banco tiene en su consejo a los abogados del Estado Pedro Guerrero (ex presidente de la entidad) y a Rafael Mateu (también en Iberdrola). También son miembros de ese cuerpo la secretaria del consejo desde abril de 2015, Gloria Calvo, y el director general de Banca de Inversión, Jaime Guerra Azcona.
Inditex
El mayor grupo textil del mundo, que este miércoles volverá a batir récord de resultados, tiene en sus filas al abogado del Estado más poderoso y mejor pagado del Ibex, Pablo Isla, elegido en 2011 por Amancio Ortega como primer ejecutivo de la compañía, a la que se incorporó en 2005 como consejero delegado. También son abogados del Estado su consejero Rodrigo Echenique (también en Santander), el secretario del consejo, Antonio Abril, y el vicesecretario, Santiago Martínez-Lage Sobredo, fichado en 2012.
http://www.eldiario.es/economia/abogados-trabaja-empresas-Ibex_0_492401764.htmlLA IDEÓLOGA ANTICORRUPCIÓN DE C'S FACTURÓ 1,5 MILLONES A LA FIRMA PÚBLICA EN LA QUE TRABAJÓ
Tras ocupar el cargo de secretaria general de Red.es, Elisa de La Nuez creó una empresa que obtuvo al menos cinco contratos de esta empresa pública
Uno de los fichajes estrella de Ciudadanos para elaborar su programa regeneracionista, Elisa de la Nuez, ha obtenido al menos 1,5 millones en contratos de la empresa pública Red.es, entidad de la que fue secretaria general hasta marzo de 2006. De la Nuez, editora del blog ¿Hay derecho?, uno de cuyos objetivos es denunciar los excesos de los políticos, montó su propia consultora tecnológica, iClaves, después de trabajar durante cinco años en ese ente dependiente de Industria. Desde entonces, iClaves ha resultado adjudicataria en al menos cinco concursos convocados por Red.es. La ideóloga del partido de Albert Rivera fue una de las encargadas de la presentación de las propuestas económicas y sociales de esa formación. Su ponencia se tituló: 'Lucha contra la corrupción y el capitalismo de amiguetes'.
Como abogada del Estado, De la Nuez fue destinada a Red.es como secretaria general en 2001, cargo en el que permaneció hasta junio de 2006. Su función en ese puesto era controlar la legalidad de todos los actos y contratos gestionados por la empresa. De la Nuez actuaba además como secretaria del Consejo de Administración de la entidad, que ahora depende del departamento de José Manuel Soria. Todas las convocatorias, licitaciones y adjudicaciones de contratos de la compañía publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) contaban con su firma.
Red.es es la autoridad nacional en el registro de dominios .es. Entre sus objetivos, se encuentra fomentar el emprendimiento y aumentar la productividad y competitividad de las empresas españolas a través de programas destinados a las empresas tecnológicas, la formación de profesionales y el asesoramiento de autónomos y pymes en el área de nuevas tecnologías.
Tras abandonar su cargo de secretaria general, De la Nuez fundó iClaves, su propia consultoría tecnológica, de la que, todavía hoy, es socia fundadora y propietaria. Su finalidad, según el Registro Mercantil, es la elaboración de estudios de mercado y de encuestas de opinión pública, y en su página web se define como una "consultora estratégica especializada en el ámbito público y privado I+D+i en áreas relacionadas con tecnologías de la información y las comunicaciones". La empresa presume de "un importante bagaje de la mano de sus socios" en los ámbitos "jurídicos, tecnológicos, económicos, de gestión de proyectos, organización y desarrollo de negocio, tanto en el ámbito público como en el privado".
La relación de iClaves con la Administración Pública Estatal se limita a los contratos adjudicados por Red.es, cinco en total, de acuerdo con el análisis del BOE y de la Plataforma de Contratación del Estado que ha realizado El Confidencial. Solo en una ocasión la firma se presentó a un proceso de licitación de Red.es sin conseguir el contrato, en agosto de este año, mientras que no hay rastro público de adjudicaciones a iClaves desde otras administraciones públicas.
Los cinco contratos obtenidos, por un valor de 1,55 millones de euros, se concentran en los últimos dos años, con una sola excepción. Se trata del primer contrato de iClaves con Red.es, una adjudicación de 100.000 euros a la que accedió en Unión Temporal de Empresas (UTE) con la firma Random Strategy en el año 2011. Su objetivo era elaborar un "sistema de indicadores y una metodología para medir la demanda y uso de la administración electrónica y de gobierno abierto".
La relación de la empresa iClaves con la Administración Pública Estatal se limita a los contratos adjudicados por Red.es, cinco en total
Concurrir en UTE es un patrón común en las adjudicaciones a iClaves. Lo hizo junto a otras tres empresas para desarrollar el Foro Internacional de Contenidos Digitales (FICOD), encuentro del "hipersector de los contenidos digitales" que se realiza anualmente en Madrid desde 2008. El contrato se adjudicó por algo más de un millón de euros. Los otros dos contratos que obtuvo de Red.es, uno por 110.000 y otro por 253.000 euros, fueron en conjunto con la misma firma, Asesores y Consultores en Administraciones Públicas.
El único contrato que iClaves consiguió ‘en solitario’ entra en la categoría de contratos menores, ya que se queda por debajo de los 18.000 euros. Se trata del encargo, por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de la que depende Red.es, de realizar el informe previo a la elaboración del 'Libro Blanco sobre logística inteligente'.
Combatir la "cultura de la opacidad"
De la Nuez niega que los contratos de su consultora con Red.es se deban a los efectos de una "puerta giratoria". "Nosotros no salimos de la Administración para que nos devolvieran favores ni por tener buenas relaciones con ellos", asegura la ideóloga de Ciudadanos. "Solo monté una compañía especializada en los temas en los que yo y el resto de socios, algunos de ellos ingenieros de telecomunicaciones, éramos expertos, y todos los contratos que hemos ganado han sido por concursos públicos a los que han acudido otras empresas", añade.
"No hemos tenido ningún trato de favor; de hecho, durante un par de años, Red.es no nos adjudicó ningún contrato", prosigue. "A muchos de esos concursos acudimos en UTE con otras empresas porque no teníamos suficiente solvencia", añade. iClaves, según asegura De la Nuez, también ha prestado otros servicios a Red.es como subcontratista de otras adjudicatarias, como en el caso de varias ediciones del Foro Internacional de Contenidos Digitales (Ficod), el principal congreso de economía digital convocado por el Gobierno, que este año cumplirá siete ediciones.
La ideóloga volvió a la Administración en diciembre de 2012 para ocupar una plaza en el servicio jurídico del Estado, en concreto en los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. La Abogacía del Estado le concedió la compatibilidad, por lo que sigue al frente de su empresa -"aunque ya algo distanciada", asegura- y está dada de alta como abogada en ejercicio en el Colegio de Abogados de Madrid.
Desde ¿Hay derecho?, el blog que la ha catapultado a los medios como experta en regeneracionismo democrático, Elisa de la Nuez no ha dudado en cargar contra las puertas giratorias de los políticos y los jueces. Como en una entrevista en la Cadena Ser en que le preguntaron por la salida del exalcalde de Zaragoza Juan Alberto Belloch y su reincorporación como magistrado a la Audiencia de esa provincia. "Si no es una puerta giratoria, se le parece mucho", afirmó a la periodista Pepa Bueno.
"Nos hace mucha ilusión que el trabajo de todos estos años acabe en el programa de Ciudadanos, un partido que parece que quiere cambiar las cosas", dijo el pasado 9 de septiembre durante una conferencia organizada en Barcelona por esa formación para dar a conocer sus propuestas programáticas. "Acabar con la corrupción requiere un fortalecimiento de las instituciones, requiere también acabar con la impunidad y también algo que todos podemos hacer, que es dar un apoyo decidido a las personas que luchan contra la corrupción", añadió.
Otro de los puntos fuertes de su discurso es la transparencia. "En España, tanto en la vida política como en la administrativa, tenemos una cultura de la opacidad. Tenemos que cambiar esto por una cultura de la transparencia, porque la transparencia supone que nosotros podemos tener conocimientos y herramientas para exigir rendición de cuentas", manifestó en ese mismo foro. "Seguimos viendo episodios importantes en los que los políticos no nos dan información, ya se trate de los viajes del señor Monago con dinero de los contribuyentes, ya se trate de los informes que el señor Soria, ministro de Industria, no da, no ya a los ciudadanos, sino al Tribunal Supremo, sobre energías renovables, y tantos otros casos", añadió.
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-11-24/ideologa-anticorrupcion-ciudadanos-facturo-1-5-millones-firma-publica-trabajo_1104787/ABOGADOS DEL ESTADO PLEITEAN CONTRA ESPAÑA FICHADOS POR FONDOS ‘VERDES’
Los funcionarios en excedencia asesoran a firmas extranjeras en los arbitrajes por los recortes millonarios a las primas
Abogados del Estado en excedencia asesoran a fondos extranjeros en 12 de los 20 arbitrajes planteados contra España por los recortes a las renovables. Se trata de una pugna legal confidencial en la que los contribuyentes españoles se juegan miles de millones. Estos altos funcionarios no tienen incompatibilidad en la excedencia y pueden reingresar en la Administración. La participación de abogados del Estado contra el Estado genera malestar en un sector de la Abogacía.
Hace unas semanas, un canterano del Madrid, Álvaro Morata, eliminó con sus dos goles al Real Madrid de la Liga de Campeones. El caso es recordado por un abogado del Estado que, como la mayoría de los consultados, pide el anonimato: “A mí me gustaría marcar goles para el Madrid, pero si me ficha el Bayern tengo que marcar para ellos”.
España disputa su particular Champions judicial contra canteranos. Abogados del Estado que tras años en la Administración pasan al sector privado, donde son apreciados y remunerados por sus conocimientos de derecho público. El fenómeno no es nuevo, ya que un 40% de los 650 abogados del Estado está en excedencia. Pero los recortes a las renovables que se suceden desde 2010 con Gobiernos de PSOE y PP para limitar la factura eléctrica —el año pasado los consumidores pagaron 6.500 millones en primas— han dado una vuelta de tuerca.
Los fondos internacionales que habían invertido en España atraídos por una rentabilidad garantizada han planteado arbitrajes internacionales contra el país. Lo hacen al amparo de la Carta de la Energía, un tratado de 1991 para garantizar las inversiones internacionales en el sector. España es el país con más recursos en contra por vulnerar el tratado.
Un 40% de los 650 abogados del Estado está en excedencia
El despacho que más casos lleva es Allen & Overy. La gestión principal está en Londres y su socio en España especializado en arbitrajes es Antonio Vázquez-Guillén. “Antonio es socio responsable del departamento de Contencioso/Arbitrajes de Allen & Overy Madrid. Es abogado del Estado desde 1997”, comienza la web del despacho, que no ha querido hablar para esta información por la confidencialidad de los procesos.
Abu Dabi, BNP y RWE
Vázquez-Guillén, en excedencia desde 2005, fue abogado del Estado en Galicia. Allí se partió la cara por el Estado y viajó por medio mundo en el caso del Prestige. Ahora colabora en las reclamaciones de, entre otros, 15 inversores fotovoltaicos que reclaman 600 millones; el fondo soberano de Abu Dabi, que invirtió en termosolar en Sevilla; los fondos RREEF y Antin, de Deutsche Bank y BNP; la eléctrica alemana RWE y a SWM, firma pública de Múnich.
El bufete americano Latham & Watkins lleva tres arbitrajes. Entre ellos, los de la empresa española Isolux, que ha alegado que sus inversiones estaban hechas a través de Luxemburgo. En Madrid lo lleva el abogado del Estado en excedencia Antonio Morales, hasta 2006 secretario del Consejo de Seguridad Nuclear.
Están detrás de 12 arbitrajes internacionales en disputa por miles de millones de euros
Otra española, Abengoa, también demandó a España alegando que sus termosolares eran propiedad de otro vehículo en Luxemburgo. La estrategia la diseñó José Fernando Cerro Redondo, abogado del Estado en excedencia. Era jefe de los servicios jurídicos de Abengoa y hoy está en FCC.
Clifford Chance defiende a la alemana Steag y el jefe de arbitrajes en España es José Antonio Caínzos, abogado del Estado en excedencia desde hace 21 años. “He servido con mucho orgullo al Estado y ha sido una etapa importantísima en mi vida. Me encantaría no tener que estar en esta situación, prefiero estar mil veces peleando con otra empresa que contra el Estado”, explica. Caínzos destaca que "el arbitraje se ha convertido en una tendencia global, especialmente importante en países desarrollados. Cada vez más empresas recurren a esta fórmula alternativa de resolución de conflictos dada la complejidad de sus casos o el volumen de los mismos". Caínzos, que es presidente del Club Español del Arbitraje, es un firme defensor de este método para solventar disputas empresariales.
Edmundo Bal, presidente de la Asociación de Abogados del Estado, defiende a sus compañeros excedentes: “La excedencia es así. De toda la vida y ocurre en todos los cuerpos”.
No cree que se pueda limitar, porque “se acabaría el cuerpo de abogados del Estado”. Uno de los excedentes defiende la situación: “En los arbitrajes hay buenos abogados porque hay mucho dinero en juego. Y resulta que entre los buenos hay abogados del Estado”. Bal admite que hay miembros del cuerpo que pueden verlo dudoso, “pero depende de cada uno”. El despacho de Bal, abogado del Estado jefe de lo Penal es mucho menos lujoso que los de colegas en excedencia que multiplican su sueldo.
Bajo la condición del anonimato, hay profesionales del sector críticos con esta situación. Esgrimen que no es lo mismo que un abogado del Estado defienda a un expropiado contra el Ministerio de Fomento —algo que la mayoría comprende— que defender a un fondo soberano extranjero en una reclamación de cientos de millones contra el Reino de España y en Nueva York. Uno dice que rechazó llevar uno de estos arbitrajes. Lo mismo hizo el despacho Uría Menéndez al considerar que en plena crisis no podía ir contra España por un recorte que beneficiaba a los consumidores, según fuentes del despacho [una portavoz se niega a comentarlo].
Los abogados del Estado defienden que están muy bien formados y que en la Administración apenas hay incentivos. Al superar la dura oposición entran con un nivel 28 (cobrando unos 80.000 euros) y lo más que pueden ascender es a nivel 30.
Formación en Canadá
La Abogacía del Estado tiene un reto enorme con la defensa de los arbitrajes internacionales. Cuando comenzaron a llegar las reclamaciones, Industria contrató a un despacho privado, Herbert Smith, con el argumento de que no había experiencia. Allí está Eduardo Soler-Tappa, que antes fue abogado del Estado en la secretaría de Estado de Energía. En los dos primeros casos, a España la defiende un abogado del Estado en excedencia, pero no desde el ministerio sino desde un despacho privado.
Después, y con el aumento de reclamaciones, la abogacía decidió asumir los casos. Formó a gente en Canadá, el único país que hasta entonces se defendía en arbitrajes internacionales, y creó un equipo con inspectores de Hacienda y Técnicos de la Administración.
Los abogados del Estado suelen recelar de los arbitrajes: un sistema en el que no hay jurisprudencia y que tienen fama de ser salomónicos. Con el mismo recorte, se puede ganar un caso y perder otro.
http://economia.elpais.com/economia/2015/07/04/actualidad/1436034241_793736.htmlBANKINTER FICHA A LA ABOGADA JEFE DE ECONOMÍA TRAS EL FIASCO DE LA MULTA A JAIME BOTÍN
La Audiencia Nacional anuló una multa impuesta por el ministerio al socio mayoritario de Bankinter, Jaime Botín, por la tardanza en tramitar la sanción por parte del ministerio de su patrimonio oculto en Suiza
La abogada era además miembro de la Comisión Rectora del FROB (el brazo financiero del Estado)
Bankinter ha protagonizado un último caso de puerta giratoria con delicadas ramificaciones. El consejo de administración de Bankinter ha nombrado a Gloria Calvo Díaz nueva secretaria general del banco y del consejo. Además de las funciones propias como secretaria general, Calvo formará parte también del comité de dirección de la entidad y tendrá bajo su responsabilidad el área Jurídica y Fiscal del banco, Cumplimiento Normativo y Blanqueo de Capitales.
Calvo es abogado del Estado y ha desarrollado la práctica totalidad de su carrera profesional en diferentes responsabilidades relacionadas con la Administración del Estado. Durante los tres últimos años ha actuado como abogado del Estado Jefe en el Ministerio de Economía y Competitividad, cubriendo la asistencia jurídica en las materias competencia de las tres Secretarías de Estado en que se organiza el Ministerio, así como de la Subsecretaría y, a través de ella, del Ministro y su Gabinete. Asimismo, era miembro de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Anteriormente, Calvo ha desarrollado funciones como abogado del Estado ante la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional en asuntos relativos a fiscalidad.
Calvo no es considerada oficialmente alto cargo, por lo que no necesita permiso de compatibilidad para dar el salto a la esfera privada. Pero el contexto en el que ha desarrollado en los últimos años su carrera profesional llama la atención ante el salto al banco ligado a la familia Botín.
La Audiencia Nacional anuló una multa impuesta por el ministerio de Economía al socio mayoritario de Bankinter (y anterior presidente), Jaime Botín, al descubrirse que este tenía una participación significativa del banco, sin declarar, oculta en Suiza. La información salió a la luz a raíz de la lista Falciani y aunque Economía le impuso una multa de 700.000 euros, la Audiencia Nacional la anuló por la tardanza de Economía en tramitar el caso. La ley fija en un máximo de 18 meses la tramitación y Economía se demoró casi 23 meses.
La orden ministerial de sanción al hermano del fallecido banquero Emilio Botín fue firmada por el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, el 11 de octubre de 2013 tras la propuesta inicial de la Comisión Nacional del Mercado Nacional de Valores (CNMV). Botín impuso un recurso que fue desestimado por Economía en una resolución en este caso firmada por el subsecretario, Miguel Temboury. Pero no fue hasta el 17 de febrero de 2014 cuando el BOE publicó oficialmente la sanción tras pasar de vuelta por la CNMV que le había dado su visto bueno un mes antes en segunda vuelta. En todas estas idas, vueltas y demoras, el plazo para que la sanción fuera válida caducó.
Bankinter tiene otras estrechas relaciones con el departamento de Economía dirigido por Luis de Guindos. El hijo del actual presidente de la entidad, Pedro Guerrero, es adjunto a la dirección del gabinete del ministro Guindos desde junio de 2014. Además, y gracias a su posición en el gabinete de Luis de Guindos, se sienta en el Consejo de Administración de Enresa y de Correos.
Este diario se puso en contacto con el ministerio de Economía para preguntar el grado de implicación de Calvo en el trámite de la sanción de Botín pero en el momento de publicar esta información no había obtenido respuesta.
http://www.eldiario.es/economia/Gloria-Calvo-secretaria-administracion-Bankinter_0_386711731.html‘EL PAÍS’ TIENE UN TITULAR… Y SI A SORAYA NO LE GUSTA, TIENE OTRO
El diario de PRISA realiza un revelador reportaje sobre un informe de la Abogacía del Estado, pero curiosamente cambia su titular dándole el sentido justo contrario pasadas unas horas
El diario El País daba una noticia en su edición web de anoche. Una noticia sobre un informe que había realizado la Abogacía del Estado “a medida para este caso concreto”, en el que la finalidad era saber si la vicepresidenta del Gobierno debía o no inhibirse en “los actos, decretos, órdenes ministeriales e incluso leyes” que afecten los intereses de Telefónica donde trabaja el marido de Soraya Sáenz de Santamaría, Ivan Rosa Vallejo, de profesión también abogado del Estado (un dato que no es casual, y menos teniendo en cuenta de que es de la misma promoción a la que pertenecía quien hasta hace días era mano derecha de la vicepresidenta, Pérez Renovales).
Un asesor de “tercer nivel”
El texto recogía el contenido del informe, según el cual, se venía a decir que la vicepresidenta tan sólo tendría que inhibirse en caso de que “su esposo fuera el jefe de servicio jurídico de la empresa y no un asesor “de tercer nivel”". El impecable reportaje, recordaba cómo la Ley de Conflicto de Intereses establece que “los altos cargos “vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos (…) que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad”.
Los autores de la información, que han tenido acceso al documento, recuerdan que esta ley ha sido modificada con posterioridad, y que en este caso no aplica el deber de inhibición porque, según la Abogacía del Estado, esto se impone sólo si “el asesoramiento prestado por el personal del nivel superior en que está organizado o estructurado el propio servicio de asesoramiento de la empresa o sociedad”. Nivel que, según el informe de la Abogacía del Estado, “no alcanza ese estatus”.
De un informe a un favor
Este reportaje mereció en un primero momento el siguiente titular: “Justicia permite a Santamaría tratar asuntos de Telefónica, donde trabaja su marido“. Parecía un titular muy ajustado a la realidad de lo contado. Y en la foto que acompañaba a la noticia se veía al matrimonio Sáenz de Santamaría-Rosa Vallejo durante un desfile del 12 de octubre en lo que era una captura de archivo.
En la edición impresa se mantuvo el titular. Todavía, fuera cual fuera la razón para el cambio final de titular, no se había producido… Pero alguien consideró ya que la foto de la vicepresidenta sobraba… Y se sustituía por una en la que aparecía su marido, Ivan Rosa, solo, en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid, el día que fue a testificar por el escrache que se hizo frente a su casa.
Vicepresidenta ‘ejemplar’
Pero durante la noche se produjo el gran cambio. Nos referimos al titular. Y así, de repente se presentaba como lo más importante de la historia, lo que en el texto era una frase de pasada… Nos referimos a que en el texto, los autores, escriben que “Moncloa afirma que pese a ese informe Santamaría se ha ausentado en dos consejos de ministros en deliberaciones que afectaban a Telefónica”.
En realidad, ésto, que se ausentara la vicepresidenta cuando se pudiera producir conflicto de intereses parecería la solución ideal, habría evitado realizar una pregunta específica sobre el caso a la Abogacía del Estado. Pero en cualquier caso, este dato, magnificado, era el que permitía a El País decirnos a todos que tenemos que estar agradecidos a nuestra vicepresidenta, porque el titular que sobrevive en la versión de internet (la otra ha sido borrada) es este que puede verse aquí abajo: “Santamaría se abstiene en los asuntos de Telefónica pese a no estar obligada”. Ese ‘pese‘, como se ve, se busca que pese.
http://www.elplural.com/2015/07/15/el-pais-tiene-un-titular-y-si-a-soraya-no-le-gusta-tiene-otro/SANTAMARÍA SE ABSTIENE EN LOS ASUNTOS DE TELEFÓNICA PESE A NO ESTAR OBLIGADA
La Abogacía del Estado rechaza en un informe a medida que deba inhibirse
Iván Rosa Vallejo, esposo de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fichó por Telefónica como asesor jurídico en marzo de 2012, tres meses después de que el PP llegara al poder. Sin embargo, esa relación laboral no supone ningún tipo de conflicto de intereses para la número dos del Gobierno de Mariano Rajoy, según un informe de la Abogacía del Estado encargado entonces por la propia Santamaría. El documento, hecho a medida para ese caso concreto, asegura que la vicepresidenta no tiene por qué inhibirse en los actos, decretos, órdenes ministeriales e incluso leyes que afecten a los intereses de esa compañía. Sólo tendría que hacerlo si su esposo fuera el jefe del servicio jurídico de la empresa y no un asesor “de tercer nivel”. Moncloa afirma que pese a ese informe Santamaría se ha ausentado en dos consejos de ministros en deliberaciones que afectaban a Telefónica.
El artículo 7.1 de la Ley de Conflicto de Intereses, aprobada en 2006 y vigente en el momento que se redactó el informe, establece de manera literal que los altos cargos “vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos (…) que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad”. Ese precepto, sin embargo, no afectaría a Sáenz de Santamaría, según el informe encargado al servicio jurídico del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia. Esa ley fue derogada el pasado 20 de abril con la entrada en vigor de la que regula el Ejercicio de Alto Cargo de la Administración General del Estado, que establece un régimen muy similar en sus artículos 11 y 12.
No todo asesoramiento implica conflicto, según la Abogacía del Estado, sólo el asesoramiento de más alto nivel
El documento redactado por la Abogacía del Estado concluye que no existe deber de inhibición por parte de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia pese a que la función de su esposo en Telefónica encaja en uno de los supuestos recogidos en la ley, el “asesoramiento”. Y no existe, porque, según la abogacía, “no todo asesoramiento” del cónyuge exige la abstención del alto cargo, “sino solamente el asesoramiento prestado por el personal del nivel superior en que está organizado o estructurado el propio servicio de asesoramiento de la empresa o sociedad”.
E Iván Rosa Vallejo no alcanza ese estatus, ya que, según el informe, su puesto en el servicio de asesoramiento legal de Telefónica “es de tercer nivel”, por debajo del secretario general de los servicios jurídicos de la empresa y del vicesecretario. Sólo si el marido fuese el máximo responsable del gabinete jurídico de la compañía, Sáenz Santamaría debería apartarse en temas relacionados con los intereses de aquella.
El documento, a pesar del tenor literal de la norma, llega a conclusiones relevantes. Mantiene, por ejemplo, que en caso hipotético de que el esposo de la vicepresidenta sí alcanzara el máximo estatus como asesor de Telefónica, Santamaría tampoco tendría que ausentarse en la deliberación y votación de los proyectos de ley que afectaran a Telefónica. Sostiene la abogacía que como las leyes las aprueba el Parlamento, los ministros están exentos de conflicto de intereses ya que “la fijación o determinación definitiva del contenido de la norma legal no corresponde a la Administración sino a los cuerpos colegisladores”, es decir, a las Cortes.
El informe asegura que la vicepresidenta no debe abstenerse ni en los proyectos de ley
Iván Rosa Vallejo es, como su esposa, Soraya Saénz de Santamaría, abogado del Estado. Él es compañero de promoción de Marta Silva Lapuerta, nombrada abogada general –máxima responsable del servicio jurídico del Estado- por el Gobierno de Mariano Rajoy. Antes estuvo en la empresa privada donde ocupó el cargo de secretaria del consejo de administración de la constructora Sacyr.
Ambos –Iván Rosa y Marta Silva- son compañeros de promoción de Jaime Pérez Renovales, hasta hace unas semanas secretario general de Presidencia. Renovales dejó el cargo y 11 días después fue nombrado secretario del consejo de administración del Banco Santander, la entidad en la que había trabajado hasta convertirse en el número dos de Sáenz de Santamaría en Presidencia. El reciente retorno de Renovales al Santander ha contado con el visto bueno de la Oficina de Conflicto de Intereses de Moncloa. Sáenz de Santamaría es de la promoción de 1999, tres años posterior a la de su marido, Pérez Renovales y Marta Silva. Esta última es la responsable del informe que niega el conflicto de intereses de la vicepresidenta.
Telefónica fichó a Iván Rosa semanas después de que el PP llegara al poder. Cuando a Sáenz de Santamaría le preguntaron si, llegado el caso, se iba a abstener de los asuntos relacionados con Telefónica, respondió: “Los altos cargos, en determinados supuestos, están sujetos a un régimen, a una obligación, de abstención y que, en su caso, se puede consultar a la Oficina de Conflicto de Intereses cuándo deben abstenerse. Y todos los altos cargos, desde luego, al menos en esta Administración, tienen que cumplir, y así cumplirán, ese deber de abstención, porque así lo establece la Ley”.
El esposo de Santamaría es abogado del Estado de la misma promoción que Marta Silva, la autora del documento
Aunque la abogacía del Estado consideraba que no debía hacerlo, Sáenz de Santamaría se ausentó del Consejo de Ministros al menos dos veces en 2013, durante el anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones, la venta de acciones de Telefónica en Hispasat y la aprobación de la llamada Agenda Digital, según una respuesta parlamentaria.
El subsecretario de Presidencia, Federico Ramos, también abogado del Estado, defiende por teléfono la gestión de Santamaría: “Para evitar críticas, la vicepresidenta ha sido más pulcra incluso que lo que decía la Abogacía y se ha abstenido en lo relacionado con Telefónica”. Este defiende que el hecho de que el marido sea asesor jurídico de la empresa no implique la inhibición, algo que solo ocurriría si fuese secretario general del Consejo de Administración. Alega que es el director del departamento jurídico el que asume cualquier informe de asesoría, mientras que sus subordinados, como Rosa, trabajan para él.
La abogacía del Estado también emitió un informe que no veía conflicto de intereses en la gestión de Miguel Arias Cañete como ministro de Medio Ambiente pese a que tenía acciones de una petrolera. Cañete se abstuvo en la aprobación de un decreto que protegía el Estrecho de Gibraltar y en la prórroga de Garoña, porque su hermano había sido responsable de la división nuclear de Endesa. Al ser nombrado comisario europeo de Energía sí tuvo que vender sus acciones por conflicto de intereses.
Las causas de abstención que recoge la ley de altos cargos del Estado
Artículo 11. Definición de conflicto de intereses.
1. Los altos cargos servirán con objetividad los intereses generales, debiendo evitar que sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades.
2. Se entiende que un alto cargo está incurso en conflicto de intereses cuando la decisión que vaya a adoptar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15, pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos.
Se consideran intereses personales (...):
a) Los intereses propios.
b) Los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.
c) Los de las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente.
d) Los de las personas con quien tengan amistad íntima o enemistad manifiesta.
e) Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que el alto cargo haya estado vinculado por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos años anteriores al nombramiento.
f) Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que los familiares previstos en la letra b) estén vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración.
Artículo 12. Sistema de alerta para la detección temprana de conflictos de intereses.
1. Los altos cargos deben ejercer sus funciones y competencias sin incurrir en conflictos de intereses y, si considera que lo está, debe abstenerse de tomar la decisión afectada por ellos (...).
http://politica.elpais.com/politica/2015/07/14/actualidad/1436886185_467638.htmlJUSTICIA DA VÍA LIBRE A LOS MINISTROS PARA VOTAR LEYES QUE AFECTEN A EMPRESAS EN LAS QUE PARTICIPAN
La Abogacía del Estado sostiene que aprobar en un Consejo de Ministros un proyecto de ley no entraña tomar "decisión alguna sobre ningún asunto" porque la última palabra es de las Cortes
Con ese argumento avaló que Miguel Arias Cañete interviniese en un Consejo de Ministros que aprobó la Ley de Evaluación Ambiental pese a participar en una empresa petrolífera
El informe, secreto durante un año y al que ha tenido acceso infoLibre, fue corregido el mismo día porque la primera versión decía que Cañete no había dirigido Petrolífera Dúcar pese a que fue su presidente
Un informe de la Abogacía del Estado que ha permanecido secreto durante un año introduce una nueva tesis que fulmina la letra y el espíritu de la Ley de Conflictos de Intereses, aquella que prohíbe a ministros y altos cargos intervenir en decisiones sobre “asuntos” que “interesen” a empresas de su esfera privada. El informe, al que ha tenido acceso infoLibre [consúltalo aquí en PDF] y que fue el que en agosto de 2013 permitió a Miguel Arias Cañete participar en el trámite de la Ley de Evaluación Ambiental pese a que es socio de dos compañías petroleras, sostiene que votar en el Consejo de Ministros la aprobación de un proyecto de ley no entraña “decisión alguna sobre ningún asunto” por cuanto es el Parlamento el que valida las leyes.
Tras un año de negativa constante a desvelar su contenido, el informe sale ahora a la luz gracias a la reclamación de documentos formulada por el diputado socialista Gabriel Echávarri. La entrega de la información requerida, que destapa la nueva y más benévola interpretación oficial sobre conflictos de intereses, se produjo el pasado día 9, en plena ofensiva gubernamental en pro de la “regeneración democrática”.
Los dictámenes de la Abogacía del Estado, uno de los tres órganos directivos del Ministerio de Justicia, no sientan doctrina en el sentido estricto del término. Pero representan la posición del Gobierno, la fijan a efectos jurídicos y crean precedente para futuras interpretaciones. El informe que reinterpreta la Ley de Conflictos de Intereses está firmado por Dolores Ocaña, la abogada del Estado destinada en el Ministerio de Agricultura, entonces dirigido por Miguel Arias. También miembro del Servicio Jurídico público, Ocaña fue consejera de la empresa pública de tecnologías agrarias, Tragsatec, hasta enero de 2014, y así consta en el Registro Mercantil.
El informe, que no precisa a solicitud de quién se elaboró, representa en la práctica una enmienda a la totalidad del artículo 4 de la Ley 5/2006, reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración.
Ese precepto, piedra angular de la norma, dice lo siguiente: “A los efectos de esta ley, hay conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas”.
Una pregunta en el aire
El articulo 7 del mismo texto legislativo prohíbe a quienes incurran en conflicto de intereses intervenir en “asuntos” que “interesen a empresas” en cuya dirección o asesoramiento haya participado el alto cargo, su cónyuge o similar o cualquier familiar dentro del segundo grado “en los dos años anteriores” a su toma de posesión.
Aunque la redacción de ambos preceptos parece inequívoca, el dictamen de la Abogacía del Estado evitó que Miguel Arias Cañete, entonces titular de Agricultura y hoy aspirante a comisario europeo, tuviera que ausentarse el 30 de agosto de 2013 de la votación del anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental en el Consejo de Ministros. Pese a ser accionista y exadministrador de dos empresas petroleras –Petrologis Canarias SL y Petrolífera Dúcar, que era la que estaba en cuestión por el potencial conflicto de intereses–, Cañete participó en la sesión con el visto bueno del Servicio Jurídico del Estado.
Llevada al extremo, la nueva perspectiva adoptada por la Abogacía del Estado en materia de conflictos de intereses plantea una pregunta: la de por qué exigir a un ministro que cese como administrador de una sociedad si, aun en el supuesto de que participase en la tramitación de alguna ley específica sobre el sector en que opera esa misma sociedad, no estaría decidiendo nada.
La pregunta cobra vigor a la luz de los siguientes argumentos: "Debemos reiterar –dice de hecho el informe– que en la aprobación de un proyecto de ley no hay asunto, no hay decisión". Y más: "El poder decisorio en la producción legislativa es el poder legislativo, de manera que la decisión sobre el asunto en que pudiere tener (hipotéticamente) interés personal el ministro le corresponde al Parlamento, puesto que el asunto no es otro que la aprobación de una norma con rango de ley".
Premisa falsa
Los entrecomillados del párrafo anterior pertenecen al "dictamen ampliatorio" [consúltalo aquí en PDF] que la Abogacía del Estado emitió sobre el posible conflicto de intereses en que podría incurrir Miguel Arias Cañete. Ni el dictamen original ni el "ampliatorio" dedican una sola mención al hecho de que, salvo excepciones que jamás se han dado en España, las mayorías parlamentarias que sostienen al Gobierno de turno votan las leyes siguiendo las indicaciones de sus líderes políticos. Y esos líderes son, de nuevo salvo excepciones, los que forman parte del Gobierno.
La emisión del llamado "dictamen ampliatorio" vino forzado porque el primero partió de una premisa falsa: que Arias Cañete era accionista de Petrolífera Dúcar, la empresa que suscitaba dudas sobre la existencia de un potencial conflicto de intereses, pero sin que jamás hubiese participado en su dirección o asesoramiento: “Según resulta de los antecedentes facilitados con motivo de la consulta, el señor ministro no ha tenido parte ninguna en la dirección ni en el asesoramiento ni en la administración de la sociedad en cuestión [Petrolífera Dúcar SL]”. En realidad, Arias Cañete fue presidente de Petrolífera Dúcar hasta enero de 2012.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 30 de agosto de 2013, Miguel Arias Cañete dijo que había participado en la sesión porque le respaldaba la Abogacía del Estado. Arias dijo esto: "He pedido un informe a la Abogacía del Estado, en el cual ha dicho que, no siendo consejero de la empresa y siendo un simple accionista minoritario, no tengo por qué inhibirme en la materia". En realidad, la legislación española sobre incompatibilidades jamás le habría permitido simultanear el cargo de ministro con el de consejero de una empresa privada.
El entonces titular de Agricultura obvió que un segundo informe de la Abogacía corregía el error inicial y admitía que sí había administrado la sociedad. Y obvió igualmente que el principal argumento de la Abogacía no era el de que su participación en Petrolífera Dúcar –2,5%– fuese minoritaria, sino el de que votar en el Consejo de Ministros equivale a nada a efectos prácticos.
Dos informes emitidos el mismo día
Que el hoy exministro no participó en la administración de la compañía es lo que dice el primer dictamen, fechado el 29 de agosto de 2013, víspera del Consejo de Ministros que dio vía libre a la tramitación de la Ley de Evaluación Ambiental, que prevé sanciones para las empresas que desarrollen actividades de bunkering en zonas protegidas.
Es decir, empresas que suministren crudo a barcos en alta mar, una práctica muy rentable a efectos tributarios pero muy arriesgada para el medio ambiente. Según la Abogacía, Petrolífera Dúcar no hace bunkering en la Bahía de Algeciras porque [sic] “no factura el costo del combustible a los buques amarrados en el puerto de Ceuta”. “Las operaciones de bunkering –añade el informe– son realizadas por los propietarios del combustible depositado” en las instalaciones de Petrolífera Dúcar.
Como ese primer informe partía de una premisa falsa –que Cañete jamás había dirigido ni asesorado a Petrolífera Dúcar–, la Abogacía emitió una ampliación. Y lo hizo con tal celeridad que su fecha es la misma: 29 de agosto de 2013. En esa ampliación, la abogada del Estado avisa ya en la segunda página de que, si bien Arias Cañete sí participó en la dirección de Petrolífera Dúcar, eso “en nada modifica la conclusión de primer informe”.
Y para sostener esa conclusión –que nada impedía a Cañete votar el anteproyecto de una ley que castiga el bunkering–, la Abogacía usa el siguiente argumento: que una cosa es la “fase administrativa” y otra, la “fase parlamentaria”.
"No hay decisión alguna"
El informe establece esta distinción para, a renglón seguido, afirmar esto: “Es claro que el deber de inhibición no resulta aplicable en esta fase administrativa, puesto que tratándose de la elaboración de una norma legal, la 'decisión del asunto' no puede ser sino la fijación de la determinación definitiva del contenido de la norma legal y ello no corresponde a la Administración sino a los Cuerpos Colegisladores”. O sea, al Congreso y al Senado.
“Por ello –remata el dictamen– resulta indiferente a los efectos del deber de inhibición del artículo 7.1 [de la Ley de Conflictos de Intereses] que el ministro hubiera tomado parte en la administración de Petrolífera Dúcar SL dentro de los dos años anteriores a su toma de posesión, puesto que en la aprobación de un proyecto de ley no hay decisión alguna sobre ningún asunto, al ser las Cortes Generales las que fijarán el contenido definitivo de la norma”.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/07/18/un_informe_del_gobierno_via_libre_los_ministros_para_votar_leyes_que_afecten_empresas_las_que_participan_19689_1012.htmlEL JUEZ IMPUTA A LAPUERTA POR AYUDAR A BÁRCENAS A LLEVARSE DINERO NEGRO DEL PP
El extesorero supervisaba la contabilidad paralela de la que se sacaron los fondos
El juez Pablo Ruz ha citado a declarar como imputado al extesorero del PP Álvaro Lapuerta, al entender que su sucesor en el cargo, Luis Bárcenas, se apropió de parte del dinero negro que ingresaba en la caja b del PP (al menos 150.000 euros) y que para ello "habría actuado con el consentimiento de Álvaro Lapuerta, prevaliéndose de sus cargos en la formación política y de la opacidad de la referida contabilidad paralela".
Álvaro Lapuerta ejerció de tesorero del PP y jefe de Luis Bárcenas entre 1993 y 2008. Durante esos años, según mantiene acreditada la investigación judicial, el PP recibió casi ocho millones de euros en forma de donaciones ilegales de empresarios, la mayoría constructores que tenían contratados con la administración pública. Esos ingresos fueron recogidos en una contabilidad paralela que llevaba Luis Bárcenas con el control de Álvaro Lapuerta. La contabilidad secreta del PP recoge los apuntes manuscritos de Bárcenas con las entradas y salidas de dinero y junto a esos apuntes, algunas pequeñas firmas supuestamente de Lapuerta, con supervisaba toda esta operativa.
La citación para este viernes de Lapuerta forma parte de una batería de decisiones y diligencias sobre el caso Gürtel hechas públicas hoy por Ruz. La incriminación de Lapuerta no es una novedad: el antecesor de Bárcenas ya está imputado en la investigación del juez Ruz sobre la contabilidad b del PP. De hecho, fue citado a declarar el pasado mes de noviembre pero Lapuerta se negó a hacerlo con el argumento de que las dos caídas que había sufrido meses antes le habían provocado secuelas vasculares que podían agravarse si forzaba la memoria. Un informe forense consideró que Lapuerta no reunía las condiciones neuropsíquicas necesarias para someterse al interrogatorio en la Audiencia Nacional.
El juez quiere apuntalar ahora la posible participación de Lapuerta en el manejo de los fondos opacos del partido de Mariano Rajoy. El auto de citación al ex tesorero subraya que Bárcenas y Lapuerta eran los encargados de la llevanza de la contabilidad paralela o caja b del PP, "que se nutriría, con carácter general, de donativos efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".
El texto cita de manera particular un informe de la Fiscalía Anticorrupción: "Luis Bárcenas, en connivencia con Álvaro Lapuerta, podría haber sustraído de la supuesta contabilidad opaca del PP 149.600 euros en el año 2004 que habrían sido retirados con la finalidad de comprar acciones de Libertad Digital y que finalmente podrían haber sido, sin embargo, ingresados en una cuenta titularidad de Rosalía Iglesias, destinándose posteriormente al pago de un inmueble".
Bárcenas declaró al juez que en 2004, el entonces secretario general del PP, Ángel Acebes, le pidió ayuda para completar una ampliación de capital de Libertad Digital mediante la compra de participaciones. Bárcenas decidió sacar dinero de la caja b del PP y comprar participaciones a través de tres personas: su mujer, Ivan Yáñez, empleado del partido, y el propio Lapuerta. Pasados unos meses, las personas que habían comprado las participaciones las vendieron y devolvieron los fondos a la caja b del PP. Todas menos una: Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas. Al menos así consta en los informes policiales y en los propios papeles de Bárcenas.
Además, en el asunto de la caja B del PP, el juez pretende profundizar en el supuesto pago de una comisión ilegal al PP de Castilla-La Mancha por parte de una constructora en 2007, en la víspera de las elecciones municipales y autonómicas. Por eso, el magistrado cita también como imputado a Lamberto García Pineda, extesorero del PP en Castilla-La Mancha y exconcejal de Hacienda y Empleo de Toledo, para interrogarle sobre la adjudicación de un contrato de basuras en esa ciudad. Dicho contrato fue ganado por la empresa Sufi, filial de Sacyr, y el PP habría recibido por dicha adjudicación una comisión de 200.000 euros, según el relato que Bárcenas hizo ante el juez. Los responsables del PP de Castilla-La Mancha, y la propia presidenta autonómica Dolores de Cospedal, negaron estos hechos..
El juez cita ahora a García Pineda tras haber recibido un informe de la Intervención General del Estado, en el que se afirma que unos días antes de las elecciones municipales de 2007, el Gobierno municipal de Toledo, del PP, aprobó un complemento del contrato de basuras de 11 millones de euros a favor de Sacyr que "podría ser nulo por haberse adoptado omitiendo el procedimiento legalmente establecido".
En la causa principal del caso Gürtel, una extensa trama de corrupción que afecta a una decena de gobiernos del PP, el juez acuerda, entre otras diligencias, que Hacienda continúe investigando a Arminda Iglesias Villar, hermana de la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, para aclarar el origen de los 60.000 euros que pagó Javier Gómez de Liaño, abogado del ex tesorero del PP.
La Agencia Tributaria ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz un informe en el que apunta la posibilidad de que el extesorero del PP Luis Bárcenas haya pagado los servicios jurídicos de su abogado, Javier Gómez de Liaño, con dinero b a través de su cuñada. Los técnicos de Hacienda informan al magistrado de que los emolumentos del letrado, de 60.500 euros fueron abonados por la cuñada de Bárcenas, Armida Iglesias, de 62 años y soltera, pese a que ésta solo tuvo unos ingresos declarados en 2013 de 21.478 euros. Esto lleva a los peritos a apuntar que la minuta a Gómez de Liaño pudo haber sido abonada "con posibles rentas ocultas" del extesorero, en prisión desde el pasado 27 de junio por el caso Gürtel. Gómez de Liaño se mostró indignado con el contenido de este informe y explicó que la hermana de Rosalía Iglesias había tenido que cancelar un depósito con todo el dinero que había ahorrado a lo largo de su vida para pagar la minuta del abogado y que en ningún caso procedía de fondos opacos.
http://politica.elpais.com/politica/2014/07/01/actualidad/1404220819_341929.htmlLA JEFA DE LOS ABOGADOS DEL ESTADO ERA SECRETARIA DE SACYR CUANDO LA EMPRESA PAGÓ LA SUPUESTA COMISIÓN A COSPEDAL
La Abogacía del Estado no se persona en el caso de la Caja B del PP, a pesar de su “evidente interés” en la causa, según fuentes jurídicas. La jefa de los abogados del Estado es Marta Silva Lapuerta, sobrina del extesorero del PP imputado en el caso y ocupaba un alto cargo en Sacyr el año en el que sus directivos, también imputados, pagaron supuestamente 200.000 euros a Cospedal a cambio de las basuras de Toledo. Marta Silva afirma que se abstiene de cualquier decisión sobre el caso.
La Abogacía del Estado no se ha personado en la causa de la Caja B del PP, que investiga el juez Pablo Ruz, a pesar del “evidente interés del Estado” según fuentes jurídicas y abogados de la acusación consultados por la SER. Un interés fundamentado desde el arranque de la investigación, en marzo de 2013, cuando tanto el juez instructor como la Sala de lo Penal advirtieron de la posible existencia de delitos fiscales atribuidos al PP o a sus responsables por el cobro de sobresueldos y la recepción de donaciones ilegales, o más recientemente por los supuestos delitos fiscales derivados de la compra de la sede de La Rioja, de los pagos a Castilla La Mancha, y sobre todo, por los presuntos fraudes al fisco imputados al arquitecto Gonzalo Urquijo por la reforma en negro de la sede central del PP.
Sobrina del extesorero Lapuerta
Solo en la Audiencia Nacional hay 19 letrados del Estado, pero se trata de un cuerpo jerarquizado. No pueden tomar sus propias decisiones sobre la aceptación o renuncia a un caso sino que dependen "funcional y orgánicamente", según su reglamento, del Abogado General del Estado. Y este cargo lo ocupa desde primeros de enero de 2012, al poco de llegar Rajoy a La Moncloa, Marta Silva Lapuerta.
Silva Lapuerta es hija del ministro de Obras Públicas con Franco, Federico Silva, y de Rosario Lapuerta Quintero, hermana del extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, imputado en el caso de la Caja B del Partido Popular. El mismo caso que no existe para su sobrina, la Abogada General del Estado.
Secretaria y jefa jurídica de Sacyr cuando supuestamente, pagó a Cospedal
Pero no es el único posible conflicto de intereses de Marta Silva en la causa. En 2007, cuando supuestamente la empresa Sacyr pagó una comisión de un mínimo de 200.000 euros para la campaña de Cospedal en Castilla-La Mancha, a cambio de un contrato de basuras en Toledo, Marta Silva era secretaria general y del consejo de administración de esta empresa, y directora general de su asesoría jurídica, según la documentación remitida por Sacyr a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Un cargo que compaginó con el de representante en la junta directiva del Real Madrid.
Tanto el actual presidente del consejo de Administración de Sacyr, Manuel Manrique, como quien fichó en 2003 a Marta Silva en la empresa, Luis del Rivero, están imputados en el caso de la Caja B por estos hechos. Además, la empresa aparece como supuesta donante de fondos al Partido Popular en los 'papeles de Bárcenas'. Entre 2004 y 2006 habría aportado a la contabilidad negra del PP un total de 480.000 euros.
Actuación "incomprensible"
Las fuentes jurídicas consultadas por la SER consideran “incomprensible” que la Abogacía del Estado no esté personada en este caso, cuando como es su obligación, reclama formar parte de prácticamente cualquier proceso en los que se investiga un fraude fiscal relevante. Además, sí que forma parte de la pieza principal del procedimiento o 'caso Gürtel', lo que a juicio de las mismas fuentes, debería haber provocado la inmediata personación en la pieza separada que investiga la Caja B del PP. La Abogacía del Estado entró a formar parte de la Gürtel en 2009, con Joaquín de Fuentes al frente del cargo. La pieza de la Caja B se abrió en 2013, ya con su sucesora Marta Silva en este puesto clave para la representación jurídica del Estado.
Marta Silva afirma que “se abstiene” de cualquier decisión sobre el caso
La Cadena SER ha intentado ponerse en contacto con Marta Silva. Su gabinete ha dirigido cualquier respuesta al Ministerio de Justicia, de quien depende la Abogada General del Estado. Desde el ministerio afirman que “desde que apareció la imputación contra Álvaro Lapuerta”, su sobrina “se abstuvo formal y materialmente” del caso. Aseveran que los abogados del Estado “no le dan cuenta sobre los hechos ni ella pide explicaciones” sobre esta investigación. Las mismas fuentes sostienen además que Marta Silva ha remitido “un escrito a la oficina de conflictos de intereses”, que depende del Ministerio de Hacienda, en la que deja constancia de la situación. Respecto a las causas por las que la Abogacía del Estado no se ha personado en el proceso de la Caja B, estas fuentes concluyen que Hacienda todavía no ha determinado la existencia de un delito fiscal. Una condición necesaria para iniciar la acción judicial. No obstante, otras fuentes consultadas por la SER insisten en que los posibles fraudes al fisco se están investigando desde el inicio del caso, y que en este momento Hacienda ya ha detectado un fraude claro contra el arquitecto que ejecutó las obras de la sede del PP.
http://cadenaser.com/ser/2014/11/10/tribunales/1415601534_099781.htmlINSPECTORES, ABOGADOS DESERTORES DEL ESTADO
El Estado está siendo atacado, devastado y esquilmado por la banca y las grandes empresas, con la cobertura ideológica del neoliberalismo, con fichajes de funcionarios que tendrían que preservar los intereses públicos
Entre las motivaciones para hacerse funcionario no estaba el enriquecimiento, sino la vocación de servicio público, un cierto prestigio y no anteponer el ánimo de lucro al deber. De repente todo esto se quebró, sea por el mal ejemplo de los políticos, sea por el intencionado y malicioso desprestigio de lo público o por ambas cosas. Lo cierto es que las grandes empresas, tientan y consiguen que tanto inspectores de Hacienda, abogados del Estado incluso jueces se pasen a la otra orilla y la estructura del Estado se está cayendo a pedazos como un castillo de naipes. La maquinaria se engrasa con dinero y por mucho que fluya de los bolsillos de la clase media, la que aporta el mayor monto, corre unidireccionalmente hacia los grandes patrimonios y cada vez en mayor medida.
Los inspectores de Hacienda. De recaudar a luchar por "desgravar"
Desde el año 2000, 214 inspectores de Hacienda se han cambiado de bando, en lugar de trabajar para llenar las arcas públicas, trabajan para que grandes empresas paguen lo menos posible.
132 inspectores trabajan para grandes bufetes, 82 han abierto sus propios despachos.
De las 35 empresas del Ibex, solo una empresa no tiene litigios con Hacienda, en los últimos 5 años, a 22 de estas empresas las asesora Acebo & Pombo y en lo que va de año han conseguido pagar un 8 % menos.
Los inspectores de Hacienda a pesar de ser los funcionarios mejor retribuidos con salarios que sobrepasan con creces el del Presidente de gobierno, las ofertas de grandes despachos y empresas del Ibex cuadruplican los 120.000 euros brutos que perciben por el Estado.
Javier Seijo inspector de Hacienda y subdirector general de política tributaria trabaja para el bufete de Farnós Franch, despacho fiscalista, ahora se llama Arco, su página web menciona que algunos de sus miembros proceden de la Administración pública. El bufete fue creado por Manuel Farnós, inspector y delegado de Hacienda en Tarragona fue jefe de la Agencia tributaria de Barcelona y Francisco Franch Romaní, inspector de la Agencia Tributaria de Valencia.
Javier Sánchez Gallardo, director general de impuestos y consumo (IVA incluido) también se incorporó a Arco aunque como si de fichaje de futbolistas se tratase cambió de equipo y se incorporó a KPGM.
José Manuel Burnes Ibarra recaló también en Arco, pero posteriormente se incorporó al bufete Gómez Acebo & Pombo´.
Montoro tras su paso por el ministerio de Hacienda creo el despacho Montoro y asociados, conocido como el despacho de "los hombres de Rato" lo crearon además de Montoro, los hombres del equipo económico de Rato: Ricardo Martínez Rico (ex secretario de Estado de Presupuestos), Luis de Guindos (ex secretario de Estado de Economía); José Manuel Fernández Norniella (ex secretario de Estado de Comercio), Montoro lo vendió y ahora se denomina Equipo Económico.
En él continúan el ex director del CIS y el hermano de Cristóbal Montoro, Ricardo Montoro, Salvador Ruiz Gallud (ex directivo de la Agencia Tributaria) y Gonzalo Solana (ex presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia)
Ágel Bizcarrondo de la Escuela de Hacienda Pública fichó por el despacho de Garrigues.
Carlos Eugenio García López y y Miguel Cruz Amorós director general de tributos en la administración de Felipe González en Landwell.
Miguel Cremades en Uría Menéndez
José María Durán y Díaz y Javier Albors en Ernst Young.
Antón Pérez Iriondo y Eduardo Ramírez Medina en Cuatrecasas Francisco Javier Goizueta fichado por KPMG
Los conocimientos adquiridos para recaudar se ponen al servicio de los bufetes que asesoran las grandes fortunas y sociedades del país donde se concentra el mayor fraude.
Los abogados del Estado frente al Estado
Dragados (ACS), FCC y Sato y Alvargonzález reclaman a la autoridad portuaria por la ampliación del puerto del Musel (Gijón), 354 millones de euros más además de los 624 millones que han recibido. La demanda tiene como principal firmante a un abogado del bufete Cuatrecasas y entre los letrados que asistirán al juicio figuran Juan Ramón García Notario, abogado del Estado, que hasta el 2004 fue director del servicio jurídico de Puertos y Carlos Gil de las Heras (fue subdirector de los servicios jurídicos de Puertos del Estado, ambos en excedencia. Hasta hace tres años García Notario ejercía como abogado del Estado en la delegación de Madrid y por las tardes en su despacho privado, especializado en derecho portuario. Otros 40 abogados compatibilizan su actividad pública con su despacho privado, el límite de la compatibilidad es no pleitear contra el Estado. García Notario afirma que no cometió ninguna irregularidad porque cuando fichó por el bufete "no existía ningún litigio". Entre otras disculpas que pone es que el puerto del Musel no pertenece al ministerio de Fomento y que da apoyo a la UTE pero no firma la demanda.
Este caso no es el único. En el 2012 del cuerpo más poderoso de la administración, los abogados del Estado de 657 con plaza, 252 (el 38%) estaban en excedencia voluntaria en grandes bufetes, empresas del IBEX, consultoras o despachos propios. Además 40 (el 6%) poseen compatibilidad y trabajan por la tarde en el sector privado y 70 (el 10%) están en servicios especiales. El 54 % esta fuera del puesto o lo compagina con otra actividad. Con tanto abogado en excedencia tienen que contratar sustitutos, con menos experiencia que los que fichan los grandes bufetes y empresas .
Algunos sostienen que es una puerta giratoria mas peligrosa que la de los altos cargos. La de los políticos es obscena pero a lo sumo se lleva la agenda y puede ejercer de lobby, pero un abogado del estado se lleva los secretos de la administración y sus puntos débiles.
De las 35 compañías del Ibex 14 tienen abogados del Estado en excendencia, entre ellas destacan Iberdrola, Inditex, Sacyr, Repsol, Caixabank, Bankia. Pablo Isla presidente de Inditex es abogado del Estado.
Antonio Morales, socio en Madrid del bufete estadounidense Latham and Watkins. Como abogado del Estado fue secretario del Consejo de Seguridad Nuclear entre 2002 y 2006, cuando pidió la excedencia. Ahora lleva pleitos de energía y, entre otras cosas, asesora a la nuclear de Garoña, que es propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola, en su proceso de reapertura. Él defiende abiertamente el trabajo en la excedencia. “En Estados Unidos lo ven normal". Afirma. Apuesto a que no ha visto "Inside Job".
Pablo Mayor, que lleva en excedencia desde hace 15 años, cuando fue secretario general técnico del Ministerio de Fomento (De esa época son las concesiones de las radiales de peaje ahora quebradas y enfrentadas a Fomento), asesora a empresas de estas radiales desde el despacho Allen Overy. “ Mayor opina que “hay muchos abogados del Estado fuera porque tienen buenos conocimientos de sectores y de la Administración. Los contactos no sirven para nada, pero sí conoces bien el funcionamiento de la Administración”.
Más que de puertas giratorias se puede hablar de política de puertas abiertas: "puertas abiertas para salir a la excedencia voluntaria por motivos profesionales y puerta abierta para acudir a interesarse por los asuntos que hasta el día antes eran propios de la función que se ejercía”.
En enero de 2011, dos semanas después de que el Gobierno del PSOE aprobara un recorte a las primas a las renovables, PWC fichó a Fernando Calancha, abogado jefe de la secretaría de Estado de Energía, como socio para su departamento de energía.
En 2009, Herbert Smith había incorporado a Eduardo Soler-Tappa, hasta entonces abogado jefe de Industria. El bufete (aunque no Soler-Tappa) lleva a clientes energéticos como la estadounidense Solar Reserve, favorecida por Industria en un concurso diseñado a medida de la firma, según los cables de Wikileaks (luego la Audiencia no los admitió como prueba y desestimó la demanda de un competidor). Herbert Smith ganó después un concurso del propio ministerio para defender al Estado en un arbitraje internacional por los recortes fotovoltaicos. La paradoja es que el abogado del Estado en excedencia Soler-Tappa defiende ahora al Estado en un litigio internacional. Pero lo hace desde un despacho en la Castellana.
El bufete insiste en que ganó en un concurso a sobre cerrado por muy poco a otros competidores y aunque es de la época del PSOE lo ha defendido hasta el Gobierno del PP.
Todavía hay algunos que creen en lo que hacen “Yo me pongo la toga para defender los intereses generales, no a un chorizo. Eso ya me paga. A los que preparan oposiciones conmigo les intento inculcar el amor por lo público, pero a veces después de unos años me llaman y me dicen medio en broma: ‘Me he pasado al lado oscuro”, explica uno que sigue en activo y que admite que no tiene problema con los excedentes.
Ningún abogado del Estado se pasa al otro bando por menos de 125.000 euros y es común que pasados los 50 años, cuando empiezan las prejubilaciones en grandes empresas y bufetes, estos abogados del Estado pidan el reingreso en su plaza de funcionarios. A nadie se le deniega. Según Justicia, porque “la plantilla suele ser inferior a la aprobada y las peticiones de reingreso escasas y puntuales”. Los que tienen la compatibilidad no pueden pleitear contra el Estado, pero los controles son escasos. “Cuando se pilla a alguien asesorando a empresas contra el Estado se opta por ser práctico. En vez de abrir un expediente que tardará años y acabará en un contencioso se tapa el tema y se le pide que pase a la excedencia”, señala una fuente que conoce el funcionamiento de la Abogacía. Puede ocurrir que los abogados compatibles asesoren en un caso pero no aparezca su firma, sino que lo lleve formalmente otro letrado del despacho.
Y ahora esto
Un informe de la Abogacía del Estado que ha permanecido secreto durante un año introduce una nueva tesis que fulmina la letra y el espíritu de la Ley de Conflictos de Intereses, aquella que prohíbe a ministros y altos cargos intervenir en decisiones sobre “asuntos” que “interesen” a empresas de su esfera privada. El informe, que fue, el que en agosto de 2013 permitió a Miguel Arias Cañete participar en el trámite de la Ley de Evaluación Ambiental pese a que es socio de dos compañías petroleras, sostiene que votar en el Consejo de Ministros la aprobación de un proyecto de ley no entraña “decisión alguna sobre ningún asunto” por cuanto es el Parlamento el que valida las leyes.
El PSOE sostiene que la tradición parlamentaria española se sustenta en una máxima para la que en 37 años de democracia no ha habido excepción: que las mayorías parlamentarias se guían por lo que previamente decide el Gobierno al que sustentan, y no al revés.
El informe que reinterpreta la Ley de Conflictos de Intereses está firmado por Dolores Ocaña, la abogada del Estado destinada en el Ministerio de Agricultura, entonces dirigido por Miguel Arias. También miembro del Servicio Jurídico público, Ocaña fue consejera de la empresa pública de tecnologías agrarias, Tragsatec, hasta enero de 2014, y así consta en el Registro Mercantil.
http://politica.elpais.com/politica/2014/05/23/actualidad/1400872899_635995.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/07/18/un_informe_del_gobierno_via_libre_los_ministros_para_votar_leyes_que_afecten_empresas_las_que_participan_19689_1012.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/07/22/el_psoe_acusa_abogacia_del_estado_vaciar_ley_conflictos_interes_con_informe_sobre_arias_canete_19818_1012.html
http://www.informacionsensible.com/news/1181/La_mitad_de_los_abogados_del_estado_ha_huido_a_la_empresa_privada_o_est_en_altos_cargos_de_la_administraci_n/
http://www.angelesgarciaportela.com/2014/07/inspectores-abogados-desertores-del.html?m=1
ABOGADOS CONTRA EL ESTADO
Casi la mitad de los abogados del Estado está en excedencia o trabaja también en lo privado
Grandes empresas fichan algunos para pleitear contra la Administración de la que proceden
El 28 de febrero de 2013 entra en los juzgados de Gijón una importante demanda. La unión de empresas que había construido la ampliación del Puerto del Musel, formada por Dragados (del Grupo ACS), FCC, Sato y Alvargonzález, reclama a la autoridad portuaria 354 milones de euros más por los trabajos. Ya han recibido 624 millones pero no están conformes con la liquidación de la obra.
La demanda, de 140 páginas, tiene como principal firmante a un abogado del bufete Cuatrecasas. Y entre los letrados que le asistirán en el juicio figuran Juan Ramón García Notario y Carlos Gil de las Heras, dos de las personas que mejor conocen las tripas de la Administración en materia de Puertos. Ambos son abogados del Estado en excedencia y hasta 2004 fueron director y subdirector de los servicios jurídicos de Puertos del Estado.
Hasta hace tres años, García Notario ejercía como abogado del Estado en la delegación de Madrid y por las tardes en su despacho privado, especializado en derecho portuario. Como él, 40 abogados del Estado han rebajado su nivel (y su sueldo) en la Administración para entrar en la categoría que puede legalmente compaginar su puesto de funcionario con la actividad privada, siempre que no pleiteen contra el Estado.
García Notario insiste en que no ha cometido ninguna ilegalidad, que cuando fichó por las constructoras del puerto no existía ningún pleito. Entonces, afirma, “no había ningún litigio contra el Estado. No había un enfrentamiento formal”. Al llegar a oídos de la Abogacía del Estado que uno de los suyos estaba asesorando a empresas que podían ir contra el Estado, alguien le recomendó que pidiera la excedencia, que no bastaba con tener la compatibilidad, según fuentes conocedoras del caso, cosa que él hizo inmediatamente. Él lo niega: “Eso es falso. Cuando he estado en la compatibilidad he respetado la normativa. Doy apoyo a la UTE pero no he firmado la demanda. He actuado éticamente. [...] Llevo 10 años fuera del sistema portuario”. Y esgrime un matiz que él considera muy relevante, que el Puerto del Musel no es del Ministerio de Fomento ni de Puertos del Estado, sino que tiene personalidad jurídica propia. Aunque si finalmente el puerto debe pagar los 354 millones que le pide García Notario saldrán del erario público.
Un exdirector jurídico de Puertos está en el equipo de letrados que reclama 350 millones al Puerto del Musel para ACS y FCC
El caso no es extraordinario. El que probablemente es el cuerpo más poderoso de la Administración funciona con el freno de mano puesto porque buena parte de sus miembros se ha pasado al sector privado. Según la última relación de abogados del Estado, publicada en el Boletín Oficial del Estado en marzo de 2012, de los 657 con plaza, 252 (el 38% de ellos) estaba en excedencia voluntaria, generalmente en grandes bufetes, empresas del IBEX, consultoras o despachos propios. A eso hay que sumar los 70 miembros (el 10,6%) que están en servicios especiales en el Gobierno o empresas públicas. Además hay 40 (el 6%) con compatibilidad, con una reducción de sueldo trabajan por la tarde en el sector privado. Eso implica que el 54% o está fuera del puesto o lo compagina con otro trabajo. No es un fenómeno nuevo. Los porcentajes han subido algo pero es una situación histórica.
¿Cómo puede funcionar un cuerpo con la mitad de sus funcionarios en activo? ¿Soportaría un país tener a la mitad de sus maestros o médicos del sistema público en la excedencia? ¿Y una empresa? ¿Dejaría que la mitad de sus empleados estuviera fuera y pudieran actuar contra los intereses de la firma?
Cada año llegan a la abogacía 120.000 procedimientos judiciales nuevos, según Justicia. Eso implica que tocan a más de 350 pleitos por abogado del Estado en activo al año. Además, aquellos que están destinados en ministerios informan sobre futuras leyes, borradores y estrategias oficiales. La abogacía del Estado, en una respuesta escrita, admite que “actualmente el número de Abogados del Estado en activo es inferior a la plantilla ideal”.
Ante la falta de personal, Justicia paga desde hace años a sustitutos que apoyan a los abogados del Estado. Son funcionarios (militares, guardias civiles y policías nacionales) licenciados en Derecho que representan al Estado en pleitos bajo las instrucciones de la Abogacía del Estado a cambio de una dieta.
El presidente de la Asociación de Abogados del Estado, Edmundo Bal Francés, es de los que sigue en activo pese a ser el candidato ideal de fichar por un gran bufete de penal. En su despacho, lleno de papeles, afirma que sacan el trabajo “con pocos efectivos y trabajando como animales”. Bal defiende que la excedencia es un derecho del abogado del Estado: “Al excedente no lo vemos como un enemigo”. Él justifica la frecuente salida de funcionarios en que la Administración no ofrece una carrera ni incentivos suficientes, lo que fomenta que pierda mucho talento. Al sacar la oposición, los abogados del Estado ingresan con un nivel 28. No hay mucho ascenso posible en el sector público, donde un director general tiene nivel 30.
Pero en el cuerpo también se encuentran voces críticas. No muchas, pero alguna hay. “Es una puerta giratoria más peligrosa que la de los altos cargos. No digo que la de los políticos no sea importante, porque es obscena y no da ejemplo, pero en general un alto cargo se lleva la agenda y la capacidad de hacer lobby, de llamar y que le abran la puerta. Sin embargo, un abogado del Estado se lleva los secretos de la Administración y sus puntos débiles", explica una fuente que conoce bien el organismo y que pide el anonimato.
Justicia tiene que contratar abogados sustitutos porque admite que “la plantilla es inferior a la ideal”
Algunos de los consultados ponen esa condición para hablar o piden que ni se usen sus palabras. Los abogados del Estado son un cuerpo poderoso. A su tradicional influencia suman un gran peso en el Gobierno y el PP. Soraya Sáenz de Santamaría, Miguel Arias Cañete y Dolores de Cospedal son abogados del Estado. Pero también lo son el subsecretario de Presidencia, el secretario de Estado de Medio Ambiente, el presidente de RTVE, el secretario general técnico de Interior… la lista es larga. La abogada general, Marta Silva de Lapuerta, que no ha querido hablar para este reportaje, fue antes secretaria del consejo de Sacyr y estuvo en la junta directiva del Real Madrid. Muchos de los que han vuelto del sector privado a altos cargos en el Gobierno lo han hecho perdiendo dinero.
De las 35 compañías que cotizan en el IBEX, 14 tienen abogados del Estado en excedencia como secretarios del Consejo. Entre ellas están Iberdrola, Inditex, Sacyr, Repsol, Caixabank, Bankia... Pablo Isla, presidente de Inditex, es abogado del Estado.
El pasado mes de octubre, la compañía de Seguros Mapfre anunció que fichaba como consejera independiente a Catalina Miñarro Brugarolas. “Es Abogada del Estado desde 1988 y en la actualidad desempeña su labor en la Audiencia Nacional. Ha sido presidenta de la Asociación de Abogados del Estado durante cuatro años, directora de asesoría jurídica de la SEPI, secretaria general técnica de Presidencia de la Comunidad de Madrid, abogada del Estado ante el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, además de consejera de diferentes compañías”, anunció la empresa.
Miñarro justifica que solo va a las reuniones de Mapfre seis veces al año y afirma que no se ha encontrado con ningún conflicto de intereses, que en la Audiencia no se ha cruzado con ningún asunto que afecte a Mapfre: “Y si me pasara tendría que comunicarlo”. El presidente de la asociación justifica que los abogados del Estado “aportan [a las empresas] prestigio, imagen de independencia de cara al exterior y fama de no hacer la pelota a nadie”.
Antonio Morales, socio en Madrid del bufete estadounidense Latham and Watkins, no tiene problema en hablar abiertamente. Como abogado del Estado fue secretario del Consejo de Seguridad Nuclear entre 2002 y 2006, cuando pidió la excedencia. Ahora lleva pleitos de energía y, entre otras cosas, asesora a la nuclear de Garoña, que es propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola, en su proceso de reapertura. Él defiende abiertamente el trabajo en la excedencia. En una sala acristalada con suelo de parqué cerca de la Castellana, en la zona financiera de Madrid, aporta un punto de vista interesante. “En Estados Unidos lo ven normal. Los últimos responsables de este bufete han venido de la SEC [el equivalente a la CNMV] y volvían. Allí lo ven bien porque asesoran al cliente con mentalidad del regulador, para hacer las cosas bien, no para influir”.
Nadie duda de la formación de un abogado del Estado, cuya oposición incluye 500 temas de casi todas las áreas del derecho. “Sabemos penal como los jueces, procesal como los fiscales, civil, administrativo, financiero, laboral... Se suele decir que el único derecho que no aplicamos es el canónico”, explica un veterano que sigue en activo. Luego se suelen especializar en un área pero tocan casi todos los palos del derecho.
Además de la formación y los conocimientos en los ministerios acumulan agenda y contactos. “Sabemos todos, aunque no lo digamos públicamente, que para ciertos puestos de trabajo del sector privado en el valor del funcionario excedente hay un componente —de porcentaje variable— que no tiene su origen en sus capacidades técnicas o personales, sino en la facilidad con la que puede relacionarse con la Administración que acaba de abandonar”, señala un artículo académico publicado por un abogado del Estado en la Revista Documentación Administrativa en 2010. Este define el fenómeno como una “política de puertas abiertas’: puerta abierta para salir a la excedencia voluntaria por motivos profesionales y puerta abierta para acudir a interesarse por los asuntos que hasta el día antes eran propios de la función que se ejercía”.
Morales destaca los conocimientos como abogado especializado y a la vez generalista, pero no niega que la agenda existe. “Tenemos buena relación con la Administración. Si llamo al abogado del Estado jefe de un ministerio lo normal es que me devuelva la llamada y casi seguro que me organiza una reunión con un subdirector”.
En el sector se ve con total normalidad, incluso entre los críticos, casos como el de Pablo Mayor, que lleva en la excedencia desde hace 15 años, cuando fue secretario general técnico del Ministerio de Fomento. De esa época son las concesiones de las radiales de peaje ahora quebradas y enfrentadas a Fomento. Mayor asesora a empresas de estas radiales desde el despacho Allen Overy. “Ocupé ese cargo hace la friolera de 15 años y estuve muchos años sin relación”, esgrime, y alega que nunca fue un alto cargo de Fomento: “Secretario general técnico no es un cargo político, es como un gestor normativo”.
Mayor opina que “hay muchos abogados del Estado fuera porque tienen buenos conocimientos de sectores y de la Administración. Los contactos no sirven para nada, pero sí conoces bien el funcionamiento de la Administración”.
Elisa de la Nuez es abogada del Estado y editora del blog ¿Hay derecho?, donde hay artículos que denuncian la puerta giratoria de los políticos. Matiza que el caso de los altos funcionarios no es idéntico. “Hay un trasiego de políticos a empresas reguladas espectacular. A Enagás se han ido cinco ex altos cargos de golpe. Entiendo que surja la reacción de decir que también ocurre con los altos funcionarios. Puede ser cierto, pero hay una diferencia importante: un político solo tiene la agenda, mientras que un abogado del Estado está especializado y tiene un conocimiento previo”. Los políticos tienen dos años de incompatibilidad para trabajar en el sector pero a cambio reciben una pensión compensatoria.
Una persona que ha estado en Industria señala que mientras el foco apunta a cualquier alto cargo que pase del ministerio al sector, a los abogados del Estado, que tardan solo unos años en pasar al sector privado, no reciben críticas. En enero de 2011, dos semanas después de que el Gobierno del PSOE aprobara un recorte de primas a las renovables, PricewaterhouseCoopers anunció el fichaje de Fernando Calancha, abogado jefe de la secretaría de Estado de Energía, como socio para su departamento de energía.
En 2009, Herbert Smith había incorporado a Eduardo Soler-Tappa, hasta entonces abogado jefe de Industria. El bufete —aunque no Soler-Tappa— lleva a clientes energéticos como la estadounidense Solar Reserve, favorecida por Industria en un concurso diseñado a medida de la firma, según los cables de Wikileaks (luego la Audiencia no los admitió como prueba y desestimó la demanda de un competidor).
Herbert Smith ganó después un concurso del propio ministerio para defender al Estado en un arbitraje internacional por los recortes fotovoltaicos. La paradoja es que el abogado del Estado en excedencia Soler-Tappa defiende ahora al Estado en un litigio internacional. Pero lo hace desde un despacho en la Castellana. El bufete insiste en que ganó en un concurso a sobre cerrado por muy poco a otros competidores y aunque es de la época del PSOE lo ha defendido hasta el Gobierno del PP.
Un abogado del Estado en activo puede ganar unos 80.000 euros brutos al año, que con antigüedad y complementos pueden llegar a 100.000. En el sector privado es fácil que para empezar les tripliquen el sueldo. “Por menos de 250.000 euros no se va ninguno”, opina una fuente ya citada. “Yo diría que puedes empezar con 180.000, pero con muchos incentivos de ascender”, rebaja otro. Mucho más que el presidente del Gobierno.
Entre los que se resisten la tentación y se quedan y los que se van hay recelos disimulados. “Yo me pongo la toga para defender los intereses generales, no a un chorizo. Eso ya me paga. A los que preparan oposiciones conmigo les intento inculcar el amor por lo público, pero a veces después de unos años me llaman y me dicen medio en broma: ‘Me he pasado al lado oscuro”, explica uno que sigue en activo y que admite que no tiene problema con los excedentes. Otro de los que ha salido a la excedencia señala en su despacho que en esa crítica hay parte de envidia. “Hay mucha gente que quiere salir pero no da el perfil y por eso habla así”.
Es común que pasados los 50 años, cuando empiezan las prejubilaciones en grandes empresas y bufetes, estos abogados del Estado pidan el reingreso en su plaza de funcionarios. A nadie se le deniega. Según Justicia, porque “la plantilla suele ser inferior a la aprobada y las peticiones de reingreso escasas y puntuales”.
¿Qué negocio hace la Administración con este viaje de ida y vuelta? “La Administración tiene durante unos años a profesionales muy bien formados por poco dinero, pero como no los cuida ni apenas puedes ascender la gente se va”, señala este último abogado. Otro apunta que los que vuelven traen experiencia del sector privado.
Los que tienen la compatibilidad no pueden pleitear contra el Estado, pero los controles son escasos. “Cuando se pilla a alguien asesorando a empresas contra el Estado se opta por ser práctico. En vez de abrir un expediente que tardará años y acabará en un contencioso se tapa el tema y se le pide que pase a la excedencia”, señala una fuente que conoce el funcionamiento de la Abogacía. Puede ocurrir que los abogados compatibles asesoren en un caso pero no aparezca su firma, sino que lo lleve formalmente otro letrado del despacho. Elisa de la Nuez coincide en que vigilar la actividad privada de estos abogados por las tardes ya es imposible y lo será aún más si se extiende el fenómeno. “Es imposible hacer un control real. Formalmente la gente va a cumplir la norma”.
Un veterano cuenta una anécdota: “La abogacía del Estado era conocida como la Estación de Venta de Baños, en la que unos trenes van al norte y otros al sur”. Es decir, unos a la política y otros a la empresa.
Más compatibilidades
Para frenar la sangría de altos funcionarios a la excedencia y a la vez ahorrar dinero, el Gobierno ha optado por abrir la mano y fomentar las compatibilidades. En un decreto ley de julio de 2012, en el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó recortes a los funcionarios, introdujo una disposición final en la que autorizaba a los funcionarios de nivel 28 a pedir la compatibilidad. Es decir, que técnicos comerciales, abogados del Estado… podrán solicitar trabajar por las tardes en despachos privados a cambio de una reducción de salario. Hasta ahora, el cupo de abogados del Estado con compatibilidad está limitado a 40 y tienen que rebajar su nivel al 24.
El borrador del real decreto que desarrolla esa ley, al que ha tenido acceso este diario, establece que no podrán acogerse a la compatibilidad quienes ocupen altos cargos (niveles 29 y 30), diplomáticos, inspectores en la Agencia Tributaria e interventores destinados en la Intervención General del Estado. Tampoco podrán trabajar por la tarde en el sector privado los abogados del Estado jefe de cada provincia ni los asignados a tribunales con mucha carga de trabajo.
Aunque una oficina da la compatibilidad si no hay conflicto de intereses, ya hay 40 abogados del Estado con la compatibilidad concedida en los que no ha habido ningún expediente, según fuentes conocedoras del organismo.
http://politica.elpais.com/politica/2014/05/23/actualidad/1400872899_635995.htmlLAMELA ASESORÓ A UNA EMPRESA QUE EQUIPÓ TRES HOSPITALES QUE ÉL PRIVATIZÓ COMO CONSEJERO DE SANIDAD
La empresa Eductrade recibió 10,7 millones de euros a cambio de amueblar los hospitales de Parla, Coslada y Aranjuez, construidos bajo un sistema semipúblico
El político madrileño, que abandonó el Gobierno de Aguirre en 2007, asesoró a esta compañía entre 2010 y 2013
La empresa Eductrade, a la que asesoró durante dos años y medio el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela, amuebló a cambio de 10,7 millones de euros tres de los hospitales que puso en marcha el Ejecutivo de Esperanza Aguirre en 2005 bajo concesión semipública. Se trata de los hospitales de Coslada, Parla y Aranjuez, cuya construcción y explotación de la parte no sanitaria durante 30 años fue adjudicada por la Consejería que encabezaba el propio Lamela a dos UTE lideradas por Sacyr (en Coslada y Parla) y Constructora Hispánica (en Aranjuez).
Manuel Lamela está precisamente imputado por los delitos de prevaricación y cohecho, cometidos presuntamente al realizar en su etapa de consejero adjudicaciones a empresas que luego le contrataron (es el caso de Constructora Hispánica). Este periódico ha intentado, sin éxito, conocer la versión de Lamela sobre su relación exacta con Eductrade.
infoLibre tuvo conocimiento de que Eductrade había equipado los tres hospitales madrileños gracias a los datos que constan en uno de los correos electrónicos secretos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, a los que ha tenido acceso este periódico. La información fue confirmada por un portavoz oficial de Eductrade.
Una vez edificados en 2006 y 2007, a través de sendos contratos privados, Sacyr y Constructora Hispánica (ahora Assignia) pagaron a Eductrade un total de 10.703.996 euros para que se encargara del equipamiento mobiliario de estos hospitales (camas, armarios, salas de espera...). Al tratarse de un acuerdo entre dos empresas privadas no hubo concurso público. En concreto, Sacyr firmó con Eductrade un contrató por valor de 4.507.877,59 y 4.313.986,92 euros, respectivamente, para el equipamiento de los centros sanitarios de Coslada y Parla, mientras que Constructora Hispánica abonó 1.882.131,62 por el de Aranjuez. Eductrade es ahora una filial del grupo empresarial Essentium, del que también forma parte Assignia, que es la empresa que gestiona toda la parte no sanitaria del hospital de Aranjuez.
Los hospitales de Coslada, Parla y Aranjuez fueron construidos bajo una fórmula de gestión mixta –el llamado modelo PFI de iniciativa de financiación privada, por sus siglas en inglés–. Esta fórmula consiste en que la Administración, que gestiona la parte sanitaria, cede a la concesionaria la financiación, construcción y gestión de la parte no sanitaria de los hospitales (administración, limpieza, alimentación, lavandería, aparcamiento, locales comerciales, etc.) a cambio de un canon que paga durante 20 o 30 años. Fuentes de la Consejería de Sanidad de Madrid confirman que los contratos para equipamiento sanitario y la alta tecnología de esos hospitales "se realizaron desde la Consejería de Sanidad a través de concurso público". Es decir, estas concesionarias "sólo dotaron las camas y aquellos elementos sanitarios que estuviesen anclados a la pared, como dispensadores de oxígeno".
Paso de la pública a la privada
Manuel Lamela fue nombrado consejero de Sanidad por Aguirre en 2003 a pesar de no tener experiencia en este campo. Dejó este departamento en 2007 marcado por el escándalo de las supuestas sedaciones en el Severo Ochoa. De ahí recaló en la Consejería de Transportes, hasta que cayó en 2008. En 2010 pasó a formar parte del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, la empresa que lidera la gestión del hospital madrileño del Tajo, en Aranjuez, según avanzó en abril de 2013 la cadena Ser. Fuentes de la compañía han asegurado a infoLibre que "por decisión empresarial" Lamela, que dirigía su actividad "de forma exclusiva" al asesoramiento de la gestión de servicios no médicos de América Latina, ya no forma parte del grupo. El pasado verano se cambiaron todos los miembros del consejo de administración y desde entonces el exconsejero mantiene una actividad privada al margen de estas compañías.
Hasta el momento, el exconsejero de Sanidad permanece imputado, al igual que su sucesor en la Consejería de Sanidad, Juan José Güemes, tras la querella interpuesta por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid admitió a trámite el escrito del colectivo profesional en el que solicitaba la imputación de Lamela y Güemes por los delitos de prevaricación y cohecho. El colectivo de médicos considera que ambos cargos cometieron esos delitos al haber intervenido en las adjudicaciones a empresas "con un accionariado opaco [...] que se beneficiaron de dichos acuerdos para después contratar los servicios de anteriores consejeros de Sanidad, como el señor Güemes y el señor Lamela, responsables políticos de la adjudicación", según especifica un auto del 29 de octubre del año pasado.
En concreto, la querella especifica que el Hospital del Tajo fue licitado y adjudicado durante la etapa en la que era consejero de Sanidad. Además, el propio Lamela inauguró el hospital que ahora gestiona la sociedad a la que asesoró durante más de dos años. La concesión recayó en un consorcio liderado por Costructora Hispánica en colaboración con Construcciones Sánchez Domínguez (Sando) e Instalaciones Inabensa. Las dos primeras empresas han aparecido en el sumario del caso Gürtel. El contrato, firmado por el exconsejero Lamela, concedía a Hispánica y sus socios la construcción del edificio y el mantenimiento y gestión de todas las áreas no asistenciales (historias clínicas, celadores, seguridad, entre otros) a cambio de un canon anual de 217 millones en 30 años.
Los contratos de Eductrade
Gracias al correo electrónico secreto de Blesa se ha podido conocer que Constructora Hispánica también ha obtenido beneficios por el equipamiento mobiliario de tres centros médicos. Así, el mensaje enviado el 19 de enero de 2009 por Blesa a su número dos en la entidad financiera, Ildefonso Sánchez Barcoj, relata que la constructora había entrado en 2006 en el accionariado de Eductrade. En concreto la firma Constructora Hispánica, acusada de pagar importantes cantidades en dinero negro a los integrantes de la red Gürtel capitaneada por Francisco Correa, se hizo entonces con el 60% de la sociedad. El resto del capital, el 40%, se lo repartían a partes iguales el empresario Ángel Alburquerque y "un profesional independiente que fue director de la antigua Focoex", indica el correo electrónico al que ha tenido acceso infoLibre, que no identifica a esta última persona.
El equipo de comunicación del grupo Essentium ha confirmado a este diario que el 100% de Eductrade pertenece ahora a este grupo y que la relación que mantiene con Assignia es que ambas forman parte del mismo grupo empresarial y que, por tanto, trabajan juntas para dar "una respuesta integral" a determinados proyectos. En 2009 Essentium compró Constructora Hispánica y asumió las obligaciones adquiridas por esta.
Concesiones
El Hospital del Tajo (Aranjuez) comenzó a prestar servicios hospitalarios en 2008, y dos años después su gestión protagonizó un giro total. El principal propietario de la Constructora Hispánica, el murciano Alfonso García-Pozuelo Asins, fue imputado por pagar presuntamente dinero negro en el marco de la trama Gürtel. Después vendió el 100% de su empresa. El comprador fue el grupo Essentium, convirtiéndose así el gestor del Hospital de Aranjuez. El grupo cambió de nombre comercial de Hispánica a Assignia Infraestructuras, y renovó su equipo de consejeros.
El correo electrónico de Blesa incluye, además, un repaso de las concesiones que ha recibido la sociedad Eductrade desde la entrada en la misma de la empresa Constructora Hispánica. "Eductrade sigue manteniendo hoy su rentable negocio de proyectos internacionales pero se ha introducido con fuerza en el sector de las concesiones de negocios que le son afines", puede leerse en el correo.
Según el correo, además de las adjudicaciones sanitarias, cuando Lamela era consejero de Sanidad del Gobierno de Aguirre, Eductrade se hizo con la concesión por parte de la Comunidad de Madrid de la construcción, equipación y gestión, por 10 y 50 años, de dos colegios concertados en la Comunidad de Madrid. Según ha podido comprobar este diario, uno de los centros educativos es el colegio Tajamar, vinculado con el Opus Dei. Además de las concesiones del Ejecutivo de Aguirre, Eductrade también se benefició de la adjudicación de dos polideportivos municipales por parte del Ayuntamiento de Madrid.
Los nombres de las empresas Eductrade y Focoex aparecieron en la prensa española en los años 90 tras una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, Eductrade pertenecía al grupo empresarial de Jesús Polanco. El caso, relacionado con pagos irregulares en Uruguay, fue archivado.
Resultados "muy pobres"
Pero el éxito de la empresa Eductrade desde la entrada en 2006 de Constructora Hispánica en su accionariado contrasta con las cifras obtenidas hasta el 18 de abril de 2005. Según otro correo de Blesa que se adjunta en esta información, Eductrade presentaba unos resultados "muy pobres y decrecientes desde el año 2000". De hecho, según este mensaje, en 2002 y 2003 el resultado de explotación fue "negativo (2,23 millones y 1,94 millones) que compensa con diferencias positivas de cambio".
El mensaje, enviado por el empleado de Caja Madrid Mariano Pérez Claver a Blesa, destaca asimismo que la actividad de la compañía hasta ese momento se concentraba "en países de elevado riesgo político, operando en su mayor parte con créditos FAD y por la información disponible no nos consta ningún proyecto de importancia desde 2003". Y por eso, Pérez Claver desaconseja a Blesa entrar en el capital de la firma Eductrade: "Salvo que los gestores tengan un plan que no dejan ver las cifras, a primera vista no parece que pueda ser una oportunidad para entrar en el capital. Desde Riesgos piensan lo mismo", completa el mensaje.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/03/17/lamela_asesora_una_empresa_que_equipo_tres_hospitales_que_privatizo_como_consejero_14549_1012.htmlEL JUEZ IMPUTA AL ABOGADO DEL ESTADO QUE TAMBIÉN COBRÓ SOBRESUELDOS DEL PUERTO
El instructor divide la causa en dos piezas, una con las retribuciones ilegales y la segunda con la investigación sobre la Autoridad Portuaria
El titular del juzgado de Instrucción 14 de Valencia ha imputado al abogado del Estado Fernando Llopis por el cobro de sobresueldos a través de Valenciaport, una fundación que recibe una importante inyección de fondos públicos. Llopis, secretario general del Consejo de Administración, ha sido citado para el próximo 19 de diciembre para que conozca las actuaciones que se tramitan en el órgano judicial. No obstante, la providencia, notificada recientemente a las partes, adelanta que posteriormente se le tomará declaración como imputado. De momento, no hay fecha para esta comparecencia.
El abogado del Estado fue señalado por los otros cuatro imputados, entre ellos Rafael Aznar, a lo largo de sus declaraciones. Todos, con mayor o menor énfasis, culparon al profesional por no advertirles de que era ilegal cobrar dos sueldos de fondos públicos. Los denunciados percibieron sus nóminas de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), pero también ingresos procedentes de Valencia Plataforma Intermodal, una empresa deficitaria y que, además, recibe el 98% de sus fondos de la propia APV.
Llopis también cobró sobresueldos, algo más de 20.000 euros, a lo largo de diferentes ejercicios. Sin embargo, existe una diferencia fundamental respecto a los otros denunciados. En su caso, podría haber solicitado un permiso para percibir estas cantidades y quizá -no lo hizo- hubiera recibido el visto bueno. Así, su actuación podría encuadrarse más en una irregularidad administrativa. Diferente es la situación para los otros investigados. Ellos no tenían esta posibilidad. El abogado del Estado tendrá que aclarar en sede judicial si es cierto que no advirtió a los otros investigados de que el cobro de las citadas cantidades era ilegal. Algunas fuentes apuntaron en su día que fue el primero de los afectados en devolver el dinero.
Tras las declaraciones de la pasada semana, los letrados han empezado a solicitar el archivo de las actuaciones contra sus representados. Consideran que no hay indicios de una actuación delictiva. Así lo ha hecho uno de los directivos denunciados y el trabajador de las instalaciones. En breve, está previsto que también lo solicite el abogado de Aznar, que ultima durante estos días su escrito para lograr un sobreseimiento.
Piezas separadas
No es la única novedad judicial en la instrucción del juzgado número 14. El juez ha acordado la división del procedimiento en dos piezas. Por un lado, se investigará el cobro de sobresueldos a través de Valencia Plataforma Intermodal. En este asunto están implicados todos los denunciados hasta la fecha.
La otra rama de las pesquisas abordaría la gestión de la Autoridad Portuaria de Valencia. Esta cuestión afectaría únicamente al presidente Rafael Aznar. La fiscalía denunció diferentes irregularidades en su etapa al frente del organismo. Entre ellas, gastos desorbitados como la compra de un yate para la Copa América o diferentes subvenciones a entidades y organismos sin relación aparente con la APV.
También se analiza el cobro de una indemnización por vivienda sin que recibiera autorización para ello o la adjudicación de una obra a MSC sin seguir los criterios públicos de contratación. En la misma pieza, además, quedarán agrupados los gastos en catering durante la celebración de la Fórmula 1 en Valencia así como la construcción de un puente que Valmor, en teoría, iba a abonar con una sustancial rebaja en el coste inicial.
http://www.lasprovincias.es/economia/201412/14/juez-imputa-abogado-estado-20141214184048.htmlLA IRRESISTIBLE LLAMADA DEL SERVICIO PÚBLICO
El Gobierno del PP se nutre de la élite de la alta burocracia del Estado
Abogados del Estado dejan la empresa privada y altas remuneraciones por la Administración
Siempre ha sido así. La Administración española se ha nutrido de los altos cuerpos del Estado, también en el franquismo, singularmente de abogados del Estado y técnicos comerciales y economistas del Estado. La intensidad y la cantidad es lo que cambia con los distintos gobiernos y se constata una mayor presencia de estos altos funcionarios cuando el poder lo tiene el PP que cuando lo ostenta el PSOE. En esta ocasión, además, hay otra peculiaridad, cual es el nombramiento de abogados del Estado de una misma promoción; la que salió en 1996. “Fue una añada excelente”, señala otro abogado del Estado de una generación mayor que la que encuadra, entre otros 35, al recién elegido presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique, y a su mentor, y pieza clave del grupo, Jaime Pérez Renovales, subsecretario del Ministerio de la Presidencia. Son la promoción a la que pertenece Iván Rosa, el esposo de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también abogada del Estado, aunque no de la misma promoción.
Un abogado del Estado tiene una preparación jurídica, de derecho privado y público, impresionante” Funcionarios de otros cuerpos
Esta se ha venido en llamar “La Gloriosa” y sus componentes, que están entre los 42 y los 45 años, tiran unos de otros. No es fácil encontrar una crítica a la presencia de estos funcionarios de élite en la estructura de Gobierno. Todo son parabienes hacia su cualificación. “Un abogado del Estado tiene una preparación jurídica, de derecho privado y público, impresionante”, señalan funcionarios de otros cuerpos.
La mayoría de ellos ha abandonado la empresa privada para pasar a la Administración, con un descenso económico muy notable. “Ocurre que la mayoría de ellos se consideran ante todo servidores públicos y en este grupo concreto se ha producido el efecto llamada”, explica un miembro del Gobierno. Pérez Renovales llamó a González-Echenique, pero desde principios de año el grupo de La Gloriosa se fue diseminando por los ministerios; como subsecretarios, o secretarios generales. A los citados hay que añadir al Subsecretario de Economía, Miguel Temboury, y a Marta Silva, directora del Servicio Jurídico del Estado. Aprobaron esa oposición Luis Aguilera, subsecretario del Interior, y Lourdes Centeno, secretaria general técnica de Economía.
De manera privada, entre ellos, en tono de broma pero sin mofa, se les escucha decir que su presencia en la Administración se explica por “patriotismo”
En la dirección general de Deportes está otro compañero del cuerpo de abogados del Estado, David Villaverde, que comparten experiencias en las cenas que celebra el grupo con los componentes de dentro y fuera de la Administración. En cualquier momento pueden estar en otro lugar. Los abogados del Estado “entran y salen de la empresa privada a la Administración a lo largo de su vida”, relatan otros más veteranos que han tenido esa peripecia vital. “El PP cuando gobierna se nutre de la alta burocracia del Estado, y hay que perseverar en ello porque de lo contrario se cuelan los compromisos de partido, al margen de la preparación que tengan, que no siempre es la más deseable". Esto lo dice un miembro del Gobierno, también perteneciente a un alto cuerpo del Estado. Qué puede mover a los abogados del Estado de la Gloriosa a aceptar ir a la Administración a puestos relevantes, sí, pero en el anonimato y perdiendo dinero? Esta pregunta formulada a varios de ellos y a otros técnicos comerciales y economistas del Estado, es respondida en el mismo registro, además, de la vocación por el servicio público: la atracción por la política. De manera privada, entre ellos, en tono de broma pero sin mofa, se les escucha decir que su presencia en la Administración se explica por “patriotismo”.
http://politica.elpais.com/politica/2012/06/09/actualidad/1339273551_489102.htmlLA TELE DE POLO
El reto de Leopoldo González-Echenique, candidato del Gobierno para reestructurar RTVE, es ganarse la confianza general
Hasta hace seis días era un perfecto anónimo. Un hombre de esos que acuden al trabajo encorbatado, embutido en trajes hechos a la medida y con camisas claras con las iniciales bordadas en el pecho. Un ejecutivo con posibles que probablemente se va con su mujer y su prole de niños a pasar los fines de semana en una casa de campo y que, a veces, le entran unas enormes ganas de comerse el mundo. Una de esas personas de aspecto intachable de las que se supone que han estudiado una carrera y que, probablemente, han hecho oposiciones para ser abogado del Estado.
Seguramente, él habría querido otra cosa. Pero el lunes pasado, cuando Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubago, Polo para los amigos, llegó temprano a las oficinas de NH en Madrid, donde ejerce de secretario general, sabía que su vida estaba a punto de dar un vuelco trascendental y que su nombre iba a embadurnarse en la polémica. El Gobierno iba a anunciar esa mañana que le proponía a él, un abogado del Estado anónimo, para presidir Radio Televisión Española (RTVE) y recortar un agujero de 204 millones de euros.
Y la polémica saltó de forma inmediata. El Gobierno, rotas las relaciones con el PSOE para consensuar un candidato, cortó por lo sano. Mariano Rajoy se lo encargó a Soraya Sáenz de Santamaría y decidió el dedo de esta. Su entorno se vanagloriaba de haber llevado el asunto con absoluta discreción. Tanta que altos responsables del PP, de los que se supone que tienen que estar enterados, no pudieron dejar de mostrar cierto desconcierto al enterarse como cualquiera de los mortales. Mientras, en el PSOE empezaban a indagar las virtudes y, sobre todo, los defectos de un candidato desconocido, cuyo nombramiento está asegurado por el rodillo parlamentario del PP.
El futuro presidente de RTVE tiene un perfil dialogante y disfruta de la buena vida: golf, tenis y veranos en Sotogrande”
El candidato resultó ser un abogado del Estado, como la vicepresidenta, y compañero de promoción del marido de esta (Iván Rosa), nacido hace 42 años en Madrid, de familia de abogados (su padre ejercía en un despacho y su abuelo fue abogado del Estado como él). Sus progenitores le llevaron al colegio del Pilar —cantera de políticos con pedigrí—, de donde salió con una pátina que luego modeló tras pasar por las manos jesuitas de la Universidad de Comillas, donde estudió Derecho y Empresariales. La impronta le cundió, y lo prueba que lleva a sus cuatro hijos a un colegio de la Compañía.
Pertenece a la promoción que se graduó en 1996 y en la que salió con el número 19, un puesto discreto en el escalafón de estos amos del universo administrativo. A esa promoción, llamada la Gloriosa, pertenece también Jaime Pérez Renovales, secretario de Estado de Presidencia, que fue su principal mentor. El número dos de Sáenz de Santamaría fue testigo de la boda de González-Echenique y Mónica López Monis, también de la promoción y hoy responsable de la asesoría jurídica de Banesto. Tras ejercer en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en Interior, Renovales le fichó para los servicios jurídicos de la CNMV y, posteriormente, se lo llevó a Economía, que entonces regía Rodrigo Rato. Después estuvo en la Sociedad de la Información con Josep Piqué como ministro del ramo. Esa es la relación más cercana con las comunicaciones y, según ha confesado, donde más ha disfrutado, pese a que solo duró 10 meses.
Debió transmitirlo con euforia a sus compañeros de profesión en las cenas de cuadrilla que suelen hacer. Así que, llegada esta oportunidad, su amigo no ha desaprovechado para recomendarle. Pero antes de volver a la esfera pública, ha pasado casi un decenio en la parte privada, repartidos entre Barclays y NH. Allí seguía el viernes a la espera de acontecimientos y guardando silencio. Le han dicho en La Moncloa que no hable con nadie y que no se deje hacer fotos hasta nueva orden, y él cumple. No coge el teléfono ni a los amigos.
De la Gloriosa, llamada así por la cantidad de altos cargos que ha dado al Gobierno de Rajoy, están, además de Renovales, su mujer e Iván Rosa, Miguel Temboury (subsecretario de Economía), Lourdes Centeno (secretaria general técnica de Economía), David Villaverde (director general de Deportes), Luis Aguilera (subsecretario de Interior), Marta Silva (abogada general del Estado) y José Miguel Alcolea (servicio jurídico de Iberdrola), entre otros. Esta vocación por lo público choca con el éxodo al sector privado de etapas recientes. Parece que la llegada de Santamaría y el PP ha vuelto a crear una conciencia de Estado, aunque él, que solo se reconoce monárquico, no milita en el partido.
Con muchos de ellos disfruta jugando al golf y al tenis. En ese círculo de amigos, donde todos le llaman Polo, se mueve con cercanía. Le gusta cultivar las amistades desde los tiempos del Pilar. Sus allegados destacan que hay que valorar el sacrificio, ya que pierde más de la mitad del sueldo. “Forma parte de esa especie de funcionarios que piensan que el dinero no es fundamental”, asegura uno. Pero el cargo al que va tiene tirón y abre muchas expectativas. La merma de caudales puede afectar el alto tren de vida al que está acostumbrado, en el que se priva de pocas cosas, una pequeña casa cerca de Madrid y los veranos en la selecta urbanización gaditana de Sotogrande.
Todos hablan maravillas de Polo. Detrás de su aspecto de fino señorito se guarda una persona dispuesta y simpática. Las apreciaciones se extienden fuera del círculo de íntimos, donde vuelve a ser Leopoldo. Compañeros de trabajo, jefes y subordinados, encadenan calificativos elogiosos: afable y abierto, leal por encima de todo, de risa fácil, nada arrogante y muy dialogante, modesto, no es trepa ni tiene dobleces.
Pero hasta ahora nunca ha tenido el mando, y menos de una institución como en la que está a punto de aterrizar. Y el mando, que tendrá que ejercer con firmeza, imprime carácter. Dicen que una de las cosas que aprenden los abogados del Estado es a superar obstáculos, pero de cómo acceda al cargo y de cómo desarrolle su mandato va a depender que todos los calificativos que ahora le caen como pétalos de rosas no se conviertan en lanzas. “Se llevará bien con la oposición y con los empleados”, aventura uno de sus jefes en estos años. “Va a suponer un soplo de aire fresco”, añade otro.
Falta le va a hacer. En este instante de su biografía le llega una reválida vital. Tiene la oportunidad de colocar el cum laude a su graduación. Pero sabe que se va a sentar en una silla eléctrica a la que llega con la idea preconcebida por el PP de reestructurar a cualquier precio. Tendrá que decidir si vuelve a recurrir a la publicidad para financiarse ante la reducción del presupuesto y si debe enfrentarse a recortes de plantilla. Y todo eso le va a colocar en el centro de la diana de la izquierda y de los sindicatos, mientras la derecha ya le guarda como uno de los suyos y La Moncloa confía en haber acertado.
http://politica.elpais.com/politica/2012/06/08/actualidad/1339178756_817594.htmlEL PRESIDENTE DE RTVE, EL SÉPTIMO CACHORRO DE ‘LA GLORIOSA’: LOS ABOGADOS DEL ESTADO DE 1996
‘La Gloriosa’ es el nombre con el que se designa a los 35 integrantes de la promoción de abogados del Estado de 1996, una camada de profesionales en cuyo caladero pesca el Gobierno de Mariano Rajoy. La quinta parte de ellos ya forma parte del actual Ejecutivo, llegando a cuotas desconocidas para ninguna otra promoción, ni siquiera para la de 1999, cuyo número dos fue Soraya Sáenz de Santamaría. El último fichaje, el futuro presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique. Su mujer, Mónica López-Monis también forma parte de ‘La Gloriosa’. Como Iván Rosa, el marido de la vicepresidenta. Ambos –al igual que otros de sus integrantes- triunfan en la empresa privada.
El pasado 26 de marzo, el BOE publicaba la relación de todos los abogados del Estado en activo desde la promoción de 1967. Y una de ellas, la promulgada el 11 de marzo de 1996, apenas ocho días después del primer triunfo de José María Aznar, llama especialmente la atención por lo ‘bien colocados’ que han acabado sus integrantes hasta el punto de que ellos, que intentan mantener lazos de amistad y quedar al menos una vez al año, la denominan como ‘La Gloriosa’.
El futuro presidente de RTVE, González-Echenique, fue el número 19 de esa promoción y ahora mismo figuraba en la Abogacía del Estado como ‘excedente voluntario’, dedicado en el ámbito privado a la Secretaría General de NH. Recibió la llamada de Soraya Sáénz de Santamaría, cuyo marido, Iván Rosa, fue compañero suyo de promoción aunque con un puesto más bajo, el 34 de 35.
Iván Rosa, que purgó la pena de ser marido de la actual vicepresidenta y fue represaliado por ello en época del PSOE, ha pasado a engrosar las filas de Telefónica desde el pasado abril. Curiosamente, allí coincide con Nicolás Oriol Enciso, número 4 de la promoción de ‘La Gloriosa’ y actualmente director de los Servicios Jurídicos de la empresa de César Alierta.
Cuando llegó al Gobierno, la vicepresidenta eligió como su ‘mano derecha’ al número 2 de ‘La Gloriosa’, Jaime Pérez Renovales, que no dudó en dejar un sustancioso y bien remunerado puesto en el Santander por ocupar la Subsecretaría de Presidencia al lado de la esposa de su compañero de promoción. Una buena muestra que también hay lazos de amistad entre muchos de los integrantes de esta promoción la dan las reseñas de la boda del futuro presidente de RTVE con Mónica López-Monis Gallego, la número 8 de ‘La Gloriosa’ y hoy secretaria general del Consejo de Banesto tras serlo de Aldeasa. Firmaron como testigos de su enlace varios compañeros abogados del Estado: el ya citado Jaime Pérez Renovales, Miguel Temboury Redondo y Marta Silva de Lapuerta. Tanto Pérez Renovales como Temboury han tenido mucho que ver en la elección de su amigo como nuevo presidente de RTVE. También fue testigo de esa boda Miguel Ruiz-Gallardón García de la Rasilla, primo del ministro de Justicia y casado con Ana López Monis, cuñada del nuevo presidente del ente público.
Miguel Temboury fue el número 7 de ‘La Gloriosa’ y actualmente es el subsecretario de Economía y Competitividad en el Gobierno de Mariano Rajoy. Marta Silva fue la nmero 26 y hoy es la Abogada General del Estado y directora del Servicio Jurídico, tras pasar por la secretaría general del Real Madrid y de Sacyr. Soraya Sáenz de Santamaría, como presidenta de la Comisión de Subsecretarios que coordina a todos los Ministerios, se sienta cada miércoles con Pérez Renovales, Temboury, Marta Silva y con un cuarto compañero de promoción de su marido, Luis Aguilera, número 27 entonces y hoy subsecretario de Interior.
Fuera de esta comisión aún hay sitio en el Ejecutivo de Rajoy para otros dos integrantes del llamado maliciosamente como ‘clan de los sorayos’ e igualmente abogados del Estado del 96: David Villaverde, número 22 de ‘La Gloriosa’ y director general de Deportes en el Consejo Superior, y Lourdes Centeno, número 33 de la promoción y actual secretaria general técnica de Economía y Competitividad.
Con el próximo nombramiento de González-Echenique en RTVE, ‘La Gloriosa’ tendrá 7 cargos en el Gobierno de Mariano Rajoy y una creciente influencia con otros de sus miembros en la empresa privada. Aparte del marido de la vicepresidenta en Telefónica o de la esposa de González-Echenique en Banesto, Isaac Salama, número 6 de la promoción e integrante del Gabinete de José María Aznar de 2000 a 2004, es hoy subdirector general en el Ministerio de Justicia. Luis de la Vallina fue viceconsejero del Sector Público con el Gobierno asturiano de Álvarez Cascos, o Marcos Mas Raucwerk, uno de los dinamizadores de ‘la Gloriosa’, preside la Comisión Jurídica del Fútbol Club Barcelona.
El número 1 de la promoción, Alfonso Ramos de Molins Sáinz de Baranda, fue secretario general de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y hoy es abogado del Estado en Madrid. Y una última curiosidad: el número 5 de la promoción, Severo Bueno de Sitjar de Togores, ha sido noticia el pasado 29 de mayo cuando el Supremo fallaba en su favor en la demanda que interpuso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que su hija pudiera estudiar en castellano en un colegio concertado de Barcelona.
http://www.elconfidencial.com/espana/2012/06/05/el-presidente-de-rtve-el-septimo-cachorro-de-la-gloriosa-los-abogados-del-estado-de-1996-99340/SANTAMARÍA APUNTA QUE SE INHIBIRÁ EN LAS DECISIONES SOBRE TELEFÓNICA
La compañía ha fichado esta semana al esposo de la vicepresidenta, Iván Rosa
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apuntado hoy, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se inhibirá en la toma de decisiones que afecten a la empresa Telefónica. Esta compañía ha fichado esta misma semana a Iván Rosa, esposo de la vicepresidenta.
La incorporación Rosa, que había pedido una excedencia en su puesto de abogado del Estado adscrito al Ministerio de Hacienda, se produce tras la polémica desatada la pasada semana por el fichaje de Ignacio López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, como consejero de Red Eléctrica Española, compañía cotizada pero controlada mayoritariamente por el Estado a través de la SEPI. El revuelo mediático formado en torno a esta contratación hizo que López del Hierro renunciara a su cargo apenas unas horas después de hacerse público su nombramiento, tras fuertes presiones del Palacio de La Moncloa.
La vicepresidenta no quiso ayer hacer declaraciones sobre el asunto, hoy su única alusión ha sido a la posibilidad de no tomar parte en las decisiones del Gobierno que afecten a la empresa.
www.elpais.es 23.03.12
TELEFÓNICA CONTRATA AL ESPOSO DE LA VICEPRESIDENTA SANTAMARÍA
Telefónica ha contratado a Iván Rosa Vallejo, el abogado y esposo de la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, para trabajar en su gabinete jurídico. Pero este no ha sido el único fichaje que se ha producido en la operadora que también ha incorporado a la plantilla a Paloma Villa, esposa del dirigente socialista Eduardo Madina.
La incorporación de ambos cónyuges de políticos en activo se produce tras la polémica desatada la pasada semana por el fichaje de Ignacio López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, como consejero de Red Eléctrica Española, compañía cotizada pero controlada mayoritariamente por el Estado a través de la SEPI. El revuelo mediático formado en torno a esta contratación hizo que López del Hierro renunciara a su cargo apenas unas horas después de hacerse público su nombramiento, tras fuertes presiones del Palacio de La Moncloa.
Iván Rosa Vallejo, esposo de Sáenz de Santamaría desde 2005 y con la que acaba de tener un hijo, ha desempeñado su labor en los ministerios de Economía y Hacienda en los últimos ocho años, aunque recientemente pidió una excedencia. Sobre el fichaje, “la vicepresidencia no va a hacer comentarios sobre este asunto”, según señalan en La Moncloa, informa Carlos E. Cué.
Su fichaje se fraguó en una cena celebrada hace poco con el secretario general y responsable jurídico de Telefónica, Ramiro Sánchez de Lerín, en la que también estaba presente la vicepresidenta del Gobierno, según informa El Confidencial, aunque este extremo no ha sido confirmado por la compañía.
Sobre este fichaje, el diputado socialista Rafael Simancas ha considerado, en declaraciones a Europa Press, que puede interpretarse en clave de "nepotismo" o de influencia "indebida". "A partir de ahora cualquier decisión que adopte el Gobierno en materia de telecomunicaciones se va a interpretar teniendo en cuenta su condición de consorte de una persona vinculada a una empresa tan señera en este ámbito", ha afirmado Simancas. En su opinión, el asunto no sólo requiere un análisis jurídico "sosegado", sino también uno de carácter "político" y "ético". Porque, ha asegurado, el PP se ha mostrado siempre "extraordinariamente exigente y crítico" cuando situaciones de naturaleza similar se daban en otros partidos políticos. "Son ya reiterados los casos de maridos, esposas e hijos [de cargos del PP] que de pronto obtienen un nombramiento en el ámbito público, semipúblico o privado", ha remachado.
Villa, en el paro desde diciembre
Por su parte, Paloma Villa, esposa de Madina y exasesora del grupo parlamentario socialista en el Parlamento europeo, ha sido fichada para trabajar en un puesto de la división del grupo telefónico de relaciones institucionales, según desveló el portal Tudosis. Fuentes del PSOE han defendido que los dos casos no son comparables en tanto en cuanto los cónyuges no están en la misma situación, informa Soledad Alcaide. Según añaden, no es lo mismo ser el marido o mujer de quien “toma las decisiones en un país que el del secretario de un grupo de 110 diputados en la oposición”.
Las mismas fuentes han explicado que Villa trabajaba como asesora en el Ministerio de Exteriores a las órdenes de la exministra Trinidad Jiménez, donde hizo múltiples contactos con gente del mundo de la empresa, entre ellos algunos directivos de Telefónica. Sin embargo, ha agregado, desde diciembre estaba en el paro. “Cuando le han ofrecido un empleo, lógicamente lo ha cogido”, han agregado. Paloma Villa recibió la oferta de empleo ayer mismo, después de haber enviado hasta 15 currículos a diferentes compañías.
La nómina de políticos y ex altos cargos que han derivado su carrera profesional a la operadora o a sus órganos de Gobierno es amplía. Entre otros, el expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana; el ex secretario general de las Juventudes Socialistas Javier de Paz; el exvicepresidente Narcís Serra; y el exjefe de la Casa Real Alberto Aza o el duque de Palma, Iñaki Urdangarín.
www.elpais.es 22-03.12
EL GOBIERNO JUSTIFICA EL FICHAJE DEL MARIDO DE SÁENZ DE SANTAMARÍA POR TELEFÓNICA
El entorno de Presidencia asegura que el contrato es 'profesional'
Considera que su parentesco no debe beneficiarle, pero tampoco perjudicarle
Fuentes próximas a la Presidencia del Gobierno han justificado hoy el fichaje profesional de Iván Rosa, el marido de Soraya Sáenz de Santamaría, por parte de Telefónica.
Además de subrayar que la compañía es privada y que, por tanto, no existe colisión alguna de intereses públicos y privados, las fuentes consultadas han destacado que, de la misma manera que su matrimonio con la vicepresidenta no debería reportarle ningún trato de favor, tampoco debe suponerle un perjuicio.
Siempre según el entorno de la Presidencia del Ejecutivo, se asegura que el fichaje de Rosa es "profesional" y está relacionado con la constitución de una nueva asesoría enfocada al mercado brasileño -sobre el que tiene conocimientos-, de la que entrarán a formar parte otros juristas.
Además, según se insiste, desde el Ministerio de Hacienda -donde trabajaba y ha sufrido estos años el 'castigo' del Gobierno socialista- Rosa habría encontrado muchas más ocasiones de incompatibilidad a la hora de informar sobre las actuaciones del Ejecutivo 'popular'
www.elmundo.es 22.03.12
LA EXITOSA PROMOCIÓN DE IVÁN ROSA
De los 24 abogados del Estado que han sido nombrados altos cargos del Gobierno destaca que uno de cada cuatro pertenece a la promoción de 1996, la misma de Iván Rosa, marido de Soraya Sáenz de Santamaría.
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Iván Rosa y Soraya Sáenz de Santamaría .Se podría decir que la vicepresidenta se ha hecho un verdadero equipo en el Gobierno con abogados de Estado que no solo se examinaron con su marido, sino que en algún momento de sus carreras pasaron también por el Ministerio de Economía, donde Rosa tiene su plaza. Es el caso de Jaime Pérez Renovales, subsecretario de Presidencia; de la secretaria general técnica del Ministerio de Economía, Lourdes Centeno; y de la abogada general del Estado, Marta Silva.
En otros casos se suman lazos profesionales con la vicepresidenta. Igual que ella, el subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury, y el director general de Deportes, David Villaverde, trabajaron como abogados del Estado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. La coincidencia con el subsecretario de Interior, Luis Aguilera, es triple: no solo es compañero de promoción de Rosa y pasó por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sino que trabajaba hasta su nombramiento en la Representación Permanente de España ante la UE, en Bruselas, donde Rosa trabajó hace años y donde conoció a Sáenz de Santamaría. Finalmente, la vicepresidenta ha promocionado a una séptima secretaria de Estado, que en esta ocasión no tiene nada que ver con su marido. Es la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, María Rosario de Pablos, que hasta hace unos meses dirigía la asesoría del grupo parlamentario del PP que capitaneaba Sáenz de Santamaría, años después de que la vicepresidenta hubiera sido su preparadora de las oposiciones para convertirse en abogada del Estado.
http://www.tiempodehoy.com/espana/la-exitosa-promocion-de-ivan-rosa 05.03.12MANUEL LAMELA NOMBRA CONSEJERA DE SU CONSULTORA A ELENA SÁNCHEZ, EX MUJER DE JUAN COSTA
Manuel Lamela está decidido a convertirse en uno de los lobistas más poderosos del país. Además de ser socio del bufete de abogados de Cremades, que en los últimos tiempos ha ganado una influencia considerable con intereses en medios de comunicación, el apoyo de la iglesia católica y las incursiones legalistas en el mercado de valores, Lamela cuenta con un puesto en el consejo de Cibeles, la corporación de Caja Madrid, y ahora ha acelerado el desarrollo de su propia consultora con el nombramiento como consejera de Elena Sánchez Álvarez, ex mujer de Juan Costa, el antiguo secretario de Hacienda y ex ministro de Comercio en el Gobierno de Aznar. Aunque Sánchez lleva tiempo trabajando con Lamela, su nuevo cargo refuerza su compromiso con la firma.
El abogado del Estado Manuel Lamela, con un abultado currículo en la Administración y la empresa pública, creó poco después de abandonar en 2008 su cargo como consejero de Transportes de Madrid, la consultora Business Assesment Plans&Proyects (BAPP), de la que es presidente y consejero delegado, con el objetivo de “intermediar” en negocios y “asesorar tanto a personas físicas como jurídicas en la explotación de mercados de España y el extranjero”.
Lamela comparte sociedad con Germán Rasilla, concejal del Ayuntamiento de Madrid hasta hace unos meses y ex director de marketing de Metro. Rasilla ha asegurado a El Confidencial que la principal tarea de la firma es la ayuda a empresas e instituciones para establecer contactos y abrir mercados, especialmente en Iberoamérica, donde cuentan con el knowhow de la fundación Lacer, presidida también por Lamela, y que gestiona la secretaría general en España de los proyectos corporativos adscritos a la Cumbre Iberoamericana.
Desgaste político
Elena Sánchez saltó al ruedo mediático después de saberse que una de sus empresas era una de las encargadas de la organización del congreso del Partido Popular en Valencia, y que participaba de algunos contratos institucionales en la Comunidad Valenciana. Su ex marido, Juan Costa, es uno de los candidatos a convertirse en la mano derecha de Rato al frente de Caja Madrid.
Lamela trata en estos tiempos de reponerse del desgaste político sufrido tras la denuncia que encabezó (siendo consejero de Sanidad del Gobierno de Esperanza Aguirre) de las prácticas médicas en el servicio de Urgencias del Hospital de Leganés llevadas a cabo por el doctor Montes. Y a la que le siguió una imputación por delito de falsedad promovida por el propio Montes.
Para esta aventura Lamela se ha rodeado de amigos y ex colaboradores, como Jorge Fernández Ordás, secretario de la firma y vocal asesor de la Dirección General del Tesoro.
Nota de la redacción: Por error, se ha publicado originalmente que Elena Sánchez Álvarez es la actual mujer de Juan Costa. Sin embargo, ambos están separados.
http://www.elconfidencial.com/mercados/manuel-lamela-fichaje-elena-sanchez-20100219.html
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