174.- LOS INMIGRANTES IRREGULARES DETENIDOS ENTRE ENERO Y ABRIL DUPLICAN A LOS DEL MISMO PERIODO DE 2001
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detuvieron en los cuatro primeros meses del año a 10.984 extranjeros por estancia irregular y a otros 8.600 por entrada ilegal. En total son 19.585, casi el doble de los 10.417 detenidos por esos conceptos en el mismo periodo de 2001. La cifra representa el 41% del todos los extranjeros detenidos, incluidos los que lo fueron por presuntos delitos o faltas, que ascendieron a 46.678, un 42% más que entre enero y abril de 2001. A diferencia de los españoles, que sólo pueden ser detenidos cuando hay indicios de que han cometido algún delito o falta, los extranjeros, gracias a la Ley de Extranjería, pueden ser conducidos a comisaría sólo por carecer de documentación en regla, lo que supone simplemente una infracción administrativa (como conducir a más velocidad de la permitida o beber en la calle cuando entre en vigor la ley antibotellón).
En los cuatro primeros meses del año, los extranjeros detenidos por no tener permiso de residencia o por haber entrado en el país de forma irregular (en patera por ejemplo) han alcanzado los 19.584, casi el doble de los 10.417 que se registraron en el mismo periodo de 2001. Más de la mitad ellos (10.984) fueron arrestados por estancia irregular, es decir, por no tener su documentación en regla, mientras que otros 8.600 lo fueron por haber entrado en el país por lugares distintos a los legalmente establecidos para hacerlo. Esta duplicación de las detenciones administrativas es la principal responsable de que el total de extranjeros arrestados por todos los conceptos (incluidos los que cometieron presuntos delitos o faltas) haya aumentado en un 42%. Mientras que de enero a abril de 2001 se detuvo en total a 32.721 extranjeros, en los mismos meses de este año, los arrestados han sido 46.678. El pasado mes de abril, el entonces ministro del Interior, Mariano Rajoy, en uno de sus múltiples intentos de relacionar delincuencia e inmigración, sostuvo en el Congreso que de los 313.956 detenidos (españoles y extranjeros) registrados en todo 2001, 116.139 eran foráneos, pero omitió que casi la mitad (44.139) lo fueron por encontrarse en situación irregular sin que se les acusara de haber cometido ninguna infracción penal (Julio 2002).
175.-LOS SINDICATOS POLICIALES EXIGEN EL CIERRE DEL CENTRO DE EXTRANJEROS POR SUS 'INDIGNOS' LOCALES
Los principales sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía exigen el 'cierre inmediato' del Centro de Internamiento de Extranjeros de Moratalaz, el lugar donde, bajo supervisión judicial, son retenidos los inmigrantes sin papeles a la espera de ser expulsados. Mientras los sindicatos aseguran que las instalaciones del centro son 'indignas', la Jefatura Superior de Policía indica que éstas se hallan en fase de reformas.
Nada más entrar en este centro, el visitante se topa con un fuerte hedor, síntoma del hacinamiento que sufren dentro los inmigrantes. Dos diminutas habitaciones, donde apenas cabe una pequeña mesa y un minúsculo armario, permiten a los agentes vigilar -a través de dos ventanas con cristales tintados- la sala de estar común. Los desconchones, las humedades y un mobiliario que supera los 20 años de antigüedad constituyen el paupérrimo entorno en el que pasan el día por turnos de ocho horas. Una puerta roja, sin pomo, da paso al centro propiamente dicho. Bancos de color verde deteriorados por el paso del tiempo y un futbolín desvencijado son, junto con un pequeño televisor en color, el único mobiliario de esta zona. Al paso de los agentes, los inmigrantes gritan sus quejas. Un estrecho pasillo alicatado con baldosas blancas da paso a los servicios. 'Súbase los pantalones si no quiere mojárselos'. Es el aviso que recibe el visitante antes de entrar en los cuartos de baño, donde la humedad se hace patente. Según comentan los representantes sindicales, cada dos por tres los lavabos se rompen y el agua sale hasta el pasillo.
Las siguientes estancias son las habitaciones: dos literas a cada lado y un colchón tirado en el suelo. El olor a humedad persiste en estas dependencias. Cuando se inauguró el centro, en 1988, cada habitación tenía dos lavabos y un espejo, pero las continuas fechorías de los internos, asegura la policía, los han hecho desaparecer. Ahora, la jefatura ha sellado con masilla los ventanales para evitar que los inmigrantes salgan por ellos de noche al patio y desde allí se fuguen. El abandono del centro es tal que las instalaciones antiincendios carecen de las mangueras para el agua. Sólo queda la caja roja metálica que antaño las acogía. Las duchas tampoco se salvan. La concentración de humedad en la sala ha convertido el falso techo metálico en un nido de óxido, que también afecta a los grifos.
La Ley de Extranjería establece que los inmigrantes permanezcan en estos centros hasta un máximo de 40 días. La media de estancia llega, según los sindicatos, a los 32 o 35 días. Eso, claro, en el caso de que los internos no huyan antes. En los últimos años han sido continuas las fugas de los inmigrantes a través del patio y por un pasillo que comunica el centro con la cercana comisaría de Moratalaz (Julio 2002).
176.-EL MINISTERIO DEL INTERIOR DEJÓ EN LA CALLE A 19.000 EXTRANJEROS A LOS QUE NO PUDO EXPULSAR
A pesar de que Ignacio González, nuevo delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, ha declarado que: " El Gobierno intentará expulsar a todos los inmigrantes que pueda ", las dificultades para devolver a extranjeros sin permiso de residencia a sus países de origen fueron enormes en 2001 a juzgar por los resultados: de 22.000 inmigrantes con órdenes de expulsión, Interior sólo pudo repatriar a 3.000.
El resto, 19.000, se quedó en las calles de las ciudades con escasas esperanzas de encontrar trabajo debido a su situación irregular: sin permiso de residencia y con una orden de expulsión en el bolsillo, lo que les complica enormemente lograr un empleo con el que sobrevivir.
Los datos sobre expulsiones ejecutadas fueron facilitados en los cursos de verano de El Escorial por el jefe de Internacional de la Dirección General de Inmigración, José María Haro Savater. El Ministerio del Interior informó de que en lo que va de año ya se han tramitado 43.000 órdenes de expulsión de inmigrantes que intentaron entrar en España de manera irregular. La zona más caliente de entrada de pateras, según las cifras de Interior, fue el archipiélago canario, donde entre el 1 de enero y el 2 de septiembre pasado fueron detenidos 5.154 extranjeros que pretendían entrar de manera irregular (Septiembre 2002).
177.- EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO VE GRAVE PELIGRO EN LA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA DE EXTRANJEROS
El presidente del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, manifestó en la ceremonia de apertura del Año Judicial que considera 'gravemente peligroso' que la sociedad se acostumbre a que los inmigrantes exijan su regularización 'al margen de los cauces del Derecho'. En un discurso sobre la inmigración, de tintes fuertemente conservadores, Hernando se quejó de que 'aquellos que infringen la ley', en alusión a los inmigrantes indocumentados, puedan obtener la solución a sus problemas a través de la presión social.
Hernando apeló a una 'ética de la responsabilidad' para 'no sucumbir a la tentación' de sostener 'discursos genéricos' en torno a 'ideas vagas' como 'la solidaridad mundial o la fraternidad entre todos los seres humanos, que puedan luego ser tomadas como soporte para una actitud de absoluta liberalidad, de desregulación con respecto al fenómeno de la inmigración o de puro providencialismo'.
El presidente del Supremo indicó que deben analizarse las medidas que puede llegar a exigir la 'absoluta permisividad con el fenómeno' de la inmigración, 'el coste' de tales medidas y, sobre todo, debe hacerse una 'evaluación prospectiva' de sus consecuencias sobre 'la economía, el orden público, sobre el nivel y la calidad de los servicios públicos, sobre la moralidad pública o sobre los derechos fundamentales'.
Según Hernando, tampoco puede hacerse caso omiso 'de que los recursos económicos son por definición escasos'; que el equilibrio económico de los llamados países desarrollados es, 'aunque a veces no lo parezca, de una precaria condición', y que la situación de bonanza de las naciones económicamente más beneficiadas 'es en buena medida un patrimonio acuñado por el esfuerzo de generaciones pasadas que no debe ser malbaratado'.
El presidente reclamó una planificación y ordenación de la inmigración a través de los contingentes de trabajadores como 'cauce idóneo' para canalizar una inmigración legal', que venga provista de un contrato de trabajo y con toda su documentación en regla'.
'Me resulta sumamente llamativo como jurista, y sobre todo como juez, que con periódica frecuencia aquellos que se hallan en dicha situación de ilegalidad demanden -cuando no exijan- de los poderes públicos su regularización al margen de los cauces del Derecho', agregó.
'La Ley ha de ser igual para todos', remachó el presidente, 'lo que vale tanto como decir que debe ser también igualmente imperativa', mientras que 'la presión, la autotutela o las vías de hecho' son 'germen de conflictos y controversias' (Septiembre 2002).
178.- MUNAR CULPA A LOS INMIGRANTES DE TRAER ENFERMEDADES A LOS COLEGIOS
María Antònia Munar, presidenta del Consell de Mallorca y líder de Unió Mallorquina, ha afirmado que con la llegada de inmigrantes a las escuelas se 'dan casos de enfermedades que antes no se tenían, como la tuberculosis y otras', y que a los padres de otros alumnos no les gusta que esos niños 'tengan los libros gratis'. Munar hizo esos comentarios el jueves por la noche en un acto de la Diada de Mallorca y, posteriormente, a una emisora de radio.
La presidenta del Consell insular afirmó que en Mallorca 'no caben todos'. Munar, que se considera nacionalista liberal, antepuso 'la calidad de vida' a la 'entrada masiva de inmigración'. En el discurso que pronunció en el acto institucional de la Diada de Mallorca, reclamó 'un techo de población' y el final 'de las puertas abiertas' a la inmigración laboral 'del sur', a la vez que propuso construir una red de campos de golf, nuevos hoteles de cinco estrellas y la ampliación de los puertos deportivos para atraer a más visitantes que incrementen el turismo de calidad y de lujo.
Munar, que con tres escaños de los 59 del Parlamento y 3 de los 33 que forman el Consell insular presta un apoyo fundamental al PSOE para sostener al Gobierno autonómico de izquierdas, declaró que por la presencia de inmigrantes en las escuelas se 'dan casos de enfermedades que antes no se tenían, como la tuberculosis y otras'. A eso añadió que a los padres no les gusta que los inmigrantes 'tengan los libros gratis'. Meses atrás, Munar se opuso a un plan de construcción de viviendas sociales por entender que se convertirían en núcleos de inmigrantes marginales.
La presidenta del Consell dijo en la celebración de la Diada de Mallorca, y en posteriores declaraciones, que sus comentarios 'recogen los sentimientos de la gente'. 'Cuando hablamos de calidad de vida, hablamos de seguridad, de sanidad, de educación', y 'esto es contradictorio con la entrada masiva de inmigración. La calidad de vida es contradictoria con una política de puertas abiertas a todos los que quieran venir a vivir a Mallorca y la entrega de documentos sin ningún tipo de control'.
Munar se preguntó: '¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar una parte de la calidad de vida que gozamos para mantener las puertas abiertas para que se establezcan en Mallorca todas las personas que lo deseen'. Unió Mallorquina, agregó, está por 'una política de acogida marcada por nosotros y desde aquí (...) a todos los que quepan sin poner en peligro nuestros objetivos de crecimiento económico y sin que quieran imponer sus costumbres y sus patrones culturales, para que no pongan en peligro las nuestras' (Septiembre 2002).
179.- INTERCEPTADAS CINCO PATERAS CON 112 INMIGRANTES, ENTRE ELLOS UN BEBÉ DE CUATRO DÍAS
La Guardia Civil ha detenido a 112 inmigrantes de cinco pateras en las cercanías de la isla de Fuerteventura, a una distancia de entre seis y 10 millas de la costa de Pozo Negro. Además de los 10 patrones, entre los detenidos se encontraban 13 mujeres, dos de ellas embarazadas y una con un bebé de cuatro días.
En estas pateras viajaban ocho patrones marroquíes, 77 hombres subsaharianos y las dos mujeres embarazadas más la madre con el bebé de cuatro días, nacido en el desierto horas antes de partir hacia Canarias. Estas tres mujeres fueron trasladadas en ambulancias al centro hospitalario de Puerto del Rosario, a donde las había llevado la patrullera (Septiembre 2002).
180.- EL FORO DE LA INMIGRACIÓN ADVIRTIÓ AL GOBIERNO DEL FRACASO DEL CONTINGENTE DE TRABAJADORES EXTRANJEROS
La comisión jurídica del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes advirtió el pasado 17 de mayo de 'las disfunciones' que han llevado al fracaso del llamado contingente, el sistema de contratación de trabajadores extranjeros en origen que el Gobierno ha querido convertir en exclusivo. Los representantes de la Administración desoyeron entonces las alegaciones de este organismo asesor. Cuatro meses después, el ministro del Interior, Ángel Acebes, ha admitido el fiasco y ha prometido revisar el sistema. En junio, los empresarios sólo habían cubierto 343 de los 10.884 contratos previstos.
En un informe de 19 folios, todos los miembros de la comisión jurídico-administrativa laboral del Foro coincidían en que el proceso del contingente es positivo en términos generales. 'Pero', añadían, 'no compartimos ni la interpretación ni las decisiones tomadas por el Gobierno aprovechando la apertura [del proceso]'.
El Foro denunciaba también que, al dar a los funcionarios la posibilidad de denegar los expedientes presentados bajo el régimen general, el Gobierno estaba provocando el rechazo automático de todas las solicitudes.
Para rechazarlas, los funcionarios se apoyaban en una referencia genérica a la situación nacional de empleo: es decir, a la existencia de españoles o extranjeros regularizados en paro dentro del sector en el que aspira a trabajar el inmigrante.
El informe agregaba: 'Reiterada jurisprudencia señala que no es suficiente la mera alegación genérica de la situación nacional de empleo, ni la constatación de excedentes de mano de obra nacional, comunitaria o no comunitaria residente legal, sino que es preciso que se demuestre la competencia precisa para el desempeño de la profesión y [que reúna] las condiciones requeridas por la empresa [contratante] y manifieste el deseo de ocupar el puesto de trabajo [ofrecido]'. Así, según el Foro, las ofertas de trabajo que no puedan ser tramitadas por el procedimiento del contingente deberán ser 'individualmente valoradas', cosa que no ocurre en la actualidad.
El informe defendía la coexistencia del sistema del contingente con las ofertas de trabajo nominativas; es decir, a personas concretas. 'De lo contrario llegaríamos a situaciones absurdas, como la posibilidad de que personas que están autorizadas a residir en España pero no se encuentran en alguno de los supuestos previstos en la ley no puedan acceder al régimen laboral'. También consideraba 'inadecuado' el procedimiento especial establecido para el sector del servicio doméstico: 'Es preciso en primer lugar conectar la oferta con los demandantes que ya se encuentran en el mercado de trabajo nacional'.
El informe concluía que el proceso del contingente ha estado marcado 'por la precipitación y la falta de consenso entre los interlocutores sociales y el Gobierno'.
El plenario del Foro, del que forman parte representantes de la Administración, los empresarios, las ONG, los sindicatos y las asociaciones de inmigrantes, aprobó el informe. Sólo hicieron salvedades los enviados del Ejecutivo. Los de la patronal, en cambio, coincidieron con el resto de los reunidos en valorar 'las disfunciones o sugerencias' que expresaba el texto y en calificar el proceso de contratación de trabajadores extranjeros en origen como 'manifiestamente mejorable' (Septiembre 2002).
181.-SINDICATOS Y ONG RECOGEN DENUNCIAS DE SUPUESTOS ABUSOS POLICIALES EN ALMERÍA
Las denuncias sobre supuestos abusos policiales a inmigrantes de Campohermoso-Níjar y El Ejido (Almería) realizadas por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y negadas por la Subdelegación del Gobierno, han motivado la reacción de CC OO, UGT, Mujeres Progresistas y Almería Acoge. El primero de los sindicatos, que ha solicitado una reunión con el Subdelegado del Gobierno en funciones, Luis Hernández, y los máximos responsables de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía "para depurar responsabilidades", ha recopilado una docena de denuncias de marroquíes "que se han quejado" por actuaciones policiales. "No sabemos quién está actuando ahí. Si son directrices del Gobierno central o si es una acción por libre de algún miembro de la fuerzas de seguridad", explicó el responsable de Empleo y Políticas Sociales de CC OO, Emilio Asensio. Las denuncias recibidas por el sindicato se remontan a julio y agosto pasados y se ciñen al Campo de Níjar, más concretamente a Campohermoso. "Son sólo de marroquíes. Y esas quejas vienen de atrás, no es que lo haya sacado ahora Chamizo", indicó Asensio. La mayoría de las quejas recopiladas exponen el "excesivo celo" de las fuerzas de seguridad que, tras pedir la identificación a los inmigrantes, no devuelven la documentación. Otras reclamaciones evidencian la falta de una atención jurídica adecuada. "Pero todo eso queremos contrastarlo. No queremos que el tema de la inmigración tenga que generar malestar social. Hay que averiguar si se está produciendo todo esto y, en caso de que así sea, depurar responsabilidades", insistió (Septiembre-Octubre 2002).
182.- LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO PARA INMIGRANTES EN TENERIFE DESATA UNA CRISIS EN EL PP INSULAR
El portavoz del PP en el Cabildo Insular de Tenerife, Benicio Alonso, dimite de su cargo y se dio de baja en el partido por discrepar de la dirección regional respecto a la reutilización de la prisión de Tenerife I como centro de internamiento para inmigrantes. En contra de las instrucciones del presidente del PP canario, José Manuel Soria, Alonso y los otros dos consejeros del PP respaldaron una declaración institucional del Cabildo de Tenerife en contra del uso de la antigua cárcel, situada en el centro urbano de Santa Cruz. La discrepancia con la línea oficial del PP llevó a Alonso a reclamar incluso la dimisión de su compañero de partido Antonio López, delegado del Gobierno en Canarias (Septiembre-Octubre 2002).
183.- 300 INMIGRANTES VIVEN AL RASO EN LOS MONTES DE CEUTA
Más de 280 irregulares, la mayoría asiáticos, duermen al raso en Ceuta desde hace un mes debido a la saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y a la paralización de los traslados hacia la Península. Algunas organizaciones humanitarias sospechan que la situación puede haber sido creada intencionadamente para lograr un respaldo social que permita el cierre del paso fronterizo de Benzú, al que se oponen los comerciantes. La Delegación del Gobierno lo desmiente, pero no explica el frenazo a las salidas de los extranjeros.
En ocasiones en que la presión de los inmigrantes era menor, la Delegación del Gobierno les permitía embarcar en el ferry, rumbo a Almería, para descongestionar la ciudad autónoma. En esta ocasión, no (Septiembre-Octubre 2002).
184.-NUEVE INMIGRANTES FALLECEN AHOGADOS AL NAUFRAGAR SU PATERA EN LA COSTA DE CÁDIZ
Nueve inmigrantes -seis mujeres subsaharianas (una de ellas embarazada), un magrebí y otras dos personas cuyos cuerpos no pudieron ser rescatados- se ahogaron frente a unos acantilados de Barbate (Cádiz)al hundirse la patera en la que viajaban 42 personas. De ellas, cinco permanecen desaparecidas y 28 consiguieron salvarse. La embarcación naufragó en un lugar muy abrupto, al que no se puede acceder por tierra. Otros 195 inmigrantes tuvieron más suerte y consiguieron alcanzar las costas de Cádiz y Canarias en distintas expediciones interceptadas por la Guardia Civil.
Este naufragio es el tercero más grave de este año, tras el ocurrido el 24 de abril, en el que fallecieron 12 indocumentados en Costa Teguise (Lanzarote), y el del 1 de agosto, cuando 13 personas murieron frente a las costas de Tarifa (Cádiz).
En los últimos 14 años se han registrado en las costas al menos 11 naufragios de inmigrantes que viajaban en pateras, con un resultado de diez o más fallecimientos, si bien en éstos y en muchos otros se han contabilizado decenas de desapariciones (Octubre 2002).
185.- LOS COLEGIOS PRIVADOS SÓLO ACOGEN AL 19% DE LOS ESTUDIANTES INMIGRANTES
Los centros privados acogen cada vez a menos estudiantes inmigrantes. Ocho de cada 10 alumnos extranjeros estaban matriculados en un centro público en 2001-2002, frente al 73% en 1996-1997. Así lo señala el estudio Los hijos de inmigrantes en España, del sindicato CC OO, que apunta que el número de alumnos extranjeros se ha multiplicado por cinco en los últimos 10 años y de manera intensiva en los tres últimos cursos.
El número total de alumnos extranjeros en España ha pasado de 43.845 en el curso 1992-1993 a 201.518 en el 2001-2002, casi cinco veces más, según el estudio de CC OO elaborado a partir de datos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Interior. Actualmente, los estudiantes inmigrantes representan el 3% del alumnado total en las aulas no universitarias.
El número de estudiantes en general decreció un 1,12% entre los cursos 1999-2000 y 2000-2001, sin embargo, el alumnado inmigrante experimentó un aumento del 29,29% en ese periodo, 'lo que ha supuesto que en algunos casos se haya evitado cerrar centros escolares por falta de alumnos', explica CC OO.
Titularidad del centro. En el curso 2001-2002, el 81% de los alumnos inmigrantes no universitarios estudiaba en un centro público frente al 19% que lo hacía en un centro privado. De estos datos se desprende, según el sindicato, que de los estudiantes que estaban matriculados en uno privado, el 16% lo hacía en un centro concertado y el 3% en uno no concertado.
Estos porcentajes entran en contradicción con la tendencia general del alumnado en España, donde el 32% estudia en un centro privado o concertado. Además, el total de estudiantes incrementa su presencia en la enseñanza privada en, aproximadamente, medio punto porcentual cada curso desde 1997.
Distribución geográfica. La distribución geográfica de estos estudiantes es desigual. Las comunidades con un mayor número de alumnos de origen extranjero son Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias. Sólo Madrid y Cataluña concentran casi el 50%. Sin embargo, no todas estas comunidades tienen escolarizados a alumnos de las mismas nacionalidades, por lo que los problemas de integración son de distinta índole, según CC OO, 'ya que la integración de alumnos europeos plantea menos dificultades que la de los niños de zonas menos desarrolladas'. Así, en Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias, casi el 50% de sus alumnos extranjeros proceden de la UE, mientras que en Murcia el 65% procede de África, al igual que en Cataluña (el 50%) y en Madrid (el 28,4%).
Procedencia. Aunque existen más de 150 nacionalidades presentes en el sistema educativo español, la población de estudiantes extranjeros se concentra en unas cuantas. Seis agrupan casi al 50%: Marruecos, con el 24%; Alemania, con el 7%; Reino Unido, con el 6%; Francia y Portugal, con el 4%, y Argentina, con el 3,8%.
Por continentes, la mayoría procede de América Latina (el 32,74%), África (el 28%) y la UE (el 21%).
Nivel educativo. La mayor parte de los alumnos extranjeros está matriculada en educación primaria, el 43,34%. Les siguen los que estudian secundaria, el 33,69%, e infantil, el 17% (Octubre 2002).
186.- LOS INMIGRANTES APORTAN HASTA EL 4% DEL PIB, SEGÚN CC OO
Los inmigrantes que trabajan en España contribuyen cada vez más a la riqueza nacional. Un estudio de Comisiones Obreras señala que la aportación de este colectivo se sitúa entre el 2,5% y el 4% del producto interior bruto (PIB). El primer dato se obtiene utilizando cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) referidas al primer trimestre del año, mientras que el segundo procede de la afiliación a la Seguridad Social, que registra un mayor número de empleados inmigrantes.
La agricultura, con 40.500 ocupados de terceros países, es la actividad que concentra la mayor aportación, el 3,9% del PIB, según la EPA, y el 6,3% con datos de la Seguridad Social. Le siguen en importancia la construcción (3,3% y 5,4% respectivamente) y el sector servicios (2,5% y 4,1%). Este último ocupa a más de la mitad de los inmigrantes que trabajan en España (255.000 de los 402.7000). La industria es el sector con menor contribución de trabajadores inmigrantes.
El estudio indica también que este segmento de la población aporta el 2,4% del presupuesto de la Seguridad Social destinado al pago de pensiones de jubilación. CC OO aclara que este porcentaje es ahora más elevado, ya que los inmigrantes suponen uno de cada cuatro cotizantes y la mitad de las nuevas incorporaciones. En cuanto a la recaudación del impuesto sobre la renta, contribuyen con un 1,6% del total (Octubre 2002).
187.- EL NAUFRAGIO DE INMIGRANTES EN BARBATE SUMA YA 14 MUERTOS, LA MAYOR TRAGEDIA DEL AÑO
El naufragio de una patera de inmigrantes indocumentados la semana pasada frente a los acantilados del parque natural de la Breña, en el municipio de Barbate (Cádiz), se ha convertido en la mayor tragedia del año en las costas al aparecer un nuevo cadáver, que eleva a 14 el número de fallecidos -siete hombres y siete mujeres-. El pasado 1 de agosto 13 inmigrantes murieron ahogados al ser obligados por el patrón a arrojarse al agua frente a las costas de Tarifa. Era hasta ahora la mayor tragedia del año.
Buzos de Protección Civil, bomberos y agentes de la Guardia Civil recuperaron el nuevo cadáver frente a la playa de la Yerbabuena, en el litoral barbateño, cerca de donde ocurrió la tragedia. El cuerpo corresponde a un hombre de origen subsahariano . La cifra de fallecidos en ese siniestro podría incrementarse todavía ya que, según el testimonio de los 28 supervivientes de la tragedia, todavía habría dos mujeres más desaparecidas. Según los testimonios de estas personas, se sabe que la patera zozobró frente a unos acantilados muy peligrosos en un momento en el que el mar estaba picado debido al mal tiempo (Octubre 2002).
188.-ARGENTINA PROTESTARÁ ANTE ESPAÑA POR EL TRATO A SUS EMIGRANTES
El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Carlos Ruckauf, anuncia en Miami que su Gobierno elevará una protesta formal al Gobierno de España por "dificultar" la entrada de argentinos. El jefe de la diplomacia argentina dijo que ha enviado una nota a los cancilleres suramericanos para pedir que en la próxima Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno se aborde este asunto que "afecta no sólo a los argentinos sino a todos los latinoamericanos que están teniendo problemas en Barajas" (Octubre 2002).
189.- CRUZ ROJA DEJARÁ DE ATENDER A INMIGRANTES EN CANARIAS SI EL GOBIERNO NO LE PAGA
Cruz Roja dejará de suministrar ayuda dentro de 10 días a los más de 700 inmigrantes retenidos en la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura si para entonces el Gobierno no le ha abonado el dinero necesario para realizar su labor, según declaró la presidenta de la ONG en Canarias, Carmen Marrero. Cruz Roja es la única organización que se ocupa de los africanos que se hacinan en el edificio, a los que proporciona colchones, ropa, calzado, paquetes de aseo y medicamentos.
Cruz Roja afirma que en lo que va de año ha destinado 120.000 euros (20 millones de pesetas) a los inmigrantes de la terminal, y que ha remitido escritos a la delegación del Gobierno en Canarias y al Ministerio del Interior 'para que traten de habilitar partidas económicas'. 'Queremos seguir prestando ese servicio. Este año ha llegado muchísima gente [en pateras] y se nos han acabado las reservas', afirma Marrero.
La ONG sólo se compromete a mantener en el aeropuerto la atención médica, y exclusivamente hasta el 31 de diciembre, fecha en la que vence su convenio con la Administración. Desde el pasado viernes hasta el lunes la Guardia Civil interceptó en Canarias a 165 indocumentados (Octubre 2002).
190.-EL TRÁFICO DE PATERAS EN EL ESTRECHO RECUPERA EL NIVEL ANTERIOR AL 11-S. LOS INMIGRANTES ARRESTADOS ESE MES AUMENTARON UN 213% FRENTE A 2001
Las cifras confirman la sospecha de que hubo un 'efecto 11-S' en la llegada de pateras a las costas gaditanas procedentes de Marruecos. Desde el día de los atentados en Estados Unidos hasta el 25 de octubre de 2001 fueron interceptados por la Guardia Civil 590 inmigrantes sin documentación frente a los 1.261 detenidos en las mismas fechas de este año. En contraste, la cifra total de arrestados ha disminuido un 45% respecto al año anterior.
Aunque los números avalan la hipótesis de que el 11-S tuvo su efecto en las mafias de traficantes de seres humanos que operan en el Estrecho, el número total de detenidos disminuyó sensiblemente de un año a otro. Entre el 1 de enero y el 25 de octubre de 2001 fueron interceptados en las costas del Campo de Gibraltar 9.153 inmigrantes, mientras que en el mismo periodo de estos años el número de indocumentados localizados asciende a 3.934, un 45% menos.
Juan Triviño, coordinador de Cruz Roja en Tarifa considera que 'esta disminución en el número de inmigrantes que llegan a nuestras costas se debe principalmente a las malas condiciones meteorológicas de los primeros meses del año y a la falta de argumentos por parte de las mafias, al quedar aprobada la ley de extranjería'.
Triviño también achaca el descenso en las detenciones 'a la mayor participación de la gendarmería marroquí, que durante parte del año ha intervenido en numerosas actuaciones, contra las mafias dedicadas a la inmigración en la zona del Estrecho de Gibraltar' (Octubre 2002).
191.- LA MITAD DE LOS NUEVOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL ÚLTIMO AÑO SON INMIGRANTES
Los inmigrantes suponen ya la mitad de los nuevos afiliados a la Seguridad Social en el último año, según los datos facilitados por el secretario de Estado, Gerardo Camps. En el último año se afiliaron al sistema un total de 471.597 cotizantes, de los que 235.008, el 49,83%, provenían de fuera de España. El crecimiento de la afiliación de extranjeros en el último año es del 39,29%, mientras que el conjunto del sistema crece a un ritmo del 2,99% (Noviembre 2002).
192.-EXPERTOS DENUNCIAN QUE LA IGUALDAD JURÍDICA ENTRE EXTRANJEROS Y ESPAÑOLES 'NO EXISTE'
'La igualdad jurídica entre inmigrantes y ciudadanos españoles no existe' y 'se utiliza el concepto de ‘cultura’ para negarles [a los primeros] el acceso a los derechos políticos y sociales y bloquear una plena integración que, por otra parte, se proclama'. Éstas son algunas de las conclusiones del informe Políticas sociales y Estado de bienestar en España. Las migraciones, elaborado por una docena de expertos y editado por la Fundación Hogar del Empleado (Fuhem). El volumen descubre 'la existencia de una estructura injusta y desigual bajo la apariencia de una sociedad normal'.
Al analizar las respuestas que el Estado de bienestar español ofrece a los inmigrantes, el informe descubre 'la existencia de una estructura injusta y desigual que contrasta con la de una sociedad aparentemente normal, en la que todo marcha bien excepto la incómoda llegada de los extranjeros, la criminalidad que traen con ellos o las malas costumbres que no les permiten integrarse'.
Frente a esto, los autores advierten a los ciudadanos de que el desmantelamiento del Estado de bienestar les perjudica y les vuelve mayoritariamente más vulnerables. 'Y en ese juego de espejo entre el ciudadano nacional y el inmigrante surge la paradoja de que cuanto mejores sean las políticas hacia la inmigración, mejor será la vida para los ciudadanos españoles y europeos' (Noviembre 2002).
193.- CRUZ ROJA Y CÁRITAS CRITICAN LA INEFICACIA DEL GOBIERNO PARA REGULARIZAR INMIGRANTES
Cruz Roja y Cáritas critican la complejidad de los procedimientos de concesión de visados y permisos de trabajo para los inmigrantes y lamentaron que el colapso administrativo repercuta de manera negativa en los extranjeros que, en muchas ocasiones, terminan por perder sus puestos de trabajo. En la Comisión Especial sobre Inmigración y Extranjería del Senado, la directora nacional del Departamento de Actividades y Servicios de Cruz Roja, Estrella Rodríguez, explicó que la renovación de un permiso puede llegar a tardar entre diez meses y un año, un tiempo inferior al que suele llevar un proceso de reagrupamiento familiar, cuyo trámite suele tardar dos años.
La responsable de Cruz Roja alertó del crecimiento del número del menores extranjeros que en los últimos meses están llegando a nuestro país e instó a la Administración a que tramite con mayor celeridad la documentación de los pequeños, una vez transcurridos los nueve meses previstos legalmente para intentar la reagrupación del menor con su familia en el país de origen. Denunció que la lentitud en este trámite está provocando que, en ocasiones, los menores pasen dos o tres años en los centros de esta ONG y, al cumplir la mayoría de edad sin sus papeles en regla, pasen a engrosar la bolsa de irregulares. Estrella Rodríguez, dijo que el sistema de protección previsto para los españoles está fracasando en el caso de los menores inmigrantes ya que tienen un perfil distinto. «Lo que quieren es trabajar y si no tienen sus papeles, no podemos iniciar el itinerario de integración», dijo. Por otra parte, reconoció que los equipos de la organización en Canarias están saturados de mujeres embarazadas solas. Según datos del Ministerio del Interior, en 2001 y hasta junio de 2002 llegaron a España 117 inmigrantes embarazadas.
El responsable del programa de inmigrantes de Cáritas, Joaquim Giol, manifestó, que la gran dificultad para renovar permisos de trabajo repercute directamente en el aumento de los irregulares, que según sus estimaciones, rondan ya los 350.000 en toda España. «Cuando esta bolsa es significativa, pone en cuestión cualquier política de inmigración y es difícil sostener políticas de contingentes cuando aquí hay irregulares que no se van a ir», dijo. Cáritas considera indispensable que se reformen los procesos administrativos para permisos de trabajo porque «los empresarios o contratan ilegalmente o buscan a otra persona». En este sentido, planteó la posibilidad de otorgar al visado validez de permiso de trabajo, sin restringirlo a un ámbito geográfico y sector laboral concreto. En su opinión, es necesario establecer vías de contratación de inmigrantes paralelas al contingente. Calificó de «grave» error que la aplicación del contingente haya cerrado la vía del Régimen General. Asimismo, abogó por fijar una preferencia en la contratación de familiares de residentes en España (Noviembre 2002).
194.-EL DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL NIEGA LA RELACIÓN ENTRE INMIGRACIÓN IRREGULAR Y DELITO
El director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, desvinculó la inmigración irregular que llega a España de los problemas de delincuencia, y afirmó que relacionarlo es "muy peligroso". Según explicó, la inmigración no es la principal causa del incremento de la delincuencia en nuestro país. Aportó como datos que en el primer trimestre del año es mayor el número de inmigrantes regulares con delitos penales que el de irregulares. Añadió que tres de cada diez detenidos por la Guardia Civil con infracciones penales son extranjeros y, de éstos, sólo uno de cada diez son irregulares. La principal causa de estas cifras es el aumento de extranjeros en nuestro país y la caida de la natalidad. En el marco de una jornada sobre la responsabilidad de los medios de comunicación ante el fenómeno de la inmigración, Valdivielso afirmó que "identificar inmigrante con delincuente, además de ser falso, es muy peligroso" (Noviembre 2002).
195.- LOS JUECES Y FISCALES SE OPONEN A QUE EL GOBIERNO EXPULSE A DELINCUENTES EXTRANJEROS SIN QUE MEDIELas asociaciones de jueces expresan su oposición a la reforma de la legislación de extranjería que prepara el Gobierno, según la cual los inmigrantes extranjeros que cometan delitos para los que el Código Penal prevea penas inferiores a seis años de prisión serán expulsados de España si el juez no se pronuncia en un plazo determinado.
Actualmente el juez puede elegir entre expulsar o enviar a prisión a los delincuentes extranjeros, pero con la reforma en curso deberá decidir en un tiempo límite marcado por la ley, y si no lo hace el Ministerio del Interior expulsará al acusado.
La mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) respondió al Gobierno. Su portavoz, José Manuel Suárez, aseguró que 'no es posible' la propuesta del Ejecutivo y añadió que 'para acordar la expulsión de un inmigrante con procedimiento judicial abierto hace falta autorización del juez, hace falta un control judicial, no puede el Gobierno por sí solo decidir su expulsión'. Suárez recalcó que 'cuando hay un delito, por menor que sea, hace falta siempre autorización judicial'. Suárez también se mostró contrario a la intención del Gobierno de imponer a los jueces un periodo determinado para que se pronuncien sobre la expulsión. 'En estos momentos no hay en España nada parecido' a esa propuesta, concluyó.
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (progresista), Miguel Carmona, calificó la reforma de 'absolutamente desproporcionada'. A juicio de esta asociación, la regulación actual es bastante razonable, porque permite establecer 'caso por caso' si es pertinente la expulsión como 'alternativa penal'.
La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (moderada) expresó también su oposición a través de su portavoz, Cristina Cárdenas, quien señaló que, en principio, si una persona está sometida a un procedimiento por delito éste tiene que concluir, y una vez dictada sentencia 'es correcto que se adopte una u otra postura, pero no diciendo que si no se pronuncia inmediatamente se procederá a la expulsión'.
Por su parte, la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales también han mostrado su oposición a la reforma de la Ley de Extranjería. Antonio Camacho, de la Unión Progresista de Ficales, declara: 'No es una medida que garantice la situación del extranjero. Para expulsarlo es preciso esperar a una resolución judicial. Sería una locura hacerlo de otra manera'. José Antonio Martín Caro, portavoz de la Asociación de Fiscales, dijo a la agencia Servimedia: 'No es correcto que se quiera hacer la expulsión sin contar con la autorización judicial. No se debe llegar a [oponer] rapidez contra garantías' (Noviembre 2002).
196.-LA POLICÍA CONTRADICE A VALDIVIELSO AL VINCULAR INMIGRACIÓN ILEGAL Y DELINCUENCIA
El director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera, vincula inmigración irregular con delincuencia y afirmó que «negar esto es negar la mayor, la evidencia y la realidad». En este sentido, subrayó que «entre inmigración ilegal y delincuencia hay una correlación. Basta con asomarse a las cifras diarias que facilitan los gabinetes de enlace para ver de qué nacionalidad son las personas que cometen delitos».
Sin embargo, esta argumentación es totalmente contraria a la expuesta el pasado día 6 por el director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivieso. En una jornada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), éste desvinculó radicalmente la inmigración irregular con la delincuencia y afirmó que relacionarlo es «muy peligroso».
Según los datos del máximo responsable del instituto armado, tres de cada diez detenidos por la Benemérita por infracciones penales son extranjeros. Pero de esos inmigrantes detenidos, sólo uno de cada diez son irregulares (Noviembre 2002).
197.-EXTERIORES CORRIGE A INTERIOR SOBRE LA PETICIÓN DE VISADO A ECUATORIANOS
'España no tiene la iniciativa para pedir visado a los ecuatorianos. Esa iniciativa es de la Comisión Europea y la poca experiencia de un secretario de Estado no es suficiente para cambiar el acervo comunitario', señaló en Bruselas el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Ramón de Miguel.
El delegado del Gobierno para la Extranjería, Ignacio González, insistió en Melilla en que España ha decidido pedir a la UE que se incorpore a Ecuador entre la lista de los 132 países cuyos ciudadanos necesitan visado para entrar en la UE. De Miguel explicó que es la Comisión Europea, con los datos que aporta cada país sobre sus flujos migratorios, la que propone finalmente a qué países se debe exigir visado. En este momento, los servicios de Justicia e Interior de la Comisión Europea, que ya tienen los datos en la mano, están analizando la situación para hacer su propuesta, que será presentada en el Consejo de Justicia e Interior del día 28. Así se acordó en una reunión en la que el portavoz español no tomó la palabra sobre esta cuestión.
La CE asegura que, al menos formalmente, España no ha pedido el visado para los ecuatorianos. 'No entiendo el interés demostrado últimamente en ciertas informaciones de prensa por meter cizaña entre España y Ecuador, dos países hermanos que tienen unas espléndidas relaciones', dijo De Miguel, que negó que España haya presionado sobre este asunto en Bruselas, y añadió: 'Por otra parte, no tiene nada de escandaloso que se pida visado a ciertos inmigrantes. El sistema de visados se ha demostrado eficaz a la hora de controlar los flujos migratorios en el origen y Europa está obligada a limitar dichos flujos. No es un acto de agresión. A veces hay que aceptarlos aunque uno no quiera. Tuvimos que admitir el visado para los colombianos con gran dolor, por ejemplo' (Noviembre 2002).
198.-EL GOBIERNO SÓLO DARÁ A LOS JUECES TRES DÍAS PARA IMPEDIR LAS EXPULSIONES DE INMIGRANTES
El Gobierno tiene listo un borrador de reforma de la Ley de Extranjería que afecta a 31 artículos. El texto concede a los jueces un plazo máximo de sólo tres días para que decidan sobre las decisiones administrativas de expulsión de los extranjeros procesados o inculpados por delitos para los que la ley prevea penas de cárcel inferiores a seis años. La nueva redacción no especifica qué sucederá en el caso de que el magistrado no se pronuncie en ese periodo. El Gobierno justifica el cambio para "facilitar la expulsión de extranjeros (...), conforme a las previsiones del plan de lucha contra la delincuencia".
El punto 7.a del artículo 57, sobre "expulsión del territorio", quedaría redactado de la siguiente forma: "Cuando el extranjero se encuentre procesado o inculpado en un proceso judicial por delito o falta para la que la ley prevea pena privativa de libertad inferior a seis años o de otra naturaleza, el juez, a instancias de la autoridad gubernativa y previa audiencia del fiscal, en el plazo más breve posible y, en todo caso, no superior a tres días, autorizará su expulsión cuando se hubiera dictado una resolución administrativa conforme a lo previsto en los apartados anteriores, salvo que, de forma motivada, aprecie la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su denegación".
"En el caso de que el extranjero se encuentre sujeto a varios procesos penales tramitados en varios juzgados, la autoridad gubernativa deberá instar de todos ellos simultáneamente la autorización a que se refiere el párrafo anterior".
Esta redacción restringe la capacidad que ahora tiene el juez para impedir las expulsiones, como puede comprobarse al compararla con la redacción actual del artículo, que dice: "El juez podrá autorizar, previa audiencia del fiscal, su salida del territorio español, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o su expulsión, si ésta resultara procedente de conformidad con lo previsto en los párrafos anteriores del presente artículo, previa sustanciación del correspondiente expediente administrativo sancionador" (Noviembre 2002).
199.-SÓLO EL 6,5% DE LOS DELITOS ES COMETIDO POR EXTRANJEROS
Las frías cifras contradicen la versión oficial. El discurso que durante los últimos meses ha mantenido el Ejecutivo sobre la incidencia de la inmigración ilegal en el incremento de los índices de criminalidad no se corresponde con el análisis de los únicos datos oficiales que se manejan en el Ministerio del Interior.
El Departamento dirigido por Ángel Acebes no ha facilitado cifras sobre la evolución de la criminalidad durante los últimos tres meses, desde que se puso en marcha en plan Focus contra la delincuencia. Pero sí hay datos oficiales de los seis primeros meses del año. Durante el periodo de enero a junio, en el territorio donde tiene competencias el Ministerio del Interior en materia de seguridad ciudadana, es decir, toda España salvo el País Vasco, se han registrado 490.454 delitos y 593.813 faltas.
En la demarcación cuya responsabilidad corresponde al Cuerpo Nacional de Policía, los delitos ascendieron a 346.471 y las faltas a 360.091. Mientras que en el territorio controlado por la Guardia Civil, el número de delitos se situó en 143.983 y las faltas durante los seis primeros meses del año ascendieron a 233.722. Según estas cifras, en España se ha registrado más de 2.709 delitos diarios durante los primeros seis meses del año.
Estas cifras no varían de la tendencia que se ha mantenido durante los últimos años. Pero sí sorprende la repercusión que durante estos primeros seis meses han tenido las actuaciones de los extranjeros en esta situación. Así, según las estadísticas de la Secretaría de Estado de Seguridad, sólo 32.407 de los más de 490.000 delitos han sido cometidos por extranjeros. El dato aún resulta más significativo en el caso de las faltas. De las 593.813 registradas durante los seis primeros meses, sólo 4.148 se han podido comprobar que son responsabilidad de ciudadanos extranjeros. Según un análisis en profundidad de los datos oficiales, más de 24.000 de los 71.876 extranjeros detenidos lo han sido por irregularidades con su documentación (Diciembre 2002).
200.-UNA OLEADA DE PATERAS CON 364 INMIGRANTES LLEGA A LAS COSTAS DE CANARIAS Y CÁDIZ
La Guardia Civil detiene a 259 indocumentados magrebíes y subsaharianos y a cuatro patrones que se habían organizado para entrar en Fuerteventura a bordo de una docena de pateras. Otra treintena de marroquíes y subsaharianos también fue interceptada en Lanzarote. El balance total es de 293 personas detenidas en menos de doce horas.
Además, en aguas del Estrecho, agentes de la Guardia Civil interceptaron a 71 indocumentados que viajaban a bordo de una embarcación neumática con destino a Tarifa. Muchos de los detenidos, todos ellos mayores de edad, tuvieron que ser atendidos por miembros de Cruz Roja por padecer síntomas de hipotermia. Después fueron trasladados a las dependencias de la comisaría de Algeciras, donde se iniciarán los trámites para su repatriación (Diciembre 2002).
201.- EL HALLAZGO DE DOS CADÁVERES ELEVA A SIETE LOS MUERTOS EN TARIFA
Las aguas del Estrecho próximas a la zona de Guadalmesí, en Tarifa, continuaron expulsando cadáveres, después de que el pasado día 2 una embarcación cargada de inmigrantes naufragase al colisionar con unas rocas a 50 metros del litoral. Tras 24 horas de rastreo, la Guardia Civil logró recuperar otros dos cuerpos de sendos varones magrebíes. El número de muertos se eleva ya a siete.
Las autoridades de la zona no descartan que puedan seguir apareciendo cuerpos flotando en el mar, ya que calculan en una decena el número de desaparecidos en el accidente. A pesar de ello, los equipos de rescate contemplan la posibilidad de dar por concluida la búsqueda.
De momento, el balance provisional de la primera tragedia del año en aguas del Estrecho se salda con un total de 7 muertos, 35 supervivientes y al menos una decena de desaparecidos, ya que ninguno de los ocupantes de la embarcación siniestrada ha sabido precisar el número exacto de componentes de la expedición clandestina (Enero 2003).
202.- EL GOBIERNO SÓLO LOGRÓ CUBRIR EL 42,5% DEL CONTINGENTE PARA 2002
El Gobierno sólo autorizó 13.633 de las 32.079 ofertas de empleo para inmigrantes que había aprobado para el año pasado. Durante ese periodo, los empresarios presentaron 24.012 contratos de trabajo, parte de los cuales incumplían los requisitos exigidos por la ley. El contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios para el año pasado fue aprobado por el Consejo de Ministros el 21 de diciembre de 2001. En él se establecieron 10.884 ofertas de empleo de carácter estable y 21.195 de carácter temporal. Mientras que de las primeras sólo fueron cubiertas 3.113, las segundas sólo alcanzaron 10.520.
El delegado para la Extranjería, Ignacio González, señaló que estas cifras son provisionales y que aún pueden sufrir ligeras variaciones. En contra de anteriores definiciones del contingente como "piedra angular" de la política de inmigración del Gobierno de José María Aznar, González relativizó su importancia al afirmar que es "sólo una parte" del sistema de integración laboral de los inmigrantes.
Según los datos que ofreció González, el número de inmigrantes regularizados aumentó en 180.535 durante los seis primeros meses del año pasado. La mayoría de ellos residen en Cataluña (238.190, de los cuales 179.708 viven en Barcelona), Madrid (222.969) y Andalucía (88.534).
En cuanto a los países de origen, Marruecos figura a la cabeza con 263.174. Le siguen Ecuador (132.628), Colombia (81.709), China (42.578) y Rumania (38.855). Los mayores aumentos en los seis primeros meses del año se produjeron en la colonia colombiana (67,75%), en la ecuatoriana (56,59%) y en la rumana (56,32%).
A 10 de octubre de 2002, el número de extranjeros (comunitarios y extracomunitarios) dados de alta en la Seguridad Social era de 855.354. La mayoría se concentraban en Madrid (200.577), Barcelona (131.003), Murcia (45.987), Alicante (42.683), Málaga (33.220) y Valencia (31.779).
En cuanto al número de repatriados por hallarse en situación irregular, Marruecos encabeza la lista con 23.381. Le siguen Rumania (18.865), Ecuador (5.558), Bulgaria (5.399) y Argelia (2.431) (Enero 2003).
203.-MUERE EL SÉPTIMO INMIGRANTE HERIDO TRAS EL FUEGO INTENCIONADO DE LA COMISARÍA DE MÁLAGA
El goteo de muertes tras el incendio provocado el pasado 27 de diciembre en los calabozos de la comisaría de Málaga es incesante: ha muerto un séptimo inmigrante que desde entonces permanecía ingresado en la unidad de vigilancia intensiva del hospital Carlos Haya con pronóstico grave por quemaduras y lesiones respiratorias. Otro lesionado continúa internado en el mismo centro sanitario, pero aunque está grave, no se teme por su vida. Andalucía Acoge ha pedido un peritaje judicial para que se determine si funcionaron los sistemas antiincendios.
En el siniestro resultaron heridos 14 ciudadanos marroquíes. Con esta nueva víctima , ya ha fallecido la mitad. Según las ONG, este rosario de decesos pone en entredicho la versión del Gobierno de que la actuación policial fue correcta y se produjo 20 segundos después de que fuera detectado el fuego.
El presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (Atime), Kamal Rahmuni, cree que el balance de víctimas refleja que existieron "fallos y negligencias". Los magrebíes estaban detenidos en los calabozos de la comisaría provincial a la espera de su repratriación. Según la Subdelegación del Gobierno, el patrón de la patera en la que habían llegado unos días antes, Ahmed Ahagan, que fue la primera víctima mortal, prendió fuego a un colchón para generar un tumulto y luego huir (Enero 2003).
204.- JUECES PARA LA DEMOCRACIA DUDA SOBRE LA PROTECCIÓN A LOS INMIGRANTES MUERTOS EN MÁLAGA
Jueces para la Democracia (JpD) considera que la muerte de siete inmigrantes ilegales en el incendio de los calabozos de la comisaría de Málaga el 27 de diciembre es "una de las páginas más negras de la historia de la inmigración en España". La organización progresista de jueces expresó en un comunicado "serias dudas" de que se haya cumplido en este caso "el deber de protección reforzada del Estado" con unas personas que estaban "en una situación de especial vulnerabilidad", al estar presas.
En la nota se subraya que hay "indicios que apuntan a que los responsables de los detenidos pudieron no actuar con la diligencia que requería su posición de garantes de la vida" de los inmigrantes. JpD añade que "sólo una investigación sin zonas de sombra" y "una depuración de responsabilidades políticas permitirá recuperar la confianza en un Estado que no ha sabido garantizar la seguridad de personas detenidas" (Enero 2003).
205.-LA LLEGADA A CANARIAS DE INMIGRANTES EN PATERAS SE CUADRUPLICA EN SÓLO DOS AÑOS
El número de inmigrantes irregulares detenidos tras arribar en pateras a Canarias se ha cuadruplicado en sólo dos años: de 2.410 en 2000 pasó a 9.756 en 2002. En cambio, los llegados a Andalucía en el mismo periodo se redujeron a la mitad: de 12.785 en 2000 a 6.748 en 2002. Fuentes oficiales establecen una relación entre este cambio de ruta y los traslados de extranjeros desde el archipiélago a la Península: durante el año pasado 5.473 africanos fueron "derivados" desde las islas a otras comunidades. Las mismas fuentes calculan entre 20.000 y 25.000 los inmigrantes que llegarán este año a Canarias.
El cálculo para 2003 está basado en la evolución de las cifras de inmigrantes que llegan al archipiélago. La estadística revela que el número se duplica año tras año. En 2000 fueron 2.410. En 2001, 4.112. Y en 2002, 9.756. Siguiendo la misma proporción, este año llegarán entre 20.000 y 25.000.
De los 9.756 que alcanzaron las costas canarias el año pasado, sólo fueron repatriados 4.283, según cifras del Ministerio del Interior. Por diferentes motivos, entre los cuales destaca la negativa de sus países de origen a reconocerlos como ciudadanos, el Gobierno no logró expulsar al resto (5.473), y los trasladó a la Península, donde quedaron en libertad con una orden de expulsión que les impide trabajar. Organizaciones humanitarias y partidos políticos han denunciado repetidamente que estas personas se ven abocadas a la delincuencia para subsistir.
Fuentes del Ministerio del Interior relacionan el aumento de las pateras que llegan a Canarias con la política de traslados a la Península pactada entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario. En virtud de ese acuerdo, los inmigrantes que no pueden ser repatriados en el plazo de 40 días previsto por la ley son "derivados" a otras comunidades (Enero 2003).
206.-EL PP CATALÁN SE OPONE A EMPADRONAR A LOS INMIGRANTES IRREGULARES
El candidato del PP por Badalona, Xavier García-Albiol, incluirá en su programa electoral una propuesta para «restringir» el empadronamiento de los inmigrantes indocumentados, de manera que sólo aquellos que acrediten permiso de trabajo o residencia puedan acceder al censo.
El presidente del Grupo Parlamentario del PP, Alberto Fernández, avaló la iniciativa, con el argumento de que «no tiene lógica que un inmigrante ilegal se pueda empadronar y pueda acceder a las prestaciones sociales».
Ante el margen de interpretación que deja la Ley de Extranjería, Fernández abogó por que los ayuntamientos «notifiquen» a la Delegación del Gobierno la situación de irregularidad de los inmigrantes empadronados. Además, se mostró contrario a que los irregulares se beneficien de los servicios sanitarios en las mismas condiciones que el resto, cuando por ley sólo tienen derecho a ser atendidos de urgencias.
La Ley de Extranjería, reformada por el Gobierno del PP, asegura que los ayuntamientos pueden empadronar tanto a los inmigrantes que residan de forma legal como a los demás y garantiza el derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles a los extranjeros inscritos en el padrón (Febrero 2003).
207.-EL GOBIERNO RECHAZA A UNA INMIGRANTE QUE DENUNCIÓ A UN FUNCIONARIO CORRUPTO
A una inmigrante que destapó las malas artes de un funcionario de la oficina de extranjería de Valencia, que cobraba por regularizar a extranjeros, no le ha servido de nada denunciar el caso a la justicia. La policía ha rechazado su solicitud de residencia -pese a que la ley contempla concederla a quien colabore con las autoridades judiciales- porque no ha sido "víctima de un acto ilegal de tráfico de mano de obra". El fiscal ha pedido nueve años, cinco por falsedad documental y cuatro por cohecho, al funcionario acusado y otros nueve a la mujer que actuaba de gancho.
El escrito de calificaciones del fiscal -en el que narra su versión de los hechos y establece los delitos y las penas que propone para los acusados- recoge que la mujer a la que se ha negado regularizar su situación fue una víctima más de Amadeo Salanova, un auxiliar administrativo que le cobró por realizar un trámite, el expediente de regularización, que no cuesta dinero. Para él, según ha podido saber este diario, la fiscalía pide los mismos nueve años que para Concha Calatayud, trabajadora de una gestoría a quien la acusación pública considera colaboradora del trabajador de la Oficina de Extranjeros de Valencia y la persona que ponía al funcionario en contacto con las decenas de inmigrantes afectados para que resolviera su situación por cantidades que oscilaban entre los 30 y los 300 euros. El funcionario sigue trabajando en la delegación del Gobierno aunque ha sido relevado de su puesto en la oficina de extranjeros (Febrero 2003).
208.-INTERIOR SÓLO LOGRÓ EXPULSAR AL 30,3% DE LOS 40.131 INMIGRANTES EXPEDIENTADOS EN 2002
El Ministerio del Interior intentó expulsar el año pasado a 40.131 inmigrantes irregulares, pero sólo consiguió devolver a su país a 12.159. Es decir, que únicamente el 30,3% de los extranjeros a los que el Gobierno abrió un expediente de expulsión fueron retornados. En números redondos: tres de cada diez. El resto, 27.972 personas, se quedaron en España con una orden que les impide trabajar legalmente. Estos datos fueron remitidos por la Comisaría General de Extranjería y Documentación a Cáritas Española. El Ministerio del Interior insiste en que no son oficiales.
De esa multitud que deambula por las ciudades en busca de trabajo, atiborra los refugios de indigentes y duerme en parques y portales, la mayoría (4.753) son marroquíes. Les siguen los ecuatorianos (3.690), los rumanos (3.329), los colombianos (2.824), los argelinos (2.587), los ucranios (1.068), los búlgaros (663), los rusos (632), los lituanos (514) y los brasileños (426).
La imposibilidad de devolver a las 27.972 personas que el año pasado se quedaron en España a la intemperie no puede ser exclusivamente achacada, como en otras ocasiones, al rechazo de sus Estados a reconocerlas como ciudadanos, pues España ha firmado convenios de readmisión o de regulación de flujos migratorios con la mayoría de los principales países de procedencia: Marruecos, Ecuador, Rumanía, Colombia, Argelia, Bulgaria y Lituania. Estos acuerdos, más otros "en avanzado estado de negociación", figuran en el Balance 2002 de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración.
A pesar de que las cifras del año pasado constatan un fracaso en la política de expulsiones, suponen una mejora respecto a las registradas en 2001. Entonces el Gobierno sólo logró ejecutar el 16,2% de los expedientes que dictó. En 2002, el porcentaje casi se duplicó: 30,3%. También aumentaron los expedientes incoados: de 23.487 en 2001 pasaron a 40.131 en 2002 (Marzo 2003).
209.- INTERIOR INCLUYE LA DETENCIÓN DE EXTRANJEROS SIN PAPELES EN SU PLAN CONTRA LA DELINCUENCIA
Plan Focus, primera y hasta ahora única operación palpable del Plan de Lucha contra la Delincuencia, provocó un fuerte aumento de las detenciones en las ocho ciudades en las que se puso en práctica, especialmente en noviembre, en el que estuvo a pleno rendimiento. Ese mes, los arrestos crecieron un 25%, pero dicho aumento se debió fundamentalmente a que se cuadruplicaron los arrestos de inmigrantes sin papeles por vulnerar la Ley de Extranjería. Las detenciones de extranjeros acusados de infracciones penales crecieron, eso sí, un 14,4%.
El Plan Focus, previsto en el Plan de Lucha contra la Delincuencia presentado en septiembre por el Gobierno, fue publicitado como un programa de actuación "localizado en las zonas de mayor incidencia delictiva, destinado a reforzar e incrementar la presencia de la policía". En él se incluía la actuación de agentes de los grupos de Extranjería y Documentación, con la misión de prestar "especial atención a las expulsiones cualificadas (inmigrantes ilegales acusados de delitos)".
Inicialmente el plan se puso en marcha en cinco ciudades y durante el mes de noviembre funcionó ya en ocho, pero no en todos los distritos policiales: Madrid, Barcelona, Tarragona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza y Palma de Mallorca. El refuerzo policial en las calles, gracias a la presencia de las Unidades de Intervención Policial (UIP) desplazadas desde distintos puntos, supuso un fuerte aumento de las detenciones (no en todas las ciudades) y un significativo descenso de las infracciones penales allí donde el Focus estaba en marcha (Marzo 2003).
210.- EL SUPREMO FULMINA LA POLÍTICA DE EXTRANJERÍA AL ANULAR 11 ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO
El Gobierno no podrá seguir encerrando en centros de internamiento a los miles de inmigrantes que llegan cada año en pateras. Tampoco podrá impedir que miles de extranjeros que han obtenido su permiso de residencia gracias a la reagrupación familiar trasladen legalmente a España a sus parientes más próximos. Ni podrá imponer un año de convivencia en España a los matrimonios con un cónyuge extracomunitario para regularizar su situación. En una sentencia histórica, que ya es firme, el Tribunal Supremo ha pulverizado 11 artículos del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería. La sentencia responde al recurso contencioso-administrativo presentado en 2001 por 30 organizaciones de las federaciones de asociaciones de defensa de los inmigrantes encuadradas en las ONG Red Acoge y Andalucía Acoge, y descoyunta aspectos fundamentales de la política de inmigración del Gobierno. Éstos son los puntos más importantes:
Libre circulación. El artículo 38 del reglamento señala que el Ministerio del Interior podrá autorizar la estancia en España a los extranjeros indocumentados, pudiendo adoptar en tales casos restricciones a la libre circulación. El Tribunal Supremo considera que este artículo de la Ley de Extranjería restringe la aplicación de esas medidas cautelares al estado de excepción o de sitio y, excepcionalmente, a razones de seguridad pública. Supuesto práctico: El Gobierno no puede limitar la libre circulación de los indocumentados.
Reagrupación en cadena. El artículo 41.5 dice que los extranjeros que hayan adquirido la residencia por reagrupación sólo podrán ejercer dicho derecho con sus propios familiares cuando cuenten con un permiso de residencia propio. El Supremo sentencia que exigir la obtención de un segundo permiso de residencia limita el derecho de las personas en esta situación. Supuesto práctico: si un inmigrante obtiene su permiso de residencia por reagrupación familiar puede, a su vez, trasladar a España a sus familiares directos. Este supuesto afecta a miles de personas.
Exención de visado. El artículo 49.2 d y e concede la exención del visado de residencia a los extranjeros que sean cónyuges de español o de extranjero residente legal, siempre que acrediten la convivencia en España al menos durante un año. El Supremo considera que el que esa convivencia tenga que producirse en España "quiebra el principio de legalidad, amén de que supone obligar a permanecer en territorio español durante un año en situación irregular". Supuesto práctico: un español se casa con una extranjera y, tras un año, ésta obtiene la residencia aunque la convivencia entre ambos se haya producido en otro país.
Indocumentados. El artículo 56.8 señala que los delegados y subdelegados del Gobierno proporcionarán a estas personas una cédula anual, "salvo que el extranjero se encontrase incurso en alguno de los supuestos de prohibición de entrada o de expulsión". El Supremo afirma que la denegación de la cédula sólo es aplicable a los quienes hayan sido expulsados, mientras dure la prohibición de entrada, así como a aquellos que la tengan prohibida por otra causa legalmente establecida. Supuesto práctico: el Gobierno no podrá negarse a documentar a un extranjero en situación irregular.
Salvoconducto de viaje. El artículo 57 afirma que a los extranjeros que justifiquen documentalmente una necesidad excepcional del salir del territorio español y no puedan proveerse de pasaporte propio se les podrá expedir un título de viaje. El Supremo considera que la frase "y que justificando excepcionalmente una necesidad excepcional de salir del territorio español" y la expresión "podrá expedir" transforman en potestativo lo que en la Ley de Extranjería es imperativo. Supuesto práctico: el Gobierno debe proporcionar salvoconductos para salir de España a todos los extranjeros que lo pidan.
Permiso de trabajo. El artículo 84 señala como supuestos de inadmisión a trámite de permiso de trabajo "falta de competencia del órgano al que se dirige la solicitud" y "procedimientos inadecuados". El Supremo rechaza ambas posibilidades. La primera, porque sólo sería procedente si el órgano al que se dirigiese la solicitud perteneciera a una Administración distinta a la competente; la segunda, porque las leyes establecen, en caso de documentación incompleta, un plazo de diez días para subsanar los fallos. Supuesto práctico: las delegaciones del Gobierno deben admitir a trámite los miles de solicitudes de trabajo y de residencia que han venido rechazando desde enero de 2002.
Expulsiones. El artículo 117.2 señala que "el órgano competente o el órgano instructor" podrán retirar el pasaporte a los extranjeros carentes de arraigo. El Supremo considera que esta medida sólo puede efectuarla la autoridad competente. Supuesto práctico: sólo las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, y no las fuerzas de seguridad, podrán acordar la retirada del pasaporte.
Pateras. El artículo 127.2.c dice que se podrá acordar el internamiento del extranjero cuando se haya dictado acuerdo de devolución a su país. El Supremo considera que esto contraviene la ley, que distingue entre la devolución por vulnerar la prohibición de entrada en España, para lo cual está prevista la posibilidad de internamiento cuando no pueda ejecutarse dicha devolución en 72 horas, y la devolución de los que pretendan entrar ilegalmente en el país, para los que la ley no establece la posibilidad de internamiento. Supuesto práctico: el Gobierno no podrá recluir en centros de internamiento a los extranjeros que lleguen en pateras.
Internamiento. El artículo 130 sólo autoriza a los internos a comunicarse "periódicamente" con familiares y amigos. El Supremo considera que el criterio de periodicidad "implica limitación a un derecho incuestionable". Supuesto práctico: los extranjeros podrán comunicarse sin quedar al arbitrio de "restricciones periódicas".
Jueces. El artículo 136.3 les ordena comunicar a la autoridad gubernativa la finalización de los procesos sobre extranjería. El Supremo dice que ese precepto altera el Estatuto de Jueces y Magistrados. Supuesto práctico: los jueces no tienen obligación de comunicar a las delegaciones del Gobierno sus resoluciones sobre extranjeros.
Repatriación. El artículo 138.1.b contempla la repatriación de los extranjeros que pretendan entrar ilegalmente en el país, e incluye a los interceptados en frontera o en el interior del territorio nacional en tránsito o en ruta. El Supremo afirma que la Ley de Extranjería sólo se refiere a la pretensión de entrar en el país. El reglamento hace, pues, una interpretación extensiva que va más allá del mandato legal. Supuesto práctico: un irregular interceptado dentro del territorio español no podrá ser devuelto a su país sin que se le abra expediente de expulsión (Marzo-Abril 2003).
211.-LA OCDE RECOMIENDA A ESPAÑA QUE REGULARICE A LOS INMIGRANTES 'SIN PAPELES'
España debe regularizar a los inmigrantes irregulares. Esa es una de las principales conclusiones del informe sobre nuestro país que ha presentado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según este organismo "la política de inmigración necesita ser lo bastante flexible como para permitir que los inmigrantes ilegales, cuya presencia se acepta de hecho, puedan obtener permisos de trabajo". La OCDE hace un llamamiento a esta integración "importante por razones tanto económicas como sociales" y pide que se tenga en cuenta "las especificidades en función del lugar de origen".
Por lo que respecta a las variables macroeconómicas, la OCDE revisa a la baja la previsión de crecimiento de España para este año hasta el 2,1%, frente al 2,5% estimado inicialmente. El informe incide también en el problema de la vivienda. España debería corregir "las distorsiones del mercado inmobiliario", que han sustentado "el agudo encarecimiento del precio de la vivienda y han llevado a una escasez de viviendas de alquiler", asegura la OCDE (Marzo-Abril 2003).
212.- LOS CENTROS PÚBLICOS ACOGEN EL DOBLE DE EXTRANJEROS QUE LOS CONCERTADOS Y PRIVADOS
El porcentaje de extranjeros en los colegios españoles no para de crecer. Entre 1998 y 2001 se duplicó hasta alcanzar los 124.000 alumnos (2,22% del total). Pero esos menores se concentran en los centros públicos. El Defensor del Pueblo, en un informe de 800 páginas, establece que la cifra de inmigrantes en colegios públicos dobla ampliamente la de los privados y concertados. Un desequilibrio que se agudiza en los barrios desfavorecidos. El Defensor del Pueblo exige al Gobierno que solucione este desfase, limitando incluso la libre elección de centro para impedir la acumulación de extranjeros.
El Defensor del Pueblo establece que "el 82% de los escolares procedentes de América Latina y el Caribe, África, Europa no comunitaria, Asia y Oceanía estudian en colegios públicos; así su peso porcentual en la red pública, en relación con el total del alumnado, es del 2,22%, mientras que en la privada sólo supone el 0,96%". Los colegios concertados, pagados por el Estado, tienen la obligación de no hacer diferencias entre inmigrantes y españoles a la hora de seleccionar a su alumnado. Sin embargo, según el estudio del Defensor, que confirma otros anteriores, éstos eluden esa exigencia. Por eso en las recomendaciones se incluye la de "incrementar el control de las autoridades educativas sobre el proceso de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos a fin de garantizar su transparencia y la adecuación a las normas que lo regulan".
Para solucionar este problema, que el estudio considera "grave", se propone establecer cupos de reserva u otras medidas similares, informar a las familias inmigrantes de que pueden acceder a centros concertados de forma gratuita, e incluso limitar el derecho a la libre elección del centro, eje del problema según las conclusiones del estudio.
Los extranjeros se concentran en ciudades de más de 20.000 habitantes. Según los datos del informe, allí estudian el 71,5% de ellos. Su presencia es especialmente significativa en algunas comunidades. Entre Madrid y Cataluña se reparten casi el 50% del total. Mientras en Madrid hay casi un 5% de niños extranjeros, en Cataluña es el 2,46%, en Andalucía el 1,17%, en la Comunidad Valenciana el 1,58%, en el País Vasco el 1,75%, y en Galicia cae al 0,63%. En Ceuta y Melilla sube hasta el 12,43%.
Asimismo, mientras el 39% de los extranjeros acogidos en los públicos son africanos, ese porcentaje baja hasta el 21% en los concertados. Por contra, estos colegios privados financiados por el Estado educan a un 35% de latinoamericanos, frente al 30% de los públicos.
El estudio concluye que precisamente son los africanos los estudiantes con más problemas. Los expertos creen que se debe a sus escasas expectativas de continuar su formación (la mayoría se incorpora enseguida al mercado laboral) y la falta de dominio del idioma. A veces también influye su reducido nivel de escolarización previo. Por ello, el Defensor del Pueblo recomienda que los colegios apoyen los programas de inserción laboral para estos estudiantes. La mayoría se incorpora enseguida al mercado laboral.
Los asiáticos también tienen dificultades con el idioma. Para paliarlo, bastaría con ayudarles a que conozcan el español, explica el informe, ya que son los que mayor insatisfacción expresan con el sistema educativo.
El estudio es tajante al analizar la distribución por niveles educativos de los inmigrantes. El 50% se sitúa en la educación primaria, frente a un 22,19% en la infantil y un 27,61% en la secundaria, a la que muchos de ellos no llegan a pesar de ser obligatoria. Significativo es el caso de las niñas africanas, cuya presencia en esta etapa, entre 12 y 16 años, es "muy reducida" (Mayo 2003).
213.-EL GOBIERNO DE AZNAR IMPULSA UNA "JUSTICIA ESPECIAL SÓLO PARA INMIGRANTES"
Amnistía Internacional denunció que en España está produciéndose una "regresión" en el respeto a los derechos de los inmigrantes y advirtió del "riesgo real" de que el Gobierno acabe creando una "justicia especial" para los extranjeros si continúa por la senda que marca la nueva Ley de Extranjería, actualmente en fase de tramitación.
El director de la sección española de AI, Esteban Beltrán, que presentó en Madrid el informe anual de la organización sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, subrayó la existencia de numerosas denuncias contra miembros de las fuerzas de seguridad españolas por malos tratos y abusos sexuales sobre menores y mujeres inmigrantes. Esteban subrayó que desde 1995 Amnistía Internacional ha registrado en España 321 casos con componentes racistas de malos tratos, detenciones ilegales y muertes bajo custodia policial.
La sección española de AI, que celebra este año su 25 aniversario, criticó el nuevo proyecto de Ley de Extranjería, actualmente en manos del Consejo de Estado, y apuntó tres motivos de preocupación para Amnistía Internacional en el texto:
El aumento de las multas a las compañías de transporte que traigan a inmigrantes hasta España.
La agilización de los métodos de expulsión de extranjeros indocumentados.
La posibilidad de emprender acciones legales contra quienes ayudan a inmigrantes, aunque sea sin ánimo de lucro.
En ese contexto, AI volvió a criticar al ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, por haber incluido la "inmigración ilegal masiva" entre las amenazas para la seguridad de España. También criticó que España sea el único país de la UE que no ha firmado aún el Convenio Europeo contra la Corrupción.
AI comienza el capítulo de su informe dedicado a España recordando que ETA asesinó a cinco personas en 2002, entre ellas la niña de seis años Silvia Martínez Santiago, muerta en agosto al estallar una bomba oculta en un vehículo frente al cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante). La organización se hace eco de numerosas denuncias de torturas y malos tratos a manos de agentes de la policía y la Guardia Civil, tanto por parte de inmigrantes como de detenidos en régimen de incomunicación, en su mayoría presuntos miembros de ETA. El informe recuerda que el Comité contra la Tortura de la ONU expresó en noviembre su preocupación por el hecho de que la detención en régimen de incomunicación facilita la tortura.
AI pidió en Madrid que se abra una investigación imparcial para determinar si la muerte en Bagdad del cámara de Tele 5 José Couso fue o no un crimen de guerra. La sección española criticó que el Gobierno español se haya "conformado" con la explicación "ínfima" de lo sucedido ofrecida por Washington. Como nota positiva, Amnistía elogió la condena formal del Congreso de los Diputados a la dictadura del general Franco, el apoyo a las iniciativas para honrar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la exhumación de fosas comunes con cadáveres de republicanos muertos durante la contienda (Mayo 2003).
214.-ATIME PIDE A INTERIOR QUE INVESTIGUE LAS MUERTES DE INMIGRANTES EN CANARIAS
La Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) solicitó al Ministerio del Interior y al defensor del pueblo, Enrique Múgica, que investiguen las más de 30 muertes de inmigrantes llegados en pateras a las costas canarias.
En un comunicado, ATIME lamenta profundamente estos ahogamientos "y en las mismas circunstancias (cuando las pateras son abordadas por las patrulleras de la Guardia Civil)".
La organización de inmigrantes marroquíes manifiesta, además, su "perplejidad por la similitud y reiteración de estos accidentes, graves y perfectamente evitables".
ATIME señala que de la investigación de Interior se debe depurar responsabilidades y tomar las medidas necesarias para evitar nuevas muertes. La asociación señala, además, que la investigación paralela de Múgica debe contribuir a evitar en el futuro situaciones similares, "puesto que si la inmigración a través de pateras es un hecho inevitable en las circunstancias actuales, la muerte de seres humanos en las costas españolas sí lo es, si se toman las medidas necesarias para lograrlo" (Junio 2003).
215.- EL 81% DE LOS INMIGRANTES ESTUDIA EN CENTROS PÚBLICOS
El 81% de los alumnos inmigrantes (162.958) está escolarizado en centros públicos y sólo el 19% (38.560) en privados, según los últimos datos, del curso 2001-2002, que hizo públicos la ministra de Educación, Pilar del Castillo, en el Senado. Respondía a una pregunta sobre la distribución de inmigrantes en los colegios, tras la publicación de un informe del Defensor del Pueblo en el que se critica el desigual reparto de estos estudiantes entre la red pública y la concertada.
El mayor porcentaje de alumnos en centros privados está en el País Vasco (34%) y Cantabria (31,6%) y el menor en Extremadura (4,8%) y Murcia (9,5%). Al analizar estos resultados hay que tener presente que, por ejemplo, en Extremadura, hay pocas escuelas concertadas, y en el País Vasco representan la mitad del sistema (Junio 2003).
216.- ESPAÑA RECHAZÓ EL AÑO PASADO EL 95% DE LAS SOLICITUDES DE ASILO
El 95% de los solicitantes de asilo en España el año pasado no pudieron quedarse en el país. Un informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) critica la falta de criterios claros. En 2002 la cifra de solicitudes descendió un 34,64%, tras imponerse a colombianos y cubanos -dos de los principales grupos de demandantes de asilo- la obligatoriedad de visado para poder entrar en España.
Un total de 6.203 personas solicitaron refugio en España el año pasado, frente a las 9.490 del año anterior. De ellos, sólo 175 lograron el estatuto de refugiado, más otros 150 que consiguieron quedarse por motivos humanitarios. Juntos suponen poco más de un 5% de los demandantes, un argumento que le sirve a la CEAR para afirmar que el derecho de asilo "está en crisis" en España, uno de los países "más hostiles" a este fenómeno. Con motivo del Día Mundial del Refugiado, la Comisión presentó un informe que evidencia una caída del 34,64% del número de extranjeros que solicitaron residir en España como refugiados.
El propio Ministerio del Interior reconoce la fuerte caída que se ha producido en el número de solicitudes de asilo. En el boletín que publica periódicamente la Oficina de Asilo y Refugio se admite que en el primer trimestre de este año las cifras de demandantes ascendieron a 1.547, un 37,6% menos que en el mismo periodo de 2002. Interior atribuye el descenso al cambio de la legislación para los cubanos y los colombianos. En 2002, según este boletín, el número de solicitantes de las dos nacionalidades había registrado un fuerte incremento, pero con la nueva normativa "se redujo radicalmente el número de solicitantes de estos países". Por territorio de origen, Nigeria encabeza la lista de demandantes de asilo, con el 23% del total. Le siguen muy de cerca, a pesar del cambio de ley, Cuba (18,77%) y Colombia (17,17%).
A la vista de los datos, CEAR se pregunta por qué España permanece tan lejos de sus socios europeos en cuestiones de asilo. Sólo en Portugal la proporción entre población y refugiados es más baja. En España hay 0,2 refugiados por cada 1.000 habitantes (en Portugal, ninguno), según datos de Acnur, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, citados en el informe de la CEAR. La situación dista mucho de Suecia, país con mayor volumen proporcional de refugiados (17,8 por cada 1.000 habitantes) (Junio 2003).
217.-5.159 EXTRANJEROS HAN SIDO DETENIDOS EN 286 PATERAS EN SEIS MESES
Ni el fuerte viento de levante y la mar gruesa que azotan el Estrecho ni los alisios y la fuerte marejada que reina entre el Sáhara y Canarias arredran a la inmigración ilegal: desde que comenzó el año hasta el pasado 16 de junio han sido interceptadas 286 pateras con 5.159 inmigrantes, según reveló en el Senado Ángel Acebes, ministro del Interior. Además, han sido detenidos 104 patrones por traficar con personas.
La cifra facilitada por Acebes supone algo más del doble de inmigrantes que habían sido interceptados durante el primer trimestre (2.270) y equivale a algo menos de un tercio de todos los extranjeros detenidos en pateras a lo largo del año pasado (18.265).
Canarias sigue siendo el gran receptor de la oleada de pateras y ha desbancado al estrecho de Gibraltar, donde el Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho (SIVE), que localiza las pateras casi desde que salen de Marruecos o el Sáhara, ha generado un doble efecto: por un lado ha hecho caer el número de extranjeros que intenta el salto al primer mundo por esta zona y, por otro, está desviando el tráfico de pateras hacia Almería y Granada. El número de los interceptados en Canarias casi triplica ya a los detenidos en el Estrecho. El año pasado, los de Canarias apenas doblaban a los de Algeciras y Cádiz (Junio 2003).
218.-UNA COMISIÓN EUROPEA AFIRMA QUE EL RACISMO PERSISTE EN ESPAÑA
El racismo y la xenofobia persisten en España, según el segundo informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI). El informe considera que el Gobierno español no ha hecho en los últimos cuatro años suficientes progresos para combatir la discriminación racial y lograr la efectiva igualdad de los ciudadanos. En ese sentido la ECRI suspende al Gobierno, si bien admite que el núcleo del problema no reside en las disposiciones legales, sino en su inadecuada o insuficiente aplicación. Los gitanos, los solicitantes de asilo y gran parte de los inmigrantes son, en la práctica, señala el informe, ciudadanos de segunda. Así se da la paradoja de que, a pesar de que los españoles, como sociedad, están a la cola de los europeos más racistas, "el Gobierno no ha dado los pasos necesarios para garantizar la igualdad en materia civil o penal", afirma José Manuel Fresno, miembro español de la ECRI (Julio 2003).
219.-EXPERTOS EN PROTECCIÓN DE DATOS CONSIDERAN INCONSTITUCIONAL LA REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA
La Federación de Municipios de Cataluña ya se ha opuesto al propósito del ministerio del Interior, que pretende localizar a los extranjeros que residen ilegalmente en España utilizando el ceso municipal de habitantes. El presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, Manuel Mas, dibuja un futuro preocupante para los ayuntamientos en el caso de que la reforma de Extranjería posibilite a la Policía el acceso directo al padrón. Afirma que si los inmigrantes no se empadronan por temor a ser localizados, tampoco accederán a la tarjeta sanitaria, con el peligro que ello conlleva para la salud pública. Este es uno de los aspectos en el que inciden los expertos en protección de datos. Como Carmen Sánchez Carazo, concejala en el ayuntamiento de Madrid y miembro de la Comisión de Libertades e Informática, que recuerda que los datos del padrón son confidenciales.
El Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional toda limitación del derecho a la protección de datos por razones genéricas, como interés público o intereses de terceros más dignos de protección (Julio 2003).
220.-CRUZ ROJA EXIGE AL GOBIERNO MÁS MEDIOS EN TARIFA PARA ATENDER A LOS INMIGRANTES
Los voluntarios de la Cruz Roja de Tarifa aseguran que no pueden aguantar más. La falta de medios para atender a los inmigrantes indocumentados que llegan a las costas del municipio les llevó a reclamar una respuesta urgente del Gobierno. De nuevo, el colapso en la tramitación de repatriaciones y expedientes de expulsión en la comisaría de Algeciras obligó a 155 detenidos a pasar la noche en el centro de acogida temporal tarifeño, pese a que el antiguo acuartelamiento que el Ministerio del Interior utiliza desde 2001 no está acondicionado para ello.
En los dos últimos días, decenas de inmigrantes han tenido que dormir en el centro de acogida temporal, ante el bloqueo de la comisaría de Algeciras. De hecho, pernoctaron otros 155 inmigrantes, a los que se unieron los 45 interceptados.
Cruz Roja de Tarifa acusó al Gobierno central y a su propia organización de "no atender las peticiones que se realizan, acordadas en un protocolo para la zona". En dicho acuerdo se contemplaba el envío de ropa nueva, de un hospital de campaña y una ambulancia, además de la ampliación del personal contratado, según afirmó Juan Triviño, delegado de Cruz Roja en el municipio. El presidente provincial de la organización humanitaria, Pedro Gallardo, aseguró que "el pasado viernes fue remitido un dossier a Madrid, en el que se doblaban las peticiones realizadas por los voluntarios tarifeños" (Septiembre 2003).
221.-DETENIDOS EN LA COSTA MÁS DE 500 INMIGRANTES 'SIN PAPELES' EN DOS DÍAS
La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera interceptaron cinco lanchas neumáticas que trataban de desembarcar en la costa andaluza a decenas de inmigrantes indocumentados, de origen magrebí y subsahariano. Esta intervención se saldó con la detención de 269 inmigrantes sin papeles, 61 en playas granadinas de Salobreña y Almuñecar y 208 en Tarifa (Cádiz). En tan solo un fin de semana más de 500 inmigrantes fueron detenidos en Andalucía y Canarias. La nueva masiva llegada de indocumentados a las costas de Tarifa colapsó las instalaciones que las autoridades utilizan como centro de acogida temporal, ya que sólo 24 horas antes ingresaron en el antiguo acuartelamiento de Las Palomas otras 150 personas. A falta de los datos de la segunda quincena de agosto, los inmigrantes interceptados en los meses de verano en Tarifa suman ya 1.190, un número muy similar a todos los detenidos en junio, julio y agosto del año pasado. En 2002, el balance de inmigrantes interceptados tras intentar entrar en España de forma ilegal, a bordo de pequeñas embarcaciones, alcanzó las 16.504 personas (Septiembre 2003).
222.-LA LEY DE EXTRANJERÍA MANTIENE EN EL SUBEMPLEO A 500.000 'SIN PAPELES'
La reciente reforma de la Ley de Extranjería no incluye ningún punto dirigido a acabar con la bolsa de al menos medio millón de inmigrantes irregulares que hay en España. Todos ellos trabajan en la economía sumergida que, según los últimos estudios, supone el 23% del PIB en España. Sindicatos y asociaciones señalan este aspecto como uno de los grandes déficit de la nueva normativa.
"Es un tema tabú", dice la portavoz de Inmigración de UGT, Almudena Fontecha, "el mayor déficit de la nueva Ley es que no se da ninguna solución a los inmigrantes que ya están aquí. Las sanciones a los empresarios que utilicen mano de obra irregular ya se recogen en la actual ley. Lo único que hacen es aumentar las sanciones. Pero el problema no es ése sino que, mientras exista una bolsa de trabajadores clandestinos, los empresarios la usarán para abaratar costes y empeorarán las condiciones laborales. Mientras la Administración no dote a la Inspección de los recursos necesarios, no se podrán perseguir estos abusos. Y mientras no exista una garantía jurídica y legal que ampare al inmigrante explotado para que pueda denunciar su situación sin perderlo todo, resultará complicado que afloren toda esa multitud de casos", explica.
Se calcula que el número de indocumentados que hay en España ronda el medio millón, o al menos ésa es la cifra que, más o menos, manejan la Administración, los sindicatos y las asociaciones de inmigrantes. La mayoría de ellos trabajan en el sector agropecuario, en la construcción o en el sector servicios, convertidos en una especie de trabajadores fantasma.
Según un estudio publicado este verano en Papeles de la Economía Española de la Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (Funcas), el 23% de la actividad económica que se realiza en España es sumergida, lo que supone unos 130.000 millones de euros, y la tendencia es a crecer. Es más, según otro estudio reciente del Instituto de Estudios Fiscales (adscrito al Ministerio de Hacienda), el volumen de economía sumergida ha aumentado progresivamente en las dos últimas décadas, a la vez que la inmigración. El aumento ha sido de cinco puntos desde los años ochenta. Actualmente, sólo Grecia e Italia superan a España en la UE en este terreno con un 30% y un 27% respectivamente. Según la Comisión Europea, la inmigración se ha convertido en el principal acelerador de la economía sumergida en Europa (Septiembre 2003).
223.-LA RELATORA DE LA ONU PIDE QUE NO SE ALIENTE EL MIEDO A LA INMIGRACIÓN
La relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de los inmigrantes, Gabriela Rodríguez Pizarro pidió en Madrid a los medios de comunicación que tengan más cuidado con el trato que dan a los temas de inmigración, "ya que se presta a interpretaciones políticas". Rodríguez Pizarro, que terminó su visita de 15 días a España, reclamó a los periodistas que eviten utilizar términos como "avalancha" o "efecto llamada" y pidió que no se califique de inmigrantes irregulares a aquellas personas que solicitan refugio político. "El miedo que puede existir en la sociedad española ante la inmigración está mediatizado", señaló. La relatora, una psicóloga de nacionalidad chilena y costarricense con treinta años de experiencia en temas de refugiados, no quiso avanzar ninguno de los aspectos del informe que presentará el próximo marzo ante la comisión de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, destacó la necesidad de fortalecer el derecho de asilo y de luchar contra las redes de tráfico de personas, tanto las que se dedican sólo al transporte como las que buscan la explotación laboral o sexual de los extranjeros. La relatora subrayó, además, la "alta vulnerabilidad" de las mujeres y de los menores que salen solos de su país (Septiembre-Octubre 2003).
224.-LA INMIGRACIÓN DESBORDA LA ESCUELA PÚBLICA
El aumento vertiginoso de los alumnos inmigrantes es, junto a la incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito educativo, el factor que más está cambiando el panorama de la educación española en la primera década del siglo XXI. La multiculturalidad de las aulas está haciendo necesario replantear los objetivos de la educación en los países desarrollados. Y los expertos llevan años anunciando las tremendas repercusiones escolares y sociales que tendría esta nueva situación en España. Es un hecho, y las consecuencias empiezan a verse.
Hace 10 años, en el curso 1993-1994, había 50.076 estudiantes extranjeros, éste hay 400.000. Pero la curva no ha sido constante. En los últimos tres años se ha producido un vertiginoso incremento: desde el curso 2001-2002 han aumentado los estudiantes inmigrantes a razón de 100.000 por curso. El futuro que se avecina seguirá este mismo rumbo. Así lo dan a entender los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE): prevé que en 2010 se duplique la población inmigrante española, que actualmente asciende a dos millones de habitantes, lo que representa el 4,7% del total (41,8 millones de habitantes), el mismo porcentaje que suponen los 400.000 inmigrantes en edad escolar sobre el total del alumnado (8,3 millones). Este curso, los inmigrantes han hecho subir por primera vez en 15 años el número de estudiantes del sistema educativo.
La forma de afrontar esta nueva realidad es tan diversa como lo son los modelos educativos de cada país. El español es bipolar, con la red pública por un lado y la privada concertada (católica al 90%) por el otro. La raíz de los problemas para la integración escolar y, por lo tanto, social, de los inmigrantes es común: no existe una distribución equitativa de los extranjeros entre las dos redes.
De cada lado salen a su vez ramificaciones del problema principal. La concertada en algunas comunidades, como Cataluña y el País Vasco, agrupa ya a la mitad de los colegios, pero el 82% de los escolares inmigrantes españoles estudian en centros públicos, según datos de CC OO. Sindicatos y asociaciones de padres laicas, como la Ceapa, reclaman más inversión en la red pública, más profesores de apoyo, formación de todo el profesorado para abordar estos temas y la preparación de más especialistas. Expertos que hayan puesto en marcha programas piloto no faltan. Pero, según esas organizaciones, sí falta "una apuesta política de integración real" y advierten que el camino a la integración "no pasa por potenciar la religión católica en las aulas" e introducir medidas como "la separación temprana de alumnos por rendimiento, como hace la Ley de Calidad, que lo que logran es introducir elementos de diferenciación" (Septiembre-Octubre 2003).
225.- Asciende a 36 el número de cadáveres hallados tras el naufragio de una patera en Rota
Efectivos de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo han rescatado ya 36 cadáveres de inmigrantes en aguas de la Bahía de Cádiz, tras el naufragio sufrido el pasado día 25 de Octubre por una patera en aguas de Rota (Cádiz). El suceso comenzó cuando una patera fue avistada por un buque de pasajeros mientras navegaba por aguas de la Bahía de Cádiz, y alertó a las autoridades que pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda, dadas las malas condiciones meteorológicas, marcadas por las fuertes lluvias, viento y oleaje. (Noviembre 2003).
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