ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA " GUMP "
" Un tipo con mucha gracia interior" 
(Anónimo  PPopular de la Junta Directiva Nacional )

 

Esta es su televisiva gestión como Ministro del Orden Público

 

LA DELINCUENCIA AUMENTÓ UN 5% EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO

La criminalidad sigue subiendo. En los cinco primeros meses de este año se han producido 43.261 delitos más que en el mismo periodo del pasado año; es decir, la delincuencia ha crecido un 5,2% más que de enero a mayo de 2001. El incremento es generalizado, pero se concentra en las ciudades de más de 50.000 habitantes, donde fue del 5,5%. La tasa de criminalidad, que el presidente del Gobierno, José María Aznar, cifró el pasado febrero en 48 delitos por cada mil habitantes, ha alcanzado el pasado mes de mayo las 50,8 infracciones por cada mil habitantes.

Las cifras estadísticas se recogen en un estudio realizado por el Instituto de Estudios de Seguridad y Policía (IESP), dependiente del Sindicato Unificado de Policía (SUP), con datos recabados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas.

En total, las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía, la Ertzaintza (policía vasca), los Mossos d'Esquadra (policía catalana), y las dependencias de la Guardia Civil tuvieron conocimiento de 872.499 delitos y faltas desde el pasado 1 de enero hasta el 31 de mayo. Son 43.261 delitos más que en el mismo periodo del año pasado (el 5,2%), cuando se registraron 829.238. La cifra es especialmente significativa si se tiene en cuenta que en los cinco primeros meses de 2001 el crecimiento respecto al 2000 fue del 11,3% y que los datos globales para todo 2001 arrojaron un incremento de un 10,52% respecto al año anterior.

La situación se entiende mejor con la tasa de criminalidad en la mano, que relaciona el número de delitos conocidos con la población. En la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados el pasado 20 de febrero, el presidente Aznar, la cifró en 48 delitos por cada mil habitantes. A 31 de mayo de 2002, esa tasa había crecido en 2,8 puntos y se situaba en los 50,8 delitos.

Siguiendo la tendencia de 2001, el aumento de los delitos se ha notado principalmente en las ciudades, como demuestran los datos relativos al territorio bajo competencia del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). En los núcleos urbanos con más de 50.000 habitantes se produjo un crecimiento del 5,5%, tres décimas por encima de la media. En las zonas rurales, bajo vigilancia de la Guardia Civil, la delincuencia también crece (4,6%), pero en menor medida (Julio 2002).

 MADRID CAPITAL REGISTRA UN FUERTE AUMENTO DE ROBOS Y ATRACOS

La inseguridad ciudadana se ha disparado en lo que va de año en la capital de España. Los datos oficiales que manejan los jueces revelan que entre enero y julio los atracos callejeros (también llamados robos con violencia e intimidación) han experimentado un aumento del 23% respecto al mismo periodo de 2001.

Desde el Ministerio del Interior se ha atribuido el aumento de la inseguridad ciudadana al incremento de la población inmigrante. Este enfoque ha sido criticado por numerosas ONG.

Se han perpetrado en la capital 22.725 robos con violencia e intimidación, según los datos que figuran en la memoria de actividades relativa a 2001 de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. En la cifra se incluyen 49 robos en bancos, 5.232 tirones y otros 17.443 atracos en los que medió intimidación.

La capital ha registrado, además, 20.133 robos callejeros frente a los 15.700 registrados en el mismo periodo de 2001. Y se han cometido 45.000 robos con fuerza (sin violencia pero con daños) en casas, locales y coches.

Sólo en la capital se han perpetrado 4.433 atracos callejeros más que en 2001 (o lo que es igual, 94 atracos callejeros diarios hasta julio frente a los 73 contabilizados el año pasado).

También han aumentado en lo que va de año los hurtos, es decir, los robos sin violencia. Desde enero se han perpetrado en la capital 87.677 (409 diarios), frente a los 86.863 del año pasado.

Según la estadística de los juzgados, en los siete primeros meses de este año han sido robados 10.654 vehículos. En este apartado se ha producido una mejora, puesto que resulta un promedio de 49 robos diarios frente a 52 diarios el año pasado (Septiembre 2002).

EN 2001 SE REGISTRARON MEDIO MILLÓN DE DELITOS MÁS QUE EN 2000, CON UN 14,52% DE AUMENTO

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, da cuenta en su discurso ante el Rey, en la ceremonia de apertura de Tribunales, de que el aumento de la inseguridad ciudadana en 2001 alcanzó cotas que duplican la cifra más alta de crecimiento en el último decenio. Según el fiscal general, se incoaron 4.075.869 causas, más de medio millón más que el año anterior, que suponen un 'crecimiento muy significativo' respecto a años anteriores.

Los datos de la memoria de la Fiscalía General del Estado son harto elocuentes. El número de diligencias previas incoadas durante 2001 por delitos alcanzó las 4.075.869 y experimentó un incremento de un 14,52% respecto al año anterior. Es decir, se superó por primera vez la barrera de los cuatro millones de diligencias y se incoaron 511.674 causas por delito más que en el año 2000. Un aumento de más de medio millón de delitos en un solo año duplica la cifra de 242.552 correspondiente a 1996, que era la más alta del último decenio.

Tal como reconoce la memoria del fiscal 'un aumento del 14,5% de las diligencias previas supone un parámetro que dobla la cifra más alta de crecimiento en tales años y un claro signo negativo de incidencia en el fenómeno de inseguridad ciudadana'.

Los delitos contra la vida e integridad física de las personas representaron el 22% del total. Se incoaron 1.180 causas por delito de homicidio doloso y 93 por asesinato. En conjunto, la cifra de muertes violentas intencionales en 2001 se elevó a 1.273, un 11% más que el año precedente. Por delito de homicidio imprudente se abrieron 596 causas, y por lesiones dolosas, 517.342.

Los delitos contra la libertad sexual motivaron 9.008 procedimientos, frente a los 8.508 asuntos del año anterior, con un aumento del 5,8%. Los delitos contra la libertad aumentaron un 2,8%, repartidos de modo muy igual entre las amenazas y detenciones ilegales. Se mantuvo prácticamente igual la cifra de coacciones.

Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico representaron el 66,3% del total de las causas incoadas, es decir, 2.146.520. La cifra de delitos contra el patrimonio 'ha experimentado un notable aumento del 10,8% (210.241 causas más).

Respecto a los clásicos delitos de este apartado, hay que destacar un muy importante aumento en todas sus figuras: el delito de hurto, un 8%; los robos con fuerza aumentaron un 12%; los robos con violencia e intimidación, un 17%, y los robos y hurtos de uso de vehículos, un 11%. Los delitos de estafa y apropiación indebida se situaron en 54.191 causas, un 3,7% más.

Los delitos societarios pasaron de 226 causas a 280 y también aumentaron las causas por blanqueo de capitales, desde las 40 del año 2000 a las 63 de 2001.

Los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social 'experimentaron un importante aumento' y se situaron en las 396 causas, frente a las 257 del año anterior. Aumentaron las causas por delito fiscal, por delito contable y por fraude de subvenciones, y disminuyeron las causas por fraude comunitario y por delito contra la seguridad social.

Por tráfico ilegal de personas se incoaron 99 causas, frente a los 119 procedimientos del año 2000.

El número de detenidos por tráfico de drogas en 2001 fue de 17.380 (12.380 nacionales y 5.000 extranjeros). Se practicaron 129.077 decomisos: 630,5 kilos de heroína; 33.680 kilos de cocaína; 514.181 kilos de hachís, 26.535 dosis de LSD y 2.822.310 de psicotrópicos. Se abrieron 26.708 procedimientos judiciales por narcotráfico y se produjeron 201 muertes directamente causadas por la droga, de ellas 192 por sobredosis y siete por ajustes de cuentas (Septiembre 2002).

EXPERTOS PENALISTAS CREEN QUE LA REFORMA DEL CÓDIGO ES 'REGRESIVA' Y LLENARÁ LAS CÁRCELES

La reforma del Código Penal incluida en el plan de lucha contra la delincuencia proyectado por el Gobierno es contemplada con preocupación, cuando no con abierto rechazo, por cuatro catedráticos de Derecho Penal. Todos pronostican la saturación de las prisiones.

El Ministerio de Justicia ha desvelado una mínima parte de la reforma del Código Penal que lleva proyectando desde noviembre de 2000, y que ha sido ampliamente criticada por cuatro catedráticos de Derecho Penal : Mercedes García Arán, de la Universidad Autónoma de Barcelona; José Miguel Zugaldía, de la Universidad de Granada; Joan Queralt, de la Universidad de Barcelona, y José Luís Díez Ripollés, de la Universidad de Málaga. Estas son las propuestas del Gobierno y las críticas de los catedráticos.

Tercer grado penitenciario: Los condenados a penas superiores a cinco años no podrán acceder al tercer grado de tratamiento hasta el cumplimiento de la mitad de la pena. Pasado el primer año, el juez puede acordar la ampliación del régimen general. Se trata de evitar que se pueda acceder al tercer grado desde el primer día.

'En la práctica, en la cárcel manda la Administración y quien pone al preso en régimen abierto el primer día es el director de la cárcel' asegura Joan Queralt, para quien 'es un absurdo que los terceros grados se apliquen automáticamente'.

Para García Arán, 'la concesión del tercer grado desde el primer día se da muy pocas veces, además de que es facultativa y puede no hacerse. Pero si se trata de una persona mayor o socialmente muy insertada, ¿por qué no aplicarlo? Tanto el régimen abierto como la libertad condicional son dos medidas de semilibertad que se basan en la filosofía de la reinserción del artículo 25 de la Constitución. Esta filosofía es la que se cargan, porque limitan estas instituciones quitando facultades a los jueces'.

Para José Miguel Zugaldía, la medida 'priva del tercer grado a personas que tienen una pena no excesivamente grave. Lo que interesa es que si esa persona tiene un trabajo estable no se desocialice más. Si cabe la posibilidad de que cumpla en régimen de semilibertad, yendo a dormir a prisión, es preferible a que pierda el trabajo antes de salir a la calle'.

Por el contrario, Díez Ripollés opina que la Ley Penitenciaria da demasiadas facilidades para el régimen abierto. 'Es bueno que no se pueda aplicar inmediatamente el tercer grado. El periodo de seguridad no me parece mal, aunque se podría matizar sobre el plazo'.

Penas cortas de prisión: Se sustituye para determinados delitos el arresto de fin de semana por la posibilidad de imponer penas de cárcel de tres a seis meses.

Para García Arán, la medida supone un nuevo retroceso: 'El Código de 1995 eliminó las penas de prisión inferiores a seis meses, de acuerdo con la tendencia europea de suprimir penas breves de prisión, muy criticadas por sus efectos contraproducentes. ¿Recuperando penas de tres meses van a disminuir los delitos? Tengo serias dudas. Han preferido no apostar por potenciar los arrestos, y volver a lo fácil'.

Díez Ripollés agrega: 'Me parece contraproducente, porque la estancia en prisión corrompe mucho más. Con el arresto de fin de semana el recluso está aislado pero sigue su vida normal y no está expuesto a los efectos corruptores del contacto con otros reclusos'.

Alejamiento hasta 10 años: Se amplía la duración máxima de las penas de alejamiento y prohibición de aproximación a la víctima de cinco a diez años.

Los catedráticos consultados se muestran a favor. 'Pero dependerá del coste; con un coste cero, no se podrá aplicar', precisó Zugaldía. 'Lo de menos es la duración de la pena, el problema son los medios que se destinen para la protección de la víctima', agregó García Arán. 'No basta con la pulsera de seguridad', dijo Queralt.

Penas superiores en grado: Se podrán imponer cuando concurran más de dos agravantes o si se trata de delito continuado.

García Arán explica que la agravante de reincidencia estaba también en los viejos códigos: 'Ahora, con agravantes, la pena se aplica en su franja superior, pero no desborda el límite máximo; con la reforma se podrá aplicar un grado superior de pena'. Para Zugaldía, 'agravar las penas por la vía de la reincidencia no lo admite el Tribunal Supremo hace años'.

'Estoy en desacuerdo porque es una forma de eludir el nivel de las penas del Código y puede suponer una elevación importantísima. Como se hace de manera generalizada, puede afectar no sólo a delincuentes callejeros sino a cualquier otro tipo de delito y se les puede ir de las manos', dijo Díez Ripollés. 'La agravante de reincidencia es derecho prefranquista', concluyó Queralt.

Habitualidad de las faltas: La habitualidad en la comisión de hechos que aisladamente sean constitutivos de determinadas faltas se reputará delito.

'Los pequeños delincuentes saben distinguir entre delito y falta, así que mientras antes daban tres palos de 40.000, ahora irán al por mayor, a dar uno de 200.000. Es una solución de derecho franquista', dijo Queralt.

Para Díez Ripollés, reputar delito la habitualidad de las faltas puede ser aceptable con determinados delitos, pero no puede regularse de manera general. García Arán explica que 'para las faltas no cabe prisión preventiva, pero si el sujeto tiene varias y se reputa delito, puede ir a prisión. Es otra demostración de que se opta por más dureza y cárcel, no por la intervención individualizada.' Para Zugaldía, 'es una técnica propia de épocas que es mejor no recordar'.

Expulsión de extranjeros: Cuando se les atribuya un delito con pena inferior a seis años.

Para García Arán, podría ser inconstitucional ya que al extranjero se le trata de manera distinta por razón de su nacionalidad. 'Si la pena a imponer es de hasta dos años se le quitan los beneficios de la condena condicional, a la que pueden optar los nacionales'. Según Díez Ripollés, 'si el delito es de poca importancia, la expulsión es desproporcionada, pero si conlleva una pena de 4 o 5 años de cárcel y se sustituye por la expulsión puede que se les esté beneficiando'

Mercedes García Arán

'La reforma obedece a la concepción de que la delincuencia se soluciona cambiando el Código Penal, con más castigo y menos reinserción. Las medidas que afectan al tercer grado y a la libertad condicional tratan de limitar la potestad de los jueces'.

José Miguel Zugaldía

'Se ha dicho que políticamente es para 'barrer las calles'. Pues bien, los delincuentes no son basura, no tienen que ser barridos. Se trata de un problema de adaptación. El conjunto de la reforma apunta a un intento de resolver problemas sociales por vías penales'

José Luis Díez Ripollés

'Resulta sorprendente que se acuda de nuevo a la prisión cuando hay penas alternativas que se aplican poco y mal. Las medidas responden a una opción de política criminal anticuada y muy conservadora que solo conducirá a desbordar las cárceles'.

Joan Queralt

'La reforma es un disparate que va contra toda ciencia penitenciaria y la política criminal moderna, y llevará al hacinamiento de presos en las cárceles. Son medidas claramente demagógicas y regresivas. La justicia no tiene que ser rápida ni lenta: tiene que ser justa' (Septiembre 2002).

INTERIOR RECLAMA SIETE NUEVAS CÁRCELES TRAS BATIR EL RÉCORD DE POBLACIÓN RECLUSA. LAS 77 CÁRCELES ACTUALES ALBERGAN YA A 51.178 RECLUSOS, LA CIFRA MÁS ALTA DESDE LA POSGUERRA

Las prisiones españolas van de récord en récord. En las 77 penitenciarías se albergan a 51.178 presos, la cifra más alta desde la posguerra. La avalancha de reclusos por el aumento de la delincuencia motivó que Instituciones Penitenciarias pidiera en febrero la construcción de cuatro centros, además de los tres presupuestados desde 1993 y que ha sido imposible edificar. Si los siete comenzaran a construirse hoy no estarían listos hasta 2005, pero, mientras, la situación puede agravarse con el plan del Gobierno que, si funciona, barrerá a los delincuentes de la calle hasta el recogedor de la cárcel.

El aumento galopante del número de presos comenzó a atisbarse en 2001 y se ha concretado este año, que empezó con 47.521 reclusos y va ya por 51.178. El incremento en estos meses ha sido de 3.657 internos, el doble de los que ingresaron durante todo el año pasado y los mismos que cabrían en condiciones óptimas en tres cárceles tipo (que pueden acoger 1.200 a razón de uno por celda). El porcentaje de incremento es del 7,7%, prácticamente el mismo que el de crecimiento de los delitos (Septiembre 2002).

ESPAÑA TIENE 26.500 VIGILANTES PRIVADOS MÁS Y 6.000 POLICÍAS MENOS DESDE QUE GOBIERNA EL PP

La seguridad privada en España aumenta sin freno y necesita personal para hacer frente a la demanda de vigilantes. El crecimiento ha sido especialmente significativo desde 1996, año en que llegó al poder el PP, ya que de los 63.686 vigilantes privados que había ese año se ha pasado a 90.247 ahora. Mientras, en ese mismo periodo la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía han perdido 6.000 agentes. Las empresas del sector estiman que su facturación superará los 1.800 millones de euros, un 45% más que en 1996.

La seguridad privada no se ha visto afectada por crisis alguna desde 1996 ni tampoco le ha afectado el síndrome de hiperseguridad posterior a los atentados en Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001. España contaba en dicho año con 782 empresas de vigilancia y custodia de bienes e inmuebles, de las que el 57% estaban concentradas (por este orden) en Madrid, Cataluña y Andalucía, las tres comunidades más pobladas, según datos del Ministerio del Interior. Seis años después, ya son 947 empresas (un 18% más), pero ahora Madrid tiene más del doble que Cataluña, comunidad que ha sido rebasada en números absolutos por Andalucía.

El crecimiento ha sido muy superior en el personal habilitado para poder ejercer de vigilante. Interior no dispone de un recuento de efectivos exactos anterior a 1998. Ese año, el personal habilitado con arreglo a la anterior normativa del sector "tuvo que canjear su acreditación por las nuevas tarjetas de identidad profesional reguladas en la normativa vigente". El canje se hizo entre 1997 y 1998 y afectó "a unos 54.000 vigilantes jurados que hasta ese momento estaban habilitados por los distintos Gobiernos civiles", según Interior. Desde entonces, los habilita la Secretaría de Estado de Seguridad.

El cambio explica por qué se pasó de los 9.686 vigilantes que estaban habilitados en 1997 a los 68.486 del año siguiente. Desde entonces, el incremento del personal que se dedica, con o sin arma, a la vigilancia y custodia ha sido incesante, hasta alcanzar las 90.247 personas.

Este incremento ha motivado que España tenga 212,5 vigilantes por cada 100.000 habitantes y ocupe la tercera plaza de la Unión Europea en esa relación, sólo superada por Alemania y Reino Unido. La primera tiene 82,7 millones de habitantes y 276.000 vigilantes (212,8 por 100.000 ciudadanos) y el segundo, 59,5 millones de personas y 220.000 vigilantes (369,7 por 100.000), según datos de Eurostat.

Si la cifra de 90.247 vigilantes de España se compara con los 189.651 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales, resulta que hay un privado por cada 2,1 públicos. Sin contar que, según USO, UGT y CC OO, trabajan "unas 10.000 personas sin la titulación requerida por la vigente Ley de Seguridad Privada" y que "no reúnen las condiciones necesarias".

Interior y la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser, que agrupa las empresas que controlan dos tercios del volumen de negocio) coinciden en que el 70% de los trabajadores del sector es operativo y presta servicios de vigilancia, mientras el resto es "personal no operativo o de estructura".

El grueso del volumen de negocio se lo lleva la vigilancia física prestada por personal (con o sin arma de fuego, según lo prefiera el demandante), que supuso unos ingresos durante el año pasado de 990 millones de euros, frente a los 633 millones que se facturaron con otras actividades como la instalación de sistemas, el transporte de fondos, las centrales de recepción de alarmas y, finalmente, la seguridad física o escoltas privados. Interior tiene habilitados para este último cometido a 9.898 escoltas, una especialidad dentro de la de vigilante de seguridad.

El negocio de las empresas de seguridad ha tenido "un crecimiento sostenido, desde el año 1996 hasta hoy, de un 9,5% anual de promedio", según fuentes de Aproser. Se ha pasado de un volumen de negocio de 1.262 millones de euros en 1997 a los 1.623 millones del año pasado. "El aumento no es consecuencia, bajo nuestro punto de vista, del incremento de la inseguridad, sino fruto del crecimiento económico, ya que la gente tiene más bienes a conservar, hay más viviendas unifamiliares y, por ello, los ciudadanos demandan más seguridad", agregan las citadas fuentes.

Las perspectivas de negocio, además, son más que halagüeñas. Si se cumplen las estimaciones de empresas como Securitas, Vinsa o Eulen, tres de las grandes, el presente ejercicio se cerrará con un aumento del 11%, hasta alcanzar una cifra de negocio de 1.800 millones de euros.

En ese mismo periodo, la proporción del gasto en seguridad pública en los Presupuestos Generales del Estado respecto al Producto Interior Bruto (PIB) no ha parado de caer. Según el Ministerio de Hacienda, el gasto en seguridad pública en 1996 fue equivalente al 0,63% del PIB. El año pasado fue del 0,53%. El proyecto de Presupuestos recién presentado por el Gobierno para 2003 eleva ese porcentaje al 0,74%, con un gasto total en seguridad pública de 5.424,12 millones de euros (un 7,4% más que este año) (Septiembre 2002).

 

SITUACIÓN CÁRCELES:

 Ø       MÁS DE 8.000 PRESOS COMPARTEN CELDA, EN CONTRA DE LO QUE DICE LA LEY PENITENCIARIA: Las prisiones baten récords de ocupación. El incremento de presos en lo que va de año ( 3.657 personas, más que en los dos años anteriores) ha puesto la nueva marca en 51.178 internos. De las 66 prisiones dependientes del Ministerio del Interior -la Generalitat de Cataluña gestiona otras 11-, la saturación afecta sobre todo a 29. En más de la mitad de sus celdas -de unos ocho metros cuadrados- deben convivir dos personas. Se supera así el límite con el que pueden funcionar correctamente. Más de 8.000 reclusos ocupan celdas dobles, en contra de lo que establece la ley.

El artículo 19 de la Ley General Penitenciaria -que regula el funcionamiento de las prisiones- establece que todos los internos deben alojarse en una celda individual y que sólo en circunstancias excepcionales ( insuficiencia temporal de alojamiento, porque lo prescriba un médico o los equipos de especialistas que deciden sobre el tratamiento de los presos ) se podrá recurrir a dependencias colectivas.

Las cifras actuales de población reclusa imponen que la excepción sea la regla, con lo que el precepto legal se incumple sistemáticamente. El deterioro afecta actualmente a 29 cárceles de las 66 que gestiona Instituciones Penitenciarias, debido al tremendo incremento de población reclusa registrado en el último año. Desde el 1 de enero hasta el 6 de septiembre han ido a la cárcel 3.657 personas, casi 200 más que en los 24 meses anteriores. La situación es especialmente grave en Andalucía, Canarias, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana (Septiembre 2002).

 

Ø       LOS SINDICATOS DE PRISIONES PIDEN PERSONAL Y MEDIOS PARA AFRONTAR EL AUMENTO DE RECLUSOS: Barrer las calles de pequeños delincuentes, como asegura que quiere hacer José María Aznar, implica llevarlos a la cárcel. Los funcionarios de prisiones solicitan que el plan gubernamental de lucha contra la delincuencia se acompañe de más personal y medios para las penitenciarías, ya que, en su opinión, las medidas anunciadas por el Ejecutivo saturarán aún más las cárceles. Los sindicatos critican que se endurezcan las condiciones de cumplimiento y abogan por la expulsión de extranjeros 'sólo si es buena para el interno'.

La Agrupación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) y la Central Sindical Independiente (CSI-CSIF), los sindicatos más representativos en las prisiones españolas, se niegan a valorar si el plan gubernamental contra la delincuencia acabará o no con los pequeños delitos, pero aseguran que implicará irremisiblemente un incremento aún mayor de la población penitenciaria (Septiembre 2002).

 

Ø       INTERIOR TIENE 2.220 CELDAS VACÍAS EN SEIS CÁRCELES POR FALTA DE PERSONAL: El Ministerio del Interior ha decidido adelantar la apertura de 30 módulos de 74 celdas cada uno que permanecen cerrados en seis cárceles para hacer frente con ellos al crecimiento galopante de la población reclusa. El estreno de las 2.220 nuevas celdas hoy día vacías estaba previsto para el primer cuatrimestre del año a medida que se fueran incorporando funcionarios de la oferta pública de empleo de 2003, pero ésta se ha adelantado para que 465 funcionarios y 100 interinos comiencen a trabajar en esos módulos a partir del 4 de noviembre (Septiembre 2002).

 

ESPAÑA ES EL PAÍS DE LA UE CON MAYOR TASA DE HOMICIDIOS, SEGÚN UN ESTUDIO COMPARADO. LA CRIMINALIDAD CRECIÓ NUEVE PUNTOS MÁS QUE LA MEDIA EUROPEA EN EL LUSTRO 1995-2000

España, con 3,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, se ha convertido en el país de la Unión Europea (UE) con mayor proporción de homicidios. La tasa española, que casi dobla a la europea (1,7), se debe al fuerte crecimiento experimentando durante el lustro 1995-2000, cuando el número de homicidios creció en España un 34,5%, mientras la media de la UE se reducía un 7,7%. Así se desprende del análisis comparativo de datos de criminalidad realizado a partir de estadísticas oficiales por el Instituto de Estudios de Seguridad y Policía (IESP), ligado al sindicato policial SUP.

No es ninguna novedad decir que la seguridad ciudadana ha empeorado en España. Pero este deterioro resulta más acusado a la luz de la evolución experimentada en el entorno europeo. Según el análisis que el IESP asegura haber efectuado a partir de los datos oficiales de los respectivos Gobiernos, la criminalidad aumentó en un 0,7% en el conjunto de la UE entre 1995 y 2000. Sin embargo, como la población europea creció en un porcentaje mayor, la tasa de criminalidad se redujo en realidad medio punto, hasta situarse en 67 infracciones penales por cada mil habitantes.

Por el contrario, en España aumentó un 9,5%, casi nueve puntos porcentuales por encima de la media de la UE. Se trata del peor resultado entre los cinco grandes países de la UE (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España).

La tasa de criminalidad española se situó en 44,7 infracciones por mil habitantes, todavía por debajo de la media de la UE, ya que partía históricamente de cotas muy bajas, pero aumentando rápidamente. Estos datos corresponden al año 2000 (última fecha de la que hay estadísticas disponibles para todos los países europeos), pero en mayo pasado la tasa española llegó ya a 50,8 por cada mil habitantes.

La posición de España es algo mejor en el apartado de criminalidad violenta, el conjunto de delitos que conllevan el uso de la violencia física o psíquica contra las personas. Este indicador creció en España el 16,9% en el citado lustro, por debajo de la media de la UE (20,7%). La tasa europea de infracciones penales de este tipo se ha situado en 4,7 por cada mil habituantes. España está todavía por debajo de la misma (3,1), muy lejos del Reino Unido (13,1) y por encima de Alemania (2,3), Grecia o Irlanda (0,9).

Con todo, el parámetro más desfavorable para España es el de homicidios. Mientras en el conjunto de la UE han bajado como media un 7,7%, en España han aumentado un 34,5%.

Se trata del país donde más han crecido con gran diferencia, ya que en el siguiente, Bélgica, sólo crecieron el 11,3%.

Pero España no es sólo el país con mayor aumento de homicidios, sino también el que ha sufrido más por cada cien mil habitantes: 3,3 frente a 1,7 de media europea. Incluso en términos absolutos, España fue el país con más homicidios en el año 2000: 1.323. En Alemania, con más del doble de población, hubo 961.

Tampoco son positivos los datos sobre robos en domicilio: en España crecieron un 5,2% (sólo por detrás de Suecia, con un 5,3%), mientras que en la UE bajaron el 27,8%. Respecto a los robos de vehículos, aumentaron el 44,2% en España (inmediatamente detrás de Portugal, con un 52%), mientras que la media europea bajó el 19,2%.

De su lado, la población reclusa experimentó en España un incremento del 111,9% entre 1995 y 2000, por encima de la media europea (96,9%) (Octubre 2002).

EL ESTADO DESTINA 170 MILLONES DE EUROS A SEGURIDAD PRIVADA EN LOS PRESUPUESTOS

El Estado tiene previsto gastarse el año que viene 169.962.810 euros (28.279 millones de pesetas) en seguridad privada, según figura en el Proyecto de Presupuestos Generales para 2003 presentado en el Congreso. Casi el 40% de ese dinero, algo más de 67 millones de euros, se lo lleva la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y se destinará a dar protección a los amenazados por ETA, cargos públicos personalidades o sedes de partidos. El resto se reparte en remesas mucho menores y en más de 131 apartados de los 13 tomos del proyecto del Ejecutivo.

Los ministerios que más dinero dedican a la seguridad privada, dentro del epígrafe 'seguridad' del apartado económico 227 ('trabajos realizados por otras empresas y profesionales'), son, además del de Interior, Educación y Cultura (nueve millones) y Defensa (8,9 millones). El que menos se va a gastar en vigilantes, sistemas de control o alarmas es el de Sanidad (306.770 euros). En conjunto, los ministerios se gastarán 108.740 millones; las altas instituciones del Estado (Tribunal Constitucional, de Cuentas o el Consejo de Estado) destinarán 322.180 euros; los organismos autónomos (museos, el Inem o la Biblioteca Nacional), 44,6 millones, mientras los denominados 'otros organismos públicos' (Instituto Cervantes o la Agencia Tributaria), 16,2 millones. El montante total que el se destinará a seguridad privada supone el 0,023% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 0,43% que el Ministerio del Interior consigna en los epígrafes 'seguridad ciudadana' de sus distintos departamentos (Octubre 2002).

 CRUZ ROJA DEJARÁ DE ATENDER A INMIGRANTES EN CANARIAS SI EL GOBIERNO NO LE PAGA

Cruz Roja dejará de suministrar ayuda dentro de 10 días a los más de 700 inmigrantes retenidos en la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura si para entonces el Gobierno no le ha abonado el dinero necesario para realizar su labor, según declaró la presidenta de la ONG en Canarias, Carmen Marrero. Cruz Roja es la única organización que se ocupa de los africanos que se hacinan en el edificio, a los que proporciona colchones, ropa, calzado, paquetes de aseo y medicamentos.

Cruz Roja afirma que en lo que va de año ha destinado 120.000 euros (20 millones de pesetas) a los inmigrantes de la terminal, y que ha remitido escritos a la delegación del Gobierno en Canarias y al Ministerio del Interior 'para que traten de habilitar partidas económicas'. 'Queremos seguir prestando ese servicio. Este año ha llegado muchísima gente [en pateras] y se nos han acabado las reservas', afirma Marrero.

La ONG sólo se compromete a mantener en el aeropuerto la atención médica, y exclusivamente hasta el 31 de diciembre, fecha en la que vence su convenio con la Administración. Desde el pasado viernes hasta el lunes la Guardia Civil interceptó en Canarias a 165 indocumentados (Octubre 2002).

ESPAÑA SUFRIÓ ENTRE ENERO Y JUNIO UN ROBO EN VIVIENDAS CADA SEIS MINUTOS.

Los robos en viviendas particulares se sucedieron durante los primeros seis meses de este año a razón de uno cada poco más de seis minutos (nueve a la hora). En total fueron 39.846 las casas robadas desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2002. La región más castigada fue, con mucha diferencia, la Comunidad Valenciana, que destacó con 11.095 delitos, por encima de las más pobladas (Andalucía, Cataluña y Madrid). Dos de sus provincias, Alicante y Valencia, registran las cifras más espectaculares (5.629 y 4.379 robos, respectivamente). Ambas superan a Madrid y Barcelona.

Una casa robada cada seis minutos, nueve a la hora, 221 al día o 6.641 al mes. El Ministerio del Interior ha revelado en un documento oficial que en los seis primeros meses de este año las viviendas desvalijadas en toda España fueron 39.846 (Octubre 2002).  

LA POBLACIÓN RECLUSA AUMENTÓ UN 15,36% EN LOS ÚLTIMOS 22 MESES

El número de presos internados en las cárceles dependientes de la Administración central se ha incrementado un 15,36% desde el 29 diciembre de 2000, según datos facilitados por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip). Desde esa fecha han ingresado en las prisiones 5.989 reclusos más.

Los centros penitenciarios que han registrado un mayor aumento han sido los de Andalucía y Castilla y León, que han asumido el 40,23%, “ A pesar de la entrada en funcionamiento de numerosos módulos de nuevos centros penitenciario, llama poderosamente la atención el alto incremento de internos en los centros que ya se encontraban en funcionamiento', dice Acaip.

Para esta agrupación, las cárceles españolas se encuentran ante una situación 'insostenible', dado que, si el crecimiento de la población presidiaria continúa al mismo ritmo, se necesitará un centro penitenciario tipo nuevo cada dos meses. Además, esto hace que el hacinamiento en algunas prisiones se agudice. Ante la 'evidente' falta de personal, según Acaip, se está consiguiendo que sean 'auténticos almacenes de personas' (Noviembre 2002). 

ESPAÑA SUFRE 415 ROBOS DE COCHES AL DÍA

España sufre 415 robos de coches al día. Uno cada tres minutos y medio. Al menos así fue durante el primer semestre de este año, según el Ministerio del Interior. Del 1 de enero al 30 de junio se produjeron 76.408 sustracciones. Siete provincias (Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga y Cádiz) superan en robos a regiones como Castilla y León o Galicia.

Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña son las comunidades donde hay más posibilidades de que a uno le roben el coche. De las 76.408 sustracciones que se produjeron en los seis primeros meses, el 72% se perpetró en una de esas cuatro autonomías. Andalucía y Madrid están igualadas en la cabeza: 16.795 vehículos levantados en la primera y 16.497 en la segunda; uno cada cada 20 minutos.

El orden de las regiones varía si estos datos se comparan con el número de coches matriculados en cada comunidad, lo que permite analizar de manera aproximada la incidencia real de los robos en cada una de ellas. Según el anuario de la Dirección General de Tráfico, en la Comunidad Valenciana había en 2001 un total de 1.944.599 turismos y los robos afectaron este año a 13.164: uno de cada 147 coches matriculados en esta comunidad fue robado en los seis primeros meses, lo que la pone a la cabeza del país en robos por número de turismos, seguida de Ceuta (uno de 161), Andalucía (uno de 166), Madrid (uno de 178), y Baleares (uno de 183).

Madrid, con 16.497 robos, ocupa el primer lugar entre las provincias en cuanto a número total de sustracciones. Le siguen Barcelona (8.530), Valencia (7.148), Alicante (5.066) y las tres provincias andaluzas más pobladas: Sevilla (4.441), Málaga (3.415) y Cádiz (3.014). En todas ellas se sustrajeron más turismos que en comunidades autónomas mucho más extensas y con parques automovilísticos mucho mayores, como las dos Castillas, Extremadura, Aragón o Galicia.

La mayoría de los coches suelen ser recuperados rápidamente por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según fuentes de Interior, el 94,3% de los vehículos desaparecidos en los seis primeros meses fueron recuperados a los tres o cuatro días de haberse cometido el delito (Noviembre 2002). 

INTERIOR SE APOYA EN LA SEGURIDAD PRIVADA PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA

Un documento interno enviado por la Dirección General de la Policía (DGP) a todas las comisarías califica al sector de la vigilancia privada como un 'aliado natural' para desarrollar el plan del Ministerio del Interior contra la delincuencia. El texto, titulado Plan Director contra la Delincuencia, augura la firma de acuerdos de 'coordinación y colaboración' con las empresas de seguridad de 'implantación nacional' y pide a los policías de calle que estén 'en contacto permanente' con los vigilantes de su territorio de patrulla.

El documento de la policía, firmado por el subdirector general operativo, Pedro Díaz-Pintado, afirma que uno de los 'principios de actuación' del plan debe ser la 'integración'. Y explica: 'La suma de esfuerzos en la lucha contra la delincuencia presenta tres aliados naturales: las policías locales, el sector de la seguridad privada y los propios ciudadanos'.

Interior ya ha firmado un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para sumar a las policías locales, y ahora toca coordinarse con las empresas de seguridad privada, que han visto cómo sus efectivos crecían desde 1996 en 27.000 efectivos, mientras descendían en 4.000 los de la policía. Por ello se afirma que la DGP 'pondrá en marcha los programas que permitan, en empresas de vigilancia y sistemas de implantación nacional, mejorar la coordinación y colaboración en las ciudades de desarrollo del plan'. Dichas ciudades son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Alicante, Palma de Mallorca, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, aunque, se explica, 'el ámbito de aplicación tiene carácter nacional'.

El objetivo declarado es buscar 'la mayor eficiencia en las operaciones y eficacia en los resultados', por lo que no se duda en decir que será necesario establecer 'protocolos de comunicación con organismos, entidades públicas o privadas, empresas o comerciantes, que posibiliten la rapidez del contacto y la inmediatez de la respuesta'.

La ejecución de dicha coordinación a pie de obra recae sobre los agentes de proximidad del Cuerpo Nacional de Policía, que, además de tener que estar conectado con todos los colectivos de su barrio, deberá mantener 'contacto permanente con el personal de seguridad privada de su territorio'. La DGP no ve nada extraño en esta línea de colaboración con la seguridad privada. 'La seguridad es un todo y todas las colaboraciones que se puedan recibir, de quien sea, para combatir el delito, son bienvenidas y están dentro de la normalidad', según explicó un portavoz de la policía (Noviembre 2002). 

LA CRIMINALIDAD SUBIÓ UN 5% ENTRE ENERO Y AGOSTO, CON CASI 6.000 INFRACCIONES DIARIAS. UN ESTUDIO DEL SUP SITÚA POR PRIMERA VEZ LA TASA DE DELITOS EN 51 POR CADA 1.000 HABITANTES

La criminalidad creció en España un 5% en los ocho primeros meses del año, en los que se cometieron casi 6.000 infracciones penales diarias. El dato ha sido aportado por el Instituto de Estudios de Seguridad y Policía -dependiente del Sindicato Unificado de Policía- y ha sido corroborado por fuentes del Ministerio del Interior, que subrayan que la delincuencia creció un 10,52% en el mismo periodo de 2001. El estudio no incluye el pasado septiembre, cuando el Gobierno empezó a lanzar su plan antidelincuencia y, por tanto, tampoco indica si ha funcionado y cómo.

El avance del informe del Instituto de Estudios de Seguridad y Policía, dependiente del mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP), asegura que en los 240 días transcurridos entre el 1 de enero y el 1 de septiembre se registraron 1.428.544 delitos, frente a los 1.358.584 del mismo periodo de 2001. Es decir, que ya se han cometido 78.000 infracciones más que en los ocho primeros meses de 2001. Los datos de los ocho primeros meses divididos por días indican que diariamente se perpetraron 5.952 delitos o faltas. Lo que equivale a 248 por hora, y a cuatro por minuto.

El nuevo incremento porcentual de los delitos muestra, según el IESP, que España sigue 'dentro de una línea de tendencia marcada por un fuerte e ininterrumpido crecimiento', que se inició en noviembre de 2000. No obstante, la perspectiva es que en los próximos meses haya un 'suavizamiento' de la delincuencia. Pero el trabajo de los maleantes en este año y el aumento de las faltas -por ejemplo, robos por importe de menos de 300 euros- han provocado que la tasa de criminalidad haya superado por primera vez en la historia contemporánea de España las 50 infracciones por cada mil habitantes.

El IESP subraya que la tasa está hoy en 51,4 infracciones por cada 1.000 ciudadanos, 'su valor histórico más alto, superior en casi 13 puntos al que había en 1987 y 9,5 por encima de los de finales de 1995', en víspera de que el PP llegara al poder. Este crecimiento, precisa, es 'claramente superior a la media europea y más fuerte que el observado en los países de referencia dentro de la UE'.

La subida ha sido casi uniforme en todo el territorio y ha afectado de forma similar a las zonas rurales -ámbito de la Guardia Civil- y a las ciudades -donde está desplegado el Cuerpo Nacional de Policía-, así como a Cataluña y al País Vasco, bajo jurisdicción de los Mossos d'Esquadra y de la Ertzaintza, respectivamente.

La Guardia Civil ha visto cómo en sus demarcaciones los delitos se elevaban en un 4,1%, con un total de 392.340 infracciones penales -376.900 en 2001-, lo que supone que se suaviza la subida que venía registrando la delincuencia rural en los últimos tres años. El Cuerpo Nacional de Policía, concentrado en las ciudades, ha afrontado el 66% de toda la criminalidad denunciada, y ha tenido que responder a un aumento del 5,8% de los delitos. En los ocho primeros meses de 2002 fueron perpetrados 939.091 delitos y faltas, frente a los 887.772 del mismo periodo en el año anterior.

Cada uno de esos cuerpos de seguridad del Estado aporta explicaciones de lo ocurrido. El instituto armado indica que tiene en su territorio las mayores concentraciones de segundas residencias, las casas de fin de semana y vacaciones, uno de los objetivos preferidos de los delincuentes: suelen estar vacías la mayor parte del año, sin vigilancia y con un escaso vecindario. El Cuerpo Nacional de Policía agrega, por su lado, que es en las grandes ciudades donde más se denuncia y también donde hay mayores concentraciones de delincuentes. El IESP destaca que entre los dos cuerpos dependientes del Gobierno central han sumado hasta agosto pasado 'un total de 1.331.431 delitos y faltas, frente a las 1.264.672 en idéntico periodo de 2001, lo que supone un incremento del 5,3%' y añade que si todo sigue así, el año acabará con 1.990.000 infracciones denunciadas ante el instituto armado y la policía.

El informe añade que si se suman los incrementos en Euskadi y Cataluña (un 5,1% de media) se alcanzará a final de año 'una suma total aproximada de 2.139.500 delitos y faltas'.

La subida del 5% se registra justo antes de que el Gobierno anunciara, a comienzos de septiembre, su plan de lucha contra la delincuencia para 'barrer los delincuentes de las calles', en palabras del presidente, José María Aznar. Los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado esperan que la aplicación de planes especiales y específicos en 10 grandes ciudades españolas y la concentración de esfuerzos contra determinados modelos delictivos, especialmente los pequeños robos, permitan cerrar el año con resultados aceptables (Noviembre 2002).

QUEMADOS DOS COCHES MÁS AL LADO DE LA CONVENCIÓN DEL PP SOBRE SEGURIDAD

Dos coches ardieron en Valencia en las proximidades del hospital Arnau de Vilanova, muy cerca del Palacio de Congresos, donde unas horas después el PP celebró su convención sobre políticas de seguridad. Casi dos centenares de coches han sido quemados en la ciudad de Valencia a lo largo de este año, según los datos de la Policía Local y de Bomberos. Los intentos de atajar la quema de vehículos estacionados en la vía pública han resultado infructuosos. Valencia es la tercera ciudad española en número de coches quemados, a escasa distancia de Barcelona y Madrid (Noviembre 2002).

 

LA RED DE MUJERES DENUNCIA QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL IGNORA SUS PROPUESTAS SOBRE MALOS TRATOS. EL CENTRO REINA SOFÍA ANULA UN ACTO CON NACIONES UNIDAS TRAS LA PRESIÓN INTERNACIONAL 

La suspensión del acto de creación de la Unidad de Documentación y Estadísticas sobre la violencia contra la mujer, previsto en el Palau de la Generalitat, al que tenía que asistir la representante de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer (Unifem), Mónica Muñoz, ha estado precedida de una intensa campaña de la Red de organizaciones contra la violencia de género (REF) para instar a la delegada de NU a que «no participara en la constitución y legitimación de un órgano y una estructura que se crea en ausencia total de representación de las organizaciones de las mujeres españolas», lo que contraviene totalmente la política de NU.

A la firma del protocolo para la creación de este observatorio, que Zaplana anunció desde la Generalitat y que estaba organizado por el Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia, habían sido invitados el actual presidente, Olivas, y el ministro Zaplana, quien delegó en la directora general del Instituto de la Mujer.

La versión oficial es que el acto fue aplazado «por problemas de agenda de algunos de los invitados», argumento que, «de ninguna manera», se cree la portavoz de la Red, Ángeles Álvarez, quien declaró: «lo que no me creo es que se haya suspendido por problemas de agenda» (Noviembre 2002).  

LA DELEGADA DEL GOBIERNO EN CASTILLA LA MANCHA AFIRMA QUE LOS HOMBRES CONDUCEN MEJOR  

La Delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Encarnación Naharro, opina que los hombres conducen mejor que las mujeres. En una entrevista que publica esta semana la revista Ecos, a la pregunta de quiénes conducen mejor, los hombres o las mujeres, la delegada responde: "Creo que, en general, los hombres. Siempre que ves a alguien por la carretera, dudando y tal, es una mujer".

Naharro recordó que se trataba de una entrevista "un poco informal" y que "naturalmente" le había salido "esa respuesta". "Pero luego, si lo pienso fríamente, tenemos las mismas capacidades". Añadió que los hombres que ella conoce conducen mejor.

La diputada Carmen Riolobos, del PP, intentó justificar la respuesta. "Las mujeres tenemos dificultades para orientarnos espacialmente, y es algo demostrado científicamente", dijo. "Eso hace, según la diputada, que nos perdamos en las ciudades cuando conducimos, cosa que a mí me pasa habitualmente  (Diciembre 2002). 

LA DELINCUENCIA VOLVIÓ A SUBIR EN LAS CIUDADES UN 5,9% HASTA OCTUBRE   

El aumento de la criminalidad, especialmente en las ciudades, puede frenarse a medio plazo pero, por ahora, sigue creciendo. El Instituto de Estudios de Seguridad y Policía (IESP), dependiente del Sindicato Unificado de Policía, publica su informe sobre el estado de la delincuencia en la demarcación del Cuerpo Nacional de Policía, en el que asegura que, con datos oficiales en mano, los delitos y faltas subieron un 5,9% de enero a octubre.

La panorámica que describe el citado instituto (IESP) en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía parte de este dato: si entre enero y octubre de 2001 se perpetraron en las ciudades de más de 50.000 habitantes (salvo en las vascas) 1.119.087 infracciones penales, en el mismo periodo de este año se han conocido 1.185.377. Es decir, la policía tuvo conocimiento de un 5,9% más de delitos y faltas. Los datos se corresponden, efectivamente, con las cifras oficiales que manejan la policía y el Ministerio del Interior.

El incremento ha sido especialmente notable en Baleares, donde los delincuentes han perpetrado un 51,4% más de infracciones, y La Rioja, donde el incremento de la criminalidad de un año para otro ha sido del 22%. La marcha del mundo del hampa, por el contrario, se ha invertido y ha bajado en autonomías como Aragón (3,2%), Canarias (6,4), Melilla (8,9%) o Ceuta (11,9%).

El IESP precisa que la tasa de criminalidad media en el territorio de la policía se ha situado en 50,7 por cada 1.000 habitantes, frente al 47,9 del año 2001. Pero cinco autonomías y las dos ciudades autónomas superan esa tasa. La situación más grave se da en Baleares, donde 89,6 de cada 1.000 habitantes de la isla han padecido el embate de la delincuencia; seguida de la Comunidad Valenciana (71,9 por mil), Madrid (69,9), Melilla (60,5) y Ceuta (56,5). Los mejor relación delincuencia-ciudadano se da en Asturias, donde la tasa de criminalidad es de 22,8 por cada 1.000 habitantes, Castilla y León (29,6) y Galicia (31,8) (Diciembre 2002).  

COTINO ANUNCIA MÁS VIGILANCIA POLICIAL HORAS DESPUÉS DE QUE LE ROBARAN EL COCHE A DÍAZ ALPERI  

El tiempo quiso que coincidiera la noticia del robo del vehículo particular del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, con el anuncio del delegado del Gobierno, Juan Cotino, de poner en marcha un plan especial de vigilancia de policías de paisano durante estas fiestas. Una medida que desveló horas después de que unos desconocidos sustrajeran el coche del alcalde contra el que colisionó un todoterreno. Alperi bajó a ver qué desperfectos había sufrido, y en ese momento uno de los ocupantes empujó al alcalde y se fugó con su coche. El resto huyó a toda velocidad.

El alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, del PP, sufrió en sus propias carnes las consecuencias de la creciente inseguridad ciudadana. El viernes por la noche, cuando se disponía a aparcar su vehículo, un Audi A 8, en el garaje de su casa, en la zona del campo de golf de la Playa de San Juan, un todoterreno le dio un pequeño golpe por detrás.

El alcalde, tras la colisión, bajó a ver qué había ocurrido, en ese momento los ocupantes del otro coche de color negro bajaron, y uno de ellos aprovechó la ocasión para empujar al alcalde, subirse a su coche, que tenía las llaves de contacto puestas, y salir corriendo. Instantes después el conductor del todoterreno corrió y salío huyendo (Diciembre 2002).  

LA MITAD DE LOS 439.639 NUEVOS COTIZANTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL SON EXTRANJEROS  

La Seguridad Social cerró el año 2002 con la incorporación de 439.639 cotizantes, de los que la mitad son extranjeros. La subida supone un 2,79% y eleva la cifra total a 16.188.390 afiliados ocupados. Esa cifra supera en casi 190.000 trabajadores el objetivo previsto para todo el año.

La afiliación de extranjeros se sitúa en 829.395, el 5% del total. Durante el pasado año se produjo un incremento de 224.495 cotizantes de países terceros, con un aumento del 37,11% y que suponen el 51% del total de nuevas incorporaciones al sistema público durante el año 2002.

El mayor crecimiento corresponde a los trabajadores extranjeros procedentes de países no comunitarios, que registran un alza interanual del 45,70% y alcanzan una cifra de 652.002 cotizantes. Los de países de la Unión Europea se elevan un 12,71% y llegan a 177.393 trabajadores.

El régimen general, que agrupa al 70% del sistema de la Seguridad Social, es el que más creció, con 340.529 cotizantes, un 2,90%, y reúne una cifra total de 12.098.569. El régimen especial de autónomos aumenta en 52.352 afiliados, el 2%, hasta 2.674.945. En empleados de hogar se produce un alza del 18,97% y alcanza 188.178 cotizantes (Enero 2003).  

INCENDIO COMISARIA DE MALAGA: LOS SINDICATOS CRITICAN LAS MEDIDAS DE EVACUACIÓN Y VIGILANCIA, Y EL GOBIERNO APOYA LA ACTUACIÓN POLICIAL  

Varios días  después del incendio de la comisaría de Málaga, mientras los sindicatos policiales empiezan a lanzar críticas sobre las presuntas deficiencias de los planes de evacuación del edifico o la falta de personal de guardia, el Gobierno sale en defensa de la actuación policial. El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, y el secretario de Estado de Extranjería e Inmigración, Ignacio González, coincidieron en destacar la profesionalidad de la policía durante el siniestro.

Este suceso ha provocado ya cuatro muertos y otras cuatro personas continúan en grave estado en tres centros hospitalarios de Málaga y Sevilla. Los heridos tienen quemaduras entre un 30% y un 60% de su cuerpo, y están ingresados en unidades de cuidados intensivos. El principal riesgo para su salud es la insuficiencia respiratoria aguda que padecen por haber inhalado monóxido de carbono durante mucho tiempo. Otro de los heridos está pendiente de ser dado de alta y ya tiene preparado un expediente de expulsión, según fuentes policiales. Ocho han sido devueltos a Marruecos y el último es de nacionalidad argelina, con pasaporte en regla. Está sano, en libertad y tiene abierto un expediente de expulsión.

Ocho de los nueve supervivientes ilesos del incendio "fueron devueltos al día siguiente" a Marruecos, según el subdelegado del Gobierno, Carlos Rubio, que justifica la medida "porque el juez que instruye la causa penal por el incendio ya les había interrogado y no necesitaba su presencia en el país, porque su declaración es una pieza válida en un juicio". Fuentes de la Fiscalía han precisado que esta medida "es legal, pero quizá no la más prudente y oportuna", dado que los inmigrantes son testigos y víctimas de un delito.

La ONG Málaga Acoge ha anunciado que presentará demandas por daños y perjuicios en favor algunos heridos. Varios de los miembros de la expedición han dado datos a la policía que les permitirían acogerse al artículo 59 de la ley de Extranjería, y quedarse en España, por haber colaborado en la desarticulación de una red mafiosa.

El Sindicato Nacional de la Policía Uniformada ha distribuido un informe que dirigió en marzo de 2001 al comisario provincial advirtiendo de posibles problemas en la evacuación de humos. El comisario, Florentino Villabona, subraya que "precisamente la extracción de humos funcionó perfectamente durante el incendio, si no habrían podido morir todos".

Un dirigente del Sindicato Unificado de Policía sugiere que sería conveniente aumentar el personal de guardia. En un servicio de tarde como el del viernes 27 había un guardia en la puerta del garaje, otro en la puerta principal, dos en los calabozos y un oficial (Enero 2003). 

LOS ROBOS VIOLENTOS SE DISPARAN Y CRECEN UN 28% EN 12 MESES   

Los robos con violencia e intimidación, delitos en que el asaltante utiliza algún arma para amedrentar a su víctima y desvalijarla, siguen creciendo en Madrid capital. Si en 2001, y sólo en la capital, se produjeron 27.589 atracos violentos, durante el año que acaba de terminar se han registrado 35.205 (7.616 más, lo que representa un aumento comparativo próximo al 28%), según datos de los jueces de la plaza de Castilla de Madrid. El plan de choque contra la inseguridad implantado por el Gobierno en Madrid capital a mitad del último semestre de 2002 no ha dado aún los frutos deseados, puesto que en los seis primeros meses de 2002 se contabilizaron 17.012 atracos, y 18.193 en el segundo semestre.

Comparando los dos semestres de 2002, se observa que en el segundo se han contabilizado unos mil atracos más que en el primero (18.193 frente a los 17.012 del primer semestre). Pero hay que tener en cuenta que los datos del primer semestre, comparados con el mismo periodo del año 2001, eran ya de por sí espectaculares, puesto que representaban un incremento cercano al 23% en lo que respecta a robos con violencia e intimidación (los atracos callejeros), que son los que más inquietud generan en la población. De hecho, las encuestas apuntan a que la inseguridad que genera la delincuencia es uno de los problemas que más preocupa a los madrileños.

El Plan de Lucha contra la Delincuencia, consistente en redoblar la presencia de agentes en las zonas más conflictivas de la ciudad, fue anunciado por el Gobierno de José María Aznar el pasado 25 de septiembre, aunque entró en funcionamiento algunos días después. Se reforzaron con 300 agentes de seis unidades de intervención policial (antidisturbios) distritos como Centro, Usera, Vallecas y Tetuán.

A mediados del año pasado, desde el Ministerio del Interior se atribuyó el aumento de la inseguridad ciudadana al incremento de la población inmigrante. Atribución ésta que fue duramente criticada por las ONG, que ven detrás de las trabas que pone el Gobierno a la regularización de inmigrantes uno de los motivos del incremento de la tasa delictiva.

No sólo han aumentado los robos con violencia o intimidación en las calles de Madrid capital. También han crecido, en torno al 16%, los robos con fuerza en las cosas. En este tipo de ilícitos no median armas, aunque los delincuentes destrozan enseres o inmuebles para perpetrar su fechoría. Jurídicamente, se denominan así a los asaltos a chalés, casas o locales públicos.

En cifras, la capital madrileña ha contabilizado en 2002 un total de 75.996 robos con fuerza en las cosas, frente a los 65.386 de 2001, siempre según los datos que manejan los jueces de la plaza de Castilla. De estos juzgados dependen más de tres millones de madrileños.

Estos datos resultan de la suma de denuncias y atestados que al respecto llegan a los juzgados de ciudadanos y policías. En los robos con fuerza sí parecen notarse los efectos del plan de choque policial, puesto que se observa una reducción de la tasa delictiva si se comparan los dos semestres del año pasado: los 39.142 robos con fuerza registrados en el primer semestre cayeron a 36.854 en el segundo (en total del año, 75.996).

Sumando el total de atracos violentos y el de robos con fuerza, la capital ha contabilizado en el año recién extinguido 111.201 robos, frente a los 92.975 de 2001 en las mismas materias; en conclusión, en 2002 han habido 18.226 robos de todo tipo más, en total, que en 2001. Y todo ello sin contar los hurtos, cuya cifra es también sobrecogedora. En 2002 -sólo en la capital, se excluye el resto de la región- se han registrado 145.653 hurtos, unos mil más que un año antes. En los hurtos, el caco sustrae a su víctima dinero o cualquier otro artículo de valor, pero no utiliza para ello ni violencia ni provoca destrozos. Los jueces terminan archivando muchos de estos atracos ante la dificultad que presenta para las víctimas el identificar a los autores (Enero 2003).  

EL AUMENTO DE PRESOS EN 2002 ES EL MAYOR DE LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS  

Las cárceles dependientes del Gobierno incrementaron su población reclusa en 2002 en un total de 4.133 internos, lo que supone el mayor incremento anual registrado en los citados centros penitenciarios en los últimos 12 años. Esos reclusos, más los internados en Cataluña, comunidad que tiene transferidas las competencias sobre instituciones penitenciarias, sumaban 52.162 a finales de 2002, la cifra más alta alcanzada hasta ahora.

El número total de presos en los centros controlados por la Administración central era de 45.264, según datos del 13 de diciembre de 2002. Esta cifra excluye el número de presos de las cárceles ubicadas en Cataluña, comunidad que tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria.

Según datos oficiales de Instituciones Penitenciarias, el crecimiento de la población reclusa en España ha sido constante año tras año, si bien el repunte de los últimos doce meses es el mayor registrado desde 1991, cuando esta cifra se incrementó en 3.981 presos con respecto al año anterior. En esas fechas el número total de internos no llegaba a los 29.000.

Del total de internos en toda España, los ya condenados suponen el 77,1% (40.237 presos) y los preventivos el 22,9% restante (11.925 presos). Por sexo, los hombres representan el 92% del total de reclusos, y el 8% restante son mujeres, según los datos oficiales (Enero 2003).  

UN TERCIO DE LOS FISCALES DE SALA DEL SUPREMO CREE QUE LA REFORMA DEL GOBIERNO DAÑA LA REINSERCIÓN DE PRESOS  

Cuatro de los doce fiscales de Sala del Tribunal Supremo que asistieron a la Junta convocada por el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, aseguraron que el anteproyecto de reforma del Código Penal para el cumplimiento íntegro de las penas "daña los principios de reinserción y resocialización del preso recogidos en la Constitución".

El fiscal de la Sala de lo Civil del Supremo, Jesús Bernal Valls; el de la Sala de lo Social, Juan José Martín Casallo; el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y el jefe de la Inspección Fiscal, Juan José Martínez Zato, se mostraron en desacuerdo con la reforma, principalmente porque la elevación del tiempo máximo de cumplimiento de las penas de privación de libertad hasta los 40 años vulnera el principio constitucional de que la pena está orientada a la reinserción y "contribuye a la destrucción de una persona", según agregó el jefe de la Inspección, Martínez Zato.

Además, este grupo de fiscales calificó la reforma de "inoportuna", puesto que se realiza para "combatir casos aislados", y consideró que 40 años de prisión es una pena "excesiva", dado que el actual Código Penal es adecuado y suficiente para combatir la delincuencia.

Los demás integrantes de la Junta de Fiscales, siete de 12, se mostraron de acuerdo con el anteproyecto y apuntaron que las penas también tienen una función punitiva y otra ejemplarizante (Enero 2003).  

LAS CÁRCELES SUPERAN EL 100% DE OCUPACIÓN TRAS INGRESAR 4.500 NUEVOS PRESOS EN UN AÑO 

"Vamos a barrer de las calles a los pequeños delincuentes", proclamó en septiembre pasado, durante un mitin, José María Aznar. Lo que no aclaró es dónde pensaba meterlos. Las cárceles españolas, según datos oficiales, tienen actualmente un 106% de ocupación. En los últimos 12 meses la población reclusa ha crecido casi un 10%, con 4.500 nuevos presos.

En agosto de 1998, el Consejo de Ministros adoptó un acuerdo por el que revisaba el plan de amortización y creación de centros penitenciarios aprobados en 1991 por el Gobierno, que entonces era socialista. Entre los reajustes figuraba la supresión de la cárcel prevista en Guadalajara, con el argumento de que "no se ha producido una evolución de la población reclusa en los términos en que en su momento se cuantificó".Por el contrario, se apreciaba "tendencia a la baja".

En 1998, España tenía 44.700 reclusos. Hace 10 días superaba los 52.000. El pasado verano, la Dirección General de Instituciones Penitencias decidió adelantar la incorporación de 514 nuevos funcionarios de prisiones y contratar a 100 interinos para permitir la apertura de 30 módulos, con un total de 2.200 celdas, que seguían cerrados por falta de personal. Los datos que en ese momento tenía el director general, Ángel Yuste, apuntaban ya a un incremento "inusual y significativo" del número de presos.

La supresión de los beneficios penitenciarios, en el Código Penal de 1995, y la dificultad de los inmigrantes para acceder a la libertad provisional, entre otras razones, explican la actual situación, que vendrá a agravarse con las medidas contra la delincuencia anunciadas por el Gobierno.

José Luis Pascual, secretario general de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), el sindicato mayoritario entre los 18.000 funcionarios de prisiones dependientes del Estado, asegura que, si continúa la actual tendencia, la situación se hará explosiva en verano. Para Ángel Párraga, dirigente de Comisiones Obreras, la situación es ya explosiva ahora. "No pasa un solo día sin que se requise un objeto punzante, haya un intento de agresión o una pelea entre internos", argumenta. A su juicio, sólo la administración de metadona a los drogodependientes ha evitado que se repitan los violentos motines de los años ochenta.

Instituciones Penitenciarias cifra en el 106% la ocupación media de las prisiones. En el cálculo computa no sólo las celdas funcionales, sino también las de aislamiento, ingreso o enfermería, que deberían estar libres para atender a los presos sancionados, recién llegados o enfermos. Así, si una prisión tipo tiene 1.008 plazas según el diseño oficial, Interior las aumenta a 1.214.

Pero, además, según dijo Yuste en el Congreso de los Diputados el 10 de octubre, la capacidad puede llegar hasta 2.000 reclusos por la sencilla técnica de poner una litera en cada celda, lo que ya estaba previsto cuando se hicieron. "En una habitación de 10 metros cuadrados hay multitud de españoles que pernoctan [juntos]", alegó.

Si la situación es grave, en algunas zonas, como Canarias, resulta crítica. Aunque el Gobierno sólo renunció en 1998 a la prisión de Guadalajara, no se han construido tres de las previstas en 1991: Gran Canaria, Navarra y País Vasco. En el Plan Plurianual de Prisiones figura una partida de casi 100 millones de euros para el nuevo centro de Canarias. Pero el problema no es la falta de dinero.

Por último, España es el tercer país de la Unión Europea en proporción de presos (117 por cada 100.000 habitantes), sólo por detrás de Portugal y de Inglaterra y Gales (Escocia e Irlanda del Norte figuran en estadística separada), según datos del Consejo de Europa de 2001 (Enero 2003).  

LA DELINCUENCIA EN LAS CIUDADES SUBIÓ UN 5,46%, CON 1.421.000 DELITOS EN 2002   

El plan del Gobierno para frenar la inseguridad ciudadana en España no logra resultados positivos a tenor de las estadísticas de la Dirección General de la Policía del año pasado. La criminalidad en las poblaciones de más de 50.000 habitantes (las que vigila el Cuerpo Nacional de Policía) subió durante 2002 casi un 5,5%, con 1.421.600 denuncias conocidas por infracciones penales (delitos más faltas) frente a las 1.347.800 del año anterior, según las cifras del último balance oficial de la policía. En esa subida destacan comunidades autónomas como Baleares, donde el incremento rozó el 45%.

Las oficinas de denuncias de las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía recibieron en los últimos 12 meses 1.421.600 denuncias, lo que supone un 5,5% de aumento con respecto a las 1.347.800 infracciones presentadas en 2001. Los meses de abril, con una subida del 11,74%, y enero y febrero, con más de un 8% cada uno, son los que más trabajo dieron a los policías. Los comentarios al llamado Resumen Estadístico de la Criminalidad recogen que el número de delitos subió a nivel nacional un 1,20%, ya que se registraron 8.174 denuncias más por este tipo penal. Las faltas (castigadas con penas leves) son las que más aumentaron, con un 9,84%: en 2002 se denunciaron 65.637 faltas más.

El número de detenidos también se incrementó el año pasado en un 2,32%: pasaron de 149.288 en 2001 a 152.756. Los agentes de policía nacional lograron esclarecer el 22,72% de las denuncias recibidas, según los datos del resumen estadístico.

La mayor subida del año la contabilizó la Jefatura Superior de Policía de Baleares, donde los delitos crecieron un 45%. Le siguen a gran distancia otras comunidades autónomas como La Rioja (15,73%), Madrid (11,68%) y Extremadura (11,65%). Por contra, las mayores bajadas las registran, según los datos de la Unidad de Seguimiento y Control Operativo de la Policía, Ceuta y Melilla, con una caída del 9,5%; Canarias (6,76%) y Navarra (4,7%).

Los principales sindicatos policiales criticaron "el espectacular aumento de la criminalidad" registrado en 2002. Según el portavoz de la Unión Federal de Policías (UFP), José Luis Morán, estos datos "sólo demuestran el rotundo fracaso de la política del Ministerio del Interior". "Las palabras del presidente del Gobierno de que iban a barrer los delincuentes de las calles no han servido de nada. La criminalidad sigue aumentando y no tiene visos de parar", añade Morán.

La UFP solicita medidas concretas como el incremento de los efectivos policiales en las calles, incrementar los sueldos de los agentes para incentivarles en su trabajo y mejorar la prevención para evitar la delincuencia.

Un caso especial de estudio es el de Madrid, según los representantes de la Unión Federal de Policía. Esta comunidad registra el 26,5% de las infracciones penales que se cometen en todo el territorio español y tiene una de las plantillas más deficitaria: "Según el catálogo de puestos de trabajo, Madrid se encuentra a un 80% del número de funcionarios que debería tener asignados. El caso es extremo en algunas comisarías, como la de Getafe [al sur de la capital], donde sólo se cubre el 60%". Según Morán, esta falta de policías se deja ver en la eficacia para resolver las denuncias recibidas.

"En comunidades autónomas como Canarias o Navarra, donde están cubiertos todos los puestos de trabajo según el catálogo, se demuestra que baja la delincuencia y que, de producirse, se resuelve casi todo. Por eso tendremos que luchar para que haya más policías en la Comunidad de Madrid, que ha estado descuidada en los últimos años por los distintos ministros del Interior", añade Morán.

En Madrid, el intento de bajar la criminalidad con el llamado Plan Focus (aumento de agentes en las zonas con mayor índice de criminalidad) no ha surtido efecto. La delincuencia en distritos como Puente de Vallecas, Centro o Usera-Villaverde se disparó, a pesar de tener más de 300 policías antidisturbios de otras jefaturas patrullando por sus calles, en especial, por la noche. Tan sólo en el distrito de Tetuán bajaron las denuncias. Sin embargo, los distritos periféricos a éstos que han reforzado su vigilancia sufrieron un fuerte alza en el número de denuncias.

La mayoría de las detenciones efectuadas por estos agentes fueron de inmigrantes que incumplían la Ley de Extranjería, al carecer de papeles, y a los que se les incoaron expedientes de expulsión del país. La falta de plazas en el centro de internamiento de extranjeros imposibilitó su retención hasta ser expulsados, por los que tuvieron que ser puestos en libertad, según reconocieron fuentes policiales de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, al conocer estos datos, mayor dotación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Desde 1996 se han dejado de invertir más de 3.005 millones de euros [500.000 millones de pesetas], lo que se ha notado en la falta de personal y de medios. Además, apuestas como el plan de Policía 2000 han demostrado una falta de descoordinación entre los distintos cuerpos".

"Las reformas legislativas son necesarias. De hecho, nosotros hemos pedido algunas como la prisión por la reincidencia. Pero de ahí a afrontar la inseguridad ciudadana sólo con cambios de leyes es muy insuficiente y demuestra la falta de ideas del Gobierno", añade Sánchez Fornet. Las reformas legislativas incluyen la puesta en marcha de juicios rápidos el próximo 28 de abril (Enero 2003).

 

 

PRISIONES TRASLADÓ A MÁS DE 18.000 PRESOS POR LA SATURACIÓN DE CÁRCELES   

Más de 18.000 presos fueron trasladados en 2002 desde las saturadas prisiones de Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias a penales de otras regiones con menos ocupación, fundamentalmente de Castilla y León. La saturación, previa a todas las reformas para combatir la delincuencia, se produjo en las cuatro comunidades con más altos índices de criminalidad y es en ellas donde el Gobierno va a construir cuatro nuevos centros y a ampliar otro.

La presión de la criminalidad -especialmente de grupos de delincuencia organizada, de drogas y de tráfico de inmigrantes-, la fuerte densidad demográfica y la condición de comunidades fronterizas han provocado la saturación de los presidios de Madrid, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña, ésta con Administración penitenciaria propia y que apenas ha modernizado sus centros carcelarios desde que recibió las competencias.

Esas cinco regiones reúnen en sus centros a casi 34.000 reclusos de los casi 52.000 que cumplen condena o esperan juicio entre rejas, según datos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. España soporta en la actualidad la mayor presión penitenciaria de su historia, exceptuado el periodo de la posguerra civil, con casi 52.000 presos en enero, una cifra que estuvo a punto de ser superada pero que disminuyó a finales de año gracias a la bajada estacional en la población reclusa que suele producirse en Navidades, y en verano (Enero 2003).  

LA LLEGADA A CANARIAS DE INMIGRANTES EN PATERAS SE CUADRUPLICA EN SÓLO DOS AÑOS  

El número de inmigrantes irregulares detenidos tras arribar en pateras a Canarias se ha cuadruplicado en sólo dos años: de 2.410 en 2000 pasó a 9.756 en 2002. En cambio, los llegados a Andalucía en el mismo periodo se redujeron a la mitad: de 12.785 en 2000 a 6.748 en 2002. Fuentes oficiales establecen una relación entre este cambio de ruta y los traslados de extranjeros desde el archipiélago a la Península: durante el año pasado 5.473 africanos fueron "derivados" desde las islas a otras comunidades. Las mismas fuentes calculan entre 20.000 y 25.000 los inmigrantes que llegarán este año a Canarias.

El cálculo para 2003 está basado en la evolución de las cifras de inmigrantes que llegan al archipiélago. La estadística revela que el número se duplica año tras año. En 2000 fueron 2.410. En 2001, 4.112. Y en 2002, 9.756. Siguiendo la misma proporción, este año llegarán entre 20.000 y 25.000.

De los 9.756 que alcanzaron las costas canarias el año pasado, sólo fueron repatriados 4.283, según cifras del Ministerio del Interior. Por diferentes motivos, entre los cuales destaca la negativa de sus países de origen a reconocerlos como ciudadanos, el Gobierno no logró expulsar al resto (5.473), y los trasladó a la Península, donde quedaron en libertad con una orden de expulsión que les impide trabajar. Organizaciones humanitarias y partidos políticos han denunciado repetidamente que estas personas se ven abocadas a la delincuencia para subsistir.

Fuentes del Ministerio del Interior relacionan el aumento de las pateras que llegan a Canarias con la política de traslados a la Península pactada entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario. En virtud de ese acuerdo, los inmigrantes que no pueden ser repatriados en el plazo de 40 días previsto por la ley son "derivados" a otras comunidades (Enero 2003).  

EL BORRADOR DE INFORME DEL PODER JUDICIAL ARREMETE CONTRA LA NUEVA LEY DE PRISIÓN PROVISIONAL  

La prisión provisional para personas acusadas de hechos penados con dos años de cárcel o para evitar que cometan hipotéticos delitos son los puntos más criticados en el borrador de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de ley de reforma de la prisión provisional. La vocal y ponente del mismo, Montserrat Comas, da un varapalo jurídico al texto gubernamental y propone que se elimine la pretendida aplicación retroactiva de la futura ley.

El borrador de informe, de 66 folios, invoca los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y excepcionalidad que exige la doctrina constitucional y europea de derechos humanos para la prisión provisional, no aplicados por el anteproyecto de ley en varios puntos. Comas critica que su exposición de motivos estima excepcional la prisión provisional, pero en su articulado "la excepción llega a convertirse en regla general".

Frente al automatismo que se impone al juez al decir que la prisión provisional "será decretada" en una serie de supuestos, Comas propone que se sustituya por "podrá ser decretada" para dejar "un razonable margen de apreciación, propio de la labor jurisdiccional" (Enero 2003).  

LA DELINCUENCIA EN LOS PUEBLOS SUBIÓ UN 3,55%, CON 577.000 INFRACCIONES   

La delincuencia en los pueblos y en las ciudades de menos de 50.000 habitantes, allí donde trabaja la Guardia Civil, creció en 2002 un 3,55%, con un total de 577.150 infracciones penales (delitos y faltas). Casi la mitad de ellas fueron denunciadas en Alicante, Valencia, Baleares, Tarragona, Barcelona y Murcia, que han sido, por ese orden, las provincias con más criminalidad rural. Si estos datos se suman a los de la policía, España rozó por primera vez el año pasado el listón de los dos millones de infracciones sólo en el territorio que protege el Ministerio del Interior.

En 2002 fueron denunciados en los acuartelamientos de la Guardia Civil 302.490 delitos, lo que supuso un alza de un 3,76%, frente al aumento del 13,17% del año anterior. Del mismo modo, las faltas conocidas (aquellos robos, por ejemplo, por un valor inferior a los 300 euros) se elevaron a 274.660, lo que supone un 3,35% más que en 2001

Estas cifras indican que la delincuencia en las zonas rurales siguió subiendo el año pasado, aunque a un menor ritmo que en 2001. El incremento medio entre delitos y faltas fue del 3,55%, un porcentaje que a los responsables de la Guardia Civil les parecía un sueño inalcanzable en octubre, mes en el que el crecimiento acumulado de la criminalidad era del 4,09%, según un documento interno del instituto armado.

Y parecía aún más inalcanzable al comenzar el año, ya que el crecimiento acumulado de la delincuencia entre 1996, cuando llegó el Partido Popular al poder, y diciembre de 2001 fue del 25,53% en el territorio Guardia Civil. El citado documento da un paso más: "Si vemos el número de delitos conocidos tan solo por la Guardia Civil en el año 1997 y lo comparamos con el año 2001, veremos que el incremento de los delitos en ese espacio de tiempo ha sido de un preocupante 26,43%".

La mayoría de los delitos y faltas conocidos por los aproximadamente 69.000 agentes del instituto armado fueron contra el patrimonio, es decir, los robos y los hurtos, que supusieron el 80% de todos los denunciados. De todos los delitos contra el patrimonio, el 60% fueron robos con violencia en las cosas o robos con fuerza; el 14%, robo de automóviles; el 13% fueron hurtos y un 5%, robos con intimidación.

Únicamente el 2% correspondieron a delitos contra las personas, la mayoría de ellos lesiones (55%), malos tratos (30%), otros (peleas, trifulcas..., casi un 20%) y asesinatos (0,9%). De los delitos conocidos, la Guardia Civil logró aclarar 99.000, lo que supone el 33% (un porcentaje que se queda corto ante el 98,6% de homicidios resueltos), lo que propició la detención de 80.000 personas, un 5% más), de los que el 38% lo fueron por delitos contra el patrimonio.

Si los datos de la policía se suman a los de la Guardia Civil, durante el año pasado se denunciaron 1.998.748, la cifra más alta jamás alcanzada en el territorio de exclusiva protección por el Ministerio del Interior (todo, menos Euskadi y Cataluña). Ese dato supone que uno de cada 20 españoles fue víctima de un delito o una falta durante 2002. La mayoría sufrió algún tipo de robo

El arco mediterráneo desde Barcelona a Murcia, con las islas Baleares incluidas, se ha convertido en el territorio español con mayor delincuencia. Durante 2001, las comandancias de Alicante, Baleares, Valencia, Barcelona y Tarragona "acumularon el 44,18% del total de los delitos" y, sobre todo, aquéllos que más directamente afectan al ciudadano.El crecimiento medio de la delincuencia en los pueblos y pequeñas ciudades de esas provincias fue del 25%, lo que habitualmente disparaba las estadísticas del instituto armado en 2001. Esto provocó que en 2002 la Guardia Civil aplicara planes especiales en esas zonas (también se incluyó Murcia) para intentar reducir la criminalidad.Se destinaron más efectivos, se crearon las unidades de Seguridad Ciudadana, se divorció a la pareja del instituto armado para lograr más presencia en la calle y se aplicaron sistemas de guardias combinadas en los puestos y casas cuartel.Las fuentes consultadas indicaron que, pese a que se ha producido un descenso de los delitos y faltas en esos territorios, aún lideran la tabla de las provincias con más problemas en las zonas rurales. Alicante repitió como la comandancia con más delitos (40.000), seguida de Valencia (26.000), Baleares (25.000) y, algo más distanciadas, Tarragona, Barcelona y Murcia. Estas zonas combinan un espectacular aumento de la población en los meses de verano, lo que crea un determinado tipo de delitos, con un gran vacío en invierno, lo que genera un tipo de infracción particular: la abundancia de robos en casas de segunda residencia que están vacías (Febrero 2003).

 

LA MUERTE A TIROS DE UN JOVEN ELEVA YA A 19 LOS ASESINATOS EN MADRID EN 2003   

La espiral de violencia crece día a día en la región. Un nuevo homicidio sacudió las calles de Móstoles. José Francisco Dopacio de Pablos, de 26 años, murió tras ser tiroteado por un hombre que llevaba la cara cubierta por un pasamontañas. La víctima, que recibió tres disparos en la cabeza y en el tórax, falleció a los pocos minutos de haber ingresado en el hospital Ernest LLuch, de Móstoles. Esta muerte violenta eleva a 19 los asesinatos registrados en Madrid este año. Hace unos días dos búlgaros murieron ametrallados en el distrito madrileño de Ciudad Lineal (Marzo 2003).  

EL CONSEJO DE EUROPA CENSURA A ESPAÑA POR INCUMPLIR SUS RECOMENDACIONES CONTRA LA TORTURA  

El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), dependiente del Consejo de Europa, recrimina a España el reiterado incumplimiento de varias de sus recomendaciones, elaboradas para evitar los malos tratos en comisaría. Tras haber visitado el país en julio de 2001, el comité dice en su informe que el actual marco legal "fracasa" en las medidas efectivas de control para evitar las torturas. España anuncia en su respuesta que no considera necesario adoptar ninguna de las recomendaciones básicas, que son acceso a un abogado desde el inicio de la detención, reducción de la incomunicación a un máximo de 48 horas y acceso a un médico forense elegido por el detenido.

Fuentes del CPT tildaron de "adecuada" la interpretación de que con este último informe ha dado una "vuelta de tuerca" en la exigencia de que España cumpla las recomendaciones, que reiteradamente ha ignorado en los últimos años, pese a haber anunciado su disposición a adoptar algunas de las contenidas en el documento de 1998, según recoge el informe publicado.

El Comité, en una de las partes más duras del texto, recuerda a España su "obligación" de cooperar en la aplicación de las recomendaciones y le indica que, en caso contrario, se puede llegar a una "declaración pública" de denuncia. "Creemos que es mejor el principio de cooperación", señalan fuentes del organismo europeo. El texto reconoce, en cambio, la "excelente cooperación recibida desde España" en el curso de las visitas del Comité.

El CPT ha escudriñado el trato que reciben los detenidos en las comisarías en sus visitas periódicas de 1991, 1994 y 1998, y en una visita sorpresa, en junio de 1994. El Gobierno de Felipe González dio luz verde a la publicación de los informes confidenciales en marzo de 1996, semanas antes de abandonar el poder. España fue el último país de la UE en permitir su publicación.

Los informes de los años 90 concluían, en términos generales, que el "recurso a la tortura o a otras formas de malos tratos severos" por parte de la policía "ya no es una práctica común". Sin embargo, la persistencia de las denuncias, sobre todo en el caso de detenidos por terrorismo, hacía "prematuro llegar a la conclusión de que han sido erradicados los fenómenos de tortura y malos tratos".

El informe, cuya publicación España acaba de autorizar, referente a la visita realizada entre el 22 y el 26 de julio de 2001, vuelve a reflejar la existencia de denuncias de torturas y malos tratos -desde golpes hasta la aplicación de electrodos o asfixia al colocar una bolsa de plástico en la cabeza- contra policías y guardia civiles por parte de detenidos bajo acusación de delitos de terrorismo.

También da cuenta de "amplias evidencias, incluidos informes médicos" recabados por el propio Comité, "compatibles con los relatos de torturas". Y añade: "Pese al paso del tiempo, en varios casos los médicos de la delegación observaron trazas de heridas que eran compatibles con los relatos" (Marzo 2003).  

 LA REGIÓN HA REGISTRADO UN HOMICIDIO CADA 66 HORAS EN 2003  

El doble homicidio registrado en la localidad de Villanueva de Perales eleva a 28 las muertes violentas registradas en la Comunidad de Madrid en lo que va de año. Esta cifra supone más del doble de las 13 que se produjeron en el mismo periodo del año pasado. Arroja además una sangrienta media: en la región se registra un asesinato cada 66 horas o, lo que es lo mismo, cada dos días y 18 horas. Los investigadores de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil han detenido sólo a los supuestos autores de 11 casos.

Febrero fue el mes de más trabajo para los policías que investigan homicidios, ya que se produjeron 13 asesinatos. Pero si febrero ha sido el más sangriento, marzo va por el mismo camino. En los  días que han transcurrido de este mes, se han registrado nueve muertes violentas (Marzo 2003).  

LAS PREJUBILACIONES EN LA POLICÍA DESCABEZAN LOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN  

El Cuerpo Nacional de Policía está sorteando a duras penas la caída en el número de efectivos de la escala básica, los que trabajan de uniforme, pero aún no ha podido taponar la sangría que se está produciendo entre los comisarios y en la escala ejecutiva, donde se engloban inspectores jefes e inspectores. Desde que gobierna el PP se han jubilado (pasado a la segunda actividad) 199 comisarios (incluidos 87 principales), 1.128 inspectores jefes y 323 inspectores, además de 1.277 subinspectores, lo que ha descabezado "muchísimos equipos de investigación", está "mermando la capacidad de la policía de adelantarse a la delincuencia" y está "privando al cuerpo de sus inspectores más experimentados", según numerosos jefes policiales.

La sangría de efectivos viene produciéndose desde 1986, pero ha sido más dramática desde 1996, en un cuerpo con una edad media de 43 años. Entre esos dos años se pasó de 56.169 efectivos a 51.700 (4.469 menos), pero entre 1996 y 2001 la plantilla se precipitó hasta los 47.605 (4.095 menos). El Sindicato Unificado de Policía eleva la sangría durante el Gobierno popular a 6.800 miembros, "el 13% de la plantilla".

El problema ha sido más grave, en términos cuantitativos, en la escala básica, pero ha sido "cualitativamente peor" en la ejecutiva. "Se está marchando gente con más de 30 años de experiencia en la lucha contra el crimen y aunque llegue gente nueva vendrá verde", aseguran algunos comisarios y jefes de numerosas brigadas de las policías Judicial, Información y de grupos.

La sangría va a seguir este año, ya que está previsto el pase a la segunda actividad (semijubilación), tras cumplir los 56 años, de 17 comisarios principales, 21 comisarios, 229 inspectores jefes, 34 inspectores y 189 subinspectores en toda España. A la vista de este problema, el Gobierno acordó prorrogar el pase a la segunda actividad de los 56 a los 58 años para los mandos intermedios. "El 50% de los que llegan a esta edad se están aviniendo a seguir trabajando, en puestos menos expuestos o dentro del plan de prevención de la delincuencia doméstica", indican fuentes de la Dirección General de la Policía.

Los inspectores jefes subrayan que ellos han sido excluidos de esa posibilidad hasta el 2006. "Dicen que la escala ejecutiva está sobrecargada y por ello no es necesario que lleguen a los 58 años; pero entonces no entiendo por qué han convocado 500 plazas de inspectores para la gente de la calle y otras 150 para inspectores jefes de promoción interna", alegan miembros de este último nivel.

Debido a esa traba, entre este año y el 2006 se irán 1.363 inspectores jefes. "Ésa es gente que ahora manda brigadas y los grupos de investigación e incluso algunas secciones", lo que supondrá mermar la capacidad de investigación", alegan los afectados. "Por eso ahora hay grupos de dos inspectores y no hay gente para la noche", agregan. Muchos de ellos están recurriendo al Defensor del Pueblo y a los juzgados por la vía contencioso-administrativa para seguir de inspector jefe hasta los 58 años (Marzo 2003). 

EL PLAN ESPECIAL CONTRA LA DELINCUENCIA FRACASA EN CINCO DE LAS DIEZ GRANDES CIUDADES DONDE SE APLICA   

El plan especial que el Ministerio del Interior puso en marcha en 2001 para combatir diez tipos de delitos que causan gran alarma social en diez grandes ciudades españolas ha fracasado en Madrid, Palma de Mallorca, Alicante, Valencia y Vigo, según ha reconocido el propio Ministerio del Interior. Durante el pasado ejercicio, los índices de delincuencia subieron en estas cinco ciudades, mientras se redujeron en Barcelona, Sevilla, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. El plan especial se puso en marcha ante el aumento de bandas organizadas en diversas zonas de España.

El plan piloto se presentó a bombo y platillo a finales de 2000 con el objetivo de luchar contra la delincuencia organizada, uno de los aspectos de la inseguridad ciudadana que más preocupan al Gobierno. El programa especial combinaba diez áreas geográficas y diez delitos que por sus características "son especialmente graves y cuya importancia y trascendencia social y económica producen grandes perjuicios y elevadas cotas de alarma social". Las ciudades para aplicar el programa se eligieron en base a la existencia de un mayor número de grupos organizados de delincuentes.

Los delitos contra los que se actúa son los que siguen:

- Tráfico de drogas.

- Crimen organizado

- Redes de inmigración ilegal.

- Grandes delitos económicos y blanqueo de capitales.

- Delitos contra el patrimonio.

- Delitos contra la libertad sexual.

- Delitos del ámbito familiar, contra los menores.

- Delitos tecnológicos.

La Dirección General de la Policía, según explica el Gobierno en una respuesta parlamentaria potenció distintas unidades para combatir esta delincuencia en las 10 grandes ciudades. Pero los resultados sólo fueron óptimos en cinco de ellas, donde bajó la tasa de delincuencia. Se trata de Málaga, con un descenso del 15,58% en esos delitos, Las Palmas (15,06%), Santa Cruz de Tenerife (13,49%), Barcelona (5,54%) y Sevilla (1,89%). En el lado contrario se sitúan otras cinco grandes ciudades donde subió la criminalidad. En tres de ellas, Madrid, Alicante y Palma de Mallorca, el crecimiento superó incluso la media nacional, según indica en su respuesta el Gobierno. La información no precisa en qué porcentaje subió aquí la delincuencia. Los sindicatos policiales aportaron datos referidos a la suma de delitos y faltas conocidos en las tres ciudades. Madrid, según sus datos, sufrió un aumento del 13,%, en Alicante se registró una subida del 2,1% y en Palma de Mallorca un 43%. Las otras dos ciudades donde fracasó el plan especial de la policía son Valencia (un 1,95% de aumento) y Vigo (1,77%) (Marzo-Abril 2003).

EL AUMENTO DE LOS DELITOS INDICA QUE 25 DE CADA 1.000 HABITANTES SON VÍCTIMAS DE UNO CADA AÑO. 

Antes, mucho antes de que la guerra en Irak lo ocultase todo, la seguridad ciudadana se había convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles, debido a la imparable tendencia al alza de los delitos, sostenida durante 2001, 2002 y 2003. Las medidas anunciadas por el Ejecutivo para combatir la criminalidad, la mayoría de las cuales aún no están en marcha, no han logrado frenar lo que se denomina "sensación subjetiva de inseguridad", ésa que provoca que los españoles coloquen la delincuencia entre una de sus cinco preocupaciones principales, según los sucesivos sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Cada año, 25 de cada 1.000 españoles son víctimas de un delito y otros tantos padecen una falta, generalmente un pequeño robo. Por ello, todos los partidos han situado en el centro de sus programas para las elecciones del 25 de mayo diferentes medidas para combatir la criminalidad, especialmente la de poca monta, ésa que afecta más directamente a los ciudadanos.

La inseguridad ciudadana fue durante los años ochenta un asunto de la máxima preocupación, debido a que los delitos llegaron a crecer anualmente hasta un 16%. El asunto pasó a un segundo plano durante los años noventa, pero a partir de 2000 la delincuencia volvió a las primeras páginas de los periódicos. Ese año las infracciones penales (delitos más faltas) rozaron los dos millones, pero en 2001 se produjo un espectacular incremento del 10,41%, un porcentaje de subida desconocido desde los citados años ochenta.  

Inicialmente, el Gobierno restó importancia al problema, pero en 2002 no tuvo más remedio que aceptar, debido a la contumacia de los datos, que la situación se le podía ir de las manos. Primero le echó la culpa a la inmigración irregular, luego a la abundancia de delincuentes multirreincidentes que nunca entraban en prisión, más tarde al significativo descenso en las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Hubo que esperar a septiembre de 2002 para que Ángel Acebes, ministro del Interior, lanzara el llamado Plan de Lucha contra la Delincuencia, gestado durante el mandato de su predecesor, Mariano Rajoy, cuyo prólogo comenzaba así: "Este plan da respuesta a una realidad que se ha venido comprobando: el incremento de las tasas de delincuencia". Las estrellas del plan eran el aumento de las ofertas de empleo para policías y guardias hasta llegar a los 20.000 nuevos efectivos en 2005, la reforma del Código Penal para endurecer las penas, los juicios rápidos (que entran en vigor el 28 de abril) y los planes de colaboración con las policías municipales.

Hecho el plan, los datos volvieron por sus fueros. Al acabar 2002, la delincuencia había vuelto a subir un 4,95% respecto a 2001 y los ciudadanos se sobresaltaban casi a diario por un rosario de crímenes muy violentos.

Pero la situación, la percepción de la seguridad ciudadana, cambia radicalmente según de qué zona se hable, de forma que en Valencia, Madrid, Baleares o Tarragona (con las mayores tasas de delincuencia) la seguridad ciudadana se ha situado en el centro del debate político, mientras que en Asturias, Lleida, Zamora o Salamanca (con índices mucho más bajos) ha pasado a segundo plano.

Baleares y Ceuta, con 55,45 y 55,73 delitos por cada 1.000 habitantes, son hoy día las ciudades donde es más fácil ser víctima de un delito. "En general, han sido las ciudades del arco mediterráneo las que han registrado los mayores índices de delincuencia, por motivos que van desde la mayor afluencia de turistas al abundante número de segundas residencias vacías", admite el Ministerio del Interior.

¿Y Madrid? La capital es caso aparte, por motivos varios. El fundamental es que, además de que casi 32 ciudadanos de cada 1.000 son víctimas de la delincuencia, se han producido crímenes de excepcional violencia (como el asesinato de dos ladrones de coches búlgaros por sicarios suramericanos que los acribillaron con un subfusil AK-47) y ha surgido una especie criminal cuya mención da miedo: el asesino en serie, el llamado asesino del Naipe, que mata de forma indiscriminada y cuando se le antoja. No se recordaba en España un homicida en serie desde el llamado asesino de ancianas de Santander, muerto posteriormente a manos de sus compañeros de presidio.

En el punto diametralmente opuesto se sitúan Lleida y Girona, donde, a tenor de los datos oficiales de Interior, el delito es casi inexistente. La primera tiene una relación de 0,29 delitos por 1.000 habitantes y la segunda, 1,56. "Esos datos no son ciertos. Lo que ocurre es que en ambas provincias se ha completado el despliegue de los Mossos d'Esquadra y no han facilitado aún los datos oficiales", alegan fuentes del ministerio. La policía sostiene que donde menos delitos hay es en Castilla. En Zamora, Palencia, Soria y Salamanca las posibilidades de ser víctima de un delito son, de media, un 700% menores que en Baleares, Ceuta, Melilla o Alicante.

Ante este panorama, la delincuencia y las medidas para combatirla se han convertido en uno de los ejes del debate político, aunque con diferente intensidad. Mientras en Baleares, Madrid o Valencia todos los candidatos inciden en exponer medidas de contención -desde creación de comisarías en las nuevas urbanizaciones que rodean las grandes ciudades hasta el reparto de tareas entre los distintos cuerpos policiales-, en las Castillas apenas se habla del asunto.

Lo curioso es que, a pesar de que la delincuencia ha invadido el debate político, los datos sobre su evolución, claves para hablar del fenómeno, se han convertido en materia de Estado. Desde 2002, el Gobierno facilita a regañadientes y parcialmente las cifras del delito, hasta el extremo de que sólo extraoficialmente la Guardia Civil conoce cómo ha ido la delincuencia en el territorio de la policía. Las últimas cifras facilitadas por Acebes sólo incluían los delitos que bajaban, lo que le permitía afirmar que la delincuencia "está descendiendo en 2003", para asombro de quienes la combaten en la calle. ( Abril 2003 )

LA SUSTRACCIÓN DE COCHES, SOBRE TODO DE GRAN CILINDRADA, HA CRECIDO UN 54% DESDE 1999, Y YA SE ROBA UNO CADA 210 SEGUNDOS

A Javier le han robado su Ford Escort dos veces. La primera vez ocurrió en Madrid y lo recuperó un mes después, "con cuatro o cinco rayones en la chapa y destrozado por dentro". El ladrón había recorrido 1.280 kilómetros con él y había dejado en su interior basura, sangre y un recibo de una gasolinera de Algeciras. "Yo creo que se bajaron al moro a comprar droga", aventura Javier. La segunda vez el vehículo desapareció en un pueblo de Burgos. "Sólo dejaron una rueda: la de repuesto", bromea. "Por lo demás, esta vez el coche apareció intacto a los tres días".

El caso de Javier dista mucho de ser único. De enero a noviembre de 2002 fueron sustraídos en España 140.509 vehículos, uno cada tres minutos y medio, según una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado socialista Miguel Ángel Heredia. Las zonas más castigadas por este tipo de delitos fueron la Comunidad Valenciana, las provincias costeras de Andalucía y Madrid. En términos absolutos, Madrid encabeza la lista, con 30.085 hurtos anuales (90 delitos diarios), seguida de Barcelona (con 15.912), Valencia (12.190) y Alicante (9.849). Según el Gobierno, el 27,11% de los coches no se recupera. La policía, por su parte, afirma que más del 97% de los vehículos aparece a los 3 o 4 días.

En España -un país poco azotado por este tipo de delitos si se compara con Francia, Italia o Reino Unido- se ha producido un incremento del 54% en el robo de coches desde 1999. En todo ese año se sustrajeron 90.790 frente a los 140.509 de los 11 primeros meses de 2002. Este fuerte aumento ha puesto en alerta a la policía, que en los últimos años ha desarticulado "más de 30 grupos" organizados de países del Este implicados en el tráfico internacional de vehículos. En estas operaciones fueron detenidos 200 ciudadanos búlgaros y 170 polacos.

Una de las zonas más castigadas de España por el robo de coches es la Costa del Sol. El Ejecutivo achaca esta situación al gran número de vehículos de alta cilindrada que circula por la zona y ha llegado a decir que el subidón se debe al "atractivo que supone para los jóvenes la sustracción de vehículos para el desplazamiento entre los centros de ocio de la provincia y la facilidad que ofrece la red viaria de la provincia con nuevos tramos de autovías y autopistas para desplazarse".

Nada que ver con el análisis que efectúa Europol, que en un reciente informe afirma que el robo de vehículos de lujo es una actividad delictiva "mucho más lucrativa y menos arriesgada que la trata de blancas o el contrabando". El organismo de policías europeas calculó en 1999 que el robo de 100 coches de gama alta generaba un beneficio de entre uno y dos millones de euros y elevó a 700.000 los vehículos de alta gama robados en toda Europa, lo que supuso para las mafias unos ingresos netos de 7.500 millones de euros. Los grandes mercados son Europa del este, el norte de África y el golfo Pérsico.

El Audi A6 de Gregorio (nombre supuesto) desapareció de las calles de Madrid en agosto de 2001 y apareció en Rumania un año y medio después, cargado de extras. "La aseguradora se lo quedó porque ya me había indemnizado", cuenta Gregorio. Los coches más codiciados por las mafias son los turismos de gama alta y los todo terreno, muy cotizados en el Este. Algunos modelos, de Audi, BMW, Volvo o Mercedes alcanzan tasas de intento de robo de hasta el 95%.

Los ladrones han debido adaptarse al aumento de medidas antirrobo de los vehículos, pero, según Europol, cada vez es más frecuente el robo de coches con violencia e intimidación. Este método tiene "la ventaja", según el informe, "de hacerse con el coche y con las llaves al mismo tiempo". Otro procedimiento, utilizado sobre todo por las mafias albanesas que operan en el sur de Italia, consiste en tener un encontronazo con el coche que se quiere robar. Cuando el conductor se baja del vehículo para comprobar los daños, la banda de delincuentes se abalanza sobre él, lo inmoviliza y se lleva el coche por la fuerza.

A pesar del fuerte aumento del robo de coches de lujo, la mayoría de los automóviles que desaparecen en España se destinan al uso esporádico. Soledad Samprón, directora de la empresa de recuperación de vehículos Rastro Móvil, lo explica así: "En Madrid se producen muchos robos los fines de semana por gente que coge los coches para irse de juerga o para comprar droga en los poblados". Según Samprón, los modelos que más se roban los fines de semana "son coches viejos fáciles de abrir, como el Kadett o el Golf". Cuando el coche aparece -normalmente a los pocos días, en poblados chabolistas del extrarradio- le cobran al dueño otros 60 euros que sirven como gratificación para quien lo encuentra.(Abril 2003 )

LA CIUDAD DE MADRID SUFRE 10.000 ATRACOS CALLEJEROS EN LOS TRES PRIMEROS MESES DEL AÑO   

La delincuencia que más inquietud genera en la población (los atracos callejeros con empleo de armas, así como los robos en los que resultan rotos enseres o vallas) sigue al alza en la capital. Comparando el último trimestre de 2002 con el primero de este año, se observa que este tipo de actos delictivos han crecido un 4%, al pasar de los 9.893 registrados entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2002 a los 10.281 contabilizados entre enero y marzo de 2003. Y eso que la tasa de atracos violentos era ya de por sí alta en 2002, puesto que aumentó un 21% respecto a 2001, según los datos judiciales.

Durante el primer trimestre de este año, los robos con fuerza en las cosas también han subido un 6% (de 19.608 a 20.742) si se les compara con los registrados entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre pasados.

Otro de los delitos que siguen creciendo en Madrid, y que se enclava asimismo entre los que más desasosiego causa en la ciudadanía, es el de las violaciones y abusos sexuales. Comparando el último trimestre del año pasado con el primero del presente, también se observa un aumento de estos delitos: los 122 contabilizados en ese periodo del año anterior se elevaron entre enero y marzo de este año a 139 (Abril 2003).  

LA CRIMINALIDAD CRECIÓ UN 20% DURANTE LOS SIETE AÑOS DE GOBIERNO DEL PP. ENTRE 1996 Y 2002 HUBO 46 DELITOS POR MIL HABITANTES 

La criminalidad creció un 20,1% entre 1996 y 2002 en relación con los siete años anteriores y fueron los delitos violentos, especialmente los homicidios, los que registraron un mayor incremento, según un estudio del Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo.

El informe, elaborado por el Instituto de Estudios de Seguridad y Policía (IESP), analiza la evolución de la delincuencia en los últimos catorce años, que divide en dos periodos: el de 1989-1995, cuando gobernaba el PSOE, y el de 1996-2002, con Ejecutivos del PP.

Según el estudio, en este último periodo "se puede verificar un innegable y fuerte deterioro de la criminalidad en España" y, especialmente, de la de tipo violento". Durante el periodo de gobierno del PP las fuerzas de seguridad conocieron una media anual de 1.893.032 infracciones penales, lo que supuso un incremento del 20,1% sobre la media de los siete últimos años de gobierno socialista.

Así, la tasa de criminalidad entre 1996 y 2002 se situó en 46,9 delitos por cada mil habitantes, 6,8 puntos más que en el anterior periodo, mientras que el índice de homicidios fue de 3,1 por cada cien mil habitantes frente a los 2,4 de los siete años anteriores.

El estudio analiza los últimos catorce años y subraya que la delincuencia ha crecido un 37,4% desde 1989 y hasta el pasado año, aunque precisa que este aumento se ha acumulado especialmente en los últimos años de la década de los 90 y en los primeros años de la actual.

Además, en ese periodo la criminalidad violenta subió un 42,1% y, dentro de ella, los homicidios lo hicieron en un 63,3%, en tanto que los delitos contra la libertad sexual se incrementaron en un 35,5% y los robos con violencia e intimidación en un 5,3%.

El pasado año, añade el informe, todas las modalidades delictivas experimentaron un aumento, a excepción de los robos con violencia e intimidación y las sustracciones de vehículos, que descendieron en torno a un 2%.

Por Comunidades Autónomas, el estudio indica, que en relación a 2001 la criminalidad se redujo significativamente en Canarias, Cantabria, Ceuta y Melilla -entre el 4 y el 6%-, y de forma más moderada en Asturias, Aragón, Murcia y Navarra.

La delincuencia ascendió, con un incremento menor a la media española (5,1%) en Andalucía, Cataluña, Castilla la Mancha, La Rioja y Extremadura; y un crecimiento ligeramente superior en Castilla y León, Galicia y el País Vasco.

Además, según el estudio, el incremento fue "notable" en las Comunidades Valenciana y de Madrid al doblar la media nacional, y "fortísimo" en Baleares donde llegó al 25,1%, cinco veces más que el promedio español. Por provincias, el mayor crecimiento correspondió a Tarragona con un 19,4%, mientras que entre los descensos destaca Granada con un 8,2.

El informe analiza la evolución de la delincuencia en relación con "el dinamismo y la pujanza económica que se observa en cada territorio", motivo por el que argumenta que sean -excluidos los casos de Ceuta y Melilla- las Comunidades insulares, las del arco Mediterráneo, las del eje del Ebro y la de Madrid las que presentan una mayor incidencia de la delincuencia por número de habitantes (Mayo 2003). 

TRES AGENTES DE POLICÍA Y 24 DELITOS POR CADA 1.000 HABITANTES

La inseguridad ciudadana que no cesa -casi 24 delitos por cada 1.000 habitantes el último año- ocupa buena parte de los programas de los partidos que pujan por las 8.108 alcaldías y los 13 Gobiernos autónomos en juego.

El problema se agudiza en las grandes ciudades, donde los candidatos a alcalde y presidentes regionales prometen más policías locales y nacionales -la media española alcanza los tres policías nacionales por cada 1.000 habitantes- aunque no tienen competencias para respaldar esa petición.

En febrero de 2003, el catálogo del Cuerpo Nacional de Policía (la plantilla prevista para garantizar un correcto funcionamiento del servicio) tenía preocupantes agujeros. Además, los sueldos de los agentes de policía y de la Guardia Civil, los cuerpos que combaten directamente la delincuencia, son más bajos que los de policías municipales y autonómicos. Lo que sigue es un análisis de las zonas urbanas más castigadas por la delincuencia y de las propuestas electorales para combatir este problema.  

MADRID: CIEN ROBOS AL DÍA

Unos 13.000 agentes, tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Policía Municipal de Madrid, se encargan de la vigilancia de los tres millones de habitantes de la capital. Son insuficientes, según los principales candidatos a la alcaldía. Todos los partidos llevan en su programa la contratación de más policías e incluso, en el caso de IU, la creación de un cuerpo autonómico.

La plantilla de la Policía Municipal de Madrid consta de 6.100 agentes lo que proporciona el doble de la ratio recomendada por la Unión Europea (un policía cada 1.000 habitantes). Casi la mitad de ellos se dedica a regular el tráfico en la calle. Otros 400 se dedican a labores administrativas, por lo que no patrullan por los distritos. El Cuerpo Nacional de Policía cuenta con una plantilla de 7.000 agentes. Un porcentaje considerable se dedica a labores de escolta y de vigilancia de edificios, según critican los sindicatos del cuerpo.

La capital sufre en los últimos meses un espectacular aumento de delitos: 48 homicidios en lo que va de año -un asesinato cada menos de tres días-; más de 700 hechos delictivos al día, de los que 100 son robos.

La candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid, Trinidad Jiménez, reclama 2.800 agentes más, de los que 800 serían municipales y 2.000 nacionales, que promete solicitar al Ministerio del Interior. El candidato del PP al Ayuntamiento, Alberto Ruiz-Gallardón, promete un cuerpo de funcionarios para regular el tráfico de manera que los policías municipales se dedicarían sólo a combatir la inseguridad.  

CATALUÑA: DEL CONTROL DEL TRÁFICO A LA SEGURIDAD

El despliegue de la policía de la Generalitat -los Mossos d'Ésquadra- por el territorio catalán continúa lenta pero inexorablemente. Los mossos ya se encargan del tráfico en toda Cataluña, son la policía ordinaria en las provincias de Girona y Lleida, han sustituido al Cuerpo Nacional de Policia y a la Guardia Civil en algunas comarcas de Barcelona y el próximo octubre se desplegarán en ciudades como L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet y Premià de Mar. La prueba de fuego llegará en el otoño de 2005 cuando los mossos se hagan cargo de la seguridad en la ciudad de Barcelona. En la actualidad, hay 8.000 policías de la Generalitat. El objetivo es llegar a 16.000 cuando se complete el despliegue.

El Gobierno central y el catalán tienen previsto reunirse el mes que viene para completar el despliegue en el resto de la provincia de Barcelona y en Tarragona, la única provincia en la que aún no está presente la policía autonómica.

Algunos alcaldes de ciudades del área metropolitana de Barcelona denuncian que, mientras los mossos sustituyen al Cuerpo Nacional de Policía, las plantillas policiales han disminuido y la inseguridad, aumentado. José Montilla, alcalde de Cornellà (85.000 habitantes) y primer secretario del PSC, denuncia un descenso del número de policías en las ciudades de Cornellà, Espluges de Llobregat y Sant Just Desvern. Montilla dice que hace siete años había "algo más de 130 agentes asignados a estas ciudades y ahora sólo 80".

Desde la Delegación del Gobierno en Cataluña se asegura que los efectivos policiales no han disminuido y que las plantillas policiales se mantienen mientras llega el despliegue de los mossos, momento en que se ajustarán a las competencias que mantendrán los cuerpos de seguridad estatales: extranjería, documentación, terrorismo y delincuencia organizada, principalmente. La Delegación del Gobierno señala que en Barcelona hay 3.000 agentes del Cuerpo Nacional que se refuerzan con otros 500 durante el verano.

Cataluña no sale mal parada en índice de delincuencia, si se compara con otras comunidades. La excepción es Tarragona, una de las provincias más inseguras junto con Baleares y Ceuta, que registra 46 delitos por cada 1.000 habitantes (casi el doble que la media), mientras las provincias de Lleida y Girona están a la cola de la inseguridad y ocupan los dos últimos puestos, con 0,29 y 1,56 delitos por cada 1.000 habitantes. Barcelona ocupa el puesto 18, con un índice del 23,89, menor que el de Madrid (31,75 ), Sevilla (29,88 y Valencia (38,36).  

SEVILLA: 600 POLICÍAS MENOS QUE HACE OCHO AÑOS

Los sindicatos policiales y la administración local cifran en 600 el déficit de agentes del Cuerpo Nacional de Policía en Sevilla. De los 1.900 de 1995 se ha pasado a los alrededor de 1.150, más 200 agentes adscritos a las Unidades de Intervención Policial (UIP) que no pertenecen a la plantilla sevillana pero que sí realizan en la ciudad la mayor parte de su trabajo. Esta reducción de efectivos es, según el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Manuel Espino, la causa del incremento de delitos.

"La presencia policial en la calle disuade al delincuente", insiste Espino, "y en Sevilla hay unos 600 policías menos que hace ocho años".

El número de delitos y faltas denunciados en Sevilla en 2002 (83.629) fue un 4,4% superior al del año anterior (80.092). 84,4 delitos por cada 1.000 habitantes en 2002 frente a los 80,9 de 2001. De las 37,5 horas semanales establecidas en el contrato de los funcionarios policiales, algunos han pasado a trabajar hasta 65, a razón de 60 euros brutos la jornada extra.

Mediante este procedimiento, 50 agentes que de lunes a viernes se encargan de tareas técnicas y burocráticas se turnan ahora para patrullar los fines de semana y los festivos. Además, los 200 agentes de las cuatro UIP con sede en Sevilla, que antes se desplazaban por todo el país, trabajan permanentemente en la capital andaluza desde el pasado mes de octubre y no se han movido hasta la reciente visita del Papa a Madrid, que volvió a sacar de la capital andaluza a la mitad de estos efectivos. "El Plan Focus ha aportado policías en bandas horarias en las que antes no había, pero siguen faltando agentes para alcanzar el nivel de 1995".

El pasado verano llegaron a la capital 97 nuevos agentes, pero a final de año, las bajas por fallecimiento o jubilación, que suelen rondar las 100, superan siempre las altas. En 2000 llegaron 15 agentes y se marcharon 197.  

VALENCIA: MÁS POLICÍAS ADSCRITOS

La Comunidad Valenciana tiene uno de los índices más bajos de policías por habitante y uno de los índices más alto de delitos.

Valencia tiene un cuerpo de policía adscrita a la autonomía compuesto por 275 agentes y el objetivo del Partido Popular es que llegue a 500. El PP aspira a una policía autonómica con más agentes pero sin corregir las competencias. Los populares no dan plazos ni presupuesto. En su programa recogen el compromiso de una nueva regulación pero sin hablar de una ley concreta que convierta la unidad adscrita en policía autonómica. Los agentes de esta policía autonómica se dedican fundamentalmente a la vigilancia de altos cargos, a actuar en temas de menores a instancia de la fiscalía y violencia doméstica, espectáculos, patrimonio, medioambiente y menores.

Los socialistas valencianos plantean dos cosas: una ley autonómica que ordene competencias y salarios en los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la creación de una policía autonómica, aunque no concreta con qué número de agentes (Mayo 2003). 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DENUNCIA LA SATURACIÓN Y HACINAMIENTO DE LAS CÁRCELES   

El Defensor del Pueblo denuncia la sobreocupación de la práctica totalidad de las cárceles, que llega al hacinamiento en algunas de ellas, el déficit de medios personales y las dificultades para la construcción de nuevos centros penitenciarios. Así se refleja en el informe de la institución correspondiente al año 2002. En ese año, la población reclusa pasó de 47.521 a 51.863. El informe también exige al Gobierno que acabe con los "guetos de inmigrantes" que se están creando en España, y fuerce a los arrendatarios a alquilar pisos a los extranjeros.

En el informe se califica de "preocupante" el incremento de la población reclusa. El problema fundamental de la situación penitenciaria se "deriva del hacinamiento que sufren algunos centros y la generalizada sobreocupación de la práctica totalidad de ellos", especialmente los de las comunidades de Madrid, Andalucía, Valenciana, Murcia, Cataluña y, sobre todo, Canarias.

Además, denuncia que los nuevos centros "ya se inauguran con literas en las celdas, contradiciendo el texto de la Ley Orgánica General Penitenciaria ya desde su propia concepción". Esta saturación redunda en un incremento de la conflictividad entre internos, como demuestra que en el caso de la Comunidad de Madrid las agresiones entre presos han aumentado un 20%.

También se hace hincapié en este informe en la "notable dificultad" para cumplir los programas de mejora de infraestructuras y señala que "no es previsible" que ninguna de las nuevas cárceles programadas puedan estar operativas "en el mejor de los casos" antes de 2006.

Resalta además que a pesar de tratarse de centros programados en 1992 y dotar con dotación presupuestaria, no se han comenzado a construir las prisiones previstas en Canarias, Navarra y País Vasco por "falta de cooperación de las autoridades autonómicas y locales a la hora de facilitar los terrenos necesarios". Como tercer aspecto deficitario, el Defensor subraya el déficit de medios personales y recuerda que a 25 de septiembre de 2002 se mantenían 2.220 celdas vacías "por falta de funcionarios que pudieran encargarse del funcionamiento de estas infraestructuras".

La ratio actual de un funcionario de vigilancia por cada 2,2 reclusos resulta "excesiva", a juicio del Defensor, y afecta a la seguridad de los centros, ya que debido a su régimen laboral y horario en "muchas ocasiones" un sólo funcionario debe hacerse cargo de la seguridad y vigilancia de más de cien internos.

Respecto a la reforma del Código Penal planteada por el Gobierno, y en particular a la sustitución de los arrestos de fin de semana por penas de extensión muy reducida, como tres meses, el Defensor considera que estas cortas condenas "carecen, en general, de cualquier efecto resocializador".

Respecto a los inmigrantes, el informe destaca la necesidad de que las Administraciones Públicas "combatan con firmeza la generación de guetos" de inmigrantes en España y se "empeñen en disminuir las reticencias de arrendatarios" de viviendas a inmigrantes. Así lo recoge en el apartado Racismo y Xenofobia que el informe incluye en un amplio capítulo, de 130 hojas, titulado Inmigración y extranjería.

Señala el informe que numerosos propietarios de viviendas se resisten a facilitar el acceso a ellas de inmigrantes, en régimen de alquiler, y añade que "incluso en determinados puntos se ha creado de manera sutil una situación a través de la cual se tiende a la concentración de los inmigrantes en determinados barrios" (Mayo 2003). 

LOS ROBOS EN VIVIENDAS SIGUEN IMPARABLES: 13.200 EN DOS MESES   

Los robos en domicilios durante los dos primeros meses de este año, los únicos sobre los que el Ministerio del Interior ha facilitado datos, revelan que esta modalidad delictiva sigue imparable. En los 59 días de enero y febrero de 2003 fueron perpetrados 13.225 robos en pisos o chalés, lo que supone 224 asaltos cada día o, lo que es lo mismo, uno cada seis minutos. Esto significa que ninguno de los planes contra la delincuencia aplicados hasta ahora ha logrado rebajar las cifras de allanamientos de morada, que el año pasado estaban en 221 al día. Aunque con una salvedad: los datos ahora conocidos no suman los de Lleida y Girona (donde se han desplegado los Mossos d'Esquadra), sí incluidos en las estadísticas de 2002.

Los robos en domicilios, especialmente en viviendas unifamiliares, se han diversificado durante los últimos años. A los antiguos palquistas o arañas (los que entraban escalando por las ventanas o balcones: los palcos, de ahí su nombre) y las bandas de palanquistas que peinaban los barrios distinguidos durante los meses de vacaciones, que gustaban de entrar en las casas a fuerza de palanqueta cuando éstas estaban vacías, se han sumado otros grupos a los que les da igual que la casa esté habitada o no, según fuentes policiales. Estos nuevos grupos son multinacionales (acaba de ser desarticulado uno con españoles, rumanos y colombianos), pero menudean más los integrados únicamente por colombianos.

Los datos de Interior indican que en los dos primeros meses de este año se denunciaron 13.225 robos en domicilios, lo que significa "que el total de viviendas afectadas supone el 0,06% del total del censo de viviendas de 2001 publicado en el Boletín Nacional de Estadística 2 / 2003", según una respuesta parlamentaria .La cifra es prácticamente idéntica a la que se dio en el mismo periodo de 2002, cuando se conocieron 13.282 robos domiciliarios. Es decir: en teoría los robos han bajado. Pero, según fuentes policiales, en la práctica, no. "Las cifras no incluyen los datos de Lleida y Girona, lo que elevaría tanto el número absoluto de asaltos como el porcentaje, ya que, por ejemplo, en los últimos cuatro meses de 2002 se perpetraron sólo en Lleida 1.400 robos domiciliarios", según las citadas fuentes.

El número de robos no es homogéneo por el territorio nacional, de forma que es más fácil que a uno le roben la casa en la Comunidad Valenciana, sobre todo en Alicante, que en Madrid, y convierte en una cuestión de pura mala suerte el que sea asaltada una segunda vivienda, por ejemplo, en Lugo.

Alicante, como en otros hechos delictivos, es la plusmarquista nacional en robos en casa: 2.075 en dos meses. Ninguna provincia le hace sombra, aunque la siguiente en la lista de más robadas es su vecina Valencia, con 1.448. Inexplicablemente, ambas provincias superan a la capital de España, en la que la suma de los dos primeros meses da 1.378 robos en viviendas. Pero nada inexplicable para la familia de Madrid que sufrió el robo del 22 de mayo: "Tenemos una casa en el Mediterráneo y ya nos la han robado cuatro veces", confesaba con cierta resignación la víctima.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el robo en domicilios es el quinto tipo de delito que más afecta al ciudadano, tras el terrorismo, el tráfico de robos callejeros, los atracos con armas y los delitos sexuales (Junio 2003). 

LOS SINDICATOS DENUNCIAN A LA CÁRCEL DE VILLENA (ALICANTE) POR EXPLOTAR A LOS PRESOS   

Las secciones sindicales de UGT, CC OO y ACAIP denunciaron las abusivas condiciones laborales de los presos de la cárcel de Villena ocupados en los tres talleres de producción de este centro abierto hace ahora un año. Los portavoces de las tres centrales tildaron la situación laboral de los internos de "régimen de explotación", con maratonianas jornadas y sueldos inferiores al salario mínimo interprofesional. Tomás Sanmartín, director de la prisión, rechazó la acusación y aseguró que los trabajos de los internos se ajustan a la legislación penitenciaria.

La reinserción social de la población reclusa de la cárcel Alicante II, en Villena, era una de las prioridades de la dirección del cuarto centro penitenciario de la Comunidad Valenciana, que oficialmente inauguró el 7 de julio de 2002 el entonces ministro de Interior, Mariano Rajoy. La cárcel se dotó de cuatro talleres productivos de trabajo, de los cuales sólo están en funcionamiento tres: dos de plásticos y uno de carpintería.

Un año más tarde, los sindicatos no sólo cuestionan la eficacia de los talleres, sino que, además, denuncian las abusivas condiciones laborales de los internos. "Los talleres de trabajos sólo sirven para que los empresarios locales desvíen su producción conscientes de los bajos costes, al no pagar Seguridad Social, ni gastos complementarios y, sobre todo, por el bajo precio de la mano de obra", dijo, Miguel Ballester, de ACAIP. "En dos de los talleres, los internos trabajan a destajo, con jornadas semanales de más de 40 horas a cambio de unos 300 euros mensuales. En el tercero, les pagan a 2,82 euros la hora", añadió.

Los representantes de las secciones sindicales anunciaron que, a partir de septiembre, desvelarán nuevas irregularidades de las condiciones laborales de los internos de la prisión de Villena y anunciaron que denunciaran los hechos a los tribunales. "El régimen de explotación no afecta sólo a los internos de los talleres, sino al conjunto de presos encargados de los servicios generales de la cárcel", dijo José Luis Guerrero, de UGT (Julio 2003).  

UN LADRÓN ROBA EL COCHE AL DELEGADO DEL GOBIERNO   

Uno de los ocho vehículos oficiales del Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Javier Ansuategui era robado en una gasolinera cercana a la plaza de Neptuno, El ladrón, huyendo de la policía, entró a un piso de Retiro y retuvo a dos ancianos.

El conductor del coche oficial del delegado del Gobierno -un Opel Omega azul con matrícula M-1082 BPJ- se dejó puestas las llaves del vehículo mientras repostaba en la estación de servicio. De repente, cuando pagaba al gasolinero, pudo presenciar cómo un hombre se introducía en el coche y, con total desparpajo, encendía el motor y pisaba a fondo el acelerador en dirección a Atocha. El conductor oficial se vio obligado a llamar desde el móvil al 091 para denunciar lo sucedido, pero omitió decir quién era el robado. El incidente ha sido recibido con ironía por el colectivo policial, que ve cómo sus mandos niegan sistemáticamente la existencia de un problema de inseguridad en Madrid (Julio 2003). 

LA POLICÍA AMENAZA CON MENOS ARRESTOS SI NO RECIBE MÁS DINERO POR LOS JUICIOS RÁPIDOS   

Los sindicatos policiales han lanzado una advertencia a sus mandos. O se les compensa económicamente por la sobrecarga de trabajo que han supuesto los juicios rápidos "o empezará a reducirse el número de detenciones". Los agentes se quejan de que el nuevo sistema, que califican de eficaz y necesario, les ha llevado a asumir tareas que antes ejercían los funcionarios judiciales y también porque ahora se les cita para juicios por la tarde, los sábados y los domingos, incluso en agosto. Los ministerios de Justicia e Interior se han mostrado dispuestos a negociar contrapartidas.

Los juicios rápidos se pusieron en marcha el 28 de abril y desde entonces hasta ahora se han resuelto más de 45.000 casos (unos 375 al día en toda España), según ha subrayado el ministro de Justicia, José María Michavila. La gran mayoría se refieren a faltas, que ahora se juzgan en 72 horas cuando antes tardaban hasta un año en resolverse.

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil han tenido que reciclarse para afrontar los juicios rápidos, ya que han asumido tareas que antes hacían los funcionarios judiciales, como ocurre con las citaciones o la petición de antecedentes (se han cursado 38.000 consultas al Registro Central de Penados y Rebeldes entre el 20 de junio y el 20 de agosto).

Esas nuevas tareas y la mayor permanencia en los juzgados han llevado a todos los sindicatos a solicitar en el comité de personal de la policía una compensación económica. "Exigimos una compensación económica suficiente y criticamos que no se tenga en cuenta la carga de trabajo que recae sobre los agentes. Nuestro vaticinio es que si no hay una incentivación justa, empezará a disminuir el número de detenidos por razones obvias", dijeron el pasado 11 de julio.

La necesidad de esa compensación "para evitar que se produzca un descenso en el número de detenidos" ha sido comunicada por escrito al presidente del Gobierno, José María Aznar, y al ministro del Interior, Ángel Acebes, por el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet. Además, será una de las piedras de toque de la negociación del próximo marco salarial.

Las "razones obvias" por las que los sindicatos creen que pueden bajar los detenidos son varias: hay menos policías de los necesarios, los que están se pasan muchas más horas en los juzgados para hacer papeleos y, además, aquéllos que practican detenciones por faltas los miércoles y los jueves ya saben que les va a caer un juicio en sábado o domingo, por la mañana o por la tarde. Un comisario de Madrid ha admitido que ya ha recibido quejas en este sentido de sus agentes y que algunos se han mostrado "remolones" a la hora de detener en miércoles y jueves (Agosto 2003).  

EL MINISTERIO DEL INTERIOR SUPO EN 1998 QUE KING VIVÍA EN MÁLAGA Y ERA UN RIESGO PARA LAS MUJERES   

Ángel Acebes, ministro del Interior, admitió que Scotland Yard les informó en 1998 de la presencia en España de Tony Alexander King y de que éste era "potencialmente peligroso para las mujeres". King fue localizado ese año en Mijas pero no se le hizo ningún seguimiento porque tenía "una vida normalizada", no había una orden de detención contra él y porque el interés de la policía británica era "de baja intensidad". Fuentes de la Guardia Civil de Málaga aseguraron que "nunca" fue informada de estos datos. La policía de Surrey confirmó que las autoridades españolas estaban informadas desde septiembre de 1998 de los antecedentes de King. El asesino confeso había sido identificado en un programa de televisión británico como el presunto asaltante de una joven en Leatherhead (Surrey) en agosto de 1997. El burofax enviado a España decía que, aunque era "potencialmente peligroso para las mujeres", el interés policial era "de baja intensidad". El informe agregaba que King había penado sus culpas (estuvo en dos periodos en prisión, uno de tres años y otro de ocho) y que había cambiado el nombre en 1997, dentro de un programa del Gobierno británico para preservar la identidad de quienes han tenido problemas con la justicia y han aparecido en la prensa. El Cuerpo Nacional de Policía solicitó al Reino Unido las huellas dactilares de King y su historial para confirmar que el británico residía en Mijas, que tenía "una vida normalizada" con su mujer y su hija (con quienes convivió hasta 2000) y que no pudo participar en la agresión de Surrey "porque King estaba en España cuando se produjo". A partir de ese momento, la ficha de Interpol se archivó. Esa comunicación, según Acebes, fue "una de las cientos que hay cada año y traía la advertencia de los delitos que había cometido en el Reino Unido y que no tenía deudas con la justicia". La cuestión es qué se hizo en España con esa información. "No se pudo hacer más porque ni hubo solicitud de extradición ni de detención y, por tanto, es un ciudadano de la UE que puede circular libremente", señaló Acebes (Septiembre 2003).  

ACEBES ELUDE CUALQUIER RESPONSABILIDAD Y CULPA A LA POLICÍA BRITÁNICA EN EL "CASO KING"

Según el titular de Interior, la actuación de la policía española en este caso ha sido "exhaustiva, profunda y nada rutinaria", y ha dicho que las muertes de Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes no se han debido "ni a un error policial ni judicial". El ministro del Interior ha culpado a la policía británica de no haber puesto todo su empeño en enviar a España la totalidad de los datos de que disponía sobre Tony Alexander King. Acebes ha asegurado que las Fuerzas de Seguridad del Estado no dispusieron nunca, antes de la detención de King, de su historial "completo y estremecedor" de sus delitos en Gran Bretaña, ya que la comunicación de la policía británica a la española, a través de Interpol, en 1998, era "escueta" y en ella no se solicitaba otra actuación que no fuera la localización del domicilio de King en España. Acebes, en su comparecencia en el Congreso ante la Comisión de Justicia e Interior, ha explicado que el que la policía británica no pidiese medidas especiales sobre King, como su detención o su extradición, y el procedimiento de funcionamiento actual de Interpol, llevaron a que el informe sobre este ciudadano fuese archivado en varias instancias. En concreto, el ministro ha señalado que estas circunstancias hicieron que, tras cumplimentar la petición de las fuerzas policiales británicas de comprobar la presencia de King en la Costa del Sol, "el expediente sobre el asesino confeso de Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes acabase archivado en las dependencias de Interpol en Madrid, en la sede de este organismo en Lyon y en la comisaría de Málaga". El titular de Interior ha dicho, a este respecto, que los datos sobre el pasado de King no fueron incluidos en ninguna base de datos policial en España valoradas las circunstancias anteriores y debido al hecho de que la normativa española no ampara el archivar información sobre individuos potencialmente peligrosos (Septiembre-Octubre 2003). 

EL JUEZ DEJA EN LIBERTAD SIN CARGOS A LOS SUPUESTOS SALAFISTAS  

El juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco dejó en libertad sin cargos a cuatro de los supuestos salafistas detenidos en Cataluña en enero pasado y a los que en el momento de la detención se les intervinieron diversas sustancias que resultaron ser inocuas. Tras pasar entre dos y cuatro meses de cárcel, el caso fue archivado tras comprobarse que las sustancias incautadas daban resultados negativos a radiactividad o ántrax y no eran más que detergente. Pero el caso, que se había iniciado a instancias de un juez francés que luego no reclamó la extradición de los detenidos, sirvió de base a Aznar para justificar la intervención española en la guerra contra Irak. La policía no se conformó con el archivo y consideró que no se habían hecho todas las comprobaciones, por lo que remitió las muestras de las sustancias al FBI. En julio, la policía aportó el informe del FBI en el que se precisaba que los materiales -abandonados por los detenidos en un contenedor próximo a un domicilio de Banyoles (Girona)-, de ser mezclados, podrían servir para fabricar un producto conocido como "napalm casero". Con esa base, la Fiscalía solicitó la reapertura de la causa contra los supuestos salafistas, que en medios jurídicos habían pasado a denominarse irónicamente el comando Dixan, pero no pidió su detención -como correspondería a peligrosos terroristas- sino que fueran citados a declarar dos meses y medio después. El juez citó a declarar a las cuatro personas relacionadas con las sustancias. Las comparecencias se produjeron, pero, curiosamente, el fiscal Pedro Rubira, que es quien las había pedido, no acudió al juzgado. El informe del FBI, causa de la reapertura, no ha sido ratificado ante el juez y, por el momento, tiene un mero valor de denuncia. Habitualmente los peligrosos terroristas no suelen comparecer voluntariamente al llamamiento de un juez, pero los cuatro presuntos salafistas sí lo hicieron. Y explicaron que las sustancias a las que se refiere el FBI son silicona y resina que utilizaron para sellar los baños y reparar la piscina de la casa en la que estaban trabajando, y que luego sacaron a un contenedor lo que les había sobrado. Los 16 supuestos salafistas detenidos en enero en Cataluña se han querellado contra el presidente José María Aznar y el ministro del Interior, Ángel Acebes, por injurias y calumnias (Septiembre-Octubre 2003).  

ACEBES OMITE EN EL CONGRESO EL AUMENTO DE LAS MUERTES VIOLENTAS   

El ministro del Interior, Ángel Acebes, aseguró en el Congreso que la delincuencia, que experimentó un fuerte incremento en 2001 y se estabilizó al alza el año pasado, está "disminuyendo de manera importante" desde enero. En concreto, aseguró que el número de infracciones penales se redujo un 2,44% en los ocho primeros meses de este año. Sin embargo, el ministro no aportó al Parlamento las estadísticas completas sobre la evolución de la delincuencia y se limitó a espigar algunos datos parciales. En concreto, dijo que los robos con violencia o intimidación han descendido un 11,31% o que los hurtos se han reducido un 3,3%, pero no reveló el número de homicidios, asesinatos, lesiones o violaciones, delitos de mayor gravedad que los anteriores.

Tampoco a la hora de abordar la siniestralidad en las carreteras fueron pacíficas las estadísticas. Acebes dijo que del 1 de enero al 30 de septiembre pasados se produjeron 3.020 fallecidos en accidente de tráfico, "la cifra más baja de los últimos siete años". La Dirección General de Tráfico, consultada por la Cadena SER, matizó que hasta el lunes se habían producido 3.096 muertes, seis más que el año pasado (Octubre 2003). 

LOS SINDICATOS DE LA POLICÍA Y LA GUARDIA CIVIL, POR SU UNIFICACIÓN  

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) intervinieron en el debate sobre el futuro de ambos cuerpos policiales al apostar públicamente por su unificación. José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del SUP, y Fernando Carrillo, presidente de la AUGC, negaron que dicha medida supusiera la liquidación de la Guardia Civil y alegaron que se acabarían los actuales problemas de falta de coordinación y duplicación de servicios, al tiempo que se mejorarían las condiciones de los guardias civiles, cuyos derechos están limitados por el carácter militar del instituto. El SUP, que con 26.000 afiliados es el sindicato mayoritario del Cuerpo Nacional de Policía, y la AUGC, que cuenta con 21.000 asociados y mayoría de vocales en el Consejo Asesor de la Guardia Civil (aunque no es formalmente un sindicato por prohibirlo la ley), han firmado un acuerdo de cooperación (Octubre 2003). 

los homicidios en Madrid crecen un 58% en 2003  

Los homicidios en Madrid van camino de batir la siniestra plusmarca de los 95 registrados en 2001. Interior admite que este año van 83 muertes violentas frente a las 66 de todo 2002, lo que supondría que los homicidios han superado ya en un 25,7% a los de todo el año pasado. Pero si se comparan los conocidos en los nueve primeros meses de ambos años, la cosa cambia: 50 en 2002 frente a 79 en 2003, es decir, un 58% más, según reconoce el Gobierno.

Los datos de los nueve primeros meses de ambos años indican que el pasado 1 de octubre se habían contabilizado en la Comunidad de Madrid un 58% más de homicidios que en la misma fecha del año anterior. Los homicidios conocidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2002 fueron 50 frente a los 79 contabilizados en el mismo periodo del año en curso. De esos 79, 18 ocurrieron en ajustes de cuentas; 12, por peleas entre bandas rivales; 11 en el seno familiar; tres fueron cometidos por dementes, siete durante la comisión de un robo y en otros 28 las circunstancias están sin aclarar oficialmente, según indicó el Ministerio del Interior (Octubre 2003).

EL MINISTERIO DEL INTERIOR APARTA DE SUS FUNCIONES A SU JEFE DE ESTADÍSTICAS 

El Ministerio del Interior ha relegado de sus responsabilidades al director de Programas Estadísticos, Diego Valenzuela, después de exigirle que guardara secreto sobre las cifras de la delincuencia. A finales de octubre del año pasado, Diego Valenzuela, director entonces de Programas Estadísticos, recibió una comunicación de la secretaría general técnica de Interior en la que se le advertía de que no podía "proceder sin la debida autorización a la difusión ni publicación de informes ni datos estadísticos". En cualquier caso, advierte, a pesar de su función en el ministerio, no podría atribuirse tampoco su representación. Ante esta comunicación, que ponía en tela de juicio su trabajo en el ministerio, Diego Valenzuela decidió llevar a los tribunales a Interior a través de un recurso contencioso administrativo. La respuesta de Interior no se hizo esperar. Diego Valenzuela pasó de ser director de Programas Estadísticos a director de Programas, vaciando así el departamento de contenido. En una comunicación  hecha el 31 de marzo de 2003, se le entrega una "Formalización de reclasificación del puesto de trabajo". Ante esta "injustificada decisión", Valenzuela ha remitido una queja al Defensor del Pueblo. En ella señala que lo que pretende el ministerio es "hurtar el análisis estadístico de la delincuencia que elaboran los cuerpos de seguridad" y que el error del ministerio es entender que este análisis estadístico es un "secreto a custodiar". Para Diego Valenzuela ha habido "claramente una amenaza y limitación a su libertad de expresión". Termina diciendo que resulta "lamentable" cómo los responsables de Interior "faltan al respeto y atacan a la dignidad de los funcionarios". Valenzuela culpa directamente de esta situación a "los responsables del departamento de Interior", es decir a Ángel Acebes (Octubre 2003).

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