GOBIERNO DE ESPAÑA, S. A.
El Ejecutivo se suma a la ola tecnócrata que recorre la UE con el fichaje de ejecutivos de los principales sectores económicos. El mundo de las finanzas copa puestos clave a las puertas de la reestructuración que exige Europa
Cuando, el pasado martes, los altos ejecutivos de las grandes empresas se reunieron solemnemente con el Gobierno del PP en el Palacio de Viana de Madrid para potenciar juntos la marca España, es posible que dedicaran un buen rato a darse recuerdos antes de ponerse a trabajar.
El presidente de Endesa, Borja Prado, por ejemplo, podía mandar saludos al ausente ministro de Economía, Luis de Guindos, que se sentó en su consejo hasta el mismo momento en que Mariano Rajoy formó gobierno. Y Matías Rodríguez Inciarte, que acudió en representación del Banco Santander, preguntar por el exjefe de la asesoría jurídica del banco, Jaime Pérez Renovales, reclutado por Soraya Saénz de Santamaría como subsecretario de Presidencia. O el máximo ejecutivo del BBVA, Francisco González, interesarse quizá por Román Escolano, su director de Relaciones Institucionales hasta hace apenas un mes, cuando fue nombrado presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO). O Florentino Pérez (ACS) indagar sobre Marta Silva, la secretaria de su primer mandato en la Junta del Real Madrid y ejecutiva de su máxima confianza, a quien el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha designado abogada general del Estado.
"La gestión mejora con tanta experiencia", dice un experto del IESE
La lista es larguísima: el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, podría haber preguntado a su vez por el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, que en plena guerra con ACS firmó, desde la consultora NERA, un dictamen por encargo de la eléctrica dándole la razón. Y James Muir, presidente de Seat, tuvo la oportunidad de dejar atrás rencillas del pasado e interesarse por Luis Valero, flamante secretario de Estado de Industria y pymes tras años al frente de Anfac, la patronal del automóvil.
Lobbies en el Consejo
Mariano Rajoy ha situado en el Consejo de Ministros a destacados miembros del lobby financiero el propio Luis de Guindos, exdirectivo de Lehman Brothers en España y consejero del Banco Mare Nostrum, al frente de Economía, el armamentístico Pedro Morenés, consejero de hasta seis compañías del ramo en la cartera de Defensa, y el petrolero, con Miguel Arias Cañete como titular de Medio Ambiente, entre otros.
"La captura del regulador lleva al desastre", avisa un profesor de Esade
Pero ha sido con el nombramiento de los siguientes escalafones del Gobierno secretarios de Estado, subsecretarios, presidentes de organismos oficiales cuando la impronta "tecnócrata" ha quedado más apuntalada, con vinculaciones directas en prácticamente todos los grandes sectores económicos de España.
"Aquí no estamos tan acostumbrados a este fenómeno, pero en países anglosajones es lo habitual", opina José Ramón Pin, profesor de Ética Empresarial de la escuela de negocios IESE. A su juicio, se trata de una característica globalmente positiva: "En un Ejecutivo que reúne tanta experiencia en situaciones tan distintas, la capacidad de gestión aumenta", sostiene.
Este es precisamente el razonamiento del Gobierno: atraerse a los mejores profesionales para que el Ejecutivo sea más competente. De hecho, esta es una de las características que mejor describe la ola tecnócrata que recorre la UE tras la sucesión de victorias electorales de la derecha: la inclusión en el Consejo de Ministros de ejecutivos procedentes directamente de la gran empresa en general y del sector financiero en particular.
Catalunya abrió camino al entregar la sanidad al jefe de la patronal privada
El nacionalista Artur Mas abrió en España el camino que ahora ha seguido Rajoy. Tras el triunfo en las autonómicas de 2010, Mas formó un equipo de importante componente tecnócrata, que llamó "el Gobierno de los mejores" y que incluye al frente de Sanidad a Boi Ruiz, el exjefe de la patronal sanitaria privada, que simboliza también la otra cara de la moneda: el potencial conflicto de intereses. No necesariamente desde un punto de vista personal la ley regula los casos que obligan a inhibirse o a abstenerse, como político: ¿la gestión del consejero de Sanidad, que promueve drásticos recortes y niega incluso que la salud sea un derecho, busca realmente la mejora de la sanidad pública o reforzar a sus colegas de la patronal privada?
El mismo debate es especialmente vivo en el sector financiero y en toda la UE: destacados ejecutivos de la gran banca han ido copando los puestos económicos clave en los países de la UE a medida en que aumentaba la presión para regular el sector. Hoy su huella alcanza ya 17 de los 27 ejecutivos comunitarios, pese a que todos los expertos sitúan a la gran banca de inversión en el origen del crash.
Captura del regulador
Inurrieta: "No se sabe dónde acaba el Ibex y dónde empieza el Gobierno"
"El problema es claro y tiene un nombre académico: la captura del regulador", advierte Antoni Comín, profesor de Ciencias Sociales de la escuela de negocios Esade, quien explica el concepto así: "El servidor público que debe regular un sector es capturado por técnicos procedentes de ese mismo sector, al que lógicamente volverá, y muy bien retribuido, cuando regrese al sector privado".
"Esto es precisamente lo que ha sucedido con la crisis y nos ha llevado a la catástrofe", recalca Comín. Y concluye: "Pese a ello, el fenómeno se extendió también a la Unión Europea y ahora llega a España con gran intensidad".
La banca tiene una gran presencia en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Empezando por el ministro de Economía, Luis de Guindos, el hombre de Lehman Brothers en España cuando el banco quebró, que luego pasó a Nomura y después al área financiera de PwC y al consejo del Banco Mare Nostrum. Pero va mucho más allá: tanto en su equipo como en el del otro polo económico del Gobierno el de Cristóbal Montoro en Hacienda abundan los ejecutivos procedentes del sector financiero.
El Ejecutivo ha aprobado ya varias medidas de alivio al sector financiero
"Todas las patas principales del sector están muy bien representadas en los puestos clave: la banca de inversión internacional, con Barclays y antiguos ejecutivos de Lehman Brothers; la gran banca nacional, con el Santander y el BBVA; las consultoras financieras [PwC y NERA, vinculada a Marsh & McLennan] y los seguros y fondos de pensiones privados, como Mutua Madrileña", subraya Alejandro Inurrieta, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.
El fichaje de Flavia Rodríguez-Ponga para la Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía es un ejemplo de lo que en el mundo anglosajón se conoce como "puerta giratoria": fue durante 12 años alto cargo de esta misma dirección general hasta que, en 2004, tras la victoria del PSOE, se convirtió en ejecutiva de Mutua Madrileña, una de las empresas punteras del mismo sector que supervisaba desde el Ministerio. Y ahora se completa al emprender el camino de regreso, al frente de la dirección general, justo en el momento en que los fondos de pensiones privados sufren una importante crisis y su patronal reclama nuevas exenciones fiscales y la reforma urgente del sistema público para empujar a los ciudadanos hacia los fondos privados.
Desembarco
La "puerta giratoria" es completa en la Dirección General de Seguros
El jueves, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que el Gobierno mejorará la fiscalidad de los planes de pensiones privados, pese a que esta misma semana la OCDE think-tank de los países ricos, referencia de la ortodoxia liberal advertía de que estas ayudas fiscales son ineficientes y sugería incluso su eliminación.
El desembarco masivo de ejecutivos procedentes del sector financiero en el Gobierno de Rajoy no se produce en un momento cualquiera: coincide con la exigencia de la UE de una restructuración a fondo de la banca, lo que se ha convertido también en una des las grandes prioridades del Ejecutivo.
Pese a que el sector está en ebullición y, por tanto, no todos los actores tienen exactamente los mismos intereses, los elogios a los primeros pasos del nuevo Ejecutivo han sido notables. El viernes, en una entrevista en The Wall Street Journal, el presidente del BBVA, Francisco González, no ocultaba su euforia: "El nuevo Gobierno está absolutamente comprometido a resolver los problemas del sistema financiero español de una vez por todas", explicaba.
El secretario de Estado de Economía apoyó a Iberdrola frente a ACS
Optimismo
El banquero se mostraba optimista también ante la evolución de la UE, "una vez se han ido los gobiernos que lo han hecho mal", una alusión, según el rotativo estadounidense, a Silvio Berlusconi y José Luis Rodríguez Zapatero.
De Guindos ha mantenido formalmente una actitud de dureza ante el sector financiero, instándole a emprender una restructuración rápida, una recapitalización de al menos 50.000 millones y límites salariales en los bancos receptores de dinero público. Pero más allá de las palabras, con apenas una semana en el cargo, ya tomó tres medidas simultáneas que supusieron un gran alivio para el conjunto del sector. Y también para BMN, que, según la mayoría de analistas, es uno de los candidatos a solicitar dinero público y en cuyo consejo se sentaba el ministro.
Las tres medidas se incluyeron en el decreto del 31 de diciembre que prorrogó los presupuestos: autorizó al Estado a otorgar avales al sector financiero por valor de 100.000 millones, prorrogó el plazo legal para que el suelo rústico conste en los balances como tal y no como urbanizable loque, según cálculos de Inurrieta, salvó a la banca de provisionar 30.000 millones y evitó que las cajas se vean obligadas a reconvertirse en fundaciones si pasan a controlar menos del 50% del capital del banco con el que ejercen la actividad financiera, lo que amenazaba, sobre todo, a Bankia.
"En toda el área económica puede haber sospecha de conflicto de intereses", advierte Inurrieta, quien re-curre a la ironía: "Ahora no se sabe muy bien dónde acaba el Ibex y dónde empieza el Gobierno".
El marco legal
Ley de 2006
José Luis Rodríguez Zapatero impulsó en su primer mandato una ley para regular los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos.
Inhibición y abstención
La norma obliga a ministros y altos cargos "a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte".
También los familiares
La obligación de inhibirse o abstenerse no sólo se da ante materias relacionadas con la actividad previa del alto cargo, sino también la de "su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público".
www.publico.es 29.01.12
MORENÉS SUSPENDE EN TRANSPARENCIA
El titular de Defensa oculta datos sobre su relación con la industria militar
Pedro Morenés juró su cargo como ministro de Defensa el pasado 22 de diciembre. En ese momento, hace ahora poco más de un mes, estaba relacionado, según datos del Registro Mercantil consultados por Público, con un mínimo de ocho empresas.
Pese a que el titular de Defensa integra un Gobierno que se ha marcado la transparencia como una de las señas de identidad a proyectar, el Ministerio ha declinado contestar las preguntas que este medio le remitió el viernes sobre las actividades empresariales de su máximo responsable (ver recuadro).
Cuando llegó al Ministerio, tenía vínculos con al menos ocho empresas
El pasado muy reciente, por cierto de Morenés con el mundo de la empresa ya le ha empezado a causar algunos problemas. Por ejemplo, el pasado jueves, cuando el ministro facilitó datos erróneos en el Congreso de los Diputados sobre su relación con Instalaza, el principal fabricante espa-ñol de bombas de racimo. Según precisó el ministro a preguntas de Joan Tardà, portavoz de ERC en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, fue "consejero de la empresa Instalaza del año 2005 al año 2007". Dijo que es eso precisamente lo que refleja el Registro Mercantil, obviando que la misma fuente a la que él había aludido le relaciona con esta firma con sede en Zaragoza hasta septiembre de 2011.
Según figura en el Registro Mercantil, Morenés cesó como consejero en mayo de 2007 y su lugar lo ocupó la empresa Boguillas SL. Una firma que tiene como socio y administrador único al propio ministro. Fue el 4 de octubre de 2011 cuando el Boletín Oficial del Registro Mercantil publicó el cese de Boguillas SL como consejero de Instalaza y de Morenés como su representante. Instalaza reclama al Gobierno español 40 millones de euros en concepto de desagravio por la prohibición de la fabricación de bombas de racimo en España a raíz de la firma del Tratado de Dublín.
Pese a toda esta información, fuentes del Ministerio de Defensa aseguraron que cualquier dato que relacione a Morenés con Instalaza, bien directamente o bien como representante de Boguillas SL, más allá de 2007 es "erróneo". Esto implicaría que los datos del Registro Mercantil no son exactos.
Algunas de estas firmas tienen relación con el sector de la seguridad
Boguillas SL tiene sede en un despacho de abogados de la calle Padilla de Madrid. En esa misma dirección también tiene su sede Security Technologies and Systems I-Sec Iberia SL. Según datos del Registro Mercantil, el objeto social de esta última es "la mediación en la realización de proyectos y estudios técnicos en el sector de la seguridad" y "la prestación de servicios de consultoría y promoción en el sector de la seguridad".
En esta empresa, Morenés también figura como administrador único. Su socio único es, a su vez, Boguillas SL.
Largo historial
Las otras empresas en las que figuraba Morenés, según el Registro Mercantil, son Aritex Cading SA, Remolcadores de Puerto y Altura SA, Gamo Outdoor SL y Kuitver Estudios SL. Además, era presidente de Segur Ibérica, la firma de segurida privada que presta servicio a los atuneros españoles que operan en el Índico.
A este listado empresarial hay que añadir su cargo en MBDA. Cuando fue nombrado ministro de Defensa, Morenés era presidente ejecutivo en España de esta empresa fabricante de misiles. Ocupaba este cargo desde junio de 2010.
El ministerio de Defensa tiene contratos en vigor con MBDA y deberán ser gestionados ahora por su expresidente ejecutivo en España. Existe la posibilidad de que algunos de estos contratos tengan que ser rescindidos por incumplimientos, según sostienen fuentes del sector.
Tres preguntas que no responde el ministro
1. Según consta en el Registro Mercantil, y así lo declaró Morenés, Boguillas SL es una empresa unipersonal de la que el ministro es socio único. Si no es esa la situación actual de la compañía, ¿por qué no inscribió el cambio en el Registro, tal y como establece la ley?
2. Boguillas SL tiene sede en Padilla, 82 (Madrid). En el mismo domicilio tiene sede otra empresa: Security Technologies and systems i-sec Iberia SL. Esta última también aparece vinculada al ministro de Defensa en el Registro Mercantil. ¿Security Technologies sigue vinculada al ministro o el dato también es “erróneo” y tampoco comunicó el cambio al Registro?
3. ¿Va a rescindir el Ministerio de Defensa la compra de misiles de corto alcance IRIS-T con la empresa MBDA? De acuerdo con la información de la que dispone este periódico, estos misiles no cumplen los requisitos para los que fueron adquiridos en la época en la que Morenés trabajaba para la citada empresa. ¿Es cierto? ¿Cobró el ministro comisiones por esta venta?
www.publico.es 29.01.12
EL NÚMERO DOS DE DEFENSA TAMBIÉN ERA PROVEEDOR
El secretario de Estado, Pedro Argüelles, era presidente de Boeing España
Cuando se conoció que el elegido para Defensa era Pedro Morenés, se destacaron tres características: que ya había pasado por el Ministerio, que posteriormente ocupó puestos directivos en empresas proveedoras de Defensa y que era amigo del rey.
El perfil de su segundo, Pedro Argüelles, el nuevo secretario de Estado de Defensa, es muy parecido: también había sido alto cargo en el Ministerio con el PP director de Gabinete de Eduardo Serra entre1996 y 2000 y ejecutivo de una gran empresa proveedora del departamento: hasta su nombramiento, era presidente de Boeing España. Además, a finales de la década de 1980, ocupó puestos directivos en Asturiana de Zinc cuando la presidía Francisco Javier Sitges, uno de los empresarios más próximos al rey.
Según el Centro de Estudios para la Paz JM Delàs, vinculado a Justícia i Pau y el mayor experto en España en el rastreo de la venta de armamento, "Boeing es la tercera empresa de armas más importante del mundo en cifras de ventas de 2009".
"Es un gigante de la industria militar que ha hecho buenos negocios con España", subraya Jordi Calvo, investigador del centro, que aporta varios ejemplos: "La adquisición a Boeing en el pasado de los aviones de combate F-18, utilizados en la reciente operación militar aliada en la guerra de Libia; los Harrier o los he-licópteros militares Chinook".
El Centro Delàs vincula también a Boeing con la fabricación de armas nucleares, a través de la producción de los misiles Minutenam, integrados en el programa de defensa nuclear de EEUU.
"Escandaloso e increíble"
"La elección de Morenés ya era escandalosa para dirigir el Ministerio de Defensa porque es un representante destacadísimo y directo del complejo militar-industrial, pero, tras la designación de Argüelles como número dos, la situación es ya simplemente increíble", sostiene Calvo, quien apunta el factor añadido de la crisis económica: "En un momento en que los recortes en el gasto militar parecerían obligados, es muy inquietante que dirijan el Ministerio dos personas tan vinculadas a la industria que vende sus productos al Ministerio". "¿Cómo evolucionarán los contratos de España a Boeing y MBDA o Instalaza ahora que Defensa tiene como máximos responsables a sus exdirectivos?", se pregunta.
El Centro de Estudios Delàs tiene registrados al menos dos contratos multimillonarios entre Defensa y MBDA: de un lado, para surtir al Ejército de misiles Meteor (para los F-18 y Eurofigther), estimados en cien millones de euros. Del otro, para la adquisición de misiles Mistral-2, para los helicópteros Tigre, y valorados, según el organismo de investigación por la paz, en 27,73 millones de euros
www.publico.es 31.01.12
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