ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO : UN DEMAGOGO DE COCHES TOMAR

CASO GÜRTEL EN GALICIA
LOS ASUNTILLOS VARIOS DE FEIJÓO Y SUS MONOSABIOS

LAS NOTICIAS DEL SUSODICHO

NUEVE IMPUTADOS EN LA XUNTA DE FEIJÓO

El cese del titular de Portos alivia solo parcialmente los problemas judiciales en el Gobierno gallego - El presidente mantiene a dos cargos ya condenados. Feijóo "apartó" al director del Igape, pero no lo destituyó

José Manuel Álvarez Campana fue destituido el jueves como presidente de Portos de Galicia "a petición propia". Nada que ver, aseguró Feijóo, con su implicación en el caso Rinlo, en el que el fiscal le acusa de supuesta prevaricación administrativa y ambiental al aprobar una piscifactoría en Ribadeo. El presidente de la Xunta, que esta misma semana consideró que a Francisco Camps "le honra" su dimisión, mantiene por lo tanto una máxima bien distinta en su Gobierno, en el que permanecían 10 cargos pese a estar imputados por la justicia, nueve tras el cese de Álvarez Campana.

Antes de las elecciones autonómicas, la filosofía era distinta. En febrero de 2009, Feijóo retiró de la candidatura del PP por Ourense a su cabeza de lista, Luis Carrera, tras saberse que cobró 240.000 euros en comisiones de una cuenta del paraíso fiscal de las Islas Caimán. Eran otros tiempos: faltaba apenas un mes para las elecciones. Ya al frente de la Xunta, la filosofía del "yo predico con el ejemplo", de la que presumió Feijóo al prescindir de Carrera, ha sido sustituida por la de "evitar prejuicios y precipitaciones". El presidente ha llevado hasta tal extremo la tolerancia con los imputados que no ha destituido a ninguno de los que se le acumulan en la Administración autonómica, que son unos cuantos. Además de los nueve cargos que hacen frente a acusaciones judiciales, otros dos permanecen pese a haber sido ya condenados.

La lista de imputados de la Xunta comenzó a hacerse demasiado larga este verano, cuando la juez que impulsó la Operación Campeón implicó a tres altos cargos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Los imputados de la Consellería de Medio Ambiente, que dirige Agustín Hernández, son la directora general de Infraestructuras, Ethel Vázquez, y los subdirectores de Planificación, Antonio López Blanco, y Estradas, Mateo Maigler. Con ellos hacen cinco los altos cargos de la Xunta imputados en la presunta trama de obtención fraudulenta de subvenciones y préstamos públicos a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

Feijóo y Hernández apostaron por la continuidad de los tres implicados de Medio Ambiente, y los llamamientos a la "regeneración democrática" que predicaba el primero en vísperas electorales se ha convertido en apelaciones al "máximo respeto a la presunción de inocencia", en palabras del conselleiro. Feijóo aún no ha dado explicaciones por la imputación de estos tres altos cargos.

A los dos responsables del Igape imputados -su director general, Joaquín Varela, y su subdirector de Información Especializada, Carlos Silva Liste-, el presidente de la Xunta decidió "apartarlos de sus funciones". Varela tiene, en efecto, "suspendidas" las funciones, pero no dimitió ni fue destituido, y puede reincorporarse en cualquier momento al Igape. Silva fue recompensado con un ascenso de categoría.

Tráfico de influencias

Parecida tolerancia mantiene Feijóo con los dos imputados por abuso de poder en la investigación a Unións Agrarias. Se trata del director general de Promoción do Emprego de la Consellería de Traballo, Andrés Hermida Trastoy, y del director general de Avaliación e Reforma Administrativa de la Consellería de Presidencia, Jaime Bouzada Romero. Ambos lideraron la investigación a una supuesta trama agraria que el PP atribuyó al PSOE "para sacar por la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros y pagar campañas electorales". Los dos siguen en sus cargos, mientras la titular del juzgado número 1 de Santiago, que les imputa prevaricación administrativa, en su modalidad de desvío de poder, continúa con su investigación.

Otros dos imputados son los dos jefes de servicio de la sociedad pública Sogama a los que el juez atribuye un supuesto delito de tráfico de influencias. El responsable del área técnica de la sociedad pública, Ramón Pérez Mariño, y el jefe de transferencia y transporte, Ángel Javier Costal Vázquez, intentaron influir presuntamente en varios procesos de contratación, de acuerdo con la investigación judicial. La reacción de la Xunta ha sido apartarlos de los procesos de adjudicación, manteniendo el resto de sus atribuciones y, por su puesto, su sueldo íntegro.

Hasta su destitución del ya expresidente de Portos de Galicia, que Feijóo atribuyó a su deseo de trabajar para la Diputación de A Coruña, completaba la nómina de los implicados de la Xunta José Manuel Álvarez-Campana, acusado por la fiscalía de prevaricación medioambiental y urbanística por aprobar una declaración ambiental irregular de la piscifactoría de Rinlo (Ribadeo), cuando era director general de Calidade e Avaliación Ambiental en el último Gobierno de Manuel Fraga.

Además de los 10 imputados, siguen en sus funciones los dos cargos de la Xunta ya condenados judicialmente. Se trata del superdelegado del Gobierno gallego en Ourense, Rogelio Martínez, y de la directora general de Formación y Colocación, Ana María Díez López. El primero fue condenado en firme 2009 por la Audiencia Nacional a devolver el importe de obras "inexistentes" realizadas con fondos comunitarios. También está imputado penalmente por este mismo hecho y denunciado por prevaricación en la adjudicación de un tanatorio en su pueblo de Arnoia. La directora de Formación fue condenada por un juzgado de Ferrol por despido improcedente.

www.elpais.es 24.07.11

FEIJÓO ENSEÑA EL CAMINO AL PP

El presidente gallego ya denunció en 2009 un agujero que haría peligrar las nóminas, pero nunca se dejaron de cobrar

La hecatombe de las cuentas públicas que augura ahora el PP en las comunidades que debe gobernar ya la pregonó hace más de dos años en Galicia Alberto Núñez Feijóo. Tampoco las alusiones de los dirigentes populares a los coches oficiales, el supuesto lujo y el dispendio con que viven las Administraciones socialistas tienen nada de originales. En vísperas de las autonómicas gallegas, en 2009, Núñez Feijóo desató una campaña para acusar de despilfarro al expresidente socialista Emilio Pérez Touriño, basada en la compra de un Audi A8 blindado, similar a los dos que tenía Fraga y a los que trasladaban por entonces a Gallardón, Camps y Rita Barberá.

Nada más llegar al poder, Feijóo se deshizo de la berlina de su antecesor por un tercio de lo que había costado y enajenó otros 17 audis comprados por Fraga. Al poco de tomar posesión, se subió a un Citroën sin blindar y un mes después ya ensayaba un discurso nuevo: el de los agujeros en el Presupuesto, la herencia envenenada que, según sus términos, le había legado el bipartito de PSOE y BNG. Feijóo tomó posesión el 18 de abril y el 8 de mayo de ese año ya había detectado una falla de 600 millones de euros en las cuentas. Según explicó ese día en una entrevista en Onda Cero, la falta de fondos hacía peligrar "la paga de trienios al personal facultativo, las guardias médicas, el gasto farmacéutico e, incluso, una campaña contraincendios razonable".

Nada de eso llegó a suceder, pese a que los cálculos del presidente pronto elevaron el presunto agujero hasta 1.200 millones de euros. Al cierre de 2009 Feijóo lo cifraba ya en 2.550 millones. Computaba así los fondos que la Xunta deberá devolver al Estado en los próximos cuatro años por el dinero que recibió entre 2008 y 2009 tras una previsión de impuestos que no contó con la crisis. De ese supuesto desfase de 2.500 milones, 1.950 corresponden al ejercicio de 2009 que el propio Feijóo gestionó entre abril y diciembre de ese año.

La última queja del presidente gallego tiene que ver con el fondo de cooperación, 243 millones que el Gobierno central incluyó en el nuevo modelo de financiación pero que no pagará a las comunidades hasta 2013. La nueva Xunta del PP hizo entonces lo que reprochaba a sus antecesores y, pese a todo, incluyó la partida en el Presupuesto para seguir cargando contra Zapatero y Touriño como culpables de los recortes. Entretanto, el cacareado plan de austeridad del PP ha suprimido 42 entes administrativos, la mayoría creados por Fraga, hasta ahorrar, según sus datos, 20 millones. Galicia es junto a Madrid la única comunidad que ha cumplido desde 2009 con los objetivos de déficit presupuestario e incluso cerró el último trimestre con superávit. Y a pesar de los agujeros, los médicos, los bomberos y las farmacias han seguido cobrando.

www.elpais.es 07.06.11

DETENIDOS EL DIRECTOR Y EL SUBDIRECTOR DEL INSTITUTO DE CRÉDITO DE LA XUNTA

Agentes de Aduanas arrestan a ocho personas imputadas por delito fiscal y cohecho

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera detuvieron  en Santiago de Compostela al director general del Instituto Galego de Promoción Económica, Joaquín Varela de Limia Cominges, y al subdirector de Información Especializada de este organismo, Carlos Silva Liste. Las detenciones se produjeron en el marco de una investigación relacionada con el blanqueo de dinero, que dirige la juez Estela Sanjosé, titular del Juzgado número 3 de Lugo. Este instituto de crédito, dependiente de la Xunta, se encarga de repartir ayudas públicas a empresas.

Los altos cargos están acusados de asesorar a los autores del fraude

El Servicio de Vigilancia Aduanera registró también las sedes de dos empresas en el polígono lucense de O Ceao, la farmacéutica Nupel y la consultora fiscal Proitec, encargada de tramitar las ayudas públicas al laboratorio. El dispositivo policial concluyó con la detención de 15 personas con imputaciones por fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y fraude fiscal, entre ellas el dueño de la primera de estas compañías, Jorge Dorribo, y una médico a la que se le imputa un delito de alzamiento de bienes y que ayer por la tarde se encontraba arrestada en la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo.

Once agentes de Aduanas se presentaron en la sede compostelana del Igape a primera hora de la mañana y aguardaron la llegada del director y el subdirector. El primero en acudir a su puesto de trabajo fue Joaquín Varela de Limia, y los agentes se encerraron con él en su despacho. Uno de ellos, sin embargo, quedó fuera a la espera del otro responsable del organismo, Carlos Silva, que fue llevado a otro despacho. El objetivo era que no se pudiesen comunicar en ningún momento los dos jefes del Igape. Después de una larga mañana en la que los vigilantes de Aduanas requirieron numerosa información y realizaron abundantes fotocopias, Varela y Silva abandonaron con los agentes en torno a las dos de la tarde la sede del Igape en Santiago y se dirigieron a Lugo.

La Consejería de Economía e Industria confirmó la noticia ayer por la tarde a través de un comunicado en el que informaba de que los agentes de Aduanas solicitaron datos sobre "una veintena de empresas", aunque "solo había expedientes de tres de ellas". La Xunta se ofreció, según la nota de prensa, a colaborar con la Agencia Tributaria, de la que depende Vigilancia Aduanera, para que "se investigue sin límites". Además, la consejería "defiende la presunción de inocencia" del director y el subdirector puestos a disposición judicial.

El director del Igape, Joaquín Varela de Limia Cominges, no tenía experiencia en el sector público hasta que llegó a este organismo. Licenciado en Económicas y máster por la Escuela de Negocios Caixanova, el vigués desarrolló su carrera en la consultora PriceWaterhouse Cooper.

Por su parte, Jorge Dorribo, propietario de la farmacéutica lucense Nupel, es uno de los empresarios más influyentes de Lugo, hecho a sí mismo desde la nada, que llegó a exportar sus medicamentos en una treintena de países, a inaugurar un centro de distribución en Abu Dabi y a patrocinar su propio equipo de ralies. Últimamente, la empresa, que recibió varias ayudas de la Xunta, la última para una planta de envasado unidosis en Rábade (Lugo), atravesaba una situación económica difícil.

La titular del Juzgado número 3 de Lugo, Estela Sanjosé, es responsable de varias investigaciones de gran calado, como una que relacionó a varios políticos con un caso de tráfico de influencias en Castro de Rei y otra sobre la retirada masiva de multas en Lugo a cargo de los agentes.

www.elpais.es 25.11.11

EL EMPRESARIO DETENIDO LOGRÓ DEL IGAPE CUATRO MILLONES DESDE DICIEMBRE

La Xunta anuncia una investigación interna sobre el instituto de crédito

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela Sanjosé, ordenó anoche el ingreso en prisión del empresario Jorge Dorribo, unos de los principales implicados en la trama que presuntamente defraudaba ayudas de la Xunta. La juez tomará hoy declaración al director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), el organismo que canaliza ayudas y préstamos a empresas de la Xunta, Joaquín Varela Cominges, y a Carlos Silva, subdirector de Información Especializada de ese organismo. Ambos continuaron ayer incomunicados en los calabozos de las dependencias policiales después de que el martes fuesen detenidos en la sede del instituto dependiente de la Consellería de Economía. Además de diversa documentación (que incluye los expedientes de concesión de casi cuatro millones de euros, en préstamos y ayudas, durante los últimos seis meses, a empresas de Dorribo), la policía se incautó de los ordenadores personales.

El empresario Jorge Dorribo fue interrogado durante cuatro horas

Fuentes del PP mostraron malestar por cómo trata la juez a los directivos

Dorribo fue conducido a la prisión provincial de Bonxe, pasadas las diez de la noche, tras declarar ante la juez. Otros cuatro presuntos implicados en la Operación Campeón quedaron en libertad. Entre ellos se encuentra la esposa de Dorribo y dos empleadas de su empresa, la farmacéutica Nupel. La operación, en la que intervienen 30 agentes de Vigilancia Aduanera, halló indicios de que los 15 detenidos el martes podrían haber cometido delitos de fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Las cuentas bancarias de 14 de ellos han sido intervenidas y la policía tiene en su poder grabaciones de conversaciones telefónicas entre los implicados.

Los agentes del organismo desplazados desde Madrid seguirán en Galicia por lo menos hasta este viernes, por lo que no se descartan más detenciones y registros. A los cargos de la Xunta se les atribuye el supuesto asesoramiento para montar la trama que permitiese a Dorribo obtener cuantiosas ayudas públicas.

En los últimos seis meses, la empresa farmacéutica Nupel, sobre la que se centran todos los focos, tuvo suerte con sus solicitudes ante el Igape. En marzo el organismo publicó la concesión a fondo perdido de 992.942,55 euros para un proyecto de inversión de la firma centrado en una planta de medicamentos en Rábade (Lugo). El Igape dio luz verde a la operación pese a que ya se encontraba en una situación económica delicada. Unos meses antes, en diciembre, consiguió del mismo organismo un préstamo en condiciones muy favorables (euribor más el 0,5%) de 2.956.000 euros financiado con fondos del Banco Europeo de Inversiones. Otra de las empresas de la supuesta trama, la consultora Proitec -que asesoraba a empresas para lograr ayudas públicas- había recibido en 2009 subvenciones a fondo perdido de menor cuantía.

Fuentes del Igape aseguraron ayer que la orden de resolución por las que se otorgaron las subvenciones fue "perfectamente correcta". Aun así, la Consellería de Industria quiso dejar clara su voluntad de cooperación y anunció que ha solicitado a otro departamento, el de Presidencia, que compruebe los expedientes vinculados con la investigación. La Consellería que dirige Javier Guerra pidió que actúe la unidad especializada de la Dirección Xeral de Avaliaciónn Administrativa. En un comunicado -Guerra no compareció ante los medios y su departamento remitió a la intervención en el Parlamento del presidente, Alberto Núñez Feijóo-, Economía insiste en la presunción de inocencia de los altos cargos y en su voluntad de arrojar al caso "la mayor transparencia".

Ante el revuelo mediático que ha levantado la Operación Campeón, fuentes del PP y los abogados de varios detenidos mostraron ayer su malestar por los pasos que está dando la juez Estela Sanjosé, que ya ha dirigido otras operaciones de gran repercusión pública. "No se entiende el motivo de que [Joaquín Varela] lleve dos días detenido y no le dejen ni comunicarse con su familia", señalaron esas fuentes, "sobre todo teniendo en cuenta que es un ejecutivo respetado, que le han registrado el despacho y que no hay riesgo de fuga".

www.elpais.es 26.05.11

FEIJÓO: "A MÍ ME LLEGAN LOS PRINCIPIOS ÉTICOS QUE ME DAN LOS VOTOS"

El presidente gallego mantiene a los dos cargos detenidos

Tras ver cómo el director y otro alto cargo del instituto económico de la Xunta dormían en los calabozos, acusados de esta implicados en graves delitos económicos, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, hizo ayer en el Parlamento una defensa cerrada de los dos directivos. Pese a la insistencia de la oposición en reclamar ceses, Feijóo pidió tiempo para decidir sobre los arrestados -todavía no han declarado- en la Operación Campeón, que persigue a una presunta red para captar subvenciones, y a la que la juez le atribuye delitos de fraude, falsedad documental, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Los investigadores sospechan que los altos cargos asesoraban a un empresario, también detenido, que logró un crédito de cuatro millones de la Xunta. Feijóo apeló a su victoria en las municipales del 22-M para ganar tiempo. "A mí me llegan los principios éticos que me dan los votos", zanjó el debate.

www.elpais.es 26.05.11

PRESIDENCIA NO INVESTIGA EL 'CASO ORQUESTA' Y RUEDA RECHAZA "LECCIONES DE MORALIDAD"

Justo después de la bronca por el caso Campeón, llegó al hemiciclo la Operación Orquesta, por la que están imputados los alcaldes de Cee, el independiente Manuel Vigo, y los populares de Fisterra, Manuel Traba, y de Mazaricos, Juan Manuel Santos, (que el domingo revalidaron sus mayorías absolutas). La pregunta la formuló el Bloque y pretendía conocer las actuaciones que la Xunta ha llevado a cabo en este caso, que ha puesto al descubierto gestiones del alcalde de Fisterra ante la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, para que emplease a una familiar de un constructor también detenido en la trama, e incluso las subvenciones de Cultura que recibió una asociación para lanzar políticamente al candidato del PP de Corcubión.

Con todo eso, prometió ponerse Feijóo cuando se conocieran los detalles del sumario. Y el portavoz parlamentario del BNG quiso saber cómo iban las gestiones del Gobierno gallego. No obtuvo respuesta. El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, quien sí mandó a los investigadores de la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa a fiscalizar 13 entidades denunciadas por él mismo desde la sede del PP, invocó esta vez la presunción de inocencia. E incluso acusó a Aymerich de actuar con "parcialidad". Luego el conselleiro subrayó su defensa del "derecho a la presunción de inocencia, la colaboración máxima con los órganos judiciales, investigación a tope y la contundencia siempre que sea posible". No detalló qué gestiones concretas ha realizado su departamento, si es que ha hecho alguna.

Y cuando escuchó el ataque del Bloque a la inclusión de los alcaldes imputados en las listas, Rueda recuperó un episodio del sumario en el que uno de los imputados contaba a otro que determinado alcalde nacionalista [del que Rueda no citó nombre ni localidad] "solía meter el cazo para venderse al mejor ofertante".

Ese pasaje, del que Rueda no dio más datos -en el caso Orquesta no hay imputado ningún regidor del BNG- sirvió al conselleiro para subrayar que no acepta "lecciones de moralidad". Aymerich siguió preguntando por qué Portos de Galicia, según aparece en el sumario, permitía al constructor imputado ver el resto de ofertas para mejorarlas y hacerse con los contratos, pero no recibió respuestas.

www.elpais.es 26.05.11

FEIJÓO EVITA ACLARAR EN EL PARLAMENTO EL CASO DEL AGENTE ELECTORAL DE BALTAR

El presidente implica a Vázquez en el 'caso Orquesta' en un bronco debate

Como si uno viviese en Marte y el otro en Venus, Feijóo y Pachi Vázquez disputaron ayer un duelo ininteligible en la sesión de control al Gobierno, en la que el presidente de la Xunta pasó por alto las acusaciones más graves del líder del PSdeG y contraatacó con munición de calibre tan grueso como vincular a Vázquez con la Operación Orquesta. Pese a la insistencia del socialista, Alberto Núñez Feijóo obvió el caso del agente electoral confeso de la Diputación de Ourense, pagado por esta institución para buscar votos en Argentina para el PP en las municipales de 2007. Su presidente, José Luis Baltar, no lo negó. Feijóo optó por el silencio.

El líder del PSdeG tacha a Feijóo de "presidente del transfuguismo"

A medida que se acercan las municipales, las sesiones de control del Parlamento ganan en tensión pleno a pleno. La pregunta de Vázquez iba sobre el "incumplimiento del programa electoral" del PP. En ese documento, la regeneración democrática tenía especial protagonismo, pero la pasividad de ese partido con sus alcaldes imputados en el caso Orquesta, el fichaje de tránsfugas y los últimos escándalos que afectan a la Diputación ourensana desmienten esa promesa, acusó Vázquez.

En su primera respuesta, Feijóo no se apeó del guión que llevaba escrito, un resumen de lo que consideró los logros de su Gobierno. Vázquez replicó con su versión particular de esos dos años: "Más paro, menos servicios públicos, paralización de grandes infraestructuras y degeneración, que no regeneración democrática". En algo sí le reconoció como "el mejor": "En comprar voluntades es usted el presidente del transfuguismo de Galicia". Y como Feijóo no entró en el caso del agente electoral, Vázquez insistió: "Lo que es ilegal es coger dinero de la Diputación de Ourense". Y ya que el empleado de Baltar asegura que Feijóo estaba informado de sus actividades en América, le preguntó por qué no acudió a la justicia.

Fue en su segundo turno cuando Feijóo contraatacó con la Operación Orquesta, por el que están imputados dos alcaldes del PP y otro independiente de la Costa da Morte por presunta prevaricación y cohecho en contrataciones municipales. "En la Operación Orquesta hay cosas que se van a saber. Por ejemplo, su nombre aparece en el sumario y el mío no", acusó. Según desveló después el PSdeG, la cita es una conversación del empresario Daniel Ogando con el alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo, en el que este se excusa de no poder acudir a una cita por tener una entrevista con Pachi Vázquez. Esa entrevista fue en el Parlamento con la directiva de la Asociación Neria, de ayuntamientos de la zona, y de la Federación de Empresarios de la Costa da Morte. Feijóo también afirmó que un alcalde imputado acusó a "un ministro" de amenazarle si no iba en la lista del PSdeG. Tras el pleno, los socialistas exigieron disculpas a Feijóo por su "terrorismo político e informativo".

Las insinuaciones de Feijóo calentaron los ánimos en los bancos de la oposición, que estallaron cuando atacó a los concejales de los gobiernos municipales bipartitos por "vivir exclusivamente de sus ayuntamientos". Diputados del PSdeG interrumpieron al presidente con gritos de "¿Y tú de qué vives?" o "¡Fuera el populismo!". Feijóo cerró el turno con una propuesta de "acuerdo por la regeneración democrática".

Previamente, Feijóo provocó las carcajadas de la oposición cuando, en respuesta a la pregunta del nacionalista Carlos Aymerich sobre la evolución del desempleo, presumió de presidir "la comunidad pluriprovincial del régimen general con menos paro de España". El presidente alertó, no obstante, que "es difícil crear empleo con un Gobierno interino" en España, y afirmó que las dos ciudades con más paro son Vigo y Pontevedra, "gobernadas por el PSOE y el BNG".

www.elpais.es 05.05.11

LA DIPUTACIÓN OURENSANA ADMITE QUE PERMITIÓ AL AGENTE DEL PP IR A AMÉRICA

José Vázquez asegura que informó por carta a Feijóo de su misión en Argentina

Alberto Núñez Feijóo "estaba al corriente" de que el exempleado de José Luis Baltar en la Diputación que asegura haber actuado como agente electoral para el PP en Argentina cobrando de la institución provincial, iba a denunciar públicamente estos hechos. José Vázquez, conocido entre los populares ourensanos como El Argentino, asegura que envió hace dos meses una carta al presidente de la Xunta y del PP informándole de la denuncia que ayer publicó este periódico. "El presidente me contestó por un emisario diciendo que él no respondía por la Diputación, que eso era cosa de Ourense". Y optó por hacerlo público.

El presidente provincial culpa del caso a la "buena fe" de un funcionario

José Luis Baltar: "Les das un bocadillo y te muerden la mano"

Baltar se mostró ayer muy ofendido con su antiguo empleado -"le das un bocadillo y te muerde la mano", dijo- y no fue capaz de desmentirlo, aunque negó su participación. Una hora antes, Alfonso Rueda echaba balones fuera contestando a los periodistas que "debe ser la Diputación de Ourense quien explique" los hechos denunciados. "No hago valoraciones sobre las noticias de la prensa", afirmó.

Pero Baltar ya se había explicado ante sus superiores del PP de Galicia. "Hablé esta mañana con Santiago y ya les dije que íbamos a abrir un expediente informativo para ver si hubo alguna responsabilidad" de la Diputación, aunque él cree que "se actuó bien". Los servicios jurídicos de la institución estudian la "reclamarle" a El Argentino "las mensualidades que cobró" del organismo público durante su estancia como agente electoral en Buenos Aires.

El barón del PP de Ourense reconoció que el entonces empleado de la Diputación se había ido a Argentina los tres meses previos a las municipales de 2007 -regresó un día antes de la cita electoral- con la "autorización de su jefe superior". Baltar intentó quedarse al margen del supuesto fraude señalando que su protegido "abusó de la buena fe" del funcionario jefe: "Le engañó diciéndole que tenía mi autorización para irse".

Pero mientras Baltar sostiene que, "la Diputación no llegó a enterarse" de que Vázquez se había ausentado los tres meses preelectorales de su puesto de trabajo, El Argentino asegura que tiene las facturas de sus llamadas desde Buenos Aires a José Manuel Baltar Blanco -entonces responsable de organización del PP de Ourense, que presidía su padre- y a Jorge Pumar, uno de los dirigente que Vázquez asegura que le pidió, junto con el alcalde de Melón, Alberto Pardellas, que "les trajera votos de allá".

En el relato de su versión de los hechos, el presidente de la Diputación detalló el criterio que utilizó para contratar a Vázquez en 2002 cuando éste llegó a España, arruinado, desde Argentina. "Pese a que nadie me pidió por él ni era de mi familia", dijo, lo contrató "porque no tenía ni para comer".

Ayer, el barón del PP reconoció que se siente decepcionado con su antiguo protegido. "Es una persona a la que ayudas y te saltas a la torera determinadas cosas". Y añadió: "Hay rumores de que ha dicho que me quería ver tirado por la calle y de que pidió dinero, aunque parece que no se lo dieron".

El PSdeG no tardó en reaccionar. Su líder, Pachi Vázquez, tildó de "muy graves" las acusaciones y demandó que sean desmentidas por el PP y Feijóo, a la vista de la documentación aportada. Además, reclamó la intervención de la fiscalía en caso de que las denuncias "tengan visos de realidad".

www.elpais.es 04.05.11

"FUI AGENTE ELECTORAL DEL PP PAGADO POR LA DIPUTACIÓN DE OURENSE"

Un excontratado por Baltar asegura que recabó votos en Argentina en las pasadas municipales mientras cobraba una nómina del organismo provincial- Su pasaporte acredita que estaba en Argentina mientras cobraba de la Diputación

José Vázquez, empleado a dedo por Baltar en la Diputación durante cinco años, asegura que ejerció como "agente electoral para el PP" en Argentina durante los tres meses previos a las municipales de 2007. "Fui agente electoral del PP pagado por la Diputación de Ourense", afirma. Vázquez, ourensano emigrado a Buenos Aires con sus padres cuando apenas era un niño, recaló en Madrid en 2000. Estaba arruinado. Tras dos años de penurias se le "ocurrió" pedirle cita, para hacerse con un empleo, al presidente de la Diputación de Ourense, quien no se lo pensó. A los dos meses de formularle su petición, El Argentino, como lo llaman en el PP provincial, tenía un trabajo de legoeiro -vigilante de obras de infraestructuras- en la institución provincial.

José Vázquez sostiene que logró 152 sufragios para el alcalde de Melón

"Sigo militando en el PP pero les devuelvo el recibo todos los meses"

Era un contrato temporal y renovable, como el de cientos de ourensanos a quienes el barón del PP suele recompensar en la institución que preside su trabajo político, según se han hartado de denunciar los grupos de oposición, PSOE y BNG. Con Vázquez, Baltar hizo al revés. Primero lo contrató "altruístamente" -"por lo que le quedé muy agradecido"- y después le "reclamó el favor político".

En 2007, Alberto Pardellas, alcalde de Melón -condenado ahora a ocho años de inhabilitación por prevaricación- se entrevistó con él. "Me encomendó que me fuera a Buenos Aires a trabajar el voto de los emigrantes para su ayuntamiento y para los de Ribadavia, O Carballiño, Carballeda de Avia y Ourense", gobernados estos últimos por el PSOE o por bipartitos.

La reunión se celebró a comienzos de marzo de aquel año. Vázquez sostiene que acompañaban a Pardellas el exalcalde popular de Ribadavia José Luis Pérez Iglesias, el portavoz del PP en Carballeda de Avia, Lorenzo González, además del exconcejal ourensano, del círculo más intimo de José Manuel Baltar Blanco, Jorge Pumar. "Le dije a Pardellas que cómo iba a irme a Argentina y dejar el empleo. Solo me quedaban 15 días de vacaciones. Pero él me advirtió de que eso quedaba por su cuenta".

Inmediatamente Vázquez recibió "un llamada de Baltar". "Me dijo que hablara con el jefe de Personal de la Diputación, José Luis Suárez", hijo del alcalde baltarista de Monterrei, quien le dijo que "estaba todo en orden". Vázquez viajó entonces a Argentina, donde permaneció -según consta en su visado de entrada y salida de ese país- durante tres meses.Según el listado de nóminas que aporta, durante ese trimestre de trabajo como "agente electoral del PP" siguió cobrando el sueldo de la institución provincial por su empleo de legoeiro mientras acudía "puerta por puerta" a pedir el voto a los ourensanos afincados en Argentina, fundamentalmente en Buenos Aires: "Además el PP me ingresaba un extra y, cuando me fui de Ourense, me dieron dinero en mano para los gastos".

El exempleado de la Diputación explica cómo trabajó el voto "visitando casa por casa": "También hice algunas llamadas telefónicas desde la sede del PP en la calle San José". Asegura que aportó a la victoria de Pardellas en Melón 152 votos de Argentina. Para el PP de Bande, el concejal Enrique Badás -con residencia en Buenos Aires: no acude a las sesiones plenarias del municipio ourensano- aportó "sobre 400 votos".

Pardellas visitó a Vázquez en Buenos Aires. El entonces candidato a la alcaldía de Melón organizó en la capital argentina comidas multitudinarias con los emigrantes de su pueblo, a quienes entregaba un diploma de asistencia al evento con la leyenda "I Xuntaza de Melón en Argentina" y con los que se fotografiaba. "Las comidas las pagaba el PP; eso sí, no sé con qué dinero", reconoce el exempleado de la Diputación.

El agradecido baltarista que era José Vázquez se convirtió en un decepcionado con los métodos del presidente de la Diputación en cuanto, según asegura, este "rompió su promesa" de renovarle el contrato que le garantizara la jubilación. La ruptura se produjo en enero de 2010 cuando, en el congreso provincial, José Manuel Baltar Blanco, el hijo del presidente provincial saliente, venció al candidato arropado por Rajoy y Feijóo, el alcalde de Verín Juan Manuel Jiménez Morán.

En ese momento "Baltar prescindió de mis servicios y no me renovó el contrato", sostiene, dolido, El Argentino quien, tras agotar las percepciones de desempleo asegura que vive, sin ingresos, en una casa de Cáritas: "Sigo militando en el PP, pero me tomo el gusto de devolverles el recibo todos los meses".

José Vázquez salió de Ourense el 16 de marzo de 2007 rumbo a Argentina y regresó, "con la misión cumplida", el 24 de mayo. "Mi único trabajo allí era pedir el voto", sostiene. La vinculación del legoeiro con la cúpula del PP fue estrecha. No solo Baltar le ofreció empleo de inmediato, sino que Vázquez asegura que la pareja del actual presidente provincial, la exparlamentaria María José Caldelas, ya le había mostrado la confianza del partido y de los Baltar nombrándolo, apenas aterrizado en Ourense, "jefe de la carpa electoral del PP" de la calle Paseo en las autonómicas de 2005. Durante su trimestre en Argentina, Vázquez vivió la transformación de la histórica Casa de Hijos y Nietos de Bande en la Casa de Ourense en Buenos Aires, una especie de sede duplicada del PP.

"Baltar padre me había prometido que trabajaría para su hijo cinco años más [los necesarios para cobrar la jubilación] tras el congreso. Pero no cumplió y ahora no me llega para vivir porque no tengo los 15 años cotizados", afirma. Un portavoz de la Diputación de Ourense confirmó ayer que Vázquez ha trabajado de legoeiro en la institución, aunque afirmó que lo hizo hasta su jubilación. El representante del organismo que preside Baltar añade que no le consta ninguna "petición o autorización" a nombre de José Vázquez para que marchara durante tres meses a Argentina a trabajar el voto emigrante.

www.elpais.es 03.05.11

FEIJÓO RESPALDA A LOS IMPUTADOS DEL 'CASO ORQUESTA'

El líder del PP descarta "prejuicios y precipitaciones" con sus alcaldes

A poco más de un mes de las elecciones, Feijóo pide justo lo que no tiene antes de tomar una decisión sobre los alcaldes del PP imputados en la Operación Orquesta: tiempo. "Tenemos que conocer ese sumario y conocerlo todo, absolutamente todo", contestó ayer el presidente de la Xunta y del PP, a la pregunta de si es partidario de que los regidores de Fisterra y Mazaricos, imputados por el juez, vuelvan a ser candidatos. El "todo" al que se refería son regidores de otros partidos que Feijóo considera "señalados" en el sumario, ya que aparecen citados en conversaciones intervenidas por la policía, pero sobre los que el juez no ha encontrado indicios para imputarlos.

• El presidente deja en manos del grupo popular la comisión de la 'trama agraria'
• Pide explicaciones al PP de A Coruña por el intento de soborno en Arzúa

El presidente gallego no descartó actuar contra sus dos alcaldes, pero las imputaciones judiciales -prevaricación, cohecho y tráfico de influencias- no le parecen material suficiente para que el PP los aparte ya de las candidaturas. Para explicarlo, apeló Feijóo a la necesidad de actuar de forma "contundente y consecuente", lo que en su opinión "está reñido con cualquier prejuicio o precipitación". De alguna manera, la decisión que tome el Partido Popular estará vinculada a lo que Feijóo espera que ocurra con otros cargos públicos, a pesar de que los dos alcaldes del PP y el de Cee, independiente, son los únicos regidores imputados por el juez. "Vamos a conocer la investigación sin límites, a cuántos alcaldes afecta, qué se les imputa, cuál es la graduación de las imputaciones y conocer con amplitud todo el sumario", añadió.

Preguntado sobre si lo conocido -las imputaciones y la totalidad del sumario- no es suficiente, Feijóo respondió: "No sé exactamente qué es lo que se conoce, porque el sumario, que nosotros sepamos, no lo conocen las partes ni sus abogados en su totalidad". El presidente añadió que, "por lo leído en los medios de comunicación", resulta "muy sorprendente" que solo estén imputados los alcaldes de Cee, Fisterra y Mazaricos.

Algo más contundente se mostró respecto a la posibilidad de investigar la implicación de funcionarios y cargos públicos de la Xunta en la presunta tramitación irregular de subvenciones, que también aparecen en los autos judiciales. Será, eso sí, cuando el Gobierno gallego tenga "ese sumario por capítulos" de la Operación Orquesta. En ese momento, y no antes, "será investigado en el ámbito de la Administración autonómica y será clarificado".

"Espero que nadie lo considere un abuso de poder", ironizó, en alusión a las acusaciones de la oposición sobre la investigación de la Xunta a Unións Agrarias, por la que el juez imputa a dos directores generales del Gobierno gallego por presunta desviación de poder. A diferencia de la demora de la investigación sobre el caso Orquesta, la Xunta tardó solo una semana en irrumpir en las sedes de las asociaciones vinculadas a Unións Agrarias desde que el PP denunció en una rueda de prensa las presuntas irregularidades.

Lo que no parece tan claro es que el PP vaya a impulsar en el Parlamento la comisión de investigación sobre lo que denomina "trama agraria", esto es, el supuesto desvío al PSdeG de fondos a través de subvenciones a asociaciones afines a Unións Agrarias. Tras el ofrecimiento de retirar la solicitud de investigación si los socialistas no insisten en su denuncia de "abuso de poder" de la Xunta, un trato ya rechazado por el PSdeG, Feijóo dejó en manos de "la autonomía" del grupo parlamentario el impulsar o no la comisión.

El presidente fue preguntado en tres ocasiones sobre sus intenciones de abrir la comisión, ya solicitada formalmente por el PP en el Parlamento. Prefirió criticar la actitud del PSdeG el miércoles en la Cámara. "No sé si le molesta que se investigue o por qué teme que un Gobierno ejerza sus funciones", afirmó, en referencia a la investigación de la Xunta, que consideró "un cumplimiento estricto de las normas", y no un "abuso de poder". No fue hasta la tercera pregunta cuando aclaró que la decisión queda en manos del grupo popular, que él preside.

Sobre Baltar: "Cada uno responde de lo que hace"

Alberto Núñez Feijóo arrojó ayer la toalla sobre la posibilidad de echarle el lazo a la política de personal del presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar. Preguntado por los últimos casos de enchufismo en la institución provincial, el titular de la Xunta decidió desentenderse. "Cada cual es responsable de lo que haga", respondió.

La frase vino precedida de un alegato en defensa de las competencias que le corresponden a cada Administración. La Xunta "ejecutará" las que le son propias en cuestiones que afecten a la Administración local, pero no consideró que competan a su Gobierno las de "personal y contratación" de ayuntamientos y diputaciones.

"Lo que hace el Gobierno gallego será el Gobierno gallego el que deba responder en todos los ámbitos, y cada administración pública deberá ser responsable de lo que hace en materia de personal y contratación", manifestó. Los periodistas insistieron. ¿Cree entonces que no hay mecanismos para controlar la situación? Feijóo no se salió del carril. "Cada uno es responsable de lo que hace, y la Xunta es responsable de lo que hace, de lo cual yo doy cuenta diariamente, y al resto de administraciones públicas le toca dar cuenta a sus órganos de gobierno".

Pese a esta declaración, la Consellería de Presidencia explicó ayer que dentro de los 147 requerimientos enviados a las administraciones locales contra las bases de oposiciones, 14 corresponden a las diputaciones provinciales. La intervención de la Xunta se limita a la fase previa, ya que que los representantes del Gobierno gallego no participan en los tribunales de las instituciones provinciales. Entre la última remesa de aprobados por al Diputación de Ourense no figura el hijo del número 13 de la lista del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Aurelio Gómez, en contra de lo que publicó este periódico. El resto de los citados en la misma noticia sí aprobaron.

Feijóo, por otra parte, pidió una aclaración al PP de A Coruña sobre el intento de soborno del candidato popular al alcalde de Arzúa, aunque advirtió que no lo considera probado. El caso le pareció "suficientemente grave" para que la dirección provincial del partido "lo analice en profundidad".

www.elpais.es 15.04.11

EL BNG Y EL PSOE PIDEN CUENTAS A FEIJÓO POR LA FOTO DE RAJOY EN EL BARCO DE UN CLAN DE LA DROGA

El BNG y el PSOE gallego han pedido explicaciones en el Parlamento gallego al Partido Popular por la foto en la que su líder aparece en el barco Moropa, propiedad de un narcotraficante. "Alguien tiene que dar explicaciones sobre barcos, porque los gallegos aún esperan explicaciones por ese turbio asunto”, afirmó el diputado socialista José Luis Méndez Romeu.

En un pleno, este martes, en el que se debatía el plan eólico puesto en marcha por el gobierno del popular Alberto Núñez Feijóo, tras una pregunta de la oposición, el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, se defendió mostrando una foto del exvicepresidente de la Xunta Anxo Quintana en un yate con el empresario Jacinto Rey, a quien en su momento el PP acusó de favorecerle. Fue entonces cuando el diputado del BNG Enrique Viéitez mostró la portada del diario Público, que reveló los hechos, donde aparece Rajoy en el yate de un narcotraficante.

Un turbio asunto

El parlamentario socialista José Luis Méndez Romeu también exigió al PP que se aclare por qué Mariano Rajoy estaba en ese yate. “Alguien tiene que dar explicaciones sobre barcos, porque los gallegos aún esperan explicaciones por ese turbio asunto”, afirmó.

La presidenta del Parlamento recrimina al nacionalista

La presidenta del Parlamento gallego, Pilar Rojo, reprochó al parlamentario gallego que mostrara la portada de Público mientras estuvo en el estrado. “Un recordatorio antes de abandonar la tribuna: puede usted mostrar cualquier tipo de papeles, pero en cualquier caso, que sepa, para otra vez, que la tribuna no está para colocar ningún tipo de pósters”, precisó.

La visita de Rajoy a Cambados

El 19 de marzo de 2009, en vísperas de la campaña de las elecciones europeas, el PP gallego organizó un acto en el que participó Mariano Rajoy, que incluyó una visita a la lonja de Cambados (Pontevedra), donde fue invitado a subir a la embarcación Moropa, dispuesta para la ocasión.

www.elplural.com 13.04.11

FEIJÓO, SOBRE BALTAR: "YO SOLO SOY RESPONSABLE DE LA XUNTA"

El presidente del PP gallego no se siente con autoridad para recriminar, ni aplaudir, la política de contrataciones que el barón ourensano de su partido, José Luis Baltar, lleva a cabo en la Diputación. Ayer, flanqueado por su representante institucional en Ourense -Rogelio Martínez, condenado a devolver el importe de obras "inexistentes" realizadas con fondos comunitarios, imputado penalmente por este mismo hecho y denunciado por prevaricación en la adjudicación de un tanatorio en su pueblo de Arnoia- y por el propio Baltar -a quien la fiscalía investiga por las contrataciones de personal de la Diputación- Feijóo evitó poner la mano en el fuego por ninguno de sus dos bastiones en la provincia.

"Yo no soy intérprete de nadie, solo soy responsable la Administración que presido", contestó cuando los periodistas le preguntaron si respaldaba la política de contrataciones del presidente de la Diputación y número dos en la lista del PP al Ayuntamiento de Ourense, que contradice su discurso sobre la contención del gasto: de los 74 millones de euros presupuestados, Baltar consume 28 en el capítulo de Personal. "La Administración autonómica tiene que dar cuenta de las políticas de personal que lleva a cabo y las otras administraciones, de las suyas", precisó presidente de la Xunta y del PP de Galicia, ante Baltar.

Contención del gasto

Obviando el caso de la Diputación de Ourense, sobre el que insiste en no pronunciarse, Feijóo considera que la política de contención del gasto que predica queda reflejada en el hecho de que "Galicia es una de las cinco comunidades que cumple con los criterios de déficit público y una de las dos, con Madrid, que en 2009 y 2010 cumplieron con el objetivo del déficit público".

No fue su única evasiva sobre la actuación de sus representantes en la provincia. El presidente gallego dejó en manos de la justicia la cuestionada actuación institucional de su delegado en Ourense, el ex alcalde de Arnoia, Rogelio Martínez.

"Tengo absoluta confianza en la justicia", aseguró evitando poner la mano en el fuego por su representante provincial. "En un Estado de derecho todos tenemos que ser responsables con la ley. Todos", precisó, para argumentar a continuación que los responsables políticos tienen "que lanzar un mensaje de independencia de la justicia y que ésta actúe con rigor y con todas las consecuencias".

www.elpais.es 03.03.11

C.A GALICIA: FEIJÓO: "¿LA POLÍTICA DE PERSONAL DE BALTAR? AHORA ME VOY A XINZO Y A CELANOVA"

El presidente presume junto a Baltar de "austeridad y contención del gasto"

A 82 días para las municipales, Feijóo abraza el baltarismo. "Se acabaron los tiempos de las luchas internas", proclamó ayer en Ourense el presidente del PP de Galicia flanqueado por los dos Baltar (padre e hijo) y por el aspirante a la alcaldía de la ciudad, el parlamentario Rosendo Fernández, en la inauguración de la oficina del candidato. En el momento en el que arrecian las críticas, y las denuncias judiciales, contra la gestión de la Diputación por parte del barón ourensano, Feijóo lo redime con su presencia y su discurso.

Baltar Blanco carga contra el "despilfarro" de los gobiernos bipartitos

El líder del PP gallego proclama el fin de las "luchas internas" en Ourense

No fueron solo sus palabras. Los populares convocaron a los medios de comunicación a unos 100 metros del local en el que se iba a celebrar el acto para que levantaran acta del encuentro del dirigente gallego con los presidentes del PP y de la Diputación. Los tres, acompañados por un pequeño séquito, sonrieron para los fotógrafos, se estrecharon las manos y se dieron palmaditas en la espalda mientras se dejaban ver paseando juntos por la céntrica calle del Paseo.

Ante el portal de la oficina del candidato, medio centenar de militantes baltaristas aclamaron al aspirante, hombre de la máxima confianza de José Manuel Baltar Blanco, al grito de "alcalde, alcalde, alcalde", mientras se acercaban a saludar al presidente provincial, a quien felicitaron por su inminente paternidad. "Presidente, avísame cuando sea el mitin de Esgos", le pidió un militante.

El presidente del PP gallego quedó prácticamente diluido en medio del baltarismo ourensano a pie de calle. En la abarrotada oficina del candidato, Baltar Blanco arremetió contra los "inoperantes y despilfarradores" gobiernos bipartitos y proclamó a Feijóo como "espejo" en el que se habrá de mirar el "próximo alcalde del PP".

Feijóo le devolvió con creces el piropo. Felicitó al PP de Ourense por "abrir las puertas del partido" y animó a los militantes allí presentes a "entrar en las casas" para anunciar el "cambio en la gestión" municipal. Frente al "despilfarro de los socialistas", Feijóo propuso el modelo de "austeridad y contención del gasto del PP".

Cuando, finalizado el acto, los periodistas le preguntaron si ese modelo de contener el gasto será el de la política de contrataciones que lleva a cabo José Luis Baltar en la Diputación, Feijóo evitó responder. "Con todos los respetos, estamos hablando de las elecciones municipales. Y ahora me voy a Xinzo y después a Celanova", esquivó.

En la oficina del candidato, el presidente gallego había arremetido contra los bipartitos "que gobiernan aunque pierden las elecciones" en contraposición al "democrático PP", que "se compromete a gobernar solo si las gana". "Aquí no hay trampa ni cartón, nosotros no tenemos compromisos con nadie", afirmó Feijóo en la provincia con más denuncias de enchufismo.

Cuando los periodistas le preguntaron si su partido incluirá a tránsfugas en las listas, acusó al PSOE de haber roto el pacto anti-transfuguismo y despejó el camino para que cada junta local del PP decida a quién incluye en las candidaturas "de acuerdo con nuestros estatutos".

Un candidato eclipsado por el aparato provincial

El candidato que inauguraba oficina es, pese a haber desempeñado casi todos los cargos institucionales posibles en el PP, prácticamente un desconocido para la opinión pública ourensana. El elevado protagonismo de los dos Baltar aniquila la proyección de este político de discreto perfil que fue alcalde de A Merca, subdelegado del Gobierno y parlamentario autonómico.

Feijóo se arrima al baltarismo en un momento en el que las encuestas realizadas por el propio PP le dan una pérdida de tres concejales en la ciudad, dejando al partido a cuatro escaños de la mayoría absoluta. Ourense sería la excepción al previsible crecimiento del PP en el resto de las ciudades gallegas.

El candidato no ayuda. Lo reconocen baltaristas y oficialistas, que destacan su bonhomía. La crispación interna desatada por el nuevo líder provincial -Baltar hijo, que ha laminado en la ciudad al sector crítico- tampoco. Rosendo Fernández pasa desapercibido en los actos que celebra, cuyo verdadero protagonista es el presidente provincial, Baltar Blanco.

Ayer Baltar Blanco dio cuenta ante su militancia de la labor que realiza el candidato. "Lleva trabajando muchos meses en todos los barrios y distritos, fue recibido por el presidente de la Diputación y por el del PP nacional, con quien estuvimos hace unas semanas", enumeró Baltar Blanco los logros de su hombre de confianza y apuesta personal frente al más conocido y valorado por sus votantes -según la encuesta del propio partido- el portavoz municipal del PP y ex alcalde, Enrique Poly Nóvoa.

En el discurso en su sede de aspirante a la alcaldía, Fernández repitió prácticamente las críticas del presidente provincial a los bipartitos y al alcalde ourensano, el socialista Francisco Rodríguez, a quien ambos acusaron de "echar por tierra una buena entrada para el AVE" y de haber convocado, ayer mismo, "un paripé" con el secretario de Estado de Fomento, "de espaldas a todos los colectivos sociales y empresariales".

www.elpais.es 25.02.11

FACENDA ABRIÓ OTRA INVESTIGACIÓN A UNIÓNS AGRARIAS TRAS ACUDIR EL PP AL JUZGADO

Facenda inició el control financiero de UU AA cuando el caso estaba judicializado

El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo implicó a personal de cuatro consellerías en la investigación a Unións Agrarias, después de que la cúpula del PP acusase en junio pasado al sindicato de "sacar por la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros para pagar campañas electorales del PSOE". Además de los investigadores de Traballo y Presidencia, funcionarios de Sanidade y de Facenda se involucraron también en las pesquisas sobre la central agraria.

Traballo certificó por escrito en octubre que la investigación seguía en marcha

La titular del juzgado de instrucción número 1 de Santiago ha citado hoy a declarar en calidad de imputados al director general de Promoción do Emprego, Andres Hermida Trastoy, y al de Avaliación e Reforma Administrativa, Jaime Bouzada Romero, por el modo en que se ordenó y se llevó a cabo esa investigación. La decisión judicial tiene su raíz en una querella de Unións Agrarias que atribuye a la Xunta desviación de poder, un tipo de prevaricación administrativa.

El caso parte de una querella anterior que el PP presentó en Corcubión contra el alcalde socialista de Muxía, Félix Porto, también imputado, al que acusa de utilizar para las municipales de 2007 en Buenos Aires a una trabajadora del sindicato, donde entonces Porto tenía responsabilidades. Justo doce días después de que el PP ampliase esa denuncia, Facenda abrió un procedimiento de control financiero contra el sindicato y varias entidades afines que todavía no ha dado resultados.Lo que sigue es la cronología del expediente abierto por la Xunta a Unións Agraria: el 7 de junio de 2010, coincidiendo con el inicio de un juicio por corrupción a dos ediles del PP de Gondomar finalmente condenados, la dirección de este partido encabezada por su secretario general, Alfonso Rueda, y su portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, extendía el supuesto fraude en las subvenciones a Unións Agrarias a los ejercicios 2008, 2009 y 2010. El punto de partida de su denuncia era la confesión de una trabajadora de Unions Agrarias, que dijo haber hecho campaña para el PSOE de Muxía en las municipales de 2007, pese a estar contratada por Unións Agrarias.

La orden se la habría dado el entonces candidato socialista de Muxía y hoy alcalde, Félix Porto, imputado por este caso. Tras señalar que 28 asociaciones vinculadas a Unións Agrarias habían percibido ayudas de la Xunta para contratar personal con cargo al fondo de cooperación que subvencionó en esos años a 300 colectivos, la dirección del PP denunció una "trama agraria para beneficiar al PSOE". No aportó ni una sola pista más, pero se ganó unos titulares de prensa que, según reconoció el director general de Promoción de Emprego, Andres Hermida Trastoy, en la documentación enviada al juez, llevó a su departamento a abrir ese mismo día, el 7 de junio, una investigación sobre el sindicato.

En ella participó personal de Traballo y de la Consellería de Presidencia del mismo Alfonso Rueda, que aireó, como secretario general, las denuncias desde la sede del PP. Solo tres semanas después, el 30 de junio, los populares ampliaron la querella presentada contra el alcalde socialista de Muxía en Corcubión. Pese a la petición que Unións Agrarias formuló a la Xunta el 9 de julio para que se frenase el expediente administrativo, tal y como establece la ley para asuntos que están judicializados, Traballo continuó con su investigación.

Y la Consellería de Facenda inició otra paralela de control financiero sobre las cuentas de Unións Agrarias. Según consta en la documentación que maneja este diario (en la imagen se reproduce el documento oficial de Facenda), la Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, adscrita al departamento de Marta Fernández Currás, puso a trabajar al equipo auditor el 12 de julio de 2010, semana y media después de que el PP ampliase su denuncia. Ni Traballo ni Facenda han ofrecido ocho meses después ningún dato sobre el resultado de sus indagaciones.

La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, aseguró ayer que "sobre ese tema la Xunta poco más tiene que decir porque el procedimiento administrativo queda condicionado desde que hay un proceso judicial abierto. Mientras uno de ellos no termine, que será el judicial, el otro no va a continuar".

Pese a sus palabras, el departamento que dirige siguió practicando pruebas sobre la supuesta trama entre junio y noviembre pasado. El pasado 21 de octubre, la jefa de servicio de programas de cooperación de su consellería, Silvia Cortiñas Fernández, admitía en un documento con sello oficial que ambas pesquisas, la de Facenda y la de Traballo, estaban coordinadas y seguían su trámite. Así lo comunicó a varias asociaciones en el siguiente escrito: "Por lo que respecta al estado de tramitación del procedimiento, se informa que en la actualidad desde la Intervención Xeral se están terminando los trabajos de control realizados por el equipo auditor, que en ejecución del Plan de Control Financiero de 2010, realizaron sobre su entidad".

Pese a las palabras de Mato, su departamento siguió recabando información de las entidades fiscalizadas entre junio, en que se judicializó el caso, y diciembre, según consta en varios documentos oficiales. Horas después de la comparecencia de la conselleira, un portavoz oficial dijo a este periódico que el expediente se paralizó el pasado enero.

www.elpais.es 22.02.11

EL PSOE PIDE LA DIMISIÓN DE RUEDA POR SUS PRÁCTICAS "NEONAZIS"

El secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, a quien el Partido Popular situó en el centro de la supuesta trama por ser directivo de Unións Agrarias hasta 2009, exigió ayer la dimisión del conselleiro de Presidencia y secretario general del PP, Alfonso Rueda, por "utilizar la Administración con fines partidistas y métodos mafiosos y antidemocráticos". García vinculó a los populares con prácticas propias de la "noche de los cristales rotos" y culpó a Feijóo de "presentarse como la vanguardia de la derecha, mientras convierte la Administración en una brigada central del partido, al estilo neonazi".

Entretanto, el diputado socialista José Manuel Lage Tuñas también registro una pregunta parlamentaria para que Rueda aclare en el pleno del próximo mes qué papel jugó como denunciante, desde el PP, e investigador, al frente de la consellería, en la supuesta trama agraria que los populares atribuyen al sindicato y que según su portavoz Antonio Rodríguez Miranda habría servido para "sacar por la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros para pagar campañas electorales".

Preguntado por si ocho meses después de iniciada la investigación respaldaba esa acusación de financiación ilegal, el portavoz parlamentario del PP, Manuel Ruiz Rivas, evitó refrendar esa imputación que atribuye un grave delito tanto al PSOE como al sindicato Unións Agrarias.

www.elpais.es 22.02.11

DOS CARGOS DE LA XUNTA DECLARAN COMO IMPUTADOS POR INVESTIGAR A UU AA

Los responsables de los dos departamentos del Gobierno gallego que investigan desde hace ocho meses una supuesta trama agraria que el PP atribuyó al PSOE "para sacar por la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros y pagar campañas electorales" deberán comparecer mañana en los juzgados de Santiago en calidad de imputados. Se trata del director general de Promoción do Emprego de la Consellería de Traballo, Andrés Hermida Trastoy, y del director general de Avaliación e Reforma Administrativa de la Consellería de Presidencia, Jaime Bouzada Romero.

La "trama" nació el día que un edil de Gondomar admitió comisiones ilegales

La titular del juzgado número 1 de Santiago quiere escuchar la versión de ambos sobre las inspecciones y comprobaciones realizadas por personal de la Xunta en distintas sedes del sindicato el pasado mes de junio, días después de que varios cargos del PP, entre ellos su portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, y el secretario general, conselleiro de Presidencia y superior de Bouzada, Alfonso Rueda, denunciasen la existencia de una red de financiación ilegal que habría servido al PSOE para captar dinero público de la Administración a través de organizaciones afines.

El giro en los acontecimientos -de denunciar una trama corrupta el PP pasa a ver a dos de sus cargos en la Xunta declarando como imputados- se produce una vez que el sindicato agrario Unións Agrarias (UU AA) presentó una querella contra la Xunta a la que acusa de desvío de poder, un tipo de prevaricación administrativa, por el modo en que se ordenaron y llevaron a cabo las comprobaciones en los locales del sindicato.

La juez que instruye el caso también ha requerido a la Consellería de Traballo para que le proporcione documentación que explique el sentido de aquellas visitas. En el escrito que remitió al juzgado el pasado mes de noviembre, el departamento de Beatriz Mato alega que el personal que entró el día 7 de junio en 13 oficinas de Unións Agrarias no realizó inspecciones sino "visitas de seguimiento y control".

En la información que la Xunta remitió a la juez, Traballo admite que la decisión de enviar a su personal a las sedes de Unións Agrarias se adoptó "ante las informaciones publicadas en diferentes medios sobre la existencia de presuntas irregularidades por parte de determinadas entidades vinculadas a Unións Agrarias en la gestión de ayudas para el fomento del empleo durante 2006, 2007 y 2008 para comprobar in situ la prestación del servicio por parte de los trabajadores contratados a través de las subvenciones".

O lo que es lo mismo, Traballo reconoce a la juez que la decisión de entrar de forma simultánea en las oficinas del sindicato se adoptó el mismo día en que el portavoz del PP denunció supuestas irregularidades en las subvenciones de 2006, 2007 y 2008 concedidas por el bipartito. En la documentación remitida al juzgado, la consellería se esfuerza en remarcar y repite hasta en tres ocasiones que el personal desplazado el 7 de junio de 2010 a las sedes del sindicato y las organizaciones afines, no realizó "inspecciones" sino "visitas de control y seguimiento" para comprobar que los contratados estaban trabajando.

Argumenta que como 13 de los 28 entes que recibieron ayudas con la Xunta anterior siguieron cobrando subvenciones tras la llegada del PP al poder, se trataba de supervisar si el personal contratado desempeñaba alguna tarea en esas asociaciones.

Frente a la tesis de la consellería de que fueron visitas rutinarias para certificar que los empleados acudían a las oficinas, algunos trabajadores del sindicato aseguraron ya entonces que el personal de la consellería se autoidentificó como "inspección" y que accedió a las oficinas sin presentar ninguna orden que les acreditase ni permitirles realizar alegaciones.

El matiz es clave porque las personas que acudieron a las sedes de Unións Agrarias aquel día, el 7 de junio de 2010, no estaban legitimados para inspeccionarlas, puesto que no eran personal competente ni disponían aún de la orden que la consellería acabó firmando una semana más tarde, el 14 de junio, y en la que se basaron posteriormente los inspectores de Traballo y de la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, adscritos a la Consellería de Presidencia, para interrogar al personal de Unións Agrarias, ganaderos, agricultores y presidentes de asociaciones rurales.

La llamada "trama agraria" partió de una denuncia del PP el mismo día en que estaban citados a declarar ante el juez dos concejales de ese partido en Gondomar a quienes la policía detuvo cobrando comisiones ilegales a promotores inmobiliarios en una cafetería de Vigo. Coincidiendo con el juicio en el que uno de los ediles, el titular de Cultura, José Luis Mosquera, finalmente condenado por cohecho, admitió haber cobrado 60.000 euros y pactado otros 90.000 para financiar campañas del PP y de un partido independiente afín, la cúpula del PP capitaneada por su portavoz, Rodríguez Miranda, y el secretario general, Alfonso Rueda, hicieron estallar el escándalo.

La única prueba que presentaron los populares para respaldar sus acusaciones es el testimonio de una mujer contratada por una de las sociedades vinculadas a Unións Agrarias que declaró haber hecho campaña por el PSOE de Muxía en Argentina durante 2007. De ese episodio que instruye un juez de Corcubión y que mantiene imputado al alcalde de Muxía, Félix Porto -por aquel entonces candidato y dirigente de Unións Agrarias- los populares derivaron una causa general contra el sindicato y acusaron al PSOE de financiación ilegal.

Un secretario y varios administrativos

Ni uno sola de las diez personas que la Xunta envío el 7 de mayo de 2010 a los locales de Unións Agrarias tenía la condición de inspector de la Consellería de Traballo. Según admite en la relación de puestos de trabajo -que el Gobierno gallego mandó al juzgado cuando se le requirió que identificase al personal que acudió a las oficinas del sindicato-, en la plantilla figura una ensalada de categorías profesionales, ninguna de ellas capacitada para realizar tareas de inspección.

Las heterodoxas excursiones a las sedes de Unións Agrarias las integraron desde jefes de sección hasta una auxiliar administrativa que es personal laboral y por tanto no tiene la condición de funcionaria, así como varios técnicos laborales e incluso el secretario del subdirector general de Escolas Obradoiro de la consellería. En el mismo documento, que figura ya en la causa, el director general de Promoción do Emprego de la Consellería de Traballo, Andrés Hermida Trastoy, asume que la orden de realizar las visitas -que no inspecciones- fue suya por estar al frente del órgano que concedió las ayudas.

www.elpais.es 21.02.11

XUNTA DE GALICIA: UN GOBIERNO MANIATADO

La mayor caída del presupuesto en la historia de la autonomía atenaza a la Xunta, que apenas es capaz de aprobar asuntos de trámite en los consellos

Todos los periodistas que siguen regularmente la actividad de la Xunta recuerdan el Consello de la filloa. Se celebró el 28 de enero de 2008. Aquel día, el bipartito llevó un único asunto a su reunión semanal de Gobierno: declaró el interés turístico y cultural de la Festa da Filloa de Lestedo. No hubo más acuerdo que ese y desde entonces se convirtió en un símbolo de la falta de ideas de la coalición. Dos años más tarde, la Xunta de Feijóo, que ha sufrido el mayor desplome presupuestario de la historia de la Autonomía, vive bajo el síndrome del Consello de la filloa.

En su peor semana, Feijóo alegó no tener competencias para luchar contra el paro

Facenda reclamará 563 millones más al Gobierno central en los tribunales

Desde que comenzó 2011, año en que las cuentas públicas deberán reducirse en 1.177 millones de euros hasta llegar a los niveles de inversión de 2006, el Gobierno gallego, sin fondos para financiar grandes proyectos, apenas aprueba asuntos de trámite y se limita a despachar el día a día de la gestión. En lo que va de año ha celebrado cinco consellos donde ha dado luz verde a 16 decretos, 31 acuerdos y repasado 21 informes. Excepción hecha de la aprobación definitiva del Plan de Ordenación do Litoral y las Directrices do Territorio, que salvaron su último trámite el pasado jueves, ningún asunto de calado. La Consellería de Industria renueva avales a empresas, la de Presidencia firma convenios en materia de emergencias e incendios, y la de Educación cambia nombres a los centros universitarios de Vigo, igual que la de Cultura declara algún monumento bien de interés cultural.

La prueba de que la falta de fondos atenaza a la Administración gallega estuvo en el Consello de la Xunta que el presidente desplazó a Coruña el pasado 3 de febrero. A falta de obras para vender en una de las ciudades que el PP pretende gobernar tras las municipales, el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, pregonó los fondos que destina en la provincia a la conservación de las carreteras: 30 millones de euros. Es, con mucho, la mayor inversión de las aprobadas en este mes y medio. La siguiente son 13 millones de euros que se destinan a urbanizar el parque industrial de Tomiño, paralizado por este mismo Gobierno al poco de llegar al poder.

Y mientras, las cifras de la Encuesta de Población Activa colocan a Galicia como la comunidad donde más ha crecido el paro en 2010, un 20,9%, a pesar de los efectos turístico y los supuestos récords del Xacobeo. El pésimo dato económico ha pillado al presidente y al PP con el pie cambiado. En medio de esa cascada de cifras negativas, los populares programaron como primera comparecencia parlamentaria tras las vacaciones, la del titular de Medio Rural, Samuel Juárez, para informar de un tratamiento contra la plaga del pino.

Enzarzado en la batalla de las cajas y en mil guerras contra el Gobierno central, Feijóo vive sus peores días desde que accedió al poder. Esta semana llegó a alegar en el Parlamento que carece de competencias para luchar contra el desempleo, en un claro signo de impotencia, mientras la oposición, igual que hizo él la legislatura pasada, le reprocha cada nuevo parado. El presidente reconoció algo más: que por mucho que reciba más fondos del Gobierno central, los desempleados serán los mismos.

Lo que no impide que se parapete tras el Ejecutivo de Zapatero al que el propio Feijóo ha convertido en el payaso de las bofetadas. Sin apenas programas que aprobar, las ruedas de prensa posteriores al Consello se convierten en un pim pam pum contra el Gobierno socialista, "culpable" de que la Xunta no pueda ahorrar 100 millones anuales en medicamentos, del desmoronamiento de las cajas, pero sobre todo de no transferir a Galicia 243 millones de euros del Fondo de Cooperación firmado en el último acuerdo de financiación autonómica.

Ese dinero que el Ministerio de Economía pretende transferir en 2013 sirve a Feijóo y al PP para justificar la inacción de la Xunta en cualquier asunto imaginable. Atendiendo a las explicaciones del presidente y de algunos de sus diputados durante estas últimas semanas, la llegada de esa partida solucionaría a la vez la financiación de las universidades, el pago de las ayudas por dependencia, una mayor apuesta por las políticas activas de empleo y hasta la apertura de guarderías infantiles y residencias de ancianos.

Demasiados problemas que solucionar con solo 243 millones de euros. A esa cantidad sumó la Conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, una nueva deuda, otros 563 millones, en recaudación del IVA y otros conceptos, que la Xunta amenaza con reclamar en los tribunales.

La mano del presidente, en las notas de prensa

Que el actual Gobierno de la Xunta no es el que soñó Feijóo tras ganar las autonómicas es algo que sabe todo el partido y que ni siquiera los asesores del presidente se atreven a desmentir. En circulos financieros está corrido que Juan Ramón Quintas, ex presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, era el elegido por Feijóo para capitanear la economía gallega en medio de esta tormenta perfecta que resultó ser la crisis. Dijo que no.

Directivos de empresas importantes también desecharon otras ofertas del presidente para hacerse con una cartera en la Xunta y al final, pese a que gozó de plena libertad para configurar su gabinete, Feijóo tiene el Gobierno que puede, pero no el que le gustaría.

Cuenta entre sus personas de máxima confianza a Agustín Hernández, titular de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, la más inversora, y a Alfonso Rueda, titular de Presidencia y su alter ego en el partido, pero algunos alcaldes y cargos intermedios de la Xunta empiezan a echar en falta más peso político en otros departamentos, especialmente en el área económica.

Y así las cosas, es el propio Feijóo el que no solo coordina, también supervisa toda la labor del Gobierno, hasta el punto de que llega a revisar personalmente los comunicados de prensa que manda la Xunta a los medios de comunicación sobre sus discursos. El presidente cambia titulares e incluso dicta la redacción de las notas que se envían a los medios. Algunas fuentes señalan que ese afán por controlarlo todo, por estar en el más mínimo detalles, que siempre ha caracterizado a Feijóo, ralentiza la acción del Gobierno.

Su apretada y mediática agenda que suele requerir de su presencia en medios nacionales -al contrario de lo que hacen otros dirigentes, Feijóo no suele denegar entrevistas, por pequeño o crítico que sea con él el medio de comunicación- lastra también capacidad ejecutiva a la Xunta.

www.elpais.es 13.02.11

EL PP PROMETIÓ SIETE PLANES PARA CREAR EMPLEO EN SU PROGRAMA ELECTORAL

Ninguno de esos programas se ha puesto en marcha tras dos años de Gobierno

El primer eje en el que el PP gallego basaba su programa de campaña en las pasadas elecciones autonómicas se refería a impulsar la competitividad y la apertura de la economía gallega. Uno de los puntos para conseguirlo era el fomento del empleo a través de políticas específicas y de la actividad emprendedora. De seis planes concretos destinados a emplear a mujeres, jóvenes, inmigrantes, personas con discapacidad, parados de larga duración y autónomos, así como un plan autonómico de empleo general, ninguno se ha puesto en marcha tras casi dos años de Gobierno. Los planes, que conllevan una dotación específica para sus años de duración y engloban todas las medidas sobre un ámbito, estaban pensados para el periodo 2009-2013.

Las últimas ayudas para fomentar el empleo de jóvenes se publicaron en 2009

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lamentaba el pasado miércoles que Galicia no tenga competencias suficientes en materia de empleo para hacer frente al crecimiento del paro en la comunidad autónoma donde más creció el año pasado, un 20,9%. El programa con el que Feijóo llegó a la Xunta, sin embargo, recoge decenas de medidas en planes que aún no se han puesto en marcha. La Consellería de Traballo explica que esos planes se están debatiendo en las mesas de diálogo social, de donde quieren que salgan con el mayor consenso posible.

Aunque no hay programa director, Traballo asegura que ha adoptado medidas destinadas a los colectivos más vulnerables incluidas en diversas líneas de ayuda de la Consellería. Las acciones específicas para jóvenes -hay 22.000 parados menores de 25 años- desaparecieron de las convocatorias de ayudas y subvenciones durante el año pasado y las últimas puestas en marcha son de comienzos de 2009. Las actuaciones de empleo y formación para jóvenes desempleados se centran en escuelas taller y talleres de empleo. Traballo asegura que también el plan estratégico de juventud incluye medidas de fomento de empleo. Las mujeres no tienen tampoco nuevas medidas específicas a su alcance, aunque desde Traballo insisten en que recibe un trato diferenciado en todas las ayudas de la Consellería a este colectivo, como los incentivos a las empresas por contratos indefinidos de trabajadoras. Están en marchar varias medidas como el programa Executiva, que pretende impulsar el liderazgo de las mujeres a través de su formación en escuelas de negocio, y los incentivos a las pequeñas y medianas empresas para que ejecuten planes de igualdad. El colectivo de los inmigrantes no dispone de subvenciones para su integración laboral, mientras que los parados de larga duración cuentan con ayudas para la contratación indefinida a mayores de 45 años.

Otros ámbitos, como el de los autónomos, sí que disponen de una o dos líneas de ayuda como la financiación de proyectos que promocionan este tipo de empleo o el que ayuda a sufragar los gastos de sus entidades asociativas. Para potenciar el empleo de personas con discapacidad existen incentivos para financiar los costes laborales y de la Seguridad Social de estos trabajadores y para la creación y mantenimiento de centros especiales de empleo.

www.elpais.es 12.02.11

EL CACIQUISMO NO SE ACABA EN UN DÍA

Feijóo prometió hace dos años regenerar la política y tumbar el clientelismo en 24 horas pero los incumplimientos del código ético se repiten sin que el PP actúe

Una mañana de febrero, hace ahora dos años, lanzado hacia la presidencia de la Xunta, el candidato Alberto Núñez Feijóo prometió que nada más llegar al poder acabaría "con el caciquismo y el clientelismo en un solo día". Un bus de excursionistas jubilados camino de Portugal había parado por sorpresa en Oia para completar el aforo de un mitin del BNG y el episodio le sirvió a Feijóo para "pedir perdón en nombre de la política" y exigir la dimisión de Anxo Quintana. Cuando vio que el entonces vicepresidente no estaba por la labor, elevó el tiro y reclamó al presidente, Emilio Pérez Touriño, la destitución "fulminante" de su socio cuando quedaban cinco días para las elecciones.

Alcaldes y cargos imputados esperan los juicios desde sus despachos

Para significar la nueva era que abriría su mandato, en aquellos mítines deslizaba incluso alguna crítica a los Ejecutivos de Fraga. Frente al bipartito y "sus escándalos", el nuevo PP no admitiría mácula en sus dirigentes. Eso fue antes de ganar las elecciones. Desde entonces, media docena de cargos institucionales y de partido han vulnerado el código ético del PP sin que su presidente haya movido un dedo. El último caso significativo es el de los alcaldes de Fisterra y Mazaricos, a quienes el juez ha dejado en libertad provisional tras imputarle los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en la Operación Orquesta contra una presunta red de corrupción en la Cosa da Morte. Según los estatutos del partido, ambos regidores deberían ser apartados de sus cargos institucionales. De momento, compatibilizarán sus visitas al juzgado cada quincena con el bastón de mando, y el PP sigue considerando la idea de presentarlos como candidatos.

No son casos aislados. El ambicioso listón de la ética de Feijóo en campaña queda también muy alto para Evaristo Juncal. El ex delegado de Urbanismo de la Xunta en Pontevedra abandonó su puesto en el Gobierno cuando se supo de su chalé ilegal y de los negocios que mantenía con testaferros de narcotraficantes. Tras las informaciones publicadas por este diario, fue relevado en la consellería, pero sigue como presidente del PP de Caldas, donde nunca ha pagado impuestos por su segunda residencia.

La ansiada regeneración democrática de aquellos mítines está, sobre todo, en las antípodas del comportamiento de las diputaciones de Pontevedra y Ourense. Al frente de esta última, José Luis Baltar, simultanea el mensaje de austeridad del PP, que repiten Mariano Rajoy y Feijóo, con la contratación de familiares de los compromisarios que permitieron a su hijo hacerse con la presidencia provincial del partido. La institución gasta más en personal que la Diputación de A Coruña, mientras busca acomodo a familias populares para saldar favores. Y la dirección regional mira hacia otro lado. El barón de la provincia de al lado, Rafael Louzán, disfruta de manga ancha para fraguar mociones de censura y pactos con tránsfugas en los ayuntamientos que controla. Si alguna ha disgustado a la cúpula del PP gallego, sus dirigentes optaron por ver, oír y callar.

Igual que hizo hace mes y medio cuando el alcalde de A Merca -un municipio con 2.500 vecinos-, Manuel Jorge Velo, se adjudicó un sueldo de 3.600 euros en el Ayuntamiento hasta el día de las elecciones. Interrogado sobre si avalaba esa decisión, Feijóo respondió hace un mes que pediría explicaciones y actuaría en consecuencia. Nunca más se supo.

Tampoco hubo represalias contra el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, a quien el fiscal denunció en un juzgado por prevaricación urbanística, después de que permitiese aflorar mamotretos por todo el municipio que ni siquiera contaban con los servicios básicos. Las primeras sentencias han anulado los permisos que concedió su Junta de Gobierno, pero, lejos de castigar su conducta, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas lo ha premiado con un convenio para corregir todas esas deficiencias de los suelos con dinero público, 14 millones de la Xunta, el Ayuntamiento y la Diputación de Lugo.

El regidor de Portas, Roberto Vázquez Souto, espera también un juicio por delito fiscal sentado en su despacho. Como lo ha hecho durante estos dos años el alcalde de Tui, Antonio Fernández Rocha, otro habitual de los juzgados por cuestiones urbanísticas y que es además promotor inmobiliario en su propio municipio.

La regeneración que obvia Feijóo

- Los alcaldes de Fisterra y Mazaricos, imputados por cohecho y prevaricación siguen ostentando el bastón de mando, pese a que el código ético del PP obligaría a apartarlos de sus cargos.

- El presidente del PP de Caldas de Reis, Evaristo Juncal, continúa al frente del partido después de ser relevado en la Xunta cuando se conoció que tenía un chalé ilegal y sus negocios con testaferros de narcotraficantes.

- El alcalde de Barreiros se mantiene en el poder después de que el fiscal lo haya denunciado en el juzgado por prevariación urbanística. La Xunta y la Diputación de Lugo financian los servicios de los que carecen los suelos donde concedió licencias.

- El presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, continúa dando contratos a familiares de los compromisarios que ayudaron a su hijo a ganar el congreso provincial.

- Rafael Louzán pergeña mociones de censura con tránsfugas en Mos y Silleda con la aquiescencia de dirección regional.

www.elpais.es 08.02.11

GALICIA ENTRA EN LO PEOR DE LA CRISIS

El paro avanza en Galicia más rápido que en el resto de España y la producción industrial se desploma - Las ventas al exterior pierden fuelle

A Galicia las cosas le suceden tarde, para bien o para mal. Hace dos años, cuando media España temblaba de miedo por la crisis, un sindicalista se quejaba amargamente porque, decía, los jóvenes gallegos interpretaban un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) como unas vacaciones pagadas. Ahora, con 21.000 menores de 25 años apuntados al Servicio de Colocación, ya no se hacen bromas con el tema. Los 237.313 parados con que acabó 2010 son 14.474 más que los anotados en las oficinas un año antes. Galicia es la cuarta comunidad que más desempleados ha generado en los últimos doce meses. Sus listas corren un 25% más rápido que la media española. Aún así, según la Encuesta de Población Activa (datos del tercer trimestre de 2010), la tasa de paro roza el 15% cuando la media del país acaricia el 20%.

La bolsa de pisos nuevos sin vender suma 34.323 viviendas

"El debate no debe centrarse en el Xacobeo", opina Manuel Lago

Unos 21.000 menores de 25 años no encuentran trabajo en Galicia

El crecimiento de viajeros en 2010 fue del 6% según Estadística

La mala evolución del paro se suma a otros datos bastante desalentadores. La producción industrial cae entre enero y noviembre de 2010 un 3,4%, mientras que el índice general español avanza en positivo un 2,7%. Las últimas cifras de vivienda del Ministerio de Fomento muestran que la bolsa de pisos nuevos sin vender ha crecido en Galicia más que en ninguna otra comunidad (excepto Valencia) el año pasado. Suma 4.462 inmuebles vacíos y alcanza las 34.323 unidades, por encima de los 20.000 que estimaban los promotores. Los precios del metro cuadrado construido, por el contrario, crecieron un 0,2% cuando en el resto del país bajaban (aunque moderadamente), lo que significa que los constructores no quieren asumir las pérdidas mientras la banca les siga refinanciando.

¿Significa que se acaba aquel plus de resistencia del que presumía el anterior gobierno bipartito de la Xunta, o es que realmente nunca existió? "En el último año el índice de producción industrial y el empleo caen fuertemente. Una vez descontado el menor shock inicial de una burbuja inmobiliaria, que aquí estaba menos inflada, y barrido el activismo del gobierno bipartito en inversiones, dependencia y servicios sociales, tan solo queda como factor diferencial la obra pública en AVE, autovías y puertos". Para Xavier Vence, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago, estos son los únicos combustibles de la máquina que tira del mercado. Sectores básicos están sufriendo el correctivo de la crisis (automóvil, naval, construcción, lácteo) cuando en otras comunidades autónomas se tocó fondo. "Las exportaciones son el único componente de la demanda agregada que genera crecimiento económico. Pero a diferencia de España, donde observamos que un trimestre tras otro las exportaciones crecen más que las importaciones, en Galicia constatamos lo contrario. En el tercer trimestre han crecido más las importaciones y en consecuencia han lastrado el crecimiento", añade Venancio Salcines, presidente de la Escuela de Finanzas de la Fundación Barrié.

El PIB gallego, que en 2008 crecía con un diferencial positivo de ocho décimas frente al del conjunto del Estado, ha perdido buena parte de ese empuje. En el tercer trimestre del año pasado, esa diferencia, positiva para Galicia, se redujo a la mitad. Y ese plus se recortará aún más, según las propias previsiones de la Consellería de Facenda. "Debemos partir de la base de que estamos ante una crisis de ámbito mundial. Galicia, como el resto de las economías, está sufriendo las consecuencias", concluye el catedrático de economía financiera de la Universidad de Santiago José A. Redondo, que destaca la menor tasa de paro y el superávit de la balanza comercial. "No debemos ocultar deficiencias estructurales que es necesario corregir y que solo tienen solución a muy largo plazo".

El efecto Xacobeo ha ayudado a amortiguar un poco el empeoramiento de los índices, aunque las estadísticas de viajeros que se alojan en establecimientos turísticos (excluidos, por tanto, los peregrinos), hablan de crecimientos modestos (del 6% en el número de visitantes y del 5% en pernoctaciones cuando solo falta por contabilizar el mes de diciembre).

"El Xacobeo no es suficiente para contrarrestar el grave problema industrial", apunta el economista Manuel Lago. "El debate no debe centrarse en si el Xacobeo aportó crecimiento, el verdadero debate es nuestro sector industrial y la Xunta lo elude obsesionándose con un tema menor", añade. No es de la misma opinión Luis Caramés, catedrático de la Universidade de Santiago: "Galicia viene de vivir un exitoso Xacobeo con cifras millonarias de visitantes. Presenta una tasa de crecimiento más positivo que el del conjunto de España. Si la industria levanta cabeza es posible que concluyamos 2011 creciendo el 1% o, lo que es lo mismo, todavía sin crear empleo". Es de la teoría de que Galicia "sigue un ciclo relativamente especial dentro de España", con crecimientos menos espectaculares cuando las cosas van bien y recesiones menos bruscas.

Entretanto, para el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "la culpa de todas las tensiones económicas" es del Gobierno de Rodríguez Zapatero. En concreto le reprocha los acuerdos de financiación autonómica (en los que las comunidades del PP se abstuvieron), la presión para reducir el déficit de las autonomías, la política sanitaria (por la contestación al catálogo de medicamentos) y la Ley de Dependencia. Cierto que Galicia es una de las pocas regiones disciplinadas en el objetivo del déficit, pero también que su deuda alcanza ya el 10,6% del PIB, por encima de la media.

"La Xunta tiene un presupuesto de 10.000 millones de euros y amplias competencias en industria, economía, infraestructuras, empleo o educación. Es, por lo tanto, el principal agente económico del país, por encima del Gobierno central. De ahí que la responsabilidad de la evolución económica mejor o peor recae en el Gobierno autónomo y su presidente", reflexiona Manuel Lago.

El año pasado 12.963 trabajadores estuvieron afectados por un ERE. De ellos, 1.470 fueron despedidos. Son, comparativamente, 7.501 y 434 menos que en 2009, aunque según un informe de CC OO, las empresas gallegas utilizan los ERE sólo en el 5% de los casos de despido. En seis de cada diez rupturas de contrato prefieren la vía rápida: reconocer inmediatamente carácter improcedente del acto y depositar la indemnización.

En este mar revuelto de la economía, la comunidad autónoma acaba de asistir a la operación que dio lugar a la fusión de las cajas. Su objetivo a largo plazo es convertirse en un elemento de dinamización. Pero Novacaixagalicia tiene que hacer frente de forma inmediata a un montón de problemas, como despedir a 1.200 trabajadores, afrontar los pagos del dinero que ha pedido prestado al Frob y pelear para seguir siendo una caja de ahorros. Si Merrill Lynch ha acertado en su último informe, la caja gallega necesita recapitalizarse con 3.100 millones. No va a ser fácil que, en estas condiciones, financie además la recuperación económica de sectores clave para Galicia.

www.elpais.es 23.01.11

PACHI VÁZQUEZ ACUSA A FEIJÓO DE DEJAR A GALICIA SIN PRESIDENTE DURANTE 10 DÍAS

Pasados 10 días desde que comenzó sus vacaciones, no había ayer agenda oficial del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Sí hubo una escueta nota en su nombre con declaraciones sobre el comunicado de ETA, y críticas de la oposición por permanecer "ausente de los problemas de Galicia" durante todo este tiempo, en palabras del portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich. El líder del PSdeG, Pachi Vázquez, reconoció el derecho del presidente de la Xunta a estar de vacaciones, pero advirtió: "Lo que no es normal es que Galicia esté sin presidente durante 10 días".

"Llevamos 10 días sin saber oficialmente dónde está el presidente de Galicia, y sin que el Diario Oficial de Galicia haga mención alguna a si está aquí o nos está dirigiendo desde Brasil o desde cualquier parte del planeta", acusó el secretario general del PSdeG. En ausencia de Feijóo, que pasó sus vacaciones en Salvador de Bahía, y a falta de una delegación expresa de competencias a otro conselleiro, la presidencia de la Xunta recayó en funciones todos estos días en la titular de Sanidade, Pilar Farjas, como miembro del Gobierno de mayor edad.

Vázquez recordó a Feijóo su actitud en la oposición, cuando exigió las cuentas de unas vacaciones del entonces presidente, Emilio Pérez Touriño, en una casa de O Grove. "Yo doy por sentado que se las paga él", contrastó, aunque consideró "muy difícil de explicar a los gallegos" que en momentos complicados, a causa de las inundaciones o los datos del paro, "no se sepa dónde está el presidente". "Si Zapatero se va el día 1 a Cancún sin decir nada y el 10 sigue igual, yo creo que cae el país", opinó.

Carlos Aymerich, mientras, tiró de ironía para referirse a las vacaciones del presidente. Así, subrayó que, mientras Feijóo estaba en Brasil, realizó un mensaje de fin de año "en directo o falso directo" en el que aseguraba sentirse "muy próximo" a los gallegos que están viviendo con desánimo por el desempleo y en el que recordaba su situación de "responsabilidad". Al respecto, bromeó con que esa responsabilidad se debía de referir a "la elección complicada" de qué cuál "compañía aérea" iba a elegir para su viaje, y relacionó el "espacio para la ilusión" del que habló en su mensaje navideño con las vacaciones que le esperaban.

El grupo parlamentario del PP replicó a la oposición con un comunicado en el que acusa a socialistas y nacionalistas de "dramatizar", pero que no aclara el paradero del presidente de la Xunta ni la delegación de competencias. Según el portavoz parlamentario del PP, Manuel Ruiz Rivas, Feijóo estuvo "en contacto, no solo con su Gobierno, sino también con el de España". Como prueba de esto último, cita las conversaciones que mantuvo por teléfono con las ministras de Defensa y Pesca por el secuestro del Vega 5.

www.elpais.es 11.01.11

LA XUNTA REPARTE 151 MILLONES DE EUROS EN CONTRATOS SIN PUBLICIDAD

La mitad de las adjudicaciones de las consellerías en 2010 se efectúan a dedo

Se suceden los gobiernos, se multiplican las promesas pero, a la hora de la verdad, ninguno renuncia al ventajoso sistema de la adjudicación directa. Sólo en los 11 primeros meses de 2010, la Xunta de Alberto Núñez Feijóo ha repartido más de 151 millones de euros en 733 procedimientos negociados sin publicidad. Eso supone que más de la mitad de las adjudicaciones del Gobierno gallego han sorteado la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), por un importe que supera al 8% del total destinado a contratos de obras y servicios.

Deportes distribuyó en un solo día dos millones de euros entre 56 clubes

La ley de contratos del sector público establece el procedimiento negociado como una modalidad que debe estar justificada por razones "técnicas", "artísticas" o "de urgencia", y que no deben superar los 60.000 euros salvo excepciones. Con este sistema, la Administración debe consultar con un mínimo de tres candidatos, de los que resultará un adjudicatario elegido por la mesa de contratación. Eso dice la ley, pero otra cosa muy distinta es lo que ocurre en la realidad, ya que tanto el Gobierno de Feijóo como el bipartito o antes el de Fraga exprimen al máximo un sistema que ni propicia la competencia entre licitadores ni promueve la concurrencia en condiciones de igualdad.

Los 733 contratos negociados sin publicidad firmados entre enero y noviembre de 2010, ambos incluidos, figuran en la propia plataforma de contratación de la Xunta en Internet, que funciona desde 2008 y se puede consultar en la web de la Xunta. La cantidad total asciende a 150.847.542 euros. Su número total supera en 73 (un 11%) al de contrataciones de obras y servicios de la Xunta que se publicaron en el DOG en el mismo período, por una cantidad total de 1.667 millones de euros. En esa cifra entran grandes contrataciones como el hospital de Vigo, que supera los 300 millones.

Aunque todas las consellerías recurren a este sistema, la de Medio Rural es la que más destaca. También ha empleado muy recientemente el mismo método la Fundación Deporte Galego, que el pasado 2 de diciembre repartió de una tacada 1,9 millones de euros entre 56 clubes mediante una orden firmada por el presidente de la comisión ejecutiva, el director general de Deportes, José Ramón Lete. El informe del Consello de Contas de 2006 destapó un fraude en las ayudas a federaciones y clubes deportivos, y atribuía a Lete "graves deficiencias" en su gestión de Deportes durante el mandato de Manuel Fraga.

En este caso, ninguno de los clubes seleccionados supera el límite legal de 60.000 euros sin IVA que la ley establece para los contratos a dedo, listón que se han saltado en abundantes ocasiones otros departamentos del Gobierno gallego acogiéndose a las excepciones que establece la ley. Es lo que hizo la Presidencia de la Xunta para contratar "sistemas de alimentación ininterrumpida para los nodos de la red corporativa de la Xunta" (254.310 euros); Educación, para "las actividades Abrapalabra e ola, ola, la!" (206.800 euros), y Medio Rural, para los servicios de "difusión y divulgación de información agroganadera y forestal" en Lugo y Ourense (125.000 euros cada contrato).

www.elpais.es 06.12.10

GALICIA. UN BLINDADO DE FRAGA, 31.000 EUROS 

Pesaron en la campaña electoral de las autonómicas de 2009 tanto o más que la rebaja fiscal generalizada que Feijóo prometió para 600.000 familias. Eran el símbolo "del lujo y la suntuosidad" que el PP atribuía a Touriño y, por extensión, a todo conselleiro del bipartito que osase remodelar un despacho. Pero cambió el Gobierno, y, como en el caso de la bajada del IRPF, nunca más se supo de aquellos audis. En realidad, del Audi, porque de los tres blindados que había en el parque móvil de la Xunta, el gabinete del presidente socialista había comprado uno por 480.000 euros, frente a otros dos acorazados que por un precio similar (300.000 euros, pero siete años antes) se habían adquirido para Manuel Fraga, el primero en septiembre de 2001 y el segundo catorce meses más tarde. 

Los tres blindados siguen hoy en las instalaciones de un grupo de concesionarios de Santiago, Noyamóvil, que comercializa Citroën y Lancia, entre otras marcas, y proveedor habitual de la Xunta, y que se hizo con ellos a cambio de pagar a la Consellería de Presidencia 330.000 euros en especie (entregó coches que el Gobierno gallego prometió destinar a servicios sociales). 

Y no parece que tengan mucha salida en el mercado de segunda mano las berlinas blindadas con inhibidor de frecuencia y sistema antibombas durante esta época de crisis. En el escaparate de Noyamóvil conviven desde hace meses los dos vehículos de Fraga junto a pequeños utilitarios diésel y fáciles de aparcar, mucho más demandados como vehículos de ocasión. Ambos tienen el mismo precio, 31.000 euros. 

El más antiguo, matriculado en septiembre de 2001, cuenta con tracción a las cuatro ruedas, 4.200 centímetros cúbicos en su motor a gasolina, cristales a prueba de explosivos, y blindaje especial, como el que salvó al ex presidente del Gobierno José María Aznar del atentado de ETA. Entre la tapicería de cuero sobresale el teléfono con cables desde el que daba órdenes Fraga en medio de sus maratonianas jornadas en la carretera. El cartel detalla incluso el número de kilómetros, 157.323, y ofrece garantía de un año para el que se lleve este turismo "full equip". 

El equipamiento del otro Audi A8 que transportaba a Fraga cuando gobernaba Galicia es similar: también cuenta con asistente de aparcamiento mediante sensores (una auténtica revolución tecnológica a principios de 2000) y en cada lateral tiene incluso soportes para colgar esas banderitas que tanto lucen en las cumbres internacionales. Si bien en este caso, no hay anuncio que explicite las características del vehículo, y los vendedores de tienda tampoco ofrecen demasiados datos porque "esos modelos los gestiona directamente la dirección". "El que puede comprar uno de esos coches habla directamente con la dirección", admite un comercial. 

En cuanto se menciona el tercer Audi, el de la polémica, el que usó el PP en campaña para decir que era "más caro que el de Obama", del que algunos candidatos llegaron a decir que "tenía misiles", nadie sabe nada. Ni siquiera la dirección de Noyamóvil que le busca comprador desde hace un año. A diferencia de los otros dos, el blindado de Touriño no está en exposición y el concesionario tampoco explica el precio a los periodistas. "Bastante polémica tuvo ya ese coche", es lo máximo que acierta a decir uno de los gestores, al otro lado del teléfono. Después de meses acumulando polvo en los sótanos de la Xunta, el Audi de Touriño espera chófer en algún garaje de Santiago. 

(www.elpais.com, 31/10/10)

"NÚÑEZ FEIJÓO QUIERE QUE EL PASADO SIGA ENTERRADO... EN LAS CUNETAS" 

La negativa del Partido Popular de Galicia a identificar a las víctimas del franquismo irritó el pasado miércoles a la oposición, más por la forma que por el fondo, ya que el rechazo a una proposición de ley para localizar a los represaliados de la Guerra Civil presentada por los socialistas era aguardado. "Esperábamos, en cambio, una reacción más ética", explica Concepción Burgo (PSdeG), que calificó las palabras de Agustín Baamonde (PPdeG) de "duras" y "unidas a valores del pasado que hoy nadie debería asumir".  

El parlamentario conservador advirtió en el Parlamento de Galicia del peligro que supone, a su juicio, "revivir fantasmas" del pasado y llegó a decir que "un abuelo falangista lo tiene cualquiera". El nacionalista Bieito Lobeira dejó claro que no era su caso y se encargó de recordarle que tres tíos suyos fueron ejecutados por el régimen. Ayer, el propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, insistió en los argumentos de Baamonde y aseguró que la Guerra Civil está "superada" y que los socialistas sólo buscan rentabilidad política.  

- La postura contraria del PP a que se localicen los desaparecidos deja en manos de las universidades gallegas, a través del proyecto Nomes e voces, esa tarea. 

- El rechazo era previsible, pero dado que era una propuesta de ley abierta a todas las víctimas, esperábamos una reacción más ética y no unida a unos valores que no asume ninguna derecha europea, que ha condenado el franquismo y otras muchas atrocidades que ocurrieron en sus respectivos países. No esperábamos una respuesta tan virulenta, que nos enseña que en el PP queda una derecha poco civilizada, alejada del centro, unida a valores del pasado y que parece querer imponer sus ideas sobre las de los demás. Algo que consideramos lamentable. 

- Feijóo comentó que sentía un "respeto profundo para los abuelos que se mataron entre sí", aunque esa afirmación resulta tan inexacta como la de los "abuelos falangistas" de Baamonde. 

- En Galicia no hubo guerra y fundamentalmente hablamos de represaliados. Desde el primer instante, la represión fue muy fuerte y terminó, según algunos historiadores, con unos 7.000 muertos. Me dolió el desprecio que utilizó contra las víctimas cuando dijo que el pasado tenía que quedar enterrado, lo que quiere decir enterrado en las cunetas. En cuanto a Feijóo, es terrible, porque las denigra. En Galicia no se mataron entre sí: solo murió una parte, la que sufrió la represión.  

- El PP les acusa de buscar la rentabilidad política. 

- Feijóo se contradice. Si es algo del pasado y está enterrado, como sostiene él, qué rentabilidad política vamos a encontrar en esos restos. La Guerra Civil está en el pasado, cierto, pero las heridas están presentes y se curan diciendo la verdad. Pero éste, el de la memoria histórica, es un terreno muy duro y difícil para ellos, donde se manejan muy mal y con mala conciencia, por lo que es normal que intenten apartar el asunto. 

- Familias y asociaciones de víctimas aseguran que la Ley de Memoria Histórica, en la práctica, no se aplica. 

- La Ley recoge el derecho de las familias a identificar a sus muertos y en Galicia la Xunta no ha hecho nada al respecto. No quiso firmar con el ministro Caamaño el convenio para realizar el mapa de fosas ni el protocolo de exhumaciones. En definitiva, han abandonado toda la política de la memoria histórica, por lo que decidimos presentar esta proposición de ley. Veíamos una indefensión de los afectados —familiares y asociaciones que tienen derecho a buscar a sus seres queridos y honrarlos públicamente— frente a la Xunta del PP, que sufre de inacción: no están haciendo nada y no quieren hacerlo. Había que denunciarlo, porque tenemos un compromiso moral con las víctimas, de nuestro partido y de otros, incluidos republicanos conservadores. 

(www.publico.es, 15/10/10)

GALICIA. FEIJÓO PERMITIRÁ MANTENER NEGOCIOS PRIVADOS A LOS ASESORES DE LA XUNTA

De forma silenciosa, en la misma Ley de Presupuestos en la que la Xunta quiere recuperar el nombramiento a dedo de los jefes de servicio, Feijóo pretende imponer un cambio sustancial en el régimen de incompatibilidades que rige para los cargos públicos. Se trata de una modificación de la norma que promovió Fraga en 1996, por la que se eximirá a los asesores de la Xunta de atenerse al sistema de incompatibilidades que deben respetar los demás cargos de la Administración autonómica.

La modificación figura entre la documentación remitida por la Consellería de Presidencia a los sindicatos para discutir hoy la reforma de otra ley, la de Función Pública. El Gobierno gallego colgará ambos cambios normativos del proyecto de Ley de Presupuestos. En la de incompatibilidades, la modificación afecta a un único artículo, el 2, en el que figura la relación de cargos públicos a los que les incumbe el régimen de control. Desaparece el personal de confianza y de asesoramiento especial, tanto de la Xunta como de organismos autónomos, sociedades y entes públicos y fundaciones, unas 200 personas, y se les sustituye por los jefes de Gabinete del presidente y los conselleiros, 11 en la actualidad. Como consecuencia de este cambio, asesores y demás cargos de confianza de la Administración gallega ya no estarán sujetos al férreo régimen que deben atender los miembros del Gobierno, secretarios generales, directores, delegados, responsables de organismos autónomos y cualquier otro puesto cuyo nombramiento se efectúe por decreto del Consello de la Xunta. Así, dejarán de ejercer sus funciones con dedicación absoluta, y podrán combinar su actividad pública con cualquier otra profesión por cuenta propia o ajena.

A diferencia de como viene ocurriendo desde 1996, también podrán ocupar cargos de dirección, representación o asesoramiento de todo tipo de sociedades mercantiles y civiles y consorcios. La reforma legal les permitirá asimismo compatibilizar el cargo en la Xunta con la percepción de pensiones de jubilación, y cobrar más de una remuneración, periódica o eventual, con cargo a los presupuestos públicos. Con su salida del ámbito de aplicación de la Ley de Incompatibilidades, asesores y personal de confianza perderán la obligación de inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho interviene empresas o sociedades en las que han participado ellos o sus familiares. También podrán poseer la titularidad de participaciones sin límite en empresas con conciertos o contratos con el sector público, ya sea estatal, autonómico o local.

La medida beneficia al personal que nombran para su asesoramiento tanto el presidente de la Xunta como los conselleiros y el resto de altos cargos, ya sean de la Administración autonómica como de organismos públicos o fundaciones. A diferencia del resto de cargos, con la modificación de la ley dejarán de estar obligados a formular las declaraciones de actividades y de bienes patrimoniales, en las que debían incluir todos sus negocios, la totalidad de sus bienes y obligaciones y las participaciones en todo tipo de empresas y sociedades.

Se trata de la segunda modificación que experimenta el artículo 2 de la Lei de Incompatibilidades de Galicia en sus 14 años de existencia. En 2006, el bipartito aprovechó la Lei de Transparencia y Buenas Prácticas para establecer un cambio, aunque en el sentido contrario al ahora emprendido, al extender las limitaciones a los asesores y personal de confianza de presidentes y directores de organismos autónomos, sociedades públicas y fundaciones, entre otros entes.