El PP valenciano, que lidera Francisco
Camps, ha incluido en la lista de senadores
de designación autonómica (que hoy se
elegirán en el Parlamento regional) a Andrea
Fabra, de 34 años, hija mayor de Carlos
Fabra, presidente de la Diputación de
Castellón e imputado por supuestos delitos
de tráfico de influencias. Ayer mismo,
Carlos Fabra se aumentó un 10% el sueldo
(hasta los 92.400 euros) y sumó 10 asesores
más a los 23 que ya tenía.
El Comité Electoral Regional del PP designó
ayer a una de las hijas del presidente de la
Diputación de Castellón para ocupar uno de
los puestos de senador de designación
territorial que hoy se han de votar en las
Cortes Valencianas. Sin haber ocupado cargo
institucional alguno y sin pasar por un
proceso electoral -ya que la propuesta es de
libre designación-, Carlos Fabra coloca a la
que, sin duda, es una de sus personas de
confianza y para la que ya trató de lograr
un puesto en las elecciones generales de
2004.
Entonces, tanto su propio partido como el
peso de las imputaciones por las que está
siendo investigado el líder del PP de
Castellón (tráfico de influencias, cohecho y
fraude fiscal) impidieron que colocara a una
de sus hijas.
Sin embargo ahora, pese a que el único cargo
que ha ocupado Andrea Fabra es el de vocal
del comité ejecutivo provincial que preside
su propio padre, el PP no ha puesto ningún
impedimento a que la propuesta sea elevada a
las Cortes Valencianas y la hija de Fabra
ocupe el puesto durante cuatro años. Junto a
ella, se votará hoy a otros dos candidatos
populares, el ex presidente de las Cortes
Valencianas Julio de España y el ex diputado
Juan Antonio Rodríguez Marín, y a los
socialistas Joan Lerma, ex presidente de la
Generalitat, y Andrés Perelló, hasta ahora
diputado autonómico.
Ricardo Costa, secretario regional del PP de
la Comunidad Valenciana y hermano del recién
elegido director del programa electoral del
PP, Juan Costa, justificó ayer la
designación de Andrea Fabra, de la que
destacó que lleva años militando en el
partido, pertenece a sus órganos de
representación y tiene "todos los derechos y
todas las cualidades" para acceder a este
cargo. Fabra tiene cuatro hijos, dos varones
y dos mujeres.
Residente en Madrid
Pozuelo de
Alarcón. Casa de Andre y Juanjo
Costa sostuvo que los senadores
territoriales constituyen un "nuevo activo"
para el partido y que trasladarán a la
Cámara alta "la voz de todos los
valencianos", ya que conocen
"milimétricamente" las necesidades de la
Comunidad Valenciana y las exigencias que
hay que plantear al Gobierno central. Andrea
Fabra reside en Madrid desde hace años, pues
está casada con el consejero de Sanidad del
Gobierno de la Comunidad de Madrid, Juan
José Güemes. Durante unos años ha formado
parte de la Fundación Telefónica a las
órdenes de Arturo Moreno.
La hija de Carlos Fabra tampoco se ha visto
exenta de la investigación del caso que
afecta a su padre, ya que la Audiencia de
Castellón aceptó la investigación de su
patrimonio y cuentas, al igual que el de sus
tres hermanos y su madre, que también está
imputada en el mismo procedimiento judicial.
Sin embargo, pese a que los datos fiscales
de la familia del líder del PP de Castellón
entre 1999 y 2004 ya han llegado al juzgado,
la abultada documentación no incluye ninguna
información relativa a Andrea Fabra. Lo que
sí figura en las diligencias es que la
futura senadora es titular de una parte de
la empresa de su padre, Carmacas, a través
de la que, según el empresario que denunció
a Fabra, se realizaban los pagos por los
"favores políticos" de los que le acusa.
También figura Andrea Fabra como propietaria
de un chalé en Pozuelo de Alarcón y
copropietaria de otro chalé en Les Platgetes
de Bellver (Oropesa).
Mientras tanto, el primer pleno de la
Diputación de Castellón aprobó ayer la
subida de sueldo de su presidente, Carlos
Fabra, que pasará a cobrar 92.400 euros en
catorce pagas, lo que supone un incremento
del 10% respecto al sueldo que percibía
durante el anterior mandato. Sus
vicepresidentes, que han pasado de cuatro a
seis, cobrarán 69.300 euros (lo que supone
un incremento de 10.000 euros). Tal como
ocurre desde que llegó a la presidencia de
la Diputación, y pese a su generosa
remuneración, Fabra no tiene dedicación
exclusiva.
Además, el pleno de la
Diputación castellonense aprobó ayer el
nuevo elenco de cargos de libre designación
que, en el caso del PP, asciende de 23 a 33
personas. Junto a los tres asesores
designados por el PSPV y el correspondiente
a Bloc Nacionalista Valencià, ambos en la
oposición, el conjunto de asesores costará a
las arcas públicas cerca de 1,2 millones de
euros anuales.
www.elpais.es
17.07.07