" QUE LOS TRABAJADORES
ESTÉN TRANQUILOS, AQUÍ ESTÁ EL PP "
( María Dolores Cospedal García. 06/06/10 )
LAS NOTICIAS, TAL CUAL
MÁS DE SEIS MILLONES DE PARADOS
La EPA cifra en 6.202.700 el número de desempleados y la tasa de paro en el
27,16%
Nunca antes en España había habido tantas personas sin trabajo
El número de ocupados también empeora y retrocede a niveles de hace una década
Mientras los mercados alivian la presión, el paro no da tregua. La prima de
riesgo ha caído y se ha alejado de las zonas críticas que habitaba el verano
pasado. En cambio, España ya cuenta con más parados que nunca, 6,2 millones, la
tasa de desempleo supera el 27% —entre los jóvenes el 57%— y el mercado laboral
apenas afloja el ritmo de destrucción de empleo: 322.300 puestos de trabajo
menos en un trimestre que hay que sumar a los 3,5 millones que ya se habían
destruido previamente, según la Encuesta de Población Activa del primer
trimestre de 2013. Los síntomas de agotamiento en el mercado laboral se agolpan
y el horizonte de mejora todavía queda lejos.
La segunda recesión de esta ya larga crisis, que comenzó a mitad de 2011, deja
hasta ahora un balance distinto al de la primera. El perfil del empleo que se
está destruyendo es muy distinto del que se evaporó a comienzos de la crisis. En
2008 y 2009, básicamente perdieron su trabajo jóvenes menores de 35 años poco
formados que tenían contratos temporales y trabajaban en la construcción o en la
industria afín. Ahora, sin que haya cesado la sangría por esta vía, la
destrucción de puestos de trabajo ya no hace discriminación alguna por edades,
también se ceba quienes tienen contratos fijos y erosiona sectores hasta ahora
inmunes, como los empleados públicos y los cualificados.
“Todavía quedan varios trimestres, posiblemente un año para que volvamos a una
situación similar a la de la primera mitad de 2011”, de tímida mejora del
empleo, pronostica el catedrático de Economía Josep Oliver, en línea con lo que
apuntan los servicios de estudios privados o los organismos internacionales.
“Desde este punto de vista, lo que va a hacer mañana [por este viernes] Rajoy,
es crítico”. Para entender lo que está pasando en el mercado laboral, Oliver
cree esencial señalar que hay un antes y un después del verano de 2011 y la
crisis de confianza en el euro que se desató entonces. Para ello da un dato, el
43% de todo el empleo destruido durante la crisis ha llegado después de ese hito
y España suma un año completo con tasas de destrucción de empleo superiores al
4,5%. Por eso, para él es fundamental lo que vaya a hacer este viernes el
Gobierno o lo que suceda en Italia con la formación del nuevo Gobierno,
precisamente la confianza en la supervivencia del euro se resquebrajó hace ya
casi dos años por lo que sucedió en Roma con Berlusconi en el Ejecutivo.
Para combatir esa crisis de confianza, Europa optó por recetarse a sí misma una
dieta rigurosa de austeridad. Y eso, si se analiza el mercado laboral, se ha
traducido directamente en la caída del empleo público. Más aún en España, donde
la reforma laboral aprobada en febrero del año pasado contenía varios cambios
dirigidos a facilitar el despido en este colectivo. La consecuencia en el último
año ha sido la destrucción de 260.000 empleos en la Administración, sobre todo
en las comunidades autónomas. Esta caída, sin embargo, no se ha notado en las
empresas públicas, que en el último año han aumentado su plantilla agregada en
11.600 personas, casi 160.000. Y eso, pese a que el Ejecutivo anunció que iba a
reducir el número de empresas públicas.
El alivio de Semana Santa no llegó
La jibarización de la Administración agudiza el batacazo del sector servicios,
que en el primer semestre perdió 170.500 empleos. Ni la Semana Santa, que este
año cayó en marzo, evitó el golpe. También perdió efectivos la industria. La
caída de los servicios públicos y del sector secundario se traslada directamente
a la rescisión de contratos fijos, que en el último año ha perdido 384.500
empleos indefinidos.
También el trabajo temporal ha sufrido la dureza de la recesión en el último
año, 414.000 eventuales se han quedado en paro. Esto explica la caída de la tasa
de temporalidad a un históricamente bajo 22%. La lucha contra los contratos
eventuales ha sido una batalla que ha ocupado a todos los Gobiernos, de
cualquier color político. Lo triste es que la reducción de la llamada dualidad
del mercado de trabajo llega por la destrucción de empleo y no por el éxito de
las políticas de empleo.
Desde que la crisis comenzó a hacer mella en el empleo ya han pasado cinco años
y medio. Los momentos de alivio han sido breves y escasos y eso se aprecia en
datos como el paro de larga duración. En este tiempo, el número de parados que
lleva más de un año sin trabajo casi se ha multiplicado por ocho, hasta sumar
casi 3,4 millones de personas.
La peor cara de este dato es que la mayoría de ellos no perciben ingreso alguno.
Los servicios públicos de empleo cuentan que hay poco más de tres millones de
parados que reciben prestación o subsidio. Pero atendiendo a la norma —un parado
puede cobrar el seguro de paro durante un máximo dos años y luego un subsidio—
es lógico pensar que muchos de ellos ya han perdido esa ayuda.
También la población activa muestra los síntomas de la duración de la crisis y
las dos recesiones que arrastra España. Entre enero y marzo, el número de
personas en edad y disposición de trabajar encadenó cuatro trimestres a la baja
por primera vez. Perdió 234.000 efectivos y quedó en 22,8 millones.
El desánimo laboral explica este comportamiento que se ha traducido en el último
año en la salida de España de decenas de miles de extranjeros, que ante la falta
de expectativas laborales —la tasa de paro entre los no españoles es del 39,2%—
deciden regresar a sus hogares.
Hay otro punto en el que se nota, el número de inactivos que han pasado a este
colectivo porque han perdido la esperanza de encontrar un empleo ha crecido en
el último año y ha pasado a ser de 476.000 personas. En solo un año este
colectivo ha pasado del 1,4% al 2,7% del conjunto de inactivos.
"Que no ciegue el mal dato"
Con estas cifras sobre la mesa, el Gobierno ha optado por dejar las valoraciones
en manos de los segundas espadas del Ministerio de Economía, Fernando Jiménez
Latorre, y de Empleo, Engracia Hidalgo. Ni Rajoy ni la ministra de Empleo,
Fátima Báñez, ni los responsables de carteras económicas hicieron valoración
pública alguna. Jiménez Latorre optó por un análisis técnico al afirmar que el
mal dato se debía a “a la profundidad y la duración de recesión”.
En el PP, las valoraciones quedaron en manos del portavoz oficial, Carlos
Floriano, que pidió “que no ciegue ese mal dato para comprobar cómo la política
económica está dando buenos resultados a nivel macroeconómico”. Por el PSOE, en
cambio, sí que habló su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque lo
hizo por Facebook: “Nadie duda de que su reforma laboral [en referencia a Rajoy]
y su desastrosa política económica solo producen sufrimientos estériles”.
Sí que hizo una valoración pública el secretario general de CC OO, Ignacio
Fernández Toxo: “Es un día negro porque viene a constatar las peores previsiones
que alguien pudiera haber realizado, es una situación dramática, ya no valen
paños calientes o lamentarse con que nos imponen políticas desde la Unión
Europea”, informa Mercè Pérez. UGT, por su parte, exigió al Gobierno un gran
pacto por el empleo porque el dato “refleja de forma palmaria que el principal
déficit es el de empleo”.
A la hora del análisis, CEOE optó por destacar la desaceleración de la
destrucción de empleo, que en términos anuales era del 4,78% a finales de 2012 y
del 4,58% en el primer trimestre. “Es necesario seguir apostando por medidas de
flexibilidad en el mercado laboral”, defendió en el capítulo de propuestas.
http://economia.elpais.com/economia/2013/04/25/actualidad/1366872244_350515.html
NUEVA FÓRMULA PARA REVISAR LAS PENSIONES
• Un informe remitido por Empleo aboga por retrasar la edad de retiro
• También propone subir el tiempo para cobrar la pensión máxima y cambiar el
vínculo con el IPC
• Las medidas entran en las posibles consecuencias de la revisión del factor de
sostenibilidad
El Gobierno ha creado un grupo de expertos para que le ayude a definir la gran
reforma de pensiones que se avecina: la creación del factor de sostenibilidad.
Pero más allá de lo que digan esta docena de sabios, el Ejecutivo tiene claros
varios conceptos. Primero pretende que afecte a todos los jubilados, presentes y
futuros; segundo, sabe los cambios que quiere y su dirección: aumentar la edad
de jubilación —plantea la posibilidad de que vaya más allá de los 67 años
después de 2027—, desligar la marcha de las pensiones del IPC y exigir más
tiempo cotizado para cobrar la totalidad de la pensión. Pocas opciones más caben
cuando se habla de crear una fórmula automática que ajuste los parámetros
básicos de un sistema de pensiones, el llamado factor de sostenibilidad. Tal vez
una, subir los ingresos, es decir, más cotizaciones. Pero el mismo documento de
la Seguridad Social que apunta las líneas a seguir descarta esta última.
El grupo de 12 expertos se reunió por primera vez el pasado miércoles. Dos días
después sus componentes recibieron una memoria, de 51 páginas, titulada Informe
sobre el factor de sostenibilidad, en el que la Seguridad Social señala la
dirección partiendo de lo que han hecho otros países de la Unión Europea. El
informe no plantea un catálogo de reforma cerrado. Pone sobre la mesa los
parámetros a modificar y señala diversas opciones para cada caso. Pero sí deja
un punto muy claro: quiere que esta vez la reforma afecte a pensionistas
presentes y futuros. “El factor de sostenibilidad debería afectar a las
pensiones iniciales y a las existentes”, apunta en la página 14.
Esta frase no es baladí. Si la reforma afectara solo a los jubilados futuros, el
ahorro que procediera de ella se notaría muy poco al comienzo. En cambio, si ya
lo notan los jubilados actuales aumenta su potencial de ahorro desde el
principio.
Báñez dice a los sindicatos que este viernes no se tocarán ni las pensiones ni
el paro
En la misma oración, el documento matiza: “Las modificaciones aprobadas hasta la
fecha en la UE inciden de manera más específica sobre las pensiones iniciales”.
Pero no cierra el párrafo sin dejar claro incluso por donde puede afectar la
reforma a los pensionistas actuales: “Existen mecanismos de modificación de los
sistemas de indexación”. Es decir, que el Gobierno quiere acabar con la relación
directa que hay entre la marcha del IPC y la actualización anual de las
pensiones.
“La revalorización de pensiones supone un coste muy importante para los sistemas
de Seguridad Social”, continúa el documento. Para demostrarlo, pone cifras: de
los casi 100.000 millones de euros que se gastaron en pensiones contributivas en
2011, 26.860 procedían de las revalorizaciones anuales.
¿Y qué propone el Ejecutivo para aliviar la carga? Apunta dos posibilidades. La
primera toma como ejemplo lo que sucede en Alemania, donde además de los precios
se tiene en cuenta la relación entre cotizantes y pensiones. La segunda plantea
que se tenga en consideración la marcha del PIB, los ingresos y la ratio
cotizantes/pensiones, lo que se traduce en “una posible propuesta” de usar una
relación entre ingresos y gastos de la Seguridad Social. En el ejercicio de
simulación que hace el documento, se muestra que cualquiera de las dos fórmulas
se hubiera traducido en los últimos años en incrementos menores que el IPC.
Cambiar el mecanismo de actualización anual atañe solo a un parámetro. Pero hay
dos más que probablemente acabarán cambiándose con el factor de sostenibilidad.
Uno de ellos es la edad de jubilación, que el Ejecutivo plantea que vaya más
allá de la edad legal de jubilación a los 67 años después de 2027, cuando acaba
el periodo transitorio que ha comenzado este año y que irá elevando la edad de
retiro paulatinamente de 65 años a 67. Sería ya en 2028, cinco años antes de lo
que contemplaba la reforma de pensiones de 2011. En ella se recogía la
obligación de crear el factor de sostenibilidad en 2027, que actuaría por
primera vez en 2032.
No es la única posibilidad que plantea este documento sobre cambios en la edad
de jubilación. El Gobierno también abre la puerta a no mover los 67 años como
edad legal, pero compensándolo con la opción de acabar con la excepción que
permite retirarse a los 65 años cuando un trabajador acumula una carrera de
cotización larga (38,5 años).
Por último, la Seguridad Social propone exigir más de 37 años para tener derecho
a cobrar la pensión completa. De hecho, el informe hace referencia a que en
Europa el listón suele estar en 40 años.
Todas estas propuestas acabarán se van a analizar por el comité de expertos, que
elaborará su propio informe a finales de mayo. De ahí pasará al Congreso, donde
el Gobierno puede sacar adelante sus propuestas asentado en su mayoría
parlamentaria.
http://economia.elpais.com/economia/2013/04/24/actualidad/1366805584_486344.html
LOS COSTES DEL DESPIDO PARA LAS EMPRESAS BAJAN UN 23% CON LA
REFORMA LABORAL
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El descenso medio de lo que cuesta reducir plantilla coge fuerza en el
cuarto trimestre
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Los costes salariales por trabajador sufren su mayor descenso en 17 años
con un 3,6%
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España es el país de la UE donde más bajan los salarios
La entrada en vigor de la reforma laboral el pasado febrero ha permitido a
las empresas reducir con fuerza el dinero que se gastan en despidos. Según
los datos que ha publicado este viernes el INE, el coste medio por
trabajador de los despidos ha bajado un 23% en el cuarto trimestre de 2012
con respecto al mismo periodo de 2011. El descenso es el más acusado
registrado desde el inicio de la crisis y confirma que cada vez es más
barato despedir.
La reforma laboral, que empezó a funcionar en el segundo trimestre,
generalizó el contrato con una indemnización de 33 días por año trabajado,
facilitó los expedientes de regulación de empleo con 20 días por año y abrió
la puerta a los despidos colectivos en la Administración. En los tres
primeros meses de aplicación, el descenso en los costes por ajustar
plantilla fueron del 12%. En el tercer trimestre, la caída se agudizó hasta
el 17% y, en el tramo final de 2012, alcanzó el 23%.
La evolución a la baja en los costes del despido ha tenido lugar al mismo
tiempo que se seguía destruyendo empleo en España, que va ya por su sexto
año consecutivo de aumento del paro. Sin embargo, mientras los ajustes de
plantilla realizados al inicio de los problemas se cebaron en los
temporales, más baratos para las empresas en caso de despido, la
persistencia de la crisis ha acabado por llevarse por delante también a un
buen número de indefinidos. A este respecto es destacable que el mayor
descenso de los costes por despido haya tenido lugar mientras los que salían
de las empresas eran los que tenían contrato fijo, lo que confirma que el
primer efecto de la reforma laboral ha sido el de abaratar el despido pese a
que fue concebida para atajar el paro y animar la creación de empleo.
Además del coste medio por trabajador que las empresas destinan a los
despidos, también bajan con fuerza las percepciones no salariales, que
registran un descenso del 15,6%. Este recorte se explica, añade el INE "por
el descenso de las indemnizaciones" y de otras percepciones no salariales
como pagos compensatorios, pequeño utillaje, ropa de trabajo o selección de
personal.
Fuera del apartado de los despidos, el dinero que las empresas destinan a
pagar el salario de sus trabajadores desciende un 3,6% a cierre de 2012 con
respecto a un año antes, lo que equivale al mayor recorte de los sueldos en
17 años. La media, según la encuesta del INE, baja a 1.946 euros. Si a esta
cantidad se le suman las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social,
que ascienden a 569 euros, el coste laboral también cae, un 3,2%, hasta los
2.598 euros de media.
En cuanto a las horas trabajadas, la jornada laboral se reduce un 1%, con lo
que el coste laboral por hora desciende en un 2,2%.
http://economia.elpais.com/economia/2013/03/15/actualidad/1363348216_230959.html
LA REFORMA LABORAL NAUFRAGA
Un año después de su aprobación, la ley no ha
servido ni para crear empleo ni para detener el paro, los objetivos con que
fue concebida
El tiempo no pasa en balde, y aquellos
propósitos con que nacía la reforma laboral hace un año parecen ahora
ciencia ficción. "La reforma propuesta trata de garantizar tanto la
flexibilidad de los empresarios en la gestión de los recursos humanos de la
empresa como la seguridad de los trabajadores en el empleo y adecuados
niveles de protección social. Esta es una reforma en la que todos ganan,
empresarios y trabajadores, y que pretende satisfacer más y mejor los
legítimos intereses de todos", dice el texto aprobado por el Gobierno del PP
en febrero de 2012.
El resultado: la tasa de paro ha aumentado un
13,2%, el número de ocupados se ha reducido en 850.000 personas, el despido
por causas objetivas (indemnizado con 20 días por año) se ha incrementado un
49%, los expedientes de regulación de empleo han aumentado un 66%, y los
sueldos han perdido poder adquisitivo a medida que pasaban los meses y los
descuelgues salariales promovidos por las empresas hacían acto de presencia.
Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha habido 30.000
trabajadores afectados por la inaplicación de los convenios.
A la vista de estos efectos, hasta quienes
apoyaban la nueva legislación ahora se muestran mucho más cautos que hace un
año. E incluso se plantean repetir la frase que incluye la exposición de
motivos de la ley, eso sí, referida a anteriores reformas del PSOE: aunque
bienintencionada, ha sido fallida.
"El balance del primer año de la reforma es que
ha sido desequilibrada e incompleta. Por el lado positivo, ha facilitado la
flexibilidad interna y, en consecuencia, ha permitido que en muchos casos en
lugar de recurrir a despidos se hayan ajustado las condiciones (horas,
salarios) para evitarlos y hacer frente a la situación adversa. Sin embargo,
dado el momento de crisis en que estamos, también ha facilitado mucho la
flexibilidad externa (despido por causa objetiva) y se ha producido una
verdadera sangría de puestos de trabajo. Esta medida no debiera haberse
tomado en situación de crisis económica, sino más tarde. Tampoco ha evitado
de ningún modo la dualidad contractual. Se siguen haciendo contratos
temporales a pesar de las reformas introducidas, y por tanto para esto
tampoco ha servido", sostiene Sara de la Rica, catedrática de Economía de la
Universidad del País Vasco e investigadora de Fedea.
El paro aumenta un 13% en el último año y los
despidos baratos un 49%
Para los sindicatos mayoritarios, los efectos
del primer año de la ley no han podido ser más adversos. "La reforma laboral
impuesta por el PP ha confirmado nuestros peores presagios. Ha incumplido
sus objetivos, puesto que no ha creado empleo ni reducido el paro. La
contratación ha caído con carácter general un 3,6%, la ocupación ha bajado
el 5% y el paro ha aumentado el 13%. Lo que demuestra el fracaso de las
políticas basadas en los recortes y en la reducción de los derechos de los
trabajadores", afirma Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT.
"La legislación no ha servido para generar
trabajo, sino para duplicar el ritmo de destrucción de empleo y para que los
salarios bajen en términos nominales. Ha desequilibrado la posición de los
trabajadores en relación con los empresarios, que han abusado de ella para
destruir puestos de trabajo", afirma el responsable del gabinete económico
de CC OO, Miguel Ángel García. En 2009, por cada punto de descenso PIB (que
bajó un 3,6%) se destruyeron 470.000 empleos en el sector privado, en tanto
que en 2012 se han destruido 500.000 por cada punto de caída, a pesar de que
el retroceso de la riqueza nacional haya sido del 1,3% en vez del 3,6%,
añade.
Claro que el Gobierno no está de acuerdo.
Xabier Thibault, director general de Empleo del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, hace "una valoración positiva de la reforma. Como también
acaba de comunicarnos el Fondo Monetario Internacional. Pretendíamos
sustituir flexibilidad externa por flexibilidad interna para evitar una
mayor destrucción de empleo y así ha sido. Las empresas están reduciendo las
condiciones de trabajo de sus plantillas en vez recortar el empleo". En su
opinión, si no se hubiera puesto en marcha, la pérdida de puestos de trabajo
hubiera sido muy superior a la actual. Aunque el ministerio no ofrece datos
sobre la aplicación de las medidas alternativas al despido, Thibault asegura
que las congelaciones y rebajas de sueldos han permitido salvar los 30.000
empleos que se han visto afectados por los acuerdos de descuelgue.
La flexibilidad interna empieza a dar frutos en
algunas empresas, como así corrobora el responsable de recursos humanos de
Logista, Ramón Cuellas, que ha utilizado la reducción de la jornada para
esquivar los despidos. Según Cuellas, la reforma laboral ha facilitado el
ajuste de la economía que no se podía hacer devaluando la moneda y que en el
futuro sí contribuirá a que se cree empleo.
Las medidas de flexibilidad evitan 30.000
extinciones, según Empleo
Aunque esta estrategia no es precisamente la
más extendida, según aseguran algunos de los directores de recursos humanos
que se han encargado de implementar las medidas que incorpora la nueva
regulación. "Las empresas nos hemos lanzado a prescindir de personal de
mucha antigüedad en este primer año y no hemos aprovechado las medidas de
flexibilidad interna que reclamábamos", indica la responsable de personal de
una multinacional que pide anonimato y que "ha aplicado la reforma laboral
para abaratar costes de despido, gracias a indemnizaciones de 33 días en vez
de 45".
"Sabíamos que el primer efecto de la reforma
iba a ser la destrucción de empleo, pues muchas compañías estaban esperando
la regulación para despedir, que es lo que han hecho. Y ello, junto a la
contención de los salarios, ha permitido que la productividad de las
empresas aumente. Si se hubiera aprobado la legislación en otro escenario
económico menos adverso, no se habría destruido empleo", sostiene la
profesora de IE Business School Gayle Allard, quien confía en que, una vez
que crezca la economía a finales de este año, esta normativa ayude a generar
puestos de trabajo. Algo que también comparte David Díaz, socio del despacho
de abogados Baker & McKenzie, quien cree que a la recuperación le queda más
tiempo.
"Pensar que con una legislación se puede
arreglar la situación del mercado laboral español es engañarnos. Y en todo
caso, hasta que no se produzca la expansión económica, la ley no podrá
mostrar sus efectos positivos", mantiene Miguel Ángel Malo, profesor de
economía de la Universidad de Salamanca. En su opinión, es difícil valorar
qué parte del deterioro del mercado de trabajo se debe a la reforma y qué
parte al empeoramiento económico, agudizado tras el verano.
Malo considera que en lo que más se aprecia la
introducción de la ley es en la redistribución de los tipos de despido, ya
que ha eliminado el despido exprés y llevado las indemnizaciones de 45 días
por año trabajado hacia 20 días; y en el deterioro de la calidad del empleo.
Rebaja salarial y cambios de jornada y turnos,
las medidas más usadas
El magistrado José Ángel Folguera lo tiene
claro. En los juzgados madrileños ahora entran unas 18.000 demandas de
despidos al mes, en vez de las 12.000 mensuales del año pasado. Y las
cantidades que reciben los afectados tras la conciliación han pasado de 33
días por año trabajado a unos 25. "La reforma ha reducido el coste del
despido y no ha generado puestos de trabajo alternativos", sostiene. El juez
aprecia que las empresas empiezan a usar la movilidad geográfica y
funcional, "pero sin comparación con el despido, que es por donde han tirado
los empresarios, aunque acarree mayores gastos públicos en prestaciones por
desempleo".
Entre las medidas de flexibilidad interna, Malo
apunta al ajuste salarial y de horas de trabajo como las más utilizadas por
las empresas. No hay datos para avalar esa percepción. Solo se exhiben en el
caso de las regulaciones de empleo, donde la estadística oficial indica que
las suspensiones temporales de empleo o de reducción de jornada son el 80%
de los despidos colectivos.
El contrato estrella de la reforma se salda con
83.400 beneficiados
Entre los beneficiarios de las prestaciones por
desempleo las resoluciones de contratos con motivo de la aplicación de la
modificación sustancial de las condiciones de trabajo han aumentado un 93% y
las provocadas por movilidad geográfica lo han hecho un 54%. Aunque, sin
duda, han sido mucho más numerosas las resoluciones de contratos voluntarias
que, en opinión de los sindicatos mayoritarios, responden a la presión de
los empresarios por modificar las condiciones de trabajo de sus empleados
unilateralmente y, en caso de no aceptar, desprenderse de ellos.
Thibault aprecia movimientos en la negociación
colectiva. "Los negociadores por fin interiorizan que es mejor reducir
condiciones laborales para salvar el empleo. Y si en los primeros meses de
aplicación de la reforma laboral se recurría al descuelgue en algo más de 30
convenios colectivos al mes, en enero ya ha ocurrido en más de un centenar.
Y esa es la flexibilidad interna que persigue la ley".
Una ley cuyos mayores defensores, además del
Gobierno, son los trabajadores autónomos, a falta del balance de la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que ha
rechazado pronunciarse. La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos
(ATA) asegura que la reforma laboral ha servido para que 42.000 autónomos
más se conviertan en empleadores y generar 74.000 empleos netos. El
ministerio señala que el contrato estrella de la reforma, el denominado
contrato de apoyo a emprendedores, ha funcionado, con unos 77.000
trabajadores dados de alta entre febrero y diciembre, lo que para UGT apenas
representa un 7,6% del total de los contratos indefinidos. Hasta enero,
Empleo asegura que se han sellado 83.371 contratos.
Si hay una crítica generalizada que se le hace
a la aplicación de la reforma laboral, esa es que no haya avanzado nada en
el terreno de las políticas activas de empleo. "Clama la ausencia de
desarrollo de las políticas activas. A la ley le ha fallado esta pata y está
desequilibrada", sostiene Miguel Ángel Malo. "Falta que se agilicen los
convenios entre las agencias de colocación privadas y los servicios públicos
de empleo para que de verdad ambos funcionen como agencias de colocación. Y
tomarse muy en serio la reforma de los cursos de formación de desempleados,
que no funcionan", apoya Sara de la Rica.
Sin el fondo a la vista
Desde que empezó la crisis económica los
asalariados han perdido 55.000 millones de euros de participación en la
renta nacional. Esa renta se ha trasvasado a los empresarios, afirma el
economista de CC OO Carlos Martín, "que la han utilizado para enjugar sus
deudas. El factor trabajo se ha usado como un banco indirecto ante la falta
de financiación", dice.
"Se han dedicado muchos esfuerzos a la reforma
laboral y muy poco a la creación de empresas y tejido productivo. Y los
efectos de la ley han sido pocos o nulos porque las herramientas de
flexibilidad no han ido acompañadas de medidas de mejora de la
competitividad", sostiene Joan Torrent, director de la UOC Business School.
Torrent añade que en EE UU se ha demostrado que las legislaciones flexibles
no han creado puestos de trabajo una vez que ha llegado la recuperación
económica.
En España la mayor parte de las previsiones
indican que el despegue económico se trasladará a 2014 y, entonces, se
podría comenzar a crear empleo. Pero, entre tanto, los expertos consultados
creen que el Gobierno debería impulsar un plan de choque para que los
desempleados sin cualificación no se enquisten en el paro estructural.
Atacar solo el paro juvenil, como prevé el Ejecutivo, siguiendo los mandatos
de Bruselas, no es la solución, aseguran. Hace falta rebajar las
cotizaciones sociales para animar la contratación de este colectivo. Poner
el acento en las políticas activas de empleo en lugar de las pasivas para
que se cumpla la estimación optimista de la profesora Gayle Allard de que a
finales de este año se empiece a crear empleo porque, con el descenso de la
población activa, solo hace falta un alza del PIB del 0,8%.
El ministerio dice que lo tiene previsto a
corto plazo, igual que hace un año. "Estábamos y estamos expectantes de que
se firmen los convenios de colaboración público-privados para trabajar en la
reducción del desempleo y, por tanto, el coste para las arcas públicas de
las prestaciones, pero no se ha hecho nada", mantiene Enrique Sánchez,
presidente de Adecco, quien también considera que con la intervención de las
empresas de trabajo temporal se reduciría la dualidad laboral, tal y como
propugna la reforma y no ha hecho.
Desde el despacho de abogados Uría Menéndez se
destaca como positivo el hecho de que la ley aprobada por el PP haya
rebajado considerablemente el absentismo laboral, sobre todo en el sector
público. Otra pequeña mejoras es que se ha incrementado la contratación a
tiempo parcial.
Si hay algo destacable en medio de un año de
crisis y en el que la conflictividad ha aumentado mucho con motivo de la
reforma, tal y como señala la consejera delegada de ING en España, Carina
Spzilka —que se apresta a señalar que su empresa no ha aplicado la ley
porque no ha despedido trabajadores, sino al contrario—, es que en el
exterior se aprecia que España ha ganado competitividad.
http://economia.elpais.com/economia/2013/02/08/actualidad/1360352966_418761.html
LA REFORMA ACELERA LA CAÍDA DEL EMPLEO
La recesión actual es más dañina para el mercado laboral que la
de 2009
El año pasado, por cada punto perdido de PIB se destruyeron
531.000 trabajos
Ninguna reforma del mercado de trabajo crea empleo en plena
recesión. Este axioma se comparte en todo el orbe laboral. En cambio, sí se
le exige a una norma de ese calibre que frene la caída. Eso buscaba la
promulgada en febrero de 2012. Casi 12 meses después, se concluye que no lo
ha logrado. El paro ha pasado del 22,8% al 26%. Incluso cuando se compara lo
sucedido durante el último año con lo que pasó en 2009, otro año nefasto
para el empleo como consecuencia de una recesión, se observa que el desplome
se ha acelerado. Y esto sucede en un mercado laboral que no ha dejado de
caer en el último lustro.
Hace cuatro años se trituraron 1,2 millones de empleos, en 2012
han sido 850.000. En cambio, mientras en 2009 la economía española cayó a
una media del 3,7%, el año pasado lo hizo al 1,3%. Lo mismo sucede si el
foco se centra solo en los asalariados, el colectivo al que afecta la
reforma laboral: en el peor trimestre de la Gran Recesión la caída llegó a
406.000 empleos por cada punto que se perdía de PIB; ahora, en el trimestre
menos malo el trompazo ha sido de 531.000 por punto de PIB. La diferencia se
agudiza cuando la comparación se realiza teniendo en cuenta solo a los
asalariados que tienen trabajo fijo.
"Estos cambios tienen que hacerse cuando hay crecimiento",
recalca el profesor Dolado
La reforma laboral tenía por misión corregir un mal endémico de
España: la gran cantidad de empleo que destruye cada vez que llega una
recesión. Para eso facilitó a las empresas bajadas de sueldo unilaterales,
traslados o reducciones de jornada. Se pretendía que esa, la llamada
flexibilidad interna, fuera la primera opción ante los problemas económicos.
Pero en la misma ley se facilitó y abarató el despido. “Este tipo de
reformas tienen que hacerse en época de crecimiento. Entonces se crea
empleo. Ahora su efecto inmediato es más destrucción, aunque a medio plazo
tendrá efectos positivos”, analiza Juan José Dolado, profesor de Economía de
la Universidad Carlos III, partidario de profundos cambios en la legislación
laboral.
“Puedo estar de acuerdo con algunos elementos de la reforma, pero
desde luego no con el momento en que se aplicó”, añade Jesús Cruz Villalón,
catedrático de Derecho Laboral. “Las reformas laborales tienen que acompañar
al ciclo económico y puede hacer más suave o más intensa la destrucción de
empleo. Y esta la ha hecho más intensa”, añade.
Menos temporales
La temporalidad ha caído al 23% del empleo asalariado en 2012, un
dato históricamente bajo. La reforma quiso atajar “el cáncer del mercado
laboral español”, como define el profesor Dolado el gran peso de los
contratos temporales en España. Pero esta caída no ha llegado por la acción
legislativa, sino por la destrucción de empleo.
La no renovación de contratos fue la vía por la que se evaporaron
casi medio millón de empleos en 2012, no el nuevo contrato creado en la
reforma que permite despedir sin indemnización durante el primer año. Esa
figura no ha supuesto un repunte en la contratación indefinida, que cayó un
2,2%. Solo sustituyó a otras figuras existentes, explica el laboralista Cruz
Villalón.
Las recetas para acabar con esta enfermedad varían mucho según el
médico. Dolado defiende que se imponga un contrato único sin distinción
entre fijos y temporales que tenga una indemnización creciente que, según
sus estudios, hubiera evitado el 40% del desempleo durante esta crisis.
Miguel Ángel García, de CC OO, defiende que la solución no está en los
cambios normativos, sino en el control de los abusos en la utilización de
los contratos temporales.
Para Santiago Soler, de Adecco, falta protagonismo de las
empresas de trabajo temporal. “Puede parecer una paradoja, pero en los
países de Europa donde más presencia tienen las empresas de trabajo temporal
(ETT), menos temporalidad hay. Deberíamos poder hacer contratos de formación
o recurrir el nuevo cuando nuestro cliente sea una pyme”, expone. Otra queja
de Soler está en la falta de desarrollo de las políticas activas. Está
satisfecho con que la reforma haya permitido a las ETT intermediar en el
mercado laboral, “pero todavía no se ha firmado ni un acuerdo de
colaboración con autonomías o con Empleo. Falta acción, no otra reforma”.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, discrepa. El viernes opuso
que “estaba comenzando a frenarse la destrucción de empleo”. Recurrió a
varios datos, entre ellos el paro registrado, una estadística administrativa
de mucho menos valor científico que la encuesta de población activa,
advierten los economistas. Es cierto que el trimestre más dañino para el
empleo medido en relación a la marcha de la economía es el primero de 2012,
un periodo en el que la reforma acaba de echar a andar y sus efectos apenas
se notan. Pero también es verdad que cada uno de los tres
trimestresposteriores es peor que cualquiera de la Gran Recesión, sea cual
sea el criterio que se use: ocupación total, población asalariada,
trabajadores fijos o empleados públicos.
“Los datos son tozudos. La reforma está produciendo efectos en
otros aspectos, pero no en el empleo. Buscaba que la flexibilidad interna
sea una alternativa, pero es cierto que esto todavía no llega”, admite el
secretario general de Adecco, Santiago Soler, cuya opinión conjunta de la
reforma es positiva.
La visión se endurece cuando se le pregunta a Antonio González,
miembro de Economistas frente a la crisis. “La aceleración no tiene que ver
con el PIB, sino con otra cosa. ¿Con qué? Con la reforma laboral, con el
cambio normativo. Es la única novedad respecto a 2009”, analiza el ex jefe
de gabinete de Valeriano Gómez, último ministro de Trabajo socialista.
González expone un cálculo muy preocupante: la destrucción de empleo sin
tener en cuenta la construcción crece trimestre a trimestre, sobre todo en
los últimos meses.
Cuesta entender la dimensión de la destrucción de empleo si se
tiene en cuenta que la alternativa de la flexibilidad interna sí que está
funcionando. Los salarios en convenios se están conteniendo, muchos despidos
colectivos van acompañados de reducciones de sueldo para los que no pierden
su empleo y los descuelgues de convenios se han multiplicado. Y los precios
suben al 2,9%.
Pese a la reforma, o gracias a ella, en esta recesión se está
dando el ajuste laboral por una doble vía: destrucción de puestos de trabajo
y contención salarial. “La flexibilidad interna no está siendo alternativa
al despido. La moderación no se debe a la reforma. Ya en 2010 y 2011 hay
moderación de costes laborales. Y ahora la destrucción de empleo por cada
punto de PIB ha sido el doble que en 2009”, expone Miguel Ángel García, jefe
del gabinete de estudios de CC OO.
Ahora, el ajuste laboral combina despidos masivos con descensos
de salarios
En contra de esto, Báñez recurrió el viernes a las estadísticas
de regulaciones de empleo y descuelgues de convenio para decir que solo en
el 16% de las medidas colectivas de ajuste que se aplican en las empresas se
recurre al despido. Pero este es un dato muy parcial y, en consecuencia, muy
distorsionado. El grueso de las rescisiones de contrato en España llega por
la vía individual, el 88% del total.
En línea con la postura de Báñez, está Salvador del Rey, abogado
laboralista de Cuatrecasas: “Mi experiencia me dice que la caída se debe al
contexto económico. No hay evidencias de que se haya abaratado o facilitado
el despido con las sentencias dictadas [en referencia a la veintena larga de
sentencias de nulidad o improcedencia de otros tantos despidos colectivos].
Lo que veo es que en las regulaciones que se destruyen puestos de trabajo si
no hubiera bajadas de salario, habría más rescisiones”.
No obstante, Del Rey, también catedrático de Derecho Laboral,
advierte de que sus observaciones se circunscriben al ámbito privado, y
admite que en el público sí que se destruye mucho empleo y eso lo facilitó
el Gobierno con el decreto de febrero. “La reforma da seguridad jurídica a
los ERE en la Administración, eso es así”.
http://economia.elpais.com/economia/2013/01/26/actualidad/1359234567_166589.html
LA SALIDA DE
LOS CUIDADORES PROVOCA EL PEOR NOVIEMBRE EN EL EMPLEO DESDE 2001
·
La
afiliación cae en 205.678 ocupados condicionada por los recortes en la
ley de dependencia
·
El paro
registrado aumenta por cuarto mes consecutivo y repunta en 74.296
desocupados
·
El total
de personas apuntadas al antiguo Inem marca un nuevo récord histórico
Los cambios
en la ley de dependencia, modificaciones que han motivado la salida del
sistema de 150.000 semiprofesionales que antes cotizaban, han provocado el
peor mes de noviembre para el empleo de toda la serie histórica, que arranca
en 2001, según los datos que ha publicado este martes el Ministerio de
Empleo con medias mensuales. Durante el pasado mes se dieron de baja de la
Seguridad Social 205.678 personas, lo que sitúa la cifra global de ocupados
en 16.531.048, el nivel más bajo desde marzo de 2003. Del total, 85.233
corresponden a los cuidadores de personas en situación de dependencia con lo
que, aun teniendo en cuenta esto y restando sus bajas, el dato se sitúa como
el segundo más malo para un mes de noviembre de todo este periodo por detrás
del de 2008.
Frente al
conjunto de la serie histórica, el dato representa el séptimo más malo para
el empleo del total y solo se ve superado por algunos meses de enero y
agosto de estos años de crisis.
El hecho de que
las estadísticas oficiales recojan solo 85.223 bajas asociadas a los cuidadores
cuando en realidad la salida total de personas apuntadas en este sector de
actividad fue prácticamente el doble se explica porque el Ministerio ofrece
medias mensuales de afiliación y la fecha en la que se formalizó la medida fue
el 15 de noviembre, con lo que solo se computa a la mitad de los afectados.
El secretario de
Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha justificado los resultados de
noviembre en que “reflejan la corrección estadística derivada de la afiliación
de cuidadores no profesionales de la Dependencia". Además, ha destacado que este
colectivo "no solo no incorporaba recursos al sistema, sino que trajo aparejada
un coste de 1.034 millones desde 2008 hasta ahora”.
Por su parte, el
paro registrado en los servicios públicos de empleo aumentó en 74.296 personas
en noviembre, un mes que junto a agosto y enero es el tradicionalmente más malo
para el empleo en España, pero no tanto. Tras este repunte, que representa el
cuarto mes consecutivo de subidas, el número de personas apuntadas al antiguo
Inem asciende a 4,9 millones. Nunca antes había habido tantos desocupados en la
lista del paro.
El balance
mensual del paro registrado también está condicionado por la extinción de los
convenios especiales de los cuidadores no profesionales de personas en situación
de dependencia. Sin contar con este cambio, el desempleo habría aumentado en
36.313 desocupados.
Por su parte, los
datos de la Seguridad Social y los servicios públicos de empleo limpios de polvo
y paja, esto es, corregidos de efectos estacionales, también arrojan resultados
negativos. Del lado de la ocupación, la afiliación cae en 144.337 personas y, en
cuanto al paro, aumenta en 49.450 desocupados.
La ministra de
Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha reconocido que "sin duda un mal
dato" aunque ha reiterado que el Gobierno trabaja “cada día para darle la vuelta
a esa situación”. Según ha declarado, el paro es "el rostro de la crisis" y
también la razón para “no tirar la toalla”. Asimismo, ha asegurado que la
reforma laboral "está ayudando a frenar la destrucción de empleo" y "facilitará
que cuando volvamos a crecer se cree empleo establece y de calidad".
Por sectores, el
paro aumenta principalmente en los servicios, que acapara el 85% de los nuevos
desempleados con 63.166. Por detrás, la agricultura aporta 5.777 parados más y,
la industria, 4.670. Mientras, en el colectivo de personas sin empleo anterior
aumenta en 2.954 Y entre los jóvenes menores de 25 años baja en 1.014 personas.
En el lado
opuesto, el desempleo entre los trabajadores procedentes de la construcción
disminuye en 2.271 personas. Por sexo, el desempleo sube más entre las mujeres,
ya que la gran mayoría de afectados por la extinción de los convenios por
dependencia eran cuidadoras.
Por comunidades,
el paro registrado solo desciende en la Comunidad Valenciana en 3.101 personas y
sube en el resto, sobre todo en Andalucía (23.553) y en las Islas Baleares
(9.226).
http://economia.elpais.com/economia/2012/12/04/actualidad/1354608185_622034.html
CIENTOS DE MILES DE MANIFESTANTES CIERRAN LA
PROTESTA DE LA HUELGA GENERAL DEL 14-N
Cientos de miles de personas se han manifestado
en la tarde de este miércoles en las principales ciudades del país como
colofón a una jornada de huelga general, la octava en democracia y la
segunda en lo que va de año, que se ha zanjado con un seguimiento del 76,7%,
según los sindicatos convocantes, o del 12%, según la patronal. Según el
Ministerio del Interior, se han producido 142 detenciones, frente a las 196
registradas durante el paro del 29 de marzo. Hay 74 heridos (43 de ellos,
agentes de policía), frente a los 84 (56 agentes) de marzo. Después de la
manifestación de Madrid, se han producido incidentes violentos en la plaza
de Neptuno, donde la policía se había desplegado para evitar protestas junto
al Congreso de los Diputados.
En Madrid y Barcelona, las manifestaciones
colapsaron las avenidas por las que debía discurrir la protesta. Según la
guardia urbana, hasta 110.000 personas se han reunido en el paseo de Gràcia
de la capital catalana, la mitad según la Delegación del Gobierno. En
Valencia, 35.000, según la policía local. En Madrid, también 35.000
personas, según la Delegación del Gobierno.
La Delegación del Gobierno había prohibido
manifestarse en la plaza de Neptuno, por su cercanía al Congreso de los
Diputados. El itinerario de la marcha convocada por Comisiones Obreras y UGT
pasaba por esa plaza, donde un fuerte dispositivo policial impedía acceder a
la carrera de San Jerónimo. La delegada, Cristina Cifuentes, había advertido
que la actuación policial dependería de la actitud de los participantes en
la protesta, añadiendo que "aplicaría la ley con todo su rigor" en caso de
no respetarse la prohibición de concentrarse en las inmediaciones del
Congreso.
A partir de las siete y media de la tarde había
convocada una vigilia, hasta las nueve de la mañana del día siguiente, en esa
zona. Unas 2.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han secundado la
protesta, organizada por el Movimiento 15-M y la Coordinadora 25-S, sin
mezclarse con la manifestación sindical. La Unidad de Intervención Policial ha
dispersado a las 19.45 a un grupo de manifestantes encapuchados que zarandearon
las vallas en Neptuno, gritando, lanzando objetos e insultando a los agentes
antidisturbios. Los policías amagaron con una carga, y ampliaron el perímetro de
seguridad 10 metros.
A las nueve de la noche se ha disparado la tensión
de nuevo, con carreras, gritos y amagos de cargas policiales. Los agentes han
lanzado botes de humo y salvas de advertencia, mientras grupos de manifestantes
arrojaban botellas y otros objetos, provocaban un pequeño incendio y tumbaban
las vallas de protección alrededor de la fuente. Decenas de personas se han
sentado luego el suelo, frente a los agentes antidisturbios, mientras muchos más
se colocaban detrás, extendiendo las palmas de las manos. La actuación policial
ha dispersado la multitud alrededor del dispositivo que protege la entrada a la
carrera de San Jerónimo. Se han producido después incidentes por la zona de
Atocha, mientras en Neptuno continuaba la sentada.
El Gobierno había destacado en su última
comparecencia, a las siete y media de la tarde, la "ausencia de problemas graves
de orden público". Según Cristina Díaz, directora general de Política Interior,
"se han cumplido los servicios mínimos en todos los sectores". Pese a los
"incidentes aislados en el centro de algunas ciudades", "tanto los ciudadanos
que han secundado la huelga como los que no han podido ejercer sus derechos con
plenas garantías", ha añadido Díaz.
El Gobierno ha evitado cuantificar el seguimiento
de la huelga, aunque ha aportado algunos datos. En el transporte de larga
distancia y mercancías, la incidencia ha sido "baja"; en el urbano, "desigual".
Las grandes superficies comerciales, así como Mercamadrid y Mercabarna, "han
abierto con normalidad". "Ha habido incidentes en Valencia y Granada, y un mayor
seguimiento en Zaragoza, Sevilla y Asturias. Se han paralizado las plantas de
automoción de Cataluña, Galicia, Aragón y Castilla-La Mancha; y el seguimiento
en la Administración General del Estado ha sido regular", ha añadido.
Según los sindicatos convocantes, sobre un total de
14,23 millones de asalariados han hecho huelga 9,19 millones; otros 2,26
millones han participado en los servicios mínimos. Así, solo 2,79 millones de
personas habrían acudido a sus puestos de trabajo como en un día normal. El
seguimiento habría ascendido al 76,7%. En el anterior paro, el 29 de marzo,
hicieron huelga 10,47 millones de trabajadores, es decir, un 12,2% más. Sin
embargo, el porcentaje global fue similar, del 77%; esto se explica por la
distinta cifra de población activa y de servicios mínimos.
Por sectores, y siempre según los sindicatos, la
participación habría sido del 96% en agricultura, ganadería y construcción; de
entre el 90% y el 95% en los transportes y la recogida de basura; del 68% en el
comercio; y del 55% en los medios de comunicación. La mayor incidencia se ha
registrado en la industria. También se ha dejado sentir en la cultura. En la
Administración, oscilaría entre el 52% entre los trabajadores públicos del
Estado, el 56% en la Sanidad y los servicios sociales, el 62% en las autonomías,
y el 75% en la Educación y los Ayuntamientos. CSIF, el principal sindicato de la
función pública, no se ha sumado a la protesta.
Por regiones, la mayor participación se
registraría, también según los sindicatos, en Cataluña, Asturias y Galicia
(85%), seguidas de Andalucía (80%), Cantabria (79%), Madrid (78%) y la Comunidad
Valenciana (78%). La menor, en Ceuta (30%) y Melilla (48%), y en el País Vasco
(51%); en el resto, no habría bajado del 68% (Canarias y Baleares).
El consumo de energía, un termómetro para cifrar el
seguimiento pese a que el cálculo de la demanda es complejo, apunta que la
huelga ha tenido menor poder de convocatoria que la de hace ocho meses. Según
datos de Red Eléctrica Española, la demanda a las ocho y media de la noche era
un 11% inferior a la prevista, siendo esta misma cifra del 15,7% en la huelga
del 29 de marzo y del 13,9% en la de 2010.
"Estamos profundamente agradecidos a los
trabajadores que han seguido la huelga, en una situación tan difícil, con casi
seis millones de parados. Exigimos un cambio rotundo de las políticas del
Gobierno, si no nos llevarán al precipicio", ha valorado el secretario general
de UGT, Cándido Méndez.
"Frente a políticas que sumen al país en la
recesión, deteriorando la convivencia y condenando al paro a seis millones de
personas, hay alternativas. Las alternativas van a surgir de la presión de la
ciudadanía, como han surgido en la lucha contra los desahucios", ha recalcado el
secretario general de Comisiones Obreras (CC OO), Ignacio Fernández Toxo, que no
descarta "más huelgas generales en los próximos meses". "Eso está en la mano del
Gobierno", ha advertido.
Ambos han enfatizado en su discurso tras la
manifestación que la huelga "ha cumplido los objetivos" por los que se había
convocado. "Qué gran día para la democracia ha sido el 14-N. Ha habido un gran
paro general en toda España y una gran demostración cívica", ha dicho Méndez.
"Ha sido una magnífica noche en Madrid. Es histórica por lo que está llamada a
representar en el futuro, el día de hoy no es la estación término de nada", ha
exclamado Toxo.
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha criticado
que "la huelga es un torpedo contra la recuperación".
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, ha reclamado al Gobierno "que cambie su política económica para no
dejar a mucha gente en la cuneta". El ministro de Economía, Luis de Guindos
(Partido Popular), ha señalado que la huelga "no es el camino adecuado para
reducir la incertidumbre". "Somos conscientes de la dificultades de la sociedad
pero la hoja de ruta del Gobierno es la única alternativa posible", ha añadido.
El Partido Popular ha equiparado económicamente este día de paro al 80% de los
desahucios.
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/13/actualidad/1352838703_548795.html
14-N: INDIGNACIÓN GENERAL CONTRA EL GOBIERNO
El inconmensurable malestar social provocado por el
grave empeoramiento de la calidad de vida en España descargó ayer su indignación
contra el Gobierno de Mariano Rajoy. La política económica del Ejecutivo tuvo
que soportar ruidosas protestas en todo el país, donde estalló la octava huelga
general en 36 años de democracia, la segunda convocada en menos de ocho meses,
un negro récord que el PP encajó sin pestañear.
Zarandeado por esta protesta general ciudadana
contra el año escaso de gestión popular, el presidente Rajoy ha decidido
mantenerse firme en su apuesta por el drástico recorte del gasto público para
cumplir con la reducción del déficit como principal bálsamo contra la crisis.
"El plan del Gobierno es la única alternativa
posible", proclamó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, para ahuyentar
cualquier posibilidad de rectificación y rechazar de plano las reivindicaciones
de los huelguistas. Los sindicatos avisaron de que seguir aplicando esa
"alternativa única" sin cambios traerá más protesta en las calles.
Esta enorme fractura entre el Gobierno y los
representantes de los trabajadores vivió ayer un capítulo especial. Mientras que
miles de piquetes —mucho más numerosos que en anteriores paros, según los
sindicatos— agitaban con sus gritos las zonas comerciales y los polígonos
industriales de toda España, los diputados del PP bendecían con su mayoría
absoluta en el Congreso el ajuste presupuestario más duro de la historia sin
hacer caso a las 3.600 enmiendas de los grupos de la oposición.
El seguimiento de la huelga general, a la que
estaban convocados los 17,3 millones de trabajadores que hay en España —hace
solo cuatro años había 20,4 millones—, fue notable aunque no masivo. Los
principales servicios públicos —hospitales, colegios, transportes— funcionaron
con la anormalidad de una jornada de servicios mínimos aceptados por los
sindicatos y que dos millones de trabajadores cumplieron a rajatabla; la
industria, vigilada por pelotones de piquetes en los polígonos más grandes,
apenas tuvo actividad; el comercio abrió, protegido en ocasiones por batallones
de policías, en una jornada complicada para el consumo.
Hubo 74 heridos (43 de ellos policías) y 118
detenidos durante enfrentamientos esporádicos entre agentes y manifestantes que
se registraron en distintas ciudades antes de las marchas callejeras de la
tarde.
La indignación de numerosos colectivos por las
políticas del Gobierno encontró en el 14-N el eco perfecto para su mensaje de
protesta. Un grupo de actores tomó el Teatro Español en Madrid para censurar las
reformas culturales del Gobierno y pedir la dimisión del ministro Wert; alumnos,
profesores y padres denunciaron vestidos de verde los recortes educativos en los
centros; los vestíbulos de algunos hospitales públicos se llenaron de batas
blancas para defender reivindicaciones similares; 80 jueces comunicaron al
Consejo General del Poder Judicial que incumplían la ley para hacer huelga.
El Gobierno se aferró al dato de la demanda de
energía eléctrica en tiempo real para restar importancia a la protesta. Aunque
el consumo cayó casi un 12,7% respecto a la previsión de un día normal, el
descenso fue inferior al registrado en la huelga general del 29 de marzo (por
encima del 16%).
Los sindicatos, que presumieron de un "éxito total"
en la huelga, replicaron con sus propias cifras, basadas en los cálculos del
colectivo denominado Economistas Frente a la Crisis, quienes evaluaron en un 66%
el seguimiento del paro en los sectores productivos del país.
Cándido Méndez (UGT) calificó la huelga de
"legítima autodefensa general de la dignidad del pueblo español"; el jefe de la
patronal CEOE, Juan Rosell, replicó que el paro era "un torpedo contra la
recuperación económica". El PP añadió más leña al fuego al comparar en su
argumentario el coste de un día de huelga general —supuestamente 4.000 millones
de euros— con el dinero que haría falta para evitar el 80% de los desahucios
—esos mismos 4.000 millones de euros—.
La actividad política se mantuvo a medio gas
durante una jornada atípica que logró paralizar la campaña electoral catalana,
en la que solo dos partidos, PP y Ciutadans, mantuvieron su agenda de mítines.
Con España al borde del rescate por sus tremendas
dificultades financieras; con el Estado del bienestar sometido a un acelerado
régimen de adelgazamiento; con los ciudadanos atemorizados por el paro incesante
—en los tres primeros trimestres de gestión del nuevo Gobierno hay 500.000
desempleados más, según la Encuesta de Población Activa— y acobardados por una
reforma laboral que facilita los despidos baratos; con una pesada cadena de
decretos para subir impuestos, recortar gastos, eliminar prestaciones sociales e
imponer sacrificios insólitos, el país vivió ayer una "marea democrática de
rechazo a las políticas del Gobierno", según la definió el líder de CC OO, Juan
Ignacio Toxo.
Las mareas de piquetes que recorrieron por la
mañana las calles de las grandes ciudades para impedir la apertura de comercios
se convirtieron por la tarde en mareas de manifestantes que atascaron el centro
de las capitales. Cientos de miles de españoles protestaron contra las medidas
del Gobierno en marchas multitudinarias.
Pero una vez más, la protesta seguida por millones
de trabajadores que secundaron la huelga o se manifestaron ayer en España no
tendrá efectos inmediatos ni rectificaciones próximas.
El Ejecutivo del PP asistió a la movilización sin
mover un músculo que permita atisbar un cambio de rumbo en su política. "La
jornada ha transcurrido con normalidad", leyó a última hora de la tarde la
portavoz del Ministerio del Interior para la huelga general.
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/15/actualidad/1352943822_572072.html
FÁTIMA BÁÑEZ ASEGURA QUE ESPAÑA “ESTÁ SALIENDO DE LA CRISIS”
La ministra se muestra muy optimista tres días después de conocerse el récord de
paro
La respondable de Empleo justifica que el Gobierno está tomando decisiones
"responsables"
Afirma que la reforma laboral "está ayudando a muchas empresas a superar la
crisis"
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado este lunes
que España está "saliendo de la crisis", a lo que ha añadido que "no es un
optimismo vacío", puesto que en España "se están viendo ya señales
esperanzadoras". La titular de Empleo realiza estas declaraciones tres días
después de que saliesen los datos del paro referentes al tercer trimestre de
2012, que confirmaron que uno de cada cuatro trabajadores está en el paro y que
el desempleo sigue batiendo todos sus récords. "Tenemos futuro y vamos a salir
fortalecidos" de la crisis, ha insistido la ministra durante la presentación del
número 100 de la revista del Ministerio de Empleo.
La ministra de Empleo, que achacó este optimismo a las decisiones "responsables"
del Gobierno y a las reformas que se están adoptando "desde la confianza en
nosotros mismos", aseguró que España cuenta con fortalezas como una economía
internacionalizada y diversificada, un sector turístico puntero y una juventud
muy bien formada. Asimismo, aseguró que la reforma laboral "está ayudando a
muchas empresas a superar la crisis", gracias a una mayor flexibilidad interna.
Los datos extraídos de la Encuesta de Población Activa conocidos el viernes
reflejan una fuerte caída del empleo fijo desde la puesta en marcha de la norma.
No es un optimismo vacío, ya se están viendo señales esperanzadoras en la
economía"
Por otro lado, Báñez realizó también una llamada a la "responsabilidad" de todos
los agentes económicos, políticos y sociales para impulsar la recuperación. A su
juicio, "el empleo no se crea derrochando dinero público", sino transmitiendo
confianza. En este punto, se refirió por ejemplo a la responabilidad de los
empresarios como impulsores de la salida de la crisis a través de la generación
de riqueza y la creación de empleo, así como de los funcionarios, a través de su
"vocación de servicio".
Minutos antes de pronunciar estas palabras, medio centenar de trabajadores del
Ministerio se concentraban a las puertas de la sala donde iba a intervenir Báñez,
portando carteles y pitos, y pidiendo a gritos la dimisión de la ministra. Así,
se podían leer mensajes como No hay pan para tanto chorizo y cánticos como El
próximo recorte que sea en las Cortes o No es una crisis, es una estafa.
http://economia.elpais.com/economia/2012/10/29/actualidad/1351520497_933013.html
EL PARO EN ESPAÑA SUPERA EL 25% POR PRIMERA VEZ EN
LA HISTORIA
-
La Encuesta de Población Activa arroja un
aumento de 85.000 personas, hasta los 5.778.100
-
España destruye 96.900 puestos de trabajo
durante el verano
-
El paro supera el 30% en 16 provincias y
llega al 41% en Ceuta
-
La mayor destrucción de empleo se concentra
en el sector público
-
El número de familias con todos sus miembros
en paro continúa al alza
Uno de cada cuatro trabajadores
está en paro. El dato es redondo, contundente, frío. Muy frío.
Y, en cambio, también es muy elocuente. Habla por sí mismo de
cual es el principal problema que padece España. Eso se
corroboró este viernes, cuando el Instituto Nacional de
Estadística (INE) dio a conocer que el desempleo siguió subiendo
en verano. Llegó al 25,02%. Un nuevo hito histórico de la
crisis, como los 5,778 millones de parados. Este dato, otro lado
de un prisma muy complejo, no es tan frío, está lleno de caras.
El combinado de recesión más
abaratamiento del despido y recortes ha logrado algo que parecía
imposible: agravar la enfermedad que sufre el mercado laboral
español. Desde que comenzaron a notarse los primeros síntomas de
la recaída en la segunda mitad del año pasado se han destruido
835.900 empleos y el número de parados ha crecido en 799.700
personas.
Y ahora comienza el invierno, la
peor época para buscar trabajo. Se ha acabado la temporada alta
turística: el buen tiempo ya no protege las obras ni las
campañas agrícolas; y el resto de sectores ya no tienen que
sustituir a los empleados que se van en las vacaciones
estivales. Dice la lógica y la costumbre —agravadas por la
recesión— que ahora se recrudece la destrucción de empleo y el
aumento del paro. Dicho de otra forma, más pronto que tarde
España marcará otro trágico hito laboral: superará los seis
millones de parados.
La magnitud de estas cifras es de
tal calibre que por sí mismos bastan para hacerse una idea del
tamaño del desastre. Pero si a esta cifra se añade una lista de
países con los que España comparte este grave problema la idea
se puede transformar en pesadilla. Grecia, Serbia, Bosnia,
Armenia, Suráfrica... Estados casi fallidos o países que todavía
se recuperan de traumas históricos muy recientes.
"Nunca la subida del paro es una
buena noticia", admitió la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Hecha esta declaración de principios, Báñez trató a continuación
de resaltar algunos datos que ella considera esperanzadores.
Resaltó que "en los dos últimos trimestres se ha moderado la
destrucción de empleo" o que ha aumentado el número de
autónomos.
12.000 personas menos dispuestas a
trabajar
La ministra no mencionó la caída de
la población activa. El número de personas y disposición de
trabajar se redujo en 12.000 personas entre julio y septiembre y
evitó una subida mayor del número de parados y de la tasa de
desempleo. Esta reducción se debe exclusivamente a la salida de
España de los trabajadores extranjeros.
Tanto la titular de Empleo como la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la
comparecencia posterior al Consejo de Ministros, pusieron
énfasis en destacar que la destrucción de empleo se debe en
buena medida a los despidos en la Administración. Solo en el
último año el sector público cuenta con 230.000 empleados menos;
en el trimestre 49.400, 200 menos que en el sector privado.
Si algo diferencia a esta nueva
recesión de la anterior, es que en esta ocasión el ajuste está
haciendo mella en el empleo público. En la contracción de 2008 y
2009, el desplome del mercado laboral procedía exclusivamente
del sector privado. A pesar del déficit y las múltiples voces
que advertían de esto, las Administraciones siguieron creando
empleo y evitaron un desplome mayor.
En cambio, ahora sí que hay un
rasgo constante común con la anterior recesión y que ha
permanecido inmutable durante los cinco años de crisis: el
hundimiento de la construcción. A pesar de ser verano, entre
julio y septiembre desaparecieron 56.100 empleos en este sector.
Fue el que más perdió.
La crisis ha arrastrado 3,2
millones de puestos de trabajo (tantos como habitantes tiene
Madrid). De ellos, unos 2,2 millones se relacionan de forma
directa con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria: proceden de
la construcción y de industrias y servicios afines como la
fabricación de muebles, la venta de viviendas, o arquitectos,
ingenieros y jardineros.
Después de la construcción, el
sector más castigado en verano fueron los servicios. Que sean
estas dos ramas las más golpeadas en los meses de verano es una
prueba irrefutable de la gravedad de la situación actual. En
concreto, los últimos tres meses vieron como los servicios
empleaban a 32.700 personas menos.
La gran importancia de este sector
en España —el que da trabajo a más gente con mucha diferencia
sobre el segundo, la industria— marca el ritmo del deterioro
laboral. Los servicios han sufrido la nueva recesión con fuerza
y eso explica, por sí mismo, más de la mitad del empleo que se
ha perdido en el último año.
En la encuesta de población activa
(EPA), la mejor herramienta para conocer al mercado laboral,
también pueden observarse los lados más dramáticos del
desempleo. Uno de ellos son los parados de larga duración,
aquellos que llevan más de un año en paro y quienes, según la
teoría económica, tienen más problemas para salir de esa
situación. En el tercer trimestre, este colectivo contó más de
tres millones por primera vez. Otro es el número de hogares en
el que todos sus miembros están en paro. Aunque la cifra apenas
varió de junio a septiembre, sigue siendo igual de elocuente:
1.737.900.
Cuando la crisis ya camina hacia su
sexto año, en la EPA proliferan preocupantes síntomas de
agotamiento. Para observar esto hay dos elementos. Por un lado,
el número de personas que deja de buscar empleo y tira la
toalla, cerca ya del medio millón. Por otro, el incremento de
los autónomos. Solo en un trimestre han recurrido al autoempleo
65.100 trabajadores. Esto que para la ministra de Empleo es un
síntoma esperanzador, para muchos expertos no es más que una
prueba de desesperación por parte de los parados, que ante la
evidencia de que no encuentran un empleo acaban intentándolo por
su cuenta.
Conocidos los datos, oposición y
sindicatos se lanzaron contra el Gobierno. El secretario general
de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, señaló que eran "malos sin
paliativos". Ignacio Fernández Toxo, que dirige una organización
que ha convocado una huelga general para el próximo 14 de
noviembre, puso el acento sobre la caída de la población activa
afirmó que la EPA "en goteo persistente". UGT, otra de las
centrales convocantes del paro del próximo mes, volvió a
reclamar al Gobierno un cambio en su política para insuflar aire
en el mercado laboral. Es tradicional en la organización que
lidera Cándido Méndez que con cada mal dato sobre empleo reclame
al Ejecutivo un cambio de rumbo.
También la patronal CEOE recurrió a
su manual en esta ocasiones y aprovechó la publicación de la EPA
con datos "desfavorables" para reclamar más "medidas de
flexibilidad en el mercado laboral".
http://economia.elpais.com/economia/2012/10/26/actualidad/1351234757_130837.html
LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS POR
ERE AUMENTAN EN AGOSTO HASTA EL 27% DEL TOTAL
-
Los llamados expedientes de extinción
afectan a 7.504 personas
-
El total de afectados por expedientes
asciende a 299.021 trabajadores desde enero
-
La cifra es un 53% más alta que en el mismo
periodo de 2011
Los expedientes de regulación de
empleo crecen de forma incesante desde que se aprobó la reforma
laboral y con ellos el número de trabajadores afectados.Hasta
agosto, último mes con datos disponibles, los empleados que han
sufrido un ERE ha subido hasta casi los 300.000, un 53% más que
el año anterior. La combinación de la reforma laboral y el
regreso de la recesión siguen haciendo mella en el ya muy
deteriorado mercado laboral español.
El Gobierno sigue valorando de
forma positiva el cambio normativo del cambio normativo de
febrero. Según defendió ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez,
la reforma ha sido muy beneficiosa en la medida en que ha
permitido a las empresas transformarse en más "saludables". La
ministra se basa en el peso relativo de los despidos colectivos
en el total de expedientes. Los 50.841 trabajadores afectados
suponen el 17% del total. No obstante, en agosto este porcentaje
subió hasta el 27,6%, el dato más alto desde mayo del año
pasado. En total, fueron 7.504. Además, el número de despidos
colectivos no ha dejado de crecer en los últimos meses y ya
supera con holgura los efectuados en el mismo periodo del año
anterior.
Otra cosa a tener en cuenta a la
hora de analizar los ERE es que tanto los de suspensión de
empleo -los más utilizados hasta ahora- como los de reducción de
jornada cuentan con ayudas públicas desde marzo de 2009 (a los
trabajadores se les repone los derechos de protección frente al
desempleo y los empresarios cuentan con bonificaciones). Estas
ayudas desparecerán para los nuevos a partir de enero, según
contemplan los presupuestos del año que viene, por lo que es de
prever que el peso relativo de los despidos colectivos crecerá
en 2013.
También se deja sentir en los
expedientes la desaparición de la autorización adminitrativa
decretada en la reforma, sobre todo entre los despidos
colectivos. Ha aumentado su peso. En los primeros ocho meses de
2011, los ERE de este tipo sin pacto afectados afectaron a un
12% de los empleados que perdieron su empleo en una regulación
de empleo. Este porcentaje ha aumentado hasta el 23% en 2012.
http://economia.elpais.com/economia/2012/10/25/actualidad/1351155984_731712.html
LOS ERE SIN
ACUERDO SE DISPARAN TRAS LA REFORMA LABORAL
Los
expedientes que acaban sin pacto suponen el 68% del total en mayo
Más de
176.000 personas resultan afectadas por ERE en los cinco primeros meses del
año
En mayo hubo
más expedientes sin pactar que en todo 2011
Los
expedientes de regulación de empleo (ERE) sin acuerdo entre empresarios y
trabajadores se han disparado tras la reforma laboral. En mayo de este año
el 68% de los ERE que salieron adelante acabó sin pacto alguno; el mismo mes
del año pasado fueron el 10%. Solo en un mes hubo más expedientes sin pactar
(2.047) de los que se registraron en todo 2009, 2010 o 2011, según el
Ministerio de Empleo.Tras esta diferencia abismal está la reforma laboral.
Antes del
decreto de febrero que cambió de arriba a abajo el Estatuto de los
Trabajadores, una empresa no podía llevar a cabo un ERE, fuera del tipo que
fuera (despidos colectivos, suspensión temporal de empleo o reducción de
jornada) sin el permiso de la autoridad laboral. A su vez, está última no
podía negar la autorización si el expediente llegaba a sus manos con un
pacto entre el empresario y los representantes de los trabajadores. Este
escenario legal obligaba a las dos partes, sobre todo a la patronal, a
negociar y llegar a un acuerdo para asegurarse de que el ERE salía adelante.
Los
expedientes por causas económicas se disparan un 102,7%
La reforma
laboral suprimió ese permiso. Lo sustituyó por una simple comunicación a la
autoridad laboral (Ministerio de Empleo o comunidad autónoma, según la
implantación de la empresa) y la obligación de que hubiera un periodo de
negociación, sin que este tenga que acabar necesariamente en un pacto. El
cambio —y el deterioro de la situación económica— ha supuesto, por un lado,
el aumento de los ERE de febrero (mes en que se aprobó la reforma) y, por
otro, el gran incremento de los expedientes que han acabado sin pacto, que
en mayo se multiplicaron por 14.
El aumento de
los ERE sin pacto se viene observando desde febrero. Mes a mes, han
aumentado incesantemente: en febrero, 254 (el 10% del total); en marzo, 900
(el 29%); en abril, 1.543 (el 56%); y en mayo, 2.047 (68%).
En
consonancia con estas cifras, también aumenta el número de trabajadores
afectados por ERE sin pactar. Los más de 30.000 asalariados que en mayo
sufrieron algún tipo de regulación de empleo suponen un 76% del total,
cuando en enero, justo el mes anterior a la aprobación de la reforma
laboral, representaban un escaso 7%.
Esta serie de
datos ilustra con claridad cómo la reforma laboral ha restado poder de
negociación en los ERE a los representantes de los trabajadores. Hay otro
dato que puede probar esto. La indemnización media de los despidos
colectivos. No obstante, las estadísticas de empleo no recojen esta cifra
que, con total probabilidad, habrá bajado tras los últimos cambios
normativos.
En los cinco
primeros meses del año también resulta destacable el aumento del 66,7% de
los ERE. Asimismo, aumenta el número de trabajadores afectados, pero en
menor porcentaje. Hasta mayo son 176.085, un 53,2% más respecto al mismo
periodo del año anterior, según los datos difundidos hoy por el Ministerio
de Empleo.
Los
expedientes que se acogían a causas económicas (problemas de tesorería o
financiación, restricción de contratos, quiebra, deuda o suspensión de
pagos, baja productividad o aplicación de medidas económicas) se dispararon
un 102,7%, es decir un 70% sobre un total de 13.518 ERE.
http://economia.elpais.com/economia/2012/07/25/actualidad/1343212200_149331.html
EL PP ENDURECE LA REFORMA LABORAL AL ACORTAR LA
PRÓRROGA DE LOS CONVENIOS
Los empresarios ganan poder para cambiar los horarios
y las jornadas laborales
El contrato con despido gratis desaparecerá si el
paro baja del 15%
La reforma laboral, a su paso por el Congreso, ha sufrido
algo más que los "cambios técnicos" que el Gobierno decía estar dispuesto a
aceptar. El PP ha acabado por darle una vuelta de tuerca y acercar más el
resultado a las tesis patronales. Si el decreto de febrero acabó con la
prórroga indefinida de los convenios no renovados y la dejaba en dos años,
el texto aprobado este jueves la reduce a uno. Además, da más poder al
empresario para cambiar de forma unilateral las condiciones laborales al
permitirle disponer de hasta un 10% de la jornada anual, frente al 5%
actual.
Hay otro cambio significativo: el contrato que permite a
las empresas de menos de 50 trabajadores contar con un periodo de prueba de
hasta un año, en el que se puede despedir sin indemnización, se ha
condicionado a que la tasa de desempleo esté por encima del 15%, tras un
pacto del PP con CiU. "Es un contrato de crisis", definió en los pasillos
del Congreso el director general de Empleo, Xavier Thibauld, uno de los
arquitectos de la reforma.
A primera vista, esta modificación es un guiño a los
sindicatos, muy críticos con esta figura por considerarla inconstitucional.
Sin embargo, la realidad lo deja en un brindis al sol. El paro ahora está
por encima del 24%. El mismo Gobierno, en sus previsiones, no espera que
esta tasa baje en esta legislatura y el FMI, uno de los pocos órganos que
hace pronósticos a largo plazo, vaticina un paro por encima del 20% en
España hasta 2017.
El texto que este jueves aprobó la Comisión de Empleo del
Congreso con los votos de PP y CiU no es definitivo. Ahora, la reforma
laboral tiene que pasar por el Senado y posteriormente volver al Congreso,
donde finalizará la tramitación parlamentaria, previsiblemente antes de que
acabe junio.
Para el PP, los cambios introducidos dejan un texto
"bastante completo", en una reforma que es "equilibrada y profunda", según
definió, echando mano del argumentario habitual, la popular Carolina España.
"La reforma vulnera todos los derechos de los trabajadores", atacó la
socialista Concha Gutiérrez. Por su lado, el portavoz de la Izquierda Plural
tildó el texto aprobado de "contrarreforma" que "tiene como único objetivo
reducir salarios cargándose la negociación colectiva".
También los líderes sindicales, Ignacio Fernández Toxo
(CC OO) y Cándido Méndez (UGT), fueron muy críticos con lo aprobado este
jueves. Para ellos, "las enmiendas agravan más" la reforma contra la que ya
convocaron una huelga general, según las declaraciones que hicieron tras
entregar una carta en el Congreso en la que pedían que no se aprobara la
reforma laboral.
Para reducir de dos años a uno la prórroga en los
convenios no renovados, el PP dio su apoyo a una enmienda de Foro. Fue la
única que salió adelante del partido de Francisco Álvarez Cascos. Una vez el
nuevo texto entre en vigor, cuando transcurran 12 meses sin acuerdo, el
convenio no renovado decaerá y la referencia pasará a ser el pactado en
ámbitos superiores (sectorial provincial, autonómico o estatal, donde los
pactos suelen ser de mínimos). Si no existiera un convenio superior, el
marco al que acogerse será el Estatuto de los Trabajadores.
Entre las enmiendas aprobadas, hay una que aumenta el
poder empresarial para disponer de hasta el 10% de las horas que un empleado
debe trabajar al año (unas 1.750)
El argumento del Ministerio de Empleo para aceptar este
cambio es que, en la actualidad, el plazo medio de renovación de convenios
es de siete meses. Además, Thibauld se muestra convencido de que serán muy
pocos los convenios que decaerán porque no se renuevan. "No le conviene a
nadie. Una empresa sin convenio es ingobernable", justifica.
Entre las enmiendas aprobadas, hay una que aumenta el
poder empresarial para disponer de hasta el 10% de las horas que un empleado
debe trabajar al año (unas 1.750 horas). Para hacerlo, bastará con que el
trabajador sea informado del cambio con cinco días de antelación. Empleo
justifica el cambio basándose en que es una recomendación para los
negociadores de convenios que sindicatos y patronal pactaron en el acuerdo
de negociación colectiva del pasado enero.
Entre las enmiendas que salieron adelante, hay una del PP
que aclara que, para despedir por absentismo, las empresas no podrán contar
las bajas justificadas causadas por enfermedades graves o tratamientos
contra el cáncer. También se aprobó una pactada con CiU que da más
protagonismo a la autoridad laboral en la tramitación de los despidos
colectivos. Esta modificación no supone recuperar la autorización
administrativa, pero sí que se otorga mayor control a la Administración que
incluso podrá actuar como mediador o asesor en el proceso, si una de las
partes lo solicita.
La reforma tras su paso por el Congreso
Un año de prórroga para los convenios. Cuando sindicatos
y empresarios no pacten la renovación de un convenio, este solo estará
vigente durante 12 meses. A partir de entonces, la referencia será el
convenio de ámbito superior (provincial, autonómico o estatal). Si no lo
hay, el referente pasa a ser el Estatuto de los Trabajadores.
Más papel administrativo en los despidos colectivos. PP y
CiU han pactado que la autoridad laboral pueda asesorar e intermediar en las
regulaciones de empleo. Además, la Inspección de Trabajo tendrá que elaborar
un informe sobre el despido colectivo y velar por el cumplimiento de las
obligaciones de información y negociación que dicta la norma.
Caída interanual de facturación. Se entenderá que una
caída persistente de ingresos es causa de despido objetivo (20 días de
indemnización por año trabajado) cuando los ingresos ordinarios decaen
durante tres trimestres consecutivos respecto a los mismos periodos del año
anterior. Lo mismo vale, pero solo durante dos trimestres, si lo que
persigue el empresario es modificar condiciones laborales sustanciales
(sueldo, horarios, jornada, traslados).
"Contrato de crisis". El contrato que permite a las
empresas de menos de 50 trabajadores contar con trabajadores en periodo de
prueba durante un año (periodo en que se puede despedir sin indemnización
alguna) estará en vigor mientras la tasa de paro esté por encima del 15%.
Más bonificaciones. Los autónomos que contraten a
familiares hasta el segundo grado contarán con una bonificación del 50% en
la cuotas sociales durante 18 meses. También habrá bonificación para los
hosteleros que alarguen el periodo de contratación de los fijos discontinuos
más allá de la temporada alta durante los meses adicionales (marzo y
noviembre).
Pagar el paro de prejubilados. Las empresas en beneficios
con más de 100 trabajadores que despidan a mayores de 50 años (prejubilados)
tendrán que pagar el coste del desempleo. Hasta ahora eran las de más de 500
empleados.
http://economia.elpais.com/economia/2012/05/24/actualidad/1337853481_327630.html
UN JUEZ PLANTEA AL
CONSTITUCIONAL SUS DUDAS SOBRE LA REFORMA LABORAL
El magistrado pone en duda la eliminación de los salarios de tramitación en caso
de despido improcedente
Un caso de despido disciplinario seguido en un
juzgado de lo Social de Madrid ha servido para que el juez presente una de las
primeras cuestiones de constitucionalidad contra la reforma laboral aprobada por
el Gobierno el pasado 10 de febrero, que motivó la oleada de protestas sociales
que culminaron con la última huelga general, y que sigue en tramitación en el
Parlamento. El magistrado titular del juzgado número 30, José Ángel Folguera,
cuestiona ante el Tribunal Constitucional, en concreto, la práctica eliminación
de los salarios de tramitación, los que debe abonar el empresario desde que el
despido se hace efectivo hasta que un juez lo declara, en su caso,
improcedente.
El PP matiza en 40 enmiendas los dos puntos más
polémicos de la ley CiU pide dar a la Administración más control en los despidos
colectivos El PP tumba con el apoyo de CiU las cinco enmiendas contra la reforma
laboral Así contamos la huelga general contra la reforma laboral El juez
recuerda que, con la reforma, en caso de que se declare improcedente un despido,
lo que implica un juicio de culpabilidad sobre el empresario, este último tiene
la prerrogativa de readmitir al empleado en las mismas condiciones laborales que
tenía y abonarle los salarios de tramitación (los que ha dejado de percibir
entre el despido y la sentencia) o dejarlo en la calle, caso en el cual no
tendría que pagar esas nóminas. En este último caso, el trabajador cobraría
únicamente el paro.
El magistrado considera que esta última
posibilidad –que se consume el despido y no se paguen los salarios de
tramitación- afecta a los derechos del empleado, ya que “las prestaciones de
desempleo son manifiestamente inferiores a los salarios dejados de percibir (…)
y no compensan en su integridad el salario perdido”. Además, recuerda que en
caso de que el trabajador no haya cumplido el período mínimo de cotización, no
tendrá derecho a recibir ese subsidio, lo que supondría una clara
discriminación.
Pero además, percibir el paro en lugar de los
salarios de tramitación, implica que sea el propio trabajador el que asuma con
cargo a sus cotizaciones por desempleo el período de espera entre el despido y
la sentencia, lo que a juicio del magistrado constituye una “subvención pública”
al empresario a pesar de haber cometido “un acto ilícito”, el despido
improcedente.
El nuevo régimen de los salarios de tramitación,
que en la práctica supone su eliminación, afecta también según el juez Folguera,
al derecho al trabajo que recoge el artículo 35 de la Constitución, ya que el
cambio legal “constituye no solo un evidente estímulo contrario a la
recuperación del empleo y favorable a la generación de desempleo, sino que se
ven minorados esencialmente los derechos constitucionales de los trabajadores a
la prestación por desempleo”, dice en su cuestión de constitucionalidad.
La resolución judicial pone en duda, además, que
existan los requisitos de “extraordinaria y urgente necesidad” que exige la
Constitución para aprobar un decreto ley, la norma utilizada por el Gobierno
para sacar adelante la reforma. La presentación de la cuestión paralizará el
proceso de despido hasta que el Tribunal Constitucional la resuelva.
www.elpais.es 18.04.12
LA PROTESTA CRECE,
EL GOBIERNO RESISTE
-
Moderado seguimiento de la huelga, más en la
industria y menos en el comercio
-
CC OO y UGT avisan: “Habrá más conflicto social”
-
El Ejecutivo mantiene la reforma laboral
En el país del 23% de paro con 5,3 millones de
desempleados, una reforma laboral impuesta por decreto que abarata el despido y
unos recortes históricos de gasto público que anuncian más pobreza, la octava
huelga general de la democracia no paralizó los principales servicios, aunque
dejó al Gobierno de Mariano Rajoy un nítido mensaje de creciente malestar social
contra sus medidas anticrisis. El Gobierno cifró en 800.000 personas los
participantes en las manifestaciones.
Un centenar de manifestaciones en las principales
ciudades de toda España pusieron el colofón al primer pulso serio de los
sindicatos al Ejecutivo del PP cuando aún no ha sobrepasado la frontera de los
primeros cien días de mandato.
En Madrid, donde los líderes sindicales
encabezaron la marcha de protesta, a la que se unieron dirigentes de IU y del
PSOE, se concentraron 170.000 personas entre la plaza de Neptuno y la puerta del
Sol para gritar contra la reforma laboral. Se trata de la manifestación que ha
reunido a más gente de las últimas protestas convocadas por los sindicatos en la
capital. Hubo casi el doble de personas que en la manifestación con idéntico
recorrido y por el mismo motivo tras la huelga general contra la reforma laboral
del Gobierno socialista en septiembre de 2010.
El octavo paro general de la democracia, convocado
por los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, que representan al 75% de los
asalariados en empresas con más de seis trabajadores, afectó fundamentalmente a
la industria, la construcción y el transporte público de las grandes ciudades
—que funcionó como en un día festivo en horas punta gracias a los servicios
mínimos pactados—; tuvo una baja incidencia entre el personal de las
Administraciones (apenas el 15%) y escaso seguimiento en el comercio —salvo en
barrios céntricos de algunas grandes ciudades— y en la hostelería.
Por comunidades, el País Vasco, con un alto
componente industrial en su actividad económica, y en general el norte de
España, tuvieron un seguimiento alto de la convocatoria. Las autonomías más
pobladas (Andalucía, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana) también
registraron un paro importante en algunos sectores productivos.
La presión de millones de trabajadores, que
hicieron huelga para protestar contra la reforma laboral, no abrió ni una mínima
hendidura en la posición del Ejecutivo sobre sus medidas contra la crisis. La
ministra de Empleo, Fátima Báñez, adelantó al mediodía que “la parte fundamental
de la reforma laboral” seguirá en pie pese al paro general, y anunció que el
Ejecutivo continuará con su agenda reformista.
El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández
Toxo, avisó de que, en esas condiciones, la protesta continuará: “Si el Gobierno
no rectifica, habrá un conflicto social creciente. No vamos a parar hasta que no
se modifique el contenido de la reforma laboral, y se hará bien patente en la
celebración del próximo Primero de Mayo”.
Antes de esa advertencia, Toxo y Cándido Méndez
(UGT) ofrecieron una “mano tendida” al Gobierno y le pidieron abrir una
negociación tras el 29-M para corregir la reforma laboral. No hubo respuesta
positiva.
La demanda de electricidad es un termómetro
instantáneo sobre el seguimiento de una huelga general. Los datos de Red
Eléctrica de España revelan que ayer el consumo estuvo entre un 15% y un 16% por
debajo de lo que previsto (con variaciones, según la hora del día, de entre el
21% y el 13%). El consumo fue similar al de un día festivo. Eso sitúa el
seguimiento del paro, según este indicador, ligeramente por encima del de 2010
(contra el Gobierno socialista por una reforma laboral que no rectificó), cuando
la demanda cayó un 14%, pero por debajo del de 2002 (contra la reforma del
Ejecutivo de José María Aznar, que acabó modificando), cuando descendió un
20,5%.
En la habitual guerra de cifras en un intento de
ganar la batalla de la opinión pública, Gobierno y sindicatos discreparon desde
la madrugada al ofrecer su balance del paro.
Los sindicatos piden negociar cambios en la
reforma; el Ejecutivo no acepta
Los sindicatos sostuvieron que de las tres últimas
huelgas generales convocadas en España, la de ayer fue la más seguida. El
Gobierno insistió desde primera hora de la mañana en todo lo contrario,
aferrándose a un dato de consumo de energía puntual.
El Ministerio del Interior, a través de la
directora general de Política Interior, Cristina Díez, que se limitó a leer
notas de prensa durante todo el día sobre el balance de la huelga, admitió que
la “normalidad y la tranquilidad” fue la nota dominante en las protestas, aunque
se registraron 176 detenciones, varias decenas de heridos y unos enfrentamientos
violentos entre agentes y manifestantes en el centro de Barcelona.
En una jornada de fuerte agitación social en la
calle contra el Gobierno, con España bajo la lupa escéptica de Europa y de los
mercados financieros, la Bolsa siguió el ritmo de caída de las últimas semanas
—el IBEX 35 bajó un 0,87%— y la prima de riesgo subió amenazante por encima de
los 365 puntos. Con todos los indicadores económicos en rojo, el Gobierno ha
encajado el golpe de la multitudinaria protesta contra su reforma laboral con la
resignación del que esperaba un contratiempo parecido cuando decidió recortar
derechos de los trabajadores para salir de la crisis. La ministra Báñez no quiso
enturbiar más las relaciones con los convocantes de la jornada de huelga y tiró
de diplomacia: “Los sindicatos son actores muy importantes para la solución de
los problemas de este país y confío en su responsabilidad para que den lo mejor
de sí mismos”.
El Ejecutivo tenía ayer la mente ocupada en prever
los efectos de unos Presupuestos Generales del Estado cargados de graves
sacrificios de gasto que hoy deberá aprobar Rajoy en el Consejo de Ministros.
El presidente del Gobierno daba por descontado,
incluso antes de ganar las elecciones generales, que los sindicatos le
convocarían un paro general en los primeros meses de su Gobierno por las medidas
económicas que pensaba adoptar.
Pero probablemente no pensaba que la huelga
general coincidiría con la primera crisis seria del Ejecutivo, cuyas políticas
económicas no solamente son cuestionadas en la calle por los trabajadores, sino
también por las autoridades europeas. Además, el PP suspendió los primeros
exámenes electorales tras los comicios generales del 20-N y vio escaparse los
Gobiernos de Andalucía y Asturias por unos resultados que no había previsto.
“El Gobierno dice que España está al límite”,
recordó ayer el ugetista Cándido Méndez, “pero esta situación la ha provocado,
precisamente, la política del Gobierno”. “La reforma laboral”, añadió Toxo, “nos
conduce a los seis millones de parados. Aquí [con esta huelga general] ningún
tren ha llegado a la última estación. Depende de las decisiones que el Gobierno
tome en los próximos
www.elpais.es 30.03.12
El TSJ quita
la razón a Cifuentes y autoriza las marchas del 28 y 29-M en Sol
El Tribunal Superior de
Justicia de Madrid ha dictado una sentencia en la que acepta la demanda de los
sindicatos CCOO y UGT contra una resolución de la Delegación del Gobierno.
Además, fuentes judiciales explicaron que los tribunales también revocarán la
decisión de la delegada de no autorizar la marcha central del 29-M, día de la
huelga general, hasta la puerta del Sol. Cifuentes no quería que los sindicatos
terminaran allí su marcha, pero parece que el TSJ en breve rechazará esa
resolución de la Delegación del Gobierno.
El TSJM dice en un comunicado que todavía no hay una notificación oficial sobre
lo que ocurrirá el 29-M, aunuque fuentes judiciales adelantaron que también esta
resolución dará la razón a los sindicatos.
En el caso del 28-M, el departamento que dirige Cristina Cifuentes había
limitado la duración de una concentración en Sol para mañana por la noche en
apoyo de la huelga general. Según la Delegación del Gobierno, la concentración
se debía limitar a una hora y media y exclusivamente en la zona peatonal de Sol,
cuando los sindicatos querían concentrarse de 20.30 a 23.00 horas.
La Delegación se apoyaba en que se podían perjudicar los servicios esenciales o
la actividad comercial de la zona durante una concentración tan larga, pero el
TSJM no está de acuerdo con la resolución, dictada el pasado 21 de marzo.
En una sentencia hecha pública esta tarde, la Sección Novena de lo Contencioso
del TSJM ha anulado esta resolución. Los sindicatos dicen que se vulneraba el
derecho fundamental a la reunión y la manifestación, y así lo ha visto el
tribunal.
Entre otros argumentos, el TSJ que "la referencia a lo emblemático del lugar de
reunión, o la merma de derechos a la ciudadanía duración son absolutamente
genéricas e inexpresivas de potencial alteración de orden público con peligro
para personas o bienes".
Por la hora a la que está convocada la marcha, el TSJM dice que tampoco tiene
sentido alegar que se alterará la actividad comercial, porque precisamente se
los sindicatos concentrarán "cuando ésta cesa".
www.elmundo.es 27.03.12
LA JUNTA ELECTORAL ORDENA RETIRAR EL VÍDEO DE EMPLEO
SOBRE LA REFORMA LABORAL
La resolución responde a la denuncia del partido
socialista
Consideraba que se vulnera la ley que impide este
tipo de publicidad en campaña electoral
La Junta Electoral ha ordenado retirar el vídeo
elaborado por el Ministerio de Empleo en el que se
ensalza la reforma laboral, en respuesta a la
convocatoria de la huelga general del 29 de marzo.
La resolución responde a la denuncia del PSOE que
consideraba que se vulnera el artículo de la ley
Electoral que impide este tipo de publicidad durante las
campañas electorales, en este caso, de las autonómicas
andaluzas y asturianas del próximo domingo.
El PSOE denunció ante la Junta Electoral el vídeo
del Ministerio de Empleo que omite detalles de la
reforma laboral como que abarata el despido. La Ley
Electoral fue reformada hace un año por acuerdo entre el
PSOE y el PP e incluyó un artículo 50 en el que prohíbe
la publicidad institucional durante las campañas
electorales. El vídeo omite toda referencia a la rebaja
del coste del despido y como lo facilita la reforma y la
presenta como "completa y EQUILIBRADA [en mayúsculas, en
los subtítulos". Estos dos adjetivos, junto con el
calificativo "necesaria", que aparece también en el
vídeo, son los que repite hasta la saciedad la titular
de Empleo, Fátima Báñez, en todas sus comparecencias
públicas.
Desde el Ministerio se señala que no responden a
la huelga general ni influyen en la campaña electoral.
Pero lo cierto es que hasta ahora en el canal de Empleo
en Youtube solo se colgaban comparecencias públicas de
los responsables del departamento y extractos de ellas.
Ahora, a cuatro días de las elecciones en Andalucía y
Asturias y a ocho de la huelga general, Empleo da un
volantazo.
La propia ministra, Fátima Báñez, ha asegurado que
"algunos no les gusta el vídeo porque es una reforma
buena para todos, no es una reforma contra nadie sino a
favor de los parados, de los jóvenes, de las pymes y los
autónomos que tienen mucho que contratar en este país".
"Hacemos vídeos porque podemos explicar las cosas buenas
que hacemos para los españoles y para los andaluces y la
Junta de Andalucía no hace vídeos porque tiene que
esconder 30 años de fraude y de corrupción con las
políticas de desempleo para unos pocos en perjuicio
contra los andaluces esa es la realidad", según ha
enfatizado. A su juicio, "a los socialistas no les salen
las cuentas y no estamos para más cuentos y por eso los
ciudadanos tienen que elegir entre paro y crisis con el
PSOE u oportunidades con el PP".
La producción no está elaborada completamente en
el Ministerio. Parte del montaje, la locución y algunas
imágenes son externas, admiten en Empleo. No así el
guion -"lo hemos hecho aquí", aclaran- y otras escenas
en las que se ven dependencias y empleados del propio
Ministerio. Las mismas fuentes no informan del coste ni
del nombre de la empresa contratada, pese a que el
viernes el Consejo de Ministros va a aprobar una ley de
transparencia. Solo dicen que el precio no ha sido
alto.
“Desde la convocatoria de las elecciones y hasta
la celebración de las mismas queda prohibido cualquier
acto organizado o financiado, directa o indirectamente,
por los poderes públicos que contenga alusiones a las
realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice
imágenes o expresiones coincidentes o similares a las
utilizadas en sus propias campañas por alguna de las
entidades políticas concurrentes a las elecciones”,
asegura afirma el artículo que prohíbe la publicidad
institucional durante las campañas electorales.
Además, según los socialistas, el vídeo va contra
la ley de publicidad institucional que limita la
actuación del Gobierno en este tipo de campañas. En
concreto, asegura en su artículo 3 que “solo se podrán
promover o contratar campañas institucionales de
publicidad y de comunicación cuando tengan alguno de los
siguientes objetivos: promover la difusión y
conocimiento de los valores y principios
constitucionales; informar a los ciudadanos de sus
derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes
del funcionamiento de las instituciones públicas y de
las condiciones de acceso y uso de los espacios y
servicios públicos; informar a los ciudadanos sobre la
existencia de procesos electorales y consultas
populares...".
El artículo recoge también que "difundir el
contenido de aquellas disposiciones jurídicas que, por
su novedad y repercusión social, requieran medidas
complementarias para su conocimiento general, difundir
ofertas de empleo público que por su importancia e
interés así lo aconsejen, advertir de la adopción de
medidas de orden o seguridad públicas cuando afecten a
una pluralidad de destinatarios, anunciar medidas
preventivas de riesgos o que contribuyan a la
eliminación de daños de cualquier naturaleza para la
salud de las personas o el patrimonio natural, apoyar a
sectores económicos españoles en el exterior, promover
la comercialización de productos españoles y atraer
inversiones extranjeras, difundir las lenguas y el
patrimonio histórico y natural de España, comunicar
programas y actuaciones públicas de relevancia e interés
social”.
Andalucía tiene su propia ley de publicidad
institucional, que, en su artículo 6, establece que “la
publicidad objeto de la presente Ley no puede llevarse a
cabo en el periodo comprendido entre el día de la
publicación de cualquier convocatoria electoral con
incidencia en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y el día de la votación”.
A los sindicatos el vídeo les enfada porque “es
una sarta de mentiras para intentar enmascarar el
verdadero contenido de la reforma”, explica el portavoz
de CC OO, Fernando Lezcano. “Falta a la verdad”, ahonda
UGT, que se queja del uso de la imagen de su secretario
general, Cándido Méndez, para hablar “de respeto al
diálogo social cuando lo ha despreciado”.
“El vídeo no es otra cosa que la expresión de la
derrota del Gobierno en el debate social. El Gobierno es
consciente de que la inmensa mayoría de trabajadores,
personas en paro, jóvenes, es contraria a la reforma
laboral”, ataca Lezcano.
www.elpais.es 22.03.12
Un juzgado
de Madrid duda de la constitucionalidad de la reforma
laboral
El
Juzgado de lo Social número 30 de Madrid ha iniciado los
trámites para llevar la reforma laboral al Tribunal
Constitucional. En concreto, el juez cree
inconstitucional varios puntos clave de la nueva norma.
El primero, la regulación del despido. Pero, además,
cuestiona que se de potestad al empresario sobre los
salarios de tramitación cuando un despido sea declarado
improcedente y, también, la discriminación que se
produce entre los trabajadores con derecho a prestación
por desempleo y los que no a la hora de ser contratados.
La
primera duda que plantea el juez es sobre la vía elegida
por el Gobierno para llevar adelante la reforma laboral:
el decreto ley. En opinión del magistrado, y según la
providencia a la que ha tenido acceso este diario,
“faltan los presupuestos habilitantes de fundamento,
concordancia y motivación para la modificación completa
por vía decreto ley de la regulación del despido”.
Al
elegir este camino, la reforma laboral entró en vigor el
pasado 12 de febrero, apenas dos días después de ser
aprobada en el Consejo de Ministros y uno después de ser
publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Posteriormente, el decreto se convalidó en el Congreso
de los Diputados y ahora se está tramitando como
proyecto de ley.
La
providencia también señala que existe una “posible
vulneración de la igualdad ante la ley” entre los
proveedores y los asalariados al cambiar la regulación
de los salarios de tramitación. Desde que se aprobó la
reforma, si un juez decide que un despido es
improcedente, es el empresario quien decide si paga los
salarios de tramitación (el sueldo que el trabajador ha
dejado de recibir desde que fue despedido hasta que el
tribunal dicta la improcedencia del despido) y readmite
al asalariado, o si paga la diferencia entre la
indemnización por despido procedente (20 días por año
trabajado con el límite de 12 mensualidades) e
improcedente (33 días con un límite de 24 meses).
Antes de la
reforma, el empresario tenía la opción de asumir, de
hecho, la improcedencia del despido pagando la
indemnización correspondiente (el llamado despido exprés),
o correr el riesgo ante el juez de que la rescisión
fuera declarada improcedente. En este segundo caso tenía
que pagar los salarios de tramitación y la diferencia
entre la compensación por despido procedente e
improcedente.
El titular del
juzgado de lo social número 30 de Madrid pone en
relación este cambio con el “lucro cesante”, un concepto
propio del derecho mercantil que establece que cuando se
rompe un contrato de forma injustificada entre una
empresa y uno de sus proveedores, este último tiene
derecho a una compensación por el perjuicio causado.
La desaparición de
los salarios de tramitación, para el juez, es uno de los
principales elementos de inconstitucionalidad de la
reforma laboral. Y lo apunta en seis de los ocho puntos
de la providencia.
De momento, el
titular del juzgado lo que ha hecho es dirigirse al
fiscal y a las partes afectadas (empresario y
trabajadores) para que se pronuncien sobre los puntos
que él cree inconstitucionales. Lo hizo el pasado 7 de
marzo y ahora tienen 10 días para presentar sus
argumentos.
Desde el primer
día han surgido voces que dudan sobre la
constitucionalidad de la reforma laboral. Quienes creen
esto critican, entre otros puntos de la misma, que solo
las pymes y los autónomos se pueden acoger al nuevo
contrato con un año de periodo de prueba y despido sin
indemnización alguna. También, al nuevo papel asignado a
la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos,
que ejercerá de árbitro final en los casos de
discrepancia sobre el incumplimiento de convenios cuando
las empresas estén en dificultades.
www.elpais.es
15.03.12
EL GOBIERNO MANTENDRÁ EL NÚCLEO DE LA REFORMA
LABORAL PESE A LA PROTESTA MASIVA
El Gobierno y el PP se sienten fuertes y
respaldados para seguir adelante con la reforma laboral y no consideran
suficientes las
protestas convocadas el pasado domingo por los
sindicatos como para hacer modificaciones sustanciales en el texto,
que, aunque debe pasar por el Congreso, ya está en vigor. La ministra de Empleo,
Fátima Báñez, se mostró este lunes dispuesta
a estudiar las propuestas que les lleguen, y el Grupo Parlamentario Popular
inició la ronda de consultas con los agentes sociales para recabar su opinión.
Pero la número dos del PP,
Dolores de Cospedal, reforzada en sus
poderes al frente del partido que gobierna con mayoría absoluta, advirtió: “El
cuerpo de la reforma tiene que mantenerse en su espíritu”. Es decir, que solo
habrá mínimos retoques. “Depende de lo que decida el Gobierno y de las
conversaciones de la ministra, pero creo que el núcleo central de la reforma el
Gobierno quiere mantenerlo inalterado porque es fundamental para ayudar a más de
cinco millones de personas que no pueden trabajar”, añadió.
“El Gobierno no dará marcha atrás”, certificó el
portavoz de CiU,
Josep Antoni Duran, el único grupo que ya ha
expresado su apoyo y el único con el que el Ejecutivo ha mantenido
conversaciones antes de aprobar el decreto ley. PSOE e IU exigen que se escuche
la petición de los manifestantes y se rectifique la reforma.
Con el aval de las manifestaciones masivas contra
la reforma laboral, UGT y CC OO exigían al Gobierno que los cambios vayan más
allá de las “modificaciones técnicas” de las que habla la ministra de Empleo,
Fátima Báñez. Lo van a tener difícil. Gobierno, sindicatos y empresarios ya han
empezado a reunirse, pero solo para aclarar los puntos en los que el decreto
ley, ya en vigor, resulta confuso. Es decir, para hacer arreglos “técnicos” en
el texto legal.
“Me hubiera gustado recibir una llamada del
Gobierno para abrir negociaciones. No es el caso”, se quejó el secretario
general de CC OO,
Ignacio Fernández Toxo. Tanto él como
Cándido Méndez, líder de UGT, advirtieron a
Mariano Rajoy de que sería mejor que transformara en profundidad la reforma
laboral durante el trámite parlamentario a rectificar después de una potencial
huelga general, como ya hizo el PP en 2002. Méndez incluso pidió al Ejecutivo
que deje sin vigor el decreto: “Si no se va a notar su efecto en meses, no tiene
sentido que se tramite por la vía del decreto ley”.
Sobre la posibilidad de que no hayan convocado
todavía una huelga por estar débiles ante la sociedad y que busquen el apoyo de
otras organizaciones cívicas —este lunes ambos estuvieron en la presentación de
una plataforma cívica de defensa de los servicios públicos—, Méndez dijo: “El
día de ayer demostró que conectamos con la sociedad”. “No buscamos el amparo de
nadie para hacer lo que tengamos que hacer”, rechazó Toxo.
Negociación colectiva
En las citas técnicas que ha habido hasta el
momento, las centrales han exigido al Gobierno que respete el pacto salarial que
firmaron con los sindicatos y los empresarios que marcaba límites a los cambios
legislativos en la negociación colectiva, explican fuentes sindicales. La
respuesta del Ministerio de Empleo ha sido que la reforma ha respetado el pacto;
por tanto, se deduce la negativa a aceptar cambios en este punto.
Por su parte, José Luis Feito, presidente de la
comisión económica de CEOE,
reclamó ayer que se endurezcan las condiciones para
cobrar la prestación por desempleo, algo que la reforma laboral no ha
modificado. El dirigente patronal reclamó que los parados no puedan rechazar
ofertas de empleo, se ajusten o no a su perfil laboral y alcance geográfico. “Es
inconcebible”, clamó Feito. En su opinión, tendrían que estar obligados a
aceptar cualquier oferta: “Como si es en Laponia”.
www.elpais.es 20.02.12
LA CEOE PIDE QUITAR LA PRESTACIÓN A QUIEN RECHACE CUALQUIER
OFERTA DE EMPLEO
Un alto cargo de la patronal pide que se
endurezcan los criterios para cobrar la prestación
Exige que se deje sin ayuda a quien rechace la
primera oferta de empleo que se le ofrezca
El presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la
patronal CEOE, José Luis Feito, ha valorado hoy que uno de los efectos
beneficiosos de la reforma laboral será la creación de empleo con crecimientos
bajos, del 1%, cuando hasta ahora es necesario que, según sus cálculos, la
economía avance a un ritmo de entre el 2,5% y el 3%, para ello.
Feito ha abogado, además, por abordar cuestiones eludidas como el
subsidio de desempleo, que debe ser retirado al beneficiario en cuanto no acepte
la primera oferta de empleo. Ha remarcado que en el resto de países europeos es
"inconcebible" que los desempleados cobren paro si han recibido una oferta de
trabajo. "Como si es en Laponia", ha subrayado. Por otra parte, ha defendido que
eliminar puestos de trabajo en las Administraciones no generará más paro, pues
liberará fondos públicos para pagar a proveedores y que éstas puedan volver a
contratar.
La patronal de patronales ha alabado la reforma laboral acometida
por el nuevo Gobierno en los últimos días, aunque en distintas ocasiones ha
aprovechado para exigir algunas medidas más. Así, el presidente de CEOE, Juan
Rosell, elogió la semana pasada los cambios en materia laboral, aunque admite
que la reforma "no va a crear empleo por decreto". Pero en declaraciones a
Antena 3 destacó que va a "intentar oxigenar, clarificar el mercado laboral
en España para intentar posteriormente, después de un periodo sin crear empleo,
intentarlo en el futuro".
La normativa laboral (ya antes de la reforma) establece que los
trabajadores en paro que reciban prestación no pueden rechazar empleos "salvo
causa justificada". Las causas, sin embargo, no aparecen especificadas. En el
Servicio Público de Empleo se explica que los perceptores de prestación
deben firmar
un compromiso de actividad, que les exige "buscar activamente empleo,
aceptar una colocación adecuada y participar en acciones específicas de
motivación, información, orientación, formación, reconversión o inserción
profesional para incrementar su ocupabilidad, así como de cumplir las restantes
obligaciones previstas en la normativa que regula las prestaciones por
desempleo".
El servicio público de empleo tampoco especifica qué se entiende por
una "colocación adecuada". Sin embargo, recuerda que incumplir el compromiso de
búsqueda activa si se recibe una prestación contributiva, "conlleva efectos
sancionadores como infracción leve".
Las faltas leves suponen un mes de suspensión en la prestación, y "en el
caso de reincidencia, la segunda infracción se sancionará con la pérdida de la
prestación durante tres meses, la tercera infracción, con la pérdida de la
prestación durante seis meses y la cuarta infracción con la extinción del
derecho a la prestación". En cuanto a rechazar una "oferta de empleo adecuada"
supone una infracción grave, lo que significa la pérdida de prestación tres
meses, y la extinción de la prestación en caso de reincidencia.
José Luis Feito, preguntado sobre si el Ejecutivo abordará cambios
en el sistema de prestación por desempleo, Feito ha descartado que estas
modificaciones se contemplen en los presupuestos de este año, pero ha confiado
en que se traten el año que viene.
El presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA),
Lorenzo Amor, se ha mostrado contrario a las palabras de Feito. Ha reconocido
que no se "identifica" con la idea de retirar prestaciones si no se acepta la
primera oferta y ha apostado por el "diálogo y el acuerdo" para buscar
soluciones tanto al paro, como a su coste económico, que asciende a 39.000
millones de euros en prestaciones, según sus cifras. "Pero no quitando derechos,
sino evidentemente dando empleo", ha matizado.
www.elpais.es 20.02.12
RAJOY NO QUIERE CAMBIOS EN LA REFORMA LABORAL
Asegura que
modificarla "no sería bueno para España".
Báñez avisa de
que aplicará de forma estricta la norma para retirar prestaciones de paro
Con sus
palabras sobre la reforma laboral, el presidente respondió a la carta que los
secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, le
enviaron el lunes para exigir la apertura de un proceso de negociación para
cambiar en trámite parlamentario el decreto ley. Rajoy dijo que le constaba el
envío de la misiva por los medios, si bien todavía no la había recibido.
Toxo y Méndez
piden al Gobierno que tenga en cuenta las manifestaciones
Los sindicatos
manifiestan en la carta su compromiso para "buscar elementos de consenso que nos
permitan afrontar la actual situación desde la concertación y no desde la
confrontación a la que nos abocan paquetes de medida como esta", dicen en su
carta. Los líderes sindicales piden a Rajoy que tenga en cuenta las masivas
manifestaciones celebradas el domingo e insisten en que la reforma es
desequilibrada. Advierten también de que la falta de diálogo y de consenso
supone "un profundo error que no va a facilitar la obtención de resultados".
El secretario
general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, expresó este martes su confianza en
que el Gobierno acceda a negociar la reforma, tanto con sindicatos como con los
grupos políticos. "La negociación debe llegar porque hay que cambiar muchas
cosas", dijo.
Algunos
dirigentes empresariales son "insaciables" e "ignorantes", reprochó Joan
Coscubiela, segundo portavoz adjunto de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). Lo
primero, explicó, porque "no han digerido aún las prebendas" que les otorga la
reforma "y ya quieren más". Y lo segundo, porque no saben que hoy ya se le
retira la prestación por desempleo a un parado si rechaza en tres ocasiones una
oferta de trabajo. Si el grupo está "profundamente preocupado" es porque la
patronal "dicta la política del Gobierno".
La patronal
insistió este martes en que se quite la prestación del paro a la primera
La CEOE vuelve a la carga
El presidente
de la Comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE, José Luis Feito,
insistió este martes en la propuesta que hizo el lunes de retirar la prestación
por desempleo a las personas que rechacen una oferta de trabajo aunque sea "en
Laponia". Feito aseguró que sólo quería poner el ejemplo de "países que todos
admiramos", en referencia a los escandinavos; "son mucho más exigentes en lo
concerniente a este tipo de prestaciones". El Ejecutivo señaló que en España el
índice de movilidad de las personas en paro se ha reducido
"extraordinariamente". "No sólo son reacios a desplazarse de una ciudad a otra,
sino que hay una rigidez de movilidad tal que hay negativas incluso para
desplazarse de un barrio a otro", subrayó Feito, que añadió que es así "en el
80% de los casos".
La ministra de
Empleo, Fátima Báñez, contestó a Feito y aseguró que el Gobierno "va a hacer
cumplir la ley". Aunque dijo que se mantendrá la norma que marca que se pueden
rechazar hasta tres ofertas, sus palabras parecen indicar más dureza en su
aplicación. "Una cosa es garantizar el derecho de los trabajadores y otra cosa
es que los trabajadores en desempleo no acepten ofertas de empleo adecuadas en
un país en crisis y con la situación actual que tenemos", señaló.
Montoro pidió a
la patronal que se centre en "debates reales"
Más duro con la
patronal fue el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que pidió a la CEOE que
se centre "en debates reales", ya que las prestaciones no entran en el perímetro
de la reforma. Afirmó también que las palabras de Feito "son metáforas
desafortunadas para explicar situaciones", y añadió que el Gobierno "no puede
estar de acuerdo con ello".
Las palabras de
Feito no fueron bien recibidas entre los sindicatos. "Es una propuesta
vergonzosa e incoherente", afirmó el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni
Ferrer. El secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, la calificó de
"una simple y llana barbaridad" y apuntó a que este tipo de declaraciones
parecen responder a una "estrategia orquestada" para tratar de hacer buena la
reforma laboral.
Durante su
viaje a Reino Unido, Rajoy también se refirió a la carta firmada por España y
otros 11 estados solicitando medidas de estímulo económico en lugar de
austeridad, y enviada a las instituciones europeas. Rajoy dijo que no existe
"ningún frente contra nadie", en referencia a la ausencia de Francia y Alemania.
Este martes, en
Londres, grandes empresas de infraestructuras españolas, como FCC y Ferrovial,
se apuntaron un tanto al lograr que Rajoy y Cameron visitaran las obras de uno
de los proyectos de infraestructuras más ambiciosos de Europa: el tren de
cercanías Crossrail, con una inversión de casi 18.300 millones.
www.elpais.es 21.02.12
CIENTOS DE MILES DE
PERSONAS PROTESTAN EN TODA ESPAÑA CONTRA LA REFORMA LABORAL
Apenas 59 días después de llegar a La Moncloa,
Mariano Rajoy ya se ha topado con su primera gran protesta contra su política.
Decenas de miles de personas han salido este domingo a la calle de 57 ciudades
españolas convocados por UGT y CC OO para pedir cambios profundos en la reforma
laboral que el Gobierno aprobó el 10 de febrero. De lo contrario, amenazan,
habrá más movilizaciones. "Si el Gobierno no rectifica, continuaremos con la
movilización creciente", concluía el manifiesto leído en Madrid.
Los sindicatos todavía no concretan en qué
consistirá esa "movilización creciente". Pese a la respuesta del domingo,
todavía se resisten a hablar en público de la huelga general y mucho menos a
especular con la fecha en la que se podría convocar. "Voy a seguir hablando de
la reforma, y no me voy perder en el debate sobre la respuesta", defiendía el
líder de UGT, Cándido Méndez, en la Puerta del Sol de Madrid.
Como es habitual, las cifras de sindicatos y
policía difieren totalmente
Para las centrales de trabajadores, las medidas
emprendidas por el Gobierno no solo pretenden cambiar el mercado laboral, sino
el modelo social a través de los recortes presupuestarios. De ahí que hayan
emprendido lo que llaman una "movilización inclusiva", que se ha concretado con
la presencia de manifestantes que, con la habitual camiseta verde, se oponen a
los recortes en la educación madrileña; los trabajadores afectados por el cierre
de la planta de Arcelor en Villaverde; los que rechazan los recortes sanitarios;
y la presencia de miles de personas del movimiento 15-M, que de forma crítica, y
entre reproches a UGT y CC OO, se sumaron a la protesta.
Entre todos sumaron unos 110.000 asistentes a la
manifestación madrileña, según los cálculos de EL PAÍS.
Los sindicatos han calculado en 500.000 los
asistentes a la marcha de Madrid, en 450.000 los de Barcelona, en 80.000 los de
Valencia, en 35.000 los de Alicante, en 50.000 los de Gijón y en 70.000 en
Zaragoza. Como es habitual, se ha desatado una nueva guerra de cifras, ya que la
policía nacional rebaja a 50.000 los asistentes en Madrid, a 22.000 los
manifestantes en Alicante y a solo 25.000 los de Valencia, aunque aún no son
cifras oficiales, mientras que el Departamento de Interior ha cifrado en solo
30.000 los manifestantes en la Ciudad Condal. En Andalucía, los sindicatos
elevan a 100.000 las personas que han salido en toda la comunidad, la mitad de
ellas en la capital y 30.000 en Málaga, aunque la policía local de Sevilla
reduce los asistentes a 5.000.
En las calles, la asistencia se percibía como
multitudinaria. En Valencia, por ejemplo, la organización ha tenido que
desdoblar la marcha por la calle de Colón, ante los miles de personas que aún
esperaban en la salida para acceder a la calle de san Vicente cuando la cabecera
ya había completado los más de dos kilómetros de recorrido, informa Joaquín
Ferrandis. Los asistentes coreaban lemas como "¡Mariano, escucha el pueblo está
en la lucha!", y también abundaban las pancartas alusivas a las recientes cargas
policiales contra estudiantes.
Con el lema "No a la reforma laboral injusta con
los trabajadores, ineficaz para la economía e inútil para el empleo", han
arrancado las manifestaciones en las principales provincias andaluzas,
aragonesas, catalanas, castellanas, vascas, gallegas, baleares y valencianas, y
en ciudades como Gijón, Santander, Pamplona, Cáceres, Las Palmas de Gran
Canaria, Logroño, Ceuta y Melilla. La primera estaba convocada a las 10.30 en
Córdoba, y la última a las seis de la tarde en Ibiza, aunque el grueso de las
protestas se han celebrado a mediodía.
La jornada es el inicio, según las dos principales
centrales, de una campaña de concienciación "creciente y sostenida" contra la
reforma del Gobierno del PP, que entre otras medidas, limita a dos años la
ultraactividad de los convenios, generaliza el contrato con un despido de 33
días de indemnización y concreta las causas que permiten a los empresarios
despedir con 20 días, por ejemplo si suman tres trimestres consecutivos con un
descenso de los ingresos. La siguiente jornada de protestas esta convocada para
el miércoles 29. No obstante, Toxo y Méndez han admitido que no convocarán una
huelga general hasta que el "ánimo" de los trabajadores sea el adecuado.
Frente a los sindicatos, en la retina del Gobierno
está aún el paro del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral del
Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que no fue tan dura como la aprobada
ahora por el PP. De hecho, fue Rajoy el primero en hablar de esta posibilidad,
cuando, en una conversación informal en Bruselas antes de aprobar la reforma,
dejó caer que le costaría una huelga general. El presidente del Gobierno, que
acaba de clausurar el congreso del PP en Sevilla, ha expresado su respeto por
las protestas, pero ha asegurado que la reforma es "justa, buena y necesaria"
para el país.
Mientras, el PSOE ha estado presente en las
protestas de Madrid mediante una delegación, que ha contado con la presencia de
la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, que ha sido abucheada por medio
centenar de indignados al grito de "no nos representan". En la cabecera de la
manifestación también se ha visto al exministro de Trabajo, Valeriano Gómez y a
Diego López Garrido, a quien algún manifestante le preguntaba desde la acera
donde había estado en la huelga general de 2010 y en la reforma de pensiones.
Los socialistas, que pretenden recuperar la relación con los sindicatos y el
apoyo social, han convertido esta reforma en el escenario de su política de
oposición frontal al Gobierno.
www.elpais.es 19.02.12
“AL SER EL RIESGO DE DESPIDO MUY REDUCIDO, SE
DESINCENTIVA EL ESFUERZO"
El Gobierno explica en la Memoria Económica de la reforma laboral sus motivos
para abaratar y facilitar el despido. Pretende que las ETT ayuden a descubrir a
los parados que no quieren trabajar
Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados la Memoria para el análisis
del impacto de la reforma laboral, donde explica las razones que le han llevado
a facilitar y abaratar el despido y a permitir que el empresario, de forma
unilateral, reduzca los salarios dejando al trabajador la única opción de darse
por despedido si no acepta .
En el documento oficial, el Ejecutivo sostiene que la estabilidad en el empleo
tiene un lado negativo cuando, "al ser el riesgo de despido muy reducido, se
desincentiva el esfuerzo y se genera una excesiva resistencia a la adaptación a
nuevas necesidades". El Ministerio de Empleo explica que esa estabilidad se
produce porque el despido en España es "relativamente más caro y limitado que en
otros países".
La Memoria señala que la anterior normativa llevaba a ajustes laborales
"claramente injustos" que no tenían en cuenta la productividad y otras
coyunturas económicas. De hecho, recalca que los trabajadores indefinidos
"perciben incentivos para oponerse a ajustes tales como la reducción de
salarios".
La solución que ha encontrado el Gobierno ya se conoce: se introduce más
inseguridad para todos los trabajadores, lo que, en su personal interpretación,
incentivará el esfuerzo y la productividad. Desde luego, no todos piensan igual.
El diputado y portavoz de ICV en el Congreso, Joan Coscubiela, considera que con
esta reforma laboral "se pretende presionar a la baja los salarios y desproteger
al trabajador".
Con la supresión de la autorización administrativa en los ERE se pretende "ganar
en celeridad", dice el texto de la Memoria, y "corregir la tendencia a llegar a
un acuerdo consistente en el pago de elevadas indemnizaciones" para evitar que
la autoridad laboral entre a examinar los despidos. El fin último es
"normalizar" el uso del despido colectivo "a un coste más razonable". Y ese es,
a juicio del ministerio, 20 días por año y un máximo de 12 mensualidades. Por
eso, "el objetivo esencial de la reforma es reconducir la mayor parte de los
despidos hacia los despidos objetivos y colectivos procedentes".
El objetivo de la reforma es imponer el despido objetivo con 20 días
La Memoria también expone otras motivaciones del Gobierno que hay detrás de las
medidas. Por ejemplo, tras la decisión de incorporar a las Empresas de Trabajo
Temporal (ETT) como agencias de colocación, está la ambición de que sirvan para
inundar de ofertas a los parados y descubrir a los que no quieren trabajar o que
están en la economía sumergida.
La incorporación de las ETT "permitirá que los desempleados sean contactados más
frecuentemente para acudir a entrevistas de trabajo o ser contratados. De esta
manera, si están trabajando de forma fraudulenta o no están verdaderamente
interesados en trabajar, serán expuestos y perderán la prestación". La ley
establece que rechazar una oferta de trabajo "adecuada" conllevará la pérdida de
la prestación por desempleo durante tres meses, rechazar una segunda oferta
implica perder el seguro de paro durante seis meses y, si se hace por tercera
vez, se pierde completamente el derecho a la prestación.
A la vista de lo que se explica en la Memoria enviada a los diputados, queda
claro cuál es el camino en el que confía la ministra Fátima Báñez para reducir
la costosa carga presupuestaria de las prestaciones por desempleo, cuyo gasto
mensual asciende a más de 2.580 millones de euros y que se ha duplicado respecto
al que había en 2007, antes de la crisis. Si a través de las ETT se llena de
ofertas de trabajo a los parados y muchos las rechazan, quedará suspendido
temporal o permanentemente para ellos el cobro del paro. En esto, la clave será
cómo se juzgue si una oferta de trabajo es adecuada o no.
Tutela judicial
El Ejecutivo no sólo ha querido abaratar y facilitar el despido, sino que
considera que, en el modelo anterior, los tribunales gozaban "de una amplia
capacidad interpretativa sobre si se dan o no las causas del despido, lo que
genera incertidumbre y limita la seguridad jurídica".
La reforma laboral costará 236 millones de euros el primer año
Aún más, al Ministerio no parece gustarle lo que dicen los magistrados ya que
puntualiza que "los tribunales suelen interpretar de forma laxa cuándo un
despido es procedente". Y, tal vez para que no haya margen a una interpretación
laxa, con la reforma se intro-duce una nueva causa para poder hacer despidos
objetivos con 20 días de indemnización: la de reducción de ingresos o ventas
durante tres trimestres seguidos, que se une a la de la previsión de pérdidas
que introdujo Zapatero en 2010.
Además, como los salarios de tramitación (los que paga el empresario en función
del tiempo transcurrido entre la fecha del despido y la de la resolución
judicial) "incentivan el recurso a los tribunales", la reforma ha suprimido esos
salarios de tramitación.
Despidos en el sector público
El Gobierno también reconoce que uno de sus objetivos con la reforma laboral es
"el redimensionamiento de las estructuras administrativas que crecieron
desmesuradamente durante la fase de fuerte crecimiento económico". En este
sentido, se permite que los organismos y entidades del sector público, cuando
tengan una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente,
puedan acudir a los despidos colectivos sin autorización administrativa. El
texto explica que esta medida se completa "con la prohibición de que lleven a
cabo suspensiones de contratos o reducciones temporales de jornada".
La reforma laboral costará al menos 236 millones de euros en el primer año. La
mayor partida, 122 millones de euros, corresponde a la reposición de
prestaciones por desempleo a los trabajadores afectados por ERE temporal o
reducción de jornada que sean despedidos. Las bonificaciones de fomento de la
contratación indefinida costarán 19,6 millones el primer año y se calculan
55.700 beneficiarios.
Por otro lado, la memoria explica que la reducción de jornada por guarda legal
se hará en la jornada diaria y no en la semanal o anual, por lo que no se podrá
acumular en un día completo. Y que los directivos del sector público estatal que
sean funcionarios o empleados públicos no recibirán indemnización alguna cuando
dejen el puesto .
Finalmente, el decreto ley mandata al Gobierno para que evalúe la conveniencia
de crear un "cheque formación" destinado a financiar individualmente la
formación de cada trabajador donde él quiera
LA REFORMA
PERMITE A UN TERCIO DE LOS GRUPOS DE LA BOLSA ABARATAR EL DESPIDO
Buena parte de
las empresas tienen pérdidas o tres trimestres de caída de ventas
La cifra
aumentará a lo largo de este año con el efecto de la nueva recesión
La reforma
laboral allana el camino para que las empresas cuyas cuentas muestren signos de
debilidad puedan despedir con una indemnización de solo 20 días por año
trabajado con un máximo de una anualidad. Con las cifras de las empresas
cotizadas en la mano, hay ya 43 compañías que podrían acogerse a la nueva
normativa para reducir su plantilla con un bajo coste. Y eso a pesar de que se
trata de datos previos a la recaída en la recesión y a que hacen referencia a
los grupos consolidados, y no a las filiales españolas, en las que la situación
es peor. Este grupo de empresas acumula una plantilla total de 283.415
trabajadores y representa el 37% de las firmas incluidas en el Índice General de
la Bolsa de Madrid. Las empresas cotizadas están entre las más sólidas y
rentables, por lo que es muy posible que en el conjunto de la economía la
proporción de compañías que puedan acogerse al despido barato sea
significativamente mayor.
El decreto ley
aprobado el viernes por el Gobierno concede un mayor margen a los despidos
procedentes o los expedientes de regulación de empleo (ERE) con una
indemnización de 20 días si, entre otras circunstancias, concurren causas
económicas. El texto entiende que se dan causas económicas cuando de los
resultados de la empresa “se desprenda una situación económica negativa, en
casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la
disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas”. El legislador
entiende que la disminución de ingresos es persistente si se produce “durante
tres trimestres consecutivos”.
La ley ya no
exige que las pérdidas amenacen la viabilidad de la compañía para hacer un ERE
Las compañías
cotizadas están ahora en plena fase de presentación de resultados de 2011. Los
últimos datos globales que hay, por tanto, son a 30 de septiembre pasado. Un
total de 25 empresas cotizadas cerraron los nueve primeros meses de 2011 en
números rojos. Este grupo está integrado por compañías de tamaño mediano (no hay
ninguna del Ibex 35) como Tavex, Vocento, Adolfo Domínguez o Cementos Portland,
entre otras. La nueva reforma laboral ya no exige, como ocurría hasta ahora, que
las pérdidas pongan en peligro la viabilidad del negocio o el mantenimiento del
empleo para que las empresas puedan acogerse al despido barato. Solo se habla de
pérdidas, lo que da más margen a las compañías.
La otra
condición que pone el nuevo texto para echar a los trabajadores con 20 días,
acumular tres trimestres seguidos de caídas de las ventas, la cumplen 11 grupos
cotizados a 30 de septiembre pasado, entre ellos algunas compañías grandes
incluidas en el Ibex como Abertis, FCC, Ferrovial y Sacyr Vallehermoso.
A las 11
empresas que ven caer sus ventas tres trimestres seguidos y las 25 que están en
números rojos habría que añadir otras siete que acumulan dos trimestres con
caídas en su facturación. Estas últimas también se podrían beneficiar del
artículo que abre la puerta a una rebaja de los sueldos. La reforma laboral
otorga a las empresas la capacidad para reducir los sueldos de los trabajadores
pactados en convenio o modificar los horarios si se encuentran en problemas. En
concreto, el Gobierno permitirá retocar la cuantía salarial si concurren
circunstancias económicas como pérdidas actuales o previstas o la disminución de
ingresos o ventas por dos trimestres consecutivos.
De ERE de 45
días a indemnizaciones de 20 días
En esta lista
están todas las que son, pero no son todas las que están. El número
probablemente es más grande, ya que las cifras de facturación y beneficios hacen
referencia al grupo en su conjunto. Es decir, hay multinacionales que, a nivel
consolidado, ganan dinero o cuyas ventas no caen tres trimestres seguidos, pero
cuyas filiales, principalmente las españolas, sí cumplen estas condiciones y,
por tanto, podrían beneficiarse de las nuevas condiciones de despido. Un ejemplo
es Telefónica. El grupo de telecomunicaciones gana dinero y mantiene
crecimientos en su cifra de negocio gracias a los mercados emergentes como los
latinoamericanos. Sin embargo, sus filiales españolas suman más de tres
trimestres con caídas de ventas. La compañía presentó en 2011 un ERE para unos
6.500 empleados con indemnizaciones de 45 días por año trabajado con un máximo
de 3,5 anualidades. Con la nueva ley, le habría bastado pagar 20 días con un
máximo de una anualidad y no habría necesitado autorización de Trabajo.
En las filiales
españolas, la caída de ingresos está más extendida que en las matrices
Además, la
cifra de compañías que podría acogerse al despido barato es bastante probable
que aumente en 2012. En los nueve primeros meses del pasado año el contexto
económico en España era de moderado crecimiento. El PIB creció a una tasa
interanual del 0,9% en el primer trimestre de 2011, mientras que en el segundo y
en el tercero la tasa fue del 0,8%. Sin embargo, las circunstancias han
empeorado sustancialmente. En el cuarto trimestre del pasado año el PIB solo
mejoró un 0,3% y cayó en tasa trimestral en lo que todas las previsiones apuntan
como el inicio de una dura recesión.
Con este cuadro
macroadverso, lo lógico es que los resultados empresariales se desaceleren aún
más. Los analistas prevén que hasta 30 grupos cotizados españoles vean caer su
cifra de negocio en 2012 y que 15 compañías entren en pérdidas, según los datos
recopilados por la consultora económica Factset. Pero, de nuevo, la realidad
será mucho más dura en las filiales españolas.
www.elpais.es 14.02.12
LA NEGATIVA A
ACEPTAR CAMBIO DE HORARIO Y TRASLADO MOTIVARÁ LA RESCISIÓN BARATA
La nueva
reforma laboral fija un arbitraje obligatorio para facilitar las medidas de
flexibilidad
Cuando un
empresario decida cambiar la jornada, el horario, bajar el sueldo o trasladar a
otra ciudad a un empleado, este tendrá que aceptar la decisión. Si no lo hace,
la opción que le queda es pedir la rescisión del contrato y recibir por ello la
indemnización por despido más barata: 20 días de indemnización con un límite
máximo de 9 o 12 mensualidades, según los casos. Luego el trabajador podrá
recurrir ante los tribunales, pero esto no detendrá la decisión del empresario,
según la reforma laboral. En caso de que el juez considere que la decisión no
estaba justificada, el trabajador podrá regresar a su puesto de trabajo en las
condiciones que tenía.
Sí que hay
diferencias, cuando la decisión del empresario de cambiar las condiciones
sustanciales de trabajo, afecten a un 10% de la plantilla. Entonces se abrirá un
proceso de negociación. Si las conversaciones acaban sin pacto, y no se
encuentra una solución en los mecanismos de mediación intermedios —como las
comisiones paritarias— entonces entrará en juego la Comisión Nacional de
Convenios Colectivos, que designará un árbitro encargado de dictar un laudo de
obligado cumplimiento para las dos partes.
Para tomar la
decisión de cambiar horario, jornada o trasladar trabajadores, tanto de forma
individual como colectiva, será necesario que el empresario la justifique. Para
esto, tendrá que señalar causas técnicas, productivas o económicas. En este
último caso, la reforma ha definido que dos trimestres consecutivos de caída de
ingresos en una empresa servirán como causa económica.
Antes de la
reforma, cuando un empresario quería modificar la jornada, dictar algún traslado
o descolgarse de un convenio tenía que sentarse a negociar con los
representantes de los trabajadores —o con una comisión designada al efecto por
la plantilla— y llegar a un acuerdo con ellos. En caso de que no hubiera pacto,
se llegaba a un callejón sin salida. Es decir, el empresario no podía cambiar
unilateralmente las condiciones de trabajo sin pacto.
La reforma
laboral que el PSOE aprobó en 2010 y la reforma de la negociación colectiva
trató de resolver esta situación agilizando plazos buscando fórmulas de
arbitraje voluntarias. Empresarios y sindicatos llegaron al acuerdo, en el pacto
para la solución extrajudicial de conflictos laborales, de impulsar los
arbitrajes voluntarios en los convenios de empresa y sectoriales para no llegar
a puntos de no retorno. Sin embargo, si no había acuerdo sobre esto, no había
una salida prevista.
La nueva
reforma laboral ha tratado de sacar del punto muerto estas situaciones fijando
un punto final en caso de desacuerdo: la Comisión de Convenios.
El decreto
también da la puntilla a los salarios de tramitación, cuyo intento de supresión
provocó la huelga general de 2002. Aunque el Gobierno de Aznar rectificó
parcialmente, en la práctica las empresas eludían pagar salarios de tramitación
(los que se cobran hasta que hay sentencia sobre el despido) admitiendo la
improcedencia y pagando la indemnización de 45 días. Ahora no habrá salarios de
tramitación ni siquiera si se despide con 20 días y luego el juez lo declara
improcedente.
www.elpais.es 13.02.12
UGT Y CC OO
ACUSAN A RAJOY DE PERMITIR DESPIDO "LIBRE Y GRATUITO"
Toxo y Méndez
dudan de la constitucionalidad del nuevo contrato para pymes
Báñez solo
accede a abrir “conversaciones técnicas” sobre la reforma laboral
Un día después
de que la reforma laboral entrara en vigor, la ministra de Empleo, Fátima Báñez,
dio cuenta de los detalles a los sindicatos y los empresarios. Allí los líderes
de UGT, Cándido Méndez, e Ignacio Fernández Toxo, CC OO, le espetaron que el
nuevo contrato indefinido que ha creado el Gobierno para empresas de menos de 25
trabajadores permite “el despido libre y gratuito” durante un año. Y le
advirtieron, en presencia de los presidentes de CEOE, Juan Rosell, y Cepyme,
Jesús Terciado, de que creen que varios puntos del decreto ley son
inconstitucionales.
En la reunión,
celebrada ayer por la mañana, Toxo y Méndez solicitaron a Báñez cambios
profundos en la reforma laboral. La ministra les escuchó. Pero su respuesta no
colmó las demandas sindicales. A la salida de la reunión, tanto unos como otra,
afirmaron que habían acordado el inicio de “conversaciones técnicas” para hacer
mejoras. Es decir, que el Ministerio de Empleo está dispuesto a hacer pequeñas
modificaciones en el nuevo texto legal para evitar puntos confusos pero no a
hacer cambios con profundidad.
La reforma
laboral ha creado un nuevo contrato para las empresas de menos 50 trabajadores y
para los autónomos que establece un periodo de prueba de un año. Hasta ahora,
este periodo, en el que se puede despedir sin indemnización, podía llegar a un
máximo de seis meses. Esto es lo que ha llevado a los líderes sindicales a
atacar la reforma laboral por crear el “despido libre y gratuito”. Además, el
líder de CC OO, Fernández Toxo, sugirió que, en realidad, con esta nueva figura
contractual lo que se pretende es maquillar en las estadísticas la alta
temporalidad del mercado laboral español.
No lo ven así
los autónomos. “La reforma va a servir para que las empresas menores de 50
trabajadores hagan más contrataciones, en las mayores puede que haya más
despidos”, declaraba Lorenzo Amor, presidente de ATA, la mayor asociación de
autónomos. Su razonamiento se apoya en este nuevo contrato que, además, bonifica
con 3.000 euros a los autónomos cuando contraten a su primer trabajador menor de
30 años.
A la hora de
justificar la creación de esta nueva figura contractual, el Gobierno afirma que
el 95% de las empresas españolas podrán beneficiarse de ella. No obstante, esa
aplastante mayoría de compañías con menos de 50 trabajadores en el tejido
empresarial disminuye cuando se traslada al porcentaje de empleados por ellas
(sobre el 60%).
Pero las
críticas a este nuevo contrato de las centrales sindicales no se quedan solo en
la posibilidad de que se pueda despedir sin indemnización. UGT y CC OO creen que
esta nueva figura contractual puede ser inconstitucional porque contempla
diferentes derechos en la legislación —no en los convenios— entre los empleados
por una empresa menor de 50 trabajadores y los asalariados de una mayor.
La reforma
impulsará los contratos en las pequeñas empresas.Lorenzo Amor presidente de ATA
También piensan
las centrales que hay dudas sobre la constitucionalidad de la reforma cuando
fija como tribunal de última estancia a la Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos. La doctrina emanada hasta ahora del Tribunal
Constitucional dicta que el arbitraje en temas laborales no puede ser
obligatorio. Para UGT y CC OO, el papel de la citada comisión sería el de un
árbitro obligatorio y, por tanto, ilegal.
La ministra no
comparte esta opinión. “La Comisión de Convenios es un órgano tripartito en el
que están presentes los sindicatos y los empresarios”, razonó Báñez a la salida
de la reunión, “es constitucional”.
“Es un camino
erróneo, injusto y muy peligroso”. Cándido Méndez, secretario general de UGT
Sobre el
conjunto de la reforma, los representantes sindicales comentaron que “está
llamada a destruir mucho empleo a corto plazo en nuestro país”. “Es un camino
erróneo, injusto y muy peligroso”, abundó Méndez. Para el máximo representante
de CC OO, Fernández Toxo, la reforma abre la puerta a un camino rápido para que
España llegue a los seis millones de parados.
Uno de los
puntos que más ha molestado a los sindicatos — la patronal no valoró el
encuentro a la finalización— es los cambios introducidos en la negociación
colectiva. En el pacto de moderación salarial firmado a finales de enero, las
patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos se comprometieron a impulsar los
convenios de empresa frente a los firmados en los sectores.
La reforma
laboral lo que hace es establecer la prevalencia de los convenios y los acuerdos
firmados en las empresas directamente, sin que los ámbitos superiores de
negociación puedan hacer nada al respecto. Lo que, en opinión de los sindicatos,
va más allá de los límites del pacto salarial y se ha hecho para dejar “en papel
mojado” lo firmado en sectores como la construcción, la química y el
metalúrgico. En cambio, Báñez defiende que en la reforma, lo único que ha hecho
el Gobierno en este punto, es trasladar lo firmado por los agentes sociales.
La opinión de
CEOE sobre este punto no ha trascendido. No obstante, uno de los presentes en la
reunión de ayer comentó que Juan Rosell, presidente de la patronal, simplemente
dijo: “Veremos la aplicación práctica”.
www.elpais.es 13.02.12
LA REFORMA
LABORAL FACILITA LOS ERE EN LA ADMINISTRACIÓN
La
“insuficiencia presupuestaria” durante nueve meses permitirá despidos colectivos
en el sector público
La reforma
laboral allana el camino de los despidos colectivos en el sector público tanto
como en el privado. Y no solo lo hace para quienes trabajan en las empresas
públicas, sino también para el personal laboral contratado directamente por los
ayuntamientos, las comunidades autónomas o los propios ministerios. Cuando los
“entes, organismos y entidades que forman parte del sector público” aduzcan
nueve meses de “insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente”, según
reza una disposición transitoria del decreto ley que entró ayer en vigor, podrán
poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por causas
económicas y despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado sin que
la autoridad laboral les de el visto bueno.
Entre los
potenciales afectados de esta medida están los casi 700.000 empleados públicos
que están considerados como personal laboral contratado, según el Ministerio de
Administraciones Públicas, y los más de 150.000 que trabajan en empresas
públicas, según la encuesta de población activa. En cambio, deja fuera a los dos
millones de funcionarios, cuyo régimen laboral no se rige por el Estatuto de los
Trabajadores, que es lo que reformó el Consejo de Ministros el pasado viernes.
Además, la
reforma laboral zanja un viejo debate del derecho laboral: ¿se pueden promover
despidos colectivos desde el sector público? La mayoría de juristas y sentencian
opinaban que sí. Y, de hecho, hay múltiples regulaciones de empleo llevadas a
cabo en Administraciones públicas. Uno de los últimos ejemplos es el del
Ayuntamiento madrileño de Collado Villalba que el jueves recibió luz verde de la
Comunidad de Madrid —si hubiera esperado dos días no la habría necesitado— para
despedir a 39 de sus 569 empleados.
Lo que no
podrán hacer las Administraciones y los demás órganos públicos, a partir de
ahora, salvo los que se financien mayoritamente con dinero que no procede de los
contribuyentes, es recurrir a otras herramientas para adaptarse a las
dificultades económicas y recibir ayudas de la Seguridad Social para mantener el
empleo. La reforma laboral les veda la posibilidad de recurrir a los ERE para
suspender contratos temporalmente o reducir jornada. Este veto es la mejor
prueba de que el Gobierno —con los cambios laborales para el sector público en
la reforma— lo que persigue es facilitar el ajuste presupuestario a través de la
partida de personal.
La medida
afectaría al personal laboral contratado y de empresas públicas
Desde julio de
2009, cuando una empresa opta por enfrentarse a las dificultades económicas
suspendiendo los contratos temporalmente sin despedir se beneficia de una
bonificación del 50% en las cuotas a la Seguridad Social durante 240 días.
Además, los trabajadores afectados cobran 180 días de prestación por desempleo,
sin que eso suponga merma alguna en su derecho para percibir luego el paro si
definitivamente acabara perdiendo su empleo. La reforma laboral cierra esta
posibilidad para los ERE procedentes de la Administración o sus aledaños. No en
vano, los recursos empleados en esta ayuda salen de las arcas de la Seguridad
Social.
Que la
“insuficiencia presupuestaria” justifique el despido colectivo por motivos
económicos en los entes y organismos públicos allana el ajuste por una doble vía
en muchos de ellos. Por un lado, facilita y abarata el ERE. Por otro, permite a
la Administración provocar la causa que motiva el expediente.
En muchos
organismos (Consejo Superio de Investigaciones Científicas, universidades,
televisiones públicas, organos supervisores y reguladores como la CNMV o el
Banco de España) su presupuesto procede totalmente o en gran parte de la
dotación presupuestaria que se le asigne. Por tanto, depende de la decisión de
los responsables políticos que se den las causas que permiten poner en marcha el
despido colectivo procedente. Por ejemplo, la decisión del Consejo de Ministros
de recortar en 200 millones la aportación pública al presupuesto de RTVE, bien
podría propiciar que la televisión pública estatal acabara incurriendo en
“insuficiencia presupuestaria persistente”.
El Gobierno
quiere acabar con los ERE privilegiados como el de RTVE en 2006
La crisis ha
provocado un desplome de los ingresos públicos y el descontrol del déficit. Para
controlarlo, muchas administraciones han puesto su mirada en este tipo de
órganos. Es el caso de las televisiones autonómicas. En Valencia, la
Generalitat, la comunidad más endeudada de España, ha anunciado su intención de
reducir en dos tercios (1.800 trabajadores) la plantilla de Radio Televisión
Valenciana. Tras la reforma laboral, el Gobierno de Alberto Fabra ve como se le
allana y abarata el camino.
Hasta el pasado
viernes, las regulaciones de empleo que se llevaban adelante en este tipo de
organismos solían acabar con unas condiciones mucho mejores que las del resto de
trabajadores. En 2006, RTVE pactó un ERE con sus sindicatos por el que los
afectados perdían su empleo a cambio de recibir en torno al 90% de su sueldo
neto hastas que se jubilaran.
La intención
del Gobierno es acabar con este tipo de pacto. Y así lo admitía el pasado
viernes. “Pretendemos facilitar el redimensionamiento de las estructuras
administrativas que crecieron desmesuradamente durante el crecimiento y que no
son sostenibles desde un punto de vista financiero en el momento actual, ni
existe una previsión de que lo sean en los próximos años”, afirma el Ministerio
de Empleo.
www.elpais.es 13.02.12
COSPEDAL, TRAS
LA REFORMA: “EL PP ES EL QUE MEJOR DEFIENDE A LOS TRABAJADORES”
La dirigente
popular considera el despido más barato “una aportación solidaria” a los parados
Defiende que la
reforma facilita la viabilidad de empresas en crisis, además de flexibilizar
contratos
“No teníamos
otro remedio”, dice Guindos para justificar el incumplimiento de promesas
electorales
Dolores de
Cospedal, la secretaria general de los populares, ha sostenido varias veces que
el PP es “el partido de los trabajadores”. Así que, en una breve entrevista en
TVE, la pregunta cayó por su propio peso, tras una reforma laboral que abarata
el despido y facilita la rebaja salarial. Y De Cospedal insiste: “el PP es el
partido que mejor defiende los derechos de los trabajadores, de los que trabajan
y de los que quieren trabajar, porque trabajadores son todos”.
La secretaria
general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha ha asumido que la reforma
efectivamente abarata el despido, al extender los contratos con 33 días de
indemnización en despidos improcedentes (frente a los 45 días, que es lo más
común hasta ahora) y dar pie a un uso mucho más intenso del despido procedente
(20 días por año trabajado). De Cospedal ha visto “lógico y normal” que haya
trabajadores preocupados por esa rebaja. “Confío en que entiendan que aquel que
está trabajando tiene que hacer una aportación solidaria para procurar que los
que no pueden acceder al mercado laboral puedan hacerlo”.
La secretaria
general del PP reivindica que pymes y autónomos apoyan la reforma laboral
“Muchos dirán,
bueno, es que si me despiden tengo derecho a menos días. Eso es verdad. En
contra, se favorece que pueda haber mucha más gente trabajando. En un momento
como el que nos encontramos, los esfuerzos de la población tienen que ser
esfuerzos solidarios”, añadió. También ha recalcado que la parte más importante
de la reforma laboral es la que recoge los incentivos a la contratación,
especialmente de los jóvenes. “Cuando autónomos y pymes consideran que es una
buena reforma, estamos en la buena dirección”, mantuvo.
Además, De
Cospedal ha recordado que el objetivo de la reforma no es sólo flexibilizar el
mercado laboral sino también permitir la viabilidad de las empresas existentes,
sobre todo de las más pequeñas y ha defendido que se ha logrado un equilibrio
entre ambas necesidades.
El ministro de
Economía espera efectos positivos "a medio plazo" sobre la contratación
Sobre la
reforma laboral también se ha pronunciado el ministro de Economía, Luis de
Guindos, en la cadena COPE. De Guindos ha adelantado que habrá que esperar al
“medio plazo” para comprobar los “efectos positivos” que, “sin duda”, tendrá la
reforma laboral sobre la economía española. El ministro de Economía ha dicho que
las nuevas normas son ambiciosas “desde el punto de vista de la contratación
futura”.
Preguntado por
los sucesivos incumplimientos de promesas electorales del PP, como lo referido a
la subida de impuestos o al abaratamiento del despido, Guindos se ha escudado en
el inicio imprevisto de otra recesión. “No teníamos otro remedio. Nos hemos
visto arrastrados en muchas ocasiones por una situación bastante peor de lo que
se proyectada”, respondió.
www.elpais.es 13.02.12
RUBALCABA
COMPARTE CON UGT Y CC OO EL RECHAZO FRONTAL A LA REFORMA LABORAL
“Nunca en
democracia se había producido un ataque tan brutal contra los derechos de los
trabajadores”. Esta afirmación de la número dos del PSOE, Elena Valenciano, tras
la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, recuerda inexorablemente a
la que pronunció en el Congreso de los Diputados Mariano Rajoy, entonces en la
oposición, contra las medidas de ajuste del Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero en mayo de 2010. Casi la totalidad de la reunión de la dirección del
PSOE, dirigida por el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, se dedicó a
analizar esta reforma con todo detalle y desde perspectivas múltiples. El líder
del PSOE rehusó precisar si el partido va a apoyar oficialmente las
movilizaciones del domingo que viene, aunque ha asegurado que es seguro que
algunos dirigentes acudirán a las marchas "a título personal". "Si se decide
acudir de forma oficial se lo comunicaremos", sentenció.
Por la tarde,
Rubalcaba se reunió con los responsables de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo
y Cándido Méndez, respectivamente, a los que mostró el total rechazo del PSOE a
la reforma laboral que, a su juicio, permite a los empresarios "hacer mangas y
capirotes" en su empresa. A juicio de Rubalcaba, "es una reforma de calado pero
de calado muy negativo, que rompe un sistema de relaciones laborales en nuestro
país, que da poder casi omnímodo a los empresarios y va a generar tal
inseguridad en los trabajadores que no va a ayudar a la demanda".
La reforma
facilita y abarata el despido Los sindicatos convocan marchas contra la reforma
el 19 de febrero Rubalcaba ha explicado que los equilibrios logrados con la
negociación colectiva es lo que ha mantenido la paz social, "y ese equilibrio se
rompe adecuadamente a favor de los empresarios, que ganan poder, y de qué
manera, en detrimento de los trabajadores". El líder del PSOE ha anunciado que
ha puesto al Grupo Parlamentario Socialista a trabajar en enmiendas a la reforma
laboral, para incluir algunas de las que proponen los sindicatos. Van a votar
que no al decreto ley por los "errores e injusticias que contiene". También ha
anunciado que si encuentra elementos inconstitucionales en la nueva norma
recurrirá ante el Tribunal Constitucional.
Algunos
miembros de la ejecutiva socialista, entre ellos la madrileña Maru Menéndez,
consideraron conveniente y necesario que el PSOE esté en las movilizaciones que
han propuesto los sindicatos. No hubo respuesta en la ejecutiva. Rubalcaba
explicó en conferencia de prensa tras reunirse con los sindicatos que “habrá
socialistas en esa movilización” pero que aún no había decidido si algún
representante de la dirección la secundará. El secretario general no tiene
previsto acudir, según ha aclarado este lunes.
Rubalcaba
analizó la reforma laboral con los secretarios generales de UGT y de CC OO,
Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, con los que compartió el análisis y la
crítica total a la reforma.
Desde la
ejecutiva se desentrañó la reforma por muchos intervinientes. Comenzó la ronda
el secretario de Programas y exministro de Trabajo, Jesús Caldera. Le siguieron
Maru Menéndez, Abel Caballero —alcalde de Vigo y catedrático de Economía—, Pachi
Vázquez —secretario general de los socialistas gallegos—, y otros muchos, que
escudriñaron los cambios en la legislación laboral.
“Se trata de un
ajuste ideológico y que amparándose en la crisis, cambia el modelo de sociedad
con un desequilibrio total en las relaciones laborales. Todo el poder para los
empresarios y debilitamiento para los trabajadores y los sindicatos”,
diagnóstico Valenciano.
www.elpais.es 13.02.12
LAS GRANDES
EMPRESAS CON GANANCIAS PAGARÁN MÁS POR PREJUBILAR
La reforma fija
un canon en función del tamaño y de la rentabilidad
El Gobierno del
Partido Popular ha continuado con la guerra contra las prejubilaciones que
emprendió el Ejecutivo socialista y lo ha hecho por la misma vía:
encareciéndolas. La reforma laboral detalla cómo las empresas con beneficios que
tienen más de 500 trabajadores que pongan un ERE en marcha tendrán que asumir el
coste del desempleo de los afectados que tengan más de 50 años.
La cantidad a
pagar por la empresa será un porcentaje del coste que suponga para los servicios
públicos de empleo el nuevo prejubilado (un parado en los últimos años de su
vida laboral). Este coste se calcula a partir de lo que suman la prestación por
desempleo, las cotizaciones a la Seguridad Social y un canon por el subsidio al
que los parados mayores de 52 años tienen derecho al agotar la prestación
contributiva.
Para fijar el
tipo que tendrá que pagar la empresa, se tendrán en cuenta tres variables: el
número de empleados de la compañía, el porcentaje de mayores de 50 años que
están afectados por el expediente de regulación de empleo y lo rentable que es
la propia firma.
El tipo máximo
(100%) lo pagarán las empresas de más de 2.000 trabajadores cuando pongan en
marcha un despido colectivo, el 35% de los afectados tenga más de 50 años y sus
beneficios superen el 10% de los ingresos.
Esta última
variable puede resultar confusa, pues puede darse el caso de que una empresa
tenga una cuenta de resultados muy abultada, pero no sea muy rentable, lo que
reduciría su tipo final. Por ejemplo, una empresa con 500 millones de beneficios
sobre una facturación de 10.000 millones, tendría que pagar un tipo menor que
otra firma que ganara 400 millones sobre unos ingresos de 3.800 millones de
euros.
La posibilidad
de encarecer las prejubilaciones la abrió el anterior Ejecutivo al introducir
una enmienda que lo hacía posible en la tramitación de la reforma de las
pensiones. Y lo hizo después de que Telefónica anunciara el despido de 6.500 de
sus trabajadores en España, tras publicar beneficios y comunicar un plan de
remuneraciones para sus directivos. Lo que no hizo es desarrollar el
procedimiento, como lo ha hecho ahora el nuevo Gobierno.
A pesar de esta
medida, probablemente la iniciativa más efectiva tomada por el Ejecutivo para
acabar con las prejubilaciones, llegará por una vía no buscada: la desaparición
del despido exprés improcedente. Pese a lo llamativo de los ERE de las grandes
empresas, el grueso de prejubilados en España no llegaba, hasta ahora, bajo esta
fórmula. En muchas ocasiones, lo que se producía era un acuerdo entre la
compañía y el trabajador en los últimos años de su vida laboral por el que este
cobraba la indemnización por despido improcedente (45 días por año trabajado
hasta el viernes) y pasaba a cobrar la prestación por desempleo. Y la empresa se
deshacía de un trabajador con un sueldo alto.
www.elpais.es 13.02.12
MERKEL ALABA LA REFORMA LABORAL ESPAÑOLA
La Comisión
Europea destaca que la nueva norma debe dar más flexibilidad al mercado laboral
La OCDE cree
que España está dando "pasos importantes" contra el desempleo
La canciller
alemana, Angela Merkel, ha aplaudido esta mañana la reforma laboral aprobada el
viernes por el Gobierno español, que abarata el despido y abre la puerta a una
reducción de sueldos. Merkel puso como ejemplo la reforma española como una de
las medidas que está poniendo en marcha Europa para salir de la crisis.
El portavoz del
Ejecutivo germano, Steffen Seibert, aseguró en un encuentro rutinario con medios
de comunicación que la medida "muestra la determinación" del Gobierno del
presidente Mariano Rajoy de atajar los problemas económicos del país y volver a
la senda del crecimiento, aunque desde el propio Ejecutivo español se reconoce
que por sí misma no basta para recuperar el empleo. Además, destacó que con este
decreto ley el Gobierno español mantiene el "ritmo de las reformas" que se marcó
al acceder al poder, ya que la decisión llega tan sólo una semana después de que
aprobase la reforma del sistema financiero.
Seibert agregó
que estas medidas aportarán más empleo al mercado laboral español, más
competitividad a la economía y más crecimiento al conjunto del país. Por último,
indicó que las reformas llevadas a cabo en España, junto con las que han entrado
en vigor recientemente en Italia y Portugal, muestran que Europa tiene la
"fuerza" para implementar las "medidas necesarias" para dejar atrás la crisis.
Desde Bruselas,
el portavoz del Ejecutivo comunitario para asuntos económicos, Amadeu, Altafaj,
ha afirmado: "La Comisión saluda que el nuevo Gobierno ha hecho de la reforma
laboral una de sus prioridades", informa Claudi Pérez. En opinión de Bruselas,
los cambios se dirigen "a problemas estructurales como la reforma de la
negociación colectiva y la distinta protección al trabajador indefinido o
temporal, para reducir esa segmentación y dar más flexibilidad al mercado
laboral"
Para la OCDE la
reforma es un "importante paso"
El secretario
general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), Angel Gurría, ha señalado que las reformas aprobadas por el Gobierno
español son un "importante paso" en el fortalecimiento del sistema bancario, de
las finanzas públicas, así como en la creación de un mercado laboral más
dinámico, y cree que el Ejecutivo está adoptando medidas "decisivas" para hacer
frente a los problemas de su economía.
"La acción del
Gobierno pone de manifiesto que el restablecimiento de la confianza en el
sistema bancario, la disciplina presupuestaria y el mejor funcionamiento del
mercado laboral es la máxima prioridad", cree Gurría. En concreto, considera
"muy significativa" la reforma laboral, dada la alta tasa de desempleo en
España, particularmente entre los jóvenes. En su opinión, la introducción de
mayor flexibilidad en los contratos fijos permitirá disminuir la dualidad del
mercado laboral y promoverá el empleo.
La organización
ha hecho público hoy el índice compuesto de indicadores líderes correspondiente
al mes de diciembre, que apunta a un "cambio positivo" en el crecimiento de las
economías que forman parte de la organización, lideradas principalmente por
Estados Unidos y Japón. El indicador global, diseñado para anticipar los puntos
de inflexión de la tendencia de la actividad económica, ha aumentado dos décimas
en comparación con el mes anterior, hasta los 100,4 puntos. En el caso de
España, el indicador compuesto se situó en diciembre en 100,4 enteros, frente a
los 100,2 puntos básicos de noviembre. De esta manera, se sitúa en el nivel
medio del conjunto de los países de la OCDE, pero por encima del indicador de la
eurozona, que desciende dos décimas, hasta los 98,3 puntos.
www.elpais.es 13.02.12
Desnudos y a la intemperie
La reforma laboral desnuda a los trabajadores y a sus
representantes, que se enfrentan a un futuro incierto, desarmados y
desprotegidos. Albert Recio, que desde la Universitat Autònoma de Barcelona
lleva años investigando el mercado laboral español, utiliza uno de los sectores
que acaba de estudiar, el de la limpieza, para explicarlo: "Hasta ahora, las
empresas competían entre sí por contratos sobre la base de unos precios que
estaban limitados por el suelo salarial que garantizaba el convenio del sector.
Pero, ahora, la empresa podrá alegar ante sus empleados que, gracias a unos
salarios más bajos, conseguirá ganar contratos. El sector puede entrar en una
competencia de salarios a la baja, con lo que al final acabas rebajando los
sueldos".
Es más, los trabajadores no sólo pierden el abrigo de sus convenios
sectoriales o provinciales. Según el texto de la reforma, al empresario le
bastará con alegar "probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de
producción" para rebajar salarios unilateralmente, sin necesidad de negociación
y con el único requisito de avisarlo con 15 días de antelación.
En las pymes, el empleado queda en manos de la buena voluntad del
patrón
Teniendo en cuenta que a la empresa le bastarán "dos trimestres
consecutivos" de "disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas" para
alegar "probadas razones económicas", es comprensible que Recio augure a la
economía española la inminencia de "una guerra de salarios a la baja como
palanca de competencia". En otras palabras, con la nueva norma, la empresa se
hace con el monopolio del poder en sus negociaciones laborales, por lo que Recio
concluye categórico que "dar prioridad al convenio de empresa supone desregular
completamente el mercado de trabajo. Aumentarán las desigualdades laborales".
Que los trabajadores se quedan desnudos con la reforma es algo que
reconocen incluso aquellos que no la critican. "Evidentemente, los deja mucho
más a la intemperie", dice el antiguo presidente del Consejo Económico y Social
y hoy director del área de derecho laboral del bufete Garrigues, el catedrático
de Derecho del Trabajo Federico Durán. Pero asegura que no le "parece mal un
mayor poder de negociación empresarial, porque los convenios sectoriales y,
sobre todo, provinciales, se habían convertido en un corsé que atenazaba las
relaciones laborales".
Muy similar a la opinión del catedrático de Economía de la Pompeu
Fabra José García Montalvo: "Era imprescindible reequilibrar esas fuerzas, los
sindicatos tenían un exceso claro de poder en la negociación".
En un ERE, el empresario no tendrá incentivos para indemnizar con
más de 20 días
Pero tanto uno como otro reconocen que lo que vale para las grandes
compañías, en las que los trabajadores seguirán contando con el arma de la paz
social, no queda tan claro en el caso de las pequeñas y medianas empresas, de
las que, en palabras de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, depende más del
90% del empleo del país.
Durán dice que se "tentaría la ropa antes de llevar adelante una
decisión sin el acuerdo sindical en una gran empresa, pero en las pequeñas
realmente no hay una red de protección del trabajador, y sí bastante
discrecionalidad empresarial". Por su parte, García Montalvo añade: la
desprotección de los empleados de las pymes es "el único punto que me preocupa.
Habrá que ver cómo funciona, démosle un recorrido para ver si realmente es una
patente de corso para que el empresario haga lo que le dé la gana, lo que no me
parecería bien, o si en las empresas se llega a acuerdos".
Un planteamiento muy similar al que muestra el catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid Ángel Mártinez González-Tablas ante la
desaparición de la autorización previa administrativa en los expedientes de
regulación de empleo (ERE).
"Aprovechan la crisis para apretar las clavijas a los trabajadores",
dice José Manuel Naredo
Destacado representante de la llamada Economía Crítica, Tablas
afirma que "deja a los trabajadores expuestos a una situación enormemente
vulnerable, a merced de lo que quieran hacer las empresas. Unas actuarán con
sentido de responsabilidad, pero deja el campo libre a que otras no lo hagan".
Desde el gabinete de economistas de CCOO, David Llacer explica en
qué consiste esa vulnerabilidad: "Quitar la autorización administrativa de los
ERE significa dos cosas. Una, descausalizar los propios despidos colectivos,
porque independientemente de cuál sea la causa formal que se advierta, nadie va
a velar porque esa causa sea cierta. Y dos, reducir de forma importante el coste
del despido, la indemnización. De hecho, si durante el periodo de negociación
antes existía la posibilidad de incrementar los 20 días de indemnización, que
hasta la fecha eran mínimos, ahora se convierten en un máximo".
Evidentemente, si no hay autorización, tampoco el empresario tendrá
que temer que le puedan rechazar el despido colectivo, con lo que carece de
incentivos para aumentar esos 20 días con el objetivo de garantizarse cerrar el
ERE con un acuerdo. O, como dice el también catedrático de Derecho del Trabajo
de la Universidad de Sevilla Jesús Cruz Villalón, "la desaparición de la
autorización administrativa en los ERE es la crónica de una muerte anunciada".
Más poder
Sea cual sea la medida que se analice, al final todas llevan a la
misma conclusión, un aumento del poder empresarial frente a unos trabajadores
desposeídos de protección que se enfrentarán a reducciones de derechos
adquiridos, incluso salariales, con la espada de Damocles sobre sus cabezas de
un despido fácil, rápido y barato. "En sus consecuencias prácticas es la
(reforma) del despido único" resumió ayer el secretario general de UGT Cándido
Méndez, que añadió: "La discusión de si un trabajador va a cobrar 45 días o 33
es virtual. En la práctica, la tendencia va a desembocar en 20 días. El embudo
va a hacer que todos los despidos desciendan tendencialmente hacia los 20 días".
Lo que también reconoce Montalvo, que a pesar de asegurar que "hacía
falta un buen meneo en el mercado laboral", ante la evidencia de que bastarán
tres trimestres de "disminución persistente del nivel de ingresos o ventas" para
despedir con 20 días, le da la razón a Méndez: "Desde luego, desde ese punto de
vista, sí. En una economía en contracción, cualquier empresa tiene esa pérdida
de negocio".
Por eso, muchos expertos dan la razón al secretario general de CCOO,
Ignacio Fernández Toxo, cuando también ayer concluyó que "la lógica" de la
reforma es "la del desmantelamiento progresivo del papel del derecho al trabajo
en nuestro país".
Dicho con palabras de Tablas, "el conjunto de las medidas va en la
misma dirección, el abaratamiento puro y duro, que no es sino una pérdida de los
derechos de los trabajadores". O, como concluye el economista y estadístico José
Manuel Naredo, "lo que en realidad ocurre es que se aprovechan las aguas
revueltas de la crisis para apretar las clavijas a los trabajadores, como
siempre".
www.publico.es 12.02.12
La reforma laboral da luz verde al ERE
exprés
El Gobierno del Partido Popular ha despejado de un plumazo las
dificultades que los empresarios encontraban a la hora de tramitar despidos
colectivos: Amplía las causas objetivas para que se puedan acoger a este modelo
de despido y elimina la autorización previa. Pero también, acelera la
tramitación. De esta forma,
la reforma laboral que ayer entró en vigor facilita y
formaliza el ERE exprés.
Esta fórmula para reducir las plantillas de forma barata no
terminaba de funcionar como pretendían los empresarios. Hasta ahora, en la
mayoría de los casos, los representantes de los trabajadores y la dirección de
las compañías se veían abocadas a negociar las condiciones de este despido, lo
que provocaba que mejoraran lo que establece la ley: 20 días de indemnización
por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Y lo hacían porque el
ERE debía contar con el visto bueno previo de la
autoridad administrativa (el ministerio de Empleo o las consejerías de Trabajo).
Además, si el ERE no se presentaba con un acuerdo entre las partes los
trabajadores podían acudir al juez. Y esto, podía alargar con exceso el
procedimiento. La situación provocaba que más del 90% de los ERE fueran pactados
y con unas condiciones mejores a las previstas en la legislación laboral para
este tipo de despidos colectivos.
Ahora, el Gobierno de Mariano Rajoy ha limpiado los obstáculos para
facilitar los EREs.
El Real Decreto publicado ayer en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) con el que el Ejecutivo del PP ha reformado la legislación laboral
amplia las situaciones en las que los empresarios puedan acogerse a esta fórmula
de despido colectivo.
“Se entiende que concurren causas económicas cuando de los
resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos
tales como la existencia de perdidas actuales o previstas, o la disminución
persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la
disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos”,
señala el Real Decreto, aprobado el viernes. Según esto, solo tendrán que
justificar nueve meses consecutivos de caídas en sus ventas o en sus ingresos
para aplicar el despido barato de 20 días.
La norma elimina la autorización previa que antes
otorgaba Trabajo
Esta nueva posibilidad, la de hacer un ERE cuando caen las ventas,
suscita varias dudas. No es lo mismo incurrir en una caída de facturación todos
los meses de los tres trimestres contemplados en la norma, lo que dificulta que
se puedan acoger a esta fórmula; o que la reducción de ventas se hayan producido
en todo ese periodo, lo que puede provocar que algún empresario maquille sus
cuentas.
El decreto ley tampoco precisa de qué forma tendrán que justificar
los empresarios las pérdidas o caídas de ventas, si con sus cuentas anuales, con
un informe de auditoría o con declaraciones fiscales.
La nueva regulación también agiliza y facilita los EREs temporales.
El nuevo marco laboral, también, suprime la autorización previa para este tipo
de despidos colectivos “por causas económicas técnicas, organizativas o de
producción de fuerza mayor”.
La nueva regulación también agiliza y facilita los
EREs temporales
Otra de las novedades consiste en que la reforma reduce de forma
drástica el proceso para la aplicación de los despidos colectivos. El artículo
51 del Estatuto de los Trabajadores establecía que cuando el empresario presente
un ERE deberá abrir un periodo de consultas con los sindicatos. “La consulta con
los representantes legales de los trabajadores tendrá una duración no inferior a
treinta días naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de
trabajadores”. Pero ahora la reforma modifica la redacción del citado artículo y
establece que el periodo de consultas “no podrá ser superior a 30 días
naturales”.
La reforma elimina la autorización previa que tenía dar Trabajo.
Pero mantiene la obligación de comunicarle el inicio del ERE, para que esta
recabe un informe de la Inspección de Trabajo, que “deberá ser evacuado en el
improrrogable plazo de 15 días”.
Hasta ahora era frecuente que los empresarios acordaran con los
trabajadores las condiciones de los despidos. A partir de esta reforma laboral
no será tan necesario. En el caso de que los trabajadores no estén de acuerdo
con la presentación del ERE, con un despido de 20 días, podrán acudir a los
tribunales.
Para acelerar el paso de este procedimiento en los juzgados el
Gobierno del PP ha despejado este proceso: “Se crea una nueva modalidad procesal
para el despido colectivo, cuya regulación persigue evitar una demora
innecesaria”, señala el texto de las nuevas reglas de juego laborales.
Además, la nueva norma presentada el viernes pasado limita a 20 días
desde que el empresario comunica el ERE el plazo para que los trabajadores
presenten la demanda. El proceso judicial “tendrá carácter urgente. La
preferencia en el despacho judicial de estos asuntos será absoluta sobre
cualquier otro”, señala el Real Decreto.
Esto hace que la nueva reforma laboral de la ministra de Empleo,
Fátima Bañez, facilite los despidos de 20 días mediante el ERE exprés.
Las claves principales de la reforma:
·
Se generaliza la indemnización de 33 días. El despido procedente
será indemnizado con 33 días por año trabajado, con un máximo de 24
mensualidades. Se respetarán los derechos adquiridos: a los contratos
preexistentes se les aplicará la indemnización de 45 años hasta la entrada en
vigor de la norma, es decir, hasta ayer. A partir de entonces el cómputo se
realiza con arreglo a la nueva norma.
·
Veinte días si el despido es por causas económicas. Bastará una
caída de ventas durante tres trimestres para que una empresa utilice el despido
procedente, tanto individual como a través de expedientes de regulación de
empleo (ERE), que ya no necesitarán autorización previa.
·
Contrato indefinido para apoyar a pequeños empresarios. Se crea una
nueva modalidad de contrato para pymes y autónomos con empresas de menos de 50
trabajadores. El periodo de prueba de estos contratos será de un año. El
empresario tendrá una deducción fiscal de 3.000 euros cuando contrate a su
primer trabajador, siempre que este sea menor de 30 años. Los empresarios que
contraten a un trabajador que estaba en paro podrán deducirse el 50% de la
prestación que este estuviera cobrando. Por su parte, el empleado podrá recibir,
junto a su sueldo el 25% de esa prestación.
·
Límite al encadenamiento de contratos temporales. A partir del 31 de
diciembre de 2012 (y no del 30 de junio de 2013 como establecía la ley actual)
se recupera la prohibición de encadenar contratos temporales durante más de dos
años o 24 meses.
·
Impulso a los contratos a tiempo parcial. El impulso a esta
modalidad de contratos se hace para intentar que los trabajadores puedan
“compatibilizar mejor el empleo con los estudios y con su vida familiar y
persona”, según señala el Real Decreto Ley, aprobado el pasado viernes. En
realidad son contratos para bajos salarios y para atender picos de actividad en
empresas de baja cualificación.
·
Las ETT se encargarán de la colocación. La normativa permite que las
Empresas de Trabajo Temporal actúen como agencias privadas de colocación para
facilitar que los desempleados encuentren trabajo
www.elpais.es 12.02.12
El diablo está en los detalles, dice la frase hecha. Y, en el caso
de la reforma laboral aprobada el viernes por el Gobierno de Mariano Rajoy, no
se equivoca. El texto del decreto ley
publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entra en vigor este lunes incluye importantes
cambios que
el Ejecutivo se reservó el viernes
y que refuerzan la tesis hacia la que van encaminadas sus principales medidas:
apuntalar el poder empresarial y precarizar las condiciones de trabajo hasta la
vulneración de derechos de los trabajadores. En resumen, una reforma que
desequilibra las relaciones laborales tal y como se conocían.
Además del radical abaratamiento del despido (que en la práctica
pasará de 45 a 20 días, ya que se presumirá que todos los despidos son
procedentes salvo que un juez diga lo contrario), el espaldarazo definitivo a
los intereses de los empresarios es el poder que se les concede para modificar
unilateralmente la cuantía de los salarios. A partir de ahora, podrán bajar el
sueldo de sus trabajadores cuando existan probadas razones económicas, técnicas,
organizativas o de producción. "Se considerarán tales las que estén relacionadas
con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la
empresa", dice el texto. Es decir, criterios que no quedan cuantificados y que
pueden ser muy vagos, como el de la productividad, serán motivo para que un
empresario rebaje el sueldo. Tampoco se especifica hasta qué cuantía podrá
rebajarse.
Esta reducción salarial se podrá aplicar, bien a trabajadores
individuales, a grupos de trabajadores o a toda la plantilla. Esto quiere decir
que, en una misma empresa, el patrón puede bajar el sueldo de, por ejemplo,
cinco empleados alegando razones de productividad o competitividad.
En el caso de que estas modificaciones se hagan individualmente (es
decir, que afecten a menos de diez trabajadores en las empresas de más de cien
empleados, al 10% en el caso de las empresas de entre cien y 300 trabajadores, y
a 30 trabajadores en las de más de 300), los empresarios las aplicarán
directamente y de forma unilateral y tan sólo tendrán que comunicarlo al
trabajador afectado y a sus representantes sindicales con un mínimo de 15 días
de antelación.
La productividad o competitividad serán razones
para bajar el sueldo
En el caso de que se rebajen los salarios de forma colectiva (y que
afecte, por tanto, a un número de trabajadores mayor que lo especificado en los
criterios anteriores), la empresa sí tendrá que abrir un periodo de consultas
con los representantes de los trabajadores durante no más de 15 días. No
obstante, si este acaba sin acuerdo, el empresario podrá imponer su criterio y
tan sólo tendrá que comunicar a los empleados su decisión, que surtirá efecto a
los siete días de su notificación.
Eso sí, si el trabajador no está de acuerdo con la rebaja podrá
pedir la rescisión de su contrato y percibir la correspondiente indemnización de
20 días por año trabajado. El mismo mecanismo sirve ya para modificar otras
condiciones laborales, como la jornada de trabajo, el horario o las funciones.
Por otro lado, y tal y como se adelantó el viernes, la reforma
facilita el descuelgue, es decir, la no aplicación de un convenio colectivo.
Bastará con que la empresa registre dos trimestres consecutivos de disminución
de ingresos o ventas para que el empresario pida la inaplicación de las
condiciones de trabajo fijadas por el convenio. En este caso, empresa y
trabajadores sí tendrán que llegar a un acuerdo. De no hacerlo, se acudirá a los
mecanismos de mediación que los agentes sociales hayan previsto en sus
convenios. Si, a pesar de todo, sigue el conflicto, las partes tendrán que
acudir a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, a la que se
dotará de nuevas funciones y que está compuesta por miembros de la patronal, los
sindicatos y la Administración.
Posible inconstitucionalidad
Precisamente, esta, la imposición de un arbitraje obligatorio (bien
a través de la Comisión o bien a través de un árbitro que esta designe) para
resolver un conflicto en caso de descuelgue, es una de las cuestiones que
podrían bordear la inconstitucionalidad, ya que vulnera el derecho de las partes
a marcar las reglas de la negociación colectiva, tal y como señalan varios
expertos. "El que una comisión tripartita pueda en última instancia resolver
estas discrepancias tiene un componente intervencionista, franquista incluso,
que bordea la constitucionalidad", dice Fernando Valdés, catedrático de Derecho
del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid.
Valdés también ve el periodo de prueba de un año del nuevo contrato
indefinido para los autónomos y las empresas con menos de 50 empleados una
posible vulneración de la legalidad: "El Tribunal Supremo ha dicho en los
últimos años que un periodo de prueba tan largo sólo puede estar sostenido si el
trabajo realizado lo justifica". Sin embargo, desde peones de albañil hasta
ingenieros aeronáuticos podrán ser contratados con esta modalidad. "¿Cuál es el
fundamento de que exista este periodo si no es el despido libre?", se pregunta
Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de
Castilla-La Mancha.
La imposición de un árbitro para resolver
descuelgues bordea la constitucionalidad
Y es que, durante el primer año de este contrato, los trabajadores
podrán ser despedidos a coste cero. Las pymes que los contraten tendrán derecho
a reducciones fiscales y a bonificaciones a la Seguridad Social según los
colectivos, que tendrán que ser reintegradas si el trabajador no se queda en la
empresa, salvo que el contrato de trabajo "se extinga por despido disciplinario
declarado o reconocido como procedente". Puesto que ahora se presumirá la
procedencia de todos los despidos y bastará con que el empresario lo reconozca
como tal, parece difícil que estas bonificaciones lleguen realmente a
reintegrarse a las arcas del Estado. Es decir, puede suceder que empresas que
despidan a un trabajador durante el periodo de prueba y contraten a otro en las
mismas condiciones con la intención de disponer de mano de obra más barata se
beneficien de dinero público.
La eliminación de la autorización administrativa para llevar a cabo
expedientes de regulación de empleo (ERE), junto a que desde ahora será el
empresario el que decidirá si admite o no a un trabajador en caso de que un juez
dictamine que su despido fue improcedente, también generan dudas en Baylos. "La
retirada de la autorización administrativa atenta contra la obligación de los
poderes públicos de mantener una política de empleo. El derecho al trabajo se
fundamenta en que las personas tienen derecho a un empleo del que no pueden ser
despedidos sin una justa causa. No puede ser que si el juez te da la razón y
determina que tu despido ha sido improcedente, sea el empresario el que decida
si te readmite en la empresa o te paga la indemnización", explica.
Además, la reforma laboral limita la posibilidad de recurrir ante
los tribunales los despidos colectivos en el caso de que los recursos sean
interpuestos por los representantes de los trabajadores. Fernando Valdés
interpreta este punto como una individualización de las relaciones de trabajo y
de los conflictos, ya que los recursos no se limitarán en el caso de que los
interpongan los trabajadores a título individual.
Otra piedra angular de las relaciones entre los agentes sociales en
la que entra la reforma es la llamada ultraactividad (que la vigencia del
convenio se mantenga a pesar de que haya caducado mientras se negocia otro): a
partir de ahora, queda limitada y los convenios sólo seguirán vigentes durante
dos años tras su caducidad, salvo (y esta es una novedad del texto del BOE)
pacto en contrario de las partes. Pasados esos dos años, si no hay acuerdo, el
convenio decaerá, aunque el Gobierno deja margen a los interlocutores para que
puedan pactar que continúe en vigor.
Indemnización por despido
Desde este lunes, todos los nuevos contratos indefinidos tendrán 33
días de indemnización por año trabajado, aunque, en la práctica, se despedirá
con 20 y será el trabajador el que tendrá que pelear una indemnización mayor
ante el juez si considera que su despido fue improcedente.
La norma también afecta a los trabajadores que ya tuvieran un
contrato de 45 días de despido. Su indemnización se calculará a razón de 45 días
de salario por año de servicio por el tiempo que ha trabajado antes de la
entrada en vigor de la reforma, y a razón de 33 días de salario por año por el
tiempo que cotice a partir de este lunes. El texto fija un tope de 720 días de
salario (24 mensualidades, prácticamente la mitad del máximo actual), salvo para
los trabajadores que antes de su entrada en vigor hubieran generado derecho a un
número de días superior. Por lo tanto, sólo los trabajadores que a día de hoy
hayan generado unas indemnizaciones por despido que superen las 24 mensualidades
tendrán derecho a esa cantidad, sin que se pueda superar el tope de 42
mensualidades.
Los expertos difieren sobre si esta medida, que afecta a derechos ya
adquiridos, podría ser inconsticucional. No lo es para Fernando Valdés, ya que
"no tiene efectos retroactivos, sino que se aplica desde la entrada en vigor de
la norma", algo que ha sucedido en otras ocasiones y que obtuvo el respaldo de
la Justicia, mientras que para Antonio Baylos genera una "inseguridad jurídica"
que podría ir contra la Constitución
www.publico.es 11.02.12
La reforma laboral abre paso a una rebaja
general de sueldos
El decreto-ley de reforma laboral publicado
hoy en el Boletín Oficial del Estado viene cargado de sorpresas que
no fueron explicadas ayer por la vicepresidenta del
Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, ni por la ministra de Trabajo, Fátima Báñez. De
ahora en adelante, los empresarios podrán bajar el sueldo a los trabajadores sin
necesidad de acuerdo simplemente por razones de competitividad o productividad,
según el texto del decreto.
La norma incluye la “cuantía salarial” como novedad entre las
condiciones de trabajo que la dirección de la empresa puede acordar “por razones
económicas, técnicas, organizativas o de producción”. Y acota que se
consideraran tales “las que estén relacionadas con la competitividad,
productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa”.
Esa definición afecta a los trabajadores con sueldos por encima de
los mínimos de convenio de su categoría. Por lo que supere ese mínimo, se abre
la puerta a que se rebaje el sueldo casi a capricho de la empresa, pues casi
siempre se podrán alegar razones de competitividad para pagar menos.
Se abre la puerta a que se rebaje el sueldo casi a
capricho de la empresa,
La empresa podrá utilizar esta disposición para ahorrar costes o
para bajar el sueldo a las personas que entienda que están rindiendo poco.
Tendrá que notificar la rebaja de sueldo, o la modificación de otras condiciones
de trabajo, con una antelación de 15 días. El trabajador tendrá que aceptarla o
conformarse con perder su trabajo con una indemnización por despido de 20 días
con un máximo de nueve mensualidades.
En el caso de que la rebaja de sueldos o la modificación de otras
condiciones sustanciales afecte a un alto número de empleados (más de 30 o más
del 10% de la plantilla) se abrirá un periodo de consultas tras el cual el
empresario podrá modificar las condiciones de trabajo que no estén expresamente
protegidas por el convenio. Sobre estas últimas, se abre un proceso en el que la
última palabra la tendrá un mediador o la Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos.
También en este caso se facilita que las empresas bajen los sueldos,
porque podrán alegar para “inaplicar” la “cuantía salarial” de los convenios una
caída de ventas o ingresos de solo dos trimestres consecutivos, la existencia de
pérdidas o la mera previsión de que vaya a haberlas.
Antes incluso de la reforma laboral en muchas empresas españolas se
viene produciendo como consecuencia de la crisis una congelación o rebaja de
sueldos, normalmente acompañada de garantías de estabilidad en el empleo. Hay
economistas que han sostenido que esta “devaluación interna” es la forma de
recuperar competitividad frente a otros países y volver a crecer para crear
empleo. Otros economistas, en cambio, consideran que la rebaja de sueldos no
hará más que reducir el consumo y con ello parar más la economía y destruir más
empleo en un círculo vicioso de falta de demanda.
www.elpais.es 11.02.12
El Ejecutivo prevé que los desempleados
hagan trabajos para la comunidad
La reforma cambia los criterios para medir el absentismo laboral y
anuncia más inspecciones
El Ejecutivo ha anunciado que,
dentro de la reforma laboral,
se impulsará que los desempleados que estén cobrando la prestación realicen
servicios de interés general en beneficio de la comunidad. Esto se llevará a
cabo a través de convenios de colaboración con las Administraciones públicas y
el objetivo, según ha anunciado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, es luchar
contra el fraude en el cobre de la prestación.
Sin salir del ámbito de la lucha contra el fraude en el empleo, el
Gobierno anuncia mecanismos contra la economía sumergida. Para ello, se propone
un Plan especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que garantice el
cumplimiento estricto de la Ley.
El Gobierno ha introducido en la reforma laboral medidas para
combatir “comportamientos individuales de absentismo injustificado”. Así, se
elimina la vinculación del grado de absentismo del trabajador con el de la
plantilla para justificar que la ausencia continuada y sin motivo al puesto de
trabajo sea causa de despido.
Por tanto, a partir de ahora, solo se tendrá en cuenta el absentismo
del trabajador para decidir su despido, que será por la vía procedente y tendrá
una indemnización de 20 días.
Según sostiene el Ministerio de Empleo, estas faltas injustificadas
ocasionan a la empresa un elevado coste económico y organizativo. Con vistas a
evitar el fraude en el absentismo, el Gobierno se compromete a mejorar la
eficacia en la evaluación de la incapacidad temporal a través de las mutuas de
accidentes de trabajo.
Este resquicio legal permitiría, por ejemplo, a la alcaldesa de
Madrid, Ana Botella, tirar de trabajadores parados para que trabajen en
bibliotecas u otros servicios públicos.
Botella pidió voluntarios
para estas tareas. En aquella ocasión, la alcaldesa había pedido a los
madrileños que devolvieran “a la sociedad algo de lo que la sociedad les da”. Al
día siguiente, había limitado el apoyo que había pedido debido a la
catarata de críticas recibidas.
www.elpais.es 10.02.12
Caldera califica la reforma aprobada por el
Gobierno como un "decretazo"
El portavoz socialista en la Comisión de Empleo del Congreso,
Jesús Caldera, ha
calificado de "decretazo" el
decreto ley de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral aprobado hoy por el Consejo de Ministros y ha
remarcado que esta norma solo sirve para incentivar el despido, por lo que no
creará empleo.
Caldera ha subrayado que se estudiará "a fondo" el texto y elaborará
un "análisis sosegado" del mismo, aunque ha advertido al Gobierno de que existen
una serie de elementos como la reducción de la indemnización por despido de 45
días a 33 días por año trabajado en los que no van a coincidir. Asimismo, ha
subrayado que no ha existido ningún tipo de consulta por parte del Ejecutivo ni
con los interlocutores sociales, ni con el Parlamento, algo que para el
socialista "deja mucho que desear".
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán,
también ha expresado su rechazo. "Propicia la destrucción de empleo en un año
que se prevé complicado para el mercado de trabajo", ha asegurado. También ha
lamentado que se tome una decisión de este calado "sin siquiera pedir un informe
a las organizaciones sindicales, algo que ha acompañado
todas las modificaciones laborales
desde los años setenta".
El portavoz del PSC, Jaume Collboni,
ha indicado que la reforma es "tan dura y agresiva como era previsible". Ha
destacado que no servirá para crear empleo sino para favorecer el despido.
Collboni ha insistido en que es una medida "regresiva" e implementa las tesis
más neoliberales del PP para contentar a los sectores de la misma ideología que,
a su juicio, dominan la Comisión Europea. Además, ha advertido que prima la
privatización de los servicios públicos de colocación: "Puede tener como
consecuencia que no solo la salud y la educación sean un negocio, sino también
la búsqueda de empleo, lo que es esencialmente grave".
El coordinador de IU, Cayo Lara,
considera necesario que haya una serie de movilizaciones en la calle con el fin
de "parar este nuevo entuerto" contra los derechos de los trabajadores. "Hacemos
un llamamiento a la movilización para responder en la calle lo que es un ataque
a los derechos laborales", ha señalado, a la vez que añadía que resulta esencial
"conquistar con la movilización la marcha atrás que debe dar el Gobierno".
El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida,
se ha mostrado favorable a la nueva normativa laboral porque "está bien
orientada" al introducir más flexibilidad, fomentar los contratos parciales,
primar los convenios de empresa, fijar el despido procedente en 20 días y situar
el contrato de fomento de empleo en 33 días, entre otras propuestas. No
obstante, cree que la reforma le va a costar una huelga al Gobierno y que hay
que realizar un plan de choque para fomentar el empleo a corto plazo. En una
carta web, ha asegurado que no avanzará la posición definitiva de CiU hasta
conocer al detalle el texto.
Los sindicatos CC OO y UGT se reunirán mañana para
realizar un balance conjunto del texto
El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka,
ha destacado que una de las mayores "reservas" que tiene su partido en cuanto a
las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno es que "supone una recentralización
en toda regla de la negociación colectiva". En su alocución de esta tarde, ha
advertido de que no será "la panacea" para resolver el problema del paro.
ERC ha valorado muy negativamente la reforma y ha advertido que
"abaratar el despido", como prevé el decreto ley, "facilita la salida y no la
entrada al mercado de trabajo", por lo que ha cuestionado que pueda servir para
generar empleo. Según indica en un comunicado el portavoz de ERC en el Congreso
de los Diputados, Alfred Bosch, lo que provocará la reforma laboral es que sea
"más fácil despedir a gente a partir de ahora", puesto que "pasamos a la
indemnización de 33 días por año trabajado", lo que considera una equivocación.
Los autónomos aplauden la reforma aunque creen que
serán necesarias más medidas para fomentar el autoempleo juvenil
El Bloque Nacionalista Galego (BNG)
ha mostrado su descontento. La diputada en el Congreso de los Diputados Olaia
Fernández ha dicho que la reforma está hecha "al servicio y medida de los
intereses de la patronal". También ha resaltado que es "extremadamente agresiva
con los trabajadores y traerá más paro".
El diputado de Compromís-Equo en el Congreso, Joan Baldoví, tampoco se ha
mostrado de acuerdo con las medidas adoptadas esta mañana por el Gobierno. "Es
una claudicación más del Ejecutivo a la gran patronal, a los más poderosos que
dirigen la agenda política del PP, como estamos viendo y comprobando últimamente
en todos los acuerdos que toma el Gobierno y el Partido Popular en la Cámara
Baja". Baldoví también ha apuntado en un comunicado que "Rajoy,
una vez más, no ha dado la cara".
Amaiur también se ha pronunciado. Ha considerado que
supone "una profunda restructuración del mercado de trabajo que tiende a
recortar y abolir muchos de los derechos y conquistas sociales alcanzadas en los
últimos 50 años". En un comunicado, la coalición nacionalista ha opinado que la
reforma "deja, si cabe, más desprotegida a la clase trabajadora frente a los
abusos de la patronal", por lo que merece una "contundente respuesta social".
Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT
han decidido posponer su opinión sobre la reforma hasta mañana. Las dos
delegaciones sindicales, encabezadas por Ignacio Fernández Toxo y Cándido
Méndez, ser reunirán mañana para realizar después un balance conjunto de las
decisiones adoptadas.
CEOE y Cepyme han señalado que es "un paso adelante" para salir
de la crisis. Ambas organizaciones han subrayado que es "imprescindible" y
"sustancial" en la modernización de la legislación laboral. El vicepresidente de
CEOE Arturo Fernández ha opinado que la reforma es "bastante profunda" y
resultará "útil" para crear empleo. "Es la primera reforma profunda en
democracia; la valoramos positivamente sin ningún triunfalismo", ha asegurado.
Los autónomos también han aplaudido la reforma, aunque creen que
será necesario poner en marcha más medidas para fomentar el autoempleo juvenil.
La Federación Nacional de Asociaciones
de Trabajadores Autónomos (ATA) ha valorado sobre todo la
creación del nuevo contrato indefinido para empresas de menos de 50
trabajadores, los cambios en las bonificaciones para la contratación de jóvenes
y parados de larga duración, la desaparición de rigideces y consiguiente aumento
de la flexibilización en las relaciones laborales.
www.elpais.es 10.02.11
El Gobierno facilita que las empresas
se acojan al despido más barato de 20 días
Las pérdidas o la reducción de ventas durante tres trimestres
serán suficiente para ajustar plantilla
Los expedientes de regulación que fijan un despido de 20 días
no necesitarán autorización
La reforma generaliza el contrato con 33 días de indemnización y un máximo de 24
mensualidades
El Ejecutivo crea un nuevo contrato para jóvenes en las pymes que combina el
paro con el salario
El Gobierno ha anunciado hoy una reforma laboral que rebaja de forma
generalizada el coste del despido para las empresas, tal y como ayer avanzó el
ministro de Economía, Luis de Guindos. Entre los cambios que establece la nueva
normativa, que entrará en vigor mañana tras su publicación en el BOE ya que se
ha aprobado por decreto ley, se generaliza el contrato con indemnización por
despido de 33 días y un máximo de 24 mensualidades, así como se flexibilizan las
causas para que los empresarios puedan acogerse a la vía del despido procedente,
que se limita a 20 días por año trabajado y fija un máximo de 12 meses. La clave
para ello es que se prescinde de la autorización administrativa en los
Expedientes de Regulación de Empleo.
A partir de ahora, las empresas tendrán más opciones para acogerse a
la vía del despido procedente, que es el que tiene una indemnización de 20 días
por año trabajado con un máximo de 12 mensualidad. Así, según ha explicado la
ministra de Empleo, Fátima Báñez, bastará con que tengan "pérdidas actuales o
previstas" o una "disminución de ventas durante tres trimestres consecutivos"
para poder plantear un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Los contratos con 45 días también ven modificado el cómputo de la indemnización
Sin embargo, gracias a la reforma, los ERE no requerirán autorización
administrativa como hasta la fecha. Con la legislación vigente, las empresas que
querían acogerse a un expediente de regulación tenían que recibir una
autorización del Ministerio de Empleo, para lo que era esencial que el ERE fuese
pactado entre los empresarios y sindicatos. Con vistas a superar el bloqueo del
proceso y que las negociaciones se eternizasen, la empresa solía optar por
aumentar las indemnizaciones frente al mínimo de 20 días y 12 mensualidades que
permiten los ERE. Prueba de ello es que el 70% de los despidos se tramitan por
la vía del despido exprés procedente. A partir de ahora, no obstante se
liberaliza la opción de los ERE. Además, sin necesidad de autorización ni
acuerdo, solo el juez podrá detener el procedimiento.
Por su parte, el descenso en el coste de despido que supone la extensión del
despido de 33 días afectará también a los contratos ordinarios (los de 45 días)
firmados antes de la reforma, la octava desde que se creó el Estatuto de los
Trabajadores en 1980. Es decir, cuando se despida a un trabajador con contrato
ordinario firmado antes de mañana, la indemnización se calculará según dos
escalas: el periodo previo a la reforma se computará de acuerdo a la
indemnización de 45 días por año; el posterior, con respecto a la nueva fórmula
de 33 días por año trabajado.
Nuevo contrato para las PYMES
Por el lado de la contratación, la reforma pone en marcha un nuevo
contrato indefinido para las pymes que combina el cobro del paro con el de un
salario y reinstaura la prohibición que suspendió el anterior Gabinete de
concatenar contratos temporales más allá de los 24 meses a partir del 31 de
diciembre.
Mercado laboral
Para reducir el paro juvenil, que sufre una tasa de desempleo del
48%, el Ejecutivo ha creado un nuevo contrato indefinido para emprendedores. En
él, se establece una rebaja en los costes laborales de 3.000 euros para las
pymes con menos de 50 trabajadores al contratar al primer empleado menor de 30
años que esté en paro. Ese trabajador seguirá cobrando el 25% del paro al que
tenía derecho mientras, el empleador, podrá dejar de pagar el 50% de lo que le
correspondía de la prestación a la que tenía derecho el empleado durante un
máximo de un año, aunque este periodo coincide con el tiempo de prueba que prevé
el nuevo contrato.
ERE's en el sector público
La reforma laboral abre la posibilidad de que los organismos y
entidades que forman parte del sector público invoquen causas económicas,
técnicas, organizativas y de producción para recurrir a un expediente de
regulación de empleo.
Esta medida pretende facilitar el redimensionamiento de las
"estructuras administrativas que crecieron desmesuradamente" y que no son
sostenibles, ni existe una previsión de que lo sean en los próximos años.
Junto a este contrato, el Gobierno modifica las bonificaciones en
la cuota de la Seguridad Social. Así, las empresas podrán ahorrarse hasta 3.600
euros a la hora de contratar de forma indefinida a jóvenes entre 16 y 30 años
durante tres años. La bonificación se incrementa conforme aumenta la antigüedad
del trabajador.
En formación, la edad máxima para optar a un contrato de
aprendizaje se eleva a los 30 años hasta que la tasa de paro baje del 15% y no
tendrá que limitarse a un único sector. Asimismo, se regula que las empresas de
trabajo temporal puedan funcionar como agencias de colocación.
Para otro de los colectivos más afectados por el desempleo, se establece una
ayuda de hasta 4.500 euros para quienes den trabajo a las paradas de más de 45
años durante los tres primeros años de contrato en función del sector y a razón
de 1.500 euros al año. La ayuda se reduce a 4.200 euros durante todo el periodo
si son hombres.
Los convenios caducados no podrán prorrogarse durante más de dos
años con la nueva normativa
En caso de suspensión temporal de trabajo por causa de un deterioro de la
actividad, se introduce una bonificación del 50% de las cuotas empresariales a
la Seguridad Social de los trabajadores afectados por reducción de jornada, con
una duración de 240 días máximo y condicionada a la estabilidad en el empleo (al
menos un año). Si al final la empresa extingue el contrato, no se verá afectado
el derecho a la prestación por desempleo.
La ministra ha apuntado que el principal objetivo de la reforma,
diseñada para atajar la destrucción de empleo en España, es acabar con la
dualidad existente en el mercado laboral español entre temporales e indefinidos.
Sin embargo, no aparece por ningún lado la anunciada simplificación de contratos
temporales, de los que actualmente existe un amplio abanico, y solo se limita a
limitar la concatenación de ellos.
Modificación de la negociación colectiva
En cuanto a los convenios, se limita a dos años la prórroga de
los convenios colectivos vencidos, conocido como "ultraactividad" y que permitía
hasta ahora la prórroga casi indefinida de los convenios. Gracias a ello, y a
que se concretan las causas que permiten dejar inactivo el convenio, Báñez ha
defendido que aumentará la flexibilidad interna de las empresas. Según ha
añadido, esto permitirá que los ajustes a los que se vean obligados en épocas de
deterioro económico no se traduzcan, como hasta ahora, en recortes de plantilla.
En este punto, el Gobierno también traspasa parte del acuerdo de moderación
salarial a la ley, aprobado la prevalencia del convenios de empresa al
sectorial.
En opinión de Báñez, el nuevo marco legal aumenta los derechos de
los trabajadores, aunque solo ha enumerado uno: que tendrán más derecho a la
formación. En este apartado, se aborda una amplia reforma de la Formación
Profesional y se establece que cada trabajador tenga derecho a 20 horas de
formación anuales pagadas por su empresa.
Según ha descrito la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría,
se trata de una “reforma importante, de calado y completa”. “Marcará un antes y
un después del mercado laboral”, ha asegurado antes de señalar que sienta “las
bases para volver a crear empleo”. Eso sí, ha admitido que la reforma, si bien
es necesaria, no es suficiente para atajar el paro.
www.elpais.es 10.02.11
GUINDOS: "LA REFORMA LABORAL SERÁ
EXTREMADAMENTE AGRESIVA"
El ministro de Economía explica a un comisario europeo
cambios agresivos en la normativa laboral
Ante la prensa, sin embargo, De Guindos solo admite que
"atacará la raíz" de los problemas
El ministro de Economía, Luis de Guindos, está en Bruselas,
en la reunión que mantiene el Eurogrupo relacionada con el rescate griego. Sin
embargo, ha dedicado unos minutos a atender a la prensa antes de que comenzara
el encuentro. Ante las preguntas sobre la reforma laboral, De Guindos ha dicho
que los cambios irán "a la raíz del problema". Sin embargo, poco después, en una
conversación que mantenía con el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, y
que ha sido captada por cámaras y micrófonos, el ministro ha dicho que la
reforma laboral será "extremadamente agresiva". "Mañana aprobamos la reforma del
mercado laboral y va a ver que será extremadamente agresiva, con mucha
flexibilidad en la negociación colectiva y reducimos la indemnización por
despido", ha explicado el ministro a Rehn justo antes de comenzar la reunión. No
parecía ser consciente de que hubiera cámaras recogiendo la conversación.
No es la primera vez que los micrófonos captan palabras que
los miembros del Gobierno del PP no habían admitido en público. El presidente
Mariano Rajoy, también en Bruselas, le confesó a su homólogo finlandés, Jirki
Katainen, en una charla informal que temía una huelga general por los cambios
laborales. "Este viernes hemos hecho la ley de Estabilidad. El viernes que viene
la reforma financiera. Luego la laboral. La [reforma] laboral me va a costar una
huelga [general]", dijo Rajoy, sin ser consciente de que estaba siendo grabado.
Las palabras de De Guindos a los periodistas sobre la reforma
laboral han sido mucho más moderadas. "Es una reforma laboral completa, que yo
creo que va a la raíz de los problemas del mercado laboral español", ha dicho De
Guindos. A su juicio, la reforma "es fundamental para devolver a España a la
senda del crecimiento". Mañana está prevista la aprobación del Decreto ley por
el que el Gobierno reformará la legislación laboral. Entre los cambios que
prepara, está el de limitar la prórroga automática de convenios, según varias
fuentes conocedoras del texto que prepara el Ministerio de Empleo. Además,
seguramente incorporará la primacía de los convenios de empresa, cambios en la
regulación de los contratos a tiempo parcial y reordenación de las
bonificaciones para impulsar la contratación de jóvenes. Y según De Guindos ha
comentado hoy al comisario Rehn, una rebaja de los días en concepto de
indemnización por despido.
www.elpais.es
09.02.12
RAJOY ASUME QUE LA REFORMA LABORAL PROVOCARÁ UNA HUELGA
GENERAL
"El Gobierno tiene que tomar decisiones que no van a gustar a
mucha gente" - Recuerda que la reforma del PSOE provocó un paro "y no sirvió
para nada"
Mariano Rajoy tiene asumido que la reforma laboral que ultima
el Gobierno, con el propósito de aprobarla a mediados de febrero, provocará la
primera huelga general de su mandato. Se lo confesó a su homólogo finlandés,
Jirki Katainen, en una charla informal al inicio de la reunión del Consejo
Europeo.
"Este viernes hemos hecho la Ley de Estabilidad. El viernes
que viene la reforma financiera. Luego la laboral. La [reforma] laboral me va a
costar una huelga [general], se sinceró el presidente español sin ser consciente
de que las cámaras de televisión estaban grabando sus palabras. "No era una
conversación pública", se excusó cuando fue preguntado por los periodistas. [El
vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, señaló que la
referencia sobre la huelga hecha por Rajoy es una frase dicha "coloquialmente"
que "no hay que tomar al pie de la letra"].
Haciendo de la necesidad virtud, Rajoy reconoció que había
evaluado la posibilidad de que la reforma laboral provoque una huelga general,
ya que esta es la respuesta que dieron los sindicatos a la que hizo el PSOE y
que "no sirvió para nada"; es decir, que no tuvo la envergadura de la que él
prepara.
Aún así, Rajoy está dispuesto a seguir adelante con ella,
porque es "la que España necesita", porque en España el ajuste "se ha hecho
sobre el empleo" y porque "la reforma laboral es hoy imprescindible". Tras
felicitarse por el acuerdo al que han llegado los agentes sociales sobre
moderación salarial, recordó que sindicatos y patronal no han sido capaces de
ponerse de acuerdo sobre la negociación colectiva y, en esas condiciones, "el
Gobierno tiene que gobernar y tomar decisiones". Y esas decisiones, las que ya
han tomado y las que se propone tomar, "no le van a gustar a mucha gente".
Rajoy parece haber aceptado que la popularidad con la que
llegó a La Moncloa puede esfumarse sin respetar siquiera los 100 días de gracia
de que disfrutan todos los gobernantes cuando llegan al poder. "Siempre es duro,
pero ahora viene lo más duro", se sinceró con el primer ministro holandés, Mark
Rutte, en otra conversación grabada furtivamente por los micrófonos. "Ahora
vienen los asuntos más complicados. Es que nos dejan una herencia muy
complicada, con más del 8% de déficit. Las previsiones de crecimiento este año
son muy malas", le confesó.
A pesar del tono sombrío de sus palabras, Rajoy se declaró
"contento" con el balance de su primera cumbre. La causa de su satisfacción es
que "lo que está haciendo España es lo que se está apoyando en la UE". Es decir,
que los Gobiernos europeos, abrumadoramente conservadores, respaldan la política
económica del Gobierno conservador español. Incluso, en el comunicado final hay
un respaldo expreso a las medidas adoptadas por Rajoy, en España, y Monti, en
Italia, a quienes se insta a profundizar en el saneamiento presupuestario y las
reformas estructurales.
Pero el apoyo no fue mucho más allá de una mera declaración.
La cumbre respaldó la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede), el
cortafuego destinado a proteger a los países más vulnerables del euro, como
España, del incendio griego. La canciller alemana, Angela Merkel, no aceptó, sin
embargo, poner un euro más de los 500.000 millones previstos pese a las
advertencias, entre otros, del FMI de que puede quedarse corto. Eso sí, en marzo
se revisará de nuevo si su volumen es suficiente y España, en todo caso, no
tiene previsto recurrir a él para sanear su sistema financiero.
Rajoy presentó como un triunfo la decisión de reorientar
hacia programas de fomento del empleo juvenil y el apoyo a las pequeñas y
medianas empresas los remanentes no asignados del Fondo Social Europeo y de los
fondos de cohesión, unos 82.000 millones en total, de los que 10.700
corresponden a España. Los países con más de un 30% de desempleo juvenil -como
España, que bate el récord europeo con casi el 50%- deberán presentar en abril
un plan de acción en cuya elaboración participarán sindicatos, patronal,
Gobierno y expertos de la Comisión Europea, que viajarán a los países afectados
para estudiar la situación. "Alemania está decidida a hacer todo lo posible para
reducir el paro juvenil, que registra tasas muy altas en algunos países como
España", proclamó Merkel. Aún así se descarta inyectar nuevos fondos, habrá que
apañarse con los que sea posible rebañar del presupuesto que acaba en 2013.
www.elpais.es 31.01.12
EL GOBIERNO SE ENREDA (OTRA VEZ)
Rajoy cree que la reforma laboral provocará una huelga, Báñez
que recibirá el respaldo de "todos" y Alfonso Alonso espera "apoyo y algo más de
comprensión"
El Gobierno del PP tiene una certeza y muchas dudas. Es
seguro que aprobará una reforma del mercado de trabajo, tal y como exigen
Bruselas y Alemania. Lo que ya no tiene tan claro es cómo encajará la ciudadanía
los cambios.
Todo depende del político que se pronuncie. Por orden de
relevancia institucional el presidente del Gobierno es, de lejos, el más
pesimista. Mariano Rajoy considera que la reforma laboral "me va a costar una
huelga", dando por descontado la respuesta en la calle.
En el lado opuesto de Rajoy se sitúa la Ministra de Trabajo,
Fátima Báñez, quien dice estar "segura" de que la reforma (que será "completa y
equilibrada", ha señalado) contará con "el respaldo de todos los ciudadanos". Ni
uno más ni un menos. De "todos".
En el punto intermedio entre las manifestaciones en la calle
y el apoyo unánime se ha hecho un hueco el portavoz del grupo del PP en el
Congreso, Alfonso Alonso, cuyas aspiraciones pasan por que la futura reforma
laboral encuentre "apoyo y algo más de comprensión".
Y hace un guiño a Rajoy a al advertir de que la huelga
general no es el mejor camino para salir de la crisis económica, porque con 5,2
millones de parados el país "no está para andarse con paños calientes".
Las contradicciones entre los miembros del Ejecutivo se están
convirtiendo en algo habitual poco más de un mes después de que comenzara a
trabajar. Las diferencias de criterios entre el Ministro de Hacienda, Cristobal
Montoro, y el de Economía, Luis de Guindos, han obligado a intervenir a la
ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, para templar ánimos y
desmentir a uno o a otro.
www.publico.es 31.01.12
RAJOY EVITA PLANTEAR A MERKEL UNA REVISIÓN DE LOS
OBJETIVOS DE DÉFICIT
Afirma que la reducción del gasto tiene que ir acompañada de
políticas de estímulo
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy
que ha evitado plantear a la canciller alemana, Angela Merkel, una revisión de
los objetivos de déficit. "Porque creo en ello, me parece lo más sensato, lo más
responsable", ha agregado en referencia a su compromiso con el recorte del gasto
y la reducción de la deuda.
Tras una reunión mantenida entre ambos mandatarios en Berlín,
Rajoy ha reiterado que es un "absoluto convencido" de no gastar por encima de
las posibilidades y de tener una deuda "razonable".
El jefe del Ejecutivo ha afirmado también que las medidas de
ajuste del gasto tienen que ir acompañadas de políticas que apoyen el
crecimiento y la creación de empleo, esto es, iniciativas de estímulo, lo que
dicho de otra forma quiere decir poner en marcha reformas en materia laboral,
sistema financiero, ley de emprendedores, mercado energético o formación
profesional.
En estos términos se ha pronunciado también, esta mañana, el
ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha destacado el papel que van a
tener las reformas para sacar al país del atolladero. En la UE se empieza a "ser
consciente de que solo austeridad no es la receta que nos va a llevar a salida
de la crisis. Se necesitan reformas", ha asegurado. En especial la del mercado
laboral y, en segundo lugar, la financiera. "España tiene que ajustar el
déficit, pero no a un ritmo que lleve a una situación muy negativa en el corto
plazo", ha dicho. Sin embargo, ha puesto en duda que aumentar el gasto público
pueda ayudar.
En opinión de Rajoy, en cualquier caso, los próximos cuatro
años serán los de las reformas económicas para preparar el terreno para el
futuro de España. Merkel indicó, por su lado, que la estabilidad presupuestaria
y el crecimiento "no son polos opuestos", sino que se necesitan ambas cosas y,
en este contexto, el próximo Consejo Europeo debatirá sobre las políticas de
crecimiento y empleo.
"Un tema para la historia"
Rajoy ha buscado en todo momento congraciarse con Merkel.
Incluso ha suavizado la posición sobre el déficit que ha mantenido en los
últimos días. En presencia de la canciller, aunque no se ha comprometido
expresamente con el 4,4%, tampoco ha dejado caer ninguna duda.
Incluso ha hecho un requiebro muy de su estilo cuando un
periodista alemán le ha preguntado si habían hablado en la reunión de las
declaración de
José Manuel García
Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, que el martes dijo que
Merkel "reacciona siempre un cuarto de hora tarde" a los problemas. "Me pregunta
por mi ministro de Asuntos Exteriores. Ese es un tema que ya pertenece a la
historia", contestó Rajoy con una amplia sonrisa en la boca mientras Merkel
miraba incómoda. Ante la sorpresa y las risas generales -la historia para el
presidente llega en 48 horas-, Rajoy miró a su equipo y repitió: "El tema
[pertenece a la historia]". Merkel también se rio finalmente ante la salida del
presidente español.
www.elpais.es
27.01.12
RAJOY: "ESPAÑA VA A CUMPLIR EL OBJETIVO, Y HOY ES EL 4,4%"
Tras conocer las previsiones del FMI y ser preguntado en una
visita a Lisboa sobre las posibilidades de que los objetivos se suavicen, Rajoy
señaló: "Eso se verá en su momento. España va a cumplir los objetivos de déficit
que se marquen en el programa de estabilidad; hoy es el 4,4% y España hoy va a
cumplir ese objetivo". "Todas las previsiones son discutibles y yo me tomo la
del FMI como un estímulo. Ya anunciamos un importante recorte de 15.000 millones
de euros a los pocos días de empezar a Gobernar y vendrán más recortes de
gasto", añadió.
Para su primera visita a un Estado europeo como presidente
del Gobierno, Rajoy eligió Portugal, un país que atraviesa una crisis brutal y
cuyo primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho, ha impuesto
draconianas medidas de austeridad. "El Gobierno portugués actúa con valentía,
coraje y determinación", alabó Rajoy. Y agregó: "Nosotros tenemos que hacer algo
parecido porque es necesario hacerlo". Portugal ha suprimido pagas extras de
funcionarios y pensionistas, ha facilitado los despidos, acortado las vacaciones
y abaratado las horas extra, entre otras medidas.
Antes, en Bruselas, el ministro de Economía, Luis de Guindos,
ya había señalado que "el objetivo de déficit del Gobierno en estos momentos es
el 4,4% del PIB" y que "no está en la agenda en absoluto" modificar o retrasar
ese objetivo. En cambio, el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso,
Gabriel Elorriaga, señaló a Gestiona TV que tiene "la impresión" de que va a
haber "un recálculo general" en la UE al respecto.
www.elpais.es
25.01.12
RAJOY ADMITE QUE LA SUBIDA DE IMPUESTOS ES "DOLOROSA",
PERO "NO HABÍA OTRA OPCIÓN"
Mariano Rajoy ha admitido en su primera entrevista como
presidente del Gobierno, concedida a la agencia Efe, que el aumento impositivo
aprobado en diciembre ha sido una medida "dura y dolorosa, pero absolutamente
imprescindible". "No quedaba otra opción", ha apuntado Rajoy, quien ha asegurado
que "no se va a esconder" ante la crisis económica. Son las primeras
declaraciones públicas del presidente, después de que el pasado 23 de diciembre
anunciara los nombres de su primer Gobierno. Desde entonces, Rajoy ha dejado en
manos de su equipo, y especialmente de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría, las explicaciones sobre las medidas que ha tomado el Ejecutivo,
principalmente para recortar gastos y subir impuestos. Además, Rajoy no tiene
previsto comparecer en el Congreso para explicar estas medidas hasta el mes de
febrero, más de un mes después de haber tomado posesión. La entrevista, de 25
minutos, se ha centrado fundamentalmente en asuntos económicos:
"Si hubiéramos pensado que era preciso subir el IVA no nos
hubiera temblado la mano"
Impuestos
Rajoy ha justificado los ajustes y la subida de impuestos
en que el déficit que encontró al llegar al Gobierno era superior a lo previsto
-dos puntos por encima del 6% previsto inicialmente-. El presidente ha precisado
que sigue sin ser "partidario de subir impuestos" y ha recordado que así lo ha
manifestado reiteradamente, pero que se encontró al llegar al Gobierno con que
el déficit era superior de lo que esperaba: el 8%, dos puntos por encima de lo
previsto. Así se lo comunicó la Intervención General del Estado el 27 de
diciembre: se habían gastado 20.000 millones de euros más. De ellos, ha
precisado, 15.000 millones son de las comunidades autónomas. "En esa situación
era urgente actuar", ha puntualizado. "Era una decisión dura, dolorosa, pero
absolutamente imprescindible para salir de la espiral en la que nos
encontrábamos".
El jefe del Ejecutivo ha señalado que no está en sus
previsiones subir el IVA, porque no cree que sea necesario -"supone
inmediatamente un aumento de los precios y no nos parecía lo más justo". Sin
embargo, ha reconocido que "si hubiéramos pensado que era preciso subir el IVA
no nos hubiera temblado la mano".
Medidas para reducir el déficit público
Retomando la expresión que usó la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, Rajoy ha dicho que las medidas adoptadas
hasta ahora son el "inicio del inicio". Para el jefe del Ejecutivo, lo primero
es seguir reduciendo el déficit público: "En los Presupuestos Generales del
Estado que presentaremos antes del 31 de marzo, volveremos a hacer una reducción
del gasto público", ha afirmado.
En segundo lugar, Rajoy ha hecho alusión a una reunión del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, este mes, donde se pedirá a todas las
Comunidades Autónomas que se aprieten el cinturón, y también a laso
Ayuntamientos en otra reunión. En tercer lugar, se presentará la ley de
estabilidad presupuestaria para fijar el techo de gasto y endeudamiento, que no
podrán sobrepasar ni el Estado ni las Comunidades Autónomas".
Sistema financiero
Con respecto al sistema financiero, Rajoy ha afirmado que no
habrá un banco malo sino un plan de reestructuración del sistema
financiero que presentará antes del 15 de febrero y que conllevará un nuevo
proceso de fusiones.
Según Rajoy, el plan obligará "al saneamiento de las
entidades financieras, a su transparencia y a un nuevo proceso de fusiones de
entidades" para que las resultantes tengan un tamaño adecuado, sean solventes y,
sobre todo, "para que vuelvan a dar crédito a las pequeñas y medianas empresas y
a las familias, sin lo cual no habrá recuperación".
El "objetivo" es terminar con esa "terrible cifra" de cinco
millones de españoles que quieren trabajar y no pueden
Los mercados
"¿Qué aporta su Gobierno a los mercados que no aportara el de
Zapatero?', ha sido preguntado el presidente. "Aportamos nuestra historia,
nuestra convicción", ha respondido. "Y aportamos a los mercados una mayoría
sólida que han apoyado los españoles, y estabilidad política para recuperar la
confianza. Ir hacia un modelo donde las Administraciones públicas no gasten lo
que no tienen".
Por eso, ha agregado, decidió no crear una vicepresidencia
económica al formar su Gabinete. "La economía es lo más importante y he querido
dar una señal, dentro y fuera de España, de que aquí hay un presidente que va a
dar la cara y no se va a esconder", ha zanjado. Por eso, él preside la
comisión delegada de asuntos económicos. "He querido nombrar un equipo muy
económico": con ministros de Economía, de Hacienda, de Trabajo, de Industria,
incluso de Asuntos Exteriores... de los que ha destacado su experiencia en el
ámbito económico.
Estado de bienestar
También ha expuesto Rajoy que su Gobierno de corte económico
busca lograr el crecimiento y mantener el Estado del bienestar, del que ha
dicho: "Creo profundamente en él y no está en peligro. Creo en el sistema de
pensiones, en un sistema sanitario universal, público y gratuito, y en un
sistema educativo que hay que mejorar". Pero ha precisado que, para mantenerlo,
"se necesitan dinero, crecimiento económico y empleo".
Reforma laboral
Rajoy sigue a la espera de un acuerdo entre patronal y
sindicatos sobre la reforma laboral, y al respecto ha dicho: "Les pedí un
esfuerzo que agradezco, pero no sé en qué terminarán las negociaciones. Tendré
en cuenta sus acuerdos, pero en lo que no haya acuerdo el Gobierno hará lo que
sea mejor para el interés general de los españoles". Además, ha puntualizado que
le gustaría "el mayor acuerdo posible" para la reforma laboral.
En cuanto a política exterior, Rajoy ha avanzado hoy que su
intención es que su primer viaje oficial al extranjero tenga como destino
Marruecos, país que espera visitar "en un periodo de tiempo relativamente
breve". "En cuanto las agendas se logren casar", se ha limitado a señalar el
presidente del Gobierno, que ya habló por teléfono con el rey Mohamed VI el
pasado 3 de enero. Si cumple con su intención, cumplirá también con la tradición
que han mantenido los últimos presidentes del Gobierno de elegir a Marruecos
para su primera visita oficial al extranjero tras llegar a la Moncloa.
Al margen de este viaje, ha recordado que el presidente
francés, Nicolas Sarkozy, visitará Madrid el próximo lunes, momento en el que
recibirá de manos del rey Juan Carlos el Toisón de Oro. Espera recibir también
próximamente al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y a la
presidenta de turno de la UE, la primera ministra danesa, Helle Thorning-Schmidt.
El 30 de enero Rajoy se desplazará a Bruselas para participar
en su primer Consejo europeo; "aunque eso ya no sé si calificarlo de viaje al
extranjero", ha bromeado. Se trata de una cita clave en la que, según el
presidente del Gobierno, tendrá ocasión de explicar sus reformas.
Con respecto a América Latina, el presidente del Gobierno ha
señalado que es una "prioridad capital" de su Ejecutiv y ha recordado que España
es el segundo país inversor en la región.
www.elpais.es
10.01.12
RAJOY SE ESCUDA EN QUE LA HERENCIA ES AÚN PEOR Y
SE RESERVA HASTA FEBRERO
La vicepresidenta justifica que no vaya al
Congreso por "economía procesal"
El Gobierno asegura que la situación es "excepcional" y que,
por eso, ha tenido que tomar decisiones
"excepcionales", "más duras" y hasta
"impopulares", pero no está previsto que
Mariano Rajoy acuda al Parlamento a dar
explicaciones hasta el mes de febrero.
"Es una situación excepcional, que exige medidas
excepcionales"
Santamaría dice que el anterior Gobierno ocultó el
déficit de la Seguridad Social
La vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, aseguró ayer en
la rueda de prensa posterior a su tercer
Consejo de Ministros que la situación
económica es aún peor de lo que esperaban y,
por eso, han tenido que tomar medidas
distintas a las que prometieron en la
campaña electoral, en su programa para el
20-N y en el debate de investidura de Rajoy.
Pero la portavoz excluyó que el presidente
del Gobierno pueda dirigirse a los
ciudadanos y al resto de partidos desde el
Congreso antes del mes de febrero.
Según dijo, no lo hará por "economía procesal", porque
entonces habrán pasado 40 días de su
estancia en La Moncloa, cinco consejos de
ministros y una reunión del consejo de
Europa.
Saénz de Santamaría describió de esta forma la manera en la
que Rajoy asume la presidencia del Gobierno,
con un estilo que no tiene nada que ver con
los anteriores, que se basa en la ausencia
pública del jefe del Ejecutivo y que es
coherente con sus reticencias a comparecer
ante los medios de comunicación para
responder preguntas. Puede aplicar ese
estilo de gobernar y esconderse porque se lo
permite su amplia mayoría absoluta que
facilita, por ejemplo, que en la Mesa del
Congreso se imponga el rodillo del PP para
frenar las peticiones de comparecencia.
Hasta febrero habrá que esperar. Alguna
propuesta del Gobierno, como el control
previo de los presupuestos autonómicos, se
han conocido por declaraciones del ministro
de Economía, Luis de Guindos, a un medio
extranjero como Financial Times.
Desde que el pasado 21 de diciembre asumió la presidencia del
Gobierno, Rajoy no ha tenido ninguna
actividad pública. La única excepción fue el
día 27, el acto solemne de apertura de la
legislatura que presidieron los Reyes en el
Congreso, y en el que solo hubo un contacto
breve e informal con los periodistas. Desde
ese día no se le ha oído ninguna frase sobre
nada y menos para explicar a los ciudadanos
la subida de impuestos, negada antes por él,
o los recortes sociales. Solo se le escuchó
leer la lista de sus ministros el día 22 de
diciembre, pero con un gesto eludió
responder a preguntas de los periodistas.
Hoy acudirá a la recepción de la Pascua
militar, pero el protocolo impide que haya
declaraciones del presidente.
La propia vicepresidenta y portavoz sí explicó ayer el cambio
de criterio de Rajoy con la subida ahora de
impuestos: "Esa ya no es la realidad, la
realidad es otra, más difícil y más dura, lo
que ha obligado al Gobierno a tomar medidas
también más difíciles, de carácter
extraordinario". Lo que ha cambiado, según
explicó, es que el Gobierno socialista
anterior dejó una herencia mucho peor de lo
que el PP preveía cuando se comprometió a
bajar impuestos.
Esa situación se concreta en que el déficit público no fue del
6% como preveía el Gobierno de Zapatero,
sino de más del 8% y, según desveló ayer, la
Seguridad Social no tuvo el esperado
superávit oficial del 0,4%, sino un déficit
de 668 millones, el 0,06%. Según explicó, el
anterior Gobierno no les dio este dato en el
traspaso de poderes, aunque el secretario de
Estado de esa área, Octavio Granado, sí
llevaba tiempo anticipando que no habría
superávit, por lo que la desviación real es
menor.
En los últimos días se barajó la posibilidad de que Rajoy
fuera quien defendiera en el Pleno del
Congreso del día 11 la convalidación del
decreto aprobado la pasada semana con las
primeras medidas, pero esta posibilidad la
excluyó ayer expresamente la vicepresidenta.
Una comparecencia ante la prensa ni Saénz de
Santamaría, ni fuentes oficiales de La
Moncloa la ven muy posible. Quieren evitar
que se exponga tanto como hacía Zapatero.
Rajoy sí recibirá al presidente francés, Nicolas Sarkozy, el
día 16 en La Moncloa. Será su primera
reunión con un mandatario internacional,
pero no está claro si se mantendrá el
protocolo habitual pero muy limitado de
rueda de prensa posterior.
El Consejo de Ministros de ayer no tomó ninguna medida
concreta, pero apuntó a dos para las
próximas semanas: otro plan contra el fraude
fiscal y la supresión de organismos,
fundaciones y empresas públicas. En ambos
casos, el objetivo del Gobierno es la lucha
contra el déficit. Para ello, necesita la
colaboración de las comunidades autónomas, a
las que convocará este mes en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera. El ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro, pedirá en esa reunión a
las comunidades que reduzcan su déficit
cumpliendo el compromiso adquirido hace un
año. Y que supriman 500 entidades públicas
de las que solo han eliminado 69, el 14%.
En ese Consejo, Montoro debe convencer a las comunidades para
que acepten el control previo de sus
presupuestos por parte del Gobierno central.
Santamaría no fue ayer tan precisa como De
Guindos y explicó que se trata de
desarrollar la reforma constitucional
pactada por PP y PSOE para fijar límites
legales al déficit.
www.elpais.es 06.01.12
LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO NO LOGRAN CALMAR EL
CASTIGO DE LOS INVERSORES
La prima de riesgo de España toca los 381 puntos
básicos y la Bolsa sufre la mayor caída en
tres semanas arrastrada por la crisis
bancaria
Soraya Sáenz de Santamaría comenzó a hablar ante la prensa
cerca de las tres de la tarde para dar
cuenta de las decisiones que acababa de
tomar el tercer Consejo de Ministros del
nuevo Gobierno de España. A esa misma hora,
la prima de riesgo de la deuda pública -que
es el sobreprecio que se paga por los bonos
a 10 años respecto a la referencia de los
alemanes- comenzó una escalada en la que
llegó a tocar los 381 puntos básicos (o 3,8
puntos porcentuales), si bien luego moderó
el tirón hasta los 377 puntos, 26 más que la
jornada anterior, la mayor subida en casi un
mes. La crisis de Hungría y las dudas
bancarias también cargaron las tintas en
Europa y lastraron las Bolsas.
La brecha del riesgo entre España e Italia se
reduce 60 puntos en una semana
El euro toca respecto al dólar su mínima
cotización en 16 meses
A los inversores no les calman las medidas que ha anunciado el
nuevo Ejecutivo del PP. Puede más el
nerviosismo que provoca el desvío del
objetivo de déficit público de 2011, que
quedará en torno al 8%, dos por encima de lo
estipulado, y las alarmas que ha encendido
la angustia financiera de la Comunidad
Valenciana, primera región de la que ha
trascendido que ha necesitado el apoyo del
Estado para hacer frente al vencimiento de
una deuda.
Al mercado no le gustan los depende, los ya se verá
o las ambigüedades. La prima de riesgo
española, ese concepto económico de consumo
tan habitual desde que comenzó la crisis de
deuda soberana y que sirve para medir la
credibilidad de un país como pagador, se
situaba en unos 305 puntos cuando Mariano
Rajoy juraba su cargo con una mano sobre la
Biblia y otra sobre la Constitución. Pero, a
partir de ahí, no ha dejado de subir y ha
estrechado la diferencia con la maltrecha
Italia, que ayer cerró con un sobreprecio de
522 puntos básicos. La brecha entre una y
otra se ha reducido en casi 60 puntos en
solo una semana. Los bonos españoles a 10
años pagan un interés del 5,5% y los
italianos un 7%.
No hay un único motivo. El mercado también se exaltó ayer con
la confirmación de que la Seguridad Social
cerró 2011 con déficit por primera vez desde
1999, con seis centésimas. "A partir del
último dato de paro y este déficit la deuda
se ha comportado peor que el resto", apunta
Iván San Félix, de Renta 4. Y ayer no sirvió
de contrapeso el anuncio de Santamaría de un
plan contra el fraude fiscal que sigue las
líneas del anterior. La vicepresidenta habló
de un objetivo de recaudación de 8.161
millones de euros, unos 1.000 millones menos
que la anterior campaña.
Esta fue toda la novedad que el Gobierno añadió a su plan
antidéficit, tras los recortes y subidas de
impuestos anunciados el 30 de diciembre. Y
esas medidas también suscitan dudas. "Los
inversores se preguntan qué pasará con el
crecimiento", advierte el analista Juan
Ignacio Crespo. Los mercados piden mano dura
pero dudan de sus efectos. No son fáciles de
contentar.
"Con el desvío de déficit público y los riesgos de la
Comunidad Valenciana hay más que suficiente
para motivar la subida del riesgo país, pero
además se añade el final de la habitual
tregua navideña y los nuevos elementos del
sector bancario", apunta Crespo.
La banca europea sigue sumergida en su mar de dudas y la
española conoció a última hora del miércoles
sus nuevas necesidades de financiación. "Y
aún no se conoce nada de la reforma
financiera", apunta San Félix. El ministro
de Economía, Luis de Guindos, cifró en cerca
de 50.000 millones las provisiones que
necesita el sector para sanear sus activos
inmobiliarios al de mercado, lo que equivale
a algo más que un 4% del PIB.
Los dos grandes bancos españoles, el Santander y el BBVA,
bajaron ayer en Bolsa un 4,5% y 5%,
respectivamente, lo que arrastró al Ibex 35
a un descalabro del 2,94%, el mayor desde el
12 de diciembre, que deja al índice por
debajo de los 8.400 puntos. El Popular
también se dejó un 5,5%, y Bankinter el
5,13%.
El conjunto del sector en Europa también se duele de las dudas
sobre la solvencia y la mala noticia del
italiano Unicredit, que dio un descuento del
43% en su ampliación de capital. Todas las
grandes Bolsas europeas bajaron en una
jornada en las que también cargó las tintas
el riesgo de bancarrota en Hungría. Solo
Milán sufrió una caída superior a la
española y perdió el 3,65%, París bajó un
1,53%, Francfort un 0,25% y Londres el
0,78%. El euro a tocó su mínimo frente al
dólar en más de un año y se cambiaba ayer a
1,27 billetes verdes.
Pese a lo complicado del entorno, España ha superado con éxito
las últimas subastas de deuda. El próximo
examen será en una semana. El Tesoro Público
anunció ayer tres emisiones de bonos para el
próximo 12 de enero, uno nuevo a tres años y
otros dos pagaderos en abril y octubre de
2016. El órgano no cifró ayer los objetivos
de recaudación, pero el resultado servirá
para valorar de nuevo la confianza que
tienen los inversores en los planes del
Ejecutivo.
El presidente, Mariano Rajoy, prevé dar explicaciones sobre
las medidas en febrero, en el Congreso, más
de un mes después de tomar el mando. Los
mercados son más impacientes.
www.elpais.es 06.01.12
LA SUBIDA DEL IRPF VULNERA LA DOCTRINA DEL
CONSTITUCIONAL
El decreto ley por el que el Gobierno de Mariano Rajoy ha
subido la tarifa del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF) a todos los
contribuyentes vulnera la doctrina del
Tribunal Constitucional (TC). En una
sentencia de 1997, que atendía un recurso
presentado precisamente por diputados del
Partido Popular, el Tribunal declaró
inconstitucional una medida similar adoptada
por el Gobierno de Felipe González en 1992.
En aquella sentencia, el TC admitía que el decreto ley se
había adoptado ante una situación de
extraordinaria y urgente necesidad, pero
subrayaba que cambios de calado en la
regulación de derechos y deberes
constitucionales como la obligación de
contribuir vía impuestos no podían adoptarse
por decreto ley, sino mediante ley aprobada
por el Parlamento.
La decisión del Constitucional no tuvo consecuencias porque el
cambio del IRPF se aprobó posteriormente
mediante ley. Lo mismo puede acabar
sucediendo en esta ocasión. El Gobierno
prevé incluir la modificación del IRPF en la
ley de Presupuestos a partir de marzo, lo
que subsanaría la posible
inconstitucionalidad de la norma ahora
aprobada incluso en caso de que esta fuera
recurrida y el TC diera la razón a los
recurrentes.
Vedado el decreto ley
En el texto, el TC recordaba que el artículo 86.1 de la
Constitución establece que los decretos
leyes que puede dictar el Gobierno, en casos
de extraordinaria y urgente necesidad, "no
podrán afectar a los derechos, deberes y
libertades de los ciudadanos regulados en el
Título I" de la propia Constitución, y que
entre esas materias vedadas está el deber de
contribuir, a través de los impuestos, al
sostenimiento o financiación de los gastos
públicos.
La sentencia reconoce que no queda absolutamente impedida la
utilización del decreto ley en materia
tributaria, pero subraya que el sentido del
principio de legalidad tributaria es "el de
asegurar que la regulación de determinado
ámbito vital de las personas dependa
exclusivamente de la voluntad de sus
representantes, quienes establezcan los
elementos esenciales para la determinación
de la obligación tributaria", como se
señalaba en una sentencia de 1987; y que se
debe "asegurar que cuando un ente público
impone coactivamente una prestación
patrimonial a los ciudadanos cuente para
ello con la voluntaria aceptación de sus
representantes", según otra sentencia de
1995.
www.elpais.es
04.01.12
DEJAR FUERA A 30.000 DEPENDIENTES SOLO AHORRA UN
0,6% DEL COSTE TOTAL
La moratoria anunciada por el Gobierno apenas
supone 40 millones de euros
La demora en el calendario de la Ley de Dependencia anunciada
para 2012 en la primera andanada de recortes
afectará a unas 30.000 personas, según la
tendencia de incorporaciones al sistema de
dependientes moderados (grado I, nivel II)
registrada en los últimos años. En total,
apenas suponen el 2,3% de los beneficiarios
y el coste de su atención es prácticamente
insignificante respecto al total de las
ayudas concedidas, un 0,6%. Las prestaciones
para estas personas, las más baratas del
sistema, alcanzarían unos 40 millones al
año. El Gobierno concede 60 euros mensuales
por cada uno de ellos y las comunidades, de
forma global, suelen aportar algo más del
doble de esa cifra (dependiendo de la
prestación concedida).
Las plataformas de afectados temen que el sistema
vaya a la privatización
La entrada al sistema de los dependientes leves (grado I,
nivel I) también sufrirá un retraso de un
año, hasta enero de 2014. En este caso
habría unas 250.000 personas afectadas, pero
el ahorro tampoco sería mucho porque las
ayudas previstas para ellos tampoco son muy
altas.
Tanto los empresarios del sector como el colectivo de
afectados creen que el ahorro es
insignificante y, sin embargo, la demora
traerá consigo desempleo y ahogo económico,
así como nuevas carencias para los
dependientes. El coordinador de las
plataformas para la defensa de la
dependencia, Jaume E. García, considera que
"el ahorro planteado con este recorte parece
irrisorio". En su opinión, "lo que en
realidad se busca cuando se habla de cambiar
el modelo de financiación es privatizar la
ley, dejarla en manos de las empresas
privadas, y eso le saldrá más caro al
ciudadano".
Una de las patronales del sector, la FED, también ha criticado
los recortes: "El sector está al borde de la
quiebra, ahogado por las deudas de la
Administración, con miles de empleos en
riesgo, y ahora, encima, plantean una
demora. Tenemos centros de día y atención a
domicilio, dos de las ayudas previstas para
los dependientes moderados, y si los sacan
del sistema durante un año será otra pérdida
más", ha criticado el presidente de la FED,
Alberto Echevarría. "Lo propuesto es un
ataque a las operadoras y a los usuarios, y
además el ahorro es ridículo", sostiene.
Para la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de
Servicios Sociales, "el asunto es grave,
tanto para los usuarios como para las
empresas, que también participan en la
marcha de esta ley y en la generación de
empleo". "A pesar de ello, si el recorte se
quedara solo en esto, quizá durante este año
se podría ir reduciendo la lista de espera.
Hay más de 150.000 personas esperando cuya
gravedad es mayor que la de los moderados",
explica el presidente de la asociación, José
Manuel Ramírez.
Por otro lado, este anuncio de un año en blanco para los
dependientes moderados en realidad supone
dar cobertura legal a lo que ya se ha venido
haciendo, puesto que en 2011 apenas han
entrado nuevos beneficiarios al sistema.
Solo cuatro comunidades autónomas (País
Vasco, Castilla y León, La Rioja o
Cantabria) han incorporado al sistema a
estos beneficiarios en el ejercicio que
acaba de cerrar. "Este recorte, por tanto,
penaliza a aquellas regiones que lo estaban
haciendo mejor y da la razón a las que se
han saltado el calendario durante todo
2011", critican en la Asociación de
Gerentes.
Ni el total de afectados, ni el ahorro por esta vía parecen
ser de consideración, por lo que se teme que
los recortes vayan a ser más profundos en el
futuro, dado que el Ejecutivo ya advirtió
hace unos días de que los ajustes anunciados
son solo "el inicio del inicio". Los cambios
podrían venir por la vía de la financiación.
El PP ya advirtió durante la campaña
electoral de que la financiación de la ley
no era suficiente ni sostenible y que habría
que modificarla. También lo recordaron el
pasado viernes. Para el PP, un modelo
adecuado es el que esbozaron en su día un
grupo de expertos en un estudio encargado
por el Parlamento. De corte liberal, este
modelo planteaba una financiación basada en
seguros privados, subidas del IVA o
cotizaciones adicionales, entre otras cosas.
Todo ello se planteó ya cuando se negociaba
la ley y se descartó antes de ser aprobada,
también con los votos del PP.
El programa electoral del PP plantea varias veces la "libre
elección" de las ayudas que el ciudadano
puede obtener, o, lo que es lo mismo, la
Administración concede el dinero y el
beneficiario elige el servicio que quiere.
El modelo, ya recurrente en educación, es
inequívoco: el famoso cheque-servicio. "Esto
encierra la creación de un sistema dual, en
el que los que más tienen pueden elegir el
mejor servicio, cuyo pago complementarán con
sus recursos, y los más pobres habrán de
conformarse con las ayudas estatales, que
acabarán siendo las que pueda proporcionar
un sistema parecido a la beneficencia",
lamenta José Manuel Ramírez. "Con este
modelo, que nadie se engañe, no es el
ciudadano el que elige el geriátrico, sino
el geriátrico el que elige a qué ciudadanos
acoge, que son los que más dinero tienen,
claro".
La Asociación de Gerentes aboga por cambiar el modelo de
financiación, pero no en el sentido que
parece haber elegido el PP: "La financiación
debe atender al coste del servicio que se
presta, no a la gravedad del dependiente,
porque no es lo mismo atender a un anciano
que no puede valerse por sí mismo en casa
que en una residencia. Los servicios
profesionalizados son más caros, pero
generan empleo", afirma Ramírez. "Y para
cambiar así la financiación no hay por qué
tocar la ley, bastaría con modificar un
decreto".
www.elpais.es 03.01.12
ESTOCADA MORTAL A RTVE
El recorte de 200 millones cuestiona la
supervivencia de la televisión pública - El
Consejo estudia recuperar la publicidad,
vender derechos y cerrar canales
El Consejo de Administración de RTVE
celebrará el próximo miércoles una reunión
extraordinaria para evaluar los efectos del
recorte de 200 millones de euros en el
presupuesto de la Corporación. Esta
reducción es una estocada mortal al modelo
de televisión pública forjado en los últimos
años y a un sistema de financiación que
excluye los ingresos publicitarios y sitúa
la subvención directa del Estado en unos 550
millones de euros. La situación es
especialmente crítica si se tiene en cuenta
que RTVE tiene ya comprometido el 80% del
presupuesto.
La Corporación tiene comprometido el 80% del
presupuesto
TVE podría desprenderse de los Juegos
Olímpicos o de la 'Champions'
Para solventar el recorte de 200 millones
(sobre un presupuesto inicialmente previsto
de 1.200 millones), algunos consejeros
proponen, precisamente, recuperar la
publicidad en TVE, que desapareció de la
pantalla hace ahora un año. También barajan
la necesidad de vender derechos deportivos e
incluso el cierre de algún canal. Pero
insisten en que cualquiera de las medidas
que se adopten no deben afectar a la
plantilla ni a la estructura territorial del
grupo.
La reducción del presupuesto de RTVE fue
anunciada por el Gobierno el viernes pasado
al término de la reunión del Consejo de
Ministros y equivale a casi un 20% de los
ingresos previstos para este año. Un
presupuesto de 1.000 millones es considerado
por la Corporación como insuficiente para
hacer frente al modelo en vigor, que incluye
seis canales de televisión (La 1, La 2,
Canal 24 Horas, Clan, Teledeporte y TVE-HD)
y cinco de radio.
Para despejar dudas, el Consejo espera
contar en breve con un informe de los
servicios jurídicos sobre la situación en la
que queda RTVE tras el anunciado tijeretazo.
Santos Ruesga confía en que entre hoy y
mañana se solventen las dudas jurídicas en
torno a la cantidad de dinero que RTVE podrá
ingresar, por un lado, y gastar, por otro.
Para enjugar la rebaja prevista por el
Ejecutivo, Santos Ruesga, catedrático de
Economía Aplicada y consejero de RTVE
propuesto por UGT, propondrá al Consejo el
retorno a la publicidad en TVE. "Tres
minutos por hora", matiza. Y explica que el
impacto en el espectador no sería muy grande
porque ahora la cadena pública tiene
autorización para emitir hasta cuatro
minutos de autopromociones por hora. Ruesga
es partidario de sustituir parte de estas
autopromociones por anuncios comerciales.
Esta medida supondría, según sus cálculos,
unos ingresos de 100 millones de euros. Pero
antes de ponerla en práctica se tendría que
solventar un problema. "Habría que modificar
la ley de financiación", apunta Santos
Ruesga, que desempeña la presidencia de
turno del Consejo de Administración. "Sería
la medida menos dañina. Antes de tomarla, el
Gobierno consultaría a las cadenas privadas,
que no les gustaría porque implicaría una
bajada de los precios de la publicidad",
vaticina.
Para el consejero socialista Miguel Ángel
Sacaluga el recorte avanzado por el Gobierno
supondrá la "asfixia" de la Corporación. "No
es razonable. RTVE acaba de hacer un ajuste
a través del ERE que supuso la salida del
40% de la plantilla", recuerda. Entre las
distintas hipótesis para mitigar el impacto
del recorte, considera que el retorno a la
publicidad resulta especialmente difícil de
encajar en el nuevo sistema de financiación.
"Los operadores de telecomunicaciones y las
cadenas de televisión podrían decir que
pagarían menos para financiar TVE", apunta.
De hecho estas compañías están obligadas a
pagar un canon (el 0,9% de sus ingresos en
el caso de las telecos y el 3% para
las televisiones privadas) como compensación
por el fin de la publicidad en la cadena
estatal. "Salir al mercado publicitario",
añade, "es complicado desde un punto de
vista jurídico".
Antes de estudiar soluciones concretas, el
Consejo quiere saber si la reducción de
ingresos va también acompañada de una rebaja
del techo de gasto. Si fuera así, RTVE solo
podría contar el próximo ejercicio con 1.000
millones de euros, una cifra considerada
insuficiente y que podría poner en peligro
la actual oferta televisiva. Afectaría
incluso a la cobertura de los Juegos
Olímpicos. Entre la compra de derechos y los
gastos de producción, Londres-2012 le cuesta
a TVE alrededor de 70 millones de euros.
También estarían en peligro otros derechos
deportivos en poder de la cadena pública,
como la Liga de Campeones o los partidos de
la selección de fútbol. Vender estos
derechos no sería fácil. "Los Juegos
Olímpicos no los quiere nadie. Cuestan mucho
dinero, duran poco tiempo y no dan
audiencia", recalca el consejero Santos
Ruesga.
Otra de las hipótesis pasaría por el cierre
de alguno de los canales de televisión. Los
consejeros consultados apuestan por apagar
Teledeporte, aunque consideran que el ahorro
sería mínimo porque los derechos
audiovisuales están ya comprados. Sacaluga
entiende que con 200 millones de euros menos
"se vería muy afectado el servicio público
de TVE", y considera que no sería aceptable
una mayor reducción de la plantilla ni una
merma de la estructura territorial. El
expediente de regulación de empleo que se
llevó a cabo en la primera legislatura de
Zapatero supuso la salida de más de 4.000
trabajadores.
Un plan trazado de antemano
Desde que TVE dejó de emitir publicidad,
hace un año, su financiación depende de la
subvención estatal (580 millones de euros en
2010), la tasa radioeléctrica y las
aportaciones de los operadores de
telecomunicaciones y de las cadenas
privadas. En total, 1.200 millones de euros
de ingresos. Pero los recelos de los
operadores a pagar obligaron a RTVE a cerrar
el año 2010 en números rojos. Sus pérdidas
rondaban los 47 millones de euros. La
Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones revisó las liquidaciones
de las compañías de telecomunicaciones y de
televisión privada y en noviembre les obligó
a pagar otros 56 millones. Gracias a esta
nueva liquidación, los números rojos pasaron
a negros. Y aún habrá un superávit de nueve
millones.
Con este nuevo sistema de financiación TVE
se ha mantenido líder en el competido
mercado audiovisual con unos contenidos cada
vez más distanciados de los que emiten las
cadenas privadas.
Algunos miembros del Consejo de
Administración de la Corporación opinan que
el recorte de 200 millones en el
presupuesto, anunciado por el Ejecutivo del
PP, no se enmarca dentro de la política de
ajuste económico sino que responde a un plan
trazado de antemano por el PP para liquidar
la televisión pública. Durante la
tramitación de la anterior Ley de
Presupuestos el partido que lidera Mariano
Rajoy ya propuso una enmienda para recortar
la subvención a RTVE en 200 millones y que
la Corporación renunciara a un canal
múltiple de TDT (con capacidad para cuatro
cadenas).
www.elpais.es 02.01.12
LA MITAD DE LOS JUBILADOS
PERDERÁ PODER ADQUISITIVO POR LOS IMPUESTOS
El alza fiscal se comerá la
subida del 1% para más de 100.000
beneficiarios
Buena parte de los pensionistas volverá a
perder poder de compra en 2012 por segundo
año consecutivo. El incumplimiento por parte
del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
de su promesa electoral de no subir los
impuestos conlleva también, en la práctica,
el incumplimiento de otra de sus promesas:
mantener el poder adquisitivo de las
pensiones. En torno a la mitad de los
perceptores de pensiones de jubilación no se
verán afectados por el recargo en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), pero la otra mitad verá cómo
esa subida de impuestos se lleva una parte
de la subida del 1% para compensar la
inflación prevista. Los más perjudicados
serán los perceptores de pensiones más
altas, para los que el efecto de la subida
de impuestos será superior al del incremento
de la pensión, de modo que verán incluso
reducirse (muy ligeramente) la pensión neta.
Tres millones de pensionistas, afectados por
la subida del IRPF
La subida de tasas afecta a las rentas de
capital, la otra fuente de ingresos
La subida de las pensiones será, con
carácter general, del 1%, que es el nivel
que se ha establecido como objetivo de
inflación para este año. Los pensionistas
(salvo los perceptores de pensiones mínimas)
no recuperan el poder adquisitivo perdido en
2011, el 2,9% de acuerdo con la subida de
los precios de noviembre de 2010 a noviembre
de 2011, lo que se debe a la congelación
decidida por el anterior Gobierno, presidido
por José Luis Rodríguez Zapatero. Pero,
además, en torno a la mitad de los
pensionistas volverá a perder poder
adquisitivo este año por la subida de
impuestos.
El recargo del IRPF afecta, con carácter
general, a pensionistas con una prestación
superior a los 700 euros mensuales
(equivalentes a 9.800 euros anuales al
contar las 14 pagas). Ese nivel puede
aumentar algo en función de las
circunstancias personales del beneficiario
de la pensión (si está casado y presenta
declaración conjunta o si tiene hijos
menores a su cargo, por ejemplo). Según las
últimas estadísticas de la Seguridad Social,
correspondientes a noviembre pasado, de las
5.281.894 pensiones de jubilación, 2,72
millones tenían pensiones superiores a los
700 euros mensuales, incluidos 555.136 que
se situaban entre los 700 y los 800 euros
mensuales, la zona fronteriza. Aunque es
imposible calcular la cifra exacta de los
afectados por la subida del IRPF (en cuanto
depende de las circunstancias familiares),
sí cabe estimar que son aproximadamente la
mitad del total de los jubilados.
Para los otros 3,57 millones de perceptores
de pensiones contributivas (incapacidad,
viudedad, orfandad...), el porcentaje que
tiene prestaciones de más de 700 euros
mensuales es menor (en torno a un 28%), de
modo que los potenciales afectados por la
subida de impuestos son en torno a un millón
de pensionistas más.
En todo caso, la pérdida de poder
adquisitivo será muy escasa para la mayoría
de los pensionistas afectados por la subida
del IRPF. Esa pérdida solo superará los 100
euros para cerca de un millón de
pensionistas (la mayoría jubilados) con
pagas de 1.500 euros mensuales (21.000 euros
anuales), de modo que la subida del IRPF se
comerá una parte del alza del 1% de la
pensión. De todo ellos, los más perjudicados
serán aquellos que perciben la pensión
máxima (unos 2.500 euros mensuales). Para
ellos, en los casos de declaración
individual sin hijos a cargo, el recargo del
IRPF será ligeramente superior a la subida
del 1%, de modo que pierden el poder
adquisitivo derivado de la inflación
prevista y algo más. Según las estadísticas
de la Seguridad Social, hay unos 150.000
perceptores de pensiones máximas de todo
tipo, aunque una parte de ellos pueden ver
algo aliviado el impacto de la subida del
IRPF en función de sus circunstancias
personales y no perder toda la subida de la
pensión.
A la pérdida de poder adquisitivo de buena
parte de las pensiones, se suma la derivada
del aumento del IRPF para las rentas de
capital, que es una fuente de ingresos para
buena parte de los pensionistas por el
ahorro acumulado.
Para los pensionistas, si las prestaciones
se ajustan con arreglo al IPC, no es neutral
que la subida de impuestos se instrumente a
través del IRPF o de otro tributo. Un
aumento del IRPF se traduce directamente en
una pérdida de poder adquisitivo para los
pensionistas (como para el resto de
contribuyentes). Aparentemente, una subida
del IVA o de los impuestos especiales podría
mermar de igual manera su capacidad de
compra, pero, en realidad, el IVA solo se
traslada a los contribuyentes en la medida
en que se refleje en subidas de precios. Por
ello, siempre que las pensiones se revisen
de acuerdo con el IPC, los pensionistas
recuperan la capacidad de compra perdida con
la paga compensatoria y la actualización en
función de la desviación de la inflación. Lo
que ocurrió en 2010 es que se congelaron las
pensiones para la mayoría de los
pensionistas y por eso el aumento de
inflación derivado de la subida del IVA de
julio de dicho año sí produjo una merma de
poder adquisitivo para ellos.
En todo caso, la pérdida de poder
adquisitivo derivada del primer plan de
ajuste del nuevo Gobierno presidido por
Rajoy es como máximo del 1%, frente al 2,9%
que perdieron la mayoría de las pensiones en
2010 con la congelación decidida por el
Ejecutivo de Zapatero.
Además, si el recargo del IRPF es, como se
ha dicho, temporal, la pérdida de poder
adquisitivo se limitará a dos años y no
quedará consolidada, como ocurrió con la
congelación de las pensiones de 2010.
www.elpais.es 02.01.12
RAJOY APRUEBA EL MAYOR RECORTE DE LA
HISTORIA Y UNA GRAN SUBIDA DE IMPUESTOS
- Las rentas del trabajo asumirán dos
tercios del aumento de los gravámenes - Un
déficit del 8% obliga al tijeretazo inicial
de 9.000 millones, que llegará a 36.000 - La
medida se concentra en los ingresos altos y
el tipo máximo del IRPF llegará al 55%
Todo el mundo lo sabía. Sobre todo Mariano
Rajoy, que ya había apuntado a su entorno
hace meses que el déficit se iría al 8%. No
se contaba en público, pero en privado el PP
no hablaba de otra cosa. Y, sin embargo,
durante toda la campaña electoral, y en el
debate de investidura, aseguró que el
Gobierno del PP no subiría los impuestos.
Pero a la hora de la verdad, la
vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría,
y no Rajoy, que evitó comparecer, anunció la
segunda mayor subida de impuestos de la
historia reciente de España. Y también el
mayor recorte de gasto público de la
democracia en una sola tacada: 8.900
millones de euros.
-
Rajoy, que ya sabía que el déficit iría al
8%, prometió no subir impuestos
-
Las decisiones clave se cerraron el jueves
con los ministros económicos
-
El Gobierno carga a aquellos con más
ingresos para compensar recortes
-
La reforma fiscal se acerca a posiciones
socialdemócratas que el PSOE olvidó
-
El Gabinete congela el sueldo de los
funcionarios y sube su jornada laboral
-
Las pensiones suben un 1% y se recupera la
deducción por vivienda
Y eso, aclaró, es solo "el inicio del
inicio". La vicepresidenta anunció que el
déficit estimado se irá al 8%, dos puntos
por encima del 6% previsto, por culpa sobre
todo de las comunidades autónomas. Ella y el
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
dejaron caer la responsabilidad en el
anterior Gobierno por no haberles contado
cómo estaba la situación real, ni a ellos ni
a los españoles.
Este nuevo dato de déficit implica que el
recorte total, para lograr el 4,4% en 2012,
será de más de 36.000 millones. Era la cifra
que se manejaba hace meses en el PP -y así
se publicó-, aunque Rajoy hizo el debate de
investidura con la oficial: 16.500 millones.
Antes pasó en Portugal, donde los
conservadores ganaron las elecciones
prometiendo no subir impuestos y después
hicieron lo contrario. Ahora llega España.
El Ejecutivo, después de una semana de
intenso secreto alrededor de Cristóbal
Montoro y Álvaro Nadal, los dos principales
ideólogos del ajuste, remató con detalle las
medidas en una larguísima reunión el pasado
jueves en La Moncloa presidida por Rajoy con
los ministros del ámbito económico, que
comparecieron ayer con rostros muy serios:
Montoro, Luis de Guindos (Economía) y Fátima
Báñez (Empleo).
Santamaría presentó las medidas como la
reacción a una gran sorpresa, algo
inesperado que se habían encontrado en los
cajones. Sin embargo, Guindos llegó a decir
que "una parte estaba descontada" y Montoro,
que culpó al anterior Gobierno por ocultar
los datos, dijo que tampoco había sido
"ninguna sorpresa".
Esto es: todo el mundo lo sabía, pero Rajoy
prometió hasta el último momento, incluso en
el debate de investidura, que no iba a subir
los impuestos. "Mantendré mis compromisos
electorales", repitió. "El mayor esfuerzo no
puede recaer en los ciudadanos, tiene que
provenir de las Administraciones", dijo en
la investidura cuando le preguntaron si
subiría los impuestos. Hasta el último día
lo negó, de la misma manera que hasta el
último día Elena Salgado prometió que España
cumpliría el objetivo de déficit. Y se
desviará nada menos que dos puntos.
El Consejo de Ministros más intenso que se
recuerda en muchos años tomó decenas de
medidas económicas y políticas de gran
calado, casi todas ellas impopulares y
delicadas, incluido el emplazamiento del
almacén de residuos nucleares, que llevaba
siete años de retraso, y la ley
antidescargas, que el Ejecutivo del PSOE no
se atrevió a sacar.
Rajoy, que había aprendido de David Cameron,
que perdió muchos votos por ser demasiado
claro, no quiso apuntar ninguna de estas
medidas antes de las elecciones. Pero ahora,
con mayoría absoluta, ha tenido la valentía
de asumir todo el coste político de golpe. Y
sin pensar en las elecciones andaluzas.
Además demostró que, frente a la imagen que
se labró con sus dudas en la oposición, él
sí puede ser un hombre de acción: medidas
drásticas en una semana. Eso sí, la cara de
los recortes no es él, de momento, sino los
cuatro ministros que comparecieron ayer. No
habrá ninguna imagen ni sonido de Rajoy de
ayer.
Políticamente, el paquete está muy medido
para lanzar un mensaje muy claro: los
recortes son enormes, brutales, afectan a
todo el mundo y sin duda profundizarán la
recesión -aunque Guindos descartó que se
llegue a una caída del 2% del PIB-, pero a
cambio las subidas de impuestos son
progresivas y se concentran sobre todo en
las rentas altas. Se ha buscado la equidad
sin tocar el IVA, un impuesto no progresivo.
Tanto que el tipo máximo del IRPF, en el
nuevo tramo que se crea a partir de 300.000
euros, sube siete puntos de golpe, algo
inaudito, y llegará en algunas autonomías
-las que subieron su tramo mientras las
gobernaba el PSOE- hasta el 55%, un nivel
altísimo incluso para los estándares
europeos. También se esforzó el Gobierno en
señalar que las rentas del capital más altas
tiene una subida de hasta seis puntos. Y la
subida del impuesto de bienes inmuebles
también está pensada sobre todo para los que
tienen propiedades más caras.
Atrás quedaron las acusaciones de demagogia
al Gobierno socialista por hablar de
impuestos para rentas altas, la defensa de
la clase media -suben los tipos también de
sueldos no muy altos, aunque menos-, de los
"ahorradores" y los argumentos contra
cualquier tipo de subidas de impuestos. El
Gobierno del PP, repleto de liberales
antiimpuestos, se acercó ayer mucho a
posiciones tradicionalmente
socialdemócratas. De hecho, ha ido mucho más
lejos que el PSOE, que en 2007 bajó el tipo
máximo del IRPF al 42%. Son tan fuertes las
subidas que Montoro y Guindos se empeñaron
en tratar de limitar su impacto: "Son
temporales, solo estarán vigentes en 2012 y
2013", repitieron.
Eso sí, Montoro aclaró también que dos
tercios de la subida de recaudación prevista
-6.200 millones de euros- llegan de las
rentas del trabajo -por IRPF entrarán 4.100
millones- y las del capital solo aportan
1.250 millones. El resto llegará del IBI.
El Gobierno no se planteó un nuevo impuesto
a las grandes fortunas, o a los bancos, o
cambiar la regulación de las Sicav, según
fuentes del Ejecutivo. Aunque es evidente
que estas medidas son solo el principio, y
con los Presupuestos llegarán en marzo más
recortes y tal vez más subidas de impuestos.
8.900 millones de recorte y 6.200 de
ingresos son 15.000 millones. Hasta 36.000
queda otro ajuste de 21.000 que llegará con
los Presupuestos.
De hecho, el martes Rajoy en conversación
informal con periodistas dijo que este
viernes solo iba a haber un "gesto, una
señal" pero que los recortes duros serán en
marzo. Finalmente, no fue así, y el Gobierno
empezó a gobernar con medidas durísimas
desde el primer minuto.
Pocos colectivos quedan fuera. El más
afectado es el de los funcionarios. Aunque
la vicepresidenta insistió en que no les
bajan los sueldos, es una bajada real.
Primero porque pierden poder adquisitivo.
Pero sobre todo porque les suben la jornada
base de 35 a 37,5 horas semanales. Esto es,
trabajarán más por lo mismo.
Pero el tajo es sobre todo espectacular en
empleo público, y acaba de empezar. Se
congela toda la reposición -no se cubre a
los que se jubilan- y solo se autoriza un
10% para policías, ejército, sanidad y
educación. Esto es, el 90% de médicos o
maestros que se jubilen no serán
sustituidos. Hay otros recortes muy
emblemáticos, como el de Asuntos Exteriores:
1.100 millones, lo que implica la práctica
desaparición del presupuesto de cooperación
internacional. También se corta la entrada
de nuevos dependientes moderados al sistema.
Preocupado por el mensaje durísimo, el
Gobierno quiso compensar con garantías a los
más débiles: subida de pensiones del 1%, se
prorrogan los 400 euros a parados de larga
duración y se mantienen, como prometió
Rajoy, "íntegramente las prestaciones por
desempleo". Además, se recupera la deducción
por compra de vivienda. Esto es, se cumple
buena parte de lo prometido, con una
excepción que es una auténtica enmienda a la
totalidad que Rajoy se ha hecho a sí mismo y
a la historia del PP: la brutal subida de
impuestos siempre negada.
LAS MEDIDAS URGENTES PARA SUPERAR EL DESFASE
DEL DÉFICIT PÚBLICO
- Subida del IRPF. Se crea un gravamen en el
IRPF que se aplicará en 2012 y 2013. Los
porcentajes oscilan entre el 0,75% para el
primer tramo de la tarifa hasta el 7% para
las rentas superiores a 300.000 euros. Con
esta subida se prevé recaudar 4.000
millones. Se establece un gravamen para las
rentas del ahorro desde el 2% para
rendimientos de hasta 6.000 euros, hasta el
6% para rendimientos superiores a 24.000
euros. Se prevé recaudar 1.000 millones.
- Subida del IBI. Incremento durante los
años 2012 y 2013 del tipo impositivo del IBI
para los inmuebles de más valor (el 50% del
total) con el que se prevé recaudar 918
millones de euros con una subida media por
inmueble de 36,7 euros.
- Pensiones. Incremento del 1% de todas las
pensiones a partir del 1 de enero de 2012.
- Vivienda. Se recupera la desgravación en
el IRPF por adquisición de vivienda habitual
en las condiciones que existían hasta el 31
de diciembre de 2011. La medida se aplicará
con carácter retroactivo desde enero de este
año. Se establece un IVA superreducido del
4% para la adquisición de primera vivienda a
partir del próximo año.
- Sueldos de los funcionarios. Mantenimiento
del sueldo que perciben los funcionarios.
- Sin contratación. Congelación de la tasa
de reposición de plantillas, excepto para
docentes, médicos, Fuerzas de Seguridad del
Estado y para cuerpos de lucha contra el
fraude hasta un 10%.
- Jornada laboral de funcionarios.
Incremento del horario laboral de los
funcionarios que pasa de 35 a 37,5 horas
semanales en todo el territorio nacional. Se
puede mantener el horario de 35 horas con
una reducción de salario proporcional.
- Salario mínimo. Se mantiene el Salario
Mínimo Interprofesional en 641,40 euros con
14 pagas. Se prorroga la ayuda de 400 euros
a parados de larga duración.
- 20% menos a partidos. Reforma de la Ley de
Financiación de Partidos Políticos para
reducir la subvención actual en un 20%.
Igual reducción se aplica a sindicatos y
patronal.
- Recorte del gasto público. Reducción del
gasto público en 8.900 millones en el primer
trimestre, distribuido en los distintos
ministerios. Reducción del presupuesto de
RTVE en 200 millones; en Renfe de 200
millones; en I+D+I de 600 millones; en ayuda
al desarrollo; en préstamos participativos a
concesionarios de autopistas en 400
millones.
- Menos dependientes. Aplazamiento hasta el
1 de enero de 2013 de la aplicación de la
Ley de Dependencia para nuevos
beneficiarios.
- Menos ayudas a los jóvenes para alquiler.
No renovación de la renta de emancipación
(210 euros al mes).
- Aplazada la ampliación de permiso de
paternidad. Se aplaza hasta el 1 de enero de
2013 la ampliación del permiso de paternidad
de dos a cuatro semanas.
- Financiación especial. El Gobierno anunció
la eliminación de la financiación especial
de Andalucía, Castilla y León, Baleares y
Cataluña y horas más tarde se desdijo.
LOS TRABAJADORES CARGARÁN CON DOS TERCERAS
PARTES DE LOS NUEVOS TRIBUTOS
Las rentas salariales aportarán 4.100
millones frente a 1.240 de las del capital
"Dadas las dificultades que atraviesan
empresas y ciudadanos, subir impuestos no es
lo más razonable". Han pasado solo dos
semanas desde que Mariano Rajoy dijo esto en
el Congreso de los Diputados y el Gobierno
que preside acaba de dar un mazazo a las
clases medias. Porque son los asalariados
los que van a sufrir en mayor medida el
bautizado como "recargo temporal de
solidaridad". Las rentas del trabajo suponen
la parte del león en la subida de impuestos
anunciada ayer, que estará en vigor 2012 y
2013.
El Ejecutivo trata de dar un empujón al
mercado inmobiliario
Desaparece también la ayuda de 210 euros a
los jóvenes para alquiler
Gracias a la mayor presión sobre los
asalariados, Hacienda confía en recaudar
4.111 millones de euros suplementarios;
mientras que las rentas de capital aportarán
1.246 millones extra. El Ejecutivo cuenta
además con recaudar 918 millones más gracias
al impuesto de bienes inmuebles; y en torno
a 200 eliminando la bonificación que hasta
ahora tenía el gasóleo profesional. En
total, estos nuevos recargos están diseñados
para aportar 6.475 millones de euros. De
esta cantidad, el 64% procede de los
impuestos sobre el trabajo.
El hachazo sobre el IRPF será progresivo.
Por ejemplo, si hasta ahora una persona
soltera sin hijos con ingresos de 40.000
euros brutos anuales tenía que pagar un 37%
de su base liquidable, el porcentaje aumenta
tres puntos, hasta el 40%. Así, el
incremento de la cuota le obliga a pagar 249
euros más. Pero si en vez de 40.000 gana
50.000, el anuncio del Gobierno de ayer le
saldrá por 606 euros al año.
El Gobierno ayer insistió en que los cambios
fiscales "temporales y progresivos"
afectarán a los "que más tienen". El
problema es que "los que más tienen" son
prácticamente irrelevantes en el pago del
IRPF, cuyos ingresos dependen sobre todo de
las clases medias. Porque de las casi 19,3
millones de declaraciones hechas en 2008,
tan solo 19.350 -es decir, el 0,1% del
total- tenían una base imponible superior a
360.000 euros. Solo a este 0,1% de
contribuyentes les afectará la subida máxima
de siete puntos porcentuales en el tipo
aplicable, que pasará al 52%. Los que
declararon una base imponible inferior a
21.000 euros suponían más del 65% de los
contribuyentes. En este caso, el incremento
de la cuota es muy inferior, va de 0 euros a
82 al año.
Pero no solo habrá que pagar más por
trabajar, las necesidades de reducir el
déficit también van a perjudicar los
intereses de los ahorradores. Durante los
dos próximos años, las rentas de capital
superiores a 6.000 euros tendrán que
tributar por un 21% -dos puntos porcentuales
más que ahora-, por un 25% hasta 24.000
euros -cuatro puntos más- y por un 27% -seis
más- las que excedan esta cifra. Con esta
decisión, el Gobierno del PP crea un nuevo
tramo en el gravamen del capital, ya que
hasta ahora solo había dos: los que tenían
menos de 6.000 euros y los que tenían más.
"Se vuelven a cargar las tintas sobre las
clases medias", dijo el presidente de los
Colegios de Economistas, Valentí Pich, que
al mismo tiempo admitió que es el único
camino posible de conseguir liquidez de
forma rápida. "Es una medida procíclica, que
va a empeorar aún más la situación. Pero la
otra opción posible era subir el IVA, que es
más regresivo. Aunque no descarto que el
Gobierno se vea obligado también a aumentar
este impuesto en unos meses", añade Luis del
Amo, director del Registro de Economistas
Asesores Fiscales. Los Técnicos del
Ministerio de Hacienda, Gestha, señalan que
los anuncios del Gobierno ayudarán a mejorar
la "igualdad" y la "progresividad" del
sistema tributario, aunque lamentaron que no
se hayan eliminado los instrumentos legales
de los que disponen los grandes patrimonios.
A cambio de los nuevos esfuerzos que exige,
el Ejecutivo de Rajoy trata de dar un
empujón al mercado inmobiliario, que en 2011
ha vivido el peor año que recuerda. Mantiene
durante todo 2012 el IVA superreducido del
4% para la compra de vivienda. Y recupera la
deducción fiscal para la vivienda en
propiedad con efecto retroactivo que el
Gobierno de Zapatero eliminó el pasado 1 de
enero. Se desactiva así una de las medidas
con las que los socialistas pretendieron
impulsar el sector durante 2010 -justo antes
del fin de la desgravación- y de paso
eliminaban uno de los beneficios fiscales
que habían alimentado la burbuja.
Una semana más tarde de llegar al poder, el
PP también hace desaparecer otra de las
medidas estrella del anterior Gobierno, la
ayuda de 210 euros a los jóvenes al
alquiler. La llamada renta básica de
emancipación se limita a los que ya la
perciben. Ningún joven más podrá optar a
esta ayuda, destinada a fomentar el
alquiler, que en España tiene un peso muy
inferior al del resto de Europa.
Más impuestos... e impulso al ladrillo
- Rentas del trabajo: se crean siete tramos
nuevos, que van de 0,75% para las rentas más
bajas hasta 7% para más de 300.000 euros.
- Rentas del ahorro: nuevo gravamen del 2%
para rentas de hasta 6.000 euros; 4% hasta
24.000; y 6% para rendimientos superiores.
- El Gobierno reintroduce la desgravación
por compra de vivienda para todas las rentas
con efectos retroactivos y mantiene el IVA
superreducido del 4% para adquirir
viviendas.
RAJOY VUELVE A EROSIONAR LA SOLVENCIA DE
ESPAÑA
Remando contra corriente. Da igual que el Fondo
Monetario Internacional y la UE apoyen las medidas de José Luis
Rodríguez Zapatero. El líder del PP, Mariano Rajoy, insistió en que
"hay dudas sobre nuestra solvencia a la hora de pagar la deuda
pública, desconfianza e incertidumbre". El jefe de la oposición
señaló de nuevo al culpable: el Gobierno socialista. "Llevamos años
sin reformas, gastando lo que no teníamos y con medidas
improvisadas, ininteligibles y contradictorias", denunció. Para
reforzar su idea, Rajoy quiso diferenciar bien entre el Ejecutivo y
los españoles. Mantuvo que "España es un gran país y los
emprendedores y trabajadores han demostrado que cuando hay un
gobierno que les da confianza, están a la altura". "Este país va a
salir adelante una vez más ya que la sociedad española sí que hace
sus deberes", proclamó.
Rajoy hizo este discurso en Barcelona durante el
mitin de presentación de los cuatro cabeza de lista provinciales a
las elecciones autonómicas catalanas. En el acto aprovechó también
para criticar la subida de impuestos del Gobierno y señalar que "el
decretazo fue un error, una injusticia y una gran oportunidad
perdida". También cargó contra la reforma del mercado laboral que ha
llegado, según él, "en tiempo de descuento". El dirigente
conservador dijo que la reforma prevista "está sujeta a
interpretaciones diversas" y advirtió que si no se modifica en el
trámite parlamentario, será "un germen de conflictos y de
discusiones ante los tribunales". Rajoy no presentó ninguna
alternativa firme y se limitó a reclamar un texto "global" y "claro"
que sirva "para crear empleo y no para evitar que se destruya".
Entre sus propuestas ante la situación actual de
crisis, Rajoy habló de bajar los impuestos para fomentar el consumo
y de ayudar a los empresarios: "Hay que apoyar a los emprendedores
para apoyar a los trabajadores, pero parece que algunos no se
enteran".
Finalmente, mientras alguien del público le pedía
que hablara de "los valores", Rajoy se refirió a la reforma de la
Ley de Cajas de ahorros. A su juicio, el cambio es necesario y
"urgente" para permitir que las cajas "puedan ir al mercado a
conseguir recursos para ser más solventes". Según prometió, si no lo
propone el presidente del Gobierno próximamente, él mismo lo hará.
Durante su discurso ante los casi 2.000 simpatizantes del PP que
llegaron en autocar de ciudades y pueblos de toda Catalunya, Rajoy
aseguró que su formación es "previsible" por que, según dijo, cumple
siempre su palabra y anunció que ya ha llegado el momento "de hacer
las cosas bien".
Con la visita de , el líder conservador ya ha
acudido a Catalunya en ocho ocasiones en lo que va de año para
participar en sardinadas o pasear por la avenida Diagonal. Esta
insistencia en Catalunya demuestra, según fuentes conservadoras, la
voluntad del partido para conseguir más peso en una plaza que
siempre se les ha resistido. En el partido están estudiando, además,
la posibilidad de que Rajoy se desplace a realizar buena parte la
campaña catalana junto a su candidata Alicia Sánchez-Camacho.
Precisamente el tono de Rajoy contrastó mucho con
el de la presidenta del PP catalán y con el aire festivo y moderno
que los conservadores quieren conseguir en Catalunya, un sello que
funcionó en el País Vasco y que fue bautizado como "política pop".
En el escenario había tres pantallas gigantes y
gente joven sentada en originales cubos de madera. Los vídeos de
presentación de los candidatos se mezclaban con sombras de jóvenes
bailando. Camacho formuló su discurso como si le estuviera
describiendo a Rajoy cómo es Catalunya y empezó diciendo:
"Presidente, somos un partido moderno".
Antes del mitin, que además del transporte en
autocar ofrecía salchichas, refrescos y palomitas gratis a todos los
asistentes, una banda de música tocaba versiones encima del
escenario para amenizar el acto.
(www.publico.es,
20/06/10)
RAJOY ENFRIÓ LAS
EXPECTATIVAS DEL PPE SOBRE ELECCIONES ANTICIPADAS
Finalmente, no hubo
discurso de Mariano Rajoy ante sus socios del Partido Popular
Europeo (PPE) en la cena del miércoles en Bruselas. Lo tenía
preparado por si acaso, pero al final no hizo falta ni siquiera
explicar el polémico no del PP a las medidas de recorte españolas
avaladas por Bruselas y ayer aplaudidas por Angela Merkel. El PP
había hecho un trabajo previo, enviando una carta a todos sus socios
del PPE en la que les explicaba ese no, y Rajoy no pasó ningún apuro
en la cena.
De hecho, según la
versión difundida entre dirigentes del PP en las últimas horas,
Rajoy no tuvo ni siquiera que responder a preguntas de sus socios.
Solo se rozó el asunto cuando el luxemburgués Jean Claude Junquer
preguntó al líder de los conservadores portugueses, Pedro Passos
Coelho, por la situación en su país, uno de los más afectados por la
crisis. Él explicó que su partido había apoyado el plan de recortes
y subida de impuestos del Gobierno socialista. Entonces, mirando a
Rajoy, señaló: "Claro que a nosotros sí nos los ofreció Sócrates
[presidente portugués]", una forma de criticar que Zapatero, según
el PPE, no ha tratado de atraerse al PP en España.
Después, en los
corrillos, varios dirigentes preguntaron a Rajoy por la situación
política en España y por un posible adelanto electoral. Rajoy enfrió
esas expectativas de sus socios. Dijo que el PP no trabaja con esa
hipótesis y que Zapatero podría llegar a 2012. E insistió en que las
empresas españolas son sólidas, como le había dicho antes a Angela
Merkel, cuando ella, en 15 minutos de reunión bilateral, le hizo
muchas preguntas sobre los bancos españoles y la situación
política.
Aunque la crisis
española estaba en todos los corrillos en Bruselas, en la mesa
oficial nadie la mencionó para evitar que, si se llegaba a saber, le
acusaran de fomentar rumores que alteran los mercados de deuda.
(www.elpais.com,
18/06/10)
VARIAS LÍNEAS DE
DESCRÉDITO HACIA ESPAÑA CONVERGEN EN EL PP
Las noticias con origen
en Alemania sobre un presunto interés del gobierno español en
acogerse al plan de rescate de la Eurozona podrían convertirse en
una profecía autocumplida si los rumores siguen lastrando la
confianza en el país. Los problemas de deuda de España no son
menores que los de países como Italia o Reino Unido, por lo que no
se entiende demasiado la prudencia de los mercados y el alarmismo de
la prensa alemana y anglosajona con España. Ignacio Cosidó, portavoz
popular de Interior en el Congreso, aprovechaba estos días una
entrevista para hablar de un libro sobre ETA que acaba de editar
FAES, para asegurar que "la economía española es más sólida y fuerte
de lo que se está transmitiendo". ¿Quién está entonces sembrando
dudas? Algunos son compañeros neocon del propio Cosidó en el GEES o
en FAES.
The Brussels Journal es
un diario que se define como “la voz del conservadurismo en Europa”
y que pretende ser un grupo de presión sobre la UE. Editado por una
fundación suiza, este diario es esencialmente conocido por su
defensa cerrada de Israel y sus polémicas alertas contra el Islam,
pero esta semana ha tenido otra preocupación. Durante varios días el
principal asunto en su edición on-line era un análisis sobre el
riesgo político en España, toda una llamada de incertidumbre para
los mercados, que penalizan la inestabilidad política. En este
sentido, y tras lanzar un mensaje similar, el popular Gallardón
instó a los mercados a evaluar la "no dimisión" de Zapatero.
Alerta sobre una “crisis
política” en España
El alarmista informe de
Kern hace alguna advertencia que en realidad podría aplicar a todos
los países que están realizando recortes en estos momentos al
denunciar un “círculo vicioso” del que España no podrá salir: “Si el
gobierno reduce el gasto público al nivel necesario para reducir el
déficit, se frenará el crecimiento económico y hará más difícil para
España salir de la recesión y reducir el desempleo. Pero si el
gobierno no logra recortar el gasto, aumentan las probabilidades de
no pagar sus deudas”. Advierte asimismo de que “el Gobierno de
Zapatero no solamente se enfrenta a una crisis económica, sino
también a una crisis política” y “las posibilidades son escasas de
que su gobierno sobreviva más allá del otoño”.
Un hombre del GEES,
centro vinculado al PP
El firmante del artículo
es el germano-estadounidense Soeren Kern, responsable de Relaciones
Transatlánticas en el Grupo de Estudios Estratégicos (GEES), un
centro de propaganda neocon vinculado al PP. El popular Cosidó
colabora activamente en GEES y acaba de presentar un libro sobre ETA
editado por la FAES que ha escrito junto a Oscar Elía, el
responsable de opinión del centro neocon. El GEES fue dirigido por
Rafael Bardají, principal asesor exterior de Aznar antes y durante
la guerra de Irak y que sigue colaborando con el centro así como
dirigiendo el área internacional de la FAES.
Otros mensajes de
tranquilidad del mismo autor
De hecho, el análisis
sobre el “riesgo político” de España había sido difundido
inicialmente desde el GEES, y también lo reprodujo una revista
americana sobre geoestrategia, la Euroasia Review. Kern cuenta con
buenas referencias para trabajar para centros neocon, como haber
estudiado en las universidades de Georgetown (Washington) y la
Hebrea de Jerusalén. No es el único artículo que ha escrito
tranquilizando sobre España, recientemente se preguntaba si no sería
la próxima Grecia.
El economista alemán que
tira ya la reforma laboral
Ya dentro de nuestras
fronteras, desde hace varios días también se puede ver y escuchar en
emisoras como Intereconomía o la COPE -donde tienen abierta una
campaña exigiendo que se convoquen elecciones ya- al economista
alemán Juergen Donges, que en su día abogó por no rescatar a Grecia
a pesar de los riesgos que ello suponía para el euro. Desde estos
medios Donges ha mantenido que la aprobación de los recortes en
España sería indiferente a los mercados ya que “el problema es
Zapatero”. Este jueves fue entrevistado en el telediario nocturno de
Telemadrid para decir que la reforma laboral del Gobierno es “un
ejemplo de crear incertidumbre”. Este reputado economista en
Alemania es un fijo cada año en los campus FAES y tampoco faltará
este verano, donde disertará sobre Lecciones políticas de la crisis.
Democristianos germanos
y Tertsch en FAES
El campus FAES también
ha citado para dar lecciones sobre Imagen internacional de España al
periodista Hermann Tertsch -conocido por sus soflamas contra el
Gobierno socialista y que lleva meses equiparando los problemas de
Grecia con los de España- junto al director de la Fundación Konrad
Adenauer, Thomas B. Stehling. Esta fundación alemana está vinculada
a los democristianos de la CDU, el partido de Merkel. La actitud de
la presidenta germana ha sido puesta en entredicho en algunos medios
por la tibieza con la que ha salido al paso de los rumores contra
España, cuando los diarios alemanes que la estaban alentando
apuntaban a su Gobierno como origen de la información.
La Konrad Adenauer, que
está integrada en la fundación conservadora paneruropea que preside
Mayor Oreja -la European Ideas Network-, tiene una
fuerte implantación en Iberoamérica, donde ha sido acusada de
alentar la oposición en Venezuela, Cuba o Bolivia o de apoyar
incondicionalmente a Uribe en Colombia.
Más palos en la rueda:
el FROB
En cualquier caso, el ex
presidente Aznar lleva meses cargando contra la economía española y
el Gobierno de Zapatero en conferencias internacionales. Un medio
para el que trabaja, The Wall Street Journal, sorprendió esta semana
con un ataque al sistema bancario español a las puertas de un
importante vencimiento de deuda en julio. Y es que los problemas a
los que hacía referencia el artículo eran conocidos desde el origen
de la crisis financiera mundial y se estaba avanzando ahora en su
resolución. Hace meses, a principios de 2009, el director gerente
del FMI alertó de la depreciación de activos inmobiliarios en los
bancos españoles. El Gobierno español lanzó un plan de reordenación
del sector bancario, el FROB, que instaba a la fusión de entidades
financieras, sobre todo cajas, para sanear el sistema español. A
pesar de que el PP apoyó el FROB y reconoció que se trataba un
instrumento fundamental para recuperar las líneas de crédito y por
tanto reactivar la economía, varias comunidades gobernadas por el PP
se resistieron a perder el control de sus cajas regionales hasta el
último minuto y tras un ultimátum pactado por Zapatero y Rajoy ante
el bloqueo del plan.
(www.elplural.com,
18/06/10)
La derecha europea
asiste perpleja a la actitud del PP
El
partido de Merkel advierte a Rajoy de que un adelanto electoral
generaría "gran incertidumbre" en los mercados
Los grandes partidos de la derecha en el poder en países de la
UE asisten incrédulos a la oposición que sus homólogos españoles
ejercen sobre las medidas de ajuste del déficit impulsadas por
el Ejecutivo socialista que preside José Luis Rodríguez
Zapatero. Los Gobiernos conservadores de la Eurozona, referencia
habitual de Mariano Rajoy, han reaccionado a los recortes
aprobados por el Gobierno español de forma diametralmente
opuesta a cómo lo ha hecho el principal partido de la oposición.
La Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de la canciller
alemana Angela Merkel, es el más contudente. "En
estos momentos es importante que el PP apoye las reformas,
como la del mercado laboral, aunque estas medidas no lleguen tan
lejos como a ellos les gustaría", declaró esta semana a Público Gunther Krichbaum, diputado de la CDU y presidente
de la Comisión de Asuntos Europeos en el Bundestag.
Desde el partido
de Berlusconi se dice que Aznar no se opondría al recorte
Desde la derecha alemana se insta además al PP a que desista de
exigir un adelanto electoral, ya que agravaría la volatilidad en
los mercados en perjuicio de toda la zona euro. También piden
una actitud más constructiva ante las reformas que propone el
Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Un adelanto de
los comicios en España "crearía
mucha incertidumbre" en los mercados, razonó Krichbaum.
"En Bélgica [donde hay elecciones generales el domingo] tenemos
esta situación. Pero España, por su tamaño, no es Bélgica",
comentó el diputado alemán.
La perspectiva italiana
En Italia, el presupuesto público lleva más de una década
lastrado por una deuda estratosférica, del 115% del PIB, que
fagocita la mayor parte de los recursos, pero aún así, la
derecha de Silvio Berlusconi ha aprobado recortar el gasto
público. El ministro de Economía, Giulio Tremonti, ha impuesto
un recorte draconiano, de 25.000 millones de euros en los
próximos dos años. La principal fuerza de la oposición, el
Partido Demócrata, no ha discutido en ningún momento la
necesidad del tijeretazo y sólo exige que los recortes no
perjudiquen "a los de siempre, los trabajadores" ni se corten
las alas a un futuro crecimiento.
Francia se apoya
en Zapatero al hablar de la edad de jubilación
Por eso, el primer ministro del Tesoro que tuvo Silvio
Berlusconi, Lamberto Dini, se sorprende ante Público de
que el PP discuta el tijeretazo decidido por el Gobierno
Zapatero. "Aquí no hay
alternativa. Los países del euro no tienen absolutamente
ninguna", afirma. El ex ministro, que conoció de cerca al
Gobierno de José María Aznar durante su etapa en Exteriores, no
da crédito a lo que escucha de boca de Mariano Rajoy: "Yo no
puedo pensar que el PP que yo he conocido, con Aznar, no pueda
sostener que es indispensable el recorte. Podrán discutir el
tipo de medidas, pero no creo que puedan decir que no eran
necesarias".
Dini distingue entre el debate continuo que mantienen en
cualquier país gobierno y oposición y las posturas que se deben
adoptar en una situación como la actual. "Cada partido hace su
lucha política, esto se puede entender. Pero era indispensable
que España tomara medidas valientes de reducción del déficit",
afirma. Y añade: "Cómo no debemos hacerlas, en Italia o en
España, cuando Alemania ha aprobado un plan que llevará a cero
el déficit en 2014 o 2014? Nos situaríamos en clara desventaja
competitiva".
En Francia, la última comparación entre la situación que
atraviesan los gobiernos de
París y Madrid la ofreció el miércoles el ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, Eric Woerth. En el espinoso asunto
de la prolongación de la jubilación, Woerth tomó a Zapatero como
avalista. "En todos los países del mundo, es así. Todos los
Gobiernos socialistas han cambiado la edad de jubilación. Sólo
los socialistas franceses no quieren ver esa realidad. El señor
Zapatero ha dicho: El aumento de la edad legal es una medida
razonable. Es la única que permite salvaguardar y garantizar un
sistema por repartición".
Los tories toman
a España como ejemplo de lo que podría aplicarse allí
Hace dos semanas, el primer ministro, François Fillon, pasó un
mal momento en rueda de prensa cuando le preguntaron por su
opinión sobre las reducciones de sueldos en el Gobierno español.
"Tomo nota", dijo a secas. Público intentó ayer por
teléfono obtener la opinión sobre la actitud del PP de
dirigentes de la mayoría conservadora francesa. La simple
pregunta incomodó a los respectivos gabinetes de prensa. Ninguno
se posicionó.
Los tories se miran en España
A
pesar de que ni el Gobierno de coalición de Gran Bretaña ni el
Partido Conservador han mostrado una reacción oficial ante las
medidas del Ejecutivo de Zapatero, el recorte en los salarios
del sector público es una de las medidas que toma como ejemplo a
seguir el Gobierno británico. Desde el Gobierno de David Cameron
se alude siempre a España como referente de lo que podría
ocurrir en un futuro en Gran Bretaña.
Más explícito fue el viceprimer ministro, el líder liberal Nick
Clegg, quien ayer participó en un desayuno informativo de Nueva
Economía en Madrid. En su intervención, habló de la
reforma del mercado laboral: "Zapatero lo tiene muy claro y
nosotros, también. Sabemos que lo mejor es hacerlo de manera
exhaustiva, completa, de forma ambiciosa, con medidas
definitivas y claras".
A
su juicio, tanto Zapatero como el Gabinete británico comparten
que la salida de la crisis "no se puede hacer con medidas a
medias, poco a poco". "Si haces una reforma estructural muy
atrevida, muy dura, mi intuición es que el entorno va a ser más
favorable en cuanto a lo que ocurra con las medidas de reducción
del déficit", dijo.
www.publico.es 12.06.10
RAJOY SE REAFIRMA Y RECHAZA EN
ESPAÑA LOS RECORTES DE SUS SOCIOS EUROPEOS
Pese al debate previo que hubo en el
seno de su partido, con muchas dudas, una vez que Mariano Rajoy decidió votar no
a los recortes planteados por el Ejecutivo, todo el PP se ha puesto detrás de él
a defender esa apuesta que le ha generado importantes críticas, especialmente en
el mundo empresarial. Los populares no dudan ya. Ni siquiera ahora que los
recortes anunciados por Angela Merkel, la dirigente conservadora a la que, con
el francés Nicolás Sarkozy, siempre pone el PP de ejemplo, han servido para que
el PSOE atacara la posición de Rajoy.
El PP ha estudiado las medidas
alemanas, y las que se han anunciado en otros países con Gobiernos
conservadores, como Italia, Francia o el Reino Unido, para preparar su defensa
frente al ataque del PSOE. Y aunque aún no se han visto obligados a responder a
muchas preguntas, los populares ya tienen una respuesta socorrida: ninguno de
los presidentes conservadores europeos, dicen en privado, ha planteado, como
Zapatero en España, congelar las pensiones.
Esa es la medida que el PP considera
más impopular -hay ocho millones de pensionistas en España, una clientela
electoral en la que el PP tiene mucha fuerza, al contrario de lo que le sucede
con los jóvenes, aunque la congelación afecta solo a los cinco millones que más
ingresan- y a la que se aferra para justificar su rechazo a unos recortes
drásticos que reclamó sin éxito durante dos años.
Los populares obvian así todas las
demás similitudes, a las que se han opuesto en España pero que no critican en
los otros Gobiernos europeos, como la bajada de sueldos a los funcionarios.
Otro de los asuntos que complica la
argumentación del PP es el hecho de que prácticamente todos sus socios del
Partido Popular Europeo que gobiernan, angustiados como España por una caída de
los ingresos públicos, están planteando de una u otra manera subidas de
impuestos, como se puede apreciar en el gráfico.
La respuesta del entorno de Rajoy,
después de un análisis rápido de algunas de las propuestas, especialmente las
alemanas, las más sonadas, es que esas subidas de impuestos no se han dirigido,
como en España, a los ciudadanos -a través de la subida del IVA, contra la que
el PP ha llegado a montar una campaña en la calle de recogida de firmas-, sino a
los bancos o a distintos sectores como el de la energía. No es del todo cierto,
ya que Alemania ya subió el IVA recientemente y otros países se plantean medidas
similares, además del hecho de que España tiene una de las tasas de IVA más
bajas de su entorno.
El PP no quiere aún aclarar, hasta
conocer la posición del Gobierno español, si estarían de acuerdo con un nuevo
impuesto para las transacciones financieras como el que plantea Alemania. Pero
sobre todo los dirigentes populares insisten en un argumento: no se puede
comparar la situación de España con la de ningún otro país del entorno, porque
nadie tiene una tasa del 20% de paro.
(www.elpais.com,
10/06/10)
PP, EN LA AMBIGÜEDAD: NO APOYA LA
HUELGA PERO SÍ A LOS FUNCIONARIOS
El PP se movió de nuevo ayer en el
espacio que más le gusta: el de evitar las posiciones políticas polémicas y
lanzar mensajes ambiguos. Los populares fueron interpelados por su posición
sobre la huelga de los funcionarios. Esteban González Pons, el portavoz del
partido, dijo que si él fuera funcionario, habría hecho huelga. Pero Soraya
Sáenz de Santamaría, la portavoz parlamentaria, sin decir expresamente que el PP
rechazaba la huelga, aclaró que ella, en la Junta de Portavoces, había votado en
contra de la propuesta de Gaspar Llamazares y Joan Herrera (IU-ICV) para que se
suspendieran los plenos de ayer en solidaridad con los funcionarios del
Congreso, una iniciativa que no prosperó.
Sáenz de Santamaría se movió en la
ambigüedad. "El PP respeta el derecho a la huelga, pero creemos que no es la
solución", sentenció, para aclarar enseguida: "Sin embargo, entendemos la
indignación de los funcionarios, es injusto que pactaran un aumento de sueldos
hace solo seis meses y ahora les recorten".
Además de mantener la estrategia de
acercarse a cualquiera afectado por los recortes del Gobierno, el PP se esforzó
ayer por diferenciar los recortes en Alemania, promovidos por la CDU, un partido
socio de los populares, de los que se han aprobado en España con la oposición
del PP. "La principal diferencia es que a Angela Merkel no le han impuesto los
recortes desde fuera, además ella no ha subido el IVA ni el IRPF", dijo Sáenz de
Santamaría.
Cuando se le recordó que Merkel ya
subió el IVA del 16% al 19% (un punto más que España) y se le preguntó si está
de acuerdo con los nuevos impuestos a la banca y a la energía nuclear que
impulsa Alemania, Sáenz de Santamaría evitó comprometerse. Dijo que cualquier
debate sobre tasas a la banca o demás habría que plantearlo conjuntamente en
toda Europa.
(www.elpais.com,
09/06/10)
"YO SOY ESPAÑOL, NO ALEMÁN"
En febrero de 2008, el líder de PP,
Mariano Rajoy, fue a Berlín para entrevistarse con la canciller alemana, Angela
Merkel. El dirigente conservador agasajó a su amiga política con un jamón de
Teruel, una morcilla de Burgos y un cava de Girona. Al salir de la reunión,
Rajoy manifestó su "orgullo" por tener como "socio y aliado" a la Unión
Cristiano Demócrata (CDU), el partido de Merkel.
Ambas formaciones políticas
pertenecen a la misma familia ideológica, el PP Europeo. No hacía ni un mes que
la canciller y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, habían dado su bendición
a Rajoy para que se presentara a las elecciones generales. El líder del PP
siempre ha dicho que ambos eran "sus amigos" y "referentes".
Aquella cita con las urnas acabó en
una derrota. Todo lo contrario que la de Merkel, que ganó en septiembre de 2009.
Entonces, el líder de la oposición resaltó que su victoria se debía a que es
"una persona que inspira confianza y tiene credibilidad".
Esa misma mujer fue la que el pasado lunes
marcó el rumbo del recorte social en Europa
presentando un drástico plan de ajuste con un ahorro de 80.000 millones hasta
2014. Eliminará 15.000 plazas de funcionarios, rebajará en un 2,5% el sueldo del
resto de empleados públicos y reducirá las prestaciones por desempleo y las
ayudas por hijo. Merkel ha ido más lejos que José Luis Rodríguez Zapatero. Pero
en el PP prefieren evitar las comparaciones y seguir arremetiendo contra el
presidente del Gobierno.
Los conservadores no han vacilado a
la hora de agitar el fantasma de la crisis de Grecia y sembrar dudas sobre las
cuentas de la economía española tratando de relacionarlo con Hungría donde se ha
denunciado que se falsearon los datos. Pero ahora, al ser Merkel la promotora,
el PP anda con pies de plomo. "Las situaciones no son equiparables", dijo el
lunes la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en rueda de
prensa. Ayer, el vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons, lo
solventaba en Los Desayunos de TVE con un "yo soy español, no alemán". Pons
mantuvo que su partido no ve que Zapatero "tenga un plan". "Sólo improvisa",
comentó. El PP afirma que el ajuste alemán, más duro que el español, tiene
"consistencia", y califica el del Ejecutivo socialista de "improvisado,
insuficiente o injusto".
También la portavoz en el Congreso,
Soraya Sáenz de Santamaría, abordó este tema ayer. "La credibilidad de Merkel
cotiza 200 puntos por encima de la de Zapatero", afirmó. A su juicio, en
Alemania "se han impulsado medidas para consolidar su recuperación y aquí se han
impuesto para tapar los agujeros del presidente del Gobierno".
Desde el Gabinete socialista
pidieron ayer a Rajoy que rectificara y reconociese que las medidas que Zapatero
está adoptando se están realizando en todos los países de la Unión Europea. El
ministro de Fomento, José Blanco, exigió al líder del PP "responsabilidad".
"Cada vez que Alemania, Reino Unido o Italia presentan un ajuste, la gente se dé
cuenta de que Rajoy miente cuando habla", apuntó.
En el PP ahora miran hacia otro
lado. No se oirá ninguna crítica contra Merkel. Ayer un dirigente conservador
recordaba que la canciller no había tocado las pensiones. Esa fue la gran línea
roja que el PP no estuvo dispuesto a cruzar en el Congreso. Y por eso votó en
contra del decreto de recorte del déficit público.
Por aquel entonces varios
europarlamentarios pidieron a Rajoy que se abstuviera. Según algunas fuentes,
incluso Merkel llamó al presidente del PP para exigírselo y, después, viendo que
no había seguido sus instrucciones, reprenderle. Pero los colaboradores del jefe
de la oposición niegan tajantemente que la canciller tratara este asunto con él.
Eso sí, reconocen que se hizo una labor preventiva entre los partidos de centro
derecha del Parlamento Europeo. Se les dieron las explicaciones oportunas para
que comprendieran su negativa.
Las mismas fuentes afirman que la
relación con Merkel no se ha deteriorado "en absoluto". Se podrá comprobar el
próximo 16 de junio cuando Rajoy acuda a la cena de los grandes líderes del PPE
en Bruselas. Él siempre ha presumido de su entendimiento. Y volverá a hacerse la
foto, aunque sea contradictorio que a ella la apoye y a Zapatero no.
(www.publico.es,
09/06/10)
EL SENADO DEJA SOLO AL PP CON SU
TIJERETAZO
El PP subrayó con rotulador
fluorescente la soledad parlamentaria del PSOE el pasado 27 de mayo, cuando el
Gobierno sacó adelante su decreto ley de medidas de recorte del déficit por un
solo voto y gracias a la abstención de CiU. Ayer los conservadores se quedaron
aún más solos en la defensa de su plan alternativo de ajuste: no consiguieron
sacarlo adelante. Y eso que no habrían tenido difícil ganar su moción, porque en
el pleno del Senado, donde el PP hubo de encajar la derrota, los números les
favorecen, ya que aventajan a los socialistas en 18 escaños.
La imagen de aislamiento del Grupo
Popular se materializó a las 21 horas: 115 votos a favor, 135 en contra y una
sola abstención, la de Mar Caballero, de Unión del Pueblo Navarro, partido ex
socio del PP.
Ni siquiera CiU le apoyó. Jordi
Vilajoana, su portavoz, ofreció una enmienda de cinco puntos a la representante
del PP, Beatriz Escudero. Ella la rechazó, acusándole de presentar un papel "con
generalidades y con medidas sin concretar", frente a lo que había presentado su
partido, que preveía un recorte de 10.000 millones.
El PP, en su línea, tampoco
concretó. En su moción, sus diez medidas ocupaban menos de un folio. Y detalles,
no los había. Los conservadores reclamaban suprimir la Vicepresidencia Tercera y
los ministerios de Igualdad y Vivienda; integrar Educación y Cultura y subsumir
Sanidad en Trabajo. Incluían "reducir las subvenciones no productivas" sin decir
cuáles, las ayudas a partidos, sindicatos y patronal, eliminar parte de las
"2.654 empresas públicas", evitar "duplicidades" entre las administraciones,
adelgazar el Gobierno central y menguar el número de asesores del Ejecutivo.
Escudero, en su intervención, juzgó
un "error" bajar el sueldo de 2,6 millones de funcionarios o congelar la pensión
a cinco millones de jubilados. "Podíamos asumir y comprender esas medidas si
hubieran sido adoptadas en un marco de rigor del control del gasto público, pero
no, ha habido derroche, despilfarro". La senadora, en la puesta de largo de la
iniciativa estrella del PP, no contó con la presencia en el hemiciclo de la
dirección de su grupo, ni siquiera Dolores de Cospedal.
El resto de grupos compartieron la
necesidad del ajuste, pero no de ese ajuste. Vilajoana, aunque conciliador,
denunció la criminalización de las autonomías que practica el PP, cuando "lo que
hay que plantearse es qué Estado queremos". El senador de CiU coincidió con
otros portavoces en la conveniencia de cerrar ministerios, pero no creyó
oportuno indicar cuáles al Gobierno.
Lo que indignó a la Cámara fue el
uso "demagógico" de las subvenciones a partidos y sindicatos. Y el asidero
lógico y previsible se llamó Gürtel. Primero lo enseñó el socialista Anselmo
Pestana, que avisó de la "desconfianza" a la clase política y las centrales
sindicales que inducía la propuesta. El senador condenó la "falta de respeto y
coherencia del PP" y su voluntad de "hacer ruido". Criticó que pretenda liquidar
los cursos de formación continua.
Quien mejor redondeó el argumento
fue Xosé Manuel Pérez Bouza (BNG): "Sólo el PP tiene financiación ilegal, y por
eso no le hace falta financiación pública. ¿Para qué la va a querer, si le sobra
el dinero?" .
En todo caso, si el PP quiere
austeridad, que se aplique el cuento en su casa, le vino a reprochar Judith
Alberich, de la Entesa, pues las autonomías con Gobierno conservadores sí están
"sobredimensionadas". "Para dar lecciones, uno tiene que tener currículum",
zanjó.
A flote salió una opción de recorte
del déficit: "Cuestionan la financiación a los partidos, y no cuestionan la
financiación a la Iglesia". Era la alternativa de Pérez Bouza. Se oyeron sonoros
aplausos. Muchos, del propio Grupo Socialista.
(www.publico.es,
09/06/10)
RAJOY MANTIENE SU DISCURSO PESE A
LOS RECORTES DEL GOBIERNO CONSERVADOR ALEMÁN
Desde la derrota de los laboristas
en Reino Unido, solo Portugal, entre los países cercanos a España, sigue en
manos de la izquierda. Allí, la oposición del partido conservador, hermano del
Partido Popular español, ha apoyado unos recortes muy similares a los propuestos
en España y ha subido el IVA hasta el 21% -España lo subirá al 18%-. Todos los
demás Gobiernos de los grandes países europeos -en manos de conservadores socios
del PP- están llevando a cabo recortes drásticos del gasto similares a los
españoles con subidas de impuestos, que también rechaza el PP. Primero fue
Italia, y ayer le llegó el turno a Alemania -la CDU de Angela Merkel es un
partido muy cercano al PP-, que anunció un recorte radical con bajadas de
sueldos públicos y eliminación del cheque-bebé, como en España. También Reino
Unido, gobernado por el conservador David Cameron.
Mariano Rajoy, sin embargo, ha
decidido no cambiar su estrategia del no a los recortes de Zapatero, a pesar de
que eso suponga contradecir lo que están haciendo sus socios del Partido Popular
Europeo (PPE). Varios estrategas del entorno del líder señalan que en este
momento, lo importante es conectar con su electorado, y que los socios europeos
entienden las razones del PP porque saben que lo importante es lograr que haya
un cambio de Gobierno en España.
El PP está además convencido de que
el electorado español no les va a castigar por esta posición, al contrario.
Creen que el debate político en España está centrado en la figura de Zapatero, y
que las comparaciones con lo que están haciendo otros países europeos no calan
en el debate español. Tras la habitual reunión de maitines de los lunes, Dolores
de Cospedal, la secretaria general, evitó la posible comparación entre lo que ha
hecho Zapatero y lo que ayer anunció Merkel, a la que Rajoy siempre pone como
ejemplo.
Cuando se le preguntó si el PP, dado
que está en contra de bajar el sueldo a los funcionarios o de eliminar el
cheque-bebé, votaría en contra del recorte alemán si pudiera, sentenció:
"Alemania tiene una tasa de paro que es menos de la mitad de la española. No se
pueden equiparar las situaciones. Cada Gobierno hace el plan que cree más
conveniente. Nosotros tenemos que valorar el que ha hecho el Gobierno español, y
creemos que no es el más conveniente para los intereses generales".
La posible contradicción con la
línea de sus socios europeos no preocupa en la calle de Génova, aunque estos
días tienen que dedicarle algo de tiempo. Rajoy no se prodiga mucho en la escena
internacional. Viaja poco, aunque en los últimos meses no suele perderse el
encuentro que con cada cumbre en Bruselas organiza el Partido Popular Europeo.
El próximo día 16, Rajoy acudirá a la cena del PPE con Merkel y otros
mandatarios conservadores, y está preparando un discurso para explicar a sus
socios por qué la derecha española mantiene una línea tan diferente de la de sus
socios.
Antes de esa explicación en persona
de Rajoy, el PP ya ha enviado a sus socios una carta, adelantada por El Mundo,
en la que les explicaba por qué el PP había rechazado el plan de Zapatero, un
voto negativo que puso en riesgo su aprobación, que al final se logró por un
voto. "Tenemos contacto constante con nuestros socios. Ellos saben que llevamos
dos años pidiendo recortes, pero no estos recortes, que tocan las pensiones",
sentencia un dirigente.
El PP ha optado por la línea de
estar lo más cerca posible de cualquiera que sufra un recorte del presidente
Zapatero para que los ciudadanos responsabilicen al Gobierno, y en ningún caso
hagan partícipe a la oposición de esa responsabilidad. Por eso, Cospedal dijo
ayer que el PP no cree que la huelga de funcionarios de hoy sea "una buena
medida en plena crisis económica", pero aseguró a la vez que "el PP entiende la
indignación de los funcionarios porque ellos están soportando el despilfarro de
Zapatero".
(www.elpais.com,
08/06/10)
PP VUELVE A
AGITAR EL FANTASMA DE HUNGRÍA PARA ATACAR A ZAPATERO
El PP insiste en la estrategia de
comparar la situación económica de España con la de Grecia y Hungría. El sábado
lo hizo su presidente, Mariano Rajoy, y ayer la secretaria general, Dolores de
Cospedal, agitó de nuevo el fantasma de un colapso económico a la húngara en
Coma-ruga (Tarragona). "El viernes las autoridades de Hungría decían que el
Gobierno anterior había mentido acerca de la situación económica en el país",
dijo Cospedal. "Pero ¿qué pasó? Que en cuanto hay una crisis de confianza en
cualquier aspecto de la economía europea o de un país que pertenezca a Europa,
inmediatamente donde más repercute es en la economía española. Hemos pasado del
milagro español a ser un país intervenido".
El ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, contestó a la dirigente popular en un acto celebrado en Banalup-Casas
Viejas (Cádiz). "El PP no se da cuenta de que estamos jugando con la imagen de
España", dijo. "Cuando lo que está en juego es la imagen del país como serio y
solvente, que lo es, ¿ayuda en algo que el PP ande diciendo lo que dice? No. Y
no es que el PP esté haciendo daño al Gobierno. Está haciendo daño a España".
"No es divertido", añadió, "porque las cosas no están para bromas".
(www.elpais.com,
07/06/10)
COSPEDAL: "QUE LOS TRABAJADORES
ESTÉN TRANQUILOS, AQUÍ ESTÁ EL PP"
El PP quiere aprovechar a toda costa
el desgaste político que genera la crisis económica. Y lo está haciendo a costa
de todos, incluso de los sindicatos, que han recibido este domingo el codazo de
la secretaria general de los conservadores, María Dolores de Cospedal, quien se
ha vanagloriado de formar parte de un partido preocupado por los trabajadores.
"Si no hay sindicatos que sepan
defender el derecho de los trabajadores, que éstos estén tranquilos, que aquí
está el PP para defenderles", ha aseverado Cospedal en un acto en Catalunya,
durante la clausura de la Escuela de Verano del PP catalán. Allí, en presencia
de Alicia Sánchez-Camacho, presidenta de los conservadores catalanes, Cospedal
ha asegurado que si su partido llega al Gobierno las pensiones "no se
tocarán".
"Con nosotros las pensiones no se
tocan", ha reiterado la secretaria general del PP, que ha añadido que su partido
siempre dice la verdad. "Desde el PP nunca vamos a engañarles", ha declarado
dirigiéndose a los electores del PSOE, que según Cospedal se sienten
"traicionados" con las medidas austeras del Ejecutivo.
Cospedal ha aprovechado la ocasión
para recrearse en la crisis y criticar al Gobierno por su gestión. "Hemos pasado
del milagro español a ser un país intervenido", ha afirmado, en la línea del
presidente de su partido, Mariano Rajoy, que también habló de intervención sobre
España. La conservadora ha criticado la subida de impuestos propuesta por el
Gobierno sobre el IVA y sobre las rentas más altas. "Se creen que los problemas
se solucionan subiendo los impuestos".
Por criticar, la secretaria de los
conservadores ha cargado hasta contra el Plan E. "¿Cómo es posible que vayamos a
tener las mejores aceras pero se vayan a congelar las pensiones?", se ha
cuestionado. "Se han gastado 13.500 millones de euros en menos de dos años y
ahora hay recortes sociales", ha añadido para concluir calificando la política
del Ejecutivo de "irresponsable" y "de derroche".
(www.publico.es,
07/06/10)
LOS SINDICATOS CREEN QUE ES
"POPULISMO BARATO"
UGT y CCOO han acogido con severas críticas las
propuestas del PP para recortar las transferencias a
las comunidades autónomas para la gestión de la formación profesional para el
empleo. Fuentes de ambos sindicatos enmarcan la iniciativa en "la campaña de
tintes ideológicos" lanzada por el partido que dirige Mariano Rajoy para
deslegitimar las actividades sindicales, ya que las centrales, como la patronal,
gestionan parte de esos fondos.
"Es una bravuconada y una manera de
hacer populismo barato", destacan fuentes de Comisiones Obreras. "Además, es
difícil hacer un recorte de esas características, porque una parte importante de
la financiación de los programas de formación profesional para el empleo procede
de las aportaciones de empresas y trabajadores" y tienen "carácter finalista",
aseguran desde UGT.
La financiación del sistema
descansa, en efecto, en los fondos para formación que cada mes ponen las
empresas (el 0,7% de la base de contingencias profesionales) y los trabajadores
(que dedican un 0,10% de su nómina). El resto viene del Fondo Social Europeo y
por el Servicio Público de Empleo Estatal.
En cualquier caso, la partida que el
PP propone reducir a la mitad es la parte que se transfiere a las autonomías
(1.097 millones). El PP no menciona en su plan a los restantes 1.200 millones
que son gestionados por el Estado.
En conjunto, el gasto este año se
eleva a 2.298,58 millones, un 4,5% menos que en 2009. Este descenso se debe a la
necesidad de adaptarse a la previsión de caída de los ingresos derivados de las
aportaciones a la Seguridad Social de empresas y trabajadores. Del total, 1.366
millones se destinarán a formar personas ocupadas, y los 932 restantes se
invertirán en actividades para desempleados.
Las limitaciones presupuestarias
harán que este año se reduzca en paralelo el número de empresas y trabajadores
involucrados en actividades de formación. En 2009, según la Fundación Tripartita
(en la que están la administración, los sindicatos y la patronal), participaron
unas 300.000 empresas y recibieron formación más de tres millones de
trabajadores del sector privado.
(www.publico.es,
07/06/10)
EL TIJERETAZO DEL PP SE CENTRA EN
LOS CURSOS DE FORMACIÓN
El líder del PP, Mariano Rajoy,
tiene su propio plan para evitar que se congelen las pensiones y que los
funcionarios vean reducido su salario. La alternativa de los conservadores
plantea un recorte de sólo 3.120 millones de euros, frente a los 8.250 que prevé
ahorrar el Gobierno gracias a ambos colectivos. Es decir, que el ahorro del PP
no llega ni al 40% de lo previsto en funcionarios y pensiones y representa menos
del 21% del ajuste total de 15.250 millones. Lógicamente, el tijeretazo del PP
también tiene sus damnificados: los cursos de formación que reciben al año tres
millones de trabajadores y las ayudas que España destina al desarrollo del
tercer mundo.
Hasta la fecha, el líder del PP no
ha desgranado en público este plan de ahorro. Su intención era defenderlo el
pasado 27 de mayo en el Congreso de los Diputados, durante el debate sobre el
decreto ley de recorte del gasto. Pero finalmente no hubo turno de réplica y
Rajoy no pudo exponer su alternativa. Se trata de un documento de cinco folios,
elaborado por la asesoría del Grupo Parlamentario Popular.
Aunque el documento del PP cifra en
3.120 millones el recorte del gasto en la Administración General del Estado, en
realidad sólo se concretan por capítulos presupuestarios 1.251 millones, es
decir, el 40%. Público preguntó al PP de qué partidas concretas se ahorrarían
los otros 1.869 millones y la respuesta del partido fue la siguiente: "Provienen
de transferencias a sociedades estatales y convenios con comunidades autónomas y
corporaciones locales". Eso sí, evitó aclarar de qué transferencias y convenios
se trata.
¿Dónde apuesta el PP por meter la
tijera? Las dos principales partidas afectan a los cursos de formación continua
y a la ayuda al desarrollo. "En subvenciones, formación y otras partidas a
sindicatos, aplicando el 50% de recorte, se ahorrarían 537.798.000 euros", se
indica en el documento. Un portavoz oficial del PP explicó a este diario que se
trataba de las partidas 443 y 452 de los Presupuestos. La primera corresponde a
los gastos corrientes de la Fundación Tripartita integrada por el Gobierno, la
patronal y los sindicatos y está dotada con 39 millones de euros. La segunda
tiene un presupuesto de 1.097 millones de euros, dedicados a "la gestión por las
comunidades autónomas de la formación profesional para el empleo". Es decir, la
formación continua.
Fuentes sindicales consultadas por
Público consideran que el PP quizá no es consciente de que este recorte en
formación supondría dejar sin empleo a miles de personas que se encargan de
impartir las clases. Además del perjuicio que supondría para los tres millones
de trabajadores que se quedarían sin formación.
De todas las partidas mencionadas en
el documento, la más cuantiosa es la de ayuda a países del tercer mundo. El PP
está convencido de que es posible recortar estos fondos en un 36% para conseguir
un ahorro de 624 millones de euros. Este tijeretazo se distribuiría de la
siguiente forma: 500 millones menos para el Fondo de Ayuda al Desarrollo que
tiene un presupuesto en 2010 de 1.355 millones, otros 50 millones restados al
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento que en total tiene 300 millones y
74,6 millones eliminados en subvenciones al desarrollo.
(www.publico.es,
07/06/10)
ENTRE ALTOS CARGOS Y PERSONAL
EVENTUAL DEBERÍAN IR A LA CALLE 508 PERSONAS
Aunque el PP explica en este caso al
menos de qué partida presupuestaria suprimiría el dinero, lo que no hace es
aclarar los programas concretos que descartaría. En el documento sólo se detalla
la eliminación de ayudas que suman 10,5 de los 624 millones que los
conservadores quieren ahorrar. Así, por ejemplo, rechaza destinar 733.333 euros
a la descentralización en Angola, dedicar 50.000 euros para la Asociación de
Jueces por la Democracia de Honduras o emplear 46.000 euros en un archivo de
sonidos del Perú.
El partido de Rajoy también critica
que la Fundación Pluralismo y Convivencia, creada en 2005 en el marco de la
Alianza de Civilizaciones, perciba cinco millones de euros al año. El objetivo
de esta fundación, cuyo patronato preside Francisco Caamaño, ministro de
Justicia, es promover la libertad religiosa a través de la cooperación con las
confesiones minoritarias.
Tampoco ve con buenos ojos la
dotación de un millón de euros al Instituto Universitario para la formación e
investigación de las disciplinas relacionadas con la Alianza de Civilizaciones,
partida del Ministerio de Educación. Ni los dos millones destinados a la
Federación de Ikastolas de Navarra.
Una de las partidas más llamativas
por sus consecuencias es aquella con la que los conservadores apuestan por
reducir los gastos de personal del Estado. Concretamente, una reducción de un
25% de los altos cargos y de un 50% del personal eventual de los ministerios.
Aplicar el recorte que propone el PP supondría prescindir de 125 altos cargos y
de 383 integrantes del personal eventual. En total, 508 personas pasarían a
engrosar las listas del paro.
Al ser preguntado por esta cifra, el
portavoz oficial del PP respondió lo siguiente: "El Grupo Popular no ha dado un
número total de altos cargos ni eventuales. Lo que ha dado es el ahorro que
representa dar cumplimiento a las iniciativas aprobadas en el Congreso que
instan a la reducción de altos cargos en un 25% y el ahorro que supone
prescindir en tiempos de crisis del 50% de funcionarios eventuales. En relación
al número, corresponde al Gobierno determinar qué puestos de altos cargos
podrían ser amortizados por no ser funcionarios".
El ahorro del que habla el PP en su
documento suma 9.276.690 euros en nóminas de altos cargos y 24.646.000 euros en
el caso del personal eventual. En total, 33.922.750 euros.
El PP también apuesta por reducir al
50% la partida de gastos corrientes de funcionamiento. "Lo cual supone rebajar a
la mitad los gastos en material, suministros, publicidad y propaganda, estudios
técnicos, reuniones, conferencias, cursos, prensa y revistas, gastos
protocolarios y publicaciones". No aparece detallado el monto total de ahorro
que supondrían tales reducciones. Pero sí algunos ejemplos. Los conservadores
hablan de un ahorro superior a los siete millones de euros en atenciones
protocolarias y de representación y de más de seis millones en gastos en
publicaciones.
En las últimas semanas, Rajoy
también ha hablado con insistencia de reducir las subvenciones a los partidos
políticos. Primero habló de eliminarlas por completo, pero en el documento se
concreta la intención de reducir en un 50% la partida que el Ministerio del
Interior destina a subvencionar a los partidos. Ello supondría un ahorro de
41.597.830 euros al año por esta vía.
Los conservadores, con la
financiación de su formación en el punto de mira a cuenta del caso Gürtel, han
apostado en los últimos días por enarbolar la bandera de la austeridad en los
gastos electorales. De hecho, Rajoy ya se ha comprometido en público a luchar
para que se reduzcan "a la mínima expresión".
(www.publico.es,
07/06/10)
EL PP CALIFICA A ESPAÑA DE PAÍS
«INTERVENIDO» Y «DESPRESTIGIADO»
En tan solo 24 horas, el estado del
enfermo español, aquejado de una crisis económica, se ha agravado, según el PP.
El diagnóstico conservador ha hecho que el país pase de la UVI al quirófano en
un tiempo récord. Al menos es lo que se desprende de las declaraciones
realizadas por los máximos responsables del partido durante el fin de semana. El
sábado, el líder, Mariano Rajoy, afirmó que España se encontraba «en libertad
vigilada». Ayer, su número dos, María Dolores de Cospedal, elevó la gravedad de
la situación y habló de «país intervenido». Al calificativo le añadió el enésimo
ataque al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien acusó
de haber dilapidado «la reputación que tenía España» y haberla cambiado «por el
desprestigio».
Rajoy y Cospedal tampoco
coincidieron a la hora de enjuiciar si Zapatero ocultó la verdadera dimensión de
la crisis. El líder del PP le emplazó el sábado a «extraer lecciones de los
errores» cometidos por Grecia y Hungría. «No se puede ocultar nunca la realidad
y hay que decir la verdad por dura que sea», reprochó Rajoy. En cambio, Cospedal
aseguró ayer que el problema es que el jefe del Ejecutivo «se ha enterado hace
poco» del alcance de la crisis económica, y que, mientras tanto, ha llevado a
cabo «una política irresponsable de derroche que ha hecho que la deuda pública
se desate».
Durante su intervención en la
clausura de la escuela de verano del PP catalán, en Coma-ruga (Baix Penedès),
Cospedal erigió a los populares, no solo como alternativa al PSOE, sino también
a los sindicatos. «Si no hay sindicatos que sepan defender el derecho de los
trabajadores, que estos estén tranquilos, que aquí está el PP para defenderles»,
proclamó ante unos 250 militantes.
De manera específica, la secretaria
general del PP se dirigió a los pensionistas, a quienes garantizó que su partido
«no tocará» las pensiones en caso de regresar a la Moncloa. Y de nuevo evidenció
la estrategia de los conservadores de cortejar a los votantes socialistas
«traicionados» por Zapatero con el tijeretazo. «Desde el PP nunca vamos a
engañarles», les dijo en lo que definió como un mensaje de «tranquilidad».
Paradójicamente, mientras en España
el PP persigue al simpatizante desencantado del PSOE, en Catalunya explora el
yacimiento de CiU, con la coartada del miedo al independentismo. En el mismo
acto, la candidata popular a la Generalitat, Alicia Sánchez-Camacho, presentó a
su partido como la única alternativa frente al secesionismo. A falta de que CiU
responda a la mano tendida por ERC para colaborar tras las elecciones de otoño,
Camacho tachó de «hipócrita» que los convergentes exhiban sentido de Estado en
Madrid y flirteen con los republicanos en Catalunya.
(www.elperiodico.es,
07/06/10)
RAJOY SIEMBRA DUDAS SOBRE LAS
CUENTAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Hace tan sólo semanas el PP agitaba
el fantasma de la crisis griega. Su presidente, Mariano Rajoy, incluyó la de
Hungría en su discurso.
El dirigente conservador puso el
punto de mira en ambos países comunitarios con el fin de extraer una cuantas
"lecciones" para España. Así, Rajoy, que se encontraba en un mitin en Viator
(Almería), las fue enumerando una por una ante un público que, expectante, le
exigía a gritos que diera "caña". "No se debe ocultar nunca la realidad; hay que
decir la verdad por dura que sea; ser austero y no gastar por encima de las
posibilidades del país; y hacer un plan nacional con reformas para que no nos
ocurra lo que a otros. Esas son las lecciones que tenemos que aprender de
Hungría y de Grecia", fueron sus recomendaciones.
Pero sonaron a advertencias. Sobre
todo después de la resaca de la noticia del día anterior, cuando el Gobierno
húngaro de centro derecha, que acaba de tomar posesión, acusó al anterior
Ejecutivo socialista de haber manipulado las cuentas, provocando el miedo de los
mercados internacionales y una nueva caída del euro.
Poco antes de la intervención de
Rajoy, desde Hungría trataban de calmar los ánimos afirmando que la situación
económica del país estaba estabilizada y no existía peligro de bancarrota. Pero
al jefe de la oposición ya nada podía desviarle de su objetivo. Llevaba
preparado su titular para entrar en los informativos: "Hace unos años se hablaba
en todo el mundo del milagro español y hoy somos un país en libertad vigilada"
por la Unión Europea.
Ese es, según él, uno de los
"balances" que deja el Gobierno socialista. El otro son las cifras del paro.
Rajoy recordó "unos datos escalofriantes", comparando 1996 con 2010, al tiempo
que resaltaba que la tasa de desempleo es similar. Además, criticó la reforma
laboral que "ya llega tarde". "Dos años mareando la perdiz", denunció.
"Hoy nos dan órdenes, nos dicen lo
que tenemos que hacer. Esto no había ocurrido nunca en la historia de España y
yo os aseguro que no volverá a ocurrir nunca porque el PP hará las cosas como
hay que hacerlas", aseguró anticipando su desembarco en La Moncloa.
Dentro de su negatividad, Rajoy
quiso destacar que "hay motivos para la esperanza y para saber que se pueden
hacer políticas que sirvan para crear empleo". De la mano de su partido, por
supuesto. Aunque no explicó en ningún momento cómo hacerlo.
"Desde el PP estamos preparados",
repitió en varias ocasiones durante su intervención. Y como se encontraba en
Andalucía, Rajoy quiso poner de ejemplo el trabajo que allí desarrolla su
formación, liderada por Javier Arenas. "Están liderando un proceso de cambio.
Cada vez (más) esto se ve y se palpa. Lo dicen las encuestas, pero lo ves cuando
andas por la calle", señaló el líder conservador. Rajoy presumió de que su
partido ya ha "demostrado" a la sociedad que sabe "crear empleo y generar
confianza trasladando que al frente de la nave hay timoneles que saben lo que
hay que hacer".
En el partido, sin embargo, hay
muchos dirigentes a los que precisamente les preocupa este último tema.
Consideran que una de sus asignaturas pendientes es que se visualice a su
gabinete en la sombra. Aunque varias de las caras que acompañan a Rajoy en la
actualidad podrían tener su silla en el Consejo de Ministros, algunos diputados
apuntan que faltan figuras de peso para esa bancada y que, por ejemplo, el
nombre del ministro de Economía es clave.
Todo estas cavilaciones demuestran
que los conservadores ya se ven gobernando. Sin embargo, algunos dentro del
comité de dirección piden cautela para no dar la partida por ganada antes de
tiempo.
Por si acaso, Rajoy volvió a cargar
contra José Luis Rodríguez Zapatero. "Es difícil gobernar, pero es imposible
hacerlo peor", le reprochó. El líder del PP volvió a señalar que es "injusto"
que la gente pague los "descomunales errores" del Ejecutivo socialista.
El líder del PP en Andalucía y una
de las personas de mayor confianza de Rajoy, Javier Arenas, aprovechó su
discurso para hacer más sangre. "¡Qué vergüenza, señores socialistas!, ¡qué
vergüenza, que sigan despilfarrando todos los días y les recorten las pensiones
a los mayores". Su plan: "La confianza sólo llegará con Mariano en La Moncloa".
(www.publico.es,
05/06/10)
GALLARDÓN INSTA A "LOS MERCADOS"
A EVALUAR LA NO DIMISIÓN DE ZAPATERO
Aunque la inestabilidad política es
un factor que penalizan los inversores y a pesar de que el Gobierno de Zapatero
tiene dos años por delante de legislatura, desde el PP insisten estas semanas en
lanzar el mensaje de que mientras no ocupen el poder no habrá tranquilidad. Así
lo ha hecho el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha dado un paso
más al insinuar lo que deberían hacer los mercados. En un texto difundido en su
blog, asegura que el actual Ejecutivo está "en tiempo de descuento" y se ha
convertido en "un elemento paralizante de la economía nacional". "En tanto no
hay dimisión del Presidente o elecciones generales, también eso debe ser
valorado por los mercados", advierte.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
se ha visto obligado en adoptar un plan de emergencia para reducir el déficit de
su ayuntamiento y pasa por una reducción de hasta el 20% de los gastos ya
presupuestados para este año, o por aplazar obras. Sin embargo, eso no le impide
ser una de las voces que dentro del PP aprovecha las medidas de ajuste
presentadas por el Gobierno de Zapatero para exigir su dimisión o elecciones
anticipadas.
Reincidente en mensajes de confianza
Ya antes de la presentación del plan de ajuste
gubernamental y mientras Zapatero buscaba en Moncloa la complicidad del
principal partido de la oposición ante los ataques especulativos al euro,
Gallardón difundió un texto en su blog en el que aseguraba que el PP es
“la única razón para la confianza que les queda a nuestros compatriotas".
El país “en compás de espera”
Ahora el alcalde ha dado un paso más
al prescribir directamente a los inversores lo que deben “valorar”. De nuevo
desde su blog ha difundido un artículo en el que insiste en que “el Gobierno da
sus últimas boqueadas y la vida del país se ha reducido a un compás de espera,
en tanto llega uno nuevo que permita por fin a España volver a ser quien es”.
Ansiedad por llegar al poder
En esa línea, Gallardón asegura que
en 1995 –cuando el PP empezó a gobernar- los españoles “remontaron la crisis que
nos dejaban trece años de ejecutivos socialistas” y apela a “hacerlo otra vez”
aunque advirtiendo de que “cuanto más corra el tiempo sin un cambio de gobierno,
más complejo resultará después”.
Sugerencia a los mercados
La invitación a los mercados sobre
cómo deben actuar está al final del texto del alcalde, tras resaltar “la agonía
de este Ejecutivo, que el pasado jueves entró en tiempo de descuento” y que se
ha convertido en “un elemento paralizante de la economía nacional”,
descalificativos tras los cuales invita a no caer “en la peligrosa tentación de
extender la desconfianza al conjunto del país”. “[España ]terminará por salir
adelante. (En tanto no hay dimisión del Presidente o elecciones generales,
también eso debe ser valorado por los mercados)”, concluye.
(www.elplural.com,
01/06/10)
LOS EMPRESARIOS REPROCHAN AL PP SU OPOSICIÓN AL AJUSTE
La cita del presidente de los populares, Mariano Rajoy,
con la 26ª Reunió del Cercle d’Economia fue mucho menos plácida que
en anteriores ocasiones. El líder del PP tuvo que aguantar preguntas
referidas a su oposición "poco constructiva". Y la primera, del presidente
de la entidad, Salvador Alemany, que incluso emuló a un periodista: "¿Tenía
el PP un plan alternativo en el supuesto de que el decreto del tijeretazo no
hubiera sido aprobado por el Congreso?".
Rajoy, visiblemente contrariado por algunas cuestiones y
por la actitud de CiU en el Congreso el día anterior, puso en duda que se
pudiera hablar de sentido de Estado por abstenerse y "prolongar la agonía"
del Gobierno, como, a su entender hizo la federación nacionalista. Y añadió
que, si no hubiera prosperado el texto legal, el Gobierno tenía todavía dos
opciones: "Presentar un plan de reformas para el resto de la legislatura y
buscar apoyos para el mismo o bien convocar elecciones".
Esta actitud originó muchas críticas por parte de los
empresarios asistentes, que le reprocharon que, en todo caso, él podía haber
promovido una moción de censura contra Ejecutivo. Muchos alabaron, en
cambio, la decisión de CiU, y la contrapusieron al "cuanto peor, mejor" del
PP. También se mostraron escépticos ante la posibilidad de que los
conservadores rectifiquen su estilo de oposición.
Alemany le preguntó asimismo a Rajoy si es cierto que la
cancillera Angela Merkel lo llamó antes de la votación en el Congreso.
Rajoy, incómodo ante la cuestión, ni lo confirmó ni lo negó y se limitó a
decir que "nadie" le había llamado para confirmar esa información.
El presidente del PP insistió en que su partido no podía
votar un ajuste como el planteado por el Ejecutivo, que volvió a tachar de
"injusto, improvisado, insuficiente e ineficaz", los mismos términos que ya
empleó en el Parlamento. En su opinión, "quien no ha tenido sentido de
Estado es el Gobierno", al que criticó por no haber querido presentar un
paquete de medidas pactado. "El PP no ha recibido ni una llamada para
negociar un acuerdo", sentenció con contundencia.
Durante su discurso ante los socios del Cercle, en su
mayoría empresarios y académicos, defendió la necesidad de un "cambio
global" para que la economía vuelva a funcionar. Y ese cambio, agregó, no
solo debe ser de Gobierno, sino también de "diagnóstico, de objetivos, de
comportamientos, de formas y de maneras de manejar la cosa pública". En este
marco incluye una necesaria recuperación de la estabilidad en las cuentas
públicas, así como una "reforma integral del sector público".
Rajoy afirmó que España ha superado retos como la entrada
en el euro y que sabe sacrificarse cuando es consciente de que "vale la
pena". Se trata, afirmó el presidente del PP, de "movilizar toda esa energía
positiva" para cambiar el rumbo "hacia el destino de la recuperación", así
como para "poner los cimientos de la nueva etapa de la economía española". A
su entender, si se sigue esta estrategia para la recuperación y para superar
la recesión, "incluso podemos salir reforzados de la crisis".
El jefe del principal partido de la oposición está
convencido de que el incumplimiento del principio de estabilidad
presupuestaria ha sido "tan sistemático y tan amplio que al final ha
ocurrido lo que parecía impensable: los mercados financieros dudan de la
sostenibilidad de nuestras finanzas públicas".
Todo ello, aseguró convencido, ha forzado al Gobierno a
improvisar y a pasar "de la política de gasto a la de recortes, pero aún no
se ha emprendido la política de reformas". Para marcar su diferente manera
de actuar respecto a la del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, cuya decisión de no asistir a las jornadas ha sido muy criticada
por los empresarios, Rajoy aseguró que él "siempre encuentra un hueco en su
agenda para asistir a un acontecimiento" como ese".
(www.elperiodico.com
, 29/05/10)
RAJOY OPTÓ POR EL 'NO' PESE A LA PRESIÓN DE VARIOS
BANQUEROS
Hubo debate interno y dudas entre la abstención y el no
casi hasta el final, pero en el último momento, entre el mensaje de
estabilidad frente a mercados y socios europeos y la conexión con su
electorado, Mariano Rajoy optó por lo segundo. El líder del PP lo dejó
clarísimo en el debate. "Este decreto ley simboliza el fracaso de toda su
política y no solo la económica, y desde luego, mi grupo parlamentario no va
a contribuir con su voto a que el principal problema de la economía
española, usted, siga ahí. Si otros lo hacen será su responsabilidad".
Rajoy se guardó la decisión hasta el miércoles. Hasta el
último minuto, según confirman diversas fuentes de la dirección, recibió
todo tipo de presiones de banqueros y empresarios. Le pedían que al menos se
abstuviese, lo que garantizaba la aprobación. Que no votase en contra y
pusiese en peligro un recorte apoyado por la Unión Europea, el FMI, la OCDE
y hasta EE UU, y pensado sobre todo para aliviar la presión de los mercados
sobre España.
Rajoy dudó, según su entorno, pero tomó la decisión de
votar no al estar casi seguro de que el recorte saldría adelante gracias a
la abstención de CiU. De hecho, algunos dirigentes creen que si hubiera
estado en riesgo la aprobación, el PP habría cambiado el voto.
Lo que sí es una decisión estratégica de Rajoy y su
equipo es lanzarse sin freno al cuello de Zapatero como si las elecciones
estuviesen a la vuelta de la esquina, presionen o no los empresarios o los
socios europeos. "Ni los empresarios ni Sarkozy se presentan a las
elecciones en España. Nosotros tenemos que ganarlas. Ese es nuestro
trabajo", resume un dirigente.
Rajoy, muy crecido ante la debilidad del Gobierno, estaba
molestísimo porque tenía preparada una réplica para responder a Zapatero.
Estaba convencido de que el presidente subiría a la tribuna. No lo hizo, y
Rajoy se quedó sin réplica y sin la mitad del discurso. Al líder del PP
también le molestó no poder replicar a Josep Antoni Duran, que hizo lo
contrario que el PP: pidió elecciones anticipadas en 2011 pero permitió que
el decreto saliera adelante "por responsabilidad".
El líder del PP evita pedir elecciones. Dicen en su
entorno que lo hará cuando acabe la presidencia española de la UE. Pero
muchos dirigentes de su confianza sí lo hacen. fue Alberto Núñez Feijóo,
informa José Precedo: "Lo razonable cuando uno no puede servir a su país es
cuestionarse muy seriamente si debe consultar a su país y a eso se le llama
hacer unas elecciones".
(www.elpais.com,
28/05/10)
RAJOY RECONOCE QUE VOTÓ CONTRA EL RECORTE PARA HERIR A
ZAPATERO
Se puede decir más alto, pero no más claro: "El PP no
contribuirá con su voto, señor Zapatero, a que usted siga ahí". Con esa
inequívoca declaración de intenciones, Mariano Rajoy verbalizó en el
Congreso lo que ya casi todos sabían. El rechazo del PP al plan de ajuste
–perjudicial para su imagen de partido de gobierno, tanto en España como en
el resto de Europa– tiene como principal objetivo seguir torpedeando al jefe
del Ejecutivo. O lo que es lo mismo, dar un paso más hacia la convocatoria
de unas elecciones anticipadas que lleven a los conservadores a la Moncloa
por la vía rápida.
Rajoy decidió responder personalmente desde la tribuna la intervención de la
vicepresidenta Elena Salgado, en espera de una réplica de Zapatero que no
llegó. El popular cargó cual general de húsares contra el líder socialista.
"Este plan es insuficiente, injusto e improvisado. Se quiere imponer y lo
presenta una persona en la que no creemos y que es un lastre para la
economía española", sentenció.
Pese a que respondía a la intervención de Salgado, el
dirigente conservador no se dirigió en ningún momento a la ministra y siguió
mordiendo a su presa, el presidente del Gobierno: "Este decreto no merece
nuestro apoyo ni el señor Zapatero está en condiciones de pedirlo. Hoy, no
solo asistimos a la quiebra de sus propios planteamientos: este decreto es
el fracaso de toda su política". Tras el Pleno y en conversación informal
con periodistas, Rajoy admitió su enfado porque Zapatero no había recogido
el guante y no había entrado al cara a cara en el debate. Y es que el líder
del PP ansiaba un turno de réplica extra que le hubiera permitido, además,
recalcar al portavoz de CiU que ambos persiguen el mismo objetivo –que
Zapatero dimita– pero con la diferencia que al líder de UDC le interesa que
lo haga después de las elecciones catalanas. También quería ahondar Rajoy en
su reproche al Ejecutivo por no haber sido capaz de encontrar "un hueco en
la agenda" para abordar con él un camino alternativo para reducir el
déficit, sin congelar las pensiones y reducir el salario de los
funcionarios. "Estas medidas se han tomado a la ligera y cargan sobre las
capas más indefensas de la sociedad", apostilló.
En este contexto, el dirigente conservador hurgó en la
herida que más duele a los socialistas y dijo que han ido a por los
pensionistas porque no tienen "ninguna capacidad de defensa". "España, lo
que necesita es un plan integral de actuaciones que, además de reducir el
gasto, busque liberalizar mercados y consolidar el sistema financiero",
afirmó.
Finalmente, Rajoy quiso hacer un guiño a la Unión Europea
para amortiguar los efectos colaterales de su rechazo a un plan ordenado
desde Bruselas: subrayó que es cierto que Europa "ha obligado" a España a
recortar el gasto público, pero sin indicar "dónde había que meter la
tijera". A su entender, la elección de las partidas y de los colectivos
afectados era responsabilidad exclusiva de Zapatero, lo que le llevó a
concluir que los recortes sociales se podían haber evitado sin contradecir
las consignas enviadas desde la UE. "Reducir el déficit, sí, pero no así. La
peculiar manera de hacer las cosas de su Gobierno es el principal motivo de
desconfianza sobre la economía española", concluyó el líder de la oposición.
(www.elperiodico.com,
28/05/10)
RAJOY PIDE A ZAPATERO LO QUE EL PP NO CUMPLE DONDE
GOBIERNA
El presidente del PP, Mariano Rajoy, pidió en un acto del
partido en Córdoba, "una amplia reforma de las Administraciones Públicas".
"Todas necesitan una dieta de adelgazamiento. Es inevitable. Hay que reducir
organismos públicos", señaló ante los suyos. El dirigente conservador
denunció que sólo en Andalucía hay 317 empresas públicas y destacó que el
resto de comunidades autónomas le van a la zaga. Rajoy propuso evitar
duplicidades y lamentó que para el tema de la vivienda, por ejemplo, existan
tres agencias: la estatal, la municipal y la autonómica.
Al líder de la oposición no le parece "bueno" que repitan
la "misma estructura del Estado" y denunció que "gastan mucho y mal". "Lo
que no está escrito", proclamó. A su juicio, y más ahora que se le están
haciendo "recortes a los más débiles", se debería afrontar este asunto de
una vez por todas. "Les va a sentar muy bien y las va a convertir en
eficaces", concluyó.
Rajoy también aprovechó para cargar contra el decreto del
Gobierno. Los conservadores llevan meses exigiendo un recorte del déficit
público pero ahora que se afronta difieren de la fórmula empleada. El
presidente del PP lo tachó de "estacazo" y considera que Zapatero ha
impuesto "sacrificios injustos a millones de españoles que no tienen la
culpa de sus errores y que se han convertido en los paganos del presidente".
Además, cree que con ello lo único que se logra es
"rebajar el crecimiento de España e impedir la creación de empleo". Para él
es la señal que revela "la degradación a la que ha llegado el Gobierno". El
PP, dijo, habría utilizado otro sistema. Volvió a hablar de fusionar
ministerios, de suprimir la "inútil" vicepresidencia tercera que ocupa
Manuel Chaves y propuso una reducción de las ayudas a organismos
internacionales y de "todas" las subvenciones. "Con esto se ahorraría una
barbaridad", defendió.
Sin embargo, según los cálculos del Gobierno socialista,
con las recetas que el PP llevó al Pacto de Zurbano, el pasado 5 de mayo, no
sólo no se reduciría el déficit público, sino que se incrementaría en casi
15.000 millones de euros, es decir un punto del PIB. Pero Rajoy sigue
lanzando sus soluciones. Hace unos días habló del despilfarro de las
embajadas autonómicas y reclamó la eliminación del 25% de los altos cargos.
recuperó algunos de esos mensajes y, de paso, animó al Gobierno a presentar
una ley que permita a las comunidades privatizar sus televisiones
autonómicas.
Todas las propuestas de Rajoy suenan a melodía política a
las que el PP le debe poner aún la letra. Los conservadores podrían llevar a
la práctica muchas de las iniciativas que lanzan en Galicia, La Rioja,
Castilla y León, Madrid, Comunitat valenciana, Murcia y hasta en Canarias,
donde gobiernan junto a Coalición Canaria. Rajoy, que se reunió hace una
semana con sus barones territoriales, no les habló de dietas y no les dio
orden de aplicar todo aquello por lo que aboga en público como ejercicio de
ejemplaridad. Lo único que logró arrancar a sus presidentes fue el
compromiso de reducir el sueldo de sus políticos en la misma cuantía en la
que lo hagan en el Gobierno y en el Parlamento.
El PP se defiende. Sus responsables sostienen que lo que
anunció Rajoy era "una idea" y explican que lo que pretende su formación es
que se "definan" los ámbitos competenciales y que, de una manera "racional"
se vaya reduciendo el conjunto de las administraciones públicas. Además,
mantienen que allá donde gobiernan están haciendo "esfuerzos importantes" de
recorte.
(www.publico.es,
22/05/10)
LA OPOSICIÓN DEFIENDE AHORA LOS
GASTOS SOCIALES PARA ATACAR AL GOBIERNO
El PP llevaba meses reclamando un
recorte drástico del gasto público. Lo había cuantificado: 10.000 millones en
2010. Pero cuando Zapatero llegó al Congreso proponiendo exactamente ese mismo
recorte de 10.000 millones y haciendo el mismo discurso que el PP había
reclamado sin éxito, se encontró con un Mariano Rajoy que se erigió en defensor
de los gastos sociales, le negó el apoyo y le exigió que antes elimine varios
ministerios, recorte la financiación a sindicatos, partidos políticos y
organizaciones empresariales, y revise todas las subvenciones.
El discurso de Rajoy, muy duro en el
fondo y en la forma, logró dos objetivos políticos. Primero, dejó muy claro que,
como ha dicho en varias ocasiones, no piensa "corresponsabilizarse" de la
crisis. Negó tajantemente el apoyo a la congelación de las pensiones en 2011 -el
Gobierno sólo subirá las mínimas- y atacó a Zapatero por recortar el salario de
los funcionarios y eliminar el cheque-bebé, una iniciativa muy criticada por el
PP cuando se presentó.
El mensaje político era clarísimo, y
así lo entendieron enseguida en su bancada: el PP no ayudará al Gobierno a
amortiguar los costes de las medidas más antipopulares. El segundo objetivo que
logró el líder del PP fue interno. El discurso duro, sobre todo con el mensaje
que los socialistas calificaron de demagogo contra los sindicatos, los gastos de
la política -el mismo día en que se conocía un informe sobre supuesta
financiación ilegal del PP valenciano, según le recordó Zapatero- animó mucho a
la bancada popular. El discurso antisindicatos y antiartistas de izquierdas,
denominados en el mundo conservador "los de la ceja" por su apoyo a Zapatero,
tuvo muchísimo éxito.
Rajoy fue muy aplaudido, mucho más
que otras veces, y los diputados populares salían del hemiciclo visiblemente
satisfechos. "Por una vez ha sido valiente, hablar del tema de los sindicatos en
un día como hoy es valiente, el mensaje ha sido claro y contundente",
sentenciaba un veterano.
Los dirigentes del PP insistían en
que no tiene sentido, a un año de las elecciones, que un Gobierno como el de
Zapatero, que tiene mayoría, exija a la oposición que le apoye en las medidas
más impopulares. "Nuestra gente quiere que Zapatero se vaya como sea. Creen que
es una urgencia nacional. No tiene sentido respaldarle ahora", sentenciaba otro.
En general había un análisis muy positivo del discurso de Rajoy. "Zapatero ha
estado zombi. Y Mariano, a la gallega, le ha venido a decir que se vaya. Ahora
sólo queda que pida elecciones anticipadas. No tardará mucho en hacerlo", se
alegraba un diputado.
(www.elpais.com,
13/05/10)
EL AJUSTE DE RAJOY SE QUEDA EN
111 MILLONES
"Estoy dispuesto a hablar con usted
de sus propuestas para la reducción del déficit, pero debería usted hacer antes
otras cosas y se las voy a decir". Fue el momento del debate de ayer en el que
el líder del PP, Mariano Rajoy, defendió su alternativa al ajuste del gasto
planteado por el presidente del Gobierno.
Básicamente, su planteamiento es la
eliminación de varios ministerios, que desaparecerían sin más (la
vicepresidencia de Política Territorial, el Ministerio de Vivienda y el de
Igualdad) o que se integrarían en otros (los de Cultura y Sanidad, que se
juntarían, respectivamente, con Educación y con Trabajo), y una revisión en
profundidad de las subvenciones públicas. En este punto, su propuesta concreta
fue la reducción de las ayudas que reciben del Presupuesto del Estado los
partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones sociales empresariales.
¿En qué se quedaría el ajuste
alternativo expuesto por el líder conservador? En poco más de 110,9 millones de
euros; esto es, el 0,06% del gasto no financiero del Estado de este año.
Por un lado, esta cantidad incluye
no la reducción, sino la eliminación completa de las subvenciones a partidos,
sindicatos y patronales. Son unos 107,8 millones, frente a los 103.024 millones
del capítulo presupuestario de transferencias corrientes. Aquí se recogen, entre
otras partidas, las subvenciones; pero el grueso de este capítulo son el dinero
de la financiación autonómica, la aportación al presupuesto de la Unión Europea,
el desempleo, los complementos para las pensiones mínimas de la Seguridad Social
o aportaciones diversas a organismos públicos.
El PP, en su alternativa, propone
revisar todas las partidas de subvenciones y eliminar las que no estén
debidamente justificadas. Tal revisión, según los expertos consultados,
afectaría especialmente a las transferencias a familias e instituciones sin
fines de lucro, donde se localizarían lo que se entiende por subvenciones. Es
una partida de 2.950 millones, donde, entre otras cosas, están las becas, las
ayudas a los inmigrantes, las prestaciones para ancianos y enfermos
incapacitados, el pago del turno de oficio, las subvenciones al transporte con
Canarias y Baleares y, también, el dinero para partidos, sindicatos y
patronales.
Los expertos apuntan que tampoco hay
mucho que rascar con la eliminación de algunos departamentos ministeriales. El
ahorro que se puede lograr se centra en los altos cargos, pues el resto de los
funcionarios seguiría empleado y los programas de gasto los asumirían otros
ministerios. En el caso de los cinco departamentos que Rajoy propuso eliminar,
la partida de altos cargos suma apenas 3,1 millones, el 0,01% del total del
capítulo de gasto de personal del Presupuesto vigente.
En su intervención en el debate de
ayer, el líder del PP anunció que votaría en contra del ajuste presentado por el
Gobierno, fundamentalmente por la congelación de las pensiones, si bien abogó
por una mayor austeridad en el gasto público. El presidente del Gobierno y el
portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, utilizaron el mismo
argumento: aunque el PP proclama austeridad, todas las propuestas que ha
presentado en el Parlamento suponen más déficit.
Los socialistas manejan un documento
en el que analizan las propuestas que el PP llevó al Pacto de Zurbano. Según sus
cuentas, tales medidas aumentarían el déficit en 15.000 millones, la misma
cantidad que ahora se quiere ahorrar.
(www.pubico.es, 13/05/10)
NECESITAMOS MUCHOS AMIGOS COMO
USTED, TENEMOS QUE HACER MUCHAS COSAS JUNTOS"
Rajoy, con el hombre que hundió Grecia.
El 13 de julio de 2009, Rajoy se
entrevistó en Madrid con el entonces
primer ministro griego, el conservador
Kostas Karamanlis .EFE
Los problemas
sobre la credibilidad de la solvencia griega que han
lastrado a la zona euro en los últimos meses se
multiplicaron a raíz de que se conociera que el Gobierno
conservador de Kostas Karamanlis había falseado sus datos
sobre déficit público con la ayuda de la gran banca
estadounidense.
A Karamanlis le costó llegar al
poder, pero en su empeño siempre contó con el aliento del PP español y de José
María Aznar, que veían en él un aliado fundamental, junto a Silvio Berlusconi,
para reforzar la influencia de los países del sur en la zona euro. Antes de unas
de sus citas electorales, en 1999, Aznar recibió en Madrid al entonces líder de
la oposición griega para constatar que compartían "los mismos puntos de vista
sobre los fondos de la UE y los problemas presupuestarios de la UE", como se
hicieron eco las agencias helenas. "Necesitamos buenos amigos como usted porque
somos la nueva generación en la Europa del siglo XXI y tenemos que hacer muchas
cosas juntos", proclamó el español. Poco antes de su caída en las elecciones de
2009, Karamanlis era de nuevo recibido en Madrid por el líder del PP, esta vez
Mariano Rajoy, quien curiosamente aleccionó a su compañero griego sobre la
importancia de la responsabilidad política ante la crisis económica.
Noticias relacionadas
El conservador Karamanlis (Nueva
Democracia) hablaba de despilfarro de la izquierda y presumía de datos de
déficit con su gobierno, hasta que el colapso del país en plena crisis le
obligaron a convocar elecciones anticipadas en octubre de 2009. Dejó la papeleta
de la gestión de los problemas económicos y de los ajustes necesarios en Grecia
a los socialistas de Yorgas Papandreus.
La factura del Gobierno conservador
griego
La UE ha tenido que salir en ayuda
de la solvencia de Grecia y de la zona euro en general después de que los
mercados llevaran semanas castigando a la moneda europea y a la deuda helena.
Uno de los factores que disparó los intereses de los bonos de deuda pública
griega –lastrando su futura recuperación- y desestabilizó a toda la zona euro
fue conocer a través del New York Times y del alemán Der Spiegel que el
Ejecutivo heleno de Karamanlis había falseado los datos sobre déficit que
suministraba a la UE, para ajustarse así a las exigencias del Pacto de
Estabilidad. En las tareas de ingeniería contable les habría ayudado Goldman
Sachs, uno de los grandes bancos de Wall Street en el origen de la crisis
financiera internacional.
Arropado por el PP de Aznar y el de
Agag
A Karamanlis le costó llegar al
poder, pero en su empeño siempre contó con el aliento del PP español y de José
María Aznar, que veían en él un aliado fundamental, junto a Silvio Berlusconi,
para reforzar el prestigio y la influencia de los países del sur en la zona
euro. En diciembre de 1999, a las puertas de unas elecciones generales en Italia
y en Grecia, el entonces secretario general del Partido Popular Europeo estaba
entusiasmado: “En los próximos 14 meses habrá tres elecciones generales: en
España, donde volverá a ganar Aznar, en Italia, donde todas las encuestas
aseguran el triunfo de Berlusconi, y en Grecia, donde Karamanlis tiene también
bastante posibilidad de ganar”.
Karamanlis y Berlusconi, aliados
para “el frente sur”
El interés de Aznar y los suyos no
era inocente. Como explicaba el propio Agag y recogía ABC , aspiraban a formar
con Berlusconi y Karamanlis “un frente sur” que serviría para “defender a esa
zona de la UE que siempre ha sido más discriminada por el Norte cuando se
deciden las líneas políticas de actuación”.
Puntos de vista compartidos sobre la UE
El propio ex presidente español intentó dar un empujón
final a su compañero griego antes de la cita de 2000 recibiéndolo en Madrid,
un encuentro del que se hicieron eco las agencias griegas en los siguientes
términos: “Ambos comparten los mismos puntos de vista
sobre los fondos de la UE y los problemas presupuestarios de la UE”. Durante el
encuentro, Aznar arropó a Karamanlis en los siguientes términos: “Necesitamos
buenos amigos como usted porque somos la nueva generación en la Europa del siglo
XXI y tenemos que hacer muchas cosas juntos”. Karamanlis no ganó las elecciones
de 2000 como ansiaban Agag y Aznar, pero sí las de 2004, con los resultados que
ahora pueden verse.
Rajoy aleccionó al griego sobre
responsabilidad
El actual líder del PP, Mariano
Rajoy, también se reunió con Karamanlis el año pasado, apenas unos meses de que
perdiera las elecciones. Entonces el primer ministro heleno ya estaba marcado
por los problemas de su país y se preveía que perdiera las próximas elecciones.
Rajoy aprovechó el encuentro para aleccionar a su compañero griego sobre la
importancia de la responsabilidad política ante la crisis económica y mostró
como ejemplo de ello el apoyo del PP al FROB, un fondo contra el que no ha
dudado en cargar Aznar, el ahora presidente de la fundación ideológica del PP
(FAES). En los últimos meses las comparaciones entre la economía helena y la
española en las que ha abundado el PP han perjudicado a la deuda española,
mientras que no era hasta la reunión de la semana pasada en la que Rajoy
acordaba con el presidente Zapatero en Moncloa desbloquear la aplicación del
FROB, a pesar de los problemas de financiación que para pymes y familias está
suponiendo esta demora en la reestructuración del sector financiero español, en
especial el de las cajas de ahorros.
(www.elpais.com,
11/05/10)
RAJOY DICE QUE SÓLO APOYARÁ AL GOBIERNO SI ACEPTA SUS
IDEAS
Mariano Rajoy sigue "dispuesto" a ayudar al Gobierno a
combatir la crisis económica, siempre y cuando acepte sus propuestas y actúe
"en serio". El pasado miércoles, en su reunión en La Moncloa, logró "no sin
dificultad" que José Luis Rodríguez Zapatero aceptase discutir algo más que
la situación de las cajas de ahorro. "[El presidente del Gobierno] me
planteó dos cosas, y a las dos dije que sí. Yo le planteé tres cosas, y a
las tres me dijo que no. Luego dicen que nosotros no queremos pactar". Aun
así, el líder popular dijo que "probablemente" votaría a favor de las
medidas económicas propuestas por el Ejecutivo.
Rajoy clausuró en Burgos la convención nacional del
Partido Popular de Castilla y León. Un día antes, su mano derecha, María
Dolores de Cospedal, había criticado y bromeado con la supuesta inactividad
de Zapatero. , el líder popular cargó en cambio contra la "hiperactividad"
del Gobierno, que aprueba una medida "cada media hora", "a tontas y a
locas", "a la chapuza". Cree Rajoy que Zapatero "se conforma con que España
no sea Grecia, se resigna a la actual tasa de paro y es muy feliz cuando
crecemos el 0,1%", como anunció el Banco de España.
El presidente del PP apuesta por reducir el déficit
público ya y por aprobar una reforma laboral y otra energética. Quiere
medidas "a largo plazo", y "hará todo lo que esté en su mano para que no se
vuelva a producir" una crisis como esta. "Si él se resigna, el PP no se va a
resignar" a que se lleve el país "a la catástrofe". También comentó Rajoy su
encuentro el con José Montilla en la sede del Gobierno catalán, una reunión
que le "gustó". Ocho años llevaba sin pisar el Palacio de la Generalitat, y
dijo sentirse "cómodo" allí, pese a que ambos líderes fueron incapaces de
hallar puntos de encuentro, no digamos ya cerrar acuerdos.
(www.elpais.com,
09/05/10)
EL PP, DIVIDIDO ANTE EL PLAN DE
AJUSTE: MADRID, LA RIOJA Y CASTILLA Y LEÓN DEFIENDEN LOS "SACRIFICIOS"
Las comunidades del PP han recibido de manera muy desigual
el plan de ajuste contra el déficit público anunciado
ayer por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque
resulte sorprendente, Madrid, La Rioja y Castilla y León, autonomías gobernadas
por Esperanza Aguirre, Pedro Sanz y Juan Vicente Herrara se han mostrado
favorables a las medidas. Así La Rioja ha adelantado que “acatarán y aplicarán”
–en palabras del propio Sanz- “los criterios que establezca el Gobierno
central”; el consejero de Economía de Aguirre, Antonio Beteta ha defendido los
recortes de los sueldos de los funcionarios y Herrera, aunque tacha de
"improvisadas" las medidas, anuncia la colaboración regional en el esfuerzo. Su
actitud contradice la de otros feudos del PP como Galicia o Valencia y,
sobretodo, la del líder del partido, Mariano Rajoy, quien afeó al presidente lo
que considera el “mayor” recorte de “derechos sociales” de la democracia.
De nuevo, el PP se resquebraja,
aunque esta vez lo hace por regiones. Y eso que, independientemente de la
tendencia política, era previsible que las autonomías reaccionaran de forma
distinta ante el plan de ajuste, dado que les afecta de manera dispar:
Andalucía, con un 20% de la población ocupada empleada en el sector público,
padecerá los recortes más intensamente que Cataluña, donde los funcionarios
representan el 9,4% de los ocupados.
El PSOE cierra filas
Aun así, ayer los barones
territoriales del PSOE mostraron su apoyo al presidente Zapatero, quien les
explicó personalmente las medidas. “Son medidas duras, pero imprescindibles.
Aunque cada comunidad es distinta”, resumió Marcelino Iglesias, cabeza del
Gobierno de Aragón.
Y el PP se desmadra
Pero los populares no hicieron lo propio, y eso que
el discurso de Rajoy en el Congreso fue de inequívoca y frontal oposición a
todas las propuestas. Mientras el líder del PP
denunciaba el mayor recorte de “derechos sociales” de la democracia española, un
dirigente como el nada moderado Pedro Sanz, presidente de La Rioja, aseguraba
que “acatará y aplicará en la comunidad los criterios que establezca el Gobierno
central”, explica El Periódico de Catalunya.
Madrid defiende los “sacrificios” de
un "colectivo privilegiado"
Más conciso si cabe se mostró el consejero de Economía de
Madrid, Antonio Beteta, quien recibió con agrado el anuncio de recorte de
sueldos para los funcionarios. “No puede permitirse que haya un colectivo
privilegiado que tenga un salario público garantizado de por vida y una
estabilidad en el empleo”, aseguró, apostando por la introducción de
“sacrificios en este colectivo”. Al contrario que
Rajoy, quien renegó de las medidas tras meses pidiendo austeridad,
Beteta intentó marcarse un tanto recordando que él mismo
solicitó a la ministra de Economía, Elena Salgado, que modificara la normativa
estatal para rebajar los salarios a los empleados públicos, recoge El País.
Valencia y Galicia se sublevan
Madrid, la segunda autonomía con más
funcionarios de España (427.650 procedente de la administración central,
regional y local), limitará su “rebelión” al IVA. Pero en lo relativo al recorte
a sueldos de funcionarios, parecen dispuestos a hacer la campaña subversiva
Alberto Núñez Feijóo y Francisco Camps. “Si España tuviese un déficit público
del 1%, hoy no tendríamos que reducir en 6.000 millones las inversiones
públicas”, espetó Feijóo. Galicia “no puede pagar y no pagará” el “alarmante”
nivel de deuda derivado de la “falta de rigor” de Zapatero. En Valencia, el
conseller de Economía, Gerardo Camps, se pronuncio en términos similares. “No
tenemos que pagar las consecuencias de su mala gestión y de su política de
despilfarro”, aseguró.
En manos del Gobierno
Con todo, el Gobierno central fijará
las nuevas medidas en un real decreto que modificará la Ley de Presupuestos
Generales del Estado. Además de a las comunidades, la norma afectará a los
Ayuntamientos. Cabe destacar que los recortes serán proporcionales y, según
informa el diario El País, se prevé que no afecten a los empleados mileuristas.
Las reducciones comenzarían a hacerse en salarios superiores a 1.200 euros e
irán del 5 al 15%.
(www.elplural.com,
13/05/10)
EL PP SE MOVILIZA PARA AGITAR EL
FANTASMA DE LA CRISIS GRIEGA
El PP sigue intentando sembrar el
miedo entre la ciudadanía con sus malos augurios sobre el futuro de la economía
española. El acuerdo mínimo que resultó de la reunión del miércoles entre el
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la
oposición, Mariano Rajoy, no impidió que varios dirigentes conservadores
insistieran ayer en afirmar que, si el Ejecutivo no cambia su política
económica, podría ocurrir en España lo mismo que en Grecia.
El propio Rajoy citó al país heleno
en varias ocasiones durante una entrevista en Onda Cero dedicada en gran parte a
analizar los resultados de su encuentro del miércoles con Zapatero. Tras
recalcar que las medidas del Gobierno en materia económica "son insuficientes",
afirmó que lo que España necesita "es austeridad". "No podemos vivir por encima
de nuestras posibilidades", dijo. "Algunos esfuerzos tendremos que hacer y si no
los hacemos nos puede pasar lo mismo que a Grecia", vaticinó Mariano Rajoy.
El líder del PP repitió esa misma
idea pocos minutos después cuando volvió a referirse a la necesidad de moderar
el gasto público para hacer frente a la crisis. "Adelantémonos a los
acontecimientos porque sería demoledor para España que nos obligaran a hacer lo
que están haciendo en Grecia", dijo.
En un estratégico cierre de filas,
otros dirigentes conservadores defendieron las mismas tesis que su líder. Por la
mañana, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, acusó al Gobierno de faltar
a la verdad sobre la situación económica. En su opinión, eso es "justamente lo
que genera desconfianza e incertidumbre" en los mercados internacionales, y "eso
es lo que ha pasado en Grecia".
El secretario de comunicación del PP,
Esteban González Pons, empleó ese mismo discurso para justificar, una vez más,
el paralelismo entre Grecia y España. Según él, una de las situaciones que han
provocado que "Grecia esté como está, sucede también en España". Se refería a
que cuando Zapatero afirma que "no haciendo nada el enfermo sanará está
mintiendo, y el Gobierno, si sigue la senda de la mentira, sigue el camino
griego".
Para el secretario general de los
conservadores en el Congreso de los Diputados, José Luis Ayllón, Zapatero "sigue
metido en una burbuja" con la única idea de "esperar" a que la crisis pase. Por
eso, en la misma línea de sus compañeros, declaró que "España no es Grecia",
pero advirtió: "o hacemos algo ya, o podemos llegar a serlo".
Desde las filas socialistas
describieron los vaticinios de los conservadores como una nueva estrategia del
partido de Rajoy orientada a conseguir apoyos de cara a las elecciones. El
vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, arremetió contra el líder
del PP por no ser capaz "de dejar de comparar la situación de España con la de
Grecia", porque tampoco "fue capaz de desprenderse de sus intereses particulares
y subordinarlos a los intereses generales". Y es que el objetivo de Rajoy es, a
juicio de Chaves, satisfacer sus "obsesiones electoralistas".
Las valoraciones sobre la reunión
del miércoles también llegaron a la red. La número tres del PSOE, Leire Pajín,
apeló en su blog a la responsabilidad del propio presidente del PP y exigió a
Rajoy que despeje las dudas sobre la solvencia de la economía española. El
diputado socialista José Antonio Pérez Tapias acusó en su propia página personal
al líder de los conservadores de "mentir a destajo, pues no es cierto que lo que
se hace en España sea lo mismo que hizo el Gobierno derechista griego, que fue
engañar a la UE con los datos de su economía, descuidar absolutamente la
política fiscal y nadar en la corrupción".
(www.publico.es,
07/05/10)
RAJOY INSISTE EN ATACAR LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
IDENTIFICÁNDOLA CON LA GRIEGA
Poco importa que organismos económicos internacionales
como la OCDE o el FMI desmintieran a quienes trataban de comparar España con
Grecia. Mariano Rajoy parece empeñado en transmitir esa imagen, a pesar de
los nefastos efectos que ello podría tener para el país en los mercados
internacionales. El líder del PP ha proclamado desde el Congreso que la
economía española "recauda como la griega, gasta como la griega y ha llegado
a un déficit público muy similar". Luego ha añadido que la situación no es
"equiparable" porque mientras la UE "se puede plantear" el rescate de Grecia
"sería inimaginable" hacerlo en el caso de España "en los mismos términos".
Aprovechando el debate monográfico en el Pleno del
Congreso de los Diputados sobre del último Consejo de la Unión Europea,
celebrado en Bruselas los días 25 y 26 de marzo en el que se acordaron los
mecanismos de ayuda de emergencia a la economía griega, el líder del PP ha
lanzado duros ataques contra la política económica del Gobierno.
Rajoy ha criticado la subida del IVA –aprobada para
sanear las cuentas públicas- y la falta de reformas estructurales,
denunciando que en el Paco de Zurbano se desaprovechó la "oportunidad
excelente" para afrontar "sin dilación" una contención del gasto público,
según ha recogido EFE. "No le extrañe que en Europa no se tome en serio ni
sus medidas ni sus intenciones", sentenció, no sin antes advertir a Zapatero
de que " le queda muy poco tiempo para evitar problemas mayores". En
cualquier caso, Rajoy ha expresado el apoyo del PP a la operación de rescate
griego para defender el euro.
Previamente, el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, explicó que
las medidas adoptadas para ayudar a Grecia podían servir para devolver
definitivamente la calma a los mercados financieros, y valoró la gestión que
realiza en el caso griego la presidencia española en la UE
No es la primera vez que Rajoy insiste en los
paralelismos entre la situación de España y de Grecia, incluso la FAES del
PP lleva meses tratando de desprestigiar la imagen del país en los mercados
internacionales. Y todo ello a pesar de que organismos como la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han avalado la
solvencia financiera del Gobierno español y subrayaron las diferencias con
los problemas de la economía del país heleno. También el Fondo Monetario
Internacional (FMI) constató la credibilidad de las cuentas públicas
españolas.
(www.elplural.com,
21/04/109
EL LÍDER AVALA LA REBELIÓN DE AGUIRRE CONTRA EL IVA
Cinco actos en cuatro meses, piropos cruzados,
aplausos... La nueva relación entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre en
2010, después de un 2009 tormentoso, no está marcada por una reconciliación
afectiva, sino por una necesidad, según coinciden fuentes de uno y otro
sector: se acercan las elecciones autonómicas y municipales, casi tan
importantes para uno y otro, las encuestas van bien, y no es momento de
divisiones internas.
Y en ese nuevo clima, Rajoy acudió ayer a un
multitudinario mitin con Aguirre y no sólo dijo compartir "al cien por cien"
las palabras de la presidenta de Madrid, no sólo le agradeció su "empuje y
buen hacer", sino que sancionó definitivamente, con su firma, la campaña de
la rebelión contra el IVA que tanta polémica suscitó hace un mes. "Rebelión
en el sentido de oponer resistencia, no en sentido militar", aclaró Aguirre.
Rajoy estampó su firma con la presidenta a la entrada del
teatro al aire libre, y después recogió incluso el tono catastrofista que
Aguirre utiliza en los mítines. Si ella dijo que "Zapatero está hundiendo la
economía española", él remató que el presidente "lleva a España a la ruina"
con la subida del IVA. Aunque ella fue más aplaudida -estaba entre su
público, la militancia madrileña-, él también se dio un baño de masas. Y los
dos salieron visiblemente satisfechos del nuevo clima.
(www.elpais.com,
19/04/10)
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