EL TIJERETAZO AUTONÓMICO ENCARECE O MERMA
SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES
-
Las comunidades, asfixiadas, comienzan a recortar
en sanidad y educación
-
Tras el ajuste del año pasado, ahora hay que
reducir otros 16.000 millones
-
Los Gobiernos ya han eliminado decenas de empresas
y fundaciones
-
Las comunidades llevan la deuda a un máximo del
68,5% del PIB
Recortar los gastos y aumentar los ingresos. Ese
es el doble y espinoso objetivo de las
comunidades autónomas, enfrascadas en este
momento en el estudio de medidas de ajuste
con el fin de cumplir el objetivo del
déficit para este año: el 1,5% del PIB. O lo
que es lo mismo, recortar entre todas casi
16.000 millones de euros.
Y eso ha de hacerse sin tocar servicios públicos
esenciales, proclaman todos los Gobiernos
autonómicos. Sin embargo, hay algunas que ya
han tenido que echar mano de recortes en
sanidad y educación: aumentando horarios a
los profesores, reduciendo personal o
cerrando quirófanos, imponiendo, como
Cataluña con las recetas, tasas
extraordinarias... Tras varios ejercicios de
recortes en salarios, en plantillas o en
inversiones, los nuevos sacrificios amenazan
directamente al Estado de bienestar de cada
comunidad autónoma.
Para este año el tijeretazo será aún mayor. Y
probablemente los ingresos se reduzcan, al
menos en lo que respecta a los procedentes
del Estado. El ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, ya ha advertido de que
varias comunidades deberán rediseñar unos ya
ajustados presupuestos.
Educación y sanidad son las partidas que absorben
el grueso del gasto autonómico. Solo en caso
de que se produzca “una hecatombe” o “si no
hay otro remedio” se tocarán esos dos
servicios públicos esenciales, han dicho
algunos presidentes autonómicos. Pero ese
“desastre” parece estar ya cerca. La sanidad
y la educación están siendo cercadas en
comunidades que han llegado a 2012 con el
agua al cuello.
Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-La
Mancha son las que parten de una peor
posición, por ser las que más han recortado
ya y porque, aun así, tienen que recortar
entre 1.900 y 4.400 millones más para
cumplir el objetivo del déficit. El
tijeretazo durante 2011 ya fue importante. Y
las posibilidades de maniobra con los
ingresos, escasas. Entre las más
deficitarias pero con algo más de margen de
maniobra se encuentran Extremadura, Murcia,
Cantabria e incluso Baleares. Sin embargo,
la primera es una de las que ha aplicado
mayores subidas fiscales, con lo que alguna
tasa más o los recortes parecen su única
opción. Solo una comunidad, Madrid, cerró
2011 con un déficit inferior al tope
impuesto por el Estado.
» Cataluña. El Gobierno catalán (CiU) ha optado
por subir impuestos y tasas —la última, la
polémica tasa por receta— como medida para
equilibrar ingresos y gastos. Pese a eso,
las previsiones no apuntan a un aumento
suficiente de recaudación para las arcas
públicas, con lo que ahora mira hacia las
privatizaciones.
» Comunidad Valenciana. El PP aún no ha anunciado
qué medidas adoptará, aunque admite serias
dificultades. Planteó una tasa
medioambiental, una central de compras y un
tijeretazo añadido al de los 1.000 millones
de euros que dio en 2011, con un recorte de
más de 400 millones en sanidad, pero todavía
no ha concretado nada.
» Castilla-La Mancha. María Dolores de Cospedal,
presidenta de la comunidad y número dos del
PP, confía en que el gran tajo a los
funcionarios, empresas públicas, organismos
oficiales y su plan de ahorro en el gasto
iniciados en 2011 equilibren la balanza.
» Baleares. El PP, que se hizo cargo del Gobierno
el pasado mayo, ha pegado ya un buen
tijeretazo a sus funcionarios, con propuesta
de reducción del horario laboral para ahorro
en nóminas, y ha suprimido parte de la
estructura de departamentos oficial. Quizá
por ello, “dada la situación actual, hay una
serie de medidas que se están valorando y
estudiando”. Es la respuesta que da el
Gobierno autonómico sobre la posible
aplicación del copago sanitario.
» Andalucía. Entre las autonomías que se
encuentran en una posición media está
Andalucía, aunque ha de gastar 2.400
millones de euros menos que el año pasado.
Su situación preelectoral ha hecho que
ninguna medida en los últimos meses sea
drástica, algo que, a buen seguro, ocurrirá
cuando pasen las elecciones. Aun así, la
mitad de las empresas públicas han sido
eliminadas, y el salario de los funcionarios
está congelado. El PSOE, en el Gobierno
desde hace tres décadas, asegura que no
recortará en servicios básicos; el PP
también, pero ha sido vago con su posición
sobre el copago.
» Aragón y País Vasco son dos de las cinco
comunidades en las que aún no se aplica ni
siquiera el céntimo sanitario (el gravamen
sobre la gasolina que estableció hace casi
diez años el Gobierno de José María Aznar
para dar a las autonomías otro instrumento
recaudatorio) y la posibilidad del copago
sanitario ni se ha planteado. En recortes,
el Ejecutivo vasco (PSE) comenzó a reducir
gasto corriente en 2009 y en 2011 llegó el
turno de los funcionarios. El problema con
los ingresos es que la capacidad
recaudatoria está en manos de las
diputaciones, de diferente signo político y
con las que el Gobierno vasco no llega a un
acuerdo. Aragón (PP), por su parte, tiene
posibilidad de maniobra tanto en recortes
como en ingresos.
» La Rioja, Navarra y Canarias, con la mayoría de
los deberes hechos en cuanto a ajustes, son
las otras tres comunidades que no han
implantado el céntimo sanitario, que no se
plantean el copago y que están muy cerca de
cumplir el objetivo del déficit. Las tres
sostienen que las cuentas del Estado no
coinciden con las propias y que, salvando
esas diferencias y manteniendo la
contención, no precisarán más medidas.
» Galicia está en otra tesitura. Roza ya el
objetivo del déficit con los recortes a
funcionarios, la supresión de organismos y
algunas tasas sanitarias, como la obligación
de pagar 10 euros por renovar la tarjeta
sanitaria o el cobro de la atención médica a
los inmigrantes que lleven menos de seis
meses empadronados. Aun así, el presidente
de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (PP), ha
lanzado la propuesta de aumentar el
porcentaje que los usuarios de la sanidad
pública pagan por los medicamentos con
receta, cobrándoles en función de la renta.
» Madrid, única comunidad que cerró 2011 con un
déficit por debajo del permitido, ha
adelgazado la estructura del sector público
eliminando, entre otras cosas, siete de sus
15 consejerías; ha reducido su personal
eventual en casi un 15%; ha eliminado o
enajenado 108 organismos; ha aumentado la
jornada laboral de algunos de sus
funcionarios; ha penalizado las bajas por
enfermedad y ha suprimido 2.000 liberados
sindicales. Pero su presidenta, Esperanza
Aguirre (PP), no descarta nuevos ajustes y
nuevos ingresos a través de la privatización
del 49% del Canal de Isabel II, prevista
para antes de verano y con el que se
aventuran unos beneficios de 4.000
millones.
www.elpais.es 19.03.12
C. VALENCIANA: DECENAS DE MILES DE PERSONAS
PIDEN LA DIMISIÓN DE LA DELEGADA DEL
GOBIERNO
Las masivas manifestaciones de los sindicatos
contra los recortes de la Generalitat.
Transcurren sin incidentes y critican a Sánchez de
León y las cargas policiales contra los
estudiantes
Las múltiples protestas, concentraciones y cargas
policiales de las últimas semanas no han
hecho mella en la voluntad reivindicativa de
la gente, a juzgar por las multitudinarias y
pacíficas manifestaciones que han tenido
lugar este sábado en Valencia, Alicante y
Castellón. Parece más bien al contrario.
Decenas de miles de personas han desfilado en
Valencia detrás de la pancarta que portaban
los representantes de los principales
sindicatos con el lema No a les retallades
dels serveis públics, depuració de
responsabilitats en el Consell. La
manifestación forma parte de las
movilizaciones programadas desde hace un
mes, pero el recorrido por la calle de
Colón, justo por delante de la sede de la
delegación del Gobierno en Valencia,
reconvirtió las consignas en un grito
unitario: Delegada, dimisión. Las recientes
cargas policiales contra los estudiantes
estaban muy presentes entre los
manifestantes. No en vano, las imágenes han
dado la vuelta al mundo.
Cuando pasaban por delante del edificio de la
Seguridad Social (sede temporal de la
delegación por obras en el Palau del Temple)
empezaban a corear el Delegada, dimisión. Lo
hacían sindicalistas, padres y madres,
jóvenes, personas de avanzada edad y niños.
Y así durante alrededor de dos horas que
tardó en llegar la cola de la marcha, que
partió puntual desde un poco antes de llegar
a la plaza de San agustín por la gran
multitud agolpada, precisamente desde el
Instituto Lluís Vives, el epicentro de las
protestas estudiantiles.
Hubo muchos representantes de la comunidad
educativa, también batas blancas de médicos
y enfermeros
La marcha tuvo un carácter lúdico y no se
registraron incidentes. Hubo muchos
representantes de la comunidad educativa,
también batas blancas de médicos y
enfermeros, y funcionarios en su mayoría.
Las pancartas aludían a la necesidad de
mantener una escuela y sanidad públicas de
calidad. Otras se referían a un particular
I+D+I,(Injusticia, Despotismo, Indignación),
la actualidad internacional (Si os hacéis
los suecos, nos hacemos los griegos) o a la
metodología pedagógica (Lluitam també estem
estudiant).
Uno de los momentos más curiosos fue cuando un
chico y una chica cantaron dos albaes frente
a la delegación de Gobierno. La gente calló
para escuchar a la asociación de la Safor
Rebrot que cantaban sobre los recortes en
educación y sobre cómo han "calentat" a los
estudiantes. Y a continuación rompió en
aplausos y continuó con el Delegada,
dimisión.
Los sindicatos evaluaron en 200.000 la
participación en la manifestación de
Valencia. Los reponsables de UGT-PV, Conrado
Hernández, de CC OO, Paco Molina, C·SIF,
Daniel Matoses, CEMSATSE y ANPE de la
Comunitat, Andrés Cánovas, pidieron, además
de la dimisión del consejero de Hacienda,
José Manuel Vela, que se retirara el decreto
de recortes y que la Generalitat establezca
una negociación, La periodista Xelo Miralles
leyó el manifiesto final,en el que también
se denunciaba las cargas policiales.
En Alicante, los sindicatos no han dudado en
calificar la manifestación de esta tarde
como la más masiva desde las que No a la
Guerra. Alrededor de 60.000 asistentes,
según los sindicatos, y 30.000 en cifras de
la Policía Nacional, han recorrido durante
más de dos horas las calles del centro de
Alicante, desde la avenida de la Estación
hasta la Rambla de Méndez Núñez. Carteles,
pancartas, recortables caseros, pegatinas,
música, pitos y muchas consignas contra la
corrupción, los recortes y las cargas
policiales de Valencia han protagonizado
esta marcha.
También se han exhibido muchas referencias a la
carga policial contra los estudiantes de
Valencia y muchas pancartas usaban la
palabra “enemigo” y “chorizo”. Tu mala
gestión la pago yo, Ave Fabra Analfabeturi
te saluda, Todos somos Grecia o el ya
clásico No hay pan para tanto chorizo se
leían en las pancartas junto a las que
reclamaban una escuela pública de calidad o
una sanidad pública con recursos .
En la lectura del manifiesto, que se ha tenido que
releer en diversas ocasiones por la
paulatina llegada de los ciudadanos al final
de la protesta, se ha condenado la carga
policial de Valencia a los estudiantes del
IES Lluís Vives, entre aplausos y gritos de
“somos el pueblo, no el enemigo" y se han
escuchado peticiones de dimisión para la
delegada del Gobierno en la Comunidad
Valenciana, Paula Sánchez de León. También
se han escuchado gritos a favor de una
huelga general.
Entre los manifestantes se han visto muchas
familias con niños, muchos estudiantes y
personas mayores también. Y las pancartas
muestran que los manifestantes han llegado
desde toda la provincia de Alicate:
Benidorm, Santa Pola, Elda, Sant Vicent del
Raspeig, San Miguel de Salinas, son algunos
de los puntos que se identificaban en los
carteles.
Los sindicatos han calificado la manifestación de
Alicante como la más masiva desde No a la
Guerra.
En Castellón, los empleados públicos no están
dispuestos a pagar por la gestión del
Gobierno valenciano. Mmiles de funcionarios
salieron de nuevo a protestar en Castellón
tras el lema ‘No a los recortes en los
servicios públicos, depuración de
responsabilidad en el Consell’. No se
corearon gritos pero todas las pancartas
dejaban claro que no quieren pagar las
consecuencias de lo que consideran un
“malgasto” de los fondos. “Es necesaria una
depuración de responsabilidades por el
derroche porque nosotros no hemos creado el
problema, aunque ahora lo estamos pagando,
hay que ir a la raíz del malgasto”, denunció
David Vicent, presidente de la junta de
personal sanitario de Castellón.Toni, vecino
de Alcossebre, no es funcionario pero
también se sumó a la marcha. “Estamos
defendiendo lo que se nos debe, mi mujer es
funcionaria y lo que pedimos es de justicia,
si es que hay”, defendía.
Los protagonistas de las protestas fueron los
centros educativos. Docentes, padres y
alumnos de colegios e institutos de
distintos puntos de la provincia acudieron a
la cita. Muchos de ellos denunciaron también
el gasto del Consell en infraestructuras
como el aeropuerto. Es el caso del IES
Porcar cuyos profesores portaban una
pancarta con el lema ‘Nuestro futuro está en
el aire’. “No podemos consentir que no se
pague el comedor de nuestros niños”, añadía
una profesora del CEIP Blasco Ibáñez.
También acudieron trabajadores del Hospital
La Plana de Vila-real y el Hospital
Provincial de Castellón, entre otros. “El
decreto nos afecta de lleno, pero también a
la asistencia, porque los recortes se
manifiestan en hechos como que no se cambien
las sábanas todos los días”, decía Amalio.
La manifestación finalizó frente al Ayuntamiento
de Castellón tras dos horas de protestas por
las calles de la ciudad.
www.elpais.es 26.02.12
LOS PRESUPUESTOS SANITARIOS DE LAS COMUNIDADES BAJAN
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO
El gasto por persona se reduce un 10,4%
Hospitales que dejan de operar por la tarde.
Centros de salud cerrados en sábado.
Urgencias saturadas por falta de personal.
Escasez de material. Los presupuestos
sanitarios de las comunidades autónomas, que
nunca estuvieron muy boyantes, acusan este
año un nuevo recorte. En dos años, las
partidas destinadas a sostener hospitales y
ambulatorios se han reducido en un 8,7%. La
mayor bajada en décadas. La sanidad española
funciona ahora con unos 5.000 millones menos
que en 2010. Sindicatos y expertos alertan
de que los ajustes empiezan a pasar factura
a la calidad asistencial. La sanidad
pública, uno de los servicios esenciales
mejor valorados, corre el riesgo de
deteriorarse hasta quedar irreconocible.
El principal mordisco se lo ha llevado el capítulo
de personal. Por un lado están las bajadas
de sueldo —que se suman a la reducción del
5% decretada por el Gobierno central— que
las comunidades aplican al dejar de abonar
complementos o formación. Además, han
ampliado la jornada a los profesionales, lo
que se traduce en menos contrataciones de
personal interino y eventual, según un
informe sobre la reducción de presupuestos
sanitarios de CC OO. La mayoría de las
regiones tampoco cubren las bajas de
médicos, enfermeras o celadores. El
resultado es que hay menos profesionales
para atender a las mismas (o más) personas.
“Ya no se contrata a nadie. Y va a ser peor.
Las vacaciones de este año pueden ser un
auténtico caos”, alerta el secretario
general de la Federación de Sanidad de este
sindicato, Antonio Cabrera.
Las autoridades, sin embargo, niegan que los
ajustes se traduzcan en problemas de
asistencia. “No cerramos centros, no
reducimos servicios. Lo único que hemos
pedido es un esfuerzo adicional a los
profesionales con ampliación de la jornada”,
esgrimía hace unos días Antonio Sáez,
consejero de Sanidad de Castilla y León.
Allí los médicos han anunciado
movilizaciones contra los ajustes que,
dicen, deterioran el sistema.
El descenso de la financiación se aprecia también
en el gasto por habitante, que se ha
reducido un 10,4% de media en dos años. En
cifras absolutas, y si cumplen los cálculos,
las administraciones gastarán de media 1.204
euros por persona este año, frente a los
1.344 de 2010, según datos de la Federación
de Asociaciones para la Defensa de la
Sanidad Pública (FADSP), que no incluyen la
dotación de Castilla-La Mancha, aún sin
presupuesto aprobado para 2012. La poda
acentúa las diferencias entre autonomías.
País Vasco, por ejemplo, dedica a sanidad
casi 600 euros más por persona que la
Comunidad Valenciana.
Hay hospitales que limitan hasta el uso de las
vendas, según los sindicatos
Desde la consejería de Sanidad valenciana afirman
que, pese a la reducción, se dedica más del
40% del presupuesto autonómico a sanidad. Y
a los ajustes suman un paquete de medidas
“de eficiencia” con el que planean ahorrar
440 millones de euros. “Las iniciativas no
repercutirán negativamente en la calidad de
la sanidad”, asegura una portavoz.
El Gobierno de Castilla-La Mancha, que, asfixiado
por la deuda, ha entregado mediante
concesiones cuatro hospitales al sector
privado, afirma que están tomando medidas
para sostener la sanidad. “Se ahorra en lo
que se puede, con esfuerzo en reorganizar
mejor”, dice un portavoz del servicio
castellanomanchego de salud.
Pero lo cierto es que los ajustes no se limitan al
personal y a fomentar la eficiencia. Las
consejerías también tratan de rascar euros
en la adquisición de todo tipo de material.
Las compras de tecnología sanitaria se han
reducido un 15%, según Fenin, la patronal
del sector. Margarita Alfonsel, su
secretaria general, explica que hay menos
concursos públicos y menos compras directas
de los hospitales. “Además, la sustitución
de material —desde ecógrafos hasta aparatos
de radiología— se está retrasando, a veces
incluso hasta agotar la vida útil de los
dispositivos, algo que antes no sucedía”,
añade. Antes se cambiaban; ahora se
reparan.
El ahorro llega hasta materiales tan aparentemente
triviales como las gasas y las vendas. El
sindicato de enfermería Satse denuncia que
en hospitales gallegos se ha restringido el
uso de apósitos y que, donde los hay en
abundancia, son de menor calidad. “No hay
presupuesto ni para un ratón de ordenador
por lo que se lo han tenido que traer de
casa”, dicen los representantes del
sindicato en el hospital Meixoeiro de Vigo.
El gasto farmacéutico, un pozo sin fondo para las
comunidades, se ha convertido en objetivo de
nuevos ajustes. Cataluña prevé cobrar un
euro por receta a partir de mayo. Y en
Valencia se formó un revuelo a finales de
enero cuando el programa informático dejó de
incluir como financiados mucolíticos y
laxantes, para sorpresa de los médicos. La
consejería, sin embargo, asegura que lo
ocurrido nada tiene que ver con los
recortes, sino con la aplicación de un
decreto estatal previo.
Para el presidente de la Organización Médica
Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, los
ajustes pueden tener consecuencias “muy
graves”. “Recortar en un sistema de salud
que ya es bastante barato [está por debajo
de la media de la OCDE], es peligroso”,
dice. Teme que el resultado de aplicar la
tijera “indiscriminadamente” dañe la calidad
asistencial. “En Cataluña, donde el ajuste
ha sido grande, ya se nota”, alerta. En esa
comunidad, donde el presupuesto ha caído un
12%, las listas de espera han aumentado en
dos años un 23%.
José Ramón Repullo, jefe de Planificación y
Economía de la Salud en la Escuela Nacional
de Sanidad, apunta otra reducción
importante: “Lo destinado a inversión se ha
desplomado”. En Andalucía, Aragón o Galicia
ha caído más del 40% (datos de 2011).
Repullo alerta, además, de que los
presupuestos iniciales no se cumplirán.
“Normalmente se gasta un 3% o un 4% más de
lo presupuestado”, dice. Madrid, por
ejemplo, en 2009 tuvo que añadir 1.000
millones más a su cálculo inicial.
Esa infrafinanciación es uno de los problemas
crónicos de la sanidad española. Y con los
recortes se agudiza. Los hospitales públicos
deben unos 11.600 millones de euros en
fármacos y materiales sanitarios. Facturas
que algunas comunidades tardan más de 800
días en saldar. La situación ya a principios
de año, cuando las arcas públicas suelen
estar menos esquilmadas, es grave; y los
expertos calculan de que irá a peor. Los
proveedores farmacéuticos advierten que como
la situación no cambie el suministro de
medicamentos "está en riesgo".
Para Alejando Laguna, secretario general de Satse,
el sistema está bajo mínimos. Critica que
gran parte de la poda haya sido en personal:
“Los profesionales tenemos vidas de personas
en nuestras manos. Cada euro hurtado al
sistema repercute gravemente en la
asistencia que ofrecemos”.
www.elpais.es 19.02.12
C. A MADRID : LOS FORMADORES DE DESEMPLEADOS NO COBRAN DESDE MAYO
Aguirre debe más de 50 millones a las empresas de cursos
profesionales
La de Luis es una historia de estrecheces.
En los últimos seis meses, Luis (que pide
figurar sin apellidos ni más datos) condujo
160 kilómetros diarios para trabajar 11
horas de sol a sol, comió en su coche y se
mudó a un piso compartido en el que pagaba
300 euros mensuales. Se apretó el cinturón
tanto que, asegura, no tenía "ni los 35
céntimos" que cuesta un café de máquina. "La
mitad de los días comía arroz y fiambre de
pavo de bolsa", revela este profesor con dos
carreras y un máster. El suyo sería un
testimonio más de la crisis que nos ha
tocado vivir. La peculiaridad de Luis -que
trabajó todo ese tiempo sin cobrar ("ya no
tenía a quién pedir más dinero prestado")-
es que su empleo es la formación de parados,
con 623.300 desempleados en Madrid, tras el
incremento del 8,77% en 2011. Y un apunte
más: el dinero de su sueldo proviene de las
arcas de la Comunidad de Madrid, que lleva
desde mayo sin abonar ni un euro a las
empresas de formación de desempleados.
Adeuda, según admite la Consejería de
Economía y Hacienda, unos 50 millones en
facturas.
Como Luis, había otros 5.000 trabajadores en
800 empresas hasta diciembre. "La plantilla
se ha reducido a menos de la mitad", señala
un portavoz de la Asociación Madrileña de
Empresas y Centros de Formación (Amacfor),
que denunció la situación. El diputado
socialista Antonio Carmona, que llevará una
iniciativa a la Asamblea de Madrid, eleva a
100 millones la deuda por impagos de años
anteriores. "A cualquier familia, a
cualquier empresa madrileña, se le exige
pagar la cuota del banco, pagar la factura
de la luz y pagar los impuestos", señala el
diputado. "Sin embargo, la Comunidad no
paga".
Economía admite "un problema de pago", según
el citado portavoz, que lo achaca al cambio
de ubicación del Servicio Regional de
Empleo. En la reestructuración del Gobierno
tras las últimas elecciones autonómicas de
mayo, este servicio pasó a depender de la
Consejería de Educación, junto con toda la
cartera de Empleo. "Eso produjo un desfase y
problemas técnicos que han demorado los
abonos", según el portavoz de la Comunidad,
que prometió una reunión con los afectados
"esta semana" para "establecer un calendario
de pagos". Carmona les acusa de "ocultar
deuda" en forma de "facturas no pagadas y no
contabilizadas como déficit".
El formador Luis, que ahora duerme más
tranquilo, se plantó y acudió a Magistratura
hace unas semanas para denunciar los
impagos. Le han abonado la mitad de lo que
le deben. Desconfía de que le vuelvan a
llamar en la empresa de formación tras su
denuncia. "Me conformo con que la Comunidad
se preocupe de si hemos desayunado o no,
esto ha sido una infamia".
www.elpais.es 01.02.12
C. VALENCIANA: LA GENERALITAT DEBE 2.000 MILLONES A LOS
AYUNTAMIENTOS Y LES OFRECE 20
Fabra pide a los cargos del PP que expliquen a los ciudadanos los
recortes
El presidente de la Generalitat y líder de
los populares valencianos, Alberto Fabra,
aprovechó en la tarde de ayer la reunión de
la Junta Directiva Provincial del PP de
Alicante para intentar congraciarse con los
alcaldes, sobre todo los titulares de las
pequeñas y medianas Corporaciones. El jefe
del Consell anunció una partida de 20
millones de euros para que estos
Consistorios puedan hacer frente al pago de
deudas y fomentar de empleo.
El jefe del Consell no aclara de dónde sacará el dinero para los
Consistorios
Fabra se escuda en la merma de ingresos para justificar el recorte
No obstante, la deuda de la Generalitat
valenciana con estas Corporaciones asciende
aún a los 2.000 millones por obras del Plan
Confianza, y muchos Ayuntamientos han tenido
que privatizar servicios sociales o
eliminarlos ante el impago de las
subvenciones comprometidas por el Consell.
Fabra tampoco aclaró de dónde sacará esa
partida extra para reflotar las arcas de las
pequeñas Corporaciones valencianas.
El presidente aprovechó la reunión para
hacer un llamamiento a los cargos del
partido a que salgan a la calle "y
expliquen" a los ciudadanos "la oportunidad
y necesidad" de los recortes que ha aplicado
el Gobierno valenciano. El jefe del Consell
desgranó, una a una las medidas adoptadas en
las últimas semanas, y anunció otras como,
la partida destinada a los Ayuntamientos.
Fabra mantendrá encuentros similares con las
juntas directivas provinciales del PP de
Valencia y Castellón.
El encuentro de Alicante, que se prolongó
por espacio de una hora, incluyó una
alocución de Fabra en la que justificó las
iniciativas de Ejecutivo. A continuación, se
abrió un turno de intervenciones, en el que
tomaron la palabra cinco personas. "Todas
las intervenciones fueron en la línea de
respaldar las propuestas del presidente",
señalaron fuentes populares.
Alberto Fabra dejó en manos del secretario
general regional, Antonio Clemente, y del
presidente provincial de Alicante, Miguel
Ortiz, la explicación a los periodistas del
contenido de la reunión. No obstante, en un
acto previo celebrado por la mañana en la
sede del Consell en Alicante, Fabra ya dejó
entrever las líneas generales de su
posterior intervención ante los dirigentes
provinciales del PP de Alicante. "Los
políticos deben saber explicar a los
ciudadanos el porqué de las medidas
económicas y el tiempo que estarán
vigentes", dijo. "El porqué de los recortes,
unido a la necesidad de que todos arrimen el
hombro, permitirá a los ciudadanos entender
la actual situación para que podamos salir
de ella cuanto antes", añadió.
Clemente también resaltó este llamamiento de
Fabra a los cargos del PP. "Nos ha pedido
que hagamos un esfuerzo pedagógico, tanto
institucional como personal, para explicar
las medidas adoptadas", aseveró. "Y todo con
el objetivo de mantener alto el orgullo de
la Comunidad Valenciana", añadió.
El secretario regional de los populares
valencianos aseguró que Fabra hizo hincapié
en que el grueso de la actual deuda del
Consell (unos 18.000 millones según sus
cálculos, aunque en realidad asciende a
22.000) se debe a "la infrafinanciación" que
ha sufrido la Comunidad Valenciana en los
últimos años. "Tenemos unos ingresos de 2004
y unos gastos de 2012", explicó. Clemente
también destacó que otra parte de esa deuda
tiene su origen en la inversión. "En los
últimos años se han construido ocho
hospitales, 90 centros de salud y 600
colegios", señaló.
El dirigente popular insistió en que los
recortes no han afectado a la espina dorsal
del Estado de bienestar en la Comunidad
Valenciana. "Los servicios básicos se
mantienen, y en el actual presupuesto, de
cada 100 euros 84 se destinan a Bienestar
Social", recalcó. Clemente también se
refirió a las medidas de austeridad
adoptadas por el Ejecutivo valenciano, como
la reducción de empresas públicas.
www.elpais.es 01.02.12
C. VALENCIANA : DECENAS DE MILES DE PERSONAS SALEN
A LA CALLE CONTRA EL TIJERETAZO
La manifestación pasa por la casa de Camps al
grito de "culpable y corrupto"
Muchas batas de médicos, enfermeras, celadores,
fisioterapeutas; muchas pancartas de
institutos; muchos profesores; muchos
administrativos, muchos funcionarios e
interinos, trabajadores de la función
pública. Decenas de miles de personas
(190.000, según los organizadores) salieron
ayer a las calles de Valencia, Alicante y
Castellón convocados por los sindicatos para
protestar por los recortes sociales
aplicados por el Gobierno de Alberto Fabra.
Para marchar juntos en contra del
tijeretazo. A él aludían las pancartas que
sobrevolaban las cabezas o los adhesivos que
se pagaban en las chaquetas y que adquirían
las formas de unas grandes tijeras.
Como las que recortarán en 400 euros al mes el sueldo de un
grupo de enfermeras del Hospital Rector
Peset de Valencia, que portaban el cartel: "Los
recortes en la sanidad matan". O las que
segarán 1.200 euros del salario mensual de
Javier, un médico con más de 30 años de
experiencia.
La manifestación más numerosa fue la de Valencia, cuya cola
tardó más de hora y media en salir de la
plaza de San Agustín, provocando un gran
colapso de tráfico en la ciudad. Fue tan o
más masiva que la manifestación del pasado
sábado contra los recortes en la educación.
"Un poble ignorant és fàcil d'enganyar",
rezaba una pancarta que recibía en el
Instituto de Lluís Vives a los miles de
personas que se incorporaban a la marcha que
se dividió en dos itinerarios. El primero
pasó por delante de la casa de Francisco
Camps "al grito de culpable y corrupto".La
segunda parte discurrió también por el
centro, pero por la calle de San Vicente de
Valencia. Ambas finalizaron frente el Palau
de la Generalitat, en la plaza de la Virgen,
y estaban encabezadas por una gran pancarta
con el lema No a los recortes de los
servicios públicos. Sí a la depuración de
responsabilidades en el Consell. La
portaban los responsables de los principales
sindicatos UGT, CC OO, Intersindical
Valenciana, CSIF y CEMSATSE y el cordón de
seguridad de los propios convocantes estaba
formado por policías locales sin uniformes
que también se manifestaban. La organización
estimó en torno a las 100.000 personas la
asistencia a la marcha de Valencia.
La situación no estaría tan mal si los chorizos
devolvieran el pan, rezaba una pancarta, en cuyo reverso se leía Barbaritat
Valenciana como el logo de la
Generalitat. Sense innovació no hi ha
solució, decía otra que llevaban
investigadores y técnicos de los 14
institutos tecnológicos de la Comunidad
Valenciana a los que el Consell "adeuda 57
millones".
Varios fisioterapeutas incidían en los efectos de los recortes
en los ciudadanos al reducirse guardias,
médicos de urgencia y distintos servicios, y
no tanto en el 10% o 15% que dejarán de
cobrar. Además, "¿por qué en la época de
vacas gordas apenas nos subieron los sueldos
y en las vacas flacas nos los bajan tanto?",
se preguntaba una.
Los trabajadores de RTVV protestaban por el ERE previsto y por
"la pésima gestión" al ritmo de la canción
A guanyar diners, a on estan, a on estan,
que popularizó Monleón, con paella rusa
incluida cuyos ingredientes eran los rostros
de Camps, El Bigotes, Pedro García o Correa.
La periodista de Canal 9 Xelo Miralles leyó el manifiesto
final que criticaba "el paquete de recortes
que supone una gran agresión a los servicios
públicos". "Nos han quitado 10.000 millones
de la forma más fácil, recortando salarios y
personal. Que se depuren todos los cargos
culpables de estos actos", dijo. Entre los
manifestantes se vieron numerosos políticos
de izquierda como el líder de los
socialistas Jorge Alarte, el de Compromís,
Enric Morera, o el diputado de Esquerra
Unida, Ignacio Blanco.
No hay pan para tanto chorizo
y Camps cochino trabaja de interino
fueron algunas de las consignas más coreadas
en la multitudinaria manifestación de
Alicante. "Estamos hasta las narices, no
puede ser que tanto despilfarro de estos
años ahora lo paguemos los funcionarios y
los trabajadores", comentaban un grupo de
enfermeras que esperaban sumarse a la
protesta.
Y es que si el sábado en defensa de la Educación hubo gente
(40.000), anoche hubo incluso un poco más.
Durante una hora y media estuvo saliendo
gente desde las escaleras del IES Jorge
Juan. La Policía Nacional cifró en 40.000 el
número de asistentes, y los sindicatos en
60.000.
Muchos colectivos, cansados de esperar para poder iniciar la
marcha, se iban incorporando por el carril
izquierdo. Desfilaron miles de alumnos y
profesores, pero también se vieron a
profesionales sanitarios y mucha gente a
título personal que decía "estamos hartos,
esto no puede ser".
Más de 10.000 personas según la Policía Local (30.000, según
la organización) colapsaron el centro de
Castellón en la manifestación contra los
recortes del Consell. La protesta, a la que
asistieron profesores y alumnado de varios
colegios e institutos de la provincia y
profesionales sanitarios, entre otros
colectivos, partió a las seis y media de la
tarde desde la plaza de la Diputación y una
hora después aún no había podido salir la
cola. También hubo críticas para el
aeropuerto de Castellón, lanzándose aviones
de papel durante toda la marcha. Los
tijeretazos y los impagos llevaron a miles
de personas a salir a la calle.
"Estoy en un centro de secundaria, soy profesora de idiomas y,
aunque se nos ha retribuido el segundo
cuatrimestre, si seguimos así acabaremos en
números rojos", explicó Teresa, quien
destacó que en su centro llevan meses sin
cubrir las bajas.
También salieron a la calle los profesionales sanitarios. Una
celadora del hospital Provincial denunció
que no se cubren las bajas y que en su
departamento falta una decena de gente. "Me
parece una vergüenza el decreto cuando han
sido ellos quienes se han gastado el
dinero", dijo. María Teresa, veterinaria de
la inspección pecuaria de Sant Mateu,
destacó que a todo el personal interino "se
le ha reducido de 40 a 25 horas" la jornada.
"Nosotros vigilamos las explotaciones y
velamos por la sanidad alimentaria, esto es
un riesgo para todos", añadió.
www.elpais.es 27.01.12
C. A GALICIA.
EL PRECIO DE LAS GUARDERÍAS SUBIRÁ UN 19%
PARA EL PRÓXIMO CURSO
Feijóo avala la privatización de los centros
para una gestión "más eficiente"
El programa electoral con el que Alberto
Núñez Feijóo llegó a la Xunta en 2009
prometía no solo cumplir sino incluso
"superar el objetivo que fija la Unión
Europea" de ofrecer 33 plazas en guarderías
públicas por cada cien niños de hasta tres
años. Para alcanzar la ratio que recomienda
la normativa comunitaria, faltan 2.200
plazas (que sumar a las 2.100 actuales) en
escuelas infantiles. Feijóo añadió ayer
letra pequeña a aquella biblia de campaña.
Reveló que el decreto aprobado horas antes
en el Consello de la Xunta establece una
"actualización" que incrementará los precios
un 19% de media en los tramos que cobra en
función de las rentas familiares.
"El transporte es público y el chófer no es
funcionario", dice el presidente
Alega que cada plaza cuesta 500 euros
mensuales a la Administración
Según explicó el presidente, ese aumento del
pago que deberán afrontar los padres entrará
en vigor el próximo curso en los centros que
gestiona el Gobierno gallego. La norma
faculta, sin embargo, a los ayuntamientos a
encarecer los precios de sus guarderías que
no están en la red del Consorcio de Servizos
Sociais este mismo año con el curso empezado
y sin límite alguno siempre que tampoco
reciban subvenciones de la Consellería de
Benestar para este concepto.
Cuando entre en vigor -previsiblemente a
mediados de febrero- será cada alcalde
siempre el que fije sin límite el coste del
comedor de estos centros, a diferencia de lo
que sucede ahora, que se rige por la misma
tabla de precios que fijaba el Gobierno
gallego. Según explicó Feijóo, el decreto en
ese punto se produce tras una reclamación
unánime de la dirección de la Federación
Galega de Municipios e Provincias, donde hay
representantes de PP, PSdeG y Bloque. El
presidente alegó que el encarecimiento del
19% que propone para las escuelas de la
Galiña Azul que gestiona la Xunta no
compensa el 27% de subida del IPC desde
2002, última anualidad en que se actualizó
el importe de los centros infantiles.
Explicó que "las rentas familiares
inferiores a 1.200 euros, que son el 50% de
los usuarios", no sufrirán incremento alguno
y que se mantienen las bonificaciones del
20% para familias numerosas.
En el mayor de los tramos de salario, las
rentas familiares de más de 3.500 euros, el
coste por niño sumará 230 euros (incluidos
70 por el comedor). El presidente se esforzó
en explicar que los usuarios cubrirán con
las futuras tasas el 18% del coste del
servicio cuando hasta ahora solo aportaban
el 13%.
Feijóo también dio a entender que la
privatización de las guarderías no tiene
vuelta atrás. Que no hay otro camino para
alcanzar las 4.500 plazas de escuelas
infantiles (actualmente hay 2.100 y está
previsto que este año se pongan en
funcionamiento otras 1.000) que entregar su
gestión a empresas privadas como las que ya
van a hacerse cargo de los centros de
Monteporreiro en Pontevedra, Carballo y
Betanzos durante las próximas semanas.
El sindicato CIG alertó en las últimos días
de que otras 17 escuelas infantiles seguirán
el mismo rumbo y el presidente no se esforzó
es desmentir al sindicato nacionalista. Muy
al contrario, defendió que su Ejecutivo
parte de un modelo de gestión indirecta que
contemplaba ya la ley que aprobó el
bipartito de PSOE y BNG. Y que "los
servicios públicos no se miden en función
del número de nóminas que paga la Xunta sino
de los ciudanos que los usan". De hecho
aseguró que mientras guarderías privadas
ofrecen plazas a 300 euros en el mercado
libre, las públicas cobran 500 euros a la
Administración de los que el usuario paga
160 euros como máximo. "Hay que hacer
confluir esos precios", defendió, dejando
entrever que las condiciones laborales de
los trabajadores de esos centros no son una
preocupación de la Xunta, siempre que se
atengan al convenio del sector.
Comparó ese servicio con "el transporte que
también es público por más que los
conductores no sean funcionarios" y dijo que
su Ejecutivo se reserva el derecho de tutela
sobre el funcionamiento de las guarderías:
"Han de cumplir los mismos requisitos las
concertadas que las públicas". Y añadió por
último que las guarderías no tienen siquiera
la calificación reglada.
www.elpais.es
20.01.12
LOS RECTORES RECLAMAN EL PAGO DE LAS DEUDAS A LAS UNIVERSIDADES
Los retrasos en los pagos por parte de
varias comunidades están ahogando a algunos
campus públicos, según los rectores. Los
responsables de más de 70 universidades
españolas, reunidos ayer en Salamanca en la
Asamblea General de la Conferencia de
Rectores (CRUE), reclamaron el pago de esas
deudas "para poder seguir trabajando". "No
podemos permitir que los problemas de
financiación deterioren el sistema", dijo la
presidenta de la CRUE, Adelaida de la Calle.
El vicepresidente de la CRUE y rector de la
Politécnica de Valencia, Juan Juliá, aseguró
que Castilla-La Mancha y Cataluña existen
algunos problemas de liquidez, pero que las
dificultades más graves se deben a los
recortes del presupuesto. Sin embargo, en la
Comunidad Valenciana es al revés: las
cuentas no han bajado tanto, pero la
Generalitat debe a las cinco universidades
públicas de la región dos mensualidades de
su presupuesto, es decir, 197 millones de
euros. A eso, continúa, "se suman otros 600
millones de deuda histórica".
Adelaida de la Calle dijo que las
universidades públicas están asumiendo
razonablemente los recortes -de unos 300
millones de euros, según calcularon los
rectores el año pasado-, pero la falta de
liquidez puede dañar seriamente los campus.
Existe "una verdadera preocupación",
concluyó la rectora.
LOS RECORTES DEL CONSELL: SITUACIÓN LÍMITE EN LA
ENSEÑANZA
Ultimátum de los centros de Secundaria al Consell
por la deuda - Corte de luz en un instituto
de Alicante por falta de pago
La deuda de la Generalitat ha llevado a la educación pública a
la asfixia. La situación de los centros
públicos es desesperada porque no pueden
afrontar los gastos que genera la propia
dinámica del servicio que prestan. El caso
del centro de Secundaria Jorge Juan de
Alicante, al que ayer le fue cortada la luz
porque no había podido pagar el servicio
desde octubre debido a que no recibe los
ingresos de la Consejería de Educación,
marcó el rumbo que se pueden ver obligados a
seguir la mayoría de los institutos de la
Comunidad Valenciana.
Los directores de los centros de Secundaria celebraron ayer
asambleas en las tres capitales de provincia
para analizar la dramática situación a la
que se han visto abocados por la delicada
situación financiera del Gobierno
valenciano. En respuesta, dieron un
ultimátum al Consell para que abone los dos
cuatrimestres de 2011 que les debe (32,5
millones), que expira el martes. Si el
Consell incumple de nuevo, se abre un
escenario de movilizaciones. Los más de 40
centros de Secundaria de Castellón ya han
dado un paso en esa dirección y la próxima
semana llevarán a cabo encierros como medida
de presión.
Esta situación, agravada por los recortes del Consell, han
avivado las protestas que los profesores.
Ayer la Plataforma en Defensa de
l'Ensenyament Públic, un colectivo integrado
por la Federación de Asociaciones de Padres
y Madres de Alumnos (FAPA) y los principales
sindicatos de educación, anunció la
convocatoria de una manifestación para el
próximo sábado, en Valencia y Alicante, para
denunciar la situación que atraviesa el
sistema público .
Pero las consecuencias de la deuda del Consell no paran ahí.
También comprometen el funcionamiento del
sistema universitario valenciano. Las cinco
universidades públicas de la Comunidad (Universitat
de València, Universitat Politècnica de
València, Universidad de Alicante,
Universidad Miguel Hernández de Elche y
Universitat Jaume I de Castellón) hicieron
frente común ayer para denunciar que los
impagos del Gobierno valenciano las están
llevando "a una situación límite que puede
poner en riesgo la prestación del servicio
público de educación superior".
www.elpais.es 18.01.12
GALICIA INICIA LA PRIVATIZACIÓN DE SU RED DE
GUARDERÍAS
El centro infantil de Pontevedra costó 800.000 euros al
Ayuntamiento de Pontevedra -gobernado por el
nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores-
que asumió el coste de su construcción, los
muebles y el resto del material. Lleva un
año vacío a la espera de que la Xunta
contrate al personal. Tras remolonear
durante ese tiempo, el Diario Oficial de
Galicia publicó ayer el anuncio de un
concurso por el que pagará 763.805 euros
cada dos años a una empresa que asumirá su
gestión.
Desde el Gobierno gallego aseguran que es la falta de fondos
la que propicia la privatización (con este
sistema prevén ahorrar en las nóminas del
personal, serán contratos laborales de los
que la Xunta se desentiende) y admite que
otras cinco guarderías seguirán el mismo
camino en las próximas semanas. El sindicato
nacionalista CIG teme que sean 17 y que el
Ejecutivo de Feijóo desmantele la red
pública iniciada con el Gobierno anterior.
www.elpais.es 18.01.12
ALICANTE SE MOVILIZA CONTRA EL RECORTE DEL BONO
DEL AUTOBÚS PARA JUBILADOS
Las críticas generalizadas obligaron ayer al
equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Alicante a salir públicamente en defensa de
su decisión de recortar los viajes gratuitos
en autobús a los jubilados. De poco sirvió.
Los representantes de 11 asociaciones de
vecinos de Alicante, principalmente de las
zonas más desfavorecidas de la ciudad,
anunciaron tras reunirse con el concejal de
Tráfico, Juan Seva, su determinación de
luchar contra una medida que perjudica a los
más débiles. Los portavoces de las
asociaciones anticiparon la presentación en
unos días de alrededor de 5.000 firmas
contra la medida pero también se mostraron
dispuestos a acudir a protestar ante el
pleno del próximo 27 de enero para
manifestarse y a buscar aliados en su lucha.
Y dejaron claro que no van a cejar en su
intento.
La oposición exige la retirada de las
medidas que dañan a los más débiles
Los representantes de las asociaciones
vecinales salieron decepcionados y enfadados
de la reunión mantenida con Seva, dado que
este no les dio opción alguna para defender
su postura o negociar cambios. También
criticaron la actitud poco dialogante del
edil. Los vecinos pretendían trasladar a
Seva las demandas de los ciudadanos de los
barrios más deprimidos de Alicante (entre
ellos Cuatrocientas Viviendas, Virgen del
Remedio o Nou Alacant), y por tanto, de los
que más necesitan facilidades para viajar en
autobús, pero no tuvieron oportunidad. Seva,
según aseguraron a la salida, aseguró que si
no se toman las medidas anunciadas el
sistema de transporte va a la "bancarrota".
Por la tarde, los pensionistas y jubilados
de CC OO y UGT impulsaron la creación de la
plataforma en defensa del bono pensionista.
A la reunión, muy concurrida, asistieron
representantes vecinales, de centros de
personas mayores y particulares. En la
reunión se defendió la unidad de acción. CC
OO y UGT han impulsado también la recogida
de firmas (ayer hablaban ya de 6.000) y
pretenden convocar de una concentración a
finales de esta semana o principios de la
próxima. Y solicitarán una entrevista con la
alcaldesa Sonia Castedo.
Mientras, ayer los conductores del autobús
público recibieron la orden de que a los
jubilados que se les termine el saldo del
bono les faciliten, hasta el 1 de febrero,
billetes gratuitos. Una medida que los
sindicatos creen que quiere desactivar su
movilización.El concejal de Tráfico,
consciente de la fuerte contestación social
que está acarreando la medida, se mostró
ayer esquivo al ser preguntado por los
periodistas por el ahorro que supondrá el
recorte de los viajes gratuitos a los
jubilados así como por las posibles
alternativas a las que podría recurrir el
Ayuntamiento para evitar recortar viajes
gratuitos a los mayores de la ciudad de
Alicante.
Seva fue bastante más explícito cuando
presentó hace varias semanas esta medida
junto con la revisión de tarifas para este
año en el autobús urbano e interurbano, ya
que entonces estimó que el recorte del bono
oro permitiría ahorrar alrededor de un
millón de euros a las arcas municipales.
Ayer evitó dar detalles ni de lo que supone
este concepto para el Ayuntamiento ni de lo
que se ahorrará al limitar los viajes gratis
para los mayores. El concejal se limitó a
insistir en la difícil situación financiera
en la que se encuentra el Ayuntamiento de
Alicante y a repetir que la decisión tomada
"es la única medida posible para garantizar
el sistema TAM (de transporte
metropolitano)". Y en la reunión con las
asociaciones de vecinos admitió que la
medida obedece principalmente al recorte de
ayudas públicas que la Generalitat dará al
Ayuntamiento a través de la Agencia
Valenciana de la Movilidad.
Y es que pese a las críticas, el equipo de
gobierno no está dispuesto de momento a dar
marcha atrás en su decisión. "No hay margen
para cambiar de postura", enfatizó el
concejal durante la conferencia de prensa
ofrecida tras reunirse con los
representantes de las asociaciones de
vecinos.
El concejal de Tráfico sí informó
detalladamente de la habilitación de nuevos
puntos de información y tramitación del bono
oro marcados por el Ayuntamiento para evitar
las largas colas de los últimos días. Y para
los próximos años abrió la mano a estudiar
la progresividad en este tipo de bonos, es
decir, que quien tiene menos disfrute de más
viajes gratuitos y quien tiene más ayude a
sostener el sistema actual de transporte
público en la ciudad.
Mientras, las críticas arrecian también
desde el ámbito político. Esquerra Unida
llevará al próximo pleno una moción para que
se deje sin efecto el recorte del bono oro
debido al "fuerte malestar social". La
formación de izquierdas defendió que la
medida supone "un duro golpe" injusto para
este colectivo "vulnerable" que tiene una
gran dependencia del transporte público para
sus gestiones. EU también reclama al
Ayuntamiento que convoque el Consejo
Municipal de Personas Mayores, una medida
que también reclaman públicamente los dos
sindicatos mayoritarios. Este foro
consultivo se anunció con la vocación
teórica de que sirva para tomar las
decisiones que afectan, en este caso, a la
movilidad de las personas mayores de
Alicante. Pese a todo, este foro consultivo
aún no se ha constituido.
También el Grupo Municipal Socialista salió
ayer de nuevo al paso. "No es posible
entender que, desde el equipo de gobierno,
se pretenda que la crisis solo sea soportada
por los más desfavorecidos, trabajadores,
jubilados y pensionistas, así como los
parados, a los que se les ha restringido el
uso de los telecentros municipales como
elemento de búsqueda de empleo", esgrime el
principal partido de la oposición en la
moción que presentará al próximo pleno
municipal.
La última sesión plenaria ya estuvo
protagonizada por la subida del autobús e
incluso contó con la intervención de la
secretaria general de CC OO en L'Alacantí-Les
Marines, Consuelo Navarro, que habló en
favor de los pensionistas y jubilados y
contra el recorte de sus facilidades de
transporte. El próximo pleno tiene visos de
seguir la misma línea ya que los ánimos no
solo no se han aplacado sino que se
calientan con el paso de los días.
La moción que presentará el Grupo Municipal
Socialista, de hecho, pretende que se
suspendan las medidas de recorte económico
que afectan a los trabajadores municipales,
el otro gran colectivo afectado por los
recortes anunciados en los últimos días por
el equipo de gobierno que dirige Sonia
Castedo. El PSPV-PSOE estima que las medidas
anunciadas suponen una reducción superior al
12% de la masa salarial de los más de 2.000
empleados municipales. Por ello propone
abrir una mesa de negociación con sindicatos
y grupos políticos en busca de consenso o de
alternativas.
Mientras, ayer fue el primer día de
movilizaciones de los empleados públicos.
Más de 200 personas se concentraron en la
plaza del Ayuntamiento ante el edificio
consistorial para protestar por la
eliminación de una paga extra, el recorte de
las horas extraordinarias o la amortización
de casi 50 plazas. Las concentraciones
continuarán hasta el próximo pleno, en el
que está previsto aprobar los presupuestos
de 2012.
www.elpais.es 17.01.12
COSPEDAL COBRARÁ POR LA VALORACIÓN DE DEPENDIENTES
Y AVANZA EN EL COPAGO
El proyecto de ley de Castilla-La Mancha
para modificar otras normas y proceder a los
recortes en materia social abre la puerta a
cobrar una tasa a cada ciudadano que quiera
ser valorado para determinar su grado de
dependencia, algo que, hasta ahora era
gratuito. Murcia ya cobra 30 euros por ese
trámite desde principios de enero.
El Gobierno de Cospedal, además, impondrá el
copago para los centros de día, las
estancias nocturnas y la ayuda a domicilio,
algo que hasta ahora era por completo
gratuito para los dependientes. Y los
familiares se tendrán que hacer cargo del
transporte de estas personas hasta los
citados centros, salvo casos excepcionales
en que no haya "familiar alguno". O bien
pagar el transporte en función de la renta.
Además, la Administración solo pagará a las
residencias privadas por las plazas que
ocupe, algo que, administrativamente, es
complejo, porque algunas plazas, aunque
temporalmente estén vacías, están reservadas
para la administración y no se pueden
rentabilizar de forma privada. "En
Castilla-La Mancha nos pagaban el 100% del
concierto hasta que se ocupaban esas plazas.
En otras comunidades pagan un 50% o un 70%,
pero algo tendrán que pagar porque dejamos
de ingresar por tenerlas reservadas", dijo
ayer el presidente de la patronal de
residencias FED, Alberto Echevarría. Al
ritmo que incorpora dependientes al sistema
esta región en la actualidad, ocupar esas
plazas no será algo inmediato, a pesar de la
espera de algunos ciudadanos.
En materia educativa, el proyecto que se ha
remitido a las Cortes suprime la
obligatoriedad de destinar el 6% del PIB
regional a Educación, una norma vigente
desde 2010, aunque no tuvo reflejo en los
presupuestos de 2011.
Los socialistas de esta comunidad se
quejaron ayer de las modificaciones
previstas y anunciaron que presentarán una
enmienda a la totalidad de este proyecto de
ley donde se engloban los cambios necesarios
para iniciar las medidas de recorte.
www.elpais.es 17.01.12
EL PLAN DE AJUSTE DE COSPEDAL SUPRIME EL 6% DEL
PIB A EDUCACIÓN
Así consta en el proyecto de ley de Medidas
Complementarias para la Aplicación del Plan
de Garantías de Servicios Sociales,
calificado por la Mesa de las Cortes y para
cuya tramitación se ha aprobado un período
extraordinario de sesiones.
El proyecto de ley de ampliación de medidas
del plan de ajuste aprobado por el Consejo
de Gobierno contiene una batería de cambios
en la legislación regional, entre ellos, la
derogación de la Ley de Garantías de Acceso
a la Vivienda o la supresión de la
obligatoriedad de destinar el 6% del PIB a
Educación.
Así consta en el proyecto de ley de Medidas
Complementarias para la Aplicación del Plan
de Garantías de Servicios Sociales,
calificado por la Mesa de las Cortes y para
cuya tramitación se ha aprobado un período
extraordinario de sesiones.
El proyecto incluye las principales medidas
anunciadas por el Gobierno regional para
tratar de reducir la deuda y el déficit que
arrastra la Administración, como el aumento
de la jornada de los empleados públicos de
35 a 37 horas y media o la bajada de su
sueldo durante 2012.
En ese contexto, el Gobierno argumenta que,
gracias a la reducción del 10% del
complemento específico y asimilados de los
empleados de la Junta (nunca más del 3% del
salario bruto individual), ahorrará 100
millones de euros.
También incluye el texto normativo otras
medidas de carácter laboral, como la
congelación de la oferta de empleo público,
la reducción de un 15% de las guardias de
los médicos o la reducción de la
compensación por las bajas médicas entre el
undécimo y el vigésimo día si la incapacidad
no tiene su origen en un accidente de
trabajo o en una enfermedad profesional.
Al margen de las cuestiones laborales, el
texto contiene medidas novedosas, como la
derogación de la ley de Garantías de Acceso
a la Vivienda, aprobada en el último tramo
de la pasada legislatura.
En materia educativa, el proyecto de ley que
se ha remitido a las Cortes suprime de la
Ley de Educación de la comunidad la
obligatoriedad de destinar el 6 por ciento
del PIB regional a Educación, vigente desde
2010, si bien no se cumplió en los
presupuestos de 2011.
Como se había anunciado, se elimina la
gratuidad de los libros de texto, pero
también desaparece el compromiso de la Junta
de mantener un centro educativo en cada
localidad con al menos cuatro alumnos o
alumnas en Infantil y Primaria.
Asimismo, en la ley se incluyen medidas para
regular la concesión de complementos de las
pensiones a mayores de 65 años que vivan
solos y a las viudas.
En el caso de la atención a víctimas de
violencia machista, se asegura por ley que
todas las ciudades de más de 20.000
habitantes tendrán un centro de urgencia o
una casa de acogida, cuando ahora ese umbral
se sitúa en 25.000 habitantes.
Asimismo, la nueva ley modificará la ley de
Servicios Sociales de la región para
establecer, por ejemplo, que sólo se pague a
las residencias concertadas por el número de
plazas efectivamente ocupadas.
También se suprime el artículo que establece
el derecho de los ciudadanos a la valoración
gratuita de su nivel de dependencia.
La ley de garantías de la atención sanitaria
también se ve modificada para aclarar que
los pacientes que no sean atendidos en los
plazos máximos fijados podrán acudir a otro
centro, pero sólo entre aquellos que les
oferte su hospital de referencia.
En materia de universidades, la ley mandata
a la Junta a dictar normas y procedimientos
para el control presupuestario de esos
centros educativos.
Asimismo, la ley modifica o suprime
diferentes acuerdos entre la administración
y los sindicatos sobre condiciones laborales
y salariales.
http://www.dclm.es/noticia.php?noticia=106254
COSPEDAL CIERRA CUATRO CENTROS DE LA
MUJER
El despido de todos los trabajadores afecta a cientos de
ciudadanas
El centro de la mujer Pedro Muñoz, en Ciudad Real; el de la
mancomunidad de Sierra del Segura, en
Albacete; y los de Fuensalida y Navahermosa,
en Toledo. Estos son los cuatro centros de
atención a la mujer que el pasado día 2 de
enero se vieron obligados a cerrar en
CastillaLa Mancha, debido a los recortes del
Gobierno de María Dolores de Cospedal.
El Consejo de Gobierno aprobó en diciembre pasado una resolución por
la que se modificaba el modelo de gestión de
los centros y casas de acogida. En lugar de
realizar los convenios con ayuntamientos y
mancomunidades, ahora estos organismos
tendrán que competir por las subvenciones
con empresas sin ánimo de lucro.
Los ayuntamientos no han prorrogado los convenios por motivos
económicos
Mientras se resuelve dicho concurso, las entidades locales tuvieron
la oportunidad de prorrogar los convenios
del año anterior (a pesar de que en un
principio se había anunciado su cese
definitivo) durante uno o dos meses más. Sin
embargo, en las localidades de los centros
que han sido cerrados no ha sido así.
¿Los motivos? Económicos. "Muchos no han recibido todavía las
cuantías del año pasado y, ante la
imposiblidad de pagar a los trabajadores,
han decidido no continuar", explicaron
fuentes del sector. "Se ha politizado todo",
denunció un extrabajador. "Y a los políticos
no les importa nada la gente", añadió.
El equipo de Cospedal aseguró que no sólo no cerraría ninguna
instalación, sino que incluso podría abrirse
alguna más en 2012. Pero, en la práctica,
todos los trabajadores de estos cuatro
centros han sido despedidos y, como
consecuencia, cientos de mujeres se han
visto afectadas por la paralización del
servicio.
La Junta había prometido que no clausuraría ninguna instalación
En uno de Toledo, por ejemplo, atendieron el año pasado a más de 400
mujeres. "¿Qué vamos a hacer ahora?", les
preguntaron cuando supieron que tendrían que
cerrar. "No pudimos decirles nada, sólo
echarnos a llorar con ellas", relata una
trabajadora.
Sin cobrar
En la Sierra del Segura, 20.000 personas distribuidas entre 12
pequeños municipios también se han quedado
sin el servicio. Los trabajadores de este
centro, además, ya llevaban un año sin
cobrar antes de irse a la calle.
Pero esas no son las únicas consecuencias de los recortes. En la
normativa del nuevo modelo de gestión,
también se limita el número de trabajadores
en función del número de habitantes a los
que atiendan. En este caso, las más
perjudicadas serán las mujeres de áreas
rurales.
"Nosotros tendremos que reducir la frecuencia de las visitas a los
pueblos porque de cinco compañeros sólo
quedaremos dos", detalla una trabajadora de
un centro de Albacete que abarca a 10.000
habitantes de ocho localidades distintas.
"Llevamos medio año sin cobrar y el
kilometraje del año pasado tampoco lo hemos
recibido", añade.
La Red de Feministas de CastillaLa Mancha, por su parte, denunció
también un recorte del 40% en el presupuesto
de los centros. Este año, la cantidad
destinada para tal fin en la resolución del
concurso de subvenciones asciende a
9.955.200,60 euros. En 2010, según datos del
Instituto de la Mujer, el total del
presupuesto fue de 25,5 millones
www.publico.es 11.01.12
C.A MADRID: LOS RECORTES TAMBIÉN LLEGAN A LOS JUZGADOS DE
VIOLENCIA MACHISTA
La Consejería de Presidencia y Justicia les ha
comunicado que se reduce al 50% el número de
funcionarios que trabajan por la tarde
Los
recortes que el Gobierno de Esperanza
Aguirre está aplicando a los empleados
públicos de la Comunidad de Madrid han
llegado a los juzgados encargados de la
violencia sobre la mujer. La Consejería de
Presidencia y Justicia ha dado instrucciones
para que solo trabaje por la tarde la mitad
de la plantilla. Hasta ahora, la totalidad
de los funcionarios continuaban su jornada
pasadas las tres de la tarde, con cargo a
horas extras.
Esta decisión afecta a 20 juzgados de la periferia de Madrid:
13 de ellos con competencias exclusivas en
violencia de género y otros siete mixtos, es
decir, que además de ver casos de violencia
machista se ocupan de asuntos civiles y
penales (diligencias y tramitación de
Registro Civil, primera instancia e
instrucción...). El partido judicial de
Madrid capital es el único que no se ve
perjudicado por las nuevas instrucciones de
la Consejería de Presidencia y Justicia
porque funciona con un sistema de guardias
exclusivas para violencia de género. Cada
uno de los 11 juzgados de la capital que se
dedican a esta materia rota cada tres días
en funciones de guardia.
"La carga de trabajo de estos juzgados justifica plenamente
que los funcionarios estén en sus puestos
también por la tarde", asegura el secretario
general de FJM (Funcionarios Judiciales de
Madrid) y portavoz de Justicia en el
sindicato CSIT-UP, Juan Carlos Ferreiro.
"Las víctimas de violencia de género van a
ser las grandes perjudicadas, porque van a
encontrar menos personal para atenderlas",
añade.
La Comunidad de Madrid asegura que ha tomado esta decisión
porque está estudiando transformar las
ampliaciones de horario de los funcionarios
de los juzgados de violencia sobre la mujer
en “plazas fijas”, aseguró este lunes una
portavoz de la Consejería de Presidencia y
Justicia. “Vamos a hacer un análisis de las
necesidades”, añadió. Desde CSIT replican
que esas necesidades aparecen en los
informes anuales de la apertura del año
judicial, por los que la Comunidad debe
conocerlas. Para el Gobierno regional, “no
es normal” que la totalidad de los
funcionarios doblen su jornada. “Eso quiere
decir que falta personal”, insistió la
portavoz.
La Comunidad de Madrid no ha precisado
cuánto ahorrará con la medida
Según datos de Presidencia y Justicia, en el primer semestre
de 2011 llegaron 1.609 casos de violencia de
género a los juzgados, “un 6,27% menos que
el mismo semestre de 2010”. Este dato
refuerza la decisión de retirar la mitad de
la plantilla de tarde en los juzgados, según
el Gobierno regional, que no precisó cuánto
tiempo necesita para hacer la evaluación de
necesidades ni cuánto ahorro supone la
medida. De momento, lo que está claro es que
a las mujeres las atenderán por la tarde la
mitad de los funcionarios.
Los trabajadores afectados son unos 200 (funcionarios
judiciales de gestión, tramitación y auxilio
judicial), según datos de CSIT, y venían
realizando esta prolongación de jornada
desde 2007, cuando se firmó un acuerdo en
este sentido que se renueva cada seis meses.
El trámite para que se conceda la ampliación
de las horas de trabajo funciona así: el
secretario de cada juzgado remite una
petición de informe al Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) y este lo eleva al
Consejo General del Poder Judicial. El
Consejo responde mediante un escrito a los
secretarios de los juzgados con el listado
de nombres y datos personales de los
funcionarios que deben tener esa
prolongación de jornada. El último es de
noviembre pasado, con validez para seis
meses, pero ahora queda anulado por las
instrucciones de la Comunidad de Madrid.
La directora general de la Dirección General de Justicia,
Carmen Díaz de Bustamante, firma el
documento, con fecha 20 de diciembre, por el
cual informa al Juzgado número 3 de
Valdemoro, uno de los más saturados, de que
“solo se autorizará dicha medida para un
máximo de cinco funcionarios para un máximo
de seis meses”. Este juzgado cuenta con
nueve funcionarios en plantilla.
Las consecuencias "serán desastrosas"
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
Valdemoro es uno de los llamados juzgados
mixtos con competencias en violencia sobre
la mujer. Es decir, que además de ocuparse
de los casos de violencia machista, se
encarga de todo lo demás: causas penales (a
veces con presos), divorcios, procedimientos
hipotecarios... Se da la circunstancia de
que en su partido judicial hay dos centros
psiquiátricos y uno penitenciario (Madrid<TH>III).
“Tenemos casos de violencia sobre la mujer
prácticamente todos los días”, explica una
funcionaria del juzgado. Y esos son los
casos prioritarios. Los funcionarios se
dedican a ellos hasta que acaba toda la
tramitación. Muchas veces no pueden estar en
su mesa por la mañana porque al carecer de
servicio común que haga diligencias de calle
(citaciones, por ejemplo), son ellos los que
deben ausentarse. El resto de asuntos, por
tanto, se retrasa. Los trabajadores suelen
emplear las tardes en sacar adelante los
casos no prioritarios, aseguran.
La preocupación por las consecuencias que puede acarrear la
decisión de la Comunidad de Madrid de
reducir a la mitad los funcionarios que
trabajan por la tarde ha llevado a los
trabajadores de este juzgado de Valdemoro a
redactar un escrito dirigido a la consejera
de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol.
“Si el día de mañana hay un problema,
queremos dejar constancia ahora”, asegura la
funcionaria. “Las consecuencias de privar de
recursos a esta sede judicial serán
desastrosas”, afirma la carta, enviada la
semana pasada. Los retrasos en los asuntos
que no son de violencia machista “se palían
mediante la prolongación del horario”,
añade. Los funcionarios añaden datos a su
queja: 900 demandas civiles y 1.200
diligencias penales atendidas en 2011, a las
que hay que sumar 225 casos de violencia
sobre la mujer. En los dos años anteriores,
cerca de 300, un volumen superior a algunos
juzgados exclusivos, argumentan.
www.elpais.es 10.01.12
C. VALENCIANA :EL
CONSELL ABRE LA VÍA PARA PODER DESPEDIR
HASTA EL 25% DE INTERINOS
El decreto ley da al Ejecutivo cobertura legal para reducir el
personal temporal, lo que podría afectar
hasta 10.000 empleados, incluidos sanitarios
y docentes - Hacienda minimiza el alcance al
asegurar que la medida no es de aplicación
inmediata
El decreto ley número 3/2012, de
Medidas Urgentes para la Reducción del
Déficit en la Comunitat Valenciana,
incluye una medida que, de hacerse efectiva,
podría implicar el despido de miles de
interinos que en la actualidad trabajan para
la Generalitat Valenciana. El Consell que
preside Alberto Fabra se guarda este
cartucho para "alcanzar los objetivos
establecidos en materia de reducción del
gasto público" y ello a pesar de que la
posibilidad de despedir empleados fue negada
en la rueda de prensa ofrecida el viernes
por el vicepresidente José Ciscar y los
consellers José Manuel Vela y Enrique
Verdeguer.
"Hemos preferido sacrificios parciales antes que despidos
masivos", declaró Ciscar ante la prensa para
resumir el espíritu de un nuevo tijeretazo
que supera los mil millones de euros y que,
en teoría, repercutirá sobre todo en el
gasto sanitario y en el bolsillo de los
funcionarios, principalmente los interinos a
los que se les rebaja sueldo y horario; y
los sanitarios y docentes que pierden
complementos retributivos.
El decreto ley, que ayer llegó a las Corts, revela, no
obstante, que no está descartado echar a la
calle a empleados públicos. De hecho, la
disposición final primera establece que "el
Consell, en el ámbito de sus competencias,
podrá aprobar planes de ordenación de
personal con la finalidad de ordenar la
Administración de la Generalitat para la
reducción de hasta un 25% de los efectivos
de carácter temporal, para alcanzar los
objetivos establecidos en materia de
reducción del gasto público, así como para
lograr una mayor racionalidad y eficacia en
la Administración de la Generalitat y las
entidades autónomas". Aunque el ámbito de
aplicación del decreto no está definido,
fuentes de la Conselleria de Hacienda
admitieron que la disposición primera
afectaría a todo el sector público, incluido
los docentes y sanitarios. Eso sí,
aseguraron que esta cláusula es sólo una
previsión y que no está en los planes del
Consell su aplicación inmediata. "Lo
previsto es adoptar las medidas anunciadas
el viernes", indicaron las citadas fuentes.
Con todo, su incorporación en el decreto evidencia que el
Consell quiere tener las manos libres para,
en caso de ser necesario y no lograr los
objetivos de déficit, recurrir a los
despidos. Según el último informe de la
Sindicatura de Comptes referido a 2010 la
Generalitat tiene contratada a unas 40.000
personas con carácter temporal. De ellas,
unas 3.800 es personal de las conselleries y
de servicios centrales. El resto son
trabajadores de la educación y la sanidad.
Uno de cada cuatro -por tanto, unas diez mil
personas- estaría en el punto de mira.
El decreto aprobado con carácter de urgencia
la víspera de Reyes recoge las medidas en
materia de personal y tributaria, pero no
incluye ninguna regulación para los otros
dos apartados de tijeretazo: el relativo al
sector público (pretende un ahorro de 121
millones) y el de contención de gasto
sanitario (440 millones), la piedra angular
del recorte. Ni si quiera en materia
tributaria se incluyen todas las medidas
anunciadas por el Consell. Los tributos
medioambientales están apuntados en el
preámbulo, pero no desarrollados
posteriormente. Y es que la documentación
que acompaña el acuerdo evidencia la
precipitación con la que el Consell de Fabra
abordó el tijeretazo. De hecho, según ha
podido saber este diario, casi la mitad de
los consellers entraron a la reunión del
Gobierno sin tener información alguna sobre
las medidas.
El director general de la Abogacía de la Generalitat informó
sobre el decreto el mismo día del acuerdo,
en el que también están fechados los
informes del interventor y de Hacienda. El
informe jurídico -elaborado el mismo día
además en que se destituyó de la abogada
general, Isabel Villalonga- se reduce a dos
párrafos en los que el letrado no entra en
el fondo y se limita a subrayar que se han
cumplido las formalidades. Al ser un
decreto-ley urgente no ha sido dictaminado
por el Consell Jurídic Consultiu.
Los recortes en el salario afectarán a la
cotización de la SS
Los funcionarios de la Generalitat tienen doble motivo para el
cabreo. Las medidas en el capítulo de
personal no sólo llueven sobre mojado
-Zapatero decretó en mayo de 2010 una
reducción del 5 % de sus retribuciones que
se ha prorrogado en 2011 y 2012- sino que
además tendrán efectos más allá del 31 de
diciembre de 2013, fecha tope de vigencia de
los recortes establecido por el Ejecutivo de
Fabra. El nuevo tijeretazo en sus
retribuciones (el propio Vela lo cuantificó
globalmente en otro 5 %) afectará a la
cotización a la Seguridad Social, una
penalización añadida que no sufrieron los
funcionarios con el recorte de Zapatero. En
aquel momento la disminución salarial no
computaba a efectos de la cotización, y en
consecuencia, no tenía efectos sobre la
pensión. Por otro lado, los sindicatos, que
hoy tienen previsto reunirse para adoptar
medidas conjuntas, están estudiando recurrir
el decreto. La FSP-UGT tiene claro ya que lo
hará en lo referente a las medidas de
reducción de jornada a los interinos, así
como en la cobertura de las bajas. También
hay dudas jurídicas sobre los cambios en la
ley de función pública para justificar la no
concesión de prorrogas a la jubilación
www.levante-emv.com 10.01.12
C. VALENCIANA :EL
TIJERETAZO DE FABRA SE QUEDA A MEDIAS Y SE
CEBA EN LOS FUNCIONARIOS
El decreto-ley no incluye el recorte de empresas
públicas ni el ahorro en sanidad
El tijeretazo anunciado el día de Año Nuevo por el presidente
de la Generalitat, Alberto Fabra, se ha
quedado en la mitad. Al final, el
decreto-ley de Medidas Urgentes para la
Reducción del Déficit de la Comunidad
Valencia, que ayer fue enviado a las Cortes
Valencianas y hoy se publicará en el
Diari Oficial, solo incluye medidas que
implican una reducción de gastos en
personal, con recortes salariales a los
funcionarios por 258,2 millones de euros, y
una mayor recaudación fiscal que aportará
ingresos de 238 millones, para sumar un
total de 496,2 millones. Es decir, menos de
la mitad de los 1.057,5 millones anunciados
el jueves pasado tras el pleno del Consell.
El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, anunció una
posible impugnación de la norma, que debe
aprobarse en una Diputación Permanente de
las Cortes, precisamente porque puso en duda
que los acuerdos se tomaran basados en
informes jurídicos que los avalaran.
"Dudamos seriamente de la legalidad de los
acuerdos", añadió Alarte, ante el hecho de
que ayer todavía no se había publicado el
documento, y reclamó el acta de la comisión
de subsecretarios que debió celebrarse con
anterioridad, "si es que se reunieron".
Al final, en el decreto-ley no aparecen por ningún lado dos de
los paquetes de medidas más importantes que
anunciaron el vicepresidente, José Ciscar, y
los consejeros de Hacienda y de Economía,
José Manuel Vela y Enrique Verdeguer,
respectivamente: el que afecta a la
reorganización de 46 empresas públicas
agrupándolas en seis holdings
empresariales de otros tantos sectores
económicos, que buscaba un ahorro de 121,5
millones de euros, y el que persigue ahorrar
otros 440 millones de euros con mecanismos
de contención del gasto en el sector
sanitario. Estos dos bloques sumaban 561,3
millones de euros, aunque no era previsible
que contribuyeran de forma rápida a reducir
el déficit de la Generalitat.
El texto remitido a las Cortes se sustancia únicamente en dos
bloques de medidas que sí proporcionan
liquidez inmediata al Gobierno de Alberto
Fabra. Y que se resumen en recortar el
dinero a los funcionarios y en subir los
impuestos. "Se han limitado a incluir en el
decreto las medidas que tienen que entrar en
vigor ya", comentaba anoche el diputado
socialista Julián López Milla, que añadía:
"De las medidas de ahorro en sanidad, nada,
y de sector público empresarial, nada".
Los dos paquetes de medidas a las que sí que hace referencia
el decreto-ley enviado a las Cortes, suman
496,2 millones de euros, de acuerdo con las
cifras que ofreció el Consell el pasado
jueves. Sin embargo, a esa cantidad habría
que restar los 29,7 que supuestamente debían
recaudar procedentes de "tributos
medioambientales" que no están recogidos en
el decreto-ley.
En el apartado de los impuestos, Fabra espera recaudar más
gracias al céntimo sanitario, el impuesto
que grava el mercado minorista de los
hidrocarburos. El Consell impone el impuesto
más elevado posible, 48 euros por cada 1.000
litros, medida con la que espera recaudar
98,11 millones al año. También eleva del 1%
al 1,2% el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, que grava las transmisiones de
bienes que no se encuentran afectados por el
impuesto sobre el Valor Añadido y la
formalización de documentos notariales. En
este capítulo la Generalitat recaudará otros
62 millones de euros.
El Consell también recaudará más (o dejará de devolver en 2013
en forma de deducciones) otros 28,2 millones
de euros por el Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas (IRPF). Se eliminan las
deducciones por compra de vivienda habitual
(12 millones) y otras deducciones por 8
millones que ahora se limitan a rentas aún
más bajas. Por último, se recaudarán otros
28,2 millones de las rentas mayores de
120.000 euros.
En el apartado de los funcionarios, son tres los colectivos
más afectados: los interinos, los
profesionales del sector de la sanidad, y
los de educación. En el primer caso, se
reduce en un 25% la jornada del personal
funcionario interino así como del personal
laboral temporal, lo que conlleva en
paralelo una reducción salarial en la misma
proporción. Aunque el pasado miércoles, el
consejero de Hacienda, José Manuel Vela,
incluyó en esta medida a los trabajadores de
sanidad y de educación cuando presentó las
líneas generales del tijeretazo a los
sindicatos en la Mesa General de
Negociación, el jueves, tras la aprobación
del decreto el vicepresidente de la
Generalitat y portavoz del Consell, José
Ciscar, reconoció que se había dado marcha
atrás en el caso de estos dos colectivos
para no perjudicar la prestación de estos
servicios.
A los funcionarios de Sanidad se les reduce al 50% la carrera
profesional (86,5 millones) y a los docentes
el 50% de los sexenios, complementos
vinculados a la formación (80 millones).
Aparte se eliminan algunos días libres, se
suprime el plan de pensiones y las ayudas
sociales...
Por otra parte, en el decreto ley no figura una de las medidas
que más sorprendió cuando se anunció. Es la
que afecta a los consejeros, a los altos
cargos y al personal eventual de libre
designación de la Generalitat y de las
empresas públicas. En estos casos no se
contemplaba ningún recorte salarial, en
contra del impuesto a los funcionarios, que
pueden perder hasta el 20% de su salario.
Pero sí vinculaban el salario al déficit
anual. Así, Ciscar anunció que si el déficit
era del 1% ellos se bajarían el sueldo otro
1%. En el documento no existe tal
compromiso.
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que ayer
presidió la comisión de honor del 30
aniversario del Estatut solicitó a la Mesa
de las Cortes la convocatoria urgente de la
diputación permanente para explicar la
necesidad de las medidas de ajuste previstas
en el decreto-ley que hoy se publicará en el
DOCV.
Decreto-ley de medidas urgentes para la
reducción del déficit
Más ingresos y menos sueldo a los funcionarios.
El decreto que hoy se publica solo aborda
medidas que suben la presión fiscal (gracias
a las que se espera recaudar 238 millones de
euros más) y un recorte al salario de los
trabajadores públicos (258,2 millones). A
continuación se concretan algunas de ellas:
Reducción de la jornada laboral de interinos.
Desde el 1 de marzo, la jornada de los
funcionarios interinos de la Generalitat
será de 25 horas semanales, con un horario
de 9.00 a 14.00, salvo en los supuestos en
los que proceda un horario especial o cuando
se encuentren adscritos a centros de trabajo
en los que se preste el servicio a turnos o
que no sean de índole burocrática.
Excepciones de la reducción de la jornada.
Mantendrá su jornada y retribución el
personal no docente en centros escolares, de
formación e inserción profesional; el
personal de emergencias, los destinados en
residencias de atención a personas mayores
dependientes o con discapacidad, centros de
recepción y acogida de menores, los de
reeducación, comedores sociales, centros
especializados de atención a mayores y los
de evaluación y orientación de
discapacitados. La Generalitat también
excluye de la reducción horaria a los
interinos de educación y sanidad, aunque la
ley no lo explicita.
Carrera y desarrollo profesional de los
sanitarios. Estos complementos de los trabajadores de la sanidad valenciana se
congelan y se reducen a la mitad con efecto
del 1 de marzo. En la parte alta (grupo A1
grado cuatro de la carrera), la retribución
máxima será de de 6.181,99 euros anuales. En
la parte baja, de 1.545,5 a 366,38 euros
anuales.
Sexenios al 50%.
El importe por sexenios entre los
funcionarios docentes también se reduce a la
mitad. Se queda en 51,3 euros mensuales para
el primer sexenio y en 274,79 euros para el
quinto.
Modificación del tramo autonómico del IRPF.
Hasta el momento, a partir de una base
liquidable de 53.407 euros, existía un único
tipo aplicable del 21,5%. Las medidas de la
Generalitat introducen dos tipos más. Desde
120.000,2 euros se sube el tipo al 22,5% y a
partir de 175.00,2 euros en adelante se fija
en un 23,5%.
Impuesto sobre la gasolina.
La Generalitat ha aumentado los gravámenes,
con unas tasas de 4,8 céntimos por litro en
gasolina, diesel y queroseno.
www.elpais.es 10.01.12
C. VALENCIANA :RTVV
ANUNCIA UN ERE QUE PUEDE ECHAR AL 66% DE SUS
1.800 EMPLEADOS
Los sindicatos se niegan a pagar los platos rotos
de la "nefasta gestión"
Tras semanas de especulaciones, Ràdio Televisió Valenciana (RTVV)
anunció ayer que recurrirá a un expediente
de regulación de empleo (ERE) para adelgazar
en los próximos meses su abultada plantilla
de 1.800 trabajadores. La medida, según
fuentes del Gobierno valenciano, podría
afectar a casi dos terceras partes de los
trabajadores, es decir, a más de un millar
de empleados de Canal 9, Ràdio 9 y el ente
RTVV.
Jaraba nunca ha mostrado el informe encargado a
Price Waterhouse
El presidente valenciano, Alberto Fabra, justificó la decisión
por la necesidad de "tener un modelo de
televisión que esté ajustado al momento
actual". Es decir, el Gobierno valenciano,
inmerso en una grave crisis financiera, ya
no está en disposición de sostener una
empresa pública que ha generado una deuda de
1.200 millones de euros y unos índices de
audiencia inferiores al 5% en Canal 9.
El secretario general del ente RTVV, Juan Prefaci, convocó
ayer a las 13.00 a los sindicatos del comité
de empresa para anunciarles la presentación
de un ERE, aunque negó que la cifra vaya a
superar el millar de trabajadores, según
indicaron fuentes de CC OO.
El PP convocó de urgencia una reunión del consejo de
administración de RTVV para el próximo
miércoles. Los populares, que disponen de
mayoría absoluta gracias al voto del
director general del ente, pretenden aprobar
un concurso para contratar a una empresa que
asesorará a los responsables de RTVV en la
negociación del ERE con los sindicatos. La
contratación de la firma que diseñará el ERE
saldrá a concurso por un importe de 190.000
euros sin IVA. La tramitación legal del
concurso llevará un mínimo de seis semanas,
por lo que no se sabrá qué empresa conduce
el ERE, como mínimo, hasta finales de
febrero.
En el año 2010 el consejo de administración de Ràdio Televisió
Valenciana ya encargó un estudio a Price
Waterhouse para determinar la viabilidad de
la empresa. Un estudio que al parecer ya
apuntaba la necesidad de realizar una
reestructuración de la plantilla, aunque el
director general de RTVV, José López Jaraba,
nunca ha facilitado el contenido del mismo.
El informe costó 180.000 euros y aunque
sobre el papel era un estudio que encargaba
el consejo de administración, los miembros
nombrados a propuesta de la oposición nunca
pudieron acceder ni al texto ni a un resumen
del mismo. López Jaraba siempre ha
argumentado que se trata de una herramienta
interna de trabajo de la dirección de la
televisión pública. Ni siquiera los
parlamentarios de la oposición en las Cortes
valencianas han logrado conocer su
contenido, a pesar de que han argumentado
que es un documento que se paga con dinero
público y que tiene que obligatoriamente
tiene que estar a su disposición.
Ignacio Ángel, representante de CC OO en Canal 9, argumentó
que las propias auditorías de la Generalitat
ponen de manifiesto la "nefasta gestión
realizada" y se opondrán a que los
trabajadores paguen los platos rotos sin que
"nadie en el actual equipo directivo se haga
responsable".
Desde los partidos de la oposición, las reacciones de repulsa
al ERE fueron unánimes. El secretario
general de los socialistas valencianos,
Jorge Alarte, acusó a Fabra de carecer de
cualquier voluntad de pacto sobre el futuro
de Canal 9. El Gobierno valenciano ha
presentado en el Parlamento un proyecto de
ley, con el que pretende aplicar a RTVV un
contrato programa una vez realizada la
reestructuración, tras negar a la oposición
toda clase de documentación.
El consejero de Compromís en RTVV, Rafa Xambó, anunció que
votará en contra de que se contrate a un
liquidador. "No es solo la pretensión, sino
las formas. Llevan tiempo preparando el
contrato y el nuevo presidente del consejo
de administración, Miguel Domínguez, que no
tenía ni idea, ahora convoca una reunión de
urgencia".
Se busca 'liquidador'
El pliego de condiciones del concurso que RTVV quiere que su
consejo de administración licite, más que
buscar una empresa que diseñe el ajuste de
la plantilla de la televisión pública,
parece que pretenda contratar a un
liquidador, una suerte de George Clooney
(aunque seguro que con menos estilo) en la
película de Jason Reitman Up in the air
(2009). El contrato persigue la contratación
de una empresa que lo mismo asesore en "la
estrategia que se debe seguir para afrontar
la adaptación del nuevo modelo organizativo
y de gestión", que prepare "el modelo
general de carta de despido objetivo". La
tramitación legal del concurso llevará, como
mínimo seis semanas, por lo que hasta
finales de febrero no se podrá adjudicar el
concurso. Pero es que, además, el concurso
no contempla ningún plazo de entrega de
ningún informe, como se dijo ayer a los
sindicatos, sino que el servicio es de
"contratación de un servicio de
asesoramiento jurídico (...) para la
preparación, negociación y ejecución de las
medidas laborales necesarias para garantizar
la viabilidad" de RTVV. La firma contratada
hará el cálculo de las indemnizaciones de
algunos empleados, determinará las
prestaciones a garantizar durante el periodo
de prejubilación para otros, se encargará
del "contrato seguro" que garantice esas
prestaciones, redactará las actas de reunión
con los representantes de los trabajadores,
estará en las negociaciones, también en la
presentación de la documentación ante la
autoridad laboral... Y finalmente, asistirá
en la ejecución de los despidos colectivos.
Es decir, un liquidador.
www.elpais.es 10.01.12
C. VALENCIANA : EL SOBRECOSTE EN GRANDES PROYECTOS
SUMA TANTO COMO EL TIJERETAZO
La Ciudad de las Artes ya ha costado 700 millones
más de lo previsto
Los sobrecostes de los grandes proyectos construidos durante
los últimos años, superan, en un cálculo
somero, el coste total del último ajuste
aplicado por el Gobierno autonómico del
presidente Alberto Fabra, que acaba de
aprobar un tijeretazo de 1.057 millones de
euros que ha mutilado el presupuesto
aprobado el pasado 21 de diciembre en las
Cortes Valencianas.
Los datos revelan que con una gestión y un control del gasto
más estrictos, la Comunidad Valenciana
podría disfrutar de las mismas
infraestructuras sin tener que padecer
medidas tan drásticas como las presentadas
por el Consell. Asimismo, debilitan la
justificación del Consell de que si hay
tanto déficit y tanta deuda es porque la
Comunidad Valenciana requería un esfuerzo
que la ha situado en el mayor nivel
autonómico de deuda, con el 19,9% de su PIB.
"En determinados momentos en esta comunidad se ha tenido que
optar o por no endeudarse y quedarse atrás
ante una financiación autonómica totalmente
discriminatoria, o, a pesar de todo,
endeudarse para que los ciudadanos
valencianos tuvieran las infraestructuras
que se merecen". Así justificó el
endeudamiento el vicepresidente de la
Generalitat y portavoz del Consell, José
Ciscar, tras presentar las medidas del
tijeretazo de Año Nuevo.
Ciscar también defendió la idoneidad de las infraestructuras
levantadas al calor de una política de
grandes eventos: "Yo creo que los ciudadanos
en esta comunidad están muy contentos y muy
orgullosos, a pesar de la deuda, de las
infraestructuras", explicó. Y añadió: "Si le
pusiésemos [a cualquier ciudadano] en la
disyuntiva de que desaparece la Ciudad de
las Artes y de las Ciencias o desaparece la
deuda, yo creo que se quedaría con la Ciudad
de las Artes y de las Ciencias".
Los sobrecostes de los grandes proyectos más importantes ya
suman más que los 1.057 millones previstos,
que implican recorte salarial a los
funcionarios y una mayor presión fiscal,
sobre todo en impuestos directos, para los
ciudadanos. El buque insignia del
despilfarro es precisamente el ejemplo que
puso Ciscar: la Ciudad de las Artes, que ya
ronda los 700 millones en sobrecostes. Si se
le suman los sobrecostes de la Ciudad de la
Luz (240) y los de Terra Mítica (107), ya se
supera el tijeretazo.La Ciudad de las Artes
y de las Ciencias tenía un presupuesto
inicial de 331 millones. A finales de 2009
ya contaba con un desfase de 600 millones de
euros, es decir, casi un sobrecoste del
200%, según la propia Sindicatura de Comptes.
Pero lo más grave es que no se ha pagado. A
31 de diciembre de 2010, según la ejecución
del presupuesto, la empresa que la gestiona,
CACSA, debía 494 millones de euros a largo
plazo y otros 245 a corto plazo, es decir,
739 en total.
Casi todos los proyectos han ido disparando sus costes
finales. Si L'Hemisfèric, el más barato de
los elementos, se proyectó por 18 millones,
costó al final 30. Si el Museo de las
Ciencias iba a costar 62 millones, se acabó
gastando 142. Si L'Umbracle se ajustó a 14
millones, los valencianos pagaron al final
33.
L'Oceanogràfic fue quizá el hito que reventó más su
presupuesto, al pasar de 39 millones a 172.
Y el Palau de les Arts se comió la mayor
cantidad de dinero: se estimó en 109
millones y costó 382,5, aunque sigue
pendiente la liquidación de las obras.
Pero lo peor es que año tras año, los desfases van siendo
mayores a medida que la Sindicatura de
Comptes tiene más datos. Así, en el informe
de la institución entregado el pasado 23 de
diciembre por el Síndic, Rafael Vicente
Queralt, a las Cortes Valencianas, se
desvelaba que el Ágora, un edificio azul y
blanco que no tiene una utilidad definida,
supera los 39,9 millones de sobrecoste. Se
adjudicó por 41,3 millones y la dirección de
obra se encargó al arquitecto de todo el
complejo, Santiago Calatrava, por otros 4,9.
Las cantidades finales han pasado a ser 76,9
y 9,2 millones, respectivamente. Y eso que
todavía no se ha acabado y los últimos
desperfectos costarán otros 3,2 millones.
Lo mismo ocurre con el puente de l'Assut, cuyo coste se eleva
a 63,2 millones, cuando la adjudicación
inicial era de 23,2.
Otra infraestructura que siembra dudas sobre el interés de su
construcción es otro gran icono de la
política del PP, el parque temático Terra
Mítica de Benidorm. Se presupuestó en 270
millones y alcanzó los 377 (con un claro
sobrecoste de 107 millones), aunque entre
ayudas, ampliaciones de capital y deudas que
arrastra dispara con creces esa cifra. Ahora
se vende a precio de saldo para enjugar
deudas. En la Ciudad de la Luz, también en
venta, y en cuya construcción se iban a
invertir 100 millones, el coste final se
superó con creces: el propio presidente de
la Generalitat aseguró que costó 340
millones.
Para levantar el aeropuerto de Castellón, en el que casi un
año después todavía no ha aterrizado un solo
avión, se han invertido más de 150 millones
de euros, aunque salió a un precio de
licitación de 113 millones de euros. Y ahora
la empresa que lo gestiona tiene deudas por
198 millones, lo que quizá corresponda a los
excesos de las infraestructuras.
En el capítulo de la mala gestión también habría que incluir
la fórmula 1, que según el Consell "no iba a
costar ni un euro" a los valencianos y ya
supone 25 millones al año (20,5 de canon y
4,4 por televisarla). Al igual que otras
curiosidades, como pagar 15,2 millones
de euros a Calatrava por el proyecto de tres
rascacielos que nunca se han construido.
Al final, los grandes proyectos se han construido con un gran
sobrecoste, pero están muy lejos de haber
sido pagados y la deuda asfixia al Consell.
Es más, el tijeretazo que ahora impone no
sería suficiente para enjugar las deudas de
tres de las empresas públicas que gestionan
grandes proyectos: el Aeropuerto de
Castellón, con 198 millones en deudas; CACSA,
con 740, y la Sociedad de Proyectos
Temáticos, con 671 millones.
www.elpais.es 07.01.12
C. VALENCIANA : EL TIJERETAZO SE CEBA CON LOS
FUNCIONARIOS Y EL GASTO SANITARIO
El Consell pone una tasa a la gasolina y elimina
varias desgravaciones
El tijeretazo anunciado el día 1 por el presidente de la
Generalitat, Alberto Fabra, que supone un
recorte de 1.057 millones de euros respecto
al presupuesto de la Generalitat para 2012
aprobado el pasado 21 de diciembre,
repercutirá de manera inmediata sobre los
funcionarios, cuya masa salarial se verá
reducida en torno a un 5% mediante un tajo
de 379 millones de euros.
Los consejeros y altos cargos vinculan sus sueldos
al déficit
El ajuste en Ràdio Televisió Valenciana queda para
más adelante
De una forma más aplazada lo sufrirán los ciudadanos en
general (los que ganen más de 120.000 euros
quizá sufran ya mayores retenciones pues se
les suben los impuestos), ya que están
afectados por un paquete de medidas -como
una tasa a la gasolina- que suponen 238
millones de euros. Pero parte de esas
soluciones se verán reflejadas más adelante,
cuando dentro de año y medio tengan que
hacer la declaración de la renta y vean
mermadas sus deducciones. Y por último, los
recortes contemplados en el decreto de
Medidas Urgentes para la Reducción del
Déficit, aprobado ayer por el pleno del
Consell, incluyen un paquete que afecta a
los gastos sanitarios, el más cuantioso con
un ajuste de 440 millones, pero que costará
muchos meses hasta que pueda ser aplicado
con plena efectividad.
A tenor de lo explicado ayer tras el pleno del Consell por el
vicepresidente de la Generalitat y portavoz
del Consell, José Ciscar, y los titulares de
las consejerías de Hacienda, José Manuel
Vela, y de Economía, Enrique Verdeguer, el
resumen es que la vía más rápida para
obtener dinero ha sido reducir el salario de
los funcionarios y así solventar los
problemas de tesorería del Consell.
Problemas que han llevado a solicitar un
adelanto de la financiación autonómica para
no incurrir en impago de un crédito de 123
millones con el Deutsche Bank y a aplazar el
pago de 80 millones a la Seguridad
Social.Aunque el PP siempre ha insistido en
que la subida de impuestos no entra en sus
mandamientos, el Consell ha decidido
acometer esa vía para aumentar la
recaudación. De hecho, fue el propio
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el
que rompió el tabú incluso incumpliendo sus
promesas electorales. Y una vez dada la luz
verde, Fabra ha decidido hacer suyo el tramo
autonómico de los presupuestos. Vela explicó
que "el ideario del PP era siempre no tocar
impuestos", pero matizó que esa nunca ha
sido una postura inflexible. Y luego
describió un paquete de medidas que
permitirán recaudar hasta 238 millones más.
Medidas que no incluyen gravar el
patrimonio. Eso sí, solo tendrán una
vigencia de dos años, al igual que el resto
de todas las medidas aprobadas ayer en el
pleno del Consell.
Así, se aumentan en dos los tramos autonómicos del IRPF que
afectan a las rentas más altas. A partir de
120.000 euros tributarán al 22,5% (más el
tramo estatal) y a partir de 170.000 euros
al 23,5%, con lo que se espera recaudar 28,2
millones de euros. También se eliminan las
deducciones autonómicas para rentas
individuales mayores de 24.000 euros y
conjuntas que superen los 38.000, medida que
reportará ocho millones. Y se deja sin
efecto la deducción autonómica por compra de
vivienda habitual, con un ahorro de 12
millones de euros.
El Consell de Fabra también se suma al denominado céntimo
sanitario que grava la venta minorista sobre
los hidrocarburos, y lo hace al máximo, con
3,6 céntimos por litro, con lo que el
conductor tendrá que pagar un euro más por
cada 27 litros. Medida de la que están
exentos los agricultores, los transportistas
y los pescadores. Así, el Consell recaudará
98,11 millones de euros más al año. También
se aumenta el impuesto de transmisiones
patrimoniales del 1% al 1,2%, con lo que se
recogerán otros 62 millones. Por último,
Verdeguer, anunció un tributo al medio
ambiente que permitirá recaudar 29,7
millones. Se gravarán instalaciones y
actividades que incidan en el medio
ambiente.
En la comparecencia de ayer, que por problemas técnicos se
celebró en la Consejería de Economía en vez
de en Presidencia, Ciscar también explicó
los recortes que afectan al capítulo 1 de
los presupuestos, el de los gastos de
personal. Y de ahí espera sacar 379 millones
de euros. Aunque muchas de las medidas ya se
explicaron el miércoles, cuando Vela las
desgranó en la Mesa General de Negociación y
los sindicatos se levantaron indignados
porque no había nada que negociar. Aunque en
ese caso, se habló de un ahorro de 271
millones de euros y ayer nadie explicó de
dónde salen los 108 millones de diferencia.
Pero lo que más destacó es que el Consell ha tenido que dar
marcha atrás a uno de los recortes
anunciados apenas 24 horas antes, el
referido a la reducción del 25% en la
jornada laboral y en el salario de los
interinos, que suponía un recorte de 30
millones de euros. Vela dijo ayer que se
habían replanteado la medida y que no se
aplicaría a los interinos en sanidad y
educación. Eso sí, mantienen los recortes
que afectan a la carrera profesional de los
funcionarios de sanidad (86,5 millones), a
los sexenios en educación (80 millones), a
las pagas de verano que pierden los
profesores interinos (32 millones) y a la
merma del salario para los trabajadores que
estén de baja (entre otras medidas).
Otro paquete de medidas anunciado es la reestructuración y
adelgazamiento del sector público
empresarial, que implicará un ahorro de
121,3 millones, aunque no se dieron muchos
detalles. "Este ahorro no solo está
vinculado a coste de personal, sino también
a gastos de funcionamiento y a sinergias",
comentó Verdeguer. Lo que se pretende es
aglutinar las 46 empresas públicas actuales
en "seis holdings o sectores de
actividades": Promoción Cultural y de Ocio;
Construcción y Gestión de Infraestructuras;
Medio Ambiente; Transporte; Sectores
Productivos, y Bienestar Social. Verdeguer
no cifró el número de despidos que
significará esta medida. Igualmente, se
acepta la propuesta del ministro de Asuntos
Exteriores, José Manuel García Margallo, de
acoger en las embajadas las legaciones
comerciales de las autonomías, con lo que
algunas oficinas de la Generalitat cerrarán.
El ahorro entre personal y alquileres se
calcula en 1,3 millones de los 2,6 que se
gastan ahora.
Además, Ciscar anunció que tanto los sindicatos como la
patronal dejarán de recibir "subvenciones",
que ahora se sustituirán por "incentivos".
Si se crea empleo, por ejemplo, patronal y
sindicatos cobrarán más, y si se destruye,
verán mermadas sus ayudas, según apuntó
brevemente el vicepresidente.
También se reducirán a la mitad los coches oficiales, hasta
quedar en 45, subastando los que estén en
propiedad y renunciado a leasings. Y
habrá un plan para combatir el absentismo
laboral, que puede implicar controles de
entrada y salida por "huella digital" en las
consejerías.
Una de las medidas que más sorprendió es que los consejeros y
los altos cargos de la Administración no
asumen de momento recortes en sus sueldos,
mientras los funcionarios tienen que
afrontar una pérdida de alrededor del 5% en
su masa salarial. Eso sí, según explicó
Ciscar, los gestores del Consell asumen una
vinculación al déficit: si por ejemplo
aumenta un 1% sus retribuciones bajan un 1%.
Por último, el Consell dejó para más adelante el recorte en
Canal 9, que se tramitará próximamente en
las Cortes Valencianas.
El tijeretazo de Año Nuevo en cifras
- Más ingresos por impuestos. El Consell recurre al tramo
autonómico del IRPF para recaudar 238
millones de euros más. Se crean dos nuevos
tramos de IRPF para rentas altas, que
gravarán al 22,5% a partir de 120.000 euros
y al 23,5% para 170.000. Así se recaudarán
28,2 millones más. Se elimina la
desgravación por vivienda habitual (12
millones) y se limitan las deducciones
autonómicas (8 millones). Se aplicará el
céntimo sanitario, que gravará la compra de
hidrocarburos con 3,6 céntimos por litro
(98,11 millones). Se amplía el impuesto de
transmisiones patrimoniales (62 millones) y
se implanta un tributo ambiental a empresas
contaminantes (29,7 millones).
- Recorte en personal. 258,2 millones de euros de ahorro. El
Consell reducirá la jornada laboral en un
25%, con la misma pérdida de salario, a los
interinos de la Administración, aunque se ha
dado marcha atrás en el caso de los de
educación y sanidad (ahorro de 19 millones).
Los interinos en educación trabajarán de
septiembre a junio, por lo que no cobrarán
los dos meses de verano, para ahorrar 32
millones. En caso de baja laboral, la
Generalitat no completa el salario (18,5
millones). Suspensión del plan de pensiones
(15,5). Reducción y paralización de los
sexenios en educación (80 millones).
Reducción y paralización de la carrera
profesional en sanidad (86,5 millones).
Eliminación de ayudas sociales (gafas,
ortodoncia...) por 6,3 millones. Eliminación
de varios moscosos: los de compensación de
festivos y los días adicionales de
vacaciones por antigüedad. No se prorrogan
las jubilaciones.
- Sector público empresarial. Se ahorrarán 120 millones con la
reestructuración de 46 empresas públicas en
seis 'holdings': Promoción Cultural y de
Ocio; Construcción y Gestión de
Infraestructuras; Medio Ambiente;
Transporte; Apoyo a Sectores Productivos; y
Bienestar Social. Se eliminan oficinas del
Ivex para ahorrar otros 1,3 millones de
euros.
- Recortes en Sanidad. Total: 440 millones. Una central de
compras permitirá ahorrar 50 millones en
gasto farmacéutico hospitalario. Un convenio
con farmacias supondrá otros 125 millones.
Se revisan los conciertos por otros 40
millones. Cambios retributivos en el
personal directivo, control del absentismo y
racionalización de turnos y guardias, por
otros 57,5 millones. Medidas de eficiencia
en departamentos de salud para controlar el
gasto, por otros 70 millones. Lucha contra
el "turismo sanitario", 10 millones.
Renovación de la tarjeta sanitaria en caso
de pérdida y tasa para acreditar clínicas o
centros sanitarios, 1 millón de euros. Los
departamentos de salud asumirán las
intervenciones de cataratas, por 7,5
millones.
- Medidas complementarias. Los altos cargos y personal
eventual de la Generalitat vinculan sus
salarios al déficit. Renegociación de los
grandes eventos. Reducción al 50% del parque
móvil (solo quedarán 45 coches oficiales).
Central de compras de la Generalitat.
Vinculación de las ayudas a patronal y
sindicatos a resultados. Limitación de las
horas extra en la Administración. Lucha
contra el absentismo laboral.
www.elpais.es 06.01.12
LA SANIDAD MADRILEÑA, EN PROTESTA POR LOS RECORTES
Más de 5.000 profesionales de la sanidad madrileña se
concentraron ayer ante numerosos hospitales
y centros de salud de la región, según
estimaciones de los sindicatos convocantes
de la protesta, CC OO, Satse, Amyts, Csit,
UGT y USAE, contra los recortes que entraron
en vigor el 1 de enero. El Gobierno regional
aprobó el 27 de diciembre nuevas enmiendas a
la Ley de Acompañamiento que extienden la
jornada de 35 a 37,5 horas a todos los
empleados públicos, unos 170.000 en toda la
región.
La medida supone 82,7 millones de euros de ahorro, según la
estimación oficial, porque trabajarán 12
millones de horas más al año. Habrá más
horas de trabajo y se requerirá menos
personal, de ahí el ahorro. Según
estimaciones sindicales, serán entre 7.000 y
8.000 puestos de trabajo.
Según los convocantes de las concentraciones, había entre
150-200 trabajadores frente a los grandes
hospitales como el Ramón y Cajal, La Paz,
Doce de Octubre, el Clínico y el Gregorio
Marañón, un centenar en La Princesa, el
Príncipe de Asturias o el Hospital de
Getafe, además de medio centenar en el
Infanta Leonor o el Infanta Sofía. Si a ello
se suma "una media de 10 profesionales en
los 300 centros de salud de la Comunidad, la
cifra podría superar los 6.000
concentrados", de acuerdo con las
estimaciones de CC OO y UGT.
En el Gregorio Marañón y ante un centro de salud de Chamberí,
se palpaba el enfado y la indignación de los
concentrados, entre ellos un médico de
familia del citado centro, que padece
ciática y no ha podido coger la baja "porque
debo pagar la hipoteca", y que ha estado
sentado en un banquito.
Para CC OO, la convocatoria ha tenido "una muy buena
respuesta, pese a la dificultad de las
fechas, con las plantillas de los centros al
mínimo", por lo que en muchos centros los
trabajadores se han concentrado a "la hora
del bocadillo". Según UGT, esta primera
convocatoria ha sido una "toma de contacto"
y "la continuación de un amplio calendario
de movilizaciones que se inició el mismo día
de la aprobación de las medidas con una
concentración ante la Asamblea de Madrid".
Aguirre señaló dos días después de aprobar los recortes que
"es de justicia" que los funcionarios
trabajen más, y aseguró que los interinos,
muchos de los cuales se quedarán sin empleo
tanto en sanidad como en educación, son
empleados que entraron "a dedo" y que "no
han preparado unas oposiciones". Añadió la
presidenta que el pago íntegro de su sueldo
durante una baja laboral, cerrado en
acuerdos y convenios firmados por el propio
Gobierno regional, son "privilegios".
www.elpais.es 06.01.12
BALEARES Y GALICIA EMPIEZAN A COBRAR 10 EUROS POR
EXPEDIR LA TARJETA SANITARIA
El Gobierno de Baleares (PP) empezó el día 2 de enero a cobrar
10 euros por renovar la tarjeta sanitaria.
Es una medida para compensar las carencias
presupuestarias. Su implantación ha sido
descrita como un avance de servicios
digitales para el ciudadano, porque el carné
incorporará un chip, una banda magnética y
una fotografía del titular que facilitará el
acceso al historial. También se ha empezado
a hacer en Galicia, aunque en este caso no
será obligatorio renovar las tarjetas, sino
que solo se pagará si se deteriora o
extravía.
En las islas venden la medida como un avance
tecnológico para evitar fraudes
Pero aunque el cobro ya se aplica, los ciudadanos baleares, de
momento, pagarán por una tarjeta
provisional, idéntica a la ya existente,
porque hasta el mes de mayo no estarán
disponibles las nuevas con las
características anunciadas como
justificación a su implantación. La
izquierda en la oposición, PSOE y PSM,
atacaron la innovación y el cobro del
soporte en el debate presupuestario al
entender que era un paso hacia un futuro
copago sanitario, extremo que niega el
Gobierno del PP.
El Servicio de Salud de las Islas Baleares, Ibsalut, indica
que el nuevo sistema implantado "permitirá
luchar contra el fraude" al facilitarse la
identificación del paciente con el uso de
una tarjeta intransferible. Desde la
consejería de Salud y el grupo parlamentario
del PP se ha insistido en las últimas
semanas en los episodios de uso fraudulento,
citándose el caso de una misma tarjeta que
fue usada en un mismo año en cinco partos.
La presidenta de la asociación El Defensor del Paciente,
Carmen Flores, afirmó que el hecho de cobrar
10 euros por la nueva tarjeta es
"anticonstitucional, injusto e insolidario".
Es una medida "vergonzosa, propia de un
estado inquisitorio y dictatorial". El
Gobierno de Baleares, en su plan de recortes
y ajustes, anuló el departamento y la figura
del Defensor del Paciente autonómico.
Flores afirmó que la medida de cobrar 10 euros supone
implantar el copago en la comunidad y,
además, ha criticado que se vaya a llevar a
cabo "con la patética excusa de controlar el
fraude". Flores equipara la acción a la
anunciada en Cataluña por la Generalitat de
cobrar un euro por receta.
En la campaña de promoción del Gobierno de Baleares -y como
prueba de que el objetivo último es recaudar
dinero ya para las comunidades- se resalta
que las personas que tengan una tarjeta con
una vigencia posterior al 31 de diciembre de
2012 y que la renueven durante este año se
beneficiarán de una reducción del 50% de la
cuota y tendrán que pagar cinco euros. Un
portavoz del Ibsalut recalcó esta mañana que
el cobro corresponde a una tasa por la
expedición del documento, y que, como tal,
estaba incluido en los presupuestos de la
comunidad. Lógicamente, quien tenga que
renovar ahora la tarjeta no deberá pagar de
nuevo cuando, a partir de mayo, esté en
vigor la nueva.
Una portavoz del Ministerio de Sanidad se limitó a indicar que
el caso entra dentro de las competencias de
las comunidades, aunque figuras destacadas
del PP, como la actual ministra de Fomento y
exministra de Sanidad, Ana Pastor, la
criticaran.
El exsecretario general de Sanidad en el anterior Gobierno,
José Martínez Olmos, criticó la medida
porque "su coste puede dejar a personas
fuera del sistema" y cree que "se está
utilizando la sanidad para recaudar, cuando
luego no es seguro que ese dinero vaya a
revertir en la atención sanitaria".
www.elpais.es
04.01.12
FABRA METE UN TIJERETAZO DE 1.000 MILLONES 10 DÍAS
DESPUÉS DE APROBAR SUS PRESUPUESTOS
La situación de la Generalitat valenciana es tan grave que el
vicepresidente de la Generalitat, José
Ciscar, comparó el lunes a la Administración
valenciana con un enfermo de cáncer. Y la
situación se degrada a tal ritmo que el
propio presidente, Alberto Fabra, el día de
Año Nuevo, convirtió en papel mojado sus
presupuestos aprobados por las Cortes
Valencianas apenas 10 días antes con un
nuevo tijeretazo de 1.000 millones de euros.
Todo recorte parece insuficiente para una
comunidad autónoma con la mayor deuda de
España en relación con su propio PIB, el
19,9%, y que en septiembre tenía un déficit
del 2,3%, un punto más de lo autorizado por
el Estado para todo el año.
El Consell ha convivido este último año con unas deudas a los
proveedores de 2.400 millones de euros.
Impagos que, por ejemplo, se han saldado con
una huelga de dos días de las farmacias
valencianas, a las que se les llegó a
adeudar 550 millones. También en los últimos
meses ha habido momentos en que ha pasado
apuros para pagar las nóminas a los
funcionarios.
Pero a los bancos, hasta ahora, nunca les había fallado en la
fecha de un vencimiento, puesto que es la
vía más rápida para llevar a la quiebra
autonómica a una administración ya bastante
vapuleada por las agencias de calificación.
En diciembre, Standard & Poor's situó las
emisiones de deuda a un paso del bono basura
(BBB-). La deuda financiera ha ido creciendo
año tras año hasta alcanzar, al cierre de
2010, los 12.577 millones de euros (9.333 un
año antes).
Síntomas a los que ha habido que reaccionar con contundencia y
también con cierta dosis de improvisación.
Así, Fabra ultima ahora un recorte de 1.000
millones en los presupuestos de 2012,
mediante unas medidas que se anunciarán
mañana. Las cuentas aprobadas el 21 de
diciembre, 14.987 millones en total,
suponían un recorte del 6,4% respecto al
presupuesto de 2011. El tijeretazo eleva la
reducción presupuestaria al 12,5%. Una
drástica medida quizá forzada por la
vergüenza de que el Estado tenga que salir a
su rescate.
www.elpais.es
04.01.12
LA SUBIDA DEL IBI APROBADA POR RAJOY INYECTA
30 MILLONES MÁS AL AÑO A MADRID
"No tenemos previsto subir los impuestos",
dijo ayer Ana Botella en su primera rueda de
prensa como alcaldesa de Madrid. El
deterioro de las constantes vitales de la
economía amenaza con dañar los ingresos
municipales en 2012, pero Botella confía en
compensarlo con un nuevo plan de ajuste del
gasto. El incremento de la presión fiscal
aparece en cualquier caso en la hoja de ruta
económica del Ayuntamiento como única opción
ante un empeoramiento de la situación. Dado
que este plan se basa en una previsión de
crecimiento del 2,3% para 2012, año en el
que el Gobierno central augura ya entrar en
recesión, el alza de impuestos parecía ayer
por la mañana inevitable.
Horas después, en efecto, se anunció esa
subida, pero no fue Ana Botella la
responsable sino el Gobierno central de
Mariano Rajoy que, para aliviar de manera
urgente las arcas municipales de todo el
país, y a la espera de cambios más profundos
en la financiación local, aprobó un
incremento del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI), la principal manija
recaudatoria de los ayuntamientos.
En el caso de Madrid, la subida será del 4%
en los recibos de 2012 y 2013. Pero a este
incremento hay que sumar el impacto de la
revisión catastral realizada antes del
verano, que se traduce en una subida del
5,7% anual durante el próximo decenio (un
74% total).
¿Cómo afectará a su recibo? Pongamos que en
2011 pagó 100 euros de IBI. Por la
actualización del valor catastral, de media
en 2012 le correspondía abonar 105,7 euros.
Ojo, de media, porque la revisión afecta de
manera diferente a cada distrito, cada
barrio, cada bloque de pisos y cada
vivienda. Por ejemplo, la media de subida en
10 años en Centro es del 117%; en Vicálvaro,
del 32%.
En cualquier caso, tomemos como ejemplo ese
recibo de 105,7 euros para 2012. Al aplicar
la subida del 4% aprobada por el Gobierno
ayer, al final se queda en 110 euros. Es
decir, la subida en 2012 del IBI en Madrid
será del 10%.
En 2013 hay que hacer el mismo cálculo:
primero, la subida del 5,7% sobre los 105,7
euros de 2011 da 111,7 euros. Y hay que
sumar el 4% del Gobierno, con lo que la
factura final será de 116,2 euros. Es decir,
un alza del 16,2% respecto al recibo de
2011.
El Gobierno ha eximido de esta subida
extraordinaria al 50% de las viviendas con
menor valor catastral de cada ciudad, que en
el caso de Madrid son 700.000. La
nota de corte es 89.237 euros, que en valor
de mercado equivale a 241.181 euros (el
catastral equivale al 37%, según los
responsables municipales de Hacienda).
El Ayuntamiento calcula incrementar su
recaudación en alrededor de 30 millones cada
año (por ahora, solo 2012 y 2013). Por el
IBI, en 2012 espera lograr 1.150 millones,
casi una cuarta parte de los ingresos
municipales totales.
El año que viene pondrá en marcha en
cualquier caso bonificaciones en el IBI para
los hogares más necesitados.
C.A GALICIA: EL RECORTE DE NEGREIRA EN EDUCACIÓN OBLIGA A REDUCIR A
LA MITAD EL SUELDO DE LOS MONITORES
El recorte de 183.000 euros que aplicó el
gobierno municipal de Carlos Negreira en la
partida presupuestaria de 2012 para
financiar las actividades extraescolares en
los colegios públicos de A Coruña lo
sufrirán los monitores. Su salario, a la
vuelta de las vacaciones navideñas, se
reducirá casi a la mitad: pasará de 14,41
euros brutos la hora a 7,45, con las nuevas
condiciones impuestas por el equipo de
gobierno en los convenios que firmará con
cada una de las 26 asociaciones de madres y
padres de alumnos (Ampa). Ante esta
situación, los trabajadores de los programas
municipal de ocio educativo han advertido
que cada uno decidirá, individualmente, si
continúa o no con su actividad a partir del
9 de enero.
La reorganización de las actividades
extraescolares en los centros públicos de
Infantil y Primaria de A Coruña así como la
considerable reducción del presupuesto para
Educación que decidió el equipo de Negreira,
del PP, sigue levantando ampollas y
malestar. Para aplacarlo, el concejal de
Educación, Francisco Mourelo, se reunió con
el presidente de la Federación Provincial de
Ampas y la junta directiva de la asociación
de directores de A Coruña para garantizarles
que la imposición, a partir de febrero, de
organizar clases de refuerzo no afectará a
la continuidad de los programas actuales en
horario no lectivo de Luditarde, que se
desarrolla en nueve de los 26 colegios, así
como el del Deporte en el Centro, que se
sigue en los 19 restantes.
Y se llegó a un acuerdo para que las Ampas
que así lo desean deleguen en la federación
la gestión de esas actividades
extraescolares y que tampoco afecten en las
cuotas que pagan ahora los padres por esos
dos programas. El de Luditarde cuesta 32
euros al mes, y el de deporte 20 euros al
semestre.
Pero en el convenio que el Ayuntamiento
envió a cada asociación de padres se
establece que a los educadores que se
encarga de contratar la federación se les
aplique el convenio colectivo de ámbito
estatal que pactaron en enero de 2011 la
patronal de empresas de ocio y tiempo libre
con los sindicatos. Un acuerdo que reduce a
casi la mitad sus tarifas horarias. La
federación provincial que preside Virgilio
Gantes informó a los monitores de estas
nuevas condiciones salariales para que cada
uno sopese si le compensa firmar un contrato
de trabajo cuando se resuelva la oferta de
empleo para seguir con los programas
extraescolares a partir del 9 de enero. En
un escrito remitido a los padres de alumnos
la semana pasada, los trabajadores aseguran
que cada uno "que decida continuar lo hará
debido al compromiso que tiene" con los
niños y los "programas que durante tanto
años ha defendido la federación provincial".
"Pero también debéis tener en cuenta que esa
reducción salarial no cubre nuestra labor de
programación y organización" de las
actividades extraescolares, añaden.
C.A CASTILLA LA MANCHA : COSPEDAL SUSPENDE LA
AYUDA ECONÓMICA A LAS MALTRATADAS
Castilla-La Mancha ordena cancelar los subsidios a
las víctimas sin recursos fijados para 2012
- La Junta anuncia un decreto sobre las
casas de acogida
Adiós a las ayudas económicas a las mujeres maltratadas sin
recursos cuando abandonan las casas de
acogida. El Gobierno de Castilla-La Mancha,
que ha suspendido los convenios con estos
centros -existen 13- y con los de
información a la mujer -85- a partir del 1
de enero, ha cursado instrucciones para que
no se conceda la ayuda económica regional a
las víctimas a partir de enero. Incluso
alguna prevista con anterioridad para ese
mes se ha cancelado.
"No sé qué voy a hacer ahora", dice una mujer que
perderá el apoyo
Según manifestaron a EL PAÍS las responsables de tres casas de
acogida de Ciudad Real y Albacete, han
recibido la orden de no tramitar ayudas para
el año próximo. Los subsidios consisten en
una ayuda directa de 1.000 euros, que
permite por ejemplo alquilar una vivienda y
sufragar los primeros gastos del nuevo
domicilio, y una mensual de 300 -más 60
euros por cada hijo- durante un máximo de un
año. Esta ayuda, destinada solo a las
maltratadas sin recursos económicos, es
compatible con la renta mínima de inserción.
En algunas casas se recibió la orden por teléfono. En la de
Ciudad Real capital existe constancia por
escrito. Así, en una reunión de la comisión
de ayudas de salida de la casa de acogida,
de la que forma parte una representante del
Instituto de la Mujer regional, se advirtió
a mediados de noviembre: "Las ayudas se
reconocerán con el límite temporal del año
en curso", según consta en el acta. "Cuando
se tenga conocimiento del contenido del
convenio del próximo año, se decidirán las
siguientes actuaciones", se añadía. Las
responsables de la casa de acogida y la
representante de la diputación protestaron
por ello. Pero el próximo año no se
prorrogarán los convenios actuales con las
casas de acogida (que suman en toda la
comunidad 96 plazas) y los centros de la
mujer, en manos de asociaciones de mujeres,
Ayuntamientos y diputaciones, sobre todo. El
Gobierno regional ha anunciado esta semana
que se sustituirán por "un nuevo mecanismo".
El objetivo es abaratar el coste del
servicio, unos 15 millones de euros al año.
El consejero de Presidencia, Jesús Labrador,
aseguró ayer en rueda de prensa que el
próximo día 22 se aprobará un decreto para
regular el funcionamiento de los centros.
Insistió en que permanecerán abiertos y
criticó a la directora en funciones del
Instituto de la Mujer estatal, Teresa Blat,
que aseguró la víspera que el fin de los
convenios suponía el cierre de todos los
centros.
A tenor del acta de otra reciente reunión sobre ayudas, se
cancelan también las acordadas meses atrás y
que alcanzaban 2012. "Según las indicaciones
manifestadas por los servicios centrales del
Instituto de la Mujer, las ayudas se harán
efectivas hasta diciembre de 2011,
estableciéndose el reconocimiento de las
mismas con el límite del año en curso. De
manera que aquellas ayudas aprobadas para el
año 2012 quedarán en suspenso hasta que se
conozca el contenido de los convenios para
el próximo año", establece el acta.
Este periódico intentó, reiteradamente y sin éxito, que el
Gobierno de Castilla-La Mancha se
manifestara sobre la suspensión de las
ayudas y sobre su eventual reanudación.
"Tengo dos hijos, un alquiler que pagar y no encuentro
trabajo. Tampoco tengo familia que me
ayude", dice una de las mujeres que han
perdido la ayuda para enero. Apenas lleva
dos meses fuera de la casa de acogida donde
permaneció medio año, tras reunir fuerzas
para huir del marido que la maltrató durante
11 años y al que nunca se atrevió a
denunciar. "De la noche a la mañana me
quitan la ayuda. ¿Qué voy a hacer ahora?",
se plantea esta mujer que perderá el
subsidio de 420 euros. Solo tendrá para
vivir la renta de inserción, "426 euros al
mes", detalla. "Estoy angustiada, es
demasiado lo que me está ocurriendo", añade.
Entre las trabajadoras de las casas de acogida también abunda
el desánimo y el enfado. "Es indignante lo
que está pasando", critica Concha Tolosa,
directora de la casa de acogida de Ciudad
Real -con capacidad para cuatro mujeres y
una docena de niños.
En las casas y los centros de información trabajan 400
personas. El consejero de Presidencia no ha
precisado si habrá despidos de los
trabajadores -ya se han comunicado los
primeros-. Se ha limitado a precisar a este
respecto que habrá un "criterio de
racionalización económica", informa Efe.
www.elpais.es 17.12.11
CASTILLA Y LEÓN RACIONA EL DINERO DE LOS COLEGIOS E INSTITUTOS
Algunos establecimientos no recibirán la segunda transferencia del
año
La Junta reparte los fondos en función de las reservas de cada
centro
Las
tensiones por los recortes educativos se
están extendiendo a más comunidades, incluso
a aquellas en las que las aguas habían
permanecido más tranquilas hasta ahora, como
Castilla y León. La razón es que el Gobierno
autónomo ha decidido reducir en el último
momento el presupuesto anual para los gastos
de funcionamiento de los colegios e
institutos de la comunidad, que en algunos
casos supone un recorte del 40% del
presupuesto anual. La Junta ha asegurado que
no transferirá dinero a los colegios que no
lo necesiten.
Los centros públicos reciben ese importe (52
millones de euros para los 1.100 centros de
la comunidad) para pagar la calefacción, el
mantenimiento, recibos de luz y agua en
institutos; el material académico, libros y
equipamiento diverso, también en primaria,
en dos entregas. En la primera, en torno a
marzo, reciben el 60% de total del año; y en
la segunda, en el último trimestre, el 40%
restante. Pero este año, algunos colegios no
van a recibir nada de esa segunda entrega.
En Palencia, a 40 de ellos les han
transmitido oralmente que no se les va a
ingresar ni un euro.
El Gobierno afirma que disponen de 16 millones de
euros de remanente
La Consejería de Educación preguntó a
principios de curso a cada centro cuánto
dinero le quedaba y solo les van a dar ahora
lo que consideran que necesitan, que en
algunos casos es muy poco o nada. El
portavoz de la
Junta de Castilla y León, José Antonio
de Santiago-Juárez, dijo el viernes que los
colegios e institutos de la comunidad tienen
entre todos un remanente de 16 millones de
euros y que ninguno tendrá problemas de
funcionamiento, aunque van a revisar ahora
el proceso para ver si ha habido algún
error.
El problema es que directores, sindicatos y
profesores aseguran que en muchos casos no
les llega con el dinero ahorrado y el que
les han entregado hasta el siguiente pago.
“La notificación de un ingreso menor a estas
alturas del curso supone poner en riesgo la
gestión normal de los centros, como el pago
de proveedores o el mantenimiento de
instalaciones y maquinaria, entre otros
aspectos”, asegura Jesús Goicoechea, de FETE-UGT.
El importe liberado no llega al 20% del total
previsto para el curso
Los directores se quejan de que no se ha
tenido en cuenta para hacer los cálculos,
por ejemplo, que muchos centros acumulan
esas reservas para poder hacer frente a los
retrasos por parte de la consejería —el año
pasado, en vez del 1 de noviembre, el dinero
llegó el 31 de diciembre; este año, tampoco
ha llegado por el momento a muchos sitios a
mediados de diciembre—; ni se ha considerado
que el presupuesto para el gasóleo de la
calefacción lleva tres años congelado cuando
la factura ha crecido un 30% o que en muchos
casos parte de ese dinero que aparece en las
cuentas de los colegios corresponde a
programas financiados por el Ministerio de
Educación o la Unión Europea: sin ir más
lejos, la iniciativa de movilidad Erasmus
para profesores.
“Los institutos ya ajustan las cuentas al
céntimo cuando las preparan cada año. A
veces, fraccionan algunos pagos, o los
concentran a final de año, y eso tampoco lo
han tenido en cuenta”, asegura Goicoechea.
Además, se queja de la confusión y el
desconcierto creados en un proceso que se ha
comunicado de formas distintas y con
explicaciones diferentes. Santiago-Juárez,
en sus declaraciones del pasado viernes,
admitió que ha podido haber algún problema
de comunicación.
Directores y sindicatos aseguran que las cuentas
no les van a cuadrar
En las notificaciones que han recibido los
centros de Burgos y Valladolid (en el resto
de provincias, se ha hecho oralmente, según
UGT), efectivamente, las explicaciones son
distintas. “Debido a la actual coyuntura
económica, el crédito a recibir es
notablemente inferior al 40% previsto”, dice
el texto remitido a los colegios e
institutos vallisoletanos. Añade, eso sí,
unos teléfonos de contacto para que llamen a
quejarse aquellos establecimientos con
“especiales dificultades”.
Sin embargo, el texto para los institutos
burgaleses dice, simplemente, que se ha
repartido el poco dinero que había de la
mejor manera que han encontrado: “Puedo
garantizarle que las disponibilidades de
tesorería —enormemente exiguas en las
actuales circunstancias económicas— se han
distribuido a los centros escolares en su
totalidad. Estoy seguro de que extremará el
rigor en la gestión económica de su centro”,
dice la carta fechada el 24 de noviembre.
En algunos casos se está encendiendo la
calefacción solo en días alternos
Más allá de estimaciones, es muy difícil
calcular la medida de la restricción. Pero
si tomamos la cifra que dio Santiago-Juárez
del presupuesto que se tenía que entregar
ahora (22 millones de euros) y la cruzamos
con el dinero que una portavoz de la
Consejería de Educación aseguró el jueves
que se había liberado hasta el momento, unos
cuatro millones, el resultado sería un
descenso del 80% en esa segunda entrega y de
algo más de un tercio en el total del año.
Por ejemplo, un colegio de infantil y
primaria (en estos, el mantenimiento, la
luz, el agua, etcétera, lo pagan los
Ayuntamientos) de unos 500 alumnos que tenía
que recibir 4.000 euros recibirá 1.000. O en
un instituto de secundaria de algo menos de
300 estudiantes, en vez de 22.000, serán
4.000.
Este último es el caso del IES Campo Charro,
de La Fuente de San Esteban (Salamanca),
según relató el director a sus profesores.
Lo cuenta uno de ellos, Antón Seoane. “Lo
que se nos ha ingresado (y no habrá más
hasta marzo o abril) solo permite pagar los
recibos de luz y teléfono de dos meses en un
centro como el mío. Solo la calefacción es
algo inasumible que podremos costear gracias
a que el centro cuenta con una reserva”,
escribe Seoane en un correo electrónico. De
hecho, algunos centros, cuenta Goicoechea,
de UGT, están encendiendo la calefacción
solo en días alternos. Otros están dando
vueltas a cómo atender al mantenimiento de
equipos o han decidido ya dejar de aportar
ayudas a los alumnos para los programas de
intercambios.
El portavoz y consejero de Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, insistió en que
se va a revisar el proceso y adelantó que
esta situación obliga a la Junta a buscar un
nuevo sistema para que los fondos se
utilicen para su fin y no se queden sin
utilizar.
www.elpais.es 12.12.11
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA : Carlos Negreira
recorta las actividades extraescolares en
los colegios públicos
A Coruña rebaja las subvenciones a las ANPA
y les obliga a dar clases de refuerzo
En su primer presupuesto municipal
para A Coruña, fijado en 225
millones de euros, el gobierno local
de Carlos Negreira (PP) quiere
marcar su impronta. Y borrar
símbolos de los 28 años de gestión
socialista y del último mandato, en
el que eran socios de gobierno los
nacionalistas. Son las cuentas "más
sociales de la historia", dice el
equipo de Negreira, que considera
blindado el gasto social. Aunque no
en todos los apartados, como el de
Educación.
El gobierno local del PP ha puesto
patas arriba el modelo de
actividades extraescolares en los
centros públicos de Infantil y
Primaria de A Coruña. No solo
recortó considerablemente las
subvenciones para este programa,
sino que la intención es cambiar de
arriba abajo las actividades
educativas fuera del horario
lectivo, imponer determinadas clases
e introducir academias privadas. Ya
convocó un concurso para contratar a
empresas que impartirán, utilizando
equipamientos e instalaciones de
centros públicos de Infantil y
Primaria, programas educativos de
inglés, castellano, gallego e
informática.
El dinero para obras y reposiciones
en colegios públicos se reduce a la
mitad, y disminuyen las aportaciones
al centro coruñés de la UNED (80.000
euros en vez de 95.000) y a la
escuela universitaria de Relaciones
Laborales (5.000 euros, 1.000 menos
que este año). Pero por el
contrario, entre las novedades en el
reparto de fondos destaca la
asignación de 100.000 euros a la
Fundación Jove, "para realizar
programas municipales educativos,
deportivos, culturales y de
juventud". La entidad de la familia
del empresario Manuel Jove, una de
las mayores fortunas de Galicia, se
lleva parte de los 183.000 euros que
se recortó para el programa de
formación y ocio en colegios
públicos.
Hasta ahora, el Ayuntamiento coruñés
entregaba 495.000 euros a la
Federación Provincial de ANPA en
centros públicos para un programa de
actividades extraescolares, el
Luditarde. Pero el equipo de
Negreira, contrario a una federación
que considera afín al PSOE -solo le
mantiene 18.000 euros para gastos de
personal y actividades-, ha
eliminado esa transferencia y
suscribirá un convenio individual de
12.000 euros con cada asociación de
madres y padres de los 26 colegios
públicos. Supondrá en total 312.000
euros, un 36% menos que hasta el
momento.
La preocupación hace mella entre las
asociaciones. A punto de finalizar
el primer trimestre del curso, se
ven en la tesitura de firmar un
convenio con el ayuntamiento que
pone en peligro la continuidad del
actual programa Luditarde, e
introduce grandes cambios como la
obligación de impartir, fuera del
horario lectivo, clases de refuerzo
de cuatro asignaturas: inglés,
castellano, gallego y matemáticas.
El gobierno coruñés impone que la
mitad de los 12.000 euros que
recibirá cada ANPA se dedique a
contratar docentes para esas clases.
Una pretensión que roza la
ilegalidad, según denunciaron varias
asociaciones. La orden de la
Consellería de Educación que regula
el funcionamiento de los centros
públicos prohíbe expresamente que
las actividades extraescolares
"tenga contenidos iguales o
similares al de una enseñanza
oficial del currículum", recuerda la
ANPA del Colegio Ramón de la Sagra
en una carta enviada al concejal de
Educación, en la que pide la
reconsideración de los planes
municipales.
Los tres grupos de la oposición
local también denuncian este cambio
del modelo de gestión. Para el PSOE,
que en A Coruña se recurra a
academias privadas con ánimo de
lucro para impartir programas
educativos utilizando los medios y
equipos de los centros de enseñanza
públicos es "un banco de pruebas
para extender ese modelo en toda
Galicia". Pero el edil de Educación,
Francisco Mourelo, defiende que
redundará en "una mejor y mayor
atención al alumnado de Infantil y
Primaria".
Más para propaganda y publicidad
En los planes de
"austeridad y recortes
de gastos superfluos"
que se ha impuesto el
gobierno coruñés de
Carlos Negreira no
entran, sino todo lo
contrario, los de
propaganda y publicidad.
El nuevo equipo
municipal, en sus
primeros presupuestos
para 2012, presume de
reducir a la mitad las
partidas para gastos de
protocolo,
representación,
reuniones y
conferencias. Fijadas en
191.252 euros, se
ahorrará en ese capítulo
207.000 euros, que
destinará a servicios
sociales.
Pero por el contrario,
se dispararán los gastos
en propaganda y
publicidad: pasarán de
368.650 euros a 568.879
euros. Una subida del
54%, casi 200.000 euros.
Para el edil de Esquerda
Unida César Santiso, si
ya eran "alarmantes" las
cantidades que el
anterior gobierno
bipartito PSOE-BNG
dedicaba a propaganda y
publicidad, la cifra que
pretende gastar el
Partido Popular es
"escandalosa". "Es una
mala noticia para la
ciudad que el gobierno
municipal invierta más
en propaganda que en
apoyar a los
emprendedores", denuncia
Santiso. La convocatoria
de ayudas públicas para
este colectivo está
dotada con solo 180.000
euros.
El equipo de Negreira
repartirá el próximo año
19,25 millones, casi uno
más que sus antecesores
del bipartito, entre
colectivos con fines
sociales. Las
subvenciones y convenios
que más suben son del
capítulo de servicios
sociales. Se mantiene la
lista de entidades que
perciben dinero para
ejecutar el plan
municipal para personas
con discapacidad, entre
ellas la asignación
anual de 41.000 euros a
la Fundación Paideia de
Rosalía Mera, la
cofundadora de Inditex y
una de las mujeres más
ricas del planeta. Lo
que sí se ha eliminado
es el dinero para
normalización
lingüística y promoción
del gallego, así como
subvenciones a entidades
que el PP considera
hostiles.
www.elpais.es
12.12.11
