" QUE LOS TRABAJADORES ESTÉN TRANQUILOS, AQUÍ ESTÁ EL PP "
( María Dolores Cospedal García. 06/06/10 )

Los centros de Madrid y Barcelona se colapsan de manifestantes en contra del plan de ajuste

Alicante, Bilbao, Sevilla, Valencia y más de 80 ciudades en toda España secundan las marchas

Después de más de una semana de protestas, la indignación volvió a inundar este jueves las calles españolas. Las protestas espontáneas que han proliferado tras el anuncio del Gobierno de un ajuste de 65.000 millones en dos años llegaron al clímax en un ambiente pacífico y acabaron, conforme se acercaba la noche y se dispersaba la marcha, con algunos disturbios e incidentes violentos. Varias cargas policiales en Madrid dejaron 26 heridos, seis de los cuales fueron trasladados a distintos centros hospitalarios, y los enfrentamientos entre manifestantes y agentes se saldaron con al menos 15 detenidos, uno de ellos bombero.

La multitudinaria protesta de la capital empezó sin incidentes violentos. Pero pasada la medianoche empezaron los enfrentamientos entre grupos de manifestantes y policías, con disparos de salvas, contenedores quemados y una pugna infructuosa de la marcha por acercarse al Congreso. La Cámara baja estaba protegida por unos 120 policías, que les bloquearon el paso. Los antidisturbios cargaron en la Carrera de San Jerónimo, cuando los manifestantes intentaron traspasar las vallas que rodean estos días la Cámara baja. Al menos dos personas fueron detenidas en ese momento, una de ellas un bombero.

Según los cálculos de EL PAÍS, más de 100.000 personas secundaron la convocatoria

Aunque las protestas corrieron por toda España, fue la de Madrid la más multitudinaria. Bajo el lema Quieren arruinar el país, hay que impedirlo, somos más, miles de personas procedentes de todos los sectores públicos se concentraron —marchar era casi imposible— en la callé Alcalá, entre la Puerta del Sol y Cibeles, y las vías aledañas, y en el paseo del Prado, hasta Neptuno. Según los cálculos de EL PAÍS, más de 100.000 personas secundaron la convocatoria. Los organizadores dan una cifra de 800.000 asistentes, mientras que fuentes policiales la reducen a 25.000.

La Coordinadora de Trabajadores del Espectáculo, plataforma que engloba a los sindicatos de la cultura y el espectáculo, fue el primer colectivo en protestar en Madrid con una concentración a las 19.30 en la plaza del Rey. "Se están cargando el futuro de toda una generación", criticó el actor Javier Bardem.

Hubo muchos gritos de guerra y lemas variados, pero triunfó el exabrupto “¡Que se jodan!”, que pronunció la diputada del PP de Castellón Andrea Fabra. En Madrid, unos trabajadores lograron colgar durante unos minutos, después de muchos forcejeos, una pancarta en el Palacio de Telecomunicaciones, sede del Ayuntamiento madrileño, en la que se leía el exabrupto que lanzó Fabra cuando Rajoy anunciaba el paquete de recortes.

Fue también el cántico más coreado en las principales ciudades valencianas, donde además los protagonistas de muchas de esas marchas fueron los trabajadores de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), amenazados estos días por un brutal expediente de regulación de empleo que tiene por objetivo despedir a 1.295 empleados (76% de la plantilla). En Valencia (50.000 manifestantes) también se sumaron a las protestas muchos agentes de policía, y el éxito de la convocatoria les animó a todos a anunciar que en septiembre se dirigirán hacia Madrid para exigir un referéndum para “tirar” al Gobierno.

En Barcelona, la enésima manifestación contra los recortes reunió a decenas de miles de personas, 400.000 según los organizadores y 40.000 según la policía. Con los bomberos a petardo limpio y los #iaioflautes, el ala senior del Movimiento 15-M, en la primera línea de frente aunque sea con bastón, Barcelona se volvió a echar a la calle.

En Euskadi las masivas protestas no contaron este jueves con el apoyo de los sindicatos nacionalistas ELA y LAB, a los que los demás convocantes pidieron unidad. En Bilbao, con unos 20.000 manifestantes, el lema de partida fue: Quieren arruinar el país, hay que impedirlo. Rebélate. Los movilizados llevaban en sus manos ikurriñas, banderas republicanas y de los sindicatos. En Pamplona, los 15.000 asistentes a la protesta recorrieron las calles tras el lema No te calles.

En la capital de Andalucía, en Sevilla, los manifestantes, más de 50.000, optaron por corear “esto nos pasa con un Gobierno facha”, “este Gobierno nos lleva a la ruina” o “Rajoy, ratero, nos roba a los obreros”. En la multitudinaria manifestación de Málaga se portaban pancartas con mensajes como no te calles, defiende tus derechos o venden la sanidad para salvar la banca.

En Madrid las protestas acabaron con 26 personas heridas y al menos siete detenidos

En Murcia se gritó: “¡Gobierno y banqueros, los mismos embusteros!” y “manos arriba, esto es un atraco”. Algunos iban disfrazados de Andrea Fabra y otros llevaban consignas como “Señora Fabra: ya estamos bien jodidos”, “dice el refrán: no te rías del mal de tu vecino, que el tuyo viene de camino”.

En Palma, más de 20.000 personas (50.000 según los organizadores) protagonizaron una de las protestas más amplias y socialmente diversa de los últimos años. Hasta 20 sindicatos llamaron a salir a la calle contra los recortes. Entre la multitud predominaban las camisetas negras de los funcionarios y las verdes de los defensores del sector público en la enseñanza y la sanidad. Se dio una fuerte presencia de jóvenes y activistas culturales junto a bomberos y policías en reivindicación. Los jubilados se hicieron notar. En Ibiza y Mahón marcharon centenares de manifestantes. En Canarias algunos asistentes lucían camisetas negras con la estampa: “Que se jodan”.

Las manifestaciones reunieron a centenares de miles de personas en unas 80 ciudades de España apenas unas horas después de que el Congreso de los Diputados aprobara el tijeretazo solo con los votos del PP. Los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez anunciaron que no serán las últimas movilizaciones que habrá este verano. “Hoy no es una manifestación más ni un acto final de nada. Habrá más en agosto”, anunció Toxo antes de la convocatoria madrileña. “Convocaremos acciones concretas y sectoriales e implicaremos a todos los colectivos que sufren los recortes, haremos confluir la movilización laboral y ciudadana, preparemos una gran marcha sobre Madrid”, concluía el manifiesto que leyeron en la capital los escritores Benjamín Prado y Marta Sanz.

La magnitud del mayor recorte de la democracia ha unido a sindicatos, organizaciones y movimientos sociales —han secundado las protestas más de mil organizaciones— que hasta la semana pasada era impensable que salieran juntos a la calle. La manifestación de este jueves estaba convocada por seis sindicatos dispares (UGT, CC OO, CSI-F, CGT, la Intersindical y USO), que hasta ahora no habían confluido nunca, y la Plataforma en Defensa del Estado del Bienestar. El Gobierno sabía que el descontento había crecido mucho últimamente —más con el ya famoso grito de la popular Andrea Fabra en el Congreso: “¡Que se jodan!”—, pero no esperaba movilizaciones masivas. Las protestas contra la reforma laboral llegaron a ser contundentes por momentos, sobre todo en las primeras manifestaciones convocadas contra ella, pero ninguna ha tenido esta dimensión. Ni siquiera la de la huelga general.

Los recortes ya no afectan solo a colectivos concretos, por amplios que sean (como la reforma laboral a los 14 millones de asalariados), ni son medidas que maniatan solo a ciertas Administraciones o entes públicos. El ajuste que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy llega directamente al bolsillo de todos los ciudadanos, de una o de otra forma: la subida del IVA, el aumento de las retenciones por IRPF a los autónomos, la suspensión de la paga extra de Navidad a los funcionarios, el recorte de las prestaciones por desempleo, los despidos en las empresas públicas. Además, llega también a puntos neurálgicos del Estado de bienestar que afectan a la vida cotidiana: el tajo en dependencia, las recetas sanitarias… “Es el momento de salir a la calle, soy enfermo crónico y ahora tengo que pagar más por los medicamentos”, protestaba este jueves un bombero jubilado.

Pero la medida que más ha contribuido a llenar las calles ha sido la suspensión de la paga extra de Navidad a los empleados públicos, como se ha puesto de manifiesto en las protestas que, organizadas o espontáneas, ha habido durante la última semana. Y, sobre todo, se pudo ver este jueves pese al calor asfixiante: la gente vestida con las camisetas verdes que simbolizan la oposición a los recortes en la enseñanza pública se fundía con los uniformes y cascos de bombero, los policías vestidos de paisano —en Valencia, agentes de la policía local se atrevieron a marchar de uniforme— y las camisetas negras de los funcionarios, protestando por los recortes salariales. “Lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid es un despilfarro, y ahora cada vez tenemos menos trabajo porque hay menos subvenciones”, criticó una trabajadora social.

02. MONTORO INSISTE: “NO HAY DINERO EN LAS ARCAS PÚBLICAS PARA PAGAR SERVICIOS”

· Los recortes "obedecen a las recomendaciones de la UE, que son obligaciones", dice el ministro

· Rubalcaba afea la ausencia del presidente del Gobierno en un pleno de gran trascendencia

· El titular de Hacienda niega la rebaja de sueldo a los funcionarios: "Hay un retraimiento de la paga"

· Mientras el Ejecutivo defiende sus medidas, la prima de riesgo ha llegado a los 582 puntos

El nuevo tijeretazo del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que incluso supera largamente las líneas rojas que el PP se marcó durante la campaña electoral, como la subida del IVA, obedece a dos razones, a tenor de lo que ha justificado en el Congreso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, encargado de defender los recortes en nombre del Gobierno en el pleno en el que se va a convalidar el decreto de los recortes. Uno de los argumentos es que no hay fondos: "No hay dinero en las arcas públicas para pagar servicios”, ha insistido Montoro. Ayer, cuando el propio ministro dijo que las nóminas de los funcionarios estaban en peligro, la prima de riesgo llegó a los 576 puntos. Hoy, mientras el Ejecutivo defiende sus medidas, ha llegado a los 582 puntos, rozando el máximo histórico, situado en siete puntos más.

La otra razón esgrimida es que el Ejecutivo ha obedecido las "recomendaciones de la UE", que "son obligaciones". Y lo ha recalcado una y otra vez. "Si queremos ser Europa y construir Europa tenemos que dejar parte de nuestras ideas en la orilla", ha aseverado.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se encuentra en su despacho de La Moncloa y, después, acudirá al Congreso a votar el decreto que convalida el tijeretazo de 65.000 millones de euros, según fuentes oficiales.

El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afeado esta mañana al presidente por no haber acudido al Congreso en una sesión plenaria de tanta trascendencia.

Montoro ha defendido también que el Ejecutivo no está improvisando, sino que está "reestructurando la economía, el sector público", porque, ha dicho, para crecer, hay que reducir los servicios públicos. Además, el ministro de Hacienda ha tratado de justificar sus palabras de ayer, cuando dijo que si no se ampliaba la recaudación, peligrarían las nóminas de la Administración pública. "Hay que decir las cosas como son, hay que decir dónde está nuestra debilidad", ha afirmado. "España está viviendo una segunda recesión económica, prolongación de la de 2009. Tenemos que salir de ahí siendo lo que somos, Europa, y lo que somos, euro".

El ministro ha explicado que los cambios que el Gobierno ha introducido en la función pública tienen la intención de "asimilar el trabajo del funcionario al régimen de la empresa privada", algo que significa "pedirle al funcionario que trabaje más tiempo y eso es positivo". Además, el ministro ha llegado a decir que los empleados públicos no sufrirán una bajada del salario, pese a que no percibirán la paga extra de Navidad —se les devolverá en 2015 solo si el Estado cumple el déficit— y se les han reducido los moscosos. "No hay una bajada de las retribuciones, lo que hay es un retraimiento de la paga de diciembre que queda postergada a su inclusión en el fondo de pensiones", ha justificado el ministro.

A continuación, ha subido a la tribuna el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que defiende el rechazo frontal de su grupo al tijeretazo. Además, el líder socialista ha afeado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no haya asistido a la sesión, en un debate de tanta trascendencia. Rubalcaba ha asegurado que es "humillante" que el Bundestag esté debatiendo las condiciones del rescate, cuando en España esa discusión no se está produciendo.

Por eso, ha reprochado al PP que el decreto ley, que es "una suerte de enmienda a la totalidad del Presupuesto", se convalide en días, cuando los Presupuestos del Estado fueron debatidos durante meses. "Coja un avión a Bruselas y diga que los recortes son una barbaridad", ha aconsejado además al ministro de Hacienda.

Rubalcaba ha sacado pecho de que, ya en el debate presupuestario, avanzó cómo iba a ser la situación actual, con el país en una grave recesión. "Tres meses después todo está mucho peor, como le dijimos lo que sucedería", ha afirmado, tras lo cual ha considerado que el nuevo tijeretazo es "la certificación legal de seis meses de errores en la política española".

El líder socialista también ha rebatido la tesis de Montoro de que los funcionarios no han visto bajado su salario. "Cuando un colectivo se le pone enfrente ustedes intentan matarlo", ha asegurado. Además, Rubalcaba ha defendido que la reforma no va a suponer la creación de empleo, en un país con el paro situado en el 24%. "Le pido que no rebajen un punto las cuotas de la Seguridad Social en este momento", ha reclamado. "Discutamos sobre los costes laborales, pero no bajen el punto porque solo va a aumentar el déficit de la Seguridad Social".

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha protagonizado hoy el duro debate en el Congreso sobre los recortes de su Gobierno. El tema era duro y el enfrentamiento dialéctico ha sido acorde. Estas han sido las frases más destacadas del ministro.

- "Lo que hoy traemos aquí hay que hacerlo. Hay que renunciar a lo que no es financiable ni posible, si queremos conseguir éxitos. Hay que explicarlo sin subterfugios. Lo que hacemos no responde a decisiones improvisadas. Estamos reestructurando el sector público".

- "Es el momento de decir las cosas claras: hay que reducir gastos públicos, servicios públicos, porque nos conviene para crecer".

- "Tenemos que decir que de una crisis como esta salimos trabajando más, todos. Tenemos que pedir más compromisos a los que tienen trabajo en la función pública".

- "Hay que decir las cosas como son, hay que decir dónde esta nuestra debilidad".

- "Hay que reducir servicios públicos para crecer. Las decisiones se derivan de recomendaciones de la UE".

- "Lo que hacemos es pedirle al funcionario que trabaje más tiempo. No se puede decir que por trabajar más se deteriora el servicio”.

- "Si queremos ser Europa tenemos que dejar parte de nuestras ideas en la orilla".

- "No hay una bajada de las retribuciones, lo que hay es un retraimiento de la paga de diciembre que queda postergada a su inclusión en el fondo de pensiones".

Rubalcaba ha finalizado su intervención asegurando que, de haber llegado a un acuerdo PP y PSOE, el país habría dado confianza. Y ha remachado: "Rajoy, como los malos toreros, ha dicho dejadme solo. Y solo se ha quedado".

En la réplica al líder socialista, Montoro ha arremetido contra Rubalcaba, con un tono displicente. "Hay que decirle la verdad a Europa ¿Lo va a hacer usted, que ha dejado España a los pies de los caballos de Europa?", ha espetado el ministro al secretario general de los socialistas, en alusión a que formó parte del Gobierno anterior. Y ha asegurado que la subida de la prima de riesgo no tiene nada que ver con las medidas del Ejecutivo. "Ya en agosto pasado intervino el BCE", ha remachado.

Pero el líder de los socialistas, en la siguiente intervención, ha negado la mayor: "Ustedes mandaron un mensaje a los ciudadanos, que bastaba cambiar al Gobierno para bajar la prima de riesgo", ha afirmado. "Se ha demostrado falso; algo habrán tenido ustedes que ver". Y ha insistido en la idea: "O ustedes pensaron que cambiando el Gobierno bajaba la prima de riesgo, y son unos incompetentes, o mintieron a los españoles".

Rubalcaba también ha insistido en que la oposición que está haciendo el PSOE es muy diferente a la que hizo en su día el PP, por responsable: "En eso ustedes y nosotros no somos lo mismo".

En la siguiente réplica del ministro, Montoro ha cerrado pidiendo a los socialistas que reconsideren su voto en contra. "No debemos fallarles ni a los españoles ni a los europeos que nos están ayudando en momentos trascendentes de nuestra historia", ha afirmado.

Sin embargo, esta petición final no ha casado con el tono de reproche a Rubalcaba y con la ironía con la que ha recibido sus propuestas, como la de establecer un impuesto a las grandes fortunas. "¿Cómo va a gravar las fortunas que están ocultas?", se ha preguntado el ministro. "Yo también quiero. ¡Cuando me digan donde están! No es tiempo de ideologías", ha zanjado entre los aplausos y risas de su bancada.

El presidente adelanta su intervención ante el PP de Andalucía por las protestas

Mariano Rajoy ha animado a los militantes y dirigentes del PP a defender las medidas de ajuste de su Gobierno con "la cabeza bien alta" y "orgullo", durante la clausura apresurada del congreso de la organización andaluza, celebrado en Granada, que se adelantó por sorpresa a la noche de ayer para evitar las protestas convocadas por los sindicatos de funcionarios. El cierre estaba previsto para las 11 de la mañana del domingo, pero el temor a que los manifestantes terminaran por reventar el cónclave precipitó se final. "No tenemos nada de que avergonzarnos, estamos trabajando en beneficio de todos", ha enfatizado. Según la versión oficial del partido se consideró que era "más oportuno" adelantar la clausura, dado que este acto suele concebirse como un evento festivo y el ambiente "no está para dedicar un solo día para celebraciones o fiestas".

Tras ser recibido con una prolongada ovación por los compromisarios que han elegido al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido como nuevo líder andaluz en sustitución de Javier Arenas con el 96,7% de los votos, Rajoy ha proclamado que su Gobierno tiene la tranquilidad y la "convicción" de no trabajar para apoyar intereses de unos pocos "sino en beneficio de todos". "De los que nos aplauden, de los que se callan e incluso de los que protestan", dijo el presidente, que añadió: "Entiendo las frustraciones y el malhumor que generan los sacrificios pero si no adoptamos estas medidas la situación sería peor".

Aseguró que no quería hablar de tecnicismos, de la prima de riesgo, sino de algo mucho más importante, como es dar una oportunidad de encontrar empleo a más de cinco millones de parados. "A lo mejor no hacemos lo que nos gustaría hacer, pero la fuerza del PP brota de la convicción de que hacemos lo que debemos hacer. Estamos cumpliendo con nuestro deber", aseveró. "Tomamos decisiones que no son agradables ni nada fáciles de tomar. No es agradable subir los impuestos ni reducirle el sueldo a la gente. No es agradable ni popular pero es nuestro deber", redundó.

Como los oradores que le precedieron en el plenario del congreso y como hizo el viernes la secretaria general, Dolores de Cospedal, deslizó fuertes críticas a los socialistas sin llegar a nombrarlos. "Nosotros nunca hemos prometido milagros, ni brotes verdes, sabíamos que la situación era difícil, pero cuando llegamos era mucho más difícil de los que pensábamos". Aseguró que sin "sacrificios y reformas" nunca saldrá España del pozo, es "absurdo", "pura ingenuidad".

Pese a que durante la campaña de las elecciones andaluzas del pasado 25 de marzo se habló mucho del retraso de los Presupuestos Generales del Estado para no perjudicar a Javier Arenas, el presidente del Gobierno atribuyó al Gobierno de Zapatero haber demorado las medidas necesarias y esconder la cabeza debajo del ala. "Disfrazar la realidad y retrasar las reformas solo ha servido para que las tareas se amontonen y la factura resulte bastante más alta". Entre frases características de sus discurso —como que "España está llena de españoles"—, terminó con palabras de aliento: "Vamos a salir de estas situación".

Durante todo el día de ayer se había especulado con la posibilidad de que Rajoy anulara la clausura del congreso del PP andaluz, ante el temor de que las protestas convocadas y la escasa seguridad del recinto del congreso. Cuando se iba a proceder a la votación de la candidatura única de Juan Ignacio Zoido como presidente, se anunció por sorpresa que el presidente pondría fin al cónclave a última hora de ayer.

La explicación oficial fue que el colofón del congreso no tenía más interés que la fiesta, y "no es el momento de celebraciones". El viernes, cuando se inauguró el cónclave, varios centenares de policías locales y nacionales, guardias civiles y personal sanitario abroncaron a todo el que llegaba al palacio de congresos de Granada, con sirenas, tamboradas y bengalas de humo amarillo. La primera manifestación le cogió a Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha.

En la agenda de ayer figuraban las visitas de la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, y del ministro de Hacienda y Administración Públicas, pero ambos se cayeron del cartel. En su lugar, asistieron Fátima Báñez y Miguel Arias Cañete, titulares de las carteras de Empleo y Agricultura y Medio Ambiente.

El histórico congreso del PP andaluz, que cierra una etapa del liderazgo de 19 años de Javier Arenas, ha estado condicionado por el clima de crispación de los recortes y la amenaza de las protestas. El tono ha sido apagado, mustio, de duelo. Todos los oradores han destacado la gravedad del momento y han dibujado un panorama desolador, del que sistemáticamente han culpado a la "herencia recibida" de los socialistas.

Los ministros insistieron en este mensaje. Arias Cañete se felicitó por "tener la suerte" de contar con un presidente que no dice mentiras, al que "no le tiembla el pulso" y que antepone los intereses de los españoles a los del partido. "Tenemos la brújula, el norte, un piloto en la nave y la convicción de que lo primero para nosotros es España, y desde esa convicción vamos a seguir trabajando", proclamó.

Báñez dijo que "habrá algunos que se resistan al cambio, pero la mayoría silenciosa de buenos españoles afrontarán los esfuerzos con aplomo y serenidad".

EL GOBIERNO SOLO DEVOLVERÁ LA EXTRA A LOS FUNCIONARIOS SI CUMPLE EL DÉFICIT DE 2015

Los empleados públicos podrán perder hasta cuatro días de vacaciones este año. Los funcionarios son uno de los colectivos más golpeados por los recortes de la administración

Los funcionarios se han convertido en uno de los eslabones más débiles de la cadena de la que tira el Gobierno para tratar salir de la crisis financieras. El colectivo acumula recortes en sus nóminas y mermas en sus derechos laborales.

El disgusto de este sector se ha multiplicado esta semana tras el anuncio del Gobierno de que suspenderá la paga extraordinaria de Navidad y reducirá los días libres a los funcionarios, según anunció el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el pasado viernes tras el Consejo de Ministros. Pero el real decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado contenía más malas noticias para los 2,7 millones de funcionarios, personal laboral, eventuales e interinos de la administración. La paga de Navidad, que el Gobierno se había comprometido a compensarla en 2015 mediante un ingreso en el fondo de pensiones, queda ahora en el aire. Es decir, el decreto sostiene que la extra de diciembre solo se devolverá si el Gobierno cumple los objetivos fijados en la Ley de estabilidad. Y no hace alusión a ninguna fecha. Es decir si el Gobierno logra llevar a cabo el ajuste de 65.000 millones en las las cuentas públicas y consigue controlar la desviación presupuestaria. “Las cantidades derivadas de esta supresión podrán destinarse en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la contingencia de jubilación, siempre que se prevea el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”, señala el decreto. La medida afectará a todos los trabajadores contratados por la administración pública.

La norma prevé que las administraciones podrán mantener una paga extra en diciembre pero a cambio deberán reducir las nóminas hasta final de año en la parte proporcional equivalente a la paga de Navidad. Además, se especifica que la suspensión de la paga de Navidad afectará a la paga adicional del complemento específico o de las pagas adicionales en ese mes.

Otra de las malas noticias para los funcionarios que esconde el BOE consiste en la posibilidad de suspender o de modificar los convenios colectivos que afecten al personal laboral. De esta forma, el Gobierno se reserva la posibilidad de cambiar las condiciones de trabajo para los más de 690.000 trabajadores pertenecientes a este colectivo. “Los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, solo cuando concurra causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas. Se entenderá esta situación cuando las administraciones públicas deban adoptar planes de ajuste, de requilibrio de las cuentas públicas para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección de déficit público”, señala el decreto. No obstante, en la grave situación de crisis en la que todas las administraciones públicas soportan profundas desviaciones presupuestarias están obligadas a presentar planes de ajuste y planes de equilibrio financiero.

El Gobierno además ha decidido reducir los días de libre disposición --conocidos como moscosos-- y los de antigüedad –los canosos--. Hasta ahora, los funcionarios tenían seis días libres al año. Además, conforme antigüedad, el número de días libres crecía y tenía derecho a más días de vacaciones (hasta cuatro en este último caso). Una vez se publique el real decreto, estos últimos desaparecerán —tanto los días libres como los de vacaciones— y los moscosos se reducirán a tres. De esta forma los trabajadores públicos podrán perder hasta cuatro días de las vacaciones de verano este año. Los canosos, fueron establecidos cuando se aprobó el Estatuto Básico del Empleado público en 2006. Entonces se estableció que a partir de una determinada antigüedad los funcionarios podrían acumular hasta cuatro días libres adicionales que podían juntar con las vacaciones de verano. El nuevo decreto que entra en vigor mañana acaba con esta posibilidad.

El Gobierno también recorta el dinero que los funcionarios y el personal laboral cobrarán durante las bajas temporales. Hasta ahora, la mayoría de empleados públicos, cobraban la totalidad de su nómina cuando estaban de baja independientemente del tiempo. A partir de ahora, para ahorrar y para combatir el absentismo, el Gobierno establece que entre el primer día de baja y el tercero, “se podrá reconocer un complemento retributivo hasta alcanzar como máximo el 50% por ciento de las retribuciones”. Entre el cuarto día y el 20, el salario, incluido el complemento, no podrá superar el 75% de las retribuciones. A partir del día 21 y hasta el 90, se podrá satisfacer la totalidad de las retribuciones básicas.

Todavía quedaba por tocar alguna partida de Dependencia y el Gobierno lo ha hecho. El llamado nivel mínimo, dinero que se da a las comunidades por cada dependiente atendiendo a su gravedad, se verá reducido de forma inmediata en un 13%. Esto supone un golpe económico para las comunidades autónomas porque ellas deben seguir atendiendo a estas personas, pero ahora lo harán con menos recursos. El Ejecutivo ya eliminó en los Presupuestos Generales de Estado una partida de 283 millones que recibían las comunidades para la atención de los dependientes. Ahora reduce esta otra, que constituye la financiación básica de la ley. Así se recoge en el Boletín Oficial del Estado publicado hoy, donde se incluyen las últimas medidas para reducir gastos o aumentar ingresos. Este recorte ha sido una sorpresa para las comunidades autónomas.

Este “ahorro” en el gasto de la Administración General de Estado, alrededor de 195 millones de euros, se equipara en el BOE al que experimentarán las comunidades autónomas al bajar las cuantías que se pagan a las cuidadoras de los dependientes. Por ese concepto se ahorrarían otros 280 millones, en cifras redondas, siempre que las comunidades se conformen con bajar el 15% establecido, porque tienen permitido reducir más la paga de las cuidadoras.

“Estas medidas suponen la derogación de la Ley de Dependencia, se recortan todos los derechos y garantías, son un ahorro solo para el Estado, traerán más paro y menos recaudación”, ha criticado Luis Barriga, miembro de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Este recorte en el nivel mínimo ha caído como una bomba en las comunidades autónomas, que no fueron informadas en su reunión con la ministra de Sanidad, Ana Mato, el martes pasado. “Ha sido una sorpresa en la forma y en el contenido. La ley recoge que se debe informar al Consejo Territorial y no ha sido así”, se queja la consejera de Familia de Castilla y León, Milagros Marcos. “Las comunidades estamos obligadas a mantener los derechos de los ciudadanos y ahora, con esto, tendremos al menos que garantizar lo esencial, pero nos veremos obligadas a tomar medidas aún más drásticas que las del propio Gobierno”. En Castilla y León, gobernada por el PP, reducirán más del 15% establecido la paga a los cuidadores familiares para dedicar ese dinero a la concesión de servicios profesionales, siguiendo un modelo que en esa comunidad ha dado resultados eficientes. Pero no es fácil cambiar prestaciones económicas, más baratas, por servicios en un contexto de graves recortes. “Esta ley nunca estuvo bien financiada, en este asunto llueve sobre mojado”, critica Marcos.

Andalucía recibió la noticia con "indignación". "Lo han hecho sin informarnos, entonces ¿para qué nos reunimos todos el martes pasado? Esto supone, de facto, hacer insostenible la ley. Si quieren eliminarla que lo digan, pero no vendan que lo están haciendo por su sostenibilidad. Se ha incrementado lo que pondrá el usuario y lo que tienen que aportar las comunidades, el ahorro es solo para el Estado", explicaron fuentes de la Consejería de Sanidad de la región. "Nos dicen que podemos hacer políticas complementarias, pero no nos dejan endeudarnos y nos quitan la financiación", añadieron.

Leída la letra pequeña, el decreto deja claro que las cotizaciones a la Seguridad Social que el Gobierno venía pagando a aquellos familiares que cuidaban a un dependiente en casa se suspenderán el 31 de agosto. A partir de esa fecha, con una bonificación del 10%, el cuidador deberá hacerse cargo del 94% del total de la cuota. Y del 100% si quiere seguir cotizando en 2013.

Las comunidades podrán ahora tomarse un plazo de dos años hasta que el dependiente reciba su ayuda sin que eso genere atrasos que pagar en todo ese periodo. Pero, además, tendrán ocho años para ir abonando a los beneficiarios la deuda contraída por la demora en la concesión de la ayuda más allá del tiempo permitido.

Para los sindicatos este cambio abre la puerta a “la arbitrariedad y criminaliza al parado”

El Gobierno había anunciado un recorte en el seguro de desempleo y que iba a endurecer el cobro de la renta activa de inserción. Lo que no había contado es que bastará que el Ministerio de Empleo “podrá suspender el abono de las prestaciones por desempleo cuando se aprecien indicios suficientes de fraude”. Sin más, sin que se haya comprobado definitivamente si el fraude existe o no. Tampoco había informado el Ejecutivo de que iba a elevar los umbrales de la edad mínima necesaria, hasta los 55 años, para tener acceso al subsidio que cobran los parados que han agotado la prestación contributiva. Ni había dicho que iba a rebajar las indemnizaciones que paga el Fogasa.

La suspensión del cobro del seguro no implica la retirada definitiva de la paga, pero supone un cambio muy sustantivo sobre la situación que existía hasta hoy mismo. Hasta la publicación del real decreto del ajuste, se podía sancionar a un parado que estuviera defraudando (básicamente que trabajara al mismo tiempo que cobra la prestación), pero era necesario que se comprobara el fraude. No bastaban los meros “indicios suficientes” de que esto era así para sancionar con la pérdida, definitiva o temporal, del derecho.

Con este régimen en 2011, el Servicio Público de Empleo Estatal impuso 294.211 sanciones, según los datos del propio ministerio, que no distingue entre los que perdieron la prestación por un tiempo limitado y los que lo perdieron definitivamente.

El Ministerio de Empleo justifica el cambio diciendo que así dispone de más instrumentos en la lucha contra el fraude. Para los sindicatos, en cambio, este cambio abre la puerta a “la arbitrariedad y criminaliza al parado”, explican varios portavoces de UGT y CC OO.

En los días previos a la aprobación del ajuste, varios portavoces del PP advirtieron de que Empleo barajaba un endurecimiento de las sanciones a los parados. No ha sido así. El castigo por rechazar un empleo que se considera adecuado para el desempleado o un curso de formación sigue siendo el mismo: tres meses de suspensión en el cobro de la prestación la primera vez; seis meses, la segunda; y la pérdida definitiva en la tercera ocasión.

Pero la vuelta de tuerca a la protección por desempleo no se queda aquí, también llega al subsido por desempleo. Esta es una paga de 426 euros mensuales que los parados de más edad cobran cuando han agotado la prestación contributiva por desempleo y que, por tanto, es mucho más baja. Hasta hoy había dos tipos de subsidio: uno ordinario para mayores 52 años, que el parado cobra hasta que se jubilara; y otro especial para mayores de 45 años que se percibe durante seis meses.

A partir de hoy, este último subsidio desaparece. Mientras que los requisitos para acceder se endurecen. Ahora es necesario ser mayor de 55 años. Este cambio va dirigido especialmente a uno de los colectivos más castigados durante la crisis: los parados de larga duración de más edad, un colectivo que tiene grandes dificultades para encontrar trabajo cuando lo pierde. No obstante, este cambio no afecta a los casi 1,2 millones de beneficiarios actuales, sino a los nuevos parados.

También se endurecen considerablemente los requisitos de la renta activa de inserción. Hasta ahora para acceder esta paga de 426 euros al mes durante un máximo de 11 meses, bastaba con estar inscrito durante un año como demandante de empleo y no tener unos ingresos superiores al 75% de salario mínimo interprofesional. Ahora es necesario que se haya agotado previamente el cobro de la prestación y el subsidio, y además se impide a quienes lo están percibiendo o pueden percibirlo que viajen al extranjero.

La desaparición de las bonificaciones llega hasta la que reciben los parados en la cuota que tienen que abonar a la Seguridad Social. Los servicios públicos de empleo pagaban la cuota parte empresarial de los desempleados de acuerdo con la última base de cotización y se hacían cargo de un 35% de la parte correspondiente al parado. Desde hoy, este porcentaje correrá a cargo del parado, por lo que su nómina se reducirá.

Pese a toda esta retahíla de cambios, el que, con total probabilidad, notarán antes muchos nuevos parados es la reducción decretada en las indemnizaciones que paga el Fogasa: pasan de un máximo de 150 días por año y un sueldo de tres veces el salario mínimo interprofesional a un tope de 120 días y dos veces el SMI (1.282 euros al mes).

El Ejecutivo detalla las cifras del ajuste en una web dirigida a inversores extranjeros

Ni el ministro de Hacienda, Crisóbal Montoro, ni la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, detallaron a cuánto ascendía el ajuste decretado ayer en el Consejo de Ministros. En la rueda de prensa, los periodistas lo preguntaron en reiteradas ocasiones. Ninguno de los dos contestó a una cuestión para la que tenían la respuesta. Preferían decírselo primero a los inversores internacionales a través de la página web que el Ministerio de Economía tiene para facilitar “los últimos datos sobre España en inglés de una manera clara y amplia”.

En esta web, The Spanish Economy, ha aparecido de madrugada un resumen de dos páginas en el que se desglosa que el decreto de ajuste que hoy aparece en el BOE asciende a 56.440 millones de 2012 a 2014, como ha adelantado El País.

No ha sido la única sorpresa que escondían las páginas digitales sobre el ajuste. Como viene siendo habitual cada vez que este Gobierno aprueba una gran reforma o una norma de especial trascendencia, el Boletín Oficial del Estado (BOE) guarda gran cantidad de novedades de las que ningún portavoz del Gobierno ha informado. Ya sucedió con la reforma laboral, la que el ministro Guindos definió en Bruselas como “extremadamente agresiva” (lo dijo en inglés, of course). Por ejemplo, la rebaja unilateral de salarios que figuraba en el BOE, no fue contada ni por la ministra Báñez después del Consejo de Ministros ni por sus colaboradores en las reuniones informativas posteriores.

En esta ocasión, las sorpresas que encierra el decreto que entra en vigor mañana atañen a la desgravación por vivienda, a las sanciones que pueden imponerse a los parados, a la indemnización que pagará el FOGASA a los despedidos… En los cuatro días que han pasado desde que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el ajuste en el Congreso de los Diputados en un discurso de 42 páginas, más las réplicas, los detalles del recorte han crecido mucho.

El presidente anuncia un recorte de 3.500 millones de euros en la Administración local

El Ejecutivo anuncia la reducción del 30% de los concejales por tramos de población

El nuevo IVA y las medidas que afectan a los funcionarios entrarán en vigor el lunes

España cambió radicalmente desde ayer. En cumplimiento de las exigencias de la Unión Europea, habrá impuestos más elevados, los funcionarios tendrán menos salarios, los parados menos prestaciones, los ciudadanos menos servicios y las administraciones públicas menos estructura, según anunció ayer Mariano Rajoy en el Congreso.

El presidente del Gobierno certificó también el giro de su proyecto político Y de su programa, al exponer una serie de medidas que, según admitió reiteradamente, no quisiera tomar y que han sido expresamente rechazadas por él y por sus ministros hasta la misma víspera.

El IVA general subirá del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10%; los funcionarios no recibirán paga de Navidad y tendrán menos días libres y movilidad; se reducirá en un 30% el número de concejales y se limitarán sus salarios; los nuevos parados recibirán un 10% menos de prestación a partir de los seis meses; se reducirá la dependencia; se aplicará un recorte adicional de 600 millones en los ministerios; se extremarán las medidas de control sobre las cuentas autonómicas y municipales; las diputaciones asumirán competencias de ayuntamientos pequeños y disminuirá el número de liberados sindicales, entre otras medidas que tendrán impacto social.

Un hachazo de 65.000 millones de euros en dos años, que cumple las exigencias de la Unión Europea y los mercados y que supone el mayor recorte de la historia, el cuarto de los llevados a cabo por Rajoy desde que llegó al Gobierno el pasado mes de diciembre. “El Estado patas arriba”, según la descriptiva expresión de la diputada Uxue Barkos (GaraiBai).

El presidente del Gobierno fue al Congreso con un discurso larguísimo que arrancó con el balance de la última cumbre europea y terminó con el relato de las medidas que se adoptarán de forma inmediata y una justificación reiterada: No tengo más remedio que hacerlo, aunque no me guste.

Solo al final puso alguna frase con algún gramo de alma y sentimiento, pero dentro de un relato gris, de eurócrata y sin dejar de interpretarlo en un tono frío y monocorde. Tan distante y desganado como si las medidas de drástico recorte fueran el resultado automático de la suma de factores fríos. O como si fuera el debate posterior a cualquier otra cumbre europea intrascendente o lejana a los intereses diarios de los ciudadanos.

Por no tener, la sesión parlamentaria no tuvo ni la solemnidad y profundidad que requiere tanta trascendencia y, sobre todo, tantas consecuencias sociales que acarreará. No la tuvo porque era una comparecencia obligada del presidente del Gobierno para dar cuenta de una cumbre europea, porque no ha querido que haya debate sobre el estado de la nación este año, porque los tiempos de intervención de la oposición eran muy limitados y porque ni siquiera se tomó la molestia de responder a los portavoces uno a uno.

“Esto no es un simple debate”, le reprochó el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, para hacerle ver que en una sesión tan concentrada se incluía la exposición de un recorte sin precedentes, la información sobre el rescate y hasta los pormenores de una cumbre europea. Las medidas tendrán ahora un mínimo debate de convalidación como decretos y, previsiblemente, el Gobierno evitará que las normas que las incluyan se tramiten como leyes. De esa forma, el recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y educación se resolvió hace dos meses en solo dos horas de debate y votación y sin incertidumbre alguna, porque al PP le basta su amplia mayoría absoluta.

La primera parte del discurso de Rajoy de ayer fue seguida con indiferencia desde los escaños, hasta que se llegó a las medidas concretas. Entonces fue interrumpido con abucheos desde la izquierda y con aplausos por los populares cuando, por ejemplo, mencionó el recorte de las prestaciones para los parados y con gritos como “¡A trabajar, vagos!” y “¡A Cuba!” cuando Rajoy hablaba de reducir el número de liberados sindicales en la administración.

“Hoy no es un día muy agradable para ustedes”, dijo Rajoy a sus diputados para agradecerles su apoyo incondicional y que le ovacionaran en pie al terminar de relatar el recorte. Desde hoy arranca una nueva etapa, una legislatura distinta y otro Rajoy y entre sus diputados las palabras más repetidas en los pasillos hacia su líder fueron coraje, valentía y todos los sinónimos posibles. “Necesita nuestro cariño y apoyo porque no son días fáciles para él”, aseguraban, tras el pleno, los diputados populares que se decían afectados por el sentimiento de Rajoy al tener que aprobar medidas duras en las que no cree ni le gustan.

“No son medidas agradables, pero son imprescindibles”; “Hacemos lo que no hay más remedio que hacer”; “No he cambiado de criterio pero han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas”; “Hay cosas que hago y no me gustan” y “yo me he opuesto a la subida del IVA, lo sabe todo el mundo. ¿Para qué voy a negarlo? Si tuviéramos un 6% de déficit yo no subo desde luego el IVA ni el IRPF, es que lo bajo”, dijo Rajoy desde la tribuna para explicar su giro radical. Sus frases recordaban las del pleno del 12 de mayo de 2010, en el que el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero cruzó el Rubicón y anunció recortes que quebraron su proyecto y abrasaron al PSOE, pero que eran exigidos también por la UE. “Hoy ha empezado el principio del fin de Mariano Rajoy, ya tiene su 12 de mayo”, le dijo Josu Erkoreka (PNV) ayer al presidente del Gobierno.

En aquella ocasión el giro se producía después de seis años en el Gobierno y ahora a los seis meses; Rajoy tiene mayoría absoluta para sacar adelante las medidas que presente y Zapatero estuvo entonces al borde del abismo porque el PP no le apoyó y, además, el recorte de 2010 era de 15.000 millones de euros, menos de la cuarta parte de este. Esa rectificación le persiguió a Zapatero hasta el final de sus días políticos. Incluso, el PSOE la sigue pagando hoy con Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del partido.

El PP le hizo pagar entonces a Zapatero la reducción del 5% de los sueldos de los funcionarios y la congelación de las pensiones. De este recorte se han salvado ahora las pensiones y Rajoy se limitó a anunciar que el Pacto de Toledo estudiará limitar las jubilaciones anticipadas. Cuentan en el Gobierno, que el presidente ha querido evitar tocar las pensiones, precisamente, para que no le persiga la sombra de lo que le dijo entonces a Zapatero por haberlas congelado.

También Rajoy dejó caer ayer en varias ocasiones que no tiene tampoco libertad ni margen de actuación por las circunstancias, pero sin acercarse siquiera al concepto de intervención. De hecho, el rescate bancario lo definió como “un crédito muy barato” y sin condicionalidad macroeconómica.

Repitió que esa ayuda a los bancos solo incluye condiciones para el sistema financiero y que estas medidas tienen que ver con el incumplimiento de los objetivos de déficit de la UE y la necesidad de ajustar las cuentas.

Para justificar el recorte, el presidente del Gobierno insistió en la idea de la herencia recibida: “Los excesos del pasado se pagan en el presente”. Desarrolló la idea de la insostenible deuda de nuestro país: “España debe casi 100.000 millones de euros, prácticamente nuestro PIB”. Y, sin esforzarse para abandonar la lectura monocorde y desganada, intentó cerrar con el mensaje más esperanzador posible: “No será un sacrificio estéril y al final nos espera la recompensa”.

El Gobierno espera que con estos recortes sea suficiente para que la UE flexibilice los plazos para cumplir el objetivo de déficit, pero recuerda que debe empezar a elaborar el Presupuesto para 2013, que será presentado en septiembre y que mantendrá el ajuste en más partidas. La tesis de Rajoy ayer es que la recesión se mantendrá aún el próximo año, porque la economía española está en situación de extrema debilidad.

Su argumento más polémico y cuestionado por la oposición es el que utilizó para explicar el recorte de los fondos para los parados: Se reducen las prestaciones de desempleo a partir del sexto mes para “animar la búsqueda activa de trabajo”. Por el momento, no se tocan las prestaciones para los parados de larga duración.

Del resto de grupos parlamentarios, ninguno manifestó expresamente su respaldo, desde Josep Antoni Duran Lleida (CiU) que aseguró que esperará a la concreción, al rechazo radical de Rosa Díez (UPyD), Cayo Lara (IU) y el resto de partidos del Grupo Mixto.

El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, no terminó de encontrar el tono y entre sus diputados era fácil detectar insatisfacción a la salida por no haber percibido más contundencia. Rubalcaba hizo un esfuerzo para intentar combinar la dureza que le reclaman sus bases y el rechazo de las medidas propuestas con un tono de responsabilidad ante las medidas que impone Europa y así terminó a medio camino de todo.

Cuestionó cada una de las actuaciones del Gobierno en los últimos meses, dejó claro su rechazo a los recortes y a medidas “injustas” como la subida del IVA, pero al tiempo, propuso un pacto nacional para el crecimiento durante los próximos dos años y medio. “Podemos seguir como hasta ahora, con improvisaciones y recortes sin ton ni son; o sentarnos y abordar nuestros tres grandes problemas de austeridad, de crecimiento y que ambas cosas se hagan con acuerdos, un gran acuerdo nacional”, le dijo al presidente.

Rajoy en la respuesta trató al líder socialista con tan artero buen tono y tantas muestras de agradecimiento por su apoyo ante la cumbre europea que terminó por ponerle en evidencia ante quienes en el PSOE exigen a Rubalcaba más dureza en la labor de oposición. Discutieron sobre la herencia y sobre el ajuste en comunidades gobernadas por el PSOE, pero muy encorsetados por la limitación del tiempo y con la apariencia de haber sido uno de los debates más blandos y complacientes entre ambos.

Cayo Lara, portavoz de Izquierda Unida, fue especialmente duro para afearle que llegue al Congreso con el “látigo para la mayoría y el guante blanco para los defraudadores” y que se ayude a la banca, mientras se recorta al resto de ciudadanos. Lara, con una camiseta alusiva a la protesta de los mineros, advirtió a Rajoy: “Usted ha echado gasolina a las calles de este país”.

También lo fue la portavoz de UPyD, Rosa Díez, al equiparar la actuación de Rajoy con la de Zapatero por ir a remolque de los acontecimientos, por “eliminar derechos en lugar de quitar privilegios” y por no acometer una reforma en profundidad de la estructura del Estado.

“Es muy serio que usted considere que no tiene libertad”, le dijo Rosa Díez, en referencia a la limitada capacidad de actuación que reconoció el presidente del Gobierno.

Tras seis horas de debate, tanto Rajoy como varios ministros tuvieron que abandonar el Congreso por la puerta de atrás, porque unos doscientos manifestantes protestaban contra los recortes. Una docena de furgonetas de la policía y otros tantos agentes a caballo custodiaban el Congreso

Montoro anuncia que el Gobierno estudia hoy el sistema de ayuda a deudas autonómicas

La decisión del Gobierno de endurecer los objetivos de déficit para las comunidades autónomas provocó este jueves un cisma entre las comunidades gobernadas por el PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hasta ahora las comunidades populares, 11 de las 17 autonomías, habían actuado en bloque para sacar adelante las decisiones planteadas por el Gobierno en el cónclave de política regional. Pero este jueves la reunión derivó en un intenso debate en el que se resquebrajó el frente del PP. Además, durante la reunión Hacienda apercibió a ocho comunidades por sus retrasos en la aplicación en los ajustes presupuestarios y pone en marcha el mecanismo que podría culminar en la intervención.

El motivo de la rebelión entre las comunidades del PP radica en la decisión del Gobierno de no suavizar el objetivo de déficit para 2012. El pasado lunes el Ecofín, la reunión de ministros de Economía de la Unión Europea, concedió a España un año más para que equilibrara sus cuentas. El Gobierno ve así como se flexibiliza su techo de déficit para este año del 5,3% al 6,3% del PIB. Pero se niega a compartir ese punto adicional con las comunidades que tienen un límite de déficit para 2012 del 1,5%.

La discusión fue tensa. Fuentes presentes en la cita calificaron el tono del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como desafiante. Incluso chulesco. “¿Cómo pedís más déficit si no podéis financiar lo que tenéis?”, aseguran varias fuentes que pronunció el ministro.

España sube el IVA y hace más ajustes para lograr un año extra para el déficit

Varias comunidades del PP amenazaron con abstenerse en la votación sobre los objetivos de déficit para 2013 (un 0,7% del PIB para las autonomías), 2014 (un 0,1%) y 2015, donde se pretende que las comunidades registren un superávit del 0,2%. Finalmente, dos de ellas, Extremadura y Castilla y León, se abstuvieron en la votación. Galicia valoró la posibilidad de abstenerse, pero las presiones del Gobierno provocaron que reconsiderara su postura a última hora.

A la salida, la consejera gallega, Elena Muñoz, aseguró que había dado un “sí crítico” por responsabilidad e indicó que la decisión del Gobierno “no es satisfactoria” para las comunidades. La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, fue hasta diciembre consejera de Economía de Galicia.

La responsable de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, una veterana que en otras ocasiones ha ejercido de portavoz de la posición unitaria del PP, se mostró muy crítica con la postura del Gobierno y justificó su abstención porque no puede recortar gastos sin conocer los ingresos futuros, que tiene que comunicar Hacienda en virtud del sistema de financiación autonómica.

Cataluña, Andalucía, Canarias y Asturias, que no están en manos del PP, votaron en contra. Otras comunidades populares también expresaron su malestar por la actitud “desafiante” del ministro, según fuentes presentes en la reunión que explicaron cómo Montoro calificó las peticiones de las comunidades como “una demanda de relajación” mientras defendía que reservarse el margen adicional de déficit concedido por Bruselas es “aplicar realismo en el escenario económico”. Al concluir la reunión, el ministro explicó que “cada comunidad tiene su criterio pero han precisado que están de acuerdo con la finalidad que persigue”. Y agregó: “La tarea del Gobierno es clara, no hay nada más que una opción, que es cumplir”.

El consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Collel, fue uno de los más críticos con la actitud del ministro, del que dijo que había estado “autoritario”. El consejero explicó que llegaron a la reunión con ánimo de alcanzar acuerdos y se toparon con un “ordeno y mando”.

Otras comunidades del PP, que votaron las tesis de Hacienda, reclamaron nuevas reformas al Gobierno para abundar en los recortes. Adujeron que el 80% del gasto regional corresponde a Sanidad y Educación. Una de estas es la Comunidad de Madrid.

El Consejo también trató otras cuestiones. Hacienda ha advertido a ocho comunidades. Tres de ellas por falta de información y otras cinco porque van con retraso en la ejecución de los ajustes presupuestarios. Montoro evitó precisar a cuáles había apercibido y evitó dar números. La próxima semana habrá reuniones con ellas para reconvenirlas. Si no hay acuerdo, se pondrá en marcha el mecanismo de sanción. De esta forma, se activa el proceso fijado en la Ley de Estabilidad que puede culminar, después de varios pasos y hasta retenciones económicas, en la intervención si las comunidades persisten en sus incumplimientos allá para el otoño.

Además, a pesar de que el presidente del Gobierno indicó el miércoles que el Consejo Fiscal aprobaría los hispanobonos para que las comunidades puedan hacer frente los vencimientos de deuda, varios consejeros aseguraron que en la reunión no se habló nada de este mecanismo de asistencia financiera para las comunidades, conocido popularmente hispanobonos. No obstante, el ministro explicó que este viernes lo estudiará el Consejo de Ministros: “Será como un fondo que atiende a los vencimientos de las comunidades que no pueden hacer frente”. El fondo estará respaldado por el Tesoro. Y agrego: “En modo alguno se mutualiza el riesgo de España”. Esto es, no serán hispanobonos [emisión de deuda conjunta avalada por el Estado].

El ministro de Hacienda asegura que hasta ahora la subida ha sido "equitativa y provisional"

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que el Gobierno de España no subirá los impuestos, sino que cambiará su ponderación para favorecer el crecimiento y la creación de empleo. Montoro ha explicado esto en el acto de clausura del 15 Congreso del PP de La Rioja, en el que ha sido reelegido presidente Pedro Sanz con el 98,6% de los votos emitidos, cargo que ocupa desde 1993 y quien, desde 1995, es jefe del Gobierno riojano.

"No vamos a subir impuestos en España, vamos a cambiar la ponderación de los impuestos para favorecer el crecimiento y, sobre todo, la creación de empleo", ha insistido. El ministro ha recalcado que la prioridad del Gobierno es el empleo, la creación de actividad económica y, para eso, hay que cambiar la ponderación de los impuestos. Pero ha querido dejar claro que los contribuyentes en España no pagarán más impuestos y, según Montoro, a medida que la evolución económica lo vaya permitiendo, se cambiará la ponderación de impuestos en términos y claves europeas, como recomienda la Unión Europea (UE).

El ministro de Hacienda ha insistido también en que se han subido impuestos de manera "equitativa" y "temporal", "hasta que la tempestad amaine", porque hay una desviación del déficit. Además, Montoro ha puntualizado que no cree que subir impuestos sea la manera de crecer y crear empleo, "en absoluto"

"Para el Gobierno de España es una absoluta prioridad cerrar el déficit público", ha recalcado Montoro, que ha dicho que así no dependerá de la financiación del resto del mundo y podrá contar con los recursos y los créditos para financiar más actividad económica, reaccionar ante la crisis y promover el crecimiento económico y la creación de empleo.

"Es muy importante reducir el déficit publico. No nos lo tiene que imponer nadie. No nos tiene que venir nadie a decir, ni ninguna institución europea ni ningún otro gobierno europeo, lo que tenemos que hacer porque lo sabemos", ha insistido.

Ha indicado que el Gobierno de España está comprometido con el equilibrio y la estabilidad presupuestaria y ha apostado por gobernar con "transparencia, equilibrio y entendiendo que la deuda de las administraciones públicas, cuando existe, ahoga a los contribuyentes, a los emprendedores y hace imposible la recuperación económica y el empleo".

Montoro ha subrayado que las leyes económicas son muy importantes y "se van a cumplir" y se ha referido a la reforma del sector bancario, "fundamental para financiar la recuperación del crecimiento económico de España". El ministro cree que España puede decir a todos los europeos que no fallará en el proyecto de Europea porque es un país que tiene estabilidad, un proyecto de ideas "claras" y experiencia.

También se ha referido a que no se cansará de explicar lo que hace el Gobierno y sus compromisos, dado que, en la actual sociedad mediática, hay que "luchar" continuamente con los titulares, que "resumen y resumen y resumen", algo que, ha dicho, comprende y respeta.

Los letrados creen que la ley afecta a un derecho fundamental por limitar el acceso a la salud

La Constitución española consagra el “derecho a la protección de la salud”. Varios estatutos autonómicos van más allá y establecen la sanidad “universal” o “para todas las personas”. Tratados internacionales suscritos por España completan esa visión de la sanidad como un derecho humano, universal e igualitario. Este es el argumento con el que los colegios de abogados dieron ayer motivos para un posible recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que restringe la cobertura médica a los inmigrantes en situación irregular.

Ese punto colisiona directamente, según el Consejo General de la Abogacía (que agrupa a todos los colegios) con la Carta Magna y con los Estatutos de Autonomía de Aragón, Cataluña, País Vasco y Andalucía. El Gobierno de esta última comunidad y también el PSOE estudian la reforma sanitaria para determinar si invade competencias autonómicas y si incurre en inconstitucionalidad. No descartan recurrirla. El Ministerio de Sanidad, sin embargo, asegura que la ley está muy estudiada y que no choca en absoluto con la Carta Magna.

El real decreto presenta varios problemas, según el Consejo General de la Abogacía. El Gobierno tiene, según la Constitución, potestad para aprobar normas con rango de ley —como la publicada la semana pasada en el BOE— por razones de necesidad urgente. Sin embargo, esa potestad no permite afectar derechos fundamentales, como el derecho a la salud. “Tampoco los estatutos de autonomía pueden ser modificados por un real decreto aludiendo a esa vía urgente”, explica Pascual Aguelo, presidente de la subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía, que agrupa a 162.000 abogados.

Y alude a estatutos como el de Aragón, que recoge en su artículo 14 que “todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en condiciones de igualdad, universalidad y calidad”.

El derecho a la salud está recogido también de manera expresa en el Estatuto de autonomía de Cataluña, que tiene rango de ley orgánica y que fue aprobado en 2006. El artículo 23 del Estatut se refiere expresamente a los “derechos en el ámbito de la salud” y el primer párrafo es muy claro cuando dice que “todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad y gratuidad a los servicios sanitarios de responsabilidad pública en los términos que establezcan las leyes”, informa Pere Ríos.

"El Estado tiene capacidad para alejar a una persona en situación irregular pero si está no puede desasistirle", dice un experto

En el País Vasco concurre, además, el hecho de su especial sistema de financiación, explica Juanjo Álvarez, catedrático de la Universidad del País Vasco. Álvarez, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco, cree que en la manera de tramitar las reformas del Gobierno hay un “menosprecio al valor normativo”. Este experto admite que el título VIII de la Constitución permite al Ejecutivo legislar a base de decretos leyes, ya que le autoriza a modificar la legislación básica. Pero Álvarez indica que esto es “un señuelo”, porque el propio Gobierno decide qué es básico, informa Emilio de Benito.

Ante esta “clarísima intromisión en las competencias autonómicas”, a las comunidades solo les queda la posibilidad del recurso al Constitucional. “No sé si el Gobierno central es consciente del alcance de la medida. A lo mejor aquí se decide que la sanidad y la educación son prioritarias. El tema de la atención a inmigrantes no se siente como un problema, y el real decreto restringe unilateralmente la capacidad normativa”, dice Álvarez. Los estatutos “hablan de ‘todas las personas’ y no todos los aragoneses o los catalanes...”, explica Aguelo, que recuerda que en el derecho a la salud no cabe la discriminación. “Cualquier persona que se encuentre en territorio español tiene derecho a la atención sanitaria en idénticas condiciones. Otra cosa es hasta donde podemos llegar en esa atención y más ahora con una complicada situación económica. El Estado tiene capacidad para alejar a una persona en situación irregular pero si están en territorio español lo que no puede hacer es dejar de atenderle, desasistirle”, añade.

El PSOE y la Junta de Andalucía estudia el decreto y no descartan recurrirlo al TC

El Consejo General de la Abogacía cree que la medida puede provocar, además, situaciones muy complicadas. “Se está condenando a la muerte a muchas personas, y si se produce cualquier situación de ese tipo por falta de asistencia, el Estado responderá patrimonialmente y saldrá más caro el remedio y la enfermedad. Existe el derecho a reclamar esa atención médica”, afirma el presidente de la subcomisión de Extranjería del Consejo.

Sanidad, no obstante, asegura que la reforma no incurre en inconstitucionalidad.

“Respetamos todas las opiniones, pero este real decreto, como todas las normas que elabora el Gobierno, es sometido a los criterios de abogados del Estado y a la secretaría general técnica que analizan el contenido de la ley”, dice la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas. “En este caso han intervenido varios ministerios, como Presidencia, Sanidad y Justicia, que han analizado con detalle su contenido y dieron su visto bueno”, asegura.

El PSOE comparte la opinión del Consejo de la Abogacía y cree que hay indicios de que el decreto ley incurre en inconstitucionalidad. “También creemos que invade competencias jurídicas de las comunidades y de derechos universales”, explica José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad de este partido. Por eso está estudiando la reforma para determinar si cabe algún recurso. “Estamos hablando de sanidad, una de las prestaciones más importantes que tienen los ciudadanos”, dice Olmos, que asegura que el real decreto no solo invade competencias sino que tiene también muchos agujeros prácticos que perjudicará a los ciudadanos. “¿Qué pasará, por ejemplo, con el transporte sanitario urgente por avión entre las islas y la península?”.

Un inmigrante en situación irregular enfermo de cáncer que dejará de recibir su tratamiento de radioterapia y quimioterapia. Un lesionado medular que tendrá que pagar una parte de su silla de ruedas y del transporte medicalizado que le lleva varias veces por semana a recibir su tratamiento. Una persona con un ictus que tendrá que abonar un porcentaje de los preparados nutricionales que debe recibir por sonda. Personas con nombres y apellidos que, desde el 1 de septiembre, quedan excluidas de la atención normalizada o que tendrán problemas para seguir su tratamiento médico. Estas son algunas de las consecuencias de las medidas sanitarias del Gobierno, que con el argumento de la insostenibilidad del sistema nacional de salud, ha iniciado una verdadera contrarreforma.

El proceso es equiparable, pero a la inversa, al puesto en marcha hace 26 años por el ministro socialista Ernest Lluch, que supuso la creación del sistema actual y universalizó la sanidad, aumentando la cobertura a ocho millones de personas que hasta entonces quedaban fuera del paraguas sanitario.

Así, el Gobierno establece un nuevo sistema que restringe la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, unos 153.000 en toda España, que solo podrán acudir a urgencias; crea un nuevo sistema de copago farmacéutico por el que los pensionistas, por ejemplo, tendrán que pagar por primera vez por los fármacos; un modelo que incluye también fórmulas de pago en la prestación ortoprotésica (como sillas de ruedas) o en los preparados dietoterápicos que muchos enfermos necesitan para vivir

El decreto de medidas urgentes publicado esta semana en el BOE, con el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy piensa ahorrar 7.200 millones, supone un verdadero cambio de modelo por el que los pacientes dejan de ser ciudadanos para pasar a la condición de asegurados en el mejor de los casos. O invisibles ante el sistema, en el peor.

La reforma sanitaria cambiará la vida para muchos ciudadanos. Algunos, como los inmigrantes en situación irregular quedarán directamente excluidos del sistema. Para otros que viven una situación económica complicada, afrontar el coste de los medicamentos que necesitan para vivir convertirá la salud en un lujo. Estos son algunos de sus rostros:

“Necesito las pastillas del VIH y no podré pagarlas". Chaouki Smaali, sin permiso de residencia, no tendrá acceso al tratamiento que necesita. Algo más de 10.200 euros al año. Vive en España en situación irregular. Solo puede conseguir los fármacos que necesita a través de la farmacia hospitalaria pública. Una vía que tendrá cerrada a partir del 1 de septiembre, cuando el Gobierno desactive su tarjeta sanitaria. “¿Qué haré sin asistencia sanitaria?”, se pregunta

Una cuestión de vida o muerte para Paula y Marta. Muchos enfermos necesitan tratamientos dietoterápicos para vivir. Es el caso de Paula y Marta, de ocho y 14 años. Estas niñas sevillanas padecen fenilcetonuria, una patología que les impide metabolizar las proteínas. Por eso tienen una alimentación muy restrictiva a base de frutas y verduras. El resto de nutrientes vitales lo obtienen a través de batidos y preparados que cuestan 22.000 euros al año. Sus padres no podrán pagar su tratamiento.

Contra la enfermedad. Desde los 13 años, el argelino Salam pelea contra una enfermedad de corazón. En 2003 le implantaron en Francia una válvula biológica. Ahora vive en España. No tiene papeles. La operación le ha dado la vida pero necesita revisiones y medicación que no podrá tener sin cobertura pública.

“Estoy angustiado”. Adama llego a Canarias en una patera la nochevieja de 2007. Allí, al aprender a leer le detectaron degeneración macular. Para no perder la vista se sometió a un trasplante de córnea. Necesita seguimiento médico y fármacos que no podrá pagar.

“Si dejo la medicación moriré”. Demba Diaw tiene 40 años, llegó a España desde Senegal en 2006. Tiene problemas de corazón y está en situación irregular. No sabe qué hará cuando el Gobierno desactive su tarjeta sanitaria.

Adiós a los tratamientos de salud mental. María tiene de 47 años. Es de Cabo Verde. Lleva 25 años en España. Ahora está en situación irregular. Después de una dura vida en la calle y de caer en el infierno de las drogas logró un trabajo gracias a Cáritas. Poco después sufrió una crisis y le diagnosticaron esquizofrenia. Necesita seguimiento médico para evitar recaídas.

El plan de reformas enviado a Bruselas advierte que se revisará el copago y las cuotas de la Seguridad Social de los cuidadores

Los recortes en dependencia, que ya se han llevado 283 millones vía Presupuestos Generales del Estado, no van a acabar ahí. El Gobierno, en su plan de reformas contra el déficit presentado a Bruselas, tiene previsto también modificar el copago de los usuarios y “revisar las cuantías de las ayudas económicas” que reciben los beneficiarios. Además, el documento recoge un nuevo aplazamiento, hasta 2014, de la entrada en el sistema de protección a los dependientes moderados, los más leves, que ya habían sufrido el parón del calendario.

Además, el Gobierno prevé “avanzar en el papel del sector privado en la prestación de servicios, eliminando las trabas o preferencias por el sistema público presentes en la ley”. Desde hace tiempo, los responsables de la dependencia en el Ejecutivo vienen hablando de las cotizaciones a la Seguridad Social que paga el Estado por cada cuidador familiar que se da de alta en esta tarea. Eso, dicen, también se “revisará”. Ninguna de estas medidas, aunque apenas están esbozadas, está libre de riesgos para los usuarios.

Avanzar en la prestación de servicios privados es algo que ya se decía en el programa electoral del PP. Sería la vía abierta al llamado cheque-dependencia, un dinero que el Estado da a los ciudadanos para que ellos mismos elijan el servicio que quieran. No es el ciudadano el que elige, sino el centro el que escoge a qué dependiente prefiere acoger. El modelo, ya repetido en educación durante décadas, acaba por distorsionar el sistema de elección.

“Un geriátrico privado siempre cogerá al ciudadano que, además de la ayuda estatal, tiene dinero extra para pagar otros servicios que allí se ofrecen, como podología o peluquería”, explica el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

En su opinión, un sistema así corre el riesgo de romperse en dos y quedar una vía asistencialista pública para aquellos que menos dinero tienen y otra vía, privada, para los más pudientes. “Rompe el acceso público que prevé la ley, donde las Administraciones deciden a qué centro va cada usuario, y no al revés: parece un sistema menos libre, pero en la práctica la pagan los más pobres”, asegura.

Preocupa también en el sector el nuevo parón anunciado en el calendario de la ley que impedirá a los moderados, que deberían haber entrado este año, incorporarse hasta 2014. “Estamos hablando de los menos graves, sí, pero que le pregunten a las familias que tienen enfermos de alzhéimer en sus primeras fases. Si se trabaja con ellos ahora, con las terapias adecuadas, alargarán su vida y con más calidad. Si no, de aquí a 2014 serán ya dependientes graves, con un alto coste personal y económico”, advierte Ramírez. Los dependientes moderados dictaminados como tal son actualmente, cerca de 400.000.

La revisión del copago, es decir, la aportación del usuario al coste del servicio que recibe también es inquietante. Castilla-La Mancha ha enviado estos días un documento a los centros geriátricos en los que decía que ese copago se debía calcular teniendo en cuenta las rentas de la familia, no solo la del beneficiario, como establece la ley. El Gobierno de Cospedal tachó de “error” ese mensaje enviado y dijo que no es su intención hacer nada parecido. Quizá buscarán otras fórmulas, pero la aportación del usuario se va a modificar y si es para ahorrar no cabe pensar que sea a la baja. Los dependientes aportan alrededor de un 10% al total de la financiación del sistema.

Otra de las medidas mencionadas en el documento hace referencia a las cuotas de la Seguridad Social que el Estado paga por los cuidadores familiares que se dan de alta para desempeñar esa tarea. Son alrededor de 180.000, mujeres en su inmensa mayoría. Eliminar esa cuota de la Seguridad Social podría suponer un ahorro de 350 millones de euros, que es lo ejecutado en el ejercicio anterior. Estas altas se vendieron en su día como la vía para completar cotizaciones y tener en el futuro acceso a una pensión. Eso está ya en riesgo.

LAS AUTONOMÍAS REBAJARÁN PERSONAL Y SERVICIOS Y SUBIRÁN TASAS E IMPUESTOS

La oleada de recortes pasa ahora a las autonomías. Ayer acabó el plazo para presentar sus planes de ajuste en Hacienda. La mayoría han tenido que revisar y endurecer sus primeras propuestas. Solo la Comunidad Valenciana y Baleares, que ayer dio un salto cualitativo al anunciar el cierre de dos hospitales, han enseñado de momento sus cartas. Los demás planes están bajo secreto en Hacienda, pero se irán conociendo poco a poco.

Fuentes de las autonomías apuntan que todas, con mayor o menor grado, van en la misma línea: recortes de personal, recortes de sueldos a través de la eliminación de horas extra, y aumentos de tasas e impuestos.

Los planes presentados suponen, según Hacienda, un ahorro de gastos de 5.700 millones de euros en 2012 [sin tener en cuenta el efecto de las medidas sanitarias y educativas, que según el Ejecutivo supondrán otro ahorro de 10.000 millones anuales]. Por el lado de los ingresos, las comunidades tienen previsto aumentarlos en unos 4.050 millones.

Hacienda ha suavizado mucho su discurso. Ayer entró en vigor la nueva Ley de Estabilidad, que le permite intervenir comunidades si no cumplen el déficit. Pero el ministerio ha abandonado ya esa amenaza, al menos de momento, y considera ahora que no tendrá que intervenir ninguna comunidad autónoma.

Evita dar el nombre de las comunidades que han presentado planes más problemáticos. Sin embargo, no es un secreto que Cataluña y Andalucía, dos de las pocas autonomías no gobernadas por el PP, están enfrentadas al Ejecutivo por distintos motivos. “Cataluña ha corregido mucho y en la buena dirección”, precisaron ayer fuentes del Gobierno. Aun así, la Generalitat sigue contando con 211 millones de ingresos que el Gobierno rechaza entregarle. El recorte es generalizado, aunque Andalucía no quiere desvelar aún sus planes. El País Vasco y Navarra son las que tendrán que hacer un menor esfuerzo.

Las principales medidas se concentran en reducción de gastos de personal. Castilla-La Mancha, por ejemplo, la comunidad gobernada por la número dos del PP, Dolores de Cospedal, prevé ahorrar cerca de 650 millones en personal mediante las privatizaciones de parte de la sanidad. Otras autonomías mucho mayores, como la Comunidad Valenciana, hablan de un ahorro en este apartado de 250 millones, según resume el programa de estabilidad 2012-2015 de los planes de ajuste regionales que se envió ayer a Bruselas.

En el área de Sanidad, las comunidades han previsto reducir la cartera de servicios, paralizar las promociones profesionales, aumentar la jornada laboral de los interinos, modificar los conciertos sanitarios, cerrar parcialmente hospitales, reducir planes bucodentales infantiles, mostrar más rigor en la aplicación de productos dietéticos. Así como favorecer la colaboración público-privada de la gestión de servicios sanitarios.

En el ámbito educativo, las comunidades pretenden la eliminación de actividades extraescolares, la reducción de las sustituciones, el incremento de la jornada laboral de los interinos y el aumento del número de alumnos por clase, entre otros. Los planes regionales también incluyen reducciones de transferencias a universidades y recortes selectivos a prestaciones sociales como el acceso a la vivienda para jóvenes, ayudas a la infancia y a centros de mayores.

Otra de las medidas que han incluido mayoritariamente todas las comunidades en sus planes pasa por reducir su sector público empresarial. Está previsto que supriman 514 entes, fundaciones y empresas públicas regionales para ahorrar unos 250 millones de euros.

Para ello, algunas comunidades han aumentado los tipos impositivos en el IRPF y han reducido las deducciones, como la de vivienda habitual de jóvenes. También se incluyen la subida del precio de los medios de transporte públicos y nuevas tasas vinculadas al medio ambiente.

El Gobierno prevé un aumento salarial por debajo de la inflación en el programa de estabilidad

El programa de estabilidad que este lunes envió el Gobierno español a Bruselas es, en palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, la "espina dorsal" de la política económica para esta legislatura. El programa está dominado por una prioridad, la reducción del déficit público a machamartillo. Pero más allá del ajuste y sus efectos, lo más determinante para el crecimiento y el empleo será, según las propias estimaciones del Ejecutivo del PP, la reforma laboral. El Gobierno cree que la nueva norma inducirá una significativa contención de los costes laborales y facilitará así ganancias de competitividad. En el vocabulario del trabajador, esto se traducirá en una prolongada pérdida de poder adquisitivo. Como mínimo, hasta 2015.

El Gobierno recalca que uno de los objetivos de la reforma laboral, en vigor desde mediados de febrero, es lograr "una mayor flexibilidad a la baja de la remuneración salarial por trabajador". Y reitera su argumentación de que uno de los problemas del trabajo en España es que cuando llega una crisis como la actual, el ajuste se hace mediante un aumento del paro ante la supuesta dificultad para hacer bajar los salarios.

La aplicación de la reforma laboral, sostiene el Ejecutivo, llevará a un mínimo crecimiento de la remuneración por trabajador en 2012 (0,2%, la cuarta parte que en 2011) aún en un contexto de notable destrucción de empleo. En 2013 se prevé incluso un retroceso (-0,4%) y los dos años siguientes, de nuevo, avances mínimos (por debajo del 0,3%). El contraste con la evolución de la inflación, que da una idea de la pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores, es notable. El deflactor del consumo en el PIB (que sirve de aproximación al IPC) refleja incrementos siempre cercanos al 2%.

El Gobierno le cuenta a Bruselas cómo piensa que la reforma laboral logrará esta significativa contención del coste del trabajo para las empresas: "La negociación de los salarios en condiciones más competitivas, la mitigación de los mecanismos de persistencia de los salarios nominales [las cláusulas de garantía salarial], así como unos costes de utilización de los servicios del trabajo menos onerosos para la empresa [indemnizaciones por despido mucho más bajas] redundarán en una menor destrucción de empleo". También, a tenor de las propias estimaciones del Ejecutivo, en unos incrementos salariales más que modestos.

"Este cambio estructural", como lo llama el Gobierno, "permitirá conseguir a medio plazo una correlación mucho más ajustada entre salarios reales y productividad". En otras palabras, la contención salarial permitirá "una recomposición de los márgenes del sector empresarial" a través de la caída de los costes laborales unitarios, caballo de batalla de los que afean a España la pérdida de competitividad registrada. En media anual, la bajada será "en torno al 2% entre 2012 y 2015". Solo a más largo plazo, "el salario real acabará repuntando", dice el Gobierno.

La contención salarial y la mejora de los márgenes empresariales no se traducirá, sin embargo, en creación de empleo. Al menos en esta legislatura, donde el propio Gobierno estima que se destruirán en total más de 400.000 empleos. Economía defiende que las mejoras de productividad permitirían crear "un pequeño volumen de empleo" con "tasas de crecimiento del PIB algo superiores al 1%", en 2014 y 2015, cuando, en las últimas décadas, la creación de empleo ha venido asociada a avances del PIB cercanos al 2%.

Los alumnos tendrían que aprobar hasta el 85% de asignaturas, o un 65% en ingenierías, según la propuesta

No solo se exigirá una nota media por encima del aprobado raso: el Gobierno sopesa también aumentar el umbral de créditos aprobados para obtener una beca que cubra la matrícula de la universidad. Actualmente se exige a los becados aprobar un 80% de asignaturas en la mayoría de carreras, o un 60% en las carreras técnicas consideradas más difíciles, como las ingenierías. Los porcentajes podrían revisarse al alza y se estudia situarlos hasta el 85% y 65%, según un portavoz de la Administración.

Hasta ahora, esos umbrales de créditos aprobados eran la única exigencia para acceder al sistema de becas. Ayer se supo que el Ministerio de Educación se propone incorporar el requisito de una nota media superior al aprobado, tal como trasladó el ministro José Ignacio Wert en una reunión con la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). Las cifras que se barajan son del 5,5 para las becas generales y del 6 para las becas-salario. El Ministerio que dirige Wert pretende así incentivar la cultura del esfuerzo. Lo que no varía son los umbrales de renta para tener beca pero sí se endurecen —"mínimamente", dice el Gobierno— los requisitos académicos.

El ajuste de las becas se produce en un momento en que las tasas universitarias podrán subir hasta un 66% en primera matrícula, según ha autorizado Educación a las autonomías, y en que la crisis económica puede aumentar el número de personas que cumplan los requisitos para solicitarla. El ministro Wert ya anunció a mediados de febrero su intención de revisar el sistema y endurecer los requisitos académicos con el objetivo de “fomentar la excelencia”. Al alumno “le da exactamente igual sacar un sobresaliente que un cinco”, dijo entonces.

LOS INMIGRANTES IRREGULARES TENDRÁN TARJETA SANITARIA HASTA EL 31 DE AGOSTO

La situación del sistema sanitario español es tan grave que eso justifica que las decisiones se tomen mediante un decreto ley. Es la premisa del Real Decreto ley 16/2012 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones que, con cuatro días de retraso, ha publicado el BOE de hoy. El Gobierno acelera los plazos de las reformas. Ni siquiera esperará a que caduquen las tarjetas sanitarias de los extranjeros para endurecer los requisitos, que tienen una validez de dos años. Antes del 31 de agosto de este año deberán demostrar que entran en la categoría de "asegurados", es decir, que están dados de alta en la Seguridad Social (o, de una manera más general, que tienen todos los papeles en regla y no solo el empadronamiento). Para el resto de los extranjeros también se exigirán más papeles (un aseguramiento), incluidos los de la UE.

Además, se fijan criterios comunes para el copago de ciertas prestaciones que no están en la cartera básica (ambulancias, ortoprotésicos, dietéticos). Y se habilita un sistema de fijación de precios por parte del Ministerio de Sanidad para obligar a rebajar precios.

Derecho a la atención sanitaria de los españoles. El decreto concreta el anexo de la ley de salud pública del año pasado que establecía el aseguramiento universal de los españoles. Para ello, fija las condiciones, pero estas siguen vinculadas a la Seguridad Social, ya que la asistencia “se garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado”. Esto es: ser trabajador o pensionista, estar cobrando algún subsidio, haber agotado la prestación de desempleo y estar apuntado en el paro (esta es la novedad porque hasta ahora la prestación terminaba), ser cónyuge o hijo hasta los 26 años o no llegar a un nivel máximo de ingresos. Quedarían fuera personas que tengan ingresos sin haber cotizado nunca, aunque paguen impuestos en España (rentistas). Y no se aclara qué pasará con un joven de más de 26 años que siga estudiando, por ejemplo, aunque siempre le queda la posibilidad de que se le reconozca el derecho como persona sin recursos, aunque viva en casa de sus padres y estos sean millonarios. También se limitan los beneficios a cónyuge, excónyuge e hijos.

Atención a los extranjeros “no registrados ni autorizados como residentes en España”. Recibirán atención de urgencias “hasta el alta” y “asistencia al embarazo, parto y postparto”. Los menores de 18 años serán tratados como los españoles. El Gobierno espera ahorrar con ello 500 millones.

Extranjeros de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Para tener la residencia (más de tres meses) se le exigirá estar estudiando, trabajando o "tener un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en España" si “dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante su periodo de residencia". Antes esto no era así y no se les ponía ninguna condición.

Habrá copago en farmacia, prestación ortoprotésica, productos dietéticos y transporte sanitario no urgente. “El porcentaje de aportación del usuario se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique ningún límite de cuantía a esta aportación”. Es decir, las comunidades que lo dan gratis (hay amplia variedad), podrán cobrar por estos servicios en función de la renta. Esto ahorrará otros 500 millones.

Cambio de la cartera gratuita. Dicha modificación “se determinará por acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación”. “Se tendrá en cuenta la eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terapéuticas, así como las ventajas y alternativas asistenciales, el cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo y las necesidades sociales, así como su impacto económico y organizativo”. Así pues el responsable último, aunque sea el que redacte la ley, no será el Ministerio, sino las comunidades.

Cartera de servicios autonómica. Las comunidades podrán ampliar la oferta si garantizan que pueden financiarla. Esto ya era así, aunque luego no se cumplía (todas las comunidades están en déficit, y muchas tienen cartera de servicios propia).

Vuelta a prescribir por marca. El decreto hace una cesión a los grandes laboratorios, ya que establece que podrá recetarse “siempre y cuando se respete el principio de mayor eficiencia para el sistema” (que el medicamento sea el más barato).

Exclusión de fármacos de la financiación. En los casos en que coincidan medicamentos en la lista de los que necesitan receta y los que no, se dejarán de financiar estos. Esto sucede con algunos fármacos para síntomas menores. La propuesta es una vieja reivindicación de la patronal de productos sin receta Anefp. Fuentes de la organización indican que serán candidatos a ser excluidos de la financiación pública mucolíticos, antidiarréicos y las lágrimas artificiales. Otros grupos, como laxantes, antivirales tópicos y antimicóticos dermatológicos son también candidatos. El problema surge cuando el mismo grupo de medicamentos sirve a la vez para síntomas leves y otros graves o de crónicos, como los analgésicos. Eso sí, en general son productos baratos.

Doble precio de medicamentos. “Como regla general”, los precios a los que los laboratorios vendan a la Administración serán menores a los de venta a otros clientes (recetas privadas). Es decir, se les exigirá un descuento sobre el precio autorizado.

Precios de referencia. Se revisarán trimestralmente. Hasta ahora era anualmente, aunque quedaba abierta la posibilidad de que el Gobierno lo variara, pero de manera excepcional. Con ello, si entra un genérico en el mercado más barato, las demás tendrán que bajar hasta su nivel antes.

Precios seleccionados. Haya o no un genérico más barato, el Gobierno podrá determinar rebajas de algunos medicamentos -el “precio seleccionado”-. Habrá algunas condiciones, como que haya al menos tres productos en el grupo terapéutico seleccionado. A cambio, el precio, que se comunicará a los fabricantes, se mantendrá dos años. Esta es una de las grandes novedades del decreto y la clave del ahorro de más de 3.000 millones en esta partida, junto a las otras aplicables a farmacia.

Copago farmacéutico. El decreto describe el sistema de copago en función de la renta (exento, 40%, 50% y 60% para activos según ingresos, y exento, 10% con un máximo de 8 euros, 10% con un máximo de 18 euros y 10% con un máximo de 60 euros para pensionistas). Para ello, se manejarán los datos financieros del titular de la tarjeta. Este no tendrá que dar su permiso. La Seguridad Social indicará a las autoridades sanitarias el nivel de aportación (exento total, por debajo del mínimo para declarar, hasta 100.000 euros) sin especificar la cantidad exacta.

Aportaciones de los proveedores. Se establece una escala muy sencilla de aportaciones (devoluciones) de los proveedores del Sistema Nacional de Salud (laboratorios y fabricantes de otros productos). Si venden hasta tres millones, deberán devolver el 1,5% de su facturación. A partir de ahí, su aportación será del 2%. Las empresas podrán reducir esta cantidad si participan en el plan Profarma, dedicado a la investigación, en una escala que va del 0% al 25%.

Devoluciones de farmacias. También las farmacias tendrán que descontar a la Administración por su venta. Esto ya ocurre, pero se endurecen las aportaciones. Por ejemplo, la máxima pasa del 15% al 23,67%. En cambio, aumenta el nivel de venta por el que quedan exentas, que pasa de los 32.000 a los 37.500 euros al mes.

Personal. Se creará un registro de profesionales. Es una vieja aspiración. Estará en manos del Ministerio. Este establecerá la correspondencia entre las categorías profesionales de las distintas comunidades. Se suprimen la modalidad de prestación de servicios de cupo y zona (un extra).

EL PORTAVOZ DEL PP DICE QUE LA SANIDAD NO PUEDE SER UN “COLADERO” DE INMIGRANTES

"Cuando decimos que la Sanidad es universal en España no es para el universo mundo"

El portavoz del PP de sanidad afirma que el país paga el tratamiento de los rumanos retornados

El portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso, Alfonso Alonso, ha afirmado que el sistema sanitario español "no puede ser un coladero" y tacha de "fraude" el uso que hacen de él los inmigrantes irregulares. "Cuando decimos que la Sanidad es universal en España no es para el universo mundo sino para los españoles y los residentes", ha apostillado.

En una entrevista en TVE, Alonso ha dicho que se trata de una circunstancia "errónea" que no deba acreditarse la situación de residencia para recibir la asistencia sanitaria plena. En este sentido, ha señalado que el turismo sanitario, que según el portavoz del PP no es diferente al de los inmigrantes sin papeles, es "uno de los puntos débiles del sistema".

"Que una persona sin tener la situación regularizada, sin situación legal, sin permiso de residencia y sin pagar impuestos, pueda disfrutar del sistema que todos los demás estamos pagando, es una situación de fraude", ha sentenciado. Por ello, Alonso ha instado a "evitar el fraude sanitario" y ha defendido que el Gobierno tenía que buscar la eficiencia porque "se venía generando una deuda y no estaba garantizado que pudiésemos seguir manteniendo el sistema".

En cualquier caso, ha apuntado que España "es un país civilizado" y, por lo tanto, "todas las personas tienen garantizada la asistencia sanitaria". En concreto, explica que "se atenderán las urgencias, el parto, los accidentes o a los menores que se encuentren en el país".

Con esta medida, el portavoz del PP en el Congreso ha señalado que España "se asemeja al resto de países europeos" y "sirve para que no haya copago". "Nuestro sistema nos gusta como es. Que vayamos a urgencias no nos cobren un dinero a parte del que ya estamos pagando de los impuestos. Pero para mantener este sistema hay que ser serios y eficientes", ha concluido.

Por otra parte, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, que además es portavoz de Sanidad del PP, ha asegurado que España está pagando la sanidad de los rumanos que han regresado a su país. "En este momento estamos soportando la kafkiana situación de que rumanos que estuvieron trabajando en España en el ámbito de la construcción y que se volvieron a su país cuando se quedaron sin trabajo, utilizan la tarjeta europea que se sacaron gracias a la española que tenían y cuando utilizan los servicios médicos rumanos lo hacen utilizando esa tarjeta, en vez de la de su país. Luego Rumanía reenvía a España las facturas de sus compatriotas porque el asegurador de esa tarjeta europea es España. Esto es muy fuerte, pero está pasando", ha señalado.

Según el consejero autonómico, "son miles y miles de casos. Y no lo digo yo, lo especifica el Tribunal de Cuentas. Estamos pagando las facturas de los hospitales rumanos que dan asistencia a los rumanos como consecuencia de la no trasposición de la directiva número 7 de la Unión Europea", directiva no vigente en España.

En opinión de Echániz, "no se trata de restringir derechos, sino de reciprocidad en las relaciones exteriores. Lo que no puede ser es que a mí me cobren en Francia y en España no se cobre a nadie. En un momento especialmente crítico como el que vivimos esta situación es insostenible". "En materia de urgencia nadie va a tener ninguna dificultad, ni los europeos ni los sin papeles. Se atenderá a todo el mundo. No hay que olvidar que la sanidad gratuita ha sido fundamental para fomentar el efecto llamada. Mucha gente ha cogido una patera porque sabía que en España tenía la asistencia sanitaria garantizada", ha considerado Echániz.

Estudiar en una universidad española será sensiblemente más caro a partir del curso que viene. El Ministerio de Educación ha propuesto a las comunidades autónomas una modificación en el pago de las tasas universitarias que supone hasta 540 euros más al año en el coste de la matrícula para el estudiante recién llegado y elevar las penalizaciones a los repetidores, que podrían a llegar a asumir el 100% del coste de una plaza, entre 5.000 y 7.000 euros, según estimaciones del ministerio.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, se ha reunido este jueves con representantes de todas las comunidades autónomas en la Conferencia General de Política Universitaria para comunicarles los cambios incluidos en un Real Decreto Ley que previsiblemente aprobará hoy el Consejo de Ministros. Entre las medidas de ahorro previsto (Educación espera recortar 3.000 millones, aunque ayer no estimó cuánto pueden suponer los nuevos ajustes) se incluye el aumento de tasas, que deberá aplicar en mayor o menor medida cada comunidad autónoma.

El ministerio cambia el sistema (que hasta ahora aplicaba la subida anual del IPC más hasta cuatro puntos de diferencia en una horquilla) y establece que los alumnos paguen en función de lo que cuesta su titulación. Así, ha fijado una horquilla del 15 al 25% del coste para que las comunidades decidan qué porcentaje aplicar en función de las circunstancias de su región y de los objetivos del déficit, según señaló la secretaria del Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio. De esta forma, el incremento máximo en primera matrícula sería 540 euros anuales, según las estimaciones ofrecidas al final de la reunión por Gomendio. El ministro no compareció porque tenía un acto con Casa Real, según explica una portavoz.

La subida prevista superaría el 50% para la mayoría de afectados y representaría un 66% para los que salten del 15 al 25% del coste, el máximo de la horquilla. pero el Ministerio y las administraciones autonómicas aún están estudiando los detalles, dado que actualmente hay una gran variedad de situaciones. Algunas autonomías, como La Rioja, ya anticipan que no prevén aplicar tal alza. País Vasco anunció que sus matrículas subirían "como mucho" el IPC. Madrid señala que debe estudiarlo y Andalucía calcula que sus estudiantes cubren a día de hoy un 12% del coste real de la plaza, por lo que está obligada a aplicar una subida.

El aumento de matrícula se incrementará de forma sustancial para los repetidores, que si agotan convocatorias llegarían a abonar hasta el 100%. Los alumnos universitarios españoles pagan ahora entre 700 y 1.400 euros anuales de matrícula, según ha señalado la secretaria de Estado de Universidades. Esa cantidad cubre entre el 15% y el 17% del coste del curso, que oscila entre 5.000 y 7.000 euros.

Para los repetidores, el aumento será superior y también comenzará a aplicarse a partir del curso que viene, según señaló Gomendio, aunque durante la reunión el ministro planteó que el cambio solo afectara a los que ingresan como nuevos estudiantes el curso que viene. La segunda matrícula supondrá entonces entre el 30 al 40% del coste; la tercera, del 65 al 75% y, en caso de requerirse una cuarta, del 90 al 100%, esos más de 6.000 euros que como media cuesta una plaza al año.

El ministro Wert ha señalado en varias ocasiones que estas tasas son las más bajas de Europa y que el hecho de que se financie el 85% es, a su juicio, como dotar a todo el alumnado de una beca. La secretaria de Estado de Universidades aseguró que mantendrán las becas “al mismo nivel que hasta ahora”. Cataluña propuso ayer que el 25% de lo que se recaude con estas nuevas tarifas se destine a sufragar más becas, algo que Educación no ha incluido en el texto legal. El Ministerio se compromete a seguir cubriendo las becas como hasta ahora pero las comunidades que apliquen las subidas deberán cubrir la diferencia para los estudiantes becados.

La subida de tasas cuenta con el respaldo general de las comunidades gobernadas por el PP, como La Rioja. Su consejero de Educación, Gonzalo Capellán, consideró ayer que las medidas buscan “paliar la situación de déficit” y dejan “un margen importante” a las autonomías. Considera que ampliar la horquilla para que los alumnos paguen más tasas universitarias “no será un problema” para comunidades como la suya. “La Rioja podría no subirla porque tiene una universidad saneada y viable”.

La consejera madrileña, Lucía Figar, señaló tras el encuentro que ahora toca “hacer números” para decidir cómo aplican la horquilla fijada por el ministerio y, al mismo tiempo, cumplir el objetivo de déficit “sin perjudicar la calidad de los servicios públicos”.

Las comunidades gobernadas por el PSOE reclamaron más ayudas a los estudiantes. El viceconsejero de Universidades del País Vasco, Pedro Luis Arias (PSE), pidió un equilibrio "adecuado" entre tasas y becas, igual que el secretario general de Universidades de Andalucía, Francisco Trigueros. La partida para becas y ayudas que el Ministerio ha aprobado en 2012 para los estudiantes asciende a 1.265 millones de euros, lo que significa 166,4 millones menos que en 2011.

Colectivos de estudiantes de distintos puntos del país protestaron al conocer el incremento. El Consejo de Estudiantes Universitarios de Cataluña lo tildó de “desproporcionado e inaceptable” y criticó que se hiciera sin negociar con los alumnos. La subida anunciada “es la peor noticia que se puede dar porque solo podrá estudiar el que se lo pueda permitir”, valoró ayer María José Romero, vicepresidenta del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, que añadió una advertencia: “Haremos lo posible para que no se aplique”.

La universitaria es la segunda pata del plan de ajuste puesto en marcha por Wert. En las escuelas e institutos aumentará el máximo de alumnos por aula (en primaria de 27 a 30, y de 30 a 36 en secundaria) y se amplían las horas de clase semanales de los docentes, lo que hace seguro un recorte sustancial de las plantillas docentes.

Además de la subida de tasas, el ministro José Ignacio Wert desgranó ayer otras medidas de recorte a las comunidades autónomas en la Conferencia General de Política Universitaria. Educación quiere impulsar el debate para que se eliminen las titulaciones con menos alumnos, como ya han hecho algunas comunidades autónomas. La cifra que se barajaba como mínima oscila entre 40 y 50 estudiantes por grupo, aunque en el real decreto ley no fija finalmente ninguno, según señaló ayer la secretaria general de Universidades, María Amparo Camarero.

El ministro señaló recientemente en el Senado que el tamaño medio de un grupo es de 55 alumnos y el 42% de las titulaciones en las universidades públicas no llegaba a ese mínimo en el curso 2008-2009. La propuesta plantea que las comunidades y sus universidades negocien posibles ajustes y fusiones, sin marcar de momento límites.

Educación aprobará también que aumenten de las horas lectivas de los profesores universitarios, después de que el ministro de Educación criticara en el último Consejo de Ministros la “ineficacia” que supone que una proporción “muy elevada del profesorado no está investigando ni generando conocimiento”. Así, aumentará la carga de horas lectivas (hasta cuatro horas más y un total de 12 horas a la semana, según la estimación del ministerio) a los profesores investigadores que no tengan sexenios vivos, es decir, que no hayan presentado ninguna investigación en los últimos seis años.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) respondió ante las críticas del ministro que la producción científica española creció un 80% entre 1997 y 2007, hasta constituir “el 3,4% de la producción científica mundial, realizándose dos terceras partes de este porcentaje en las universidades”, según señalan en un comunicado.

La propuesta del Ministerio incluye también la práctica congelación, de momento, de la oferta de empleo público.

Las principales medidas que ha adoptado el Ministerio de Educación para que las comunidades ahorren 3.000 millones de euros en las escuelas e institutos van dirigidas a reducir las plantillas y, en consecuencia, se verá afectada la calidad, según distintos especialistas. Por un lado, se aumenta el margen legal de estudiantes por aula: en primaria se pasa de 27 a 30, y de 30 a 36 en secundaria obligatoria. Y, por otro, se elimina el límite máximo de horas semanales de clase que imparten los docentes y se fija un mínimo de 25 horas en primaria (ahora este era el máximo) y de 20 en secundaria (la horquilla iba de 18 a 21).

La semana de trabajo para los profesores será la misma, 37,5 horas, pero tendrán menos tiempo para otras cosas, normalmente relacionadas con la calidad de la enseñanza: actividades de refuerzo, desdobles en clases más pequeñas, preparar los temas, atender a las familias o las guardias para cubrir la ausencia de algún colega. Unas guardias que, además, van a ser ahora más necesarias, porque las bajas solo se cubrirán si pasan de dos semanas (en Andalucía, por ejemplo, se estaban cubriendo a las 48 horas).

Todo ello puede significar una importante disminución de unas plantillas docentes (y un ahorro en sueldos) que ya se han visto reducidas en miles de personas en varias comunidades durante los dos últimos años por la aplicación de medidas parecidas. La diferencia es que ahora se amplía el margen legal para profundizar en el recorte y se obliga a meter la tijera a algunas autonomías que no lo habían hecho o no tanto. En los últimos dos años, el recorte de los presupuestos educativos del Gobierno y las comunidades ha sido de algo más de 3.400 millones de euros, a los que se sumarían estos otros 3.000 a partir del curso que viene. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, admitió que son cálculos preliminares y aproximados, pues dependerán de hasta qué punto expriman las autonomías las nuevas posibilidades. Aunque Wert consideró muy exagerado ese cálculo, CC OO dice que solo el aumento de horas lectivas puede suponer 50.000 maestros menos. Con el resto de medidas es difícil calcular, admiten. Para Carlos López Cortiñas (UGT) la pérdida total puede ser de 80.000 maestros.

El ministro Wert leyó ayer las iniciativas del plan a los consejeros de las comunidades; literalmente, no se entregó ningún documento. Las mismas se aprobarán por decreto ley, previsiblemente, el próximo viernes y entrarían en vigor el próximo curso.

■¿Cuántos profesores hay? En las escuelas e institutos públicos había el curso pasado cerca de medio millón. De ellos, un 15% son interinos. A los funcionarios no se les puede despedir.

■¿Cómo se reparten? El cálculo de los profesores para un centro se hace dividiendo a los alumnos por grupos y asignando después un número de docentes por cada uno, teniendo en cuenta que los estudiantes tienen 30 horas lectivas a la semana y los profesores 18, 19, 20... Si los grupos son más grandes y los profesores dan más horas, hacen falta menos profesionales. Puede prescindirse de interinos o no reemplazar a los jubilados. UGT y CC OO calculan que habrá entre 80.000 y 100.000 profesores menos. Para Educación eso es muy exagerado.

■¿Cuánto trabajan? Los docentes de la pública tienen 37,5 horas semanales, algunas para dar clase, otras en el centro y otras trabajando desde casa (para corregir exámenes, por ejemplo). Aunque varíe el tiempo dedicado a esas tres facetas, la jornada sigue siendo la misma. En primaria, solo hay dos países europeos con más horas lectivas: Alemania y Malta, con 26 en lugar de 25. En secundaria, 11 tienen más de 21 horas (entre ellos Bélgica, Alemania o Escocia) y otros 16, menos (por ejemplo Bélgica, Dinamarca o Francia).

■¿Importa el número de alumnos por aula? El informe PISA de la OCDE asegura que es más eficaz pagar mejor a los profesores que bajar el número de alumnos por clase, pero no dice que aumentarlos sea inocuo. Además, en España se ha hecho lo contrario en todo: más alumnos por clase y menos sueldo. En el número medio de alumnos por aula, España está casi en la media de la UE en primaria (21,1 frente a 21,4) y por encima en secundaria: 24,3 frente a 23,7. Pero estas medias las bajan enormemente las escuelas rurales.

■¿Cambia la oferta de bachillerato? Hay tres tipos de bachillerato: de letras, ciencias y artes. Los institutos están obligados a ofrecer al menos letras y ciencias, pero el Gobierno elimina esa obligación. El ahorro no será grande y afectará sobre todo a algún centro concertado pequeño, pues si se extendiera a los públicos podría causar un desbarajuste organizativo.

En la enseñanza concertada (financiada con dinero público) también se aplicarán todas estas medidas, dijo. Aunque lo cierto es que la partida que va a la concertada es de las pocas que no se han recortado en los presupuestos del ministerio; en tres comunidades (Murcia, Madrid y La Rioja) ha crecido el monto a pesar de los recortes en el resto. Estas rebajas se completarán con otras en la Universidad que se conocerán el jueves; de momento, se ha hablado de una subida en el precio de las matrículas.

Wert explicó que la decisión se ha tomado para dar más eficiencia al sistema en tiempos de crisis y de acoso de los mercados —pidió a los profesores un esfuerzo—, y aseguró que facilitarán a las autonomías el cumplimiento del déficit al que obligan los presupuestos del Estado: 1,5%. Además, sostuvo que la calidad de la enseñanza no se verá muy afectada.

Algo difícil de creer con el aumento del alumnado: hay unos 320.000 estudiantes más que hace dos años en colegios e institutos. Para José Campos, de CC OO, los recortes van a devolver a la escuela española a los años setenta. La consejera de Educación del País Vasco, Isabel Celaá, ya advirtió antes de la reunión de ayer: “No hay que confundir la búsqueda de eficiencia con los recortes en Educación”. El presidente de la asociación de directores de centros públicos FEDADI, José Antonio Martínez, consideró “un dislate” decir que apenas se verá afectada la calidad. Y puso ejemplos de lo que ya ha ocurrido hasta ahora en Madrid, Cataluña o Galicia: menos desdobles, menos clases de refuerzo, eliminación de las excursiones...

De las otras tres medidas que se pondrán en marcha, una va dirigida también al capítulo de personal: se prohíbe crear nuevos complementos retributivos para los profesores, aunque hay que esperar para ver la letra pequeña, pues una congelación sin más, sin marcha atrás de compromisos adquiridos o sin reducción (por ejemplo, en la Comunidad Valenciana han disminuido los sexenios), no supondría ahorro alguno. Además, se pospone al curso 2014-2015 la puesta en marcha de los nuevos títulos de FP actualizados, que son más largos y, por lo tanto, más caros. Por último, se eliminará la obligación de los institutos de ofrecer al menos el bachillerato de letras y el de ciencias (la tercera opción es la de artes), y se podrá ofrecer solo uno.

Tanto Wert como los consejeros de Educación del PP (la mayoría) dijeron que muchas de las medidas son reversibles, solo para la crisis: las ratios, las horas lectivas, los complementos. No así la oferta del bachillerato y, sobre todo, el tiempo que se dejan sin cubrir las bajas. Wert insistió en que queda margen para que las autonomías apliquen las posibilidades como crean conveniente.

Sin embargo, los consejeros del PSOE (de País Vasco, Andalucía y Canarias) aseguran que no habrá marcha atrás y dicen que no hay tanto margen. Para empezar, las regiones que estén por debajo del nuevo mínimo de horas lectivas tendrán que subirlas (en secundaria, todas las comunidades menos Madrid y Castilla-La Mancha) y también son de obligado cumplimiento las restricciones de la cobertura de bajas y los complementos salariales. Además, la viceconsejera canaria, Manuela Armas, explicó que el dinero que reciben las autonomías del Gobierno central se calcula con unos criterios entre los que están las ratios de alumnos, la necesidad de cobertura de profesores...

Tanto Armas como el consejero andaluz en funciones, Francisco Álvarez de la Chica, e Isabel Celaá, salieron de la reunión visiblemente molestos porque se trataba de una comunicación de hechos consumados. Wert respondió que ni siquiera estaba obligado a comunicar esas iniciativas, pues son normativa básica, competencia del Gobierno central. La representante vasca, sin embargo, cree que se han podido invadir competencias autonómicas; lo mismo opinan en Cataluña, donde criticaron las formas, pero no valoraron el contenido.

Los sindicatos dicen que no han visto nunca un ministro “tan prepotente”. Le reclamaron una reunión urgente para tratar estas medidas. De momento, no está prevista y, si se aprueba el viernes el plan, existe poco margen. Si no hay diálogo, advirtieron las centrales, habrá movilizaciones.

El presidente negó reiteradamente que los ciudadanos fueran a pagar por la sanidad según la renta

Apenas un mes. El pasado 17 de marzo fue la última vez que Mariano Rajoy aseguró que no aplicaría el copago. “Si me pregunta a mí, personalmente yo no soy partidario del copago en la sanidad”, contestó el presidente del Gobierno a preguntas de los periodistas en una comparecencia tras reunirse con el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Intentaba despejar la sospecha de que el Gobierno planeaba ampliar a toda España el recargo de un euro por receta que el Ejecutivo de CiU implantó en Cataluña gracias a la abstención del PP. Lo consiguió a medias, pues la frase que utilizó (“yo no soy partidario”) es la misma que ha empleado repetidamente para negar que planease subir los impuestos hasta el día en que el Gobierno aprobó un fuerte incremento del IRPF so pretexto de atajar la desviación del déficit.

30 días han pasado desde la última vez que Rajoy negó el copago, pero el presidente lo ha descartado en multitud de ocasiones, también -y fundamentalmente- durante la campaña electoral. A cuatro días de las elecciones generales que le auparon a presidente del Gobierno, Rajoy fue tajante en una entrevista con el director de EL PAÍS, Javier Moreno. El entonces candidato contestó que no haría lo que no llevase en su programa electoral, y repitió como un mantra: "No voy a introducir el copago en Sanidad" y "yo no voy a subir los impuestos, no". El 30 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó la segunda mayor subida de impuestos de la historia reciente de España. Hoy se ha conocido que hasta los jubilados tendrán que pagar el 10% del coste de las medicinas. Con sus declaraciones, Rajoy y el resto de dirigentes populares fueron tal vez pretendidamente ambiguos: repitieron que no habría copago en la sanidad porque no pensaban instaurar el pago por acudir a consulta o a urgencias, pero el copago farmacéutico en función de la renta aprobado hoy también es un tipo de copago en sanidad.

La respuesta al director de EL PAÍS no fue la única. En campaña electoral, Rajoy prometió también en otros medios que no aplicaría el copago. El 11 de diciembre lo hizo en una entrevista en Antena 3: "Yo no voy a hacer el copago", respondió entonces.

Durante la campaña el PP se esforzó en despejar cualquier duda que apuntase al copago. La secretaria general, Dolores de Cospedal, mostró incluso un cierto cansancio de tener que desmentirlo reiteradamente: "Tenemos una línea roja, y la línea roja es la garantía de la sanidad pública universal y gratuita y la educación universal y gratuita", aseguró Cospedal, antes de añadir: "El copago no figura en el programa electoral del Partido Popular. Una y mil veces vuelvo a decir: antes que pedir a los ciudadanos paguen una parte de la sanidad, que ya la pagan con sus impuestos, hay que hacer ahorros en la gestión".

La lista de dirigentes populares declarando la guerra al copago es casi interminable. En la campaña a las elecciones asturianas de este pasado 15 de marzo, la candidata del PP a la presidencia del Principado, Mercedes Fernández, recababa aplausos de mitin con esta afirmación: "Yo quiero que la sanidad pública sea de calidad, universal y sin copago, sin copago". Los simpatizantes populares recibieron con alborozo sus palabras

Aunque el Gobierno apuntó un ahorro de 3.000 millones, la medida reportará unos 1.300

Se acabaron los fármacos gratis para los pensionistas. Y, los demás, pagarán más por su parte. Pero el nuevo sistema, que vincula el porcentaje que se paga a la renta del paciente, con unos topes de pago mensual, implica un desafío mayúsculo para la gestión sanitaria. Habrá que redefinir el nivel de pago de cada uno, con una complicada gestión de datos de Hacienda, sobre todo en un país que después de 10 años de las transferencias todavía no ha conseguido que los distintos sistemas sanitarios estén conectados. La crisis y la necesidad de ajustes en sanidad —unos 7.000 millones— ha sido la causa de esta revolución aprobada ayer por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde están presentes las consejerías y el ministerio. Pero, curiosamente, su contribución económica va a ser mínima, según ha admitido la ministra de Sanidad, Ana Mato. Tiene más bien un papel “educativo”, para que los usuarios den valor a los medicamentos que reciben.

El cambio se espera que entre en vigor en un par de meses, una vez se solucionen los problemas legislativos y técnicos, ha dicho Mato. Y los más afectados van a ser los pensionistas. Hasta ahora, estos estaban exentos de pagar (salvo los funcionarios de Muface, que abonan el 30% de los medicamentos). A partir de ahora, deberán pagar, por regla general, el 10% de los tratamientos. Habrá excepciones: no se aplicará a quienes cobren pensiones no contributivas, que son las más bajas. Y habrá tres grupos de copago, en función de la renta. Los que tengan unos ingresos que los eximan de presentar declaración de la renta tendrán un límite de ocho euros al mes. Por cierto que este tope fue fijado por la ministra en 18.000 euros al año, pero, según la Agencia Tributaria, está en 22.000. El resto, hasta unos ingresos de 100.000 euros, tendrá que pagar también el 10% de los medicamentos, pero con un límite de 18 euros al mes. A partir de esa cantidad, pagarán el 20% hasta 60 euros mensuales.

Entre los activos, también habrá un aumento de la aportación. Se quedará en el 40% si gana menos del límite no declarable, y llegará al 50% a partir de ahí. De nuevo, si se superan los 100.000 euros, la aportación sube, y llegará al 60%. Los parados pagarán como los activos, menos los que ya hayan agotado la prestación, que estarán exentos. Mato admitió que esta medida aportará solo unos “cientos de millones de euros”. Y que la implantación del sistema no puede ser inmediata. El PSOE calcula que la medida aportará, como mucho, 1.000 millones de euros. Otros expertos, como economistas de la salud, elevan la cifra hasta los 2.000 millones.

Entonces, ¿de dónde saldrán los 7.000 millones de ajuste? Una primera parte viene de esta medida. Al hacer a la gente pagar, dice Mato, se “pone en valor” el medicamento. Y con ello se espera ahorrar por otra vía: evitando que se despilfarre. La medida de esta conducta la ha puesto la ministra en la devolución de medicamentos que se realizan en los denominados puntos Sigre. Son más de 3.200 toneladas, por un valor de 1.200 millones. Eso no quiere decir que a partir de ahora se va a consumir todo, pero ahí está el valor educativo de la medida.

El resto del ahorro viene de medidas de eficacia. La más destacada y contestada es el control del turismo sanitario. Este término se refiere a una amplia variedad de servicios prestados a extranjeros: a los residentes en España, a los turistas o viajeros, a los que se debe atender en urgencias y luego facturar a sus países, y a los turistas sanitarios propiamente dichos: personas que se empadronan justo el tiempo para recibir la tarjeta sanitaria y luego vuelven a su país para ser atendidos con cargo a la sanidad española. Mato se refirió a un informe del Tribunal de Cuentas alertando de estas prácticas, pero admitió que el problema, más que la picardía, está en que las comunidades no tienen puesto en marcha el procedimiento para cobrar a los países de origen —habló de la trasposición de una directiva, aunque en 2009 se acordó la normativa europea que regula estos supuestos—, y cifró los ingresos por este concepto en unos 1.000 millones.

El resto de las medidas anunciadas tenían un sospechoso aroma a vieja promesa. Por ejemplo, ajustar la dispensación de medicamentos a las necesidades del tratamiento. Esto, conocido habitualmente como unidosis, es una vieja reclamación de las autoridades, y ya desde 2002, con el PP, se han hecho ensayos que no han acabado de funcionar. El último intento, del anterior Gobierno del PSOE, fue que los laboratorios fabricaran envases con las pastillas más habituales (por ejemplo, 21 si se trata de un tratamiento de tres tomas al día durante una semana) y, para completarlo, que fabricaran cajas de una o dos pastillas para ajustar mejor la oferta.

En la misma línea está la generalización de una central de compras. Empezó a funcionar en 2011 para la vacuna de la gripe, después de que las transferencias de 2002 desmontaran el sistema que servía para el Insalud. Para este año se prevé otra compra centralizada para 14 autonomías de vacunas antigripales, con seis millones de ahorro. Pero Mato aspira a generalizar el sistema a toda España y todos los productos, con otros 1.500 millones de ahorro.

Uno de los empeños de la ministra fue recalcar en que no se hacen recortes, sino ajustes. El Consejo, de hecho, no ha revisado la cartera de prestaciones. Pero sí ha establecido tres niveles: el básico, lo que es obligatorio ofrecer gratis en todas las comunidades; el suplementario, para partidas, como la farmacia o las prótesis, para las que ya existe un copago, y la accesoria, para otros extras. Calcula que la armonización de estas dos últimas ahorrará unos 500 millones.

Pero el grueso de los ajustes se espera que venga de donde siempre: de las compras de fármacos. Mato no especificó cómo. Parte de la receta suena a sabida: genéricos, precios de referencia, prescripción por principio activo. Con esto, en 2011 la partida ha bajado un 10%. Pero para conseguir los 3.000 millones (un 30%) con eso no basta. Casi de pasada, la ministra se refirió a negociar a la baja con los laboratorios. La veda ya está abierta con los que acudieron a la subasta de fármacos andaluza. Lo que no se prevé es excluir medicamentos de la financiación por su precio. Sí que se revisará la lista para sacar los obsoletos.

Hubo otras medidas: tarjeta sanitaria electrónica, historia clínica digital... Parece un mantra que se repite, sin que se vea final.

■¿Cuántos profesores hay? En las escuelas e institutos públicos había el curso pasado cerca de medio millón. De ellos, un 15% son interinos. A los funcionarios no se les puede despedir.

EL EJECUTIVO ANUNCIA EL MAYOR RECORTE DE LA DEMOCRACIA CON 27.300 MILLONES

El Gobierno eleva el recorte de gasto de los ministerios al 16,9% para reducir el déficit

El Gobierno ha aprobado hoy unos Presupuestos "fuertemente austeros" para 2012 que prevén un ajuste sin precedentes de 27.000 millones para tratar de reducir el déficit público del 8,51% del PIB de 2011 al 5,3%, que es la cifra que impuso Bruselas tras el intento del presidente español, Mariano Rajoy, de dejar el desfase presupuestario en el 5,8%.

De este esfuerzo, que equivale a 3,2 puntos porcentuales del PIB, la Administración Central asume 1,6 puntos y las autonomías 1,4. Para ello, el Gobierno prevé un recorte del gasto de los MInisterios del 16,9%, por encima de la cifra que ofreció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hace apenas tres días. En dinero contante y sonante, la correción del déficit se traduce en un ajuste de 17.800 millones para todas las carteras, que dispondrán de 65.803 millones para desarrollar sus políticas en 2012.

Uno de los departamentos más afectados es Exteriores, con una reducción de 594 millones en las transferencias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. También baja en 125 la aportación del Estado al Fondo del Agua y en otros 670 millones la del Fondo para la Promoción del Desarrollo.

En el apartado de Defensa, el apartado de inversiones, fundamentalmente lo relativo a programas especiales, baja en 351 millones. Las políticas de acceso a la vivienda también se reducen en otros 322 millones mientras, sin salir de Fomento, se aprueba una reducción global de 144 millones de euros en inversiones. Bajando al detalle, hay otro tijeretazo de 360 millones para autopistas de primera generación, así como se recortan las aportaciones al gestor ferroviario y al de carreteras en 287 y 427, respectivamente. El descenso de los gastos para las vías de competencia autonómica es de 221 millones.

Montoro ha asegurado que las cuentas incluyen medidas "extraordinarias" porque la situación es "extraordinaria y crítica" y son las más "austeras" de la democracia al incluir un ajuste "muy duro" que obliga a renunciar a muchos programas de gasto para equilibrar cuanto antes la economía española.

"El Presupuesto es austero, fuertemente austero", ha admitido Montoro, tras considerar, sin embargo, que esta es la forma de reducir cuanto antes del déficit, una condición "necesaria" para financiar correctamente la economía española y recuperar el crecimiento y el empleo.

www.elpais.es 30.03.12

RAJOY LANZA UNA AMNISTÍA FISCAL EN LOS PRESUPUESTOS MÁS RESTRICTIVOS

Los defraudadores pagarán un 10% por blanquear su dinero. El Gobierno prevé aflorar 25.000 millones. El impuesto de sociedades sube por la eliminación de deducciones

Al presidente del Gobierno le preocupa mucho más la prima de riesgo, la presión de Bruselas y la situación económica del país, pero las hemerotecas vuelven a jugarle una mala pasada. Primero llegaron las subidas de impuestos, después el abaratamiento del despido, ambas negadas en campaña. Este viernes Mariano Rajoy volvió a enmendarse a sí mismo al anunciar el Gobierno una gran amnistía fiscal para aflorar hasta 25.000 millones de euros defraudados a Hacienda. El Gobierno perdonaría los impuestos y las multas y recaudaría solo el 10% de ese capital blanqueado, 2.500 millones.

Rajoy rechazó en 2010 la idea de una amnistía fiscal por ser una "ocurrencia"12.314 millones de euros más gracias al IRPF, sociedades o el tabacoLa ayuda al desarrollo cae al nivel de 20051.500 millones menos para formentar el empleoEl Gobierno mantiene el recorte de 200 millones para RTVELos recortes de Fomento reducen las ayudas al acceso a la vivienda en un 42%En 2010, cuando Rajoy era líder de la oposición y se planteó la posibilidad de que el PSOE hiciera esta amnistía —nunca se llevó a cabo— él la definió como una “ocurrencia” que el PP no apoyaría en ningún caso. “Es impresentable que se dé una amnistía fiscal a aquellos que hayan defraudado a Hacienda”, llegó a decir Dolores de Cospedal, número dos del PP.

Pero la situación “crítica”, en palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, “límite” según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, lleva al Gobierno a poner en marcha esta amnistía fiscal que se acompaña del mayor recorte de gasto público de la democracia española —una caída de casi el 17% del gasto medio de los ministerios, 13.400 millones de euros— y una nueva y muy importante subida de impuestos centrada en las grandes empresas.

Montoro anunció la amnistía fiscal a toda velocidad, en el último minuto de su intervención inicial, y la justificó como una recomendación de la OCDE. Se limitó a recordar que otros países, como Italia o Reino Unido, la han practicado con éxito. Se podrá regularizar el dinero negro hasta el 30 de noviembre de este año y el Ejecutivo garantiza la confidencialidad.

Cuando otros países lo hacían y en España se especulaba con esa medida, en 2010, Rajoy era muy crítico: “Lo que España necesita para atraer financiación y capitales no es una amnistía fiscal, es confianza en la política económica del país y en el Gobierno”, sentenció. “Si se suben los impuestos a los ciudadanos y los que defraudan van a tener una amnistía, es injusto, antisocial y una barbaridad”, remató Cospedal. En el Gobierno, las cosas han cambiado mucho.

Los Presupuestos recortan 13.400 millones y suben impuestos a grandes empresas

La subida de impuestos anunciada este viernes también es muy relevante. Son otros 5.714 millones que se esperan recaudar, sobre todo con los 5.350 que llegarán gracias a la eliminación de todo tipo de deducciones a las grandes empresas, una medida que, según recordó Montoro, no se atrevió a implantar el Gobierno socialista, en principio ideológicamente más próximo a este tipo de cuestiones.

También hay importantes subidas de las tasas judiciales. Este gran aumento de impuestos se suma a los 6.200 millones de nueva recaudación que ya se anunciaron el 30 de diciembre. Montoro se ha convertido así en un ministro que en 100 días ha anunciado dos grandes subidas de impuestos, por un total de 12.300 millones de euros, lo contrario de lo que defendió toda su vida. El ministro se molestó mucho ante la pregunta de si había cambiado de idea ahora que está en el Gobierno, e insistió en que él no es ni mucho menos el ministro que más ha subido los impuestos en España.

Lo cierto es que Montoro, además de asumir el coste externo de ser la cara de las subidas de impuestos, ha conseguido, de momento, ganar su batalla interna más importante: no llegará, al menos este año, la subida del IVA que Europa pedía y algunos en el Ejecutivo preconizaban. “La amnistía fiscal no le gusta a nadie, pero entre eso y subir el IVA no hay color”, señalan fuentes del Ejecutivo.

Tanto Montoro como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, hicieron esfuerzos desde el primer momento para que los ciudadanos entiendan que España está en la mirada de toda Europa como un grave problema. La pregunta en ese sentido de un corresponsal holandés, cuya televisión emitía en directo la rueda de prensa, hizo cambiar rápidamente el tono de Santamaría. Montoro, eso sí, descartó que este agravamiento del recorte —hace un mes se dijo que sería del 12%, Rajoy habló del 15% el martes y se ha ido al 17%— vaya a endurecer la recesión prevista del 1,7% de caída del PIB.

El presidente condenó en 2010 la amnistía fiscal y dijo que él nunca la apoyaría

Los ministros y todo el Ejecutivo trasladan una enorme inquietud, aunque los nervios y la duración de la rueda de prensa hicieron que tanto Montoro como Santamaría se rieran en varias ocasiones. Eso sí, dejaron sin responder una pregunta clave: ¿A qué se enfrenta España si no cumple? ¿Puede ser intervenida? La vicepresidenta se limitó a señalar: “España va a salir adelante con su esfuerzo, va a cumplir el 5,3% sí o sí”. Es la fórmula que Rajoy utilizó hace unos meses para garantizar que él cumpliría el 4,4%.

El Gobierno está muy empeñado ahora, y también el PP, en recuperar el pulso, después de la huelga general y el fracaso en las andaluzas. Y lo va a intentar tratando de trasladar la idea, sin decirlo abiertamente, de que la amenaza de la intervención está ahí y no hay más opción que recortes brutales. El ministro de Exteriores, Juan Manuel García-Margallo, uno de los que más sufren los recortes en su ministerio, fue muy gráfico: “Son unos Presupuestos de guerra”.

El presidente Rajoy decidió de nuevo no comparecer para dar en persona las malas noticias de recortes y subidas de impuestos. Su agenda pública de la próxima semana, enviada este viernes, solo contempla una visita de un parlamentario alemán, por lo que es posible que no vuelva a hablar en público hasta después de Semana Santa.

www.elpais.es 31.03.12

RAJOY RECHAZÓ EN 2010 LA IDEA DE UNA AMNISTÍA FISCAL POR SER UNA "OCURRENCIA"

“Lo que España necesita no es una amnistía, sino confianza en el Gobierno", aseguró

El PP se posicionó radicalmente en contra de la medida por ser "injusta" e "impresentable"

El Gobierno del PP ha aprobado hoy una amnistía fiscal con vistas a regularizar 25.000 millones que han escapado al control de Hacienda, bien porque se han desviado a paraísos fiscales o porque circulan por la economía sumergida. La decisión de poner en marcha esta medida, sin embargo, contrasta, y mucho, con el rechazo que generaba en el propio Partido Popular en el pasado. De hecho, el propio presidente del Ejecutivo y líder de los populares, Mariano Rajoy, que la tildó de ocurrencia, como la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que la calificó de “impresentable” o “injusta”, se mostraron abiertamente en contra de una eventual amnistía fiscal hace menos de dos años.

En una intervención en el Foro Europa el 8 de junio de 2010, Rajoy declaró que una amnistía fiscal era una “ocurrencia”. “Lo que España necesita no es una amnistía, sino confianza en la política económica de un país y en el Gobierno que la deba implementar”, aseguró. “No la vamos a apoyar porque los que pagan van a pagar más y los que no pagan se les va a perdonar lo que no han pagado. Sobre todo, después de lo que se le ha hecho a los pensionistas con la congelación de las pensiones y a los millones de españoles que no pueden trabajar”, añadió.

Entonces, la crisis de deuda en la que actualmente sigue inmersa la eurozona empezaba a desbordar a los países con mayores problemas de déficit como España. Las declaraciones del ahora presidente del Gobierno, que por aquel tiempo era el jefe de la oposición, tuvieron lugar un mes después de que Grecia se viese obligada a activar el rescate de sus socios del euro. España no fue, ni sigue siendo, inmune a las dudas que venían de aquel país y, fruto de ello, veía como los intereses que le exigían los inversores subían con fuerza.

El Gobierno aprueba una amnistía fiscal para que afloren 25.000 millonesEn este ambiente, el periódico El Mundo publicó que el Gobierno del PSOE estaba preparando un plan gubernamental para aflorar el dinero negro que incluía una amnistía fiscal, lo que nunca llegó a aprobarse. La entonces vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, negó tajantemente la información. "No existe ningún plan parecido a eso, en absoluto", aseguró.

Pese a ello, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró el mismo día 8 de junio que era “impresentable que la salida que tenga el Gobierno para colocar la deuda sea dando una amnistía fiscal para los que han defraudado a Hacienda”. “Claro que estamos en contra de una amnistía fiscal porque se les está diciendo a los ciudadanos que pagan sus impuestos que se les van a subir los impuestos y a aquellos que defraudan se les va a dar una amnistía es tan injusto, tan antisocial y es tal barbaridad que el PP está en contra”, aseguró.

“Estamos en contra de subir los impuestos, pero también de perdonar a aquellos que no los pagan”, añadió. Hoy, menos de dos años después de estas palabras, ya han hecho las dos cosas: han subido los impuestos a los trabajadores y empresas y han aprobado una amnistía fiscal para cuadrar el recorte del déficit.

www.elpais.es 30.03.12

1.500 MILLONES MENOS PARA FOMENTAR EL EMPLEO

La decisión es difícilmente compatible con los objetivos enunciados en la reforma laboral

El recorte presupuestario se ceba con las políticas activas de empleo. Recortará en 1.500 millones una partida que en 2011 ascendió a unos 7.600 millones, según ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Es decir, se reduce en casi un 20% el dinero para la formación de parados, la búsqueda de empleo para quien no lo tiene o la reducción de cotizaciones sociales para el empresario que contrate. Junto a esta medida, el Ejecutivo también ha recortado en 67 millones la dotación al Fondo de Integración de Inmigrantes, también dependiente de Empleo.

Habrá que esperar para saber en qué puntos concretos de las políticas activas se reducirá la inversión, pero, en todo caso, está claro que esta decisión camina en dirección opuesta a todas las recomendaciones de los organismos internacionales (FMI, OCDE, OIT). Según la opinión de estas instituciones, la mejor protección contra el desempleo no es la que paga sin más una prestación al parado, sino la que combina esta paga con la formación para el reciclaje y la búsqueda de un trabajo.

El gasto en protección contra desempleo ha sido la partida que más ha crecido durante la crisis. El presupuesto de los Servicios Públicos de Empleo ascendía en 2007 a poco más de 22.000 millones de euros; el año pasado, superó los 38.000. Este aumento se debe fundamentalmente al pago de las llamadas políticas pasivas (prestaciones y subsidios por desempleo), que hace cuatro años fue de casi 15.000 millones de euros, y en 2011 fue de 30.000. En el mismo periodo, el gasto en políticas activas ha menguado muy poco, de casi 8.000 millones a 7.600.

El tijeretazo anunciado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es el mayor que se ha dado hasta el momento a esta partida y además es difícilmente compatible con los objetivos que enuncia la reforma laboral. El decreto del pasado 10 de febrero aumenta las bonificaciones a la contratación y anuncia la creación de una cuenta de formación para los trabajadores durante toda su vida laboral. Esto, en principio, supone un aumento del gasto en políticas activas. En cambio, el Ejecutivo ha anunciado una rebaja del gasto en esta partida hasta poco más de 6.000 millones.

www.elpais.es 30.03.12

LAS COMUNIDADES PIERDEN 283 MILLONES PARA ATENDER LA DEPENDENCIA

Las cuentas públicas eliminan la partida menor de la financiación estatal de la ley

Una de las dos partidas con las que el Gobierno financia la Ley de Dependencia ha caído: 283 millones que se repartían entre las comunidades autónomas cada año. Era un dinero destinado, en principio, a infraestructuras (residencias geriátricas, reparación de edificios), organización administrativa (informática, gestión). Pero, en la práctica, las comunidades lo estaban usando para atender a las personas, dada la escasez de recursos existente.

Los 283 millones representan un 15% del total destinado por el Gobierno para dependencia al año. Los 1.545 millones restantes aseguran una ayuda directa a cada ciudadano dependiente y se entiende que esta partida ha de crecer en la misma medida en que aumentan los beneficiarios, puesto que se trata de un derecho. Pero los 283 que desaparecen del presupuesto, el llamado nivel acordado, sencillamente es un dinero que las comunidades dejarán de percibir, en detrimento de su ya maltrecho déficit público y a pesar de sus dificultades para atender esta ley.

Era un dinero destinado, en principio, a infraestructuras pero que en la práctica se usaba para atender a las personas

Ambas partidas están recogidas en el texto legal, por tanto, eliminar por completo la dotación de una de ellas deja vislumbrar un cambio normativo en la financiación. En qué sentido, se desconoce todavía.

El nivel acordado se repartía entre las autonomías siguiendo una serie de criterios: población, superficie, dispersión, insularidad y, recientemente, el número de personas atendidas. Este último criterio premiaba a las comunidades más comprometidas con la implantación del sistema, razón por la cual serán ahora las más castigadas.

Los expertos creen que apretar aún más a los Gobiernos regionales en esta materia paralizará la ley: los que están en lista de espera para recibir su ayuda seguirán esperando sin que fluya la lógica reposición. De esa forma, el sistema irá adelgazando en usuarios, puesto que los que causen baja (es un colectivo con una alta mortalidad) no serán sustituidos por otros beneficiarios.

Al ponerse en marcha la ley este presupuesto se justificaba como un elemento de reequilibrio para que todas las comunidades partieran del mismo nivel, corrigiendo sus carencias y dificultades propias. Pero perder ese dinero ahora redundará en el desequilibrio, extremo en algunos casos, entre lo que aporta el Gobierno y las comunidades, obligados a cofinanciar.

www.elpais.es 30.03.12

EL MUNDO DE LA CULTURA TEME UN HACHAZO EN TORNO AL 25%

Los presupuestos deparan a Educación, Cultura y Deporte una rebaja de 830 millones.

El Gobierno no especifica el recorte para la secretaría de Estado de Cultura.

La reducción en transferencias educativas será de 530 millones

Los peores temores que sobrevolaban estas semanas el mundo de la cultura en España se han confirmado. El (escaso) desglose de la madre de todos los recortes, presentado por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, al término del consejo de ministros, deja el saldo de las cuentas del ministerio de Cultura, Educación y Deportes en 3.088 millones, frente a los 3.918 millones de euros del año pasado. Esto es, un 21,2% menos que en los presupuestos de 2011, ya de por sí bastante menguados tras una serie de años de obstinados tijeretazos y después del ajuste de un 12% exigido en diciembre a todas las carteras.

El recorte es menor que en los ministerios de Exteriores (54,4%) o Fomento (34,4%), pero mayor que en Interior o Justicia (los menos afectados). Hay que tener en cuenta que este año las cuentas de Educación y Cultura van juntas, frente a las del pasado, en el que los ministerios contaron respectivamente con 2998,42 millones y 1051,1 millones.

Con el escaso detalle ofrecido por Montoro es difícil saber cuánta tijera se llevará concretamente la secretaría de Estado de Cultura. Sí se habló en la comparecencia ministerial de una reducción de 530 millones en transferencias educativas. Según las fuentes consultadas, el recorte aplicable a lo estrictamente cultural rondará el 25% y será un poco menor que en Educación.

Los nombres y apellidos de las partidas menguadas se conocerán el martes, aunque todos los actores del ecosistema cultural se temen bailar con la más fea. Y si de algo nadie duda es que el Fondo de la Cinematografía -que contaba con 76 millones de euros- puede encontrarse entre los más afectados, merced a un recorte que algunas fuentes llegarían a situar en un 30%.

Aunque a la cifra final hay que descontar los 35 millones que serán aprobados en breve mediante orden ministerial y que son los que sirven para pagar las deudas contraídas por Cultura con los productores de las películas estrenadas en 2010. Los 18 millones que quedan después de la resta es lo que se repartirá a las ayudas anticipadas y festivales.

Estos datos agravan una situación ya de por sí alarmante: museos vaciados de contenido, bibliotecas sin medios para comprar libros, compañías teatrales abocadas a la quiebra por impago de las instituciones públicas, giras en barbecho y decenas de rodajes cinematográficos parados en seco conforman el triste panorama de las artes en España.

Este escenario fue detallado por EL PAÍS en la serie Los recortes de la Cultura. En ella se repasó la situación de cada uno de los sectores, de la música al teatro; del cine a los libros; del arte a la danza. Para ese viaje por el paisaje después de la batalla de las subvenciones alocadas del pasado se contó con la guía de algunas de las personalidades más destacadas de cada uno de los mundos que, mediante explicaciones en vídeo, analizaron los retos a los que se enfrenta la cultura en esta España posbatacazo económico.

www.elpais.es 30.03.12

LOS RECORTES DE FOMENTO REDUCEN LAS AYUDAS AL ACCESO A LA VIVIENDA EN UN 42%

El ministerio de Ana Pastor, que sufre un tijeretazo de 3.000 millones, es el más perjudicado

La política de vivienda, que se convirtió en uno de los emblemas del anterior Gobierno socialista, es una de las grandes damnificadas por los recortes que este año sufrirá el Ministerio de Fomento. El departamento que dirige Ana Pastor es al que más dinero le han quitado los aires de austeridad que soplan desde Bruselas y Berlín. Fomento dispondrá este año de 5.843 millones, 3.000 menos que en 2011.

Las ayudas para aquellos que quieren acceder a una vivienda absorbieron el año pasado, cuando ya habían sufrido un tajo del 20%, 785 millones. Este año caerán un 42%, hasta los 456 millones. El Gobierno ya había anunciado que no prorrogará la renta de emancipación para fomentar el alquiler entre los jóvenes, pero ahora deberá emprender otros recortes en sus políticas de vivienda.

Pes a que en porcentaje sean más importantes otros recortes (convenios de carreteras y activos financieros se han reducido más del 50% y los 600 millones de la partida de Renfe operadora se volatilizan), la parte del león se la llevan las infraestructuras, que este año se quedan en 2.812 millones, un 14% menos que el año anterior. Si se suman las inversiones reales y las transferencias de capital, el monto total sube hasta 9.700 millones, un 36% menos.

Según los datos facilitados por el Consejo de Ministros, el Presupuesto de Fomento para este año asciende a 5.843 millones de euros, lo que supone un descenso del 35%. Pero una portavoz del ministerio precisa que si se incluyen las obligaciones de ejercicios anteriores, la cifra sube hasta 7.291 millones. El descenso en este caso se quedaría en un 18,4%

www.elpais.es 30.03.12

LA REFORMA DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES ELEVA LA RECAUDACIÓN EN 5.350 MILLONES

Hacienda limita las deducciones de gastos financieros, elimina la libertad de amortización y anticipa el pago fraccionado para grandes empresas

“En absoluto se trata de la mayor subida de impuestos de la democracia. Ni de broma”, dijo este viernes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Quizá tenga razón, no es la mayor subida de tipos impositivos, pero si es el mayor aumento de la recaudación de la historia reciente derivada de medidas fiscales y excluidos los efectos de la actividad económica. Las reforma tributaria que el Gobierno acompaña al proyecto de Presupuestos para 2012 pretenden rascar 12.314 millones para aliviar los menoscabados ingresos públicos que se desploman en caída libre.

El Gobierno pretende incrementar este año los ingresos a base de modificar algunos impuestos 12.314 millones de euros.

- Los cambios en el Impuesto de Sociedades aportarán 5.350 millones de euros.

- El "gravamen especial" para el capital no declarado que aflore, aportará otros 2.500 millones de euros.

- Los cambios en el impuesto especial del tabaco el Gobierno calcula que supondrán 150 millones de euros.

- Las nuevas tasas jurisdiccionales, 214 millones de euros más.

- Y por último, la ya anunciada modificación del IRPF, (que el Gobierno insiste es una "subida temporal") 4.100 millones más.

El Gobierno añade a la subida del IRPF, que calificó eufemísticamente como “recargo solidario temporal”, aprobada en diciembre, una reforma en la estructura del Impuesto de Sociedades. También abre la vía de una amnistía fiscal por la que pretende aflorar 25.000 millones de euros que escapaban al control de Hacienda, y con los que pretende recaudar 2.500 millones adicionales.

El rapapolvo de Bruselas a España por incumplir el objetivo de déficit el año pasado y el correctivo que propinó al Gobierno reduciendo el objetivo para este año en medio punto ha obligado al Gobierno a acelerar la reforma del Impuesto de Sociedades que tenía prevista para más adelante.

La recaudación del impuesto que grava los beneficios empresariales se ha desplomado un 64% por la crisis, desde los 44.800 millones recaudados en 2007, hasta los 16.600 el año pasado. El complejo sistema de bonificaciones y deducciones sobre el impuesto provocaron un agujero en las arcas públicas. Por eso, Hacienda trata ahora de tapar las vías de agua por donde se escapa la recaudación. El conjunto de medidas sobre este impuesto permitirá al fisco ingresar 5.350 millones más, según Hacienda.

Cambia el impuesto especial sobre el tabaco para elevar los ingresos

La principal novedad está en el establecimiento de un pago fraccionado mínimo para grandes empresas. Las empresas deberán pagar un 8% del resultado de su cuenta de pérdidas y ganancias. Si el 85% de los ingresos de proceden de rentas exentas o dividendos con derecho a deducción por doble imposición, el tipo se reduce al 4%. La medida es de carácter temporal y estará vigente hasta 2013. La idea es anticipar 2.500 millones por los impuestos que pagan las empresas. Por eso, el próximo pago fraccionado, que deben pagar las compañías antes del 20 de abril, ya aplicará un tipo del 4% sobre la totalidad del beneficio contable.

Otra de las medidas fiscales recoge las reclamaciones de las organizaciones de Inspectores de Hacienda y expertos fiscales. Consiste en limitar la deducción de los gastos financieros, con lo que el Estado pretende recaudar 1.050 millones de euros adicionales. El Gobierno acota la deducción para los gastos financieros que superen el 30% del resultado empresarial (Ebitda). Como mínimo se permitirá una reducción de las bases imponibles de un millón de euros. No obstante, Hacienda prevé que los gastos que no puedan ser deducibles en el ejercicio por superar el máximo del 30% podrán trasladarse sus efectos fiscales a ejercicios siguientes con un máximo de 18 años.

Se reforma el sistema de tasas que afecta a la Justicia

Hacienda acaba con la libertad de amortización para las grandes empresas, lo que supondrá un ingreso adicional de 840 millones, según los cálculos del Gobierno. Una medida que había impulsado el anterior Gobierno socialista en 2010 al eliminar los límites. Se había convertido en una de las principales vías usada por las empresas para postergar el pago de impuestos. En realidad funcionaba como un crédito fiscal sin coste alguno para las empresas que podían reducir su base imponible a su antojo por las amortizaciones. Ahora se suprime esta deducción para los grandes grupos y se mantiene para las pymes pero vinculado a la creación de empleo.

También se reduce del 5% al 1% el límite máximo anual deducible correspondiente al fondo de comercio tanto en adquisiciones de sociedades como en reestructuraciones empresariales. La nueva norma de medidas tributarias limita las deducciones al reducir el límite general desde el 35% al 25%, incluida la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios. La deducción por I+D se reduce del 60% al 50%. En cambio, se flexibiliza la venta de participaciones en entidades no residentes para fomentar la internacionalización empresarial.

El plan fiscal del Gobierno también afecta a uno de los Impuestos Especiales, aunque el Ejecutivo había insistido en que no los tocaría. Se trata del tributo sobre las labores del Tabaco. En realidad no se suben los tipos, sino que se modifica la estructura del impuesto: se reduce en dos puntos el tipo que depende del precio de venta, y se elevan el tipo vinculado al número de unidades. Con esta iniciativa ingresará 150 millones más. Por último, el Gobierno acomete una reforma de las tasas que afectan a la Justicia, sobre todo para segunda instancia, con el fin de reducir los recursos sobre decisiones judiciales. Esta medida supondrá un ingreso extra de 214 millones.

www.elpais.es 30.03.12

LA AYUDA AL DESARROLLO CAE AL NIVEL DE 2005

El presupuesto para cooperación se reduce más de la mitad

Cristina Galindo Madrid 30 MAR 2012 - 18:25 CET3

La ayuda al desarrollo ha sido una de las grandes víctimas del recorte aprobado por el Consejo de Ministros. El tijeretazo, que suma casi 1.400 millones de euros, sitúa este capítulo “a niveles de 2005”, según reconoce el Gobierno. Una de las afectadas es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), cuyo presupuesto se verá reducido a la mínima expresión: cae un 71,2%, hasta 240 millones de euros.

Otra de las partidas más golpeadas es el Fondo para la Promoción del Desarrollo (sustituto del antiguo FAD, y que está integrado por líneas de créditos reembolsables y donaciones) y Fondo del Agua, con el que se persigue facilitar el acceso al agua potable en América Latina. Se quedará este año en 300 millones de años, tras un zarpazo del 72,6%.

Estos recortes se producen tras los duros ajustes a los que la ayuda al desarrollo se ha visto sometida desde el inicio de la crisis. Durante los dos últimos años en el poder, el Gobierno socialista recortó 800 millones, lo que le obligó a posponer hasta 2015 el objetivo de destinar el 0,7% del PIB a la ayuda oficial al desarrollo en 2012, una de las banderas electorales del PSOE.

Ahora ese objetivo se pierde entre los recortes. No solo el Estado. También las comunidades y los ayuntamientos han reducido el presupuesto de esta partida. Así, se estima que la ayuda oficial al desarrollo se acercó el año pasado al 0,4% del PIB (4.200 millones). Con los nuevos recortes, los expertos prevén que este año retroceda al menos hasta el 0,25%.

La Coordinadora de ONG de Desarrollo calificó en un comunicado de “golpe brutal” la reducción. “Pone en serio peligro lo conseguido durante décadas de trabajo especializado en los países empobrecidos” y daña “profundamente” la imagen de España. El Gobierno planea reducir el número de países a los que destina cooperación y el número de organismos internacionales que financia, que pasarán previsiblemente de 70 a 35.

www.elpais.es 30.03.12

EL GOBIERNO MANTIENE EL RECORTE DE 200 MILLONES PARA RTVE
La corporación pública había pedido que el ajuste se aplicará en dos años

El Gobierno mantiene en el proyecto de Presupuestos para este año el recorte de 204 millones de euros a las cuentas de RTVE que ya anunció en diciembre de 2011. De esta forma, la subvención del Estado a la corporación pública pasa de los 535 millones que destinó en 2011 a 331 millones, un 38% menos, con lo que los ingresos totales de RTVE pasarían de 1.200 a 996 millones de euros.

El Consejo de Administración de RTVE se había reunido con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para tratar de que este recorte de 200 millones se produjera progresivamente en este ejercicio y el siguiente, pero finalmente el Ejecutivo ha mantenido el recorte íntegro.

El consejero y presidente de turno de RTVE, Josep Manuel Silva, advirtió el mes pasado de que un recorte de 204 millones pondría en "serio riesgo" que el grupo "pueda seguir desempeñando la función de servicio público" y peligraría la existencia de canales como Clan TV o Teledeporte.

Desde que el Ejecutivo anunció el recorte en diciembre de 2011, el Consejo de Administración de RTVE ha aprobado un paquete de medidas de ahorro de gastos, que incluye la renuncia a coches oficiales, la reducción del sueldo de directivos y los presentadores más conocidos, y el cambio de los criterios de amortización de sus contenidos. En total, estas medidas implican un ahorro de 40 millones de euros. El resto, hasta los 204 millones que suponen el recorte del Gobierno, tendrán que venir principalmente de recortes en contenidos.

www.elpais.es 30.03.12

LOS MÉDICOS SE REBELAN ANTE LOS RECORTES

Un manifiesto de los colegios profesionales reafirma su compromiso de impedir que afecten a la atención a los pacientes

Que un grupo como el de los colegios de médicos se movilice no es habitual. Por eso su adhesión unánime al manifiesto contra los recortes que aprobó la asamblea de la Organización Médica Colegial (OMC) el pasado 28 de enero es una señal inequívoca del malestar de estos profesionales por la situación de recortes que se vive en la sanidad pública. Para evidenciarlo acordaron ayer leer el manifiesto de manera coordinada, con la excepción de Cataluña, Andalucía y Galicia..

El texto reafirma el compromiso con la atención: “La defensa sin reservas de la calidad del acto médico es parte fundamental de nuestro compromiso y responsabilidad con nuestros pacientes y con la sociedad en su conjunto”.

La propuesta va en la línea de otras, como la del Foro de la Profesión Médica. Este está formado por los colegios, sindicatos y sociedades científicas, y ha manifestado varias veces (la última el 3 de febrero) que, si por culpa de los recortes se deteriora la calidad de la prestación, ellos serán los primeros en denunciarlo.

En el documento insisten: “La profesión médica no debe aceptar recortes en la financiación sanitaria que provoquen pérdidas de calidad en la asistencia a sus pacientes, especialmente cuando sus efectos recaen en los más pobres, débiles, ancianos, desfavorecidos e indefensos”. “El médico debe rechazar los recortes indiscriminados, desproporcionados, denunciar sus consecuencias y rebelarse ante ellos. Los médicos estamos obligados a denunciar las deficiencias, en tanto puedan afectar a la correcta atención de los pacientes”, indican.

El texto también tiene una parte de reivindicación laboral: “La precariedad y la falta de oportunidades obliga a los médicos a buscar trabajo fuera de España, lo que supone un despilfarro económico e intelectual”. Y señalan que están “muy preocupados sobre las consecuencias de los recortes en dos colectivos médicos especialmente vulnerables por ser el futuro del sistema nacional de salud como son los médicos en formación MIR y los dedicados a investigación”.

Los colegios han querido dar especial relevancia a este manifiesto, que llega cuando el sector está movilizado en muchas partes contra los ajustes de las comunidades. Los primeros fueron los de Cataluña ya el año pasado, cuando la Generalitat anunció recortes que han llevado a cerrar ambulatorios y quirófanos.

Pero también ha habido acciones en otras comunidades, como la huelga de Galicia en noviembre de 2011 o las protestas —de momento en forma de concentración llamada marea blanca- en Madrid. Los siguientes, convocados a 11 días de huelga por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), serán los de Castilla y León.

El acto de lectura del manifiesto, donde se ha hecho públicamente, ha servido para que cada colegio aproveche para insistir en otros aspectos. Por ejemplo, la presidenta del valenciano, Rosa Fuster, ha indicado que la mayoría de los profesionales están de acuerdo en devolver alguna transferencia al Gobierno central.

Al margen del acto simbólico de ayer, algunos colegios llevan tiempo denunciando la situación. Por ejemplo, el de Madrid —que no hizo ningún acto público de adhesión al manifiesto— ya había llegado a un acuerdo al final de enero con la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) en el que destacaba una situación que puede generalizarse a muchas comunidades: no reposición de las plazas que quedan vacantes por jubilación (solo se hará en el 10% de los casos), supresión de los contratos eventuales, aumento de la jornada laboral en 2,5 horas semanales y el tratamiento de las bajas por enfermedad como absentismo.

Como solución, los colegios ponen en primer lugar un acuerdo nacional (el famoso pacto de Estado). Sin embargo, no todos los implicados están de acuerdo con esta postura de los médicos, no por lo que representa, sino porque puede quedarse en palabras. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública aplaude la medida, pero señala que para que sea efectiva debe haber denuncias reales cuando la atención empeore (ya ha habido un informe que señala que hay peor acceso a las innovaciones en oncología), y apuntan que espera que “no se trate solo una cortina de humo para tapar el apoyo que muchos de ellos vienen prestando a las políticas privatizadoras”.

www.elpais.es 14.02.12

LA REFORMA PERMITE A UN TERCIO DE LOS GRUPOS DE LA BOLSA ABARATAR EL DESPIDO

Buena parte de las empresas tienen pérdidas o tres trimestres de caída de ventas

La cifra aumentará a lo largo de este año con el efecto de la nueva recesión

La reforma laboral allana el camino para que las empresas cuyas cuentas muestren signos de debilidad puedan despedir con una indemnización de solo 20 días por año trabajado con un máximo de una anualidad. Con las cifras de las empresas cotizadas en la mano, hay ya 43 compañías que podrían acogerse a la nueva normativa para reducir su plantilla con un bajo coste. Y eso a pesar de que se trata de datos previos a la recaída en la recesión y a que hacen referencia a los grupos consolidados, y no a las filiales españolas, en las que la situación es peor. Este grupo de empresas acumula una plantilla total de 283.415 trabajadores y representa el 37% de las firmas incluidas en el Índice General de la Bolsa de Madrid. Las empresas cotizadas están entre las más sólidas y rentables, por lo que es muy posible que en el conjunto de la economía la proporción de compañías que puedan acogerse al despido barato sea significativamente mayor.

El decreto ley aprobado el viernes por el Gobierno concede un mayor margen a los despidos procedentes o los expedientes de regulación de empleo (ERE) con una indemnización de 20 días si, entre otras circunstancias, concurren causas económicas. El texto entiende que se dan causas económicas cuando de los resultados de la empresa “se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas”. El legislador entiende que la disminución de ingresos es persistente si se produce “durante tres trimestres consecutivos”.

La ley ya no exige que las pérdidas amenacen la viabilidad de la compañía para hacer un ERE

Las compañías cotizadas están ahora en plena fase de presentación de resultados de 2011. Los últimos datos globales que hay, por tanto, son a 30 de septiembre pasado. Un total de 25 empresas cotizadas cerraron los nueve primeros meses de 2011 en números rojos. Este grupo está integrado por compañías de tamaño mediano (no hay ninguna del Ibex 35) como Tavex, Vocento, Adolfo Domínguez o Cementos Portland, entre otras. La nueva reforma laboral ya no exige, como ocurría hasta ahora, que las pérdidas pongan en peligro la viabilidad del negocio o el mantenimiento del empleo para que las empresas puedan acogerse al despido barato. Solo se habla de pérdidas, lo que da más margen a las compañías.

La otra condición que pone el nuevo texto para echar a los trabajadores con 20 días, acumular tres trimestres seguidos de caídas de las ventas, la cumplen 11 grupos cotizados a 30 de septiembre pasado, entre ellos algunas compañías grandes incluidas en el Ibex como Abertis, FCC, Ferrovial y Sacyr Vallehermoso.

A las 11 empresas que ven caer sus ventas tres trimestres seguidos y las 25 que están en números rojos habría que añadir otras siete que acumulan dos trimestres con caídas en su facturación. Estas últimas también se podrían beneficiar del artículo que abre la puerta a una rebaja de los sueldos. La reforma laboral otorga a las empresas la capacidad para reducir los sueldos de los trabajadores pactados en convenio o modificar los horarios si se encuentran en problemas. En concreto, el Gobierno permitirá retocar la cuantía salarial si concurren circunstancias económicas como pérdidas actuales o previstas o la disminución de ingresos o ventas por dos trimestres consecutivos.

De ERE de 45 días a indemnizaciones de 20 días

En esta lista están todas las que son, pero no son todas las que están. El número probablemente es más grande, ya que las cifras de facturación y beneficios hacen referencia al grupo en su conjunto. Es decir, hay multinacionales que, a nivel consolidado, ganan dinero o cuyas ventas no caen tres trimestres seguidos, pero cuyas filiales, principalmente las españolas, sí cumplen estas condiciones y, por tanto, podrían beneficiarse de las nuevas condiciones de despido. Un ejemplo es Telefónica. El grupo de telecomunicaciones gana dinero y mantiene crecimientos en su cifra de negocio gracias a los mercados emergentes como los latinoamericanos. Sin embargo, sus filiales españolas suman más de tres trimestres con caídas de ventas. La compañía presentó en 2011 un ERE para unos 6.500 empleados con indemnizaciones de 45 días por año trabajado con un máximo de 3,5 anualidades. Con la nueva ley, le habría bastado pagar 20 días con un máximo de una anualidad y no habría necesitado autorización de Trabajo.

En las filiales españolas, la caída de ingresos está más extendida que en las matrices

Además, la cifra de compañías que podría acogerse al despido barato es bastante probable que aumente en 2012. En los nueve primeros meses del pasado año el contexto económico en España era de moderado crecimiento. El PIB creció a una tasa interanual del 0,9% en el primer trimestre de 2011, mientras que en el segundo y en el tercero la tasa fue del 0,8%. Sin embargo, las circunstancias han empeorado sustancialmente. En el cuarto trimestre del pasado año el PIB solo mejoró un 0,3% y cayó en tasa trimestral en lo que todas las previsiones apuntan como el inicio de una dura recesión.

Con este cuadro macroadverso, lo lógico es que los resultados empresariales se desaceleren aún más. Los analistas prevén que hasta 30 grupos cotizados españoles vean caer su cifra de negocio en 2012 y que 15 compañías entren en pérdidas, según los datos recopilados por la consultora económica Factset. Pero, de nuevo, la realidad será mucho más dura en las filiales españolas.

www.elpais.es 14.02.12

LA NEGATIVA A ACEPTAR CAMBIO DE HORARIO Y TRASLADO MOTIVARÁ LA RESCISIÓN BARATA

La nueva reforma laboral fija un arbitraje obligatorio para facilitar las medidas de flexibilidad

Cuando un empresario decida cambiar la jornada, el horario, bajar el sueldo o trasladar a otra ciudad a un empleado, este tendrá que aceptar la decisión. Si no lo hace, la opción que le queda es pedir la rescisión del contrato y recibir por ello la indemnización por despido más barata: 20 días de indemnización con un límite máximo de 9 o 12 mensualidades, según los casos. Luego el trabajador podrá recurrir ante los tribunales, pero esto no detendrá la decisión del empresario, según la reforma laboral. En caso de que el juez considere que la decisión no estaba justificada, el trabajador podrá regresar a su puesto de trabajo en las condiciones que tenía.

Sí que hay diferencias, cuando la decisión del empresario de cambiar las condiciones sustanciales de trabajo, afecten a un 10% de la plantilla. Entonces se abrirá un proceso de negociación. Si las conversaciones acaban sin pacto, y no se encuentra una solución en los mecanismos de mediación intermedios —como las comisiones paritarias— entonces entrará en juego la Comisión Nacional de Convenios Colectivos, que designará un árbitro encargado de dictar un laudo de obligado cumplimiento para las dos partes.

Para tomar la decisión de cambiar horario, jornada o trasladar trabajadores, tanto de forma individual como colectiva, será necesario que el empresario la justifique. Para esto, tendrá que señalar causas técnicas, productivas o económicas. En este último caso, la reforma ha definido que dos trimestres consecutivos de caída de ingresos en una empresa servirán como causa económica.

Antes de la reforma, cuando un empresario quería modificar la jornada, dictar algún traslado o descolgarse de un convenio tenía que sentarse a negociar con los representantes de los trabajadores —o con una comisión designada al efecto por la plantilla— y llegar a un acuerdo con ellos. En caso de que no hubiera pacto, se llegaba a un callejón sin salida. Es decir, el empresario no podía cambiar unilateralmente las condiciones de trabajo sin pacto.

La reforma laboral que el PSOE aprobó en 2010 y la reforma de la negociación colectiva trató de resolver esta situación agilizando plazos buscando fórmulas de arbitraje voluntarias. Empresarios y sindicatos llegaron al acuerdo, en el pacto para la solución extrajudicial de conflictos laborales, de impulsar los arbitrajes voluntarios en los convenios de empresa y sectoriales para no llegar a puntos de no retorno. Sin embargo, si no había acuerdo sobre esto, no había una salida prevista.

La nueva reforma laboral ha tratado de sacar del punto muerto estas situaciones fijando un punto final en caso de desacuerdo: la Comisión de Convenios.

El decreto también da la puntilla a los salarios de tramitación, cuyo intento de supresión provocó la huelga general de 2002. Aunque el Gobierno de Aznar rectificó parcialmente, en la práctica las empresas eludían pagar salarios de tramitación (los que se cobran hasta que hay sentencia sobre el despido) admitiendo la improcedencia y pagando la indemnización de 45 días. Ahora no habrá salarios de tramitación ni siquiera si se despide con 20 días y luego el juez lo declara improcedente.

www.elpais.es 13.02.12

UGT Y CC OO ACUSAN A RAJOY DE PERMITIR DESPIDO "LIBRE Y GRATUITO"

Toxo y Méndez dudan de la constitucionalidad del nuevo contrato para pymes

Báñez solo accede a abrir “conversaciones técnicas” sobre la reforma laboral

Un día después de que la reforma laboral entrara en vigor, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, dio cuenta de los detalles a los sindicatos y los empresarios. Allí los líderes de UGT, Cándido Méndez, e Ignacio Fernández Toxo, CC OO, le espetaron que el nuevo contrato indefinido que ha creado el Gobierno para empresas de menos de 25 trabajadores permite “el despido libre y gratuito” durante un año. Y le advirtieron, en presencia de los presidentes de CEOE, Juan Rosell, y Cepyme, Jesús Terciado, de que creen que varios puntos del decreto ley son inconstitucionales.

En la reunión, celebrada ayer por la mañana, Toxo y Méndez solicitaron a Báñez cambios profundos en la reforma laboral. La ministra les escuchó. Pero su respuesta no colmó las demandas sindicales. A la salida de la reunión, tanto unos como otra, afirmaron que habían acordado el inicio de “conversaciones técnicas” para hacer mejoras. Es decir, que el Ministerio de Empleo está dispuesto a hacer pequeñas modificaciones en el nuevo texto legal para evitar puntos confusos pero no a hacer cambios con profundidad.

La reforma laboral ha creado un nuevo contrato para las empresas de menos 50 trabajadores y para los autónomos que establece un periodo de prueba de un año. Hasta ahora, este periodo, en el que se puede despedir sin indemnización, podía llegar a un máximo de seis meses. Esto es lo que ha llevado a los líderes sindicales a atacar la reforma laboral por crear el “despido libre y gratuito”. Además, el líder de CC OO, Fernández Toxo, sugirió que, en realidad, con esta nueva figura contractual lo que se pretende es maquillar en las estadísticas la alta temporalidad del mercado laboral español.

No lo ven así los autónomos. “La reforma va a servir para que las empresas menores de 50 trabajadores hagan más contrataciones, en las mayores puede que haya más despidos”, declaraba Lorenzo Amor, presidente de ATA, la mayor asociación de autónomos. Su razonamiento se apoya en este nuevo contrato que, además, bonifica con 3.000 euros a los autónomos cuando contraten a su primer trabajador menor de 30 años.

A la hora de justificar la creación de esta nueva figura contractual, el Gobierno afirma que el 95% de las empresas españolas podrán beneficiarse de ella. No obstante, esa aplastante mayoría de compañías con menos de 50 trabajadores en el tejido empresarial disminuye cuando se traslada al porcentaje de empleados por ellas (sobre el 60%).

Pero las críticas a este nuevo contrato de las centrales sindicales no se quedan solo en la posibilidad de que se pueda despedir sin indemnización. UGT y CC OO creen que esta nueva figura contractual puede ser inconstitucional porque contempla diferentes derechos en la legislación —no en los convenios— entre los empleados por una empresa menor de 50 trabajadores y los asalariados de una mayor.

La reforma impulsará los contratos en las pequeñas empresas.Lorenzo Amor presidente de ATA

También piensan las centrales que hay dudas sobre la constitucionalidad de la reforma cuando fija como tribunal de última estancia a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. La doctrina emanada hasta ahora del Tribunal Constitucional dicta que el arbitraje en temas laborales no puede ser obligatorio. Para UGT y CC OO, el papel de la citada comisión sería el de un árbitro obligatorio y, por tanto, ilegal.

La ministra no comparte esta opinión. “La Comisión de Convenios es un órgano tripartito en el que están presentes los sindicatos y los empresarios”, razonó Báñez a la salida de la reunión, “es constitucional”.

“Es un camino erróneo, injusto y muy peligroso”. Cándido Méndez, secretario general de UGT

Sobre el conjunto de la reforma, los representantes sindicales comentaron que “está llamada a destruir mucho empleo a corto plazo en nuestro país”. “Es un camino erróneo, injusto y muy peligroso”, abundó Méndez. Para el máximo representante de CC OO, Fernández Toxo, la reforma abre la puerta a un camino rápido para que España llegue a los seis millones de parados.

Uno de los puntos que más ha molestado a los sindicatos — la patronal no valoró el encuentro a la finalización— es los cambios introducidos en la negociación colectiva. En el pacto de moderación salarial firmado a finales de enero, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos se comprometieron a impulsar los convenios de empresa frente a los firmados en los sectores.

La reforma laboral lo que hace es establecer la prevalencia de los convenios y los acuerdos firmados en las empresas directamente, sin que los ámbitos superiores de negociación puedan hacer nada al respecto. Lo que, en opinión de los sindicatos, va más allá de los límites del pacto salarial y se ha hecho para dejar “en papel mojado” lo firmado en sectores como la construcción, la química y el metalúrgico. En cambio, Báñez defiende que en la reforma, lo único que ha hecho el Gobierno en este punto, es trasladar lo firmado por los agentes sociales.

La opinión de CEOE sobre este punto no ha trascendido. No obstante, uno de los presentes en la reunión de ayer comentó que Juan Rosell, presidente de la patronal, simplemente dijo: “Veremos la aplicación práctica”.

www.elpais.es 13.02.12

LA REFORMA LABORAL FACILITA LOS ERE EN LA ADMINISTRACIÓN

La “insuficiencia presupuestaria” durante nueve meses permitirá despidos colectivos en el sector público

La reforma laboral allana el camino de los despidos colectivos en el sector público tanto como en el privado. Y no solo lo hace para quienes trabajan en las empresas públicas, sino también para el personal laboral contratado directamente por los ayuntamientos, las comunidades autónomas o los propios ministerios. Cuando los “entes, organismos y entidades que forman parte del sector público” aduzcan nueve meses de “insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente”, según reza una disposición transitoria del decreto ley que entró ayer en vigor, podrán poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por causas económicas y despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado sin que la autoridad laboral les de el visto bueno.

Entre los potenciales afectados de esta medida están los casi 700.000 empleados públicos que están considerados como personal laboral contratado, según el Ministerio de Administraciones Públicas, y los más de 150.000 que trabajan en empresas públicas, según la encuesta de población activa. En cambio, deja fuera a los dos millones de funcionarios, cuyo régimen laboral no se rige por el Estatuto de los Trabajadores, que es lo que reformó el Consejo de Ministros el pasado viernes.

Además, la reforma laboral zanja un viejo debate del derecho laboral: ¿se pueden promover despidos colectivos desde el sector público? La mayoría de juristas y sentencian opinaban que sí. Y, de hecho, hay múltiples regulaciones de empleo llevadas a cabo en Administraciones públicas. Uno de los últimos ejemplos es el del Ayuntamiento madrileño de Collado Villalba que el jueves recibió luz verde de la Comunidad de Madrid —si hubiera esperado dos días no la habría necesitado— para despedir a 39 de sus 569 empleados.

Lo que no podrán hacer las Administraciones y los demás órganos públicos, a partir de ahora, salvo los que se financien mayoritamente con dinero que no procede de los contribuyentes, es recurrir a otras herramientas para adaptarse a las dificultades económicas y recibir ayudas de la Seguridad Social para mantener el empleo. La reforma laboral les veda la posibilidad de recurrir a los ERE para suspender contratos temporalmente o reducir jornada. Este veto es la mejor prueba de que el Gobierno —con los cambios laborales para el sector público en la reforma— lo que persigue es facilitar el ajuste presupuestario a través de la partida de personal.

La medida afectaría al personal laboral contratado y de empresas públicas

Desde julio de 2009, cuando una empresa opta por enfrentarse a las dificultades económicas suspendiendo los contratos temporalmente sin despedir se beneficia de una bonificación del 50% en las cuotas a la Seguridad Social durante 240 días. Además, los trabajadores afectados cobran 180 días de prestación por desempleo, sin que eso suponga merma alguna en su derecho para percibir luego el paro si definitivamente acabara perdiendo su empleo. La reforma laboral cierra esta posibilidad para los ERE procedentes de la Administración o sus aledaños. No en vano, los recursos empleados en esta ayuda salen de las arcas de la Seguridad Social.

Que la “insuficiencia presupuestaria” justifique el despido colectivo por motivos económicos en los entes y organismos públicos allana el ajuste por una doble vía en muchos de ellos. Por un lado, facilita y abarata el ERE. Por otro, permite a la Administración provocar la causa que motiva el expediente.

En muchos organismos (Consejo Superio de Investigaciones Científicas, universidades, televisiones públicas, organos supervisores y reguladores como la CNMV o el Banco de España) su presupuesto procede totalmente o en gran parte de la dotación presupuestaria que se le asigne. Por tanto, depende de la decisión de los responsables políticos que se den las causas que permiten poner en marcha el despido colectivo procedente. Por ejemplo, la decisión del Consejo de Ministros de recortar en 200 millones la aportación pública al presupuesto de RTVE, bien podría propiciar que la televisión pública estatal acabara incurriendo en “insuficiencia presupuestaria persistente”.

El Gobierno quiere acabar con los ERE privilegiados como el de RTVE en 2006

La crisis ha provocado un desplome de los ingresos públicos y el descontrol del déficit. Para controlarlo, muchas administraciones han puesto su mirada en este tipo de órganos. Es el caso de las televisiones autonómicas. En Valencia, la Generalitat, la comunidad más endeudada de España, ha anunciado su intención de reducir en dos tercios (1.800 trabajadores) la plantilla de Radio Televisión Valenciana. Tras la reforma laboral, el Gobierno de Alberto Fabra ve como se le allana y abarata el camino.

Hasta el pasado viernes, las regulaciones de empleo que se llevaban adelante en este tipo de organismos solían acabar con unas condiciones mucho mejores que las del resto de trabajadores. En 2006, RTVE pactó un ERE con sus sindicatos por el que los afectados perdían su empleo a cambio de recibir en torno al 90% de su sueldo neto hastas que se jubilaran.

La intención del Gobierno es acabar con este tipo de pacto. Y así lo admitía el pasado viernes. “Pretendemos facilitar el redimensionamiento de las estructuras administrativas que crecieron desmesuradamente durante el crecimiento y que no son sostenibles desde un punto de vista financiero en el momento actual, ni existe una previsión de que lo sean en los próximos años”, afirma el Ministerio de Empleo.

www.elpais.es 13.02.12

COSPEDAL, TRAS LA REFORMA: “EL PP ES EL QUE MEJOR DEFIENDE A LOS TRABAJADORES”

La dirigente popular considera el despido más barato “una aportación solidaria” a los parados

Defiende que la reforma facilita la viabilidad de empresas en crisis, además de flexibilizar contratos

“No teníamos otro remedio”, dice Guindos para justificar el incumplimiento de promesas electorales

Dolores de Cospedal, la secretaria general de los populares, ha sostenido varias veces que el PP es “el partido de los trabajadores”. Así que, en una breve entrevista en TVE, la pregunta cayó por su propio peso, tras una reforma laboral que abarata el despido y facilita la rebaja salarial. Y De Cospedal insiste: “el PP es el partido que mejor defiende los derechos de los trabajadores, de los que trabajan y de los que quieren trabajar, porque trabajadores son todos”.

La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha ha asumido que la reforma efectivamente abarata el despido, al extender los contratos con 33 días de indemnización en despidos improcedentes (frente a los 45 días, que es lo más común hasta ahora) y dar pie a un uso mucho más intenso del despido procedente (20 días por año trabajado). De Cospedal ha visto “lógico y normal” que haya trabajadores preocupados por esa rebaja. “Confío en que entiendan que aquel que está trabajando tiene que hacer una aportación solidaria para procurar que los que no pueden acceder al mercado laboral puedan hacerlo”.

La secretaria general del PP reivindica que pymes y autónomos apoyan la reforma laboral

“Muchos dirán, bueno, es que si me despiden tengo derecho a menos días. Eso es verdad. En contra, se favorece que pueda haber mucha más gente trabajando. En un momento como el que nos encontramos, los esfuerzos de la población tienen que ser esfuerzos solidarios”, añadió. También ha recalcado que la parte más importante de la reforma laboral es la que recoge los incentivos a la contratación, especialmente de los jóvenes. “Cuando autónomos y pymes consideran que es una buena reforma, estamos en la buena dirección”, mantuvo.

Además, De Cospedal ha recordado que el objetivo de la reforma no es sólo flexibilizar el mercado laboral sino también permitir la viabilidad de las empresas existentes, sobre todo de las más pequeñas y ha defendido que se ha logrado un equilibrio entre ambas necesidades.

El ministro de Economía espera efectos positivos "a medio plazo" sobre la contratación

Sobre la reforma laboral también se ha pronunciado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la cadena COPE. De Guindos ha adelantado que habrá que esperar al “medio plazo” para comprobar los “efectos positivos” que, “sin duda”, tendrá la reforma laboral sobre la economía española. El ministro de Economía ha dicho que las nuevas normas son ambiciosas “desde el punto de vista de la contratación futura”.

Preguntado por los sucesivos incumplimientos de promesas electorales del PP, como lo referido a la subida de impuestos o al abaratamiento del despido, Guindos se ha escudado en el inicio imprevisto de otra recesión. “No teníamos otro remedio. Nos hemos visto arrastrados en muchas ocasiones por una situación bastante peor de lo que se proyectada”, respondió.

www.elpais.es 13.02.12

RUBALCABA COMPARTE CON UGT Y CC OO EL RECHAZO FRONTAL A LA REFORMA LABORAL

“Nunca en democracia se había producido un ataque tan brutal contra los derechos de los trabajadores”. Esta afirmación de la número dos del PSOE, Elena Valenciano, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, recuerda inexorablemente a la que pronunció en el Congreso de los Diputados Mariano Rajoy, entonces en la oposición, contra las medidas de ajuste del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010. Casi la totalidad de la reunión de la dirección del PSOE, dirigida por el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, se dedicó a analizar esta reforma con todo detalle y desde perspectivas múltiples. El líder del PSOE rehusó precisar si el partido va a apoyar oficialmente las movilizaciones del domingo que viene, aunque ha asegurado que es seguro que algunos dirigentes acudirán a las marchas "a título personal". "Si se decide acudir de forma oficial se lo comunicaremos", sentenció.

Por la tarde, Rubalcaba se reunió con los responsables de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, a los que mostró el total rechazo del PSOE a la reforma laboral que, a su juicio, permite a los empresarios "hacer mangas y capirotes" en su empresa. A juicio de Rubalcaba, "es una reforma de calado pero de calado muy negativo, que rompe un sistema de relaciones laborales en nuestro país, que da poder casi omnímodo a los empresarios y va a generar tal inseguridad en los trabajadores que no va a ayudar a la demanda".

La reforma facilita y abarata el despido Los sindicatos convocan marchas contra la reforma el 19 de febrero Rubalcaba ha explicado que los equilibrios logrados con la negociación colectiva es lo que ha mantenido la paz social, "y ese equilibrio se rompe adecuadamente a favor de los empresarios, que ganan poder, y de qué manera, en detrimento de los trabajadores". El líder del PSOE ha anunciado que ha puesto al Grupo Parlamentario Socialista a trabajar en enmiendas a la reforma laboral, para incluir algunas de las que proponen los sindicatos. Van a votar que no al decreto ley por los "errores e injusticias que contiene". También ha anunciado que si encuentra elementos inconstitucionales en la nueva norma recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

Algunos miembros de la ejecutiva socialista, entre ellos la madrileña Maru Menéndez, consideraron conveniente y necesario que el PSOE esté en las movilizaciones que han propuesto los sindicatos. No hubo respuesta en la ejecutiva. Rubalcaba explicó en conferencia de prensa tras reunirse con los sindicatos que “habrá socialistas en esa movilización” pero que aún no había decidido si algún representante de la dirección la secundará. El secretario general no tiene previsto acudir, según ha aclarado este lunes.

Rubalcaba analizó la reforma laboral con los secretarios generales de UGT y de CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, con los que compartió el análisis y la crítica total a la reforma.

Desde la ejecutiva se desentrañó la reforma por muchos intervinientes. Comenzó la ronda el secretario de Programas y exministro de Trabajo, Jesús Caldera. Le siguieron Maru Menéndez, Abel Caballero —alcalde de Vigo y catedrático de Economía—, Pachi Vázquez —secretario general de los socialistas gallegos—, y otros muchos, que escudriñaron los cambios en la legislación laboral.

“Se trata de un ajuste ideológico y que amparándose en la crisis, cambia el modelo de sociedad con un desequilibrio total en las relaciones laborales. Todo el poder para los empresarios y debilitamiento para los trabajadores y los sindicatos”, diagnóstico Valenciano.

www.elpais.es 13.02.12

LAS GRANDES EMPRESAS CON GANANCIAS PAGARÁN MÁS POR PREJUBILAR

La reforma fija un canon en función del tamaño y de la rentabilidad

El Gobierno del Partido Popular ha continuado con la guerra contra las prejubilaciones que emprendió el Ejecutivo socialista y lo ha hecho por la misma vía: encareciéndolas. La reforma laboral detalla cómo las empresas con beneficios que tienen más de 500 trabajadores que pongan un ERE en marcha tendrán que asumir el coste del desempleo de los afectados que tengan más de 50 años.

La cantidad a pagar por la empresa será un porcentaje del coste que suponga para los servicios públicos de empleo el nuevo prejubilado (un parado en los últimos años de su vida laboral). Este coste se calcula a partir de lo que suman la prestación por desempleo, las cotizaciones a la Seguridad Social y un canon por el subsidio al que los parados mayores de 52 años tienen derecho al agotar la prestación contributiva.

Para fijar el tipo que tendrá que pagar la empresa, se tendrán en cuenta tres variables: el número de empleados de la compañía, el porcentaje de mayores de 50 años que están afectados por el expediente de regulación de empleo y lo rentable que es la propia firma.

El tipo máximo (100%) lo pagarán las empresas de más de 2.000 trabajadores cuando pongan en marcha un despido colectivo, el 35% de los afectados tenga más de 50 años y sus beneficios superen el 10% de los ingresos.

Esta última variable puede resultar confusa, pues puede darse el caso de que una empresa tenga una cuenta de resultados muy abultada, pero no sea muy rentable, lo que reduciría su tipo final. Por ejemplo, una empresa con 500 millones de beneficios sobre una facturación de 10.000 millones, tendría que pagar un tipo menor que otra firma que ganara 400 millones sobre unos ingresos de 3.800 millones de euros.

La posibilidad de encarecer las prejubilaciones la abrió el anterior Ejecutivo al introducir una enmienda que lo hacía posible en la tramitación de la reforma de las pensiones. Y lo hizo después de que Telefónica anunciara el despido de 6.500 de sus trabajadores en España, tras publicar beneficios y comunicar un plan de remuneraciones para sus directivos. Lo que no hizo es desarrollar el procedimiento, como lo ha hecho ahora el nuevo Gobierno.

A pesar de esta medida, probablemente la iniciativa más efectiva tomada por el Ejecutivo para acabar con las prejubilaciones, llegará por una vía no buscada: la desaparición del despido exprés improcedente. Pese a lo llamativo de los ERE de las grandes empresas, el grueso de prejubilados en España no llegaba, hasta ahora, bajo esta fórmula. En muchas ocasiones, lo que se producía era un acuerdo entre la compañía y el trabajador en los últimos años de su vida laboral por el que este cobraba la indemnización por despido improcedente (45 días por año trabajado hasta el viernes) y pasaba a cobrar la prestación por desempleo. Y la empresa se deshacía de un trabajador con un sueldo alto.

www.elpais.es 13.02.12

MERKEL ALABA LA REFORMA LABORAL ESPAÑOLA

La Comisión Europea destaca que la nueva norma debe dar más flexibilidad al mercado laboral

La OCDE cree que España está dando "pasos importantes" contra el desempleo

La canciller alemana, Angela Merkel, ha aplaudido esta mañana la reforma laboral aprobada el viernes por el Gobierno español, que abarata el despido y abre la puerta a una reducción de sueldos. Merkel puso como ejemplo la reforma española como una de las medidas que está poniendo en marcha Europa para salir de la crisis.

El portavoz del Ejecutivo germano, Steffen Seibert, aseguró en un encuentro rutinario con medios de comunicación que la medida "muestra la determinación" del Gobierno del presidente Mariano Rajoy de atajar los problemas económicos del país y volver a la senda del crecimiento, aunque desde el propio Ejecutivo español se reconoce que por sí misma no basta para recuperar el empleo. Además, destacó que con este decreto ley el Gobierno español mantiene el "ritmo de las reformas" que se marcó al acceder al poder, ya que la decisión llega tan sólo una semana después de que aprobase la reforma del sistema financiero.

Seibert agregó que estas medidas aportarán más empleo al mercado laboral español, más competitividad a la economía y más crecimiento al conjunto del país. Por último, indicó que las reformas llevadas a cabo en España, junto con las que han entrado en vigor recientemente en Italia y Portugal, muestran que Europa tiene la "fuerza" para implementar las "medidas necesarias" para dejar atrás la crisis.

Desde Bruselas, el portavoz del Ejecutivo comunitario para asuntos económicos, Amadeu, Altafaj, ha afirmado: "La Comisión saluda que el nuevo Gobierno ha hecho de la reforma laboral una de sus prioridades", informa Claudi Pérez. En opinión de Bruselas, los cambios se dirigen "a problemas estructurales como la reforma de la negociación colectiva y la distinta protección al trabajador indefinido o temporal, para reducir esa segmentación y dar más flexibilidad al mercado laboral"

Para la OCDE la reforma es un "importante paso"

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Angel Gurría, ha señalado que las reformas aprobadas por el Gobierno español son un "importante paso" en el fortalecimiento del sistema bancario, de las finanzas públicas, así como en la creación de un mercado laboral más dinámico, y cree que el Ejecutivo está adoptando medidas "decisivas" para hacer frente a los problemas de su economía.

"La acción del Gobierno pone de manifiesto que el restablecimiento de la confianza en el sistema bancario, la disciplina presupuestaria y el mejor funcionamiento del mercado laboral es la máxima prioridad", cree Gurría. En concreto, considera "muy significativa" la reforma laboral, dada la alta tasa de desempleo en España, particularmente entre los jóvenes. En su opinión, la introducción de mayor flexibilidad en los contratos fijos permitirá disminuir la dualidad del mercado laboral y promoverá el empleo.

La organización ha hecho público hoy el índice compuesto de indicadores líderes correspondiente al mes de diciembre, que apunta a un "cambio positivo" en el crecimiento de las economías que forman parte de la organización, lideradas principalmente por Estados Unidos y Japón. El indicador global, diseñado para anticipar los puntos de inflexión de la tendencia de la actividad económica, ha aumentado dos décimas en comparación con el mes anterior, hasta los 100,4 puntos. En el caso de España, el indicador compuesto se situó en diciembre en 100,4 enteros, frente a los 100,2 puntos básicos de noviembre. De esta manera, se sitúa en el nivel medio del conjunto de los países de la OCDE, pero por encima del indicador de la eurozona, que desciende dos décimas, hasta los 98,3 puntos.

www.elpais.es 13.02.12

Desnudos y a la intemperie

La reforma laboral desnuda a los trabajadores y a sus representantes, que se enfrentan a un futuro incierto, desarmados y desprotegidos. Albert Recio, que desde la Universitat Autònoma de Barcelona lleva años investigando el mercado laboral español, utiliza uno de los sectores que acaba de estudiar, el de la limpieza, para explicarlo: "Hasta ahora, las empresas competían entre sí por contratos sobre la base de unos precios que estaban limitados por el suelo salarial que garantizaba el convenio del sector. Pero, ahora, la empresa podrá alegar ante sus empleados que, gracias a unos salarios más bajos, conseguirá ganar contratos. El sector puede entrar en una competencia de salarios a la baja, con lo que al final acabas rebajando los sueldos".

Es más, los trabajadores no sólo pierden el abrigo de sus convenios sectoriales o provinciales. Según el texto de la reforma, al empresario le bastará con alegar "probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción" para rebajar salarios unilateralmente, sin necesidad de negociación y con el único requisito de avisarlo con 15 días de antelación.

En las pymes, el empleado queda en manos de la buena voluntad del patrón

Teniendo en cuenta que a la empresa le bastarán "dos trimestres consecutivos" de "disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas" para alegar "probadas razones económicas", es comprensible que Recio augure a la economía española la inminencia de "una guerra de salarios a la baja como palanca de competencia". En otras palabras, con la nueva norma, la empresa se hace con el monopolio del poder en sus negociaciones laborales, por lo que Recio concluye categórico que "dar prioridad al convenio de empresa supone desregular completamente el mercado de trabajo. Aumentarán las desigualdades laborales".

Que los trabajadores se quedan desnudos con la reforma es algo que reconocen incluso aquellos que no la critican. "Evidentemente, los deja mucho más a la intemperie", dice el antiguo presidente del Consejo Económico y Social y hoy director del área de derecho laboral del bufete Garrigues, el catedrático de Derecho del Trabajo Federico Durán. Pero asegura que no le "parece mal un mayor poder de negociación empresarial, porque los convenios sectoriales y, sobre todo, provinciales, se habían convertido en un corsé que atenazaba las relaciones laborales".

Muy similar a la opinión del catedrático de Economía de la Pompeu Fabra José García Montalvo: "Era imprescindible reequilibrar esas fuerzas, los sindicatos tenían un exceso claro de poder en la negociación".

En un ERE, el empresario no tendrá incentivos para indemnizar con más de 20 días

Pero tanto uno como otro reconocen que lo que vale para las grandes compañías, en las que los trabajadores seguirán contando con el arma de la paz social, no queda tan claro en el caso de las pequeñas y medianas empresas, de las que, en palabras de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, depende más del 90% del empleo del país.

Durán dice que se "tentaría la ropa antes de llevar adelante una decisión sin el acuerdo sindical en una gran empresa, pero en las pequeñas realmente no hay una red de protección del trabajador, y sí bastante discrecionalidad empresarial". Por su parte, García Montalvo añade: la desprotección de los empleados de las pymes es "el único punto que me preocupa. Habrá que ver cómo funciona, démosle un recorrido para ver si realmente es una patente de corso para que el empresario haga lo que le dé la gana, lo que no me parecería bien, o si en las empresas se llega a acuerdos".

Un planteamiento muy similar al que muestra el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Ángel Mártinez González-Tablas ante la desaparición de la autorización previa administrativa en los expedientes de regulación de empleo (ERE).

"Aprovechan la crisis para apretar las clavijas a los trabajadores", dice José Manuel Naredo

Destacado representante de la llamada Economía Crítica, Tablas afirma que "deja a los trabajadores expuestos a una situación enormemente vulnerable, a merced de lo que quieran hacer las empresas. Unas actuarán con sentido de responsabilidad, pero deja el campo libre a que otras no lo hagan".

Desde el gabinete de economistas de CCOO, David Llacer explica en qué consiste esa vulnerabilidad: "Quitar la autorización administrativa de los ERE significa dos cosas. Una, descausalizar los propios despidos colectivos, porque independientemente de cuál sea la causa formal que se advierta, nadie va a velar porque esa causa sea cierta. Y dos, reducir de forma importante el coste del despido, la indemnización. De hecho, si durante el periodo de negociación antes existía la posibilidad de incrementar los 20 días de indemnización, que hasta la fecha eran mínimos, ahora se convierten en un máximo".

Evidentemente, si no hay autorización, tampoco el empresario tendrá que temer que le puedan rechazar el despido colectivo, con lo que carece de incentivos para aumentar esos 20 días con el objetivo de garantizarse cerrar el ERE con un acuerdo. O, como dice el también catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla Jesús Cruz Villalón, "la desaparición de la autorización administrativa en los ERE es la crónica de una muerte anunciada".

Más poder

Sea cual sea la medida que se analice, al final todas llevan a la misma conclusión, un aumento del poder empresarial frente a unos trabajadores desposeídos de protección que se enfrentarán a reducciones de derechos adquiridos, incluso salariales, con la espada de Damocles sobre sus cabezas de un despido fácil, rápido y barato. "En sus consecuencias prácticas es la (reforma) del despido único" resumió ayer el secretario general de UGT Cándido Méndez, que añadió: "La discusión de si un trabajador va a cobrar 45 días o 33 es virtual. En la práctica, la tendencia va a desembocar en 20 días. El embudo va a hacer que todos los despidos desciendan tendencialmente hacia los 20 días".

Lo que también reconoce Montalvo, que a pesar de asegurar que "hacía falta un buen meneo en el mercado laboral", ante la evidencia de que bastarán tres trimestres de "disminución persistente del nivel de ingresos o ventas" para despedir con 20 días, le da la razón a Méndez: "Desde luego, desde ese punto de vista, sí. En una economía en contracción, cualquier empresa tiene esa pérdida de negocio".

Por eso, muchos expertos dan la razón al secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, cuando también ayer concluyó que "la lógica" de la reforma es "la del desmantelamiento progresivo del papel del derecho al trabajo en nuestro país".

Dicho con palabras de Tablas, "el conjunto de las medidas va en la misma dirección, el abaratamiento puro y duro, que no es sino una pérdida de los derechos de los trabajadores". O, como concluye el economista y estadístico José Manuel Naredo, "lo que en realidad ocurre es que se aprovechan las aguas revueltas de la crisis para apretar las clavijas a los trabajadores, como siempre".

www.publico.es 12.02.12

La reforma laboral da luz verde al ERE exprés

El Gobierno del Partido Popular ha despejado de un plumazo las dificultades que los empresarios encontraban a la hora de tramitar despidos colectivos: Amplía las causas objetivas para que se puedan acoger a este modelo de despido y elimina la autorización previa. Pero también, acelera la tramitación. De esta forma, la reforma laboral que ayer entró en vigor facilita y formaliza el ERE exprés.

Esta fórmula para reducir las plantillas de forma barata no terminaba de funcionar como pretendían los empresarios. Hasta ahora, en la mayoría de los casos, los representantes de los trabajadores y la dirección de las compañías se veían abocadas a negociar las condiciones de este despido, lo que provocaba que mejoraran lo que establece la ley: 20 días de indemnización por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Y lo hacían porque el ERE debía contar con el visto bueno previo de la autoridad administrativa (el ministerio de Empleo o las consejerías de Trabajo). Además, si el ERE no se presentaba con un acuerdo entre las partes los trabajadores podían acudir al juez. Y esto, podía alargar con exceso el procedimiento. La situación provocaba que más del 90% de los ERE fueran pactados y con unas condiciones mejores a las previstas en la legislación laboral para este tipo de despidos colectivos.

Ahora, el Gobierno de Mariano Rajoy ha limpiado los obstáculos para facilitar los EREs. El Real Decreto publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con el que el Ejecutivo del PP ha reformado la legislación laboral amplia las situaciones en las que los empresarios puedan acogerse a esta fórmula de despido colectivo.

“Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de perdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos”, señala el Real Decreto, aprobado el viernes. Según esto, solo tendrán que justificar nueve meses consecutivos de caídas en sus ventas o en sus ingresos para aplicar el despido barato de 20 días.

La norma elimina la autorización previa que antes otorgaba Trabajo

Esta nueva posibilidad, la de hacer un ERE cuando caen las ventas, suscita varias dudas. No es lo mismo incurrir en una caída de facturación todos los meses de los tres trimestres contemplados en la norma, lo que dificulta que se puedan acoger a esta fórmula; o que la reducción de ventas se hayan producido en todo ese periodo, lo que puede provocar que algún empresario maquille sus cuentas.

El decreto ley tampoco precisa de qué forma tendrán que justificar los empresarios las pérdidas o caídas de ventas, si con sus cuentas anuales, con un informe de auditoría o con declaraciones fiscales.

La nueva regulación también agiliza y facilita los EREs temporales. El nuevo marco laboral, también, suprime la autorización previa para este tipo de despidos colectivos “por causas económicas técnicas, organizativas o de producción de fuerza mayor”.

La nueva regulación también agiliza y facilita los EREs temporales

Otra de las novedades consiste en que la reforma reduce de forma drástica el proceso para la aplicación de los despidos colectivos. El artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores establecía que cuando el empresario presente un ERE deberá abrir un periodo de consultas con los sindicatos. “La consulta con los representantes legales de los trabajadores tendrá una duración no inferior a treinta días naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de trabajadores”. Pero ahora la reforma modifica la redacción del citado artículo y establece que el periodo de consultas “no podrá ser superior a 30 días naturales”.

La reforma elimina la autorización previa que tenía dar Trabajo. Pero mantiene la obligación de comunicarle el inicio del ERE, para que esta recabe un informe de la Inspección de Trabajo, que “deberá ser evacuado en el improrrogable plazo de 15 días”.

Hasta ahora era frecuente que los empresarios acordaran con los trabajadores las condiciones de los despidos. A partir de esta reforma laboral no será tan necesario. En el caso de que los trabajadores no estén de acuerdo con la presentación del ERE, con un despido de 20 días, podrán acudir a los tribunales.

Para acelerar el paso de este procedimiento en los juzgados el Gobierno del PP ha despejado este proceso: “Se crea una nueva modalidad procesal para el despido colectivo, cuya regulación persigue evitar una demora innecesaria”, señala el texto de las nuevas reglas de juego laborales.

Además, la nueva norma presentada el viernes pasado limita a 20 días desde que el empresario comunica el ERE el plazo para que los trabajadores presenten la demanda. El proceso judicial “tendrá carácter urgente. La preferencia en el despacho judicial de estos asuntos será absoluta sobre cualquier otro”, señala el Real Decreto.

Esto hace que la nueva reforma laboral de la ministra de Empleo, Fátima Bañez, facilite los despidos de 20 días mediante el ERE exprés.

Las claves principales de la reforma:

· Se generaliza la indemnización de 33 días. El despido procedente será indemnizado con 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Se respetarán los derechos adquiridos: a los contratos preexistentes se les aplicará la indemnización de 45 años hasta la entrada en vigor de la norma, es decir, hasta ayer. A partir de entonces el cómputo se realiza con arreglo a la nueva norma.

· Veinte días si el despido es por causas económicas. Bastará una caída de ventas durante tres trimestres para que una empresa utilice el despido procedente, tanto individual como a través de expedientes de regulación de empleo (ERE), que ya no necesitarán autorización previa.

· Contrato indefinido para apoyar a pequeños empresarios. Se crea una nueva modalidad de contrato para pymes y autónomos con empresas de menos de 50 trabajadores. El periodo de prueba de estos contratos será de un año. El empresario tendrá una deducción fiscal de 3.000 euros cuando contrate a su primer trabajador, siempre que este sea menor de 30 años. Los empresarios que contraten a un trabajador que estaba en paro podrán deducirse el 50% de la prestación que este estuviera cobrando. Por su parte, el empleado podrá recibir, junto a su sueldo el 25% de esa prestación.

· Límite al encadenamiento de contratos temporales. A partir del 31 de diciembre de 2012 (y no del 30 de junio de 2013 como establecía la ley actual) se recupera la prohibición de encadenar contratos temporales durante más de dos años o 24 meses.

· Impulso a los contratos a tiempo parcial. El impulso a esta modalidad de contratos se hace para intentar que los trabajadores puedan “compatibilizar mejor el empleo con los estudios y con su vida familiar y persona”, según señala el Real Decreto Ley, aprobado el pasado viernes. En realidad son contratos para bajos salarios y para atender picos de actividad en empresas de baja cualificación.

· Las ETT se encargarán de la colocación. La normativa permite que las Empresas de Trabajo Temporal actúen como agencias privadas de colocación para facilitar que los desempleados encuentren trabajo

www.elpais.es 12.02.12

El empresario podrá rebajar los salarios a discreción

El diablo está en los detalles, dice la frase hecha. Y, en el caso de la reforma laboral aprobada el viernes por el Gobierno de Mariano Rajoy, no se equivoca. El texto del decreto ley publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entra en vigor este lunes incluye importantes cambios que el Ejecutivo se reservó el viernes y que refuerzan la tesis hacia la que van encaminadas sus principales medidas: apuntalar el poder empresarial y precarizar las condiciones de trabajo hasta la vulneración de derechos de los trabajadores. En resumen, una reforma que desequilibra las relaciones laborales tal y como se conocían.

Además del radical abaratamiento del despido (que en la práctica pasará de 45 a 20 días, ya que se presumirá que todos los despidos son procedentes salvo que un juez diga lo contrario), el espaldarazo definitivo a los intereses de los empresarios es el poder que se les concede para modificar unilateralmente la cuantía de los salarios. A partir de ahora, podrán bajar el sueldo de sus trabajadores cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. "Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa", dice el texto. Es decir, criterios que no quedan cuantificados y que pueden ser muy vagos, como el de la productividad, serán motivo para que un empresario rebaje el sueldo. Tampoco se especifica hasta qué cuantía podrá rebajarse.

Esta reducción salarial se podrá aplicar, bien a trabajadores individuales, a grupos de trabajadores o a toda la plantilla. Esto quiere decir que, en una misma empresa, el patrón puede bajar el sueldo de, por ejemplo, cinco empleados alegando razones de productividad o competitividad.

En el caso de que estas modificaciones se hagan individualmente (es decir, que afecten a menos de diez trabajadores en las empresas de más de cien empleados, al 10% en el caso de las empresas de entre cien y 300 trabajadores, y a 30 trabajadores en las de más de 300), los empresarios las aplicarán directamente y de forma unilateral y tan sólo tendrán que comunicarlo al trabajador afectado y a sus representantes sindicales con un mínimo de 15 días de antelación.

La productividad o competitividad serán razones para bajar el sueldo

En el caso de que se rebajen los salarios de forma colectiva (y que afecte, por tanto, a un número de trabajadores mayor que lo especificado en los criterios anteriores), la empresa sí tendrá que abrir un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores durante no más de 15 días. No obstante, si este acaba sin acuerdo, el empresario podrá imponer su criterio y tan sólo tendrá que comunicar a los empleados su decisión, que surtirá efecto a los siete días de su notificación.

Eso sí, si el trabajador no está de acuerdo con la rebaja podrá pedir la rescisión de su contrato y percibir la correspondiente indemnización de 20 días por año trabajado. El mismo mecanismo sirve ya para modificar otras condiciones laborales, como la jornada de trabajo, el horario o las funciones.

Por otro lado, y tal y como se adelantó el viernes, la reforma facilita el descuelgue, es decir, la no aplicación de un convenio colectivo. Bastará con que la empresa registre dos trimestres consecutivos de disminución de ingresos o ventas para que el empresario pida la inaplicación de las condiciones de trabajo fijadas por el convenio. En este caso, empresa y trabajadores sí tendrán que llegar a un acuerdo. De no hacerlo, se acudirá a los mecanismos de mediación que los agentes sociales hayan previsto en sus convenios. Si, a pesar de todo, sigue el conflicto, las partes tendrán que acudir a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, a la que se dotará de nuevas funciones y que está compuesta por miembros de la patronal, los sindicatos y la Administración.

Posible inconstitucionalidad

Precisamente, esta, la imposición de un arbitraje obligatorio (bien a través de la Comisión o bien a través de un árbitro que esta designe) para resolver un conflicto en caso de descuelgue, es una de las cuestiones que podrían bordear la inconstitucionalidad, ya que vulnera el derecho de las partes a marcar las reglas de la negociación colectiva, tal y como señalan varios expertos. "El que una comisión tripartita pueda en última instancia resolver estas discrepancias tiene un componente intervencionista, franquista incluso, que bordea la constitucionalidad", dice Fernando Valdés, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid.

Valdés también ve el periodo de prueba de un año del nuevo contrato indefinido para los autónomos y las empresas con menos de 50 empleados una posible vulneración de la legalidad: "El Tribunal Supremo ha dicho en los últimos años que un periodo de prueba tan largo sólo puede estar sostenido si el trabajo realizado lo justifica". Sin embargo, desde peones de albañil hasta ingenieros aeronáuticos podrán ser contratados con esta modalidad. "¿Cuál es el fundamento de que exista este periodo si no es el despido libre?", se pregunta Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha.

La imposición de un árbitro para resolver descuelgues bordea la constitucionalidad

Y es que, durante el primer año de este contrato, los trabajadores podrán ser despedidos a coste cero. Las pymes que los contraten tendrán derecho a reducciones fiscales y a bonificaciones a la Seguridad Social según los colectivos, que tendrán que ser reintegradas si el trabajador no se queda en la empresa, salvo que el contrato de trabajo "se extinga por despido disciplinario declarado o reconocido como procedente". Puesto que ahora se presumirá la procedencia de todos los despidos y bastará con que el empresario lo reconozca como tal, parece difícil que estas bonificaciones lleguen realmente a reintegrarse a las arcas del Estado. Es decir, puede suceder que empresas que despidan a un trabajador durante el periodo de prueba y contraten a otro en las mismas condiciones con la intención de disponer de mano de obra más barata se beneficien de dinero público.

La eliminación de la autorización administrativa para llevar a cabo expedientes de regulación de empleo (ERE), junto a que desde ahora será el empresario el que decidirá si admite o no a un trabajador en caso de que un juez dictamine que su despido fue improcedente, también generan dudas en Baylos. "La retirada de la autorización administrativa atenta contra la obligación de los poderes públicos de mantener una política de empleo. El derecho al trabajo se fundamenta en que las personas tienen derecho a un empleo del que no pueden ser despedidos sin una justa causa. No puede ser que si el juez te da la razón y determina que tu despido ha sido improcedente, sea el empresario el que decida si te readmite en la empresa o te paga la indemnización", explica.

Además, la reforma laboral limita la posibilidad de recurrir ante los tribunales los despidos colectivos en el caso de que los recursos sean interpuestos por los representantes de los trabajadores. Fernando Valdés interpreta este punto como una individualización de las relaciones de trabajo y de los conflictos, ya que los recursos no se limitarán en el caso de que los interpongan los trabajadores a título individual.

Otra piedra angular de las relaciones entre los agentes sociales en la que entra la reforma es la llamada ultraactividad (que la vigencia del convenio se mantenga a pesar de que haya caducado mientras se negocia otro): a partir de ahora, queda limitada y los convenios sólo seguirán vigentes durante dos años tras su caducidad, salvo (y esta es una novedad del texto del BOE) pacto en contrario de las partes. Pasados esos dos años, si no hay acuerdo, el convenio decaerá, aunque el Gobierno deja margen a los interlocutores para que puedan pactar que continúe en vigor.

Indemnización por despido

Desde este lunes, todos los nuevos contratos indefinidos tendrán 33 días de indemnización por año trabajado, aunque, en la práctica, se despedirá con 20 y será el trabajador el que tendrá que pelear una indemnización mayor ante el juez si considera que su despido fue improcedente.

La norma también afecta a los trabajadores que ya tuvieran un contrato de 45 días de despido. Su indemnización se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo que ha trabajado antes de la entrada en vigor de la reforma, y a razón de 33 días de salario por año por el tiempo que cotice a partir de este lunes. El texto fija un tope de 720 días de salario (24 mensualidades, prácticamente la mitad del máximo actual), salvo para los trabajadores que antes de su entrada en vigor hubieran generado derecho a un número de días superior. Por lo tanto, sólo los trabajadores que a día de hoy hayan generado unas indemnizaciones por despido que superen las 24 mensualidades tendrán derecho a esa cantidad, sin que se pueda superar el tope de 42 mensualidades.

Los expertos difieren sobre si esta medida, que afecta a derechos ya adquiridos, podría ser inconsticucional. No lo es para Fernando Valdés, ya que "no tiene efectos retroactivos, sino que se aplica desde la entrada en vigor de la norma", algo que ha sucedido en otras ocasiones y que obtuvo el respaldo de la Justicia, mientras que para Antonio Baylos genera una "inseguridad jurídica" que podría ir contra la Constitución

www.publico.es 11.02.12

La reforma laboral abre paso a una rebaja general de sueldos

El decreto-ley de reforma laboral publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado viene cargado de sorpresas que no fueron explicadas ayer por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ni por la ministra de Trabajo, Fátima Báñez. De ahora en adelante, los empresarios podrán bajar el sueldo a los trabajadores sin necesidad de acuerdo simplemente por razones de competitividad o productividad, según el texto del decreto.

La norma incluye la “cuantía salarial” como novedad entre las condiciones de trabajo que la dirección de la empresa puede acordar “por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción”. Y acota que se consideraran tales “las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa”.

Esa definición afecta a los trabajadores con sueldos por encima de los mínimos de convenio de su categoría. Por lo que supere ese mínimo, se abre la puerta a que se rebaje el sueldo casi a capricho de la empresa, pues casi siempre se podrán alegar razones de competitividad para pagar menos.

Se abre la puerta a que se rebaje el sueldo casi a capricho de la empresa,

La empresa podrá utilizar esta disposición para ahorrar costes o para bajar el sueldo a las personas que entienda que están rindiendo poco. Tendrá que notificar la rebaja de sueldo, o la modificación de otras condiciones de trabajo, con una antelación de 15 días. El trabajador tendrá que aceptarla o conformarse con perder su trabajo con una indemnización por despido de 20 días con un máximo de nueve mensualidades.

En el caso de que la rebaja de sueldos o la modificación de otras condiciones sustanciales afecte a un alto número de empleados (más de 30 o más del 10% de la plantilla) se abrirá un periodo de consultas tras el cual el empresario podrá modificar las condiciones de trabajo que no estén expresamente protegidas por el convenio. Sobre estas últimas, se abre un proceso en el que la última palabra la tendrá un mediador o la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

También en este caso se facilita que las empresas bajen los sueldos, porque podrán alegar para “inaplicar” la “cuantía salarial” de los convenios una caída de ventas o ingresos de solo dos trimestres consecutivos, la existencia de pérdidas o la mera previsión de que vaya a haberlas.

Antes incluso de la reforma laboral en muchas empresas españolas se viene produciendo como consecuencia de la crisis una congelación o rebaja de sueldos, normalmente acompañada de garantías de estabilidad en el empleo. Hay economistas que han sostenido que esta “devaluación interna” es la forma de recuperar competitividad frente a otros países y volver a crecer para crear empleo. Otros economistas, en cambio, consideran que la rebaja de sueldos no hará más que reducir el consumo y con ello parar más la economía y destruir más empleo en un círculo vicioso de falta de demanda.

www.elpais.es 11.02.12

El Ejecutivo prevé que los desempleados hagan trabajos para la comunidad

La reforma cambia los criterios para medir el absentismo laboral y anuncia más inspecciones

El Ejecutivo ha anunciado que, dentro de la reforma laboral, se impulsará que los desempleados que estén cobrando la prestación realicen servicios de interés general en beneficio de la comunidad. Esto se llevará a cabo a través de convenios de colaboración con las Administraciones públicas y el objetivo, según ha anunciado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, es luchar contra el fraude en el cobre de la prestación.

Sin salir del ámbito de la lucha contra el fraude en el empleo, el Gobierno anuncia mecanismos contra la economía sumergida. Para ello, se propone un Plan especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que garantice el cumplimiento estricto de la Ley.

El Gobierno ha introducido en la reforma laboral medidas para combatir “comportamientos individuales de absentismo injustificado”. Así, se elimina la vinculación del grado de absentismo del trabajador con el de la plantilla para justificar que la ausencia continuada y sin motivo al puesto de trabajo sea causa de despido.

Por tanto, a partir de ahora, solo se tendrá en cuenta el absentismo del trabajador para decidir su despido, que será por la vía procedente y tendrá una indemnización de 20 días.

Según sostiene el Ministerio de Empleo, estas faltas injustificadas ocasionan a la empresa un elevado coste económico y organizativo. Con vistas a evitar el fraude en el absentismo, el Gobierno se compromete a mejorar la eficacia en la evaluación de la incapacidad temporal a través de las mutuas de accidentes de trabajo.

Este resquicio legal permitiría, por ejemplo, a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, tirar de trabajadores parados para que trabajen en bibliotecas u otros servicios públicos. Botella pidió voluntarios para estas tareas. En aquella ocasión, la alcaldesa había pedido a los madrileños que devolvieran “a la sociedad algo de lo que la sociedad les da”. Al día siguiente, había limitado el apoyo que había pedido debido a la catarata de críticas recibidas.

www.elpais.es 10.02.12

Caldera califica la reforma aprobada por el Gobierno como un "decretazo"

El portavoz socialista en la Comisión de Empleo del Congreso, Jesús Caldera, ha calificado de "decretazo" el decreto ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral aprobado hoy por el Consejo de Ministros y ha remarcado que esta norma solo sirve para incentivar el despido, por lo que no creará empleo.

Caldera ha subrayado que se estudiará "a fondo" el texto y elaborará un "análisis sosegado" del mismo, aunque ha advertido al Gobierno de que existen una serie de elementos como la reducción de la indemnización por despido de 45 días a 33 días por año trabajado en los que no van a coincidir. Asimismo, ha subrayado que no ha existido ningún tipo de consulta por parte del Ejecutivo ni con los interlocutores sociales, ni con el Parlamento, algo que para el socialista "deja mucho que desear".

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, también ha expresado su rechazo. "Propicia la destrucción de empleo en un año que se prevé complicado para el mercado de trabajo", ha asegurado. También ha lamentado que se tome una decisión de este calado "sin siquiera pedir un informe a las organizaciones sindicales, algo que ha acompañado todas las modificaciones laborales desde los años setenta".

El portavoz del PSC, Jaume Collboni, ha indicado que la reforma es "tan dura y agresiva como era previsible". Ha destacado que no servirá para crear empleo sino para favorecer el despido. Collboni ha insistido en que es una medida "regresiva" e implementa las tesis más neoliberales del PP para contentar a los sectores de la misma ideología que, a su juicio, dominan la Comisión Europea. Además, ha advertido que prima la privatización de los servicios públicos de colocación: "Puede tener como consecuencia que no solo la salud y la educación sean un negocio, sino también la búsqueda de empleo, lo que es esencialmente grave".

El coordinador de IU, Cayo Lara, considera necesario que haya una serie de movilizaciones en la calle con el fin de "parar este nuevo entuerto" contra los derechos de los trabajadores. "Hacemos un llamamiento a la movilización para responder en la calle lo que es un ataque a los derechos laborales", ha señalado, a la vez que añadía que resulta esencial "conquistar con la movilización la marcha atrás que debe dar el Gobierno".

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, se ha mostrado favorable a la nueva normativa laboral porque "está bien orientada" al introducir más flexibilidad, fomentar los contratos parciales, primar los convenios de empresa, fijar el despido procedente en 20 días y situar el contrato de fomento de empleo en 33 días, entre otras propuestas. No obstante, cree que la reforma le va a costar una huelga al Gobierno y que hay que realizar un plan de choque para fomentar el empleo a corto plazo. En una carta web, ha asegurado que no avanzará la posición definitiva de CiU hasta conocer al detalle el texto.

Los sindicatos CC OO y UGT se reunirán mañana para realizar un balance conjunto del texto

El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha destacado que una de las mayores "reservas" que tiene su partido en cuanto a las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno es que "supone una recentralización en toda regla de la negociación colectiva". En su alocución de esta tarde, ha advertido de que no será "la panacea" para resolver el problema del paro.

ERC ha valorado muy negativamente la reforma y ha advertido que "abaratar el despido", como prevé el decreto ley, "facilita la salida y no la entrada al mercado de trabajo", por lo que ha cuestionado que pueda servir para generar empleo. Según indica en un comunicado el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Alfred Bosch, lo que provocará la reforma laboral es que sea "más fácil despedir a gente a partir de ahora", puesto que "pasamos a la indemnización de 33 días por año trabajado", lo que considera una equivocación.

Los autónomos aplauden la reforma aunque creen que serán necesarias más medidas para fomentar el autoempleo juvenil

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha mostrado su descontento. La diputada en el Congreso de los Diputados Olaia Fernández ha dicho que la reforma está hecha "al servicio y medida de los intereses de la patronal". También ha resaltado que es "extremadamente agresiva con los trabajadores y traerá más paro".

El diputado de Compromís-Equo en el Congreso, Joan Baldoví, tampoco se ha mostrado de acuerdo con las medidas adoptadas esta mañana por el Gobierno. "Es una claudicación más del Ejecutivo a la gran patronal, a los más poderosos que dirigen la agenda política del PP, como estamos viendo y comprobando últimamente en todos los acuerdos que toma el Gobierno y el Partido Popular en la Cámara Baja". Baldoví también ha apuntado en un comunicado que "Rajoy, una vez más, no ha dado la cara".

Amaiur también se ha pronunciado. Ha considerado que supone "una profunda restructuración del mercado de trabajo que tiende a recortar y abolir muchos de los derechos y conquistas sociales alcanzadas en los últimos 50 años". En un comunicado, la coalición nacionalista ha opinado que la reforma "deja, si cabe, más desprotegida a la clase trabajadora frente a los abusos de la patronal", por lo que merece una "contundente respuesta social".

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han decidido posponer su opinión sobre la reforma hasta mañana. Las dos delegaciones sindicales, encabezadas por Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, ser reunirán mañana para realizar después un balance conjunto de las decisiones adoptadas.

CEOE y Cepyme han señalado que es "un paso adelante" para salir de la crisis. Ambas organizaciones han subrayado que es "imprescindible" y "sustancial" en la modernización de la legislación laboral. El vicepresidente de CEOE Arturo Fernández ha opinado que la reforma es "bastante profunda" y resultará "útil" para crear empleo. "Es la primera reforma profunda en democracia; la valoramos positivamente sin ningún triunfalismo", ha asegurado.

Los autónomos también han aplaudido la reforma, aunque creen que será necesario poner en marcha más medidas para fomentar el autoempleo juvenil. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha valorado sobre todo la creación del nuevo contrato indefinido para empresas de menos de 50 trabajadores, los cambios en las bonificaciones para la contratación de jóvenes y parados de larga duración, la desaparición de rigideces y consiguiente aumento de la flexibilización en las relaciones laborales.

www.elpais.es 10.02.11

El Gobierno facilita que las empresas se acojan al despido más barato de 20 días

Las pérdidas o la reducción de ventas durante tres trimestres serán suficiente para ajustar plantilla

Los expedientes de regulación que fijan un despido de 20 días no necesitarán autorización

La reforma generaliza el contrato con 33 días de indemnización y un máximo de 24 mensualidades

El Ejecutivo crea un nuevo contrato para jóvenes en las pymes que combina el paro con el salario

El Gobierno ha anunciado hoy una reforma laboral que rebaja de forma generalizada el coste del despido para las empresas, tal y como ayer avanzó el ministro de Economía, Luis de Guindos. Entre los cambios que establece la nueva normativa, que entrará en vigor mañana tras su publicación en el BOE ya que se ha aprobado por decreto ley, se generaliza el contrato con indemnización por despido de 33 días y un máximo de 24 mensualidades, así como se flexibilizan las causas para que los empresarios puedan acogerse a la vía del despido procedente, que se limita a 20 días por año trabajado y fija un máximo de 12 meses. La clave para ello es que se prescinde de la autorización administrativa en los Expedientes de Regulación de Empleo.

A partir de ahora, las empresas tendrán más opciones para acogerse a la vía del despido procedente, que es el que tiene una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidad. Así, según ha explicado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, bastará con que tengan "pérdidas actuales o previstas" o una "disminución de ventas durante tres trimestres consecutivos" para poder plantear un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Los contratos con 45 días también ven modificado el cómputo de la indemnización

Sin embargo, gracias a la reforma, los ERE no requerirán autorización administrativa como hasta la fecha. Con la legislación vigente, las empresas que querían acogerse a un expediente de regulación tenían que recibir una autorización del Ministerio de Empleo, para lo que era esencial que el ERE fuese pactado entre los empresarios y sindicatos. Con vistas a superar el bloqueo del proceso y que las negociaciones se eternizasen, la empresa solía optar por aumentar las indemnizaciones frente al mínimo de 20 días y 12 mensualidades que permiten los ERE. Prueba de ello es que el 70% de los despidos se tramitan por la vía del despido exprés procedente. A partir de ahora, no obstante se liberaliza la opción de los ERE. Además, sin necesidad de autorización ni acuerdo, solo el juez podrá detener el procedimiento.

Por su parte, el descenso en el coste de despido que supone la extensión del despido de 33 días afectará también a los contratos ordinarios (los de 45 días) firmados antes de la reforma, la octava desde que se creó el Estatuto de los Trabajadores en 1980. Es decir, cuando se despida a un trabajador con contrato ordinario firmado antes de mañana, la indemnización se calculará según dos escalas: el periodo previo a la reforma se computará de acuerdo a la indemnización de 45 días por año; el posterior, con respecto a la nueva fórmula de 33 días por año trabajado.

Nuevo contrato para las PYMES

Por el lado de la contratación, la reforma pone en marcha un nuevo contrato indefinido para las pymes que combina el cobro del paro con el de un salario y reinstaura la prohibición que suspendió el anterior Gabinete de concatenar contratos temporales más allá de los 24 meses a partir del 31 de diciembre.

Mercado laboral

Para reducir el paro juvenil, que sufre una tasa de desempleo del 48%, el Ejecutivo ha creado un nuevo contrato indefinido para emprendedores. En él, se establece una rebaja en los costes laborales de 3.000 euros para las pymes con menos de 50 trabajadores al contratar al primer empleado menor de 30 años que esté en paro. Ese trabajador seguirá cobrando el 25% del paro al que tenía derecho mientras, el empleador, podrá dejar de pagar el 50% de lo que le correspondía de la prestación a la que tenía derecho el empleado durante un máximo de un año, aunque este periodo coincide con el tiempo de prueba que prevé el nuevo contrato.

ERE's en el sector público

La reforma laboral abre la posibilidad de que los organismos y entidades que forman parte del sector público invoquen causas económicas, técnicas, organizativas y de producción para recurrir a un expediente de regulación de empleo.

Esta medida pretende facilitar el redimensionamiento de las "estructuras administrativas que crecieron desmesuradamente" y que no son sostenibles, ni existe una previsión de que lo sean en los próximos años.

Junto a este contrato, el Gobierno modifica las bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social. Así, las empresas podrán ahorrarse hasta 3.600 euros a la hora de contratar de forma indefinida a jóvenes entre 16 y 30 años durante tres años. La bonificación se incrementa conforme aumenta la antigüedad del trabajador.

En formación, la edad máxima para optar a un contrato de aprendizaje se eleva a los 30 años hasta que la tasa de paro baje del 15% y no tendrá que limitarse a un único sector. Asimismo, se regula que las empresas de trabajo temporal puedan funcionar como agencias de colocación.

Para otro de los colectivos más afectados por el desempleo, se establece una ayuda de hasta 4.500 euros para quienes den trabajo a las paradas de más de 45 años durante los tres primeros años de contrato en función del sector y a razón de 1.500 euros al año. La ayuda se reduce a 4.200 euros durante todo el periodo si son hombres.

Los convenios caducados no podrán prorrogarse durante más de dos años con la nueva normativa

En caso de suspensión temporal de trabajo por causa de un deterioro de la actividad, se introduce una bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por reducción de jornada, con una duración de 240 días máximo y condicionada a la estabilidad en el empleo (al menos un año). Si al final la empresa extingue el contrato, no se verá afectado el derecho a la prestación por desempleo.

La ministra ha apuntado que el principal objetivo de la reforma, diseñada para atajar la destrucción de empleo en España, es acabar con la dualidad existente en el mercado laboral español entre temporales e indefinidos. Sin embargo, no aparece por ningún lado la anunciada simplificación de contratos temporales, de los que actualmente existe un amplio abanico, y solo se limita a limitar la concatenación de ellos.

Modificación de la negociación colectiva

En cuanto a los convenios, se limita a dos años la prórroga de los convenios colectivos vencidos, conocido como "ultraactividad" y que permitía hasta ahora la prórroga casi indefinida de los convenios. Gracias a ello, y a que se concretan las causas que permiten dejar inactivo el convenio, Báñez ha defendido que aumentará la flexibilidad interna de las empresas. Según ha añadido, esto permitirá que los ajustes a los que se vean obligados en épocas de deterioro económico no se traduzcan, como hasta ahora, en recortes de plantilla. En este punto, el Gobierno también traspasa parte del acuerdo de moderación salarial a la ley, aprobado la prevalencia del convenios de empresa al sectorial.

En opinión de Báñez, el nuevo marco legal aumenta los derechos de los trabajadores, aunque solo ha enumerado uno: que tendrán más derecho a la formación. En este apartado, se aborda una amplia reforma de la Formación Profesional y se establece que cada trabajador tenga derecho a 20 horas de formación anuales pagadas por su empresa.

Según ha descrito la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se trata de una “reforma importante, de calado y completa”. “Marcará un antes y un después del mercado laboral”, ha asegurado antes de señalar que sienta “las bases para volver a crear empleo”. Eso sí, ha admitido que la reforma, si bien es necesaria, no es suficiente para atajar el paro.

www.elpais.es 10.02.11

GUINDOS: "LA REFORMA LABORAL SERÁ EXTREMADAMENTE AGRESIVA"

El ministro de Economía explica a un comisario europeo cambios agresivos en la normativa laboral

Ante la prensa, sin embargo, De Guindos solo admite que "atacará la raíz" de los problemas

El ministro de Economía, Luis de Guindos, está en Bruselas, en la reunión que mantiene el Eurogrupo relacionada con el rescate griego. Sin embargo, ha dedicado unos minutos a atender a la prensa antes de que comenzara el encuentro. Ante las preguntas sobre la reforma laboral, De Guindos ha dicho que los cambios irán "a la raíz del problema". Sin embargo, poco después, en una conversación que mantenía con el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, y que ha sido captada por cámaras y micrófonos, el ministro ha dicho que la reforma laboral será "extremadamente agresiva". "Mañana aprobamos la reforma del mercado laboral y va a ver que será extremadamente agresiva, con mucha flexibilidad en la negociación colectiva y reducimos la indemnización por despido", ha explicado el ministro a Rehn justo antes de comenzar la reunión. No parecía ser consciente de que hubiera cámaras recogiendo la conversación.

No es la primera vez que los micrófonos captan palabras que los miembros del Gobierno del PP no habían admitido en público. El presidente Mariano Rajoy, también en Bruselas, le confesó a su homólogo finlandés, Jirki Katainen, en una charla informal que temía una huelga general por los cambios laborales. "Este viernes hemos hecho la ley de Estabilidad. El viernes que viene la reforma financiera. Luego la laboral. La [reforma] laboral me va a costar una huelga [general]", dijo Rajoy, sin ser consciente de que estaba siendo grabado.

Las palabras de De Guindos a los periodistas sobre la reforma laboral han sido mucho más moderadas. "Es una reforma laboral completa, que yo creo que va a la raíz de los problemas del mercado laboral español", ha dicho De Guindos. A su juicio, la reforma "es fundamental para devolver a España a la senda del crecimiento". Mañana está prevista la aprobación del Decreto ley por el que el Gobierno reformará la legislación laboral. Entre los cambios que prepara, está el de limitar la prórroga automática de convenios, según varias fuentes conocedoras del texto que prepara el Ministerio de Empleo. Además, seguramente incorporará la primacía de los convenios de empresa, cambios en la regulación de los contratos a tiempo parcial y reordenación de las bonificaciones para impulsar la contratación de jóvenes. Y según De Guindos ha comentado hoy al comisario Rehn, una rebaja de los días en concepto de indemnización por despido.

www.elpais.es 09.02.12

RAJOY ASUME QUE LA REFORMA LABORAL PROVOCARÁ UNA HUELGA GENERAL

"El Gobierno tiene que tomar decisiones que no van a gustar a mucha gente" - Recuerda que la reforma del PSOE provocó un paro "y no sirvió para nada"

Mariano Rajoy tiene asumido que la reforma laboral que ultima el Gobierno, con el propósito de aprobarla a mediados de febrero, provocará la primera huelga general de su mandato. Se lo confesó a su homólogo finlandés, Jirki Katainen, en una charla informal al inicio de la reunión del Consejo Europeo.

"Este viernes hemos hecho la Ley de Estabilidad. El viernes que viene la reforma financiera. Luego la laboral. La [reforma] laboral me va a costar una huelga [general], se sinceró el presidente español sin ser consciente de que las cámaras de televisión estaban grabando sus palabras. "No era una conversación pública", se excusó cuando fue preguntado por los periodistas. [El vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, señaló que la referencia sobre la huelga hecha por Rajoy es una frase dicha "coloquialmente" que "no hay que tomar al pie de la letra"].

Haciendo de la necesidad virtud, Rajoy reconoció que había evaluado la posibilidad de que la reforma laboral provoque una huelga general, ya que esta es la respuesta que dieron los sindicatos a la que hizo el PSOE y que "no sirvió para nada"; es decir, que no tuvo la envergadura de la que él prepara.

Aún así, Rajoy está dispuesto a seguir adelante con ella, porque es "la que España necesita", porque en España el ajuste "se ha hecho sobre el empleo" y porque "la reforma laboral es hoy imprescindible". Tras felicitarse por el acuerdo al que han llegado los agentes sociales sobre moderación salarial, recordó que sindicatos y patronal no han sido capaces de ponerse de acuerdo sobre la negociación colectiva y, en esas condiciones, "el Gobierno tiene que gobernar y tomar decisiones". Y esas decisiones, las que ya han tomado y las que se propone tomar, "no le van a gustar a mucha gente".

Rajoy parece haber aceptado que la popularidad con la que llegó a La Moncloa puede esfumarse sin respetar siquiera los 100 días de gracia de que disfrutan todos los gobernantes cuando llegan al poder. "Siempre es duro, pero ahora viene lo más duro", se sinceró con el primer ministro holandés, Mark Rutte, en otra conversación grabada furtivamente por los micrófonos. "Ahora vienen los asuntos más complicados. Es que nos dejan una herencia muy complicada, con más del 8% de déficit. Las previsiones de crecimiento este año son muy malas", le confesó.

A pesar del tono sombrío de sus palabras, Rajoy se declaró "contento" con el balance de su primera cumbre. La causa de su satisfacción es que "lo que está haciendo España es lo que se está apoyando en la UE". Es decir, que los Gobiernos europeos, abrumadoramente conservadores, respaldan la política económica del Gobierno conservador español. Incluso, en el comunicado final hay un respaldo expreso a las medidas adoptadas por Rajoy, en España, y Monti, en Italia, a quienes se insta a profundizar en el saneamiento presupuestario y las reformas estructurales.

Pero el apoyo no fue mucho más allá de una mera declaración. La cumbre respaldó la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede), el cortafuego destinado a proteger a los países más vulnerables del euro, como España, del incendio griego. La canciller alemana, Angela Merkel, no aceptó, sin embargo, poner un euro más de los 500.000 millones previstos pese a las advertencias, entre otros, del FMI de que puede quedarse corto. Eso sí, en marzo se revisará de nuevo si su volumen es suficiente y España, en todo caso, no tiene previsto recurrir a él para sanear su sistema financiero.

Rajoy presentó como un triunfo la decisión de reorientar hacia programas de fomento del empleo juvenil y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas los remanentes no asignados del Fondo Social Europeo y de los fondos de cohesión, unos 82.000 millones en total, de los que 10.700 corresponden a España. Los países con más de un 30% de desempleo juvenil -como España, que bate el récord europeo con casi el 50%- deberán presentar en abril un plan de acción en cuya elaboración participarán sindicatos, patronal, Gobierno y expertos de la Comisión Europea, que viajarán a los países afectados para estudiar la situación. "Alemania está decidida a hacer todo lo posible para reducir el paro juvenil, que registra tasas muy altas en algunos países como España", proclamó Merkel. Aún así se descarta inyectar nuevos fondos, habrá que apañarse con los que sea posible rebañar del presupuesto que acaba en 2013.

www.elpais.es 31.01.12

EL GOBIERNO SE ENREDA (OTRA VEZ)

Rajoy cree que la reforma laboral provocará una huelga, Báñez que recibirá el respaldo de "todos" y Alfonso Alonso espera "apoyo y algo más de comprensión"

El Gobierno del PP tiene una certeza y muchas dudas. Es seguro que aprobará una reforma del mercado de trabajo, tal y como exigen Bruselas y Alemania. Lo que ya no tiene tan claro es cómo encajará la ciudadanía los cambios.

Todo depende del político que se pronuncie. Por orden de relevancia institucional el presidente del Gobierno es, de lejos, el más pesimista. Mariano Rajoy considera que la reforma laboral "me va a costar una huelga", dando por descontado la respuesta en la calle.

En el lado opuesto de Rajoy se sitúa la Ministra de Trabajo, Fátima Báñez, quien dice estar "segura" de que la reforma (que será "completa y equilibrada", ha señalado) contará con "el respaldo de todos los ciudadanos". Ni uno más ni un menos. De "todos".

En el punto intermedio entre las manifestaciones en la calle y el apoyo unánime se ha hecho un hueco el portavoz del grupo del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, cuyas aspiraciones pasan por que la futura reforma laboral encuentre "apoyo y algo más de comprensión".

Y hace un guiño a Rajoy a al advertir de que la huelga general no es el mejor camino para salir de la crisis económica, porque con 5,2 millones de parados el país "no está para andarse con paños calientes".

Las contradicciones entre los miembros del Ejecutivo se están convirtiendo en algo habitual poco más de un mes después de que comenzara a trabajar. Las diferencias de criterios entre el Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, y el de Economía, Luis de Guindos, han obligado a intervenir a la ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, para templar ánimos y desmentir a uno o a otro.

www.publico.es 31.01.12

RAJOY EVITA PLANTEAR A MERKEL UNA REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DÉFICIT

Afirma que la reducción del gasto tiene que ir acompañada de políticas de estímulo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que ha evitado plantear a la canciller alemana, Angela Merkel, una revisión de los objetivos de déficit. "Porque creo en ello, me parece lo más sensato, lo más responsable", ha agregado en referencia a su compromiso con el recorte del gasto y la reducción de la deuda.

Tras una reunión mantenida entre ambos mandatarios en Berlín, Rajoy ha reiterado que es un "absoluto convencido" de no gastar por encima de las posibilidades y de tener una deuda "razonable".

El jefe del Ejecutivo ha afirmado también que las medidas de ajuste del gasto tienen que ir acompañadas de políticas que apoyen el crecimiento y la creación de empleo, esto es, iniciativas de estímulo, lo que dicho de otra forma quiere decir poner en marcha reformas en materia laboral, sistema financiero, ley de emprendedores, mercado energético o formación profesional.

En estos términos se ha pronunciado también, esta mañana, el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha destacado el papel que van a tener las reformas para sacar al país del atolladero. En la UE se empieza a "ser consciente de que solo austeridad no es la receta que nos va a llevar a salida de la crisis. Se necesitan reformas", ha asegurado. En especial la del mercado laboral y, en segundo lugar, la financiera. "España tiene que ajustar el déficit, pero no a un ritmo que lleve a una situación muy negativa en el corto plazo", ha dicho. Sin embargo, ha puesto en duda que aumentar el gasto público pueda ayudar.

En opinión de Rajoy, en cualquier caso, los próximos cuatro años serán los de las reformas económicas para preparar el terreno para el futuro de España. Merkel indicó, por su lado, que la estabilidad presupuestaria y el crecimiento "no son polos opuestos", sino que se necesitan ambas cosas y, en este contexto, el próximo Consejo Europeo debatirá sobre las políticas de crecimiento y empleo.

"Un tema para la historia"

Rajoy ha buscado en todo momento congraciarse con Merkel. Incluso ha suavizado la posición sobre el déficit que ha mantenido en los últimos días. En presencia de la canciller, aunque no se ha comprometido expresamente con el 4,4%, tampoco ha dejado caer ninguna duda.

Incluso ha hecho un requiebro muy de su estilo cuando un periodista alemán le ha preguntado si habían hablado en la reunión de las declaración de José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, que el martes dijo que Merkel "reacciona siempre un cuarto de hora tarde" a los problemas. "Me pregunta por mi ministro de Asuntos Exteriores. Ese es un tema que ya pertenece a la historia", contestó Rajoy con una amplia sonrisa en la boca mientras Merkel miraba incómoda. Ante la sorpresa y las risas generales -la historia para el presidente llega en 48 horas-, Rajoy miró a su equipo y repitió: "El tema [pertenece a la historia]". Merkel también se rio finalmente ante la salida del presidente español.

www.elpais.es 27.01.12

RAJOY: "ESPAÑA VA A CUMPLIR EL OBJETIVO, Y HOY ES EL 4,4%"

Tras conocer las previsiones del FMI y ser preguntado en una visita a Lisboa sobre las posibilidades de que los objetivos se suavicen, Rajoy señaló: "Eso se verá en su momento. España va a cumplir los objetivos de déficit que se marquen en el programa de estabilidad; hoy es el 4,4% y España hoy va a cumplir ese objetivo". "Todas las previsiones son discutibles y yo me tomo la del FMI como un estímulo. Ya anunciamos un importante recorte de 15.000 millones de euros a los pocos días de empezar a Gobernar y vendrán más recortes de gasto", añadió.

Para su primera visita a un Estado europeo como presidente del Gobierno, Rajoy eligió Portugal, un país que atraviesa una crisis brutal y cuyo primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho, ha impuesto draconianas medidas de austeridad. "El Gobierno portugués actúa con valentía, coraje y determinación", alabó Rajoy. Y agregó: "Nosotros tenemos que hacer algo parecido porque es necesario hacerlo". Portugal ha suprimido pagas extras de funcionarios y pensionistas, ha facilitado los despidos, acortado las vacaciones y abaratado las horas extra, entre otras medidas.

Antes, en Bruselas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya había señalado que "el objetivo de déficit del Gobierno en estos momentos es el 4,4% del PIB" y que "no está en la agenda en absoluto" modificar o retrasar ese objetivo. En cambio, el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, Gabriel Elorriaga, señaló a Gestiona TV que tiene "la impresión" de que va a haber "un recálculo general" en la UE al respecto.

www.elpais.es 25.01.12

RAJOY ADMITE QUE LA SUBIDA DE IMPUESTOS ES "DOLOROSA", PERO "NO HABÍA OTRA OPCIÓN"

Mariano Rajoy ha admitido en su primera entrevista como presidente del Gobierno, concedida a la agencia Efe, que el aumento impositivo aprobado en diciembre ha sido una medida "dura y dolorosa, pero absolutamente imprescindible". "No quedaba otra opción", ha apuntado Rajoy, quien ha asegurado que "no se va a esconder" ante la crisis económica. Son las primeras declaraciones públicas del presidente, después de que el pasado 23 de diciembre anunciara los nombres de su primer Gobierno. Desde entonces, Rajoy ha dejado en manos de su equipo, y especialmente de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, las explicaciones sobre las medidas que ha tomado el Ejecutivo, principalmente para recortar gastos y subir impuestos. Además, Rajoy no tiene previsto comparecer en el Congreso para explicar estas medidas hasta el mes de febrero, más de un mes después de haber tomado posesión. La entrevista, de 25 minutos, se ha centrado fundamentalmente en asuntos económicos:

"Si hubiéramos pensado que era preciso subir el IVA no nos hubiera temblado la mano"

Impuestos

Rajoy ha justificado los ajustes y la subida de impuestos en que el déficit que encontró al llegar al Gobierno era superior a lo previsto -dos puntos por encima del 6% previsto inicialmente-. El presidente ha precisado que sigue sin ser "partidario de subir impuestos" y ha recordado que así lo ha manifestado reiteradamente, pero que se encontró al llegar al Gobierno con que el déficit era superior de lo que esperaba: el 8%, dos puntos por encima de lo previsto. Así se lo comunicó la Intervención General del Estado el 27 de diciembre: se habían gastado 20.000 millones de euros más. De ellos, ha precisado, 15.000 millones son de las comunidades autónomas. "En esa situación era urgente actuar", ha puntualizado. "Era una decisión dura, dolorosa, pero absolutamente imprescindible para salir de la espiral en la que nos encontrábamos".

El jefe del Ejecutivo ha señalado que no está en sus previsiones subir el IVA, porque no cree que sea necesario -"supone inmediatamente un aumento de los precios y no nos parecía lo más justo". Sin embargo, ha reconocido que "si hubiéramos pensado que era preciso subir el IVA no nos hubiera temblado la mano".

Medidas para reducir el déficit público

Retomando la expresión que usó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, Rajoy ha dicho que las medidas adoptadas hasta ahora son el "inicio del inicio". Para el jefe del Ejecutivo, lo primero es seguir reduciendo el déficit público: "En los Presupuestos Generales del Estado que presentaremos antes del 31 de marzo, volveremos a hacer una reducción del gasto público", ha afirmado.

En segundo lugar, Rajoy ha hecho alusión a una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, este mes, donde se pedirá a todas las Comunidades Autónomas que se aprieten el cinturón, y también a laso Ayuntamientos en otra reunión. En tercer lugar, se presentará la ley de estabilidad presupuestaria para fijar el techo de gasto y endeudamiento, que no podrán sobrepasar ni el Estado ni las Comunidades Autónomas".

Sistema financiero

Con respecto al sistema financiero, Rajoy ha afirmado que no habrá un banco malo sino un plan de reestructuración del sistema financiero que presentará antes del 15 de febrero y que conllevará un nuevo proceso de fusiones.

Según Rajoy, el plan obligará "al saneamiento de las entidades financieras, a su transparencia y a un nuevo proceso de fusiones de entidades" para que las resultantes tengan un tamaño adecuado, sean solventes y, sobre todo, "para que vuelvan a dar crédito a las pequeñas y medianas empresas y a las familias, sin lo cual no habrá recuperación".

El "objetivo" es terminar con esa "terrible cifra" de cinco millones de españoles que quieren trabajar y no pueden

Los mercados

"¿Qué aporta su Gobierno a los mercados que no aportara el de Zapatero?', ha sido preguntado el presidente. "Aportamos nuestra historia, nuestra convicción", ha respondido. "Y aportamos a los mercados una mayoría sólida que han apoyado los españoles, y estabilidad política para recuperar la confianza. Ir hacia un modelo donde las Administraciones públicas no gasten lo que no tienen".

Por eso, ha agregado, decidió no crear una vicepresidencia económica al formar su Gabinete. "La economía es lo más importante y he querido dar una señal, dentro y fuera de España, de que aquí hay un presidente que va a dar la cara y no se va a esconder", ha zanjado. Por eso, él preside la comisión delegada de asuntos económicos. "He querido nombrar un equipo muy económico": con ministros de Economía, de Hacienda, de Trabajo, de Industria, incluso de Asuntos Exteriores... de los que ha destacado su experiencia en el ámbito económico.

Estado de bienestar

También ha expuesto Rajoy que su Gobierno de corte económico busca lograr el crecimiento y mantener el Estado del bienestar, del que ha dicho: "Creo profundamente en él y no está en peligro. Creo en el sistema de pensiones, en un sistema sanitario universal, público y gratuito, y en un sistema educativo que hay que mejorar". Pero ha precisado que, para mantenerlo, "se necesitan dinero, crecimiento económico y empleo".

Reforma laboral

Rajoy sigue a la espera de un acuerdo entre patronal y sindicatos sobre la reforma laboral, y al respecto ha dicho: "Les pedí un esfuerzo que agradezco, pero no sé en qué terminarán las negociaciones. Tendré en cuenta sus acuerdos, pero en lo que no haya acuerdo el Gobierno hará lo que sea mejor para el interés general de los españoles". Además, ha puntualizado que le gustaría "el mayor acuerdo posible" para la reforma laboral.

En cuanto a política exterior, Rajoy ha avanzado hoy que su intención es que su primer viaje oficial al extranjero tenga como destino Marruecos, país que espera visitar "en un periodo de tiempo relativamente breve". "En cuanto las agendas se logren casar", se ha limitado a señalar el presidente del Gobierno, que ya habló por teléfono con el rey Mohamed VI el pasado 3 de enero. Si cumple con su intención, cumplirá también con la tradición que han mantenido los últimos presidentes del Gobierno de elegir a Marruecos para su primera visita oficial al extranjero tras llegar a la Moncloa.

Al margen de este viaje, ha recordado que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, visitará Madrid el próximo lunes, momento en el que recibirá de manos del rey Juan Carlos el Toisón de Oro. Espera recibir también próximamente al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y a la presidenta de turno de la UE, la primera ministra danesa, Helle Thorning-Schmidt.

El 30 de enero Rajoy se desplazará a Bruselas para participar en su primer Consejo europeo; "aunque eso ya no sé si calificarlo de viaje al extranjero", ha bromeado. Se trata de una cita clave en la que, según el presidente del Gobierno, tendrá ocasión de explicar sus reformas.

Con respecto a América Latina, el presidente del Gobierno ha señalado que es una "prioridad capital" de su Ejecutiv y ha recordado que España es el segundo país inversor en la región.

www.elpais.es 10.01.12

RAJOY SE ESCUDA EN QUE LA HERENCIA ES AÚN PEOR Y SE RESERVA HASTA FEBRERO

La vicepresidenta justifica que no vaya al Congreso por "economía procesal"

El Gobierno asegura que la situación es "excepcional" y que, por eso, ha tenido que tomar decisiones "excepcionales", "más duras" y hasta "impopulares", pero no está previsto que Mariano Rajoy acuda al Parlamento a dar explicaciones hasta el mes de febrero.

"Es una situación excepcional, que exige medidas excepcionales"

Santamaría dice que el anterior Gobierno ocultó el déficit de la Seguridad Social

La vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, aseguró ayer en la rueda de prensa posterior a su tercer Consejo de Ministros que la situación económica es aún peor de lo que esperaban y, por eso, han tenido que tomar medidas distintas a las que prometieron en la campaña electoral, en su programa para el 20-N y en el debate de investidura de Rajoy. Pero la portavoz excluyó que el presidente del Gobierno pueda dirigirse a los ciudadanos y al resto de partidos desde el Congreso antes del mes de febrero.

Según dijo, no lo hará por "economía procesal", porque entonces habrán pasado 40 días de su estancia en La Moncloa, cinco consejos de ministros y una reunión del consejo de Europa.

Saénz de Santamaría describió de esta forma la manera en la que Rajoy asume la presidencia del Gobierno, con un estilo que no tiene nada que ver con los anteriores, que se basa en la ausencia pública del jefe del Ejecutivo y que es coherente con sus reticencias a comparecer ante los medios de comunicación para responder preguntas. Puede aplicar ese estilo de gobernar y esconderse porque se lo permite su amplia mayoría absoluta que facilita, por ejemplo, que en la Mesa del Congreso se imponga el rodillo del PP para frenar las peticiones de comparecencia. Hasta febrero habrá que esperar. Alguna propuesta del Gobierno, como el control previo de los presupuestos autonómicos, se han conocido por declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, a un medio extranjero como Financial Times.

Desde que el pasado 21 de diciembre asumió la presidencia del Gobierno, Rajoy no ha tenido ninguna actividad pública. La única excepción fue el día 27, el acto solemne de apertura de la legislatura que presidieron los Reyes en el Congreso, y en el que solo hubo un contacto breve e informal con los periodistas. Desde ese día no se le ha oído ninguna frase sobre nada y menos para explicar a los ciudadanos la subida de impuestos, negada antes por él, o los recortes sociales. Solo se le escuchó leer la lista de sus ministros el día 22 de diciembre, pero con un gesto eludió responder a preguntas de los periodistas. Hoy acudirá a la recepción de la Pascua militar, pero el protocolo impide que haya declaraciones del presidente.

La propia vicepresidenta y portavoz sí explicó ayer el cambio de criterio de Rajoy con la subida ahora de impuestos: "Esa ya no es la realidad, la realidad es otra, más difícil y más dura, lo que ha obligado al Gobierno a tomar medidas también más difíciles, de carácter extraordinario". Lo que ha cambiado, según explicó, es que el Gobierno socialista anterior dejó una herencia mucho peor de lo que el PP preveía cuando se comprometió a bajar impuestos.

Esa situación se concreta en que el déficit público no fue del 6% como preveía el Gobierno de Zapatero, sino de más del 8% y, según desveló ayer, la Seguridad Social no tuvo el esperado superávit oficial del 0,4%, sino un déficit de 668 millones, el 0,06%. Según explicó, el anterior Gobierno no les dio este dato en el traspaso de poderes, aunque el secretario de Estado de esa área, Octavio Granado, sí llevaba tiempo anticipando que no habría superávit, por lo que la desviación real es menor.

En los últimos días se barajó la posibilidad de que Rajoy fuera quien defendiera en el Pleno del Congreso del día 11 la convalidación del decreto aprobado la pasada semana con las primeras medidas, pero esta posibilidad la excluyó ayer expresamente la vicepresidenta. Una comparecencia ante la prensa ni Saénz de Santamaría, ni fuentes oficiales de La Moncloa la ven muy posible. Quieren evitar que se exponga tanto como hacía Zapatero.

Rajoy sí recibirá al presidente francés, Nicolas Sarkozy, el día 16 en La Moncloa. Será su primera reunión con un mandatario internacional, pero no está claro si se mantendrá el protocolo habitual pero muy limitado de rueda de prensa posterior.

El Consejo de Ministros de ayer no tomó ninguna medida concreta, pero apuntó a dos para las próximas semanas: otro plan contra el fraude fiscal y la supresión de organismos, fundaciones y empresas públicas. En ambos casos, el objetivo del Gobierno es la lucha contra el déficit. Para ello, necesita la colaboración de las comunidades autónomas, a las que convocará este mes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, pedirá en esa reunión a las comunidades que reduzcan su déficit cumpliendo el compromiso adquirido hace un año. Y que supriman 500 entidades públicas de las que solo han eliminado 69, el 14%.

En ese Consejo, Montoro debe convencer a las comunidades para que acepten el control previo de sus presupuestos por parte del Gobierno central. Santamaría no fue ayer tan precisa como De Guindos y explicó que se trata de desarrollar la reforma constitucional pactada por PP y PSOE para fijar límites legales al déficit.

www.elpais.es 06.01.12

LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO NO LOGRAN CALMAR EL CASTIGO DE LOS INVERSORES

La prima de riesgo de España toca los 381 puntos básicos y la Bolsa sufre la mayor caída en tres semanas arrastrada por la crisis bancaria

Soraya Sáenz de Santamaría comenzó a hablar ante la prensa cerca de las tres de la tarde para dar cuenta de las decisiones que acababa de tomar el tercer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de España. A esa misma hora, la prima de riesgo de la deuda pública -que es el sobreprecio que se paga por los bonos a 10 años respecto a la referencia de los alemanes- comenzó una escalada en la que llegó a tocar los 381 puntos básicos (o 3,8 puntos porcentuales), si bien luego moderó el tirón hasta los 377 puntos, 26 más que la jornada anterior, la mayor subida en casi un mes. La crisis de Hungría y las dudas bancarias también cargaron las tintas en Europa y lastraron las Bolsas.

La brecha del riesgo entre España e Italia se reduce 60 puntos en una semana

El euro toca respecto al dólar su mínima cotización en 16 meses

A los inversores no les calman las medidas que ha anunciado el nuevo Ejecutivo del PP. Puede más el nerviosismo que provoca el desvío del objetivo de déficit público de 2011, que quedará en torno al 8%, dos por encima de lo estipulado, y las alarmas que ha encendido la angustia financiera de la Comunidad Valenciana, primera región de la que ha trascendido que ha necesitado el apoyo del Estado para hacer frente al vencimiento de una deuda.

Al mercado no le gustan los depende, los ya se verá o las ambigüedades. La prima de riesgo española, ese concepto económico de consumo tan habitual desde que comenzó la crisis de deuda soberana y que sirve para medir la credibilidad de un país como pagador, se situaba en unos 305 puntos cuando Mariano Rajoy juraba su cargo con una mano sobre la Biblia y otra sobre la Constitución. Pero, a partir de ahí, no ha dejado de subir y ha estrechado la diferencia con la maltrecha Italia, que ayer cerró con un sobreprecio de 522 puntos básicos. La brecha entre una y otra se ha reducido en casi 60 puntos en solo una semana. Los bonos españoles a 10 años pagan un interés del 5,5% y los italianos un 7%.

No hay un único motivo. El mercado también se exaltó ayer con la confirmación de que la Seguridad Social cerró 2011 con déficit por primera vez desde 1999, con seis centésimas. "A partir del último dato de paro y este déficit la deuda se ha comportado peor que el resto", apunta Iván San Félix, de Renta 4. Y ayer no sirvió de contrapeso el anuncio de Santamaría de un plan contra el fraude fiscal que sigue las líneas del anterior. La vicepresidenta habló de un objetivo de recaudación de 8.161 millones de euros, unos 1.000 millones menos que la anterior campaña.

Esta fue toda la novedad que el Gobierno añadió a su plan antidéficit, tras los recortes y subidas de impuestos anunciados el 30 de diciembre. Y esas medidas también suscitan dudas. "Los inversores se preguntan qué pasará con el crecimiento", advierte el analista Juan Ignacio Crespo. Los mercados piden mano dura pero dudan de sus efectos. No son fáciles de contentar.

"Con el desvío de déficit público y los riesgos de la Comunidad Valenciana hay más que suficiente para motivar la subida del riesgo país, pero además se añade el final de la habitual tregua navideña y los nuevos elementos del sector bancario", apunta Crespo.

La banca europea sigue sumergida en su mar de dudas y la española conoció a última hora del miércoles sus nuevas necesidades de financiación. "Y aún no se conoce nada de la reforma financiera", apunta San Félix. El ministro de Economía, Luis de Guindos, cifró en cerca de 50.000 millones las provisiones que necesita el sector para sanear sus activos inmobiliarios al de mercado, lo que equivale a algo más que un 4% del PIB.

Los dos grandes bancos españoles, el Santander y el BBVA, bajaron ayer en Bolsa un 4,5% y 5%, respectivamente, lo que arrastró al Ibex 35 a un descalabro del 2,94%, el mayor desde el 12 de diciembre, que deja al índice por debajo de los 8.400 puntos. El Popular también se dejó un 5,5%, y Bankinter el 5,13%.

El conjunto del sector en Europa también se duele de las dudas sobre la solvencia y la mala noticia del italiano Unicredit, que dio un descuento del 43% en su ampliación de capital. Todas las grandes Bolsas europeas bajaron en una jornada en las que también cargó las tintas el riesgo de bancarrota en Hungría. Solo Milán sufrió una caída superior a la española y perdió el 3,65%, París bajó un 1,53%, Francfort un 0,25% y Londres el 0,78%. El euro a tocó su mínimo frente al dólar en más de un año y se cambiaba ayer a 1,27 billetes verdes.

Pese a lo complicado del entorno, España ha superado con éxito las últimas subastas de deuda. El próximo examen será en una semana. El Tesoro Público anunció ayer tres emisiones de bonos para el próximo 12 de enero, uno nuevo a tres años y otros dos pagaderos en abril y octubre de 2016. El órgano no cifró ayer los objetivos de recaudación, pero el resultado servirá para valorar de nuevo la confianza que tienen los inversores en los planes del Ejecutivo.

El presidente, Mariano Rajoy, prevé dar explicaciones sobre las medidas en febrero, en el Congreso, más de un mes después de tomar el mando. Los mercados son más impacientes.

www.elpais.es 06.01.12

LA SUBIDA DEL IRPF VULNERA LA DOCTRINA DEL CONSTITUCIONAL

El decreto ley por el que el Gobierno de Mariano Rajoy ha subido la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a todos los contribuyentes vulnera la doctrina del Tribunal Constitucional (TC). En una sentencia de 1997, que atendía un recurso presentado precisamente por diputados del Partido Popular, el Tribunal declaró inconstitucional una medida similar adoptada por el Gobierno de Felipe González en 1992.

En aquella sentencia, el TC admitía que el decreto ley se había adoptado ante una situación de extraordinaria y urgente necesidad, pero subrayaba que cambios de calado en la regulación de derechos y deberes constitucionales como la obligación de contribuir vía impuestos no podían adoptarse por decreto ley, sino mediante ley aprobada por el Parlamento.

La decisión del Constitucional no tuvo consecuencias porque el cambio del IRPF se aprobó posteriormente mediante ley. Lo mismo puede acabar sucediendo en esta ocasión. El Gobierno prevé incluir la modificación del IRPF en la ley de Presupuestos a partir de marzo, lo que subsanaría la posible inconstitucionalidad de la norma ahora aprobada incluso en caso de que esta fuera recurrida y el TC diera la razón a los recurrentes.

Vedado el decreto ley

En el texto, el TC recordaba que el artículo 86.1 de la Constitución establece que los decretos leyes que puede dictar el Gobierno, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, "no podrán afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I" de la propia Constitución, y que entre esas materias vedadas está el deber de contribuir, a través de los impuestos, al sostenimiento o financiación de los gastos públicos.

La sentencia reconoce que no queda absolutamente impedida la utilización del decreto ley en materia tributaria, pero subraya que el sentido del principio de legalidad tributaria es "el de asegurar que la regulación de determinado ámbito vital de las personas dependa exclusivamente de la voluntad de sus representantes, quienes establezcan los elementos esenciales para la determinación de la obligación tributaria", como se señalaba en una sentencia de 1987; y que se debe "asegurar que cuando un ente público impone coactivamente una prestación patrimonial a los ciudadanos cuente para ello con la voluntaria aceptación de sus representantes", según otra sentencia de 1995.

www.elpais.es 04.01.12

DEJAR FUERA A 30.000 DEPENDIENTES SOLO AHORRA UN 0,6% DEL COSTE TOTAL

La moratoria anunciada por el Gobierno apenas supone 40 millones de euros

La demora en el calendario de la Ley de Dependencia anunciada para 2012 en la primera andanada de recortes afectará a unas 30.000 personas, según la tendencia de incorporaciones al sistema de dependientes moderados (grado I, nivel II) registrada en los últimos años. En total, apenas suponen el 2,3% de los beneficiarios y el coste de su atención es prácticamente insignificante respecto al total de las ayudas concedidas, un 0,6%. Las prestaciones para estas personas, las más baratas del sistema, alcanzarían unos 40 millones al año. El Gobierno concede 60 euros mensuales por cada uno de ellos y las comunidades, de forma global, suelen aportar algo más del doble de esa cifra (dependiendo de la prestación concedida).

Las plataformas de afectados temen que el sistema vaya a la privatización

La entrada al sistema de los dependientes leves (grado I, nivel I) también sufrirá un retraso de un año, hasta enero de 2014. En este caso habría unas 250.000 personas afectadas, pero el ahorro tampoco sería mucho porque las ayudas previstas para ellos tampoco son muy altas.

Tanto los empresarios del sector como el colectivo de afectados creen que el ahorro es insignificante y, sin embargo, la demora traerá consigo desempleo y ahogo económico, así como nuevas carencias para los dependientes. El coordinador de las plataformas para la defensa de la dependencia, Jaume E. García, considera que "el ahorro planteado con este recorte parece irrisorio". En su opinión, "lo que en realidad se busca cuando se habla de cambiar el modelo de financiación es privatizar la ley, dejarla en manos de las empresas privadas, y eso le saldrá más caro al ciudadano".

Una de las patronales del sector, la FED, también ha criticado los recortes: "El sector está al borde de la quiebra, ahogado por las deudas de la Administración, con miles de empleos en riesgo, y ahora, encima, plantean una demora. Tenemos centros de día y atención a domicilio, dos de las ayudas previstas para los dependientes moderados, y si los sacan del sistema durante un año será otra pérdida más", ha criticado el presidente de la FED, Alberto Echevarría. "Lo propuesto es un ataque a las operadoras y a los usuarios, y además el ahorro es ridículo", sostiene.

Para la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, "el asunto es grave, tanto para los usuarios como para las empresas, que también participan en la marcha de esta ley y en la generación de empleo". "A pesar de ello, si el recorte se quedara solo en esto, quizá durante este año se podría ir reduciendo la lista de espera. Hay más de 150.000 personas esperando cuya gravedad es mayor que la de los moderados", explica el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.

Por otro lado, este anuncio de un año en blanco para los dependientes moderados en realidad supone dar cobertura legal a lo que ya se ha venido haciendo, puesto que en 2011 apenas han entrado nuevos beneficiarios al sistema. Solo cuatro comunidades autónomas (País Vasco, Castilla y León, La Rioja o Cantabria) han incorporado al sistema a estos beneficiarios en el ejercicio que acaba de cerrar. "Este recorte, por tanto, penaliza a aquellas regiones que lo estaban haciendo mejor y da la razón a las que se han saltado el calendario durante todo 2011", critican en la Asociación de Gerentes.

Ni el total de afectados, ni el ahorro por esta vía parecen ser de consideración, por lo que se teme que los recortes vayan a ser más profundos en el futuro, dado que el Ejecutivo ya advirtió hace unos días de que los ajustes anunciados son solo "el inicio del inicio". Los cambios podrían venir por la vía de la financiación. El PP ya advirtió durante la campaña electoral de que la financiación de la ley no era suficiente ni sostenible y que habría que modificarla. También lo recordaron el pasado viernes. Para el PP, un modelo adecuado es el que esbozaron en su día un grupo de expertos en un estudio encargado por el Parlamento. De corte liberal, este modelo planteaba una financiación basada en seguros privados, subidas del IVA o cotizaciones adicionales, entre otras cosas. Todo ello se planteó ya cuando se negociaba la ley y se descartó antes de ser aprobada, también con los votos del PP.

El programa electoral del PP plantea varias veces la "libre elección" de las ayudas que el ciudadano puede obtener, o, lo que es lo mismo, la Administración concede el dinero y el beneficiario elige el servicio que quiere. El modelo, ya recurrente en educación, es inequívoco: el famoso cheque-servicio. "Esto encierra la creación de un sistema dual, en el que los que más tienen pueden elegir el mejor servicio, cuyo pago complementarán con sus recursos, y los más pobres habrán de conformarse con las ayudas estatales, que acabarán siendo las que pueda proporcionar un sistema parecido a la beneficencia", lamenta José Manuel Ramírez. "Con este modelo, que nadie se engañe, no es el ciudadano el que elige el geriátrico, sino el geriátrico el que elige a qué ciudadanos acoge, que son los que más dinero tienen, claro".

La Asociación de Gerentes aboga por cambiar el modelo de financiación, pero no en el sentido que parece haber elegido el PP: "La financiación debe atender al coste del servicio que se presta, no a la gravedad del dependiente, porque no es lo mismo atender a un anciano que no puede valerse por sí mismo en casa que en una residencia. Los servicios profesionalizados son más caros, pero generan empleo", afirma Ramírez. "Y para cambiar así la financiación no hay por qué tocar la ley, bastaría con modificar un decreto".

www.elpais.es 03.01.12

ESTOCADA MORTAL A RTVE

El recorte de 200 millones cuestiona la supervivencia de la televisión pública - El Consejo estudia recuperar la publicidad, vender derechos y cerrar canales

El Consejo de Administración de RTVE celebrará el próximo miércoles una reunión extraordinaria para evaluar los efectos del recorte de 200 millones de euros en el presupuesto de la Corporación. Esta reducción es una estocada mortal al modelo de televisión pública forjado en los últimos años y a un sistema de financiación que excluye los ingresos publicitarios y sitúa la subvención directa del Estado en unos 550 millones de euros. La situación es especialmente crítica si se tiene en cuenta que RTVE tiene ya comprometido el 80% del presupuesto.

La Corporación tiene comprometido el 80% del presupuesto

TVE podría desprenderse de los Juegos Olímpicos o de la 'Champions'

Para solventar el recorte de 200 millones (sobre un presupuesto inicialmente previsto de 1.200 millones), algunos consejeros proponen, precisamente, recuperar la publicidad en TVE, que desapareció de la pantalla hace ahora un año. También barajan la necesidad de vender derechos deportivos e incluso el cierre de algún canal. Pero insisten en que cualquiera de las medidas que se adopten no deben afectar a la plantilla ni a la estructura territorial del grupo.

La reducción del presupuesto de RTVE fue anunciada por el Gobierno el viernes pasado al término de la reunión del Consejo de Ministros y equivale a casi un 20% de los ingresos previstos para este año. Un presupuesto de 1.000 millones es considerado por la Corporación como insuficiente para hacer frente al modelo en vigor, que incluye seis canales de televisión (La 1, La 2, Canal 24 Horas, Clan, Teledeporte y TVE-HD) y cinco de radio.

Para despejar dudas, el Consejo espera contar en breve con un informe de los servicios jurídicos sobre la situación en la que queda RTVE tras el anunciado tijeretazo. Santos Ruesga confía en que entre hoy y mañana se solventen las dudas jurídicas en torno a la cantidad de dinero que RTVE podrá ingresar, por un lado, y gastar, por otro.

Para enjugar la rebaja prevista por el Ejecutivo, Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada y consejero de RTVE propuesto por UGT, propondrá al Consejo el retorno a la publicidad en TVE. "Tres minutos por hora", matiza. Y explica que el impacto en el espectador no sería muy grande porque ahora la cadena pública tiene autorización para emitir hasta cuatro minutos de autopromociones por hora. Ruesga es partidario de sustituir parte de estas autopromociones por anuncios comerciales.

Esta medida supondría, según sus cálculos, unos ingresos de 100 millones de euros. Pero antes de ponerla en práctica se tendría que solventar un problema. "Habría que modificar la ley de financiación", apunta Santos Ruesga, que desempeña la presidencia de turno del Consejo de Administración. "Sería la medida menos dañina. Antes de tomarla, el Gobierno consultaría a las cadenas privadas, que no les gustaría porque implicaría una bajada de los precios de la publicidad", vaticina.

Para el consejero socialista Miguel Ángel Sacaluga el recorte avanzado por el Gobierno supondrá la "asfixia" de la Corporación. "No es razonable. RTVE acaba de hacer un ajuste a través del ERE que supuso la salida del 40% de la plantilla", recuerda. Entre las distintas hipótesis para mitigar el impacto del recorte, considera que el retorno a la publicidad resulta especialmente difícil de encajar en el nuevo sistema de financiación. "Los operadores de telecomunicaciones y las cadenas de televisión podrían decir que pagarían menos para financiar TVE", apunta. De hecho estas compañías están obligadas a pagar un canon (el 0,9% de sus ingresos en el caso de las telecos y el 3% para las televisiones privadas) como compensación por el fin de la publicidad en la cadena estatal. "Salir al mercado publicitario", añade, "es complicado desde un punto de vista jurídico".

Antes de estudiar soluciones concretas, el Consejo quiere saber si la reducción de ingresos va también acompañada de una rebaja del techo de gasto. Si fuera así, RTVE solo podría contar el próximo ejercicio con 1.000 millones de euros, una cifra considerada insuficiente y que podría poner en peligro la actual oferta televisiva. Afectaría incluso a la cobertura de los Juegos Olímpicos. Entre la compra de derechos y los gastos de producción, Londres-2012 le cuesta a TVE alrededor de 70 millones de euros.

También estarían en peligro otros derechos deportivos en poder de la cadena pública, como la Liga de Campeones o los partidos de la selección de fútbol. Vender estos derechos no sería fácil. "Los Juegos Olímpicos no los quiere nadie. Cuestan mucho dinero, duran poco tiempo y no dan audiencia", recalca el consejero Santos Ruesga.

Otra de las hipótesis pasaría por el cierre de alguno de los canales de televisión. Los consejeros consultados apuestan por apagar Teledeporte, aunque consideran que el ahorro sería mínimo porque los derechos audiovisuales están ya comprados. Sacaluga entiende que con 200 millones de euros menos "se vería muy afectado el servicio público de TVE", y considera que no sería aceptable una mayor reducción de la plantilla ni una merma de la estructura territorial. El expediente de regulación de empleo que se llevó a cabo en la primera legislatura de Zapatero supuso la salida de más de 4.000 trabajadores.

Un plan trazado de antemano

Desde que TVE dejó de emitir publicidad, hace un año, su financiación depende de la subvención estatal (580 millones de euros en 2010), la tasa radioeléctrica y las aportaciones de los operadores de telecomunicaciones y de las cadenas privadas. En total, 1.200 millones de euros de ingresos. Pero los recelos de los operadores a pagar obligaron a RTVE a cerrar el año 2010 en números rojos. Sus pérdidas rondaban los 47 millones de euros. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones revisó las liquidaciones de las compañías de telecomunicaciones y de televisión privada y en noviembre les obligó a pagar otros 56 millones. Gracias a esta nueva liquidación, los números rojos pasaron a negros. Y aún habrá un superávit de nueve millones.

Con este nuevo sistema de financiación TVE se ha mantenido líder en el competido mercado audiovisual con unos contenidos cada vez más distanciados de los que emiten las cadenas privadas.

Algunos miembros del Consejo de Administración de la Corporación opinan que el recorte de 200 millones en el presupuesto, anunciado por el Ejecutivo del PP, no se enmarca dentro de la política de ajuste económico sino que responde a un plan trazado de antemano por el PP para liquidar la televisión pública. Durante la tramitación de la anterior Ley de Presupuestos el partido que lidera Mariano Rajoy ya propuso una enmienda para recortar la subvención a RTVE en 200 millones y que la Corporación renunciara a un canal múltiple de TDT (con capacidad para cuatro cadenas).

www.elpais.es 02.01.12

LA MITAD DE LOS JUBILADOS PERDERÁ PODER ADQUISITIVO POR LOS IMPUESTOS

El alza fiscal se comerá la subida del 1% para más de 100.000 beneficiarios

Buena parte de los pensionistas volverá a perder poder de compra en 2012 por segundo año consecutivo. El incumplimiento por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de su promesa electoral de no subir los impuestos conlleva también, en la práctica, el incumplimiento de otra de sus promesas: mantener el poder adquisitivo de las pensiones. En torno a la mitad de los perceptores de pensiones de jubilación no se verán afectados por el recargo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), pero la otra mitad verá cómo esa subida de impuestos se lleva una parte de la subida del 1% para compensar la inflación prevista. Los más perjudicados serán los perceptores de pensiones más altas, para los que el efecto de la subida de impuestos será superior al del incremento de la pensión, de modo que verán incluso reducirse (muy ligeramente) la pensión neta.

Tres millones de pensionistas, afectados por la subida del IRPF

La subida de tasas afecta a las rentas de capital, la otra fuente de ingresos

La subida de las pensiones será, con carácter general, del 1%, que es el nivel que se ha establecido como objetivo de inflación para este año. Los pensionistas (salvo los perceptores de pensiones mínimas) no recuperan el poder adquisitivo perdido en 2011, el 2,9% de acuerdo con la subida de los precios de noviembre de 2010 a noviembre de 2011, lo que se debe a la congelación decidida por el anterior Gobierno, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Pero, además, en torno a la mitad de los pensionistas volverá a perder poder adquisitivo este año por la subida de impuestos.

El recargo del IRPF afecta, con carácter general, a pensionistas con una prestación superior a los 700 euros mensuales (equivalentes a 9.800 euros anuales al contar las 14 pagas). Ese nivel puede aumentar algo en función de las circunstancias personales del beneficiario de la pensión (si está casado y presenta declaración conjunta o si tiene hijos menores a su cargo, por ejemplo). Según las últimas estadísticas de la Seguridad Social, correspondientes a noviembre pasado, de las 5.281.894 pensiones de jubilación, 2,72 millones tenían pensiones superiores a los 700 euros mensuales, incluidos 555.136 que se situaban entre los 700 y los 800 euros mensuales, la zona fronteriza. Aunque es imposible calcular la cifra exacta de los afectados por la subida del IRPF (en cuanto depende de las circunstancias familiares), sí cabe estimar que son aproximadamente la mitad del total de los jubilados.

Para los otros 3,57 millones de perceptores de pensiones contributivas (incapacidad, viudedad, orfandad...), el porcentaje que tiene prestaciones de más de 700 euros mensuales es menor (en torno a un 28%), de modo que los potenciales afectados por la subida de impuestos son en torno a un millón de pensionistas más.

En todo caso, la pérdida de poder adquisitivo será muy escasa para la mayoría de los pensionistas afectados por la subida del IRPF. Esa pérdida solo superará los 100 euros para cerca de un millón de pensionistas (la mayoría jubilados) con pagas de 1.500 euros mensuales (21.000 euros anuales), de modo que la subida del IRPF se comerá una parte del alza del 1% de la pensión. De todo ellos, los más perjudicados serán aquellos que perciben la pensión máxima (unos 2.500 euros mensuales). Para ellos, en los casos de declaración individual sin hijos a cargo, el recargo del IRPF será ligeramente superior a la subida del 1%, de modo que pierden el poder adquisitivo derivado de la inflación prevista y algo más. Según las estadísticas de la Seguridad Social, hay unos 150.000 perceptores de pensiones máximas de todo tipo, aunque una parte de ellos pueden ver algo aliviado el impacto de la subida del IRPF en función de sus circunstancias personales y no perder toda la subida de la pensión.

A la pérdida de poder adquisitivo de buena parte de las pensiones, se suma la derivada del aumento del IRPF para las rentas de capital, que es una fuente de ingresos para buena parte de los pensionistas por el ahorro acumulado.

Para los pensionistas, si las prestaciones se ajustan con arreglo al IPC, no es neutral que la subida de impuestos se instrumente a través del IRPF o de otro tributo. Un aumento del IRPF se traduce directamente en una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas (como para el resto de contribuyentes). Aparentemente, una subida del IVA o de los impuestos especiales podría mermar de igual manera su capacidad de compra, pero, en realidad, el IVA solo se traslada a los contribuyentes en la medida en que se refleje en subidas de precios. Por ello, siempre que las pensiones se revisen de acuerdo con el IPC, los pensionistas recuperan la capacidad de compra perdida con la paga compensatoria y la actualización en función de la desviación de la inflación. Lo que ocurrió en 2010 es que se congelaron las pensiones para la mayoría de los pensionistas y por eso el aumento de inflación derivado de la subida del IVA de julio de dicho año sí produjo una merma de poder adquisitivo para ellos.

En todo caso, la pérdida de poder adquisitivo derivada del primer plan de ajuste del nuevo Gobierno presidido por Rajoy es como máximo del 1%, frente al 2,9% que perdieron la mayoría de las pensiones en 2010 con la congelación decidida por el Ejecutivo de Zapatero.

Además, si el recargo del IRPF es, como se ha dicho, temporal, la pérdida de poder adquisitivo se limitará a dos años y no quedará consolidada, como ocurrió con la congelación de las pensiones de 2010.

www.elpais.es 02.01.12

RAJOY APRUEBA EL MAYOR RECORTE DE LA HISTORIA Y UNA GRAN SUBIDA DE IMPUESTOS

- Las rentas del trabajo asumirán dos tercios del aumento de los gravámenes - Un déficit del 8% obliga al tijeretazo inicial de 9.000 millones, que llegará a 36.000 - La medida se concentra en los ingresos altos y el tipo máximo del IRPF llegará al 55%

Todo el mundo lo sabía. Sobre todo Mariano Rajoy, que ya había apuntado a su entorno hace meses que el déficit se iría al 8%. No se contaba en público, pero en privado el PP no hablaba de otra cosa. Y, sin embargo, durante toda la campaña electoral, y en el debate de investidura, aseguró que el Gobierno del PP no subiría los impuestos. Pero a la hora de la verdad, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y no Rajoy, que evitó comparecer, anunció la segunda mayor subida de impuestos de la historia reciente de España. Y también el mayor recorte de gasto público de la democracia en una sola tacada: 8.900 millones de euros.

Rajoy, que ya sabía que el déficit iría al 8%, prometió no subir impuestos

Las decisiones clave se cerraron el jueves con los ministros económicos

El Gobierno carga a aquellos con más ingresos para compensar recortes

La reforma fiscal se acerca a posiciones socialdemócratas que el PSOE olvidó

El Gabinete congela el sueldo de los funcionarios y sube su jornada laboral

Las pensiones suben un 1% y se recupera la deducción por vivienda

Y eso, aclaró, es solo "el inicio del inicio". La vicepresidenta anunció que el déficit estimado se irá al 8%, dos puntos por encima del 6% previsto, por culpa sobre todo de las comunidades autónomas. Ella y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejaron caer la responsabilidad en el anterior Gobierno por no haberles contado cómo estaba la situación real, ni a ellos ni a los españoles.

Este nuevo dato de déficit implica que el recorte total, para lograr el 4,4% en 2012, será de más de 36.000 millones. Era la cifra que se manejaba hace meses en el PP -y así se publicó-, aunque Rajoy hizo el debate de investidura con la oficial: 16.500 millones. Antes pasó en Portugal, donde los conservadores ganaron las elecciones prometiendo no subir impuestos y después hicieron lo contrario. Ahora llega España.

El Ejecutivo, después de una semana de intenso secreto alrededor de Cristóbal Montoro y Álvaro Nadal, los dos principales ideólogos del ajuste, remató con detalle las medidas en una larguísima reunión el pasado jueves en La Moncloa presidida por Rajoy con los ministros del ámbito económico, que comparecieron ayer con rostros muy serios: Montoro, Luis de Guindos (Economía) y Fátima Báñez (Empleo).

Santamaría presentó las medidas como la reacción a una gran sorpresa, algo inesperado que se habían encontrado en los cajones. Sin embargo, Guindos llegó a decir que "una parte estaba descontada" y Montoro, que culpó al anterior Gobierno por ocultar los datos, dijo que tampoco había sido "ninguna sorpresa".

Esto es: todo el mundo lo sabía, pero Rajoy prometió hasta el último momento, incluso en el debate de investidura, que no iba a subir los impuestos. "Mantendré mis compromisos electorales", repitió. "El mayor esfuerzo no puede recaer en los ciudadanos, tiene que provenir de las Administraciones", dijo en la investidura cuando le preguntaron si subiría los impuestos. Hasta el último día lo negó, de la misma manera que hasta el último día Elena Salgado prometió que España cumpliría el objetivo de déficit. Y se desviará nada menos que dos puntos.

El Consejo de Ministros más intenso que se recuerda en muchos años tomó decenas de medidas económicas y políticas de gran calado, casi todas ellas impopulares y delicadas, incluido el emplazamiento del almacén de residuos nucleares, que llevaba siete años de retraso, y la ley antidescargas, que el Ejecutivo del PSOE no se atrevió a sacar.

Rajoy, que había aprendido de David Cameron, que perdió muchos votos por ser demasiado claro, no quiso apuntar ninguna de estas medidas antes de las elecciones. Pero ahora, con mayoría absoluta, ha tenido la valentía de asumir todo el coste político de golpe. Y sin pensar en las elecciones andaluzas. Además demostró que, frente a la imagen que se labró con sus dudas en la oposición, él sí puede ser un hombre de acción: medidas drásticas en una semana. Eso sí, la cara de los recortes no es él, de momento, sino los cuatro ministros que comparecieron ayer. No habrá ninguna imagen ni sonido de Rajoy de ayer.

Políticamente, el paquete está muy medido para lanzar un mensaje muy claro: los recortes son enormes, brutales, afectan a todo el mundo y sin duda profundizarán la recesión -aunque Guindos descartó que se llegue a una caída del 2% del PIB-, pero a cambio las subidas de impuestos son progresivas y se concentran sobre todo en las rentas altas. Se ha buscado la equidad sin tocar el IVA, un impuesto no progresivo.

Tanto que el tipo máximo del IRPF, en el nuevo tramo que se crea a partir de 300.000 euros, sube siete puntos de golpe, algo inaudito, y llegará en algunas autonomías -las que subieron su tramo mientras las gobernaba el PSOE- hasta el 55%, un nivel altísimo incluso para los estándares europeos. También se esforzó el Gobierno en señalar que las rentas del capital más altas tiene una subida de hasta seis puntos. Y la subida del impuesto de bienes inmuebles también está pensada sobre todo para los que tienen propiedades más caras.

Atrás quedaron las acusaciones de demagogia al Gobierno socialista por hablar de impuestos para rentas altas, la defensa de la clase media -suben los tipos también de sueldos no muy altos, aunque menos-, de los "ahorradores" y los argumentos contra cualquier tipo de subidas de impuestos. El Gobierno del PP, repleto de liberales antiimpuestos, se acercó ayer mucho a posiciones tradicionalmente socialdemócratas. De hecho, ha ido mucho más lejos que el PSOE, que en 2007 bajó el tipo máximo del IRPF al 42%. Son tan fuertes las subidas que Montoro y Guindos se empeñaron en tratar de limitar su impacto: "Son temporales, solo estarán vigentes en 2012 y 2013", repitieron.

Eso sí, Montoro aclaró también que dos tercios de la subida de recaudación prevista -6.200 millones de euros- llegan de las rentas del trabajo -por IRPF entrarán 4.100 millones- y las del capital solo aportan 1.250 millones. El resto llegará del IBI.

El Gobierno no se planteó un nuevo impuesto a las grandes fortunas, o a los bancos, o cambiar la regulación de las Sicav, según fuentes del Ejecutivo. Aunque es evidente que estas medidas son solo el principio, y con los Presupuestos llegarán en marzo más recortes y tal vez más subidas de impuestos. 8.900 millones de recorte y 6.200 de ingresos son 15.000 millones. Hasta 36.000 queda otro ajuste de 21.000 que llegará con los Presupuestos.

De hecho, el martes Rajoy en conversación informal con periodistas dijo que este viernes solo iba a haber un "gesto, una señal" pero que los recortes duros serán en marzo. Finalmente, no fue así, y el Gobierno empezó a gobernar con medidas durísimas desde el primer minuto.

Pocos colectivos quedan fuera. El más afectado es el de los funcionarios. Aunque la vicepresidenta insistió en que no les bajan los sueldos, es una bajada real. Primero porque pierden poder adquisitivo. Pero sobre todo porque les suben la jornada base de 35 a 37,5 horas semanales. Esto es, trabajarán más por lo mismo.

Pero el tajo es sobre todo espectacular en empleo público, y acaba de empezar. Se congela toda la reposición -no se cubre a los que se jubilan- y solo se autoriza un 10% para policías, ejército, sanidad y educación. Esto es, el 90% de médicos o maestros que se jubilen no serán sustituidos. Hay otros recortes muy emblemáticos, como el de Asuntos Exteriores: 1.100 millones, lo que implica la práctica desaparición del presupuesto de cooperación internacional. También se corta la entrada de nuevos dependientes moderados al sistema.

Preocupado por el mensaje durísimo, el Gobierno quiso compensar con garantías a los más débiles: subida de pensiones del 1%, se prorrogan los 400 euros a parados de larga duración y se mantienen, como prometió Rajoy, "íntegramente las prestaciones por desempleo". Además, se recupera la deducción por compra de vivienda. Esto es, se cumple buena parte de lo prometido, con una excepción que es una auténtica enmienda a la totalidad que Rajoy se ha hecho a sí mismo y a la historia del PP: la brutal subida de impuestos siempre negada.

LAS MEDIDAS URGENTES PARA SUPERAR EL DESFASE DEL DÉFICIT PÚBLICO

- Subida del IRPF. Se crea un gravamen en el IRPF que se aplicará en 2012 y 2013. Los porcentajes oscilan entre el 0,75% para el primer tramo de la tarifa hasta el 7% para las rentas superiores a 300.000 euros. Con esta subida se prevé recaudar 4.000 millones. Se establece un gravamen para las rentas del ahorro desde el 2% para rendimientos de hasta 6.000 euros, hasta el 6% para rendimientos superiores a 24.000 euros. Se prevé recaudar 1.000 millones.

- Subida del IBI. Incremento durante los años 2012 y 2013 del tipo impositivo del IBI para los inmuebles de más valor (el 50% del total) con el que se prevé recaudar 918 millones de euros con una subida media por inmueble de 36,7 euros.

- Pensiones. Incremento del 1% de todas las pensiones a partir del 1 de enero de 2012.

- Vivienda. Se recupera la desgravación en el IRPF por adquisición de vivienda habitual en las condiciones que existían hasta el 31 de diciembre de 2011. La medida se aplicará con carácter retroactivo desde enero de este año. Se establece un IVA superreducido del 4% para la adquisición de primera vivienda a partir del próximo año.

- Sueldos de los funcionarios. Mantenimiento del sueldo que perciben los funcionarios.

- Sin contratación. Congelación de la tasa de reposición de plantillas, excepto para docentes, médicos, Fuerzas de Seguridad del Estado y para cuerpos de lucha contra el fraude hasta un 10%.

- Jornada laboral de funcionarios. Incremento del horario laboral de los funcionarios que pasa de 35 a 37,5 horas semanales en todo el territorio nacional. Se puede mantener el horario de 35 horas con una reducción de salario proporcional.

- Salario mínimo. Se mantiene el Salario Mínimo Interprofesional en 641,40 euros con 14 pagas. Se prorroga la ayuda de 400 euros a parados de larga duración.

- 20% menos a partidos. Reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos para reducir la subvención actual en un 20%. Igual reducción se aplica a sindicatos y patronal.

- Recorte del gasto público. Reducción del gasto público en 8.900 millones en el primer trimestre, distribuido en los distintos ministerios. Reducción del presupuesto de RTVE en 200 millones; en Renfe de 200 millones; en I+D+I de 600 millones; en ayuda al desarrollo; en préstamos participativos a concesionarios de autopistas en 400 millones.

- Menos dependientes. Aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 de la aplicación de la Ley de Dependencia para nuevos beneficiarios.

- Menos ayudas a los jóvenes para alquiler. No renovación de la renta de emancipación (210 euros al mes).

- Aplazada la ampliación de permiso de paternidad. Se aplaza hasta el 1 de enero de 2013 la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas.

- Financiación especial. El Gobierno anunció la eliminación de la financiación especial de Andalucía, Castilla y León, Baleares y Cataluña y horas más tarde se desdijo.

www.elpais.es 31.12.11

LOS TRABAJADORES CARGARÁN CON DOS TERCERAS PARTES DE LOS NUEVOS TRIBUTOS

Las rentas salariales aportarán 4.100 millones frente a 1.240 de las del capital

"Dadas las dificultades que atraviesan empresas y ciudadanos, subir impuestos no es lo más razonable". Han pasado solo dos semanas desde que Mariano Rajoy dijo esto en el Congreso de los Diputados y el Gobierno que preside acaba de dar un mazazo a las clases medias. Porque son los asalariados los que van a sufrir en mayor medida el bautizado como "recargo temporal de solidaridad". Las rentas del trabajo suponen la parte del león en la subida de impuestos anunciada ayer, que estará en vigor 2012 y 2013.

El Ejecutivo trata de dar un empujón al mercado inmobiliario

Desaparece también la ayuda de 210 euros a los jóvenes para alquiler

Gracias a la mayor presión sobre los asalariados, Hacienda confía en recaudar 4.111 millones de euros suplementarios; mientras que las rentas de capital aportarán 1.246 millones extra. El Ejecutivo cuenta además con recaudar 918 millones más gracias al impuesto de bienes inmuebles; y en torno a 200 eliminando la bonificación que hasta ahora tenía el gasóleo profesional. En total, estos nuevos recargos están diseñados para aportar 6.475 millones de euros. De esta cantidad, el 64% procede de los impuestos sobre el trabajo.

El hachazo sobre el IRPF será progresivo. Por ejemplo, si hasta ahora una persona soltera sin hijos con ingresos de 40.000 euros brutos anuales tenía que pagar un 37% de su base liquidable, el porcentaje aumenta tres puntos, hasta el 40%. Así, el incremento de la cuota le obliga a pagar 249 euros más. Pero si en vez de 40.000 gana 50.000, el anuncio del Gobierno de ayer le saldrá por 606 euros al año.

El Gobierno ayer insistió en que los cambios fiscales "temporales y progresivos" afectarán a los "que más tienen". El problema es que "los que más tienen" son prácticamente irrelevantes en el pago del IRPF, cuyos ingresos dependen sobre todo de las clases medias. Porque de las casi 19,3 millones de declaraciones hechas en 2008, tan solo 19.350 -es decir, el 0,1% del total- tenían una base imponible superior a 360.000 euros. Solo a este 0,1% de contribuyentes les afectará la subida máxima de siete puntos porcentuales en el tipo aplicable, que pasará al 52%. Los que declararon una base imponible inferior a 21.000 euros suponían más del 65% de los contribuyentes. En este caso, el incremento de la cuota es muy inferior, va de 0 euros a 82 al año.

Pero no solo habrá que pagar más por trabajar, las necesidades de reducir el déficit también van a perjudicar los intereses de los ahorradores. Durante los dos próximos años, las rentas de capital superiores a 6.000 euros tendrán que tributar por un 21% -dos puntos porcentuales más que ahora-, por un 25% hasta 24.000 euros -cuatro puntos más- y por un 27% -seis más- las que excedan esta cifra. Con esta decisión, el Gobierno del PP crea un nuevo tramo en el gravamen del capital, ya que hasta ahora solo había dos: los que tenían menos de 6.000 euros y los que tenían más.

"Se vuelven a cargar las tintas sobre las clases medias", dijo el presidente de los Colegios de Economistas, Valentí Pich, que al mismo tiempo admitió que es el único camino posible de conseguir liquidez de forma rápida. "Es una medida procíclica, que va a empeorar aún más la situación. Pero la otra opción posible era subir el IVA, que es más regresivo. Aunque no descarto que el Gobierno se vea obligado también a aumentar este impuesto en unos meses", añade Luis del Amo, director del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, señalan que los anuncios del Gobierno ayudarán a mejorar la "igualdad" y la "progresividad" del sistema tributario, aunque lamentaron que no se hayan eliminado los instrumentos legales de los que disponen los grandes patrimonios.

A cambio de los nuevos esfuerzos que exige, el Ejecutivo de Rajoy trata de dar un empujón al mercado inmobiliario, que en 2011 ha vivido el peor año que recuerda. Mantiene durante todo 2012 el IVA superreducido del 4% para la compra de vivienda. Y recupera la deducción fiscal para la vivienda en propiedad con efecto retroactivo que el Gobierno de Zapatero eliminó el pasado 1 de enero. Se desactiva así una de las medidas con las que los socialistas pretendieron impulsar el sector durante 2010 -justo antes del fin de la desgravación- y de paso eliminaban uno de los beneficios fiscales que habían alimentado la burbuja.

Una semana más tarde de llegar al poder, el PP también hace desaparecer otra de las medidas estrella del anterior Gobierno, la ayuda de 210 euros a los jóvenes al alquiler. La llamada renta básica de emancipación se limita a los que ya la perciben. Ningún joven más podrá optar a esta ayuda, destinada a fomentar el alquiler, que en España tiene un peso muy inferior al del resto de Europa.

Más impuestos... e impulso al ladrillo

- Rentas del trabajo: se crean siete tramos nuevos, que van de 0,75% para las rentas más bajas hasta 7% para más de 300.000 euros.

- Rentas del ahorro: nuevo gravamen del 2% para rentas de hasta 6.000 euros; 4% hasta 24.000; y 6% para rendimientos superiores.

- El Gobierno reintroduce la desgravación por compra de vivienda para todas las rentas con efectos retroactivos y mantiene el IVA superreducido del 4% para adquirir viviendas.

www.elpais.es 31.12.11

RAJOY VUELVE A EROSIONAR LA SOLVENCIA DE ESPAÑA

Remando contra corriente. Da igual que el Fondo Monetario Internacional y la UE apoyen las medidas de José Luis Rodríguez Zapatero. El líder del PP, Mariano Rajoy, insistió en que "hay dudas sobre nuestra solvencia a la hora de pagar la deuda pública, desconfianza e incertidumbre". El jefe de la oposición señaló de nuevo al culpable: el Gobierno socialista. "Llevamos años sin reformas, gastando lo que no teníamos y con medidas improvisadas, ininteligibles y contradictorias", denunció. Para reforzar su idea, Rajoy quiso diferenciar bien entre el Ejecutivo y los españoles. Mantuvo que "España es un gran país y los emprendedores y trabajadores han demostrado que cuando hay un gobierno que les da confianza, están a la altura". "Este país va a salir adelante una vez más ya que la sociedad española sí que hace sus deberes", proclamó.

Rajoy hizo este discurso en Barcelona durante el mitin de presentación de los cuatro cabeza de lista provinciales a las elecciones autonómicas catalanas. En el acto aprovechó también para criticar la subida de impuestos del Gobierno y señalar que "el decretazo fue un error, una injusticia y una gran oportunidad perdida". También cargó contra la reforma del mercado laboral que ha llegado, según él, "en tiempo de descuento". El dirigente conservador dijo que la reforma prevista "está sujeta a interpretaciones diversas" y advirtió que si no se modifica en el trámite parlamentario, será "un germen de conflictos y de discusiones ante los tribunales". Rajoy no presentó ninguna alternativa firme y se limitó a reclamar un texto "global" y "claro" que sirva "para crear empleo y no para evitar que se destruya".

Entre sus propuestas ante la situación actual de crisis, Rajoy habló de bajar los impuestos para fomentar el consumo y de ayudar a los empresarios: "Hay que apoyar a los emprendedores para apoyar a los trabajadores, pero parece que algunos no se enteran".

Finalmente, mientras alguien del público le pedía que hablara de "los valores", Rajoy se refirió a la reforma de la Ley de Cajas de ahorros. A su juicio, el cambio es necesario y "urgente" para permitir que las cajas "puedan ir al mercado a conseguir recursos para ser más solventes". Según prometió, si no lo propone el presidente del Gobierno próximamente, él mismo lo hará. Durante su discurso ante los casi 2.000 simpatizantes del PP que llegaron en autocar de ciudades y pueblos de toda Catalunya, Rajoy aseguró que su formación es "previsible" por que, según dijo, cumple siempre su palabra y anunció que ya ha llegado el momento "de hacer las cosas bien".

Con la visita de , el líder conservador ya ha acudido a Catalunya en ocho ocasiones en lo que va de año para participar en sardinadas o pasear por la avenida Diagonal. Esta insistencia en Catalunya demuestra, según fuentes conservadoras, la voluntad del partido para conseguir más peso en una plaza que siempre se les ha resistido. En el partido están estudiando, además, la posibilidad de que Rajoy se desplace a realizar buena parte la campaña catalana junto a su candidata Alicia Sánchez-Camacho.

Precisamente el tono de Rajoy contrastó mucho con el de la presidenta del PP catalán y con el aire festivo y moderno que los conservadores quieren conseguir en Catalunya, un sello que funcionó en el País Vasco y que fue bautizado como "política pop".

En el escenario había tres pantallas gigantes y gente joven sentada en originales cubos de madera. Los vídeos de presentación de los candidatos se mezclaban con sombras de jóvenes bailando. Camacho formuló su discurso como si le estuviera describiendo a Rajoy cómo es Catalunya y empezó diciendo: "Presidente, somos un partido moderno".

Antes del mitin, que además del transporte en autocar ofrecía salchichas, refrescos y palomitas gratis a todos los asistentes, una banda de música tocaba versiones encima del escenario para amenizar el acto.

(www.publico.es, 20/06/10)

RAJOY ENFRIÓ LAS EXPECTATIVAS DEL PPE SOBRE ELECCIONES ANTICIPADAS

Finalmente, no hubo discurso de Mariano Rajoy ante sus socios del Partido Popular Europeo (PPE) en la cena del miércoles en Bruselas. Lo tenía preparado por si acaso, pero al final no hizo falta ni siquiera explicar el polémico no del PP a las medidas de recorte españolas avaladas por Bruselas y ayer aplaudidas por Angela Merkel. El PP había hecho un trabajo previo, enviando una carta a todos sus socios del PPE en la que les explicaba ese no, y Rajoy no pasó ningún apuro en la cena.

De hecho, según la versión difundida entre dirigentes del PP en las últimas horas, Rajoy no tuvo ni siquiera que responder a preguntas de sus socios. Solo se rozó el asunto cuando el luxemburgués Jean Claude Junquer preguntó al líder de los conservadores portugueses, Pedro Passos Coelho, por la situación en su país, uno de los más afectados por la crisis. Él explicó que su partido había apoyado el plan de recortes y subida de impuestos del Gobierno socialista. Entonces, mirando a Rajoy, señaló: "Claro que a nosotros sí nos los ofreció Sócrates [presidente portugués]", una forma de criticar que Zapatero, según el PPE, no ha tratado de atraerse al PP en España.

Después, en los corrillos, varios dirigentes preguntaron a Rajoy por la situación política en España y por un posible adelanto electoral. Rajoy enfrió esas expectativas de sus socios. Dijo que el PP no trabaja con esa hipótesis y que Zapatero podría llegar a 2012. E insistió en que las empresas españolas son sólidas, como le había dicho antes a Angela Merkel, cuando ella, en 15 minutos de reunión bilateral, le hizo muchas preguntas sobre los bancos españoles y la situación política.

Aunque la crisis española estaba en todos los corrillos en Bruselas, en la mesa oficial nadie la mencionó para evitar que, si se llegaba a saber, le acusaran de fomentar rumores que alteran los mercados de deuda.

(www.elpais.com, 18/06/10)

VARIAS LÍNEAS DE DESCRÉDITO HACIA ESPAÑA CONVERGEN EN EL PP

Las noticias con origen en Alemania sobre un presunto interés del gobierno español en acogerse al plan de rescate de la Eurozona podrían convertirse en una profecía autocumplida si los rumores siguen lastrando la confianza en el país. Los problemas de deuda de España no son menores que los de países como Italia o Reino Unido, por lo que no se entiende demasiado la prudencia de los mercados y el alarmismo de la prensa alemana y anglosajona con España. Ignacio Cosidó, portavoz popular de Interior en el Congreso, aprovechaba estos días una entrevista para hablar de un libro sobre ETA que acaba de editar FAES, para asegurar que "la economía española es más sólida y fuerte de lo que se está transmitiendo". ¿Quién está entonces sembrando dudas? Algunos son compañeros neocon del propio Cosidó en el GEES o en FAES.

The Brussels Journal es un diario que se define como “la voz del conservadurismo en Europa” y que pretende ser un grupo de presión sobre la UE. Editado por una fundación suiza, este diario es esencialmente conocido por su defensa cerrada de Israel y sus polémicas alertas contra el Islam, pero esta semana ha tenido otra preocupación. Durante varios días el principal asunto en su edición on-line era un análisis sobre el riesgo político en España, toda una llamada de incertidumbre para los mercados, que penalizan la inestabilidad política. En este sentido, y tras lanzar un mensaje similar, el popular Gallardón instó a los mercados a evaluar la "no dimisión" de Zapatero.

Alerta sobre una “crisis política” en España

El alarmista informe de Kern hace alguna advertencia que en realidad podría aplicar a todos los países que están realizando recortes en estos momentos al denunciar un “círculo vicioso” del que España no podrá salir: “Si el gobierno reduce el gasto público al nivel necesario para reducir el déficit, se frenará el crecimiento económico y hará más difícil para España salir de la recesión y reducir el desempleo. Pero si el gobierno no logra recortar el gasto, aumentan las probabilidades de no pagar sus deudas”. Advierte asimismo de que “el Gobierno de Zapatero no solamente se enfrenta a una crisis económica, sino también a una crisis política” y “las posibilidades son escasas de que su gobierno sobreviva más allá del otoño”.

Un hombre del GEES, centro vinculado al PP

El firmante del artículo es el germano-estadounidense Soeren Kern, responsable de Relaciones Transatlánticas en el Grupo de Estudios Estratégicos (GEES), un centro de propaganda neocon vinculado al PP. El popular Cosidó colabora activamente en GEES y acaba de presentar un libro sobre ETA editado por la FAES que ha escrito junto a Oscar Elía, el responsable de opinión del centro neocon. El GEES fue dirigido por Rafael Bardají, principal asesor exterior de Aznar antes y durante la guerra de Irak y que sigue colaborando con el centro así como dirigiendo el área internacional de la FAES.

Otros mensajes de tranquilidad del mismo autor

De hecho, el análisis sobre el “riesgo político” de España había sido difundido inicialmente desde el GEES, y también lo reprodujo una revista americana sobre geoestrategia, la Euroasia Review. Kern cuenta con buenas referencias para trabajar para centros neocon, como haber estudiado en las universidades de Georgetown (Washington) y la Hebrea de Jerusalén. No es el único artículo que ha escrito tranquilizando sobre España, recientemente se preguntaba si no sería la próxima Grecia.

El economista alemán que tira ya la reforma laboral

Ya dentro de nuestras fronteras, desde hace varios días también se puede ver y escuchar en emisoras como Intereconomía o la COPE -donde tienen abierta una campaña exigiendo que se convoquen elecciones ya- al economista alemán Juergen Donges, que en su día abogó por no rescatar a Grecia a pesar de los riesgos que ello suponía para el euro. Desde estos medios Donges ha mantenido que la aprobación de los recortes en España sería indiferente a los mercados ya que “el problema es Zapatero”. Este jueves fue entrevistado en el telediario nocturno de Telemadrid para decir que la reforma laboral del Gobierno es “un ejemplo de crear incertidumbre”. Este reputado economista en Alemania es un fijo cada año en los campus FAES y tampoco faltará este verano, donde disertará sobre Lecciones políticas de la crisis.

Democristianos germanos y Tertsch en FAES

El campus FAES también ha citado para dar lecciones sobre Imagen internacional de España al periodista Hermann Tertsch -conocido por sus soflamas contra el Gobierno socialista y que lleva meses equiparando los problemas de Grecia con los de España- junto al director de la Fundación Konrad Adenauer, Thomas B. Stehling. Esta fundación alemana está vinculada a los democristianos de la CDU, el partido de Merkel. La actitud de la presidenta germana ha sido puesta en entredicho en algunos medios por la tibieza con la que ha salido al paso de los rumores contra España, cuando los diarios alemanes que la estaban alentando apuntaban a su Gobierno como origen de la información.

La Konrad Adenauer, que está integrada en la fundación conservadora paneruropea que preside Mayor Oreja -la European Ideas Network-, tiene una fuerte implantación en Iberoamérica, donde ha sido acusada de alentar la oposición en Venezuela, Cuba o Bolivia o de apoyar incondicionalmente a Uribe en Colombia.

Más palos en la rueda: el FROB

En cualquier caso, el ex presidente Aznar lleva meses cargando contra la economía española y el Gobierno de Zapatero en conferencias internacionales. Un medio para el que trabaja, The Wall Street Journal, sorprendió esta semana con un ataque al sistema bancario español a las puertas de un importante vencimiento de deuda en julio. Y es que los problemas a los que hacía referencia el artículo eran conocidos desde el origen de la crisis financiera mundial y se estaba avanzando ahora en su resolución. Hace meses, a principios de 2009, el director gerente del FMI alertó de la depreciación de activos inmobiliarios en los bancos españoles. El Gobierno español lanzó un plan de reordenación del sector bancario, el FROB, que instaba a la fusión de entidades financieras, sobre todo cajas, para sanear el sistema español. A pesar de que el PP apoyó el FROB y reconoció que se trataba un instrumento fundamental para recuperar las líneas de crédito y por tanto reactivar la economía, varias comunidades gobernadas por el PP se resistieron a perder el control de sus cajas regionales hasta el último minuto y tras un ultimátum pactado por Zapatero y Rajoy ante el bloqueo del plan.

(www.elplural.com, 18/06/10)

La derecha europea asiste perpleja a la actitud del PP

El partido de Merkel advierte a Rajoy de que un adelanto electoral generaría "gran incertidumbre" en los mercados

Los grandes partidos de la derecha en el poder en países de la UE asisten incrédulos a la oposición que sus homólogos españoles ejercen sobre las medidas de ajuste del déficit impulsadas por el Ejecutivo socialista que preside José Luis Rodríguez Zapatero. Los Gobiernos conservadores de la Eurozona, referencia habitual de Mariano Rajoy, han reaccionado a los recortes aprobados por el Gobierno español de forma diametralmente opuesta a cómo lo ha hecho el principal partido de la oposición.

La Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de la canciller alemana Angela Merkel, es el más contudente. "En estos momentos es importante que el PP apoye las reformas, como la del mercado laboral, aunque estas medidas no lleguen tan lejos como a ellos les gustaría", declaró esta semana a Público Gunther Krichbaum, diputado de la CDU y presidente de la Comisión de Asuntos Europeos en el Bundestag.

Desde el partido de Berlusconi se dice que Aznar no se opondría al recorte

Desde la derecha alemana se insta además al PP a que desista de exigir un adelanto electoral, ya que agravaría la volatilidad en los mercados en perjuicio de toda la zona euro. También piden una actitud más constructiva ante las reformas que propone el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Un adelanto de los comicios en España "crearía mucha incertidumbre" en los mercados, razonó Krichbaum. "En Bélgica [donde hay elecciones generales el domingo] tenemos esta situación. Pero España, por su tamaño, no es Bélgica", comentó el diputado alemán.

La perspectiva italiana

En Italia, el presupuesto público lleva más de una década lastrado por una deuda estratosférica, del 115% del PIB, que fagocita la mayor parte de los recursos, pero aún así, la derecha de Silvio Berlusconi ha aprobado recortar el gasto público. El ministro de Economía, Giulio Tremonti, ha impuesto un recorte draconiano, de 25.000 millones de euros en los próximos dos años. La principal fuerza de la oposición, el Partido Demócrata, no ha discutido en ningún momento la necesidad del tijeretazo y sólo exige que los recortes no perjudiquen "a los de siempre, los trabajadores" ni se corten las alas a un futuro crecimiento.

Francia se apoya en Zapatero al hablar de la edad de jubilación

Por eso, el primer ministro del Tesoro que tuvo Silvio Berlusconi, Lamberto Dini, se sorprende ante Público de que el PP discuta el tijeretazo decidido por el Gobierno Zapatero. "Aquí no hay alternativa. Los países del euro no tienen absolutamente ninguna", afirma. El ex ministro, que conoció de cerca al Gobierno de José María Aznar durante su etapa en Exteriores, no da crédito a lo que escucha de boca de Mariano Rajoy: "Yo no puedo pensar que el PP que yo he conocido, con Aznar, no pueda sostener que es indispensable el recorte. Podrán discutir el tipo de medidas, pero no creo que puedan decir que no eran necesarias".

Dini distingue entre el debate continuo que mantienen en cualquier país gobierno y oposición y las posturas que se deben adoptar en una situación como la actual. "Cada partido hace su lucha política, esto se puede entender. Pero era indispensable que España tomara medidas valientes de reducción del déficit", afirma. Y añade: "Cómo no debemos hacerlas, en Italia o en España, cuando Alemania ha aprobado un plan que llevará a cero el déficit en 2014 o 2014? Nos situaríamos en clara desventaja competitiva".

En Francia, la última comparación entre la situación que atraviesan los gobiernos de París y Madrid la ofreció el miércoles el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eric Woerth. En el espinoso asunto de la prolongación de la jubilación, Woerth tomó a Zapatero como avalista. "En todos los países del mundo, es así. Todos los Gobiernos socialistas han cambiado la edad de jubilación. Sólo los socialistas franceses no quieren ver esa realidad. El señor Zapatero ha dicho: El aumento de la edad legal es una medida razonable. Es la única que permite salvaguardar y garantizar un sistema por repartición".

Los tories toman a España como ejemplo de lo que podría aplicarse allí

Hace dos semanas, el primer ministro, François Fillon, pasó un mal momento en rueda de prensa cuando le preguntaron por su opinión sobre las reducciones de sueldos en el Gobierno español. "Tomo nota", dijo a secas. Público intentó ayer por teléfono obtener la opinión sobre la actitud del PP de dirigentes de la mayoría conservadora francesa. La simple pregunta incomodó a los respectivos gabinetes de prensa. Ninguno se posicionó.

Los tories se miran en España

A pesar de que ni el Gobierno de coalición de Gran Bretaña ni el Partido Conservador han mostrado una reacción oficial ante las medidas del Ejecutivo de Zapatero, el recorte en los salarios del sector público es una de las medidas que toma como ejemplo a seguir el Gobierno británico. Desde el Gobierno de David Cameron se alude siempre a España como referente de lo que podría ocurrir en un futuro en Gran Bretaña.

Más explícito fue el viceprimer ministro, el líder liberal Nick Clegg, quien ayer participó en un desayuno informativo de Nueva Economía en Madrid. En su intervención, habló de la reforma del mercado laboral: "Zapatero lo tiene muy claro y nosotros, también. Sabemos que lo mejor es hacerlo de manera exhaustiva, completa, de forma ambiciosa, con medidas definitivas y claras".

A su juicio, tanto Zapatero como el Gabinete británico comparten que la salida de la crisis "no se puede hacer con medidas a medias, poco a poco". "Si haces una reforma estructural muy atrevida, muy dura, mi intuición es que el entorno va a ser más favorable en cuanto a lo que ocurra con las medidas de reducción del déficit", dijo.

www.publico.es 12.06.10

RAJOY SE REAFIRMA Y RECHAZA EN ESPAÑA LOS RECORTES DE SUS SOCIOS EUROPEOS

Pese al debate previo que hubo en el seno de su partido, con muchas dudas, una vez que Mariano Rajoy decidió votar no a los recortes planteados por el Ejecutivo, todo el PP se ha puesto detrás de él a defender esa apuesta que le ha generado importantes críticas, especialmente en el mundo empresarial. Los populares no dudan ya. Ni siquiera ahora que los recortes anunciados por Angela Merkel, la dirigente conservadora a la que, con el francés Nicolás Sarkozy, siempre pone el PP de ejemplo, han servido para que el PSOE atacara la posición de Rajoy.

El PP ha estudiado las medidas alemanas, y las que se han anunciado en otros países con Gobiernos conservadores, como Italia, Francia o el Reino Unido, para preparar su defensa frente al ataque del PSOE. Y aunque aún no se han visto obligados a responder a muchas preguntas, los populares ya tienen una respuesta socorrida: ninguno de los presidentes conservadores europeos, dicen en privado, ha planteado, como Zapatero en España, congelar las pensiones.

Esa es la medida que el PP considera más impopular -hay ocho millones de pensionistas en España, una clientela electoral en la que el PP tiene mucha fuerza, al contrario de lo que le sucede con los jóvenes, aunque la congelación afecta solo a los cinco millones que más ingresan- y a la que se aferra para justificar su rechazo a unos recortes drásticos que reclamó sin éxito durante dos años.

Los populares obvian así todas las demás similitudes, a las que se han opuesto en España pero que no critican en los otros Gobiernos europeos, como la bajada de sueldos a los funcionarios.

Otro de los asuntos que complica la argumentación del PP es el hecho de que prácticamente todos sus socios del Partido Popular Europeo que gobiernan, angustiados como España por una caída de los ingresos públicos, están planteando de una u otra manera subidas de impuestos, como se puede apreciar en el gráfico.

La respuesta del entorno de Rajoy, después de un análisis rápido de algunas de las propuestas, especialmente las alemanas, las más sonadas, es que esas subidas de impuestos no se han dirigido, como en España, a los ciudadanos -a través de la subida del IVA, contra la que el PP ha llegado a montar una campaña en la calle de recogida de firmas-, sino a los bancos o a distintos sectores como el de la energía. No es del todo cierto, ya que Alemania ya subió el IVA recientemente y otros países se plantean medidas similares, además del hecho de que España tiene una de las tasas de IVA más bajas de su entorno.

El PP no quiere aún aclarar, hasta conocer la posición del Gobierno español, si estarían de acuerdo con un nuevo impuesto para las transacciones financieras como el que plantea Alemania. Pero sobre todo los dirigentes populares insisten en un argumento: no se puede comparar la situación de España con la de ningún otro país del entorno, porque nadie tiene una tasa del 20% de paro.

(www.elpais.com, 10/06/10)

PP, EN LA AMBIGÜEDAD: NO APOYA LA HUELGA PERO SÍ A LOS FUNCIONARIOS

El PP se movió de nuevo ayer en el espacio que más le gusta: el de evitar las posiciones políticas polémicas y lanzar mensajes ambiguos. Los populares fueron interpelados por su posición sobre la huelga de los funcionarios. Esteban González Pons, el portavoz del partido, dijo que si él fuera funcionario, habría hecho huelga. Pero Soraya Sáenz de Santamaría, la portavoz parlamentaria, sin decir expresamente que el PP rechazaba la huelga, aclaró que ella, en la Junta de Portavoces, había votado en contra de la propuesta de Gaspar Llamazares y Joan Herrera (IU-ICV) para que se suspendieran los plenos de ayer en solidaridad con los funcionarios del Congreso, una iniciativa que no prosperó.

Sáenz de Santamaría se movió en la ambigüedad. "El PP respeta el derecho a la huelga, pero creemos que no es la solución", sentenció, para aclarar enseguida: "Sin embargo, entendemos la indignación de los funcionarios, es injusto que pactaran un aumento de sueldos hace solo seis meses y ahora les recorten".

Además de mantener la estrategia de acercarse a cualquiera afectado por los recortes del Gobierno, el PP se esforzó ayer por diferenciar los recortes en Alemania, promovidos por la CDU, un partido socio de los populares, de los que se han aprobado en España con la oposición del PP. "La principal diferencia es que a Angela Merkel no le han impuesto los recortes desde fuera, además ella no ha subido el IVA ni el IRPF", dijo Sáenz de Santamaría.

Cuando se le recordó que Merkel ya subió el IVA del 16% al 19% (un punto más que España) y se le preguntó si está de acuerdo con los nuevos impuestos a la banca y a la energía nuclear que impulsa Alemania, Sáenz de Santamaría evitó comprometerse. Dijo que cualquier debate sobre tasas a la banca o demás habría que plantearlo conjuntamente en toda Europa.

(www.elpais.com, 09/06/10)

"YO SOY ESPAÑOL, NO ALEMÁN"

En febrero de 2008, el líder de PP, Mariano Rajoy, fue a Berlín para entrevistarse con la canciller alemana, Angela Merkel. El dirigente conservador agasajó a su amiga política con un jamón de Teruel, una morcilla de Burgos y un cava de Girona. Al salir de la reunión, Rajoy manifestó su "orgullo" por tener como "socio y aliado" a la Unión Cristiano Demócrata (CDU), el partido de Merkel.

Ambas formaciones políticas pertenecen a la misma familia ideológica, el PP Europeo. No hacía ni un mes que la canciller y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, habían dado su bendición a Rajoy para que se presentara a las elecciones generales. El líder del PP siempre ha dicho que ambos eran "sus amigos" y "referentes".

Aquella cita con las urnas acabó en una derrota. Todo lo contrario que la de Merkel, que ganó en septiembre de 2009. Entonces, el líder de la oposición resaltó que su victoria se debía a que es "una persona que inspira confianza y tiene credibilidad".

Esa misma mujer fue la que el pasado lunes marcó el rumbo del recorte social en Europa presentando un drástico plan de ajuste con un ahorro de 80.000 millones hasta 2014. Eliminará 15.000 plazas de funcionarios, rebajará en un 2,5% el sueldo del resto de empleados públicos y reducirá las prestaciones por desempleo y las ayudas por hijo. Merkel ha ido más lejos que José Luis Rodríguez Zapatero. Pero en el PP prefieren evitar las comparaciones y seguir arremetiendo contra el presidente del Gobierno.

Los conservadores no han vacilado a la hora de agitar el fantasma de la crisis de Grecia y sembrar dudas sobre las cuentas de la economía española tratando de relacionarlo con Hungría donde se ha denunciado que se falsearon los datos. Pero ahora, al ser Merkel la promotora, el PP anda con pies de plomo. "Las situaciones no son equiparables", dijo el lunes la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en rueda de prensa. Ayer, el vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons, lo solventaba en Los Desayunos de TVE con un "yo soy español, no alemán". Pons mantuvo que su partido no ve que Zapatero "tenga un plan". "Sólo improvisa", comentó. El PP afirma que el ajuste alemán, más duro que el español, tiene "consistencia", y califica el del Ejecutivo socialista de "improvisado, insuficiente o injusto".

También la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, abordó este tema ayer. "La credibilidad de Merkel cotiza 200 puntos por encima de la de Zapatero", afirmó. A su juicio, en Alemania "se han impulsado medidas para consolidar su recuperación y aquí se han impuesto para tapar los agujeros del presidente del Gobierno".

Desde el Gabinete socialista pidieron ayer a Rajoy que rectificara y reconociese que las medidas que Zapatero está adoptando se están realizando en todos los países de la Unión Europea. El ministro de Fomento, José Blanco, exigió al líder del PP "responsabilidad". "Cada vez que Alemania, Reino Unido o Italia presentan un ajuste, la gente se dé cuenta de que Rajoy miente cuando habla", apuntó.

En el PP ahora miran hacia otro lado. No se oirá ninguna crítica contra Merkel. Ayer un dirigente conservador recordaba que la canciller no había tocado las pensiones. Esa fue la gran línea roja que el PP no estuvo dispuesto a cruzar en el Congreso. Y por eso votó en contra del decreto de recorte del déficit público.

Por aquel entonces varios europarlamentarios pidieron a Rajoy que se abstuviera. Según algunas fuentes, incluso Merkel llamó al presidente del PP para exigírselo y, después, viendo que no había seguido sus instrucciones, reprenderle. Pero los colaboradores del jefe de la oposición niegan tajantemente que la canciller tratara este asunto con él. Eso sí, reconocen que se hizo una labor preventiva entre los partidos de centro derecha del Parlamento Europeo. Se les dieron las explicaciones oportunas para que comprendieran su negativa.

Las mismas fuentes afirman que la relación con Merkel no se ha deteriorado "en absoluto". Se podrá comprobar el próximo 16 de junio cuando Rajoy acuda a la cena de los grandes líderes del PPE en Bruselas. Él siempre ha presumido de su entendimiento. Y volverá a hacerse la foto, aunque sea contradictorio que a ella la apoye y a Zapatero no.

(www.publico.es, 09/06/10)

EL SENADO DEJA SOLO AL PP CON SU TIJERETAZO

El PP subrayó con rotulador fluorescente la soledad parlamentaria del PSOE el pasado 27 de mayo, cuando el Gobierno sacó adelante su decreto ley de medidas de recorte del déficit por un solo voto y gracias a la abstención de CiU. Ayer los conservadores se quedaron aún más solos en la defensa de su plan alternativo de ajuste: no consiguieron sacarlo adelante. Y eso que no habrían tenido difícil ganar su moción, porque en el pleno del Senado, donde el PP hubo de encajar la derrota, los números les favorecen, ya que aventajan a los socialistas en 18 escaños.

La imagen de aislamiento del Grupo Popular se materializó a las 21 horas: 115 votos a favor, 135 en contra y una sola abstención, la de Mar Caballero, de Unión del Pueblo Navarro, partido ex socio del PP.

Ni siquiera CiU le apoyó. Jordi Vilajoana, su portavoz, ofreció una enmienda de cinco puntos a la representante del PP, Beatriz Escudero. Ella la rechazó, acusándole de presentar un papel "con generalidades y con medidas sin concretar", frente a lo que había presentado su partido, que preveía un recorte de 10.000 millones.

El PP, en su línea, tampoco concretó. En su moción, sus diez medidas ocupaban menos de un folio. Y detalles, no los había. Los conservadores reclamaban suprimir la Vicepresidencia Tercera y los ministerios de Igualdad y Vivienda; integrar Educación y Cultura y subsumir Sanidad en Trabajo. Incluían "reducir las subvenciones no productivas" sin decir cuáles, las ayudas a partidos, sindicatos y patronal, eliminar parte de las "2.654 empresas públicas", evitar "duplicidades" entre las administraciones, adelgazar el Gobierno central y menguar el número de asesores del Ejecutivo.

Escudero, en su intervención, juzgó un "error" bajar el sueldo de 2,6 millones de funcionarios o congelar la pensión a cinco millones de jubilados. "Podíamos asumir y comprender esas medidas si hubieran sido adoptadas en un marco de rigor del control del gasto público, pero no, ha habido derroche, despilfarro". La senadora, en la puesta de largo de la iniciativa estrella del PP, no contó con la presencia en el hemiciclo de la dirección de su grupo, ni siquiera Dolores de Cospedal.

El resto de grupos compartieron la necesidad del ajuste, pero no de ese ajuste. Vilajoana, aunque conciliador, denunció la criminalización de las autonomías que practica el PP, cuando "lo que hay que plantearse es qué Estado queremos". El senador de CiU coincidió con otros portavoces en la conveniencia de cerrar ministerios, pero no creyó oportuno indicar cuáles al Gobierno.

Lo que indignó a la Cámara fue el uso "demagógico" de las subvenciones a partidos y sindicatos. Y el asidero lógico y previsible se llamó Gürtel. Primero lo enseñó el socialista Anselmo Pestana, que avisó de la "desconfianza" a la clase política y las centrales sindicales que inducía la propuesta. El senador condenó la "falta de respeto y coherencia del PP" y su voluntad de "hacer ruido". Criticó que pretenda liquidar los cursos de formación continua.

Quien mejor redondeó el argumento fue Xosé Manuel Pérez Bouza (BNG): "Sólo el PP tiene financiación ilegal, y por eso no le hace falta financiación pública. ¿Para qué la va a querer, si le sobra el dinero?" .

En todo caso, si el PP quiere austeridad, que se aplique el cuento en su casa, le vino a reprochar Judith Alberich, de la Entesa, pues las autonomías con Gobierno conservadores sí están "sobredimensionadas". "Para dar lecciones, uno tiene que tener currículum", zanjó.

A flote salió una opción de recorte del déficit: "Cuestionan la financiación a los partidos, y no cuestionan la financiación a la Iglesia". Era la alternativa de Pérez Bouza. Se oyeron sonoros aplausos. Muchos, del propio Grupo Socialista.

(www.publico.es, 09/06/10)

RAJOY MANTIENE SU DISCURSO PESE A LOS RECORTES DEL GOBIERNO CONSERVADOR ALEMÁN

Desde la derrota de los laboristas en Reino Unido, solo Portugal, entre los países cercanos a España, sigue en manos de la izquierda. Allí, la oposición del partido conservador, hermano del Partido Popular español, ha apoyado unos recortes muy similares a los propuestos en España y ha subido el IVA hasta el 21% -España lo subirá al 18%-. Todos los demás Gobiernos de los grandes países europeos -en manos de conservadores socios del PP- están llevando a cabo recortes drásticos del gasto similares a los españoles con subidas de impuestos, que también rechaza el PP. Primero fue Italia, y ayer le llegó el turno a Alemania -la CDU de Angela Merkel es un partido muy cercano al PP-, que anunció un recorte radical con bajadas de sueldos públicos y eliminación del cheque-bebé, como en España. También Reino Unido, gobernado por el conservador David Cameron.

Mariano Rajoy, sin embargo, ha decidido no cambiar su estrategia del no a los recortes de Zapatero, a pesar de que eso suponga contradecir lo que están haciendo sus socios del Partido Popular Europeo (PPE). Varios estrategas del entorno del líder señalan que en este momento, lo importante es conectar con su electorado, y que los socios europeos entienden las razones del PP porque saben que lo importante es lograr que haya un cambio de Gobierno en España.

El PP está además convencido de que el electorado español no les va a castigar por esta posición, al contrario. Creen que el debate político en España está centrado en la figura de Zapatero, y que las comparaciones con lo que están haciendo otros países europeos no calan en el debate español. Tras la habitual reunión de maitines de los lunes, Dolores de Cospedal, la secretaria general, evitó la posible comparación entre lo que ha hecho Zapatero y lo que ayer anunció Merkel, a la que Rajoy siempre pone como ejemplo.

Cuando se le preguntó si el PP, dado que está en contra de bajar el sueldo a los funcionarios o de eliminar el cheque-bebé, votaría en contra del recorte alemán si pudiera, sentenció: "Alemania tiene una tasa de paro que es menos de la mitad de la española. No se pueden equiparar las situaciones. Cada Gobierno hace el plan que cree más conveniente. Nosotros tenemos que valorar el que ha hecho el Gobierno español, y creemos que no es el más conveniente para los intereses generales".

La posible contradicción con la línea de sus socios europeos no preocupa en la calle de Génova, aunque estos días tienen que dedicarle algo de tiempo. Rajoy no se prodiga mucho en la escena internacional. Viaja poco, aunque en los últimos meses no suele perderse el encuentro que con cada cumbre en Bruselas organiza el Partido Popular Europeo. El próximo día 16, Rajoy acudirá a la cena del PPE con Merkel y otros mandatarios conservadores, y está preparando un discurso para explicar a sus socios por qué la derecha española mantiene una línea tan diferente de la de sus socios.

Antes de esa explicación en persona de Rajoy, el PP ya ha enviado a sus socios una carta, adelantada por El Mundo, en la que les explicaba por qué el PP había rechazado el plan de Zapatero, un voto negativo que puso en riesgo su aprobación, que al final se logró por un voto. "Tenemos contacto constante con nuestros socios. Ellos saben que llevamos dos años pidiendo recortes, pero no estos recortes, que tocan las pensiones", sentencia un dirigente.

El PP ha optado por la línea de estar lo más cerca posible de cualquiera que sufra un recorte del presidente Zapatero para que los ciudadanos responsabilicen al Gobierno, y en ningún caso hagan partícipe a la oposición de esa responsabilidad. Por eso, Cospedal dijo ayer que el PP no cree que la huelga de funcionarios de hoy sea "una buena medida en plena crisis económica", pero aseguró a la vez que "el PP entiende la indignación de los funcionarios porque ellos están soportando el despilfarro de Zapatero".

(www.elpais.com, 08/06/10)

PP VUELVE A AGITAR EL FANTASMA DE HUNGRÍA PARA ATACAR A ZAPATERO

El PP insiste en la estrategia de comparar la situación económica de España con la de Grecia y Hungría. El sábado lo hizo su presidente, Mariano Rajoy, y ayer la secretaria general, Dolores de Cospedal, agitó de nuevo el fantasma de un colapso económico a la húngara en Coma-ruga (Tarragona). "El viernes las autoridades de Hungría decían que el Gobierno anterior había mentido acerca de la situación económica en el país", dijo Cospedal. "Pero ¿qué pasó? Que en cuanto hay una crisis de confianza en cualquier aspecto de la economía europea o de un país que pertenezca a Europa, inmediatamente donde más repercute es en la economía española. Hemos pasado del milagro español a ser un país intervenido".

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, contestó a la dirigente popular en un acto celebrado en Banalup-Casas Viejas (Cádiz). "El PP no se da cuenta de que estamos jugando con la imagen de España", dijo. "Cuando lo que está en juego es la imagen del país como serio y solvente, que lo es, ¿ayuda en algo que el PP ande diciendo lo que dice? No. Y no es que el PP esté haciendo daño al Gobierno. Está haciendo daño a España". "No es divertido", añadió, "porque las cosas no están para bromas".

(www.elpais.com, 07/06/10)

COSPEDAL: "QUE LOS TRABAJADORES ESTÉN TRANQUILOS, AQUÍ ESTÁ EL PP"

El PP quiere aprovechar a toda costa el desgaste político que genera la crisis económica. Y lo está haciendo a costa de todos, incluso de los sindicatos, que han recibido este domingo el codazo de la secretaria general de los conservadores, María Dolores de Cospedal, quien se ha vanagloriado de formar parte de un partido preocupado por los trabajadores.

"Si no hay sindicatos que sepan defender el derecho de los trabajadores, que éstos estén tranquilos, que aquí está el PP para defenderles", ha aseverado Cospedal en un acto en Catalunya, durante la clausura de la Escuela de Verano del PP catalán. Allí, en presencia de Alicia Sánchez-Camacho, presidenta de los conservadores catalanes, Cospedal ha asegurado que si su partido llega al Gobierno las pensiones "no se tocarán".

"Con nosotros las pensiones no se tocan", ha reiterado la secretaria general del PP, que ha añadido que su partido siempre dice la verdad. "Desde el PP nunca vamos a engañarles", ha declarado dirigiéndose a los electores del PSOE, que según Cospedal se sienten "traicionados" con las medidas austeras del Ejecutivo.

Cospedal ha aprovechado la ocasión para recrearse en la crisis y criticar al Gobierno por su gestión. "Hemos pasado del milagro español a ser un país intervenido", ha afirmado, en la línea del presidente de su partido, Mariano Rajoy, que también habló de intervención sobre España. La conservadora ha criticado la subida de impuestos propuesta por el Gobierno sobre el IVA y sobre las rentas más altas. "Se creen que los problemas se solucionan subiendo los impuestos".

Por criticar, la secretaria de los conservadores ha cargado hasta contra el Plan E. "¿Cómo es posible que vayamos a tener las mejores aceras pero se vayan a congelar las pensiones?", se ha cuestionado. "Se han gastado 13.500 millones de euros en menos de dos años y ahora hay recortes sociales", ha añadido para concluir calificando la política del Ejecutivo de "irresponsable" y "de derroche".

(www.publico.es, 07/06/10)

LOS SINDICATOS CREEN QUE ES "POPULISMO BARATO"

UGT y CCOO han acogido con severas críticas las propuestas del PP para recortar las transferencias a las comunidades autónomas para la gestión de la formación profesional para el empleo. Fuentes de ambos sindicatos enmarcan la iniciativa en "la campaña de tintes ideológicos" lanzada por el partido que dirige Mariano Rajoy para deslegitimar las actividades sindicales, ya que las centrales, como la patronal, gestionan parte de esos fondos.

"Es una bravuconada y una manera de hacer populismo barato", destacan fuentes de Comisiones Obreras. "Además, es difícil hacer un recorte de esas características, porque una parte importante de la financiación de los programas de formación profesional para el empleo procede de las aportaciones de empresas y trabajadores" y tienen "carácter finalista", aseguran desde UGT.

La financiación del sistema descansa, en efecto, en los fondos para formación que cada mes ponen las empresas (el 0,7% de la base de contingencias profesionales) y los trabajadores (que dedican un 0,10% de su nómina). El resto viene del Fondo Social Europeo y por el Servicio Público de Empleo Estatal.

En cualquier caso, la partida que el PP propone reducir a la mitad es la parte que se transfiere a las autonomías (1.097 millones). El PP no menciona en su plan a los restantes 1.200 millones que son gestionados por el Estado.

En conjunto, el gasto este año se eleva a 2.298,58 millones, un 4,5% menos que en 2009. Este descenso se debe a la necesidad de adaptarse a la previsión de caída de los ingresos derivados de las aportaciones a la Seguridad Social de empresas y trabajadores. Del total, 1.366 millones se destinarán a formar personas ocupadas, y los 932 restantes se invertirán en actividades para desempleados.

Las limitaciones presupuestarias harán que este año se reduzca en paralelo el número de empresas y trabajadores involucrados en actividades de formación. En 2009, según la Fundación Tripartita (en la que están la administración, los sindicatos y la patronal), participaron unas 300.000 empresas y recibieron formación más de tres millones de trabajadores del sector privado.

(www.publico.es, 07/06/10)

EL TIJERETAZO DEL PP SE CENTRA EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN

El líder del PP, Mariano Rajoy, tiene su propio plan para evitar que se congelen las pensiones y que los funcionarios vean reducido su salario. La alternativa de los conservadores plantea un recorte de sólo 3.120 millones de euros, frente a los 8.250 que prevé ahorrar el Gobierno gracias a ambos colectivos. Es decir, que el ahorro del PP no llega ni al 40% de lo previsto en funcionarios y pensiones y representa menos del 21% del ajuste total de 15.250 millones. Lógicamente, el tijeretazo del PP también tiene sus damnificados: los cursos de formación que reciben al año tres millones de trabajadores y las ayudas que España destina al desarrollo del tercer mundo.

Hasta la fecha, el líder del PP no ha desgranado en público este plan de ahorro. Su intención era defenderlo el pasado 27 de mayo en el Congreso de los Diputados, durante el debate sobre el decreto ley de recorte del gasto. Pero finalmente no hubo turno de réplica y Rajoy no pudo exponer su alternativa. Se trata de un documento de cinco folios, elaborado por la asesoría del Grupo Parlamentario Popular.

Aunque el documento del PP cifra en 3.120 millones el recorte del gasto en la Administración General del Estado, en realidad sólo se concretan por capítulos presupuestarios 1.251 millones, es decir, el 40%. Público preguntó al PP de qué partidas concretas se ahorrarían los otros 1.869 millones y la respuesta del partido fue la siguiente: "Provienen de transferencias a sociedades estatales y convenios con comunidades autónomas y corporaciones locales". Eso sí, evitó aclarar de qué transferencias y convenios se trata.

¿Dónde apuesta el PP por meter la tijera? Las dos principales partidas afectan a los cursos de formación continua y a la ayuda al desarrollo. "En subvenciones, formación y otras partidas a sindicatos, aplicando el 50% de recorte, se ahorrarían 537.798.000 euros", se indica en el documento. Un portavoz oficial del PP explicó a este diario que se trataba de las partidas 443 y 452 de los Presupuestos. La primera corresponde a los gastos corrientes de la Fundación Tripartita integrada por el Gobierno, la patronal y los sindicatos y está dotada con 39 millones de euros. La segunda tiene un presupuesto de 1.097 millones de euros, dedicados a "la gestión por las comunidades autónomas de la formación profesional para el empleo". Es decir, la formación continua.

Fuentes sindicales consultadas por Público consideran que el PP quizá no es consciente de que este recorte en formación supondría dejar sin empleo a miles de personas que se encargan de impartir las clases. Además del perjuicio que supondría para los tres millones de trabajadores que se quedarían sin formación.

De todas las partidas mencionadas en el documento, la más cuantiosa es la de ayuda a países del tercer mundo. El PP está convencido de que es posible recortar estos fondos en un 36% para conseguir un ahorro de 624 millones de euros. Este tijeretazo se distribuiría de la siguiente forma: 500 millones menos para el Fondo de Ayuda al Desarrollo que tiene un presupuesto en 2010 de 1.355 millones, otros 50 millones restados al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento que en total tiene 300 millones y 74,6 millones eliminados en subvenciones al desarrollo.

(www.publico.es, 07/06/10)

ENTRE ALTOS CARGOS Y PERSONAL EVENTUAL DEBERÍAN IR A LA CALLE 508 PERSONAS

Aunque el PP explica en este caso al menos de qué partida presupuestaria suprimiría el dinero, lo que no hace es aclarar los programas concretos que descartaría. En el documento sólo se detalla la eliminación de ayudas que suman 10,5 de los 624 millones que los conservadores quieren ahorrar. Así, por ejemplo, rechaza destinar 733.333 euros a la descentralización en Angola, dedicar 50.000 euros para la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras o emplear 46.000 euros en un archivo de sonidos del Perú.

El partido de Rajoy también critica que la Fundación Pluralismo y Convivencia, creada en 2005 en el marco de la Alianza de Civilizaciones, perciba cinco millones de euros al año. El objetivo de esta fundación, cuyo patronato preside Francisco Caamaño, ministro de Justicia, es promover la libertad religiosa a través de la cooperación con las confesiones minoritarias.

Tampoco ve con buenos ojos la dotación de un millón de euros al Instituto Universitario para la formación e investigación de las disciplinas relacionadas con la Alianza de Civilizaciones, partida del Ministerio de Educación. Ni los dos millones destinados a la Federación de Ikastolas de Navarra.

Una de las partidas más llamativas por sus consecuencias es aquella con la que los conservadores apuestan por reducir los gastos de personal del Estado. Concretamente, una reducción de un 25% de los altos cargos y de un 50% del personal eventual de los ministerios. Aplicar el recorte que propone el PP supondría prescindir de 125 altos cargos y de 383 integrantes del personal eventual. En total, 508 personas pasarían a engrosar las listas del paro.

Al ser preguntado por esta cifra, el portavoz oficial del PP respondió lo siguiente: "El Grupo Popular no ha dado un número total de altos cargos ni eventuales. Lo que ha dado es el ahorro que representa dar cumplimiento a las iniciativas aprobadas en el Congreso que instan a la reducción de altos cargos en un 25% y el ahorro que supone prescindir en tiempos de crisis del 50% de funcionarios eventuales. En relación al número, corresponde al Gobierno determinar qué puestos de altos cargos podrían ser amortizados por no ser funcionarios".

El ahorro del que habla el PP en su documento suma 9.276.690 euros en nóminas de altos cargos y 24.646.000 euros en el caso del personal eventual. En total, 33.922.750 euros.

El PP también apuesta por reducir al 50% la partida de gastos corrientes de funcionamiento. "Lo cual supone rebajar a la mitad los gastos en material, suministros, publicidad y propaganda, estudios técnicos, reuniones, conferencias, cursos, prensa y revistas, gastos protocolarios y publicaciones". No aparece detallado el monto total de ahorro que supondrían tales reducciones. Pero sí algunos ejemplos. Los conservadores hablan de un ahorro superior a los siete millones de euros en atenciones protocolarias y de representación y de más de seis millones en gastos en publicaciones.

En las últimas semanas, Rajoy también ha hablado con insistencia de reducir las subvenciones a los partidos políticos. Primero habló de eliminarlas por completo, pero en el documento se concreta la intención de reducir en un 50% la partida que el Ministerio del Interior destina a subvencionar a los partidos. Ello supondría un ahorro de 41.597.830 euros al año por esta vía.

Los conservadores, con la financiación de su formación en el punto de mira a cuenta del caso Gürtel, han apostado en los últimos días por enarbolar la bandera de la austeridad en los gastos electorales. De hecho, Rajoy ya se ha comprometido en público a luchar para que se reduzcan "a la mínima expresión".

(www.publico.es, 07/06/10)

EL PP CALIFICA A ESPAÑA DE PAÍS «INTERVENIDO» Y «DESPRESTIGIADO»

En tan solo 24 horas, el estado del enfermo español, aquejado de una crisis económica, se ha agravado, según el PP. El diagnóstico conservador ha hecho que el país pase de la UVI al quirófano en un tiempo récord. Al menos es lo que se desprende de las declaraciones realizadas por los máximos responsables del partido durante el fin de semana. El sábado, el líder, Mariano Rajoy, afirmó que España se encontraba «en libertad vigilada». Ayer, su número dos, María Dolores de Cospedal, elevó la gravedad de la situación y habló de «país intervenido». Al calificativo le añadió el enésimo ataque al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien acusó de haber dilapidado «la reputación que tenía España» y haberla cambiado «por el desprestigio».

Rajoy y Cospedal tampoco coincidieron a la hora de enjuiciar si Zapatero ocultó la verdadera dimensión de la crisis. El líder del PP le emplazó el sábado a «extraer lecciones de los errores» cometidos por Grecia y Hungría. «No se puede ocultar nunca la realidad y hay que decir la verdad por dura que sea», reprochó Rajoy. En cambio, Cospedal aseguró ayer que el problema es que el jefe del Ejecutivo «se ha enterado hace poco» del alcance de la crisis económica, y que, mientras tanto, ha llevado a cabo «una política irresponsable de derroche que ha hecho que la deuda pública se desate».

Durante su intervención en la clausura de la escuela de verano del PP catalán, en Coma-ruga (Baix Penedès), Cospedal erigió a los populares, no solo como alternativa al PSOE, sino también a los sindicatos. «Si no hay sindicatos que sepan defender el derecho de los trabajadores, que estos estén tranquilos, que aquí está el PP para defenderles», proclamó ante unos 250 militantes.

De manera específica, la secretaria general del PP se dirigió a los pensionistas, a quienes garantizó que su partido «no tocará» las pensiones en caso de regresar a la Moncloa. Y de nuevo evidenció la estrategia de los conservadores de cortejar a los votantes socialistas «traicionados» por Zapatero con el tijeretazo. «Desde el PP nunca vamos a engañarles», les dijo en lo que definió como un mensaje de «tranquilidad».

Paradójicamente, mientras en España el PP persigue al simpatizante desencantado del PSOE, en Catalunya explora el yacimiento de CiU, con la coartada del miedo al independentismo. En el mismo acto, la candidata popular a la Generalitat, Alicia Sánchez-Camacho, presentó a su partido como la única alternativa frente al secesionismo. A falta de que CiU responda a la mano tendida por ERC para colaborar tras las elecciones de otoño, Camacho tachó de «hipócrita» que los convergentes exhiban sentido de Estado en Madrid y flirteen con los republicanos en Catalunya.

(www.elperiodico.es, 07/06/10)

RAJOY SIEMBRA DUDAS SOBRE LAS CUENTAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Hace tan sólo semanas el PP agitaba el fantasma de la crisis griega. Su presidente, Mariano Rajoy, incluyó la de Hungría en su discurso.

El dirigente conservador puso el punto de mira en ambos países comunitarios con el fin de extraer una cuantas "lecciones" para España. Así, Rajoy, que se encontraba en un mitin en Viator (Almería), las fue enumerando una por una ante un público que, expectante, le exigía a gritos que diera "caña". "No se debe ocultar nunca la realidad; hay que decir la verdad por dura que sea; ser austero y no gastar por encima de las posibilidades del país; y hacer un plan nacional con reformas para que no nos ocurra lo que a otros. Esas son las lecciones que tenemos que aprender de Hungría y de Grecia", fueron sus recomendaciones.

Pero sonaron a advertencias. Sobre todo después de la resaca de la noticia del día anterior, cuando el Gobierno húngaro de centro derecha, que acaba de tomar posesión, acusó al anterior Ejecutivo socialista de haber manipulado las cuentas, provocando el miedo de los mercados internacionales y una nueva caída del euro.

Poco antes de la intervención de Rajoy, desde Hungría trataban de calmar los ánimos afirmando que la situación económica del país estaba estabilizada y no existía peligro de bancarrota. Pero al jefe de la oposición ya nada podía desviarle de su objetivo. Llevaba preparado su titular para entrar en los informativos: "Hace unos años se hablaba en todo el mundo del milagro español y hoy somos un país en libertad vigilada" por la Unión Europea.

Ese es, según él, uno de los "balances" que deja el Gobierno socialista. El otro son las cifras del paro. Rajoy recordó "unos datos escalofriantes", comparando 1996 con 2010, al tiempo que resaltaba que la tasa de desempleo es similar. Además, criticó la reforma laboral que "ya llega tarde". "Dos años mareando la perdiz", denunció.

"Hoy nos dan órdenes, nos dicen lo que tenemos que hacer. Esto no había ocurrido nunca en la historia de España y yo os aseguro que no volverá a ocurrir nunca porque el PP hará las cosas como hay que hacerlas", aseguró anticipando su desembarco en La Moncloa.

Dentro de su negatividad, Rajoy quiso destacar que "hay motivos para la esperanza y para saber que se pueden hacer políticas que sirvan para crear empleo". De la mano de su partido, por supuesto. Aunque no explicó en ningún momento cómo hacerlo.

"Desde el PP estamos preparados", repitió en varias ocasiones durante su intervención. Y como se encontraba en Andalucía, Rajoy quiso poner de ejemplo el trabajo que allí desarrolla su formación, liderada por Javier Arenas. "Están liderando un proceso de cambio. Cada vez (más) esto se ve y se palpa. Lo dicen las encuestas, pero lo ves cuando andas por la calle", señaló el líder conservador. Rajoy presumió de que su partido ya ha "demostrado" a la sociedad que sabe "crear empleo y generar confianza trasladando que al frente de la nave hay timoneles que saben lo que hay que hacer".

En el partido, sin embargo, hay muchos dirigentes a los que precisamente les preocupa este último tema. Consideran que una de sus asignaturas pendientes es que se visualice a su gabinete en la sombra. Aunque varias de las caras que acompañan a Rajoy en la actualidad podrían tener su silla en el Consejo de Ministros, algunos diputados apuntan que faltan figuras de peso para esa bancada y que, por ejemplo, el nombre del ministro de Economía es clave.

Todo estas cavilaciones demuestran que los conservadores ya se ven gobernando. Sin embargo, algunos dentro del comité de dirección piden cautela para no dar la partida por ganada antes de tiempo.

Por si acaso, Rajoy volvió a cargar contra José Luis Rodríguez Zapatero. "Es difícil gobernar, pero es imposible hacerlo peor", le reprochó. El líder del PP volvió a señalar que es "injusto" que la gente pague los "descomunales errores" del Ejecutivo socialista.

El líder del PP en Andalucía y una de las personas de mayor confianza de Rajoy, Javier Arenas, aprovechó su discurso para hacer más sangre. "¡Qué vergüenza, señores socialistas!, ¡qué vergüenza, que sigan despilfarrando todos los días y les recorten las pensiones a los mayores". Su plan: "La confianza sólo llegará con Mariano en La Moncloa".

(www.publico.es, 05/06/10)

GALLARDÓN INSTA A "LOS MERCADOS" A EVALUAR LA NO DIMISIÓN DE ZAPATERO

Aunque la inestabilidad política es un factor que penalizan los inversores y a pesar de que el Gobierno de Zapatero tiene dos años por delante de legislatura, desde el PP insisten estas semanas en lanzar el mensaje de que mientras no ocupen el poder no habrá tranquilidad. Así lo ha hecho el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha dado un paso más al insinuar lo que deberían hacer los mercados. En un texto difundido en su blog, asegura que el actual Ejecutivo está "en tiempo de descuento" y se ha convertido en "un elemento paralizante de la economía nacional". "En tanto no hay dimisión del Presidente o elecciones generales, también eso debe ser valorado por los mercados", advierte.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha visto obligado en adoptar un plan de emergencia para reducir el déficit de su ayuntamiento y pasa por una reducción de hasta el 20% de los gastos ya presupuestados para este año, o por aplazar obras. Sin embargo, eso no le impide ser una de las voces que dentro del PP aprovecha las medidas de ajuste presentadas por el Gobierno de Zapatero para exigir su dimisión o elecciones anticipadas.

Reincidente en mensajes de confianza

Ya antes de la presentación del plan de ajuste gubernamental y mientras Zapatero buscaba en Moncloa la complicidad del principal partido de la oposición ante los ataques especulativos al euro, Gallardón difundió un texto en su blog en el que aseguraba que el PP es “la única razón para la confianza que les queda a nuestros compatriotas".

El país “en compás de espera”

Ahora el alcalde ha dado un paso más al prescribir directamente a los inversores lo que deben “valorar”. De nuevo desde su blog ha difundido un artículo en el que insiste en que “el Gobierno da sus últimas boqueadas y la vida del país se ha reducido a un compás de espera, en tanto llega uno nuevo que permita por fin a España volver a ser quien es”.

Ansiedad por llegar al poder

En esa línea, Gallardón asegura que en 1995 –cuando el PP empezó a gobernar- los españoles “remontaron la crisis que nos dejaban trece años de ejecutivos socialistas” y apela a “hacerlo otra vez” aunque advirtiendo de que “cuanto más corra el tiempo sin un cambio de gobierno, más complejo resultará después”.

Sugerencia a los mercados

La invitación a los mercados sobre cómo deben actuar está al final del texto del alcalde, tras resaltar “la agonía de este Ejecutivo, que el pasado jueves entró en tiempo de descuento” y que se ha convertido en “un elemento paralizante de la economía nacional”, descalificativos tras los cuales invita a no caer “en la peligrosa tentación de extender la desconfianza al conjunto del país”. “[España ]terminará por salir adelante. (En tanto no hay dimisión del Presidente o elecciones generales, también eso debe ser valorado por los mercados)”, concluye.

(www.elplural.com, 01/06/10)

LOS EMPRESARIOS REPROCHAN AL PP SU OPOSICIÓN AL AJUSTE

La cita del presidente de los populares, Mariano Rajoy, con la 26ª Reunió del Cercle d’Economia fue mucho menos plácida que en anteriores ocasiones. El líder del PP tuvo que aguantar preguntas referidas a su oposición "poco constructiva". Y la primera, del presidente de la entidad, Salvador Alemany, que incluso emuló a un periodista: "¿Tenía el PP un plan alternativo en el supuesto de que el decreto del tijeretazo no hubiera sido aprobado por el Congreso?".

Rajoy, visiblemente contrariado por algunas cuestiones y por la actitud de CiU en el Congreso el día anterior, puso en duda que se pudiera hablar de sentido de Estado por abstenerse y "prolongar la agonía" del Gobierno, como, a su entender hizo la federación nacionalista. Y añadió que, si no hubiera prosperado el texto legal, el Gobierno tenía todavía dos opciones: "Presentar un plan de reformas para el resto de la legislatura y buscar apoyos para el mismo o bien convocar elecciones".

Esta actitud originó muchas críticas por parte de los empresarios asistentes, que le reprocharon que, en todo caso, él podía haber promovido una moción de censura contra Ejecutivo. Muchos alabaron, en cambio, la decisión de CiU, y la contrapusieron al "cuanto peor, mejor" del PP. También se mostraron escépticos ante la posibilidad de que los conservadores rectifiquen su estilo de oposición.

Alemany le preguntó asimismo a Rajoy si es cierto que la cancillera Angela Merkel lo llamó antes de la votación en el Congreso. Rajoy, incómodo ante la cuestión, ni lo confirmó ni lo negó y se limitó a decir que "nadie" le había llamado para confirmar esa información.

El presidente del PP insistió en que su partido no podía votar un ajuste como el planteado por el Ejecutivo, que volvió a tachar de "injusto, improvisado, insuficiente e ineficaz", los mismos términos que ya empleó en el Parlamento. En su opinión, "quien no ha tenido sentido de Estado es el Gobierno", al que criticó por no haber querido presentar un paquete de medidas pactado. "El PP no ha recibido ni una llamada para negociar un acuerdo", sentenció con contundencia.

Durante su discurso ante los socios del Cercle, en su mayoría empresarios y académicos, defendió la necesidad de un "cambio global" para que la economía vuelva a funcionar. Y ese cambio, agregó, no solo debe ser de Gobierno, sino también de "diagnóstico, de objetivos, de comportamientos, de formas y de maneras de manejar la cosa pública". En este marco incluye una necesaria recuperación de la estabilidad en las cuentas públicas, así como una "reforma integral del sector público".

Rajoy afirmó que España ha superado retos como la entrada en el euro y que sabe sacrificarse cuando es consciente de que "vale la pena". Se trata, afirmó el presidente del PP, de "movilizar toda esa energía positiva" para cambiar el rumbo "hacia el destino de la recuperación", así como para "poner los cimientos de la nueva etapa de la economía española". A su entender, si se sigue esta estrategia para la recuperación y para superar la recesión, "incluso podemos salir reforzados de la crisis".

El jefe del principal partido de la oposición está convencido de que el incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria ha sido "tan sistemático y tan amplio que al final ha ocurrido lo que parecía impensable: los mercados financieros dudan de la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas".

Todo ello, aseguró convencido, ha forzado al Gobierno a improvisar y a pasar "de la política de gasto a la de recortes, pero aún no se ha emprendido la política de reformas". Para marcar su diferente manera de actuar respecto a la del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuya decisión de no asistir a las jornadas ha sido muy criticada por los empresarios, Rajoy aseguró que él "siempre encuentra un hueco en su agenda para asistir a un acontecimiento" como ese".

(www.elperiodico.com , 29/05/10)

RAJOY OPTÓ POR EL 'NO' PESE A LA PRESIÓN DE VARIOS BANQUEROS

Hubo debate interno y dudas entre la abstención y el no casi hasta el final, pero en el último momento, entre el mensaje de estabilidad frente a mercados y socios europeos y la conexión con su electorado, Mariano Rajoy optó por lo segundo. El líder del PP lo dejó clarísimo en el debate. "Este decreto ley simboliza el fracaso de toda su política y no solo la económica, y desde luego, mi grupo parlamentario no va a contribuir con su voto a que el principal problema de la economía española, usted, siga ahí. Si otros lo hacen será su responsabilidad".

Rajoy se guardó la decisión hasta el miércoles. Hasta el último minuto, según confirman diversas fuentes de la dirección, recibió todo tipo de presiones de banqueros y empresarios. Le pedían que al menos se abstuviese, lo que garantizaba la aprobación. Que no votase en contra y pusiese en peligro un recorte apoyado por la Unión Europea, el FMI, la OCDE y hasta EE UU, y pensado sobre todo para aliviar la presión de los mercados sobre España.

Rajoy dudó, según su entorno, pero tomó la decisión de votar no al estar casi seguro de que el recorte saldría adelante gracias a la abstención de CiU. De hecho, algunos dirigentes creen que si hubiera estado en riesgo la aprobación, el PP habría cambiado el voto.

Lo que sí es una decisión estratégica de Rajoy y su equipo es lanzarse sin freno al cuello de Zapatero como si las elecciones estuviesen a la vuelta de la esquina, presionen o no los empresarios o los socios europeos. "Ni los empresarios ni Sarkozy se presentan a las elecciones en España. Nosotros tenemos que ganarlas. Ese es nuestro trabajo", resume un dirigente.

Rajoy, muy crecido ante la debilidad del Gobierno, estaba molestísimo porque tenía preparada una réplica para responder a Zapatero. Estaba convencido de que el presidente subiría a la tribuna. No lo hizo, y Rajoy se quedó sin réplica y sin la mitad del discurso. Al líder del PP también le molestó no poder replicar a Josep Antoni Duran, que hizo lo contrario que el PP: pidió elecciones anticipadas en 2011 pero permitió que el decreto saliera adelante "por responsabilidad".

El líder del PP evita pedir elecciones. Dicen en su entorno que lo hará cuando acabe la presidencia española de la UE. Pero muchos dirigentes de su confianza sí lo hacen. fue Alberto Núñez Feijóo, informa José Precedo: "Lo razonable cuando uno no puede servir a su país es cuestionarse muy seriamente si debe consultar a su país y a eso se le llama hacer unas elecciones".

(www.elpais.com, 28/05/10)

RAJOY RECONOCE QUE VOTÓ CONTRA EL RECORTE PARA HERIR A ZAPATERO

Se puede decir más alto, pero no más claro: "El PP no contribuirá con su voto, señor Zapatero, a que usted siga ahí". Con esa inequívoca declaración de intenciones, Mariano Rajoy verbalizó en el Congreso lo que ya casi todos sabían. El rechazo del PP al plan de ajuste –perjudicial para su imagen de partido de gobierno, tanto en España como en el resto de Europa– tiene como principal objetivo seguir torpedeando al jefe del Ejecutivo. O lo que es lo mismo, dar un paso más hacia la convocatoria de unas elecciones anticipadas que lleven a los conservadores a la Moncloa por la vía rápida.

Rajoy decidió responder personalmente desde la tribuna la intervención de la vicepresidenta Elena Salgado, en espera de una réplica de Zapatero que no llegó. El popular cargó cual general de húsares contra el líder socialista. "Este plan es insuficiente, injusto e improvisado. Se quiere imponer y lo presenta una persona en la que no creemos y que es un lastre para la economía española", sentenció.

Pese a que respondía a la intervención de Salgado, el dirigente conservador no se dirigió en ningún momento a la ministra y siguió mordiendo a su presa, el presidente del Gobierno: "Este decreto no merece nuestro apoyo ni el señor Zapatero está en condiciones de pedirlo. Hoy, no solo asistimos a la quiebra de sus propios planteamientos: este decreto es el fracaso de toda su política". Tras el Pleno y en conversación informal con periodistas, Rajoy admitió su enfado porque Zapatero no había recogido el guante y no había entrado al cara a cara en el debate. Y es que el líder del PP ansiaba un turno de réplica extra que le hubiera permitido, además, recalcar al portavoz de CiU que ambos persiguen el mismo objetivo –que Zapatero dimita– pero con la diferencia que al líder de UDC le interesa que lo haga después de las elecciones catalanas. También quería ahondar Rajoy en su reproche al Ejecutivo por no haber sido capaz de encontrar "un hueco en la agenda" para abordar con él un camino alternativo para reducir el déficit, sin congelar las pensiones y reducir el salario de los funcionarios. "Estas medidas se han tomado a la ligera y cargan sobre las capas más indefensas de la sociedad", apostilló.

En este contexto, el dirigente conservador hurgó en la herida que más duele a los socialistas y dijo que han ido a por los pensionistas porque no tienen "ninguna capacidad de defensa". "España, lo que necesita es un plan integral de actuaciones que, además de reducir el gasto, busque liberalizar mercados y consolidar el sistema financiero", afirmó.

Finalmente, Rajoy quiso hacer un guiño a la Unión Europea para amortiguar los efectos colaterales de su rechazo a un plan ordenado desde Bruselas: subrayó que es cierto que Europa "ha obligado" a España a recortar el gasto público, pero sin indicar "dónde había que meter la tijera". A su entender, la elección de las partidas y de los colectivos afectados era responsabilidad exclusiva de Zapatero, lo que le llevó a concluir que los recortes sociales se podían haber evitado sin contradecir las consignas enviadas desde la UE. "Reducir el déficit, sí, pero no así. La peculiar manera de hacer las cosas de su Gobierno es el principal motivo de desconfianza sobre la economía española", concluyó el líder de la oposición.

(www.elperiodico.com, 28/05/10)

RAJOY PIDE A ZAPATERO LO QUE EL PP NO CUMPLE DONDE GOBIERNA

El presidente del PP, Mariano Rajoy, pidió en un acto del partido en Córdoba, "una amplia reforma de las Administraciones Públicas". "Todas necesitan una dieta de adelgazamiento. Es inevitable. Hay que reducir organismos públicos", señaló ante los suyos. El dirigente conservador denunció que sólo en Andalucía hay 317 empresas públicas y destacó que el resto de comunidades autónomas le van a la zaga. Rajoy propuso evitar duplicidades y lamentó que para el tema de la vivienda, por ejemplo, existan tres agencias: la estatal, la municipal y la autonómica.

Al líder de la oposición no le parece "bueno" que repitan la "misma estructura del Estado" y denunció que "gastan mucho y mal". "Lo que no está escrito", proclamó. A su juicio, y más ahora que se le están haciendo "recortes a los más débiles", se debería afrontar este asunto de una vez por todas. "Les va a sentar muy bien y las va a convertir en eficaces", concluyó.

Rajoy también aprovechó para cargar contra el decreto del Gobierno. Los conservadores llevan meses exigiendo un recorte del déficit público pero ahora que se afronta difieren de la fórmula empleada. El presidente del PP lo tachó de "estacazo" y considera que Zapatero ha impuesto "sacrificios injustos a millones de españoles que no tienen la culpa de sus errores y que se han convertido en los paganos del presidente".

Además, cree que con ello lo único que se logra es "rebajar el crecimiento de España e impedir la creación de empleo". Para él es la señal que revela "la degradación a la que ha llegado el Gobierno". El PP, dijo, habría utilizado otro sistema. Volvió a hablar de fusionar ministerios, de suprimir la "inútil" vicepresidencia tercera que ocupa Manuel Chaves y propuso una reducción de las ayudas a organismos internacionales y de "todas" las subvenciones. "Con esto se ahorraría una barbaridad", defendió.

Sin embargo, según los cálculos del Gobierno socialista, con las recetas que el PP llevó al Pacto de Zurbano, el pasado 5 de mayo, no sólo no se reduciría el déficit público, sino que se incrementaría en casi 15.000 millones de euros, es decir un punto del PIB. Pero Rajoy sigue lanzando sus soluciones. Hace unos días habló del despilfarro de las embajadas autonómicas y reclamó la eliminación del 25% de los altos cargos. recuperó algunos de esos mensajes y, de paso, animó al Gobierno a presentar una ley que permita a las comunidades privatizar sus televisiones autonómicas.

Todas las propuestas de Rajoy suenan a melodía política a las que el PP le debe poner aún la letra. Los conservadores podrían llevar a la práctica muchas de las iniciativas que lanzan en Galicia, La Rioja, Castilla y León, Madrid, Comunitat valenciana, Murcia y hasta en Canarias, donde gobiernan junto a Coalición Canaria. Rajoy, que se reunió hace una semana con sus barones territoriales, no les habló de dietas y no les dio orden de aplicar todo aquello por lo que aboga en público como ejercicio de ejemplaridad. Lo único que logró arrancar a sus presidentes fue el compromiso de reducir el sueldo de sus políticos en la misma cuantía en la que lo hagan en el Gobierno y en el Parlamento.

El PP se defiende. Sus responsables sostienen que lo que anunció Rajoy era "una idea" y explican que lo que pretende su formación es que se "definan" los ámbitos competenciales y que, de una manera "racional" se vaya reduciendo el conjunto de las administraciones públicas. Además, mantienen que allá donde gobiernan están haciendo "esfuerzos importantes" de recorte.

(www.publico.es, 22/05/10)

LA OPOSICIÓN DEFIENDE AHORA LOS GASTOS SOCIALES PARA ATACAR AL GOBIERNO

El PP llevaba meses reclamando un recorte drástico del gasto público. Lo había cuantificado: 10.000 millones en 2010. Pero cuando Zapatero llegó al Congreso proponiendo exactamente ese mismo recorte de 10.000 millones y haciendo el mismo discurso que el PP había reclamado sin éxito, se encontró con un Mariano Rajoy que se erigió en defensor de los gastos sociales, le negó el apoyo y le exigió que antes elimine varios ministerios, recorte la financiación a sindicatos, partidos políticos y organizaciones empresariales, y revise todas las subvenciones.

El discurso de Rajoy, muy duro en el fondo y en la forma, logró dos objetivos políticos. Primero, dejó muy claro que, como ha dicho en varias ocasiones, no piensa "corresponsabilizarse" de la crisis. Negó tajantemente el apoyo a la congelación de las pensiones en 2011 -el Gobierno sólo subirá las mínimas- y atacó a Zapatero por recortar el salario de los funcionarios y eliminar el cheque-bebé, una iniciativa muy criticada por el PP cuando se presentó.

El mensaje político era clarísimo, y así lo entendieron enseguida en su bancada: el PP no ayudará al Gobierno a amortiguar los costes de las medidas más antipopulares. El segundo objetivo que logró el líder del PP fue interno. El discurso duro, sobre todo con el mensaje que los socialistas calificaron de demagogo contra los sindicatos, los gastos de la política -el mismo día en que se conocía un informe sobre supuesta financiación ilegal del PP valenciano, según le recordó Zapatero- animó mucho a la bancada popular. El discurso antisindicatos y antiartistas de izquierdas, denominados en el mundo conservador "los de la ceja" por su apoyo a Zapatero, tuvo muchísimo éxito.

Rajoy fue muy aplaudido, mucho más que otras veces, y los diputados populares salían del hemiciclo visiblemente satisfechos. "Por una vez ha sido valiente, hablar del tema de los sindicatos en un día como hoy es valiente, el mensaje ha sido claro y contundente", sentenciaba un veterano.

Los dirigentes del PP insistían en que no tiene sentido, a un año de las elecciones, que un Gobierno como el de Zapatero, que tiene mayoría, exija a la oposición que le apoye en las medidas más impopulares. "Nuestra gente quiere que Zapatero se vaya como sea. Creen que es una urgencia nacional. No tiene sentido respaldarle ahora", sentenciaba otro. En general había un análisis muy positivo del discurso de Rajoy. "Zapatero ha estado zombi. Y Mariano, a la gallega, le ha venido a decir que se vaya. Ahora sólo queda que pida elecciones anticipadas. No tardará mucho en hacerlo", se alegraba un diputado.

(www.elpais.com, 13/05/10)

EL AJUSTE DE RAJOY SE QUEDA EN 111 MILLONES

"Estoy dispuesto a hablar con usted de sus propuestas para la reducción del déficit, pero debería usted hacer antes otras cosas y se las voy a decir". Fue el momento del debate de ayer en el que el líder del PP, Mariano Rajoy, defendió su alternativa al ajuste del gasto planteado por el presidente del Gobierno.

Básicamente, su planteamiento es la eliminación de varios ministerios, que desaparecerían sin más (la vicepresidencia de Política Territorial, el Ministerio de Vivienda y el de Igualdad) o que se integrarían en otros (los de Cultura y Sanidad, que se juntarían, respectivamente, con Educación y con Trabajo), y una revisión en profundidad de las subvenciones públicas. En este punto, su propuesta concreta fue la reducción de las ayudas que reciben del Presupuesto del Estado los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones sociales empresariales.

¿En qué se quedaría el ajuste alternativo expuesto por el líder conservador? En poco más de 110,9 millones de euros; esto es, el 0,06% del gasto no financiero del Estado de este año.

Por un lado, esta cantidad incluye no la reducción, sino la eliminación completa de las subvenciones a partidos, sindicatos y patronales. Son unos 107,8 millones, frente a los 103.024 millones del capítulo presupuestario de transferencias corrientes. Aquí se recogen, entre otras partidas, las subvenciones; pero el grueso de este capítulo son el dinero de la financiación autonómica, la aportación al presupuesto de la Unión Europea, el desempleo, los complementos para las pensiones mínimas de la Seguridad Social o aportaciones diversas a organismos públicos.

El PP, en su alternativa, propone revisar todas las partidas de subvenciones y eliminar las que no estén debidamente justificadas. Tal revisión, según los expertos consultados, afectaría especialmente a las transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro, donde se localizarían lo que se entiende por subvenciones. Es una partida de 2.950 millones, donde, entre otras cosas, están las becas, las ayudas a los inmigrantes, las prestaciones para ancianos y enfermos incapacitados, el pago del turno de oficio, las subvenciones al transporte con Canarias y Baleares y, también, el dinero para partidos, sindicatos y patronales.

Los expertos apuntan que tampoco hay mucho que rascar con la eliminación de algunos departamentos ministeriales. El ahorro que se puede lograr se centra en los altos cargos, pues el resto de los funcionarios seguiría empleado y los programas de gasto los asumirían otros ministerios. En el caso de los cinco departamentos que Rajoy propuso eliminar, la partida de altos cargos suma apenas 3,1 millones, el 0,01% del total del capítulo de gasto de personal del Presupuesto vigente.

En su intervención en el debate de ayer, el líder del PP anunció que votaría en contra del ajuste presentado por el Gobierno, fundamentalmente por la congelación de las pensiones, si bien abogó por una mayor austeridad en el gasto público. El presidente del Gobierno y el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, utilizaron el mismo argumento: aunque el PP proclama austeridad, todas las propuestas que ha presentado en el Parlamento suponen más déficit.

Los socialistas manejan un documento en el que analizan las propuestas que el PP llevó al Pacto de Zurbano. Según sus cuentas, tales medidas aumentarían el déficit en 15.000 millones, la misma cantidad que ahora se quiere ahorrar.

(www.pubico.es, 13/05/10)

NECESITAMOS MUCHOS AMIGOS COMO USTED, TENEMOS QUE HACER MUCHAS COSAS JUNTOS"

Rajoy, con el hombre que hundió Grecia. El 13 de julio de 2009, Rajoy se entrevistó en Madrid con el entonces primer ministro griego, el conservador Kostas Karamanlis.

Rajoy, con el hombre que hundió Grecia. El 13 de julio de 2009, Rajoy se entrevistó en Madrid con el entonces primer ministro griego, el conservador Kostas Karamanlis .EFE

Los problemas sobre la credibilidad de la solvencia griega que han lastrado a la zona euro en los últimos meses se multiplicaron a raíz de que se conociera que el Gobierno conservador de Kostas Karamanlis había falseado sus datos sobre déficit público con la ayuda de la gran banca estadounidense.

A Karamanlis le costó llegar al poder, pero en su empeño siempre contó con el aliento del PP español y de José María Aznar, que veían en él un aliado fundamental, junto a Silvio Berlusconi, para reforzar la influencia de los países del sur en la zona euro. Antes de unas de sus citas electorales, en 1999, Aznar recibió en Madrid al entonces líder de la oposición griega para constatar que compartían "los mismos puntos de vista sobre los fondos de la UE y los problemas presupuestarios de la UE", como se hicieron eco las agencias helenas. "Necesitamos buenos amigos como usted porque somos la nueva generación en la Europa del siglo XXI y tenemos que hacer muchas cosas juntos", proclamó el español. Poco antes de su caída en las elecciones de 2009, Karamanlis era de nuevo recibido en Madrid por el líder del PP, esta vez Mariano Rajoy, quien curiosamente aleccionó a su compañero griego sobre la importancia de la responsabilidad política ante la crisis económica.

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El conservador Karamanlis (Nueva Democracia) hablaba de despilfarro de la izquierda y presumía de datos de déficit con su gobierno, hasta que el colapso del país en plena crisis le obligaron a convocar elecciones anticipadas en octubre de 2009. Dejó la papeleta de la gestión de los problemas económicos y de los ajustes necesarios en Grecia a los socialistas de Yorgas Papandreus.

La factura del Gobierno conservador griego

La UE ha tenido que salir en ayuda de la solvencia de Grecia y de la zona euro en general después de que los mercados llevaran semanas castigando a la moneda europea y a la deuda helena. Uno de los factores que disparó los intereses de los bonos de deuda pública griega –lastrando su futura recuperación- y desestabilizó a toda la zona euro fue conocer a través del New York Times y del alemán Der Spiegel que el Ejecutivo heleno de Karamanlis había falseado los datos sobre déficit que suministraba a la UE, para ajustarse así a las exigencias del Pacto de Estabilidad. En las tareas de ingeniería contable les habría ayudado Goldman Sachs, uno de los grandes bancos de Wall Street en el origen de la crisis financiera internacional.

Arropado por el PP de Aznar y el de Agag

A Karamanlis le costó llegar al poder, pero en su empeño siempre contó con el aliento del PP español y de José María Aznar, que veían en él un aliado fundamental, junto a Silvio Berlusconi, para reforzar el prestigio y la influencia de los países del sur en la zona euro. En diciembre de 1999, a las puertas de unas elecciones generales en Italia y en Grecia, el entonces secretario general del Partido Popular Europeo estaba entusiasmado: “En los próximos 14 meses habrá tres elecciones generales: en España, donde volverá a ganar Aznar, en Italia, donde todas las encuestas aseguran el triunfo de Berlusconi, y en Grecia, donde Karamanlis tiene también bastante posibilidad de ganar”.

Karamanlis y Berlusconi, aliados para “el frente sur”

El interés de Aznar y los suyos no era inocente. Como explicaba el propio Agag y recogía ABC , aspiraban a formar con Berlusconi y Karamanlis “un frente sur” que serviría para “defender a esa zona de la UE que siempre ha sido más discriminada por el Norte cuando se deciden las líneas políticas de actuación”.

Puntos de vista compartidos sobre la UE

El propio ex presidente español intentó dar un empujón final a su compañero griego antes de la cita de 2000 recibiéndolo en Madrid, un encuentro del que se hicieron eco las agencias griegas en los siguientes términos: “Ambos comparten los mismos puntos de vista sobre los fondos de la UE y los problemas presupuestarios de la UE”. Durante el encuentro, Aznar arropó a Karamanlis en los siguientes términos: “Necesitamos buenos amigos como usted porque somos la nueva generación en la Europa del siglo XXI y tenemos que hacer muchas cosas juntos”. Karamanlis no ganó las elecciones de 2000 como ansiaban Agag y Aznar, pero sí las de 2004, con los resultados que ahora pueden verse.

Rajoy aleccionó al griego sobre responsabilidad

El actual líder del PP, Mariano Rajoy, también se reunió con Karamanlis el año pasado, apenas unos meses de que perdiera las elecciones. Entonces el primer ministro heleno ya estaba marcado por los problemas de su país y se preveía que perdiera las próximas elecciones. Rajoy aprovechó el encuentro para aleccionar a su compañero griego sobre la importancia de la responsabilidad política ante la crisis económica y mostró como ejemplo de ello el apoyo del PP al FROB, un fondo contra el que no ha dudado en cargar Aznar, el ahora presidente de la fundación ideológica del PP (FAES). En los últimos meses las comparaciones entre la economía helena y la española en las que ha abundado el PP han perjudicado a la deuda española, mientras que no era hasta la reunión de la semana pasada en la que Rajoy acordaba con el presidente Zapatero en Moncloa desbloquear la aplicación del FROB, a pesar de los problemas de financiación que para pymes y familias está suponiendo esta demora en la reestructuración del sector financiero español, en especial el de las cajas de ahorros.

(www.elpais.com, 11/05/10)

RAJOY DICE QUE SÓLO APOYARÁ AL GOBIERNO SI ACEPTA SUS IDEAS

Mariano Rajoy sigue "dispuesto" a ayudar al Gobierno a combatir la crisis económica, siempre y cuando acepte sus propuestas y actúe "en serio". El pasado miércoles, en su reunión en La Moncloa, logró "no sin dificultad" que José Luis Rodríguez Zapatero aceptase discutir algo más que la situación de las cajas de ahorro. "[El presidente del Gobierno] me planteó dos cosas, y a las dos dije que sí. Yo le planteé tres cosas, y a las tres me dijo que no. Luego dicen que nosotros no queremos pactar". Aun así, el líder popular dijo que "probablemente" votaría a favor de las medidas económicas propuestas por el Ejecutivo.

Rajoy clausuró en Burgos la convención nacional del Partido Popular de Castilla y León. Un día antes, su mano derecha, María Dolores de Cospedal, había criticado y bromeado con la supuesta inactividad de Zapatero. , el líder popular cargó en cambio contra la "hiperactividad" del Gobierno, que aprueba una medida "cada media hora", "a tontas y a locas", "a la chapuza". Cree Rajoy que Zapatero "se conforma con que España no sea Grecia, se resigna a la actual tasa de paro y es muy feliz cuando crecemos el 0,1%", como anunció el Banco de España.

El presidente del PP apuesta por reducir el déficit público ya y por aprobar una reforma laboral y otra energética. Quiere medidas "a largo plazo", y "hará todo lo que esté en su mano para que no se vuelva a producir" una crisis como esta. "Si él se resigna, el PP no se va a resignar" a que se lleve el país "a la catástrofe". También comentó Rajoy su encuentro el con José Montilla en la sede del Gobierno catalán, una reunión que le "gustó". Ocho años llevaba sin pisar el Palacio de la Generalitat, y dijo sentirse "cómodo" allí, pese a que ambos líderes fueron incapaces de hallar puntos de encuentro, no digamos ya cerrar acuerdos.

(www.elpais.com, 09/05/10)

EL PP, DIVIDIDO ANTE EL PLAN DE AJUSTE: MADRID, LA RIOJA Y CASTILLA Y LEÓN DEFIENDEN LOS "SACRIFICIOS"

Las comunidades del PP han recibido de manera muy desigual el plan de ajuste contra el déficit público anunciado ayer por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque resulte sorprendente, Madrid, La Rioja y Castilla y León, autonomías gobernadas por Esperanza Aguirre, Pedro Sanz y Juan Vicente Herrara se han mostrado favorables a las medidas. Así La Rioja ha adelantado que “acatarán y aplicarán” –en palabras del propio Sanz- “los criterios que establezca el Gobierno central”; el consejero de Economía de Aguirre, Antonio Beteta ha defendido los recortes de los sueldos de los funcionarios y Herrera, aunque tacha de "improvisadas" las medidas, anuncia la colaboración regional en el esfuerzo. Su actitud contradice la de otros feudos del PP como Galicia o Valencia y, sobretodo, la del líder del partido, Mariano Rajoy, quien afeó al presidente lo que considera el “mayor” recorte de “derechos sociales” de la democracia.

De nuevo, el PP se resquebraja, aunque esta vez lo hace por regiones. Y eso que, independientemente de la tendencia política, era previsible que las autonomías reaccionaran de forma distinta ante el plan de ajuste, dado que les afecta de manera dispar: Andalucía, con un 20% de la población ocupada empleada en el sector público, padecerá los recortes más intensamente que Cataluña, donde los funcionarios representan el 9,4% de los ocupados.

El PSOE cierra filas

Aun así, ayer los barones territoriales del PSOE mostraron su apoyo al presidente Zapatero, quien les explicó personalmente las medidas. “Son medidas duras, pero imprescindibles. Aunque cada comunidad es distinta”, resumió Marcelino Iglesias, cabeza del Gobierno de Aragón.

Y el PP se desmadra

Pero los populares no hicieron lo propio, y eso que el discurso de Rajoy en el Congreso fue de inequívoca y frontal oposición a todas las propuestas. Mientras el líder del PP denunciaba el mayor recorte de “derechos sociales” de la democracia española, un dirigente como el nada moderado Pedro Sanz, presidente de La Rioja, aseguraba que “acatará y aplicará en la comunidad los criterios que establezca el Gobierno central”, explica El Periódico de Catalunya.

Madrid defiende los “sacrificios” de un "colectivo privilegiado"

Más conciso si cabe se mostró el consejero de Economía de Madrid, Antonio Beteta, quien recibió con agrado el anuncio de recorte de sueldos para los funcionarios. “No puede permitirse que haya un colectivo privilegiado que tenga un salario público garantizado de por vida y una estabilidad en el empleo”, aseguró, apostando por la introducción de “sacrificios en este colectivo”. Al contrario que Rajoy, quien renegó de las medidas tras meses pidiendo austeridad, Beteta intentó marcarse un tanto recordando que él mismo solicitó a la ministra de Economía, Elena Salgado, que modificara la normativa estatal para rebajar los salarios a los empleados públicos, recoge El País.

Valencia y Galicia se sublevan

Madrid, la segunda autonomía con más funcionarios de España (427.650 procedente de la administración central, regional y local), limitará su “rebelión” al IVA. Pero en lo relativo al recorte a sueldos de funcionarios, parecen dispuestos a hacer la campaña subversiva Alberto Núñez Feijóo y Francisco Camps. “Si España tuviese un déficit público del 1%, hoy no tendríamos que reducir en 6.000 millones las inversiones públicas”, espetó Feijóo. Galicia “no puede pagar y no pagará” el “alarmante” nivel de deuda derivado de la “falta de rigor” de Zapatero. En Valencia, el conseller de Economía, Gerardo Camps, se pronuncio en términos similares. “No tenemos que pagar las consecuencias de su mala gestión y de su política de despilfarro”, aseguró.

En manos del Gobierno

Con todo, el Gobierno central fijará las nuevas medidas en un real decreto que modificará la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Además de a las comunidades, la norma afectará a los Ayuntamientos. Cabe destacar que los recortes serán proporcionales y, según informa el diario El País, se prevé que no afecten a los empleados mileuristas. Las reducciones comenzarían a hacerse en salarios superiores a 1.200 euros e irán del 5 al 15%.

(www.elplural.com, 13/05/10)

EL PP SE MOVILIZA PARA AGITAR EL FANTASMA DE LA CRISIS GRIEGA

El PP sigue intentando sembrar el miedo entre la ciudadanía con sus malos augurios sobre el futuro de la economía española. El acuerdo mínimo que resultó de la reunión del miércoles entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, no impidió que varios dirigentes conservadores insistieran ayer en afirmar que, si el Ejecutivo no cambia su política económica, podría ocurrir en España lo mismo que en Grecia.

El propio Rajoy citó al país heleno en varias ocasiones durante una entrevista en Onda Cero dedicada en gran parte a analizar los resultados de su encuentro del miércoles con Zapatero. Tras recalcar que las medidas del Gobierno en materia económica "son insuficientes", afirmó que lo que España necesita "es austeridad". "No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades", dijo. "Algunos esfuerzos tendremos que hacer y si no los hacemos nos puede pasar lo mismo que a Grecia", vaticinó Mariano Rajoy.

El líder del PP repitió esa misma idea pocos minutos después cuando volvió a referirse a la necesidad de moderar el gasto público para hacer frente a la crisis. "Adelantémonos a los acontecimientos porque sería demoledor para España que nos obligaran a hacer lo que están haciendo en Grecia", dijo.

En un estratégico cierre de filas, otros dirigentes conservadores defendieron las mismas tesis que su líder. Por la mañana, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, acusó al Gobierno de faltar a la verdad sobre la situación económica. En su opinión, eso es "justamente lo que genera desconfianza e incertidumbre" en los mercados internacionales, y "eso es lo que ha pasado en Grecia".

El secretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, empleó ese mismo discurso para justificar, una vez más, el paralelismo entre Grecia y España. Según él, una de las situaciones que han provocado que "Grecia esté como está, sucede también en España". Se refería a que cuando Zapatero afirma que "no haciendo nada el enfermo sanará está mintiendo, y el Gobierno, si sigue la senda de la mentira, sigue el camino griego".

Para el secretario general de los conservadores en el Congreso de los Diputados, José Luis Ayllón, Zapatero "sigue metido en una burbuja" con la única idea de "esperar" a que la crisis pase. Por eso, en la misma línea de sus compañeros, declaró que "España no es Grecia", pero advirtió: "o hacemos algo ya, o podemos llegar a serlo".

Desde las filas socialistas describieron los vaticinios de los conservadores como una nueva estrategia del partido de Rajoy orientada a conseguir apoyos de cara a las elecciones. El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, arremetió contra el líder del PP por no ser capaz "de dejar de comparar la situación de España con la de Grecia", porque tampoco "fue capaz de desprenderse de sus intereses particulares y subordinarlos a los intereses generales". Y es que el objetivo de Rajoy es, a juicio de Chaves, satisfacer sus "obsesiones electoralistas".

Las valoraciones sobre la reunión del miércoles también llegaron a la red. La número tres del PSOE, Leire Pajín, apeló en su blog a la responsabilidad del propio presidente del PP y exigió a Rajoy que despeje las dudas sobre la solvencia de la economía española. El diputado socialista José Antonio Pérez Tapias acusó en su propia página personal al líder de los conservadores de "mentir a destajo, pues no es cierto que lo que se hace en España sea lo mismo que hizo el Gobierno derechista griego, que fue engañar a la UE con los datos de su economía, descuidar absolutamente la política fiscal y nadar en la corrupción".

(www.publico.es, 07/05/10)

RAJOY INSISTE EN ATACAR LA ECONOMÍA ESPAÑOLA IDENTIFICÁNDOLA CON LA GRIEGA

Poco importa que organismos económicos internacionales como la OCDE o el FMI desmintieran a quienes trataban de comparar España con Grecia. Mariano Rajoy parece empeñado en transmitir esa imagen, a pesar de los nefastos efectos que ello podría tener para el país en los mercados internacionales. El líder del PP ha proclamado desde el Congreso que la economía española "recauda como la griega, gasta como la griega y ha llegado a un déficit público muy similar". Luego ha añadido que la situación no es "equiparable" porque mientras la UE "se puede plantear" el rescate de Grecia "sería inimaginable" hacerlo en el caso de España "en los mismos términos".

Aprovechando el debate monográfico en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre del último Consejo de la Unión Europea, celebrado en Bruselas los días 25 y 26 de marzo en el que se acordaron los mecanismos de ayuda de emergencia a la economía griega, el líder del PP ha lanzado duros ataques contra la política económica del Gobierno.

Rajoy ha criticado la subida del IVA –aprobada para sanear las cuentas públicas- y la falta de reformas estructurales, denunciando que en el Paco de Zurbano se desaprovechó la "oportunidad excelente" para afrontar "sin dilación" una contención del gasto público, según ha recogido EFE. "No le extrañe que en Europa no se tome en serio ni sus medidas ni sus intenciones", sentenció, no sin antes advertir a Zapatero de que " le queda muy poco tiempo para evitar problemas mayores". En cualquier caso, Rajoy ha expresado el apoyo del PP a la operación de rescate griego para defender el euro.

Previamente, el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, explicó que las medidas adoptadas para ayudar a Grecia podían servir para devolver definitivamente la calma a los mercados financieros, y valoró la gestión que realiza en el caso griego la presidencia española en la UE

No es la primera vez que Rajoy insiste en los paralelismos entre la situación de España y de Grecia, incluso la FAES del PP lleva meses tratando de desprestigiar la imagen del país en los mercados internacionales. Y todo ello a pesar de que organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han avalado la solvencia financiera del Gobierno español y subrayaron las diferencias con los problemas de la economía del país heleno. También el Fondo Monetario Internacional (FMI) constató la credibilidad de las cuentas públicas españolas.

(www.elplural.com, 21/04/109

EL LÍDER AVALA LA REBELIÓN DE AGUIRRE CONTRA EL IVA

Cinco actos en cuatro meses, piropos cruzados, aplausos... La nueva relación entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre en 2010, después de un 2009 tormentoso, no está marcada por una reconciliación afectiva, sino por una necesidad, según coinciden fuentes de uno y otro sector: se acercan las elecciones autonómicas y municipales, casi tan importantes para uno y otro, las encuestas van bien, y no es momento de divisiones internas.

Y en ese nuevo clima, Rajoy acudió ayer a un multitudinario mitin con Aguirre y no sólo dijo compartir "al cien por cien" las palabras de la presidenta de Madrid, no sólo le agradeció su "empuje y buen hacer", sino que sancionó definitivamente, con su firma, la campaña de la rebelión contra el IVA que tanta polémica suscitó hace un mes. "Rebelión en el sentido de oponer resistencia, no en sentido militar", aclaró Aguirre.

Rajoy estampó su firma con la presidenta a la entrada del teatro al aire libre, y después recogió incluso el tono catastrofista que Aguirre utiliza en los mítines. Si ella dijo que "Zapatero está hundiendo la economía española", él remató que el presidente "lleva a España a la ruina" con la subida del IVA. Aunque ella fue más aplaudida -estaba entre su público, la militancia madrileña-, él también se dio un baño de masas. Y los dos salieron visiblemente satisfechos del nuevo clima.

(www.elpais.com, 19/04/10)