Alfredo Prada : DE FUERZA NUEVA A LA CIUDAD DE LA JUSTICIA PASANDO POR PABLO CASADO
CIUDAD DE LA JUSTICIA. NOTICIAS. 04.01.21
350 MILLONES PARA EL SUEÑO FRACASADO DE ESPERANZA AGUIRRE: EL CAMPUS DE LA JUSTICIA QUE AHORA INVESTIGAN LOS TRIBUNALES
EL JUEZ PROCESA POR CORRUPCIÓN A ALFREDO PRADA, MENTOR DE CASADO Y AYUSO
LA AUDIENCIA NACIONAL PROPONE JUZGAR AL EXCONSEJERO DEL PP ALFREDO PRADA POR ADJUDICAR “IRREGULARMENTE” CONTRATOS DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE AGUIRRE
EL JUEZ PROCESA A OTRO EXCONSEJERO DE ESPERANZA AGUIRRE
IMPUTADO EL COMISARIO GÓMEZ GORDO POR EL CASO DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE MADRID
DE LA MATA RETIRA LA ORDEN DE BUSCA Y CAPTURA A NORMAN FOSTER POR EL CAMPUS DE LA JUSTICIA
EL JUEZ PIDE DETENER A NORMAN FOSTER SI SE NIEGA A DECLARAR POR EL CAMPUS DE LA JUSTICIA
PRADA MANEJABA LAS CONTRATACIONES DEL CAMPUS DE LA JUSTICIA, SEGÚN LA FISCALÍA
EL PP DICE, TRAS LA IMPUTACIÓN DE ALFREDO PRADA, QUE ACTUARÁ SI LE ABREN JUICIO ORAL PORQUE NO OCUPA CARGO PÚBLICO
EL IMPUTADO PRADA: PADRINO DE AYUSO Y CASADO
TODO LO QUE UNE A PABLO CASADO CON EL CAMPUS DE LA JUSTICIA
LA AUDIENCIA NACIONAL IMPUTA AL DIRIGENTE DEL PP ELEGIDO POR CASADO PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
ALFREDO PRADA: EL PRIMER IMPUTADO DEL EQUIPO DE CASADO Y EL PADRINO QUE LO INTRODUJO EN POLÍTICA EN 2003
EL CONSEJERO PARA EL QUE TRABAJÓ CASADO FINANCIÓ CON 62.000 EUROS EL INSTITUTO DONDE CURSÓ SU MÁSTER
EL "VERDADERO CAOS" DEL CAMPUS DE LA JUSTICIA: SIN CONTRATOS NI INVENTARIOS NI FACTURAS
LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA EL DESFALCO EN LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE ESPERANZA AGUIRRE
EL FISCAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS VE DESPILFARRO E IRREGULARIDADES CONTABLES EN LA CIUDAD DE LA JUSTICIA
UNA ‘VISA’ DEL CAMPUS DE LA JUSTICIA GASTÓ 15.600 EUROS SOLO EN TRES MESES
CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID: 1,6 MILLONES EN SUELDOS PARA COLOCAR A EMPLEADOS AFINES
CASADO RECUPERA AL LEONÉS ALFREDO PRADA PARA QUE SEA EL 'LÁTIGO' CONTRA LA CORRUPCIÓN
EL CAMPUS DONDE NADIE SABÍA NADA
LA CORRUPCIÓN AFLORA EN EL YERMO DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA
EL CAMPUS DE LA JUSTICIA GASTÓ 5,5 MILLONES EN PUBLICIDAD SIN CONTRATO
PRADA CARGA CONTRA GRANADOS Y LA DIRECTORA DEL IMSERSO Y NIEGA CUALQUIER VÍNCULO CON FINANCIACIÓN ILEGAL
UNA ALTO CARGO DEL GOBIERNO ACUSA 'ANTE NOTARIO' A ALFREDO PRADA DEL SAQUEO DEL PP DE MADRID
LA CAIXA CONFIRMÓ QUE LA VISA ERA DE PRADA Y QUE SE HICIERON CARGOS
LA PUBLICIDAD DE UNA MUESTRA SOBRE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA COSTÓ UN MILLÓN
EL GOBIERNO HALLA EL DESAPARECIDO LIBRO MAYOR DEL CAMPUS DE LA JUSTICIA
LA ASAMBLEA ENVÍA A LA FISCALÍA SU INFORME DEL CAMPUS DE LA JUSTICIA
ALFREDO PRADA CEDE Y A LA TERCERA HABLARÁ DEL "DESPILFARRO" DEL CAMPUS DE LA JUSTICIA
EL APODERADO DEL MACROPROYECTO DE AGUIRRE: "NADIE QUERÍA SABER NADA DEL CAMPUS DE LA JUSTICIA"
EL GOBIERNO DE AGUIRRE DILAPIDÓ 105 MILLONES EN LA FALLIDA CIUDAD JUDICIAL
MORATINOS CESA AL CÓNSUL DE SAO PAULO POR REDACTAR UN INFORME CRÍTICO SOBRE LA DETENCIÓN DE ALFREDO PRADA
DETENIDO EN BRASIL ALFREDO PRADA, RESPONSABLE DEL PP EN EL EXTERIOR
UN EX DE FUERZA NUEVA, EN LA NUEVA DIRECCIÓN
RUIZ-GALLARDÓN NOMBRA VICECONSEJERO UN EX SEGUIDOR DE FUERZA NUEVA.
EL 'CASO ALFREDO PRADA'
EL PARTIDO POPULAR DE LEÓN APOYA AL VICECONSEJERO FRUSTRADO
POLÍTICOS DEL PP RECUERDAN A RUIZ-GALLARDÓN EL DERECHO DEL SENADOR PRADA A EVOLUCIONAR
RUIZ -GALLARDÓN SE DESENTIENDE DEL NOMBRAMIENTO FRUSTRADO DE PRADA
DEL OLVIDO A LA VICECONSEJERÍA
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA RENUNCIA A NOMBRAR AL EX SEGUIDOR DE FUERZA NUEVA
REVUELTO DE AJETES, JUAN JOSÉ MILLAS.
Se le acusa de delitos continuados de prevaricación y de un delito continuado de malversación de caudales públicos
La Fiscalía también pide seis años para otras cinco personas por las supuestas irregularidades en diversos contratos del Campus de la Justicia de Madrid
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de ocho años de cárcel, trece años de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena para el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada y seis años de cárcel par otras cinco personas por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del Campus de la Justicia de Madrid (CJM).
Se les acusa, según una nota de prensa distribuida por la Fiscalía General del Estado, de los delitos continuados de prevaricación de los artículos 74 y 404 del Código Penal (CP) en concurso ideal del art. 77 con un delito continuado de malversación de caudales públicos de los arts. 74, 432 y 433 (alternativamente, con un delito continuado de fraude a la Administración Pública de los arts. 74 y 436), todos ellos del CP vigente al tiempo de los hechos, informa Europa Press.
Esta empresa pública se constituyó en 2005 para desarrollar y ejecutar el proyecto de Campus de la Justicia de Madrid, que tenía por finalidad construir un complejo de 14 edificios interconectados con túneles en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Finalmente, no se acabó y quedó en situación de abandono cuatro años después, habiéndose gastado hasta entonces 355 millones de euros.
Junto a Prada, presidente y consejero delegado de CJM en la etapa objeto de esta acusación) dentro de la estructura directiva de la sociedad se encontraban los acusados Isabelino Baños Fernández (director general técnico), Mariano Sanz Piñar (subdirector técnico), Alicio de las Heras (director de Área Financiera), Félix García Castro (letrado asesor) y Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad). Este último está también imputado en el denominado caso Tándem sobre las actividades presuntamente irregularidades del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo.
En relación con la responsabilidad civil derivada del delito de malversación de caudales públicos, la Fiscalía solicita la remisión de testimonio de la sentencia que se dicte al Tribunal de Cuentas, para su valoración.
350 MILLONES PARA EL SUEÑO FRACASADO DE ESPERANZA AGUIRRE: EL CAMPUS DE LA JUSTICIA QUE AHORA INVESTIGAN LOS TRIBUNALES
La investigación de la Audiencia Nacional ha revelado cómo el macroproyecto que pretendía reunir a los mejores arquitectos se convirtió en un cajero de dinero público para los amigos de los políticos implicados
Esperanza Aguirre tuvo un sueño. Visualizó un vasto terreno en el que emergían más de una decena de edificios vanguardistas de planta circular, rodeados de árboles y conectados por una pasarela que serpenteaba entre ellos. Una especie de museo de la arquitectura moderna cuya vertiente práctica era reunir toda la administración de Justicia de la Comunidad de Madrid. Ese sueño que había tenido la recién estrenada presidenta regional requería una inversión inicial de 516 millones de euros de dinero público, una superficie de más de 200.000 metros cuadrados y una década para ejecutarse.
El proyecto de la Ciudad -o Campus- de la Justicia se presentó oficialmente el 2004. Se convocaron las licitaciones pertinentes, se creó una empresa pública para gestionarlo y se puso la primera piedra. Pero como ocurrió con otros grandes proyectos de la época de las grandes mayorías del PP de Madrid, pronto la corrupción se filtró hasta la médula. El sueño megalómano de Aguirre fracasó, convertido en un chiringuito donde unos pocos hicieron negocio con el dinero de todos. Una suerte de cajero automático con cargo a los presupuestos de los madrileños donde acudían a por su parte los amigos de los gestores políticos.
La Audiencia Nacional ha procesado ahora a cinco responsables de la Ciudad de la Justicia por delitos de prevaricación, fraude y malversación. El auto del juez José de la Mata es un auténtico catálogo de corrupción, un manual de 250 páginas sobre las prácticas habituales en este tipo de proyectos de construcción. Hay sueldos estratosféricos para los amigos de los políticos, falsos concursos de empresas, concesiones amañadas o contratos troceados para poder otorgarlos a dedo.
El auto es una maraña de cifras, a veces sin saber si se concreta el pago o no, una suma de "arbitrariedades" y una larga lista de errores en la gestión que acabaron por enterrar la Ciudad de la Justicia. "La ineficacia global del proyecto es el reflejo de la ineficacia de los contratos que lo integraron, destacándose la ineficiencia de múltiples actuaciones comenzadas, pero no terminadas, e incluso en las actuaciones, las menos, que prácticamente terminadas carecen de utilidad al formar parte de un proyecto global e integrado que como tal se frustró", dice la Audiencia Nacional.
Pero no solo hubo una gestión nefasta, fruto de "errores y confusión". "Estamos ante una situación de ilegalidad manifiesta que todos conocían", dice De la Mata, que incide en que se despreciaron los intereses públicos en todos los casos en los que hubo concertación entre los responsables políticos y los representantes de las empresas. El juez ha detectado casos en los que las compañías adjudicatarias habían redactado los propios pliegos del concurso.
Al frente de este epítome de la corrupción está Alfredo Prada, todopoderoso consejero de los primeros gobiernos de Aguirre y luego caído en desgracia. En su currículum político oficial figura haber sido senador, diputado, consejero de Justicia y vicepresidente regional; en el extraoficial emerge su relación con el espionaje político en Madrid y el haber sido el padrino político de Pablo Casado, al que fichó como asesor cuando era presidente de las Nuevas Generaciones del PP.
De la Mata señala en su auto a Prada como el responsable de todas las irregularidades por el control absoluto que ejercía sobre el proyecto. El juez abrió la investigación hace dos años y ya la ha cerrado. El secreto de esa celeridad es que buena parte de la instrucción se ha basado en el ingente trabajo de fiscalización que realizó la Cámara de Cuentas de Madrid, que en 2018 ya alertó del despilfarro y la corrupción.
Aquel prolijo informe destapó que se habían gastado 355 millones en un proyecto del que solo se había conseguido levantar un edificio que permanecía medio abandonado. La mayoría en contratos formalizados pero también en modificaciones prórrogas, indemnizaciones o gastos sin que haya contrato de por medio.
Es decir, 355 millones gastados para un solo edificio cuando, en 2005, Price Waterhouse Cooper estimó en su estudio de viabilidad que construir ese y los otros 13 iba a costar 516 en total. En 2008, Sterling & Goyria dobló en una nueva estimación la cantidad necesaria para sacar adelante el proyecto. Solo un año después, en 2009, esa consultora realizó un nuevo informe, en esta ocasión para ver las alternativas que había para suspender los contratos. Las obras se paralizaron definitivamente en 2010.
El informe de la Cámara de Cuentas y el auto de la Audiencia Nacional recorren ese descenso a la quiebra. Señalan, por ejemplo, que el Campus de la Justicia tenía muchos más directivos que trabajadores rasos, "algo que se incrementó en los años en los que era claro que el proyecto estaba abocado al fracaso". También tenían sueldos estratosféricos que subían cada año. El ejemplo más claro es Isabelino Baños, director técnico: en 2005 cobraba 43.999,92 euros, en 2006 sube a 68.838, en 2007 a 82.969,68 y en 2008 ingresa 102.637,52 euros.
Prada lo decidía todo en el Campus de la Justicia. De él partían la mayor parte de contrataciones de personal, que la Audiencia Nacional destaca que siempre eran "personas de confianza de los gestores políticos". En el auto se señala en este punto un correo con un listado de personal que un asesor envió al liquidador de la sociedad: junto a los nombres, escribió la relación que tenían con Prada y otros cargos políticos, como los exministros Pedro Morenés y Miguel Arias Cañete.
Todos ellos eran, claro, personal directivo. Tal era su falta de personal administrativo que en ocasiones tuvieron que recurrir a una consultora externa (una facturó 132.000 euros) para labores de contabilidad que deberían haber hecho los trabajadores del propio Campus. El problema es que no había nadie para hacerlo. La empresa facturaba por conceptos como "Visita al cliente para explicarle cómo se calculan las nóminas", "Revisión de los cálculos totales de la nómina realizada por Campus", "Trámite en la seguridad social presentación partes IT" o "preguntas sobre % de IRPF a aplicar a determinados trabajadores".
Pero donde más daño hizo la mano de Prada fue en los contratos con empresas. Buena parte de las 250 páginas del auto están dedicadas a los contratos trufados de prácticas corruptas. Porque la Cámara de Cuentas reunió todos los despilfarros, gran parte con soporte legal; pero la Audiencia Nacional ahonda en los acuerdos que chocan con el código penal.
El repaso comienza por los contratos de construcción y gestión. Aquí el auto destaca que se contrató a Bovis and Lease, a quien se externalizó la dirección del proyecto durante la primera fase. No hay justificación de por qué se toma esa decisión ni estudio de costes. Lo que sí se sabe es que Isabelino Baños trabajó en esa empresa antes de recalar en el Campus de la Justicia y volvió a ella tras el fracaso de este proyecto.
Fue Baños quien redactó el informe para la adjudicación -en la que hay multitud de irregularidades- y quien luego propuso prorrogar el contrato, a pesar de que había constancia de que no había cumplido con los trabajos exigidos en los pliegos.
Encomendada la gestión, se pasó a la construcción. Aguirre pensó en varios arquitectos de renombre para levantar los edificios, pero solo se llegó a cerrar acuerdos con uno. Norman Foster iba a construir las sedes de la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo. Su empresa cobró casi 14 millones de euros en concepto de pago de los servicios profesionales.
Pero los edificios jamás se construyeron. El auto de De la Mata señala que no hay ningún documento que justifique por qué se contrató a este arquitecto y que todo se hizo sin pasar por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y es que la única razón para contar con Foster era que la presidenta madrileña quería que él se ocupase del diseño de dos edificios. Fueron Aguirre y Prada quienes en abril de 2006 firmaron el acuerdo para la redacción del proyecto, que iba a necesitar de 180 millones de euros.
La investigación ha detectado además que se usó el contrato con el despacho de Foster para enmascarar pagos a otras empresas por servicios de consultoría durante la construcción. Es decir, el Campus de la Justicia contrató a empresas como Buró Happold sin licitación de por medio y les pagó con la intermediación de la empresa del arquitecto: esta recibía fondos públicos a través del contrato legal y luego los transfería a las otras compañías. Los responsables de la Ciudad de la Justicia informaron por escrito a Foster de la maniobra y su empresa luego aportó esos escritos a la Audiencia Nacional.
El proyecto de Foster necesitó de un contrato adicional de asistencia técnica que se llevó una UTE de tres empresas: FM Arquitectos, NB-35 y Aguilera Ingenieros. Obtuvieron el quinto puesto en la valoración de ofertas, pero Isabelino Baños hizo un informe para que ellos ganasen el concurso. La Audiencia Nacional ha detectado multitud de llamadas durante el proceso de adjudicación entre el representante de la UTE y Baños. Se llevaron 2,5 millones de euros.
5,5 millones de euros en publicidad sin contratos
Una de las grandes vías de agua de la Ciudad de la Justicia fue la publicidad del proyecto. Varios millones de euros dedicados a glosar las ventajas de reunir las sedes judiciales y hacerlo además en edificios vanguardistas. Se pagaron lonas de publicidad, se organizó una exposición, se compró espacios publicitarios en medios, se editó una revista y se contrató a un fotógrafo que documentase.
El auto llama la atención sobre el gasto en empresas de publicidad. Superó los seis millones de euros, pero solo se ha encontrado un expediente de contratación por 957.989,91 euros. El resto, 5.481.291,83 euros, se pagaron sin que se siguieran los cauces de contratación pública. Se encargaron de contratar los espacios en medios, editar folletos sobre el proyecto o poner anuncios en autobuses.
Además, la Audiencia Nacional alerta de que, más allá de la falta absoluta de documentación, cada campaña de publicidad se fraccionó en varios contratos, que a su vez se trocearon en diversas facturas y que luego fueron cobradas por empresas aparentemente distintas, pero relacionadas entre sí. El auto dedica unas cuantas páginas a glosar las relaciones que mantenían Abba, Red de Medios y Mediaege, que concurrían como competidoras "de manera burda" a los concursos a pesar de estar vinculadas.
El dinero público también se evaporó en pagos a una empresa para que realizase un vídeo sobre el proyecto de Foster (59.128 euros), en multitud de actos de presentación de los edificios (125.000 euros), en asistencia a ferias internacionales (58.825 euros), merchandising (más de 100.000 euros), publicidad en medios (323.617 euros), visitas guiadas a las obras (39.406 euros) o actos de colocación de primeras piedras.
Sobre la presentación de maquetas, la Audiencia Nacional se detiene, una vez más, en las de Norman Foster. El acto se celebró en noviembre de 2006. Al contrato para organizarlo se presentaron tres empresas vinculadas a un mismo hombre: Daniel Horacio Mercado, propietario de Over Marketing, uno de los publicistas de referencia del PP, imputado en varios casos de corrupción y que ha confesado el amaño de contratos.
Su empresa se llevó más de 200.000 euros de la Ciudad de la Justicia, buena parte por ese acto de presentación de las maquetas, al que la Audiencia Nacional añade entre los gastos una factura al catering Samantha de España (8.560 euros) y otra a Class Bar Concept (522 euros).
También se destinó dinero púbico a la elaboración de 3.000 unidades de un libro sobre el trabajo del despacho en el diseño de los edificios de Foster. Este contrato en particular revela una de las prácticas corruptas más simples y poco sofisticadas: se presentaron tres ofertas falsas porque pertenecían al mismo grupo empresarial (Everest), aunque de filiales distintas. Se entregaron "con las mismas características de formato, encuadernación e impresión". Había una oferta firmada por el dueño de Everest y otra por su hija. La edición del libro costó casi 40.000 euros.
También se destinó parte del presupuesto del Campus a la creación de la marca del proyecto, que se llevó Culdesac. La investigación no ha encontrado justificación de dicho contrato y ha vuelto a detectar empresas vinculadas en las ofertas. Consta también un contrato para la edición de una revista digital, que se llevó Wolter Kluwer en otro concurso falseado, y cuyos contenidos eran supervisados directamente por Alfredo Prada.
Uno de los gastos que más llamó la atención de la Cámara de Cuentas y de la Audiencia Nacional es el de fotografía. Según el auto, se contrató al fotógrafo Pedro González en un concurso en el que de nuevo había empresas relacionadas entre sí y sin que se aclarase cuál iba a ser exactamente su función, sin definir por qué se le iba a pagar. Se llevó 73.404,8 euros.
El policía de confianza de Cospedal y el jefe de Gabinete de Cascos
Para la Audiencia Nacional merece una especial atención los gastos en seguridad de la Ciudad de la Justicia, cuyo responsable era Andrés Gómez Gordo, policía de confianza de María Dolores de Cospedal (fue su asesor) e imputado en la Operación Kitchen por ser el responsable de haber entregado cheques de los fondos reservados al chófer de Luis Bárcenas.
El auto señala que de los 12 trabajadores del Campus, tres eran de seguridad y su nómina "sobrepasaba los 14.000 euros mensuales". Además, se contrató a empresas externas para incrementar la seguridad, cuyos informes de valoración los elaboró Gómez Gordo. "Todo esto no fue obstáculo para que en varias ocasiones se dieran casos de robos de ordenadores y teléfonos móviles", dice el juez.
Sobre las licitaciones a las empresas externas, el auto destaca que la que se llevó Tecisa 74 estuvo diseñado de tal forma que los criterios subjetivos se impusieran al resto. El mismo día en que se firma el contrato con esa empresa, Gómez Gordo hace una propuesta oficial a los responsables del Campus para ampliar su duración y coste. Aparentemente sin conocer este movimiento, la empresa presenta unos días después una solicitud de ampliación del contrato por el mismo importe que había propuesto Gómez Gordo.
El juez no tiene dudas de que se pusieron de acuerdo, porque ha detectado de nuevo un tráfico de llamadas entre el ente público y la empresa.
Hubo otros dos contratos de seguridad, esta vez con Serygur para la vigilancia de las obras, de nuevo con falta documentación sobre los trámites obligatorios en contratación pública. Pero aquí llama la atención que uno de los apoderados es Álvaro de la Cruz, el jefe de Gabinete del exministro del PP Francisco Álvarez Cascos y entonces número dos de Rita Barberá en la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias).
Hay una larga lista de contratos sospechosos que completan el despilfarro, como el firmado con Félix García de Castro para asesoría jurídica y a quien se empezó a pagar antes de haberle contratado; o como el que se hizo con Machtmind con unos pliegos diseñados a su medida; o como el firmado con Metaverse, que se encargó de hacer una recreación en Second Life de la Ciudad de la Justicia.
La Audiencia Nacional llama la atención sobre que Metaverse se creó seis días antes de que se publicitase el concurso para ese contrato. Además, antes de que el contrato le fuera adjudicado ya había empezado a cobrar del Campus y había adquirido espacio en unos servidores para alojar el proyecto de Second Life. El juez cree que la empresa tenía "información privilegiada o un preacuerdo" con los responsables del proyecto, porque también ha detectado irregularidades en el proceso de licitación.
EL JUEZ PROCESA POR CORRUPCIÓN A ALFREDO PRADA, MENTOR DE CASADO Y AYUSO
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar al exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada, exconsejero de Esperanza Aguirre, y a otras cinco personas por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del Campus de la Justicia de Madrid (CJM).
En el auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado procede, además de contra Prada, contra el que fuera director general técnico del proyecto Isabelino Baños Fernández, contra el subdirector general técnico Mariano José Sanz Piñar, contra el director financiero Alicio de las Heras Rodríguez y contra el que fuera director de Seguridad del Campus de la Justicia el comisario Andrés Gómez Gordo y a Félix José García de Castro. Asimismo, el magistrado archiva la causa para dos personas, María Lourdes Manovel y Paloma Mateo Martín.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número XX explica en su auto que los investigados, liderados por Alfredo Prada, quien en última instancia tomaba todas las decisiones, "se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo".
Mentor de Casado y de Ayuso
Prada fue, curiosamente, fichado por Pablo Casado al aterrizar en la cúpula de
Génova para investigar las corruptelas del Partido Popular. Se le encomendó
ocupar la presidencia de la llamada Oficina del Cargo Popular, creada en el
Congreso del PP y que tiene, entre otros cometidos, “dar cuenta al Comité de
Derechos y Garantías de cualquier anomalía o irregularidad que pudiera detectar
en el desarrollo de las funciones” de esos cargos públicos. A día de hoy ya no
ocupa dicho cargo, de hecho, no existe tal designación.
Cabe recordar que Prada fue el primer jefe de Casado en su primer empleo público cuando, sin haber finalizado sus estudios universitarios, fue nombrado asesor parlamentario del propio Prada cuando este era vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid con Aguirre.
Y no solo está vinculado directamente con Casado, sino también con Isabel Díaz Ayuso. En 2005, tras conocer a Casado, y bajo la tutela también de Prada, Díaz Ayuso ficha por el PP de Madrid para el área de Comunicación. En aquel entonces, el currículo de la ahora presidenta de la Comunidad de Madrid señalaba que “como periodista ha trabajado en agencias de marketing, departamentos de prensa, así como en diversos medios, siendo radio donde más tiempo ha ejercido su profesión”. En concreto dice que trabajó para la Productora Spin FM entre octubre del 2002 y junio del 2003 en Dublín (Irlanda) y para MK 101 Agency entre 1998 y 1999.
LA AUDIENCIA NACIONAL PROPONE JUZGAR AL EXCONSEJERO DEL PP ALFREDO PRADA POR ADJUDICAR “IRREGULARMENTE” CONTRATOS DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE AGUIRRE
El juez José de la Mata sostiene que Prada y los otros cinco procesados “elaboraron un plan criminal” y les atribuye delitos de prevaricación, fraude y malversación
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar al exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada y a otras cinco personas por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del faraónico proyecto de la Ciudad de la Justicia, que no llegó a culminarse.
El proyecto se inició en 2004 bajo la presidencia regional de Esperanza Aguirre, aunque las primeras ideas habían surgido ocho años antes, cuando Alberto Ruiz Gallardón planteó unificar las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. El sumario se centra en la actuación de la Consejería de Justicia en la época de Alfredo Prada, que ocupó entre 2005 y 2008 el cargo de presidente y consejero delegado de la empresa creada para desarrollar el proyecto, del que sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, "aunque inacabadas y en la actualidad en situación de abandono, al menos parcialmente", según recoge el auto del juez, que lleva fecha de este jueves 12 de noviembre.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 explica en este escrito que los investigados, liderados por Prada, quien en última instancia tomaba todas las decisiones, "se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos [de la Ciudad de la Justicia], elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo".
Según explica de la Mata, que examina de forma pormenorizada los contratos investigados en este procedimiento, Prada y los directivos investigados “corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos”.
El juez explica que los procesados no sustrajeron fondos “para su lucro personal”, sino que su conducta “afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública”, que ha resultado “deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial (hasta el punto de haber sufrido perjuicios el erario público de cientos de millones de euros)”, afirma el juez.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado procede, además de contra Prada, contra el que fuera director general técnico del proyecto Isabelino Baños Fernández, contra el subdirector general técnico Mariano José Sanz Piñar, contra el director financiero Alicio de las Heras Rodríguez, contra el abogado Félix García de Castro y contra el que fuera director de Seguridad Andrés Gómez Gordo.
Gómez Gordo es un policía muy vinculado al Partido Popular. Trabajó como encargado de la seguridad de este proyecto por su vinculación con Francisco Granados. Después fue nombrado director general de Documentación y Análisis de la Junta de Castilla-La Mancha cuando María Dolores de Cospedal era presidenta regional, entre 2011 y 2015. Y a partir de ese año regresó al servicio activo y se dedicó a controlar de cerca al chófer Sergio Ríos, el topo de la brigada política en el entorno de Luis Bárcenas que había conocido años atrás, cuando ambos trabajaban para Granados. Gómez Gordo está siendo investigado en la operación Kitchen, también en la Audiencia Nacional.
EL JUEZ PROCESA A OTRO EXCONSEJERO DE ESPERANZA AGUIRRE
De la Mata propone sentar en el banquillo a Alfredo Prada, exvicepresidente de la Comunidad, por el caso del Campus de la Justicia de Madrid
El antiguo PP de Esperanza Aguirre sufre un nuevo revés. El juez José de la Mata ha propuesto este jueves sentar en el banquillo a otra de las personas que integró los Gobiernos de la dirigente popular: Alfredo Prada, exconsejero de Justicia e Interior y vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Con esta decisión del magistrado, que lo sitúa al frente de una supuesta trama de malversación en la construcción del Campus de la Justicia de Madrid, se suma un nuevo nombre al amplio listado de altos cargos de los populares madrileños procesados por corrupción. Entre ellos, el también expresidente Ignacio González; o los exconsejeros Francisco Granados y Alberto López Viejo, ambos ya condenados por Púnica y Gürtel respectivamente.
De la Mata ha dictado este jueves un auto donde sitúa a Prada en la cúspide de la red ilegal creada en torno al Campus de la Justicia. Según el magistrado de la Audiencia Nacional, él tomaba en última instancia todas las decisiones tras elaborar, junto a otros cinco presuntos implicados, “un plan criminal” para otorgar “irregularmente” contratos: “Corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos”. El instructor les atribuye delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos. Estas pesquisas se corresponden a una primera parte de la investigación del caso. Otra aún sigue en instrucción
Además de procesar al exconsejero de Justicia e Interior, el juez hace lo propio con Isabelino Baños Fernández, Mariano José Sanz Piñar, Alicio de las Heras Rodríguez y Andrés Gómez Gordo, que ocupaban respectivamente los puestos de director general técnico del Campus, subdirector general técnico, director financiero y director de Seguridad. También actúa contra uno de sus asesores, Félix José García de Castro.
El exdirector de Seguridad Gómez Gordo, un comisario que tras pasar por la Comunidad de Madrid aterrizaría en la Junta de Castilla-La Mancha como asesor muy próximo a María Dolores de Cospedal, también se encuentra investigado en el caso Kitchen, la presunta operación parapolicial urdida en la cúpula del Ministerio del Interior para arrebatar al extesorero Luis Bárcenas documentos comprometedores para altos cargos del PP. Según mantiene Anticorrupción, el agente de la Policía Nacional actuaba en esa trama a las órdenes de Cospedal, entonces secretaria general del PP, y se encargó de contactar con el chófer de Bárcenas para captarlo como confidente. Él mismo reconoció en la Audiencia Nacional que había pagado al conductor a través de los fondos reservados.
Los contratos
En el caso del Campus de la Justicia, De la Mata destaca que la causa versa sobre un grupo de “autoridades o funcionarios” que manipularon el sistema de adjudicación de una entidad pública, “que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial”. “Hasta el punto de haber sufrido perjuicios el erario público de cientos de millones de euros”, calcula el juez. De la Mata detalla varios de los contratos bajo sospecha, como el de redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras, la creación de la marca representativa y estrategia de comunicación o el servicio de asesoramiento jurídico, entre otros.
Los implicados, remacha el magistrado, “conocieron perfectamente la ilegalidad de su actuación”. Es más, prosigue el instructor, pasaron por alto “insuficiencias y defectos” de los pliegos de condiciones y de los informes técnicos de valoración; realizaron propuestas “arbitrarias y no justificadas”; y prescindieron, de hecho, “en múltiples ocasiones, de procedimiento de contratación alguna”. Todo ello, bajo la presunto batuta de Alfredo Prada, a quien De la Mata atribuye una participación “personal, directa y de preeminencia absoluta” en la toma de decisiones.
“De entrada, todos los contratos que tenían que ver con publicidad y comunicación —que alcanzan en su conjunto más de cinco millones de euros en contratación—, se sustrajeron materialmente a la propia mercantil Campus de la Justicia de Madrid (CJM). Estas contrataciones no se decidían en CJM, donde se limitaban a ejecutar las órdenes que llegaban desde la vicepresidencia y consejería de la Comunidad, es decir, de Prada”, detalla el auto, que señala las empresas que se beneficiaron supuestamente de la trama. Algunas, con vínculos con el PP, como Matchmind, en cuyo consejo de administración está un primo de Adolfo Suárez Illana, actual diputado popular. O Serygur, que tenía como apoderados a Álvaro C., jefe de gabinete del exministro Francisco Álvarez Cascos; y a Alejandro L., vinculado a la seguridad del PP en la sede de la calle Génova.
Tras ocupar puestos de la máxima responsabilidad con Aguirre, Prada se enfrentó a ella. Fue una de las supuestas víctimas del conocido como caso espías, la trama presuntamente urdida para espiar a cargos del PP de Madrid enfrentados con la presidenta. El pasado año, cuando fue imputado por el caso de la Ciudad de la Justicia, el exvicepresidente de la Comunidad aún seguía en primera línea. Tras la llegada a la presidencia del PP de Pablo Casado, que trabajó para el exconsejero al principio de su carrera, lo colocó al frente de la oficina creada para combatir la corrupción en el partido.
https://elpais.com/espana/2020-11-12/el-juez-procesa-a-otro-exconsejero-de-esperanza-aguirre.html
IMPUTADO EL COMISARIO GÓMEZ GORDO POR EL CASO DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE MADRID
Será investigado por la firma de tres contratos relacionados con la seguridad del recinto en el tiempo en el que fue su director de Seguridad entre 2007 y 2009
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga las presuntas irregularidades que rodearon la proyección de la Ciudad de la Justicia en la Comunidad de Madrid, ha acordado imputar al comisario Andrés Gómez Gordo por la firma de tres contratos relacionados con la seguridad del recinto en el tiempo en el que fue su director de Seguridad entre 2007 y 2009. EL titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 investiga en esta causa presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delitos societarios y conexos, en relación con las distintas prácticas acometidas por la Sociedad Mercantil Campus de la Justicia S.A.
Hasta la fecha, constaban como investigados el que fuese vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada; el arquitecto y director general técnico del proyecto Isabelino Baños; el subdirector técnico Mariano José Sanz Piñar; el director del área financiera del Campus de la Justicia de Madrid (CJM), Alicio de las Heras; además de Felix José García de Castro, María Lourdes Manóvel y Paloma Mateo Martín. Gordo fue director de Seguridad de diciembre de 2007 a octubre de 2009 y firmó los informes de valoración de varias ofertas a concurso A esta lista se suma ahora el comisario destinado en Madrid Gómez Gordo, quien ya está siendo investigado en la pieza 'Kitchen' de la causa 'Tándem' en el Juzgado de Instrucción número 6. De la Mata recuerda que el comisario fue el director de Seguridad de diciembre de 2007 a octubre de 2009 y que firmó junto al director técnico Isabelo Baños los informes de valoración de varias ofertas presentadas a los diferentes concursos.
Consultoría para la seguridad
En concreto, el magistrado pone el foco en tres procesos de contratación en los que participó. El primer contrato fue el de la consultoría y asistencia para la implantación de un sistema integral de seguridad en la Ciudad de la Justicia que fue licitado por procedimiento abierto y adjudicación por concurso en 2007. El presupuesto base de licitación era de 155.000 euros y el plazo de ejecución 12 meses, y se presentaron hasta nueve empresas, de las cuales dos (Technosafe e IDOM) ofrecieron ofertas económicas más ventajosas que la que resultó finalmente adjudicataria, TECISA 74 SL. De hecho, la oferta de Technosafe fue calificada como "baja temeraria" y se rechazó sin que el órgano de contratación la citara en audiencia para que explicara o aportara documentación.
El informe de valoración de las ofertas fue realizado por Gómez Gordo en febrero de 2008, y el juez apunta en su auto de 13 de julio de 2020, adelantado por La Razón y al que ha tenido acceso Europa Press, que no utilizó un sistema de puntuación "sino una calificación demasiado genérica". Además, aclara que la Mesa de Contratación permanente del Campus de la Justicia no intervino en esa adjudicación. Se presentaron hasta nueve empresas, de las cuales dos ofrecieron ofertas económicas más ventajosas que la adjudicataria final Tras la firma de ese acuerdo con la consultora de seguridad por Prada, Gómez Gordo siete días después redacta un informe de ampliación y modifica el contrato aumentándolo en 87.507 euros. Cifra que coincide con la propuesta de ampliación de contrato que presenta Tecisa 74 pocos días más tarde. "Lo que evidencia que la ampliación y modificación habría sido consensuada por ambas partes", dice el juez. "El órgano de contratación, vulnerando el sentido y la finalidad de la licitación, procedió a modificar el objeto del contrato desde el mismo día en que este se formalizó mediante una ampliación de este que supuso un incremento del precio del contrato en cuantía superior al 64 por ciento", recuerda además el magistrado.
La seguridad del recinto de las obras
El mismo recorrido siguió otra de las licitaciones, la de la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en el recinto de las obras de construcción del Campus de la Justicia. Tampoco consta que hubiera mesa de contratación para este caso ni calificación y valoración de las ofertas, cuando el presupuesto base de licitación publicado en el concurso era de 205.170 euros.
El auto de De la Mata señala que se presentaron casi veinte ofertas, y que Gómez Gordo en enero de 2008 elabora un informe estimando que la oferta más favorable era la de Serygur SA por un importe de 183.552 euros, cuando realmente la oferta más económica era de Seguridad Integral Madrileña por un importe de 172.096 euros, y que fue puntuada con cero puntos como oferta "anormalmente baja o desproporcionada".
Al igual que ocurrió con la anterior compañía que fue calificada así, no se le requirió información adicional para que documentara la viabilidad de la oferta ni se le solicitó aclaraciones para un informe técnico. De hecho, el contrato se firma entre Serygur SA y Prada en febrero de 2008 por importe de 183.552 euros, lo que asciende a 205.170 sumándole el IVA. Gómez Gordo, aproximadamente un año después de esa adjudicación, considera "imprescindible y justificado" que el servicio se prorrogue por el tiempo estrictamente necesario y por un importe mensual de más de 15.000 euros hasta que se realice una nueva adjudicación (esta vez con importe de licitación de 318.000 euros). Pero el mismo contrato se prorroga una segunda vez en marzo de 2010 a propuesta del consejero delegado Miguel Giménez de Córdoba.
Contrato para el control de entradas
En cuanto al contrato para el servicio de gestión de control de entradas y gestión de la base de datos en las obras de la fase 1 del Campus de la Justicia, de igual modo, no consta que se constituya mesa de contratación para la apertura de la licitación, que de base se estimaba en 59.280 euros. Al mismo se presentan solo dos empresas, Serygur Servicios SL y CODE Servicios SA. Gómez Gordo una vez más elabora informe en marzo de 2008 y estima que la mejor oferta es la de Serygur Servicios SL y rechaza la otra por no cumplir requisitos de experiencia y conocimientos en prevención de riesgos laborales a pesar de que la oferta era más de 3.000 euros más barata.
Tal y como ocurrió con el anterior contrato, Gómez Gordo un año después considera imprescindible prorrogarlo a razón de 4.913 euros al mes, y lo mismo ocurre un año después, ya en marzo de 2010. Por esos tres contratos, el juez considera que debe ser investigado para que ofrezca explicaciones sobre los mismos, dado que "de las actuaciones practicadas resulta indiciariamente que pudo tener participación en los hechos objeto de investigación de la causa".
DE LA MATA RETIRA LA ORDEN DE BUSCA Y CAPTURA A NORMAN FOSTER POR EL CAMPUS DE LA JUSTICIA
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata se ha visto obligado a recular y ha retirado la orden de busca y captura al arquitecto británico Norman Foster
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata se ha visto obligado a recular y ha retirado la orden de busca y captura al arquitecto británico Norman Foster, para que declare como testigo en la investigación sobre la adjudicación y construcción del Campus de la Justicia. Antes de librar la comisión rogatoria, por la que solicitaba la detención del empresario, el juez había recibido un oficio de la Policía británica en el que se informaba del interés de Foster en colaborar con la Justicia española. Sin embargo, el magistrado no tuvo en cuenta este informe.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 libró el pasado 23 de octubre una comisión rogatoria a Suiza para que el arquitecto británico declarase el próximo 14 de diciembre por videoconferencia desde Londres. De la Mata citó a Foster en Londres, dado que es natural de Mánchester. El arquitecto reside en el país helvético, por lo que se veía obligado a viajar con las restricciones existentes debido a la crisis sanitaria.
El magistrado apuntó en su auto: «Teniendo en cuenta que el mismo se encuentra en paradero desconocido, se interesa que, por las autoridades policiales competentes, se proceda a la averiguación de domicilio de Norman Foster, a efectos de su localización y citación. La citación debe realizarse con apercibimiento de ser detenido y conducido por la fuerza pública en el caso de no comparecer».
Dispuesto a colaborar
Sin embargo, la realidad era bien distinta. Norman Foster estaba dispuesto a colaborar con la Justicia española y así se lo comunicó al juez la Policía Metropolitana. Los agentes advirtieron al magistrado de la imposibilidad de realizar el interrogatorio en una de sus sedes judiciales, en un oficio al que ha tenido acceso OKDIARIO. Los policías explicaron: «Las autoridades españolas han solicitado asistencia del Reino Unido para obtener medios de prueba en una investigación en curso. Norman Foster no se encuentra actualmente en Reino Unido. Estaba dispuesto a viajar para participar en la videoconferencia, pero debido a las restricciones impuestas por el Covid-19 y las medidas de cuarentena no le es posible desplazarse al Reino Unido, ya que se encuentra en su residencia en Suiza en la actualidad.»
Continúa el escrito: «He hablado con su abogada, Rhian Deakin, directora de la asesoría jurídica de Foster and Partners y ha declarado que están dispuestos a colaborar con la solicitud y que, debido a las restricciones, no tendrían problema alguno en proporcionar por escrito la información solicitada por España. Sin embargo, no saben qué han de hacer para colaborar con la investigación.»
De la Mata recibió este escrito el 28 de septiembre pero hizo caso omiso al mismo y libró una comisión rogatoria ordenando a las autoridades suizas que localizasen y detuviesen a Norman Foster. Finalmente, el magistrado ha tenido que recular después de recibir un correo electrónico del prestigioso arquitecto facilitando sus datos de localización, dejando sin efecto «la comisión rogatoria internacional dirigida por el Juzgado a las autoridades judiciales competentes de Suiza.»
En este procedimiento, el magistrado investiga la posible comisión de delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y/o delitos societarios vinculados con el fallido proyecto de Campus de la Justicia para el que llegaron a formalizarse, según la Cámara de Cuentas de Madrid, contratos por valor de 332 millones de euros. Esta causa tiene imputado, entre otros, al ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada que denunció ser víctima de una «persecución política».
Norman Foster
El proyecto del Campus de la Justicia se inició en el año 2004 mientras Esperanza Aguirre presidía la Comunidad de Madrid y tenía el objetivo de centralizar todas las sedes judiciales en el nuevo desarrollo urbanístico madrileño de Valdebebas. En 2006, el Gobierno regional anunció que contrataba al arquitecto Norman Foster, que se encargaría de diseñar los dos primeros edificios del Campus, dedicados al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y a la Audiencia Provincial.
La empresa Foster Partners Limited recibió algo más de 13,7 millones de euros de Campus de la Justicia de Madrid. El último movimiento bancario se realizó en enero de 2009, tres meses después de la suspensión del contrato y en la certificación de octubre de 2008 el total que consta es de 10,6 millones. Por ello, el juez considera pertinente que el arquitecto preste declaración.
Campus de la Justicia
El proyecto del Campus de la Justicia se inició durante el mandato de Aguirre pero se guardó en un cajón cuando comenzó la crisis económica. Ignacio González lo recuperó durante la recta final de su mandato como presidente de la Comunidad de Madrid.
González planteaba un contrato de 771,7 millones de euros para un ‘megaproyecto’ que vería la luz en el año 2019 y cuyo presupuesto base de licitación de las obras superaría inicialmente los 1.300 millones de euros.
Posteriormente, Cristina Cifuentes, tras llegar a la presidencia regional, ordenó paralizar el proyecto ante las sospechas de que se hubieran cometido irregularidades, derivando en un proceso judicial.
Sin embargo, recientemente, el Tribunal de Cuentas, que investiga desde octubre de 2018 la gestión del Campus de la Justicia, ha determinado que no cabe apreciar «indicios suficientes para la concurrencia del elemento material de daño a los caudales públicos que exige el concepto legal y jurisprudencial de alcance».
EL JUEZ PIDE DETENER A NORMAN FOSTER SI SE NIEGA A DECLARAR POR EL CAMPUS DE LA JUSTICIA
Sospecha que el Gobierno de Esperanza Aguirre abonó al arquitecto unos honorarios de más de 13 millones de euros por proyectar dos edificios para el proyecto fallido
La Audiencia Nacional busca a Norman Foster. El juez José de la Mata ha reclamado a las autoridades suizas que encuentren y detengan al arquitecto británico en caso de observar resistencia después de tratar, durante meses, de localizarle para tomarle declaración por su intervención en la construcción del fallido Campus de la Justicia de Madrid. Según indica en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado quiere escucharle para conocer si cobró del Gobierno madrileño que dirigía Esperanza Aguirre más de 13 millones por proyectar dos edificios para esta ciudad judicial que nunca llegó a levantarse. Horas después de conocerse su posible detención en el caso de que se niegue a declarar, el equipo jurídico del arquitecto ha emitido un comunicado: "Ha estado ayudando a las autoridades con su investigación como testigo de la acusación. Ya hemos dado testimonio en una declaración como testigo para la acusación", asegura. "Seguimos colaborando activamente con el tribunal para ayudar con sus consultas. Nuestros esfuerzos se han visto frustrados por las restricciones debidas al coronavirus. Lord Foster sigue comprometido y disponible para ayudar y continuamos en contacto con las autoridades españolas para que esto suceda".
De la Mata investiga la posible comisión de delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y/o delitos societarios vinculados con el proyecto después de que la Cámara de Cuentas de Madrid concluyera que llegaron a formalizarse contratos por valor de 332 millones de euros, a los que se suman otros 8,4 millones de euros en modificaciones y prórrogas, y que se pagaron 9,5 millones en concepto de indemnizaciones y 4,8 millones de euros en "gastos sin soporte contractual". Mantiene imputado al ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid y ex consejero de Justicia Alfredo Prada. En el año 2006, el Gobierno regional anunció a bombo y platillo que el prestigioso arquitecto se encargaría de diseñar los dos primeros edificios del Campus, dedicados al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y a la Audiencia Provincial. Así se establecía en un acuerdo que firmó Foster con el también consejero de Justicia e Interior. Su estudio debía encargarse de redactar el proyecto inicial de edificación y la posterior construcción de estas dos sedes situadas en un gran complejo ubicado en el ámbito de Valdebebas que debía concentrar todos los órganos judiciales con sede en Madrid, a excepción del Tribunal Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional.
Según explica el juez en su auto, en abril de aquel año Foster y Prada firmaron un acuerdo y un posterior memorándum que incorporaba un proyecto de construcción de ambos edificios de 179.691.000 euros. Los honorarios del arquitecto se calculan en la documentación en poder del Juzgado en 11.621.003 euros, a los que se añade en concepto de gastos un 15 por ciento sobre el montante total de honorarios. El contrato quedó suspendido en octubre de 2008 cuando el importe total facturado por el estudio del británico, Foster and Partners, ascendía a 10.621.809,06 euros (incluyendo gastos). En el memorándum se establecía que en caso de rescisión del contrato podría cobrar el 10 por ciento del montante que restara por facturar en ese momento "para reflejar la proporción de los servicios parciales ejecutados". El juez asegura que según consta en el análisis de las cuentas bancarias, la empresa levantada para el proyecto del Campus le pagó en total 13.777.335 euros, produciéndose el último movimiento bancario en enero de 2009, tres meses después de la suspensión del contrato. "En la certificación de octubre del 2008 se acredita que los trabajos realizados totalizan importe de 10.621.807,84 euros", dice el juez. Tras tratar de forma infructuosa de escuchar su testimonio dese el pasado marzo, el juez ha decicido recurrir a un riesgo de arresto. "Teniendo en cuenta que el mismo se encuentra en paradero desconocido, se interesa que, por las Autoridades Policiales Competentes, se proceda a la averiguación de domicilio de Norman Foster, a efectos de su localización y citación. La citación debe realizarse con apercibimiento de ser detenido y conducido por la fuerza pública en el caso de no comparecer", pide el magistrado. Propone como fecha para la tomarle declaración el día 14 de diciembre en caso de que se le localice.
La instrucción
El magistrado admitió en agosto de 2018 una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en relación con distintas prácticas presuntamente irregulares cometidas por la sociedad mercantil Campus de la Justicia SA (CJM), que podrían ser constitutivas de los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y conexos. La investigación parte de una denuncia inicial presentada por los tres grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid, PSOE, Podemos y Ciudadanos, que llevaron ante la Justicia todas las irregularidades detectadas en una comisión parlamentaria que duró meses. El antiguo consejero de Justicia al que salpica el proyecto es Alfredo Prada, después integrado en el equipo de Pablo Casado como responsable de la nueva oficina que vela por la idoneidad de los cargos del PP. El proyecto, que intentó unificar en un único complejo todas las sedes judiciales de la región, también fue fiscalizado por la Cámara de Cuentas, que en un demoledor informe de 240 páginas analiza todas las irregularidades detectadas en los años en que estuvo operativa esta sociedad, entre enero de 2005 y diciembre de 2014. La Cámara de Cuentas concluía que el campus no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, de los principios que deben presidir la contratación del sector público.
PRADA MANEJABA LAS CONTRATACIONES DEL CAMPUS DE LA JUSTICIA, SEGÚN LA FISCALÍA
Los investigadores detectan decenas de pagos con dinero público sin que aparezcan las facturas
La Fiscalía Anticorrupción sitúa en su escrito ante el juez al Alfredo Prada al frente de las operaciones de gestión económica y de contratación en el Campus de la Justicia, ahora bajo los indicios de ser ilegales.
Es Prada, según el Ministerio Público, el que presuntamente negociaba acuerdos con empresas privadas que después eran aprobados por el consejo de administración del Campus de la Justicia de Madrid.
Es más, Prada era el presidente de ese consejo por lo que siempre cerraba el círculo de la contratación. Cuando los documentos se analizaban en el seno de ese consejo, ya se conocía a la empresa que le había correspondido el trabajo.
La Fiscalía también detecta que el exconsejero de Justicia era presuntamente la persona autorizada para operar con varias cuentas corrientes del campus de la Justicia, cuentas que abonaron pagos de más de 120.000 euros a una empresa privada sin existir factura de ningún tipo.
Una tarjeta visa vinculada a esas cuentas y que operaba el propio Prada ofrecen, según el Ministerio Público, datos suficientes de una gestión irregular. Por ejemplo, un viaje a Londres en 2006 cuyos justificantes no aparecen.
El próximo 27 de marzo Alfredo Prada será interrogado en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
https://cadenaser.com/emisora/2019/03/20/radio_madrid/1553081122_453535.html
EL PP DICE, TRAS LA IMPUTACIÓN DE ALFREDO PRADA, QUE ACTUARÁ SI LE ABREN JUICIO ORAL PORQUE NO OCUPA CARGO PÚBLICO
Casado le designó tras ganar el congreso del PP de julio presidente de la Oficina del Cargo Popular
El PP ha asegurado este martes, después de que el juez haya imputado a Alfredo Prada por posible desfalco en el Campus de la Justicia, que actuará contra el exconsejero madrileño si se le abre juicio oral, ya que, según recuerda, en este momento "no ocupa ningún cargo público", han informado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del partido.
En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado a Prada --que fue consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2008-- en calidad de investigado, así como a tres cargos del proyecto por las irregularidades en el Campus de la Justicia.
Se remite a sus estatutos
Ante esa imputación, 'Génova' ha recordado que Alfredo Prada "no ocupa ningún cargo público". Por eso, se ha remitido a los Estatutos del PP que especifican que "hasta que no se haya dictado un auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción no se procederá a suspenderle provisionalmente de afiliación precisamente para garantizar todos sus derechos", han añadido las mismas fuentes.
Por lo tanto, el PP no actuará en este momento contra el exconsejero madrileño en virtud de esas normas internas del partido. Tras ganar Pablo Casado el congreso del PP en julio, en el que se impuso a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, designó a Prada presidente de la Oficina del Cargo Popular, un órgano encargado de velar por la idoneidad de los candidatos y cargos públicos de la formación.
Según informó el PP en su momento, las funciones de este órgano son supervisar el cumplimiento de todos los trámites y requisitos necesarios para acceder a un cargo público u orgánico en representación del PP, y aprobar el formulario homologado del resumen de la declaración de IRPF y de patrimonio.
Además, esa oficina se encarga de gestionar los registros de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de los cargos; velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades; y dar cuenta al Comité de Derechos y Garantías de cualquier anomalía o irregularidad que pudiera detectar en el desarrollo de sus funciones.
Rajoy repescó a Prada tras distanciarse de Aguirre
Prada fue uno de los padrinos políticos del actual presidente del PP, Pablo Casado, quien trabajó en su Departamento cuando estaba al frente de la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.
Tras distanciarse de Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy repescó a Alfredo Prada con un cargo orgánico en 'Génova' al designarle responsable del PP en el Exterior y después le hizo diputado por León.
https://www.eldiario.es/politica/PP-imputacion-Alfredo-Prada-actuara_0_879462849.html
EL IMPUTADO PRADA: PADRINO DE AYUSO Y CASADO
El dirigente del partido y la candidata a la Asamblea dieron sus primeros pasos políticos con el exconsejero de Aguirre
Alfredo Prada, exvicepresidente segundo y exconsejero de Justicia madrileño en el PP, ha sido llamado a declarar en calidad de imputado por José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. El auto, que juzga las irregularidades del proyecto del Campus de la Justicia, señala en concreto que la sociedad "no seguía ningún criterio de racionalidad económico ni organizativo y presentaba un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil".
Prada, curiosamente, fue "fichado" por Pablo Casado para investigar las corruptelas del Partido Popular. Se le encomendó ocupar la presidencia de la llamada Oficina del Cargo Popular, creada en el congreso del PP que se celebró en febrero del año pasado y que tiene entre otros cometidos “dar cuenta al Comité de Derechos y Garantías de cualquier anomalía o irregularidad que pudiera detectar en el desarrollo de las funciones” de esos cargos públicos.
Mentor de Casado…
Alfredo Prada es otro veterano dentro de las filas del partido. Casado, agradecido con Prada por el pasado que los unía, lo nombró presidente de susodicho órgano de control interno.
Fue su jefe directo en su primer empleo público cuando, sin haber finalizado sus estudios universitarios, fue nombrado asesor parlamentario del propio Prada cuando este era vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid con Aguirre. Ya entonces el mecenas de Casado arrastraba unos antecedentes que, lejos de complicarle su carrera política, le acabarían favoreciendo.
Y es que, entre los 18 y 20 años (1978-1980) asistía asiduamente a los actos organizados en su provincia por el partido ultraderechista Fuerza Nueva, incluso con la presencia de su líder, Blas Pifiar. Años después se vería envuelto en dos casos. El primero, caso de los Espías, en calidad de espiado y el segundo tras la denuncia de Carmen Balfagón, ex responsable de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, que dependía de la Consejería de Justicia, cuyo titular era Alfredo Prada. Según Balfagón le había obligado seis años antes a pagar por trabajos inexistentes a empresas próximas al partido. Biografía no oficial aquí.
…y de Ayuso
Pero el mecenazgo de Prada no se limita tan sólo al actual líder popular, también fue el valedor de las aptitudes de la que hoy es candidata del partido a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se afilió al Partido Popular en el año 2005, cuando tenía 27 años.
Fue entonces cuando conoció a Pablo Casado y comenzó a tejer una estrecha relación con él, que ya ejercía como dirigente de Nuevas Generaciones de Madrid y asesor del imputado Prada.
Hasta su afiliación se limita a informar que “como periodista ha trabajado en agencias de marketing, departamentos de prensa, así como en diversos medios, siendo radio donde más tiempo ha ejercido su profesión”. En concreto dice que trabajó para la Productora Spin FM entre octubre del 2002 y junio del 2003 en Dublín (Irlanda) y para MK 101 Agency entre 1998 y 1999.
El caso es que ese mismo año 2005, tras conocer a Casado, para ser exactos en el mes de marzo ficha por el PP de Madrid para el área de comunicación. Desde entonces hasta hoy su vida profesional se fusiona con su actividad política e institucional, todas ellas retribuidas.
Comunicación Consejería de Justicia e Interior de la CM. Casualmente es fichada por el mismo Consejero (Alfredo Prada) que en el 2004 había también nombrado como asesor al estudiante de Derecho Pablo Casado.
Es decir, lo que era una afinidad ideológica entre ambos se convierte en una nómina común a cargo del contribuyente. Por aquel entonces se inaugura a bombo y platillo “El Campus de la Justicia” un mega capricho de Esperanza Aguirre que le ha costado al contribuyente decenas de millones de euros
https://www.elplural.com/politica/alfredo-prada-imputado-y-mentor-de-ayuso-y-casado_212900102
TODO LO QUE UNE A PABLO CASADO CON EL CAMPUS DE LA JUSTICIA
El líder del PP era entonces asesor de Prada, quien firmaba con Esperanza Aguirre los contratos millonarios del secarral
"No era nadie, más que un diputado autonómico sin capacidad de hacer nada en la Administración". Así se defendía el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el día que la causa sobre su máster era enviada al Tribunal Supremo. Lo cierto es que Casado sí era alguien, más que la mayoría de diputados madrileños, y esa condición está directamente ligada con el Campus de la Justicia que ahora vuelve como el fantasma de las vacaciones pasadas.
Hasta ahora, la sospecha sobre el Campus de la Justicia siempre había sobrevolado por los cientos de millones de euros dilapidados por la Comunidad de Madrid y, sobre todo, por las pesquisas paralelas de casos como Gürtel y Púnica. Sin embargo, ahora el juez José de la Mata de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación centrada solo en el proyecto megalómano que quedó en un secarral.
En todo el proyecto, hay dos figuras destacadas. La una, la entonces presidenta Esperanza Aguirre, que convirtió el proyecto en una apuesta personal en la que enterró paladas de euros en propaganda. En sus inicios, Aguirre fue la madrina política de Pablo Casado y bajo su brazo llegó a la presidencia de las Nuevas Generaciones de Madrid y a la Asamblea Regional.
La otra figura ligada al Campus de la Justicia es el entonces vicepresidente de la Comunidad y consejero de Justicia, Alfredo Prada, de quien Casado era entonces asesor. Aguirre solía acaparar los focos en las innumerables presentaciones de maquetas y vídeos, pero a Prada le quedaba algún que otro acto y, sobre todo, la firma de los contratos, como el que hoy ofrece ElPlural.com.
Este contrato, firmado por Alfredo Prada y por Esperanza Aguirre, le adjudicaba al estudio de Norman Foster la construcción de los edificios del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la Audiencia Provincial en el Campus de la Justicia. Apelando al “artículo 210 b de la Ley de Administraciones Públicas” se otorgaba directamente a Foster dichos proyectos con la excusa de “la singularidad artística y arquitectónica del proyecto y el prestigio a nivel mundial de Lord Norman Foster”.
Finalmente, como ya se sabe, ninguno de los dos edificios llegó a construirse. Lo más cerca que se estuvo fueron las maquetas del proyecto, que se presentaban y exponían una y otra vez, con cargo al contribuyente. Además, se pagó al estudio de Foster un total de 10 millones de euros -aunque pedían 13- sin que sus edificios llegasen a asentarse en el secarral de Valdebebas donde iba a ir el Campus de la Justicia.
Cuando se firmó el contrato, el 17 de abril de 2006, Pablo Casado era el asesor del mismísimo vicepresidente del Gobierno regional. Un trabajo que, según su propio perfil laboral, ejerció desde febrero de 2004 hasta mayo de 2007. De hecho, era la época en que Casado aprobó el 70% de la carrera de Derecho en la Cardenal Cisneros. Y eligió este centro porque se adaptaba a sus “condiciones laborales”, según fuentes de su entorno citadas por eldiario.es.
Aunque Casado defendiese en su día que no era nadie, sí era asesor de Prada. Y, al igual que Aguirre se esforzó en apoyarle en las primarias del PP, el ahora presidente del PP ha mantenido un vínculo con el exvicepresidente madrileño que le ha llevado a rescatarle para su Ejecutiva Nacional. Prada había dejado la política en 2015, cuando se quedó fuera de las listas electorales, pero Casado no solo le ha devuelto a Génova, sino que le ha nombrado presidente de la Oficina del Cargo Popular, el organismo interno que evalúa si los candidatos y cargos públicos del PP son idóneos.
Si el Campus de la Justicia es el caso que finalmente acaba afectando a Esperanza Aguirre, tras años esquivando las balas judiciales, la noticia entonces será hasta qué punto implica a Prada, el hombre con quien Casado ha vuelto a unir su destino 14 años después.
LA AUDIENCIA NACIONAL IMPUTA AL DIRIGENTE DEL PP ELEGIDO POR CASADO PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
De la Mata cita como investigado a Alfredo Prada, exconsejero de Aguirre, por el Campus de la Justicia
La Audiencia Nacional ha imputado este martes a Alfredo Prada, consejero de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre, por las presuntas irregularidades en la construcción del Campus de la Justicia. A través de un auto fechado este mismo 19 de marzo, el juez instructor José de la Mata ha citado al dirigente del PP el próximo 27 de marzo a las 10 de la mañana. "Debe ser interrogado como responsable del desarrollo económico y contractual de la sociedad", explica el magistrado en su escrito, donde recuerda que Prada ocupó entre 2005 y 2008 el cargo de presidente y consejero delegado de la empresa creada para desarrollar el proyecto. Pablo Casado lo colocó el pasado julio al frente de la oficina del PP creada para combatir la corrupción en el partido.
De la Mata ha aceptado la petición de la Fiscalía y pone nombre a los primeros investigados por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Porque, además de citar a Prada, uno de los primeros padrinos políticos de Casado, el magistrado también llama a declarar como imputados a otros tres ex altos cargos del Campus de la Justicia: Isabelino Baños, ex director general técnico; José Sanz Piñar, subdirector técnico; y Alicio de las Heras, director del área financiera. Todos ellos ocuparon puestos clave en una empresa creada supuestamente para levantar la Ciudad de la Justicia de Madrid, pero que dejó un agujero patrimonial superior a los 105 millones de euros en la Comunidad.
Tras pasar una década en el Senado, Prada saltó al Gobierno regional de la mano de Aguirre, que le situó en cargos de relevancia. Fue vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior. Pero todo cambió en 2008, cuando manifestó públicamente su apoyo a Mariano Rajoy para el congreso nacional del PP. Aguirre lo destituyó y Prada dejó la primera línea. En 2011 volvió a las Cortes, como diputado en el Congreso, en el que permaneció hasta enero de 2016. Casado lo recuperó el pasado verano tras ganar las primarias y lo colocó en la ejecutiva de la formación, al frente de la Oficina del Cargo Popular, encargada de evitar la corrupción dentro de las filas populares.
Pero no había transcurrido un año después de esa decisión cuando acaba de citarlo como investigado la Audiencia Nacional. Y De la Mata lo ha hecho tras dictar un detallado auto de 20 páginas en el que enumera una larga lista de presuntas irregularidades. El instructor señala, por ejemplo, que el Campus de la Justicia no seguía ningún criterio de racionalidad económico y organizativo, además de presentar un "claro desequilibrio" al contar con un "potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil". Es más, añade el juez, "todos los puestos de trabajo de la sociedad se cubrieron por personas de confianza de los gestores políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses privados".
La construcción, que se puso en marcha en 2005 y se prolongó hasta 2015, tenía como supuesto objetivo llevar todas las sedes judiciales dependientes de la Comunidad de Madrid a unas parcelas al norte de la capital de España. Pero fue un fracaso y solo se levantó uno de los 12 edificios previstos: el que iba a albergar el Instituto de Medicina Legal, que ni siquiera se encuentra actualmente en funcionamiento.
Un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de marzo de 2018, que recuerda también De La Mata, ya apuntó que la empresa no estableció en materia de contratación "un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, el de los principios que deben presidir la contratación del sector público".
Un máster y una visa, bajo sospecha
El juez De la Mata incluye otra serie de gastos bajo sospecha en su auto. Entre ellos, señala las "muchas retiradas" de efectivo que se hicieron de la "caja de los bancos" en 2006, que superaron los 10.000 euros en apenas un mes: se sacaron 5.354,95 y 2.138,76 euros el 20 de junio; 1.787,3 el 12 de julio; y 1.316,38 el 24 de julio. El magistrado también recuerda que el informe de la Cámara de Cuentas señalaba que se usaba una tarjeta de crédito Visa Platinum vinculada a la cuenta de la Ciudad de la Justicia, con la que se desembolsó 15.647,20 euros y de la que "falta información y documentación básica de cobertura de los movimientos". A su vez, la sociedad creada pagó 38.050 euros a la Fundación Instituto de Empresa para que uno de sus altos cargos cursara un máster executive MBA.
https://elpais.com/politica/2019/03/19/actualidad/1553009338_385269.html
ALFREDO PRADA: EL PRIMER IMPUTADO DEL EQUIPO DE CASADO Y EL PADRINO QUE LO INTRODUJO EN POLÍTICA EN 2003
El entonces consejero de Justicia de Madrid contrató a Casado como asesor por más de 50.000 euros cuando tenía 23 años y sin que hubiera acabado Derecho El juez que investiga las irregularidades de la Ciudad de la Justicia cita a Prada como imputado al ser el principal responsable de ese proyecto Prada ocupa actualmente la Oficina del Cargo Popular, un órgano que trata de detectar prácticas corruptas en el PP, en el que seguirá hasta que se abra juicio oral
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que desde su triunfo en las primarias ha presumido de una política de "tolerancia cero" con la corrupción, ha visto este martes como una investigación judicial salpicaba a un miembro de su dirección, Alfredo Prada, imputado por el juez que investiga las irregularidades en la construcción de la fallida Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid. Prada es un dirigente de la máxima confianza de Casado, que fue además su padrino político.
En 2003, siendo vicepresidente y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid que presidía Esperanza Aguirre, otra de las madrinas políticas de Casado, Prada nombró al hoy líder del PP asesor parlamentario. Casado tenía entonces 23 años y aún no había terminado la carrera de Derecho. El de asesor en la Asamblea de Madrid del hoy exconsejero imputado fue el primer trabajo del actual presidente de los populares en el sector público y su salario rondaba los 50.000 euros brutos anuales.
Casado había logrado su primer sueldo público tan solo dos años después de haberse afiliado a Nuevas Generaciones –las juventudes del PP– y sin haber completado siquiera la licenciatura. Mantuvo ese puesto durante los cuatro años de la legislatura, hasta 2007, cuando fue incluido en las listas para la Comunidad de Madrid por la entonces presidenta regional y logró convertirse en diputado de la Asamblea de Madrid.
Nada más alcanzar la presidencia de los populares, el pasado mes de julio, Casado decidió recompensar la confianza depositada 15 años atrás por Prada incluyéndolo en su equipo directivo. Al hoy imputado lo nombró presidente de la Oficina del Cargo Popular, órgano que, paradójicamente, trata de detectar prácticas corruptas dentro del partido.
Creada en el congreso del PP de febrero de 2017, cuando el partido aún lo presidía Mariano Rajoy, la Oficina del Cargo Popular se encarga de "supervisar el cumplimiento de todos los trámites y requisitos necesarios para acceder a un cargo público u orgánico en representación del PP", de "aprobar el formulario homologado del resumen de la Declaración de IRPF y de Patrimonio" de los miembros del partido o de "gestionar los registros de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de los cargos".
El órgano que preside Prada vela además "por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades" del PP y se encarga de "dar cuenta al Comité de Derechos y Garantías de cualquier anomalía o irregularidad que pudiera detectar en el desarrollo de sus funciones", es decir, es el encargado de denunciar cualquier práctica corrupta que se pueda dar dentro de la formación conservadora. El PP ha informado esta tarde de que mantendrá a Prada en su puesto hasta que se le abra juicio oral, porque no es un cargo público.
100 millones de dinero público dilapidados
El caso que llevará a Prada a declarar en la Audiencia Nacional indaga en el macroproyecto que ideó Esperanza Aguirre. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ideó la unificación de todas las sedes judiciales de la región en un mismo terreno, albergadas en edificios vanguardistas que diseñarían los mejores arquitectos del mundo, entre los que estaban Zaha Hadid y Norman Foster. El presupuesto para las sedes era de 500 millones de euros.
Lo que iba a ser un paisaje de construcciones circulares erigidas en joyas de la arquitectura es ahora un enorme solar lleno de socavones y con un único edificio en pie. La sede del que iba a ser el Instituto de Medicina Legal está terminada pero nunca se le ha dado uso. A pesar de ello, su mantenimiento cuesta cada año 19 millones de euros de dinero público.
El camino recorrido entre la idea que tenía Aguirre y el definitivo fracaso del proyecto es un auténtico manual de despilfarro de dinero público. Ese manual tiene 240 páginas, en su portada aparece como autor la Cámara de Cuentas de Madrid y es la base para la actual investigación que desarrolla el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.
Ese informe de la Cámara de Cuentas dice que la Ciudad de la Justicia se ha tragado al menos 100 millones de dinero público y hace un repaso exhaustivo de todas las vías por las que dilapidó el presupuesto. Por ejemplo, el gobierno regional tuvo que pagar a los arquitectos por sus diseños, que nunca fueron construidos, y a las empresas a las que se encomendó su construcción hubo que pagarles para rescindir los contratos.
El Gobierno se dejó también grandes sumas de dinero público en la promoción del proyecto, con la compra de espacios publicitarios y la organización de eventos y exposiciones. El juez destaca que el presupuesto para estos actos promocionales se disparó sin que haya justificación ni factura alguna. En muchas contrataciones públicas no han aparecido los expedientes de licitación. En otras, De la Mata sospecha que se organizaron falsas licitaciones: se invitaba a empresas que en realidad estaban vinculadas entre sí.
Todas aquellas decisiones las tomó un equipo que tenía más cargos directivos que trabajadores de administración. En 2007, por ejemplo, la sociedad tenía 10 trabajadores: siete eran directivos y solo tres administrativos. La Cámara de Cuentas calculó -porque no se localizaron los contratos- que cobraban de media unos 5.000 euros al mes, con subidas constantes que oscilaban entre el 30 y el 80%. La mayor parte de estas subidas se dieron cuando la sociedad había entrado "inequívocamente en una situación de declive empresarial".
https://www.eldiario.es/politica/Alfredo-Prada-imputado-Casado-PP_0_879462713.html
EL CONSEJERO PARA EL QUE TRABAJÓ CASADO FINANCIÓ CON 62.000 EUROS EL INSTITUTO DONDE CURSÓ SU MÁSTER
Casado fue asesor del consejero hasta meses antes de que se firmase el acuerdo, mientras Prada era vicepresidente segundo y responsable de Justicia de la Comunidad de Madrid
El IDP obtuvo la ayuda económica para una formación que se realizó el mismo año en el que el político popular se matriculó en el posgrado de derecho autonómico
La Comunidad de Madrid es una de las entidades que ha inyectado dinero público al ya extinto Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos. El Gobierno regional financió la elaboración de informes, la matriculación de funcionarios en formaciones de arbitraje y en el máster de derecho autonómico que cursaron Pablo Casado y Cristina Cifuentes. De hecho, entre los años 2009 y 2012 el Gobierno regional aportó 370.000 euros a este departamento dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde, imputado en el caso máster.
Uno de los convenios de los que se benefició este instituto fue firmado por Alfredo Prada, el consejero de la Comunidad de Madrid para el que trabajó Pablo Casado cuando inició su carrera política. El acuerdo se suscribió con Álvarez Conde en noviembre de 2007. El objetivo era impartir en 2008 un curso de especialización sobre arbitraje a funcionarios regionales por el que el IDP facturó 62.400 euros a las arcas públicas regionales.
Estos dos nombres están vinculados a la carrera académica y profesional de Casado. Cuando suscribieron el acuerdo, Alfredo Prada era el vicepresidente segundo, consejero de Justicia y Administraciones Públicas del Ejecutivo de Esperanza Aguirre. Hasta junio de 2007 Prada había sido jefe del político popular: el hoy presidente del PP fue uno de sus asesores desde marzo 2004 hasta que se incorporó como diputado a la Asamblea de Madrid.
Prada defiende la "legalidad" del acuerdo
Por su parte, Álvarez Conde fue el director de su máster, actualmente investigado por la justicia y al que Casado se incorporó en septiembre del 2008. También fue el profesor de tres de las únicas cuatro asignaturas que cursó el expresidente de Nuevas Generaciones después de que le convalidasen 18 de las 22 materias del posgrado. En las tres obtuvo un sobresaliente, a pesar de que el líder de los populares no asistió a sus clases.
Prada asegura a eldiario.es que no recordaba este acuerdo y que no tiene ni ha tenido ninguna relación personal con Álvarez Conde. Asimismo reseña que en aquella época dirigía una veintena de organismos públicos para incidir en el elevado número de documentación que suscribió.
"No habría firmado ningún documento que no hubiera contado con toda la legalidad y los informes favorables de la Comunidad", incide el antiguo alto cargo del Gobierno regional para defender su actuación como responsable del IMAP. Además asegura que nunca habló sobre el IDP con Casado. Esta redacción también ha intentado contactar con el catedrático imputado de la URJC, sin éxito por el momento.
La jueza Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51, situó a Álvarez Conde en el centro de un "plan preconcebido", como "urdidor" de una presunta trama que utilizaba sus "prebendas" para crear "un clima favorable" que potenciase sus relaciones políticas y profesionales. Entre los alumnos que se vieron favorecidos por este sistema la magistrada apunta a Casado, al que considera que le regalaron el máster "a modo de prebenda" por su "relevancia política".
Se presupuestaron 83.160 euros
El acuerdo firmado por Prada, como presidente del Instituto Madrileño de Administración Pública (IMAP), y Álvarez Conde establecía "las condiciones de colaboración entre ambas entidades" para que los empleados de la Comunidad participasen en el "IV curso de especialización sobre arbitraje". En él, el IMAP se comprometía a financiar la mayor parte de la matrícula de 33 funcionarios, el organismo público asumiría 2.520 euros y el alumno los 280 euros restantes.
En el acuerdo se presupuestó el pago de un máximo de 83.160 euros. Finalmente, esa cantidad fue menor. Se matricularon 20 trabajadores y la Comunidad emitió una factura en febrero del 2008 de 50.400 euros. Ese mismo mes este departamento también sufragó "los costes de promoción, difusión y publicidad del curso", que supusieron 12.000 euros a las cuentas del Gobierno regional.
Según este acuerdo, el curso se impartió los jueves por la tarde desde el 24 de enero al 5 de junio del 2008 en el campus de Vicálvaro. En este convenio el departamento dirigido por Prada también asumía la responsabilidad de "realizar una campaña interna de difusión entre los empleados públicos". Por su parte, el IDP tenía que informar sobre la "marcha, desarollo y resultados" de esta formación.
Desde el equipo actual de la Consejería de Presidencia aseguran que se escogió al organismo de Álvarez Conde porque "parece ser que en aquella época era el único Instituto de Derecho Público que impartía cursos de arbitraje". Asimismo reseñan que "no ha habido un seguimiento específico" a esta docencia. Prada reseña que el encargado de supervisar esa formación era el director general de función pública. Esta redacción ya informó de que en la promoción en la que se matriculó Cristina Cifuentes, la Comunidad subvencionó el máster a un trabajador que aseguró a esta redacción que nunca lo cursó.
Pagaron la matrícula de cuatro compañeros de Casado
En 2008 el IMAP no solo financió este proyecto al IDP dentro de sus programas de formación de personal. El 15 de septiembre del 2008 el instituto dirigido por Álvarez Conde emitió otra factura de 5.320 euros para abonar la matrícula de cuatro compañeros de Pablo Casado en el máster de derecho autonómico y local. Tres días después, realizó otra de 18.000 euros bajo el concepto de "estudio comparado sobre los procesos de calidad en las administraciones públicas". Entonces Prada ya no era el firmante de los acuerdos, ya no estaba al frente de la vicepresidencia ni de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, Aguirre le cesó en junio del 2008.
Este convenio no supuso el inicio de la financiación del IMAP al departamento que gestionaba Álvarez Conde. De acuerdo a la información aportada por el portal de transparencia regional a esta redacción, esta relación comenzó en 2006. En aquel momento fue Francisco Granados, como presidente de este organismo público, el que suscribió el primer convenio con Álvarez Conde para financiar estos cursos. Ese año la Comunidad de Madrid destinó 48.400 euros. Doce meses después se dedicaron 92.400 euros para la matriculación de 33 trabajadores en la misma formación.
https://www.eldiario.es/sociedad/consejero-trabajo-Casado-financio-instituto_0_817869227.html
EL "VERDADERO CAOS" DEL CAMPUS DE LA JUSTICIA: SIN CONTRATOS NI INVENTARIOS NI FACTURAS
Unas 430 cajas con documentación dispersa y el desorden consiguiente. Sin estructura, ni correlación, ni justificantes, ni formularios, ni facturas. "El archivo físico en donde se contenía la documentación económico-financiera concerniente a la citada sociedad solo puede calificarse de verdadero caos". La Cámara de Cuentas hace referencia al Campus de la Justicia, aquel proyecto encargado en 2007 por Esperanza Aguirre para agrupar las 19 sedes judiciales en el barrio madrileño de Valdebebas.
La descripción corresponde al informe de fiscalización con fecha del 22 de marzo de 2018 y ha sido rescatado este martes por el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata. En el auto, recogido por Vozpópuli, el juez cita a declarar a nuevos investigados en el caso y aprovecha para detallar el "caos" en el que se intentó desarrollar el proyecto de la Comunidad de Madrid. "La ineficacia global del proyecto es el reflejo de la ineficacia de los contratos que lo integraron".
"Disfunción contable"
Según el informe, se evidencia una "grave disfunción contable" en la sociedad: en varios ejercicios los datos no eran correlativos "ni en número ni en fecha". En el caso de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2012, fueron aprobadas por la Comunidad de Madrid sin contar con el preceptivo informe previo de la Intervención General que, según detalla el documento, se elaboró posteriormente. En alguna ocasión, las cuentas fueron rendidas fuera de los plazos legalmente previstos; y en otras, carecieron del informe de gestión obligatorio.
Asimismo, los datos demuestran que desde la sociedad no se contó con la confirmación de saldos una vez finalizados los ejercicios fiscales ni las operaciones realizadas por la sociedad. "La información fue parcial e incompleta", ha subrayado el magistrado en su resumen.
Hay una clara "inexistencia de documentos originales" que den cobertura a las operaciones realizadas por el proyecto de Aguirre. No constan, siquiera, los documentos originales vinculados a las ampliaciones de capitales efectuadas por Campus de la Justicia.
No hay contratos
En la sociedad investigada no se seguía ningún "criterio de racionalidad económico-organizativo". No se contó prácticamente con ningún contrato de trabajo. "Las nóminas y los documentos de cotización a la Seguridad Social aparecieron desperdigados y por períodos incompletos", ha señalado el juez en el auto.
De hecho, De la Mata hace hincapié en que todos los puestos de trabajo en el marco del proyecto "se cubrieron por personas de confianza de los gestores políticos del proyecto" y, en algunos casos, vinculados a "intereses privados". Pese a la falta de documentación, el informe al que hace referencia el juez menciona indicios de "numerosos despidos".
Las nóminas y los documentos de cotización a la Seguridad Social aparecieron desperdigados y por períodos incompletos
Sobre el señalamiento de "intereses privados", se detalla el caso particular de Isabelino Baños, quien también ha sido citado para declarar como investigado el próximo 27 de marzo. La sociedad le encomendó elaborar el informe de valoración de las ofertas y la propia adjudicación de un contrato; finalmente resultó elegida una empresa a la que el mismo Baños había estado vinculado años atrás.
En las 20 páginas del auto, el juez a cargo de la investigación ha insistido en que el Campus de la Justicia no estableció en materia de contratación un "sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos" ni de los principios que deben presidir la contratación del sector público.
Sin facturas ni inventarios
Entre todos los papeles de la sociedad tampoco hay señales de ningún tipo de inventario de elementos del inmovilizado. Y en el período entre septiembre de 2009 y diciembre de 2010 no hay registro de factura alguna que demuestre la realidad de los gastos efectuados.
En resumen, De la Mata ha subrayado la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad, la falta de rendición de cuentas y las disparidades en las informaciones remitidas sobre inversiones y de tesorería.
Ausencia de procedimientos
La Cámara de Cuentas ha determinado que en el Campus de la Justicia "no existía un trámite procedimental para definir y justificar" las necesidades que se iban a atender en el marco del proyecto. Por ello, tampoco había una correcta determinación del objeto de los contratos, por lo que al final en la mayoría de las licitaciones no se pudo definir de forma adecuada la definición de las prestaciones recibidas. Al carecer de una estrategia definida, tampoco consta explicación sobre las razones por las que se contrató un proyecto u otro.
En todos los concursos del Campus se incluyeron "criterios subjetivos" que tuvieron "un peso muy importante en las adjudicaciones"
La sociedad tampoco contaba con una mesa de contratación. Según el informe, en todos los concursos o procedimientos abiertos del Campus se incluyeron "criterios subjetivos" que tuvieron "un peso muy importante en las adjudicaciones" y que no guardaban semejanza con los que enumera la legislación de los contratos en el sector público.
Otros gastos sin detallar
Consta que la sociedad Campus de la Justicia efectuó múltiples gastos en publicidad; pero la mayoría de ellos no están acreditados en contrato alguno. En lo que refiere a los gastos con expediente de contratación, la suma alcanza casi el millón de euros, mientras que aquellos que carecen de expediente se cifran en unos 5,4 millones.
En este apartado, se enumeran varias casos particulares, entre ellos el contrato fechado en 2008 con un fotógrafo que llegó a cobrar un sueldo de 3.500 euros al mes: no hay registro de justificación alguna sobre la efectividad de los servicios prestados al proyecto madrileño.
El importe total de la contratación asciende a 355.577.355 euros
La serie de gastos sin detallar es extensa; desde retiradas en efectivo y uso de una tarjeta de crédito hasta pagos de matrículas universitarias que no han podido justificarse hasta ahora. El importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización realizados por la Cámara de Cuentas asciende a 355.577.355 euros. Sin embargo, de todo el proyecto sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, aunque inacabadas y en situación de abandono.
LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA EL DESFALCO EN LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE ESPERANZA AGUIRRE
El agujero patrimonial por el proyecto de juzgados en el norte de Madrid supera los 105 millones de euros
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto una investigación sobre el supuesto desfalco económico en la Ciudad de la Justicia de Madrid, un proyecto que pretendía llevar todas las sedes judiciales dependientes de la Comunidad de Madrid a unas parcelas al norte de la capital de España, y que creó un agujero patrimonial superior a los 105 millones de euros. El proyecto, puesto en marcha entre 2005 y 2015, años en los que el Gobierno regional estuvo mayoritariamente en manos de Esperanza Aguirre y luego por Ignacio González, fue un fracaso y solo se llegó a culminar un edificio de los 12 previstos: el que iba a albergar el Instituto de Medicina Legal. El inmueble no se encuentra en funcionamiento.
Según ha adelantado la cadena SER y han confirmado fuentes jurídicas, De la Mata ha admitido una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que deriva a su vez de un informe de la Cámara de Cuentas autonómica sobre la gestión de la empresa pública Campus de la Justicia de Madrid, S.A., durante los ejercicios 2005-2015, y de una denuncia previa, de marzo pasado, de la Comisión de Investigación sobre Corrupción de la Asamblea de Madrid, en la que están representados el PSOE, Ciudadanos y Podemos. Por el momento, no hay personas imputadas en esta causa.
En este informe se ponen de manifiesto adjudicaciones de obras al margen de los criterios establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público y el abono de unos 90 millones de euros por la urbanización y construcciones de edificios, así como irregularidades contables y de contratación de personal. Entre los delitos investigados se citan prevaricación y malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, delito societario y otros tipos penales conexos.
El juez De la Mata admitió el pasado 3 de agosto la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en la que se concluye que la sociedad Campus de la Justicia no estableció un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de la ley de contratos públicos y los principios de transparencia.
El importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización realizados por la Cámara de Cuentas asciende a 355,5 millones de euros. De todo el proyecto realizado solo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, aunque inacabadas y en situación de abandono. La sociedad pública, liquidada en 2014, dejó un patrimonio neto de 25,08 millones de euros, del total de 130 millones que le inyectó la Comunidad de Madrid para el proyecto.
Algunos de los contratos de la Ciudad de la Justicia ya se investigan en la Operación Púnica. Parte de la documentación de este proyecto desapareció de los archivos de la Comunidad de Madrid.
En julio de 2017, la Comunidad reconoció al juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, que la documentación sobre adjudicaciones de contratos no está custodiada.
El informe ponía de manifiesto, entre otros elementos, la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad Campus de la Justicia, la falta de rendición de cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios, deficiencias en la incorporación remitida respecto de las inversiones financieras, de tesorería, del inmovilizado, según ha informado la Audiencia Nacional en un comunicado. El informe describe defectos relevantes de tramitación en los contratos. Campus de la Justicia supuestamente realizó compras ajenas al objeto social y sin los documentos que justificaran tales pagos.
Entre las operaciones y procesos de contratación objeto de investigación se encuentran la gestión integrada del Proyecto y la Construcción de la Urbanización y la Edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia de Madrid (2007), la Aplicación de las nuevas tecnologías en el Proyecto Campus de la Justicia de Madrid (2007), la consultoría y asistencia técnica para la implantación de un sistema integral de Seguridad en el Campus de la Justicia o la creación de la marca representativa y la estrategia de comunicación.
También se investigan la asesoría técnica para la elaboración de la estrategia de gestión del cambio del Campus de la Justicia, el alquiler de la lona publicitaria para la fachada de Goya 66, la cobertura fotográfica del Campus de la Justicia, el mantenimiento de la sede social y servicios de vigilancia y seguridad de la sede social del Campus, en la calle Miguel Ángel, la edición y distribución del libro Foster+Partners, el servicio de asesoramiento jurídico a CJM o el patrocinio y promoción del Campus de la Justicia (2008), entre otros.
El juez ha comenzado a practicar las primeras diligencias para la averiguación de los hechos.
https://elpais.com/politica/2018/09/19/actualidad/1537364228_852602.html
EL FISCAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS VE DESPILFARRO E IRREGULARIDADES CONTABLES EN LA CIUDAD DE LA JUSTICIA
Falta de documentación, descontrol en las cuentas y pagos excesivos en las nóminas, algunas de las irregularidades detectadas
La fiscalía del Tribunal de Cuentas ha redactado un informe en el que ve indicios de “responsabilidad contable” en la gestión del fracasado megaproyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid, un complejo de 12 edificios judiciales que se iba a ubicar en unos terrenos de Valdebebas pero que nunca llegó a cristalizar y que ha supuesto un despilfarro de 105 millones de dinero público. El desarrollo de este fracasado proyecto fue ideado en 2005 por la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre y su exconsejero de Justicia Alfredo Prada. Para llevarlo a cabo, Aguirre creó la sociedad Campus de la Justicia. El fiscal ha analizado un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid sobre esta sociedad y concluye, al igual que la Cámara, que falta documentación del proyecto, que pudo haber pagos excesivos e injustificados a proveedores, descontrol de cuentas e irregularidades en la contratación de una veintena de empleados del Campus como altos ejecutivos y con sueldos que rondan los 5.000 euros.
El fiscal ha enviado su informe al departamento que dirige la exministra del PP Margarita Mariscal de Gante, el número 2, que se ha hecho cargo de la investigación, cuya finalidad es ver si se ha destinado dinero público a fines distintos de los legalmente previstos y, en su caso, reclamar su devolución a los responsables.
El desarrollo de este fracasado proyecto fue ideado en 2005 por la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre y su exconsejero de Justicia Alfredo Prada
Los 105 millones gastados inútilmente en este faraónico proyecto (la diferencia entre lo salido de las arcas públicas madrileñas, 130 millones, y el patrimonio neto actual del Campus, 25 millones) se invirtieron en actos de propaganda de lo que iba a ser y nunca fue la Ciudad de la Justicia, así como en infraestructuras estériles. En Valdebebas, bajo el secarral donde se iba a levantar esta ciudad judicial, se crearon casi 1,7 kilómetros de túneles asfaltados que pretendían unir bajo el suelo los 12 edificios judiciales que conformarían la citada ciudad judicial. Los tuneles siguen ahi, pero inservibles.
Aguirre soñó en 2006 con una gigantesca ciudad judicial que aglutinase en una solo espacio geográfico, sobre unos terrenos que disponía la Comunidad en Valdebebas, al norte de Madrid, las 23 sedes judiciales que Madrid tiene hoy dispersas por la capital. La idea también era ubicar allí la Audiencia Nacional. Pero llegó la crisis de 2008 y Aguirre decidió paralizar el proyecto. Pero para entonces se habían gastado 130 millones de euros en actos para anunciar por medio mundo el proyecto, en obras inútiles y en sueldos de empleados casi sin cometido.
De los 12 edificios judiciales proyectados en el descampado de Valdebebas para levantar la Ciudad de la Justicia, que pretendía ser, según indicó Aguirre, una de las más grandes y lujosas del mundo, finalmente solo se levantó uno de ellos, acristalado y en forma de dónut, que ahora se halla estado semirruinoso, el anatómico forense. Este edificio, que sigue vacío, costó 26 millones, ahora no vale más de 16 y todavía supone una sangría económica para los ciudadanos: vigilar la instalación sigue costando, todos los meses, casi 12.000 euros. Este edificio estéril iba a ser el nuevo anatómico forense de Madrid, con 205 nichos. Dispone de una cámara de frio que ahora está inservible y cuya reparación costaría al menos seis millones de euros.
Bajo el secarral de Valdebebas donde se iba a levantar la ciudad judicial, se crearon casi 1,7 kilómetros de túneles asfaltados que pretendían unir bajo el suelo los 12 edificios judiciales. La obra no sirvió para nada
El fiscal jefe Miguel Ángel Torres, basándose en el informe que le ha hecho llegar la Cámara de Cuentas en Madrid sobre la frustrada Ciudad de la Justicia, revela que la sociedad Campus de la Justicia, pudo cometer supuestamente múltiples irregularidades. Por ejemplo, se nutrió de empleados con una retribución media salarial de 5.000 euros y en la que casi todos tenían contratos de cargos directivos: de los 20 que llegó a tener en 2007, casi todos eran jefes; apenas había dos administrativos.
Las anomalías que observa el fiscal son básicamente de los primeros años de funcionamiento de la sociedad, cuando se gastó sin control casi todo el dinero. Solo por el diseño de uno de los edificios, la sociedad Campus de la Justicia pagó diez millones al arquitecto Norman Foster, que pedía 13 millones, por adjudicación directa. “El importe contabilizado como pago al arquitecto fue de 13.718.136 euros, un importe muy similar al firmado en el acuerdo para el total del proyecto. Pero es de notar que la última fase del mismo, la construcción, ni siquiera llegó a iniciarse”, describe el fiscal en su informe. Foster pidió sus 13 millones por el diseño, si bien finalmente cobró algo más de 10 millones.
La segunda etapa de este fracasado megaproyecto se inició tras la dimisión de Aguirre en septiembre de 2012 y ya con Ignacio González al frente de la Comunidad de Madrid. A través de su entonces consejero de Justicia Salvador Victoria, y tras el paso de la exconsejera Regina Plañiol, la labor de González se centró básicamente en liquidar la sociedad Campus de la Justicia. Durante su mandato, González intentó aprovechar la infraestructura que ya existía (todo quedó paralizado por la crisis de 2008) e ideó levantar en el mismo lugar una ciudad de la justicia menos ambiciosa. Pero llegó Cristina Cifuentes a la presidencia de la Comunidad y también bloqueó esta segunda idea.
Al igual que la Cámara de Cuentas, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas advierte que falta documentación que respalde gran parte de los gastos acometidos. Sobre las operaciones y gastos relativos a 2009 y 2010, indica, por ejemplo, que “no aparecen facturas de gastos sobre servicios exteriores de la sociedad (por ejemplo, luz, mantenimientos, etcétera) por importe de 901.000 euros, pese a que tales documentos debían conservarse durante seis años”.
Pone el acento el fiscal en la política de personal. Con pagos de indemnizaciones por despidos a trabajadores muy superiores a los que establece la ley. Pone como ejemplo, la indemnización por despido que recibió el director financiero del Campus por el trabajo que realizó entre el 17 de enero de 2005 y junio de 2009. Este director cobró un salario durante ese tiempo de 5.100 euros. “La cantidad contabilizada como indemnización ascendió a 48.357 euros. Un cálculo somero", describe el fiscal, "llevaría a calcular una indemnización de al menos 64 días de salario por año, sobrepasando, pues, de forma significativa la establecida en el Estatuto de los Trabajadores para un despido improcedente”. Muchos de los empleados eran amigos y conocidos tanto de Aguirre como del exconsejero Prada. El director de seguridad del Campus, por su parte, cobraba al mes 6.000 euros. Trabajó solo dos años, pero se le indemnizó como si hubiese trabajado cuatro, destaca el fiscal en su informe.
Anuncios sin soporte documental
En la propaganda y anuncios sobre el proyecto también ve el fiscal irregularidades. Constan decenas de miles de euros pagados en anuncios que carecen de soporte documental contractual y que ni siquiera hay certeza de si se realizaron ni qué fue exactamente lo que se publicitó. Hay facturas, revela el fiscal, por importe de casi 25.500 euros, en gastos de representación, “sobre 400 servicios, 200 cenas y 200 de un cóctel” en las que no se especifica el motivo del gasto. El fiscal cree que este gasto, aunque no está claro, pudo deberse a la presentación de las maquetas de los edificios judiciales que iban a crearse. La creación de esas maquetas supuso un coste al Campus cercano a los dos millones de euros.
Para financiar la Ciudad de la Justicia Aguirre ideó vender dos edificios judiciales de Madrid. Uno de ellos, el que albergaba los juzgados de lo social de la calle de Hernani. Por ambos edificios la Comunidad percibió casi 70 millones, pero el dinero ha acabado despilfarrado y la comunidad está pagado ahora el alquiler del edificio al que hubo que llevar esos juzgados.
De dónde salió el dinero del campus
Los 130 millones inyectados al Campus de la Justicia salen de la venta de dos edificios judiciales públicos (por 76 millones), de tres inyecciones de ocho millones cada una aprobada por el Gobierno regional, de otros 20 más pedidos al Ejecutivo central en el marco del dinero que libró el Estado para que los organismos públicos pagasen a sus proveedores. Y, finalmente, otros 10 que aportó el Gobierno central. Los tres años de más gasto en el Campus fueron 2007, 2008 y 2009 (94 millones).
Los 25 millones de patrimonio neto que han quedado del Campus son la suma de los 7,3 de tesorería con que cerró sus cuentas y los 17,5 en que ha sido tasado el único de los 12 edificios judiciales que existen en los casi 400.000 metros cuadrados sobre los que se proyectó esta megaciudad. Se trata del edificio en forma de huevo en el que se iba a instalar el anatómico forense de Madrid
https://elpais.com/ccaa/2018/05/22/madrid/1526978347_574767.html
UNA ‘VISA’ DEL CAMPUS DE LA JUSTICIA GASTÓ 15.600 EUROS SOLO EN TRES MESES
La sociedad pública abonó 50.000 euros a un artista que nunca entregó la escultura porque no había donde ponerla
Una tarjeta Visa Platinum de la que disponía un directivo sin identificar del Campus de la Justicia apenas ha dejado rastro: el banco no encuentra los justificantes de gasto entre 2005 y 2008. De hecho, los auditores de la Cámara de Cuentas que han fiscalizado este organismo público encargado de desarrollar un gran proyecto judicial en el barrio de Valdebebas solo han hallado los devengos realizados en tres meses: febrero, abril y junio de 2006. La tarjeta, durante este tiempo, en el que Alfredo Prada fue consejero de Justicia y máximo responsable del campus, realizó pagos por valor de 15.647 euros en concepto de alquiler de coches, hoteles, caros restaurantes y gastos menores “al menudeo”. Es decir, la tarjeta gastaba más de 170 euros al día de media, incluyendo sábados y domingos. Y así, en teoría, durante más de tres años consecutivos.
El informe de la Cámara de Cuentas sobre el Campus de la Justicia -que en uno de sus apartados ya destapó que había 22 ejecutivos y solo un administrativo, tal y como adelantó EL PAÍS- dedica un capítulo a los “gastos de explotación” de esta sociedad pública, creada durante la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad, y que dejó a su cierre pérdidas cercanas a los 90 millones. Y lo desgrana año por año. En lo referido a 2005, señala que “más de la mitad del importe de las operaciones contabilizadas, 859.574 euros”, se dedicaron a premios del Concurso Internacional de Proyectos para el Campus de la Justicia, además de otros 145.000 para el Colegio de Arquitectos por gestionar el concurso y 30.000 más para un libro sobre el tema.
En abril de 2006, se abonaron más de 9.300 euros en coches de alquiler
De otros 524.238 euros pagados no se ha hallado contrato alguno, lo que supone el 36,06% de lo abonado ese año. De ese dinero, 252.922 euros fueron destinados a supuestos “gastos de publicidad”, pero tampoco se encontró documentación “sobre qué es lo que se publicitaba”. Y destacan un hecho curioso: se pagaron 38.833 euros a una empresa de publicidad para que insertase anuncios en periódicos. Las tres facturas que se le abonaron demuestran que se pusieron supuestamente tres anuncios iguales el mismo día (1 de julio de 2006) en tres periódicos distintos. Los auditores no han descubierto los anuncios triplicados en cada edición por ningún sitio.
De un vídeo que costó 52.867 euros no hay rastro de su contrato, incluida su versión inglesa, que costó otros 4.198 euros. Pasa algo parecido con los justificantes de una Visa que abonó 9.452 euros en “combustible, aparcamiento y lavado de coche”, incluida una comida “para ocho comensales” por valor de 627 euros.
A una fundación se le traspasaron 200.000 euros de una de las cuentas bancarias de la sociedad para que organizase la exposición La Justicia en el Arte, con el único argumento de que así lo exigía el presidente del campus. “Dicha solicitud de transferencia no es justificación suficiente para el gasto ni para el pago, ya que no tiene sello bancario, ni más datos que el importe y el concepto”.
Ocho personas sin identificar gastaron 627 euros en una comida
Entre los cientos de desembolsos sin comprobantes, los auditores creen que “mención especial merece una Visa Platinum” en la “que se detectaron importantes irregularidades que pueden resumirse en una falta absoluta de justificación”. Ante esta situación, la Cámara de Cuentas se puso en contacto con el banco que había expedido la exclusiva tarjeta para reclamar todos sus movimientos entre 2005 y 2015. La entidad respondió, en 2017, que la Visa había sido dada de baja en 2008 y que solo podría facilitar los datos de diez años atrás, tal y como marca la ley; es decir, desde 2007. Los apuntes de años anteriores se habían destruido: aunque habían rastreado algunos abonos de 2006. Es decir, que de toda la vida de la tarjeta quedaban pruebas de 10 meses, pero no de los 25 anteriores. Así detallan, por ejemplo, que en abril de 2006, la tarjeta pagó, en concepto de viajes y alquiler de coches, 9.333 euros; otros 327 en restaurantes en febrero y 917 euros más en julio. En total, 15.647 euros en solo tres meses sin “los documentos formales de autorización, comisión de servicios y liquidación”, a lo que “se une la falta de identificación de los viajeros o comensales en los supuestos desembolsos en materia de restauración”.
De los años siguientes (hasta 2015), los auditores detallan una retahíla de decenas de gastos sin justificación, facturas o contratos. De entre ellos, EL PAÍS destaca tres. Uno por valor de 44.850 para la organización de las Primeras Jornadas sobre justicia en el periodismo local. Los expertos consideran que “no parece que la actividad tenga acomodo en el objeto social del campus [construir una ciudad judicial]”.
La empresa gastó 40.000 euros en unas jornadas sobre el periodismo local y la Justicia
Los gestores de la Ciudad de la Justicia organizaron en 2007 un concurso escultórico dotado con 50.000 euros. Ganó un artista que residía en Londres, al que se le pagó, pero nunca llevó a cabo el trabajo porque no había lugar dónde colocar la escultura porque el campus estaba en obras. Así que le enviaron una carta anunciándole que le avisarían con tres meses de antelación, cuando estuviese todo urbanizado, algo que nunca ocurrió. Por ello, los fiscalizadores afirman lacónicamente. “En la práctica Campus abonó 50.000 euros sin que la escultura haya sido realizada”.
La sociedad sufrió un robo de ordenadores y móviles (cada empleado tenía uno de empresa), que nunca fueron encontrados. Los auditores se centran, quizás por ello, en uno de estos ordenadores: “un MacBook Air 13,3, con funda de neopreno gris”, que costó 1,441 euros. Podría ser uno de los sustraídos, porque no aparece en el inventario de la sociedad, por lo que los auditores añadieron con cierta sorna en su informe: “Inventario que, por otra parte, no ha aparecido”.
Contabilidad sin fechas ni números correlativos
Los auditores públicos detectaron pronto que en las cuentas de 2008 había “una dualidad de archivos” contables, lo que supone una “grave irregularidad”. “Es necesario poner de manifiesto que los informáticos de la Cámara de Cuentas”, que intentaban desentrañar el embrollo documental del campus, “dada la absoluta falta de organización y sistematización de la información obrante en los archivos de la Consejería de Justicia” se toparon con dos archivos diferentes de las cuentas de ese año.
“Realizado el oportuno análisis, se observó que uno de ellos reflejaba operaciones individualizadas con fechas hasta el 15 de octubre de 2008, por lo que no estaba completo”. El otro, en cambio, si reflejaba los asientos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, pero globalizados por meses. Este último fue el que los auditores utilizaron para desentrañar las cuentas. “En todo caso, hay que señalar que no se ha aportado ninguna explicación del porqué se reelaboró la contabilidad del 2008 agrupando operaciones que, en un inicio, se habían contabilizado correctamente de una en una”.
Y concluyen: “Resulta destacable que en varios de los ejercicios los asientos de las cuentas analizadas no eran correlativos ni en número ni en fecha, lo que evidentemente supone una grave disfunción”.
https://elpais.com/ccaa/2018/03/29/madrid/1522339554_070222.html
CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID: 1,6 MILLONES EN SUELDOS PARA COLOCAR A EMPLEADOS AFINES
La Comisión de la Deuda intenta elaborar una radiografía de la veintena de trabajadores que tuvo el Campus. Algunos llegaron de la mano del que fuera primer presidente y exconsejero Alfredo Prada
Muchos de los empleados que trabajaron en Campus de la Justicia (empresa 100%
pública creada para constituir el mayor complejo judicial de España) no fueron
seleccionados por su perfil técnico y profesional, sino por sus lazos de amistad
y en algunos casos de parentesco con importantes dirigentes del PP. Así lo
revelan sus currículums. La oposición en la Asamblea de Madrid está auditando
las cuentas de esta sociedad pública en la comisión de "estudio del
endeudamiento y la gestión pública" puesta en marcha en la Cámara madrileña.
Entre 2005 y 2010 (año de creación de la empresa y de fin de sus actividades),
Campus de la Justicia pagó 1,6 millones en salarios a una veintena de
trabajadores, a falta de concretar el año 2007, según las memorias anuales de la
empresa. La comisión está intentando poner nombres, apellidos, sueldos y
funciones a la plantilla del Campus.
En esos seis ejercicios, Campus de la Justicia solo pudo desarrollar uno de los 18 edificios previstos (el Instituto de Medicina Legal) y construir un túnel doble de 1.300 metros que iba a dar servicio a todo el complejo, hoy un erial urbanizado pero desierto en el barrio madrileño de Valdebebas. El coste del fallido proyecto es de 95,7 millones de euros, sin sumar las indemnizaciones que aún se deben por proyectos no ejecutados y otros contratos aún por auditar que pueden incrementar los gastos hasta los 120 millones, según fuentes de la comisión de deuda.
Campus de la Justicia podía contratar a dedo. Aunque su capital era público, se constituyó como sociedad mercantil sujeta al derecho privado. En 2005 tuvo cuatro trabajadores en nómina, seis en 2006; diez en 2007 y 2008; ocho en 2009 y cuatro en 2010. Todos sus salarios suman 1,64 millones de euros (a falta de obtener los dato de 2007) y las indemnizaciones que algunos recibieron por la rescisión de sus contratos llegan a los 216.000 euros, aunque la comisión también está analizando si fueron legales. A pesar de estos salarios, una empresa privada, Bovis, facturó 3,9 millones de euros a Campus de la Justicia por la "Consultoría y Asistencia Técnica para los servicios profesionales de Gestión Integrada del Proyecto y la Construcción de la Urbanización y la Edificación del Campus de la Justicia de Madrid", una especie de gerencia del proyecto. La Comunidad de Madrid decidió liquidar Campus en 2011, que aún así se mantuvo operativa sin apenas actividad hasta el 5 de febrero de 2015, fechan en que se disolvió definitivamente.
Los 'enchufes' de Prada
La presidencia del Campus siempre recayó en el Consejero de Justicia de turno. Cuatro fueron los que ostentaron esa presidencia: Alfredo Prada, Francisco Granados, Regina Plañol y Salvador Victoria. Fuentes de la dirección del Campus señalan a El Confidencial que Prada, ideólogo del proyecto y quien lo puso en marcha, fue el político que más trabajadores 'colocó' en el Campus, por encima de cualquiera de los 32 miembros que un momento u otro formaron parte del consejo de administración de la empresa pública. Prada estuvo en la presidencia del Campus hasta el verano de 2008.
Prada, que su último cargo ha sido el de presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, se ha negado en dos ocasiones a acudir a la comisión de deuda de la Asamblea (la comparecencia no es obligatoria), lo que ha provocado las críticas incluso de su propio partido. Algunos de los 19 empleados que tuvo el Campus están estrechamente relacionados con Prada. Alicio de la Heras, por ejemplo, fue Director Económico Financiero entre enero de 2005 y julio de 2009, según figura en su cuenta de Linkedin. Hoy es asesor en el Congreso del propio Prada.
Alfredo Cabezas Ares figura como "director adjunto" del Campus, sin especificar el área, entre enero y septiembre de 2008. Antes había sido asesor de seguridad en la consejería con Prada. Campus también tuvo hasta una especie de responsable de protocolo, otra persona afín a Prada, según fuentes de la dirección del Campus. Se trata de Carlos Torio Villar, que también trabajó unos meses de 2008 en el Campus.
El concejal del PP
El PP, al margen de Prada, también colocó a gente afín. Pablo Martínez Martín es hoy concejal del PP en la oposición en el Ayuntamiento de Getafe. En junio de 2009 entró en el Campus como "técnico de comunicación". Getafe acaba de poner en marcha una comisión de investigación para auditar los contratos que el Consistorio, con el PP en el poder, adjudicó a empresas de la trama Púnica. Martínez forma parte de la comisión y puede ser llamado a declarar, ya que fue concejal de Cultura cuando el Ayuntamiento adjudicó a la empresa Waiter Music, una de las investigadas en el sumario judicial, 483.000 euros para fiestas y conciertos.
Mónica Rábago Juan Aracil fue secretaria del director técnico entre mayo de 2005 y julio de 2012. Es hermana de Jorge Rábago Juan Aracil, director del departamento de telegenia del PP. Como miembro de la comisión de control de Caja Madrid, aparece en el listado de beneficiarios de las 'tarjetas black' de la entidad financiera. Se gastó 8.000 euros. Otro de los empleados de Campus fue Miguel Arias Domecq, hijo del exministro del PP Arias Cañete, información adelantada por El País. La oposición está intentando averiguar que cargo ostentó en el año que estuvo.
Entre los empleados también hay un actual concejal del PP en el Ayuntamiento de Getafe, un hijo del exministro Arias Cañete y una hija del socio de este
También fue empleada del Campus Carmen Morenés. En su cuenta de Linkedin aparece como directora del departamento jurídico de Campus desde marzo de 2010 a enero de 2011. Es una de las hijas de Antonio Morenés Giles, exsocio de bufete de Miguel Arias Cañete.
Visitar el archivo
Hay más cargos. Hasta 19. La comisión está teniendo dificultadas para identificar el cargo que ocuparon algunos de ellos. La Consejería de Justicia, que se ha encargado del archivo de toda la documentación del Campus, ha invitado a los diputados a que visiten este archivo para que consulten la información, algo que no ha sentado nada bien a la oposición. La diputada socialista Mercedes Gallizo, que está llevando una importante labor de fiscalización de las cuentas del Campus, ha criticado que con este sistema de consulta se "tardarán varias meses en consultar una información que sí está accesible pero no documentada".
La mayoría de los empleados trabajaron en la oficina que la empresa Campus de la Justicia tuvo en el edificio Iris, situado en la calle Ribera del Loira 4-6, junto al Ifema. Campus estuvo allí entre febrero de 2005 y noviembre de 2008, según su arrendador, Seguros Santa Lucía. La Comunidad pagó durante ese tiempo 21.000 euros al mes "por 700 metros cuadrados de oficina". Fueron tres años y nueve meses, lo que supone un gasto de 947.000 euros, a pesar de que quedó demostrado durante la comisión que la Comunidad tenía edificios vacíos para ubicar la empresa Campus, que en los años de bonanza solo tuvo 10 trabajadores, y en su peor etapa solo empleó a cuatro personas.
Campus de la Justicia fue sustituido por Ciudad de la Justicia, un proyecto muy similar que puso en marcha Ignacio González pero que ha sido definitivamente enterrado por su sucesora, Cristina Cifuentes.
CASADO RECUPERA AL LEONÉS ALFREDO PRADA PARA QUE SEA EL 'LÁTIGO' CONTRA LA CORRUPCIÓN
"Vuelvo a colaborar en un proyecto ilusionante y revitalizador del PP", asegura tras conocerse que ocupará la presidencia de la Oficina del Cargo Popular
El nuevo presidente del PP, Pablo Casado, dio a conocer hoy la lista de cargos que integran la nueva estructura directiva del partido y en ella se encuentra el político leonés Alfredo Prada, al que ha designado como presidente de la Oficina del Cargo Popular, un puesto que ocupará junto con María Jesús Bonilla, que será la secretaria. Prada introdujo a Pablo Casado en la política cuando tenía 24 años y ahora el máximo responsable del partido confía en él para dirigir esta oficina que tiene por objeto "lograr la máxima transparencia dentro del partido", según sus propias palabras. Casado ha hecho de la lucha contra la corrupción uno de sus referentes en la hoja de ruta que le ha llevado a la cúpula del PP. Por eso parece claro que la elección de Prada tiene un objetivo claro: convertirlo en el 'látigo' contra cualquier tipo de corrupción o de comportamiento cuestionable.
La oficina es un órgano interno de control de las actividades de los cargos públicos y orgánicos, controlará los datos económicos, manejará documentación e incluso abrirá investigaciones llegado el caso.
De esta forma, Prada regresa de nuevo a la arena política de la mano de Casado tras haberla abandonado a finales de 2015. Exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y exdiputado, Prada tuvo una salida de la política activa un tanto tormentosa tras una dilatada experiencia. Fue elegido como diputado al Congreso por León en las elecciones de 2011. Ocupaba la presidencia de la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados y fue secretario ejecutivo del Partido Popular cuando presentó su renuncia.
Cargo de la confianza máxima del presidente Casado, Prada está seguro de que el PP está en el buen camino. "Vuelvo a colaborar en un proyecto ilusionante y revitalizador del PP", aseguró tras conocerse su designación.
EL CAMPUS DONDE NADIE SABÍA NADA
El Campus de la Justicia —un macroproyecto del Gobierno de Esperanza Aguirre para reunir en el barrio de Valdebebas todas las sedes judiciales madrileñas y que nunca se llegó a levantar a pesar de arrastrar 90 millones en pérdidas— fue también una descomunal fábrica de contratar directivos. Según un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, con una plantilla laboral formada por una secretaria y un administrativo, contaba con un consejo de administración de nueve personas, además de un presidente, un vicepresidente, un secretario, un consejero delegado y director general, un director adjunto, un director de Expansión y Comunicaciones, un director de Asesoría Jurídica, un director del Área Financiera, un director de Publicidad, un responsable de Relaciones Internacionales, un director de Seguridad y dos subdirectores de área. Además, y a pesar del despliegue de responsables de seguridad y de que esta materia estaba externalizada en una empresa privada, el complejo sufrió el robo de sus ordenadores y teléfonos móviles.
Los auditores señalan, además, que no les fue “fácil determinar si el personal era el adecuado o no, ya que se desconocen las funciones concretas por las que fueron contratados”, teniendo en cuenta que se pagaron más de 132.000 euros en “consultas contables y laborales” para ellos, lo que hace pensar que el personal “estaba escasamente capacitado para el trabajo administrativo habitual”. De hecho, cuando los fiscalizadores públicos reclamaron toda la documentación sobre la “actividad económico-financiera” de la sociedad, “lo cierto es que la persona designada (a pesar de su buena voluntad), carecía de los elementales conocimientos técnico-financieros para poder resolver cualquier tipo de cuestión”.
¿Y cuánto cobraba la extensa plantilla? Los auditores no lo tienen claro porque no hallaron “ninguna tabla salarial ni ningún documento análogo que fijase los emolumentos de los empleados”, pero calculan que unos 5.000 euros de media mensuales. Tampoco fueron capaces de determinar quién les contrató (era una empresa pública) y por qué cada año cobraban más y más. El director técnico empezó ganando 43.999 euros en 2005 y terminó con un sueldo anual en 2008 de 102.637 euros. La única secretaria también mejoró su salario de 8.756 a 22.024 euros en 2009.
Cuando cerró el campus, todos fueron indemnizados, si bien se “hace imposible calcular los importes que correspondería abonar”. Por ejemplo, los auditores no se explican por qué a un director adjunto de Seguridad, que trabajó un año, se le dio de indemnización cuatro nóminas y no se le practicó ningún tipo de retención fiscal ni de Seguridad Social, cuando lo que le correspondía era el sueldo de 20 días. Al director general (el máximo responsable), se le abonaron 33.277 euros como “indemnización por ausencia de preaviso en el despido”, ya que en teoría no sabía que su propia sociedad iba a cerrar.
Tanto llamó la atención la manera en que fueron despedidos los altos argos, que el informe detalla una a una sus salidas. Al director de Expansión, por ejemplo, que ganaba 4.412 euros, se le concedieron unos “salarios de tramitación” de 6.005 euros y una indemnización de 5.834 euros. Pero al final, se le abonaron casi 1.500 euros más y los fiscalizadores se preguntan por qué. A un subdirector técnico se le concedieron 21.948 euros, a pesar de que acudió a un juzgado a reclamar más dinero. No se sabe qué pasó en el juicio (si lo hubo) porque “no hay documentación”. Lo único claro es que, con posterioridad, se le abonaron otros 21.318 euros más. A este mismo alto cargo se le pagó el “Máster Executive MBA” por valor de 37.000 euros —cuando ya había sido despedido—, una cantidad que incluía una donación del ejecutivo destituido al centro educativo de 1.050 euros. Los auditores afirman que esto no tiene justificación posible.
El director técnico fue indemnizado con 45 días por año —en vez de los 20 legales—, “lo que indica que para salvar las apariencias se le ofrecieron solo 20 para reconocerlos con posterioridad en conciliación”. Al director financiero, con un sueldo de 5.100 euros mensuales, le indemnizaron con 64 días por año trabajado. Al director de Seguridad, que cobraba 6.000 euros mensuales durante dos años, le indemnizaron como “si hubiese trabajado cuatro”. Y eso que los móviles y los ordenadores nunca fueron hallados.
El asesor en nóminas que cobraba 18.000 euros al mes
El único administrativo de la sociedad no debía de estar muy preparado o tenía mucho trabajo porque el campus gastó 132.000 euros en consultas. De la documentación hallada, se desprende que se le explicó “cómo se calculan las nóminas”, cómo se hacían los “cálculos totales de las nóminas”, cómo se tramitaban los partes den la Seguridad Social y la manera de aplicar el IRPF a “determinados trabajadores”.
Cada una de estas consultas se pagaba a parte, superando algunas de ellas los 22.000 euros de coste. Los auditores no hallaron, por cierto, los contratos.
El precio a pagar dependía “de la tarifa horaria de la persona que realizara el trabajo”. “Así, haciendo un cálculo somero”, dicen los fiscalizadores, “por una dedicación completa de una persona un mes, podríamos decir que el coste alcanzaría los 18.000 euros, que sería suficientes para contratar, como mínimo, a tres personas en contabilidad y nóminas”.
https://elpais.com/ccaa/2018/03/28/madrid/1522249182_910466.html
LA CORRUPCIÓN AFLORA EN EL YERMO DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA
El juez De la Mata investiga el proyecto de la macrosede judicial de Valdebebas, un agujero de 105 millones de euros
Tres calles dedicadas a grandes arquitectos –Julio Cano Lasso, José Antonio Corrales y la glorieta de Aníbal González– delimitan por varios de sus lados uno de los grandes fracasos urbanísticos de la España actual: la Ciudad de la Justicia de Madrid. El proyecto de concentrar todas las sedes judiciales de la capital en 14 edificios de planta circular en la zona de expansión de Valdebebas, junto a los campos de entrenamiento del Real Madrid y la T4 del aeropuerto de Barajas, tenía todos los elementos para naufragar: unos políticos caprichosos, unos directivos enchufados e inexpertos, y una burbuja inmobiliaria que hinchó los precios al mismo volumen que los egos. Y ciertamente los supo combinar para que el hundimiento fuera estrepitoso.
Una década después de que la presidenta madrileña Esperanza Aguirre pusiera la primera piedra, solo un inmueble vacío con forma de donut, llamado a albergar el Instituto de Medicina Legal (IML), dialoga con los grillos y la maleza en un erial de 26 hectáreas. El IML era el más barato y el más pequeño de los edificios del complejo, y el único que se terminó de construir. Su autor, el arquitecto Alejandro Zaera-Polo, abandonó el proyecto en noviembre de 2008, siete meses después de la primera piedra. Estaba agraviado porque el edificio de los médicos forenses tenía menos presupuesto que los otros, y temía que por ello la gente dijera que su obra es “una mierda”.
“No hay nadie que tenga una idea de cuánto vale la Ciudad de la Justicia y de cómo se asignan los presupuestos”, denunciaba ya entonces Zaera-Polo, a quien presionaban para que el inmueble estuviera listo antes de las elecciones de 2009. Javier Rodríguez, el apoderado de la empresa pública Campus de la Justicia, encargada del proyecto, decía que el IML estaba sobredimensionado. “Tendría que pasar lo de Chernóbil o algo así para que ese edificio entre en pleno funcionamiento”, manifestó en la Asamblea de Madrid. El agujero para las arcas públicas detectado hasta ahora en el conjunto del proyecto supera los 105 millones de euros.
La Ciudad de la Justicia ya no es solo un fiasco urbanístico, económico y político. En ese yermo del noreste de Madrid comienza a aflorar ahora la penúltima causa de corrupción de la justicia española. El sumario, en manos del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, de momento solo es un número, el 91/2018, y todavía no tiene un nombre que lo haga famoso, como Gürtel, Púnica o Lezo. El magistrado, que aún no ha imputado a ningún responsable del proyecto, está recabando documentos para la investigación.
De la Mata no lo tendrá fácil en esta tarea inicial: los ordenadores de la empresa pública Campus de la Justicia, promotora del proyecto, no se encuentran y parte de la documentación ha desaparecido de los archivos. Esto último ha quedado de manifiesto en el macrosumario Púnica, donde una pieza separada investiga los contratos de publicidad de este desarrollo urbanístico, valorados en 6,4 millones de euros. Se trata de una cifra difícilmente explicable cuando lo que se promociona son unos edificios destinados a juzgados, fiscalías y servicios para la Administración de Justicia y no viviendas.
La Ciudad de la Justicia ha sido uno de los ejes de la Comisión de Estudio sobre el endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid que se lleva cabo en la Asamblea regional. Los grupos de la oposición –PSOE, Podemos y Ciudadanos- presentaron el pasado marzo una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. El PP, a remolque de la situación, presentó la suya en abril. Ambos escritos hacen referencia, entre otros, a informes de la Cámara de Cuentas autonómica, que recaban irregularidades numerosas irregularidades contables, administrativas y de contratos.
La idea de reunir las sedes judiciales de Madrid, excepto las estatales –Tribunal Supremo y Audiencia Nacional–, dispersas en 15 edificios, la lanzó en 1996 el entonces presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón, aunque no fue hasta julio de 2004 cuando su sucesora Esperanza Aguirre anunció su ubicación definitiva en el parque de Valdebebas. Antes de este emplazamiento, el complejo judicial había saltado por varios terrenos candidatos de la capital: el antiguo cuartel de ingenieros de la Ciudad de los Ángeles, los terrenos del depósito del Canal de Isabel II en Plaza de Castilla, las cocheras de Metro de la Avenida de Asturias, los cuarteles de Campamento y la Operación Chamartín.
La Ciudad de la Justicia se contemplaba como una verdadera locomotora inmobiliaria de todo el parque de Valdebebas. Al norte de los edificios judiciales, el planeamiento prevé parcelas de suelo comercial, que podrían atraer a grandes despachos de abogados, y también zonas residenciales. Aguirre y el máximo responsable del proyecto, el consejero de Justicia Alfredo Prada, optaron por Valdebebas pese a que el planeamiento urbanístico para su desarrollo no estaba aprobado.
Las obras se iniciaron en abril de 2008, después de un concurso internacional de ideas para el anteproyecto al que se presentaron más de 300 estudios de arquitectura y en el que fue seleccionado el plan de los arquitectos de la Escuela de Madrid Javier Frechilla (1949), Carmen Herrero (1948) y José Manuel López-Peláez (1945). Este proyecto consistía en un conjunto de edificios circulares de distinta dimensión y conectados entre sí. Cada uno de los edificios se encargaría después a arquitectos de fama mundial, como Norman Foster, a cuyo estudio se abonaron casi 13 millones de euros por los proyectos nonatos de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, las joyas de la corona del macrocomplejo.
La denuncia que ha dado pie a la investigación judicial relata irregularidades desde la misma creación de la empresa pública Campus de la Justicia, en diciembre de 2004, hasta su disolución, en julio de 2014. La propia naturaleza mercantil de la sociedad le permitía eludir las restricciones y controles de las leyes de contratos del sector público. Campus, presidida por Alfredo Prada, cubrió todos los puestos de trabajo con personas de confianza de los políticos con cargo de directivo y sin experiencia en este tipo de macroproyectos. La gestión de la obra, financiada con dinero público que se pretendía obtener de la venta de las sedes judiciales repartidas por todo Madrid, se externalizó a la consultora de arquitectura Bovis Land Lease, que, según la denuncia cobró cuatro millones, cuatro veces más que el presupuesto inicial.
La denuncia señala que el director técnico de Campus, Isabelino Baños, y la persona que tomó las principales decisiones del proyecto, procedía de Bovis. Antes de tomar las riendas del macrocomplejo judicial, defendió los intereses de los propietarios de los terrenos en su negociación con Campus. Este técnico rechazó acudir a la Comisión de Investigación de la Asamblea. Si le llama el juez, no podrá negarse.
https://elpais.com/ccaa/2018/09/21/madrid/1537555970_580587.html
EL CAMPUS DE LA JUSTICIA GASTÓ 5,5 MILLONES EN PUBLICIDAD SIN CONTRATO
La sociedad pública procedió a dos destrucciones de documentos, que incluían 131 cajas y 10 palets
El Campus de la Justicia — el fracasado macroproyecto que iba a agrupar todas las sedes judiciales madrileñas en Valdebebas— gastó entre 2005 y 2015 un total de 6,44 millones en publicidad. Según la Cámara de Cuentas, de esa cantidad casi un millón se pagó con sus correspondientes expedientes de adjudicación, mientras que otros 5,5 millones carecen de cualquier justificante o contrato. Los auditores confirmaron que hubo, además, dos destrucciones de documentación, en una de ellas se hizo desaparecer 131 cajas, así como 10 palets de folletos.
De todos estos pagos apenas hay información porque “el archivo-físico en donde se contenía la documentación económico-financiera solo puede calificarse de verdadero caos”, indican los auditores.
La Ciudad de la Justicia iba a agrupar, en concreto, los juzgados de lo Civil, de lo Penal, la Fiscalía, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo, los de guardia, el Registro Civil, los de Menores, el Instituto de Medicina Legal, el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial, los juzgados de lo Social y Mercantil, además del Decanato. De todo eso, tras diez años funcionando como sociedad (tenía 22 altos cargos, una secretaria y un único administrativo), solo se construyó el Instituto de Medicina Legal, si bien nunca se puso en marcha al quebrar la sociedad con pérdidas superiores a los 90 millones.
El importe de la licencia de obras del único edificio levantado fue ingresado en la cuenta de una trabajadora
Sin embargo, sus directivos desplegaron enormes campañas de publicidad que costaron 6,44 millones. Pero los auditores, aparte de las cifras, no han encontrado por ninguna parte los soportes documentales que demostrarían cómo y a quién se les adjudicó los contratos. En total, “sin soporte contractual”, mencionan 34 empresas, que recibieron en esos años una horquilla que va de los casi 2 millones a los 20.000 euros.
Y se quejan de que, “a pesar del elevado importe de las operaciones, no consta en los archivos que se haya celebrado ningún acuerdo marco y, en varias de las operaciones, ni siquiera consta que se hayan pedido varias ofertas. Además de la factura, el soporte documental solo sería un impreso que, bajo el título de contrato de publicidad, más parece una simple oferta aceptada”.
Una empresa de publicidad recibió más de dos millones de euros en contratos
El Campus también gastó 48.268,23 y 85.595,00 euros respectivamente para colocar 550 anuncios en los autobuses de Madrid. Pero como en los casos anteriores no hay contratos, solo facturas por lo que “no se puede saber qué se publicitaba”.
Los auditores descubrieron que numerosas facturas se hallaban en un guardamuebles, pero no saben en cuál y “sobre qué era el material que se guardaba”. Detallan también, por lo menos, dos destrucciones de documentos: una en septiembre de 2012 y otra posterior “de diez palets de cajas de folletos de imágenes de la Justicia y Foster Partners [uno de los arquitectos que iba a levantar uno de los edificios], y otras 131 cajas con documentación de ofertas presentadas a diversos concursos”. Por eso, sacan como conclusión que hubo “un gasto grande en publicidad por impresión de folletos y parece que gran parte terminó destruyéndose”.
A la Cámara de Cuentas le llama mucho la atención el ingreso de la licencia para levantar el único edificio que se construyó (el tanatorio forense). Pero en vez de que esa cantidad terminase en las arcas de la sociedad pública fue ingresada “en la cuenta personal de una empleada del campus”. Fue la propia trabajadora la que avisó de que su cuenta bancaria había recibido la inesperada cantidad. Los fiscalizadores descubrieron estos hechos porque hallaron una nota manuscrita de la empleada donde relataba el error y devolvía el dinero.
Los auditores descubren que numerosa documentación se halla en un guardamuebles no localizado
Intentar hallar documentos oficiales de todo lo que pudo ocurrir en diez años fue una labor sumamente complicada. Los auditores, de hecho, se quejan porque los archivos no coinciden con lo que indican sus etiquetas: “El contenido de algunos expedientes no se correspondía con la denominación de su carpeta; algunos otros no tenían la documentación; proliferaban fotocopias sin que se explicara dónde estaban los originales, faltaban numerosas facturas... Y estas circunstancias, como es obvio, dificultaron y limitaron gravemente las tareas fiscalizadoras”, concluyen.
Dos comidas de 1.600 y 1.900 euros
La búsqueda de la documentación fue muy complicada. Por ejemplo, los auditores hallaron una factura de 37.460,50 euros para la impresión de “3.058 ejemplares del libro Foster Partners.com”, que se venderían a 35 euros cada uno. Pero el contrato no se encontró porque “la carpeta que debería contenerlo no estaba en el archivador”.
Lo que sí hallaron, dentro del apartado de promoción, fueron facturas de dos restaurantes por valor de 1.636 y 1.926,60 euros con motivo de unas jornadas llamadas de ‘Justicia e Interior’. La Cámara de Cuentas sostiene que estos hechos no tienen justificación porque el objeto social del Campus era solo levantar la ciudad judicial.
https://elpais.com/ccaa/2018/04/02/madrid/1522683268_232927.html
PRADA CARGA CONTRA GRANADOS Y LA DIRECTORA DEL IMSERSO Y NIEGA CUALQUIER VÍNCULO CON FINANCIACIÓN ILEGAL
El exconsejero de Justicia anuncia sendas querellas contra los dos exaltos cargos de la Comunidad de Madrid.
El exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, ha negado en un comunicado público cualquier vinculación con la financiación ilegal de la Comunidad de Madrid y ha anunciado acciones legales contra Francisco Granados y la actual directora del Imserso, Carmen Balfargón.
El anuncio de Prada llega después de que el pasado 15 de marzo, Francisco Granados le vinculara directamente en su declaración ante la Audiencia Nacional con el presunto desvío de fondos para financiar las campañas electorales del PP de Madrid. Es por eso que la defensa de Prada ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional copia tanto de la declaración de Granados como de la documentación presentada por él, para interponer una querella por presuntos delitos de injurias y calumnias.
El escrito recuerda que Granados fue "antiguo compañero de partido y de gobierno" de Alfredo Prada y que dirigía en aquellas fechas la Consejería de Interior, desde la que "se procedió a realizar el conocido asunto del espionaje al videalcalde de Madrid, Manuel Cobo, y a don Alfredo Prada", entonces vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid, "en unos hechos que dieron lugar a la investigación de dichos asuntos hoy pendientes de la celebración de juicio oral ante jurado".
Además, Prada interpondrá una nueva querella contra la actual directora del Imserso, Carmen Balfargón, a quien el exresponsable de la Comunidad de Madrid cesó en 2005 de su cargo como directora del Gabinete del Vicepresidente Segundo, que él mismo ostentaba. "Es radicalmente falso que le obligara a pagar facturas de ninguna clase y de ningún importe. Y no es cierto que le obligara a entrevistarse con ninguna persona ni con ninguna empresa", explica Prada en su comunicado.
"Llama la atención que la señora Balfagón no dimitiera si fuese cierto el hipotético mandato y más todavía que no denunciara los hechos ante las autoridades judiciales o policiales, ni siquiera en junio de 2008 cuando el señor Prada fue cesado de sus responsabilidades y tardó seis años en acudir a un notario", explica el comunicado, en referencia al acta notarial levantada por Balfagón en la que relataba el desvío de fondos para abonar campañas de reputación para miembros del Partido Popular.
UNA ALTO CARGO DEL GOBIERNO ACUSA 'ANTE NOTARIO' A ALFREDO PRADA DEL SAQUEO DEL PP DE MADRID
La actual directora general del Imserso relata con documentos ante notario cómo el político leonés desvió presuntamente fondos públicos destinados a la reinserción de menores en beneficio de los líderes del partido.
Un nuevo escándalo, y van varios en las últimas semanas, salpica al político del Partido Popular leonés Alfredo Prada Presa. Y nuevamente a propósito del presunto saqueo del PP de Madrid, Comunidad en la que Prada tuvo importantes cargos públicos en el Gobierno de Esperanza Aguirre.
En esta ocasión, ha sido una investigación del periódico El Mundo la que desvela que una alto cargo del Gobierno central, la actual directora general del Imserso, Carmen Balfagón, entonces responsable de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, que dependía de la Consejería de Justicia que presidió el leonés, dejó constancia ante notario el 19 de enero de 2012 de que el exconsejero Alfredo Prada le había obligado seis años antes a pagar por trabajos inexistentes a empresas próximas al partido.
El nuevo asunto sale a la luz hace poco después de que el ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados -que sustituyó a Prada Presa como consejero de Justicia-, pusiera como ejemplo de financiación irregular del PP madrileño estos pagos, mostrando facturas que aseguró que eran falsas. Claro que ahora Balfagón también denuncia que el propio Granados tuvo conocimiento de estos hechos y no quiso denunciarlos.
Carmen Balfagón, abogada de 64 años -estuvo recientemente en León junto al alcalde de León, Antonio Silván, para firmar la reconversión de la Ciudad del Mayor en el Centro Estatal de Autismo- fue elegida directora del Imserso a finales de 2016. En 2012 dejó por escrito y ante notario la forma en que Prada Presa realizaba este presunto saqueo, aunque sin mencionar directamente una posible financiación irregular del PP madrileño.
Según esa versión ante notario, en diciembre de 2006 Prada le "solicitó" que se entrevistara con el ex diputado regional Álvaro Renedo. Le explicó que "pertenecía a un grupo de comunicación que estaba dispuesto a realizar una serie de actuaciones encaminadas a poner en valor el trabajo de la Agencia del Menor, así como del conjunto de actuaciones que se venían realizando en la Consejería de Justicia en determinados medios de comunicación social", relata El Mundo.
Tras conocer los detalles, la responsable de la Comunidad de Madrid trasladó a Prada que "no veía la necesidad de dichos estudios ni la necesidad de hacer publicidad de la Agencia del Menor, que no había originado ningún tipo de problema". "Sin embargo", detalla la funcionaria en el acta, "sin atender a mis consideraciones, me insistió en la necesidad de que Ginso firmara el acuerdo de colaboración con Renedo de manera urgente".
A partir de ahí se firmaron una serie de acuerdos entre esta entidad, que mantenía un convenio con la Comunidad de Madrid de 15 años de duración para el referido centro de Brea del Tajo, que contemplaban la entrega de estudios vinculados a la reinserción de menores que nunca aparecieron. Y al advertirse este hecho, "me respondió que no me preocupara, que les debían pagar" y que "él sabía lo que hacía". La cuantía total de aquellos pagos fue de 173.800 euros de dinero público.
Alfredo Prada Presa fue desde 2003 consejero de Justicia e Interior del Gobierno de Aguirre en Madrid hasta 2008, cuando fue apartado por su cercanía a Mariano Rajoy. Le sucedió Francisco Granados, hoy imputado en la Operación Púnica, que a su vez le acusa ante la Audiencia Nacional. Prada, que ha abandonado hoy la actividad política tras no ser incluido en las últimas listas electorales, ha negado estas acusaciones, anunciado una querella contra Granados. Pero antes había sido diputado y senador por la provincia de León.
LA CAIXA CONFIRMÓ QUE LA VISA ERA DE PRADA Y QUE SE HICIERON CARGOS
«Don Alfredo Prada Presa era tenedor de la tarjeta modalidad Visa Platinum cuyo titular es Campus de la Justicia. La tarjeta fue solicitada el 3 de julio de 2005 y se ha mantenido activa hasta el pasado 20 de noviembre de 2008 cuando procedimos a su baja por orden expresa de Campus de la Justicia. No obstante, la última operación que se realizó con la tarjeta fue el 28 de noviembre de 2007». Así de clara se mostraba la responsable de la Unidad de Negocio Institucional de La Caixa en una misiva remitida a Miguel G. de Córdoba Fernández Pintado, sucesor de Prada y entonces consejero delegado de Campus de la Justicia. La misiva, a la que tuvo acceso este diario es del 13 de febrero de 2009. Ayer fue el día en el que el que fuera vicepresidente segundo de Esperanza Aguirre comparecía en la Asamblea de Madrid después de haber esquivado la cuestión por dos ocasiones. «Era una tarjeta de la sociedad, no de Alfredo Prada», dijo en la Comisión de Estudio de la Deuda de la Comunidad de Madrid. Prada fue presidente y consejero delegado de la sociedad pública Campus de la Justicia desde 2005 hasta junio de 2008 cuando fue destituido. Según publicó ayer este diario, los apuntes contables que figuran en la sociedad le atribuyen gastos realizados con una Visa Platinum de la sociedad que figura a su nombre de más de 24.000 euros, 22.000 euros de ellos sólo en 2006. La tarjeta tenía un límite de 30.000 euros.
Prada, que no cobró ningún sueldo por estos cargos, aseguró a este diario que todos sus gastos de representación los realizaba a través de la partida que tenía asignada a la Vicepresidencia. Además, sembró la duda sobre sus sucesores por cómo pudieron haber custodiado la documentación en la sociedad, ya que fue despedido del Gobierno regional, con «bastante inquina», según dijo.
«Prada era tenedor de la tarjeta modalidad Visa Platinum», identifica el banco
La diputada de ciudadanos Susana Solís calificó de «surrealista» la explicación de Prada cuando justificaba la existencia de la tarjeta porque facilitaba los pagos en el extranjero y evitaba el cambio de divisas que habría supuesto el pago en efectivo. Sin embargo, la mayoría de los pagos realizados con la Visa Platinum se realizaron en Madrid.
Respecto a la carta en cuestión, en la que consta también el NIF de Prada, su número, así como la identificación del contrato se hace en respuesta al entonces consejero delegado que quería saber de quien era la titularidad de una cuenta de Campus de la Justicia. «Desde el 2 de junio de 2005 hasta el 30 de octubre de 2008 Don Alfredo Prada Presa figuraba como apoderado de la presente cuenta corriente, en esa misma fecha se procedió a dar de alta como nuevo apoderado a Don Miguel G. de Córdoba Fernández Pintado». Tanto uno como otro fueron los responsables de la entidad.
Prada defendió ante este diario que en Campus de la Justicia «había una tarjeta que se usaba en raras ocasiones» y que fue «utilizada por los directivos y técnicos para pagar a agencias de viajes y las comidas a arquitectos y jurados. Otra cosa es que conste el nombre de la sociedad y el autorizado de la cuenta debajo». Defiende que nunca supo que había una tarjeta a su nombre y que si aparecen los cargos era por que él era la persona autorizada por el banco para ratificar los gastos.
Fuentes financieras consultadas insisten en que es una circunstancia «inusual» en el caso de las tarjetas de empresa. Y es que, para hacer cargos, la persona que la utiliza se tiene que identificar y si permitió que se hiciese por terceros fue una «irresponsabilidad», ya que al estar a su nombre «toda la responsabilidad fiscal y jurídica de los apuntes es suya».A raíz de este asunto, el Gobierno regional decidió ayer investigar si hay aún activa alguna tarjeta en entidades públicas regionales. «Nosotros no tenemos tarjeta. Creemos que es una fórmula poco transparente para gestionar los fondos públicos», dijo ayer el portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Justicia, Ángel Garrido. Además, invitó a los responsables de Campus de la Justicia a dar las explicaciones.
La oposición quiere que entre Anticorrupción
Alfredo Prada dejó ayer la responsabilidad de la adjudicación de las obras del Campus de la Justicia en los hombros del 'número 2' de Aguirre, el entonces vicepresidente, Ignacio González. Además, la oposición se mostró partidaria de que, debido al elevado número de irregularidades detectadas en el Campus de la Justicia, Anticorrupción debería entrar a estudiar el asunto. El ex vicepresidente eludió cualquier «responsabilidad política» en el fracaso del Campus de la Justicia, un proyecto que nació con «una previsión de coste cero», explicó, aunque los gastos acumulados desde entonces hayan sido millonarios. «Hemos podido cometer errores, pero siempre desde la legalidad», se defendió ante las críticas de los grupos de la oposición por los sobrecostes. A juicio de la diputada socialista Mercedes Gallizo «el glosario de gastos» del Campus «es un tema que debe acabar en la Fiscalía». «Los datos nos dicen que además del enorme despilfarro hay muchas cosas que nos parecen irregulares y que deben ser investigadas». Destacó que solo los gastos en publicidad de la exposición 'La justicia en las artes' en 2007 ascendieron a 1.740.000 euros. Desde Podemos, Eduardo Gutiérrez le reprochó los excesos en los gastos y le acusó de mentir. Además, dejó caer la relación entre el 'caso espías' y la desaparición de ordenadores en los que podía haber datos de pagos inflados.
https://www.elmundo.es/madrid/2016/01/20/569e7f2dca47410a5a8b457b.html
LA PUBLICIDAD DE UNA MUESTRA SOBRE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA COSTÓ UN MILLÓN
La Comunidad gastó en 2007 un millón de euros en hacer publicidad de una exposición sobre el proyecto de la Ciudad de la Justicia. La muestra (Iustitia. La Justicia en las Artes) duró cinco semanas y contaba con presupuesto aparte. Levantar la Ciudad de la Justicia —un complejo donde se iban a agrupar las principales sedes judiciales— costó 130 millones y, hoy en día, es solo un erial con solo un edificio vacío. La empresa pública que gestionó la ciudad y la exposición y su publicidad estaba presidida por el exconsejero Alfredo Prada, que ayer justificó el millonario gasto. “La apuesta por el arte no se puede discutir”.
El millón de euros de la muestra —que se celebró en la Fundación Carlos de Amberes de marzo a mayo de 2007— se dividió en anuncios en prensa, vídeos, cartelería y cócteles. Prada, exconsejero de Justicia y presidente de la entidad que gestionó el proyecto, se justificó ayer en la Asamblea: “La apuesta por el arte [de Madrid] no se puede discutir”.
Hasta la fecha se sabía que la Ciudad de la Justicia había gastado cinco millones en tres exposiciones sobre el fallido proyecto. Ayer, Mercedes Gallizo, portavoz socialista en la Comisión de Endeudamiento, sacó a relucir los 1.074.000 euros destinado a la exposición y divididos en 87 contratos, muchos a la misma empresa, troceados en pequeñas facturas. Gallizo recordó que en la contratación pública debe primar la libre concurrencia, pero muchos de estos contratos se otorgaron de forma directa. Y añadió: “La muestra era mediana: sin obras de extraordinaria importancia, salvo una, y la mayoría de autores españoles. Es un dinero que debería haberse dedicado a los edificios que albergasen sedes judiciales, no a exposiciones”.
“Esa es mi opinión”
Prada justificó así los desembolsos. “En las exposiciones se utilizaban patrocinios y creo recordar que el campus [de la Justicia] era un patrocinador. Toda apuesta por la cultura y el arte no se puede discutir. Esa es mi opinión personal”.
Dos contratos resultan especialmente llamativos: una lona publicitaria en la calle de Goya por 172.399 euros, y otra en la parada de taxis del aeropuerto de Barajas por 41.550 euros. Prada restó importancia ayer a estas cantidades: “Yo lo que sé es que vi la lona de Goya. Seguro que un anuncio de televisión hace 10 años costaba más”.
Ese contrato, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se adjudicó a una empresa de Getafe en concepto de “realización, producción e instalación de una lona en Goya 66, desde el 15 de marzo hasta el 30 de abril de 2008”. Del total se destinaron 128.000 euros al alquiler, 13.320 a la lona en sí y 6.600 a la luz, sin IVA.
Entre los 89 contratos menores de la publicidad destinada a la exposición hay muchos para medios de comunicación escritos (entre ellos EL PAÍS). Pero también para carteles en “columnas dobles de los circuitos urbanos”, banderolas en las farolas, anuncios en autobuses, alquiler de material audiovisual, 60.000 folletos, 20.000 invitaciones, 1.500 libretas, cesión de espacios, cinco cócteles o 5.000 euros para entregar 10.000 sobres en 34 destinos de Madrid. O espacios de 20 segundos en una radio minoritaria a 700 euros cada uno. Todo ello sin contar el gasto en el voluminoso y lujoso catálogo, que se puso a la venta en Amazon por 41 euros.
“Un documental precioso”
Respecto a los cuantiosos gastos en promoción —hubo 72 por todo el mundo— Prada resaltó su necesidad dada la envergadura de un proyecto que requería “cierta solemnidad” en el exterior. Llegó incluso a ironizar sobre el gasto de 900.000 euros en un vídeo documental exhibido en muchas capitales del planeta.
A la empresa Telson se le facturaron, además, 400.000 euros para vallas informativas en las obras. “Había que hacer marketing y comunicación. Yo no sé cuánto cuesta. Vi un documental precioso de flora y fauna en Colombia, pregunté y había costado seis millones de dólares”.
Un año después de esta muestra, en 2008, la Real Fábrica de Tapices programó una exposición, Imágenes de la Justicia, muy parecida. La oposición no ha consultado aún las facturas, pero presumiblemente también hubo gastos de promoción. El campus instaló, asimismo, una oficina móvil expositiva en la plaza de Castilla, contrató un autobús itinerante y hasta unos grandes almacenes expusieron maquetas en su escaparate. “La exposición de plaza Castilla, que duró 15 días, fue una petición de los sindicatos para que los 6.000 funcionarios conociesen los planes”, se
justificó Prada.
Anulada la decisión de Cifuentes de no licitar de nuevo el proyecto
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha anulado la orden con la que el Gobierno regional (del Partido Popular) desistió el pasado mes de noviembre de adjudicar la construcción de la Ciudad de la Justicia.
En una resolución del 13 de enero a la que tuvo acceso ayer EL PAÍS, el tribunal administrativo admite el recurso interpuesto por las constructora Acciona y OHL contra la orden.
El nuevo Gobierno regional presidido desde junio por Cristina Cifuentes (PP) desistió del proyecto de Ciudad de la Justicia heredado de la legislatura anterior (comandado por Esperanza Aguirre e Ignacio González, también del PP). En la recta final de su mandato, González había optado por reconsiderar sus planes y licitar de nuevo los contratos. Pero el pasado 9 de julio, Cifuentes anunció la suspensión de ese proceso de adjudicación tras la admisión a trámite en abril de un recurso de la empresa Corsán ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública.
Corsán era adjudicataria del proyecto inicial que González revisó, y su contrato quedó pues pendiente de resolución. Ante esta inseguridad jurídica, Cifuentes decidió anular el contrato lanzado en la anterior legislatura precisamente para realizar la revisión.
Pero las últimas adjudicatarias, Acciona y OHL, a su vez, también recurrieron ante el mismo órgano, que les ha dado la razón. La resolución en cualquier caso no impone una sanción a la Comunidad al señalar que no actuó de mala fe.
https://elpais.com/ccaa/2016/01/18/madrid/1453144001_056717.html
EL GOBIERNO HALLA EL DESAPARECIDO LIBRO MAYOR DEL CAMPUS DE LA JUSTICIA
El documento fue encontrado unas semanas después de que el Gobierno admitiese que desconocía dónde se estaba
Tras un año de búsqueda y solo una semana después de admitir oficialmente en la Asamblea de Madrid que no lo hallaban, el Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) ha encontrado el Libro Mayor de la Ciudad de la Justicia, el fallido macrocomplejo administrativo donde la Comunidad había previsto reunir todas las sedes judiciales dispersas por la capital. El repentino hallazgo, que ha provocado la sorpresa de la oposición, ha sido posible al revisar los ordenadores de una empresa subcontratada para llevar la contabilidad del campus.
La Ciudad de la Justicia —antes Campus de la Justicia— es una colosal obra de ingeniería y arquitectura encallada en mitad del barrio de Valdebebas (Hortaleza). La idea —de la expresidenta Esperanza Aguirre— era reunir entre sus muros todas las sedes judiciales dispersas por la ciudad. La Comunidad abona cada año casi 40 millones de euros en alquileres de edificios y locales para que en ellos se ubiquen desde juzgados a instalaciones forenses. Con el dinero que se dejaría de pagar por estos inmuebles, se podría levantar un campus donde se agruparían todos los servicios judiciales.
Pero algo salió mal en esta obra presentada oficialmente el 15 de julio de 2004: los costes del complejo se dispararon, las cuentas no cuadraban, gastos sin justificacion, se contrató a numerosos cargos sin función determinada, el consejero de Justicia fue encarcelado por la trama Púnica, los ordenadores y las cuentas desaparecieron...
Entre los documentos que no se hallaron después de que el proyecto fuese abandonado (julio de 2015) estaba el Libro Mayor de contabilidad, archivo donde se recogen las operaciones contables. Después de un año de búsqueda infructuosa, el Gobierno regional terminó admitiéndolo hace solo una semana ante los diputados, tal y como adelantó EL PAÍS: ni rastro de ese documento ni de otros muchos del proyecto.
Donde tenía que estar
Pero, por sorpresa, el Gobierno anunció ayer que sí lo había hallado: “Estaba donde tenía que estar, en el archivo donde está la documentación relativa al Campus”, indica Efe.
Las mismas fuentes comentaron que el documento “estaba en una aplicación del ordenador de los contables de una empresa externa que llevaba la contabilidad del Campus”. La explicación sobre el extravío fue que con la llegada de Cifuentes al Gobierno (a mediados de 2015) se hizo un volcado de los archivos y se cambió el nombre de Libro Mayor de Contabilidad por el de Extractos de Cuentas.
Ayer, precisamente, El Mundo avanzó que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había suspendido la adjudicación que el Gobierno había hecho a dos constructoras (OHL y Acciona) para levantar el complejo. Pero el proyecto ya llevaba años desechado. El Ejecutivo, tras invertir más de 105 millones en un único edificio ahora abandonado, no quiere saber nada más.
https://elpais.com/ccaa/2017/02/14/madrid/1487077505_093028.html
LA ASAMBLEA ENVÍA A LA FISCALÍA SU INFORME DEL CAMPUS DE LA JUSTICIA
Los diputados investigan desde hace meses la gestión del fallido complejo judicial
La diputada socialista Mercedes Gallizo en una visita a la Ciudad de la Justicia Álvaro García
El informe que recopila los datos de la investigación parlamentaria sobre la construcción de la Ciudad de la Justicia y al que ha tenido acceso EL PAÍS describe un “total descontrol” en la gestión de la sociedad pública constituida para levantar un complejo judicial en Valdebebas. Tal era el embrollo de facturas, pagos y deudas, que los resultados de la entidad no se enviaron durante varios años a la Cámara de Cuentas. Los parlamentarios han tomado la decisión de mandar sus conclusiones a la Fiscalía. El Gobierno regional gastó 130 millones en un proyecto del que solo se ha construido un edificio.
Contrataciones sin llevar a cabo licitaciones públicas, facturas que no están soportadas por ningún contrato, encargo de obras por cantidades millonarias que no se llegaron a construir, gastos disparatados en publicidad y propaganda... El informe elaborado por la diputada socialista Mercedes Gallizo, a petición de la comisión parlamentaria que investiga el endeudamiento de la Comunidad de Madrid y, dentro de él, lo ocurrido en el Campus de la Justicia, da la dimensión del “descontrol” que presidió la empresa pública desde sus inicios. “No solo ha supuesto un importante quebranto para las arcas públicas, sino que ha estado llena de irregularidades administrativas, legales o contractuales”, sostiene. Los diputados del resto de grupos (PP, Podemos y Ciudadanos), que recibieron ayer el documento, podrán incluir modificaciones al estudio.
En 2004, el Gobierno regional decidió reunir en 400.000 metros cuadrados situados en Valdebebas las 21 sedes judiciales de Madrid. Más de una década después, de los 14 edificios previstos solo se ha construido la sede del Instituto de Medicina Legal (conocido como el Donut), sin inaugurar. Cuando se cerró el Campus de la Justicia, en julio de 2014, dejó un patrimonio neto de 25 millones, del total de 130 que le inyectó la Comunidad de Madrid. La comisión parlamentaria ha intentado seguir el rastro a los 105 restantes.
Proyecto improvisado. Ni siquiera existe una estimación oficial por parte del gobierno del dinero invertido en el Campus, advierte el informe. Cuando se inició el proyecto, se carecía de “una idea global de cómo debía materializarse”, según admitieron varios responsables de la empresa en la Asamblea. Se constituyó una sociedad pública mercantil con un consejo de administración compuestos por altos cargos de la Consejería de Justicia y una pequeña plantilla formada por personas de confianza, sin ninguna experiencia en la gestión de proyectos que, además, se seleccionaron a dedo. Esto provocó que se multiplicase el gasto al contratar a empresas privadas “absolutamente todo”. “Al hacerlo sin control”, añade el informe, “estas contrataciones se convertían en un espacio abonado para el tráfico de influencias”.
Especulación. El informe considera que podría haber existido especulación urbanística. “Se licitaron obras por cantidades millonarias que luego no se hicieron o se completaron a medias”. Al frente de la sociedad, se colocó a Isabelino Baños, que previamente había sido el representante legal de la Junta de propietarios de Valdebebas cuando esta negociaba con la Comunidad de Madrid. Y también había trabajado en Bovis Lend Lease, “a la que acabaría contratando para gestionar la relación con las obras en Campus de la Justicia”, dice el informe.
Contratación. Los parlamentarios han encontrado diversas “irregularidades”, sobre todo porque se prescindió en “numerosas ocasiones” de los procedimientos de publicidad y libre concurrencia y se recurrió “a la contratación directa”. En los casos en los que se convocó licitación pública, “todo estaba condicionado por un grupo de personas que actuaban sin otro control que el que se impusieron ellos a sí mismos”, sostiene el informe. Los diputados han localizado también “numerosas facturas o mandamientos de pago” sin mediar “no ya concurso, sino ni siquiera contrato” o cantidades troceadas en diversas facturas para esquivar el control.
Control de las cuentas. “El descontrol llegó hasta tal extremo que dejaron de presentarse los presupuestos en la Cámara de Cuentas sin que sucediese nada”, dice el informe. Todos los responsables de la empresa creían que “sus predecesores habían dejado irregularidades y no querían cargar con sus consecuencias, como se nos explicó en la comisión”.
Diseño a la última. Las decisiones sobre los edificios no dependían de su funcionalidad, sino del diseño. “A la suma de derroches y despropósitos”, el informe añade el gasto de un millón de euros en premios de un concurso de ideas para desarrollar el proyecto. Pero luego se sacaron a licitación cada uno de los edificios y se contrató al arquitecto Norman Foster para construir otros dos, “al margen de todo concurso”. Se le abonaron 10,6 millones de los 13,3 del total del contrato por unos inmuebles que no se hicieron.
Financiación caótica. “Nunca hubo una previsión global de la sostenibilidad financiera del proyecto”, sostiene el informe. Miguel Giménez de Córdoba, consejero del Campus en 2008, explicó en su comparecencia ante los parlamentarios la razón por la que el metro cuadrado construido se había disparado al doble. La viabilidad económica del proyecto se sustentaba en la venta previa de los antiguos edificios judiciales de Madrid. En 2006 se enajenó el primero, los juzgados de lo social en la calle de Hernani, que se había tasado en unos 38 millones. Se obtuvieron 62 millones, un 60% más. Así “se abandonó lo que yo llamo austeridad catalana”, indicó Giménez de Córdoba y se pasó de construir a 1.000 o 1.100 euros por metro a barajar la cifra de 2.000 o incluso más.
Cifuentes paralizó los nuevos planes para el complejo
Tras el fiasco del Campus de la Justicia, el entonces presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, impulsó en 2014 un proyecto menos ambicioso. El sistema de financiación también cambiaba: la empresa concesionaria pagaría la construcción y el mantenimiento del complejo durante 30 años a cambio de un canon anual de unos 45 millones de euros. La oferta técnica y económica mejor valorada en el proceso fue la de la UTE (unión temporal de empresas) formada por Acciona y OHL, pero el Gobierno de Ignacio González, ya en funciones en el mes de junio de 2015, prefirió no dar la aprobación definitiva a la adjudicación.
El nuevo Gobierno, dirigido por Cristina Cifuentes, paralizó en noviembre de 2015 el polémico proyecto. Pero el Tribunal de Contratación Pública anuló esa decisión, porque la adjudicación a las empresas que iban a seguir con su construcción ya estaba muy avanzada (solo faltaba la firma definitiva). El equipo de gobierno actual, dirigido por Cristina Cifuentes decidió presentar un recurso contencioso-administrativo contra esa anulación.
En cuanto a la actitud del actual equipo de gobierno, los diputados se quejan de las dificultades con las que se han topado para conseguir los datos. “Todavía hoy, siguen sin responder a multitud de peticiones de información”, dicen.
https://elpais.com/ccaa/2016/11/08/madrid/1478630884_121221.html
ALFREDO PRADA CEDE Y A LA TERCERA HABLARÁ DEL "DESPILFARRO" DEL CAMPUS DE LA JUSTICIA
El exconsejero de Esperanza Aguirre comparece el martes por fin, tras dos intentos fallidos, en la Asamblea de Madrid. Molesto porque el Partido Popular le ha relegado, la actitud que adoptará es una incógnita
A la tercera va la vencida. Alfredo Prada, exdiputado y exsenador del PP, exconsejero en los Gobiernos de Esperanza Aguirre, comparecerá este martes por fin en la Comisión de Estudio de la Deuda que la Asamblea de Madrid puso en marcha en noviembre para auditar algunos de los proyectos de los Ejecutivos del PP en las dos últimas legislaturas. Prada había sido llamado a declarar ya dos veces, pero como la presencia en esta comisión no es obligatoria, había excusado su comparecencia, provocando incluso las iras de su propio partido, que se lo afeó públicamente. La oposición (Ciudadanos, PSOE y Podemos) cree que Prada es responsable, el primer responsable si se sigue el orden cronológico de los hechos, del "despilfarro" que ha supuesto para las arcas públicas el fallido Campus de la Justicia, el intento de Aguirre de reubicar en un solo complejo las 28 sedes judiciales que están desperdigadas por todo Madrid.
Prada comparecerá el martes 19 a las 12 horas. Lo hará, según fuentes del PP, muy molesto porque todas las miradas durante las sesiones que ya ha tenido la comisión se han dirigido hacia él y los dedos acusadores le han señalado como máximo responsable de que las cuentas del Campus de la Justicia no cuadren. Y lo hace sabedor también de que una nueva negativa por su parte hubiera encendido aún más los ánimos. De hecho, la oposición ya amenazaba con citarle en otra comisión, la de investigación, que se realiza paralelamente a la de deuda y a la que sí es obligatorio acudir.
Una nueva negativa por su parte a comparecer en la Asamblea hubiera provocado quizás que la oposición le obligara a acudir a la comisión de corrupción
El talante con el que comparezca Prada es una incógnita. Ya está fuera de la primera línea política, después de que María Dolores de Cospedal le comunicara cuando el partido elaboraba las listas para las elecciones generales que no podía ir de número 1 por León. Lo que de facto suponía quedarse fuera del Congreso. Prada no aceptó ir en otra posición y el partido le relegó. Él, que había presidido en la última legislatura la Comisión de Justicia del Congreso. Él, que ha ayudado a internacionalizar el partido abriendo muchas delegaciones en el extranjero. Él, que apoyó a Mariano Rajoy cuando Esperanza Aguirre, su jefa de entonces, lideró un conato de rebelión contra el hoy presidente.
Prada está convencido de que su gestión al frente del Campus de la Justicia, empresa 100% pública que se constituyó para emprender este faraónico proyecto, está fuera de toda duda. El dilema es saber qué Prada se encontrará la Asamblea esta martes, uno de perfil bajo, o ya puestos, apartado de mala manera por el partido, decepcionado y resentido, se lanza al ruedo y tirará con bala, recordando como dicen algunos dentro del PP que por encima de Prada estaba 'la lideresa', Esperanza Aguirre. "Puede que algo insinúe. Ya conoce las preguntas que le van a hacer", señalan las mismas fuentes.
Tres años al frente del Campus
Campus de la Justicia se fundó en febrero de 2005. En el Registro Mercantil consta que Prada ocupó los cargos de presidente y consejero delegado de la sociedad hasta el verano de 2008, hasta que la lucha por el poder en el PP le apartó. Luego vino el caso del espionaje, con él como espiado, y con denuncia ante los juzgados que Prada retiró después porque se lo pidiera Rajoy personalmente. El caso, siete años después, sigue hoy en los tribunales.
Lo que está claro es que Prada estuvo al mando en los primeros años de gestión. Años que la oposición analiza con lupa. Por ejemplo, se sabe que con Prada Campus de la Justicia llegó a tener cuatro trabajadores en 2005, seis en 2006 y diez en 2007, cuyas nómimas costaron 722.000 euros. Empleados que según el PSOE no fueron seleccionados por su perfil técnico y profesional, sino por sus lazos de amistad y en algunos casos de parentesco con importantes dirigentes del PP.
Fuentes de la dirección del Campus señalaron a El Confidencial que Prada, ideólogo del proyecto y quien lo puso en marcha, fue el político que más trabajadores 'colocó' en la empresa, por encima de cualquiera de los 32 miembros que un momento u otro formaron parte del consejo de administración de la empresa pública. Es el caso de Alicio de la Heras, que fue Director Económico Financiero del Campus entre enero de 2005 y julio de 2009, según figura en su cuenta de Linkedin. Luego fue asesor en el Congreso del propio Prada.
Alfredo Cabezas Ares figuraba como "director adjunto" del Campus, sin especificar el área, entre enero y septiembre de 2008. Antes había sido asesor de seguridad en la consejería de Justicia con Prada. Campus también tuvo hasta una especie de responsable de protocolo, otra persona afín a Prada, según fuentes de la dirección del Campus. Se trata de Carlos Torio Villar, que también trabajó unos meses de 2008 en el Campus. La oposición quiere pedirle explicaciones sobre todos estos cargos de confianza elegidos sin ningún tipo de selección.
Acusaciones de los compañeros
Ya en 2010, cuando Prada estaba enemistado con Esperanza Aguirre e Ignacio González, el Gobierno regional dejó entrever siempre que pudo que las cuentas del Campus habían dependido de Prada. Fue en 2010 cuando se sembraron las primeras dudas sobre el contrato que Campus de la Justicia había adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Begar y Aldesa para urbanizar la primera fase del proyecto. Begar pertenece a otro empresario muy afincado en León, José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel por pagar comisiones a cambio de adjudicaciones. El contrato, que había salido a concurso público por 93 millones de euros, se adjudicó por 55,4 millones.
La oposición pedirá explicaciones a Prada por un gran contrato de 55 millones que se adjudicó en su etapa a una empresario imputado hoy en el caso Gürtel
Ahora, casi una década después, la comisión de deuda ha podido corroborar que los dos adjudicatarios (Begar y Aldesa) pagaron 1,5 millones de euros por varios actos promocionales como la colocación de la primera piedra del Campus en enero de 2007, donde estuvo la flor y nata de la judicatura española, además de Aguirre y Prada. Unos 900.000 euros fueron a parar a la promoción de un vídeo. La oposición también le pedirá explicaciones sobre este y otros contratos de su etapa al frente del Campus. Fuentes del PP señalan que la relación entre Ulibarri y Prada, antes muy buena, es hoy pésima.
El proyecto se abandonó en 2009, con Prada ya fuera, cuando la Comunidad de Madrid se dio cuenta de que el coste del gran complejo judicial iba a ser inviable. Campus fue sustituido por otro proyecto de similares características, Ciudad de la Justicia, que también ha sido aparcado por la actual presidenta, Cristina Cifuentes, que lo heredó de su antecesor Ignacio González. La Asamblea está dirimiendo ahora cuánto dinero público se ha gastado en un proyecto del que solo se levantó uno de los 12 edificios previstos. Los cálculos de gasto superan ya los 130 millones de euros.
EL APODERADO DEL MACROPROYECTO DE AGUIRRE: "NADIE QUERÍA SABER NADA DEL CAMPUS DE LA JUSTICIA"
El responsable de la sociedad pública creada para el proyecto que despilfarró 105 millones sostiene que nadie quería firmar las cuentas desde 2010.
La Comisión de Endeudamiento en la Asamblea de Madrid sigue dando titulares sobre el despilfarro de anteriores gobiernos regionales. El apoderado entre 2011 y 2013 del Campus de la Justicia, que despilfarró 105 millones de euros en un proyecto truncado, ha sostenido que se cansó “de dar con los nudillos en las puertas para que se agilizase su disolución”: “Tras las elecciones de 2011 nadie quería saber del Campus de la Justicia”, ha afirmado Javier Rodríguez.
Aprobar las cuentas era el paso necesario para liquidar la sociedad, 100% pública, Campus de la Justicia S.A. El macroproyecto para aglutinar todas las sedes judiciales nació en 2006 con un presupuesto de 130 millones, y se alargó durante los gobiernos regionales de Esperanza Aguirre e Ignacio González. El argumento era que la Comunidad de Madrid gasta al año casi 40 millones de euros en los alquileres para los órganos de la Justicia. En 2010 se decidió que el proyecto no seguiría adelante, pero los fondos siguieron llegando hasta 2012, año en que finalmente se toma la iniciativa.
El que fuese apoderado del proyecto durante año y medio ha detallado que trasladó a los responsables de la Consejería en 2010 la necesidad de avanzar el proyecto de liquidación de la sociedad. Así lo ha manifestado en la comparecencia en la Comisión de Endeudamiento de la Comunidad de la Asamblea de Madrid, solicitada por Podemos, para explicar su función en la sociedad Campus de la Justicia y donde ha relatado que las cuentas de 2010 no contaban con ninguna irregularidad, a pesar del "ruido" sobre esa posibilidad, y que existe un informe favorable de la Intervención General de la Comunidad.
Rodríguez también ha sostenido que el contrato con el arquitecto Norman Foster se licitó por una cantidad superior de 13 millones de euros y se adjudicó en cerca de 10,6 millones, pago que se realizó antes de que formara parte de la sociedad. Este contrato fue particularmente polémico porque la sociedad pública no fue capaz de encontrar el contrato por el que el gobierno autonómico de Esperanza Aguirre contrató al afamado arquitecto Norman Foster, al que después pagó 10,6 millones de euros en concepto de indemnización.
https://www.elboletin.com/noticia/124188/
EL GOBIERNO DE AGUIRRE DILAPIDÓ 105 MILLONES EN LA FALLIDA CIUDAD JUDICIAL
La sociedad pública Campus de la Justicia ha cerrado sus cuentas, en las que se inyectaron 130 millones, con un patrimonio neto de 25 millones
El Gobierno de la ex presidenta Esperanza Aguirre despilfarró 105 millones de euros en la que iba a ser la ciudad judicial más grande del mundo, tal como ella la pregonó en 2007 al poner la primera piedra. Campus de la Justicia, una firma 100% del Gobierno regional y creada para levantar esa megaciudad, fue finiquitada en julio de 2014 sin cumplir ninguno de sus objetivos, tras nueve años de funcionamiento. A su cierre, esta sociedad pública ha dejado un patrimonio neto de 25.082.339 euros, del total de 130 millones que le inyectó la Comunidad de Madrid, según documentación en poder de EL PAÍS.
Los 24 millones de la audiencia
En Valdebebas estaba previsto aglutinar todos los edificios judiciales de Madrid, dispersos ahora en una veintena de sedes (La Comunidad gasta al año 39,9 millones en alquileres de sedes judiciales). La ciudad también había buscado hueco para cobijar la sede de Audiencia Nacional.
El Gobierno central, dueño de la Audiencia Nacional, aportó al proyecto 10 millones. Se pactaron 13, en pagos fraccionados, pero al Campus se le olvidó pedir uno de ellos de 3,3 millones. Tras el fiasco de la megaciudad, el Gobierno, que quiere recuperar sus 10 millones, ha optado por dejar la Audiencia en el mismo sitio, pero reformándola: le ha costado otros 14 millones (24 en total).
Los 105 millones gastados inútilmente en este faraónico proyecto (la diferencia entre lo salido de las arcas públicas madrileñas y el patrimonio neto actual del Campus) han ido a parar a un saco roto sin fondo ni provecho. Según se desprende de la citada documentación, el dinero se ha gastado en auditorías y más auditorias (70.000 euros); en abogados, en gestorías que cobraban por minuto de trabajo cuando solo quedaban dos trabajadores, a razón de 33 euros la media hora). Y también en resarcir diseños de proyectos arquitectónicos no consumados (por ejemplo, el del británico Norman Foster, al que ha habido que abonar 10.6 millones del total de 13 millones que reclamó por proyectar dos idílicos edificios judiciales de los doce ideados). A Foster se le ha pagado esa cantidad pese a que el Campus no encuentra el contrato que en su día firmó Aguirre con él.
Otros millones se han ido en pagar a constructoras que habían suscrito contratos para (salvo una) acometer obras no realizadas, 27.327.413 euros. En esta cantidad se incluyen, además, 6,4 millones de indemnizaciones a proveedores decretadas por jueces tras pleitos con la Comunidad; otros 11.4 millones por rescisiones anticipadas de contratos; dos por pago de intereses y al menos otros cuatro por lucro cesante. Los únicos pagos, del total de 130 millones en gastos, por obras sí realizadas ascienden a 17.3 millones.
En esta ciudad, Aguirre quería crear 12 edificios con la rúbrica de algunas de las primeras figuras de la arquitectura mundial (además de Foster, también concurrió la iraquí Zaha Hadid, cuyo proyecto también costaba 13 millones, aunque esta solo ha cobrado poco más de 50.000 euros porque no llegó a firmar ningún contrato). Y, además, Aguirre pretendía acabar con la veintena de sedes judiciales dispersas por la capital.
Los 130 millones inyectados al Campus salen de la venta de dos edificios judiciales públicos (por 76 millones), de tres inyecciones de ocho millones cada una aprobada por el Gobierno regional, de otros 20 más pedidos al Ejecutivo central en el marco del dinero que libró el Estado para que los organismos públicos pagasen a sus proveedores. Y, finalmente, otros 10 que aportó el Gobierno central. Los tres años de más gasto en el Campus fueron 2007, 2008 y 2009 (94 millones).
Los 25 millones de patrimonio neto que han quedado del Campus son la suma de los 7,3 de tesorería con que cerró sus cuentas y los 17,5 en que ha sido tasado el único de los 12 edificios judiciales que existen en los casi 400.000 metros cuadrados sobre los que se proyectó esta megaciudad. Todo ello es hoy un secarral enclavado en el paraje de Valdebebas, entre el aeropuerto de Barajas y el recinto ferial del IFEMA de Madrid. De forma ovalada (visto desde arriba parece un donuts), estaba destinado a convertirse en el nuevo Instituto Anatómico Forense de Madrid. En los últimos años ha tenido que ser desconejado varias veces. Y para ponerlo en funcionamiento harían falta como mínimo otros cinco millones de euros. Su costosa maquinaria lleva el frío a las cámaras de los difuntos está próxima a la ruina. Su volumen (14.000 metros cuadrados) triplica con holgura el del actual Anatómico. “Los nichos que tiene, 195, permitirían acoger sin problemas de espacio atentados como el del 11-M: todo un disparate de megalomanía”, ironizan fuentes conocedoras del multimillonario fiasco en que se ha convertido esta fantasmal Ciudad de la Justicia. El Gobierno de Madrid decidió paralizar el proyecto definitivamente a fines de 2008, coincidiendo con la crisis económica. Había sido presupuestada en unos 500 millones y decidió frenarlo todo con el argumento de no malvender los seis edificios judiciales públicos con los que pretendía sufragar la inversión. Los dos que vendió le reportaron 76 millones. Y trasladó los juzgados a otros edificios; ahora pagando un costoso alquiler.
Otro de los muchos gastos inútiles que ha soportado el Campus es el relativo a las nóminas de los empleados. Una veintena. Tras el parón del proyecto, la plantilla se fue reduciendo, pero el Campus siguió pagando nóminas, con los trabajadores casi cruzados de brazos, hasta mediados de 2012.
Al ver el secarral y el deterioro de su único edificio, Ignacio González, vicepresidente y delfín de Aguirre (y en septiembre de 2012 su sucesor), decidió liquidar en julio de 2014 el Campus. Dos años antes, en un intento desesperado por aminorar el dinero perdido, González inició los trámites para hacer en el mismo sitio una Ciudad Judicial, pero mucho menos ambiciosa. La idea, pagar a una empresa cerca de 60 millones anuales durante “30 años” y que la adjudicataria levante varios edificios judiciales, pero sin lujos. La vigilancia del único edificio testigo del secarral de Valdebebas cuesta todos los meses 12.000 euros a los madrileños. El 31 de enero de 2007, durante la colocación de la primera piedra, y delante de la cúpula de la judicatura, Aguirre glosó y se congratuló del "museo judicial arquitectónico" que iba a construir en Madrid, y adelantó: “Y todo ello, además, sin coste alguno para los ciudadanos”.
https://elpais.com/politica/2015/08/20/actualidad/1440089771_904549.html
MORATINOS CESA AL CÓNSUL DE SAO PAULO POR REDACTAR UN INFORME CRÍTICO SOBRE LA DETENCIÓN DE ALFREDO PRADA
Detalla en el escrito la detención del responsable de emigración del Partido Popular
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha ordenado el cese del cónsul general de España en Sao Paulo, Fernando Martínez Westerhanusen, tras conocerse un informe reservado sobre el incidente que se produjo el pasado día 10 de diciembre con el dirigente del PP Alfredo Prada en un aeropuerto de Brasil. El documento vincula estos hechos con el supuesto trato que se dispensa a los brasileños en el aeropuerto madrileño de Barajas.
El departamento que dirige Miguel Ángel Moratinos ha informado en un comunicado de que la decisión del cese se produce una vez oída la Junta de la Carrera Diplomática y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 674/1993 de Provisión de Puesto de Trabajo en el Extranjero para funcionarios de la Carrera Diplomática.
Este que esgrime Exteriores para el cese de Martínez Westerhanusen alude a la potestad del ministro de esta cartera para la "libre designación" de funcionarios, previa propuesta no vinculante de la Junta de la Carrera Diplomática. Los funcionarios nombrados por este procedimiento "podrán ser removidos discrecionalmente, independientemente del tiempo que hayan prestado sus servicios en el puesto de trabajo, oída la Junta de la Carrera Diplomática".
En el 'informe reservado', Martínez Westerhanusen traslada al Ministerio de Asuntos Exteriores, de manera detallada la "retención de Alfredo Prada", responsable de emigración del Partido Popular, ocurrida el día 10 de diciembre en el aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo.
El cónsul expone en el informe que lo ocurrido tiene características de "retorsión" -la acción de devolver o inferir a alguien el mismo daño o agravio que ha recibido- "aplicada por el trato que supuestamente se dispensa a los brasileños en el aeropuerto de Barajas". Además, explica el comportamiento que le dispensó al propio cónsul el Comisario de Policía, que le mandó callar bajo la "amenaza" de acusarle de coacción a la Policía, la actitud "un poco humillante" que mantuvo el fiscal, que "fue complementada por la de la jueza", quien recurrentemente añadía la "coletilla" de que el señor Prada había recibido "mejor trato" que el "dispensado a los brasileños en Barajas".
Alfredo Prada telefoneó al cónsul, explicándole que se encontraba "retenido" en el aeropuerto. "Según me dijo, había discutido con una de las funcionarias del escáner en torno a si podía llevar o no un frasco de colonia de 100 mililitros y un tubo de crema de afeitar del mismo volumen", la discusión se encrespó y un policía federal pidió al político del PP que le acompañase a la Comisaría y le retiró el pasaporte. "Según afirma el señor Prada, fue objeto de intimidaciones y malos tratos por parte de policías federales", explica el Cónsul, quien añade que a su llegada a la Comisaría, la Policía Federal "tuvo buen cuidado en comportarse correctamente". Tras intentar el cónsul, sin éxito, resolver el asunto por las buenas "el Comisario me amenazó con acusarme de coacción a la Policía si no me callaba", afirma el Cónsul.
Multa excesiva
Según el informe, la Policía Federal acabó acusando a Alfredo Prada de "desacato" e iniciaron el correspondiente expediente que les llevó al Juzgado de Primera Instancia de Guarulhos, donde se celebró una audiencia de "tentativa de transacción penal", con el fin de determinar una multa con la que concluye el procedimiento. Este es un paso previo a la acción penal, a la que se llegaría si no hay acuerdo.
Fue allí donde el Fiscal pidió un certificado de antecedentes penales y la vista tuvo que posponerse al día siguiente, hasta recibir por correo electrónico desde Madrid una copia de dicho certificado, ya que el fiscal no aceptó el ofrecimiento del Cónsul de extender uno en el que se afirmara que no tenía constancia de que el señor Prada tuviera antecedente penales. Tras el desarrollo de la audiencia, la conclusión del Cónsul es que el incidente tenía "algunas características de retorsión, aplicada por el trato que supuestamente se dispensa a los brasileños en el aeropuerto de Barajas".
Finalmente, el fiscal propuso una multa de 25.000 reales, que equivalen a unos 8.300 euros, cuando la multa por este tipo de casos suele ser de unos 300 euros, auqnue finalmente se rebajó hasta los 2.000 euros.
Para el cónsul, este episodio "revela" que el tema de la inadmisión y, en su caso, expulsión de brasileños de España "no ha sido aún satisfactoriamente resuelto y por ello aflora de vez en cuando". "Tal vez -expone- una de las dificultades radique en que esta opinión pública haya asumido la convicción de que no tratamos correctamente a los brasileños, siendo muy difícil erradicar ese sentimiento. El documento también resalta que, en el incidente de Alfredo Prada, una vez conseguido el acuerdo, la "transacción penal" implica el archivo del caso "sin que quede registrado para nada en los antecedentes del autor del hecho".
https://www.larioja.com/20081218/espana/destitudo-consul-paulo-200812180115.html
DETENIDO EN BRASIL ALFREDO PRADA, RESPONSABLE DEL PP EN EL EXTERIOR
De viaje oficial, fue liberado tras unas horas arrestado por un incidente en el aeropuerto de São Paulo
Alfredo Prada, responsable del PP en el exterior, el hombre encargado por su presidente, Mariano Rajoy, de reforzar el partido especialmente en América Latina, donde los votos pueden ser claves para las elecciones gallegas, ha sido detenido este miércoles en São Paulo, en Brasil, donde se encontraba de viaje oficial.
Según fuentes policiales, la detención se produjo porque se puso violento en el aeropuerto de la ciudad, algo que ha negado el propio Prada. Según la versión del dirigente popular, su arresto se produjo por una discusión en un control policial sobre un bote de crema de afeitar que los agentes querían confiscarle a pesar de no sobrepasar el límite de capacidad permitida (100 miligramos).
Tras permanecer seis horas detenido durante las que no recibió "ninguna explicación" y en las que fue tratado con "chulería" y "prepotencia" por los agentes, Prada fue liberado. En este tiempo solicitó ayuda del cónsul, que intervino a su favor y al que, según Prada, quisieron retener también por coacción y amenazas.
Prada tiene previsto volar este jueves a Río de Janeiro para regresar desde allí a Madrid.
De Aguirre a Rajoy
Prada es la más reciente incorporación a la cúpula de Rajoy. El dirigente era consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, y fue el responsable del proyecto de la Ciudad de la Justicia, ahora puesto en cuestión. Sin embargo, en el proceso previo al congreso del PP en Valencia, que marcó una profunda división entre los fieles a Aguirre -como los consejeros Ignacio González y Francisco Granados-, y los marianistas, que pensaban que Rajoy debía seguir, Prada coqueteó con el líder del PP. Ese acercamiento concluyó con lo que, para los aguirristas, fue una traición de Prada.
Rajoy le pidió a Aguirre dos nombres para el Comité Ejecutivo, la dirección del PP. Aguirre le dijo que ella proponía a González y Granados. Pero Rajoy decidió colocar a Prada y Juan José Güemes, consejero de Sanidad. Prada sólo consultó con Aguirre en el último minuto, cuando ya había organizado todo con Rajoy, y ella le dijo displicente: "Tú sabrás".
Pocos días después, Aguirre organizó una remodelación del Gobierno y dejó a Prada fuera de él, en una clara muestra de venganza por su traición. Prada, muy molesto, no acudió a la toma de posesión de su sucesor, Granados. Después acudió a Rajoy, que le nombró responsable del PP en el Exterior. Desde entonces, casi cada semana, Prada organiza viajes por todo el mundo para tratar de reforzar la estructura exterior del PP.
Prada también fue el protagonista indirecto de una rocambolesca historia de espionaje poco después de abandonar la consejería. Su sucesor, Francisco Granados, ordenó a través de su mano derecha al entonces director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, después destituido, que registrara un despacho del Campus de la Justicia, el proyecto estrella de Aguirre -300 millones de presupuesto-, y que dependía directamente del destituido Prada. Gamón puso vigilancia durante días en el despacho y, según varios testigos, se llevó documentos y un ordenador. El caso llegó a un juzgado pero fue sobreseído.
https://elpais.com/elpais/2008/12/10/actualidad/1228900638_850215.html
UN EX DE FUERZA NUEVA, EN LA NUEVA DIRECCIÓN
El presidente del PP, José María Aznar, acudió ayer a la Cámara alta para refrendar la dirección de su grupo de 133 senadores preparada por su portavoz, Pío García Escudero, un hombre de su absoluta confianza y que fue portavoz adjunto de Alberto Ruiz-Gallardón en la Asamblea de Madrid. Aznar valoró que el presidente del Senado, Juan Ignacio Barrero, prescindiese de ser miembro de esa dirección para preservar y salvaguardar su carácter representativo.Del resto de la dirección del PP en el Senado destacan algunos nombramientos que podrían resultar polémicos. Francisco Utrera, de Cuenca, será uno de los portavoces adjuntos. Utrera fue acusado por su ex esposa, Aurora García de Salazar, en octubre de 1995, de malos tratos y amenazas de muerte, que el senador desmintió. García Escudero ha estimado su formación económica.El secretario general del grupo, Alfredo Prada, un abogado leonés de 36 años del que se ensalza su capacidad dialéctica, fue desestimado por el Ejecutivo presidido en Madrid por Ruiz-Gallardón como viceconsejero de su Gabinete político tras ser vinculado, en su juventud, con el partido antidemocrático Fuerza Nueva. EL PAIS | España - 18-04-1996
RUIZ-GALLARDÓN NOMBRA VICECONSEJERO UN EX SEGUIDOR DE FUERZA NUEVA.
Alberto Ruiz-Gallardón. nombrará hoy viceconsejero de Presidencia -un departamento eminentemente político que se encarga de su gabinete-, a Alfredo Prada Presa, senador leonés de 35 años que mientras tenía entre 18 y 20 años -19781980- asistía asiduamente a los actos organizados en su provincia por el partido antidemocrático Fuerza Nueva, incluso con la presencia de su líder, Blas Pifiar. Prada Presa, abogado, está considerado por el equipo del nuevo presidente de la Comunidad de Madrid -precisamente ex portavoz popular en el Senado hasta hace unos meses- como uno de los parlamentarios "más brillantes" y con más futuro dentro de "la nueva ola" del Partido Popular. Jesús Pedroche, consejero de Presidencia y primer colaborador de Ruiz-Gallardon desde 1987, quiere a su lado a Prada Presa.En León -donde nació, se casó y empezó a trabajar-, hay una percepción bien distinta de su curriculo. Fuentes de la dirección nacional de Fuerza Nueva confirmaron a este periódico que Prada Presa participó activamente entre 1978 y 1980 en actos organizados por ese partido, que en aquellos años presidía en León su futura suegra, María Victoria Valenzuela. "En algunos actos se presentó incluso con la camisa azul", comentó un dirigente de Fuerza Nueva que quiso preservar en secreto su identidad. Fuentes de la dirección del PP leonés, con la que Prada mantiene un enfrentamiento, ratificaron también anónimamente esa versión.
Fuentes del equipo de Ruiz-Gallardón durante su época en el Senado explicaron ayer que Prada Presa -senador desde 1993- era "un parlamentario de primera", que hace renuncias económicas al aceptar el cargo de viceconsejero de Presidencia y que durante su periplo por la Cámara alta se había destacado en preocuparse por asuntos tan sociales "como una interpelación sobre los derechos de los presos en las cárceles".Prada Presa ha sido propuesto para el cargo de viceconsejero por el actual consejero de Presidencia, Jesús Pedroche, jefe de los sucesivos gabinetes de Ruiz-Gallardón -en la Asamblea de Madrid, en el Senado y otra vez en la Asamblea- desde hace años. Pedroche se entrevistó en la tarde de ayer con Prada Presa en su despacho de la puerta del Sol -adyacente al de Ruiz-Gallardón- para interesarse por su pasado político. Prada comprometió su palabra con Pedroche a que nunca ha tenido nada que ver políticamente con Fuerza Nueva, formación con la que, asegura, siempre ha discrepado ideológicamente.
"Mi única vinculación con Fuerza Nueva es indirecta y familiar, por mi suegra, porque ella era la presidenta del partido y se presentó incluso en las elecciones de 1982 al Senado con esa formación, y como León es una ciudad pequeña es verdad que a mí se me ha podido ver con ella en muchos actos, pero yo no tengo nada que ver con eso y desde siempre he tenido grandes discusiones ideológicas con ella", declaró Prada Presa ayer a este periódico.
El candidato a viceconsejero comentó, además, que su suegra -casada con un conocido médico local y de la que era vecino de vivienda desde su infancia- perteneció siempre al sector más moderado de Fuerza Nueva, y apuntó que ahora vota al PP. Prada Presa está casado con la hija de María Victoria Valenzuela y tiene tres hijos.
El senador argumentó que su ideología política siempre ha estado ligada, desde joven, a Manuel Fraga, presidente fundador de Alianza Popular y luego del Partido Popular, y que por ese motivo mantuvo un cartel de Fraga pegado durante años en su habitación. Prada Presa dice que fue precisamente la atracción por Fraga lo que le llevó a militar primero en AP y luego en el PP, en cuyas organizaciones provinciales llegó a ser secretario general.
Prada Presa entiende que la versión de su pasado ligada a Fuerza Nueva se debe al sector del PP de León con el que está enfrentado. El todavía senador admite sus buenas relaciones dentro del PP con Miguel Pérez Villar. Cuando éste accedió a la presidencia provincial del PP en León nombró a Prada secretario general, y cuando fue descabalgado del cargo por la actual dirección, Prada también abandonó su puesto.
El despacho de abogados de Prada en León, además, ha gestionado algún asunto de la esposa de Pérez Villar, aunque sin relación con las polémicas subvenciones mineras que ésta recibió de la Consejería que dirigió su marido. Prada Presa se declara ahora un firme partidario "del estilo moderado y centrista" inspirado desde la dirección nacional del PP por José María Aznar.
Jaime Alonso, el número dos nacional de Fuerza Nueva hasta 1982 y presidente del sindicato Fuerza Nacional del Trabajo desde 1979, también leonés como el nuevo viceconsejero de Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró ayer a este periódico que Alfredo Prada era en los años ochenta un hombre "afín, sin ninguna duda", a Fuerza Nueva. Pero puntualiza que desconoce si ello se debía a una "cuestión de ideas" o a unas "razones de parentesco" con la que iba a ser su suegra, María Victoria Valenzuela (hoy ex presidenta de Fuerza Nueva en León). Alonso rechazó precisar si Prada militó en Fuerza Nueva, ya que considera que este extremo "pertenece a lo más íntimo e la persona y cualquier afirmación en un sentido u otro sería traspasar algo que, por o visto, él no quiere traspasar". Alonso matizó que Prada asistía con asiduidad a actos de Fuerza Nueva en León, "aunque nunca dio mítines". "Quizá el pasado le suponga una losa, hablar de tránsfugas es moneda común hoy", dijo, entre otras cosas, Alonso.
El abogado y senador desde 1993 Alfredo Prada Presa se afilió a Alianza Popular de León en 1988, avalado por el matrimonio compuesto por Miguel Pérez Villar y Rosa Carballo. Pérez Villar, senador por la Comunidad de Castilla y León, fue consejero de Economía del Gobierno de José María Aznar. Junto con su esposa, Rosa Carballo, está siendo juzgado actualmente por el Tribunal Supremo a causa de las presuntas irregularidades en la concesión de 1.500 millones de pesetas en subvenciones al sector minero de la comunidad autónoma, entre 1988 y 1989. Rosa Carballo regentaba la asesoría laboral de Pérez Villar, mientras éste era consejero, y algunas de las empresas vinculadas a ella resultaron favorecidas.
Desde 1988 hasta hoy, la estancia y ascenso en el PP de Alfredo Prada ha corrido de la mano de Pérez Villar y Rosa Carballo. Algunos altos cargos del PP en León califican a Prada como un "hombre majo" y "muy hábil", que se ha sabido mover en Madrid hasta llegar a Ruiz-Gallardón. Su anterior simpatía por Fuerza Nueva es muy conocida en León, hasta el extremo de que dirigentes de diversas familias del PP de esta provincia coinciden en señalar que Prada participaba "con toda normalidad" en actos de esa agrupación política de extrema derecha. Algunos de ellos van más allá al afirmar que Prada militó en ella, "con toda seguridad".
www.elpais.es 04-07-1995
EL 'CASO ALFREDO PRADA'
"Yo me pregunto: ¿por qué puede haber etarras arrepentidos, reinsertados? ¿Por qué el señor Aznar pudo ser en su tierna juventud un falangista, un fascista convencido, y con los años, la madurez, etcétera, haberse convertido en un demócrata, y el senador Alfredo Prada Presa, por haber pertenecido durante dos años al partido antidemocrático Fuerza Nueva ¡hace 15 años!, y a tan temprana edad como a los 18 años, no puede ser a sus 35 maduros años viceconsejero en el equipo de Ruiz-Gallardón? ¿No es está la ley del embudo? ¿No será que no resulta popular dar un cargo a un ex Fuerza Nueva? Pero, por muy impopular que sea, también lo eran las declaraciones que hacia su presidente en sus años mozos, y ahí sigue. Otra pregunta: ¿seguirán teniéndole como senador o le echarán? Si los del PSOE hicieran una cosa así, ¡uy, uy, uy! como dice el maestro Haro Tecglen, "dos actos fascistas: nombrarle sabiendo quién es, despedirle al enterarse los demás".Quiero aclarar que yo jamás me fiaría de nadie que hubiese sido, simplemente, simpatizante de ETA, de Fuerza Nueva o similares, ni en la época de su más remota lactancia.-
EL PAIS - 18-07-1995
EL PARTIDO POPULAR DE LEÓN APOYA AL VICECONSEJERO FRUSTRADO
El Partido Popular de León difundió ayer una nota de siete líneas para mostrar su "apoyo y respeto" a la persona M senador Alfredo Prada, quien, tras ser anunciado el lunes pasado como uno de los viceconsejeros del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, finalmente no fue propuesto para el cargo. El mismo día en que estaba previsto su nombramiento, EL PAÍS publicó que Prada había sido seguidor del partido antidemocrático Fuerza Nueva entre 1978 y 1980. Prada arguyó que acudió a actos de esa formación para acompañar a su suegra, entonces presidenta de Fuerza Nueva en León. El PP leonés pone de relieve que su apoyo a Alfredo Prada se debe a "la información difundida por un diario madrileño" y hace hincapié en que "ha sido elegido democráticamente senador y está desempeñando eficazmente su responsabilidad pública en defensa de los intereses de esta provincia". El comunicado del PP coincidió ayer con la toma de posesión como alcalde de la capital de Mario Amilivia.El pasado lunes, el día anterior a que este periódico publicase que Prada Presa fue seguidor de Fuerza Nueva entre los años 1978 y 1980, el consejero Pedroche se encontró con su futuro viceconsejero y despachó con él, acto que grabó Televisión Española y cuyas imágenes difundió al día siguiente. Según medios del PP leonés, "al senador Prada Presa le fue presentada esa mañana [la del lunes] su nueva secretaria, le fue enseñado el despacho que iba a ocupar e incluso se despidió de dos consejeros del Gobierno de Leguina ya como nuevo víceconsejero".08-07-1995
POLÍTICOS DEL PP RECUERDAN A RUIZ-GALLARDÓN EL DERECHO DEL SENADOR PRADA A EVOLUCIONAR
La decapitación inmediata de Alfredo Prada Presa, de 35 años, el viceconsejero non nato de Alberto Ruiz-Gallardón vinculado su juventud (en tomo a 1978) con el partido antidemocrático Fuerza Nueva, no ha cerrado el debate sobre la oportunidad de este nombramiento frustrado. EL PAÍS ha planteado la misma pregunta a un grupo de políticos de todas las ideologías y eda des: "¿Es asumible y aceptable que una persona con 18 o 20 años tenga unas ideas antidemocráticas y 15 años mas tarde pueda ocupar una responsabilidad en un Gobierno democrático?".
El senador leonés Prada Presa no quiso responder ayer ni a esta ni a otras interpelaciones. También Ruiz-Gallardón eludió pronunciarse sobre este asunto. Jesús Pedroche, el consejero de Presidencia que pretendía nombrar a Prada para su viceconsejería -la más política del Gobierno regional- rechazó hacer comentarios sobre esta polémica.
El actual coordinador regional de IU y presidente de su grupo parlamentario en la Asamblea era en 1978, con 24 años, de la agrupación del Metro del PCE: "Derecho constitucional tiene, pero la ideología es un problema de formación cultural que se mama desde la más tierna infancia, y yo los virajes no me los creo, ni en mi caso ni en los de los demás".
El portavoz socialista en la Asamblea aprobó en 1978, con 27 años, su plaza de investigador del CSIC y era vocal socialista en la agrupación de Moncloa: "Si no se le ha nombrado, es que era un ex seguidor de Fuerza Nueva, y si se le penaliza por eso, tendría que dejar también el escaño de senador. Si, por el contrario, le han cesado los medios de comunicación, la personalidad de Ruiz-Gallardón queda en entredicho. Todo el mundo tiene derecho a evolucionar, pero yo no creo en los políticos antibióticos de tan amplio espectro. Yo no lo hubiera nombrado porque contradice el perfil de derecha moderada que quería dar Ruiz-Gallardón, aunque tiene efectos positivos, integrar a la extrema derecha, y negativos, las tensiones que genera".
El presidente de la Asamblea tenía 34 años en 1978, era periodista parlamentario de RTVE y no militaba aún en AP: "Yo creo que sólo son inamovibles las piedras. Es legítimo evolucionar y afortunadamente tenemos casos en la transición española, tanto de izquierdas como de derechas. Durante el régimen anterior, la oposición más sonada estaba en la izquierda, pero hay casos de personas de derechas, como José María Ruiz-Gallardón o Dionisio Ridruejo, que pasaron por la cárcel".
El ex consejero de Cooperación y miembro de la Mesa de la Asamblea era en 1978, con 23 años, secretario de una agrupación de base socialista: "A esa edad y en un partido de tan firmes convicciones antidemocráticas ya no se cambia. Esto demuestra que la extrema derecha que todavía existe en este país está en el PP y que se formará como partido cuando José María Aznar llegue al Gobierno".
El vicepresidente primero de la Asamblea era con 29 años (1978) asesor de Juan José Rosón en el Gobierno Civil de Madrid (UCD): "Si se produce la lógica evolución, creo que no debe haber problema porque todo el mundo a los 15 años ha sido algo extremista".
Ahora es vicepresidente de la Asamblea, pero con 23 años (1978) fue fundador de la agrupación socialista de Carabanchel: "Es perfectamente posible que si todo evoluciona en la vida lo hagan también las personas, de todos los partidos. Es injusto que se cuestione lo que alguien pueda llegar a ser por su pasado y máxime por ideas de juventud. Conozco a este senador y es una persona capacitada y válida".
La senadora que sustituye a Ruiz-Gallardón en la Cámara alta trabajaba en 1978 al margen de la política, como profesora: "Con 18 años, uno piensa unas cosas que con 35 no tienen nada que ver, y es asumible".
El portavoz del PP en la Asamblea tenía 22 años en 1978, estudiaba Derecho y terminaba la mili: "Es asumible y más teniendo en cuenta que ha sido elegido democráticamente senador".
El consejero de Hacienda tenía 22 años en 1978, estudiaba ICADE y no militaba en AP: "Todo el mundo debe tener el derecho a evolucionar".
El ahora diputado regional socialista tenía 35 años en 1978 y era miembro del Comité Central del PCE: "Desde el punto de vista humano y político hay que admitirlo y dar un margen a las personas para rectificar, pero debe ser de manera pública, y yo no sé de la reconversión democrática de este señor porque ser senador no implica ser demócrata, como demuestran los de HB".
El senador y presidente de las Nuevas Generaciones del PP tenía 10 años en 1978: "Es asumible, pero esto es como los pecados, habrá que ver si la evolución ha sido cierta y sincera, y naturalmente tendrá que haber un arrepentimiento, un propósito de enmienda y una penitencia".
El concejal rememora que en 1978, con 32 años, militaba en USO o el PSOE y trabajaba en un laboratorio farmacéutico: "Por esta regla de tres, el equipo del actual alcalde debería sufrir muchas bajas".
EL PAIS - 06-07-1995
RUIZ -GALLARDÓN SE DESENTIENDE DEL NOMBRAMIENTO FRUSTRADO DE PRADA
Alberto Ruiz-Gallardón, presidente regional, eludió ayer toda responsabilidad en el nombramiento frustrado como viceconsejero de Presidencia -su gabinete político- de un senador leonés del PP que fue seguidor en su juventud del partido antidemocrático Fuerza Nueva. La designación estuvo preparada, pero quedó paralizada el mismo día en que estaba previsto el nombramiento, tras conocerse sus antecedentes políticos por una información que publicó EL PAÍS. "No hay más razón para que Prada no haya sido nombrado que el hecho de que no ha sido propuesto por el consejero", explicó Ruiz-Gallardón. Y añadió que "si hubiera sido propuesto, sería responsabilidad del consejero que lo proponía". El presidente negó haber ofrecido personalmente el cargo a Prada, con el que dijo que no habla desde hace más de tres meses. El senador, sin embargo, ha asegurado que la oferta partió directamente de Ruiz-Gallardón y agradeció que diese tanta "cancha" cuando coincidieron en el Senado.
EL PAIS - 07-07-1995
DEL OLVIDO A LA VICECONSEJERÍA
"El Gobierno de los mejores", como denomina Alberto Ruiz-Gallardón a su primer Ejecutivo en la Comunidad de Madrid, hizo ayer justicia. El único hueco relevante que quedaba por llenar, el dejado por el nombramiento frustrado del viceconsejero de Presidencia, Alfredo Prada Presa, el senador vinculado a Fuerza Nueva, fue ocupado ayer por una de las diputadas estrella del PP en la pasada legislatura. Una diputada que llegó a ser la portavoz adjunta y que ahora había sido olvidada y relegada incluso en el grupo parlamentario, sin explicaciones ni motivos conocidos. La parlamentaria Carmen Álvarez Arenas, de 47 años, especialista en asuntos económicos, industriales, empresariales y de empleo, madre de seis hijos, tendrá que dejar su escaño, en el que repetía desde 1987, para llevar a partir de ahora el día a día de la consejería más política de Ruiz-Gallardón. Será la viceconsejera de Presidencia. Ruiz-Gallardón la rescata para su equipo más próximo y para respaldar al consejero Jesús Pedroche, que ejercerá, como siempre, la jefatura de su gabinete. Alvarez Arenas, además, mantiene buenos contactos en la dirección del PP.
EL PAIS - 12-07-1995
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA RENUNCIA A NOMBRAR AL EX SEGUIDOR DE FUERZA NUEVA
Jesús Pedroche, de 34 años, Consejero de Presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón, asumió ayer todo el desgaste político de haber pensado para el cargo de número dos de su departamento en el senador Alfredo Prada Presa, de 35 años. Este político leonés, cuyo nombramiento iba a oficializarse ayer, fue seguidor del partido antidemocrático Fuerza Nueva entre 1978 y 1980, según reveló EL PAÍS horas antes de reunirse el Consejo de Gobierno previsto para tratar las designaciones de viceconsejeros. Una vez conocida la información publicada ayer, la propuesta de este nombramiento no llegó a formalizarse.
Pedroche señaló tras el Consejo de Gobierno que había decidido reconsiderar el nombramiento de Prada "a la luz de las dificultades encontradas" y por valoraciones generales del caso". Y se negó a hacer ninguna manifestación sobre las relaciones que en el pasado pudo mantener el senador popular con Fuerza Nueva. Pedroche intentó desmentir ayer que la designación estuviera decidida, y comentó incluso que la opción de Prada Presa era sólo una más de las estudiadas. Pero el propio Pedroche había confirmado a este periódico el pasado sábado cuál iba a ser el nombre de su viceconsejero.
05-07-1995
REVUELTO DE AJETES. JUAN JOSÉ MILLÁS
Asunto importante: los jueces deciden acabar con los subasteros haciendo públicas las listas de pisos. Este periódico publicó la primera el domingo pasado. Si no eres un especulador, su lectura resulta aburrida, aunque didáctica: que continúe publicándolas. Hay gente con un don especial para conseguir dinero fácil. Los subasteros llevan lustros montándoselo con estos pisos que los bancos embargan por el impago de la hipoteca. Si no estás en el ajo, no puedes comprenderlo, es decir, no entiendes por qué un piso tiene que subastarse cuando se puede poner el cartel de se vende en el balcón y entregar al dueño lo que sobra una vez liquidada la deuda. En lugar de eso, se rematan públicamente por dos duros, de manera que el deudor resulta apaleado además, de quedarse en la calle. Un abogado me lo explicó hace tiempo, pero no lo entendí o se me ha olvidado el razonamiento. Por cierto, que una vez vi a un par de subasteros por la televisión y tenían un aspecto normal, menesteroso, como de clase media. A uno le gusta que los malos tengan cara de malos, eso complica menos la existencia, pero la vida es dura.
Otro asunto importante: Ruiz Gallardón decide finalmente abandonar el problema de la prostitución a la inteligencia del Mercado. Comprendió enseguida que se había metido en un asunto espinoso y se lo encomendó al Mercado porque habría quedado feo encomendárselo a Dios. Lo bueno de creer en Dios y en el Mercado al mismo tiempo es que puedes hacer una división racional del trabajo. Si además de eso crees también en Villapalos, tienes la legislatura prácticamente hecha. Pero a mí me habría gustado que cogiera el toro por los cuernos, porque la prostitución atrae mucha retórica y poco pensamiento. Le sugiero que encargue a su consejero de Cultura, unos cursos de verano sobre el tema. Podrían comenzar con la investidura honoris causa de la decana de las prostitutas de Madrid. Tenemos mono de esta clase de circo desde que Villapalos le puso el disfraz a Mario Conde.
Un asunto menor: lo de Prada Presa ha resultado sorprendente y cómico. Sorprendente que el hombre se defendiera de haber simpatizado con Fuerza Nueva después de que los madrileños hayamos tenido que aguantar a Matanzo hasta ayer mismo, y cómico, que utilizara para ello a su suegra. Argumenta que iba a los mítines de Blas Piñar para acompañar a su madre política; un yerno encantador. Pero cuando volvían a casa discutían mucho por razones ideológicas, eso dice, porque él siempre ha sido un admirador de Fraga Iribarne, del que tenía un cartel en su dormitorio, en plan Che Guevara, en fin. Uno daría dinero por asistir a una discusión "ideológica" entre un admirador de Fraga y una fan de Blas Piñar. El caso es que se ha quedado sin puesto. Quizá no sea un asunto menor si lo vemos desde el punto de vista de la capacidad de rectificación mostrada por el nuevo gobierno de la Comunidad: el público, acostumbrado a una cultura de mantenerla y no enmendarla, agradece la falta de arrogancia y el, valor de dar marcha atrás. Ya veremos. Lo doloroso es que la distancia ideológica existente entre Prada Presa y su suegra se vea aumentada por este suceso y el buen yerno deje de acompañar a su madre política a las fiesta de Blas.
Un asunto desdichado: me escribe Prem Bhavana (en realidad se llama Charo), especialista, si ustedes se acuerdan, en Terapias corporales: osho rebalancing, arun-consciencia en el tacto, prana healing y reiki chamánico. Va a dar otro curso en Ávila, junto a Vedanta Suravi, que tiene siete niveles de consciencia, fíjense. Prem está muy enfadada porque las llamé brutas. Lleva razón, no debería haber acudido al insulto y les pido perdón públicamente. Es que me salió la bestia que llevo dentro cuando leí en el folleto que efectuaban programaciones neurolingüísticas; nunca me ha gustado que me programen neurolingüísticamente. Así que lo siento. Y feliz verano.
EL PAIS - 07-07-1995
