La gestion de Pique

La gestión del optimizador Piqué

ESPAÑA, A LA COLA DE EUROPA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Estamos a la cola de Europa. Según el informe de la Fundación Auna sobre el desarrollo de Internet y las telecomunicaciones en España, todavía queda mucho que avanzar para equipararse a los países europeos.

Con un número de internautas estancado desde hace meses, un porcentaje de Pymes conectadas a Internet ínfimo y una presencia de ordenadores en los hogares sólo superior a la de Grecia, el informe anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información en España destaca que somos uno de los países más rezagados de Europa en lo que a número de internautas y uso de ordenadores se refiere, y que a pesar de ello, a lo largo del 2001, el ritmo del crecimiento del internauta se ha estancado debido a «estrategias comerciales y no a una tendencia perdurable».

Según el estudio, el número de internautas es en la actualidad de 7.380.000, lo que supone un 36,8% de la población española. Una cifra sólo superior a la de Grecia. Y en cuanto a la penetración de los ordenadores en los hogares la situación es muy similar. Mientras en el País Vasco, Cataluña o Madrid, más del 50% de los hogares tienen un ordenador, otras comunidades, como Extremadura o Castilla-La Mancha tienen un número de PC casi siete veces menor. De momento, y en sus tres semanas de vida oficial —oficiosa son más de dos años—, el Plan Internet para todos ya ha conseguido formar a 7.000 españoles. Muy lejos del objetivo del Gobierno de formar a medio millón de ciudadanos antes de fin de año (Junio 2002).

EL FRACASO DEL PLAN INFO XXI OBLIGA AL GOBIERNO A PONER EN MARCHA UNO NUEVO

El Gobierno no ha conseguido sacar a España de la cola en tecnología de la información dentro de la UE, a pesar de que ha contado sobre el papel con un presupuesto de 5.000 millones. El Plan Info XXI, la iniciativa más ambiciosa para el desarrollo de la sociedad de la información, tiene los días contados. Inicialmente recogía 300 proyectos e inversiones por un total de 4.958 millones de euros, divididos por ejercicios y ministerios. El plan fue presentado por el presidente José María Aznar en Vitoria, el 24 de enero de 2001, pero pronto se demostró que la iniciativa era 'poco más que una etiqueta', en palabras de un alto directivo del sector español de tecnologías de la información.

Info XXI era un plan diseñado a tres años (2000-2003), cuya formulación primaria fue precisamente de Josep Piqué cuando era ministro de Industria, en 1999, aunque de la coordinación y seguimiento del plan se encargó su predecesora en Ciencia y Tecnología, Anna Birulés.

Durante 2000, el primer año de funcionamiento del plan, no se ejecutó ni el 50% de su presupuesto. Algunos ministerios se quedaron muy por debajo de esa cifra, como Fomento, que ha declarado que sólo se gastó el 3% de lo presupuestado. En los primeros ocho meses de 2002, el nivel de ejecución ha alcanzado otro 50%. Tampoco ha funcionado el proyecto Internet para todos, que pretendía formar a un millón de españoles en el uso de Internet y del que aún no se conocen sus resultados (Octubre 2002).

ESPAÑA E ITALIA SON LOS PAÍSES EUROPEOS PEOR SITUADOS ANTE LA 'SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO'

El gasto en investigación, educación, nuevas tecnologías y formación continuada, asi como el número de científicos por habitante son los parámetros que indican la situación de un país para acceder a la sociedad del conocimiento. Tales parámetros aplicados a la UE muestran que Italia y España son los peor colocados. La Comisión Europea, que utiliza por vez primera tales indicadores para analizar la situación, señala la buena posición de países como Dinamarca, Suecia y Finlandia, y pide a Italia y España un 'urgente y suplementario esfuerzo' que les rescate del furgón de cola.

El gasto en investigación, educación, nuevas tecnologías y formación continuada, así como el número de científicos por habitante son los parámetros que indican la situación de un país para acceder a la sociedad del conocimiento. Tales parámetros aplicados a la UE muestran que Italia y España son los peor colocados. La Comisión Europea, que utiliza por vez primera tales indicadores para analizar la situación, señala la buena posición de países como Dinamarca, Suecia y Finlandia, y pide a Italia y España un "urgente y suplementario esfuerzo" que les rescate del furgón de cola. (Noviembre 2002).

EL GOBIERNO PROHÍBE QUE UNA SOCIEDAD PARTICIPE EN TELEVISIONES ESTATALES Y LOCALES

El Gobierno introduce por sorpresa cambios sustanciales en el paisaje audiovisual español. Las modificaciones que introducirá, y que entrarán en vigor en enero, fueron orquestadas desde dos frentes: en Barcelona, donde el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, explicaba el régimen de incompatibilidades que impondrá el Ejecutivo a las empresas que participen en televisiones de diferentes ámbitos territoriales, y en Madrid, donde el PP presentaba a última hora en el Senado las enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado que plasman dichas incompatibilidades.

La medida más destacada hace referencia a la prohibición a las empresas que participen en el capital de una televisión generalista de ámbito nacional, incluida la de pago Canal +, de tener presencia en cualquier otra televisión, ya sea de ámbito autonómico o local. El Grupo Correo y el Grupo PRISA son los principales afectados. Las empresas que deban replegar su presencia en concesionarias contarán con el plazo de un año para adaptarse a la nueva situación (Noviembre 2002).

SÓLO EL 18% DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS PROPORCIONA ACCESO A INTERNET

El número de bibliotecas públicas en España que proporcionan acceso a Internet a sus usuarios se reduce al 18% del total, ya que sólo 730 de las 4.056 existentes facilitan conexión a la Red a los usuarios y, en la mayoría de los casos, de conexión a baja velocidad.
Así se señala en una respuesta parlamentaria formulada sobre los puntos de acceso público a Internet puestos a disposición de los ciudadanos para el año 2001, en el marco del Plan de Acción Info XXI 2001-2003. Como se recordará, el Ejecutivo ha anunciado en varias ocasiones su intención de proveer de conexión a la Red a todas las bibliotecas públicas españolas mediante el programa 'Internet en las Bibliotecas', que cuenta con una inversión de 38 millones de euros a realizar en el período 2003-2005 (Noviembre 2002).

SÓLO EL 17% DE LOS HOGARES ESPAÑOLES TIENE ACCESO A INTERNET, LA MITAD QUE EN LA UE

Sólo 17 de cada 100 hogares españoles tiene acceso a Internet, una cifra muy baja si se compara con la media europea, que está en 40 hogares. Y la situación es aún peor en Castilla-La Mancha (7,6%) y Extremadura (8%). Son algunos de los datos que forman la radiografía de la infraestructura tecnológica de los hogares españoles que presentaron la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) y el INE (Instituto Nacional de Estadística). Ambos han realizado, entre mayo y septiembre, una encuesta en 20.000 hogares para saber cómo usan los españoles la tecnología.

El informe responde a una queja permanente del sector de las tecnologías de la información, que cree que en España hay una exceso de datos sobre tecnología (uso de ordenadores, Internet, gastos en comercio electrónico...) pero también hay fuentes muy diversas, públicas y privadas, "que dificultan la coherencia de las informaciones", explica el informe. El estudio, titulado Encuesta a hogares españoles sobre tecnologías de la información y la comunicación ha sido financiado, en su mayor parte por la CMT, El universo de la encuesta son 13,7 millones de hogares, y 33,9 millones de personas mayores de 16 años.(Diciembre 2002).

ESPAÑA GASTÓ EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO UN 0,96% DEL PIB EN 2001, UN 22% MENOS DE LO PREVISTO

El gasto español en investigación y desarrollo representó en 2001 el 0,96% del Producto Interior Bruto, según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística. Este porcentaje representa un 22% menos de lo previsto para ese año en el Plan Nacional de Investigación vigente ( el 1,23%) y un 0,02% más que el año anterior. En estas cifras se incluyen los discutidos créditos a empresas para programas de defensa (desarrollo y fabricación de tanques, aviones, fragatas y demás), que ese año representaron el 38% del presupuesto de I+D total. La media de gasto en I+D en los países europeos es superior al 1,9%.

Del total del gasto, el sector privado (las empresas) ejecuta el 52% aunque aporta sólo el 47%, incluidos los préstamos o créditos reembolsables. Estos créditos representan un 7,8% del total del gasto en investigación ejecutado por las empresas. El resto de la financiación se divide por su origen en administraciones públicas (un 40%), universidades (un 4%), las instituciones privadas sin fines lucrativos (un 1%) y fondos procedentes del extranjero (un 8%).

En parte, el escaso gasto en I+D refleja el importante porcentaje del presupuesto que se dejó de ejecutar ese año en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Este año se están produciendo igualmente retrasos significativos en la ejecución, entre los que destaca que no se haya firmado todavía, a pocos días del fin del año, el programa Ramón y Cajal de contratación de investigadores (Diciembre 2002).

ESPAÑA AVANZA CON MÁS LENTITUD QUE EUROPA EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA

España avanza pero tan lentamente en el desarrollo de la sociedad de la información que la convergencia con Europa no termina de llegar. Esta es una de las conclusiones que se desprende del estudio Métrica de la Sociedad de la Información 2001, elaborado por la Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la información (Sedisi) en colaboración con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El informe analiza 40 indicadores distribuidos en seis bloques: industria de las TIC, infraestructuras, terminales de acceso, servicios, usos y contenidos.

Por ejemplo, en el número de hogares con ordenador, indicador que permite medir el acceso doméstico a Internet, se ha pasado del 26,9% (2000) al 28,9% (2001).

Es decir que ha crecido pero como en la media de la UE se ha pasado en un año del 34,4% al 41,3%, "las distancias de España con la media de Europa se van acentuando", dice el estudio.

El dato del 2001 corrobora la realidad actual: sólo 17 de cada 100 hogares españoles tiene acceso a Internet, una cifra muy baja si se compara con la media europea, que está en 40 hogares, según la radiografía de la infraestrucutura tecnológica de lo hogares españoles que presentaron la CMT y el INE . El comercio electrónico sigue siendo un talón de aquiles: ha crecido menos de lo previsto, pasando del 3,2% en 2000 al 5% (2001). La distancia con Europa es muy amplia: ha pasado del 24,7% al 30% ( Diciembre 2002 )

CIENCIA Y TECNOLOGÍA NO HA PAGADO 22 MILLONES DEL PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL

El Ministerio de Ciencia y Tecnología no ha pagado los 22 millones de euros correspondientes a los 500 investigadores seleccionados en la convocatoria de 2002 del Programa Ramón y Cajal, uno de los planes estrella del ministerio, destinado a la "recuperación de cerebros" para el sistema nacional de investigación. El ministerio afirma que los pagos se realizarán este mes o el próximo. El pago de los 308 contratos correspondientes a las universidades, 13,8 millones de euros, no ha sido firmado por CyT en 2002 y, por tanto, pasa al presupuesto del ministerio de este año.

El plan Ramón y Cajal, lanzado por la anterior ministra de Ciencia y Tecnología Anna Birulés como un programa estrella que iba a permitir la recuperación de cerebros españoles en el extranjero, se concretó en un plan de realizar 2.000 contratos para investigadores en las universidades y en organismos públicos de investigación (OPI) en tres años: 800 en 2001, 500 en 2002 y 700 en 2003. El plan permite agilizar la incorporación de los investigadores a la carrera científica en el anquilosado sistema español de ciencia y tecnología.

La resolución correspondiente al pago de los contratos de los OPI en la convocatoria de 2002 fue firmada antes del 31 de diciembre del año pasado y queda cargada al presupuesto de 2002, pero el desembolso se realizará a la vez que el de los contratos de las universidades, en enero o febrero, según informó el ministerio. La mejora de la gestión de CyT es objetivo prioritario señalado por el ministro Josep Piqué cuando tomó posesión del cargo el pasado mes de julio.

Los contratos del Ramón y Cajal, de cinco años de duración, suponen el pago íntegro de los salarios del primer año a cargo de CyT, mediante subvenciones a las instituciones que acogen a los investigadores del programa. En los años sucesivos, la subvención del ministerio es parcial y esas instituciones se responsabilizan del pago del resto (Enero 2003).

UNA JUEZ DE BARCELONA ARCHIVA EL 'CASO ERCROS' ANTE LA INDECISIÓN DEL SUPREMO SOBRE PIQUÉ

Asunción González, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona, ha archivado provisionalmente el denominado caso Ercros debido a que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado todavía sobre la imputación del ex consejero delegado y actual ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué. La juez considera que esa situación "hace inviable" la continuación del proceso para el resto de los miembros del Consejo de Administración de Ercros, pues, a su entender, se encuentra condicionado por lo que ocurra en el alto tribunal acerca del ministro.

El Tribunal Supremo devolvió en abril de 2000 al Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona el caso Ercros para que investigara un supuesto delito de alzamiento de bienes en la suspensión de pagos de la compañía, ocurrida en 1992.

El presunto delito se habría cometido cuando los responsables de Ercros incluyeron en la lista de acreedores de su suspensión de pagos una deuda de casi 2.000 millones de pesetas que pertenecían a otra sociedad, la petrolera Ertoil, que no suspendió pagos, causando un grave perjuicio a los titulares de esos créditos.

En un breve auto dictado el pasado 20 de diciembre la juez González señala que tomó declaración a todas las personas que eran miembros del consejo de administración de Ercros en el momento de adoptarse la decisión de instar la suspensión de pagos de la empresa, salvo del entonces consejero delegado, Josep Piqué, que "no pudo practicarse en este juzgado dada la condición de aforado del interesado".

La juez añade que "según el auto del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2000 la decisión sobre su competencia se condiciona al resultado de la investigación del Juzgado Central de Instrucción número 3 sobre el destino del precio de la venta de la empresa Ertoil" (Enero 2003).

LOS 500 CIENTÍFICOS DEL PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL LLEVAN TRES MESES ESPERANDO SU CONTRATO

Los 500 investigadores que fueron seleccionados en la convocatoria del año pasado del programa Ramón y Cajal, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (CyT), llevan tres meses esperando firmar los contratos que les permitan incorporarse a su trabajo. El programa se convocó en enero del año pasado y, tras la evaluación de todos los candidatos, la lista de los seleccionados fue firmada por el ministerio en septiembre, pero este departamento aún no ha sacado la relación de los investigadores asignados a cada universidad u organismo de investigación para que éstos puedan firmar los contratos.

Los seleccionados esperaban la lista para firmar los contratos en octubre, tras varios trámites y plazos administrativos, pero la única respuesta que reciben desde entonces cuando piden información a CyT es un desesperante "la semana que viene", o "estamos intentando que sea la semana que viene", se quejan varios científicos de este programa. El importe total de los contratos Ramón y Cajal en 2002, correspondientes a 24 áreas científicas, asciende a 22 millones de euros, que el ministerio no ha pagado aún (Enero 2003).

PIQUÉ RECIBE ABUCHEOS E INSULTOS EN UNA VISITA A TORTOSA

Unos 300 miembros de los grupos contrarios al trasvase del Ebro recibieron con abucheos e insultos al ministro de Ciencia y Tecnología y presidente del Partido Popular en Cataluña, Josep Piqué, en su visita a Tortosa (Tarragona) para apoyar a sus candidatos en esa provincia para las próximas elecciones municipales. Los antitrasvase lanzaron sal y huevos a Piqué, que, lejos de amedrantarse, defendió las bondades del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y afirmó que es el PP quien garantiza la mejor política sobre el agua.

El ministro defendió el PHN como un proyecto positivo y criticó a los miembros de la Plataforma en Defensa del Ebro, a los que acusó de no representar a nadie y de utilizar "de forma innoble los sentimientos de la gente".

Los antitrasvase recibieron a Piqué con una alfombra de sal en la entrada del Auditorio Felip Pedrell, símbolo de la salinización que amenaza al río con la cesión de agua (Enero 2003).

EL PRESIDENTE DEL CSIC DEJA EL CARGO POR DISCREPAR CON CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Rolf Tarrach, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor organismo científico de España, dejará próximamente el cargo, al no disponer apenas de libertad de acción para resolver los problemas del organismo que preside y no estar de acuerdo con las decisiones ministeriales. Tarrach planteó al Ministerio de Ciencia y Tecnología hace cuatro meses su reemplazo si no respondía positivamente a problemas como la no homologación de sueldos de los investigadores del CSIC con los de las universidades. Piqué dice que le pidió tiempo.

Tarrach, uno de los escasos altos cargos del sistema español de ciencia y tecnología, admitió que no ha llegado nunca a hablar con el ministro sobre los problemas que planteó en una carta del 21 de octubre dirigida al Secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica, Pedro Morenés. Sin embargo, ha sugerido hasta siete nombres al ministerio para sustituirle mientras se alargaba el plazo de respuesta, en parte por la atención requerida por la catástrofe del Prestige. Ahora, espera irse en un plazo mínimo de dos semanas, cuando decida Piqué.

Tarrach situa sus discrepancias con el ministerio en tres niveles. En el nivel más alto o básico está su desencanto con la política científica: "Se me ha hecho muy difícil entender la política científica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque mis modelos de política científica son muy distintos de los que plantea éste". En un segundo nivel, la progresiva disminución de la autonomía del CSIC tras su adscripción al Ministerio de Ciencia y Tecnología: "En los últimos años parte de las decisiones que tomaba antes el presidente del CSIC se han empezado a tomar en el ministerio y creo que éste es un camino equivocado conceptualmente, porque lo interesante sería que las instituciones de investigación tuvieran una mayor autonomía que la que tienen. El CSIC debería ser una institución estatal más que gubernamental". Tarrach cree que el futuro del CSIC será muy oscuro si no se emprende una profunda reforma.

En el tercer nivel está la falta de respuesta a problemas como el citado del nivel salarial de los investigadores del CSIC, ya que algunas comunidades autónomas están pagando suplementos de sueldo a los profesores universitarios. El ministro reconoció la existencia de este problema: "Es un tema difícil que hay que abordar, pido un poco de tiempo".

Una muestra del descontento que reina en el CSIC es el comunicado del claustro científico de uno de los institutos, el de Ciencia de Materiales de Madrid, hecho público el pasado miércoles. "La creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología ha agravado todas las carencias anteriormente citadas, originando un laberinto administrativo con altos cargos responsables inactivos, un ministro que parece estar ausente y gestores que no se sabe si están para crear las condiciones favorables a la ciencia o para meramente administrar las telecomunicaciones, hipotecando en gran medida el futuro de España", se puede leer en este comunicado (Enero 2003).

CASO PIQUE: ERCROS "AJUSTÓ" SUS CUENTAS TRES AÑOS PARA NO DEVOLVER UN CRÉDITO AL ICO

Ercros, el grupo empresarial que dirigió el actual ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, entre 1992 y 1996, "ajustó" durante tres años (entre 1995 y 1998) la contabilidad de sus filiales para no presentar beneficios y evitar así la devolución del préstamo de 8.500 millones de pesetas (51 millones de euros) que recibió en 1994 del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La conclusión figura en el informe de fiscalización elaborado por el Tribunal de Cuentas y aprobado recientemente. El Tribunal concluye, pese a todo, que no existieron irregularidades.

El préstamo de 8.500 millones de pesetas (el Tribunal siempre utiliza esta moneda en su informe) que, según el organismo, la empresa evitó amortizar fue "rescatado" por Ercros tras pagar al ICO 1.100 millones de pesetas. La operación de "rescate" fue autorizada por la Comisión Delegada del Gobierno en junio de 1998 y el acta de autorización fue firmada por tres ministros: Rato, Arenas y Piqué, entonces ministro de Industria.

El informe del Tribunal de Cuentas, que examina todas las operaciones del ICO con Ercros desde 1992, justifica la polémica operación en sus conclusiones, pero en dos páginas sin desperdicio da más munición para el debate. El Tribunal afirma: "Durante los ejercicios 1995, 1996 y 1997, en los que Ercros, SA tenía la obligación de devolver el crédito, esta sociedad ajustó la cuantía de dividendos a repartir por sus filiales en el modo preciso para que la matriz no presentase beneficios y no tuviese que amortizar parte alguna del crédito". Y añade: "Se observa un cambio de tendencia radical [en los beneficios de Ercros, SA] a partir del ejercicio 1998 en el que Ercros ya no tiene que devolver el crédito al ICO, ya que se incrementa la actividad y obtiene beneficios, aun cuando los del grupo se reducen considerablemente".

El informe explica que "la devolución del crédito [de 8.500 millones] estaba ligada a los beneficios de Ercros, SA, no a los del Grupo Ercros. En el momento de la concesión del mismo, Ercros, SA era una sociedad prácticamente sin actividad, con un volumen de negocio muy reducido y que generaba pérdidas de explotación sin perspectiva de cambio en un futuro próximo, siendo la única fuente de ingresos que podía cambiar el signo de los resultados los ingresos financieros por dividendos obtenidos de sus filiales. Pero al ser la propia matriz, Ercros, SA, la que decide la cuantía de dividendos a repartir por aquéllas, es ésta, por tanto, la que al mismo tiempo decide si amortiza parte del crédito o no".

Un examen de las cuentas de Ercros, SA, la matriz y de sus filiales desde el año 1994 confirma la conclusión del Tribunal. Ercros, SA registró pérdidas entre 1994 y 1998 (172 millones de pesetas en 1994; 19 millones en 1995; 12 millones en 1996 y seis millones en 1997) a pesar de que excepto en un año, 1994, sus filiales arrojaban beneficios (1.101 millones en 1995; 737 millones en 1996 y 1.289 millones en 1997). Sin embargo, a partir de 1998, cuando Ercros, SA se ha liberado del crédito por decisión del Gobierno, empieza a ganar dinero. En concreto, en 1999 gana 260 millones y en 2000 270 millones. Al mismo tiempo, los beneficios de las filiales se reducen, de forma que el grupo empresarial gana 158 millones en 1999 y 242 en 2000.

Pese a la abierta acusación de juego contable que realiza contra Ercros, el Tribunal admite en sus conclusiones que el rescate del crédito fue "razonable". Dice textualmente: "Ercros, SA era una sociedad prácticamente sin actividad, que generaba pérdidas de explotación sin perspectivas de cambio en un futuro próximo, por lo que aún no había comenzado a devolver el crédito cuando, en junio de 1998, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó el rescate del mismo, estableciendo la cuantía a pagar por la prestataria al ICO en 1.100 millones, que dadas sus condiciones de concesión [en 1994], sin garantías, interés nulo, a devolver con los beneficios de Ercros, SA y situado en el orden de prelación de los créditos (inmediatamente antes del capital) y las valoraciones que existen del mismo (entre 75 y 823 millones de pesetas), se pueden considerar una cifra razonable".

El "rescate" del préstamo originó una dura polémica en el Congreso. El PSOE acusó a Piqué de haber facilitado el perdón del crédito público a su antigua empresa y reprochó al ministro no haberse inhibido en el proceso. Frente a las acusaciones, Piqué explicó que no existía irregularidad porque el crédito era incobrable y porque él se limitó a firmar el acta de condonación, sin participar en los debates.

El denominado caso Ercros está desde hace tres años pendiente de que el Supremo se pronuncie sobre la situación del aforado Josep Piqué. El caso, que provocó la destitución del fiscal del Supremo Bartolomé Vargas, favorable a la imputación del ministro, permanece todavía en el limbo judicial, pendiente de que se solucionen asuntos colaterales de Ercros (caso Ertoil) que se investigan en otros juzgados. La falta de pronunciamiento del Supremo sobre Piqué provocó que el pasado día 7 de enero, la juez Asunción González, del Juzgado número 5 de Barcelona, archivara la causa que seguía contra directivos de Ercros por un supuesto delito de alzamiento de bienes. Otro juzgado, el Central de Instrucción número 3, investiga el destino del precio de la venta de Ertoil (Febrero 2003).

DIMITE EL SEGUNDO DIRECTOR GENERAL DEL MINISTERIO DE CIENCIA EN DOS SEMANAS

Fernando Valdivieso, director general de investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, presenta su dimisión, tras cinco meses en el cargo. Es el segundo cese de un director general de ese departamento en dos semanas, tras el relevo solicitado por Rolf Tarrach como presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Ambos abandonos se producen en un periodo de desánimo en la comunidad científica por la política del ministerio. Valdivieso declaró a este diario que su dimisión se debe "a razones absolutamente profesionales y personales".

Valdivieso, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, asumió el cargo de director general el pasado mes de septiembre, con el nuevo equipo del ministro Josep Piqué y el secretario de Estado Pedro Morenés.

Valdivieso explicó que había elegido este momento para solicitar ser relevado porque "no hay nada pendiente, lo del programa Ramón y Cajal está todo solucionado, hemos finalizado el ejercicio y estamos en una época relativamente tranquila".

A la pregunta de si comparte la política del ministerio y si se solidariza con sus medidas, Valdivieso prefirió responder "Sin comentarios", explicando: "Prefiero guardar un poco las formas, ni siquiera he llegado a hablar todavía con el ministro, hemos quedado la semana que viene".

La dimisión de Valdivieso se añade a otros relevos de altos cargos en Ciencia y Tecnología. Así, desde que existe el ministerio hace menos de tres años, ha habido dos ministros, tres secretarios generales de Política Científica y la sustitución de los directores del CSIC y del Ciemat

Como se recordará, Tarrach anunció el pasado día 28 que dejaba el cargo de presidente del CSIC al no disponer apenas de libertad de acción para resolver los problemas de dicho organismo y no estar de acuerdo con las decisiones ministeriales. Ciencia y Tecnología aún no ha nombrado un sustituto a pesar de que haber hecho ofertas a varias personas (Febrero 2003).

ASOCIACIONES Y SITIOS WEB SUSCRIBEN UN MANIFIESTO CONTRA LA GESTIÓN DE PIQUÉ

Portales, asociaciones y distintas entidades del sector de las Nuevas Tecnologías han suscrito un manifiesto en el que ponen en entredicho la gestión del ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, en materia de Sociedad de la Información. El manifiesto afirma que el Departamento dirigido por Piqué está "destruyendo toda posibilidad" de que España "no se quede la última" en materia de Sociedad de la Información, y califica la situación de "insostenible".

Las entidades firmantes discrepan frentes algunas de las iniciativas legislativas "incomprensibles" lanzadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT) que mantienen de "facto" el antiguo monopolio de Telecomunicaciones. Al tiempo que criticaron la "mala ejecución" de los planes de desarrollo de la Sociedad de la Información puestos en marcha que, a su juicio, estaban "mal diseñados".

Asimismo, precisan que la implantación de "forma masiva" de la Sociedad de la Información pasa por facilitar "acceso para todos, precios asequibles, libertad de elección de proveedores, seguridad en las comunicaciones y respeto a la privacidad" de las mismas.

Concretamente, criticaron los problemas como los altos precios de las "escasas" líneas de ADSL, a lo que se suma los "abusivos " precios del operador dominante en cuanto a altas de líneas, entre otras cuestiones.
También ponen en entredicho la marcha del Plan Info XXI que lleva "meses en el taller de reparación", hasta el punto que se ha reducido a un "mero proyecto administrativo" que calificaron de "fracaso a todas luces". Igualmente, desconfían en que la comisión de expertos creada para asesorar a Ciencia y Tecnología sobre el tema al considerar que están "muy lejos de las necesidades y problemas" de los ciudadanos y recomendaron su reforma.

Por todo ello, los firmantes sostienen que el MCYT y sus responsables no están trabajando movidos por los intereses de los ciudadanos sino por el "ínfimo porcentaje que representan las grandes compañías", y reprochan al MCYT que haya guiado a la sociedad española hacia una "alarmante" situación en materia de Sociedad de la Información (Febrero 2003).

PIQUÉ BLOQUEA UN ANUNCIO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha bloqueado una campaña publicitaria en televisión de Amnistía Internacional (AI) en la que denuncia malos tratos a inmigrantes en España. A través de la Secretaría General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, el departamento que dirige Josep Piqué considera que los anuncios no cumplen la finalidad de "servicio público o carácter benéfico". Esta catalogación permite que tales inserciones se acojan a la "exención de cómputo", que permite su difusión de forma gratuita sin que se reste tiempo a la publicidad comercial.

El director de la sección española de AI, Esteban Beltrán, aseguró que la denegación del certificado, solicitado el 7 de noviembre pasado, "no se ajusta a derecho, es discriminatoria, vulnera el principio de igualdad y no está en absoluto motivada". Tras recalcar que es "una situación sin precedentes" en los últimos 25 años, sostiene que "lo grave es que el Gobierno considera que denunciar los malos tratos por motivos racistas en una sociedad no es un servicio público".

Con la campaña PonteensuPiel.org, AI trata de sensibilizar a la opinión pública y solicitar al Gobierno un plan estatal contra el racismo. Los anuncios se apoyan, según Beltrán, en las más de 300 denuncias presentadas por inmigrantes.

Además de denegar la exención de cómputo, Ciencia y Tecnología advierte de que la difusión de tales anuncios podrían incumplir la Ley de Televisión Sin Fronteras. Según esta norma, están prohibidos los anuncios que "atenten al debido respeto a la dignidad de las personas o a sus convicciones religiosas y políticas o las discriminen por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social". Beltrán rechaza que la campaña de AI sea contraria a la ley y argumenta que TV-3 y Telemadrid la han considerado como servicio público y otorgado la exención de cómputo (Febrero 2003).

EL REPARTO DE LAS AYUDAS A LA BIOMEDICINA DESATA LA POLÉMICA ENTRE LOS INVESTIGADORES

La mayor concesión de ayudas a la investigación biomédica en España, 55 millones de euros, está generando una amplia polémica por los métodos de evaluación empleados. Los investigadores críticos consideran que esta convocatoria se ha hecho, afirman, con poco rigor y transparencia. Además creen que factores distintos de la calidad científica, como el equilibrio territorial, han pesado demasiado. Algunos de los grupos más reconocidos no han recibido fondos. Antonio Campos, director del Instituto de Salud Carlos III, responde que ha sido "una de las convocatorias más transparentes", con los criterios de evaluación "muy claros desde el principio", y dice estar "muy satisfecho de que se haya hecho tanto en tan poco tiempo".

Ésta es la primera de cuatro convocatorias hasta el 2005, en que se adjudicarán unos 300 millones de euros en total procedentes del pacto suscrito en octubre de 2001 entre el Ministerio de Sanidad y Farmaindustria. Y es también la primera en que los grupos concurren formando redes temáticas. Su finalidad, según Sanidad, es "promover la complementariedad de las actuaciones llevadas a cabo por los centros de investigación, compartir sus objetivos y recursos". Participaron 516 instituciones, 3.530 grupos y 22.834 investigadores, agrupados en 224 redes. La resolución, el 30 de enero, concede financiación a 69 redes, pero no a todos los grupos que las integraban originalmente.

Todos los investigadores consultados manifestaron su satisfacción por el importante aumento de fondos, a pesar de las críticas a la evaluación. Ésta no se ha hecho a través de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) por la dificultad de encontrar evaluadores que no participaran en la convocatoria, según Campos (Febrero 2003).

'AGUJERO' DE 160 MILLONES DE EUROS EN EL PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN

El Ministerio de Ciencia y Tecnología no puede contar con la mitad del dinero que pensaba dedicar este año a nuevos proyectos de investigación. La Unión Europea ha prohibido a España que siga anticipando para este fin dinero de los fondos europeos de cohesión (Feder), lo que venía haciendo desde el 2000, cuando se creó el ministerio. Fuentes ministeriales han reconocido que el problema planteado es grave y afecta también a muchos proyectos ya en marcha. Han señalado cómo única solución pedir una línea de crédito extraordinaria. Ésta podría superar los 160 millones de euros.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha tirado de los fondos Feder de forma creciente para cubrir la falta de aumento real en los presupuestos de I+D del Gobierno. Estos fondos son los que han permitido al ministerio anunciar que se ha financiado en los últimos años un número creciente de proyectos del Plan Nacional de Investigación, la principal fuente de dinero para los científicos españoles.

La última convocatoria del plan (2002) concedió 250 millones de euros para proyectos nuevos a tres años. En la convocatoria correspondiente a este año se puede leer: "Dado que la realización de proyectos de I+D de calidad contribuye al desarrollo regional, esta convocatoria se cofinaciará con Feder. En zonas de objetivo 1, la contribución Feder supondrá un 70% de la financiación asignada a cada proyecto aprobado. En zonas de objetivo 2 se confinanciarán con Feder en un 50% aquellos proyectos cuyas entidades beneficiarias tengan su sede en zona elegible". Estos altos porcentajes en cada proyecto son los que no se pueden anticipar, aunque sí se permite la financiación a proyecto terminado. Se presenta así un grave problema de liquidez (Febrero 2003).

UN INFORME EUROPEO SITÚA A ESPAÑA EN LA COLA DEL GASTO PÚBLICO EN I+D

La escasez de la inversión española en investigación no podrá paliarse sólo -ni siquiera principalmente- con un mayor esfuerzo de las empresas privadas, como viene sosteniendo la postura oficial. Un informe de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO) revela que el retraso no es sólo imputable a la falta de inversión de la industria en investigación y desarrollo (I+D), sino sobre todo a la pequeñez del gasto público en ese mismo concepto, que sitúa a España en el penúltimo lugar de la UE, sólo delante de Irlanda.

El objetivo que se ha fijado la UE para 2010 es que todos los países miembros dediquen a I+D el 3% de su producto interior bruto (PIB), un porcentaje comparable al que exhiben sus dos principales competidores, Estados Unidos (2,70%) y Japón (2,98%). El promedio de la UE (1,9%) está aún lejos de esa marca, y España se sitúa mucho peor que el promedio (0,97%). Todo esto es bien conocido.

Pero el Gobierno sostiene que la responsabilidad de aumentar esas cifras recae sobre todo en las empresas. El ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, insistió en esa línea al declarar que "el esfuerzo que el mundo empresarial español hace en I+D está por debajo de donde debería estar, no sólo en términos absolutos, sino en términos relativos". Piqué añadió: "Tenemos que ser capaces de movilizar a nuestras empresas y al sector privado, porque, en ese terreno, el sector público está haciendo mejor los deberes que el privado".

El análisis de la EMBO da la razón al ministro en lo que toca al sector privado, pero se la quita en lo referente al sector público. El gasto total español (público más privado) es muy bajo, como queda dicho. Pero la fracción de él que es aportada por la industria (49,7%), por más que sea claramente inferior a la de los mejores países (66,9% en Alemania), es bastante similar a la media de la UE (51,8%).

En lo que sí destaca España, y mucho, es en el abismo que separa el gasto público actual en I+D del que debería alcanzar en 2010 para cumplir los objetivos fijados por la UE. En esa fecha, el gasto total (público más privado) debería ser del 3% del PIB. Y ese objetivo se debería descomponer así: un 1% aportado por el sector público, y el 2% restante, por el privado. Pues bien: el gasto público español es, con la excepción de Irlanda, el que más lejos está de alcanzar esa marca del 1% en toda la Unión Europea.

Sólo los sectores públicos de Austria, Finlandia, Holanda y Suecia cumplen hoy esa marca del 1% del PIB. Los demás Gobiernos europeos deberán "hacer los deberes" -por usar la expresión de Piqué- de aquí a 2010. Pero el Gobierno español va a tener que hacer más deberes que nadie (excepto Irlanda). Los sectores públicos de los países europeos, en promedio, ya dedican el 0,81% del PIB a investigación, y sólo tendrán que añadir otro 0,19% de aquí a 2010. El sector público español está ahora en el 0,49%, y por tanto tendrá que añadir otro 0,51%. La deficiencia española en gasto público en I+D da cuenta por sí sola del 22% del total europeo (Febrero 2003).

ESPAÑA INVIERTE EN TECNOLOGÍAS MENOS QUE PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO

España aspira a codearse con los países más industrializados y avanzados del planeta en el G-8, pero está a la cola mundial en inversión en el desarrollo de la sociedad de la información. Un informe del Foro Económico Mundial sitúa a España en el puesto 61º, de una clasificación de 82 países, en inversión en tecnologías de la información. Este dato significa que dedica menos dinero a la innovación, como porcentaje del PIB, que países en vías de desarrollo, como Vietnam y Colombia. España está también a la cola de la UE en penetración de Internet por renta per cápita.

Éste es el segundo año que el Foro Económico Mundial estudia la situación mundial de la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En la introducción a este extenso estudio, el Foro explica que la sociedad de la información es uno de los motores más poderosos del desarrollo económico y la productividad, y que su importancia va en aumento. Sin embargo, según el estudio, titulado Informe global de tecnologías de la información 2002-2003, España está en el puesto 24º de la clasificación general en desarrollo tecnológico, por detrás de Estonia o Corea, y sólo un puesto por encima del que ocupaba el año pasado.

El informe, que encabeza Finlandia, estudia la situación de empresas, gobiernos e individuos en decenas de ámbitos: gasto en tecnología, regulación de los mercados, inversión en educación y formación científica, infraestructura de redes. España aparece en el rango de los puestos 20-30 en la mayor parte de estas áreas, aunque destaca en algunas de ellas. Por lo alto, España es el segundo país del mundo en número de líneas telefónicas por empleado, y hace valer el poder del mercado de la telefonía móvil, ocupando también los primeros puestos en aplicaciones informáticas sin hilos (número cuatro).

España, sin embargo, suspende estrepitosamente en uno de los ámbitos clave: la inversión de empresas y gobiernos en tecnologías de la información y las comunicaciones como porcentaje del PIB, donde ocupa el puesto 61º. En nuestro país, explica el Foro, se invierte menos, proporcionalmente, que en Vietnam en desarrollo tecnológico tangible (equipos, programas informáticos) e intangible (educación).

España también ocupa los últimos puestos en la percepción que tienen las empresas del esfuerzo que hace el Gobierno para promocionar la tecnología (puesto 48º). Se da la circunstancia de que el desarrollo tecnológico era una de las prioridades declaradas del Gobierno de José María Aznar, que incluso dedicó un ambicioso plan (llamado Info XXI) a sacar a España del retraso histórico acumulado en innovación científica y tecnológica. El fracaso de este plan ha llevado al ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, a reclamar la ayuda del sector para elaborar otro.

El informe abunda aún más en la situación del uso individual de la tecnología, y es aquí donde España puntúa peor (puesto 27º, frente al 26º de empresas y Gobierno). A pesar de que el sector español ha pedido reiteradas veces a las administraciones que ideen ayudas para que las familias puedan acceder a las tecnologías de la información, el análisis de este informe, precisamente, coincide con otros datos recientes, y desoladores, sobre el acceso de los españoles a la tecnología. España, según la consultora Nielsen, está a la cola de la UE en penetración de Internet por renta per cápita: debería estar en el rango del 30%, pero ronda el 26% (Febrero 2003).

EL COMITÉ NOMBRADO POR EL GOBIERNO AVALA LA INVESTIGACIÓN CON EMBRIONES CONGELADOS

El Comité Asesor de Ética, nombrado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en abril pasado, ha elaborado un informe favorable a la investigación con parte de los embriones humanos congelados en las clínicas de reproducción asistida, según ha podido saber este diario de dos fuentes conocedoras del estudio. Al igual que ya hiciera la Comisión Nacional de Reproducción Asistida hace casi tres años, el nuevo comité recomienda modificar la ley para que los investigadores puedan trabajar con garantías jurídicas.

El comité descarta la clonación terapéutica y cualquier otro método de generar embriones expresamente para fines científicos o médicos (ambas cosas están estrictamente prohibidas por la ley española). La postura de la mayoría de sus miembros es que la clonación animal es una técnica todavía muy inmadura e insegura, y que su aplicación al ser humano, incluso con fines terapéuticos (no reproductivos), no se debe permitir. La investigación en clonación debe restringirse a modelos animales.

Pero el comité sí ha alcanzado una conclusión favorable a la investigación con los embriones congelados, siempre con restricciones, controles públicos y garantías. Uno de los argumentos que apoyan esta recomendación es que la integridad de los embriones no se puede garantizar, para su implantación en una mujer, pasado cierto periodo de congelación. De esta forma, la única alternativa para los embriones que superen ese periodo sería la destrucción. Las clínicas españolas conservan congelados entre 30.000 y 40.000 embriones humanos.

Para que los embriones congelados puedan ser utilizados con fines experimentales el comité recomienda la modificación del actual marco legislativo. La Ley de Reproducción Asistida, de 1988, establece que los embriones sobrantes podrán permanecer en crioconservación por un periodo de cinco años, pero no aclara qué hacer con ellos una vez superado este límite.

La ley también prohíbe cualquier manipulación de los embriones con fines científicos, a menos que se considere que los embriones no son viables para su implantación en una mujer.

El comité considera, por primera vez en un informe emitido por un órgano asesor oficial, que el proceso de congelación, al que se somete a los embriones sobrantes para permitir su implantación al cabo de unos años, no puede mantenerse por tiempo indefinido. El comité señala que la congelación puede acarrear efectos "muy negativos" sobre el embrión que harían "muy dudosa" su viabilidad.

Por su parte, el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, no facilitó ninguna información sobre el contenido del dictamen del Comité Asesor de Ética, que obra en su poder, pero sí se apresuró, ante las preguntas de los periodistas, a recordar que ese informe "no es vinculante" para el Gobierno. "El Ejecutivo", señaló el ministro, "no tiene una opinión formada".

Hace ya casi tres años que otro comité de expertos constituida durante el primer Gobierno del PP, la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, emitió un informe favorable a la investigación con embriones sobrantes congelados en las clínicas. El primer efecto de aquel informe fue que el Ministerio de Sanidad estuvo cerca de dos años sin convocar a la citada comisión.

Y el segundo efecto llegó el pasado mes de abril, cuando, contra todo pronóstico, otro ministerio, el de Ciencia y Tecnología, nombró otro grupo de expertos distinto, el Comité Asesor de Ética, con una destacada participación católica. Este comité se constituyó para asesorar al Gobierno en todos los campos científicos que planteen cuestiones éticas, pero su primer encargo fue el informe conocido ahora, sobre la investigación con los embriones congelados en las clínicas. Sobre la aparente duplicidad de funciones con la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, el presidente del nuevo comité, César Nombela, declaró entonces: "La reproducción asistida es una cosa, y la ética de las ciencias es otra. No creo que haya duplicidad, puesto que la investigación con embriones no es asunto de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida".

El comité tiene doce miembros: cuatro biólogos, un médico, tres físicos, un científico de la computación, el presidente de la patronal de la industria química, un jurista y una filósofa. De los cuatro biólogos del comité, uno es sacerdote jesuita, otra es próxima a los Legionarios de Cristo, y otro se declara católico practicante (Marzo 2003).

EL PP BLOQUEA EN EL SENADO UNA NUEVA MOCIÓN SOCIALISTA PARA INVESTIGAR CON CÉLULAS MADRE

El grupo popular bloqueó en el Senado, gracias a su mayoría en la Cámara y contra la postura de todos los grupos de la oposición (a excepción de una abstención de un senador de CiU), una moción para que el Gobierno regule "la posibilidad de explorar y rentabilizar con fines terapéuticos el ingente potencial sanitario que encierran las células troncales [células madre] embrionarias humanas".

El senador del PP Juan Antonio García Talavera, hematólogo de profesión, defendió el rechazo de su grupo destacando los "múltiples interrogantes" que hoy suscitan las investigaciones con células madre embrionarias, que constituyen un debate complejo que impide tomar decisiones "a la ligera". Tras una prolija explicación científica sobre células y embriones, el senador defendió las posibilidades de las células madre procedentes de tejidos adultos, que no suscitan ningún debate ético, mientras que en el caso de las embrionarias "queda mucho por investigar y mucho por probar".

Además, consideró que es necesario antes tener un "conocimiento profundo y detallado" del número de embriones criocongelados y de su estado actual, y anunció la puesta en marcha de una ponencia técnica en el seno de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida para el estudio de las recomendaciones del Comité Asesor de Ética dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. "No puede tomarse una decisión precipitada", dijo (Marzo 2003).

1.500 INVESTIGADORES ADVIERTEN DEL "DESASTRE" DE LA CIENCIA ESPAÑOLA

1.547 científicos han firmado un documento, denominado Manifiesto por la ciencia, que denuncia "la ausencia de una política científica bien definida por parte del Gobierno, que está conduciendo a la ciencia española a un desastre sin precedentes en los últimos años". Los investigadores subrayan la reducción de recursos reales dedicados a I+D y exigen que la ciencia se trate como una cuestión de Estado con consenso parlamentario.

El documento, que sigue abierto a más firmas, denuncia "la falta de ideas en cuanto a la planificación de la investigación, la inexistencia de un criterio para investigar en temas candentes y la gestión ineficiente y opaca con que el Ministerio de Ciencia y Tecnología administra los escasos recursos". Pone como ejemplos "de esta inoperancia, los plazos para adjudicación de becas y proyectos, el sistemático recorte en las dotaciones de los proyectos de investigación y el absurdo retraso en su percepción, la ineficacia de nuestras administraciones en la elaboración del VI Programa Marco de la UE y el futuro indeterminado de los investigadores del Programa Ramón y Cajal".

Los científicos también resaltan en el manifiesto, un texto conciso de una página, la disminución de recursos reales destinados a investigación y desarrollo, "parte de los cuales se financian con fondos Feder (de la UE), que se extinguirán a partir de 2006". "Estos presupuestos inhabilitan a la ciencia española para competir en el espacio de investigación europeos", afirman.

El Manifiesto por la ciencia empezó a fraguarse en enero en el claustro del Instituto de Ciencia de Materiales, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y se concibe "como un diagnóstico de la situación de la investigación en España, lo que el científico está viviendo, lo que pasa día a día en el desarrollo de su labor", comenta Pedro Serena, investigador de dicho instituto. Centenares de científicos han ido expresando su apoyo a la iniciativa, entre ellos investigadores de renombre como Bernart Soria, notorio por su trabajo con células madre para diseñar terapias contra la diabetes.

"Este documento es fruto de la situación de frustración que se ha generado, porque la idea de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología creó muchas expectativas que se han venido abajo", explica Serena

El tratamiento de la ciencia como una "cuestión de Estado", es la exigencia que hacen los científicos. Este tratamiento debería comportar "el consenso parlamentario necesario para organizar y llevar a cabo la política científica a medio y largo plazo, sin las ambigüedades propias de los vaivenes políticos". El ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, ha anunciado también el impulso de un pacto de Estado por la ciencia. Serena comenta la sorpresa de los científicos cuando lo supieron: "Pensamos que Piqué sería el primero en firmar nuestro manifiesto". Pero el ministerio no se ha puesto en contacto con ellos.

El aumento del esfuerzo español en gasto de I+D "que nos iguale a la media europea a corto plazo" es una de las reivindicaciones del manifiesto, así como la adecuación de los organismos de gestión, "el incremento de los contenidos científicos en los planes de estudio del sistema de enseñanza" y "la definición de políticas activas que incentiven y dignifiquen la carrera científica".

En el ámbito de las reivindicaciones de los científicos, y ahondando en la reclamación de 500 investigadores del CSIC contra la discriminación salarial que sufren respecto a las universidades otra carta entregada al presidente de dicho organismo denuncia que los salarios han quedado desfasados. Firmada por 1.636 investigadores de carrera del CSIC (71% del total), pide que "se restaure el equilibrio de retribuciones de todo el personal del CSIC con el de otros organismos similares" (Marzo 2003).

ESPAÑA DESTINA A DEFENSA UN TERCIO DE SU INVERSIÓN PÚBLICA EN INVESTIGACIÓN

Los países más pobres de la UE, entre ellos España, hacen un gran esfuerzo en mejorar sus indicadores científicos, pero los objetivos españoles difieren mucho de los de sus pares. Mientras Portugal, Irlanda y Grecia inyectan dinero sobre todo en la universidad, España dedica un tercio de su inversión en I+D a Defensa. Es el único Gobierno de la UE que aumenta cada año el gasto presupuestado como investigación militar; los otros 14 socios lo mantienen o reducen. De todo ello da cuenta el tercer Informe Europeo sobre indicadores de Ciencia y Tecnología que acaba de hacerse público.

Los datos oficiales aportados por España hablan de un esfuerzo en aumentar la inversión pública en I+D. Con un crecimiento anual del 11,3% entre 1995 y 2000, España encabeza la lista. Le siguen Portugal (10,6 %), Irlanda (9,3%) y Grecia (5,4%). La diferencia está en el objetivo final de esa mayor inversión. "En España", dice el informe, "el aumento en defensa representa casi la mitad del crecimiento de la inversión pública en I+D". Buena parte de esa inversión, además, no se destina realmente a investigación, sino que son créditos blandos para la fabricación armamento, según critica año tras año la oposición.

Con los últimos datos comparables de que dispone la Comisión Europea, el informe destaca cómo en el año 2000 un tercio de la inversión pública española teóricamente destinada a I+D va a Defensa. Sólo supera tal proporción el Reino Unido (32,8%), su socio europeo en el frente contra Sadam Husein. Fuera de la UE, también Estados Unidos dedica a Defensa una mayor proporción de su inversión en I+D (54,1%). Francia ha reducido en la última década del siglo XX su inversión en este terreno y proporcionalmente está por detrás de España, aunque en cifras absolutas siga muy por delante.

"En 2000", señala el informe, "cuatro países, Reino Unido, Francia, Alemania y España, sumaban casi el 97% (8.900 millones de euros) del total de los presupuestos de la UE en I+D militar". En cifras absolutas España dedicó 1.264 millones de euros, casi tanto como Alemania (1.308).

En su conjunto, el informe sigue dejando a España en muy mal lugar. Con una inversión que no llega al 1% del PIB, está en el furgón de cola, sólo por delante de Grecia y Portugal. Entre las 10 universidades con mayor impacto científico no hay ninguna española, ni tampoco hay empresa alguna entre las 100 europeas que más invierten en I+D.

España es también el país que menos empleos cualificados en ciencia y tecnología ofrece a la población con alto nivel educativo, superada ampliamente incluso por Portugal y Grecia. En este punto, España es una destacada muestra del endémico problema europeo: la falta de alicientes para dedicarse a la investigación. "Europa es la factoría de cerebros más importante del mundo", destacó el comisario de Investigación, Philippe Busquin. "Sin embargo, las otras dos grandes áreas científicas, EE UU y Japón, ofrecen muchas más posibilidades de empleo, con porcentajes mucho más altos de investigadores, lo que ha agravado la fuga de cerebros".

En suma, el mercado laboral europeo no es capaz de absorber tantos científicos s generados en sus universidades, pero también aquí hay diferencia entre unos países y otros. Los nórdicos, que han conocido un despegue espectacular en la última década, dedican a investigación mayores porcentajes del PIB que EE UU y Japón. La falta de incentivos para dedicarse a la ciencia es particularmente dramática en España, donde se dan los peores porcentajes de doctorados en ciencias de la UE, junto con Italia, Portugal y Holanda (Marzo 2003).

LOS CIENTÍFICOS DEL CSIC RELACIONAN SU NIVEL SALARIAL CON LA "PREOCUPANTE SITUACIÓN" DE LA CIENCIA EN ESPAÑA

Medio millar de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han denunciado la pérdida de su poder adquisitivo en los últimos años, quedándose en inferioridad de condiciones no sólo respecto a sus colegas de otros países europeos, sino también en comparación con los cuerpos universitarios con los que tradicionalmente estaban equiparados. Esto "se enmarca en una preocupante situación de la investigación en España, en la que la ciencia es un tema no prioritario, casi abandonado por la Administración", señalan los firmantes de una nota de presentación de la reclamación salarial suscrita ya por esos 500 científicos (aproximadamente el 25% de los investigadores del CSIC), según explicó Manuel Nieto Vesperinas, del Instituto de Ciencia de Materiales (Madrid).

El desfase salarial en comparación con los cuerpos universitarios está en torno al 20% de media, señaló Nieto Vesperinas. "Nos están dando largas desde hace tiempo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología", se quejó. Para los investigadores del CSIC, no se trata sólo de una cuestión salarial, sino de "dignidad y estima profesional, lo que, en definitiva, redunda en la calidad de nuestro trabajo". El desfase en comparación con los profesores universitarios, cuyos salarios han ido aumentando, situándose en algunas comunidades autónomas, como el País Vasco, Navarra y Rioja, hasta un 30% por encima de los investigadores del CSIC, rompe la equiparación histórica entre ambos cuerpos y supone "una discriminación por parte del Estado sin razón alguna", remarcan.

Esta situación salarial del principal organismo de investigación en España fue el detonante de la dimisión del anterior presidente del CSIC, Rolf Tarrach, el pasado enero, al no lograr un compromiso por parte de Ciencia y Tecnología para solventar el problema (Marzo 2003).

LA UE YA AVISÓ EN 2001 A ESPAÑA DE QUE NO PODÍA ADELANTAR FONDOS FEDER

España conocía desde septiembre de 2001 la prohibición de adelantar fondos europeos Feder para financiar proyectos de investigación del Plan Nacional, a pesar de lo cual contó con ellos en las convocatorias de 2002 y 2003. Las cartas enviadas hasta el 7 de febrero de este año desde Bruselas por la Dirección General de Política Regional y dirigidas al Ministerio de Hacienda así lo atestiguan.

En la última de las misivas, de fecha 7 de febrero, queda explícita la negativa a pagar los fondos utilizados irregularmente. Ese mismo día dimitió el director general de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Fernando Valdivieso. Este año, por tanto, los Ministerios de Ciencia y Tecnología y Sanidad y Consumo no pueden disponer de ese dinero. En el caso de Ciencia y Tecnología supone más de la mitad del total destinado a proyectos, por lo que se enfrenta a un agujero presupuestario de 173,75 millones de euros, que el Gobierno no ha dicho todavía cómo va a cubrir (Marzo 2003).

EL PP RECHAZA UNA PROPUESTA DE SUBIR EL SUELDO DE LOS CIENTÍFICOS

El PP rechazó en el Congreso una proposición no de ley para aumentar las retribuciones del personal de los Organismos Públicos de Investigación, que se han quedado considerablemente rezagadas en comparación con los niveles equivalentes de las universidades (Marzo 2003).

UNA COMISIÓN DE EXPERTOS PIDE UN GOLPE DE TIMÓN EN LOS PLANES DE INTERNET

El fracaso del plan gubernamental InfoXXI para impulsar la sociedad de la información en España provocó que el propio ministerio de Ciencia y Tecnología encargara a una comisión independiente de expertos unas recomendaciones para lanzar un nuevo plan a finales de año. Ahora se presentó el documento en el que se pide literalmente "un golpe de timón"

En un acto con el ministro Josep Piqué, el presidente de la comisión, Juan Soto, presidente de honor de Hewlett Packard España, expuso las principales conclusiones. Soto destacó que el documento no se dedica tanto a aconsejar acciones concretas sino que se centra en cómo deben hacerse "para que las cosas pasen de verdad". El Plan InfoXXI no ha cumplido sus objetivos ni se ha aplicado en su totalidad. Para evitar repetir el error, la comisión pide un plan con "objetivos mesurables y concretos, responsables claros y sincronización de las administraciones".

Según el texto, el presidente del Gobierno debería liderar el proyecto; Ciencia y Tecnología, responsabilizarse de su impulso; y la Comisión Delegada de Asuntos Económicos hacer el seguimiento. Un órgano técnico en el que esté el citado ministerio y el de Administraciones Públicas debería impulsar la estandarización de herramientas para la administración electrónica y coordinar administraciones y sectores. Para la gestión "empresarial" del futuro plan, el documento sugiere la entidad Red.es. Paralelamente, un grupo de expertos haría un seguimiento externo y crítico del plan.

La Asociación de Internautas criticó en un comunicado que el informe no aborda temas claves que preocupan a los internautas como la universalidad, calidad y coste del servicio de conexión (Marzo-Abril 2003).

2.700 CIENTÍFICOS FIRMAN EN 'SCIENCE' UNA CARTA CONTRA PIQUÉ POR NEGAR LA FUGA DE CEREBROS

Casi 2.800 científicos españoles se han dirigido a la revista Science, uno de los dos principales medios de comunicación científica del mundo, por medio de tres cartas para responder a las afirmaciones que hizo el ministro de Ciencia y Tecnología en la misma revista el pasado 31 de enero. Una primera misiva, con 2.700 firmas, se refiere especialmente a la siguiente afirmación de Piqué: "En la actualidad existen muchos más científicos extranjeros trabajando en España que españoles en el extranjero". Los científicos, en su mayor parte residentes en el extranjero, aseguran que los datos de que disponen indican que sí existe una preocupante fuga de cerebros y afirman que no se cumplen las condiciones para que los investigadores puedan trabajar en España.

Los firmantes señalan que, aunque han tratado de obtener los datos exactos, no han podido lograrlos porque no existen, y desafían a Piqué a explicar en qué datos se basa su afirmación. Sin embargo, los firmantes han logrado datos parciales que indican que sólo en un año ha aumentado en un 6,8% el número de españoles que investigan en EE UU (1.822 en 2001). Ese mismo año 154 investigadores postdoctorales españoles se trasladaron a otros países europeos en el marco del programa Marie Curie, mientras que sólo entraron en España 39 extranjeros.

Igual balance negativo se dio en otros programas similares. También señalan los firmantes que la entrada de científicos extranjeros en España se ve dificultada por la endogamia, y que en el novedoso programa Ramón y Cajal de contratos de cinco años sólo 209 de los 1.300 contratados en 2001 y 2002 son extranjeros. En ese periodo se trasladaron al extranjero al menos 628 investigadores postdoctorales, becados por el Ministerio de Educación y Cultura. Concluyen los firmantes: "Consideramos que las actuales condiciones no son las adecuadas para reincorporar investigadores o atraer a extranjeros".

Cristina Muñoz-Pinedo, de 28 años, primera firmante, es un ejemplo de investigadora recibida con brazos abiertos en EE UU, donde sólo lleva un año, pero que no logra trabajar en condiciones dignas en España (tuvo una beca y un contrato de corta duración). Su beca actual, de Educación y Cultura, es insuficiente y debe completarla el departamento del Instituto La Jolla de Alergia e Inmunología en el que trabaja. Ella calcula que sólo en el área de San Diego hay al menos 200 científicos españoles.

Otros 93 investigadores, del citado programa Ramón y Cajal, han firmado la segunda carta que publica Science. En ella puntualizan que los términos de sus contratos no incluyen garantía alguna de poder seguir una carrera científica en España y recuerdan que los seleccionados en 2002 han sufrido un retraso de cinco meses en su incorporación a las universidades y centros de investigación. Recuerdan también que la edad media es de 37 años, por lo que no pueden considerarse recién doctorados como se decía en la entrevista a Piqué, y valoran el programa, en parte porque incluye a científicos extranjeros.

"Encuentro bastante sorprendentes las afirmaciones positivas sobre la ciencia en España realizadas por Josep Piqué, dado que parecen estar lejos de la realidad", comienza la tercera carta que publica Science, firmada por Javier Escartín, del área de geociencias marinas, que trabaja en París. Este investigador recuerda que la financiación de la ciencia en España (que representa menos del 1% del PIB, con un 30% destinado a I+D militar) y la proporción de científicos respecto a la población están entre las más bajas de Europa. También enumera diversos graves retrasos en los últimos años en la financiación de proyectos y en los contratos Ramón y Cajal que han llevado a que se pierdan los fondos al final del año fiscal. "Los recientes ministros de Ciencia (incluyendo a Piqué) tienen escasa cualificación importante o la credibilidad necesaria para llevar a cabo una adecuada política científica en un país que necesita una clara mejora en la administración de este área", añade Escartín. Concluye: "Existe una clara fuga de cerebros" y remacha: "A pesar de ocupar ese ministerio, Piqué parece ignorar esta realidad" (Marzo-Abril 2003).

LA LEY PERMITIRÁ PRIVATIZAR LA TELEVISIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA

El Gobierno no prevé la privatización de RTVE, un debate que el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, considera "obsoleto". Pero la ley audiovisual abrirá la puerta a la gestión privada de las televisiones autonómicas y locales de titularidad pública. En este capítulo, el proyecto de ley especifica que las comunidades autónomas "podrán encomendar" a las entidades encargadas de la gestión de los servicios públicos "la edición y difusión de canales radiofónicos o de televisión, de ámbito de cobertura nacional o internacional, que coadyuven a las proyección dentro de España o hacia el exterior de las lenguas y la cultura de la comunidad autónoma respectiva". Las autonomías podrán también firmar convenios para la reemisión de sus canales en otras comunidades "siempre que utilicen la capacidad reservada para sus propios servicios públicos de radio y televisión" (Abril 2003).

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