CARTA DEL JEFE DE LA INSPECCIÓN FISCAL AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO SOBRE EL 'CASO ERTOIL'
(remitida el 5 de julio de 2001)
Acuso recibo a su atento escrito del pasado día 2 en respuesta al que yo lo remití el día 29 de junio, en el que formulaba petición de comparecencia de D. Bartolomé Vargas en la Junta de Fiscales de Sala convocada para el día 10 del presente mes, por las razones que aquí doy por reproducidas.
Si la decisión de V.E. hubiera sido únicamente la de no estimar conveniente la presencia del Sr. Vargas en la Junta, simplemente me limitaba a acatar su decisión aunque no fuera compartida. Mas como quiera que se hacen una serie de consideraciones sobre la cuestión planteada, me creo obligado a hacer una serie de puntualizaciones que a continuación paso a exponerle con el respeto y consideración que me merece siempre la persona de V.E.
Excmo. Sr.: Sí existe precedente de comparecer ante la Junta quien ni forma parte de ella. Hace unos años, lo que sólo podemos recordar el Sr. Jiménez Villarejo y quien esto suscribe por ser los dos Fiscales de Sala más antiguos en la categoría, habiendo cambiado el resto de sus miembros, comparecieron ante ella no un Fiscal del Tribunal Supremo, sino un Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, especialista en delito fiscal, con ocasión de estarse preparando un acuerdo del Fiscal General del Estado sobre la materia. La Junta se sintió muy honrada de tal presencia y el mencionado Fiscal no adquirió por ello la categoría de Fiscal de Sala.
Y es que, Excmo. Sr., el artículo 14 del Estatuto al que V.E. hace referencia nada dice de tal posibilidad pero tampoco lo prohíbe y ha de velarse en todo caso por aquello que sea más positivo y útil para la institución que V.E. preside. La Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo no puede ser concebida como hermética y cerrada, como si fuera la reunión del claustro de unos monjes de clausura, aislados no sólo del mundo exterior, sino como algo inaccesible para el resto de los Fiscales que a nuestro Ministerio pertenecen.
El Ministerio Fiscal es uno y de la misma forma que nada impediría que V.E. se lo estimare conveniente, asistiera a un juicio de faltas en un Juzgado de Paz, nada impide que un miembro del ministerio Fiscal asista a la Junta de Fiscales.
Dice V.E. en su respuesta -y dice bien- que tal Junta ha debatido en los últimos diez años cuestiones de singular interés y relieve, sin que en ningún caso por mi parte haya sugerido la intervención del Fiscal que conoció del asunto en el Juzgado o Tribunal de procedencia. Tiene toda la razón V.E., pero me siento obligado a decir desde mi responsabilidad como Fiscal Inspector, que en ninguno de los asuntos anteriores se han dado tal cúmulo de circunstancias y acontecimientos un tanto extraños como los que estamos viendo desde hace algo más de una año, en lo que puede calificarse de auténtico serial o culebrón que parece no tener fin y que en nada está beneficiando al prestigio del Ministerio Fiscal, que en los últimos tiempo se encuentra bajo mínimos, lo que es doloroso reconocer, debiendo todos esforzarnos para que vuelva a ser recobrado el mismo y seguir así depositando los ciudadanos su confianza en tal Institución.
Aprovecho la presente oportunidad para poner de relieve que el ambiente creado en torno a este asunto, dentro de la Institución, no es el más favorable. A ello ha contribuido, sin duda alguna, un informe elaborado, al parecer, por la Secretaría Técnica, tras cuya lectura puede llegarse a la conclusión de que ha sido elaborado con el fin de destruir la labor, tras tres años de investigación y estudio de quince mil folios, por parte de D. Bartolomé Vargas -que es el único que los ha estudiado-, Fiscal caracterizado por su honradez, integridad, honestidad e intachable trayectoria profesional.
Entiendo y dicho sea con la misma consideración y respeto, que de celebrarse dicha Junta, se retire del Orden del Día el citado documento, pues sólo parece tener un destinatario: D. Bartolomé Vargas. No sería esa la intención, pero así es la realidad. Extraña también otros documentos que se aportan, que necesariamente tiene que ser conocida por el Sr. Vargas, avalado en su postura por 10 Fiscales del Tribunal Supremo, como son las declaraciones de varios imputados, prestadas con posterioridad al nombramiento del aforado como Ministro, informe pericial, etc. Y qué decir de la comparecencia del Sr. Ministro en el Congreso de los Diputados, que tiene sin duda en gran interés político pero cuya validez judicial es nula, a no ser que como declaración fuera su contenido reproducido ante el órgano judicial competente y de ahí pudieran sacarse las consecuencias correspondientes.
Por todo ello, en mi opinión y salvo lo que V.E decida, como es lógico, creo que la única documentación, de celebrarse la Junta, de la que deben disponer sus miembros es el informe del Sr. Vargas y el punto de vista sostenido por el Sr. Aranda.
Pero de celebrarse la Junta, Excmo. Sr. he de poner de manifiesto que no existe en estos momentos el sosiego necesario para abordar una cuestión tan delicada y difícil. Cualquiera que sea la decisión que finalmente se adopte, en nada beneficiará al Ministerio Fiscal, porque si los Fiscales de Sala decidieran, por expresar así su parecer al mayoría, que debe prosperar el proyecto del informe de D. Bartolomé Vargas, nos guste o no -y desde luego a mí no me agrada- la imagen pública de V.E resultaría dañada y, si por el contrario se decidiera por V.E, el mantenimiento del informe elaborado al parecer por la Secretaría Técnica que V.E. dirige, se produciría un auténtico enfrentamiento con los Fiscales del Tribunal Supremo, a lo que yo me opondré con todas mis fuerzas, velando por la Institución, que está por encima de nosotros, de la Junta de Fiscales de Sala y de la trascendencia que pueda tener cualquier asunto haya o no en el mismo aforados y ostenten o no los mismos cargos de importante relevancia.
Excmo. Sr: Concluyo mi exposición, en beneficio del Ministerio Fiscal, que debe verse libre de las batallas políticas, como ha acontecido en el caso que nos ocupa, como de otra manera no podría ser, con el siguiente ruego. V.E es un político y desde su responsabilidad política y como Jefe directo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, tiene sobradas facultades para , a la vista del proyecto de informe de D. Bartolomé Vargas y del elaborado por D. José Aranda, decidir lo que estime conveniente, sin que sea necesario por tanto la celebración de la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, con el fin de evitar lo que ponía de relieve en el párrafo anterior.
Y un segundo ruego Excmo. Sr. Si la decisión última fuera la de continuar la investigación, pues no se me alcanza que pudiera ser la de acordar el archivo respecto del Sr. Aforado, lo que en este momento procesal resultaría inexplicable, por no decir escandaloso, no debe producirse nuevamente un debate ante la opinión pública que tenga como protagonista al Sr. Vargas, por no merecer ello un Fiscal tan digno y ejemplar como él. Si no se considera por segunda vez correcta su actuación, que se proceda a su relevo inmediato, pues no puede estarse cuestionando continuamente su actuación tras tres años de investigación. Merece mejor suerte. Si por el contrario se argumenta, como yo espero y deseo, la plena confianza que en él se deposita por la Fiscalía General del Estado, debe dejársele actuar libremente, en contacto continuo con V.E como Jefe directo que es de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Es, Excmo. Sr, cuanto tengo el honor de exponer a VF. Con la intención de contribuir, reitero, al prestigio del Ministerio Fiscal español, en el interior y en el exterior del país.
Madrid, 5 de julio de 2001 El fiscal inspector
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