EVA PIERA ROJO : AVAL MADRID LE SIGUE LA PISTA
LAS NOTICIAS
LA OPOSICIÓN PIDE QUE VUELVAN A COMPARECER LOS EXPRESIDENTES DE AVALMADRID QUE MINTIERON EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
LOS DOS PRESIDENTES DE AVALMADRID IMPLICADOS EN EL 'CASO AYUSO' MINTIERON EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
DOS EXPRESIDENTES DE AVALMADRID COMPARECERÁN AL RETOMARSE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
UNA VICECONSEJERA DE AGUIRRE ADMITE QUE PIDIÓ A UN DIRECTIVO DE AVALMADRID QUE FACILITARA INFORMACIÓN A AYUSO
LA IZQUIERDA INSISTE EN QUE DÍAZ AYUSO Y LOS EXPRESIDENTES DECLAREN EN LA COMISIÓN DE AVALMADRID
ASÍ FUNCIONA AVALMADRID, LA ENTIDAD SEMIPÚBLICA BAJO SOSPECHA DE DAR TRATO DE FAVOR A EMPRESARIOS Y POLÍTICOS DEL PP
EL PRÉSTAMO DEL 'CASO AYUSO' FUE UNA ESTAFA: EL DINERO NUNCA SE DESTINÓ AL FIN COMPROMETIDO CON AVALMADRID
AVALMADRID NO ES TAN PRIVADA: UNA SOCIEDAD NUTRIDA CON FONDOS PÚBLICOS QUE CONTROLABA ESPERANZA AGUIRRE
LA FISCALÍA TAMBIÉN ACUSA A LA EXCONSEJERA DE BFA, MERCEDES ROJO, A LA QUE DIO POR FALLECIDA
AVALMADRID ADMITE EN UNA AUDITORÍA RECIENTE "DEFICIENCIAS" EN EL PROCESO PARA RECUPERAR EL CRÉDITO DEL PADRE DE DÍAZ AYUSO
LA MESA DE LA ASAMBLEA DA EL PRIMER PASO PARA INVESTIGAR LAS IRREGULARIDADES DE AVALMADRID
EL VOTO DE VOX ES CLAVE Y FUERZA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE AVALMADRID
QUIÉN MANDA EN AVALMADRID: MAPA DE LOS VÍNCULOS POLÍTICOS Y FAMILIARES QUE GOBIERNAN LA SOCIEDAD DE GARANTÍAS DEL 'CASO AYUSO'
DÍAZ AYUSO RECONOCE QUE CONTACTÓ CON AVALMADRID POR EL POLÉMICO AVAL A UNA EMPRESA PARTICIPADA POR SU PADRE
AYUSO HABLA POR PRIMERA VEZ SOBRE SUS ESCÁNDALOS: "NO HA HABIDO NINGÚN TRATO DE FAVOR DE AVALMADRID"
LA VICECONSEJERA DEL GOBIERNO DE AGUIRRE QUE MEDIÓ EN FAVOR DE AYUSO ANTE AVALMADRID ERA TAMBIÉN DIRIGENTE DE ESTA ENTIDAD
PIERA DECLARÓ COMO TESTIGO ANTE LA GUARDIA CIVIL POR UN CONTRATO MENOR INVESTIGADO EN 'PÚNICA'
AVALMADRID TRATÓ LA SOLICITUD DE DATOS DE AYUSO COMO SI FUERA UN ENCARGO DE "PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID"
LOS CONTACTOS DE DÍAZ AYUSO CON AVALMADRID
EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA QUE RODRIGO RATO IRÁ A PRISIÓN POR LAS TARJETAS BLACK
SEIS AÑOS DE CÁRCEL PARA MIGUEL BLESA Y CUATRO Y MEDIO PARA RODRIGO RATO POR LAS 'TARJETAS BLACK' DE CAJA MADRID
DIMITE EL CONCEJAL DEL PP DE POZUELO DE ALARCÓN, ANDRÉS CALVO-SOTELO
NOMBRAMIENTO: EVA PIERA, NUEVA DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES DE BBVA
MAPFRE NOMBRA A EVA PIERA NUEVA DIRECTORA DE RELACIONES EXTERNAS
ESPERANZA AGUIRRE COLOCÓ EN EL CONSEJO DE BFA-BANKIA A SU SECRETARIA PERSONAL
EL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS CONDENADO POR CONTRATAR EN FRAUDE DE LEY
ENTREVISTA A EVA PIERA ROJO, VICECONSEJERA DE ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
BOYER ABORTÓ EL FRAUDE QUE HA TERMINADO EN EL SUPREMO
HACER DINERO... Y LLEVÁRSELO
LA OPOSICIÓN PIDE QUE VUELVAN A COMPARECER LOS EXPRESIDENTES DE AVALMADRID QUE MINTIERON EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Vox quieren que Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez declaren de nuevo sobre las supuestas irregularidades en la entidad semipública
Los correos publicados por infoLibre revelan que Piera reclamaba datos de operaciones concretas de Avalmadrid, pese a que aseguró que no tenía conocimiento de ninguna
Santos-Suárez se desentendió del aval a la empresa de los padres de Díaz Ayuso porque no asistía a las reuniones del Comité de Morosidad. Pero el acta de una de esas reuniones está firmada de su puño y letra
Los grupos de la oposición van a pedir en la Asamblea de Madrid que vuelvan a comparecer en la comisión que investiga las supuestas irregularidades de Avalmadrid sus expresidentes Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez, después de que infoLibre haya publicado los correos y actas que demuestran que ambos mintieron en sus intervenciones ante los diputados el pasado 17 de diciembre. La iniciativa va a ser secundada por el PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Vox, según han explicado a este periódico sus representantes en la Asamblea regional. Ciudadanos no descarta unirse también a la petición, ha indicado a este periódico la diputada Ana Isabel García.
“Queremos darles la oportunidad de que ahora digan la verdad”, apuntó la diputada socialista Pilar Sánchez Acera. El representante de Unidas Podemos Jacinto Morano destacó que existen “evidencias documentales” de que Piera y Santos-Suárez mintieron, y declarar en una comisión parlamentaria “equivale a una declaración judicial”. Como “un delito de falso testimonio” calificó lo ocurrido el diputado de Más Madrid Pablo Gómez Perpiyá. El representante de Vox José Luis Ruiz Bartolomé, por su parte, anunció su apoyo a la iniciativa para que ambos directivos se expliquen.
Las comparecencias de Eva Piera, que presidió Avalmadrid entre 2006 y 2008 para continuar como vocal del consejo de administración hasta 2011, y Juan Manuel Santos-Suárez, presidente de la sociedad de garantías de 2008 a 2012, inauguraron los trabajos de la comisión creada para investigar las irregularidades destapadas por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por este periódico. La primera negó en todo momento haber tenido conocimiento de operaciones concretas de Avalmadrid. El segundo se desentendió por completo del aval que concedió la entidad semipública a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegurando que no había asistido a ninguna reunión del Comité de Morosidad donde se analizan los impagos.
Sin embargo, infoLibre ha tenido acceso a decenas de correos de Eva Piera en los que pide datos de operaciones concretas a los principales ejecutivos de Avalmadrid, así como al acta de una reunión del Comité de Morosidad firmada por Santos-Suárez de su puño y letra.
El Código Penal, en su artículo 502, castiga “con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses” a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, “faltare a la verdad en su testimonio”.
18 operaciones por las que se interesó Eva Piera
La Asamblea madrileña creó el año pasado una comisión de investigación para aclarar las presuntas irregularidades cometidas en Avalmadrid, una sociedad de garantía recíproca donde la Comunidad de Madrid es el accionista mayoritario con el 26,1% del capital. Entre ellas, según desveló este periódico, sea encuentra el aval de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica SL, empresa propiedad de cuatro matrimonios, entre ellos los padres de Díaz Ayuso. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro, pero Avalmadrid no actuó contra los socios de la empresa, que habían afianzado con todo su patrimonio personal la operación. No sólo eso, sino que Avalmadrid permitió que los avalistas se deshicieran de todos sus bienes sin responder de los 400.000 euros. [Puedes consultar aquí todas las informaciones de este periódico sobre el caso Ayuso]
Eva Piera puso en contacto a Díaz Ayuso con un directivo de Avalmadrid para que le facilitase información sobre la operación de MC Infortécnica SL. Ayuso sabía que la empresa no iba a devolver el dinero y temía que sus padres perdiesen sus propiedades. Esa labor de intermediaria se produjo el 13 de julio de 2011, cuando Piera era viceconsejera de Economía en el Gobierno de Esperanza Aguirre y consejera de Avalmadrid. En sus respuestas a los diputados, dijo hasta en nueve ocasiones que ella jamás había tenido conocimiento de “operaciones concretas”. “No tengo conocimiento ni nunca lo he tenido de operaciones concretas en Avalmadrid”, aseguró una y otra vez. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Eva Piera]
Los correos a los que ha tenido acceso infoLibre demuestran lo contrario. Eva Piera pedía información de manera habitual sobre determinadas operaciones de Avalmadrid a sus tres principales ejecutivos en aquella época: el consejero delegado, Juan Luis Fernández-Rubíes, con quien mantenía una relación más fluida; el presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, y el director de Relaciones Institucionales, Carlos Ramos, que fue quien recibió el encargo de atender a Ayuso.
Todos los correos son del periodo que va septiembre de 2011 a febrero de 2012, es decir, justo en la época en que Avalmadrid avaló a MC Infortécnica SL –marzo de 2011–, esta empresa no devolvió ni la primera cuota del préstamo –diciembre de 2011– y el Comité de Morosidad decidió actuar contra los bienes de los avalistas –abril de 2012–, aunque esa decisión jamás se llevó a efecto. En esos correos, Piera se interesa por 18 operaciones concretas, en algunos casos de forma reiterada.
En uno de los mensajes que intercambia con Fernández-Rubíes, Piera llega a mostrar cierto cansancio por la gran cantidad de favores que le toca gestionar: “En fin, ya ves, para la tarde, los recados de siempre... Siento estar tan decaída y transmitirlo con tanta crudeza como lo hice ayer, pero hay días donde ya es mucho el cúmulo del cansancio, los problemas y ni una buena noticia, y los pedidos de interés...”, escribe el 26 de octubre de 2011. El consejero delegado le contesta en la misma línea: “En definitiva, y también en mi caso el cansancio, los problemas, el no haber una sola buena noticia, los pedidos de interés ‘infumables’ son una constante”. Hay pocas dudas sobre lo que son los “pedidos de interés infumables”, en su propia terminología, puesto que en los textos donde figuran esas frases se habla de tres operaciones concretas de Avalmadrid.
“Yo no iba a esas reuniones del Comité de Morosidad”
Por su parte, Juan Manuel Santos-Suárez afirmó en la comisión parlamentaria que no tenía dato alguno ni de la operación de aval concedida a MC Infortécnica SL, ni de los motivos por los que el Comité de Morosidad había permitido que los avalistas se deshicieran de su patrimonio sin hacer nada. Y todo ello pese a que ese comité estaba presidido por él mismo. La explicación que dio fue la siguiente: en la operativa diaria estaba el consejero delegado y él ni siquiera acudía a las reuniones del Comité de Morosidad, pese a que era su presidente. “Yo no iba a esas reuniones del Comité de Morosidad”, insistió. La verdad es que la propuesta de la reunión del Comité de Morosidad celebrada el 2 de abril de 2012, en la que se analizó el expediente de MC Infortécnica SL, está firmada por el propio Santos-Suárez.
Santos-Suárez, que ahora es consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), también faltó a la verdad de forma evidente en otro momento de la comisión. El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le preguntó si en 2012 se había dirigido a un alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre “diciendo que Avalmadrid tendría que ser disuelta o bien habría que aportar 10 millones de euros”. “No. Nosotros nunca nos dirigimos...”, respondió el compareciente. Este periódico ha tenido acceso a un correo de Santos-Suárez, enviado a Piera el 24 de julio de 2012, donde le dice exactamente lo que le había planteado el diputado de Más Madrid. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Juan Manuel Santos-Suárez]
Este periódico envió a Eva Piera y a Juan Manuel Santos-Suárez una serie de preguntas relacionadas con sus afirmaciones falsas ante la comisión parlamentaria [puedes ver el contenido exacto de las preguntas en La Caja Negra, al final de esta información].
Piera se negó a responder. Santos-Suárez señaló lo siguiente: “Comparecí en la Comisión cumpliendo con mi responsabilidad y en ella contesté a todas las preguntas según mi recuerdo de lo que sucedió hace ocho años”.
"Nunca he tenido conocimiento de operaciones concretas en Avalmadrid", afirmó Piera. infoLibre ha tenido acceso a decenas de correos suyos pidiendo datos de operaciones concretas a los principales ejecutivos de Avalmadrid
Santos-Suárez dijo desconocer cualquier dato sobre el aval a la empresa de los padres de Ayuso porque no había ido a las reuniones del Comité de Morosidad. El acta de una de esas reuniones está firmada de su puño y letra
El Código Penal castiga "faltar a la verdad" en una comisión de investigación parlamentaria con penas de hasta un año de cárcel
Piera se niega a responder a las cuestiones que le formuló este periódico; Santos-Suárez explica: "Contesté a todas las preguntas según mi recuerdo de lo que sucedió hace más de ocho años"
Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez, expresidentes de Avalmadrid implicados en el escándalo del aval otorgado por dicha sociedad semipública a una empresa de los padres de Isabel Díaz Ayuso, mintieron en sus comparecencias ante la comisión de investigación creada en la Asamblea de Madrid. Así lo demuestran diversos documentos a los que ha tenido acceso infoLibre.
El Código Penal, en su artículo 502, castiga "con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses" a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, "faltare a la verdad en su testimonio".
La Asamblea madrileña creó el año pasado una comisión de investigación para aclarar las presuntas irregularidades cometidas en Avalmadrid, una sociedad de garantías donde la Comunidad de Madrid es el accionista mayoritario con más del 26% del capital. Entre los capítulos más escandalosos está, según desveló infoLibre, lo ocurrido con una operación de aval de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica SL, compañía propiedad de cuatro matrimonios, entre los que estaban los padres de la actual presidenta madrileña. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro, pero Avalmadrid no actuó contra los socios de la empresa, que habían afianzado con todo su patrimonio personal la operación. No sólo eso, sino que Avalmadrid permitió que los avalistas se deshicieran de todos sus bienes sin responder de los 400.000 euros. [Puedes consultar aquí todas las informaciones de este periódico sobre el caso Ayuso]
Las comparecencias en la comisión de investigación se iniciaron el pasado 17 de diciembre. De los cuatro testimonios, destacaron los de Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez, ambos con un papel destacado en el caso Ayuso.
Eva Piera puso en contacto a Ayuso con un directivo de Avalmadrid para que le facilitase información sobre la operación de MC Infortécnica SL. Ayuso sabía que la empresa no iba a devolver el dinero y temía que sus padres perdiesen sus propiedades. Esa labor de intermediaria se produjo el 13 de julio de 2011, cuando Piera era viceconsejera de Economía en el Gobierno de Esperanza Aguirre y consejera de Avalmadrid, entidad que había presidido años antes. En sus respuestas a los diputados, dijo hasta en nueve ocasiones que ella jamás había tenido conocimiento de "operaciones concretas". "No tengo conocimiento ni nunca lo he tenido de operaciones concretas en Avalmadrid", aseguró una y otra vez. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Eva Piera]
Los correos a los que ha tenido acceso infoLibre demuestran que la realidad era exactamente la contraria. Eva Piera pedía información de manera habitual sobre determinadas operaciones de Avalmadrid a sus tres principales ejecutivos en aquella época: el consejero delegado, Juan Luis Fernández-Rubíes, que era con quien mantenía una relación más fluida; el presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, y el director de Relaciones Institucionales, Carlos Ramos, que fue quien recibió el encargo de atender a Ayuso.
Todos los correos son del periodo que va septiembre de 2011 a febrero de 2012, es decir, justo en la época en que Avalmadrid avaló a MC Infortécnica SL (marzo de 2011), esta empresa no devolvió ni la primera cuota del préstamo (diciembre de 2011) y el Comité de Morosidad decidió actuar contra los bienes de los avalistas (abril de 2012), aunque esa decisión jamás se llevó a efecto. En esos correos, Piera se interesa por 18 operaciones concretas, en algunos casos de forma reiterada.
Piera, en uno de los mensajes que intercambia con Fernández-Rubíes, llega a mostrar cierto cansancio por la gran cantidad de favores que le toca gestionar: "En fin, ya ves, para la tarde, los recados de siempre... Siento estar tan decaída y transmitirlo con tanta crudeza como lo hice ayer, pero hay días donde ya es mucho el cúmulo del cansancio, los problemas y ni una buena noticia, y los pedidos de interés...", escribe el 26 de octubre de 2011. El consejero delegado le contesta en la misma línea: "En definitiva, y también en mi caso el cansancio, los problemas, el no haber una sola buena noticia, los pedidos de interés 'infumables' son una constante". Hay pocas dudas sobre lo que son los "pedidos de interés infumables", en su propia terminología, puesto que en los textos donde figuran esas frases se habla de tres operaciones concretas de Avalmadrid.
Juan Manuel Santos-Suárez, por su parte, afirmó en la comisión parlamentaria que no tenía dato alguno ni de la operación de aval concedida a MC Infortécnica SL, ni de los motivos por los que el Comité de Morosidad había permitido que los avalistas se deshicieran de su patrimonio sin hacer nada. Y todo ello pese a que el Comité de Morosidad estaba presidido por él mismo. La explicación que dio fue la siguiente: en la operativa diaria estaba el consejero delegado y él ni siquiera acudía a las reuniones del Comité de Morosidad, pese a que era su presidente. "Yo no iba a esas reuniones del Comité de Morosidad", insistió. La verdad es que la propuesta de la reunión del Comité de Morosidad celebrada el 2 de abril de 2012, en la que se analizó el expediente de MC Infortécnica SL, está firmada por el propio Santos-Suárez.
Santos-Suárez, que ahora es uno de los consejeros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), también faltó a la verdad de forma evidente en otro momento de la comisión. El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le preguntó si en el año 2012 se había dirigido a un alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre "diciendo que Avalmadrid tendría que ser disuelta o bien habría que aportar 10 millones de eruos". "No. Nosotros nunca nos dirigimos...", respondió el compareciente. Este periódico ha tenido acceso a un correo de Santos-Suárez, enviado a Piera el 24 de julio de 2012, donde le dice exactamente lo que le había planteado el diputado de Más Madrid. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Juan Manuel Santos-Suárez]
Este periódico envió a Eva Piera y a Juan Manuel Santos-Suárez una serie de preguntas relacionadas con sus afirmaciones falsas ante la comisión parlamentaria [puedes ver el contenido exacto de las preguntas en La Caja Negra, al final de esta información]. Piera se negó a responder. Santos-Suárez señaló lo siguiente: "Comparecí en la Comisión cumpliendo con mi responsabilidad y en ella contesté a todas las preguntas según mi recuerdo de lo que sucedió hace ocho años".
LAS "OPERACIONES CONCRETAS" POR LAS QUE SE INTERESÓ PIERA
Este periódico reproduce a continuación los fragmentos más significativos de los mensajes intercambiados entre Eva Piera y los tres principales ejecutivos de Avalmadrid, que demuestran sin ningún género de duda su interés por "operaciones concretas". En todos los casos, Piera utilizó la cuenta de correo oficial que tenía como viceconsejera de la Comunidad de Madrid. Los directivos de Avalmadrid usaron las cuentas que tenían en esta sociedad. Ninguna de ellas sigue operativa en estos momentos.
"Los pedidos de interés"
El 26 de octubre de 2011, Eva Piera le escribe al consejero delegado de Avalmadrid –a quien habitualmente llamaba "Juancho"– interesándose por tres operaciones concretas de la sociedad de garantías: una de Bodegas Álvaro de Luna, otra de Vama y una tercera relacionada con una estación de esquí en el Puerto de Navacerrada. En relación con esta última, Piera le pide a Fernández-Rubíes lo siguiente: "dile a Jota de donde viene la operación". "Jota" es como llamaban al entonces presidente de Avalmadrid, Santos-Suárez.
Tras los detalles sobre estas tres operaciones, Piera confiesa su cansancio por la situación en general, y por el hecho de tener que realizar este tipo de gestiones, que ella llama "pedidos de interés". En concreto, escribe: "En fin, ya ves, para la tarde, los recados de siempre... Siento estar tan decaída y transmitirlo con tanta crudeza como lo hice ayer, pero hay días donde ya es mucho el cúmulo del cansancio, los problemas y ni una buena noticia, y los pedidos de interés...".
Al día siguiente, le responde el consejero delegado. Es un mensaje extenso, en el que detalla el estado en que se encuentran las solicitudes de avales de las tres operaciones. En cuanto a la estación de esquí, le aclara: "Jota ya sabe de dónde viene la operación y el que te haya o no confirmado la reunión (ya te dije sin problema) será una cuestión de sus tiempos".
Al final del mensaje, traslada a Piera que él también se encuentra cansado, entre otras cosas de los "pedidos de interés infumables" que debe gestionar. "En definitiva y también en mi caso el cansancio, los problemas, el no haber una sola buena noticia, los pedidos de interés “infumables” son una constante y salvo tu, espero, no veo el más mínimo reconocimiento no ya a mi persona que ni lo tengo ni lo espero a estas alturas, pero si al menos a la Sociedad que se lo gana día a día".
"Ya te puedes imaginar a quién se han ido a quejar"
El viernes 9 de septiembre de 2011, con un asunto que pone "urgente lunes", Piera le pide al consejero delegado datos de la empresa Publintermedia SL, "que parece que ha ido a pedir un aval para una operación y que (dicen que) les habéis dicho que Avalmadrid no trabaja con empresas metidas en el mundo cultural? Ya te puedes imaginar a quién se han ido a quejar... así es lo cultural". El mensaje termina pidiéndole que le pase un informe el lunes siguiente.
Efectivamente, el lunes Fernández-Rubíes le contesta con un detallado correo, en el que explica que Publintermedia SL había pedido un préstamo aval de 800.000 euros. La compañía quería el afianzamiento para estrenar en Madrid el musical Hair, después de perder más de un millón de euros en Barcelona y Valencia. El consejero delegado llevó la operación como "favorable" a la Ejecutiva de Avalmadrid, con un razonamiento atípico en el mundo financiero: "Entendíamos que precisamente la experiencia negativa en su anterior estreno en Barcelona y Valencia les había enseñado cómo hacer ahora las cosas para su estreno en Madrid y el Plan de Negocio nos parecía coherente y viable".
Un hecho que Fernández-Rubíes narra con detalle a Piera y que aprovecha para criticar a su jefe: "Los miembros de Caja Madrid [en la Ejecutiva de Avalmadrid] no veían muy bien la operación pero, fue precisamente la postura totalmente contraria de Juan Manuel la que hizo que una operación que se presentaba como aprobada fuera finalmente denegada. Ya te he comentado en anteriores ocasiones el papel de Juan Manuel en las Ejecutivas".
Tras delatar a su jefe, pide a Piera que no le delate a él: "Abrazo y ya me dices, si bien no me gustaría que pensase Juan Manuel que esto, que ha sido así, se sabe por mí ya que yo tengo que manejar internamente siempre esta situación"
Pero en la Ejecutiva la operación se tumbó, por la oposición de Santos-Suárez.
"Te paso detalle del sobre que me dejaste ayer"
El 5 de octubre de 2011, Fernández-Rubíes le escribe a Piera. En el "asunto" del correo consta lo siguiente: "Confidencial. Operación pasada en sobre por Nacho en Consejo. Hospital Veterinario Virgen de las Nieves".
El texto del mensaje comienza de manera similar: "Eva, te paso detalle del sobre que me dejaste ayer. Ref: Hospital Clínico Veterinario Virgen de las Nieves. La empresa ya había estado previamente en Avalmadrid". A continuación detalla los motivos por los que, en su opinión, no se puede aprobar la operación que pretenden.
"Me pide Gádor si se puede saber cómo va esta solicitud que menciona"
En algunos de los correos, Piera explica quién le ha pedido el favor. Es lo que ocurre por ejemplo en una ocasión con Gádor Óngil, que en septiembre de 2011 era diputada autonómica igual que Piera y Ayuso.
El 26 de septiembre de 2011, a las 13:23 horas, Piera se dirige a "Juancho" para indicarle que está en una reunión, pero que le llama en cuanto salga "para hablar de los asuntos pendientes". Por otro lado, añade, "me pide Gádor si se puede saber cómo va esta solicitud que menciona".
Gádor Ongil se había interesado por dos operaciones que habían solicitado a Avalmadrid las empresas Vía Cero SL y OnTime Transporte y Logística SL.
El consejero delegado le contesta ese mismo día, a las 14:15 horas, explicándole que la operación "se trabajó mucho" pero es muy difícil concederla.
En el mensaje de Fernández-Rubíes, se ve que ha reenviado el mensaje inicial de Piera a otro directivo de Avalmadrid para que le aporte la información. De forma que queda claro quién se está interesando por esa operación concreta. Algo que Piera le reprocha, con suavidad, a las 18:02 de aquel 26 de septiembre: "En fin, sólo rogarte que no reenvíes los mensajes tal cual te los mando, eso son solo para ti. Que tú sepas quién se interesa no me importa, pero que lo sepa toda la organización no es lo suyo".
Dos semanas después, Piera sigue con su interés por la operación que cuenta con el respaldo de Gádor Ongil. El consejero delegado, ante la insistencia, contesta en un tono algo molesto, nada habitual en los mensajes que intercambia con Piera. "Eva, creí que te lo había dicho cuando nos vimos en tu despacho. Seguimos pensando en nueva revisión en el Comité que no se les debe aprobar la financiación solicitada". Estas últimas palabras, en mayúscula en el original.
O sea que Piera no sólo se interesaba por "operaciones concretas" de Avalmadrid, en contra de lo que dijo ante la comisión parlamentaria, sino que incluso lo hacía en su despacho de viceconsejera de la Comunidad de Madrid.
En todo caso, Piera no se desanima ante el mensaje y hace un nuevo intento, a las 15:41 horas del 6 de octubre: "Juancho, y bajando el importe sustancialmente o compartiendo la operación con otra entidad por lo grande del importe?".
"Confirmad disponibilidad. Yo también estaré"
El 19 de enero de 2012, Piera escribe a los dos principales ejecutivos de Avalmadrid: "Jota" y "Juancho", para ella. La operación que le preocupa está relacionada con Beccara, una cadena de tiendas de decoración.
Una de las directivas de Beccara le ha llamado para tener una reunión y explicar "la situación de la empresa, sus planes y necesidades de financiación". Piera ya se ha tomado la molestia de "agendar" la cita, ha "sugerido" hacerlo en la sede de Avalmadrid y ha considerado que sería oportuno que estuviera al menos uno de los dos ejecutivos, o "Jota" o "Juancho", para que todo sea más operativo. "Por favor, confirmad disponibilidad. Yo estaré también".
LO QUE SANTOS-SUÁREZ SÍ CONOCÍA
Juan Manuel Santos-Suárez también faltó a la verdad en su comparecencia ante la comisión parlamentaria. Los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre prueban como mínimo dos falsedades: una sobre su participación en el aval a la empresa de los padres de Ayuso y otra sobre un momento crítico que se vivió en Avalmadrid en 2012 cuando –por error– algunos de sus directivos pensaron que los índices de morosidad se habían disparado hasta límites que obligaban a suspender su actividad.
El acta que firmó el presidente
Al igual que Eva Piera, el presidente de Avalmadrid cuando se concedió el aval de 400.000 euros a la empresa de los padres de Ayuso también alegó en su defensa desconocimiento. Piera lo hizo con el argumento de que no se interesaba por ninguna "operación concreta", mientras que Santos-Suárez adujo que él no estaba en la operativa diaria, que ese era el trabajo del consejero delegado. Y que él ni siquiera asistía al Comité de Morosidad, pese a que era su presidente.
infoLibre ha tenido acceso a la propuesta que realizó el Comité de Morosidad, el 2 de abril de 2012, en relación con MC Infortécnica SL, después de que no hubiese devuelto ni la primera cuota del préstamo avalado. Se trata de un documento de siete hojas, en el que se analizan los datos principales de la operación y la situación de los bienes de los ocho avalistas solidarios –entre ellos los padres de Ayuso–. Pues bien, ese documento aparece firmado de su puño y letra por el presidente del Comité de Morosidad, Juan Manuel Santos-Suárez. Por tanto, es falso que desconociese los datos de la operación.
Lo que ocurrió aquel día en el Comité de Morosidad es clave para entender la pasividad total de Avalmadrid a la hora de reclamar los 400.000 euros a los morosos de MC Infortécnica SL. Formalmente, se acordó "regularizar" el aval –es decir, pagar a la entidad financiera que había puesto el dinero– y "ejecutar hipoteca y avalistas". Los ocho socios de la compañía eran avalistas solidarios y, en consecuencia, respondían con todos sus bienes presentes y futuros del dinero recibido. Pero, pese a esa decisión formal del Comité de Morosidad, la realidad es que Avalmadrid nunca ejecutó los bienes de los avalistas.
Al revés, permitió que se deshicieran de los bienes que tenían. Como desveló este periódico, a la hora de solicitar el aval, los cuatro matrimonios propietarios de MC Infortécnica SL justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 13 propiedades valoradas en 3,27 millones de euros. De ese patrimonio, siete inmuebles no estaban hipotecados en aquel momento, y por tanto podían disponer de ellos. Pues bien, entre octubre de 2011 y junio de 2012, traspasaron los siete inmuebles que tenían a su disposición, evitando así que Avalmadrid los embargase. En varios casos, mediante donaciones o presuntas ventas simuladas a sus hijos. Así ocurrió por ejemplo en el caso de Isabel Díaz Ayuso, que se apropió de un piso en el centro de Madrid por medio de una donación de sus padres.
En aquella reunión del Comité de Morosidad del 2 de abril de 2012, la que aparece firmada por Sántos-Suárez, ya habían desaparecido cuatro bienes del patrimonio de los morosos, entre ellos tres del matrimonio Díaz Ayuso: la nuda propiedad del piso de Madrid que se quedó su hija Isabel, la vivienda de Sotillo de la Adrada (Ávila) que fue a parar a manos de su hijo Tomás y una de las naves industriales que tenían en el pueblo abulense.
En julio de 2019, cuando este periódico ya había desvelado datos esenciales del caso Ayuso, la entonces presidenta de Avalmadrid –Rosario Rey García, que está citada este viernes a declarar en la comisión parlamentaria– encargó un informe a la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos de la entidad sobre las actividades de recuperación en el expediente de MC Infortécnica SL. En ese documento, se destaca con claridad la actuación negligente de la cúpula de Avalmadrid: "En la propuesta del Comité de Morosidad del 2 de abril de 2012 únicamente se refleja el usufructo de los avalistas [los padres de Ayuso], sin hacer referencia a que la nuda propiedad pertenece a su hija. Tampoco se indica de forma expresa que la situación de titularidad del inmueble es distinta a la de la fecha en que se concedió la operación".
"Tenemos solvencia para operar hasta final de año"
"¿Usted se dirigió en algún momento, del 2012, a algún alto cargo del Gobierno de la Comunidad de Madrid diciendo que Avalmadrid tendría que ser disuelta o bien habría que aportar 10 millones de euros?", preguntó en la comisión el diputado Eduardo Gutiérrez, de Más Madrid.
"No. Nosotros nunca nos dirigimos... Evidentemente, en el Consejo de Administración –y estaba perfectamente enterado– estaba el viceconsejero de Economía en esa época", respondió Santos-Suárez.
Pues bien, la realidad es exactamente la que dibujó Gutiérrez y negó el expresidente de la sociedad de garantías. El 24 de julio de 2012, a las 12:23 horas, Santos Suárez escribió un correo a Eva Piera –entonces viceconsejera de Economía de Aguirre– en el que aseguraba que la morosidad está creciendo "a unos niveles alarmantes". "La primera decisión es si los socios protectores van a apoyar financieramente a AVM. Si no fuese así, deberíamos dejar de operar inmediatamente y reestructurar la sociedad o disolverla, vendiendo la cartera de riesgos", advertía Santos-Suárez, quien un poco más adelante indicaba las medidas que se debían adoptar si se quería mantener Avalmadrid operativa: una de ellas era que los socios protectores, incluyendo la Comunidad, realizasen aportaciones al capital "por un importe que puede llegar a 10.000.000 €" en 2013.
Al final todo fue una falsa alarma. En Avalmadrid se habían confundido en el cálculo de los índices de morosidad.
LAS PREGUNTAS DE INFOLIBRE PARA PIERA Y SANTOS-SUÁREZ
Eva Piera se negó a contestar a las preguntas que le formuló este periódico. Las cuestiones planteadas y que quedaron sin responder fueron las siguientes:
1. ¿Por qué afirmó ante la Comisión de la Asamblea, en reiteradas ocasiones, que usted jamás se interesó por ninguna "operación concreta" de Avalmadrid, cuando era una de las actuaciones que realizaba de forma habitual con los principales directivos que tenía entonces Avalmadrid (especialmente a través del Sr. Fernández-Rubíes)?
2. Antes de iniciarse su declaración en la Asamblea, se le hicieron los apercibimientos legales oportunos, en referencia al artículo 502 del Código Penal, que castiga con "prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses" a quien "convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio". A la vista de los hechos narrados en la pregunta anterior, ¿mantiene usted que no ha faltado a la verdad en su comparecencia ante la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid?
Juan Manuel Santos-Suárez respondió con un mensaje de dos líneas a las tres preguntas planteadas: "Comparecí en la Comisión cumpliendo con mi responsabilidad y en ella contesté a todas las preguntas según mi recuerdo de lo que sucedió hace ocho años". Las cuestiones que le formuló infoLibre fueron estas:
1. Usted afirmó en varias ocasiones en la comisión de investigación de Avalmadrid que “no se enteró” de “nada” de la operación con MC Infortécnica SL. Y que tampoco sabía por qué no se actuó contra los avalistas, pese a que así se decidió en el Comité de Morosidad. Y todo ello, según explicó, porque no asistió a las reuniones del Comité de Morosidad ni se enteró jamás de su contenido. ¿Por qué realizó esas afirmaciones cuando la propuesta del Comité de Morosidad de 2 de abril de 2012, donde constan todos los datos esenciales de la operación, de los avalistas y de las actuaciones decididas por Avalmadrid, lleva su firma?
2. El diputado Sr. Gutiérrez (Más Madrid) le preguntó si en algún momento usted se había dirigido en 2012 a un alto cargo del Gobierno de la Comunidad de Madrid diciendo que Avalmadrid tendría que ser disuelta o bien habría que inyectarle 10 millones de euros. ¿Por qué negó ante la Comisión unos hechos que son estrictamente ciertos, de acuerdo con el correo electrónico que usted mismo envió a la entonces viceconsejera Eva Piera desde su cuenta de Avalmadrid?
3. Antes de iniciarse su declaración en la Asamblea, se le hicieron los apercibimientos legales oportunos, en referencia al artículo 502 del Código Penal, que castiga con "prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses" a quien "convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio". A la vista de los hechos narrados en las dos preguntas anteriores, ¿mantiene usted que no ha faltado a la verdad en su comparecencia ante la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid?
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/02/14/los_dos_presidentes_avalmadrid_implicados_caso_ayuso_mintieron_comision_investigacion_103940_1012.html
DOS EXPRESIDENTES DE AVALMADRID COMPARECERÁN AL RETOMARSE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
La Comisión de investigación sobre Avalmadrid retomará este viernes sus sesiones con las comparecencias de la directora general de Economía y presidenta de Avalmadrid durante la X Legislatura, Rosario Rey, y el presidente del ente entre octubre 2014 y octubre 2015, José María Rotellar, para informar sobre las presuntas irregularidades del ente.
La primera está llamada a comparecer al objeto de informar sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid desde el año 2007 al año 2018.
Mientras José María Rotellar García está citado para informar sobre las presuntas irregularidades realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.
Así el único expresidente que quedaría por acudir a la comisión es Pablo Abejas, el que fuera en 2014 director general de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid y que fue cesado por el expresidente regional Ignacio González por su supuesta implicación en el uso indebido de tarjetas de Caja Madrid para gastos personales.
También está llamado a comparecer este viernes Antonio Carrasco Reija, exsecretario general Técnico de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, al objeto de aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de dirección de su Departamento en su relación con el ente.
Primera sesión
La primera y única sesión hasta la fecha contó con Eva Piero, presidenta de Avalmadrid entre 2006 y 2008 y viceconsejera de Economía entre 2008 y 2012; Juan Manuel Santos-Suárez, presidente de Avalmadrid entre 2008 y 2014 y viceconsejero de Hacienda entre 2007 y 2008; el presidente de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (Cesgar), Antonio Couceiro; y a la consejera delegada de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), Ana Vizcaíno.
Así, Piera Rojo aseguró que trató a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, igual que cualquiera que se le acercó durante sus años como viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo para solicitarle información sobre las ayudas de la sociedad de garantía recíproca.
Por su parte, el presidente de Avalmadrid entre 2008 y 2014, Juan Manuel Santos Suárez, ha reconocido este martes que recibió en 2010 una misiva del entonces consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, una "carta de recomendación" en la que se hablaba de lo que "había hecho este grupo por la región".
Tras la Comisión los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-IU) consideraron probado el "tráfico de influencias" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la gestión del aval concedido a la empresa de su padre por Avalmadrid; mientras que Cs tachó la primera sesión de la Comisión de Investigación del ente de "caza de brujas" contra la líder regional.
Por último, la propia Ayuso aseguró que las comparecencias habían demostrado que todo es "una burda patraña que ha organizado la izquierda" contra ella y su familia.
https://www.madridiario.es/expresidentes-avalmadrid-compareceran-comision-investigacion
UNA VICECONSEJERA DE AGUIRRE ADMITE QUE PIDIÓ A UN DIRECTIVO DE AVALMADRID QUE FACILITARA INFORMACIÓN A AYUSO
Eva Piera dice que se limitó a ser “empática con una persona preocupada por una empresa familiar”, en referencia a la sociedad de los padres de Ayuso a la que Avalmadrid afianzó 400.000 euros
También asegura que no volvió a hablar con Ayuso sobre el caso, pese a que fueron compañeras de grupo parlamentario durante año y medio
Eva Piera Rojo, que presidió Avalmadrid entre diciembre de 2006 y septiembre de 2008 y fue vocal de su consejo de administración hasta 2011, además de ejercer como viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre hasta 2012, admitió este martes que pidió al director de Relaciones Institucionales de la sociedad de garantías, Carlos Ramos, que facilitara información a Isabel Díaz Ayuso sobre la empresa de la que eran socios sus padres. “Yo no doy mandatos, sólo le pedí que atendiera a una persona [la actual presidenta de la Comunidad de Madrid] que quería información”, explicó Piera Rojo en la comisión de la Asamblea madrileña que investiga las supuestas irregularidades en Avalmadrid, desveladas en su mayor parte en diversas informaciones de infoLibre.
Piera relató que, Ayuso, "cuando aún no ocupaba ninguna responsabilidad política" –fue elegida diputada autonómica el 15 de julio de 2011–, le pidió un “contacto” en Avalmadrid porque quería “asesoramiento respecto a la empresa de sus padres”. Lo hizo “en persona, en una conversación fuera de mi despacho”.
Según recordó, Díaz Ayuso fue “escueta” y ella misma, “empática con una persona preocupada por una empresa familiar”. “Nunca me envió un correo”, abundó después. “Y le di el contacto como hacía con cualquier persona que se me acercaba y se interesaba por las ayudas e instrumentos de financiación de la Comunidad de Madrid”, explicó la exviceconsejera, quien describió la consulta como una más de las 16.000 que recibe anualmente la sociedad de garantía recíproca madrileña en busca de “asesoramiento e información”.
Esta explicación, sin embargo, no se corresponde con la realidad en el caso de Ayuso, que no necesitaba ningún asesoramiento sobre "los instrumentos de financiación" de Avalmadrid, puesto que la sociedad de garantías ya había afianzado un crédito de 400.000 euros de la empresa de sus padre el 15 de marzo de 2011. Y la petición a Piera fue cuatro meses después. Lo que quería saber Ayuso es qué ocurriría en el caso de que dicha empresa no devolviera el dinero, puesto que sus padres eran avalistas solidarios, y temía que pudieran perder su patrimonio. La compañía efectivamente no devolvió ni un euro. Y los padres de Ayuso salvaron su patrimonio donándoselo a sus hijos, lo que permitió a la ahora presidenta madrileña apropiarse de un piso que en caso contrario habría tenido que responder de la deuda con Avalmadrid.
A preguntas de los diputados, Eva Piera subrayó que no sabía ni el nombre de la empresa, MC Infortécnica SL, y repitió en varias ocasiones que desconocía los detalles concretos de la operación. Tampoco hizo un seguimiento de ésta, ni volvió jamás a hablar del asunto con Díaz Ayuso, añadió, pese a que ambas fueron compañeras de grupo desde julio de 2011 hasta febrero de 2013.
Los diputados le preguntaron igualmente por el correo electrónico que envió al director de Relaciones Institucionales el 13 de julio de 2011, desvelado por infoLibre, donde le daba “mil gracias otra vez por anticipado” por atender a Ayuso y le proporcionaba el número de móvil de quien había sido su compañera en las listas del PP y dos días después se iba a convertir en compañera de escaño. Para entonces, y pese a que Piera reiteró en la comisión que Díaz Ayuso sólo buscaba "asesoramiento financiero", Avalmadrid ya había concedido a la empresa de sus padres el aval de 400.000 euros que después no devolvió.
Un día después de que Eva Piera hiciera de intermediaria ante Carlos Ramos, Ayuso envió a éste un correo en el que le facilita los datos de MC Infortécnica SL y le cuenta que su familia “no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre. Es todo muy difícil”. En septiembre de ese año, Díaz Ayuso le pide a Carlos Ramos datos confidenciales sobre las empresas de los socios de sus padres –actividad comercial, facturación y clientes–, porque teme que los primeros estén vaciando la empresa para montar otras dedicadas al mismo negocio, el suministro de equipos médicos.
La expresidenta de Avalmadrid dijo desconocer “qué información pidió Díaz Ayuso” e incluso aseguró que no ha hablado con ella desde hace “bastantes años”, a excepción de una breve conversación que mantuvieron al encontrarse hace escasas fechas en en la Copa Davis celebrada en Madrid y que patrocina su actual empresa, Mapfre Seguros. Negó que proporcionarle el contacto de Carlos Ramos fuera “un favor” y se desentendió del hecho de que éste hubiera incluido “Datos de MC Infortécnica (Presidencia Comunidad Madrid)” como “asunto” del correo que sólo dos días después de haberle dado el teléfono de Díaz Ayuso, el 15 de julio, envió a una empleada de Avalmadrid para pedirle que mirara si la empresa y sus socios estaban en un fichero de impagados.
Carlos Ramos, además de director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid, era el “principal apoyo” de su entonces presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, según reconoció él mismo minutos después en la misma comisión.
La culpa fue de la Gran Recesión
Eva Piera defendió en todo momento la gestión realizada en Avalmadrid durante los años en que estuvo a su frente y sentada en su consejo de administración. Pese a que formó parte durante años de su comisión ejecutiva, que aprobaba los avales superiores a 500.000 euros y los vinculados con consejeros o socios protectores –además de la Comunidad de Madrid, Bankia, Cámara de Comercio de Madrid, la patronal CEIM, posteriormente también Banco Santander y Caixabank–, rechazó una y otra vez que tuviera conocimiento de ninguna operación concreta. En varias ocasiones, aseguró que no recordaba los nombres de los responsables de algunos departamentos por los que le preguntaron los diputados.
La expresidenta de Avalmadrid rechazó también que el consejo de gobierno de la Comunidad le hubiera dado ningún tipo de indicación sobre la concesión de avales. O de cartas, como la que el entonces consejero de Economía, Antonio Beteta, mandó a Juan Manuel Santos-Suárez, invitándole a tener en cuenta los muchos empleos que el Grupo Marsans creaba en la región, a la hora de discutir en un próximo consejo de administración el aval que le había solicitado la empresa del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Pese a la mala situación económica en que se encontraba Marsans, Avalmadrid le concedió avales por un importe total de 3,3 millones de euros. Cuatro meses después, el grupo se declaró en concurso de acreedores. Eva Piera reveló que no sabía si Avalmadrid se había personado en ese concurso para intentar cobrar los avales adeudados. “No estaba en la comisión ejecutiva en ese momento”, alegó. Los avales a Marsans son algunos de los que la propia Avalmadrid llevó a la Fiscalía años después, en abril de 2019, tras ser señalados primero en el expediente abierto por el Banco de España y después en un informe realizado por la consultora Forest Partners.
Eva Piera precisó que la comisión ejecutiva aprobaba “prácticamente todos” y “por unanimidad” las propuestas de aval que realizaba el equipo de analistas de riesgos de Avalmadrid. “En ningún caso nos oponíamos a lo que dictaban los analistas, aunque a veces sí pedíamos que se reforzaran las garantías, se concediera un plazo adicional o se modificara algún aspecto de la propuesta”, concedió. Si, después, los avales no se devolvían porque las empresas quebraban, argumentó, se debió sólo a la Gran Recesión, unos años en que los concursos de acreedores eran una constante y la morosidad, por tanto, se cuadriplicó.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/12/18/eva_piera_admite_que_pidio_directivo_avalmadrid_que_facilitara_informacion_diaz_ayuso_sobre_empresa_sus_padres_102087_1012.html
LA IZQUIERDA INSISTE EN QUE DÍAZ AYUSO Y LOS EXPRESIDENTES DECLAREN EN LA COMISIÓN DE AVALMADRID
Los trabajos de investigación comienzan con exdirectivos del ente semipúblico
Los partidos de la izquierda han coincidido en que la primera sesión con comparecientes de la comisión de investigación de Avalmadrid, celebrada este martes en la Asamblea, ha reforzado la necesidad de que los expresidentes regionales entre 2007 y 2018 y la actual jefa del Ejecutivo, Isabel Díaz Ayuso, acudan a dicha comisión.
A esta primera sesión han ido los expresidentes de Avalmadrid entre 2006 y 2008 (Eva Piera) y entre 2008 y 2014 (Juan Manuel Santos-Suárez); la consejera delegada de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), Ana Vizcaíno, y el presidente de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (Cesgar), Antonio Couceiro.
La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, ha destacado que Santos-Suárez haya afirmado que "en realidad la presidenta (de Avalmadrid) era la Comunidad de Madrid", lo que a su juicio refrenda que "los expresidentes de la Comunidad tienen que venir aquí a rendir cuentas".
Los grupos de la izquierda pidieron que fueran a la comisión Díaz Ayuso y los expresidentes Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes y Ángel Garrido, pero la Mesa tumbó dichas solicitudes con los votos del PP y Ciudadanos.
En el caso de Díaz Ayuso se une la circunstancia de que Avalmadrid concedió en 2011 un aval por valor de 400.000 euros, y que nunca fue devuelto en su totalidad, a una empresa participada por su padre.
El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, considera que se ha confirmado que "hubo un trato de favor" a Díaz Ayuso en este caso, ya que "accedió a una serie de información que no está al alcance de todas las personas" merced a su "relación previa" con Piera, quien ha defendido que ofreció un trato "ordinario" a Ayuso cuando esta le pidió un contacto de "asesoramiento".
La diputada socialista ha destacado que Santos-Suárez haya admitido la "injerencia" del exconsejero de Economía Antonio Beteta, que en 2010 envió una carta al entonces presidente de Avalmadrid en la que se expresaba favorablemente respecto a la concesión al Grupo Marsans, que estaba cerca de declararse en concurso de acreedores, de un aval por valor de 3 millones de euros.
Por su parte, el diputado del PP Pedro Muñoz Abrines ha recalcado que, según el criterio de Cesgar, Avalmadrid "es una institución privada", y ha repetido que la comisión de investigación "debería cerrar" porque la Fiscalía Anticorrupción archivó la denuncia de Más Madrid contra Avalmadrid y Díaz Ayuso.
La diputada de Ciudadanos ha coincidido en que "a la izquierda lo único que le importa" es emprender "una caza de brujas creada por y para una persona en concreto".
La comisión de Avalmadrid, creada a propuesta del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, fiscalizará los avales concedidos por la entidad semipública a empresas entre 2007 y 2018.
Avalmadrid es una sociedad de garantía recíproca de carácter semipúblico en la que la Comunidad de Madrid, con un 26,14 % del capital suscrito, es la principal accionista.
Está supeditada a la supervisión administrativa del Banco de España, que tras la realización de dos inspecciones, en 2012 y en 2016-2017, abrió un expediente sancionador por las irregularidades detectadas en la concesión de avales a empresas.
El contacto de Díaz Ayuso con Avalmadrid fue "ordinario"
Eva Piera, que fue vocal del consejo de Avalmadrid entre 2008 y 2011, y presidenta de la entidad entre 2006 y 2008, aseguró ayer que en 2011 trató a Isabel Díaz Ayuso igual que a cualquier ciudadano de los que se le acercaban para solicitarle información sobre las ayudas a emprendedores y pymes.
Así lo ha expresado este martes la también exviceconsejera durante la primera sesión de la comisión de investigación sobre los avales concedidos entre 2007 y 2018 por Avalmadrid, lo que incluye una operación de 2011 que facilitó el acceso a un crédito de 400.000 euros a una empresa participada por el padre de la actual presidenta.
Una vez cerrado el acuerdo, Piera puso a Ayuso en contacto con un directivo del ente para un asesoramiento "ordinario" al respecto, ha dicho. "En Avalmadrid se reciben muchas consultas. Este fue uno de los 16.000 contactos comerciales de 2011", ha añadido.
Los 400.000 euros nunca se devolvieron en su totalidad. Díaz Ayuso, que entonces no tenía ningún cargo ejecutivo, aceptó la donación del piso familiar antes de que llegara el primer impago, por lo que la vivienda quedó fuera del alcance de posibles acreedores. Antes, intercambió información con el directivo de Avalmadrid.
"Ha quedado claro que la casa ni siquiera estaba metida en ese aval", ha reaccionado la actual presidenta. "[La polémica] es una burda patraña".
htps://elpais.com/ccaa/2019/12/17/madrid/1576614602_077880.html
ASÍ FUNCIONA AVALMADRID, LA ENTIDAD SEMIPÚBLICA BAJO SOSPECHA DE DAR TRATO DE FAVOR A EMPRESARIOS Y POLÍTICOS DEL PP
Creada en 1985, no contó con un director de Control de Riesgos hasta hace un año, cuando ya estaba siendo inspeccionada por el Banco de España
La sociedad de garantías madrileña tiene aprobadas este año 25 operaciones con empresas vinculadas a miembros de su consejo de administración
Casi ha triplicado su ‘ratio’ de morosidad desde 2011, el año en que concedió el aval a la empresa del ‘caso Ayuso’
Avalmadrid, en el disparadero desde que se han conocido sus sospechosos tratos de favor a la hora de conceder avales y no cobrar los que no se devuelven, es una de las 18 sociedades de garantía recíproca (SGR) que existen en España desde 1978. Fue entonces cuando se creó un sistema que proporciona acceso a la financiación a pymes y autónomos, los que más dificultades tienen para conseguir crédito: ha otorgado un total de 31.969 millones de euros en los últimos 40
años.
Avalmadrid nació con ese nombre en 1985, pero desde tres años antes existía como Assaf. Tiene una plantilla de 60 trabajadores y la consideración de entidad financiera, por lo que está sometida al control e inspección del Banco de España. Y es una sociedad semipública sin ánimo de lucro, donde la Comunidad de Madrid posee el 26,1% del capital. Lo mismo ocurre en el resto de las 17 sociedades de garantía españolas –también hay una sectorial, CREA, que avala sólo a empresas audiovisuales–, donde cada administración autonómica cuenta con una participación.
En Avalmadrid, además, Bankia, banco público por el 61,7% que posee el FROB, tiene un 25,3% de las acciones. Entró en la sociedad de garantías madrileña en 1991, cuando aún era Caja Madrid. Hasta 2014 no se convirtieron en socios Banco Santander y Caixabank; Banco Popular –integrado en el Santander desde 2017– llegó en 2015. También son socios fundadores la Cámara Oficial de Comercio de Madrid y la patronal madrileña CEIM.
Así, al presidente de Avalmadrid lo nombra la Consejería de Economía, el accionista mayoritario, y tanto él como los otros dos representantes de la Comunidad en el consejo de administración son altos cargos de ese departamento. Desde esta semana la preside Isaac Martín, viceconsejero de Economía y Competitividad, y su director general es Rodrigo Tilve, también director general de Economía. La consejería es una de las carteras del Gobierno madrileño a cargo de Ciudadanos, que ha situado a su cabeza a un independiente, Manuel Giménez.
Casi 11.000 pymes y autónomos son socios
T
odos los citados son socios protectores de Avalmadrid, que reúnen el 60,5% del capital. Pero cuatro quintas partes de sus accionistas deben ser pequeñas y medianas empresas, por lo que el 39,5% restante corresponde a los socios partícipes, todas las pymes y autónomos que obtienen un aval. Para conseguirlo deben adquirir acciones de la sociedad en proporción a la cuantía de la garantía otorgada. Que son reembolsables cuando cancelan el aval. Por eso su número es variable, al igual que el capital que representan en el total de la sociedad. A 31 de diciembre de 2018, Avalmadrid cuenta con 10.903 socios partícipes.
Cualquier pyme o autónomo puede acudir a la sociedad de garantías madrileña para que le avale ante la entidad financiera a la que ha pedido un préstamo. Además de la cuota de capital, deberá pagar dos comisiones: una calculada según el riesgo de la operación y otra anual que equivale a un porcentaje del principal pendiente de amortizar.
A cambio, puede pedir dos tipos de avales: técnicos y financieros. Los primeros son los que exigen las administraciones para conseguir subvenciones o participar en concursos públicos. Los segundos, los necesarios para solicitar créditos a los bancos. Según las cifras de Cesgar, la patronal de las sociedades de garantía españolas, de los casi 3,6 millones de empresas con menos de 250 trabajadores que existen en España, el 36,5% necesitó acudir a un banco en busca de crédito el año pasado y, de éstas, la mitad necesitó un aval.
De hecho, el principal problema que exponen las pymes para obtener financiación es precisamente la falta de las garantías que les piden los bancos, según los informes de Cesgar, incluso por delante del precio del dinero. Por regla general, las pequeñas empresas necesitan solicitar un crédito sobre todo para financiar el circulante, por el desajuste temporal entre ingresos y pagos.
Entre la Fiscalía y el Banco de España
En 2018 Avalmadrid concedió 1.672 avales, 944 financieros y 728 técnicos. El importe medio de los primeros fue de 58.000 euros. Una cuantía que no ha dejado de caer desde los 132.000 euros de media aprobados en 2011.
A MC Infortécnica SL, la empresa de los padres de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, Avalmadrid le proporcionó un aval que triplicaba la cuantía media de los que aprobó en 2011, 400.000 euros. Bajo escrutinio está si esta firma de suministros médicos se benefició de un trato de favor por la intervención de Díaz Ayuso, entonces parte del equipo de Esperanza Aguirre, su antecesora en el cargo.
También está en el foco del Banco de España la concesión de avales a empresas que tenían vinculaciones con miembros del consejo de administración. El organismo supervisor inspeccionó y abrió expediente a la sociedad de garantías madrileña por las numerosas irregularidades que descubrió en 167 operaciones. Y la propia Avalmadrid remitió a la Fiscalía el pasado mayo un informe donde señalaba a exconsejeros y exdirectivos como responsables de toda una serie de operaciones aprobadas de forma “discrecional” y pese a su “falta de lógica económica”, que además “causaron un perjuicio” a la entidad. El ministerio público archivó la denuncia por considerar prescritos los hechos, pero tendrá que volver a analizar éstos y otros avales, entre ellos el de los padres de Díaz Ayuso, después de que Más Madrid haya presentado este mismo miércoles otra denuncia donde se acusa a la presidenta madrileña de alzamiento de bienes, tráfico de influencias y trato de favor, así como a la cúpula de Avalmadrid de trato de favor y administración desleal.
Bankia, la entidad que más operaciones firma con Avalmadrid
Las SGR permiten a las empresas y autónomos conseguir condiciones ventajosas, tanto en interés como en plazos, a la hora de firmar con los bancos. Gracias a que mantienen convenios de colaboración con estas entidades financieras. Avalmadrid los ha suscrito con los que son sus socios protectores –Bankia, Santander, Caixabank–, pero también con Sabadell, Deutsche Banki, BBVA, y varias cajas –rurales de Soria, Albacete y Jaén– e incluso bancos extranjeros como el ecuatoriano Pichincha o el holandés Triodos.
La entidad con el mayor volumen de riesgo garantizado por Avalmadrid es la propia Bankia, con 99,348 millones de euros y 190 avales, según se recoge en la última memoria anual de la sociedad de garantías. Caixabank le sigue con casi una tercera parte, 33,86 millones y 182 operaciones, así como Banco Sabadell, con una cantidad parecida, 36,86 millones de euros y 108 avales. Pero si se suman los volúmenes de Santander y Popular, ambos cuentan con 44,85 millones en avales.
Para los bancos, contar con la garantía de una sociedad como Avalmadrid les supone un doble negocio.
Por un lado, reducen el riesgo de las operaciones porque saben que tienen cubierto cualquier impago. No sólo por la sociedad de garantía recíproca, sino también por Cersa, la sociedad pública de reafianzamiento, y por la Comunidad de Madrid, que a su vez respaldan las operaciones de Avalmadrid. Por otro, los préstamos avalados por las SGR ponderan al 20% a efectos del coeficiente de solvencia, por lo que consumen menos recursos propios bancarios. De ahí que las entidades puedan ofrecer tipos más bajos y plazos más largos.
Además, es la sociedad de garantías la que efectúa todo el seguimiento de la operación. Se trata de un proceso largo, puesto que los avales se conceden con plazos que van desde tres años para un crédito hasta 15 años si son préstamos hipotecarios.
Aunque, como se ha visto en el caso de MC Infortécnica SL, hayan quedado patentes los fallos de esos controles. De hecho, nunca se recuperaron lo 400.000 euros del aval: en siete años Avalmadrid no actuó para embargar a los socios de la empresa los inmuebles que habían puesto en garantía para la operación. En ese tiempo, los cuatro matrimonios propietarios de MC Infortécnica, incluidos los padres de Díaz Ayuso, los donaron a sus hijos o transmitieron a terceros, lo que el Código Penal considera un delito de alzamiento de bienes.
Marsans y Cantoblanco
Tampoco fueron diligentes los gestores de Avalmadrid con el seguimiento y control de riesgos en los 167 avales investigados por el Banco de España, que pide sanciones por un total de 667.000 euros para 16 personas, entre consejeros y ejecutivos, así como para la propia SGR y la Consejería de Economía. La decisión definitiva del supervisor se conocerá antes de que acabe este año.
El caso es que la ratio de morosidad de Avalmadrid no ha hecho más que aumentar desde 2012, cuando era sólo del 4,32%, hasta 2018, cuando alcanza el 11,62%. Casi la ha triplicado. De los 352,11 millones de euros que la sociedad de garantías madrileña mantiene en avales otorgados en vigor, 46,35 millones son considerados dudosos.
Según el informe del Banco de España, las irregularidades se extendieron durante más de cinco años, desde enero de 2013 hasta junio de 2018. Por ejemplo, la revisión de riesgos no se efectuaba con la periodicidad establecida en la normativa interna de Avalmadrid: anual para los riesgos a partir de 200.000 euros y semestral para los mayores de un millón. Además, los informes de seguimiento eran “deficientes para explicar la situación actual y evolución del negocio avalado”. Por el contrario, dice el supervisor, se limitaban a actualizar “el rating interno –que presenta un calibrado deficiente–” y las partidas contables más importantes, pero sin analizarlas. Tampoco recogían aspectos relevantes para determinar la capacidad de pago del avalado, como una comparación detallada entre los flujos de caja generados y los pagos a los que debía hacer frente. Finalmente, los informes de seguimiento carecían de “decisiones y conclusiones claras, incluso en los casos en que se constata un deterioro evidente del avalado”.
En otros avales, los informes de seguimiento sólo mencionaban el incumplimiento de pagos y la dificultad de su recuperación, “sin apenas aportar más información sobre la posibilidad de obtener o ejecutar garantías”. En los expedientes que incluyen propuestas de negociación con el socio, tampoco se aportaba información detallada o un análisis, lamenta el Banco de España. Por último, en algunas operaciones la clasificación crediticia se hizo “con mucho retraso” y, en algún caso, destaca el informe, “a instancias de la auditoría externa”.
Entre los avales donde se descubrieron estas deficiencias de control se encuentran los concedidos al Grupo Marsans, entonces propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y al Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández.
Cambios en la política de riesgos
Todas estas irregularidades se sucedieron pese a que el Banco de España requirió a Avalmadrid en 2012 que mejorara su política de seguimiento de riesgos. No le hizo caso hasta 2014. Y hubo que esperar hasta septiembre de 2018 para que la SGR madrileña creara el cargo de director de Control de Riesgos y Cumplimiento Normativo y eligiera a Rodolfo Felipe Gómez para el puesto, además de nombrar una directora de Seguimiento y Recuperaciones, Asunción Martín Gómez.
En octubre de 2018, cuatro meses después de que el Banco de España abriera el expediente a Avalmadrid, el consejo de administración aprobó una nueva política de operaciones vinculadas que “refuerza y amplía el alcance” de las operaciones que no puede aceptar la SGR, además de endurecer los requisitos para conceder avales a empresas relacionadas con la cúpula de la sociedad, asegura la memoria anual.
Según ese informe, Avalmadrid ha concedido a empresas vinculadas a miembros de su consejo de administración un total de 25 avales, por importe de 3,64 millones de euros. La empresa subraya que todas estas operaciones cumplen el Código Ético de la entidad, del que carecía hasta 2016. Esa cifra es la más alta desde 2011, cuando fueron 11 los avales otorgados a firmas relacionadas con la cúpula de Avalmadrid.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/16/asi_funciona_avalmadrid_entidad_semipublica_bajo_sospecha_dar_trato_favor_empresarios_politicos_del_pp_98739_1012.html
EL PRÉSTAMO DEL 'CASO AYUSO' FUE UNA ESTAFA: EL DINERO NUNCA SE DESTINÓ AL FIN COMPROMETIDO CON AVALMADRID
Los 400.000 euros, solicitados en enero de 2011, eran en teoría para financiar a MC Infortécnica SL la compra de material destinado al Servicio Vasco de Salud
Ese supuesto contrato nunca se ejecutó: la empresa ingresó de Osakidetza 703 euros en 2011 y ni un céntimo desde 2012 en adelante, según los datos de facturación a los que ha tenido acceso infoLibre
MC Infortécnica SL sí había trabajado para el Gobierno vasco antes de recibir el crédito de Avalmadrid: cobró 65.000 euros en 2009 y 39.000 euros en 2010
El crédito-aval de 400.000 euros que Avalmadrid concedió a la empresa de los padres de Isabel Díaz Ayuso se justificó mediante un engaño. El dinero se solicitó, en enero de 2011, para financiar la compra de material médico destinado a cumplir con una adjudicación que MC Infortécnica SL había recibido supuestamente del Servicio Vasco de Salud. Pero los datos de facturación de esta empresa con Osakidetza, a los que ha tenido acceso infoLibre, demuestran que esa relación contractual no existió: en 2011 el Gobierno vasco abonó 703 euros a MC Infortécnica SL y de 2012 en adelante no le pagó ni un céntimo.
En años anteriores, MC Infortécnica SL sí había trabajado para el Servicio Vasco de Salud. En concreto, ingresó 65.000 euros en 2009 y 39.000 euros en 2010 por servicios prestados a Osakidetza. Y otra empresa del mismo grupo empresarial, Hamilton Medical España, recibió adjudicaciones del Gobierno vasco hasta 2007.
Avalmadrid aprobó la operación de ayuda a MC Infortécnica SL con la condición expresa de que los 400.000 euros sólo podrían destinarse a la compra de material a tres proveedores concretos: la compañía alemana Esinomed GmbH, la holandesa Advantech Europe BV y la estadounidense Rubbermaid Medical Solutions. Por su parte, la empresa participada en un 25% por los padres de Ayuso destinaría los equipos adquiridos a cumplir con una supuesta adjudicación del Servicio Vasco de Salud.
En el expediente de concesión del préstamo por parte de Avalmadrid, a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre, en el apartado "destino de los fondos" se indica literalmente lo siguiente: "Solicita una operación de aval-crédito por importe de 400.000 euros a un plazo de 36 meses, con el objeto de financiar la adjudicación de carros informatizados Rubbermaid, distribuidos en exclusiva por el Grupo MC, habiéndose adjudicado en el Servicio Vasco de Salud para dotar a todos los servicios y convertir al Hospital de Cruces en un "hospital sin papeles". La sociedad nos informa que el consejero vasco de Salud se encuentra interesado en ampliar la cobertura de estos carros a todo el servicio de la Comunidad Autónoma Vasca".
A continuación se asegura que el "Servicio Vasco de Salud está implementando las pantallas de visualización de Esinomed comercializadas por MC en todas sus unidades quirúrgicas operativas. El total de unidades adjudicadas es de 120 estaciones para quirófano modelo OP-PACS Single & Duplex".
De acuerdo siempre con el contenido del expediente de Avalmadrid, los hospitales vascos estaban "retirando las placas de rayos X con lo que es necesario visualizar las pruebas en pantallas de alta definición. Además, los ordenadores de uso hospitalario tienen que ser de grado médico (permiten limpieza, esterilización y libres de ángulos de difícil acceso). Por ello los hospitales tienen que adquirir hardware informático adecuado, para ello Grupo MC a través de su empresa MC Infortécnica SL soluciona a través de tres proveedores". Esos proveedores son los citados Esinomed GmbH, Advantech Europe BV y Rubbermaid Medical Solutions.
El 2 de febrero de 2011, el Comité Directivo de Avalmadrid aprobó la operación con MC Infortécnica SL. En el acuerdo de dicho órgano se establece expresamente que "la disposición de la póliza quedará limitada al pago" de los tres proveedores citados.
El Comité Directivo estaba formado entonces por cinco personas: Juan Manuel Santos-Suárez (presidente de Avalmadrid), Juan Luis Fernandez-Rubíes (consejero delegado), Antonio Chorro (director de Riesgos), Alejandro Gómez (director de Operaciones) y Borja Cubillo (director Comercial).
Las gestiones de Ayuso
La presidenta madrileña, según confesó ella misma en una entrevista en Tele 5, ya hizo en ese momento una primera gestión con Avalmadrid para saber "con qué persona" había que hablar para la concesión del préstamo. Sus palabras exactas fueron las siguientes: "Yo pregunté en ese momento simplemente con qué persona se podría hablar para que, si se daban las garantías, esa empresa solicitara un crédito y pudiera ser avalada. Pero yo no he mediado, yo no he presionado, yo no era nadie. No tenía ningún tipo de poder político. Y tiempo después entré en la Asamblea de Madrid como diputada".
Efectivamente, Isabel Díaz Ayuso tomó posesión como diputada autonómica el 15 de julio de 2011, "tiempo después" de aquella primera gestión ante Avalmadrid. La política del PP no ofreció ningún dato más, pero dado que MC Infortécnica SL solicitó el préstamo el 5 de enero de aquel año y que el Comité Directivo lo aprobó el 2 de febrero, necesariamente las gestiones de Ayuso tuvieron que realizarse a finales de 2010 o principios de 2011.
La presidenta madrileña, en su estrategia de opacidad absoluta y de escudarse en su padre fallecido para no responder de sus propias actuaciones, no ha aclarado tres cuestiones esenciales: con qué persona le dijeron que se necesitaba hablar para que Avalmadrid aprobara la operación "si se daban las garantías", qué gestiones concretas hizo ella y qué sabía exactamente sobre la situación económica de MC Infortécnica SL y sobre el destino que pensaban darle al dinero.
A ello habría que añadir una cuestión previa: si tal y como afirma ella nunca se interesó por la marcha de la compañía, y sus padres ya no formaban parte en 2011 del equipo ejecutivo de la misma (aunque seguían siendo los dueños del 25% de la compañía), ¿por qué realiza Ayuso gestiones relacionadas con la solicitud del préstamo de 400.000 euros?
Medio año después, tal y como desveló infoLibre, Ayuso volvería a interesarse por el préstamo de Avalmadrid. Solucionada la concesión del crédito, escriturada el 15 de marzo, ahora le preocupaban los efectos que tendría el impago del mismo en el patrimonio de su familia, a la vista de que sus padres y los otros seis socios de MC Infortécnica SL eran avalistas solidarios de los 400.000 euros. Por mediación de Eva Piera, entonces viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre, Ayuso entró en contacto con un directivo de Avalmadrid el 14 de julio y al menos durante los dos meses siguientes le estuvo solicitando información confidencial. Tras tener la certeza de que MC Infortécnica SL estaba en quiebra y no devolvería el dinero, Ayuso aceptó el 7 de octubre de 2011 que sus padres le donasen un piso en el centro de Madrid en una operación que podría constituir un delito de alzamiento de bienes.
El delito de estafa
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico explicaron que, si la concesión del crédito de Avalmadrid se realizó mediante un engaño, los hechos podrían constituir un delito de estafa. El artículo 248.1 del Código Penal establece que "cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno". Y el artículo 250.5º castiga dicho delito con penas de prisión de uno a seis años de cárcel cuando "el valor de la defraudación supere los 50.000 euros".
Las mismas cantidades y penas existían en la versión del Código Penal vigente en 2011, cuando se cometieron los hechos. La comisión de ese presunto delito prescribiría a los diez años.
La principal incógnita que abre el hecho de que MC Infortécnica SL no dedicase el dinero a la compra de material destinado al Servicio de Vasco de Salud, pese a que ese fue el objeto de la concesión del crédito, es saber qué ocurrió con los 400.000 euros.
Más Madrid presentó este miércoles una denuncia ante la Fiscalía para que investigue la comisión de varios presuntos delitos por parte de la presidenta madrileña (alzamiento de bienes, trato de favor y tráfico de influencias) y de la cúpula de la sociedad de garantías (trato de favor y administración desleal). Una de las peticiones expresas que hace en su texto el partido de Iñigo Errejón es que la Fiscalía pregunte al Servicio Vasco de Salud si realmente le adjudicó a la empresa de los padres de Ayuso el suministro de equipos médicos cuya compra MC Infortécnica SL esgrimió como destino del préstamo o si ha existido una posible “simulación” de operación comercial para obtener el aval.Isabel Díaz Ayuso y Javier Fernández-Lasquetty minimizan el papel de la Comunidad de Madrid en el ente bajo sospecha, pese a que el Gobierno es accionista mayoritario, tiene el control del consejo de administración y aporta más de 16 millones anuales
Esperanza Aguirre designó al presidente y controlaba el máximo órgano de gestión en los años de desmanes que investiga el Banco de España. También en 2011, cuando se concede el aval fallido al padre de la ahora presidenta Díaz Ayuso
La Comunidad tiene más del 30% del capital y, con la nacionalizada Bankia, suman más del 60% de Avalmadrid
Avalmadrid es un ente semipúblico en cuanto a su capital, pero su consejo de administración está controlado desde siempre por la Comunidad de Madrid. Además, ha sido permeable a la interferencia política y las presiones sobre su gestión han sido constantes. Una auditoría interna de 2019 encargada por la propia Avalmadrid y una investigación del Banco de España revelan que algunas de las decisiones que se han tomado en la entidad estaban influenciadas por intereses personales de los consejeros o por intereses partidistas. Como ejemplo: Antonio Beteta, consejero de Economía de Esperanza Aguirre, envió en 2010 una carta al presidente de Avalmadrid para que financiaran al empresario y entonces presidente de la patronal española Gerardo Díaz Ferran cuando sus empresas ya eran insolventes. Es solo una muestra más entre una veintena de decisiones de alto riesgo y arbitrarias que tomó Avalmadrid, algunas contra el criterio de los técnicos, según revelan esos informes oficiales y por los que la entidad se enfrenta a una multa del Banco de España.
Las "operaciones 'especiales' se trataban en el consejo de administración", cuentan fuentes conocedoras del funcionamiento de Avalmadrid. Los técnicos trataban de frenar la concesión de avales como el de Díaz Ferrán, que acababan siendo aprobados por un consejo de administración controlado por la Comunidad de Madrid como accionista mayoritario. De hecho, el gobierno madrileño nombra al presidente (en los últimos años es casi siempre el director general de Economía) y agrupa al bloque de consejeros más numeroso, como máxima accionista. "Los consejeros eran obedientes a algunas instrucciones porque así se buscaban apoyos", relatan las mismas fuentes. La auditoría confirma que ese consejo dio vía libre a avales que contaban con informes técnicos en contra.
La actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que medió en el polémico aval a su padre en la misma entidad, ha intentado desvincular a la Comunidad de la gestión de Avalmadrid mientras la oposición pedía una investigación parlamentaria e incluso recurría a los tribunales: "Hay que investigar y dar cuentas de los organismos que son de la Comunidad de Madrid, cosa que no es Avalmadrid", dijo al ser preguntada por los periodistas a principio de septiembre. Su consejero de Hacienda, Javier Lasquetty, declaró directamente que "es una empresa, una entidad privada".
Sin embargo, el socio principal de Avalmadrid es el dinero público: más de 16 millones anuales que suponen más de un 30% del total suscrito. El grueso del capital de Avalmadrid viene de sus "socios protectores" (los fijos) que son principalmente la Comunidad de Madrid y Bankia (antes Caja Madrid), con más de un 30% del capital total cada una. Teniendo en cuenta que Bankia fue nacionalizada, la representación pública supera el 60% en Avalmadrid. Completa el cuadro de los patrocinadores fijos, pero muy de lejos, otras entidades como la patronal madrileña CEIM, la Cámara de Comercio de Madrid u otras instituciones que invierten cada año (en 2018, por ejemplo, la aseguradora Groupama).
Luego están los "socios partícipes", pymes y autónomos avalados que ponen una cuota en Avalmadrid para recibir el aval, pero que entran y salen del capital según cancelan sus operaciones. Si contamos solo los socios fijos de Avalmadrid, que son los estables y los que tienen peso real en las decisiones, la Comunidad de Madrid supone casi el 50% del ente semipúblico y Bankia casi el otro 50%.
Designación directa de consejeros
Como el capital principal es público, el máximo órgano de gestión de Avalmadrid tiene también una mayoría de representantes públicos. El Gobierno de Madrid, a través de la Consejería de Economía, es quien ha designado al presidente de Avalmadrid y a consejeros que luego han aprobado las operaciones que ahora se investigan. Los mayores desmanes sucedieron en la época de Esperanza Aguirre (aunque también se ha investigado la época de Ignacio González y Cristina Cifuentes). Lo que relata la auditoría y Banco de España lo confirman algunas fuentes de Avalmadrid: "Todas las operaciones sensibles o marcadas con alguna señal venían directamente de la Consejería, o a través de la Consejería, o a través de algún contacto del PP", dice un extrabajador que prefiere no dar su nombre.
La expresidenta del PP Esperanza Aguirre tenía a sus representantes directos en el ente por cuota, pero también influencia indirecta en otras organizaciones que formaban parte del consejo de administración. Cogiendo como referencia 2011, el año en el que se concede el aval al padre de Díaz Ayuso, queda clara la sombra del aguirrismo en la entidad.
Ese año, el presidente es un antiguo viceconsejero de Aguirre, Juan Manuel Santos Suárez, que actualmente es consejero de la Comisión Nacional de Mercado de Valores a propuesta del gobierno de Rajoy. Además del presidente, el gobierno de Aguirre ha nombrado a otros seis consejeros directamente, de modo que el bloque de la Comunidad de Madrid es el mayoritario en el órgano de decisiones con un total de siete miembros (de 20). Normalmente, los representantes de los contribuyentes madrileños en la sociedad avalista son cargos de la Consejería de Economía o del área económica. En 2011, por ejemplo, hay viceconsejeros de Economía y Hacienda o directores generales.
Organizaciones empresariales
Pero ahí no acaba el poder de influencia de la Comunidad en Avalmadrid. La Cámara de Comercio nombra a cinco consejeros y la patronal madrileña CEIM designa a cuatro. Estas entidades no son ajenas a la influencia e intereses de Aguirre. De hecho, el presidente de CEIM entonces era Arturo Fernández, gran amigo de la presidenta, cercano a su partido e imputado ahora junto a ella en Púnica por presuntas donaciones ilegales al PP a cambio de contratas con la administración madrileña. El propio Arturo Fernández, al igual que Díaz Ferrán, se benefició de su influencia en Avalmadrid y sus negocios recibieron más de 2 millones de euros en avales, de los que 1,3 no se han recuperado. Como el consejero Beteta, también escribió una carta al presidente Santos Suárez, el hombre de Aguirre en Avalmadrid, para que le concediera financiación a Díaz Ferrán.
La relación entre la Comunidad de Madrid de Aguirre y la patronal CEIM va más allá de Avalmadrid. Ambas se embarcan juntas en proyectos de sociedades opacas que se gestionan con dinero público, como Madrid Network (una asociación con recursos públicos de la que cobró también Díaz Ayuso) o la sociedad de riesgo CRM, que daba dinero a empresas a las que a su vez financia Avalmadrid pese al conflicto de interés entre sus consejeros.
Pero esa cercanía entre lo público y la patronal de Arturo Fernández tenía otra pata fundamental: la Cámara de Comercio de Madrid, que participa también en toda esa órbita de sociedades opacas y elige cinco consejeros en Avalmadrid. A su vez, la Comunidad elige diez miembros del consejo de la Cámara y la financia (el año pasado con casi dos millones de euros). La Cámara de Comercio es entonces, junto a CEIM, otra de las entidades de cabecera del gobierno aguirrista. Los intereses de los consejeros que representan a estas dos organizaciones empresariales en Avalmadrid están alineados en 2011 con los de Esperanza Aguirre.
El último bloque de consejeros de Avalmadrid está nombrado por Caja Madrid (hoy Bankia, rescatada con dinero público), que nombra vicepresidente y tres consejeros. Aunque se trata de perfiles técnicos, la influencia de la expresidenta Aguirre en esa entidad bancaria es notoria: dos años antes se ha desatado una guerra feroz entre ella y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, por el control de la caja. La pelea acaba a favor de Aguirre, que mantiene el control político de una caja politizada que se empezó a desmantelar ese mismo año 2011 y de la que saltaron numerosos escándalos de gestión como el de las tarjetas black.
Con el dinero público invertido en Avalmadrid se conceden miles de avales a pymes cada año (en 2018 fueron 6.840) pero según las auditorías internas y el Banco de España también se hicieron operaciones sin control millonarias y de alto riesgo (se han investigado las de mayor importe, 167) en las que había conflicto de interés con empresarios cercanos a Aguirre y consejeros o familiares de estos. Estas operaciones con "incidencias", como dice la auditoría, acabaron mal: el 45% del dinero financiado no ha sido devuelto.
La comisión de investigación sobre Avalmadrid que ha impulsado la oposición en la Asamblea tratará de esta gestión y sacará a relucir el aval al padre de Ayuso, contra los deseos del PP, que ha mostrado su incomodidad con la iniciativa parlamentaria. De hecho, el partido de Díaz Ayuso pidió un informe jurídico a la cámara para intentar frenarla ante las "dudas razonables del encaje jurídico" sobre la competencia de la Comunidad, aduciendo de nuevo que no es un organismo público. Los letrados de la Asamblea han dictaminado que esa comisión de investigación se puede celebrar.
https://www.eldiario.es/madrid/Aguirre-controlaba-parte-Consejo-Avalmadrid_0_941056246.html
LA FISCALÍA TAMBIÉN ACUSA A LA EXCONSEJERA DE BFA, MERCEDES ROJO, A LA QUE DIO POR FALLECIDA
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado en la Audiencia Nacional un escrito de aclaración a sus conclusiones definitivas sobre el juicio por la salida a bolsa de Bankia, en el que ahora también acusa a la exconsejera de BFA Mercedes Rojo, a la que había dado por fallecida.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Anticorrupción ha solventado así el error que figuraba en el documento conocido ayer, con lo que incluye a Rojo en el elenco definitivo de acusados por su papel de vocal en el comité de auditoría de la matriz de Bankia.
De este modo, el número de acusados por el Ministerio Fiscal se eleva a quince, cinco por estafa a inversores y falsedad contable, y otros diez únicamente por falsedad contable.
En la última sesión del juicio, la fiscal Carmen Launa cumplió con su advertencia del pasado noviembre y defendió el carácter fraudulento de la salida a bolsa de Bankia, cuyos antiguos gestores, liderados por Rodrigo Rato, falsearon, en su opinión, las cuentas para ofrecer una imagen irreal de solvencia.
Al introducir el delito continuado de falsedad contable, Launa amplió su acusación a los miembros de los comités de auditoría tanto de BFA como de Bankia, entre ellos el exministro del Interior Ángel Acebes, en calidad de presidente del órgano en la matriz, y los vocales Pedro Bedía, Remigio Pellicer y José Rafael García-Fuster.
En esta lista no se incluyó a Mercedes Rojo al considerar que estaba "fallecida", un error ya subsanado y que explica que ahora sí se formulen cargos.
Para Acebes, el Ministerio Público solicita año y medio de prisión, ya que, pese a encontrarse al frente del comité, no advirtió en 2012 de los ajustes aún pendientes de registrar de los que había alertado previamente el auditor externo.
Por su parte, los otros cuatro exconsejeros, al igual que sucede con su homóloga en Bankia, Araceli Mora, hacen frente a una petición de un año de cárcel sustituible por multa.
En su declaración como acusada el pasado 27 de febrero, Rojo afirmó que no tuvo "ningún dato" para pensar que las cuentas de BFA-Bankia no mostraban la imagen fiel "porque ni el auditor manifestó salvedades" ni nadie más las cuestionó.
El nuevo escrito de la Fiscalía -en el que se solicitaba además la absolución para Francisco Pons, fallecido en enero de 2018- aumenta su petición de condena para Rato hasta los ocho años y medio de prisión por presunta falsedad contable y estafa a inversores.
También para el ex consejero ejecutivo del banco José Manuel Fernández Norniella (seis años de cárcel) y el exvicepresidente José Luis Olivas (cinco años), en tanto que la rebaja para el ex número dos de la entidad Francisco Verdú hasta los nueve meses de prisión.
Asimismo, se dirige contra otras cinco personas, incluido el socio auditor de Deloitte Francisco Celma y el actual interventor de Bankia, Sergio Durá, que se enfrentan a hasta dos años de cárcel.
https://www.expansion.com/empresas/banca/2019/07/23/5d373366468aeb7f178b4593.htmlEl documento interno, al que ha tenido acceso eldiario.es, detecta irregularidades en el procedimiento: se saltó la normativa interna de plazos y no se tuvo en cuenta la desaparición de los bienes que los avalistas aportaron como garantías
El informe, encargado una vez estalló la polémica, revela demoras que permitieron que los receptores del aval se deshicieran de su patrimonio para evitar el embargo. La empresa no hizo un "análisis profundo" de esta situación hasta junio de 2019
La auditoría vuelca las responsabilidades sobre una empresa de recobro a la que Avalmadrid subcontrató la "judicialización" para recuperar los 400.000 euros
Avalmadrid actúo de manera "deficiente" para recuperar los 400.000 euros que prestó en 2011 a la empresa del padre de Isabel Díaz Ayuso. A día de hoy, ocho años después, ese dinero no se ha logrado recobrar. Así queda recogido en un reciente informe de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos de la propia compañía, incluido en la denuncia que Más Madrid ha presentado este miércoles en la Fiscalía. El documento está fechado el 30 de julio de 2019 y se encargó después de que estallase la polémica en torno al crédito fallido y los movimientos de Ayuso para poner a su nombre propiedades de su familia que podrían ser reclamadas como garantías por el impago.
La auditoría es rotunda: "Se concluye que las actuaciones en materia de recuperación desarrolladas tanto por Avalmadrid como por Cobralia S.I.R, S.L en relación al expediente de Mc Infortécnica han adolecido de deficiencias". El mismo documento desvela que "no consta documentación" que acredite el "seguimiento del expediente" en el sistema propio de Avalmadrid, llamado (G3), aunque "se conservan" algunos correos electrónicos "cruzados" y actas de reuniones.
El listado de conclusiones del informe interno, al que ha accedido eldiario.es, es demoledor y pone en evidencia que los retrasos a la hora de proceder contra los avalistas y sus bienes permitieron que estos se desprendieran de una parte de su patrimonio para ponerlo a salvo del embargo ante los impagos de Mc Infortécnica S.L, la empresa participada por la familia de la actual presidenta.
Avalmadrid dio los primeros pasos para actuar por el impago siete meses después de lo establecido por su normativa interna. La empresa semipública dejó la "judicialización" del caso en manos de un tercero, Cobralia S.A, dedicada a la reclamación de deudas que –según el informe interno– solo presentó una demanda para ejecutar la nave ilegal que se puso como garantía pero evitó actuar contra el resto del patrimonio de los avalistas.
Cobralia S.A., la compañía de recobro que gestionaba hasta hace unos meses las deudas de Avalmadrid, recibió el expediente de Mc Infortécnica el 26 de noviembre de 2012 cuando el préstamo se había cancelado el 30 de abril. Los protocolos de actuación no se respetaron en este caso: Avalmadrid debía haber remitido la documentación a Cobralia 15 días después pero en siete meses no hizo nada, como adelantó infoLibre.
En el documento, Avalmadrid asegura que "hasta enero de 2015 no se tiene conocimiento de que únicamente se había interpuesto procedimiento de ejecución hipotecaria". Habían pasado casi tres años desde que la empresa de avales tuvo que pagar de sus arcas 106.000 euros al banco que dio el crédito, Caja España.
Avalmadrid, además, cometió más errores. No entregó al despacho que se encargaría de recuperar el dinero toda la documentación que necesitaba para interponer los dos procedimientos: uno para ejecutar la nave y otro para cobrar el resto del préstamo a través del patrimonio de los ocho avalistas solidarios. Una circunstancia que, según el informe, tampoco fue advertida por la compañía de recobro.
La desaparición de los bienes de los avalistas
La desaparición de propiedades de los avalistas para evitar los embargos también se pone de manifiesto en el informe, que advierte que Avalmadrid no lo tuvo en cuenta pese a que el número de bienes que acumulaban ya se había reducido cuando se redactó la primera propuesta del Comité de Morosidad en abril de 2012. El informe desvela que la empresa semipública participada por la Comunidad de Madrid no hizo un "análisis" de esta situación hasta "junio de 2019". Siete años y medio después de que comenzaran los impagos.
Entonces, los padres de Isabel Díaz Ayuso ya habían donado un piso en Chamberí a la actual presidenta. La operación se cerró en octubre de 2011, un momento en el que Díaz Ayuso ya conocía que la empresa de su padre pasaba por apuros económicos y además ya había mediado con Avalmadrid, como ella misma reconoció, en la víspera de recoger su escaño de diputada en la Asamblea de Madrid.
El informe subraya que el Comité de Morosidad de Avalmadrid eludió que "la situación de titularidad del inmueble es distinta a la de la fecha en la que se concedió la hipoteca". El hermano de Díaz Ayuso también recibió la donación de una nave en Sotillo de La Adrada (Ávila) y tampoco se incluyó "ninguna mención relativa a esta finca".
"Algunos de los bienes tomados en consideración para la concesión de la operación a favor de MC Infortécnica ya no se encuentran en el patrimonio de los avalistas", señala el documento, que alerta sobre la ausencia de un "análisis profundo de la situación hasta junio de 2019".
Otros avalistas también se desprendieron de los bienes que, de no haberse producido una demora en la recuperación del crédito, les habrían sido embargados: Juan Carlos Herrero Casasola y Victoria Fernández Moyano vendieron una finca en A Coruña en agosto de 2016 y Juan Manuel Pitarch y María Carmen Angulo López-Cancio traspasaron a dos de sus hijos y otro familiar otra casa en Asturias. A todos ellos los retrasos les salvaron de la pérdida de patrimonio.
Más Madrid denuncia en su escrito ante la Fiscalía, en el que advierte de indicios sobre cuatro tipos delictivos, "un posible delito de alzamiento de bienes puesto que existen indicios de que existe una clara voluntad de perjuicio al deudor". También alude a un presunto "plan orquestado" para que los avalistas fueran transmitiendo sus bienes a terceros "con el más que probable objetivo de generar una situación de insolvencia que evitase cumplir con sus obligaciones con Avalmadrid y las entidades financieras que aportaron el préstamo". Los otros tres delitos serían cohecho, tráfico de influencias y administración desleal, según desgranó el líder de Más Madrid, Ínigo Errejón.
Deficiencias en el recobro de las deudas
Según el informe interno, la "ejecución dineraria" de los avalistas nunca estuvo sobre la mesa. "Si bien en la nota de entrega de documentación al despacho se hizo constar que era para la interposición de ejecución hipotecaria y ejecución dineraria de los avalistas, Cobralia únicamente presentó demanda de ejecución hipotecaria. No existe documentación justificativa para la adopción de esta decisión procesal", recoge el documento. Avalmadrid conocía que el inmueble puesto como garantía estaba valorado en 213.000 euros, un precio insuficiente para cubrir los 400.000 euros de préstamo a Mc Infortécnica.
El informe hace recaer buena parte de la responsabilidad en Cobralia S.A, aunque también incluye deficiencias solo imputables a Avalmadrid. Por ejemplo, la empresa semipública no dio ninguna respuesta a la compañía de recobro cuando le planteó dos vías de actuación en enero de 2015 contra los morosos. Avalmadrid tampoco facilitó al despacho la documentación necesaria para iniciar los procesos para el cobro del crédito a través de los avales.
Las deficiencias en el recobro de las deudas que relata el informe para el caso de Mc Infortécnica tuvieron consecuencias para la entidad y también para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid. En 2014 ambas partes modificaron al alza un acuerdo firmado para el periodo 2011-2020 para aumentar en dos millones los fondos públicos previstos para afrontar créditos fallidos, según publicó El País.
Otro factor más ha causado lentitud en la recuperación del préstamo. Los herederos de Leocadio Díaz, Isabel Díaz Ayuso y su hermano, estaban en "ignorado paradero" y dificultó que se le notificaran los trámites para finalizar la adjudicación de la nave que la familia eligió como garantía. "Está pendiente la inscripción del testimonio de adjudicación, ya que habían de transcurrir 16 meses desde el edicto de notificación del Decreto de adjudicación, fijado el 13 de abril de 2018, al estar los herederos en ignorado paradero", dice el documento interno.
El documento también subraya que "ninguno de los gestores jurídicos que intervinieron en la fase inicial" de este crédito "trabajan actualmente en Avalmadrid ni en Cobralia S.I.R, S.L". Aunque sí hay altos cargos que se mantienen en los mismos puestos, como el director de Finanzas, Fernando de la Fuente, que conserva el puesto desde el año 2009 o el director de Riesgos, Juan Chorro García, según infoLibre.
Este medio se ha puesto en contacto con Avalmadrid y el equipo de Isabel Díaz Ayuso sin obtener respuesta. Aunque el Gobierno ha dado una contundente respuesta, a través del consejero de Justicia e Interior, a la denuncia de Más Madrid. Para el Ejecutivo, los hechos delictivos y las responsabilidades denunciados son "absolutamente caprichosos". "Me produce preocupación que se banalice y se trivialice el uso de la acción penal (...) en temas que tienen otros ámbitos para ser estudiados y resueltos", declaró Enrique López.
https://www.eldiario.es/madrid/Avalmadrid-deficiente-recuperar-Diaz-Ayuso_0_941056449.html
LA MESA DE LA ASAMBLEA DA EL PRIMER PASO PARA INVESTIGAR LAS IRREGULARIDADES DE AVALMADRID
Admite a trámite la comisión de investigación a expensas de que el PP se oponga y se deje en manos del Pleno de la Cámara autonómica su debate
El PP ha propuesto que se elaborase un informe jurídico, algo que ha apoyado Ciudadanos, pero la petición ha decaído al mostrar su oposición PSOE y Vox y faltar un miembro de los conservadores
La Mesa de la Asamblea ha admitido a trámite que se cree la comisión de investigación sobre las posibles irregularidades en Avalmadrid, registrada por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, aunque PP tiene la posibilidad de oponerse y dejar en manos del Pleno de la Cámara autonómica su debate, votación y aprobación, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.
Durante la reunión de la Mesa, el PP ha propuesto que se elaborase un informe jurídico, algo que ha apoyado Ciudadanos, pero al faltar un miembro del PP, María Eugenia Carballedo, la petición ha decaído al mostrar su oposición al mismo PSOE y Vox. "Después del informe de los letrados que permite preguntas sobre Avalmadrid, creemos que otro informe jurídico no es más que una repetición, y una huida hacia adelante por parte del PP", ha explicado la portavoz adjunta socialista Pilar Sánchez Acera. Así, se ha admitido el primer trámite parlamentario para la creación de la comisión.
Ahora se ordena su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. Como se recoge en el Reglamento, dentro de los siete días siguientes a la publicación cualquier grupo parlamentario podrá oponerse a la propuesta de creación.
El PP, que previsiblemente se posicionará en contra, hará que la propuesta pase a pleno donde, tras debatirse, se votará. Solo hace falta que esté respaldada por la mayoría simple de la Cámara regional. Fuentes de Vox han señalado que han preferido que la comisión siga adelante porque tienen un informe propio "que avala la competencia de la Asamblea para investigar irregularidades en Avalmadrid".
"Insistimos en que no permitiremos que la comisión se convierta en una caza de brujas personal, sino una investigación sobre el funcionamiento de un ente público. Queremos saber si, por malas prácticas y amiguismos, ha habido españoles con proyectos viables que se han quedado sin aval de una empresa que podría prestar un servicio social muy importante", han sostenido.
Los tres grupos de la izquierda registraron en el Parlamento madrileño la petición de creación de esta comisión sobre las operaciones realizadas por la entidad entre 2007 y 2018. En concreto, y aunque no lo recogen en la petición registrada, ponen el foco en el crédito que el padre de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, recibió de la misma y, de hecho, no descartan llamarla a comparecer.
EL VOTO DE VOX ES CLAVE Y FUERZA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE AVALMADRID
El PP quería que los letrados de la Asamblea se pronunciaran antes, una petición que apoyaba Ciudadanos, pero al final el voto del único miembro de Vox ha tumbado la propuesta popular
La Mesa de la Asamblea (el órgano de gobierno del Parlamento madrileño) ha aprobado este lunes calificar como positiva la petición que hicieron PSOE, Más Madrid y Podemos de crear una comisión de investigación sobre Avalmadrid, la polémica empresa semipública que concede financiación a pymes y emprendedores. Y lo ha hecho por un estrecho margen, ya que un empate ha provocado que decayera la propuesta del PP, que quería solicitar un informe a los letrados de la Cámara para que determinaran si la comisión era pertinente y competencia del Parlamento autonómico. El objetivo, posponer (unos días) una decisión que parece inevitable.
Así, con la composición actual de la Mesa, el único voto de Vox ha sido clave. La Mesa está formada por siete miembros: dos de Ciudadanos (que la preside), dos del PP, dos del PSOE y uno de Vox (que obtuvo su puesto gracias al apoyo de PP y naranjas y que dejó sin plaza a Más Madrid). Pero actualmente hay solo seis miembros, ya que la popular Eugenia Carballedo tuvo que dimitir tras ser nombrada consejera de Presidencia y pasar al Gobierno. Su plaza no puede ser reemplazada hasta que no se convoque un nuevo pleno, y el siguiente será a principios de octubre.
Con este panorama, había solo seis votos presentes. El PP propuso un informe de los letrados. Los populares siguen manteniendo la posición de que la Asamblea no puede investigar a una sociedad como Avalmadrid, de la que la comunidad solo tiene el 31% de las acciones. Sin embargo, los servicios jurídicos del Parlamento crearon un precedente la semana pasada y señalaron en un informe que el carácter semipúblico de Avalmadrid no limita el derecho de los diputados a fiscalizar la gestión de esta entidad, que ha recibido más de 15 millones de euros de dinero público en la última década, y cuyo presidente y varios consejeros son nombrados por la comunidad. Varios diputados han realizado diversas peticiones de información sobre Avalmadrid.
A pesar de ello, el PP ha solicitado un nuevo informe. No sobre peticiones de información, sino sobre la viabilidad de la comisión. Una petición que ha sido apoyada por los dos miembros de Ciudadanos, que han echado así una mano a su socio de Gobierno tras la polvareda política que supuso que Ciudadanos anunciara la semana pasada la creación de la comisión. La petición de informe ha contado con tres votos a favor: dos de Cs y uno del PP. Y con tres en contra: dos del PSOE y uno de Vox. Al haber empate, la iniciativa popular ha decaído y ha salido adelante la opción de dar trámite a la comisión. Lo que no ha hecho Ciudadanos es apoyar otra propuesta del PP, que quería esperar hasta octubre para reemplazar a su miembro en la Mesa y votar entonces la petición del informe jurídico.
Vox argumenta que ha votado a favor de que la comisión de investigación siga adelante "porque tenemos un informe propio que avala la competencia de la Asamblea para investigar irregularidades en Avalmadrid. Insistimos en que no permitiremos que la comisión se convierta en una caza de brujas personal, sino en una investigación sobre el funcionamiento de un ente público. Queremos saber si, por malas prácticas y amiguismos, ha habido españoles con proyectos viables que se han quedado sin aval de una empresa que podría prestar un servicio social muy importante", señalan desde el partido de Rocío Monasterio.
El siguiente trámite se dirime ahora en la Junta de Portavoces este martes, que previsiblemente dará el visto bueno a la comisión, que luego deberá volver a la Mesa para empezar a fijar plazos y comparecientes. La Mesa ordenará entonces su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. Los grupos parlamentarios tienen luego un plazo de siete días para manifestar su oposición a la constitución de la comisión desde su publicación en el boletín oficial. Si el PP decide optar por esta vía, la decisión de aprobar o no la comisión de investigación tendría que ir al pleno, donde solo sería necesaria una mayoría simple. Ciudadanos y Vox han defendido públicamente que apoyarán la comisión siempre y cuando no se trate de una "caza personal" contra la presidenta Ayuso.El director financiero, Fernando de la Fuente, es quien de verdad ejerce el poder ejecutivo dentro de la empresa semipública
El responsable de Riesgos, Juan Antonio Chorro, ha sido ‘degradado’ a subdirector comercial, pero no despedido, tras ser denunciado a la Fiscalía
El marido de la exjefa de Prensa de Esperanza Aguirre, imputada en el ‘caso Púnica’, ejerce como responsable de Calidad
El expresidente Juan Manuel Santos-Suárez es consejero de la CNMV desde 2014, mientras que al ex director general Fernández- Rubíes, destituido en 2016, el Banco de España le pide 45.000 euros de sanción
El nuevo consejero García de Sola fue jefe de Rosario Rey en Imade y de Isabel Díaz Ayuso en Madrid Network
La sociedad de garantía recíproca Avalmadrid se encuentra descabezada mientras acapara titulares que exponen el trato de favor que han recibido algunas de las empresas que recibieron sus avales, así como las deficiencias de control en la gestión de riesgos.
Su presidenta, Rosario Rey García, cesó en el cargo el pasado 29 de agosto al ser destituida como directora general de Economía una vez tomó posesión el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Economía está ahora en manos de Ciudadanos, que ha expresado ya su apoyo a la comisión de investigación sobre Avalmadrid que los grupos de la izquierda promueven en la Asamblea regional. Y es a través de esa consejería como la Comunidad de Madrid posee el 26% del capital de la sociedad de garantía recíproca, lo que le da derecho a nombrar a su presidente.
El caso es que el consejo de administración ya había destituido en julio al director general de Avalmadrid, Pedro Embid, nombrado apenas 14 meses antes. Según explican a infoLibre fuentes relacionadas con el caso, el consejo prescindió de él porque se negaba a apoyar la demanda que Rosario Rey interpuso ante la Fiscalía de Madrid el pasado mes de abril por las irregularidades cometidas en la concesión de avales a empresas de los expresidentes de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y de CEIM Arturo Fernández, así como otra propiedad del consejero Patricio Rodríguez-Carmona, de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje). Las mismas fuentes atribuyen la oposición de Embid a su amistad con Juan Antonio Chorro García, director de Riesgos y una de las personas a las que la denuncia identifica como responsables de posibles delitos. Pese a que el cese se decidió en julio, en agosto Embid aún continuaba en su puesto, aseguran las mismas fuentes.
Aunque la Fiscalía archivó la demanda presentada por la propia sociedad contra 15 de sus exconsejeros y directivos al considerar prescritos los posibles delitos cometidos, Avalmadrid se encuentra pendiente aún del expediente que le ha abierto el Banco de España. Debería quedar cerrado antes de terminar este año. Sus inspectores piden sanciones para 16 personas, entre consejeros y directivos de la sociedad de garantías. También para la propia Avalmadrid –la más elevada, 100.00 euros– y la Consejería de Economía –50.000 euros–. En total, 667.000 euros por unas negligencias que califica como infracciones graves.
Los consejeros y directivos implicados en la concesión sospechosa de avales o responsables de haber eludido los controles debidos en su seguimiento y en el recobro de los morosos y fallidos pertenecen tanto a la cúpula actual como a equipos anteriores. Las operaciones investigadas por el Banco de España fueron firmadas entre 2008 y 2016.
Ésta es la cúpula actual:
Fernando de la Fuente Gómez. Es el director de Administración y Finanzas. Tiene 46 años y ha desarrollado toda su carrera en Avalmadrid, donde ingresó en 1998 como analista de riesgos. Tras ascender a responsable de control de gestión en 2002, desde 2009 es el responsable financiero. Según las fuentes consultadas por este periódico, De la Fuente es la persona que de verdad ejerce el poder ejecutivo en Avalmadrid. Incluso, aseguran, por encima de los sucesivos directores generales que ha tenido la sociedad.
Juan Antonio Chorro García. Entró en Avalmadrid al mismo tiempo que De la Fuente, de quien es “amigo y colaborador”, apuntan las mismas fuentes a infoLibre. Ha sido director de Riesgos hasta que el consejo de administración le consideró responsable de la concesión negligente de avales al Grupo Cantoblanco –propiedad de Arturo Fernández– y a The Tie Gallery, de la que era administrador único y socio al 33% el consejero de Avalmadrid Patricio Rodríguez-Carmona. Desde ese momento ha sido degradado a subdirector comercial, pero no despedido.
Pedro Rodríguez Martín. Responsable de Calidad, Líneas Bonificadas y Gestión de Bienes Adjudicados, es el marido de Isabel Gallego, exjefa de prensa de Esperanza Aguirre e imputada en la operación Púnica. Además, como publicó este periódico, Avalmadrid vendió en 2013 al padre de Gallego, y suegro de Pedro Rodríguez, un estudio en el céntrico barrio madrileño de Chueca que había embargado, y lo hizo por sólo 30.000 euros, un 63% por debajo del precio de mercado. Avalmadrid perdió con la operación 57.000 euros. Rodríguez Martín entró en 2006 como administrativo en Avalmadrid, donde desde julio de 2017 ejerce, además, como presidente del comité de empresa. Fue elegido en las listas del sindicato CSIT, que cuenta con tres de los cinco miembros del comité. Los otros dos pertenecen a CCOO.
Mar Escudero Madariaga. Directora de la Asesoría Jurídica Institucional, ejerce como mano derecha de Rosario Rey. Es hija de María del Carmen de Madariaga Alonso, secretaria del Departamento de Asuntos Económicos de CEIM (Confederación Empresarial de Madrid), socio protector de Avalmadrid.
Ana Suárez Rotellar. Adjunta a la dirección comercial y responsable de Comunicación. Es sobrina de José María Rotellar, expresidente de Avalmadrid entre octubre de 2014 y abril de 2015. Encabezó la sociedad de garantías en virtud de su cargo como viceconsejero de Hacienda del Gobierno de Esperanza Aguirre, al que se incorporó como director general de Estadística. El Banco de España pide para él una sanción de 18.000 euros, mientras que en su denuncia a la Fiscalía, la propia Avalmadrid le consideró responsable de la concesión irregular de un aval a Casbar, empresa de la que era socio José Miguel Guerrero Sedano, al mismo tiempo consejero de la sociedad de garantía madrileña.
El directivo de más reciente incorporación es Rodolfo Felipe Gómez, quien ocupa desde septiembre de 2018 un cargo de nueva creación: director de Control de Riesgos y Cumplimiento. Felipe Gómez procede del Banco Santander, donde trabajó durante 13 años como responsable de control de riesgos.
Además, en la demanda de la Fiscalía y el expediente del Banco de España aparecen estos nombres:
Juan Manuel Santos-Suárez Márquez. Consejero y presidente de Avalmadrid entre 2008 y 2014, cuando se cometieron la mayor parte de las irregularidades denunciadas, incluida la concesión y no recobro del aval a la empresa de la que eran socios los padres de Isabel Abel Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Antes había sido viceconsejero de Hacienda del segundo Gobierno de Esperanza Aguirre y viceconsejero de Modernización y Calidad de los Servicios del primero. Cuando abandonó Avalmadrid pasó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde permanece aún como consejero.
De hecho, es su consejero más antiguo. La demanda ante la Fiscalía le hacía responsable de las irregularidades cometidas en las cinco operaciones sospechosas denunciadas.
Aurelio García de Sola y Arriaga. Fue consejero de Avalmadrid en su calidad de director general de Imade (Instituto Madrileño de Desarrollo) entre 2005 y 2010. Acaba de ser imputado por el juez Manuel García Castellón en el caso Púnica: el Imade fue una de las instituciones utilizadas por Esperanza Aguirre para recaudar dinero destinado a las campañas electorales del PP, asegura el magistrado. Además, el informe enviado a la Fiscalía considera responsable a García de Sola del aval concedido a Rural Tours y Trapsa, las empresas de Díaz Ferrán denunciadas. Tras dejar el Imade, se convirtió en presidente de Madrid Network, otra entidad bajo sospecha de dar avales a personas vinculadas al PP y en la que trabajó Isabel Díaz Ayuso. Con García de Sola también trabajó, pero en Imade, la última presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey. Allí permaneció durante 10 años, como directora de Infraestructuras y directora de Innovación Territorial.
Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo. Director general de Avalmadrid de 2004 a 2016, el Banco de España pide para él una sanción de 45.000 euros. Mucho antes, en 1992, Fernández-Rubíes fue nombrado director general de Cesgar, la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca. No hacía ni cuatro años que había terminado la carrera de Derecho y para entonces sólo había trabajado como abogado dos años en un despacho y otro más como consultor en una empresa, según el currículo que él mismo ha colgado en la red Linkedin. Pero permaneció como director general de la patronal de las sociedades de garantías durante siete años, hasta 1999. Avalmadrid le implica en las irregularidades cometidas en las cinco operaciones que denunció a la Fiscalía. Fue destituido por Rosario Rey en abril de 2016. Desde entonces figura en el comité de dirección de IDCars, una empresa que vende soluciones tecnológicas al sector del automóvil.
El informe enviado a la Fiscalía también señala a otros directivos de la época en que Santos-Suárez ejerció la presidencia de Avalmadrid. José Alejandro Gómez Vivas fue director de Operaciones desde 2009. Borja Cubillo Santamaría, director comercial desde 2008. E Isabel Parga Raventós, jefa de Seguimiento de Riesgos desde 2009."Le preocupaba que el poco patrimonio que tenía, lo heredáramos", dice sobre su progenitor
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido este lunes que se interesó por el aval de 400.000 euros que concedió Avalmadrid en 2011 a una empresa participada al 25% por su padre, y que nunca se devolvió. Como adelantó EL PAÍS, la política popular mantuvo un intercambio de correos con directivos de la entidad semipública. En paralelo, se convirtió en diputada autonómica. Finalmente, antes de que se produjera el primer impago de ese crédito, Díaz Ayuso aceptó la donación de la vivienda familiar, que así quedó fuera del alcance de posibles acreedores.
"Pidieron un crédito, y la empresa después se arruinó. La casa de la que tanto hablan es la casa en la que se crio mi madre, la casa en la que me he criado yo con mi hermano... no sé qué pretenden que hagamos mi madre y yo ¿nos podemos ir debajo de un puente?", ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid durante una entrevista en Telecinco. "Yo pregunté con qué persona podía hablar para que se le solicitara un crédito a esa empresa, pero yo no he mediado, no he presionado, yo no era nadie. No ha habido ningún trato de favor", ha seguido. "No tenía ningún tipo de poder político", ha recalcado, pese a que contactó con Avalmadrid gracias a la intermediación de un alto cargo de la Comunidad. "Pregunté, simplemente, con qué persona podía hablar para que, a su vez, si se daban las garantías, esa compañía pudiera ser, o no, avalada", ha añadido. Y ha reconocido: "Mi padre ya estaba de baja médica, sabía que estaba enfermo, que no iba a durar mucho, y le preocupaba que el poco patrimonio que tenía, lo heredáramos".
Díaz Ayuso ha rechazado repetidamente las peticiones de información planteadas por EL PAÍS sobre el polémico aval. Además de la vivienda familiar, la presidenta de la Comunidad de Madrid habría aceptado la donación de un porcentaje de las participaciones de la sociedad paterna, según adelantó Infolibre. Esa donación se habría producido después de los primeros impagos del crédito de 400.000 euros avalado por AvalMadrid.
La operación había despertado dudas incluso dentro de Avalmadrid. Así, el ente semipúblico dio el visto bueno a que MC Infortécnica recibiera un aval de 400.000 euros con la contraprestación principal de una nave del padre de Díaz Ayuso escriturada por 26.000 y tasada en 213.000.
"El inmueble no cumple la actual normativa urbanística", advertían los tasadores tras visitar la nave, situada en un polígono industrial de Sotillo de la Adrada (Ávila). "Existe la posibilidad de que parte del inmueble sea derribado sin que el propietario pueda reclamar indemnización alguna".
El PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos Madrid en Pie han pedido repetidamente explicaciones a la presidenta, que considera la polémica como un asunto personal con el que se está intentando separarle de sus socios políticos (Ciudadanos y Vox). Ante la falta de respuesta, los socialistas buscan apoyos para impulsar una comisión de investigación sobre Avalmadrid, como adelantó este diario.
https://elpais.com/ccaa/2019/08/26/madrid/1566812831_826515.html
AYUSO HABLA POR PRIMERA VEZ SOBRE SUS ESCÁNDALOS: "NO HA HABIDO NINGÚN TRATO DE FAVOR DE AVALMADRID"
La presidenta madrileña asegura que ella "simplemente" preguntó "con qué persona se podría hablar" para que Avalmadrid pudiera avalar un préstamo a la empresa de sus padres "si se daban las garantías"
Respecto al impago del IBI durante cinco años afirma: "Esa empresa que yo heredé estaba muerta. No creo que mis padres estuvieran pendientes de si el IBI se estaba pagando por su parte o por parte del nuevo propietario"
"A mi padre le preocupaba que el poco patrimonio que él tenía, lo heredáramos", confiesa en una entrevista en Tele 5
Casi dos semanas después de su investidura, la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado las primeras explicaciones sobre su relación con Avalmadrid. Este lunes, en una entrevista en 'El programa del verano' de Tele 5, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que en el caso que la afecta no hubo “ningún trato de favor” por parte de la entidad semipública, dedicada a la financiación de las pymes madrileñas y cuyos principales accionistas son la propia Comunidad de Madrid y Bankia –con algo más del 30% del capital cada uno–. A lo largo de la conversación, la presidenta madrileña también ha intentado justificar las dos donaciones recibidas de sus progenitores señalando que a su padre “le preocupaba que el poco patrimonio que él tenía, lo heredáramos”. Y respecto al impago del IBI al Ayuntamiento de Madrid durante cinco años por parte de una sociedad de la que es propietaria junto a su hermano afirmó: “Esa empresa que yo heredé ya venía con pérdidas, estaba muerta y encima fue subastada. No creo que mis padres estuvieran pendientes de si el IBI se estaba pagando por su parte o por parte del nuevo propietario”.
A cuestiones de la periodista Ana Terradillos, Díaz Ayuso ha arrancado sus explicaciones sobre Avalmadrid señalando que “nunca” ha tenido “relación laboral” con sus progenitores y apuntando que en todos los años que ha estado relacionada con la política “jamás” ha ayudado “ni a un primo, ni a un amigo” ni ha aprovechado su “cercanía” con las instituciones “para que su vida fuera mejor”. “Se ha llegado a unos límites que es innecesario y jamás yo lo haría con mis adversarios políticos”, ha aseverado la presidenta madrileña, quien ha insistido en que a ella no le importa “la vida de las familias, ni de los padres, ni de los hermanos de nadie”. En este sentido, ha recalcado que a los políticos “hay que juzgarles por lo que hacen al frente de sus responsabilidades”. “Por si yo soy una persona honrada, por si cumplo con el programa electoral y por el patrimonio que luego tendré cuando me vaya de la política, que probablemente sea el mismo que el de hoy, que es muy escasito”, ha apuntado la líder del Ejecutivo regional.
Al ser preguntada por si había dado todas las explicaciones oportunas en relación con el denominado caso Ayuso, destapado por infoLibre, la presidenta madrileña ha tocado muy por encima tanto la cuestión del crédito de 400.000 euros que Avalmadrid concedió en 2011 a MC Infortécnica –empresa participada por sus padres– como las dos donaciones de inmuebles que Díaz Ayuso aceptó de sus progenitores a pesar de que el objetivo principal de las operaciones era evitar el embargo por parte de los acreedores. “Lo que es cierto es que mi familia tenía el 25% de una empresa, pidieron un crédito y la empresa después se arruinó. Y la casa de la que tanto hablan es la casa donde se crio mi madre, es la casa donde me he criado yo con mi hermano, es que es mi casa, es mi vivienda, la de siempre… Yo no sé qué pretenden que hagamos mi madre y yo, nos podemos ir debajo de un puente, pero yo entiendo que no es eso”, ha señalado.
Trato de favor de Avalmadrid
La presidenta madrileña también fue cuestionada por la intermediación de una viceconsejera del Gobierno de Esperanza Aguirre ante Avalmadrid. En julio de 2011, la que fuera número dos de Economía del Ejecutivo madrileño y consejera de la entidad semipública, Eva Piera Rojo, se puso en contacto con un directivo de Avalmadrid para que atendiese a una Díaz Ayuso preocupada por el préstamo concedido a la empresa participada por sus padres. “Mil gracias otra vez por anticipado. El teléfono de Isabel Díaz Ayuso es el 650 XXX XXX. Abzs. Eva”, fue el contenido íntegro del correo electrónico enviado por Piera a su subordinado en la entidad. Veinticuatro horas después de ese contacto, la presidenta madrileña escribió un mail a ese mismo directivo facilitándole los datos identificativos de sus padres y de varias empresas del Grupo MC. Un día después, ese empleado de Avalmadrid reenvió el mensaje a un tercero para solicitar la información reclamada por Díaz Ayuso. Y lo hizo escribiendo en el asunto “RV: Datos MC Infortécnica (Presidencia de la Comunidad de Madrid)”.
“Yo pregunté en ese momento con qué persona podía hablar para que se solicitara un crédito a esa empresa”, ha explicado al respecto la presidenta del Gobierno regional, quien ha destacado que ella ni medió ni presionó. Ayuso ha querido dejar claro que ella “nunca” ha tenido “poder” para “mediar en nada de esto” y que “nunca” lo ha hecho porque no le parece bien. “Es que no ha habido ningún trato de favor”, ha recalcado cuando ha sido repreguntada por la periodista, insistiendo en que lo único que hizo fue preguntar “simplemente con qué persona se podría hablar para que, a su vez, si se daban las garantías esa empresa podía ser o no avalada”. “Yo no creo que tenga que estar dando siempre explicaciones sobre una empresa de mis padres, donde yo ni siquiera he trabajado, que ya cerró, que fue hace tanto tiempo, y que ahora se ha sacado de manera intencionada. Por cierto, rompiendo la custodia de los datos privados de unos empresarios”, ha sentenciado.
El impago del IBI
Otro de los temas que se ha puesto sobre la mesa durante la entrevista es el polémico impago durante cinco años del IBI al Ayuntamiento de Madrid. El inmueble que originó la deuda es un local de oficinas de 180 metros cuadrados situado en la calle Antonio López de Madrid. Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás fueron dueños –cada uno tenía el 50% a través de la sociedad Sismédica SL– del inmueble entre el 16 de abril de 2012 y el 18 de octubre de 2017, periodo en el que se generó la deuda. Ambos hermanos se hicieron con la propiedad después de que su padre les donase a cada uno el 50% de las participaciones de Sismédica SL, una de las dos operaciones sospechosas de un delito de alzamiento de bienes. De acuerdo con el precio de los recibos del IBI de la zona y los metros cuadrados del inmueble, y teniendo en cuenta que los impagos más antiguos llevan años acumulando intereses, fuentes tributarias consultadas por este periódico calculan que la deuda acumulada por Sismédica SL podría ser superior a los 3.500 euros.
“Si un funcionario del Ayuntamiento teclea el nombre de su empresa, ¿sale usted como morosa?”, le ha preguntado la periodista. “No, porque esa empresa la heredé”, ha respondido Díaz Ayuso, que ha dejado claro que Sismédica SL “es una empresa” que heredó “muerta”, que estaba “subastada” y que “ya forma parte de otras personas”. “Pero usted tiene el 50% de esa empresa. Y el titular paga el IBI, que esté inactiva no le deja exenta”, ha insistido la entrevistadora. Pero la presidenta madrileña no se ha movido un ápice. De nuevo, ha insistido en que la sociedad se la dio su padre cuando ya estaba de baja médica porque “le preocupaba que el poco patrimonio que él tenía, lo heredáramos”. “Como muchas veces pasa es ese tipo de inmuebles, cuando va a ser subastada, en el tiempo que pasa entre un propietario y el siguiente, muchas veces, yo creo que vamos, mis padres en ese momento no creo que estuvieran pendientes de si el IBI se estaba pagando por su parte o por parte del nuevo propietario”, ha sentenciado.El 13 de julio de 2011, Eva Piera Rojo pidió a un directivo de Avalmadrid que atendiese a Díaz Ayuso, que quería obtener información sobre un préstamo a una empresa de su familia
Piera no era sólo un alto cargo del Gobierno del PP, sino que tambíén era entonces miembro del consejo de administración de la propia Avalmadrid, puesto que desempeñó hasta el 21 de febrero de 2013
infoLibre ha trasladado a Piera una serie de preguntas sobre su mediación en favor de Ayuso, pero ha preferido no responder a ninguna
La viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre que medió en favor de la actual presidenta madrileña ante Avalmadrid también era en aquel momento miembro del consejo de administración de la entidad semipública, dedicada a la financiación de las pymes madrileñas y cuyos principales accionistas son la propia Comunidad de Madrid y Bankia –con algo más del 30% del capital cada uno–. Según la documentación que obra en poder de infoLibre, Eva Piera Rojo desempeñó su labor como consejera de Avalmadrid entre el 11 de septiembre de 2008 y el 21 de febrero de 2013. Por tanto, formaba parte del órgano de gobierno de la entidad en el momento en el que se puso en contacto con uno de sus directivos para facilitarle el teléfono de Isabel Díaz Ayuso. Un día después, Ayuso envió un email a esa persona pidiéndole determinada información sobre MC Infortécnica, la empresa propiedad en un 25% de sus padres que había recibido pocos meses antes un préstamo de 400.000 euros de Avalmadrid. Un dinero que nunca fue recuperado.
El primer intercambio de correos electrónicos que afecta a Ayuso sobre Avalmadrid se produjo el 13 de julio de 2011. A las 17:12 horas, Piera escribió a un directivo de la entidad el siguiente mensaje: “Mil gracias otra vez por anticipado. El teléfono de Isabel Díaz Ayuso es el 650 XXX XXX. Abzs. Eva”. El contenido íntegro del email demuestra que ambos habían tratado previamente el asunto, aunque por el momento se desconocen los términos exactos en que la entonces vicepresidenta de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre planteó el tema al directivo de la entidad semipública. Este periódico intentó recabar sin éxito la versión sobre estos hechos de Piera, que tras su salida de la política comenzó a trabajar en el sector privado, primero en BBVA y actualmente en Mapfre.
Veinticuatro horas después de ese contacto, Díaz Ayuso escribió desde su cuenta de Gmail a este mismo directivo un correo electrónico facilitándole los datos identificativos de sus padres y de varias empresas del Grupo MC, entre ellas MC Infortécnica. “La relación entre socios es cordial hasta la fecha y lo seguirá siendo con seguridad. Aunque mi familia no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre. Es todo muy difícil”, escribió la presidenta de la Comunidad el 14 de julio de 2011, un día antes de convertirse en diputada del PP en la Asamblea de Madrid. El 15 de julio, a las 11:26, ese directivo reenvió el mensaje a un tercero para solicitar la información reclamada por Ayuso. Y lo hizo escribiendo en el asunto “RV: Datos MC Infortécnica (Presidencia de la Comunidad de Madrid)”, lo que prueba que Avalmadrid trató el caso como si fuera un encargo de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que entonces estaba en manos de Esperanza Aguirre.
“Xxxxxxx me puedes mirar incidencias o Asnef de estas empresas y sobre todo de los particulares. El informa lo he sacado yo. Gracias”, decía el mensaje, que iba acompañado de los nombres de la madre y el padre de Díaz Ayuso –Isabel Ayuso Puente y Leonardo Díaz Álvarez–, sus documentos de identidad y cuatro sociedades que formaban parte del grupo empresarial en el que participaba la familia de la ahora presidenta madrileña. “Asnef” se refiere a la base de datos de morosos que gestiona la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, un fichero que consulta cualquier banco o entidad crediticia antes de conceder un préstamo para valorar la solvencia del solicitante. En cuanto al “informa”, hace referencia a una de las principales bases de datos sobre empresas que existen en la actualidad en España.
Estos correos no fueron los únicos que intercambió Ayuso con el directivo de Avalmadrid. Sin embargo, son los que reflejan los primeros contactos –que se conozcan– de la dirigente conservadora con la entidad semipública y el papel desempeñado en aquellas fechas por parte de la exviceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre. De los mensajes desvelados por este diario se infiere que Eva Piera Rojo fue la que se encargó de mediar en favor de la recién investida presidenta del Ejecutivo madrileño ante Avalmadrid. Y lo hizo a pesar del cargo que por aquél entonces ocupaba en la empresa. Porque Piera no era solo la número dos de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre. También formaba parte del Consejo de Administración de la empresa con capital público-privado.
En concreto, según la información del registro mercantil consultada por este diario, la exviceconsejera de Economía del Ejecutivo madrileño ocupó el cargo de presidenta de Avalmadrid en representación del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) hasta el 11 de septiembre de 2008. Ese día, le sustituyó al frente de Avalmadrid Juan Manuel Santos-Suárez. En aquella reunión, el órgano de gobierno de Avalmadrid acordó también nombrar, a propuesta del Imade, a Piera como consejera de la empresa semipública. Unos meses después, el 29 de junio de 2009, se dio luz verde en la reunión de la Junta General Ordinaria de la sociedad a la reelección de Piera como consejera, un cargo por un plazo de cuatro años que aceptó. La que fuera número dos de Economía de la Comunidad de Madrid permaneció en el puesto hasta el 21 de febrero de 2013, cuando presentó su dimisión con efectos de la citada fecha. Tras eso, dio el salto al sector privado.
El hecho de que Piera formara parte del órgano de gobierno de la entidad en el momento en el que se produjo la mediación a favor de Ayuso es un dato relevante. Principalmente, porque el directivo con el que trató el tema de la recién investida presidenta madrileña y al que le hizo llegar el teléfono de la dirigente conservadora era un subordinado. Piera no ha querido responder a las preguntas planteadas sobre este tema por infoLibre [puedes consultarlas en la Caja Negra al final de esta información]. Tampoco Avalmadrid quiso pronunciarse al respecto.
La trayectoria público-privada de Piera
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Eva Piera Rojo (Madrid, 4 de enero de 1968) arrancó su carrera profesional en el sector privado. Tras culminar en Francia su máster en Economía Internacional, se incorporó en 1993 a Société Générale, tal y como consta en el currículum vitae que figura en la página web de Mapfre, la aseguradora para la que trabaja en la actualidad. En la compañía gala de servicios financieros, Piera ocupó varios cargos de responsabilidad. Empezó como vicepresidenta de Financiaciones Estructuradas y Sindicaciones, Renta Fija-Mercado de Capitales (1993-1999) y posteriormente pasó a desempeñar las funciones de directora de Financiaciones Sindicadas para España y Portugal (1999-2005) y de directora de Financiación de Adquisiciones Estratégicas para España y Portugal (2006), un puesto en el que se mantuvo hasta que dio el salto a la administración madrileña.
Su carrera en el sector público arrancó durante los últimos compases de la primera legislatura de Esperanza Aguirre y se mantuvo durante más de un lustro. Entre 2006 y 2008, Piera ocupó los cargos de directora general de Empleo de la Comunidad de Madrid, directora general de Economía del Ejecutivo conservador y presidenta de Avalmadrid, dedicada a la financiación de pequeñas y medianas empresas de la región. Dos años que le sirvieron de preparación para los nuevos cargos que estaban por llegar. Durante la segunda legislatura de Esperanza Aguirre, y tras su primer intento fallido de entrar en la Asamblea regional –fue en el puesto 74 de la lista del PP–, fue designada como viceconsejera de Economía de la Comunidad, un puesto que compatibilizó con los de presidenta del CITET, presidenta de varios consorcios científico-tecnológicos –TecnoGetafe, Leganés Tecnológico y Móstoles Tecnológico–, miembro del Comité Ejecutivo y Junta Rectora de IFEMA, vicepresidenta del Patronato de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid o consejera de Avalmadrid.
Tras seis años desempeñando cargos de responsabilidad en el Ejecutivo madrileño, Piera dio el salto a la Asamblea en las elecciones autonómicas del año 2011. Lo hizo como número 27 de la lista encabezada por Aguirre, en la que también figuraba el nombre de Isabel Díaz Ayuso en el puesto 74. Ambas se hicieron con un escaño –la actual presidenta madrileña después de la renuncia de varios diputados conservadores–. Tras los comicios, Piera continuó desempeñando sus funciones como viceconsejera de Economía y vocal del órgano de gobierno de Avalmadrid. Y lo hizo hasta pocos meses después de que Aguirre dejara la Presidencia del Ejecutivo regional en manos de Ignacio González. En febrero de 2013, fue fichada por el BBVA de Francisco González como directora global de Relaciones Institucionales y, cuatro años más tarde, en octubre de 2017, empezó a trabajar como directora general de Relaciones Externas de Mapfre.
Pocos meses antes de entrar en plantilla de la aseguradora, Piera saltó de nuevo a los medios de comunicación en el marco de la Operación Púnica. En un informe incorporado a la pieza sobre la supuesta entrada de dinero negro en el PP de Madrid, revelado en mayo de 2017 por El Confidencial, los investigadores reseñaron que el supuesto cabecilla de la Púnica, Francisco Granados, había anotado en septiembre de 2014 en su agenda una relación de compañías que iba acompañada “de nombres que parecen corresponder con altos cargos directivos de las empresas reseñadas”. En dicha lista, desvelada unos meses antes por infoLibre, figuraba “Eva Piera” junto al BBVA, el banco para el que trabajaba en 2014 la exviceconsejera de Economía madrileña. Este diario también trasladó a Piera varias cuestiones planteadas relacionadas con este asunto que tampoco quiso responder.
En el marco de la Púnica, Piera también tuvo que declarar como testigo el pasado 25 de octubre por la supuesta manipulación de adjudicaciones del Ejecutivo madrileño para desviar fondos en 2011 a El Laboratorio de Almagro 36, una de las principales empresas encargadas de realizar la campaña electoral al PP de Madrid en las elecciones autonómicas de 2011.
El trato de favor de Avalmadrid
Para entender la parte del caso Ayuso relacionada con Avalmadrid hay que remontarse al 15 de marzo de 2011. Ese día, la entidad semipública concedió un préstamo de 400.000 euros a la empresa MC Infortécnica SL, propiedad en un 25% de los padres de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. El crédito contaba con una única garantía hipotecaria –una nave industrial en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila), propiedad del padre de Ayuso–y el aval solidario de los ocho accionistas de la sociedad, que obligaba a responder de la devolución del préstamo con todos los bienes presentes y futuros que tengan los avalistas. Esto último es lo que preocupaba principalmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por ello, tres meses después de que se concediera el crédito, Ayuso se puso en contacto gracias a la intermediación de Piera con un directivo de Avalmadrid para saber si sus progenitores podían perder el patrimonio en caso de impago.
Tras este primer contacto con la entidad semipública, llegaron otros al menos hasta septiembre de 2011. Así, el día 14, la entonces diputada del PP en la Asamblea de Madrid envió cuatro emails más a su contacto en Avalmadrid en el que exponía sus sospechas sobre que los socios de sus padres formaban parte de una trama para dejar morir al Grupo MC y montar otras empresas dedicadas a la misma actividad. “Si se pudiera demostrar que han montado empresas para desviar el negocio y dejar morir a la otra”, señalaba Ayuso en uno de esos correos. El mensaje, revelado por este diario, demuestra que en esas fechas la diputada autonómica conservadora sabía ya que MC Infortécnica SL no podría devolver el préstamo que le había concedido Avalmadrid. A pesar de ello, aceptó que sus padres le donasen una vivienda y un local de oficinas en Madrid en dos operaciones sospechosas de un delito de alzamiento de bienes. Durante los cinco años que fue dueña del local de oficinas, Ayuso no pagó el IBI al Ayuntamiento de Madrid.
Estos correos electrónicos no son la única evidencia del trato de favor de Avalmadrid. Tal y como temía Ayuso, MC Infortécnica no realizó el 16 de diciembre de 2011 el primer pago que le correspondía por el préstamo –100.000 euros de principal y 3.292 euros de intereses–. Así que desde Avalmadrid se pusieron en contacto con los administradores de la compañía para ver qué ocurría. La respuesta fue que estaban teniendo problemas para cobrar importantes cantidades que le debía el sector público, pero se negaron incluso a aportar copia de esas supuestas facturas impagadas. La entidad semipública decidió entonces llevar el tema a la reunión que mantuvo su Comité de Morosidad el 2 de abril de 2012. En ella, se adoptó la decisión de cancelar el préstamo, ejecutar la única garantía hipotecaria que existía y proceder contra los avalistas solidarios. Pero Avalmadrid no ha embargado ninguna de las 12 propiedades valoradas en 2,97 millones de euros con las que los padres de Ayuso y los otros seis accionistas justificaron su solvencia para pedir el crédito de 400.000 euros.
Piera no responde
infoLibre se puso en contacto el pasado martes, 13 de agosto, con el departamento de comunicación de la empresa en la que actualmente trabaja Eva Piera para hacerle llegar varias preguntas sobre el papel de intermediaria que jugó entre Díaz Ayuso y Avalmadrid. Aunque avisaron de que Piera estaba rechazando responder a preguntas relacionadas con este asunto, se comprometieron a hacer llegar las siguientes cuestiones a la exviceconsejera del Gobierno madrileño:
1. ¿Quién le pidió que intermediara entre Díaz Ayuso y Avalmadrid?
2. ¿Cree que dicha intermediación evidencia un trato de favor hacia Díaz Ayuso o era frecuente que le llamasen a usted ciudadanos que habían solicitado un préstamo con Avalmadrid para conseguir información?
3. ¿Qué le parece que Ayuso solicitase datos confidenciales de otras empresas al directivo de Avalmadrid con el que usted la puso en contacto?
4. ¿Le fue informando Díaz Ayuso de la evolución del préstamo de 400.000 euros que Avalmadrid había concedido a MC Infortécnica?
5. Al ser usted consejera de Avalmadrid en el momento en el que intermedió, ¿no cree que el directivo al que usted se dirigió pudo entender el contacto con la señora Díaz Ayuso como una orden?
El miércoles 14 de agosto, este periódico trasladó por el mismo procedimiento a Piera varias cuestiones relacionadas con el hecho de que su nombre apareciese en la agenda de Francisco Granados junto al del BBVA, la empresa en la que trabajó entre 2013 y 2017, y sobre la investigación de la Operación Púnica, donde Piera declaró como testigo aunque nunca ha estado imputada.
Pocas horas después, desde el departamento de comunicación de Mapfre indicaron a infoLibre que Piera no respondería a ninguna de las preguntas planteadas, ni en relación con su papel en el 'caso Ayuso' ni en relación con la agenda de Granados.
PIERA DECLARÓ COMO TESTIGO ANTE LA GUARDIA CIVIL POR UN CONTRATO MENOR INVESTIGADO EN 'PÚNICA'
La UCO investigó un expediente de contratación con unas “necesidades inventadas” para favorecer a una empresa relacionada con la campaña electoral del PP madrileño
En el expediente hay tres documentos con la firma de Eva Piera, uno de ellos fechado un sábado 31 de diciembre. La viceconsejera de Economía del Gobierno Aguirre reconoció su rúbrica ante la Guardia Civil, pero negó haberlos firmado
Piera está ahora relacionada con el 'caso Ayuso' puesto que fue quien medió en favor de la dirigente del PP ante un directivo de Avalmadrid
Tras más de un lustro dedicándose en exclusiva al sector privado, la exviceconsejera del Gobierno madrileño Eva Piera Rojo ha saltado nuevamente a la palestra a raíz del denominado caso Ayuso. Tal y como ha revelado infoLibre, la que fuera número dos de Economía del Ejecutivo de Esperanza Aguirre se encargó de mediar a favor de Isabel Díaz Ayuso ante Avalmadrid cuando formaba parte del Consejo de Administración de la entidad semipública, dedicada a la financiación de las pymes madrileñas y cuyos principales accionistas son la propia Comunidad de Madrid y Bankia –con algo más del 30% del capital cada uno–. Ayuso quería obtener información sobre el préstamo de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica, empresa participada por los padres de Díaz Ayuso. Y sitúa de nuevo el foco sobre una exviceconsejera de Economía que el pasado 25 de octubre tuvo que prestar declaración como testigo ante la Guardia Civil en el marco de la investigación sobre la trama Púnica, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario.
infoLibre ha intentado recabar la versión de Eva Piera sobre el asunto, pero ha declinado responder a las preguntas planteadas.
El pasado mes de febrero, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil dio un impulso a las pesquisas que salpican al PP madrileño aportando a la Audiencia Nacional un detallado informe en el que se relataban “actos de favorecimiento” por parte de cargos públicos de la Comunidad de Madrid a la firma El Laboratorio de Almagro 36 SL, una de las principales empresas encargadas de realizar la campaña electoral a los conservadores madrileños en 2011 y que, según la Guardia Civil, habría “enmascarado gastos electorales” al PP de Madrid “al objeto de facilitar la financiación por encima del techo de gasto permitido”. “Los referidos tratos de favor de los que se ha beneficiado la empresa El Laboratorio de Almagro –sostienen los expertos en delitos contra la Administración del Instituto Armado– se circunscriben a la adjudicación de contratos y desvío de fondos públicos de la Comunidad de Madrid y a un marco temporal concominante con los comicios electorales investigados, y en donde habrían intervenido cargos públicos de la Comunidad de Madrid”.
La UCO detalla en el informe que los responsables de la empresa contaban con “contactos” que les proporcionaban “favores y ventajas” a la hora de conseguir adjudicaciones de contratos públicos. Así, la Guardia Civil recalca que la trama funcionaba con un “modus operandi muy singular” consistente en “obtener favores” de “cargos y funcionarios públicos” de la Comunidad de Madrid para adjudicarse licitaciones “de manera encubierta, empleando para ello una empresa interpuesta que hace de pantalla en la adjudicación”. “Se aseguran la obtención de beneficios sin figurar como adjudicatarios de ninguna licitación”, apunta el informe. En este sentido, el Instituto Armado recalca la existencia de una “peculiar simbiosis” entre El Laboratorio y la formación conservadora en Madrid. Por un lado, recalca que la compañía tenía una “activa participación” en el “enmascaramiento de gastos electorales” del que se beneficiaba el PP madrileño. Por otro, se “beneficiaba de la obtención de favores por parte de los cargos públicos pertenecientes” al PP de Madrid.
Las pesquisas arrancaron en marzo de 2017, después de que la Unidad Central Operativa localizase documentación sobre la participación de la firma de publicidad en “las fases de licitación y ejecución” de un contrato de la Consejería de Economía y Hacienda centrado en una campaña orientada a incentivar el pago de impuestos entre los madrileños, valorado en 212.990 euros. Así, los expertos en delitos contra la Administración consideran acreditado, por un lado, que El Laboratorio “contó con información privilegiada antes de la publicación del concurso, lo que le permitió anticiparse varias semanas en la preparación de la oferta técnica, frente a los tan solo ocho días que dispusieron el resto de licitadores por tramitarse el citado contrato público por el procedimiento de urgencia”. La investigación, por otro lado, considera demostrada la “participación encubierta” de la firma de publicidad: aunque la adjudicataria fue Thinking Forward Spain SL, la empresa que “actuaba realmente como adjudicataria en la sombra” y que ejecutó la práctica totalidad de la licitación fue El Laboratorio.
“Desvío de fondos públicos”
Pero el informe policial, en el que se incluyen numerosos correos electrónicos en los que directivos de la firma de publicidad aseguran tener “contactos” y “amigos” en la Comunidad de Madrid, no solo confirma las sospechas que existían sobre esta licitación. También permite obtener “sólidos elementos probatorios” que acreditarían que el exviceconsejero de Presidencia madrileño Borja Sarasola y el ex secretario general técnico de la Consejería de Economía y Hacienda Francisco Lobo habrían participado en “el desvío de fondos públicos” con el único objeto de “beneficiar los intereses privados” de El Laboratorio “a instancia y en concierto con los responsables de la empresa”. Así, la UCO sostiene que todos ellos “habrían planificado y ejecutado diferentes actos que conllevarían el inicio de un expediente de contratación menor” con unas “necesidades inventadas”. En concreto, el contrato tenía por objeto recabar “las opiniones y actitudes de los madrileños sobre la fiscalidad y servicios públicos de la Comunidad de Madrid”.
“Articulándose finalmente la emisión de una factura falseada respecto al importe de dinero público facturado y abonado –21.228,20 euros– en comparación al importe real de los costes que verdaderamente fueron ejecutados, cifrados en tan solo 1.416 euros”, sostiene la Guardia Civil, que detalla que la “finalidad pretendida” no era otra que la de “sufragar unos gastos relacionados con el aplazamiento de la ejecución” del contrato principal investigado que tenía El Laboratorio con otra compañía. En total, la UCO sostiene que se detrajeron 19.812,40 euros de dinero público “a través de una factura en la que se justificaron unas necesidades ad hoc que parten de una finalidad espuria y cuyos costes reales fueron mínimos”. Es decir, que el beneficio logrado por la principal firma de publicidad que participó en la campaña del PP madrileño para las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2011 fue de un 93,33% del total facturado.
Piera reconoce su firma pero no haber firmado
Fue en el marco de este contrato menor cuando se puso sobre la mesa el nombre de Eva Piera. Como viceconsejera de Economía, su firma aparecía en varios documentos del expediente. Por un lado, en una factura emitida por El Laboratorio el 31 de diciembre de 2011 por importe de 21.228,20 euros a la Consejería de Economía y Hacienda. Con esa misma fecha, la rúbrica de Piera también estaba presente en el documento ADOK obrante en el expediente de contratación, que ponía de manifiesto que la número dos de Economía “conformaba la recepción de la factura” presentada por la compañía y “firmaba la propuesta de pago y a su vez la aprobación del mismo”. “Completa la documental obrante en el referido expediente de contratación menor un certificado emitido el mismo día 31 de diciembre de 2011 –también con la firma de Piera– (…) por el cual certificaba que los trabajos realizados por la empresa El Laboratorio de Almagro 36 SL habían sido realizados de conformidad”, añade el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Con toda esta documentación sobre la mesa, Piera declaró el 25 de octubre de 2018 como testigo ante los agentes del Instituto Armado. En su comparecencia, la que fuera número dos de Economía del Gobierno madrileño reconoció su rúbrica en los documentos pero “en ningún caso” admitió haber firmado esos papeles –es más, negó la caligrafía que acompañaba a una de estas firmas–, tal y como consta en el acta de declaración a la que ha tenido acceso infoLibre. En este sentido, Piera señaló que era “llamativo” que la firma se produjese el día 31 de diciembre y apuntó que ella “nunca hubiese firmado un ADOK en una fecha como esa”. Además, resaltó que “jamás” ha trabajado un sábado –ese 31 de diciembre caía en sábado– de forma “presencial” en las dependencias administrativas de la Consejería de Economía y aportó un correo electrónico para intentar justificar que el día de la firma se encontraba de vacaciones lejos de Madrid. Por último, señaló que no reconocía “ni el contrato menor” y que nunca se reunió con algún responsable de El Laboratorio, una compañía que no conocía y de la que aseguró no conocer a nadie.AVALMADRID TRATÓ LA SOLICITUD DE DATOS DE AYUSO COMO SI FUERA UN ENCARGO DE "PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID"
Una viceconsejera del Gobierno de Aguirre intermedió ante Avalmadrid para que atendieran a Ayuso, que quería obtener información sobre un préstamo que había recibido una empresa de sus padres
Avalmadrid trató la petición como si procediera de Presidencia de la Comunidad, según prueba el correo electrónico que reproduce infoLibre
Correo de un directivo de Avalmadrid sobre una petición realizada por Ayuso. En el "asunto" se hace constar que el encargo procede de "Presidencia Comunidad Madrid". infoLibre
El 14 de julio de 2011, a las 16:12 horas, Isabel Díaz Ayuso escribió desde su cuenta de Gmail un correo electrónico a un directivo de Avalmadrid. En el campo del "asunto" ponía: "Datos MC Infortécnica". Ese era el nombre de una empresa, propiedad en un 25% de sus padres, que había recibido unos meses antes un préstamo de 400.000 euros de Avalmadrid. El crédito estaba avalado por los ocho accionistas de la sociedad, entre ellos los padres de Ayuso. Y la política del PP quería obtener información sobre el préstamo y sobre las posibles consecuencias del aval para el patrimonio de sus progenitores. Al día siguiente, a las 11:26 horas, el directivo reenvió el mensaje para solicitar los datos que pedía Ayuso. Y en el "asunto" indica: "RV: Datos MC Infortécnica (Presidencia Comunidad Madrid)". El correo, que reproduce infoLibre, prueba por tanto que Avalmadrid trató el asunto como si fuera un encargo de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que entonces estaba en manos de Esperanza Aguirre.
La alusión a la Comunidad no era una invención del directivo, lógicamente. Con él había contactado previamente Eva Piera Rojo, que en aquel momento era viceconsejera de Economía del Gobierno de Aguirre y que entre 2006 y 2008 había sido presidenta de la propia Avalmadrid. Esta entidad se dedica a la financiación de las pymes madrileñas y sus dos principales accionistas son la propia Comunidad y Bankia (entonces Caja Madrid), con algo más del 30% del capital cada uno de ellos. La Presidencia de Avalmadrid la ejerce un representante del Gobierno regional. En aquel momento, el nombramiento dependía directamente de la Consejería de Economía y Hacienda, de la que Piera era la número dos.
El 13 de julio de 2011, a las 17:12, Eva Piera había escrito un correo electrónico a su contacto en Avalmadrid, al que también ha tenido acceso infoLibre. Decía: "Mil gracias otra vez por anticipado. El teléfono de Isabel Díaz Ayuso es el 650 xx xx xx. Abzs. Eva". Ese era el contenido íntegro del mensaje, lo que demuestra que habían tratado previamente del asunto. Este periódico intentó sin éxito recabar la versión sobre estos hechos de Eva Piera, que ahora trabaja en el sector privado. La candidata del PP a presidir la Comunidad tampoco quiso pronunciarse sobre los correos intercambiados con Avalmadrid.
Los términos exactos en que Eva Piera le planteó el asunto al directivo de Avalmadrid se desconocen de momento, pero en todo caso lo que es indudable es que el empleado de la entidad semipública lo entendió como un encargo de Presidencia de la Comunidad de Madrid, tal y como indicó por escrito el 15 de julio al solicitar a una tercera persona información sobre la empresa de los padres de Ayuso.
La fecha exacta en que se produjo ese contacto inicial de Isabel Díaz Ayuso con Avalmadrid también tiene su relevancia. Como se indicó anteriormente, Ayuso envía su primer correo en la tarde del 14 de julio de 2011. Pues bien, al día siguiente se convertirá en diputada del PP en la Asamblea de Madrid. El PP había obtenido 72 escaños en las elecciones autonómicas de mayo de aquel año y Ayuso iba en el puesto 74, pero entró como diputada casi al inicio de la legislatura, tras la renuncia de varios parlamentarios del PP designados para otros cargos públicos.
Esperanza Aguirre dirigía con mano de hierro el PP de Madrid y en las listas no entraba nadie que no decidiese ella. Ayuso no era una desconocida para Aguirre. Tras entrar en 2006 como asesora de comunicación de la Consejería de Justicia e Interior, entre junio de 2008 y marzo de 2009 había trabajado en el Gabinete Técnico de la presidenta madrileña. Los dos años siguientes estuvo en Madrid Network, un dato que nunca incluía en sus biografías oficiales y que desveló este periódico hace tres semanas. La llegada a la Asamblea aquel 15 de julio de 2011 era, por tanto, un salto importante en su carrera política.
En resumen: el 14 de julio de 2011 Ayuso contactó con Avalmadrid para interesarse por un asunto personal –el préstamo a la empresa de sus padres–, al día siguiente juró su cargo de diputada en la Asamblea, la persona que hizo de introductora era la número dos de la consejería que elegía al presidente de Avalmadrid y el directivo de esta entidad que mantuvo a partir de entonces el contacto con Ayuso entendió que el encargo recibido procedía de la Presidencia de la Comunidad.
DATOS PARA AYUSO
En ese primer correo, la entonces recién elegida diputada del PP en la Asamblea de Madrid aporta los datos identificativos de sus padres y de varias empresas del Grupo MC, entre ellas MC Infortécnica SL. "La relación entre socios es cordial hasta la fecha y lo seguirá siendo con seguridad. Aunque mi familia no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre. Es todo muy difícil", escribe Ayuso. Su interés entonces es saber cómo podía afectar al patrimonio familiar el hecho de que sus padres fuesen avalistas solidarios del préstamo de 400.000 euros que había concedido Avalmadrid a MC Infortécnica el 15 de marzo de 2011.
El 15 de julio, a las 11:26 horas, el directivo de Avalmadrid solicita a un tercero una serie de datos. El contenido íntegro del mensaje es el siguiente:
Xxxxxxx me puedes mirar incidencias o Asnef de estas empresas y sobre todo de los particulares.
El informa lo he sacado yo.
Gracias.
Xxxxxxx
Isabel Ayuso Puente y su DNI es xxx.xxx
Leonardo Díaz Álvarez. DNI. xxx.xxx
Grupo MC
MC Infortécnica
MC Medical SL
Hamilton SA
"Asnef" se refiere a la base de datos de morosos que gestiona la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito. Cualquier banco o entidad crediticia, antes de conceder un préstamo, una de las primeras cosas que hace es consultar el fichero Asnef para valorar la solvencia del solicitante. El "informa", por su parte, hace referencia a una de las principales bases de datos sobre empresas existente en España. El directivo solicita la información existente sobre los padres de Ayuso y sobre cuatro de las empresas del grupo empresarial.
LAS SOSPECHAS DE LA DIPUTADA
Los socios del Grupo MC eran cuatro matrimonios, cada uno de ellos dueño del 25% del capital. Al menos seis de los socios y varios de sus hijos trabajaron en algún momento en la compañía, fundada en 1991. El Grupo MC englobaba a 13 sociedades y cuando empezó el año 2011 tenía a 40 personas en plantilla, 18 de ellas en MC Infortécnica SL, que era la filial más importante. Desde hacía un par de años, Leonardo Díaz Álvarez no estaba en un puesto directivo –por su enfermedad– e Isabel Ayuso Puente tampoco trabajaba ya en el departamento financiero de la compañía. En las presentaciones que Grupo MC envió en 2011 a diversos bancos sí figuraban en la estructura organizativa los otros tres socios masculinos: José Luis Marcelino Santamaría en la presidencia, José Manuel Pitarch Divar como director de operaciones y Juan Carlos Herrero Casasola como director de marketing. Dedicado a la distribución, comercialización y mantenimiento de productos tecnológicos en las áreas de electromedicina e ingeniería clínica, el importe neto de la cifra de negocios total del grupo en 2010 ascendió a 12,08 millones de euros y declaró unos beneficios de 148.987 euros.
Dos meses después de aquel primer correo, Díaz Ayuso seguía en contacto con el directivo de Avalmadrid, pero el tono respecto a los socios de sus padres había cambiado por completo. Si el 14 de julio pensaba que la relación entre ellos seguiría siendo cordial "con seguridad", ahora sospechaba que formaban parte de una trama para dejar morir al Grupo MC y montar otras empresas dedicadas a la misma actividad. Ese 14 de septiembre, Ayuso envía al menos cuatro correos a su contacto en Avalmadrid. En ellos aporta datos sobre dos empresas –una fundada en Madrid en 2009 y cuyo domicilio social está en la casa de un familiar de José Luis Marcelino y otra constituida en 2010 en A Coruña donde tienen cargos un hijo de José Manuel Pitarch y una hija de Juan Carlos Herrero– y llega a solicitar a su contacto información de "la actividad comercial, la facturación y quiénes son los clientes" de dichas sociedades. "Si se pudiera demostrar que han montado empresas paralelas para desviar el negocio y dejar morir la otra", afirma Ayuso en uno de sus textos.
La "otra" es MC Infortécnica SL, que tenía que realizar el 12 de diciembre de 2011 el primer pago del préstamo de Avalmadrid por un importe de 100.000 euros de principal y 3.292 de intereses. Llegada la fecha no devuelve ni un euro. Pero Ayuso ya sabe tres meses antes que la empresa está muerta, porque lógicamente tiene información de lo que está ocurriendo allí. De hecho, el 23 de septiembre, nueve días después del correo donde admite que MC Infortécnica SL no tiene viabilidad, la empresa despide a la práctica totalidad de la plantilla. Quedan sólo seis personas, de las 40 que habían iniciado el año.
Pese a tener ya en septiembre la certeza de que MC Infortécnica SL no podría devolver los 400.000 euros, y que por tanto sus padres tendrían que responder como avalistas solidarios con todos sus bienes y futuros, Ayuso aceptó que sus padres le donasen una vivienda y un local de oficinas en Madrid en dos operaciones sospechosas de alzamiento de bienes, tal y como desveló infoLibre. Durante los cinco años que fue dueña del local de oficinas, Ayuso no pagó el IBI al Ayuntamiento de Madrid.LOS CONTACTOS DE DÍAZ AYUSO CON AVALMADRID
La política hizo llamadas y se intercambió correos para aclarar el polémico aval dado a una empresa de su padre
En julio de 2011, mientras se fraguaba su debut como diputada en la Asamblea, una preocupación consumía el tiempo de Isabel Díaz Ayuso. En junio, MC Infortécnica, cuya matriz controlaba al 25% su padre, había obtenido un aval de 400.000 euros de la empresa semipública Avalmadrid garantizado con una nave de su progenitor y el patrimonio de todos los socios. Tras su concesión, la política contactó con directivos del ente para informarse de la operación: "Mi familia no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre. Es todo muy difícil", escribió en un correo al que ha accedido EL PAÍS. Finalmente, en octubre, antes de que hubiera que hacer frente a la primera cuota del préstamo —que no se devolvió— Díaz Ayuso aceptó la donación del piso familiar, que así quedó fuera del alcance de posibles acreedores.
Las conversaciones que relatan dos fuentes conocedoras de lo ocurrido aquel verano y los correos electrónicos de la hoy aspirante a la presidencia de la Comunidad retratan su inquietud por el aval concedido a la empresa de su padre, enfermo de alzhéimer; y las dudas de la familia sobre el papel jugado por sus socios en el conjunto de la operación.
"Estaba con problemas de su padre, que les debió dejar la empresa con desorden financiero", resume una fuente. "Estaba preocupada", subraya. "Quería entender el tema de las garantías y hasta qué punto respondían con su patrimonio".
Las propiedades de la familia Díaz Ayuso habían sido detalladas una a una en el informe de concesión del aval, junto a las del resto de socios, como destaca en un email el coordinador del departamento de riesgos de Avalmadrid: "Se cuenta con nueve avalistas solidarios adicionalmente como garantía". Cuando llegaron los impagos, el comité de morosidad de Avalmadrid recibió un informe centrado en las posibilidades de recuperar el dinero. En él se listaban las propiedades de los socios del padre de Díaz Ayuso. Pero las dos viviendas de este ya no estaban. Ya no eran suyas. Cuando se resolvió "ejecutar hipoteca y avalistas", como refleja la documentación interna de Avalmadrid, se las había donado a sus hijos.
"Escarbar en cómo arruinaron a mi familia hace ocho años para atacarme hoy políticamente me parece que es un ejercicio absurdo", opinó ayer Díaz Ayuso tras ser preguntada en una rueda de prensa en la Asamblea de Madrid. "Eso es todo lo que tengo que decir", añadió. "Hablamos de una familia anónima, de hace más de una década, y esto se está haciendo en un momento determinado", siguió, vinculando las informaciones sobre el patrimonio de su familia con un intento de dificultar su investidura como presidenta de la Comunidad, que probablemente se concretará el miércoles. "No tengo mucho más que aportar salvo que esto se circunscribe a mi familia y que pido respeto tanto para ella como para mi padre".
Dudas sobre la operación
La operación había despertado dudas incluso dentro de Avalmadrid. Así, el ente semipúblico dio el visto bueno a que MC Infortécnica recibiera un aval de 400.000 euros con la contraprestación principal de una nave del padre de Díaz Ayuso escriturada por 26.000 y tasada en 213.000.
"El inmueble no cumple la actual normativa urbanística", advertían los tasadores tras visitar la nave, situada en un polígono industrial de Sotillo de la Adrada (Ávila). "Existe la posibilidad de que parte del inmueble sea derribado sin que el propietario pueda reclamar indemnización alguna".
El dinero nunca fue recuperado. Cuando empezaron los impagos, y no logró recuperar dinero tras negociar, Avalmadrid decidió cederle la deuda a una empresa especializada en cobros —una práctica que el ente tuvo que abandonar años después por la polémica que causó que se conociera su empleo—. Nadie quiso la nave que había servido de garantía. Y la deuda se disparó por encima de los 500.000 euros.
https://elpais.com/ccaa/2019/08/06/madrid/1565083568_655148.html
EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA QUE RODRIGO RATO IRÁ A PRISIÓN POR LAS TARJETAS BLACK
El alto tribunal ha decidido confirmar la condena de cuatro años y medio del exvicepresidente del Gobierno
Las condenas oscilan entre los cuatro meses y los cuatro años y medio
Rodrigo Rato "se aprovechó de su cargo" y tendrá que ir a prisión por las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia. El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la condena del exvicepresidente del Gobierno de cuatro años y medio de prisión. En cuanto a los otros 63 acusados, los jueces de lo penal han optado por confirmar las condenas del resto, rebajando ligeramente las penas de algunos por haber devuelto el dinero a los que no se había reconocido ese atenuante: existió, dicen los jueces, "un plan para disponer de dinero de la caja en beneficio de cada uno de los acusados".
La condena del exvicepresidente del Gobierno es superior a los dos años de cárcel, lo que implica su entrada obligatoria en prisión a pesar de carecer de antecedentes penales. Lo único que podría evitarlo sería una suspensión cautelar de la ejecución de sentencia por parte del Tribunal Constitucional, en caso de que Rato decidiese recurrir ante el tribunal de garantías y ser su condena inferior a los cinco años de presidio.
Los jueces del Tribunal Supremo consideran, como también hicieron sus compañeros de la Audiencia Nacional, que estas tarjetas nacieron en 1988 como una manera ilegal de favorecer la economía de los consejeros más allá de dietas e indemnizaciones: en 2012, ya como Bankia, Rato mantuvo "conscientemente un sistema que ya cuando se estableció en 1988 estaba pervertido en su origen y en su traslado a la práctica" y que "se decidió prescindir del camino legal".
Desde hace meses los jueces de lo penal del Supremo examinaban los recursos de los 65 condenados, interpuestos contra la sentencia de la Audiencia Nacional que les impuso penas de entre tres meses y cuatro años y medio de prisión, además de a pagar multas y a devolver los 12 millones de euros que gastaron entre todos con sus plásticos opacos. La Fiscalía había pedido que la sentencia fuese confirmada, abriendo la puerta sólo a la rebaja de la condena de cinco acusados.
Los jueces del Supremo son conduntentes a la hora de establecer que todos los que usaron las tarjetas, gastaran más o gastaran menos, cometieron un delito: "Proceder a disponer del patrimonio de la entidad sin tener competencia para ello es una conducta ilícita" ya que el dinero que tenía que haber sido destinado a la entidad fue utilizado "para satisfacer conveniencias personales".
La Audiencia Nacional atribuyó delitos continuados de apropiación indebida a todos los exdirectivos de Caja Madrid y Bankia, aplicando en muchos casos una atenuante de reparación del daño para los que devolvieron el dinero gastado antes de comenzar el juicio. Para todos ellos, según la sentencia de primera instancia, “era más suculento no despejar la realidad que se les presentaba en cada ocasión en que usaban la tarjeta”.
TODAS LAS CONDENAS FIRMES
Rodrigo Rato: cuatro años y medio de cárcel y 6.000 euros de multa. Expresidente de Bankia, exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía con José María Aznar.
José Antonio Moral Santín: cuatro años de cárcel y 5.400 euros de multa. Expresidente de Telemadrid (1991-1995), exdiputado de la Asamblea de Madrid por Izquierda Unida (1987 – 1995).
Francisco Baquero: tres años y dos meses de cárcel y 4.800 euros de multa
Estanislao Rodríguez-Ponga: tres años y dos meses de cárcel y 4.800 euros de multa. Secretario de Estado de Hacienda (2001-2004).
Antonio Romero: tres años y dos meses de cárcel y 4.800 euros de multa
Francisco José Moure: seis meses meses de cárcel y 3.000 euros de multa
Jorge Gómez: tres años y dos meses de cárcel y 4.800 euros de multa
Rodolfo Benito: tres años de cárcel y 4.800 euros de multa
José María de la Riva: tres años de cárcel y 4.800 euros de multa
Gonzalo Martín Pascual: tres años de cárcel y 4.800 euros de multa
Gerardo Díaz Ferrán: dos años de cárcel y 4.800 euros de multa. Expresidente de la patronal CEOE, ya condenado por su gestión de la empresa Marsans.
Juan José Azcona: dos años de cárcel y 4.800 euros de multa
José Manuel Fernández Norniella: un año menos un día de cárcel y 3.580 euros de multa
Darío Fernández Yruegas: ocho meses de cárcel y 2.400 euros de multa
Ricardo Romero de Tejada: un año menos un día de cárcel y 3.580 euros de multa. Secretario general del PP de Madrid (1996-2004) y exalcalde de Majadahonda (1989-2001).
Ramón Espinar Gallego: un año menos un día de cárcel y 3.580 euros de multa. Expresidente de la Asamblea de Madrid por el PSOE (1983-1987) y exalcalde de Leganés (1979-1983).
Alberto Recarte: seis meses de cárcel y 3.000 euros de multa
Jesús Pedroche: seis meses de cárcel y 3.000 euros de multa
Ignacio de Navasques: un año menos un día de cárcel y 3.580 euros de multa
Luis Blasco: ocho meses de cárcel y 3.600 euros de multa
José María Arteta: seis meses de cárcel y 3.000 euros de multa
Mercedes Rojo: seis meses de cárcel y 3.000 euros de multa
Pedro Bedía Pérez: ocho meses de cárcel y multa de 2.400 euros
Rubén Cruz: dos años y medio de cárcel y multa de 4.200 euros
Antonio del Rey de Viñas: dos años y medio de cárcel y multa de 4.200 euros
Antonio Cámara: un año menos un día de cárcel y multa de 3.580 euros
Javier de Miguel: dos años y medio de cárcel y multa de 4.200 euros
Ángel Gómez del Pulgar: dos años y medio de cárcel y multa de 4.200 euros
Francisco José Pérez: dos años y medio de cárcel y multa de 4.200 euros
Miguel Abejón: dos años y medio de cárcel y multa de 4.200 euros
Pablo Abejas: un año menos un día de cárcel y multa de 3.580 euros
Carmen Cafranga: un año menos un día de cárcel y multa de 3.580 euros. Expresidenta del patronato de la Fundación Caja Madrid.
Juan Gómez Castañeda: seis meses de cárcel y multa de 3.000 euros
Cándido Cerón: ocho meses de cárcel y multa de 2.400 euros
Alejandro Couceiro: ocho meses de prisión y multa de 2.400 euros
Rafael Torres Posada: ocho meses de prisión y multa de 2.400 euros
Fernando Serrano: ocho meses meses de prisión y multa de 2.400 euros
José María Buenaventura: siete meses de prisión y multa de 2.400 euros
Beltrán Gutiérrez: ocho meses de prisión y multa de 3.000 euros
Ildefonso Sánchez Barcoj: un año menos un día de cárcel y multa de 3.580 euros
Ricardo Morado: dos años de prisión y multa de 4.200 euros
Ramón Ferraz: un año menos un día de cárcel y multa de 3.580 euros
Mariano Pérez Claver: dos años de prisión y multa de 4.200 euros
Enrique de la Torre: dos años de prisión y multa de 4.200 euros
Juan Manuel Astorqui: dos años de prisión y multa de 4.200 euros
Carmen Contreras: dos años de prisión y multa de 4.200 euros
Carlos Vela: dos años de prisión y multa de 4.200 euros
Rafael Spottorno: dos años de prisión y multa de 4.200 euros
Ramón Martínez Vilches: dos años de prisión y multa de 4.200 euros
Carlos María Martínez: un año menos un día de cárcel y multa de 3.580 euros
Matías Amat: un año menos un día de prisión y multa de 3.580 euros
Luis Gabarda: seis meses de prisión y multa de 3.000 euros
María Enedina Álvarez: dos años de prisión
José Ricardo Martínez: dos años de prisión
Virgilio Zapatero: cuatro meses de prisión
Arturo Fernández: seis meses menos un día de prisión
Javier López Madrid: seis meses menos un día de prisión
Santiago Javier Sánchez Carlos: seis meses menos un día de prisión
Manuel José Rodríguez: un año y medio de prisión
Gabriel Moreno Flores: cuatro meses de prisión
José Acosta Cubero: un año de prisión
Miguel Corsini: cuatro meses de prisión
Juan Emilio Iranzo: cuatro meses de prisión
Jorge Rabago: tres meses de prisión
https://cadenaser.com/ser/2018/10/03/tribunales/1538546445_751416.html
La Audiencia Nacional ha decidido imponer condenas de entre tres meses y seis años a todos los acusados por las tarjetas opacas de Caja Madrid: los jueces entienden que todos sabían que era ilegal y que no formaba parte de su sueldo
La Audiencia Nacional ha decidido condenar a penas de entre tres meses y seis años de cárcel a los 65 acusados por las tarjetas black de Caja Madrid. Las mayores condenas son impuestas a los expresidentes del banco: seis años para Miguel Blesa y cuatro años y medio para Rodrigo Rato por un delito continuado de apropiación indebida, las condenas que pedía para ellos la Fiscalía. Blesa, por actuar "como si fuera dueño del patrimonio de la entidad", tendrá que pagar además una multa de 7.200 euros y Rato, por "beneficiarse personalmente a costa de las entidades", de 6.000 euros.
Explica el tribunal que en el caso de Blesa y Rato, expresidentes de Caja Madrid y Bankia respectivamente, "la lealtad quebrada se hace evidente, por anteponerse los fines personales a los intereses sociales, que eran los bancarios y no otros".
El resto de condenas no superan los cuatro años de prisión: Ildefonso Sánchez Barcoj, director financiero de la caja, es condenado a dos años y medio de prisión como colaborador y cómplice. El tribunal ha decidido aplicar el atenuante de reparación del daño a los condenados que hayan devuelto el dinero gastado.
Según la Justicia, las tarjetas nacieron en 1988 bajo mandato de Jaime Terceiro para complementar las dietas de los consejeros, y fue con la llegada de Miguel Blesa en 1996 a la dirección de la caja cuando se adjudicó una segunda tarjeta "al margen" de sus retribuciones habituales "propiciando" que el resto de consejeros tuvieran una. Todos "les dieron el uso particupar que tuvieron por conveniente contra el caudal de Caja Madrid, contribuyendo a la merma del mismo", todo propiciado por el acusado Miguel Blesa. Rodrigo Rato le dió continuidad al sistema cuando accedió a la presidencia de Bankia en 2012.
La "mala conciencia" de los consejeros
Los jueces de la Audiencia Nacional son contundentes: "La aplicación de la tarjeta a todo tipo de gastos es innegable, por la idea de libre disposición que le dieron", dice la sentencia. También son contundentes a la hora de tirar por tierra los argumentos que esgrimieron cuando, en el juicio, intentaron defender que la mayoría de sus gastos eran de representación: una señal "de la mala conciencia por disponer de una percepción dineraria a través de la tarjeta para atenciones personales, que sabían, que solo podían ser atendidos por la dieta, pretendiendo ahora dar una cobertura al uso de la tarjeta vinculándola a la actividad en la entidad".
Añaden además los jueces que en Caja Madrid "se había instalado un automatismo al que todos se rindieron en aras de ese beneficio ilícito reportado por el uso de la tarjeta de empresa" al margen de su sueldo, único dinero que podían cobrar legalmente. "No se puede decir, como sostuvieron una amplia mayoría de acusados, que se les dijo que formaban parte de su paquete retributivo", dice la sentencia, añadiendo que tampoco pueden escudarse en que "la entidad lo sabía y consentía, tratándose precisamente de los integrantes de dos de sus tres órganos de gobierno los que así se conducían".
Muchos tenían formación bancaria y si para ellos "era más suculento, no despejar la realidad que se les presentaba en cada ocasión que usaba la tarjeta, por el beneficio que le reportó durante años a cada uno de los acusados, eso es otra cuestión".
Si estas condenas fuesen confirmadas íntegramente por el Tribunal Supremo tras los previsibles recursos, diecinueve de los condenados tendrían que ir a prisión.
Las otras condenas
José Antonio Moral Santín: cuatro años de cárcel y 5.400 euros de multa
Francisco Baquero: tres años y dos meses de cárcel y 4.800 euros de multa
Estanislao Rodríguez-Ponga: tres años y dos meses de cárcel y 4.800 euros de multa
Antonio Romero: tres años y dos meses de cárcel y 4.800 euros de multa
Francisco José Moure: tres años y dos meses de cárcel y 4.800 euros de multa
Jorge Gómez: tres años y dos meses de cárcel y 4.800 euros de multa
Rodolfo Benito: tres años de cárcel y 4.800 euros de multa
José María de la Riva: tres años de cárcel y 4.800 euros de multa
Gonzalo Martín Pascual: tres años de cárcel y 4.800 euros de multa
Gerardo Díaz Ferrán: dos años de cárcel y 4.800 euros de multa
Juan José Azcona: dos años de cárcel y 4.800 euros de multa
José Manuel Fernández Norniella: un año de cárcel y 3.600 euros de multa
Darío Fernández Yruegas: un año de cárcel y 3.600 euros de multa
Ricardo Romero de Tejada: un año de cárcel y 3.600 euros de multa
Ramón Espinar Gallego: un año de cárcel y 3.600 euros de multa
Alberto Recarte: un año de cárcel y 3.600 euros de multa
Jesús Pedroche: un año de cárcel y 3.600 euros de multa
Ignacio de Navasques: un año de cárcel y 3.600 euros de multa
Luis Blasco: un año de cárcel y 3.600 euros de multa
José María Arteta: un año y seis meses de cárcel y 4.800 euros de multa
Mercedes Rojo: un año y seis meses de cárcel y 4.800 euros de multa
Pedro Bedía Pérez: un año y tres meses de cárcel y multa de 4.200 euros
Rubén Cruz: dos años y medio de cárcel y multa de 4.200 euros
Antonio del Rey de Viñas: dos años y medio de cárcel y multa de 4.200 euros
Antonio Cámara: dos años y medio de cárcel y multa de 4.200 euros
Javier de Miguel: dos años y medio de cárcel y multa de 4.200 euros
Ángel Gómez del Pulgar: dos años y medio de cárcel y multa de 4.200 euros
Francisco José Pérez: dos años y medio de cárcel y multa de 4.200 euros
Miguel Abejón: dos años y medio de cárcel y multa de 4.200 euros
Pablo Abejas: dos años de cárcel y multa de 4.200 euros
Carmen Cafranga: un año y ocho meses de cárcel y multa de 4.200 euros
Juan Gómez Castañeda: un año y ocho meses de cárcel y multa de 4.200 euros
Cándido Cerón: un año y ocho meses de cárcel y multa de 4.200 euros
Alejandro Couceiro: un año y dos meses de prisión y multa de 2.400 euros
Rafael Torres Posada: un año y dos meses de prisión y multa de 2.400 euros
Fernando Serrano: un año y dos meses de prisión y multa de 2.400 euros
José María Buenaventura: ocho meses de prisión y multa de 3.000 euros
Beltrán Gutiérrez: ocho meses de prisión y multa de 3.000 euros
Ildefonso Sánchez Barcoj: dos años y medio de prisión y multa de 6.000 euros
Ricardo Morado: dos años de prisión y multa de 4.200 euros
Ramón Ferraz: dos años de prisión y multa de 4.200 euros
Mariano Pérez Claver: dos años de prisión y multa de 4.200 euros
Enrique de la Torre: dos años de prisión y multa de 4.200 euros
Juan Manuel Astorqui: dos años de prisión y multa de 4.200 euros
Carmen Contreras: dos años de prisión y multa de 4.200 euros
Carlos Vela: dos años de prisión y multa de 4.200 euros
Rafael Spottorno: dos años de prisión y multa de 4.200 euros
Ramón Martínez Vilches: dos años de prisión y multa de 4.200 euros
Carlos María Martínez: un año y seis meses de cárcel y multa de 4.200 euros
Matías Amat: un año de prisión y multa de 3.600 euros
Luis Gabarda: un año de prisión y multa de 3.600 euros
María Enedina Álvarez: dos años de prisión
José Ricardo Martínez: dos años de prisión
Virgilio Zapatero: ocho meses de prisión
Arturo Fernández: seis meses de prisión
Javier López Madrid: seis meses de prisión
Santiago Javier Sánchez Carlos: un año y medio de prisión
Manuel José Rodríguez: un año y medio de prisión
Gabriel Moreno Flores: un año de prisión
José Acosta Cubero: un año de prisión
Miguel Corsini: cuatro meses de prisión
Juan Emilio Iranzo: cuatro meses de prisión
Jorge Rabago: tres meses de prisión
https://cadenaser.com/ser/2017/02/23/tribunales/1487854853_550338.html
DIMITE EL CONCEJAL DEL PP DE POZUELO DE ALARCÓN, ANDRÉS CALVO-SOTELO
Pozuelo de Alarcón, 21 dic (EFE).- El concejal del PP de Pozuelo de Alarcón, Andrés Calvo-Sotelo ha anunciado hoy su dimisión en el último Pleno del año para dedicarse al mundo de la educación.
Así, el edil ha expresado este jueves su intención de dejar la política para centrarse en su carrera en el ámbito educativo y ha agradecido estos años a sus compañeros de partido, a la oposición y a la alcaldesa, Susana Pérez Quislant.
El concejal ha estado 14 años como edil en el Consistorio donde ha estado al frente de las Concejalías de Obras y Servicios, Participación, Distritos, Desarrollo Empresarial, Comercio, Atención al Ciudadano y Urbanizaciones.
Asimismo, su puesto en el Ayuntamiento será ocupado por Manuel Allende Bilbao que estaba en el Consistorio con un puesto de asesor.
NOMBRAMIENTO: EVA PIERA, NUEVA DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES DE BBVA
BBVA ha nombrado a Eva Piera Rojo directora de Relaciones Institucionales del Grupo, responsabilizándose de coordinar la presencia de las distintas áreas de la entidad en organismos y foros internacionales públicos y privados.
Eva Piera Rojo, de 44 años, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Ciencias Económicas por la Universidad París-X Nanterre y cuenta con formación directiva por el IESE.
La nueva directora de Relaciones Institucionales de BBVA, que ocupará el cargo que dejó vacante Román Escolano tras su marcha al ICO, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el sector financiero. De hecho, cuenta con una experiencia de 14 años en este campo.
Está especializada en financiación mayorista y mercados de deuda, campos en los que ha ocupado diversos cargos, como el de directora general de Financiación Sindicada y directora general de Financiación de Adquisiciones para España y Portugal en Société Générale.
Desde su ingreso en la administración autonómica madrileña en el año 2006, Piera ha desempeñado diversos cargos en el ámbito institucional y de la gestión pública. Fue nombrada sucesivamente directora general de Empleo, directora general de Economía y presidenta de AvalMadrid.
Desde 2008 y hasta octubre de 2012, ha trabajado como viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo en la Consejería de Economía y Hacienda y ostentado la presidencia de diversas empresas públicas en la Comunidad de Madrid. Su dilatada experiencia será un activo importante a la hora de reforzar el carácter global del Grupo y coordinar su participación en los foros y órganos nacionales e internacionales.
MAPFRE NOMBRA A EVA PIERA NUEVA DIRECTORA DE RELACIONES EXTERNAS
El consejo de administración de Mapfre ha nombrado a Eva Piera Rojo nueva directora general de Relaciones Externas y a Jonas Jonsson director general adjunto de Negocio Vida del área corporativa de Negocio, Clientes e Innovación, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La dirección general de Relaciones Externas, de nueva creación, integrará las direcciones corporativas de Comunicación y de Publicidad, Marca y RSC y el departamento de Protocolo.
Piera Rojo, que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el sector financiero, era directora de Relaciones Institucionales de BBVA desde 2013 y ha ocupado cargos como el de directora general de Financiación Sindicada y directora general de Financiación de Adquisiciones para España y Portugal en Société Générale.
En 2006, Piera ingresó en la Administración autonómica madrileña, donde ejerció como directora general de Empleo, directora general de Economía y presidenta de AvalMadrid. Desde 2008 y hasta octubre de 2012, trabajó como viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo en la Consejería de Economía y Hacienda y ostentó la presidencia de diversas empresas públicas en la Comunidad de Madrid.
Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado diversos programas directivos en el IESE. Según Mapfre, su nombramiento se produce "para potenciar la presencia institucional de la compañía a nivel global".
ESPERANZA AGUIRRE COLOCÓ EN EL CONSEJO DE BFA-BANKIA A SU SECRETARIA PERSONAL
Rojo admite que no tenía conocimientos financieros
El caso Bankia da nuevas sorpresas. Una de las imputadas, Mercedes Rojo Izquierdo, desveló ayer en la Audiencia Nacional que la entidad le presionó para que aceptara su nombramiento como vocal del Comité de Auditoría de la matriz, BFA. Señaló que mostró sus reticencias iniciales porque no tenía conocimientos financieros, pero que finalmente dio su aprobación porque "iba a estar con gente que sabía" y porque los consejeros tenían que repartirse las comisiones.
Según ha podido saber este periódico en fuentes conocedoras, Rojo Izquierdo entró en el consejo de BFA por las reiteradas peticiones realizadas por Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid. Posteriormente, exigió para ella un puesto en la Comisión de Auditoría.
La imputada es una de las personas de máxima confianza de Aguirre. De hecho, se incorporó a BFA procedente de Caja Madrid, entidad a la que llegó también por órdenes de la política madrileña en la etapa que Miguel Blesa era máximo responsable. Entró en la asamblea de la caja por el colectivo de impositores en 2006, año en el que fue elegida consejera.
¿Quién es Rojo Izquierdo? Su trayectoria ha estado ligada a Aguirre. Empezó a trabajar con ella en funciones de secretaría. Poco a poco fue ganando su confianza. En los últimos ejercicios, bajo el cargo de Asesora Técnica, se encargaba de llevar la agenda personal de la expresidenta madrileña.
Ante su falta de experiencia y conocimientos financieros -inició estudios de Farmacia-, no fue escogida en 2011 por Rodrigo Rato para ocupar un sillón en el consejo de Bankia, sino que la mantuvo en BFA, sociedad que aglutinaba los negocios inmobiliarios y parte de la cartera industrial del grupo.
Niega responsabilidades
Rojo Izquierdo negó cualquier responsabilidad en la causa que investiga el juez Fernando Andreu sobre eventuales irregularidades en la fusión y salida a bolsa de Bankia. Manifestó que nadie le advirtió de la situación de la entidad y que supo de las nuevas cuentas justo después de la dimisión de Rato. Además sostuvo que en ninguna de las reuniones a las que asistió se abordaron informes de Deloitte en los que se ponía en duda la valoración de las acciones de Bankia. Sobre la salida del expresidente en mayo indicó que éste admitió "haber perdido la confianza de Economía".
El mismo mensaje fue trasladado ante el juez por los otros dos exconsejeros de BFA-Bankia imputados por la misma causa, Ricardo Romero de Tejada y Ángel Villanueva. Sendos manifestaron desconocer las presuntas alarmas del Banco de España y de Deloitte sobre el estado real del grupo. El primero, también procedente de Caja Madrid, consideró que las nuevas cuentas de Bankia eran fruto de un ajuste contable y que "tan correcto eran los beneficios de 300 millones aprobados en marzo como las pérdidas de 3.000 millones". Es más dijo que las ganancias, aprobadas por el equipo de Rato, eran "más ajustadas a la realidad", informa Ep.
Por su parte, Villanueva apuntó también hacia la CNMV, institución que autorizó la salida a bolsa de la entidad a mediados de 2011, operación, que a su juicio, cumplía con los requisitos legales exigidos.
EL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS CONDENADO POR CONTRATAR EN FRAUDE DE LEY
IU-LV de Las Rozas denuncia que este tipo de contrataciones es una práctica habitual del equipo de gobierno.
El Juzgado de lo Social Nº 12 de Madrid ha reconocido recientemente mediante sentencia, que los antiguos trabajadores de la Escuela de Arte Dramático de Las Rozas eran trabajadores por cuenta ajena y, por lo tanto, habían sido contratados por el Ayuntamiento en fraude de Ley. La sentencia reconoce la relación de estos trabajadores con el Consistorio como de “naturaleza laboral con carácter indefinido” pese a haber sido contratados como autónomos y da a elegir entre la readmisión o el despido, optando el PP por este último.
Para el Grupo Municipal de IU-LV es habitual que el equipo de gobierno utilice la figura del autónomo para contratar y denuncia que existen autónomos contratados para talleres, enseñanza, asesorías, terapia, grabación, sonido, etc… “Es intolerable que la Administración actúe al margen de la ley para precarizar a sus trabajadores ¿Cuántos casos más como éste hay en el Ayuntamiento de Las Rozas?” pregunta Jaime Rodrigues al mismo tiempo que aclara que “con toda seguridad veremos más sentencias condenatorias”.
Hay que recordar que IU-LV había preguntado en el Pleno del 27 de junio por los motivos de la privatización de la Escuela de Arte Dramático de Las Rozas. Los argumentos esgrimidos por la concejal de cultura Mercedes Piera Rojo fueron que no había privatización, lo que había, según ella, era “un contrato para prestar servicios profesionales y ahora vamos a hacer una contratación externa de empresa”. Para Jaime Rodrigues, con la sentencia del Juzgado de lo Social no sólo se demuestra que no se trataba de un simple contrato para la prestación de servicios, también queda claro que las intenciones del equipo de gobierno fue la de privatizar un servicio que hasta ese momento había sido público.
http://iulasrozas.org/el-ayuntamiento-de-las-rozas-condenado-por-contratar-en-fraude-de-ley/
ENTREVISTA A EVA PIERA ROJO, VICECONSEJERA DE ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
“No creo en tener que cambiar las cosas por decreto ley… la Igualdad es cosa de todos”
Eva Piera Rojo, Viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, apuesta por “bajar los impuestos y eliminar trabas administrativas” como medida para que las emprendedoras creen su propio negocio. Presume del trabajo eficiente de entidades que, como Avalmadrid, hacen una gran labor en favor de las mujeres empresarias. Es optimista en cuanto a la situación de la mujer, pues considera que es algo generacional y que, a día de hoy, hay ya una mayoría de personas que no se cuestionan las capacidades directivas de la mujer preparada para ello. Apuesta por medidas como el ‘Plan Lidera’ o ‘Amplía’ como herramientas eficaces para que directivas capaces puedan avanzar en su formación de liderazgo, aunque cree que no es necesario implementar medidas positivas hacia la mujer como pudieran ser las cuotas, pues considera que todos debemos ser medidos por el mismo rasero. Para ella, es tarea de todos propiciar las situaciones que nos conduzcan hacia la igualdad. Y en ningún caso, apuesta porque estos cambios culturales se consigan a golpe de decreto ley.
Avalmadrid, a través de las líneas de financiación para la Mujer, respalda la incorporación de la mujer al mundo del trabajo y, sobre todo, al mundo de la empresa. ¿Cómo ha ido progresando y cuál ha sido el grado de éxito de las ayudas que se hacen desde la Administración a la incorporación laboral de la mujer?
Avalmadrid es un gran ejemplo de inserción laboral, su plantilla cuenta con un 70% de trabajadoras y la representación de mujeres profesionales del mundo financiero es muy alta. Avalmadrid se ha convertido en una entidad referente para la pyme y para los emprendedores. Además, ha lanzado líneas específicas para apoyar a la mujer, ya sea ésta empresaria o emprendedora. Ya en 2005 se creó un departamento de Mujeres Empresarias para promover que las mujeres, en cualquier situación, puedan convertir una idea en una realidad empresarial o potenciar su negocio ya establecido, con unas condiciones financieras preferentes y muy asequibles. Esta actividad ha crecido durante los últimos cinco años de manera continuada y para el colectivo de emprendedores se han aprobado en torno a 400 operaciones por año, lo que significa que más de una empresa al día nace en la Comunidad de Madrid gracias a la financiación Avalmadrid.
Hay que recordar que el objetivo de Avalmadrid es facilitar el acceso a una financiación adecuada a la Pyme y al autónomo, de tal manera que el coste financiero no suponga un hándicap para la puesta en marcha o el crecimiento de las empresas.
A lo largo de los últimos años, se han financiado un gran número de proyectos liderados por mujeres habiendo sido su principal aval, su compromiso y el propio proyecto.
A diferencia de otras entidades, en Avalmadrid la financiación para nuevos proyectos es de hasta 60.000 euros, adaptando el concepto de microcrédito a la realidad económica y social de nuestro país.
¿La mujer es mejor pagadora que el hombre?
El grado de cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas por las mujeres está siendo muy elevado, no presentando ratios de morosidad superiores a otras líneas financieras.
Las últimas estadísticas de ATA y UPTA muestran que la actividad emprendedora de las mujeres está disminuyendo en 2010 tras una tendencia alcista que se mantuvo incluso, durante los primeros años de la crisis actual.
La crítica situación económica que está atravesando España, conlleva la necesidad de llevar a cabo reformas en muchos ámbitos. Actualmente, existen muchos anuncios de reformas, pero realmente, éstas están son muy tímidas y están llegando tarde. La consecuencia directa de ello, es un frenazo en la actividad económica, y por desgracia su cara más dramática, está en la tasa de paro. Un 20%, que supone que 4,5 millones de personas en nuestro país quieran trabajar y no puedan hacerlo. Las iniciativas del gobierno de Rodríguez Zapatero están agotadas y sólo actúa a golpe de ocurrencias e improvisación. Y este entorno no es precisamente el ideal para que una persona decida emprender. Por el contrario, desde la Comunidad de Madrid hemos lanzado una batería de medidas reales y concretas destinadas a facilitar el emprendimiento: medidas de índole fiscal, formativa y de apoyo financiero, dando un importante impulso al Plan de Emprendedores de la Comunidad.
¿Sigue creciendo el diferencial entre la Comunidad de Madrid y el resto de España en materia de empleo, creación de empresas…? ¿Sigue siendo Madrid el motor económico de España?
Desde luego. No ha habido un momento histórico donde se ponga más de manifiesto que, distintas políticas dan resultados diferentes. Me refiero, por un lado, al modelo que estamos aplicando en la Comunidad de Madrid y, por otro, al que está siguiendo el Gobierno de Rodríguez Zapatero para España. En los tiempos de bonanza económica, Madrid ya lideraba los principales indicadores, tanto en crecimiento económico, situación del mercado laboral y emprendimiento. Y también ahora, en tiempos de crisis: Madrid lleva cuatro trimestres consecutivos presentando una tasa de crecimiento económico positiva, que nos sitúa en un acumulado interanual del 1,2%, seis veces más de lo que está creciendo España. En cuanto a la tasa de paro, en Madrid mantenemos una diferencia con respecto a España, de casi cuatro puntos por debajo. Por tanto, nuestro mercado laboral está resistiendo mucho mejor. Es más, nuestra tasa de actividad es una de las mayores de España y, de acuerdo con los datos de afiliación a la seguridad social, en la Comunidad de Madrid ya se está creando empleo. Además, cabe resaltar que, no sólo seguimos siendo líderes en creación de nuevas empresas, sino que somos la única comunidad autónoma donde está reduciéndose la disolución de empresas. Y, seguimos siendo el destino elegido de las inversiones extranjeras que están llegando a España. Así, Madrid ha sido capaz de atraer el 63% de las inversiones de fuera desde 2003 hasta 2010 (III trimestre).
Este liderazgo económico y empresarial no tiene su eco en la patronal. Se acaba de renovar la cúpula de los empresarios y no hay un madrileño al frente, sino un empresario de la patronal catalana, Joan Rosell. ¿Esto es bueno, es malo, es normal?
Lo que es importante es que la CEOE recupere la fuerza y la iniciativa, desde una posición de liderazgo, para poder abordar los verdaderos problemas que tiene España. Por diversas razones, la CEOE ha languidecido en los últimos meses y con las reformas que tenemos que acometer, toda España necesita a una organización empresarial fuerte. Los propios empresarios son los que se encargan de elegir a la persona que les va a representar en esta tarea y, efectivamente, ha sido Joan Rosell el que ha sido designado por una amplia mayoría. En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, el presidente de la CEIM va a ocupar la vicepresidencia primera de esta patronal, por lo que, sin duda, desde Madrid, donde tenemos un tejido empresarial que es un auténtico lujo, éstos van a tener mucho que decir a los empresarios de toda España y a su patronal, especialmente, respecto al conjunto de reformas que se pongan sobre la mesa.
En el mundo empresarial, la mujer parece que ha dado un paso atrás empujada por la crisis y parece que se ha reducido la presencia de las mujeres en los consejos de administración, especialmente en las sociedades cotizadas.
Los datos y los estudios están arrojando esos resultados. Esto choca, sin embargo, con la alta cualificación que tienen las mujeres españolas. Por tanto, sin duda se aúnan aspectos de cultural tipo y escasa tradición, a una situación de crisis generalizada. No hay duda de que las mujeres que actualmente tienen una relevancia institucional, profesional y directiva pueden acometer los trabajos, al menos, tan bien como cualquiera de sus compañeros varones.
Es cierto que a las mujeres en un determinado periodo de la vida se les hace complicado poder avanzar y romper ese techo de cristal, porque durante el periodo de maternidad y cuidado de hijos, hay una mayor dedicación a estas tareas que de facto suponen un frenazo en el avance profesional de las mujeres. No obstante, hay también cambios culturales y en el ámbito profesional en España, donde se cuestiona cada vez menos que la calidad del buen directivo no tiene que ver con que éste sea hombre o mujer, sino con sus capacidades. En todo caso, es una misión de todos y de cada uno de nosotros, el favorecer la igualdad real se consiga sobre esta base, y aplicarlo así desde nuestro ámbito personal y profesional. También, sin duda, es una misión de las empresas el promover políticas que favorezcan el desarrollo profesional de sus directivas y la retención del talento femenino. Y es positivo que desde las administraciones se promuevan medidas que permitan un avance real hacia las posibilidades de conciliación y de gestión flexible del tiempo.
¿Cree que una medida para paliar esta situación sería las tan polémicas cuotas?
A mí, personalmente, no me gusta nada hablar de cuotas. Creo que, seamos hombres o mujeres, se nos tiene que medir a todos por el mismo rasero, según las capacidades de cada persona, el esfuerzo, los resultados y la legítima ambición que demuestre cada persona durante su trayectoria. Tiene que ver más con esos valores y no tanto con cuotas. La verdad es que aquí, en la Comunidad de Madrid, tenemos la mejor prueba de ello. Está presidiendo Esperanza Aguirre, que es un referente para tantos ciudadanos. Esperanza Aguirre proyecta liderazgo e ilusión, no sólo a los ciudadanos sino a todo su equipo en la gestión de la Comunidad de Madrid. Y no sólo ella: hay mujeres tremendamente capaces al frente de consejerías como Educación, Empleo y Mujer, Familia y Asuntos Sociales… y también muchas mujeres en viceconsejerías, secretarías generales y direcciones generales. En definitiva, en la Comunidad de Madrid vivimos esto con toda normalidad: lo que hay son personas de gran capacidad técnica y profesional, mujeres y hombres, y todos tratamos de contribuir con nuestro mejor saber hacer y nuestro esfuerzo diario a que la gestión pública sea cada vez más útil para la sociedad y más eficiente para el ciudadano.
En el I Congreso de Mujeres Directivas de ECOFIN se habló de que las cuotas participativas por obligación llevaban a las empresas a consejero/as florero y a situaciones de directivas poco consolidadas en la estructura de mando. ¿Es importante el liderazgo femenino más que la cuota?
Contar con referentes en puestos políticos, de responsabilidad ejecutiva en empresas y en consejos de administración es, sin duda, una ayuda para que se viva el liderazgo femenino con plena normalidad. Es bueno que se proyecten hacia la sociedad, porque en la mayoría de los casos no se llega de repente ahí, hay una trayectoria detrás que las avala, con logros y avances profesionales conseguidos a los largo de tiempo.
El liderazgo más visible en el caso de la Comunidad de Madrid lo tenemos en Esperanza Aguirre, que está siendo además un referente en España, por estar tomando desde hace 3 años con decisión, ideas claras y anticipación, una serie medidas para hacer frente a la crisis, con una gestión más austera y a la vez más eficiente para el ciudadano, una gestión que contrasta con la improvisación y los bandazos a que nos tiene sometidos el Gobierno de España.
Es necesario contar con iniciativas como Madrid Woman’s Week, la secretaría de Igualdad, un Instituto de la Mujer… ¿Seguimos teniendo esa necesidad de que haya promociones de o para la mujer?
Los individuos son los que tienen la responsabilidad de hacer que la convivencia profesional de hombres y mujeres sea una realidad cada vez más patente en materia de igualdad. También es clave el papel de las empresas. En un reciente estudio de la Universidad Complutense, sobre la aplicación de políticas de conciliación, revela que es una de las medidas más eficaces para retener el talento en las empresas, siendo ese capital, el humano el que más aporta a las cuentas de resultados. Y además demuestra que en esas empresas que aplican políticas aumenta la productividad de los trabajadores, de todos, hombres y mujeres. Eso es lo que pretende realzar precisamente los Premios Madrid Empresa Flexible que otorga anualmente la Comunidad de Madrid.
Hay muchas mujeres que optan por el autoempleo como medio para crear su propio trabajo, pero también como medida para poder conciliar su vida personal con la profesional. ¿Esto es síntoma de que las políticas de igualdad no están funcionando o que se necesita más tiempo para que cambie la cultura organizacional de nuestra sociedad?
No creo en tener que cambiar las cosas por decreto ley… la Igualdad es cosa de todos. Aquí hay un Gobierno, como es el de Rodríguez Zapatero, que crea un ministerio de Igualdad y quiere hacer creer que ya soluciona los problemas de este país. Lo que se necesita es crear entornos favorables a los emprendedores, como se está haciendo en la Comunidad de Madrid. Nosotros bajamos los impuestos para los emprendedores, en el primer año de negocio introducimos deducciones en el IRPF, se les compensa el cien por cien de las tasas municipales por inicio de actividad, se proporciona formación… En definitiva, hay que facilitar la vida a los empresarios, que son los que hacen inversiones y crean empleo. Crear entornos propicios para sus negocios, ser austeros, bajar impuestos, eliminar trabas administrativas, hacerles la vida fácil en definitiva, con todo ello se genera confianza, se fomentan las inversiones y se crea empleo, no con la creación de Ministerios.
Desde la consejería de Empleo y Mujer se ha lanzado el Plan Lidera, ¿es un éxito?
Es iniciativa de la Consejería de Empleo Mujer e Inmigración fue pionera en España y en Europa, y consta de tres modalidades: Lidera Becas, Lidera Habilidades y Lidera Emprende. Gracias a este apoyo a las mujeres, en las escuelas de negocio más prestigiosas se está incrementando la participación de profesionales mujeres en un porcentaje considerable, incorporándolas a programas de desarrollo directivo y de adquisición de habilidades. Esto es una excelente noticia, porque al final esas mujeres mejor preparadas elegirán el camino que quieran seguir y tendrán más herramientas para romper su techo de cristal.
¿Qué otras iniciativas destacaría de las que promueve la Comunidad de Madrid?
Otra iniciativa innovadora es el programa ‘Amplía’, con el que la Comunidad de Madrid financia la ampliación de los horarios escolares para que puedan ser más compatibles las exigencias profesionales de los padres. Es una medida importantísima que pone a disposición de las familias madrileñas cerca de 80.000 plazas para atender a los hijos menores de tres años. Poner estas plazas sostenidas con fondos públicos constituye, sin duda, una ayuda real a los padres para que puedan conciliar mejor. También quiero señalar el apoyo a aquellas familias que tienen otras personas a las que cuidar, porque no sólo hay que pensar en los hijos, sino también en nuestros mayores dependientes. El esfuerzo que se está haciendo en esta materia es poner a disposición casi 30.000 plazas residenciales para la atención de mayores dependientes. Todo esto es hablar de conciliación y creo que también hay que destacarlo.
¿Cree que se ha superado el techo de cristal en la política?
En la Comunidad de Madrid, por descontado. Ya lo he dicho antes, no hay mejor ejemplo que la Presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha superado ya tantos “techos de cristal”. Pero insisto, en la política regional los ejemplos son tan abundantes… Aquí venimos a trabajar, que hay mucho que hacer. Se viene con la máxima motivación a aportar lo mejor de nosotros mismos el tiempo que estemos en la gestión pública, al servicio de los ciudadanos, y con un proyecto perfectamente liderado en el que tenemos muy claro lo que hay que hacer.
APOYO
‘Yo digo que no renunciemos a nada: ni en lo profesional, ni en lo personal’
Eva Piera Rojo es “incansable, prudente, positiva, eficaz y con mucho tesón”. Se define a ella misma como “una corredora de fondo”. Quizá por ello ha podido triunfar en la familia con sus cuatro hijos, en la empresa y en la política.
Se licenció en Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid y en la francesa Universidad de París-X (UPX). Completó su formación con un programa de postgrado en dirección de empresas en el IESE. Antes de incorporarse a la Administración Regional, desarrolló su actividad profesional en el ámbito de la banca corporativa y de negocios, donde sumó quince años de experiencia en distintos puestos de responsabilidad. Durante este periodo también impartió cursos sobre temas financieros en foros especializados.
En política, en 2006 fue Directora General de Empleo de la Comunidad de Madrid. Unos meses más tarde, fue nombrada Directora General de Economía, puesto que compaginó con el de presidenta de la Sociedad de Garantía Recíproca Avalmadrid, entidad financiera referente para las pymes, los autónomos y emprendedores madrileños. Desde 2008, es viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo, y preside y es miembro de diversos Consejos de Administración de entes y empresas dependientes de la Consejería de Economía y Hacienda.
Como madre de familia numerosa, ¿cómo ha hecho para tener cuatro hijos y tener éxito en el trabajo?
Así lo explica ella:
“Yo he podido -porque he querido- formar una familia, que dicho sea de paso es lo más importante para mí y lo que me da equilibrio para poder afrontar todo lo que hay que afrontar dentro de mi profesión. He tenido la suerte de haber hecho mi desarrollo profesional durante casi quince años en el ámbito de la banca corporativa y de negocios, que por cierto, es un mundo donde también hay más hombres que mujeres, y en el que siempre se me ha medido por mis capacidades y resultados. En ese periodo, tuve mis 4 hijos, y el poder hacerlo sin tener ningún problema en los momentos de la reincorporación tras las bajas maternales, fue la mejor prueba de que las organizaciones quieren compromisos a largo plazo y que hoy en día, la sociedad en general respalda y apoya a los profesionales, como yo tuve el respaldo de mis compañeros durante esos años. He tenido la suerte de contar con ayuda en casa, y sobre todo la ayuda y la complicidad en todo momento de mi marido”.
¿Qué como lo hago? Pues como buenamente puedo, no voy a decir que lo haga bien porque realmente tengo la sensación muchas veces de que no llego a nada. Pero tengo que decir que a pesar de tener esa sensación, el balance es muy positivo: tengo una familia maravillosa y grande, y por tanto, yo defiendo que se puede.
¿Qué si es duro? Muchísimas veces y cuesta muchísimo esfuerzo, pero cuento con la complicidad de los que me rodean. A mí me apasionan mi familia y mi trabajo, quiero las dos cosas, y no quiero renunciar a nada.
¿Merece la pena? Por supuesto, que ni lo duden. Que las mujeres no retrasen la maternidad si quieren formar una familia. Hay que recurrir a los mecanismos existentes, ser optimista en la vida y se sale adelante. Lleva mucho trabajo pero con también muchas satisfacciones y se puede. Yo he colmado todas mis expectativas: en lo profesional, en el sector privado; en lo político, ya simplemente donde estoy; y en lo personal, con mi marido e hijos, que es lo mejor que tengo. Así que yo digo que no renunciemos a nada.
¿Cuál es su fórmula secreta? Soy cabezona, tengo mucho tesón, soy organizada y constante en el trabajo. Seguramente hay otras cosas, pero muchas mujeres somos así, y al final, ganamos la maratón. En definitiva, somos corredoras de fondo, y eso es lo importante”.
https://ecofin.es/entrevista-a-eva-piera-rojo-viceconsejera-de-economia-de-la-comunidad-de-madrid/
BOYER ABORTÓ EL FRAUDE QUE HA TERMINADO EN EL SUPREMO
El detonante del escándalo descubierto a finales de 1984 en la Casa de la Moneda fueron los informes de la Intervención General del Estado al entonces ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, quien destituyó fulminantemente a Francisco Balaguer y Guillermo Piera y dio plenos poderes al nuevo equipo gestor, que comunicó la información a la policía y a la justicia. La corrupción pudo al menos detenerse y los responsables tuvieron que responder ante los tribunales. Después de tanto tiempo, el Supremo ha saldado en 1994 el caso.
El Tribunal Supremo ha confirmado en lo sustancial la condena impuesta en octubre de 1991 por la Audiencia Provincial de Madrid a dos ex directivos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), dos comisionistas y un mediador, por los delitos de fraude continuado y cohecho [soborno], relacionados con el suministro de material.
La firmeza de la condena convierte en efectivas las penas de suspensión e inhabilitación y dos de los condenados -el ex subdirector general de la FNMT, Guillermo Piera Jiménez, y el comisionista Fernando Merlo Moreno- tendrán que pagar a la entidad estatal una indemnización conjunta y solidaria de 7.533.405 pesetas.
Con esa suma se compensará a la FNMT de las cantidades que tuvo que pagar de más por los suministros de material entre finales de 1983 y enero de 1985, antes de que el descubrimiento de las irregularidades abortara otros delitos.
El resto de las penas son las siguientes: Para Francisco Balaguer Lara, director de la FNMT cuando ocurrieron los hechos juzgados, tres años de suspensión en el cargo que desempeñaba o en otro de funciones análogas y multa de 100.000 pesetas; para Guillermo Piera, un año de cárcel y seis años de inhabilitación especial para el cargo de subdirector de la FNMT que desempeñó o para la obtención de otro análogo; para Fernando Merlo y Fernando Arnaiz Espiga seis meses de cárcel y seis años de inhabilitación especial para dedicarse al oficio de artes gráficas que venían ejerciendo, y para José Castiñeira Pombo, cómplice de un fraude, un mes de arresto.
El relato de los hechos declarados probados en 1991 por la Sección 15ª de la Audiencia de Madrid, en la sentencia de la que fue ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro, ocupa 20 folios. La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia emitida el pasado 2 de febrero, se ha limitado a atenuar la pena a los acusados que no ejercían función pública: Merlo, Arnaiz y Castiñeira.
https://elpais.com/diario/1994/04/24/espana/767138414_850215.html
HACER DINERO... Y LLEVÁRSELO
"O paga comisión o nos pierde como clientes". Así empezó el escándalo de los suministros a la Casa de la Moneda
Era muy fácil: "O paga comisión o nos pierde como clientes". A regañadientes, los suministradores terminaban aceptando, porque se trataba de un buen parroquiano: el Estado. La fabricación de billetes de banco, monedas, lotería, cartones de bingo, impresos de la declaración de la renta y demás soportes legales de riqueza o de expectativas de fortuna no podía ser un islote de limpieza en el mar de corrupción que acompañó a la relativa prosperidad de la década de los 80. Los responsables de la máquina de hacer dinero y similares no iban a limitarse a apretar el acelerador de la inflación sin llenarse previamente los bolsillos.
El Tribunal Supremo ha puesto recientemente punto final a este escándalo que comenzó en 1983, durante la primera etapa de gestión socialista. Coincidiendo con la llegada a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) -también conocida como Casa de la Moneda-, entre otros, de dos ejecutivos agresivos, ambos de 41 años: Francisco Balaguer Lara, como director, y Guillermo Piera Jiménez, como subdirector general. Aparte de los productos que elaboraba, el volumen de dinero que movía anualmente la FNMT, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, se calculaba en 12.000 millones.
Guillermo Piera, hermano de Adrián -éste ya entonces, como hoy, presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid-, era un empresario maderero que fue director general del Instituto de Estudios y Planificación con el Gobierno de Carlos Arias Navarro. Durante la transición se incorporó a Alianza Popular, en donde en 1979 llegó a ser secretario, general interino por dimisión de Manuel Fraga.
La victoria electoral del PSOE en 1982 permitió en 1983 el acceso de Guillermo Piera al equipo directivo de la Casa de la Moneda, desde donde contactó con Fernando Merlo Moreno, también de 41 años, un empresario experto en el ramo del papel y de las artes gráficas. Piera inició una nueva política de compras del material imprescindible para la acuñación de moneda, impresión de billetes de dinero, lotería y cartones de bingo.
Contacto personal
Piera asumió el control directo del departamento de compras y el contacto personal con los suministradores de la FNMT, hecho hasta entonces insólito. Piera, en connivencia con Fernando Merlo, puso en práctica una estrategia de compras con los tradicionales suministradores.
Según asistentes al juicio que se celebró por estos hechos en octubre de 1991, durante dos semanas, en la Audiencia de Madrid, los suministradores que intervinieron como testigos relataron repetidamente el asombro que les produjo el particular modelo comercial de los nuevos gestores de la FNMT. Pero aceptaron el abono de comisiones para no perer los pedidos.
En enero de 1984, Merlo comió con los administradores de J. Vilaseca, SA, suministradores de la FNMT desde 30 años antes, quienes pusieron de manifiesto la reciente reducción de pedidos. Merlo se llevó al ágape a un amigo suyo, José Castiñeira Pombo, de 44 años, al que presentó como un economista "con peso e influencias" en el Ministerio de Hacienda, del que depende la FNMT. Merlo planteó a sus interlocutores la exigencia de que abonaran comisiones, apoyada con entusiasmo por Castiñeira.
Ante las dudas suscitadas, los gestores de Vilaseca acudieron a la sede de la FNMT, en donde Piera les confirmó que no conseguirían más pedidos hasta que llegaran a un acuerdo con Merlo, por lo que aceptaron abonar a éste una comisión de 8 pesetas por kilo de papel que en lo sucesivo suministraran a la Fábrica, y otra de 6 pesetas por cada kilo de papel ya suministrado, pero que estuviera pendiente de pago.
Dos horas más tarde de que alcanzaran este compromiso con Merlo, Piera hizo un importante pedido de papel para cartones de bingo y en los meses sucesivos aumentaron los pedidos. Vilaseca entregó a Merlo talones por un total de 5.528.059 pesetas, a nombre de Syspa, empresa de Merlo, quien repartió tal importe con Piera. La suma total a cobrar por comisiones superaba los 21 millones, si bien los administradores de Vilaseca fueron retrasando el pago de las mismas, en espera de que la situación explotara. El caso no paró ahí.
Comisión del ¡45%!
En abril de 1984, Merlo, de acuerdo con Piera, contactó con el director gerente de la empresa Encarnación L. M. G. y le propuso un trabajo para la FNMT (la manipulación de ejemplares de la declaración de la renta), pero a condición de "abonarle en concepto de comisión el 45% del total de lo facturado. Al proveedor le pareció exagerada la comisión, pero como tenía escaso trabajo, aceptó la propuesta. Después, pasó factura por 9.856.970 pesetas, de las que abonó a Merlo talones por más de cuatro millones.
¡Bingo!, ¿para quién?
En marzo de 1984, Piera se puso en contacto con Fernando Arnaiz Espiga, de 45 años, propietario de Gráficas Velasco Torerías, SA, para que hiciera de intermediario ante empresarios de artes gráficas que pudieran colaborar en la impresión y manipulado de cartones de bingo para la FNMT. Arnaiz aceptó y, entre otros pedidos, encargó a Talleres Gráficos Peñalara la elaboración de 96 millones de cartones de bingo. Pero quien cantó bingo fue la desconocida tercera persona que percibió el 25% del total de lo facturado y Arnaiz, que recibió 1.539.357 pesetas en tres talones. El director-gerente de Peñalara explicó en el juicio que aceptó esas condiciones notoriamente gravosas, "dada la debilidad" de su empresa y "la situación precaria" en que se hallaba.
Viaje a Chile... y préstamo.
En junio de 1983, tras tomar posesión como director de la FNMT, Balaguer habló con Rodríguez Díez de Pichardo, de 46 años, representante en España de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), principal proveedor de cobre para la Fábrica, sobre los problemas de suministros. Ambos viajaron en agosto a Chile. En noviembre, Díez de Pichardo prestó siete millones de pesetas a Balaguer para la construcción de su casa. El tribunal aceptó que el préstamo no constituye comisión, pero entendió que "le benefició", por lo que condenó a Balaguer por cohecho. En esa época, Balaguer ordenó que las facturas por el transporte de cobre servido por Codelco se incrementaran en 381 pesetas por tonelada, de las que 25 serían para Diez de Pichardo.
Agilización de compras.
A finales de 1983, Merlo, de acuerdo con Piera, contactó con Corporación Comercial Kanguros, SA, dedicada a la venta de papel, a la que pidió una comisión del 10% de la suma que facturaran a la FNMT, advirtiéndole que en caso de que no fuera así no seguirían vendiendo a la fábrica, de la que eran suministradores desde 20 años atrás. Kanguros se negó, pero ante el descenso de pedidos, sus representantes visitaron a Piera. Más tarde, tras retrasarse en exceso el pago de las mercancías servidas, Merlo compareció en la empresa y se ofreció a agilizarlo, si se le abonaba la comisión correspondiente. Kanguro se negó de nuevo... pero perdió al importante cliente.
https://elpais.com/diario/1994/04/24/espana/767138406_850215.html
© Copyright. 1998 - 2020.www.losgenoveses.net. Ningún derecho reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones
( Página diseñada para ver con Explorer 9 o superior a 1024 x 768 píxeles )
