PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ Y EL CASO PASARELAS
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CONFIRMADA LA ABSOLUCIÓN POR UN DEFECTO
PROCESAL DEL EXPRESIDENTE DE MURCIA ACUSADO DE CORRUPCIÓN
LA FISCALÍA PIDE REPETIR EL JUICIO AL EXPRESIDENTE DE MURCIA
EL EXPRESIDENTE DE MURCIA, ABSUELTO DEL ‘CASO PASARELAS’ POR LA “INDOLENCIA” EN
LA INSTRUCCIÓN
PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ SE SENTARÁ EN EL BANQUILLO POR EL 'CASO PASARELAS'
PROCESAN AL EXPRESIDENTE DE MURCIA POR PREVARICACIÓN Y FALSEDAD
LA AUDIENCIA REABRE EL 'CASO PASARELAS', QUE APUNTA A QUE SÁNCHEZ FRACCIONÓ CONTRATOS
CONFIRMADA LA ABSOLUCIÓN POR UN
DEFECTO PROCESAL DEL EXPRESIDENTE DE MURCIA ACUSADO DE CORRUPCIÓN
Pedro Antonio Sánchez, que dimitió en 2017, se libra definitivamente del
banquillo gracias a una reforma del Gobierno de Rajoy en 2014 que reducía el
tiempo de la instrucción a seis meses. La Fiscalía Anticorrupción no pidió
la ampliación del plazo de instrucción y ahora el Tribunal Superior de
Justicia de Murcia lo absuelve pese a las evidencias en su contra.
El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha desestimado los
recursos de apelación del fiscal y las acusaciones del caso Pasarelas contra
el expresidente autonómico Pedro Antonio Sánchez, absuelto por no pedir la
fiscalía la ampliación del plazo de instrucción de seis meses por ser
compleja.
La Sala de lo Civil y Penal ha confirmado la sentencia de la Audiencia
Provincial de Murcia que lo absolvió de prevaricación, falsedad y fraude en
la contratación por la "indolencia" en la instrucción del caso de supuesta
corrupción en el encargo de unas obras de Puerto Lumbreras cuando Sánchez
era su alcalde.
También estuvo siendo investigado el arquitecto que realizó el proyecto de
acondicionamiento de la rambla de Nogalte, Martín Lejarraga.
Las acusaciones populares, entre ellas, la de Podemos, pedían la nulidad de
la sentencia de la Audiencia y la retroacción de la causa al inicio del
juicio oral por entender que había infracción de ley y vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva.
Pedro Antonio Sánchez fue absuelto gracias a la reforma introducida por el
Gobierno de Mariano Rajoy en 2014, que redujo el tiempo de la instrucción de
los delitos a seis meses para las causas ordinarias.
El TSJ comparte la posición de la sentencia apelada "cuando concluye que la
prórroga acordada después del vencimiento del plazo general de seis meses
supone una infracción de las previsiones legales".
A juicio del tribunal, este precepto establece límites temporales
"infranqueables" para la recopilación del material probatorio en la fase de
instrucción y la adopción, según proceda, de la decisión sobre la
continuación del procedimiento y apertura del juicio oral o el
sobreseimiento provisional o libre.
A este respecto, recuerda que este límite no siempre ha de ser de seis meses
y existe la posibilidad de ampliarlo mediante sucesivas prórrogas "previa
petición y decisión por los sujetos procesales a quienes se encomienda la
vigilancia de esos plazos, el ministerio fiscal y el juez de instrucción".
"El riesgo de impunidad denunciado por los recurrentes, especialmente en una
administración de justicia infradotada, no puede convertirse en un Estado de
Derecho en carta blanca al poder judicial para rebasar los mandatos
imperativos fijados por el legislador mediante el forzamiento interpretativo
de un modelo de plazos máximos de instrucción, sin duda perfectible, pero
que quedaría irreconocible de atender las pretensiones de los recurrentes",
añade.
El TSJ concluye que en este caso se ha dado además una total inactividad
durante ese plazo de seis meses tanto al investigar como al contestar al
traslado de la causa al estar involucrado un entonces presidente autonómico
aforado.
https://www.publico.es/politica/caso-pasarelas-confirmada-absolucion-defecto-procesal-expresidente-murcia-acusado-corrupcion.html
LA FISCALÍA PIDE REPETIR EL JUICIO AL
EXPRESIDENTE DE MURCIA
El ministerio público solicita, en un duro recurso, que se lleve incluso la
absolución al Constitucional
La Fiscalía no da por perdida la batalla contra Pedro Antonio Sánchez,
expresidente de Murcia, por el caso Pasarelas. El ministerio público ha
presentado un recurso donde pide anular la sentencia que absolvió al dirigente
del PP y solicita que se vuelva a celebrar la vista oral con nuevos magistrados,
al considerar que el anterior tribunal ha "perdido la imparcialidad". En un
escrito enviado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la acusación pública
carga con dureza contra la resolución absolutoria de la Audiencia Provincial:
"Yerra gravemente".
A lo largo de las 49 páginas del recurso, al que tuvo acceso EL PAÍS, la
Fiscalía se centra en desmontar la argumentación que llevó a la Sección Tercera
de la Audiencia Provincial de Murcia a absolver al expresidente por "indolencia"
de la juez instructora y de la Fiscalía. Según la sentencia, no se tomó
declaración a los investigados durante los seis meses previstos en el artículo
324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal —limitación temporal aprobada por el
PP, mismo partido al que pertenece el expresidente autonómico, con el Gobierno
de Mariano Rajoy— y el ministerio público pidió tarde la ampliación del plazo de
instrucción.
Pero la Fiscalía rechaza esta interpretación en su escrito, fechado el pasado 14
de enero. "La sentencia omite y no valora un dato sustancial. Cuando transcurre
el plazo de seis meses, la causa no se había dirigido contra Sánchez. Ni
siquiera estaba personado. De modo que cabría plantearse si el transcurso del
plazo debiera afectarle", apunta el recurso, que añade: "Si el procedimiento
nunca se dirigió contra él hasta el 21 de diciembre de 2017 por hechos no
prescritos, según la propia sentencia, nada le puede afectar". "¿O es que la
preclusión de un procedimiento pueden beneficiar a posibles investigados que no
eran parte del mismo y se identifican después?".
"No se vulneró el plazo"
"No hubo ninguna vulneración del plazo", prosigue el fiscal Juan Pablo Lozano,
que recuerda que la Sección Segunda de la misma Audiencia Provincial ya validó
los tiempos de la investigación después de que el instructor que heredó la causa
decidiese archivarla por pasar seis meses y dos días desde la apertura de
diligencias.
La Segunda anuló el sobreseimiento al entender que el plazo fijado en la ley es
solo orientativo. Pero la Tercera revocó esa decisión en su sentencia, al
aceptar la cuestión previa de la defensa y ni siquiera celebrar la vista oral.
"Lo hace a modo de órgano superior que fija doctrina, cuya función no le
corresponde", critica el fiscal, que defiende que con la absolución se
"sacrifica el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas". "Resulta
llamativo que dos de los magistrados pudieran firmar la sentencia documentada el
mismo día 20 de diciembre [cuando se dictó la resolución], en un breve espacio
de tiempo después de terminar el juicio", dice también el escrito de Lozano.
El ministerio público pide, paralelamente, que se revoque la absolución por
"infracción y quebrantamiento de las formas y garantías procesales": "Al
dictarse sentencia sin contener una referencia a hechos probados como exige la
ley". E, incluso, va más allá al solicitar al TSJ que, en el caso de no anular
la sentencia, eleve el caso al Tribunal Constitucional para que analice si la
aplicación del 324 contravino la Ley Fundamental.
"La finalidad del artículo 324 supuestamente era garantizar una mayor agilidad
en la instrucción de las causas evitando las dilaciones indebidas, pero ello no
puede hacerse sacrificando el derecho a la tutela judicial efectiva", argumenta
el recurso de Lozano, que apostilla: "Un fin loable se convierte en causas que
impiden la persecución penal". En cambio, añade: "La sentencia se decanta por
una interpretación que desemboca en la impunidad de hechos delictivos graves no
prescritos por atender a una interpretación de una ley cuya constitucionalidad
no cuestionan, pese a que su deber constitucional de equilibrar y proteger los
derechos fundamentales en conflicto y a la posibilidad que tienen de hacerlo
como integrantes del Poder Judicial". Todas las asociaciones de jueces y
fiscales han pedido que se supriman los plazos máximos de instrucción del 324.
Podemos pide también repetir el juicio
Podemos, personado como acusación, también pide revocar la absolución y celebrar
el juicio. En un escrito redactado por el abogado Ginés Ruiz, secretario general
de la formación en la ciudad de Murcia, el partido considera que no se incumplió
el plazo de instrucción y que no se vulneraron los derechos de Pedro Antonio
Sánchez. También alega que la sentencia de la Sección Tercera supone una
"limitación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de las
acusaciones".
El caso Pasarelas, la primera de las tres causas judiciales que Sánchez tenía
pendientes y que le llevaron a dimitir en abril de 2017, es una escisión del
caso Auditorio, uno de los procesos que aún tiene abierto por su gestión como
alcalde de Puerto Lumbreras. La jueza instructora de ese caso, Consuelo Andreo,
apreció indicios de delito —fraude, falsedad y prevaricación— en la contratación
para reconstruir y embellecer un puente y una pasarela sobre la rambla de
Nogalte. Para ello, Pedro Antonio Sánchez supuestamente dividió los trabajos en
varios contratos, todos por valor inferior a 12.000 euros, con lo que no era
obligatorio sacarlos a concurso público, aunque juntos sumaban más de 54.000.
https://elpais.com/politica/2019/02/06/actualidad/1549478737_343062.html
EL EXPRESIDENTE DE MURCIA, ABSUELTO DEL
‘CASO PASARELAS’ POR LA “INDOLENCIA” EN LA INSTRUCCIÓN
El magistrado dejó transcurrir el plazo de seis meses sin tomar declaración a
Pedro Antonio Sánchez y la fiscalía pidió tarde la declaración de causa compleja
La “indolencia” de la jueza instructora y de la fiscalía ha provocado la
absolución del expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez, del
PP, en un caso de presunta corrupción. El político se ha beneficiado de la
limitación a seis meses de la instrucción de las causas penales aprobada por su
partido en 2015. La jueza María del Carmen Torres Buitrago dejó pasar los seis
meses sin tomar declaración a los investigados y la fiscalía pidió tarde la
ampliación del plazo de investigación.
La decisión de absolver al expresidente murciano la ha tomado este jueves la
Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia en la sesión preliminar del
juicio del caso Pasarelas, la primera de las tres causas judiciales que Sánchez
tenía pendientes y que le llevaron a dimitir en abril de 2017. Tanto el abogado
defensor del expresidente, José Antonio Choclán, como el del arquitecto Martín
Lejárraga, el otro implicado en el caso, solicitaron la nulidad del proceso y la
absolución de sus defendidos por ese defecto de forma en los plazos.
Choclán aportó varias sentencias recientes del Tribunal Supremo y de las
Audiencias Provinciales de Madrid y Barcelona en ese sentido y criticó que a lo
largo de este proceso judicial, que comenzó en 2016, se han vulnerado los
derechos fundamentales del expresidente porque el caso ya fue archivado y
abierto de nuevo a pesar de que los plazos estaban vencidos.
Para entender esta situación, hay que recordar que el caso Pasarelas surgió como
una escisión del caso Auditorio, uno de los procesos que Sánchez aún tiene
abierto por su gestión como alcalde de Puerto Lumbreras. La jueza instructora de
ese caso, Consuelo Andreo, apreció indicios de delito en la contratación de
Lejárraga en 2006 para reconstruir y embellecer un puente y una pasarela sobre
la rambla de Nogalte. Para ello, Sánchez supuestamente dividió los trabajos en
varios contratos, todos por valor inferior a 12.000 euros, con lo que no era
obligatorio sacarlos a concurso público, aunque juntos sumaban más de 54.000.
Andreo ordenó deducir testimonio y el Juzgado Decano de Lorca envió el caso al
juzgado de Instrucción 3 de esa localidad, que abrió diligencias previas el 14
de julio de 2016. Sin embargo, el instructor no llevó a cabo ninguna actuación,
más allá de remitir la documentación al fiscal anticorrupción, Juan Pablo
Lozano, para que propusiera pruebas.
El siguiente paso en el proceso judicial se dio el 16 de enero de 2017, cuando
el fiscal solicitó declarar la complejidad de la causa. Habían pasado seis meses
y dos días desde la apertura de diligencias, así que el instructor en ese
momento, Antonio Morente, decidió archivar la causa por haber expirado el plazo
que fija la ley.
Sin embargo, el fiscal y las acusaciones populares recurrieron la decisión ante
la Audiencia Provincial de Murcia y su Sección Segunda decidió reabrir la causa
y reenviarla de nuevo a Lorca el 28 de noviembre de 2017. La Sala estimó
entonces que el plazo de seis meses fijado en la ley es orientativo pero, en
ningún caso suponía el archivo de la causa.
Morente sí inició entonces las diligencias y tomó declaración a una decena de
testigos y al propio Sánchez en marzo de 2018. El 9 de mayo ordenó la apertura
de juicio oral contra el político por prevaricación y falsedad y remitió el caso
a la Audiencia Provincial, en este caso, a la Sección Tercera, la que este
jueves ha decidido absolver a Sánchez.
El presidente del tribunal, Álvaro Castaño-Penalva, ha considerado que hubo una
“indolencia” en la instrucción del caso, puesto que en esos seis meses no se
llegó siquiera a tomar declaración a los acusados. En su opinión, se trata de un
error atribuible a la Administración de Justicia que no debe repercutir de forma
desfavorable en los investigados, por lo que decidió absolver al expresidente en
la sesión preliminar del juicio para no alargar el proceso.
Derogación de la ley
Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales pidieron el pasado 30
de noviembre por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que derogue,
mediante un real decreto ley, el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, que entró en vigor en diciembre de 2015 y que limita a un plazo de
seis meses la investigación de las causas penales y a 18 meses, prorrogables a
otros 18, aquellas causas declaradas complejas. Las asociaciones reclaman este
cambio legal “para evitar impunidad” por el archivo de las causas, como ha
sucedido en el caso de Pedro Antonio Sánchez.
Tanto Sánchez como Lejárraga están investigados también en el caso Auditorio,
que se remonta a la misma época y trata de esclarecer si hubo irregularidades en
la adjudicación, ejecución y recepción del auditorio de Puerto Lumbreras, que se
construyó con una subvención autonómica de seis millones de euros y se entregó y
aceptó en 2011 aunque estaba sin concluir.
Además, Sánchez está investigado en el caso Púnica por posibles delitos de
fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada que habrían
tenido lugar en 2014, cuando era consejero del Gobierno murciano. El juez
investiga si contactó con empresas de esa trama para contratar con cargo a los
presupuestos de su consejería trabajos de mejora de su imagen en Internet de
cara a impulsar su candidatura como cabeza de lista del PP en las elecciones
autonómicas del año siguiente.
El PP pide que se mantenga el plazo máximo de instrucción
La absolución de Pedro Antonio Sánchez ha sido posible gracias al artículo 324
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), introducido en una reforma
impulsada por el exministro de Justicia Rafael Catalá.
El Congreso tramita desde marzo de 2017 una proposición de ley presentada por
Podemos, y que cuenta con el apoyo del PSOE, para derogar este artículo. El
texto alternativo establece, además, que la derogación afectaría a los casos que
ya se estaban instruyendo, por lo que de haber salido adelante, el expresidente
de Murcia no habría sido absuelto. Pero su partido, el PP, ha mantenido
bloqueada esta iniciativa solicitando reiteradamente la ampliación del plazo de
enmiendas: desde que se registró la proposición lo ha pedido 58 veces. Las
últimas 17, después de que el presidente del PP Pablo Casado se reuniera el 4 de
septiembre con las siete asociaciones de jueces y fiscales y se comprometiera a
apoyar la derogación del plazo máximo de instrucción.
Por fin, el pasado martes, el PP presentó su enmienda, pero propone justo lo
contrario que Casado prometió a las asociaciones. El texto de los populares pide
que se mantengan los seis meses máximos de instrucción.
https://elpais.com/politica/2018/12/20/actualidad/1545317060_887078.html?rel=listapoyo
PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ SE SENTARÁ EN EL BANQUILLO POR EL 'CASO PASARELAS'
El instructor decreta la
apertura de juicio oral contra el exjefe del Ejecutivo regional por la
posible comisión de los delitos de prevaricación, falsedad documental y
fraude en la contratación
El expresidente regional Pedro Antonio Sánchez se sentará finalmente en el
banquillo de los acusados por el 'caso Pasarelas', según informaron este
miércoles fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca,
Antonio Morente, ha decretado así la apertura de juicio oral -y se tiene por
formulada la acusación- contra el exjefe del Ejecutivo regional y contra el
arquitecto Martín Lejárraga Azcarreta por la posible comisión de los delitos
de prevaricación, falsedad documental y fraude en la contratación.
Cabe recordar que en esta causa se investiga y se juzgará la contratación
del arquitecto por parte del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras -durante el
periodo en que Sánchez fue alcalde- para la elaboración de la documentación
técnica para una subvención de obra pública en el entorno de la rambla
Nogalte.
Según se desprende del auto, se declara órgano competente para el
conocimiento y fallo de la presente causa a la Audiencia Provincial de
Murcia. Y acuerda citar a Sánchez y Lejárraga a fin de que comparezcan en la
sede de este Juzgado el 18 de mayo a las 9.30 horas para notificarles
personalmente la presente resolución y los escritos de acusación.
Por último, señala que contra este auto no cabe recurso, excepto en lo
relativo a la situación personal del acusado, en que cabe recurso de reforma
ante este Juzgado en el plazo de tres días.
Por estos hechos, el fiscal pide para Sánchez una pena de 9 años y 6 meses
de inhabilitación especial para empleo cargo público por la comisión de un
delito de prevaricación administrativa; una pena de 3 años y 6 meses de
prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de 25 euros y 3 años y 6 meses
de inhabilitación especial de sufragio pasivo y activo, así como la
incapacidad para obtener durante el plazo de la condena cualquier cargo o
empleo público, sea o no electivo, en el ámbito municipal, autonómico y
estatal, por un delito de falsedad documental.
Para Lejárraga solicita una pena de 9 años de inhabilitación especial para
empleo o cargo público por el delito de prevaricación.
Calificación provisional de Podemos
Justo esta semana la formación política Podemos anunció que solicitará tres
años de prisión y cuatro de inhabilitación especial por supuesta
falsificación de documentos para el expresidente regional. A esa petición de
penas se sumará otra de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo
público, esta vez por un supuesto delito de prevaricación continuada, dentro
de las mismas diligencias.
En su escrito de calificación provisional de los hechos, el letrado Ginés
Ruiz Maciá, que ejerce la acusación en nombre de Podemos, sostiene que a
finales de 2005 el entonces alcalde de Puerto Lumbreras y años más tarde
jefe del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez, efectuó un encargo
verbal al arquitecto Martín Lejarraga para que redactara la documentación
necesaria para solicitar una subvención a la Administración regional. Todo
ello con el objetivo de remodelar el área de la rambla de Nogalte,
reformando los puentes y pasarelas y embelleciendo el entorno. La petición
al arquitecto se habría realizado sin iniciarse expediente alguno de
contratación y sin informe técnico o jurídico que ofreciera respaldo formal
al encargo.
En marzo de 2006, un informe técnico de la Consejería de Obras Públicas
rechazaba incluir en la subvención el importe de la redacción del proyecto y
de la dirección de obra, que Lejarraga habría presupuestado en algo más de
52.000 euros.
El 3 de julio, la Consejería remitió al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras el
borrador del convenio sobre la subvención, que ascendía a unos 860.000
euros, y al día siguiente Sánchez le remitió una solicitud ya modificada, en
la que no se incluían los honorarios del arquitecto.
El 13 de julio de 2006, el Pleno municipal aprobó la firma del convenio con
la Administración regional para recibir esa subvención.
Lo que habría hecho Sánchez, con el fin de abonar los trabajos de Lejarraga,
sería «afirmar falsariamente que el Ayuntamiento pensaba acometer un
proyecto de acondicionamiento (de la rambla de Nogalte) y que para ello se
precisaba encargar la redacción de unos estudios previos al proyecto, y que
el arquitecto había hecho una oferta al Consistorio para encargarse de esos
trabajos».
Según la acusación particular, ni era cierto lo de los estudios previos, ya
que la mayor parte del trabajo técnico estaba realizado con antelación, ni
existía oferta de Lejarraga al Ayuntamiento para presentarle sus ideas.
A partir de ahí, Sánchez habría acordado con Lejarraga que este presentara
varias facturas, todas ellas por menos de 12.020 euros para evitar sacar el
contrato a concurso, hasta completar los honorarios de cerca de 50.000 euros
por los trabajos ya realizados en fecha anterior.
Así, el arquitecto habría presentado una factura por 'Estudios previos', por
9.200 euros; otra de 'Anteproyecto (9.200 euros); y otras tres por 'Proyecto
Básico', 'Proyecto de Ejecución' y 'Dirección de Obras', cada una de ellas
por 12.000 euros. La suma ascendió a 54.400 euros.
El letrado de Podemos califica los hechos de prevaricación continuada y
falsedad y, además de las penas ya reseñadas para Sánchez, pide 9 años de
inhabilitación para Lejarraga.
http://www.laverdad.es/murcia/pedro-antonio-sanchez-20180509150725-nt.html
PROCESAN AL EXPRESIDENTE DE MURCIA POR PREVARICACIÓN Y FALSEDAD
Se investiga si cuando Pedro Antonio Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras se
fraccionaron los costes de unas obras para evitar el concurso público
El expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha sido procesado por los
presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental por el
juez instructor del caso Pasarelas por la supuesta contratación ilegal de las
obras de construcción de dos pasarelas en Puerto Lumbreras en la etapa en la que
era alcalde de la población.
En un auto notificado este miércoles a las partes, el juez de Lorca considera
acabada la instrucción y acuerda el procesamiento del exmandatario regional y
del arquitecto director del proyecto, Martín Lejarraga. El juez acuerda
continuar las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado, lo que
supone que, previsiblemente, ambos acabarán siendo sometidos a juicio.
La resolución indica que a partir de ahora el fiscal y las dos acusaciones
populares, representadas por Podemos y un exconcejal socialista, junto con las
defensas, disponen de diez días para presentar sus escritos de acusación o
defensa. Indica también el auto que de las diligencias practicas se desprenden
indicios de la presunta participación de Sánchez y Lejarraga en ilícitos penales
por la contratación del arquitecto.
Y añade que esa contratación, efectuada hace ahora once años, cuando Pedro
Antonio Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras, pudo ser irregular porque,
presuntamente, se fraccionó el presupuesto de las obras elaborado para la
rehabilitación de dos puentes sobre la Rambla de Nogalte para escapar de la
convocatoria pública y la libre concurrencia.
Según el juez instructor, los hechos investigados podrían ser constitutivos de
los delitos de prevaricación y falsedad. El caso Pasarelas fue reabierto por
decisión de la Audiencia Provincial de Murcia el pasado enero después de que el
Juzgado acordara el archivo del mismo al presentar el fiscal la solicitud de
declaración de la causa como compleja fuera de plazo, según entendió el juez.
Reabierta la investigación, aquel tomó declaración como investigado a Sánchez y
Lejárraga el pasado 23 de marzo.
El auto dado a conocer este miércoles señala que el mismo puede ser recurrido en
reforma ante el propio Juzgado que lo ha dictado y en apelación ante la
Audiencia Provincial de Murcia.
https://www.elplural.com/sociedad/2018/04/05/expresidente-murcia-procesado-prevaricacion-falsedad
LA AUDIENCIA REABRE EL 'CASO PASARELAS', QUE APUNTA A QUE SÁNCHEZ FRACCIONÓ
CONTRATOS
Tras el embate de los huracanes 'Púnica' y 'Auditorio' llega 'Pasarelas' en
forma de tormenta. La Audiencia Provincial ha ordenado la reapertura de la
investigación sobre la rehabilitación de unos puentes de la rambla de
Nogalte, en Puerto Lumbreras, en cuyo horizonte se encuentra el exalcalde,
exdiputado del PP y expresidente del Gobierno regional, Pedro Antonio
Sánchez. Estas diligencias fueron archivadas el pasado enero por el Juzgado
de Instrucción número 3 de Lorca, alegando que al Ministerio Público se le
había pasado el plazo legal para pedir la declaración de causa compleja.
Esta era la única noticia positiva que Sánchez había obtenido de la
Administración de Justicia en los últimos tiempos, pero ahora ha sido
revocada por la Audiencia y se transforma así en un nuevo motivo de
preocupación para el expolítico popular.
El denominado 'caso Pasarelas' surgió como una escisión del 'caso Auditorio'
y se centraba en establecer si desde el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, y
más concretamente quien era su alcalde en aquellos tiempos, Pedro Antonio
Sánchez, pudieron cometer algún tipo de ilegalidad en 2007 con la
adjudicación del proyecto de rehabilitación y embellecimiento de un puente y
una pasarela en la rambla de Nogalte.
La instructora del 'caso Auditorio', Consuelo Andreo, apreció indicios de
delito en la «existencia de una forma de contratación pública llevada a cabo
por el Consistorio que podría haberse apartado de los principios de
publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia». En concreto,
señalaba que se apreciaba «la tramitación de diferentes expedientes de
contratación con infracción de la Ley de Contratos, fraccionándose el objeto
del contrato en la prestación de varios servicios, siempre de cuantía
inferior a 12.020 euros, que es el límite máximo para considerarlo un
contrato menor».
El expresidente ya no está protegido por fuero alguno, por lo que podría ser
citado sin impedimentos
Con cinco facturas
En concreto, recordaba que los proyectos de reforma de los puentes habían
sido adjudicados de forma directa al arquitecto Martín Lejarraga y que
presuntamente los 54.400 euros se le habían abonado en cinco partes, con
pagos que iban de los 9.200 euros a los 12.000. Ese método habría sido
amparado por el propio alcalde, Pedro Antonio Sánchez.
En base a tales datos, la juez Andreo ordenó deducir testimonio y remitir
toda la documentación sobre tales hechos al Juzgado Decano de Lorca, con el
fin de que lo repartiera al juzgado que correspondiera. La causa fue a caer
en el Juzgado de Instrucción número 3, a cuyo frente se encontraba el juez
Antonio Morente. El titular procedió a incoar diligencias previas a través
de un auto dictado el 14 de julio de 2016. Sin embargo, no ordenó que se
practicara diligencias alguna, como podría haber sido la toma de declaración
al arquitecto, o haber requerido al Consistorio para que remitiera toda la
documentación existente. Lo que se hizo fue enviar las actuaciones al
Ministerio Fiscal, con el fin de que propusiera pruebas.
La respuesta de la Fiscalía llegó el 16 de enero, para reclamar que se
declarara la complejidad de la investigación, lo cual habría permitido
ampliar el plazo de instrucción hasta 18 meses.
El juez echó cuentas y cayó en que se había superado en dos días el plazo
legal para formular esa petición, lo que le llevó a ordenar el archivo de la
causa.
La decisión fue recurrida por el Ministerio Fiscal y las acusaciones
particulares que ejercitan Podemos y un exconcejal del PSOE y la Audiencia
Provincial acaba de darles la razón. Señala la Sala, constituida en esta
ocasión singular por seis magistrados, que la fijación del plazo de seis
meses solo es orientativa y que la ley ya deja bien claro que «en ningún
caso el mero transcurso de los plazos máximos dará lugar al archivo de las
actuaciones, si no concurren las circunstancias previstas en los artículos
637 o 641 (cuando no existan indicios de delito o los hechos no revistan ese
carácter)».
La Audiencia Provincial advierte de que tomarse ese plazo de forma taxativa
supondría «una vulneración flagrante del derecho a la tutela judicial
efectiva y una contravención del principio de legalidad penal».
De esta forma, el tribunal revoca la decisión de sobreseer el procedimiento,
ordena reabrir la investigación sobre el contrato para la rehabilitación de
las pasarelas y establece que la causa debe ser declarada compleja, lo que
otorga al juez un plazo de 18 meses para instruirla.
El juzgado deberá ahora obedecer a la Audiencia Provincial y recabar las
pruebas que estime oportunas para establecer si los hechos revisten
apariencia delictiva. Entre las diligencias que podría ordenar de forma más
inmediata figuran la de recabar la documentación de que disponga el
Consistorio y tomar declaración a los supuestos intervinientes. Si así lo
decidiera, llamar a Sánchez en calidad de investigado -imputado- ya no
supondría complicación alguna, por cuanto ya no disfruta de aforamiento
alguno.
http://www.laverdad.es/murcia/audiencia-reabre-pasarelas-20171128014129-ntvo.html
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