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CASO PÚNICA MURCIA

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LA ACUSACIÓN POPULAR PIDE NUEVE AÑOS DE CÁRCEL PARA EL EXPRESIDENTE DE MURCIA POR EL ‘CASO PÚNICA’

ADADE considera a Pedro Antonio Sánchez autor fraude y cohecho por maniobrar para financiar una campaña de reputación en Internet con dinero público

Petición de pena de cárcel para el expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez en el caso Púnica. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en la causa, ha entregado en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia su escrito de acusación en la pieza del sumario que investiga los tratos del dirigente regional del PP con la trama de corrupción para financiar con dinero público una campaña de reputación ‘online’. En el escrito, ADADE considera a Pedro Antonio Sánchez autor de sendos delitos de fraude y cohecho. Por el primero, la acusación pide una condena de cuatro años de prisión. Por el segundo, otros cinco años. Para el otro encausado, su estrecho colaborador David Conesa Ferrer, la acusación pide cinco años de prisión por los mismos delitos. Esta pieza se desgajó del sumario que se instruye en la Audiencia Nacional por la condición de aforado del político.

En el escrito de ADADE - al que ha tenido acceso EL PAÍS- se detalla cómo la investigación del juez Eloy Velasco desveló la presunta concertación de Pedro Antonio Sánchez con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para “limpiar” con dinero público su imagen en las redes sociales, perjudicada por “diversas noticias negativas” sobre casos de corrupción urbanística. En el momento en el que ocurrieron los hechos, 2014, el político era consejero de Educación y aspiraba a encabezar las listas de su partido para las elecciones autonómicas de mayo de ese año, como finalmente sucedió.

La acusación popular detalla que “con la ayuda” del otro procesado, y con la intermediación de la entonces alcaldesa y diputada del PP, y hoy senadora, Pilar Barreiro, llegó a un acuerdo con De Pedro “para la realización de trabajos reputaciones de carácter privado en Internet y redes sociales que, sin embargo, serían facturados bajo conceptos y con dinero públicos relacionados con partidas destinadas a la ‘formación”. Estos trabajos iban a costar 4.600 euros al mes, que incluían los honorarios de un periodista para un diario digital, así como la creación de un portal que daría cobertura a los trabajos de reputación de carácter personal, y que durarían siete meses, de noviembre de 2014 a mayo de 2015, justo el periodo previo a la campaña electoral que finalmente ganó.

ADADE recuerda que finalmente dicho dinero nunca fue entregado a la trama porque en octubre de 2014 se produjeron las primeras detenciones del caso Púnica, entre ellas las de De Pedro y su socio, el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa. La acusación popular detalla en su escrito todos los indicios hallados a lo largo de la investigación, entre ellos correos electrónicos, llamadas telefónicas e intercambio de WhatsApp. También diversos informes sobre los trabajos de reputación 'online', así como la agenda de una empleada en la que fijaba la fecha de 3 de noviembre de 2014, lunes, como la de inicio de dichas trabajos.

https://politica.elpais.com/politica/2017/09/22/actualidad/1506099545_749016.html

EL TSJ RECHAZA QUE UN JURADO POPULAR JUZGUE A PAS

El instructor del caso Púnica desestima la petición de la Fiscalía, amparándose en que el procedimiento volvería a la Audiencia Nacional si desaparecen los aforamientos

El magistrado instructor del caso Púnica, remitido por la Audiencia Nacional al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ha desestimado la petición del Ministerio Fiscal para que sea un jurado popular el que juzgue al expresidente Pedro Antonio Sánchez, al que se le acusa de cohecho, fraude y revelación de información.

Según recoge el fundamento jurídico único del auto del magistrado instructor Enrique Quiñonero, notificado hoy a las partes, por más que, nominal y aisladamente considerados, los delitos indicados por el Ministerio Fiscal en su escrito entrarían dentro de la competencia del tribunal del jurado, dicha calificación no puede prescindir de que concurren circunstancias determinantes de la competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. "Por más que la contingencia de la causa se haya dividido por efecto del aforamiento, resulta de todo punto obvio que de no concurrir (o de desaparecer) dicho aforamiento, la competencia habría sido (o volvería a ser) de la Audiencia Nacional, con exclusión por tanto del procedimiento del tribunal del jurado", dice el auto, según fuentes del TSJ.

"Una solución en la que abunda la consideración práctica de que, de aceptarse ahora la competencia del tribunal del jurado, como la causa procede de la Audiencia Nacional, en la eventualidad de pérdida o desaparición del aforamiento, la causa volvería al órgano de origen, es decir, la propia Audiencia Nacional; lo que añadiría, a las complicaciones propias de un tercer cambio de órgano competente, la necesidad de una nueva conversión del procedimiento (del propio del tribunal de jurado al de diligencias previas del procedimiento abreviado)", concluye la resolución.

Además, en un segundo el auto, el magistrado instructor acuerda no haber lugar a la práctica de las diligencias complementarias interesadas por la representación procesal de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa.

En relación a las grabaciones de las intervenciones telefónicas solicitadas, el instructor razona que "la fase preparatoria no es un espacio procesal adecuado para complementar el material instructor o para preparar la prueba de cara al juicio oral". Y refuerza esta decisión argumentando que "sí constan unidas a la causa las transcripciones de las intervenciones telefónicas que se estimaron relevantes en relación a los hechos objeto del presente procedimiento" y que la parte "interesó la confirmación del auto de transformación del procedimiento por el que se concluía la instrucción de la causa".

"Procede por todo ello las desestimación -en este momento procesal- de la práctica de tales diligencias complementarias, pero sin que ello determine, en contra de lo que afirma el solicitante en su escrito, que con ello se impida su posterior proposición como prueba para su práctica en el plenario, si ello fuera de su interés", concluye el auto.

Finalmente, en una tercera resolución, ésta en forma de providencia, el magistrado instructor acuerda alzar la suspensión del plazo para presentación de escrito de acusación decretada, continuando el cómputo del plazo correspondiente a partir de la notificación de la presente resolución.

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/09/19/tsj-rechaza-jurado-popular-juzgue/861020.html

ANTICORRUPCIÓN CONSIDERA QUE UN JURADO POPULAR DEBERÍA JUZGAR AL EXPRESIDENTE MURCIANO

La Fiscalía envía un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) en el que recuerda que los delitos por los que está acusado Pedro Antonio Sánchez obligan a que le juzgue un tribunal compuesto por nueve ciudadanos murcianos.

El expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez (PP) podría ser juzgado por nueve ciudadanos murcianos si el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ratifica el escrito que le ha enviado la Fiscalía Anticorrupción en el que reclama que el exdirigente murciano comparezca ante un tribunal popular, según confirman a Vozpópuli fuentes del caso.

El ministerio público considera que los delitos de fraude, cohecho y revelación de información prohibida a un funcionario, por los que está acusado Sánchez al contratar a la trama Púnica para mejorar su posicionamiento en internet, implican que el todavía diputado regional del PP debería ser juzgado por un jurado.

Precisamente, uno de los casos más conocidos en los que un expresidente autonómico fue juzgado por un tribunal popular fue el del valenciano Francisco Camps, que acabó absuelto. Fuentes del caso consideran que este tipo de jurado favorece a los procesados, lo que supone un respiro para Sánchez, que también está a punto de ser procesado en el caso Auditorio.

Las mismas fuentes resaltan la dificultad que implica explicar a nueve personas que no están familiarizadas con el derecho que un político ha podido cometer un fraude pese a que al final no contrató a los informáticos de la Púnica, ya que el acuerdo fue abortado por la detención del cabecilla de la red, Francisco Granados.

Fuentes del caso resaltan la dificultad que implica explicar a nueve personas que no están familiarizadas con el derecho que un político ha podido cometer un fraude pese a que al final no contrató a la Púnica

Este cambio en el caso obligaría, según las citadas fuentes, a que Pedro Antonio Sánchez declarara de nuevo en el procedimiento. Además, las acusaciones de la pieza murciana del caso Púnica deberán esperar un nuevo juicio para pedir que el todavía diputado regional del PP se siente en el banquillo de los acusados.

Por su parte, las defensas de los implicados en el procedimiento, que son Sánchez y su asesor en la Consejería de Educación del Gobierno murciano David Conesa, podrán reclamar, si lo estiman oportuno, el sobreseimiento de la causa.

Decisión confirmada
El juez instructor, Martín Quiñonero, recordaba en un auto de 26 de julio que la decisión de concluir la fase de instrucción, contra la que el Ministerio Fiscal no presentó recurso, fue "confirmada por la Sala Civil y Penal de este TSJ".

Pese a que dimitió como presidente de la Región de Murcia tras ser doblemente imputado, primero por el caso Auditorio y después por la Púnica, Pedro Antonio Sánchez sigue siendo presidente del PP murciano y diputado en la Asamblea de la Región de Murcia.

En el caso de que Sánchez opte por la dimisión antes de que el juez Quiñonero dictara la apertura de juicio oral, el procedimiento podría volver a la Audiencia Nacional, cuya Sala de lo Penal juzgará al resto de imputados en la pieza murciana.

http://www.vozpopuli.com/espana/Anticorrupcion-juzgado-popular-Pedro-Antonio-Sanchez-Punica_0_1062794197.html

EL TSJ DE MURCIA RECHAZA EL RECURSO DE SÁNCHEZ Y LO COLOCA CASI EN EL BANQUILLO POR LA TRAMA ‘PÚNICA’

La Sala de lo Civil y lo Penal desestima los recursos interpuestos por el expresidente de la Comunidad y su exasesor David Conesa y ordena seguir adelante con la causa

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por las representaciones procesales del expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez López y de su asesor David Conesa Ferrer contra los autos dictados por el magistrado instructor del conocido como ‘caso Púnica’. El TSJ da así luz verde al procesamiento de Sánchez y lo coloca casi en el banquillo con la inminente apertura de juicio oral.

Ambos recurrentes invocaban la ausencia de indicios incriminatorios y la atipicidad penal de los hechos recogidos por el instructor. A los que Conesa Ferrer añadía un déficit de motivación, la ausencia de pronunciamiento respecto de cuestiones planteadas y la insuficiencia de la instrucción.

El Ministerio Fiscal y la representación procesal de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), en sus respectivas condiciones de acusación pública y popular, interesaron la desestimación de ambos recursos.

Hoy, la Sala confirma en su integridad los autos del magistrado Enrique Quiñonero de fechas 6 y 27 de junio de 2017, por lo que se acuerda la conclusión de dichas diligencias previas y su continuación por los trámites del procedimiento abreviado.

Y ello, según fundamenta la resolución, porque "lejos de la orfandad indiciaria denunciada por ambos recurrentes, los hechos punibles descritos encuentran un soporte minucioso y detallado en las hasta seis fuentes indiciarias que ambas resoluciones enumeran".

Igualmente, citando jurisprudencia reiterada, la resolución apunta que "no resulta exigible" que el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado incluya calificaciones jurídicas de los hechos punibles. "Lo importante, pues, no es la calificación jurídica (innecesaria e incluso desaconsejable en este momento procesal para no usurpar el instructor la función que solo corresponde a las acusaciones), sino la concreción de un relato histórico que hable por sí solo de la conducta presuntamente realizada por las personas que se estiman responsables de los hechos que soportan la imputación judicial", concluye.

En cuanto a la alegación de déficit de motivación, la sala reitera la suficiencia indiciaria de las conclusiones alcanzadas por el magistrado; y respecto a una posible incongruencia omisiva, recuerda de nuevo los "infructuosos los intentos de ambos recurrentes de adelantar a este momento procesal pronunciamientos sobre concretas calificaciones jurídicas".

Finalmente, concluye que no han de practicarse nuevas diligencias de prueba pues "debe tenerse muy en cuenta que todas las normas adjetivas reguladoras de la fase de instrucción tienden a reducir ésta al mínimo imprescindible". "Ello es así porque lo que pretende el legislador no es la existencia de dos juicios", se lee textualmente en el auto.

"En definitiva, el propósito de la instrucción, a los efectos que ahora interesan, es el de averiguar si existen indicios bastantes de que, siempre con el carácter presunto y provisional propio de esta fase procesal, se hayan perpetrado una o varias acciones que pudieran constituir delito y de que tales acciones hayan sido cometidas por persona o personas determinadas".

En el auto se incluyen las consideraciones del juez instructor donde se recoge que "del contenido la documentación y notas manuscritas en su día intervenidas, se obtiene, a juicio de este instructor, un alto grado de certeza sobre las condiciones en que se habría producido una efectiva negociación y el resultado de ésta (naturaleza y contenido de los servicios de mejora reputacional, servicios incluidos, objetivos perseguidos, duración, fechas de comienzo y terminación de la actividad y coste de la misma, así como una previsión sobre el origen de los fondos y partidas públicas con que habrían de sufragarse tales servicios). Todo lo cual no se compadece con 'la ausencia de indicios incriminatorios' que sostiene la recurrente y los dos investigados en esta causa. Pero, es más, resulta con claridad suficiente la realidad del consentimiento finalmente prestado por el entonces consejero de Educación, don Pedro Antonio Sánchez López, por mediación personal y directa del señor Conesa Ferrer, a la realización de los trabajos reputacionales en las condiciones negociadas".

http://lacronicadelpajarito.es/region/tsj-murcia-rechaza-recurso-sanchez-y-lo-coloca-casi-banquillo-por-trama-punica

LA FISCALÍA DEL SUPREMO, A FAVOR DE INVESTIGAR A LA SENADORA DEL PP PILAR BARREIRO

Fuentes del alto tribunal confirman que la Junta de Fiscales se ha pronunciado a favor de designar un instructor y dilucidar si la entonces alcaldesa de Cartagena dio trato de favor al empresario Alejandro de Pedro tal y como sospechó el juez Velasco

La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor de que Pilar Barreiro, senadora 'popular' y exalcaldesa de Cartagena (Murcia) sea investigada por su posible implicación en una de las múltiples ramificaciones de la trama Púnica. Según han confirmado fuentes del Ministerio Público a esta emisora, la Junta de Fiscales del alto tribunal ha emitido un informe favorable a abrir una investigación, aunque ahora será la sala de lo penal del Supremo quien tome la decisión final.

Antes de dejar el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional y poner rumbo a la nueva sala de apelaciones, el magistrado Eloy Velasco envió una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigase a la aforada Barreiro por posibles delitos de cohecho, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y revelación de información reservada por supuesto trato de favor al empresario Alejandro de Pedro en materia de contrataciones públicas.

El juez pide imputar a Barreiro

Antes de dejar el juzgado, el juez Velasco pidió al Supremo que investigase a la senadora del PP

Una investigación desarrollada en el marco de la rama murciana de la trama Púnica por la que el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad ya ha imputado al expresidente regional, Pedro Antonio Sánchez, también por su relación con De Pedro. Ahora será la sala quien decida si el Supremo abre una investigación contra Barreiro, senadora del Partido Popular en la actualidad.

Este último informe de la Fiscalía supone un giro de timón con respecto al dictamen emitido en un primer momento por los fiscales de sala, que no vieron delito en la actuación de Barreiro.

http://cadenaser.com/ser/2017/07/20/tribunales/1500547141_934930.html

EL JUEZ PROCESA A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ SOLO DOS HORAS DESPUÉS DE ESCUCHARLE

Quiñonero concluye la instrucción y sitúa al expresidente a un paso de ir a juicio

El magistrado del TSJ de Murcia Enrique Quiñonero, en un auto notificado solo unas horas después de tomar declaración a Pedro Antonio Sánchez, acuerda la conclusión de las diligencias previas del conocido como caso Púnica en relación al expresidente y a David Conesa, un miembro de su gabinete cuando era consejero de Educación.

El instructor, a la vista de las actuaciones remitidas por la Audiencia Nacional, y una vez oída la declaración de Sánchez, estima que se han practicado las diligencias "necesarias y suficientes para determinar la naturaleza y el grado de participación en los mismos de los investigados" y ordena la continuación del proceso por los trámites del procedimiento abreviado.

El auto del magistrado sitúa a Pedro Antonio Sánchez a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Aunque el juez da a las partes diez días para que digan si debe decretar la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de las actuaciones, el auto significa que el magistrado del TSJ ve indicios muy claros de que se ha podido cometer delitos de corrupción política. Con que una de las acusaciones lo pida, se puede decretar juicio oral.

El auto de Quiñonero señala que "una vez valorada de forma conjunta las transcripciones telefónicas, los datos de geolocalización de los terminales, el material intervenido y las manifestaciones de las distintas personas que han prestado declaración a lo largo de la instrucción, el auto sintetiza en tres párrafos como hechos punibles los siguientes:

Los contactos del que fuera consejero de Educación y un miembro de su gabinete con personas relacionadas con dos empresas para mejorar la imagen pública de Pedro Antonio Sánchez; las condiciones negociadas y el acuerdo de sufragarlas con el desvío de fondos públicos destinados a formación; y que la operación policial del finales de octubre de 2014 impidieron que los trabajos reputacionales no se efectuaran, los contratos no se formalizaran y las sumas no llegaran a cobrarse".

El juez estima que de estos hechos "aparecen presuntamente como responsables" los investigados y, que según recoge la fundamentación de la resolución, podrían ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública.

Tras esta resolución, una vez firme, el Ministerio Fiscal y las demás acusaciones personadas tendrán 10 días para formular escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, "sin perjuicio de que excepcionalmente puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación", concluye la parte dispositiva del auto.

Los argumentos de la defensa de Pedro Antonio Sánchez para conseguir que se desestimaran las acusaciones de contra él no han convencido al juez.

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/06/06/juez-procesa-pas-horas-despues/835322.html

LAS CORRUPTELAS DEL PP DE MURCIA: POR QUÉ ACABARÁ TODA SU CÚPULA EN EL BANQUILLO

Jueces y fiscales han implicado en tres casos de corrupción al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, al exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara, y a la senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro.

La decisión del delegado de la Fiscalía Anticorrupción en la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, de atribuir al expresidente murciano del PP Pedro Antonio Sánchez tres delitos en el caso Auditorio, en concreto un delito continuado de prevaricación y dos de fraude, empuja un poco más a la cúpula de la formación conservadora, en la que también están siendo investigados por la Justicia los ex alcaldes de Murcia y Cartagena, Miguel Ángel Cámara y Pilar Barreiro, respectivamente, hacia el banquillo de los acusados.

Cuando en 2014 el entonces presidente del Partido Popular y del Gobierno murciano, Ramón Luis Valcárcel, abandonó su cargo para presentarse a las elecciones al Parlamento Europea, este partido mantenía una cómoda mayoría absoluta en una Comunidad Autónoma, gobernada por el PP desde junio de 1995.

Su sucesor, Alberto Garre, ostentó el poder autonómico hasta que Pedro Antonio Sánchez obtuvo una mayoría simple en las elecciones de julio de 2015. El apoyo de Ciudadanos permitió a Sánchez acceder a la presidencia, aunque por el camino se vio obligado a prometer que si era imputado dimitiría.

Desde entonces, Pedro Antonio Sánchez ha sido imputado por siete delitos en dos casos de corrupción: Auditorio y Púnica. En el primero, en el que se le investiga por aceptar la propiedad para el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras de un edificio sin terminar, lo que según los informes periciales pudo haber provocado un agujero de 2,2 millones de euros al Consistorio del municipio murciano, el fiscal Juan Pablo Lozano ha considerado este viernes que Sánchez debe sentarse en el banquillo de los acusados.
Tres delitos

La Fiscalía considera que Pedro Antonio Sánchez pudo cometer un delito continuado de prevaricación, otro de fraude y un tercero de fraude de subvenciones por su actuación desde 2006, cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, en la convocatoria del concurso y adjudicación de las obras del auditorio de esa población.

La decisión de Lozano se conoce a escasos días de la declaración de Pedro Antonio Sánchez en la pieza separada de la Púnica que se investiga en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ante el que está aforado el expresidente murciano.

Pero las malas noticias para Sánchez y para el PP murciano no acaban ahí, ya que tal y como adelantó Vozpópuli, la encargada de realizar el interrogatorio será la fiscal Teresa Gálvez Díez, que desde un principio atribuyó al expresidente murciano su participación en un "plan criminal" para pagar con dinero público a un experto informático con la intención de mejorar su imagen en internet.

Fiscales desautorizadas

Teresa Gálvez Díez fue una de las dos fiscales desautorizadas por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que impuso su criterio a las funcionarias que investigan la Púnica en la Audiencia Nacional para que no se elevara una exposición razonada contra Pedro Antonio Sánchez en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM).

Sin embargo, el juez Velasco no hizo caso a la Fiscalía, y envió al tribunal murciano la exposición razonada, que ha acabado por admitirse. Sánchez declarará por ello ante el instructor, el magistrado Enrique Quiñonero, que se encarga del caso después de que el anterior responsable, el juez Julián Pérez-Templado, renunciara tras conocerse su amistad con uno de los principales imputados de la rama murciana de la Púnica, el exdiputado del PP Juan Carlos Ruiz.

La Sala Civil y Penal imputa a Sánchez y Conesa la presunta autoría de los mismos delitos, fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada, por tratar de mejorar la reputación en internet del primero cuando era consejero de Educación contratando los servicios de empresas del informático Alejandro de Pedro.

Esta misma semana el PP de Murcia también ha vuelto a sufrir otro duro golpe. La mujer que más poder llegó a atesorar en esta formación, la exalcaldesa de Cartagena y exdiputada en el Congreso, y que ahora es senadora, Pilar Barreiro, volvía a estar al borde de la imputación, esta vez por su vinculación con la trama Púnica, liderada por el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados.

El juez Velasco ha pedido al Tribunal Supremo imputar a Barreiro por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por concertarse con empresas del empresario Alejandro de Pedro con la intención de amañar adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación de Murcia, entonces dirigida por Pedro Antonio Sánchez.

Velasco también quiere que sea investigada por sufragar con dinero público, en concreto de campañas de publicidad de turismo en Cartagena, trabajos particulares, como por ejemplo la creación de un diario digital en esa ciudad para elaborar informaciones favorables. Barreiro, que es amiga personal de uno de los principales cabecillas de la trama, en concreto su antecesor en la alcaldía de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa (PSOE), podría haberse aprovechado de los trabajos de reputación abonados desde otras administraciones, también gobernadas por el PP.

Preocupación reputacional

En la exposición razonada, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, Velasco sostiene que Barreiro "sentía una honda preocupación reputacional" por habérsela vinculado al caso Novo Carthago, por lo que ideó la creación de un diario digital con el propósito de difundir noticias que le fueran favorables. Barreiro había sido denunciada ante el Tribunal Supremo, que acabó archivando el caso.

El tercer alto representante del PP murciano que tiene problemas con la Justicia es el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara, imputado en la Operación Umbra, en la que se investigan las irregularidades urbanísticas en la capital regional. Cámara también está siendo investigado en otros procedimientos, como el denominado Nueva Condomina, que es el estadio de fútbol en el que juega el Real Murcia.

La corrupción también ha tocado al exconsejero de Obras Públicas y exdelegado del Gobierno en Murcia Joaquín Bascuñana, que está imputado en el caso por el que fue acusada Pilar Barreiro: Novo Carthago. Otros exconsejeros del Gobierno murciano investigados en el mismo procedimiento son el extitular de Medio Ambiente y Obras Públicas Francisco Marqués y el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá.

Valcárcel, salpicado

Pero el caso Novo Carthago también ha salpicado a Ramón Luis Valcárcel, ahora eurodiputado, pese a que no está imputado en el procedimiento. El instructor ofreció a Valcárcel la posibilidad de declarar de forma voluntaria, una posibilidad que rechazó el expresidente.

Sin embargo, el magistrado sí ha imputado a Rosario Valcárcel Cruz, la hija mayor de Ramón Luis Valcárcel, y al marido de este por ingresar importantes cantidades en metálico del promotor de la urbanización Novo Carthago, el empresario Rafael Galea Expósito.

http://www.vozpopuli.com/politica/Jaque-PP-Murcia-Cartagena-expresidente_0_1031897882.html


EL JUEZ PIDE IMPUTAR EN LA PÚNICA A LA SENADORA DEL PP PILAR BARREIRO

El magistrado Eloy Velasco dejó firmado el escrito, en el que solicita la imputación de la senadora por fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada, antes de dejar el juzgado el día 6.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha firmado ya la exposición razonada en la que pide al Tribunal Supremo que investigue a la senadora del PP por Murcia Pilar Barreiro por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama 'Púnica'.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, el magistrado dejó firmado el escrito de la exposición razonada el miércoles pasado, 24 de mayo, un día antesde dejar el Juzgado Central de Instrucción número 6 tras ser ascendido a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

Las fuentes consultadas han explicado que una vez que se incluyan en el sumario los testimonios incriminatorios, se dará traslado del escrito a la Sala 2 del Tribunal Supremo, que será el que decida si finalmente imputa a la senadora.

A Barreiro, quien fue en su día alcaldesa de Cartagena, el juez le atribuye los delitos fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por concertar con empresas del empresario Alejandro De Pedro para amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación de Murcia.

Velasco también pide investigarla por presuntamente sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital en esa ciudad que emitiera informaciones favorables, así como los honorarios de un periodista.

El juez cree que Barreiro "sentía una honda preocupación reputacional" por habérsela vinculado a una serie de proyectos urbanísticos en esta localidad sobre los que existían denuncias por trato de favor en el llamado 'caso Novo Cartago', por lo que ideó la creación de un diario digital con el propósito de difundir noticias que le fueran favorables.

Así, entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por 4.840 euros -que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención- y posteriormente De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez.

En el marco de la misma operación, el juez Velasco ya remitió el pasado febrero al Tribunal Superior de Justicia de Murcia la parte relativa al ya expresidente Sánchez, a quien también atribuía la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

Por este motivo, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que instruye el caso Púnica*en esta comunidad, Enrique Quiñonero Cervantes, ha citado para el próximo 6 de junio a Sánchez para que declare en calidad de investigado.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Punica-senadora-PP-Pilar-Barreiro_0_1030697644.html

LAS FISCALES DESAUTORIZADAS POR MAZA VOLVERÁN A ACUSAR AL EXPRESIDENTE MURCIANO

María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, a las que el fiscal general del Estado les impuso que no acusaran al ex presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se encargarán de su interrogatorio en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por el caso Púnica.

Las fiscales que investigan en la Audiencia Nacional el caso Púnica, María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, que fueron desautorizadas en su intento de imputar al expresidente murciano por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, volverán a ocuparse de la acusación contra Pedro Antonio Sánchez, diputado del PP en la Asamblea Regional de Murcia, según ha confirmado a Vozpópuli un portavoz del Ministerio Público.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) acordó llamar a declarar el próximo martes como imputado por la rama murciana de la Púnica a Pedro Antonio Sánchez, al que se le atribuye de forma indiciaria los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

La dirección letrada de la acusación popular la dirige la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que también está personada en la trama Gürtel, y que es la responsable de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declare como testigo en la trama encabezada por Francisco Correa el próximo 26 de julio.

Fuentes fiscales consultadas por este periódico sostienen que lo "lógico" es que tanto García Cerdá como Gálvez tengan libertad a la hora de interrogar al expresidente de Murcia porque una cuestión es, que de forma puntual no se les permitiese acusar al dirigente del PP murciano, y otra bien distinta es que no puedan desarrollar el citado interrogatorio con libertad.
Interrogatorio "plano"

En cambio, otras fuentes del Ministerio Público explican que las fiscales deberán realizar un interrogatorio "plano" al imputado - sin meter demasiado el dedo en la llaga- puesto que la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado fueron claras a la hora de señalar que la postura del Ministerio Público es la de no apreciar indicios de delito en la actuación de Pedro Antonio Sánchez.

El diputado popular está siendo investigado en su condición de aforado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, cuyos magistrados decidieron abrir una investigación penal a Sánchez a instancias del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción tuvo que dejar de acusar al por entonces presidente de la Región de Murcia, que dimitió el pasado 4 de abril al acumular dos imputaciones por siete delitos, que podrían ampliarse a ocho con el de fraude en subvenciones. El expresidente murciano también está imputado en el denominado caso Auditorio.

Anticorrupción tuvo que dejar de acusar al ex presidente de Murcia, que dimitió el pasado 4 de abril al acumular dos imputaciones por siete delitos, tras escuchar el dictamen de los fiscales del TS

En febrero pasado, la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, que entonces actuaba como jefa del departamento del Ministerio Público que se encarga de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, presentó un escrito en el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional en el que desistía de elevar una exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) contra Pedro Antonio Sánchez, que entonces era presidente de la Región de Murcia.
Informe de 12 líneas

La fiscal Belén Suárez redactó un informe de 12 líneas de texto, en el que se cambiaba el criterio del trabajo realizado por sus colegas María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá durante más de dos años. Suárez asumió la redacción del informe después de que sus compañeras insistieran en que apreciaban indicios de delito contra el entonces presidente de la Región de Murcia.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dio orden de no acusar a Sánchez después de consultar con los fiscales de Sala de su Secretaría Técnica y del Tribunal Supremo, quienes se mostraron unánimemente en contra de elevar el caso de Sánchez al TSJ murciano. En cambio, dicha unanimidad, brilló por su ausencia, en el caso de la senadora del PP, Pilar Barreiro, a quien el juez Velasco también ha pedido imputar por Púnica.

Anticorrupción rechazó así los indicios de los delitos contra Pedro Antonio Sánchez al considerar que el acuerdo al que llegó con el informático de la trama Púnica Alejandro de Pedro no llegó a ejecutarse, ya que la detención de los presuntos cabecillas, entre los que se encontraban el exconsejero madrileño Francisco Granados y el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, interrumpió el contrato.

No hubo, según Suárez, "perjuicio" económico para el Gobierno murciano. Ni tampoco delito de fraude porque –alegó Suárez– no constaba que la propuesta de Alejandro de Pedro para lavar la imagen hubiera sido aceptada por Pedro Antonio Sánchez, que había sido investigado por el fiscal jefe Manuel López Bernal en relación a su vivienda, y que según el juez Velasco quería que las noticias negativas sobre este y otros casos de presunta corrupción aparecieran en internet.

Sánchez habría elaborado junto a otros miembros de la trama un "plan criminal" para "desviar fondos públicos"

Sin embargo, en un informe sobre la senadora del PP Pilar Barreiro, que también fue alcaldesa de Cartagena, las fiscales María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá dieron por probado que Sánchez había elaborado junto a otros supuestos miembros de la trama un "plan criminal" para "desviar" "fondos públicos" de la Consejería de Educación, que Pedro Antonio Sánchez encabezó desde abril de 2014 hasta julio de 2015, cuando tras ser el candidato más votado accedió a la presidencia de la Región de Murcia.

En concreto, Sánchez habría acordado, indicaban las fiscales, utilizar los fondos de formación de la Consejería de Educación para pagar al informático Alejandro de Pedro los trabajos de posicionamiento en internet, con la intención de eliminar las noticias negativas sobre las investigaciones de la Fiscalía de Murcia.

En la Sala de lo Civil y Penal del TSJ murciano el encargado de instruir el procedimiento era el magistrado Julián Pérez-Templado. Sin embargo, se vio obligado a renunciar a formar parte del tribunal tras publicar infoLibre una fotografía suya con el exdiputado del PP Juan Carlos Ruiz, que es uno de los principales imputados en la rama murciana de la Púnica, también por abonar con dinero público los trabajos de posicionamiento online.

http://www.vozpopuli.com/politica/fiscales-desautorizadas-Maza-expresidente-Punica_0_1031597903.html

EL TSJM ACLARA QUE LA RAMA DE LA PÚNICA QUE INVESTIGA SE REFIERE SÓLO A SÁNCHEZ Y CONESA

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha circunscrito su competencia en la rama del caso Púnica en esa región al expresidente Pedro Antonio Sánchez y al miembro de su gabinete David Conesa, permite personarse a un exedil del PSOE como acusación particular e impide que lo haga el Ayuntamiento de Cartagena.

La Sala Civil y Penal imputa a Sánchez y Conesa la presunta autoría de los mismos delitos, fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada, por tratar de mejorar la reputación en internet del primero cuando era consejero de Educación contratando los servicios de empresas de Alejandro de Pedro.

Entiende que “se aprecia una tan íntima conexión que hace aconsejable que la investigación y valoración jurídica de las conductas de ambos se lleve a cabo en un mismo y único procedimiento judicial”, lo que había pedido a la sala el propio Conesa.

Sin embargo, el tribunal rechaza extender la competencia a otra veintena de personas y entidades investigadas en las diligencias 85/2014, la tercera pieza separada del caso Púnica por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirigía Eloy Velasco, como pedían las partes personadas en la causa.

La sala distingue entre las conductas de quienes desde la Consejería de Educación pudieran haber recabado o recibido ofertas de trabajos reputacionales y quienes desde fuera los pudieran haber ofrecido o trabajado para quienes los hacían.

Por eso, frente a lo que pedían las defensas de Sánchez y de la acusación popular, las conductas desarrolladas en la Consejería de Industria y los ayuntamientos de Cartagena y Molina de Segura “son escindibles” de esta pieza separada.

El tribunal se aparta así de la investigación del exalcalde socialista de Cartagena Jose Antonio Alonso, socio de De Pedro, el exconsejero de Industria Juan Carlos Ruiz, su exjefe de gabinete José Fidel Saura, el exalcalde de Molina Eduardo Contreras y las exdirectoras de Turismo Mariola Martínez y del Instituto de Fomento del Gobierno de Murcia Reyes Samper, entre otros altos cargos.

Por otro lado, en un segundo auto, la sala admite que se persone como acusación popular Antonio López, el exconcejal socialista en Puerto Lumbreras que denunció a la fiscalía el caso Auditorio de esa localidad que investiga la contratación de esas obras cuando Sánchez era alcalde de esa localidad.

Pero deberá ejercerla “siempre bajo la dirección y representación de la primera personada, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), y en los mismos términos en los que ya lo viene haciendo el PSOE”.

Finalmente, en una tercera resolución, la sala aparta al Ayuntamiento de Cartagena como acusación particular por carecer de legitimación al no poder hablarse de un perjuicio para sus arcas, pues los trabajos reputacionales de la trama para la exalcaldesa Pilar Barreiro, serían presuntamente cargados a la Consejería de Educación.

Además, la hoy senadora, a la que Velasco acusa de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada, solo podría ser investigada por el Tribunal Supremo por su condición de aforada de unas imputaciones para las que se pronunció favorablemente la Fiscalía Anticorrupción, que pidió al juez que elevara para ello una exposición razonada.

https://okdiario.com/espana/2017/05/29/tsjm-aclara-rama-punica-investiga-refiere-solo-sanchez-conesa-1031256

IMPUTACIÓN PARA SÁNCHEZ A PESAR DE LO QUE ORDENÓ EL FISCAL MAZA

Cuando la rama 'murciana' del caso Púnica estaba en la Audiencia Nacional se produjo un hecho que llamó la atención de los juristas: La Fiscalía rechazó abrir diligencias contra Pedro Antonio Sánchez por su presunta implicación en la trama.

Cuando la rama "murciana" del Caso Púnica estaba todavía en la Audiencia Nacional se produjo un hecho que llamó la atención de los juristas: La Fiscalía rechazó abrir diligencias contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por su presunta implicación en la trama.

Su actitud fue muy llamativa: se opuso con vehemencia a proceder contra Sánchez y lo hizo asumiendo, curiosamente, la principal tesis de la defensa del entonces Presidente murciano: "no se llegaron a firmar los contratos".

La decisión de no pedir la imputación la comunicó la teniente fiscal de anticorrupción, Belén Suárez. Era la firmante de un informe que decía seguir las tesis de la secretaria general técnica de la Fiscalía General del Estado y de varios fiscales del Tribunal Supremo. Señalaba, en esencia, que no era necesaria la imputación de Sánchez.

La SER desveló que esa decisión la impulsó el Fiscal General del Estado, Manuel Maza y que lo hizo en contra del criterio de las fiscales asignadas al caso, las que habían trabajado en la investigación. Estas fiscales sí creían que había que imputar al presidente murciano y no firmaron el informe en contra de elevar exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Tras esta decisión y la polémica que generó, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, continuó con su instrucción: Atribuyó a Pedro Antonio Sánchez los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada y envió el caso al TSJ de Murcia.

A pesar de las ordenes de Maza y de la actuación de la fiscalía, hoy, el juez instructor del caso en Murcia ha seguido adelante y sí llama a declarar al ex Presidente murciano. Nada de no imputarle delitos: Le investiga los mismos tres delitos que hasta ahora señalaba el juez Velasco.

http://cadenaser.com/emisora/2017/05/26/radio_murcia/1495809886_587334.html

EL TSJ CITA A SÁNCHEZ COMO INVESTIGADO POR TRES PRESUNTOS DELITOS EN EL 'CASO PÚNICA'

El expresidente regional y diputado autonómico tendrá que declarar el 6 de junio por supuestos cohecho, fraude y revelación de información reservada

Pedro Antonio Sánchez, expresidente del Gobierno regional y diputado regional, acaba de sumar de la mano del 'caso Púnica' la atribución de tres nuevos presuntos delitos (cohecho, fraude y revelación de información reservada) a los cuatro que ya arrastraba por el 'caso Auditorio': prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad documental. La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región ha hecho público esta mañana un auto por el que le cita a declarar, en calidad de investigado, para el próximo día 6 de junio, a las diez de la mañana.

La resolución del TSJ viene a dar la razón al instructor del 'caso Púnica', el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien reiteradamente ha defendido que existían indicios suficientes de delito contra el exjefe del Ejecutivo regional y que debía por ello ofrecer explicaciones, como investigado/imputado, ante el Alto Tribunal murciano. En contra de esa postura se pronunció el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien en una polémica decisión impidió que las dos fiscales del 'caso Púnica' pudieran acusar a Sánchez, como tenóan previsto hacer, y acabó obligando a la teniente fiscal anticorrupción a redactar un breve escrito de doce líneas para sostener que los hechos no tenían apariencia delictiva.

Básicamente, en su comparecencia del día 6, el expresidente murciano tendrá que explicar si, como sostuvo Eloy Velasco en su exposición razonada, se concertó en 20014 con presuntos integrantes de la 'trama Púnica', como Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso, para que estos le realizaran "trabajos reputacionales de carácter privado, que iban a ser facturados bajo conceptos y con dinero público de partidas destinadas a formación". En aquella época, Sánchez desempeñaba el cargo de consejero de Educación y, siempre según el instructor, estaba preocupado por la mala imagen de su persona que transmitían las redes sociales e internet, con numerosas informaciones sobre su presunta implicación en un asunto de corrupción, lo que podía perjudicarle en sus aspiraciones de suceder a Ramón Luis Valcárcel como candidato del PP a la Comunidad Autónoma.

El instructor, en un auto notificado hoy, señala el próximo 6 de junio, para que tenga lugar la declaración en calidad de investigado -antes imputado- de Pedro Antonio Sánchez.

Sánchez solicitó declarar esta mañana

Desde la defensa del expresidente regional quieren puntualizar que Sánchez solicitó este mismo viernes declarar «voluntariamente» antes el magistrado, por los citados hechos, con el objeto de «aclarar cuantos extremos sean necesarios ante la inexistencia de conducta punible». No obstante, Sánchez ha sido ha emplazar por el magistrado Quiñonero, en calidad de investigado por los tres citados delitos, y deberá comparecer, forzosamente, en sede judicial, asistido por su abogado.

http://www.laverdad.es/murcia/201705/26/cita-pedro-antonio-sanchez-20170526123450.html

UN JUEZ DE LA PÚNICA PIDE ABSTENERSE EN EL CASO POR SU RELACIÓN CON UN INVESTIGADO

El magistrado Julián Pérez-Templado, en un escrito dirigido a la Sala Civil y Penal y tras ser informado de su designación como ponente en las diligencias derivadas de la exposición razonada remitida por la Audiencia Nacional sobre la trama Púnica, pone de manifiesto al Tribunal su amistad con el exconsejero Juan Carlos Ruiz y los lazos familiares que le unen a la esposa de éste.

Y, aunque Ruiz está sujeto a una investigación que dirige otro órgano, traslada a la Sala esta circunstancia por la incidencia que ello pueda tener en su "apariencia" de imparcialidad, teniendo en cuenta que "en el transcurso de dos procedimientos paralelos, por hechos similares en jurisdicciones distintas, devendrán inevitables las conexiones y referencias de uno y de otro".

Así, según han informado fuentes judiciales, aunque evidencia ante sus compañeros su ausencia de interés en el citado asunto, plantea su abstención para evitar incidencias en el Tribunal, aunque concluye que continuará en sus funciones si la Sala así no la estima.

En el caso de que la Sala aceptara la abstención del magistrado, ésta tendría que nombrar a otro ponente, ya que Pérez Templado ha sido designado como tal en las diligencias de la 'rama de Murcia del caso Púnica', tras recibir la exposición razonada procedente del Juzgado Central de Instrucción 6 Audiencia Nacional.

El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga presuntas irregularidades en Murcia en el marco de la trama Púnica, elevó el pasado 3 de abril la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) de la parte relativa al ya expresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, a quien le atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información.

En su exposición razonada, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 justificó su decisión de enviar la causa a Murcia en que el investigado concertó trabajos con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para "limpiar" con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la presidencia de la región en 2015.

http://www.publico.es/politica/corrupcion-juez-punica-pide-abstenerse.html

EL JUEZ DE 'PÚNICA' PIDE AL TSJ QUE INVESTIGUE AL PRESIDENTE MURCIANO POR FRAUDE, SOBORNO Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA

El magistrado envía su exposición razonada al Tribunal Superior de Murcia en contra del criterio del fiscal general, que ordenó a Anticorrupción que se opusiera a la imputación del político murciano

La resolución invoca precisamente en favor de los argumentos para imputar a Pedro Antonio Sánchez una sentencia dictada por Maza cuando era miembro del Supremo

El juez Eloy Velasco acaba de pedir al Tribunal Superior de Murcia (TSJM) que investigue al actual presidente de esa comunidad y ex consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, por tres delitos en relación a la operación Púnica.

Los tres delitos por los que Velasco eleva exposición razonada sobre el político murciano son fraude, cohecho y delito de revelación de información reservada. La exposición razonada –una resolución dirigida a otro tribunal, en este caso al único que puede investigar al aforado Pedro Antonio Sánchez, el TSJM– llegará al tribunal murciano en vísperas de la moción de censura anunciada por el PSOE y cuyo debate comienza el miércoles.

El juez considera que el investigado concertó trabajos reputacionales en internet y redes sociales, de carácter privado bajo el amparo de la prestación de servicios a la Consejería de Educación de Murcia. La decisión de Velasco se produce en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Por mandato del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, Anticorrupción se opuso a investigar al presidente murciano bajo el argumento de que al no haber llegado a firmarse ningún contrato para lavar su imagen en internet, no hubo delito. El juez sostiene en su exposición razonada justamente lo contrario: que el delito de fraude a la Administración subsiste incluso si el contrato que lo encarna no llegó a ejecutarse, como ocurre aquí. Para cimentar sus tesis sobre el presunto delito de revelación de información reservada en que habría incurrido el presidente de Murcia, el juez Velasco invoca precisamente una sentencia dictada por Maza en 2014 cuando era miembro de la Sala Penal del Tribunal Supremo.

La investigación del caso, en la que han desempeñado un papel muy relevantye las escuchas telefónicas, indica que el estallido de la operación Púnica, el 27 de octubre de 2014, fue lo que impidió que el empresario Alejandro de Pedro, considerado uno de los grandes conseguidores de la trama, iniciara el trabajo reputacional –lavado de imagen– sobre Sánchez.

En su exposición razonada, de 32 páginas, el magistrado detalla todos los indicios de la presunta concertación del aforado Pedro Antonio Sánchez con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para “limpiar” con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de su campaña para las elecciones a la Presidencia de la Región de Murcia, “lastimando los intereses de la Administración Pública, que no debe correr con semejantes gastos particulares”.

Velasco explica que en la fecha de los hechos, junio de 2014, Pedro Antonio Sánchez era el consejero de Educación y se concertó con De Pedro para limpiar la “inconveniente imagen que podría dar ante el partido y la sociedad” dada la cantidad de investigaciones penales a las que había y estaba siendo sometido por su actuación pública, todo ello con el objetivo de presentarse a presidir el Gobierno Autonómico, “como finalmente consiguió”.

Según el juez, “no lo sufragó con su dinero particular, ni lo hizo personal al servicio de su cargo público de su Gabinete de Prensa, pues no está entre sus labores acondicionar la imagen privada de la persona, y él era consciente”, sino que lo empezó a conseguir a través de los trabajos de empleados de las empresas de De Pedro: EICO/Madiva. Dichos trabajos, continúa el juez, se empezaron a realizar como adelanto de una futura adjudicación “hinchada” en contratos públicos de formación que aquel adjudicaría a empresas vinculadas a De Pedro y a su socio, José Antonio Alonso Conesa.

Los trabajos reputacionales se concretaron en un coste de 4.600 euros al mes, que incluían los honorarios de un periodista para un diario digital, así como la creación de un portal que daría cobertura a los trabajos de reputación de carácter personal, y que durarían 7 meses, de noviembre de 2014 a mayo de 2015, justo el periodo previo a la campaña electoral de ese año. Las cantidades estipuladas no se llegaron a cobrar, explica Eloy Velasco, ni la “formación” se llegó a adjudicar al explotar la operación policial de esta causa judicial, a finales de octubre de 2014, que lo abortó.

En su exposición razonada, el juez va detallando todos los indicios hallados a lo largo de la investigación contra Pedro Antonio Sánchez, entre ellos los correos electrónicos, las llamadas telefónicas o los intercambios de whatsapp. También diversos informes sobre los trabajos de reputación online, así como la agenda de una empleada en la que fijaba la fecha de 3 de noviembre de 2014, lunes, como la de inicio de dichas trabajos.

Después de detallar todos los indicios recabados en esta investigación, el juez en su exposición motivada, argumenta porqué los hechos investigados encajan dentro de los delitos de fraude, del art 436 del Código Penal, el delito de cohecho, del artículo 419 del mismo código, y de revelación de información reservada del art 417. El delito de fraude se consuma sin necesidad de que se produzca un efectivo perjuicio patrimonial

El magistrado distingue entre el delito de malversación, que es un delito de resultado, y el de fraude del art 436, que se consuma con el “mero acuerdo o concertación” con un interesado en algún contrato público, afectando los intereses de la Administración y la libre concurrencia, en tanto que otros posibles futuros licitadores no han tenido el mismo privilegio de poder optar en las mismas condiciones. El magistrado recuerda que, de consumarse una malversación, ésta podría absorber el delito de fraude porque éste es un delito más leve. Pero de no existir la malversación porque no se llegó a realizar el pago, como ha ocurrido en el presente caso, el delito de fraude subsiste, como explica el TS en sentencia de 28 de enero de 2014. El alto tribunal califica el delito de fraude como “netamente tendencial o de mera actividad, que viene a castigar verdaderos actos preparatorios, ya que no necesita para la consumación ni la producción del efectivo perjuicio patrimonial ni tan siquiera el desarrollo ejecutivo del fraude”.

El magistrado cita varias sentencias del TS donde se distingue entre el concierto para defraudar (delito de fraude) y el efectivo perjuicio patrimonial (malversación) cuya sanción viene a realizar lo que el Supremo denomina “una progresión intensificadora del injusto” que, en conclusión, viene a corroborar que el delito de fraude es un delito de mera actividad, “que se consuma con que exista la concertación con el fin de defraudar”. No se exige el efectivo perjuicio porque el bien jurídico que predomina es “la transparencia y publicidad de la contratación de entes públicos”. Si existiera perjuicio, entraría en juego el otro bien jurídico lesionado, el de la malversación.

En su exposición razonada, Velasco explica que el delito de revelación de información reservada en el momento en el que se aporta a extraños a la Administración, documentos y sobre todo intenciones de contratar, “desconocidos por el resto de posibles futuros postulantes, sobre los que recae el deber de reserva, pues no deben ser divulgadas, que es lo realmente atacado, y la acción la ejecutan no sólo quien los desvela efectivamente, cuanto más quien ordena y señala cómo y en qué medida y a quién se envían los documentos y se revelan las informaciones que desconocen los demás administrados”. Velasco hace constar que fraude y revelación de información privilegiada no concurren en concurso de normas puesto que se pueden cometer de forma independiente, el uno sin el otro. El magistrado menciona también doctrina del TS que viene a corroborar que el delito se comete al filtrar información de lo que se pretende y cómo después se van aportando informaciones para “facilitar la confección de normas por las que había de regirse el concurso”.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/04/el_juez_punica_pide_tsjm_que_investigue_presidente_murciano_por_fraude_cohecho_revelacion_informacion_reservada_63345_1012.html

LAS PRUEBAS DOCUMENTALES DEL "PLAN CRIMINAL" DE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

La Cadena SER accede a los documentos probatorios del trabajo desarrollado por la trama para la reputación personal del hoy presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y las negociaciones mantenidas para lavar su imagen con dinero público La Púnica incluso redactó una propuesta de facturación para ser firmada por el interesado. Junto a los testimonios judiciales, conversaciones y mensajes telefónicos, son las pruebas que han llevado a afirmar a las fiscales del caso que Sánchez concibió “un plan criminal” para delinquir

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, siempre ha negado que pactara o acordara contrato alguno con el conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, para limpiar su imagen personal en las redes sociales. Pero hay numerosas pruebas en su contra. Tanto las conversaciones telefónicas grabadas entre los responsables de la trama, como los correos electrónicos, sms y whatsapp que implican de forma directa a Sánchez, o el testimonio ante el juez del director comercial de una de las empresas del entramado, Javier Bueno, quien reconoce reuniones y el acuerdo para pagar los trabajos con cargo a la Consejería de Educación que dirigía el hoy presidente murciano.

Además, la Guardia Civil incautó en los registros practicados a la Púnica numerosos documentos hasta ahora inéditos, parte de los cuales ofrece hoy la SER, que prueban que el entramado realizó trabajos para Pedro Antonio Sánchez.

La Púnica trabajó al menos un mes para Pedro Antonio Sánchez

Son informes de propuesta de reputación para el presidente de Murcia, e informes de percepción, que supusieron una considerable labor para las empresas de Alejandro de Pedro, pues ya analizaron al menos durante un mes un total de 938 mensajes de Twitter; e informaron sobre su situación en otras redes sociales como Facebook o Youtube, donde destacaron la existencia de más de 300.000 referencias y 38.000 vídeos respectivamente.

El conseguidor llegó a la conclusión en su informe de que no existía una estrategia de reputación y propuso la creación de sus periódicos digitales, para posicionar en internet sus noticias positivas relativas al presidente por delante de las negativas, y mejorar así su imagen.

Análisis de la presencia de Pedro Antonio Sánchez en Twitter
El presidente de Murcia insistió en contactar con la Púnica

Los correos electrónicos de su responsable de prensa y los mensajes enviados por el propio Pedro Antonio Sánchez, prueban el interés del presidente murciano por contactar con el conseguidor de la Púnica para limpiar su imagen personal en la red, a partir de septiembre de 2014. Es Sánchez y su gabinete, y no el conseguidor, quienes insisten en la cita con la Púnica para cerrar el acuerdo.

Pruebas de que iba a pagarse con dinero público

Además, entre la documentación intervenida consta el análisis redactado por Alejandro de Pedro tras la reunión mantenida el 24 de octubre con Sánchez en la Consejería de Educación de Murcia. En ese documento el conseguidor expone que han acordado la creación de una “página estática” para “Pedro A. Sánchez”, que empiezan el “1 de noviembre” y también anota como “concepto” el capítulo “Formación”.

Para la Guardia Civil, que suma el interrogatorio a los responsables y el análisis de las escuchas para llegar a su conclusión, esto es indicativo de que la factura iba a girarse al apartado “Formación” de la Consejería de Educación. Iba a pagarse la imagen personal de Pedro Antonio Sánchez con dinero público.

La Púnica incluso redactó una propuesta de factura

Las conversaciones estaban tan avanzadas que la Púnica llegó a redactar una propuesta de factura por la reputación personal de Sánchez, de un total de 32.000 euros sin IVA, a razón de 4.600 euros al mes, que incluía diversos apartados. Entre ellos la contratación de un periodista que redactase noticias beneficiosas para el presidente de Murcia, estrategia, auditoría, servicios de posicionamiento e informes mensuales.

Hoja de pedido de servicios con la estrategia de reputación online
Esa propuesta de facturación estaba lista y preparada para ser firmada por el cliente. Si no llegó a ser rubricada, según los investigadores, fue porque solo tres días después de la reunión con el presidente en la Consejería de Educación, se produjo la intervención judicial y las detenciones.

Informe preventa con cargo a la Consejería de Educación
Con todo, para las fiscales del caso, Carmen García y Teresa Gálvez, tanto Pedro Antonio Sánchez como la senadora del PP, Pilar Barreiro, concibieron “un plan criminal” para delinquir, y fueron apartadas porque pretendían solicitar su imputación.

http://cadenaser.com/m/ser/2017/03/28/tribunales/1490733923_693491.html

DENUNCIAN AL JUEZ VELASCO POR “FILTRAR GRABACIONES” DE PÚNICA SOBRE MURCIA EN PLENO ‘CASO AUDITORIO’

Según ha podido saber OKDIARIO, el instructor de la trama Púnica, Eloy Velasco, será denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, por “filtrar grabaciones” sobre la trama corrupta que afectan al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en pleno ‘caso Auditorio’.

La denuncia contra el titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional la protagoniza el experto informático, Alejandro de Pedro, investigado por el juez Velasco en la causa.

De Pedro presentará así su queja ante el Gobierno de los jueces para protestar contra las “filtraciones intolerables sobre el sumario de Púnica”, que han sido publicadas en medios de comunicación antes de ser trasladas a las partes. Un hecho que impide poder “ejercer su defensa” con todas las garantías.

El lunes, coincidiendo con la declaración de los peritos citados por el ‘caso Auditorio’, donde se investiga a Pedro Antonio Sánchez, varios medios publicaban grabaciones sobre el propio Sánchez protagonizadas por Alejandro de Pedro y sus colaboradores.

Según afirma el escrito, al que ha tenido acceso este diario, “en el día de ayer, salieron publicadas en medios de comunicación público, determinadas grabaciones extraídas del sumario, sin que materialmente las partes dispongan de ellas, pues la decisión fue notificada el viernes, acordándose remitir a la Dirección General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia, para que las hiciese públicas en la plataforma, extremo que no estaba materializado en el día de ayer”.

“De ello se deriva”, añade, “nuevamente, una intolerable filtración de datos del sumario, lo que va a motivar la presentación por esta parte de una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial a los efectos que se investigue el origen de las filtraciones y se depuren responsabilidades”.

Precisamente, el gobierno de Murcia denunciaba el mismo lunes que la desclasificación de las grabaciones de la Púnica que afectan a Pedro Antonio Sánchez son “una operación política“.

Las grabaciones publicadas en los medios este lunes intentaban acreditar que el popular Pedro Antonio Sánchez iba a cerrar un contrato de unos 3.000 euros mensuales, que no se llegó a materializar, con las empresas de Alejandro de Pedro para mejorar su imagen en las redes sociales de cara a su candidatura a presidir el partido en Murcia.

Según fuentes del caso, De Pedro reitera en su denuncia ante el CGPJ otras quejas presentadas contra el instructor de la trama Púnica, entre ellas, lo que considera una “investigación sesgada y parcial” de la causa.

También la “vulneración de derechos fundamentales y del derecho a una tutela judicial efectiva y a la defensa” durante la instrucción, algo ya denunciado por Francisco Granados también ante el CGPJ, así como una “falta de imparcialidad objetiva del instructor al perder la equidistancia propia de los derechos de las partes actuantes en el proceso”. En el mismo escrito se apuntaría además que a estas alturas del caso aún quedan “diligencias pendientes de realizar”.

El futuro del ‘caso Auditorio’ en el aire

Las “filtraciones” denunciadas por De Pedro se producen en un momento crucial en el devenir del ‘caso Auditorio’ y para el futuro del presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez.

Mientras se publicaban este lunes las grabaciones sobre la trama Púnica en esta región, varios peritos ratificaban ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia sus respectivos informes. El perito de la defensa, Antonio García Herrero, mantenía tras su declaración que todo el dinero de la subvención está invertido en la obra “de acuerdo con los datos” de los que dispone.

Mientras, el pleno de la Asamblea Regional de Murcia debatirá los próximos días 5 y 6 de abril la moción de censura contra el presidente murciano tras el acuerdo alcanzado entre PSOE, C’s y Podemos. El secretario regional del PSOE y candidato a la presidencia, Rafael González Tovar, ya se ha reunido con los representantes de ambas formaciones para avanzar en la constitución de un nuevo gobierno, alternativo al PP.

https://okdiario.com/investigacion/2017/03/29/denuncian-juez-velasco-filtrar-grabaciones-punica-murcia-pleno-caso-auditorio-865103

LAS GRABACIONES DESCLASIFICADAS QUE IMPLICAN A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

La SER accede a la grabación de las conversaciones telefónicas entre los implicados en la Púnica, que corroboran el pacto alcanzado entre la trama y el hoy presidente de Murcia, para lavar su imagen. “¡Murcia a tope!” exclama entre carcajadas uno de los imputados tras el acuerdo por “3.000 pavos al mes” a pagar con dinero público, que iban a servir para limpiar la imagen personal de Pedro Antonio Sánchez en redes sociales. El juez Velasco atribuye a Sánchez los delitos de cohecho, fraude a la Administración y revelación de información reservada

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que instruye el 'caso Púnica', ha desclasificado las grabaciones entre los implicados de la trama, relativas a los delitos investigados supuestamente cometidos en la comunidad autónoma de Murcia. Los sonidos de aquellas conversaciones, se escuchan ahora por primera vez.

Las grabaciones entre el conseguidor Alejandro de Pedro, su socio José Antonio Alonso Conesa, los empleados de ambos y técnicos y jefes de gabinete de distintas consejerías en Murcia, corroboran la existencia de cuatro reuniones en las que participó el entonces consejero de Educación y hoy presidente, Pedro Antonio Sánchez, entre el 11 de junio de 2014 y el 21 de octubre de ese mismo año, y el interés de Sánchez por alcanzar un acuerdo para lavar su imagen en las redes sociales, porque aspiraba a la presidencia regional. Además de estas grabaciones, hay otras pruebas en la causa que implican al presidente murciano como mensajes SMS, whatsapps y el testimonio del director comercial de Eico, la empresa de Alejandro de Pedro, que confirman el pacto.

Una de aquellas reuniones tuvo lugar en la consejería de Educación de Murcia que Pedro Antonio Sánchez dirigía, y las otras tres en Madrid, en hoteles como el Palace o Las Letras. En este último tuvo lugar el cónclave del 21 de octubre, el definitivo en el que fue cerrado el contrato con el presidente murciano y la senadora Pilar Barreiro, según relata el conseguidor Alejandro de Pedro a uno de sus colaboradores.

Según comunica Alejandro de Pedro a otra de sus trabajadoras, el contrato tenía que ser de 3.000 euros al mes, entre octubre de 2014 y mayo de 2015, cuando tuvieran lugar las elecciones.

A esos 3.000 euros sumarían otros 1.000 netos para un periodista que elaborase noticias beneficiosas para Pedro Antonio Sánchez desde el periódico digital murciano que el conseguidor de la Púnica creó como herramienta para promocionar a sus clientes. La trama también tenía mucho interés en Sánchez. El imputado José Antonio Alonso cuenta a su socio De Pedro que necesitaban ese contrato "como el agua".

Según las conversaciones intervenidas, estaba previsto que la Consejería de Educación de Pedro Antonio Sánchez pagase con dinero público la reputación personal y privada del propio Sánchez, y también parte del contrato de Pilar Barreiro.

La justicia frustró la contratación pero sigue siendo delito

Al final, la trama no llegó a ejecutar los trabajos porque el 27 de octubre de 2014, solo seis días después de alcanzar el acuerdo, estalló la operación y el juez Velasco ordenó las detenciones. Aun así, el magistrado acusa a Pedro Antonio Sánchez de delinquir porque según el código penal, no es necesario haber consumado el cohecho y el fraude a la administración para ser considerados delitos. Tanto el artículo 420 del código penal relativo al cohecho, como el 436 sobre el fraude a la administración, establecen desde 2010 que se trata de delitos tendenciales. Que pueden ser atribuidos con la mera existencia de un plan o concertación para delinquir, aunque se hayan visto frustrados. Y existe numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo que confirma esta postura. Entre ellas, sentencias en las que actuaban como ponentes magistrados considerados conservadores como Pablo Llarena, o de José Manuel Maza, recientemente designado Fiscal General del Estado.

El juez pedirá imputar a Sánchez pese a la Fiscalía

Sin embargo, Maza no es partidario ahora de imputar a Pedro Antonio Sánchez. Se da la circunstancia de que reunió a los fiscales de Sala del Supremo para tomar su decisión, pero no a las fiscales Anticorrupción del caso, Carmen García y Teresa Gálvez, que nunca han sido llamadas para informar al respecto. En su lugar, fue la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, quien libró a Sánchez de la acusación en un escrito despachado en 12 líneas.

A pesar de la negativa de la Fiscalía, el juez Eloy Velasco tiene intención de elevar la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, para pedir la imputación de Pedro Antonio Sánchez por su vinculación con la 'trama Púnica'.

Ignacio González, Lucía Figar y cómo amañar un contrato en Murcia

Las conversaciones grabadas por los agentes de la Guardia Civil sobre Murcia también recogen algunas de las acciones de la trama en otras comunidades como Madrid o Castilla y León.

Alejandro de Pedro habla del contrato de reputación personal del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

De reuniones con el exconsejero Salvador Victoria o la jefa de prensa de Esperanza Aguirre, Isabel Gallego, y de los dos contratos por un total de 400.000 euros, para la reputación personal de la exconsejera de Educación, Lucía Figar, también imputada en la causa.

Las grabaciones también revelan métodos para amañar contratos. Es Jesús Galindo, el imputado secretario general del Instituto de Turismo en Murcia, quien pacta con Alejandro de Pedro un supuesto concurso público al que se presentarán tres empresas. Y las tres, son de la Púnica.

Las conversaciones revelan además cómo la trama tiraba de sus contactos en el PP para promocionar a sus clientes en el partido, como el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, o el también imputado exconsejero murciano de Turismo, Juan Carlos Ruiz.

http://cadenaser.com/ser/2017/03/26/tribunales/1490542512_466644.html?int=masinfo

LA GUARDIA CIVIL TIENE CERCADO EN PÚNICA AL PRESIDENTE DE MURCIA POR “DELITOS DE FRAUDE”

ELPLURAL.COM accede al sumario de la pieza separada, donde están los pinchazos y los mensajes que acorralan a Pedro Antonio Sánchez

ELPLURAL.COM ha tenido acceso a la Pieza Separada 3 de Púnica que se centra en la investigación de las operaciones de la supuesta trama en la Región de Murcia y sus negocios con destacados dirigentes del Partido Popular, con especial relevancia en aquellos que afectan al actual presidente regional, Pedro Antonio Sánchez.

La documentación incluye numerosos pinchazos telefónicos a los cabecillas de la trama y a los entornos de los dirigentes, así como documentación digital, correos electrónicos y mensajes de teléfono móvil. Todo este material ha sido puesto en orden en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que acusan a Pedro Antonio Sánchez y su jefe de gabinete, David Conesa, de “supuestos delitos de fraude en la contratación pública” por adjudicar a la trama y con dinero público trabajos de reputación a favor del ahora presidente de Murcia.

Además de Sánchez y su jefe de gabinete, la red está formada por otros tres nodos de especial relevancia que protagonizan las llamadas y los mensajes intervenidos: Pilar Barreiro, entonces alcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP; Alejandro de Pedro, cabecilla de la trama y considerado el conseguidor; y el exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, que habría ayudado a De Pedro a conseguir contactos en la región.

La guerra de poder interna en el Partido Popular de Murcia, con dos consejeros que aspiraban a suceder a Ramón Luis Valcárcel al frente de la formación y a presidir el Gobierno autonómico es el marco en el que se movía la trama. Púnica ya trabajaba para el consejero de Industria, Juan Carlos Ruiz. Pero su rival, Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación, se interesó por los servicios de De Pedro cuando su reputación empezó a caer debido a que se le acumulaban las imputaciones por corrupción.

A través del contacto de la alcaldesa de Cartagena, la trama empezó a mantener relación con Sánchez y cerraron un par de reuniones, como puede confirmarse en las grabaciones intervenidas por la Guardia Civil. De hecho, como se refleja en las pruebas, lo acordado fue que los servicios de reputación a Pedro Antonio Sánchez ascendieran a 4.600 euros al mes, que se pagarían con fondos públicos de la Consejería, camuflados como “formación”, y que también servirían de pago para los trabajos realizados a favor de la alcaldesa Pilar Barreiro.

Este extremo queda comprobado en dos pinchazos. Uno es una llamada entre De Pedro y Alonso, en el que el segundo le pide que le diga al jefe de Gabinete de Barreiro, Paco Farreño que “como vamos a conseguir lo otro, lo del precio lo ajustaremos como queramos”. “Lo otro”, según la Guardia Civil, es el contrato con Sánchez que servirá para pagar el de Barreiro. La otra llamada intervenida es al propio Farreño, en el que le pide a De Pedro que ponga en marcha los trabajos porque en “los detalles de la facturación nos van a echar una mano”.

Por último, otro aspecto que acorrala a Sánchez son sus reuniones con De Pedro, que quedan reflejadas en varias llamadas y que prueban que los trabajos estaban ya en marcha y fueron interrumpidos por la detención de los implicados.

Todo arranca el 18 de septiembre de 2014, con una llamada en la que Alonso conmina a hablar con Sánchez, que le mande “un wassap y le dices ‘que me dijo [Pilar] que querías hablar conmigo, estoy a tu disposición en este teléfono”.

Los contactos fructifican y el 23 de septiembre se celebra una reunión entre De Pedro y Sánchez en una cafetería cerca del Congreso de los Diputados. Un día antes, Alonso llama a De Pedro y le dice que, aparte de los trabajos de reputación, le intente sacar más dinero con ejemplos de lo que están haciendo: “Le cuentas alguna cosa de las que estás haciendo con [Lucía] Figar”, la entonces consejera de Educación de la Comunidad de Madrid.

Tras esta reunión, De Pedro llama a una trabajadora de su empresa para informarle que se ha reunido con Pedro Antonio Sánchez. Y le pide que le prepare una oferta para “ponerle 3.000 pavos” al mes, más otros 1.000 “pavos” para contratar a un periodista que redacte noticias positivas sobre él. Al final, el presupuesto se eleva a 4.600 euros, sumando cerca de 24.000 euros de fondos públicos desde octubre hasta mayo de 2015. “Llama la atención que los servicios que se van a prestar hasta el mes de mayo de 2015, (fecha 24/05/2015) en la que se celebran los comicios locales y regionales de 2015”, señala la Guardia Civil en su informe.

La siguiente reunión se celebra el 21 de octubre de 2014 en el hotel Las Letras. De Pedro está esperando para la cita y llama a Alonso para contárselo, quien le anima: “Sácale el contrato a Pedro Antonio, que lo necesitamos como el agua”.

El día siguiente de la reunión, por la mañana, De Pedro llama a otro miembro de la empresa y posterior arrepentido, Francisco Javier Bueno, para contarle la buena noticia: “Hemos cerrado lo de la reputación de Pilar Barreiro y la de Pedro Antonio, el consejero de Educación”. Lo que su interlocutor celebra entre risas diciendo: “¡Murcia a tope!”. De Pedro le da orden “de que lo metan ya en facturación para el mes de noviembre”.

El 24 de octubre, tres días después de la reunión, De Pedro vuelve a hablar con Bueno. Ambos están en Murcia, a punto de entrar a reunirse con el jefe de gabinete de Pedro Antonio Sánchez, pero Bueno está esperando en la misma Consejería mientras De Pedro se apura para no llegar tarde a la reunión.

Tres días después, De Pedro era detenido dentro de la Operación Púnica.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/26/la-guardia-civil-tiene-cercado-en-punica-al-presidente-de-murcia-por-delitos-de

"MURCIA, A TOPE": LAS GRABACIONES QUE IMPLICAN A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ EN LA PÚNICA

Los audios acreditan que el ahora presidente de Murcia cerró un trato con la trama para lavar su imagen en las redes sociales, de cara a postularse a la presidencia regional

El contrato se cerró por un total de 3.000 euros al mes cuando tuvieran lugar los comicios, a pagar con dinero público procedente de la Consejería de Educación, que entonces dirigía

Las grabaciones también acreditan trabajos de la trama concertados con altos cargos de la Comunidad de Madrid, como Ignacio Gónzalez o Lucía Figar

Unas grabaciones del sumario del caso Púnica que investiga el juez Eloy Velasco acreditan que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, cerró un trato con la trama para lavar su imagen en las redes sociales, de cara a postularse a la presidencia regional. En concreto, los audios revelan que cuando era consejero de Educación en Murcia Sánchez pactó un acuerdo de 3.000 euros al mes, a pagar con dinero público, cuando tuvieran lugar los comicios, según publica este lunes Cadena Ser.

En las grabaciones se escucha al conseguidor de la trama Alejandro de Pedro explicar a sus socios el pacto con Sánchez para lavar su imagen en las redes sociales. Según explica el propio De Pedro a una de sus empleadas, el contrato se cerró por "3.000 pavos al mes" para lavar la imagen de Sánchez, entre octubre de 2014 y mayo de 2015, cuando se celebraran las elecciones.

A esta cantidad se sumarían otros 1.000 euros para un periodista encargado de elaborar noticias beneficiosas para Sánchez desde un periódico digital murciano, que el conseguidor de la trama creó como herramienta para promocionar a sus clientes. También estaba previsto que los servicios se pagasen con dinero público procedente de la Consejería de Educación, que entonces dirigía Sánchez.

Los audios certifican la existencia de cuatro reuniones, entre junio y octubre de 2014, en las que se cerró el acuerdo y en las que participó el propio presidente murciano. Según señala la Cadena Ser, uno de los encuentros se produjo en la consejería de Educación de Murcia y los restantes en Madrid, en hoteles como el Palace o Las Letras. En la última de las reuniones se alcanzó el acuerdo definitivo con Sánchez y la senadora Pilar Barreiro.

Además de las grabaciones -en las que se registran conversaciones entre Alejandro de Pedro, su socio José Antonio Alonso Conesa, los empleados de ambos y técnicos y jefes de gabinete de distintas consejerías de Murcia-, existen otras pruebas que implican al presidente murciano como mensajes, whatsapps y el testimonio comercial de Eico, la empresa de Alejandro de Pedro, y que confirman el acuerdo.

No se llegaron a realizar

Los trabajos nunca llegaron a ser realizados, ya que seis días después de cerrarse el acuerdo, el 27 de octubre de 2014, estalló la operación y el juez Velasco ordenó las detenciones. Aún así, el magistrado pedirá imputar a Sánchez y en contra del criterio de la Fiscalía por cohecho, fraude a la Administración y revelación de información reservada.

El magistrado se atiene a una reforma del código penal en la que se sanciona igualmente la conspiración para cometer delitos, aunque estos no se hayan ejecutado. Anticorrupción descartó proceder contra el presidente murciano por "no llegarse a formalizarse los contratos de publicidad" y, por tanto, "no haber perjuicio alguno para las arcas públicas".

El presidente de Murcia actualmente está imputado en otra causa: el Caso Auditorio, en el que se investigan las irregularidades cometidas en las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras, municipio del que fue alcalde.

Las grabaciones recogen algunas de las acciones de la trama en otras comunidades como Madrid o Castilla y León. El propio Alejandro de Pedro habla en uno de los audios del contrato de reputación personal del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González o de la exconsejera de Educación Lucía Figar, también imputada en la causa, por un total de 400.000 euros.

http://m.eldiario.es/politica/Murcia_0_626787356.html
 

 LOS 72 INDICIOS QUE ACORRALAN AL PRESIDENTE DE MURCIA EN LA ‘PÚNICA’

El sumario sobre la trama de corrupción acumula decenas de correos electrónicos, llamadas, mensajes de móvil, documentos y tres declaraciones que salpican a Pedro Antonio Sánchez

El 'caso Auditorio' por el que tuvo que declarar como investigado este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia no es el único frente judicial al que pende sobre el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Pese a la polémica decisión de la Fiscalía Anticorrupción de no apoyar al juez Eloy Velasco en su iniciativa de remitir parte del sumario del ‘caso Púnica’ a los órganos judicial de la región autónoma para que sean ellos los que investiguen al político en su condición de aforado, la causa de corrupción recoge numerosos indicios de la supuesta implicación del jefe del Ejecutivo de esta comunidad en la trama. Son trece correos electrónicos, una docena de llamadas de teléfonos, 35 mensajes de móvil, seis documentos digitales y tres en formato papel que sustentan las sospechas contra él y que se detallan en dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Trece correos electrónicos. El primer correo electrónico que destacan los informes del Instituto armado sobre los supuestos tratos de la trama Púnica con Pedro Antonio Sánchez y su entorno tiene fecha del 11 de junio de 2014. Es un “recordatorio” de la reunión que ese día supuestamente mantuvieron el político y el experto informático de la trama, Alejandro de Pedro, y que fue localizado en el ordenador que este último tenía en su casa. El último es del 24 de octubre de ese mismo año, sólo tres días antes de que se produzcan las primeras detenciones de la ‘Operación Púnica’, entre ellas la del propio De pedro. Éste último también era un “recordatorio”, en ese caso de un encuentro que mantuvo el presunto integrante de la trama con un miembro de la Consejería de Educación de Murcia, que entonces encabezaba el hoy presidente de Murcia. Entre medias, una decena de mensajes más, algunos entre De Pedro y un asesor de Pedro Antonio Sánchez llamado David Conesa Ferrer, actualmente imputado en la causa. En uno de ellos, fechado el 20 de octubre, éste último destaca al experto informático que “el consejero tiene mucho interés en que nos veamos para empezar”.

Doce llamadas de teléfono. Una docena de comunicaciones intervenidas a Alejandro de Pedro y su socio, el que fuera alcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, son consideradas clave por la Guardia Civil. Muchas son conversaciones entre ambos en las que comentan detalles de sus tratos con autoridades de Murcia y, en concreto, con Pedro Antonio Sánchez. En una de ellas, del 17 de octubre de 2014, el experto informático se muestra impaciente por la falta de respuesta del político a sus propuestas "Oye, si hablas con Pilar [Barreiro, entonces alcaldesa de Cartagena y diputada, y hoy senadora del PP] dile que le he mandado tres mensajes al Pedro Antonio éste, tanta prisa y tanta hostia". También las hay con sus empleados para reclamarles modificaciones sobre las propuestas que van a hacer al hoy presidente murciano o en las que les informa de sus gestiones y encuentros.

35 mensajes de móvil. Los informes de la Guardia Civil destacan la existencia de dos cadenas de mensajes comprometedores. Por un lado, los 24 whatsapp que intercambian De Pedro con David Conesa, miembro del equipo de Pedro Antonio Sánchez, entre el 21 de octubre y el 25 del mismo mes. Buena parte de ellos se centran en concretar sendas citas en Madrid y Murcia. La segunda, son las comunicaciones vía imessages entre el conseguidor y el propio político del PP. Son once y se desarrollan entre el 21 y el 23 de septiembre. En ellas se ve el interés del candidato por reunirse con "Alex". Finalmente lo hicieron para desayunar en un bar cercano al hotel donde se alojaba el político durante una de sus estancias en la capital.

Seis documentos digitales. En uno de los ordenadores intervenidos durante el registro de la sede de las empresas de Alejandro de Pedro apareció un "informe de percepción inicial" con el nombre de Pedro Antonio Sánchez en la portada. En el mismo se examinaba la presencia del político en Facebook, Twitter, Youtube y los buscadores, así como una serie de "recomendaciones para mejorar su imagen y marca personal. El documento incluía un gráfico que destacaba que el 70% de las informaciones que aparecían en Internet sobre él fueran "negativas", sobre todo por los diferentes procesos judiciales en los que se había visto envuelto desde su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras. Entre ellos, el ‘caso Auditorio’. En otro equipo informático, en este caso el que se encontró en casa del experto informático, apareció el segundo de estos documentos: un "informe preventa" en el que se dejaba constancia de una reunión que el 11 de junio de 2014 habían celebrado en Madrid el político y De Pedro junto a la entonces alcaldesa Pilar Barreiro. En el mismo se señalaba dicho informe no gustó al "cliente", que incluso detectó fallos. No sería el último de las mismas características. De hecho, se encontraron otros cuatro. El último una propuesta como proyecto “vendido” que fijaba el precio de los servicios en 4.600 euros al mes más IVA.

Tres documentos en papel. Son los últimos incorporados a la causa y, de hecho, no figuran en el informe que la UCO entregó en la Audiencia Nacional en mayo de 2016, sino en uno más reciente. En concreto, del pasado 22 de noviembre. En el mismo se califican a dichos documentos de "nuevos hallazgos" que en opinión de los autores "amplían y corroboran" los indicios sobre las supuestas irregularidades cometidas. Se trata de tres anotaciones manuscritas localizadas en "los puestos de trabajo" de otros tantos empleados del experto informático de la trama. Pese a que todas ellas fueron intervenidas durante los registros de octubre de 2014 en la sede en Valencia de las empresas de este último, ha sido en estos últimos meses cuando las han podido encajar en las pesquisas.

Tres Declaraciones. Todas ellas son de la misma persona, Francisco Javier Bueno, un empleado de Alejandro de Pedro que ejercía de comercial de sus empresas y que, por ello, acompañaba al experto informático en sus encuentros con los clientes. La primera la realizó como testigo poco después de las detenciones de octubre de 2014. Las dos siguientes, ya como investigados. Una, ante la Guardia Civil, en abril de 2016. La última, ante el juez Eloy Velasco el 5 de octubre pasado. En todas ellas, este trabajador de Madiva Editorial SL ha mostrado su disposición a colaborar. Así su testimonio ha servido para confirmar la reunión que De Pedro mantuvo el 22 de septiembre de 2014 en el Hotel Las Artes de Madrid Pedro Antonio Sánchez y la hoy senadora Pilar Barreiro. Su testimonio también ha servido a los investigadores para confirmar otro encuentro, este del 24 de octubre en la sede la Consejería de Educación entre De Pedro, el responsable de redes sociales del entonces consejero de Educación , y en el que se supuestamente se cerró definitivamente el acuerdo. El trabajador aseguró que ese día les comunicaron que el actual presidente murciano había dado su "Ok" a los trabajos de reputación online.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/07/actualidad/1488879047_012387.html

MAZA ADMITE QUE DIO ÓRDENES PARA NO INVESTIGAR A PAS

El fiscal general del Estado señala que no va a permitir "que a un ciudadano, sea político o no, se le siga un procedimiento si veo que no hay fundamento"

Defiende que Manzanera, y no solo López Bernal, lucha contra la corrupción

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, negó ayer en el Congreso haber recibido órdenes del Gobierno cuando tomó la decisión de oponerse a la imputación del presidente Pedro Antonio Sánchez en el caso Púnica, y en los recientes nombramientos que afectan a la cúpula fiscal, que incluyeron el relevo del fiscal superior de la Comunidad, Manuel López Bernal, que impulsó la investigación del caso Auditorio, que afecta también al jefe del Ejecutivo regional.

Maza compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso a instancias de PSOE y Ciudadanos para dar explicaciones de varios asuntos que salpican a esta institución y que han puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia del Ministerio Público, que el fiscal general del Estado defendió con vehemencia.

Tras una primera intervención muy técnica en la que desgranó el funcionamiento orgánico de la Fiscalía, Maza recogió el guante de los grupos y no esquivó ninguna de las preguntas, si bien la oposición no quedó satisfecha con sus explicaciones, especialmente con los dos asuntos más polémicos: la oposición a imputar al presidente de la Comunidad y el relevo en las fiscalías clave.

Maza afirmó que no recibió órdenes de nadie para rechazar la imputación de Sánchez, una decisión que avalaron dos informes jurídicos -de la Secretaria Técnica de la Fiscalía y de cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo-, y con la que él estuvo de acuerdo. «Mientras sea fiscal general del Estado, no voy a permitir en ningún caso que a un ciudadano español, sea político o no, hombre o mujer, mayor o pequeño, se le siga un procedimiento por la Fiscalía si yo veo que no hay fundamento para ello, sin atender a la condición o ideología de las persona investigada o acusada».

Reconoció Maza que, en contra del criterio de las dos fiscales de Púnica, dio instrucciones a la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, para posicionarse en contra de elevar una exposición razonada que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia imputara a Sánchez, tras estar respaldado por sendos informes.

«¿Creen que si yo fuera a obedecer una orden de alguien iba a darle traslado a un equipo de eminentes juristas (...) para que me llevasen la contraria y quedar desairado? ¿Lo creen realmente?», preguntó a los presentes antes de insistir en que no ha actuado «con seguidismo respecto de nadie».

Maza no ha escondido a lo largo de las más de tres horas de comisión la «rabia» e «indignación» que le ha producido el trato informativo que se le ha dado a esta y otras actuaciones de la Fiscalía. «Perdonen que muestre mi indignación, pero es que llevo mordiéndome la lengua todos esos días», subrayó.

José Manuel Maza no se salió del guión cuando abordó el tema de los nombramientos en la cúpula fiscal al asegurar que «jamás en la vida» el Ministerio de Justicia le ha ordenado ni impuesto alguno de los cambios o relevos. Es por ello que insistió en que todas las renovaciones y nombramientos se han realizado con los criterios de mérito y capacidad, pero también pidió comprender que como fiscal general debe contar con total «confianza» en los cargos designados, especialmente en Anticorrupción y en la Audiencia Nacional.

«Necesito en ambas fiscalías un impulso nuevo con mi llegada», explicó Maza, y en el caso del cambio en la Fiscalía de Murcia ha recordado que el anterior responsable, Manuel López Bernal, ha sido relevado por quien fue impulsor de los procedimientos contra la corrupción, José Luis Díaz Manzanera.

Las explicaciones de Maza no dejaron satisfecha a la oposición. Para el PSOE, la actuación del fiscal general en el caso de Pedro Antonio Sánchez no hace más que «amontonar las sospechas» que ya suscitó su nombramiento en noviembre sobre que «por fin el PP ha encontrado al fiscal idóneo». Irene Montero, de Unidos Podemos, reprochó a Maza que no aclarase por qué Pedro Antonio Sánchez se enteró por una filtración de que la Fiscalía no quería imputarle. Montero denunciólo que llama «la mafia del canapé», que se dedica a «tejer redes de complacencia entre los poderosos» en lugar de luchar contra la corrupción.

José Manuel Villegas, de Ciudadanos, retiró la confianza de su partido en el fiscal general, mientras que la diputada del PP María Jesús Moro arremetió contra López Bernal, a quien acusó de haber llevado a cabo «una causa general y un proceso inquisitorial» contra el presidente de la Comunidad.

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/03/02/maza-admite-dio-ordenes-investigar/810013.html

LA ACUSACIÓN POPULAR DE PÚNICA DA UNA LECCIÓN DE DERECHO A LA FISCALÍA

ADADE desmonta el intento de exonerar al presidente de Murcia con jurisprudencia del Supremo y pide la imputación de Sánchez

La acusación popular de Asociación de abogados demócratas por Europa (ADADE) ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que ponen los puntos sobre las íes en toda la polémica sobre la petición de imputación para el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez que intentó bloquear la Fiscalía Anticorrupción.

En su escrito, ADADE toma tres direcciones: por un lado, dan un duro rapapolvo a la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, que se plegó a las presiones de sus superiores para intentar exonerar al presidente murciano con un escrito de 12 líneas carente de argumentos jurídicos.

Por otro lado, piden la imputación de Sánchez por fraude, cohecho y revelación de información reservada, dando su apoyo a los argumentos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que también aceptó el juez Eloy Velasco, cuando se dirigió al Parlamento murciano para certificar que el presidente está aforado, como paso previo a su imputación.

Por último, aportan variada documentación y jurisprudencia del Tribunal Supremo que prueba que hay argumentos jurídicos de sobra para imputar a Sánchez, como ya hizo ELPLURAL.COM este jueves.

En el punto cuarto de sus argumentos, ADADE se refiere al informe de la fiscal teniente, “que causa estupor a esta parte” por la “simpleza dialéctica empleada” para intentar salvar a Sánchez. Un informe cuyas “doce líneas contrastan” con la “profusión de los argumentos fácticos” que aportan las fiscales del caso Púnica, que se negaron a firmar dicha exoneración.

También que “resulta de todo punto llamativo” que el argumento de las fiscales que sí es válida para imputar a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena “no lo es respecto de Pedro Antonio Sánchez”. Además, como ya señaló ELPLURAL.COM, destacan que las fiscales del caso dejaron todas sus pruebas contra Sánchez “en el Informe del Ministerio Fiscal referido a Pilar Barreiro”.

Además, ADADE se remite a variada jurisprudencia del Tribunal Supremo, mucha de ella citada por este periódico este jueves, para demostrar que el fraude es un “delito de naturaleza netamente tendencial o de mera actividad, que viene a castigar verdaderos actos preparatorios, ya que no necesita para la consumación ni la producción del efectivo perjuicio patrimonial ni tan siquiera el desarrollo ejecutivo del fraude”, como defendía la fiscal teniente.

La lección de derecho continúa con la explicación de cómo funciona el cohecho que “es un delito de mera actividad y se consuma con la sola solicitud u ofrecimiento”. Y concluye con una explicación de lo que significaría que el famoso escrito de 12 líneas fuera tomado en consideración, sobre todo cuando la fiscal lanza la tesis de que, hasta que el artículo 445 CP fue modificado para penar conspiraciones para cometer delitos contra la Administración, no se podían perseguir un “acuerdo criminal” como el de Sánchez y Barreiro.

Sostiene que lo pretendido por el legislador al aprobar dicho artículo era despenalizar con efecto retroactivo todas aquellas conductas típicas de mera concertación para cometer delitos contra la administración pública. Ello choca frontalmente con un número significativo de sentencias de todos los Tribunales, y en especial del Tribunal Supremo, que condenan por la comisión de delitos como el fraude o el cohecho por el mero hecho de haberse acreditado el concierto para defraudar.

Por último, ADADE concluye su escrito haciendo mención a lo “notorio” de que Sánchez estuviera al tanto de las contradicciones en la Fiscalía sobre cómo proceder sobre su caso. En concreto, el informe de la Secretariía Técnica de la Fiscalía General del Estado. Y añade, demostrando que ni siquiera ellos, que están personados, tenían esa información:

Esta parte está deseosa de conocer dicho informe y las confirmaciones de los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, puesto que sin duda arrojarían luz donde solo hay oscuridad. Pero desgraciadamente los mismos no se han hecho públicos y solo disponemos para conocer las razones de la Fiscalía de doce líneas.

http://www.elplural.com/politica/2017/02/24/la-acusacion-popular-de-punica-da-una-leccion-de-derecho-la-fiscalia

EL JUEZ DE PÚNICA USA SENTENCIAS DEL FISCAL GENERAL CONTRA EL PRESIDENTE DE MURCIA

Eloy Velasco sustenta uno de los delitos que atribuye al presidente de Murcia con una resolución dictada por el propio fiscal general

La Fiscalía General impuso no acusar al presidente de Murcia

Catalá se entrevistó con el presidente de Murcia antes de que el fiscal retirara la acusación

El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, ha esgrimido una sentencia redactada por el propio fiscal general, José Manuel Maza, para justificar la imputación de uno de los delitos que el magistrado atribuye al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. En el auto con el que el pasado viernes dio por concluida la investigación sobre la rama murciana de Púnica -a expensas de lo que pase con el aforado Sánchez y la otra aforada popular-, el juez desgrana los argumentos jurídicos por los que cree que se cometieron diversos delitos. Entre ellos, el de «revelación de informaciones reservadas». Se trata de uno de los tres que el juez y las fiscales del caso -no así la Fiscalía General- creen que pudo cometer Pedro Antonio Sánchez. Lo habría hecho «al proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar». Se trataría de información transmitida por Sánchez y sus colaboradores a las empresas de la trama Púnica, que de esa forma tenían ventaja frente a la competencia.

El juez de la Audiencia Nacional considera que varios implicados -Sánchez entre ellos- cometieron ese delito al examinar las sentencias del Supremo que lo analizan. Entre ellas, una dictada por el propio Maza en 2014, cuando era magistrado de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.«La jurisprudencia entiende (ver por todas la importante STS 8/5/2014, ponente Maza Martín)...», dice el juez para extractar una sentencia del fiscal general sobre una empresa a la que se suministró información para que obtuviera una adjudicación. «La característica esencial» del delito, decía la sentencia de Maza, es «conocer aspectos que redunden en una adquisición de privilegio por parte del administrado favorecido, frente a quienes son privados de tal información, que quedan en una clara posición de desventaja».

Además de revelación de información, el juez del caso Púnica ve fraude y cohecho

El Código Penal castiga con multa e inhabilitación de hasta tres años a «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados».La mayor parte de la jurisprudencia empleada por Velasco contra la veintena de imputados se refiere al delito de fraude, que también se le imputa a Sánchez junto al de cohecho. El juez es particularmente extenso en el supuesto fraude, puesto que es el delito en el que se centró el breve escrito del Ministerio Público oponiéndose a que se abriera formalmente una investigación contra el mandatario popular. Tras repasar las sentencias del Supremo, el juez resalta que el delito de fraude es de los denominados «de mera tendencia», es decir, que para considerarse cometido basta «con que exista la concertación con el fin de defraudar». El juez y las fiscales del caso estiman que eso se ha producido. Por contra, fuentes de la Fiscalía General -tras recordar que conocen «perfectamente» la sentencias aireadas por Velasco- insisten en que no llegó a producirse ese «concierto». Resaltan que no llegó a haber aceptación por parte de Sánchez de lo que el imputado Alejandro de Pedro le proponía. Aunque sólo fuera, como sostienen el juez y las fiscales del caso, porque el estallido de la operación policial no le dio tiempo para ello. Según el juez Velasco, Sánchez se puso en contacto con empresas de la trama Púnica para mejorar su imagen en internet. Lo hizo porque quería encabezar la lista del PP en la comunidad, cosa que consiguió. Lo que más le preocupaba, según la investigación del caso, era el desgaste que podía suponer para él la posible imputación en otro presunto caso de corrupción. También esto acabó sucediendo y Sánchez ya ha sido imputado en el caso Auditorio.

http://www.elmundo.es/espana/2017/02/22/58aca024ca47414e4f8b4662.html

ANTICORRUPCIÓN ENVÍA DOS INFORMES OPUESTOS SOBRE 'PÚNICA': EL DE LA JEFA EXIME AL PRESIDENTE DE MURCIA Y EL DE LAS FISCALES DEL CASO LO INCRIMINA

La teniente fiscal argumenta en 12 líneas que no consta que Pedro Antonio Sánchez aceptase el plan para defraudar al Gobierno murciano

El relato de hechos del escrito de sus subordinadas sobre la senadora Barreiro, de 27 páginas, involucra al político en un "plan criminal" abortado a una semana de su inicio

El viraje impuesto por el fiscal general del Estado en la Operación Púnica y que ha llevado a Anticorrupción a oponerse a que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, sea imputado acaba de desencadenar una situación inédita. Sobre la mesa del juez del caso, Eloy Velasco, hay desde el lunes dos informes, a los que ha tenido acceso infoLibre, formalmente ajenos el uno al otro pero en realidad absolutamente contradictorios.

Un informe, firmado por la fiscal jefe en funciones de Anticorrupción, Belén Suárez, es el que refleja la posición del fiscal general, José Manuel Maza. Y salva en 12 líneas a Sánchez al concluir que los contratos con que la trama habría acometido la tarea de limpiar su imagen en Internet a cambio de dinero público, amén de colocarse en un terreno de difícil "deslinde" –el que separa "la publicidad institucional de la reputacional"– ni siquiera se firmaron. No hubo por tanto "perjuicio" económico. Ni tampoco delito de fraude porque –alega Suárez– no consta que la propuesta del conseguidor y gran experto en lavar la imagen de distintos políticos fuese aceptada por Pedro Antonio Sánchez.

El otro informe, de 27 páginas y suscrito por las dos fiscales asignadas al caso, Carmen García y Teresa Gálvez, se refiere oficialmente solo a la senadora del PP Pilar Barreiro, que goza de aforamiento ante el Supremo y cuya futura imputación se da por segura. Pero el relato de hechos de ese segundo informe involucra abierta y extensamente al presidente murciano en un "plan criminal" destinado a mejorar la reputación de Barreiro y Sánchez con fondos públicos y que para la Consejería que entonces -2014- dirigía Sánchez, la de Educación, habría supuesto un perjuicio contante y sonante:4.600 euros por mes durante siete meses de no ser porque la operación policial abortó la implementación de ese plan cuatro días antes de la fecha fijada para su inicio.

García y Gálvez solo ponen nombre a los delitos –prevaricación, fraude y malversación– en lo que respecta a Barreiro. Pero las conductas que describen son idénticas en el caso de la senadora y el del jefe del Gobierno murciano y número dos del PP en esa comunidad: la diferencia estriba en que el Ayuntamiento de Cartagena llegó a suscribir los contratos con Alejandro de Pedro y el Gobierno de Murcia, no.

La acusación popular que ejerce la asociación de abogados Adade pedirá al juez Velasco que mantenga su plan de elevar al Tribunal Superior de Murcia una exposición razonada -una especie de auto explicatorio dirigido a otros jueces- con los indicios incriminatorios que pesan sobre Pedro Antonio Sánchez. El abogado Francisco Montiel, de Adade, refuta los argumentos de la fiscal Belén Suárez con un ejemplo: "Es como si la Policía pilla a uno cuando todavía no le ha dado tiempo a disparar la escopeta y decimos, no, no, no hay muerto así que no hay delito".

Según las fiscales de Púnica, la senadora Barreiro, que en 2014 aún era alcaldesa de Cartagena, "se concertó" con el entonces consejero de Educación y convino con él "intermediar" con el supuesto gran conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, y su socio José Antonio Alonso "para conseguir que dicho tándem aceptase trabajar la reputación del Consejero, estigmatizada por las noticias negativas que sobre él publicaba internet". Y, también, para que De Pedro utilizase su influencia en el ámbito del PP nacional para facilitar que Sánchez se erigiese en candidato a la Presidencia del Gobierno murciano.

El siguiente párrafo del escrito contiene la primera gran bomba contra Sánchez. "El apoyo político y reputacional que ofrecieron a Pedro Antonio Sánchez permitió que todos ellos elaboraran concordadamente un nuevo plan criminal (concierto) para que el gasto personal por los trabajos de reputación y posicionamiento en buscadores realizado por la sociedad EICO [de Alejandro de Pedro] a Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez fuese sufragado con cargo a los fondos públicos del presupuesto de Educación".

La fiscal Belén Suárez aduce en su informe sobre Pedro Antonio Sánchez que no se le puede atribuir el delito de fraude -cuando un político se concierta con un tercero para adjudicarle un contrato que en sí mismo constituye un fraude a las arcas públicas- porque "ni siquiera existen los contratos de publicidad". "La cuantificación de tal eventual perjuicio futuro tampoco puede establecerse a los efectos del delito de fraude del art. 436 del Código Penal, en la medida en que sólo constan las condiciones propuestas por los responsables de las sociedades en un denominado "informe preventa" y no la aceptación de las mismas por el citado aforado".

"Además –agrega Suárez–, en cuanto se trata de hechos previos y anteriores a la reforma del Código Penal (...), que entró en vigor el 1 de julio de ese año [2015], no podría sancionarse la provocación, proposición y conspiración para cometer los delitos contra la Administración Pública, que ahora tipifica el art. 445 del Código Penal".

Las fiscales García y Gálvez, en cambio, recalcan en cambio la existencia de lo que en un momento del escrito definen también como "plan defraudador". Y aportan detalles para ilustrar la presunta participación de Pedro Antonio Sánchez en ese plan, cuya sola existencia implicaría los delitos de fraude y malversación según distintas fuentes jurídicas ajenas a la Fiscalía aun si solo fuera en grado de tentativa. "Las conversaciones telefónicas intervenidas -dice este segundo informe- han revelado que Alejandro de Pedro, José Antonio Alonso, Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez mantuvieron contactos y reuniones convocadas en hoteles de Madrid, fuera de los despachos oficiales de ambos cargos públicos, manteniendo reservados los encuentros, para fraguar un contrato negociado del que saldría perjudicada la Administración pública autonómica de Murcia".

El texto dice más: "Las llamadas telefónicas intervenidas -relatan las dos fiscales de Púnica- han puesto de manifiesto que la publicación en las redes sociales de nuevas noticias negativas del Consejero de Educación en el mes de septiembre de 2014 aceleró las prisas de Pedro Antonio Sánchez por sus trabajos y provocó la convocatoria de dos nuevos encuentros en Madrid entre Alejandro de Pedro, el Consejero de Educación y Pilar Barreiro los días 22 de septiembre y 21 de octubre de 2014, en el "Hotel Palace" y en el "Hotel de las Letras" respectivamente, evitando de nuevo la sede oficial de ambos políticos. En esa segunda reunión se cerraron las negociaciones ideadas".

La implementación del plan de limpieza de imagen de Sánchez con cargo a los fondos de la Consejería de Educación, explican las fiscales, estaba previsto para el 1 de noviembre. Pero la operación policial ordenada por el juez Eloy Velasco estalló cuatro días antes, el 27 de octubre.

Lo sucedido desde que Anticorrupción difundió el lunes una nota de prensa con la que anunciaba su negativa a la imputación del presidente autonómico del PP y una vez que el propio Pedro Antonio Sánchez desveló al día siguiente a primera hora que los cuatro fiscales jefe de lo Penal del Supremo se oponían igualmente a que se le investigase ha generado inquietud e incertidumbre en distintos ámbitos jurídicos.

Este miércoles, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García, aseguró a infoLibre que su asociación pedirá a la Fiscalía General que explique "cómo le llegó la información" a Pedro Antonio Sánchez.

También la Asociación Profesional Independiente de Fiscales emitió un comunicado en el que alerta de que "la supuesta orden dada por la Fiscalía General del Estado de no promover la investigación" a Pedro Antonio Sánchez evidencia "serias deficiencias de la actual configuración del Ministerio Fiscal para que pueda asumir la función de llevar la instrucción de las causas penales". "No alcanzamos –agrega el comunicado- a comprender (ni debe admitirse) que las órdenes, dentro de nuestra institución, sean negativas, es decir, que se nos ordene no investigar o no perseguir un posible delito"

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/16/anticorrupcion_envia_dos_informes_opuestos_sobre_punica_jefa_exime_presidente_murcia_las_fiscales_del_caso_incrimina_61246_1012.html

EL PRESIDENTE DE MURCIA SUPO ANTES QUE LAS FISCALES DE 'PÚNICA' QUE LA CADENA DE MANDO DEL TS SE OPONÍA EN BLOQUE A INVESTIGARLE

Las dos responsables de la acusación pública en el caso ignoraban que los cuatro fiscales jefe de sala del alto tribunal se habían pronunciado contra imputar a Pedro Antonio Sánchez

La portavoz del Ejecutivo murciano se escuda en una especie de secreto profesional para no desvelar cómo accedió su jefe a información secreta de la Fiscalía General del Estado

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del PP, supo antes que las dos fiscales asignadas a la Operación Púnica que la cadena de mando de la Fiscalía del Supremo –los cuatro fiscales jefe de la Sala de lo Penal– se habían pronunciado en bloque en contra de la imputación del político. Fuentes jurídicas informadas de lo sucedido reconocieron este miércoles a infoLibre que cuando Sánchez desveló el martes por la mañana en la Cadena Cope que los cuatro fiscales jefe de sala "consideran que no hay que investigar", nadie había comunicado aún ese dato a las fiscales de Púnica, María Teresa Gálvez y Carmen García. Es decir, ambas ignoraban que el respaldo a la posición del fiscal general -eximir de culpa a Sánchez, lo contrario de lo que ellas mismas mantenían que debía hacerse- había sido "unánime", por utilizar el adjetivo que emplearon este miércoles fuentes oficiales de la Fiscalía para definir el resultado de la consulta planteada por Maza. La consulta a los cuatro fiscales de sala, añadieron las fuentes oficiales, se efectuó "la semana pasada". Gálvez y García, conocidas por su actitud reacia hacia los periodistas, se mantienen fuera de foco desde el lunes. .

El martes, infoLibre preguntó a los portavoces oficiales del Gobierno murciano cómo supo Sánchez cuál era la posición de los fiscales del Supremo si se trata de un dato estrictamente reservado que en ningún caso se comunica a ningún potencial imputado, como era y sigue siendo su caso, y que no había trascendido a la opinión pública. La noche del martes, una fuente oficial del Ejecutivo regional dijo que lo había sabido "por la prensa" pero guardó un silencio sostenido cuando este diario inquirió sobre a través de qué medio de comunicación se había enterado el presidente Sánchez.

El miércoles por la mañana, infoLibre reiteró la pregunta. Los portavoces oficiales dijeron esta vez que "por medios digitales y periodistas que llamaron para comentarnos el asunto". Pero, en contra de esa versión, lo cierto es que ningún medio –ni digital ni de ninguna categoría– había publicado la noticia. Supuestamente, el Gobierno murciano habría recibido así la información a través de periodistas que teniendo una exclusiva de gran alcance jamás habrían llegado a publicarla para, en cambio, limitarse a ponerla en manos del Ejecutivo regional del PP.

A media mañana, la sospecha de que Pedro Antonio Sánchez había tenido acceso a información privilegiada, no se sabe exactamente a través de qué tipo de filtración, adquiría fuerza redoblada en la rueda de prensa ofrecida por la portavoz del Gobierno regional. En esa comparecencia, y después de que un periodista le insistiera para que explicase cómo logró Pedro Antonio Sánchez saber lo que opinaban los cuatro fiscales jefe del Supremo, la portavoz y consejera Noelia Arroyo eludió ya toda referencia a la supuesta publicación de la noticia en el desconocido "medio digital" mencionado varias veces desde el día anterior por su equipo sin aportar nunca ningún dato que permitiera identificar a dicho medio. La portavoz cambió de estrategia y pasó a invocar una especie de secreto profesional para negarse a dar explicaciones.

Al informador que había preguntado, Arroyo le espetó lo siguiente:

–¿Usted cuando publica una exclusiva cómo lo consigue?

Mientras otros presentes en la sala saludaban con risas de complacencia la inversión de papeles protagonizada por Arroyo, el periodista que había hecho la pregunta se limitó a responder con seriedad de forma escueta:

–Por fuentes oficiales, generalmente no.

Y fue aquí cuando de manera inesperada Arroyo equiparó a su jefe y jefe del Gobierno murciano con un periodista asistido por el deber y derecho de secreto profesional:

–O por filtraciones -replicó la portavoz al informador-. Y usted nunca desvela sus fuentes. El presidente hizo una entrevista y contestó lo que creyó oportuno. Ahí está la entrevista y ahí están las respuestas del presidente; desde luego el gobierno no va a hacer valoraciones de ningún tema de la justicia. Ni del juez ni de la fiscalía, ningún tema de la justicia.

Un momento después, la misma Arroyo añadía otra afirmación sorprendente:

–Él dijo lo que dijo. Y quien quiera saber lo que dijo el presidente, que escuche la entrevista. Y lo que digo es que yo desconozco, y no es una cuestión, como le he planteado al compañero periodista, que deba trascender si sabía, no sabía.... Yo sé lo que dijo el presidente y yo no valoro más allá de lo que dijo el presidente.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/16/el_presidente_murcia_supo_antes_que_las_fiscales_punica_que_cadena_mando_del_supremo_oponia_bloque_investigarle_61231_1012.html

EL GOBIERNO DE MURCIA APELA AL SECRETO PROFESIONAL PARA NO REVELAR CÓMO SUPO PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ LA POSTURA DE LOS FISCALES SOBRE SU IMPUTACIÓN EN 'PÚNICA'

La portavoz, Noelia Arroyo, declina valorar "cuestiones judiciales" y asegura que "siempre sale el sol"

Sobre los asaltos a casas de funcionarios que investigan la corrupción en Murcia, dice: "No sabemos por qué se producen, ni quién es el responsable"

La portavoz del Ejecutivo murciano, Noelia Arroyo, se ha negado este miércoles a explicar cómo y cuándo conoció Pedro Antonio Sánchez la posición de cuatro fiscales jefes del Tribunal Supremo sobre su posible imputación en el caso Púnica. Según desveló el propio presidente en una entrevista este martes concedida a Cope, los fiscales acreditaron "que no se debe investigar" su implicación en el caso, informa Europa Press.

"No tenemos nada que añadir porque nunca hacemos ese tipo de declaraciones y no vamos a valorar nada de lo que tenga que ver con actuaciones judiciales", ha insistido Arroyo, quien ha manifestado que el Consejo de Gobierno, lo que valora cuando lee esa información en un medio de comunicación es la versión oficial, "lo extraoficial podemos creerlo o no, cada ciudadano es libre".

En su opinión, "lo que haga un medio de comunicación con filtraciones o con algún tipo de trabajo que se hace para confirmar esa noticia, pues no estamos aquí para valorar eso". Preguntada de nuevo sobre cómo conoció el presidente murciano la información de los fiscales, la portavoz del Gobierno murciano ha interpelado al periodista que ha hecho la pregunta diciéndole que "cuándo publica una exclusiva cómo lo consigue". "Usted nunca desvela sus fuentes y el presidente concedió una entrevista y contestó lo que consideró oportuno", ha zanjado.

El presidente murciano "hizo una entrevista, le hicieron preguntas y él dijo lo que dijo, quien quiera saber lo que dijo que escuche la entrevista, pero no valoro más allá de lo que dice Sánchez". "Respeto que los periodistas tienen sus fuentes, pero no haré una declaración ni ahora ni nunca de cuestiones relacionadas con la justicia", ha reiterado.

Arroyo, al ser preguntada sobre la información publicada por El Mundo acerca de que la Fiscalía General del Estado ordenó no seguir adelante con la investigación a Pedro Antonio Sánchez en contra del criterio de las fiscales encargadas del caso Púnica, partidarias de reclamar su imputación, ha respondido que "ese tema o cualquier otro relacionado con cuestiones judiciales no se trata en el Consejo de Gobierno".

La portavoz ha defendido que aquí estamos para "rendir cuentas de los asuntos del Consejo de Gobierno". El Gobierno, en lo que está, ha dicho, es en "trabajar y solucionar los problemas de los murcianos, en seguir creando empleo, realizar reformas que nos sitúan en una posición estratégica en el conjunto de España y en seguir trabajando por el compromiso social que mantiene el Gobierno". Por ello, ha mandado un mensaje de "tranquilidad" a la sociedad murciana, porque el Gobierno "está en lo que tiene que estar, trabajando para resolver los problemas de los ciudadanos de Murcia y, por cierto, trabajando muy duro".

Asimismo, la portavoz ha asegurado a preguntas de La Verdad que el Consejo de Gobierno "no se siente aludido" ante los asaltos producidos en los últimos meses en domicilios de funcionarios que investigan casos de corrupción. "Esto tampoco se valora en el Consejo de Gobierno, y tampoco sabemos por qué se producen esos asaltos, ni quién es el responsable. No son cuestiones que afecten a este Consejo, y no tenemos que tomar ninguna decisión al respecto. No tenemos tiempo para esto", ha dicho.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/15/el_gobierno_murcia_apela_secreto_profesional_para_revelar_como_supo_pedro_antonio_sanchez_postura_los_fiscales_sobre_imputacion_punica_61219_1012.html

DIVISIÓN EN LA FISCALÍA POR LA INVESTIGACIÓN A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

Los dos fiscales de la Púnica estaban dispuestos a actuar contra el presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, pero sus superiores se lo impidieron

El jefe del Ejecutivo regional, Pedro Antonio Sánchez, se habría librado de la imputación por la mediación de la Fiscalía General, ya que dos fiscales de la Púnica, las que llevaron la investigación del caso directamente, estaban dispuestas a cargar contra el líder murciano del PP por planear contratos con empresas de la trama para mejorar su reputación personal con cargo a las arcas públicas. Esa diferencia de criterio entre dos fiscales y la cúpula del Ministerio Fiscal lo señala en su edición de este miércoles el diario El Mundo.

De hecho, en un documento oficial de la Fiscalía para dar a conocer su decisión sobre si se debía investigar a Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez queda patente que la decisión ha sido tomada por la Secretaría Técnica de esta Fiscalía General y por los cuatro Fiscales de Sala Jefes de la Sección de lo Penal del Tribunal Supremo. Algo que el propio Pedro Antonio Sánchez y su equipo han resaltado a diferentes medios desde que se conoció la postura de la Fiscalía.

El criterio de la Fiscalía en este caso es la respuesta a la petición del juez Eloy Velasco, que el lunes redactaba un auto solicitando al Tribunal Superio de Justicia (TSJ) que investigara a Pedro Antonio Sánchez por delitos de revelación de información reservada, fraude y cohecho. Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción presentaba un informe a Velasco en el que se oponía a que el magistrado elevara al TSJ la causa de Sánchez, considerando que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos con la trama Púnica no llegaron a formalizarse. Este es el argumento que Pedro Antonio Sánchez afirma desde que comenzó la investigación sobre el caso: que nunca se firmó nada.

Pero el juez y la Fiscalía difieren en su criterio. El juez Velasco considera en su escrito que hay indicios de que Pedro Antonio Sánchez tuvo la intención de firmar contratos con las empresas de la trama para mejorar su reputación, unos contratos que, supuestamente, se iban a cargar a una partida de Formación en la etapa de Pedro Antonio Sánchez como consejero de Educación.

La Fiscalía Anticorrupción entiende que no llegaron a formalizarse contratos de publicidad y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas. No opina lo mismo el Ministerio Público con respecto a Pilar Barreiro, para la que sí ha pedido que se eleve el caso al Tribunal Supremo. Sobre la senadora explica que sí que hay indicios de que pudo cometerse delito, aunque señala, la dificultad de discernir en estos caso dada la "tenue línea" que separa los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política.

Velasco indica en su auto conocido el lunes que los hechos ocurridos dentro de la trama Púnica podrían ser constitutivos de delito y en el apartado 3 señala que en la consejería de Educación, cuando Pedro Antonio Sánchez, era su titular se produjo durante 2014 "un concierto entre Alejandro de Pedro y el entonces consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez (actual presidente autonómico de la Región), para la realización de trabajos reputacionales en Internet y redes sociales".

En esta etapa, Pedro Antonio Sánchez se postulaba para ser el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Región.

El juez de la Audiencia Nacional en su auto indica que el presidente podría ser acusado de cometer los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

En cuando a Barreiro, en el punto dos del auto, considera que con la ayuda para su ejecución de Francisco de Asís Ferreño, jefe de gabinete, trabajaron para la creación de un diario digital local, que se sufragaría con facturación al Ayuntamiento de Cartagena, y tenía como propósito difundir informaciones "con foto y por supuesto en positivo" favorables a la entonces alcaldesa.

PAS se planteará dimitir cuando exista «una imputación formal»

Precisamente este martes, el presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez (PAS), afirmó ayer que «el motivo de dimisión debe ser cuando haya una imputación formal» y defendió que ese es su compromiso. «Por encima de cualquier estrategia partidista creo que hay que exigir que seamos justos», recalcó. Sánchez hace relación así al auto del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en el que el magistrado conforma la pieza relativa a las actividades de la trama Púnica en Murcia y atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada a Sánchez.

Tanto el presidente como los miembros del Gobierno regional consideran, no obstante, que la «imputación formal» equivale al momento procesal en el que la persona investigada pasa a ser encausada, es decir, cuando el juez dicta la orden de apertura del juicio oral. Otros, sin embargo, mantienen que la línea roja se sitúa antes y consideran que el terminado imputado, eliminado ya del vocabulario judicial, equivale al de investigado, con lo que la imputación se produciría en el momento en el que el juez le citara oficialmente a declarar.

El presidente de la Región dijo sentir «perplejidad» porque, según sus palabras, «nunca se firmó nada de nada» con las empresas investigadas. Además, Sánchez, en una entrevista en la Cope, acusó a PSRM y Podemos de ver en su caso judicial una oportunidad «ruin» para cargarse a un adversario político y añadió que realmente «no les interesa saber la verdad de lo que ha ocurrido».

Presunción de inocencia

Por su parte, el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, defendió ayer la presunción de inocencia para la exalcaldesa de Cartagena y senadora Pilar Barreiro, relacionada al igual que Sánchez con el 'caso Púnica', y se mostró confiado en que el asunto volverá a archivarse como le ha ocurrido a la parlamentaria, dijo, en más de una docena de casos anteriores. «Ella me ha dicho que es inocente, que no hay nada raro. No tengo por qué dudar de la inocencia de la senadora Barreiro. Creo que es la querella 13 o 14 y todas ellas han sido archivadas, ninguna ha desembocado en nada. Confío en que sea otra circunstancia similar a las anteriores», expuso ayer el portavoz.

C´s rechaza dar tiempo

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, recordó ayer a Pedro Antonio Sánchez su compromiso, tanto escrito como de palabra, de dimitir en el caso de ser investigado por delitos de corrupción política, y rechazó darle tiempo, como había pedido el dirigente autonómico.

Girauta, advirtió asimismo de que si se hacen excepciones con el presidente de Murcia, el pacto de investidura firmado con el PP «no sirve para nada» y el objetivo de buscar la ejemplaridad política pierde su esencia.

Por otro lado, el secretario de Comunicación del PSOE en la Región de Murcia y diputado regional, Emilio Ivars, aseguró ayer que si se hubiera hecho caso a todos los imputados y condenados que han dicho ´nunca, nunca' o 'yo no he sido', mucha corrupción habría quedado impune.

En su opinión, el presidente debe ser capaz de distinguir que a mayor responsabilidad política, mayor ejemplaridad, «y eso es lo que estamos pidiendo los socialistas». Ivars le exigió además que asuma sus responsabilidades políticas, «porque hasta ahora ha demostrado que no sabe hacerlo».

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/02/14/fiscalia-general-ordeno-investigara-pas/806042.html

CATALÁ ASEGURA QUE EL GOBIERNO NO HA DADO ÓRDENES A LA FISCALÍA SOBRE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

"Nunca lo hemos hecho y en este caso tampoco" insiste el ministro de Justicia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que en los dos años y medio que lleva en el cargo "nunca" y "en ningún caso" el Gobierno ha requerido a la Fiscalía General del Estado para que "actúe en un sentido u otro", aunque ha apuntado que existe un cauce para hacerlo en el estatuto orgánico.

"Nunca lo hemos hecho y en este caso tampoco", ha aseverado Catalá en los pasillos del Congreso, preguntado por la información que publica El Mundo según la cual la Fiscalía General del Estado ordenó no seguir con la investigación al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en contra del criterio de las fiscales que trabajaban directamente en el caso Púnica.

Según el ministro, esa información refleja el "funcionamiento normal de la Fiscalía", ya que ésta tiene un sistema organizativo interno por el cual las fiscalías especializadas "tienen que contar con los informes de sus superiores, de la secretaría técnica o de los fiscales del Tribunal Supremo, según los asuntos de que se trate".

"Cuando toma posición en asuntos relevantes existe esta jerarquía interna e imagino que cuando la Fiscalía ha llegado a ese informe es porque tiene toda la convicción de que así son las circunstancias", ha argumentado.

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/02/15/catala-asegura-gobierno-dado-ordenes/806122.html

MAZA RECABÓ EL CRITERIO DE SEIS FISCALES JEFE PARA EL INFORME CONTRARIO A INVESTIGAR A PAS

El artículo 25 del Estatuto Fiscal obliga a los miembros de la Carrera a poner en su conocimiento "hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer"

El informe de la Fiscalía Anticorrupción contrario a investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en relación con la trama 'Púnica' siguió los criterios establecidos en sendos informes firmados por dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo, han informado fuentes fiscales que niegan que pueda hablarse de una imposición del fiscal general, José Manuel Maza.

Anticorrupción consultó antes de la emisión de su informe a Maza en cumplimiento del artículo 25 del Estatuto Fiscal, que obliga a los miembros de la Carrera a poner en su conocimiento "hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer".

Teniendo en cuenta la existencia de aforados en la pieza abierta en la Audiencia Nacional -en la que se investiga también a la senadora del PP Pilar Barreiro-, Maza actuó como han venido haciendo sus predecesores en casos similares y consultó su criterio sobre este caso tanto con la Secretaría General Técnica como con los fiscales de Sala del Supremo.

Todos ellos se posicionaron en contra de la elevación de una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para investigar la posible comisión de fraude, cohecho y revelación de información reservada por parte presidente autonómico en relación con contratos para mejorar su reputación 'on line'.

Los criterios adoptados por estos seis fiscales de Sala, que coinciden con los del propio Maza, fueron los vertidos por la fiscal jefe Anticorrupción en funciones Belén Suárez y remitida al Juzgado Central de Instrucción número 6. Fuentes cercanas al caso han señalado que las fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez sí veían motivos para imputar a Sánchez.

En el informe presentado, sin embargo, se argumenta que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos con la trama no llegaron a formalizarse, que dicha falta de ejecución supone la inexistencia de delito. Además los hechos se produjeron antes de la última reforma penal que sanciona la proposición y conspiración para cometer delitos contra la Administración Pública.

Disposición del fiscal

Por otra parte, las mismas fuentes han señalado a Europa Press que el fiscal general se pondrá a disposición del Congreso de los Diputados en el caso de que el PSOE, tal y como ha anunciado, pida su comparecencia para que explique si hubo "injerencias políticas" detrás del informe que remitió oponiéndose a investigar al presidente de Murcia. Añaden que tampoco existe ningún problema para remitir por escrito las explicaciones que se soliciten.

Distinta valoración le ha merecido a la Fiscalía la conducta de la otra aforada incluida por Velasco en el auto por el que conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia, la senadora y ex alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro.

Considera el informe de Anticorrupción que en este caso sí se debe elevar la investigación sobre la conducta de la senadora al Tribunal Supremo por considerarla indiciariamente constitutiva de delitos de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos.

El informe de la Fiscalía incide en que la cuestión, en ambas solicitudes, gira en torno a la presunta prestación de servicios de publicidad personal encubierta realizada con el propósito de conseguir la adjudicación de contratos públicos de cobertura que pagarían los auténticos servicios particulares de buena reputación a los políticos con fondos públicos.

Más allá de la dificultad de deslindar los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal de los cargos públicos, cuya línea divisoria es ciertamente tenue, la Fiscalía Anticorrupción entiende que la participación de Pilar Barreiro en los hechos que se describen en la propuesta de Exposición Razonada aparece sustentada en diversos indicios que, sin adelantar su suficiencia probatoria, sí merecen ser investigados.

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/02/15/maza-recabo-criterio-seis-fiscales/806177.html

EL PSOE PIDE LA COMPARECENCIA DEL FISCAL GENERAL PARA SABER SI HUBO PRESIONES PARA NO IMPUTAR AL PRESIDENTE DE MURCIA

Los informes a los que ha tenido acceso la SER indican que la Fiscalía General impuso la decisión de no acusar al presidente de Murcia en contra del criterio de los fiscales encargados del caso Púnica, partidarios de reclamar su imputación

El diputado del PSOE Pedro Saura ha confirmado que pedirán la comparecencia del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para conocer si hubo presiones para no imputar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

Saura afirmó en el Congreso que le parece "muy grave" que haya "injerencias políticas", aludiendo a los informes a los que ha tenido acceso la SER que indican que la Fiscalía General del Estado impuso la decisión de no acusar al presidente de Murcia, en contra del criterio de los fiscales encargados del caso Púnica, partidarios de reclamar la imputación de Pedro Antonio Sánchez. Para el diputado socialista, es "muy grave" que la Fiscalía General del Estado no quiera investigar al presidente de Murcia "en contra del criterio de los fiscales que investigan el caso".

Por este motivo, el PSOE quiere que comparezca en sede parlamentaria para preguntar "si hay injerencias políticas" y si el Gobierno "ha presionando" para que no se impute a Sánchez, porque le parece "muy grave que el fiscal general sea el brazo ejecutor del Gobierno y del PP para que no se investigue" a Pedro Antonio Sánchez.

http://cadenaser.com/m/ser/2017/02/15/politica/1487163558_707195.html

LA FISCALÍA GENERAL IMPUSO NO ACUSAR AL PRESIDENTE DE MURCIA

La Fiscalía General del Estado ordenó no seguir adelante con la investigación al presidente de Murcia, en contra del criterio de las fiscales encargadas del caso Púnica, partidarias de reclamar la imputación de Pedro Antonio Sánchez. El informe remitido por la Fiscalía a la Audiencia Nacional oponiéndose a pedir el suplicatorio contra el dirigente popular está firmado por la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, y no por las fiscales del caso Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, que sí rubrican el de la senadora del PP Pilar Barreiro, según confirmaron fuentes jurídicas. El motivo es que las fiscales que han llevado el día a día de la investigación que afecta a Sánchez consideraban que había indicios para proceder contra él y contra la parlamentaria, según las mismas fuentes.

El dirigente del PP conocía ya el lunes que la cúpula fiscal apoyaba exonerarle

En lo que afecta a Sánchez, el criterio de las fiscales chocó con el de sus superiores. Inmediatamente después de que el juez Eloy Velasco activara los trámites para pedir su imputación, la Fiscalía que dirige José Manuel Maza informó de que se oponía a que el juez elaborase la llamada exposición razonada. Se trata del escrito en el que se reúnen los indicios de delito encontrados contra un aforado y que se remite al tribunal competente para juzgarle, de manera que éste decida si le abre una investigación. En el caso de Sánchez, sería el Tribunal Superior de Justicia de Murcia el que, si así lo acuerda finalmente el juez, debería decidir si le imputa por el uso de dinero público para reforzar su candidatura a encabezar la lista del PP en la comunidad.

El recorrido interno que el asunto ha tenido en la Fiscalía era conocido por el propio afectado. En una entrevista en la cadena Cope, Sánchez se jactó ayer de que «cuatro fiscales jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo» consideraron «que no se debe investigar». Precisamente, el Gobierno de Murcia informó, el mismo lunes, a los medios, por vía oficial, que la decisión del Ministerio Público fue «adoptada por la Secretaría Técnica de esta Fiscalía General y por los cuatro fiscales de Sala jefes de la Sección de lo Penal del Tribunal Supremo». Fuentes de la Fiscalía restan relevancia a las discrepancias entre el criterio del fiscal de un caso y lo que finalmente se decide desde la cúpula del Ministerio Público. Explican que los asuntos de trascendencia se pasan para su examen a la Secretaría Técnica, el órgano que asesora al fiscal general.

El Ministerio Fiscal no desmiente que Sánchez planeara gastar dinero público

En este caso también se envió a los fiscales de Sala del Supremo, el tribunal que se encargará en su caso de juzgar a la senadora. La Fiscalía General resalta que en ambos ámbitos hubo unanimidad a la hora de considerar que no había motivos para imputar al presidente. En su escrito, que ayer aún no se había notificado a las partes, la Fiscalía no desmiente que el presidente autonómico planeara gastar dinero público en la mejora de su imagen. Su argumento para no seguir adelante contra Sánchez es que «no llegaron a formalizarse contratos de publicidad» en su favor y que, por tanto, «no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas».El juez atribuye a Sánchez los presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada. Los habría cometido en su etapa de consejero de Educación, al amañar contratos de formación que servían para pagar con dinero público «trabajos particulares reputacionales en internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como futuro presidente de la Región de Murcia».Para ello se habría concertado con Alejandro de Pedro -uno de los principales imputados del caso Púnica-, que manejaba numerosos medios de comunicación digitales con los que obtenía buenos posicionamientos de sus clientes en internet. La decisión del juez instructor sobre el presidente murciano tiene su origen en un informe de la Guardia Civil que explica que los servicios supuestamente contratados por Sánchez «tienen que ver con la reputación» del dirigente popular «y no son prestaciones que respondan a una necesidad pública, sino al interés personal del consejero para validar su gestión, contrarrestar las noticias desfavorables a su persona y de ese modo poder progresar en su carrera política». Según los investigadores, los pagos acordados entre Sánchez y De Pedro fueron de 4.600 euros al mes durante siete meses. A la Guardia Civil le llamó la atención «que los servicios se van a prestar hasta el mes de mayo de 2015, fecha (24/05/2015) en la que se celebraron los comicios locales y regionales en 2015». En total, un acuerdo por valor de 32.200 euros. El juez considera que si los pagos no se llegaron a realizar fue porque antes estalló la operación Púnica.

http://www.elmundo.es/espana/2017/02/15/58a37ccc22601de4508b45d0.html

COSPEDAL DEFIENDE AL PRESIDENTE DE MURCIA AL QUE LA AUDIENCIA NACIONAL ATRIBUYE TRES DELITOS DE CORRUPCIÓN

La ministra de Defensa ha subrayado que las sentencias "las dictan los jueces" y que sería "tremendo" que se juzgue a alguien sin pruebas

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha pedido que se respete la presunción de inocencia del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y ha subrayado que su aparición en el sumario de la trama Púnica es por "un contrato que nunca se celebró".

En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, Cospedal ha remarcado que Sánchez ha acreditado ante el juez que no se firmó ningún contrato con una empresa de la trama. Se ha expresado así poco después de que se haya conocido de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco le ha atribuido delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada en el marco del caso Púnica.

Además, Cospedal ha rechazado especular sobre si ese contrato se frenó a última hora porque ya habían comenzado las investigaciones, aunque así lo apunten los investigadores, y ha remarcado que en España "por el pensamiento no se castiga a nadie, se castiga con los hechos".

En la misma línea, ha destacado que las sentencias "las dictan los jueces" y no la policía, porque no es "un Estado policial" y que sería "tremendo" que se juzgue a alguien sin pruebas porque en un informe se hable de lo que supuestamente "pensaba".

Cospedal ha pedido "que la justicia funcione y se aclare la verdad" y ha recordado que a Sánchez los grupos de la oposición ya le han planteado 16 querellas, sin que ninguna haya prosperado.

http://www.eldiario.es/politica/Cospedal-Murcia-Audiencia-Nacional-corrupcion_0_612089140.html

EL PRESIDENTE DE MURCIA SE JACTA DE HABERSE ENTERADO DE QUE LA FISCALÍA DEL SUPREMO TAMBIÉN SE OPONE A SU IMPUTACIÓN

Pedro Antonio Sánchez asegura que "no solo el fiscal anticorrupción" sino los "cuatro fiscales jefe" de lo Penal del alto tribunal "consideran que no se debe investigar"

Sus portavoces se limitan a decir que lo supo "por la prensa" aunque la supuesta noticia de lo que, de ser cierto, tendría carácter secreto y muy relevante resulta inencontrable

¿Ha accedido Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia y número 2 del PP en esa comunidad, a información secreta sobre su situación procesal en la Operación Púnica? Esa es la pregunta que plantean las declaraciones efectuadas este martes por el propio Pedro Antonio Sánchez, quien en una entrevista concedida a la Cadena Cope aseguró tener conocimiento de lo siguiente: de que, además de la Fiscalía Anticorrupción, también "cuatro fiscales jefe de las cuatro salas de lo Penal del Tribunal Supremo" se oponen a que se le investigue.

El caso no está en el Supremo -donde solo hay una Sala de lo Penal pero con cuatro fiscales jefe y que carece de competencias para investigar al presidente del Ejecutivo murciano- sino en la Audiencia Nacional. Pero incluso si lo dicho por el político fuese cierto porque el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, hubiese planteado una consulta informal y reservada a los cuatro fiscales jefe de las dos secciones en que se divide la Sala de lo Penal, Sánchez jamás debería haberse enterado del resultado, explican fuentes de alto tribunal.

¿Cómo supo el presidente de Murcia lo que opinan los fiscales jefe del Supremo? infoLibre cursó por la tarde esa pregunta a sus portavoces oficiales. Al filo de las nueve y media de la noche, fuentes del Ejecutivo murciano dieron una escueta contestación: "Por la prensa". A la pregunta de qué medio habría publicado esa información, no hubo respuesta. La noticia que, según el Ejecutivo murciano, habría dado cuenta de la siempre relevante posición de la Fiscalía del Supremo, más relevante aún por cuanto lo que suceda con el presidente de Murcia en el caso Púnica no le concierne hoy por hoy de manera oficial, resulta inencontrable. Ni las bases de datos de noticias ni los buscadores de internet arrojaban este martes un solo resultado previo a las declaraciones de Pedro Antonio Sánchez en la cadena Cope sobre la opinión de los fiscales jefe de la Sala Penal del Supremo.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado contactadas por la tarde aseguraron estar enterándose por este diario de que Sánchez había incluido ese dato en sus declaraciones y dijeron que en ese momento no les era posible verificar si responden a la realidad. La fuente no desveló, por tanto, si Maza había planteado el asunto a los fiscales de sala antes de que Anticorrupción hiciera pública su oposición a que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envíe esa parte del caso al Tribunal Superior de Murcia para que impute a Sánchez por tres presuntos delitos: fraude, soborno (cohecho) y revelación de información reservada.

El juez Velasco sostiene que el jefe del Ejecutivo murciano se concertó en 2014 con uno de los grandes conseguidores de Púnica, Alejandro de Pedro, para que su empresa "limpiara" su imagen en las redes sociales a cambio de cobrar dinero público. La trama, escribe el magistrado, no llegó a cobrar "al explotar la operación policial y judicial" de la Operación Púnica, a finales de octubre de 2014. Eso "abortó" los contratos.

Anticorrupción difiere de Velasco esgrimiendo dos argumentos: que no solo es "ciertamente tenue" la frontera entre "los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal de los cargos públicos" y que, como esos contratos no llegaron a formalizarse, "no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas".

Las declaraciones del presidente murciano sobre la pretendida opinión de los fiscales de sala del Supremo se produjeron después de que el conductor del programa Herrera en Cope, Carlos Herrera, le formulase esta pregunta: "¿Habría que interpretar que entonces el juez Velasco lo que le está a usted es imputando por delito de pensamiento, de intención?".

Sánchez respondió entonces así: "Habría que imaginar que esa es la intención que él cree que yo tenía. De lo que se nos puede acusar es de haber escuchado ofertas (...) y en este caso la decisión fue no hacer nada. Pero no solo lo dice eso el fiscal anticorrupción. Es que el fiscal anticorrupción y además cuatro fiscales jefe de las cuatro salas de lo penal del Tribunal Supremo, cuatro fiscales jefe, dicen, acreditan, opinan que efectivamente no se firmó nada, no hubo ningún tipo de contrato y por tanto todos ellos consideran que no se debe investigar porque está acreditado lo que yo estoy diciendo. Ya no es una opinión de un político, que en estos tiempos pues quizá seamos de dudosa credibilidad, no solo yo, es que así se acredita en certificados oficiales lo que yo le estoy diciendo y hasta el número de fiscales que acabo de decirle. Y para más inri, es que ni siquiera existía la partida de formación dice que pretendíamos cargar ese contrato".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/15/el_presidente_murcia_jacta_haberse_enterado_que_fiscalia_del_supremo_tambien_opone_imputacion_61181_1012.html

El juez quiere investigar a Sánchez por cohecho, fraude y revelación de información en 'Púnica'

Pide a la Asamblea que certifique que está aforado para enviar una exposición razonada al TSJ

Velasco atribuye a la senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro los mismos delitos que al presidente regional, además de los de prevaricación continuada y malversación

Cohecho, revelación de información reservada y fraude. Esos son los tres delitos que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco atribuye de forma indiciaria al presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por su presunta implicación en el 'caso Púnica'. El magistrado ha dictado un auto en el que expresa su determinación de enviar las diligencias sobre la rama murciana al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por ser el competente para enjuiciar al jefe del Ejecutivo murciano, razón por la cual ha reclamado de la Asamblea Regional que certifique que Sánchez disfruta de ese aforamiento especial.

En principio, una vez que el juez Velasco tenga en sus manos la certificación de la cámara del aforamiento, dictará una exposición razonada y remitirá el caso al TSJ con todos los indicios delictivos que en su opinión señalan a Sánchez.

Sin embargo, horas después de que se hiciera pública la decisión del instructor, la Fiscalía Anticorrupción presentó un informe ante Velasco en el que se opone a dicha elevación de dicha exposición razonada, porque considera que en el caso de Sánchez no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas, al no llegar a formalizarse los contratos.

El instructor del 'caso Púnica', que también anuncia que actuará contra la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora Pilar Barreiro, da por hecho que Pedro Antonio Sánchez quiso beneficiarse personalmente de los trabajos de reputación en internet que ofertaban dos de los supuestos líderes de esa trama, Alejandro de Pedro y el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, así como que esas tareas iban a ser sufragadas con cargo a los fondos de la Consejería de Educación. En concreto, el juez considera que Sánchez podría haber incurrido en un presunto fraude «por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amañe de contratos de formación para la Consejería de Educación tendentes a sufragar con dinero público previsto para la formación lo que eran en realidad trabajos particulares reputacionales en internet y redes sociales, para reformar su imagen de cara a su postulación como futuro presidente de la Región de Murcia»; otro supuesto delito de cohecho, por «ofertársele y prestarle servicios de carácter particular y personal de carácter reputacional 'online', a cambio de amañar futuros contratos públicos de formación en la Consejería de Educación», y un tercer delito, presuntamente de revelación de información privilegiada, por «proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y precontratativa que no podía revelar».

En el caso de Barreiro, Anticorrupción considera que sí se debe elevar la investigación sobre su conducta al Tribunal Supremo por considerarla indiciariamente constitutiva de delitos de falsedad, prevaricación y malversación.

Quién es quién en el 'caso Púnica'

Pilar Barreiro Álvarez

El juez Eloy Velasco atribuye a la exalcaldesa de Cartagena en el 'caso Púnica' los presuntos delitos de fraude -«por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amañe de futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación en la Consejería de Educación»-, malversación de caudales públicos -«por sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena, en realidad, trabajos particulares como son: la creación de un diario digital y los honorarios por los trabajos de un periodista para sufragarlos-, cohecho -«se le ofertan y prestan servivios de carácter particular y personal como son: la creación de un diario digital en Cartagena y los honorarios por los trabajos de un periodista para sufragarlos, a cambio de innecesaria publicidad turística que ella adjudica en su Ayuntamiento»-, prevaricación continuada -«instrumentalizando una secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias, por las que mes tras mes, aprobó un gasto de respaldo, fraccionando con intención, un gasto irregular durante meses»- y revelación de información reservada -«al proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar», según se desprende del auto del magistrado.

Juan Carlos Ruiz López

El que fuera consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación está siendo investigado por los presuntos delitos de cohecho -«se le ofertan y prestan servicios de asesoramiento y reputación 'online' particulares que se retribuyen con cargo a la realización de contratos públicos redundantes e innecesarios y por encima del precio de mercado en la Consejería que dirige»-, fraude -«concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de diversos contratos públicos, unos vinculados a la visibilidad en las redes sociales a la Región de Murcia a visitantes extranjeros de Reino Unido, del Instituto de Turismo y otro de reposicionamiento de la marca INFO del Instituto de Fomento, ambos de su Consejería, como paso previo a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal alejados del interés común, mediante la adjudicación de sendos contratos de su Consejería»- y revelación de información reservada -«al proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar».

Fidel Saura Guerrero

El exjefe de Gabinete de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación está imputado por supuestos delitos de tráfico de influencias -«presionando a empleados públicos de la Consejería abusando de su cargo para conseguir encontrar la forma de poder llevar a cabo contratos públicos que remunerase en la reputación 'online' de su consejero»-, revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar»-, y fraude -«realizar concreta actividad ejecutiva estando al tanto de la misma y de su ilicitud, tendente a la concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de diversos contratos públicos, unos vinculados a la visibilidad en las redes sociales a la Región de Murcia a visitantes extranjeros de Reino Unido, del Instituto de Turismo y otro de reposicionamiento de la marca INFO, como paso previo a permitir la distracción posterior de caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal sobre la persona de su consejero alejados del interés común mediante la adjudicación de sendos contratos de su Consejería».

Mariola Martínez Robles

La que fuera directora general de Turismo de la Región de Murcia está siendo investigada en el 'caso Púnica' por presuntos delitos de tráfico de influencias -«presionando a empleados públicos del Instituto de Turismo abusando de su cargo para conseguir encontrar la forma de poder llevar a cabo los contratos públicos que remunerasen la reputación online de su consejero»-, fraude -«realizar concreta actividad ejecutiva de concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de un contrato público vinculado a la visibilidad en las redes sociales a la Región de Murcia a visitantes extranjeros de Reino Unido, en su Instituto de Turismo, como paso previo a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal, tanto de su consejero como del alcalde de Molina de Segura, donde fue concejal, alejados del interés común, mediante la adjudicación de un contrato de su Dirección General»- y revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar».

Reyes Samper Henarejos

La ex directora general del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) está imputada por los supuestos delitos de tráfico de influencias -«presionando a empleados públicos del INFO, abusando de su cargo para conseguir encontrar la forma de poder llevar a cabo los contratos públicos que remunerasen la reputación 'online' de su consejero»-, fraude -«realizar concreta actividad ejecutiva de concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de un contrato público vinculado al reposicionamiento de la marca INFO, como paso previo a realizar la concreta actividad ejecutiva, estando al tanto de la misma y de su ilicitud, tendente a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal de su consejero alejados del interés común, mediante la adjudicación de un contrato de su Dirección General»- y revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar».

Jesús Norberto Galindo Sánchez

El ex secretario general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia es otro de los investigados en el 'caso Púnica'. El juez Velasco le atribuye los presuntos delitos de revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar»- y fraude -«realizar concreta actividad ejecutiva estando al tanto de la misma y de su ilicitud, tendente a la concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de un contrato público vinculado a la visibilidad en las redes sociales a la Región de Murcia a visitantes extranjeros de Reino Unido, en su Instituto de Turismo, como paso previo a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal sobre la persona de su consejero alejados del interés común»-.

Eduardo Contreras Linares

El exalcalde de Molina de Segura está imputado en el 'caso Púnica' por supuestos delitos de fraude -concertación con los anteriores coooperando necesariamente en la materialización de la concreta ilícita actividad ejecutiva (de la que estaba al tanto y compartía), tendente a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajo de reputación digital de carácter personal, alejados del interés común, mediante la adjudicación de un contrato en la Dirección General de Turismo de la Región de Murcia»- y cohecho -«se le ofertan y prestan servicios de asesoramiento y reputación 'online' particulares que se retribuyen con cargo a la realización de contratos públicos redundantes e innecesarios y por encima del precio de mercado en la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación»-.

María del Mar Conesa Marchán

La que fuera asesora de la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro está siendo investigada por los presuntos delitos de fraude -«por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amañe de contratos de publicidad turística en el Ayuntamiento de Cartagena»-, prevaricación continuada -«instrumentalizando una secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias, por las que mes tras mes aprobó un gasto indebido, sin formalizarse ni aprobarse ningún tipo de contrato o procedimiento negociado de respaldo, fraccionando con intención un gasto irregular durante meses»- y malversación de caudales públicos -«por colaborar con la autorización y trabajos de ejecución a sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena, en realidad, trabajos particulares como son: la creación de un diario digital en esa localidad murciana y los honorarios por los trabajos de un periodista para sufragarlos»-.

David Conesa Ferrer

El actual asesor del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, que fue asesor del mismo en su etapa al frente de la Consejería de Educación, está imputado en el 'caso Púnica' por los presuntos delitos de fraude -«por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amañe de contratos de formación para la Consejería de Educación, siendo funcionario, cooperador necesario connivente en que los trabajos particulares reputacionales 'online' de su consejero se sufragasen con cargo a dinero público proveniente de futuros contratos vinculados a formación en el seno de su Consejería»- y de revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar»-.

José Antonio Alonso Conesa

El exalcalde socialista de Cartagena y socio de Alejandro de Pedro es, según el auto del juez Velasco, «el conseguidor de contactos para iniciar y mantener los trabajos de las entidades vinculadas a De Pedro». El magistrado le imputa los presuntos delitos de fraude -«concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de diversos contratos públicos vinculados a las Consejerías de Educación e Industria, Turismo, Empresa e Innovación»-, cohecho -«ofertan y prestan servicios de asesoramiento y reputación ‘online’ particulares que les son retribuidos con cargo a la realización de inserciones publicitarias redundantes e innecesarias y por encima del precio de mercado»-, aprovechamiento de información reservada -«al recibir y usar, como persona funcionaria, información y documentación interna propia y pre contratativa pública que no se le podía revelar»-, pertenencia a organización criminal -«junto con su socio Alejando de Pedro y los empleados de ambos, de manera concertada, coordinada, estable y prolongada en el tiempo fue realizando los trabajos que necesitaban para que pudieran entrar en diversas administraciones públicas murcianas, creando la confianza suficiente en diversos cargos públicos para que, junto con ellos, llevaran a cabo la actividad delictiva que se ha descrito»-, malversación de caudales públicos -«participar como ‘extranei’ cooperador necesario en la distracción de caudales públicos para fines particulares realizando asesoramiento e influencia política o creando diario digital servido por un periodista»- y falsedad, por incorporación, en documento oficial -«simulaba y aportaba como cobertura documentos y facturas mendaces que hacía llegar a las administraciones respectivas para permitir la formalidad de la aprobación del gasto contable y su pago posterior minorando el riesgo de ser detectadas por los controles económicos oportunos».

http://www.laverdad.es/murcia/201702/13/juez-punica-pide-certificados-20170213112203.html

Sánchez: «No se puede condenar lo que nunca existió»

El presidente regional insiste en su inocencia y asegura que «nunca hubo esa contratación que alude el juez» para la mejora de su imagen, sino «ofrecimientos muy agresivos»

Sánchez hizo estas declaraciones una media hora después de conocer el auto dictado por el juez instructor de la causa, de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. En dicho auto conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia y atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y otras cinco conductas presuntamente delictivas a la senadora del PP Pilar Barreiro.

En este sentido, el presidente del Gobierno murciano reconoció que "se recibieron ofertas, alguna muy insistentemente y con agresividad comercial, en este caso sobre todo y de otras empresas también, pero no se hizo con ésta ni con ninguna otra empresa". "Nunca se hizo nada, ni se acordó, ni se pactó y como no se hizo lo probaremos", zanjó el presidente murciano.

"Este asunto supuestamente habla que pudo acordarse un contrato de alrededor de 30.000 euros para hacer supuestos trabajos de reputación online", ha explicado Sánchez, quien ha vuelto a insistir en que "no hay nada de eso, nunca lo hubo, y así lo hemos demostrado con más de una decena de certificaciones oficiales que acreditan que nunca se firmó, se acordó, se pactó, nunca se pagó, nunca se aceptó un presupuesto, ni se pidió una oferta ni a esta ni a cualquier otra empresa".

Sánchez, que declinó hablar de futurismos, apostó por "trabajar en el presente para que acreditar que nada se hizo mal". "Probaré las cosas, porque se habla de un supuesto contrato que nunca se acordó ni se pactó y en los documentos que se incautó en los registros es destacable que pone propuesta, borrador, eso es lo que querían hacer y yo digo afortunadamente que nunca lo hicimos porque no nos gustó; es una propuesta de una empresa que nunca se aceptó", indicó.

En esta misma línea, el presidente, que compareció en el patio del Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo murciano, mostró su máximo respeto a cualquier miembro de la Justicia y al juez instructor de la causa, y si "considera que hay que investigar y aclarar, pues colaboraremos como siempre hemos hecho, para que nadie tenga ninguna duda".

También aprovechó para mandar un mensaje a la sociedad murciana, a quienes les aseguró que "no tengan duda, porque nunca se hizo nada". En opinión de Sánchez, "esto es una oportunidad para que haya más luz y transparencia y ninguna duda y confío en la justicia".

Preguntado sobre se si mantendrá al frente de la Presidencia de la Comunidad de Murcia con las dos causas judiciales que presuntamente se le atribuyen, la del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de dicha localidad y la trama Púnica, respondió que colaborará "para que todo se aclare cuanto antes, es lo más serio, responsable y riguroso; y no envolverme en hipótesis".

Tras insistir en que dará la cara y probará lo que dice con la intención de aclarar este asunto, recordó que la justicia siempre le ha dado la razón y confía en ella. Este caso, expuso, "habla de una supuesta intención de cargar a una partida de formación alrededor de 30.000 euros y esa partida no existe".

En esta etapa, continuó, en la Consejería de Educación "no existe ninguna partida llamada formación y es complicado cargar un contrato que, según la certificación oficial, no existía".

El presidente murciano, que confesó que todo esto no es agradable, "soy humano", resaltó que no está aquí para "lo agradable o no agradable, sino para que nadie tenga ninguna duda y en eso me voy a empeñar".

Y es que, cuestionó, "esto es una sentencia o una opinión definitiva, se demuestra algo", para después destacar que respetará el trabajo de la justicia, colaborará con ella y la dejará trabajar.

Sánchez, que no espera que la oposición le apoye "ni en esto ni en cualquier tema", concluyó afirmando que "siempre favorece a todos que se conozca la verdad y esto es una oportunidad para aclararlo y se puede acreditar con certificados oficiales".

«Ni siquiera se inició ningún expediente»

La defensa del presidente sostiene que "nunca contrató" con empresas de la 'trama Púnica' cuando era consejero de Educación y Cultura y asegura que hay doce certificados oficiales que acreditan que "ni siquiera se inició ningún expediente" administrativo para contratar con el empresario Alejandro de Pedro, uno de los conseguidores de la trama, y que todos los funcionarios de la Consejería de Educación responsables de los procedimientos de contratación han acreditado ante el instructor que "nunca recibieron instrucciones para contratar ni estos servicios ni a estas empresas".

Según las fuentes, la "hoja de servicios" presentó la acusación para demostrar la existencia de relación contractual con la Comunidad de Murcia "era realmente una propuesta de servicios y no contiene ningún dato que sea necesario para hacer una facturación o un contrato".

En el entorno del presidente se alegó también que el asesor David Conesa, investigado en la misma trama, nunca ha sido un "alto funcionario o un político de relevancia", como se apunta en las diligencias, sino que ostentaba funciones de asesor de prensa y dependía jerárquicamente del jefe de gabinete o del responsable de comunicación de la Consejería de Educación.

También consideran que el orden cronológico del informe redactado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sobre los contactos del empresario De Pedro y personal del gabinete de Pedro Antonio Sánchez, "está manipulado", y que "solo se produjeron tres reuniones, junto a otros tantos correos electrónicos y mensajes de móvil".

Para las fuentes, en esas conversaciones se pone en evidencia la "agresividad comercial" del conseguidor de la 'Púnica' y la "falta de interés" del asesor del entonces consejero y hoy presidente autonómico.

http://www.laverdad.es/murcia/201702/13/pedro-antonio-sanchez-comparecera-20170213120954.html

La Fiscalía se opone a investigar a Sánchez porque no llegó a contratar con la trama

La Fiscalía Anticorrupción presentó este lunes un informe ante el instructor del caso 'Púnica' en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en la que se opone a la elevación por éste de una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para investigar la posible comisión de fraude, cohecho y revelación de información reservada por parte presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en relación con contratos para mejorar su reputación 'online'. Considera que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos no llegaron a formalizarse.

Distinta valoración merece la conducta de la otra aforada incluida por Velasco en el auto por el que conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia, la senadora y ex alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro. En su caso, considera que se debe elevar la investigación sobre su conducta al Tribunal Supremo por considerarla indiciariamente constitutiva de delitos de falsedad, prevaricación y malversación.

El informe de la Fiscalía incide en que la cuestión, en ambas solicitudes, gira en torno a la presunta prestación de servicios de publicidad personal encubierta realizada con el propósito de conseguir la adjudicación de contratos públicos de cobertura que pagarían los auténticos servicios particulares de buena reputación a los políticos con fondos públicos.

La línea «tenue» entre la institución y la reputación

Más allá de la dificultad de deslindar los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal de los cargos públicos, cuya línea divisoria es ciertamente tenue, la Fiscalía Anticorrupción entiende que la participación de Pilar Barreiro en los hechos que se describen en la propuesta de Exposición Razonada aparece sustentada en diversos indicios que, sin adelantar su suficiencia probatoria, sí merecen ser investigados.

Anticorrupción hace una valoración diferente respecto del otro aforado, Pedro Antonio Sánchez, por entender que no llegaron a formalizarse contratos de publicidad y no se produjo perjuicio alguno para las arcas públicas, según detalló el Ministerio Público en una nota de prensa.

En un auto dado a conocer este lunes, Eloy Velasco acordó formación de la pieza III de la "Operación Púnica" relativa a las supuestas irregularidades en Murcia y dirige el procedimiento contra 22 personas.

La presunta actividad criminal del presidente murciano sería según el juez por supuestamente concertarse en la primavera de 2014 con empresas de Alejandro de Pedro para amañar contratos de formación en la Consejería de Educación de la que era el principal responsable con el fin de realizar, en realidad, trabajos particulares de reputación en Internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como presidente de Murcia. El coste total de los trabajos habría alcanzado los 32.200 euros si bien no llegó a ejecutarse tras estallar el caso.

Indicios contra Barreiro

En el caso de Barreiro, quien fue en su día alcaldesa de Cartagena, el juez le atribuye los delitos por igualmente concertarse con empresas de De Pedro para amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación, así como por presuntamente sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como los honorarios de un periodista y la creación de un diario digital en esa ciudad que emitiera informaciones favorables.

El auto del juez Velasco detalla que siendo Barreiro alcaldesa de Cartagena "sentía una honda preocupación reputacional" por habérsela vinculado a una serie de proyectos urbanísticos en esta localidad sobre los que existían denuncias por trato de favor en el llamado 'caso Novo Cartago', por lo que ideó la creación de un diario digital con el propósito de difundir noticias que le fueran favorables.

Entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por 4.840 euros -que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención- y posteriormente De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para Pedro Antonio Sánchez.

El auto también señala que a uno de los empresarios vinculados a De Pedro para estos trabajos y también investigado en esta causa, Antonio Alonso Conesa, se le intervino en el momento de su detención una tarjeta de crédito Visa a nombre de Barreiro del Congreso de los Diputados, "demostrando la estrecha relación" entre ambos según el juez.

Además de contra ambos aforados el juez dirige el procedimiento contra otras 20 personas, entre ellas Alejandro de Pedro, el ex consejero de Industria de Murcia Juan Carlos Ruiz López, el ex alcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras y dos exdirectoras generales, entre otras autoridades y funcionarios.

El resto de investigados son la exdirectora general del Instituto de Turismo Mariola Martínez Robles, el secretario general de la Consejería Jesús Norberto Galindo Sánchez, el socio de De Pedro José Antonio Alonso Conesa, el exjefe de Gabinete del Consejero de Industria Fidel Saura, y varias personas vinculadas al empresario De Pedro como Sara Gargallo Rico, Francisco Javier Bueno, María José Gutiérrez Martínez 'Ajo', Guadalupe Caballero Carrascosa, Adrián de Pedro y Esther Gutiérrez Martínez.

También se dirige contra que era entonces directora del instituto de Fomento de la región de Murcia, Reyes Samper Henarejos. El resto de citados en el auto del juez Son Francisco de Asis Ferrero, María del Mar y David Conesa, Agustín Alonso Conesa y Vicente Gimeno Martínez.

http://www.laverdad.es/murcia/201702/13/anticorrupcion-opone-investigar-pedro-20170213164601.html

El presidente de Murcia más que cercado por la ‘Púnica’: el juez mete prisa a Anticorrupción para poder imputarle

El juez Eloy Velasco exige a la Fiscalía que le entregue lo antes posible la información requerida sobre Pedro Antonio Sánchez

A una semana de que arranque el XVIII Congreso del PP, un acto más que importante, uno de los pesos fuertes dentro de dicho Congreso y del Partido Popular vuelve a estar señalado por la justicia.

Hablamos de Pedro Antonio Sánchez, el presidente de la Comunidad de Murcia, que, más que señalado, se podría decir que está cercado por su supuesta implicación en la trama Púnica. Los tentáculos de este caso de corrupción con epicentro en Madrid son alargados, y han llegado hasta el PP de esta comunidad.

En sólo un párrafo, el juez Eloy Velasco ha mandado una providencia con la que exige a la Fiscalía Anticorrupción que le entregue "a la mayor brevedad" posible los informes sobre el presidente murciano y la senadora Pilar Barreiro, documentos que podrían demostrar definitivamente su implicación en la Púnica.

Concretamente, en la providencia a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM se puede ver como Velasco se impacienta. Cree que ha pasado demasiado tiempo desde que se inició la investigación y, por eso, pide tener dichos informes para poder “elevar las posibles exposiciones razonadas sobre personas aforadas en la pieza separada” por la contratación de determinados empresarios a cambio de comisiones.

Ya en mayo de 2016, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil envió un informe al juez Eloy Velasco en el que pedían la imputación de Sánchez y Barreiro por delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración.

En este escrito se probaría la relación de los dos cargos del Partido Popular murciano con el empresario Alejandro de Pedro, conocido conseguidor de la trama Púnica, y al cual habrían contratado con dinero público para mejorar su imagen en las redes sociales. En la etapa en la que el ahora presidente era consejero de Educación contrató a De Pedro en 2014 para este menester y le pagó con dinero público, cuando debió de asumir el pago el Partido Popular.

Suma y sigue

Este jueves, caía otro valapalo judicial sobre el presidente de Murcia. El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) decidía asumir el caso Auditorio que investiga un caso de presunta corrupción urbanística donde también estaría implicado Pedro Antonio Sánchez, que era alcalde de Puerto Lumbreras cuando se construyó ese edificio.

Así, se investiga unos presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos con respecto a Sánchez.

http://www.elplural.com/politica/2017/02/03/el-presidente-de-murcia-mas-que-cercado-por-la-punica-el-juez-mete-prisa

El juez de 'Púnica' mete prisa a Anticorrupción para actuar contra el presidente de Murcia

Eloy Velasco dicta una providencia en la que pide a la Fiscalía que le entregue "a la mayor brevedad" los informes para elevar ya "las psobiles exposiciones razonadas" contra Pedro Antonio Sánchez y su correligionaria, la senadora Pilar Barreiro, por las presuntas irregularidades en la contratación de la trama para trabajos de reputación 'online'.

Nuevo varapalo judicial al presidente de Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez, en vísperas del XVIII Congreso de su partido. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha dictado una providencia en el que reclama a la Fiscalía Anticorrupción que le entregue "a la mayor brevedad" sus informes para actuar contra el jefe del Ejecutivo regional y contra la senadora Pilar Barreiro por sus supuestos tratos con la trama Púnica. La escrito del magistrado lleva firma del pasado 2 de febrero, el mismo día que se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia hizo pública su decisión asumir la investigar a Pedro Antonio Sánchez por cuatro delitos de corrupción en el llamado 'caso Auditorio'. El juez Velasco también se tendrá que dirigir a este órgano judicial para que actúe contra el político, al que un informe de la Guardia Civil lo considera responsable de un delito de fraude por sus tratos con la trama para contratar sus servicios de reputación 'online'.

El escrito del juez Velasco no cita expresamente a Pedro Antonio Sánchez ni a la senadora Pilar Barreiro, pero habla de "personas aforadas"

En la providencia, de un único párrafo de extensión, el magistrado reclama a la Fiscalía "dado el tiempo transcurrido" que presente sus"informes correspondientes" referidos a la pieza número 3 del sumario, en los que se investiga las 'andanzas' de la trama Púnica en Murcia, y en la que están imputados, entre otros, el 'gurú' informático de la red, Alejandro de Pedro, y el que fuera alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, considera por los investigadores el presunto 'conseguidor' de contratos públicos. En concreto el juez quiere aquellos referidos a las "personas aforadas" que han aparecido durante las pesquisas y que son, en concreto, el presidente de Murcia y su compañera de partido Pilar Barreiro. El escrito justifica las prisas "a fin de elevar las posibles exposiciones razonadas" a los tribunales competentes en cada uno de los casos. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el caso de Pedro Antonio Sánchez, y el Supremo en el de la senadora.

3.000 euros al mes
La supuesta relación de Pedro Antonio Sánchez con la trama Púnica salió a la luz poco antes de las elecciones de mayo de 2015 que lo auparon a la Presidencia de la Región de Murcia. Hasta entonces había ocupado el cargo de consejero de Educación del Ejecutivo autonómico. Como adelantó entonces Vozpópuli, una conversación telefónica entre Alejandro de Pedro y una de sus empleadas en EICO Online Reputation Management SL, la empresa dedicada a trabajos de 'reputación online', desvelaba que la trama estaba a punto de contar entre sus clientes con el político murciano cuando la Guardia Civil realizó las primeras detenciones. Siempre según esta conversación, la mercantil de la red de corrupción iba a "limpiar para mayo" el historial en Internet del aspirante autonómico. La tarifa, 3.000 euros al mes.

La Púnica iba a "limpiar" la reputación 'online' de Pedro Antonio Sánchez para las elecciones de mayo de 2015 que le convirtieron en presidente de Murcia

Las sospechas se acrecentaron el pasado mes de mayo con el exhaustivo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que recogía trece correos electrónicos, una docena de llamadas de teléfono, seis documentos en formato digital, 35 mensajes de telefonía y la declaración de un testigo para detallar paso a paso todo el proceso de negociación seguido para realizar dichos trabajos de reputación 'online' finalmente frustrados. Según recogía este documento policial, De Pedro llegó a realizar en el verano de 2014 un informe "preventa" específico sobre Pedro Antonio Sánchez en el que se analizaba su presencia en las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) y en buscadores. El resultado fue que el 70% de las informaciones que aparecían sobre él en Internet eran negativas, referidas sobre todo a distintas acusaciones judiciales que pesaban sobre él desde su etapa en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, entre ellas el 'caso Auditorio'.

La reunión de Madrid
Ese informe fue presentado al propio político el 11 de junio de 2014 en una reunión celebrada en el Hotel de Las Letras, de Madrid, a la que también asistió su correligionaria Pilar Barreiro. Tras aquella reunión, De Pedro siguió ofreciendo sus servicios al entonces consejero de Educación y, de hecho, ponía como ejemplo de su eficacia los trabajos que habían realizado para la también 'popular' Lucía Figar, quien ocupaba ese mismo cargo en el Ejecutivo de Madrid y que actualmente está imputada en la causa. Finalmente, a finales de septiembre prepararon una oferta para Pedro Antonio Sánchez para el periodo que iba desde octubre de 2014 hasta el 31 de mayo del año siguiente, justo hasta las elecciones autonómicas en las que él finalmente encabezó la lista del PP. La Guardia Civil concluía en su informe que el acuerdo se cerró finalmente el 24 de octubre y que si no se llegó a materializar fue porque tres días después comenzaron las detenciones de los principales implicados en la trama, entre ellas las de De Pedro.

Un informe de la UCO concluía que el hoy presidente de Murcia sería autor de un delito de "fraude" por sus tratos con la trama Púnica

El documento policial resaltaba que dicho contrato iba a pagarse "a través de facturación en concepto de 'formación' con la Consejería" que entonces aún encabezaba Pedro Antonio Sánchez. Además, destacaba la participación en aquellas negociaciones de David Conesa, un miembro del equipo del presidente de Murcia que acompaña habitualmente a éste en sus desplazamientos. La UCO destacaba que De Pedro intercambió numerosos mensajes con este asesor en los días previos a cerrarse supuestamente el trato. David Conesa declaró como imputado el pasado 4 de octubre. Un día después lo hacía también como investigado un empleado de De Pedro, quien confirmaba al magistrado los supuestos tratos entre la red de corrupción y el actual presidente del Ejecutivo murciano. Se trataba, en concreto, de Francisco Javier Bueno González, quien ya había declarado como testigo ante la Guardia Civil poco después de las detenciones de octubre de 2014 y ante el propio magistrado en abril del año pasado. Ahora, lo hacía como 'arrepentido' para aportar valiosos datos que presuntamente reforzaban los indicios contra el político. El informe de la UCO adjudica a Pedro Antonio Sánchez la posible comisión de un delito de "fraude" por estos hechos.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Velasco-Anticorrupcion-presidente-Murcia-Punica_0_996201223.html

EL JUEZ VELASCO INTERROGA A 3 IMPUTADOS DE PÚNICA POR UN ACTO DE RAJOY CON EL PP EN MURCIA

Eloy Velasco preguntó a asesores del actual presidente de Murcia y de la hoy senadora 'popular' Pilar Barreiro, y a un trabajador del 'gurú' informático Alejandro de Pedro por la presencia de miembros de la trama en la reunión intermunicipal que el PP celebró el fin de semana anterior a las primeras detenciones.

La inauguró la hoy ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y la cerró el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Fue la reunión intermunicipal que el PP celebró en Murcia en octubre de 2014 y a la que asistieron otros pesos pesados del partido como Javier Arenas, la recientemente fallecida Rita Barberá, el máximo responsable de Hacienda, Cristóbal Montoro y el entonces presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y hoy titular de Fomento, Iñigo de la Serna. Hoy, más de dos años después, aquel encuentro del partido se ha convertido por sorpresa en protagonista de los interrogatorios que en las últimas semanas ha realizado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, a tres imputados en el 'caso Púnica'.

El juez Velasco preguntó a dos de los imputados si conocían la presencia en aquel acto del PP del entonces vicesecretario de Organización, Carlos Floriano

Se trata, en concreto de los que realizó a María del Mar Conesa Marchán, quien fuera durante 20 años persona de la máxima confianza en el Ayuntamiento de Cartagena de la hoy senador Pilar Barreiro; a David Conesa Ferrer, asesor del actual presidente de la Región de Murcía, Pedro Antonio Sánchez; y a Francisco Javier Bueno González, trabajador de una de las empresas del 'gurú' informático de la trama, Alejandro de Pedro. Según los audios de sus declaraciones a los que ha tenido acceso Vozpópuli, a todos ellos el magistrado les preguntó sobre aquel encuentro político a la que vez que destacaba en dos casos la participación en el mismo del entonces secretario de Organización, Carlos Floriano, así como de la posible presencia en el mismo de varios imputados de la red de corrupción como el propio De Pedro o el entonces presidente de la Diputación de León, el 'popular' Marcos Martínez Barazón.

El juez y la fiscal

La primera en ser interrogada por ese encuentro popular fue María del Mar Conesa, a la que el juez Eloy Velasco citó para que compareciera como imputada el pasado 4 de octubre. Tras más de quince minutos preguntándole por las relaciones del Ayuntamiento de Cartagena con las empresas de Alejandro de Pedro, le planteó si "hubo algún congreso del Partido Popular en ese año en la región de Murcia". La colaboradora de Pilar Barreiro le dijo que no lo recordaba. Minutos después, una de las representantes de la Fiscalía Anticorrupción le volvía a interrogar sobre los mismo, con la misma respuesta.

Ese mismo día también acudía a la Audiencia Nacional como imputado David Conesa, "asesor de comunicación" del actual presidente de Murcia y que cuando se produjo el encuentro intermunicipal del PP era el consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, quien aspiraba a encabezar las lista del PP a las autonómicas del año siguiente, como finalmente ocurrió. En este caso, el juez Eloy Velasco, tras interrumpir el interrogatorio de una de las fiscales Anticorrupción, preguntó al investigado por dicho 'conclave popular':

Juez Eloy Velasco: ¿Hubo un congreso en septiembre u octubre del Partido Popular en Murcia ese año [2014]?

David Conesa: Pues, habría...

JEV: ¿Estuvo usted en ese congreso?

DC: Habría una intermunicipal creo que...

JEV: ¿Estuvo el señor [Carlos] Floriano, por ejemplo? ¿Se acuerda que estuvo el señor Floriano allí?

DC: Pues puede ser

JEV: ¿Puede que hablara con el presidente de la Diputación de León [Marcos Martínez Barzón, imputado en el caso Púnica] y estuviera con él?

DC: No

JEV: ¿Con Pilar Barreiro?

DC: No, no se llegó a hacer ningún contacto con ninguna de esas personas...

El tercer imputado en ser interrogado por dicho encuentro del PP en Murcia fue Francisco Javier Bueno, el director comercial de Madiva Editorial SL, una de las empresas del 'gurú' informático Alejandro de Pedro. Éste acudió a declarar el 5 de octubre, un día después que los otros dos investigados. Durante su comparecencia confirmó las declaraciones que ya había prestado ante el magistrado como testigo y, más adelante, como imputado ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las que confirmó numerosos detalles sobre los negocios de la trama con políticos de Murcia y de otras regiones, como Madrid y la Comunidad Valenciana. De hecho, aseguró que el 'gurú' informático recibía llamadas de destacados dirigentes del PP, como "el señor [Eduardo] Zaplana". El magistrado terminó preguntándole también por esa reunión intermunicipal del PP en Murcia.

Juez Eloy Velasco: ¿Sabe usted si hubo en septiembre un congreso por ahí del Partido Popular, por Murcia? ¿En septiembre u octubre y se habló de eso, y fue su jefe [Alejandro de Pedro] allí a hablar con políticos?

Francisco Javier Bueno: No lo recuerdo.

JEV: ... el señor Floriano y compañía. ¿Le suena?

FJB: No, no...

500 cargos públicos

El encuentro del PP sobre el que preguntó el magistrado a los tres imputados se celebró el 24 y 25 de octubre de 2014 en el Hotel Siete Coronas de la capital murciana. A él asistieron más de 500 alcaldes, concejales y presidentes de diputaciones del partido de toda España. Entre ellos se encontraba, efectivamente, Martínez Barazón, entonces ya presidente de la Diputación de León y que sería detenido horas después dentro de la primera fase de la Operación Púnica. También asistió el entonces regidor de la localidad madrileña de Móstoles, Daniel Ortiz Espejo, imputado el pasado mes de julio por el juez Velasco tras perder el aforamiento que disfrutaba por su condición de parlamentario en la Asamblea de Madrid. Otros participantes salpicados ahora en el sumario fueron, precisamente, el entonces consejero de Educación y actual presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, y la en aquel momento alcaldesa de Cartagena y diputada, la hoy senadora Pilar Barreiro.

Entre los asistentes estaban el ex presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, y el ex alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ambos imputados en Púnica

Entre los pesos pesados del partido que participaron se encontraba, precisamente, Carlos Floriano, quien moderó una de las mesas de la reunión. No es la primera vez que el entonces vicesecretario general de Organización ve su nombre aparecer en el sumario. De hecho, el experto informático Alejandro de Pedro reconoció conocerle después de contactar con él por correo electrónico a través de Ignacio Uriarte, presidente de Nuevas Generaciones del PP entre 2006 y 2011. En agosto de 2015 el propio dirigente de Génova admitió dicha relación, aunque la limitó al ofrecimiento que el presunto integrante de la trama le hizo para mejorar la "reputación" de los líderes del partido. Aseguró que, después de un periodo de prueba, no se le contrató.

Junto a ellos, estuvieron en la reunión intermunicipal el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; su número 2 en el partido y hoy titular de Defensa, María Dolores de Cospedal; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; y el presidente de la FEMP, el hoy responsable de Fomento Iñigo de la Serna. También aparecieron los entonces alcaldes de Valencia, la fallecida Rita Barberá; de Badalona y actual líder del PP en Cataluña, Xabier Albiol; y de Cáceres, Elena Nevado. Junto a ellos, dirigentes como Javier Arenas, Esteban González Pons y Fernando Martínez Maíllo. Un 'conclave popular' del máximo nivel sobre el que el juez Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción han puesto ahora el foco por la presencia en el mismo de varios investigados en el 'caso Púnica'.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Punica-imputados-PP-Murcia-Rajoy_0_978203092.html

EL PP DA PROTAGONISMO AL PRESIDENTE DE MURCIA EN SU CONGRESO PESE A LA 'AMENAZA PÚNICA'

Pedro Antonio Sánchez, señalado en un informe de la UCO de mayo como presunto autor de un delito de fraude por el supuesto encargo trabajos de reputación 'online' a la trama, participará en la elaboración de la "ponencia social". Rajoy ya lo apoyó públicamente días después de conocerse el documento policial.

La contundencia del informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaboró el pasado mes de mayo para el juez Eloy Velasco sobre la presunta implicación del presidente de Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez, en las actividades de la trama Púnica no ha impedido que el partido haya reservado ahora a éste un destacado papel en el XVIII Congreso que la formación celebrará en Madrid entre el 10 y el 12 de febrero del año que viene. Y ello a pesar de que el magistrado de la Audiencia Nacional está a punto de terminar la instrucción de la tercera pieza del sumario, la que investiga las 'andanzas' de la trama en esta región, y decidir si finalmente eleva una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que asuma las pesquisas dada su condición de aforado. La imputación el pasado mes de octubre de un miembro de su equipo apuntan en este sentido. Fuentes jurídicas han confirmado a Vozpópuli que el juez Velasco quiere hacerlo antes de que acabe el año. Es decir, mes y medio antes de la celebración del cónclave 'popular'.

Pedro Antonio Sánchez ha sido incluido en la "ponencia social" que encabeza Javier Maroto y de la que también forman parte los líderes 'populares' de Andalucía, Valencia y Extremadura

En concreto, el PP ha incluido al jefe del Ejecutivo murciano en la llamada "ponencia social" que encabeza Javier Maroto como "coordinador" y de la que también forman parte los líderes del partido en Andalucía, Valencia y Extremadura, Juan Manuel Moreno Bonilla, Isabel Bonig y José Antonio Monago, según la documentación facilitada a los medios por Génova 13. La decisión de dar protagonismo a Pedro Antonio Sánchez se produce después de que el propio presidente del Gobierno del Gobierno, Mariano Rajoy, mostrara a éste públicamente su respaldo sólo unos días después de que saliera a la luz el contenido del informe de la UCO que le salpicaba. Fue en el arranque del mitin que celebró en Murcia el pasado 11 de junio, durante la campaña de las últimas Elecciones Generales. "Sabes que cuentas con nuestra simpatía y con nuestro reconocimiento y, en mi caso además, con mi apoyo total y absoluto porque te lo mereces", le dijo al presidente autonómico entre los aplausos de los militantes y afiliados del PP que asistían al acto.

No fue el único. Unos días antes, el entonces ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, había hecho unas declaraciones durante una entrevista radiofónica en las que restaba valor al trabajo de la Guardia Civil, en aquel momento bajo su mando. Fernández Díaz aseguró que el informe no acusaba al líder autonómico de contratar con la red investigada y recalcó que el documento policial estaba lleno "de presuntos, eventuales y posibles". Dichas declaraciones sentaron muy mal en el seno del Instituto armado al venir, precisamente, de su máximo responsable.

"Limpiar para mayo"
La supuesta relación de Pedro Antonio Sánchez con la trama Púnica salió a la luz poco antes de las elecciones de mayo de 2015 que lo auparon a la Presidencia de la Región de Murcia. Hasta entonces había ocupado el cargo de consejero de Educación del Ejecutivo autonómico. Como adelantó entonces Vozpópuli, una conversación telefónica entre el 'gurú' informático Alejandro de Pedro y una de sus empleadas en EICO Online Reputation Management SL, la empresa dedicada a trabajos de 'reputación online', desvelaba que la trama estaba a punto de contar entre sus clientes con el político murciano cuando la Guardia Civil realizó las primeras detenciones. Siempre según esta conversación, la mercantil de la red de corrupción iba a "limpiar para mayo" el historial en Internet del aspirante autonómico. La tarifa, 3.000 euros al mes.

La relación de Pedro Antonio Sánchez con la Púnica salió a la luz poco antes de las elecciones autonómicas que le auparon a la Presidencia de la Región de Murcia

Las sospechas se acrecentaron en mayo con el exhaustivo informe de la UCO que recogía trece correos electrónicos, una docena de llamadas de teléfono, seis documentos en formato digital, 35 mensajes de telefonía y la declaración de un testigo para detallar paso a paso todo el proceso de negociación seguido para realizar dichos trabajos de reputación 'online' finalmente frustrados. Según recogía este documento policial, el político murciano había "expresado su interés en contar con los servicios de Alejandro de Pedro [el experto informático imputado en la trama] acuciado por consecuencias reputacionales negativas por una nueva posible imputación y la disputa de convertirse en candidato a la Presidencia de la Región". Para entonces, la trama ya trabajaba para un compañero suyo del Ejecutivo, Juan Carlos Ruiz López, titular entonces de la cartera de Industria y Turismo y actualmente imputado en la causa. De Pedro y su socio, José Antonio Alonso Conesa, ex alcalde socialista de Cartagena, contaron con la ayuda de Pilar Barreiro, entonces regidora de esta localidad murciana y actual senadora del PP.

De Pedro llegó a realizar en el verano de 2014 un informe "preventa"específico sobre Pedro Antonio Sánchez en el que se analizaba su presencia en las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) y en buscadores. El resultado fue que el 70% de las informaciones que aparecían sobre él en Internet eran negativas, referidas sobre todo a distintas acusaciones judiciales que pesaban sobre él, sobre todo por la compra de su vivienda por la que iba a declarar en julio ante el juez. Ese informe fue presentado al propio político el 11 de junio de 2014 en una reunión celebrada en Madrid a la que también asistió su correligionaria Pilar Barreiro. Tras aquella reunión, De Pedro y Conesa siguieron ofreciendo sus servicios al entonces consejero de Educación y, de hecho, ponían como ejemplo de su eficacia los trabajos que habían realizado para Lucía Figar, quien ocupaba ese mismo cargo en el Ejecutivo de Madrid y que actualmente está imputada en la causa. Finalmente, a finales de septiembre prepararon una oferta para Pedro Antonio Sánchez para el periodo que iba desde octubre de 2014 hasta el 31 de mayo del año siguiente, justo hasta las elecciones autonómicas en las que él finalmente encabezó la lista del PP.

"3.000 pavos al mes" más el coste de un periodista

En un primer momento, Alejandro de Pedro planteaba cobrar "3.000 pavos al mes" a los que había que sumar el coste de un periodista externo 'mileurista' que se encargaría de mover en una red de periódicos las noticias positivas del candidato para desplazar las negativas. Finalmente, el precio total iba a ser de 4.600 euros. En total, 36.800 euros por todo el periodo. El 21 de octubre los agentes intervinieron una conversación entre el experto informático y su socio, Alonso Conesa, en el que primero le comentaba que iba a tener una reunión con Pedro Antonio Sánchez. El segundo le instaba a sacarle ya el contrato, "que lo necesitamos como el agua". Al día siguiente, De Pedro comentaba a uno de sus trabajadores que ya había cerrado el acuerdo con el político 'popular' y que iban a empezar a facturar para el mes de noviembre. La Guardia Civil concluía en su informe que el acuerdo se cerró finalmente el 24 de octubre y que si no se llegó a materializar fue porque tres días después comenzaron las detenciones de los principales implicados en la trama, entre ellas las de De Pedro y su socio.

El pasado 4 de octubre declaraba como imputado el miembro del equipo del político murciano que supuestamente negoció con el 'gurú' informático de la trama, Alejandro de Pedro

El documento policial resaltaba que dicho contrato iba a pagarse "a través de facturación en concepto de 'formación' con la Consejería" que entonces aún encabezaba Pedro Antonio Sánchez. Además, destacaba la participación en las negociaciones de David Conesa Ferrer, identificado como miembro del gabinete del propio consejero, y con quien De Pedro intercambió numerosos mensajes en los días previos a cerrarse. Este asesor del político murciano declaró como imputado el pasado 4 de octubre. Un día después lo hacía también como investigado un empleado de De Pedro, quien confirmaba al magistrado los supuestos tratos entre la red de corrupción y el actual presidente del Ejecutivo murciano. Se trataba, en concreto, de Francisco Javier Bueno González, quien ya había declarado como testigo ante la Guardia Civil poco después de las detenciones de octubre de 2014 y ante el propio magistrado en abril del año pasado. Ahora, lo hacía como 'arrepentido' para aportar valiosos datos que presuntamente reforzaban los indicios contra el político, según adelantó el pasado 17 de octubre este diario.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/PP-protagonismo-presidente-Murcia-Punica_0_972203319.html

EL PRESIDENTE DE MURCIA ADMITE UNA REUNIÓN EN MADRID CON EL 'GURÚ' INFORMÁTICO DE PÚNICA

Pedro Antonio Sánchez no niega que mantuvo un encuentro con Alejandro de Pedro en un hotel de la capital y que hablaron de contratos de reputación 'online'. El político 'popular' se escuda en que finalmente no se contrató nada y que también lo se sentó con otras empresas.

El 'popular' Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia y salpicado por la investigación del juez Eloy Velasco sobre las andanzas de la trama Púnica en su comunidad autónoma, admitió de modo implícito a Vozpópuli una de las principales pruebas que obran en el sumario contra él. En concreto, un encuentro que mantuvo en octubre de 2014, días antes de las primeras detenciones, con Alejandro de Pedro, el 'gurú' informático especializado en gestionar la reputación 'online' de político que está imputado en la causa. Ante las reiteradas preguntas de este diario sobre dicho encuentro, en el que también participó su correligionaria Pilar Barreiro, entonces alcaldesa de Cartagena y hoy senadora, insistió que ya lo aclarará "documentalmente". Sánchez, que acababa de reunirse con el nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguro que no había tratado con éste el contenido del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo implica "porque no conozco la investigación judicial". Al encuentro en la Sede del Ministerio, el político murciano acudió acompañado de un asesor, David Conesa, que ya declaró como imputado ante el magistrado de la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre.

Pedro Antonio Sánchez acudió al encuentro con el ministro del Interior acompañado con un asesor imputado precisamente en el caso Púnica

En sus respuestas a las preguntas de este diario, Pedro Antonio Sánchez admitió contactos con "esa empresa", en referencia a las mercantiles con las que De Pedro realizaba los trabajos de reputación 'online', aunque las inscribió dentro del trato que mantuvo con otras sociedades que le presentaban "propuestas a veces de lo mismo". Sin embargo, recalcó que "en la Región de Murcia, bajo mi responsabilidad y en lo que yo pueda decidir no se hizo nada" con la trama Púnica. "No se pagó una factura, ni se hizo un contrato ni se encargó un presupuesto ni se autorizó nada ni se ha movido ni un sólo papel en la Administración bajo mi responsabilidad" en este sentido. De hecho, señaló que "hay catorce certificado oficiales que acreditan que no se hizo nada" y que está dispuesto a callarlo "documentalmente y de forma oficial" ante la Justicia.

No obstante, se negó a aclarar si dimitiría, como le exigen sus pactos con Ciudadanos, en el caso de que el juez Velasco elevase una exposición razonada para que, en su condición de aforado, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia le investigue. "Eso es un futurible", se limitó a decir. Pedro Antonio Sánchez, que en todo momento evitó hablar en primera persona y siempre utilizó el plural en sus respuestas referidas al trato con la trama, recalcó que durante el año que asegura que recibió de manera "muy insistente" las ofertas del 'gurú' informático Alejandro de Pedro, él y su equipo no tuvieron intención de contratarlo en ningún momento "porque nunca se quiso hacer" ni con las empresas de la Púnica "ni con otra similar". "Éstos son los hechos, que no hay hechos", insistió.

El sumario

La supuesta relación de Pedro Antonio Sánchez con la trama Púnica salió a la luz poco antes de las elecciones de mayo de 2015 que lo auparon a la Presidencia de la Región de Murcia. Hasta entonces había ocupado el cargo de consejero de Educación del Ejecutivo autonómico. Como adelantó entonces Vozpópuli, una conversación telefónica entre Alejandro de Pedro y una de sus empleadas en EICO Online Reputation Management SL, la empresa dedicada a trabajos de 'reputación online', desvelaba que la trama estaba a punto de contar entre sus clientes con el político murciano cuando la Guardia Civil realizó las primeras detenciones. Siempre según esta conversación, la mercantil de la red de corrupción iba a "limpiar para mayo" el historial en Internet del aspirante autonómico. La tarifa, 3.000 euros al mes.

En el sumario constan conversaciones entre De Pedro y una de sus empleadas en las que se habla de "limpiar" la imagen del hoy presidente de Murcia

Las sospechas se acrecentaron en mayo con el exhaustivo informe de la UCO que recogía trece correos electrónicos, una docena de llamadas de teléfono, seis documentos en formato digital, 35 mensajes de telefonía y la declaración de un testigo para detallar paso a paso todo el proceso de negociación seguido para realizar dichos trabajos de reputación 'online' finalmente frustrados. Según recogía este documento policial, De Pedro llegó a realizar en el verano de 2014 un informe "preventa" específico sobre Pedro Antonio Sánchez en el que se analizaba su presencia en las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) y en buscadores. El resultado fue que el 70% de las informaciones que aparecían sobre él en Internet eran negativas, referidas sobre todo a distintas acusaciones judiciales que pesaban sobre él.

La reunión de Madrid

Ese informe fue presentado al propio político el 11 de junio de 2014 en una reunión celebrada en el Hotel de Las Letras, de Madrid, a la que también asistió su correligionaria Pilar Barreiro. Tras aquella reunión, que es la que en la conversación con Vozpópuli de este martes el político no ha negado, De Pedro siguió ofreciendo sus servicios al entonces consejero de Educación y, de hecho, ponían como ejemplo de su eficacia los trabajos que habían realizado para Lucía Figar, quien ocupaba ese mismo cargo en el Ejecutivo de Madrid y que actualmente está imputada en la causa. Finalmente, a finales de septiembre prepararon una oferta para Pedro Antonio Sánchez para el periodo que iba desde octubre de 2014 hasta el 31 de mayo del año siguiente, justo hasta las elecciones autonómicas en las que él finalmente encabezó la lista del PP. La Guardia Civil concluía en su informe que el acuerdo se cerró finalmente el 24 de octubre y que si no se llegó a materializar fue porque tres días después comenzaron las detenciones de los principales implicados en la trama, entre ellas las de De Pedro.

Un imputado ha reconocido ante el juez Velasco que hubo una reunión en un hotel de Madrid entre Pedro Antonio Sánchez, Alejandro de Pedro y la senadora del PP Pilar Barreiro

El documento policial resaltaba que dicho contrato iba a pagarse "a través de facturación en concepto de 'formación' con la Consejería" que entonces aún encabezaba Pedro Antonio Sánchez. Además, destacaba la participación en aquellas negociaciones de David Conesa, el miembro de su equipo que precisamente le ha acompañado a Pedro Antonio Sánchez este martes en su reunión con el ministro Juan Ignacio Zoido. La UCO destacaba que De Pedro intercambió numerosos mensajes con este asesor en los días previos a cerrarse supuestamente el trato. David Conesa declaró como imputado el pasado 4 de octubre. Un día después lo hacía también como investigado un empleado de De Pedro, quien confirmaba al magistrado los supuestos tratos entre la red de corrupción y el actual presidente del Ejecutivo murciano. Se trataba, en concreto, de Francisco Javier Bueno González, quien ya había declarado como testigo ante la Guardia Civil poco después de las detenciones de octubre de 2014 y ante el propio magistrado en abril del año pasado. Ahora, lo hacía como 'arrepentido' para aportar valiosos datos que presuntamente reforzaban los indicios contra el político, según adelantó el pasado 17 de octubre este diario. Entre ellos, que el fue testigo de la reunión entre el hoy presidente de Murcia y el 'gurú' informático de la Púnica en un hotel de Madrid que ahora el político murciano admite con medias palabras.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/presidente-Murcia-implicitamente-informatico-Punica_0_976402926.html

LOS AUDIOS DEL TESTIMONIO QUE ACORRALA AL PRESIDENTE DE MURCIA EN PÚNICA

Vozpópuli tiene acceso a la grabación de la declaración que prestó el 5 de octubre ante el juez Velasco el ex trabajador de una de las empresas de la trama que colabora con la justicia. En 3 ocasiones aseguró que Pedro Antonio Sánchez dio su "Ok" a que la red de corrupción le hiciera trabajos de reputación 'online'.

Tres. Ese es el número de veces que Francisco José Bueno González, antiguo empleado de una de las empresas de la trama Púnica, aseguró el pasado 5 de octubre al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que estrechos colaboradores del actual presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez, le confirmaron que el político había dado su "ok" para que la red de corrupción realizara trabajos de 'reputación online' previos a las elecciones autonómicas de 2015 en las que fue elegido para el cargo. Dicho testimonio, al que ha tenido acceso Vozpópuli, es considerado clave por los investigadores en las pesquisas sobre las andanzas de la red de corrupción en Murcia y su relación con el jefe del Ejecutivo regional.

Francisco José Bueno acudió ese día a la Audiencia Nacional como investigado (actual denominación de la figura de imputado) acusado de los delitos de malversación de caudales públicos, pertenencia a organización criminal, aprovechamiento de información reservada y fraude a la Administración. No era la primera vez que estaba ante el juez Velasco, aunque en su anterior comparecencia lo había hecho como testigo. Pese al cambio de su situación judicial, el que fuera director comercial de Madiva Editorial SL, una de las sociedades de Alejandro de Pedro, confirmó las declaraciones que ya había prestado ante el magistrado y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los negocios de la trama con políticos de Murcia y de otras regiones, como Madrid y la Comunidad Valenciana.

Zaplana y Barreiro

Así, tras hablar de las llamadas que su jefe De Pedro recibía de destacados dirigentes del PP, como "el señor [Eduardo] Zaplana" y de los tratos con la entonces alcaldesa 'popular' de Cartagena y actual senadora, Pilar Barreiro, el juez Velasco preguntó a Francisco Javier Bueno sobre los trabajos de las empresas de la trama para la Consejería de Educación que entonces encabezaba Pedro Antonio Sánchez. La respuesta de éste fue contundente: "Delante de mí, el señor David Conesa, creo recordar el jefe de redes [del político] dijo 'el consejero ha dado el ok para empezar a trabajar la reputación". Era el 24 de octubre de 2014 y sólo tres días después se desarrollaba la 'Operación Púnica' en la que fue detenido Alejandro de Pedro.

No sería la última vez que el imputado confirmaría tajantemente dichos vínculos. Así, durante las insistentes preguntas que planteaba las representantes de la Fiscalía Anticorrupción sobre los trabajos que se iban a hacer desde las empresas del experto informático, no sólo para el actual presidente de Murcia, sino también para la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, el antiguo empleado de Alejandro de Pedro relató el encuentro celebrado el 22 de septiembre de 2014 en el Hotel de Las Letras, de Madrid, entre estos dos políticos y el experto informático. Francisco Javier Bueno aseguró que aquel día él estaba junto a su jefe en dicho establecimiento de la capital cuando éste le pidió que se fuera porque iba a tener una reunión. En su testimonio, el ahora colaborador de la Justicia aseguró que cuando salía del establecimiento se cruzó con los dos cargos públicos ahora bajo sospecha.

En este sentido, el ex empleado del 'gurú' informático aseguró que esa era, precisamente, la práctica habitual de éste último cuando tenía reuniones con clientes importantes, como la entonces consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, también imputada en el 'caso Púnica': mandarle "a tomar un café" para que no estuviera presente en estas negociaciones con altos cargos públicos. Sin embargo, en este punto sí aseguró que asistía a encuentros con colaboradores de los políticos y citó de nuevo la visita que hizo junto a Alejandro de Pedro a la Consejería de Educación el 24 de octubre de 2014. Por segunda vez durante este testimonio, Francisco Javier Bueno afirmó ante el juez Velasco que en el mismo le transmitieron el "ok" de Pedro Antonio Sánchez a la realización de dichos trabajos de reputación 'online'.

Sólo unos minutos después, volvía a insistir por tercera vez en lo ocurrido en aquella reunión con el asesor del entonces consejero de Educación y hoy jefe del Ejecutivo murciano. Así, ante la insistencia de la representante de la Fiscalía a que aclarase a qué había dado su "ok" Pedro Antonio Sánchez a las empresas de la trama, Francisco Javier Bueno fue contundente porque, como insistió, él estuvo presente. "A trabajar la reputación, a trabajar acerca del blog", afirmó. "¿La reputación del consejero?" le incidió entonces Anticorrupción. "Sí, es lo que dijo este señor [el asesor David Conesa], le dijo a mi jefe [Alejandro de Pedro]". La fiscal le volvió entonces a preguntar si "eso lo escuchó usted". "Sí, eso es lo que he dicho desde el principio", en referencia a sus anteriores declaraciones como testigo en las que ya había dado detalles en el mismo sentido.


Sobre lo que no facilitó datos el ahora colaborador con la Justicia es sobre cómo se iban a pagar dichos trabajos ya que insistió que él en los temas de "facturación" no participaba. Sin embargo, un informe de la UCO apuntan a que los mismos se iban a enmascarar con cargos bajo el concepto 'formación' para que fuera la Consejería de Educación que entonces encabeza Pedro Antonio Sánchez quien las abonara con cargo al erario. En las preguntas que planteó a Francisco Javier Bueno, el juez Velasco ya apuntaba a que las pesquisas apuntan a una empresa de un hermano de José Antonio Alonso Conesa, ex alcalde socialista de Cartagena y socio de De Pedro, como el supuesto instrumento que la trama iba a utilizar para ello. Sin embargo, el ex empleado no pudo aportar datos en ese sentido. "Lo desconozco", fue su respuesta.

Una reputación 'online' de 4.600 € al mes

Francisco Javier Bueno figura en el sumario como el usuario del ordenador intervenido por la Guardia Civil en las oficinas que Madiva Editorial SL tenía en la calle Marqués de Sotelo, de Valencia, en el que se localizaron diversos documentos relacionados precisamente con los supuestos trabajos de reputación 'online' para Pedro Antonio Sánchez finalmente frustrados. Entre ellos, un "informe de percepción inicial" sobre el político. En el mismo se examinaba la presencia en Facebook, Twitter, Youtube y los buscadores en Internet del hoy presidente de Murcia, así como una serie de "recomendaciones para mejorar su imagen y marca personal". Dicho documento incluía un gráfico que destacaba que el 70% de las informaciones que aparecían en Internet sobre él eran "negativas", sobre todo por los diferentes procesos judiciales en los que se había visto envuelto desde su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras.

En el mismo equipo informático se localizó un segundo documento relacionado con Pedro Antonio Sánchez. En concreto, una hoja de pedido de servicios con fecha efectiva 1 de noviembre de 2014 y fecha de facturación para el día 30 de ese mismo en el que se describían los servicios de estrategia de reputación 'online' para el hoy presidente murciano. El importe iba a ser de 4.600 euros más IVA. El arrepentido fue preguntado por dichos informes durante su comparecencia ante el juez Velasco del pasado 5 de octubre, aunque aseguró que no los había elaborado él y desconocía su contenido. A preguntas de su abogada defensora incluso apuntó que las claves para acceder a dicho equipo eran conocidas por más personas de la empresa y que, por tanto, cualquier podía haberlos elaborados desde el mismo.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Prueba-audios_0_973102996.html

UN ASESOR MILEURISTA, ÚLTIMO 'PARAPETO' DEL PRESIDENTE DE MURCIA EN PÚNICA

El joven David Conesa, miembro del equipo de prensa de Pedro Antonio Sánchez e imputado por su papel como presunto intermediario con la trama, insiste en un escrito que "ninguno de sus superiores" conocía sus contactos con el 'gurú' informático Alejandro de Pedro, confirmados ahora por un arrepentido.

El presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez, ha encontrado en un joven asesor de comunicación que cobraba un sueldo de poco más de 1.000 euros al mes su último 'parapeto' ante el cerco judicial por sus supuestos tratos con la trama Púnica. Se trata de David Conesa Ferrer, de 26 años de edad y responsable de redes sociales en el equipo de prensa del político, a quien el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, tomó declaración como investigado (el término que ha sustituido al de imputado) el pasado 4 de octubre acusado de los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y revelación de información reservada. Conesa ha remitido recientemente un escrito al magistrado en el que reconoce sus encuentros e intercambio de mensajes con el experto en reputación 'online' Alejandro de Pedro, pero recalca que lo hizo sin que "ninguno de sus superiores" tuviera "conocimiento del asunto" en un claro intento de desvincular al dirigente del PP regional.

David Conesa, que asegura que ganaba "15.000 euros brutos al año", recalca que no informó a "sus superiores" de sus contactos con Alejandro de Pedro

El juez imputa a tres empresas 'señuelo' utilizadas por Púnica para amañar contratos en Murcia
En el escrito, presentado en la Audiencia Nacional el pasado 13 de octubre, sólo nueve días después de su comparecencia ante el juez Velasco, David Conesa insiste una y otra vez en su papel secundario dentro del equipo de Pedro Antonio Sánchez cuando éste era consejero de Educación del Ejecutivo regional y aspiraba a convertirse en el cabeza de lista del PP a las elecciones autonómicas de mayo de 2015. Según señala, él "tan sólo formaba parte del personal eventual como asesor de comunicación" y, por tanto, era el "último escalón como personal de confianza a disposición tanto del responsable de prensa como del jefe de Gabinete, así como del asesor de Gabinete", a los que considera "superiores suyos e intermedios hasta la figura del titular de la Consejería". "No era más que un joven recién llegado a la Consejería en calidad de simple ayudante, con tantas ganas de trabajar como escasa experiencia". Su sueldo entonces, 15.000 euros "brutos anuales", detalla.

David Conesa continúa en su escrito que dicha posición le obligaba a encargarse "como es lógico, de asuntos de menor interés" entre ellos la atención "a cuantos ciudadanos se dirigían a la Consejería" y sobre cuyas peticiones "carecía de capacidad de decisión alguna". Es dentro de estas funciones en las que sitúa sus contactos con Alejandro de Pedro, el experto en reputación 'online' que presuntamente había preparado una campaña para lavar la imagen de Pedro Antonio Sánchez en Internet, muy afectada por las informaciones sobre diversos escándalos en su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras. El asesor 'mileurista' señala que su "función principal" era, precisamente "sacar rendimiento a las redes sociales o la creación de una nueva web" y que por ello conoció en septiembre de 2014 a De Pedro. A partir de entonces, hay al menos tres encuentros, tres 'emails' y tres 'whatsapp' que, según los informes de la Guardia Civil, sirvieron para concretar los trabajos que supuestamente iba a realizar el experto informático para el hoy presidente de la Región de Murcia.

"Para darse importancia"
David Conesa da en su escrito una explicación sobre dichos encuentros y contactos muy distinta a la de los investigadores. Así, asegura que los mantuvo "ante el temor de recibir un toque de atención por parte de sus superiores por no atender las llamadas de alguien que se dirige a la Consejería" y que si en uno de esos mensajes llegó a escribir que Pedro Antonio Sánchez "tiene mucho interés" en dichos trabajos era, simplemente, "para darse importancia". También intenta quitarle valor a que se presentase ante De Pedro como "amigo" del político, otra frase que asegura haber utilizado con idéntico fin. Sobre la reunión que mantuvo en la sede de la Consejería de Educación el 24 de octubre de 2014, tres días antes de las primeras detenciones, con el presunto integrante de la trama Púnica y un empleado de éste que se ha convertido en 'arrepentido' asegura que en la misma no llegó a ningún acuerdo y que simplemente intentó ser cortés.

El joven asesor afirma en su escrito que dijo a Alejandro de Pedro que el ahora presidente de Murcia tenía "mucho interés" sólo "para darse importancia"

"Pensó que no mostrando un claro desinterés, tampoco quedaría descontentos éstos, de manera que tal y como se terminó la reunión y dichos señores se marcharon, ahí se dio por terminado este asunto", señala en el escrito antes de afirmar que, precisamente por ello, "ninguno de sus superiores" tuvo nunca "conocimiento" sobre lo tratado. Una versión que choca, precisamente, con la del 'arrepentido', quien el pasado 5 de octubre aseguraba al juez Velasco que aquel día David Conesa les dió el "OK" para iniciar los trabajos para Pedro Antonio Sánchez el 1 de noviembre de 2014. Éstos iban a durar hasta las elecciones del mes de mayo siguiente y el importe iba a ser de 4.600 euros más IVA que supuestamente iban a salir del erario camuflados como "formación". Los arrestos del 27 de octubre de 2014 impidieron que dichos trabajos se iniciaran, según la conclusión de un informe del pasado mes de mayo de la Guardia Civil que cuenta con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción y del propio magistrado.

La declaración del pasado 4 de octubre de David Conesa, que en su escrito asegura que prestó nervioso "dada su juventud y escasa experiencia en un acto judicial", no era la primera suya dentro del 'caso Púnica'. De hecho, la Unidad Central Operativa (UCO) le interrogó el pasado 6 de abril. Entonces, el asesor 'mileurista' de Pedro Antonio Sánchez aseguró que De Pedro era "muy pesado" y que siempre dio a sus propuestas para trabajar la reputación 'online' del político una "respuesta negativa" o le dijo "no rotundamente". Aseguró que lo hizo porque "tenía plena competencia para desechar las ofertas". Una versión que, según destacaba la Guardia Civil en su informe de mayo, se contradecía abiertamente con lo que se recogía en los correos electrónicos y mensajes de 'Whatsapp' intervenidos, y con la declaración del arrepentido. Según fuentes cercanas a la investigación, el escrito ahora presentado por David Conesa da una nueva versión de los hechos que tampoco encaja con los documentos incorporados al sumario, a la vez que intenta 'salvar' a sus "superiores". Entre ellos, el propio presidente de Murcia para el que se ha convertido en su último 'parapeto' ante el cerco judicial.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/anos-ultima-defensa-presidente-Murcia_0_963804085.html

PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ: "NO HAY PRUEBA DE ILEGALIDAD ALGUNA"

Primera comparecencia del Presidente de Murcia tras las revelaciones en la SER del sumario de la Púnica. Sobre los mensajes al móvil que se envió con el conseguidor de la trama dice que "sólo se les escuchó" pero no se contrató con ellos

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha asegurado hoy en rueda de prensa que el informe de la UCO que le acusa de haber recurrido a la trama Púnica para relanzar su carrera política no prueba ilegalidad alguna, ya que "nunca se contrató, pactó, firmó, acordó ni pagó nada".

Sánchez, en su comparecencia ante los periodistas tras presidir la toma de posesión del nuevo consejero de Fomento, Pedro Rivera, ha hablado también de los mensajes entre él y De Pedro que la SER ha publicado y que constan en el informe de la Guardia Civil. Ha insistido en que "le pidieron una vez tras otra una reunión" y que como le insistieron mucho "aprovechando un desplazamiento a Madrid" tuvo una cita en la que "sólo escuchó".

Sobre los mensajes ha dicho que en el tono en que se dirige a su interlocutor "no hay ningún lenguaje de cordialidad y confianza".

Reconoce, por tanto, como ya había hecho, que se reunió con los empresarios investigados como con cualquier otra persona o entidad que acude a la administración, y ha subrayado que en ningún momento sabía "por supuesto, qué había detrás de ellos" porque, de haber sido así, "ni me siento", ha zanjado.

El presidente, en su primer acto público desde que se conoció el informe policial, ha añadido que en esa época "había muchas empresas que ofrecían el mismo tipo de trabajo y con ninguna firmó la Comunidad", y ha insistido en que "nunca habría permitido un contrato del tipo" que figura en el informe.

También ha hecho hincapié en que los investigadores utilizan en el informe documentación de la empresa pero no de la Administración autonómica, ha subrayado que no existió tal contrato "y no se ha gastado ni un euro público", y ha desmentido que diera el "ok" a la oferta de la empresa Madiva, de Alejandro de Pedro, como afirmó ante el instructor el colaborador de este empresario, Francisco Javier Bueno.

http://cadenaser.com/emisora/2016/06/01/radio_murcia/1464774048_160407.html

PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ, UN PRESIDENTE BAJO DEMASIADAS SOSPECHAS APOYADO POR CIUDADANOS

El presidente de Murcia lleva un año gobernando bajo la espada de Damocles por sus relaciones con la trama Púnica. La Guarda Civil ya ha pedido su imputación por este caso

La Presidencia de Murcia que ostenta —¿o habría que decir "detenta"?— Pedro Antonio Sánchez López, PAS para sus amigos, está ya bajo demasiadas sospechas… y Ciudadanos que lo apoya frente a demasiados dilemas que ya no puede ignorar. La petición de imputación hecha desde la Guardia Civil por sus relaciones con la trama Púnica es un capítulo más de una serie de sospechas acumuladas sobre su persona que en cualquier país de esos que llaman "de nuestro entorno" hubiera sido suficiente para alejarlo definitivamente de la gestión de cualquier cosa pública.

El aún presidente murciano lleva un año gobernando bajo una espada de Damocles que ya pesaba sobre él en los tiempos en que fue consejero de Educación (2013/2014). Arrastra consigo el llamado caso Auditorio de Puerto Lumbreras, donde siendo alcalde recepcionó sin que estuviera terminada una obra de casi seis millones de euros y a la que le faltarían otros dos millones y medio para poder ser acabada según el proyecto, sobre cuya adjudicación también hay fundamentadísimas sospechas incluidas en el sumario del caso.

Tuvo la suerte de que unos magistrados benevolentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, entre ellos el recién reelegido presidente Miguel Pasqual del Riquelme y su antecesor en el cargo y actual vocal del Consejo General del Poder Judicial, Juan Martínez Moya, derivaran el caso a un juzgado de Lorca para que allí una jueza de instrucción decidiera, que está a punto, si hay indicios de delito o no.

Es el de Sánchez López un caso típico de personaje tocado por la mano del dios local y elevado a las alturas celestiales por decisión superior, sucediendo así a un mentor, Ramón Luis Válcarcel, cómodamente instalado en una de las 14 vicepresidencias del Parlamento europeo. A donde, por cierto, le llegan también las sospechas y posibles futuras imputaciones por casos de delitos relacionados con la corrupción urbanística y ambiental: Novo Carthago —intento de construir 20.000 viviendas en terrenos protegidos junto al Mar Menor—o Desaladora de Escombreras —por la que la Comunidad murciana se comprometió a pagar a la ACS de Florentino Pérez el quíntuple de lo que costó.

Pero Sánchez estaba predestinado a las más altas misiones por su protector Valcárcel, presidente murciano entre 1995 y 2014. Gracias a esto, primero fue "el director general más joven de España" con 23 años y después alcalde de Puerto Lumbreras, su pueblo, entre 2003 y 2013. Su municipio, ganado con mayoría absoluta por él en tres elecciones consecutivas, tuvo dinero a espuertas de subvenciones de la Comunidad Autónoma para que quien ya era sucesor in pectore demostrara que efectivamente tenía madera de gestor y de líder.

Con ese dinero, además del famoso Auditorio, inició obras para nuevos ayuntamiento, centro de emergencias, centro de atención policial y museo folclórico. En total, otros casi seis millones de euros que sumar a la misma cantidad de aquella más conocida. Como alcalde, las dejó todas iniciadas y sin terminar. Ahí siguen en una localidad como Puerto Lumbreras (14.000 habitantes) los esqueletos de las cinco obras. Solamente sobre el Auditorio actuó la Fiscalía Regional, a pesar de que tiene los datos suficientes para actuar también en relación con las otras cuatro.

Esta es la tarjeta de presentación como gestor que le valió primero ser nombrado consejero de Educación por Valcárcel y, luego, sucesor, a pesar de que tuvo que esperar un año porque el Caso Auditorio se lo impuso temporalmente. Merced al envío del asunto a Lorca, pudo ser "coronado" en las elecciones de mayo de 2015.

Un año después, la Guardia Civil pide la imputación de Sánchez por sus relaciones con la Operación Púnica, lo que extiende el curriculum de sospechas sobre el presidente murciano junto a personajes como la alcaldesa de Cartagena, exdiputada a Cortes y después senadora, a quien cada vez más frecuentemente llaman la "Rita Barberá cartagenera", aunque sea oriunda de Galicia. Y también lo relacionan con un personaje de esos de libro, capaz de flotar como un corcho contra viento y marea, como es José Antonio Alonso, exalcalde socialista de Cartagena que, tras ser derrotado por Barreiro en 1995, hizo buenísimas migas con ella hasta el punto de que tuvo en sus manos los mejores proyectos urbanísticos en la ciudad por los que también está siendo investigado.

El Partido Popular de Sánchez/Valcárcel —quien sigue presidiéndolo a distancia, desde Bruselas— ganó las elecciones autonómicas sin mayoría absoluta pero con 22 diputados. Ciudadanos, con los votos de sus cuatro diputados, facilitó la investidura del delfín y, de momento, no quiere ni oír hablar de una moción de censura que haría caer al presidente Sánchez hasta que no lo imputen, como el lunes mismo ha reiterado Miguel Sánchez, portavoz regional del partido de Albert Rivera. Podemos, seis escaños, y PSOE, trece, tienen que esperar a que el partido naranja se decida a poner fin a un personaje rodeado de tanta sospecha y tanta posible imputación.

http://m.publico.es/politica/1961944/pedro-antonio-sanchez-un-presidente-bajo-demasiadas-sospechas-apoyado-por-ciudadanos

LOS MENSAJES DEL PRESIDENTE DE MURCIA CON EL CONSEGUIDOR DE LA TRAMA PÚNICA

La Guardia Civil recopila en su informe mensajes de correo electrónico en los que Pedro Antonio Sánchez apremia a Alejandro de Pedro para que el conseguidor le limpie su imagen en las redes sociales. Pedro Antonio Sánchez escribe “Hola Alex. Nos podremos ver?”

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, remitió seis correos electrónicos entre los días 21 y 23 de septiembre de 2014 desde el servicio de mensajería de Apple al conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, en los que se demuestra, a juicio de la Guardia Civil, su evidente interés por cerrar una reunión con éste para que la trama le hiciera un lavado reputacional en las redes sociales.

Es el propio Pedro Antonio Sánchez, que entonces era consejero de Educación en Murcia y pugnaba con otro aspirante del PP a la presidencia de la región en sustitución del histórico Ramón Luis Valcárcel, quien se pone en contacto con De Pedro a las 09:14 horas del 21 de septiembre.

Pedro Antonio Sánchez: "Hola. Soy Pedro Ant Sánchez, de Murcia. Hablamos hace un tiempo. Estaré en Madrid mañana por la tarde y martes hasta las 11.00 h. Si puedes, nos vemos".

Ante la falta de respuesta por parte del conseguidor, al día siguiente Pedro Antonio Sánchez repite a las 10:00 horas de la mañana en un nuevo mensaje a De Pedro del siguiente literal.

Pedro Antonio Sánchez: "Hola Alex. Nos podremos ver?"

Los siguientes mensajes demuestran que hubo contacto y que incluso el hoy presidente murciano y Alejandro de Pedro quedaron para desayunar en un conocido restaurante de Madrid.

Pedro Antonio Sánchez: "Te espero en el comedor de desayunos del hotel”. (Escrito a las 6:47 horas del 23 de septiembre de 2014).

La Guardia Civil sostiene que Pedro Antonio Sánchez “estaría interesado en mejorar su reputación personal por las posibles consecuencias derivadas de su imputación en procedimientos penales en un momento en que estaba en disputa la candidatura futura del Partido Popular a presidente de la Región de Murcia”.

http://cadenaser.com/ser/2016/05/31/tribunales/1464695644_340862.html?int=masinfo&int=masinfo

EL PRESIDENTE DE MURCIA IBA A PAGAR 36.800 € A PÚNICA PARA MEJORAR SU REPUTACIÓN ANTES DE LAS ELECCIONES

El informe de la UCO que pone contra las cuerdas a Pedro Antonio Sánchez detalla que el presunto 'conseguidor' de la trama iba a trabajar ocho meses para el candidato 'popular' justo antes de los comicios autonómicos. Su tarifa era de 4.600 euros al mes, repartidos entre los 3.000 euros para él y 1.600 para contratar una periodista.

La carrera política del presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, tenía un precio para la trama Púnica. Exactamente, 36.800 euros. Ese era el dinero que el bautizado como 'conseguidor' de la red, Alejandro de Pedro, había presupuestado por trabajar durante ocho meses para el político 'popular' justo antes de las elecciones de mayo de 2015 que finalmente llevaron a éste a la jefatura del gobierno autonómico. Así lo recoge un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario y cuya existencia fue adelantada en exclusiva por Vozpópuli la pasada semana. El documento policial recoge numerosos correos electrónicos y llamadas de teléfono intervenidas en los que se reflejan las negociaciones de la red con el candidato del PP y su equipo más cercano, y que incluyó reuniones en persona en Madrid a las que también asistió la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro. La Guardia Civil concluye que Pedro Antonio Sánchez había incurrido en un delito de fraude en materia de contratación pública, ya que iba presuntamente a camuflar dichos pagos con un contrato en materia de "formación" de la Consejería de Educación que entonces ocupaba.

El informe policial, de 66 folios de extensión y con más de 400 documentos anexos, detalla paso a paso todo el proceso de negociación seguido para realizar los trabajos y las reticencias que en un primer momento mostraba Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación del Gobierno murciano. Según recoge el informe, éste había "expresado su interés en contar con los servicios de Alejandro de Pedro acuciado por consecuencias reputacionales negativas por una nueva posible imputación y la disputa de convertirse en candidato a la Presidencia de la Región". Para entonces, la trama ya trabajaba para un compañero suyo del Ejecutivo, Juan Carlos Ruiz, titular entonces de la cartera de Industria y Turismo y actualmente imputado en la causa, y temía que hubiera un 'conflicto de intereses' entre ambos ya que los dos querían hacerse con el control del partido en la región. Sin embargo, De Pedro y su socio, José Antonio Alonso Conesa, ex alcalde socialista de Cartagena, aparcaron las pegas y pidieron la ayuda de Pilar Barreiro, entonces regidora de esta localidad murciana y actual senadora. A cambio de su mediación ésta iba a conseguir presuntamente que la trama también le hiciera trabajos de reputación 'online' gratis.

De Pedro llegó a realizar en el verano de 2014 un informe "preventa" específico sobre Pedro Antonio Sánchez en el que se analizaba su presencia en las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) y en buscadores. El resultado fue que el 70% de las informaciones que aparecían sobre él en Internet eran negativas, referidas sobre todo a distintas acusaciones judiciales que pesaban sobre él, sobre todo por la compra de su vivienda, por la que iba a declarar en julio ante el juez. Ese informe fue presentado al propio político el 11 de junio de 2014 en una reunión celebrada en Madrid a la que también asistió su correligionaria Pilar Barreiro. Tras aquella reunión, De Pedro y Conesa siguieron ofreciendo sus servicios al entonces consejero de Educación y, de hecho, ponían como ejemplo de su eficacia los trabajos que habían realizado para Lucía Figar, quien ocupaba ese mismo cargo en el Ejecutivo de Madrid y que actualmente está imputada en la causa. Finalmente, a finales de septiembre prepararon una oferta económica para Pedro Antonio Sánchez que iba a incluir el periodo que iba desde octubre de 2014 hasta el 31 de mayo del año siguiente, justo después de las elecciones autonómicas en las que él finalmente encabezó la lista del PP.

"3.000 pavos al mes" más el coste de un periodista

En un primer momento, Alejandro de Pedro planteaba cobrar "3.000 pavos al mes" a los que había que sumar el coste de un periodista externo 'mileurista' que se encargaría de mover en la red de periódicos 'zombis' del conseguidor las noticias positivas del candidato para desplazar las negativas. Finalmente, el precio total iba a ser de 4.600 euros. En total, 36.800 euros por todo el periodo. El 21 de octubre los agentes intervinieron una conversación entre el conseguidor y su socio, José Antonio Alonso Conesa, en el que primero le comenta que va a tener una reunión con Pedro Antonio Sánchez. El segundo le insta a sacarle ya el contrato, "que lo necesitamos como el agua". Al día siguiente, De Pedro comentaba a uno de sus trabajadores que ya había cerrado el acuerdo con el político 'popular' y que incluía a Pilar Barreiro, y que iban a empezar a facturar para el mes de noviembre. La Guardia Civil concluye en su informe que el acuerdo se cerró finalmente el 24 de octubre y que si no se llegó a materializar fue porque tres días después comenzaron las detenciones de los principales implicados en la trama, entre ellas las del 'conseguidor' y su socio.

El documento policial resalta que dicho contrato iba a pagarse "a través de facturación en concepto de 'formación' con la Consejería" que encabezaba aún entonces Pedro Antonio Sánchez. Además, destaca la participación en las negociaciones de David Conesa Ferrer, identificado como miembro del gabinete del propio consejero, y con quien De Pedro intercambia numerosos mensajes en los días previos a cerrarse. La UCO destaca también que en el transcurso de todas las conversaciones no se abordan otros temas que no sean la reputación personal del candidato "y que en ningún caso se hace constar que se vayan a acometer trabajos que puedan considerarse como insertos en el concepto de formación". En este sentido, añade que "concurren elementos paralelos" a lo ocurrido en la Consejería de Industria, "donde se iban a enmascarar trabajos de reputación en contratos públicos de los Institutos de Fomento y Turismo de Murcia". Por aquellos supuestos amaños, ya está imputado su entonces titular Juan Carlos Ruiz. Ahora le toca decidir al juez Eloy Velasco si inicia los trámites para que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia actúe contra Pedro Antonio Sánchez en su condición de aforado.

http://vozpopuli.com/actualidad/83053-el-presidente-de-murcia-iba-a-pagar-36-800-a-punica-para-mejorar-su-reputacion-antes-de-las-elecciones

EL PRESIDENTE DE MURCIA SUGIERE QUE NO DIMITIRÁ A MENOS QUE SE DEMUESTRE QUE MIENTE

“Nadie nunca podrá demostrar lo que no existe", ha advertido al ser preguntado sobre la posibilidad de que renuncie al cargo

La Guardia Civil asegura tener pruebas del uso de fondos públicos con fines privados a través de empresas de la 'trama Púnica'

El presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, se ha pronunciado este martes por primera vez sobre el informe de la UCO de la Guardia Civil en el que se recogen pruebas que apuntan a posibles irregularidades en sus actuaciones que le vinculan a la trama Púnica y en las de la senadora del PP por esa región, Pilar Barreiro.

Si alguien pudiera demostrar que estoy mintiendo no daría lugar a que nadie me señale el camino. Pero nadie nunca podrá demostrar lo que no existe", ha puntualizado.

Sánchez, en declaraciones a la Cadena COPE recogidas por Europa Press, ha negado de forma categórica que haya contratado alguna empresa relacionada con la trama de corrupción Púnica que tuviera que ver con la mejora de su imagen en Internet.

"Rotundamente no y nunca autoricé que nadie de mi equipo ni de mi entorno, bajo mis responsabilidades, hiciera algo parecido", ha sentenciado el presidente murciano, quien se ha remitido a los tres certificados oficiales de la Consejería de Educación que hicieron públicos este lunes, departamento del que era responsable por esa época, y en los que se demuestra, ha dicho, que "ni se facturó ni se contrató ni hubo relación con las empresas investigadas".

Por ello, ha defendido que desde el principio ha dicho la verdad, razón por la que no entiende esta situación. "Incluso antes de que se informase de estos casos contamos que a nosotros se dirigió una empresa, como otras tantas cientos de empresas que se dirigen a la administración, para ofrecer sus servicios", ha asegurado.

Según ha explicado, durante "alrededor de un año estos responsables de esta empresa, de forma periódica, insistían en su oferta de servicios, en sus ofertas de trabajo, y nunca se aprobaron". "Se dirigieron a nosotros, hubo ofertas persistentemente en torno a un año y nunca se autorizó nada", ha subrayado Sánchez.

Igualmente, ha opinado que la Guardia Civil y Policía Nacional "nunca recomiendan imputaciones", en referencia al informe de la UCO, tras lo que ha recordado que se ha facilitado a la Benemérita estos certificados oficiales pero esto "crea indefensión".

Sánchez, que ha vuelto a insistir en que no se encargó trabajo alguno a las empresas relacionadas con la trama Púnica, ha expresado su deseo de conocer cuanto antes el informe de la UCO, aunque ha señalado que sobre esto "sólo se puede decir la verdad". "Hubo ofertas insistentemente y no las autoricé ni se llegaron a contratar trabajos con estas empresas", ha puntualizado.

Preguntado sobre si cree que hay motivación política en este asunto, advierte de que pueden hacerse conjeturas, pero que "en este asunto hay que demostrar la culpabilidad y no la inocencia y hay documentos oficiales que prueban que nunca hubo ningún tipo de contrato".

"Si lo que se intenta es que surjan dudas y poner en marcha otro tipo de estrategia, la de la calumnia, de la duda, en estos tiempos, dado que hoy para mucha gente el político es presuntamente culpable, hay a quien le interesa que estas dudas surjan y por eso ayer hicimos públicos estos documentos oficiales", ha añadido.

"Nunca he gastado ni he autorizado ni un euro público para estas empresas investigadas", ha insistido para finalizar.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/31/el_presidente_murcia_sugiere_que_dimitira_menos_que_demuestre_que_miente_50555_1012.html

RAJOY APOYA A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ, SEGÚN SUBRAYA SU ENTORNO

Desde el PP nacional recuerdan que PAS fue imputado hasta en diecisiete ocasiones por caso Auditorio y todas ellas fueron archivadas

El presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, respalda al jefe del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez, según han asegurado fuentes de su entorno, que subrayan que el presidente regional ha demostrado que no contrató nunca con empresas de la trama Púnica.

Fuentes del Ejecutivo han defendido al presidente murciano después de trascender un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apunta la existencia de indicios de responsabilidades penales en la actuación Sánchez al contratar con empresas de la trama Púnica.

Las mismas fuentes recuerdan que el jefe del Ejecutivo regional fue imputado hasta en diecisiete ocasiones por el denominado "caso auditorio", cuando fue alcalde del municipio de Puerto Lumbreras, y todas ellas fueron archivadas.

Además lamentan desde Moncloa que Ciudadanos se sume a las peticiones de dimisión de Pedro Antonio Sánchez en caso de que se le impute por este asunto, y advierten al partido de Albert Rivera -que permitió la investidura del presidente murciano- de que se equivoca con esta posición.

La consejera portavoz del Gobierno de Murcia, Noelia Arroyo, ha negado hoy que "exista o haya existido" relación alguna de su presidente, Pedro Antonio Sánchez, con la trama Púnica como apunta un informe remitido por la Guardia Civil al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga la causa.

Arroyo ha asegurado que afronta "con absoluta tranquilidad" el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juez, del que "el Gobierno no tiene conocimiento", y subraya su confianza en que "todo se aclare cuanto antes".

También ha insistido en que el Ejecutivo murciano certificó en su momento la inexistencia de contrataciones con las empresas de la Púnica, y ha subrayado que "si hay que facilitar algún dato más para que todo se aclare, así se hará".

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2016/05/30/rajoy-apoya-presidente-murcia-subraya/741344.html

LA GUARDIA CIVIL ATRIBUYE AL PRESIDENTE DE MURCIA "FRAUDE EN CONTRATOS PÚBLICOS"

Como avanzó la SER, concluye en su informe que Pedro Antonio Sánchez contrató a la Púnica con dinero público y amparándose en conceptos ficticios para que llevara su imagen en las redes sociales, y propone al juzgado la citación como investigados

La UCO es muy clara en su informe. Pedro Antonio Sánchez utilizó los servicios del conseguidor Alejandro de Pedro para que limpiase su imagen en las redes sociales ante la entrada de otro candidato en disputa en el PP para la presidencia de la Comunidad, Juan Carlos Ruiz López.

El informe de la UCO

Los agentes concluyen que los trabajos reputacionales iban a ser facturados con dinero público bajo conceptos ficticios relacionados con la formación por un importe total de 32.200 euros, e incluyeron también los trabajos de imagen en redes de la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil recaba en su informe documentos de las empresas de Alejandro de Pedro, Madiva y Eico, llamadas telefónicas entre los cabecillas de la trama, mensajes de móvil y correos electrónicos que demuestran el interés de Pedro Antonio Sánchez porque el conseguidor mejorase su imagen en las redes, e incluso reuniones mantenidas entre el hoy presidente murciano y Alejandro de Pedro. Los agentes corroboran que PAS - como es conocido en Murcia el presidente -, alcanzó un acuerdo el 24 de octubre de 2014 para que la trama mejorase su reputación en internet, a razón de 4.600 euros mensuales entre ese mes de noviembre y mayo de 2015, cuando tuvieron lugar las elecciones en las que se proclamó presidente con el apoyo de Ciudadanos.

Sin embargo, el contrato no llegó a materializarse porque la trama fue desarticulada el 27 de octubre de 2014. No obstante, para la Guardia Civil existe de igual modo el fraude cometido por el presidente murciano, porque llegó a acordarse el concierto para la adjudicación del contrato público oculto en la consejería de Educación bajo el epígrafe "formación".

En su informe (adjunto a la derecha), los agentes concluyen que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, habría incurrido en un delito de fraude en materia de contratación pública, mientras que la exsenadora Barreiro, cometió delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

http://cadenaser.com/ser/2016/05/31/tribunales/1464688829_985961.html

LA GUARDIA CIVIL VE “INDICIOS SUFICIENTES” PARA ACUSAR AL PRESIDENTE DE MURCIA DE FRAUDE CON LA ‘PÚNICA’

El informe de la UCO sostiene que la trama planeó utilizar la "contratación pública de la Consejería de Educación para costear los trabajos reputacionales de su titular y de la alcaldesa de Cartagena"

La documentación interceptada muestra que Pedro Antonio Sánchez acordó pagar 32.000 euros al informático de la 'Púnica' para que mejorara su imagen en Internet
Rajoy, en una reunión con el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que existen "indicios suficientes" para afirmar que el actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y la exregidora de Cartagena Pilar Barreiro, ambos del PP, "se concertaron" con los cabecillas de la trama Púnica para cometer un fraude "a través de la contratación pública de la Consejería de Educación y costear los trabajos reputacionales de su titular y de la alcaldesa de Cartagena", según las conclusiones del informe que consta en el sumario de la trama corrupta.

No obstante, en el documento los agentes reconocen que la contratación "no llegó a materializarse a causa de las actuaciones policiales y judiciales de octubre de 2014, si bien los indicios apuntan a que sí se materializó el concierto para la adjudicación a través de las distintas reuniones y contactos entre las partes".

Tal y como adelantó infoLibre, el actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, mantuvo una reunión en el Hotel de las Letras, en la Gran Vía de Madrid, con uno de los cabecillas de la Púnica, el también exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa. En la misma también participaron Pilar Barreiro y el informático Alejandro de Pedro.

"Informe preventa"

Según esta versión Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación murciano, emplazó a De Pedro a viajar a Murcia y presentar una propuesta para mejorar su posicionamiento en Internet.

En este sentido, en el sumario del caso consta un documento interceptado a Alejando de Pedro encabezado con el título "informe preventa" en el que se especifica que el cliente era "Pedro Antonio Sánchez, consejero de Educación de Murcia". La fecha de visita, siempre según el sumario, fue el 11 de junio de 2014.

Pero según la Guardia Civil, este contrato iba a ser sufragado por el Gobierno de Murcia, y no por el Partido Popular. Pero, además, los agentes sostienen que la intención de Alonso Conesa, que había sido alcalde del PSOE en Cartagena, era utilizar el dinero público para llevar a cabo la mejora de la imagen de Barreiro, con la que mantiene una relación de amistad.

"Estaría acordado que las prestaciones de servicio a Pedro Antonio Sánchez incluirían también los trabajos reputacionales de Pilar Barreiro a través de un supuesto contrato de formación suscrito con la Consejería", especifican los agentes en su informe dirigido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

32.200 euros

El precio del preacuerdo, según la UCO, fijaba los pagos de la Administración murciana en 32.200 euros, lo que supone 4.600 euros sin IVA mensuales durante siete meses, que se desglosaban en "3.000 euros de reputación más 1.600 euros de periodista. Los 3.000 euros ampararían a Pedro Antonio Sánchez, y a Pilar Barreiro se lo harían gratis", completa el informe, que concluye que estos trabajos de reputación online "no son prestaciones que respondan a una necesidad pública sino al interés personal del consejero para validad su gestión, contrarrestar las noticias desfavorables a su persona y de ese modo poder progresar en su carrera política".

La trama se comprometió a mejorar la imagen del presidente murciano, cuando era consejero de Educación, y en el PP murciano era conocido como el delfín del expresidente Ramón Luis Valcárcel, que había dejado la presidencia a Alberto Garre para presentarse a las elecciones europeas.

Investigación en Puerto Lumbreras

Pero la posibilidad de que fuera imputado por un caso de corrupción en su periodo de alcalde del municipio de Puerto Lumbreras, muy cerca de Almería, estuvo a punto de truncar su carrera política, en favor del otro posible candidato, que era el consejero de Turismo, Juan Carlos Ruiz, que también contrató a la Púnica.

Al final se impuso Pedro Antonio Sánchez, que acabó siendo candidato del PP murciano, que ganó las elecciones, y que necesita el apoyo de Ciudadanos para mantenerse en el Ejecutivo murciano. Por su parte, Juan Carlos Ruiz tuvo que dimitir tras ser imputado por el juez Velasco.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/31/la_guardia_civil_quot_indicios_suficientes_quot_para_acusar
_presidente_murcia_fraude_con_punica_50569_1012.html

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