Especial  Matas

SU BRILLANTE GESTIÓN

MILES DE PERSONAS VUELVEN A DECIR 'NO' EN ZARAGOZA AL PLAN HIDROLÓGICO

Más de cien mil personas, se dieron cita en Zaragoza para "abrazar" el río Ebro en contra del Plan Hidrológico Nacional, en un acto que congregó a los aragoneses, cántabros, catalanes, castellano-leoneses, riojanos, navarros y representantes de Levante que, en diez kilómetros de recorrido, unieron las dos orillas del río entre tres puentes bajo el lema no a los trasvases, no al Plan Hidrológico Nacional. Emilio Gastón, portavoz de la Plataforma en Defensa del Ebro, leyó un manifiesto en el que se condenó el Plan Hidrológico Nacional (PHN) como un ejemplo del "apetito desmedido de usufructuarios instalados, de ocultos intereses económicos..." y como un manual de "rapiña disfrazada y alejada de las pautas de Europa que lo convierte en un plan de injusticias, desolaciones y quebrantos". "Y aún os demandan solidaridad, pero la solidaridad en este caso es un concepto fariseo para desposeer a los más pobres", concluyó. La concentración fue un punto y seguido a la manifestación que el pasado 8 de octubre congregó a más de 400.000 aragoneses contra el trasvase (Noviembre 2000).

EL GOBIERNO RESTA VALOR A LA ALEGACIÓN DE ARAGÓN AL PLAN HIDROLÓGICO

El secretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández, declara en Zaragoza que las alegaciones presentadas por el Gobierno de Aragón al borrador del Plan Hidrológico Nacional "no aportan ninguna solución ni alternativa a la propuesta del Gobierno". El número dos del Ministerio de Medio Ambiente, tras reclamar diálogo, reiteró que "el Gobierno no retirará el Plan Hidrológico". "Esto tiene que quedar claro. Hay un plan sobre la mesa que se modificará en lo que sea razonable y sensato, siempre que haya argumentos adecuados que lo respalden. Es negociable todo, pero de momento el trasvase más razonable, de los nueve estudiados, es el del Ebro y nadie ha dicho lo contrario", dijo Fernández, quien insistió en que hacen falta propuestas: "He leído el documento del Gobierno aragonés y hay muy pocas. Sinceramente me parece que Aragón debe proponer y definir qué quiere, cómo lo quiere y que explique, si le parece mal, cómo quiere que se hagan las cosas" (Diciembre 2000).

40 EXPERTOS CONSULTADOS POR MEDIO AMBIENTE PIDEN LA RETIRADA DEL PLAN HIDROLÓGICO: Al menos 43 de los 150 expertos en hidrología que fueron consultados por el Ministerio de Medio Ambiente sobre el Plan Hidrológico se han pronunciado en su contra. En un debate multimedia en el que participaron 20 universidades de toda España, estos expertos lamentaron que sus informes hayan sido ocultados al Consejo Nacional del Agua, que representa a los usuarios (regantes, hidroeléctricas, abastecimientos) y las administraciones. Todos ellos recomiendan la retirada del plan porque se limita a recoger un listado de obras.
Esos informes no se han dado a la publicidad ni se facilitaron a los vocales del Consejo. "El ministerio los tiene ocultos en algún armario", afirma Pedro Arrojo que fue uno de los consultados. "La comunidad científica no ha podido ser oída, ni en el Consejo, ni en los medios de comunicación. Se ha hurtado a la sociedad la posibilidad de un debate importante", añade Arrojo, profesor de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza. José Marís Sumpsi, Alberto Garrido o Alberto Losada, de la Politécnica de Madrid, están convencidos de que sin subvenciones no será posible llevar agua al sureste de la península. Si no se cobra a su coste real, el Plan Hidrológico entrará en contradicción con la Directiva Marco europea que exige la recuperación total de los costes. Enrique Cabrera, de Valencia, deduce del plan que la cultura del agua no ha evolucionado "porque no se pueden resolver los problemas actuales con métodos de hace cien años" (Febrero 2001).

EL PHN 'CHOCA' CON LA DIRECTIVA DE LA UE SOBRE AGUA, SEGÚN SU PONENTE: El Plan Hidrológico Nacional (PHN) «va en contra del espíritu y de la letra» de la directiva europea del agua, según el ponente de la misma y vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, Alexander de Roo.De Roo, eurodiputado de los verdes de Holanda, recordó que los gobiernos español e irlandés se opusieron a esa directiva cuando fue aprobada en el 2000, pero perdieron la votación y esa directiva es ley en la Unión Europea. Explicó que la directiva se orienta hacia una gestión de los recursos hídricos de cada cuenca y sólo en casos «muy excepcionales, con permiso de la Comisión, se puede considerar hacer trasvases». Asimismo, resaltó que el PHN cruza más de 40 hábitats de la red Natura 2000, por lo que viola la directiva de aves y hábitats. De Roo señaló que es posible que el Gobierno español pueda convencer a la comisaria Loyola de Palacio, «pero dudamos», dijo, que pueda convencer a la comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallstrom, de la legalidad europea de este plan hidrológico (Febrero 2001).

200.000 MANIFESTANTES EN BARCELONA CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO

Unas 200.000 personas, 120.000 según la Guardia Urbana y 300.000 según las plataformas ciudadanas creadas en las tierras del Ebro, tomaron el centro de Barcelona para protestar contra el Plan Hidrológico Nacional (PHN), que contempla un trasvase desde el Ebro hasta zonas tan lejanas como Almería, Murcia o Valencia. Los manifestantes también se ensañaron con las alegaciones al plan presentadas por el Gobierno catalán, que accede al trasvase de agua aunque a partir de las cesiones que mantienen actualmente los regantes del delta del Ebro. El éxito del acto, organizado desde las Tierras del Ebro, tomó por sorpresa a los propios organizadores que, al final de la manifestación, clamaron: 'Barcelona se nos ha quedado pequeña'. La cifra de manifestantes, incluso la ofrecida por la Guardia Urbana, encogió la de 25.000 personas reunidas en Móra d'Ebre el pasado 4 de febrero.

La manifestación la encabezó un numeroso grupo de niños con la pancarta de 'El delta también es tuyo, salvémoslo', a los que seguían las bandas de música de diversas poblaciones (Madrid 2001).

200.000 PERSONAS EXIGEN EN MADRID SU REFORMA: Miles de ciudadanos procedentes en su mayoría de Aragón toman el centro de Madrid para oponerse al trasvase del Ebro. Unas 200.000 gritaron consignas contra José María Aznar y su Ejecutivo en un ambiente festivo marcado por cánticos regionales. Un millar de autocares llegaron a la capital desde la práctica totalidad de los pueblos de Aragón y muchos otros lugares para exigir al Gobierno la modificación del proyecto de Plan Hidrológico Nacional (PHN) enviado a las Cortes. Tras una lenta marcha en la Puerta del Sol, el actor zaragozano José Luis Pellicena leía el comunicado contra un plan 'que no contempla la nueva política del agua' . Tras la lectura, el acto público concluyó con miles de personas siguiendo en la Puerta del Sol a José Antonio Labordeta, diputado de la Chunta Aragonesista, mientras entonaba sin música su canción Canto a la Libertad (Marzo 2001)..

LOS REGANTES RECHAZAN LA OFERTA DE MATAS PORQUE NO REDUCE EL VOLUMEN TOTAL DEL TRASVASE: La oferta de Matas de reducir a la mitad el trasvase del Ebro por la vía de detraer unos 500 hectómetros cúbicos de los canales de riego del Delta fue rechazada desde distintos sectores afectados por el proyecto con un mismo argumento: en realidad, no se trata de ninguna modificación del Plan Hidrológico ni de las posiciones del Gobierno, ya que no reduce ni un litro el volumen total de agua a trasvasar (1.050 hectómetros cúbicos) y el agua que cederían los regantes pertenece también al caudal del río. Los regantes precisaron que apoyan las propuestas de CiU y que sólo cederían 400 hectómetros cúbicos de agua siempre que se les garantizaren las obras que reclaman. Las plataformas que se oponen al trasvase en las comarcas del Ebro y los alcaldes contrarios al proyecto expresaron su rechazo a la oferta, que ya había sido formulada por Matas en una visita reciente a Cataluña. Por su parte, las comunidades de regantes del delta del Ebro reiteraron que están dispuestos a ceder como máximo 400 hectómetros cúbicos de agua de sus canales, bajo la condición, además, de que se introduzca en el PHN las obras necesarias para frenar la regresión del delta (Marzo 2001).

TVE EN LOS JUZGADOS: El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Zaragoza ha admitido a trámite la denuncia que el Gobierno de Aragón ha interpuesto contra el ente público RTVE por incumplimiento de las Condiciones Generales de Contratación, al no emitir los anuncios publicitarios de la campaña institucional Aragón quiere compartir . Fuentes del Ejecutivo autónomo informaron de esta decisión y recordaron que RTVE argumentó para rechazar esta campaña que su contenido era "evidentemente político". En el escrito dirigido el pasado 14 de febrero al Juzgado, el Gobierno aragonés solicita que se condene a RTVE a admitir los dos anuncios y a formalizar el correspondiente contrato de difusión publicitaria con el Ejecutivo. En caso de resultar imposible la formalización del contrato de difusión publicitaria de los dos anuncios o haber perdido estos su finalidad, la DGA pide que se condene a RTVE a indemnizar al Gobierno regional con casi 48 millones de pesetas (Marzo 2001).

EL PRECIO DE LOS PACTOS: CIU EVALÚA EN 400.000 MILLONES EL COSTE DE LAS MEJORAS DEL PLAN HIDROLÓGICO PARA CATALUÑA: El coste del Plan Hidrológico (PHN), estimado en casi tres billones de pesetas, se incrementará en 400.000 millones adicionales en inversiones para Cataluña, según el acuerdo alcanzado por CiU y el Ejecutivo de José María Aznar a cambio de que el grupo catalán vote a favor de este proyecto de ley, donde se plantea trasvasar 1.050 hectómetros cúbicos anuales del bajo Ebro hasta Barcelona y el Levante mediterráneo. El acuerdo está plasmado en las 26 enmiendas que presentó CiU a ese proyecto en el Congreso. Entre las mejoras destacan los 75.000 millones que se destinarán a contener la regresión del delta del Ebro mediante la construcción de barreras naturales que impidan la intrusión salina; 150.000 millones para las cuencas internas de Cataluña; 100.000 millones para el Plan de Regadíos y otros 90.000 millones para el Plan Territorial de las tierras del Ebro. El resto de las inversiones pactadas se dedicará a mejoras de regadíos y a infraestructuras de depuración y saneamiento de agua (Abril 2001).

MANIFESTACIÓN EN TORTOSA CONTRA EL APOYO DE CIU: Entre 13.000 y 25.000 personas participan en la manifestación en protesta por el apoyo de CiU al Plan Hidrológico Nacional, aprobado recientemente en el Congreso. Los manifestantes, convocados por la Plataforma para la Defensa del Ebro, recorrieron el centro de Tortosa con el lema 'El pacto PP-CiU nos seca el río', que pretende expresar el malestar de los habitantes del sur de Tarragona hacia la coalición nacionalista. Es la primera protesta que se convoca en las Tierras del Ebro desde que la aprobación del PHN, si bien fuentes de la Plataforma indicaron que 'no será la última, ya que estamos estudiando un corte general de carreteras y una huelga general en estas comarcas' coincidiendo con la probable aprobación del PHN en el Senado. Los manifestantes portaban pancartas alusivas al apoyo que CiU ha prestado al PHN del PP, tachándolo de 'matrimonio de conveniencia'. La manifestación pasó ante la feria ExpoEbre, que se celebra estos días en Tortosa, y donde se encontraban muchos representantes de los principales partidos, ante los que los participantes gritaron 'Fuera traidores' (Mayo 2001).

PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL: DIMISON POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE TORTOSA: El cabeza de lista del PP en el Ayuntamiento de Tortosa, Josep Maria Franquet, anunció que abandona su partido por discrepar de la posición favorable de su grupo al Plan Hidrológico Nacional (PHN), que prevé el trasvase del río Ebro. El concejal, que explicó que abandona el PP «por dignidad» aunque seguirá como edil en el Ayuntamiento, tomó esta decisión después de que su partido rechazara, con el apoyo de CiU, una moción a favor de la Plataforma por la Defensa del Ebro que presentó el grupo PSC-IC en el pleno municipal del pasado lunes, al que Franquet no asistió para evitar votar en contra de esta iniciativa. Esta es la primera dimisión en el PP a raíz del proyecto del PHN presentado por el Gobierno, que está provocando una gran polémica en las Tierras del Ebro, donde algunos militantes y simpatizantes populares y de CiU los dos partidos que apoyan el trasvase han manifestado su apoyo a las reivindicaciones de la Plataforma por la Defensa del Ebro. Asimismo, se han registrado otras destacadas bajas de militantes. En l'Aldea dimitieron el mes pasado hasta 28 militantes del PP por discrepar con el PHN presentado por el Gobierno, uno de ellos, Jordi Gas, es concejal y ahora está en el grupo mixto. CDC también ha sufrido pérdidas de militantes en la región tras el apoyo de CiU al Plan Hidrológico Nacional (Mayo 2001).

LAS NEGATIVAS POPULARES: IMPIDE QUE LOS PRESIDENTES AUTONÓMICOS Y MATAS DEBATAN EN EL SENADO EL PLAN HIDROLÓGICO: El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, no tendrá que comparecer en el Senado para explicar el Plan Hidrológico Nacional hasta después del verano, después de que el PHN esté definitivamente aprobado. Así lo decidió la mayoría del Grupo Popular al rechazar una solicitud, formulada el 14 de diciembre del año pasado, para que el Gobierno explicara el PHN ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas, con presencia de los Gobiernos de las autonomías. Esta Comisión General es un órgano del Senado pensado, precisamente, para encauzar los debates que afectan a las autonomías. Por eso, los presidentes de autonómicos o los consejeros de sus gobiernos que éstos designen son miembros de pleno derecho de la Comisión. Una de sus funciones, definida en el artículo 56-b), es 'informar acerca del contenido autonómico de cualquier iniciativa que haya de ser tramitada en el Senado' y el PHN, según subrayan los senadores firmantes de la petición, está 'cargado de contenido autonómico'. Es, además, en esa Comisión donde está constituida la Ponencia para la Reforma del Senado: una reforma que, en teoría, pretende reforzar su carácter de Cámara territorial (Mayo 2001).

EL SENADO BATE UN NUEVO RECORD DE RAPIDEZ LEGISLATIVA: DESPACHA EN TRES MINUTOS SU DICTAMEN SOBRE EL PLAN HIDROLÓGICO: El Senado despachó en tres minutos su dictamen sobre el Plan Hidrológico Nacional. Los seis senadores que integran la Ponencia encargada de elaborar ese informe apenas tuvieron tiempo de sentarse y levantarse en la mesa de reunión. El anteproyecto del Plan Hidrológico se quedará tal como llegó del Congreso, después que Coalición Caria y CiU lo pactaran con el Gobierno. Los únicos retoques admitidos fueron las correcciones técnicas incorporadas por la letrada de la Cámara alta. Ni una coma más, ni una mínima enmienda procedente de la oposición. El proyecto irá del Senado a La Zarzuela para que lo firme el Rey (Junio 2001).

EL PRESIDENTE DEL CSIC CREE QUE EL EBRO NO TIENE CAUDAL PARA TRASVASAR: Rolf Tarrach, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que rige los designios de 122 instituciones, comparte los criterios de los científicos que se opusieron al Plan Hidrológicon Nacional (PHN) a la hora de considerar que el río Ebro no tiene caudales excedentes para trasvasar a otras cuencas, según asegura en una entrevista a la revista Mètode, de la Universidad de Valencia. Tarrach firmó con el Consell dos convenios para investigar los suelos de la Comunidad. 'No me imagino cómo quieren sacar más de 1.000 hectómetros cada año', se cuestiona Tarrach, un reconocido científico valenciano, en la entrevista de la revista oficial de la universidad en materia de difusión de la investigación. En ella, se le pregunta su opinión sobre el hecho de que los científicos integrantes del Consejo Nacional del Agua votaran en contra del PHN, lo que no hizo reflexionar al Gobierno para sacar adelante sus planes. 'Yo no soy un experto sobre el agua', responde Tarrach en Mètode, 'todo lo que puedo hacer es escuchar a los colegas que saben de eso. Y lo que me dicen los colegas que saben es que el Ebro no da para tantas martingalas y yo, que voy mucho al delta del Ebro, de forma intuitiva estoy de acuerdo con ellos'. Y exclama en broma: '¡Me pondrán en la calle por decir estas cosas!'. El presidente del CSIC hace referencia así a la oposición de cinco científicos que votaron en contra y hasta pidieron la retirada del PHN en el Consejo Nacional del Agua. Amelia Pérez Zabaleta, Andrés Sahuquillo, Lucila Candela, Narcís Prat y Santiago Hernández, todos ellos prestigiosos expertos en la materia, aseguraron en una nota 'que existe un considerable consenso científico en que el PHN, en su forma actual, no logrará el objetivo que persigue y que además puede dar lugar a la mayor destrucción programada de ecosistemas acuáticos que se haya perpetrado en España'. El plan del Gobierno, que según ellos 'carece de la base científica ambiental para garantizar su compatibilidad con la conservación del buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos españoles', se quedó así sin el respaldo de los investigadores, pero salió adelante con los votos mayoritarios de todos los ministerios (en manos del PP), las confederaciones (dependientes del Gobierno), administraciones autonómicas y regantes. Sólo los ecologistas y algunas autonomías se opusieron (Junio 2001).

UN EXPERTO VE 'INÚTIL' EL TRASVASE DEL EBRO POR LA BAJA CALIDAD DEL AGUA Y SU COSTE ECONÓMICO: Los científicos congregados en el seminario El suministro de agua urbano a debate, que se ha celebrado en la Universidad Politécnica de Valencia han coincidido en que las políticas de gestión hídrica han de incidir en el control de la demanda y no en el aumento de la oferta. Entre los más críticos, Antonio Estevan, ingeniero Industrial y consultor ambiental, que arremetió contra el trasvase del Ebro, al que calificó de 'inútil' e 'inviable desde el punto de vista hidrológico, económico y ecológico', sobre todo, por la baja calidad del agua a trasvasar. La ponencia de Estevan fue muy crítica con la aprobación del Plan Hidrológico Nacional (PHN), que a su juicio responde a la pervivencia en España de una cultura del agua obsoleta. 'El Ebro es un río malo', explicó gráficamente en referencia a la calidad de su agua el experto, que entre otros trabajos ha diseñado para el Ministerio del Medio Ambiente un programa de gestión de la demanda para Alicante. 'No tiene sentido trasvasar agua de mala calidad', dijo, 'ya que va a bajar la calidad del agua en el litoral mediterráneo, tanto para el abastecimiento como para los regadíos.

El experto, que aseguró que el PHN no prevé medidas de gestión de la demanda, explicó que el agua del curso bajo del río Ebro tiene unos niveles de conductividad (presencia de sales disueltas de forma natural a lo largo del cauce) que bordea, por exceso o por defecto, los límites de prepotabilidad, con alrededor de 800 miligramos por litro de sales (es decir, 0,8 kilos por metro cúbico). De esta forma, el trasvase supondría aportar a las tierras de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, directamente con riegos o tras su uso para abastecimientos urbanos (que aumentan más la concentración), de casi un millón de toneladas anuales de sales. Y a su juicio con un agravante: 'El transporte no mejora la calidad a no ser que se hagan costosísimas inversiones, que no están previstas en el plan hidrológico'. Y apuntó que la construcción de una gigantesca balsa (2.000 hectáreas) que ha estudiado el ministerio para mejorar algunos parámetros de calidad del trasvase no rebajaría la proporción de sales puesto que se aumentaría la evaporación, elevando la concentración a la vez que se pierden caudales (Junio 2001).

EL ORGANISMO INTERNACIONAL QUE PROTEGE LOS HUMEDALES RECHAZA EL PLAN HIDROLÓGICO: Un informe de la Convención Ramsar, la organización internacional encargada de velar por la protección de los humedales de los 123 países que han suscrito el convenio, entre ellos España, cuestiona la viabilidad del Plan Hidrológico Nacional (PHN) por sus efectos geológicos y ambientales en el Delta del Ebro. El informe concluye que el trasvase del Ebro y los proyectos previstos en el plan tendrían consecuencias 'irreversibles', como la regresión del delta, la salinización de su acuífero y daños en la fauna y la flora. Los máximos responsables de esta organización en Europa aseguran que el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno catalán han intentado frenar durante ocho meses la publicación del informe. Una misión de asesoramiento de la Convención Ramsar visitó el delta del Ebro el pasado mes de septiembre para conocer in situ la situación de este humedal. Desde su despacho en Suiza, Tobbias Salathé, coordinador en Europa de Ramsar, no sale de su asombro cuando se refiere a la fecha de publicación del informe que la Misión Ramsar llevó a cabo en el delta del Ebro. 'Durante meses y meses, Madrid y la Generalitat no querían que lo publicásemos, pero ahora ya se ha hecho'. Tanto el Gobierno como la Generalitat, en calidad de Administración que gestiona el Parque Natural del Delta del Ebro, disponían del estudio para su revisión, e incluso dos miembros de las Administraciones colaboraron en su redacción. Pero, el trabajo, concluido el pasado 31 de diciembre, no ha sido publicado en Internet hasta hace unos días. Los científicos de Ramsar recalaron inicialmente en el delta del Ebro para estudiar sobre el terreno las denuncias de la organización ecologista SEO-Birdlife sobre agresiones urbanísticas y ambientales así como aspectos de la gestión del Parque Natural. Pero sus miembros comprobaron después que la principal amenaza eran las consecuencias del Plan Hidrológico. El informe Ramsar desautoriza abiertamente las tesis del ministerio que encabeza Jaume Matas en lo que se refiere a la valoración de los efectos ambientales que podría tener en el ecosistema del delta del Ebro un trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos anuales de agua. 'La aplicación del PHN, tal como se ha dado a conocer, podría tener un severo impacto sobre el delta, pese a que en el análisis ambiental incluido en el proyecto se afirma que el trasvase tendrá impactos mínimos para la conservación de los valores del delta', sostienen en el informe los miembros de Ramsar, quienes califican de 'demasiado genérico y teórico' dicho análisis. El informe advierte además que estas consideraciones incluidas en el proyecto podrían 'socavar seriamente la credibilidad internacional del análisis ambiental del PHN'.El delta del Ebro es uno de los más de mil humedales catalogados por la Convención. La ciudad iraní de Ramsar dio nombre al tratado intergubernamental firmado por 123 países de todo el mundo que cuentan en su territorio con humedales de interés ambiental. Se trata de uno de los organismos con mayor autoridad científica en la materia y su cometido es fomentar políticas de conservación y uso racional de los humedales. Fundado el 1971, España se adhirió en 1982, comprometiéndose con ello a aplicar los principios de la Convención (Septiembre 2001).

LA COMISIÓN EUROPEA EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR EL PLAN HIDROLÓGICO: La Comisión Europea ha enviado una carta el pasado 2 de Julio a los responsables del Ministerio de Medio ambiente exigiendo información precisa sobre las obras previstas en el Plan Hidrológico Nacional. Bruselas quiere saber si España cumple la normativa comunitaria en materia de medioambiente y si aplica correctamente la nueva directiva sobre agua. La Comisión Europea (CE) está preocupada por el diseño del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y asegura que no habrá ayudas hasta que el Gobierno aclare una serie de cuestiones. En la carta que los servicios de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea enviaron al Gobierno se exige información concreta sobre el proyecto de construcción del trasvase del Ebro y otras obras previstas en el plan. Los servicios de la comisaria europea Margot Wallströn pidieron en la carta al Ministerio de Medio Ambiente una evaluación global del impacto medioambiental del PHN, en lugar de proyecto a proyecto como se ha hecho. En Bruselas siguen esperando una respuesta de Madrid. La Comisión Europea muestra en la carta de cinco páginas dirigida al director general de Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas, José María Piñero, su preocupación por la compatibilidad del proyecto aprobado el pasado mes de junio por el Parlamento con la normativa comunitaria. 'Es importante que el proyecto cumpla todas las disposiciones de la legislación europea', insistió la portavoz. 'Si no, se tendrán que modificar algunas cuestiones para poder recibir subvenciones', agregó. La carta es más directa y da varios toques de atención. 'El proyecto es sumamente ambicioso y tendrá como consecuencia un impacto significativo sobre la gestión de los recursos hídricos en el país y el desarrollo económico de algunas regiones de España', afirma la carta, firmada por el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, James Currie. Tras un estudio preliminar, los expertos de la CE calculan que el plan puede afectar a entre 60 y 70 espacios protegidos integrados en la red Natura 2000. Bruselas señala que es necesario que se respete en este sentido la legislación europea de protección de aves y hábitats naturales, fauna y flora.Lo que más preocupa a Bruselas es el impacto en la fauna y flora del delta del Ebro del sistema de captación de agua necesario para realizar el trasvase hacia el litoral mediterráneo. 'Producirá una importante intrusión de agua marina aguas arriba', afirma la carta, que exige a las autoridades españolas que 'dado el valor faunístico único del delta es esencial que se proporcione a esta zona la máxima protección'.También se denuncia el uso 'claramente ineficiente' que se hace del agua destinada al sector agrícola, que supone el 80% del uso total de los recursos hídricos en el país. Por eso se pide que se describa con más claridad la interacción con el Plan Nacional de Regadíos (PNR), particularmente en las regiones receptoras de trasvases de agua. La Comisión Europea concluye recordando al Gobierno que la directiva marco sobre el agua obliga a todos los Estados miembros a realizar una gestión y protección de los recursos hídricos (Septiembre 2001).

MILES DE ESPAÑOLES SE MANIFIESTAN EN BRUSELAS CONTRA EL TRASVASE DEL EBRO: Varios miles de personas, en su mayoría aragoneses y catalanes, se manifestaron en Bruselas, bajo una intensa lluvia, para protestar contra el Plan Hidrológico Nacional y pedir a la Comisión Europea que no financie las obras de un centenar de embalses y el trasvase del Ebro hacia el sureste español, porque a su juicio eso viola las directivas medioambientales europeas. Los eslóganes 'Europa, ayúdanos a salvar el Ebro', 'el río es vida', 'ni un euro para el trasvase' y la canción, modificada para la ocasión, de 'Ay, Carmela', fueron coreados por los miles de integrantes de la Marcha Azul para llevar a la capital de las instituciones comunitarias su reivindicación, después de haber recorrido unos 1.500 kilómetros desde el Delta del Ebro, pasando por suelo francés, alemán y holandés. El objetivo de esa movilización pacífica y de carácter pedagógico, que tuvo su origen hace un año con motivo de la elaboración del Plan Hidrológico Nacional, ha sido difundir una nueva cultura sobre el uso del agua.Entre los participantes se encontraban el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares; el eurodiputado socialista José María Mendiluce; el ex ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch y el diputado de la Chunta Aragonesista en el Congreso, José Antonio Labordeta.Los organizadores de la Marcha Azul aseguran que el PHN viola 'flagrantemente' la legislación comunitaria al orientar la gestión del agua hacia la oferta, descuidando la protección del medio ambiente. Por eso piden a la UE que no atienda la demanda del Gobierno español para que se financie con fondos comunitarios un tercio del proyecto (Septiembre 2001).

MILES DE ARAGONESES, CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO: La Fiesta del Agua moviliza en Zaragoza a cientos de miles de aragoneses -más de 200.000 según los organizadores- que abarrotaron la plaza del Pilar para reiterar su oposición al Plan Hidrológico Nacional (PHN), que contempla el trasvase del Ebro. Bajo la pancarta única 'Aragón, agua y futuro', los convocantes -sindicatos y empresarios- lograron mantener viva la llama de una protesta en la que el mensaje es que, a pesar de que la ley del PHN está aprobada, todavía quedan instrumentos democráticos para defender la oposición al texto. En la plaza estaban el presidente y el vicepresidente de la comunidad aragonesa, todos los partidos políticos menos el PP, las organizaciones agrarias y sindicales, la Plataforma de Defensa del Ebro y representantes de las Cortes Aragonesas. La escritora Soledad Puertolas leyó el manifiesto, en el que se recuerda que más de un millón y medio de personas 'de Aragón, Cataluña y de otras comunidades' han salido ya a la calle hasta en seis ocasiones para manifestar su rechazo a esa ley. 'Aragón ganará este combate', aseguró (Octubre 2001).

EL GOBIERNO, EL PHN Y LA UE: El Gobierno ha lanzado un ataque sin precedentes en la Unión Europea contra un funcionario. El ministro de Exteriores, Josep Piqué, envió una carta al vicepresidente de la Comisión Europea, Neil Kinnock, en la que cuestiona la actuación del director ejecutivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), Domingo Jiménez Beltrán, por difundir un informe en el que critica la viabilidad del Plan Hidrológico Nacional. Se da la circunstancia de que el Ministerio de Medio Ambiente le había pedido a Jiménez Beltrán que, como experto, le presentara su posición. Pero el Gobierno español no la consideró como válida y evitó su publicación, igual que otras críticas a la viabilidad medioambiental del proyecto. Jiménez Beltrán consideró que los informes sufragados con fondos públicos debían ser puestos en conocimiento de los ciudadanos. 'He de manifestarle la sorpresa que ha causado al Gobierno español el uso de la página web de la Agencia Europea de Medio Ambiente para la divulgación de un informe sobre el PHN realizado por el director ejecutivo de la Agencia a título personal', dice la carta enviada a Kinnock el 3 de abril. 'Resulta evidente que la inclusión en su página web otorga a dicho informe una relevancia singular que rebasa lo personal e induce a confusión a la opinión pública española sobre una eventual toma de posición de la Agencia o de la propia Comisión en relación con el Plan', añade. El Gobierno español concluye el escrito sugiriendo medidas contra Jiménez Beltrán. 'Pongo este hecho a su conocimiento por si estima oportuno corregir esta situación', apostilla. Tras una investigación 'a fondo', la comisaria de Medio Ambiente, Margot Wällstrom, aclaraba al Gobierno español, el 12 de julio, que 'no ha habido infracción de las normas que rigen la conducta de los funcionarios europeos' y explicaba que, 'por razones de transparencia', la Agencia publica ocasionalmente en su web documentos redactados por su director a título personal y que están claramente diferenciados de los oficiales. Subrayaba asimismo que la Agencia es un organismo 'jurídicamente autónomo' (Noviembre 2001).

 

UN TOTAL DE 136 GRUPOS ECOLOGISTAS EUROPEOS EXIGEN A AZNAR LA REVISIÓN DEL PHN: La Oficina Europea para el Medio Ambiente (EEB), integrada por 136 organizaciones ecologistas, pide que durante el semestre de presidencia española de la Unión Europea (UE) se revise el plan hidrológico nacional (PHN) como una de sus prioridades en materia de aguas. El EEB ha incluido esta demanda entre sus diez prioridades medioambientales debido a «la enorme escala del proyecto, los fondos europeos que han sido solicitados o lo serán en breve y la extensa oposición al plan, tanto nacional como internacional». La revisión del plan se considera por estas organizaciones como una prueba que demostraría si España y la Unión Europea «están verdaderamente comprometidas con el desarrollo sostenible y la conservación de la naturaleza». Asimismo, la entidad presentó un documento a la presidencia española de la Unión con las diez prioridades en materia de medio ambiente, entre las que destacan la política de desarrollo sostenible, el cambio climático, la responsabilidad medioambiental y el proceso de ampliación de la UE. La EEB considera muy importante la cumbre de la presidencia española en Barcelona para alcanzar algún progreso en el desarrollo sostenible en Europa, así como al proceso europeo para la ratificación del Protocolo de Kioto (1997). Con respecto a la directiva sobre responsabilidad medioambiental, la EEB demanda que se amplíe y se modifique la obligación de aportar pruebas del delito y un seguro obligatorio para cualquier actividad que afecte al medio ambiente. En materia de residuos, piden que se introduzcan definiciones claras y requisitos más estrictos para envases que no perjudiquen al medio ambiente (Enero 2002).

MANIFESTACIÓN CONTRA EL PHN: La Plataforma en Defensa del Ebro reúne a 25.000 personas en la localidad tarraconense de Deltebre en una manifestación contra el trasvase. A la marcha acudieron cargos electos de los partidos PSC, ERC e IC-V. Los contrarios al trasvase llevarán su protesta a Barcelona el 10 de marzo en vísperas de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se celebrará en la capital catalana (Febrero 2002).

LA EUROCÁMARA CENSURA EL PLAN HIDROLÓGICO Y PIDE QUE NO SE FINANCIE CON FONDOS EUROPEOS: La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo no quiere fondos comunitarios para el Plan Hidrológico Nacional español (PHN). Los eurodiputados de esta comisión votaron a favor, por un estrecho margen, de pedir a la Comisión Europea que así lo considere. Si la propuesta supera la votación en el próximo plenario, ésta se llevaría a la cumbre europea de Barcelona, que se celebrará a mediados de marzo, dejando en muy mal lugar a España, país que preside la Unión Europea este semestre.

Aunque la resolución de la Eurocámara no es vinculante, el PP, que hasta el último momento intentó recabar votos en contra de la propuesta, consideró lamentable que se presione a la Comisión Europea sobre un plan que está en pleno proceso y cuya opinión debe ser meramente técnica. El presupuesto aproximado del PHN ronda el billón de pesetas (6.010 millones de euros) y los fondos comunitarios podrían afrontar hasta el 80% de los costes.

Dicha propuesta se contiene en una enmienda presentada por varios grupos políticos El resultado de la votación fue de 29 votos a favor y 28 en contra. La alianza de cinco partidos es la que ha hecho posible que salga adelante en una Eurocámara dominada por el Partido Popular. Este veto a la financiación comunitaria del Plan Hidrológico se incluiría en la resolución sobre Desarrollo Sostenible que se analizará en Barcelona.

La enmienda hace constar la preocupación de la Eurocámara sobre 'el Plan Hidrológico Nacional español (...), ya que no trata la cuestión de la utilización sostenible del agua mediante mecanismos de precio y otras medidas de conservación del agua, y pide a la Comisión Europea que, por estas razones, no proporcione ayuda de la UE para estos proyectos de trasvase'. Recuerda también que el PHN 'incluye propuestas de construir hasta 118 nuevos pantanos y extensas estructuras de regadíos'. A pesar de que la opinión parlamentaria no sea vinculante, lo cierto es que el Parlamento Europeo siempre tiene el poder de bloquear un presupuesto determinado e incluso el presupuesto global de la UE (Febrero 2002).

MASIVA PROTESTA EN BARCELONA CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO: Ocho meses después de que el Senado aprobara el Plan Hidrológico Nacional (PHN) que prevé el trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos de agua del Ebro al sur de España y Barcelona, una multitudinaria manifestación en el centro de la capital catalana exigió de nuevo su retirada. Y, particularmente, pidió a la Comisión Europea que no financie las obras del trasvase. Los organizadores cifraron la asistencia en 400.000 manifestantes, mientras la guardia urbana los dejaba en 150.000. Eran más que en la marcha celebrada en Barcelona en febrero de 2001. Además, en Zaragoza se manifestaron otras 40.000 personas por el mismo motivo. 'Estamos pendientes de Europa', afirmó el portavoz de la Plataforma para la Defensa del Ebro, Manolo Tomás. Y luego, dirigiéndose al presidente de la Comisión Europea y a los comisarios europeos de Política Regional, de Agricultura, y de Medio Ambiente, agregó:' Señor Prodi, señor Barnier, señor Fishler, señora Walström: hagan creíble a la Unión Europea, apliquen sus directivas, y no financien los trasvases'. Esta petición, formulada frente a la catedral de Barcelona ante una marea de decenas de miles de manifestantes, resumió la pretensión de quienes llevan 18 meses de lucha contra el Plan Hidrológico. La manifestación demostró que el rechazo al PHN y al trasvase del Ebro siguen siendo una causa popular en Aragón y Cataluña, pese a la fuerte presión y los medios propagandísticos puestos en juego por el Gobierno y los de las comunidades autónomas de Murcia, Valencia y Cataluña. La cola de la manifestación salió del punto de partida dos horas después de comenzada la marcha. Los miles de pancartas y carteles contra el PHN, el trasvase del Ebro, los proyectados pantanos de Biscarrués y Santa Liestra y el recrecimiento de la presa de Yesa, los eslóganes contra Aznar, el PP, Pujol y CiU no impidieron que tuviera un marcado tono lúdico y festivo (Marzo 2002).

LOS CIENTÍFICOS TACHAN DE "IRRACIONAL" EL TRASVASE DEL EBRO: La comunidad científica ha ratificado una condena sin paliativos al Plan Hidrológico Nacional y al trasvase del Ebro con calificativos como "irracional" e "insostenible". Así se expresaron los más de 30 científicos participantes en las jornadas científicas Del Ebro al Segura: planificación hidrológica y sostenibilidad, celebradas en Tortosa. Las conclusiones de las jornadas, organizadas por la Plataforma para la Defensa del Ebro y la Fundación Nueva Cultura del Agua, además de rechazar el trasvase por sus consecuencias ambientales, económicas y sociales, tanto en la cuenca cedente como en la receptora, aluden a la necesidad de naturalizar los cauces y procesos fluviales modificando radicalmente el modelo de gestión del tramo final del Ebro, para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas y la salubridad del agua (Marzo 2002).

MILES DE PERSONAS SE CONCENTRAN CONTRA EL TRASVASE DEL EBRO: Varios miles de personas se concentran en Ejea de los Caballeros en un acto reivindicativo organizado por el Ayuntamiento en contra del trasvase de agua del Ebro a otras cuencas y a favor del recrecimiento del embalse de Yesa y de las obras del Pacto del Agua. La manifestación, llevada a cabo dentro de la tradicional Fiesta del Agua, congregó a miles de vecinos de Ejea y de otras localidades de la comarca. Entre los asistentes estuvo el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias (Abril 2002).

GREENPEACE AFIRMA QUE CON EL TRASVASE DEL EBRO SE REGARÁN 66 CAMPOS DE GOLF: Greenpeace denuncia que el agua que transportará el trasvase del Ebro que integra el Plan Hidrológico Nacional (PHN) será utilizada en el mantenimiento de los múltiples campos de golf que se proyectan en las cuencas deficitarias que recibirán el agua. Los ecologistas han contado hasta 66 nuevos proyectos, 'la mayoría rodeados de complejos hoteleros y residenciales'. Según sus cuentas, hay planes para construir 34 campos golf en la provincia de Murcia, 24 en Alicante, 5 en Valencia y 3 en la de Castellón, todas destinatarias del trasvase, diseñado para trasladar 1.050 hectómetros anuales desde el río hasta Cataluña y las cuencas del Júcar, del Segura y del Sur. Según Greenpeace, sólo el césped de esos 66 campos de golf supondrá un consumo de casi 50 hectómetros al año, cifra a la que hay que sumar el consumo de las decenas de complejos hoteleros y residenciales que 'que duplicarán la población' en muchos municipios costeros, según Greenpeace. El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, rechazó que el destino del agua del Ebro sea los campos de golf ya que, según afirmó, éstos tienen sus propios planes de autoabastecimiento. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Juan Cánovas, dijo que las denuncias de Greenpeace son 'especulaciones gratuitas' (Abril 2002).

NUEVAS PROTESTAS CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO: El día de san Jorge, fiesta de Aragón, Cien mil personas, según datos de los organizadores, volvieron a inundar la plaza del Pilar de Zaragoza para decir no al Plan Hidrológico Nacional (PHN) y al trasvase del Ebro. Y eso a pesar de que la convocatoria no había tenido el apoyo de los sindicatos, ni de la Mesa del Agua, que se distanciaban del Ejecutivo autónomo por sus decisiones en materia educativa. A pesar de ello, la protesta fue un rotundo éxito.Miles de aragoneses se volvieron a reunir en torno al manifiesto que leyó, como en octubre de 2000 el periodista Luis del Val, en el que se reivindicaban las razones de una 'tierra diversa que busca su futuro en un desarrollo armónico que el PHN frustra' (Abril 2002).

LA COMISIÓN EUROPEA PIDE MÁS INFORMACIÓN A ESPAÑA SOBRE EL PLAN HIDROLÓGICO: La comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallström, comunicó al final de la cumbre informal de ministros de su área que se ha celebrado en Mallorca, que la Comisión ha pedido por carta al Gobierno de Aznar más información ('preguntas adicionales' y 'respuestas complementarias', dijo), sobre el Plan Hidrológico Nacional (PHN), por 'su gran escala y el gran interrogante de las transferencias de agua que contempla'.

Wallström desveló el requerimiento al ser interrogada sobre si estaba a favor de conceder a España fondos estructurales para financiar el plan. Poco minutos antes, en la misma rueda de prensa, Matas había dicho que la cuestión del PHN no había sido tratada en la reunión.

Wallströn afirma que España, con el PHN, 'tiene un reto difícil, de siglos', pero rechaza que la UE se sitúe ante 'un sí o un no a todo el plan', sino que es preciso el análisis de sus 300 proyectos por 'si se ajustan a la legislación medioambiental existente'. En dos meses el ministerio de Medio Ambiente debe responder a la comisión. El desarrollo de nuevas infraestructuras hidráulicas debería ser congruente con la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que en el marco europeo, según la autoridad comunitaria, 'es un principio básico que lo rige todo (...) Hay que analizar paso a paso los impactos ambientales y decidir en función de los resultados'.

En la carta, firmada por la nueva directora general de Medio Ambiente, Catherine Day, la Comisión no entiende cómo la evaluación se ha hecho después de haberse aprobado el plan, cuando el orden debería haber sido el inverso. Tampoco prevé, según la Comisión, medidas compensatorias de los impactos ambientales. La información sobre los recursos hídricos no va más allá del periodo 1940-1995, ni recoge el impacto del cambio climático en un escenario superior a los 50 años, ni las proyecciones de la demanda de agua para los próximos 30. Con la información facilitada hasta ahora, la Comisión no considera suficientemente justificada la cifra de 1.050 hectómetros cúbicos para trasvasar, en función del consumo actual del agua en las zonas receptoras. En cuanto al análisis económico, la Comisión cuestiona si el precio del metro cúbico se doblaría a 100 pesetas en caso de que un año se trasvasara la mitad (Mayo 2002).

POR TERCER AÑO, DECENAS DE MILES CONTRA EL TRASVASE DEL EBRO: Unas 200.000 personas, según los convocantes UGT y CC OO, y 20.000, según fuentes policiales, se concentraron en la plaza del Pilar de Zaragoza contra el trasvase del Ebro y el Plan Hidrológico Nacional. Es el tercer año que los aragoneses han sido convocados para rechazar el plan, en un acto en el que participaron el presidente de la comunidad, Marcelino Iglesias, junto a líderes de todos los partidos políticos, a excepción del PP (Octubre 2002).

¿PROBLEMAS DE PAREJA? AZNAR NIEGA A PUJOL EL TRASVASE DE AGUA DEL RÓDANO PARA CATALUÑA

José María Aznar, arroja un jarro de agua fría sobre sus aliados de Convergència i Unió (CiU) al rechazar un posible trasvase de agua del Ródano a Cataluña, uno de los requisitos que los nacionalistas catalanes imponen al Partido Popular para apoyar el Plan Hidrológico Nacional (PHN). Aznar, que clausuró unas jornadas empresariales en Vimbodí (Tarragona), aseguró que no existe ninguna alternativa al proyecto de su Gobierno, juzgó incomprensible el rechazo que en Cataluña provoca el PHN y rebajó sustancialmente el volumen de la inversión que Jordi Pujol pide para las comarcas del Ebro como compensación. Una sola frase del presidente del Gobierno echó por tierra el principal argumento que los nacionalistas utilizan para apoyar el PHN: una reducción del volumen de agua a trasvasar del río Ebro a cambio de estudiar la alternativa del Ródano para abastecer las cuencas internas de Cataluña. 'No tenemos por qué tener dependencias hidrológicas de nadie; tenemos recursos hídricos suficientes', afirmó José María Aznar, para desesperación del consejero de Economía catalán, Francesc Homs, presente en la sala de conferencias. No fue el único revés que se llevaron los nacionalistas. Aznar rebajó sustancialmente la cifra de inversión que CiU ha reclamado para las comarcas del Ebro como medida compensatoria al trasvase. Jordi Pujol ha pedido casi 400.000 millones de pesetas. Aznar tan sólo se comprometió a destinar 75.000 millones de pesetas (Marzo 2001).

MEDIO AMBIENTE GASTARÁ 7.000 MILLONES EN PUBLICIDAD EN DOS AÑOS

El Ministerio de Medio Ambiente, que dirige Jaume Matas, tiene previsto preadjudicar un concurso para una contratación de campaña publicitaria sin precedentes en la Administración española: 6.940 millones de pesetas y un periodo que abarca lo que queda de año, 2002 y 2003. Su diseño partió del despacho de Javier Mato, ex jefe del gabinete del ministro Matas e imputado en el caso Formentera por su intervención en la presunta captación fraudulenta de votos de emigrantes en las elecciones de Baleares cuando Matas era presidente. El concurso, cuya adjudicación ha sido aplazada en tres ocasiones, tiene dos partes: la primera, destinada a la producción de la campaña publicitaria de estrategia sobre desarrollo sostenible, valorada en 1.980 millones de pesetas; la segunda, de 4.960 millones, dirigida a la compra de soportes publicitarios en periódicos, revistas, televisiones, aeropuertos, campos de fútbol, trenes, taxis, vallas y cines.

La convocatoria, publicada en el BOE del pasado 15 de marzo, generó un gran revuelo en el sector publicitario, poco acostumbrado a manejar cifras tan altas entre clientes institucionales. Sólo la Dirección General de Tráfico emplea sumas de dinero muy elevadas, unos 2.000 millones al año, para sus campañas anuales sobre seguridad vial en vísperas de desplazamientos automovilísticos masivos. En los Presupuestos de 1997, la entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, destinó 700 millones de pesetas para publicidad, que no fueron gastados.

Otro aspecto insólito es el gasto asignado a la producción, 2.000 millones. Los publicitarios consultados no recuerdan una partida similar para producir una campaña, ni siquiera alguna de las más caras, como fue una de la ONCE en la que intervenían decenas de extras. 'Es un importe altísimo, desorbitado, con el que se puede hacer una superproducción cinematográfica', añade otro publicista.

El concurso está repleto de singularidades. Admite la subcontratación. Pero en ningún caso, salvo en éste, el pliego de condiciones indica expresamente la relación de medios en los que aparecerá la campaña sobre la eficiencia energética, el impacto del transporte, la agricultura, el turismo sostenible, la biodiversidad y el uso de los recursos naturales, como la minería o el agua. 'La selección de soportes siempre corre a cargo de las centrales de medios. Nunca la compra de espacios es objeto de un concurso. Y aunque sea una campaña dirigida a toda la ciudadanía, insertarla en todos los medios sin discriminación es malgastar el dinero, porque los mensajes se duplicarán', asegura una especialista del sector. Esa relación exhaustiva de soportes incluye todos los medios generalistas y publicaciones tan ajenas en principio a los asuntos de medio ambiente como Estadio Deportivo, Supertele, Cocina Fácil, Cuerpo de Mujer, Hobby Consolas, Mi Bebé y Yo, Play Boy y Speak-Up.

El pliego de cláusulas de este concurso fue dirigido por Javier Mato cuando era jefe de gabinete del ministro Jaume Matas. Mato está imputado en el caso Formentara por la presunta captación ilegal de votos de emigrantes en las últimas elecciones autonómicas en Baleares, que perdió Matas. La fecha límite para la apertura de plicas y la calificación de los aspirantes al concurso expiraba el pasado 7 de mayo. Dos días después dimitió Javier Mato. El plazo se amplió hasta el 31 de mayo. Tampoco se celebró en esa fecha.

Entre los aspirantes al concurso se sospecha que tanto aplazamiento, inédito en un concurso abierto, se debe al propósito de negociar un acuerdo entre los candidatos mejor situados, uno de los cuales podría ser Mato a través de sociedades interpuestas. Desde el ministerio restan crédito a estas interpretaciones y desmienten que Mato o el despacho Garrigues & Andersen -donde trabajó la letrada Irene Chamorro, que ha participado en la redacción del pliego de condiciones- tengan nada que ver en la resolución del concurso (Julio 2001).

ESPAÑA HA AUMENTADO YA SUS EMISIONES EN UN 23%, CASI EL DOBLE DE LO ESTIPULADO POR LA UNIÓN EUROPEA

En el reparto interno en la UE de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero acordada en Kioto, a España se le consiente aumentar hasta un 15% las suyas en el plazo 2008-2009, respecto al nivel de 1990. Sin embargo, la cifra oficial de emisiones brutas en 1999 (último año para el que existen datos), es del 23%. Los ecologistas calculan que las emisiones están ya en torno al 29% por encima de las del año base del acuerdo. Pese a este panorama, el Gobierno no tiene aún elaborado una Estrategia Nacional del Clima para controlar las emisiones que prometió la anterior ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, en 1998.

Mientras tanto, el Ministerio de Medio Ambiente se vuelca en las negociaciones internacionales a través de la UE -en este semestre forma parte de la troica comunitaria- pero no destaca su actuación en el ámbito nacional, pese a la recién creada Oficina del Clima. Una de sus deficiencias más notóricas es la sensibilización social acerca del problema del cambio climático, pese a que España, dada la cantidad de costas que tiene, la aridez de gran parte de su territorio y la sensibilidad de sectores claves como el turismo, será uno de los países más afectados de Europa por el calentamiento global, según todos los estudios de predicción realizados (Julio 2001).

ESPAÑA REGISTRA EL MAYOR AUMENTO DE EMISIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA UE

España es el país de la UE que más ha aumentado porcentualmente sus emisiones de gases de efecto invernadero, con un 23,2% en 1999 respecto a 1990, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Otros estudios indican que el incremento roza ya el 30%, y para cumplir el Protocolo de Kioto las emisiones españolas no podrán crecer más del 15% en 2008-2012. Además, España carece de un plan estratégico para hacer frente al cambio climático.

La UE, que ha asumido un papel de liderazgo internacional en las negociaciones del clima, es responsable de un 24,2% de las emisiones mundiales y ha reducido ya un 4% entre 1990 y 1999, lo que supone la mitad de su compromiso en el Protocolo de Kioto. Pero eso ha sido gracias la notable disminución de emisiones lograda, sobre todo, en Alemania y en el Reino Unido. España, según destaca la Agencia Europea de Medio Ambiente en un informe hecho público la semana pasada, está entre los países 'con tendencia a exceder sustancialmente su parte acordada de emisiones permitidas para la UE'.

En España, Germán Glaría, director general de Calidad y Evaluación Ambiental, de quien depende la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, anunció la semana pasada que se habían iniciado los trámites administrativos para dicha ratificación en el Parlamento. Sin embargo, España no tiene planes definidos para cumplir la limitación de emisiones que establece el Protocolo ni para hacer frente al cambio climático y a sus impactos, pese a ser una de las regiones europeas más afectadas.

La Estrategia Nacional del Clima, anunciada en 1998 por la ministra del Medio Ambiente del anterior Gobierno Aznar, Isabel Tocino, sigue pendiente y sin fechas. De momento, la Oficina del Clima ha anunciado un próximo decreto ley de reforma del Consejo Nacional del Clima, en el que ahora sólo están las instituciones. La última reunión del pleno de dicho Consejo se celebró el 19 de enero de 1999. Desde entonces se han celebrado tres COP (Octubre 2001).

EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE NO REÚNE A SU CONSEJO ASESOR DESDE 1997

Hace cuatro años (desde el 11 de septiembre de 1997) que no se reúne el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA). Según el real decreto que regula el funcionamiento del organismo, éste debe reunirse al menos una vez cada trimestre. El Consejo está formado por 46 personas que representan a las principales asociaciones ecologistas, sindicales, de consumidores, empresariales, al Consejo de la Juventud, a la Administración y a expertos y científicos. Los ecologistas han denunciado al ministro Jaume Matas ante el Defensor del Pueblo por la falta de convocatorias.

La denuncia ha sido redactada por Ecologistas en Acción, Greenpeace, Adena / WWF y SEO / BirdLife, cuatro de las organizaciones presentes en el Consejo. 'Con la falta de convocatorias, además de incumplir el Real Decreto 224/1994, se impide el ejercicio de los derechos de participación social y de protección del medio ambiente', afirmó Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción. Alejandro Sánchez, de SEO / BirdLife, resalta que un proyecto 'importantísimo, como el Plan Hidrológico Nacional, tendría que haber pasado por el Consejo y no ha pasado'. 'La Estrategia para un Desarrollo Sostenible tampoco pasará', añadió. Para Sánchez, 'acudir al Defensor del Pueblo es la oportunidad para que llamen la atención a Matas'. Greenpeace recuerda que el Consejo Nacional del Clima tampoco se reúne desde enero de 1999.

Los ecologistas también se han dirigido a la comisaria europea de Medio Ambiente, la sueca Margot Wallström, 'para informarle de la falta de participación en cuestiones ambientales que se está produciendo en España' (Noviembre 2001).

ESPAÑA ES EL PAÍS DE LA UE MÁS ALEJADO DE CUMPLIR CON KIOTO

Según cálculos de proyección de tendencias presentados por Jos Delbeke, responsable de Cambio Climático de la Comisión Europea, en un seminario internacional organizado por la Fundación Gas Natural y el Ministerio de Medio Ambiente, España es el país de la UE más alejado del cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero fijados en el Protocolo de Kioto. Delbeke advirtió que, aunque las emisiones europeas han bajado ya un 4% respecto al año base (1990), no se podrá cumplir el objetivo estipulado para la UE en el protocolo de Kioto (una reducción del 8% en 2008-0012) a menos que se tomen medidas adicionales. "Todos los países tienen que contribuir al objetivo según el acuerdo de distribución de la carga [reducción de la contaminación que provoca el cambio climático]", recordó. España, seguida muy de cerca por Irlanda y Dinamarca, encabeza la lista de países más alejados de cumplir Kioto al calcular, para 1999, la desviación de las emisiones de cada país a la trayectoria lineal que deberían seguir para alcanzar los objetivos. Luxemburgo, Alemania y el Reino Unido (estos dos últimos países son especialmente importantes por el volumen de sus emisiones) destacan como los mejor situados en la lista de cumplimiento (Noviembre 2001).

MEDIO AMBIENTE NO HA APROBADO NI UNO DE LOS 12 PLANES DE BIODIVERSIDAD QUE PROMETIÓ

El Gobierno ha incumplido todos los compromisos que se fijó en la Estrategia de Biodiversidad, aprobada por consenso en diciembre de 1998. Ninguno de los 12 planes sectoriales contenidos en esta importante estrategia se ha aprobado, pese a que ha expirado el plazo de tres años que el propio Ministerio de Medio Ambiente se fijó para cumplir este objetivo inspirado en la Cumbre de Río. La Estrategia de Biodiversidad arranca de los convenios internacionales firmados en la Conferencia de Río de 1992 sobre Desarrollo Sostenible y Conservación de la Diversidad Biológica, y comprometían a los países ratificantes a desarrollar estrategias y planes en sus territorios.

El Gobierno l puso en marcha la suya, con el objetivo de preservar la biodiversidad y evitar la degradación medioabiental, durante la etapa de Isabel Tocino al frente del Ministerio de Medio Ambiente. El auditorio de Madrid acogió la aprobación de la Estrategia de la Biodiversidad con un recital de zarzuela al que acudieron representantes de investigadores, sindicalistas, patronal, funcionarios de todas las administraciones y ecologistas que habían participado en su elaboración. Tres años después de aquella fiesta ninguno de los 12 planes sectoriales ha sido aprobado y ello pese a que tenían que regular áreas tan importantes como: la agraria, forestal, de pesca y acuicultura, cinegético y piscícola, energético, turístico, industrial, planificación territorial, transporte, política hidrológica, sanidad y comercial (Diciembre 2001).

EL CONSTITUCIONAL PERMITE A BALEARES COBRAR A LOS TURISTAS LA 'ECOTASA' RECURRIDA POR EL GOBIERNO

El Tribunal Constitucional ha dado inicialmente la razón al Gobierno de Baleares, presidido por el socialista Francesc Antich, y ha rechazado las tesis del Ejecutivo de José María Aznar después de que éste recurriera para lograr la suspensión cautelar de la ecotasa. A falta del fallo sobre la constitucionalidad de la tasa, el impuesto sobre estancias turísticas, un tributo con fines medioambientales, podrá aplicarse ya, gravando una media de un euro por turista y noche de estancia hotelera.

Como se recordará, el Gobierno central -alentado por el ministro de Medio Ambiente y ex presidente balear, Jaume Matas, y por los hoteleros- había reclamado ante el Constitucional la suspensión de la aplicación del novedoso impuesto que la alianza de izquierdas y nacionalista que preside Francesc Antich, del PSOE, aprobó en abril de 2001. Tras la decisión del pleno del TC de levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre la ley, el Gobierno balear espera ahora aplicar el polémico tributo a partir de marzo, cobrando una media de un euro por día a los turistas que se alojen en hoteles o apartamentos comerciales. Sólo falta aprobar el reglamento de la ley y estipular los cupos por hoteles o empresas.

El Tribunal Constitucional antepone los intereses de la hacienda autonómica y la consecución de los objetivos medioambientales de la ley a las tesis técnicas y legales aducidas por el Gobierno de José María Aznar, que pidió la suspensión cautelar de la norma para evitar los pagos de la tasa por parte de los consumidores en base a una ley que posteriormente podría ser anulada, pues todavía no existe una resolución definitiva. El tribunal señala que los objetivos de la ley quedarían perjudicados por la suspensión de la ecotasa mientras no se dicte una resolución definitiva. 'Es evidente que debe prevalecer el interés autonómico a la recaudación de un tributo, cuya norma legal de cobertura no sólo goza de presunción de legitimidad (...) sino que tiene una finalidad que se configura hoy como un objetivo prevalente -la protección medioambiental y cultural-, sobre el interés particular de los ciudadanos', dice el Constitucional, que antes de explicar su auto relativiza el impacto en los bolsillos de los consumidores (Enero 2002).

MATAS SITÚA AL FRENTE DE UNA FUNDACIÓN A UNA MUJER QUE LLEVA DOS AÑOS DE BAJA

El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, presidente del PP en Baleares, ha colocado a Catalina Enseñat, doctora en Historia y ex diputada regional del PP en las islas, como directora general de la Fundación Parques Nacionales. La situación laboral de Enseñat hasta que ha sido fichada por Matas era peculiar. Desde febrero de 2001 se halla en situación de 'incapacidad permanente total para la profesional habitual [coordinadora del Medio Natural]' por las secuelas de una lesión en el pie y tobillo, según el Tribunal Médico de la Seguridad Social. Desde junio de 1999 estaba de baja laboral.

El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, considera idóneo el nombramiento de Catalina Enseñat para dirigir la Fundación de Parques Nacionales: 'Es la persona adecuada para ostentar este cargo. Está en una situación legal que le permite compatibilidad; nadie lo puede negar' .Además, el ministro alabó el perfil y el currículo de la elegida para dirigir la Fundación de Parques Nacionales. Enseñat, por su parte, considera que aúna la experiencia medioambiental, patrimonial, cultural y de gestión pública para desempeñar el cargo.

En cuanto all 'accidente de trabajo' que provocó la lesión a Enseñat se produjo en junio de 1997, cuando durante su trabajó bajó de un vehículo todoterreno en una visita a un área natural. La dirigente balear recayó, en junio de 1999, mientras seguía ejerciendo de coordinadora del medio natural de la actual empresa pública Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), dependiente del Gobierno de Baleares. Fue en esa fecha cuando el PP perdió el poder en la isla y la coalición de izquierdas y nacionalistas se hizo con la dirección del Ibanat. La actual directora de la fundación Parques Nacionales, que era trabajadora fija de la citada sociedad pública, reclama ahora una indemnización de cinco millones de pesetas al actual equipo gestor de Ibanat, cuyo presupuesto está vinculado al Ejecutivo balear que preside Francesc Antich, del PSOE.

La última baja laboral de la ya directora de la fundación de Matas -que ha sido operada en dos ocasiones- es de 29 de junio de 1999, coincidente con el traspaso del poder político del Partido Popular al pacto de la izquierda (PSOE, IU y Los Verdes) con los nacionalistas en Baleares.

Catalina Enseñat fue diputada popular en el primer Parlamento balear de 1983 y directora general de Medio Ambiente en 1987. Fue contratada por la Administración balear en 1993, durante el mandato de Gabriel Cañellas, para trabajar en los Servicios Forestales de Baleares (ahora Ibanat). Está casada con José María González, actual presidente del Grupo Parlamentario del PP de Baleares y ex consejero de Turismo con Matas (1996-99) (Febrero 2002).

RECHAZADO UN RECURSO DE MATAS CONTRA EL MINISTERIO QUE HOY PRESIDE

La Audiencia Nacional ha rechazado un recurso presentado por Jaume Matas, cuando era ex presidente del Gobierno balear contra el Ministerio de Medio Ambiente que hoy preside por la delimitación del dominio público del litoral de Formentera realizada por su antecesora, Isabel Tocino. Como se recordará, la fijación de los límites del terreno público en las costas de Baleares suscitó una batalla en el seno del propio PP. La ministra Tocino y el equipo de la dirección de Costas, entonces bajo el mando de Fernando Marín, libraron una sorda pelea contra su compañero de gabinete, Abel Matutes, ministro de Asuntos Exteriores y oriundo de las islas, donde tenía y mantiene muchos intereses ligados a promociones urbanísticas en el litoral, en algunos casos asociado con Gabriel Cañellas, antecesor de Matas en el Ejecutivo balear. Matas justificó la presentación de recursos contra los deslindes de la costa en que no estaban bien realizados. 'El litoral se ve de manera diferente desde un despacho de Madrid que in situ', afirmó cuando se le preguntó por este asunto al poco de ser nombrado ministro. En el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, del que ha sido ponente el magistrado Tomás García Gonzalo, se dice que el deslinde de la isla de Espalmador y la isla de Espardell, en relación con los parajes del Estany y las Salinas se hizo 'conforme a derecho'. Las Salinas son propiedad de la sociedad Salinera Española de la que era accionista Gabriel Cañellas. Los miembros de la sala de la Audiencia visitaron la zona para comprobar si el deslinde realizado se ajustaba a la Constitución y la Ley de Costas (Febrero 2002).

UNA CARTA EN CATALÁN FIRMADA POR EL MINISTRO MATAS TIENE 13 FALTAS DE ORTOGRAFÍA Y VARIOS ERRORES GEOGRÁFICOS

Hasta 13 faltas de ortografía y varios errores geográficos se pueden encontrar en la versión en catalán de la carta que el ministro de Medio Ambiente, el balear Jaume Matas, ha enviado a todos los hogares de las comarcas del Ebro para intentar convencer de los beneficios del Plan Hidrológico Nacional. La carta forma parte de una campaña que el PP inició hace meses con inserciones publicitarias en los periódicos de las comarcas del Ebro. En esta ocasión, se han repartido por todos los hogares del sur de Tarragona un total de 70.000 sobres con un tríptico a todo color y una carta en versión catalana y castellana firmada por Matas. Según fuentes del PP, Matas ha enviado la misiva en condición de militante y no de ministro, algo que la carta, a pesar del membrete del partido que la encabeza, no aclara. Pese a su brevedad, la versión catalana de la carta contiene hasta 13 errores ortográficos. Así, por ejemplo, escribe la palabra paisaje en catalán (paisatge) con dos eses y estiuetjos en lugar de estiatges (estiajes), además de una cascada de errores en acentos, diéresis y en el uso de la conjunción copulativa castellana, la y, en lugar de la catalana, la i. Pero no sólo en ortografía suspende Matas. En el mapa de las Tierras del Ebro aparece la comarca del Matarranya, que pertenece a la comunidad de Aragón, incluida en la comarca catalana vecina de la Terra Alta. Y se sitúa el canal Aldea-Camarles en la comarca del Montsià, cuando pertenece a la del Baix Ebre (Febrero 2002).

LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO HAN AUMENTADO YA UN 28,9%

Las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado en un 28,9% en 2000 respecto a 1990, según datos presentados conjuntamente por el secretario de Medio Ambiente de Comisiones Obreras y el editor en España de la organización WorldWatch. Esto supone que casi se ha duplicado ya el crecimiento de las emisiones que provocan el cambio climático consentido para España en el marco del Protocolo de Kioto, fijado en un 15%. El volumen de emisiones se expresa en CO2 equivalente, según una conversión internacional que traduce a toneladas de dióxido de carbono todos los gases (seis contempla el Protocolo de Kioto) de efecto invernadero. En cantidades absolutas, se ha pasado de 308,536 millones de toneladas de CO2 en 1990 a 397,932 millones en 2000. Este porcentaje corresponde a las emisiones una vez descontado el efecto de absorción de CO2 de los bosques. 'Sin contar ese efecto sumidero del inventario forestal, el aumento en España en 2000, respecto a 1990, es del 32%', puntualizó José Santamarta, editor en España de WorldWatch.

La metodología seguida por estas dos ONG para hacer los cálculos de emisiones es la indicada por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), de Naciones Unidas. Santamarta denunció la dificultad que tienen que superar las ONG para obtener los datos que deben facilitar las instituciones públicas. Por ejemplo, recordó, no se han podido calcular las emisiones de 2001 porque no se han dado a conocer los datos referentes a producción de energía primaria (Marzo 2002).

CONDENA A ESPAÑA POR RETRASARSE TRES AÑOS EN APROBAR UNA LEY AMBIENTAL

España debería haber aprobado la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (conocida como IPPC) antes del 30 de octubre de 1999. Así lo dispone una directiva europea aprobada por la UE en septiembre de 1996. Sin embargo, España no sólo incumplió el plazo, sino que todavía hoy dicha ley sigue en tramitación, razón por la cual el Tribunal Europeo de Justicia con sede en Luxemburgo dictó una escueta pero contundente condena contra nuestro país.

La sentencia es consecuencia de la demanda presentada por la Comisión Europea tras comprobar, a mediados de 2000, que, lejos de haber aprobado la ley, España sólo disponía de un borrador de anteproyecto. A lo largo del proceso, el Ministerio de Medio Ambiente alegó haber iniciado los trámites e incluso llegó a asegurar por escrito que la ley estaría lista a finales de 2001. No fue así. El proyecto de ley fue aprobado en Consejo de Ministros en noviembre pasado y aún está en trámite parlamentario. De momento, pues, España sólo debe pagar las costas del proceso.

La directiva a la que hace referencia este litigio se calificó en su momento de revolucionaria. Supone transformar el sistema de autorizaciones para determinadas actividades industriales y establece un permiso para las empresas en función de los efectos medioambientales que puedan ocasionar para el agua, el suelo y la atmósfera en todas las fases del proceso productivo. La norma recoge también valores límites de emisión (VLE). Con esta iniciativa, la UE da la vuelta al sistema tradicional: en vez de obligar a reducir la contaminación, prevé una menor emisión desde el inicio. Los sectores energético, agroalimentario, siderúrgico o las empresas de gestión de residuos son los más afectados. La norma requiere una gran adaptación tecnológica, pero al mismo tiempo simplifica los actuales trámites administrativos.

En 1998, España ya fue condenada por el Tribunal de Luxemburgo por no aplicar la directiva sobre condiciones de salubridad de las aguas de baño interiores. Ahora, los jueces comunitarios deben decidir si aceptan la multa propuesta por el Ejecutivo europeo de 45.600 euros por día (Marzo 2002).

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA UE AFIRMA QUE LA CUMBRE DE BARCELONA SUPONE UN 'PARÓN'

El director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Domingo Jiménez-Beltrán, hace un balance negativo del Consejo Europeo de Barcelona. 'La cumbre', dice Jiménez-Beltrán, 'ha caído en un parón de imprevisibles consecuencias' para el desarrollo sostenible y sus conclusiones 'pueden incluso poner en cuestión el liderazgo global de la UE en medio ambiente'.

Estas opiniones, expresadas a título personal, serán introducidas en la página web de esta agencia. Jiménez-Beltrán ha esperado a analizar el documento oficial de Barcelona para expresar su preocupación por un proceso sobre desarrollo sostenible que la UE inició en la cumbre de Luxemburgo en 1997 y que se ha mantenido en todas las reuniones hasta Barcelona.

Las conclusiones de Barcelona recogen sólo seis párrafos con escasos compromisos sobre desarrollo sostenible, como el llamamiento para que los Quince ratifiquen el Protocolo de Kioto antes de junio y el compromiso de elevar al 0,39% del PIB la ayuda oficial al desarrollo en 2006. Jiménez-Beltrán asegura que las conclusiones del Consejo de Medio Ambiente del pasado día 4, que acordó la ratificación de Kioto por el conjunto de la UE, así como la resolución del Parlamento Europeo, permitían 'abrigar algunas esperanzas, que no se han visto reflejadas significativamente en las conclusiones de Barcelona' (Marzo 2002).

ESPAÑA ACUMULA EN EL TRIBUNAL EUROPEO DIEZ DENUNCIAS POR INFRACCIONES ECOLÓGICAS

España es el país que acumula más denuncias por incumplir la trasposición de normas europeas ambientales. El Tribunal de Justicia de la UE tramita en la actualidad diez denuncias contra el Estado español, entre las que destaca una por la mala calidad de las aguas de baño. Grecia fue el primer país en ser sancionado hace dos años, por el pésimo estado del vertedero Kouroupitos, en Creta, y España podría ser el segundo en tener que pagar una sanción: 45.600 euros diarios hasta que se solucionase el problema.

En la reciente Cumbre de Barcelona de mediados de marzo se ha recordado que los Quince se habían comprometido a tener adaptada a su legislación nacional el 98,5% de las normas comunitarias. España es uno de los seis Estados que cumplen ese objetivo, pero acumula más de 700 procedimientos por el incumplimiento de esas mismas normas, en su mayoría ambientales. Diez de ellos son denuncias formales planteadas por la Comisión ante el Tribunal de Luxemburgo. Éstas son las más graves:

- Mala calidad de las aguas de baño. España superó el plazo de trasposición y después incumplió la legislación comunitaria sobre calidad de aguas de baño continentales, que establece, entre otros, límites a la presencia de bacterias fecales.

- Vertidos irregulares. Siete vertederos están bajo la lupa del tribunal. En febrero de 2001, y tras varios avisos, la Comisión denunció a España por el estado de los vertederos de Torreblanca (Málaga), Cap de Barberia (Formentera), Las Cárcavas (Madrid), San Lorenzo de Tormes y Priaranza del Bierzo (León), Sa Roca (Ibiza) y El Campello (Alicante). Incumplían la norma que fija los requisitos de las instalaciones y la eliminación de residuos. El de las Cárcavas ha sido ya clausurado por el Ayuntamiento de Madrid.

- Evaluación del impacto medioambiental. España, como otros cinco países de la UE, no ha adaptado a tiempo 'el instrumento jurídico principal de medio ambiente', que es la directiva sobre evaluación de las repercusiones de determinadas obras públicas y privadas en el medio natural.

- Ferrocarril de velocidad alta en Tarragona. La denuncia se presentó en enero de 2001 por considerar que España no había estudiado las repercusiones ambientales de la línea de velocidad alta entre Valencia y Tarragona a la altura de Oropesa, según establece la directiva de impacto ambiental antes mencionada.

- Aguas residuales urbanas. Las administraciones central y autonómicas deberían haber clasificado las masas de agua afectadas por procesos eutróficos (exceso de nutrientes y fitoplancton) o las contaminadas por aguas residuales. Tenía que haber aplicado, además, el tratamiento de depuración adecuado. Tal incumplimiento movió a la Comisión Europea a denunciar el caso en abril del año pasado.

- Control de la contaminación. España ha descuidado una de las leyes más importantes, la de IPPC (Prevención y Control Integrados de la Contaminación). El pasado día 7 de marzo, el Tribunal de Justicia condenó a España por haber superado en tres años el plazo previsto para adaptar a la legislación española esta norma, que tenía que estar aprobada en noviembre de 1999 (Marzo 2002).

LOS ECOLOGISTAS SE ENFRENTAN AL GOBIERNO POR EL RETRASO DEL PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El Gobierno ha incumplido su promesa de aprobar antes de marzo la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Este plan, surgido de los compromisos internacionales de España y fundamental para armonizar el desarrollo económico con el ecológico, fue anunciado en junio pasado en La Moncloa por la cúpula gubernamental, incluido el presidente José María Aznar. Transcurrido un año, sin embargo, aún no ha pasado de la fase de borrador. Los principales grupos ecologistas han denunciado públicamente este retraso y lo atribuyen al escaso interés del Gobierno. El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, reconoció cierta dilación pero aseguró que la Estrategia está en fase de 'maduración y consenso'

La Estrategia es un compromiso adquirido por los gobiernos que aprobaron la Declaración de Río de Janeiro en 1992 en el seno de la conferencia de las Naciones Unidas. En ese documento se establecen objetivos sociales y económicos para la conservación de la biodiversidad, la innovación tecnológica, la cohesión social, la lucha contra el cambio climático, la contaminación atmosférica o la gestión de los residuos, entre otras actuaciones. El borrador preparado por España recoge 150 propuestas, entre ellas la de plantar 320 millones de árboles en los próximos seis años, instalar tejados solares en tres millones de hogares, o reutilizar 1.200 millones de metros cúbicos de agua al año.

Los colectivos ecologistas más representativos (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWWF/Adena) denunciaron formalmente el grave incumplimiento de las promesas del Gobierno, lo que demuestra 'su escaso interés' por adoptar una política sostenible según los compromisos internacionales suscritos por España. 'Se comprometió hace un año a tener elaborado el documento final antes del fin de la presidencia española de UE y de la Conferencia de Johanesburgo (llamada también Río + 10, porque va a revisar el cumplimiento de los compromisos asumidos hace diez años), pero a fecha de hoy no hay nada', afirmó Theo Oberhuber, coordinador de Ecologistas en Acción (Junio 2002).

MATAS ADMITE QUE CARECE DE FECHA PARA EL PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El Gobierno que cumple las últimas semanas de presidencia de la Unión Europea, acudirá a la Cumbre de Johanesburgo sobre Desarrollo Sostenible sin cumplir los deberes. No podrá presentar su Estrategia de Desarrollo Sostenible, un documento programático sobre política ambiental, porque no lo ha elaborado, 'ni hay fecha comprometida', según ha confesado el titular de Medio Ambiente a los consejeros autonómicos.

En la última Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el ministro Jaume Matas volvió a entregar a los consejeros autonómicos el mismo documento/borrador de la Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDS) que les facilitó en noviembre del año pasado. El ministro no aportó ninguna de las alegaciones presentadas por las asociaciones de vecinos, los ecologistas, el PSOE, el Consejo Económico y Social y expertos a quienes el ministerio ha pedido su opinión.

Al entregar de nuevo el mismo documento a las autonomías, el ministro se quejó de que su participación 'no ha sido la que hubiéramos deseado'. Pero el primero en incumplir sus propios compromisos ha sido su Departamento. Dejó pasar febrero y la cumbre de marzo de la UE en Barcelona. Ahora se acerca la cumbre de la ONU de Johanesburgo y tampoco habrá cumplido sus deberes (Junio 2002).

EL PP QUIERE EJECUTAR SANTALIESTRA AUNQUE TENGA QUE REPETIR TRÁMITES

El Ministerio de Medio Ambiente está dispuesto a ejecutar el embalse de Santaliestra aunque tenga que repetir trámites de expropiación, con la consiguiente demora. Así lo manifestó José Vicente Lacasa, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y de ACESA, ente público promotor de esta presa

El Tribunal Supremo ha dado la razón al Ayuntamiento de Santaliestra en su recurso contra la decisión del Consejo de Ministros de octubre del 98 de declarar la urgente ocupación de los terrenos del embalse. Dicho acuerdo permitió a la Administración entrar en la zona para realizar estudios de seguridad y comenzar el proceso expropiatorio. El fallo anula tanto la decisión del Gobierno como los actos posteriores.

Ante este nuevo revés judicial, el presidente de la CHE compareció para ratificar el "compromiso" de construir Santaliestra. Aseguró que el ministerio está dispuesto a "retrotraer el procedimiento" y repetir los trámites de expropiación. "Si hemos hecho algo mal, vamos a corregirlo". Aunque el fallo rechaza todos los argumentos para declarar la urgencia, incluso que los vecinos impidieran entrar en la zona.

Por su parte, la Audiencia Nacional ha anulado la aprobación del proyecto de Santaliestra (sentencia recurrida). Y la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Madrid ha imputado a ocho ex altos cargos de la Administración por su gestión ante la obra, que no ha comenzado (Junio-Julio 2002).

LOS INGENIEROS DE OBRAS HIDRÁULICAS CRITICAN LA GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Los funcionarios ingenieros de Caminos que trabajan en la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente han presentado una queja ante el titular del área, Ramón Álvarez Maqueda, en la que expresan su malestar por la degradación de sus funciones en la gestión del agua. Es la segunda vez, desde que se creó el Ministerio, que se presenta una queja colectiva de estos titulados superiores.

En esta ocasión, la protesta se realiza por partida doble, ya que tras la carta remitida el pasado 28 de junio por los funcionarios de mayor nivel, el pasado lunes secundaron la protesta todos los ingenieros técnicos del departamento (40) con una carta más dura aún.

Estos colectivos se quejan de que la delegación de competencias sobre los proyectos y obras hidráulicas en sociedades estatales 'merman las garantías de transparencia y eficacia en la utilización de fondos públicos'. El gasto de estas sociedades no es fiscalizado por la intervención del Estado, sino por auditorías externas. Estos funcionarios añaden que se hace un uso inadecuado de consultorías ajenas para tareas que por su naturaleza (planificación hidrológica y coordinación de cuencas hidrográficas) corresponden a la Administración. En su opinión, la autoridad del agua española 'carece desde hace tiempo de una política de aguas moderna y estructurada, con objetivos y programas y una organización adecuada a su ejecución y control que, en caso de persistir seguirá incumpliendo sus obligaciones con la sociedad'.

El ministro Jaume Matas, admitió tener noticia de los escritos, pero trasladó al secretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández, su valoración. Fernández reconoce la carga de trabajo de los funcionarios con la Ley de Aguas, el Plan Hidrológico y la Directiva Marco. Dice que sin las sociedades estatales no habría sido posible invertir en obras hidráulicas 2.404 millones de euros anuales. También reconoce que no están bien pagados, por lo que estudia con los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas una nueva relación de puestos de trabajo, para adaptar la dirección general y las confederaciones hidrográficas a los nuevos retos de la gestión del agua en España (Julio 2002).

LA UE DENUNCIA A ESPAÑA POR NO CUMPLIR LA NORMATIVA DE POLUCIÓN DEL AIRE

España continúa sin respetar las leyes europeas contra la contaminación del aire. Por eso la Comisión Europea decidió denunciar ante el Tribunal de Justicia de la UE la pasividad del Gobierno a la hora de incorporar en la legislación nacional los valores acordados en la UE hace tres años respecto a la concentración máxima en el aire de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas y plomo. La fecha límite para adaptar las leyes españolas expiró hace un año. El mismo problema lo tiene el Reino Unido, pero con Gibraltar. La legislación comunitaria sobre la calidad del aire exige reducir los contaminantes que las grandes instalaciones de combustión emiten a la atmósfera.

'No sirve de nada que los Estados miembros aprueben una legislación si después no la respetan', declaró la comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallström. Según fuentes de la Comisión Europea, 'no se ha recibido una respuesta satisfactoria' de las autoridades españolas para evitar que el caso salte al Tribunal de Justicia (Julio 2002).

MATAS REDUCE DE 11 A 2 LOS PUESTOS PARA ECOLOGISTAS EN EL CONSEJO ASESOR

El Ministerio de Medio Ambiente ha reducido la composición de los miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) a la mitad de los que tenía (de 35 a 14) cuando se fundó en 1994. Un decreto publicado y del que no han tenido información previa los colectivos que lo negociaban con el Ministerio, incorpora a las cooperativas o sociedades laborales como nuevos vocales, pero limita a dos puestos los once que tenían reservados hasta ahora los ecologistas.Tras su sorpresa por la publicación del decreto, la primera reacción de estos colectivos fue rechazar la nueva composición de este organismo asesor, que no se reúne desde septiembre de 1997. La indiferencia del Ministerio que encabeza Jaume Matas hacia este órgano consultivo le ha ganado dos rapapolvos del Defensor del Pueblo por no darle explicaciones a las quejas que le trasladaron los ecologistas al no convocarlo, como era preceptivo, una vez al trimestre (ahora será cada seis meses).

La numerosa composición del anterior consejo dificultaba la agilidad de su funcionamiento, pero su reducción ha sido excesiva, según Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción. El nuevo consejo mengua drásticamente la representación de la administración, que no obstante sigue siendo mayoritaria. Pero quienes salen peor parados son los ecologistas, que de once puestos que tenían se quedan en dos, a 'pesar de que somos las únicas asociaciones entre las convocadas dedicadas exclusivamente al medio ambiente', apunta Oberhuber. Las cinco organizaciones que habían negociado con el secretario de Estado de Aguas y Costas el estatuto del consejo (SEO, Greenpeace, Adena, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción) lamentan que no haya tenido en cuenta sus sugerencias. La más importante, a su juicio, es que fuera vinculante el informe de este consejo asesor sobre cualquier proyecto de ley, plan o programa relacionados con el medio ambiente. La petición estaba justificada porque durante la primera etapa del Ministerio de Medio Ambiente se aprobaron un paquete de leyes importantes (trasposición retrasada de directivas en su mayoría), como el Plan Hidrológico Nacional, sin la supervisión del consejo. Por eso piden al ministerio que 'rectifique' y no descartan boicotearlo, ya que en su opinión no responde a los reiterados llamamientos a la participación ciudadana que reclama este Gobierno (Julio 2002).

LA "AGENDA PRIVADA" IMPIDE A AZNAR ACUDIR A LA CUMBRE DE JOHANNESBURGO

José María Aznar no acudirá a la cumbre de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible 'por razones de agenda privada o personal', indicó un portavoz de Presidencia del Gobierno. El tramo ministerial de la conferencia se desarrollará del 2 al 4 de septiembre; el jueves día 5 se celebrará la boda de la hija de Aznar, Ana, con Alejandro Agag. A la cumbre asistirán más de cien jefes de Estado y de Gobierno, 11 de ellos europeos, incluidos Jacques Chirac, Gerhard Schröder, Tony Blair y Silvio Berlusconi.

España estará representada en la conferencia de Johanesburgo por Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente. Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron 'la falta de interés del Gobierno español por la cumbre de Desarrollo Sostenible'.

La conferencia, apodada Río+10 por celebrarse justo una década después de la histórica Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, concentrará en la ciudad surafricana a más de 50.000 personas entre delegaciones de 180 países, organizaciones no gubernamentales y representantes de sectores sociales y económicos de todo el mundo. El objetivo es impulsar el desarrollo sostenible -respetuoso con el medio ambiente y los recursos naturales- y afrontar la desigualdad y la pobreza, centrando los trabajos en cinco cuestiones críticas: agua, energía, salud, agricultura y biodiversidad (Agosto 2002).

PROTESTA DE LAS ONG POR HABER SIDO MARGINADAS DE LA DELEGACIÓN OFICIAL

Varias organizaciones no gubernamentales que asisten a la cumbre han manifestado a la delegación de España su protesta porque, a diferencia de otros países, no ha sido incluida una representación de las mismas en el equipo oficial. Además, han manifestado su descontento por la falta de comunicación con los delegados.

Entre las ONG españolas figuran Oxfam, el Consejo de la Juventud, la Fundación Ecología y Desarrollo, Medicus Mundi y la Coordinadora de ONG, así como el sindicato CC OO. El primer encuentro entre la delegación y las ONG se celebró ya en Johanesburgo, tres días después de iniciarse la conferencia. La reunión 'fue positiva pero insuficiente', resumieron las organizaciones.

Joaquín Nieto, representante de CC OO, expresó a la delegación una dura crítica por la inasistencia del presidente del Gobierno, José María Aznar, en el tramo final de la cumbre donde la mayoría de los países de la UE estarán representados por jefes de Estado o de Gobierno (Agosto 2002).

UGT Y CC OO PIDEN EL CESE DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez y José María Fidalgo, han solicitado a los grupos parlamentarios la sustitución de la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), María Teresa Estevan Bolea. Ambos sindicatos consideran 'imprescindible' garantizar la independencia del Consejo y que el 'secretismo' y la 'falta de información' que según ellos le ha caracterizado sean sustituidos por 'una práctica de transparencia y difusión de la información a la sociedad'.

Los líderes sindicales señalaron que Estevan Bolea ha mantenido 'una notable opacidad' al informar sobre la 'seguridad en algunas centrales'. Méndez y Fidalgo recordaron que cuando Estevan Bolea tomó posesión en 2001 hizo declaraciones 'a favor de prolongar el uso de la energía nuclear' que despertaron críticas de entidades sociales y de la junta de personal del CSN, que consideraban 'impropia e inoportuna' la toma de postura a favor de uno u otro modelo energético.

Los sindicatos solicitaron además que los grupos parlamentarios promuevan modificaciones legislativas para que trabajadores y técnicos de las instalaciones nucleares tengan canales adecuados para comunicar cualquier deficiencia a los organismos responsables del control, así como 'amparo legal suficiente' ante 'posibles represalias' por informar de deficiencias.

El CSN atraviesa una crisis desde que se hicieron públicos informes confidenciales sobre la seguridad en las centrales de Trillo y Zorita. José Ángel Azuara y Carmen Martínez Ten, consejeros propuestos por el PSOE, han acusado a Estevan Bolea de destituir o cambiar de puesto 'sin ninguna prueba' a trabajadores por esas filtraciones (Agosto 2002).

NUEVO INCIDENTE DE GREENPEACE EN LA CENTRAL NUCLEAR DE ZORITA

La última acción de Greenpeace para exigir el cierre de la central nuclear de Zorita (Guadalajara) acabó con sendas denuncias entre los ecologistas y Unión Fenosa, la propietaria de la instalación. Una nota de la organización medioambiental explica que a las 4 de la mañana un grupo de cuatro militantes y dos periodistas se acercó a la central para proyectar sobre el reactor mensajes contra la nueva carga de combustible de la central, prevista para este mes.

Hasta ocho vigilantes se acercaron al vehículo de los ecologistas, y llamaron a la Guardia Civil, 'según las normas de seguridad de la central', de acuerdo con una nota de Unión Fenosa. Las fuerzas de seguridad no consiguieron evitar el enfrentamiento, que la compañía eléctrica calificó de 'forcejeo'. Un portavoz de Unión Fenosa explicó que los guardias actuaron para 'salvaguardar la seguridad de la central', que se vio comprometida en el momento en que los activistas proyectaron un cañón de luz sobre las instalaciones en medio de la noche, algo que está 'completamente prohibido'. El director de la campaña de Energía Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, definió en cambio el incidente como una 'agresión mafiosa'. El 25 de abril pasado un grupo de militantes de Greenpeace consiguió entrar en la central de Zorita, la más antigua de España (es de 1968), y subirse a su reactor para pedir que no continuara en funcionamiento (Agosto 2002).

EL TRASVASE DEL EBRO COSTARÁ 600 MILLONES MÁS DE LO PREVISTO

La sociedad estatal Infraestructuras del Trasvase (Trasagua), creada para hacer el trasvase Ebro-Levante, ha concluido la memoria resumen del proyecto, que prevé 68 kilómetros de acueductos y 87 kilómetros de túneles. El documento, que deja varios tramos sin definir, se remitirá a las administraciones afectadas y a expertos para su análisis durante septiembre. Con sus alegaciones, Trasagua elaborará el estudio de impacto, el segundo paso en el trámite de la obra hidráulica más importante de Europa. Medio Ambiente calcula que el coste inicial de las obras, 3.700 millones de euros, aumentará un 15%, es decir en 600 millones.

Con sus dos ramales, uno de 162 kilómetros hacia Barcelona y el otro de 750 kilómetros hasta Almería por la costa mediterránea, el trasvase es el mayor proyecto de transferencia de recursos hídricos que se aborda en Europa y uno de los mayores del mundo al desviar del curso final del Ebro más de 1.050 hectómetros cúbicos anuales de agua a otros ríos mediterráneos (Agosto 2002).

MANIFESTACIÓN EN GUADALAJARA PARA PEDIR EL CIERRE DE LA CENTRAL DE ZORITA

Varios cientos de personas participan en la concentración convocada por organizaciones ecologistas, políticas, sociales y sindicales en Guadalajara para exigir el cierre de la central nuclear de Zorita, cuyo permiso de explotación concluirá en octubre. En la movilización de la capital alcarreña se realizó una representación irónica sobre la situación de la planta.

Los manifestantes exigieron al Gobierno y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que impidan la continuidad de una 'antigualla insegura, obsoleta y tremendamente peligrosa'. Por su parte, el consejero director general y responsable de la división de energía de Unión Fenosa (propietaria de la central), Elías Velasco, mostró su 'plena confianza' en que el principio de legalidad 'primará' al decidir sobre la prórroga del permiso de explotación de la planta. También denunció 'la persistente campaña' contra ella. 'Unión Fenosa no entendería que se pudiera prescindir de las prestaciones de la central por otras razones que no fueran las estrictamente técnicas', añadió (Septiembre 2002).

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO NUCLEAR Y LAS ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS

La presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), María Teresa Estevan, vuelve a cargar contra la decisión mayoritaria del consejo que preside de cerrar la central nuclear de Zorita y acusó a ciertas entidades ecologistas, que no citó, de 'vivir de crear angustia e inseguridad' con sus informaciones sobre la situación de la planta. En un foro organizado en la sede de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en Madrid por los ayuntamientos con centrales nucleares, acusó de 'enfermos' a quienes desde dentro del CSN filtran informaciones 'malévolas' sobre documentos internos.

María Teresa Estevan aprovechó el foro que le brindaba la asociación de municipios con centrales nucleares (AMAC) para insistir de nuevo en las manifestaciones que la han alejado del sentir de la mayoría del consejo que preside, compuesto por dos representantes del PSOE (José Ángel Azuara y Carmen Martínez Ten), una del PP (Paloma Sendín) y otro de CiU ( Julio Barceló i Vernet).

Sus ataques más duros, sin embargo, se dirigieron contra la organización ecologista Greenpeace, a la que acusó, sin mencionarla, de suministrar información sobre eventos nucleares 'carente de todo rigor'. 'Entiendo que hay asociaciones ecologistas que viven de esto, pero no se puede vivir de crear angustia, inseguridad y decir cosas que no son ciertas', dijo en referencia a un incidente registrado en Zorita el pasado 2 de octubre durante la parada de recarga que ha impedido reanudar su actividad en el plazo previsto (Octubre 2002).

EL TRIBUNAL SUPREMO ACUERDA NO IMPUTAR 'POR AHORA' UN DELITO ELECTORAL AL MINISTRO MATAS

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha acordado no imputar 'por ahora' a Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente, un supuesto delito electoral cometido en Baleares durante los comicios autonómicos de 1999, cuando Matas era presidente de esa comunidad. La resolución aplaza también el pronunciamiento sobre la posible responsabilidad penal de la actual diputada del PP Rosa Estarás, y remite la causa al Tribunal Superior de Justicia de Baleares para que ultime la investigación y remita al Supremo los indicios que aparezcan contra 'estos dos aforados'.

La ausencia de votos contrarios a la resolución de la mayoría de la Sala Penal del Supremo ha estado vinculada a la inclusión de un último párrafo en los razonamientos jurídicos que no da por definitiva la exculpación provisional de Matas. En dicho párrafo se especifica que 'si a lo largo del procedimiento aparecieren otros elementos indiciarios razonablemente suficientes (...) contra alguno de estos dos aforados [Matas y Estarás]', se deberá remitir 'una nueva exposición razonada para ser examinada también por esta sala'.

De este modo, la Sala Penal del Supremo, integrada por su presidente, Luis Román Puerta, y los magistrados Joaquín Delgado García (ponente de la resolución), José Antonio Martín Pallín, Julián Sánchez Melgar y Perfecto Andrés Ibáñez, no da carpetazo al asunto, si bien acuerda que 'no ha lugar por ahora a iniciar procedimiento' contra ambos aforados.

El Supremo señala que durante el proceso, el Ministerio Fiscal recurrió la inicial exculpación de Matas y Estarás y acusó a ambos de tener participación 'en los hechos objeto de la investigación penal'. Dicha investigación se inició con la denuncia de un delito electoral en los comicios autonómicos de 1999, presentada por la Coalición de Organizaciones Progresistas (PSOE, IU y Los Verdes) de Baleares. Entre otras imputaciones, se acusaba a dirigentes del PP de la inscripción en el censo de Formentera de 74 altas procedentes del Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) tramitadas en el Consulado de España en Rosario (Argentina).

La instrucción del caso por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia terminó mediante resolución del 31 de octubre de 2001, en la que se acordó no elevar al Supremo la acusación contra Matas y Estarás. La resolución fue recurrida por el Ministerio Fiscal y las demás partes acusadoras y la Sala Civil del máximo Tribunal balear acordó enviar el caso al Supremo, si bien se limitó -como constata ahora la resolución de la Sala Penal del Supremo- 'a transcribir las alegaciones del Ministerio Fiscal (...), con la conclusión de que consideraban los indicios aportados por el Ministerio Fiscal como plausibles y suficientemente fundados, por tener una mínima verosimilitud o solidez sobre la participación de estos dos aforados [Matas y Estarás] en los hechos objeto de la investigación penal'. Sin embargo, el Supremo considera que los 'datos indiciarios' aportados por la fiscalía 'no son bastantes para iniciar proceso penal contra los señores Matas y Estarás'. El Supremo razona que 'no puede reputarse indicio bastante para deducir (...) un dato incriminador contra don Jaume Matas' la existencia de una reunión en la que participó el entonces presidente balear con los consejeros de su Gobierno Rosa Estarás y José Juan Cardona, y a la que asistió María de la Pau Segura, de trayectoria, según el fiscal, 'plagada de irregularidades funcionales'.

El Supremo reconoce la concurrencia de 'anomalías en relación con María de la Pau' y 'la ocultación de la realidad de esa reunión por parte de Miquel Segura, padre de María de la Pau', así como que en dicha sesión 'se redactó un documento por el señor Matas y otro (...) por la señora Segura, en los que, dicen el Ministerio Fiscal y los acusadores, se diseñaba la trama electoral que se reputa constitutiva de delito y que culminó con las 72 altas en el censo electoral de Formentera, procedentes del CERA'.

El Supremo estima que esos documentos 'parecen constituir' instrucciones de Matas sobre la actuación de Segura en Suramérica, pero dice que 'de su texto no se deduce nada ilegal', aunque admite que 'después pudo existir una actuación que pudiera constituir delito electoral por anomalías en el censo de Formentera'.

El Tribunal Supremo concluye que, 'al menos por ahora, no han de considerarse como indicios que pudieran justificar la iniciación de un proceso penal contra don Jaume Matas' (Octubre 2002).

EL GOBIERNO PREVÉ PRIVATIZAR LA REGENERACIÓN DE LAS PLAYAS PARA AHORRARSE 83 MILLONES DE EUROS

El Gobierno prevé privatizar la regeneración de las playas, que le cuesta unos 83 millones de euros anuales (según datos del pasado año) y representa el 60% del presupuesto de la Dirección General de Costas. Las empresas que se comprometan a regentar y mantener las playas serán compensadas además con la explotación de los chiringuitos y negocios que pululan sobre la arena. El Ministerio de Fomento se los cederá durante el plazo que dure la concesión, tal como se recoge en el proyecto de Ley de Concesiones de Obras Públicas que tramita el Congreso. La regeneración de las playas que sean declaradas de interés general no necesitará un permiso. Bastará que Fomento informe de las obras a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Si no están de acuerdo, dirimirá el asunto el Consejo de Ministros (Noviembre 2002).

EL GOBIERNO PONE COMO PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DEL JÚCAR A UN EX CONSEJERO DE TURISMO DE BALEARES

José María González Ortea, hombre de confianza del ex presidente del Gobierno balear y actual ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, fue nombrado por el Consejo de Ministros nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.González Ortea sustituye a Juan Manuel Aragonés, quien hace un mes fue designado por el Gobierno director general de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, cargo que conlleva el de presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Trasvase (Trasagua), firma pública creada por el citado departamento para poner en marcha las obras previstas en el Plan Hidrológico Nacional (PHN), entre ellas la del trasvase del Ebro.

González Ortea, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, nacido en 1946 en Gijón, fue director general de Carreteras y consejero de Turismo del Gobierno balear presidido por Jaume Matas y, como persona de confianza del ahora ministro de Medio Ambiente, hasta ahora era presidente y portavoz del Grupo Popular del Parlamento de Baleares, donde ha sido diputado desde el año 1987 y donde ha sido testigo de los diversos casos de presunta corrupción política que han aflorado en los últimos años en el entorno popular, casi siempre con Jaume Matas en primera línea.

Sobre la Presidencia de esta Confederación, recordar que Eduardo Zaplana manifestó en 1993 en declaraciones públicas lo siguiente: «Al ministro catalán Josep Borrell no le preocupan los problemas de los valencianos, porque si realmente contaran con nosotros para algo el presidente de la CHJ sería un valenciano» (Noviembre 2002).

EL GOBIERNO SE EQUIVOCÓ AL ANUNCIAR LOS PICOS DE EUROPA COMO RESERVA DE LA BIOSFERA

El Ministerio de Medio Ambiente proclamó el 7 de noviembre el doble de Reservas de la Biosfera de las que realmente declaró la UNESCO. Las cuatro nuevas Reservas en España y dos ampliaciones que informó en un comunicado Medio Ambiente, son en realidad, según la UNESCO, sólo dos nuevas reservas y una ampliación. Y es que los Picos de Europa (que comparten Asturias, Cantabria y Castilla y León) y el Valle de Laciana (León) nunca tuvieron la calificación que el departamento de Jaume Matas les otorgó. La Reserva de Muniellos (Asturias) se queda como estaba, no se amplía. Tras la rectificación, España queda con 22 de las 420 Reservas de la Biosfera que hay en el mundo (Noviembre 2002).

ANTENA 3 Y TVE RECHAZAN POR AHORA EMITIR LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA JUNTA SOBRE EL PER

Antena 3 Televisión y Televisión Española (TVE) han rechazado, por el momento, emitir la campaña 'explicativa e informativa' que la Junta de Andalucía ha contratado sobre el subsidio agrario y el Plan de Empleo Rural (PER), por entender que existen 'dudas' sobre si es institucional o política. Ambas cadenas tienen contratados 68 y 142 anuncios, respectivamente. La portavoz del ente RTVE, Teresa Alfajeme, aseguró que la asesoría jurídica de la empresa pública se pronunciará sobre si acepta o no la campaña en los próximos días.

La Junta de Andalucía presentó en Sevilla la campaña publicitaria sobre los efectos que ha tenido en los pueblos el PER y el subsidio agrario y a la que va a destinar un millón euros. Extremadura, por su parte, gastará 120.000 euros.

La campaña finalizará el 30 de noviembre. Sin embargo, ni Antena 3 TV ni TVE, en sus desconexiones regionales, la van a emitir hasta en tanto no se pronuncien, en el primer caso, el Gobierno -a través de la secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología- y en el segundo, la asesoría jurídica de la empresa pública.

El delegado de Antena 3 TVE en Andalucía, Manuel Prieto, negó que se trate de un veto y justificó la demora en las 'dudas' suscitadas en torno al artículo 10 de la llamada ley de Televisión sin Fronteras, aprobada en 1994, en el que se prohíbe 'la publicidad de contenido esencial o primordialmente político o dirigida a la consecución de objetivos de tal naturaleza'. Esta cadena, que ha actuado igual en Extremadura, remitió los spots a la comisión de autocontrol, un órgano externo independiente, que no resolvió la duda, por lo que se ha dirigido a la secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

También TVE ha retenido la emisión de los anuncios, según confirmó la portavoz del ente RTVE, Teresa Alfajeme, quien aseguró que el anuncio se remitió a la asesoría jurídica y que ésta se pronunciará en los próximos días. Campañas publicitarias similares, como las emprendidas por los Gobiernos de Aragón y Murcia sobre trasvases, han sido rechazadas con anterioridad. Alfajeme recordó que la empresa pública rechaza al año unas 200 campañas dado que existen 'normas muy estrictas' sobre publicidad.

La negativa de Antena 3 TV y TVE a emitir los anuncios dará pie a una batalla jurídica, ya que frente a los argumentos que exponen ambas cadenas, la Junta esgrime el Estatuto -que reconoce la competencia exclusiva a la comunidad en materia de publicidad- y la ley autonómica que regula la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía (Noviembre 2002).

LA UE CALCULA QUE ESPAÑA SERÁ INCAPAZ DE CUMPLIR EL PROTOCOLO DE KIOTO  

Para España empieza a ser tarde para enderezar el rumbo. El último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente es demoledor. Ni siquiera adoptando las medidas complementarias proyectadas por el Gobierno de Madrid se podrá cumplir el compromiso de limitar al 15% el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2008-2012. El desarrollo del transporte por carretera y el aumento de las centrales de energía son algunas de las razones de este previsible incumplimiento que expone a España a una multa de Bruselas y a tener que comprar derechos de emisión.

La mala situación española contrasta con las expectativas que ofrece la Unión Europea en su conjunto. La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) no descarta que la UE acabe en 2008-2012 (periodo final establecido por el Protocolo de Kioto sobre cambio climático) reduciendo sus emisiones en una proporción superior a la comprometida. En el protocolo, la UE se compromete a reducir en un 8% sus emisiones respecto a 1990, año utilizado siempre como referencia.

"En la práctica, si se aplican todas las medidas complementarias en debate para reducir emisiones", dice la AEMA, "se prevé un recorte total del 12,4%, muy por encima de la reducción del 8% que exige Kioto". Sin embargo, de estas buenas perspectivas se descuelgan con claridad varios países -España, Austria, Bélgica y Holanda-, que ni siquiera con los esfuerzos suplementarios planeados por sus respectivos gobiernos alcanzarán sus propios objetivos, según los cálculos de la AEMA, que prevén que España supere su tope al menos un 13%. Entre esos esfuerzos suplementarios se incluye el desarrollo de energías alternativas, la imposición de tasas energéticas, la firma de acuerdos voluntarios con la industria o decididas políticas de transporte público.

España es el país que más se aleja del objetivo de Kioto. El "reparto de la carga" pactado por los Quince países de la UE permite a España aumentar en un 15% sus emisiones respecto a 1990. Sin embargo, éstas estaban en 2000 un 33,7% por encima. Tal incremento no sólo se debe al aumento del transporte por carretera y a la industria energética. España es uno de los pocos países de la UE que no ha sido capaz de contener las emisiones controlando la gestión de residuos y las debidas a los usos agrícolas (óxido nítrico por el uso de ciertos fertilizantes y metano por la fermentación de los excrementos del ganado).

La agencia recuerda que el "reparto de la carga" pactado por los quince "ha impuesto límites legalmente vinculantes a las cantidades que cada uno de ellos puede emitir dentro del objetivo global". De ahí que España se esté exponiendo a una multa de Bruselas y que, una vez aprobado la semana pasada el comercio de emisiones, las empresas españolas se vean obligadas a comprar derechos de emisión, dentro de la UE, a Alemania, Reino Unido o Suecia, países que pueden cumplir con creces sus compromisos.

Bruselas ha suscrito acuerdos diversos con los fabricantes de automóviles que han permitido reducir desde 1995 un 10% las emisiones de dióxido de carbono por parte de los coches particulares nuevos, lo que para la comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallström, es todavía insuficiente (Diciembre 2002).

PIQUÉ RECIBE ABUCHEOS E INSULTOS EN UNA VISITA A TORTOSA  

Unos 300 miembros de los grupos contrarios al trasvase del Ebro recibieron con abucheos e insultos al ministro de Ciencia y Tecnología y presidente del Partido Popular en Cataluña, Josep Piqué, en su visita a Tortosa (Tarragona) para apoyar a sus candidatos en esa provincia para las próximas elecciones municipales. Los antitrasvase lanzaron sal y huevos a Piqué, que, lejos de amedrantarse, defendió las bondades del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y afirmó que es el PP quien garantiza la mejor política sobre el agua.

El ministro defendió el PHN como un proyecto positivo y criticó a los miembros de la Plataforma en Defensa del Ebro, a los que acusó de no representar a nadie y de utilizar "de forma innoble los sentimientos de la gente".

Los antitrasvase recibieron a Piqué con una alfombra de sal en la entrada del Auditorio Felip Pedrell, símbolo de la salinización que amenaza al río con la cesión de agua (Enero 2003).

LOS TRABAJADORES DE TVE-BALEARES DENUNCIAN CENSURA INFORMATIVA EN EL 'CASO FORMENTERA'  

La plantilla de trabajadores de Televisión Española (TVE) en Baleares traslada al director general del ente, José Antonio Sánchez, y al consejo asesor regional de RTVE, un informe en el que denuncia que sufre en su trabajo "manipulación política continuada" y "censura informativa" por parte de la dirección del centro territorial. "El endurecimiento intenso de la presión política" en la redacción de informativos intenta, según el documento, "deformar la realidad y favorecer descaradamente la presencia del PP y minimizar las instituciones autonómicas", en manos de la izquierda.

El escrito de queja de los trabajadores detalla que la dirección ha impuesto silencio informativo sobre las noticias de las declaraciones judiciales del caso Formentera, el supuesto delito electoral que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, cometido en la época en que era presidente el conservador Jaume Matas, actual ministro de Medio Ambiente.

La mayoría de periodistas han dejado de firmar las noticias elaboradas por ellos en protesta por la modificación de sus textos. Los redactores también denuncian la existencia de pactos previos entre la dirección y los responsables de la imagen del PP sobre el contenido de las noticias y aseguran que los corresponsales son "usados en función de los intereses electorales del PP".

El Parlamento balear, tras la huelga general del pasado 20 de junio, convocó al director de TVE en Baleares, Vicente Enguídanos, quien no acudió a la cita. Ahora son los periodistas del centro quienes trasladan a los grupos políticos la "ocultación escandalosa de hechos".

El comité de empresa, el Sindicato de Periodistas, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores solicitan la destitución "por incompetencia manifiesta" del director regional de TVE y de la nueva subdirectora responsable de Informativos y Programas, María Umbert, "para recuperar el sentido profesional, el pluralismo y el rigor informativo de los contenidos" (Febrero 2003).

CASO BITEL: LA AUDIENCIA REABRE EL SUMARIO

La sala segunda de la Audiencia de Palma ha ordenado la reapertura del caso Bitel, el presunto espionaje a través de Internet del correo del socialista Francesc Quetglas entre marzo del 98 y marzo del 2000, para dar pie a que Sebastià Vallori Domenech y Francisca Pascual Canet, funcionarios en esa época de la secretaría personal del president del Govern de Jaume Matas, sean juzgados por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. La sala estima que el auto del Tribunal Supremo de 3 de septiembre del 2002, por el que se rechazó la imputación del hoy ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, no ha modificado las sospechas sobre la presunta trama de espionaje político.

La sección segunda revocó el segundo auto de archivo del caso dictado por el juez instructor, Enrique Morell, el 14 de octubre pasado. Morell, que ya cerró la causa el 20 de febrero del 2002, estimaba que no existían indicios de que el desvío de correos electrónicos de Quetglas, entonces presidente de la Comisión Insular de Urbanismo del Consell de Mallorca, al ordenador de Vallori en el gabinete de Matas fuera intencionado y tampoco había pruebas de que alguien se hubiese apoderado de esos mensajes.

Aunque el tribunal no específica en su resolución contra quién tendrá que abrirse el juicio oral, en el auto de 27 de mayo del 2002 los magistrados apuntaron a que existían indicios fuertes contra Vallori, defendido por Diego Wencelblat, y menos contundentes contra Francisca Pascual, la jefa de la secretaría personal de Matas y representada por Rafael Perera, mientras que no había base para mantener la acusación contra el resto de imputados (otros funcionarios del gabinete del president del Govern y trabajadores de la empresa pública de telecomunicaciones Bitel).

Los magistrados señalan que si el juez instructor Morell ha sido coherente al volver a archivar el caso, ellos no pueden ser menos, "y, a fuer de no ser incongruentes", se han de mantener en su tesis de que existen indicios suficientes para que se haga un juicio oral.

La sala entiende que el auto del Supremo en el que se rechazó la imputación del ministro Matas "analiza el asunto desde la única perspectiva que le fue sometida, que era la posible imputación de un aforado". El auto destaca que el Supremo no entró, por no ser de su competencia, a analizar los indicios contra los otros imputados (Febrero 2003).

CASO EMBALSE DE YESA: ACS PAGÓ MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS A LA CONSULTORA QUE REDACTÓ EL PROYECTO

El fiscal de Medio Ambiente Emilio Valerio mantiene que la investigación sobre las obras de recrecimiento del embalse de Yesa (Zaragoza) revela que la Unión Temporal de Empresas (UTE), liderada por ACS y a la que se adjudicaron los trabajos, pagó más de un millón de euros a la consultora autora del proyecto. Así lo indica Valerio en un informe, en el que relata que la consultora Euroestudios realizó el proyecto con el que ACS concurrió a la adjudicación y explica también que la contabilidad de la empresa B&S Ingeniería, que pertenecía entre otros al ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Tomás Sancho, refleja cantidades de dinero "de origen desconocido".
Valerio remitió este informe el pasado 14 de enero al juzgado de instrucción número 19 de Madrid, tras la investigación de la Unidad Económica de la Policía Judicial, y en éste pide que se vuelva a citar para que declare como imputado al ex director general de Obras Públicas Carlos Escartín,
Además, reclama que declaren como imputados Sancho y dos ingenieros de la CHE, Juan Luis Uceda y Ángel Núñez, todos ellos por supuestos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas.
El Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza) interpuso en 2000 una querella por prevaricación contra Escartín, la ex directora general de Calidad y Evaluación Ambiental Dolores Carrillo y el ex secretario general del Ministerio de Medio Ambiente Carlos Vázquez.
Escartín -quien fue contratado por ACS- declaró como imputado en 2001 en el juzgado 19, que en julio del año pasado acordó la investigación por parte de la Unidad Económica de la Policía Judicial de las vinculaciones con el recrecimiento y otros proyectos de las empresas B&S Ingeniería, que pertenecía a Sancho, y Euroestudios.
Además, estableció que se investigara el patrimonio personal de Escartín, Sancho, tres ingenieros de la CHE (Miguel Zueco, José Luis Uceda y Ángel Núñez) y Alfonso Barbany, titular junto a Sancho de B&S Ingeniería.
El fiscal explica que el análisis de las facturas y de la documentación de Euroestudios revela la "vinculación económica de la misma con ACS, adjudicataria de la obra, puesto que ha recibido de la Unión Temporal de Empresas vinculada a la citada constructora 1.442.400 euros (240 millones de pesetas) y ha realizado el proyecto con el que aquella empresa concurrió a la adjudicación". Señala que hay una "vinculación económica entre proyectista y concurrente a la adjudicación que infringe el artículo 53.3 de la Ley 13/95 de Contratos".
"Desvelada esta circunstancia no resultan tan llamativos los insólitos informes de la proyectista reclamando una cota, a todas luces desmesurada, para la construcción del citado embalse o propiciando la aprobación de addendas de un monto económico importantísimo a favor de la adjudicataria del Proyecto", argumenta.
Finalmente -explica- en octubre de 2002 a propuesta de Uceda y Núñez se produjo la adjudicación del control y vigilancia pública de las obras a favor de Euroestudios. "Como es obvio está acreditado que aquella mercantil está trabajando para ACS (...), de tal manera que se infringe aquí el artículo que prohíbe expresamente que la vigilancia de la obras se encomiende a las empresas que han concurrido a la adjudicación".
Sobre B&S Ingeniería dice que el análisis de su contabilidad revela que "es una empresa 'ad hoc' para la contratación con la CHE" y añade que "en los cinco años examinados prácticamente la totalidad de su contratación, en torno a 600.000 euros de media anual, son encargos públicos de la CHE y el 90 por ciento de las mismas vinculadas directamente al proyecto de recrecimiento".
El fiscal advierte de la aparición de dinero -como la compra de activos financieros por un importe de más de 1.105.862 euros (184 millones de pesetas)- "de origen desconocido, no proveniente en cualquier caso de los ingresos y de la actividad de la empresa", lo que solicita que se investigue.
Además, pide entre otras pruebas recabar del Registro Mercantil certificación acreditativa de las personas que en los años 1997 a 2001 ostentaban la administración de Euroestudios, ACS y B&S Ingeniería.
El Ministerio de Medio Ambiente informó el pasado mes de julio en un comunicado de que la adjudicación de las obras para agrandar el embalse se ajustó a la legislación vigente (Febrero 2003).

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