Caso Palma Arena. La suma reclamada por anticorrupción causó asombro en medios jurídicos
FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA.
El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, retiró ayer cautelamente el pasaporte al ex president del Govern Jaume Matas, tras reclamar para él la fiscalía anticorrupción prisión preventiva eludible con tres millones de euros, una de las fianzas más altas solicitadas en los anales de la Justicia española y que causó asombro en medios jurídicos. Castro comunicará el lunes su decisión respecto a la fianza contra Matas, mientras su defensa se opuso a la adopción de medidas cautelares.
La vistilla de situación personal de Jaume Matas y su cuñado, y tesorero del PP de Balears entre 2002 y 2008, Fernando Areal, tuvo lugar a lo largo de la mañana de ayer. La comparecencia duró varias horas, debido a las pausas reclamadas por los abogados defensores Rafael Perera y Manuel Ollé, para estudiar el escrito del fiscal justificatorio de la prisión con fianza, un documento de más de 60 folios.
Los defensores se opusieron a la adopción de medidas cautelares, negaron los múltiples cargos dirigidos contra Matas y resaltaron que la incautación de su pasaporte iba a suponer la privación de su modus vivendi, ya que actualmente trabaja y reside en Estados Unidos.
En los últimos días se había especulado mucho respecto a la fianza que los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach iban a pedir para Matas, garantía que se preveía iba a ser elevada. La irrupción el martes de las escuchas telefónicas practicadas en los últimos meses a Matas, su esposa Maite Areal, su cuñado Fernando Areal, y su amigo Bartolomé Reus, complicó la situación procesal del ex presidente del PP balear.
De hecho, los fiscales entre los motivos alegados para reclamar la prisión incluyen las sospechas de que Matas haya podido influir en testigos del caso o intentado fabricar pruebas, indicios descubiertos gracias a las escuchas. No obstante, la cifra de tres millones de euros provocó sorpresa entre las partes personadas en el sumario y, después, un sonoro murmullo de asombro entre los periodistas.
Las acusadoras particulares en nombre del actual Govern, Maria Ángeles Berrocal y María Ángeles González, se adhirieron a la solicitud de la fiscalía y también reclamaron una fianza de 3 millones.
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach facilitó la tarea del juez Castro y le dio pie a demorar su decisión sobre la situación de Matas, adoptando como medidas cautelarísimas la retirada del pasaporte y las presentaciones diarias en el juzgado de guardia.
El instructor decidió aplazar hasta el lunes la notificación del auto y pidió al ex ministro que le entregara su pasaporte. Castro no estimó oportunas las presentaciones.
Barajaron 4 millones
Rafael Perera rogó también al juez que dispensara a Matas y a su cuñado de tener que acudir el lunes al juzgado para recibir el auto, medida que autorizó el instructor.
Matas deberá dejar su pasaporte en el juzgado si consigue reunir la fianza, aunque podría trasladarse a vivir a otro punto de España. Las acusaciones llegaron a barajar reclamar una fianza carcelaria de hasta 4 millones de euros.