MAROTO : UN MERCENARIO TERRITORIAL A SUELDO DE QUIEN LE PUEDA PAGAR
CASO SAN ANTONIO : MATERIAL DE LECTURA BÁSICO
EL TRIBUNAL DE CUENTAS ARCHIVA LA INVESTIGACIÓN POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN DE MAROTO (PP) EN VITORIA
Considera que "en el momento en el que nos encontramos" no se aprecia "supuesto alguno de responsabilidad contable" en la concesión del contrato de limpieza del Ayuntamiento de Vitoria a la empresa FCC
El fiscal José Ángel Serrano Ruiz señala que las "irregularidades" han sido "subsanadas" y que no se aprecia "menoscabo de fondos públicos"
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El Tribunal de Cuentas del Estado ha archivado la investigación sobre las presuntas "irregularidades" en la concesión del contrato de limpieza del Ayuntamiento de Vitoria, durante la etapa como alcalde del actual vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto, a la empresa FCC, al considerar que "en el momento en el que nos encontramos" no se aprecia "supuesto alguno de responsabilidad contable".
La investigación abierta en su día por el Tribunal de Cuentas se centraba en las presuntas "irregularidades" que, según la apreciación inicial del fiscal jefe del organismo fiscalizador, existían en el contrato de limpieza urbana y recogida de residuos adjudicado por el Ayuntamiento de Vitoria a la empresa FCC por un importe de 160 millones de euros.
Aquel contrato fue prorrogado el 27 de junio de 2014, con Maroto como alcalde de la capital alavesa, por un periodo de un año. El fiscal del Tribunal de Cuentas consideraba en el escrito que dio lugar a la apertura de la investigación que aquella prórroga se adoptó pese a que FCC tenían "pendientes" de ejecutar trabajos por un valor que los técnicos municipales estimaron en 820.846 euros.
A raíz del inicio de esta investigación, Maroto remitió al Tribunal de Cuentas diversa documentación para justificar que no existían trabajos pendientes de realizar por parte de la empresa.
Tras analizar la documentación remitida por el actual vicesecretario de Política Social del PP, el fiscal José Ángel Serrano Ruiz constata —a través de un escrito al que ha tenido acceso Europa Press— que "han sido realizadas todas las prestaciones contratadas".
"Irregularidades subsanadas"
De esa forma, añade que las "irregularidades" han sido "subsanadas" y que no se aprecia "menoscabo de fondos públicos", por lo que solicita el archivo de la causa.
La posición del fiscal queda ratificada a través de un auto de la consejera de la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas Maria Antonia Lozano, que decreta el archivo de la causa "al no apreciarse, en el momento en que nos encontramos, y a la vista de la (prueba) documental obrante en las actuaciones, supuesto alguno de responsabilidad contable".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/08/03/tribunal_cuentas_archiva_investigacion_por_presuntas_irregularidades_gestion_maroto_vitoria_68346_1012.html
El ayuntamiento de Vitoria se niega a recurrir al Supremo por el caso 'San Antonio', una trama gestada durante la etapa de los populares que provocó un agujero millonario al municipio.
“La mejor forma de destruir un enemigo es hacerlo mi amigo”, escribió alguna vez Abraham Lincoln. “Dos no se pelean si uno no quiere”, añade el refranero español. Actualmente, los negociadores del PNV y PP podrían recitar ambas frases a diario. No en vano, los nacionalistas vascos han demostrado que no serán ellos quienes hagan fracasar lo que podría ser una bonita amistad… O por lo menos, un apoyo circunstancial, de esos que son recibidos como agua de mayo. A pocos meses de que Madrid y Vitoria analicen sus respectivos Presupuestos, el partido de Iñigo Urkullu ha rechazado seguir adelante con la denuncia contra los conservadores Javier Maroto y Alfonso Alonso por un millonario contrato que benefició a un particular y perjudicó a la administración.
El problema –y su correspondiente solución- tiene nombre religioso. El caso 'San Antonio' se gestó en la etapa de Alonso –actual presidente del PP vasco- como alcalde de Vitoria y su inseparable Javier Maroto –ahora en la ejecutiva nacional de los populares- como concejal de Hacienda. En febrero de 2007, ambos cargos públicos dieron su visto bueno a un contrato de alquiler de unas oficinas situadas en la céntrica calle San Antonio de la capital alavesa. El importe del arrendamiento era de 7,6 millones de euros que se pagarían a lo largo de 20 años. El dueño del local era el empresario Gonzalo Antón, quien había comprado la lonja apenas un año antes por 2,7 millones de euros. Como si esto fuera poco, el contrato incluía una cláusula de blindaje a favor del propietario: si el contrato se rompía, el ayuntamiento de Vitoria debería abonarle los 20 años al completo. La ganancia –al menos para Antón- era evidente.
Tras provocar un escándalo político de importantes proporciones, el alquiler de San Antonio –que hoy alberga la Oficina de Atención al Ciudadano- llegó al Tribunal de Cuentas (TC). En mayo de 2016, el órgano fiscalizador dictó una condena contra Alonso y Maroto, quienes se verían obligados a abonar 393 mil euros. Ambos políticos conservadores recurrieron el fallo, lo que derivó en el mejor regalo navideño que podían recibir: diez días antes de Nochebuena, el TC dio marcha atrás y los absolvió. Si en mayo se apreciaba un perjuicio a las arcas públicas, en diciembre se entendía que no había existido vulneración alguna. La encargada de exponer ese cambio de criterio fue Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia en el gobierno de José María Aznar.
Alonso y Maroto hoy pueden dormir tranquilos, y no sólo gracias a su antigua compañera Mariscal de Gante. El ayuntamiento de Vitoria, en su calidad de principal perjudicado por la firma de ese contrato, ha decidido colgar la toalla. Dicho de otra forma, no habrá recurso al Tribunal Supremo. En términos futbolísticos, el partido está terminado. Esta decisión del gobierno municipal del PNV –que lleva las riendas del Ejecutivo local en coalición con el PSE-ha generado un profundo malestar entre los integrantes de la Asociación ADI, dedicada a perseguir los casos de corrupción registrados en Euskadi. Este lunes, sus responsables divulgaron un informe en el que advertían sobre la “negligencia” del alcalde peneuvista, Gorka Urtaran.
“El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no agotó todas las vías jurídicas posibles. La sentencia absolutoria era recurrible en casación y se decidió dar carpetazo al asunto. Los artículos en los que se basan los servicios jurídicos del ayuntamiento para que el alcalde Urtaran tomara esa decisión no son aplicables al caso”, sostienen. En ese contexto, los responsables de ese colectivo también han querido destacar los perjuicios económicos que acarreará esa decisión: “al no presentar recurso y devenir firme la sentencia absolutoria, el ayuntamiento renunció a recuperar 393.862,31 euros”, remarcaron. Ya no hay vuelta atrás.
El ayuntamiento deberá seguir pagando el contrato durante diez años
En su informe, la asociación ADI discrepa radicalmente con el área legal de la corporación, que había alegado “motivos exclusivamente jurídicos” para negarse a recurrir la absolución de Alonso y Maroto, “haciendo referencia expresa a la cuantía del pleito y aludiendo a que su importe no llegaría al mínimo exigible, mencionando también que en la propia sentencia del Tribunal de Cuentas del Estado se dice que la misma no es recurrible”.
Sin embargo, este colectivo anticorrupción ha elaborado un análisis jurídico en el que dictamina que la sentencia podía ser recurrida. Ese documento fue “remitido vía correo electrónico a los servicios jurídicos municipales el pasado 31 de enero para recabar su opinión al respecto. “A día de hoy no hemos recibido contestación alguna”, señalaron desde ADI. De esta manera, el ayuntamiento deberá seguir pagando el contrato durante los diez años que aún quedan de contrato. Ya no hay vuelta atrás.
Coincidencias
La negativa del gobierno municipal de Vitoria a llevar a Alonso y Maroto al Tribunal Supremo coincide con el “deshielo” en las relaciones entre PNV y PP. Si los nacionalistas vascos están necesitados de apoyos para aprobar sus Presupuestos autonómicos, los conservadores viven su vía crucis propio para tratar de sacar adelante las cuentas del Estado. Las conversaciones, según han publicado en los últimos días algunos medios próximos a los nacionalistas, ya están en marcha, aunque hoy nadie arriesga cuál será el resultado final.
Lo que sí está claro es que Rajoy confía en conquistar al PNV para sortear la votación de las enmiendas a la totalidad –los cinco votos de los diputados nacionalistas, sumados a Ciudadanos y Coalición Canaria, le permitirían superar ese trámite- y garantizarse una base sólida de cara a la votación definitiva del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. A cambio, el PP vasco –por boca de Alfonso Alonso- ofrece “estabilidad” al gobierno de Urkullu, situado –a pesar de su acuerdo con el PSE- en minoría.
La combinación del calendario y la hemeroteca podría aportar algunas claves sobre ese proceso. Pista número 1: el plazo para recurrir la absolución de Alonso y Maroto ante el Supremo expiró el 26 de enero. Pista número 2: una semana más tarde, el presidente del PP vasco –definitivamente absuelto por el caso San Antonio- se dirigía públicamente al PNV para mostrar su mano tendida a los nacionalistas. El camino está abierto.
https://www.publico.es/politica/caso-san-antonio-pnv-salva.htmlEL PSOE CUESTIONA QUE UNA EXMINISTRA DEL PP ABSUELVA A ALONSO Y MAROTO: "CHIRRÍA" LA IMPARCIALIDAD DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Otro de los tres magistrados, presidente de la Sala, emite un voto particular discrepante, estimando que sí existió una infracción legal La ponente de la sentencia es la exministra de Justicia del mismo partido, Margarita Mariscal de Gante
El Tribunal de Cuentas ha absuelto este miércoles al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, y al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, de la condena inicial impuesta por este mismo organismo por el caso San Antonio, por la firma de un contrato público a un precio considerado muy superior al de mercado durante su etapa al frente del Gobierno municipal de Vitoria, según ha informado Europa Press.
La ponente de la sentencia ha sido la actual consejera del Tribunal de Cuentas (TCU) y antigua ministra de Justicia del PP Margarita Mariscal de Gante, que ha sido secundada por otro de los miembros de la Sala de Justicia de este organismo, integrada por tres consejeros. Por el contrario, el tercer miembro y presidente de la sala, Felipe García Ortiz, ha emitido un voto particular discrepante, al estimar que sí existió "infracción legal" en el contrato, según han informado fuentes del TCU.
Este voto particular señala que en ningún caso se justificó ni motivó la desproporción en el precio de actualización, por lo que considera que el mismo fue abusivo y existió un pago sin causa que ascendió a 189.097 euros. El presidente de la sala cree que Maroto, Alonso y el resto de los miembros de aquel Gobierno municipal deberían haber sido condenados por esta suma, estimando su recurso de forma parcial.
Maroto y Alonso fueron condenados el pasado mes de mayo por el Tribunal de Cuentas, en primera instancia, junto al resto de miembros del Gobierno municipal de Vitoria que, en 2007, firmaron un contrato público para el alquiler de unas oficinas con el empresario Gonzalo Antón.
El contrato, firmado por el Gobierno municipal del que Alonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda, obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas apuntó en su sentencia de mayo a la "responsabilidad contable" de aquel Gobierno municipal del PP, y condenó a sus integrantes a pagar, de forma solidaria, 393.862 euros por el "perjuicio" causado a las arcas públicas de Vitoria.
La Sala de Justicia de este tribunal ha estimado el recurso de Maroto, Alonso y el resto de exconcejales del PP condenados, absolviendo a todos ellos. En esta nueva sentencia se indica que los pactos suscritos por el Ayuntamiento en el contrato entraban en el ámbito de la discrecionalidad administrativa, y que el informe de la Unidad Técnica del Ayuntamiento, que estimaba que el alquiler debía tener un coste inferior, no era vinculante.
El Tribunal de Cuentas añade que la jurisdicción contable no puede entrar en razones de oportunidad o de eficacia en el uso de los fondos públicos, ya que debe limitarse a estudiar los criterios de legalidad.
Un colectivo anticorrupción pide llevarles ante el Supremo
Por su parte, la asociación contra la corrupción Adi ha pedido al Ayuntamiento de Vitoria que recurra ante el Tribunal Supremo esta absolución para denunciar "el trato de favor" que ambos dirigentes otorgaron al empresario Gonzalo Antón durante su etapa al frente del Gobierno municipal de Vitoria.
Adi ha recordado, mediante un comunicado, que este caso "no ha terminado" con la absolución de Maroto y Alonso por el Tribunal de Cuentas, ya que sigue existiendo la posibilidad de recurrir a la vía administrativa.
Por ese motivo, ha solicitado al Ayuntamiento de Vitoria que "continúe defendiendo el interés público", que actúe con "responsabilidad"; y que recurra la sentencia ante el Supremo.
La imparcialidad "chirría"
El portavoz del PSOE en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, Antonio Hurtado, considera que el hecho de que el Tribunal haya absuelto finalmente a Alonso y Maroto pone en cuestión la imparcialidad de la institución.
Antonio Hurtado ha hecho hincapié en el hecho de que haya sido la exministra de Aznar quien haya aceptado el recurso que plantearon los dirigentes del PP y considera que, "como mínimo, suena bastante mal". "La imparcialidad queda un poco cuestionada", sostiene. "Chirría a los oídos".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/14/el_tribunal_cuentas_absuelve_maroto_alonso_por_caso_san_antonio_58755_1012.htmlEL TRIBUNAL DE CUENTAS ABSUELVE A ALONSO Y MAROTO POR EL ALQUILER DE VITORIA
El presidente de la sala presenta un voto particular al creer que sí hubo infracción legal
El Tribunal de Cuentas ha absuelto este miércoles al exalcalde de Vitoria Alfonso Alonso y a su concejal de Hacienda en 2007, Javier Maroto, además de al resto del equipo de Gobierno, de un supuesto delito de infracción contable por la que sí fueron condenados en la primera instancia del mismo Tribunal. La ponente, la exministra de Justicia del PP Margarita Mariscal de Gante, ha logrado el apoyo de José Manuel Suárez Robledano, nombrado a propuesta de los populares, en contra del criterio del presidente de la sala, Felipe García Ortiz —que fue nombrado por el PSOE—, y les ha absuelto en apelación de la sentencia que les había condenado al pago de 393.862,31 euros por alcance a los fondos públicos.
El Ayuntamiento alquiló a mejor precio que el que recomendaban los servicios municipales y por el doble de años que pedía la propiedad, un local para los servicios municipales. El coste del alquiler ascendía en los 20 años a 7,6 millones cuando por ese precio podían haber comprado tres locales como ese. El empresario lo había comprado en 2006 por 2,7 millones.
La sentencia de instancia consideró que se produjo un daño a los fondos públicos por no haberse justificado y motivado la diferencia tan evidente entre lo que se pagó durante los ejercicios de 2009 a 2013 a través del contrato suscrito de arrendamiento en el local de la calle San Antonio número 10 y lo que determinaba el informe interno de la Unidad Técnica de Valoración de dicho Ayuntamiento.
La sentencia de en apelación estima el recurso y absuelve a los demandados porque entiende que los pactos suscritos por el Ayuntamiento en dicho contrato privado entraban en el ámbito de la discrecionalidad administrativa y porque el informe de la Unidad Técnica no era vinculante. El fallo manifiesta que la jurisdicción contable no puede entrar en razones de oportunidad o de eficacia en el uso de los fondos públicos, sino en criterios de legalidad.
El voto particular de Felipe García sí considera que existió infracción legal porque el contrato vulneró los principios de buena administración que establece el artículo 111 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que prohíbe pactar cláusulas contrarias a dichos principios. Y, por consiguiente, hubo daños a los fondos públicos.
García estima que dicho daño se derivó de los diferenciales de actualización del IPC de los años 2009 a 2013, ya que se llegó a pactar hasta un diferencial de +9. Según este voto, en ningún caso se justificó ni motivó esta desproporción en el precio de actualización, por lo que, según su opinión, fue abusivo y existió un pago sin causa que ascendió a 189.097,01 euros. Por ello, consideró que debió condenarse a la Junta de Gobierno Local por dicha cantidad y estimarse el recurso de forma parcial.
https://elpais.com/politica/2016/12/14/actualidad/1481721602_569911.htmlUNA EXMINISTRA DEL PP REVISARÁ LA CONDENA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS A ALONSO Y MAROTO
Margarita Mariscal de Gante tramita la ponencia que analiza el recurso de los dos exalcaldes del PP de Vitoria. La primera sentencia les obliga a pagar 393.000 euros.
Margarita Mariscal de Gante, titular de Justicia entre 1996 y 2000, es la ponente de la Sala del Tribunal de Cuentas que analiza el recurso de los dos dirigentes del PP contra el fallo del denominado caso San Antonio. El organismo fiscalizador condenó en primera instancia el pasado mayo a Alonso y Maroto por perjudicar las arcas municipales de Vitoria, donde ambos fueron alcaldes.
El caso San Antonio se remonta a 2007. El empresario y expresidente del Club Deportivo Alavés, Gonzalo Antón, adquirió entonces por 2,7 millones un local en Vitoria. Y, un año después, alquiló el inmueble al Ayuntamiento, gobernado entonces en minoría por Alonso. El Consistorio se comprometió a abonar al empresario 7,6 millones por el arrendamiento durante 20 años.
El contrato de la discordia multiplicaba por tres el precio de la compra e incluía una cláusula de blindaje. Si se rompía el acuerdo, la Corporación debía pagar 20 años íntegros de arrendamiento. La publicación de unos correos electrónicos disparó las sospechas de un presunto pacto en el precio para beneficiar al empresario desde el Ayuntamiento de Vitoria.
Mariscal de Gante debe ahora decidir si revoca o confirma la primera sentencia del Tribunal de Cuentas sobre Alonso y Maroto. El fallo, que contemplaba el pago de 393.000 euros, fue dictado por la magistrada María Antonia Lozano, consejera a propuesta de Izquierda Unida y PSOE.
La Sección de Enjuiciamiento del organismo fiscalizador, que es la encargada de decidir sobre el recurso, está compuesta también por José Manuel Suárez Robledano, consejero a propuesta del PP y exportavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y Felipe García Ortiz, que aterrizó en el Tribunal de Cuentas respaldado por el PSOE. Si se revoca, parcial o totalmente, o se mantiene el fallo de primera instancia, será una decisión de la Sala, que adopta sus resoluciones por mayoría.
La designación de Mariscal de Gante como ponente responde a “un turno estricto”, según informó un portavoz del Tribunal de Cuentas. “No existe una causa para que la exministra se abstenga en la revisión del recurso”, añaden desde este organismo.
Se da la circunstancia de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional apartó a los magistrados Enrique López y Concepción Espejel del caso Gürtel por sus relaciones con el PP. Ambos fueron aupados por este partido a un puesto de vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de la judicatura. López, además, impartió medio centenar de conferencias en la fundación FAES, vivero ideológico del PP que pilota José María Aznar.
https://elpais.com/politica/2016/11/03/actualidad/1478193641_148785.htmlEL TRIBUNAL DE CUENTAS CREE INADMISIBLE QUE ALONSO Y MAROTO CUESTIONEN SU INDEPENDENCIA TRAS SER CONDENADOS
El Tribunal de Cuentas ha tenido que emitir un segundo comunicado defendiendo su independencia frente a lo que considera "reiteradas manifestaciones" poniendo en duda su imparcialidad a raíz de la condena impuesta a los dirigentes del PP Alfonso Alonso y Javier Maroto por causar un perjuicio de dinero público al Ayuntamiento de Vitoria.
Tras conocerse la sentencia hace una semana, dirigentes del PP, incluyendo uno de los condenados, el vicesecretario Javier Maroto, replicaron achacando la condena a que la instructora es una consejera del Tribunal de Cuentas elegida a instancias de IU.
La institución que preside Ramón Álvarez de Miranda ya difundió una nota oficial el pasado 14 de mayo reivindicando su independencia frente a las críticas de miembros del PP, pero al ver cómo seguían abundando en el argumento, incluyendo el condenado Maroto este mismo viernes, el Tribunal ha publicado un segundo comunicado.
En ese sentido, reitera que los consejeros son designados por las Cortes Generales (seis por el Congreso y otros tantos por el Senado) y que por tanto no son de un partido concreto porque para entrar precisan del voto a favor de tres quintos de cada una de las Cámaras.
También una exministra del PP y el hermano de Aznar
Así lo cumplió María Antonia Lozano, que está en el departamento del tribunal que dictó la sentencia contra Alonso y Maroto y que fue propuesta en su día al Congreso por PSOE e IU, y también aquellos que consejeros que fueron promovidos en su momento por el PP como Manuel Aznar (hermano mayor del presidente de honor del PP, José María Aznar) o la la exministra del PP Margarita Mariscal.
El Tribunal sostiene que este modelo de nombramiento de consejeros es el imperante en el entorno europeo y no obsta para que los miembros del tribunal gocen de "absoluta independencia" y que la institución ejerza sus funciones, tanto fiscalizadora como jurisdiccional, "con plena independencia y con sometimiento al ordenamiento jurídico".
Por todo ello, proclama que "no resultan admisibles declaraciones en las que se cuestione la independencia de los miembros del Tribunal de Cuentas en el cumplimiento de sus funciones, constitucional y legalmente atribuidas".
https://ecodiario.eleconomista.es/politica-eD/noticias/7579372/05/16/El-Tribunal-de-Cuentas-cree-inadmisible-que-Alonso-y-Maroto-cuestionen-su-independencia-tras-ser-condenados.html?_ga=2.114373189.317551075.1540748894-1507751597.1492669325EL TRIBUNAL DE CUENTAS CONDENA A ALFONSO ALONSO Y JAVIER MAROTO A PAGAR 393.000 EUROS
Los dirigentes del PP anuncian que van a recurrir. Han sido condenados por alquilar en 2007 un local a un precio superior al del mercado en Vitoria
Alfonso Alonso, ministro de Sanidad en funciones y presidente del PP vasco, y el vicesecretario nacional de Sectorial de este partido, Javier Maroto, han sido condenados por el Tribunal de Cuentas de España a pagar 393.000 euros por contratar el alquiler de unas oficinas en Vitoria a un precio muy superior al del mercado. Los hechos se produjeron en 2007, cuando Alonso era el alcalde de Vitoria y Maroto el delegado de Hacienda.
Los dirigentes del PP han anunciado en una nota que van a recurrir. Recuerdan además que no se trata de un caso de corrupción y critican a la ponente de la sentencia a la que cuestionan porque fue designada "directamente por el PSOE a propuesta de IU". "El Tribunal de Cuentas es una jurisdicción administrativa, no judicial, y quien firma la sentencia es una consejera de Cuentas de naturaleza administrativa, no jueza", explican.
Los hechos son los siguientes. El local había sido adquirido por Gonzalo Antón (un conocido empresario que presidió el Club Deportivo Alavés y que dirige varios restaurantes, entre ellos el afamado Zaldiaran) apenas un año antes por 2,7 millones y el contrato le iba a reportar 7,6. Las condiciones de ese contrato generaron tal escándalo en la ciudad que la oposición —el PP gobernaba en minoría— constituyó una comisión de investigación, cuyas conclusiones se hicieron públicas en abril de 2014. Una de ellas proponía la remisión del contrato al Tribunal de Cuentas del Estado, tras constatar que perjudicaba a las arcas públicas.
El empresario compró la lonja en enero de 2006 y, a finales de ese mismo año, ya negociaba su venta con el Ayuntamiento. Alonso y Antón firmaron el contrato en febrero de 2007 por un precio final de alquiler de 7,6 millones de euros, y por un plazo de 20 años. Curiosamente la petición inicial de la propiedad era de 10 años. Los más de siete millones se dividían en 6,1 millones de euros por el alquiler y 1,5 millones de euros por las obras de acondicionamiento que costeó el presupuesto público.
En total, tres veces el precio de compra de la lonja y, además, con una cláusula de blindaje. Si se rompía el contrato, el Ayuntamiento debía pagar los 20 años íntegros. Las sospechas de que el precio estaba pactado al margen del mercado y las advertencias de los servicios municipales se dispararon cuando se conocieron varios correos electrónicos en los que, apenas un mes antes de la firma, Antón escribió alarmado al Ayuntamiento porque la propuesta que había recibido de Hacienda —el concejal de Hacienda era el actual alcalde Javier Maroto— no reflejaba la cantidad mensual negociada. Sin embargo, incorporaba subidas anuales del precio de entre tres y nueve puntos sobre el IPC. ¿Por qué? Porque el informe de los técnicos municipales aconsejaba un alquiler de 10.000 euros y el empresario proponía 18.500. Para equipararse lo antes posible, las subidas anuales eran del IPC más un 9%.
Esas condiciones, precios y blindaje, fueron modificadas cuando saltó el escándalo al hacerse público el contrato en 2014. Maroto y Antón revocaron el blindaje y rebajaron el precio. El PP siempre ha manejado la tesis de que el asunto está prescrito. El Tribunal de Cuentas no lo cree así. En febrero de 2015 impuso una fianza conjunta de medio millón de euros a Alonso, Maroto y al resto de ediles de aquel Gobierno municipal —también investigados en esta causa— por el presunto "perjuicio" causado a las arcas públicas con este contrato. Y esta mañana les ha condenado definitivamente.
https://elpais.com/politica/2016/05/13/actualidad/1463142064_503363.htmlEL TRIBUNAL DE CUENTAS CONSIDERA QUE MAROTO Y ALONSO PUDIERON BENEFICIAR A GONZALO ANTÓN
El Tribunal de Cuentas del Estado condena a pagar de forma subsidiaria una fianza de 496.223 euros a Alfonso Alonso, Javier Maroto y otros 7 concejales populares por el contrato de arrendamiento de los locales de San Antonio. Así se refleja en la liquidación provisional, que aún puede ser recurrible para evitar realizar dicho pago. Además, el organismo ha rechazado que estos hechos hayan prescrito, como pedían los dirigentes populares.
El Tribunal de Cuentas del Estado considera que se pudo beneficiar a Gonzalo Antón con el contrato de alquiler redactado en 2007. Un contrato que perjudicó a la ciudad al primar los intereses de un particular. Por ello obligan ahora a los 9 concejales que aprobaron el contrato en Junta de Gobierno a pagar casi 500.000€ de fianza. Una cantidad que surge por la diferencia entre la valoración del alquiler por parte de los técnicos y el contrato final.
En un comunicado, el Tribunal de Cuentas aclara que su actuación es solo “un pronunciamiento previo y de carácter provisional”.
Asegura que responde a que “las actuaciones previas tienen una naturaleza administrativa cuya finalidad es asegurar los bienes de las entidades públicas de forma cautelar, sin que prejuzguen el procedimiento judicial, ni tan siquiera la necesidad de su apertura”.
El Tribunal de Cuentas del Estado detecta irregularidades en dos ámbitos: por un lado en la diferencia de la valoración entre el informe técnico y el contrato final. Por otro lado desde el Tribunal de Cuentas también se censura el incremento anual, muy superior al IPC.
Además de esta multa, el Tribunal de Cuentas también obliga a Maroto a pagar otros 1.696€, a la socialista Marian Gutiérrez 13.336€ y Manu Uriarte 5.228€. Estas tres personas han sido concejales de Hacienda durante el periodo del alquiler y el Tribunal ve un error y una irregularidad en la actualización de los datos del IPC, que no se realizaba según las cifras de marzo, como debía haberse hecho.
Alquiler perjudicial para la ciudad
El empresario Gonzalo Antón adquirió por poco más de 2 millones un local en 2006 que, un año después, el Ayuntamiento alquiló a dedo en unas condiciones muy beneficiosas para Antón. Según el contrato final el beneficio total sería cercano a los 8 millones.
Hay que recordar que hace ya más de un año el alcalde Javier Maroto logró una rebaja en el alquiler, que hasta ese momento se había regido por una actualización muy superior al IPC anual. El contrato fue aprobado en su día por Alfonso Alonso, a apenas unos meses de las elecciones en las que perdió la alcaldía.
Comisión de investigación
La Comisión de Investigación que se celebró en el Ayuntamiento demostró que el ejecutivo de Alfonso Alonso benefició a Gonzalo Antón, al aprobar un alquiler muy superior al valor de mercado de ese tipo de inmuebles. Alquileres en los que Gonzalo Antón se vio muy beneficiado, con unas cuotas por encima de mercado y un blindaje excepcional, que impedía al Ayuntamiento romper cualquier acuerdo
La contratación de dicho alquiler se realizó, inicialmente, a dedo y con la excusa de instalar ahí servicios de atención al ciudadano, oficina de turismo y el servicio de Padrón. Sin embargo, esta excusa ya quedó descartada con una grabación de una comisión de 2007 en la que Javier Maroto descartaba ya que en ese lugar se fuese a instalar la Oficina de Turismo: “La oficina de turismo no va a ir a estos locales, esto no quiere decir que podamos utiliza restos locales de apoyo. No tenemos intención de trasladar la oficina de turismo a estos servicios”.
En aquellas declaraciones Maroto (entonces concejal de Hacienda), aseguraba que “no tiene sentido que entren por la misma puerta las personas de padrón y los turistas”. Además, según esas grabaciones Maroto anunció en 2007 que existía una opción final de compra, algo de lo que no se ha vuelto a saber.
Con estas grabaciones se desmontaba el primer argumento sostenido hasta este momento por el Equipo de Gobierno respecto al alquiler. Hasta ahora Ainhoa Domaica, portavoz del Gobierno, había argumentado la necesidad de alquilar el local porque necesitaban un espacio amplio para poder cubrir las necesidades.
Las conclusiones también establecen que, desde el primer momento, el Ayuntamiento se adaptó a las exigencias de Gonzalo Antón. Numerosos correos electrónicos probaban que había sido la sociedad privada la que en todo momento había llevado la iniciativa en la negociación.
Informes de valoración
El Departamento de Urbanismo valoró inicialmente el alquiler del inmueble en 10.168€/mes por 10 años (actualización del IPC). Sin embargo posteriormente la empresa emitió una contraoferta de 18.500€/mes, casi el doble.
Finalmente la propuesta resultante quedó establecida en 12.500 €/mes para 20 años, con unas actualizaciones anuales desbocadas. Esta propuesta que salió adelante le permitían a la empresa establecer unas ganancias totales más de 6 millones de euros, algo desbocado pese a ser 2007. Y hay que recordar que toda la adecuación del inmueble ha sido pagada por el Ayuntamiento.
https://www.gasteizhoy.com/contrato-alquiler-san-antonio/
EL PLENO REPRUEBA A MAROTO POR MENTIR EN EL CONTRATO DE ALQUILER DE SAN ANTONIO
El dictamen de conclusiones de la comisión de investigación se envía al Tribunal de Cuentas de España
El pleno del Ayuntamiento de Vitoria ha reprobado este jueves al alcalde, Javier Maroto, por su gestión en el contrato de alquiler en la calle San Antonio de unos locales para albergar oficinas municipales que fue firmado en 2007, cuando era concejal de Hacienda. Los grupos de la oposición han aprobado una moción de reprobación por considerar que en la comisión de investigación creada en el Ayuntamiento por este asunto "se ha demostrado" que Maroto "ha mentido reiteradamente en relación al contrato de alquiler" y que "no ha defendido el interés general" de Vitoria.
PNV, PSE y Bildu han unido sus votos para sacar adelante la reprobación -a la que se ha opuesto el PP-, en la que se critica el "blindaje" del alquiler durante veinte años y en la que se afirma que el comportamiento del alcalde ha sido "opuesto a la debida transparencia".
El pleno también ha aprobado, a instancias del PNV, trasladar el dictamen de conclusiones de la comisión de investigación al Tribunal de Cuentas de España, que es el competente en esta materia. El citado dictamen ha sido aprobado, al igual que lo fue en la comisión, con la oposición del grupo popular, el respaldo de nacionalistas y socialistas y la abstención de la coalición soberanista, que entiende que el texto "se queda corto".
Fuentes de Bildu han informado a Efe que, como su propuesta de poner este asunto en conocimiento de la Fiscalía no ha salido adelante (ya fue rechazada en la comisión), será el propio grupo político el que reúna la documentación y se la transmita al Fiscal Jefe de Álava, Josu Izaguirre.
Bildu anuncia que llevará la documentación al fiscal de Álava
El alquiler de los locales de la calle San Antonio se firmó en 2007 cuando el popular Alfonso Alonso -cuya dimisión también ha pedido la comisión- por un periodo de 20 años y supondrá al Ayuntamiento entre 6 y 7 millones de euros, más del doble de lo que costó el local. El alquiler se suscribió con una cláusula de blindaje y con una renta que se actualizaba anualmente y que llegó a ser de 9 puntos por encima del IPC. Además, el consistorio fue quien sufragó las obras de acondicionamiento (1,2 millones).
El pasado noviembre Maroto renegoció el contrato y consiguió rebajar el alquiler en un 30 %, fijar el precio en el IPC y reducir a 10 los años de vinculación. Sin embargo, la comisión de investigación consideró que al alcalde había negociado con el propietario al crearse este grupo de investigación.
https://elpais.com/ccaa/2014/04/10/paisvasco/1397130518_074493.html
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