OPERACIÓN LEZO
IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SL : UN EX PRESIDENTE Y MULTI PROPIETARIO, CAMINO DE PRISIÓN
OPERACIÓN LEZO
IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SL : UN EX PRESIDENTE Y MULTI PROPIETARIO, CAMINO DE PRISIÓN
¿QUÉ ES LA OPERACIÓN LEZO?
La operación Lezo son en realidad dos operaciones
coordinadas y conjuntas del juez Eloy Velasco y su homólogo del juzgado central
número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata. En ambas operaciones se
investiga al consorcio público, Mercasa Incatema, participado al 51% por la SEPI,
y que se encarga de la gestión y construcción de mercados mayoristas de abastos.
Es el juzgado 5, el que lleva la investigación troncal de Mercasa, tras abrir
una pieza separada del caso Defex, y el 6 se encarga de algunos aspectos
colaterales de esta empresa, según fuentes de la Audiencia Nacional.
En la investigación sobre Mercasa se investiga a una serie de personas que
firmaron un contrato para montar un mercado mayorista tipo Mercamadrid en
Luanda, la capital de Angola. En este contrato, de más de 500 millones de
dólares, se investigan sobreprecios, pagos de comisiones y lucro personal de una
decena de personas, que no han sido detenidos.
La causa abierta por De la Mata, en la que sí ha habido registros, se investigan
delitos de corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo y organización
criminal. Se trata de la primera vez que dos juzgados de la Audiencia Nacional
se coordinan para investigar delitos económicos.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/04/19/madrid/1492585997_526735.html
LAS NOTICIAS
LO QUE SE SABE
SOBRE LA OPERACIÓN LEZO
LA TRAMA DE GONZÁLEZ DESVIÓ 23,3 MILLONES DE "DINERO MADRILEÑO" A CUENTAS EN
PARAÍSOS FISCALES
EL PSOE
SE PERSONA COMO ACUSACIÓN POPULAR EN EL “CASO LEZO”
EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN IMPONE RETIRAR LA ACUSACIÓN DE ORGANIZACIÓN
CRIMINAL A IGNACIO GONZÁLEZ
EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ IMPEDIR UNO DE LOS REGISTROS DE LA
OPERACIÓN CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ
MANUEL MOIX, NUEVO TROPEZÓN TRAS UN NOMBRAMIENTO CONTROVERTIDO
ASOCIACIONES DE FISCALES CREEN QUE LA 'REBELIÓN' EN ANTICORRUPCIÓN POR EL 'CASO
LEZO' DESAUTORIZA A MOIX
MERCASA CESA AL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ Y A OTRA DIRECTIVA Y SU PRESIDENTE
DIMITE
CIFUENTES NIEGA ANTE EL JUEZ HABER SIDO COACCIONADA POR MARHUENDA Y CASALS
DETENIDO EL EMPRESARIO JAVIER LÓPEZ MADRID POR FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP
LÓPEZ
MADRID, EL "COMPI YOGUI" DE LA REINA CAÍDO EN DESGRACIA
UN EMPRESARIO APORTA DATOS SOBRE UNA COMISIÓN DE OHL PAGADA EN SUIZA POR EL
TRANVÍA DE NAVALCARNERO
DRAGADOS PAGÓ TRES MILLONES A LA EMPRESA DE LA FAMILIA GONZÁLEZ EN EL CAMPO DE
GOLF DEL CANAL
CASALS A GONZÁLEZ: "EDMUNDO ESTÁ ACOJONAO. UNA MAGISTRADA AMIGA DE LA CASA HA
LLAMADO PARA DECIR QUE NOS GRABAN"
INVESTIGAN SI GALLARDÓN COMPRÓ UNA FILIAL DEL CANAL POR 11 VECES SU PRECIO
LAS SEIS GRANDES FIRMAS INVESTIGADAS POR LA UCO EN LA OPERACIÓN LEZO
MARHUENDA NIEGA COACCIONES A CIFUENTES: "SOLO QUERÍA AYUDAR A UN AMIGO
DESESPERADO"
IGNACIO GONZÁLEZ ALABÓ LA AFINIDAD CON EL PP DEL NUEVO JEFE DE ANTICORRUPCIÓN EN
UN PINCHAZO CON ZAPLANA
EL EMPRESARIO DE LA 'JET SET' ADRIÁN DE LA JOYA, IMPUTADO EN LA OPERACIÓN LEZO
POR MEDIAR EN EL PAGO DE UNA COMISIÓN DE OHL
REGISTRAN LA SEDE DE OHL POR UNA COMISIÓN DE 1,4 MILLONES DESTINADA A IGNACIO
GONZÁLEZ
LA
HERMANA DE IGNACIO GONZÁLEZ, "DESTROZADA", ACUDE A LA ASAMBLEA
LA UCO CREE QUE GONZÁLEZ BLANQUEÓ DINERO A TRAVÉS DE SU PADRE, DE 90 AÑOS, QUE
SE ENCUENTRA EN ARRESTO DOMICILIARIO
CAEN IGNACIO GONZÁLEZ Y SU CLAN FAMILIAR TRAS UNA DÉCADA DE ESCÁNDALOS IMPUNES
EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ IMPEDIR UNO DE LOS REGISTROS DE LA
OPERACIÓN CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ
OHL, INDRA E IMC, ENTRE LAS EMPRESAS EN LAS QUE HA ENTRADO LA GUARDIA CIVIL
IGNACIO GONZÁLEZ Y SEIS DE SUS COLABORADORES PASAN LA NOCHE EN LOS CALABOZOS
EL JUEZ INVESTIGA AL PRESIDENTE Y AL DIRECTOR DE ‘LA RAZÓN’ POR COACCIONES A
CIFUENTES
CIFUENTES
PREFIERE DECLARAR POR ESCRITO ANTE EL JUEZ
CIFUENTES ESTABA EN EL CONSEJO DEL ENTE DEL CANAL DE ISABEL II EN LA ETAPA DE
IGNACIO GONZÁLEZ
CUANDO ESPERANZA AGUIRRE PONÍA "LA MANO EN EL FUEGO" POR IGNACIO GONZÁLEZ
LO QUE SE SABE SOBRE LA
OPERACIÓN LEZO
La Guardia Civil ha detenido a Ignacio González y a otras 11 personas
por corrupción en la gestión del Canal de Isabel II
Estas son las claves de la investigación sobre la supuesta corrupción en la
empresa pública de aguas Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid. Hasta el
momento hay 12 detenidos, entre ellos el expresidente autonómico Ignacio
González.
¿Qué es la Operación Lezo?
La Operación Lezo investiga la supuesta corrupción en la empresa pública de
aguas Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid, y se centra en
el presunto desvío de fondos públicos para beneficiar a personas vinculadas al
anterior Gobierno regional del Partido Popular. La investigación está coordinada
por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
¿En qué consiste la investigación?
Cuando Ignacio González era presidente de la Comunidad de Madrid, el Canal de
Isabel II, la mayor empresa pública de la Administración autonómica, compró
sociedades en Latinoamérica por un precio superior al de mercado. Una de ellas
fue la empresa brasileña Emissao. La empresa madrileña abonó 21,5 millones en
2013 por esta compra. Al mes Emissao valía la mitad de ese importe (10,2
millones); y al año, una cuarta parte (5,1). Ahora está en pérdidas.
¿Quiénes son los detenidos?
La Guardia Civil ha realizado hasta el momento 12 detenciones, además de haber
practicado numerosos registros, entre ellos la sede del Canal de Isabel II, el
domicilio de González y la sede de subastas Segre presidida por Lourdes Cavero,
mujer del expresidente madrileño investigada en la causa. Estos son los cuatro
supuestos cabecillas de la trama:
Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid del Partido Popular.
Fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre y presidente
del Canal de Isabel II entre 2003 y 2012.
Pablo González, hermano de Ignacio González y presunto testaferro. Es director
de estrategia y operaciones de la empresa Mercasa, una sociedad perteneciente al
Estado.
Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado el hombre de Ignacio González en
Latinoamérica. Es el ex presidente ejecutivo de Inassa, filial colombiana de
Canal Extensia, que gestiona contratos de agua en el resto de países
sudamericanos, y consejero delegado de la empresa editora de La Razón.
María Fernanda Richmon ex directora financiera del Canal de Isabel II
Javier López Madrid, directivo de la compañía OHL.
Adrián Martín, exgerente del Canal de Isabel II
¿Quiénes están imputados?
El número de imputados aún no ha trascendido, fuentes de la investigación hablan
de varias decenas. Por ahora han declarado ante el juez:
Francisco Marhuenda, director del diario La Razón, que ha declarado este jueves
como imputado.
Mauricio Casals, presidente del mismo medio.
¿Quiénes están llamados a declarar como testigo?
El juez Eloy Velasco ha llamado a declarar como testigos a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a su mano derecha el consejero de
Justicia y Presidencia y responsable del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, y a
su jefe de comunicación, Marisa González.
¿Qué ha dicho el PP?
Tras la detención de Ignacio González, el Comité de Derechos y Garantías del PP
le ha suspendido provisionalmente de militancia. El ministro del Interior, Juan
Ignacio Zoido, ha asegurado que la detención del expresidente madrileño
demuestra que las instituciones en España funcionan.
¿Qué han dicho el resto de partidos?
Los partidos de la oposición en el Congreso han exigido explicaciones al fiscal
general del Estado, José Manuel Maza, sobre el intento del recién nombrado
fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, de impedir una serie de registros en el
caso Lezo, que afecta al expresidente madrileño Ignacio González. Moix dio
marcha atrás a su orden después de que la junta de fiscales anticorrupción
expresara su discrepancia con ella. El PSOE solicitará que Maza y el ministro
Rafael Catalá comparezcan en la Comisión de Justicia del Congreso.
PSOE y Podemos también han anunciado este viernes que se personarán como
acusación popular en el caso. El miércoles, tras conocer la detención de
González, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ofreció a PSOE y
Ciudadanos la posibilidad de una moción de censura para desbancar al PP del
Gobierno de la Comunidad de Madrid.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/19/actualidad/1492614115_030601.html
LA TRAMA DE GONZÁLEZ DESVIÓ 23,3 MILLONES DE "DINERO MADRILEÑO" A CUENTAS EN
PARAÍSOS FISCALES
La trama gestada en torno a la empresa pública madrileña Canal de Isabel II
desvió casi 23,5 millones de euros a cuentas bancarias en paraísos fiscales,
provocando malversación y lesión al patrimonio público madrileño. Así consta en
el primer auto de prisión decretado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy
Velasco en relación a dos ex directivos de esta sociedad, dentro de la llamada
Operación Lezo.
Atendiendo al citado documento, al que tuvo acceso este diario, en 2013 se
observaron "irregularidades" en la operación de compra de una empresa brasileña,
Emisaao, por parte de una filial del Canal de Isabel II ubicada en
Latinoamérica, que responde al nombre de Inassa. Los hechos investigados
advierten de que los presuntos gestores de la trama, entre los que fue detenido
el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, crearon empresas
instrumentales "que operaban en países terceros de escasa opacidad" para
realizar la operación, que se ejecutó "en contra de la opinión de auditores
independientes, con el pago de comisiones prohibidas".
Según la investigación, llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil (UCO), la adquisición de Emisaao se hizo "sin informes de
secretarios técnicos ni interventores, ni la autorización de la Consejería de
Hacienda". Es más, deja constancia de que las sociedades instrumentales se
crearon para hacer "desvíos de dinero público madrileño, que así pasaban a
cuentas bancarias en terceros países con opacidad respecto de las titularidades
reales".
Los investigadores no pasan por alto que con esta operación de compra,
considerada "hipervalorada ficticiamente", se produjo un desfalco en el
patrimonio de la empresa pública, "enriqueciendo injustamente a determinadas
personas" que participaron "directamente" en las gestiones u otras "afines".
Según los hechos investigados, los implicados en la operación realizaron la
adquisición de la empresa sin contar con la autorización del Consejo de Gobierno
y de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid y "a través de un
entramado societario opaco". Es más, modificaron el porcentaje de adquisición
del capital de la empresa a comprar del 40% al 75% "sin autorización" y
renunciaron a un aval de tres millones de euros para contingencias "sin
justificación alguna".
La investigación deja constancia de que la adquisición no estaba incluida en el
plan estratégico de Canal Extensia, empresa del Canal de Isabel II que adquirió
la mayoría de Inassa, y que la firma auditora KPMG informó en contra de la
operación, lo que "debió llevar a la paralización inmediata" de la compra. Los
fondos presuntamente invertidos por Inassa y Canal Extensia en la compra de la
empresa brasileña ascendieron a casi 29 millones de euros, sin embargo, según
consta en las cuentas anuales de Canal Extensia, el patrimonio de las brasileña
apenas era de 10,2 millones de euros cuando se produjo la operación, en 2013,
pasando a ser negativo dos años después. En 2015, el patrimonio de Emisaao era
de cinco millones negativos.
http://www.elmundo.es/espana/2017/04/21/58f9fa8de5fdea26658b463a.html
EL PSOE
SE PERSONA COMO ACUSACIÓN POPULAR EN EL “CASO LEZO”
Los socialistas también piden el cese inmediato del fiscal jefe Anticorrupción
El PSOE ha decidido personarse como acusación popular en el llamado “caso Lezo”,
que implica al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, según
ha anunciado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Hernando.
La decisión ha sido tomada por la actual Gestora del partido y esta misma mañana
se ha presentado el escrito ante el juzgado.
Hernando afirmó que el PSOE explicó que el motivo de esta personación es que el
PSOE considera que el caso afecta a los intereses de todos los madrileños, así
como a las empresas públicas implicadas.
Además, el portavoz socialista anunció que su partido hará una petición al
fiscal general del Estado para que abra un expediente disciplinario al fiscal
jefe anticorrupción, Manuel Moix, y sea cesado de forma inmediata.
http://m.publico.es/politica/1996942/el-psoe-se-persona-como-acusacion-popular-en-el-caso-lezo
EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN IMPONE RETIRAR LA ACUSACIÓN DE ORGANIZACIÓN
CRIMINAL A IGNACIO GONZÁLEZ
A los únicos efectos de las peticiones de prisión al expresidente de la
Comunidad de Madrid, y al resto de detenidos en la operación Lezo. El juez
Velasco sortea la imposición y acusa por este delito para acordar los ingresos
en la cárcel
El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, da una nueva vuelta de tuerca. Ha
impuesto a los fiscales del caso, Carmen García y Carlos Yáñez, que no acusen
del delito de organización criminal a los detenidos por la operación Lezo, a la
hora de formular sus peticiones de prisión. Es decir, que cuando este viernes
pidan prisión, con toda probabilidad, para Ignacio González, no lo harán por
este delito, por expreso deseo de Moix, sino por el resto que también le han
sido atribuidos.
Esto no significa, según fuentes jurídicas, que se retire esa acusación a
González y al resto de detenidos, porque no ha sido eliminado de la querella.
Solo en este momento procesal. A los efectos de las peticiones de prisión.
Es una cesión de los fiscales del caso, a cambio de que el fiscal jefe accediera
a permitir el polémico registro a cuya práctica se oponía en principio y motivó
la rebelión de la junta de fiscales Anticorrupción.
Fuentes jurídicas consideran “absurda” la imposición, porque se trata de una
“docena de personas que desde hace años”, supuestamente, se han “concertado para
delinquir bajo la figura de su líder”, Ignacio González. Y eso, para las mismas
fuentes, “solo tiene un nombre, organización criminal”.
Por cierto que el juez Eloy Velasco está soslayando la imposición y acusa por
este delito en sus autos por los que ya ha ordenado dos ingresos en prisión. Se
trata de la directora financiera del Canal Isabel II, María Fernanda Richmond, a
quien ha enviado a prisión eludible bajo fianza de 4 millones de euros, y al
exgerente del Canal, Adrián Martín, a prisión eludible bajo fianza de 100.000
euros.
http://cadenaser.com/m/ser/2017/04/21/tribunales/1492726168_727224.html
EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ IMPEDIR UNO DE LOS REGISTROS DE LA
OPERACIÓN CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ
La víspera del estallido de la operación presentó una orden por escrito, con el
aval del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para suspender uno de los
registros. La actuación de Manuel Moix provocó la rebelión de la junta de
fiscales Anticorrupción, que avalaron a sus compañeros y consiguieron que se
desarrollara todo el operativo
El nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, intentó este martes
que no tuviera lugar uno de los registros planteados en la operación judicial
desarrollada contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Con el aval del propio Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, a quien le
pareció “muy bien” la decisión, según ha confesado el propio Moix a la SER,
ordenó por escrito a los fiscales del caso que no ejecutaran uno de los
registros para el que ya habían preparado el dispositivo policial pertinente, y
que iba a tener lugar en solo unas horas.
Ante la existencia de esta discrepancia, los fiscales de la operación contra
Ignacio González invocaron el artículo 27 del estatuto de la Fiscalía, y de
manera automática Moix tuvo que convocar la junta de fiscales Anticorrupción,
donde la mayoría se opuso a la orden de su jefe, y apoyó la práctica del
registro. El fiscal jefe Manuel Moix acabó rectificando y acató la postura de la
mayoría.
Manuel Moix quita hierro a los hechos. En declaraciones a la SER apunta que se
trata de una actuación “habitual” en la Fiscalía, y que fueron empleados los
“mecanismos de disenso normales” que establece el estatuto del Ministerio
Público. Recuerda además que la decisión de la junta "no es vinculante" y aun
así, rectificó. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por la SER recalcan
que “pocas veces” los fiscales invocan el artículo 27 contra una decisión de sus
superiores, y confirman la “tensión” en la junta por la orden con la que el
jefe, con el aval del Fiscal General, pretendían limitar la investigación.
Se da la circunstancia de que el nombre de Manuel Moix aparece en el sumario de
la operación contra Ignacio González que investiga el juzgado número 6 de la
Audiencia Nacional. Se trata de una conversación telefónica grabada por la
Guardia Civil en verano pasado, entre el propio González y Eduardo Zaplana, en
la que el expresidente de la Comunidad de Madrid celebra la posibilidad de que
Moix pudiera convertirse en el Fiscal Jefe Anticorrupción. Según fuentes
conocedoras de esa conversación, González alude a que Moix es una persona
próxima al PP y viene a decir que si era el elegido, les iría mejor.
En febrero pasado, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, acabó
nombrando a Moix en el cargo, pese a que unas horas antes de la decisión, la
Unión Progresista de Fiscales le había advertido de que circulaba el rumor de
que en un sumario abierto en la Audiencia Nacional existían conversaciones
grabadas que implicaban a su candidato en un supuesto trato de favor al PP.
http://cadenaser.com/ser/2017/04/19/tribunales/1492637651_989556.html
MANUEL
MOIX, NUEVO TROPEZÓN TRAS UN NOMBRAMIENTO CONTROVERTIDO
Maza lo puso al mando de Anticorrupción frente a otros aspirantes experimentados
El nombramiento de Manuel Moix como responsable de la Fiscalía Anticorrupción
estuvo rodeado de polémica y lo han estado algunas de sus primeras actuaciones.
El pasado verano, en una conversación grabada por orden judicial y que consta en
el sumario secreto de la Operación Lezo, Ignacio González y el exministro
Eduardo Zaplana se felicitaban de que Moix fuera a ser nombrado para el cargo,
por su proximidad al PP, según desveló este jueves la Cadena SER.
Para entonces el cargo estaba vacante por jubilación del anterior responsable,
pero no se había abierto el concurso ni Moix se había presentado porque el
Gobierno estaba en funciones. El 13 de noviembre Consuelo Madrigal fue relevada
como fiscal general, en contra de la opinión inicial del Gobierno, por negarse a
nombramientos como el de Moix, según informó entonces EL PAÍS, Su candidato era
Alejando Luzón. José Manuel Maza fue nombrado Fiscal General del Estado por el
Gobierno.
El 22 de enero, meses después, Moix se presentó junto a otros seis aspirantes.
Solo él era ajeno a esa fiscalía y competía contra Luzón, que trabajó en ese
organismo y en procesos como el de Bankia, las tarjetas black y los fondos
reservados; la actual teniente fiscal —número dos— de esa fiscalía
especializada, Belén Suárez, responsable de casos como los del saqueo de
Marbella; Antonio Romeral, que llevó el de los papeles de Bárcenas; José Miguel
Alonso, encargado, entre otros, del caso SGAE; Carlos Alba, especialista en
delitos económicos y en Anticorrupción desde 2006; y María Teresa Gálvez, una de
las encargadas del caso Púnica. José Manuel Maza, fiscal general del Estado,
nombró a Moix, candidato del Gobierno, el 22 de febrero.
Un día antes del Consejo Fiscal fue advertido por la Unión Progresista de
Fiscales de la existencia de la conversación citada entre Zaplana y González.
Maza hizo caso omiso y siguió adelante con el nombramiento.
Tras su polémico nombramiento, la operación de esta semana ha supuesto su
primera gran intervención y un llamativo tropezón.
Una veintena de fiscales anticorrupción frenaron el martes la intención de Moix
de limitar algunos aspectos de la investigación de la Operación Lezo, tras
forzar una junta de fiscales y acogerse al precepto que les permite hacer frente
a órdenes que estimen improcedentes.
Un mes antes fueron desautorizadas y apartadas las fiscales que querían acusar
al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.
Relación estrecha con la Comunidad
Manuel Moix ya tuvo un enfrentamiento con los fiscales anticorrupción cuando
desde la jefatura de la Fiscalía de Madrid hizo que Rodrigo Rato fuera puesto en
libertad el mismo día que era detenido para que se registrara su casa.
En 10 años al frente de los fiscales de Madrid ha tenido relaciones estrechas
con los presidentes autonómicos, Esperanza Aguirre y González. Pidió el archivo
del caso del espionaje, que implicaba a responsables de la Comunidad.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/20/actualidad/1492708754_157173.html
ASOCIACIONES DE FISCALES CREEN QUE LA 'REBELIÓN' EN ANTICORRUPCIÓN POR EL 'CASO
LEZO' DESAUTORIZA A MOIX
Para la APIF, es "gravísimo" tener a los fiscales "completamente sometidos a
poderes exógenos" y cree que la rebelión en la Junta de Fiscales desautoriza al
jefe de Anticorrupción
La UPF se muestra preocupada por el daño que este asunto pueda ocasionar a "la
credibilidad" de una fiscalía que consideran "muy sensible"
El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, se encuentra en un aprieto tan sólo
veinticuatro horas después de que la Guardia Civil detuviera al expresidente de
la Comunidad de Madrid Ignacio González. Este jueves se conoció que Moix, que
ocupa el cargo desde febrero, trató de frenar parte del operativo montado en el
marco de la operación Lezo. En concreto, según pudo conocer infoLibre, se opuso
a que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) accedieran a las
dependencias del Canal de Isabel II, donde se encuentran los documentos de
Inassa, la filial colombiana de la empresa pública madrileña que articuló la
compra de algunas de las sociedades que centran la investigación.
Ni Moix ni su equipo accedieron a confirmar ni desmentir a este diario ese dato
bajo el argumento de que las diligencias están bajo secreto de sumario. Sin
embargo, el fiscal Anticorrupción confesó a la Cadena Ser que su decisión le
pareció "muy bien" al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, motivo por el
cual ordenó a los fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yañez, que
detuvieran parte del operativo montado. La investigación, según sostiene El
Español, tenía el visto bueno del ex fiscal Anticorrupción Antonio Salinas, de
la jefa en funciones hasta la llegada de Moix, Belén Suárez, y de la ex fiscal
general Consuelo Madrigal.
Desde la Fiscalía General del Estado (FGE), por su parte, hicieron público un
comunicado en el que aseguraban que era "falso" que el jefe de Anticorrupción
hubiera intentado "obstaculizar la investigación de la llamada operación Lezo" y
recordaban que "cualquier revelación" del contenido del sumario "puede afectar
gravemente al buen fin de la investigación". "Es igualmente incierto –continuaba
la nota– que se intentara, en concreto, paralizar la investigación en lo
referido al ex presidente de la Comunidad de Madrid Sr. González".
"Gravísimo"
El portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF),
Miguel Pallarés, señala que el colectivo al que pertenece siempre se ha opuesto
"a las órdenes negativas del jefe al fiscal que se encarga del caso", algo que,
en su opinión, no garantiza "la independencia". Le parece "gravísimo" el hecho
de tener a los fiscales "completamente sometidos a poderes exógenos a la
carrera" y dice que no se puede asumir "con todas las garantías" una instrucción
si existe la posibilidad de que "personas o intereses se interpongan en el
procedimiento penal". "Nadie va a invadir o vulnerar determinados derechos
fundamentales sin indicios razonables de que pueda ser necesario para descubrir
un delito", completa en conversación telefónica con infoLibre.
Por su parte, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro
García, se limita a decir que el colectivo no opina "sobre actuaciones vivas
porque no es prudente", pero cree que llegado el momento tanto Moix como Maza
deberán dar las explicaciones pertinentes. Desde la Asociación de Fiscales (AF)
se remiten "al contenido de la nota de la Fiscalía General del Estado": "En
principio, nosotros no sabemos si lo que sale en la prensa es cierto o no.
Tenemos asociados en Anticorrupción, pero nadie nos ha dicho nada, ni nos ha
preguntado nada, ni nos ha pedido amparo", afirma Jesús Alonso, portavoz de la
AF.
Moix, ¿desautorizado?
Ni Cerdá ni Yañez aceptaron la orden que les venía de su superior. Por eso,
recurrieron al Estatuto del Ministerio Fiscal, que en su artículo 27 establece:
"El Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las
leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber
así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o
instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas,
planteará la cuestión a la Junta de fiscalía y, una vez que ésta se manifieste,
resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola".
Así, los fiscales de Anticorrupción se reunieron el martes, pocas horas antes de
que arrancase la operación que se saldó, por el momento, con una docena de
detenidos y una larga serie de entradas en empresas y viviendas. Después de que
las dos partes argumentasen sus posiciones, se procedió a la votación. Cerdá y
Yañez recibieron el respaldo de la mayoría de sus compañeros. El resultado fue
abrumador: de 22 fiscales, 20 votaron a favor de continuar tal y como se había
previsto, uno respaldó a Moix en su intención de frenar parte del operativo y el
restante se abstuvo.
Pallarés, no obstante, recuerda que a pesar de perder "por mayoría" la votación,
el fiscal Anticorrupción podría haber "impuesto su criterio". Pero Moix decidió
dar un paso atrás después de la rebelión, lo que da lugar, según Pallarés, "a
muchos indicios de que la orden no se ajustaba a la regularidad". "No se le
ocurrió ni siquiera elevar una consulta o algún tipo de cuestión al jefe
inmediato, el fiscal general del Estado, al que hubiera puesto en un brete",
añade. Por todo ello, se muestra convencido de que Moix quedó "perfectamente
desautorizado".
García, por su parte, explica que el artículo 27 se invoca "en pocas ocasiones".
Sobre la votación, se muestra más cauto y dice que hay que valorar "otras cosas"
para concluir si "quedó o no desautorizado". Sin embargo, sostiene que,
atendiendo al resultado, "es revelador cuál es el parecer de la plantilla".
Además, añade, muestra que "las tesis que plantearon los fiscales encargados del
caso eran sólidas".
Desde la Asociación de Fiscales, por su parte, vuelven a remitirse a la nota de
la Fiscalía General del Estado, que definió este miércoles la rebelión como
"puntuales discrepancias técnico-jurídicas" que fueron resueltas "conforme a las
previsiones del Estatuto del Ministerio Fiscal" en un "escenario de estricto y
razonable debate jurídico". "Los resultados ni autorizan ni desautorizan.
Simplemente es el debate que se establece en el estatuto", apunta Alonso.
Credibilidad de una institución "sensible"
Moix desembarcó en Anticorrupción hace menos de dos meses procedente de la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Su nombre no estaba exento de polémica.
Como fiscal superior de Madrid, intentó prohibir la divulgación de los correos
secretos de Miguel Blesa, cuyo contenido ayudó finalmente en la investigación
sobre las preferentes de Caja Madrid y las tarjetas black, al considerar que
existían indicios de delitos de infidelidad en la custodia de documentos y
revelación de secretos. Sonaba como un fiscal cómodo para un PP acorralado por
los escándalos de corrupción.
Y su nombre parecía gustar, sobre todo, al exlíder del Ejecutivo madrileño.
Aunque el caso se encuentra bajo secreto de sumario, este jueves se conoció que
el verano pasado la Guardia Civil grabó una conversación entre Ignacio González
y el exministro Eduardo Zaplana hablando sobre el posible nombramiento de Moix.
Durante la charla, según publica El Español, el expresidente de la Comunidad de
Madrid definió al actual fiscal Anticorrupción como "un tío serio y bueno". "Yo
creo que va a ser él, si sale es cojonudo", añadió González.
En este sentido, Pallarés cree que es necesario, antes que nada, "pedir
explicaciones" tanto a Moix como a González sobre esta conversación. No
obstante, cree que "es muy importante que no haya ninguna sospecha sobre la
persona que está dirigiendo una fiscalía de la envergadura e importancia de
Anticorrupción". Por eso, cree que quizá hubiese sido mejor poner al frente a
alguno de los "otros candidatos igualmente válidos" que había para optar a ese
puesto. "Es importante escoger a la persona más adecuada para transmitir a la
sociedad que estamos luchando contra la delincuencia", completa el portavoz de
la APIF.
De todos los candidatos a ocupar la jefatura de Anticorrupción, Moix era el
único ajeno a esa más que sensible fiscalía especial. Sin embargo, el fiscal
general del Estado terminó designándolo. Y lo hizo a pesar de que la Unión
Progresista de Fiscales había alertado a Maza de que circulaba un rumor sobre el
actual jefe de Anticorrupción: un sumario abierto en la Audiencia Nacional que
incluía conversaciones grabadas que le señalaban por ejercer un supuesto trato
de favor al PP. "Era algo que nos había llegado por más de una fuente. Por eso,
en una reunión con el fiscal general, le comentamos que se rumoreaba que el
nombre de Moix salía en un asunto judicializado y que le dejaba en mal lugar",
explica su portavoz a este diario.
Por ello, García considera que "conociendo esta información" le corresponde a
Maza explicar "qué hizo, qué no hizo y por qué hizo las cosas". Sin embargo, lo
que "más preocupa de todo este asunto" a la UPF es el daño que pueda ocasionar a
"la credibilidad" de una fiscalía "muy sensible". "Por eso, esto hay que
explicarlo muy bien para que la opinión pública pueda creer en la fiscalía tras
unas explicaciones que sean creíbles y sólidas", completa.
Alonso, como portavoz de la AF, evita pronunciarse sobre este tema al tratarse
de "una investigación que está declarada secreta". "No sabemos los términos...
Lo que haga el juez encargado del caso y el fiscal o los fiscales, nosotros nos
remitimos a ellos", se limita a decir al respecto.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/20/fiscal_anticorrupcion_64059_1012.html
MERCASA CESA AL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ Y A OTRA DIRECTIVA Y SU PRESIDENTE
DIMITE
La Audiencia Nacional investiga operaciones irregulares de la empresa pública en
Angola
Una pieza separada de la 'operación Lezo' intenta aclarar un contrato de 500
millones por el que se obtuvieron supuestas comisiones ilegales
La empresa pública Mercasa ha cesado a Pablo González González, hermano del
expresidente madrileño Ignacio González, así como a María Jesús Prieto Jiménez,
directiva de la empresa, como consecuencia de la investigación abierta a estos
directivos, según ha informado este viernes la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) y recoge Europa Press.
La SEPI ha informado además de que ha recibido esta misma mañana la carta de
dimisión del presidente de Mercasa, Eduardo Ameijide y Montenegro, que tendrá
efectos en el Consejo de Administración de la compañía, convocado para el
próximo martes 25.
La SEPI explica en una nota de prensa que "la decisión de renovar parte de la
dirección de Mercasa" deriva de la investigación abierta a estos directivos y
del compromiso de ofrecer la máxima colaboración, "sin ningún tipo de trabas", a
la Administración de Justicia.
Asimismo, la SEPI ha señalado en un comunicado que espera que los responsables
de Mercasa afectados por esta investigación puedan acreditar "una actuación
ajustada a la más estricta legalidad y conforme a Derecho".
La Audiencia Nacional ha desarrollado este miércoles una segunda operación
contra la corrupción, la dirigida por el juez de la Audiencia Nacional José de
La Mata por operaciones irregulares del Consorcio Mercasa en Angola, en la que
no se han producido detenidos, pero se vienen realizando registros desde anoche
y se ha imputado a 10 personas por los delitos de corrupción en los negocios,
cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal, han informado fuentes
jurídicas.
Se de la circunstancia de que esta operación coincide con la realizada esta
misma mañana por otro juzgado de este órgano, el Central de Instrucción número 6
cuyo titular es Eloy Velasco, y ambos tienen en común la investigación de las
actividades de la sociedad Mercasa.
Las actividades de esta entidad –actualmente consorcio Mercasa-Incatema–,
formarían también parte de la amplia investigación que realiza Velasco y que
incluye las diligencias conocidas hoy por irregularidades en las filiales del
Canal de Isabel II en Iberoamérica que han propiciado la detención del
expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Se da la circunstancia
de que el hermano de éste es directivo de Mercasa.
Precisamente Angola sería el país en el que se habrían cometido los citados
delitos objeto de la operación abierta este miércoles por De La Mata. Se
investiga, concretamente a una serie de personas vinculadas a este consorcio que
firmaron un contrato para montar un mercado mayorista –de la manera de
Mercamadrid o Mercasevilla– en Luanda, capital del citado país africano.
Para ello, firmaron un contrato con la Administración pública angoleña por más
de 500 millones de dólares por el que se obtuvieron comisiones ilegales que
habrían desviado a su lucro personal, según las mismas fuentes.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/21/mercasa_cesa_hermano_ignacio_gonzalez_otra_directiva_presidente_dimite_64104_1012.html
CIFUENTES NIEGA ANTE EL JUEZ HABER SIDO COACCIONADA POR MARHUENDA Y CASALS
Cristina Cifuentes, en su declaración escrita remitida al juez Eloy Velasco, ha
negado haber recibido coacción alguna por parte de Francisco Marhuenda y
Mauricio Casals, según aseguran a OKDIARIO fuentes judiciales.
El presidente y el director del periódico La Razón fueron citados a declarar
este miércoles en calidad de investigados por coacción. Casals y Marhuenda
fueron grabados por la Guardia Civil en conversaciones con su consejero
delegado, Edmundo Rodríguez, en el marco de la ‘operación Lezo’.
Para el juez Velasco, de los pinchazos telefónicos se desprende cómo los dos
directivos presionaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid con la
finalidad de que ésta no denunciara las numerosas irregularidades del Canal
Isabel II.
Sin embargo, la nº1 del PP en Madrid ha negado estos hechos en su declaración,
por lo que parece improbable que la causa pueda continuar. Por su parte, tanto
Marhuenda como Casals, han asegurado ante el juez que “nunca” han presionado o
coaccionado a la presidenta popular.
OKDIARIO ha intentado ponerse en contacto con Cifuentes, pero la líder del PP
madrileño ha declinado hacer declaraciones para no romper el secreto del
sumario, aún en curso.
“Nunca he amenazado a Cifuentes”
“La propia presidenta podrá decir que en mi vida la he presionado, que en mi
vida he intentado influir sobre un procedimiento judicial para nada”, ha
destacado Marhuenda en declaraciones a los periodistas tras comparecer como
investigado ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco por presuntas
coacciones a Cifuentes.
“No nos hemos inventado nunca ninguna noticia”, ha defendido Marhuenda, que,
rodeado de reporteros, ha dicho en tono de broma sentirse “como la Pantoja”. Ha
asegurado que, como prueba de que no se ha inventado ninguna noticia, ha
entregado en el juzgado todo lo publicado sobre la Comunidad de Madrid. “Para
que me digan”, ha apuntado, “una sola noticia que sea falsa”.
A su juicio lo que ha sucedido en este caso es que en “las conversaciones
privadas puede haber palabras que se entiendan mal”.
Se ha disculpado en este sentido ante Marisa González por los insultos que
profirió hacia ella en una conversación intervenida a Edmundo Rodríguez Sobrino,
hombre próximo a al ex presidente madrileño Ignacio González, ambos detenidos
ayer en la ‘operación Lezo’.
“La palabra zorra es muy incorrecta y aprovecho la oportunidad para pedirle
perdón. No estuve en mi mejor día más brillante, y no porque fuera una mujer,
que conste, que sólo tengo hijas, fue un comentario coloquial desafortunado“, ha
reconocido.
Respecto a la conversación en sí, ha explicado que se trataba de una
conversación privada con “un amigo que está desesperado” y que siempre le ha
dicho que es “inocente” y ha añadido que le ha aportado al juez un documento que
él mismo le pidió que le hiciera para demostrar su inocencia.
“No conocía bien el tema, él me dio el papel y se lo he entregado al juez”, ha
relatado tras manifestar que se ha encontrado “a gusto” declarando ante el juez
Velasco. Junto al magistrado estaban los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García,
a los que el director de La Razón ha calificado de “muy profesionales”. El
Ministerio Público no ha pedido medidas cautelares para Marhuenda.
Respecto a otra conversación en la que dijo que le iban “a dar de leches a
Cifuentes” ha explicado que eso fue para tranquilizar a Rodríguez Sobrino.
“Nunca la he amenazado, jamás de la vida y eso ella lo puede decir”, ha
reiterado con respecto a Cristina Cifuentes, sobre quien se ha preguntado que
cómo iba amenazarla cuando la conoce desde hace 30 años.
https://okdiario.com/espana/2017/04/21/cifuentes-niega-juez-haber-sido-coaccionada-marhuenda-casals-930533
DETENIDO EL EMPRESARIO JAVIER LÓPEZ MADRID POR FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP
La Guardia Civil arresta al directivo de la compañía OHL por supuesto pago de
comisiones al expresidente Ignacio González
El empresario Javier López Madrid, directivo de la compañía OHL y yerno de
Villar Mir, ha sido detenido por supuesta financiación irregular del PP de
Madrid, según fuentes cercanas al caso. López Madrid está implicado en el
supuesto pago de una comisión de 1,4 millones de euros por el proyecto fallido
del tren de Navalcarnero.
López Madrid fue detenido cerca de la medianoche de este jueves después de
aterrizar en Barajas. Su arresto se enmarca en una nueva fase de la operación
Lezo, destapada este martes y por la que ha sido detenido el expresidente de la
Comunidad de Madrid Ignacio González. Horas antes, la Guardia Civil había
registrado la sede de OHL, donde reclamaron datos de la obra del tren de
Navalcarnero y Móstoles. El contrato, adjudicado por la Comunidad de Madrid en
2007, llevaba paralizado años por las discrepancias surgidas entre la
constructora y la Administración regional.
Los investigadores buscaban datos sobre el supuesto pago de una comisión a
través de una filial mexicana de OHL que transfirió 1,4 millones a cuentas
suizas que se sospecha estaban a nombre de presuntos testaferros de Ignacio
González.
López Madrid también está imputado en el caso Púnica. El juez Eloy Velasco ha
investigado en esta causa si el PP de Madrid fue el receptor final de más de un
millón de euros que supuestamente donó Javier López Madrid al entonces gerente
del partido Beltrán Gutiérrez Moliner. Las iniciales de este y de López Madrid
figuran en una agenda secreta de Francisco Granados, el ex número dos del PP
madrileño, en prisión preventiva por el caso Púnica, junto a cantidades de
dinero que presuntamente corresponden a pagos al exgerente.
El consejero de OHL también ha sido condenado a seis meses de prisión por el
caso de las tarjetas black de Caja Madrid. La sentencia considera que se apropió
indebidamente de 35.988 euros al gastarlos con la tarjeta opaca de la entidad.
López Madrid restituyó el dinero durante la instrucción del caso y se benefició
de una reducción de la condena.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/21/actualidad/1492751879_745293.html
LÓPEZ
MADRID, EL "COMPI YOGUI" DE LA REINA CAÍDO EN DESGRACIA
El yerno de de Villar-Mir era amigo íntimo de Felipe VI
Javier López Madrid, detenido en el marco de la Operación Lezo que investiga la
presunta corrupción en el seno del Canal de Isabel II durante la época de
Ignacio González, es uno de los personajes más controvertidos de los últimos
años, salpicado por demasiados asuntos turbios que van más allá de los
investigados ahora.
Hablamos del yerno del todopoderoso Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL,
al estar casado con su única hija, Silvia Villar Mir. Su carrera profesional
arranca en Londres, en la central del banco de inversión Goldman Sachs y, tras
pasar por varios centros empresariales, acabó en OHL, la empresa de su suegro,
que es una de las mayores constructoras y empresas de servicios de España.
Uno de los primeros casos en los que se vio implicado fue el escándalo de las
tarjetas black de Caja Madrid, con las que gastó casi 35.000 euros de dinero B
en restaurantes, hoteles y viajes. Cuando estalló este asunto, López Madrid fue
arropado por los actuales reyes de España, con los que mantiene una cercana
amistad desde hace mucho tiempo.
López Madrid intercambió mensajes con la Reina Letizia, desvelados por
eldiario.es en los que ella le decía:
“Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC y
ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos
conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui
(miss you!!!)”
Un mensaje ante el que López Madrid contesta que “vivimos en un país muy
complicado”. Es en ese momento cuando entra al chat el rey Felipe VI:
“¡Y tanto! Me uno al chat, pero prefiero tener un rato para charlar sin
intermediación electrónica ni telefónica. Comemos mañana? Abrazo”.
Ante la imposibilidad de quedar de López Madrid, que en ese momento estaba en
San Francisco, Felipe VI le desea que pueda disfrutar lejos de “este barullo”.
“Ahí va! Pues claro que no, hombre. Era por charlar con tranquilidad. Ya cuando
vuelvas hablamos. Un abrazo y disfruta algo lejos de este barullo”.
La relación en López Madrid y el actual rey viene de tiempo atrás, cuando el
monarca era sólo príncipe heredero y fraguaron su amistad en el colegio Los
Rosales. El yerno de Villar Mir solía presumir de haber sido cómplice de Felipe
VI en su etapa de soltero, permitiéndole que se alojara en la finca de su
familia en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca, para alejarse de los focos de
la prensa del corazón y poder pasar fines de semana tranquilo, por ejemplo, con
sus parejas de aquellos tiempos, como Isabel Sartorius, Gigi Howard y Eva Sannum.
Una relación rota
Una complicidad que el matrimonio de Javier y Silvia extendieron a Letizia Ortiz
cuando inició su relación con Felipe. Los cuatro compartieron confidencias, así
como viajes, tardes de cine o cenas en restaurantes. Incluso la afición por el
yoga, que la reina Letizia practicaba junto a López Madrid en el chalet de él en
Puerta de Hierro. De ahí el apelativo de "compiyogui" que utilizaba en sus
mensajes.
Pero todo se fue al traste cuando López Madrid empezó a verse implicado en una
ristra de asuntos turbios. El rey Felipe VI rompió las relaciones con él, algo
que llegó a confirmar la Zarzuela de forma oficial, hasta el punto de que el
suegro de Villar Mir acabó dimitiendo como patrono de la Fundación Princesa de
Asturias.
Púnica y financiación del PP de Madrid
Otro de los sonados escándalos de López Madrid tiene que ver con el caso Púnica,
en el que está imputado y tan salpicado que hasta el juez Eloy Velasco ordenó
cinco registros el pasado mes de febrero. Dos de ellos fueron en los dos
domicilios de López Madrid y otro en el despacho de Beltrán Gutiérrez, exgerente
del PP de Madrid, para investigar los presuntos pagos del primero para financiar
a la formación política que dirigía Esperanza Aguirre.
La relación de López Madrid con la Púnica era tan estrecha que su yate
particular, el Myriam, fue utilizado entre 2010 y 2014 por Francisco Granados y
David Marjaliza para veranear con sus respectivas familias. El acuerdo era tan
amigable que se repartían las fechas para nunca coincidir los tres, pero el
único que no pagaba era Granados, que utilizó el yate gratis mientras era cargo
público. Los gastos corrían a cuenta de Marjaliza, el cerebro de la Púnica, que
ingresó 260.000 euros en una cuenta de una sociedad de López Madrid, mientras
que el propio empresario ingresó 135.000 euros. Lo que lleva a los agentes de la
UCO a pensar que Granados iba a cargo de Marjaliza.
Otro de los asuntos que han salpicado a López Madrid ha sido la denuncia por
acoso sexual de la doctora Elisa Pinto, que ha vivido varios vaivenes. En
febrero de este año, el excomisario de Chamartín donde la doctora denunció que
había sido apuñalada a la puerta del colegio de su hijo por un presunto enviado
del suegro de Villar, compareció en los juzgados para reconocer que habían
cometido “muchos errores” a la hora de investigar el caso y denunció que había
una “mano negra” en el caso para dar la vuelta a las investigaciones, que trata
de convertir al acosador en acosado y a la víctima en culpable, informa El
Mundo.
http://www.elplural.com/politica/2017/04/20/lopez-madrid-el-compi-yogui-de-la-reina-caido-en-desgracia
UN EMPRESARIO APORTA DATOS SOBRE UNA COMISIÓN DE OHL PAGADA EN SUIZA POR EL
TRANVÍA DE NAVALCARNERO
Adrián de la Joya declara como investigado por su vinculación con la cuenta
suiza donde la constructora ingresó el dinero en 2007. El pago, de 1,4 millones,
se hizo desde la filial de OHL en México
A ese pago ya apuntaba el informe elaborado por los detectives que en 2008
espiaron a Ignacio González durante un viaje a Colombia
Adrián de la Joya, nombre inevitable de la jet en el cambio de siglo y ahora
residente en Suiza, declaró este jueves como investigado en la Operación Lezo
por sus vínculos con la cuenta en Suiza donde se pagó presuntamente una comisión
de 1,4 millones de euros por parte de la constructora OHL. El abono del dinero
se realizó mediante una transferencia desde una filial de OHL en México y se
habría pagado en un banco helvético en 2007 por la adjudicación del tren de
cercanías que había de enlazar los municipios madrileños de Móstoles y
Navalcarnero.
El empresario Adrián de la Joya ha aportado durante su declaración, según
fuentes jurídicas, datos sobre su presunta relación con la cuenta de Suiza.
Fuentes de la investigación vinculan el cobro de esa comisión a una empresa
panameña, Lauryn Group, supuestamente relacionada con Ignacio González y alguno
de sus colaboradores en el Canal de Isabel II.
En la operación Lezo, puesta en marcha por el juez de la Audiencia Nacional Eloy
Velasco, han sido detenidos este miércoles el expresidente madrileño Ignacio
González y otras 11 personas. La sede de OHL ha sido registrada este mismo
jueves por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El proyecto del tren de Navalcarnero, faraónico, quedó en nada y OHL terminó
reclamando al Gobierno madrileño una indemnización de nada menos que 371
millones por daños y perjuicios. El registro practicado este jueves en la sede
de la empresa que lideran Juan Miguel Villar Mir y su yerno Javier López Madrid
se vincula directamente con esa supuesta comisión. Villar Mir ya declaró como
imputado en el caso Gürtel dentro de la pieza de los papeles de Bárcenas –y negó
haber hecho pagos al PP– y ha vuelto a declarar como imputado en el caso Son
Espases, donde el juez José Castro investiga el supuesto plan para amañar la
adjudicación del mayor hospital de Baleares.
El supuesto pago de la comisión abonada por OHL en Suiza quedó ya reflejada en
el informe elaborado por los detectives que espiaron en 2008 a Ignacio González,
durante un viaje a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Según informó la
Cadena Ser en abril de 2009, los autores del espionaje aseguran en su dossier
que los acompañantes del vicepresidente de la Comunidad de Madrid hablan en ese
momento de "un bufete panameño llamado IGRA y un banco suizo, el Anglo Irish
Bank, una referencia para mover los fondos y cheques en Lauryn Group Inc en
Panamá". Según el dossier, González no participa en dicha conversación.
La relación con Bárcenas
El nombre de Adrián de la Joya, exvicepresidente de Avanzit, emergió dentro del
caso Gürtel en diciembre de 2016 después de que Suiza, país en el que reside,
remitiera a la justicia española una remesa de documentos tras la
correspondiente comisión rogatoria. Esos documentos señalan al empresario como
propietario de una sociedad domiciliada en el paraíso fiscal de las Islas
Vírgenes que en 2008 transfirió 50.000 euros a una de las cuentas suizas
investigadas por su relación directa con Luis Bárcenas: Obispado.
Oficialmente, Obispado era propiedad de Francisco José Yáñez Román, amigo de
Bárcenas, antiguo integrante del equipo de tesorería del PP y fallecido en enero
de 2014. Abierta en el Lombard Odier de Ginebra, Obispado recibió esos 50.000
euros el 22 de diciembre de 2008 desde la cuenta que en el ABN Amro de Zurich
tenía la sociedad Frankford Trade Inc., una mercantil opaca.
En una conversación mantenida con infoLibre en diciembre, Adrián de la Joya
explicó que ingresó esa cantidad porque conocía personalmente a Yáñez y este
estaba atravesando una situación delicada tanto de salud como económica. Y que
nunca recuperó esos 50.000 euros, algo a lo que, por sus explicaciones, restó
importancia.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/21/un_empresario_aporta_datos_sobre_una_comision_ohl_pagada_suiza_por_tranvia_navalcarnero_64098_1012.html
DRAGADOS PAGÓ TRES MILLONES A LA EMPRESA DE LA FAMILIA GONZÁLEZ EN EL CAMPO DE
GOLF DEL CANAL
La constructora del grupo de Florentino Pérez entregó el dinero a Tecnoconcret,
sociedad controlada por un hermano y un cuñado de Ignacio González, en teoría
para instalar el césped del campo de golf
Tecnoconcret subcontrató a su vez a otra compañía relacionada con la trama, Only
Golf, para que realizase el trabajo por 2,4 millones
De esta forma, la empresa de la familia González se quedó con una comisión de
600.000 euros, según los datos de la investigación judicial a los que ha tenido
acceso infoLibre
La adjudicación del campo de golf de Chamberí, realizada por el Canal de Isabel
II que presidía Ignacio González, permitió a una empresa controlada por la
familia del entonces vicepresidente madrileño quedarse con una comisión de
600.000 euros, según datos de la investigación abierta en la Audiencia Nacional
a los que ha tenido acceso infoLibre. De acuerdo con la investigación llevaba a
cabo desde 2015 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil,
Ignacio González lideraba presuntamente una "organización criminal" que obtuvo
millonarias comisiones gracias a la adjudicación de obras públicas. El político
madrileño fue detenido junto a otras 11 personas el pasado miércoles, en una
operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
El Gobierno de Esperanza Aguirre decidió en 2006 construir unas instalaciones
deportivas sobre los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II, la
principal empresa pública de Madrid, que presidía Ignacio González. El proyecto
contó con una fuerte oposición de los vecinos del barrio, que reclamaban que los
120.000 metros cuadrados se convirtieran en un parque público y no en un campo
de golf. Pero el Ejecutivo del PP hizo caso omiso a las protestas y, en
diciembre de 2006, el Canal adjudicó la explotación del campo de golf a un
consorcio que estaba integrado por tres sociedades: Iridium, del grupo ACS y
encargada de construir las instalaciones; Soto Once, una firma que ya gestionaba
otros campos de golf, y Tecnoconcret, una compañía que apenas tenía actividad y
que era la clave en la presunta operación corrupta. El consorcio se denominó
Green Canal Golf.
Tecnoconcret tenía como administrador único a José Antonio Clemente Martín, que
era socio de un hermano (Pablo González) y un cuñado (José Juan Caballero) del
vicepresidente madrileño. Los investigadores de la UCO y el juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco están convencidos de que se trataba de una empresa
controlada por tanto por Ignacio González, a través de sus dos familiares
directos, ambos también detenidos este miércoles en la denominada operación
Lezo. Como ha podido saber este periódico de fuentes judiciales, los
investigadores del caso han descubierto que Dragados pagó tres millones de euros
a Tecnoconcret, supuestamente para que instalase el césped del campo de golf.
Dragados es una de las principales constructoras del grupo ACS, liderado por
Florentino Pérez.
Pero Tecnoconcret no tenía ni capacidad, ni personal ni experiencia para
instalar el césped del campo de golf. Así que subcontrató a su vez los trabajos
con la compañía Only Golf Planning and Design, pero lo hizo por importe de 2,4
millones de euros. Es decir, por el camino Tecnoconcret se quedó con una
comisión de 600.000 euros, siempre según los datos que constan en la
investigación que dirige el juez Velasco.
La historia de Tecnoconcret
Tecnoconcret fue fundada en mayo de 2003 por José Antonio Clemente y su esposa,
con un capital de 3.010 euros. La sede social se fijó en el domicilio del
matrimonio y el objeto de la compañía era “la ejecución de trabajos de
ingeniería”. En sus tres primeros años de vida, Tecnoconcret tuvo una reducida
facturación y no contaba con grandes clientes.
Pero la suerte cambió de forma radical para la empresa fundada por Clemente, un
ingeniero civil español de padre venezolano, a partir del año 2006. ¿Qué ocurrió
en esa fecha? Pues que el 21 de junio de 2006, Clemente fundó otra sociedad
denominada Tamanaco 07 Consulting junto con otros dos socios: Pablo González y
José Juan Caballero, hermano y cuñado del entonces número dos de Esperanza
Aguirre. Cada uno de ellos se quedó con el 33,3% de la firma, dedicada
curiosamente a “la promoción y explotación de instalaciones deportivas”.
Sólo cinco meses después de que Clemente se convirtiese en socio de la familia
González, Tecnoconcret recibió la adjudicación para explotar el campo de golf
del Canal. La decisión se tomó en una reunión del consejo de administración de
la empresa pública madrileña, presidida por el propio Gonzalez, quien no se
abstuvo en la votación y ocultó al resto de consejeros la relación que
Tecnoconcret tenía con familiares directos suyos.
Esa relación entre Tecnoconcret y el vicepresidente fue desvelada en abril de
2007 por la revista Tiempo. Pero la denuncia periodística no tuvo consecuencias.
En mayo de ese año, Esperanza Aguirre amplió su mayoría absoluta y González vio
reforzado su poder en el Gobierno regional.
A la vista de la inmunidad, la familia del vicepresidente decidió que podía
aparecer directamente como propietaria de Tecnoconcret. Así que en noviembre de
2008, Pablo González y José Juan Caballero suscribieron una ampliación de
capital y cada uno se hizo con algo más del 30% de la sociedad. Cuando Público
reveló estos datos en febrero de 2009, la portavoz de Ignacio González aseguró
que Tecnoconcret había vendido meses antes sus acciones en el consorcio Green
Canal Golf. Y que las había adquirido otra de las firmas del consorcio: Iridium,
la empresa del grupo de Florentino Pérez.
Lo que no se sabía entonces es lo que ahora han descubierto los investigadores
de la UCO: que Tecnoconcret se había embolsado tres millones de euros, abonados
por la constructora Dragados, en teoría para realizar un trabajo para el que no
estaba capacitada: la instalación del césped de los nueve hoyos del campo de
golf. Así que actuó como mera intermediaria, subcontratando a Only Golf Planning
and Desing, pero se quedó con 600.000 euros.
El papel de Only Golf
Only Golf Planning and Design era una compañía fundada en 2003 y dedicada al
"diseño, la construcción y la comercialización de campos de golf e instalaciones
deportivas”. Como promotores del proyecto de las instalaciones deportivas del
Canal nombró precisamente a José Juan Caballero y a José Antonio Clemente; es
decir, el propio cuñado de González y a su socio en Tecnoconcret.
Pero la colaboración no se quedó ahí. Only Golf y Tecnoconcret también se
convirtieron en socios empresariales, ya que constituyeron a medias una nueva
compañía, denominada Airgrass Technologies. El objeto social de esta última
sociedad era “comercializar y mantener soluciones de césped artificial”, como el
utilizado en el campo del Canal. Cada una de las fundadoras se quedó con el 50%
del capital de Airgrass Technologies.
El 28 de marzo de 2007, Esperanza Aguirre e Ignacio González asistieron
sonrientes a la inauguración del campo de golf en el barrio de Chamberí. La
resistencia de los vecinos de Chamberí había sido ninguneada por los
gobernantes. Pero una asociación vecinal decidió dar la batalla en los
tribunales. En 2012, el Supremo declaró que la instalación deportiva era ilegal.
El Gobierno regional del PP intentó entonces regularizar la instalación
deportiva a través de un proyecto urbanístico, que el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) declaró nulo de pleno derecho en 2016.
Las sonrisas que exhibían aquel 28 de marzo de 2007 los dos protagonistas del
acto de inauguración del campo de golf se han evaporado. Ignacio González lleva
dos noches durmiendo en un calabozo y Esperanza Aguirre protagonizó este jueves
una escena lacrimógena cuando le preguntaron por su hombre de confianza. La
política madrileña acompañó las lágrimas con unas palabras entrecortadas sobre
lo “conmocionada” que está. Hace justo diez años, desde abril de 2007, que
Aguirre sabe que la explotación del campo de golf se adjudicó a un socio de la
familia de su número dos. Desde entonces, González se ha visto envuelto en
numerosos escándalos de presunta corrupción. Aguirre siempre respaldó su
conducta “intachable” y lo nombró a dedo como su sucesor en la Presidencia de
Madrid.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/29/dragados_pago_tres_millones_empresa_familia_gonzalez_campo_golf_del_canal_64096_1012.html
CASALS A GONZÁLEZ: "EDMUNDO ESTÁ ACOJONAO. UNA MAGISTRADA AMIGA DE LA CASA HA
LLAMADO PARA DECIR QUE NOS GRABAN"
El presidente de La Razón y el ex presidente del Gobierno de Madrid sabían desde
hace meses que había intervenciones.
El presidente del periódico La Razón, Mauricio Casals, y el expresidente del
Gobierno de Madrid Ignacio González sabían desde hacía al menos cinco meses que
sus conversaciones estaban siendo intervenidas por orden judicial. Lo sabían
porque "una magistrada amiga de la casa" había llamado para prevenirles.
Así se desprende de una conversación recogida por la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil el 22 de noviembre de 2016, en la que González comenta
con Eduardo Zaplana, ex ministro y portavoz del Gobierno de José María Aznar, su
último encuentro con Casals.
"El otro día me dice Mauricio (...) era la comida de colaboradores de La Razón",
comienza señalando Ignacio González en esa conversación, cuya transcripción ha
conocido EL ESPAÑOL.
"Vamos a comer allí, me siento en una mesa de esas enormes y tal y cuando vamos
a sentarnos se sienta Mauricio, nadie se quería sentar al 'lao' de él, me siento
al 'lao' de Mauricio y al otro 'lao' Parera [Joaquín Parera, fundador de La
Razón] y [Casals] me dice: 'Oye, ¿tú le has dicho a Edmundo esto que
tenemos...?". Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado de la editora de La
Razón y presidente de Inassa (filial sudamericana del Canal de Isal II) es otro
de los detenidos en la Operación Lezo.
Según Ignacio González, Casals le dijo que "Edmundo está 'acojonao', me ha dicho
que le están grabando o no sé qué (...). Es que tenemos una amiga de la casa que
es magistrada, que ha 'llamao' para decir 'oye, cuidao que han grabao una
conversación de Edmundo muy extraña'".
Los fiscales querían detenerles
Casals y el director de La Razón, Francisco Marhuenda, han declarado este jueves
ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigados por supuestos
delitos de obstrucción a la Justicia y organización criminal. De acuerdo con los
fiscales anticorrupción encargados de la Operación Lezo, ambos y Edmundo
Rodríguez Sobrino habrían utilizado su poder en los medios de comunicación para
"condicionar" o "tratar de influir" en la actual presidenta del Gobierno de
Madrid, Cristina Cifuentes, para que no presente pruebas incriminatorias contra
Sobrino por las irregularidades detectadas en la compra por Inassa de la
sociedad brasileña Emissao.
Los fiscales llegaron a plantear la detención de Casals y Marhuenda junto a la
del resto de los implicados en la Operación Lezo alegando la necesidad de lograr
el "cese inmediato del ataque" a la presidenta de la Comunidad de Madrid que
"por ello, se dirige contra los ciudadanos de esta comunidad autónoma", llegaban
a afirmar los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá.
El fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, consideró exagerado este
planteamiento y descartó la necesidad de las detenciones del presidente de La
Razón y del periodista.
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170420/209979631_0.html
INVESTIGAN SI GALLARDÓN COMPRÓ UNA FILIAL DEL CANAL POR 11 VECES SU PRECIO
En los registros se ha buscado documentación sobre la primera operación exterior
del Canal, en la que podrían haber incurrido en sobrecostes como los
investigados de la etapa de Ignacio González
La operación contra la corrupción en el Canal de Isabel de II podría terminar
salpicando a Alberto Ruiz-Gallardón. Dependerá, principalmente, de los primeros
resultados de los registros practicados por los agentes de la UCO. fuentes del
caso confirmaron que, una vez solventada la polémica con el fiscal jefe
Anticorrupción por incluir en los registros unos asuntos del año 2001, estos
registros se practicaron. Desde hace tiempo hay sospechas de sobrecostes en la
operación que generó toda la corrupción que ahora salpica a la empresa de agua
pública: la compra de la filial en Latinoamérica para empezar el negocio
exterior del Canal. Esta operación se hizo cuando Alberto Ruiz-Gallardón era
presidente de la Comunidad, y su hombre de confianza Pedro Calvo presidente de
la entidad. Según un ex trabajador del Canal, dos antiguos directivos de Aguas
de Barcelona (Agbar) compraron por siete millones la empresa que 10 meses
después el Canal de Isabel II compró por 79. Es decir, 11 veces su precio.
Ese gran negocio sería el que se va a investigar en caso de que los documentos
encontrados den pie a ello. Esto salpicaría directamente a Ruiz-Gallardón, ya
que hasta el año 2003 tanto la gestión del Canal como el Gobierno regional
dependían de su equipo.
Esa primera expansión al exterior fue la que desató las compras de filiales ya
en los años de Esperanza Aguirre e Ignacio González al frente de la Comunidad de
Madrid, hasta que el Canal llegó a tener, en 2014, participaciones en 18
sociedades hispanoamericanas. En ese año, el Canal ya tenía negocios en
Venezuela, México, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Uruguay, Brasil y
Panamá.Las mismas fuentes explicaron que la investigación por ahora está acotada
a lo ocurrido a partir de 2003 porque los investigados son los que estuvieron a
partir de ese año, pero en caso de que al analizar la documentación haya
argumentos se incluirá lo ocurrido en la época de Gallardón.
http://www.elmundo.es/espana/2017/04/20/58f90302268e3ec50b8b4590.html
LAS SEIS GRANDES FIRMAS INVESTIGADAS POR LA UCO EN LA OPERACIÓN LEZO
Varias empresas han visto desfilar a agentes de la UCO por sus pasillos tras la
operación contra la presunta trama corrupta de financiación del Partido Popular.
Agentes de la UCO durante el registro llevado a cabo este miércoles en la sede
del Canal de Isabel II.
La operación Lezo, que investiga presunta financiación ilegal del PP y
operaciones en el extranjero del Canal Isabel II, ha supuesto una de las mayores
intervenciones policiales en el origen de la corrupción: las empresas. Tras la
detención de Ignacio González, la Guardia Civil ha entrado en varias empresas
para buscar documentación que permita trazar todo el recorrido de la presunta
trama corrupta. Las principales firmas investigadas, y a las que han entrado
agentes de la Guardia Civil son:
Canal de Isabel II
Es el punto de partida de la operación Lezo. Las supuestas operaciones
irregulares de la empresa pública de agua en la época en la que Ignacio González
fue su responsable han destapado la que parece enésima trama de corrupción y
financiación irregular del Partido Popular. En la operación, entre otros, han
sido detenidos Ignacio González; el hermano del expresidente madrileño, Pablo
González; Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en
Hispanoamérica; y María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal.
Lourdes Cavero, esposa del expresidente de Madrid, está siendo investigada
Entre los delitos que se investigan destaca la compra fraudulenta de la empresa
Emissao, que fue denunciada por el propio Canal de Isabel II, tras un sonado
pelotazo con la compra de esta sociedad en Sudamérica que puso sobre la pista de
los hechos delictivos a los investigadores.
OHL
Fuentes consultadas por Vozpópuli aseguran que la Guardia Civil está
investigando movimientos del Grupo Villar Mir. Afirman que la compañía está
colaborando con las fuerzas de seguridad y niegan que la empresa haya realizado
ningún pago o comisión a partido político alguno. La benemérita sigue el rastro
de una presunta comisión de 1,4 millones de euros abonadas en 2007 en una cuenta
en Suiza. Según las tesis de los investigadores el pago estaría destinado al
expresidente autonómico Ignacio González por el contrato millonario del tren de
Navalcarnero, otorgado por la Comunidad de Madrid a la empresa Juan Miguel
Villar Mir. Los fondos para la presunta mordida pudieron transferirse desde una
filial de OHL en México.
PwC
Este jueves, agentes de la Guardia Civil han requerido documentación relacionada
con un familiar de uno de los imputados en la operación Lezo. Según fuente
consultadas por Vozpópuli, cuatro agentes de paisano se han personado en una de
las torres de Castellana y han requerido el acceso a un ordenador concreto de
uno de los trabajadores de la firma auditora para investigar los contratos que
en su momento logró PwC con el organismo de la Comunidad de Madrid.
PwC suscribió acuerdos con la Agencia de Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid, organismo envuelto en el caso Púnica.
Indra
La Guardia Civil investiga los contratos que la empresa de informática de la
Comunidad de Madrid -la Agencia de Informática y Telecomunicaciones de la
Comunidad de Madrid (ICM)- firmó con la entidad semipública. El consejero de ICM,
José Martínez Nicolás, está imputado en la operación Lezo y también en la
operación Púnica
Mercasa
La compañía pública, que gestiona los mercados de abastecimiento de las ciudades
españolas, como Mercamadrid o Mercabarna, también ha sido objeto de
investigación. En el objetivo de esa entrada y registro se encuentra un nombre
propio, el de el hermano de Ignacio González, Pablo González. Sus continuos
viajes a Sudamérica han puesto a la Guardia Civil y ala Fiscalía Anticorrupción
sobre la pista de su implicación. La benemérita realizó un registro el miércoles
en la empresa para localizar documentación que confirme esta presunta trama
corrupta.
Mercasa ha llevado a cabo operaciones en países como Angola a través de una
empresa semipública, Mercasa Incatema, que ha mantenido relaciones profesionales
con Guillherme Taveira, prófugo de la justicia española.
Saerco
Saerco, la empresa que nació de la mano de Ildefonso de Miguel -mano derecha de
Ignacio González en la CAM y exdirector gerente del Canal de Isabel II en la
época del expresidente de Madrid- tiene un contrato con Aena para gestionar
varias torres de control de aeropuertos. En este caso, el juez Velasco indaga la
vinculación entre la adjudicación de contratos públicos de la Comunidad de
Madrid y la presunta financiación irregular del PP.
Además, según informa infoLibre, Saerco habría recibido más de un millón de
euros de Aerocas, una empresa pública que gestiona el aeropuerto promovido por
el condenado Carlos Fabra, y donde resultó adjudicataria de la torre de control
del aeródromo, sin aviones de Castellón.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/grandes-investigadas-UCO-operacion-Lezo_0_1018999252.html
MARHUENDA NIEGA COACCIONES A CIFUENTES: "SOLO QUERÍA AYUDAR A UN AMIGO
DESESPERADO"
El director de 'La Razón' ha pedido perdón a la jefa de Gabinete de la
presidenta madrileña por llamarla "zorra" en una de las conversaciones pinchadas
durante la investigación de la Operación Lezo
Francisco Marhuenda ha estado cerca de hora y media declarando ante el juez de
la Audiencia Nacional Eloy Velasco tras haber sido imputado este miércoles
acusado de un delito de coacciones a Cristina Cifuentes en el marco de las
investigaciones de la Operación Lezo. A su salida ha asegurado estar "tranquilo"
y ha negado haber presionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
"Nunca, nunca, nunca he presionado a Cifuentes", ha insistido ante las preguntas
de la prensa. Sobre el contenido de las grabaciones, que se hicieron públicas
este miércoles, ha señalado que "solo quería ayudar a un amigo que estaba
desesperado" pero que "jamás se produjo" lo que en ellas aparece. "Solo era para
tranquilizarlo [a Edmundo Rodríguez]".
Según Marhuenda defendía a Edmundo Rodríguez, uno de los detenidos en la
Operación Lezo. Fuentes de la investigación apuntan a que el director de La
Razón y el presidente del periódico conservador trataron de extorsionar a la
presidenta de la Comunidad de Madrid, al portavoz de su Gobierno, Ángel Garrido,
y a su jefa de gabinete, Marisa González, para evitar que prosperase su denuncia
presentada ante la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas prácticas
fraudulentas en el Canal de Isabel II durante el mandato de González.
Según consta en el sumario, Edmundo Rodríguez, a quien jueces y fiscales sitúan
en el epicentro de la trama, mantuvo frecuentes charlas telefónicas con sus
compañeros de consejo en La Razón en las que mostraba su preocupación por las
informaciones que empezaban a asomar en los medios sobre su implicación en
onerosas operaciones del Canal.
Lo único que ha lamentado el director de la Razón es haber llamado "zorra"
Marisa González a la que ha pedido "perdón" públicamente en varias ocasiones.
Así ha justificado el insulto: "Edmundo estaba obsesionado con que Marisa
González era la que estaba filtrando información sobre él". El director del
periódico conservador ha querido dejar claro que "no se trata de machismo"
porque tiene "hijas".
Marhuenda ha dicho que se ha sentido "muy bien" ante el juez y el fiscal, a los
que ha mostrado recortes del periódico que ha llegado a la declaración para
"demostrar" que nunca hubo una campaña en contra de la presidenta autonómica. El
director de la Razón ha defendido su inocencia y ha asegurado sentirse "como la
Pantoja". "Volvería a hacer exactamente lo mismo que hice, que es nada", ha
insistido.
Antes que él, ha declarado el presidente de La Razón, Mauricio Casals. Casals ha
estado poco más de una hora testificando y a su salida ha manifestado estar
"tranquilo". Ambos han llegado a la Audiencia Nacional en torno a las once y
media de la mañana.
Esta tarde, declararán dos de los doce detenidos en la Operación Lezo. De ellos,
siete de las detenciones se han producido en Madrid y el resto en latinoamérica.
El turno de Ignacio González y el resto de arrestados en Madrid será este
viernes.
http://m.eldiario.es/politica/Marhuenda-salida-declarar-presionado-Cifuentes_0_635186658.html
IGNACIO GONZÁLEZ ALABÓ LA AFINIDAD CON EL PP DEL NUEVO JEFE DE ANTICORRUPCIÓN EN
UN PINCHAZO CON ZAPLANA
Anunció a Zaplana que Manuel Moix ocuparía el cargo meses antes de que fuera
designado con el apoyo de la mayoría conservadora del Consejo Fiscal
Moix es el jefe de los dos fiscales Anticorrupción que impulsan la investigación
contra el expresidente de la Comunidad de Madrid
El jefe de Anticorrupción ordenó paralizar registros en la operación contra
González y desató una rebelión de fiscales
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González mantuvo meses antes
de ser detenido una conversación telefónica con Eduardo Zaplana, ministro del
Gobierno de Aznar y hoy retirado de la política, en la que el primero aseguró
que el nuevo jefe de la Fiscalía Anticorrupción sería Manuel Moix, del que
destacó su afinidad al PP y su profesionalidad, han informado a eldiario.es
fuentes próximas a la investigación.
Cuando se produjo la conversación, intervenida con orden judicial, aún restaban
al menos tres meses para que se anunciara el nombramiento de Moix, en detrimento
de los otros aspirantes, todos ellos destinados en la Fiscalía Anticorrupción o
con un pasado en ella, a diferencia del elegido.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, intentó dar una apariencia de
decisión consensuada en el Consejo Fiscal para el nombramiento de Moix en
Anticorrupción, pero la elección fue fruto de un plan preestablecido que salió
adelante con el apoyo de la mayoritaria Asociación de Fiscales, de orientación
conservadora.
El Mundo publicó que la antecesora de Maza, Consuelo Madrigal, no fue propuesta
finalmente para seguir al frente de la Fiscalía General porque advirtió que se
negaría a realizar los nombramientos que le venían impuestos desde el Gobierno,
concretamente del ministro de Justicia, Rafael Catalá.
En la conversación con Zaplana, incorporada al sumario de la Operación Lezo,
Ignacio González explica que el nombramiento de Moix se vio abortado a
principios de 2014 por la decisión de Antonio Salinas de seguir al frente de
Anticorrupción, pero que una vez jubilado éste, el camino quedaba despejado para
colocar al candidato del PP.
Durante la misma charla, los participantes en ella hacen un repaso de destacados
miembros de la judicatura que consideran políticamente afines, entre ellos el
fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
La investigación de la Operación Lezo, como cualquier otra relevante de
corrupción, lleva el impulso de la Fiscalía Anticorrupción. En este caso, los
dos subordinados de Moix que trabajan en el caso son Cárlos Yáñez y Gemma
García. Esta última es una de las dos fiscales del caso Púnica, atacadas por el
ministro de Justicia, Rafael Catalá, por haberse negado a firmar el escrito en
el que Anticorrupción exculpaba al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez
en el caso Púnica. Estos hechos se produjeron antes de la llegada de Moix a
Anticorrupción.
Los fiscales del caso advirtieron a su nuevo jefe de la conversación en la que
era mencionado por el principal imputado en la 'Operación Lezo', en situación de
detención policial hasta que pase a disposición judicial antes del sábado,
precisaron las mismas fuentes. La conversación referida también presenta
indicios de los delitos por los que se investiga a Ignacio González, añadieron.
http://m.eldiario.es/politica/Ignacio-Gonzalez-afinidad-Anticorrupcion-PP_0_635186483.html
EL EMPRESARIO DE LA 'JET SET' ADRIÁN DE LA JOYA, IMPUTADO EN LA OPERACIÓN LEZO
POR MEDIAR EN EL PAGO DE UNA COMISIÓN DE OHL
El juez Eloy Velasco dicta prisión eludible bajo fianza de 4 millones de euros
para la exgerente del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond
El empresario de la jet set Adrián de la Joya ha declarado ante el juez Eloy
Velasco, instructor de la Operación Lezo, por su supuesta intermediación en el
pago de una comisión de OHL, según fuentes jurídicas. De la Joya se ha prestado
a colaborar con la Justicia, aportando toda la documentación, por lo que ha
salido de la Audiencia Nacional esta noche sin medida cautelar alguna.
Al parecer, Ignacio González habría recibido en Suiza 1,4 millones de euros por
medio del yerno de Juan Miguel Villar Mir, Javier López Madrid, según ha
revelado Público.
Por otro lado, el juez Velasco ha decretado prisión eludible bajo fianza de 4
millones de euros para María Fernanda Richmond, que fue directora de Canal de
Isabel II hasta ser cesada por las operaciones de compras de empresas de esta
compañía en Latinoamérica. Además, el magistrado ha dictado prisión eludible
bajo fianza de 100.000 euros para Adrián Martín de las Huertas, exdirector
general de Canal de Isabel II entre los años 2012 y 2016.
Ambos exdirectivos del Canal son investigados por una pérdida de 25 millones de
euros provocados en la empresa pública a través de la adquisición irregular en
Brasil de la empresa Emissão Engenharia e Construções a través de la filial
Extensia en Latinoamérica.
El juez ha decretado que ambos exdirectivos sean investigados por los delitos de
pertenencia a organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos
públicos, prevaricación, malversación y fraude. A diferencia del juez, la
Fiscalía no ha incluido el delito de organización criminal en su petición,
porque lo ha retirado por ahora en la lista de ocho delitos por los que se
investiga esta trama a la espera de analizar las pruebas recabadas.
http://m.publico.es/politica/1996864/el-empresario-de-la-jet-set-adrian-de-la-joya-imputado-en-la-operacion-lezo-por-mediar-en-el-pago-de-una-comision-de-ohl
REGISTRAN LA SEDE DE OHL POR UNA COMISIÓN DE 1,4 MILLONES DESTINADA A IGNACIO
GONZÁLEZ
Los investigadores vinculan el pagó realizado en 2007 desde una de sus filiales
en México al proyecto del tren de Navalcarnero.
Segunda jornada de la Operación Lezo. La Guardia Civil ha registrado las
instalaciones que la constructora OHL tiene en el Paseo de la Castellana de
Madrid siguiendo el rastro de una presunta comisión de 1,4 millones de euros
abonada en 2007 en una cuenta en Suiza.
Según la tesis de los investigadores, el pago estaría destinado -por medio de
testaferros- al expresidente autonómico Ignacio González y responde a una
comisión por el contrato millonario del tren de Navalcarnero, otorgado por la
Comunidad de Madrid a la empresa de Juan Miguel Villar Mir. Según las mismas
fuentes, los fondos para la presunta mordida se transfirieron desde una filial
de OHL en México y han supuesto la calificación como investigado del empresario
Javier López Madrid, yerno del responsable de la empresa.
La construcción del tren de Navalcarnero se aprobó en el año 2008. Sin embargo,
la compañía paralizó las obras tras un litigio con el Ejecutivo regional. OHL
adelantó 165 millones de euros para arrancar las obras pero dos años después
reclamó al Gobierno madrileño la resolución del contrato después de que, según
la propia compañía, no se les adelantara los 50 millones de euros comprometidos
en el contrato de concesión, ni cumpliera con el compromiso de modificar el
contrato de riesgo-tráfico a disponibilidad.
Nueve años después, el proyecto, estimado en 362 millones de euros, que iba a
unir las localidades de Navalcarnero con Móstoles está enterrado y sin ánimo de
que vaya a salir adelante. OHL se ha sentido engañada por la Comunidad de Madrid
porque previó un crecimiento de población en Navalcarnero que nunca llegó debido
a las crisis económica.
El planteamiento que tenía hecho la compañía con un número estimado de viajeros,
por los que cobraría, se desinfló y ya la obra no le salía rentable. A eso se
añade que en el contrato se le iba a adelantar 50 millones de euros, que tampoco
se le pagó, con lo que la empresa y la Comunidad llevan litigando desde hace
años.
A lo largo de este jueves los investigadores también están realizando pesquisas
en la sede de la tecnológica Indra y requerimientos en la consultora
PriceWaterHouseCoopers (PwC) y en el despacho de abogados Cuatrecases.
La “omertá” entre OHL y la Comunidad
Esta no es la primera causa que relaciona los negocios de OHL con los miembros o
las campañas electorales del Partido Popular. En Palma de Mallorca, el juez José
Castro investiga la relación entre presuntos pagos al PP nacional y la concesión
para construir el hospital de Son Espases. En la trama Púnica, el juez Eloy
Velasco investiga también las relaciones entre la financiación ilegal del PP y
Javier López Madrid, directivo de la constructora y amigo de Francisco Granados.
Sin embargo, los pagos de OHL que aparecen en esta nueva investigación son
ajenos a esa pieza. En este caso, se investiga, además de la financiación ilegal
del PP, el posible pago de comisiones directas a Ignacio González. Los negocios
de la constructora aparecieron también en la Comisión de Investigación que la
Asamblea de Madrid dedicó a la corrupción dentro del PP.
En esa Comisión, el diputado regional por el PSOE Daniel Vicente Viondi, espetó
al dirigente madrileño Jesús Trigueros que “ustedes y OHL han llegado a un
acuerdo tácito en el que, demanda con demanda, al final lo que queda es que el
tren a Navalcarnero y el soterramiento de las vías del tren en Móstoles nunca
verán la luz. Es una especie de omertá, a la que ustedes han llegado para que
este tema quede extinguido definitivamente del pensamiento colectivo de los
vecinos y vecinas de Navalcarnero y de Móstoles, y eso es lo que más nos duele;
luego ya hablaremos de las cuestiones judiciales que parece que se han abierto
con este expediente, porque imagino que usted lee la prensa”.
Viondi añadió: “Si por algo es conocido Navalcarnero es por la inmensidad –y
perdonen que utilice esta expresión- de fechorías que han llevado a cabo allí
los distintos Gobiernos municipales del Partido Popular con la connivencia clara
y rotunda del Gobierno regional del Partido Popular, de la señora Esperanza
Aguirre y del señor Ignacio González”.
http://www.elespanol.com/espana/politica/20170420/209979159_0.html
LA
HERMANA DE IGNACIO GONZÁLEZ, "DESTROZADA", ACUDE A LA ASAMBLEA
Con cara de preocupación y mirada constante pegada al teléfono móvil, la
diputada del PP Isabel González ha acudido esta mañana al Pleno de la Asamblea.
Un día normal no sería noticia. Es la portavoz adjunta del PP en la Asamblea. Es
su obligación, pero su presencia hoy adquiere importancia al ser detenidos ayer
su hermano, el ex presidente regional, Ignacio González, su otro hermano, Pablo
González, y su marido, Juan José Caballero. Los tres han pasado la noche en el
calabozo, pero ella ha acudido puntual a la Asamblea.
"Está destrozada, la verdad", ha señalado un diputado del PP en uno de los
recesos. En la familia popular es muy respetada. La definen como una política
"que nunca ha ejercido de hermana de". La marcha de la ex portavoz adjunta Elena
González Moñux por una baja por depresión el pasado diciembre abrió la puerta a
que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, la jefa del grupo parlamentario,
la colocara como una de las caras visibles del partido. Ambas son amigas desde
hace muchos años. Se conocen bien y Cifuentes confía en ella. "Es muy seria y
trabajadora", precisa otra persona que conoce bien a la que es también portavoz
del Área de Cultura. De hecho, Cifuentes y ella suelen acudir juntas a
presentaciones de obras de teatro y eventos culturales. Los corrillos han sido
constantes esta mañana en la Asamblea de Madrid, donde las filas populares han
vivido una jornada casi de luto. "Es que esto es la tormenta perfecta", comenta
otro miembro del grupo de Cifuentes que lleva tiempo en la Asamblea de Madrid y
que todavía se sorprendía de la detención del ex presidente: "Es que le hayan
detenido así es muy fuerte". Otros miembros del partido lo tenían menos claro y
defendían ante todo "la presunción de inocencia. Eso lo primero".
http://www.elmundo.es/madrid/2017/04/20/58f899c722601de8548b465d.html
LA UCO CREE QUE GONZÁLEZ BLANQUEÓ DINERO A TRAVÉS DE SU PADRE, DE 90 AÑOS, QUE
SE ENCUENTRA EN ARRESTO DOMICILIARIO
Pablo González Liberal atesora una extensa trayectoria política primero en AP y
luego en el PP, donde llegó a ser secretario general técnico del grupo
parlamentario en el Senado
Desde que estallara la Operación Lezo, el padre de Ignacio González se encuentra
bajo arresto domiciliario, a la espera de determinar el papel que jugó en el
entramado
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que el
expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González blanqueó dinero
utilizando a su nonagenario padre, Pablo González Liberal, que se encuentra bajo
arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud, ya que precisa de una
botella de oxígeno por problemas respiratorios, han informado a Europa Press
fuentes de la investigación.
Pablo González Liberal atesora una extensa trayectoria política primero en
Alianza Popular y luego en el Partido Popular, donde llegó a ser secretario
general técnico del grupo parlamentario en el Senado tras las elecciones de
2004.
Desde que estallara la Operación Lezo en la que se detuvo a Ignacio González, el
padre de éste se encuentra bajo arresto domiciliario, a la espera de determinar
el papel que jugó en el entramado con el que supuestamente se lucraron el
expresidente de la Comunidad de Madrid y otros miembros de la familia también
detenidos o señalados por los investigadores.
Ignacio González fue arrestado el miércoles junto a su hermano Pablo y su
cuñado, José Juan Caballero, en ambos casos por su relación con la construcción
del campo del golf en Chamberí, en el centro de Madrid, y tras una polémica
venta de suelo propiedad del Canal de Isabel II. Esta empresa pública de aguas
es una de las mercantiles en el epicentro de la Operación Lezo.
La investigación también reúne indicios de delito de la mujer de Ignacio
González, Lourdes Cavero, por la vinculación de su empresa Subastas Segre en el
entramado que lideraba el expresidente madrileño.
Tras pasar dos noches en los calabozos de la Comandancia de Tres Cantos, este
viernes están citados para que declaren ante el juez de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco Ignacio González, su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/21/la_uco_cree_que_gonzalez_blanqueo_dinero_traves_padre_anos_que_encuentra_arresto_domiciliario_64123_1012.html
CAEN IGNACIO GONZÁLEZ Y SU CLAN FAMILIAR TRAS UNA DÉCADA DE ESCÁNDALOS IMPUNES
La investigación pone el foco en las turbias operaciones del gigantesco y
durante años opaco Canal de Isabel II, pero también en las vías que el
expresidente y su círculo familiar habrían utilizado para blanquear el dinero
desviado
Su hermano y su cuñado figuran entre los arrestados por orden del juez Velasco y
su esposa también está siendo investigada
Las diez horas que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) emplearon en
registrar el lujoso chalé de Ignacio González antes de conducirlo al calabozo
del cuartel de Tres Cantos sacudieron este miércoles como un auténtico terremoto
el centro político del país. La Operación Lezo, cuyo saldo se eleva ya a una
docena de detenidos y una larga serie de entradas en empresas y viviendas ha
puesto el foco en la gigantesca y opaca estructura que el expresidente de Madrid
manejó durante años en el Canal de Isabel II mientras salían a la luz, y sin
consecuencias políticas, turbias adjudicaciones, viajes de precio astronómico
pagados en metálico o la adquisición de inmuebles de lujo en oscuras
circunstancias.
Su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero –casado con Isabel González,
actual portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid– también han sido
arrestados. Y su mujer, Pilar Cavero, engrosa la lista de investigados, en la
que figuran quienes integraron la plana mayor del Canal de Isabel II bajo el
mandato de Ignacio González al frente de esa empresa pública (2003-2012). En el
caso, declarado secreto, se investigan entre otros los supuestos delitos de
prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude y
falsificación documental.
Algunas de las adjudicaciones y adquisiciones que ahora investiga el juez Eloy
Velasco ya eran conocidas. Por ejemplo, la relacionada con el campo de golf del
distrito de Chamberí, cuya concesión benefició directamente en 2007 a la empresa
de un socio de su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero. Otras
operaciones, como la ruinosa adquisición de la empresa brasileña Emissao en
noviembre de 2013, habían pasado inadvertidas. La compra de Emissao fue
denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción en 2016 por el Gobierno de Cristina
Cifuentes. Las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre aseguran, no
obstante, que las pesquisas sobre el Canal de Isabel II habían comenzado un año
antes.
La plana mayor de González en el Canal de Isabel II ha caído con él. Fuentes
jurídicas citan entre los detenidos a Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero
delegado del diario La Razón y expresidente de Inassa, la filial latinoamericana
que utilizó el Canal como cabeza de puente para comprar distintas empresas, así
como María Fernanda Richmond, exdirectora financiera. Tanto Rodríguez Sobrino
como Richmond fueron destituidos por el equipo de Cifuentes por su vinculación
con la compra de la empresa brasileña Emissao.
La relación de exdirectivos investigados es más extenso y aparece encabezado por
Ildefonso de Miguel, que fue persona de la máxima confianza de González y que
ocupó el cargo de gerente del Canal hasta 2009. Fuentes del Canal de Isabel II
aseguran que la Guardia Civil ha registrado y precintado los despachos que
todavía ocupan antiguos directivos de la etapa de González y de su sucesor como
presidente de la empresa pública, Salvador Victoria, que también está imputado
en la Operación Púnica.
Rodríguez Sobrino, uno de los investigados de primera fila, ha arrastrado a dos
prominentes figuras del grupo editor de La Razón: su presidente, Mauricio Casals,
y su director, Francisco Marhuenda, declararán hoy jueves ante el juez Velasco
por las supuestas amenazas y coacciones que habrían ejercido sobre el equipo de
Cristina Cifuentes para que no elevara a la Fiscalía denuncia por la compra de
la brasileña Emissao. Este miércoles ya declararon, como testigos, la propia
Cifuentes –en su despacho y por escrito–, su jefa de gabinete, Marisa González,
y el consejero de Presidencia y máximo responsable del Canal, Ángel Garrido.
Durante su declaración pudieron escuchar parte de las conversaciones
interceptadas a Casals y Marhuenda y que demostrarían la existencia de tales
coacciones.
La panoplia de actuaciones y personas investigadas estructura así el caso sobre
dos patas: por un lado, todo lo que se relaciona con las actividades del Canal,
el formidable granero del que habrían salido los fondos desviados; y por otro
lado, el círculo del que supuestamente se valió González para las tareas de
blanqueo.
La adjudicación del campo de golf
Una de las operaciones bajo la lupa de los investigadores tiene su origen en
diciembre de 2006. En esa fecha, el Canal de Isabel II adjudicó la gestión de un
campo de golf construido en el centro de Madrid. La adjudicación benefició a
tres empresas que venían obligadas por las bases de la licitación a constituir
una nueva sociedad conjunta para la gestión de las instalaciones deportivas y
que fue bautizada como Green Canal Golf.
De las tres mercantiles beneficiadas, una –Iridium– pertenecía al gigante ACS y
se hizo con el 52,2% de Green Canal Golf; otra –Soto Once– poseía una estrecha
vinculación con el negocio del golf y obtuvo el 23,9% de la empresa gestora. La
tercera –Tecnoconcret- copó otro 23,9%. Tecnoconcret carecía de la menor
experiencia en la gestión de zonas deportivas, Pero su accionista mayoritario,
José Antonio Clemente, tenía como socio en otra compañía –Tamanaco 07
Consulting– a dos familiares de Ignacio González: su hermano Pablo, ahora
directivo de Mercasa y detenido también este miércoles, y su cuñado José Juan
Caballero Escudier, asimismo arrestado.
Declarado ilegal por el Supremo en 2015, el campo de golf quedó inaugurado en
marzo de 2007 en medio de fuertes protestas vecinales. Un mes más tarde, y
después de que la revista Tiempo hubiera destapado la relación societaria entre
el dueño de Tecnoconcret y su hermano Pablo, el entonces vicepresidente de
Madrid esgrimió el siguiente argumento: “La adjudicación se ha hecho a una UTE
donde no figuran familiares míos”. González no se abstuvo en la votación del
consejo de administración del Canal que adjudicó la concesión del campo de golf
ni comunicó a los demás consejeros el vínculo que unía a uno de los
adjudicatarios con su familia.
En noviembre de 2008, cuando el escándalo por la adjudicación del campo de golf
ya se había difuminado, Tecnoconcret acometió una ampliación de capital. Y el
hermano de Ignacio González pasó a convertirse oficialmente en socio de la
empresa.
La operación fue descubierta de nuevo por una investigación periodística, esta
vez del diario Público, que el 5 de febrero de 2009 informó de la incorporación
del hermano de Ignacio González al accionariado de una de las tres empresas
gestoras del campo de golf. Según la Comunidad de Madrid, para entonces hacía ya
un año que Tecnoconcret había vendido a Iridium, la filial de ACS, el 23,9% que
poseía en Green Canal Golf.
La empresa de arte de la mujer
Pero el foco de la investigación no afecta solo al Canal. Este miércoles, la
Guardia Civil también registró la sede de Subastas Segre, la empresa de venta de
objetos de arte fundada en el año 2000 por la esposa de Ignacio González,
Lourdes Cavero, junto con varias amigas, todas ellas unidas por un nexo común:
su cercanía personal a Ana Botella.
Las cuatro fundadoras de Subastas Segre eran personas muy familiares en la
Moncloa de Aznar y Botella: Carmen Cafranga, años después implicada en el
escándalo de las tarjetas black de Bankia; Concha Tallada, que en 2000 acababa
de separarse del expresidente de Telefónica Juan Villalonga; Lourdes Cavero, la
esposa de Ignacio González, y Maribel Casillas, que se convirtió en la directora
general de la galería.
Subastas Segre ha resultado un negocio boyante. En 2015 facturó oficialmente
1.789.079 euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Y
obtuvo un beneficio neto de 251.770 euros.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/20/caen_ignacio_gonzalez_su_clan_familiar_tras_una_decada_escandalos_impunes_64032_1012.html
EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ IMPEDIR UNO DE LOS REGISTROS DE LA
OPERACIÓN CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ
La víspera del estallido de la operación presentó una orden por escrito, con el
aval del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para suspender uno de los
registros. La actuación de Manuel Moix provocó la rebelión de la junta de
fiscales Anticorrupción, que avalaron a sus compañeros y consiguieron que se
desarrollara todo el operativo
El nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, intentó este martes que no
tuviera lugar uno de los registros planteados en la operación judicial
desarrollada contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Con el aval del propio Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, a quien le
pareció “muy bien” la decisión, según ha confesado el propio Moix a la SER,
ordenó por escrito a los fiscales del caso que no ejecutaran uno de los
registros para el que ya habían preparado el dispositivo policial pertinente, y
que iba a tener lugar en solo unas horas.
Ante la existencia de esta discrepancia, los fiscales de la operación contra
Ignacio González invocaron el artículo 27 del estatuto de la Fiscalía, y de
manera automática Moix tuvo que convocar la junta de fiscales Anticorrupción,
donde la mayoría se opuso a la orden de su jefe, y apoyó la práctica del
registro. El fiscal jefe Manuel Moix acabó rectificando y acató la postura de la
mayoría.
Manuel Moix quita hierro a los hechos. En declaraciones a la SER apunta que se
trata de una actuación “habitual” en la Fiscalía, y que fueron empleados los
“mecanismos de disenso normales” que establece el estatuto del Ministerio
Público. Recuerda además que la decisión de la junta "no es vinculante" y aun
así, rectificó. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por la SER recalcan
que “pocas veces” los fiscales invocan el artículo 27 contra una decisión de sus
superiores, y confirman la “tensión” en la junta por la orden con la que el
jefe, con el aval del Fiscal General, pretendían limitar la investigación.
Se da la circunstancia de que el nombre de Manuel Moix aparece en el sumario de
la operación contra Ignacio González que investiga el juzgado número 6 de la
Audiencia Nacional. Se trata de una conversación telefónica grabada por la
Guardia Civil en verano pasado, entre el propio González y Eduardo Zaplana, en
la que el expresidente de la Comunidad de Madrid celebra la posibilidad de que
Moix pudiera convertirse en el Fiscal Jefe Anticorrupción. Según fuentes
conocedoras de esa conversación, González alude a que Moix es una persona
próxima al PP y viene a decir que si era el elegido, les iría mejor.
En febrero pasado, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, acabó
nombrando a Moix en el cargo, pese a que unas horas antes de la decisión, la
Unión Progresista de Fiscales le había advertido de que circulaba el rumor de
que en un sumario abierto en la Audiencia Nacional existían conversaciones
grabadas que implicaban a su candidato en un supuesto trato de favor al PP.
http://cadenaser.com/ser/2017/04/19/tribunales/1492637651_989556.html
OHL, INDRA E IMC, ENTRE LAS EMPRESAS EN LAS QUE HA ENTRADO LA GUARDIA CIVIL
La UCO ha llevado a cabo hasta 40 registro simultáneos
También investigan Subastas Segre, la compañía presidida por la esposa del
expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González
Se han producido ya 40 registros y 10 detenciones, entre ellas la del
expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en el marco de la
investigación abierta de la Guardia Civil por la gestión del Canal de Isabel II,
la mayor empresa pública de Madrid.
Los registros que está realizando la Guardia Civil se están produciendo en
empresas relacionadas con la Comunidad de Madrid –Indra, ICM y OHL, además del
Canal de Isabel II– por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a
instancias de la denuncia que interpuso el Gobierno de Cristina Cifuentes.
También se están produciendo registros en la sede en Madrid de Subastas Segre,
asesora de coleccionistas y mediador en la compra-venta de obras de arte.
Subastas Segre
Es una empresa situada en madrileño barrio de El Viso. Ya se vio involucrada en
la trama Púnica al ser la casa de subasta que se encargó de vender unas plumas
estilográficas de lujo relacionadas con la operación. Está presidida por Lourdes
Cavero Mestre, la esposa del expresidente de la comunidad Ignacio González y en
su directiva figuran, entre otros, Pilar, cuñada de González, y Carmen Cafranga,
expresidenta de la Fundación Caja Madrid e imputada en el caso de las tarjetas
black. Según informó Vanitatis, la mayoría de los objetos que se vendieron a
través de Subastas Segre se requisaron en las oficinas de David Marjaliza,
mientras que el resto estaban en cajas de seguridad a nombre de Juan José
Sánchez Barceló, el joyero socio de Francisco Granados.
Indra
Es una empresa multinacional española que ofrece servicios de consultoría sobre
transporte, defensa, energía, telecomunicaciones, servicios financieros y
servicios al sector público. La multinacional también está relacionada con la
operación Púnica. El conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, informó por
teléfono a su socio que se iba a encontrar con alguien de Indra, que terminó
siendo el director general de la compañía, para pagar 10.000 euros en negro a De
Pedro por sus trabajos por su reputación online.
IMC
En este episodio, que ya relató en marzo eldiario.es, está involucrada también
la Agencia Informática y de Comunicaciones (IMC), una sociedad pública
dependiente de la Comunidad de Madrid y que también está siendo registrada en
estos momentos por la Guardia Civil. En julio de 2013, IMC realizó un informe
que justificaba la necesidad de contratar un "servicio de telefonía móvil
segura" para el equipo de Gobierno.
El por entonces consejero de Presidencia, Salvador Victoria, declaró el
"carácter reservado del expediente de contratación " y defendió que la operación
fuese confidencial, lo que permitió hacer los trámites evitando la publicidad y
ofertándolo mediante invitación a las compañías que considerasen oportunas, que
en este caso solo fue Indra. Finalmente, IMC adjudicó un contrató de 117.394
euros a la multinacional. Tal y como informó la Cadena Ser, dos semanas antes de
que Rajoy descartase la candidatura de Ignacio González a la presidencia de la
comunidad, IMC elaboró otro informe en el que manifestaba la necesidad de
resolver el contrato con Indra al considerar insuficiente la confidencialidad de
la información transmitida a través de los teléfonos móviles.
OHL
Es una constructora que ingresó entre los años 2002 y 2009 más de 3.000 millones
de euros de las administraciones públicas gobernadas por el PP, según un informe
de la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) del Cuerpo Nacional de
Policía incorporado al sumario de los papeles de Bárcenas. Tal y como informó
infoLibre, sólo en 2007, el Ejecutivo madrileño del PP otorgó a la constructora
417 millones en contratos.
La Guardia Civil también ha procedido a detener al hermano de Ignacio González,
Pablo González, directivo de la empresa pública Mercasa que gestiona mercados de
abastecimiento como Mercamadrid o Mercabarna.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/19/la_guardia_civil_registra_las_sedes_otras_empresas_marco_investigacion_del_canal_isabel_ii_63989_1012.html
IGNACIO GONZÁLEZ Y SEIS DE SUS COLABORADORES PASAN LA NOCHE EN LOS CALABOZOS
De los 12 detenidos vinculados a la trama, tres han quedado en libertad y otros
dos se encuentran fuera de España
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González pasará la noche en
los calabozos de las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos junto a
seis de sus colaboradores en la trama corrupta que habría desviado fondos del
Canal de Isabel II, a través de una intrincada red de cuentas y empresas
pantalla en el extranjero.
Ignacio González pasará la noche en la Comandancia de la Guardia Civil
Además de González, permanecerán encarcelados en la Comandancia del Instituto
Armado dos de sus familiares, su hermano Pablo González y su cuñado José Juan
Caballero. También el expresidente de la filial del Canal en Colombia Edmundo
Rodríguez Sobrino, junto a su secretaria, Clarisa Guerra. En la misma situación
se encuentran la exdirectora financiera del ente María Fernanda Richmond y el
que fuera su director general, Adrián Martín, han informado a El Confidencial
fuentes cercanas al caso.
La lista de detenciones se ha elevado este miércoles a 12 personas, a las que se
suma una treintena de imputados. Además de los siete que aún permanecen bajo
custodia de la UCO, otros tres han quedado libres tras finalizar los registros
practicados en sus domicilios y despachos profesionales. Dos más —Diego García
Arias y Sebastián Cristovao— fueron arrestados en Colombia y Brasil.
Día de registros para Ignacio González tras su detención
Las mismas fuentes apuntan que al menos cuatro de los arrestados que deben pasar
de forma inminente a disposición judicial lo harán este jueves. El juez Velasco
y los fiscales anticorrupción encargados del caso también tomarán declaración al
director del diario 'La Razón', Francisco Marhuenda, y al presidente de la
sociedad editora del diario, Mauricio Casals, en este caso por presuntas
coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Mínimo, 40 años de prisión
El juez y Anticorrupción acusan de ocho delitos a los miembros del entramado
presuntamente dirigido por González que suman penas superiores a los 40 años de
prisión. Consideran que integraban una organización criminal dedicada al desvío
de fondos en beneficio propio, y solo por este delito el Código Penal establece
penas de hasta ocho años en los casos más graves.
La malversación lleva aparejadas condenas de hasta ocho años, mientras que el
blanqueo de capitales se castiga con un máximo de seis por cada uno de los
delitos cometidos, lo que multiplica la estancia en la cárcel en casos como el
presente, en el que se investigan distintas operaciones irregulares.
A la lista se suma el cohecho, con hasta seis años más, los mismos vinculados al
fraude fiscal, que también podrían aumentarse en caso de que los actos
defraudatorios fueran varios. Otra media docena de años acumula la falsedad
documental, mientras que la corrupción en los negocios alcanza un máximo de
cuatro años.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-04-19/el-entramado-de-ignacio-gonzalez-se-enfrenta-a-penas-de-hasta_1369320/
EL JUEZ INVESTIGA AL PRESIDENTE Y AL DIRECTOR DE ‘LA RAZÓN’ POR COACCIONES A
CIFUENTES
Los pinchazos revelan planes para presionar a la dirigente
El juez investiga al presidente y al director de ‘La Razón’ por coacciones a
Cifuentes Cifuentes ofrece la máxima colaboración con la Justicia
El periodista Francisco Marhuenda, director del diario La Razón, y Mauricio
Casals, presidente del mismo medio, han sido imputados en la Operación Lezo
contra la corrupción en el Canal de Isabel II, empresa pública de aguas de
Madrid, según han confirmado fuentes jurídicas. Ambos han sido citados por el
juez Eloy Velasco para declarar hoy. Este miércoles, los agentes de la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habían detenido a Edmundo Rodríguez
Sobrino, consejero delegado de la empresa editora de La Razón y durante años el
“hombre de confianza en Latinoamérica” de Ignacio González cuando este presidía
el Canal.
Fuentes de la investigación apuntan a que Marhuenda y Casals presuntamente
presionaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para
evitar que denunciara las irregularidades detectadas por una auditoria realizada
por su Ejecutivo en el seno del Canal de Isabel II y en las que estaba
presuntamente implicado Rodríguez Sobrino. EL PAÍS intentó este miércoles
contactar con los implicados para recabar su versión de los hechos, pero fuentes
del Grupo Planeta, editor de La Razón, han declinado hacer ningún comentario. No
obstante, Marhuenda, en declaraciones a Elplural.com, calificó de “una cosa de
locos” y un “disparate” las acusaciones que pesan sobre él. El director de La
Razón insistía este miércoles en que su rotativo “se ha caracterizado por
defender al PP y a Cristina Cifuentes” y que él mismo lo había hecho en las
tertulias de televisión y radio a las que acude.
El juez imputa a Marhuenda y a Casals un delito de coacciones del artículo 464
del Código Penal, que prevé penas de hasta cuatro años de prisión para el que
“con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en
quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete
o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal”.
Las relaciones de la Operación Lezo
El origen de la imputación de Marhuenda y Casals está en los pinchazos
telefónicos realizados en el transcurso de la Operación Lezo a Edmundo Rodríguez
Sobrino. En los mismos se escucha a este tratar con ambos diferentes actuaciones
para frenar la decisión de Cristina Cifuentes de acudir a la Justicia a
denunciar la compra por parte del Canal de Isabel II de una empresa brasileña
por un precio que solo un mes después de la adquisición se demostró excesivo. En
dicha operación bajo sospecha había jugado un papel clave Inassa, la filial
sudamericana del Canal que entonces presidía Rodríguez Sobrino.
Según fuentes cercanas a la investigación, en dichas conversaciones los tres
hablan, entre insultos a la presidenta de la Comunidad y su equipo, de utilizar
las páginas del diario para atacar a la política si continúa adelante con su
decisión de denunciar las irregularidades detectadas. Incluso hablan de publicar
noticias falsas con el único objetivo de perjudicar la imagen de la política. El
juez Eloy Velasco, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, considera
dichas conversaciones indicios suficientes del presunto intento de ambos por
obstaculizar la investigación judicial con el único objetivo de lograr la
impunidad del consejero delegado de la empresa editora de La Razón.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/19/actualidad/1492605480_264705.html
CIFUENTES
PREFIERE DECLARAR POR ESCRITO ANTE EL JUEZ
El magistrado se desplaza a la sede del Gobierno regional y entrega un
cuestionario a la presidenta regional
El juez Eloy Velasco, instructor de la Operación Lezo, se ha desplazado esta
tarde a la sede de la Comunidad de Madrid para entregar un cuestionario de
preguntas a la presidenta regional Cristina Cifuentes, del PP, sobre el
escándalo que ha destapado en el Canal de Isabel II. Cifuentes, en calidad de
testigo, informó de su intención de prestar declaración por escrito acogiéndose
al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que faculta a los
presidentes de los gobiernos regionales a utilizar esta vía cuando un juez
instructor les recaba información sobre hechos de los que tengan conocimiento
por razón de su cargo.
La presidenta regional responderá al cuestionario y luego se lo hará llegar al
juez. Cifuentes, sucesora de Ignacio González al frente de la Comunidad, reiteró
su intención de colaborar con la justicia en el asunto del Canal y comentó que
hace meses remitió a la Fiscalía Anticorrupción un informe sobre operaciones
anómalas efectuadas en Brasil y Colombia por el Canal, un organismo público que
depende de su Gobierno y que en la actualidad preside su número dos, Ángel
Garrido, por su condición de consejero de Presidencia y Justicia.
Tras dejar el cuestionario a Cifuentes, el juez se ha desplazado a la sede de la
Consejería de Presidencia y Justicia, donde ha interrogado durante una hora a
Garrido. Garrido también comparece en calidad de testigo y también apoyó la
entrega del citado informe sobre el Canal a la fiscalía relativo a compras de
empresas por un valor muy superior al real.
Aparte de la detención esta mañana de doce personas, entre ellas el expresidente
Ignacio González, la agenda del juez Velasco también incluía hoy el
interrogatorio de otras tres personas en calidad de testigos. Velasco indaga
delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho,
blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios del
Canal.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/19/actualidad/1492628022_955544.html
CIFUENTES ESTABA EN EL CONSEJO DEL ENTE DEL CANAL DE ISABEL II EN LA ETAPA DE
IGNACIO GONZÁLEZ
"Cifuentes deberá dar explicaciones". Así de rotundo se mostraba este miércoles
el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, al recordar
que Cifuentes era miembro del consejo de administración del Canal de Isabel II
en la etapa de Ignacio González, éste último detenido hoy. Sin embargo, el
Gobierno regional ha corregido a Aguado y desvinculado "totalmente" a la
presidenta de Madrid de la supuesta trama al alegar que fue consejera del ente
entre 2012 y 2014, pero no de la empresa pública.
Así, fuentes del Ejecutivo madrileño han explicado que el cargo de Cifuentes
como consejera en el ente del Canal corresponde a su etapa como delegada del
Gobierno en la Comunidad de Madrid, ya que todos los delegados forman parte del
mismo. Las mismas fuentes han indicado que mientras que el ente público Canal de
Isabel II tiene funciones ejecutivas, las decisiones del "día a día" se toman en
la empresa pública Canal de Isabel II Gestión, S.A.
Pero para Aguado, Cifuentes "no va a colaborar con la Justicia porque sí, es que
tiene que colaborar, porque tiene relación directa con el Canal de Isabel II".
El juez ha citado a Cifuentes para que ratifique la denuncia contra el
expresidente regional.
Por su parte, Cifuentes ha destacado su "colaboración máxima" con la Justicia y
ha avanzado que "absolutamente" todo lo que les pida el juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco, lo harán, ya sea aportar documentación como testimonios.
"Absolutamente todo lo que nos pida el juez lo haremos pero no voy a dar datos
porque está bajo secreto de sumario", ha indicado Cifuentes, quien ha remarcado
que desde la Comunidad están" colaborando absolutamente con la justicia".
"Fue la Comunidad, la propia empresa Canal"
La presidenta regional ha señalado que "fue la propia Comunidad, la propia
empresa Canal, quien puso el tema en manos de la Fiscalía" a quien remitió una
información referida al Canal de Isabel II. Se refería a un informe de mayo de
2016 en el que el Ejecutivo autonómico explicaba que el nuevo director gerente
del Canal de Isabel II, Rafael Prieto, estaba haciendo un análisis de la
sociedad del Canal en Iberoamérica y sus filiales comenzando por la operación de
compra más reciente, realizada en 2013. Se trataba de la compra de la empresa
brasileña Emissao Engenharia e Construçoes.
"Desde ese momento y el momento actual y, por supuesto, en el futuro nuestra
colaboración ha sido, es y será absoluta porque en este Gobierno que tengo el
honor de presidir tenemos tolerancia cero contra la corrupción y vamos a
colaborar siempre con cualquier asunto judicial en todo lo que nos requiera la
justicia en este asunto también", ha continuado Cifuentes.
"Reiterar la colaboración plena y absoluta en todo momento por parte mía y todos
los miembros del gobierno y del consejero de Presidencia y presidente del Canal
de Isabel II la colaboración está siendo y va a ser máxima en todo momento", ha
destacado la dirigente popular.
La también presidenta del PP de Madrid ha insistido en que todo lo que les
requiera la Guardia Civil y el juez, documentación, testimonios, todo lo que
quieran lo van a tener porque son "los primeros interesados en que este asunto,
o cualquier otro que tenga que ver con corrupción, se llegue hasta el final".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/07/el_gobierno_ignacio_gonzalez_pago_sin_tasacion_externa_previa_millones_por_una_empresa_brasilena_riesgo_63533_1012.html
CUANDO ESPERANZA AGUIRRE PONÍA "LA MANO EN EL FUEGO" POR IGNACIO GONZÁLEZ
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, siempre defendió a
'Nacho' González
Fue la mano derecha de 'la lideresa' al frente de la Comunidad de Madrid, por
eso en la Fonoteca de la SER no ha sido difícil encontrar declaraciones de
Esperanza Aguirre defendiendo a quien la sucedió al frente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González.
En marzo de 2015, mientras aseguraba que sería "inflexible contra la
corrupción", Esperanza Aguirre elogió así a Ignacio González: "Nacho ha dirigido
la política de la Comunidad de Madrid con una inteligencia y eficacia
encomiables hasta conseguir consolidarla como la primera comunidad económica de
España (...) Y además con su legendaria capacidad de gestión ha logrado mantener
el alto nivel de todos los servicios que la comunbidad presta, a pesar de la
ortodoxia financiera".
Poco antes, cuando ya se habían publicado informaciones sobre el ático, Aguirre
le mostró públicamente su apoyo "porque ha sido un magnífico presidente, porque
tiene un historial absolutamente intachable y porque las insinuaciones que
hablan de que recibió como regalo su piso en Estepona él ha demostrado, como no
ha demostrado ningún político, de dónnde sacó el dinero, cómo lo compró, qué
credito tomó y todo lo demás".
Siendo presidenta de la Comunidad, cada 2 de mayo Esperanza Aguirre concedía una
entrevista a la SER y fue en 2012, cuando ya había saltado el 'caso Gürtel'
cuando le preguntamos si ponía "la mano en el fuego" por Ignacio González y ella
no dudó al responde "claro que sí" y añadió "si Ignacio González viniera a
decirme 'he hecho esto incorrecto', no ya delictivo, sino incorrecto, a mí no me
temblaría el pulso en cesar a Ignacio González, además, dimitiría él. Es que yo
he tenido que cesar, por desgracia, a mucha gente".
También apoyó Aguirre a González en el 'caso espionaje', haciendo extensivo ese
apoyo a todo el gobierno regional "que nada tiene que ver con esas imputaciones
gravísimas que se efectúan". Y fiel a su estilo, preguntada de nuevo por los
espías, respondió: "Mire, a mí es que me da la risa, qué quiere que le diga".
http://cadenaser.com/ser/2017/04/19/politica/1492602990_847592.html
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