IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SL
IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SL
NOTICIAS SOBRE EL CANAL ISABEL II
La imputación se produce tres años después de que la Cadena SER emitiera en su página web el contenido de un vídeo que se le realizó a Ignacio González (vicepresidente de la Comunidad de Madrid) durante su viaje a Cartagena de Indias. Se trata de una grabación polémica en la que se ve al vicepresidente de la Comunidad con otras dos personas, todos ellos con unas bolsas de plástico en las manos cuyo contenido, hasta la fecha, se desconoce.
Los abogados de Ignacio González sostienen que la periodista era consciente de que el vídeo había sido grabado de modo ilícito cuando decidió publicarlo y que se lo proporcionó uno de los empresarios imputados en el presunto caso de espionaje político.
A pesar de que Pilar Velasco se acogió en todo momento a su derecho a no revelar las fuentes de la información durante sus dos declaraciones como testigo; a pesar de que todo lo publicado era veraz, como admite el propio González; y a pesar de que ya otros medios habían publicado con anterioridad fotogramas de ese mismo vídeo, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha insistido durante todos estos años en acusar a una única periodista, e incluso sostener que la decisión de emitir el vídeo la habría tomado la propia Pilar Velasco sin contar con la dirección de la Cadena SER. Una afirmación, que para cualquiera que conozca el funcionamiento de los medios, es algo impensable y que en cualquier caso falta a la verdad. Se contradice además la acusación de González cuando afirma que su viaje era privado y asegura luego en al menos dos ocasiones en los escritos presentados ante el juez que era un viaje oficial como responsable del madrileño Canal de Isabel Segunda.
La Cadena SER ha colaborado en todo momento con la justicia en la instrucción de este caso, y entregó el contenido íntegro del video al juez después de que el propio González confirmara que era él la persona que se veía en esa grabación. Los servicios informativos de la Cadena SER siguen convencidos que la emisión del video era una noticia de interés público que fue tratada con el mismo rigor con que se han tratado todas las informaciones que hasta el día de hoy siguen girando en torno a la figura de Ignacio González.
PRIMERA PARTE
: EL CANAL DE ISABEL II, DENUNCIADO POR MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOSUna carta que destapa una presunta desviación de 4,5 millones de euros a Sacyr cae en manos de una trabajadora estupefacta por lo que se cuece en los despachos del Canal
La mayoría del personal del Canal de Isabel II estaba de vacaciones en agosto de 2008. Sobre la mesa, una carta. Su destinatario: "S.I.C. Belén Benito". Pero por aquella época la Subdirectora de Ingeniería y Construcción del Canal de Isabel II disfrutaba de sus días de descanso, al igual que el director del Departamento, Adrián Martín, y las dos secretarias de ambos. Así, la carta que debería haber pasado por cualquiera de esas cuatro manos, acabó en las de Araceli Blanco, secretaria de la subdirectora del Departamento de Construcción de Redes del Canal de Isabel II: "Abría los sobres como favor, como he hecho en varias ocasiones con el fin de discriminar si había alguna documentación que a mi juicio fuera necesario tramitar y no esperar a que llegara su destinatario de vacaciones", narra en su denuncia. Pero Araceli Blanco se encontró con una bomba de papel; la carta que nunca debería haber leído y que dos años más tarde le conduciría al despido.
Sabía que en lo que acababa de leer podría haber infracción penal
La leyó, la fotocopió y la volvió a cerrar. Sabía que en lo que acababa de leer podría haber infracción penal. Releyó su fotocopia hasta cuatro veces y narra: "Después de pensar mucho qué hacer decidí guardar esa documentación, pues el delito aún no se había consumado […] e implicaba a altos cargos".
La misiva supuestamente destapaba una trama de malversación de fondos públicos dirigida por la empresa que preside Ignacio González. Según la denuncia, desvelaba una negociación entre el Canal de Isabel II y la constructora Sacyr para desviar 4,5 millones de euros de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional para el ‘Proyecto de refuerzo de abastecimiento de Aranjuez y su zona de influencia desde la conducción Almoguera-Algodor’.
En la carta se lee cómo presuntamente se incumplen las normas legales de negociación de toda obra al privar de la correspondiente adjudicación a un tercero por la parte del incremento de la obra tal y como lo indica la Ley de un Proyecto Modificado. También muestra la supuesta creación de una Liquidación de Proyecto falsa mediante la creación ‘ex novo’ de necesidades al efecto mediante otro proyecto de arqueología que incrementaba el importe de la obra. Todo lo relatado en la carta se cumplió, incluso el importe de las facturas, según indica la denunciante.
Todo lo relatado en la carta se cumplió, incluso el importe de las facturas
El Canal de Isabel II firmó en 2005 el contrato con Sacyr para el ‘Proyecto de refuerzo de abastecimiento de Aranjuez y su zona de influencia desde la conducción Almoguera-Algodor’ por 29 millones de euros y que después vería incrementado su montante final.
Además, adjudicó a ARTRA un contrato para intervención arqueológica –la supuesta necesidad inexistente y creada sólo para una Liquidación de Proyecto- por un importe de 429.000 euros (IVA incluido) a efectuar en 7 meses, que según expone la denuncia, también vería incrementado poco después su montante final a 2 millones de euros.
Tras el calvario vivido por Araceli Blanco desde que leyó la carta en verano de 2008 hasta que fue admitida la denuncia han pasado tres años. El Juzgado nº 11 de Madrid, el mismo que llevó el accidente de Spanair, la admitió a trámite el pasado mes de septiembre. "El juzgado le ha pedido una providencia al Canal para que envíe el proyecto, pero ya ha pasado un mes y medio y no ha recibido respuesta", narra Araceli Blanco a ESTRELLA DIGITAL.
Los delitos de los que se acusa al Canal de Isabel II son muchos:
-Presunto cohecho.
-Tráfico de influencias.
-Malversación de caudales púbicos.
-Negociación prohibida a funcionarios.
-Prevaricación.
-Falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y los transmitidos por servicios de telecomunicaciones.
-Falsificación de documentos privados y falsificación de certificados.
-Más la infracción de la Ley de Contratos del Estado de 2008 y la norma de competencia.
Blanco, tuvo la certeza en diciembre de 2008 de que se estaba cumpliendo lo que precocinaba la carta, su objetivo fue entonces contarle todo a Ignacio González. "Todo el mundo me lo ha dicho, soy lo más inocente del mundo. Pensaba que era un asunto de cuatro amiguetes de dentro, no iba a pensar que el Presidente del Canal iba a estar dentro", dice Araceli. Así que quiso aprovechar la cena de Navidad para reunirse con él
http://www.estrelladigital.es/espana/Canal-Isabel-II-denunciado-malversacion-ignacio-gonzalez-eva-diaz_0_1142885715.html
20.03.12SEGUNDA PARTE
: GONZÁLEZ IGNORA EL PRESUNTO DELITO Y ASCIENDE AL SUPUESTO RESPONSABLELa trabajadora del Canal que trata de avisar del supuesto desvío de dinero público topa con que al presidente de la empresa pública "no le interesa"
Una indiscreta carta llega el verano de 2008 al receptor equivocado, Araceli Blanco, trabajadora del Canal de Isabel II durante 20 años. La carta revelaba una supuesta trama de desvío de fondos públicos a empresas privadas, la cifra, 4,5 millones de euros.
Después de mucho pensarlo, a los tres meses y coincidiendo con la cena de Navidad del PP, Araceli espera poder encontrarse con el presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González, para revelarle todo lo que se estaba cociendo en los despachos de la empresa que regentaba.
"Me dijo que había visto a González en un acto público, le contó lo que pasaba y éste le respondió que no sabía nada del Canal y que no le interesaba"
Aquella noche, Ignacio González no acudió a la cena del Hotel Meliá de Capitán Haya, pero sí su secretario personal, José de la Uz Pardos, según narra la denuncia. Araceli Blanco vio la ocasión para hacerle llegar la información al presidente a través de él, así que le dio una carta donde explicaba todo los datos de la supuesta trama que se estaba gestando en el Canal. De la Uz leyó el documento delante de ella, lo guardó y dijo que le llamaría en dos o tres días. Nunca llamó, cuenta la denunciante. Sólo fue el inicio del vacío que se encontraría por parte de todos sobre este asunto, hasta de personas que creía amigas.
Como la carta a Ignacio González no tuvo respuesta, a pesar de que su secretario personal comunicó a Araceli que se la había hecho llegar, la denunciante vio el momento de contárselo todo a Isabel Cuevas, la jefa del Gabinete del Presidente y su segunda opción para que González supiera qué pasaba en su empresa. Pero de Cuevas recibió un "lo investigaré" que se quedó después en una llamada sobre un premio que le habían concedido a la denunciante sin ningún comentario sobre la supuesta trama.
Ignacio González "no hacía limpieza" a su alrededor, lejos de eso "las cosas empeoraban". Así que si desde dentro del Canal no le contaban qué estaba pasando, tocaba buscar fuera. Araceli Blanco se puso en contacto con el cura. Ambos acordaron visitar a Marisol Cendron, Catedrática jubilada de Química y Física de la Universidad Autónoma de Madrid y persona cercana al presidente del Canal de Isabel II. Fueron a su casa, le enseñaron la información de la que disponía y se repitió la jugada. Nunca recibió una llamada. "Al tiempo me la encontré y me dijo que había visto a González en un acto público, le contó lo que pasaba y éste le respondió que no sabía nada del Canal y que no le interesaba", narra Araceli Blanco a ESTRELLA DIGITAL.
"Es decir, ascendieron al presunto infractor al máximo puesto"
La extrabajadora se planteó acudir directamente al fiscal a denunciar. Puso toda la información en manos de un abogado de su confianza e inmediatamente la respuesta de éste fue que no iba a hacer nada porque estaba desbordado de trabajo. "Mi abogado ni quiso ni quiere denunciar. Nunca me dijo por qué –narra Araceli- pero imagino que no le interesaba". Sentía que era ella contra el mundo. Tardó, pero en julio de 2009 se cansó de batallar sola y a contracorriente y dejó el caso de lado un tiempo.
Mientras, Adrián Martín López, director del Departamento de Innovación e Ingeniería del Canal de Isabel II en el momento en que a Araceli le llegó la famosa carta en verano de 2008, y supuesto cabecilla por parte del Canal de la presunta trama de malversación de fondos públicos según señala la denuncia, fue nombrado en diciembre de 2009 director Gerente del Canal de Isabel II. "Es decir, ascendieron al presunto infractor al máximo puesto de la empresa al denunciar yo los hechos", dice Araceli.
Ignacio González no "hacía limpieza" a su alrededor, lejos de eso "las cosas empeoraban"
Un año más tarde, con energías renovadas y viendo que no se depuraban responsabilidades en la empresa, Blanco cometió lo que llama "su gran error". Se dirigió a Fernando Montes, Jefe del Departamento de Construcción de Tratamiento y Regulación, y autor de la carta que desvelaba la supuesta trama. Araceli le contó que sabía lo que estaba pasando con el proyecto de Aranjuez. Además también se lo comunicó por email a Víctor García, el interlocutor de Sacyr con el Canal de Isabel II.
Las consecuencias: Despido y una querella criminal que interpone el Canal de Isabel II por revelación de secreto y amenazas. Según nos cuenta Araceli, esas amenazas se refieren a lo que alega Fernando Montes: "Dice que amenacé con hacer todo público si no metía a mi sobrino en el Canal. Es mentira. Creí que era una empresa como Dios manda".
http://www.estrelladigital.es/espana/Ignacio_Gonzalez-denuncia-canal_isabel_ii-malversacion_fondos-sacyr_0_1142885908.html
21.03.12EL CANAL DE ISABEL II ESPIÓ A UN ASESOR DEL 'NÚMERO DOS' DE AGUIRRE
Novedades sobre el caso de espionaje político en la Comunidad de Madrid
Según el sumario, la empresa pública contrató a detectives para espiar a un asesor de confianza de Ignacio González, en enero de 2008. El Canal no aclara si pagaron con presupuesto público seguimientos al abogado.
El Canal de Isabel II que preside el 'número dos' de Esperanza Aguirre, Ignacio González, contrató los servicios de al menos una agencia de detectives. González denunció en su día haber sido víctima de espionajes relacionados con la empresa pública. Según documentos policiales incorporados al sumario, una de las empresas de detectives denunciadas por González fue a su vez contratada por el Canal. Las actas policiales revelan un encargo en enero de 2008 bajo el concepto de 'control laboral'. El investigado es Javier Soler Gallego, asesor y cargo de confianza de González, a quien espía el Canal según las actas con dinero público.
La Comunidad de Madrid denunció en los tribunales el espionaje a Ignacio González el pasado enero de 2009, al hacerse público un video de seguimiento al vicepresidente en Colombia. Según documentos adjuntos al sumario que se instruye en el juzgado 47 de Madrid, a los que ha tenido acceso la Cadena SER, la policía acudió a despachos de detectives, donde pidió los libros de registro de las agencias, en busca del autor del video y los dossieres sobre posibles negocios de González y su familia. En uno de los despachos de Madrid, dos agentes levantaron acta de inspección policial y tomaron nota del primer y último trabajo de espionaje durante el año 2008. El primer cliente, según el libro de contabilidad, es el Canal de Isabel II, empresa que preside Ignacio González. El Canal contrató una investigación con fecha 18 de enero de 2008. El concepto anotado es un "control laboral" y el investigado Javier Soler Gallego.
Se trata de un abogado externo, contratado en el cupo de libre designación como asesor de confianza de Ignacio González. De hecho, no ha estado nunca sujeto a "control laboral", es decir, a convenio del Canal. El vicepresidente le contrató en calidad de abogado en relación a los negocios de 'Canal Extensia', filial de la empresa pública en Latinoamérica.
De hecho, Ignacio González es quien tenía competencias para designar a dedo este tipo de cargos de confianza. Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía, responsables de la investigación, aseguran que el Canal reconoció este espionaje en el juzgado número 47 de Madrid, pero no aclararon si el Canal encargó un informe patrimonial del abogado, seguimientos ni con qué partida presupuestaria se pagó. El caso de espionaje político en el PP en el entorno de Ignacio González sigue abierto.
www.cadenaser.com 03.03.11"YO ESPIÉ A IGNACIO GONZÁLEZ"
La Cadena SER habla en exclusiva con el autor del video de espionaje en Colombia al vicepresidente de Madrid, Ignacio González. El encargo del video con cámara oculta lo ejecutó un empresario de seguridad privada. Prefiere no dar su nombre, aunque la identidad de este ex suboficial de Defensa, está en sus declaraciones policiales y judiciales.
En exclusiva para la Cadena SER, el autor del video de espionaje a Ignacio González relata cómo pasó varios días 'pegado' al vicepresidente de Madrid. La información que recibió para realizar el encargo -el vuelo, las fechas y los destinos- pudo salir de las agendas del Gobierno de Esperanza Aguirre. El autor cree que quien facilitó la información podría estar dentro del PP.
Sobre la polémica secuencia en la que el número dos de Aguirre, junto a la cúpula directiva del Canal de Isabel II, entran en un domicilio con varias bolsas blancas de plástico, asegura que González esperó fuera y los directivos salieron sin ellas. Afirma además que en las bolsas no parecía que hubiera gorros y toallas, como dijo Esperanza Aguirre. En Cartagena de Indias, el autor grabó un desayuno en el restaurante del hotel. Allí hablaron de cheques, bancos y abogados, como quedó registrado en las cintas de video.
La entrevista se llevó a cabo en Barcelona, en una parada del autor del video entre Niza y Alicante. Este investigador prefiere no dar su nombre. Ignacio González si tiene acceso a él, ya que en declaración policial y judicial esta recogida su versión. A continuación un extracto de la entrevista.
Hay una investigación abierta por seguimientos a Ignacio González. Uno de ellos el polémico video grabado con cámara oculta en Colombia, ¿Eres el autor del video?
Sí. Del video y de la información correspondiente que el video sustenta.
¿Cuál es tu trabajo?
Soy director de una agencia de investigación, entra dentro del ámbito de la seguridad privada.
¿Cómo recibes el encargo?
El encargo no lo recibo yo directamente, es una subcontrata. Lo recibe otra agencia, la cual me subcontrata a mí. Nos reunimos, es práctica habitual, y me dice que si puedo hacer este servicio en Colombia. Era una investigación, un control integral, un seguimiento completo de varias personas. Le digo que si, que no tengo inconveniente.
¿En qué consistía el encargo?
Se hizo en dos partes. En la primera reunión sólo se me dijo que si estaba interesado en realizar esta investigación. En un segundo encuentro, me dieron los datos de las personas a las que debía seguir y se me mostraron dos fotografías en las cuales estaban las tres personas.
¿Quiénes eran esas personas?
Para mí en un principio eran un caso más, eran unos nombres y unas caras. En el transcurso de la investigación, según transcurrieron los hechos, consulté los nombres en Internet y salió que uno de ellos era Don Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Otro señor era un cargo del Canal de Isabel II, no recuerdo ahora el nombre y el otro señor algo parecido también. No recuerdo exactamente ni los nombres ni los cargos.
De las dos fotografías que te enseñan, ¿Las tres personas están relacionadas con el Canal de Isabel II?
Sí, efectivamente. Eran altos cargos, ejecutivos del Canal de Isabel II.
Cuando te lo encargan, ¿No te explican quiénes eran y para qué tenías que ir?
No, pero eso es práctica habitual. Se me dice que se les siga y se de una relación detallada de todos sus movimientos; con quién, dónde van, con quién se entrevistan, dónde entran, cuándo salen. Me sorprendieron las medidas de seguridad. Colombia es un país peligroso, pero los niveles de seguridad van acordes al estatus que ocupas. En Cartagena de Indias ya había dos vehículos todo terreno blindados y varios escoltas. Llegamos a Bogotá y fue lo que mas me llamó la atención, había policía uniformada dándoles escolta y tres vehículos blindados con escoltas de los que llamamos VIP muy preparados. Yo pensé que tendría relación con una visita inclusive al presidente de la República, Álvaro Uribe.
En el video apareces muy cerca de Ignacio González, tanto que se llegó a especular con que podías ser uno más de la comitiva o de sus acompañantes ¿Cómo lo grabaste, cómo estuviste tres días pegado al vicepresidente?
Si queremos obtener una buena prueba de que la persona a la que estamos hay que hacer un trabajo cercano, y si queremos saber lo que están diciendo y que quede registrado en los equipos que llevamos, que son equipos digitales de muy alta tecnología totalmente homologados, y perfectamente utilizables para este tipo de servicios, cuanto mas cerca estés de la persona, del informado, mejor captas su imagen y lo que está diciendo.
¿Los equipos son legales?
Total y absolutamente legales, homologados. Están a disposición de quien los quiera ver.
Háblanos del espionaje
Es del 2008, los días y las horas las tengo un poco bailadas, no fijas. Llegan a Cartagena de Indias, Colombia, se alojan en un hotel, el hotel Sofitel Santa Clara, dentro de la ciudad vieja. El viaje en conjunto tuvo una duración de 10 días. Se inició en Madrid y el destino inicial mío fue Bogotá, Cartagena de Indias, allí estuvimos unos 3 días, nos trasladamos a Bogotá, y regreso a Madrid. En Cartagena de Indias, el primer día que se les localizó iban estos tres señores de las fotografías y un ciudadano español más un ciudadano colombiano, salieron del hotel y se dirigieron a una casa que estaba a 50 metros del mismo hotel.
Hay una secuencia polémica. Ignacio González y sus acompañantes llevando unas bolsas de plástico a un domicilio, supuestamente llevaban bolsas de playa. ¿Qué pasó aquella mañana?
Salen del hotel. Iban el señor Ignacio González acompañado de los dos señores del Canal de Isabel II y otro ciudadano también español -se refiere a Javier Soler, ex cargo del Canal-. Se dirigen a una casa que está a unos 50 metros, en la misma calle donde esta el hotel Sofitel. Llaman a la puerta, sale un empleado, hablan un momento con él y entran los señores de las bolsas. El señor Ignacio González no entró. Entran y al poco tiempo, muy poco tiempo, unos minutos, salen sin bolsas, creo que uno podía llevar una. E inmediatamente los dos vehículos todoterreno que tenían aparcados frente al hotel les estaban esperando, se suben todos en los vehículos, y abandonan el lugar. A mi me fue imposible seguirlos porque yo iba a pie y no tenia un vehiculo de apoyo para seguirles.
¿Sabes qué llevaban en las bolsas?
Llevaban dentro lo que parece que podían ser paquetes, cualquier cosa con ángulos, como unas cajas.
El vicepresidente dijo que llevaban bolsas y toallas ¿Esa fue tu impresión?
No. Porque las bolsas del hotel normalmente van rotuladas, en este caso con el nombre del hotel Sofitel, igual que las zapatillas, el albornoz o las toallas. Y las toallas yo cuando las he llevado a la playa y la metes en una bolsa parece un globo el bolso, allí un globo no parecía desde luego, es una opinión muy personal pero no puedo precisar lo que llevaban dentro de las bolsas.
¿No llevaban logo?
No llevaba logo, todas blancas de plástico, pero no de plástico normal sino un plástico duro, rectangulares con forma.
Otra de las secuencias es un desayuno, también en el hotel Cartagena.
Detecté a primera hora de la mañana la bajada de los dos cargos del Canal de Isabel II, y del otro señor. Se ponen en una esquina del restaurante donde desayunan. Me coloco con mis equipos lo más cerca posible. En un primer momento Ignacio González no estaba, acudió transcurridos diez minutos, no se sentó con ellos, aunque le invitaron, se sentó en la mesa de al lado.
Esa conversación se incluyó en el espionaje. ¿De qué hablaban?
Era una conversación de trabajo, hablaban de abogados, de bancos, de dinero, de cheques, pero como yo no sabia exactamente cual era el contexto total... ¿Abogados? Seguro que se nombraron. Y dinero, cheques, empresas... En fin, eso es lo que aprecié y está registrado
¿Grabaste algo más?
Sí grabe más. Me enteré por una gestión en Colombia de que Ignacio González iba a ser recibido por el presidente de la República Álvaro Uribe. Iba en representación de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. Se estuvo montando una vigilancia. En Colombia eso es complicado porque hay mucha seguridad y más en el palacio presidencial. No se pudo saber si entró o no entró porque los vehículos acceden hacia un subterráneo y todos los vehículos llevan los cristales tintados. A mí me informaron de que esa reunión se mantuvo, Ignacio González se reunió con el presidente de la República de Colombia.
¿Este tipo seguimientos son habituales en tu trabajo?
Son diarios. Para mí el vicepresidente de Madrid, los del Canal de Isabel II, el otro señor español y el señor colombiano que estaba allí, son números que se reflejan en el libro como casos.
¿Sabes con qué motivo se hizo este encargo?
No sé por qué se hizo este encargo
En las declaraciones en sede policial de varios empresarios de la seguridad privada ¿Le has dicho a la policía que eres el autor del video?
Sí, le he dicho a la policía que soy el autor del video.
Otro empresario de la seguridad privada, según el informe policial al que esta emisora tuvo acceso, revela que el encargo se hizo para verificar un posible cobro de comisiones en el Canal a través de sus adjudicaciones en Latinoamérica.
Puede ser, a mí el empresario, compañero de profesión, director de otra agencia, en ningún momento me dijo cual era el motivo del encargo. No es habitual preguntar ni quién es el cliente, ni qué es lo que el cliente ha contratado.
¿Sabes quién es el cliente?
En absoluto, me lo han preguntado ya varias veces la policía, no se quien es el cliente.
¿Entregaste todo el material grabado al cliente?
Sí. Nada más llegar del aeropuerto hice el montaje de video en bruto, sin cortar absolutamente nada, por eso aparece mi rostro, no por error mío, quisiera hacer esta salvedad.
¿Sale tu rostro en el video?
Sí, sale mi rostro en el video, unas décimas de segundo, la policía ha tenido acceso a él. Hice ese montaje en bruto, lo que normalmente se hace es limpiarlo, quitar las escenas que no son de interés y dar el video limpio, ni audio ni video en el que se pueda reconocer a ninguna de las personas que realizan el servicio.
Hay una denuncia por revelación de secretos. El fin de esa investigación judicial, es saber quién distribuyó el video y con qué intenciones. ¿Tú lo has distribuido?
No. Yo he prestado declaración en uno de los grupos de la UDEC, de la unidad de delincuencia económica. Hice el montaje del video en bruto porque corría mucha prisa y dejé en la misma sala donde hice el montaje el original. El resto de material tarjetas, memorias, cintas etc. Todo se realizó vía teléfono diariamente desde Colombia, vía email, pero a la llegada a España no se realizó informe escrito por mi parte de ningún tipo, terminé de realizar el DVD, se lo entregué a la persona que me realizó el encargo y de esa agencia salí y hasta hoy, un trabajo finiquitado y terminado.
¿Darle el trabajo a una tercera agencia es habitual?
Totalmente, nosotros trabajamos así.
¿Cuánto cuesta un trabajo así?
En Colombia es muy relativo, pero se puede cobrar entre mil o dos mil euros diarios en un país tan peligroso como Colombia.
Con la perspectiva que dan estos 15 meses, ¿Quien crees que puede estar detrás? ¿Ha habido intereses políticos, empresariales, has recibido alguna llamada de algún sector?
Yo he recibido llamadas, una sola llamada en la que se me amenazaba, con acento colombiano, que decía que tuviera cuidado con lo que decía y que más vale que me callara la boca
¿Hay empresarios o políticos del PP o otra formación que sepas que han estado involucrados?
Yo directamente no. He oído cosas porque me afectaba, pero no puedo dar ningún nombre porque todo es lo que se comenta me dicen, no tengo ninguna evidencia con lo cual preferiría no nombrar a nadie.
¿Crees que había políticos que supieran que Ignacio González fue espiado incluso antes de que los medios lo hiciéramos público?
Hombre, a título personal, yo pienso que si, eso lo debería de saber más de una y más de dos personas. Pero eso lo digo a título muy personal no tengo ninguna prueba.
¿Que información recibes para ir a Colombia?
La información que a mi se me da para ir a Colombia es el vuelven que Ignacio González y los cargos del Canal de Isabel II iban a volar. El día, la hora, el numero del vuelo y la compañía, el destino que era Cartagena de Indias y el día de regreso desde Bogotá a Madrid.
¿De dónde salieron esos datos?
Saber cómo van a volar y cuándo sale debe haber salido de las agendas, bien de la de Ignacio González o de los otros cargos del Canal de Isabel II.
¿De las agendas de la Comunidad de Madrid?
Sí, o de las agendas o de Iberia. Pero para consultar Iberia tendríamos que saber el vuelo en Iberia, o sea que volveríamos otra vez a la agenda famosa. Podría haber volado en Iberia o en cualquier otra compañía y no vas a hacer un check in de todas las compañías aéreas.
¿Has cometido algún delito?
No he cometido ningún delito. La investigación está realizada dentro del ámbito más estrictos y legales que contempla nuestra legislación. Soy una persona habilitada por la dirección general de la policía con toda mi documentación en regla, habilitado para realizar este tipo de seguimientos y lo que haya hecho la persona con la información... invito al señor Ignacio González que, si quiere, que demuestro si yo he cometido algún tipo de delito.
(www.cadenaser.com, 25/05/10)
EL 'INFORME DE LA TRIPLE A', NUEVO CASO DE ESPIONAJE
Según informes a los que ha tenido acceso la Cadena SER depositados en sede judicial, el primer espionaje registrado al número dos de Esperanza Aguirre es de 2005. Se encargó en un despacho de la República Dominica, llegó a una empresa de Estados Unidos, y se llevó a cabo en España. El encargo consistía en investigar los negocios de Ignacio González con la Triple A, el grupo de empresas del Canal de Isabel II en América Latina, que González preside.
La investigación judicial por los seguimientos a Ignacio González revela que el video con cámara oculta en Colombia no ha sido el primer espionaje al vicepresidente de Madrid. El juez José Sierra que ha llevado el caso citó como testigo a un empresario de seguridad privada para saber por qué en 2005 solicitó información de distintos registros públicos en referencia al entorno empresarial de la Triple A, las empresas públicas del Canal de Isabel II en Latinoamérica.
El empresario reveló ante el juez un caso de espionaje desconocido hasta ahora, denominado 'el informe de la Triple A'. Se trata de un dossier con fecha de 2005 que se encargó desde un despacho de abogados en la República Dominicana, país donde tiene negocios la empresa pública del gobierno de Esperanza Aguirre. El despacho lo remitió a una agencia en Estados Unidos con el objetivo de investigar a la Triple A y a Ignacio González. La agencia norteamericana, subcontrató a una empresa con sede en Barcelona que, finalmente, lo llevó a cabo.
A preguntas del juez Sierra sobre el motivo de la investigación, el empresario manifestó el pasado octubre de 2009 que tras el encargó había un asunto de cobro de comisiones por parte del grupo Triple A, filiales del Canal que Ignacio González preside desde 2003.
Ignacio González interpuso una denuncia por supuestos seguimientos ante el juzgado 47 de Madrid el pasado enero de 2009, es el único personado en la causa y ha tenido acceso a esta información que, de momento, no ha hecho pública.
(www.cadenaser.com, 10/05/10)
UNA EMPRESA DE DETECTIVES ESPIÓ A IGNACIO GONZÁLEZ EN COLOMBIA
Una importante agencia de detectives, con sede en Madrid y en Barcelona, investigó al vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, durante su viaje a Colombia el año pasado, según reveló ayer Interviú. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 47, José Sierra, ya conoce el nombre de la empresa, que recibió sendos pagos de 50.000 euros.
Además del seguimiento de González, la agencia de detectives tenía encargado elaborar los informes con todos los movimientos del vicepresidente regional. El informe que recoge este hecho ha sido elaborado por un reducido grupo de agentes de la Comisaría General de Policía Judicial. Está previsto que en las próximas semanas, el juez Sierra cite a declarar a los detectives y les pregunte por su cliente. Fuentes próximas al caso revelaron a Interviú que los responsables de la agencia se escudarán en el secreto profesional para no desvelar el nombre de la persona que les contrató. La multa por no desvelar la identidad del cliente son 30.000 euros.
El vicepresidente regional, Ignacio González, anunció ayer que pedirá al juez que "aclare quién está detrás" del espionaje al que fue sometido él y su familia. También pedirá al Ministerio del Interior que exija a la agencia de detectives que hizo el encargo que digan quién les contrato, informa Efe.
"Espero que la colaboración de la Policía Judicial, la celeridad de la justicia y la cooperación del Ministerio del Interior sirvan para aclarar quién está detrás de estas prácticas mafiosas que no se puede consentir en un estado de derecho, porque son inadmisibles, aparte de delictivas", destacó González. "De confirmarse esta información es de una extraordinaria gravedad", añadió.
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, también incidió en el tema. Confió en que el juez que instruye el caso "haga que sus órdenes se obedezcan" de forma que la agencia de detectives que investigó a Ignacio González diga "quién los ordenó".
"Lo que viene a decir esa noticia es que al vicepresidente del Gobierno de la Comunidad se le lleva espiando desde 2004 y que un particular paga 100.000 euros a una empresa de detectives para espiar a alguien con una vulneración clarísima de los derechos y libertades de los ciudadanos", afirmó Aguirre.
(www.elpais.com, 01/09/09)
AGUIRRE POSPONE LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL HASTA QUE PASE LA CRISIS
La privatización del Canal de Isabel II sigue en pie, aunque se retrasará por la crisis económica. Es el argumento que ofreció ayer la presidenta regional, Esperanza Aguirre, tras el Consejo de Gobierno. "Nos sigue pareciendo que una buena fórmula es vender el 49%", afirmó la presidenta. "Sin embargo, la crisis financiera no ha aconsejado de momento sacar a Bolsa ese 49% del Canal y esperamos a que vengan mejores momentos para las finanzas", añadió.
Además, el vicepresidente regional, Ignacio González, que también preside el Canal, defendió que la dimisión de Ildefonso de Miguel como gerente del Canal, anunciada el miércoles, se debe a que "ha decidido tomar otra orientación profesional".
De Miguel, según la versión oficial, tiene encima de la mesa desde hace tiempo una oferta de trabajo en la dirección de un grupo de comunicación. Según González, él mismo le pidió que "terminara la temporada" de gestión al frente de la mayor compañía pública española de abastecimiento de agua. El mismo día que el consejo de administración aceptó su renuncia, frenó la adjudicación de uno de sus contratos estrella, la atención telefónica al cliente.
González defiende que el consejo de administración de la empresa pública de aguas "no ha dado marcha atrás" en la adjudicación porque no llegó a materializarse. Pero el contrato se había preadjudicado a una de las ofertas más caras de las 11 empresas que pujaron. González confirmó ayer que el consejo de administración del Canal decidió "por unanimidad" no dar el contrato a la empresa Atento, filial de Telefónica. Los consejeros acordaron "cambiar el pliego y volver a licitar", según el vicepresidente.
El Canal convocó en diciembre un concurso para dar asistencia telefónica a los usuarios por 26 millones de euros durante cuatro años, prorrogable dos años más. Los concurrentes dieron por finalista a Konecta, del grupo Santander, que estaba entre las ofertas más baratas. Pero la propuesta que De Miguel elevó al Consejo de Gobierno fue la de Atento, que reclamaba 1,8 millones más que la favorita. Cuando la propuesta definitiva llegó al Consejo de Administración del Canal para ser ratificada, los representantes del Ayuntamiento de Madrid y del Estado se abstuvieron. Varios consejeros mostraron objeciones sin entrar en la cuestión económica, según dos asistentes a la reunión. Alegaron que podía haber complicaciones laborales. El Canal encargó dos informes jurídicos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, para despejar dudas. Pero los resultados fueron opuestos. El dossier elaborado por la asesoría Garrigues resultó favorable a la adjudicación. El que preparó la Consejería de Economía y Hacienda la desaconsejaba.
El fondo de ambos análisis es si la contratación del servicio externo de atención telefónica podía incurrir en cesión ilegal de trabajadores. Hacienda recomendó ajustar algunos contenidos del pliego para blindarse ante una posible demanda. Desaconsejó que los empleados presten servicio en las instalaciones del Canal y con sus medios materiales. El informe de Garrigues consideró que los pliegos del concurso sí incluían las condiciones necesarias. La Comunidad atendió las recomendaciones de Hacienda y ha decidido modificar el pliego de condiciones.
El sustituto de Ildefonso de Miguel es el ingeniero de caminos Adrián Martín. Dos miembros del Consejo de Administración lo definieron ayer como "un hombre de la empresa de toda la vida, con un perfil más técnico que político". Ignacio González destacó que, tras 20 años en el Canal, Martín conoce "a la perfección" el proyecto del equipo de dirección y supone "una garantía" para la gestión.
(www.elpais.com, 31/07/09)
EL CANAL DE ISABEL II CAMBIA DE GERENTE Y ANULA SU CONTRATO ESTRELLA
El Canal de Isabel II despidió ayer la etapa de Ildefonso de Miguel, estrecho colaborador del vicepresidente regional, Ignacio González, como gerente de la mayor compañía pública española de abastecimiento de agua. En su reunión, el consejo de administración anuló una de sus concesiones estrella, preadjudicada a una de las ofertas más caras. La Consejería de Economía había desaconsejado la adjudicación.
La versión oficial del relevo dice que De Miguel comunicó hace tiempo su deseo de abandonar el Canal a su presidente y número dos regional, Ignacio González. El hasta ayer gerente dijo en el consejo que acababa de cerrar su incorporación a una empresa de comunicación "muy importante" y era hora de presentar su dimisión, según una fuente allegada a los reunidos. La dimisión se aprobó por unanimidad.
El consejo también dio carpetazo a uno de los contratos más controvertidos durante la gestión de De Miguel. Después de vender en 2007 a la italiana Omnnia la filial Global Sales Solutions Line (GSS), que prestaba servicio de atención telefónico, el Canal convocó el pasado diciembre un concurso para dar esa asistencia a los usuarios por 26 millones de euros durante cuatro años, prorrogables dos más.
Un total de 11 empresas presentaron ofertas. Inicialmente, los concurrentes dieron por finalista a Konecta, del grupo Santander (una de las propuestas más baratas: daba el servicio por 23,9 millones). Sin embargo, De Miguel elevó al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la oferta de Atento, filial de Telefónica. Era una de las más caras: 25,7 millones. El Gobierno regional la dio por buena en mayo pasado, pendiente sólo de la ratificación del consejo del Canal. Al presentar la adjudicación definitiva a los consejeros de la empresa de aguas, el Ayuntamiento de Madrid y los representantes del Estado se abstuvieron. Se pospuso la decisión a la espera de informes jurídicos. La Consejería de Economía elaboró uno de ellos, que desaconsejó la adjudicación a Atento, según un portavoz del departamento. Los informes también advertían de los riesgos laborales en que incurriría la adjudicación, al instalar en sedes del Canal todo el operativo técnico y humano de la adjudicataria. A la vista de estos informes, el Consejo anuló ayer la adjudicación, en ausencia de los concejales madrileños Juan Bravo y Ana Botella. Además, acordó por unanimidad celebrar un nuevo concurso con un pliego de condiciones diferentes.
La oposición en la Asamblea regional, PSOE e IU exigieron ayer que Ignacio González explique tras las vacaciones el relevo de Ildefonso de Miguel y el precontrato con Atento, del que era su principal valedor.
La salida de De Miguel cierra una gestión de casi seis años considerada "muy personalista, muy poco transparente y muy autoritaria" por profesionales próximos a la gerencia. De Miguel ha duplicado los ingresos del Canal, que abastece a más de seis millones de residentes en la región. En 2007 se alcanzaron los 560 millones y se esperan superar los 600 en el último ejercicio. Ese incremento de los ingresos se atribuye a una penalización de los consumos industriales, al cambio de los bloques que integran la tarifa y a la frecuencia del cobro que ha pasado de trimestral a bimensual, "lo que no quiere decir que sea más equitativo y propicie una mayor eficiencia en el consumo", subraya una fuente interna del Canal.
De Miguel fulminó a todo el equipo económico, financiero y de contratación del Canal. La empresa recupera su trayectoria al nombrar un nuevo gerente de perfil más técnico, el ingeniero de caminos Adrián Martín.
(www.elpais.com, 30/07/09)
GONZÁLEZ PIERDE A SU ASEDIADO NÚMERO DOS
El día después de la dimisión del tesorero del PP, mientras Francisco Granados, número tres de Esperanza Aguirre, lucha por esquivar las responsabilidades por la trama de los espías, un anodino comunicado de prensa enviado cuando el país entero piensa en las vacaciones añadía este miércoles marejada al temporal que vive el Partido Popular: Ildefonso de Miguel deja la gerencia del Canal Isabel II, la principal empresa pública de la Comunidad de Madrid.
Parece un relevo técnico, pero es un nuevo bombazo político en Madrid, el gran feudo del PP: De Miguel era desde 2004 uno de los principales colaboradores de Ignacio González, número dos de Esperanza Aguirre, y por sus manos pasaban algunas de las más cuantiosas y polémicas adjudicaciones de la Comunidad.
El ya ex gerente contó en el consejo que ha aceptado la oferta de una "empresa del mundo de las comunicaciones y la televisión", que no especificó. Pero deja el puesto asediado por varios escándalos que lo colocaban desde hace meses en el ojo del huracán.
En De Miguel confluyen varios asuntos que sacuden al PP madrileño desde principio de año: los espías se redactó un dossier de 32 páginas sobre sus actividades, las contrataciones polémicas a familiares de Ignacio González o suyos propios, a través de la Comunidad o del mismo Canal, los viajes sospechosos él mismo aparece en el vídeo de las bolsas blancas con González en Colombia, las polémicas adjudicaciones de TDT, los contratos multimillonarios en publicidad y en seguridad...
La lista es inacabable y ha tenido un epílogo a la altura: el Consejo de Administración de este miércoles anuló el contrato propuesto por De Miguel y avalado ya por la Comunidad 24 millones en cuatro años; con la opción de otros 12 millones en dos años más, para el servicio de atención al cliente.
La adjudicación fue paralizada tras la intervención del concejal de Economía del Ayuntamiento, Juan Bravo, el pasado mayo, y este miércoles el consejo acordó volver iniciar la convocatoria ante la polémica desatada, según informaron fuentes del Consejo de Administración.
La semana pasada, tanto el PSOE como IU exigieron la comparecencia urgente en la Asamblea de Ignacio González, presidente del Canal, para que diera cuenta de la millonaria adjudicación y de la polémica que le rodeaba, una iniciativa que el PP vetó.
"La marcha de De Miguel nos reafirma en las dudas que teníamos; es demasiada casualidad que se vaya justo ahora", explica Adolfo Navarro, portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista.Navarro subraya que "la mano de De Miguel está siempre detrás de muchos de los incidentes" que afectan al Canal y la Comunidad. A su juicio, su marcha supone "un traspié" para Ignacio González.
Inés Sabanés, portavoz de Izquierda Unida, recalca que los distintos escándalos que asedian al PP de Madrid "están todos relacionados" y a ellos atribuye la marcha de De Miguel. "Da la impresión de que estamos a las puertas de una remodelación de Gobierno", asegura.
El Canal nombró como sustituto en funciones de De Miguel a Adrián Martín (Cuenca, 1959), hasta ahora responsable de Innovación e Ingeniería del Canal.
(www.publico.es, 30/07/09)
UN HOMBRE FUERTE DEL VICEPRESIDENTE GONZÁLEZ
Ildefonso de Miguel, hasta ayer gerente del Canal de Isabel II, está considerado como un hombre muy próximo al vicepresidente regional y presidente de la empresa pública de aguas, Ignacio González. Y, como él, fue objeto de espionaje durante un viaje a Colombia, cuando los dos hombres fueron grabados en vídeo. También es protagonista de dossiers sobre la evolución de su patrimonio personal. En uno de ellos se afirma que creó en 2006 Bodegas Miguel y Ruano, que suministraba botellas de vino al Canal. De Miguel aseguró que la bodega era un negocio familiar anterior a su nombramiento. Por otra parte, la empresa pública de agua adjudicó en 2006 la gestión y explotación de las instalaciones deportivas construidas sobre su depósito de Islas Filipinas al socio empresarial de un hermano y un cuñado de Ignacio González.
La trayectoria de Ildefonso de Miguel ha estado ligada al audiovisual. Fue consejero delegado de Retevisión durante su privatización. Luego accedió a la dirección general de Quiero TV, una plataforma de televisión digital terrestre impulsada por Auna (la antigua Retevisión) y Planeta. El Gobierno de José María Aznar otorgó en 1999 a Quiero TV una licencia para explotar 14 canales de TDT de pago con el propósito de competir con Vía Digital y Canal Satélite Digital en un mercado exiguo para un tercer actor. En el sector siempre planeó la teoría de que aquel concurso estaba teledirigido. De hecho, sólo se presentó Retevisión, la empresa encargada de explotar la red de difusión de señales, que había sido privatizada poco antes. Dos años después de comenzar a emitir, Quiero TV -que en su mejor momento llegó a tener 200.000 abonados- se declaró en quiebra. Antes de que la pantalla se fuera directamente a negro, De Miguel presentó su dimisión en febrero de 2002. Los socios se dejaron en la aventura unos 900 millones de euros.
El mismo año que abandonó Quiero TV, fundó junto a su cuñado Fernando Ruano y otros socios Secuencia Pixels, una compañía que obtuvo siete contratos de la Administración regional entre 2006 y 2008. Presidió la compañía, en la que era accionista mayoritario con el 30%, hasta su nombramiento para dirigir el Canal, en diciembre de 2003. En declaraciones a este diario aseguró que vendió sus acciones a su cuñado y se desvinculó de la firma, "para no tener conflicto de intereses".
La Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) que depende del vicepresidente, Ignacio González, otorgó cinco adjudicaciones a Secuencia Pixels por 2,3 millones de euros entre febrero de 2006 y junio de 2008, y cuando esta agencia pasó a depender de la Consejería de Hacienda obtuvo otros dos contratos por 1,6 millones para suministros de aplicaciones informáticas. Los contratos de Secuencia con el Ejecutivo madrileño suponían el 30% de sus ingresos, según el propio Ruano.
(www.elpais.com, 30/07/09)
EL AGUA DE MADRID SIGUE SIENDO PÚBLICA, POR AHORA
En los casi seis años que ha permanecido Ildefonso de Miguel al frente del Canal de Isabel II no ha conseguido sacar a flote una promesa lanzada por la presidenta, Esperanza Aguirre: privatizar la centenaria sociedad fundada durante el reinado que le da nombre.
El hermetismo con el que Aguirre ha llevado este proceso ha derivado en interpretaciones divergentes, desde las que le atribuyen a la presidenta una desconfianza en De Miguel para ejecutar esa tarea, a la existencia de barreras jurídicas que impedirían llevarla a cabo. El Ayuntamiento de Madrid, del PP; el Gobierno central socialista, y una gran mayoría de los ayuntamientos del PSOE que mantienen contratos de abastecimiento y son propietarios de las redes se oponen radicalmente a esa iniciativa.
El mercado bursátil tampoco se encuentra en sus mejores días de liquidez para acudir presto a una oferta pública de venta de acciones, ni abundan los grandes inversores para adquirir de una tacada el 49% de las futuras acciones.
El Canal posee 3.000 millones de euros en activos, según la última tasación conocida, de 1989. Esa valoración fue realizada por American Appraisal. Después de laminar a todo el equipo financiero del Canal, De Miguel volvió a contratar a la misma compañía una tasación actualizada de sus activos y bienes patrimoniales. Entre ellos figuran más de 4.000 kilómetros de tuberías, siete depuradoras, varios depósitos de agua en activo y otros fuera de uso, así como parcelas y solares urbanos de gran valor, como algunos revalorizados por la prolongación de la Castellana en la Operación Chamartín.
La gestión de la red de alcantarillado del municipio de Madrid fue cedida al Canal por 25 años, a cambio de 750 millones de euros en el marco de un convenio firmado por el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón con la presidenta Aguirre en septiembre de 2005. La empresa se encarga también del suministro de agua potable
El partido socialista ha encargado a un prestigioso especialista en derecho de aguas un informe sobre la privatización del Canal de Isabel II que echa por tierra las intenciones de Aguirre, en caso de mantener su propósito privatizador. Fuentes próximas a la dirección del Canal sostienen que dada la trayectoria de esta compañía en manos públicas, resultaría un empeño muy complejo llevarla a cabo, contando además con la oposición del Ayuntamiento, de Madrid, su principal cliente.
(www.elpais.com, 30/07/09)
NUEVO EPISODIO POLÉMICO EN EL CANAL DE ISABEL II
El Canal de Isabel II de Madrid sigue dando de hablar. Su gestión, con el hombre fuerte de Esperanza Aguirre, Ignacio González, al frente es continuamente criticada. Esta vez la polémica ha surgido con la contratación del servicio de atención al cliente, que primero se dio a la compañía Atento, de Telefónica, y luego ha sido cancelada sin explicaciones. En el fondo puede latir, una vez más, la eterna guerra entre Aguirre y Gallardón.
El Canal de Isabel II planea
colocar a los trabajadores del servicio de atención al cliente en el mismo
edificio que la sociedad pública tiene en la calle José Abascal de la capital.
De esta manera, los empleados de este servicio externo trabajaran en el mismo
lugar que los trabajadores del canal, con las dificultades que puede entrañar
por las diferentes situaciones laborales entre unos y otros.
¿Nueva batalla?
El Canal de Isabel II concedió
el contrato en primera instancia a Atento, lo que provocó las quejas de las
otras compañías que optaban al concurso. Sin embargo, la Comunidad canceló la
adjudicación sin ninguna explicación. La razón puede estar en la guerra continua
entre Gallardón y Aguirre, ya que fueron sólo los miembros del Ayuntamiento del
Consejo de Administración del Canal de Isabel II los que se opusieron.
De 900 a 902
Para más inri, las maniobras de la empresa en este campo conllevarán que el número de atención al cliente pase de ser un 900 (gratuito) a un 902 (con coste para el ciudadano).
(www.elplural.com, 18/06/09)
PSOE E IU EXIGEN LA COMPARECENCIA DE GONZÁLEZ
"Sobre el Gobierno de la Comunidad de Madrid pesan demasiados comportamientos alejados de la ética pública que deberían ser reconsiderados por Esperanza Aguirre". Esta fue la reacción de la portavoz socialista en la Asamblea madrileña, Maru Menéndez, ante la información desvelada ayer por Público sobre la propuesta que hizo el vicepresidente de la Comunidad a la sociedad Ingesport para que se presentara al concurso del campo de Golf de Chamberí, adjudicado por el propio Ignacio González.
La información daba cuenta de una reunión mantenida entre González y el máximo accionista de Ingesport. Un portavoz del número dos de Aguirre justificó el encuentro asegurando que el vicepresidente "se reúne con personas de muchos ámbitos".
Para Menéndez, "no puede considerarse la reunión como un encuentro natural", sino que, precisamente, en el asunto de las adjudicaciones públicas "se debe ser totalmente escrupuloso para respetar los principios de publicidad y transparencia".
La oposición madrileña está harta de la "invasión de la corrupción" que está sufriendo la región y, al mismo tiempo, se mantiene "perpleja" ante la "pasividad y tranquilidad" con la que la presidenta Esperanza Aguirre se enfrenta a cada nueva noticia que salpica a su Gabinete. Menéndez aseguró que los socialistas madrileños están "muy preocupados" por lo que está ocurriendo en Madrid y, por eso, se preguntó "cuáles son las razones para que Aguirre no tome medidas de inmediato".
"Ni de la trama Gürtel, ni de la trama de espionaje, ni de las adjudicaciones de obras públicas ha dado la cara Esperanza Aguirre", denunció Inés Sabanés, portavoz de IU en la Asamblea regional. Por eso, explicó que su grupo, junto a los socialistas, "acumulando todas esas presuntas irregularidades" que afectan al número dos de Aguirre, van a exigir que González "de explicaciones cuanto antes".
(www.publico.es, 12/05/09)
IGNACIO GONZÁLEZ HABLÓ CON INGESPORT SOBRE EL CONCURSO DEL CAMPO DE GOLF
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid propuso a la sociedad Ingesport que se presentara al concurso del campo de golf de Chamberí, adjudicado por la empresa pública Canal de Isabel II, cuyo máximo responsable es el propio Ignacio González. Lo hizo durante una reunión con el principal accionista de dicha compañía, Gabriel Sáez, que se celebró en el despacho oficial del número dos de Esperanza Aguirre. Sáez admitió a Público que dicho encuentro se produjo en 2006, aunque destacó que "Ingesport no se presentó al concurso al considerar que no era interesante".
El director comercial de Ingesport en aquel momento era Carlos Martín, monitor de pádel de González reconvertido en conseguidor de adjudicaciones públicas y privadas.
Martín llegó a reprochar al dueño de Ingesport que no se hubiera presentado al concurso del Canal. En concreto, en un correo que le envió en abril de 2008, el monitor de padel le escribe lo siguiente a Sáez: "Te vuelvo a decir, Gabriel, que si hubieras cogido el Canal o cualquier otro polideportivo municipal que cogen otras empresas quizá no estaríamos así, si hubieras soltado lo que tenías que soltar".
En esa fecha, las relaciones entre ambos eran tensas. El dueño de Ingesport acusaba a Martín de no cumplir con su trabajo de director comercial, mientras que este último culpaba a Sáez de la difícil situación económica de la compañía. ¿El motivo? No haber "soltado lo que había que soltar", como confiesa Martín en el correo, en una clara alusión al pago de comisiones.
La adjudicación definitiva del campo de golf de Chamberí se produjo el 27 de diciembre de 2006. El consejo de administración del Canal, en una reunión presidida por González, concedió el contrato a una UTE formada por tres empresas: Iridium (del Grupo ACS), Soto Once y Tecnoconcret. La primera aportaba experiencia en el desarrollo de infraestructuras, la segunda gestionaba instalaciones deportivas y la tercera era una pequeña ingeniería sin apenas actividad. Dado que Ingesport se dedica a gestionar instalaciones deportivas, cabe concluir que su puesto fue ocupado en la UTE ganadora por Soto Once.
El adjudicatario más polémico fue, sin embargo, Tecnoconcret. Esta empresa estaba controlada en el momento de la concesión del campo de golf por José Antonio Clemente, socio de un hermano y de un cuñado del vicepresidente. En la actualidad, los familiares de González son los accionistas mayoritarios de Tecnoconcret.
A preguntas de este diario sobre el contenido de la reunión entre González y Sáez, un portavoz del número dos de Aguirre señaló que "el vicepresidente se reúne con personas de muchos ámbitos e instituciones, tanto del empresarial como sindical, político, cultural o social, con objeto de tratar cuestiones relacionadas con su cargo".
Respecto a Tecnoconcret, dicho portavoz indicó que era "la primera empresa del sector dedicada a la construcción de instalaciones deportivas, fundamentalmente en lo que respecta al césped artificial de primera generación". Esta afirmación choca con el hecho de que en 2005, el año antes de recibir la adjudicación, Tecnoconcret tuvo unos ingresos de 93.000 euros. Una cifra propia de un autónomo, no de una empresa líder en su sector.
(www.publico.es, 11/05/09)
AGUIRRE REFUERZA A SU 'NÚMERO DOS'
Esperanza Aguirre es una magnífica estratega política. Mueve a sus consejeros como si se trataran de fichas de ajedrez en su particular aventura política. En sólo dos años de legislatura ha retocado su Gobierno en tres ocasiones. Ayer improvisó una jugada que sorprendió a buena parte del parlamento regional, diputados populares incluidos. Anunció la supresión de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes que dirigía Santiago Fisas y se la adjudicó al vicepresidente regional, Ignacio González. La medida fue avanzada durante el pleno parlamentario dedicado a debatir sobre la crisis y se justificó como un gesto de austeridad del Gobierno de la Comunidad. Pero además, le sirve a Aguirre para resolver dos problemas: da salida a Fisas, incluido en las listas del PP al Parlamento europeo, y refuerza a González en un momento en el que arrecian las sospechas sobre él. Además, con esta minicrisis la presidenta aplaza una remodelación más profunda del gabinete.
El martes por la tarde Aguirre recibió la noticia de que Fisas era incluido por Mariano Rajoy en la candidatura popular para las elecciones europeas. El consejero había dado muestras de cansancio, y la posibilidad de ir a Bruselas se había barajado en los pasillos de la Asamblea. La designación de Fisas obligaba a la presidenta a trastocar su Gobierno, porque, aunque la posición que ocupa el consejero en las listas (23º) no le garantiza la elección, en noviembre, cuando se firme el Tratado europeo, España ampliará el número de representantes, por lo que quedaría un hueco para él.
Coincidiendo con ello, su vicepresidente y hombre de confianza, Ignacio González, ha vuelto a convertirse en el centro de la polémica. La cadena SER hizo público ayer un vídeo en el que se constata que fue espiado durante un viaje a Colombia. Ello ha motivado que PSOE e IU reclamen la reapertura de la comisión de investigación sobre la presunta red de espionaje, cerrada en falso sin que pudieran declarar la mitad de los citados.
Con la maniobra de ayer, González refuerza su poder al asumir Cultura, Deportes y Turismo y acumula varios cargos en entidades regionales, entre ellas la presidencia del todopoderoso Canal de Isabel II.
(www.elpais.com, 30/04/09)
LA MANO DERECHA DE AGUIRRE, MÁS FUERTE
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, hizo ayer más fuerte a su vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González. Lo hizo en plena tormenta contra el vicepresidente, que ayer vio cómo una emisora de radio colgaba unas imágenes durante una visita que hizo el pasado año a Colombia.
Personas cercanas a González criticaban ayer que se quiera presentar al hombre fuerte de Aguirre como una persona que hace desplazamientos raros a Colombia, «cuando el viaje era conocido por muchísimas personas».
González asume las competencias en Cultura, Deporte y Turismo, además de la Vicepresidencia del Gobierno y la Presidencia del Canal de Isabel II y del Consejo de Asuntos Taurinos.
Todos en la Comunidad han interpretado que el número dos es más fuerte y que, de abandonar, nada. En las últimas semanas en diversas consejerías se hablaba de una posible crisis de Gobierno.
Santiago Fisas había pedido ir a Estrasburgo, pero al recibir las competencias de Deportes, hace dos meses, pensó que no sería el elegido. Fisas ha sido siempre persona fiel y ha prestado servicios eficaces a la presidenta y recibe el premio de Europa.
La oposición ha interpretado de manera diferente la suspensión de la consejería. La portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, consideró «un sarcasmo» que en el mismo día en que la oposición está reclamando la reapertura de la comisión de investigación de la presunta trama de espionaje tras el visionado de un vídeo del vicepresidente regional, Ignacio González, en Cartagena de Indias, el número dos de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, asuma más competencias.
Por su parte, la portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, tildó de «broma» la desaparición de la Consejería de Cultura un día después de conocer que el consejero del ramo, Santiago Fisas, concurre como número 23 de las listas del PP a las elecciones europeas del 7J. Apuntó que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, suprime consejerías cuando el presidente del PP, Mariano Rajoy, ficha a alguno de sus consejeros.
Santiago Fisas dijo: «Estoy agotando mis últimas horas de consejero. Tengo que cesar porque soy inelegible».
Fisas señaló que «había manifestado mi deseo de ir a las europeas con el PP porque siempre me ha gustado la política internacional y nunca había podido probarla». «Este año -añadió- parecía complicado porque, hasta que se apruebe el Tratado de Lisboa, hay cuatro diputados menos y, además, está en vigor una ley de paridad en las listas que dificultaba mucho mis aspiraciones».
Le está agradecido a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal, además de a la presidenta de la Comunidad, «que se ha portado de maravilla, y a la presidenta del PP de Cataluña, porque entre todos me han encontrado un hueco».
Fisas aseguró que se va con pena por dejar a sus «colaboradores del mundo de la cultura, los empresarios hoteleros y Madrid 16...».De lo que se siente más orgulloso es de haber «sido capaz de crear una complicidad y un diálogo con el mundo de la cultura y de haber sabido escuchar a todos». «Para mí sería mucho mejor que me echaran de menos antes de que me echen», bromeó Fisas. «Siempre es bueno irse en el momento en que todavía te quieren», añadió.
(www.elmundo.es, 30/04/09)
EL HOMBRE PLURIEMPLEADO
Si algo ha quedado claro tras la remodelación de Gobierno anunciada ayer por Esperanza Aguirre es que la cultura no es algo prioritario para la presidenta regional. Tampoco lo son el deporte ni el turismo, curiosamente tres de las cosas por las que desde la Comunidad de Madrid ha tratado de venderse la región más allá de sus fronteras. Así que, "para ahorrar", Aguirre se ha cargado la consejería que hasta ahora dirigía Santiago Fisas, que ya emprende su ansiado viaje a Europa "muy ilusionado y algo nostálgico", decía ayer. A partir de hoy, será la mano derecha de Aguirre y vicepresidente de su gobierno, Ignacio González (Madrid, 1960), el mismo que sale en el vídeo de los espías de la Comunidad, el que responderá por las áreas de Cultura, Deporte y Turismo.
"Si pasaran a depender de otras consejerías podría decir que la cultura iba a perder importancia, pero el hecho de que pase a depender directamente del vicepresidente es una garantía. Yo antes tenía que departir con él para lograr un mejor presupuesto o desbloquear temas; ahora él solo va a tener que resolver consigo mismo", comentó ayer el ya ex consejero.
Así que si alguien quiere espiar a González a partir de ahora va a tener que estar tan pluriempleado como él. Porque este licenciado en Derecho por la Autónoma de Madrid, que sacó su oposición de funcionario del Cuerpo Técnico Superior del Ayuntamiento de la capital en 1984, suma a estas nuevas competencias las que ya atesoraba anteriormente: vicepresidente y portavoz del Gobierno regional; presidente del poderoso Canal de Isabel II; miembro de la dirección de IFEMA; patrono del Teatro Real y presidente del consejo de Asuntos Taurinos de Madrid. Además, ostenta la presidencia del comité electoral del PP de Madrid. En realidad, es el hombre que toma las penúltimas decisiones en el Gobierno regional. Aguirre siempre tiene la última palabra. La presidenta, que confía plenamente en él, asiste indiferente al duelo que libra con Francisco Granados por controlar los entresijos del Ejecutivo. Nadie supo precisar ayer si esta frenética actividad implicará una subida de sueldo, o si él también se suma a la política del ahorro por amor al arte.
La relación laboral del hombre fuerte del Gabinete con su presidenta se remonta a los años noventa, cuando, ya con Aguirre de concejal de Cultura y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid, desempeñó el cargo de director de los servicios culturales; años después, en 1996, siendo ella ministra de Educación, le nombró subsecretario. Son los dos momentos en los que ha estado más cerca de la cultura y el deporte en su larga carrera política, en la que se ha ganado la fama de "gran gestor". Hay quien añade: "Habilidoso, casi maquiavélico".
González hizo carrera en el Gobierno de José María Aznar de la mano de Ángel Acebes. Éste le nombró secretario de Estado de Administraciones Públicas en 1999, y cuando asumió la cartera de Interior se lo llevó como delegado del Gobierno para la Inmigración en julio de 2002. Los deberes que le pusieron eran difíciles: debía apagar los conflictos creados en un asunto tan delicado como la entrada de inmigrantes en España. Lo logró a medias. Su primer gran problema fue afrontar un revés judicial del Supremo, que anuló 11 artículos del reglamento de Extranjería que habían elaborado sus antecesores. Dejó claro, ya entonces, que su forma de hacer política no iba a cambiar. Apenas un año y medio después, en 2003, González, que nunca abandonó su carrera en el PP de Madrid, se marchó con Aguirre, quien siempre lo consideró uno de los suyos. Se iba con un acuerdo con el PSOE para reformar la ley de Extranjería (que se frustró) y con el aura de eludir los charcos mediante una combinación, a veces desequilibrada, de negociación y mano dura.
Dicen que por esa determinación y por la acumulación de poderes es un tipo odiado internamente. Tan odiado como temido: "Es muy controlador. Es, en definitiva, quien reparte las dádivas", comentan fuentes cercanas a la Comunidad.
(www.elpais.com, 30/04/09)
UN VICEPRESIDENTE FILMADO EN COLOMBIA
La oposición se unió ayer en una sola voz para pedir la reapertura de la comisión de investigación por el caso de espionaje en la Comunidad de Madrid, después de que la web de la cadena SER difundiera un vídeo del vicepresidente Ignacio González durante un viaje oficial a Colombia. El secretario regional de los socialistas de Madrid, Tomás Gómez, y la portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, pidieron que González dé explicaciones por lo sucedido.
La comisión de investigación en la Asamblea de Madrid duró tan sólo cuatro sesiones. En ella no comparecieron algunos altos cargos, como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Interior y Justicia, Alfredo Prada, pese a que lo habían solicitado expresamente al ser víctimas del supuesto espionaje.
El vídeo, que dura poco más de cuatro minutos, muestra imágenes de la visita del vicepresidente regional en septiembre y octubre de 2008 a la ciudad de Cartagena de Indias.
Para Tomás Gómez, el vídeo del viaje oficial de Ignacio González a Colombia pone de manifiesto que hubo "espionaje en la Comunidad de Madrid y también se intuyen otras cosas", recalcó el dirigente socialista tras la toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno, Amparo Valcarce.
Gómez pidió que González compareciera en la Asamblea de Madrid para que aclare los motivos del viaje, su objetivo y para qué se hizo, mientras criticaba que se cerrara con un carpetazo la comisión de investigación del espionaje regional. "El PP, de forma intencionada, cercenó esos trabajos porque no quiere que los ciudadanos conozcan el funcionamiento de esa trama de espionaje, quién la organizó, quién la financió, quién la ordenó, por qué se espió, con qué objetivo, a quién se espió y quién realizó los espionajes", criticó Gómez.
Esperanza Aguirre también estuvo en las críticas del líder de los socialistas madrileños, que acusó a la presidenta de ningunear institucionalmente a los municipios gobernados por el PSOE en la región. Puso como ejemplo la ampliación del metro en Getafe.
De la misma opinión fue la portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, quien aseguró que la comisión de investigación fue "violentamente cerrada por el PP tras sólo tres días y medio de comparecencias". En opinión de Sabanés, el PP vetó toda la documentación que tenía que ver con Ignacio González y los contratos del Canal de Isabel II.
"Nos parece que hay motivos más que suficientes para que el Gobierno regional, con su presidenta a la cabeza, dé explicaciones serias a los ciudadanos de lo que está pasando y por qué no se ha permitido investigar el espionaje y estos viajes", añadió la portavoz de IU en la Asamblea.
(www.elpais.com, 30/04/09)
EL 'SPA' QUE GESTIONA INGESPORT LLEVA CINCO AÑOS SIN LICENCIA
El Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón permite desde hace cinco años y medio el funcionamiento del lujoso spa del hotel NH Eurobuilding, a pesar de que no tiene licencia para ello, según demuestran los documentos a los que ha tenido acceso Público. Es más, en mayo de 2004, el Consistorio de Madrid acordó “el cese inmediato de la actividad” del local, pero la orden ha sido incumplida desde entonces ante la pasividad de las autoridades municipales. La empresa encargada de gestionar el centro termal es Ingesport, que durante los últimos años ha mantenido diversos vínculos con la concejala de Coordinación Institucional, Patricia Lázaro.
La persona clave en las relaciones entre Ingesport y el Ayuntamiento de Madrid es Carlos Martín, amigo de juventud y monitor de pádel de Patricia Lázaro. Martín fue primero director comercial de Ingesport y luego firmó un contrato con esta empresa para buscar como intermediario adjudicaciones públicas. En esa actividad utilizó sus contactos con políticos del PP de Madrid, entre los que destaca el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González. El monitor reconvertido en comisionista también presumió en múltiples ocasiones de su buena relación con Lázaro.
Las gestiones de Carlos Martín permitieron a Ingesport obtener, a principios de 2006, un contrato de consultoría con la empresa municipal Club de Campo Villa de Madrid. Patricia Lázaro es miembro del consejo de administración de dicha sociedad pública y, el día que se decidió la adjudicación a Ingesport, fue la encargada de presidir la reunión del consejo. La concejala ha negado la existencia de trato de favor.
Ingesport no consiguió la licencia de funcionamiento, ya que realizó obras que no estaban autorizadas. Al carecer de dicha licencia, no está garantizada la seguridad de las instalaciones.
Un portavoz del Ayuntamiento admitió ayer, a preguntas de este diario, que el spa gestionado por Ingesport lleva sin licencia desde 2004, pero trató de restarle importancia a este hecho: “Existe un problema bastante generalizado con las licencias en Madrid y estamos trabajando para solucionarlo”. Además, destacó que Lázaro “no tiene nada que ver con las licencias urbanísticas”. Todo el procedimiento ha estado en manos de la Junta Municipal de Chamartín.
Ingesport ha presentado recientemente un escrito asegurando que hará las obras necesarias para lograr la licencia el próximo mes de agosto. Y, tras cinco años de incumplimientos, al Ayuntamiento le ha parecido suficiente. “Cuando finalicen las obras, un técnico irá a certificar que todo está bien”, indicó el portavoz.
(www.publico.es, 26/03/09)
LEGALIDAD BURLADA
Resoluciones que se convierten en papel mojado
1. Sin licencia // En octubre de 2003, el Ayuntamiento inicia el procedimiento para suspender la actividad del spa del NH Eurobuilding, tras comprobar que no tiene la preceptiva licencia de funcionamiento. En mayo de 2004, ordenó “la suspensión inmediata de la actividad de centro termal y de fitness que se está ejerciendo sin licencia”. En el escrito se advierte de que, en caso de no cumplirse la orden de forma voluntaria, se precintará el local.
2. Cuatro años después // A principios de 2008, el presidente de Ingesport, Gabriel Sáez, pidió de nuevo la licencia de funcionamiento para el local. Pero le fue denegada el 3 de marzo de ese año, ya que no se daba “la adecuación entre las obras ejecutadas y las condiciones de la licencia de actividad”.
3. Demolición // En noviembre de 2008, el Ayuntamiento dio un plazo de un mes para que se produjera “la demolición” de las obras realizadas de forma ilegal en la zona termal.
4. Demolición // De la amenaza de precinto comunicada por el Ayuntamiento en 2004 no se supo nada en cuatro años. Finalmente, en diciembre de 2008, el Ayuntamiento acordó dicha medida. Pero esta orden tampoco se ha cumplido.
(www.publico.es, 26/03/09)
EL EQUIPO DE GALLARDÓN OCULTÓ AL PSOE EL CONTRATO CON INGESPORT
Ocultar, según la Real Academia, es “callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir”. Y con esta definición en la mano parece evidente que el Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón ocultó a la oposición socialista, en diciembre de 2007, que la empresa pública Club de Campo Villa de Madrid había adjudicado un contrato a Ingesport. Un hecho relevante porque una de las consejeras de dicha sociedad es la concejala Patricia Lázaro y como intermediario de Ingesport actuaba Carlos Martín, amigo de juventud y monitor de pádel de la edil.
Además, Ingesport gestionaba el lujoso spa del hotel NH Eurobuilding y dio un pase gratuito a Lázaro para utilizar las instalaciones a cambio del trato de favor que recibía de la concejala, según la versión ofrecida por el propio Martín en diversos correos electrónicos a los que ha tenido acceso este diario.
Carlos Martín ha utilizado sus contactos políticos para negociar adjudicaciones públicas. Entre esos contactos destaca el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a quien también dio clases de pádel. Tal y como desveló Público la semana pasada, el monitor reconvertido en intermediario recibió información privilegiada sobre un concurso público de Pozuelo de Alarcón (Madrid) durante una reunión con González.
El concejal socialista Pedro Sánchez preguntó, a finales de 2007, por los contratos entre el Ayuntamiento de Madrid y la sociedad Ingesport. Dentro de la labor de control que realiza la oposición, es frecuente que se interese por los beneficiarios de las adjudicaciones públicas. “Es evidente que si preguntas al Ayuntamiento por los contratos que tiene con una empresa determinada, esa pregunta incluye a los organismos y empresas municipales”, explica el propio Sánchez.
Al Gobierno de Gallardón no le debió parecer tan evidente. El 19 de diciembre de 2007, respondió a Pedro Sánchez que el Ayuntamiento de Madrid no había firmado desde 2003 ningún contrato con Ingesport. La realidad es que, a principios de 2006, el Club de Campo otorgó una consultoría por importe de 22.000 euros a dicha empresa. El Ayuntamiento tiene la mayoría del capital y de los miembros del consejo de administración del Club de Campo, que preside el vicealcalde, Manuel Cobo.
Un portavoz del Gobierno de Madrid se amparó ayer en la literalidad de la pregunta del PSOE para explicar que no informasen del contrato con Ingesport: “Se respondió estrictamente a la pregunta de los socialistas, que era sobre el Ayuntamiento, y no sobre las empresas municipales. En todo caso, estará mal planteada la pregunta, no la respuesta. Además, el Club de Campo no depende administrativamente del Ayuntamiento”.
El consejo de administración del Club de Campo que adjudicó el contrato a Ingesport se celebró el 30 de enero de 2006. Ese día no estuvo presidido por Cobo, sino por la propia Patricia Lázaro, que no se inhibió a la hora de votar pese a su relación de amistad con Carlos Martín.
La adjudicación se realizó apoyándose en un informe técnico de cinco folios, donde se asegura que se pidieron propuestas a tres empresas. La lectura del informe no aclara qué baremos se utilizan para inclinarse por Ingesport. Y el único argumento claro en favor de la empresa elegida es que “diseña un negocio global”. El portavoz municipal sostiene que se “cumplió con los requisitos de publicidad y concurrencia que establecía la Ley de Contratos” vigente entonces, aprobada en 1995.
LOS CORREOS ACUSAN La relación entre Lázaro y Martín
“Celebrar la victoria” // Los correos electrónicos de Carlos Martín demuestran la relación de confianza que mantenía con Patricia Lázaro. El 28 de mayo de 2007, un día después de las elecciones autonómicas y municipales que dieron el triunfo al PP en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid, Martín quedó con la concejala para “celebrar la victoria y hablar”.
“Me pregunta Patricia...” // El 13 de noviemb re de 2007, Martín le cuenta al presidente de Ingesport, Gabriel Sáez, que ha tenido una nueva conversación con la concejala: “Me preguntó Patricia que si todo va bien y le dije que ya se lo diría, me imagino que lo dirá por Club de Campo y por De la Villa”. Miguel de la Villa es el director general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid.
“Los dos polideportivos” // El 25 de febrero de 2008, Martín pregunta en un correo a Sáez si “ha echado una ojeada a las 2 gestiones de polideportivos que me ha comentado Patricia”. El monitor de pádel e intermediario ofrece en sus correos múltiples detalles que demuestran que recibía información de la concejala sobre diversos proyectos municipales meses antes de que salieran a concurso. Lázaro sostiene que esa información también se facilitaba a otras empresas y que es “un procedimiento habitual”.
“Todo free” // En un correo de Sáez a Martín se asegura que la concejala podía utilizar el spa del NH Eurobuilding “mientras quiera, todo free”. Lázaro admitió a preguntas de este diario que había disfrutado de un pase gratuito, aunque aseguró que los tratamientos específicos los pagaba ella. La edil se dio de baja del spa hace dos semanas.
(www.publico.es, 25/03/09)Exige saber si Patricia Lázaro dio trato de favor a un intermediario
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, solicitó que la concejala de Coordinación Institucional, Patricia Lázaro, dé explicaciones sobre el presunto trato de favor que ha dado a Carlos Martín, profesor de pádel e intermediario a quien conoce desde su juventud. Los socialistas creen que la comisión permanente de la Vicealcaldía, que tendrá lugar con casi toda posibilidad el miércoles próximo, es el marco perfecto. Mientras, el Gobierno de la capital no baraja cesar a Lázaro.
El PSOE pretende que la concejala de Ruiz-Gallardón "aclare" las informaciones reveladas ayer por Público, que demuestran que Patricia Lázaro adelantaba información sobre futuros proyectos municipales relacionados con el deporte a Carlos Martín, que también era su monitor de pádel. Además, la empresa pública Club de Campo Villa de Madrid, donde Lázaro es consejera, adjudicó un contrato de consultoría por importe de 22.000 euros a Ingesport, para la que el citado profesor actuaba como intermediario.
Ingesport premiaba el trato de favor que le dispensaba la concejala con un gratis total en el spa del hotel madrileño NH Eurobuilding. "Patricia mientras quiera todo free", puede leerse en uno de los correos publicados por este diario. Lázaro admitió que había disfrutado del pase gratuito.
El papel de Cobo y Botella
Los socialistas tienen ya preparada una batería de preguntas encaminadas a que la concejala aclare si ha existido "trato de favor" a la empresa Ingesport y si el alcalde, el vicealcalde, Manuel Cobo, y la edil de Medio Ambiente, Ana Botella, estaban al tanto de estas operaciones. Cobo es el presidente del Club de Campo Villa de Madrid y Botella figura entre sus consejeros. En el supuesto de que la respuesta sea afirmativa, preguntarán al regidor madrileño por qué no ha tomado cartas en el asunto.
Paralelamente a esta batería de preguntas, los socialistas solicitaron todos los contratos de Ingesport con el Ayuntamiento, así como "todas las subcontratas" que tienen las empresas del consistorio con la citada empresa o con firmas relacionadas con la misma. "Vamos a pedir los contratos históricos, los que se han producido desde 2003", aclaró Lucas. Confían en recibir la documentación la próxima semana.
Independientemente de las conclusiones que puedan extraerse de las respuestas de Lázaro, Lucas considera que "en momentos de crisis económica, el gratis total en un spa de lujo no es un ejemplo de lo que hay que hacer por los ciudadanos".
El portavoz socialista aseguró que una vez que escuchen las aclaraciones, tomarán las medidas que consideren oportunas. "No descartamos ningún tipo de acción, pero lo primero es escuchar las explicaciones de Patricia Lázaro".
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid no tiene previsto cesar en su cargo a Patricia Lázaro. Fuentes próximas al alcalde aclararon que no existe ningún tipo de intención de destituir a la concejala.
"Era la mejor oferta"
Además, insistieron en que Lázaro había renunciado a su pase gratuito en el mencionado hotel hace una semana, cuando Público contactó con ella por vez primera para contrastar el contenido de los correos electrónicos.
Las mismas fuentes recordaron que la concejala ya había negado "cualquier trato de favor" a Carlos Martín y que la adjudicación a Ingesport se hizo en base a que era "la mejor oferta". "Así rezaba también el correspondiente informe de los técnicos", añaden.
Además, aclararon que para que Patricia Lázaro pueda dar explicaciones la próxima semana los socialistas deben presentar su solicitud de comparecencia en el registro del Ayuntamiento. El entorno próximo a la concejala aseguraba que ayer había pasado el día trabajando en su despacho del consistorio madrileño y que la noticia la había dejado "tocada".
www.publico.es 19.03.09
UNA CONCEJALA DE GALLARDÓN BENEFICIÓ AL MONITOR DE PÁDEL
Carlos Martín, monitor de pádel del vicepresidente madrileño reconvertido en conseguidor de adjudicaciones públicas, tenía en su nómina de contactos a la concejal de Coordinación Institucional del Ayuntamiento de Madrid, Patricia Lázaro. La firma para la que Martín actuaba como intermediario, Ingesport, consiguió gracias a sus gestiones un contrato de consultoría con la empresa municipal Club de Campo Villa de Madrid, SA. Patricia Lázaro forma parte del consejo de administración de dicha sociedad. El presidente de la compañía es el vicealcalde, Manuel Cobo, y entre sus consejeros figura la edil de Medio Ambiente, Ana Botella.
La consultoría concedida por el Club de Campo a Ingesport tenía una vigencia de un año y el importe del contrato ascendió a 22.000 euros.
Patricia Lázaro informaba además a Martín, con meses de antelación, sobre los planes del Ayuntamiento para sacar a concurso la gestión de polideportivos. Así se deduce de los correos de índole profesional que intercambiaron Carlos Martín y el presidente de Ingesport, Gabriel Sáez, a los que ha tenido acceso Público.
El político más citado en los 49 correos que tiene este diario es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Carlos Martín fue su profesor de pádel y recurrió a González en diversas ocasiones para pedirle ayuda en sus negocios de intermediario. La segunda política más mecionada es Patricia Lázaro, que también dio clases de pádel con Martín, a quien la edil conoció en su juventud.
A cambio del trato de favor concedido a Martín, la concejala de Gallardón entraba gratis total en el lujoso spa Elysium del NH Eurobuilding, que gestionaba Ingesport. “Respecto a las gratuidades en Elysium. No existen. Solo personas contadísimas. Patricia mientras quiera todo free, así lo he comunicado en el Spa”, le explica Sáez a Martín, en un correo que le envió el 21 de noviembre de 2007.
El presidente de Ingesport, Gabriel Sáez, admitió en declaraciones a este diario la existencia del contrato de consultoría con el Club de Campo. Pero le restó importancia: “Era un trabajo sobre la viabilidad de montar un spa en las instalaciones del Club de Campo”. Sáez insistió en que es “el único contrato” que Ingesport ha recibido del Ayuntamiento de Madrid.
Los correos electrónicos de Carlos Martín demuestran la relación de confianza que tenía con Patricia Lázaro. El 28 de mayo de 2007, un día después de las elecciones autonómicas y municipales que dieron el triunfo al PP en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, Martín queda con la concejala para “celebrar la victoria y hablar”. En concreto, Martín le cuenta a Sáez lo siguiente: “Ya han pasado las elecciones y me gustaría visitar del 1 al 15 de junio a los ayuntamientos que tenemos controlados. Hoy he quedado con Patricia para celebrar la victoria y hablar. Para el miércoles he quedado con Cristina para que planifique un poco los que ella tiene controlados”.
Este diario preguntó a Gabriel Sáez si la Cristina citada en el mensaje es Cristina Cifuentes, diputada autonómica del PP de Madrid, pero el dueño de Ingesport dijo desconocerlo: “Yo no he visto nunca a esa señora”.
Varios meses más tarde, el 13 de noviembre de 2007, Martín le cuenta a Sáez otra conversación reveladora que ha tenido con la edil de Gallardón: “Me preguntó Patricia que si todo va bien y le dije que ya se lo diría, me imagino que lo dirá por Club de Campo y por De la Villa. Por cierto, van a hacer un polideportivo bastante grande en el mercado de la Cebada, que por cierto en esa zona no hay nada municipal, quieres que le llame a Miguel o se lo digo a Patricia para empezar desde un principio con el proyecto?”. Miguel de la Villa es el director general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid.
El 25 de febrero de 2008, después de regresar de una visita a Pozuelo de Alarcón (Madrid) para hablar con el alcalde sobre el polideportivo del Valle de las Cañas, Martín le pregunta a Sáez si ha “echado una ojeada a las 2 gestiones de polideportivos que me ha comentado Patricia”.
En las siguientes semanas se producen varias discusiones entre Sáez y Martín. El dueño de Ingesport acusa al conseguidor de no cumplir con su trabajo, una acusación que lleva a Martín a contestarle que tendrían más contratos “si hubieras soltado lo que tenías que soltar”, tal y como informó Público. En ese mismo mensaje, Martín vuelve a hablar de su relación con la concejal de Gallardón: “Yo estoy trabajando para que mis contactos estén para cuando Ingesport los necesite, como pasa con Patricia Lázaro”.
"Los correos están manipulados
El letrado Vicente García Elías envió un comunicado a Público asegurando que los dos correos publicados el 16 de marzo “están burdamente manipulados”. García Elías, a quien este diario no había identificado, era el letrado de Gabriel Sáez y de Carlos Martín. En los mensajes, se hacen diferentes menciones al vicepresidente Ignacio González. Este diario comprobó la veracidad de los 49 correos recibidos antes de iniciar su publicación.
Lázaro admite que tenía pase gratuito en el NH
La concejala de Coordinación Institucional, Patricia Lázaro, admitió en declaraciones a este diario que Ingesport recibió un contrato de la empresa Club de Campo Villa de Madrid, pero defendió la legalidad de la adjudicación. Además, negó la existencia de cualquier trato de favor.
Lázaro sostiene que se contrató a Ingesport “porque era la mejor oferta, tal y como consta en el informe redactado por los técnicos”. Ella es consejera del Club de Campo desde el año 2003.
La concejala de Gallardón también admitió que había estado utilizando un pase gratis total para el spa del NH Eurobuilding, que gestiona precisamente Ingesport. Patricia Lázaro añadió que se había dado de baja hace una semana, después de que Público contactase por primera vez con ella para preguntarle sobre su relación con Carlos Martín.
La edil del PP explicó a este diario que conocía al profesor de pádel desde su juventud y señaló que, desde que entró en el Ayuntamiento de Madrid, sus contactos con Martín han sido “esporádicos”. Lázaro confesó que lo había recibido “una vez” en su despacho para hablar sobre proyectos del Ayuntamiento, pero indicó que es un procedimiento absolutamente normal que se realiza con otras muchas empresas. En su opinión, Martín falta a la verdad en sus correos, al “presumir” de una relación fluida con ella “que en realidad nunca ha existido”.
(www.publico.es, 18/03/09)
EL MONITOR DE PÁDEL NEGOCIA TAMBIÉN CONTRATOS PÚBLICOS
Carlos Martín, profesor de pádel del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, aprovecha sus contactos políticos para actuar como intermediario en la adjudicación de contratos públicos. El año pasado medió ante el entonces alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, para la concesión de un polideportivo. Carlos Martín consiguió la primera cita con el regidor de Pozuelo tras una reunión con Ignacio González, la persona de máxima confianza de Esperanza Aguirre, y con el viceconsejero de Medio Ambiente.
Carlos Martín actuaba en este caso como intermediario de Ingesport. En un escrito que le envió al presidente de esta sociedad, Gabriel Sáez, le culpó de que no se cerrase el trato: “Quizá no estaríamos así, si hubieras soltado lo que tenías que soltar”. Todos estos datos constan en los correos electrónicos que intercambiaron ambos, a los que ha tenido acceso Público.
Jesús Sepúlveda dimitió como alcalde de Pozuelo el pasado 6 de marzo, tras ser imputado por Baltasar Garzón en el caso Gürtel. El juez lo acusa de embolsarse 422.992 euros de la trama que dirigía Francisco Correa a cambio de favorecer a sus empresas. El ex regidor, que niega cualquier actuación ilegal, sigue siendo concejal del PP en Pozuelo.
Carlos Martín, Charly o Carleto para los amigos, fue primero profesor de pádel en el exclusivo spa del hotel NH Eurobuilding y después director comercial de Ingesport. En febrero de 2007 decidió volar más alto y convertirse en empresario. Compró la sociedad Preston & Child y firmó un contrato mercantil con Ingesport, aunque sin establecer una relación de exclusividad. Es decir, Carlos Martín podía hacer otros negocios por su cuenta.
En dicho contrato se establece que Preston & Child recibirá 75.000 euros, IVA no incluido, por cada “concesión administrativa” que consiga para Ingesport.
El 19 de diciembre de 2007, Martín le escribió un largo correo electrónico a Sáez, en el que repasa “los asuntos comerciales pendientes”. Uno de esos temas implica al vicepresidente González y al viceconsejero de Medio Ambiente, Manuel Beltrán. El contenido es el siguiente: “Me ha prometido el viceconsejero de Medio Ambiente delante de I. González que nos ponen cita para hablar sobre el polideportivo que se va a hacer en Pozuelo con el alcalde. Según me han dicho va a ser impresionante y a día de hoy no tienen ningún compromiso y creo que tenemos buenos padrinos”.
Hay que tener en cuenta que el concurso para la gestión del polideportivo del Valle de las Cañas no se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid hasta el 1 de agosto de 2008. Por tanto, González y Beltrán estaban informando a Martín con siete meses de antelación.
Las puertas de la Alcaldía de Pozuelo se abrieron pronto para Martín. Y las conversaciones se iniciaron de forma fructífera. Tanto que, el 25 de febrero de 2008, el dueño de Preston & Child dio por cerrado el asunto. Ese día, a las 20.42, escribió un mensaje a Sáez comunicándole las buenas noticias: “Gabri, ya he vuelto y tenemos el polideportivo del Valle de las Cañas en Pozuelo (quedó en que nos llamaba el concejal de Deportes, según el alcalde)”. El edil de Deportes es Ignacio Costa.
Pero las cosas terminan torciéndose. A finales de marzo, en el mismo correo en el que Martín le envía a Ingesport su factura de ese mes (tenía un fijo de 5.800 euros con independencia de las comisiones), el profesor de pádel reconvertido en conseguidor escribe un breve texto: “Os envío la factura correspondiente, con respecto a las demás entregas lo que más urge es Pozuelo”.
En las semanas siguientes, Sáez y Martín tienen varias discusiones. El presidente de Ingesport se queja de que Martín no cumple con su trabajo y que su contrato es muy “costoso” para la compañía. El dueño de Preston & Child responde indignado defendiendo su trabajo: “Yo no firmé para objetivos a corto plazo ni para hacer venta por puertas, yo tengo mis contactos y de ellos a medio plazo saldrán sus frutos”.
Pero Martín no se queda ahí. También aprovecha para culpar a Sáez del fracaso de algunas gestiones: “Te vuelvo a decir, Gabriel, que si hubiéramos cogido el Canal o cualquier otro polideportivo municipal que cogen otras empresas quizás no estaríamos así, si hubieras soltado lo que tenías que soltar”.
(www.publico.es, 17/03/09)
"UN PROCEDIMIENTO HABITUAL EN UNA ADJUDICACIÓN"
A preguntas de este diario sobre las visitas de los representantes de Ingesport al Ayuntamiento de Pozuelo, un portavoz del Consistorio indicó textualmente lo siguiente: “Se produjo una visita de Ingesport al Valle de las Cañas a la que acudieron Gabriel Sáez, Oscar de los Ríos y Carlos Martín. Esto es un procedimiento habitual en el trámite de una adjudicación. También se han producido visitas de otras empresas”. Además, dicho portavoz añadió que al concurso público de adjudicación no se presentó finalmente Ingesport.
Más visitas, mucho antes del concurso
Además de la visita que admite el Ayuntamiento de Pozuelo, este diario tiene pruebas de que existió al menos otro encuentro entre Martín y Sepúlveda. Respecto a la explicación de que las visitas son habituales cuando hay un proceso de adjudicación en marcha, hay que recordar que el concurso no se convocó hasta medio año después de la visita a Pozuelo de los representantes de Ingesport.
(www.publico.es, 17/03/09)
"NO ME HE SERVIDO DE MI CONOCIMIENTO DE GONZÁLEZ"
“Nunca me he servido de mi conocimiento de don Ignacio González para ningún negocio u operación”, asegura Carlos Martín en un escrito que ha enviado a Público tras la información publicada ayer sobre la inyección de 1,3 millones de euros de la sociedad Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid en Ingesport, cuando Martín trabajaba allí.
Carlos Martín era en 2005 el director deportivo de pádel del NH Eurobuilding. Allí estaba a las órdenes de Gabriel Sáez, que era el responsable máximo del exclusivo spa del hotel. En julio de ese año, Sáez llegó a un acuerdo con NH para gestionar la zona deportiva a través de la empresa Ingesport, de la que es accionista mayoritario. En abril de 2006, la sociedad Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid invirtió 1,3 millones de euros en esta sociedad para facilitar sus planes de expansión, según desveló ayer este diario. Martín admitió en un correo enviado a su abogado que “se buscó” a Ingesport porque “interesaba al vice”, en referencia a Ignacio González.
“Es falso que yo sea monitor de pádel de Ignacio González ni que Ángel Córdoba haya sido compañero suyo de pádel”, dice Martín en su escrito. Tres fuentes confirmaron a este diario que Carlos Martín fue profesor de pádel del vicepresidente madrileño en el NH Eurobuilding, antes de convertirse en conseguidor. Y el propio entorno de Córdoba –alto directivo de Caja Madrid encargado de la gestión de la sociedad de capital riesgo– admitió que había jugado “ocasionalmente” con González. Sorprende, además, que Martín sepa cuál es la agenda deportiva de González y Córdoba para asegurar que nunca han jugado juntos.
Por último, Martín considera que “una tercera persona ha manipulado el contenido de los correos electrónicos que publica” este diario “sólo para perjudicarnos”. Público ha realizado todas las comprobaciones necesarias para certificar la veracidad de los correos.
Un portavoz de la sociedad Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid, de la que el Gobierno de Aguirre es el principal accionista, también señaló en un escrito que Ignacio González no ha intervenido “en modo alguno, directa o indirectamente, en la operación de participación de Capital Riesgo Madrid en el capital de Ingesport, ni que mediara a favor de ella en ningún momento”.
(www.publico.es, 17/03/09)
GONZÁLEZ BENEFICIÓ A LA FIRMA DE SU PROFESOR DE PÁDEL
En la Comunidad de Madrid hay más de 500.000 empresas. Y 13 de ellas tienen la suerte de figurar en la cartera de inversiones de la sociedad de capital riesgo controlada por el Gobierno de Esperanza Aguirre. Pues bien, una de esas 13 afortunadas se llama Ingesport, y en ella trabajaba el profesor de pádel del vicepresidente madrileño cuando se decidió la inversión. Diversos documentos que obran en poder de Público demuestran que el profesor, Carlos Martín, participó en las negociaciones para la entrada de dinero público en Ingesport. Además, Martín admitió por escrito que se había buscado a esta empresa porque "le interesaba al vice", Ignacio González, que es la persona de máxima confianza de Aguirre.
Carlos Martín, Charly o Carleto para los amigos, tiene fama de ser un excelente profesor de pádel. Hasta el año 2004 trabajó en el Club de Pádel Iberia Mart y, en esa fecha, se incorporó al lujoso club deportivo que existe en el hotel NH Eurobuilding de Madrid. Se trata de un exclusivo spa que tiene 900 socios, la mayoría pertenecientes a las altas esferas políticas y económicas. "Charly tenía una cartera de contactos y de clientes muy importante", recuerda una persona que trabajó con él. Entre ellos estaba el vicepresidente madrileño, con quien jugaba con cierta frecuencia en la cancha del NH.
Desde 2003, el máximo responsable del club deportivo del Eurobuilding es Gabriel Sáez. Y, al principio, entabló una buena relación con Martín. Tanto que Sáez se convirtió en accionista principal de la empresa Ingesport y Martín en su director comercial. Ingesport inició sus operaciones en julio de 2005 y se dedica a gestionar "instalaciones deportivas y centros de belleza", entre ellas el spa del Eurobuilding. Se constituyó con un capital de 3.050 euros, suscritos en un 80% por Sáez y el 20% restante por NH.
Ingesport buscó pronto capital para crecer. Y ahí intervino el profesor de pádel. En diciembre de 2005, Carlos Martín mantuvo una reunión con otro de sus discípulos deportivos, Ángel Córdoba, alto directivo de Caja Madrid y compañero de pádel de Ignacio González. La sociedad Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid está gestionada por la entidad financiera, que además tiene el 35% del capital. Y Córdoba es la persona clave para decidir dónde se invierte.
En aquella reunión, Córdoba le explicó a Martín cómo debía montarse la estructura de Ingesport, le recomendó que le diesen en la compañíaun puesto al ex futbolista y entrenador Jorge Valdano amigo de Sáez y le pidió que le mantuviesen puntualmente informado. Salvo el puesto para Valdano, el resto de los planes se cumplieron pronto. Carlos Martín puso por escrito el resumen de aquella reunión en un documento y se lo envió por correo electrónico, el 22 de diciembre de 2005, a Gabriel Sáez. Tres meses y medio después, el 6 de abril de 2006, la sociedad Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid adquirió el 26% de las acciones, pagando por ellas una prima de 1.298.500 euros.
El profesor de pádel decidió que podía aprovechar mejor sus contactos y, en febrero de 2007, compró la sociedad Preston & Child. De forma inmediata, firmó un contrato con Ingesport, de manera que Preston & Child recibía una comisión por cada cliente que captase para Ingesport. Martín había pasado de profesor de pádel a conseguidor.
Pero la relación entre Gabriel Sáez y Carlos Martín se terminó torciendo y en junio de 2008 decidieron romper su colaboración profesional. En la negociación para rescindir el contrato mercantil intervino un prestigioso bufete de abogados que trabajaba para ambos. Y en los correos electrónicos que intercambiaron Martín y el abogado queda claro el papel que tuvo Ignacio González en la decisión de inyectar 1,3 millones en Ingesport.
El 17 de junio de 2008, Carlos Martín escribe a su abogado quejándose de que Gabriel Sáez le "vacila". Pero asegura que será Ingesport quien salga perdiendo con la ruptura: "Espero tener hoy una respuesta, (que) no te vacile más y poder tomar las acciones oportunas. El vice está al corriente de todo. O sea que ellos van a perder más, pues ya sabes que se buscó Ingesport porque al vice y a Ángel (Córdoba) les interesaba. Empresas dispuestas a colaborar hay muchas".
El abogado le respondió con un amable correo diciéndole que era incompatible seguir actuando como letrado de ambos. "Mi recibo, que era simbólico, te lo dejaré de pasar. Explícaselo tú a Ignacio".
(www.publico.es, 15/03/09)
LA ASAMBLEA DE MADRID EXAMINA LAS CONCESIONES DE GONZÁLEZ
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y persona de máxima confianza de Esperanza Aguirre comparece hoy en la Asamblea para explicar tres adjudicaciones suyas que están bajo sospecha . A la vista de cómo está actuando el PP en la comisión de investigación, donde ha censurado de forma reiterada las peticiones de PSOE e IU, ambos partidos temen que Ignacio González no aporte ninguna información relevante. Si sus temores se confirman, al menos IU reclamará su dimisión.
El caso que mayores sospechas acumula es la transformación de los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II –empresa pública que preside González– en una zona deportiva con campo de golf incluido. La explotación del recinto fue adjudicada, a finales de 2006, a un consorcio formado por las empresas Iridium (Grupo ACS), Soto Once y Tecnoconcret. El dueño de esta última era José Antonio Clemente, quien seis meses antes se había convertido en socio de Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado de vicepresidente. Clemente, González y Caballero habían creado la firma Tamanaco 07 Consulting, el 21 de junio de 2006, precisamente para dedicarse a explotar instalaciones deportivas. El domicilio social de Tecnoconcret y de Tamanaco 07 Consulting es, además, el mismo.
Pero no sólo está bajo sospecha la concesión para explotar las instalaciones deportivas del Canal, sino también la fase previa de construcción. El Canal adjudicó las obras al Grupo ACS, que a su vez subcontrató parte de los trabajos con la sociedad Only Golf. Y los promotores de proyectos de Only Golf eran precisamente Clemente y Caballero.
Y hay más. El Canal de Isabel II sostiene que, a principios de 2008, el Grupo ACS le compró sus acciones a Tecnoconcret. Ello plantea una pregunta evidente: ¿por qué formó parte del consorcio una empresa que pocos meses después vendió sus acciones? El círculo de la sospecha se cerró el 10 de noviembre de 2008, cuando el hermano y el cuñado del vicepresidente se convirtieron en accionistas de Tecnoconcret, cada uno con un porcentaje por encima del 30% del capital.
En resumen, ACS recibe primero una adjudicación pública y subcontrata para las obras a una empresa vinculada a la familia de González. Después, ACS recibe también la explotación de las instalaciones deportivas, pero en un consorcio junto a otra sociedad vinculada a la familia de González. Y, por último, ACS facilita a esta última empresa un pelotazo al comprarle sus acciones.
Ignacio González también hablará en la Asamblea sobre las adjudicaciones del Canal a las sociedades Segurisa y Saminsa, cuyo dueño es Enrique Sánchez. El vicepresidente viajó con este empresario a Suráfrica y, según un dossier, fue Sánchez quien corrió con los gastos de la expedición. González mintió inicialmente al asegurar que nunca había adjudicado nada a las empresas de Sánchez.
(www.publico.es, 25/02/09)
TRANSPARENCIA A PRUEBA. LAS 11 CUESTIONES QUE DEBE ACLARAR
1. ¿Es José Antonio Clemente socio desde junio de 2006 de un hermano (Pablo González) y un cuñado (José Juan Caballero) del vicepresidente?
2. ¿Conoce Ignacio González a Clemente?
3. ¿Participaron las empresas Only Golf y Tecnoconcret en las obras del campo de golf del Canal?
4. ¿Eran Clemente y Caballero promotores de proyectos en la empresa Only Golf?
5. ¿Por qué adjudicó González la explotación de las instalaciones del Canal a Tecnoconcret, empresa del socio de su hermano y de su cuñado?
6. ¿Por qué no se abstuvo González en el consejo del Canal que decidió dicha adjudicación?
7. ¿Por qué no informó en el consejo sobre los vínculos entre Clemente y su familia?
8. ¿Autorizó el Canal que Tecnoconcret vendiera sus acciones al Grupo ACS pocos meses después de recibir la concesión?
9. ¿Para qué se le dio entonces la concesión a Tecnoconcret?
10. ¿Cuál fue el precio pagado por ACS?
11. ¿Son el hermano y el cuñado de González los actuales socios mayoritarios de Tecnoconcret?
(www.publico.es, 25/02/09)
UN CUÑADO DE IGNACIO GONZÁLEZ FUE "PROMOTOR DEL PROYECTO" DEL CAMPO DE GOLF DEL CANAL
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no sólo adjudicó la explotación del campo de golf de Chamberí a un socio de su hermano y de su cuñado. Las obras de dicho campo también fueron realizadas por empresas vinculadas a su familia, mediante subcontratas recibidas de ACS. Y un cuñado de González, José Juan Caballero, fue uno de lo "promotores" del proyecto.
El diseño y la construcción del golf de Chamberí corrió a cargo de varias firmas relacionadas entre sí. La principal se llama Only Golf Planning and Design y elaboró un vídeo promocional para explicar el éxito de su trabajo, al que ha tenido acceso Público. En dicho vídeo se indica que los "promotores de proyectos" de la sociedad son José Juan Caballero y José Antonio Clemente.
Caballero está casado con Isabel González, hermana del vicepresidente y diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Clemente, por su parte, es un hombre clave en los negocios de los familiares del vicepresidente. En junio de 2006, fundó la empresa Tamanaco junto a Caballero y a Pablo González, hermano del número dos de Aguirre. Y también era el accionista y administrador de Tecnoconcret cuando esta sociedad recibió la adjudicación para explotar el campo de golf de Chamberí. Como desveló este lunes este diario, Pablo González y José Juan Caballero se han hecho hace tres meses con la mayoría del capital de Tecnoconcret.
Las obras del campo de golf se terminaron antes de las elecciones autonómicas de 2007. Como subcontratistas del Grupo ACS trabajaron Only Golf y Sportcrete. Se trataba de construir, encima de los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II, un campo de golf de nueve hoyos y una zona de prácticas. El proyecto contó con una fuerte oposición de los vecinos del barrio, que reclamaban que los 120.000 metros cuadrados se convirtieran en un espacio público.
Según datos que figuran en el vídeo promocional, el presupuesto total del proyecto ascendió a 50 millones de euros, de los que 3,5 se asignaron al campo de golf.
Como accionistas de Only Golf figuran en el Registro Mercantil tres personas: Dimitris Tsalidis, José Alberto Romero y José Jesús Vallenilla. El objeto de esta empresa, fundada en noviembre de 2003, es "el diseño, la construcción y la comercialización de campos de golf e instalaciones deportivas".
Además de tener a Caballero y Clemente como "promotores de proyectos", Only Golf comparte negocios con Tecnoconcret. Recientemente, ambas empresas han constituido la firma Airgrass Technologies, dedicada a "comercializar soluciones de césped artificial".
En cuanto a otra de las subcontratistas, Sportcrete, se trata de una filial de Only Golf, que controla el 80% de su capital. El 20% restante está en manos de una sociedad británica, cuya sede está en la localidad de Derbyshire.
En definitiva, en la fase de construcción del campo de golf, la contratista principal ACS decidió subcontratar a empresas ligadas a la familia de González. Y luego, en el momento de adjudicar la explotación del campo, Ignacio González le dio la concesión a una empresa de ACS Iridium y a otra del socio de su hermano y de su cuñado.
(www.publico.es, 06/02/09)
GONZÁLEZ NIEGA HABER FAVORECIDO A SUS FAMILIARES
"En ningún caso se ha hecho una adjudicación por parte de ninguna entidad dependiente de mí a ninguna empresa en la que figure ninguno de mis familiares". Esta fue la respuesta que ayer esgrimió Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, tras la reunión del Consejo de Gobierno regional.
El número dos de Esperanza Aguirre respondía así a la información publicada ayer por este diario en la que se señalaba que Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del vicepresidente, habían entrado en noviembre de 2008 en el capital de Tecnoconcret, sociedad que recibió hace dos años la concesión para explotar un campo de golf en el barrio madrileño de Chamberí. La adjudicación la realizó el Canal de Isabel II, que preside el propio González.
Interrogado por este tema, González comenzó diciendo que no sabía muy bien de qué le hablaban. Después dijo que se imaginaba que se trataba de una historia que no había tenido "aún oportunidad de leer". Pero, para no haberlo hecho, la relacionó de inmediato con otra que apareció en abril de 2007 en la revista Tiempo, y en la que obviamente no se informaba sobre compras de acciones de miembros de la familia González que se produjeron año y medio más tarde.
"Esa es una información ya muy vieja", comentó en dos ocasiones, mientras afirmaba que ya había dado "explicaciones en su momento". A pesar de las vueltas que le dio al asunto, Ignacio González no desmintió en ningún momento los datos aportados ayer por Público.
Pero no fue la única polémica de la que se desentendió. A González también se le preguntó qué le parecía que la galería de subastas Segre, que dirige su esposa Lourdes Cavero, hubiera vendido varias obras de arte a la Comunidad madrileña. "Es imposible que conozca los millones de contratos y decisiones que se toman en la gestión de la Comunidad de Madrid", se defendió. Y añadió que, si la Consejería de Cultura había decidido hacer esas compras, tenía que ser dentro "de la política que estaba llevando a cabo y en función de sus objetivos culturales".
Y también sostuvo que desconocía que una bodega de vinos de Ribera de Duero en la que participa el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, haya supuestamente vendido sus caldos al Gobierno regional: "No tiene nada que ver con la actividad pública a la que me dedico. No tengo ni idea". González, eso sí, quiso aprovechar la ocasión para recordar que él había solicitado voluntariamente comparecer ante la comisión de investigación que comienza hoy en la Asamblea madrileña.
El portavoz del Ejecutivo regional se lamentó de que "desgraciadamente", durante estos días, tanto él como sus compañeros hayan sido el principal objetivo de los medios de comunicación "sin que nadie haya acreditado absolutamente nada". En realidad, casi todas las revelaciones periodísticas están basadas en documentos, muchas veces públicos.
González cree que todo es una campaña "de echar velos de sospechas". Por eso afirmó que el más interesado en que se aclare todo es él, recordó que fue el primero en poner todo el caso en manos de la justicia y se mostró "especialmente satisfecho" por el arranque de la investigación. González desea que ésta "vaya muy rápido" y sirva para "clarificar quién está detrás y con qué objetivos". También pidió "responsabilidades" en el caso de que se hubiera cometido alguna actuación ilícita y "rectificaciones públicas" si se demuestran falsas "las imputaciones tan graves que se han hecho".
Como viene repitiendo desde el primer día, González dijo que no hay "nadie más interesado" que él en la resolución de esta trama y que le parece "estupendo" que toda aquella persona que pueda aportar algo lo haga. Y para este cometido valen también su presidente nacional, Mariano Rajoy, y su secretaria general, María Dolores de Cospedal. "Sé de la disponibilidad de ambos", destacó.
Por último, se le pidió que explicara las funciones del ex polícia Sergio Gamón, a quien varias informaciones apuntan como uno de los presuntos cabecillas de la trama de espionaje. "Creo que es algo así como coordinador del área de seguridad, que está adscrito a la Consejería de Presidencia y que tendrá las funciones que ésta le asigne", respondió de forma dubitativa.
(www.publico.es, 06/02/09)
EL NÚMERO DOS DE AGUIRRE FALTA DE NUEVO A LA VERDAD
Ignacio González aseguró que la noticia desvelada ayer por 'Público' era una “ información muy vieja” que ya había sido publicada en su día por ‘Tiempo’. Resulta sencillo comprobar que la versión del vicepresidente no se ajusta a la verdad. La información de la revista a la que se refiere González es de abril de 2007, mientras que este diario reveló ayer que un hermano y un cuñado del vicepresidente compraron acciones de la empresa Tecnoconcret el 10 de noviembre de 2008. Así que parece complicado sostener que en ‘Tiempo’ tuvieron la audacia de prever con año y medio de antelación las actividades empresariales de la familia González.
No es la primera vez que el número dos de Aguirre no cuenta la verdad. Cuando saltó el escándalo, González afirmó que no había adjudicado “nada” a las sociedades de Enrique Sánchez, el empresario con el que viajó a Suráfrica. ‘Público’ desveló que el Canal deIsabel II, empresa que preside González, le había adjudicado un contrato de 33 millones de euros a Segurisa y otro de 2,6 millones a Saminsa. Ambas compañías tienen como accionista mayoritario a Enrique Sánchez.
(www.publico.es, 06/02/09)
Ildefonso de Miguel es uno de los espiados en Madrid y también hombre clave en el área económica de la Comunidad. En concreto el número 2 del vicepresidente Ignacio González en el Canal de Isabel II, la primera empresa pública de Madrid. El dossier de los espías atribuía a Ildefonso de Miguel un notable patrimonio repartido por España que incluía viviendas de lujo y fincas de viñedo. La Cadena SER pudo confirmar además que entre esos negocios privados estaba la producción de vinos en Ribera del Duero.
Ildefonso de Miguel está considerado como uno de los hombres más influyentes en el área económica de la Comunidad de Madrid, auténtica mano derecha de Ignacio González. Sin embargo, es un perfecto desconocido en el mundo del vino. Funda Bodegas Miguel y Ruano en mayo de 2006. Entonces llevaba ya dos años y medio como director-gerente del Canal de Isabel II. Y según ha podido confirmar la Cadena SER, ha convertido a la empresa pública que él mismo dirige -el Canal de Isabel II- en una plataforma privilegiada para su actividad como bodeguero. Distintas fuentes de la Comunidad de Madrid y personal de la propia bodega reconocen que el número dos de Ignacio González en el Canal ha enviado sus vinos al Canal.
En una de las sedes de la empresa, situada en Arroyo de la Encomienda, un municipio de Valladolid, el gerente ha negado en conversaciones con un periodista de la Cadena SER que el Canal de Isabel II sea uno de sus clientes. A los pocos minutos, tras recibir una llamada del que identifica como su jefe (Ildefonso de Miguel) ha terminado reconociendo que "puede que se enviaran algunas cajas al Canal".
El vino del gerente del Canal lleva la marca LOESS y se ofrece a través de Internet a 60 euros la botella. Un precio que según las fuentes consultadas por la SER es ocho veces superior al habitual en el mercado. La Cadena SER se ha puesto en contacto con los portavoces del Canal de Isabel II y a la pregunta de qué cantidad se ha pagado por ese vino del gerente, no han querido ofrecer ninguna respuesta.
Alto cargo vinculado a la TDT
Secuenzia Pixels la empresa familiar de Ildefonso de Miguel, tiene como objeto social el suministro de material informático y la gestión de canales de televisión digital. Ildefonso de Miguel fue consejero de la empresa. El actual administrador único es su cuñado, Fernando Ruano Puente. Según los documentos mercantiles consultados, sólo en el año 2007, Secuencia Pixels ha recibido al menos 1.743.000 en contratos públicos de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Y además de adjudicaciones públicas recibe subvenciones. En 2008 ha recibido hasta cinco ayudas, cuatro de ellas en la Comunidad de Madrid.
Secuencia Pixels no es la única empresa de familiares de Ildefonso de Miguel que se dedica al negocio de la TDT. Otra de ellas, Centanor Spain, participa en la sociedad Teledifusión Madrid y junto a ella figuran las adjudicatarias de las licencias de televisión digital que repartió el Gobierno de Esperanza Aguirre. Un proceso de adjudicación que estuvo controlado por Ignacio González.
www.cadenaser.com 06.02.09
Una empresa de telecomunicaciones e informática de la que fue socio el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, ha obtenido siete contratos públicos de la Comunidad de Madrid que superan 3,9 millones de euros. De Miguel fundó la empresa Secuenzia Pixels junto a su cuñado, Fernando Ruano, y otros socios en 2002. La abandonó un año después, cuando se convirtió en gerente de la compañía de aguas que preside el número dos del Gobierno regional, el vicepresidente Ignacio González.
El cuñado de Ildefonso de Miguel es el administrador de la adjudicataria
El 'número dos' de la compañía de aguas rechaza haber influido
Secuenzia Pixels obtuvo siete contratos de la Administración regional entre 2006 y 2008. Fueron adjudicaciones de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), que depende de la vicepresidencia regional desde junio de 2008. De Miguel negó ayer cualquier vinculación con esas adjudicaciones. Ruano también rechaza que el gerente del Canal haya influido.
De Miguel, hombre de confianza de González, aparece en dos dossiers de la trama de presunto espionaje que afecta a cargos públicos madrileños. Participó en el viaje a Colombia donde se le hizo un seguimiento a González. Y también está en otro informe que alude a las supuestas casas de lujo y fincas del gerente.
De Miguel entró en Secuenzia Pixels como accionista mayoritario con "un 30% de participaciones", según indicó ayer a EL PAÍS. Presidió la compañía hasta que le nombraron gerente del Canal en diciembre de 2003. El gerente asegura que en ese momento vendió sus acciones a su cuñado y se desvinculó de la firma, como consta en el Registro Mercantil, "para no tener conflicto de intereses".
ICM otorgó las cinco primeras adjudicaciones a Secuenzia Pixels por 2,3 millones de euros entre febrero de 2006 y junio de 2008. A partir de esa fecha, cuando esta agencia dejó de depender de la Consejería de Hacienda y entró a formar parte del organigrama de vicepresidencia, obtuvo otros dos contratos por 1,6 millones. La mayoría era para suministrar aplicaciones informáticas.
Secuenzia Pixels, según datos de la Comunidad de Madrid, se ha presentado desde 2006 a 34 concursos de los que ha ganado siete para dar servicios a las Consejerías de Justicia, Vivienda, Educación y Hacienda.
Las dos adjudicaciones más cuantiosas fueron para Justicia. Se otorgaron en junio de 2007 (por 1,7 millones de euros) y en noviembre de 2008 (1,4 millones). Ambos fueron concursos abiertos con dos y tres participantes, respectivamente, según un portavoz de la Comunidad, que añade que Secuenzia presentó la oferta más económica.
De los otros cinco contratos, cuatro se concedieron en concursos restringidos, en los que la administración invita a un número cerrado de empresas, según el Gobierno regional. El primero de ellos lo ganó Secuenzia en septiembre de 2006, para un plan de comunicación para los juzgados por valor de 134.080. Competía con otras dos firmas. En febrero de 2007, Secuenzia obtuvo otro contrato para el SICE (Sistema Informático de los Centros Educativos) por 145.000 euros. También en concurso restringido logró la adjudicación del soporte informático de la oficina de quejas de Hacienda (108.919 euros) en octubre de 2007. Y en septiembre de 2008 fue la adjudicataria, frente a otras dos compañías invitadas al concurso, de los sistemas de información para la oficina de Vivienda (203.440 euros). La empresa ganó una quinta adjudicación en concurso abierto y con otro adjudicatario (193.336 euros) en febrero de 2006.
Los contratos de Secuenzia con el Gobierno madrileño suponen el 30% de sus ingresos, según afirmó Fernando Ruano. Insistió en que trabaja también para otras administraciones, como el Ministerio de Industria.
www.elpais.es 06.02.09
EL JUEZ INICIA LA INVESTIGACIÓN POR EL ESPIONAJE AL 'NÚMERO DOS' DE AGUIRRE
El titular del juzgado número 47 de Madrid, José Sierra, ya ha iniciado su instrucción sobre el espionaje sufrido por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), número dos de Esperanza Aguirre. Sierra investigará los dossiers que destapó EL PAÍS el 20 de enero -el seguimiento con cámara oculta a González durante un viaje a Colombia en 2008 y otro de un viaje a Johanesburgo ese mismo año donde se hace referencia a adjudicaciones sospechosas- y un tercer dossier, publicado posteriormente por Público, también sobre adjudicaciones del vicepresidente. "La apertura de diligencias supone que hoy se ha producido la judicialización de este presunto caso de espionaje", explicó un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Los autores de los dossiers -desconocidos hasta el momento- podrían haber incurrido, según la denuncia que presentó en su día el vicepresidente, en el delito de descubrimiento y revelación de secretos, penado con hasta cuatro años de cárcel.Además del espionaje al número dos de Aguirre, EL PAÍS ha revelado la existencia de otros seguimientos a dirigentes del PP -éstos enfrentados políticamente a Aguirre-: el vicealcalde Manuel Cobo y el ex consejero madrileño de Justicia Alfredo Prada. Pero ambos han denunciado ante la Fiscalía de Madrid, no ante el juez, así que su caso depende de que el fiscal decida inhibirse y remitirlo al juzgado. O de que, en una fase más avanzada del proceso, el juez concluya que todo tiene que ver con una única trama delictiva y reclame la investigación.
En paralelo al proceso judicial prosigue el avatar político. Ayer habló la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para repetir lo que el pasado lunes ya subrayó tres veces: que la investigación interna iniciada por el partido sobre el espionaje político en Madrid no está cerrada, sino "suspendida" durante el tiempo que dure la comisión de investigación en el Parlamento regional. Lo dijo durante una visita a la sede del PP en París, y el protocolo hizo que en ese acto estuviera también el espiado Alfredo Prada en su actual condición de director del PP en el Exterior. Prada se mostró dispuesto a acudir a la comisión parlamentaria si es citado, aunque recalcó que la investigación que le interesa es la judicial.
En nombre de los más fieles a Esperanza Aguirre, el consejero de Sanidad y portavoz del PP de Madrid, Juan Jesús Güemes, volvió a cargar sus palabras con ironías contra el propio PP. "Pregúntenle al señor Rajoy. Yo no tengo la información que tiene Rajoy. Yo, desde luego, no he visto ningún dossier", afirmó. La víspera, Rajoy había admitido que el escándalo del espionaje no es "un rumor" sino que está apoyado en "muchos documentos". Sobre la comisión de investigación, Güemes avisó de que el PP no permitirá que se convierta "en un circo".
Por otro lado, el alcalde de Getafe (Madrid) y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Pedro Castro, anunció que emprenderá "acciones legales" tras leer en la revista Interviú que también él fue espiado en 2007. Una portavoz municipal precisó después que acudirán a la fiscalía.
Castro dijo estar "indignado, dolorido y rabioso" al saberse víctima de "tan oscuras prácticas", y añadió que en los últimos años había confesado a colaboradores y familiares que tenía "la sensación" de sentirse espiado. "Era una percepción de que alguien me observaba", aseguró. Nunca llegó a denunciarlo. El presidente de la FEMP exigió a la Comunidad que llegue "hasta las últimas consecuencias" y, aunque dejó claro que no puede "acusar a nadie", aprovechó para deslizar un mensaje: "Pensé que este tipo de prácticas, que están más cercanas al pasado más triste y oscuro de este país, habían sido erradicadas de las administraciones que gobiernan a los ciudadanos".
(www.elpais.com, 05/02/09)
UNA FIRMA BENEFICIADA POR GONZÁLEZ TIENE DE SOCIO A SU HERMANO
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, adjudicó en diciembre de 2006 la explotación de un campo de golf en el centro de Madrid a un consorcio integrado por tres sociedades, una de ellas denominada Tecnoconcret. Pues bien, el 10 de noviembre de 2008, uno de los hermanos de González compró más del 30% de las acciones de dicha empresa. Y un porcentaje idéntico adquirió José Juan Caballero, uno de los cuñados del número dos de Esperanza Aguirre.
Los datos a los que ha tenido acceso Público figuran en el Registro Mercantil de Madrid y, lógicamente, no están incluidos enel dossier sobre González manejado por la cúpula del PP, ya que dicho informe fue escrito a finales de 2006 o principios de 2007.
El Canal de Isabel II, empresa pública que preside Ignacio González, adjudicó el campo de golf de Chamberí a un consorcio formado por las empresas Iridium, Soto Once y Tecnoconcret. La concesión se produjo el 27 de diciembre de 2006, por un periodo de cinco años, prorrogable a otros cinco en caso de que ambas partes se muestren de acuerdo. Las tres sociedades tenían la obligación de formar una nueva compañía para explotar las instalaciones deportivas, y así lo hicieron el 15 de febrero de 2007, al constituir Green Canal Golf.
La decisión de construir un campo de golf y ocho pistas de pádel sobre los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II contó con una fuerte oposición de los vecinos, que reclamaban que los 120.000 metros cuadrados se convirtiran en un espacio público.
En abril de 2007, la revista Tiempo publicó que Tecnoconcret era propiedad de un socio del hermano y del cuñado de González. Efectivamente, en aquel momento, en el Registro Mercantil figuraban oficialmente como únicos socios de la empresa un ingeniero llamado José Antonio Clemente y su esposa.
Clemente era socio de Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del vicepresidente madrileño, en otra compañía denominada Tamanaco 07 Consulting. Esta empresa se había constituido el 21 de junio de 2006, seis semanas antes de que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicase el concurso para adjudicar el campo de golf. Curiosamente, el objeto social de Tamanaco 07 Consulting era la “explotación de instalaciones deportivas”.
Al hacerse públicos estos datos, el vicepresidente González compareció ante los medios de comunicación, el 27 de abril de 2007. Visiblemente nervioso, en tres ocasiones rehuyó aclarar si sabía que había adjudicado el campo de golf a un socio de sus familiares directos. Y como principal argumento de defensa utilizó el siguiente: “La adjudicación se ha hecho a una UTE donde no figuran familiares míos”.
González no se abstuvo en la votación del consejo de administración del Canal de Isabel II y tampoco advirtió a los demás consejeros de la relación que existía entre su familia y una de las empresas adjudicatarias.
Todo el entramado empresarial resultaba altamente sospechoso. Lo lógico era pensar que Clemente actuaba en Tecnoconcret como testaferro de los familiares de González, que evidentemente no podían aparecer en el accionariado de la sociedad adjudicataria del campo de golf. Pero no había documentos que probasen esa sospecha.
Aunque los partidos de la oposición consideraron que ya era suficientemente escandaloso que el beneficiario fuese un socio del hermano y del cuñado de González, la presidenta Aguirre respaldó entonces a su número dos y no adoptó ninguna medida. Un mes después, el PP amplió su mayoría absoluta en las elecciones autonómicas.
Cuando casi todo el mundo había olvidado la polémica concesión, Tecnoconcret realizó una ampliación de capital de 100.000 euros, acordada el 10 de noviembre de 2008. José Antonio Clemente, Pablo González y José Juan Caballero –a través de su empresa Proyectos Ecosistemas– suscribieron cada uno el 31,6% de las nuevas acciones. Entre el hermano y el cuñado de González controlan, por tanto, la mayoría absoluta del capital.
De esta forma, el accionariado de Tecnoconcret pasó a ser prácticamente idéntico al de Tamanaco 07 Consulting. Y se confirma, así, la relación entre los familiares de González y la empresa que recibió la adjudicación del polémico campo de golf de Chamberí.
Fuentes del Canal de Isabel II aseguraron ayer a este diario que, “hace aproximadamente un año”, Iridium le compró sus acciones a las otras dos empresas que recibieron la adjudicación para explotar el campo de golf; es decir, a Soto Once y a Tecnoconcret. Según esta versión oficial, por tanto, los familiares de González ya no formarían parte de Green Canal Golf.
(www.publico.es, 05/02/09)
Contratos millonarios para el compañero de viaje de González
La empresa de Enrique Sánchez obtuvo por 59 millones la seguridad del Canal y de Metro - El suburbano rescindió el acuerdo por incumplimiento
La empresa de seguridad Segurisa (Servicios Integrales de Seguridad, SA) ha sido adjudicataria de dos contratos de la Comunidad de Madrid que suman 59,3 millones de euros. Su presidente, Enrique Sánchez González, viajó a Johanesburgo en marzo de 2008 con el número 2 del Gobierno de Esperanza Aguirre y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González. Fue un viaje privado que aparece en el informe de un seguimiento parapolicial a González.
La empresa dejó sin cubrir "hasta el 50%" de los servicios, según Metro
La presunta acusación del dossier (cuya existencia fue revelada por EL PAÍS) era que el viaje suponía un regalo a Ignacio González por la adjudicación de contratos públicos millonarios a Segurisa. El informe incluye una fotocopia de los pasajes de vuelo de González y de su esposa a Suráfrica. El vicepresidente de la Comunidad señaló a este periódico que había pagado su pasaje "en metálico" y que estuvo en Johanesburgo para visitar al embajador de Suráfrica que es amigo suyo.
Respecto al presidente de Segurisa, Ignacio González fue tajante: "No es amigo mío, ni le adjudiqué nada". Pero la empresa de seguridad resultó adjudicataria de dos contratos para prestar servicios de vigilancia entre 2005 y 2006. Uno en el Canal de Isabel II, por dos años prorrogables a cuatro, y otro en Metro, que fue rescindido antes de tiempo por incumplimiento de contrato, según confirmó ayer a EL PAÍS la empresa que gestiona el suburbano.
El primer contrato a Segurisa data de octubre de 2005. La empresa resulta adjudicataria de los servicios de seguridad y vigilancia en las oficinas centrales y otras dependencias del Canal de Isabel II, del que ya era presidente Ignacio González.
El periodo propuesto en el pliego del concurso convocado por la vicepresidencia era de dos años prorrogables a dos más a razón de 19.423.665 euros anuales. El procedimiento era restringido, una figura incluida en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que supone que el adjudicador invita al concurso a un número determinado de empresas.
Segurisa obtuvo la concesión por 33.489.078 euros, cinco millones menos que el presupuesto de salida (38.847.330 euros). Y actualmente sigue al frente de la seguridad en el Canal, según confirman trabajadores de la empresa.
En el segundo contrato público, firmado seis meses después, Segurisa aparece entre las adjudicatarias de la vigilancia de Metro de Madrid.
El servicio de seguridad en el suburbano se divide por líneas y tramos que se repartieron en cinco contratos a los que optaron nueve empresas diferentes en 2006. El plazo era de dos años prorrogables a cinco. A Segurisa le correspondieron 25,9 millones de euros -la cuantía más baja de las cinco adjudicaciones- por prestar servicio en la línea 3 y en un tramo de la línea 4. Pero no llegó a cumplir ni siquiera los dos primeros años. Metro le rescindió el contrato en enero de 2007, nueve meses después de la adjudicación, por "incumplimiento" de la empresa, según un portavoz del suburbano. Ese incumplimiento supone que Segurisa dejó sin cubrir "hasta el 50% de los servicios" a los que se había comprometido, según Metro, al no aportar el número necesario de trabajadores a sus tramos de la red. El portavoz de la empresa pública del suburbano asegura que Segurisa sólo ha cobrado "la parte proporcional del dinero" por el servicio prestado durante el tiempo que el contrato estuvo en vigor. No especificó la cantidad. Segurisa, creada en 1988 y con sede principal en Madrid, dispone de 1.326 empleados.
Las líneas de metro que gestionaba Segurisa fueron repartidas entre otras tres empresas. Antes de la rescisión, fue una de las adjudicatarias que se vieron envueltas en el escándalo de las agresiones de los vigilantes de Metro a viajeros. En uno de los vídeos difundidos por EL PAÍS, un trabajador de seguridad de la línea 3 con uniforme golpeaba a un pasajero junto a la puerta de salida de una estación.
Este periódico intentó recabar ayer sin éxito los testimonios de Enrique Sánchez González y de Ignacio González sobre las adjudicaciones de ambos contratos públicos.
Ignacio González denunció a la Fiscalía de Madrid los seguimientos durante dos viajes a Colombia y a Suráfrica recogidos en dos informes. El titular del Juzgado número 47 de Madrid ordenó el pasado 26 de enero incoar diligencias al hallar indicios de delito en la denuncia del vicepresidente del Gobierno regional.
En el dossier de la visita de González a Johanesburgo aparece una fotocopia de los billetes de avión del vicepresidente y de su esposa. La presunta acusación del informe era que el viaje era un regalo de Enrique Sánchez González como supuesto pago por la adjudicación de contratos públicos millonarios. El documento refleja que Ignacio González pagó su viaje y el de su mujer (unos 8.000 euros) en metálico. González aseguró a EL PAÍS que los abonó así porque le venía bien. El número 2 del Gobierno de Aguirre negó entonces que fuera amigo del presidente de Segurisa y que le hubiera adjudicado nada.
www.elpais.es 31.01.09
El ex cargo del PP obtuvo la recalificación en Collado Villalba
Pedro Antonio Martín Marín, uno de los hombres del vicepresidente Ignacio González y ex alto cargo del PP -secretario de Estado de Deportes, de Comunicación y presidente del Consejo Superior de Deportes con los Gobiernos de José María Aznar-, consiguió la recalificación de 11,9 hectáreas de suelo protegido en Collado Villalba, de las que él poseía una parte. Incluso con la prohibición de la fiscalía, que dijo en 1997 que no se podía construir en esos terrenos porque tenían una "especial protección ecológica". Martín recurrió supuestamente al arquitecto Pedro Ortiz, entonces director general de Urbanismo en el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón. "Me pidió que recalificara sus terrenos", denunció el jueves Ortiz en la cadena SER. Él se negó porque "era ilegal". Fue entre 1995 y 1996. Finalmente, logró la recalificación en 2001, con Ortiz ya fuera de Urbanismo. Martín es amigo de González y le acompañaba en el viaje a Johanesburgo, donde fue espiado. Es presidente de Madrid Deportes y Espectáculos, que gestiona el Palacio de Deportes.
En 1997 el Gobierno regional anunció que paraba el cambio de uso
La zona hoy está edificada, con casas que lindan con un terreno protegido
González se desvinculó ayer de la petición ilegal de recalificación de Martín a Ortiz. "Es evidente que yo conozco a Pedro Antonio Martín Marín pero en 1995 y 1996 yo no conocía a este señor. Le conocí cuando llegamos al gobierno en el 96", subrayó. "Si alguien quiere insinuar que aquí hay algún tipo de connivencia para una recalificación de hace 14 años es claramente una tergiversación", añadió ayer, en la firma de un convenio entre el Canal de Isabel II y Collado-Villalba.
Martín inició la gestión de recalificación de las 11,9 hectáreas en 1995. Junto a los otros cuatro propietarios de la zona Arroyo Arriba -entre ellos, una concejal del PP del municipio, Esperanza Seoane- pidió al Ayuntamiento que cambiara el uso de la finca. Los terrenos, pegados al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, estaban protegidos, igual que la cuenca del río, puesto que la norma subsidiaria de 1986 que ordenaba el territorio (a falta de un plan general) sólo distinguía entre suelo protegido y urbanizable.
El Gobierno municipal del PP consideró que como el terreno linda por el sur con una urbanización, podía recalificarse, y que además eso convenía a las necesidades de crecimiento del municipio. En consecuencia, el PP, con el apoyo del PSOE, aprobó en octubre de 1995 un proyecto que permitía la construcción de 613 viviendas de tipo multifamiliar (pisos de hasta tres plantas) en la zona.
En esa primera gestión, y en todas las posteriores el PP y el PSOE se aliaron para aprobar la recalificación y se encontraron de frente tanto a IU como a Ecologistas en Acción. El proyecto se discutió en cuatro ocasiones en pleno entre 1995 y 1997, y acabó en 144 viviendas, en lugar de las 613 previstas inicialmente.
En ese intervalo, Martín acudió supuestamente a Ortiz y le pidió que autorizara la recalificación, que necesitaba la aprobación de la Comisión de Urbanismo regional. Ortiz, según lo declarado a la cadena SER, se negó. En 1997 se discutió por última vez en pleno el cambio de uso del suelo. La recalificación estaba casi acabada. Pero entró en juego la fiscalía. Tras examinar las denuncias de IU y de Ecologistas en Acción, dijo que el Ayuntamiento había ocultado a la Comunidad que la finca que pretendía hacer urbanizable tenía una catalogación de "especial protección ecológica". El alcalde de entonces, José Luis Peñalvo (PP) lo negó. Y replicó que un informe de Medioambiente aseguraba que "los valores ecológicos de Arroyo Arriba" estaban "notablemente deteriorados". El que era consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Eduardo Cortés, aseguró que después de la revelación de la fiscalía, la recalificación estaba denegada.
Pero no fue así porque esos terrenos son hoy de uso residencial urbanizable. Tienen varias casas construidas y otras muchas en construcción. El alcalde socialista, José Pablo González, aprobó en 2001 el Plan General de Ordenación Urbana que recogió el cambio de uso. La Comunidad no se pronunció sobre la recalificación, y dio luz verde al Plan General. Hoy las viviendas de Arroyo Arriba tienen una vista privilegiada de la cuenca del Manzanares, con la que linda.
El actual alcalde de Collado-Villalba insinuó ayer que quizá Ortiz se confundió en sus declaraciones y se refería a un solar de Galapagar, también propiedad de Martín (con el que este periódico trató de contactar, sin éxito). Ortiz lo negó: el suelo que Martín quería recalificar y al final se recalificó es el de Collado-Villalba.
www.elpais.es 31.01.09
El Gobierno de Aguirre ha adjudicado contratos millonarios a la socia de la mujer de Ignacio González
Carmen Cafranga es consejera de Caja Madrid y accionista de la empresa que preside la mujer de González. Posee varias empresas que han recibido contratos y subvenciones de la Comunidad de Madrid que ascienden a 2 340.000 euros
Carmen Cafranga Cavestany, es consejera de Caja Madrid y accionista de la empresa que preside la mujer de González. Amiga personal de Ana Botella, Cafranga posee además varias empresas y una fundación que han recibido en los últimos tres años contratos y subvenciones de la Comunidad de Madrid que ascienden a 2 340.000 euros.
La esposa del vicepresidente de la Comunidad de Madrid Lourdes Cavero comparte con Carmen Cafranga la dirección de "Subastas Segre"; una rentable firma de arte de la que ambas son accionistas y en la que ocupan los cargos de presidenta y secretaria general respectivamente. La empresa obtuvo en 2007 unos beneficios de más de medio millón de euros.
Cafranga, socia de la familia González-Cavero en esta empresa de subastas, posee además varias empresas y una fundación mediante las cuales ha conseguido hacerse con numerosas adjudicaciones y subvenciones de la Comunidad. Sólo entre 2006 y 2008 la cifra percibida por esta consejera de Caja Madrid asciende a 2.340.000 euros.
La consejería de empleo y mujer le ha adjudicado la gestión de tres importantes centros ocupacionales; Una gestión que Cafranga realiza a través de distintas sociedades (de empresas SL) .La conserjería de asuntos sociales le ha concedido la gestión de varios centros de día. Así mismo Carmen Cafranga ha recibido en los tres últimos años subvenciones por valor de 800.000 euros para proyectos de su fundación en el exterior.
Cafranga Cavestany y la crisis de Caja Madrid
La socia del matrimonio González, es miembro de la comisión de control de Caja Madrid. Un órgano determinante para el desarrollo de la elección de los nuevos consejeros de la asamblea general que decidirán en septiembre al próximo presidente de la caja de ahorros
www.cadenaser.com 30.01.09
concesiones sospechosas de Ignacio González
1. Concesiones a Enrique Sánchez
Ignacio González y su esposa viajaron en marzo de 2008 a Johannesburgo (Suráfrica) en compañía del empresario Enrique Sánchez y del ex secretario de Estado de Comunicación Pedro Antonio Martín Marín. Los autores de uno de los informes sobre González aseguran que los billetes de avión en primera clase, cuyo importe ascendió a 8.356 euros, fueron abonados por el empresario como supuesto pago por contratos públicos recibidos. El vicepresidente aseguró que los billetes los había abonado él "en metálico", porque le "venía bien", y añadió que nunca había adjudicado "nada" a Enrique Sánchez.
El pasado 22 de enero, Público desveló que el Canal de Isabel II -que preside González- le había adjudicado en 2005 un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, una compañía de seguridad cuyo principal accionista es Enrique Sánchez. El Canal tenía contratadas antes de esa fecha 150.000 horas anuales de vigilancia, que pagaba a 13 euros, mientras que a Segurisa se le concedieron 953.000 horas, a un precio cercano a 20 euros.
La Comunidad argumenta que el considerable incremento en el número de horas contratadas se prudujo por las lagunas de seguridad detectadas tras los atentados islamistas del 11-M, mientras que el importe de las mismas "está regulado por el convenio del sector".
Pero el contrato con Segurisa no es el único. Según consta en los documentos a los que ha tenido acceso este diario, el Canal de Isabel II firmó un segundo contrato con otra empresa de Enrique Sánchez. Se trata de Saneamiento y Mantenimiento Integral (Saminsa), que el 12 de enero de 2005 se quedó con la limpieza de edificios del Canal, por dos años y un importe de 2,6 millones (sin incluir el IVA).
2. Obras en carreteras autonómicas
Álvaro Lapuerta, que fue tesorero del PP hasta el año pasado, tuvo una tensa conversación con Ignacio González relacionada con la adjudicación de obras en carreteras controladas por la Comunidad. Lapuerta entendía que el proceso no estaba siendo limpio, circunstancia que negó el vicepresidente.
Las carreteras autonómicas dependen de la Consejería de Transportes. Este departamento es, precisamente, el que otorgó otro contrato multimillonario a Segurisa, la empresa del empresario con el que González viajó a Suráfrica. Se trata de una adjudicación para vigilar el Metro de Madrid, por importe de 25,9 millones de euros, aprobada en julio de 2006.
3. El campo de golf de Chamberí
El Canal de Isabel II otorgó, el 27 de diciembre de 2006, la gestión y explotación de un campo de golf y varias pistas de pádel, construidas sobre los antiguos depósitos de agua en el céntrico barrio madrileño de Chamberí, a un consorcio formado por las empresas Tecnoconcret, Soto Once e Iridium. La primera de dichas sociedades fue constituida por José Antonio Clemente, que resultó ser socio de un hermano y de un cuñado de González en otra sociedad llamada Tamanaco 07 Consulting, cuyo objeto social es precisamente "la promoción, instalación y explotación de instalaciones deportivas".
Tecnoconcret era una empresa que no tenía experiencia previa en el sector y cuya actividad era mínima cuando recibió la adjudicación del campo de golf. El importe de la concesión prácticamente dobló el previsto en el pliego de condiciones. González no se inhibió a la hora de votar en el Consejo de Administración del Canal ni avisó al resto de consejeros sobre cuál era su relación con el propietario de Tecnoconcret.
Los datos de esta adjudicación fueron publicados por la revista Tiempo en abril de 2007. González se defendió entonces argumentando que la empresa adjudicataria "no era de un familiar suyo". Era del socio de su hermano.
4. La plaza de toros de Las Ventas
En el dossier de 69 páginas elaborado sobre el patrimonio y las actividades profesionales de González, se dedica una especial atención a la concesión para explotar la plaza de toros de Las Ventas. La facturación en esta plaza supera los 20 millones de euros al año y aproximadamente la mitad quedan de beneficios. El coso lo explotaba el empresario Simón Casas, pero en 2004 un polémico concurso le dejó sin la concesión, que pasó a manos de la empresa Taurodelta. Según se indica en el informe, "Simón Casas manifiesta públicamente que sabe (aunque no puede probar) que Nacho González obtuvo 50 millones de pesetas por esta concesión".
Taurodelta y otros dos empresarios crearon en 2005 la sociedad Taurovent, que pasó a explotar Las Ventas. Uno de esos empresarios era Fidel San Román, detenido en la Operación Malaya, que desarticuló una trama de corrupción en Marbella liderada por Juan Antonio Roca. En el dossier se recuerda que San Román admitió "haber pagado en distintas ocasiones a Roca".
5. Las televisiones digitales de Madrid
La Comunidad de Madrid adjudicó en agosto de 2005 las televisiones digitales locales, en un proceso controlado en todo momento por el vicepresidente. En la demarcación de Madrid capital, recibieron la concesión siete empresas, controladas por Cadena Cope, Libertad Digital, Intereconomía, El Mundo, Onda Cero, Kiss FM y el productor Enrique Cerezo.
Estos siete medios de comunicación crearon, en diciembre de 2005, la empresa Teledifusión Madrid, cuyo objeto social es la gestión de las señales de las nuevas televisiones. Cada uno de ellos suscribió el 10% del capital y el 30% restante quedó en manos de una sociedad desconocida: Centanor Spain.
Esta empresa se había constituido justo un mes antes y su administrador único es Fernando Ruano, cuñado de Ildefonso de Miguel, el gerente del Canal de Isabel II y el más estrecho colaborador de González.
Pero el negocio no terminó ahí. Teledifusión Madrid contrató a la empresa Secuenzia Pixels para que pusiera en marcha y gestionara la red de las nuevas televisiones digitales. Y resulta que Secuenzia Pixels había sido fundada en 2003 por el propio Ildefonso de Miguel, quien, cuando pasó a trabajar en la Comunidad, dejó a la compañía en manos de su cuñado Fernando Ruano.
(www.publico.es, 29/01/09)GONZÁLEZ OTORGÓ UN CONTRATO MILLONARIO AL EMPRESARIO CON EL QUE VIAJÓ A SURÁFRICA
Una empresa pública que dirige el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, adjudicó un contrato por importe de 33,4 millones de euros a la empresa Segurisa, cuyo propietario invitó presuntamente a González a un viaje a Suráfrica. El número dos de Esperanza Aguirre reconoce que el viaje se produjo en marzo de 2007, pero asegura que lo pagó "en metálico" de su bolsillo.
Segurisa es una compañía de seguridad fundada en 1988. El socio mayoritario es Enrique Sánchez González, que posee algo más del 60% de las acciones, de acuerdo con los datos que figuran en el Registro Mercantil. En un dossier sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que desveló esta semana El País, se asegura que Enrique Sánchez invitó a Ignacio González y a su esposa a un viaje a Suráfrica cuyo coste aproximado es de 8.000 euros. La invitación sería un supuesto pago por adjudicaciones recibidas por Segurisa. En declaraciones a dicho diario, Ignacio González aseguró lo siguiente: "El empresario era amigo de la persona que me organizó el viaje. Pero no es amigo mío, ni le adjudiqué nada".
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid desmiente la última afirmación de González. En su edición del 9 de marzo de 2006, figura una adjudicación del Canal de Isabel II a la empresa Segurisa, por importe de 33.489.078 euros.
El Canal de Isabel II es la empresa encargada de gestionar el agua en la Comunidad de Madrid y está presidida por Ignacio González.
El objeto del contrato recibido por Segurisa es la prestación de "servicios de vigilancia y seguridad en las oficinas centrales y otras dependencias del Canal de Isabel II". La adjudicación es por un periodo de dos años a razón de 16,7 millones de euros al año y se realizó por "procedimiento restringido". Este sistema impide concursar a todas las empresas de seguridad que lo consideren oportuno y limita el proceso a unas pocas compañías seleccionadas por el organismo que realiza la adjudicación.
Un portavoz oficial del vicepresidente González explicó a este diario que Segurisa ya se encargaba de la vigilancia de las instalaciones del Canal desde 2001 (cuando gobernaba en la Comunidad el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón). Entonces se contrataron con dicha empresa 150.000 horas anuales, por las que se pagaron dos millones de euros.
Tras los atentados del 11-M, diversos informes de la Guardia Civil recomendaron incrementar de forma significativa la seguridad de las instalaciones del Canal. Por ese motivo, la Comunidad convocó un nuevo concurso en 2005. Razones de "confidencialidad" llevaron a utilizar el procedimiento restringido, explicó dicho portavoz.
En el concurso participaron diez empresas y la adjudicación a Segurisa se produjo "por unanimidad del Consejo de Administración" del Canal. Esta vez se contrataron 953.000 horas por un importe de 33,4 millones de euros.
(www.publico.es, 22/01/09)
"MADRID NO TIENE NADA QUE VER CON EL ESPIONAJE"
Esperanza Aguirre -en la imagen, con el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, el pasado septiembre- insistió ayer en que su Gobierno no está relacionado con el espionaje, aunque añadió, en relación con los seguimientos a su número dos, Ignacio González, que debían "aclararse cuanto antes", porque "si se están elaborando informes, se está delinquiendo".
El 'número dos' de Aguirre pide al fiscal que investigue quién le espió
"Los autores han debido de estar muy cerca de mí", dice González en la denuncia
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, número dos del Gobierno de Esperanza Aguirre (PP), presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia pidiendo que se investigue el espionaje del que supuestamente fue objeto durante dos viajes al extranjero, uno público y otro privado, realizados el año pasado. Esos "seguimientos parapoliciales", destapados por este periódico, no tienen autoría conocida, pero González sospecha que sus responsables pueden estar "muy cerca" de él. La Comunidad presentó anoche otra denuncia idéntica ante el juez de guardia.
"Llama la atención que, para realizar el seguimiento a mi persona, los autores de los hechos que se denuncian han debido utilizar información reservada, que en todo caso no es posible obtener de ningún medio o registro accesible al público y con antelación a mis desplazamientos, para organizar la grabación o las fotografías, y estar muy cerca de mí", afirma el vicepresidente madrileño en la denuncia presentada ante el fiscal. Los hechos -"desconociendo si su autoría ha de atribuirse a particulares, funcionarios o profesionales"- serían, según González, constitutivos de un delito de "descubrimiento y revelación de secretos", penado con hasta cinco años de cárcel.
La fiscalía no ve delito
La propia Aguirre había anunciado por la mañana que su Gobierno presentaría las denuncias para aclarar el supuesto espionaje, porque, "si se están elaborando dossiers, se está delinquiendo". Aguirre aseguró que la Comunidad de Madrid "no tiene nada que ver" con esos seguimientos y los desvinculó de otro caso denunciado la víspera por EL PAÍS: la existencia de un supuesto servicio secreto de vigilancia en el seno de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que dirige Francisco Granados. "Se intenta mezclar interesadamente", protestó.
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, que ayer por la tarde no había recibido aún la denuncia, ya ha adelantado, sin embargo, que él no ve delito. "Lo que se ha producido es un seguimiento a un personaje que es un personaje público, porque es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Y eso, así, sin más, no es ningún tipo de delito [...] a menos que se vulneren derechos fundamentales como el derecho a la propia imagen o se intercepten sus comunicaciones", afirmó. Tanto Moix como el teniente fiscal, Carlos Ruiz de Alegría, y el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Eduardo Esteban, comentaron también la información de este diario sobre el supuesto servicio de vigilancia montado en la consejería de Granados y concluyeron que su asesor Marcos Peña, presunto jefe de la red, ha sido contratado "con publicidad" y que otras personas forman parte del organigrama como "asesores", por lo que no se atisba tampoco ninguna ilicitud.
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Eduardo Esteban, abundó en declaraciones a Europa Press en que "hoy por hoy no hay nada. Podrá ser correcto o no, pero no es delito".
www.elpais.es 21.01.09
El vicepresidente de Esperanza Aguirre fue espiado en sus viajes al extranjero
Altos cargos sospechan que los seguimientos contaron con complicidades internas
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el hombre con más poder después de la presidenta Esperanza Aguirre, ha sido objeto de distintos seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses durante sus viajes públicos y privados al extranjero. Gracias a ese espionaje, realizado en algún caso con cámaras ocultas, se han elaborado dos informes donde se aportan fotografías y documentos privados del vicepresidente de la Comunidad de Madrid y se le intentan atribuir conductas delictivas o irregulares.
González afirma que no es amigo de los empresarios citados en los informes
El seguimiento al dirigente regional en Colombia se hizo con cámara oculta
Altos cargos de la Comunidad de Madrid han asegurado a EL PAÍS que están "muy preocupados" ante estos seguimientos y que tienen "sospechas" de que los documentos y las imágenes que se incluyen en tales informes han precisado "la complicidad" de personal vinculado a la seguridad de la Comunidad de Madrid, ya que evidencian conocer muy al detalle su agenda personal.
Los altos cargos autonómicos manifiestan esta preocupación después de conocer que ex policías y ex guardias civiles al servicio del consejero de Interior, Francisco Granados, elaboraban informes sobre tramas de corrupción que afectaban a ayuntamientos madrileños dirigidos por socialistas.
Sin información interna de la propia Comunidad, resultaría casi imposible espiar, como ha ocurrido, al vicepresidente madrileño en Cartagena de Indias (Colombia), según fuentes autonómicas. Este desplazamiento oficial del vicepresidente, -lo hizo como responsable del Canal de Isabel II-, es vinculado, en uno de los dos informes, a distintas operaciones irregulares. Y evidencia que partieron de una información privilegiada para poder cazarlo fotográficamente cuando pisara suelo colombiano. Las personas que realizaron el seguimiento y grabación de Ignacio González conocían el día de llegada, el vuelo, el hotel en el que se iba a alojar, la habitación, y el programa de actos y visitas del vicepresidente madrileño. Sin esos datos, los supuestos espías nunca habrían estado justo en el instante en que González llegó a Colombia, y a escasos metros de él, pisándole continuamente los talones hasta la propia habitación del hotel donde se alojó.
Tan cerca, a tenor de las fotografías, como para formar parte del séquito o no inquietar con su presencia, según interpretan altos cargos de la Comunidad de Madrid consultados por este periódico.
El viaje de Ignacio González a Cartagena de Indias data de finales de agosto de 2008. En concreto, como apunta el informe, el 28 de agosto llegó a Cartagena de Indias en el vuelo AV8548, en clase business. El informe detalla que mantuvo una entrevista con el presidente colombiano Álvaro Uribe y luego desarrolla una teoría respecto a la connivencia del vicepresidente regional con una de las personas que se incorporaron a la comitiva, un constructor, J.B., que supuestamente tenía parentesco con el jefe de una trama delictiva.
Para agravar el guión, el informe incluye fotografías tomadas con cámara oculta que son explicadas así: "Acompañantes de Ignacio González acudiendo y entrando en el inmueble ubicado en..., acceden al inmueble con las bolsas blancas que se pueden apreciar y abandonando a los diez minutos el inmueble sin las citadas bolsas. González acompaña a estas personas que han viajado con él desde Madrid". El vicepresidente madrileño aseguró a este periódico: "A ese constructor del que habla el dossier no lo conozco de nada".
El segundo informe, fruto del otro seguimiento, es más simple: los espías consiguieron una fotocopia de los billetes de avión de Ignacio González y su esposa en viaje privado a Johanesburgo en vuelo de Iberia el pasado 16 de marzo. Aquí, la presunta acusación era que el viaje (unos 8.000 euros de coste) se lo regaló Enrique Sánchez González, propietario de las empresas Sagital y Segurisa, entre otras, y contratista de la Comunidad de Madrid, como supuesto pago por la adjudicación de contratos públicos multimillonarios. Todos los billetes de avión se pagaron en metálico. El contratista le acompañó, con su esposa, en tal viaje y pagó también en efectivo. González rechazó las acusaciones del informe: "Mi viaje me lo pagué yo en metálico porque me venía bien, y tengo factura de ello. El viaje me lo organizó un amigo que también vino. Fuimos a visitar al embajador de Suráfrica que es amigo nuestro y estaba a punto de ser relevado. El empresario era amigo de la persona que me organizó el viaje. Pero no es amigo mío, ni le adjudiqué nada", explicó.
El Gobierno regional está ahora preocupado por conocer si los seguimientos tienen relación con la contratación por la consejería de Interior de la Comunidad de Madrid del ex policía, Marcos Peña, que dirige a un equipo de tres ex guardias civiles para tareas "de contravigilancia", según el consejero Francisco Granados. El propio Peña aclaró a EL PAÍS que entre sus trabajos figuran investigaciones sobre tramas de corrupción que afectan a dirigentes socialistas o sobre escándalos en el sector de las discotecas de la capital de España. Peña aseguró que en ningún caso había hecho seguimientos personales a políticos.
La Consejería de Interior asegura que nunca se ha ordenado la elaboración de informes relacionados con tramas de corrupción. Entre las competencias legales de la consejería de Interior no figuran tareas de espionaje por parte de los asesores, ni siquiera la recopilación de información sobre tramas de corrupción que están siendo investigadas por la administración de Justicia. Granados contrató al ex policía Marcos Peña en el verano de 2008. Con anterioridad, la Comunidad vivió otro supuesto caso de espionaje que acabó con la destitución del director general de Seguridad, Sergio Gamón, por registrar unas oficinas de la Consejería de Justicia y requisar un ordenador donde, supuestamente había un dossier contra el propio Granados, según explican dirigentes autonómicos.
El vicepresidente Ignacio González no es el único dirigente madrileño que se ha sentido espiado en los últimos meses. Otros tienen noticias de haber sufrido seguimientos. No faltan los anónimos que han llegado a hogares de destacados políticos populares, según han confirmado sus destinatarios.
UN VIAJE A CARTAGENA DE INDIAS GRABADO CON CÁMARA OCULTA
Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, se trasladó en viaje oficial a Cartagena de Indias a finales de agosto de 2008. Durante su estancia en la ciudad colombiana fue objeto de seguimientos con cámara oculta. Las imágenes que se captaron, algunas de las cuales se reproducen arriba, fueron incorporadas a un dossier donde se insinuaban prácticas irregulares por parte del vicepresidente autonómico
www.elpais.es 20.01.09
La Comunidad de Madrid denuncia en los tribunales el espionaje a Ignacio González
El afectado presenta otra a título personal ante la fiscalía .- El consejero de Presidencia, Francisco Granados, califica de "delictivo" el seguimiento y pide comparecer en la Asamblea para explicarse
La Comunidad de Madrid ha interpuesto en la tarde de este martes una denuncia ante el juzgado de guardia para que investigue el espionaje y seguimiento al vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, que ha su vez lo ha hecho también ante la fiscalía a título personal.
Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, se trasladó en viaje oficial a Cartagena de Indias a finales de agosto de 2008. Durante su estancia en la ciudad colombiana fue objeto de seguimientos con cámara oculta-
Ambas denuncias se producen como consecuencia del artículo publicado este martes por EL PAÍS que señala que González ha sido objeto de seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses durante sus viajes públicos y personales al extranjero. En la edición del lunes, además, este mismo periódico informaba de que ex policías y ex guardias civiles realizaron trabajos de inteligencia e información para el consejero de Interior y Justicia, Francisco Granados.
Previamente, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, había declarado que la fiscalía no iba a actuar de oficio al no apreciar indicios de delito, aunque adelantó que abriría una investigación si recibía una denuncia al respecto, lo que finalmente ha sucedido. "Lo que se ha producido es un seguimiento a un personaje, que es un personaje público porque es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y eso, así sin más, no es ningún tipo de delito", explicó, antes de añadir que "si hay otros datos nuevos, otros datos distintos, otro tipo de actuaciones, se puede valorar otra vez".
En la denuncia de la Comunidad se destaca que, para poder realizar el seguimiento al vicepresidente, los autores de los hechos que se denuncian tuvieron que utilizar forzosamente información reservada, que no es posible obtener de ningún medio o registro accesible al público, con la suficiente antelación para organizar la grabación y las fotografías publicadas por EL PAÍS.
Los servicios jurídicos regionales consideran que "se han producido, sin duda, y como mínimo, controles y grabaciones visuales clandestinas, revelación a terceros de imágenes y documentos personales, abusos informáticos sobre datos personales automatizados y apoderamiento de documentos". Y añaden que los hechos expuestos son "enormemente graves", por lo que creen necesario que se efectúen investigaciones por el órgano judicial competente sobre quiénes son los autores, y podrían ser constitutivos de "delitos de descubrimiento y revelación de secretos" tipificados en los artículos 197 a 201 del Código Penal.
La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, ha precisado que la denuncia "no va dirigida contra nadie", y ha insistido en que lo que se pretende con esta acción es esclarecer "si es cierto que alguien está haciendo seguimientos, grabaciones o espionajes nada menos que al vicepresidente de la Comunidad de Madrid". Aguirre ha manifestado que el Ejecutivo regional es una institución que no tiene nada que ver con nada relacionado con el espionaje, y cree que si se están elaborando informes se está "delinquiendo".
Ignacio González ha calificado de "gravísimo" el seguimiento al que ha sido sometido en dos viajes, uno de carácter oficial y otro privado, y ha considerado que estos hechos incurren en un "grave delito" que atenta contra su persona. González ha confesado sentirse "absolutamente sorprendido" por las "investigaciones ilícitas" de las que ha podido ser objeto durante los últimos ocho meses. Gracias a ese espionaje, realizado en algún caso con cámaras ocultas, se han elaborado dos informes donde se aportan fotografías y documentos privados del vicepresidente de la Comunidad de Madrid y se le intentan atribuir conductas delictivas o irregulares.
Comparecencia
Por su parte, el vicepresidente del Ejecutivo regional, Francisco Granados, ha enviado un escrito a la Asamblea regional en el que solicita comparecer en la correspondiente Comisión parlamentaria de Presidencia, Justicia e Interior, como le habían pedido PSOE e IU.
Granados ha dicho que confía en que la actuación judicial permita conocer "quien está detrás de estos seguimentos ilícitos para que recaiga todo el peso de la ley", pues la fiscalía y la policía deben investigar "quién puede" montar un servicio de espionaje como el mostrado, "con tantos medios como para realizar seguimientos en sitios tan alejados como Colombia o Johannesburgo".
En una entrevista emitida este martes en Telemadrid, Granados subrayó que la información de EL PAÍS sobre el seguimiento a González no está relacionada con la noticia que este mismo diario publicó el lunes sobre la existencia de una red de espionaje a su servicio.
El consejero de Presidencia reconoció entonces que el responsable de este servicio, Marcos Peña, trabajaba para él como "asesor de seguridad", pero aclaró que la Comunidad de Madrid ejercía las competencias de seguridad dentro de la ley. Por su parte, Aguirre se limitó a cargar contra EL PAÍS por publicar tal información.
"Con nada relacionado con inteligencia"
El comisario jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Madrid, José Luis Conde, no ha querido hacer declaraciones sobre la noticia y se ha limitado a afirmar que su departamento "siempre trabaja los asuntos previa judicialización, es decir, que todas la autorizaciones están dadas por juez y con el conocimiento del fiscal". Conde ha incidido en que su departamento no trabaja "con nada relacionado con inteligencia, ni nada de esos temas".
www.elpais.es 20.01.09
EL GOBIERNO DE AGUIRRE SOPESÓ CREAR UN 'CNI' LEGAL AL SENTIRSE ESPIADO DESDE DENTRO
El vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), sopesó en junio de 2008 la creación de un servicio secreto legal al servicio de la Comunidad de Madrid. En realidad, más allá del deseo de poseer un servicio de información o inteligencia como pudieran tener Euskadi y Cataluña para combatir amenazas terroristas o delictivas, se trataba de neutralizar un temor: la creciente sensación de que altos cargos de la Comunidad de Madrid estaban siendo espiados desde dentro de la institución para intentar campañas de desprestigio mediante dossiers. El propio González se sentía víctima especial de ataques a su intimidad y a su imagen. Aún hoy siente la misma sensación, a tenor del contenido de su denuncia, donde alude a la cercanía de los cómplices que hicieron posible el espionaje sufrido durante su viaje a Cartagena de Indias en agosto de 2008 y en su viaje a Johanesburgo en marzo de 2008.
Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta entre 1998 y 2004, durante el mandato de José María Aznar, trató con el vicepresidente madrileño la necesidad de crear el servicio secreto. Moro era amigo personal de Ignacio González. Ambos habían coincidido durante la etapa en que González era secretario de Estado de Inmigración del Ministerio del Interior y Moro combatía la inmigración irregular desde su puesto de Delegado del Gobierno en Ceuta.
Moro veía claro el problema que tenía el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando contactó con su amigo: "González y otros altos cargos estaban siendo objeto de vigilancia", seguimientos que conducían a la elaboración de dossiers contra él. "Necesitaba un servicio de información para protegerlo".
Moro explica así sus gestiones. "Hablamos de la posibilidad de algún servicio con el amparo y legitimación que tienen los del País Vasco y Cataluña. Era un servicio para proteger informativamente a los altos cargos de la Comunidad autónoma".
Moro reveló a EL PAÍS que por aquella época, los altos cargos de la Comunidad de Madrid estaban preocupados porque temían que estuvieran siendo espiados desde dentro.
Ignacio González recibió el borrador de servicio secreto y lo aparcó. "No lo vi conveniente y, además, era un tema competencia de [Francisco] Granados [consejero de Interior de la Comunidad de Madrid]", explicó a EL PAÍS. González enmarcó la propuesta de su amigo en un intento de anular o neutralizar los dossiers que se lanzaban contra él en aquellos tiempos. Ahora, al recordarlo, no le concede mayor trascendencia, si bien reconoce el hartazgo que sobre él pesaba de ser objeto de oscuras maniobras cuando surgió la iniciativa. Pero evita detallar qué o quién bloqueó tal proyecto dentro del Gobierno regional.
Cuando Moro y González hablaban de crear un CNI madrileño legal, por más que entrañara una dura batalla competencial conseguirlo, el consejero de Interior, Francisco Granados, estaba fichando al ex inspector de policía Marcos Peña, que asumió la dirección de un equipo de ex guardias civiles. Peña aseguró a este periódico que su grupo realizaba los informes que le pedía su jefe, Granados, que versaban sobre escándalos o corrupciones que afectaban fundamentalmente a municipios socialistas como Coslada, Ciempozuelos...
El propio Francisco Granados les atribuye unas funciones de contravigilancia, que Peña desmiente y que, según los expertos, la ley les impide ejecutar por carecer la Comunidad de Madrid de competencias para ello. Esta unidad, al igual que otra que dirige el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, con varios ex policías a sus órdenes, dependen del consejero Granados. No están bajo la estructura orgánica al mando del actual director de Seguridad que ni los tiene, ni los ha querido tener, bajo sus órdenes.
Su labor escapa así al común de los integrantes de la seguridad de la Consejería de Interior. Las labores definidas por Peña perfilan un auténtico servicio de información. Granados lo niega. En este contexto de creación de unidades "descontroladas" de la estructura ordinaria y jerárquica -sólo responden al consejero, según fuentes de su departamento-, se bloqueó y se vetó la creación de un servicio secreto legal y transparente al servicio de la Comunidad de Madrid, tal y como planteaba Moro. "Vamos a aplicarle a esto legalidad y legitimidad y así os quitáis de sombras y oscuranteces", ofreció Moro a González. No fue atendido. "Y ahora esto que está lloviendo es tremendo", ironiza.
Moro conocía ya entonces la existencia de un servicio secreto clandestino al servicio de la Comunidad de Madrid. "Tenía alguna información de mis amigos, pero de amigos que no tienen que ver con la Comunidad autónoma. Empezaba a estar acreditado [la existencia de tal servicio secreto ilegal de la Comunidad] entre los medios de la seguridad. Naturalmente, legales. No la mierda que se ha montado ahí. Las noticias que circulaban era que algunos altos cargos, especialmente Ignacio González, estaban siendo objeto de vigilancias por un aparato indeseado de áreas de la Comunidad de Madrid".
El plan de montar un servicio secreto fue redactado por Moro junto a ex agentes del servicio de inteligencia español, con los que conversó EL PAÍS. Aseguran que su proyecto quería servir para captar información y compartirla con los servicios de información legales. Y querían evitar fichar a ex guardias o ex policías. "Porque se convierten en espías al servicio de sus cuerpos de origen". El Proyecto SEDE (Sociedad de Estudios y Desarrollos Estratégicos) respondía, según el borrador entregado a Ignacio González, a "una necesidad específica de seguridad e inteligencia emergente en el Estado de las Autonomías". En dos folios, Moro resumía las virtudes de la nueva Sociedad:
- Solución afinada y eficaz. "Es una solución más afinada y eficaz ante la necesidad señalada, creciente en el actual contexto sociopolítico (...) acorde con otras experiencias más flexibles y acertadas impuestas en países de nuestro entorno occidental (por ejemplo, las Unidades de Inteligencia de ámbito departamental existentes en Francia", explicaba el texto.
- Recursos externos debidamente filtrados. El servicio secreto autonómico podría utilizar "de forma eventual medios o recursos externos debidamente filtrados y controlados". De hecho, en el organigrama de SEDE contemplaba un departamento de relaciones externas dedicado a la "adquisición de información".
- Capitalizar las Brigadas de Policías Municipales.
Los impulsores de este CNI autonómico defendían la necesidad de un servicio de este tipo en la Comunidad de Madrid ante las amenazas terroristas y para "reorientar y capitalizar de forma adecuada las BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid). Aguirre intentó crear su propia policía autonómica pero ante la imposibilidad legal de hacerlo, decidió subvencionar la contratación de policías municipales en los ayuntamientos madrileños y englobar a ese grupo de agentes bajo la denominación de BESCAM.
Expertos jurídicos consultados por EL PAÍS aseguran que la Comunidad de Madrid no tiene competencias para crear su propio servicio secreto: "El Estatuto de Autonomía de Madrid establece que las competencias de la Comunidad se circunscriben a la 'vigilancia y protección de sus edificios'. Ámbito que, como reitera a renglón seguido el Estatuto, se ejercerá 'respetando, en todo caso, los dispuesto en la Constitución Española'. En este marco competencial es obvio, y nada discutible, que la creación de un Centro de Inteligencia autonómico, que, por definición, exige todo un conjunto de actividades, eminentemente de carácter policial, para la recogida, almacenamiento, tratamiento y análisis de un amplio espectro de informaciones relevantes para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y la seguridad de las instituciones, no está amparado en el marco competencial que la Constitución, el Estatuto y el resto del ordenamiento reconocen a la Comunidad de Madrid".
(www.elpais.com, 23/01/09)
ENTREVISTA: LUIS VICENTE MORO, Ex delegado del Gobierno del PP en Ceuta : "LES DIJE 'APLIQUEMOS A ESTO LEGALIDAD Y ASÍ OS QUITÁIS DE OSCURANTECES"
Luis Vicente Moro fue nombrado delegado del Gobierno en Ceuta en 1998 por el Ejecutivo de José María Aznar. Durante aquella etapa, que duró hasta 2004, cuando el PP perdió las elecciones generales, Moro gestionó información sobre seguridad muy delicada en un enclave conflictivo por los problemas de inmigración irregular y de mafias que traficaban con seres humanos.
Durante su etapa como delegado del Gobierno en Ceuta, Moro hizo amistad con Ignacio González, que trabajó en el Ministerio del Interior como secretario de Estado de Inmigración a las órdenes de Ángel Acebes en los últimos años de la segunda legislatura del PP, con José María Aznar como presidente.
Moro y González mantuvieron una relación de amistad e incluso siguieron colaborando en asuntos de seguridad. En junio de 2008, Luis Vicente Moro entregó a Ignacio González el borrador de un proyecto de servicio secreto autonómico, una especie de CNI (Centro Nacional de Inteligencia), ante la preocupación extendida en el Gobierno de Esperanza Aguirre, que se sentía espiado y quería protegerse.
Sólo unos meses antes de aquellos contactos entre Moro y González, ex agentes al servicio de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid estaban haciendo, sin amparo legal alguno y con dinero público, seguimiento a distintos altos cargos del PP, según se deduce de los partes diarios que elaboraron entonces. Tanto Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, como Alfredo Prada, ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y hoy alto cargo de la dirección nacional del Partido Popular, han denunciado ante la fiscalía los seguimientos de que fueron objeto durante los meses previos al último congreso nacional del PP, en el que Mariano Rajoy salió reelegido tras varios meses de tensos enfrentamientos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
El proyecto de CNI autonómico que le presentó en junio pasado el ex delegado del Gobierno en Ceuta al vicepresidente de la Comunidad de Madrid no cuajó. Luis Vicente Moro lo explica en la entrevista que ha mantenido con EL PAÍS.
Pregunta. Hubo un proyecto de servicio secreto legal para la Comunidad de Madrid en 2008 y que al final no salió. ¿Cómo fueron las gestiones?
Respuesta. Yo soy amigo personal de Ignacio González y coincidí con él en la época anterior. Hablamos de la posibilidad de crear algún servicio, con el amparo y la legitimidad que tienen los servicios en el País Vasco y en Cataluña. Era un servicio para proteger a los altos cargos de la Comunidad de Madrid, pero nada más que eso.
P. ¿Pero proteger informativamente?
R. Informativamente, porque yo creo que por aquella época estaban preocupados, o alguien estaba preocupado.
P. ¿Y por qué rechaza finalmente Ignacio González montar ese servicio? ¿Hasta dónde se llegó después de presentar el borrador?
R. El borrador... y no hubo nada más. No sé por qué lo rechazó... No lo rechazó, son esas cosas que se dejan encima de la mesa diciendo 'esto es interesante'. Y [González] no vería la necesidad en aquel momento, porque lo que está lloviendo ahora es tremendo.
P. ¿No lo rechazarían porque ya existía uno que no era legal y transparente?
R. Yo no lo sé. Allí parecía que había un aparato. Y lo que hacemos un amigo y yo es decir, 'vamos a aplicarle a esto legalidad y legitimidad y así os quitáis de sombras y oscuranteces'. Nada más que eso.
P. ¿Quién le dijo que existía un servicio secreto no transparente?
R. Tengo alguna información de mis amigos, que no tienen que ver con la Comunidad de Madrid. Empezaba a hacerse popular en los medios que están acreditados como grandes expertos en el sector de la seguridad, naturalmente todos ellos legales, no esa mierda que se ha montado ahí...
P. ¿Y qué noticias circulaban?
R. Las noticias que circulaban es que algunos altos cargos de la Comunidad de Madrid, especialmente Ignacio González, estaban siendo objeto de vigilancias por un aparato indeseado de áreas de la Comunidad de Madrid. No sé si esto es lo que está pasando ahora.
P. ¿Por qué pensaban que eran objeto de vigilancia?
R. Yo creo que Ignacio González tenía datos. En esta situación, a alguien de la Comunidad le molestaba Ignacio. Él pisó algunos callos. Un servicio secreto, si no nace con las condiciones de seguridad jurídica que nosotros planteamos modestamente, no puede estar en la Comunidad de Madrid. Y si no aparece en el organigrama, es un disparate absoluto. Yo no me preocupé más porque cuando nuestro papel durmió el sueño de los justos, yo me dediqué a mis cosas. Sé que Ignacio González es un currante que puede hacer daño a personas muy, muy, muy sinvergüenzas.
(www.elpais.com, 23/01/09)
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