ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO Y SUS VINCULACIONES CON EL CASO EÓLICAS
Las investigaciones sobre este caso se remontan al año 2017 cuando la fiscalía presentó una querella contra varios ex altos cargos de la Consejería de Economía y Hacienda en la época de Juan Vicente Herrera -el extitular de esta Consejería, Tomás Villanueva, falleció durante la instrucción del caso- y empresarios del sector de los parques eólicos. La supuesta 'trama eólica' tiene su origen cuando la Junta de Castilla y León entendió que el sector de las energías renovables y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad Autónoma, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable, por lo que decidió favorecer una importante entrada de empresas de la Comunidad en las promotoras de parques eólicos.
Tras casi 3 años investigación el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha encausado a 17 personas por posibles delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y pertenencia a organización criminal, entre ellos Rafael Delgado, viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y secretario general entre 2007 y 2011; los hermanos Alberto y Francisco Esgueva y Germán Martín Giraldo, todos ellos también encausados en el denominado caso de 'La Perla Negra' pendiente de fecha de juicio.
Junto a Delgado y los hermanos Esgueva y Martín Giraldo figuran también como investigados el abogado y supuesto testaferro del primero, Jesús Rodríguez Recio; el empresario Marc Nodelar, de Solar Land Word SL; el también industrial y director general de Deportes de la Junta hasta 2003 y cofundador de Villardefrades Eólica, Andrés Martín de Paz; Ricardo Bravo, representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables; los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente, de la empresa Collosa; el también empresario César Hernández Chico; Carlos Galdón Cabrera, propietario de Avanzalia Solar; María del Mar Moreno Fernández, esposa de Alberto Esgueva; Manuel Ordóñez, exdirector de Energía y Minas de la Junta; Rafael Icaza, de Ibercyl, y Pedro Barriuso, de Biovent.
En las Cortes Regionales, a trancas y barrancas, ha venido funcionando una Comisión de Investigación que tras la disolución anticipadas han quedado en el aire .
DOCUMENTOS DE CONSULTA PARA AMPLIAR CONOCIMIENTOS. COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CORTES DE CASTILLA Y LEON
LAS NOTICIAS. ENERO 2022
LA MESA DE LAS CORTES RECHAZA QUE MAÑUECO DÉ EXPLICACIONES SOBRE ‘LA TRAMA EÓLICA’ EN EL PLENO
EL JUEZ DE LA TRAMA EÓLICA ABRE JUICIO ORAL E INCLUYE A LA JUNTA COMO RESPONSABLE CIVIL SUBSIDIARIO
LA FÍSCALÍA PIDE 42 AÑOS DE CÁRCEL PARA UN EXVICECONSEJERO DE CASTILLA Y LEÓN POR CORRUPCIÓN
HACIENDA DETECTA COMISIONES EN LA AUTORIZACIÓN DE PARQUES EÓLICOS
El caso más grave de corrupción del Gobierno de Juan Vicente Herrera tenía su epicentro en la Consejería de Economía, que obligaba a las eléctricas a asociarse con empresarios de la comunidad para autorizar sus parques
Hicieron falta 15 años y mirar hacia otro lado para que desde la Junta de Castilla y León se fraguase el mayor caso de corrupción conocido hasta la fecha. Con la Trama Eólica antiguos cargos del Gobierno autonómico del PP se repartieron mordidas de 75 millones de euros entre los años 2000 y 2015. Tras cuatro años de investigación judicial, y con el juicio pendiente de señalar hay varias certezas: que 16 personas tendrán que responder ante el juez por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, extorsión y contra la Hacienda Pública y que el epicentro estaba en la propia cúpula de la Consejería de Economía de Castilla y León, que según el entonces presidente, Juan Vicente Herrera, no estaba "en el mapa de la corrupción".
La trama, que denunció la Fiscalía Anticorrupción tras el informe de un inspector de hacienda, consistió en dar salida a parques eólicos en los que hubiese empresarios de Castilla y León elegidos en la Consejería. Las eléctricas como Endesa e Iberdrola o los promotores de energías renovables tenían que asociarse con ellos. De otro modo, la tramitación se estancaba.
Según el juez, el viceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, junto al entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, ya fallecido, y el responsable de una filial de Iberdrola, Ricardo Bravo Sayas, establecieron un plan porque "en la Junta de Castilla y León se entendió que el sector de las energías renovables y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la comunidad autónoma, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable, por lo que el gobierno autonómico decidió favorecer una importante entrada de empresas de la comunidad en las promotoras de parques eólicos".
Participaciones del 40% de empresarios locales y excargos de la Junta
Así, se exigió a promotores que cediesen o permitiesen la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que debía ser próxima al 40%. El principal imputado es Delgado, que mediante una instrucción de avocación, se arrogó la capacidad de autorizar parques, en lugar de los jefes de Industria de cada provincia. Para controlar la marcha de las negociaciones y fusiones, se creó un documento llamado "semáforo" en el que se iba marcando qué parques tenían vía libre.
Las empresas por las que apostó la Junta fueron aquellas que pertenecían a personas con las que tenían relación. Entre esas personas estaban los hermanos Francisco y Alberto Esgueva. Este último había sido el consejero delegado de la Oficina de Internacionalización de la Junta hasta 2006, y fue el mayor beneficiado en la trama. Esgueva se asoció con Iberdrola, constituyendo una sociedad en la que aportó poco más de 24.000 euros. Una vez autorizado el parque eólico, vendió su parte a la eléctrica. El 'pelotazo' fue de 47 millones de euros. Con ese dinero, y el de la venta de otro parque más, se estableció en Polonia, donde se dedicó a construir edificios y donde seguía hasta hace unos meses al menos.
Esgueva tuvo un paso por la Junta más que discutible entre 2003 y 2006. Un ejemplo es que mientras trabajó para la administración facturó sus servicios a través de una SL, y que aunque se le contrató por un salario anual de 56.000 euros, en cuestión de siete meses se le aumentó un 114%, hasta los 120.000 euros más iva.
Otro de los elegidos fue el exdirector general de Deportes de la Junta, Andrés Martín de Paz, que suscribió un acuerdo con Ibercyl, filial de Iberdrola para crear un parque eólico en una finca de su propiedad. La eléctrica puso el 80% del capital. En 2007, De Paz le vendió sus acciones y ganó con ello 3,7 millones que le fueron ingresados en los ejercicios de 2010, 2011 y 2012.
Aparecen también los hermanos propietarios de la constructora Collosa, Alejandro, Miguel Ángel y Patricio Llorente, y promotores inmobiliarios que están también acusados junto a Rafael Delgado en otro juicio de corrupción que afecta a la Consejería de Economía, el caso Perla Negra.
Que la Junta miró hacia otro lado se demostró con una carta de un promotor de parques dirigida al presidente Herrera en el año 2006 y que nunca obtuvo respuesta. El responsable de Ibervento, una empresa de energía renovable, relataba la "injusta discriminación sufrida con respecto a otras empresas del sector, dando lugar a una totalmente irregular aplicación del decreto para la tramitación Parques Eólicos en la comunidad". La mercantil, formada por capital español y alemán, inició la tramitación de dos parques en Burgos, Cantiruela y Las Pardas, en el Páramo de Masa, el 20 de abril de 2001. Tras superar las distintas fases que lleva aparejadas la concesión de un parque, consiguió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en mayo y junio de 2003.
Con la DIA favorable, lo único que faltaba era la firma de la autorización que, según el decreto 189/1997, no podía tardar más de tres meses, pero que se retrasó tres años y solo se obtuvo cuando el parque cambió de propietarios. "Hemos cumplido con todos los requerimientos sugeridos por los responsables de la Consejería de Economía", decía, "pero hemos llegado a un punto en el que los requerimientos propuestos, además de ser considerados por nosotros como un abuso de poder por la Administración, no pueden ser entendidos ni como enriquecedores para el desarrollo de nuestra empresa ni para el desarrollo socioeconómico del conjunto de la sociedad de Castilla y León", avisó. El parque quedó en manos de Endesa y de los hermanos Collosa, momento en el que salió adelante.
Testaferros y sociedades en paraísos fiscales
Delgado, siempre según el sumario judicial, desde los años 2006 a 2011 dispuso de "bienes y cantidades de dinero cuya importancia no guarda relación con los ingresos que percibió por su trabajo en la Junta de Castilla y León ni con su actividad profesional posterior" y que se atribuyen a la "actividad ilícita". Hay pagos de lujosos vehículos al contado, abonos de hipotecas, compras de viviendas... y también pagos y movimientos de dinero a través de un entramado de sociedades y cuentas bancarias en Mónaco y Suiza y en los que colaboró un abogado amigo suyo al que se considera testaferro. Desde una sociedad a nombre de ese abogado se hicieron donativos al colegio privado al que asistían los hijos de Delgado: 21.605,35 euros en el año 2011, 21.900,36 en el año 2012 y 24.000 en el año 2013. Por otro lado, se considera que las declaraciones de Hacienda de 2011, 2012 y 2013, con resultado a devolver en las dos últimas, no se corresponden con los ingresos reales, y que canalizó rentas a través de distintas sociedades.
Delgado, que se enfrenta a una petición de pena de 42 años de prisión y multas de 239 millones de euros como principal acusado, siempre ha negado su responsabilidad en los hechos y la ha trasladado al que fue su jefe, Tomás Villanueva, que murió repentinamente poco antes de declarar en calidad de imputado tanto en la Trama Eólica como en el caso Perla Negra. Sólo a él se le han encontrado operaciones que demuestran, según el juez, que recibió dinero de los empresarios, pero no de todos. Quedaría por averiguar por qué no todos los beneficiados por la trama pagaron a Delgado.
Además de Delgado, los otros 15 acusados se enfrentan a penas de prisión que suman 138 años, si bien son especialmente llamativas las multas, de 835 millones en total.
Entre los encausados está también el propio Gobierno autonómico, como persona jurídica y responsable civil subsidiario. El juzgado le exigió una fianza de 24,1 millones de euros: 11,2 de forma solidaria con Iberdrola; 7,8 con Sinae Inversiones Eólicas y 5 millones con Parque Eólico La Boga SL, sociedades beneficiadas por la trama. Pero finalmente no será necesario que adelante el dinero. La fianza es una forma de garantizar que el condenado hará frente a las multas que se le impongan, algo que se da por hecho en administraciones, con capacidad económica suficiente para asumirlas.
La Fiscalía ha dado con una parte muy escasa del botín en manos del exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado
La Fiscalía Anticorrupción ha conseguido a medias el objetivo de su querella contra exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios por la Trama Eólica, en la que las eléctricas pagaron importantes mordidas a empresas locales para que el Gobierno autonómico autorizase parques eólicos. Desde el primer momento el fiscal Tomás Herranz situó en centro de la trama a Rafael Delgado, que fue viceconsejero de Economía y secretario general de la consejería entre 2003 y 2011, y que desde 2006, mediante la fórmula administrativa de la avocación, se hizo con la potestad de adjudicar parques eólicos, que antes recaía en funcionarios de la Junta. Acabada la instrucción, en su escrito de acusación el fiscal da un paso más y concluye que, efectivamente, la Junta de Castilla y León "decidió favorecer una importante entrada de empresas de la Comunidad Autónoma en las sociedades promotoras de parques eólicos" y que fue Delgado, "siguiendo instrucciones del consejero de Economía, Tomás Villanueva", fallecido durante la investigación, el que "aprovechó la ocasión, en plan ideado junto con el acusado Ricardo Bravo Sayas", directivo de Iberdrola.
La operativa pasaba por obligar a promotores privados y a compañías eléctricas a asociarse con empresarios de Castilla y León, sólo así se autorizaban los parques. Posteriormente, estos empresarios locales, sin haber movido un dedo para llevar a cabo esos parques, vendían sus participaciones a esos promotores o compañías. El modus operandi llevó a algunos empresarios foráneos a referirse a la Comunidad como "Sicilia y León". Pese a todo, nadie del Gobierno autonómico se dio por enterado, y no por el silencio de los afectados. Tal y como publicó elDiario.es el entonces presidente, Juan Vicente Herrera, fue alertado por un promotor de que se estaba produciendo un "abuso de poder". "Hemos cumplido con todos los requerimientos sugeridos por los responsables de la Consejería de Economía", decía, "pero hemos llegado a un punto en el que los requerimientos propuestos, además de ser considerados por nosotros como un abuso de poder por la Administración, no pueden ser entendidos ni como enriquecedores para el desarrollo de nuestra empresa ni para el desarrollo socioeconómico del conjunto de la sociedad de Castilla y León", avisó. "Por no aceptar dichos requerimientos, que, parece ser tienen su única motivación en la nacionalidad de los socios de Ibervento, nuestros proyectos no han llegado a fructificar", relataba a Herrera. El presidente ni siquiera contestó-
Según el fiscal, el montante total de las mordidas que pagaron las eléctricas asciende a 75 millones. Lo que no se aclara es qué ganó la Junta favoreciendo a esos empresarios, entre los que cita a los hermanos Llorente, de la constructora Collosa, como los únicos interesados en el negocio eólico, o cuál era el objetivo final.
Delgado, un testaferro y operaciones internacionales enmarañadas
Sí aparece qué ganó Delgado, y no fue poco. Desde los años 2006 a 2011, dice el fiscal, dispuso de "bienes y cantidades de dinero cuya importancia no guarda relación con los ingresos que percibió por su trabajo en la Junta de Castilla y León ni con su actividad profesional posterior" y que se atribuyen a la "actividad ilícita". Delgado dejó el Gobierno autonómico en 2011 y constituyó las sociedades Delgado Núñez Consulting SL y Samuño Activos SL. A su vez, el abogado Jesús Rodríguez Recio, amigo personal de la infancia, constituyó Tough Trade cuyo objeto social es la “Asesoría, ingeniería, instalación, producción y mantenimiento de proyectos del sector de energía renovable, estudios y proyectos medioambientales, contratación y realización". Señala el discal que Rodríguez Recio no tenía conocimientos ni experiencia alguna en esa materia, y que tampoco consta que Tough Trade. desarrollara actividad mercantil alguna ya que no se dio de alta en ningún epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas hasta el año 2015, en el que lo hizo en el correspondiente a “otros servicios técnicos ncop”. El principal proveedor de fondos en las cuentas bancarias de Tough Trade ha sido la sociedad suiza Nehmo Holding SA. Según el fiscal, el abogado actuó como testaferro de Delegado entre 2006 y 2015 y las dos sociedades de Delgado y la de Rodríguez Recio fueron utilizadas por el primero para disponer de las cantidades que había recibido por intervenir en las autorizaciones de los parques en favor de empresarios locales.
Uno de esos empresarios fue Alberto Esgueva, que como Delgado, había sido alto cargo de la Consejería de Economía hasta que decidió hacer negocios por su cuenta. Esgueva es el mayor beneficiario de la trama y se hizo con 53 millones de euros. Entre las sociedades de Esgueva -que emprendió importantes proyectos de construcción en Polonia-, Delgado y Rodríguez Recio hay enmarañadas operaciones por cantidades de hasta un millón de euros y traspaso de pisos. Cómo se benefició Delgado, que compró coches de alta gama pagando hasta 55.000 euros al contado sin que se conozca la procedencia del dinero, o una tele de casi 20.000 euros, se entiende bien con el resumen que hace la Agencia Tributaria. En las declaraciones de Hacienda de los años 2011, 2012 y 2013 figuran como rendimientos de trabajo 53.954,54, 24.000,00 y 14.200 euros, respectivamente. Además declaró otros pequeños ingresos por rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario que suponían unas bases imponibles de 52.157,93 euros; 20.083,11 euros y 9.522,59 euros. De esa forma, el resultado de las declaraciones fue a devolver en 2011(2.963,91 euros) y en 2012 (357,40 euros)y a ingresar en 2013 (71,65 euros).
Sin embargo, la AEAT estima que las cuotas tributarias por su IRPF que correspondían a los verdaderos ingresos de Rafael Delgado en dicho periodo eran 104.332,76 euros, 128.647,45 euros y 206.700,38 6 respectivamente al entender que la suma de ingresos derivados de las sociedades de las que es socio y administrador Delgado, así como los gastos asumidos directamente por Tough Trade -que llegó a efectuar donaciones de hasta 20.000 euros para el colegio de los hijos de Delgado o a pagarle los suministros de una de sus viviendas- sin contraprestación alguna, supone importes por 113.000 euros en 2011, 256.000 euros en 2012 y 314.000 euros en 2013. Ganancias no justificadas de 205.803,45; 105.336,00 y 395.737,13 y rendimientos netos reducidos derivados de actividad económica por importe de 26.668,00 € en 2011 y 126.138,00 € en 2012. Al cálculo anterior debe añadirse el importe de 45.400 euros por ingresos en efectivo producidos en la cuenta bancaria de Tough Trade en el año 2011, de origen no justificado, que incorporados a la renta de Rafael Delgado supondría una cuota defraudada en ese ejercicio de 124.762,76.
Quién se repartió el botín
Así, parece obvio que Delgado ganó una cantidad muy escasa respecto a los beneficios que obtuvieron los empresarios encartados y que suman 75 millones. Sólo caben dos posibilidades y no son excluyentes. Una es que no se haya conseguido dar con todo el patrimonio del exviceconsejero, y otra que el botín se repartiese entre más personas. Es en este punto en el que el Ministerio Público y el juez instructor se han visto con las manos atadas, pues aunque apunta a que el cerebro del plan es Tomás Villanueva, no ha sido posible investigar su patrimonio, al fallecer este durante la instrucción y extinguirse así su responsabilidad penal.
Por otro lado, y aunque las causas se han instruido por separado pero compartiendo parte de la información, tanto la Trama Eólica como Perla Negra, el caso del edificio de la Consejería de Economía con un sobrecoste millonario, comparten protagonistas. En ambos procedimientos figuran como acusados Rafael Delgado, los hermanos Francisco y Alberto Esgueva, y Germán Martín Giraldo. Villanueva estuvo imputado hasta su muerte.
LA MESA DE LAS CORTES RECHAZA QUE MAÑUECO DÉ EXPLICACIONES SOBRE ‘LA TRAMA EÓLICA’ EN EL PLENO
Luis Fuentes se abstuvo primero y después votó en contra y Patricia Gómez (PSOE) lo acusa de tomar una “decisión arbitraria y sectaria”
La Mesa de las Cortes de Castilla y León rechazó hoy la petición de comparecencia formulada por el Grupo Socialista para que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, diera explicaciones tras la apertura de juicio oral por la conocida como ‘trama eólica’ y el auto del juzgado que señala una responsabilidad subsidiaria del Gobierno autonómico, según informa ICAL.
Tras conocerse la apertura de juicio oral y de que la Junta debe pagar una fianza de 24 millones por responsabilidad subsidiaria vinculada a la autorización de licencias para la instalación de parques eólicos en Castilla y León, el Grupo Socialista exigió la comparecencia de Fernández Mañueco al considerar, entre otros argumentos, que “siempre estuvo ahí”.
La solicitud socialista se vio esta mañana en la Junta de Portavoces, en la que PP y Cs “no manifestaron su opinión”, según explicó la socialista Patricia Gómez, si bien en la posterior reunión de la Mesa de la Cámara se rechazó con el voto en contra también del presidente de la Cámara, que ante había expresado que su posición era de abstención.
De la abstención al "no"
Desde la Presidencia de las Cortes se confirmó que el voto inicial de Luis Fuentes fue la abstención y luego, tras abrirse un debate en la Mesa, optó por el “no”, con lo que la petición de comparecencia decayó con cuatro votos en contra y dos a favor de los miembros socialistas. “Ha sido una decisión arbitraria y sectaria”, acusó Patricia Gómez, que añadió que ya están acostumbrado a que el presidente de la Cámara “actúe así”.
Fuentes socialistas de la Mesa de las Cortes, consultadas por Ical, calificaron de “surrealista” que el presidente se decantara como arbitro por la abstención -lo que suponía tres "noes", dos "síes" y una abstención, que igualmente se habría rechazado- y “a los tres minutos” cambiara ese voto por el “no”.
La Mesa de las Cortes está formada por dos miembros del PP (Francisco Vázquez y Óscar Reguera), dos de Ciudadanos (Luis Fuentes y Marta Sanz) y dos del PSOE (Ana Sánchez y José Francisco Martín). Así la votación fue de cuatro votos en contra y dos a favor y la comparecencia del presidente de la Junta quedó desestimada.
EL JUEZ DE LA TRAMA EÓLICA ABRE JUICIO ORAL E INCLUYE A LA JUNTA COMO RESPONSABLE CIVIL SUBSIDIARIO
El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid ha dictado apertura de juicio oral a 17 investigados en la denominada trama eólica en Castilla y León, entre los que se encuentran cinco exaltos cargos de la Junta y 11 empresarios, a quienes solicita fianzas que suman más de 800 millones de euros y, además, incluye a la Junta como responsable civil subsidiario.
Los 17 encausados en esta causa de corrupción -uno más de las solicitadas por la Fiscalía- deberán abonar esas fianzas antes de diez días para evitar que se les embarguen sus bienes y que en el caso del principal investigado, Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía y a quien la Fiscalía solicita penas que suman los 42 años por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, extorsión y blanqueo de capitales, superan los 342 millones de euros.
Según el auto al que ha tenido acceso Efe, el juez considera a la Junta de Castilla y León responsable civil subsidiario en esta trama vinculada a la concesión de licencias para la instalación y construcción de parques eólicos y le solicita 24,1 millones de euros de fianza, de los cuales 11,2 debe abonar de forma solidaria con las empresas Iberdrola y Sinae y Parque eólico La Boga.
Las investigaciones sobre este caso se remontan a 2017 cuando el juez comenzó a instruir esta causa en la que están involucrados varios excargos de la Consejería de Economía y Hacienda en la época de Juan Vicente Herrera -el extitular de esta Consejería, Tomás Villanueva, falleció durante la instrucción del caso- y empresarios del sector de los parques eólicos.
El fiscal anticorrupción siempre ha apuntado al exconsejero y a su viceconsejero, Rafael Delgado, como los máximos responsables políticos de esta trama al diseñar un plan con empresarios para favorecer una importante entrada de empresas de la Comunidad en las sociedades promotoras de parques eólicos.
Según la Fiscalía Anticorrupción, la finalidad se dirigía a exigir "ilegalmente", a los promotores cuyos parques tenían visos de autorización, ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto "bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización", una participación que se requería fuera próximas al cuarenta por ciento, argumenta.
El objetivo consistió también en seleccionar y favorecer "ilegalmente" a empresas pertenecientes a personas con las que tenía una especial relación, para lo que actuó concertadamente con los acusados Francisco y Alberto Esgueva, Andrés Martín Paz, Germán Martín Giraldo o los hermanos Miguel Ángel, Alejandro y Patricio Llorente, para que fuera transferida una importante participación en parques cuya autorización se había previsto.
El fiscal afirma además que, salvo los Hermanos Llorente, ninguno de los citados empresarios, amigos de Rafael Delgado o Tomás Villanueva, estaba interesado en participar activamente en el negocio eólico, como acredita que su permanencia en las entidades promotoras fuera temporalmente muy corta (poco más de un año) e impropia de una inversión industrial y, de otra parte, esa permanencia no supusiera ninguna aportación empresarial en esas entidades.
La Fiscalía Anticorrupción demanda las siguientes penas:
-Rafael Delgado. Exviceconsejero de Economía. Penas que suman 42 años por delitos continuados de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, además de seis delitos de extorsión y uno de blanqueo de capitales.
-Manuel Ordóñez. Exdirector de Energía y Minas. Diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de diez años por un delito continuado de prevaricación.
- Jesús Rodríguez Recio. Abogado y empresario. Seis años de cárcel por blanqueo de capitales, uno por un delito continuado de tráfico de influencias y otro año y seis meses por un delito continuado de cohecho.
-Alberto Esgueva. Exconsejero delegado de Excal. Seis años por un delito continuado de cohecho y seis años por blanqueo de capitales.
-Francico Esgueva. Expresidente del Parque Empresarial de Portillo. Seis años por un delito continuado de cohecho como cooperador necesario.
-Marc Nadelar. Administrador de empresas. Cuatro años por blanqueo de capitales.
-Germán Martín Giraldo. Exadministrador de Urban Proyecta. Seis años de cárcel por un delito continuado de cohecho en calidad de cooperador necesario y otros seis años por blanqueo de capitales.
-Andrés Martín Paz. Director general de Deportes entre 1999 y 2003. Seis años por un delito continuado de cohecho como cooperador necesario.
-César Hernández Chico. Empresario. Cuatro años por delito continuado de cohecho y un año por tráfico de influencias.
-María del Mar Moreno. Exmujer de Alberto Esgueva. cuatro años por un delito continuado de cohecho.
-Patricio Llorente. Empresario. Seis años por un delito continuado de cohecho como cooperador necesario.
-Alejandro Llorente. Empresario. Seis años por un delito continuado de cohecho como cooperador necesario.
-Miguel Ángel Llorente. Empresario. Seis años por un delito continuado de cohecho como cooperador necesario.
-Ricardo Bravo. Exdirector de Ibercyl. Seis años por un delito continuado de cohecho.
-Rafael Icaza de la Sota. De Ibercyl. Seis años por un delito continuado de cohecho.
-Pedro Barriuso. De Ibercyl. Seis años por un delito continuado de cohecho. EFE
LA FÍSCALÍA PIDE 42 AÑOS DE CÁRCEL PARA UN EXVICECONSEJERO DE CASTILLA Y LEÓN POR CORRUPCIÓN
Rafael Delgado y otros altos cargos están acusados de exigir sobornos a los promotores de molinos de viento y beneficiar a empresarios afines
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena total de 42 años de prisión y multas que suman 239 millones de euros para Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, por la conocida como “trama eólica”, la red de cobro de sobornos a cambio de licencias para instalar parques eólicos que comenzó a investigarse en 2017. Delgado, que fue viceconsejero y también secretario general de Economía entre 2003 y 2011, se sentará en el banquillo de los acusados junto con otros 16 antiguos altos cargos y empresarios de la comunidad. En la causa, que se juzgará en la Audiencia Provincial de Valladolid, se investigan delitos de prevaricación, contra la Hacienda pública, cohecho, blanqueo de capitales o tráfico de influencias.
Una de las claves del escrito del fiscal Tomás Herranz radica en el papel del exconsejero de Economía y de una figura clave en los gobiernos de la comunidad durante varios años, Tomás Villanueva, que falleció en septiembre de 2017 a los 64 años. En aquella época gobernaba el presidente Juan Vicente Herrera, del PP.
Anticorrupción considera que Villanueva dirigía la trama con el apoyo de Delgado y de Ricardo Bravo, alto cargo de Iberdrola y también acusado. Su supuesta estrategia consistía en exigir a los promotores con terrenos candidatos a albergar parques eólicos “que cedieran o permitiesen la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenazas de no obtener la autorización”. Según el escrito del fiscal, la participación requerida rondaba el 40% del total.
Rafael Delgado, según el ministerio público, cometió tres delitos continuados de cohecho, seis delitos de extorsión, otro de prevaricación, otro de tráfico de influencias, dos contra la Hacienda pública y uno más de blanqueo. Otros acusados también cuentan con vinculación con la Junta: el exdirector de Deportes Andrés Martín Paz o el responsable de Energías y Minas, Manuel Ordóñez.
Delgado, aprecia el fiscal, ordenó en 2003 a los encargados del área de Industria que no otorgasen más autorizaciones de explotación eólica y los emplazó a crear una instrucción para que fuese él mismo quien tuviese capacidad de asignarlas. El fiscal cree que, a partir de este movimiento, Delgado pudo conceder las licencias durante su etapa como viceconsejero tanto de forma directa como dando órdenes a los jefes de servicio.
La portavoz socialista en la comisión que investiga estas presuntas irregularidades en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez, resaltó que las indemnizaciones que se piden rozan los 850 millones de euros. Gómez insistió en que su partido “no se equivocaba” al apuntar al PP como implicado en estos delitos. El vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea (de Ciudadanos, partido que gobierna en coalición con el PP), expresó su confianza en la justicia y en que se “cumplan penas”, si bien ha precisado que ningún miembro actual del Ejecutivo autonómico está afectado por este caso.
El presidente de la comisión se negó a señalar comparecencias de los altos cargos presuntamente implicados hasta que la oposición no retire la petición que haría declarar a Juan Vicente Herrera
La oposición quiso que la comisión la presidiese el PSOE pero el reglamento no lo permite: si hay un empate en votos, preside el partido más votado
El portavoz argumentó primero que Herrera no tenía por qué declarar y ahora, que no tiene sentido que comparezcan altos cargos antes de su declaración en sede judicial
La comisión de investigación que se constituyó en las Cortes de Castilla y León para clarificar las responsabilidades políticas en la trama eólica está paralizada desde hace nueve meses.
Se trata de dirimir las circunstancias en que ex altos cargos de la Junta se repartieron 110 millones de euros en comisiones de las compañías eléctricas tras aliarse con ellas en sociedades para conseguir las autorizaciones para los parques y el PP bloquea cualquier avance.
El objetivo es salvar al presidente, Juan Vicente Herrera, de una comparecencia a la que él mismo llegó a ofrecerse, desafiante, en un pleno de las Cortes el pasado mes de febrero. La portavoz del PSOE recriminaba al responsable del Ejecutivo la falta de claridad en el caso y su no comparecencia. "Ni la Junta ni el presidente se han negado a comparecer en una comisión de investigación pero en este caso no ha sido solicitada, han sido ustedes muy torpes y pretenden utilizar un subterfugio para manchar la honra", respondió Herrera.
La reacción de la oposición (PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos) fue inmediata: solicitó esa comparecencia. Desde entonces el PP ha realizado un sólo movimiento en el tablero: intentar que la petición se retire.
La situación para el Partido Popular, que preside la comisión y por lo tanto decide sobre quienes deben dar explicaciones y quienes no, es complicada. No quiere que Herrera se exponga ante la oposición para explicar qué pasaba en la Consejería de Economía.
La comisión no sólo se ocupa de la trama eólica, también del 'caso Perla Negra-Polígono de Portillo'. Hay 26 empresarios y ex altos cargos investigados por los sobrecostes millonarios de un edificio de Economía que además fue 'amueblado' por Unifica, el estudio de arquitectura que reformó en negro la sede del PP en Madrid, y a quien se pagó 4,2 millones de euros sin concurso alguno. Los sobrecostes se investigan también en la compra de unos terrenos para un polígono. La Junta pagó el triple.
En ambos asuntos los sospechosos son los antiguos responsables de Economía y una serie de empresarios afines. A la cabeza está Tomás Villanueva, que no ha sido citado en ninguna de las dos causas pero sí señalado por quien fue su mano derecha, el exviceconsejero Rafael Delgado, y que está investigado. Según los escritos que ha hecho llegar al juzgado, Delgado, que mediante la figura administrativa de la avocación, se capacitó para adjudicar todos los parques eólicos de la Comunidad y firmó los pagos a Unifica, tal y como desveló este diario, todo lo que hizo fue cumplir órdenes de Villanueva.
Herrera tendría que explicar qué ocurrió exactamente cuando el que, en el momento de los hechos, era vicesecretario de la Agencia de Inversiones y Servicios, hoy delegado territorial de la Junta, Pablo Trillo, se reunió con él para advertirle que el precio de alquiler del edificio conocido como Perla Negra era desorbitado.
Aunque la Junta acabó optando por la compra, no se ha explicado por qué en un principio se había apostado por una renta "disparatada" y por qué la Intervención General del Estado ha detectado que las facturas se pagaron dos veces. O lo que es lo mismo: iba a resultar muy caro con el alquiler y resultó muy caro en su compra. La Fiscalía apunta varios delitos que van desde la malversación hasta la falsedad documental.
No sólo eso. El presidente de Castilla y León también debería que afrontar preguntas sobre la carta que recibió de un empresario de parques eólicos y que desveló eldiario.es.
En la misiva, el afectado comunicaba a Herrera, entre otras cosas, que se estaba produciendo un "abuso de poder" en la autorización de parques. Herrera se vio obligado a convocar una rueda de prensa tras las dos informaciones, pero sorteó la mayoría de las preguntas alegando desconocer detalles. En una comisión de investigación, esquivar las interpelaciones sería algo más complicado.
La negativa del PP es, más que una postura, una imposición. Preside esa comisión porque el reglamento establece que si se produce un empate para votar qué partido está al frente, directamente pasa al grupo con más parlamentarios.
Hace unos días se sustituyó al presidente porque ha pasado a ser procurador. Todos los grupos de la oposición propusieron al socialista José Francisco Martín, pero el reglamento es el que es: la presidencia sigue en manos del PP. El portavoz popular en la comisión, Raúl de la Hoz, justificó el retraso en el señalamiento de comparecencias aduciendo que la mayoría de los citados no han declarado aún en sede judicial.
De 145 comparecencias solicitadas por la oposición, el PP sólo ha dado el sí a 43. Que se materialicen o no, es otra cuestión. Mientras tanto, Podemos y Ciudadanos se plantean si tiene sentido que formen parte de lo que consideran "un paripé", y el PSOE lamenta que se esté "dejando morir" un instrumento democrático para la asunción de responsabilidades políticas.
https://www.eldiario.es/politica/pp-investigacion-presidente-castilla-leon_1_3726454.html
HACIENDA DETECTA COMISIONES EN LA AUTORIZACIÓN DE PARQUES EÓLICOS
La Agencia Tributaria denuncia una trama de 110 millones en Castilla y León Cargos regionales y constructores afines agilizaron trámites tras los pagos
La Agencia Tributaria ha denunciado a la Fiscalía Anticorrupción el presunto pago de comisiones para facilitar la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Un informe de 94 folios elaborado por la inspección de la Agencia Tributaria y fechado el pasado 30 de diciembre al que ha tenido acceso este diario concluye “la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo” que cobraron de las eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en esa comunidad.
Hacienda incluye en esa organización a “autoridades públicas de Castilla y León”, “las empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques”, “los intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones administrativas precisas” y “las sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones por importe superior a 110 millones de euros”.
El informe detalla siete operaciones en las que las eléctricas terminan pagando a empresarios locales o altos cargos estas cantidades directamente o mediante la transmisión de acciones en sociedades creadas para la explotación de los parques y sin que se produzca ninguna contraprestación o actuación concreta.
Comunidad líder
Castilla y León es la comunidad con más megavatios eólicos instalados, 5.560, un 25% del total de Espala.
Los parques eólicos tienen garantizadas primas que pagan los consumidors en el recibo de la luz durante 25 años de funcionamiento.
La eólica recibió en 2014 unos 1.250 millones de euros en primas, de un total de 6.500 para el resto de tecnologías renovables, los residuos y la cogeneración.
Según la potencia instalada, a los parques eólicos de Castilla y León el año pasado les correspondieron alrededor de 300 millones en primas.
En 2014, la eólica fue la segunda fuente de electricidad de España (un 20,4%), solo por detrás de la nuclear (21,2%).
Entre 2004 y 2009 la potencia eólica en Castilla y León se multiplicó por 2,5: pasó de 1.531 megavatios instalados a 3.952.
Cuando los parques eólicos no superan determinada potencia la aprobación ambiental y la autorización administrativa dependen de la comunidad autónoma.
Algunas comunidades realizaron concursos eólicos. Castilla y León optó por otro modelo: la Junta aprobaba los emplazamientos que presentaban los promotores en función de criterios ambientales y de la conexión a la red eléctrica.
La conclusión es que las eléctricas transfieren las acciones de las sociedad creadas de tal forma que “se multiplica por cientos de veces, incluso miles, el capital inicialmente aportado, sin que en la mayoría de los casos hayan llegado a instalarse los aerogeneradores para la producción de energía”.
La Agencia Tributaria ha detectado que entre los beneficiarios hay personas que entonces ocupaban cargos de responsabilidad en la Consejería de Economía de Castilla y Leon, la que autorizaba los parques.
Uno es el entonces viceconsejero, Rafael Delgado Núñez, el que firmaba las autorizaciones administrativas “en virtud de acuerdos de avocación específicos”. Este diario ha intentado sin éxito localizar a Delgado Núñez. Como muchos de los citados, sí que declaró ante la inspección. Allí afirmó que el proceso en esa comunidad había sido “altamente eficaz” porque apenas había recursos ante los tribunales y que valoraban que “las empresas solicitantes tuviesen interés regional”, siempre según el informe.
Sin embargo, el principal señalado por el documento es Alberto Esgueva, que fue hasta 2006 consejero delegado de Excal, empresa pública de la Junta dedicada a fomentar exportaciones. Su grupo empresarial es uno de los más beneficiados por las operaciones. Desde el pasado mes de septiembre reside en Polonia, donde dirige una empresa inmobiliaria. No ha querido hablar para este diario pese a las reiteradas peticiones a su secretaria.
El responsable de la Consejería de Economía es Tomás Villanueva, que lleva en el cargo desde 2003 y es considerado como la mano derecha del presidente autonómico, Juan Vicente Herrera (PP). Su nombre se menciona en el informe para señalar que Delgado Núñez “desempeñó un puesto muy importante en dos consejerías de la Junta de Castilla y León (Economía y Educación) cuya titularidad correspondió al consejero Tomás Villanueva, de manera que cuando el consejero cambiaba de consejería también lo hacía Rafael [Delgado], ya fuera como viceconsejero o secretario general”.
Un portavoz de la consejería señaló que desconocen todo sobre el informe, que por lo que saben las autorizaciones se dieron correctamente y que si hubo transferencias entre empresas eso no les consta. El consejero no quiso hacer declaraciones.
El inspector documenta multitud de pagos que tienen una respuesta inmediata en concesiones administrativas o decisiones de la Junta para poner en marcha los parques eólicos. En alguno de los casos, los pagos desbloquean decisiones que estaban pendientes desde hace más de seis años. En otros, al fin de la transmisión de las acciones le sigue la firma por Rafael Delgado solo dos días después de la autorización administrativa que estaba parada desde hace tres años.
El “sistema” de funcionamiento es que las eléctricas que querían instalar parques eólicos formaban empresas mixtas vehículo junto con cargos de la consejería o empresarios locales “relacionados con el poder autonómico”.
Lo hacían a pesar de que eran las propias eléctricas las que “presentan el proyecto, el estudio de impacto ambiental y actúan como promotoras del parque eólico, ya que son ellas las que realizan los estudios de medición del viento [...] y los que realizan la totalidad de los trámites administrativos para la obtención de los permisos, licencias y autorizaciones sin participación alguna de los empresarios de Castilla y León”.
Al asociarse con un empresario local o un alto cargo autonómico, agilizaban los trámites. Una vez conseguida la autorización para instalar el parque, las eléctricas recompraban las acciones a su socio local por un precio que multiplicaba el capital que estos habían desembolsado.
“Los hechos descritos parecen indicar que para que pudiera avanzar la tramitación administrativa y para que fuese otorgada la autorización de los parques eólicos fue preciso llevar a cabo una aparente asociación teledirigida con alguno de los grandes grupos económicos de la comunidad, propiedad de personas que habían desempeñado puestos de relevancia en sociedades participadas por organismos públicos integrados en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León (Caso de Alberto Esgueva Gutiérrez), bien habían desempeñado cargos de relevancia o bien tenían importantes relaciones económicas con las distintas consejerías de la Junta (Caso del Grupo Collosa y del Grupo Parqueolid)”, señala el inspector de Hacienda.
En esas conclusiones, el inspector asegura reiteradamente que “no nos encontramos ante relaciones empresariales normales, puesto que las relaciones observadas no son propias de la lógica mercantil” y deduce que son traspasos de fondos que “carecen total y absolutamente de motivo económico válido”. La investigación de Hacienda afecta a 35 parques eólicos aprobados entre 2004 y 2007. Sin embargo, hay pagos posteriores y llegan hasta 2009, conforme los aerogeneradores se pusieron en marcha.
Una de las empresas de renovables que más pagó por la instalación de parques eólicos es Preneal, una sociedad dirigida por el expresidente de Visa en España y ex secretario de Estado con la UCD, Eduardo Merigó. Ante Hacienda, este “manifestó en reiteradas ocasiones que su sociedad se sentía víctima del sistema”. Merigó no ha respondido a las múltiples llamadas de este diario.
Preneal pagó seis millones a San Cayetano Wind, empresa del alto cargo Rafael Esgueva, y lo hizo “sin obligación ni contraprestación alguna”.
También abonó siete millones a Cronos Global (propiedad al 50% de Esgueva). En diciembre de 2014, un representante de Preneal declaró ante Hacienda que esta firma era la que había hecho todos los trabajos, que “no necesitaba en absoluto la prestación de servicios por parte de ninguna otra sociedad” y que Cronos Global “no colaboró en ningún momento en la obtención de autorizaciones administrativa” “ni realizó ni presentó los proyectos de instalación de parques eólicos”. Esos parques siguen hoy sin estar aprobados, pero Cronos Global sí recibió siete millones de euros tras haber puesto 1,5 millones.
En esos años, Cronos Global tuvo un “importante movimiento de divisas impropio del final de una fase alta del ciclo económico y del inicio de la recesión. Baste decir que una sociedad que podría catalogarse de pequeña, tiene unas salidas de divisas por importe de 100 millones de euros (con destino a Polonia y en menor medida a Estados Unidos) y unas entradas de 38 millones”.
El otro 50% de Cronos Global pertenece a Luis María García Clerigó y su familia. Clerigó es presidente de Parqueolid, una constructora de Valladolid. Clerigó afirmó a este periódico que hace siete años tuvo un ictus y que no recuerda nada de aquello. Parqueolid ya está cerrada. Esta empresa, según Hacienda, recibió de la Consejería de Economía 50 millones por un edificio en el que reordenaba sus sedes. Hacienda ya remitió a la fiscalía esa operación. Por esto, un juzgado de Valladolid investiga las cuentas personales de Rafael Delgado, número dos de Economía durante ocho años e imputado en ese caso.
Preneal además pagó 10,48 millones al Grupo Collosa, una importante constructora de Valladolid, que había colocado 51.000 euros. “El inspector no ha encontrado ninguna prueba, siquiera indicios, de que entre ambas sociedades existiera una prestación de servicios por parte de Inverduero”. Un portavoz de Collosa señaló que “la empresa no tiene constancia de la existencia de ese informe y prefiere no opinar hasta conocerlo”.
No es solo Preneal la que pagó. Una de las filiales de Collosa, Inverduero, firmó en 2005 con Endesa un acuerdo para desarrollar parques eólicos. Fundaron Prodener I para construir un parque eólico en Burgos. La empresa local puso 15.000 euros y dos años y 26 días después Endesa recompró las acciones por 2,485 millones. Un portavoz de Endesa señala que han revisado el contrato y que no ven nada anómalo. Explica que por problemas de financiación de Inverduero decidió vender para no bloquear el proyecto y que lo hizo por 2,5 millones cuando estaba tasado en 4,2. “Actualmente, se mantienen con Inverduero otros dos proyectos eólicos, a través de Enel Green Power. Uno de ellos es anterior a esta operación y el otro, posterior. Ambos parques se encuentran operativos, por lo que queda patente que Inverduero no era ni es un socio financiero o instrumental, sino un socio claramente industrial local e implicado en el desarrollo de los proyectos, si bien tuvo que salirse del anteriormente mencionado por los problemas financieros que les afectaron en 2009”, explica por correo.
Collosa es una empresa que “se ha caracterizado por la realización de importantes operaciones comerciales con las distintas consejerías del Gobierno autonómico así como organismos dependientes de la Administración central y local”. Collosa participó con un 35% en la empresa que construyó el edificio de las Cortes de Castilla y León. Entre 2006 y 2007 facturó 134,4 millones a la Junta de Castilla y León. Además, uniones de empresas en las que participó Collosa facturaron otros 304,2 millones a la Junta en ese periodo.
Hacienda resalta que “todas estas actuaciones de aparentes opciones de compra, compras y ventas de valores culminan con traspasos de ingentes cantidades de millones a grupos económicos de Castilla y León y de la secuencia temporal del proceso administrativo y de los hechos descritos se puede inferir, presumiblemente, cierta correlación entre ambos”.
“Resulta cuanto menos sorprendente que en los meses previos al 12 de julio de 2007, cuando Rafael Delgado deja su puesto de viceconsejero de Economía, para ocupar el de secretario general de la misma consejería, se produjera la firma de un gran número de resoluciones, hecho que resulta inusual de haberse seguido la secuencia temporal que debería haber llevado el proceso de autorización de los parques”, añade.
Su conclusión es que “el exorbitante volumen de las cantidades de dinero transferido a los grandes grupos económicos de Castilla y León que, tomando en consideración, exclusivamente los siete casos expuestos sin perjuicio de que hayan existido muchos más, asciende a importes de 47, 35, 10, 7, 6, 4 y 2 millones de euros, en total más de 110 millones de euros, lleva a considerar que no nos encontramos ante el supuesto coloquialmente conocido como conseguidores, pues los importes transferidos, por lo exorbitante de los mismos, multiplican por decenas de veces los que son habituales en lo que se suele denominar como casos de comisiones ilegales”.
El inspector de la Agencia Tributaria concluye su informe recordando que su fin es investigar las deudas tributarias pendientes y que sus hallazgos pueden constituir “indicio o prueba de blanqueo de capitales”. Por eso lo envía a la Fiscalía Anticorrupción y al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía para que “continúen las investigaciones mediante el empleo de mayores medios”.
Iberdrola dio 47,1 millones a un alto cargo que puso 24.400 euros
La mayor operación eólica bajo la lupa de Hacienda es una realizada entre Iberdrola Renovables en Castilla y León, Ibercyl, y la empresa San cayetano Wind, propiedad de Alberto Esgueva. Este fue consejero delegado de la empresa pública Excal SA, dependiente de la Consejería de Economía, hasta 2006.
En 2005, mientras era alto cargo de la consejería que autoriza los parques eólicos, Alberto Esgueva fundó la empresa Energía Global Castellana. Lo hizo junto a Ibercyl, filial de Iberdrola en la comunidad. Esgueva puso 24.400 euros por el 40% del capital social e Iberdrola 36.600 por el 60% restante. Esgueva utilizó para ella su sociedad San Cayetano Wind, que tenía su sede en un edificio de Madrid “en el que ni estaba ubicada ni era conocida”. San Cayetano es el nombre de la empresa de la familia de Esgueva de fabricación de embalajes de cartón. Entre 2005 y 2008, Castilla y León autorizó a la empresa mixta la construcción de 18 parques eólicos en Soria, Burgos y León que suman 492 megavatios. En febrero de 2007, dos años después de constituir la sociedad, Iberdrola acuerda comprar las acciones de Esgueva por una cantidad que depende de los megavatios que instalen y de la producción eléctrica. La primera liquidación es de 13,595 millones de euros. La transferencia la tienen que firmar dos apoderados de Iberdrola dada la enorme cifra.
Hasta el 29 de octubre de 2009, Hacienda ha detectado 10 transferencias desde Iberdrola a San Cayetano Wind que suman 47,1 millones de euros. Una vez que la eléctrica obtuvo el 100% de las acciones de Energía Global Castellana la disolvió y se quedó con los parques eólicos que ella había desarrollado.
La Agencia Tributaria señala que “no ha encontrado ninguna prueba, ni siquiera indicios, de que existiera una prestación de servicios por parte de San Cayetano Wind a favor de Ibercyl”. Y considera “a todas luces inverosímil” que un alto cargo autonómico recibiera 47 millones de euros después de haber invertido 24.400.
Un portavoz de Iberdrola no quiso comentar al caso al desconocer si está en Anticorrupción. En sus alegaciones ante Hacienda, que figuran en el informe del inspector, Iberdrola asegura que Castilla y León es la comunidad en la que más rápido se tramitaban las autorizaciones de explotación y las gestiones administrativas.
https://elpais.com/politica/2015/04/19/actualidad/1429462202_517009.html
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