ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO: SIEMPRE ESTÁ DONDE SE LE ESPERA
los contratos para amigos y amigotes
EL PSOE TACHA DE «ESCÁNDALO» LOS CONTRATOS «A DEDO» DE LA JUNTA PARA LOS TEST DE ANTÍGENOS
CASTILLA Y LEÓN DA UN CONTRATO DE 2,34 MILLONES A UN MILITANTE DEL PP CON CARGO PÚBLICO EN LA JUNTA
CASTILLA Y LEÓN ADJUDICA LOS TEST DE ANTÍGENOS A TRES EMPRESAS, DOS DE EXCARGOS DEL PP
EL PSOE TACHA DE «ESCÁNDALO» LOS CONTRATOS «A DEDO» DE LA JUNTA PARA LOS TEST DE ANTÍGENOS
La denuncia de los socialistas se suma a la de los profesionales del sector | Es para «echarse las manos a la cabeza» que Sanidad aporte los test de antígenos a la empresa privada
Para el PSOE no hay duda, lo ocurrido en Castilla y León con la gestión privada de los test de antígenos es «un escándalo». Y algo más: «Es para echarse las manos a la cabeza».
Su punto de vista coincide con los profesionales del sector quienes, días atrás, denunciaron la falta de trasparencia en unos contratos «que se han dado a dedo». Esa falta de «publicidad y de oportunidad para competir en el concurso» es la misma que ahora denuncian los socialistas.
Sacyl facilita los test a las empresas
Para el procurador leonés Diego Moreno la situación no solo es abiertamente cuestionable en la adjudicación sino en los pliegos «que no se conocen y a los que no se ha dado publicidad».
En los últimos días ha trascendido además que es Sacyl quien facilita los test a la empresa privada, por lo que los costes se reducen de forma notable pese a tratarse de una adjudicación «con mucho margen económico» según el sector.
«Condiciones ventajosas»
En concreto la orden de contratación con Ambuibérica, una de las adjudicatarias de los «millonarios contratos», recoge la obligación de la consejería de Sanidad de facilitar los test de antígenos a la adjudicataria.
Los costes
«Son condiciones tan ventajosas que es un escándalo lo que se ha hecho», se remarca desde las empresas del sector que prefieren no identificarse «porque sabemos cómo luego se las gasta la Junta».
Según el informe de la Plataforma de contratación del Estado la Junta adjudicó tres contratos para la realización de test de antígenos en unidades móviles a las empresas Biomara por un importe de 2.340.000 euros, CSM Logística farmacéutica SL por 2.956.606,38 euros y Ambuibérica SLU por 1.096.875 euros.
«Sus amigos»
En la misma línea se mostrado Nuria Rubio este miércoles en una rueda de prensa. La socialista ha recordado cómo «hace unos días veíamos como privatizaban los test de antígenos, mientras el Gobierno limitaba su precio».
Rubio ha criticado que los 'populares' siempre buscan «favorecer a unos pocos» y ha lamentado que «luego vemos que son sus amigos o ex cargos del PP».
https://www.leonoticias.com/leon/psoe-tacha-escandalo-20220120095336-nt.html
Ramos Manzano es administrador único de Biorama Guijuelo y figura como consejero de la entidad Somacyl
Empresas del sector, oposición y sindicatos cuestionan abiertamente que las empresas adjudicatarias solo tengan que contar con personal y logística y sea Sacyl quien aporte los test
Fue el pasado día 13 de enero de 2022 cuando se hacía publica la adjudicación de un contrato de 2.340.000 euros por el procedimiento de negociado sin publicidad declarado por la consejería de Medio Ambiente como contratación de emergencia a la mercantil Biorama Guijuelo SL. El objeto del mismo no era otro que la realización de test de antígenos para la detección del SARS-CoV-2 en distintos puntos de la comunidad autónoma.
Biorama Guijuelo SL, según las distintas páginas web de consulta de datos fiscales y mercantiles, tiene como administrador único Francisco Julián Ramos Manzano exalcalde Guijuelo y exprocurador en las Cortes de Castilla y León por el Partido Popular.
Consejero de Somacyl
No es el único cargo que ostenta el militante popular vinculado a este área ya que según consta en la plataforma Informa, Ramos Manzano, aparece como consejero del Somacyl desde el 04/01/2018.
De acuerdo con esta información Somacyl, empresa pública perteneciente a la Junta de Castilla y León y dependiente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, le habría dado a la empresa de uno de sus consejeros un contrato directo por el importa de 2,34 millones.
Adjudicación por criterios de urgencia
La adjudicación se realizó atendiendo a criterios de urgencia si bien se desconoce si existe algún tipo de incompatibilidad entre la adjudicación del citado contrato y el cargo que ostenta Francisco Julián dentro de una empresa pública dependiente de la consejería que adjudicataria del contrato. Las consultas realizadas al respecto en la propia Junta no han obtenido aún respuesta.
https://www.leonoticias.com/leon/consejeria-fomento-adjudica-20220121200051-nt.html
CASTILLA Y LEÓN DA UN CONTRATO DE 2,34 MILLONES A UN MILITANTE DEL PP CON CARGO PÚBLICO EN LA JUNTA
La polémica adjudicación obliga a la Administración a aportar sus propios test de antígenos y parte de un consejero salpicado por el caso Enredadera
Un escándalo sacude los cimientos de Castilla y León en víspera de la contienda electoral. Según ha revelado León Noticias, el Ejecutivo regional ha adjudicado un millonario contrato a la compañía de un consejero de la empresa pública Somacyl que, además, es militante con cargo del PP, llevando a buen puerto la máxima de todo queda en familia. Para mas inri, todo parte de un consejero salpicado por la operación Enredadera.
El pasado 13 de enero se hizo pública la adjudicación de un contrato cuyo montante ascendía a 2,34 millones de euros. Se hizo por el procedimiento negociado sin publicidad y el objeto era la realización de test de antígenos par la detección del Covid-19 en distintos puntos de la geografía castellanoleonesa. El contrato se lo llevó Biorama Guijuelo SL, cuyo administrador único es Francisco Julián Ramos Manzano, exalcalde de Guijuelo y ex procurador en las Cortes de Castilla y León por el Partido Popular.
Y este no es el único cargo del militante genovés. Ramos Manzano figura, según el antes citado medio, como consejero de Somacyl desde el 4 de enero del 2018. Somacyl es una empresa pública que pertenece -y por ende, depende- de la Junta de Castilla y León, concretamente, de la consejería de Fomento y Medio Ambiente. En otras palabras, la empresa pública que depende del gobierno de Castilla y León le ha dado un contrato de 2,34 millones al consejero de una de sus empresas.
La citada información explica que la adjudicación si bien se realizó atendiendo a criterios de urgencia, se desconoce si existe algún tipo de incompatibilidad por el cargo que ostenta Ramos Manzano. Lógicamente, la maniobra ha provocado las protestas del sector. Empresas y sindicatos cuestionan el procedimiento, aunque evitan hacerlo públicamente por temor a posibles represalias del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.
Y es que, las condiciones del pliego del contrato son “tan ventajosas que es un escándalo lo que se ha hecho”, lamentan algunas compañías. El contrato obliga a la empresa a prestar los servicios logísticos y de personal, sin embargo, la Junta asume los gastos de los propios tests.
Un consejero salpicado
Otra de las sombras que sobrevuelan al caso es por qué los contratos han sido adjudicados por la consejería de Fomento y Medio Ambiente y no así por Sanidad. Conviene recordar, en este punto, que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, está salpicado en la operación Enredadera.
En una de las conversaciones que mantiene el empresario José Luis Ulibarri (quien admitió haber cometido hasta cinco delitos en Gürtel) con el presidente del Partido Popular en El Bierzo, Raúl Valcárce, el primero le dice al segundo que ha dado orden de que se tratara bien a Suárez-Quiñones en los medios.
El diálogo tiene lugar el 15 de febrero, por iniciativa del presidente del PP berciano y alcalde de Carraceledo, que llama a Ulibarri para comentar el “cabreo” que tiene el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Sánchez-Quiñones, también salpicado por las grabaciones. El enfado en cuestión viene por una noticia publicada en Diario de León, con motivo de una visita de Mariano Rajoy a la capital leonesa. “Está el consejero cabreado”, le dice Valcarce, que fue diputado de Fomento en la Diputación de León, porque “un día el diario le hizo ahí un desaire de la hostia”.
En ese punto, Ulibarri expresa su sorpresa porque “me cuesta creerlo” ya que “hace ya bastante que he dado yo orden expresa, porque, porque ha sido así, de que hay que cuidarlo”.
La Junta de Castilla y León paga los hisopos y los reactivos y ofrece espacios municipales para la realización de los test. Pese a esto, el coste de cada prueba asciende a los 32 euros.
El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco va a pagar 6.393.481,38 euros a tres empresas escogidas a dedo para que realicen test de antígenos en las zonas con alta incidencia. Los contratos fueron formalizados el 31 de diciembre por el procedimiento de emergencia, según se refleja en el portal de Transparencia.
Las tres empresas componen 12 unidades móviles que recorren diferentes puntos de la comunidad desde el pasado cuatro de enero para realizar 200.000 pruebas, como avanzó el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. Las empresas prestarán este servicio hasta el próximo 30 de enero.
La Junta de Castilla y León paga el coste de los hisopos y los reactivos y ofrece los espacios públicos para la realización de los test, que serán instalaciones municipales como polideportivos. Pese a esto, el coste de cada prueba asciende a los 32 euros.
Hasta el pasado lunes, las empresas solo habían realizado 2.531 pruebas
El primero de los lotes, por importe de 1.096.875 euros, ha ido para Ambuibérica S.L.U. —adjudicataria principal del transporte sanitario en la Comunidad—; otro por valor de 2.956.606,38 euros a CSM Logística Farmacéutica S.L.U; y un tercero a Biorama Guijuelo, S.L. por un total de 2.340.000 euros.
Estos puntos móviles de realización de test de antígenos subcontratados por la Junta han realizado, hasta el pasado lunes, un total de 2.531 pruebas en las localidades de Laguna de Duero, Arroyo de la Encomienda, Tudela, Cigales, Cabezón y Santovenia, según ha informado Europa Press.
Con estos contratos, Mañueco suma otra polémica más en plena precampaña electoral. Este miércoles Público destapó que exmiembros de su equipo le implican en la financiación ilegal del PP en Castilla y León a través de un escrito remitido al juzgado.
La Junta no exige una formación concreta a los trabajadores de las unidades móviles pero sí sus precios: de los 950 euros a los 8.423 por día
La Junta de Castilla y León privatizó la realización de test de antígenos y los dejó en manos de tres empresas que recibirán, según el portal de datos abiertos, más de seis millones de euros por un trabajo encomendado desde el 2 de enero hasta el 31 del mismo mes. Según el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, "no es más que una previsión" de una situación que podría alargarse hasta febrero "sin en lugar de los 200.000 test previstos se hiciesen más de un millón". Pero las órdenes de contratos de emergencia que dio la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que ha facilitado la Junta a elDiario.es revelan la caótica gestión de los mismos. Según qué empresa opere en cada provincia, un dato que no aparece en las órdenes, las pruebas serán realizadas por "personas", por "técnicos sanitarios" o por "técnicos de emergencias". Además, los precios por día de esas unidades móviles oscilan entre los 950 y los 8.423 euros por día pero no se precisa cuántas se van a usar sino el máximo del que se dispone.
En las tres órdenes, se menciona la Recomendación del Consejo de la Unión Europea relativa a un marco común para el uso de las pruebas rápidas de antígenos y el reconocimiento mutuo de los resultados de las pruebas diagnósticas de la COVID-19. Entre otras cosas, considera la UE que hay que "garantizar que las pruebas rápidas de antígenos se lleven a cabo por personal sanitario cualificado u otros técnicos debidamente formados, cuando proceda, en consonancia con las especificaciones nacionales y siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante, y que estén sujetas a un control de calidad". Sin embargo, en las órdenes esta consideración sobre la formación del personal no se cumple.
Así, en la orden de Ambuibérica, empresa fundada por un exalcalde del PP, aparece que los test se realizarán en un máximo de 5 unidades móviles de gran capacidad con 4 técnicos en emergencias sanitarias y en un máximo de 20 unidades móviles de pequeña capacidad con 2 técnicos en emergencias sanitarias, así como los precios máximos por jornada de las unidades móviles de gran capacidad, de 1.825,00 euros cada una y el de las unidades móviles de pequeña capacidad, de 950,00 euros cada una. Así los test los harán técnicos en emergencias sanitarias, o lo que es lo mismo, personal que va en ambulancias y cuya función consiste en prestar atención básica sanitaria y psicológica en el entorno pre-hospitalario, trasladar al paciente al centro sanitario, llevar a cabo actividades de tele-operación y tele-asistencia sanitaria, colaborar en la organización y desarrollo de los planes de emergencia de los dispositivos de riesgo previsibles y de la logística sanitaria ante una emergencia individual, colectiva o catástrofe. Nada se dice en esa orden de que tengan que tener una formación específica para la realización de test de antígenos.
En la orden de CSM, otra de las empresas adjudicatarias se precisa que se pondrán a disposición un máximo de 9 unidades móviles con 4 técnicos sanitarios, 3 administrativos o auxiliares administrativos y 3 personas de apoyo y coordinación cada una y que el precio máximo diario por unidad móvil será de 8.423,38 euros.
Por último, en la de Biorama Gijuelo SL, empresa de un exalcalde y exdiputado autonómico del PP que dejó la política hace tres años, se concreta que por la empresa se pondrán a disposición "un máximo de 12 unidades móviles con 7 personas para llevar a cabo las pruebas más un conductor" y que el precio aproximado por unidad móvil será de 5.000,00 euros. Así, en el caso de Biorama ni siquiera se especifica la formación de las "7 personas" que habrá en cada unidad móvil haciendo test.
Por otro lado, las tres órdenes comparten un apartado que dice textualmente que "los efectivos serán suficientes para ocuparse de los accesos al lugar donde se lleven a cabo las pruebas, el mantenimiento de las colas, la distribución de flujos de entrada y salida, etc, con especial atención a las personas de movilidad reducida". Sin embargo, lo que se ha podido ver estos días es que ha sido Protección Civil quién ha intervenido para garantizar la la seguridad y los accesos a estas unidades móviles.
La Junta admite el error después de doce días y con miles de test hechos por personal no cualificado
Doce días después de que entrasen en funcionamiento estas órdenes y con miles de test hechos sin supervisión y sin conocer la formación de quienes los realizaban, la Junta informaba de contrataría a enfermeras para "supervisar" la realización de las pruebas. En un comunicado recogido por Europa Press, el Consejo asegura que Vázquez ha "reconocido" el "error de base" en la contratación urgente de estas empresas, "que no partió de la Consejería de Sanidad, sino de la de Fomento". Cuando los colegios de Enfermería denunciaron que eran los técnicos sanitarios y no los enfermeros quienes realizaban estos test, Vázquez defendió que se trataba de "personal sanitario relacionado con el mundo de la Sanidad" y aseguró que "no hay enfermeras". El Consejo de Enfermería ha presentado una lista de 1.200 enfermeras dispuestas a hacer antígenos.
CASTILLA Y LEÓN ADJUDICA LOS TEST DE ANTÍGENOS A TRES EMPRESAS, DOS DE EXCARGOS DEL PP
Ambuibérica y Biorama pertenecen a dos exalcaldes del Partido Popular
La Junta de Castilla y León ha adjudicado a tres empresas, CSM, Ambuibérica y Biorama, los contratos de emergencia para realizar cribados con test de antígenos en 12 unidades móviles que empezarán a funcionar el 4 de enero en la Comunidad. El anuncio de los contratos se ha hecho este jueves y la decisión de los cribados masivos se tomó hace unos días por el Gobierno en funciones, tras su ruptura con Ciudadanos. Dos de estas empresas pertenecen a excargos del Partido Popular. Es el caso de Ambuibérica, empresa que también es concesionaria del transporte sanitario en la Comunidad y que acumula conflictos laborales y sentencias en contra, no sólo en Castilla y León. En la actualidad está en proceso de auditoría acordada por todos los grupos de las Cortes de Castilla León. Su fundador es Carlos Magdaleno, exalcalde de Mayorga (Valladolid) y exdiputado provincial. En 2017 Investindustrial y ProA Capital fusionaron Ambuibérica y TSC para dar vida a HTGroup, líder en España del sector y segundo en Europa. Desde ese momento, Ambuibérica forma parte de este grupo y no pertenece a Carlos Magdaleno, si bien este es presidente honorífico de la empresa y su hijo, del mismo nombre, es director territorial de Ambuibérica en Castilla y León y en Cantabria. En julio de 2021, la plataforma de inversión británica Real Assets Investment Management (Real Assets IM) adquirió el 100% de HTGroup.
Biorama Guijuelo SL está administrada por Francisco Julián Ramos, exalcalde de Guijuelo (Salamanca) y exprocurador de las Cortes durante 11 años. Ramos ha atendido a elDiario.es y ha explicado que su actividad política, que dejó "hace tres años" no tiene "nada que ver" con la adjudicación de un contrato por el procedimiento de urgencia. Así, ha precisado que Biorama "lleva 20 años" prestando servicios de laboratorio, 11 según el registro mercantil, y que cuenta con el reconocimiento de organismos como el Consejo Superior de Deportes, puesto que ha sido "el único laboratorio a nivel mundial" que "se ha atrevido" a realizar los análisis de COVID-19 en un evento como la Vuelta Ciclista a España. Ramos también ha comentado que contactó él mismo con la Junta de Castilla y León cuando oyó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunciaba que se realizarían test masivos.
Por otro lado, desde la Consejería de Fomento indican que los contratos de emergencia "se hacen por Secretaria General conforme a criterios de disponibilidad inmediata y experiencia" y que "no hay criterios de inclusión o exclusión" por la actividad política de sus propietarios.
Las beneficiarias son tres empresas, dos de ellas relacionadas con antiguos cargos del Partido Popular
La Junta de Castilla y León pagará a tres empresas un total de 6.393.481 euros por las doce unidades móviles para realizar test de antígenos que, desde el pasado 4 de enero, recorren diferentes puntos de la comunidad. Así consta en los tres contratos publicados en el Portal de Transparencia del Gobierno autonómico. Tal y como explicó el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, el objetivo es realizar 200.000 pruebas hasta el próximo 31 de enero. Si se cumple este objetivo, el coste medio por cada prueba, se acerca a los 32 euros.
Tal y como avanzó eldiario.es, dos de esas tres empresas tienen vínculos con antiguos cargos del PP. Así, Ambuibérica, que recibe 1.096.875 euros, fue creada por Carlos Magdaleno, ex alcalde de Mayorga bajo las siglas populares. Ambuibérica tiene también el contrato para la gestión del transporte sanitario en buena parte del territorio de Castilla y León.
El segundo contrato, el más cuantioso con un total de 2.956.606 euros ha sido adjudicado como los demás, por el procedimiento de urgencia, y se ha concedido a CSM Logística Farmaceútica SLU, tiene su sede en la localidad coruñesa de As Pontes. Su principal cliente en el Servizo Galego de Saúde (SERGAS) y su fundador, José Luis Castro, fue galardonada el pasado 14 de diciembre por la Asociación Galega da Empresa Familiar, premio que le entregó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Mientras, el tercer lote en el que se ha dividido la adjudicación ha ido a parar a la empresa Biorama Guijuelo SL. Su responsable, Francisco Julián Ramos Manzano, fue alcalde de la localidad salmantina hasta 2019, además de procurador en las Cortes de Castilla y León. La adjudicación se ha hecho por un total de 2.340.000 euros.
Los tres contratos, según la información recogida en el Portal de Transparencia, fueron formalizados el 31 de diciembre.
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