CASO AYUSO  Y AVAL MADRID

LA FAMIGLIA, LOS AVALES, LOS ALZAMIENTOS DE BIENES Y LOS CONTRATOS

 “Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses: 1.º El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, y, 2.º Quien con el mismo fin realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación”. Artículo 257 del Código Penal

 las noticias SOBRE LA SUSODICHA al día. 08.03.20

LAS NOTICIAS

LOS EXPRESIDENTES DE AVALMADRID QUE MINTIERON EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN VUELVEN A COMPARECER EL 13 Y 17 DE MARZO

CS Y VOX APOYARÁN QUE VUELVAN A COMPARECER LOS EXPRESIDENTES DE AVALMADRID QUE MINTIERON EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

EL DIRECTOR GENERAL DE AVALMADRID NO ES CAPAZ DE EXPLICAR POR QUÉ ENCARGÓ UN INFORME A MEDIDA PARA EXCULPAR PENALMENTE A AYUSO

LA OPOSICIÓN PIDE QUE VUELVAN A COMPARECER LOS EXPRESIDENTES DE AVALMADRID QUE MINTIERON EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

ROSARIO REY SE DESVINCULA DEL INFORME QUE AVALMADRID ENCARGÓ PARA EXCULPAR PENALMENTE A AYUSO

LOS DOS PRESIDENTES DE AVALMADRID IMPLICADOS EN EL 'CASO AYUSO' MINTIERON EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

EL GOBIERNO DE AYUSO ENVÍA A LA ASAMBLEA DATOS INCOMPLETOS SOBRE LAS SUBVENCIONES DE AVALMADRID Y LO ATRIBUYE A UN "ERROR"

LA COMUNIDAD DE MADRID PAGÓ POR 51 OPERACIONES FALLIDAS DE AVALMADRID: LA CUARTA DE MAYOR IMPORTE FUE LA EMPRESA DE LOS PADRES DE AYUSO

EL BANCO DE ESPAÑA RECHAZA IR A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AVALMADRID

DOS EXPRESIDENTES DE AVALMADRID COMPARECERÁN AL RETOMARSE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

EL GOBIERNO DE AYUSO CENSURA TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA DE SUS PADRES SOLICITADA POR LA COMISIÓN QUE INVESTIGA AVALMADRID

LA COMUNIDAD DE MADRID SUBVENCIONÓ A AVALMADRID AL MENOS CON 29 MILLONES DESDE 2009

EL HOTEL MORESCO DE MOJÁCAR PASARÁ A MANOS DE AVALMADRID

PP Y CS VUELVEN A BLINDAR A AYUSO ANTE LA COMISIÓN DE AVALMADRID

AYUSO APUESTA POR HACER "AJUSTES" EN AVALMADRID PARA QUE NO SUCEDAN "ERRORES": "SI NO SE LLAMA AVALMADRID TENDRÁ QUE TENER OTRO NOMBRE"

LOS CONTRIBUYENTES ESPAÑOLES TAMBIÉN PAGARON PARTE DEL PRÉSTAMO QUE NO DEVOLVIERON LOS PADRES DE AYUSO: 206.000 EUROS EN 2015

EL BANCO DE ESPAÑA SANCIONA A AVALMADRID CON 95.000 EUROS POR DAR MILLONES EN CRÉDITOS DE RIESGO A UN GRUPO DE ELEGIDOS

EL PRESIDENTE DE AVALMADRID QUE APROBÓ EL PRÉSTAMO DEL 'CASO AYUSO' DICE QUE “NO SE ENTERÓ” DE LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS QUE PRESIDÍA

UNA VICECONSEJERA DE AGUIRRE ADMITE QUE PIDIÓ A UN DIRECTIVO DE AVALMADRID QUE FACILITARA INFORMACIÓN A AYUSO

AYUSO CREE QUE LA COMISIÓN DE AVALMADRID ES LA "COMISIÓN NETFLIX" PORQUE ES UN "TODOS CONTRA UNO" CON FINAL YA ESCRITO

LA IZQUIERDA INSISTE EN QUE DÍAZ AYUSO Y LOS EXPRESIDENTES DECLAREN EN LA COMISIÓN DE AVALMADRID

NUEVOS CORREOS DEMUESTRAN QUE AVALMADRID APROBÓ EL PRÉSTAMO DEL 'CASO AYUSO' EN UN TIEMPO RÉCORD

LOS REPRESENTANTES DE SANTANDER Y CAIXABANK ABANDONAN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AVALMADRID

EL ‘CASO AVALMADRID’, CAMINO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EL GOBIERNO DE CIFUENTES PAGÓ 102.000 EUROS DEL PRÉSTAMO QUE NO DEVOLVIÓ LA EMPRESA DE LOS PADRES DE AYUSO

3 Y 17 DE DICIEMBRE, FECHA DE PRIMERAS COMPARECENCIAS EN COMISIÓN AVALMADRID

CIUDADANOS SOSTIENE QUE NO CEDERÁ A LA PRESIÓN DE AYUSO PARA CERRAR LA COMISIÓN DE AVALMADRID: “DEBE EMPEZAR A TRABAJAR CUANTO ANTES”

LAS CINCO FALSEDADES DE LA FISCAL SUÁREZ

AYUSO PIDE A CIUDADANOS Y A VOX FRENAR LA COMISIÓN DE AVALMADRID TRAS ARCHIVARSE LA DENUNCIA CONTRA ELLA

LAS JUSTIFICACIONES Y ERRORES DE LA FISCALÍA PARA ARCHIVAR LA DENUNCIA SOBRE AYUSO Y AVALMADRID SIN INVESTIGAR

MÁS MADRID: "QUE AYUSO EXPLIQUE SI NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD POR QUÉ NO QUIERE COMPARECER EN LA COMISIÓN DE AVALMADRID"

EL PP EXIGE A LA OPOSICIÓN EN MADRID QUE "PIDA DISCULPAS" A AYUSO TRAS EL ARCHIVO DE LA DEMANDA POR LA FISCALÍA

LA FISCALÍA ARCHIVA SIN INVESTIGAR LA DENUNCIA DE MÁS MADRID CONTRA DÍAZ AYUSO POR AVALMADRID

LAS 46 COMPARECENCIAS QUE AYUSO Y AGUADO CENSURAN EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AVALMADRID

MÁS MADRID Y UNIDAS PODEMOS RECURREN EL VETO DE CASI UN CENTENAR DE COMPARECENCIAS EN LA COMISIÓN DE AVALMADRID

UN INFORME ENCARGADO POR AVALMADRID DESTAPA UNA POSIBLE DUPLICIDAD DE PAGOS A COBRALIA Y A SU PRESIDENTE

PP Y CS IMPIDEN QUE DÍAZ AYUSO Y LOS RESPONSABLES DE LA EMPRESA DE SUS PADRES COMPAREZCAN EN LA COMISIÓN DE AVALMADRID

LA ASAMBLEA DE MADRID POSPONE AL PRÓXIMO LUNES LA DECISIÓN SOBRE SI AYUSO DECLARA EN LA COMISIÓN DE AVALMADRID

LA IZQUIERDA SE ENREDA CON LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AVALMADRID

AYUSO SOSTIENE A VECES CS ES OPOSICIÓN, COMO CUANDO VOTÓ A FAVOR DE LA COMISIÓN DE AVALMADRID, UN "INSTRUMENTO MARAVILLOSO" PARA LA IZQUIERDA

EL GOBIERNO DE AYUSO NIEGA RESPUESTA A DIEZ PREGUNTAS DEL PSOE SOBRE AVALMADRID

EL PSOE SOLICITA 187 COMPARECENCIAS EN LA COMISIÓN SOBRE AVALMADRID, ENTRE ELLOS TODOS SUS DIRECTIVOS DESDE 2007

CIUDADANOS, DEL "CAIGA QUIEN CAIGA" A NO SOLICITAR LA COMPARECENCIA DE AYUSO

UNIDAS PODEMOS PIDE QUE COMPAREZCAN AYUSO Y SUS CUATRO ANTECESORES EN LA COMISIÓN SOBRE AVALMADRID

AYUSO A MONASTERIO: "TE PONES ESTUPENDA PERO ME HAS DEJADO TIRADA EN UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN"

EL PP, MUY ENFADADO: LA TRAICIÓN DE CIUDADANOS Y VOX A AYUSO

EL PSOE PRESIDE LA COMISIÓN QUE INVESTIGARÁ AVALMADRID GRACIAS A LA ABSTENCIÓN DE CIUDADANOS Y VOX

AGUADO PONE LÍMITES A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AVALMADRID: CS NO PERMITIRÁ QUE SE ATAQUE "PERSONALMENTE" A AYUSO

LA COMISIÓN DE AVALMADRID AGRAVA LA DESCONFIANZA DE PP, CS Y VOX.

EL PP NO PODRÁ BLOQUEAR COMPARECIENTES EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AVALMADRID

AGUADO PONE LÍMITES A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AVALMADRID: CS NO PERMITIRÁ QUE SE ATAQUE "PERSONALMENTE" A AYUSO

ARRANCA LA COMISIÓN QUE INVESTIGARÁ LAS IRREGULARIDADES DE AVALMADRID Y EL TRATO DE FAVOR A LA EMPRESA DEL 'CASO AYUSO'

EL GOBIERNO NO INFORMA SOBRE POR QUÉ AVALMADRID NO INVESTIGA EL COBRO DE SUS AVALES MÁS POLÉMICOS

AYUSO NO VE "LÓGICO NI PRUDENTE" QUE CIUDADANOS APOYE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE AVALMADRID

TRECE EMPRESAS FAVORECIDAS POR AVALMADRID DEBEN CUATRO MILLONES DE EUROS A LA SEGURIDAD SOCIAL

CIUDADANOS Y PP INTENTAN TORPEDEAR LA COMPARECENCIA DEL BANCO DE ESPAÑA EN LA COMISIÓN QUE INVESTIGARÁ AVALMADRID

CS Y PP SE ALÍAN PARA EVITAR QUE EL BANCO DE ESPAÑA COMPAREZCA EN LA COMISIÓN DE AVALMADRID

CS AFIRMA QUE NO TENDRÍA "NINGÚN PROBLEMA" EN LLAMAR A COMPARECER A AYUSO ANTE LA COMISIÓN DE AVALMADRID

"HAN VIOLADO LA INTIMIDAD DE MI FAMILIA PARA PERJUDICARME"

AYUSO CRITICA QUE "LA PRIMERA ACCIÓN" DE CIUDADANOS SEA "UNIRSE A LAS TESIS" DE GABILONDO Y ERREJÓN SOBRE AVALMADRID

EL GOBIERNO DE ESPERANZA AGUIRRE ADJUDICÓ 3,56 MILLONES DE EUROS EN CONTRATOS A LA EMPRESA DEL 'CASO AYUSO'

WYOMING PROPONE REBAUTIZAR AVALMADRID: “TÚ TRANQUILA, YA SI ESO ME LO DEVUELVES CUANDO PUEDAS MADRID”

EL GOBIERNO DE AGUIRRE USÓ OTRAS DOS SOCIEDADES COMO AVALMADRID PARA FINANCIAR CON MILLONES DE EUROS OPERACIONES RUINOSAS

LA EMPRESA DEL 'CASO AYUSO' TAMPOCO DEVOLVIÓ A UN CENTRO PÚBLICO DE I+D LA SUBVENCIÓN POR UN PROYECTO QUE DEJÓ SIN EJECUTAR

EL GOBIERNO MADRILEÑO DEL PP INTENTÓ ESQUIVAR EL EXPEDIENTE DEL BANCO DE ESPAÑA SOBRE AVALMADRID ESCUDÁNDOSE EN SU “INIMPUTABILIDAD”

LOS CONSEJEROS DE AVALMADRID NO PAGARÁN DE SU BOLSILLO LA MULTA DEL BANCO DE ESPAÑA

ASÍ FUNCIONA AVALMADRID, LA ENTIDAD SEMIPÚBLICA BAJO SOSPECHA DE DAR TRATO DE FAVOR A EMPRESARIOS Y POLÍTICOS DEL PP

AYUSO LLAMA "TRAIDOR" Y "VAGO" A ERREJÓN Y LE DESEA QUE "SE LO PASE BIEN"

EL PRÉSTAMO DEL 'CASO AYUSO' FUE UNA ESTAFA: EL DINERO NUNCA SE DESTINÓ AL FIN COMPROMETIDO CON AVALMADRID

AVALMADRID NO ES TAN PRIVADA: UNA SOCIEDAD NUTRIDA CON FONDOS PÚBLICOS QUE CONTROLABA ESPERANZA AGUIRRE

AVALMADRID ADMITE EN UNA AUDITORÍA RECIENTE "DEFICIENCIAS" EN EL PROCESO PARA RECUPERAR EL CRÉDITO DEL PADRE DE DÍAZ AYUSO

LA DIPUTADA EN “IGNORADO PARADERO”

LAS NUEVE INFORMACIONES DE INFOLIBRE QUE SUSTENTAN LA DENUNCIA CONTRA AYUSO PRESENTADA POR MÁS MADRID EN LA FISCALÍA

EL GOBIERNO DE AYUSO ACUSA A LA IZQUIERDA DE HABER INICIADO "UNA CAZA DE BRUJAS" POR LA DENUNCIA SOBRE AVALMADRID

MÁS MADRID DENUNCIA ANTE EL FISCAL A ISABEL DÍAZ AYUSO Y AVALMADRID POR DELITOS DE CORRUPCIÓN

EL ACTUAL GOBIERNO NO PODRÁ DESVINCULARSE DE AVALMADRID

LA COMUNIDAD DE MADRID NOMBRA A ISAAC MARTÍN COMO PRESIDENTE DE AVALMADRID, EN EL OJO DEL HURACÁN POR EL 'CASO AYUSO'

EL PRÉSTAMO DEL 'CASO AYUSO' TRIPLICABA EL IMPORTE MEDIO DE LAS OPERACIONES CONCEDIDAS POR AVALMADRID EN 2011

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, DE CS, RECHAZA ENCARGAR EL INFORME QUE PIDE EL PP SOBRE LA COMISIÓN DE AVALMADRID

EL PP ANUNCIA QUE ACEPTA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AVALMADRID

LA MESA DE LA ASAMBLEA DA EL PRIMER PASO PARA INVESTIGAR LAS IRREGULARIDADES DE AVALMADRID

EL VOTO DE VOX ES CLAVE Y FUERZA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE AVALMADRID

LA OPOSICIÓN ACECHA A AYUSO REGISTRANDO LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AVALMADRID
AVALMADRID:

EL PP CONTRAATACA Y ADVIERTE A CS DEL RIESGO DE SER «EL TONTO ÚTIL DE LA IZQUIERDA»

LAS 16 COMISIONES PARLAMENTARIAS QUE INVESTIGARON IRREGULARIDADES Y TRATOS DE FAVOR DE EMPRESAS PRIVADAS Y SEMIPÚBLICAS

EL BANCO DE ESPAÑA PIDE INFORMACIÓN DEL AVAL A LA EMPRESA PARTICIPADA POR EL PADRE DE DÍAZ AYUSO

QUIÉN MANDA EN AVALMADRID: MAPA DE LOS VÍNCULOS POLÍTICOS Y FAMILIARES QUE GOBIERNAN LA SOCIEDAD DE GARANTÍAS DEL 'CASO AYUSO'

LOS LETRADOS DE LA ASAMBLEA AVALAN QUE LOS PARTIDOS PUEDEN FISCALIZAR A AVALMADRID

LOS LETRADOS DE LA ASAMBLEA ZANJAN QUE LA MESA NO PUEDE FRENAR CONSULTAS DE AVALMADRID

AYUSO DESAUTORIZA A AGUADO POR ORDENAR QUE LA COMUNIDAD SE DESVINCULE DE AVALMADRID

AGUADO CONFÍA "HOY POR HOY" EN AYUSO Y NO APOYARÁ "CAUSAS PERSONALES"

PULSO POR INVESTIGAR EL CASO AVALMADRID EN LA ASAMBLEA

LA DESCONFIANZA SE EXTIENDE ENTRE LOS SOCIOS DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

AGUADO RECULA EN LA INVESTIGACIÓN CONTRA AYUSO: “NO PERMITIREMOS UNA CAUSA PERSONAL”

AVALMADRID ENCARGÓ INVESTIGAR SÓLO LA CONCESIÓN DE AVALES PERO NO LA RECUPERACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS IMPAGADOS

AYUSO SE QUEDA SOLA : VOX TAMBIÉN APOYA LA COMISIÓN SOBRE AVALMADRID

AYUSO TACHA DE "CIRCO" LA COMISIÓN DE AVALMADRID Y DICE QUE AYUDARÁ A AGUADO Y RIVERA CUANDO LA IZQUIERDA LES ATAQUE

EL ASESOR DE AYUSO SE REAFIRMA Y PIDE INVESTIGAR EL "CONTRATITO" Y LA "EMPRESITA" DEL PADRE DE IGNACIO AGUADO

AGUADO AVISA A AYUSO: "LEVANTAREMOS TODAS LAS ALFOMBRAS"

LA PROPUESTA DE CS DE CERRAR AVALMADRID CHOCA CON EL RECHAZO DE SU SEGUNDO ACCIONISTA Y DE LA PATRONAL DEL SECTOR

UNA TRAMA CON MIL TENTÁCULOS

DÍAZ AYUSO: “LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN ME DAN IGUAL”

CIUDADANOS APOYARÁ LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AVALMADRID Y TENSA SU COALICIÓN CON DÍAZ AYUSO

AYUSO SERÁ DENUNCIADA EN LA FISCALÍA POR UN "DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES"

UNA AUDITORÍA DE AVALMADRID ADMITE QUE SU COMITÉ DE MOROSIDAD OCULTÓ LA DONACIÓN FRAUDULENTA DE UN PISO A AYUSO

AVALMADRID MANIOBRA PARA EVITAR LA VÍA PENAL EN EL 'CASO AYUSO' Y CULPAR DE SU ACTUACIÓN NEGLIGENTE A UN ABOGADO DE COBRALIA

LA COMUNIDAD DE MADRID TENDRÁ QUE ABONAR 102.000 EUROS DEL PRÉSTAMO DEL 'CASO AYUSO' SI LOS SOCIOS MOROSOS NO PAGAN

IGNACIO AGUADO, SOBRE AVALMADRID: "LA SOMBRA DE CORRUPCIÓN ES TAN GRANDE QUE HABRÍA QUE CERRARLA"

LAS DEUDAS QUE SÍ PERSEGUÍA AVALMADRID

LAS CLAVES PARA ENTENDER LOS TRES ESCÁNDALOS QUE AFECTAN A LA PRESIDENTA AYUSO

LA INACCIÓN DE AVALMADRID FACILITÓ EL IMPAGO DEL AVAL A LA COMPAÑÍA PARTICIPADA POR EL PADRE DE DÍAZ AYUSO

EL TESTIMONIO DE LA EMPRESARIA A LA QUE AVALMADRID SÍ 'ARRUINÓ' LA VIDA: «ME CONTESTABAN CON FRASES DEL TIPO 'NOSOTROS NO SOMOS UNA ONG'»

UNOS “SORPRENDENTES” AVALES HASTA PARA LA CONCESIONARIA

LOS PROYECTOS RUINOSOS DE AVALMADRID: DE UN PARQUE FOTOVOLTAICO EN TEXAS A UNA PELÍCULA EN EL ESCORIAL CON JULIA ORMOND

CS SE ABRE A APOYAR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AVALMADRID

AVALMADRID ENGAÑÓ AL BANCO DE ESPAÑA Y SIGUIÓ APROBANDO AVALES MILLONARIOS DE ALTO RIESGO PESE A LOS AVISOS

DIEZ EXCONSEJEROS DE AVALMADRID ESTÁN VINCULADOS CON OPERACIONES QUE DEJARON UN 'AGUJERO' EN LA ENTIDAD DE 10 MILLONES

LA PRESIDENTA DE AVALMADRID ES CESADA COMO ALTO CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL EN PLENO ESCÁNDALO POR EL 'CASO AYUSO'

AVALMADRID OTORGÓ PRIMAS A LA DIRECTIVA CUANDO YA SABÍA QUE ERA INVESTIGADO POR EL BANCO DE ESPAÑA

DÍAZ AYUSO DESCONOCÍA QUE UN MIEMBRO DE SU GOBIERNO AFRONTA UNA SANCIÓN POR AVALMADRID

AVALMADRID PERMITIÓ OPERACIONES DE ALZAMIENTO DE BIENES A LOS OCHO AVALISTAS DEL PRÉSTAMO DEL 'CASO AYUSO'

UN CONSEJERO DE AGUIRRE PRESIONÓ POR CARTA A AVALMADRID PARA QUE FINANCIARA A DÍAZ FERRÁN CUANDO YA ERA INSOLVENTE

EL DIRECTOR DE AVALMADRID SEÑALADO EN EL 'CASO AYUSO' NEGOCIÓ COMISIONES CON IGNACIO GONZÁLEZ

AVALMADRID MANTIENE DESDE 2015 PARALIZADA LA DECISIÓN DE CÓMO ACTUAR CONTRA LOS AVALISTAS MOROSOS DEL 'CASO AYUSO'

AVALMADRID INCUMPLIÓ SU NORMATIVA AL ESTAR SIETE MESES SIN ACTUAR DESDE EL PRIMER IMPAGO DEL PRÉSTAMO DEL 'CASO AYUSO'

AYUSO FICHA A UNO DE LOS EXCONSEJEROS DE AVALMADRID EXPEDIENTADO POR EL BANCO DE ESPAÑA

MÁS MADRID EXIGE A CS QUE DECIDA SI APOYA INVESTIGAR EL 'CASO AYUSO' O SI SE ALINEA CON EL PP DE LA "CORRUPCIÓN"

AVALMADRID FACILITÓ CRÉDITOS POR 24 MILLONES A EMPRESAS VINCULADAS A SUS CONSEJEROS Y FAMILIARES

DÍAZ AYUSO RECONOCE QUE CONTACTÓ CON AVALMADRID POR EL POLÉMICO AVAL A UNA EMPRESA PARTICIPADA POR SU PADRE

AYUSO HABLA POR PRIMERA VEZ SOBRE SUS ESCÁNDALOS: "NO HA HABIDO NINGÚN TRATO DE FAVOR DE AVALMADRID"

AGUADO IRÁ "HASTA EL FINAL" PARA CONOCER TODO SOBRE EL ESCÁNDALO DE AVALMADRID Y QUE "HAYA RESPONSABILIDADES POLÍTICAS" SI ES NECESARIO

AGUADO (CS): "NO NOS GUSTA LO QUE VAMOS CONOCIENDO SOBRE AVALMADRID, NO NOS GUSTA ESA SOMBRA DE CORRUPCIÓN"

EL PSOE IMPULSA UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE AVALMADRID

EL PSOE PROPONE CREAR YA UNA COMISIÓN QUE INVESTIGUE LAS OPERACIONES DE AVALMADRID DESDE 2007

MÁS MADRID DENUNCIA EL "TORRENTE DE REGALOS CON PATRIMONIO PÚBLICO" DE AVALMADRID AL PP

EL FAVOR A LA JEFA DE PRENSA DE AGUIRRE PROVOCÓ A AVALMADRID UN 'AGUJERO' DE 57.000 EUROS

AVALMADRID VENDIÓ SEMIGRATIS UN ESTUDIO EN MADRID AL PADRE DE LA JEFA DE PRENSA DE AGUIRRE Y GONZÁLEZ

CASADO CREE QUE AYUSO HA DADO "EXPLICACIONES CONCLUYENTES" PESE A QUE SIGUE SIN ACLARAR SUS ESCÁNDALOS

LA VICECONSEJERA DEL GOBIERNO DE AGUIRRE QUE MEDIÓ EN FAVOR DE AYUSO ANTE AVALMADRID ERA TAMBIÉN DIRIGENTE DE ESTA ENTIDAD

PIERA DECLARÓ COMO TESTIGO ANTE LA GUARDIA CIVIL POR UN CONTRATO MENOR INVESTIGADO EN 'PÚNICA'

AYUSO DICE SOBRE AVALMADRID QUE ES "BASTANTE SUCIO" REMOVER TEMAS FAMILIARES

SERRA Y ERREJÓN ACORRALAN A AYUSO CON SUS PREGUNTAS Y ELLA RESPONDE CON INSULTOS Y ATAQUES A LA PRENSA

AYUSO LOGRA QUE CS Y VOX LA ELIJAN PRESIDENTA DE MADRID SIN ACLARAR LOS ESCÁNDALOS QUE LE AFECTAN

AYUSO SE EMOCIONA AL HABLAR DE SU PADRE: "LO QUE HAN HECHO CON MI FAMILIA NO TIENE NOMBRE"

CS SE NIEGA A ACLARAR SI APOYARÁ LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE AVALMADRID

CS Y VOX SOSTIENEN A AYUSO PESE A SU FALTA DE EXPLICACIONES SOBRE EL CASO QUE LE AFECTA

LA EMPRESA DEL 'CASO AYUSO' QUE RECIBIÓ DINERO DE AVALMADRID DEJÓ DE PAGAR A LOS TRABAJADORES TRES MESES DESPUÉS

LAS SEIS PREGUNTAS DEL 'CASO AYUSO' QUE LA CANDIDATA A PRESIDENTA NO RESPONDE

EL PSOE-M QUIERE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CASO DE AVALMADRID Y AYUSO

AVALMADRID TRATÓ LA SOLICITUD DE DATOS DE AYUSO COMO SI FUERA UN ENCARGO DE "PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID"

CS CALLA SOBRE EL TRATO DE FAVOR DE AVALMADRID A AYUSO PESE A QUE EN ABRIL LO TACHABA DE "CHIRINGUITO" QUE "REZUMA IRREGULARIDADES"

EL CORREO DE AYUSO QUE LA DELATA: "SI SE PUDIERA DEMOSTRAR QUE HAN MONTADO EMPRESAS PARALELAS PARA DEJAR MORIR LA OTRA"

MÁS MADRID PIDE UNA REUNIÓN DE "EMERGENCIA" AL RESTO DE GRUPOS ANTE LAS "SOSPECHAS" SOBRE DÍAZ AYUSO ANTE LA INVESTIDURA

CIUDADANOS ASEGURA QUE SI AYUSO ACABA ACUSADA DE CORRUPCIÓN “TENDRÁ QUE DEJAR SU CARGO”

EL GOBIERNO MADRILEÑO OCULTA A LA ASAMBLEA DATOS DE LA ENTIDAD IMPLICADA EN EL 'CASO AYUSO' PORQUE “ES UNA SOCIEDAD PRIVADA”

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID RECHAZA ACLARAR SI PEDIRÁ A AYUSO QUE PAGUE LOS CINCO AÑOS DE IBI QUE DEBE

AYUSO DEBE AL AYUNTAMIENTO DE MADRID CINCO AÑOS DEL IBI

MÁS MADRID LLEVARÁ A LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN EL PRESUNTO ALZAMIENTO DE BIENES DE AYUSO

LOS CONTACTOS DE DÍAZ AYUSO CON AVALMADRID

AYUSO CONSIDERA “ABSURDO” INFORMAR DE SU PARTICIPACIÓN EN UN POSIBLE DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES

UNIDAS PODEMOS EXIGIRÁ UN PLENO MONOGRÁFICO PARA ACLARAR EL PRESUNTO ALZAMIENTO DE BIENES DE AYUSO

AYUSO SE BENEFICIÓ DE LA DONACIÓN DE UN SEGUNDO INMUEBLE EN MADRID EN OTRA OPERACIÓN SOSPECHOSA DE ALZAMIENTO DE BIENES

AYUSO ES DUEÑA DE UNA EMPRESA QUE LLEVA CUATRO AÑOS INCUMPLIENDO LA OBLIGACIÓN LEGAL DE PRESENTAR CUENTAS EN EL REGISTRO

AYUSO TRABAJÓ DOS AÑOS EN COMUNICACIÓN DE MADRID NETWORK

MÁS MADRID PIDE A LA PRESIDENTA DE AVALMADRID QUE RECUPERE EL DINERO QUE DEBE LA EMPRESA DEL PADRE DE AYUSO

AYUSO SOSTIENE QUE INCLUYÓ POR "ERROR" EN SU DECLARACIÓN DE BIENES QUE ES DUEÑA DE UNA VIVIENDA A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD

AVALMADRID DESTITUYE A SU DIRECTOR GENERAL EN PLENA CRISIS POR LOS PRÉSTAMOS A PERSONAS PRÓXIMAS AL PP

AVALMADRID LLEVA SIETE AÑOS INCUMPLIENDO EL ACUERDO DE SU COMITÉ DE MOROSIDAD DE EMBARGAR BIENES A LOS PADRES DE AYUSO

LA FISCALÍA CONFIRMA QUE AVALMADRID DIO CRÉDITOS "FRAUDULENTOS" QUE NO INVESTIGA PORQUE LOS DELITOS ESTÁN PRESCRITOS

LA FISCALÍA DE MADRID ARCHIVA UNA DENUNCIA CONTRA AVALMADRID POR CRÉDITOS “FRAUDULENTOS” A DÍAZ FERRÁN Y ARTURO FERNÁNDEZ

AVALMADRID AVALÓ AL PADRE DE DÍAZ AYUSO PESE A SABER QUE LA GARANTÍA ERA UNA NAVE MUY DIFÍCIL DE VENDER

AVALMADRID RENUNCIÓ A RECUPERAR EL DINERO PRESTADO A LA EMPRESA DEL PADRE DE AYUSO AL NO EJECUTAR LOS AVALES DE LOS ACCIONISTAS

AVALMADRID : “OK ADELANTE”

MÁS MADRID PIDE TODOS LOS CONTRATOS DEL GOBIERNO DE AGUIRRE CON UNA EMPRESA DE LOS PADRES DE AYUSO

DE LEZO A LOS DÍAZ AYUSO: LAS POLÉMICAS DE AVALMADRID

EL PADRE DE AYUSO DIMITIÓ COMO ADMINISTRADOR DE SUS EMPRESAS DOS DÍAS ANTES DE DONAR EL PISO A SU HIJA

EL GOBIERNO DE AGUIRRE DIO CONTRATOS POR CERCA DE 1 MILLÓN DE EUROS AL GRUPO EMPRESARIAL DE LOS PADRES DE AYUSO

MÁS MADRID PIDE UN PLENO SOBRE AVALMADRID Y EL EXPEDIENTE COMPLETO DE PRÉSTAMOS A LA FAMILIA AYUSO

EL PSOE PIDE INFORMACIÓN AL GOBIERNO SOBRE EL EXPEDIENTE DEL CRÉDITO DE AVALMADRID A LA EMPRESA DEL PADRE DE AYUSO


ISABEL DÍAZ AYUSO, SU 'FAMIGLIA' Y SU CURRÍCULUM

GABILONDO PIDE VER ANTES DE LA INVESTIDURA LOS DATOS DEL PRÉSTAMO AL PADRE DE AYUSO

TÉCNICOS DE AVALMADRID ALERTARON DEL PRÉSTAMO AL PADRE DE AYUSO

ISABEL DÍAZ AYUSO: ENFERMEDAD, DEUDAS Y TRAGEDIA TRAS EL ESCÁNDALO DEL PADRE

MÁS MADRID Y UNIDAS PODEMOS EXIGEN EXPLICACIONES A AYUSO SOBRE EL PISO QUE ADQUIRIÓ POR UNA DONACIÓN BAJO SOSPECHA

EL PSOE Y PODEMOS RECLAMAN EN LA ASAMBLEA EXPLICACIONES SOBRE LOS CRÉDITOS A LA FAMILIA DE DÍAZ AYUSO

AYUSO ACEPTÓ LA DONACIÓN DE UN PISO DE SUS PADRES EN MADRID CON LA QUE EVITÓ EL EMBARGO DE LOS ACREEDORES

IU INCLUYE A ISABEL DÍAZ AYUSO EN SU DENUNCIA POR EL ABUSO DE CONTRATOS MENORES EN LA COMUNIDAD

MADRID. ERREJÓN PIDE A DÍAZ AYUSO QUE DÉ EXPLICACIONES SOBRE EL ASUNTO QUE RELACIONA A SU PADRE CON UN PRÉSTAMO DE AVALMADRID

AVALMADRID NO RECUPERÓ NADA DEL CRÉDITO AL PADRE DE AYUSO: LA DEUDA ES YA DE 544.000€

AVALMADRID PRESTÓ 400.000€ AL PADRE DE AYUSO POR UNA NAVE ESCRITURADA EN 26.000
 


LOS EXPRESIDENTES DE AVALMADRID QUE MINTIERON EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN VUELVEN A COMPARECER EL 13 Y 17 DE MARZO

Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez deberán explicar las “contradicciones” entre su primera declaración y los documentos publicados por infoLibre

También comparecerá el día 13 Carlos Ramos, director de Relaciones Institucionales de la sociedad de garantías a quien Ayuso pidió datos confidenciales

Los expresidentes de Avalmadrid Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez volverán a comparecer los próximos días 13 y 17 en la comisión que investiga las supuestas irregularidades descubiertas en la sociedad de garantías madrileña. Así lo ha decidido este lunes la mesa de la comisión creada en la Asamblea regional. Piera y Santos Suárez tendrán que explicar entonces las “contradicciones” entre su primera declaración ante los diputados, el pasado mes de diciembre, y los correos y actas publicados por infoLibre.

Eva Piera, que presidió Avalmadrid entre diciembre de 2006 y septiembre de 2008 y fue vocal de su consejo de administración hasta 2011, además de ejercer como viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre hasta 2012, aseguró entonces a los diputados que, en su paso por Avalmadrid, nunca tuvo conocimiento de operaciones concretas. Pero los correos publicados por este periódico muestran lo contrario: que pidió datos sobre un buen número de operaciones específicas.

Por su parte, Juan Manuel Santos-Suárez declaró que desconocía cualquier dato sobre el aval que Avalmadrid concedió a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, porque no asistía a las reuniones del Comité de Morosidad –la compañía no devolvió los 400.000 euros de la operación, que fue clasificada como fallida–. Sin embargo, este periódico ha publicado el acta de una de esas reuniones firmada de su puño y letra.

En su artículo 502, el Código Penal castiga “con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses” a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, “faltare a la verdad en su testimonio”.

La semana pasada, tanto PSOE como Más Madrid y Unidas Podemos presentaron escritos en la Mesa de la Asamblea donde solicitaban la nueva comparecencia de Piera y Santos-Suárez. En la reunión de este órgano parlamentario Ciudadanos –socio de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid– y Vox –que apoyó la investidura de Isabel Díaz Ayuso– respaldaron el regreso de los dos expresidentes de Avalmadrid para que den explicaciones. Sólo el PP se opuso.

Además, los diputados han acordado quiénes completarán la lista de comparecientes en las dos sesiones que la comisión celebrará este mes de marzo. El viernes 13 intervendrá también Carlos Ramos, que era el director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid en la época en que le fue concedido el aval a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Correos con Eva Piera y Díaz Ayuso

Como ha publicado infoLibre, Carlos Ramos fue la persona a la que Eva Piera remitió a Díaz Ayuso en julio de 2011 cuando ésta le pidió un contacto en Avalmadrid, cuatro meses después de que la sociedad de garantías le hubiera concedido el aval a la empresa de sus padres. A continuación, Díaz Ayuso envió a Carlos Ramos un correo en el que le proporcionaba los datos de MC Infortécnica SL y le contaba que su familia “no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad” de su padre. “Es todo muy difícil”, concluía. En septiembre de ese año, la entonces diputada le pidió al director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid datos confidenciales sobre las empresas de los socios de sus padres –actividad comercial, facturación y clientes–, porque temía que los primeros estuvieran vaciando la empresa para montar otras dedicadas al mismo negocio, el suministro de equipos médicos.
Cuando dos días después de que Piera le facilitara a Carlos Ramos el teléfono de Isabel Díaz Ayuso, éste le pidió a una empleada de Avalmadrid que mirara si la empresa sus socios estaban en un fichero de morosos, escribió como asunto del correo “Datos de MC Infortécnica (Presidencia Comunidad Madrid)”. Ese mismo mes Díaz Ayuso, que hasta entonces trabajaba para Esperanza Aguirre en la presidencia madrileña, pasó a ocupar un escaño en la Asamblea de Madrid junto a Eva Piera.
Carlos Ramos, además de responsable de Relaciones Institucionales de Avalmadrid, era el “principal apoyo” de su entonces presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, según reconoció él mismo en su primera comparecencia en la comisión.

Quien estaba en el “día a día” de Avalmadrid

También declarará ante los diputados el viernes 13 Juan Luis Fernández-Rubíes, que ejerció como consejero delegado y director general de Avalmadrid entre 2004 y 2016. Fue Fernández-Rubíes el consejero delegado que aprobó el aval de 400.000 euros a MC Infortécnica SL. Según explicó en su primera comparecencia en la comisión el entonces presidente de la sociedad de garantías, Juan Manuel Santos Suárez, no era él, más bien dedicado a las “labores institucionales”, sino Fernández-Rubíes quien estaba en el “día a día” de la sociedad. “Quien de verdad estaba en el Comité de Morosidad era el consejero delegado”, apuntó. De hecho, también dejó claro que cuando él llegó a Avalmadrid, Fernández-Rubíes ya “había montado su equipo directivo”, a cuyo frente lo encontró cuando fue nombrado para el cargo.

Su nombre también aparece entre los directivos que fueron denunciados por la propia sociedad de garantías ante la Fiscalía en abril de 2019, por su presunta implicación en la concesión de avales a empresas vinculadas con consejeros de Avalmadrid: Viajes Marsans, grupo Cantoblanco, Casbar y The Tie Gallery. Estas irregularidades fueron desveladas por una inspección del Banco de España, que puso 167 operaciones en el punto de mira y que terminó en un expediente sancionador. El organismo supervisor pide sanciones de 667.000 euros a una quincena de consejeros y directivos de Avalmadrid.

Además, deberá dar cuenta de sus relaciones con Cobralia, la empresa con la que Avalmadrid subcontrató el recobro de los avales morosos. Un informe encargado por la propia sociedad a la consultora PwC destapó una posible duplicidad de pagos a Cobralia y su presidente, Fernando Cañellas de Colmenares.
Finalmente, el día 17 de este mes deberán comparecer en la comisión de investigación Jorge Morán, di
rector general de Avalmadrid entre junio de 2016 y julio de 2019, e Isabel Cruz Oruezabala, que lleva en la sociedad de garantías desde 2006 y trabaja en su departamento jurídico desde 2012.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/03/03/los_expresidentes_avalmadrid_que_mintieron_comision_investigacion_vuelven_comparecer_17_este_mes_104553_1012.html

CS Y VOX APOYARÁN QUE VUELVAN A COMPARECER LOS EXPRESIDENTES DE AVALMADRID QUE MINTIERON EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

La Mesa de la Asamblea decidirá el próximo lunes sobre las peticiones registradas por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos Los correos publicados por infoLibre prueban que Piera estaba al tanto de operaciones concretas, pese a que lo negó en nueve ocasiones en su declaración Santos-Suárez dijo desconocer los detalles del aval de la empresa de los padres de Ayuso, pero firmó el acta de la Comisión de Morosidad que trató el asunto
PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos han presentado escritos a la Mesa de la Asamblea de Madrid para pedir que vuelvan a comparecer en la comisión que investiga las supuestas irregularidades de Avalmadrid dos de sus expresidentes, Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez, a fin de que aclaren si mintieron en sus declaraciones del pasado 17 de diciembre ante los diputados.

La Mesa de la Asamblea verá estas peticiones el próximo lunes. En ese órgano sólo están representados PP, Ciudadanos, PSOE y Vox. PP y Ciudadanos suman mayoría. Fuentes de la formación naranja han asegurado a infoLibre que apoyarán la iniciativa para que los dos expresidentes de Avalmadrid den explicaciones por “unos testimonios que pueden ser falsos”. “Mentir en una comisión parlamentaria es un delito”, subrayan. También Vox quiere que Piera y Santos-Suárez comparezcan de nuevo, según indicó el pasado viernes su diputado José Luis Ruiz Bartolomeu.

En caso de que Ciudadanos y Vox mantengan su postura, la solicitud de los tres partidos de la izquierda madrileña saldría adelante.

Los diputados de la oposición pretenden que ambos directivos aclaren la “contradicción” entre el testimonio que prestaron el 17 de diciembre en la comisión y los correos y actas que infoLibre publicó el pasado día 14 de febrero.
El Código Penal, en su artículo 502, castiga “con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses” a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, “faltare a la verdad en su testimonio”.
Eva Piera puso en contacto a Ayuso con un directivo de Avalmadrid para que le facilitase información sobre la operación de MC Infortécnica SL. Ayuso sabía que la empresa no iba a devolver el dinero y temía que sus padres perdiesen sus propiedades. Esa labor de intermediaria se produjo el 13 de julio de 2011, cuando Piera era viceconsejera de Economía en el Gobierno de Esperanza Aguirre y consejera de Avalmadrid, entidad que había presidido años antes. En sus respuestas a los diputados, dijo hasta en nueve ocasiones que ella jamás había tenido conocimiento de “operaciones concretas”. “No tengo conocimiento ni nunca lo he tenido de operaciones concretas en Avalmadrid”, aseguró una y otra vez. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Eva Piera]

"Pedidos de interés"

Los correos a los que ha tenido acceso este periódico demuestran lo contrario. Eva Piera pedía información de manera habitual sobre determinadas operaciones de Avalmadrid a sus tres principales ejecutivos en aquella época: el consejero delegado, Juan Luis Fernández-Rubíes, que era con quien mantenía una relación más fluida; el presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, y el director de Relaciones Institucionales, Carlos Ramos, que fue quien recibió el encargo de atender a Ayuso.

Todos los correos son del periodo que va septiembre de 2011 a febrero de 2012, es decir, justo en la época en que Avalmadrid avaló a MC Infortécnica SL –marzo de 2011–, esta empresa no devolvió ni la primera cuota del préstamo –diciembre de 2011– y el Comité de Morosidad decidió actuar contra los bienes de los avalistas –abril de 2012–, aunque esa decisión jamás se llevó a efecto. En esos correos, Piera se interesa por 18 operaciones concretas, en algunos casos de forma reiterada.

Piera, en uno de los mensajes que intercambia con Fernández-Rubíes, muestra cierto cansancio por la gran cantidad de favores que le toca gestionar: “En fin, ya ves, para la tarde, los recados de siempre... Siento estar tan decaída y transmitirlo con tanta crudeza como lo hice ayer, pero hay días donde ya es mucho el cúmulo del cansancio, los problemas y ni una buena noticia, y los pedidos de interés...”, escribe el 26 de octubre de 2011.
El consejero delegado le contesta en la misma línea: “En definitiva, y también en mi caso el cansancio, los problemas, el no haber una sola buena noticia, los pedidos de interés ‘infumables’ son una constante”.

“Yo no iba a esas reuniones del Comité de Morosidad”

Por su parte, Juan Manuel Santos-Suárez afirmó en la comisión parlamentaria que no tenía dato alguno ni de la operación de aval concedida a MC Infortécnica SL, ni de los motivos por los que el Comité de Morosidad había permitido que los avalistas se deshicieran de su patrimonio sin hacer nada. Y todo ello pese a que el Comité de Morosidad estaba presidido por él mismo. La explicación que dio fue la siguiente: en la operativa diaria estaba el consejero delegado y él ni siquiera acudía a las reuniones del Comité de Morosidad, pese a que era su presidente. “Yo no iba a esas reuniones del Comité de Morosidad”, insistió. La verdad es que la propuesta de la reunión del Comité de Morosidad celebrada el 2 de abril de 2012, en la que se analizó el expediente de MC Infortécnica SL, está firmada por el propio Santos-Suárez.
Santos-Suárez, que ahora es consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), también faltó a la verdad de forma evidente en otro momento de la comisión. El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le preguntó si en el año 2012 se había dirigido a un alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre “diciendo que Avalmadrid tendría que ser disuelta o bien habría que aportar 10 millones de euros”. “No. Nosotros nunca nos dirigimos...”, respondió el compareciente. Este periódico ha tenido acceso a un correo de Santos-Suárez, enviado a Piera el 24 de julio de 2012, donde le dice exactamente lo que le había planteado el diputado de Más Madrid. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Juan Manuel Santos-Suárez]

La Asamblea madrileña creó el año pasado una comisión de investigación para aclarar las presuntas irregularidades cometidas en Avalmadrid, una sociedad de garantías donde la Comunidad de Madrid es el accionista mayoritario con el 26,1% del capital. Entre los capítulos más escandalosos está, según desveló infoLibre, lo ocurrido con una operación de aval de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica SL, una empresa de suministros médicos propiedad de cuatro matrimonios, entre ellos los padres de la actual presidenta madrileña. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro, pero Avalmadrid tampoco actuó contra los socios de la empresa, que habían afianzado con todo su patrimonio personal la operación. No sólo eso, sino que Avalmadrid permitió que los avalistas se deshicieran de todos sus bienes sin responder de los 400.000 euros. [Puedes consultar aquí todas las informaciones de este periódico sobre el caso Ayuso]
Este periódico envió a Eva Piera y a Juan Manuel Santos-Suárez una serie de preguntas relacionadas con sus afirmaciones falsas ante la comisión parlamentaria. Piera se negó a responder. Santos-Suárez señaló lo siguiente: “Comparecí en la Comisión cumpliendo con mi responsabilidad y en ella contesté a todas las preguntas según mi recuerdo de lo que sucedió hace ocho años”.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/02/20/psoe_mas_madrid_unidas_podemos_piden_que_vuelvan_comparecer_los_expresidentes_avalmadrid_que_mintieron_comision_investigacion_104131_1012.html

EL DIRECTOR GENERAL DE AVALMADRID NO ES CAPAZ DE EXPLICAR POR QUÉ ENCARGÓ UN INFORME A MEDIDA PARA EXCULPAR PENALMENTE A AYUSO

Pedro Embid no acierta a responder por qué encargó a un bufete analizar las posibles acciones penales sólo contra los herederos de los dos avalistas fallecidos de MC Infortécnica SL y no contra los seis que están vivos
Asegura que ha llevado a cabo todas las actuaciones posibles para recuperar el aval impagado, lo que desmienten sus propios auditores internos: no se ha actuado contra los avalistas durante más de siete años
El director general de Avalmadrid, Pedro Embid, fue quien encargó al despacho de abogados Racmo Gestión el informe para intentar exculpar penalmente a la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el supuesto trato de favor otorgado a la empresa de la que sus padres eran socios. Lo reconoció él mismo durante su comparecencia en la comisión que investiga las presuntas irregularidades destapadas en la sociedad de garantías por un expediente del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre.

“Fue una decisión operativa mía”, asumió ante los diputados que le preguntaban por ese documento. En la sesión anterior, el pasado viernes, la presidenta de Avalmadrid entonces, Rosario Rey, había dejado claro que el informe no había sido iniciativa suya. En todo caso, Embid aseguró que lo había encargado cumpliendo un mandato de Rey para hacer “un análisis exhaustivo del trabajo de los despachos [que gestionan la recuperación de los avales impagados] y de la situación de cada expediente”. Pero también reconoció que la presidenta no sabía que se había pedido un informe sobre MC Infortécnica SL, la empresa de los padres de Díaz Ayuso que había dejado sin pagar un aval de 400.000 euros concedido en febrero de 2011.

Como ha publicado este periódico, el informe elaborado por Racmo Gestión tiene fecha de 25 de julio de 2019 y una extensión de apenas tres páginas. Su objeto era doble: en primer lugar, determinar cuál era la mejor opción para reclamar por la vía civil y recuperar la deuda pendiente por el aval fallido de MC Infortécnica SL. Y en segundo, “determinar si hay acción penal posible contra los herederos de los deudores fallecidos”. Los autores del documento se refieren a Leonardo Díaz Álvarez, el padre de la presidenta madrileña, y Juan Manuel Pitarch Divar. Los otros seis morosos están vivos. Pero Avalmadrid no preguntó si cabía emprender una acción penal contra ellos.
El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez sí preguntó este martes a Pedro Embid por qué el informe se interesaba por posibles acciones penales sólo contra los avalistas fallecidos y no por los demás. Pero el director general fue incapaz de explicarlo. “No creo que se limitara a eso”, replicó. Cuando Gutiérrez le leyó la frase textual del informe reproducida más arriba, esquivó la respuesta aduciendo que no podía “valorar un documento interno de la compañía”.

Los juristas consultados por infoLibre califican de “incomprensible” que se pregunte por unos avalistas y no por otros... salvo que se pretenda a toda costa evitar la vía penal, en cuyo caso lo mejor es no preguntar si es posible ir a dicha jurisdicción.

El informe fue filtrado a Libertad Digital para que lo publicase el 13 de agosto, el primer día de la sesión de investidura en la Asamble de Isabel Díaz Ayuso.

Un despacho sin especialistas penales

El diputado de Unidas Podemos Jacinto Morano quiso saber también por qué Embid le encargó a Racmo Gestión, un despacho especializado en procedimientos civiles y mercantiles, ese informe sobre posibles acciones penales, en lugar de contratar a abogados especializados en Derecho Penal. El director general de Avalmadrid justificó su decisión en el hecho de que Racmo Gestión fuera la adjudicataria del servicio de recobro de expedientes, así como porque se trata de un “despacho grande con especialistas en asuntos penales”.

Sin embargo, Racmo se publicita en su web únicamente como un bufete especializado en “auditoría legal y crediticia, valoración de carteras y gestión de activos”, inmobiliarios, residenciales, comerciales y hoteleros, “así como grandes carteras de deuda”. Pero no menciona que tenga ningún departamento penal.

Además, se da la circunstancia de que a Racmo se le encargó un segundo informe que cargaba sobre Cobralia la responsabilidad por las negligencias cometidas durante siete años en la recuperación del aval impagado de MC Infortécnica SL. Es decir, se contrató el análisis a un competidor de Cobralia que precisamente acababa de sustituirle –desde junio de 2019, apenas un mes antes de que emitiera ambos informes– como proveedor de servicios en Avalmadrid.
Aún faltan por recuperar 270.000 euros de MC Infortécnica SL

La diputada del PSOE Pilar Sánchez Acera preguntó a Pedro Embid si Avalmadrid pensaba reclamar el dinero que aún le adeuda MC Infortécnica SL. “Ya se han llevado a cabo las mejores actuaciones para intentar recuperar esa operación”, le contestó el directivo. “¿Y piensa hacer algo más?”, abundó la representante socialista. “Se analizará qué hacer dentro de lo posible”, continuó Embid, quien repitió dos veces que Avalmadrid “ya ha hecho todas las actuaciones jurídicas que cabía hacer”. Cuando Sánchez Acera se interesó por saber qué “frutos” habían dado esas actuaciones, Embid dijo que no podía revelar datos de operaciones concretas.

La realidad es que Avalmadrid hizo bastante poco desde que MC Infortécnica SL incumplió el primer pago del aval, que debería haber ingresado el 15 de diciembre de 2011. Según consta en el informe elaborado por la auditoría interna de la sociedad de garantías y presentado en la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos el 30 de julio de 2019 –y al que ha tenido acceso infoLibre–, Avalmadrid entregó a Cobralia el expediente de MC Infortécnica SL ocho meses después de que el Comité de Morosidad aprobara ejecutar la hipoteca y a los avalistas.

Después, la sociedad de garantías sólo entregó a Cobralia un certificado de saldo, pese a que había que interponer dos procedimientos. Además, Cobralia sólo presentó una demanda de ejecución hipotecaria, pero no de ejecución dineraria de los avalistas. “No existe documentación justificativa para la adopción de esta decisión procesal”, explican los auditores. Éstos también señalan las “debilidades” del seguimiento a que sometido el expediente de MC Infortécnica SL: “Hasta enero de 2015 no se conoce que únicamente se había interpuesto procedimiento de ejecución hipotecaria”. Y cuando Cobralia plantea a Avalmadrid dos posibles vías de actuación, la sociedad no responde.
Finalmente, los auditores constatan que Avalmadrid no efectuó hasta junio de 2019 “un análisis profundo” de los inmuebles de los avalistas. De hecho, algunos de esos bienes, concluyen, “ya no se encuentran en el patrimonio de los avalistas”. Aunque el informe no lo dice, los inmuebles habían sido vendidos o donados a familiares y terceros a lo largo de esos siete años en que Avalmadrid no había actuado con la diligencia debida. Entre ellos se encuentran los que pasaron a manos de Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás.

Hasta el momento, la sociedad de garantías no ha recuperado ni un euro, y sólo le ha sido adjudicada una nave en Arenas de San Pedro (Ávila). Era el único bien hipotecado y no ha sido capaz de venderlo.
Además, hay que tener en cuenta que la operación fue reavalada por la Comunidad de Madrid y por la sociedad pública de reafianzamiento Cersa para cubrir el fallido de MC Infortécnica SL: 102.030,55 euros puso la primera y 206.123,5 euros la segunda. Un total de 308.154 euros. El resto lo ha asumido Avalmadrid en sus cuentas.
No firmó la denuncia como respaldo a su equipo

A Pedro Embid también se le inquirió en la comisión sobre la denuncia en la Fiscalía que Avalmadrid interpuso por acuerdo de su Consejo de Administración en abril de 2019. Tras abrir el Banco de España un expediente sancionador a la sociedad de garantías y a una quincena de sus ejecutivos y consejeros, el Consejo de Administración encargó un informe forense a Forest Partners, que revisó los 167 expedientes donde el supervisor había hallado irregularidades. También encargó un informe a PricewaterhouseCoopers para que analizara las implicaciones penales de las anomalías descubiertas.

Pedro Embid se negó a firmar el escrito de denuncia al fiscal, donde se mencionan los nombres de antiguos ejecutivos de Avalmadrid, entre ellos el de Juan Antonio Chorro García, director de Riesgos en ese momento. Según explicó Embid, firmar esa denuncia hubiera supuesto “invalidar” el “respaldo” que el director general debe dar a su equipo. “No era necesario, menos aún cuando había propuesto una alternativa: que fuera la secretaria del Consejo de Administración, quien instrumenta sus acuerdos, la que lo firmara con un mandato expreso” de ese órgano. Además, detalló, apartó al director de Riesgos de su puesto. “No lo despedí porque pedimos asesoramiento laboral y nos dijeron que debíamos respetar la presunción de inocencia”, respondió a una pregunta de la diputada de Ciudadanos Ana Isabel García García.

Juan Antonio Chorro fue degradadado a subdirector comercial, demandó a Avalmadrid en el juzgado de lo Social por una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo el pasado mes de diciembre y ha terminado llegando a un acuerdo con la empresa antes del juicio.

En cualquier caso, Embid negó cualquier tipo de “desavenencia” sobre el envío del escrito al fiscal. Es más, aseguró que ni votó ni dio su opinión sobre ese asunto en el Consejo de Administración, donde se sienta como invitado permanente, con voz pero sin voto. Incluso recalcó que está “de acuerdo con la decisión tomada por el consejo”. Pero cuando la socialista Sánchez Acera le planteó: “Usted se negó a firmar el escrito, pero no niega su contenido…”, su respuesta reabrió las dudas: “Ni lo niego ni lo dejo de negar”.

Destitución ‘fantasma’

Otro punto de fricción se debió a su supuesta destitución, que según el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez fue anunciada por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en La Sexta en julio de 2019. Pedro Embid, por el contrario, asegura que la presidenta de Avalmadrid sólo le comunicó el 5 de julio que se le estaban buscando posibles sustitutos. “Me pareció bien, sólo le pedí celeridad porque la interinidad no es buena para las empresas y porque se avecinaba un cambio de gobierno que podía dejar descabezada Avalmadrid sin sus dos principales directivos [Rosario Rey y él]”, recordó. Como motivos para su cese, Embid indicó que le habían referido “la reducción del número de operaciones” que estaba sufriendo la sociedad de garantías por el “ruido mediático y el daño reputacional” que le estaban infligiendo las noticias sobre las supuestas irregularidades.
El 29 de agosto de 2019, Rosario Rey fue, en efecto, destituida de su cargo, pero Pedro Embid continuó. “Me tuve que quedar en Avalmadrid para reunirme con los bancos, que estaban alarmados”, después de que ese mismo verano dimitiera el consejero independiente, Orlando García, y otro más “se prejubilara”. “Si me voy en ese momento”, añadió, “Avalmadrid se queda sin firma, no se hubieran podido pagar las nóminas, la luz y los requerimientos de pago de avales de los bancos”. Embid reveló que, como resultado de la alarma suscitada, “algunos bancos” han cerrado los convenios que tenían con la sociedad de garantías para ofrecer condiciones especiales a sus clientes. “El colapso habría sido irreversible”, sentenció.

Según publicó también este periódico, los representantes de Santander y Caixabank, socios protectores de Avalmadrid, abandonaron el Consejo de Administración el año pasado, el primero en septiembre y el segundo en mayo, en los meses de las turbulencias descritas por Pedro Embid. Aunque ambas entidades negaron que su decisión estuviera motivada por la revelación de las anomalías de funcionamiento de la sociedad de garantías.
En realidad, la Consejería de Economía no tardó mucho en reemplazar a Rosario Rey. El 10 de septiembre nombró presidente de Avalmadrid a Isaac Martín Barbero, viceconsejero a las órdenes de Manuel Giménez. El vacío de poder duró sólo 12 días.

Casi 63 millones de euros de dinero público desde 2004

Pedro Embid ha sido el único de los comparecientes que hasta el momento ha llevado papeles a la comisión para detallar cifras concretas. También es el primer cargo en activo de Avalmadrid en acudir a la comisión. Así, por ejemplo, cifró en 21,7 millones de euros las cantidades aportadas por la Comunidad de Madrid desde 2004 hasta 2019 para dotar el Fondo de Provisiones Técnicas de la sociedad de garantías. Las contribuciones a los fondos específicos –por ejemplo, para ayudar a pymes o autónomos de ciertos sectores– suman otros 25 millones en ese mismo periodo. Si a esas cantidades se le suman los 16,1 millones que puso la Comunidad de Madrid como capital, la cifra total de dinero público que ha recibido Avalmadrid en los últimos 15 años asciende a 62,8 millones de euros.

También reveló que desde 2017 sólo la Comunidad de Madrid ha realizado aportaciones al Fondo de Provisiones Técnicas, que forma parte del patrimonio de la sociedad y no puede ser inferior al 1% del riesgo vivo –de los avales en vigor– de Avalmadrid. Antes de esa fecha, Caja Madrid –el segundo socio protector tras la Comunidad, relevada por Bankia desde 2010– sumaba contribuciones para ese mismo fondo por importe de 14 millones de euros. “Si al presidente de Avalmadrid lo nombra la Comunidad, si al Fondo de Provisiones Técnicas sólo aporta la Comunidad de Madrid, si los fallidos se reavalan con dinero público, si además tiene vocación de servicio público para ayudar a las pymes y los autónomos, y carece de ánimo de lucro [Embid acababa de explicar que todos sus beneficios pasan a engrosar el Fondo de Provisiones Técnicas]… entonces, ¿cómo se puede negar el carácter público de Avalmadrid?”, le planteó el diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé. “No voy a valorar esa cuestión”, eludió de nuevo la respuesta Pedro Embid, “soy un profesional, ése es un tema de ustedes”. Las dudas sobre el carácter público o privado de la sociedad de garantías ha ocupado buena parte de las intervenciones y debates en las tres primeras sesiones de la comisión.

Este martes también compareció en la Asamblea Javier Gilsanz, autor del informe que Avalmadrid encargó a PricewaterhouseCoopers sobre las implicaciones penales de las irregularidades destapadas por el Banco de España. Gilsanz se negó a contestar todas las preguntas que le formularon los diputados, amparándose en el secreto profesional.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/02/19/el_director_general_avalmadrid_no_puede_explicar_por_que_encargo_informe_que_exculpaba_penalmente_isabel_diaz_ayuso_104111_1012.html

LA OPOSICIÓN PIDE QUE VUELVAN A COMPARECER LOS EXPRESIDENTES DE AVALMADRID QUE MINTIERON EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Vox quieren que Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez declaren de nuevo sobre las supuestas irregularidades en la entidad semipública

Los correos publicados por infoLibre revelan que Piera reclamaba datos de operaciones concretas de Avalmadrid, pese a que aseguró que no tenía conocimiento de ninguna

Santos-Suárez se desentendió del aval a la empresa de los padres de Díaz Ayuso porque no asistía a las reuniones del Comité de Morosidad. Pero el acta de una de esas reuniones está firmada de su puño y letra

Los grupos de la oposición van a pedir en la Asamblea de Madrid que vuelvan a comparecer en la comisión que investiga las supuestas irregularidades de Avalmadrid sus expresidentes Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez, después de que infoLibre haya publicado los correos y actas que demuestran que ambos mintieron en sus intervenciones ante los diputados el pasado 17 de diciembre. La iniciativa va a ser secundada por el PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Vox, según han explicado a este periódico sus representantes en la Asamblea regional. Ciudadanos no descarta unirse también a la petición, ha indicado a este periódico la diputada Ana Isabel García.
“Queremos darles la oportunidad de que ahora digan la verdad”, apuntó la diputada socialista Pilar Sánchez Acera. El representante de Unidas Podemos Jacinto Morano destacó que existen “evidencias documentales” de que Piera y Santos-Suárez mintieron, y declarar en una comisión parlamentaria “equivale a una declaración judicial”. Como “un delito de falso testimonio” calificó lo ocurrido el diputado de Más Madrid Pablo Gómez Perpiyá. El representante de Vox José Luis Ruiz Bartolomé, por su parte, anunció su apoyo a la iniciativa para que ambos directivos se expliquen.

Las comparecencias de Eva Piera, que presidió Avalmadrid entre 2006 y 2008 para continuar como vocal del consejo de administración hasta 2011, y Juan Manuel Santos-Suárez, presidente de la sociedad de garantías de 2008 a 2012, inauguraron los trabajos de la comisión creada para investigar las irregularidades destapadas por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por este periódico. La primera negó en todo momento haber tenido conocimiento de operaciones concretas de Avalmadrid. El segundo se desentendió por completo del aval que concedió la entidad semipública a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegurando que no había asistido a ninguna reunión del Comité de Morosidad donde se analizan los impagos.

Sin embargo, infoLibre ha tenido acceso a decenas de correos de Eva Piera en los que pide datos de operaciones concretas a los principales ejecutivos de Avalmadrid, así como al acta de una reunión del Comité de Morosidad firmada por Santos-Suárez de su puño y letra.

El Código Penal, en su artículo 502, castiga “con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses” a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, “faltare a la verdad en su testimonio”.
18 operaciones por las que se interesó Eva Piera

La Asamblea madrileña creó el año pasado una comisión de investigación para aclarar las presuntas irregularidades cometidas en Avalmadrid, una sociedad de garantía recíproca donde la Comunidad de Madrid es el accionista mayoritario con el 26,1% del capital. Entre ellas, según desveló este periódico, sea encuentra el aval de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica SL, empresa propiedad de cuatro matrimonios, entre ellos los padres de Díaz Ayuso. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro, pero Avalmadrid no actuó contra los socios de la empresa, que habían afianzado con todo su patrimonio personal la operación. No sólo eso, sino que Avalmadrid permitió que los avalistas se deshicieran de todos sus bienes sin responder de los 400.000 euros. [Puedes consultar aquí todas las informaciones de este periódico sobre el caso Ayuso]

Eva Piera puso en contacto a Díaz Ayuso con un directivo de Avalmadrid para que le facilitase información sobre la operación de MC Infortécnica SL. Ayuso sabía que la empresa no iba a devolver el dinero y temía que sus padres perdiesen sus propiedades. Esa labor de intermediaria se produjo el 13 de julio de 2011, cuando Piera era viceconsejera de Economía en el Gobierno de Esperanza Aguirre y consejera de Avalmadrid. En sus respuestas a los diputados, dijo hasta en nueve ocasiones que ella jamás había tenido conocimiento de “operaciones concretas”. “No tengo conocimiento ni nunca lo he tenido de operaciones concretas en Avalmadrid”, aseguró una y otra vez. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Eva Piera]

Los correos a los que ha tenido acceso infoLibre demuestran lo contrario. Eva Piera pedía información de manera habitual sobre determinadas operaciones de Avalmadrid a sus tres principales ejecutivos en aquella época: el consejero delegado, Juan Luis Fernández-Rubíes, con quien mantenía una relación más fluida; el presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, y el director de Relaciones Institucionales, Carlos Ramos, que fue quien recibió el encargo de atender a Ayuso.
Todos los correos son del periodo que va septiembre de 2011 a febrero de 2012, es decir, justo en la época en que Avalmadrid avaló a MC Infortécnica SL –marzo de 2011–, esta empresa no devolvió ni la primera cuota del préstamo –diciembre de 2011– y el Comité de Morosidad decidió actuar contra los bienes de los avalistas –abril de 2012–, aunque esa decisión jamás se llevó a efecto. En esos correos, Piera se interesa por 18 operaciones concretas, en algunos casos de forma reiterada.

En uno de los mensajes que intercambia con Fernández-Rubíes, Piera llega a mostrar cierto cansancio por la gran cantidad de favores que le toca gestionar: “En fin, ya ves, para la tarde, los recados de siempre... Siento estar tan decaída y transmitirlo con tanta crudeza como lo hice ayer, pero hay días donde ya es mucho el cúmulo del cansancio, los problemas y ni una buena noticia, y los pedidos de interés...”, escribe el 26 de octubre de 2011. El consejero delegado le contesta en la misma línea: “En definitiva, y también en mi caso el cansancio, los problemas, el no haber una sola buena noticia, los pedidos de interés ‘infumables’ son una constante”. Hay pocas dudas sobre lo que son los “pedidos de interés infumables”, en su propia terminología, puesto que en los textos donde figuran esas frases se habla de tres operaciones concretas de Avalmadrid.

“Yo no iba a esas reuniones del Comité de Morosidad”

Por su parte, Juan Manuel Santos-Suárez afirmó en la comisión parlamentaria que no tenía dato alguno ni de la operación de aval concedida a MC Infortécnica SL, ni de los motivos por los que el Comité de Morosidad había permitido que los avalistas se deshicieran de su patrimonio sin hacer nada. Y todo ello pese a que ese comité estaba presidido por él mismo. La explicación que dio fue la siguiente: en la operativa diaria estaba el consejero delegado y él ni siquiera acudía a las reuniones del Comité de Morosidad, pese a que era su presidente. “Yo no iba a esas reuniones del Comité de Morosidad”, insistió. La verdad es que la propuesta de la reunión del Comité de Morosidad celebrada el 2 de abril de 2012, en la que se analizó el expediente de MC Infortécnica SL, está firmada por el propio Santos-Suárez.

Santos-Suárez, que ahora es consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), también faltó a la verdad de forma evidente en otro momento de la comisión. El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le preguntó si en 2012 se había dirigido a un alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre “diciendo que Avalmadrid tendría que ser disuelta o bien habría que aportar 10 millones de euros”. “No. Nosotros nunca nos dirigimos...”, respondió el compareciente. Este periódico ha tenido acceso a un correo de Santos-Suárez, enviado a Piera el 24 de julio de 2012, donde le dice exactamente lo que le había planteado el diputado de Más Madrid. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Juan Manuel Santos-Suárez]

Este periódico envió a Eva Piera y a Juan Manuel Santos-Suárez una serie de preguntas relacionadas con sus afirmaciones falsas ante la comisión parlamentaria [puedes ver el contenido exacto de las preguntas en La Caja Negra, al final de esta información].

Piera se negó a responder. Santos-Suárez señaló lo siguiente: “Comparecí en la Comisión cumpliendo con mi responsabilidad y en ella contesté a todas las preguntas según mi recuerdo de lo que sucedió hace ocho años”

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/02/14/los_grupos_oposicion_piden_que_vuelvan_comparecer_los_expresidentes_avalmadrid_que_mintieron_comision_investigacion_103991_1012.html

ROSARIO REY SE DESVINCULA DEL INFORME QUE AVALMADRID ENCARGÓ PARA EXCULPAR PENALMENTE A AYUSO

• “Yo no lo encargué y no pasó por el consejo de administración”, declara la expresidenta de Avalmadrid en la comisión de investigación parlamentaria
• Asegura, en cambio, que sí encargó en julio de 2019 una auditoría interna sobre la operación con la empresa de los padres de Ayuso por el “riesgo reputacional” que corría Avalmadrid al publicarse el caso
• Otro expresidente de la sociedad, José María Rotellar, dice no recordar nada sobre los avales de Arturo Fernández, Capital Riesgo Madrid y Madrid Network

La expresidenta de Avalmadrid Rosario Rey aprovechó este viernes su comparecencia en la comisión que investiga las supuestas irregularidades descubiertas en la entidad semipública para desvincularse del informe que la propia sociedad de garantías encargó al bufete Racmo Gestión y que exoneraba de responsabilidad penal a Isabel Díaz Ayuso en relación con el aval concedido a la empresa de sus padres. “Ese informe no lo encargué yo”, declaró tajante Rosario Rey, que presidió Avalmadrid entre octubre de 2015 y agosto de 2019. Según dijo, ese documento tampoco “pasó” por el Consejo de Administración de la sociedad. Cuando los diputados le preguntaron quién lo había encargado entonces, Rey respondió que, si no rebasaba determinado importe, podía pedir un análisis de ese tipo el director general o el Comité de Morosidad.

En 2019 Avalmadrid encargó a Racmo Gestión dos informes a medida con un doble objetivo: evitar la vía penal en el caso Ayuso y echar la culpa de las graves negligencias cometidas durante siete años por los máximos responsables de la entidad a un abogado de Cobralia, la empresa que utilizaba entonces la sociedad de garantías para el recobro de deudas.

Según publicó infoLibre, Racmo Gestión España es la empresa que acababa de firmar –en junio de 2019– un contrato con Avalmadrid para encargarse del cobro de deudas. Es decir, la compañía que ha sustituido a Cobralia en esa tarea. Su presidente, y quien firma los dos documentos es Alfonso Cabeza Navarro-Rubio, hijo del famoso presidente del Atlético de Madrid en los años 80 y abogado con más de dos décadas de experiencia en la gestión del cobro de deudas. No es un penalista. El análisis que hizo sobre la posible responsabilidad penal de los avalistas del aval impagado del caso Ayuso ocupa exactamente 23 líneas, poco más de medio folio.

Además de este informe, la sociedad de garantías también le pidió que se pronunciara sobre la posible actuación negligente de Cobralia, pese a que Racmo Gestión no sólo es uno de sus competidores, sino que además acababa de firmar un contrato con Avalmadrid para prestarle el mismo servicio.

El análisis sobre el aval de MC Infortécnica SL fue filtrado a Libertad Digital, el periódico online de Federico Jiménez Losantos, el 13 de agosto de 2019, el mismo día que Isabel Díaz Ayuso se presentaba a la sesión de investidura como presidenta madrileña.
Ese documento exonera a la presidenta de la Comunidad de Madrid de un delito de alzamiento de bienes. Primero examina la “situación de los avalistas” de MC Infortécnica SL, los cuatro matrimonios dueños de la empresa, entre ellos los padres de Díaz Ayuso. La conclusión es que la “ausencia de solvencia es patente”. Lo curioso es que Racmo sólo analiza la situación de un avalista: Isabel Ayuso Puente, la madre de la presidenta. Después estudia la mejor opción para reclamar a los morosos por la vía civil. Y su conclusión es que procede presentar una demanda de ejecución de títulos no judiciales.

Finalmente, se ocupa de la cuestión penal. Y lo hace de forma llamativa. La cuestión planteada por Avalmadrid fue la siguiente: “Determinar si hay acción penal posible contra los herederos de los deudores fallecidos”. En la actualidad hay dos avalistas muertos: Leonardo Díaz Álvarez, el padre de Díaz Ayuso, y Juan Manuel Pitarch Divar –a quien en el informe unas veces se llama “Pitchar” y otras “Pitcher”, pero nunca por su verdadero nombre–. Los otros seis morosos están vivos. Pero Avalmadrid no preguntó si cabía emprender una acción penal contra ellos. Los juristas consultados por este periódico calificaron de “incomprensible” que se pregunte por unos y no por otros... salvo que se pretenda a toda costa evitar la vía penal, en cuyo caso lo mejor es no preguntar si es posible ir a dicha jurisdicción.
“Riesgo reputacional”

En contraste con el informe encargado a Racmo, Rosario Rey reclamó para sí de forma contundente la iniciativa sobre el informe que la auditoría interna de Avalmadrid elaboró sobre la gestión del recobro del aval a MC Infortécnica SL. “Yo lo pedí”, casi interrumpió a la diputada socialista Pilar Sánchez Acera cuando le preguntó por el documento de julio de 2019 que hizo suyo la Comisión Mixta de Riesgos y Auditoría. Los diputados también le preguntaron por los motivos que le movieron a reclamar ese análisis. Rey explicó que, cuando se publicó en la prensa el supuesto trato de favor concedido a la empresa de los padres de Díaz Ayuso, advirtió en la noticia “aspectos relevantes” que podían suponer un “riesgo reputacional” para Avalmadrid. “Creí que se podía generar un ruido que podía tener un coste de reputación importante para la sociedad”, subrayó.

Aun así, intentó rebajar la importancia del gesto asegurando que había hecho lo mismo con otras operaciones y que el caso de MC Infortécnica SL no lo había comentado en la Consejería de Economía, a la que sí informaba, en cambio, sobre “temas de vital importancia”, o si tenía que tomar “decisiones estratégicas importantes”. Por ejemplo, sí le comunicó el expediente que abrió el Banco de España a Avalmadrid y la denuncia que la propia sociedad presentó ante la Fiscalía a raíz de esa inspección.

Otro tanto ocurrió con los informes que el consejo de administración, que Rosario Rey presidía, encargó a la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) sobre la venta de la cartera de fallidos a Cobralia. También en esa operación la expresidenta halló aspectos revelantes que podían tener un coste reputacional. De hecho, habló de “posibles irregularidades” que podían “incidir en las cuentas o el patrimonio de Avalmadrid” y conducir a la toma de “medidas penales”. Más adelante declaró terminante que en la época en que ella presidió la sociedad de garantías –2015-2019– “no se vendió ninguna cartera de fallidos”. La operación con Cobralia se firmó en junio de 2012.

El informe de PwC, que lleva fecha de diciembre de 2018, dictamina que son “discutibles” la causa y la finalidad tanto del contrato de venta de la cartera de fallidos como de un contrato de subrogación anterior, de 2010, e igualmente la manera en que fueron formalizados: ambos pueden ser nulos porque su causa fue “ilícita”. Según detalla el documento, en abril y mayo de 2012 Avalmadrid llegó a un acuerdo “presumiblemente verbal” con Fernando Cañellas, presidente de Cobralia, para que éste cobrara los honorarios que la entidad semipública le adeudaba hasta entonces. El esquema consistía en la subrogación de los expedientes y la posterior venta de esa cartera de fallidos, una estructura que resultaba “más favorable fiscalmente” para el presidente de Cobralia, destaca PwC. Si se demuestra que ésa era “la única finalidad de ambos negocios jurídicos”, el contrato de venta y el de subrogación tuvieron “una causa ilícita” y, por tanto, “son nulos de pleno derecho”, concluían los analistas.
“La sociedad debe actuar con total diligencia en el cobro de las deudas”

El caso es que ni Avalmadrid ni Cobralia fueron muy diligentes a la hora de recuperar los 400.000 euros del aval que MC Infortécnica SL dejó sin devolver. Así se lo recordaron los diputados a Rosario Reyes.

La empresa de los padres de Díaz Ayuso no reintegró ni la primera cuota del aval, que debía abonar el 15 de diciembre de 2011. Por entonces ya estaba en quiebra: sólo tres meses después de embolsarse los 400.000 euros dejó de pagar las nóminas de los trabajadores y el 23 de septiembre de aquel año despidió a la práctica totalidad de la plantilla. El 2 de abril de 2012, el Comité de Morosidad de Avalmadrid decidió regularizar el importe vencido e impagado —100.000 euros de principal más los intereses, que en ese momento ya superaban los 6.000 euros—, ejecutar la hipoteca sobre una nave del pueblo abulense de Sotillo de la Adrada y embargar los bienes de los avalistas. Pero no hizo nada. Hasta que en noviembre de ese año entregó el expediente a Cobralia para que recuperara el dinero. En 2015, tres años después, esta empresa pidió instrucciones a Avalmadrid sobre cómo proceder contra los accionistas de MC Infortécnica SL e incluso propuso dos posibles vías de acción. Pero la sociedad de garantías no contestó. El resultado fue que durante siete años Avalmadrid no actuó contra los avalistas morosos, que mientras tanto, en varias operaciones de posible alzamiento de bienes, se han deshecho de todo el patrimonio con el que respaldaron la operación de MC Infortécnica SL.

Al respecto Rosario Rey recalcó que las empresas externas encargadas por Avalmadrid de recuperar las deudas están “obligadas a hace todo lo que les dicta” la sociedad de garantías. Como fue Avalmadrid la que no contestó a las propuestas de Cobralia, la expresidenta expresó su descuerdo con “esa práctica”. “La sociedad debe actuar con total diligencia en el cobro de las deudas”, sostuvo. Lo mismo remachó sobre el Comité de Morosidad: “Lo que aprueba debe cumplirse”.

Eso sí, Rosario Rey respondió con evasivas a una pregunta clave que le planteó el diputado Eduardo Gutiérrez, de Más Madrid: si Avalmadrid lleva ocho años sin actuar contra los avalistas, y de ese periodo Rey fue presidenta durante cuatro años, ¿no le toca acaso una parte alícuota de la responsabilidad por esa actuación negligente?
La denuncia ante la Fiscalía

Tras comunicar el Banco de España los resultados de su expediente y proponer sanciones de 667.000 euros a una quincena de consejeros y ejecutivos, así como a la propia Avalmadrid, el consejo de administración que presidía Rosario Rey encargó un informe más, a Forest Partners. En este caso, la consultora debía analizar los 167 avales en los que el Banco de España había descubierto irregularidades. Ese documento destapó los avales que Avalmadrid había concedido a empresas vinculadas con miembros de su consejo de administración o con el PP. Acto seguido, Avalmadrid presentó una denuncia ante la Fiscalía contra algunas de las personas mencionadas en el expediente del Banco de España. Que el ministerio público terminó archivando al considerar prescritos los posibles delitos.

Sin embargo, ese movimiento no fue pacífico en el interior de la sociedad de garantías. Los diputados le preguntaron a Rosario Rey por qué su director general, Pedro Embid, se negó a firmar aquella denuncia. La expresidenta no contestó y remitió a los grupos al propio Embid. Sólo mencionó unos “motivos personales”. La diputada socialista Pilar Sánchez Acera le mostró su sorpresa por el hecho de que, 10 meses después de aquella discrepancia, Pedro Embid siga siendo el director general de Avalmadrid. “Pero usted ya no esté allí”, apuntó. “Eso debería contestarlo el actual consejo de administración”, se limitó a contestar Rey.

Rotellar no recuerda, Carrasco no conoce

En la comisión también compareció otro presidente de Avalmadrid, José María Rotellar, que apenas contestó a las preguntas de los diputados. “No recuerdo”, “no tengo constancia” fueron las respuestas que dio a casi todo lo que le fue planteado. También aseguró que no estaba en “el día a día” de la empresa, por lo que no podía dar información sobre operaciones concretas. Se trata de la misma línea que siguieron los otros dos expresidentes que comparecieron en la comisión el pasado diciembre, Eva Piera y Juan Luis Santos-Suárez. Así, no recordaba ningún detalle sobre los cinco avales por importe total superior a los tres millones de euros que Avalmadrid concedió al Grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández. Es una de las operaciones señaladas por el Banco de España.

Tampoco recordaba nada de los diferentes avales otorgados a empresas participadas por Capital Riesgo Madrid –participada por Imade (Instituto Madrileño de Desarrollo, perteneciente a la Comunidad de Madrid), Caja Madrid, CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid, todos ellos a su vez socios protectores de Avalmadrid–, igualmente incluidos en el expediente del supervisor financiero. O del aval aprobado para Madrid Network,una entidad privada que también dirigió Rotellar, cuando éste se sentaba en el consejo de administración de Avalmadrid –entre 2008 y 2014–.

José María Rotellar admitió que mantiene “una cierta amistad” con Isabel Díaz Ayuso desde 2006, cuando la conoció “en Navacerrada”. Con ella “coincidió” en Madrid Network, donde también trabajó la hoy presidenta madrileña.

Antes había comparecido en la comisión Antonio Carrasco Reija, que como secretario general técnico de la Consejería de Economía había ocupado un puesto de vocal en el consejo de administración de Avalmadrid entre 2015 y 2019 y antes había sido interventor de la Comunidad de Madrid. Carrasco negó en dos ocasiones conocer a Jesús Juan Ciro Martín Sanz, vicepresidente de la patronal CEIM, consejero de Avalmadrid y, al mismo tiempo socio –con un 5% del capital– y padre del accionista mayoritario de la empresa Cubenube SL, una de las analizadas tanto por el Banco de España como por la consultora Forest Partners por sus vinculaciones.

Pese a la insistencia del diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé, Antonio Carrasco rechazó cualquier conexión con Martín Sanz, pese a que ambos compartieron en la misma época, 2016, dos consejos de administración: el de Avalmadrid y el del Centro de Transportes de Coslada, una sociedad pública participada por la Comunidad de Madrid, la Cámara Oficial de Comercio de Madrid y el Ayuntamiento de ese municipio madrileño. Forest Partners dictamina que el aval nunca debió concederse no sólo por las vinculaciones entre la empresa y el consejero de Avalmadrid, sino también porque Cubenube incumplía su plan de negocio y no presentó garantías suficientes.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/02/15/la_expresidenta_avalmadrid_desvincula_del_informe_que_entidad_encargo_para_exculpar_diaz_ayuso_104000_1012.html


LOS DOS PRESIDENTES DE AVALMADRID IMPLICADOS EN EL 'CASO AYUSO' MINTIERON EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

• "Nunca he tenido conocimiento de operaciones concretas en Avalmadrid", afirmó Piera. infoLibre ha tenido acceso a decenas de correos suyos pidiendo datos de operaciones concretas a los principales ejecutivos de Avalmadrid
• Santos-Suárez dijo desconocer cualquier dato sobre el aval a la empresa de los padres de Ayuso porque no había ido a las reuniones del Comité de Morosidad. El acta de una de esas reuniones está firmada de su puño y letra
• El Código Penal castiga "faltar a la verdad" en una comisión de investigación parlamentaria con penas de hasta un año de cárcel
• Piera se niega a responder a las cuestiones que le formuló este periódico; Santos-Suárez explica: "Contesté a todas las preguntas según mi recuerdo de lo que sucedió hace más de ocho años"


Correo de Piera al consejero delegado de Avalmadrid, enviado el 26 de octubre de 2011.

Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez, expresidentes de Avalmadrid implicados en el escándalo del aval otorgado por dicha sociedad semipública a una empresa de los padres de Isabel Díaz Ayuso, mintieron en sus comparecencias ante la comisión de investigación creada en la Asamblea de Madrid. Así lo demuestran diversos documentos a los que ha tenido acceso infoLibre.

El Código Penal, en su artículo 502, castiga "con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses" a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, "faltare a la verdad en su testimonio".

La Asamblea madrileña creó el año pasado una comisión de investigación para aclarar las presuntas irregularidades cometidas en Avalmadrid, una sociedad de garantías donde la Comunidad de Madrid es el accionista mayoritario con más del 26% del capital. Entre los capítulos más escandalosos está, según desveló infoLibre, lo ocurrido con una operación de aval de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica SL, compañía propiedad de cuatro matrimonios, entre los que estaban los padres de la actual presidenta madrileña. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro, pero Avalmadrid no actuó contra los socios de la empresa, que habían afianzado con todo su patrimonio personal la operación. No sólo eso, sino que Avalmadrid permitió que los avalistas se deshicieran de todos sus bienes sin responder de los 400.000 euros. [Puedes consultar aquí todas las informaciones de este periódico sobre el caso Ayuso]

Las comparecencias en la comisión de investigación se iniciaron el pasado 17 de diciembre. De los cuatro testimonios, destacaron los de Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez, ambos con un papel destacado en el caso Ayuso.

Eva Piera puso en contacto a Ayuso con un directivo de Avalmadrid para que le facilitase información sobre la operación de MC Infortécnica SL. Ayuso sabía que la empresa no iba a devolver el dinero y temía que sus padres perdiesen sus propiedades. Esa labor de intermediaria se produjo el 13 de julio de 2011, cuando Piera era viceconsejera de Economía en el Gobierno de Esperanza Aguirre y consejera de Avalmadrid, entidad que había presidido años antes. En sus respuestas a los diputados, dijo hasta en nueve ocasiones que ella jamás había tenido conocimiento de "operaciones concretas". "No tengo conocimiento ni nunca lo he tenido de operaciones concretas en Avalmadrid", aseguró una y otra vez. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Eva Piera]

Los correos a los que ha tenido acceso infoLibre demuestran que la realidad era exactamente la contraria. Eva Piera pedía información de manera habitual sobre determinadas operaciones de Avalmadrid a sus tres principales ejecutivos en aquella época: el consejero delegado, Juan Luis Fernández-Rubíes, que era con quien mantenía una relación más fluida; el presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, y el director de Relaciones Institucionales, Carlos Ramos, que fue quien recibió el encargo de atender a Ayuso.

Todos los correos son del periodo que va septiembre de 2011 a febrero de 2012, es decir, justo en la época en que Avalmadrid avaló a MC Infortécnica SL (marzo de 2011), esta empresa no devolvió ni la primera cuota del préstamo (diciembre de 2011) y el Comité de Morosidad decidió actuar contra los bienes de los avalistas (abril de 2012), aunque esa decisión jamás se llevó a efecto. En esos correos, Piera se interesa por 18 operaciones concretas, en algunos casos de forma reiterada.

Piera, en uno de los mensajes que intercambia con Fernández-Rubíes, llega a mostrar cierto cansancio por la gran cantidad de favores que le toca gestionar: "En fin, ya ves, para la tarde, los recados de siempre... Siento estar tan decaída y transmitirlo con tanta crudeza como lo hice ayer, pero hay días donde ya es mucho el cúmulo del cansancio, los problemas y ni una buena noticia, y los pedidos de interés...", escribe el 26 de octubre de 2011. El consejero delegado le contesta en la misma línea: "En definitiva, y también en mi caso el cansancio, los problemas, el no haber una sola buena noticia, los pedidos de interés 'infumables' son una constante". Hay pocas dudas sobre lo que son los "pedidos de interés infumables", en su propia terminología, puesto que en los textos donde figuran esas frases se habla de tres operaciones concretas de Avalmadrid.

Juan Manuel Santos-Suárez, por su parte, afirmó en la comisión parlamentaria que no tenía dato alguno ni de la operación de aval concedida a MC Infortécnica SL, ni de los motivos por los que el Comité de Morosidad había permitido que los avalistas se deshicieran de su patrimonio sin hacer nada. Y todo ello pese a que el Comité de Morosidad estaba presidido por él mismo. La explicación que dio fue la siguiente: en la operativa diaria estaba el consejero delegado y él ni siquiera acudía a las reuniones del Comité de Morosidad, pese a que era su presidente. "Yo no iba a esas reuniones del Comité de Morosidad", insistió. La verdad es que la propuesta de la reunión del Comité de Morosidad celebrada el 2 de abril de 2012, en la que se analizó el expediente de MC Infortécnica SL, está firmada por el propio Santos-Suárez.

Santos-Suárez, que ahora es uno de los consejeros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), también faltó a la verdad de forma evidente en otro momento de la comisión. El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le preguntó si en el año 2012 se había dirigido a un alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre "diciendo que Avalmadrid tendría que ser disuelta o bien habría que aportar 10 millones de eruos". "No. Nosotros nunca nos dirigimos...", respondió el compareciente. Este periódico ha tenido acceso a un correo de Santos-Suárez, enviado a Piera el 24 de julio de 2012, donde le dice exactamente lo que le había planteado el diputado de Más Madrid. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Juan Manuel Santos-Suárez]

Este periódico envió a Eva Piera y a Juan Manuel Santos-Suárez una serie de preguntas relacionadas con sus afirmaciones falsas ante la comisión parlamentaria [puedes ver el contenido exacto de las preguntas en La Caja Negra, al final de esta información]. Piera se negó a responder. Santos-Suárez señaló lo siguiente: "Comparecí en la Comisión cumpliendo con mi responsabilidad y en ella contesté a todas las preguntas según mi recuerdo de lo que sucedió hace ocho años".


LAS "OPERACIONES CONCRETAS" POR LAS QUE SE INTERESÓ PIERA

Este periódico reproduce a continuación los fragmentos más significativos de los mensajes intercambiados entre Eva Piera y los tres principales ejecutivos de Avalmadrid, que demuestran sin ningún género de duda su interés por "operaciones concretas". En todos los casos, Piera utilizó la cuenta de correo oficial que tenía como viceconsejera de la Comunidad de Madrid. Los directivos de Avalmadrid usaron las cuentas que tenían en esta sociedad. Ninguna de ellas sigue operativa en estos momentos.

"Los pedidos de interés"


El 26 de octubre de 2011, Eva Piera le escribe al consejero delegado de Avalmadrid –a quien habitualmente llamaba "Juancho"– interesándose por tres operaciones concretas de la sociedad de garantías: una de Bodegas Álvaro de Luna, otra de Vama y una tercera relacionada con una estación de esquí en el Puerto de Navacerrada. En relación con esta última, Piera le pide a Fernández-Rubíes lo siguiente: "dile a Jota de donde viene la operación". "Jota" es como llamaban al entonces presidente de Avalmadrid, Santos-Suárez.

Tras los detalles sobre estas tres operaciones, Piera confiesa su cansancio por la situación en general, y por el hecho de tener que realizar este tipo de gestiones, que ella llama "pedidos de interés". En concreto, escribe: "En fin, ya ves, para la tarde, los recados de siempre... Siento estar tan decaída y transmitirlo con tanta crudeza como lo hice ayer, pero hay días donde ya es mucho el cúmulo del cansancio, los problemas y ni una buena noticia, y los pedidos de interés...".


Al día siguiente, le responde el consejero delegado. Es un mensaje extenso, en el que detalla el estado en que se encuentran las solicitudes de avales de las tres operaciones. En cuanto a la estación de esquí, le aclara: "Jota ya sabe de dónde viene la operación y el que te haya o no confirmado la reunión (ya te dije sin problema) será una cuestión de sus tiempos".

Al final del mensaje, traslada a Piera que él también se encuentra cansado, entre otras cosas de los "pedidos de interés infumables" que debe gestionar. "En definitiva y también en mi caso el cansancio, los problemas, el no haber una sola buena noticia, los pedidos de interés “infumables” son una constante y salvo tu, espero, no veo el más mínimo reconocimiento no ya a mi persona que ni lo tengo ni lo espero a estas alturas, pero si al menos a la Sociedad que se lo gana día a día".

"Ya te puedes imaginar a quién se han ido a quejar"

El viernes 9 de septiembre de 2011, con un asunto que pone "urgente lunes", Piera le pide al consejero delegado datos de la empresa Publintermedia SL, "que parece que ha ido a pedir un aval para una operación y que (dicen que) les habéis dicho que Avalmadrid no trabaja con empresas metidas en el mundo cultural? Ya te puedes imaginar a quién se han ido a quejar... así es lo cultural". El mensaje termina pidiéndole que le pase un informe el lunes siguiente.

Efectivamente, el lunes Fernández-Rubíes le contesta con un detallado correo, en el que explica que Publintermedia SL había pedido un préstamo aval de 800.000 euros. La compañía quería el afianzamiento para estrenar en Madrid el musical Hair, después de perder más de un millón de euros en Barcelona y Valencia. El consejero delegado llevó la operación como "favorable" a la Ejecutiva de Avalmadrid, con un razonamiento atípico en el mundo financiero: "Entendíamos que precisamente la experiencia negativa en su anterior estreno en Barcelona y Valencia les había enseñado cómo hacer ahora las cosas para su estreno en Madrid y el Plan de Negocio nos parecía coherente y viable".
Pero en la Ejecutiva la operación se tumbó, por la oposición de Santos-Suárez.

Un hecho que Fernández-Rubíes narra con detalle a Piera y que aprovecha para criticar a su jefe: "Los miembros de Caja Madrid [en la Ejecutiva de Avalmadrid] no veían muy bien la operación pero, fue precisamente la postura totalmente contraria de Juan Manuel la que hizo que una operación que se presentaba como aprobada fuera finalmente denegada. Ya te he comentado en anteriores ocasiones el papel de Juan Manuel en las Ejecutivas".

Tras delatar a su jefe, pide a Piera que no le delate a él: "Abrazo y ya me dices, si bien no me gustaría que pensase Juan Manuel que esto, que ha sido así, se sabe por mí ya que yo tengo que manejar internamente siempre esta situación".

"Te paso detalle del sobre que me dejaste ayer"

El 5 de octubre de 2011, Fernández-Rubíes le escribe a Piera. En el "asunto" del correo consta lo siguiente: "Confidencial. Operación pasada en sobre por Nacho en Consejo. Hospital Veterinario Virgen de las Nieves".

El texto del mensaje comienza de manera similar: "Eva, te paso detalle del sobre que me dejaste ayer. Ref: Hospital Clínico Veterinario Virgen de las Nieves. La empresa ya había estado previamente en Avalmadrid". A continuación detalla los motivos por los que, en su opinión, no se puede aprobar la operación que pretenden.

"Me pide Gádor si se puede saber cómo va esta solicitud que menciona"

En algunos de los correos, Piera explica quién le ha pedido el favor. Es lo que ocurre por ejemplo en una ocasión con Gádor Óngil, que en septiembre de 2011 era diputada autonómica igual que Piera y Ayuso.

El 26 de septiembre de 2011, a las 13:23 horas, Piera se dirige a "Juancho" para indicarle que está en una reunión, pero que le llama en cuanto salga "para hablar de los asuntos pendientes". Por otro lado, añade, "me pide Gádor si se puede saber cómo va esta solicitud que menciona".

Gádor Ongil se había interesado por dos operaciones que habían solicitado a Avalmadrid las empresas Vía Cero SL y OnTime Transporte y Logística SL.

El consejero delegado le contesta ese mismo día, a las 14:15 horas, explicándole que la operación "se trabajó mucho" pero es muy difícil concederla.

En el mensaje de Fernández-Rubíes, se ve que ha reenviado el mensaje inicial de Piera a otro directivo de Avalmadrid para que le aporte la información. De forma que queda claro quién se está interesando por esa operación concreta. Algo que Piera le reprocha, con suavidad, a las 18:02 de aquel 26 de septiembre: "En fin, sólo rogarte que no reenvíes los mensajes tal cual te los mando, eso son solo para ti. Que tú sepas quién se interesa no me importa, pero que lo sepa toda la organización no es lo suyo".


Dos semanas después, Piera sigue con su interés por la operación que cuenta con el respaldo de Gádor Ongil. El consejero delegado, ante la insistencia, contesta en un tono algo molesto, nada habitual en los mensajes que intercambia con Piera. "Eva, creí que te lo había dicho cuando nos vimos en tu despacho. Seguimos pensando en nueva revisión en el Comité que no se les debe aprobar la financiación solicitada". Estas últimas palabras, en mayúscula en el original.

O sea que Piera no sólo se interesaba por "operaciones concretas" de Avalmadrid, en contra de lo que dijo ante la comisión parlamentaria, sino que incluso lo hacía en su despacho de viceconsejera de la Comunidad de Madrid.

En todo caso, Piera no se desanima ante el mensaje y hace un nuevo intento, a las 15:41 horas del 6 de octubre: "Juancho, y bajando el importe sustancialmente o compartiendo la operación con otra entidad por lo grande del importe?".

"Confirmad disponibilidad. Yo también estaré"


El 19 de enero de 2012, Piera escribe a los dos principales ejecutivos de Avalmadrid: "Jota" y "Juancho", para ella. La operación que le preocupa está relacionada con Beccara, una cadena de tiendas de decoración.

Una de las directivas de Beccara le ha llamado para tener una reunión y explicar "la situación de la empresa, sus planes y necesidades de financiación". Piera ya se ha tomado la molestia de "agendar" la cita, ha "sugerido" hacerlo en la sede de Avalmadrid y ha considerado que sería oportuno que estuviera al menos uno de los dos ejecutivos, o "Jota" o "Juancho", para que todo sea más operativo. "Por favor, confirmad disponibilidad. Yo estaré también".


LO QUE SANTOS-SUÁREZ SÍ CONOCÍA

Juan Manuel Santos-Suárez también faltó a la verdad en su comparecencia ante la comisión parlamentaria. Los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre prueban como mínimo dos falsedades: una sobre su participación en el aval a la empresa de los padres de Ayuso y otra sobre un momento crítico que se vivió en Avalmadrid en 2012 cuando –por error– algunos de sus directivos pensaron que los índices de morosidad se habían disparado hasta límites que obligaban a suspender su actividad.


El acta que firmó el presidente


Al igual que Eva Piera, el presidente de Avalmadrid cuando se concedió el aval de 400.000 euros a la empresa de los padres de Ayuso también alegó en su defensa desconocimiento. Piera lo hizo con el argumento de que no se interesaba por ninguna "operación concreta", mientras que Santos-Suárez adujo que él no estaba en la operativa diaria, que ese era el trabajo del consejero delegado. Y que él ni siquiera asistía al Comité de Morosidad, pese a que era su presidente.

infoLibre ha tenido acceso a la propuesta que realizó el Comité de Morosidad, el 2 de abril de 2012, en relación con MC Infortécnica SL, después de que no hubiese devuelto ni la primera cuota del préstamo avalado. Se trata de un documento de siete hojas, en el que se analizan los datos principales de la operación y la situación de los bienes de los ocho avalistas solidarios –entre ellos los padres de Ayuso–. Pues bien, ese documento aparece firmado de su puño y letra por el presidente del Comité de Morosidad, Juan Manuel Santos-Suárez. Por tanto, es falso que desconociese los datos de la operación.

Lo que ocurrió aquel día en el Comité de Morosidad es clave para entender la pasividad total de Avalmadrid a la hora de reclamar los 400.000 euros a los morosos de MC Infortécnica SL. Formalmente, se acordó "regularizar" el aval –es decir, pagar a la entidad financiera que había puesto el dinero– y "ejecutar hipoteca y avalistas". Los ocho socios de la compañía eran avalistas solidarios y, en consecuencia, respondían con todos sus bienes presentes y futuros del dinero recibido. Pero, pese a esa decisión formal del Comité de Morosidad, la realidad es que Avalmadrid nunca ejecutó los bienes de los avalistas.

Al revés, permitió que se deshicieran de los bienes que tenían. Como desveló este periódico, a la hora de solicitar el aval, los cuatro matrimonios propietarios de MC Infortécnica SL justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 13 propiedades valoradas en 3,27 millones de euros. De ese patrimonio, siete inmuebles no estaban hipotecados en aquel momento, y por tanto podían disponer de ellos. Pues bien, entre octubre de 2011 y junio de 2012, traspasaron los siete inmuebles que tenían a su disposición, evitando así que Avalmadrid los embargase. En varios casos, mediante donaciones o presuntas ventas simuladas a sus hijos. Así ocurrió por ejemplo en el caso de Isabel Díaz Ayuso, que se apropió de un piso en el centro de Madrid por medio de una donación de sus padres.

En aquella reunión del Comité de Morosidad del 2 de abril de 2012, la que aparece firmada por Sántos-Suárez, ya habían desaparecido cuatro bienes del patrimonio de los morosos, entre ellos tres del matrimonio Díaz Ayuso: la nuda propiedad del piso de Madrid que se quedó su hija Isabel, la vivienda de Sotillo de la Adrada (Ávila) que fue a parar a manos de su hijo Tomás y una de las naves industriales que tenían en el pueblo abulense.

En julio de 2019, cuando este periódico ya había desvelado datos esenciales del caso Ayuso, la entonces presidenta de Avalmadrid –Rosario Rey García, que está citada este viernes a declarar en la comisión parlamentaria– encargó un informe a la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos de la entidad sobre las actividades de recuperación en el expediente de MC Infortécnica SL. En ese documento, se destaca con claridad la actuación negligente de la cúpula de Avalmadrid: "En la propuesta del Comité de Morosidad del 2 de abril de 2012 únicamente se refleja el usufructo de los avalistas [los padres de Ayuso], sin hacer referencia a que la nuda propiedad pertenece a su hija. Tampoco se indica de forma expresa que la situación de titularidad del inmueble es distinta a la de la fecha en que se concedió la operación".

"Tenemos solvencia para operar hasta final de año"

"¿Usted se dirigió en algún momento, del 2012, a algún alto cargo del Gobierno de la Comunidad de Madrid diciendo que Avalmadrid tendría que ser disuelta o bien habría que aportar 10 millones de euros?", preguntó en la comisión el diputado Eduardo Gutiérrez, de Más Madrid.

"No. Nosotros nunca nos dirigimos... Evidentemente, en el Consejo de Administración –y estaba perfectamente enterado– estaba el viceconsejero de Economía en esa época", respondió Santos-Suárez.

Pues bien, la realidad es exactamente la que dibujó Gutiérrez y negó el expresidente de la sociedad de garantías. El 24 de julio de 2012, a las 12:23 horas, Santos Suárez escribió un correo a Eva Piera –entonces viceconsejera de Economía de Aguirre– en el que aseguraba que la morosidad está creciendo "a unos niveles alarmantes". "La primera decisión es si los socios protectores van a apoyar financieramente a AVM. Si no fuese así, deberíamos dejar de operar inmediatamente y reestructurar la sociedad o disolverla, vendiendo la cartera de riesgos", advertía Santos-Suárez, quien un poco más adelante indicaba las medidas que se debían adoptar si se quería mantener Avalmadrid operativa: una de ellas era que los socios protectores, incluyendo la Comunidad, realizasen aportaciones al capital "por un importe que puede llegar a 10.000.000 €" en 2013.

Al final todo fue una falsa alarma. En Avalmadrid se habían confundido en el cálculo de los índices de morosidad.


LAS PREGUNTAS DE INFOLIBRE PARA PIERA Y SANTOS-SUÁREZ

Eva Piera se negó a contestar a las preguntas que le formuló este periódico. Las cuestiones planteadas y que quedaron sin responder fueron las siguientes:

1. ¿Por qué afirmó ante la Comisión de la Asamblea, en reiteradas ocasiones, que usted jamás se interesó por ninguna "operación concreta" de Avalmadrid, cuando era una de las actuaciones que realizaba de forma habitual con los principales directivos que tenía entonces Avalmadrid (especialmente a través del Sr. Fernández-Rubíes)?

2. Antes de iniciarse su declaración en la Asamblea, se le hicieron los apercibimientos legales oportunos, en referencia al artículo 502 del Código Penal, que castiga con "prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses" a quien "convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio". A la vista de los hechos narrados en la pregunta anterior, ¿mantiene usted que no ha faltado a la verdad en su comparecencia ante la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid?
Juan Manuel Santos-Suárez respondió con un mensaje de dos líneas a las tres preguntas planteadas: "Comparecí en la Comisión cumpliendo con mi responsabilidad y en ella contesté a todas las preguntas según mi recuerdo de lo que sucedió hace ocho años". Las cuestiones que le formuló infoLibre fueron estas:

1. Usted afirmó en varias ocasiones en la comisión de investigación de Avalmadrid que “no se enteró” de “nada” de la operación con MC Infortécnica SL. Y que tampoco sabía por qué no se actuó contra los avalistas, pese a que así se decidió en el Comité de Morosidad. Y todo ello, según explicó, porque no asistió a las reuniones del Comité de Morosidad ni se enteró jamás de su contenido. ¿Por qué realizó esas afirmaciones cuando la propuesta del Comité de Morosidad de 2 de abril de 2012, donde constan todos los datos esenciales de la operación, de los avalistas y de las actuaciones decididas por Avalmadrid, lleva su firma?

2. El diputado Sr. Gutiérrez (Más Madrid) le preguntó si en algún momento usted se había dirigido en 2012 a un alto cargo del Gobierno de la Comunidad de Madrid diciendo que Avalmadrid tendría que ser disuelta o bien habría que inyectarle 10 millones de euros. ¿Por qué negó ante la Comisión unos hechos que son estrictamente ciertos, de acuerdo con el correo electrónico que usted mismo envió a la entonces viceconsejera Eva Piera desde su cuenta de Avalmadrid?

3. Antes de iniciarse su declaración en la Asamblea, se le hicieron los apercibimientos legales oportunos, en referencia al artículo 502 del Código Penal, que castiga con "prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses" a quien "convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio". A la vista de los hechos narrados en las dos preguntas anteriores, ¿mantiene usted que no ha faltado a la verdad en su comparecencia ante la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid?


https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/02/14/los_dos_presidentes_avalmadrid_implicados_caso_ayuso_mintieron_comision_investigacion_103940_1012.html

EL GOBIERNO DE AYUSO ENVÍA A LA ASAMBLEA DATOS INCOMPLETOS SOBRE LAS SUBVENCIONES DE AVALMADRID Y LO ATRIBUYE A UN "ERROR"

• A preguntas de infoLibre, la Consejería de Hacienda admite que faltan las ayudas públicas concedidas en 2007 y 2009

• La Consejería de Economía cifra en 46,88 millones de euros el dinero público aportado a la entidad desde su creación

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso entregó a la comisión que investiga las supuestas irregularidades en Avalmadrid un listado de los fondos que la Comunidad madrileña destinó a esta sociedad de garantía recíproca que sumaba 29,55 millones de euros. Pese a que los diputados de la Asamblea regional le pidieron los datos sobre todas las partidas asignadas a Avalmadrid desde 2007, el año en que ha delimitado la comisión sus trabajos, el Ejecutivo madrileño sólo envió información sobre las subvenciones concedidas desde noviembre de 2009.

Pero, como ha publicado este periódico, ya con anterioridad a esa fecha, Avalmadrid también había recibido importantes cantidades de dinero público. Así consta en la propia página web de la sociedad de garantías y en sus informes anuales. Avalmadrid explica que, en virtud del convenio que firmó con la Comunidad de Madrid y Caja Madrid en 2005, ambas instituciones aportaron un total de 48 millones de euros hasta 2008, a partes iguales: 24 millones cada una, a razón de ocho millones anuales.

En 2009, según esas mismas fuentes, la Comunidad de Madrid volvió a aportar ocho millones de euros a Avalmadrid, y Caja Madrid otros tantos. Ese mismo año, la web informa de otras subvenciones: 1,5 millones de euros a través de los Programas de Apoyo a las Mujeres Empresarias y 600.000 euros a través del Programa de Innovación Tecnológica. “Se establece así una estrecha vinculación entre la financiación pública y la política de productos promovidos por Avalmadrid”, resalta la página web. Estas cantidades, sin embargo, no aparecen en la relación de partidas suministradas por el Gobierno regional a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid.
infoLibre ha preguntado a la Consejería de Economía –cuyo viceconsejero preside Avalmadrid– por la divergencia entre ambas fuentes de información y este departamento le ha remitido a Hacienda, la consejería, según explica, que elaboró el documento remitido a la Asamblea de Madrid. Un portavoz de Hacienda reconoce que, en efecto, faltan partidas en la documentación enviada a la comisión y atribuye su ausencia a un “error material”. También al hecho de que Avalmadrid ha cambiado de CIF a lo largo de los años. “Son datos de hace mucho tiempo, cuando se utilizaba una base de datos antigua”, indica el portavoz. Hacienda dice también queha enviado a la Asamblea “una ampliación de la información” facilitada, con las subvenciones entre 2007 y 2008 que han encontrado ahora, tras las preguntas de este periódico, pero que no figuran en la primera lista proporcionada a la comisión de investigación.
Sobre los convenios firmados por Economía y Caja Madrid con la sociedad de garantías en 2005 y 2009, Hacienda señala que no tiene acceso a ellos, pero que los ha solicitado para su comprobación.

Las cifras de la Consejería de Economía

Al mismo tiempo, este periódico ha solicitado al Gobierno de Madrid, a través de su Portal de Transparencia, el listado completo de las subvenciones y aportaciones económicas de cualquier tipo recibidas por Avalmadrid desde su fundación en 1985 hasta la actualidad. Tanto las concedidas por la Consejería de Economía –de la que depende la sociedad de garantías y con la que firma sus convenios– como por cualquiera de sus organismos. Según la información remitida por esa consejería, actualmente en manos de Ciudadanos, Avalmadrid recibió un total de 46,88 millones de euros de dinero público.

Las aportaciones se dividen en tres tipos: suscripciones del capital social de Avalmadrid, fondos y líneas de bonificación a pymes y autónomos con cargo al presupuesto de la Consejería de Economía y el convenio de reafianzamiento que la Comunidad de Madrid firmó con la sociedad de garantías en octubre de 2011.

Desde 1982 y hasta 2007, la Comunidad de Madrid aportó 16,71 millones de euros por su participación accionarial en Avalmadrid, que en la actualidad equivale a un26,1% del capital –aunque llegó a representar más del 33% hace una década–. Así, al presidente de Avalmadrid lo nombra la Consejería de Economía, el accionista mayoritario, y tanto él como los otros dos representantes de la Comunidad en el consejo de administración son altos cargos de ese departamento.

Respecto a los fondos y líneas de bonificación, la Consejería de Economía sólo facilita las consignadas a partir de 2011. Son de tres clases. Un total de 9,41 millones de euros corresponden a aportaciones al fondo de provisiones técnicas de Avalmadrid, que forma parte del patrimonio de la entidad y sirve para reforzar su solvencia. Estas cifras concuerdan con las facilitadas a la comisión de investigación de la Asamblea por la Consejería de Hacienda, según ha comprobado este periódico.

A esa cantidad hay que sumarle otros 13,05 millones de euros en fondos de provisiones técnicas específicas para autónomos en activo y desempleados, cooperativas y sociedades laborales. Estas partidas, que se desembolsaron únicamente en 2017 y 2018, no se corresponden con las cantidades del listado enviado a la comisión por Hacienda: en éste faltan 2,05 millones que sí aparecen en los datos de Economía.
Finalmente, las líneas para bonificar los costes de financiación de pymes y autónomos supusieron un desembolso de 5,23 millones de euros en 2011 y 2012, otra cifra que tampoco coincide con las facilitadas a la Asamblea. Economía informa de 3,8 millones de euros adicionales que no figuran en las cuentas de Hacienda.

En total, desde 2011 hasta febrero de 2020 el Gobierno madrileño concedió a Avalmadrid 27,7 millones de euros en este tipo de aportaciones, siempre según las cuentas de la Consejería de Economía.
Convenio de reafianzamiento

La tercera fuente de dinero público de la sociedad de garantías en estos años fue el convenio de reafianzamiento firmado en octubre de 2011, por el que la Comunidad de Madrid cubría el riesgo asumido por Avalmadrid en la concesión de los avales. Si las empresas no devolvían el dinero de los préstamos que conseguían en los bancos –gracias a la garantía otorgada por Avalmadrid–, la Comunidad cubría el fallido junto con la empresa pública de reafianzamiento Cersa. Por los 51 avales impagados de 2011 –el convenio no fue renovado–, el Gobierno autonómico ha desembolsado 2,46 millones de euros.

Una de esas operaciones reavaladas y no pagadas por las que la Comunidad de Madrid tuvo que poner el dinero fue la firmada con MC Infortécnica SL, la empresa propiedad de los padres de la presidenta, Isabel Díez Ayuso. Lo hizo el 3 de marzo de 2016, cuando el Gobierno regional estaba presidido por Cristina Cifuentes, y la cantidad que abonó a Avalmadrid ascendió a 102.030,55 euros, el 25% –más los intereses– del aval de 400.000 euros concedido a la empresa.
Ese importe reavalado fue el cuarto más voluminoso de todos los desembolsados por la Comunidad de Madrid en virtud del citado convenio.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/02/14/el_gobierno_ayuso_atribuye_fallo_informatico_que_facilitara_comision_avalmadrid_datos_incompletos_subvenciones_103947_1012.html

LA COMUNIDAD DE MADRID PAGÓ POR 51 OPERACIONES FALLIDAS DE AVALMADRID: LA CUARTA DE MAYOR IMPORTE FUE LA EMPRESA DE LOS PADRES DE AYUSO
 

El dinero público destinado a cubrir esos impagos ascendió a 2,46 millones, pero los cuatro principales morosos sumaron el 73% del total, según los datos en poder de infoLibre El fallido que más dinero costó a los madrileños fue Tallelec SL, con 1,1 millones de euros. Era una empresa administrada por el tesorero de la Federación de Fútbol de Madrid A continuación se sitúan Valentín SA (367.202 euros), El Asador de Enrique SL (228.205 euros) y MC Infortécnica SL (102.030 euros). Esta última es la sociedad del 'caso Ayuso'

Avalmadrid, como cualquier otra sociedad de garantía recíproca (SGR), tiene cubiertas sus provisiones y fallidos mediante un contrato de reafianzamiento con la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), una sociedad pública que otorga el respaldo del Estado a los riesgos asumidos por las 18 SGR que hay en España. Pero Cersa sólo ofrece una cobertura parcial. Para completarla, Avalmadrid firmó en octubre de 2011 un convenio de reafianzamiento con la Comunidad de Madrid que le permitió reavalar hasta un 75% de las operaciones firmadas ese año.

Así, Avalmadrid reavalaba tres de cada cuatro operaciones de aval que aprobaba. Su límite es de 625.000 euros por empresa. Y de 80 millones de euros en total. Según su último informe anual, la sociedad de garantía madrileña tenía reavalados a 31 de diciembre de 2018 un total de 163,5 millones de euros, de los cuales la Comunidad de Madrid asume 4,5 millones.

De ese conjunto de operaciones, la Comunidad ha tenido que abonar hasta el momento 2,46 millones de euros para cubrir un total de 51 fallidos, operaciones cuyo importe no fue devuelto por las empresas avaladas en 2011. Según la información facilitada a infoLibre por el propio Gobierno madrileño, el convenio firmado ese año se tradujo en el reaval de 464 operaciones que suman 87,26 millones de euros.

Una de esas operaciones reavaladas y no pagadas por las que la Comunidad de Madrid tuvo que poner el dinero fue la firmada con MC Infortécnica SL, la empresa propiedad de los padres de la presidenta, Isabel Díez Ayuso. Lo hizo el 3 de marzo de 2016, cuando el Gobierno regional estaba presidido por Cristina Cifuentes, y la cantidad que debió abonar a Avalmadrid ascendió a 102.030,55 euros, el 25% –más los intereses– del aval de 400.000 euros concedido a la empresa.

Ese importe fue el cuarto más voluminoso de todos los abonados por la Comunidad de Madrid en virtud del citado convenio de 2011. Los cuatro mayores desembolsos para cubrir impagos suman el 73,26% del dinero público destinado hasta ahora a este fin. El fallido que mayor desembolso supuso para las arcas madrileñas fue el de Tallelec SL, una empresa de instalaciones eléctricas a la que Avalmadrid concedió un aval de 1,6 millones de euros. El reaval de la Comunidad de Madrid era del 71% de esa cantidad, por lo que la administración autonómica tuvo que pagar 1,1 millones de euros para cubrir la deuda. El administrador único de Tallelec SL desde octubre de 2012 era Antonio Santos García, vicepresidente de Asuntos Económicos y Tesorero de la Real Federación de Fútbol de Madrid.

El pasado mes de junio Santos García y el presidente de la federación madrileña, Francisco J. Díez Ibáñez, fueron denunciados por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por apropiación indebida, administración desleal y corrupción. Se les acusa de toda una serie de irregularidades, desde la venta sin autorización de la sede de la federación madrileña hasta la adjudicación de contratos a personas vinculadas a directivos e incluso el cobro inflado de dietas y sueldos. Este periódico ha intentado en varias ocasiones, sin éxito, ponerse en contacto con Antonio Santos para recabar información sobre Tallelec SL, que entró en concurso de acreedores en marzo de 2013.

Relojes de lujo

La segunda empresa por la que debió pagar más dinero la Comunidad de Madrid fue Valentín SA, dedicada a la venta de relojes de lujo. Avalmadrid también le otorgó un aval de cuantía muy elevada, un millón de euros, que fue reavalado por la Comunidad en un 44%. Al no poder devolver ese importe y declararse en concurso en septiembre de 2013, la Hacienda madrileña abonó 367.202,44 euros. Valentín SA ha tenido como apoderado a Valentín López Haba y como administrador único a su hermano Roberto, hasta que entró en concurso. Fue extinguida en noviembre de 2017.

Roberto López Haba declaró en el juicio del caso Tándem, la investigación sobre las actividades ilegales del excomisario José Manuel Villarejo. En concreto, lo hizo en defensa del excomisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca, amigo de Villarejo. Según publicó en su día Vozpopuli, López Haba aseguró que en las navidades de 2012 había tocado la lotería en su empresa y que había repartido el premio “con los trabajadores y con amigos”, entre ellos tanto el policía como un empresario imputado, por regalar a Salamanca un reloj Rolex a cambio de favores.

El tercer mayor pago de la Comunidad de Madrid para cubrir fallidos tuvo como beneficiario El Asador de Enrique SL, un restaurante y hotel situado en el barrio madrileño de Villaverde que entró en concurso en septiembre de 2013. Fue reavalado en un 64% de los 500.000 euros que recibió, por lo que la Comunidad debió pagar 228.205,85 euros a la sociedad de garantías cuando El Asador de Enrique SL no pudo devolver el importe del aval.
Los siguientes de la lista fueron cubiertos con importes mucho menores. Fernández Ciudad SL, una empresa del expresidente de la Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España, Eladio Muñoz Ramírez, recibió 75.279 euros, a O-Kyaku Europe Consulting SL se le pagó 72.296 euros y a Grupo Trimagen SL le fueron abonados 67.094 euros. Por debajo de esos tres nombres, los desembolsos por avales impagados no superan los 39.000 euros.

Un aval concedido sólo porque contaba con el reaval de la Comunidad

Pero de todos los avales reafianzados por la Administración madrileña el de mayor volumen fue el aprobado para el Club Social Santo Domingo SL, una operación que ascendió a 4,2 millones de euros. La Comunidad de Madrid la reavaló en un importe muy elevado, el 65%, y Cersa cubrió otro 10%. Este aval fue uno de los señalados por el Banco de España en el informe que tuvo como resultado una sanción de 95.000 euros a Avalmadrid y que aún debe resolverse en lo que a las sanciones propuestas para una quincena de sus consejeros y directivos se refiere. El organismo supervisor encontró irregularidades en un total de 167 operaciones. En concreto, en la del Club Social Santo Domingo descubrió que Avalmadrid no revisó sus riesgos con la periodicidad exigida por sus propias normas: semestralmente para riesgos superiores a un millón de euros y para riesgos en seguimiento especial. Además, los informes de seguimiento que hizo eran deficientes.

Posteriormente, en el informe que la propia Avalmadrid encargó a la consultora Forensic Partners para reevaluar esos 167 avales sospechosos, los analistas concluyen que la cuantía del aval para el Club Social Santo Domingo era “muy elevada en comparación con el importe medio” de las operaciones y que “no había razones económicas” para concederlo, ya que el expediente carecía de plan de negocio. Sólo se había presentado una cuenta de pérdidas y ganancias a tres años, lo que el informe considera “insuficiente”. Es más, asegura que esa carencia es “síntoma” de que el aval fue aprobado únicamente “por la garantía hipotecaria [un inmueble cuya tasación se redujo de 9,3 millones de euros a 2,3 millones] y por el reaval de la Comunidad de Madrid por un 65%”, un porcentaje que califica de “excepcional”.

El club social sólo presentó cuentas de 2010 y 2011, con pérdidas de 2,03 millones de euros y unos ingresos de únicamente 45.000 euros. Entró en concurso de acreedores en junio de 2013. A fecha de febrero de 2019, el aval tenía aún la calificación de moroso, con una deuda que suma a los 4,5 millones del aval otros 566.000 de intereses. Pero aún no había sido declarado fallido, por lo que ni la Comunidad de Madrid ni Cersa han tenido que cubrir todavía el impago.
Entre las operaciones con reaval de la Comunidad de Madrid y, además, con un porcentaje muy elevado de reafianzamiento, destacan las cinco concedidas a Construcciones Ruesma. Suman 1,46 millones de euros y cuatro de ellas fueron reavaladas por la Comunidad de Madrid en más de un 72%; la quinta, también en una cuantía elevado, un 64%. Eso sí, ninguno de estos avales ha sido declarado fallido.

Una política de reaval cuestionada por el Banco de España

La gestión del reafianzamiento realizada por Avalmadrid fue uno de los objetos de reproche del Banco de España en su informe. De hecho, el supervisor bancario envió un requerimiento a la sociedad de garantías para que cambiara su política de reavales: en las inspecciones que había llevado a cabo encontró 78,4 millones de euros en operaciones que carecían de reafianzamiento.

Avalmadrid se comprometió entonces con el Banco de España a implantar a partir del 1 de enero de 2013 un límite de reaval por operación financiera de un millón de euros. Pero tardó 19 meses en aplicarlo. Mientras tanto, continuó autorizando operaciones que superaban ese máximo. Su consejo de administración incluso aprobó un acuerdo para elevar el límite en un 75% y que pudiera también superarse en caso de novaciones, reafianzamientos y restructuraciones de avales en vigor, según destaca el informe del Banco de España. De esta forma, continúa el documento, mientras el reaval de algunas operaciones excedía el tope de riesgo recomendado por el supervisor bancario, otras se quedaban sin él porque Avalmadrid había agotado a mitad de ejercicio el importe anual concedido para ello por Cersa y la Comunidad de Madrid.
Ése es uno de los motivos tras el expediente y la sanción que el Banco de España le ha impuesto: ni aplicó en tiempo y forma un mandato para reducir la elevada concentración de riesgo que había detectado el supervisor ni mejoró sus mecanismos de seguimiento del riesgo como se le exigió.

La política de reafianzamiento de Avalmadrid cambió a partir de julio de 2014, cuando implantó un límite por operación financiera que debía ser equivalente a las cantidades máximas de reaval estatal y autonómico en cada momento y que Cersa fijó en un millón de euros. En 2018, el 90,5% de los avales –76,6 millones de euros– que concedió Avalmadrid contaban con refianzamiento, según consta en su informe anual.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/02/12/las_otras_operaciones_fallidas_que_gobierno_madrileno_tuvo_que_pagar_avalmadrid_ademas_del_caso_ayuso_103561_1012.html

EL BANCO DE ESPAÑA RECHAZA IR A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AVALMADRID

El gobernador De Cos afirma que la Asamblea "carece de potestad" para fiscalizar a la entidad financiera

El Banco de España rechaza que sus miembros acudan a dar explicaciones a la Comisión de Investigación de Avalmadrid en la Asamblea de Madrid. Así se lo ha hecho saber el gobernador de la entidad, Pablo Hernández de Cos, al presidente de la Cámara de Vallecas, Juan Trinidad, en un escrito -al que ha tenido acceso EL MUNDO- en el que documenta su posición y requiere que exima de dicho trámite a sus trabajadores.
En síntesis, el argumento que esgrime son los diferentes dictámenes del Consejo de Estado que concluyen que «no resulta obligatorio» para los empleados del supervisor financiero «atender los requerimientos de comparecencia en comisiones de investigación de ámbito autonómico» porque «las cámaras parlamentarias autonómicas carecen de potestad para fiscalizar la actuación de una institución de ámbito estatal como el Banco de España por ser ajeno a su ámbito competencial».

Por este motivo, la entidad solicita la suspensión de la comparecencia de Daniel Pérez García para «informar de diversos aspectos que derivan de su condición de instructor adjunto de un expediente sancionador» tramitado contra Avalmadrid. En principio él está citado para la sesión del 18 de febrero, cuya asistencia -salvo la excepción que podría aplicarse en este caso- es obligatoria.
«Los dictámenes recuerdan, además, que la información requerida por dichas comisiones de investigación autonómicas no se encuentra incluida entre las excepciones al deber de secreto impuesto a los empleados y autoridades del Banco de España por la normativa aplicable», prosigue Hernández de Cos en su argumentación. «De esta forma, aunque, como se ha señalado, no resulta obligatoria la comparecencia de empleados de esta institución ante comisiones de investigación autonómicas, en el caso de que tales personas decidieran comparecer voluntariamente, estarían sujetas, en todo caso, al citado deber de secreto, que les impide revelar cualquier información de naturaleza confidencial de la que hubieran tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones», agrega.

La Comisión de Investigación de Avalmadrid pretende fiscalizar la concesión de créditos por parte de esta entidad semipública participada por la Comunidad de Madrid desde 2007 hasta 2018. Uno de los beneficiarios es una empresa participada por el padre de la hoy presidenta regional, la popular Isabel Díaz Ayuso, en 2011 recibió un crédito de 400.000 euros que no se devolvió.
Entre los dictámenes que cita el Banco de España para tratar de eximir la presencia de sus trabajadores a este organismo está uno del Consejo de Estado de 2012 a raíz de la comisión constituida en las Cortes Valencianas sobre la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Dicho informe determina que la citada comisión carecía de «potestad para fiscalizar la actuación de órganos ajenos al ámbito competencial de la comunidad autónoma».

https://www.elmundo.es/madrid/2020/02/13/5e4450f121efa057088b4626.html

DOS EXPRESIDENTES DE AVALMADRID COMPARECERÁN AL RETOMARSE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

La Comisión de investigación sobre Avalmadrid retomará este viernes sus sesiones con las comparecencias de la directora general de Economía y presidenta de Avalmadrid durante la X Legislatura, Rosario Rey, y el presidente del ente entre octubre 2014 y octubre 2015, José María Rotellar, para informar sobre las presuntas irregularidades del ente.
La primera está llamada a comparecer al objeto de informar sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en concesión y posterior seguimiento financiero de operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid desde el año 2007 al año 2018.

Mientras José María Rotellar García está citado para informar sobre las presuntas irregularidades realizadas por la entidad desde el año 2007 al año 2018, así como explicar las políticas de concesión de avales, las prácticas en recuperación de dudosos y el control de morosidad durante el tiempo en que ha desempeñado dichos cargos.

Así el único expresidente que quedaría por acudir a la comisión es Pablo Abejas, el que fuera en 2014 director general de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid y que fue cesado por el expresidente regional Ignacio González por su supuesta implicación en el uso indebido de tarjetas de Caja Madrid para gastos personales.

También está llamado a comparecer este viernes Antonio Carrasco Reija, exsecretario general Técnico de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, en su condición de vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, al objeto de aportar información y aclaraciones respecto a las actuaciones propias y de dirección de su Departamento en su relación con el ente.

Primera sesión
 

La primera y única sesión hasta la fecha contó con Eva Piero, presidenta de Avalmadrid entre 2006 y 2008 y viceconsejera de Economía entre 2008 y 2012; Juan Manuel Santos-Suárez, presidente de Avalmadrid entre 2008 y 2014 y viceconsejero de Hacienda entre 2007 y 2008; el presidente de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (Cesgar), Antonio Couceiro; y a la consejera delegada de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), Ana Vizcaíno.
Así, Piera Rojo aseguró que trató a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, igual que cualquiera que se le acercó durante sus años como viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo para solicitarle información sobre las ayudas de la sociedad de garantía recíproca.

Por su parte, el presidente de Avalmadrid entre 2008 y 2014, Juan Manuel Santos Suárez, ha reconocido este martes que recibió en 2010 una misiva del entonces consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, una "carta de recomendación" en la que se hablaba de lo que "había hecho este grupo por la región".
Tras la Comisión los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-IU) consideraron probado el "tráfico de influencias" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la gestión del aval concedido a la empresa de su padre por Avalmadrid; mientras que Cs tachó la primera sesión de la Comisión de Investigación del ente de "caza de brujas" contra la líder regional.
Por último, la propia Ayuso aseguró que las comparecencias habían demostrado que todo es "una burda patraña que ha organizado la izquierda" contra ella y su familia.

https://www.madridiario.es/expresidentes-avalmadrid-compareceran-comision-investigacion

EL GOBIERNO DE AYUSO CENSURA TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA DE SUS PADRES SOLICITADA POR LA COMISIÓN QUE INVESTIGA AVALMADRID

La Comunidad de Madrid deniega a la Asamblea el expediente del aval concedido a MC Infortécnica SL y el informe del Comité de Morosidad que ocultó el supuesto alzamiento de bienes cometido por Ayuso

El Ejecutivo madrileño fundamenta su negativa en que tiene una participación “no mayoritaria” en Avalmadrid

También rehúsa facilitar los expedientes de las operaciones aprobadas a las empresas de Arturo Fernández y Gerardo Díaz Ferrán

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha denegado a la comisión de investigación sobre Avalmadrid todos los datos y documentos que ésta le había solicitado sobre MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios sus padres y que recibió un supuesto trato de favor cuando no devolvió el aval de 400.000 euros concedido por la sociedad de garantías en marzo de 2011.
Además de solicitar toda una serie de comparecencias, la comisión abierta en la Asamblea de Madrid el pasado mes de diciembre hizo al Ejecutivo madrileño un total de 136 peticiones de documentos relacionados con el funcionamiento y las irregularidades destapadas en Avalmadrid por las inspecciones del Banco de España, el informe forense encargado por la propia sociedad de garantías a una consultora privada y las informaciones publicadas por infoLibre.
El Gobierno ha rechazado una cuarentena. Entre ellas, todas las que se refieren a MC Infortécnica SL. Se niega a facilitar a la comisión el expediente completo de la concesión del aval a la empresa de los padres de Díez Ayuso, así como las actas y los informes de todos los órganos de Avalmadrid que intervinieron en la operación, incluido el documento que elaboró la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos sobre las actuaciones que llevó a cabo esta empresa semipública para intentar recuperar los 400.000 euros del aval que MC Infortécnica SL no devolvió. Ese informe tiene fecha de 30 de julio de 2019, una vez que se había hecho público el supuesto trato de favor recibido por la sociedad de los padres de la presidenta madrileña.

Tampoco entregará el acuerdo que aprobó el Comité de Morosidad de Avalmadrid el 2 de abril de 2012, donde se analizó el expediente de MC Infortécnica SL. En la propuesta que analizaron ese día sus miembros se ocultó que Díaz Ayuso era la nueva titular de un inmueble que estaba garantizando la deuda de 400.000 euros avalada por sus padres. Al omitir ese dato, se estaba escondiendo la existencia de un más que probable alzamiento de bienes –sus padres le habían trasladado la propiedad del piso– y el hecho de que una de las personas que había participado en el presunto delito era una dirigente política. [Más Madrid denunció estos hechos ante Anticorrupción, pero la fiscal Belén Suárez archivó el escrito sin realizar investigación alguna y manipulando la jurisprudencia del Supremo sobre el delito de alzamiento de bienes].
Como ha publicado este periódico, Avalmadrid renunció a recuperar el dinero prestado a la empresa al no ejecutar los avales de los accionistas. De hecho, mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los cuatro matrimonios socios de MC Infortécnica SL. De tal forma que permitió a éstos llevar a cabo operaciones de alzamiento de bienes.

Ni Marsans ni Cantoblanco ni PwC

El Gobierno madrileño también ha denegado a la comisión los expedientes de otras empresas cuyos avales fueron señalados tanto por el Banco de España como por el informe forense encargado por la propia Avalmadrid y que terminó siendo la base para la denuncia que ésta presentó en la Fiscalía: el Grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal CEIM Arturo Fernández; el Grupo Marsans, del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán; The Tie Gallery España, cuyo 33% pertenecía a Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje) y vicepresidente de la patronal CEIM; la firma de alquiler de vehículos de lujo Gold Bridge y Alfedel, de la que es dueño el empresario Alfonso Ferrón del Río, imputado en el caso Púnica. La concesión de avales a estas empresas cayó bajo sospecha por las vinculaciones de sus propietarios y administradores con miembros del consejo de administración de Avalmadrid. Excepto Gold Bridge, a la que según el informe de la consultora Forest Partners no debió concedérsele el aval por las deficiencias de su expediente y sobre la que se hallaron indicios de fraude por un incendio y el robo de varios coches de lujo de su flota.

El motivo que esgrime el Gobierno de Díaz Ayuso para denegar los documentos es que estas peticiones están “relacionadas con la actividad de una sociedad mercantil” en la que la Comunidad de Madrid tiene una participación “no mayoritaria” y que “actúa con personalidad jurídica propia e independiente de la de sus socios”. Avalmadrid es una sociedad semipública de la que la Comunidad de Madrid posee un 26,1% del capital y Bankia, banco público con un 61,7% en manos del FROB, tiene un 25,3% de las acciones. Así, al presidente de Avalmadrid lo nombra la Consejería de Economía, el accionista mayoritario, y tanto él como los otros dos representantes de la Comunidad en el consejo de administración son altos cargos de ese departamento.

Es el mismo argumento que le ha servido al Ejecutivo madrileño para no facilitar a la comisión de investigación los informes que la empresa de cobros Racmo Gestión elaboró el pasado mes de julio, a petición de la propia Avalmadrid, sobre las actuaciones de la sociedad de garantías para recuperar el importe impagado del aval de MC Infortécnica SL. Del mismo modo el Gobierno rechaza la entrega de los informes realizados por la consultora PricewaterhouseCoopers sobre la venta de la cartera de fallidos de Avalmadrid a otra empresa de cobros, Cobralia, que también arrojó serias dudas sobre la operación por las conexiones entre directivos de ambas firmas. Al igual que los informes ya citados de Forest Partners y del Banco de España sobre 167 avales con irregularidades.

Nada sobre la inspección del Banco de España

Tampoco tendrá la comisión en sus manos –pese a que como los anteriores han sido profusamente revelados por los medios de comunicación– el expediente que abrió el Banco de España tras inspeccionar dos veces Avalmadrid, que como todas las sociedades de garantía recíproca está sometida a su supervisión. Además, la Comunidad de Madrid no entregará a la Asamblea la lista de personas de Avalmadrid que actuaron de interlocutores con los inspectores del Banco de España, ni las actas e informes relacionados con sus inspecciones, ni los miembros del Gobierno madrileño que a su vez integraban el consejo de administración de Avalmadrid y a los que el organismo supervisor acusó en su expediente, ni siquiera la lista de los 167 avales donde detectó anomalías.

El Gobierno de Díaz Ayuso rehúsa también facilitar a la comisión la lista de los miembros de los consejos de administración y comités ejecutivos de Avalmadrid desde 2007, así como las actas de las reuniones de todos esos órganos, que también habían sido solicitadas por los diputados. O la denuncia que la sociedad de garantías presentó en la Fiscalía el año pasado para dilucidar las responsabilidades de algunos de sus antiguos consejeros y directivos en la concesión de los avales bajo sospecha.

La comisión de investigación quería saber igualmente el número de ejecuciones hipotecarias y de subastas que se han llevado a cabo para recuperar avales impagados de Avalmadrid, pero el Gobierno autonómico lo ha impedido. Ni siquiera facilitará a los diputados una copia de la normativa interna de la sociedad de garantías.

Por último, el Ejecutivo madrileño no permitirá a los diputados acceder a los correos y cartas que Avalmadrid está obligado a enviar cada mes a la Dirección General de Economía de la Comunidad con la relación de las operaciones que aprueba. El motivo, que la información solicitada “afecta a datos de terceros que no han tenido relación con la Comunidad de Madrid”.


https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/02/07/el_gobierno_diaz_ayuso_censura_toda_informacion_sobre_empresa_sus_padres_solicitada_por_comision_que_investiga_avalmadrid_103700_1012.html

 

LA COMUNIDAD DE MADRID SUBVENCIONÓ A AVALMADRID AL MENOS CON 29 MILLONES DESDE 2009


La Consejería de Economía cifra en 29,5 millones el dinero público recibido por Avalmadrid, según los datos enviados a la comisión de investigación de la Asamblea y a los que ha tenido acceso infoLibre
 

A dicha cantidad habría que sumarle otros 24 millones de euros que la sociedad de garantías recibió entre 2005 y 2008, según la información que aporta en su propia web

La Comunidad de Madrid aportó 29,55 millones de euros de dinero público a Avalmadrid desde noviembre de 2009 hasta febrero de 2019. Así consta en la respuesta que el Gobierno autonómico ha facilitado a la comisión de la Asamblea madrileña que investiga las supuestas irregularidades y el trato de favor en la concesión de avales por parte de la sociedad de garantía recíproca. Avalmadrid es una sociedad semipública de la que la Comunidad de Madrid posee un 26,1% del capital y Bankia, banco público con un 61,7% en manos del FROB, tiene un 25,3% de las acciones. Así, al presidente de Avalmadrid lo nombra la Consejería de Economía, el accionista mayoritario, y tanto él como los otros dos representantes de la Comunidad en el consejo de administración son altos cargos de ese departamento.
 

El PP y Ciudadanos, que comparten el Gobierno madrileño, sostienen en cambio que Avalmadrid es una empresa privada “que no forma parte del ámbito de la Administración pública de la Comunidad de Madrid, ni está incluida en el sector público autonómico”, un argumento que han utilizado para intentar impedir la creación de la comisión de investigación y para rechazar las preguntas que sobre la sociedad de garantías ha formulado la oposición en la Asamblea.
 

El año en que con más dinero entregó la Comunidad de Madrid a la sociedad de garantías fue 2017, cuando destinó un total de 12,4 millones de euros en sus presupuestos a Avalmadrid. De esa cantidad, 10 millones corresponden al convenio que ambas instituciones firmaron para constituir un fondo específico destinado a crear y mantener el empleo de los empresarios autónomos. Firmado en diciembre de 2017, cubre el riesgo derivado de conceder avales a autónomos para que puedan pedir préstamos a los bancos con los que hacer crecer o consolidar su negocio, y tiene una vigencia de tres años.
 

En 2018, el Gobierno madrileño pagó a Avalmadrid cuatro millones de euros, mientras que en 2015 su aportación alcanzó los 3,93 millones y en 2010 ascendió a 3,27 millones.
Buena parte de las aportaciones se hicieron en virtud del Plan de Fomento a la Hostelería y el Plan de Fomento a la Inversión Productiva, aunque también dentro del Plan Renove y el Plan de Apoyo a la Industria. Al menos hasta el año 2011. Ese año la Comunidad de Madrid firmó un convenio de reafianzamiento con Avalmadrid, por el que la Administración autonómica se comprometía a reavalar las operaciones suscritas por la sociedad de garantías hasta en un 75%. Desde entonces, la Comunidad de Madrid ha abonado un total de 2,46 millones de euros para cubrir 51 fallidos.

A partir de 2014, el dinero público le ha llegado a Avalmadrid en forma de subvenciones nominativas: dos millones de euros en 2015, y un millón anual en 2017, 2018 y 2019. También se le han pagado otras destinadas al fondo de provisiones técnicas –que está obligada a tener la sociedad por una cuantía mínima equivalente al 1% del riesgo vivo que soporte– y mediante el citado convenio para crear un fondo específico de ayuda a los autónomos.
Avalmadrid

Esos 29,55 millones se corresponden con el periodo 2009-2019. Pero, con anterioridad, Avalmadrid también recibió importantes cantidades de dinero público. Así consta en la propia página web de la sociedad de garantías y en sus informes anuales.
 

Avalmadrid explica que, en virtud del convenio que firmó con la Comunidad de Madrid y Caja Madrid en 2005, ambas instituciones aportaron un total de 48 millones de euros hasta 2008, a partes iguales: 24 millones cada una, a razón de ocho millones anuales.
 

En 2009, según esas mismas fuentes, la Comunidad de Madrid volvió a aportar ocho millones de euros a Avalmadrid, y Caja Madrid otros tantos. Ese mismo año, la web informa de otras subvenciones: 1,5 millones de euros a través de los Programas de Apoyo a las Mujeres Empresarias y 600.000 euros a través del Programa de Innovación Tecnológica. “Se establece así una estrecha vinculación entre la financiación pública y la política de productos promovidos por Avalmadrid”, resalta la página web. Estas cantidades, sin embargo, no aparecen en la relación de partidas suministradas por la Consejería de Economía a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid.
La comisión de investigación vuelve el día 14
 

La comisión, que reanudará sus comparecencias el próximo día 14, investiga las irregularidades en la concesión de avales que desveló el Banco de España tras inspeccionar Avalmadrid, así como las denuncias publicadas por infoLibre sobre el aval de 400.000 euros otorgado a la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Un aval que nunca fue devuelto y cuyo importe terminó siendo cubierto con dinero público procedente de la Comunidad de Madrid y de la empresa estatal de reafianzamiento Cersa.
 

El pasado mes de enero, el Banco de España hizo públicas las primeras sanciones impuestas a Avalmadrid por las irregularidades descubiertas en sus inspecciones: 95.000 euros para la sociedad de garantías por una infracción grave, no aplicar en tiempo y forma un requerimiento para reducir la elevada concentración de riesgo que había detectado el supervisor ni mejorar sus mecanismos de seguimiento del riesgo como se le exigió. También sancionó a dos consejeros: la Cámara de Comercio de Madrid con 38.400 euros, y al expresidente de la patronal madrileña Juan Pablo Lázaro, con 10.400 euros más. Aunque el expediente sancionador sigue abierto contra una quincena de consejeros y ejecutivos que han presentado recursos contra la propuesta de sanción del organismo.
 

Además, la propia Avalmadrid encargó un informe a una consultora, Forensic Partners, que revisó los 167 avales donde el Banco de España había descubierto anomalías. El resultado de esa segunda investigación sirvió a la dirección de la sociedad de garantías para presentar una denuncia en la Fiscalía contra algunos de sus antiguos directivos y consejeros, que fue archivada por haber prescrito los hechos. No obstante, quedaron así al descubierto las vinculaciones entre algunos de estos ejecutivos y consejeros con las empresas a las que Avalmadrid concedía avales.
 

infoLibre desveló el año pasado las irregularidades relacionadas con el aval de MC Infortécnica SL, la empresa de suministros médicos propiedad de los padres de Díaz Ayuso. Avalmadrid renunció a recuperar el dinero prestado a la empresa al no ejecutar los avales de los accionistas. De hecho, mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los cuatro matrimonios socios de esa sociedad. De tal forma que permitió a éstos llevar a cabo operaciones de alzamiento de bienes. Su comité de morosidad también ocultó la donación fraudulenta a Isabel Díaz Ayuso del piso propiedad de sus padres.


https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/02/05/la_comunidad_madrid_subvenciono_avalmadrid_con_casi_millones_euros_desde_2009_103615_1012.html

EL HOTEL MORESCO DE MOJÁCAR PASARÁ A MANOS DE AVALMADRID
 

El juzgado de Vera lo sacó a subasta por 8,6 millones sin ningún postor

El Moresco, en una de las laderas de la montaña de Mojácar, suma ya 12 años cerrado a cal y canto.

El Moresco, el hotel más emblemático de Mojácar pueblo, cambiará de manos tras quedar desierta la subasta del pasado septiembre. Avalmadrid, la sociedad de garantía recíproca cuyo principal accionista es el Gobierno de la Comunidad de Madrid, es su principal acreedor y podría quedarse con el bien inmueble y dos solares anexos con una quita del 50% del valor de tasación o por el valor de la deuda o bien hacer que prescriba el embargo e iniciar de nuevo el procedimiento.
Los tres bienes, que no recibieron puja alguna, salieron a subasta por un valor de 8,6 millones de euros, con unas cargas por cantidad reclamada de 3,9 millones de euros a su propietario aún, el empresario Arturo Fernández, del Grupo Cantoblanco.
 

Además, la Junta de Andalucía reclamó en vía de apremio en 2013 una deuda de 370.000 euros en ayudas cobradas para obras no ejecutadas en el hotel. Cantoblanco, a través de lo que fue su filial hotelera H-21, ha acumulado también una deuda cercana a los 100.000 euros contraída con el Ayuntamiento de Mojácar por distintos impuestos como el de la contribución urbana. El Moresco, que suma más de una década cerrado a cal y canto, fue abierto en 1973 y suma 147 habitaciones, siendo uno de los iconos más visibles de la ladera cuando se mira a la montaña de Mojácar. Se compone de planta baja y diez plantas más, con una entreplanta entre la octava y la novena.
El solar sobre el que se alza ocupa una superficie de 3.750 metros ocupada por el propio edificio, aparcamientos y zona ajardinada. Entran también en la propiedad una porción de terreno anexo en el Pago de las Huertas de Abajo y Cuesta de la Glorieta de 3.000 metros de superficie y otro en la Ladera de la Puntica con una superficie de 1.435 metros. El hotel daba vida al pueblo de Mojácar, manteniendo más de una veintena de empleo y recibiendo huéspedes, sobre todo en la época en la que se abría durante todos los meses del año. Es, por tanto, Avalmadrid, quien debe mover ficha para desbloquear la situación de paulatino deterioro que padece el Moresco, cerrado desde el año 2008 y con su propietario en concurso de acreedores desde 2015.
 

Fue también Fernández, imputado en por apropiación indebida y fraude a la hacienda pública en el caso de las tarjetas opacas black de Caja Madrid, cuando era vicepresidente de la CEOE. La sociedad de garantía dio avales por valor de 2,6 millones de euros al empresario Arturo Fernández para poder acceder a préstamos contraídos con distintas entidades financieras, entre ellas la Banca March.
Cuando Cantoblanco dejó de pagar los préstamos, las entidades financieras ejecutaron las garantías a Avalmadrid. A su vez, Fernández puso como garantía su domicilio habitual y el hotel mojaquero de marras, que entonces estaban libre de cargas.
 

El hotel que llegó con la crisis del petróleo
 

Fue el belga Van der vert el propietario donde se alzó el Moresco, en una ladera de aquella pintoresca Mojácar, de la que hubo que arrancar almendros algarrobos y desmontar abancalamientos de tiempos de los moros, justo en el caminito que subía desde la Era Lugar. Fue la cadena inglesa, Horizon Hollidays, la promotora, con José Luis Martín Lorca como director general. Fueron los arquitectos Scott Brownrigg y Federico Castillo, la constructora Laing Ibérica y agentes Manuel Vinagre,José Luis González, Evaristo Higueruela y Arsenio García, capataz. En 1973 lo inauguró el ministro Alfredo Sánchez Bella, con el alcalde Jacinto Alarcón, con una sorprendente piscina en la terraza desde la que se veía hasta Cabo Cope. Al poco, los propietarios sufrieron la crisis del petróleo, hasta que llegó a la empresa Bass, que lo vendió a Servigroup y en 1994 la adquirió Cantoblanco.

https://www.lavozdealmeria.com/noticia/20/economia/185830/el-hotel-moresco-de-mojacar-pasara-a-manos-de-avalmadrid

 

PP Y CS VUELVEN A BLINDAR A AYUSO ANTE LA COMISIÓN DE AVALMADRID

Unidos Podemos había solicitado su comparecencia junto a las de Aguirre y González

Las diferencias en materia de pin parental y contaminación que presentan las tres derechas no tienen réplica en la Comisión de Investigación de Avalmadrid . Las tres formaciones han hecho valer sus votos en la Mesa de la Asamblea de Madrid y han ha rechazado de nuevo a Unidas Podemos la solicitud de comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , y la de los expresidentes regionales Esperanza Aguirre, Ignacio González y Ángel Garrido.

Tras la comparecencia de Eva Piera, exvocal del Consejo de Administración de Avalmadrid de 2008 y 2011 y presidenta de la entidad entre 2006 y 2008, en la primera sesión de la comisión, Unidas Podemos registró la solicitud de la comparecencia de la dirigente autonómica y los expresidentes. Algo que ha sido desestimado hoy en la reunión del máximo órgano parlamentario.

Sí ha sido aceptada la comparecencia de Carlos Ramos, el que fuera director de relaciones institucionales de Avalmadrid en 2011. También se ha aprobado el calendario de sesiones de las comisiones en la Cámara regional y que haya una reunión más al mes de la comisión de Avalmadrid siempre que se pueda.

Esta sintonía entre PP y Cs se sucede una semana después de la reunión secreta que ambos socios de Gobierno mantuvieron en Manzanares el Real con un único punto en su agenda: poner fin a los recelos y zancadillas internas propiciadas en los primeros meses de Gobierno de coalición entre Partido Popular y Ciudadanos.

Un aval de 400.000 euros que nunca fue devuelto

La comisión de investigación de Avalmadrid ha vuelto a poner sobre el tablero político el trabajo de esta sociedad de garantía recíproca participada en un 26,14 % por la Comunidad de Madrid y cuya labor principal consiste en la concesión de avales para la creación de empresas.

Entre los avales otorgados está el concedido en 2011 por 400.000 euros a una empresa en la que tenía participación el padre de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que nunca fue devuelto y que es uno de los motivos que impulsó la creación de esta comisión.

A 31 de diciembre de 2018, el riesgo vivo de Avalmadrid ascendía a 352 millones de euros. Se ha reducido significativamente desde 2012, cuando era de 533 millones de euros, pero en el mismo período su tasa de morosidad (porcentaje de créditos dudosos sobre el total) ha pasado del 4,32% al 11,62%.

El Banco de España comunicó este lunes que ha impuesto sanciones a Avalmadrid, el organismo participado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio, Bankia y la patronal madrileña CEIM y dedicado a facilitar la financiación de pymes y emprendedores, y a dos de sus consejeros por lo que el regulador financiero considera una falta grave respecto al control interno del riesgo en los créditos y avales concedidos y por la falta de un seguimiento adecuado de los mismos.

En total, las multas ascienden a 143.800 euros de los cuales 95.000 corresponden directamente a Avalmadrid y el resto se reparten entre los dos consejeros. En concreto, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid tiene que hacer frente a una sanción por importe de 38.400 euros, tras la aplicación de la reducción del 20% por pago voluntario.

Sí ha sido aceptada la comparecencia de Carlos Ramos, el que fuera director de relaciones institucionales de Avalmadrid en 2011

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200120/472998593907/pp-cs-blindan-ayuso-comision-avalmadrid.html
 

AYUSO APUESTA POR HACER "AJUSTES" EN AVALMADRID PARA QUE NO SUCEDAN "ERRORES": "SI NO SE LLAMA AVALMADRID TENDRÁ QUE TENER OTRO NOMBRE"

Sobre si cree que el futuro de Avalmadrid depende de la Comisión de Investigación en la Asamblea, la dirigente autonómica cree que no porque en la misma se están fiscalizando cuestiones de hace años
Las irregularidades de la sociedad de garantías están siendo investigadas en la Asamblea de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que Avalmadrid tiene que mantenerse porque sirve de "palanca" a pequeñas empresas aunque ha apostado por hacer "ajustes" para que no sucedan errores, incluso no descarta apoyar que la sociedad tenga otro nombre.

En una entrevista con RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre qué va a hacer su Gobierno con el ente y sobre que el vicepresidente, Ignacio Aguado, no descarta en pedir la retirada de la aportación de la Comunidad al mismo, Ayuso ha indicado que tiene que respetar la decisión de Ciudadanos con Avalmadrid pero que hasta el momento en el ente "ha habido una renovación de órganos de control y más transparencia".
Asimismo, ha defendido que en los últimos años el índice de morosidad había bajado ya "muchísimo" y ahora es "un organismo que genera mucho empleo y que permite que 11.000 pymes salgan adelante".
"Todas las comunidades tienen sociedades de garantía recíproca como ésta, que ayudan como palanca a que pequeños empresarios salgan adelante con sus proyectos. O sea, que el proyecto en sí es bueno y creo si no se llama Avalmadrid tendrá que tener otro nombre o ser otro organismo pero es bueno que este aquí porque redunda en más empleo y que el sector privado salga adelante", ha sostenido.
Sobre si cree que el futuro de Avalmadrid depende de la Comisión de Investigación en la Asamblea, la dirigente autonómica cree que no porque en la misma se están fiscalizando cuestiones de hace años y ha incidido en que ve bien que se mantenga una sociedad de este tipo.

"Si todas las comunidades lo tienen es por algo y hay que separar la política de lo pragmático. Las instituciones tienen que apoyar al sector privado y el proyecto en sí, la idea es buena, con ciertos ajustes para que no sucedan errores y se ajuste el presupuesto y todo se haga bien y con transparencia", ha sostenido.

Como ha publicado este periódico, Avalmadrid dio un trato de favor al expediente de MC Infortécnica SL: renunció a recuperar el dinero prestado a la empresa al no ejecutar los avales de los accionistas y, de hecho, mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los cuatro matrimonios socios de esa sociedad. De tal forma que permitió a éstos llevar a cabo operaciones de alzamiento de bienes. Su comité de morosidad también ocultó la donación fraudulenta a Isabel Díaz Ayuso del piso propiedad de sus padres. Esta lista de irregularidades se produjeron durante la fase de recuperación del aval concedido a MC Infortécnica SL en febrero de 2011 para que Caja España les concediera un préstamo de 400.000 euros que no pudo devolver. Y que finalmente ha sido cubierto en buena parte por la Comunidad de Madrid y Cersa, la compañía pública de reafianzamiento.
En cuanto a si le ha sorprendido algo en la actitud de su socio Aguado durante este tiempo, la presidenta regional ha reconocido que "van sorteando" todo "bastante bien", porque cuando se empieza en un Gobierno "es complicado" y "más" si son dos partidos distintos. Ha destacado que ya han conseguido cumplir con parte del programa electoral y que están consiguiendo "muchas cosas" desde las diferentes consejerías
"Trabajando en un mismo equipo se puede llegar bastante lejos en coalición, algo que parecía dificilísimo", ha concluido.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/12/26/ayuso_apuesta_por_hacer_ajustes_avalmadrid_para_que_no_sucedan_errores_si_no_llama_avalmadrid_tendra_que_tener_otro_nombre_102291_1012.html

LOS CONTRIBUYENTES ESPAÑOLES TAMBIÉN PAGARON PARTE DEL PRÉSTAMO QUE NO DEVOLVIERON LOS PADRES DE AYUSO: 206.000 EUROS EN 2015

La Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), cuyo capital es público en un 98%, pagó 206.123,53 euros del crédito concedido a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de Ayuso
Cersa realizó el pago el 31 de octubre de 2015, según la información facilitada por la compañía a infoLibre. Tuvo que hacer dicho desembolso ya que había reavalado el 50% del préstamo

En total, el impago de los padres de Ayuso y de sus socios le ha costado a los contribuyentes 336.758 euros. La práctica totalidad de ese importe parece improbable que se pueda recuperar

La Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa) pagó el 31 de octubre de 2015 a Avalmadrid 206.123,5 euros por el aval concedido a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Según la información proporcionada por la propia compañía pública a infoLibre través del Portal de Transparencia, esa cantidad equivale al 50% del préstamo de 400.000 euros afianzados por Avalmadrid, más los intereses devengados en aquel momento. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro.

Cersa actuaba como reavalista, es decir, afianzaba al primer avalista, que era Avalmadrid. Cersa es una sociedad con un 98% de capital público y dependiente del Ministerio de Industria: el 74% de sus acciones son de Patrimonio del Estado y el 24% del ICO (Instituto de Crédito Oficial). Es la encargada de otorgar el respaldo del Estado a los riesgos asumidos por las 18 sociedades de garantía recíprocas que existen en España. Firma cada año un acuerdo con éstas, para reavalar las operaciones, con un importe entre el 35% y el 80%, suscritas con pymes en todo el país.

Como desveló infoLibre hace tres semanas, lo mismo hizo la Comunidad de Madrid, que en su caso reavaló el 25% de los 400.000 euros de la operación de MC Infortécnica SL. Así que el 3 de marzo de 2016 tuvo que pagar un total de 102.030,55 euros. En 2011, el Gobierno que entonces presidía Esperanza Aguirre suscribió un convenio para complementar los reavales de Cersa.

En definitiva, la pregunta de quién pagó realmente los 400.000 euros que no devolvieron los padres de Ayuso y sus socios en MC Infortécnica SL, tiene la siguiente respuesta a día de hoy:

– 206.123,5 euros los abonó Cersa. Como es una compañía pública en un 98%, el dinero salió prácticamente en su totalidad de los impuestos de todos los españoles.
– 102.030,5 euros los pagó la Comunidad de Madrid. En este caso el dinero salió íntegramente del bolsillo de los madrileños.
– 125.198,0 euros los asumió finalmente Avalmadrid. Esa es la cantidad resultante de restar a los 433.352 euros que tuvo que poner inicialmente –el importe del préstamo más intereses y otros gastos–, los 308.154 euros que percibió de los reavalistas. Un dinero que también sale parcialmente de los contribuyentes madrileños, puesto que la Comunidad es el principal accionista de Avalmadrid (a 31 de diciembre de 2018 controlaba el 26,14% del capital).

En definitiva, el 78% del dinero que no pagaron los padres de Ayuso y sus socios, lo pusieron los contribuyentes. En cifras absolutas 336.758 euros, distribuidos así: 202.001 euros vía Cersa, 102.030 euros directamente a través de la Comunidad y 32.727 euros vía Avalmadrid.

IMPROBABLE QUE SE RECUPERE EL DINERO

Esas son las cuentas a día de hoy, ¿pero pueden cambiar en el futuro?

MC Infortécnica SL, una empresa de suministros médicos, dejó de pagar en diciembre de 2011 el préstamo que le había concedido Caja España gracias al aval de Avalmadrid. Justo cuando debía hacer frente al primer plazo de su devolución. El 2 de abril de 2012, el Comité de Morosidad de la sociedad de garantías madrileña acordó abonar a Caja España el importe impagado, además de ejecutar las garantías que habían puesto los socios de la empresa para solicitar el aval: una nave industrial en Sotillo de la Adrada (Ávila) y los bienes personales de los cuatro matrimonios asociados en MC Infortécnica SL.

Pero hasta el 26 de noviembre de 2012 no entregó a Cobralia, la firma que tenía contratada para recuperar fallidos, el expediente de la empresa a fin de que reclamara en los juzgados la nave y los bienes de los avalistas. En 2013 los abogados de Cobralia pidieron al juez el embargo del local, que no fue subastado hasta abril de 2018. Es decir, dos años y medio después de que Cersa cubriera el fallido y dos años después de que lo hiciera la Comunidad de Madrid. El precio de adjudicación fue de 272.000 euros, aunque el valor de mercado de la nave de Sotillo es muy inferior.

Además, jamás se ejecutaron los bienes de los cuatro matrimonios asociados en MC Infortécnica. De hecho, Avalmadrid permitió con su falta de diligencia que los morosos fueran traspasando sus bienes. Cuando le entregó el expediente a Cobralia habían desaparecido del patrimonio de los socios de la empresa siete de los 14 bienes inmuebles que tenían en propiedad en el momento de solicitar el préstamo. Esos siete inmuebles cambiaron de titular a través de donaciones o ventas prohibidas por la ley y los restantes ya estaban hipotecados, así que les fue imposible venderlos o donarlos. Los padres de Isabel Díaz Ayuso fueron los primeros en traspasar su patrimonio, mediante donaciones a sus hijos y la venta de la nave en Sotillo de la Adrada a terceros ajenos a la familia.

Tanto Cersa como la Comunidad de Madrid tienen derecho a recuperar los importes pagados a Avalmadrid por los fallidos que reafianzan. También el de MC Infortécnica SL. Deben percibir su porcentaje sobre el precio que Avalmadrid obtenga de la venta de los activos que embargue a los morosos. Pero en el caso de MC Infortécnica SL, la sociedad madrileña sólo ha conseguido hacerse con una nave que debería vender para devolver a Cersa y la Comunidad de Madrid sus reavales. Y, aun así, sólo podría reintegrar una mínima parte del dinero pública aportado por ambas.

Así que la respuesta a la pregunta de si puede cambiar la situación en el futuro es la siguiente: es muy improbable. Los avalistas se deshicieron de sus bienes inmuebles y la nave en el pueblo de Ávila tiene escaso valor. Si Avalmadrid consigue venderla, o si termina actuando contra los avalistas solidarios y encuentra algún bien, las cantidades que se ingresen tendrán que repartirse de la siguiente forma: 50% para Cersa, 25% para la Comunidad y 25% para Avalmadrid.

SI NO PAGABA NÓMINAS, NO DEBIÓ SER REAVALADA

La consejera delegada de Cersa, Ana Vizcaíno Ochoa, compareció el pasado martes en la comisión de la Asamblea madrileña que investiga las irregularidades descubiertas en Avalmadrid tras una inspección del Banco de España y las informaciones publicadas por este periódico. A preguntas de la diputada de Unidas Podemos Soledad Sánchez Maroto, explicó que si una empresa reavalada suspende el pago de las nóminas a su plantilla, Cersa puede negar el abono del reafianzamiento a la sociedad de garantías que la avaló. La compañía pública revisa las operaciones que le presentan, centrándose en la “elegibilidad” de las empresas avaladas, indicó Ana Vizcaíno. Por ejemplo, si resulta que no es en realidad una pyme, o que no es una empresa nueva, o si incumple sus obligaciones con la Seguridad Social, Cersa no paga. Tampoco puede reavalar a empresas en concurso de acreedores o que se encuentren en causa de que un tercero inste el concurso.

Ése fue el caso de MC Infortécnica SL, que dejó de pagar las nóminas de sus 40 empleados en junio de 2011, apenas tres meses después de serle concedido el aval y haber recibido un préstamo de 400.000 euros. En septiembre despidió a la mayor parte de la plantilla. Los trabajadores tuvieron que recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para cobrar sus salarios y reclamar sus indemnizaciones de despido.
Pero para que Cersa pudiera haber negado el abono del 50% del aval, Avalmadrid debería haberle informado de que MC Infortécnica había incumplido sus obligaciones con la plantilla. Está obligada a enviarle un informe sobre cada una de las operaciones reafianzadas que hayan resultado fallidas, según consta en el contrato que firman cada año, y paga el importe de la cobertura establecida “como máximo en el mes siguiente a la fecha de la recepción” de ese documento.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/12/20/la_compania_publica_reafianzamiento_pago_206_000_euros_del_prestamo_que_no_devolvio_empresa_los_padres_diaz_ayuso_102162_1012.html

EL BANCO DE ESPAÑA SANCIONA A AVALMADRID CON 95.000 EUROS POR DAR MILLONES EN CRÉDITOS DE RIESGO A UN GRUPO DE ELEGIDOS

El organismo regulador ha concluido que la sociedad semipública, investigada en la Asamblea de Madrid, cometió una falta grave al concentrar riesgo y no hacer un buen seguimiento del mismo

El Banco de España ya alertó en 2012 de que el 1% de los avalados acumulaban el 30% del riesgo de la entidad semipública y le urgió a reducir esa concentración

También por la falta de control multa a la Cámara de Comercio, que es accionista, y al consejero Juan Pablo Lázaro, expresidente de la patronal CEIM

El Banco de España acaba de publicar las tres primeras sanciones firmes para Avalmadrid, la empresa de crédito en la que participa la Comunidad de Madrid con un 30% de las acciones y que está siendo investigada por la Asamblea, en parte, por la concesión de un polémico crédito al padre de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

La sociedad semipública ha sido multada con 95.000 euros por "incumplir la Entidad un requerimiento del Banco de España en materia de control interno (concentración y seguimiento del riesgo)". Se refiere a los avisos que le dio el supervisor bancario después de que en el año 2012, los inspectores investigaran por primera vez a Avalmadrid y emitieran un demoledor informe sobre esta entidad. Cuatro años más tarde hicieron otro análisis más profundo. Seleccionaron 167 operaciones aprobadas entre 2008 y 2016 (cuando estaban en el consejo Bankia, la Cámara de Comercio y la patronal madrileña CEIM, además de la Comunidad de Madrid) y se propuso multar a la sociedad: se habían avalado 82 millones de euros y quedaban 39 por cobrar. De ellos, solo siete se podían recuperar y el resto eran dudosos o morosos.

Detectaron que Avalmadrid estaba siendo utilizada para financiar mucho a unos pocos. "El 1,7% de los acreditados/avalados cuentan con un riesgo individual superior a un millón de euros y acumulan el 30,6% de los riesgos en vigor a diciembre de 2011", dice el informe del Banco de España. El 1% se quedaba casi un tercio de los recursos financieros de Avalmadrid. Le urgían a tomar medidas y a hacer un mejor seguimiento de los riesgos, ya que detectaron también que el sistema de alerta era laxo.

Aunque el máximo órgano de gobierno de la entidad aseguró que había tomado medidas y cambiado su manual de riesgos el 1 de enero de 2013, aún tardó meses en implementar los cambios y siguió dando avales fuera de la norma impuesta por el Banco de España. Avalmadrid no solo no había mejorado el control, sino que había seguido aprobando operaciones de más de un millón de euros con apenas siete empresas. El importe concedido en condiciones de riesgo pese a las advertencias sumaba 10,7 millones, de los cuales 6,4 no tenían posibilidad de reaval.

Por el mismo descontrol, la autoridad bancaria ha multado con 38.000 euros a la Cámara de Comercio de Madrid, accionista también de Avalmadrid, (más un 20% que ha sido descontado por pago adelantado), ya que permitió ese mismo desorden en el seguimiento de los riesgos. Juan Pablo Lázaro, exconsejero y expresidente de la patronal CEIM, tendrá que afrontar también una sanción de 10.400 euros por el mismo motivo.
Fuentes del Banco de España explican a eldiario.es que la publicación de estas multas se debe a que son ya sentencias firmes. Todavía queda por resolver la responsabilidad de otros actores que intervinieron en esta gestión investigada, entre ellos, la responsabilidad de la Comunidad de Madrid. El proceso sigue a la espera de la resolución de las alegaciones.

El caso de Arturo Fernández

Uno de los empresarios a los que se le concedió una cantidad excesiva de dinero contra la normativa fue Arturo Fernández, empresario de cabecera de Esperanza Aguirre. El también presidente de la patronal madrileña, hoy condenado por las tarjetas black, recibió cinco avales entre mayo y julio de 2013, que sumaban 2,5 millones de euros y sin reaval, justo lo que impedía la normativa del Banco de España que a esas alturas estaba supuestamente implementada. Quedaron sin pagar 1,3 millones, aunque es posible que un parte de esa deuda se recupere con la ejecución hipotecaria de un chalet que puso Fernández como garantía. Como él, el Banco de España encontró numerosas operaciones de alto riesgo concentradas en unas pocas manos. En algunos casos, a personas relacionadas con los poderes públicos o económicos o con el consejo de administración de la propia Avalmadrid. En total, facilitó 24 millones a personas cercanas al máximo órgano de gestión.

https://www.eldiario.es/madrid/Banco-Espana-sanciona-Avalmadrid-creditos_0_977102529.html
 

EL PRESIDENTE DE AVALMADRID QUE APROBÓ EL PRÉSTAMO DEL 'CASO AYUSO' DICE QUE “NO SE ENTERÓ” DE LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS QUE PRESIDÍA

Juan Manuel Santos-Suárez sostiene que no asistía ni al Comité Directivo ni al Comité de Morosidad, órganos donde se decidió sobre el crédito a MC Infortécnica SL

Su nombre figura en los documentos relevantes de la operación, tal y como desvela infoLibre

Traslada cualquier responsabilidad al entonces consejero delegado de Avalmadrid, Juan Luis Fernández Rubíes, que era quien estaba al cargo del “día a día” de la sociedad de garantías

“No me enteré de nada de esa operación, no tuve conocimiento entonces ni la tengo ahora. No revisé el informe de análisis”. El presidente de Avalmadrid entre 2008 y 2014, Juan Manuel Santos-Suárez, aseguró este martes en la comisión que investiga las supuestas irregularidades de la sociedad de garantías madrileña que, pese a formar parte de los comités ejecutivo, de morosidad y directivo, no asistía a los dos últimos, y desconocía por completo la concesión del aval de 400.000 euros a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

También respondió a la diputada socialista Pilar Sánchez Acera que le “extrañaba” que su nombre figurara en los documentos que dan fe de las reuniones de los comités directivo y de morosidad donde se trató sobre el aval de MC Infortécnica y su posterior impago. “Si hay un acta figurarán los asistentes, y yo no asistí. El que iba era [Juan Luis] Fernández-Rubíes”, señaló en referencia al entonces consejero delegado y después director general de la sociedad de garantías.

En los documentos de dichos órganos a los que ha tenido acceso infoLibre, figura claramente el nombre de Santos-Suárez, así como los de Fernández-Rubíes, Alejandro Gómez Vivas (director de Operaciones), Borja Cubillo (director comercial) y Antonio Chorro (director de Riesgos), en la resolución que aprueba el aval el 2 de febrero de 2011. Y, además de los tres primeros, los de Darío B. Hernández Martínez (responsable de Recuperaciones) e Isabel Parga Raventós (director de Seguimiento del Riesgo), en las resolución que cancela el aval y ordena ejecutar la hipoteca y actuar contra los avalistas, adoptada el 2 de abril de 2012 y de nuevo el 16 de noviembre de aquel año. Pese a estos acuerdos, Avalmadrid jamás actuó contra los avalistas del préstamo, entre los que estaban los padres de Ayuso.

La tónica de la comparecencia de Santos Suárez en la Asamblea de Madrid se movió entre las apelaciones a la desmemoria –“No me acuerdo”– y el señalamiento de las responsabilidades ejecutivas hacia el entonces consejero delegado de Avalmadrid. Según indicó en varias ocasiones, era Fernández-Rubíes quien estaba en el “día a día” de la sociedad, mientras que él se dedicaba a “labores institucionales”. “Quien de verdad estaba en el comité de morosidad era el consejero delegado”, apuntó. De hecho, también dejó claro que cuando él llegó a Avalmadrid, Fernández-Rubíes ya “había montado su equipo directivo”, a cuyo frente lo encontró cuando fue nombrado para el cargo.

El expresidente de Avalmadrid Juan Manuel Santos-Suárez. El expresidente de Avalmadrid Juan Manuel Santos-Suárez, en la comisión de la Asamblea de Madrid.

Al igual que Eva Piera poco antes, Juan Manuel Santos-Suárez aseguró que no estaba al tanto de avales concretos. En el caso de MC Infortécnica SL, recalcó que “desconocía completamente” la operación. “Nunca la analicé”. Tampoco conocía ni conoce a Díaz Ayuso. Incluso dijo que ignoraba si era un aval para apoyar una inversión o para garantizar el circulante de la empresa. Pero en otro momento aseguró que el piso que los padres de Díaz Ayuso le donaron –para que no fuera embargado por Avalmadrid– no formaba parte de las garantías aportadas por los socios de MC Infortécnica SL. Así era, en efecto: integraba el patrimonio de los avalistas –los cuatro matrimonios socios de la empresa–, como también aclaró después. Un patrimonio con el que tendrían que haber respondido al dejar impagado el crédito. Sostuvo que sería relevante si Avalmadrid lo hubiera sabido. “Pero me extrañaría que lo pudiera saber”, concluyó, en contra de toda evidencia puesto que las donaciones y ventas realizadas por los avalistas se inscribieron en los respectivos registros de la propiedad, que son públicos y cuya consulta realizan de forma habitual los gestores de Avalmadrid.

De igual modo ignoraba el expresidente de la sociedad de garantías por qué ésta no actuó para recuperar el aval impagado por MC Infortécnica SL. Como ha publicado este periódico, Avalmadrid lleva siete años incumpliendo los acuerdos de su comité de morosidad –ésos en los que figura el nombre de Santos-Suárez, pese a que dice que no asistió a las reuniones– y hasta el momento sólo ha conseguido embargar una nave en Sotillos de la Adrada (Ávila). Mientras, los avalistas donaron a familiares o traspasaron a terceros los inmuebles que debería haber embargado Avalmadrid para cubrir el fallido de MC Infortécnica SL.

El mismo desconocimiento esgrimió Juan Manuel Santos-Suárez respecto a si la empresa de los padres de Díaz Ayuso cumplió el fin para el que se le concedió el aval: comprar unos equipos para acudir a un concurso del Servicio Vasco de Salud. También ignora la información que Carlos Ramos proporcionó a Isabel Díaz Ayuso tras serle facilitado su contacto por la exviceconsejera de Economía Eva Piera Rojo. Pese a que Ramos, según él mismo destacó en la comisión, era su “principal apoyo”. “Le sigo viendo ahora y seguimos manteniendo una amistad”, indicó. En todo caso, al expresidente de Avalmadrid le parece “muy mal” que un empleado de la sociedad de garantías dé información que ha conocido “en razón de su cargo o por razón de una operación, a cualquier persona, porque está cubierto por el secreto”.

Un recuerdo vago de la venta a Cobralia

Santos-Suárez negó después que conozca a Gerardo Díaz-Ferrán, expresidente de la CEOE y propietario de Marsans, al que Avalmadrid concedió ocho avales por importe total de 3,3 millones de euros en 2010, apenas cuatro meses antes de que el grupo se declarara en concurso. Estos avales fueron señalados primero en el expediente del Banco de España y después en el informe que la propia Avalmadrid encargó a una consultora y que sirvió de base para la presentación de una querella ante la Fiscalía que fue archivada al considerar el posible delito prescrito.
El expresidente de la sociedad de garantías precisó a los diputados que el aval no se había concedido al grupo Marsans, en comprometida situación económica, sino a una pyme del grupo que no tenía problemas. Y tras aprobar un informe positivo elaborado por el equipo de analistas de riesgos de Avalmadrid.

Por el contrario, sí que conoce Santos-Suárez a Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña CEIM y dueño del Grupo Cantoblanco, otra empresa sospechosa de haber sido favorecida en la concesión de avales.
Pero a quien apenas recordaba tampoco era a Fernando Cañellas, fundador de Cobralia, la empresa a la que Avalmadrid vendió su cartera de fallidos en junio de 2012. Según sostuvo el expresidente de Avalmadrid, se trató de una operación “no muy importante”. “La recuerdo muy vagamente”. Esa venta fue también objeto de un informe realizado por PricewaterhouseCoopers (PwC) en 2018 que advertía de una posible duplicidad de pagos a Cobralia y a su presidente, Fernando Cañellas, que cobró 270.245 euros por sus servicios jurídicos.

“Las cartas no me influyeron nada”

En la misma desmemoria han caído también las cartas que Antonio Beteta y el propio Arturo Fernández le remitieron para interceder en favor de la concesión de avales a Marsans y Cantoblanco. Santos-Suárez no recordaba si había recibido otras cartas del mismo tenor, pero sí que las dos citadas se habían incluido en los respectivos expedientes. “Pero no me influyeron nada”, rechazó, “llegaron después de que recibiéramos los informes sobre ambas empresas”.

De igual modo Juan Manuel Santos-Suárez negó al diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez que hubiera informado a ningún alto cargo de la Comunidad de Madrid que Avalmadrid se encontraba en riesgo de disolución en 2010 si no se aportaban 10 millones de euros al capital. El expresidente sí admitió que ese año había bajado la solvencia “rápidamente y de forma extraña” hasta el 10%, por lo que se acercaba peligrosamente al 8% establecido como límite, mientras aumentaba la morosidad por efecto de la crisis. Pero atribuyó la caída a un “error informático” que “no pudieron detectar ni KPMG ni el Banco de España”. Lo describió como un problema “con un paréntesis antes o después de una cifra”. “Por eso pedimos el reafianzamiento y el aumento del fondo de provisiones técnicas”, recordó, en referencia al convenio que Avalmadrid firmó en 2011 con la Comunidad de Madrid para que ésta complementara los reavales de la compañía pública Cersa.

Juan Manuel Santos-Suárez comenzó su intervención resaltando que él no ocupaba la presidencia de Avalmadrid, sino que ésta correspondía a la Comunidad madrileña. “Yo soy la persona física que representaba a la persona jurídica de la Comunidad”, alegó. La diputada de Unidas Podemos Isabel Serra utilizó el matiz para reclamar que acudan a comparecer a la comisión los presidentes madrileños desde 2008, una petición que fue rechazada en su día por el PP y Ciudadanos.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/12/17/el_presidente_avalmadrid_que_aprobo_prestamo_del_caso_ayuso_dice_que_no_entero_las_decisiones_los_organos_que_presidia_102088_1012.html


UNA VICECONSEJERA DE AGUIRRE ADMITE QUE PIDIÓ A UN DIRECTIVO DE AVALMADRID QUE FACILITARA INFORMACIÓN A AYUSO

Eva Piera dice que se limitó a ser “empática con una persona preocupada por una empresa familiar”, en referencia a la sociedad de los padres de Ayuso a la que Avalmadrid afianzó 400.000 euros

También asegura que no volvió a hablar con Ayuso sobre el caso, pese a que fueron compañeras de grupo parlamentario durante año y medio

Eva Piera Rojo, que presidió Avalmadrid entre diciembre de 2006 y septiembre de 2008 y fue vocal de su consejo de administración hasta 2011, además de ejercer como viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre hasta 2012, admitió este martes que pidió al director de Relaciones Institucionales de la sociedad de garantías, Carlos Ramos, que facilitara información a Isabel Díaz Ayuso sobre la empresa de la que eran socios sus padres. “Yo no doy mandatos, sólo le pedí que atendiera a una persona [la actual presidenta de la Comunidad de Madrid] que quería información”, explicó Piera Rojo en la comisión de la Asamblea madrileña que investiga las supuestas irregularidades en Avalmadrid, desveladas en su mayor parte en diversas informaciones de infoLibre.

Piera relató que, Ayuso, "cuando aún no ocupaba ninguna responsabilidad política" –fue elegida diputada autonómica el 15 de julio de 2011–, le pidió un “contacto” en Avalmadrid porque quería “asesoramiento respecto a la empresa de sus padres”. Lo hizo “en persona, en una conversación fuera de mi despacho”. Según recordó, Díaz Ayuso fue “escueta” y ella misma, “empática con una persona preocupada por una empresa familiar”. “Nunca me envió un correo”, abundó después. “Y le di el contacto como hacía con cualquier persona que se me acercaba y se interesaba por las ayudas e instrumentos de financiación de la Comunidad de Madrid”, explicó la exviceconsejera, quien describió la consulta como una más de las 16.000 que recibe anualmente la sociedad de garantía recíproca madrileña en busca de “asesoramiento e información”.

Esta explicación, sin embargo, no se corresponde con la realidad en el caso de Ayuso, que no necesitaba ningún asesoramiento sobre "los instrumentos de financiación" de Avalmadrid, puesto que la sociedad de garantías ya había afianzado un crédito de 400.000 euros de la empresa de sus padre el 15 de marzo de 2011. Y la petición a Piera fue cuatro meses después. Lo que quería saber Ayuso es qué ocurriría en el caso de que dicha empresa no devolviera el dinero, puesto que sus padres eran avalistas solidarios, y temía que pudieran perder su patrimonio. La compañía efectivamente no devolvió ni un euro. Y los padres de Ayuso salvaron su patrimonio donándoselo a sus hijos, lo que permitió a la ahora presidenta madrileña apropiarse de un piso que en caso contrario habría tenido que responder de la deuda con Avalmadrid.

A preguntas de los diputados, Eva Piera subrayó que no sabía ni el nombre de la empresa, MC Infortécnica SL, y repitió en varias ocasiones que desconocía los detalles concretos de la operación. Tampoco hizo un seguimiento de ésta, ni volvió jamás a hablar del asunto con Díaz Ayuso, añadió, pese a que ambas fueron compañeras de grupo desde julio de 2011 hasta febrero de 2013.

Los diputados le preguntaron igualmente por el correo electrónico que envió al director de Relaciones Institucionales el 13 de julio de 2011, desvelado por infoLibre, donde le daba “mil gracias otra vez por anticipado” por atender a Ayuso y le proporcionaba el número de móvil de quien había sido su compañera en las listas del PP y dos días después se iba a convertir en compañera de escaño. Para entonces, y pese a que Piera reiteró en la comisión que Díaz Ayuso sólo buscaba "asesoramiento financiero", Avalmadrid ya había concedido a la empresa de sus padres el aval de 400.000 euros que después no devolvió.

Un día después de que Eva Piera hiciera de intermediaria ante Carlos Ramos, Ayuso envió a éste un correo en el que le facilita los datos de MC Infortécnica SL y le cuenta que su familia “no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre. Es todo muy difícil”. En septiembre de ese año, Díaz Ayuso le pide a Carlos Ramos datos confidenciales sobre las empresas de los socios de sus padres –actividad comercial, facturación y clientes–, porque teme que los primeros estén vaciando la empresa para montar otras dedicadas al mismo negocio, el suministro de equipos médicos.

La expresidenta de Avalmadrid dijo desconocer “qué información pidió Díaz Ayuso” e incluso aseguró que no ha hablado con ella desde hace “bastantes años”, a excepción de una breve conversación que mantuvieron al encontrarse hace escasas fechas en en la Copa Davis celebrada en Madrid y que patrocina su actual empresa, Mapfre Seguros. Negó que proporcionarle el contacto de Carlos Ramos fuera “un favor” y se desentendió del hecho de que éste hubiera incluido “Datos de MC Infortécnica (Presidencia Comunidad Madrid)” como “asunto” del correo que sólo dos días después de haberle dado el teléfono de Díaz Ayuso, el 15 de julio, envió a una empleada de Avalmadrid para pedirle que mirara si la empresa y sus socios estaban en un fichero de impagados.

Carlos Ramos, además de director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid, era el “principal apoyo” de su entonces presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, según reconoció él mismo minutos después en la misma comisión.

La culpa fue de la Gran Recesión

Eva Piera defendió en todo momento la gestión realizada en Avalmadrid durante los años en que estuvo a su frente y sentada en su consejo de administración. Pese a que formó parte durante años de su comisión ejecutiva, que aprobaba los avales superiores a 500.000 euros y los vinculados con consejeros o socios protectores –además de la Comunidad de Madrid, Bankia, Cámara de Comercio de Madrid, la patronal CEIM, posteriormente también Banco Santander y Caixabank–, rechazó una y otra vez que tuviera conocimiento de ninguna operación concreta. En varias ocasiones, aseguró que no recordaba los nombres de los responsables de algunos departamentos por los que le preguntaron los diputados.

La expresidenta de Avalmadrid rechazó también que el consejo de gobierno de la Comunidad le hubiera dado ningún tipo de indicación sobre la concesión de avales. O de cartas, como la que el entonces consejero de Economía, Antonio Beteta, mandó a Juan Manuel Santos-Suárez, invitándole a tener en cuenta los muchos empleos que el Grupo Marsans creaba en la región, a la hora de discutir en un próximo consejo de administración el aval que le había solicitado la empresa del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Pese a la mala situación económica en que se encontraba Marsans, Avalmadrid le concedió avales por un importe total de 3,3 millones de euros. Cuatro meses después, el grupo se declaró en concurso de acreedores. Eva Piera reveló que no sabía si Avalmadrid se había personado en ese concurso para intentar cobrar los avales adeudados. “No estaba en la comisión ejecutiva en ese momento”, alegó. Los avales a Marsans son algunos de los que la propia Avalmadrid llevó a la Fiscalía años después, en abril de 2019, tras ser señalados primero en el expediente abierto por el Banco de España y después en un informe realizado por la consultora Forest Partners.

Eva Piera precisó que la comisión ejecutiva aprobaba “prácticamente todos” y “por unanimidad” las propuestas de aval que realizaba el equipo de analistas de riesgos de Avalmadrid. “En ningún caso nos oponíamos a lo que dictaban los analistas, aunque a veces sí pedíamos que se reforzaran las garantías, se concediera un plazo adicional o se modificara algún aspecto de la propuesta”, concedió. Si, después, los avales no se devolvían porque las empresas quebraban, argumentó, se debió sólo a la Gran Recesión, unos años en que los concursos de acreedores eran una constante y la morosidad, por tanto, se cuadriplicó.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/12/18/eva_piera_admite_que_pidio_directivo_avalmadrid_que_facilitara_informacion_diaz_ayuso_sobre_empresa_sus_padres_102087_1012.html

AYUSO CREE QUE LA COMISIÓN DE AVALMADRID ES LA "COMISIÓN NETFLIX" PORQUE ES UN "TODOS CONTRA UNO" CON FINAL YA ESCRITO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha renombrado la comisión de investigación sobre Avalmadrid en la "comisión Netflix" porque es un "todos contra uno" en el que ya se tiene "el final escrito" donde dan por sentado "que ha habido corrupción".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha renombrado la comisión de investigación sobre Avalmadrid en la "comisión Netflix" porque es un "todos contra uno" en el que ya se tiene "el final escrito" donde dan por sentado "que ha habido corrupción".

"La comisión de Avalmadrid como la mayoría de las comisiones parlamentarias son instrumentos políticos para acribillar al adversario. Es una forma política en la que se unen todos contra el adversario y lo que crean es una serie de Netflix", ha señalado la dirigente regional en su intervención en un desayuno de Europa Fórum en la capital.

Según Ayuso, "van llamando a los distintos actores, les van colocando el día y la hora en el sitio correcto" para que "les cuadre el guión" y, "diga lo que diga la Justicia", ya "te han humillado, te han llevado a una comisión, te han sentado y te han hecho pasar por el paseíllo".

"Como muchos ciudadanos no están en esas cosas y no profundizan lo único que saben es que hay un político que se ha sentado en una cosa que se llama anticorrupción o investigación... El daño ya está hecho y a otra cosa", ha indicado.

En el caso de Avalmadrid, Ayuso ha manifestado que ya quisiera ella que la prensa y las instituciones le hubieran dedicado "tanto interés al desfalco de los ERE" y no a un organismos que lleva trabajando "des los años 80 con errores y con aciertos y que ahora está levantando a 11.000 pymes en la Comunidad".

Para la jefa del Ejecutivo madrileño, que ha reconocido que han intentado atacarla "personalmente", esta comisión "nace muerta". Así, ha incidido en que lo peor en la vida ya lo pasó cuando perdió a su padre, cuando su familia se arruinó hace diez años, por lo que a partir de ahí le pueden quitar "más o menos tiempo" a la hora de defenderse pero no es más que "ruido".

En este punto, ha hecho hincapié en que este martes en la sesión de la comisión dos expresidentes dijeron que ni siquiera la conocían de nada. "Estaban toda las pruebas ahí y daba igual", ha destacado.

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20191218/472329778261/ayuso-cree-que-la-comision-de-avalmadrid-es-la-comision-netflix-porque-es-un-todos-contra-uno-con-final-ya-escrito.html

LA IZQUIERDA INSISTE EN QUE DÍAZ AYUSO Y LOS EXPRESIDENTES DECLAREN EN LA COMISIÓN DE AVALMADRID

Los trabajos de investigación comienzan con exdirectivos del ente semipúblico

Los partidos de la izquierda han coincidido en que la primera sesión con comparecientes de la comisión de investigación de Avalmadrid, celebrada este martes en la Asamblea, ha reforzado la necesidad de que los expresidentes regionales entre 2007 y 2018 y la actual jefa del Ejecutivo, Isabel Díaz Ayuso, acudan a dicha comisión.

A esta primera sesión han ido los expresidentes de Avalmadrid entre 2006 y 2008 (Eva Piera) y entre 2008 y 2014 (Juan Manuel Santos-Suárez); la consejera delegada de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), Ana Vizcaíno, y el presidente de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (Cesgar), Antonio Couceiro.

La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, ha destacado que Santos-Suárez haya afirmado que "en realidad la presidenta (de Avalmadrid) era la Comunidad de Madrid", lo que a su juicio refrenda que "los expresidentes de la Comunidad tienen que venir aquí a rendir cuentas".

Los grupos de la izquierda pidieron que fueran a la comisión Díaz Ayuso y los expresidentes Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes y Ángel Garrido, pero la Mesa tumbó dichas solicitudes con los votos del PP y Ciudadanos.

En el caso de Díaz Ayuso se une la circunstancia de que Avalmadrid concedió en 2011 un aval por valor de 400.000 euros, y que nunca fue devuelto en su totalidad, a una empresa participada por su padre.

El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, considera que se ha confirmado que "hubo un trato de favor" a Díaz Ayuso en este caso, ya que "accedió a una serie de información que no está al alcance de todas las personas" merced a su "relación previa" con Piera, quien ha defendido que ofreció un trato "ordinario" a Ayuso cuando esta le pidió un contacto de "asesoramiento".

La diputada socialista ha destacado que Santos-Suárez haya admitido la "injerencia" del exconsejero de Economía Antonio Beteta, que en 2010 envió una carta al entonces presidente de Avalmadrid en la que se expresaba favorablemente respecto a la concesión al Grupo Marsans, que estaba cerca de declararse en concurso de acreedores, de un aval por valor de 3 millones de euros.

Por su parte, el diputado del PP Pedro Muñoz Abrines ha recalcado que, según el criterio de Cesgar, Avalmadrid "es una institución privada", y ha repetido que la comisión de investigación "debería cerrar" porque la Fiscalía Anticorrupción archivó la denuncia de Más Madrid contra Avalmadrid y Díaz Ayuso.

La diputada de Ciudadanos ha coincidido en que "a la izquierda lo único que le importa" es emprender "una caza de brujas creada por y para una persona en concreto".

La comisión de Avalmadrid, creada a propuesta del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, fiscalizará los avales concedidos por la entidad semipública a empresas entre 2007 y 2018.

Avalmadrid es una sociedad de garantía recíproca de carácter semipúblico en la que la Comunidad de Madrid, con un 26,14 % del capital suscrito, es la principal accionista.

Está supeditada a la supervisión administrativa del Banco de España, que tras la realización de dos inspecciones, en 2012 y en 2016-2017, abrió un expediente sancionador por las irregularidades detectadas en la concesión de avales a empresas.

EL CONTACTO DE DÍAZ AYUSO CON AVALMADRID FUE "ORDINARIO"

Eva Piera, que fue vocal del consejo de Avalmadrid entre 2008 y 2011, y presidenta de la entidad entre 2006 y 2008, aseguró ayer que en 2011 trató a Isabel Díaz Ayuso igual que a cualquier ciudadano de los que se le acercaban para solicitarle información sobre las ayudas a emprendedores y pymes.

Así lo ha expresado este martes la también exviceconsejera durante la primera sesión de la comisión de investigación sobre los avales concedidos entre 2007 y 2018 por Avalmadrid, lo que incluye una operación de 2011 que facilitó el acceso a un crédito de 400.000 euros a una empresa participada por el padre de la actual presidenta.

Una vez cerrado el acuerdo, Piera puso a Ayuso en contacto con un directivo del ente para un asesoramiento "ordinario" al respecto, ha dicho. "En Avalmadrid se reciben muchas consultas. Este fue uno de los 16.000 contactos comerciales de 2011", ha añadido.

Los 400.000 euros nunca se devolvieron en su totalidad. Díaz Ayuso, que entonces no tenía ningún cargo ejecutivo, aceptó la donación del piso familiar antes de que llegara el primer impago, por lo que la vivienda quedó fuera del alcance de posibles acreedores. Antes, intercambió información con el directivo de Avalmadrid.

"Ha quedado claro que la casa ni siquiera estaba metida en ese aval", ha reaccionado la actual presidenta. "[La polémica] es una burda patraña".


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NUEVOS CORREOS DEMUESTRAN QUE AVALMADRID APROBÓ EL PRÉSTAMO DEL 'CASO AYUSO' EN UN TIEMPO RÉCORD

El director financiero de MC Infortécnica SL envió, el 31 de enero de 2011, trece archivos con datos financieros, contratos con proveedores, impuestos pagados y una síntesis del proyecto
Avalmadrid no dedicó ni 48 horas a analizar los documentos. El 2 de febrero aprobó afianzar un crédito de 400.000 euros a la empresa propiedad de los padres de Ayuso
Así lo prueban correos electrónicos y documentación de MC Infortecnica SL a la que ha tenido acceso infoLibre
Correo enviado por MC Infortécnica a Avalmadrid el 31 de enero de 2011.
“Buenos días. Creo que esta es toda la información que tenemos pendiente de enviar; te cuento el contenido de los archivos adjuntos”. Así comenzaba el mensaje de correo electrónico que envió a Avalmadrid el director financiero de MC Infortécnica SL, Manuel Pérez, a las 9:20 horas del 31 de enero de 2011, y al que ha tenido acceso infoLibre. La empresa, propiedad en un 25% de los padres de Isabel Díaz Ayuso, quería que Avalmadrid le afianzase un préstamo de 400.000 euros. Y los archivos adjuntos eran un total de 13, que contenían una abundante documentación: desde cuentas de empresas del grupo al impuesto de sociedades abonado el ejercicio anterior pasando por los contratos con tres proveedores extranjeros o la síntesis del proyecto presentado a Avalmadrid.
Pues bien, Avalmadrid no dedicó ni 48 horas a analizar esa ingente documentación. En la mañana del 2 de febrero de 2011, el Comité Directivo de la sociedad de garantías aprobó la operación con MC Infortécnica SL. Ese Comité lo presidía José Manuel Santos-Suárez Márquez, que será uno de los cuatro comparecientes que este martes inaugurará la comisión de investigación sobre Avalmadrid creada en la Asamblea autonómica.
MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro del dinero recibido. Y aunque el préstamo estaba avalado de forma solidaria por los ocho accionistas de la compañía, entre ellos los padres de la actual presidenta madrileña, Avalmadrid no actuó nunca contra ellos. Ello a pesar de que el Comité de Morosidad de la sociedad de garantías, en sendas reuniones celebradas el 2 de abril y el 16 de noviembre de 2012, acordó la "ejecución dineraria" de los avalistas morosos. Esas reuniones del Comité de Morosidad también estuvieron presididas por Santos-Suárez. Ahí no terminó la cosa: como desveló infoLibre, Avalmadrid permitió además que los avalistas se desprendieran de todos sus bienes inmuebles, mediante donaciones y ventas, para evitar que fuesen embargados por la sociedad de garantías.
Una de las operaciones tuvo como beneficiaria a Isabel Díaz Ayuso, que se apropió así de un piso en el centro de Madrid que le donaron sus padres. La Fiscalía Anticorrupción entendió que la presidenta madrileña no había cometido un delito de alzamiento de bienes y, el 13 de noviembre, archivó sin investigar la denuncia que había presentado Más Madrid. Lo hizo mediante un escrito firmado por la teniente fiscal, Belén Suárez Pantín, en el que tergiversa la jurisprudencia del Supremo sobre el alzamiento y miente al describir las fechas en las que Ayuso envió una serie de correos a un directivo de Avalmadrid para interesarse por el préstamo.

"LA INFORMACIÓN QUE TENEMOS PENDIENTE DE ENVIAR"

En el correo que envía a Avalmadrid el 31 de enero de 2011, el director financiero de MC Infortécnica SL detalla brevemente a su interlocutora el contenido de los 13 archivos que le adjunta. A continuación, se reproduce el contenido literal de las explicaciones de Manuel Pérez y se explica el contenido de cada uno de esos 13 archivos.
"POC 197 y 37 MEDSTATION, son meramente informativos, son folletos de dos modelos de equipos que se incluyen en el proyecto".
Efectivamente, se trata de dos documentos en formato Pdf. en los que se explican las características de una consola modular médica para la visualización en quirófano y de un ordenador, productos comercializados por MC Infortécnica SL.
"Contrato rubbermaid, contrato advantech y contrato esinomed, son los acuerdos de distribución de estos tres proveedores".
Como indica Manuel Pérez, se trata de los contratos firmados por MC Infortécnica SL con tres proveedores extranjeros: la compañía alemana Esinomed GmbH, la holandesa Advantech Europe BV y la norteamericana Rubbermaid Medical Solutions.
La empresa de los padres de Ayuso, cuando solicitó el apoyo de Avalmadrid, explicó que necesitaba el dinero para cumplir con una adjudicación que había recibido del Servicio Vasco de Salud. La financiación se destinaría a comprar material a esos tres proveedores extranjeros, para suministrarlo posteriormente a los hospitales vascos. infoLibre descubrió que esa presunta adjudicación nunca se llevó a cabo: en 2011 el Servicio Vasco de Salud pagó a MC Infortécnica SL 703 euros y en los años siguientes, nada.
Hay que señalar que Avalmadrid aprobó la operación con la condición expresa de que "la disposición de la póliza [de 400.000 euros] quedará limitada al pago de los proveedores" indicados. Pero luego jamás se preocupó por exigir a la empresa de los padres de Ayuso que probase que el dinero se había dedicado realmente a ese fin.
Los tres contratos los firmó por parte de MC Infortécnica SL otro de sus socios, Juan Carlos Herrero Casasola, en enero de 2008 (con Esinomed), enero de 2010 (con Rubbermaid) y febrero de 2010 (con Advantech).
"Grupo MC 2008, 2009 y 2010 provisional corresponde en vuestro formato la información financiera de Grupo MC Infortecnica Medical Hamilton, SL".


Se trata de tres archivos Excel con la información financiera de la matriz del grupo. MC Infortécnica SL era la más importante de ocho filiales, todas ellas controladas directa o indirectamente por la matriz: Grupo MC Infortécnica Medical Hamilton SL. A su vez, las acciones de esta sociedad pertenecían a partes iguales a cuatro matrimonios, uno de ellos el formado por Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Cristina Ayuso Puente.

"MC Infortecnica provisional corresponde con el avance de cierre de Mc infortecnica y el resumen del presupuesto 2011 en el formato oficial de cuentas anuales".

Es un archivo en formato Excel con los datos económicos de la empresa que solicitaba el aval para el préstamo de 400.000 euros.

"Síntesis del proyecto es un resumen de las necesidades de los clientes y las soluciones que MC Infortecnica propone".

Para tratarse de una solicitud de afianzamiento de 400.000 euros, no se puede decir que los gestores de MC Infortécnica SL se esmerasen especialmente. La síntesis del proyecto tiene 8 líneas, en las que se afirma literalmente lo siguiente [la puntuación y acentuación corresponde al original]: "Cada vez más la red hospitalaria necesita actualizarse a nivel informático. Para poder gestionar necesitamos información y posibilidades de obtenerla. Todos los hospitales están retirando las placas de “rayos X” con lo que es necesario visualizar las pruebas en pantallas de alta definición; además los ordenadores de uso hospitalario tienen que ser de grado médico (permiten limpieza esterilización y libres de ángulos de difícil acceso). Por esta razón los hospitales tienen que adquirir hardware informático; MC Infortecnica soluciona estas necesidades con tres proveedores".
En definitiva, la "síntesis del proyecto" es ciertamente sintética, pero lo que no se puede decir es que sea la descripción de ningún "proyecto". Simplemente se afirma que MC Infortécnica SL "soluciona" determinadas "necesidades" de los hospitales gracias al material que distribuye en España tras adquirirlo a tres proveedores extranjeros.
"Cartera de pedidos se corresponde con los pedidos recibidos pendientes de suministrar a 27 de enero de 2011"
Es un Pdf. de tres folios con una relación de "ventas de pedidos confirmados". Los más antiguos tienen tres años, pero la mayoría son de los meses anteriores a la elaboración del documento. La suma total de pedidos presuntamente confirmados asciende a 1,2 millones de euros. Entre ellos también se incluyen los realizados por filiales del grupo.
"Sociedades Grupo es una copia del impuesto sobre sociedades de Grupo MC… SL".
Se trata de una copia del Modelo 200 del Impuesto de Sociedades presentado en la Agencia Tributaria por la matriz, Grupo MC Infortécnica Medical Hamilton SL, correspondiente al año 2009. Aquel año, la compañía abonó 1.104 euros en la liquidación anual del Impuesto de Sociedades.
"Aval Madrid Poll es el mismo fichero que ya os enviamos con los vencimientos de todos los contratos".
Es un documento Excel donde constan todos los préstamos y líneas de crédito que tienen tres compañías del grupo: MC Infortécnica SL, Sistemas y Fabricación SL y Hamilton Medical España SL. Llaman especialmente la atención los datos de MC Infortécnica SL, con créditos concedidos por importe de 1,38 millones de euros.
A TODA PRISA
El correo electrónico con los 13 archivos, y las explicaciones que se acaban de reproducir, le llegó a la gestora de clientes de Avalmadrid que estaba en contacto con Manuel Pérez a las 9:20 horas del lunes 31 de enero. Una hora después, dicha gestora reenvió toda la documentación a Christian de la Torre González, que era el analista de riesgos encargado de la operación con MC Infortécnica SL. De la Torre, por su parte, abrió el correo a las 12:05 horas de aquel día.
Cinco días antes, el miércoles 26 de enero, Manuel Pérez había mantenido una reunión física con diversos empleados de Avalmadrid. Allí se había comprometido a enviar la información requerida por la sociedad de garantías. Pero tuvieron que recordárselo desde Avalmadrid. El viernes 28 de enero, a las 14:59 horas, la gestora que estaba en contacto con Pérez le escribió otro correo, con el siguiente contenido:
Buenas tardes, Manuel
Sólo comentarte que según la reunión que mantuvimos el miércoles, estamos a la espera de la documentación solicitada por el analista para agilizar la operación.
Un cordial saludo
Finalmente, Manuel Pérez envió la documentación el día 31 de enero. Si tenemos en cuenta que el Comité Directivo se reunió en la mañana del 2 de febrero, y que el analista no recibió en su buzón de correo la documentación hasta el 31 de enero a las 12:05 horas, resulta que tuvo menos de 48 horas para analizar toda esa documentación clave de la empresa, plantear las posibles dudas surgidas tras ese análisis e informar al Comité Directivo.
El 2 de febrero, a las 16:14 horas, la gestora de Avalmadrid llamó a Manuel Pérez. Tenía buenas noticias. Como no lo pudo localizar, le escribió un correo:
Buenas tardes, Manuel.
Te he llamado a la oficina pero creo que estáis hasta las 4.
Avísame si quieres mañana y te llamo porque ya tengo noticias de vuestra operación.
El Comité Directivo de Avalmadrid que aprobó esa operación estaba formado por cinco personas: Juan Manuel Santos-Suárez Márquez, que lo presidía; Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo, entonces consejero delegado; Alejandro Gómez Vivas, director de Operaciones; Borja Cubillo Santamaría, director comercial, y Antonio Chorro García, director de Riesgos. Todos ellos pueden tener que declarar en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, puesto que sus comparecencias ya han sido aprobadas por la Mesa. Con una excepción: Borja Cubillo Santamaría, ahora directivo del Club de Campo de Madrid, cuya comparecencia solicitaron PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, pero que fue vetada por PP y Ciudadanos.
En realidad, la empresa a la que se le concedió el crédito estaba en situación de práctica quiebra. La escritura de formalización del préstamo se firmó el 15 de marzo de 2011 y tenía que devolver el dinero en tres años. El primer pago era el 15 de diciembre de aquel 2011. No devolvió nada. Y para entonces ya había despedido a la práctica totalidad de la plantilla.
El procedimiento exprés de Avalmadrid para entregar los 400.000 euros a la sociedad de los padres de Ayuso se transformó en una paciencia infinita a la hora de reclamar el dinero impagado. Este domingo se cumplieron ocho años del primer impago y Avalmadrid sigue sin actuar contra los avalistas solidarios del préstamo. Quienes ya han pagado parte del préstamo son los contribuyentes madrileños: la Comunidad de Madrid reavaló un 25% de la operación y en 2016 tuvo que abonar 102.030 euros del crédito fallido.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/12/17/nuevos_correos_demuestran_que_avalmadrid_aprobo_prestamo_del_caso_ayuso_tiempo_record_102042_1012.html

LOS REPRESENTANTES DE SANTANDER Y CAIXABANK ABANDONAN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AVALMADRID

A preguntas de infoLibre, ambas entidades desvinculan su salida de las irregularidades descubiertas en la sociedad de garantías Todos los miembros del anterior consejo, incluidos los vocales salientes, deberán comparecer en la comisión de investigación que se abrirá en la Asamblea de Madrid el 17 de diciembre

La llegada de Ciudadanos a la Consejería de Economía y las turbulencias vividas en los últimos meses en Avalmadrid han propiciado cambios tanto en la cúpula directiva de la sociedad de garantías como en su consejo de administración. En agosto fue destituida la presidenta, Rosario Rey García. En septiembre fue nombrado para sustituirla el nuevo viceconsejero de Economía, Isaac Martín Barbero, así como los dos vocales que representan a la Comunidad de Madrid en la entidad semipública: Rodrigo Tilve, director general de Economía y Competitividad, e Ignacio Gutiérrez Llano, secretario general técnico de la Consejería de Economía.

Aunque no han sido los institucionales los únicos cambios que ha sufrido el consejo. Compuesto hasta ahora por 11 miembros, se ha quedado en siete. Al menos hasta que CEIM, la patronal madrileña, decida quién ocupa su asiento en el máximo órgano de la entidad. En cualquier caso, hay tres consejeros que no volverán. Tanto el Banco Santander como Caixabank han decidido retirarse del consejo, según ha podido saber infoLibre. Lo mismo que el consejero independiente Orlando García Sánchez.

La Comunidad de Madrid posee el 26,1% del capital de Avalmadrid, seguida por Bankia, con un 25,3%. La Cámara de Comercio de Madrid tiene el 4,2%; el Banco Santander cuenta con un 3,1%; Caixabank, un 1,5%; Plus Ultra Seguros Generales, un 0,02%, y la patronal madrileña (CEIM), un 0,018%. Así, Bankia sienta a tres vocales en el consejo: Juan Luis Vidal Álvarez-Ossorio, Faustino Ortiz Merino y Gerardo Artiach Morenés. Su participación en Avalmadrid se instrumenta a través de tres filiales: Participaciones y Cartera de Inversiones SL, Inmogestión y Patrimonios SA y Valoración y Control SL.

En nombre de la Cámara de Comercio de Madrid asiste Judit Hidalgo Rubio. De momento, CEIM carece de representante, pero lo tendrá “en los próximos días”, según asegura un portavoz de la patronal madrileña, cuando “se designe a la persona física que la representará”.

“Poco peso en las decisiones del consejo”

Por el contrario, Banco Santander decidió el pasado mes de septiembre abandonar el consejo de administración de Avalmadrid. Fuentes de la entidad financiera niegan que su salida esté motivada por la revelación de las irregularidades en el funcionamiento de la sociedad de garantías madrileña. “Estamos implementando la política de no tener consejeros en sociedades donde nuestra participación es muy baja”, explican a infoLibre las mismas fuentes, que califican de “estratégica” la decisión. “Al tener una posición poco relevante en la sociedad”, continúan, “tampoco tenemos peso en las decisiones adoptadas en el consejo”.

El abandono de Caixabank fue anterior. Según fuentes financieras, la decisión se tomó a principios de este año, pero no fue efectiva hasta mayo. La entidad catalana entró en Avalmadrid en octubre de 2014 y, al igual que Bankia, no lo hizo directamente, sino a través de una filial, Estugest SAU.

En septiembre también se produjo la renuncia de Orlando García Sánchez como consejero independiente. Nombrado para el cargo en 2018, fue director de Auditoría Interna de la Sareb, el conocido como banco malo, y antes representante del FROB en el consejo de administración de Catalunya Banc. infoLibre ha intentado ponerse en contacto en repetidas ocasiones con García Sánchez para recabar los motivos de su salida de Avalmadrid, sin éxito. También ha preguntado a la propia sociedad de garantías por las ausencias del consejo y por cómo se va a recomponer a partir de ahora el órgano, sin obtener respuesta. La Consejería de Economía tampoco ha querido dar ninguna explicación al respecto, alegando que el presidente del consejo, Isaac Martínez Barbero, no tiene capacidad ejecutiva en la empresa.

Desde que empezaron a conocerse las anomalías de funcionamiento de Avalmadrid, Ciudadanos, a través del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se ha manifestado a favor de “cerrar” la entidad semipública. “Está manchada y contaminada por posibles casos de corrupción”, declaró ya en agosto. De momento, la formación naranja ha presentado una proposición no de ley en la Asamblea regional donde pide a la Comunidad de Madrid que “extinga” su relación con la sociedad de garantía recíproca. Al menos por el momento, ni Santander ni Caixabank han manifestado su intención de abandonar Avalmadrid. Se limitan a destacar que las irregularidades descubiertas por el Banco de España y publicadas por este periódico se produjeron antes de su entrada en la entidad, y a minimizar su capacidad de influencia en la gestión de Avalmadrid dada su pequeña participación.

Movimientos en la cúpula directiva

El expediente abierto por el Banco de España a Avalmadrid, que propone sanciones para 19 de sus directivos y consejeros, debería concluirse antes de que acabe este año. Pero ya antes afectó a la cúpula de la entidad, puesto que la anterior presidenta, Rosario Rey, presentó una denuncia ante la Fiscalía basándose en un informe que ella misma encargó y donde se señalaba no sólo a exejecutivos sino también a algunos de los actuales. La denuncia fue archivada porque el ministerio público consideró prescritos los delitos, pero el director de Riesgos, Juan Antonio Chorro García, fue degradado a subdirector comercial. Y el director general, Pedro Embid, que se negó a apoyar la denuncia ante el fiscal, fue teóricamente "destituido". Pero en realidad sigue en su puesto, según explicó Isaac Martín Barbero en la Comisión de Economía de la Asamblea de Madrid, porque así lo habían decidido tanto el consejo de administración como el comité de nombramientos.

Además, el director comercial Christian de la Torre, ha dejado Avalmadrid por otra sociedad de garantía recíproca, Iberaval, que opera en Castilla y León y La Rioja. En la misma comisión, Martín Barbero aseguró que De la Torre había abandonado la entidad “agotado por la presión” de ser quien tenía que “dar la cara” por Avalmadrid “durante el último año y medio” en que ha quedado “cuestionada la confianza” en la sociedad de garantías.

Todos los miembros del anterior consejo de administración de Avalmadrid, incluidos los vocales del Santander y Caixabank, así como con el consejero independiente han sido llamados a comparecer en la comisión de investigación que comenzará sus sesiones el próximo día 17 de diciembre. También tendrá que acudir Rodrigo Tilve, director general de Economía y vocal de la Comunidad de Madrid en el consejo actual.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/12/09/abandonan_consejo_avalmadrid_los_vocales_del_santander_caixabank_independiente_101728_1012.html

EL ‘CASO AVALMADRID’, CAMINO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Podemos recurrirá el bloqueo de la comparecencia de Díaz Ayuso en la comisión de investigación

Isabel Serra, portavoz de Unidas Podemos IU Madrid en Pie, ha anunciado este martes que su partido registrará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tras ver cómo el PP y Cs bloqueaban en la Mesa de la Asamblea las comparecencias en la comisión de investigación de Avalmadrid de Isabel Díaz Ayuso y los expresidentes populares Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y Pedro Rollán. El organismo fiscalizará los avales concedidos por el ente semipúblico entre 2007 y 2018, lo que incluiría la operación de 2011 que facilitó el acceso a un crédito de 400.000 euros a una empresa participada por el padre de la hoy presidenta. La pasada semana, la Fiscalía Anticorrupción archivó ese caso porque no encontrar indicios de delito.

"Esto es muestra del miedo que tienen a que sepamos lo que ha pasado con Avalmadrid y de que hay delitos de actuaciones irregulares", ha opinado Serra. "En cuanto tengamos los argumentos de las negaciones de las reconsideraciones vamos a ir al Tribunal Constitucional con un recurso de amparo para que se revoque esta decisión", ha añadido.

El PSOE y Más Madrid también analizarán la opción de recurrir al Alto Tribunal cuando reciban la documentación en la que se argumenta las razones del rechazo a reconsiderar unas comparecencias que también ha apoyado Vox.

"Esa comparecencia [la de Díaz Ayuso] tenía sentido porque era política, pero finalmente PP y Cs han votado en la Mesa para bloquearla", ha dicho Rocío Monasterio, la portavoz del partido de extrema derecha, que considera que el archivo de la Fiscalía Anticorrupción permite que la actual presidenta preste su testimonio en el organismo fiscalizador.

La primera sesión de la comisión de investigación será el 17 de diciembre, cuando se convocará a comparecientes con perfiles técnicos.

Avalmadrid se enfrenta a una propuesta de sanción de 100.000 euros por parte del Banco de España, y la Comunidad a otra de 50.000. El ente fiscalizador considera que esta sociedad de garantía recíproca concedió cientos de avales mal evaluados, o que provocaban un conflicto de intereses al afectar a empresas participadas por sus consejeros o por allegados a estos.

https://elpais.com/ccaa/2019/12/03/madrid/1575382927_204262.html

EL GOBIERNO DE CIFUENTES PAGÓ 102.000 EUROS DEL PRÉSTAMO QUE NO DEVOLVIÓ LA EMPRESA DE LOS PADRES DE AYUSO

La Comunidad de Madrid actuó como reavalista y desembolsó el dinero el 3 de marzo de 2016, según la información a la que ha tenido acceso infoLibre

Lo hizo de acuerdo con un convenio que el Gobierno de Esperanza Aguirre firmó en 2011 con Avalmadrid

La Comunidad de Madrid ha terminado pagando una parte significativa de los 400.000 euros que Avalmadrid concedió en una operación de crédito-aval a la empresa MC Infortécnica SL y que sus dueños, entre ellos los padres de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no devolvieron jamás. Lo hizo el 3 de marzo de 2016, cuando el Gobierno regional estaba presidido por Cristina Cifuentes, y la cantidad que tuvo que abonar a Avalmadrid ascendió a 102.030,55 euros. Ese desembolso se realizó de acuerdo con un convenio que la sociedad de garantías había firmado con el Ejecutivo autonómico el 24 de marzo de 2011, cuando estaba presidido por Esperanza Aguirre.

De acuerdo con ese convenio, la Comunidad de Madrid actuaba como reavalista de determinadas operaciones afianzadas por Avalmadrid. En cada caso, asumió un porcentaje diferente del reaval. Así, en el préstamo de 400.000 euros a MC Infortécnica SL, la Comunidad reavaló el 25%, lo que explica que la cantidad abonada el 2 de marzo de 2016 fuese de 102.030,55 euros (el 25% del total más la parte correspondiente de los intereses generados hasta esa fecha).

Los datos sobre la fecha del pago y la cantidad exacta abonada fueron facilitados a infoLibre por el Portal de Transparencia del Gobierno madrileño.

Otro 50% del préstamo de MC Infortécnica SL fue reavalado por la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), una sociedad con un 98% de capital público que otorga el respaldo del Estado a los riesgos asumidos por las 18 sociedades de garantía recíproca que existen en España. Cersa cubrió otros 206.123 euros del fallido de MC Infortécnica SL.

Avalistas y reavalistas: ¿cómo funciona?

En el dinero otorgado a la empresa que tenía entre sus socios a los padres de Ayuso intervinieron diversos actores financieros. Veámoslo:

– Los 400.000 euros del préstamo los puso Caja España. Pero estaban afianzados por Avalmadrid. Es decir, si MC Infortécnica SL no devolvía el dinero, Caja España se lo reclamaba a Avalmadrid. Eso es exactamente lo que ocurrió, puesto que la empresa de los padres de Ayuso no devolvió ni un euro. Así que Avalmadrid le abonó a Caja España, entre abril de 2012 y junio de 2014, un total de 416.175,60 euros (la cantidad inicial más los intereses).

– Avalmadrid, a su vez, reavaló la operación con Cersa (50% del total) y la Comunidad de Madrid (25%). En otras palabras, una vez declarado fallido el préstamo, Avalmadrid tenía derecho a dirigirse a ambas para reclamarles el dinero correspondiente. Por eso, la Comunidad de Madrid tuvo que desembolsar 102.030,55 euros el 3 de marzo de 2016.

– Avalmadrid también pidió garantías a la empresa que recibió el crédito y a sus ocho accionistas. En concreto, hipotecaron una nave industrial en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila) y los ocho se convirtieron en avalistas solidarios, es decir, todos ellos respondían con todos sus bienes presentes y futuros del total del préstamo.

MC Infortécnica SL dejó de pagar el préstamo, que se le había concedido el 15 de marzo de 2011, en diciembre de aquel año, cuando le tocaba devolver la primera cuota. El 2 de abril de 2012, el Comité de Morosidad de Avalmadrid aprobó abonar a Caja España, la entidad que había prestado el dinero, el importe impagado por MC Infortécnica SL, además de ejecutar las garantías que habían puesto los socios para solicitar el aval: una nave en Sotillo de la Adrada (Ávila) y los bienes personales de los cuatro matrimonios. Pero hasta el 26 de noviembre de 2012 no entregó a Cobralia, la firma que tenía contratada para recuperar fallidos, el expediente de la empresa a fin de que reclamara en los juzgados la nave y los bienes de los avalistas. En 2013 los abogados de Cobralia pidieron al juez el embargo del local, que no fue subastado hasta abril de 2018. El precio de adjudicación fue de 272.000 euros, aunque el valor de mercado de la nave de Sotillo es muy inferior.

Pero jamás se ejecutaron los bienes de los cuatro matrimonios asociados en MC Infortécnica. De hecho, Avalmadrid permitió con su falta de diligencia que los morosos fueran traspasando sus bienes. Cuando le entregó el expediente a Cobralia habían desaparecido del patrimonio de los socios de la empresa 7 de los 14 bienes inmuebles que tenían en propiedad en el momento de solicitar el préstamo. Esos siete inmuebles cambiaron de titular a través de donaciones o ventas prohibidas por la ley y los restantes ya estaban hipotecados, así que les fue imposible venderlos o donarlos. Los padres de Díaz Ayuso fueron los primeros en traspasar su patrimonio, mediante donaciones a sus hijos y la venta de una nave en Sotillo de la Adrada a terceros ajenos a la familia.

El dinero público cubre los impagos de los Ayuso

A la vista de la cobertura pública de que se ha beneficiado el crédito fallido de MC Infortécnica SL, el quebranto para el contribuyente puede ascender al 75% del importe total. Lo que ya es seguro, de acuerdo con la información que hoy desvela infoLibre, es que a los contribuyentes madrileños ya les ha costado 102.030,55 euros el impago del préstamo por parte de MC Infortécnica SL. En otras palabras: el dinero que dejaron de pagar los padres de Ayuso y los otros seis socios de la empresa lo han puesto, en un 25%, los contribuyentes madrileños.

El pago realizado por la Comunidad madrileña formó parte de un lote de 15 expedientes que Avalmadrid declaró fallidos, por un importe total de 381.019 euros y que se liquidaron en la misma fecha, el 3 de marzo de 2016. Se trata de una parte de los 51 fallidos que por valor de 2,46 millones de euros han sido abonados hasta el día de hoy por la Comunidad de Madrid en cumplimiento del acuerdo de reafianzamiento entre ambas instituciones. Ese convenio supuso el reaval de un total de 464 operaciones firmadas a lo largo de 2011, que ascendieron a 87,26 millones de euros, según la información facilitada a este periódico por la propia Comunidad de Madrid.

Con Cersa, Avalmadrid firma cada año un contrato. El último es de 2018 y establece una cobertura de entre el 35% y el 80% de los riesgos asumidos por la sociedad de garantías madrileña.

Críticas del Banco de España

La gestión del reafianzamiento realizada por Avalmadrid también fue objeto de reproche en los informes del Banco de España, que destaparon numerosas irregularidades en la entidad semipública y han servido de base para crear una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. De hecho, el supervisor bancario envió un requerimiento a la sociedad de garantías para que cambiara su política de reavales: en sus inspecciones había encontrado 78,4 millones de euros en operaciones que carecían de reafianzamiento.

Avalmadrid se comprometió con el Banco de España a implantar a partir del 1 de enero de 2013 un límite de reaval por operación financiera de un millón de euros. Pero tardó 19 meses en aplicarlo. Mientras tanto, continuó autorizando operaciones que superaban ese máximo. Su consejo de administración incluso aprobó en ese tiempo un acuerdo para elevar el límite en un 75% y que pudiera también superarse en caso de novaciones, reafianzamientos y restructuraciones de avales en vigor, destaca el informe del Banco de España. En otras palabras, mientras el reaval de algunas operaciones excedía el tope de riesgo recomendado por el supervisor bancario, otras se quedaban sin él porque Avalmadrid había agotado a mitad de ejercicio el importe anual concedido por Cersa y la Comunidad de Madrid.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/11/28/la_comunidad_madrid_pago_marzo_2016_del_aval_que_no_devolvieron_los_socios_empresa_del_caso_ayuso_101422_1012.html

3 Y 17 DE DICIEMBRE, FECHA DE PRIMERAS COMPARECENCIAS EN COMISIÓN AVALMADRID

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha decidido este lunes habilitar los días 3 y 17 de diciembre para celebrar las primeras sesiones con comparecientes de la comisión de investigación de Avalmadrid.

Según han explicado a Efe fuentes parlamentarias, la Mesa ha accedido así a la petición realizada por el presidente de la comisión, Modesto Nolla (PSOE) de posponer la fecha de la primera de las sesiones para que pudieran cursarse con más margen de tiempo el plan de trabajo de la comisión y las citaciones a los comparecientes.

Así pues, en vez de convocarse una sesión el 28 de noviembre y otra en diciembre, como se había previsto inicialmente, habrá dos sesiones en diciembre.

La intención de la Mesa de la comisión, que se reunirá el miércoles para definir el orden del día para el 3 de diciembre, es celebrar un total de trece sesiones.

De ser así, pasarán por esta comisión de investigación un máximo de 52 comparecientes, al haber un tope de cuatro por sesión.

En principio, los trabajos de la comisión se prolongarán hasta diciembre de 2020, sin perjuicio de que pueda acordarse una prórroga.

La comisión de Avalmadrid, creada a propuesta del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, fiscalizará los avales concedidos por la entidad semipública a empresas entre 2007 y 2018, entre ellos, el concedido en 2011 por valor de 400.000 euros una empresa en la que tenía participación el padre de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que nunca fue devuelto en su totalidad.

Avalmadrid es una Sociedad de Garantía Recíproca de carácter semipúblico en la que la Comunidad de Madrid, con un 26,14 % del capital suscrito, es la principal accionista.

Está supeditada a la supervisión administrativa del Banco de España, que tras la realización de dos inspecciones, en 2012 y en 2016-2017, y la apertura del expediente sancionador por las irregularidades detectadas en la concesión de avales a empresas.

https://www.lavanguardia.com/politica/20191125/471852464461/3-y-17-de-diciembre-fecha-de-primeras-comparecencias-en-comision-avalmadrid.html

CIUDADANOS SOSTIENE QUE NO CEDERÁ A LA PRESIÓN DE AYUSO PARA CERRAR LA COMISIÓN DE AVALMADRID: “DEBE EMPEZAR A TRABAJAR CUANTO ANTES”

El PP insta a sus socios de gobierno a disolver una comisión “inútil” que, a su juicio, “nace muerta” tras archivar la Fiscalía la denuncia contra Ayuso PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos coinciden en que la investigación va más allá del 'caso Ayuso' y en que su fin es dirimir las responsabilidades políticas Cs desliga la empresa de los padres de la presidenta de las irregularidades en la entidad semipública, “que deben ser investigadas”

La comisión que investigará las irregularidades descubiertas en Avalmadrid, la sociedad de garantía recíproca propiedad en un 26,1% de la Comunidad madrileña, tiene ya decidido quiénes serán los ocho comparecientes en las dos primeras sesiones, cuya fecha, no obstante, sigue sin fijarse. Es una de las paradojas de la comisión, cuyo plan de trabajo acaba de ser aprobado por unanimidad. La otra es que el PP ya ha pedido su disolución cuando aún no ha comenzado siquiera a funcionar. Tanto la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, han utilizado el archivo decretado por la Fiscalía de la denuncia que presentó Más Madrid por el supuesto trato de favor de Avalmadrid a MC Infortécnica SL –empresa de la que eran socios los padres de Díaz Ayuso– para urgir a sus socios de gobierno, PP y Ciudadanos, a “cerrar” la comisión.

“Tanto Vox como Ciudadanos deberían unirse al PP en una reflexión acerca de la idoneidad de mantener esta comisión circo”, instó Serrano en declaraciones a los periodistas en la Asamblea de Madrid, según informa Europa Press. A su juicio, se trata de una “comisión inútil, que nace muerta y su fin se ha desmontado por los tribunales (sic)”.

Por su parte, Díaz Ayuso pidió a Ciudadanos y Vox que “se alíen” con el PP para dar carpetazo a una comisión que “nunca debería haber existido”. Según dijo, su objetivo es únicamente “destruir” su “honor” y el de su familia.
Sin embargo, Ciudadanos rechaza ponerle freno a la investigación, al menos a la que tiene que ver con Avalmadrid, que intenta desligar del caso que implica a la presidenta madrileña. “La comisión no tiene nada que ver con Ayuso, sino que su objeto es investigar las presuntas irregularidades que se han podido cometer en los últimos años [en la sociedad de garantías madrileña]”, respondió el vicepresidente de la Comunidad madrileña, Ignacio Aguado, cuando se le preguntó si se adhería a las peticiones del PP para clausurar la comisión de investigación. “La transparencia y la rendición de cuentas nunca pueden ser objeto de inestabilidad en un gobierno ni generar tensión entre dos socios de gobierno”, concluyó. Antes había dicho que Ciudadanos “no va a permitir que la comisión se convierta en una guerra o causa personal" contra Díaz Ayuso. “Esta comisión no se ha abierto por ella”, aseguró ante los micrófonos de la Cope, además de acusar a los grupos de izquierda de usar Avalmadrid –donde se han hecho “muchas cosas mal” que deben investigarse, precisó– para “hacer daño” a la presidenta autonómica.

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra. “Siempre hemos dicho que era necesaria una comisión que investigue qué problemas ha habido [en Avalmadrid], quiénes son los responsables y dar soluciones”, destacó. En contra de los pronunciamientos del PP, Zafra cree que la comisión “debe seguir adelante y tiene que empezar a trabajar cuanto antes”.

Eva Piera y Santos-Suárez, en la primera sesión

Aunque no está fijada la fecha de la primera sesión, la Mesa de la comisión sí ha aprobado por unanimidad la lista de los primeros comparecientes. El primer día deberán acudir a la Asamblea de Madrid Antonio Couceiro, presidente de Cesgar, la patronal de las 18 sociedades de garantía recíproca española, y Ana Vizcaíno, consejera delegada de Cersa, la entidad pública que reafianza los avales de estas sociedades. Sus intervenciones deberán servir para dar una visión general del funcionamiento de estas entidades semipúblicas, según explicó a los periodistas Modesto Nolla, presidente de la comisión.

Pero sin duda serán más sustanciosas las explicaciones que den Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez, expresidentes de Avalmadrid. La primera fue la persona a la que acudió Díaz Ayuso para conseguir un contacto en la sociedad de garantías en busca de información confidencial sobre las empresas de los socios de sus padres, según ha publicado infoLibre. El segundo presidió Avalmadrid cuando se le concedió el aval a MC Infortécnica y cuando se produjeron la mayor parte de las irregularidades descubiertas por el Banco de España.
En una segunda sesión –la comisión celebrará un total de 13–, intervendrán Antonio Luis Carrasco, quien fue interventor general de la Comunidad de Madrid cuando se produjeron las anomalías; y otros dos expresidentes de Avalmadrid, José María Rotellar y Rosario Rey García, que presentó una denuncia ante la Fiscalía contra algunos exdirectivos de la propia sociedad tras haber encargado un informe sobre las irregularidades desveladas por el Banco de España. Finalmente, se ha llamado a declarar al actual director general de la entidad, Pedro Embid.

“Si es inocente, ¿por qué tiene tanto problema en comparecer?”

“La comisión ya está en funcionamiento, tomando acuerdos por unanimidad”, apunta el socialista Modesto Nolla, “y eso es muy relevante; estas declaraciones [del PP] no van a afectar a su trabajo”. El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, dejó claro que la comisión “no llama a personas para responsabilizarlas de nada, sino para que pongan en conocimiento lo que saben”.

En Más Madrid son más críticos. “Parece que tienen mucha prisa por cerrar la comisión”, resalta su portavoz, Eduardo Gutiérrez, “lo preocupados que están casi parece una confesión”. Si el PP y Díaz Ayuso interpretan que el archivo de la denuncia ante la Fiscalía confirma que la presidenta no ha cometido ningún delito, “¿por qué tienen tanto problema en comparecer?”, se pregunta. La comisión, añade, no investiga “específicamente a Isabel Díaz Ayuso, sino toda una serie de irregularidades que han quedado al descubierto en las inspecciones del Banco de España”, explica el diputado.

Además, Más Madrid descarta que la decisión del ministerio público signifique que no existe delito. “También en un primer momento la Fiscalía Anticorrupción se negó a imputar a Cristina Cifuentes y a Esperanza Aguirre cuando Francisco Granados lo solicitó al salir de la cárcel, pero según avanzó la investigación del caso Púnica, lo acabó haciendo”, recuerda.

Isabel Serra, portavoz de Unidas Podemos, considera que el PP está aprovechando el archivo de la Fiscalía para torpedear la comisión, pero cree también que “no tiene un mecanismo fácil” para cerrarla. Y recuerdo que su objetivo, además, es identificar las posibles “responsabilidades políticas” tras las anomalías destapadas en Avalmadrid, más allá de que existan responsabilidades judiciales.

Si el cierre de la comisión no les parece una realidad amenazante, tanto Unidas Podemos como Más Madrid temen más, en cambio, el “bloqueo” al que, dicen, les somete el PP, ayudándose en la tibieza de Ciudadanos y Vox. “Lo están dilatando todo”, se queja Eduardo Gutiérrez. “La Mesa de la Asamblea no ha tramitado aún la reconsideración de las comparecencias que pedimos y fueron rechazadas”, detalla Isabel Serra. Una acusación que rechazan en Ciudadanos, donde achacan los retrasos a la torpeza de estos grupos en el registro de las comparecencias. En la Mesa de la comisión, los grupos de izquierda tienen mayoría, pero no así en la Mesa de la Asamblea, donde no están representados ni Más Madrid ni Unidas Podemos.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/11/29/el_presiona
_vox_para_cerrar_comision_sobre_avalmadrid_tras_archivar_fiscal_denuncia_contra_diaz_ayuso_101472_1012.html
 

LAS CINCO FALSEDADES DE LA FISCAL SUÁREZ

Manuel Rico

La número dos de la Fiscalía Anticorrupción, Belén Suárez Pantín, dictó el 13 de noviembre un decreto archivando la denuncia que había presentado Más Madrid contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Dictó ese decreto sin realizar diligencia de investigación alguna. Por supuesto, hay ocasiones en las que una fiscal no necesita investigar nada porque los hechos son tan claros que puede llegar a una conclusión jurídica sin mayores averiguaciones. El problema en este caso es que, para decretar el archivo de la denuncia, la teniente fiscal Belén Suárez Pantín tiene que apoyarse en cinco falsedades.

Que se trata de cinco falsedades no es una interpretación jurídica o periodística. Es una conclusión a la que llega cualquier persona que haya superado las pruebas de comprensión lectora que se realizan a los alumnos de 4º de primaria. Veámoslo. [Puedes leer aquí el decreto de archivo].
alzamiento de bienes

El primer hecho que analiza la teniente fiscal de Anticorrupción es la participación de Isabel Díaz Ayuso en un presunto alzamiento de bienes. Los hechos los desveló infoLibre: los padres de la presidenta madrileña le donaron a ella y a su hermano dos inmuebles el 7 de octubre de 2011, para evitar que dichos bienes fuesen embargados por Avalmadrid. Esta entidad le había concedido un crédito-aval de 400.000 euros a la empresa MC Infortécnica SL, propiedad de ocho socios entre los que estaban los padres de Ayuso, que habían avalado personalmente el préstamo. Dos semanas antes de la donación, MC Infortécnica SL había despedido a la práctica totalidad de su plantilla y estaba en quiebra, así que era evidente que no podría devolver los 400.000 euros. El primer pago lo tenía que realizar el 15 de diciembre de 2011. No pagó ni un euro. [Puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas por infoLibre sobre el caso Ayuso].

Para llegar a la conclusión de que no hay nada delictivo en ese relato de hechos que realiza Más Madrid en su denuncia, Belén Suárez Pantín incurre en las dos primeras falsedades:

FALSEDAD Nº 1: LAS CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO

Sostiene la teniente fiscal que, respecto al alzamiento de bienes, "la jurisprudencia indica como uno de sus requisitos esenciales que el crédito sea vencido, líquido y exigible". Y añade: "Del análisis de los hechos que se describe [sic] en la propia denuncia resulta que las donaciones se realizaron dos meses antes del impago de la primera cuota".

Es imposible saber a qué jurisprudencia se refiere Belén Suárez Pantín, dado que no cita una sola sentencia en su decreto, lo que por otra parte da una idea bastante clara sobre la calidad jurídica de su escrito. Pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo español dice exactamente lo contrario de lo que falsamente afirma la número dos de Anticorrupción. En concreto, el Alto Tribunal declara que:

"[Los elementos de este delito son] 1º) existencia previa de crédito contra el sujeto activo del delito, que pueden ser vencidos, líquidos y exigibles, pero también es frecuente que el defraudador se adelante en conseguir una situación de insolvencia ante la conocida inminencia de que los créditos lleguen a su vencimiento, liquidez o exigibilidad, porque nada impide que, ante la perspectiva de una deuda, ya nacida pero todavía no ejercitable, alguien realice un verdadero y propio alzamiento de bienes".

Esta jurisprudencia se recoge en decenas de sentencias del Supremo. Sirvan como ejemplo estas tres, separadas por 17 años pero idénticas a la hora de interpretar las características del crédito que se busca dejar impagado mediante el alzamiento de bienes: 1738/2002, de 11 de marzo; 4396/2005, de 30 de junio y 593/2019, de 20 de febrero.

FALSEDAD Nº 2: LA INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL PATRIMONIO DEL DEUDOR

Sostiene la teniente fiscal, también en relación con el alzamiento de bienes, que un segundo requisito esencial es que "no queden bienes, o sean insuficientes, en el patrimonio del deudor para hacer frente al crédito". Señala, además, que "el citado crédito estaba garantizado con una hipoteca sobre un bien inmueble y 8 avalistas solidarios. Consta que en el año 2018 se ha ejecutado la garantía hipotecaria y por lo que resta, no consta que se hubieran dirigido contra los avalistas solidarios".

Belén Suárez Pantín tiene razón en lo primero: la jurisprudencia también es constante a la hora de afirmar que si el deudor conserva suficiente patrimonio para hacer frente a sus deudas, las operaciones de transmisión de los bienes no serán consideradas alzamiento. Esto es de una lógica aplastante: dicho delito se caracteriza por "imposibilitar o dificultar a los acreedores el cobro de lo que les es debido", en palabras del Supremo. Y si el deudor mantuviese suficiente patrimonio, pues el acreedor podría actuar contra él.

¿Qué ocurrió con los avalistas del préstamo de Avalmadrid? Pues que se desprendieron de absolutamente todos los bienes que tenían a su disposición. Los padres de Díaz Ayuso y otros cuatro avalistas. De forma que no queda patrimonio que perseguir.

Y, en segundo lugar, esos avalistas solidarios tienen a día de hoy una deuda viva con Avalmadrid de más de 270.000 euros; es decir, una vez descontado el importe de la garantía hipotecaria ejecutada sobre una nave industrial en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila).

Por tanto, el totum revolutum argumental de la teniente fiscal no se sostiene: la realidad es que los avalistas no tienen bienes para hacer frente a la deuda y que esta supera a día de hoy los 270.000 euros. Así que en, todo caso, se cumpliría ese segundo requisito esencial del delito que cita en su decreto.

ADMINISTRACIÓN DESLEAL

En segundo lugar, analiza Belén Suárez Pantín si pudo existir administración desleal por parte de los gestores de Avalmadrid, precisamente por permitir que los avalistas solidarios se deshicieran de su patrimonio y no actuar contra ellos durante siete años, pese a que ya en abril de 2012 se decidió en una reunión del Comité de Morosidad de Avalmadrid que se debía proceder a "la ejecución dineraria" de los morosos. Aquí tampoco encuentra delito alguno, pero para ello nuevamente debe forzar la verdad de los hechos.

FALSEDAD Nº 3: LA VOLUNTAD DEL ACREEDOR DE ABANDONAR EL COBRO DE LA DEUDA
PENDIENTE


El delito de administración desleal exige, entre otros elementos, que se actúe en beneficio propio o de un tercero y que cause un perjuicio patrimonial. En el presente caso, sostiene la teniente fiscal, "no puede determinarse ninguno de ambos, teniendo en cuenta que está pendiente la reclamación a los avalistas solidarios, y no puede concluirse, de lo afirmado por el denunciante, la voluntad del acreedor de abandonar el cobro de la deuda pendiente".

O sea que, según Belén Suárez Pantín, la prueba de que el acreedor mantiene "la voluntad de cobrar" la deuda pendiente es... que durante siete años no ha hecho nada para recuperarla y sigue pendiente "la reclamación". ¿La voluntad de que se quiere hacer algo es no hacerlo? ¿De verdad que razonan así en Anticorrupción?
La voluntad de Avalmadrid ha quedado patente por dos hechos que puede comprobar fácilmente la teniente fiscal:

1. Entre octubre de 2011 y julio de 2012, Avalmadrid permitió que los avalistas solidarios donasen o vendiesen todos los bienes que tenían a su disposición. ¡Todos! Siete inmuebles propiedad de seis avalistas diferentes. Y solo una vez que los morosos se habían deshecho de todo el patrimonio que no tenían hipotecado, Avalmadrid trasladó el expediente a Cobralia para que en teoría intentase recuperar la deuda.

2. Cuando le pasaron el expediente de MC Infortécnica SL, Cobralia tampoco actuó contra los avalistas. Se limitó a enviarles una notificación requiriendo el pago de la deuda, pero no fue a los tribunales. En 2015, Cobralia le preguntó a Avalmadrid qué hacían al respecto y cuatro años después siguen esperando una respuesta.

Pero es que no hace falta que la número dos de Anticorrupción crea lo que afirman los denunciantes de Mas Madrid, bastaría con que se hubiera leído un informe realizado por la Comisión de Auditoría de la propia Avalmadrid, fechado el 30 de julio de 2019, donde se admite que el Comité de Morosidad ocultó la donación fraudulenta de un piso a Ayuso, entre otras irregularidades. Claro que para leer el informe, tendría que haberlo pedido, y Belén Suárez Pantín no consideró necesario desgastarse en exceso en este caso.

Tráfico de influencias

Por último, la teniente fiscal analiza el tráfico de influencias que los denunciantes atribuyen a la presidenta madrileña, pero felizmente para Ayuso tampoco aquí encuentra la defensora de la legalidad ninguna tacha Código Penal en mano. Eso sí, para ello es preciso vapulear nuevamente la verdad, pero ya se sabe que la Justicia es ciega y a veces atropella a quien no debe.

FALSEDAD Nº 4: LAS FECHAS DE LOS CORREOS

Analiza Belén Suárez Pantín unos correos que envió Ayuso a un directivo de Avalmadrid interesándose por las consecuencias que tendría para sus padres el impago del préstamo y por información confidencial de determinadas empresas vinculadas a dos socios de sus padres. Sostiene la teniente fiscal en su escrito: "Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, la fecha en que adquirió [Ayuso] la condición de diputada autonómica –15/07/2011–, siendo que las fechas que constan en los correos aportados son todos ellos anteriores".

Otra falsedad, si se tiene en cuenta que en la denuncia figura un correo enviado por Ayuso el 14 de septiembre de 2011. Ha de saber la teniente fiscal que, desde que el papa Gregorio XIII decretó en 1582 que el mundo católico debía regirse por el calendario llamado en su honor gregoriano, el 14 de septiembre viene después del 15 de julio. Y tal fenómeno se repite año tras año de forma invariable, sin que de momento haya nunca sucedido que septiembre se anticipase a julio. Pero es más, incluso aunque en Anticorrupción se guiasen por el calendario juliano, en lo que sería una clamorosa falta de adaptación a los tiempos, resulta que Quintilis también iba por delante de Septembris, de forma que si Ayuso hubiese sido nombrada diputada en Quintilis de 2011 ya sería diputada a la hora de escribir un correo en Septembris del mismo año.

No crean que la preocupación de la teniente fiscal por las fechas es intrascendente. Los diputados son considerados "autoridad" por el Código Penal, y hay determinados delitos que sólo pueden cometer quienes son funcionarios o autoridad, de forma que si se despoja a Ayuso de dicha condición, por arte de magia también se le protege de esos presuntos delitos (por ejemplo, el cohecho).

FALSEDAD Nº 5: INFORMACIONES OBTENIDAS A TRAVÉS DE INTERNET

El escrito de Belén Suárez Pantín tiene cuatro folios: dos y medio los dedica a resumir los hechos de la denuncia y otro folio y medio escaso a no encontrar delitos. Pues bien, aunque parezca increíble en tan breve espacio, aún entra una quinta falsedad en ese folio y medio mencionado. Sale a mentira por cada dos párrafos.

Sostiene la teniente fiscal, en unas líneas de sintaxis complicada y puntuación ciertamente mejorable: "Lo anterior puesto en relación a lo que describe el denunciante como información privilegiada, del propio relato de hechos como del contenido de los correos los correos [sic] aportados las informaciones no se encuentran en un ámbito reservado cuyo conocimiento se tenga por el cargo o puesto de trabajo que se realice, sino que se refieren a informaciones obtenidas a través de internet y del registro mercantil".

Pues bien, la realidad es que en uno de los correos, Ayuso le pregunta a un directivo de Avalmadrid si le podría facilitar "la actividad comercial, facturación y clientes" de dos empresas cuya propiedad atribuye a los socios de sus padres. El dato global de facturación se puede encontrar ciertamente en el Registro Mercantil, si la empresa cumple la obligación legal de presentar las cuentas anuales, pero la identidad de los clientes es una información confidencial que desde luego las compañías no declaran ante el Registro y tampoco suelen colgar en Internet.

Hasta aquí el atropello a la verdad perpetrado en el decreto de la teniente fiscal de Anticorrupción. Es un escrito que recuerda a aquellos que firmaba Manuel Moix para explicar que el presunto corrupto Ignacio González era un político sin mácula. Por las conclusiones, pero sobre todo por el atropello jurídico. Las cosas, incluso para llegar al mismo fin, se pueden hacer mucho mejor. Sirva un ejemplo para explicarme: se puede defender con argumentos jurídicos razonables que la posible comisión de un delito de alzamiento de bienes habría prescrito, de forma que no procede investigarlo. O incluso se puede afirmar que no está demostrado el dolo de Ayuso en el momento de recibir la donación del inmueble, por lo que faltaría un elemento imprescindible para el delito. En ambos casos, por cierto, también hay pruebas y razonamientos que apuntan en la dirección contraria. Pero lo que no se puede hacer, cuando los españoles le pagan a alguien el sueldo de teniente fiscal de Anticorrupción, es poner por escrito que la jurisprudencia del Supremo dice exactamente lo contrario de lo que de verdad dice la jurisprudencia del Supremo. No es necesario ni hacer el ridículo, ni provocar que la gente sienta vergüenza ajena.

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/2019/11/26/las_cinco_falsedades_fiscal_suarez_101339_2002.html

AYUSO PIDE A CIUDADANOS Y A VOX FRENAR LA COMISIÓN DE AVALMADRID TRAS ARCHIVARSE LA DENUNCIA CONTRA ELLA

"Lo que tengo claro es que todo esto ha sido una artimaña por parte de la izquierda madrileña, que ha intentado destruir mi honor y el de mi familia, en concreto el de mi padre, una persona honrada que jamás le debió un duro a nadie", ha defendido

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido tanto a Ciudadanos como a Vox que se alíen con el PP e intenten frenar la comisión de investigación sobre presuntas irregularidades en Avalmadrid que comenzará en el mes de diciembre en la Asamblea.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios, tras un acto en la Real Casa de Correos, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya decretado el archivo de la denuncia interpuesta por Más Madrid para que se investigara su relación con la sociedad de garantía recíproca por un posible implicación en un "delito de alzamiento de bienes".

"Ha sido una artimaña por parte de la izquierda madrileña

"Lo que tengo claro es que todo esto ha sido una artimaña por parte de la izquierda madrileña, que ha intentado destruir mi honor y el de mi familia, en concreto el de mi padre, una persona honrada que jamás le debió un duro a nadie. Es una familia que ha trabajado siempre creando puestos de trabajo y haciendo las cosas lo mejor que sabía", ha defendido.

Para Ayuso, han intentado "ir a lo personal". Según ha expuesto, lleva "cuatro meses soportando este asunto un día tras otro". Como estaba segura que no había nada, tal y como ha desvelado, estaba "muy tranquila y confiaba la Justicia", pero el archivo de la causa le "alegra profundamente" sobre todo por el honor de su familia.

La dirigente autonómica ha hecho hincapié en que ahora la izquierda debe "dejar de alimentar este circo" y por ello ha pedido a sus socios, PP y Ciudadanos que den "una vuelta" a la situación porque la comisión de la Cámara autonómica "no ayuda en nada".

"El PSOE lleva 20 años intentando entrar en la Comunidad de Madrid porque sin la Comunidad de Madrid la izquierda no va a pode imponer el modelo que quiere ahora en España. Por eso van a hacer todo lo que está en su mano para políticamente acabar con el adversarios", ha dicho.

"Desde La Moncloa van a hacer todo lo que puedan para acabar" con su Gobierno

Así, ha insistido en que "desde La Moncloa van a hacer todo lo que puedan para acabar" con su Gobierno y con este pacto entre tres partidos. Por ello, ha pedido a estas formaciones que se mantengan "firmes y unidas" sin que "comisiones como estas ataquen en lo personal".

Ayuso ha sostenido que esta comisión "no tendría ni siquiera que haber existido" porque si Avalmadrid tenía que corregir errores, ya lo estaban haciendo desde su Ejecutivo dotándolo de una nueva dirección y de nuevos mecanismos de transparencia.

En este punto, ha hecho hincapié en que han tenido "desde los años 80 para articular cualquier comisión de Avalmadrid" y se ha preguntado el por qué "justo ha tenido que ser ahora" cuando se ofrezcan datos personales y falsos de su familia.

"Nadie puede imaginar lo que supone ver los datos personales de tus padres, fallecido hace años; los datos de las empresas de mi familia, empresas con las que no he tenido nunca ninguna vinculación... y tener que estar viendo esto por todos los medios de comunicación ", ha remachado.

Ayuso ha criticado que se haya dado "tantas alas" a esta "artimaña de la izquierda" y espera que tras archivar la causa por lo menos ahora dejen claro que ni su familia ni ella han cometido "ningún tipo de irregularidad".

Futuro de Avalmadrid

En cuanto al futuro de la sociedad, la presidenta madrileña ha avanzado que ha bajado su proporción de morosidad así como que ahora mismo hay 11.000 avalistas en ella que han creado 65.000 empleos en cuatro años.

Ayuso no ve mal "refundarlo o renombrarlo" pero considera que todas las autonomías tienen que tener un organismo como este porque es positivo para "ayudar a las pymes". A su parecer, lo que no ayuda es que se esté todo el día "haciéndole un circo político y todo el día con el nombre a cuestas".

https://cadenaser.com/emisora/2019/11/26/radio_madrid/1574771084_046792.html

LAS JUSTIFICACIONES Y ERRORES DE LA FISCALÍA PARA ARCHIVAR LA DENUNCIA SOBRE AYUSO Y AVALMADRID SIN INVESTIGAR

El Ministerio Público ha dado carpetazo a la denuncia del partido de Íñigo Errejón, que apreciaba indicios de la comisión de varios delitos. Más Madrid recuerda que la Justicia tardó años en imputar a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes en Púnica, y avisa de que la comisión de investigación sobre Avalmadrid en la Asamblea podría servir para impulsar nuevas acciones legales contra la presidenta madrileña.

La Fiscalía Anticorrupción sólo ha tardado dos meses en archivar la denuncia de Más Madrid contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por su relación con la empresa semipública Avalmadrid. Dónde el partido de Íñigo Errejón ve indicios de la comisión de varios delitos, el Ministerio Público, sin investigar, no aprecia ninguna actuación reseñable.

Sin embargo, el carpetazo de la Fiscalía, dado a conocer este martes y adelantado por InfoLibre, está plasmado en un sucinto documento en el que se obvian algunos hechos recogidos en la denuncia, y hasta se cuela algún error.

Estos son algunos de los argumentos desglosados por el Ministerio Público en el decreto por el que rechazan investigar la comisión estos supuestos delitos -alzamiento de bienes, administración desleal y tráfico de influencias-, relacionados con la concesión de un crédito de 400.000 euros por parte de Avalmadrid, en febrero de 2011, a la empresa MC Infortécnica S.L., participada por el padre de Ayuso, ya fallecido.

Leonardo Díaz Álvarez nunca llegó a devolver este crédito -faltan por pagar 270.000 euros-, que además fue concedido en contra de los criterios técnicos de Avalmadrid, y ni siquiera consta que este importe fuera usado para lo que en teoría debía servir: la compra de material para una adjudicación de la sanidad vasca.

Por su parte, desde Más Madrid aseguran a Público que respetan la labor de la Fiscalía, si bien destacan que, el hecho de que ésta no aprecie indicios delictivos, no supone que no se cometieran delitos. Esgrimen que en su día Anticorrupción también rechazó imputar a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, hoy investigadas en el marco de la trama corrupta Púnica, y apuntan que la comisión de investigación sobre Avalmadrid que está en marcha en el parlamento regional podría arrojar nuevas conclusiones que dieran pie a otras acciones legales contra la actual presidenta autonómica.

La Fiscalía dice erróneamente que Ayuso no era cargo público cuando envió correos interesándose por la concesión del crédito a su padre

En el escrito rubricado por María Belén Suárez Pantín, teniente fiscal de Anticorrupción, se afirma que Ayuso no pudo cometer un delito de tráfico de influencias, en parte porque adquirió su condición de diputada en la Asamblea de Madrid el 15 de julio de 2017. La fecha es correcta, si bien la denuncia registrada por el partido liderado a nivel estatal por Íñigo Errejón indica claramente que hay correos de Ayuso antes, pero también después de esa fecha.

Al menos, hay constancia de emails enviados el 14 de septiembre del mismo año, dos meses después de que Ayuso adquiriese su condición de autoridad, requisito para poder cometer este delito. "Son todos ellos anteriores", asegura por contra el Ministerio Público.

Entre otras cuestiones, los emails enviados por Ayuso a un directivo de Avalmadrid, estaban destinados, según la denuncia, a solicitar documentación sobre "otras empresas propiedad de los socios de dicho grupo empresarial". Antes de ser diputada, la actual presidenta era además asesora de Aguirre. Según afirmó recientemente, no obstante, entonces "no era nadie", y "nunca ha tenido poder" para mediar en que nadie de su entorno se lucrara.

La teniente fiscal obvia la doctrina del Supremo

El 11 de octubre, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y su hermano, Tomás Díaz Ayuso, aceptaron cada uno la donación de una propiedad por parte de su padre, un inmueble y una finca, respectivamente, como recoge la denuncia.

Sólo dos meses después, el 15 de diciembre -cinco meses después de Ayuso se convirtiera en diputada, MC Infortécnica recibió e incumplió el primer pago del préstamo.

Al transmitir un piso a la entonces diputada del Partido Popular en la Asamblea, esta propiedad no pudo ser embargada, y Ayuso aceptó esta donación

Como recuerdan desde Más Madrid, la jurisprudencia del Supremo sí recoge que es habitual que quien pretende librarse de las deudas se anticipe a la llegada de las obligaciones de pago logrando la consideración de insolvente, por ejemplo donando su patrimonio. Al transmitir un piso a la ya diputada del Partido Popular en la Asamblea, esta propiedad no pudo ser embargada, y Ayuso aceptó esta donación.
Ayuso: "[A mi padre] le preocupaba que el poco patrimonio que tenía, lo heredáramos".

En su denuncia, Más Madrid hizo referencia a una entrevista concedida a Telecinco en agosto de 2019, cuando ya era presidenta, en la que Ayuso reconoció que su padre, enfermo en 2011, “no estaba pendiente de si se pagaba el IBI o no", o que su preocupación era transmitir su patrimonio. "Mi padre ya estaba de baja médica, sabía que estaba enfermo, que no iba a durar mucho, y le preocupaba que el poco patrimonio que tenía, lo heredáramos". La Fiscalía no hace mención a estas declaraciones.

El escrito de Más Madrid argumenta que en este espacio Ayuso "afirma y reconoce dos cosas: a) Que se interesó por saber con qué persona había que hablar para la concesión del préstamo. b) Que lo único que quería su padre era que ella y su hermano heredasen los pocos bienes que ellos tenían. Es decir, reconoció, en esas declaraciones, tanto el posible tráfico de influencias, solicitando información confidencial, así como la finalidad perseguida con la donación de bienes por sus padres, que no era otra que evitar que acreedores pudieran satisfacer su crédito".

"El crédito garantizado" y los avalistas que se deshicieron de su patrimonio

Y, en relación a que todos los socios de la empresa, avalistas solidarios del crédito, vendieran bienes inmuebles de su propiedad a familiares o terceros desde febrero de 2012, tres meses después del impago y dos antes de que Avalmadrid acordase -solo formalmente- emprender actuaciones, la Fiscalía se limita a apuntar estos hechos.

A su vez, para rechazar que se diera un delito de alzamiento de bienes, el Ministerio Público afirma que el crédito "estaba garantizado con una hipoteca sobre un bien inmueble y 8 avalistas solidarios". Esa hipoteca cubría sólo una pequeña parte del valor de la deuda, como recoge la denuncia. Pese a todo, la Fiscalía omite que esto supone casi un tercio del valor del crédito concedido, y sólo sostiene que quedó "una parte impagada".

La Fiscalía no ve probada "la voluntad del acreedor de abandonar el cobro de la deuda pendiente"

Pese a que han pasado 8 años desde el primer impago, la Fiscalía asegura que no se dan los supuestos del delito de administración desleal, porque "está pendiente la reclamación a los avalistas solidarios" -los que han ido vendiendo propiedades- , "y no puede concluirse de lo afirmado por el denunciante, la voluntad del acreedor de abandonar el cobro de la deuda pendiente".

"Durante todo este proceso, entre los años 2015 y 2019, los avalistas solidarios han continuado transmitiendo su patrimonio de tal manera que no puedan cumplir con las obligaciones adquiridas al avalar solidariamente el préstamo-aval referido en el hecho de la denuncia. Que los avalistas, desde el año 2013 al menos, tenían conocimiento de las acciones iniciadas mediante el envío de burofaxes a sus domicilios", destacaba la denuncia de Más Madrid.

Sin administración desleal, aunque Avalmadrid tardase 7 años en actuar

La Fiscalía tampoco aprecia indicios de un delito de administración desleal por parte de Avalmadrid, y lo justifica en que hubo "acuerdos" para "ejecutar el crédito", y en que para ello se requirió la actuación de la empresa Cobralia. No considera que el crédito, concedido en contra del dictamen de los técnicos, se considere una actuación "en beneficio de un tercero", o que causase un "perjuicio patrimonial".
Avalmadrid estaba controlado en más de un 80% por la Comunidad de Madrid y Caja Madrid -hoy Bankia-, que aportaban más del 40% de su capital cada una.

No obstante, la denuncia recoge que Avalmadrid ha dejado pasar siete años sin actuar para que se cumpla el acuerdo del comité de morosidad, que ya en abril de 2012 decidió embargar los bienes de los socios de la empresa, avalistas solidarios para la concesión del crédito.

"Estas actuaciones son, cuanto menos, irregulares, a la vista de lo que prescribe el protocolo ordinario de Avalmadrid, que impone la transmisión a terceros para la judicialización en un plazo de 15 días tras el abono a la entidad financiera", denunció Mas Madrid. Ni siquiera se avisó a Cobralia en ese plazo de 15 días; esta actuación se retrasó hasta noviembre de ese año, cinco meses después.

De hecho, la propia Fiscalía reconoce que, a pesar del primer acuerdo, "Avalmadrid no realizó ninguna acción conducente a ello, lo que dio lugar a un nuevo acuerdo del comité mencionado de 16 de noviembre de 2012, en los mismos términos". Esto es, 11 meses después del impago.

“Creemos que está probado que hubo un perjuicio patrimonial y ausencia de acciones para recuperar las deudas, que tras 7 años no se han recuperado", apuntan desde Más Madrid.

La “información privilegiada” que la Fiscalía ve extraíble de internet

Además, en lo que respecta a la “información confidencial” -según la denuncia- reclamada por Ayuso sobre las empresas de los socios -y avalistas solidarios- de sus padres, el Ministerio Público afirma que estos datos no son “información privilegiada”, sino que podrían extraerse de internet o del registro mercantil.

Infolibre, no obstante, detalla que entre la información solicitada por Ayuso en los correos aportados hay datos, como los clientes de las empresas de los socios de sus padres, que no pueden considerarse públicos.

No son presiones, porque no se sabe quién era "el 'influido'"

En esencia, la Fiscalía sostiene que no hubo tráfico de influencias, y afirma -además de aludir erróneamente a que Ayuso no era diputada- que "no puede concluirse la existencia de lo que describe la jurisprudencia como presión o sugestión, amén de desconocerse la identidad del influido". También destaca que los destinatarios de los correos aportados por la formación de Errejón están "tachados".

"Pregunté, simplemente, con qué persona podía hablar para que, a su vez, si se daban las garantías, esa compañía pudiera ser, o no, avalada", dijo Ayuso en la entrevista ya mencionada.

Sin mención a que era un "encargo de la Presidencia de la Comunidad de Madrid"

Por otro lado, la denuncia hace alusión a que en los correos internos entre el directivo de Avalmadrid y los trabajadores de esta empresa, "aparece reflejado de forma clara y expresa que se trata de un 'encargo de la Presidencia de la Comunidad de Madrid'". La Fiscalía obvia cualquier referencia a este punto.

La reacción de Ayuso

Tras conocerse esta decisión de la Fiscalía, el PP ha reclamado a Más Madrid que pida perdón. A su vez Ayuso ha comparecido ante los medios para celebrarla, y para insistir en su versión de la historia.

"Tengo claro que todo esto ha sido una artimaña por parte de la izquierda madrileña, que ha intentado destruir mi honor y el de mi familia y, en concreto, el de mi padre, una persona honrada que jamás le debió un duro a nadie".

Pese a las palabras de Ayuso, nadie puede negar que su padre dejó sin pagar una deuda de 270.000 euros a Avalmadrid, participada mayoritariamente con dinero público.

https://www.publico.es/politica/denuncia-madrid-justificaciones-errores-fiscalia-archivar-denuncia-ayuso-avalmadrid-investigar.html

MÁS MADRID: "QUE AYUSO EXPLIQUE SI NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD POR QUÉ NO QUIERE COMPARECER EN LA COMISIÓN DE AVALMADRID"

El PSOE recuerda que es necesaria una comisión de investigación para abordar estos asuntos y que después, si tienen que llevar a la Fiscalía algún tipo de información, la llevarán

Unidas Podemos califica de "muy mala noticia" el archivo de la Fiscalía y destaca que los hechos en los que participó Ayuso "son motivo de investigación"

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, afirma que quienes querían hacer del caso una "causa personal o una guerra" contra Ayuso han fracasado: "La Justicia nos ha dado la razón"

El portavoz de Más Madrid en la Cámara regional, Pablo Gómez Perpinyà, ha señalado este martes que aunque la Fiscalía Anticorrupción haya decretado el archivo de la denuncia interpuesta por su partido para que se investigara la relación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la empresa Avalmadrid por su posible implicación en un "delito de alzamiento de bienes" no significa "que no haya delito".

Como adelantó infoLibre, Anticorrupción decidió archivar la denuncia sin realizar ningún tipo de investigación. En el decreto de archivo que firma la teniente fiscal, Belén Suárez Pantín, se contradice la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el alzamiento de bienes y se incluyen datos que son inciertos.
En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Perpinyà ha indicado que "respeta" como no puede ser de otra manera pero cree que aunque "en estos momentos no existen indicios no significa que no haya delito", como ya ha ocurrido con casos como las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

"Que Ayuso explique si considera que si no tiene ningún tipo de responsabilidad por qué no quiere comparecer en la Comisión de Avalmadrid", ha lanzado a la presidenta regional y ha avisado de que si a lo largo de la comisión de investigación pudieran ver que hay responsabilidades penales y civiles con respecto a algunos de los comparecientes no dudarán de nuevo en acudir a la Fiscalía.

La portavoz de Unidas Podemos IU Madrid en Pie, Isa Serra, discrepa con la decisión de la Fiscalía y sus argumentos porque cree que "hay motivos para considerar que los hechos que se han hecho en esa denuncia son motivo de investigación" que dicen además que "no ha habido tráfico de influencias y no lo compartimos" y lo mismo ocurre, a su parecer, con el alzamiento de bienes.

"Es muy mala noticia y seguiremos trabajando en la comisión para que se demuestren realmente las responsabilidades y lo que ha hecho Ayuso para recibir estos tratos de favor y cometer este delito de alzamiento de bienes", ha aseverado.

Por último, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha incidido en que es necesaria una comisión para abordar estos asuntos y que después si tienen que llevar a la Fiscalía algún tipo de información la llevarán. "Nosotros dijimos que no íbamos a excluir a nadie ni incluir a nadie previamente, pero no llamamos a personas para responsabilizarlas de nada, sino para que pongan en conocimiento lo que saben", ha zanjado.

Aguado: “La Justicia nos ha dado la razón”

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha defendido que los que querían hacer del caso Avalmadrid una "causa personal o una guerra" contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso "se equivocaban".
"La Justicia nos ha dado la razón", ha sostenido.

Aguado ha insistido en que ellos quieren "llegar hasta el final de cualquier asunto que pueda tener indicios de presuntas irregularidades o casos e corrupción" y ha hecho hincapié en que la situación de Avalmadrid en los últimos años "ha preocupado" no solo al Gobierno sino también a la sociedad.

Tras el archivo de la causa, se ha preguntado si el resto de grupos parlamentarios "van a seguir la comisión de Avalmadrid con el mismo interés o si simplemente utilizaban a las pymes, autónomos y a las personas que han acudido legítimamente" a ella como una "excusa para intentar hacer política de algo de lo que no debería hacerse".

En cuanto a la continuidad de la misma, Aguado ha asegurado que ellos entienden que la comisión de investigación depende de los grupos parlamentarios y que son ellos los que tienen que mantenerla o cancelarla. Asimismo, ha remarcado que, "haga lo que haga la Asamblea de Madrid", el Gobierno autonómico va a investigar y profundizar con rigor la situación de Avalmadrid.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/11/26/mas_madrid_dice_que_aunque_fiscalia_archive_denuncia_contra_ayuso_no_significa_que_no_haya_delito_101380_1012.html

EL PP EXIGE A LA OPOSICIÓN EN MADRID QUE "PIDA DISCULPAS" A AYUSO TRAS EL ARCHIVO DE LA DEMANDA POR LA FISCALÍA

"Están tardando en comparecer ante los medios de comunicación y pedirle disculpas", señala el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos

El escrito de la teniente fiscal contradice la jurisprudencia del Supremo y contiene datos inciertos

Ayuso pide a Ciudadanos y Vox que apoyen al PP para frenar la comisión de investigación en la Asamblea

La dirección nacional del Partido Popular pidió este martes a los partidos de la oposición en la Comunidad de Madrid que criticaron a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso (PP), por relación con el escándalo de Avalmadrid que pidan disculpas después de conocerse el archivo de la denuncia presentada por Más Madrid.

Tal y como ha publicado infoLibre, la teniente fiscal rechaza que se cometieran los delitos de alzamiento de bienes, administración desleal y tráfico de influencias. Su escrito contradice la jurisprudencia del Supremo y contiene datos inciertos.

"Me dirijo a todos esos cargos de distintas formaciones políticas que criticaron tan duramente a Isabel Díaz Ayuso, que incluso exigieron su dimisión. Y les emplazo a que pidan disculpas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque no todo vale. Porque hay que esperar a los procedimientos judiciales. Porque hay que respetar a las instituciones y al Estado de Derecho [...] Ya están tardando en comparecer ante los medios de comunicación y pedirle disculpas", subrayó el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos en la rueda de prensa posterior al Comité de dirección que presidió Pablo Casado.

En un escrito que firma la teniente fiscal Belén Suárez Pantín y adelantado por infoLibre, el ministerio público descarta la existencia de los delitos de administración desleal y tráfico de influencias en el aval de 400.000 euros que Avalmadrid concedió a MC Infortécnica SL, propiedad de los padres de Díaz Ayuso y de otros tres matrimonios, tampoco en el hecho de que la sociedad de garantías no actuara para reclamar su devolución cuando quedó impagado ni en las gestiones que la hoy presidenta madrileña hizo ante la entidad semipública, primero para que fuera aprobado el préstamo y después para obtener información sobre los socios de sus progenitores. Al tiempo, rechaza que las donaciones y ventas de inmuebles llevadas a cabo los dueños de MC Infortécnica SL constituyan un delito de alzamiento de bienes.
Más Madrid puede recurrir a los tribunales para interponer una querella por el archivo. Además, está a punto de emprender sus trabajos en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre este caso y el resto de las irregularidades descubiertas en Avalmadrid por una inspección del Banco de España y las informaciones publicadas por este diario.

Ayuso pide poner fin a la Comisión de Investigación

En relación con la comisión de investigación, Díaz Ayuso pidió tanto a Ciudadanos como a Vox que se alíen con el PP e intenten frenarla. Así lo indicó en declaraciones a los medios, tras un acto en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, según informa Europa Press.

"Lo que tengo claro es que todo esto ha sido una artimaña por parte de la izquierda madrileña, que ha intentado destruir mi honor y el de mi familia, en concreto el de mi padre, una persona honrada que jamás le debió un duro a nadie. Es una familia que ha trabajado siempre creando puestos de trabajo y haciendo las cosas lo mejor que sabía", sostuvo
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https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/11/26/el_exige_oposicion_madrid_que_pida_disculpas_ayuso_tras_archivo_denuncia_101375_1012.html

LA FISCALÍA ARCHIVA SIN INVESTIGAR LA DENUNCIA DE MÁS MADRID CONTRA DÍAZ AYUSO POR AVALMADRID

La teniente fiscal rechaza que se cometieran los delitos de alzamiento de bienes, administración desleal y tráfico de influencias, según el decreto al que ha tenido acceso infoLibre Contradice la doctrina del Supremo, que considera alzamiento de bienes también el realizado antes de que se produzca el primer impago de deuda Afirma que Ayuso no envió correos a Avalmadrid una vez elegida diputada en julio de 2011, algo que es incierto.

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado sin investigar la denuncia que Más Madrid presentó el pasado septiembre, donde le pedía que emprendiera acciones penales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los socios de la empresa MC Infortécnica SL, así como contra la exviceconsejera de Economía de la Comunidad de Madrid Eva Piera y directivos y altos cargos de Avalmadrid.

En un escrito que firma la teniente fiscal Belén Suárez Pantín y al que ha tenido acceso infoLibre, el ministerio público descarta la existencia de los delitos de administración desleal y tráfico de influencias en el aval de 400.000 euros que Avalmadrid concedió a la citada empresa, propiedad de los padres de Díaz Ayuso y de otros tres matrimonios, tampoco en el hecho de que la sociedad de garantías no actuara para reclamar su devolución cuando quedó impagado ni en las gestiones que la hoy presidenta madrileña hizo ante la entidad semipública, primero para que fuera aprobado el préstamo y después para obtener información sobre los socios de sus progenitores. Al tiempo, rechaza que las donaciones y ventas de inmuebles llevadas a cabo los dueños de MC Infortécnica SL constituyan un delito de alzamiento de bienes.

La teniente fiscal sustenta el archivo en que las donaciones de los padres de Díaz Ayuso se realizaron “dos meses antes” de que se produjera el impago del préstamo, el 15 de diciembre de 2011. El aval había sido concedido el 15 de marzo de ese año. Según argumenta, la jurisprudencia requiere que el crédito sea “vencido, líquido y exigible”, pero lo cierto es que el Tribunal Supremo deja claro en un buen número de sentencias que “es frecuente que el defraudador se adelante en conseguir una situación de insolvencia ante la conocida inminencia de que los créditos lleguen a su vencimiento, liquidez o exigibilidad, porque nada impide que, ante la perspectiva de una deuda, ya nacida pero todavía no ejercitable, alguien realice un verdadero y propio alzamiento de bienes”, como consta, por ejemplo, en tres de sus pronunciamientos de 2002, 2005 y 2019. Además, asegura la Fiscalía que para que se produzca ese delito no deben “quedar bienes, o sean insuficientes, en el patrimonio del deudor para hacer frente al crédito”.
Y ése es precisamente el caso de MC Infortécnica SL, que sigue debiendo a Avalmadrid 270.000 euros de los 400.000 que le aprobaron porque la sociedad de garantías sólo pudo ejecutar la garantía hipotecaria de una nave situada en Sotillo de la Adrada (Ávila), pero no consiguió embargar los inmuebles propiedad de los avalistas –los padres de Díaz Ayuso y otros tres matrimonios– porque éstos ya los habían cedido a sus hijos o vendido a terceros.

Siete años sin actuar no es administración desleal

A su vez, no pudieron embargar estas propiedades porque Avalmadrid tardó demasiado tiempo en actuar. La teniente fiscal desecha también que esa falta de diligencia de la sociedad de garantías constituya un delito de administración desleal, porque hubo “acuerdos” para “ejecutar el crédito debido”, se cedió la ejecución a Cobralia y esta empresa subcontratada por Avalmadrid presentó una demanda para embargar la nave de Sotillo de la Adrada. Según el ministerio público, para que exista administración desleal la empresa semipública debería haber actuado “en beneficio propio o de un tercero” y haber causado un “perjuicio patrimonial”. Igualmente esgrime que no puede hablarse de que exista una “voluntad” de la sociedad de garantías de abandonar el cobro de la deuda de MC Infortécnica, puesto que aún tiene pendiente su reclamación a los avalistas.

Sin embargo, lo cierto es que Avalmadrid fue de todo menos diligente en el recobro de la deuda de MC Infortécnica SL. De hecho, lleva más de siete años incumpliendo el acuerdo de su comité de morosidad, que decidió en abril de 2012 embargar los bienes de los ocho socios de esta empresa. Tenía 15 días para judicializar el asunto, pero tardó siete meses en hacerlo. Hasta el 26 de noviembre de 2012 no entregó el expediente a Cobralia, la empresa de cobros a la que tenía subcontratada, que finalmente inició el procedimiento de ejecución hipotecaria de la nave abulense. Ya en ese momento, siete de los 14 inmuebles presentados por éstos para garantizar su solvencia cuando solicitaron el aval habían cambiado de titular a través de donaciones o ventas. No quedan más bienes que embargar. Como queda dicho, la entidad semipública sólo pudo quedarse con la nave de Sotillo de la Adrada, por lo que la deuda aún vigente es de 270.000 euros. Y como una parte fue reavalada por la Comunidad de Madrid y por Cersa, la sociedad pública de reafianzamiento, esa cantidad terminará siendo abonada por los contribuyentes. Es decir, sí se ha producido un daño patrimonial.

La fecha de los correos de Ayuso

Por último, la Fiscalía rechaza que las gestiones realizadas por Isabel Díaz Ayuso constituyan un delito de tráfico de influencias porque los correos electrónicos aportados por Más Madrid en su denuncia son “todos ellos anteriores” a la fecha en que la hoy presidenta de la Comunidad consiguió su escaño como diputada de la Asamblea de Madrid, el 15 de julio de 2011. Sólo en ese momento Díaz Ayuso pasa a tener la consideración de “autoridad” para el Código Penal y puede cometer un delito de tráfico de influencias de acuerdo con su artículo 428. Sin embargo, también hay correos posteriores, al menos hasta el 14 de septiembre de ese año. En ellos, Díaz Ayuso pedía a un directivo de Avalmadrid, cuyo contacto le había proporcionado Eva Piera, viceconsejera de Economía y expresidenta de la sociedad de garantías, información confidencial sobre las empresas propiedad de los socios de sus padres en MC Infortécnica SL. Para la teniente fiscal, los datos solicitados por Díaz Ayuso no son “información privilegiada” puesto que “no se encuentran en un ámbito reservado cuyo conocimiento se tenga por el cargo o puesto de trabajo”, sino que se pueden obtener a través de internet o en el Registro Mercantil.
En realidad, la entonces diputada autonómica del PP sí pidió información que no puede encontrarse ni en la Red ni en el Registro: además de la facturación y la deuda, que sí pueden conseguirse en internet y en el Registro Mercantil, preguntó quiénes eran los clientes de las empresas de esos tres matrimonios –información confidencial–, de los que sospechaba que estaban vaciando MC Infortécnica SL y desviando activos a otras empresas suyas y de sus hijos.

La Fiscalía asegura también que de los correos aportados no puede concluirse que Díaz Ayuso ejerciera “presión o sugestión” alguna sobre sus interlocutores. Sin embargo, los correos electrónicos muestran que la sociedad de garantías trató el asunto como si fuera un encargo de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Además, la teniente fiscal dice desconocer la identidad del “influido”, del directivo de Avalmadrid. Una identidad que ha decidido dejar sin investigar.

Una vez archivada la denuncia, Belén Suárez Pantín informa a Más Madrid de que puede recurrir a los tribunales para interponer una querella. Además, está a punto de emprender sus trabajos en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre este caso y el resto de las irregularidades descubiertas en Avalmadrid por una inspección del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre [que se pueden consultar aquí y aquí].

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/2019/11/26/las_cinco_falsedades_fiscal_suarez_101339_2002.html

LAS 46 COMPARECENCIAS QUE AYUSO Y AGUADO CENSURAN EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AVALMADRID

PP y Cs impiden el testimonio de los administradores de la empresa de los padres de Ayuso que recibió un préstamo de 400.000 euros y de algunos empleados de Avalmadrid vinculados a aquella operación También vetan la presencia de José Ignacio Goirigolzarri, pese a que Bankia es la segunda accionista de Avalmadrid, y de Javier López Madrid, socio de una gestora que participó en operaciones sospechosas Otra comparecencia prohibida es la de Isabel Gallego: Avalmadrid le vendió a su padre por 30.000 euros un estudio cuyo valor de mercado ascendía a 82.000

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha rechazado la comparecencia de un total de 46 personas en la comisión que investigará las supuestas irregularidades en Avalmadrid reveladas por una inspección del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre: trato de favor a determinadas empresas vinculadas al PP y a socios y consejeros de la sociedad de garantías. Entre ellas, MC Infortécnica SL, participada por los padres de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Éstos son los comparecientes cuyos testimonios ni el PP ni Ciudadanos, actualmente en el Gobierno autonómico, quieren que se escuchen en la Cámara madrileña.

CARGOS POLÍTICOS

1. Isabel Díaz Ayuso

Presidenta de la Comunidad de Madrid desde el pasado 19 de agosto. A principios de 2011 hizo gestiones para averiguar “con qué persona había que hablar” a fin de conseguir que Avalmadrid concediera un aval a la empresa de la que eran socios sus padres. Para ello usó sus amistades dentro del Gobierno de Esperanza Aguirre y contactó con un directivo de Avalmadrid, a quien pidió datos sobre la solvencia económica del grupo empresarial de sus padres e información confidencial sobre otras compañías. Este empleado atendió su solicitud al entender que era un encargo que procedía directamente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, entonces ocupada por Esperanza Aguirre.
Además, Díaz Ayuso es propietaria de un piso en el centro de Madrid que obtuvo presuntamente mediante la comisión de un delito: alzamiento de bienes. Sus padres le donaron el inmueble pese a que era una de los inmuebles que figuraban en la lista aportada a Avalmadrid por los socios de MC Infortécnica para demostrar su solvencia patrimonial, cuando solicitaron el crédito-aval de 400.000 euros.

2. Esperanza Aguirre

Presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, cuando se cometieron las irregularidades que investigará la comisión. La Comunidad de Madrid posee en la actualidad el 26,1% de Avalmadrid, cifra que llegó a superar el 30% en algunos años del periodo investigado. Como accionista mayoritario, nombra al presidente de la sociedad de garantía recíproca y a dos vocales del consejo de administración. A lo largo de los años, estos cargos han recaído en viceconsejeros de Economía y Empleo, y directores generales de esos departamentos.

3. Ignacio González

Presidente de la Comunidad de Madrid desde septiembre de 2012 hasta junio de 2015. Durante todos esos años Avalmadrid no actuó para recuperar el dinero del aval que MC Infortécnica SL no devolvió. Los préstamos que otorga la entidad semipública están reavalados por Cersa, una sociedad pública que otorga el respaldo del Estado a los riesgos asumidos por las 18 sociedades de garantías que hay en España, y por la Comunidad de Madrid. En 2012 el Banco de España hizo una primera inspección a Avalmadrid, que terminó con tres requerimientos que la entidad no ejecutó.

4. Cristina Cifuentes

Presidenta de la Comunidad de Madrid desde junio de 2015 hasta abril de 2018. Entre 2016 y 2017 el Banco de España sometió a Avalmadrid a una segunda inspección, en la que constató que la entidad no había cumplido dos de los tres requerimientos de su primer examen y que dio pie a la apertura de un expediente. Mientras Cifuentes presidía el Gobierno madrileño, MC Infortécnica SL seguía sin devolver el importe del aval concedido.

5. Ángel Garrido García

Presidente de la Comunidad de Madrid desde mayo de 2018 hasta abril de 2019. El Banco de España presentó su informe sobre Avalmadrid en enero de 2019: ha encontrado anomalías en 167 avales. La entidad encarga un informe a la consultora Forest Partners para que estudie esas operaciones, lo que se traduce en una denuncia ante la Fiscalía que termina archivada por haber prescrito los posibles delitos.

6. Pedro Rollán

Presidente de la Comunidad de Madrid desde abril hasta agosto de 2019. El mes anterior estalló el caso Ayuso.

7. Ignacio Aguado Crespo

Vicepresidente de la Comunidad de Madrid desde el pasado mes de agosto. La cabeza visible de Ciudadanos en el Gobierno de Díaz Ayuso. Tras declarar que “la sombra de corrupción” en Avalmadrid es “tan grande que habría que cerrarla” y que es necesario llegar “hasta el final del asunto”, ha prometido impedir cualquier iniciativa que pretenda “sacar tajada y atacar personalmente” a Isabel Díaz Ayuso. Por ejemplo, Ciudadanos ha rechazado la comparecencia de la presidenta madrileña y de los socios de sus padres en la empresa MC Infortécnica SL. Aguado es quien ha nombrado al consejero de Economía, Manuel Giménez, y éste, a su vez, al nuevo presidente de Avalmadrid, Isaac Martín.

MC INFORTÉCNICA SL

8 a 12. Juan Carlos Herrero Casasola, José Luis Marcelino Santamaría, Victoria Suñer Cordero, Victoria Fernández Moyano y María del Carmen Angulo López-Cancio

MC Infortécnica SL, la empresa de suministros médicos que consiguió en 2011 un aval de 400.000 euros que nunca fueron devueltos tenía como accionistas a cuatro matrimonios, entre ellos Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Ayuso Puente, los padres de la presidenta madrileña.

Cuando lo solicitaron, estos cuatro matrimonios justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 13 propiedades valoradas en 3,27 millones de euros. En concreto, ocho viviendas, tres plazas de garaje y dos naves industriales repartidos por Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila. Tras producirse el primer impago del préstamo, Avalmadrid localizó otro piso en Asturias.

Siete de estos 14 inmuebles cambiaron de titular a través de donaciones o ventas prohibidas por la ley, lo que el Código Penal califica de alzamiento de bienes. Los padres de Ayuso fueron los primeros en traspasar su patrimonio, mediante donaciones a sus hijos y la venta de una nave a terceros. Las transmisiones de bienes se prolongaron desde 2011 hasta 2016.

PP y Ciudadanos no quieren que en la Asamblea se escuche el testimonio de los dos administradores de la empresa –Juan Carlos Herrero Casasola y José Luis Marcelino Santamaría– y de tres avalistas del aval –Victoria Suñer, Victoria Fernández Moyano y María del Carmen Angulo–. Otros dos administradores han fallecido –Leonardo Díaz Álvarez y Juan Manuel Pitarch Divar –. La octava socia y avalista es la madre de Ayuso, a la que ningún grupo ha querido citar de momento como compareciente precisamente para evitar que la presidenta madrileña continúe escudándose en su familia para no dar explicaciones sobre el escándalo.

13. Manuel Pérez Campos

Director financiero del Grupo MC Infortécnica SL de 2010 a 2012, cuando la empresa pidió el aval. Según la información a la que ha tenido acceso infoLibre, fue Manuel Pérez quien facilitó a Avalmadrid la documentación necesaria a fin de cerrar la operación: cartera de pedidos, contratos, escrituras…

DIRECTIVOS, CONSEJEROS y subcontratistas DE AVALMADRID

14. Sandra Coego Benavides

Gestora comercial de Avalmadrid. Empezó a gestionar la documentación necesaria para que MC Infortécnica SL solicitara el aval de 400.000 euros que luego no devolvió. Era quien estaba en contacto con el director financiero de la empresa de suministros médicos para reclamar y recibir la información necesaria.

15. Ana Suárez Rotellar

En la actualidad es la directora de Comunicación de Avalmadrid, pero cuando MC Infortécnica solicitó el préstamo estuvo en contacto con el director financiero de MC Infortécnica SL, Manuel Pérez Campo. Es sobrina del expresidente de Avalmadrid entre octubre de 2014 y octubre de 2015, José María Rotellar, quien también ejerció como viceconsejero de Hacienda.

16. Fernando Cañellas de Colmenares

Presidente de Cobralia, la empresa con la que Avalmadrid contrató la recuperación de determinados expedientes fallidos. Cobralia no fue muy diligente a la hora de cobrar el aval impagado de MC Infortécnica SL. Avalmadrid no se dio ninguna prisa para actuar y, cuando decidió hacerlo, sólo proporcionó a Cobralia documentación para poner en marcha uno de los dos procedimientos aprobados. Además, el título que permitía actuar contra los avalistas en este asunto, Cobralia lo entregó en el juzgado equivocado. Y en dos años nadie se dio cuenta de lo que había ocurrido. Cuando oficialmente se percataron del error y Cobralia preguntó cómo solucionarlo, Avalmadrid no respondió.
Además, un informe encargado por la propiedad sociedad de garantías y elaborado por PwC desveló la existencia de dos contratos, uno con Cobralia y otro con su presidente, Fernando Cañellas, que pueden haber resultado en el pago duplicado de honorarios a ambos por un mismo servicio: el cobro de fallidos.

17. María Fajardo Lubián

Directora de Recuperaciones de Racmo Gestión España, la empresa que el pasado mes de junio sustituyó a Cobralia en la recuperación de impagados. A Racmo, presidida por Alfonso Cabeza Navarro-Rubio, hijo del famoso presidente del Atlético de Madrid en los años 80, Avalmadrid le encargó dos informes a medida con un doble objetivo: evitar la vía penal en el caso Ayuso y echar la culpa de las graves negligencias cometidas durante siete años por los máximos responsables de la entidad a un abogado de Cobralia.

18. Borja Cubillo Santamaría

Director comercial de Avalmadrid entre septiembre de 2008 y julio de 2014.

19. Daniel Jiménez

Responsable de Sistemas de Avalmadrid.

20. Rafael Severino

Apoderado de Avalmadrid.

21. Claudia Alonso Rodríguez

La procuradora que representaba a Avalmadrid en los procedimientos judiciales a los que tuvo que hacer frente.

SOCIOS DE LAS EMPRESAS SUPUESTAMENTE favorecidas

22 a 25. Isaac y Moisés Amselemn Eibaz, Ignacio Buqueras y Bach, Rosario Pérez González

Socios del Grupo Nupcial Novíssima, una de las empresas vinculadas a los consejeros de Avalmadrid que recibió un aval. A esta firma fueron dos los concedidos, por importe de 955.000 y 700.000 euros, para financiar su plan de expansión. No pudo devolverlos. Según el informe elaborado por la consultora Forest Partners, la tramitación de estos avales se inició justo después de que Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid (CRM) hubiera tomado una participación en Nupcial Novíssima, donde invirtió tres millones de euros. En aquel momento, el consejero de Avalmadrid Pedro Olabarría Íñiguez de Onzoño era también director general de CRM, por lo que figuraba como apoderado de la firma textil.

26 a 29. Casto Benito Moreno, Ildefonso Hernando Polo, María Luis Pérez Barroso, Marta Martínez Fernández

Socios de Casbar, dedicada a la fabricación y comercialización de muebles metálicos. Marta Martínez Fernández, por su parte, era socia de Signo Once SL que a su vez era accionista de Casbar. También se le otorgaron dos avales. El primero, de 565.394 euros, y el segundo, de 269.600 euros. Ambas operaciones dejaron un saldo final fallido de 257.941 euros. También estaba relacionada con un consejero de Avalmadrid: José Miguel Guerrero Sedano, vocal de la Cámara de Comercio madrileña, era al mismo tiempo el principal accionista de Casbar, con el 22,52% del capital, y miembro del consejo de administración de la firma con el cargo de presidente, según consta en el informe de Forest Partners.

30 a 33. Cándido y María Cerón Lozano, Fernando Mano de Piniés Canthal, Sonia Torrubiano Gómez

Socios de Vipventa, en el caso de Sonia Torrubiano Gómez a través de la sociedad Cylex Servicios Profesionales SL. Vipventa era una plataforma de venta online de ropa y complementos de marcas de lujo a la que se concedieron otros dos avales, uno de un millón de euros y otro de 350.000 euros. Ambas operaciones, tal y como señala Forest Partners, eran de “alto riesgo” porque, desde su constitución, la empresa “sólo había generado pérdidas”. Vipventa ha dejado a deber a Avalmadrid 526.215 euros.

Parte del capital fue invertido por Inicap I Fondo de Capital Riesgo, gestionado por Möbius Corporate Venture Capital SGECR SA y participado por la Cámara de Comercio de Madrid, a su vez socio de la entidad semipública. Además, Alfonso Carcasona simultaneaba los cargos de consejero de Avalmadrid, vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio. y consejero de Möbius Corporate, por lo que también ejerció de vicepresidente y consejero de Vipventa desde mayo de 2008, dos meses antes de que se concediera a la empresa el primer aval.

34. Antonio Fernández del Real

Socio de Máscara Films. El director de cine buscaba financiación para la película La Conjura de El Escorial, con un presupuesto de 11,25 millones de euros. Avalmadrid le concedió un aval de un millón de euros en 2007 y otro de 300.000 euros en 2008. Han dejado un agujero de 990.090 euros. En este caso, Caja Madrid y Capital Riesgo Madrid (CRM) cofinanciaban la producción de la película. La primera es socio protector de Avalmadrid –con un 25,3% del capital– y la segunda estaba íntegramente participada por accionistas de la sociedad de garantías. De nuevo, Pedro Olabarría era, a la vez, consejero de la entidad semipública y director general de Capital Riesgo Madrid.

35. Alfonso Ferrón del Río

Socio de Alfedel, que está imputada como persona jurídica en el caso Púnica por la concesión irregular de colegios concertados por parte de la Comunidad de Madrid. Según las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, es una de las empresas que utilizaron Francisco Granados y el ex número dos de la trama, David Marjaliza, para hacer negocio con los colegios concertados por la Comunidad de Madrid y rentabilizar sus contactos e influencias públicas y políticas en el sector de la educación. A Alfedel Avalmadrid también le dio un aval, que no obstante fue devolviendo hasta sumar 175.000 euros entre 2009 y 2013, según publicó Vozpopuli.

36. Gonzalo Juan Martín Díaz

Socio de Cubenube, una startup a la que se otorgaron tres avales por valor total de 225.000 euros. Martín Díaz es hijo de Jesús Juan Ciro Martín Díaz, consejero de Avalmadrid en representación de la patronal madrileña CEIM –de la que fue vicepresidente de 2002 a 2016– y a su vez propietario del 5% de Cubenube a través de la sociedad Performance Medical Support SL. Un conflicto de interés claro, de acuerdo con el dictamen de Forest Partners.

37 y 38. José María Muñoz y Dionisio Silvestre Mata

Socios de Ercam, que recibió dos avales por importe de 2,8 millones de euros. Para la consultora, “lo más llamativo” de la operación es que Avalmadrid entrara en un macro proyecto en Texas, una planta fotovoltaica, a través de un joint venture en la que Ercam era socio minoritario y el 51% estaba en manos de una compañía surcoreana. A su juicio, debería haber obtenido financiación/avales de un banco español internacional; en su lugar los consiguió de Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca. Como no se tomaron, asegura el informe, las “cautelas suficientes”, el fallido asciende a 1,1 millones de euros.

39. Alejandro Núñez Jiménez

Socio de Volupte SL, para la que Avalmadrid aprobó dos avales en 2008 por importe de 182.014 y 88.500 euros. Ambas operaciones también resultaron fallidas. Se trataba de un proyecto de capital semilla en el sector de la alta costura. De nuevo, el vínculo con la entidad semipública es el consejero Pedro Olabarría, a través de Capital Riesgo Madrid, que tenía una participación del 28,57% en Volupte SL.

40. Javier Pereyra Pardo

Socio de The Tie Gallery España SL. Recibió un aval de 100.000 euros en 2009 para financiar el crecimiento del negocio. Pero, “dadas las dificultades” que estaba atravesando la sociedad, “con pérdidas continuas en los tres últimos años”, todo apuntaba a que el destino de ese dinero era “cubrir parte de sus pérdidas y/o tensiones de liquidez”. La operación dejó una deuda de 34.492 euros. Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje) y vicepresidente de la patronal CEIM, fue consejero de Avalmadrid entre 2005 y 2010 y, al mismo tiempo, dueño del 33% de The Tie Gallery y su administrador único. Además, uno de sus hermanos poseía un 5% de la empresa.

OTROS

41. José Ignacio Goirigolzarri

Presidente de Bankia desde mayo de 2012. Bankia es la sucesora de Caja Madrid y, al igual que ésta, el segundo accionista de Avalmadrid, con un 25,3% del capital. Nombra a dos de sus 10 consejeros, en representación de dos de sus empresas: Participaciones y Cartera de Inversiones SL y Valoración y Control SL. Entre las operaciones bajo sospecha hay al menos tres en las que aparece el fondo de capital riesgo Capital Riesgo Madrid (CRM), participado en un 35% por Caja Madrid: los avales concedidos a Grupo Nupcial Novíssima, Volupte SL y la película La conjura de El Escorial.

42. Javier López Madrid

Socio de Möbius, gestora del fondo de capital riesgo Inicap –participado por la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio– que también participó en operaciones bajo sospecha de trato de favor: Vipventa y Bioapter.

43. Isabel Gallego Navarrete

Avalmadrid vendió en 2013 al padre de Isabel Gallego, entonces directora de Comunicación de la Comunidad de Madrid, un estudio en el barrio de Chueca por 30.000 euros. En 2010 había sido tasado en algo más de 100.000 euros y su valor de mercado cuando se vendió superaba los 82.000. Gallego era una de las personas más poderosas del Gobierno autonómico y su marido estaba colocado en Avalmadrid, donde ahora es presidente del comité de empresa.

44. Francisco Marhuenda

Director de La Razón. El sumario judicial de la operación Lezo, que investiga la corrupción en el Canal de Isabel II, incluye la transcripción de una conversación entre Marhuenda y la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes en 2016, donde el periodista asegura que “han encontrado dos sociedades que no se sabía que existían dedicadas a hacer como capital riesgo, a prestar dinero a consejeros a través de consejeros (...) dice que es como lo de Avalmadrid, pero peor”.

45. Lourdes Carrasco Laguna

Técnica jurídica del Banco de España. Desde 2012 el organismo supervisor inspeccionó dos veces Avalmadrid. Tras la última ocasión, abrió un expediente que reclama sanciones por importe total de 667.000 euros para 16 personas, entre consejeros y ejecutivos de la entidad semipública, así como para la propia sociedad de garantías y la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.

46. Marta García Miranda

Actual interventora general de la Comunidad de Madrid.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/11/15/las_comparecencias_que_diaz_ayuso_aguado_censuran_comision_investigacion_avalmadrid_101026_1012.html

MÁS MADRID Y UNIDAS PODEMOS RECURREN EL VETO DE CASI UN CENTENAR DE COMPARECENCIAS EN LA COMISIÓN DE AVALMADRID

Piden a la Mesa de la Asamblea que recupere las intervenciones de Díaz Ayuso, los expresidentes de la Comunidad y los administradores de MC Infortécnica SL

El Constitucional ya anuló en 2015 el rechazo de decenas de comparecencias que había solicitado UPyD por Eurovegas, Bankia y la corrupción del PP

Los portavoces en la Asamblea de Madrid de Más Madrid, Íñigo Errejón; Unidas Podemos, Isa Serra y PSOE-M, Ángel Gabilondo, tras registrar la solicitud de creación de la comisión de investigación de Avalmadrid.
Los portavoces de Unidas Podemos, Isa Serra; Más Madrid, Íñigo Errejón, y PSOE, Ángel Gabilondo, cuando solicitaron crear la comisión de investigación de Avalmadrid. EFE

Más Madrid y Unidas Podemos han presentado sendos recursos ante la Mesa de la Asamblea madrileña para que ésta recupere 97 comparecencias en la comisión de investigación de Avalmadrid que rechazó el pasado día 11. Entre ellas, se encuentran las intervenciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como de sus cinco antecesores en el cargo: Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes. Ignacio González, Ángel Garrido y Pedro Rollán. La Mesa de la Asamblea, integrada por dos miembros del PP, dos de Ciudadanos, dos del PSOE y uno de Vox, tumbó también las comparecencias de todas las personas relacionadas con MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de Díaz Ayuso y que no devolvió los 400.000 euros de un aval concedido por la sociedad de garantías madrileña.

El PSOE ha anunciado que también presentará un escrito del mismo tenor cuando la Mesa le traslade el documento con el rechazo motivado de sus solicitudes, según explican fuentes socialistas. Estos tres grupos se quejan de que la Mesa de la Asamblea aún no les ha facilitado la respuesta formal con los argumentos que han servido para denegar sus solicitudes de comparecencia.

Tanto Más Madrid como Unidad Podemos sostienen que la Mesa de la Asamblea se ha “extralimitado” en sus funciones, ya que no puede “calificar la oportunidad o no de la comparecencia”, una cuestión que “corresponde a los proponentes”. A juicio del grupo de Íñigo Errejón, este órgano debería haberse atenido a “comprobar que las justificaciones realizadas por los grupos son acordes con el objeto de la comisión”. Por el contrario, la Mesa de la Asamblea utilizó “criterios ex post”, argumenta en su escrito, “no presentes en las normas aprobadas”, como la obligación de establecer “periodos temporales” en los cargos que desempeñaban los comparecientes solicitados, o la de designar sólo personas físicas en lugar de representantes de empresas o de instituciones.

Además, considera que la asistencia de Isabel Díaz Ayuso y del resto de los presidentes autonómicos es de “especial relevancia”. La primera, por su “relación directa” con la supuesta mediación que realizó ante Avalmadrid a fin de conseguir un “trato de favor” para la empresa de sus padres. A su juicio, es “poco razonable” que se hurte su testimonio cuando las referencias a las relaciones de Díaz Ayuso con la entidad semipública “han sustentado la misma creación de la comisión”. Y la segunda, por la participación de la Comunidad de Madrid en el accionariado de Avalmadrid, un 26,1%, lo que convierte su funcionamiento en un asunto de interés público. De ahí que Más Madrid califique de “arbitrariedad” excluir del objeto de la comisión a quienes “deben su responsabilidad política” a la Asamblea madrileña.

El TC ya sentenció en contra de la Mesa

Más Madrid va a recurrir la denegación de cada una de las 71 comparecencias que la Mesa de la Asamblea le ha rechazado en cuanto reciba la comunicación formal de su rechazo. “Ya lo hizo otro grupo en el pasado”, explica a infoLibre el diputado de esa formación Eduardo Gutiérrez. Se refiere a UPyD, que recurrió en 2013 la denegación por la Mesa de la Asamblea de Madrid de decenas de peticiones de comparecencia y de preguntas sobre Bankia, Eurovegas, la corrupción o el nepotismo en el Gobierno madrileño. El Tribunal Constitucional dictó en 2015 hasta cinco sentencias en las que dio la razón a los recursos de amparo interpuestos por UPyD. En todos los casos el tribunal estableció que la Mesa, controlada entonces por el PP, había vulnerado el derecho de su representante a “ejercer las funciones representativas” que le reconoce la ley y anulaba las decisiones de ese órgano.

Además, dejaba claro que a la Mesa de la Cámara autonómica “sólo le corresponde analizar los requisitos de legitimación, así como el ámbito de competencia” de la persona cuya presencia se solicita, pero no puede rechazar la solicitud de admisión “mediante argumentos de índole material”. Es decir, la Mesa se ha excedido en su función realizando un juicio de valor, que le está “vedado”, sobre el contenido de la propuesta.

“Ahora se ve que el PP es recalcitrante a la hora de ningunear el derecho de los diputados a preguntar y controlar la gestión pública”, destaca Eduardo Gutiérrez, “y que si había mucho que ocultar entonces, ahora con Avalmadrid también, ya que se comportan igual”. El diputado recuerda que los “herederos de UPyD”, en referencia a Ciudadanos, son ahora quienes vulneran el derecho que el Constitucional reconoció a sus predecesores.

La comparecencia de Díaz Ayuso, “imprescindible”

Por su parte, Unidas Podemos está estudiando si dirigirse al Tribunal Constitucional o a la justicia ordinaria para recuperar los comparecientes que rechazó la Mesa de la Asamblea, a la espera de que ésta les haga llegar la comunicación formal con los motivos de denegación, según ha explicado su portavoz, Isabel Serra. “Sólo la Mesa de la Comisión tiene facultad para entrar en los motivos de fondo y rechazar o admitir las solicitudes de comparecencia”, subraya.

En su recurso, Unidas Podemos reitera que la presencia de Isabel Díaz Ayuso en la comisión que investigará el supuesto trato de favor de Avalmadrid a determinadas empresas es “imprescindible”, a fin de conocer “hasta qué punto influyó en razón de su cargo” en la concesión de un aval a la compañía de la que eran socios sus padres. También consideran que deben comparecer el resto de los presidentes autonómicos desde 2007, para que aclaren “las directrices políticas y de gestión” que se dieron a Avalmadrid durante sus mandatos. Además, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes presidieron el PP de Madrid, por lo que, a juicio de Unidas Podemos, deberían también explicar en la comisión los vínculos de dicho partido con las personas y empresas a las que la entidad semipública concedió avales.

Igualmente pide que la Mesa reconsidere su decisión y admita la comparecencia de los cuatro matrimonios socios y avalistas de MC Infortécnica SL y de un representante legal de esta empresa, para que detallen el proceso de solicitud y concesión del aval que recibieron, así como sus vínculos con Díaz Ayuso y si Avalmadrid les exigió alguna garantía al no haber devuelto su importe, 400.000 euros.

En su día, el partido morado reclamó la asistencia del presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que ahora reiteran.

El banco es dueño del 25,3% del capital de Avalmadrid. También repiten la petición de comparecencia de un representante de Cobralia, la empresa de cobro de morosos a la que Avalmadrid había cedido la recuperación del aval impagado por MC Infortécnica SL.

El Banco de España y las consultoras Forest Partners y PricewaterhouseCoopers, que elaboraron distintos informes y desvelaron múltiples anomalías en el funcionamiento de Avalmadrid deberían igualmente acudir a la comisión, resalta Unidas Podemos en su escrito. Otros siete altos ejecutivos de la entidad semipública, e incluso el presidente de su comité de empresa, son también requeridos por el grupo morado para que den cuenta de cuál era el funcionamiento de Avalmadrid durante el periodo investigado.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/11/15/unidas_podemos_mas_madrid_recurren_rechazo_casi_centenar_comparecencias_comision_avalmadrid_100984_1012.html

UN INFORME ENCARGADO POR AVALMADRID DESTAPA UNA POSIBLE DUPLICIDAD DE PAGOS A COBRALIA Y A SU PRESIDENTE

Avalmadrid abonó a Fernando Cañellas, presidente de Cobralia, 270.245 euros por la supuesta prestación de servicios jurídicos

Un informe de PwC cuestiona los contratos entre Avalmadrid, Cobralia y Cañellas y alerta sobre la posible comisión de delitos o infracciones administrativas

La estructura jurídica que le planteó Cañellas a Avalmadrid incluía dos contratos que los analistas consideran “ilícitos”, uno de ellos con la fecha probablemente falsificada

La consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) elaboró en diciembre de 2018 un informe, por encargo del consejo de administración de Avalmadrid, donde examinó el contrato por el que la sociedad de garantías madrileña vendió en junio de 2012 a Cobralia una cartera de créditos fallidos. Para ello tuvo también que investigar los contratos que la entidad semipública había firmado antes con esa misma empresa de cobro de morosos, en julio de 2007, para que le gestionara el recobro extrajudicial de los expedientes fallidos, y con su presidente, Fernando Cañellas de Colmenares, a título personal, en mayo de 2008, a quien encargó la presentación de demandas judiciales para recuperar las cantidades adeudadas por las empresas que no habían devuelto los avales concedidos. Igualmente analizó un tercer contrato, con fecha de 20 de octubre de 2010, por el que Fernando Cañellas cedía a Cobralia la gestión judicial por la que le había contratado Avalmadrid.

Los analistas consideran “discutibles” la causa y la finalidad tanto del contrato de venta de la cartera de fallidos de junio de 2012 como del contrato de subrogación de 2010, así como la manera en que fueron formalizados: ambos pueden ser nulos porque su causa fue “ilícita”. Según detalla el documento, al que ha tenido acceso infoLibre, en abril y mayo de 2012 Avalmadrid llegó a un acuerdo “presumiblemente verbal” con Fernando Cañellas para que éste cobrara los honorarios que la entidad semipública le adeudaba. El esquema consistía en la subrogación de los expedientes y la posterior venta de esa cartera de fallidos, una estructura que resultaba “más favorable fiscalmente” para el presidente de Cobralia, destaca PwC. Si se demuestra que ésa era “la única finalidad de ambos negocios jurídicos”, el contrato de venta y el de subrogación tuvieron “una causa ilícita” y, por tanto, “son nulos de pleno derecho”, dictaminan.

Este periódico se ha puesto en contacto con Cobralia, que ha declinado hacer ningún tipo de “comentario o valoración” sobre el informe, Avalmadrid o la intervención de Fernando Cañellas en estas operaciones. “Nuestra política de empresa es no responder a preguntas sobre nuestros clientes o sobre nuestro presidente”, aseguró su portavoz.

Los autores del informe se quejan en varias ocasiones a lo largo de sus nueve páginas de la falta de información con la que trabajan. Los documentos y correos electrónicos que analizaron fueron suministrados por Avalmadrid, pero echan en falta otros necesarios para determinar “los honorarios facturados [por Cobralia y Fernando Cañellas], su correcto devengo” e incluso “la trazabilidad del proceso de decisión”. Llegan a asegurar que la documentación que se les ha proporcionado es “confusa” e “incompleta”.

No obstante, los técnicos de PwC señalan que las operaciones con Cobralia y Cañellas de Colmenares pueden haber producido dos tipos de daños al patrimonio de Avalmadrid. El primero, el perjuicio económico directo, en el caso de que la entidad semipública haya pagado “honorarios por duplicado por un mismo servicio”. Y el segundo, la sanción, pena o multa si Avalmadrid es considerada “responsable subsidiaria o cooperadora necesaria en la comisión de una infracción administrativa o un delito”. Según destaca el informe, todas las negociaciones y documentos “contaban con la intervención o, al menos el conocimiento” del presidente de Avalmadrid en ese momento, Juan Manuel Santos-Suárez, y de su consejero delegado, Juan Luis Fernández-Rubíes. Por lo que “la propia sociedad, a través de sus válidos representantes” aceptó “implícitamente” tanto la subrogación de Cobralia como el contrato de venta de la cartera de fallidos, concluye PwC.
Cañellas cobraba aunque no se recuperase dinero

Los analistas explican que, aunque “a priori” y “contractualmente” no parece haberse producido “una duplicidad o solapamiento” en la gestión de los recobros –Cobralia se encargaba de la recuperación extrajudicial y Fernando Cañellas, de la judicial–, “en la práctica, a la vista del volumen de expedientes gestionados y a la confusión generada”, sí que pudo haber “duplicidad o confusión en los honorarios facturados” puesto que no se delimitó “adecuadamente el perímetro de actuación de Fernando Cañellas”.

Además, PwC llama la atención sobre una peculiaridad del pago de honorarios al presidente de Cobralia. En virtud del primer contrato con esta empresa, el firmado en 2007, Avalmadrid abonaba a la empresa una comisión del 30% sobre el importe recuperado. Pero, según el segundo contrato, de 2008, Cañellas de Colmenares cobraba de las costas a las que era condenado el moroso si aquél ganaba el juicio. En caso de que el deudor no fuera condenado a pagar las costas, era Avalmadrid la que le abonaba los honorarios directamente, previa presentación de la correspondiente factura. El importe incluía un 20% de descuento sobre las tarifas recomendadas por el Colegio de Abogados de Madrid. Además, los costes de investigación de la solvencia del moroso, y los costes de los procuradores los sufragaba igualmente Avalmadrid. En esos años presidía la entidad semipública Eva Piera.

Es decir, subraya el informe, Fernando Cañellas cobraba “independientemente del éxito de la reclamación judicial” que gestionaba, mientras que Cobralia sólo lo hacía en caso de éxito. El problema es que los analistas de PwC desconocían, por la información que Avalmadrid les facilitó, si existía resolución judicial en cada uno de los expedientes que el presidente de Cobralia facturó y Avalmadrid le pagó.

Cruce de correos para solucionar el pago de honorarios

Las sospechas sobre la finalidad real de los contratos analizados por la consultora proceden de varios cruces de correos electrónicos entre directivos de Avalmadrid y de éstos con Cañellas de Colmenares entre abril y junio de 2012. En ellos, se habla de una “posible” subrogación de Cobralia “como parte de una solución global para facilitar el pago de los honorarios devengados por Fernando Cañellas y pendientes de cobro”. Los ejecutivos expresan su preocupación por las “debilidades” del contrato de subrogación y las “situaciones controvertidas” que éste puede generar.

Posteriormente, es el propio Fernando Cañellas quien envía un correo al director de Operaciones, al secretario del consejo de administración y al consejero delegado de Avalmadrid en el que propone la “estructura jurídica” para pagarle los honorarios, incluyendo la subrogación y la venta de la cartera de fallidos. Como este “planteamiento” supone un “coste fiscal muy alto” para él, plantea que se subroguen sólo los expedientes que él factura a Cobralia, que Cobralia facture a Avalmadrid por la gestión judicial de esos expedientes y que, después, Cobralia le compre la cartera.

Así, el 7 de junio de 2012, Cobralia emite una factura por una lista de expedientes que asciende a 305.362,45 euros, de los que se descuenta un 25% y a los que se añade un 18% de IVA. Un total de 270.245,76 euros. La transferencia se realiza cuatro días después, la misma fecha en que Avalmadrid firma con Cobralia el contrato de venta de fallidos. El precio de la operación fue de 113.772,91 euros.

Como estos correos y la discusión entre ambas empresas sobre el contenido de la factura tienen fecha de 2012, los analistas de PwC sospechan que el contrato de subrogación, de octubre de 2010, pudo haber sido “predatado” a esa fecha, porque en realidad se redactó y firmó dos años después.

El próximo día 26 de noviembre comenzará sus sesiones la comisión de la Asamblea de Madrid que investigará las irregularidades en el funcionamiento de Avalmadrid, destapadas por una inspección del Banco de España y por las informaciones publicadas por infoLibre. Los inspectores del organismo supervisor y los analistas de otra consultora, Forest Partners, desvelaron el trato de favor que esta entidad semipública, propiedad en un 26,1% de la Comunidad de Madrid, ha otorgado durante años a ciertas empresas en la concesión de avales. Muchas de ellas estaban vinculadas a miembros del PP o a algunos de los socios de la propia sociedad de garantías, como Bankia, la patronal madrileña CEIM o la Cámara de Comercio de Madrid. Entre los supuestos favorecidos se encuentra la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Durante años, Avalmadrid no actuó para recuperar el dinero del aval que concedió en diciembre de 2011 a MC Infortécnica SL, una firma de suministros médicos, y que sus propietarios y avalistas no devolvieron. Entonces era Cobralia la empresa encargada de recuperar fallidos como los de la empresa de los padres de Díaz Ayuso.

Asesoría jurídica de Caja Madrid

Fernando Cañellas fundó Cobralia en 2002, después de pasar 14 años en Cajamadrid, donde comenzó en 1982. Fue uno de los seis miembros de la asesoría jurídica de la caja de ahorros a quienes el entonces presidente, Jaime Terceiro, abrió un expediente sancionador en 1996 por las anomalías encontradas en la gestión que este departamento llevaba a cabo en el cobro de morosos. Dos años antes, en mayo de 1994, Terceiro había disuelto la asesoría jurídica después de que el departamento de Auditoría Interna elaborase un informe que destapaba irregularidades que habían costado a la caja 30.000 millones de pesetas –180,3 millones de euros–, según publicó en su día el periódico Abc.

Los seis abogados del departamento presentaron después un requerimiento notarial donde se calificaba ese informe de “falso, extemporáneo e ilegal”. Según explicaban en su escrito, los responsables de la caja de ahorros ni les comunicaron el contenido del informe ni les dieron ocasión de presentar alegaciones. También rechazaban cualquier responsabilidad en las anomalías descubiertas. Por el contrario, aseguraban que habían cumplido entre 1992 y 1994 los objetivos de recobro de deuda de forma “espectacular”, “duplicando e incluso triplicando” los resultados de ejercicios anteriores.

Por esas fechas se estaba librando en Caja Madrid una auténtica guerra interna que desembocaría en la renuncia de Jaime Terceiro, en septiembre de 1996, y su sustitución por Miguel Blesa, tras un pacto entre PP, Izquierda Unida, CCOO y la Confederación de Cuadros. Abc citaba entonces a fuentes de los partidos representados en los órganos de gobierno de la entidad, que veían motivos políticos tras la batalla en torno a la asesoría jurídica. En concreto, mencionaban a Emilio Navasqüés, que además de miembro de ese departamento era consejero en representación de la plantilla y se había manifestado en repetidas ocasiones en contra de la permanencia de Jaime Terceiro al frente de la caja y a favor de su sustitución por Miguel Blesa. Ignacio Navasqüés, hermano del anterior, miembro del mismo departamento y también consejero de la entidad, fue condenado en 2018 a un año de cárcel por el caso de las tarjetas black.

El de Cobralia es el tercer informe que PwC ha elaborado por encargo de Avalmadrid. La entidad semipública solicitó a la consultora un dictamen sobre la conveniencia de denunciar ante la Fiscalía el trato de favor a ciertas empresas descubierto por los analistas de Forest Partners. PwC le recomendó que acudiera al ministerio público. Además, la sociedad de garantías le pidió consejo sobre si debía recurrir el archivo del caso que había decidido el fiscal por considerar prescritos los posibles delitos. En este caso, PwC le aconsejó que no continuara con el proceso judicial.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/11/13/un_informe_pwc_destapo_una_posible_duplicidad_pagos_cobralia_presidente_por_recuperar_deudas_avalmadrid_100905_1012.html

PP Y CS IMPIDEN QUE DÍAZ AYUSO Y LOS RESPONSABLES DE LA EMPRESA DE SUS PADRES COMPAREZCAN EN LA COMISIÓN DE AVALMADRID

También rechazan la intervención de los cinco expresidentes de la Comunidad y de los autores del informe que sirvió de base para una denuncia ante la Fiscalía

Ambos partidos se unen para rechazar 143 de las casi 400 comparecencias solicitadas por los grupos, mientras Vox se abstiene

PP y Ciudadanos han rechazado 143 de las casi 400 comparecencias en la comisión de investigación sobre Avalmadrid que habían solicitado PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid. Lo han hecho en la Mesa de la Asamblea, donde ambos partidos tienen mayoría con Vox, que se ha abstenido en la votación. Entre los comparecientes de la lista del PSOE que han sido rechazados se encuentran la presidenta de la Comunidad de Madrid, así como dos administradores y socios de MC Infortécnica SL, la empresa también participada por los padres de Isabel Díaz Ayuso que supuestamente recibió un trato de favor de la entidad semipública. También ha sido eliminado de la lista socialista el director financiero de MC Infortécnica SL, por lo que no comparecerá ningún responsable de esta empresa que recibió un préstamo de 400.000 euros que jamás devolvió.

Además, han sido descartados el resto de los presidentes regionales desde 2007: Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y Pedro Rollán. Lo mismo ha ocurrido con los dos autores del informe elaborado por la consultora Forest Partners, que sirvió de base para que la expresidenta de Avalmadrid presentara una denuncia ante la Fiscalía contra exdirectivos y exconsejeros de la sociedad de garantías. Ambos analistas examinaron los mismos 167 avales que había investigado previamente el Banco de España. Tanto el órgano supervisor como Forest Partners encontraron abundantes irregularidades en las operaciones. Pero PP y Ciudadanos han rechazado que vayan a explicar su trabajo ante los diputados regionales.

El PSOE acusa a la Mesa de la Asamblea de “extralimitarse en sus funciones”, por lo que estudia presentar un escrito para pedir explicaciones. En opinión de su portavoz, Pilar Sánchez Acera, este órgano debería haberse limitado a comprobar que la lista de comparecencias cumplía los requisitos formales: nombre, cargo, fecha y relación con el objeto de la comisión. La selección final de los comparecientes, añade, es competencia de la Mesa de la Comisión, donde PP y Ciudadanos ya no tienen mayoría. “Han intentado aplicar una censura previa a través de la Mesa de la Asamblea”, critica Sánchez Acera. Ese órgano está integrada por los partidos de derecha, PP, Cs y Vox, y el PSOE. Ni Unidas Podemos ni Más Madrid –que ha recurrido su exclusión ante el Tribunal Constitucional– están representados.

En contra de los argumentos esgrimidos por PP y Ciudadanos este lunes, los socialistas sostienen que los presidentes de la Comunidad sí tienen una responsabilidad de gestión en Avalmadrid, no sólo por las aportaciones anuales realizadas por el Ejecutivo autonómico en los convenios que firmaba con la sociedad de garantías, sino también porque esos convenios y los nombramientos de su presidente y vocales del consejo de administración se aprobaban mediante acuerdos de gobierno.

En cualquier caso, Ciudadanos se ha mostrado a favor de que pueda solicitarse la presencia de los presidentes madrileños si a ello dan pie otras comparecencias o surge nueva información durante las investigaciones que lo requiera. Una posibilidad que no ha dejado satisfechos a los grupos de oposición. “Intentan amordazar a la Asamblea”, protesta el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez, “e impedir que ésta ejerza su función de control político sobre la corrupción”.

Por el contrario, han pasado la criba las intervenciones solicitadas de los consejeros de Economía desde 2007 hasta la actualidad. La Comunidad de Madrid posee el 26,1% del capital de Avalmadrid y, como mayor accionista, nombra a su presidente y a un vocal del consejo de administración. Es la Consejería de Economía la que designa a las personas que ocuparán estos cargos. Hasta ahora han recaído en directores generales o viceconsejeros de ese departamento.

También han sido aprobadas las comparecencias de los empresarios Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández, dueños de Viajes Marsans y del Grupo Cantoblanco, respectivamente, y supuestamente favorecidos por Avalmadrid en la concesión de garantías. Además, deberán acudir a dar explicaciones a la Asamblea los técnicos del Banco de España que inspeccionaron la entidad semipública y abrieron expediente sancionador a 16 de sus consejeros y directivos.

Primera sesión, el día 19

Según han explicado fuentes parlamentarias, PP y Ciudadanos han tumbado todas las peticiones en las que no se concretaba el nombre del de compareciente; por ejemplo, aquéllas en las que se solicitaba la intervención de “un representante” de una institución, sin precisar la identidad. También han eliminado las peticiones si no detallaban el año en que una persona determinada había ocupado un cargo, lo que ha ocurrido con algunas de las cursadas por Más Madrid. La de Díaz Ayuso, pedida por los tres grupos de la izquierda, ha sido rechazada porque “en 2011 [cuando Avalmadrid concedió un aval a la empresa de sus padres] no ocupaba ningún cargo” en la Comunidad de Madrid. Tampoco han pasado el examen de la Mesa las peticiones de comparecencia de accionistas de las empresas que supuestamente recibieron un trato de favor de Avalmadrid.

Los grupos tenían como límite hasta el pasado viernes para presentar correcciones a su primera lista de comparecientes. Unidas Podemos lo hizo fuera de plazo, según las mismas fuentes, pero aun así se han recuperado finalmente algunas de ellas.

Este martes se reúne la Mesa de la comisión de investigación, donde Unidas Podemos, PSOE y Más Madrid intentarán aprobar el orden del día de la primera sesión de este órgano, prevista para el próximo día 19. Su idea es que ya ese primer día comparezcan los cuatro presidentes que ha tenido Avalmadrid en el periodo que se investiga: Juan Manuel Santos Suárez, Pablo Abejas, José María Rotellar y Rosario Rey.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/11/12/pp_ciudadanos_impiden_que_diaz_ayuso_cinco_expresidentes_comunidad_comparezcan_comision_avalmadrid_100862_1012.html

LA ASAMBLEA DE MADRID POSPONE AL PRÓXIMO LUNES LA DECISIÓN SOBRE SI AYUSO DECLARA EN LA COMISIÓN DE AVALMADRID

La comparecencia de Ayuso por Avalmadrid queda en manos de Cs.

La primera sesión de la comisión tendrá lugar el 19 de noviembre.

La Mesa de la Asamblea ha pospuesto este lunes una semana la calificación de los comparecientes de la comisión de investigación de Avalmadrid solicitados por los seis grupos de la cámara después de detectar “deficiencias de forma” en muchas de ellas.

Entre los comparecientes reclamados por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos está la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y sus predecesores en el cargo Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y Pedro Rollán.

Varias fuentes parlamentarias confirmaron que los fallos de forma estaban precisamente en las solicitudes de estos partidos.

Según fuentes de Más Madrid, los fallos de forma son algo “normal cuando se presenta tantísimo material” mientras que desde Unidas Podemos aseguran desconocer a qué errores se refiere la Mesa y que habían “medido bastante” su solicitudes de comparecientes.

En una decisión tomada por unanimidad, la Mesa ha abierto un plazo hasta el viernes para que los grupos corrijan los errores de forma detectados en las solicitudes de varios de los partidos.

Si todo va según lo esperado, el próximo lunes la Mesa calificará los comparecientes, el martes se reunirá la mesa de la comisión para definir el plan de trabajo y el calendario y la primera sesión de la comisión con las primeras declaraciones será el 19 de noviembre.

La empresa de los padres de Ayuso, Mc Infortécnica, recibió un préstamo de Avalmadrid en 2011, poco antes de que la actual presidenta se convirtiera por primera vez en diputada regional. El crédito de 400.000 euros nunca fue devuelto.

El PSOE solicitó una comisión de investigación que contó con el apoyo inicial de Más Madrid y Unidas Podemos y que, finalmente, tampoco fue bloqueada por Ciudadanos, la formación que gobierna en coalición con el Partido Popular de Ayuso.

https://www.20minutos.es/noticia/4041866/0/asamblea-esperara-lunes-para-decidir-ayuso-declara-avalmadrid/

LA IZQUIERDA SE ENREDA CON LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AVALMADRID

La Mesa de la Asamblea da una semana de prorroga a los grupos tras los numerosos fallos en las peticiones de compareciente

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha dado una semana de plazo a los grupos políticos para que subsanen "las numerosas y evidentes deficiencias" en las peticiones de comparecencias en la comisión de Avalmadrid, según fuentes parlamentarias.

Los errores se han producido mayoritariamente en los partidos de izquierda. Así, Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón, las presentó usando el artículo equivocado, mientras Unidas Podemos erró en varios aspectos. Algunas iban sin la fecha en la que el compareciente ocupó un cargo vinculado a Avalmadrid, otras sin especificar el cargo y algunas sin justificar por qué le querían citar.

Mientras, el PSOE ha presentado un listado y las correspondientes comparecencias. En ambos listados figuraban los mismos nombres, pero en algunos faltaban las fechas o los cargos. En Ciudadanos, también hubo un fallo con una fecha en uno de los listados.

Tras recibir las peticiones con tantos errores, la Mesa de la Asamblea ha decidido dar de plazo hasta el viernes a las 12 para que se presenten nuevos listados. Cuando las valore la Mesa el próximo lunes, las enviará a la comisión de Avalmadrid, que es el órgano que decidirá el plan de trabajo.

https://www.elmundo.es/madrid/2019/11/04/5dc022bcfdddffd8158b45fa.html

AYUSO SOSTIENE A VECES CS ES OPOSICIÓN, COMO CUANDO VOTÓ A FAVOR DE LA COMISIÓN DE AVALMADRID, UN "INSTRUMENTO MARAVILLOSO" PARA LA IZQUIERDA

La dirigente regional ha asegurado que lo único que la "descompuesta" izquierda madrileña intenta es "destruir al adversario en lo personal"

Sobre Errejón, la presidenta de la Comunidad ha señalado que "está usando el escaño de la Asamblea" y que es el político "más sobrevalorado" del país

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que "a veces" tanto Ciudadanos, su socio de Gobierno, como Vox, partido que le dio sus votos para la investidura, hacen oposición y ha reiterado que ambas formaciones le han dado a la izquierda "un instrumento político maravilloso" con la comisión de Avalmadrid, que se extenderá "durante mucho más de un año".

En una entrevista en esRadio recogida por Europa Press, la dirigente regional ha asegurado que lo único que la "descompuesta" izquierda madrileña intenta es "destruir al adversario en lo personal".

"Ahora estamos a cuentas con la comisión de Avalmadrid que lo que intenta es hacer un circo para traer a todo el PP de antaño para ver de qué manera podemos destrozar la imagen de un partido que ha cosechado grandes mayorías en Madrid por sus buenos resultados y por sus buenas políticas", ha sostenido.

A su parecer, la izquierda intentará prolongar la comisión "lo más posible" para "machacar constantemente a un partido que es el que está dando más estabilidad en la Comunidad" y que si el Gobierno sigue en manos del presidente en funciones, Pedro Sánchez, "va a ser su enemigo político a batir número uno".

Errejón, en la Asamblea

Por otra parte, al ser preguntada por el papel que desempeña el candidato de Más País, Íñigo Errejón, en la Asamblea ha sostenido que, para ella, él es "el diputado black", que firma las preguntas de la sesión de control pero "ni se molesta en formularlas".

Ayuso ha hecho hincapié en que lo que está haciendo es "usar el escaño de la Asamblea" porque lo único que hace los jueves, día en el que se celebran los Plenos de la Cámara autonómica, es "un canutazo" a la entrada y luego se sienta a "hacer las listas" electorales de otras autonomías. Para la líder del Ejecutivo regional, Errejón es el político "más sobrevalorado" del país.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/11/04/ayuso_sostiene_veces_oposicion_como_cuando_voto_favor_comision_avalmadrid_instrumento_maravilloso_para_izquierda_100587_1012.html

EL GOBIERNO DE AYUSO NIEGA RESPUESTA A DIEZ PREGUNTAS DEL PSOE SOBRE AVALMADRID

El Ejecutivo regional se escuda en que los datos no están en su poder al no tratarse de "consecuencia de actuaciones realizadas por la Administración Pública de la Comunidad de Madrid" El pasado septiembre, los servicios jurídicos de la Asamblea estimaron que la Mesa no puede denegar preguntas a diputados sobre Avalmadrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha negado respuesta a diez preguntas del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid. Todas tienen en común que versaban sobre Avalmadrid, la entidad semipública constituida para apoyar a pymes y autónomos de la región y que ahora está en el punto de mira por el supuesto trato de favor a la empresa MC Infortécnica –a la que dio en 2011 un préstamo de 400.000 eusos– y a sus socios, entre los que estaban los padres de Isabel Díaz Ayuso (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid. Un préstamo que quedó sin pagar.

Todas las respuestas a la diputada Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, son prácticamente calcadas. Llevan fecha del pasado 21 de octubre, ocupan un párrafo y el Gobierno regional señala que "de acuerdo con el tenor literal del artículo 18.1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid [...] los diputados tendrán derecho a solicitar del Consejo de Gobierno los datos, informes o documentos que obren en poder de este como consecuencia de actuaciones administrativas realizadas por la Administración Pública de la Comunidad de Madrid". Y, en base a ello, "no procede dar respuesta a esta petición de información".

Se escuda, pues, en que el Ejecutivo no dispone de esos datos porque son ajenos a actuaciones de la Comunidad de Madrid.

Según ha informado infoLibre, Isabel Díaz Ayuso, aceptó la donación de dos inmuebles propiedad de sus padres con los que evitó el embargo de de los acreedores. Enajenar patrimonio para no pagar deudas es un delito de alzamiento de bienes y los tribunales califican como cooperador necesario a quien recibe el bien si conoce el propósito de la transmisión. La Asamblea ya ha dado luz verde a una comisión de investigación sobre esta entidad semipública y las fuerzas la izquierda pretenden que la presidenta regional sea una de las comparecientes.
Inspecciones del Banco de España

Entre la información demandada, y de la que el Ejecutivo regional no ha informado, está la "relación de los 167 avales otorgados entre 2008 y 2016 por la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) Avalmadrid, objeto de inspección del Banco de España entre el último trimestre de 2016 y principios de 2017". O "la relación de los avales otorgados entre 2008 y 2016 por la SGR Avalmadrid, objeto de inspección del Banco de España entre los últimos trimestres de 2016 y principios del 2017, clasificados en el informe de Forest Partners como 'Avalados con dificultades financieras y vinculaciones".

Otras de las demandas de los socialistas de la Asamblea de Madrid exigía los "expedientes de las operaciones de riesgo concedidas por Avalmadrid que han finalizado en procedimiento de subasta entre 2007 y 2019". O el "listado de expedientes en ejecución hipotecaria iniciados a instancias de Avalmadrid desde el 1 de enero de 2007 a 1 de enero de 2019".

Los antecedentes

No es esta la primera vez que el Ejecutivo regional niega información sobre Avalmadrid. El pasado agosto, este diario informaba de una respuesta parlamentaria por escrito a Sánchez Acera en la que el Gobierno madrileño se negaba a facilitar información sobre este ente escudándose en que "es una sociedad privada que no forma parte del ámbito de la Administración pública de la Comunidad de Madrid, ni incluida en el sector público autonómico".

La Comunidad de Madrid es la principal accionista de Avalmadrid, con el 31% de su capital, seguido por Bankia, que controla algo más del 30%.

"Avalmadrid tiene sus propios órganos de gobierno con autonomía propia para su toma de decisiones, como así queda señalado en la legislación aplicable y sus estatutos sociales. Por tanto, el Consejo de Gobierno no tiene facultades sobre el funcionamiento de la sociedad, ni ha podido adoptar medidas en relación con el informe de referencia", completaban su respuesta a la diputada socialista desde la madrileña Puerta del Sol, sede del Ejecutivo regional.

En este momento, la Mesa de la Asamblea de Madrid, controlada por la derecha, encargó un informe jurídico para conocer si estaba entre sus competencias la de tramitar iniciativas relacionadas con empresas como Avalmadrid.

La respuesta llegó el seis de septiembre concluyeron que la Mesa de la Cámara madrileña no podía denegar preguntas de los diputados sobre Avalmadrid, aunque ello no implicaba que hubiese que a obtener una respuesta concreta.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/31/el_gobierno_ayuso_niega_respuesta_ocho_preguntas_del_psoe_sobre_avalmadrid_100496_1012.html

EL PSOE SOLICITA 187 COMPARECENCIAS EN LA COMISIÓN SOBRE AVALMADRID, ENTRE ELLOS TODOS SUS DIRECTIVOS DESDE 2007

La lista incluye a todos los presidentes regionales, así como a los consejeros y viceconsejeros de Economía y Empleo de los últimos 12 años Los socialistas quieren que acudan a la Asamblea de Madrid 56 consejeros y administradores de las empresas supuestamente favorecidas por Avalmadrid También solicitan la presencia de dos de los administradores de MC Infortécnica SL, la sociedad participada por los padres de Isabel Díaz Ayuso El director de ‘La Razón’, Francisco Marhuenda, y el consejero del Grupo Villar Mir Javier López Madrid completan la nómina de comparecientes

El PSOE ha pedido la comparecencia de un total de 187 personas en la comisión que investigará las supuestas irregularidades y trato de favor de Avalmadrid a determinadas empresas, vinculadas con el PP y con miembros de su consejo de administración. Entre ellas se incluye MC Infortécnica SL, participada por los padres de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la que esta sociedad semipública otorgó un aval de 400.000 euros cuyo importe no fue devuelto.

Como ha quedado al descubierto por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre, un buen número de avales se otorgaron a personas relacionadas con el PP o con consejeros de la propia Avalmadrid, que después no actuaba con la debida diligencia si tenía que reclamar su reintegro.

De este total de comparecientes, casi un centenar son miembros de los diferentes consejos de administración de Avalmadrid, así como sus presidentes y principales cargos directivos desde 2007 hasta la actualidad. Otros 56 son consejeros o administradores de las empresas que consiguieron un aval de la sociedad de garantías madrileña pese a los informes en contra de los analistas de riesgos o que mantenían lazos con miembros del órgano de administración de Avalmadrid.

Al igual que Unidas Podemos y Más Madrid, el PSOE ha pedido la presencia en la comisión de los últimos seis presidentes de la Comunidad de Madrid, desde Esperanza Aguirre hasta la actual, Isabel Díaz Ayuso, así como de los seis consejeros de Economía en ese tiempo, incluido el actual, Manuel Giménez, de Ciudadanos. Los anteriores son Ferndando Merry del Val, Antonio Beteta, Percival Manglano, Enrique Matías Ossorio y Engracia Hidalgo.

Todos los consejos de administración desde 2007

También figuran en la exhaustiva lista confeccionada por el PSOE todos los presidentes y directores generales de Avalmadrid desde 2007, desde Pablo Abejas y Juan Manuel Santos-Suárez, hasta José María Rotellar, Rosario Rey García y el actual, Isaac Martín Barbero. Igualmente deberían ser llamados a explicar las anomalías de la sociedad de garantías, a juicio de los socialistas, los viceconsejeros de Economía y Empleo, así como los directores generales y secretarios técnicos de esos departamentos que se han sentado en el consejo de administración de Avalmadrid a lo largo de estos años. Entre ellos, Javier Ruiz Santiago, Eva Piera Rojo, Rocío Albert López-Ibor, Jesús Valverde Bocanegra y Cristina Ysasi-Ysasmendi Pemán, quien fue luego directora adjunta del Gabinete de Presidencia de Mariano Rajoy y ahora trabaja en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Además, el PSOE quiere que acudan a la Asamblea de Madrid quienes formaron parte de los consejos de administración de Avalmadrid. La Comunidad de Madrid es el principal accionista de la sociedad de garantías, con un 26,1% del capital, seguida de Bankia, con un 25,3%. La Cámara de Comercio de Madrid posee el 4,2%; el Banco Santander cuenta con un 3,1%; Caixabank, un 1,5%, Plus Ultra Seguros Generales, un 0,02%, y la patronal madrileña (CEIM), un 0,018%. Precisamente algunas de las empresas supuestamente favorecidas por Avalmadrid estaban vinculadas a consejeros de la Cámara de Comercio y la patronal madrileñas. Así, el PSOE pide la comparecencia de Alfonso Carcasona, Jesús Martín Sanz, Juan Pablo Lázaro, Salvador Santos Campano, José Miguel Guerrero Sedano –ahora presidente de Confemetal– y de Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo, expresidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje).

Otro bloque de comparecientes lo integran los cuadros directivos de Avalmadrid en los últimos 12 años, incluidos sus actuales gestores. Los responsables de los departamentos de riesgos, morosidad, recuperaciones, auditoría y control internos, finanzas e incluso relaciones institucionales han sido convocados por los socialistas.

Empresas favorecidas

En la nómina de empresarios citados cabe destacar a Gerardo Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual y su hijo Ignacio, al frente del ya desaparecido Grupo Marsans. También Arturo Fernández, propietario del Grupo Cantoblanco y expresidente de la patronal CEIM. Y los dueños y gestores de las empresas que fueron señaladas en los informes del Banco de España y de la consultora Forest Partners –contratada por la propia Avalmadrid para investigar las irregularidades–: Grupo Casbar, Bionostra, Grupo Nupcial Novíssima, Máscara Films –la productora del director Antonio Fernández del Real –, Vipventa, Volupte, Cubenube, Club Social Santo Domingo, Cavali, Ercam Accuore Inversiones y Viajes Dos.

De MC Infortécnica SL, la empresa de suministros médicos participada por los padres de Isabel Díaz Ayuso, el PSOE pide la asistencia de dos de sus administradores: Juan Carlos Herrero Casasola y José Luis Marcelino Santamaría.

Además, ha pedido que comparezca en la comisión Alfonso Ferrón del Río, administrador de Alfedel SL, una promotora imputada en el caso Púnica por una concesión irregular de colegios concertados.

Informes, cobradores de deudas y un director de periódico

Por último, los socialistas quieren que acudan a explicar su trabajo los autores del informe que Forest Partners envió a Avalmadrid y que sirvió a ésta para presentar una denuncia ante la Fiscalía. El ministerio público la archivó al considerar prescritos las irregularidades. Lo mismo solicita de los inspectores del Banco de España que abrieron expediente a la sociedad de garantías madrileña pos su deficiente gestión y control de los avales que concedía, así como del responsable del informe encargado a PriceWaterhouseCoopers para analizar si esas anomalías tenían consecuencias penales.

También solicita el PSOE la asistencia de los responsables de la empresa Racmo Gestión España, encargada ahora de los cobros de deudas para Avalmadrid, que también han emitido sus propios informes. Y de Darío B. Hernández Martínez, quien fue responsable del departamento de Recuperaciones de Avalmadrid además de miembro de su comité de morosidad en 2012, y actualmente figura como director general de Ramco. Igualmente ha sido convocada Cobralia, la empresa que estaba al cargo del cobro de deudas en la época en que MC Infortécnica SL no devolvió el aval.

El apartado final de comparecencias incluye la del director del periódico La Razón, Francisco Marhuenda, “por declaraciones sobre la situación de Avalmadrid atribuidas a él por la prensa”, según argumenta el PSOE en el documento registrado este martes en la Asamblea. Y de Javier López Madrid, consejero delegado del Grupo Villar Mir, “por su relación con el fondo Inicap”, propiedad de la Comunidad de Madrid, que invertía en empresas de alto riesgo luego avaladas por la sociedad semipública. López Madrid se ha visto salpicado también por los casos de corrupción Púnica, Lezo y las tarjetas black de Caja Madrid.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/29/el_psoe_pide_187_comparecencias_comision_sobre_avalmadrid_todos_los_presidentes_regionales_los_consejeros_directivos_empresa_los_ultimos_anos_100421_1012.html

CIUDADANOS, DEL "CAIGA QUIEN CAIGA" A NO SOLICITAR LA COMPARECENCIA DE AYUSO

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha registrado su lista de comparecientes para la Comisión de Investigación de Avalmadrid en la que no aparece ni la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ni expresidentes regionales y se centran en directivos del organismo. "Queremos conocer lo que ha pasado le pese a quien le pese, y caiga quien caiga. Vamos a llegar hasta el final de cada uno de los asuntos, para saber qué se ha hecho mal y qué se ha hecho bien", declaro en septiembre el vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio Aguado tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de los martes.

En concreto, la formación naranja propone que acudan todos los presidente del Consejo de Administración de Avalmadrid de 2007 a 2018, Juan Manuel Santos-Suárez; Pablo Abejas; José María Rotellar; Rosario Rey; el presidente de Avalmadrid desde 2019, Isaac Martín Barbero; así como los directores generales de Avalmadrid 2008 a 2019 Juan Luis Fernández-Rubíes Jorge Morán y Pedro Embid.

También solicitan que asista la directora de Recuperaciones de Avalmadrid desde 2019, Noemí Fernández; el director general de Economía desde 2019, Rodrigo Tilve; el vicepresidente del Consejo de Administración de Avalmadrid 2008-2011, José María Eusebio Alcázar, y los miembros del Consejo de Administración de Avalmadrid Miguel Garrido de la Cierva (en representación de la Cámara de Comercio) y Jesús Martín Sanz (en representación de la patronal madrileña CEIM).

Asimismo, Eva Piera Rojo, Sol Olabarri, Álvaro Arenzana, Pedro Olabarría, Aurelio García de Sola y Alfonso Carcasona, también miembros del Consejo de Administración, figuran en la lista de Ciudadanos. Igualmente son citados los auditores de Avalmadrid Julio Álvaro Esteban (KPMG), Francisco Rabadán Molero (KPMG), Fernando Renedo (KPMG), Jaume Palleros Cat (E&Y). Además, quieren que vaya a la comisión el copropietario del Grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, y el presidente del Grupo Arturo Cantoblanco y presidente de CEIM entre 2007 y 2014, Arturo Fernández, que fueron favorecidos supuestamente en la concesión de avales, así como los administradores concursales de esa empresa y del Grupo Cantoblanco. También los instructores de los expedientes de investigación del Banco de España sobre Avalmadrid José Manuel Pérez Pardo, Daniel Pérez y la representante de la patronal de las sociedades de garantía recíproca españolas (Cesgar), Marta Cea.

Pese a que el portavoz de Ciudadanos, César Zafra, aseguró que "nunca les temblaría la mano" en llamar a comparecer "a nadie", la dirigente madrileña se ha salvado de aparecer en su lista de comparecientes.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/30/ciudadanos_del_caiga_quien_caiga_no_solicitar_comparecencia_ayuso_100429_1012.html

UNIDAS PODEMOS PIDE QUE COMPAREZCAN AYUSO Y SUS CUATRO ANTECESORES EN LA COMISIÓN SOBRE AVALMADRID

El grupo de Isa Serra presenta un listado con 37 nombres, entre ellos cinco avalistas del crédito impagado de MC Infortécnica SL, propiedad en un 25% de los padres de Ayuso

La única avalista cuya comparecencia no solicitan es la madre de Ayuso al entender que de momento es suficiente con escuchar a la presidenta madrileña, ya que actuó de "intermediaria" ante Avalmadrid

Unidas Podemos registrará este lunes en la Asamblea de Madrid un listado con 37 nombres, que son las personas a quienes quiere interrogar en la comisión de investigación sobre Avalmadrid, que se constituyó la semana pasada. En el listado, al que ha tenido acceso infoLibre, figuran la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y sus cuatro antecesores en el cargo. Además, componen la lista cinco exconsejeros de Economía de la Comunidad, nueve exdirectivos de Avalmadrid y ocho empresarios que recibieron respaldo financiero de dicha entidad, entre ellos seis relacionados con MC Infortécnica SL, sociedad de la que eran accionistas los padres de Ayuso y que no devolvió un crédito de 400.000 euros. El listado se completa con seis miembros de entidades que realizaron informes sobre la actuación de Avalmadrid (Banco de España, PwC y Forest), dos representantes de las empresas que gestionaron préstamos incobrados para Avalmadrid, el presidente de Bankia y el presidente del comité de empresa de Avalmadrid.

La comisión creada en la Asamblea tiene como objetivo investigar "el presunto trato de favor y las irregularidades” cometidas por Avalmadrid —cuyo principal accionista es la Comunidad— en la concesión de garantías a empresas y en las actividades de recuperación del dinero cuando se producían impagos. Como ha quedado al descubierto por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre, un buen número de avales se otorgaron a personas vinculadas con el PP o con consejeros de la propia Avalmadrid, que después no actuaba con la debida diligencia si tenía que reclamar su reintegro. [Puedes consultar aquí el dosier con todas las informaciones publicadas por este periódico sobre los casos Ayuso y Avalmadrid].

El caso que ha tenido mayor relevancia pública es el del préstamo de 400.000 euros concedido a MC Infortécnica SL, sociedad propiedad en un 25% de los padres de Ayuso. La propia presidenta madrileña admitió, después de que este periódico desvelase el escándalo, que se había interesado por saber "con qué persona había que hablar" para que Avalmadrid avalase a la empresa de su familia, "si se daban las condiciones". Esas gestiones se produjeron antes de que, en febrero de 2011, el Comité Directivo de Avalmadrid aprobase la operación. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro del préstamo, que estaba avalado por los ocho accionistas de la empresa. Pese a que en dos reuniones del Comité de Morosidad de Avalmadrid celebradas en 2012 se decidió actuar contra los bienes de los avalistas, ese acuerdo jamás fue ejecutado. No sólo eso, sino que la entidad controlada por la Comunidad de Madrid permitió que los dueños de MC Infortécnica SL se deshicieran de todos sus bienes, en operaciones típicas de un alzamiento de bienes. La presidenta madrileña fue una de las beneficiadas, al apropiarse de un piso en el centro de Madrid, que le donaron sus padres para evitar que terminase respondiendo de la deuda de Avalmadrid.

Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie, el grupo que lidera Isa Serra en la Asamblea, solicita la comparecencia de cinco avalistas del préstamo a MC Infortécnica SL: José Luis Santos Marcelino Santamaría, Victoria Suñer Cordero, Juan Carlos Herrero Casasola, Victoria Fernández Moyano y María del Carmen Angulo López-Cancio. Hay otros dos avalistas que fallecieron —uno de ellos el padre de Ayuso—, así que la única avalista cuya comparecencia no se solicita es Isabel Ayuso Puente, la madre de la presidenta madrileña. "Si hay que llamarla en el futuro lo haremos, pero consideramos que ahora es suficiente con la comparecencia de Ayuso, en tanto que ella es la que ha intermediado", explicaron a este periódico fuentes próximas a Serra.

En el listado de UP figuran otros dos empresarios que en su día presidieron la patronal madrileña, Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández, cuyas empresas recibieron el respaldo financiero de Avalmadrid y luego no devolvieron el dinero.

Los presidentes madrileños

Unidas Podemos quiere que comparezcan en la comisión de investigación cuatro expresidentes madrileños: Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes y Ángel Garrido. Los tres primeros están imputados en diferentes escándalos de corrupción, mientras que el último abandonó el PP y ahora es consejero en el Gobierno regional pero como miembro de Ciudadanos.

El grupo de Serra también quiere escuchar a los cinco consejeros de Economía que tuvo la Comunidad en la última década. El motivo es que dicho departamento nombra al presidente de Avalmadrid y es el principal accionista de la entidad.

El segundo accionista es Bankia (antes Caja Madrid), motivo por el que Unidas Podemos reclama la comparecencia del presidente de la entidad financiera, José Ignacio Goirigolzarri.

En el listado de UP figuran nueve ex altos cargos de Avalmadrid, entre los que destacan tres nombres: Juan Manuel Santos-Suárez, presidente de Avalmadrid cuando se concedió el préstamo a MC Infortécnica y se realizaron otras operaciones presuntamente irregulares, y que en la actualidad es consejero de la CNMV; Juan Luis Fernández-Rubíes, que fue consejero delegado de la entidad y persona de confianza de Santos-Suárez, y Rosario Rey García, presidenta de Avalmadrid cuando saltó el escándalo y que dejó el cargo al tomar posesión el Gobierno de Ayuso.

Los 37 nombres

Las 37 personas cuya comparecencia solicita Unidas Podemos se enumeran a continuación. También se indica la razón que alega dicho grupo para pedir que declaren ante la comisión:

1. Isabel Díaz Ayuso. Presidenta de la Comunidad de Madrid. "Entró en contacto, en su condición de diputada de la Asamblea de Madrid y dirigente del PP, con responsables de Avalmadrid para tratar sobre un aval concedido por dicha entidad a una empresa vinculada a familiares suyos, MC Infortécnica", se indica en la solicitud.

2. Esperanza Aguirre Gil de Biedma. Presidenta de la Comunidad de Madrid en el periodo 2007-2012, máxima responsable de la actuación del gobierno de la Comunidad de Madrid en Avalmadrid y presidenta del PP de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2016.

3. Ignacio González González. Presidente de la Comunidad de Madrid entre septiembre de 2012 y junio de 2015. Máximo responsable de la actuación del gobierno de la Comunidad de Madrid en Avalmadrid en ese periodo.

4. Cristina Cifuentes Cuencas, presidenta de la Comunidad de Madrid entre junio de 2015 y abril de 2018. Máxima responsable de la actuación del gobierno de la Comunidad de Madrid en Avalmadrid en ese periodo.

5. Ángel Garrido García, presidente de la Comunidad de Madrid desde mayo de 2018 hasta el final del periodo analizado. Máximo responsable de la actuación del gobierno de la Comunidad de Madrid en Avalmadrid en ese periodo.

6. Fernando Merry del Val. Consejero de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid de junio de 2007 a junio de 2008, teniendo a Avalmadrid bajo competencia de su departamento.

7. Antonio Beteta Barreda. Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid entre junio de 2008 y junio de 2011, teniendo a Avalmadrid bajo competencia de su departamento.

8. Percival Peter Manglano Albacar. Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid entre junio de 2011 y septiembre de 2012, teniendo a Avalmadrid bajo competencia de su departamento.

9. Enrique Ossorio Crespo. Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid entre septiembre de 2012 y junio de 2015, teniendo a Avalmadrid bajo competencia de su departamento.

10. Engracia Hidalgo Tena. Consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid desde junio de 2015 y hasta el final del periodo analizado.

11. Rosario Rey García. Directora general de Economía y presidenta de Avalmadrid durante la X legislatura.

12. Pedro Embid Herranz. Director general de Avalmadrid desde marzo de 2018.

13. José Ignacio Goirigolzarri. Consejero Delegado de Bankia, entidad que participa en el accionariado de Avalmadrid.

14. Representante legal de Cobralia. Entidad a la que Avalmadrid traspasó la gestión del cobro de determinados impagados, entre los que se encontraba la operación con la entidad MC Infortécnica SL.

15. Juan Manuel Santos-Suárez. Presidente de Avalmadrid cuando se realizó la operación con MC Infortécnica SL e integrante del Comité de Morosidad de Avalmadrid.

16. Juan Luis Fernández-Rubíes. Consejero delegado de Avalmadrid cuando se realizó la operación con MC Infortécnica SL e integrante del Comité de Morosidad.

17. Alejandro Gómez Vivas. Director de operaciones de Avalmadrid e integrante de su Comité de Morosidad.

18. Darío Hernández Martínez. Responsable de Recuperaciones de Avalmadrid y miembro de su comité de Morosidad.

19. Jaime Echeverría Rey. Responsable de Recuperaciones de Avalmadrid y miembro de su Comité de Morosidad.

20. Isabel Parga Raventós. Directora del Departamento de Seguimiento del Riesgo y Recuperaciones de Avalmadrid y miembro de su Comité de Morosidad.

21. Borja Cubillo Santamaría. Miembro del Comité Directivo de Avalmadrid en el momento de la concesión del crédito a MC Infortécnica SL.

22. Gerardo Díaz Ferrán. Copropietario del grupo Marsans. Avalmadrid le concedió 3,3 millones en avales a sus empresas Rural Tours Viajes SA y Trap SA en contra del criterio de varios de sus técnicos, resultando incobrados con posterioridad.

23. Arturo Fernández. Propietario del Grupo Arturo Cantoblanco, presidente de CEIM —la patronal madrileña— entre 2007 y 2014, entidad que es uno de los socios protectores de Avalmadrid. En 2014 se le concedió a su grupo Central de Compras Cantoblanco SL un aval sin exigir las necesarias garantías, incurriendo con posterioridad en morosidad.

24. Ramón Quintana Blanco. Director general de Supervisión del Banco de España en el periodo 2015-2018.

25. Mercedes Olano Librán. Directora general de Supervisión del Banco de España desde el año 2018.

26. Alfonso Cabeza Navarro-Rubio. Presidente de Racmo, entidad que en la actualidad se encarga de los incobrados de Avalmadrid, por su conocimiento detallado de la situación de la morosidad de Avalmadrid al final del periodo.

27. Representante de Forest Partners responsable del informe de auditoria solicitado por la entidad Avalmadrid.

28. Representante de Price Waterhouse Coopers responsable del análisis jurídico solicitado por la entidad Avalmadrid.

29. Representante legal de la entidad MC Infortécnica SL, sociedad a la que le fueron concedidos avales por Avalmadrid que han incurrido en morosidad y que tenía entre su accionariado a familiares de Isabel Díaz Ayuso.

30. José Luis Santos Marcelino Santamaría. Avalista del préstamo concedido a MC Infortécnica SL.

31. Victoria Suñer Cordero. Avalista del préstamo concedido a MC Infortécnica SL.

32. Juan Carlos Herrero Casasola. Avalista del préstamo concedido a MC Infortécnica SL.

33. Victoria Fernández Moyano. Avalista del préstamo concedido a MC Infortécnica SL.

34. María del Carmen Angulo López-Cancio. Avalista del préstamo concedido a MC Infortécnica SL.

35. Vicente Estrada Esteban. Autor del informe de auditoria solicitado por Avalmadrid a Forest Partners.

36. Carlos Castro López. Autor del informe de auditoria solicitado por Avalmadrid a Forest Partners.

37. Presidente del Comité de Empresa de Avalmadrid.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/28/lista_comparecientes_solicitada_unidas_podemos_comision_avalmadrid_100337_1012.html

AYUSO A MONASTERIO: "TE PONES ESTUPENDA PERO ME HAS DEJADO TIRADA EN UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN"

La presidenta critica que Vox permita que la izquierda tenga mayoría en la Comisión que investiga las posibles irregularidades en Avalmadrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha espetado a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, que desde su formación se ponen "estupendos" hablando los valores pero "a la primera de cambio" la han dejado "tirada" en la comisión que investiga las posibles irregularidades en Avalmadrid.

Así lo ha lanzado en su intervención en la sesión de control de la Asamblea de Madrid, después de que esta misma semana la posición de este partido y de Ciudadanos haya permitido que los grupos de la izquierda tenga mayoría en la Mesa de la Comisión, órgano que tiene la última palabra para decidir los comparecientes que acudirán.

"Ustedes se ponen estupendos, desde Vox, hablando de los principios, de los valores, de cómo hay que acabar con los totalitarios y con la supremacía progresista y a la primera de cambio, esta misma semana, ustedes me han dejado tirada en una comisión de investigación que esta gente va a poner", ha lanzado, señalando a la bancada de la izquierda.

Así, ha remarcado que la "la supremacía de la izquierda" se combate "absolutamente todos los días". "O se combate todos los días, o no", ha lanzado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que a otros les importa lo que ocurrió hace 44 años, refiriéndose al dictador Francisco Franco y a su exhumación que tiene lugar hoy, mientras que a ella le importa lo que está ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir los próximos cuatro por la "inacción" de Vox.

Precisamente esta comisión de investigación de Avalmadrid está provocando las primeras tensiones entre PP y Ciudadanos, que gobiernan juntos en la Comunidad. El vicrepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha señalado que "no ayuda mucho a la imagen del gobierno que haya un socio criticando a otro", en alusión a los reproches de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a Ciudadanos por falta de lealtad.

"No sé muy bien a qué se refieren, la verdad. Yo estoy centrado en gobernar, tenemos muchos asuntos por delante. Ayer presentamos una iniciativa contra la violencia machista, en 60 días hemos puesto en marcha tres medidas que tienen que ver con la regeneración política, así que, pues no sé muy bien a qué se refiere la presidenta", ha manifestado Aguado en declaraciones a los medios en la inauguración del centro de formación Immune Technology Institute.

Aguado ha agregado que "lo que sí que es verdad es que no ayuda mucho a la imagen del Gobierno que haya un socio criticando a otro", al tiempo que ha destacado que hay voluntad por ambas partes de constituir un único gobierno -"que es lo que somos", ha aseverado- y trabajar, - "sin despistarnos lo más mínimo", ha incidido- en los problemas de los madrileños.

Aguado también ha respondido a preguntas de los medios sobre las declaraciones de la líder de
Vox, Rocío Monasterio, apuntando a que la intención del vicepresidente es convertirse en presidente tras una hipotética imputación de Ayuso por Avalmadrid.

"Yo soy el vicepresidente y lo hago lo mejor que sé, lo mejor que puedo. Podré equivocarme en algunas decisiones, en otras espero acertar, pero más allá de mi cargo formo parte de un gobierno que tiene 155 puntos por delante para cumplir esta legislatura y es lo que vamos a hacer, yo espero que Vox no los bloquee", ha manifestado.

https://www.elespanol.com/espana/politica/20191024/ayuso-monasterio-estupenda-dejado-tirada-comision-investigacion/439206863_0.html

EL PP, MUY ENFADADO: LA TRAICIÓN DE CIUDADANOS Y VOX A AYUSO

Han decidido abstenerse en las votaciones para designar a los miembros de la Mesa de la comisión de investigación sobre Avalmadrid, con lo que la izquierda se ha hecho con la mayoría en el órgano

Este martes 22 de octubre la Asamblea de Madrid ha constituido la comisión de investigación sobre Avalmadrid que estudiará los avales otorgados por esta entidad entre los años 2007 y 2018. Entre los créditos que se someterán a examen, el concedido en 2011 por 400.000 euros a una empresa en la que participaba el padre de la actual presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un importe que nunca se llegó a devolver.

Sorprendentemente, los socios del Partido Popular en la capital, Ciudadanos y Vox, han decidido abstenerse en las votaciones para designar a los miembros de la Mesa. Una composición que finalmente ha quedado de la siguiente manera: Modesto Nolla (PSOE) como presidenta, Alicia Sánchez-Camacho como vicepresidenta (PP) y Mónica García (Más Madrid) como secretaria. Es decir, que las fuerzas de izquierda se han hecho con la mayoria en el órgano rector.

Hay que recordar que es la Mesa de la comisión la que, tras valorar todas las propuestas de comparecientes de los partidos -tienen hasta el 29 de octubre para elaborar dicha lista-, tiene la última palabra para definir un esquema de citaciones. Un hecho que podría provocar que Ayuso tuviera que comparecer para dar explicaciones sobre el tema.
Enfado "mayúsculo" en el PP

Según han declarado fuentes del Gobierno a ElPlural.com, la decisión de Ciudadanos y Vox ha provocado un "enfado mayúsculo" en las filas del Partido Popular, puesto que no estaban avisados. En el caso de la formación naranja, afirman que les ha pillado "por sorpresa", mientras que en el caso de la extrema derecha apuntan que sienten una "profunda decepción".

Asimismo, reconocen que en el caso de que Ayuso finalmente tenga que ir a declarar, sería una sorpresa enorme que no lo hiciera, esto supondría poner a la presidenta de la región en "serios aprietos" y no saben cómo podría acabar todo.

En esta misma línea se ha mostrado el portavoz de los populares en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, a la salida de la Asamblea de Madrid. En unas declaraciones ante los medios de comunicación, este ha acusado a Ciudadanos y Vox de ponerse "de canto" y permitir que la comisión de investigación esté controlada "por la izquierda radical".
Unas duras palabras que han encontrado respuesta en el líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo. "No sé a quién ve radical, si a Modesto Nolla, a Alicia Sánchez-Camacho o a Mónica Garcia... si eso es izquierda radcial, también podríamos decir que la Asamblea está en manos de la derecha radical. No hagamos estas descalificaciones", ha pedido el dirigente socialista.

https://www.elplural.com/politica/el-pp-muy-enfadado-la-traicion-de-ciudadanos-y-vox-a-ayuso_226383102

EL PSOE PRESIDE LA COMISIÓN QUE INVESTIGARÁ AVALMADRID GRACIAS A LA ABSTENCIÓN DE CIUDADANOS Y VOX

Unidas Podemos pedirá la comparecencia de los dueños de MC Infortécnica SL, la empresa de la que fueron socios los padres de Díaz Ayuso “Que su socio de gobierno no le haya apoyado revela la debilidad del PP”, asegura la diputada socialista Sánchez Acera

El socialista Modesto Nolla presidirá la comisión que investigará el presunto trato de favor y las irregularidades cometidas en Avalmadrid gracias a la abstención de Ciudadanos y Vox, así como al apoyo de Unidas Podemos y Más Madrid. La vicepresidenta será Alicia Sánchez Camacho, del PP, quien se había presentado candidata a presidir la comisión pero no consiguió el respaldo de su socio de gobierno y de los ultraderechistas. Como secretaria fue elegida Mónica García, de Más Madrid, a la que votaron PSOE y Unidas Podemos.

A la secretaría también había optado Alfonso Serrano, del PP. Aunque en este caso Ciudadanos sí le votó, Vox volvió a abstenerse, por lo que salió adelante la candidata de Más Madrid. La comisión está integrada por 18 miembros, tres por cada grupo, pero su voto es ponderado, se mide por el número de parlamentarios que cada partido tiene en la Asamblea. Para que hubieran salido adelante los candidatos del Partido Popular habrían necesitado el apoyo conjunto de Ciudadanos y Vox.

Ahora los grupos deberán presentar antes del próximo martes, día 29, la lista de quienes solicitarán la comparecencia. Según fuentes de la comisión, se podrá aprobar en la reunión que la mesa de la comisión celebrará la primera semana de noviembre. El PSOE, además, pretende solicitar una sesión extraordinaria para aprobar el plan de trabajo antes de que termine noviembre.

Unidas Podemos quiere que la lista de comparecientes incluya a todos los presidentes de la Comunidad de Madrid desde 2007, también a Ángel Garrido y la propia Isabel Díaz Ayuso, así como a todos los presidentes de Avalmadrid en ese periodo. Además, tienen intención de pedir la comparecencia de algunos de los empresarios beneficiados por un supuesto trato de favor, entre ellos Arturo Fernández, presidente del Grupo Cantoblanco y de la patronal madrileña entonces, y Gerardo Díaz Ferrán, dueño de Viajes Marsans y expresidente de la CEOE. Además, el grupo estudia si añadir a la lista de intervinientes al comité de empresa y a empleados de Avalmadrid, así como a ciudadanos “anónimos” a los que no se dispensó el mismo trato que a los empresarios supuestamente favorecidos, explica a infoLibre la diputada de Unidas Podemos Isabel Serra. Finalmente, su intención es llamar a la comisión a los responsables de MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de Isabel Díaz Ayuso y otros tres matrimonios. La firma, de suministros médicos, recibió un aval de 400.000 euros en diciembre de 2011 que jamás devolvió. Y cuyo recobro Avalmadrid no llegó a ejecutar por completo durante siete años. Pese a que dejó de pagar las nóminas apenas tres meses después de recibir el aval y despidió a la plantilla poco más tarde, la empresa no entró en concurso de acreedores ni ha sido liquidada.

“Sin pillarse las manos”

“Que, como socios de gobierno, Ciudadanos no haya apoyado a Díaz Camacho [a presidir la comisión de investigación] revela la debilidad del PP”, asegura por su parte la diputada socialista Pilar Sánchez Acera. Ciudadanos, añade, le da “una de cal y otra de arena” al Partido Popular. Isabel Serra atribuye la abstención del partido naranja para la presidencia y su apoyo para la secretaría a un intento de “quedar como responsables ante el Gobierno” del que forman parte, sin “pillarse las manos al mismo tiempo”.

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ha declarado en una entrevista en RNE que su partido quiere llegar “hasta el final” en la investigación sobre las irregularidades de Avalmadrid, pero también ha precisado que impedirán que los grupos políticos intenten “sacar tajada y atacar personalmente” a la presidenta de la Comunidad. “Si utilizan ese argumento cuando pidamos la comparecencia de los dueños de MC Infortécnica, para bloquearla e impedir que se investigue, se demostrará que está pasando algo que quieren ocultar”, responde Isabel Serra, quien acusa a Díaz Ayuso de haber recurrido a un discurso “victimista” desde que se conoció el trato recibido por la empresa de sus padres.

"En manos de la izquierda"

El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha criticado que Ciudadanos y Vox "dejen ahora en manos de la izquierda" la Comisión de Investigación sobre Avalmadrid "que lo que persigue es hacer daño al Gobierno del centro-derecha en Madrid".

"No es muy comprensible", ha remarcado el consejero regional en declaraciones difundidas a los medios de comunicación, a las que ha tenido acceso Europa Press. Lasquetty considera que dicha comisión es más "un intento de cacería y ataque personal" a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por parte "de los grupos de la izquierda y la extrema izquierda", que de la voluntad de "conocer la gestión la sociedad madrileña de garantía recíproca", auditada por un organismo público como es el Banco de España.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/22/el_psoe_preside_comision_que_investigara_avalmadrid_gracias_abstencion_ciudadanos_vox_100145_1012.html

AGUADO PONE LÍMITES A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AVALMADRID: CS NO PERMITIRÁ QUE SE ATAQUE "PERSONALMENTE" A AYUSO

El vicepresidente dice que hay que dilucidar "cómo es posible que el Banco de España haya identificado 167 operaciones que cataloga como inadecuadas" Esta martes arranca la comisión que investigará las irregularidades de Avalmadrid y el trato de favor a la empresa del 'caso Ayuso'
El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha reiterado que en Ciudadanos está a favor de una "investigación rigurosa" de Avalmadrid, en la comisión que se pone en marcha este martes, pero ha insistido en que los grupos políticos que la quieran usar para "sacar tajada y atacar personalmente", a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, les tendrán "en contra".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, ha reiterado que no quiere que dicha comisión sea "una causa personal contra nadie" aunque abogan por "llegar hasta el final del asunto". Les preocupa lo que ha pasado en una entidad que recibe "muchos millones" de la Administración.

"Por supuesto queremos saber qué ha pasado en Avalmadrid desde el punto de vista de la gestión del día a día, cómo es posible que el Banco de España haya identificado 167 operaciones que cataloga como inadecuadas, cómo es posible una serie de irregularidades que se han producido dentro de la institución...", ha señalado el dirigente autonómico.
En este sentido, ha hecho hincapié en que si el resto de grupos parlamentarios apuesta por una investigación rigurosa, por exigir responsabilidades y no por hacer causas personales, desde Ciudadanos estarán ahí.

Pero ha remarcado que si buscan "sacar tajada y atacar personalmente a alguien", en concreto, a la presidenta, estarán en contra porque "no es el objeto de la comisión ni tampoco del Gobierno". Aguado apuesta por "investigar lo sucedido para que, precisamente, no vuelva a suceder".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/22/aguado_pone_limites_comision_investigacion_avalmadrid_no_permitira_que_ataque_personalmente_ayuso_100130_1012.html

LA COMISIÓN DE AVALMADRID AGRAVA LA DESCONFIANZA DE PP, CS Y VOX

Los dos socios de la formación conservadora le dejan sola en la constitución del organismo
La constitución de la comisión de investigación de Avalmadrid sirvió ayer para aumentar la desconfianza que cada día separa un poco más a PP, Cs y Vox, los partidos que propiciaron la investidura de Isabel Díaz Ayuso. El organismo que fiscalizará los avales concedidos por el ente semipúblico entre 2007 y 2018 —lo que incluye una operación de 2011 que benefició a una empresa participada por el padre de la hoy presidenta—, será controlado por los partidos de izquierdas. ¿La razón? Cs y Vox no apoyaron a los candidatos del PP a presidente y vicepresidente.
Ni Cs ni Vox presentaron candidatos a los puestos de presidente (que ocupará el PSOE), vicepresidente (PP) o secretaría (Más Madrid) de la comisión de investigación de Avalmadrid. Eso, sin embargo, no se tradujo en que apoyaran a los aspirantes de su socio. Al contrario: Cs y Vox se abstuvieron en la votación que hizo que el socialista Modesto Nolla presidiera el organismo y que la popular Alicia Sánchez Camacho fuera la vicepresidenta —se vota en bloque—; y Vox se abstuvo ante el candidato popular a la secretaría, que sí apoyó Cs —el puesto lo logró Mónica García, de Más Madrid —. Eso propició que la izquierda domine por dos votos a uno el organismo.
"Se han lavado las manos y han dejado la Mesa en manos de la izquierda radical", resumió Alfonso Serrano, el portavoz de la formación conservadora.
Cs, por su parte, argumentó que no presentó candidatos "para evitar cualquier duda" sobre su voluntad fiscalizadora, dado que Avalmadrid está adscrita a la Consejería de Economía, departamento que encabeza en el gobierno de coalición de Madrid. Y explicó que no apoyó al candidato del PP a la presidencia porque la cortesía parlamentaria indica que las comisiones las dirige el partido que las impulsa (en este caso, el PSOE).
El posicionamiento de los dos únicos socios posibles del gobierno en un asunto de máximo calado causó conmoción en las filas de la formación conservadora.
"Nosotros incluso ofrecimos apoyar a candidatos de Cs, porque preferíamos una comisión con un órgano de gobierno que garantizara su rigurosidad y seriedad, que uno pensado para ejecutar la caería que quieren contra Isabel Díaz Ayuso", argumentó una fuente del PP. "Quizás no quieran votar con nosotros porque están en campaña", añadió este interlocutor, en referencia a la supuesta necesidad que tendría el partido de Ignacio Aguado de separarse del de Díaz Ayuso ante su caída en las encuestas para las elecciones generales. "Ahora veremos cuál es su actitud a la hora de calificar las comparecencias".
Los partidos tienen hasta el 29 de octubre para registrar los nombres de las personas a las que quieren preguntar por las polémicas decisiones de Avalmadrid, que será sancionada próximamente por el Banco de España por conceder avales que nunca debieron ser aprobados. La posibilidad de que Díaz Ayuso sea llamada a comparecer centra toda la atención. El PSOE, Más Madrid y Podemos quieren que acuda a la comisión. Cs, según fuentes de su dirección, se inclina a permitir esa declaración con sus votos, pero la decisión no está tomada.
"Vamos a llegar hasta el final", aseguró ayer Aguado en RNE. "Queremos saber qué ha pasado en Avalmadrid", siguió. "Nos preocupa, en tanto en cuanto recibe muchos millones de la Comunidad. Queremos investigar hasta el final", continuó. "Si hay algún partido que lo que pretende es atacar a alguien, en concreto a la presidenta, nos tendrá en contra".
PRIMERAS INICIATIVAS DEL GOBIERNO
El Gobierno de coalición que han formado PP y Cs en la Comunidad de Madrid ha empezado a tramitar sus primeras propuestas legislativas. Así, el Ejecutivo quiere llevar a la Asamblea una reforma del estatuto para acabar con los aforamientos de los diputados; y reformas legales para crear un organismo que defienda a los denunciantes de corrupción dentro de la Administración; o que elimine la potestad de la Cámara para proponer una de cada tres plazas de juez de las Salas de lo Civil y Penal del Tribunal Superior.

https://elpais.com/ccaa/2019/10/22/madrid/1571753631_496629.html

EL PP NO PODRÁ BLOQUEAR COMPARECIENTES EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AVALMADRID

Cs y Vox han permitido que en la Mesa de la Comisión de Investigación de Avalmadrid haya mayoría de izquierdas. Esa maniobra limita las opciones del Partido Popular de frenar comparecencias, como por ejemplo, la de Isabel Díaz Ayuso
En el Partido Popular no esperaban, ni por asomo, la maniobra de su socio de gobierno. No imaginaban que Ciudadanos permitiría que la izquierda consiguiese mayoría en la Mesa de la Comisión de Investigación de Avalmadrid, con la importancia que eso supone. El enfado en el PP es más que evidente, aunque no hablan de traición, solo de "sorpresa".
"La Mesa de la comisión queda en manos de la izquierda radical de la Asamblea, porque ni Vox ni Cs han querido tener presencia en esa mesa y se han puesto de canto en vez de evitar que sea una máquina de picar carne y están cerca de la difamación y el ataque a la honorabilidad Ayuso", denuncia el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano.
El PP acusa directamente a Ciudadano y Vox de lavarse las manos en un tema muy sensible. Lo cierto es que estos dos grupos – socios de investidura de la Presidenta Isabel Díaz Ayuso – se han abstenido a la hora de votar a la candidata del PP, Alicia Sánchez Camacho para presidir esa mesa. Por eso, al final la presidencia de la Comisión de Investigación de Avalmadrid ha quedado en manos del socialista, Modesto Nolla, una Mesa en la que también estará la popular Sánchez Camacho – como vicepresidenta- y Mónica García de Más Madrid – como secretaria-.
El reparto de esta Mesa de la Comisión de Investigación de Avalmadrid es clave porque la derecha, al estar en minoría, no podrá bloquear comparecientes, por ejemplo, la previsible citación de Isabel Díaz Ayuso – solicitada ya por Unidas Podemos-, ni podrá frenar tampoco la petición de información que se solicite por parte de esta comisión.
Por ahora, solo Unidas Podemos ha confirmado parte de su lista de comparecientes. Citarán, entre otros, a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a los empresarios que recibieron préstamos irregulares de Avalmadrid, como Gerardo Díaz Ferrán o Arturo Fernández, también a los Presidentes autonómicos desde 2007, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes y Ángel Garrido.
Todos estos nombres tendrán que ser registrados antes del próximo 29 de octubre. Será después cuando la Mesa de la Asamblea de Madrid, donde la derecha sí tiene mayoría, deba calificar – es decir autorizar- esas propuestas. Es aquí donde algunos partidos, como Más Madrid, temen que PP y Cs hayan cerrado un pacto para bloquear algunos nombres.
Desde Ciudadanos alegan que sin no han presentado ningún candidato a la Mesa de la Comisión ha sido “para evitar cualquier duda sobre nuestra voluntad fiscalizadora, dado que Avalmadrid está adscrita a la Consejería de Economía – que depende de Cs-“, aseguran desde este partido.
El portavoz del PSOE ha contestado a Alfonso Serrano después de escuchar que la Comisión de Investigación estará controlada por la izquierda radical, Ángel Gabilondo cree que "está exagerando" y pide un poco de “serenidad” para que se trabaje que con rigor y seriedad. “No sé a quién ve radical... si a Modesto Nolla, a Alicia Sánchez Camacho o a Mónica García... si eso es izquierda radical... También podríamos decir que la Asamblea está en manos de la derecha radical. No hagamos estas descalificaciones”.

https://cadenaser.com/emisora/2019/10/22/radio_madrid/1571761916_573519.html

AGUADO PONE LÍMITES A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AVALMADRID: CS NO PERMITIRÁ QUE SE ATAQUE "PERSONALMENTE" A AYUSO

El vicepresidente dice que hay que dilucidar "cómo es posible que el Banco de España haya identificado 167 operaciones que cataloga como inadecuadas"
Esta martes arranca la comisión que investigará las irregularidades de Avalmadrid y el trato de favor a la empresa del 'caso Ayuso'
El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha reiterado que en Ciudadanos está a favor de una "investigación rigurosa" de Avalmadrid, en la comisión que se pone en marcha este martes, pero ha insistido en que los grupos políticos que la quieran usar para "sacar tajada y atacar personalmente", a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, les tendrán "en contra".
En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, ha reiterado que no quiere que dicha comisión sea "una causa personal contra nadie" aunque abogan por "llegar hasta el final del asunto". Les preocupa lo que ha pasado en una entidad que recibe "muchos millones" de la Administración.
"Por supuesto queremos saber qué ha pasado en Avalmadrid desde el punto de vista de la gestión del día a día, cómo es posible que el Banco de España haya identificado 167 operaciones que cataloga como inadecuadas, cómo es posible una serie de irregularidades que se han producido dentro de la institución...", ha señalado el dirigente autonómico.
En este sentido, ha hecho hincapié en que si el resto de grupos parlamentarios apuesta por una investigación rigurosa, por exigir responsabilidades y no por hacer causas personales, desde Ciudadanos estarán ahí.
Pero ha remarcado que si buscan "sacar tajada y atacar personalmente a alguien", en concreto, a la presidenta, estarán en contra porque "no es el objeto de la comisión ni tampoco del Gobierno". Aguado apuesta por "investigar lo sucedido para que, precisamente, no vuelva a suceder".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/22/aguado_pone_limites_comision_investigacion_avalmadrid_no_permitira_que_ataque_personalmente_ayuso_100130_1012.html

ARRANCA LA COMISIÓN QUE INVESTIGARÁ LAS IRREGULARIDADES DE AVALMADRID Y EL TRATO DE FAVOR A LA EMPRESA DEL 'CASO AYUSO'

Los socialistas quieren presidir la comisión y Más Madrid pedirá las actas de todos los consejos de administración y comités de dirección de Avalmadrid entre 2007 y 2018
La sociedad semipública no actuó durante siete años para recuperar los 400.000 euros del aval que concedió a la empresa de los padres de Díaz Ayuso
El Banco de España pide sanciones por importe de 667.000 euros para Avalmadrid y 16 de sus consejeros y directivos por graves deficiencias de control
Este martes arranca en la Asamblea de Madrid la comisión que investigará el “presunto trato de favor y las irregularidades” cometidas por la sociedad semipública Avalmadrid en la concesión de garantías a empresas y su posterior recuperación cuando no eran devueltas. Como ha quedado al descubierto por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre, un buen número de avales se otorgaron a personas vinculadas con el PP o con consejeros de la propiedad Avalmadrid, que después no actuaba con la debida diligencia si tenía que reclamar su reintegro.
Los socialistas presentarán un candidato para presidir la comisión, Modesto Nolla, que el grupo confía en sacar adelante con el apoyo de al menos el resto de los grupos de la izquierda. También intentarán, según han explicado a este periódico, que se apruebe cuanto antes el plan de trabajo de la comisión; en el caso de que no sea este mismo martes, sí en una sesión extraordinaria de carácter técnico antes incluso de ratificar la lista de comparecientes, para lo que acaba el plazo el próximo martes, día 29. Esa lista “amplia”, indican fuentes socialistas, la integrarán desde los máximos responsables políticos –presidentas de la Comunidad de Madrid, consejeros– hasta los miembros del consejo de administración de Avalmadrid entre 2007 y 2018, así como el equipo técnico y directivo de esta sociedad de garantías, el Banco de España e incluso las empresas a las que se concedieron avales.
Por su parte, Más Madrid va a solicitar que se pongan a disposición de todos los miembros de la comisión las actas de todos los consejos de administración, el comité ejecutivo y los diferentes comités de Avalmadrid –auditoría, nombramientos, riesgos, gestión, recuperación y seguimiento– entre 2007 y 2018.
La comisión tendrá 18 miembros, tres por grupo parlamentario, pero su voto será ponderado, por lo que, si votan conjuntamente, la mayoría estará en manos de PP, Ciudadanos y Vox. Así, por ejemplo, los grupos de la oposición temían que los conservadores pusieran obstáculos a la comparecencia de los técnicos del Banco de España que han investigado Avalmadrid.
El organismo supervisor, que inspeccionó la entidad en 2012 y 2016, abrió expediente sancionador en junio de 2018 no sólo a la sociedad de garantías madrileña, sino también a todos los que habían sido sus consejeros y directores generales desde 2013. Finalmente, pide sanciones para un total de 16 altos cargos, por importe de 667.000 euros.
Los inspectores del Banco de España descubrieron “deficiencias de control” continuadas detrás de un aumento del 30% en los fallidos –16 millones de euros– y del 56% en los saldos dudosos –13 millones más–. Llegaron a esas conclusiones tras seleccionar una muestra de 167 avales. Entre los que consideraron irregulares se encuentran los otorgados al Grupo Marsans, entonces propiedad del expresidente la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y al Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña, (CEIM), Arturo Fernández. Avalmadrid está participada en un 26,1% por la Comunidad de Madrid, en un 25,3% por Bankia y en porcentajes menores por la propia CEIM, la Cámara de Comercio de Madrid, Santander, Caixabank y Plus Ultra Seguros.
Trato de favor, alzamiento de bienes
Pero Marsans y Cantoblanco no eran los únicos favorecidos. El mismo patrón irregular se había seguido también con la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. MC Infortécnica SL, dedicada a la distribución de suministros médicos, había obtenido un aval por importe de 400.000 euros en marzo de 2011, del que no devolvió ni un euro. Es más, como desveló este periódico, durante años Avalmadrid no hizo nada por cobrar esa deuda. Una pasividad que permitió a los padres de Díaz Ayuso y a otros cuatro avalistas desprenderse del patrimonio con el que habían presentado para obtener la garantía. Es lo que el Código Penal califica como alzamiento de bienes. Lo comete quien enajena u oculta patrimonio para evitar que un acreedor cobre su deuda. Y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión de bienes.
Ése es el caso de Isabel Díaz Ayuso. A ella sus padres le donaron una vivienda de 90 metros cuadrados en el barrio madrileño de Chamberí y a su hermano, una vivienda unifamiliar de 212 metros en Sotillo de la Adrada (Ávila). Unos meses más tarde, también les donaron el 100% de las participaciones de Sismédica SL, otra de sus empresas, propietaria a su vez de un local por el que ninguno de los hermanos ha pagado el IBI durante cinco años. Entre otros, ésos eran los bienes que Avalmadrid debería haber embargado para recuperar los 400.000 euros del aval que MC Infortécnica SL no devolvió.
Aunque las relaciones sospechosas entre Díaz Ayuso y Avalmadrid habían comenzado antes. En finales de 2010 o principios de 2011, según confesó ella misma, la hoy presidenta madrileña preguntó en la sociedad de garantías “con qué persona” había que hablar para conceder un aval a la empresa de la que sus padres eran socios junto con otros tres matrimonios. Isabel Díaz Ayuso llevaba desde 2006 trabajando para el PP e incluso había estado adscrita al Gabinete de Presidencia de Esperanza Aguirre. A pesar de que el coordinador del departamento de Riesgos de la entidad advirtió de que parte de la nave de Sotillo de la Adrada, uno de los bienes presentados como garantía por los socios de MC Infortécnica SL, podía ser derribado, el consejero delegado de Avalmadrid obvió el riesgo y le pidió que siguiera adelante con el aval. Así que la operación se escrituró. Tres meses después de recibir los 400.000 euros, la empresa dejó de pagar las nóminas.
En julio, Díaz Ayuso contactaba, por intermediación de la entonces viceconsejera de Economía, Eva Piera, con un directivo de Avalmadrid, a quien pidió información sobre la solvencia económica del grupo de empresas del que formaba parte MC Infortécnica SL. Al día siguiente de esa gestión ocupaba su escaño en la Asamblea de Madrid como diputada del PP. En septiembre repitió el contacto con el directivo, esta vez para solicitarle información confidencial –facturación y clientes– de las empresas de los socios de sus progenitores. Sospechaba que estos tres matrimonios querían dejar morir MC Infortécnica SL y montar otras sociedades. Ese mismo mes, MC Infortécnica despidió a casi toda su plantilla. Y en diciembre no devolvió el primer plazo del aval, 100.000 euros del principal más 3.292 euros de intereses.
Ni una actuación en siete años
Avalmadrid decidió en abril del año siguiente cancelar el préstamo, ejecutar la única garantía hipotecaria que existía –la nave de Sotillo de la Adrada– y proceder contra los socios de la empresa morosa. Pero para entonces ya había desaparecido el patrimonio que podría haberse embargado: el piso de Madrid había sido donado a Isabel Díaz Ayuso y la vivienda de Sotillo, a su hermano Tomás. Otra nave en ese pueblo abulense se había vendido a una tercera persona.
Los gestores de la sociedad de garantías no movieron un dedo para ejecutar lo que había aprobado: no llevaron al juzgado el expediente de MC Infortécnica SL pese a que su normativa interna les obliga a hacerlo en un plazo de 15 días. Tampoco hicieron nada en noviembre de 2012, cuando el comité de morosidad examinó de nuevo el expediente. En esa fecha ya habían desaparecido siete de los 14 inmuebles que los socios de la empresa de suministros médicos habían presentado como garantía para que se les otorgara el aval. Todos los que podían enajenar, ya que el resto estaban hipotecados.
De hecho, hasta enero de 2013 Cobralia, la firma de cobro de deudas contratada por Avalmadrid, no puso el caso en manos del juzgado. Pero como el procedimiento no avanzaba, en marzo de 2015, más de dos años después, Cobralia preguntó a Avalmadrid cuál debía ser el próximo paso. La sociedad de garantías no respondió. Ni entonces ni nunca. Así que, transcurridos siete años sin que la sociedad de garantías actuara, la deuda de MC Infortécnica SL permanece sin cobrar: a 30 de junio de 2019 ascendía a 270.000 euros.
Desde que se hicieron públicos estos detalles, la presidenta madrileña ha negado siempre que mediara o presionara para que Avalmadrid otorgara el aval a la empresa de sus padres, porque entonces carecía de poder político. Y ha justificado la distracción de los bienes familiares: “A mi padre le preocupaba que el poco patrimonio que él tenía lo heredáramos”.
Del Banco de España al análisis forense y a la denuncia en la Fiscalía
Los partidos de la oposición pedirán –tienen un plazo de cinco días para elaborar una lista– la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso en la comisión, como también de los inspectores del Banco de España que desvelaron las deficiencias en el funcionamiento de Avalmadrid. Según explican éstos en sus informes, la sociedad de garantía recíproca no revisaba los riesgos con la periodicidad a que le obligaba su propia normativa interna –ocurrió en 46 de los 167 avales verificados– y redactaba informes de seguimiento deficientes, sin evaluar la capacidad de pago del avalado y sin incluir “decisiones y conclusiones claras” –en 64 operaciones–. En otros 52 informes de seguimiento no se menciona cómo obtener o ejecutar garantías y en 12 más la clasificación crediticia del avalado se hizo con tanto retraso que hubo que esperar a que lo señalara la auditoría externa.
En vista de estas anomalías, Avalmadrid encargó a la firma Forest Partners un análisis forense sobre esos mismos 167 avales investigados por el Banco de España. Y aunque Forest Partners sólo examinó la fase de concesión de las garantías, los resultados fueron demoledores. Avalmadrid había concedido avales a proyectos de capital riesgo donde participaban fondos y sociedades gestoras vinculadas a algunos de los socios protectores –como se ha explicado más arriba, Comunidad de Madrid, Bankia, CEIM, Cámara de Comercio de Madrid–. Además, esas operaciones generaron “importantes pérdidas”, por lo que los analistas concluyen que Avalmadrid “no debería haber entrado” en ellas. Si se aprobaron, resaltan, fue por los “intereses cruzados de determinadas entidades y profesionales con capacidad de decisión o influencia en los órganos de decisión” de la sociedad semipública. La sociedad de garantías también otorgó avales a empresas en dificultades que estaban ligadas igualmente a miembros de su propio consejo de administración. Y, en otros casos, las garantías infringían las normas sobre importes o plazos, carecían del preceptivo reaval o éste era muy bajo.
Ese análisis forense sirvió de base para que el pasado mes de abril la entonces presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey García, presentara una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra una quincena de antiguos directivos y consejeros de la entidad por la posible comisión de “ilícitos de carácter patrimonial” en perjuicio de la sociedad con los avales concedidos a Rural Tours Viajes SA y Trapsa –del Grupo Marsans–, Grupo Casbar, The Tie Gallery España SL y Grupo Cantoblanco. Según destacaba la propia Avalmadrid en su denuncia, las operaciones se habían aprobado “sin atender a razones de lógica económica y con apariencia de discrecionalidad”, existían vinculaciones de miembros del consejo de administración y socios protectores con las empresas avaladas y las operaciones causaron un “perjuicio económico” a la sociedad de garantías. La Fiscalía archivó la denuncia porque consideró prescritos los posibles delitos, cometidos entre 2009 y 2013.
Pero el ministerio público tiene aún que decidir si abre diligencias por la denuncia que Más Madrid ha interpuesto ante la Fiscalía contra la presidenta de la Comunidad por alzamiento de bienes, trato de favor y tráfico de influencias, y contra la cúpula de la sociedad de garantías por trato de favor y administración desleal.
A día de hoy, Rosario Rey no es ya la presidenta de Avalmadrid. Y Ciudadanos se ha hecho cargo de la Consejería de Economía, que es quien nombra al máximo responsable de la sociedad semipública y ha puesto a su frente a Isaac Martín. Al tiempo, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, también de la formación naranja, ha dado orden de abrir el procedimiento para desvincularse de Avalmadrid por la “sombra de corrupción” que la acecha. Ese proceso será simultáneo a los trabajos de la comisión, que debe concluirlos antes de diciembre de 2020.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/22/arranca_comision_que_investigara_las_irregularidades_avalmadrid_trato_favor_empresa_del_caso_ayuso_100121_1012.html

EL GOBIERNO NO INFORMA SOBRE POR QUÉ AVALMADRID NO INVESTIGA EL COBRO DE SUS AVALES MÁS POLÉMICOS

El Ejecutivo argumenta que la gestión del ente no es pública ni corresponde a la Administración
La Comunidad considera que "no procede" contestar a una solicitud del PSOE para que explique por qué Avalmadrid no ha auditado cómo se cobraron o intentaron cobrar cientos de avales investigados por el Banco de España. El ente fiscalizador sancionará próximamente a la sociedad de garantía recíproca por haber aprobado operaciones con compañías relacionadas con sus consejeros o los familiares de estos; por no haber evaluado bien los riesgos; y por no haber hecho un buen seguimiento de lo que ocurría con el paso del tiempo con los bienes que garantizaban las operaciones —que en ocasiones se devaluaron, fueron donados o traspasados—. Avalmadrid sí encargó una auditoría de los procesos de tramitación y aprobación de esos avales.
"La Comunidad como administración pública no es Avalmadrid y no tramita sus expedientes", apuntaron desde el Gobierno. "En todas las ocasiones que se nos han realizado peticiones de información sobre gestión o expedientes que ha realizado Avalmadrid nuestra respuesta es siempre la misma: no procede contestar porque no responde a una actuación administrativa realizada por la Administración pública sino de la sociedad", siguieron. "Diferente es cuando se ha preguntado por algún contrato o relación de la Administración con alguna empresa o con la propia Avalmadrid".
La Comunidad tiene una participación del 25,96% en Avalmadrid, que por lo tanto no tiene un carácter público. El Ejecutivo, sin embargo, subvenciona con decenas de millones la actividad de la entidad, y nombra a su presidente. Por eso la Asamblea ha impulsado una investigación sobre los avales concedidos entre 2007 y 2018, lo que incluirá el polémico acuerdo de 2011 para facilitar un crédito de 400.000 euros a una empresa participada por el padre de Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta regional.
La oposición espera que el organismo sirva, entre otras cosas, para aclarar por qué la empresa semipública sí hizo un análisis forense sobre la tramitación y aprobación de las polémicas operaciones fiscalizadas por el Banco de España, pero no sobre su cobro. La limitación fue tan importante que los auditores la reflejaron en su informe.
"El análisis debía centrarse en las fases de la concesión y formalización de los avales, sin entrar en la de seguimiento posterior, ni en la de recuperación, en caso de entrar el avalado en situación de morosidad", arranca la auditoría. "La inspección de BdE sí abarcó las tres fases, por lo que su alcance fue más amplio"

https://elpais.com/ccaa/2019/10/14/madrid/1571071836_745525.html

AYUSO NO VE "LÓGICO NI PRUDENTE" QUE CIUDADANOS APOYE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE AVALMADRID

"Es innecesario tener que meterme a mí en esa situación", sostiene la presidenta de la Comunidad de Madrid Insiste en que pertenece a "una familia de clase media que se arruinó con la crisis, que lejos de pedir un crédito para un 'pelotazo' o para enriquecerse se ha empobrecido"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que no vio "lógico ni prudente" que Ciudadanos empezase a gobernar en coalición en Madrid alimentando y defendiendo que se celebre la comisión de Avalmadrid.
En una entrevista en el Canal 24 horas de RTVE, recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha recordado que Avalmadrid es una sociedad de garantía recíproca que ha estado avalando a muchas empresas, a pymes en concreto, desde los años 80 y que ha dado titulares en algunos casos que "pudieran ser cuestionados".
"Si hay una comisión que eso lo investiga y arroja toda la luz posible, a mí no me parece ni bien ni mal... me parece incluso correcto. Lo que sí que creo es que se están mezclando unas cosas con otras. Es innecesario tener que meterme a mí en esa situación", ha sostenido.
Ayuso ha insistido en que pertenece a "una familia de clase media que se arruinó con la crisis, que lejos de pedir un crédito para un 'pelotazo' o para enriquecerse se ha empobrecido. Yo he ido creciendo en política, mi familia ha hecho lo contrario", ha desvelado a continuación.
En cuanto a la desvinculación de la Comunidad de Avalmadrid, la presidenta ha defendido que esto no se puede realizar "de manera unilateral" y que es una decisión que debe tomarse en el seno del Consejo de Gobierno.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/10
/ayuso_no_logico_prudente_que_ciudadanos_apoyeando_comision_avalmadrid_99719_1012.html

TRECE EMPRESAS FAVORECIDAS POR AVALMADRID DEBEN CUATRO MILLONES DE EUROS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Además de dejar un pufo en Avalmadrid, esas 13 empresas también son morosas con la Seguridad Social, según los datos oficiales recabados por infoLibre

Seis de ellas tenían vinculaciones con consejeros de Avalmadrid o con sociedades de capital riesgo de la Comunidad y de la Cámara de Comercio

Otras siete fueron señaladas por el Banco de España por las deficiencias de los informes que sobre ellas elaboró Avalmadrid

Los informes que tanto el Banco de España como la firma Forest Partners elaboraron sobre la gestión de Avalmadrid señalan a una serie de empresas que recibieron trato de favor, bien cuando la sociedad de garantías les concedió el aval, bien cuando no fue diligente en su recuperación una vez aquéllas no devolvieron los importes que adeudaban. En unos casos se trata de empresas que mantenían vinculaciones con miembros del consejo de administración de Avalmadrid o con sus socios protectores. La mayoría de ellas, además, tenían graves problemas financieros que desaconsejaban la concesión del aval o debían haber puesto en alerta a los responsables de gestionar su recobro.

De hecho, según datos oficiales obtenidos por infoLibre de documentos registrales de las propias empresas, así como de anuncios y edictos publicados por la Seguridad Social, al menos 13 de las empresas citadas en ambos informes mantienen aún a día de hoy una deuda total de cuatro millones de euros por impago de cotizaciones sociales.
A continuación se detallan las empresas morosas y su deuda con la Seguridad Social:

1. Casbar Tecnología Industría: 1,3 millones

El mayor moroso es Casbar Tecnología Industrial, que debe más de 1,3 millones de euros. Se trata de una empresa de fabricación de muebles metálicos a la que se otorgaron siete avales por importe de 7,94 millones de euros entre 2008 y 2012. Su presidente y consejero delegado, además de propietario del 22,5% de las acciones, era José Miguel Guerrero Sedano, quien ocupó el cargo de consejero de Avalmadrid entre 2004 y 2013 como representante de la Cámara de Comercio de Madrid, uno de los socios protectores de la sociedad de garantías.

Según el informe de Forest Partners, la reestructuración de la operación que aprobó Avalmadrid cuando Casbar empezó a tener problemas para devolver el aval no sólo aumentó el importe de la garantía –una decisión “sin sentido”, apunta–, sino que además dividió la responsabilidad entre sus cinco avalistas, que consiguieron así reducir su riesgo al perder el carácter solidario que compartían hasta ese momento. Esta circunstancia, destacan los analistas, favorecía a los avalistas, entre ellos a Guerrero Sedano. A 31 de diciembre de 2018, la deuda que Casbar mantenía con Avalmadrid ascendía a 764.000 euros.

2 y 3. Rural Tour Viajes y Trapsa: 660.000 euros

Le sigue el Grupo Marsans, dos de cuyas empresas, Rural Tours Viajes SA y Trapsa, adeudan a la Seguridad Social más de 660.000 euros. El grupo fue propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, quien entre 2002 y 2007 había presidido también CEIM, la patronal madrileña, a su vez miembro de CEOE. CEIM es otro de los socios protectores de Avalmadrid, que concedió seis avales a Rural Tours Viajes SA y dos a Trapsa por un importe total de 3,39 millones de euros en 2010. El accionista al 100% de las dos empresas es Viajes Marsans, que entró en concurso de acreedores sólo cuatro meses después de recibir los avales sus dos filiales. Éstos fueron aprobados por la comisión ejecutiva de Avalmadrid pese a que el analista de riesgos había desaconsejado las operaciones tras advertir de la “muy mala situación patrimonial” del Grupo Marsans y de los “fuertes riesgos” que suponían para la sociedad de garantías.
“Cuando Avalmadrid prestó los avales, Viajes Marsans ya era insolvente”, concluye la consultora.

En aquel momento, tres de los miembros del consejo de administración de la sociedad de garantías madrileña ocupaban cargos en CEIM: Jesús Martín Sanz, vicepresidente de la patronal; Sol Olábarri Cervantes, directora del Departamento de Asuntos Económicos, y Juan Pablo Lázaro, también vicepresidente de CEIM.

Además, Avalmadrid recibió dos cartas en enero de 2010, apenas unas semanas antes de que se formalizara la concesión de los avales, firmadas por el entonces presidente de CEIM, Arturo Fernández, y el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta. Con una redacción “casi idéntica”, resalta Forest Partners, las cartas de Fernández y Beteta pedían a los responsables de Avalmadrid que tuvieran en consideración “en la próxima sesión ordinaria” donde se iban a analizar los avales para las empresas de Díaz Ferrán, las 4.000 personas a las que Marsans proporcionaba trabajo en Madrid, “lo que da idea de la importancia del empleo que genera la actividad del grupo en el mercado laboral madrileño”.

Como ni Rural Tours ni Trapsa pudieron devolver las garantías, fueron ejecutadas. En junio de 2013 el grupo quedó liquidado, dejando a deber a Avalmadrid un total de 2,72 millones de euros.

4. Isolux Corsan: 582.000 euros

También otra empresa con graves problemas financieros, Isolux Corsán, solicitó un aval a la sociedad de garantías madrileña. Lo hizo en 2011 y por importe de 412.608 euros, de los que no devuelto ni un euro. Entró en concurso voluntario de acreedores en julio de 2017.
En su caso Forest Partners sólo aprecia un “incumplimiento”: su “tardía” calificación como dudoso subjetivo. Isolux debe a la Seguridad Social 582.000 euros.

5. Grupo Cercal de Alimentación: 425.000 euros

El Grupo Cercal de Alimentación, que se dedicaba a proveer a supermercados de masa congelada para pan y dulces, debe a la Seguridad Social 425.000 euros. Consiguió de Avalmadrid 2,3 millones de euros en seis avales financieros en 2009 y 2010. Su nombre aparece tanto en el informe de Forest Partners como en el del Banco de España. El primero determina que no se le debieron conceder los avales porque los tres años anteriores había incurrido en graves pérdidas, un total de 4,2 millones de euros desde 2006. En 2011 entró en concurso de acreedores.

Ha dejado a deber a Avalmadrid casi un millón de euros. Según el Banco de España, en el caso de Grupo Cercal, la sociedad de garantías madrileña no efectuó la revisión de riesgos en el plazo establecido, sus informes de seguimiento eran deficientes, no recogían información fundamental para determinar cuál era la capacidad de pago de la empresa, y cuando ésta no pagó, no aportaban información sobre las posibilidades de ejecutar las garantías.

6. Grupo Nupcial Novissima: 405.000 euros

Grupo Nupcial Novíssima SL debe 405.000 euros a la Seguridad Social. Le fueron concedidos cuatro avales financieros por valor de 1,7 millones de euros entre 1998 y 2008. Entró en concurso de acreedores en 2010 y adeuda a Avalmadrid 1,38 millones de euros.

Es otra de las empresas que estaban vinculadas a los gestores de la sociedad de garantías. En concreto, Pedro Olabarría Íñiguez de Onzoño, además de consejero de Avalmadrid, era director general de Capital Riesgo Madrid (CRM), una sociedad de capital riesgo participada por Imade (Instituto Madrileño de Desarrollo, perteneciente a la Comunidad de Madrid), Caja Madrid, CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid, todos ellos a su vez socios protectores de la sociedad de garantía recíproca madrileña. CRM había adquirido el 20% del capital de Grupo Nupcial Novíssima SL. Para los analistas de Forest Partners, se trata de un conflicto de interés claro. Sobre todo, teniendo en cuenta que los avales no debieron concederse debido a la delicada situación financiera de la empresa y a la presentación de unos planes de negocio que el informe no duda en calificar de “poco creíbles”.

7. Grupo Bionostra: 190.000 euros

Grupo Bionostra SL mantiene una deuda con la Seguridad Social de 190.000 euros. Avalmadrid aprobó 18 operaciones para diferentes empresas del grupo, un total de 4,39 millones de euros entre 2008 y 2010. De esa cantidad, nunca recuperará 2,86 millones. Dedicada a vender sistemas de control y seguridad alimentaria, también contaba entre sus socios con la sociedad de Capital Riesgo de Madrid.

Además, apunta Forest Partners, Imade y la Comunidad de Madrid le “concedían subvenciones de forma continuada”. Así, Pedro Olabarría ocupó diferentes cargos en Bionostra, al igual que Alfonso Carcasona García –al tiempo consejero de Avalmadrid–. Además, en aquellos años, la Comunidad de Madrid participaba en la sociedad de garantías a través de Imade. Como en otras operaciones, en el caso de Bionostra, los avales fueron aprobados en contra de los informes de los analistas de riesgos, que destacaban las fuertes pérdidas del grupo y la falta de apoyo financiero. El Banco de España también incluye a Bionostra y a Grupo Nupcial Novíssima entre las operaciones con informes llenos de deficiencias.

8. Clalu Restauración: 109.000 euros

La deuda de Clalu Restauración SL con la Seguridad Social asciende a casi 109.000 euros. Le fueron otorgados tres avales entre 2008 y 2009 por importe de 1,21 millones de euros, de los cuales Avalmadrid nunca recuperará 862.092 euros. Según el Banco de España, ni se revisaron los riesgos en el plazo legal ni sus informes contenían la información necesaria para determinar si la empresa podía devolver el dinero o se le podían ejecutar las garantías.

9. Gold Bridge: 96.000 euros

En el caso de Gold Bridge SL, una empresa de alquiler de coches de gama alta a directivos, la Seguridad Social le reclama 96.000 euros. Avalmadrid le concedió tres avales por un total de 1,02 millones de euros entre 2009 y 2012. Forest Partners asegura que no se debieron aprobar las operaciones puesto que o no presentó un plan de negocio o los que proporcionó después no estaban suficientemente contrastados. Gold Bridge SL se declaró en concurso en 2014.

Debe a Avalmadrid 510.433 euros que no podrá cobrar. El informe apunta a la posible comisión de “actuaciones fraudulentas” por parte de la empresa: denunció a la Policía la desaparición de algunos de sus vehículos de lujo y una de sus naves sufrió un incendio que destruyó parte de los automóviles que poseía. “Demasiados eventos desafortunados”, sospechan los analistas.

10. Afianza Telecomunicaciones: 60.000 euros

Afianza Telecomunicaciones SL recibió un aval de 2,5 millones de euros en 2008, de los cuales aún adeuda 2,07 millones. A la Seguridad Social, además, le debe 60.000 euros.

El Banco de España la señala como una de las empresas a las que Avalmadrid no revisó el riesgo cada seis meses, como es su obligación con todos los avales que superan el millón de euros.

11. Accuore Inversiones: 34.000 euros

Accuore Inversiones SL debe 34.000 euros a la Seguridad Social. Recibió dos avales por un total de 600.000 euros en 2014 y 2015. No ha devuelto 294.000 euros. Uno de sus accionistas era Fernando Rodríguez Sousa, al mismo tiempo consejero de Avalmadrid en representación de la patronal CEIM.

Forest Partners indica que la operación carecía de reaval y que nunca se verificó el patrimonio personal de los avalistas solidarios.

12. The Tie Gallery: 27.000 euros

The Tie Gallery SL, una cadena de corbatas y complementos, recibió un aval de 100.000 euros en 2009. Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo era su administrador único y propietario del 33% del capital. Otro 5% pertenecía a un hermano suyo. Rodríguez-Carmona presidía además la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje) y ejercía como vicepresidente de la patronal madrileña CEIM. No ha devuelto 35.000 euros tras entrar en concurso de acreedores en octubre de 2012. A la Seguridad Social le debe 27.000 euros.
Mención aparte del conflicto de intereses, el aval se aprobó pese a que la empresa llevaba tres años consecutivos en pérdidas, el plan de negocios presentado carecía de sustento y faltaba la firma de un segundo avalista que se le había requerido a la empresa.

13. Vipventa: 12.000 euros

Igualmente Vipventa SL, un outlet por internet de marcas de lujo, tenía un conflicto de interés por la presencia en su accionariado de una sociedad de capital riesgo, Inicap, donde participaba la Cámara de Comercio de Madrid, socio protector de Avalmadrid. Y Alfonso Carcasona García era consejero de la sociedad de garantías y de Möbis Corporate Venture Capital, la gestora de Inicap. A Vipventa se le concedieron tres avales financieros por valor de 1,55 millones de euros en 2008 y 2009, de los que adeuda 529.760 euros.

Según Forest Partners, se trata de operaciones de alto riesgo puesto que Vipventa sólo había generado pérdidas desde su creación. De hecho, se declaró en concurso de acreedores en junio de 2012 y fue liquidada en mayo de 2014. “El simple análisis de la situación financiera de Vipventa desaconsejaría la concesión de los avales”, concluye el informe. El tercero, en concreto, se aprobó sólo seis meses antes de que la empresa entrara en concurso. Debe a la Seguridad Social 12.000 euros.

En total, la negligente concesión y gestión del riesgo de estas 13 empresas le ha costado a Avalmadrid la pérdida de 13,42 millones de euros.

https://www.infolibre.es/noticias/economia/2019/10/02/trece_empresas_favorecidas_por_avalmadrid_deben_cuatro_millones_euros_seguridad_social_99413_1011.html

CIUDADANOS Y PP INTENTAN TORPEDEAR LA COMPARECENCIA DEL BANCO DE ESPAÑA EN LA COMISIÓN QUE INVESTIGARÁ AVALMADRID

El partido naranja introduce una salvaguarda para que la comisión trabaje “con prudencia” en lo relacionado con los “órganos institucionales autónomos”

“No entiendo que Ciudadanos haya puesto esa cortapisa”, declara a infoLibre la portavoz socialista, Pilar Sánchez Acera

El Banco de España ha inspeccionado las operaciones de la sociedad de garantías y pide sanciones por importe de 667.000 euros para 16 consejeros y ejecutivos de Avalmadrid

El presidente de la Mesa de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad Martos, presentó este jueves un texto con las reglas básicas de composición y funcionamiento de la comisión que debe investigar las supuestas irregularidades en Avalmadrid, la sociedad que dio un trato de favor a la empresa de la que eran socios los padres de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad madrileña. En esas normas Trinidad Martos, de Ciudadanos, ha incluido una salvedad: que la comisión trabaje “con la prudencia necesaria” en todo lo relacionado con “las competencias de los entes y órganos institucionales, especialmente aquellos que por su naturaleza actúen con plena autonomía”. Es decir, esa salvaguarda puede entorpecer la comparecencia de los representantes del Banco de España para explicar la inspección que ha llevado a cabo en Avalmadrid y que ha concluido con la solicitud de sanciones por importe total de 667.000 euros para 16 personas, entre consejeros y ejecutivos, así como para la propia sociedad de garantías y la Consejería de Economía.

El PSOE pidió que se retirara esa alusión, pero su propuesta sólo recibió el apoyo de Vox. Ciudadanos y el PP la rechazaron. Como faltó a la reunión uno de los tres diputados del PP, la votación terminó en empate. La Mesa volverá sobre el asunto el próximo lunes, ya con los tres miembros del PP presentes, por lo que lo más probable es que la iniciativa salga adelante entonces tal y como está redactada, según explican fuentes parlamentarias.

Es habitual que las comisiones de investigación incluyan una salvaguarda para que su trabajo no obstaculice procesos judiciales en curso o las investigaciones de la Fiscalía. También en la de Avalmadrid se ha incorporado, aludiendo a esa “prudencia necesaria” que deberá guiar a la comisión “en todo lo relacionado con las competencias de la Administración de Justicia y la Fiscalía”. Pero a continuación Ciudadanos ha “colado” la referencia a “órganos institucionales autónomos” y ha hecho saltar las alarmas en los grupos de la oposición. “No entiendo que Ciudadanos haya puesto esa cortapisa”, admite a infoLibre la portavoz socialista, Pilar Sánchez Acera, quien teme que suponga una traba para la comparecencia del Banco de España.

La comisión, que deberá constituirse antes de que termine este mismo mes de octubre, estará compuesta por 18 diputados, tres de cada uno de los grupos –PP, Ciudadanos, PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Vox–. Podrá requerir la presencia de cualquier persona o entidad, pública o privada, que quedarán obligados a comparecer. También podrá recabar cualquier tipo de información y documentación que considere necesaria. Y deberá concluir sus trabajos en diciembre de 2020, aunque podrá pedir una prórroga. Treinta días después, como máximo, tendrá que haber emitido un dictamen.

La Consejería de Economía, en manos de Ciudadanos

El pasado 10 de septiembre el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, rechazó la pretensión del PP de solicitar un informe a los servicios jurídicos de la Cámara sobre si la comisión de investigación era competente, el último intento de los conservadores para intentar frenar la iniciativa. Avalmadrid es una sociedad de garantía recíproca participada en un 26,1% por la Comunidad de Madrid, que está representada en su consejo de administración a través de la Consejería de Economía. Y en el reparto de departamentos entre el PP y Ciudadanos, esa consejería ha quedado en manos de la formación naranja. Su responsable, Manuel Giménez, nombró ese mismo día al nuevo presidente de Avalmadrid, su viceconsejero Isaac Martín, así como a Rodrigo Tilve, director general de Economía, como vocal en el consejo.

Con anterioridad, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, también de Ciudadanos, repetía su intención de “desvincular” a la Comunidad de Avalmadrid e incluso anunció que había iniciado los trámites administrativos para hacerlo. A su juicio, Avalmadrid no sólo es una “marca agotada” sino que además está “manchada por la presunta corrupción”.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/04/ciudadanos_intentan_entorpecer_comparecencia_del_banco_espana_comision_que_investigara_avalmadrid_99495_1012.html

CS Y PP SE ALÍAN PARA EVITAR QUE EL BANCO DE ESPAÑA COMPAREZCA EN LA COMISIÓN DE AVALMADRID

Los dos socios de gobierno de la Comunidad de Madrid votarán a favor de una propuesta de reglamento que incluye una fórmula que permitiría frenar una posible comparecencia del Banco de España para que de explicaciones sobre las investigaciones que iniciaron en 2012

Sí o sí, la Comisión de Investigación sobre las irregularidades de Avalmadrid, que acecha a la Presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, debe comenzar en este mes de octubre. Pero antes, todos los grupos deben pactar el reglamento para su funcionamiento.

No es una tarea sencilla. Hasta ahora, a lo largo de todas las comisiones de investigación que se celebraron en la pasada legislatura siempre se consensuó que se debe respetar los trabajos relacionados la Justicia y la Fiscalía para evitar interferir en las investigaciones judiciales que pudiesen estar abiertas.
Pero en el caso de Avalmadrid se ha dado una vuelta de tuerca más. En el texto del reglamento, adelantado por infolibre, y al que ha tenido acceso también la Cadena SER, se dice que "los trabajos de la Comisión se realizarán con la prudencia necesaria [...] del trabajo realizado por otros entes y órganos institucionales, especialmente aquellos que por su naturaleza actúen con plena autonomía". Es decir, el Banco de España.
Desde Más Madrid denuncian que ese párrafo lo que busca es "torpedear" y "evitar" que en un futuro pueda comparecer alguno de los responsables del Banco de España que iniciaron una investigación de oficio sobre las irregularidades de Avalmadrid en 2012. "En Cs dijeron que venían a regenerar la política, pero su comportamiento parece mas bien de guardaespaldas de los corruptos", denuncia en la SER el diputado de Más Madrid, Eduardo Gutiérrez.
Para este diputado no hay duda de que Ciudadanos - socio de gobierno de la Presidenta Isabe Díaz Ayuso- pretende impedir que el Banco de España pueda ser citado en la Comisión de Investigación de Avalmadrid, "se trata de una actitud que impide conocer el testimonio de un organismo autónomo e independiente que ha investigado nada menos que 160 operaciones irregulares y que ha dado lugar en una propuesta se sanción contra 16 consejeros que suman mas de medio millón de euros", tal y como adelantó la SER.
Desde Ciudadanos niegan la interpretación que hace Más Madrid: "El planteamiento de Más Madrid es, simplemente, falso. Si quieren hacer electoralismo, que no cuenten con nosotros", apuntan fuentes de la formación naranja.
Esta propuesta de reglamento se votará el próximo lunes en la Mesa de la Asamblea de Madrid. PP y Cs se van a aliar para votar a favor de ese texto.
En el PP poyan el veto a la comparecencia de los responsables del Banco de España "porque en la comisión de Avalmadrid solo deben de comparecer los organismos que estén dentro de las competencias de la Comunidad de Madrid, y el Banco de España, no está entre ellos", apuntan a las SER fuentes populares. Desde el PP aseguran que su posición es la de garantizar que "se celebre una comisión de investigación seria y no un circo mediático".
El PP aseguran que el texto del reglamento que abre la vía para no citar a los responsables del Banco de España se realiza "con aportaciones de todos los grupos. Con esas aportaciones los servicios de la cámara, a través del presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, hacen una propuesta que se cerrará próximamente".
¿Cómo funcionará la Comisión de Avalmadrid?
El objeto de esta Comisión de Investigación será "analizar, y en su caso, determinar las responsabilidades políticas que hubiese por las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018", recoge el texto de la propuesta del reglamento.
Más normas de funcionamiento:
La Comisión estará compuesta por 18 miembros (tres por cada grupo parlamentario)
En cada sesión comparecerá un máximo de cuatro personas (cada una no podrá superar una hora y cuarenta y cinco minutos de declaración)
La Comisión finalizará en diciembre de 2020 (aunque se podrá prorrogar)
Concluido el plazo, en un máximo de 30 días, elaborará un dictamen

https://cadenaser.com/emisora/2019/10/04/radio_madrid/1570175134_653767.html
 

CS AFIRMA QUE NO TENDRÍA "NINGÚN PROBLEMA" EN LLAMAR A COMPARECER A AYUSO ANTE LA COMISIÓN DE AVALMADRID

Los grupos que conforman la comisión de investigación de Avalmadrid, aún en trámite para su aprobación, todavía tienen que ponerse de acuerdo en sus normas El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, deja en el aire si llamarían a comparecer a la presidenta de la comunidad madrileña, mientras que Más Madrid señala que aún "no hay explicaciones claras" sobre el caso

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha asegurado este martes que su grupo no tendría "ningún problema" en llamar a comparecer a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante la comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en Avalmadrid, según informa Europa Press.

La comisión de investigación sobre las posibles irregularidades en Avalmadrid, registrada por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, continúa el trámite parlamentario para su aprobación, ya que ningún partido se ha opuesto a su creación. Faltaría que los grupos se pongan de acuerdo en las normas de la misma, informaron Europa Press fuentes parlamentarias.

"En la anterior legislatura por la comisión anticorrupción llamamos a casi todos los expresidentes y a lo largo de esta comisión, si se descubre la necesidad por parte de algún grupo de tener que traer a la señora Ayuso a comparecer, tendrá que venir y no creo que hubiera ningún problema", ha sostenido.

El portavoz adjunto de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha asegurado que es necesario que salga ya adelante esa comisión porque a día de hoy "no hay explicaciones claras con el escándalo de Avalmadrid".

Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha insistido en que no harán "cazas de brujas" contra nadie ni comparecencias de temas personales, al igual que tampoco apuestan por cerrar la entidad.

El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, aboga por no excluir a nadie aunque deja en el aire si llamarían a comparecer a la presidenta regional.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/24/cs_afirma_que_no_tendria_ningun_problema_llamar_comparecer_ayuso_ante_comision_avalmadrid_99149_1012.html

 

"HAN VIOLADO LA INTIMIDAD DE MI FAMILIA PARA PERJUDICARME"

La presidenta madrileña obvia que pudo cometer un presunto delito de alzamiento de bienes en la polémica que le persigue

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado que se hable de su familia y del crédito que ésta pidió a Avalmadrid a través de su empresa MC Infortécnica S.L. para perjudicarlo, algo que es, según ha dicho "injusto e innecesario". En una entrevista esta mañana en Espejo Público, la dirigente popular ha contado su versión obviando datos importantes, que la ponen en cuestión e, incluso, a las puertas de una posible investigación judicial por un presunto delito de alzamiento de bienes.

"Hablar sobre una familia que se arruinó para perjudicarme es injusto e innecesario", ha dicho Díaz Ayuso, que ha narrado así los hechos: "Una familia de clase media tiene una empresa, que crea puestos de trabajo, que funciona muy bien y que un momento determinado ochos socios deciden pedir un aval, como tantas pymes en la Comunidad de Madrid -porque todas las comunidades tienen sociedades de garantía recíproca que ayudan a las pymes a financiarse para poder seguir sacando proyectos adelante. Esta empresa solicitó un crédito. Mis padres tenían el 25% de la empresa. En aquellos momentos mi padre estaba de baja médica por alzheimer. MI madre ya estaba jubilada, no estaba dentro de la empresa. Sí que vieron que era necesario un aval, pero luego tuvieron dificultades para devolver el crédito. Mis padres sí avalaron, pero el resto de los socios, no. ¿Y qué ha pasado, que 8 o 10 años más tarde alguien ha violado el anonimato de mi familia y ha extraído esos datos y los han estado distribuyendo por los medios de comunicación para perjudicarme personalmente".

"Mi familia que jamás tuvo vinculación con la política, ni yo con ellos. Yo me independicé muy joven. Yo en ese momento no era prácticamente nadie y vaya por delante que cuando peor le iba a mi familia mejor me iba a mí en política. Yo jamás he trabajado con ellos. Me independicé muy joven, a lo 22 años. Siempre he vivido por mis medios, de mi trabajo. Jamás he trabajado para mis padres, de la misma manera que ellos jamás han tenido ninguna vinculación con la política", ha añadido la presidenta madrileña, que ha obviado, sin embargo, algunos detalles que conviene recordar, adelantados por El Plural.

Los hechos

El 5 de marzo de 2011, Avalmadrid prestó 400.000 euros a MC Infortécnica SL. con la única garantía de una nave industrial en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila), propiedad del padre de Díaz Ayuso y el aval solidario de los ocho accionistas de la sociedad, incluidos los padres de la presidenta. El 7 de octubre del mismo año, estos donan a sus dos hijos, Isabel y Tomás, parte de sus bienes: a ella, un piso de 90 metros cuadrados en el barrio madrileño de Chamberí, y a él: un chalet en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila).

El 16 de diciembre de 2011, MC Infortécnica SL no paga el primer pago del préstamo de Avalmadrid por un importe de 100.000 euros de principal y 3.292 de intereses. El 2 de abril de 2012, el Comité de Morosidad de Avalmadrid decide cancelar el préstamo con MC Infortécnica SL, ejecutar la única garantía hipotecaria que existía y proceder contra los avalistas solidarios.

La donación de un local de oficinas

16 de abril de 2012, el padre de Díaz Ayuso dona a sus dos hijos el 100% de las participaciones de Sismédica SL. una empresa propietaria de un local de oficinas de 180 metros cuadrados en la calle Antonio López, de Madrid. De esta manera, tanto la ahora presidenta madrileña como su hermano podrían estar implicados en un presunto delito de alzamiento de bienes.

Díaz Ayuso intentó obtener información privilegiada

No sólo esto, según publicó El Plural a través de Los Genoveses, Díaz Ayuso hizo algunas gestiones con responsables de Avalmadrid, antes y después de la concesión del crédito para recabar información privilegiada sobre el aval que afectaba a su familia. La dirigente popular era entonces asesora de Madrid Network (abril 2008-junio 2019) y posteriormente diputada en la Asamblea de Madrid (julio 2011- octubre 2018 ).

"Lo hacen para ponerme a mí en la picota"

En la entrevista en Espejo Público, Díaz Ayuso se ha defendido afirmado que la revelación de los datos de su familia se ha hecho para ponerla a ella "en la picota", y que este tema le resulta "muy doloroso" porque "mi padre no está en esta vida para defenderse"

"Mi madre es una mujer que siempre ha trabajado, nunca le ha debido nada a nadie, que ha visto cómo su empresa se arruinó", ha añadido Díaz Ayuso. que ha subrayado que Avalmadrid es "una entidad semipública, fiscalizada por el Banco de España".

https://www.elplural.com/politica/isabel-diaz-ayuso-caso-avalmadrid-han-violado-la-intimidad-de-mi-familia-para-perjudicarme_224161102

AYUSO CRITICA QUE "LA PRIMERA ACCIÓN" DE CIUDADANOS SEA "UNIRSE A LAS TESIS" DE GABILONDO Y ERREJÓN SOBRE AVALMADRID

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha expresado en una entrevista que ella no haría nada que menoscabara la "imagen de sus socios"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este miércoles que "la primera acción política" de su socio de Gobierno, Ciudadanos, sea "unirse a las tesis" del portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, y el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, al apoyar que se cree en la Asamblea de Madrid una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en Avalmadrid.

"No es bueno que la primera acción política de mi socio de Gobierno sea unirse a las tesis de Errejón y Gabilondo y de la izquierda madrileña que no admite que no gobierna y que en las urnas no han sumado y que intentarán por todos los medios atacar a este Gobierno", ha lanzado Ayuso en una entrevista en Antena 3.

Asimismo, la presidenta autonómica ha asegurado que ella nunca "hará nada" que "menoscabe la imagen de sus socios" porque son un Gobierno en coalición y aunque tengan proyectos "distintos" cree que tienen "muchas cosas en común". "Vamos a demostrar que en coalición partidos diferentes se puedan unir y conquistar grandes cosas", ha sostenido.

En este punto, ha incidido en que hablar de "cómo una familia se arruinó hace unos años" le parece que está "fuera de lugar" y es "injusto e innecesario seguir hablando de lo mismo". Además, ha explicado de nuevo que la empresa, compuesta por ocho socios y en la que sus padres tenían una participación del 25 por ciento, pidió un aval.

A continuación, ha explicado que tuvieron "dificultades para devolver el crédito" y diez años más tarde, a su parecer, "alguien ha violado la intimidad" de su familia para perjudicarla "personalmente". "Yo en ese momento no era políticamente nadie y jamás he trabajado con ellos; me independicé muy joven", ha expuesto.

Al ser preguntada sobre si se plantea cerrar este ente, ha señalado que "si se están haciendo bien las cosas hoy y hay empresas que tienen proyectos a medias, no, porque sino pagan justos por pecadores". "Es una entidad semipública en la que la Comunidad tiene una participación y está fiscalizada por el Banco de España. Si se puede ver si ha habido algún tipo de irregularidad a mí qué más me da, si se ve o no los más perjudicados son mi propia familia", ha zanjado.

https://www.eldiario.es/politica/Ayuso-Ciudadanos-Gabilondo-Errejon-Avalmadrid_0_943505934.html

EL GOBIERNO DE ESPERANZA AGUIRRE ADJUDICÓ 3,56 MILLONES DE EUROS EN CONTRATOS A LA EMPRESA DEL 'CASO AYUSO'

El mayor volumen de encargos, por importe de 2,63 millones, lo recibió MC Infortécnica SL de los hospitales de la Comunidad de Madrid

El Summa 112, el Instituto de Salud Pública y las áreas de Atención Primaria también fueron clientes de la firma de suministros médicos

La Comunidad de Madrid adjudicó contratos a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por importe de 3,56 millones de euros entre 2004 y 2011. Según la respuesta que el Gobierno regional ha facilitado a la diputada de Más Madrid Mónica García Gómez, todos los contratos fueron firmados con organismos y departamentos de la Consejería de Sanidad. MC Infortécnica SL se dedicaba al suministro de equipamientos médicos. En 2011 consiguió de Avalmadrid un aval que jamás devolvió y que ha destapado el trato de favor recibido, no sólo por ella sino también por otras empresas vinculadas al PP, de esta sociedad de garantía recíproca, participada por la Administración autonómica madrileña.

El mayor volumen de contratos, todos ellos de suministros y servicios, lo obtuvo MC Infortécnica SL de los centros hospitalarios dependientes de la Comunidad de Madrid, a los que proveyó de equipos médicos por valor de 2,63 millones de euros. Para las áreas de Atención Primaria, Sanidad le adjudicó suministros de 382.496,96 euros. La Dirección General de Investigación, Formación e Infraestructuras Sanitarias pagó a la empresa de los padres de Ayuso un total de 215.704 euros entre 2004 y 2011. El Summa 112, el servicio de urgencias médicas de Madrid, le adjudicó contratos por importe de 192.000 euros en ese periodo, mientras que el Instituto de Salud Pública le concedió 139.300 euros en suministros y servicios.

Entre 2004 y 2011 gobernó en Madrid Esperanza Aguirre, en cuyo gabinete de presidencia trabajó Isabel Díaz Ayuso de 2008 a 2009.

Detalle de los contratos

Aunque en su pregunta parlamentaria, García Gómez solicita a la Comunidad de Madrid la “relación de todos los contratos” adjudicados, en su respuesta el Gobierno regional no detalla ni el número ni el objeto o las fechas de ninguno de ellos, sólo el importe total por departamento en esos siete años.

Pero infoLibre ha analizado las adjudicaciones públicas a este grupo de empresas a partir del verano de 2008. Dos de las siete compañías analizadas recibieron algún tipo de adjudicación: además de MC Infortécnica SL, Hamilton Medical España SA. Entre el 2 de diciembre de 2008 y el 21 de junio de 2011, ambas recibieron al menos 13 contratos de la Administración madrileña. Todos ellos fueron adjudicados o por las propias mesas de contratación de varios hospitales de la región o por la propia Consejería de Sanidad.

El 2 de diciembre de 2008, Hamilton Medical España y MC Infortécnica se hicieron por procedimiento negociado sin publicidad con dos adjudicaciones del Servicio Madrileño de Salud para el Hospital Clínico San Carlos con las que se embolsaron 147.000 euros. En concreto, la primera firma se hizo con el contrato para el “arrendamiento, con opción a compra, del suministro de un sistema de telemetría para el Instituto Cardiovascular” del centro hospitalario –59.000 euros–. La segunda, con el de “arrendamiento, con opción a compra, del suministro de un sistema de monitorización de pacientes”, una adjudicación de 88.000 euros.

A estos dos contratos, sumaron otros tres durante el año siguiente. En mayo de 2009, las dos sociedades consiguieron vía procedimiento negociado una licitación de la empresa pública Hospital del Sur para el suministro de material sanitario relacionado con la oxigenoterapia, con el que ingresaron 81.550,56 euros –14.430,56 euros para Hamilton Medical España y 67.120 euros para MC Infortécnica–. Pocos meses después, en octubre, lograron otros dos contratos más. El primero, por un importe de 148.223,68 euros, estaba destinado al suministro de ecógrafos para los centros sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud. El segundo, por 89.987 euros, tenía por objeto el “suministro, adquisición e instalación de diverso equipamiento electromédico consistente en respirador neonatal” para la empresa pública Hospital del Sur. En estos dos últimos casos, las adjudicaciones se produjeron por procedimiento abierto con pluralidad de criterios.

Pero de todos los ejercicios, el de 2010 fue el más productivo. Durante ese año, las dos firmas se hicieron con cuatro licitaciones por valor de 282.506,8 euros. La primera llegó en mayo, cuando se embolsaron 92.580 euros –65.280 para MC Infortécnica y 27.300 para Hamilton Medical España– gracias a una adjudicación del Servicio Madrileño de Salud lograda por procedimiento negociado para la adquisición de un generador y gorros de fijación P/CPAP. Le siguieron otros dos contratos adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad en junio y noviembre: uno para MC Infortécnica –28.000 euros– por el suministro de un respirador oscilatorio de alta frecuencia con humidificador para el Hospital Universitario Doce de Octubre y otro para Hamilton Medical España – 33.622,80 euros– por el “servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y materiales de diversos equipos de la marca Hamilton”. Por último, ya en diciembre, MC Infortécnica se embolsó 128.304 euros por el “suministro de monitores de cabecera de paciente” para el Doce de Octubre y el San Carlos.

En 2011, todas las adjudicaciones recibidas por el grupo empresarial del que formaban parte los progenitores de Díaz Ayuso fueron a parar a MC Infortécnica. Durante ese ejercicio, la firma consiguió al menos tres contratos de la administración madrileña mediante procedimiento abierto. Así, en junio, justo tres meses después de que se formalizara el préstamo de 400.000 euros de Avalmadrid a MC Infortécnica, esta compañía se hizo con parte de un contrato de suministros de equipamiento electromédico –1.080 euros– y con dos lotes de otra licitación para el suministro de circuitos respiratorios y de ventilación destinados al Hospital Universitario Doce de Octubre –75.448,80 euros–. Un mes después, en agosto, se adjudicaron a la misma firma cuatro lotes de un contrato para el suministro de material fungible para respiradores en el Hospital Gregorio Marañón, que permitió a MC Infortécnica facturar 81.210,60 euros.

Tres adjudicaciones más

Además de todas estas licitaciones, el grupo empresarial también ha logrado hacerse al menos con un contrato menor. Lo consiguió en diciembre de 2016, cuando la Consejería de Sanidad, a través del Servicio Madrileño de Salud, otorgó a Hamilton Medical España un contrato por 249,56 euros para el suministro de una “cánula adulto alto flujo para vapotherm” destinado al Hospital Universitario de Getafe.

Este periódico también ha podido localizar otros dos procedimientos que tenían a MC Infortécnica como una de las beneficiarias, aunque dichos contratos no han sido incluidos en la suma total por diferentes motivos. Por un lado, figura como una de las siete compañías a las que la Consejería de Sanidad había acordado, en septiembre de 2009 y por tramitación de emergencia, adquirir “diversos artículos necesarios para la prevención y control de la pandemia” de la gripe

A por un importe total de 3,32 millones de euros. Sin embargo, este diario no ha podido conocer qué parte de esa cantidad fue a parar a la firma del grupo empresarial de los padres de Díaz Ayuso.
Por otro, figura en un documento de adjudicación provisional del Servicio Madrileño de Salud del año 2010 como una de las beneficiarias de una licitación por importe de 19.245 euros, aunque este diario tampoco ha podido conocer si tal adjudicación terminó siendo la definitiva.

https://www.infolibre.es/noticias/economia/2019/09/18/el_gobierno_esperanza_aguirre_adjudico_millones_euros_contratos_empresa_del_caso_ayuso_98902_1011.html

WYOMING PROPONE REBAUTIZAR AVALMADRID: “TÚ TRANQUILA, YA SI ESO ME LO DEVUELVES CUANDO PUEDAS MADRID”

El Intermedio recoge en su programa del pasado lunes las informaciones sobre el caso Díaz Ayuso publicadas en este diario

"A ver, Sandra Sabatés, si te he entendido bien, la empresa de la familia de Díaz Ayuso pidió un crédito de dinero público mintiendo sobre la finalidad a la que iba a ser destinado". El Gran Wyoming resumía así en el programa de El Intermedio del pasado lunes el escándalo que salpica a la presidenta de la Comunidad de Madrid y que ha revelado infoLibre. “Esto me recuerda a cuando iba a la universidad y les pedía dinero a mis padres para las fotocopias. Lo que no sé es cómo tragaron, si en aquella época todavía no se había inventado la imprenta”, añadía el humorista con el habitual tono jocoso que le caracteriza.

Minutos antes de transformarse en Díaz Ayuso, en un proceso similar al que siguió el creador del vídeo en el que el actor Bill Hader se convierte en Tom Cruise, la periodista Sandra Sabatés y Wyoming expusieron los últimos hallazgos de la investigación de este diario: “En teoría, el dinero debía emplearse para financiar la compra de material médico, cumpliendo así con una adjudicación que la empresa de los padres de Díaz Ayuso había recibido, supuestamente, del servicio vasco de salud. Pero, según ha destapado infoLibre, esa relación contractual ya no existía en ese momento”, explicó Sabatés.

El crédito en cuestión, concedido por Avalmadrid, fue concedido a la empresa de la familia de Ayuso en 2011, pero Avalmadrid no trató de recuperarlo hasta 2019, cuando el caso saltó a en la prensa. Por eso, Wyoming sugirió en el programa del lunes rebautizar a la entidad semipública como “Tú tranquila, ya si eso me lo devuelves cuando puedas Madrid”.

“Si una conclusión podemos sacar de este caso es que Díaz Ayuso representa la renovación del PP de Madrid. Antes había que esperar años a que les descubrieran una irregularidad; Ayuso apenas lleva un mes y ya está metida en una posible estafa”, concluyó Wyoming.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/17/wyoming_propone_rebautizar_avalmadrid_tranquila_si_eso_devuelves_cuando_puedas_madrid_98855_1012.html

EL GOBIERNO DE AGUIRRE USÓ OTRAS DOS SOCIEDADES COMO AVALMADRID PARA FINANCIAR CON MILLONES DE EUROS OPERACIONES RUINOSAS

Las entidades de riesgo CRM e Inicap, de las que la Comunidad de Madrid es la máxima accionista, invertían en proyectos que luego eran garantizados por Avalmadrid y que acabaron en ruina, por ejemplo, del modista Javier Larraínzar Cifuentes las definió en una conversación recogida en el sumario del caso Lezo como "dos sociedades dedicadas a prestar dinero a consejeros a través de consejeros (...) como lo de Avalmadrid, pero peor" El fondo de inversión Inicap lo gestionaba la empresa Möbius, de la que era consejero Javier López Madrid, imputado en Púnica por hacer donaciones al PP de Aguirre a cambio de contratas y llevarse mordidas

Avalmadrid no ha sido la única sociedad semipública que ha acabado dilapidando millones en operaciones ruinosas para empresas amigas. El sistema de financiación de pymes que montó la Comunidad de Madrid, supuestamente dedicado a ayudar a autónomos y pequeñas empresas madrileñas, orbitaba sobre otras dos patas: la sociedad de inversión de riesgo CRM y el fondo de inversión de riesgo Inicap. En ambas –como en Avalmadrid–, el máximo accionista es el dinero público, es decir, la Comunidad de Madrid, que en este caso no avalaba, sino que financiaba directamente con dinero algunos proyectos.

La composición de estas dos sociedades y de Avalmadrid es prácticamente la misma, ya que los socios son los mismos e incluso a veces los miembros del consejo de administración coinciden. La gestión de todas ellas ha estado siempre en manos de gobiernos del PP, porque la Comunidad de Madrid es el socio mayoritario en los tres casos. El modo de funcionamiento de este triángulo es sencillo: CRM e Inicap deciden invertir millones de euros en ciertas empresas y la 'hermana' Avalmadrid avala luego préstamos millonarios pese al evidente conflicto de interés, como queda acreditado en las operaciones investigadas por el Banco de España y la propia auditoría de Avalmadrid.

Los proyectos en los que invirtieron CRM e Inicap fueron ruinosos y las sociedades han acabado descapitalizadas –una de ellas perdió trece millones de euros solo en 2009–. Tan mal fueron gestionadas que la Comunidad de Madrid ha intentado deshacerse de ellas desde 2010, sin éxito. De hecho, el Observatorio Contra Delitos Económicos (CODE) y el sindicato CGT han interpuesto una querella por malversación con 400 documentos anexos sobre estas dos sociedades que está pendiente de ser o no admitida a trámite. "Constatamos que había una trama de malversación de fondos públicos de decenas de millones y como la propia Comunidad de Madrid no asumía el control, es la sociedad civil la que tiene que hacerlo", relata Manuel Gabarre, investigador de CODE.

Las dudas sobre el funcionamiento de CRM e Inicap y la idoneidad de los proyectos que financiaban preocupó en su día incluso a la expresidenta Cristina Cifuentes. Las definió como un asunto peligroso en 2016 ante el director de La Razón, Francisco Marhuenda, en una conversación que cuenta él y cuya transcripción recoge el sumario de la operación Lezo: "Han encontrado dos sociedades que no se sabía que existían dedicadas a hacer como capital riesgo, a prestar dinero a consejeros a través de consejeros (...) dice que es como lo de Avalmadrid, pero peor", relata sobre su conversación con la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid.

La sociedad de capital riesgo CRM se crea en 1995 con 24 millones de euros. Aunque su constitución corresponde al final del mandato del socialista Joaquín Leguina, las operaciones ruinosas se financian en la época de Esperanza Aguirre. La Comunidad de Madrid tiene el 49% de la sociedad a través del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), que pertenece a la Consejería de Economía. Este instituto preside el consejo de administración y es el accionista principal. Es precisamente el instituto bajo sospecha en el caso Púnica, ya que el juez Manuel García Castellón cree que se usó para desviar dinero público a Esperanza Aguirre: "La investigación está revelando que dicha entidad de derecho público, destinataria de importantes ayudas comunitarias, sería usada por los artífices y ejecutores del plan preconcebido para financiar al PP de la Comunidad de Madrid, como potente instrumento de desvío de fondos públicos, aprovechando el abultado presupuesto que contó entre los años 2006 y siguientes, hasta su liquidación en el año 2010", dice el magistrado en el sumario.

Además de la Comunidad, en el accionariado de CRM está Caja Madrid –que también estaba en Avalmadrid con el 30% del capital– y las dos asociaciones empresariales de cabecera del aguirrismo. Una es la patronal madrileña CEIM, presidida esos años por Arturo Fernández, imputado junto a Aguirre y Cifuentes en Púnica por hacer donaciones ilegales a cambio de contratos públicos. La patronal de Fernández, que tiene algo menos del 1% en CRM, también está en el consejo de Avalmadrid, donde incluso Fernández se ha dado avales a sí mismo y a su amigo Gerardo Díaz Ferrán.

La otra organización empresarial que participa en CRM para financiar proyectos es la Cámara de Comercio, que tiene el 15% de la entidad de riesgo y que también está en el consejo de administración de Avalmadrid. Estas dos plataformas de empresarios se embarcan con Aguirre más adelante (2009) en Madrid Network, una asociación opaca financiada con dinero público de la que cobró Isabel Díaz Ayuso, según publicó El País.

De este modo, los consejos de Avalmadrid y CRM estaban compuestos por las mismas entidades e incluso los mismos consejeros en algunos casos. Así que era fácil que se pusieran de acuerdo. Las sociedades de riesgo financiaban una empresa y la otra inmediatamente avalaba, según revela la auditoría interna encargada por la propia Avalmadrid en 2019, a la que ha tenido acceso eldiario.es, y que detalla las operaciones ruinosas en claro conflicto de interés.

Hay casos paradigmáticos de transversalidad entre consejos, como el de Eva Piera: presidió Avalmadrid de 2006 a 2008 y presidió CRM de 2008 a 2012, un trabajo que compatibilizó con el de viceconsejera del gobierno de Esperanza Aguirre. Durante esos años Avalmadrid concedió avales a empresas participadas por CRM. Además, Piera fue la persona que puso en contacto a Díaz Ayuso con Avalmadrid en 2011 para que obtuviera información sobre el crédito de su padre. También es hija de Mercedes Rojo, secretaria personal de Esperanza Aguirre que acabó de consejera de Caja Madrid pese a que no tenía conocimientos de finanzas, como admitió ella misma ante el juez de caso Bankia cuando declaró como imputada.

Los instrumentos financieros semipúblicos que se armaron bajo los gobiernos de Aguirre apoyaron especialmente al mundo de la moda. Algunos nombres aparecen reiteradamente, como el del diseñador Javier Larraínzar, cuyos negocios fueron ruinosos para las arcas públicas.

En 29 de diciembre de 2006, el diseñador crea la empresa Copyright Art Design, dedicada a gestión de marcas. Larraínzar aporta dos millones de euros, pero no en dinero, sino que ha valorado sus marcas por esa cantidad. El mismo día, la sociedad de riesgo semipública CRM le compra la empresa y le da los dos millones de euros, esta vez en metálico, como refleja uno de los anexos que aporta la querella de CODE al juzgado. Tal y como consta en el certificado de la sociedad, Pedro Olabarría –también consejero de Avalmadrid en ese momento– se convierte en representante de la empresa. Copyright Art Design no ha tenido actividad y el millón de euros de dinero público invertido –junto con la inversión de Caja Madrid, la patronal y la Cámara de Comercio– se ha perdido.

Pero no es el único empujón que recibió el diseñador. Creó también la empresa Volupté en 2006, que nace con medio millón de inversión de CRM –casi la mitad de ese dinero es público–. Larraínzar aportó otro medio millón en dinero. Y también 250.000 euros por su 'know how', es decir, el valor calculado sobre su conocimiento del mundo de la costura.

Los problemas económicos llegan enseguida y en 2007 la empresa de moda tiene el doble de gastos que de ingresos. En 2008 ingresa 650.000 euros pese a que preveía ingresar 2,8 millones. Todo esto no es óbice para Avalmadrid, que ese mismo año le avala 270.000 euros. De hecho, el consejo de Avalmadrid conoce bien a Larraínzar, ya que está financiándole a su vez a través de CRM. Aquí vuelve a aparecer Pedro Olabarría, consejero de Avalmadrid y a su vez director general de Volupté, en claro conflicto de interés, como señala la auditoría, que destaca que se financió este proyecto solo en base a la experiencia de Larraínzar y el apoyo de CRM. No se devolvió el aval y la compañía estaba en números rojos, pero aún así CRM siguió invertiendo dinero hasta 2011. La empresa de Larraínzar entró en liquidación y se perdieron 2,7 millones.

La sociedad semipública CRM también se metió en el mundo de los trajes de novia a través del Grupo Nupcial Novissima, del que era principal accionista Moisés Amselem. La sociedad de riesgo para pymes invirtió tres millones de euros y se convirtió en socio con el 20% de la propiedad del grupo. Justamente tras ese desembolso, Avalmadrid le da 1,7 millones de euros para que monte corners en El Corte Inglés. La auditoría de Avalmadrid encuentra varias anomalías, entre ellas que se había puesto como requisito para financiar al grupo nupcial que CRM se mantuviera como socio, lo que "podría explicar la concesión de las operaciones" contra todos los indicadores, que alertaban de que la empresa era un negocio en apuros.

De hecho, la firma de trajes de novia acaba entrando en concurso de acreedores dos años después sin devolver nada a Avalmadrid. El Grupo Nupcial Novissima acabó por tragarse 8,15 millones de euros de CRM, como admiten las cuentas de esta sociedad de riesgo, y dejando 1,3 millones sin pagar a Avalmadrid. Otra apuesta perdida para el gobierno de Aguirre. En esta operación vuelve a salir el nombre de Pedro Olabarría, miembro del consejo de Avalmadrid que da vía libre al crédito y a la vez es director general y apoderado de CRM.

Un fondo de riesgo ruinoso

El otro instrumento de financiación de la Comunidad de Madrid fue el fondo de capital riesgo Inicap. Lo presentaron en 2006 el consejero de Economía de entonces, Fernando Merry del Val, y el de Empleo y Mujer, Juan José Güemes, como "el primer fondo de capital riesgo dirigido a los proyectos innovadores de la pequeñas y medianas empresas (PYME) de la región". Los socios de Inicap son viejos conocidos. La Comunidad de Madrid es la socia mayoritaria de nuevo, con un 66,66% del capital. Le acompaña en esta aventura de inversión otra vez la Cámara de Comercio, con un 33,33% de la propiedad.

Algunas de sus grandes apuestas tienen poco que ver con los autónomos y las pymes. Inicap, ahora junto a CRM, insiste con los diseñadores pese a las ruinas anteriores y en 2008 se invierten de nuevo cuatro millones de euros en una nueva empresa de moda, AB Diseño y Moda, que han creado los modistas españoles Elio Berhanyer, Javier Larrainzar y Miguel Palacio. Quebró dos años después y se volvió a perder el dinero.

El caso de Vip Venta

Estos instrumentos financieros semipúblicos, con la ayuda de la avalista también semipública Avalmadrid, aprobaron más operaciones ruinosas, como la de la tienda de ropa online Vip Venta. En este caso, Inicap entra en 2008 con una fuerte inversión y se queda el 38% de la empresa, capital que aumenta hasta el 49% el año siguiente. Justamente en esos dos años recibe avales de Avalmadrid por 1,5 millones de euros, pese a que el negocio nunca da ganancias y acaba quebrando en 2012. La auditoría interna de Avalmadrid señala el conflicto de interés en la operación: Alfonso Carcasona está en el consejo de Avalmadrid y a la vez en el de Möbius, la empresa que gestiona el fondo Inicap y en la que es consejero Javier López Madrid, imputado en el caso Púnica por financiar ilegalmente al partido de Aguirre a cambio de contratos públicos. Precisamente el juez de Púnica sospecha que el grupo al que pertenece Möbius se usó para desviar dinero al PP, como publicó Infolibre.

Además del dinero perdido en inversiones fallidas, las dos sociedades han pagado salarios y comisiones a dos empresas por gestionarles los activos. La sociedad Avanza, perteneciente a Caja Madrid, ha gestionado CRM. Y Möbius ha cobrado por la gestión de Inicap. Sorprendentemente ha ingresado de esta última 100.000 euros en 2015, pese a que la actividad del fondo es casi nula desde 2010.

El conglomerado de sociedades de financiación de los gobiernos de Aguirre han salido mal para los contribuyentes: Avalmadrid admite en su auditoría créditos fallidos o dudosos por valor de 40 millones en las operaciones investigadas por el Banco de España. La sociedad de riesgo semipública CRM admite pérdidas por casi 46 millones, cuando su capital inicial fueron 24 millones. Inicap presentó ocho millones de euros de pérdida en las cuentas de 2010.

Ante los problemas de CRM e Inicap, el propio gobierno de Esperanza Aguirre decidió enajenarlas en 2010. Un año antes se ha fundado otra sociedad opaca, Madrid Network, que financia startups con dinero público pero con representación, de nuevo, de la Cámara de Comercio y la patronal de Arturo Fernández. Sigue funcionando aunque no está fiscalizada públicamente ya que se constituyó como una asociación.

La situación ruinosa de CRM (fue disuelta en 2013 y está en liquidación) e Inicap (en liquidación y con dos inversiones activas) ha impedido que la Comunidad de Madrid se deshaga de ellas como intentó hace nueve años. Las subastas convocadas para que las comprara alguien quedaron desiertas y muchos de los proyectos para los que se invirtieron millones de euros públicos no han prosperado.

La Consejería de Economía (es el organismo competente y está en manos de Ciudadanos) ha respondido a eldiario.es que está recopilando información sobre estas sociedades y no ha aportado la información concreta solicitada por este medio. El diseñador Javier Larraínzar no ha contestado sobre las ayudas que recibió.

https://www.eldiario.es/madrid/Comunidad-Avalmadrid-sociedades-inversion-operaciones_0_942805840.html

LA EMPRESA DEL 'CASO AYUSO' TAMPOCO DEVOLVIÓ A UN CENTRO PÚBLICO DE I+D LA SUBVENCIÓN POR UN PROYECTO QUE DEJÓ SIN EJECUTAR

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, dependiente del Ministerio de Economía, denunció en el juzgado a MC Infortécnica SL por una deuda de 11.000 euros en intereses bonificados “Las acciones legales han resultado infructuosas hasta el momento”, admite un portavoz del CDTI a preguntas de infoLibre La empresa incluyó el proyecto, que no llegó a ejecutar, en el plan de negocio que presentó a los bancos para pedir financiación y a Avalmadrid para obtener el crédito-aval de 400.000 euros.

MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, visitaba a los bancos en 2010 a la búsqueda de financiación. Para ello, preparó un documento con el plan de negocio para los años 2011 a 2014 donde detallaba su plantilla y organigrama, presumía de buenos resultados –casi 149.000 euros de beneficios– e incluso prometía un crecimiento anual del 8%. Entre las razones que sostenían ese optimismo y debían servirle para obtener la confianza de los bancos, el grupo de suministros médicos citaba dos: los acuerdos estratégicos que mantenía con grandes empresas, desde Indra hasta Siemens, pasando por Siemens y Agfa, y un proyecto de I+D que se había hecho merecedor de una subvención del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), una entidad pública dependiente del Ministerio de Economía. Así consta en documentación interna de la empresa a la que ha tenido acceso infoLibre.

Se trataba de un proyecto cooperativo en el que participaban el Instituto de Investigaciones Neuropsiquiátricas Doctor López Ibor y cuatro empresas: además de MC Infortécnica SL, MyD Moldeo y Diseño SL, X-Treme Fitness Equipment SL y Global Health Consulting SL, cuya matriz son los gimnasios Duet. Su denominación, “Espacio Precarv. Tecnologías, protocolos y espacios para la rehabilitación cardiaca de posinfartados”, un sistema para implantar en gimnasios.

El proyecto fue aprobado en el consejo del CDTI el 29 de octubre de 2009, lo que se traducía en una ayuda pública de 2,53 millones de euros sobre un presupuesto total de 3,37 millones, el 75%. A MC Infortécnica SL le correspondió una subvención de 614.179,5 euros del total aprobado de 818.906. De esa cantidad, el 25% era a fondo perdido, 153.544,88 euros. Además, la empresa de los padres de Díaz Ayuso solicitó la Línea de Prefinanciación Bancaria que entonces facilitaba el CDTI para sus proyectos de I+D+i, lo que le permitió pedir al Banco Santander un anticipo de 388.000 euros. Gracias a esa línea, el CDTI bonificó los costes de ese adelanto, el 2% anual de un interés fijado en el euríbor a seis meses menos un punto porcentual.

Pero el proyecto no llegó a ejecutarse. MC Infortécnica SL solicitó dos aplazamientos sin presentar documentación técnica o económica que los justificase, explica a infoLibre el CDTI. De forma que la iniciativa “no alcanzó la etapa de comprobación técnica y de ejecución que realiza el CDTI para confirmar su evolución adecuada”. El centro, por tanto, clasificó el proyecto como “no ejecutado” y no pagó la subvención. El CDTI obliga a las empresas a someterse a “un proceso de seguimiento por hitos y, sin certificación de hitos, no hay desembolsos”, aclara su portavoz. MC Infortécnica SL no llegó a certificar ningún hito.

El fiasco de Espacio Precarv implicaba también que la empresa debía devolver al CDTI los intereses del anticipo concedido por el Santander que le había bonificado. Un total de 11.405 euros, correspondientes a los 17 meses que había durado el malogrado proyecto. Pero MC Infortécnica SL tampoco los pagó, por lo que el CDTI le puso la correspondiente demanda en el juzgado. Sin éxito: “Las acciones legales han resultado infructuosas hasta el momento”, concluye. Es decir, el centro público se suma a Avalmadrid en la lista de acreedores públicos de la empresa de los padres de Isabel Díaz Ayuso. La deuda con la sociedad de garantía Avalmadrid ascendía, a 30 de junio de 2019, a 270.000 euros. Y los intereses de demora hacen que siga aumentando mes a mes.

La ficción del plan de negocios

Pese a su escaso recorrido, MC Infortécnica incluyó el proyecto Espacio Precarv en su solicitud de garantía financiera a Avalmadrid, según consta en un correo electrónico que la empresa envió a la entidad semipública en diciembre de 2010 y al que ha tenido acceso este periódico. Sin embargo, en el expediente del aval, la sociedad de garantías precisa que, en su evaluación, “no se ha tenido en cuenta la operación de Santander al tratarse de un anticipo CDTI”. La empresa proporciona a la sociedad de garantías la cifra de 863.000 euros como total de la subvención, 44.000 euros más de los realmente aprobados.

Cuando se presentaban a los bancos, los gestores de MC Infortécnica SL adornaban los números un poco más. En su plan de negocios 2011-2014 aseguraban que la subvención ascendía a un millón de euros, que iban a cobrar “a finales de 2011”, y anunciaban que la segunda fase del proyecto ya se “estaba iniciando”, lo que le permitiría solicitar otro millón de euros “en las mismas condiciones” para marzo de 2013. El CDTI precisa, en cambio, que ni esta empresa ni ninguna de las otras tres de Espacio Precarv pidieron ayudas para un “proyecto continuador” del que incumplieron.

Finalmente, la realidad desmintió algo más que las cifras del plan de negocios. Gracias a la garantía de Avalmadrid, concedida con fecha del 15 de marzo de 2011, la empresa de los padres de Díaz Ayuso consiguió un préstamo de 400.000 euros de Caja España. Sin embargo, sólo tres meses después, en junio, dejó de pagar las nóminas de sus trabajadores. En septiembre despidió a casi toda su plantilla y entró en quiebra. El 15 de diciembre, la fecha fijada, no devolvió el primer plazo de la garantía a Avalmadrid. Tampoco solicitó el concurso de acreedores ni consta como empresa liquidada. El 27 de junio de 2018 la Agencia Tributaria le revocó el NIF.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/16/la_empresa_del_caso_ayuso_tampoco_devolvio_centro_publico_la_subvencion_por_proyecto_que_dejo_sin_ejecutar_98775_1012.html

EL GOBIERNO MADRILEÑO DEL PP INTENTÓ ESQUIVAR EL EXPEDIENTE DEL BANCO DE ESPAÑA SOBRE AVALMADRID ESCUDÁNDOSE EN SU “INIMPUTABILIDAD”

La Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid puso sobre la mesa el artículo 31 quinquies del Código Penal en sus alegaciones, según consta en el pliego de cargos del supervisor bancario del pasado mes de julio
El Banco de España rechazó el argumento de Economía señalando que "la traslación de los principios penales al procedimiento administrativo sancionador" no es "mecánica ni automática"
El Gobierno madrileño del PP ha intentado por todos los medios salir airoso del expediente abierto por el Banco de España sobre las irregularidades detectadas en la entidad semipública Avalmadrid. La Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid trató de esquivar las posibles sanciones que le puede imponer el supervisor bancario escudándose en su supuesta “inimputabilidad” tanto en el ámbito penal como en el administrativo, según consta en el pliego de cargos del pasado mes de julio al que ha tenido acceso infoLibre. Unas alegaciones que, sin embargo, el Banco de España desestimó de plano aseverando que “la traslación de los principios penales al procedimiento administrativo sancionador no es mecánica ni automática”. Con este argumento rechazado, el supervisor bancario decidió mantener en la lista de expedientados al departamento que en la actualidad dirige Manuel Giménez, para el que se ha propuesto una multa de 50.000 euros por el incumplimiento de dos de los tres requerimientos que el Banco de España hizo a Avalmadrid hace siete años.

El origen del expediente se remonta al año 2012, cuando el supervisor bancario llevó a cabo una investigación sobre la entidad semipública, que se encuentra en el ojo del huracán por el préstamo de 400.000 euros que concedió a la firma MC Infortécnica, participada por los progenitores de la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Las pesquisas concluyeron con un duro informe, de fecha 6 de noviembre de 2012, en el que los inspectores incluían tres requerimientos dirigidos a Avalmadrid para solventar algunas de las deficiencias detectadas durante la investigación. La entidad semipública se comprometió a cumplir con las exigencias del Banco de España a partir del 1 de enero de 2013. Sin embargo, cuatro años después y tras una nueva investigación, el supervisor bancario descubrió que Avalmadrid no había dado cumplimiento en tiempo y forma a dos de los tres requerimientos: el relativo a la política de reducción de concentración de riesgos y el referente al seguimiento del riesgo.

El Banco de España, en relación con la primera de las exigencias, destacó en el pliego de cargos del pasado mes de julio que a pesar de que la entidad semipública comunicó al supervisor bancario que “el 1 de enero de 2013 implementaría las medidas para dar cumplimiento al señalado requerimiento, estableciendo con carácter general que el límite máximo por operación financiera sería el de las cantidades máximas de reaval estatal y autonómico”, adoptó con posterioridad a esa fecha “acuerdos contradictorios con ese límite”. En cuanto al segundo requerimiento incumplido, el Banco de España detectó en su segunda investigación incidencias tales como que la revisión de los riesgos “no siempre” se estaba efectuando con la “periodicidad establecida en el Manual de Seguimiento de Riesgos”, que “con frecuencia” los informes de seguimiento eran “deficientes para explicar la situación actual y evolución del negocio avalado” o que en estos no se aportase “información” sobre la posibilidad “de obtener o ejecutar garantías”.

Economía alega “inimputabilidad”

Con estos hechos probados, el Banco de España decidió mantener como imputada por el incumplimiento de los dos requerimientos a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, que ha ocupado durante el periodo analizado la presidencia del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de Avalmadrid, además de formar parte de la Comisión Delegada de Riesgos, según especifica el supervisor bancario. Además, el pliego de cargos también tiene en consideración que Economía “recordó en varias ocasiones” al resto del Consejo de Administración “los requerimientos del Banco de España y adoptó algunas iniciativas al respecto”. Asimismo, señala que estuvo presente en la reunión que dio lugar a que la entidad finalmente “cumpliese con el requerimiento relativo a la política de disminución de la concentración de riesgos”, un cónclave que se celebró el 4 de julio de 2014 a pesar de que Avalmadrid se había comprometido con el Banco de España a dejar solventado este asunto el 1 de enero de 2013.

El Banco de España propuso entonces imponer a la Consejería de Economía una multa de 50.000 euros. Y lo hizo después de analizar y rechazar las alegaciones planteadas por el departamento. Una defensa que se centró, principalmente, en su supuesta inimputabilidad. “La Comunidad de Madrid, en tanto que Administración Pública territorial de relevancia constitucional, que debe estar al margen de injerencias en el ejercicio de sus funciones públicas, goza de inimputabilidad tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo sancionador, por la necesaria aplicación en éste de los principios penales”, sostuvo Economía en sus alegaciones. En este sentido, puso sobre la mesa el artículo 31 quinquies del Código Penal, que establece que “las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas” no serán aplicables “al Estado”, a las “administraciones públicas territoriales e institucionales”, a los “organismos reguladores” o a las “agencias y entidades públicas empresariales”, entre otras.

El Banco de España rechaza el argumento

Pero el supervisor bancario rechazó el intento de esquivar el expediente. En el pliego de cargos del pasado mes de julio, el Banco de España sostiene que “la traslación de los principios penales al procedimiento administrativo sancionador” no es “mecánica ni automática”. Si bien el supervisor reconoce que en el ámbito del derecho penal se ha previsto una norma –el artículo 31 quinquies del Código Penal– que “exime” a las administraciones públicas territoriales “de las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, añade que “el legislador, pudiendo hacerlo, no ha previsto una norma análoga en el ámbito del derecho administrativo sancionador –en el que se conoce de conductas menos graves que las propias del derecho penal, con sanciones acordes a tales conductas–”.

“Antes al contrario, el legislador ha optado expresamente por aplicar a las sociedades de garantía recíproca –como lo es Avalmadrid– y a quienes ostenten cargos de administración y dirección de las mismas el régimen disciplinario propio de las entidades de crédito”, señala el Banco de España, que añade que esto se ha hecho “teniendo bien presente, como reconoce la expedientada, la ‘participación fundamental de la Administración pública’ en dichas sociedades y el hecho de que las Administraciones Públicas pueden ser socios protectores de las sociedades de garantía recíproca y, en tanto que tal, miembros del Consejo de Administración de la entidad”. “Es decir, asumiendo que entre los sujetos sometidos a ese régimen disciplinario estarían las Administraciones Públicas”, completa el supervisor bancario, que considera que con estos mimbres es improcedente “querer trasladar de manera acrítica y automática” la norma especial del ámbito penal al administrativo sancionador.

Consejeros cubiertos por un seguro

El Banco de España, tras estudiar todas las alegaciones planteadas por los expedientados, decidió el pasado mes de julio reducir la lista de imputados y hacer las diferentes propuestas de multa, que en todos los casos se situaron en el tercio inferior de la horquilla sancionadora. Así, propuso, en primer lugar, una sanción de 100.000 euros para la entidad semipública. Además, planteó multas para otros 17 cargos de administración y dirección de Avalmadrid: siete de ellas son personas jurídicas –Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, Cámara Oficial de Comercio e Industria, Gesmare Sociedad Gestora, Valoración y Control SL, Participaciones y Cartera de Inversión SL, Banco Santander y CEIM Confederación Empresarial de Madrid CEOE– y una decena más personas físicas –Fernando Rodríguez Sousa, Alfonso Carcasona, Juan Luis Fernández-Rubíes, Jesús Martín, Jesús Alejandro Vidal-Anchía, José María Rotellar, Jorge Morán, Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, Pedro Irigoyen y Juan Iranzo–.

Estos diez últimos consejeros suman entre todos 276.000 euros de multa, siendo la sanción más alta la que se ha propuesto para Rodríguez Sousa (50.000 euros). Sin embargo, algunos de ellos ni siquiera tendrán que pagarlas de su propio bolsillo. Según ha informado este lunes la Cadena SER, Avalmadrid firmó en octubre de 2015 una póliza de seguros con la compañía CHUBB que permite a los consejeros de la entidad tener asegurada una cobertura de “hasta 500.000 euros” por sanciones administrativas que les puedan ser impuestas, siempre y cuando no se aprecie dolo o intencionalidad en las conductas. A algunos de los consejeros ya les han confirmado por escrito que no pagarán un euro en su bolsillo. En otros casos, sin embargo, hay alguna duda dado que el seguro no cubre sanciones relativas a la gestión anterior a la entrada en vigor de la póliza. En este caso, el periodo que comprende el expediente sancionador del Banco de España comprende desde 2012 hasta 2018.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/17/el_gobierno_madrileno_del_intento_esquivar_expediente_del_banco_espana_sobre_avalmadrid_escudandose_inimputabilidad_98843_1012.html

LOS CONSEJEROS DE AVALMADRID NO PAGARÁN DE SU BOLSILLO LA MULTA DEL BANCO DE ESPAÑA

Avalmadrid tiene firmada una póliza de seguros que cubre hasta 500.000 euros en sanciones

Una póliza de seguros evitará que los consejeros de Avalmadrid paguen de su bolsillo la multa del Banco de España por violar las normas de control de riesgo financiero. Todos ellos cuentan con la cobertura del seguro que firmaron en 2015 con la compañía CHUBB.

“Nos es grato informales de que la Compañía Chubb ha aceptado nuestros argumentos y, por tanto, han confirmado la cobertura de los gastos de defensa de las personas físicas aseguradas contra las cuales se dirige el procedimiento disciplinario [del Banco de España] y, en su caso, de las sanciones cubiertas que eventualmente se les impongan”. Ese fue el mensaje que recibieron los consejeros expedientados a través de una carta, a la que ha tenido acceso la SER, remitida por Adartia Global – la correduría de seguros que gestiona la póliza de Avalmadrid-.

El expediente de sanción del Banco de España, adelantado por la SER, propone una multa de 276.000 euros para los diez consejeros de Avalmadrid señalados por mala praxis bancaria [consulta más abajo las sanciones individuales].
Salvo algún requiebro legal, los consejeros no tendrán que pagar esa multa con su propio dinero porque todos cuentan con la consideración de “asegurados bajo la póliza” por haber sido implicados “en su condición de administradores o de directivos de la sociedad tomadora”, dice el escrito.

La Cadena SER ha revisado la póliza de seguros que Avalmadrid firmó en octubre de 2015 con CHUBB. Se trata de un seguro - con una prima anual de 9.553 euros- que blinda a sus asegurados ante sanciones como la del Banco de España. Los consejeros expedientados tienen asegurada una cobertura de "hasta 500.000 euros por las sanciones administrativas" que les pueda imponer cualquier organismo competente en base, por ejemplo, a la Ley sobre Disciplina de las Entidades de Crédito. Además, la póliza también les cubre los gastos de defensa, incluidas “las costas judiciales, los gastos de apelaciones, los gastos de fianzas civiles, los gastos y honorarios de abogados y expertos en la defensa de una reclamación en su contra”, recoge el seguro de Avalmadrid.
Como en todo seguro, hay excepciones

Según ha sabido la SER, varios exconsejeros ya tienen confirmado por escrito que la póliza les cubrirá la previsible sanción del Banco de España. Pero hay otros que tienen serias dudas. La correduría de seguros les ha avisado de que la póliza no cubrirá la sanción “en el supuesto de que finalmente la resolución del expediente sancionador concluyese que ha habido mala fe, dolo o intencionalidad en la conducta”. En ese caso, “los asegurados deberán pagar las cantidades adelantas por el Asegurador”, avisan.

Hay otro ángulo muerto. Si las multas – no dolosas sino negligentes- se refieren a su gestión anterior a la entrada en vigor de la póliza, las sanciones tampoco estarán cubiertas por la póliza. “En ese caso la cobertura se limitaría a los gastos de defensa de los asegurados”, aclara la correduría Adartia.
Esta última excepción inquieta a algunos consejeros expedientados, temen que la cobertura de la póliza no les beneficie. Son conscientes de que solo les cubrirá si las sanciones que les imponen se centran en su etapa al frente de esta entidad semipública, a partir de 2015 – fecha en el que se firmó la póliza-. Pero no es el caso. El Banco de España comenzó a inspeccionar Avalmadrid en 2012, en ese año se detectaron anomalías, Avalmadrid se comprometió a corregirlas. Pero en 2016 los inspectores del Banco de España comprobaron que no habían subsanado nada. De ahí la propuesta de sanción contra Avalmadrid con 100.000 euros de multa.

La Consejería de Economía también puede ser multada con 50.000 euros. El listado de consejeros sobre los que pesa una multa es el siguiente:

Fernando Rodríguez Sousa una multa de 50.000 euros. Desde abril de 2015 fue presidente de la Comisión de Riesgos de Avalmadrid

Alfonso Carcasona García, multa de 48.000 euros. Asistió a la Comisión Delegada de Riesgos el 4 de julio de 2014, una reunión fundamental donde se fijó la política de concentración de riesgos

Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo, multa de 45.000 euros. Fue director de Avalmadrid entre febrero de 2014 y febrero de 2016. Ya era consejero desde 2004

Jesús Martínez Sanz, multa de 40.000 euros. Fue consejero desde 2012 hasta 2016

Jesús Vidart, multa de 33.000 euros. Fue consejero entre 2015 y 2018. También formó parte de la Comisión de Riesgos

José María Rotellar, multa de 18.000 euros. Fue consejero entre 2013 y 2014

Jorge Morán Santor, multa de 15.000 euros. Fue consejero entre 2016 y 2018

Juan Pablo Lázaro, multa de 13.000 euros. Fue consejero entre 2013 y 2014
Pedro Irigoyen, multa de 10.000 euros fue consejero en 2014. Actualmente es el director general de Recursos Humanos de la consejería de Justicia

Juan Iranzo Martín, multa de 4.000 de euros. Fue consejero en 2014.

Como ya adelantó Infolibre, los directivos de Avalmadrid se repartieron primas, incluso, cuando ya sabían que el Banco de España esta investigando el sistema irregular de avales de Avalmadrid. Desde 2014, tal y como informó la SER, los directivos de Avalmadrid cobraron más de 2 millones en primas mientras se disparaba la morosidad de esta entidad.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/16/asi_funciona_avalmadrid_entidad_semipublica_bajo_sospecha_dar_trato_favor_empresarios_politicos_del_pp_98739_1012.html

ASÍ FUNCIONA AVALMADRID, LA ENTIDAD SEMIPÚBLICA BAJO SOSPECHA DE DAR TRATO DE FAVOR A EMPRESARIOS Y POLÍTICOS DEL PP

Creada en 1985, no contó con un director de Control de Riesgos hasta hace un año, cuando ya estaba siendo inspeccionada por el Banco de España

La sociedad de garantías madrileña tiene aprobadas este año 25 operaciones con empresas vinculadas a miembros de su consejo de administración

Casi ha triplicado su ‘ratio’ de morosidad desde 2011, el año en que concedió el aval a la empresa del ‘caso Ayuso’
Avalmadrid, en el disparadero desde que se han conocido sus sospechosos tratos de favor a la hora de conceder avales y no cobrar los que no se devuelven, es una de las 18 sociedades de garantía recíproca (SGR) que existen en España desde 1978. Fue entonces cuando se creó un sistema que proporciona acceso a la financiación a pymes y autónomos, los que más dificultades tienen para conseguir crédito: ha otorgado un total de 31.969 millones de euros en los últimos 40 años.

Avalmadrid nació con ese nombre en 1985, pero desde tres años antes existía como Assaf. Tiene una plantilla de 60 trabajadores y la consideración de entidad financiera, por lo que está sometida al control e inspección del Banco de España. Y es una sociedad semipública sin ánimo de lucro, donde la Comunidad de Madrid posee el 26,1% del capital. Lo mismo ocurre en el resto de las 17 sociedades de garantía españolas –también hay una sectorial, CREA, que avala sólo a empresas audiovisuales–, donde cada administración autonómica cuenta con una participación.

En Avalmadrid, además, Bankia, banco público por el 61,7% que posee el FROB, tiene un 25,3% de las acciones. Entró en la sociedad de garantías madrileña en 1991, cuando aún era Caja Madrid. Hasta 2014 no se convirtieron en socios Banco Santander y Caixabank; Banco Popular –integrado en el Santander desde 2017– llegó en 2015. También son socios fundadores la Cámara Oficial de Comercio de Madrid y la patronal madrileña CEIM.

Así, al presidente de Avalmadrid lo nombra la Consejería de Economía, el accionista mayoritario, y tanto él como los otros dos representantes de la Comunidad en el consejo de administración son altos cargos de ese departamento. Desde esta semana la preside Isaac Martín, viceconsejero de Economía y Competitividad, y su director general es Rodrigo Tilve, también director general de Economía. La consejería es una de las carteras del Gobierno madrileño a cargo de Ciudadanos, que ha situado a su cabeza a un independiente, Manuel Giménez.

Casi 11.000 pymes y autónomos son socios

Todos los citados son socios protectores de Avalmadrid, que reúnen el 60,5% del capital. Pero cuatro quintas partes de sus accionistas deben ser pequeñas y medianas empresas, por lo que el 39,5% restante corresponde a los socios partícipes, todas las pymes y autónomos que obtienen un aval. Para conseguirlo deben adquirir acciones de la sociedad en proporción a la cuantía de la garantía otorgada. Que son reembolsables cuando cancelan el aval. Por eso su número es variable, al igual que el capital que representan en el total de la sociedad. A 31 de diciembre de 2018, Avalmadrid cuenta con 10.903 socios partícipes.

Cualquier pyme o autónomo puede acudir a la sociedad de garantías madrileña para que le avale ante la entidad financiera a la que ha pedido un préstamo. Además de la cuota de capital, deberá pagar dos comisiones: una calculada según el riesgo de la operación y otra anual que equivale a un porcentaje del principal pendiente de amortizar.

A cambio, puede pedir dos tipos de avales: técnicos y financieros. Los primeros son los que exigen las administraciones para conseguir subvenciones o participar en concursos públicos. Los segundos, los necesarios para solicitar créditos a los bancos. Según las cifras de Cesgar, la patronal de las sociedades de garantía españolas, de los casi 3,6 millones de empresas con menos de 250 trabajadores que existen en España, el 36,5% necesitó acudir a un banco en busca de crédito el año pasado y, de éstas, la mitad necesitó un aval.

De hecho, el principal problema que exponen las pymes para obtener financiación es precisamente la falta de las garantías que les piden los bancos, según los informes de Cesgar, incluso por delante del precio del dinero. Por regla general, las pequeñas empresas necesitan solicitar un crédito sobre todo para financiar el circulante, por el desajuste temporal entre ingresos y pagos.

Entre la Fiscalía y el Banco de España

En 2018 Avalmadrid concedió 1.672 avales, 944 financieros y 728 técnicos. El importe medio de los primeros fue de 58.000 euros. Una cuantía que no ha dejado de caer desde los 132.000 euros de media aprobados en 2011.

A MC Infortécnica SL, la empresa de los padres de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, Avalmadrid le proporcionó un aval que triplicaba la cuantía media de los que aprobó en 2011, 400.000 euros. Bajo escrutinio está si esta firma de suministros médicos se benefició de un trato de favor por la intervención de Díaz Ayuso, entonces parte del equipo de Esperanza Aguirre, su antecesora en el cargo.

También está en el foco del Banco de España la concesión de avales a empresas que tenían vinculaciones con miembros del consejo de administración. El organismo supervisor inspeccionó y abrió expediente a la sociedad de garantías madrileña por las numerosas irregularidades que descubrió en 167 operaciones. Y la propia Avalmadrid remitió a la Fiscalía el pasado mayo un informe donde señalaba a exconsejeros y exdirectivos como responsables de toda una serie de operaciones aprobadas de forma “discrecional” y pese a su “falta de lógica económica”, que además “causaron un perjuicio” a la entidad. El ministerio público archivó la denuncia por considerar prescritos los hechos, pero tendrá que volver a analizar éstos y otros avales, entre ellos el de los padres de Díaz Ayuso, después de que Más Madrid haya presentado este mismo miércoles otra denuncia donde se acusa a la presidenta madrileña de alzamiento de bienes, tráfico de influencias y trato de favor, así como a la cúpula de Avalmadrid de trato de favor y administración desleal.
Bankia, la entidad que más operaciones firma con Avalmadrid

Las SGR permiten a las empresas y autónomos conseguir condiciones ventajosas, tanto en interés como en plazos, a la hora de firmar con los bancos. Gracias a que mantienen convenios de colaboración con estas entidades financieras. Avalmadrid los ha suscrito con los que son sus socios protectores –Bankia, Santander, Caixabank–, pero también con Sabadell, Deutsche Banki, BBVA, y varias cajas –rurales de Soria, Albacete y Jaén– e incluso bancos extranjeros como el ecuatoriano Pichincha o el holandés Triodos.

La entidad con el mayor volumen de riesgo garantizado por Avalmadrid es la propia Bankia, con 99,348 millones de euros y 190 avales, según se recoge en la última memoria anual de la sociedad de garantías. Caixabank le sigue con casi una tercera parte, 33,86 millones y 182 operaciones, así como Banco Sabadell, con una cantidad parecida, 36,86 millones de euros y 108 avales. Pero si se suman los volúmenes de Santander y Popular, ambos cuentan con 44,85 millones en avales.

Para los bancos, contar con la garantía de una sociedad como Avalmadrid les supone un doble negocio.

Por un lado, reducen el riesgo de las operaciones porque saben que tienen cubierto cualquier impago. No sólo por la sociedad de garantía recíproca, sino también por Cersa, la sociedad pública de reafianzamiento, y por la Comunidad de Madrid, que a su vez respaldan las operaciones de Avalmadrid. Por otro, los préstamos avalados por las SGR ponderan al 20% a efectos del coeficiente de solvencia, por lo que consumen menos recursos propios bancarios. De ahí que las entidades puedan ofrecer tipos más bajos y plazos más largos.

Además, es la sociedad de garantías la que efectúa todo el seguimiento de la operación. Se trata de un proceso largo, puesto que los avales se conceden con plazos que van desde tres años para un crédito hasta 15 años si son préstamos hipotecarios.

Aunque, como se ha visto en el caso de MC Infortécnica SL, hayan quedado patentes los fallos de esos controles. De hecho, nunca se recuperaron lo 400.000 euros del aval: en siete años Avalmadrid no actuó para embargar a los socios de la empresa los inmuebles que habían puesto en garantía para la operación. En ese tiempo, los cuatro matrimonios propietarios de MC Infortécnica, incluidos los padres de Díaz Ayuso, los donaron a sus hijos o transmitieron a terceros, lo que el Código Penal considera un delito de alzamiento de bienes.

Marsans y Cantoblanco

Tampoco fueron diligentes los gestores de Avalmadrid con el seguimiento y control de riesgos en los 167 avales investigados por el Banco de España, que pide sanciones por un total de 667.000 euros para 16 personas, entre consejeros y ejecutivos, así como para la propia SGR y la Consejería de Economía. La decisión definitiva del supervisor se conocerá antes de que acabe este año.

El caso es que la ratio de morosidad de Avalmadrid no ha hecho más que aumentar desde 2012, cuando era sólo del 4,32%, hasta 2018, cuando alcanza el 11,62%. Casi la ha triplicado. De los 352,11 millones de euros que la sociedad de garantías madrileña mantiene en avales otorgados en vigor, 46,35 millones son considerados dudosos.

Según el informe del Banco de España, las irregularidades se extendieron durante más de cinco años, desde enero de 2013 hasta junio de 2018. Por ejemplo, la revisión de riesgos no se efectuaba con la periodicidad establecida en la normativa interna de Avalmadrid: anual para los riesgos a partir de 200.000 euros y semestral para los mayores de un millón. Además, los informes de seguimiento eran “deficientes para explicar la situación actual y evolución del negocio avalado”. Por el contrario, dice el supervisor, se limitaban a actualizar “el rating interno –que presenta un calibrado deficiente–” y las partidas contables más importantes, pero sin analizarlas. Tampoco recogían aspectos relevantes para determinar la capacidad de pago del avalado, como una comparación detallada entre los flujos de caja generados y los pagos a los que debía hacer frente. Finalmente, los informes de seguimiento carecían de “decisiones y conclusiones claras, incluso en los casos en que se constata un deterioro evidente del avalado”.

En otros avales, los informes de seguimiento sólo mencionaban el incumplimiento de pagos y la dificultad de su recuperación, “sin apenas aportar más información sobre la posibilidad de obtener o ejecutar garantías”. En los expedientes que incluyen propuestas de negociación con el socio, tampoco se aportaba información detallada o un análisis, lamenta el Banco de España. Por último, en algunas operaciones la clasificación crediticia se hizo “con mucho retraso” y, en algún caso, destaca el informe, “a instancias de la auditoría externa”.

Entre los avales donde se descubrieron estas deficiencias de control se encuentran los concedidos al Grupo Marsans, entonces propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y al Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández.

Cambios en la política de riesgos

Todas estas irregularidades se sucedieron pese a que el Banco de España requirió a Avalmadrid en 2012 que mejorara su política de seguimiento de riesgos. No le hizo caso hasta 2014. Y hubo que esperar hasta septiembre de 2018 para que la SGR madrileña creara el cargo de director de Control de Riesgos y Cumplimiento Normativo y eligiera a Rodolfo Felipe Gómez para el puesto, además de nombrar una directora de Seguimiento y Recuperaciones, Asunción Martín Gómez.

En octubre de 2018, cuatro meses después de que el Banco de España abriera el expediente a Avalmadrid, el consejo de administración aprobó una nueva política de operaciones vinculadas que “refuerza y amplía el alcance” de las operaciones que no puede aceptar la SGR, además de endurecer los requisitos para conceder avales a empresas relacionadas con la cúpula de la sociedad, asegura la memoria anual.

Según ese informe, Avalmadrid ha concedido a empresas vinculadas a miembros de su consejo de administración un total de 25 avales, por importe de 3,64 millones de euros. La empresa subraya que todas estas operaciones cumplen el Código Ético de la entidad, del que carecía hasta 2016. Esa cifra es la más alta desde 2011, cuando fueron 11 los avales otorgados a firmas relacionadas con la cúpula de Avalmadrid.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/16/asi_funciona_avalmadrid_entidad_semipublica_bajo_sospecha_dar_trato_favor_empresarios_politicos_del_pp_98739_1012.html

AYUSO LLAMA "TRAIDOR" Y "VAGO" A ERREJÓN Y LE DESEA QUE "SE LO PASE BIEN"

Así se ha manifestado ante los medios un día después de que Más Madrid denunciara ante la Fiscalía Anticorrupción a Avalmadrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que hablar sobre cómo su familia "se arruinó hace casi diez años" e intentar hacerle daño por ello le parece "que no aporta mucho".

Así ha respondido la dirigente regional, a las periodistas de los medios de comunicación, al ser preguntada por el crédito que una empresa en la que participaba su padre recibió de Avalmadrid, sociedad de garantía recíproca de la que la Comunidad tiene un 31 por ciento.

Además, ha sostenido, sobre la denuncia que ha presentado Más Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción por su vinculación con dicho crédito, que "la izquierda sigue sin digerir el resultado de las urnas" y le ha deseado al líder de esta formación, Íñigo Errejón, que se "lo pase bien".

"Yo solo deseo a Errejón que se lo pase bien. Es un traidor, que traicionó a Pablo Iglesias, a quien se lo debe todo, y un vago que solo se dedica a emponzoñar y a no asimilar que no ha logrado formar un gobierno en Madrid. Así que le deseo que se lo pase bien", ha afirmado la presidenta madrileña.

"Yo nunca he tenido ninguna relación laboral con mi familia, ni mi familia ha tenido nunca una vinculación con la política. No tengo nada que aportar ni que decir nuevo", ha señalado en el acto de salida de la 18º etapa de la Vuelta Ciclista a España.

https://www.libertaddigital.com/madrid/2019-09-12/ayuso-llama-traidor-y-vago-a-errejon-y-le-desea-que-se-lo-pase-bien-1276644670/

EL PRÉSTAMO DEL 'CASO AYUSO' FUE UNA ESTAFA: EL DINERO NUNCA SE DESTINÓ AL FIN COMPROMETIDO CON AVALMADRID

Los 400.000 euros, solicitados en enero de 2011, eran en teoría para financiar a MC Infortécnica SL la compra de material destinado al Servicio Vasco de Salud

Ese supuesto contrato nunca se ejecutó: la empresa ingresó de Osakidetza 703 euros en 2011 y ni un céntimo desde 2012 en adelante, según los datos de facturación a los que ha tenido acceso infoLibre

MC Infortécnica SL sí había trabajado para el Gobierno vasco antes de recibir el crédito de Avalmadrid: cobró 65.000 euros en 2009 y 39.000 euros en 2010

El crédito-aval de 400.000 euros que Avalmadrid concedió a la empresa de los padres de Isabel Díaz Ayuso se justificó mediante un engaño. El dinero se solicitó, en enero de 2011, para financiar la compra de material médico destinado a cumplir con una adjudicación que MC Infortécnica SL había recibido supuestamente del Servicio Vasco de Salud. Pero los datos de facturación de esta empresa con Osakidetza, a los que ha tenido acceso infoLibre, demuestran que esa relación contractual no existió: en 2011 el Gobierno vasco abonó 703 euros a MC Infortécnica SL y de 2012 en adelante no le pagó ni un céntimo.

En años anteriores, MC Infortécnica SL sí había trabajado para el Servicio Vasco de Salud. En concreto, ingresó 65.000 euros en 2009 y 39.000 euros en 2010 por servicios prestados a Osakidetza. Y otra empresa del mismo grupo empresarial, Hamilton Medical España, recibió adjudicaciones del Gobierno vasco hasta 2007.

Avalmadrid aprobó la operación de ayuda a MC Infortécnica SL con la condición expresa de que los 400.000 euros sólo podrían destinarse a la compra de material a tres proveedores concretos: la compañía alemana Esinomed GmbH, la holandesa Advantech Europe BV y la estadounidense Rubbermaid Medical Solutions. Por su parte, la empresa participada en un 25% por los padres de Ayuso destinaría los equipos adquiridos a cumplir con una supuesta adjudicación del Servicio Vasco de Salud.

En el expediente de concesión del préstamo por parte de Avalmadrid, a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre, en el apartado "destino de los fondos" se indica literalmente lo siguiente: "Solicita una operación de aval-crédito por importe de 400.000 euros a un plazo de 36 meses, con el objeto de financiar la adjudicación de carros informatizados Rubbermaid, distribuidos en exclusiva por el Grupo MC, habiéndose adjudicado en el Servicio Vasco de Salud para dotar a todos los servicios y convertir al Hospital de Cruces en un "hospital sin papeles". La sociedad nos informa que el consejero vasco de Salud se encuentra interesado en ampliar la cobertura de estos carros a todo el servicio de la Comunidad Autónoma Vasca".

A continuación se asegura que el "Servicio Vasco de Salud está implementando las pantallas de visualización de Esinomed comercializadas por MC en todas sus unidades quirúrgicas operativas. El total de unidades adjudicadas es de 120 estaciones para quirófano modelo OP-PACS Single & Duplex".

De acuerdo siempre con el contenido del expediente de Avalmadrid, los hospitales vascos estaban "retirando las placas de rayos X con lo que es necesario visualizar las pruebas en pantallas de alta definición. Además, los ordenadores de uso hospitalario tienen que ser de grado médico (permiten limpieza, esterilización y libres de ángulos de difícil acceso). Por ello los hospitales tienen que adquirir hardware informático adecuado, para ello Grupo MC a través de su empresa MC Infortécnica SL soluciona a través de tres proveedores". Esos proveedores son los citados Esinomed GmbH, Advantech Europe BV y Rubbermaid Medical Solutions.

El 2 de febrero de 2011, el Comité Directivo de Avalmadrid aprobó la operación con MC Infortécnica SL. En el acuerdo de dicho órgano se establece expresamente que "la disposición de la póliza quedará limitada al pago" de los tres proveedores citados.

El Comité Directivo estaba formado entonces por cinco personas: Juan Manuel Santos-Suárez (presidente de Avalmadrid), Juan Luis Fernández-Rubíes (consejero delegado), Antonio Chorro (director de Riesgos), Alejandro Gómez (director de Operaciones) y Borja Cubillo (director Comercial).

Las gestiones de Ayuso

La presidenta madrileña, según confesó ella misma en una entrevista en Tele 5, ya hizo en ese momento una primera gestión con Avalmadrid para saber "con qué persona" había que hablar para la concesión del préstamo. Sus palabras exactas fueron las siguientes: "Yo pregunté en ese momento simplemente con qué persona se podría hablar para que, si se daban las garantías, esa empresa solicitara un crédito y pudiera ser avalada. Pero yo no he mediado, yo no he presionado, yo no era nadie. No tenía ningún tipo de poder político. Y tiempo después entré en la Asamblea de Madrid como diputada".

Efectivamente, Isabel Díaz Ayuso tomó posesión como diputada autonómica el 15 de julio de 2011, "tiempo después" de aquella primera gestión ante Avalmadrid. La política del PP no ofreció ningún dato más, pero dado que MC Infortécnica SL solicitó el préstamo el 5 de enero de aquel año y que el Comité Directivo lo aprobó el 2 de febrero, necesariamente las gestiones de Ayuso tuvieron que realizarse a finales de 2010 o principios de 2011.
La presidenta madrileña, en su estrategia de opacidad absoluta y de escudarse en su padre fallecido para no responder de sus propias actuaciones, no ha aclarado tres cuestiones esenciales: con qué persona le dijeron que se necesitaba hablar para que Avalmadrid aprobara la operación "si se daban las garantías", qué gestiones concretas hizo ella y qué sabía exactamente sobre la situación económica de MC Infortécnica SL y sobre el destino que pensaban darle al dinero.

A ello habría que añadir una cuestión previa: si tal y como afirma ella nunca se interesó por la marcha de la compañía, y sus padres ya no formaban parte en 2011 del equipo ejecutivo de la misma (aunque seguían siendo los dueños del 25% de la compañía), ¿por qué realiza Ayuso gestiones relacionadas con la solicitud del préstamo de 400.000 euros?

Medio año después, tal y como desveló infoLibre, Ayuso volvería a interesarse por el préstamo de Avalmadrid. Solucionada la concesión del crédito, escriturada el 15 de marzo, ahora le preocupaban los efectos que tendría el impago del mismo en el patrimonio de su familia, a la vista de que sus padres y los otros seis socios de MC Infortécnica SL eran avalistas solidarios de los 400.000 euros. Por mediación de Eva Piera, entonces viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre, Ayuso entró en contacto con un directivo de Avalmadrid el 14 de julio y al menos durante los dos meses siguientes le estuvo solicitando información confidencial. Tras tener la certeza de que MC Infortécnica SL estaba en quiebra y no devolvería el dinero, Ayuso aceptó el 7 de octubre de 2011 que sus padres le donasen un piso en el centro de Madrid en una operación que podría constituir un delito de alzamiento de bienes.

El delito de estafa

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico explicaron que, si la concesión del crédito de Avalmadrid se realizó mediante un engaño, los hechos podrían constituir un delito de estafa. El artículo 248.1 del Código Penal establece que "cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno". Y el artículo 250.5º castiga dicho delito con penas de prisión de uno a seis años de cárcel cuando "el valor de la defraudación supere los 50.000 euros".

Las mismas cantidades y penas existían en la versión del Código Penal vigente en 2011, cuando se cometieron los hechos. La comisión de ese presunto delito prescribiría a los diez años.

La principal incógnita que abre el hecho de que MC Infortécnica SL no dedicase el dinero a la compra de material destinado al Servicio de Vasco de Salud, pese a que ese fue el objeto de la concesión del crédito, es saber qué ocurrió con los 400.000 euros.

Más Madrid presentó este miércoles una denuncia ante la Fiscalía para que investigue la comisión de varios presuntos delitos por parte de la presidenta madrileña (alzamiento de bienes, trato de favor y tráfico de influencias) y de la cúpula de la sociedad de garantías (trato de favor y administración desleal). Una de las peticiones expresas que hace en su texto el partido de Iñigo Errejón es que la Fiscalía pregunte al Servicio Vasco de Salud si realmente le adjudicó a la empresa de los padres de Ayuso el suministro de equipos médicos cuya compra MC Infortécnica SL esgrimió como destino del préstamo o si ha existido una posible “simulación” de operación comercial para obtener el aval.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/13/el_prestamo_del_caso_ayuso_fue_una_estafa_98721_1012.html

AVALMADRID NO ES TAN PRIVADA: UNA SOCIEDAD NUTRIDA CON FONDOS PÚBLICOS QUE CONTROLABA ESPERANZA AGUIRRE

Isabel Díaz Ayuso y Javier Fernández-Lasquetty minimizan el papel de la Comunidad de Madrid en el ente bajo sospecha, pese a que el Gobierno es accionista mayoritario, tiene el control del consejo de administración y aporta más de 16 millones anuales

Esperanza Aguirre designó al presidente y controlaba el máximo órgano de gestión en los años de desmanes que investiga el Banco de España. También en 2011, cuando se concede el aval fallido al padre de la ahora presidenta Díaz Ayuso

La Comunidad tiene más del 30% del capital y, con la nacionalizada Bankia, suman más del 60% de Avalmadrid
Avalmadrid es un ente semipúblico en cuanto a su capital, pero su consejo de administración está controlado desde siempre por la Comunidad de Madrid. Además, ha sido permeable a la interferencia política y las presiones sobre su gestión han sido constantes. Una auditoría interna de 2019 encargada por la propia Avalmadrid y una investigación del Banco de España revelan que algunas de las decisiones que se han tomado en la entidad estaban influenciadas por intereses personales de los consejeros o por intereses partidistas. Como ejemplo: Antonio Beteta, consejero de Economía de Esperanza Aguirre, envió en 2010 una carta al presidente de Avalmadrid para que financiaran al empresario y entonces presidente de la patronal española Gerardo Díaz Ferran cuando sus empresas ya eran insolventes. Es solo una muestra más entre una veintena de decisiones de alto riesgo y arbitrarias que tomó Avalmadrid, algunas contra el criterio de los técnicos, según revelan esos informes oficiales y por los que la entidad se enfrenta a una multa del Banco de España.

Las "operaciones 'especiales' se trataban en el consejo de administración", cuentan fuentes conocedoras del funcionamiento de Avalmadrid. Los técnicos trataban de frenar la concesión de avales como el de Díaz Ferrán, que acababan siendo aprobados por un consejo de administración controlado por la Comunidad de Madrid como accionista mayoritario. De hecho, el gobierno madrileño nombra al presidente (en los últimos años es casi siempre el director general de Economía) y agrupa al bloque de consejeros más numeroso, como máxima accionista. "Los consejeros eran obedientes a algunas instrucciones porque así se buscaban apoyos", relatan las mismas fuentes. La auditoría confirma que ese consejo dio vía libre a avales que contaban con informes técnicos en contra.

La actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que medió en el polémico aval a su padre en la misma entidad, ha intentado desvincular a la Comunidad de la gestión de Avalmadrid mientras la oposición pedía una investigación parlamentaria e incluso recurría a los tribunales: "Hay que investigar y dar cuentas de los organismos que son de la Comunidad de Madrid, cosa que no es Avalmadrid", dijo al ser preguntada por los periodistas a principio de septiembre. Su consejero de Hacienda, Javier Lasquetty, declaró directamente que "es una empresa, una entidad privada".

Sin embargo, el socio principal de Avalmadrid es el dinero público: más de 16 millones anuales que suponen más de un 30% del total suscrito. El grueso del capital de Avalmadrid viene de sus "socios protectores" (los fijos) que son principalmente la Comunidad de Madrid y Bankia (antes Caja Madrid), con más de un 30% del capital total cada una. Teniendo en cuenta que Bankia fue nacionalizada, la representación pública supera el 60% en Avalmadrid. Completa el cuadro de los patrocinadores fijos, pero muy de lejos, otras entidades como la patronal madrileña CEIM, la Cámara de Comercio de Madrid u otras instituciones que invierten cada año (en 2018, por ejemplo, la aseguradora Groupama).

Luego están los "socios partícipes", pymes y autónomos avalados que ponen una cuota en Avalmadrid para recibir el aval, pero que entran y salen del capital según cancelan sus operaciones. Si contamos solo los socios fijos de Avalmadrid, que son los estables y los que tienen peso real en las decisiones, la Comunidad de Madrid supone casi el 50% del ente semipúblico y Bankia casi el otro 50%.

Designación directa de consejeros

Como el capital principal es público, el máximo órgano de gestión de Avalmadrid tiene también una mayoría de representantes públicos. El Gobierno de Madrid, a través de la Consejería de Economía, es quien ha designado al presidente de Avalmadrid y a consejeros que luego han aprobado las operaciones que ahora se investigan. Los mayores desmanes sucedieron en la época de Esperanza Aguirre (aunque también se ha investigado la época de Ignacio González y Cristina Cifuentes). Lo que relata la auditoría y Banco de España lo confirman algunas fuentes de Avalmadrid: "Todas las operaciones sensibles o marcadas con alguna señal venían directamente de la Consejería, o a través de la Consejería, o a través de algún contacto del PP", dice un extrabajador que prefiere no dar su nombre.

La expresidenta del PP Esperanza Aguirre tenía a sus representantes directos en el ente por cuota, pero también influencia indirecta en otras organizaciones que formaban parte del consejo de administración. Cogiendo como referencia 2011, el año en el que se concede el aval al padre de Díaz Ayuso, queda clara la sombra del aguirrismo en la entidad.

Ese año, el presidente es un antiguo viceconsejero de Aguirre, Juan Manuel Santos Suárez, que actualmente es consejero de la Comisión Nacional de Mercado de Valores a propuesta del gobierno de Rajoy. Además del presidente, el gobierno de Aguirre ha nombrado a otros seis consejeros directamente, de modo que el bloque de la Comunidad de Madrid es el mayoritario en el órgano de decisiones con un total de siete miembros (de 20). Normalmente, los representantes de los contribuyentes madrileños en la sociedad avalista son cargos de la Consejería de Economía o del área económica. En 2011, por ejemplo, hay viceconsejeros de Economía y Hacienda o directores generales.

Organizaciones empresariales

Pero ahí no acaba el poder de influencia de la Comunidad en Avalmadrid. La Cámara de Comercio nombra a cinco consejeros y la patronal madrileña CEIM designa a cuatro. Estas entidades no son ajenas a la influencia e intereses de Aguirre. De hecho, el presidente de CEIM entonces era Arturo Fernández, gran amigo de la presidenta, cercano a su partido e imputado ahora junto a ella en Púnica por presuntas donaciones ilegales al PP a cambio de contratas con la administración madrileña. El propio Arturo Fernández, al igual que Díaz Ferrán, se benefició de su influencia en Avalmadrid y sus negocios recibieron más de 2 millones de euros en avales, de los que 1,3 no se han recuperado. Como el consejero Beteta, también escribió una carta al presidente Santos Suárez, el hombre de Aguirre en Avalmadrid, para que le concediera financiación a Díaz Ferrán.

La relación entre la Comunidad de Madrid de Aguirre y la patronal CEIM va más allá de Avalmadrid. Ambas se embarcan juntas en proyectos de sociedades opacas que se gestionan con dinero público, como Madrid Network (una asociación con recursos públicos de la que cobró también Díaz Ayuso) o la sociedad de riesgo CRM, que daba dinero a empresas a las que a su vez financia Avalmadrid pese al conflicto de interés entre sus consejeros.
Pero esa cercanía entre lo público y la patronal de Arturo Fernández tenía otra pata fundamental: la Cámara de Comercio de Madrid, que participa también en toda esa órbita de sociedades opacas y elige cinco consejeros en Avalmadrid. A su vez, la Comunidad elige diez miembros del consejo de la Cámara y la financia (el año pasado con casi dos millones de euros). La Cámara de Comercio es entonces, junto a CEIM, otra de las entidades de cabecera del gobierno aguirrista. Los intereses de los consejeros que representan a estas dos organizaciones empresariales en Avalmadrid están alineados en 2011 con los de Esperanza Aguirre.

El último bloque de consejeros de Avalmadrid está nombrado por Caja Madrid (hoy Bankia, rescatada con dinero público), que nombra vicepresidente y tres consejeros. Aunque se trata de perfiles técnicos, la influencia de la expresidenta Aguirre en esa entidad bancaria es notoria: dos años antes se ha desatado una guerra feroz entre ella y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, por el control de la caja. La pelea acaba a favor de Aguirre, que mantiene el control político de una caja politizada que se empezó a desmantelar ese mismo año 2011 y de la que saltaron numerosos escándalos de gestión como el de las tarjetas black.

Con el dinero público invertido en Avalmadrid se conceden miles de avales a pymes cada año (en 2018 fueron 6.840) pero según las auditorías internas y el Banco de España también se hicieron operaciones sin control millonarias y de alto riesgo (se han investigado las de mayor importe, 167) en las que había conflicto de interés con empresarios cercanos a Aguirre y consejeros o familiares de estos. Estas operaciones con "incidencias", como dice la auditoria, acabaron mal: el 45% del dinero financiado no ha sido devuelto.

La comisión de investigación sobre Avalmadrid que ha impulsado la oposición en la Asamblea tratará de esta gestión y sacará a relucir el aval al padre de Ayuso, contra los deseos del PP, que ha mostrado su incomodidad con la iniciativa parlamentaria. De hecho, el partido de Díaz Ayuso pidió un informe jurídico a la cámara para intentar frenarla ante las "dudas razonables del encaje jurídico" sobre la competencia de la Comunidad, aduciendo de nuevo que no es un organismo público. Los letrados de la Asamblea han dictaminado que esa comisión de investigación se puede celebrar.
https://www.eldiario.es/madrid/Aguirre-controlaba-parte-Consejo-Avalmadrid_0_941056246.html

AVALMADRID ADMITE EN UNA AUDITORÍA RECIENTE "DEFICIENCIAS" EN EL PROCESO PARA RECUPERAR EL CRÉDITO DEL PADRE DE DÍAZ AYUSO

El documento interno, al que ha tenido acceso eldiario.es, detecta irregularidades en el procedimiento: se saltó la normativa interna de plazos y no se tuvo en cuenta la desaparición de los bienes que los avalistas aportaron como garantías

El informe, encargado una vez estalló la polémica, revela demoras que permitieron que los receptores del aval se deshicieran de su patrimonio para evitar el embargo. La empresa no hizo un "análisis profundo" de esta situación hasta junio de 2019

La auditoría vuelca las responsabilidades sobre una empresa de recobro a la que Avalmadrid subcontrató la "judicialización" para recuperar los 400.000 euros

Avalmadrid actúo de manera "deficiente" para recuperar los 400.000 euros que prestó en 2011 a la empresa del padre de Isabel Díaz Ayuso. A día de hoy, ocho años después, ese dinero no se ha logrado recobrar. Así queda recogido en un reciente informe de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos de la propia compañía, incluido en la denuncia que Más Madrid ha presentado este miércoles en la Fiscalía. El documento está fechado el 30 de julio de 2019 y se encargó después de que estallase la polémica en torno al crédito fallido y los movimientos de Ayuso para poner a su nombre propiedades de su familia que podrían ser reclamadas como garantías por el impago.

La auditoría es rotunda: "Se concluye que las actuaciones en materia de recuperación desarrolladas tanto por Avalmadrid como por Cobralia S.I.R, S.L en relación al expediente de Mc Infortécnica han adolecido de deficiencias". El mismo documento desvela que "no consta documentación" que acredite el "seguimiento del expediente" en el sistema propio de Avalmadrid, llamado (G3), aunque "se conservan" algunos correos electrónicos "cruzados" y actas de reuniones.

El listado de conclusiones del informe interno, al que ha accedido eldiario.es, es demoledor y pone en evidencia que los retrasos a la hora de proceder contra los avalistas y sus bienes permitieron que estos se desprendieran de una parte de su patrimonio para ponerlo a salvo del embargo ante los impagos de Mc Infortécnica S.L, la empresa participada por la familia de la actual presidenta.

Avalmadrid dio los primeros pasos para actuar por el impago siete meses después de lo establecido por su normativa interna. La empresa semipública dejó la "judicialización" del caso en manos de un tercero, Cobralia S.A, dedicada a la reclamación de deudas que –según el informe interno– solo presentó una demanda para ejecutar la nave ilegal que se puso como garantía pero evitó actuar contra el resto del patrimonio de los avalistas.
Cobralia S.A., la compañía de recobro que gestionaba hasta hace unos meses las deudas de Avalmadrid, recibió el expediente de Mc Infortécnica el 26 de noviembre de 2012 cuando el préstamo se había cancelado el 30 de abril. Los protocolos de actuación no se respetaron en este caso: Avalmadrid debía haber remitido la documentación a Cobralia 15 días después pero en siete meses no hizo nada, como adelantó infoLibre.

En el documento, Avalmadrid asegura que "hasta enero de 2015 no se tiene conocimiento de que únicamente se había interpuesto procedimiento de ejecución hipotecaria". Habían pasado casi tres años desde que la empresa de avales tuvo que pagar de sus arcas 106.000 euros al banco que dio el crédito, Caja España.

Avalmadrid, además, cometió más errores. No entregó al despacho que se encargaría de recuperar el dinero toda la documentación que necesitaba para interponer los dos procedimientos: uno para ejecutar la nave y otro para cobrar el resto del préstamo a través del patrimonio de los ocho avalistas solidarios. Una circunstancia que, según el informe, tampoco fue advertida por la compañía de recobro.

La desaparición de los bienes de los avalistas

La desaparición de propiedades de los avalistas para evitar los embargos también se pone de manifiesto en el informe, que advierte que Avalmadrid no lo tuvo en cuenta pese a que el número de bienes que acumulaban ya se había reducido cuando se redactó la primera propuesta del Comité de Morosidad en abril de 2012. El informe desvela que la empresa semipública participada por la Comunidad de Madrid no hizo un "análisis" de esta situación hasta "junio de 2019". Siete años y medio después de que comenzaran los impagos.

Entonces, los padres de Isabel Díaz Ayuso ya habían donado un piso en Chamberí a la actual presidenta. La operación se cerró en octubre de 2011, un momento en el que Díaz Ayuso ya conocía que la empresa de su padre pasaba por apuros económicos y además ya había mediado con Avalmadrid, como ella misma reconoció, en la víspera de recoger su escaño de diputada en la Asamblea de Madrid.

El informe subraya que el Comité de Morosidad de Avalmadrid eludió que "la situación de titularidad del inmueble es distinta a la de la fecha en la que se concedió la hipoteca". El hermano de Díaz Ayuso también recibió la donación de una nave en Sotillo de La Adrada (Ávila) y tampoco se incluyó "ninguna mención relativa a esta finca".

"Algunos de los bienes tomados en consideración para la concesión de la operación a favor de MC Infortécnica ya no se encuentran en el patrimonio de los avalistas", señala el documento, que alerta sobre la ausencia de un "análisis profundo de la situación hasta junio de 2019".

Otros avalistas también se desprendieron de los bienes que, de no haberse producido una demora en la recuperación del crédito, les habrían sido embargados: Juan Carlos Herrero Casasola y Victoria Fernández Moyano vendieron una finca en A Coruña en agosto de 2016 y Juan Manuel Pitarch y María Carmen Angulo López-Cancio traspasaron a dos de sus hijos y otro familiar otra casa en Asturias. A todos ellos los retrasos les salvaron de la pérdida de patrimonio.

Más Madrid denuncia en su escrito ante la Fiscalía, en el que advierte de indicios sobre cuatro tipos delictivos, "un posible delito de alzamiento de bienes puesto que existen indicios de que existe una clara voluntad de perjuicio al deudor". También alude a un presunto "plan orquestado" para que los avalistas fueran transmitiendo sus bienes a terceros "con el más que probable objetivo de generar una situación de insolvencia que evitase cumplir con sus obligaciones con Avalmadrid y las entidades financieras que aportaron el préstamo". Los otros tres delitos serían cohecho, tráfico de influencias y administración desleal, según desgranó el líder de Más Madrid, Ínigo Errejón.

Deficiencias en el recobro de las deudas

Según el informe interno, la "ejecución dineraria" de los avalistas nunca estuvo sobre la mesa. "Si bien en la nota de entrega de documentación al despacho se hizo constar que era para la interposición de ejecución hipotecaria y ejecución dineraria de los avalistas, Cobralia únicamente presentó demanda de ejecución hipotecaria. No existe documentación justificativa para la adopción de esta decisión procesal", recoge el documento. Avalmadrid conocía que el inmueble puesto como garantía estaba valorado en 213.000 euros, un precio insuficiente para cubrir los 400.000 euros de préstamo a Mc Infortécnica.

El informe hace recaer buena parte de la responsabilidad en Cobralia S.A, aunque también incluye deficiencias solo imputables a Avalmadrid. Por ejemplo, la empresa semipública no dio ninguna respuesta a la compañía de recobro cuando le planteó dos vías de actuación en enero de 2015 contra los morosos. Avalmadrid tampoco facilitó al despacho la documentación necesaria para iniciar los procesos para el cobro del crédito a través de los avales.

Las deficiencias en el recobro de las deudas que relata el informe para el caso de Mc Infortécnica tuvieron consecuencias para la entidad y también para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid. En 2014 ambas partes modificaron al alza un acuerdo firmado para el periodo 2011-2020 para aumentar en dos millones los fondos públicos previstos para afrontar créditos fallidos, según publicó El País.

Otro factor más ha causado lentitud en la recuperación del préstamo. Los herederos de Leocadio Díaz, Isabel Díaz Ayuso y su hermano, estaban en "ignorado paradero" y dificultó que se le notificaran los trámites para finalizar la adjudicación de la nave que la familia eligió como garantía. "Está pendiente la inscripción del testimonio de adjudicación, ya que habían de transcurrir 16 meses desde el edicto de notificación del Decreto de adjudicación, fijado el 13 de abril de 2018, al estar los herederos en ignorado paradero", dice el documento interno.

El documento también subraya que "ninguno de los gestores jurídicos que intervinieron en la fase inicial" de este crédito "trabajan actualmente en Avalmadrid ni en Cobralia S.I.R, S.L". Aunque sí hay altos cargos que se mantienen en los mismos puestos, como el director de Finanzas, Fernando de la Fuente, que conserva el puesto desde el año 2009 o el director de Riesgos, Juan Chorro García, según infoLibre.

Este medio se ha puesto en contacto con Avalmadrid y el equipo de Isabel Díaz Ayuso sin obtener respuesta. Aunque el Gobierno ha dado una contundente respuesta, a través del consejero de Justicia e Interior, a la denuncia de Más Madrid. Para el Ejecutivo, los hechos delictivos y las responsabilidades denunciados son "absolutamente caprichosos". "Me produce preocupación que se banalice y se trivialice el uso de la acción penal (...) en temas que tienen otros ámbitos para ser estudiados y resueltos", declaró Enrique López.

https://www.eldiario.es/madrid/Avalmadrid-deficiente-recuperar-Diaz-Ayuso_0_941056449.html

LA DIPUTADA EN “IGNORADO PARADERO”

Avalmadrid explica la lentitud en recuperar el aval al padre de Díaz Ayuso con las dificultades para notificar a sus herederos

“Está pendiente la inscripción del testimonio de adjudicación, ya que habían de transcurrir 16 meses desde el edicto de notificación del Decreto de adjudicación, fijado el 13 de abril de 2018, al estar los herederos en ignorado paradero”. La frase aparece en un informe de julio de la comisión mixta de auditoría y riesgos de Avalmadrid, al que accedió EL PAÍS. Detalla las razones por las que aún no se ha recuperado en su totalidad el aval de 400.000 euros concedido en 2011 a una empresa participada por el padre de Isabel Díaz Ayuso. Y emplea una expresión que se aplica cuando no se sabe dónde están los afectados, no se puede contactar con ellos, o estos no atienden los requerimientos de los órganos jurisdiccionales.

Era fácil saber dónde encontrar a Díaz Ayuso. La política, que acabó por renunciar a la herencia paterna, no ocupaba ningún cargo público cuando la operación tuvo lugar, pero luego se convirtió en diputada autonómica, viceconsejera y portavoz del PP de Madrid. Desde que ha alcanzado la presidencia de Madrid, la polémica de Avalmadrid marca su agenda.

“Puede haber cuatro delitos relacionados con el escándalo Avalmadrid: alzamiento de bienes, cohecho, tráfico de influencias y administración desleal”, dijo Errejón. “Pero esto no se limita a Díaz Ayuso”, argumentó. “Es otro tentáculo más en la gran hidra de corrupción que sigue en la Puerta del Sol de la mano del PP”.

El Gobierno regional reaccionó con dureza.

“La oposición, una vez más, está instrumentalizando y banalizando la acción penal con fines únicamente políticos”, dijo una fuente próxima a la presidenta regional. “Hace un uso torticero de la justicia para intentar abatir políticamente al adversario”, opinó. “La oposición pretende convertir Avalmadrid en una excusa a sus continuas derrotas en la Comunidad de Madrid e iniciar una caza de brujas, al más puro estilo del macartismo. Solo pretenden abrir en los tribunales una pista más del circo mediático que buscan montar con la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid”.

https://elpais.com/ccaa/2019/09/11/madrid/1568192700_674944.html

LAS NUEVE INFORMACIONES DE INFOLIBRE QUE SUSTENTAN LA DENUNCIA CONTRA AYUSO PRESENTADA POR MÁS MADRID EN LA FISCALÍA

La presidenta de la Comunidad madrileña aceptó la donación de un piso de sus padres, evitando su embargo por Avalmadrid

La sociedad de garantías lleva siete años sin actuar para hacerse con los bienes de los progenitores de Díaz Ayuso y saldar así la deuda por el préstamo impagado

Además, con su inactividad permitió operaciones de alzamiento de bienes al resto de los socios de la empresa MC Infortécnica SL

Más Madrid ha presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, a la que solicita la apertura de diligencias y el ejercicio de acciones penales contra la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la cúpula de Avalmadrid por cuatro delitos: alzamiento de bienes, tráfico de influencias, trato de favor y administración desleal.

Buena parte del relato de los hechos que Más Madrid considera perseguibles por el Código Penal recoge las informaciones que infoLibre ha publicado sobre el caso Ayuso desde junio. He aquí las más importantes:

1. Ayuso aceptó la donación de un piso de sus padres y evitó su embargo por Avalmadrid (21 de junio de 2019)

La última declaración de bienes de Isabel Díaz Ayuso sólo incluye una vivienda en Madrid, que adquirió el 7 de octubre de 2011. Tiene 90 metros cuadrados y está situada en el barrio de Chamberí, uno de los más caros de la capital. El valor catastral que declara Ayuso es de 140.547 euros, aunque su valor de mercado es más alto. Según la documentación que obra en poder de infoLibre, la adquirió gracias a una donación de sus padres –que empezaban a acumular deudas importantes por la empresa de la que eran socios, MC Infortécnica SL– para evitar que el inmueble fuese embargado por los acreedores. Un objetivo que se cumplió ya que, a día de hoy, Díaz Ayuso sigue siendo la propietaria del inmueble y los acreedores de sus padres continúan sin cobrar. La donación a la hoy presidenta de la Comunidad, entonces diputada de la Asamblea, y a su hermano se recogen en el hecho séptimo de la denuncia enviada a la Fiscalía Anticorrupción.

El artículo 257 del Código Penal castiga como delito de alzamiento de bienes aquella conducta que realiza un deudor con el objetivo de disminuir su patrimonio para frustrar el derecho del acreedor a cobrar su deuda. Se castiga enajenar u ocultar bienes una vez que el acreedor entabla un procedimiento de ejecución, pero también cuando es “previsible” que dicho procedimiento se vaya a iniciar. El autor del delito es quien enajena el bien en perjuicio de sus acreedores y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión del bien. El alzamiento está castigado con penas de cárcel de uno a cuatro años.

2. Avalmadrid lleva siete años incumpliendo el acuerdo de su Comité de Morosidad de embargar bienes a los padres de Ayuso (5 de julio de 2019)

Avalmadrid, una entidad participada por la Comunidad de Madrid que concede avales a pymes y autónomos para facilitarles el acceso a préstamos bancarios, lleva más de siete años incumpliendo un acuerdo adoptado en su Comité de Morosidad, que decidió embargar los bienes de los ocho socios de la empresa MC Infortécnica SL, entre los que se encontraban los padres de Isabel Díaz Ayuso. El objetivo era recuperar los 400.000 euros que habían prestado a dicha sociedad un año antes. Pero Avalmadrid no ha embargado ninguna de las 12 propiedades personales que los avalistas solidarios declararon para justificar su solvencia económica.

A la hora de solicitar el préstamo, los ocho socios de MC Infortécnica SL presentaron como garantía un patrimonio que incluía 13 propiedades valoradas en 3.272.000 euros, según el cálculo aportado por ellos mismos y que figura en el expediente de concesión del préstamo. 300.000 euros correspondían a una nave industrial en Sotillo de la Adrada (Ávila), el único bien que quedó hipotecado, y los 2,97 millones restantes a las otras 12 propiedades. En concreto, se trataba de tres viviendas, tres pisos, dos áticos, tres plazas de garaje y una nave repartidos por Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila.

Pese al acuerdo del 2 de abril de 2012 del Comité de Morosidad, Avalmadrid sólo inició el procedimiento de ejecución hipotecaria de la nave en el municipio abulense. Pero no procedió contra los bienes de los avalistas solidarios, como recoge el hecho undécimo de la denuncia de Más Madrid.

3. El correo de Ayuso que la delata: “Si se pudiera demostrar que han montado empresas paralelas para dejar morir la otra” (9 de agosto de 2019)

El 14 de septiembre de 2011, Isabel Díaz Ayuso escribió un correo electrónico a un directivo de Avalmadrid donde le comenta: “Si se pudiera demostrar que han montado empresas paralelas para desviar el negocio y dejar morir la otra”. “La otra” es MC Infortécnica SL, cuyos socios eran los padres de Ayuso y otros tres matrimonios. La entonces diputada del PP sospecha que estas seis personas han podido montar empresas paralelas. Es decir, ese correo demuestra que Ayuso sabía ya que MC Infortécnica SL no podría devolver el aval de Avalmadrid y que sus padres –Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Ayuso Puente– tendrían que responder con sus bienes. El conocimiento por parte de Ayuso de la situación es el elemento clave para determinar si la dirigente del PP pudo cometer un delito al aceptar la donación de los dos inmuebles realizada por sus padres.
La denuncia de Más Madrid acusa a los avalistas de MC Infortécnica de haber actuado “de manera activa y con conocimiento de los hechos, como claramente se observa en los correos electrónicos de Isabel Natividad Díaz Ayuso” para poner fuera del alcance de Avalmadrid su patrimonio.

4. Avalmadrid trató la solicitud de datos de Ayuso como si fuera un encargo de Presidencia de la Comunidad de Madrid (10 de agosto de 2019)

El 14 de julio de 2011 Isabel Díaz Ayuso escribió desde su cuenta de Gmail un correo electrónico a un directivo de Avalmadrid. En el campo del “asunto” se lee: “Datos MC Infortécnica”, la empresa de la que eran socios sus padres. La hoy presidenta de la Comunidad quería obtener información sobre el aval y sus posibles consecuencias para el patrimonio de sus progenitores. Al día siguiente, el directivo reenvió el mensaje para solicitar los datos que pedía Ayuso. Y en el “asunto” indica: “RV: Datos MC Infortécnica (Presidencia Comunidad Madrid)”. El correo prueba que la sociedad de garantías trató el asunto como si fuera un encargo de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que entonces estaba en manos de Esperanza Aguirre.

Con el directivo había contactado previamente Eva Piera Rojo, que en aquel momento era viceconsejera de Economía del Gobierno de Aguirre y que entre 2006 y 2008 había sido presidenta de la propia Avalmadrid. El 13 de julio de 2011, Eva Piera había escrito un correo electrónico a su contacto en Avalmadrid: “Mil gracias otra vez por anticipado. El teléfono de Isabel Díaz Ayuso es el 650 xx xx xx. Abzs. Eva”. Es lo que la denuncia ante la Fiscalía considera que puede ser constitutivo de un delito de tráfico de influencias. Ayuso envía su primer correo en la tarde del 14 de julio de 2011. Al día siguiente se convirtió en diputada del PP en la Asamblea madrileña; es decir, en ese momento ya puede ser considerada “autoridad” a efectos penales, señala Más Madrid. Al directivo de Avalmadrid le pide información sobre “la actividad comercial, la facturación y quiénes son los clientes” de las empresas de los socios de sus padres. Información confidencial que consiguió “prevaliéndose de sus relaciones personales”, se asegura en la denuncia a la Fiscalía.

5. Los correos que prueban que Ayuso miente sobre su relación con Avalmadrid (27 de agosto de 2019)

La presidenta madrileña aseguró en una entrevista en Telecinco que su única relación con Avalmadrid había sido “preguntar con qué persona se podía hablar” para que a la empresa de sus padres le concedieran un crédito “si se daban las garantías”. Por tanto, reconoció que se había interesado por la concesión del aval, pese a que la periodista Ana Terradillos sólo le había preguntado si gracias a la mediación de una viceconsejera de Esperanza Aguirre había conseguido “información de Avalmadrid que cualquier otro ciudadano no habría obtenido”. El aval se concedió en marzo de 2011.

La denuncia ante la Fiscalía incorpora los correos electrónicos que infoLibre publicó y donde se demuestra que Isabel Díaz Ayuso estuvo durante meses en contacto con un directivo de Avalmadrid, a quien no sólo le pidió información sobre la solvencia de varias empresas familiares, sino también datos confidenciales sobre los socios de la empresa de sus padres y sobre sus hijos.

6. Avalmadrid mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los avalistas morosos del ‘caso Ayuso’ (28 de agosto de 2019)

Cobralia, la empresa de cobro de deudas que utilizaba Avalmadrid, le planteó en marzo de 2015 dos opciones para proceder contra los accionistas de MC Infortécnica SL. Cuatro años y medio después sigue esperando respuesta. La completa pasividad de la sociedad de garantías ha permitido operaciones como el presunto delito de alzamiento de bienes del que la denuncia de Más Madrid acusa a Díaz Ayuso y a los socios de sus padres en MC Infortécnica SL.

Así, tras cubrir el primer impago de la empresa a Caja España, la entidad que le había concedido el préstamo de 400.000 euros, Avalmadrid tenía 15 días para judicializar el asunto, pero tardó siete meses en hacerlo. Después, cuando por fin acordó iniciar dos procedimientos judiciales, sólo facilitó a Cobralia documentación para poner en marcha uno de ellos. Además, el título que permitía actuar contra los avalistas en este asunto se entregó en el juzgado equivocado. Y, al parecer, en dos años nadie se dio cuenta de lo que había ocurrido. Cuando oficialmente se percataron del error y Cobralia preguntó cómo solucionarlo, Avalmadrid ni respondió.

La denuncia a la Fiscalía habla de “omisión dolosa” por parte de los directivos de Avalmadrid, a los que acusa de administración desleal, reprochándoles su “temerario desprecio por los protocolos internos”. No sólo por desoír a los órganos de control de la morosidad, sino también “por incumplir los plazos de judicialización de la deuda y no colaborar en su reclamación al traspasar su recobro a un tercero”.

7. Avalmadrid incumplió su normativa al estar siete meses sin actuar desde el primer impago del préstamo del 'caso Ayuso' (28 de agosto de 2019)

La normativa interna de Avalmadrid le obliga a judicializar los impagos en un máximo de 15 días desde la fecha en que tenga que abonar al banco el dinero que dejó sin pagar el moroso. Algo que no hizo con MC Infortécnica SL. Por el contrario, dejó transcurrir siete meses antes de iniciar el primer trámite. Los padres de la presidenta madrileña aprovecharon ese tiempo de inactividad para traspasar bienes a sus hijos en operaciones sospechosas de un delito de alzamiento de bienes.

El 30 de abril de 2011, Avalmadrid entregó a Caja España 106.000 euros en concepto de primera cuota impagada por la empresa copropiedad de los padres de Ayuso. Por tanto, debió acudir al juzgado antes de 15 días desde esa fecha. Pero no entregó el expediente a Cobralia hasta el 26 de noviembre. Y el proceso para embargar la nave de Sotillo de la Adrada que figuraba como garantía no se inició hasta el 28 de enero de 2013. Fue la única actuación para recuperar la deuda. Como queda dicho, Avalmadrid nunca actuó para hacerse con los bienes personales de los socios de MC Infortécnica SL. La deuda que sigue viva asciende a día de hoy a 270.000 euros. Lo cuenta también la denuncia en su hecho duodécimo.

8. Avalmadrid permitió operaciones de alzamiento de bienes a los ocho avalistas del préstamo del 'caso Ayuso' (29 de agosto de 2019)

Los ochos socios de MC Infortécnica SL, entre ellos los padres de Isabel Díaz Ayuso, realizaron operaciones de alzamiento de bienes para evitar que fuesen embargados tras dejar impagado un préstamo de 400.000 euros avalado por la sociedad de garantías madrileña, según los documentos registrales analizados por infoLibre.
A la hora de solicitar el crédito, los cuatro matrimonios propietarios de MC Infortécnica SL justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 13 propiedades valoradas en 3,27 millones de euros. En concreto, ocho viviendas, tres plazas de garaje y dos naves industriales repartidos por Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila. Tras producirse el primer impago del préstamo, Avalmadrid localizó otro piso en Asturias.

Ocho de estos 14 inmuebles cambiaron de titular a través de donaciones o ventas prohibidas por la ley, dos se los adjudicaron filiales inmobiliarias del Santander y de Caixabank; otros dos aún son propiedad de los mismos dueños, aunque es probable que por poco tiempo ya que están inmersos en un procedimiento de ejecución hipotecaria, y uno ya había cambiado de manos antes de que se firmase el préstamo el 15 de marzo de 2011. El inmueble restante es la nave en el municipio de Sotilllo de la Adrada (Ávila), que fue el único que se hipotecó como garantía del crédito y que un juzgado adjudicó a Avalmadrid en abril de 2018.

Los padres de Ayuso fueron los primeros en traspasar su patrimonio, mediante donaciones a sus hijos y la venta de una nave a terceros. Cuatro meses después de quebrar la empresa ya se habían desprendido de todos los bienes que podían, como destaca también la denuncia de Más Madrid.

También asegura que se trató de un “plan orquestado” para dejar fuera del alcance de Avalmadrid este patrimonio y precisa que las transmisiones de bienes se prolongan desde 2011 hasta 2016, cuando se produce la última venta.

9. Una auditoría de Avalmadrid admite que su Comité de Morosidad ocultó la donación fraudulenta de un piso a Ayuso (3 de septiembre de 2019)

El Comité de Morosidad de Avalmadrid analizó en su reunión del 2 de abril de 2012 el expediente de MC Infortécnica SL. En la propuesta que examinó, se ocultó que Díaz Ayuso era la nueva titular de uno de los inmuebles que garantizaban la deuda de 400.000 euros avalada por sus padres. Al omitir ese dato fundamental, se estaban escondiendo dos cuestiones: la existencia de un más que probable alzamiento de bienes y el hecho de que una de las personas que había participado en el presunto delito era una dirigente política.

La omisión quedó al descubierto en una auditoría interna encargada por la expresidenta de Avalmadrid, Rosario Rey García, después de que infoLibre desvelase en junio la operación que permitió a Ayuso apropiarse del piso en el centro de Madrid en fraude de acreedores.

“En la propuesta del Comité de Morosidad del 2 de abril de 2012 únicamente se refleja el usufructo de los avalistas, sin hacer referencia a que la nuda propiedad pertenece a su hija. Tampoco se indica de forma expresa que la situación de titularidad del inmueble es distinta a la de la fecha en que se concedió la operación”, destacaba el documento de Avalmadrid, con fecha del pasado 30 de julio.

“Por lo que se refiere a los inmuebles de los avalistas no se ha efectuado un análisis profundo de su situación hasta junio de 2019. Algunos de los bienes tomados en consideración para la concesión de la operación a favor de MC Infortécnica SL ya no se encuentran en el patrimonio de los avalistas”, afirma también la auditoría. Como queda dicho más arriba, los morosos empezaron a traspasar sus bienes en 2011.

Finalmente, en el documento se fechan en 2015 y 2016 dos operaciones de venta de inmuebles. Si las fechas son correctas, Avalmadrid podría aún ejercer acciones tanto civiles como penales, ya que los hechos no habrían prescrito en ningún ámbito. Fue lo que le solicitó por burofax el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez a la entonces presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey, y al ya ex director general, Pedro Embid, el pasado 10 de julio. Sin recibir respuesta.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/11/las_nueve_informaciones_infolibre_las_que_basa_denuncia_contra_ayuso_presentada_por_mas_madrid_fiscalia_98681_1012.html

EL GOBIERNO DE AYUSO ACUSA A LA IZQUIERDA DE HABER INICIADO "UNA CAZA DE BRUJAS" POR LA DENUNCIA SOBRE AVALMADRID

Fuentes de la Comunidad de Madrid señalan que la oposición está "instrumentalizando y banalizando la acción penal con fines únicamente políticos"

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha defendido que la denuncia que Más Madrid ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción para investigar la relación que ha tenido la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con Avalmadrid está "plagada de inexactitudes, mentiras y acusaciones infundadas" y ha criticado su "estrategia desesperada".

Según han señalado fuentes próximas a la presidenta regional, con esta denuncia la oposición está "instrumentalizando y banalizando la acción penal con fines únicamente políticos". Sostienen que se trata de "una práctica que perpetran de forma habitual cuando los ciudadanos no les dan su respaldo en las urnas con sus votos".

Estas mismas fuentes han remarcado que Más Madrid hace un "uso torticero" de la Justicia para "intentar abatir políticamente al adversario" y remarcan que "la honradez de la presidenta está fuera de toda duda, por mucho que sigan con su estrategia inútil y a la desesperada". Consideran que la actitud de la formación que lidera Íñigo Errejón refleja "la carrera en la izquierda madrileña por ver quien ataca con más virulencia a Díaz Ayuso sigue igual".

Este partido acusa a Ayuso de unas cuestiones, según remarcan desde el entorno de la dirigente, que no le afectan directamente ni en las responsabilidades políticas que ha ejercido. "Si recurren ahora a la Fiscalía, ¿para qué quieren entonces una comisión de investigación en la Asamblea?", han planteado, al tiempo en el que han recordado que ya el Banco de España fiscaliza a la entidad.

En este punto, han hecho hincapié en que cuando Errejón sostiene que el Banco de España ha sancionado a todos los consejeros de Avalmadrid, es "falso" porque, aunque ha abierto expediente, "en ningún caso ha sancionado a nadie".

Además, han criticado que la oposición intente convertir Avalmadrid "en una excusa a sus continuas derrotas en la Comunidad de Madrid e iniciar una caza de brujas, al más puro estilo del macartismo". "Solo pretenden abrir en los tribunales una pista más del circo mediático que buscan montar con la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid", han lanzado.

https://www.elplural.com/politica/el-gobierno-de-ayuso-acusa-a-la-izquierda-de-haber-iniciado-una-caza-de-brujas-por-la-denuncia-sobre-avalmadrid_223766102


MÁS MADRID DENUNCIA ANTE EL FISCAL A ISABEL DÍAZ AYUSO Y AVALMADRID POR DELITOS DE CORRUPCIÓN

El escrito acusa a la presidenta de la Comunidad de alzamiento de bienes, trato de favor y tráfico de influencias, y a la cúpula de la sociedad de garantías de trato de favor y administración desleal

Considera que hubo un “plan orquestado” por los socios de MC Infortécnica SL para no ser embargados

Asegura que los padres de Díaz Ayuso usaron la información privilegiada obtenida por ella para “adelantarse al resto de los socios” y hacer desaparecer su patrimonio “en menos de cuatro meses”

Destaca el “temerario desprecio” de los directivos de Avalmadrid por sus protocolos internos

Más Madrid ha presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción donde le pide que abra diligencias y ejercite acciones penales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y los socios de la empresa MC Infortécnica SL, así como contra la exviceconsejera de Economía de la Comunidad de Madrid Eva Piera y directivos y altos cargos de Avalmadrid, por los delitos de alzamiento de bienes, tráfico de influencias, trato de favor y administración desleal. El partido que encabeza Íñigo Errejón solicita así que se nombre un fiscal especial para dirigir la investigación sobre las irregularidades en la concesión de avales que ya fueron descubiertas por el Banco de España en su inspección a Avalmadrid, la sociedad de garantía recíproca participada por la Comunidad de Madrid, así como sobre el trato de favor dispensado por esta firma semipública a la empresa de la que eran socios los padres de Isabel Díaz Ayuso, tal y como ha publicado infoLibre.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, el delito de alzamiento de bienes lo pueden haber cometido no sólo Díaz Ayuso, sino también sus progenitores y los otros tres matrimonios propietarios de MC Infortécnica SL, una empresa de suministros médicos que consiguió un aval de 400.000 euros para pedir un préstamo a Caja España. Nunca lo devolvió y Avalmadrid tampoco reclamó después los bienes personales que los socios pusieron de garantía, por lo que éstos aprovecharon para donarlos a sus hijos –la presidenta de la Comunidad madrileña y su hermano– o transmitirlos a terceros e impedir así que les fueran embargados para cubrir la deuda.

El escrito aprecia la existencia de “indicios muy consistentes” de la “clara voluntad de perjuicio” a Avalmadrid por parte de los socios de MC Infortécnica, mediante un “plan orquestado”. De hecho, destaca Más Madrid que si bien las primeras transmisiones de estos bienes se realizaron en 2011, “el delito no se perfecciona hasta el último hecho de alzamiento”, que se produjo en 2016, cuando se terminó de vender el último inmueble. También cometen el delito de alzamiento de bienes quienes, como Díaz Ayuso y su hermano, aceptan la donación que puso fuera del alcance de Avalmadrid los bienes utilizados como garantía. En este caso se trató de dos pisos situados en Madrid y en Sotillo de la Adrada (Ávila), respectivamente. Además, destaca la denuncia, la participación de Isabel Díaz Ayuso en el delito sería aún mayor porque la información “privilegiada y confidencial” que obtuvo en razón de su pertenencia al PP permitió a sus padres “adelantarse al resto de los socios” en la desaparición de los bienes personales en juego y hacerlo con los propios “en menos de cuatro meses”.

Precisamente por haber obtenido esa información confidencial “prevaliéndose de sus relaciones personales”, apunta Más Madrid, Isabel Díaz Ayuso también puede haber cometido un delito de tráfico de influencias. La hoy presidenta de la Comunidad madrileña solicitó a un directivo de Avalmadrid datos sobre la solvencia, facturación y clientes de las empresas de los socios de sus padres, una información protegida por el deber de confidencialidad, señala el escrito. El contacto del directivo se lo había facilitado a Díaz Ayuso previamente Eva Piera Rojo, entonces viceconsejera de Economía y miembro del consejo de administración de Avalmadrid. Y lo hizo sólo un día antes de que la primera fuera nombrada diputada de la Asamblea de Madrid. Hasta ese momento era la responsable de las redes sociales de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.

En contra de la opinión del analista de riesgos

Respecto al trato de favor, la denuncia apunta también hacia los directivos y altos cargos de la entidad que primero concedieron el aval a MC Infortécnica SL y luego fueron negligentes en el proceso de recuperación de la deuda. Así, relata Más Madrid, el aval fue aprobado a pesar de la cautela expresada por el analista de riesgos, quien advirtió al entonces director general, Juan Luis Fernández Rubíes, de que el valor de tasación del inmueble utilizado como garantía –la nave de Sotillo de la Adrada– era “manifiestamente inferior al importe del crédito solicitado” por la empresa. Además, le avisó de que la nave podía ser demolida. Pese a ello, Fernández Rubíes le contestó en un correo electrónico con un lacónico y explícito “Ok. Adelante”. La operación se firmó en marzo de 2011. La empresa no llegó a pagar ni el primer plazo de devolución, fijado para el mes de noviembre de ese año. Pero, como queda dicho, Avalmadrid no ejerció acción alguna para hacerse con los bienes utilizados como garantía.

Pese a que su comité de morosidad decidió en abril de 2012 y, de nuevo, en noviembre de ese año cancelar el préstamo y ejecutar la citada nave y los bienes personales de los socios, Avalmadrid no movió un dedo, pese a que sus propias normas le obligan a actuar en un plazo de 15 días. En realidad, tardó siete meses en encargar a Cobralia, su empresa de recobro, que reclamara el inmueble en el juzgado. Casi tres años después, en 2015, Avalmadrid no respondió cuando Cobralia le preguntó si actuaba contra los socios de MC Infortécnica SL. Y no fue hasta abril de 2018 cuando el juzgado adjudicó la nave a Avalmadrid. Mientras, los otros tres matrimonios habían vendido ya sus inmuebles a familiares y terceros, relata la denuncia.

Para Más Madrid, los directivos de la sociedad de garantías favorecieron a unos acreedores frente a otros y mostraron un “temerario desprecio” por sus propios protocolos internos, “desoyendo a los órganos de control de la morosidad, incumpliendo los plazos de judicialización de la deuda y no colaborando en su reclamación al traspasar su recobro a un tercero”.

Pregunta al Servicio Vasco de Salud

Es más, el partido destaca que Avalmadrid no contestó ni reaccionó a los burofaxes que uno de sus diputados, Eduardo Gutiérrez, envió tanto a la presidenta, Rosario Rey, como al director general, Pedro Embid, instándoles a emprender acciones legales para recuperar la deuda. De ahí que considere a los responsables de Avalmadrid culpables de un delito de administración desleal, tras recordar que el trato de favor a empresas vinculadas a su cúpula ya ha sido descubierto por el Banco de España e incluso por la propiedad sociedad de garantías en una denuncia ante la Fiscalía que ésta archivó por considerar prescritas las operaciones.

La denuncia de Más Madrid también pide a la Fiscalía Anticorrupción que pregunte al Servicio Vasco de Salud si realmente le adjudicó a la empresa de los padres de Ayuso el suministro de equipos médicos cuya compra MC Infortécnica SL esgrimió como destino del préstamo de 400.000 euros que quería solicitar a Caja España. El partido quiere comprobar así si ha existido o no una posible “simulación” de operación comercial para obtener el aval. Además, hace una segunda petición: que solicite a Telecinco la grabación de la entrevista que le concedió Isabel Díaz Ayuso el pasado 26 de agosto, donde “reconoció tanto el posible tráfico de influencias como la finalidad perseguida con la donación de bienes por sus padres, que no era otra que evitar que acreedores pudieran satisfacer su crédito”, sostienen los denunciantes.

Finalmente, Más Madrid resalta el carácter público de la sociedad de garantías madrileña, rechazado por el PP, asegurando que entre la Comunidad de Madrid y Bankia –propiedad del FROB en un 61,7%– poseen seis de los 10 miembros del consejo de administración, así como un 80% del capital si se excluyen las acciones en manos de los socios partícipes. Éstos son los clientes de Avalmadrid, los empresarios y autónomos que deben adquirirlas cuando consiguen un aval y cuyo número e identidad varían según son afianzados o cancelan su deuda. Incluidos los partícipes, la Comunidad de Madrid cuenta con un 26,1% del capital y Bankia, con un 25,3%. Pero llegaron a tener el 31% y 30,1%%, respectivamente, en 2013.

https://www.infolibre.es/noticias/economia/2019/09/11/mas_madrid_denuncia_ante_fiscal_diaz_ayuso_por_alzamiento_bienes_trafico_influencias_cupula_avalmadrid_por_trato_favor_administracion_desleal_98663_1011.html

EL ACTUAL GOBIERNO NO PODRÁ DESVINCULARSE DE AVALMADRID

La promesa de Ignacio Aguado se topa con la ley y los propios estatutos de la sociedad, que obligan a la Consejería de Economía a seguir respondiendo durante 5 años por el riesgo contraído por Avalmadrid.

La pugna entre PP y Ciudadanos por el futuro de Avalmadrid es, como poco, estéril. El detonante de la polémica entre los dos socios de coalición fueron las declaraciones de Ignacio Aguado (Cs) en ‘La Ventana de Madrid’. El vicepresidente regional aseguró que “la instrucción para desvincularse de Avalmadrid ya está dada”. Unos trámites que recaen en la Consejería de Economía, en manos también del partido naranja, y que controla el 31% de la sociedad. El anuncio unilateral de Aguado provocó malestar en la otra pata del gobierno, en el PP; y la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, puntualizó después que la decisión debía pasar aún por el Consejo de Gobierno. El paso efectivamente aún no se ha dado, pero, según Aguado, se dará. De momento, Economía ya tiene el encargo formal de elaborar un plan de salida.

Los deseos del vicepresidente no solo se han dado de bruces con la resistencia del PP, también con la ley, así que deshacerse de la participación en Avalmadrid no va a ser tarea fácil. La propia naturaleza jurídica de la empresa, una sociedad de garantía recíproca, limita la capacidad de maniobra del gobierno regional. Según la ley que las regula, el socio que solicite el reembolso deberá hacerlo con meses de antelación, seis meses en el caso concreto de Avalmadrid, según los estatutos de la propia entidad. Y, si consigue que lo apruebe el Consejo de Administración, el gobierno regional aún quedará atado a su destino. Es algo así como una cláusula de responsabilidad que obliga Economía a seguir haciéndose cargo del riesgo asumido por la sociedad mientras la Consejería ha formado parte de ella. Y no es poco. La exposición de Avalmadrid al cierre del último ejercicio, de 2018, superaba los 352 millones de euros, pero la ley es diáfana: “el socio que se separa responderá por el importe del reembolso, y durante el plazo de cinco años, de las deudas contraídas por la Sociedad con anterioridad a la fecha del reembolso”. En definitiva, Aguado puede comenzar los trámites, pero en ningún caso verá completada su promesa en esta legislatura.

"Me parece increíble y me indigna que se plantee la ocurrencia de que la Comunidad de Madrid no debería participar en una sociedad que se dedica a apoyar la financiación de las PYME", asegura por correo electrónico Concepción de la Fuente, profesora de Economía de la Empresa en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y que fue directora general de Avalmadrid entre 1988 y 1996. Irene Comeig, profesora de Finanzas Empresariales de la Universidad de Valencia, asegura que “la Comunidad no puede salir de un día para otro, ni siquiera de un mes para otro”. Comeig, con varios trabajos publicados sobre este tipo de sociedades, teme una estigmatización de un instrumento que -insiste- tiene un enorme efecto dinamizador en la economía financiando el tejido productivo. Salir de Avalmadrid, dice, “es condenarla a la desaparición”.

“Barbaridad” o “despropósito” son otros de los adjetivos que la iniciativa despierta en economistas y gestores consultados por la Cadena SER, que califican la iniciativa como “impropia de un partido como Ciudadanos”. Para José María Iváñez, antiguo alto cargo del Ministerio de Industria con el PSOE, y uno de los encargados de impulsar la nueva regulación, el paso es “precipitado y exagerado” por su efecto potencial en la solvencia de Avalmadrid y la complejidad que conlleva. Desde la confederación estatal que agrupa a la entidad madrileña y a las otras 17 sociedades de ese tipo que existen en España, CESGAR, no entran en polémicas políticas, pero inciden en su utilidad. Su secretario general y CEO, Ignacio Temiño, lo resume en una frase: “si no existieran, tendrían que crearse”.

https://cadenaser.com/emisora/2019/09/10/radio_madrid/1568132354_380642.html

LA COMUNIDAD DE MADRID NOMBRA A ISAAC MARTÍN COMO PRESIDENTE DE AVALMADRID, EN EL OJO DEL HURACÁN POR EL 'CASO AYUSO'

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes los nombramientos de los representantes en el consejo de administración de la empresa semipública

Ignacio Aguado anunció la semana pasada que estaba estudiando desvincular a la Comunidad de Avalmadrid, ante la oposición de Díaz Ayuso

La Comunidad de Madrid ha designado a sus representantes en el consejo de administración de Avalmadrid mientras estudia si desvincularse de esta sociedad de garantía recíproca en la que tiene un 31 por ciento de participación.

Así, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes a los nombramientos, según consta en los acuerdos publicados. Según un portavoz del Ejecutivo autonómico, se ha aprobado que el viceconsejero de Economía y Competitividad, Isaac Martín, sea el nuevo presidente de Avalmadrid y que el director general de Economía y Competitividad, Rodrigo Tilve, sea vocal del Consejo de Administración de la entidad.

Desde la Comunidad de Madrid han asegurado que los nombramientos se deben al relevo del nuevo Gobierno y que "garantizarán que se suministre toda la información necesaria sobre el organismo".

Futuro de Avalmadrid

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, anunció la semana pasada que la Consejería de Economía había comenzado los trámites administrativos necesarios para desvincularse de Avalmadrid. Indicó que hacia falta poner en marcha una serie de expedientes para ello.

Por su parte, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, precisó que la decisión definitiva sobre la salida de la entidad se tomaría en el seno del Consejo de Gobierno y recordó que no se puede retirar a la Administración de "manera unilateral" porque hay "muchos créditos" que ahora mismo necesitan pymes y empresarios.
Mientras tanto la Mesa de la Asamblea de Madrid ya ha dado luz verde a una comisión de investigación sobre las posibles irregularidades dentro de Avalmadrid. Según los grupos parlamentarias, esta podría ponerse en marcha en el mes de octubre.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/10/la_comunidad_madrid_nombra_isaac_martin_como_presidente_avalmadrid_mientras_estudia_si_desvincularse_entidad_98664_1012.html

EL PRÉSTAMO DEL 'CASO AYUSO' TRIPLICABA EL IMPORTE MEDIO DE LAS OPERACIONES CONCEDIDAS POR AVALMADRID EN 2011

Sólo el 8% de los avales vivos superaba los 300.000 euros cuando se aprobó la operación para la empresa de los padres de la presidenta madrileña

La cuantía media de las operaciones se ha reducido a la mitad en siete años: de 132.000 euros en 2011 a sólo 58.000 en 2018: la de MC Infortécnica ascendía a 400.000 euros

El Banco de España obligó en 2012 a limitar el importe de los avales a la sociedad de garantías, que tardó casi dos años en hacerle caso

El 2 de marzo de 2011 Avalmadrid aprueba la concesión de un aval por importe de 400.000 euros a la empresa MC Infortécnica SL, cuya propiedad se repartían los padres de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con otros tres matrimonios. Con el aval, Caja España otorgó un préstamo de esa cuantía a la sociedad, que se dedicaba al suministro de instrumental médico. Debía devolverlo en 36 meses, a partir del 15 de diciembre de ese mismo año.

No lo hizo, pero Avalmadrid tampoco se esmeró mucho en intentar recuperar el dinero, como ha publicado infoLibre. Nunca ejecutó los bienes personales de los cuatro matrimonios socios. Por el contrario, permitió que éstos los hicieran desaparecer. En concreto, Díaz Ayuso aceptó la donación que sus padres le hicieron de un piso en el centro de Madrid que se había usado para garantizar el préstamo: un delito de alzamiento de bienes.
Avalmadrid concede avales financieros y técnicos a pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid. El de MC Infortécnica SL era de los primeros, aquéllos en los que una entidad financiera aporta el dinero para un préstamo.

Los segundos son los necesarios para presentarse a concursos públicos u obtener subvenciones, por ejemplo. En 2011, año en el que se aprobó el aval a la empresa de los padres de Ayuso, la sociedad de garantía recíproca madrileña formalizó un total de 1.786 avales, de los cuales 920 eran financieros, según el informe anual de ese ejercicio. El importe medio de estos últimos fue de 132.000 euros. Para los técnicos, la cuantía media fue inferior, 52.000.

Es decir, el préstamo concedido a MC Infortécnica SL triplica el aval medio formalizado ese año. Es más, sólo el 8,27% de los avales vivos por entonces –todos los de otros ejercicios que permanecían sin cancelar, sumados a los firmados en 2011– superaba los 300.000 euros: 597 de un volumen total de 7.212.

En 2018, el último año del que existen cifras, Avalmadrid cerró 1.672 avales, un 6,4% menos que en 2011, de los que fueron financieros 944, una cifra similar a la de siete ejercicios atrás. Pero su importe medio ha encogido notablemente, hasta situarse en sólo 58.000 euros, menos de la mitad que en 2011. Para los avales técnicos también se redujo la cuantía media: 29.900 euros. De forma que las operaciones por encima de los 300.000 euros sólo representan ahora el 3,9% de los avales vivos a 31 de diciembre de 2018.

Medidos por su importe, si en 2011, los avales superiores a 300.000 euros equivalían al 54,5% de la cuantía concedida, siete años más tarde sólo representan el 29,8%. En ese plazo de tiempo, la cartera de avales por importe ha disminuido la nada despreciable cifra un 42,3%, pero aún más lo ha hecho el volumen de las operaciones por encima de los 300.000 euros, un 68,5%.

Cambio de política de riesgos en 2014

Uno de los motivos de esta reducción del montante avalado por operación estriba en el cambio de la política de riesgos a que se vio abocada Avalmadrid tras la inspección a que la sometió el Banco de España en 2012.

El organismo supervisor exigió a la sociedad de garantías madrileña que mejorara sus procedimientos e implantara una nueva política de control de riesgo, unos requerimientos que Avalmadrid tardó casi dos años en aplicar, como subraya el Banco de España en el expediente que le abrió en 2018. Sólo a partir de 2014 limitó a un millón de euros el importe máximo que podía conceder por operación. Pero en 2011 aún el 1,7% de los avales superaban esa cantidad y suponían nada menos que el 30,6% de los riesgos en vigor a esa fecha, según el informe que los inspectores del Banco de España redactaron entonces.

De ellos, además, una buena parte, que sumaba 78,4 millones de euros, carecían del preceptivo reaval. El concedido a la empresa de los padres de Ayuso sí fue refianzado, por Cersa –una sociedad pública que otorga el respaldo del Estado a los riesgos asumidos por las 18 sociedades de garantía recíproca españolas– y por la Comunidad de Madrid.

Como Cersa sólo ofrece una cobertura parcial, Avalmadrid la completa con el convenio de refianzamiento que firmó en octubre de 2011 con el Gobierno regional y que le permite reavalar hasta un 75% de sus operaciones.
Así, entre Cersa y la Comunidad madrileña, el reaval concedido a Avalmadrid para cubrir un posible impago del préstamo de MC Infortécnica ascendió a 308.154 euros, según los datos de Avalmadrid conocidos por infoLibre.

De esa cantidad, 206.123 euros corresponden a Cersa y los 102.030 euros restantes, a la Comunidad de Madrid. Es decir, una parte significativa del préstamo que dejaron impagado los padres de Ayuso puede terminar pagándola el Gobierno que ahora preside Ayuso.

A 30 de junio de 2019, la deuda viva que la empresa de los padres de Ayuso mantiene con Avalmadrid era de 270.000 euros.

https://www.infolibre.es/noticias/economia/2019/09/10/el_prestamo_del_caso_ayuso_triplicaba_importe_medio_las_operaciones_concedidas_por_avalmadrid_2011_98622_1011.html

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, DE CS, RECHAZA ENCARGAR EL INFORME QUE PIDE EL PP SOBRE LA COMISIÓN DE AVALMADRID

La constitución del grupo de diputados que investigará el ente sigue su trámite

El último intento del Partido Popular de lograr una opinión jurídica desfavorable a la comisión de investigación de Avalmadrid en la Asamblea no ha dado frutos. El PP ha solicitado al presidente de la Cámara, Juan Trinidad, que solicite un informe a los servicios jurídicos que aclare si la Asamblea tiene potestad para investigar el ente empresarial en el que la Comunidad de Madrid tiene una participación del 31,07%.Trinidad, de Ciudadanos, ha rechazado la petición, que se votó este lunes en la Mesa y decayó.

Los populares sostienen que como sociedad de garantía recíproca, Avalmadrid ya está bajo el escrutinio y control del Ministerio de Hacienda y el Banco de España, que de hecho le ha abierto un expediente sancionador. El lunes propusieron en la reunión de la Mesa solicitar a los letrados de la Cámara que aclaren si la comisión de investigación es viable jurídicamente. La ausencia de una de sus dos miembros en el órgano de gestión de la Asamblea, María Eugenia Carballedo, impidió que la iniciativa saliera adelante. La diputada fue nombrada consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid y aún no ha sido reemplazada porque su sustituto, Jorge Rodrigo. Aunque Cs votó junto al PP, Vox se adhirió al rechazo del PSOE y ante el empate, la iniciativa decayó.

"El PP no se va a oponer a esa comisión", ha insistido este martes el portavoz popular, Alfonso Serrano, tras la negativa de Trinidad. "No tenemos ningún interés en dilatarlo o retrasarlo, sino en hacer las cosas correctamente", ha asegurado. Por eso, ha explicado, han pedido al presidente que pidiera motu proprio el informe jurídico. "Se ha negado", ha resumido Serrano, que ha lamentado que "la máxima figura que debe garantizar el rigor" en la Asamblea, "no lo ha hecho".

Serrano ha criticado que "la izquierda inicia una cacería personal y lo disfraza de comisión de investigación". "Aquí no hay un caso Ayuso, hay la intención de destruir a Ayuso", ha opinado, y ha criticado "la obsesión de algunos grupos" de pedir la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El portavoz no solo ha criticado a los partidos de la oposición, también, de forma velada, a sus socios de gobierno, Ciudadanos, y a Vox, que fue esencial para que lograsen el poder, que han apoyado la comisión de investigación. "Formaciones que creen que su función es dar coartada a lo que hace la izquierda, con tal de destruir al adversario", ha dicho Serrano.
La empresa que está bajo sospecha "lleva trabajando unos cuantos años, ha dado 50.000 avales", ha defendido Serrano. En los últimos cuatro años, ha concedido 5.000 avales y ha firmado 6.700 operaciones, según sus datos. "Es una herramienta que ha mejorado y que si hay que mejorar, se puede mejorar", ha reconocido, y sobre el aval de 400.000 euros que se otorgó en 2011 a una empresa participada por el padre de la presidenta, ha afirmado que se trata de "una entidad que se arruinó por motivos de la crisis" y no pudo pagar la totalidad del préstamo.

https://elpais.com/ccaa/2019/09/10/madrid/1568112615_102544.html

EL PP ANUNCIA QUE ACEPTA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AVALMADRID

Mantienen serias dudas jurídicas sobre su idoneidad, y este martes repetirán en la Junta de Portavoces su petición de un informe jurídico que la avale

El PP acepta que se celebre la comisión de investigación sobre Avalmadrid en la Asamblea. El portavoz del grupo parlamentario popular, Alfonso Serrano, ha asegurado esta tarde que «no hemos puesto ninguna pena, y de hecho, no nos vamos a oponer a la comisión», pese a que mantienen retiecneicas y dudas jurídicas sobre si es correcto que el Parlamento regional fiscalice una sociedad de Garantía Recíproca -que no es cien por cien pública- como Avalmadrid.

La Mesa de la Asamblea ha dado esta mañana luz verde y ha admitido a trámite la solicitud de creación de la citada comisión, a propuesta de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, y apoyada por Vox y Ciudadanos. En las próximas horas se publicará su creación en el Boletín Oficial de la Comunidad, y si ningún partido se opone a ella, se dará por creada, según señala el nuevo reglamento de la Cámara madrileña.

Serrano ha explicado que el PP ha intentado en la Mesa que se solicitara un informe jurídico sobre la competencia de la Asamblea para crear esa comisión de investigación sobre Avalmadrid, dadas las dudas jurídicas que mantienen sobre este asunto. Ha sido apoyado por Cs en esta petición, pero PSOE y Vox han votado en contra. La ausencia de una diputada del PP con cargo en la Mesa, María Eugenia Carballedo, que al ser nombrada consejera abandona este puesto, y que aún no ha sido sustituida por otro compañero de partido, ha dejado al PP en inferioridad de condiciones y ha causado que la votación terminara en empate, con lo que la propuesta ha caído.

Serrano denuncia que el PSOE «de una manera que no va con los usos de la cortesía parlamentaria, se ha aprovechado de la ausencia de un miembro del PP en la Mesa para votar en contra de una propuesta que habría salido adelante» de estar todos los miembros del PP en ella».

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-pp-anuncia-acepta-comision-investigacion-avalmadrid-201909091835_noticia.html

LA MESA DE LA ASAMBLEA DA EL PRIMER PASO PARA INVESTIGAR LAS IRREGULARIDADES DE AVALMADRID

Admite a trámite la comisión de investigación a expensas de que el PP se oponga y se deje en manos del Pleno de la Cámara autonómica su debate

El PP ha propuesto que se elaborase un informe jurídico, algo que ha apoyado Ciudadanos, pero la petición ha decaído al mostrar su oposición PSOE y Vox y faltar un miembro de los conservadores

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene este lunes en un desayuno informativo en Barcelona organizado por Nueva Economía Fórum.

La Mesa de la Asamblea ha admitido a trámite que se cree la comisión de investigación sobre las posibles irregularidades en Avalmadrid, registrada por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, aunque PP tiene la posibilidad de oponerse y dejar en manos del Pleno de la Cámara autonómica su debate, votación y aprobación, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Durante la reunión de la Mesa, el PP ha propuesto que se elaborase un informe jurídico, algo que ha apoyado Ciudadanos, pero al faltar un miembro del PP, María Eugenia Carballedo, la petición ha decaído al mostrar su oposición al mismo PSOE y Vox. "Después del informe de los letrados que permite preguntas sobre Avalmadrid, creemos que otro informe jurídico no es más que una repetición, y una huida hacia adelante por parte del PP", ha explicado la portavoz adjunta socialista Pilar Sánchez Acera. Así, se ha admitido el primer trámite parlamentario para la creación de la comisión.

Ahora se ordena su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. Como se recoge en el Reglamento, dentro de los siete días siguientes a la publicación cualquier grupo parlamentario podrá oponerse a la propuesta de creación.

El PP, que previsiblemente se posicionará en contra, hará que la propuesta pase a pleno donde, tras debatirse, se votará. Solo hace falta que esté respaldada por la mayoría simple de la Cámara regional. Fuentes de Vox han señalado que han preferido que la comisión siga adelante porque tienen un informe propio "que avala la competencia de la Asamblea para investigar irregularidades en Avalmadrid".

"Insistimos en que no permitiremos que la comisión se convierta en una caza de brujas personal, sino una investigación sobre el funcionamiento de un ente público. Queremos saber si, por malas prácticas y amiguismos, ha habido españoles con proyectos viables que se han quedado sin aval de una empresa que podría prestar un servicio social muy importante", han sostenido.

Los tres grupos de la izquierda registraron en el Parlamento madrileño la petición de creación de esta comisión sobre las operaciones realizadas por la entidad entre 2007 y 2018. En concreto, y aunque no lo recogen en la petición registrada, ponen el foco en el crédito que el padre de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, recibió de la misma y, de hecho, no descartan llamarla a comparecer.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/09/la_mesa_asamblea_primer_paso_para_investigar_las_irregularidades_avalmadrid_98604_1012.html

EL VOTO DE VOX ES CLAVE Y FUERZA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE AVALMADRID

El PP quería que los letrados de la Asamblea se pronunciaran antes, una petición que apoyaba Ciudadanos, pero al final el voto del único miembro de Vox ha tumbado la propuesta popular

La Mesa de la Asamblea (el órgano de gobierno del Parlamento madrileño) ha aprobado este lunes calificar como positiva la petición que hicieron PSOE, Más Madrid y Podemos de crear una comisión de investigación sobre Avalmadrid, la polémica empresa semipública que concede financiación a pymes y emprendedores. Y lo ha hecho por un estrecho margen, ya que un empate ha provocado que decayera la propuesta del PP, que quería solicitar un informe a los letrados de la Cámara para que determinaran si la comisión era pertinente y competencia del Parlamento autonómico. El objetivo, posponer (unos días) una decisión que parece inevitable.

Así, con la composición actual de la Mesa, el único voto de Vox ha sido clave. La Mesa está formada por siete miembros: dos de Ciudadanos (que la preside), dos del PP, dos del PSOE y uno de Vox (que obtuvo su puesto gracias al apoyo de PP y naranjas y que dejó sin plaza a Más Madrid). Pero actualmente hay solo seis miembros, ya que la popular Eugenia Carballedo tuvo que dimitir tras ser nombrada consejera de Presidencia y pasar al Gobierno. Su plaza no puede ser reemplazada hasta que no se convoque un nuevo pleno, y el siguiente será a principios de octubre.

Con este panorama, había solo seis votos presentes. El PP propuso un informe de los letrados. Los populares siguen manteniendo la posición de que la Asamblea no puede investigar a una sociedad como Avalmadrid, de la que la comunidad solo tiene el 31% de las acciones. Sin embargo, los servicios jurídicos del Parlamento crearon un precedente la semana pasada y señalaron en un informe que el carácter semipúblico de Avalmadrid no limita el derecho de los diputados a fiscalizar la gestión de esta entidad, que ha recibido más de 15 millones de euros de dinero público en la última década, y cuyo presidente y varios consejeros son nombrados por la comunidad. Varios diputados han realizado diversas peticiones de información sobre Avalmadrid.

A pesar de ello, el PP ha solicitado un nuevo informe. No sobre peticiones de información, sino sobre la viabilidad de la comisión. Una petición que ha sido apoyada por los dos miembros de Ciudadanos, que han echado así una mano a su socio de Gobierno tras la polvareda política que supuso que Ciudadanos anunciara la semana pasada la creación de la comisión. La petición de informe ha contado con tres votos a favor: dos de Cs y uno del PP. Y con tres en contra: dos del PSOE y uno de Vox. Al haber empate, la iniciativa popular ha decaído y ha salido adelante la opción de dar trámite a la comisión. Lo que no ha hecho Ciudadanos es apoyar otra propuesta del PP, que quería esperar hasta octubre para reemplazar a su miembro en la Mesa y votar entonces la petición del informe jurídico.

Vox argumenta que ha votado a favor de que la comisión de investigación siga adelante "porque tenemos un informe propio que avala la competencia de la Asamblea para investigar irregularidades en Avalmadrid. Insistimos en que no permitiremos que la comisión se convierta en una caza de brujas personal, sino en una investigación sobre el funcionamiento de un ente público. Queremos saber si, por malas prácticas y amiguismos, ha habido españoles con proyectos viables que se han quedado sin aval de una empresa que podría prestar un servicio social muy importante", señalan desde el partido de Rocío Monasterio.

El siguiente trámite se dirime ahora en la Junta de Portavoces este martes, que previsiblemente dará el visto bueno a la comisión, que luego deberá volver a la Mesa para empezar a fijar plazos y comparecientes. La Mesa ordenará entonces su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. Los grupos parlamentarios tienen luego un plazo de siete días para manifestar su oposición a la constitución de la comisión desde su publicación en el boletín oficial. Si el PP decide optar por esta vía, la decisión de aprobar o no la comisión de investigación tendría que ir al pleno, donde solo sería necesaria una mayoría simple. Ciudadanos y Vox han defendido públicamente que apoyarán la comisión siempre y cuando no se trate de una "caza personal" contra la presidenta Ayuso.

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019-09-09/comision-investigacion-asamblea-avalmadrid_2217015/

LA OPOSICIÓN ACECHA A AYUSO REGISTRANDO LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AVALMADRID

PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos han registrado este martes en la Asamblea de Madrid la petición para la creación de una comisión de investigación sobre Avalmadrid y su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , a la que no descartarían llamar a comparecer si sale adelante.

Pasadas las 10 horas el portavoz socialista, Ángel Gabilondo; su homólogo en Más Madrid, Íñigo Errejón y la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, han registrado el documento para crear este órgano parlamentario.

Según el escrito de constitución, al que ha tenido acceso Europa Press, la comisión versará “sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid (Sociedad de Garantía Recíproca) desde el año 2007 al año 2008”.

Su objetivo es analizar y, en su caso, determinar las responsabilidades políticas que hubiese por las presuntas irregularidades en este período; así como estipular una serie de recomendaciones sobre las actuaciones que deberán proponer en el consejo de Administración de la entidad financiera aquellos consejeros propuestos por el propio Gobierno regional para que se inicien las acciones civiles propias de la reclamación de daños y prejuicios.
Los tres grupos parlamentarios de la oposición han asegurado que no descartarían llamar a comparecer a Ayuso y que esperan que Ciudadanos no “bloquee” su puesta en marcha, que debe decidirse en la Mesa de la Asamblea de Madrid.

“Esperamos que la Mesa propicie que conozcamos lo que ha sucedido” con el ente semipúblico, ha explicado a los medios el portavoz del grupo del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, por cuya iniciativa se ha presentado esta solicitud conjunta que quiere esclarecer un presunto trato de favor de Avalmadrid hacia la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190903/47168321779/oposicion-acecha-ayuso-comision-investigacion-avalmadrid.html

AVALMADRID: EL PP CONTRAATACA Y ADVIERTE A CS DEL RIESGO DE SER «EL TONTO ÚTIL DE LA IZQUIERDA»

Se plantea pedir un informe sobre el «encaje legal» de la comisión que investigue a esta sociedad, que también podría pedir la Mesa de la Asamblea

Ciudadanos, socio de Ayuso, apoya la comisión de investigación sobre Avalmadrid

El portavoz del grupo popular en la Asamblea, Alfonso Serrano –oficialmente en el cargo desde este jueves– ha arremetido contra Ciudadanos por su apoyo a la comisión de investigación sobre Avalmadrid, advirtiéndole que se puede convertir «en el tonto útil de la izquierda». El PP está estudiando pedir un informe jurídico sobre la comisión porque tiene «dudas sobre su encaje jurídico», aunque no descarta que el informe lo solicite la propia Mesa de la Asamblea –donde PP, Cs y Vox tienen cinco miembros y PSOE dos– «motu proprio».

Serrano ha sido nombrado portavoz esta mañana en la reunión del grupo parlamentario que presidió la jefa del Ejecutivo, Isabel Díaz Ayuso. La portavoz adjunta será Ana Camins, y en la nueva estructura organizativa del grupo aparece como coordinadora de Comisiones Alicia Sánchez-Camacho y como secretario general el ex consejero Carlos Izquierdo. Además, se ha aprobado que Jorge Rodrigo sustituirá a la consejera de Presidencia, María Eugenia Carballedo, que deja el puesto que ocupaba en la Mesa por no poder hacerlo compatible con sus nuevas responsabilidades en el Gobierno.

Pero además de informar del nuevo orden interno en el grupo, Serrano ha aprovechado para lanzar varias andanadas contra Ciudadanos, socio de Gobierno en la Comunidad pero muy beligerante ante las posibles irregularidades en Avalmadrid. En este sentido, ha planteado sus dudas de que «Ciudadanos pueda tener legitimidad para criticar al PSOE, Más Madrid o Podemos cuando lo primero que hace es alinearse con ellos». A renglón seguido, ha manifestado sentirse «preocupado porque Ciudadanos sea el tonto útil de la izquierda» en este caso.

Respecto a su postura sobre la comisión investigadora, Serrano ha aclarado que el PP «no tiene ningún miedo a que se investigue, pero esto no va de Avalmadrid: es una operación de la izquierda contra Ayuso, una infame campaña de desprestigio» contra ella donde «la víctima es una familia honrada y el protagonista alguien que a día de hoy no puede defenderse». Duda que los madrileños quieran «que la legislatura se centre en esto, en la casa de Monasterio, las empresas de Villacís o el contrato del padre de Aguado».

Aunque no han aclarado si el PP finalmente apoyará la creación de la comisión de investigación sobre este asunto, que los otros cinco grupos de la Asamblea respaldan, sí ha manifestado las dudas que tienen sobre su encaje jurídico, dado que Avalmadrid es «una sociedad de responsabilidad recíproca» que «por ley está bajo control del Banco de España y del Ministerio de Hacienda». Algo que a él personalmente, ha dicho, le da mucha más confianza que «si la fiscaliza Errejón».

El PP no descarta pedir un informe jurídico sobre la idoneidad de dicha comisión, aunque llama la atención de que ese informe podía pedirlo «motu proprio» la propia Mesa de la Asamblea, ya que tiene capacidad para ello antes de calificar la petición de dicha comisión. Pedir un informe sería lógico, indica, y pone como ejemplo que el Gobierno de la nación lo ha pedido también sobre las entregas a cuenta a las comunidades autónomas.

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-avalmadrid-pp-contraataca-y-advierte-riesgo-tonto-util-izquierda-201909051251_noticia.html#vca=mod-sugeridos-p1&vmc=relacionados&vso=avalmadrid-el-pp-contraataca-y-advierte-a-cs-del-riesgo-de-ser-el-tonto-util-de-la-izquierda&vli=noticia.video.local
 

LAS 16 COMISIONES PARLAMENTARIAS QUE INVESTIGARON IRREGULARIDADES Y TRATOS DE FAVOR DE EMPRESAS PRIVADAS Y SEMIPÚBLICAS

La Mesa de la Asamblea de Madrid debe examinar este lunes si admite la propuesta para crear una comisión de investigación de Avalmadrid

Gescartera, Rumasa, Spanair, el proyecto Castor, el Museo Guggenheim y un buen número de cajas de ahorro fueron puestas bajo la lupa del Congreso y las cámaras autonómicas por sus vínculos políticos

La Mesa de la Asamblea de Madrid debe decidir este lunes si admite la propuesta de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos para crear una comisión que investigue las irregularidades de Avalmadrid, en el centro de la controversia por las vinculaciones de las empresas a las que avalaba con consejeros y directivos de la sociedad de garantías, así como por el trato de favor dispensado, entre otras, a la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Ciudadanos y Vox ya han anunciado que apoyan la creación de la comisión, pero el PP la descarta con el argumento de que Avalmadrid es una empresa privada y, como sociedad de garantía privada, ya está sometida a la supervisión del Banco de España. Queda fuera, por tanto, del ámbito de control de la Asamblea madrileña. El informe que los letrados de la cámara regional acaban de enviar a la Mesa desmonta ese razonamiento, al determinar que la supervisión administrativa del Banco de España no excluye la parlamentaria y que ésta se centra, precisamente, en la actuación del Gobierno o en la información que el Ejecutivo tiene gracias a su participación en los órganos de dirección de esta sociedad.

Además, son numerosas las comisiones de investigación abiertas, tanto en el Congreso y en el Senado como en los parlamentos autonómicos, desde 1977. Y muchas de ellas se ocuparon de empresas privadas y semipúblicas, como es el caso de Avalmadrid, cuyo 26,1% pertenece a la Comunidad madrileña. Otro 25,4% del capital lo aporta Bankia, que a su vez es propiedad del Estado –a través del FROB– en un 61%. El presidente de Avalmadrid lo nombra el Gobierno regional, y en su consejo de administración se sientan también otros dos altos cargos de la Comunidad: el viceconsejero de Economía y el secretario general técnico de esa consejería.

RUMASA

El Congreso de los Diputados, ya en la segunda legislatura, examinó la evolución del grupo Rumasa desde que se creó, en 1961, hasta que fue expropiada por el Gobierno socialista el 23 de febrero de 1983. Todos los grupos, menos el Mixto, apoyaban la investigación, que se abrió sólo tres meses después de la expropiación y se prolongó hasta abril de 1985, un año más de lo previsto. El dictamen final, que contó con los votos particulares de Alianza Popular y UCD, culpó a los gobiernos anteriores a 1977 del crecimiento irregular de Rumasa así como de sus “desastrosas repercusiones, sociales y económicas”. También consideró la expropiación como la única “solución eficaz”. El grupo comandado por José María Ruiz-Mateos llegó a tener más de 700 empresas, incluidos 17 bancos, y a contar con una plantilla de 60.000 trabajadores. Pero en el momento de ser expropiado sufría un déficit patrimonial que Arthur Andersen cifró en 1.558 millones de euros. Debía 64,7 millones a la Seguridad Social y 116 millones más a Hacienda.

Como suele ser habitual con las investigaciones parlamentarias, también hubo una actuación judicial. Y en este caso fue múltiple: la Fiscalía demandó a Ruiz-Mateos, que fue detenido en abril de 1985 en Fráncfort y extraditado. Fue juzgado por falsedad documental y contable en la Audiencia Nacional pero absuelto en 1997, pese a quedar probado que falseó la contabilidad, porque cuando lo hizo el Código Penal no lo consideraba un delito. Pero tanto el Supremo como el Constitucional fallaron en contra de Ruiz-Mateos y confirmaron la legalidad de la expropiación.

En 1986, en cambio, el Congreso rechazó crear una segunda comisión para investigar la gestión que hizo el Gobierno de la Rumasa expropiada y su posterior privatización. Alianza Popular promovió la iniciativa, que fue apoyada por el PDP, IU, CDS y el Grupo Mixto, pero contó con el rechazo del PSOE, entonces en el Gobierno y con mayoría absoluta en la Cámara Baja.

GESCARTERA

En septiembre de 2001 se constituyó otra comisión que investigó a una empresa privada: la agencia de valores Gescartera. Ese verano había sido intervenida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que había descubierto un agujero patrimonial de 100 millones de euros. Perdieron su dinero la mitad de los clientes, unas 2.000 personas. El fraude se convirtió en un escándalo político cuando se hizo público que la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, era hermana del secretario de Estado de Hacienda y que la presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, había mantenido reuniones con los dueños de la sociedad de valores a petición suya. Enrique Giménez-Reina tuvo que dimitir, al igual que Valiente. Además, el vicepresidente de la CNMV –y exdiputado del PP– Luis Ramallo, había recibido regalos del principal accionista de la agencia, Antonio Camacho, por valor de 12.000 euros. Gescartera había sido investigada desde 1993 en varias ocasiones por la CNMV, pero nunca actuó contra ella.

En noviembre de 2001, el Congreso aprobó el dictamen de la comisión, que eximía al Gobierno de responsabilidades políticas. Sólo la apoyaron, además del PP, CiU y Coalición Canaria. Mientras, el frente judicial se prolongó hasta marzo de 2008, cuando la Audiencia Nacional condenó a 52 años en total a las ocho personas acusadas.

También en los parlamentos autonómicos se han sucedido las comisiones de investigación desde 1977 hasta ahora. Bajo la lupa se pusieron tanto empresas privadas como semipúblicas. Por recibir subvenciones –las primeras– o por la participación de los gobiernos autonómicos en su gestión –las segundas–. Sin olvidar las cajas de ahorros, entidades privadas pero con dependencia orgánica de las administraciones territoriales.

SPANAIR

Así, el Parlamento catalán investigó en 2014 la quiebra de Spanair, una de las empresas del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, ocurrida dos años antes. Fue solicitada por todos los grupos políticos, que querían saber qué había ocurrido con los 185 millones de euros que habían inyectado la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para apoyar la compra de la aerolínea por parte un grupo de inversores catalanes. Sin embargo, entró en concurso con un pasivo de 474 millones de euros.

En julio de 2015, la comisión eximió de responsabilidad política a las instituciones, con los votos de CiU, PSC y ERC, la abstención de ICV y el rechazo de PP y Ciudadanos. Si éstas apoyaron con dinero público la operación fue porque consideraron que el proyecto era “viable”, aseguraba el dictamen. La Audiencia Nacional terminó exonerando a la cúpula de la empresa, que había sido condenada en primera instancia a pagar 10,8 millones de euros, al igual que la sociedad de la Generalitat Avançsa, que ejercía de administradora de la empresa, Fira de Barcelona e Inversions Turistiques i Comercials (Iticsa), filial de Turisme de Barcelona, un consorcio municipal.

PROYECTO CASTOR

Tampoco ha tenido problema el Parlament para investigar el proyecto Castor, la planta de almacenamiento de gas que una empresa del grupo ACS, Escal UGS, perforaba frente a la desembocadura del Ebro en Tarragona. El proyecto tuvo que ser clausurado cuando empezó a detectarse una fuerte actividad sísmica en la zona. El Estado, que había asegurado el riesgo geológico de la obra, terminó pagando 1.350 millones a la empresa, propiedad de Florentino Pérez. La comisión se creó con el apoyo de todos los grupos políticos de la cámara. Aún no ha terminado sus trabajos.

EPSILON E HIRIKO

En otros casos, los parlamentos autonómicos han investigado a empresas privadas por sus relaciones con las administraciones públicas. Por ejemplo, el Parlamento vasco analizó en 2015 las ayudas concedidas por el Gobierno de esa comunidad autónoma a los proyectos Epsilon –60 millones de euros en 2007– e Hiriko –15 millones en 2009–, que resultaron fracasados. La comisión halló responsabilidades políticas en miembros tanto del Consejo de Promoción Económica como del consejo de administración del Parque Tecnológico de Álava y de SPRI, la agencia vasca de desarrollo empresarial.

MUSEOS GUGGENHEIM Y BALENCIAGA

En la comisión que se abrió en 2008 sobre el Museo Guggenheim, se trataba de dilucidar responsabilidades políticas por las “irregularidades financieras, ausencia de control administrativo y anomalías” descubiertas en las dos sociedades públicas del museo: la Sociedad Tenedora, encargada de comprar obras de arte, y la Sociedad Inmobiliaria, dueña del solar y del edificio. El 50% de la Sociedad Tenedora es propiedad del Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya, pero sus cuentas no estaban integradas en los presupuestos de ninguna de estas instituciones ni sujetas a control público. La oposición las tachaba de opacas.

El detonante de la investigación fue el desfalco de más de medio millón de euros entre 1998 y 2005 cometido por el director de Finanzas del Museo, Roberto Cearsolo. Pero también se sometió a escrutinio una operación de compra de dólares –destinados a la adquisición de obras de arte–, donde la Sociedad Tenedora perdió más de seis millones de euros, de los 17,3 millones que habían aportado el Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya.

El dictamen de la comisión culpó al director del museo, Juan Ignacio Vidarte, por su “falta de capacidad profesional” para controlar a sus subordinados, tutelar los bienes de la institución y gestionarla. Pero sobre todo reprochó a la consejera de Cultura, Miren Azkarate, su “falta de celo” en el control al director del museo y que hubiera “relajado su atención” sobre el manejo de recursos públicos. Azkarate presidía los consejos de administración de las dos sociedades antes citadas.

Casi al mismo tiempo, el Parlamento vasco indagaba en las irregularidades detectadas en otro museo, el Balenciaga, en esos momentos aún en fase de proyecto. En el patronato de la fundación que lo promovía se sientan el Ayuntamiento de Getaria (Guipúzcoa) y el Ministerio de Cultura, así como el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Además, en 2005 las cuatro instituciones constituyeron la sociedad Berroeta Aldamar para impulsar la construcción del museo dedicado al diseñador

La comisión atribuyó responsabilidades políticas a los miembros del consejo de administración de Berroeta Aldamar por su “dejación en la gestión adecuada de los recursos públicos, falta de celo en su función de control de sus gestores y por avalar actuaciones de su gestor máximo con resultados contrarios al interés de la sociedad”. También culpó a la Dirección de Patrimonio del Gobierno vasco de una “insuficiente actuación en la supervisión e inventario”.

GRUPO HISPANO TEXTIL

En Castilla y León fue el grupo Hispano Textil el que tuvo que someterse a escrutinio de su parlamento por una subvención de 3,61 millones de euros que la Junta le había concedido en 1992. Más otros 1,6 millones en incentivos regionales. De dos millones se desconoce aún cuál ha sido su paradero. La empresa de Béjar (Salamanca) cerró en 1983, dejando a 350 trabajadores en la calle. La comisión parlamentaria concluyó eximiendo de responsabilidades políticas al Gobierno del PP, pese a que durante las investigaciones se habían aportado documentos que revelaban fraude en la contabilidad, con indicios de caja B.

NEW TECHNO

Otra subvención bajo sospecha fueron los 360.000 euros que recibió la empresa New Techno de la Junta de Castilla-La Mancha en 1987. Además, el Ministerio de Industria le concedió otros dos millones. El problema era que la empresa tenía escasa viabilidad. Aun así, la Junta, a través de la Sociedad de Fomento Regional (SFR), se quedó con 600 acciones de la empresa a cambio de la ayuda. Además, New Techno resultó ser la dueña del jaguar que durante años condujo el entonces secretario del Grupo Socialista en el Congreso, el abogado José María Mohedano, quien tuvo que dimitir cuando se hizo pública su relación con la empresa: también actuaba de asesor legal de su dueño, el empresario José Luis Gómez Pinto-Fontán.

ACOREX

En Extremadura la comisión que investigó la quiebra de Acorex, la mayor cooperativa agrícola de la comunidad autónoma, en 2015 fue un fracaso: el Parlamento autonómico no llegó a aprobar un dictamen conjunto porque cada uno de los cuatro grupos sólo votó a favor del suyo propio y rechazó el del resto. Las indagaciones se centraron en la intervención de la Junta de Extremadura en Acorex, que entró en concurso de acreedores ese año, y en la Caja Rural extremeña. Todos los grupos coincidieron en la existencia de “injerencias políticas” en la empresa y en la caja, para unos por parte del Gobierno del PP y para otros, del PSOE. Podemos pidió la comparecencia de más de 100 personas, pero finalmente no acudieron ni los presidentes Guillermo Fernández Vara (PSOE) ni José Antonio Monago (PP), mientras que la Caja Rural de Extremadura pidió –y consiguió– que las sesiones no fueran públicas. La Junta, a través de la sociedad pública Avante, inyectó 16,9 millones de euros en el grupo cooperativo, de los cuales 10 millones eran préstamos. La Caja Rural debía actuar como “pulmón financiero” de Acorex, que salió del concurso en 2017. Según dijo entonces el PP, la intervención en la caja rural fue para “evitar que desapareciese”, siguiendo el consejo del Banco de España.

CAJAS DE AHORROS

Un capítulo aparte merece la atención que han prestado los parlamentos autonómicos a las cajas de ahorros de sus respectivos territorios. Las vinculaciones entre estas entidades financieras y los políticos llevan mucho tiempo en el ojo del huracán. En 1988 el Parlamento canario empezó a investigar las cuentas corrientes que los miembros del Gobierno regional y los diputados tenían en las cajas de ahorro de las islas. Quería saber si algunos de ellos se habían beneficiado de créditos concedidos por estas entidades. La comisión se creó a solicitud del CDS, después de que IU lanzara las primeras acusaciones: el presidente canario, Lorenzo Olarte, había pedido un crédito de seis millones de euros a la Caja Insular de Ahorros de Canarias –de la que había sido presidente– para levantar una urbanización en Fuerteventura. En la misma comisión tuvo que comparecer otro presidente canario, el socialista Jerónimo Saavedra, para explicar la concesión de créditos por la misma entidad financiera.

En el Parlamento andaluz todos los grupos aprobaron el dictamen que denunció las múltiples irregularidades financieras y contables cometidas durante años en la Caja Rural de Jaén. Fue en 1983 cuando se destaparon los pufos que llevaron a la intervención de la entidad y los que se cometieron cuando ésta ya era inminente. Entre ellos, el trato de favor recibido por el teniente coronel Antonio Tejero. Ya había sido condenado por el intento de golpe del 23-F cuando pudo rescatar unos 20 millones de pesetas –120.000 euros– invertidos en valores de la Caja Rural de Jaén antes de su vencimiento. Esa cantidad le había sido entregada por la empresa editora del diario ultraderechista El Alcázar. Cuando la entidad estaba a punto de ser intervenida, Tejero pudo así recuperar su inversión y los intereses, mientras que muchos otros clientes perdieron hasta un 25% de su dinero.

Además, el presidente de la entidad, Domingo Solís Ruiz, había utilizado fondos de una caja B para financiar un partido que había fundado, Acción Social Agraria, también para financiar a la UCD.

Pero es sin duda la crisis que llevó a la desaparición de las cajas de ahorro tras el estallido financiero de 2008 el asunto que más ha acaparado la atención de las cámaras autonómicas en los últimos años. Las de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja se han dedicado a intentar dirimir responsabilidades. Pero con éxito dispar.

En Castilla y León, la comisión que indagó por los motivos que llevaron a la desaparición de sus seis cajas de ahorro terminó el pasado enero sin conclusiones tras año y medio de trabajo. No salió adelante ninguna propuesta por el empate entre los 42 escaños del PP y los del conjunto de la oposición. Los populares pedía que eximiera de toda responsabilidad a la Junta de Castilla y León, además de culpar de lo ocurrido a la falta de vigilancia del Banco de España. Eso sí, los directivos de las cajas de Segovia, Ávila y Caja España han afrontado en los juzgados sus correspondientes procesos.

En la Comunidad Valenciana, la cámara autonómica examinó el desvalijamiento de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con una comisión que se constituyó con el apoyo unánime de los grupos en octubre de 2011 y no concluyó sus trabajos hasta marzo de 2015. Indagó sobre los motivos por los que la cuarta caja de ahorros española terminó siendo intervenida por el Banco de España y desapareció con unas pérdidas de 1.731 millones de euros y una tasa de morosidad del 20%. Lo que no fue óbice para que sus directivos se embolsaran cuantiosas indemnizaciones, los mismos que habían concedido avales a proyectos inviables y habían permitido una sobreexposición de la entidad al ladrillo de 16.000 millones de euros.

En sus conclusiones, la comisión repartió culpas entre el Banco de España y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por falta de diligencia. Pero también señalaron a los directivos por sus sueldos desorbitados y sus pensiones vitalicias, además de acusarles de manipular las cuentas y los balances. También reprocharon a la auditora KPMG por una actuación “complaciente”. Y no faltaron las menciones al trato de favor recibido por algunos empresarios.

La Audiencia Nacional sigue aún juzgando a algunos de los directivos responsables de la estrepitosa caída de la CAM, mientras el Tribunal Supremo acaba de absolver del delito de falsedad contable a su ex director general Roberto López Abad y de reducir las penas a otros dos ejecutivos.

En La Rioja, la comisión que investiga la integración de su caja en Bankia empezó a trabajar en septiembre de 2016. Fue suspendida en junio de 2017. Y aún hoy sigue sin cerrarse.

En Navarra, por el contrario, el dictamen se aprobó el pasado 22 de febrero y determinó que la Caja de Ahorros de Navarra (CAN) podría haber continuado en solitario, en lugar de desaparecer al quedar integrada primero en Banca Cívica, en 2010, y en 2012 en Caixabank. Contó con el voto a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra, pero con el rechazo de UPN, PSN y PP. La comisión atribuyó el fin de la CAN al cambio de modelo de negocio que impulsó su último director general, Enrique Goñi, así como a una “dejación de funciones de control” por parte de los gobiernos forales de entonces. Además, destaca que la pérdida patrimonial que sufrió la caja navarra, del 80%, fue “muy superior a la sufrida por otras entidades del entorno”

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/09/las_comisiones_parlamentarias_que_investigaron_irregularidades_tratos_favor_empresas_privadas_semipublicas_98565_1012.html

EL BANCO DE ESPAÑA PIDE INFORMACIÓN DEL AVAL A LA EMPRESA PARTICIPADA POR EL PADRE DE DÍAZ AYUSO

La entidad concedió 400.000 euros en 2011, cuando la hoy presidenta no era cargo público

El Banco de España solicitó este verano a Avalmadrid información sobre el aval de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortecnica, una empresa participada por el padre de Isabel Díaz Ayuso, la nueva presidenta de la Comunidad, según fuentes parlamentarias. Antes de que se cerrara la operación, un analista de riesgos de la entidad avalista mostró sus dudas. El dinero nunca fue devuelto en su totalidad. Posteriormente, Díaz Ayuso aceptó la donación del piso familiar, que así quedó fuera del alcance de posibles acreedores. El Banco de España tramita un expediente contra Avalmadrid por conceder avales mal evaluados.

El Banco de España tiene abierto un expediente sancionador contra Avalmadrid que concluirá próximamente con multas para la Comunidad, el propio ente y varios de sus directivos. Los inspectores del banco consideran que esta sociedad de garantía recíproca, especializada en avalar ante los bancos créditos a pymes y emprendedores, actuó mal al firmar operaciones con compañías relacionadas con sus consejeros o los familiares de estos, no evaluar correctamente los riesgos, y tampoco hacer un seguimiento de lo que ocurría con los bienes que garantizaban las operaciones.

El ente fiscalizador, que suele pedir información de este tipo de manera rutinaria, no aclaró este viernes si el objeto del requerimiento —transmitido a un alto cargo de Avalmadrid— es fiscalizar la concesión del aval o el posterior intento de recuperar el dinero, que fue un fiasco.

"No podemos comentar la actividad supervisora", explicaron desde el banco central. "Como cualquier supervisor, tenemos un deber de confidencialidad".

¿Qué encontrará el Banco de España en el expediente? En 2011, Avalmadrid dio el visto bueno a un aval de 400.000 euros a cambio de la doble garantía de una nave industrial del padre de Díaz Ayuso —escriturada por 26.000 euros y tasada en 213.000— y del patrimonio de los socios y sus cónyuges.

Cuando el aval se concedió, la hoy presidenta era una figura ascendente en el PP sin ningún cargo en el Gobierno. Semanas después, Díaz Ayuso se puso en contacto con un directivo de Avalmadrid para conocer los detalles de la operación, que afectaba a su padre, enfermo, y expresar sus dudas sobre el resto de socios. A los pocos días de iniciar ese intercambio de correos, revelado por EL PAÍS y que duró meses, la política popular se convirtió en diputada. A finales de 2011, antes del primer impago, Díaz Ayuso aceptó la donación de la vivienda familiar en Madrid, que así quedó fuera del alcance de los acreedores.

"Pidieron un crédito, y la empresa después se arruinó. (...) No sé qué pretenden que hagamos mi madre y yo ¿nos podemos ir debajo de un puente?", dijo la presidenta el 26 de agosto. "Mi padre ya estaba de baja médica, sabía que estaba enfermo, que no iba a durar mucho, y le preocupaba que el poco patrimonio que tenía, lo heredáramos".

La polémica sobre Avalmadrid, sin embargo, va mucho más allá de esa operación concreta. Hay cientos de avales bajo el escrutinio del Banco de España. La oposición ha solicitado una comisión de investigación en la Asamblea. Y mientras, Avalmadrid vive tensiones internas. Aunque Ignacio Aguado, el líder de Cs y vicepresidente regional, aseguró que había cesado a Pedro Embid como director general ("ya está destituido el último director", dijo), este seguiría en el cargo desde su cese de julio y hasta que se le encuentre sustituto. En teoría, la entidad también dejó de contar con los servicios de todas las personas a las que mencionó en su denuncia por la concesión de avales criticados por el banco central, pero Antonio Chorro, director de riesgos durante años, se mantendría como subdirector comercial.

Avalmadrid no atendió ayer la petición de información de este periódico sobre esos cargos.

https://elpais.com/ccaa/2019/09/06/madrid/1567792292_643300.html

QUIÉN MANDA EN AVALMADRID: MAPA DE LOS VÍNCULOS POLÍTICOS Y FAMILIARES QUE GOBIERNAN LA SOCIEDAD DE GARANTÍAS DEL 'CASO AYUSO'

El director financiero, Fernando de la Fuente, es quien de verdad ejerce el poder ejecutivo dentro de la empresa semipública

El responsable de Riesgos, Juan Antonio Chorro, ha sido ‘degradado’ a subdirector comercial, pero no despedido, tras ser denunciado a la Fiscalía

El marido de la exjefa de Prensa de Esperanza Aguirre, imputada en el ‘caso Púnica’, ejerce como responsable de Calidad

El expresidente Juan Manuel Santos-Suárez es consejero de la CNMV desde 2014, mientras que al ex director general Fernández- Rubíes, destituido en 2016, el Banco de España le pide 45.000 euros de sanción

El nuevo consejero García de Sola fue jefe de Rosario Rey en Imade y de Isabel Díaz Ayuso en Madrid Network
La sociedad de garantía recíproca Avalmadrid se encuentra descabezada mientras acapara titulares que exponen el trato de favor que han recibido algunas de las empresas que recibieron sus avales, así como las deficiencias de control en la gestión de riesgos.

Su presidenta, Rosario Rey García, cesó en el cargo el pasado 29 de agosto al ser destituida como directora general de Economía una vez tomó posesión el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Economía está ahora en manos de Ciudadanos, que ha expresado ya su apoyo a la comisión de investigación sobre Avalmadrid que los grupos de la izquierda promueven en la Asamblea regional. Y es a través de esa consejería como la Comunidad de Madrid posee el 26% del capital de la sociedad de garantía recíproca, lo que le da derecho a nombrar a su presidente.

El caso es que el consejo de administración ya había destituido en julio al director general de Avalmadrid, Pedro Embid, nombrado apenas 14 meses antes. Según explican a infoLibre fuentes relacionadas con el caso, el consejo prescindió de él porque se negaba a apoyar la demanda que Rosario Rey interpuso ante la Fiscalía de Madrid el pasado mes de abril por las irregularidades cometidas en la concesión de avales a empresas de los expresidentes de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y de CEIM Arturo Fernández, así como otra propiedad del consejero Patricio Rodríguez-Carmona, de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje). Las mismas fuentes atribuyen la oposición de Embid a su amistad con Juan Antonio Chorro García, director de Riesgos y una de las personas a las que la denuncia identifica como responsables de posibles delitos. Pese a que el cese se decidió en julio, en agosto Embid aún continuaba en su puesto, aseguran las mismas fuentes.

Aunque la Fiscalía archivó la demanda presentada por la propia sociedad contra 15 de sus exconsejeros y directivos al considerar prescritos los posibles delitos cometidos, Avalmadrid se encuentra pendiente aún del expediente que le ha abierto el Banco de España. Debería quedar cerrado antes de terminar este año. Sus inspectores piden sanciones para 16 personas, entre consejeros y directivos de la sociedad de garantías. También para la propia Avalmadrid –la más elevada, 100.00 euros– y la Consejería de Economía –50.000 euros–. En total, 667.000 euros por unas negligencias que califica como infracciones graves.

Los consejeros y directivos implicados en la concesión sospechosa de avales o responsables de haber eludido los controles debidos en su seguimiento y en el recobro de los morosos y fallidos pertenecen tanto a la cúpula actual como a equipos anteriores. Las operaciones investigadas por el Banco de España fueron firmadas entre 2008 y 2016.

Ésta es la cúpula actual:

Fernando de la Fuente Gómez. Es el director de Administración y Finanzas. Tiene 46 años y ha desarrollado toda su carrera en Avalmadrid, donde ingresó en 1998 como analista de riesgos. Tras ascender a responsable de control de gestión en 2002, desde 2009 es el responsable financiero. Según las fuentes consultadas por este periódico, De la Fuente es la persona que de verdad ejerce el poder ejecutivo en Avalmadrid. Incluso, aseguran, por encima de los sucesivos directores generales que ha tenido la sociedad.

Juan Antonio Chorro García. Entró en Avalmadrid al mismo tiempo que De la Fuente, de quien es “amigo y colaborador”, apuntan las mismas fuentes a infoLibre. Ha sido director de Riesgos hasta que el consejo de administración le consideró responsable de la concesión negligente de avales al Grupo Cantoblanco –propiedad de Arturo Fernández– y a The Tie Gallery, de la que era administrador único y socio al 33% el consejero de Avalmadrid Patricio Rodríguez-Carmona. Desde ese momento ha sido degradado a subdirector comercial, pero no despedido.

Pedro Rodríguez Martín. Responsable de Calidad, Líneas Bonificadas y Gestión de Bienes Adjudicados, es el marido de Isabel Gallego, exjefa de prensa de Esperanza Aguirre e imputada en la operación Púnica. Además, como publicó este periódico, Avalmadrid vendió en 2013 al padre de Gallego, y suegro de Pedro Rodríguez, un estudio en el céntrico barrio madrileño de Chueca que había embargado, y lo hizo por sólo 30.000 euros, un 63% por debajo del precio de mercado. Avalmadrid perdió con la operación 57.000 euros. Rodríguez Martín entró en 2006 como administrativo en Avalmadrid, donde desde julio de 2017 ejerce, además, como presidente del comité de empresa. Fue elegido en las listas del sindicato CSIT, que cuenta con tres de los cinco miembros del comité. Los otros dos pertenecen a CCOO.

Mar Escudero Madariaga. Directora de la Asesoría Jurídica Institucional, ejerce como mano derecha de Rosario Rey. Es hija de María del Carmen de Madariaga Alonso, secretaria del Departamento de Asuntos Económicos de CEIM (Confederación Empresarial de Madrid), socio protector de Avalmadrid.

Ana Suárez Rotellar. Adjunta a la dirección comercial y responsable de Comunicación. Es sobrina de José María Rotellar, expresidente de Avalmadrid entre octubre de 2014 y abril de 2015. Encabezó la sociedad de garantías en virtud de su cargo como viceconsejero de Hacienda del Gobierno de Esperanza Aguirre, al que se incorporó como director general de Estadística. El Banco de España pide para él una sanción de 18.000 euros, mientras que en su denuncia a la Fiscalía, la propia Avalmadrid le consideró responsable de la concesión irregular de un aval a Casbar, empresa de la que era socio José Miguel Guerrero Sedano, al mismo tiempo consejero de la sociedad de garantía madrileña.

El directivo de más reciente incorporación es
Rodolfo Felipe Gómez, quien ocupa desde septiembre de 2018 un cargo de nueva creación: director de Control de Riesgos y Cumplimiento. Felipe Gómez procede del Banco Santander, donde trabajó durante 13 años como responsable de control de riesgos.

Además, en la demanda de la Fiscalía y el expediente del Banco de España aparecen estos nombres:

Juan Manuel Santos-Suárez Márquez. Consejero y presidente de Avalmadrid entre 2008 y 2014, cuando se cometieron la mayor parte de las irregularidades denunciadas, incluida la concesión y no recobro del aval a la empresa de la que eran socios los padres de Isabel Abel Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Antes había sido viceconsejero de Hacienda del segundo Gobierno de Esperanza Aguirre y viceconsejero de Modernización y Calidad de los Servicios del primero. Cuando abandonó Avalmadrid pasó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde permanece aún como consejero. De hecho, es su consejero más antiguo. La demanda ante la Fiscalía le hacía responsable de las irregularidades cometidas en las cinco operaciones sospechosas denunciadas.

Aurelio García de Sola y Arriaga. Fue consejero de Avalmadrid en su calidad de director general de Imade (Instituto Madrileño de Desarrollo) entre 2005 y 2010. Acaba de ser imputado por el juez Manuel García Castellón en el caso Púnica: el Imade fue una de las instituciones utilizadas por Esperanza Aguirre para recaudar dinero destinado a las campañas electorales del PP, asegura el magistrado. Además, el informe enviado a la Fiscalía considera responsable a García de Sola del aval concedido a Rural Tours y Trapsa, las empresas de Díaz Ferrán denunciadas. Tras dejar el Imade, se convirtió en presidente de Madrid Network, otra entidad bajo sospecha de dar avales a personas vinculadas al PP y en la que trabajó Isabel Díaz Ayuso. Con García de Sola también trabajó, pero en Imade, la última presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey. Allí permaneció durante 10 años, como directora de Infraestructuras y directora de Innovación Territorial.

Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo. Director general de Avalmadrid de 2004 a 2016, el Banco de España pide para él una sanción de 45.000 euros. Mucho antes, en 1992, Fernández-Rubíes fue nombrado director general de Cesgar, la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca. No hacía ni cuatro años que había terminado la carrera de Derecho y para entonces sólo había trabajado como abogado dos años en un despacho y otro más como consultor en una empresa, según el currículo que él mismo ha colgado en la red Linkedin. Pero permaneció como director general de la patronal de las sociedades de garantías durante siete años, hasta 1999. Avalmadrid le implica en las irregularidades cometidas en las cinco operaciones que denunció a la Fiscalía. Fue destituido por Rosario Rey en abril de 2016. Desde entonces figura en el comité de dirección de IDCars, una empresa que vende soluciones tecnológicas al sector del automóvil.

El informe enviado a la Fiscalía también señala a otros directivos de la época en que Santos-Suárez ejerció la presidencia de Avalmadrid. José Alejandro Gómez Vivas fue director de Operaciones desde 2009. Borja Cubillo Santamaría, director comercial desde 2008. E Isabel Parga Raventós, jefa de Seguimiento de Riesgos desde 2009.

https://www.infolibre.es/noticias/economia/2019/09/09/quien_manda_avalmadrid_mapa_los_vinculos_familiares_politicos_que_gobiernan_sociedad_garantias_del_caso_ayuso_98513_1011.html

LOS LETRADOS DE LA ASAMBLEA AVALAN QUE LOS PARTIDOS PUEDEN FISCALIZAR A AVALMADRID

Los servicios jurídicos apuntalan la petición de la comisión de investigación al considerar que el carácter semipúblico del ente no es limitador

El carácter semipúblico de Avalmadrid no limita el derecho de los diputados de la Asamblea a fiscalizar la gestión de una entidad que ha recibido más de 15 millones de euros de dinero público en la última década, y cuyo presidente y varios consejeros son nombrados por la Comunidad de Madrid. Así lo refleja un informe de los letrados de la Cámara, al que ha tenido acceso EL PAÍS, y que contesta a una petición de información de la Mesa ante la avalancha de solicitudes de información originadas por la investigación abierta al ente por el Banco de España y por la polémica que rodea a la concesión de un aval en 2011 a una empresa participada por el padre de Isabel Díaz Ayuso. Justo cuando la Asamblea se prepara para votar este lunes si abre una comisión de investigación, los letrados apuntalan su viabilidad.

"La instrucción ya está dada para poner en marcha todos los trámites administrativos necesarios", dijo Aguado durante una entrevista en la cadena Ser. "Hace falta iniciar una serie de expedientes para desvincularnos de esa sociedad", siguió. "A partir de ahí habrá que ver cuáles son los plazos, pero Avalmadrid es una marca agotada, una marca manchada por la presunta corrupción, y si queremos llegar a las pymes, a los autónomos, hay que hacerlo con otra marca, de otra manera, con otro tipo de políticas públicas, porque Avalmadrid, desde mi punto de vista, no ha funcionado".

“Los elementos subjetivos y patrimoniales que vinculan a Avalmadrid con la Comunidad de Madrid serían suficientes para excluir un rechazo por razones de índole material a la hora de pronunciarse sobre admisiones a trámite de información y de preguntas parlamentarias”, concluye el informe.

Como adelantó este diario, el PP valora pedir un informe a los servicios jurídicos de la Asamblea para intentar frenar la comisión de investigación sobre Avalmadrid. Aunque el grupo parlamentario aún no ha tomado una decisión, tanto la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, como el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, y el de Educación, Enrique Ossorio, han argumentado en los últimos días que el organismo no cumpliría con el requisito reglamentario de afectar a "un asunto de interés público dentro de las competencias de la Comunidad".

Sin embargo, el dictamen conocido este viernes ya insinúa que las subvenciones públicas concedidas y los nombramientos decididos por la Comunidad son razón suficiente para que Avalmadrid pueda ser investigado en la Asamblea. Al tiempo, abre la puerta a obligar al Gobierno a responder a las preguntas sobre el ente que plantea la oposición. Los sucesivos Ejecutivos del PP se han negado siempre a responder con el argumento de que al hacerlo incumplirían "con el deber de lealtad regulado en la ley de sociedades, y con el deber de confidencialidad regulado en el propio reglamento de Avalmadrid".

Gabilondo pregunta a Díaz Ayuso sobre la desvinculación de la comunidad y AvalMadrid

Ángel Gabilondo, líder del PSOE en la Asamblea y ganador de las elecciones autonómicas de mayo, preguntará en el pleno de la Cámara a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por las razones por las que la Comunidad ha decidido iniciar el proceso de desvincularse de Avalmadrid.

"¿A qué obedece la instrucción del Gobierno de la Comunidad de iniciar una serie de expedientes para desvincularse de la sociedad Avalmadrid?", preguntará el líder socialista según la documentación que ha registrado este viernes el PSOE.
Ignacio Aguado, líder de Cs y vicepresidente regional, anunció el jueves que la Comunidad había puesto en marcha su salida de la entidad semipública.

https://elpais.com/ccaa/2019/09/06/madrid/1567768217_239573.html

LOS LETRADOS DE LA ASAMBLEA ZANJAN QUE LA MESA NO PUEDE FRENAR CONSULTAS DE AVALMADRID

El servicio jurídico de la Asamblea de Madrid aclara en un informe, al que ha tenido acceso la SER, que la Mesa no puede frenar peticiones sobre información de Avalmadrid alegando que es un asunto que excedía el ámbito de competencias de la Comunidad

"No se puede impedir fiscalizaciones como la judicial o la parlamentaria", aclaran los letrados

La Mesa de la Asamblea de Madrid tumbó una pregunta parlamentaria del PSOE sobre Avalmadrid alegando que "se interesaba por un asunto que excedía al ámbito de competencias de la Comunidad de Madrid". Pues bien, según un informe jurídico de los letrados de la Cámara madrileña, al que ha tenido acceso la SER, se zanja que ese criterio no aparece en ninguna Ley, ni en el Reglamento de la Cámara, por tanto no se puede frenar la intención de solicitar ese tipo de consultas parlamentarias, como la que hizo la diputada socialista, Pilar Sánchez Acera.

Los letrados de la Cámara se basan en la sentencia del Tribunal Constitucional que, en un asunto similar, cuando al Gobierno madrileño se le planteó una consulta sobre Eurovegas, en la sentencia se aclaró que "no se puede inadmitir una consulta parlamentaria alegando que se escapa de la acción del Gobierno".

Aunque los letrados reconocen que la supervisión y la inspección de Avalmadrid está en manos del Ministerio de Hacienda, en su informe dan un argumento demoledor para permitir que en un futuro la Comisión de Investigación de Avalmadrid pueda echar a andar. "En un Estado de Derecho como el español, el que hecho de que una entidad esté expresamente sometida a un determinado régimen de supervisión, inspección y control [el Banco de España], no excluye por si solo que pueda ser objeto de inspección, análisis o enjuiciamiento por otro tipo de órganos y poderes públicos", asegura el informe al que ha tenido acceso la SER.

Y es en ese punto, cuando los letrados zanjan que "no se puede impedir por si mismo otro tipo de fiscalizaciones como la judicial o la parlamentaria".

Este informe no se refiere a la Comisión de Investigación de Avalmadrid, no se pronuncia, no dice si es o no viable porque la consulta y la fecha del informe (31 de julio) es previa a la decisión de activar esa Comisión parlamentaria. Pero sí despeja el criterio que puede marcar en el hipotético informe jurídico que pretende encargar el Partido Popular para frenar esta comisión.

Sobre Avalmadrid, además, los letrados del servicio jurídico del Parlamento madrileño recuerdan que el Presidente de esta entidad se identifica como la Consejería de Economía, representada por la Directora General de Economía, participando también como miembros del Consejo los viceconsejeros del Gobierno.

https://cadenaser.com/emisora/2019/09/06/radio_madrid/1567767046_115959.html

AYUSO DESAUTORIZA A AGUADO POR ORDENAR QUE LA COMUNIDAD SE DESVINCULE DE AVALMADRID

La tensión entre los socios de gobierno de la Comunidad de Madrid, PP y Ciudadanos, va en aumento. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha desautorizado a su vicepresidente, Ignacio Aguado, a cuenta de Avalmadrid.

Díaz Ayuso ha señalado que no cree que "la Comunidad de Madrid tenga que retirarse "rápidamente, súbitamente" de Avalmadrid porque dejaría "colgando muchos créditos que ahora mismo tienen pymes que necesitan la ayuda de entidades como esta".

Así lo ha expresado después de que el jueves el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, anunciase que ha pedido a la Consejería de Economía que inicie los trámites para que la Comunidad de Madrid se desvincule de Avalmadrid, una Sociedad de Garantía Recíproca en la que la Administración regional tiene una participación del 31%.

"Ese tipo de decisiones han de tomarse en el Consejo de Gobierno", ha dicho Díaz Ayuso en declaraciones a los periodistas, durante una visita a la IV edición de "Cómete Las Ventas" para promover el sector agroalimentario.

"Lo conveniente es que lo llevemos allí y que lo decidamos y lo debatamos en el seno del Consejo de Gobierno", ha subrayado la presidenta madrileña.

'SER CAUTOS'

Hay que tener en cuenta, ha argumentado, que la Comunidad de Madrid no se puede retirar de Avalmadrid "de esa manera unilateral" porque en estos momentos hay muchas pymes y muchos proyectos que están en marcha y que dependen de esta entidad.

"Lo que hay que hacer, sobre todo, es ser cautos y tomar una decisión con tranquilidad", ha recalcado.

En una entrevista en la cadena Ser, Aguado se mostró partidario de eliminar la vinculación entre Avalmadrid y la Comunidad, y anunció que había ordenado a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, que dirige Ciudadanos con Manuel Giménez como consejero, que inicie los trámites para llevar a cabo la operación. Ahora, esta decisión ha sido frenada en seco por la presidenta madrileña.

Este rifirrafe se suma al malestar que hay en el PP por el apoyo de Ciudadanos a que se cree una comisión de investigación sobre el crédito que Avalmadrid concedió a una empresa participada por el padre de Ayuso.

No obstante, Aguado ha afirmado, en relación a la comisión sobre Avalmadrid, que "hoy por hoy" confía en la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y ha reiterado su compromiso de "levantar todas las alfombras" para acabar con la corrupción, aunque no apoyará "causas personales".

"No vamos a tolerar una causa personal contra nadie, esto no es una causa personal contra nadie en concreto", ha reiterado este viernes el vicepresidente regional en la Escuela Infantil Palmas Palmitas, donde ha acompañado a los párvulos de 0 a 3 años en el inicio del curso de esta etapa formativa.

'CIENCIA FICCIÓN'

Preguntado sobre si apoyaría una moción de censura si, a través de la comisión, se llegara al punto de que hubiera evidencias que implicasen a la presidenta regional en alguna irregularidad con Avalmadrid, Aguado ha terciado que no es partidario de la "ciencia ficción" porque ese caso no ha llegado.

"Cuando se produzca algún hecho en concreto, entonces tomaremos una decisión. Pero desde luego yo hoy por hoy confío en la presidenta, confío en Isabel Díaz Ayuso. Somos compañeros del Consejo de Gobierno, y lo que vamos a hacer es seguir mirando al frente y no nos va a distraer nada de nuestro objetivo de poner en marcha las 155 reformas recogidas en el acuerdo de Gobierno", ha dicho.

El pasado martes, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-Izquierda Unida Madrid en Pie registraron en la Asamblea la solicitud de crear una comisión para investigar las operaciones de Avalmadrid entre 2007 y 2018, periodo en el que se incluiría un préstamo de 400.000 euros concedido a una empresa participada por el padre de Ayuso que no habría sido devuelto.

Ciudadanos, socio de Gobierno de Ayuso, y Vox, que con sus doce diputados hizo posible la investidura de la presidenta popular, han ido mostrando su apoyo a la creación de la comisión a lo largo de la semana, aunque han matizado que no permitirán una "cacería" contra la presidenta, como ha reiterado Aguado.

Y ha advertido que aunque "en el PSOE y algunos factores quieren hacer cacería contra personas en concreto" ahí "no nos van a encontrar".

Como consejero de Transparencia y Deportes, Aguado ha afirmado que es una obligación "personal", que extiende a todo el equipo de Gobierno actual, levantar "todas las alfombras hasta llegar al final de todos y cada uno de los casos en los que ha podido haber irregularidades o corrupción política, y, desde luego, Avalmadrid es uno de ellos".

Ha reiterado que el ente semipúblico, participado en 31 % por la Comunidad de Madrid, ya no está "cumpliendo su objetivo inicial", que era llegar a autónomos y pymes para conceder préstamos y avales.

Según las cifras con las que el también portavoz del Gobierno autonómico ha ilustrado la afirmación, en la región existen más de 500.000 empresas y Avalmadrid llega "prácticamente" a 1.500 o 2.000 al año, mientras que el Banco de España ha señalado 86 de sus operaciones como inadecuadas.

"La situación de Avalmadrid ha llegado a un punto de no retorno (...). Hay que investigar qué ha pasado desde el punto de vista político y administrativo", ha afirmado Aguado

https://www.elmundo.es/madrid/2019/09/06/5d723bf3fdddff986b8b461a.html

AGUADO CONFÍA "HOY POR HOY" EN AYUSO Y NO APOYARÁ "CAUSAS PERSONALES"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), ha afirmado, en relación a la comisión sobre Avalmadrid, que "hoy por hoy" confía en la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y ha reiterado su compromiso de "levantar todas las alfombras" para acabar con la corrupción, aunque no apoyará "causas personales".

"No vamos a tolerar una causa personal contra nadie, esto no es una causa personal contra nadie en concreto", ha reiterado este viernes el vicepresidente regional en la Escuela Infantil Palmas Palmitas, donde ha acompañado a los párvulos de 0 a 3 años en el inicio del curso de esta etapa formativa.

Preguntado sobre si apoyaría una moción de censura si, a través de la comisión, se llegara al punto de que hubiera evidencias que implicasen a la presidenta regional en alguna irregularidad con Avalmadrid, Aguado ha terciado que no es partidario de la "ciencia ficción" porque ese caso no ha llegado.

"Cuando se produzca algún hecho en concreto, entonces tomaremos una decisión. Pero desde luego yo hoy por hoy confío en la presidenta, confío en Isabel Díaz Ayuso. Somos compañeros del Consejo de Gobierno, y lo que vamos a hacer es seguir mirando al frente y no nos va a distraer nada de nuestro objetivo de poner en marcha las 155 reformas recogidas en el acuerdo de Gobierno", ha dicho.

El pasado martes, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-Izquierda Unida Madrid en Pie registraron en la Asamblea la solicitud de crear una comisión para investigar las operaciones de Avalmadrid entre 2007 y 2018, periodo en el que se incluiría un préstamo de 400.000 euros concedido a una empresa participada por el padre de Ayuso que no habría sido devuelto.

Ciudadanos, socio de Gobierno de Ayuso, y Vox, que con sus doce diputados hizo posible la investidura de la presidenta popular, han ido mostrando su apoyo a la creación de la comisión a lo largo de la semana, aunque han matizado que no permitirán una "cacería" contra la presidenta, como ha reiterado Aguado.

Y ha advertido que aunque "en el PSOE y algunos factores quieren hacer cacería contra personas en concreto" ahí "no nos van a encontrar".

Como consejero de Transparencia y Deportes, Aguado ha afirmado que es una obligación "personal", que extiende a todo el equipo de Gobierno actual, levantar "todas las alfombras hasta llegar al final de todos y cada uno de los casos en los que ha podido haber irregularidades o corrupción política, y, desde luego, Avalmadrid es uno de ellos".

Ha reiterado que el ente semipúblico, participado en 31 % por la Comunidad de Madrid, ya no está "cumpliendo su objetivo inicial", que era llegar a autónomos y pymes para conceder préstamos y avales.

Según las cifras con las que el también portavoz del Gobierno autonómico ha ilustrado la afirmación, en la región existen más de 500.000 empresas y Avalmadrid llega "prácticamente" a 1.500 o 2.000 al año, mientras que el Banco de España ha señalado 86 de sus operaciones como inadecuadas.

"La situación de Avalmadrid ha llegado a un punto de no retorno (...). Hay que investigar qué ha pasado desde el punto de vista político y administrativo", ha afirmado Aguado

https://ecodiario.eleconomista.es/politica-eD/noticias/10071578/09/19/Aguado-confia-hoy-por-hoy-en-Ayuso-y-no-apoyara-causas-personales.html

PULSO POR INVESTIGAR EL CASO AVALMADRID EN LA ASAMBLEA

Un sector del PP pide al partido que busque cómo frenar la comisión

Sectores del PP animan al partido a que pida un informe a los servicios jurídicos de la Asamblea para intentar frenar la comisión de investigación sobre Avalmadrid. Aunque el grupo parlamentario aún no ha tomado una decisión, tanto la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, como el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, argumentan que el organismo no cumpliría con el requisito reglamentario de afectar a "un asunto de interés público dentro de las competencias de la Comunidad". Avalmadrid está participado al 31,07% por la Comunidad, que ha invertido decenas de millones de euros en el ente, pero no es una organización estrictamente pública.

En Madrid, la batalla por investigar la corrupción también se disputa en los despachos, y se pelea con juristas. En octubre de 2017, el PP activó todos los mecanismos defensivos a su alcance para evitar la prolongación de la comisión de investigación sobre la corrupción en la Comunidad de Madrid, a cuya creación ya se había opuesto en 2015. Un año después, la formación conservadora también intentó frenar la comisión de investigación sobre el caso máster de Cristina Cifuentes. En las dos ocasiones, el PP pidió un informe jurídico a los servicios de la Cámara, buscando resquicios legales para bloquear las iniciativas de la oposición. A solo unos días de que la Mesa de la Asamblea se pronuncie sobre la investigación del caso Avalmadrid, la posibilidad de repetir esa estrategia sigue abierta.

"Pedirlo es lo mínimo", opinó una fuente gubernamental que se reconoció ajena a la decisión del grupo parlamentario popular, que se reunirá hoy y aún no ha definido su posición.

"Avalmadrid es una empresa, una entidad privada", defendió esta misma semana el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty. "Está supervisada y auditada por el Banco de España", añadió, sin referirse concretamente al expediente sancionador que tiene abierto el ente fiscalizador contra Avalmadrid por la concesión de avales sin las suficientes garantías. "No sabemos si será adecuada legalmente o no esta comisión", remató.

La sociedad de garantía recíproca Avalmadrid está participada en un 31,07% por la Comunidad, que le ha aportado decenas de millones de euros en los últimos años y ha nombrado presidentes y consejeros, pero no es estrictamente pública. El reglamento de la Cámara madrileña establece que sus investigaciones deben versar sobre "cualquier asunto de interés público dentro del ámbito de las competencias de la Comunidad". Y eso abre una brecha argumental que el PP podría intentar aprovechar para pedir un informe jurídico con el que convencer a Cs de que tiene una salida honrosa para retirar su decisivo apoyo a la comisión, que afectaría directamente a la actual presidenta, Díaz Ayuso, porque abriría la puerta a conocer todos los detalles sobre el polémico aval de 400.000 euros concedido en 2011 a una empresa participada por su padre —que nunca se devolvió—.

"Pero eso todo el mundo lo entendería como un mal truco", advirtió sobre la posibilidad de pedir un informe jurídico una fuente socialista especializada en el reglamento de la Cámara de Madrid. "La contundencia de Ignacio Aguado y César Zafra [en apoyo de la comision de investigación de Avalmadrid] quedaría por los suelos", añadió. "Y, si como parece, además Vox también va a apoyar la comisión...", remató, aludiendo a que el PP y Cs se quedarían solos frente al resto si la formación de Aguado variara su posición.

"No hay por qué pensar que el informe fuera a ser contrario a la creación de la comisión", dijo una fuente de Ciudadanos, que impulsó la comisión del caso máster —en la que tuvo que declarar la propia Cifuentes, ya como expresidenta regional— y apostó por incluir los casos Púnica y Gürtel en la de la corrupción de la Comunidad, pese a que aún están bajo juicio. "Está suficientemente abierto", añadió.

Precedentes

El carácter semipúblico de Avalmadrid ha servido en los últimos años a los sucesivos gobiernos del PP para evitar su fiscalización por parte de los diputados. Proporcionar la información solicitada incumpliría, según han argumentado distintos consejeros "con el deber de lealtad regulado en la ley de sociedades, y con el deber de confidencialidad regulado en el propio reglamento de Avalmadrid".

Sin embargo, hay precedentes en otras cámaras parlamentarias de investigaciones a empresas que ni siquiera tenían un porcentaje de participación pública.

Así, por ejemplo, el Congreso de los Diputados investigó el caso Rumasa y el caso Gescartera. Ahora, el pulso se dirime en la Asamblea de Madrid y decide si se fiscaliza lo ocurrido con el dinero público invertido en Avalmadrid entre 2007 y 2018.

https://elpais.com/ccaa/2019/09/04/madrid/1567623347_240702.html

LA DESCONFIANZA SE EXTIENDE ENTRE LOS SOCIOS DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

“Desleal”. “Alucinante”. “Ellos verán”. El PP reaccionó este miércoles con la máxima dureza al apoyo de Ciudadanos, su socio de gobierno en la Comunidad de Madrid, a la comisión de investigación de Avalmadrid

“Desleal”. “Alucinante”. “Ellos verán”. El PP reaccionó este miércoles con la máxima dureza al apoyo de Ciudadanos, su socio de gobierno en la Comunidad de Madrid, a la comisión de investigación de Avalmadrid, en la que previsiblemente se pedirá la comparecencia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Aunque la líder popular rebajó el tono en público —
“Nunca hablaré de mi socio de Gobierno más que en positivo”, dijo—, los dos partidos estrenan su coalición separados por la desconfianza y rodeados por la incertidumbre.

¿Está resignado el PP a que la Asamblea de Madrid estudie los polémicos avales concedidos por Avalmadrid entre 2007 y 2018, lo que incluiría el de 400.000 euros recibido en 2011 por una empresa participada por el padre de Isabel Díaz Ayuso? No. La formación conservadora estudia si pide un informe jurídico en la Mesa de la Cámara que dilucide si el Parlamento regional tiene competencias para investigar a una entidad que no es pública en su totalidad, abriendo el camino a que Ciudadanos pudiera reconsiderar un apoyo que hoy es firme y claro. ¿Quiere decir eso que la relación entre los dos socios se mantiene intacta? No. Ni mucho menos. Tras ver cómo Ciudadanos apoyaba una iniciativa conjunta de la izquierda (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos Madrid en Pie), el PP reaccionó ayer con la mayor severidad.

“Estamos perplejos”, resumió una fuente gubernamental que cuenta con la confianza de la presidenta regional. “Me parece bastante desleal. Se olvidan de que somos socios de Gobierno. Es la sensación de tener la oposición dentro del Gobierno, la de que te van a apuñalar en cuanto salgas del Consejo de Gobierno”, argumentó. “Nos quiere suplantar al precio que sea”, añadió, en referencia a la guerra abierta entre PP y Ciudadanos por seducir al electorado de derechas. Y remató: “Esperemos que con el tiempo se vaya reconduciendo. No es un buen arranque. En la comisión, todos sabemos que la caza mayor es Isabel Díaz Ayuso, que es a por quien va. Juegan a la labor de desgaste”.

“Ellos verán”

“No me parece la mejor manera de empezar un Gobierno. No es leal por parte de alguien que hace 15 días ha apoyado a ese Gobierno y a esa presidenta”, opinó un concejal del Ayuntamiento de Madrid. “Ya tuvimos el episodio del Equipo Aguado al inicio. Ellos verán. Yo creo que a la larga no les va a venir bien esta actitud”, añadió. Y aclaró que en el gobierno municipal los dos partidos están trabajando “muy bien y fluido”. “Espero que la cosa ruede mejor y sepan reconducirlo, porque si no va a ser complicado”, confió esta fuente, que señaló que “se han dado todas las explicaciones del mundo y las comisiones de investigación sirven para lo que sirven, que es básicamente para nada”.

“Estamos sorprendidos de la actitud de Cs. Alucinamos”, le continuó un diputado regional popular. “Tienen que aclararse”, pidió. “Se acaba de configurar el Gobierno después de un periodo incierto, que no ha sido nada fácil, está la Cámara paralizada, que llama la atención… y que lo primero con lo que salgan sea con esta comisión, es un cachondeo”, lamentó, resumiendo una opinión compartida por otros representantes regionales. Y se preguntó: “¿Queremos un Gobierno en armonía, para sacar cosas adelante? ¿O uno en el que se luche para ver si yo tengo más protagonismo que ella?”.

Esas dos preguntas cargadas de ironía resumen la inquietud que reina en una parte del PP desde el 20 de agosto, cuando los consejeros del nuevo Gobierno regional asumieron sus cargos. “A partir de este momento, ya hemos formado un equipo. Un único equipo”, reclamó aquel día Díaz Ayuso, avanzándose a los problemas que le distanciarían luego de Ignacio Aguado, el líder de Ciudadanos y su vicepresidente.

Inmediatamente se instaló la sensación de que en Madrid convivían dos Gobiernos en uno. Ciudadanos celebró su entrada en el Ejecutivo con un vídeo, Equipo Aguado, en el que presentaba uno a uno a sus consejeros (ni rastro de la presidenta ni de sus compañeros del PP). Al poco, el vicepresidente se trasladó al Metro junto al consejero de Transportes, Ángel Garrido, igual que si fuera el número uno del Ejecutivo. Y el martes, cuando ya su partido había anunciado que apoyaría la comisión de investigación, razonó su decisión utilizando argumentos que avanzan que la legislatura será inestable.

“Caiga quien caiga”

“No se debe confundir lealtad con complicidad”, escribió en sus redes sociales. “No vamos a parar hasta levantar todas las alfombras de la Comunidad de Madrid, le pese a quien le pese... y caiga quien caiga”, añadió, en una clara referencia a Díaz Ayuso, su presidenta y aliada.

“Yo voy a ser fiel compañera del señor Aguado”, contestó este miércoles la líder popular, comprometiéndose a hablar únicamente “en positivo” de su socio. “La izquierda española es una maquinaria de destrucción del adversario en lo político y lo personal”, opinó. “Aguado o [Albert] Rivera pasarán por esa máquina y quiero que sepan que yo estaré a su lado, les pienso ayudar y les apoyaré porque confío en ellos; y porque confío en ellos hemos pactado un Gobierno”.

Todos los partidos de la Asamblea de Madrid, menos el PP, apoyan la comisión de investigación sobre Avalmadrid. Incluido Vox, que anunció que se unía al resto de formaciones de la Cámara. Los votos del partido de extrema derecha fueron decisivos para que PP y Cs llegasen al gobierno regional, igual que en Andalucía y Murcia.

La entidad, que tiene un 31,07% de participación de la Comunidad de Madrid, ha sido investigada por el Banco de España, que le ha abierto un expediente sancionador. El objeto de Avalmadrid es facilitar el acceso al crédito a Pymes madrileñas. En su gestión, el Banco de España ha detectado 162 operaciones en las que la evaluación del riesgo, el seguimiento o la información sobre cómo recuperar el dinero prestado han sido defectuosos. También hay dudas sobre algunos beneficiarios de los avales, como empresas vinculadas a los empresarios Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández, que eran consejeros de la entidad.

Una de las operaciones que están bajo la lupa es la que se concedió a una empresa participada por el padre de Díaz Ayuso, con la única garantía de una nave industrial, en 2011. Antes del primer impago, los hijos recibieron como donación dos viviendas que quedaron así fuera del alcance de posibles acreedores. El crédito avalado nunca se devolvió en su totalidad.

Mientras el PP alienta el proyecto de España Suma, para intentar unir a todas las fuerzas de derechas en próximas citas electorales, el experimento del Gobierno conjunto de Madrid arranca con algo más que dudas. Díaz Ayuso fue investida presidenta de la Comunidad de Madrid el 14 de agosto. Tomó posesión del cargo el 19. Sus consejeros lo hicieron el 20. No han pasado ni 15 días desde que echó a rodar el primer Gobierno de coalición de la historia de Madrid y ya hay problemas.

https://elpais.com/ccaa/2019/09/04/madrid/1567617179_945276.html

AGUADO RECULA EN LA INVESTIGACIÓN CONTRA AYUSO: “NO PERMITIREMOS UNA CAUSA PERSONAL”

El vicepresidente de la Comunidad defiende su lealtad a la 'popular' pero considera que tienen la obligación de "levantar alfombras"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha defendido que es "muy leal" a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y ha asegurado que no permitirá "cacerías" contra ella aunque ha insistido en que Ciudadanos apoyará la comisión sobre las posibles irregularidades en Avalmadrid porque tienen obligación de "levantar alfombras".

En una entrevista concedida a la Cadena SER, Aguado se ha mostrado convencido de que, desde su partido, están haciendo "lo correcto" porque consideran necesario conocer "qué ha pasado" en esta entidad, dado que el Banco de España ha detectado irregularidades".

El dirigente regional ha asegurado que tiene "buena relación" con Ayuso y que ella conoce por qué han decidido apoyar la puesta en marcha de la comisión. En este punto, ha señalado que "ha comenzado una etapa nueva donde han cambiado las dinámicas después de 24 años de gobierno monocolor". "La confianza se construye avanzando juntos", ha sostenido.
Aguado ha hecho hincapié en que no van a permitir "una causa personal contra nadie" y ha remarcado que la presidenta madrileña "no debe ser la protagonista de esta comisión". De hecho, ha afirmado que existe la posibilidad de que no se pida su comparecencia dado que "no es el objetivo de la comisión" por mucho que "algunos sectores de la izquierda se empeñen".

En este sentido, ha recordado que en la pasada legislatura, antes de conocerse la vinculación del padre de la presidenta con la entidad, desde su formación preguntaron "en infinidad de ocasiones" acerca de la estructura de Avalmadrid.

"No nos gusta la imagen que está trasladando. No nos gusta la corrupción que puede haber detrás. No parece que no está cumpliendo el objetivo para el que se diseñó que era ayudar a pymes y autónomos", ha incidido a continuación.

Cierre de Avalmadrid

Para Aguado, lo mejor es investigar lo sucedido y cerrar la entidad, "o por lo menos que la Comunidad de Madrid se desvincule". "Desde el Gobierno regional hay una voluntad inequívoca de poner punto y final a una serie de prácticas, de inaugurar una nueva etapa de coalición entre dos partidos políticos donde se va a imponer por encima de todo la transparencia y la rendición de cuentas", ha apostillado.

El dirigente autonómico ha desgranado que ya han dado "la instrucción", desde la Consejería de Economía, para poner en marcha "los trámites administrativos necesarios". Según ha desvelado, "hace falta poner en marcha una serie de expedientes" para desvincularse de Avalmadrid. Será a partir de ahí cuando se estudien los plazos y cómo hacerlo porque, a su parecer, se trata de "una marca manchada por la presunta corrupción".

https://www.elplural.com/autonomias/aguado-recula-en-la-investigacion-contra-ayuso-no-permitiremos-una-causa-personal_223407102

AVALMADRID ENCARGÓ INVESTIGAR SÓLO LA CONCESIÓN DE AVALES PERO NO LA RECUPERACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS IMPAGADOS

El contrato firmado con Forest Partners excluía del análisis forense los expedientes de seguimiento y recobro de fallidos

El Banco de España encontró 167 operaciones con irregularidades en las fases no analizadas en el informe ordenado por la sociedad de garantías madrileña

A comienzos de este año el consejo de administración de Avalmadrid encargó a la firma Forest Partners un informe de análisis forense sobre los mismos 167 avales que había investigado previamente el Banco de España y que sirvieron a éste para abrir un expediente sancionador tanto a la sociedad de garantías madrileña como a 19 de sus consejeros y directivos. En esa inspección, el organismo supervisor encontró irregularidades tanto en la concesión como en el seguimiento de esos avales, también en su recuperación si el avalado no devolvía el préstamo. Sin embargo, el encargo de Avalmadrid a Forest Partners se limitó exclusivamente a la fase de concesión y formalización de los avales, excluyendo por tanto el posterior seguimiento de los expedientes y la recuperación de los impagados.

El análisis de Forest Partners, al que ha tenido acceso infoLibre, obvió igualmente otro aspecto que sí había sido estudiado por el Banco de España y donde también se hallaron deficiencias: si Avalmadrid había cumplido o no los requerimientos que el supervisor le había hecho tras una primera inspección en 2012, cuando le instó a mejorar sus políticas de concentración de riesgos y de seguimiento de los avales. El Banco de España también dictaminó que, cuatro años después, Avalmadrid había incumplido ambos.

El Grupo Socialista ha presentado ya un escrito en la Asamblea de Madrid preguntando por los motivos por los que la sociedad de garantía recíproca madrileña eludió en su contrato con Forest Partners el análisis del seguimiento y la recuperación de los avales. Este periódico ha hecho la misma pregunta a Avalmadrid, sin obtener respuesta alguna.

El Banco de España abrió la inspección en noviembre de 2016, tras detectar gracias a su plan supervisor del año anterior un aumento de 16 millones de euros en fallidos, un 30%, así como un alza de 13 millones de euros en los saldos dudosos, un 56%. En los 167 avales analizados por los inspectores, que fueron concedidos entre 2008 y 2016, los inspectores encontraron deficiencias en las fases de seguimiento y recuperación.

“Avalmadrid no debería haber entrado en esas operaciones”

Por lo que respecta al informe de Forest Partners, y pese a la limitación de su objeto, los analistas desvelaron “incidencias dignas de mención” en 100 de los 167 avales investigados previamente por el Banco de España; como queda dicho, en la fase de concesión y formalización.

Así, Avalmadrid otorgó garantías a proyectos de capital riesgo donde participaban fondos y sociedades gestoras vinculadas a algunos de los socios protectores –Comunidad de Madrid, Bankia, Cámara de Comercio de Madrid, la patronal madrileña CEIM, Banco Santander, Caixabank y Groupama Plus Ultra Seguros–. Las operaciones generaron “importantes pérdidas” por su elevado riesgo y escaso éxito final, apuntan los autores del informe. Según su dictamen, se trata de operaciones en las que la sociedad de garantías “no debería haber entrado” a la luz de un “análisis económico razonado”. Pero se aprobaron pese a la opinión en contra del analista de riesgos. Una sanción que los analistas de Forest Partners atribuyen a “los intereses cruzados de determinadas entidades y profesionales con capacidad de decisión o influencia en los órganos de decisión de Avalmadrid”.

La sociedad de garantías madrileña también aprobó operaciones con empresas en dificultades financieras que estaban vinculadas igualmente a miembros de su propio consejo de administración o de la comisión ejecutiva. Por último, otros avales tenían todo tipo de anomalías: sus importes y plazos infringían la normativa interna de Avalmadrid, carecían del preceptivo reaval o éste era muy bajo, e incumplían condiciones necesarias para su aprobación. Muchos de ellos terminaron en pérdidas.

Informes deficientes, revisiones con retraso

Sin embargo, los expertos de Forest Partners no pudieron investigar las irregularidades descubiertas por el Banco de España en las siguientes fases de los expedientes, a pesar de que fueron también numerosas y se extendieron durante más de cinco años, desde enero de 2013 hasta junio de 2018.

Por ejemplo, la revisión de riesgos no se efectuaba con la periodicidad establecida en la normativa interna de Avalmadrid: anual para los riesgos a partir de 200.000 euros y semestral para los mayores de un millón. Un total de 46 operaciones padecían esta deficiencia. Además, los informes de seguimiento eran “deficientes para explicar la situación actual y evolución del negocio avalado”. Por el contrario, dice el informe del Banco de España, se limitaban a actualizar “el rating interno –que presenta un calibrado deficiente–” y las partidas contables más importantes, pero sin analizarlas. Tampoco recogían aspectos relevantes para determinar la capacidad de pago del avalado, como una comparación detallada entre los flujos de caja generados y los pagos a los que debía hacer frente. Finalmente, los informes de seguimiento carecían de “decisiones y conclusiones claras, incluso en los casos en que se constata un deterioro evidente del avalado”. Los inspectores encontraron estos fallos en 64 operaciones.

En otros 52 avales, los informes de seguimiento sólo mencionan el incumplimiento de pagos y la dificultad de su recuperación, “sin apenas aportar más información sobre la posibilidad de obtener o ejecutar garantías”. En los expedientes que incluyen propuestas de negociación con el socio, tampoco se aporta información detallada o un análisis, lamenta el Banco de España. Por último, en 12 operaciones más la clasificación crediticia se hizo “con mucho retraso” y, en algún caso, destaca el informe, “a instancias de la auditoría externa”.

Entre los avales donde se descubrieron estas deficiencias de control se encuentran los concedidos al Grupo Marsans, entonces propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y al Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández.

En la última fase, la de recuperación de los impagados, el Banco de España descubrió fallos en los informes que el Departamento de Seguimiento y Recuperaciones presentaba mensualmente al Comité de Seguimiento y Morosidad.

Las irregularidades en la recuperación del aval de Ayuso

En cualquier caso, los 167 avales que pasaron bajo el escrutinio del Banco de España y de Forest Partners son una muestra no aleatoria de las operaciones cerradas por Avalmadrid entre 2008 y 2016; es decir, fueron seleccionados por los inspectores del supervisor financiero de acuerdo con un perfil muy determinado. Entre ellos no se encontraba el concedido a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Como ha publicado infoLibre, Avalmadrid dio un trato de favor al expediente de MC Infortécnica SL: renunció a recuperar el dinero prestado a la empresa al no ejecutar los avales de los accionistas y, de hecho, mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los cuatro matrimonios socios de esa sociedad. De tal forma que permitió a éstos llevar a cabo operaciones de alzamiento de bienes. Su comité de morosidad también ocultó la donación fraudulenta a Isabel Díaz Ayuso del piso propiedad de sus padres. Esta lista de irregularidades se produjeron durante la fase de recuperación del aval concedido a MC Infortécnica SL en febrero de 2011 para que Caja España les concediera un préstamo de 400.000 euros que no pudo devolver. Precisamente una de las fases que Avalmadrid prefirió no investigar.

La entonces presidenta de la sociedad de garantías madrileña, Rosario Rey García, utilizó el informe encargado a Forest Partners para presentar el pasado mes de abril una denuncia ante la Fiscalía de Madrid por las irregularidades descubiertas en los avales otorgados a Rural Tours Viajes SA y Trapsa, propiedad de Díaz Ferrán; Central de Compras Cantoblanco, de Arturo Fernández, y a The Tie Gallery SL. El ministerio público la archivó al considerar prescritos los delitos.

https://www.infolibre.es/noticias/economia/2019/09/05/avalmadrid_encargo_investigar_solo_c
oncesion_avales_pero_no_recuperacion_los_prestamos_impagados_98478_1011.html

AYUSO SE QUEDA SOLA: VOX TAMBIÉN APOYA LA COMISIÓN SOBRE AVALMADRID

Sin embargo, la formación ultraderechista no defiende el cierre del ente ni las "cacerías"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado este miércoles que su partido apoyará la creación de la comisión sobre las presuntas irregularidades en Avalmadrid que registraron ayer PSOE, Más Madrid y Podemos, aunque no aboga por cerrar esta entidad ni por "cacerías de brujas" que busquen atacar a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Ayer, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ya avisó que también apoyaría la comisión de los partidos de la izquierda que tiene por objeto analizar y, en su caso, determinar las responsabilidades políticas que hubiese por las presuntas irregularidades en este período.

"Vox va a apoyar aquellas comisiones de investigación de Avalmadrid que tengan por objeto dilucidar e investigar sobre el funcionamiento y esclarecer aquellos procedimientos que a lo mejor no eran los adecuados. Nosotros nunca apoyaremos cerrar Avalamadrid (como también propone Cs) porque creemos que es útil para los madrileños", ha aseverado.

Monasterio cree que Avalmadrid puede ayudar al autónomo si necesita "puntualmente un aval" y cree que no sería buena idea cerrarla como ocurrió con las cajas que tenían los políticos, que se cerraron "por la corrupción" y tenía "una fantástica función".

Tampoco estarán centrados en "aquellas cacerías de brujas que busquen atacar personalmente ni a Ayuso ni a al vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, "en temas personales o familiares". "Vox nunca va a estar en eso, solo en aquello que persiga que funcionen bien las instituciones", ha aseverado.

Comparecencia de Ayuso

Al ser preguntada sobre si apoyaría la comparecencia de Ayuso en esta comisión, la portavoz de Vox en la Cámara regional ha indicado que lo apoyarían solo si Ayuso "tiene que esclarecer algún punto" y "si no es un tema personal y no se le preguntan por temas personales de su familia".

Considera que es un cargo público y que hay una intervención de cargos públicos cuando se otorgan o no se otorgan determinados avales, y eso, a su juicio, algún consejero o ella "tendrá que aclararlo".

Monasterio no cree que el apoyo de Aguado a esta comisión pueda afectar a la relación con Ayuso en el Gobierno. En este sentido, confía en que dará "un buen servicio" porque es compatible pedir esa comisión de investigación sobre Avalmadrid, y mejorar su funcionamiento, y no sobre la presidenta de la Comunidad.

https://www.elplural.com/autonomias/vox-tambien-apoya-la-comision-sobre-avalmadrid_223299102

AYUSO TACHA DE "CIRCO" LA COMISIÓN DE AVALMADRID Y DICE QUE AYUDARÁ A AGUADO Y RIVERA CUANDO LA IZQUIERDA LES ATAQUE

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reaccionado a la decisión de Ciudadanos de apoyar la comisión de investigación sobre las irregularidades de Avalmadrid impulsada por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos

Ha declarado que, por su parte, defenderá a Ignacio Aguado y a Albert Rivera cuando "la maquinaria de destrucción del adversario de la izquierda vaya contra ellos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que será un "circo" la comisión sobre las posibles irregularidades de Avalmadrid, propuesta por la oposición, y ha ofrecido a su vicepresidente, Ignacio Aguado, y al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ayuda cuando "la maquinaria de destrucción del adversario de la izquierda vaya contra ellos" porque "confía en ellos".

Ayuso se ha pronunciado así un día después de que la formación naranja anunciase que apoyará la creación de dicha comisión. La presidenta madrileña ha manifestado que no se dio por aludida cuando Aguado dijo que irán hasta el final para "desterrar" la corrupción "caiga quien caiga". Sí ha hecho hincapié en que ella será "fiel compañera" de su vicepresidente de Gobierno y que siempre hablará de su socio de Ciudadanos en "positivo".

Ayuso también ha sostenido que existen "dudas jurídicas" sobre la puesta en marcha de la comisión de investigación porque la entidad es un organismo autónomo que no depende al completo de la Administración y que, además, ha sido ya fiscalizada por el Banco de España.

"Esta comisión se podía haber puesto en marcha, si tantas dudas había, la pasada Legislatura y esto no fue así. De sus conclusiones ya tengo mis dudas porque me extraña mucho que el señor Gabilondo o el señor Errejón pongan en marcha un sola comisión para arrojar algo de luz con objetividad sobre sus adversarios sino todo lo contrario", ha lanzado a continuación.
Según la presidenta madrileña, estos dos líderes políticos "no han aceptado los resultados electorales" por lo que van a estar durante toda la Legislatura "poniendo todos los palos en las ruedas para que el Gobierno no funcione". La dirigente ha manifestado que cree que van a intentar llevarla a declarar a la comisión con el objetivo de desprestigiarla.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/04/ayuso_tacha_circo_comision_avalmadrid_dice_que_ayudara_aguado_rivera_cuando_izquierda_les_ataque_98456_1012.html

EL ASESOR DE AYUSO SE REAFIRMA Y PIDE INVESTIGAR EL "CONTRATITO" Y LA "EMPRESITA" DEL PADRE DE IGNACIO AGUADO

“Hay que aclararlo todo. Empecemos por su padre (...) caiga quien caiga", exige Miguel Ángel Rodríguez en declaraciones a ElPlural.com

Miguel Ángel Rodríguez, asesor de campaña de Isabel Díaz Ayuso y hombre muy cercano a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha protagonizado el último enfrentamiento con Ciudadanos después de acusar al padre de Ignacio Aguado de haber cobrado “por la cara” 102.000 euros de la Asamblea de Madrid: “Al padre del señor Aguado le dieron un contrato de 102.000 euros por la cara en la Asamblea de Madrid. Ya puestos, habrá que investigarlo todo, ¿no?”, ha espetado a través de su perfil personal de Twitter.

ElPlural.com se ha puesto en contacto con Rodríguez, que ostensiblemente contrariado por la repercusión de sus declaraciones ha incidido en su pregunta: “¿Es verdad que el padre de Aguado obtuvo un contratito de la Asamblea de Madrid o no?”.     

“Tenía que dosificar mi Twitter, todo el mundo sabe que yo soy muy incisivo”, explica el popular, añadiendo que le ha llamado la atención “el contrato que recibió el padre del señor Aguado”. “Hay que aclararlo todo, es lo único que he dicho. Empecemos por su padre”, alega Rodríguez haciendo referencia al anuncio que ha hecho Ciudadanos este martes, informando de que defenderán la comisión de investigación sobre Avalmadrid propulsada por el PSOE y que trae de cabeza a Isabel Díaz Ayuso desde su toma de posesión.

“Si hay una comisión de investigación del año 2011 sobre los socios del padre de Ayuso, también tendrá que haberla sobre el padre del señor Aguado. ¿Cómo es posible que una empresita pequeña le ganase un contrato público a Siemens? A mí me pica la curiosidad”, expone el asesor de campaña de la presidenta popular, haciendo extensible la duda a las actuaciones que rodean a la órbita familiar del actual vicepresidente naranja y líder de Ciudadanos en Madrid.

Pero Rodríguez no se queda ahí, ya que muestra su desconcierto sobre el cambio de actitud de la formación naranja desde que Ayuso consiguiera ser investida presidenta autonómica: “No sé si será la campaña electoral o si han recibido una orden de Albert Rivera, pero yo estoy de acuerdo con César Zafra (número dos de Ciudadanos en Madrid): habrá que abrir investigación caiga quien caiga”.

El “contratito”

En concreto, tal y como ha recogido Antonio Maestre, Rodríguez "se refiere a al contrato que Jesús Cecilio Aguado García, padre de Ignacio Aguado, logró en 2011 para la renovación tecnológica de la infraestructura de comunicaciones de voz a través de su empresa Coyser S.A.". Un contrato que se logró mediante licitación y sin publicidad.

Ciudadanos: "Son declaraciones impresentables"

El ataque del asesor de Isabel Díaz Ayuso al vicepresidente del Ejecutivo madrileño no ha sido bien recibido en Ciudadanos. En declaraciones a ElPlural.com, fuentes del partido naranja han expresado su malestar: "Las declaraciones de este señor son impresentables y sin ningún tipo de fundamento. No es la primera vez que usa las redes sociales para difamar o realizar ataques machistas como el realizado a Inés Arrimadas hace unos meses. No van a desviarnos de nuestro camino que es evitar que la corrupción vuelva a campar a sus anchas en la Comunidad de Madrid. Caiga quien caiga y le pese a quien le pese". 

https://www.elplural.com/politica/el-asesor-de-ayuso-se-reafirma-y-pide-investigar-el-contratito-y-la-empresita-del-padre-de-ignacio-aguado_223254102


AGUADO AVISA A AYUSO: "LEVANTAREMOS TODAS LAS ALFOMBRAS"
 
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid recuerda que los 625.000 madrileños que les votaron lo hicieron para luchar contra la corrupción

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha avisado al PP de que "no se puede confundir lealtad con complicidad" así como de que no van "a parar hasta levantar todas las alfombras" de la autonomía, "le pese a quien le pese" y "caiga quien caiga".

Lo ha hecho a través de Twitter, después de que la formación 'naranja' decidiese apoyar a la oposición en la puesta en marcha de la comisión de investigación sobre posibles irregularidades en Avalmadrid, que podrían afectar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Una etapa "oscura"

El 'número dos' del Ejecuto madrileño ha hecho hincapié en que, precisamente para luchar contra la corrupción, es por lo que les "votaron 625.000 madrileños". "No vamos a defraudarles", ha lanzado a continuación.

Ya este martes, en rueda de prensa en la Real Casa de Correos y en presencia de consejeros 'populares', Aguado señaló que desde su partido no permitirán "ni un solo ápice de corrupción" y remarcó que quieren poner fin "a una etapa oscura" en la Comunidad.

https://www.vozpopuli.com/politica/Aguado-avisa-Ayuso-Levantaremos-alfombras_0_1279072199.html


LA PROPUESTA DE CS DE CERRAR AVALMADRID CHOCA CON EL RECHAZO DE SU SEGUNDO ACCIONISTA Y DE LA PATRONAL DEL SECTOR

Bankia y Cesgar defienden la “importante labor de apoyo a las pymes” realizada por las sociedades de garantía y la presencia pública en su accionariado

La Cámara de Comercio y la patronal madrileñas eluden pronunciarse sobre la disolución de Avalmadrid, mientras Santander y Caixabank destacan su participación minoritaria

La entidad madrileña concedió en 2018 la mitad de avales que su equivalente de Castilla y León

“Soy partidario de cerrar Avalmadrid, de que la Comunidad de Madrid retire el capital de Avalmadrid, de cerrar una institución que está manchada y contaminada por posibles casos de corrupción”, anunció el pasado 13 de agosto el líder de Ciudadanos y ahora vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio Aguado. En su lugar, propuso poner en marcha otras herramientas “más eficaces para ayudar a las pymes”.

De momento, Ciudadanos ha presentado una proposición no de ley en la Asamblea regional donde pide a la Comunidad de Madrid que “extinga” su relación con la sociedad de garantía recíproca, en el ojo del huracán desde que se conoció el trato de favor concedido a la empresa de la que eran socios los padres de Isabel Díaz Ayuso, quien fue aupada a la presidencia del Gobierno regional el mismo día en que Aguado instaba al cierre de la sociedad que los había avalado.

La Comunidad de Madrid es el principal socio protector de Avalmadrid, con el 26,1% del capital –era del 31% en 2013–. Le sigue Bankia, con el 25,3%, que a su vez es propiedad del Estado –a través del FROB– en un 61,3%. La Cámara de Comercio de Madrid tiene el 4,2%; el Banco Santander cuenta con un 3,1%; Caixabank, un 1,5%, Plus Ultra Seguros Generales, un 0,02%, y la patronal madrileña (CEIM), un 0,018%. En España funcionan 18 sociedades de garantía recíproca (SGR), una de ámbito nacional, CREA, y 17 autonómicas. En estas últimas siempre participan las administraciones territoriales. La salida de la Comunidad madrileña de Avalmadrid sería una situación inédita en el sector de las sociedades de garantía recíproca, que cuentan con una historia de 40 años detrás.

Un portavoz de Bankia defiende ante infoLibre la “utilidad” de este tipo de instrumentos financieros, que “hacen una labor muy importante de apoyo a las pymes”, destaca. “Deben existir, pero siempre con una gestión profesionalizada”, precisan, “y con presencia pública”. En cualquier caso, el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri aún no ha estudiado la posibilidad de que el Gobierno madrileño abandone Avalmadrid “más allá de las declaraciones” de Ignacio Aguado.

En parecidos términos se pronuncia Ignacio Temiño, secretario general y consejero delegado de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (Cesgar), que integra a las 18 entidades antes citadas y a la Compañía Española de Refianzamiento (Cersa), dependiente del Ministerio de Industria. “No tiene sentido prescindir de ella”, contesta Temiño cuando se le pregunta por la iniciativa de Ciudadanos para cerrar Avalmadrid, “se pierde más que se gana”. “Es absurdo no potenciar este instrumento de política económica”, subraya el responsable de la patronal de las SGR, que generan 40 euros por cada euro aportado en un aval, según sus cálculos. El sector, asegura, es “sólido”, está “muy vigilado y supervisado” por el Banco de España y funciona de forma “profesional y rigurosa”. “Sin injerencias de ningún tipo y con intereses puramente empresariales”, apunta. Las irregularidades descubiertas en Avalmadrid por el Banco de España y por una auditoría interna –avales concedidos a empresas vinculadas a miembros del consejo de administración–, así como el trato de favor a los padres de Díaz Ayuso desvelado por infoLibre los considera Ignacio Temiño “errores” cometidos “en el pasado” por una cúpula de Avalmadrid ya renovada.

Además, explica, las sociedades de garantía recíproca trabajan “muy pegadas a las comunidades autónomas”, como potenciadoras del desarrollo regional. Por eso Temiño cree que la propuesta de cerrar Avalmadrid no va a ir “más allá de las declaraciones [de Ignacio Aguado]”. Dice que el sector está “incómodo” con la polémica que está rodeando a la sociedad de garantía madrileña, pero “tranquilo”. Y que lo razonable sería que el nuevo consejero de Economía se limitara a cambiar los gestores de Avalmadrid, a darles “seis meses de confianza” y después tomara “una decisión”.

Una liquidación muy prolongada

Este periódico ha preguntado también por el posible cierre de Avalmadrid al resto de sus socios protectores. Ni la Cámara de Comercio ni la patronal madrileñas han querido comentar nada al respecto. Santander y Caixabank, tras resaltar el carácter minoritario de su participación en la SGR de Madrid, tampoco han hecho declaración alguna. Fuentes del banco de Ana Patricia Botín se limitan a recordar que las supuestas irregularidades se produjeron “antes de la entrada de Santander [y Popular]” en la sociedad, mientras que fuentes de Caixabank aseguran que ni tienen “influencia en la gestión” de Avalmadrid ni tienen intención de aumentar su parte en el capital de la SGR madrileña.

Ignacio Temiño aclara que no existe “ningún procedimiento establecido” para el abandono del socio público en una SGR, pero precisa también que no hay un “automatismo legal” por el que la salida de la Comunidad de Madrid se traduzca en la desaparición inmediata de Avalmadrid. Sus estatutos sociales detallan cómo debe disolverse y liquidarse la SGR, que básicamente repiten lo establecido en la Ley sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca de 1994: el acuerdo debe aprobarlo la junta general y, antes de repartirse los activos entre los socios, deben extinguirse los avales otorgados. Teniendo en cuenta que la operación media de estas sociedades es a ocho años, según explica Ignacio Temiño, la liquidación de Avalmadrid sería muy dilatada en el tiempo. No obstante, añade el responsable de la patronal de las SGR, las pymes avaladas no corren ningún riesgo financiero. Tampoco los bancos que les prestan el dinero gracias a las garantías proporcionadas por Avalmadrid, asegura.

La mitad que la SGR de Castilla y León y La Rioja

La SGR madrileña cuenta con 10.974 socios, por debajo de los que poseen Iberaval –que reúne a Castilla y León y La Rioja, y supera los 27.000 socios– y Garántia –Andalucía, 16.200–. De hecho, Iberaval es la primera sociedad de garantía recíproca española tanto por número de socios como número de avales otorgados e importe de riesgo. En 2018 la castellanoleonesa-riojana duplicó las cifras de la madrileña en avales e importe de riesgo, pese a que la potencia económica de ambas comunidades autónomas es muy inferior a la de Madrid. Ignacio Temiño descarta que esa discrepancia se deba a falta de aprovechamiento de Avalmadrid, sino que a su juicio obedece más bien a la mayor competencia empresarial en la Comunidad madrileña.

En 2018, las 18 sociedades de garantía recíproca concedieron un total de 13.076 avales, por importe de 1.783,33 millones de euros, según el último informe anual de Cesgar. El apoyo de las SGR se ha traducido en una inversión inducida de 41.559 millones de euros y la creación de 650.802 empleos, añade el documento. De las casi 3,6 millones de empresas con menos de 250 trabajadores que existen en España, el 36,5% necesitó acudir a un banco en busca de crédito el año pasado y de éstas, la mitad necesitó un aval. De hecho, el principal problema que exponen las pymes para obtener financiación es precisamente la falta de las garantías que les piden los bancos, según los informes de Cesgar, por delante del precio. Por regla general, las pequeñas empresas necesitan solicitar un crédito sobre todo para financiar el circulante –por el desajuste temporal entre ingresos y pagos–, pero también piden avales técnicos para presentarse a concursos públicos o solicitar subvenciones y, en menor grado, para realizar inversiones. 

https://www.infolibre.es/noticias/economia/2019/09/04/la_propuesta_cerrar_avalmadrid_choca_con_rechazo_segundo_socio_patronal_del_sector_98448_1011.html

UNA TRAMA CON MIL TENTÁCULOS
 
Los mismos protagonistas coinciden en el caso Púnica, el consejo de Avalmadrid y empresas financiadas por la Comunidad

Si los casos Púnica y Avalmadrid fueran las réplicas de un terremoto, los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid serían su zona cero, el epicentro, allí donde comenzaron los temblores. Tras 24 años consecutivos de ejecutivos de la formación conservadora, la fusión que ha habido en algunos casos entre la Administración pública, las empresas financiadas con fondos regionales, y el propio partido, se explica mejor a través de las biografías de algunos de los altos cargos y directivos regionales.

Francisco Lobo, exconsejero de Avalmadrid imputado en el caso Púnica desde el lunes, fue cesado ayer como alto cargo del gobierno que ha unido a Isabel Díaz Ayuso (PP) e Ignacio Aguado (Cs). No es, sin embargo, la única persona con presencia en los tres asuntos que dominan la actualidad política.

Pedro Irigoyen, nombrado por la actual presidenta como director general de recursos humanos, es uno de los consejeros de Avalmadrid propuesto para sanción por el Banco de España —a raiz de la concesión de avales que considera deficientemente evaluados— y es mencionado en el último auto de la trama —donde no está imputado—.

Y Aurelio García de Sola y Arriaga, director del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) y de Madrid Network en la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta, fue imputado el lunes por el juez Manuel García Castellón en el caso Púnica... años después de lograr que Avalmadrid —de la que fue consejero— le concediera en 2015 y 2016 dos avales discutidos por con la máxima dureza por una auditoria externa encargada por la entidad.

"El informe del analista de la entidad desaconsejaba la primera opción en base a: resultados de explotación negativos desde el inicio de la actividad en 2012; incertidumbre respecto a la viabilidad del negocio; falta de acuerdos con colaboradores que permitan afianzar el negocio; incertidumbre de la correspondencia de la inversión con la generación de resultados", detalla la auditoria. "Pese a todo, se aprueba", sigue. "La primera operación no debería haberse concedido, siendo la segunda una refinanciación ya necesaria", continúa. Y destaca: "El hecho de que finalmente se concediera pudo deberse a las vinculaciones existentes en el pasado con Avalmadrid, aunque ya no existían en el momento de concederse las operaciones".

El juez García Castellón retrata de otra forma en su investigación de la Púnica esa fusión que se dio en ocasiones entre Administración, empresas semipúblicas y partido.

Así, un total de ocho consejerías de la Comunidad de Madrid en la etapa investigada sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid se apoyaron en una cláusula "falaz" con el cocimiento de sus máximos responsables para desviar presuntamente más de cinco millones entre 2006 y 2008, según la documentación del caso, informa EP.

El juez especifica que ese método se aplicó en las entonces consejerías de Presidencia; Sanidad; Transportes; La Mujer; Economía; Consejería de Medio Ambiente; Consejería de Hacienda; Consejería de Economía e Innovación Tecnológica. Además, apunta que también desvió indiciariamente un importante flujo de fondos desde entidades públicas como el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), Gestión Desarrollo del Medio Ambiente (GEDESMA), Áreas de Promoción Empresarial (ARPEGIO) y Campus de la Justicia, y desde otras administraciones locales.

La operación Púnica estalló en 2014. Cinco años después, la investigación sigue viva. Debe terminar en junio de 2020. Una muestra de la complejidad de una trama con mil tentáculos e intereses cruzados.

https://elpais.com/ccaa/2019/09/03/madrid/1567537717_931202.html

DÍAZ AYUSO: “LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN ME DAN IGUAL”
 
La presidenta de la Comunidad asegura que la izquierda las utiliza “a medida” y de manera “torticera”

La confección que la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid hizo de su nuevo Gobierno llenó las páginas de los principales medios españoles. Cargos relacionados con Avalmadrid o algunos salpicados por Púnica. Estos hechos hicieron pensar al PSOE que, en declaraciones a ElPlural.com, anunció una comisión de investigación para el nuevo Ejecutivo, aunque a Isabel Díaz Ayuso le dé igual.

Así se ha manifestado la flamante presidenta de la Comunidad de Madrid. En menos de un mes, se ha convertido en el eje de la polémica por su vínculo con Avalmadrid y los nombramientos de su nuevo Gobierno. Ayuso ha acudido a la llamada de un Federico Jiménez Losantos que se reincorporaba este lunes tras sus vacaciones.

Preguntada por la Comisión de investigación que ha solicitado la izquierda y que, dicen, está apoyada por Ignacio Aguado – socio de gobierno -, la jefa del Ejecutivo regional ha asegurado que “me dan igual las comisiones”. Además, ha añadido que esta sensación aumenta cuando provienen de la izquierda.

“La izquierda las utiliza a medida y de manera torticera”, aseguraba Díaz Ayuso, que ha quitado hierro al apoyo de su vicepresidente a este anuncio. “La izquierda ha intentado manchar mi honor”, continúa una Ayuso que acusa a PSOE, Podemos y Más Madrid de “poner la etiqueta de ‘no está limpio’".

Asimismo, la dirigente del Partido Popular ha anunciado que no van a poder con ella ni la van a descentrar. “Los electores de PP, Ciudadanos y Vox quieren políticas y no me van a despistar”, insiste Isabel Díaz Ayuso.

España Suma es una "actitud"

Pero también, una vez abordado – ligeramente - el asunto de Avalmadrid, la entrevista cogería el sendero de España Suma. Federico Jiménez Losantos le ha interpelado por el “ambicioso” proyecto del Partido Popular. 

El periodista considera que es esencial para vencer al “enemigo común” y la opinión de Ayuso no es distinta.
“Es una declaración de intenciones”, sentencia la popular. Ayuso explica que no es necesario una fusión de los tres partidos ni un abandono de sus orígenes y principios, sino que lo ha definido como una “cena” entre tres entes que abogan por un proyecto para que “España siga siendo un país de ciudadanos libres e iguales”.

No obstante, ha resaltado, que lo que Partido Popular, Ciudadanos y Vox han de sentarse en una mesa para buscar los puntos en común que unen a las tres formaciones. “Vemos la vida con matices, que en el centro derecha sí los hay”, aseveraba la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Creen que si aúnan fuerzas pueden construir un “frente” ante la mayoría absoluta del PSOE “con los nacionalistas”. “España Suma es una actitud y la propuesta de Casado es buena de partida”, agrega. Como colofón, Ayuso indica que, donde no hay España Suma, los tres partidos de la derecha están llegando a acuerdos.

https://www.elplural.com/autonomias/isabel-diaz-ayuso-entrevista-avalmadrid-las-comisiones-de-investigacion-me-dan-igual_223138102

CIUDADANOS APOYARÁ LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AVALMADRID Y TENSA SU COALICIÓN CON DÍAZ AYUSO
 
La Asamblea de Madrid investigará el caso Avalmadrid para fiscalizar los avales concedidos por el ente semipúblico entre 2007 y 2018, lo que incluiría el polémico acuerdo de 2011 para facilitar un crédito de 400.000 euros a una empresa participada por el padre de Isabel Díaz Ayuso (nunca se devolvió). El esclarecimiento de las actividades de la entidad, que también están bajo la lupa del Banco de España, abre la primera crisis de confianza en la coalición que gobierna Madrid desde hace 15 días: el PP ha visto este martes cómo Ciudadanos (Cs) anunciaba que prestará sus decisivos votos a la comisión de investigación que han impulsado conjuntamente en la Asamblea regional el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos Madrid en Pie.

"No puede haber ni la más mínima duda ni la más mínima sospecha de cualquier irregularidad. Quien la hace la debe pagar", ha afirmado César Zafra, portavoz en la Asamblea de Ciudadanos, partido que gobierna en coalición con el PP de Díaz Ayuso. "Vamos a apoyar la creación de una comisión de investigación sobre lo que ha ocurrido en Avalmadrid", ha seguido. "Las pymes y los pequeños empresarios tienen que saber a dónde se ha ido su dinero".

Que Cs impulse la comisión de investigación junto a los partidos de izquierdas (y, probablemente, Vox), tensará su relación con el PP. El PSOE apostará durante toda la legislatura por subrayar las contradicciones que separan a los dos socios de gobierno, consciente de que los mimbres de su alianza son frágiles. El siguiente ariete, una vez superada la aprobación de la comisión, que probablemente entre en el orden del día de la Mesa de la próxima semana, será establecer la lista de comparecientes. ¿Debería acudir a declarar Díaz Ayuso, la actual presidenta regional?

"Desde luego, no eludiremos las comparecencias de quienes puedan aportar luz y dar su versión en la medida de que sean implicadas", ha dicho Ángel Gabilondo, el portavoz del PSOE. "No excluimos a nadie".

"Me parecería lo más normal del mundo que compareciera Díaz Ayuso", ha coincidido Íñigo Errejón, el portavoz de Más Madrid.

"Desde luego que creemos que debe venir a dar explicaciones, y así lo solicitaremos", ha rematado Isabel Serra, de Unidas Podemos Madrid en Pie.

"Lo primero que hay que hacer es una comisión seria y rigurosa", ha eludido la pregunta Zafra, de Ciudadanos. "Hay que empezar a trabajar y ver quién tiene que dar explicaciones", ha continuado. "Hay que recordar que la pasada legislatura pasaron muchos de los presidentes de la Comunidad que se vieron afectados por las irregularidades en el PP madrileño", ha añadido. Y ha advertido: "En Cs no nos va a temblar la mano a la hora de llamar a nadie".

Avalmadrid no es la única investigación que va a poner a prueba la solidez de la alianza gubernamental en la Comunidad de PP y Ciudadanos. En la misma semana en la que se formaliza el pacto para impulsar la comisión de investigación en Madrid ha coincidido también la imputación de las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en el caso Púnica. Septiembre verá, además, la reanudación de otras investigaciones judiciales sensibles para el PP en Madrid, como el caso Gürtel; el caso Lezo —en el que está imputado el expresidente Ignacio González—; o la del supuesto desfalco de 105 millones de euros investigado en el caso Campus de la Justicia, una causa estrictamente madrileña que está en fase incipiente y en la que se verán envueltos altos cargos de la formación conservadora.

De momento, Díaz Ayuso ha intentado aislarse del terremoto político que ha supuesto investigar en la Púnica a Aguirre y Cifuentes, dos presidentas con las que ha trabajado codo con codo: "Son temas que son de hace más de dos legislaturas y lo que tengo que hacer es dedicar el tiempo a aquello para lo que me han votado".

Aguado, su socio en el Ejecutivo, no ha optado por la misma estrategia. "Nosotros no vamos a tolerar en ningún momento que haya corrupción en el Gobierno regional", ha sostenido este martes tras el consejo de gobierno. "Es un compromiso ser implacables con la corrupción y queremos poner punto y final a una etapa oscura que ha manchado de sospechas a una parte significativa de la estructura regional".

El diferente tono marca la distancia entre un partido con pasado y otro sin él. Durante 24 años, el PP ha gestionado la Comunidad de Madrid. En paralelo al crecimiento económico, germinaron Gürtel, Púnica o Lezo. Cs ni existía entonces. Ahora aspira a sustituir a la formación conservadora como referente de la derecha. Y el consecuente conflicto de intereses planeará como una amenaza a la estabilidad del Gobierno durante toda la legislatura.

Díaz Ayuso y Avalmadrid

Isabel Díaz Ayuso confesó el lunes 26 de agosto, ya investida presidenta, que antes de que Avalmadrid concediera un aval de 400.000 euros a MC Infortécnica, una empresa participada por su padre, ella misma buscó vías de financiación. “Yo pregunté con qué persona podía hablar para que se le solicitara un crédito a esa empresa”, dijo. “Pregunté, simplemente, con qué persona podía hablar para que, a su vez, si se daban las garantías, esa compañía pudiera ser, o no, avalada”, añadió. Y recalcó: “[A mi padre] le preocupaba que el poco patrimonio que tenía, lo heredáramos”. La presidenta no especificó cuándo hizo esas gestiones, más allá de que fueron previas a que adquiriera la condición de diputada —julio de 2011—.    

A inicios de 2011, Infortécnica tramita un aval de Avalmadrid. El ente da el visto bueno si aporta una tasación de una nave industrial en Sotillo de la Adrada (Ávila), perteneciente al padre de Díaz Ayuso, que llegue a los 200.000 euros. Los tasadores valoran la finca en 213.596,40 euros, pero advirtiendo de que incumple la normativa urbanística.

En marzo de 2011, el coordinador del departamento de riesgos de Avalmadrid avisa al responsable del ente de que la tasadora muestra dudas sobre la finca que ofrece como contraprestación la empresa solicitante. En media hora, tiene respuesta. Hay que conceder el aval: “Ok, adelante”, le contestan. Al final se avalan 400.000 euros.

El 14 de julio de 2011, Isabel Díaz Ayuso escribe a un directivo de Avalmadrid, como adelantó EL PAÍS. Quiere informarse del aval. Inicia un intercambio de correos en el que expresa sus dudas sobre los socios de sus padres y describe la mala situación de la empresa.

 En octubre de 2011, los hijos del matrimonio Díaz Ayuso aceptan la donación de dos viviendas de sus padres. Posteriormente, llegan los impagos.

Avalmadrid es una sociedad de garantía recíproca con un doble objetivo: “Por un lado, facilitar el acceso a una financiación preferente tanto en coste como en plazo y, por otro, otorgar avales y fianzas frente a las Administraciones Públicas y ante terceros, en condiciones mucho más ventajosas que las que puede ofrecer la banca tradicional”. En 2018, formalizó más de 1.600 avales por un valor de 84 millones de euros, según su informe anual. La Comunidad, la confederación empresarial de Madrid, la cámara de comercio regional, Bankia, Santander y Caixabank tienen presencia en su consejo.

http://www.losgenoveses.net/Personajes%20Populares/Diaz%20Ayuso,%20Isabel/isabeldiaznoticiasalzamiento.html
 

AYUSO SERÁ DENUNCIADA EN LA FISCALÍA POR UN "DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES"
 
Así lo ha anunciado el portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Íñigo Errejón: "Es cuestión de días"
El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Íñigo Errejón, ha asegurado este martes que es "cuestión de días" que el grupo lleve ante la Fiscalía de Madrid la relación de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con Avalmadrid ya que entiende que podría haber cometido un "delito de alzamiento de bienes", una acción que anunció el pasado 14 de agosto.

"Aún no lo hemos hecho porque los compañeros que trabajan en cuestiones jurídicas han estado preparando el recurso ante el Tribunal Constitucional por la ausencia de representación de Más Madrid en la Mesa de la Asamblea", ha indicado Errejón en una entrevista en Cadena Ser.

Así, ha señalado que era "previsible" un enfrentamiento entre los socios del Gobierno regional -Ciudadanos y PP- en torno a las dudas de la relación de Ayuso con Avalmadrid. "El que diga que esto le sorprende, está tirando de cinismo", ha ironizado Errejón, quien ha reiterado que la imputación de las expresidentas Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre por la 'trama Púnica' este lunes evidencia que hay un problema "más allá de poner nuevas caras".

A renglón seguido, ha reprochado a Cs que hiciese presidenta de la Comunidad de Madrid a Ayuso cuando "ya había sospechas" sobre su relación con Avalmadrid y entiende que "a pesar de la capacidad de contorsionismo " de los 'naranjas' era inconcebible que no apoyasen la Comisión de Investigación sobre Avalmadrid que han registrado PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos este martes en la Asamblea de Madrid. "Lo iba a apoyar hasta Vox", ha remarcado.

Por otro lado, al ser preguntado por las tensiones internas entre los partidos que conforman el Gobierno regional ha ironizado con que si se pacta con "la familia Corleone, la familia Corleone te amenazará", en referencia a los ataques vertidos por un exasesor de Ayuso contra el padre del vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado.

"Lo que no se entiende es que hagan presidenta a alguien sobre la que pesan dudas razonables. ¿Por qué Ciudadanos hace presidenta a una persona de la que duda?", ha cuestionado el portavoz de Más Madrid, quien ha asegurado que desde su partido y el PSOE "se trabajó para darle otra vía a Ciudadanos", pero que finalmente eligió "a la heredera del PP de González, Cifuentes y Aguirre".

Asimismo, entiende que sería muy complicado que Ciudadanos diese un paso atrás en el apoyo a la Comisión propuesta por la oposición. "Llegaría a un punto muy vergonzoso", ha deslizado Errejón, que entiende que Aguado se encuentra "atrapado" porque cada paso que se de para esclarecer la relación de Ayuso con Avalmadrid cuestionará el papel "regenerador" de los 'naranjas', ya que los "referentes" de la presidenta pueden "acabar todos en la cárcel".

En otra clave, ha vuelto a negar que Más Madrid esté preparando un salto a nivel nacional y ha instado a "los que tienen que hacer un Gobierno progresista" que dejen de "hacer cálculos sobre lo que hace" Errejón.

https://www.elplural.com/politica/ayuso-sera-denunciada-en-la-fiscalia-por-un-delito-de-alzamiento-de-bienes_223263102


UNA AUDITORÍA DE AVALMADRID ADMITE QUE SU COMITÉ DE MOROSIDAD OCULTÓ LA DONACIÓN FRAUDULENTA DE UN PISO A AYUSO

"En la propuesta del Comité de Morosidad únicamente se refleja el usufructo de los avalistas, sin hacer referencia a que la nuda propiedad pertenece a su hija", se indica en el informe de Avalmadrid
 
El estudio fue encargado por la presidenta de la entidad tras las primeras revelaciones de infoLibre sobre el caso el pasado mes de junio

"Por lo que se refiere a los inmuebles de los avalistas no se ha efectuado un análisis profundo de su situación hasta junio de 2019", se afirma en la auditoria. Los morosos empezaron a traspasar sus bienes en 2011

En el documento se fechan en 2015 y 2016 dos operaciones de venta de inmuebles, que no están prescritas ni civil ni penalmente

¿Un documento con la relación de bienes de unos morosos, a los que supuestamente se va a embargar, y en el que se oculta quién es el titular de uno de esos inmuebles? En Avalmadrid casi todo era posible. Y es que eso fue exactamente lo que ocurrió en la reunión del Comité de Morosidad de Avalmadrid celebrada el 2 de abril de 2012, en la que se analizó el expediente de la empresa MC Infortécnica SL, entre cuyos propietarios estaban los padres de Isabel Díaz Ayuso. En la propuesta analizada por el Comité de Morosidad se ocultó que la entonces diputada del PP era la nueva titular de un inmueble que estaba garantizando una deuda de 400.000 euros avalada por sus padres. Al omitir ese dato fundamental, se estaban en realidad escondiendo dos cuestiones: la existencia de un más que probable alzamiento de bienes y el hecho de que una de las personas que había participado en el presunto delito era una dirigente política.

Esta circunstancia no le ha pasado desapercibida al autor de una auditoría interna encargada por la presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey García, después de que infoLibre desvelase en junio la operación que permitió a Ayuso apropiarse del piso en el centro de Madrid en fraude de acreedores. Lo hizo por medio de una donación de sus padres, que le transfirieron el 7 de octubre de 2011 la nuda propiedad del inmueble, mientras ellos se reservaban el usufructo. "En la propuesta del Comité de Morosidad del 2 de abril de 2012 únicamente se refleja el usufructo de los avalistas, sin hacer referencia a que la nuda propiedad pertenece a su hija. Tampoco se indica de forma expresa que la situación de titularidad del inmueble es distinta a la de la fecha en que se concedió la operación", se destaca en el documento de Avalmadrid, con fecha del pasado 30 de julio y a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre.

Pero el trabajo de encubrimiento de los dirigentes de Avalmadrid fue más amplio aún. Y es que aquel 7 de octubre de 2011, Isabel Díaz Ayuso no fue la única que aceptó una donación de sus padres. Lo mismo hizo su hermano Tomás, que de esta forma pasó a ser el dueño de una vivienda unifamiliar en Sotillo de la Adrada (Ávila). Este inmueble también figuraba en la relación de bienes aportada a Avalmadrid por los Díaz-Ayuso para demostrar su solvencia económica. Y también desapareció de su patrimonio sin que los dirigentes de Avalmadrid se diesen por enterados. "En la referida propuesta al Comité de Morosidad no se incluye ninguna mención relativa a esta finca [la vivienda de Sotillo]", se indica en el informe de Avalmadrid, que analiza las actividades de recuperación realizadas en relación con la deuda de MC Infortécnica SL.

Y no es precisamente que la familia Díaz Ayuso se hubiese ocultado. El cambio de titularidad del piso de Madrid en favor de la diputada del PP se inscribió el 8 de noviembre de 2011, en el Registro de la Propiedad Número 28 de Madrid, sólo un mes después de la firma de la escritura de donación. Mientras que su hermano Tomás formalizó los trámites de cambio de propiedad incluso un poco antes: el 25 de octubre de aquel año ya figuraba en el Registro de la Propiedad de Cebreros como nuevo dueño de la vivienda de Sotillo de la Adrada.

Los accionistas de MC Infortécnica SL eran cuatro matrimonios, entre ellos los padres de Ayuso. Todos ellos firmaron un contrato de afianzamiento (una póliza) con Avalmadrid, por el que se convertían en avalistas solidarios del préstamo de 400.000 euros. Eso comprometía a los ocho a responder con todos sus bienes presentes y futuros de la devolución del dinero. Además, realizaron una declaración de bienes, que en el caso de Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Ayuso Puente incluía las dos viviendas donadas a sus hijos el 7 de octubre de 2011. De acuerdo con su propia valoración, el piso de Madrid costaba 480.000 euros y la casa en el pueblo abulense, 61.000.

El Comité de Morosidad estaba formado entonces por cinco personas: Juan Manuel Santos-Suárez (presidente de Avalmadrid); Juan Luis Fernández-Rubíes (consejero delegado); Alejandro Gómez Vivas (director de Operaciones), Darío B. Hernández Martínez (responsable de Recuperaciones) e Isabel Parga Raventós (directora del departamento de Seguimiento del Riesgo y Recuperaciones). El encargado de elevar la propuesta al Comité fue Hernández Martínez.

En la declaración de bienes del padre de Ayuso —fallecido en 2014— figuraban otros dos inmuebles: dos naves industriales en Sotillo de la Adrada. De una era dueño al 50% y también dejó de ser de su propiedad antes de aquella reunión del Comité de Morosidad, ya que la vendió el 25 de febrero de 2012. En este caso, los adquirientes fueron dos personas ajenas a su familia. En cuanto a la otra nave, que le pertenecía al 100%, fue el único bien hipotecado como garantía del préstamo, así que no pudo enajenarlo.

La decisión del Comité de Morosidad fue ejecutar la hipoteca sobre la nave abulense y proceder contra los ocho avalistas. Siete años y cinco meses después, Avalmadrid sigue sin actuar contra los bienes personales de los morosos. A 30 de junio de 2019, la deuda de MC Infortécnica SL con Avalmadrid ascendía a 270.000 euros.

"No se ha efectuado un análisis hasta junio de 2019"

"Por lo que se refiere a los inmuebles de los avalistas no se ha efectuado un análisis profundo de su situación hasta junio de 2019. Algunos de los bienes tomados en consideración para la concesión de la operación a favor de MC Infortécnica SL ya no se encuentran en el patrimonio de los avalistas", se explica en la auditoría de Avalmadrid, en lo que supone una descripción bastante clara de la actuación negligente por parte de la entidad, cuyos dos principales accionistas son la Comunidad de Madrid (31% del capital) y Bankia (30%).

Sin embargo, el informe peca de optimismo cuando señala que "algunos de los bienes" ya no están en el patrimonio de los morosos. Veámoslo.
    
A la hora de solicitar el crédito, los cuatro matrimonios propietarios de MC Infortécnica SL justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 13 propiedades valoradas en 3,27 millones de euros. En concreto, se trataba de ocho viviendas, tres plazas de garaje y dos naves industriales repartidos por municipios de Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila. Tras producirse el primer impago del préstamo, Avalmadrid localizó otro piso en Asturias.

La situación actual de esas propiedades, tal y como desveló infoLibre la semana pasada tras reconstruir la historia registral de los 14 inmuebles, es la siguiente: ocho cambiaron de titular mediante donaciones o ventas prohibidas por ley; dos se los adjudicaron filiales inmobiliarias del Santander y de Caixabank; otros dos aún son propiedad de los mismos dueños, aunque es probable que por poco tiempo ya que están inmersos en un procedimiento de ejecución hipotecaria, y uno ya había cambiado de manos antes de que se firmase el préstamo el 15 de marzo de 2011. El inmueble restante es la nave en Sotilllo de la Adrada hipotecada como garantía del crédito y que un Juzgado adjudicó a Avalmadrid en abril de 2018.

En definitiva, no es que falten "algunos de los bienes", es que faltan todos. Doce cambiaron de titular y los otros dos están ya en una ejecución hipotecaria instada por Caixabank.

Dos operaciones en 2015 y 2016

En la auditoría de Avalmadrid se mencionan expresamente seis de los ocho cambios de titularidad producidos en fraude de acreedores.

Además de las dos viviendas donadas a Isabel y Tomás Díaz Ayuso, se explica que José Luis Santos Marcelino Santamaría y Victoria Suñer Cordero vendieron el 10 de mayo de 2012 un piso y una plaza de garaje que tenían en El Campello, "sin que esta circunstancia se mencionara en la propuesta del Comité de Morosidad de noviembre de 2012". Es decir, al igual que en el caso de la diputada del PP y de su hermano, se ocultó de nuevo que se había producido un alzamiento de bienes.
   
En la composición del Comité de Morosidad del 16 de noviembre de 2012 había un único cambio respecto a abril: ya no estaba Darío B. Hernández Martínez como responsable de Recuperaciones y su lugar lo ocupaba Jaime Echeverría Rey. Los otros cuatro —Santos-Suárez, Fernández-Rubíes, Gómez Vivas y Parga— repetían. El encargado de elevar la propuesta al Comité de Morosidad fue Echeverría.

El documento de Avalmadrid señala que Juan Carlos Herrero Casasola y Victoria Fernández Moyano vendieron "en agosto de 2016" un piso que tenían en Oleiros (A Coruña).

En cuanto a los bienes del cuarto matrimonio, formado por Juan Manuel Pitarch Divar —fallecido en 2012— y María del Carmen Angulo López-Cancio, en el informe se indica que vendieron con fecha "1 de octubre de 2015" un piso que tenían en Tapia de Casariego (Asturias) a tres familiares, entre ellos dos hijos. Este inmueble figuraba antes de la venta como propiedad 100% de Angulo.

Si las fechas de estas dos transacciones son correctas, Avalmadrid podría ejercer acciones tanto civiles como penales, ya que los hechos no habrían prescrito en ningún ámbito.

Por la vía civil se puede solicitar la rescisión, durante un periodo de cuatro años, de cualquier contrato celebrado en fraude de acreedores. Eso sí, en el caso de la operación de Tapia de Casariego, Avalmadrid tendría que darse prisa ya que la acción prescribiría el próximo 1 de octubre.

Avalmadrid dispondría de algo más de tiempo para acudir a la vía penal, ya que el alzamiento de bienes no prescribe hasta los cinco años como norma general, y hasta los diez años si los morosos tienen deudas de Derecho Público.

Las dos únicas transmisiones fraudulentas que no se mencionan expresamente en la auditoría de Avalmadrid son la citada venta de una nave en Sotillo de la Adrada en febrero de 2012 —propiedad en un 50% de Leonardo Díaz Álvarez— y el cambio de titularidad de un piso en Majadahonda (Madrid) propiedad de los Pitarch-Angulo. Este inmueble fue aportado el 26 de julio de 2012 a una sociedad creada ese mismo día: Las Pantorgas SL. Como administrador único de la compañía figura a día de hoy el propio Pitarch, aunque falleció tan solo tres semanas después de constituir Las Pantorgas SL, y como apoderada consta su mujer.           

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/03/la_cupula_avalmadrid_oculto_que_ayuso_habia_apropiado_piso_que_respondia_una_deuda_98364_1012.html

AVALMADRID MANIOBRA PARA EVITAR LA VÍA PENAL EN EL 'CASO AYUSO' Y CULPAR DE SU ACTUACIÓN NEGLIGENTE A UN ABOGADO DE COBRALIA

Avalmadrid encarga un informe sobre la posible responsabilidad penal de Ayuso a un abogado experto en Derecho Civil. El análisis que realiza ocupa exactamente 23 líneas

El documento lo firma Alfonso Cabeza, presidente de Racmo, la empresa que desde junio se encarga de cobrar a los morosos de Avalmadrid

Avalmadrid le encargó un segundo informe para que analizase si había sido negligente la actuación de Cobralia, empresa competidora de Racmo. Cabeza concluye que sí lo fue

El pasado 13 de agosto, el mismo día que Isabel Díaz Ayuso se presentaba a la sesión de investidura como presidenta madrileña, Libertad Digital publicaba la siguiente noticia: "Informes legales del caso Avalmadrid no ven responsabilidad penal en Díaz Ayuso". El medio que preside Federico Jiménez Losantos aseguraba que había tenido acceso a "documentos legales", cuya autoría no identificaba, y en los que se defendían tesis que realmente no son muy habituales en un penalista. La más llamativa: que después de siete años sería "muy difícil, por no decir imposible, acreditar el dolo" de Ayuso en la posible comisión de un delito de alzamiento de bienes. ¿Imposible acreditar un delito, si realmente se cometió, después de siete años?

Lo cierto es que los informes filtrados desde Avalmadrid en una fecha tan oportuna existen y que los entrecomillados que le atribuía el periódico de Losantos son exactos. No tanto el titular, ya que la lectura de los dos textos más bien lleva a la conclusión contraria: que la dirigente del PP pudo tener responsabilidad penal, pero que en todo caso estaría extinguida al haber prescrito el delito a los cinco años

El análisis de los dos documentos, a los que ha tenido acceso infoLibre, permite concluir que Avalmadrid encargó dos informes a medida con un doble objetivo: evitar la vía penal en el caso Ayuso y echar la culpa de las graves negligencias cometidas durante siete años por los máximos responsables de la entidad a un abogado de Cobralia, la empresa que utilizaba entonces para el recobro de deudas.

Más allá del contenido concreto de ambos textos, es importante tener en cuenta además tres circunstancias:

1. Los informes fueron encargados al bufete Racmo Gestión España, empresa que acaba de firmar en junio un contrato con Avalmadrid para encargarse a partir de ahora del cobro de deudas. Es decir, es la compañía que sustituye a Cobralia.

2. El presidente de Racmo y firmante de los dos documentos es Alfonso Cabeza Navarro-Rubio, hijo del famoso presidente del Atlético de Madrid en los años ochenta. Se trata de un abogado con más de dos décadas de experiencia en la gestión del cobro de deudas. No es un penalista. Sirva como ejemplo el desglose de los asuntos defendidos por él que figuran en la base de datos del Poder Judicial: de un total de 420 sentencias o autos, el 97,4% se dictaron en la jurisdicción Civil y el 0,7% en la Penal.

3. El análisis sobre la posible responsabilidad penal de los avalistas del préstamo impagado del caso Ayuso ocupa exactamente 23 líneas, poco más de medio folio.

En otras palabras: Avalmadrid consideró que era buena idea solicitar un informe sobre responsabilidad penal a un experto en Derecho Civil. Y, por si fuera poco, también le pidió que se pronunciara sobre la posible actuación negligente de un abogado de Cobralia al presidente de una de las principales empresas competidoras de Cobralia, que además acaba de firmar un contrato con Avalmadrid para prestarle el mismo servicio que antes realizaba Cobralia.

El informe sobre las vías de actuación

En el primer documento, que lleva fecha del 25 de julio, el letrado de Racmo informa a Avalmadrid sobre las "las posibles opciones que puedan conducir de manera satisfactoria al cobro de la deuda, tanto en vía civil como en vía penal".

La existencia de un préstamo de 400.000 euros concedido por Avalmadrid a la empresa MC Infortécnica SL, participada por los padres de Isabel Díaz Ayuso y por otros seis socios, había sido desvelada por El Confidencial el pasado 20 de junio. Los ocho socios de la compañía —cuatro matrimonios casados en régimen de gananciales— se convirtieron en avalistas solidarios del crédito, de forma que respondían con todos sus bienes presentes y futuros de un posible impago. Dos días después, infoLibre descubrió que la dirigente del PP había aceptado en octubre de 2011 que sus padres le donasen un piso en el centro de Madrid en una operación sospechosa de un delito de alzamiento de bienes. En los dos meses siguientes, este periódico ha publicado diversas informaciones relevantes sobre la misma cuestión, entre ellas que Ayuso sabía tres semanas antes de aceptar la donación del inmueble que MC Infortécnica SL estaba en quiebra y no podría devolver el dinero. [Puedes leer aquí todas las noticias de infoLibre sobre los casos Avalmadrid, Ayuso e IBI].

El documento —carátula e índice aparte— tiene en total tres páginas. En la primera, dedica 16 líneas a analizar la "situación de los avalistas". La conclusión es que la "ausencia de solvencia es patente". Pero lo que llama la atención es que hay una sola avalista cuya situación no se analiza: Isabel Ayuso Puente.

En la segunda página se estudia la mejor opción para reclamar a los morosos por la vía civil. La conclusión es que procede presentar una demanda de ejecución de títulos no judiciales. Los juristas consultados por este periódico coinciden con este análisis.

En la tercera página se aborda la cuestión penal. Existe un primer hecho llamativo. La cuestión planteada por Avalmadrid fue la siguiente: "Determinar si hay acción penal posible contra los herederos de los deudores fallecidos". En la actualidad hay dos avalistas muertos: Leonardo Díaz Álvarez, el padre de Ayuso, y Juan Manuel Pitarch Divar (a quien en el informe unas veces se llama "Pitchar" y otras "Pitcher", pero nunca por su verdadero nombre). Los otros seis morosos están vivos. ¿Por qué no preguntó Avalmadrid si había acción penal posible contra ellos? Los juristas consultados por este periódico calificaron de "incomprensible" que se pregunte por unos y no por otros... salvo que se pretenda a toda costa evitar la vía penal, en cuyo caso lo mejor es no preguntar si es posible ir a dicha jurisdicción.

Esa incomprensión se acrecienta si se tiene en cuenta otro hecho: en un tercer documento que maneja la cúpula de Avalmadrid —distinto a los dos de Racmo— se asegura que varios avalistas enajenaron bienes en octubre de 2015 y agosto de 2016. Esas dos operaciones no habrían prescrito penalmente en ningún caso. 

Y, por tanto, cabría acción penal contra ellos.

En todo caso, Alfonso Cabeza se tiene que limitar lógicamente en este punto a responder a lo que le pregunta Avalmadrid, que es quien delimita de forma tan extraña el alcance del informe.

En cuanto a la pregunta planteada, el presidente de Racmo admite que los herederos de los deudores fallecidos —Isabel y Tomás Díaz Ayuso y los hijos de Pitarch— podrían ser acusados de cooperadores necesarios en un delito de alzamiento de bienes. Pero encuentra para ello un obstáculo insalvable: "Sería necesario acreditar el dolo en el momento de la comisión del delito (más de 7 años atrás), y entendemos desde nuestro leal saber y entender que sería muy difícil por no decir imposible, acreditar dicho extremo".

Dos semanas después de que Racmo fechase ese documento en el que considera "imposible" acreditar el dolo, infoLibre publicó un correo escrito por Isabel Díaz Ayuso el 14 de septiembre de 2011, en el que admite que MC Infortécnica SL está "muerta". En consecuencia, sabía que no podría devolver el dinero del préstamo y que sus padres tendrían que responder con su patrimonio. El 7 de octubre de aquel año, le donan a ella el piso de Madrid y a su hermano Tomás una vivienda familiar en Sotillo de la Adrada (Ávila). Pero es que la propia Ayuso confesó la semana pasada en una entrevista en Tele 5 que su padre les donó los bienes porque su preocupación era que heredasen "el poco patrimonio que él tenía". Así que el dolo de los cooperadores necesarios en este tipo de delitos —que los receptores de los bienes los reciban sabiendo que el objetivo es frustrar el derecho de los acreedores— parece probado por la confesión de la autora y por pruebas documentales.

Existe una última cuestión reseñable. En relación con la posibilidad de que las deudas de Avalmadrid pudieran considerarse de Derecho Público, en cuyo caso los delitos no prescribirían hasta los diez años, en el informe se afirma literalmente: “Se ha realizado un estudio jurisprudencial de todas las sentencias que condenan aplicando este agravante y concluimos que no se nos abre una puerta por esta vía”. Pero no se cita ni una sola sentencia de ese supuesto "estudio jurisprudencial" realizado.

Así que habiendo establecido que el dolo será "imposible" de probar y que las deudas de Avalmadrid no son de Derecho Público, el presidente de Racmo llega a la siguiente conclusión: "Cualquier tipo de responsabilidad penal estaría prescrita [desde 2017], y en el caso de no estarlo la posible imputación por cooperación necesaria de un delito de alzamiento de bienes, no sería viable".

infoLibre contactó con Alfonso Cabeza para incluir su versión sobre todas estas circunstancias, pero el letrado explicó que no podía responder al impedírselo el "contrato de confidencialidad entre Avalmadrid y Racmo". [Puedes leer al final de esta información, en La caja negra, todas las preguntas planteadas a Alfonso Cabeza].

La última vez que Avalmadrid se planteó si denunciaba operaciones irregulares ante la Justicia, en febrero de este año, encargó un informe jurídico a la multinacional PriceWaterhouseCooper (PwC), que le recomendó acudir a la Fiscalía. El Ministerio Público decidió finalmente no investigar al entender que las actuaciones posiblemente delictivas estaban prescritas.

El informe sobre la responsabilidad del letrado de Cobralia

El segundo documento encargado por Avalmadrid a Racmo pretende determinar la "posible responsabilidad de la dirección letrada" en el expediente de MC Infortécnica SL. Aunque no lo menciona expresamente, se refiere en todo momento al abogado de Cobralia, la empresa a la que se encargó que intentase recuperar la deuda de los morosos. La conclusión a la que llega Racmo es que sus competidores de Cobralia actuaron de forma negligente y que los hechos "encajan en lo recogido en reiteradas ocasiones por la jurisprudencia como supuesto de responsabilidad del letrado". En este caso, al contrario que en el "estudio jurisprudencial" sobre las deudas de Derecho Público, sí que cita una sentencia del Supremo. Alfonso Cabeza entiende que al letrado de Cobralia se le puede reclamar el pago del total de la deuda viva de MC Infortécnica SL, que a 30 de junio de 2019 se situaba en 270.000 euros.

Para entender en toda su extensión la maniobra de Avalmadrid es necesario tener en cuenta dos fechas: el préstamo quedó impagado el 15 de diciembre de 2011, pero el expediente no se le trasladó a Cobralia para que intentase cobrar la deuda hasta el 26 de noviembre de 2012. Parece evidente que a Cobralia no se le puede responsabilizar de lo ocurrido con el expediente de MC Infortécnica SL antes de esta última fecha. Pero veamos, en todo caso, cuáles son las negligencias cometidas por los dirigentes de Avalmadrid y por los letrados de Cobralia en relación con la (no) actuación frente a los bienes personales de los morosos.

Respecto a Avalmadrid destacan los siguientes hechos:

2 de abril de 2012: el Comité de Morosidad de Avalmadrid decide proceder a la ejecución dineraria de los avalistas solidarios. Pero no cumple lo acordado. En la documentación que analiza ese día el Comité de Morosidad consta que han desaparecido del patrimonio de los morosos 4 de los 14 inmuebles que tenían (entre ellos, un piso, una vivienda y una nave del matrimonio Díaz-Ayuso). Los dirigentes de Avalmadrid permiten el alzamiento de bienes sin acudir ni a la vía civil ni a la penal.

15 de mayo de 2012: la normativa interna de Avalmadrid obliga a judicializar un expediente como máximo en 15 días desde que realiza el primer pago al banco que puso el dinero del préstamo (en este caso, Caja España). Ese abono se produjo el
30 de abril, así que como muy tarde a mediados de mayo tenía que haber iniciado los trámites judiciales contra los morosos. No lo hace, incumpliendo así la normativa interna.

16 de noviembre de 2012: el Comité de Morosidad de Avalmadrid vuelve a analizar el expediente de MC Infortécnica SL. Decide otra vez la ejecución dineraria de los socios morosos. En ese momento, ya han desaparecido del patrimonio de los avalistas 7 de sus 14 inmuebles. En la propuesta del Comité de Morosidad se sigue atribuyendo la titularidad de tres de esos bienes a sus anteriores dueños, a pesar de que los cambios de propietario figuraban en los Registros de Propiedad respectivos. En otras palabras: la propuesta contenía información falsa.

26 de noviembre de 2012: Avalmadrid entrega el expediente a Cobralia. Pese a que acordó iniciar un doble procedimiento —la ejecución hipotecaria de la nave y la dineraria de los avalistas— sólo le aporta documentación para iniciar uno. Es decir, no le entrega los documentos que necesita para actuar contra los bienes de los morosos.

Enero de 2015: después de más de dos años sin que nadie en Avalmadrid se preocupe por el expediente de MC Infortécnica SL, el responsable de Recuperaciones de la entidad se dirige a Cobralia solicitando información sobre el procedimiento de ejecución frente a los avalistas. Le explican que no han hecho nada. Y que, además, se han quedado sin el título necesario para actuar contra los morosos tras entregarlo en el Juzgado equivocado.

Marzo de 2015: A la vista de la situación, Cobralia le pregunta a Avalmadrid qué hace. Y le plantea dos opciones para proceder contra los morosos. Avalmadrid nunca llega a responderle.

En cuanto a Cobralia, las actuaciones reprochables son estas:

26 de noviembre de 2012: al recibir el expediente de MC Infortécnica SL no revisa cuál es la situación de los inmuebles de los avalistas. Si lo hubiese hecho, se habría dado cuenta de que 7 de los 14 bienes ya no estaban en su patrimonio y podría haber actuado por la vía civil o penal. Tampoco se percata de que Avalmadrid no le ha entregado toda la documentación necesaria para actuar contra los morosos. O, si se da cuenta, no reclama la que le falta.

28 de enero de 2013: el abogado de Cobralia presenta una demanda para que Avalmadrid se adjudique una nave en el pueblo abulense de Sotillo de la Adrada, que era la única garantía hipotecaria con que contaba el préstamo. Se confunde y, además de la escritura hipotecaria, entrega también el título (la póliza de afianzamiento) que servía para actuar contra los bienes de los morosos.

13 de abril de 2018: El Juzgado Nº 2 de Arenas de San Pedro (Ávila) adjudica la nave de Sotillo a Avalmadrid. Cobralia facilita entonces información inexacta a Avalmadrid al asegurar que está "abierta" la ejecución contra los morosos, cuando no es así.

Este relato de hechos demuestra que ni los responsables de Avalmadrid ni los abogados de Cobralia cumplieron con sus obligaciones. Pero hay una cuestión que destaca sobre todas las demás: cuando el 26 de noviembre se traslada a Cobralia el expediente de MC Infortécnica SL, los morosos ya han excluido de su patrimonio 7 de los 14 inmuebles que poseían cuando les dieron el crédito. Y sólo tenían otros dos a su disposición, puesto que los cinco restantes estaban hipotecados.

Pese a ello, o precisamente por ello, Avalmadrid decidió encargar un informe legal para ver si le puede endosar la responsabilidad de lo ocurrido al letrado de Cobralia. En el documento que firma Alfonso Cabeza no se menciona ninguna de las actuaciones irregulares o negligentes de los ejecutivos de Avalmadrid y se concluye efectivamente que la actuación del letrado de Cobralia incurre en responsabilidad profesional.

Y así es como han pasado cerca de ocho años desde que los padres de Díaz Ayuso y los demás socios de MC Infortécnica SL dejaron impagado el crédito de 400.000 euros, sin que nadie haya movido un dedo contra ellos, ni desde Avalmadrid ni desde Cobralia.

Las preguntas que Racmo no responde por "confidencialidad"

El pasado miércoles 28 de agosto, infoLibre envió por correo electrónico una serie de preguntas dirigidas al presidente del bufete Racmo, para poder incluir su versión en esta información.

Al día siguiente, Alfonso Cabeza contestó lo siguiente: "El contrato de confidencialidad entre Avalmadrid y Racmo impide la resolución de todas y cada una de sus cuestiones. Tras estudiarlas pormenorizadamente consideramos que forman parte de la relación existente entre una empresa privada (Avalmadrid) y el servicio jurídico que prestamos, y cuya naturaleza tiene su origen en un contrato de prestación de servicios rubricado el pasado mes de junio de este mismo año. Comprenderá que no nos encontramos en disposición de comentar los pormenores de nuestro trabajo, o el trabajo de las personas con las que trabajamos, de forma pública ni privada".

Las principales preguntas que han quedado sin respuesta son las siguientes:

A. En relación con el informe sobre posibles acciones civiles o penales

1. En el apartado del informe titulado “Situación de los avalistas”, se habla expresamente de la "fincabilidad" de todos los morosos menos de Isabel Ayuso Puente. ¿Por qué no se estudia la situación de esta fiadora?

2. ¿Por qué no se analiza si hay acción penal posible contra los seis avalistas vivos?

3. En relación con la posibilidad de que las deudas de Avalmadrid pudieran considerarse de Derecho Público, en el informe se afirma literalmente: “Se ha realizado un estudio jurisprudencial de todas las sentencias que condenan aplicando este agravante y concluimos que no se nos abre una puerta por esta vía”. ¿Por qué no se cita en el informe ninguna de las sentencias de ese estudio jurisprudencial? ¿Podría indicarnos la referencia de alguna de esas sentencias?

4. En el informe se afirma, respecto a los cooperadores necesarios, que sería “necesario acreditar el dolo en el momento de la comisión del delito (más de siete años atrás), y entendemos desde nuestro leal saber y entender que sería muy difícil por no decir imposible, acreditar dicho extremo”.

El informe está fechado el 25 de julio de 2019 y, sólo unos días después, infoLibre aportó información que acredita dicho extremo en el caso de Isabel Díaz Ayuso: un correo suyo, tres semanas antes de aceptar la donación del piso, en el que admite que MC Infortécnica SL está “muerta”. El 26 de agosto, en una entrevista en Tele 5, la propia presidenta madrileña confesó que la preocupación de su padre era que "el poco patrimonio que él tenía", lo heredaran sus hijos. Con los hechos que se conocen actualmente, ¿mantiene Alfonso Cabeza que “sería imposible acreditar el dolo”?

B. En relación con el informe sobre la responsabilidad del letrado de Cobralia

5. ¿Sabía Alfonso Cabeza que 7 de los 14 inmuebles que garantizaban la solvencia de los fiadores ya no estaban en su patrimonio cuando Avalmadrid le encargó el expediente a Cobralia

6. ¿Sabía Alfonso Cabeza que en la propuesta del Comité de Morosidad del 16 de noviembre, que fue la entregada diez días después a Cobralia, se incluyeron bienes de los fiadores que ya eran de otros titulares?

7. A la vista de estos datos, ¿mantiene la siguiente frase del informe: “Avalmadrid facilitó al letrado [de Cobralia] los datos de solvencia de todos los intervinientes en el momento del encargo”?

8. Dado que la mayor parte de los alzamientos se produjeron antes de la entrega del expediente a Cobralia, ¿no considera que lo correcto sería analizar también la responsabilidad de las personas que permitieron el traspaso de los bienes antes de encargar la recuperación de la deuda a Cobralia (es decir, de los dirigentes de Avalmadrid)?

9. Las conclusiones que establece en su informe respecto al letrado de Cobralia, ¿son también aplicables a los responsables de Avalmadrid que permitieron los alzamientos de bienes o habría que establecer en su opinión alguna diferencia entre ambos?

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/02/avalmadrid_maniobra_para_evitar_via_penal_caso_ayuso_culpar_actuacion_negligente_abogado_cobralia_98362_1012.html

LA COMUNIDAD DE MADRID TENDRÁ QUE ABONAR 102.000 EUROS DEL PRÉSTAMO DEL 'CASO AYUSO' SI LOS SOCIOS MOROSOS NO PAGAN

El préstamo a MC Infortécnica, la empresa de los padres de Ayuso, fue reavalado por Avalmadrid con la sociedad pública Cersa y con la Comunidad de Madrid

De los 308.154 euros de reaval concedido, 102.000 los tendrá que poner la Comunidad si Avalmadrid no logra recuperar el dinero

En otras palabras: una parte significativa del préstamo que dejaron impagado los padres de Ayuso puede terminar abonándola el Gobierno que ahora preside Ayuso

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su réplica a las portavoces de Unidas Podemos de los grupos durante la segunda y última sesión del pleno de investidura.

Avalmadrid no movió un dedo para que MC Infortécnica, la empresa de la que eran socios los padres de Isabel Díaz Ayuso, devolviera los 400.000 euros que le prestó en 2011. Tampoco actuó judicialmente contra los avalistas de la empresa, los progenitores de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y otros tres matrimonios. Pero sí reavaló la operación. Se trata de una actuación habitual: como cualquier otra sociedad de garantía recíproca (SGR), Avalmadrid tiene cubiertas sus provisiones y fallidos mediante un contrato de reafianzamiento con la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), una sociedad pública que otorga el respaldo del Estado a los riesgos asumidos por las 18 SGR que hay en España. Pero Cersa sólo ofrece una cobertura parcial. Para completarla, Avalmadrid firmó en octubre de 2011 un convenio de reafianzamiento con la Comunidad de Madrid que le permite reavalar hasta un 75% de sus operaciones.

Entre Cersa y la Comunidad madrileña, el reaval concedido a Avalmadrid para cubrir un posible impago del préstamo de MC Infortécnica ascendió a 308.154 euros, según los datos de Avalmadrid conocidos por infoLibre. De esa cantidad, 206.123 euros corresponden a Cersa y los 102.030 euros restantes, a la Comunidad de Madrid. Es decir, una parte significativa del préstamo que dejaron impagado los padres de Ayuso puede terminar pagándola el Gobierno que ahora preside Ayuso.

A 30 de junio de 2019, la deuda viva que la empresa de los padres de Ayuso mantiene con Avalmadrid era de 270.000 euros.

MC Infortécnica dejó de pagar el préstamo el 15 de diciembre de 2011. El 2 de abril de 2012, el Comité de Morosidad de Avalmadrid aprobó abonar a Caja España, la entidad que se lo había concedido, el importe impagado por MC Infortécnica, además de ejecutar las garantías que habían puesto los socios para solicitar el aval: una nave en Sotillo de la Adrada (Ávila) y los bienes personales de los cuatro matrimonios. Pero hasta el 26 de noviembre no entregó a Cobralia, la empresa que tenía contratada para recuperar fallidos, el expediente de la empresa a fin de que reclamara en los juzgados la nave y los bienes de los avalistas. En 2013 los abogados de Cobralia pidieron al juez el embargo del local, que no fue subastado hasta abril de 2018. El precio de adjudicación fue de 272.000 euros.

Pero jamás se ejecutaron los bienes de los cuatro matrimonios asociados en MC Infortécnica. Y Avalmadrid permitió con su desidia que los morosos fueran traspasando sus bienes. Cuando le entregó el expediente a Cobralia habían desaparecido siete de los 14 bienes inmuebles que los socios de la empresa tenían en propiedad en el momento de solicitar el préstamo. Ocho inmuebles cambiaron de titular a través de donaciones o ventas prohibidas por la ley y el resto ya estaban hipotecados, así que les fue imposible venderlos o donarlos.

Los padres de Díaz Ayuso fueron los primeros en traspasar su patrimonio, mediante donaciones a sus hijos y la venta de una nave en Sotillo de la Adrada a terceros ajenos a la familia.

Avalmadrid firma con Cersa cada año un contrato de reafianzamiento. El último es de 2018 y establece una cobertura de entre el 35% y el 80% de los riesgos asumidos por la sociedad de garantía madrileña. Sumando el reafianzamiento de Cersa y el de la Comunidad madrileña, el reaval concedido a la operación con MC Infortécnica se sitúa en el 75% del total.

Descontrol con los reavales

Avalmadrid reavala tres de cada cuatro operaciones de aval que aprueba. Su límite es de 625.000 euros por empresa. Y de 80 millones de euros en total. Según su último informe anual, la sociedad de garantía madrileña tenía reavalados a 31 de diciembre de 2018 un total de 163,5 millones de euros, de los cuales la Comunidad de Madrid asume 4,5 millones. De ellos, 102.000 euros corresponden a la empresa de los padres de Ayuso.

La política de reafianzamiento de Avalmadrid cambió a partir de julio de 2014, cuando implantó un límite por operación financiera que debía ser equivalente a las cantidades máximas de reaval estatal y autonómico en cada momento y que Cersa fijó en un millón de euros. Lo hizo tras recibir un requerimiento del Banco de España, que había encontrado riesgos por importe de 78,4 millones de euros en acreditados y avalados cuyas operaciones carecían de reafianzamiento.
 
Pese a haberse comprometido a aplicar esa medida desde el 1 de enero de 2013, Avalmadrid tardó 19 meses en hacerlo, como consta en la propuesta de resolución sobre el expediente sancionador que el Banco de España abrió a la sociedad de garantías madrileña en junio de 2018. Y mientras tanto continuó aprobando operaciones que superaban ese máximo. Su consejo de administración incluso aprobó en ese tiempo un acuerdo para elevar ese límite en un 75%, que incluso pudiera excederse para novaciones, reafianzamiento y reestructuración de operaciones financieras en vigor.

Por el contrario, en otros casos, como aseguraba el Banco de España, la sociedad de garantías madrileña aprobó operaciones que se quedaban sin reaval, una vez que consumía el tope concedido por Cersa y la Comunidad de Madrid para ese año. En 2018, el 90,5% de los avales –76,6 millones de euros– que concedió Avalmadrid contaban con refianzamiento, según consta en su informe anual.

https://www.infolibre.es/noticias/economia/2019/09/02/el_prestamo_del_caso_ayuso_fue_reavalado_por_comunidad_madrid_que_pagara_102_000_euros_98342_1011.html
 

IGNACIO AGUADO, SOBRE AVALMADRID: "LA SOMBRA DE CORRUPCIÓN ES TAN GRANDE QUE HABRÍA QUE CERRARLA"
 

Apoyará la comisión de investigación sobre Avalmadrid impulsada por PSOE, Más Madrid y Podemos si son "rigurosos y solventes"
 

"No puede seguir siendo una sociedad de garantía y de confianza ni para los autónomos ni para las pymes, por eso soy partidario de cerrarla", ha aseverado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid
 

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz del Gobierno, Ignacio Aguado, ha vaticinado que hay algún aspecto que "está fallando" en Avalmadrid y que "la sombra de corrupción es tan grande que habría que cerrarla y desvincularla de la Comunidad". "No puede seguir siendo una sociedad de garantía y de confianza ni para los autónomos ni para las pymes, por eso soy partidario de cerrarla", ha aseverado.
 

Así lo ha expuesto Aguado en una entrevista con Europa Press después de que el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Cámara regional, César Zafra, presentará una Proposición No de Ley (PNL) para que la Comunidad de Madrid "ayude jurídicamente y esclarezca si ha habido algún tipo de irregularidad en Avalmadrid y que se desvincule jurídicamente" de esta entidad semipública.
 

Sobre si apoyará la comisión de investigación que registrarán previsiblemente la semana que viene los grupos de la izquierda en el Parlamento madrileño, ha asegurado que como consejero de Transparencia dará prioridad "a la rendición de cuentas" para llegar "hasta el último rincón de cualquier administración dentro de la Comunidad de Madrid". "Voy a estar a favor de eso siempre, siempre y cuando se haga con rigor, buscando la profesionalidad y buscando un fin loable en Transparencia. Si Más Madrid y PSOE lo hacen así, una comisión rigurosa y solvente que busque llegar a la verdad de cualquier asunto no tengo ningún problema en apoyarla", ha expuesto.
 

En cuanto a que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya designado al exconsejero de Avalmadrid expedientado por el Banco de España Pedro Irigoyen como director general de recursos humanos de la Consejería de Justicia, Aguado ha lanzado un mensaje para que los madrileños "empiecen a juzgar el trabajo de los consejeros o directores generales en función de lo que hagan" en el Ejecutivo y dejen "de lado" de dónde vienen o "lo que han hecho antes".
No descarta continuar cerrando empresas públicas que no realicen labores "necesarias"
 

Asimismo Aguado también ha asegurado que no descarta continuar cerrando empresas públicas, como la Fundación Madrid por la Excelencia, que no realicen labores necesarias y su labor se pueda hacer desde la propia administración. "Lo primero que queremos hacer es aterrizar y ver lo que hay, la utilidad real de cada una de las fundaciones y organismos que están vinculados a la Comunidad. En nuestro criterio de la austeridad y de tener una administración eficiente no descartamos que podamos seguir cerrando determinadas empresas públicas e instituciones que entendamos que no son necesarias porque su labor se puede hacer desde la propia administración", ha sostenido el nuevo vicepresidente.
 

En este punto, ha avanzado que una de las prioridades de su Gobierno será crear la figura del Defensor del denunciante de Corrupción, para crear un canal seguro para que los empleados públicos de la región "puedan denunciar de de forma confidencial cualquier indicio de irregularidad y sospechas que puedan detectar en sus unidades administrativas".
 

Así, cree que si hay alguien que esté tentado dentro de la administración "a meter la mano" y sabe que su entorno tiene ojos y pueden "denunciar esa practica" se "erradicará la corrupción de raíz". "Estoy convencido de que si hubiera existido esta oficina posiblemente los casos de Púnica, Lezo o Gürtel no habrían sucedido. Hay que poner en marcha este tipo de cortafuegos y hacérselo lo más difícil posible", ha vaticinado.


https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/01/ignacio_aguado_sobre_avalmadrid_sombra_corrpucion_tan_grande_que_habria_que_cerrarla_98368_1012.html
 

LAS DEUDAS QUE SÍ PERSEGUÍA AVALMADRID
 

El ente semipúblico cedía los expedientes con impagos a una empresa externa, pero no recuperó el crédito a la compañía participada por el padre de Díaz Ayuso
 

Durante 11 años, Ascensión penó para pagar el crédito de 47.000 euros que había gestionado con Avalmadrid para emprender su negocio. La entidad semipública, participada a un 31,07% por la Comunidad, vendió su deuda a Cobralia, una especie de cobrador del frac. Recibía 20 llamadas al día. Emails constantes. Cuando trabajaba, le embargaban la nómina. Tras contactar una y mil veces a Avalmadrid para explicitar su deseo de afrontar el problema, el proceso se convirtió en una tortura cuando quedó en manos de la empresa de cobros. No todos los avalados por la entidad vivieron eso y acabaron devolviendo lo debido. Los socios de Mc Infortécnica, entre los que se encontraba el padre de Isabel Díaz Ayuso, fallecido, no han devuelto al completo los 400.000 euros que lograron en 2011.
 

“Yo quería pagar desde el minuto uno”, recuerda Acensión a través del teléfono. “Cuando vendieron la deuda, ya no me dieron opción a negociar directamente con Avalmadrid”, siguió esta emprendedora. “Al final, fue como ir a un mercadillo, que tienes que regatear. Me dijeron, 16.000 euros. Lo pedí por escrito. Pagué. Acabé solucionándolo. Me dejaron en paz”.
 

Avalmadrid y Cobralia firmaron acuerdos valorados en cientos de miles de euros para perseguir cientos de expedientes impagados. La polémica consecuente, a la que se sumó que el ente concediera avales a compañías relacionadas con sus consejeros o los familiares de estos, llevó a cambiar esa práctica a partir de 2016. Hoy, la tasa de morosidad de Avalmadrid —saldo moroso sobre riesgo vivo— se sitúa en el 11.62% (10,47% en 2017), según la memoria de la entidad para el curso 2018. Ese año, el importe medio de los avales financieros formalizados llegó a los 58.000 euros (por los 63.500 de 2017).
 

“En cuanto a los contratos de gestión de venta de deuda, una de las funciones típicas de cualquier entidad de crédito es la recuperación; ¡la recuperación de sus deudas!, es absolutamente lógico”, reconoció Pedro Embid, que entonces era director general de Avalmadrid, durante una comparecencia en la Asamblea. “Todas las entidades de crédito han vendido carteras de deuda, incluso la Sareb, que es una compañía pública, no deja de anunciar ventas de carteras de deuda”.
 

Entonces, ¿por qué no se persiguió el cobro de los 400.000 euros concedidos a una empresa participada al 25% por el padre de la nueva presidenta?
 

Avalmadrid no ha respondido a ninguna de las peticiones de información de este diario. Antes de que se produjera el primer impago del crédito concedido a MC Infortécnica, Díaz Ayuso aceptó la donación del piso familiar, que así quedó fuera del alcance de posibles acreedores. Corría 2011. En consecuencia, esa finca no estaba entre los bienes contra los que podía actuar Avalmadrid para recuperar el dinero que listaba un informe del comité de morosidad de abril de 2012. Siete meses después, en noviembre, esa deuda se cedió a Cobralia.
 

Nunca se recuperó el dinero. La operación, que había despertado las dudas de los especialistas en riesgos de Avalmadrid, fue un fracaso. Y se unió a la larga ristra de avales negativos de la entidad.
 

Así el Banco de España detectó en 2016 un incremento neto de 16 millones de euros en avales fallidos, y otro de 13 en el de saldos dudosos. Alertado por esas cifras, el ente fiscalizador llevó a cabo una inspección entre finales de 2016 e inicios de 2017 de la que concluyó que en Avalmadrid se estaban avalando a compañías que ya tenían problemas financieros, que estaban vinculadas a miembros de sus órganos de gobierno, y que no devolvieron el dinero avalado.
 

Frente a la previsible sanción, la propia Avalmadrid encargó un informe de análisis forense centrado en 167 avales concedidos entre 2008 y 2016 que arrojó un balance desolador a inicios de 2019: el 15% de los avales se había dado con algún incumplimiento o debilidad en su aprobación; el 36% había sido concedido de forma adecuada... y el 49% “inadecuadamente por motivos económicos”.
 

“El Informe de Forest Partners pone de manifiesto la concesión y formalización de determinados avales que, en nuestra opinión, presentan posibles indicios de la comisión de determinados delitos de carácter patrimonial”, resumió un análisis jurídico de PwC. “Dichos indicios podrían considerarse más fuertes en relación con el conjunto de avales otorgados a los grupos, Grupo Arturo Cantoblanco y Grupo Marsans”.
La fiscalía propuso que la denuncia consecuente, de Avalmadrid contra directivos de Avalmadrid, fuera archivada. Consideró que los hechos habían prescrito. Ni pagaron los gestores, ni los avalados.


https://elpais.com/ccaa/2019/09/03/madrid/1567537717_931202.html

LAS CLAVES PARA ENTENDER LOS TRES ESCÁNDALOS QUE AFECTAN A LA PRESIDENTA AYUSO

Trato de favor, alzamiento de bienes e impago de impuestos. Esas son las tres actuaciones protagonizadas presuntamente por Isabel Díaz Ayuso, según los hechos y las pruebas documentales desveladas por infoLibre
La presidenta madrileña estuvo dos meses sin dar explicaciones y, cuando finalmente lo hizo, mintió sobre su relación con Avalmadrid y ofreció cuatro datos falsos sobre el impago del IBI

"Yo no sé qué pretenden que hagamos mi madre y yo, nos podemos ir debajo de un puente, pero yo entiendo que no es eso [...] A mi padre le preocupaba que el poco patrimonio que él tenía, lo heredáramos". En esas dos frases, pronunciadas por Isabel Díaz Ayuso en El programa del verano de Tele 5, se esconden algunas claves de cómo está afrontando la presidenta madrileña los tres escándalos que le afectan. "¿Qué pretenden que hagamos?". La respuesta que ofrece el Código Penal es que no se pueden cometer delitos para apropiarse de unos bienes que se han puesto como garantía de un préstamo. Las palabras de Ayuso, además, insisten en la estrategia de hablar de sus padres cuando los periodistas le preguntan por actuaciones que sólo le afectan a ella.

Los escándalos que protagoniza la presidenta madrileña del PP tienen algunos aspectos complejos, y ciertos hechos se entremezclan en uno y otro caso, pero lo que los tres esconden es muy fácil de entender.
Primero: trato de favor. Isabel Díaz Ayuso usó sus amistades dentro del Gobierno de Esperanza Aguirre para contactar con un directivo de Avalmadrid a quien pidió información sobre varias empresas y este empleado atendió su solicitud al entender que era un encargo que procedía directamente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Segundo: alzamiento de bienes. Isabel Díaz Ayuso es propietaria de un piso en el centro de Madrid que obtuvo presuntamente mediante la comisión de un delito.

Tercero: impago de impuestos. Isabel Díaz Ayuso es dueña, junto a su hermano, de una sociedad que estuvo cinco años sin pagar el IBI al Ayuntamiento de Madrid por un inmueble que estaba a su nombre.
Los hechos de los casos Avalmadrid, Ayuso e IBI fueron desvelados durante los dos últimos meses por infoLibre mientras la dirigente del PP no daba ni una sola explicación. Y cuando finalmente lo hizo esta semana en la entrevista de Tele 5, Ayuso mintió sobre su relación con Avalmadrid y ofreció cuatro datos falsos sobre el impago del IBI, tal y como demostró documentalmente este periódico.

Y luego está el asunto de la desigualdad. Escuchar el testimonio de Ascensión Lucha, una pequeña empresaria a la que Avalmadrid y Cobralia persiguieron durante diez años, ya era estremecedor cuando lo ofreció ante la Asamblea de Madrid el 14 de febrero de 2018. Oírlo ahora, cuando se sabe que Avalmadrid lleva siete años sin actuar contra los socios morosos de la empresa de los padres de Ayuso, plantea además evidentes cuestiones sobre la injusticia que supone el trato desigual que a veces reciben los ciudadanos.

"¿Qué pretenden que hagamos?". Pagar impuestos, no delinquir para obtener propiedades, no usar un cargo público para lograr favores, no mentir y recibir igual trato que los demás ciudadanos son exigencias básicas que se plantean a los políticos en las sociedades democráticas.

A continuación, infoLibre explica las claves de los tres escándalos que tienen una única protagonista: Isabel Díaz Ayuso. No sus padres, por mucho que se afane en desviar la atención hacia su familia, sino ella misma: la entonces diputada autonómica del PP y ahora presidenta de la Comunidad de Madrid.

'CASO AVALMADRID': EL TRATO DE FAVOR

Isabel Díaz Ayuso realizó gestiones a principios de 2011 para saber "con qué persona había que hablar" sobre la concesión de un préstamo de Avalmadrid a MC Infortécnica SL, una empresa participada por sus padres. Medio año después, en julio de 2011, Ayuso recurrió a una alto cargo del Gobierno de Aguirre para que le pusiera en contacto con un directivo de Avalmadrid, a quien primero le pidió datos sobre la solvencia económica del grupo empresarial de sus padres y luego le solicitó información confidencial sobre otras compañías ajenas a su familia. El directivo consiguió parte de la información por sí mismo y solicitó más datos a otros trabajadores de la entidad de capital mixto, donde la Comunidad de Madrid es el principal accionista con el 31% del capital.

En otras palabras: empleados y recursos de Avalmadrid se pusieron a disposición de quien entonces ya era diputada del PP, no para una cuestión relacionada con el ejercicio de sus funciones, sino para un asunto de su estricto interés personal.

Cuando ya tenía la certeza de que la empresa no devolvería el crédito, Ayuso aceptó que sus padres le donasen un piso en el centro de Madrid que figuraba entre los bienes que tuvo en cuenta Avalmadrid para conceder el préstamo. Pese a que en la documentación analizada entonces por los ejecutivos de Avalmadrid consta el cambio de titularidad, no actuaron judicialmente y permitieron que Ayuso se apropiase del inmueble en perjuicio de la propia Avalmadrid.

El Código Penal (CP), en su artículo 419, castiga a "la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase". A efectos penales, los diputados autonómicos tienen consideración de autoridad (artículo 24 CP). Este delito se castiga con penas de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un máximo de 12 años. Los hechos no estarían prescritos (artículo 131 CP)

El resumen cronológico de la relación entre Isabel Díaz Ayuso y Avalmadrid es el siguiente:

5 de enero de 2011: MC Infortécnica SL solicita a Avalmadrid una operación de crédito-aval por importe de 400.000 euros. Los accionistas de la empresa son cuatro matrimonios, entre ellos los padres de Ayuso. La presidenta madrileña confesó esta semana que en ese momento ya hizo una primera gestión para saber "con qué persona" había que hablar para la concesión del préstamo. Sus palabras exactas fueron las siguientes: "Yo pregunté en ese momento simplemente con qué persona se podría hablar para que, si se daban las garantías, esa empresa solicitara un crédito y pudiera ser avalada. Pero yo no he mediado, yo no he presionado, yo no era nadie. No tenía ningún tipo de poder político. Y tiempo después entré en la Asamblea de Madrid como diputada". Esto último es una de las escasas verdades que de momento ha dicho Ayuso sobre sus tres escándalos: en ese momento trabajaba en Madrid Network y no se convirtió en diputada hasta el 15 de julio de aquel año. Eso sí, llevaba trabajando para el PP al menos desde enero de 2006 e incluso había estado adscrita al Gabinete de Presidencia de Esperanza Aguirre.

2 de febrero de 2011: el Comité Directivo de Avalmadrid aprueba la concesión del préstamo. La operación está garantizada con el aval solidario de los ocho socios y con una hipoteca sobre una nave en Sotillo de la Adrada (Ávila), propiedad del padre de Ayuso.
 

2 de marzo de 2011: el coordinador del departamento de Riesgos de Avalmadrid advierte por correo a sus superiores que, en la tasación de la nave, se indica expresamente lo siguiente: "Existe la posibilidad de que parte del inmueble sea derribado sin que el propietario pueda reclamar indemnización alguna", por incumplir la normativa urbanística. "En base a la advertencia se solicita autorización para seguir adelante", añade. El consejero delegado de Avalmadrid, Juan Luis Fernández-Rubíes, responde ese mismo día con dos palabras: "OK adelante".

15 de marzo de 2011: se escritura la operación. MC Infortécnica tiene que devolver el dinero en 36 meses. El primer plazo será el 15 de diciembre de 2011.

30 de junio de 2011: MC Infortécnica deja de pagar la nómina a sus trabajadores. Sólo han pasado tres meses desde que se embolsó los 400.000 euros.

13 de julio de 2011: Eva Piera, viceconsejera de Economía en el Gobierno de Esperanza Aguirre, diputada autonómica y miembro del consejo de administración de la propia Avalmadrid, se pone en contacto con un directivo de esta entidad para que atienda a Ayuso.

14 de julio de 2011: Ayuso se pone en contacto con el directivo de Avalmadrid contactado por Piera. Le pide información sobre la solvencia económica de diversas empresas del Grupo MC, cuya principal filial es MC Infortécnica SL. El empleado tramita la petición como si fuera un encargo de "Presidencia de la Comunidad de Madrid", tal y como deja por escrito en los correos que envía a otros trabajadores de Avalmadrid a los que encarga los informes para Ayuso.

14 de septiembre de 2011: Ayuso sigue en contacto con el directivo de Avalmadrid. Ese día quiere obtener información confidencial de varias compañías cuya propiedad atribuye a los socios de su padre, ya que sospecha que forman parte de una trama para dejar morir al Grupo MC y montar otras empresas dedicadas al mismo negocio. Se interesa por conocer "la actividad comercial, la facturación y quiénes son sus clientes".

23 de septiembre de 2011: el Grupo MC, que había iniciado el año con 40 trabajadores, despide a la práctica totalidad de la plantilla. Quedan sólo seis personas, las más vinculadas a los ejecutivos de la compañía. Entra en quiebra, aunque jamás presentará concurso de acreedores. Avalmadrid tampoco insta el concurso.

15 de diciembre de 2011: MC Infortécnica SL tiene que realizar el primer pago del préstamo por un importe de 100.000 euros de principal y 3.292 de intereses. No devuelve ni un euro.

2 de abril de 2012: el Comité de Morosidad de Avalmadrid decide cancelar el préstamo, ejecutar la única garantía hipotecaria que existía y proceder contra los avalistas solidarios. Pero no hace nada de lo acordado (salvo cancelar el préstamo). Ese día, ya han desaparecido del patrimonio de Leonardo Díaz Álvarez y de Isabel Ayuso Puente todos los bienes que tenían a su disposición: el piso en Madrid que donan a su hija Isabel, la vivienda unifamiliar en Sotillo que donan a su hijo Tomás y una nave en el pueblo abulense que venden a terceros ajenos a la familia. Un cuarto inmueble, otra nave en Sotillo, no la pueden traspasar porque es la que está hipotecada. El Comité de Morosidad hace la vista gorda.

15 de mayo de 2012: La normativa interna de Avalmadrid obliga a judicializar un expediente como máximo en 15 días desde que realiza el primer pago al banco que puso el dinero del préstamo (en este caso, Caja España). Ese abono se produjo el 30 de abril, así que como muy tarde a mediados de mayo tenía que haber iniciado los trámites judiciales contra los morosos. No lo hizo.

16 de noviembre de 2012: el Comité de Morosidad de Avalmadrid vuelve a analizar el expediente de MC Infortécnica SL. Decide otra vez lo mismo: la ejecución hipotecaria de la nave y la ejecución dineraria de los socios morosos. Respecto a esto último, no hace nada. En ese momento, ya han desaparecido del patrimonio de los avalistas 7 de los 14 inmuebles que Avalmadrid había tenido en cuenta para la concesión del crédito. El Comité de Morosidad sigue haciendo la vista gorda.

26 de noviembre de 2012: Avalmadrid entrega el expediente a Cobralia, la empresa de cobro de deudas que utilizaba entonces.

28 de enero de 2013: el abogado de Cobralia presenta la demanda de ejecución hipotecaria de la nave de Sotillo en el Juzgado Nº 2 de Arenas de San Pedro (Ávila). Se confunde y, además de la escritura hipotecaria, entrega también el título que servía para actuar contra los socios morosos. Durante dos años, nadie en Avalmadrid se da por enterado de que no se ha iniciado el procedimiento contra los avalistas aprobado por dos veces en su Comité de Morosidad.

Marzo de 2015: A la vista de la situación, Cobralia le pregunta a Avalmadrid qué hace. Y le plantea dos opciones para actuar contra los morosos. Avalmadrid jamás le responde.

1 de septiembre de 2019: Han pasado siete años, ocho meses y 16 días desde que los socios de MC Infortécnica SL dejaron el préstamo impagado. Pese a que todos ellos firmaron una póliza donde se comprometían a responder del dinero con todos sus bienes presentes y futuros, Avalmadrid jamás se lo reclamó y ellos aprovecharon para desprenderse de todos los inmuebles que tenían a su disposición en operaciones presuntamente delictivas de alzamiento de bienes.

'CASO AYUSO': EL ALZAMIENTO DE BIENES

La legislación española, tanto civil como penal, castiga la transmisión de bienes cuando se realiza en fraude de acreedores.

El artículo 1297 del Código Civil presume “celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito”. La donación es una enajenación a título gratuito. Los contratos en fraude de acreedores son rescindibles, durante un periodo de cuatro años desde que se celebran.
Por su parte, el artículo 257 del Código Penal castiga como delito de alzamiento de bienes aquella conducta que realiza un deudor con el objetivo de disminuir su patrimonio para frustrar el derecho del acreedor a cobrar su deuda. Se castiga enajenar u ocultar bienes una vez que el acreedor entabla un procedimiento de ejecución, pero también cuando es “previsible” que dicho procedimiento se vaya a iniciar. Así lo explica el Tribunal Supremo en múltiples sentencias donde fija su jurisprudencia sobre el alzamiento:

"[Los elementos de este delito son] 1º) existencia previa de crédito contra el sujeto activo del delito, que pueden ser vencidos, líquidos y exigibles, pero también es frecuente que el defraudador se adelante en conseguir una situación de insolvencia ante la conocida inminencia de que los créditos lleguen a su vencimiento, liquidez o exigibilidad, porque nada impide que, ante la perspectiva de una deuda, ya nacida pero todavía no ejercitable, alguien realice un verdadero y propio alzamiento de bienes" [SSTS 4396/2005, de 30 de junio, y 1738/2002, de 11 de marzo].

El autor del delito es quien enajena el bien en perjuicio de sus acreedores y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión. El alzamiento está castigado con penas de cárcel de uno a cuatro años, que se elevan hasta un máximo de seis años si la deuda que se trata de eludir es de Derecho público y la acreedora es una persona jurídico pública. La diferente pena es importante a la hora de determinar la prescripción. Cuando la deuda que se trata de eludir es de Derecho Público, la prescripción se produce a los diez años, mientras que en el resto de los supuestos es a los cinco.

El conocimiento por parte de Ayuso del objeto de las donaciones recibidas es, en consecuencia, el elemento clave para determinar si la dirigente del PP pudo cometer un delito. Ya se conocen dos hechos que prueban la existencia de dicho conocimiento por parte de la entonces diputada del PP: un correo que ella misma escribió y la confesión que realizó esta semana durante una entrevista.

En cuanto a la prescripción, hay dos incógnitas por despejar antes de poder responder con seguridad. La primera es si las deudas de Avalmadrid se pueden considerar de Derecho público. Aunque en un reciente escrito la Fiscalía de Madrid manifestó que eran de Derecho privado, otros juristas e inspectores de Hacienda consultados por infoLibre sostienen lo contrario, a la vista de que entre el Gobierno autonómico y Caja Madrid controlaban entonces más del 50% de su capital. La segunda incógnita es saber si las dos donaciones que aceptó Ayuso sirvieron para burlar deudas de sus padres con Hacienda o la Seguridad Social. Si ambas incógnitas se terminan despejando de forma negativa —las de Avalmadrid no son deudas de Derecho público y no existían deudas con Hacienda o la Seguridad Social—, los presuntos delitos habrían prescrito a los cinco años. Si alguna de esas dudas se responde finalmente de forma afirmativa, no prescribirían hasta los diez años

El resumen cronológico de los hechos es el siguiente:

15 de marzo de 2011: MC Infortécnica SL firma con Avalmadrid una operación de crédito-aval por importe de 400.000 euros. Los ochos accionistas de la empresa, entre ellos los padres de Ayuso, se convierten en avalistas solidarios del préstamo. Ello les obliga a responder de la devolución del dinero con todos los bienes presentes y futuros que tengan. Y el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de ellos, ya que cada uno responde por el total de la deuda.

30 de junio de 2011: MC Infortécnica deja de pagar la nómina a sus trabajadores.

14 de julio de 2011: Ayuso se pone en contacto con un directivo de Avalmadrid. Quiere saber si sus padres pueden perder su patrimonio en caso de impago del préstamo de MC Infortécnica SL.

14 de septiembre de 2011: La entonces diputada del PP sospecha que los socios de sus padres han dejado hundirse MC Infortécnica SL para constituir otras sociedades que realicen la misma actividad. Así se lo confiesa, a través de un correo electrónico, al directivo de Avalmadrid con el que lleva dos meses en contacto: "Si se pudiera demostrar que han montado empresas paralelas para desviar el negocio y dejar morir la otra". En otras palabras: Ayuso ya tiene en ese momento la certeza de que MC Infortécnica SL no devolverá el crédito.

23 de septiembre de 2011: El Grupo MC, que había iniciado el año con 40 trabajadores, despide a la práctica totalidad de la plantilla.

5 de octubre de 2011: Leonardo Díaz Álvarez presenta su “renuncia irrevocable” como administrador mancomunado de Grupo MC Infortécnica Medical Hamilton SL, la matriz del grupo empresarial. Lo hace ante notario mediante una escritura en la que justifica su dimisión "debido a que todas las gestiones y actuaciones diarias y no diarias de la sociedad son llevadas exclusivamente por los otros dos administradores mancomunados”. Esos otros dos administradores eran José Manuel Pitarch y Juan Carlos Herrero.

7 de octubre de 2011: los padres de la dirigente del PP donan buena parte de sus bienes a sus dos hijos, Isabel y Tomás. A ella le correspondió la “nuda propiedad” de una vivienda de 90 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, uno de los más caros de Madrid, cuyo usufructo se reservaron sus padres (ahora lo mantiene la madre). A Tomás le dieron el pleno dominio de una vivienda unifamiliar de 212 metros construida sobre un terreno de 700 metros en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila).

15 de diciembre de 2011: MC Infortécnica SL tiene que realizar el primer pago del préstamo de Avalmadrid por un importe de 100.000 euros de principal y 3.292 de intereses No devuelve ni un euro.

16 de abril de 2012: Leonardo Díaz Álvarez dona el 100% de las participaciones de Sismédica SL a Isabel y Tomás. Dicha compañía era propietaria de un local de oficinas en la calle Antonio López de Madrid.

26 de agosto de 2019: En El programa del Verano de Tele 5, a preguntas de la periodista Ana Terradillos, la presidenta madrileña confiesa que el objeto de las donaciones era salvar los bienes de la familia de los acreedores. "Le preocupaba que el poco patrimonio que él tenía, lo heredáramos y entre ellos estaba esa sociedad, que a su vez tenía a su nombre una oficina", señala literalmente sobre la donación de Sismédica SL.

'CASO IBI': EL IMPAGO DE IMPUESTOS

Isabel Díaz Ayuso incumplió durante cinco años su obligación de pagar el IBI al Ayuntamiento de Madrid por un inmueble de su propiedad.

La deuda la originó un local de oficinas situado en la calle Antonio López de Madrid, que estaba a nombre de la sociedad Sismédica SL. La entonces diputada del PP y su hermano aceptaron que su padre les donase esta sociedad en abril de 2012. Desde esa fecha jamás pagaron el IBI.

infoLibre desveló este hecho el pasado 7 de agosto. Esta semana, la presidenta madrileña intentó por primera vez justificar el impago, pero lo hizo aportando cuatro datos falsos.

Los cinco años de IBI impagados se corresponden con los recibos que Sismédica SL tenía que haber abonado en el otoño de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Durante todo ese tiempo, la empresa y el local eran propiedad de los hermanos Díaz Ayuso.

El pago del IBI correspondiente al año 2017, tras la subasta del inmueble y su adjudicación a una filial de Bankinter, ya no correspondía a Sismédica SL, sino al nuevo titular. El responsable del pago del IBI es siempre el titular del inmueble, con independencia de que esté en marcha un proceso de embargo.

El Ayuntamiento de Madrid siguió los trámites habituales para intentar cobrar la deuda, incluyendo la notificación a través de diarios oficiales, que se realiza cuando el obligado tributario no responde en su domicilio. Este periódico encontró hasta cinco notificaciones del Ayuntamiento de Madrid reclamando a Sismédica SL el pago de sus deudas.

De acuerdo con el precio de los recibos del IBI de la zona y los metros cuadrados del inmueble, y teniendo en cuenta que los impagos más antiguos llevan años acumulando intereses, fuentes tributarias consultadas por este periódico calculan que la deuda acumulada por Sismédica SL podría ser superior a los 3.500 euros.

Pese a las notificaciones de ejecución, el Ayuntamiento de Madrid nunca llegó a inscribir dicho embargo en el Registro de la Propiedad.

El resumen cronológico de los hechos es el siguiente.

16 de abril de 2012: Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás aceptan la donación, a partes iguales, de la totalidad de las participaciones de Sismédica SL. Dicha sociedad es propietaria de un local de oficinas en Madrid.

5 de septiembre de 2013: en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM), número 6.998, página 819, se publica una diligencia de embargo contra Sismédica SL.

30 de junio de 2014: la empresa celebra una Junta Universal para aprobar las cuentas del ejercicio anterior. Los hermanos Díaz Ayuso acuerdan imputar a pérdidas de años anteriores los 6.295 euros de beneficios que habían obtenido en 2013.

5 de mayo de 2015: el Ayuntamiento publica en el BOAM número 7.405, página 391, una providencia de apremio y diligencia de acumulación de las deudas tributarias de Sismédica SL.

13 de enero de 2016: el Ayuntamiento publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 11, suplemento 1, página 7.013, una notificación de ejecución contra la sociedad.

11 de noviembre de 2016: el Ayuntamiento publica en el BOE número 273, suplemento 1, página 15.439, una notificación de ejecución contra Sismédica SL.

30 de diciembre de 2016: el Juzgado de Primera Instancia número 31 de Madrid adjudica en subasta el inmueble a Bankinter, que solicitó la ejecución hipotecaria después de que Sismédica SL dejase impagado un préstamo. Bankinter, a su vez, cede el inmueble a su filial Intermobiliaria SA.

9 de agosto de 2017: el Ayuntamiento publica en el BOE número 189, suplemento 1, página 8.089, una notificación de ejecución contra Sismédica SL.

18 de octubre de 2017: el Juzgado dicta decreto de adjudicación de la oficina a favor de Intermobiliaria SA, que pasa a ser el nuevo titular del inmueble.

6 de junio de 2019: Ayuso incluye en su declaración de bienes y rentas que es propietaria del 50% de una sociedad limitada, que no identifica, pero que se trata de Sismédica SL. La sociedad está ahora inactiva y no tiene propiedades a su nombre.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/01/todas_las_claves_para_entender_los_tres_escandalos_que_afectan_presidenta_madrilena_98346_1012.html

LA INACCIÓN DE AVALMADRID FACILITÓ EL IMPAGO DEL AVAL A LA COMPAÑÍA PARTICIPADA POR EL PADRE DE DÍAZ AYUSO

Un informe encargado por la compañía revela que se pudo emprender la vía penal, pero que los posibles delitos ya han prescrito

La falta de controles periódicos de la solvencia de los avalistas del crédito de 400.000 euros facilitado en 2011 por Avalmadrid a una empresa participada por el padre de Isabel Díaz Ayuso impidió iniciar a tiempo "una acción penal (...) recomendable" para aclarar si se había cometido "un posible delito de alzamiento de bienes". Así lo recoge un informe encargado por el ente semipúblico para estudiar cómo cobrar la deuda, al que accedió EL PAÍS, y que considera prescrita cualquier responsabilidad penal. Antes del primer impago, la ahora presidenta regional aceptó la donación del piso familiar, que quedó fuera del alcance de los acreedores.

MC Infortécnica, cuya matriz estaba participada al 25% por el padre de Díaz Ayuso, recibió en 2011 un aval de 400.000 euros garantizado con una nave de este, y el patrimonio de todos los socios. Ese dinero nunca se devolvió en su totalidad, y Avalmadrid tuvo que hacer frente a la deuda adquirida con el banco que había concedido el crédito. Ocho años después, el ente semipúblico, que está participado al 31,07% por la Comunidad de Madrid, encargó este verano un informe a una empresa externa para estudiar cómo podía recuperar la inversión. Los especialistas contratados describen cómo varias de las propiedades empleadas como aval fueron donadas o vendidas sin que la deuda que sostenían se hubiera visto satisfecha. Y sus conclusiones, que llegaron en julio, son demoledoras.

Un informe propone la vía civil para recuperar la deuda

El dinero que los avalistas de MC Infortécnica aún no han devuelto es recuperable. Esa es la opinión de los técnicos contratados por Avalmadrid para estudiar la situación del polémico aval, que entregaron sus conclusiones a finales de julio. Así, la entidad tiene sobre la mesa una posible solución.

"El titulo a ejecutar contra los fiadores es la póliza, y debe por ello presentarse demanda de ejecución de títulos no judiciales", afirman los dos expertos que firman el análisis, y que detallan uno a uno todos los errores que consideran que cometió Cobralia, la empresa a la que Avalmadrid vendió el cobro de la deuda.

"Se debía haber tenido en cuenta desde la dirección letrada que la no interposición de reclamación frente a los avalistas, ni en paralelo a la Ejecución Hipotecaria, ni con inmediatez tras la adjudicación del bien inmueble [la finca del padre de Díaz Ayuso en Sotillo de Adrada], ha perjudicado la recuperabilidad del expediente", argumenta el estudio; "debiéndose haber tenido en cuenta la ralentización del procedimiento por causa de las notificaciones a los herederos, y cómo esa ralentización podía tener —y de hecho tiene— incidencia directa en la desaparición de la solvencia que constaba de los avalistas, que además habían sido conocedores del procedimiento por expresa petición".

Tras un proceso judicial, Avalmadrid pudo ejecutar la principal garantía del aval: se quedó con una nave industrial en Sotillo de la Adrada (Ávila) valorada en poco más de 200.000 euros. El resto de la deuda, en la que se suman capital más intereses, sigue pendiente de cobro. Y aún puede cobrarse, según el informe.
"La ausencia de solvencia [actual de los avalistas] es patente, constando avalistas sin ningún tipo de fincabilidad (...) y otros casos en los que se ha comprobado el cambio de titularidad de la fincabilidad que constaba inicialmente", arranca el informe sobre los cambios en los patrimonios de los socios. "En vía penal, estamos ante un posible delito de alzamiento de bienes [que] habría prescrito en 2017", sigue el documento. "Los autores del posible delito están fallecidos, y se podría intentar extender la responsabilidad penal, en este caso como cooperadores necesarios, a los receptores tanto de la donación como de la compraventa", añade. "Para ello necesitaríamos acreditar el dolo en el momento de la comisión del delito (...) lo que sería muy difícil por no decir imposible", observa. "Todos estos aspectos, la solvencia y el devenir de la misma, debieron ser analizados y advertidos a Avalmadrid con anterioridad, en el seno del procedimiento civil, para lo que resultaba no imprescindible pero sí conveniente el inicio de la reclamación frente a todos y cada uno de los avalistas", recalcan los especialistas contratados por Avalmadrid, muy críticos con Cobralia, la empresa de recuperación de deudas a la que Avalmadrid le vendió el expediente. "Es práctica habitual que una vez al año se analice la solvencia de los deudores, por si se hubiera producido un cambio brusco (que en este caso fue así) de su situación patrimonial", apuntan. "Con una investigación anual, las evidencias hubieran sido determinantes. Y el posible inicio de una acción penal no solo sería posible sino recomendable".

Los especialistas externos contratados por Avalmadrid ponen en duda la estrategia del letrado que llevó el caso y el seguimiento hecho de la situación de los bienes que debían servir de garantía por parte de Cobralia. Según una fuente conocedora de la operativa de esta empresa, Avalmadrid era informada periódicamente de la marcha de los cobros, y de los pasos dados para lograrlos. Es decir, sabía lo que se hacía.

El expediente original del aval a MC Infortécnica explicita que los socios de la compañía responderían de cualquier impago con un aval solidario sustentado en sus bienes. Estos fueron valorados en más de un millón. Pese a ello, Avalmadrid nunca recuperó el total de los 400.000 euros.

"Incumplidas las obligaciones de dicha operación de crédito desde la primera cuota, asume Avalmadrid las suyas abonando las cuantías pendientes", resume el informe encargado en julio por el ente semipúblico.

¿Por qué encargó Avalmadrid ese estudio una vez que había estallado el escándalo?

El departamento de comunicación de la entidad no respondió ayer a la petición de información de este diario, prorrogando el silencio que mantiene frente a todas las preguntas planteadas durante este verano.

Una entidad descabezada

En medio, Avalmadrid ha vivido una lucha interna en el que la solicitud de este informe sobre un aval de 2011 funcionaría como una forma de aclarar las responsabilidades de los antiguos y los actuales gestores.
Como viene informando este periódico, el Banco de España sancionará próximamente a esta sociedad de garantía recíproca por haber concedido avales a compañías que ya tenían problemas financieros, que estaban vinculadas a miembros de sus órganos de gobierno, y que no devolvieron el dinero avalado. La autopsia forense encargada por Avalmadrid como consecuencia de la apertura de ese expediente llevó a que la propia entidad denunciara avales a sociedades vinculadas con Arturo Fernández y Gerardo Díaz Ferrán (la fiscalía consideró que había prescrito). Y esa decisión desencadenó fricciones internas.

Pedro Embid, director general de Avalmadrid, seguiría en el cargo mientras se le busca sustituto. Y Rosario Rey, hasta ahora presidenta, cargo que ocupaba por haber sido nombrada directora general de Economía de la Comunidad, ha sido cesada tras la llegada al poder de Díaz Ayuso. Mientras crece la polémica, Avalmadrid está descabezada.

Lo que se sabe de la operación

Isabel Díaz Ayuso confesó este lunes que antes de que Avalmadrid concediera un aval de 400.000 euros a MC Infortécnica, una empresa participada por su padre, ella misma buscó vías de financiación. “Yo pregunté con qué persona podía hablar para que se le solicitara un crédito a esa empresa”, dijo. “Pregunté, simplemente, con qué persona podía hablar para que, a su vez, si se daban las garantías, esa compañía pudiera ser, o no, avalada”, añadió. Y recalcó: “[A mi padre] le preocupaba que el poco patrimonio que tenía, lo heredáramos”. La presidenta no especificó cuándo hizo esas gestiones, más allá de que fueron previas a que adquiriera la condición de diputada —julio de 2011—.

A inicios de 2011, Infortécnica tramita un aval de Avalmadrid. El ente da el visto bueno si aporta una tasación de una nave industrial en Sotillo de la Adrada (Ávila), perteneciente al padre de Díaz Ayuso, que llegue a los 200.000 euros. Los tasadores valoran la finca en 213.596,40 euros, pero advirtiendo de que incumple la normativa urbanística.

En marzo de 2011, el coordinador del departamento de riesgos de Avalmadrid avisa al responsable del ente de que la tasadora muestra dudas sobre la finca que ofrece como contraprestación la empresa solicitante. En media hora, tiene respuesta. Hay que conceder el aval: “Ok, adelante”, le contestan. Al final se avalan 400.000 euros.

El 14 de julio de 2011, Isabel Díaz Ayuso escribe a un directivo de Avalmadrid, como adelantó EL PAÍS. Quiere informarse del aval. Inicia un intercambio de correos en el que expresa sus dudas sobre los socios de sus padres y describe la mala situación de la empresa.

En octubre de 2011,los hijos del matrimonio Díaz Ayuso aceptan la donación de dos viviendas de sus padres. Posteriormente, llegan los impagos.

https://elpais.com/ccaa/2019/08/30/madrid/1567183599_204899.html

EL TESTIMONIO DE LA EMPRESARIA A LA QUE AVALMADRID SÍ 'ARRUINÓ' LA VIDA: «ME CONTESTABAN CON FRASES DEL TIPO 'NOSOTROS NO SOMOS UNA ONG'»

El 14 de febrero de 2018, Ascensión Lucha compareció en la Asamblea autonómica para explicar su experiencia con Avalmadrid tras recibir un crédito de 47.000 euros que no pudo devolver: "Sólo recibí desprecio y silencio"

"Me arrepentiré el resto de mi vida de haber querido convertir un sueño en realidad gracias a Avalmadrid", confesó la empresaria

La experiencia de Ascensión Lucha contrasta con la de los socios de MC Infortécnica, entre ellos los padres de Ayuso, que dejaron impagado un crédito de 400.000 euros en 2011 sin que Avalmadrid haya actuado contra ellos

Avalmadrid, dedicada a la financiación de las pymes madrileñas y cuyos principales accionistas son la Comunidad de Madrid y Bankia –con algo más del 30% de capital cada una–, no hacía la vista gorda con todos los expedientes de impago a los que se enfrentaba. Una prueba de ello se encuentra en el testimonio de Ascensión Lucha, que compareció el 14 de febrero de 2018 ante la Comisión de Economía de la Asamblea de Madrid. Era una pequeña empresaria que se benefició de una de las garantías de la entidad semipública. “Me he arrepentido, me arrepiento y me arrepentiré el resto de mi vida de haber querido prosperar y convertir un sueño en realidad gracias a Avalmadrid”, confesó la afectada durante su intervención, en la que explicó que llevaba diez años intentando “todo tipo de acuerdos para el pago” y que siempre había recibido por parte de la entidad “desprecio y silencio”. “Ya se han llevado mi dignidad, mi autoestima, mi carácter, mi vitalidad y hasta las ganas de vivir”, recalcó Lucha a lo largo de su comparecencia.

Avalmadrid lleva semanas en el ojo del huracán por el expediente sancionador que hay abierto contra ella en el Banco de España y, sobre todo, por su actuación en relación con el préstamo de 400.000 euros que Avalmadrid concedió en marzo de 2011 a la empresa MC Infortécnica, participada por los padres de la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Esta operación tenía una única garantía hipotecaria –una nave industrial en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila) propiedad del padre de Díaz Ayuso– y el aval solidario de los ocho accionistas de la empresa, que obliga a responder de la devolución del préstamo con todos los bienes presentes y futuros de los avalistas. MC Infortécnica ni siquiera hizo frente en diciembre de 2011 al pago de la primera cuota. El 2 de abril de 2012, el Comité de Morosidad de la empresa acordó cancelar el préstamo, ejecutar la única garantía hipotecaria y proceder contra los avalistas, tal y como reveló infoLibre. Siete años después, ninguno de los equipos directivos que ha tenido Avalmadrid ha emprendido acción alguna contra los accionistas morosos de la empresa, que aprovecharon para deshacerse de sus bienes: ocho de los 14 inmuebles de los accionistas de la firma participada por los padres de Ayuso han cambiado de titular a través de donaciones o ventas prohibidas por ley.

La manera de proceder de Avalmadrid en relación con los socios de MC Infortécnica contrasta con la actuación de la entidad en el caso que expuso Asunción Luchana en la Asamblea de Madrid. Esta pequeña empresaria, siempre según su declaración, formalizó un préstamo de 47.000 euros en 2007 para montar una tienda de muebles y decoración. Un negocio, en el municipio madrileño de Las Rozas, que empezó a renquear un año después con el estallido de la crisis económica. “Ahí comenzó el declive y el inicio de mis problemas, que llevo arrastrando la friolera de diez años y que, a pesar de haber intentado todo tipo de acuerdos –que están documentados– para el pago, siempre han sido desoídos por parte de los diferentes responsables de la deuda”, comenzó relatando Luchana en el Parlamento madrileño. Tras ponerse en contacto con La Caixa, la entidad que había puesto el dinero que afianzaba Avalmadrid, empezó a negociar con los gestores de esta última entidad en busca de una “solución aplazada” de la deuda que todavía le faltaba por pagar.

“Desprecio y silencio” por parte de Avalmadrid

Su caso terminó recayendo en un trabajador de Avalmadrid que “jamás” le concedió “una cita” para personarse en las oficinas y “poder hablar” de su situación. “En cada llamada telefónica que yo realizaba, o me daba largas o me contestaba con frases del tipo: ‘Nosotros no somos una ONG”, señaló Lucha, quien aseguró durante su testimonio que llegó a ofrecer “la venta” de una vivienda que tenía en Talavera de la Reina (Toledo) para hacer frente a la deuda. “Su contestación fue que no eran una inmobiliaria”, apostilló la pequeña empresaria, explicando a renglón seguido que su desesperación llegaba hasta tal punto que en enero de 2009 optó por escribir directamente al entonces presidente de Avalmadrid, Juan Manuel Santos Suárez, y a los líderes del Ejecutivo madrileño y central, Esperanza Aguirre y José Luis Rodríguez Zapatero. “¡Nunca recibí respuesta!”, exclamó Lucha en la Asamblea de Madrid.

Cada vez más “hundida”, la propietaria de este negocio intentó, sin éxito, comunicarse “directamente con doña Virginia del Águila, abogada de Avalmadrid”, de la que en el momento de su comparecencia todavía seguía “esperando una respuesta”. “Y, mientras tanto, yo intentaba buscar una solución y ellos no paraban de enviarme cartas reclamándome el total de la deuda. Si el propósito de tal envío era poder defender que se me habían hecho las oportunas reclamaciones, lo hicieron bien, pero entre medias yo intentaba, por otro lado, llegar a un acuerdo que nunca se produjo”, continuó relatando Lucha. Con la desesperación en aumento, le contó su situación al director del banco en el que ella tenía contratada la hipoteca. Y este se puso en contacto con la entidad semipública, “donde le contestaron que se metiera en sus asuntos”. “Si Avalmadrid hubiera querido renegociar esa deuda, diez años después ya estaría abonada más de la mitad”, aseveró Lucha, quien denuncia que sólo recibió “desprecio y silencio” por parte de la entidad.

“Me niego a seguir parada viendo cómo siguen hundiéndome”

En julio de 2013, siempre según su testimonio, recibió las primeras noticias de Cobralia, la empresa que entonces se encargaba del cobro de deudas de Avalmadrid y cuyo nombre también aparece en el caso Ayuso. Eso sí, con una diferencia: no consta que en el expediente de MC Infortécnica realizase una sóla gestión contra los morosos. En primer lugar, Cobralia le ofrece “la posibilidad de pagar 150 euros mensuales durante un año para demostrar la voluntad de pago” y para que el gestor con el que estuvo en contacto pudiera “negociar una quita y un pago aplazado”. A pesar de que su abogada se lo desaconsejó, contó Lucha en la Asamblea, la pequeña empresaria decidió abonar esa cuota durante esos 12 meses. Transcurrido el plazo, se volvió a poner en contacto con Cobralia a través de su abogada, a la que dijeron que no habría ninguna negociación hasta que Lucha no tuviera “una cantidad fija para negociar”. En enero de 2017, la empresa de cobros le ofreció una nueva propuesta: “pagar 300 euros al mes durante cinco años” a cambio de quitar la demanda del juzgado y que no se produjeran embargos.

“Me niego a seguir parada viendo cómo mis abogados de oficio, los diferentes abogados de Avalmadrid y Cobralia y sus respectivos gestores siguen hundiéndome y sumiéndome en esta condena”, continuó la beneficiaria del aval de la entidad semipública, quien aseguró que es “peor que estar en la cárcel” porque “cuando cometes un delito sabes que una vez que cumplas tu condena podrás ser libre”. “Pero a mí, ¿qué me queda? La soledad, el empobrecimiento, tener una hija sin posibilidad de poder seguir estudiando por no tener dinero ni un trabajo digno para poder costearlo. A mí, ¿qué me queda? Ya se han llevado mi dignidad, mi autoestima, mi carácter, mi vitalidad y, a veces, si no fuera por mi hija, hasta las ganas de vivir”, se sinceró Lucha ante los miembros de la Comisión de Economía.

“Me arrepentiré el resto de mi vida de haber querido convertir un sueño en realidad con Avalmadrid”

Antes de finalizar su intervención, la afectada quiso responder a varias afirmaciones que había realizado anteriormente el ex director general de Avalmadrid Jorge Morán. “Según palabras suyas, los bancos no tienen la sensibilidad, ni el conocimiento, ni la flexibilidad, ni las características que tiene Avalmadrid. […] Y yo voy a contestar: me he arrepentido, me arrepiento y me arrepentiré el resto de mi vida de haber querido prosperar en la vida y convertir un sueño en realidad gracias a Avalmadrid”, dijo Lucha, que quiso dejar claro que esta entidad “recibe fondos públicos”. “Por último, [Morán] dijo: el emprendedor no tiene historial económico, es un proyecto sobre el papel que hay que evaluar. Pues a mí me pidieron la vida laboral, las escrituras de mi casa y el saldo de una cuenta bancaria, entre otros muchos documentos. Nada más”, cerró la compareciente en su primera intervención en la comisión parlamentaria.

“Hace cinco años me insultaban”

Tras las intervenciones de los distintos portavoces en el órgano de la Asamblea de Madrid, Lucha volvió a tomar de nuevo la palabra para cerrar definitivamente la comparecencia. Y durante algunos minutos más se centró, entre otras cosas, en relatar “lo que hace Cobralia, las extorsiones, los insultos”. “Me ponen música durante tres días seguidos de 8 de la mañana a 22 horas. Me ponen una musiquita y me llaman cada media hora o cuarenta minutos. (…) Se tiran dos semanas y no sé nada de ellos, a la tercera semana me llama una operadora para preguntarme: ¿Tiene usted la cantidad? ¿No? ¡Ah, venga, vale, adiós, ciao! Así es como me hablan. Esas son las faltas de respeto”, relató Lucha, que terminó aclarando que “eso ocurre con los de ahora, que son un poquito más civilizados”. “Hace cinco años me insultaban y me las he comido dobladas”, sentenció.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/08/31/el_testimonio_empresaria_que_avalmadrid_arruino_vida_contestaban_con_frases_del_tipo_nosotros_no_somos_una_ong_98343_1012.html

UNOS “SORPRENDENTES” AVALES HASTA PARA LA CONCESIONARIA

La fiscalía ve prescritas las operaciones con Díaz Ferrán y Arturo Fernández

El terremoto interno que provocó en Avalmadrid el expediente sancionador abierto por el Banco de España —de próxima conclusión con fuertes multas, previsiblemente para la Comunidad, el ente y algunos de sus directivos— llevó a la institución a encargar una auditoría externa. Su resultado obligó a denunciar la concesión de varios avales “por carecer de lógica económica y ser aparentemente discrecionales, existir vinculaciones entre los miembros del órgano de Avalmadrid que aprobó la operación y sus beneficiarios, y haber causado un perjuicio económico a Avalmadrid”, según documentación a la que accedió este diario.

Aunque la Fiscalía considera prescrito cualquier delito, estos fueron los “sorprendentes” avales concedidos a empresas de Gerardo Díaz Ferrán —condenado en 2015 por el vaciamiento patrimonial del grupo Marsans— o Arturo Fernández —condenado por el caso de las tarjetas black de Bankia—.Central de compras Cantoblanco. Arturo Fernández, propietario del Grupo Cantoblanco, fue presidente de CEIM entre 2007 y 2014, siendo CEIM uno de los socios protectores y consejero de Avalmadrid. A finales de 2011, sus cuentas estaban en negativo. A esta filial se le concedió un aval en abril de 2013. No se solicitaron garantías a pesar del alto riesgo de la operación. El aval, según la propia Avalmadrid, era “desproporcionado”. En consecuencia, entró en morosidad en octubre de 2014 con una morosidad del 50%, siendo del 100% en junio de 2015.

Rural Tours Viajes SA y Trap SA. Gerardo Díaz Ferrán, socio y miembro del Consejo de Administración de Viajes Marsans, fue presidente de la CEOE entre 2007 y 2010, siendo CEIM miembro de la CEOE, y siendo tres miembros de CEIM parte del Consejo de Administración de Avalmadrid en 2010, y uno de ellos parte de la Comisión Ejecutiva que aprobó los avales. A estas dos entidades relacionadas se les conceden siete avales en febrero de 2010, de entre 200.000 y 900.000 euros. La decisión se tomó pese a las advertencias del analista de riesgos de Avalmadrid sobre la mala situación financiera del Grupo Marsans. Solo cuatro meses después, en junio, este se declaró en concurso. Las garantías ofrecidas no tenían valor alguno.
The Tie Gallery España. El administrador único de la beneficiaria era miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid en el momento de su concesión. El valor del aval fue de 100.000 euros. Se dio el visto bueno pese a que la sociedad llevaba tres años en pérdidas; a que las existencias eran superiores a las ventas; y a que las garantías exigidas fueron inferiores a las recomendadas por el analista.

https://elpais.com/ccaa/2019/08/30/madrid/1567192717_439554.html

LOS PROYECTOS RUINOSOS DE AVALMADRID: DE UN PARQUE FOTOVOLTAICO EN TEXAS A UNA PELÍCULA EN EL ESCORIAL CON JULIA ORMOND

La entidad semipública que ayuda a pymes madrileñas acabó avalando algunos negocios ruinosos para sus cuentas, tal y como advirtió el Banco de España en su informe

Financió con casi tres millones la construcción de un parque de paneles solares en EEUU por parte de una sociedad de mayoría surcoreana que dejó el dinero a deber

También financió 'La Conjura del Escorial', una película que no tenía un contrato firmado de distribución cuando recibió 1,3 millones, y que protagonizaba Julia Ormond

La empresa semipública Avalmadrid (más del 40% la financia la Comunidad y 40% Bankia) avaló numerosos proyectos ruinosos en la época que ha investigado el Banco de España (de 2008 a 2016, bajo los gobiernos de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes). Según constata también la auditoria de 2019 del propio ente, de los 167 avalados que se pusieron bajo investigación, 100 arrojaron irregularidades y más de un tercio de los 82 millones de euros concedidos resultaron morosos o dudosos.

Entre las malas decisiones que se tomaron en el ente controlado por la Comunidad de Madrid, que tiene la presidencia, el informe interno destaca algunas operaciones que beneficiaron a sociedades fuera del tejido empresarial madrileño, al servicio del que supuestamente se puso Avalmadrid —que el año pasado firmó avales por 352 millones, de modo que los avalados investigados son unos pocos pero los de mayor importe—.

Un ejemplo de operación que salió mal para las arcas públicas en ese periodo fueron los 2,8 millones que se facilitaron a la empresa energética Ercam para que construyera un parque fotovoltaico en Texas (EEUU). La situación de partida era buena, pero la empresa española no estaba sola, sino en coalición con OCI Solar Power, una empresa surcoreana que tenía el 51% de la sociedad que iba a construir esa planta, es decir, la mayoría. El macroproyecto fue en parte financiado por Avalmadrid, que iba a recibir como garantía "derechos de crédito que se generasen de la venta de energía solar volcada al sistema eléctrico americano". Pero nunca vio ni un euro.

La primera operación de financiación que se aprueba es de un millón y medio, y sale adelante en 2014 contra las instrucciones del Banco de España, que había alertado en 2012 de que no se podían seguir aprobando operaciones millonarias que no contaran con un reaval asegurado al 100% (esta lo tenía al 50%). Pese a que contravenía los requerimientos de la máxima autoridad bancaria, los consejeros de Avalmadrid siguieron dando salida a operaciones de alto riesgo tras hacer creer al Banco que había implementado mejoras. El segundo aval se concede para refinanciar el primero, ya que la sociedad de construcción pasaba entonces por dificultades financieras.

El mismo año en el que se concede el primer aval y se ayuda a una iniciativa en EEUU aunque con un socio español, la empresa surcoreana hace una ampliación de capital, diluye a Ercam en el accionariado y se asocia con otra empresa tecnológica surcoreana, de modo que la española queda fuera del proyecto, no recibe nunca esos derechos de venta de energía solar y los créditos no se pagan. Las garantías que se dieron no sirven ahora para nada y Avalmadrid se queda al descubierto.

La propia auditoría critica que el ente semipúblico se metiera en un "macroproyecto" en un sector que requiere "extremo expertise en un marco internacional muy regulado que entendemos se escapaba del conocimiento suficiente de Avalmadrid".

Una película en El Escorial

Una operación de aval que quedaba muy cerca de casa pero igualmente ruinosa fue La Conjura del Escorial, como adelantó El Confidencial. Era una película de intrigas palaciegas que se desencadenan tras un asesinato en la corte de Felipe II y que se rodaba en la localidad madrileña, Toledo, Úbeda o Jaén. El proyecto, del actor y directo Antonio del Real, costaba 11,25 millones y lo producía Máscara Films, empresa de la que él tenía el 40%. Su principal gancho eran los actores internacionales Julia Ormond, que hacía de princesa de Éboli, y Jason Isaacs. Compartían reparto con Juanjo Puigcorbé, Concha Cuetos, Rosana Pastor o el italiano Fabio Testi. Una de las guionistas fue la escritora Marta Rivera de la Cruz, hoy dirigente de Ciudadanos y Consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.

En la presentación del rodaje, Del Real contó que había trabajado tres años en el proyecto y se quejó de que había "muchas zancadillas y trabas por parte de las instituciones", por ejemplo, a la hora de rodar en lugares históricos. En la parte económica sin embargo sí había recibido ayuda pública. Su proyecto estaba en parte garantizado por Avalmadrid y financiado por Caja Madrid y CRM, una sociedad semipública de la que eran accionistas la misma Caja Madrid y la Comunidad de Madrid. Todas estas empresas estaban interrelacionadas y compartían consejeros, de modo que los inversores eran los mismos que los avalistas, en evidente conflicto de interés que destaca también la auditoría. Especialmente en el caso de Pedro Olabarría, que era miembro del consejo de Avalmadrid y a la vez director general de CRM. Al principio iban a participar también Canal+ y la Comunidad de Castilla y León, pero estos inversores se echaron finalmente atrás.

En concreto, a Avalmadrid le había pedido 1,3 millones de euros de garantía y el plan era ingresar 15 millones de euros (recaudó menos de dos), pero el informe interno destaca que la película no disponía de recursos propios más allá de la financiación y posibles subvenciones, y todo se fiaba al interés de los espectadores, que fue mucho menos del esperado. De hecho, cuando se le concedió el aval ni siquiera tenía firmado un contrato de distribución (solo una carta de interés de Sony que nunca se materializó). Se estrenó en septiembre de 2008, después de necesitar un segundo aval de 300.000 euros para el que el director de la película aportó una casa como garantía y que fue embargada, de modo que Avalmadrid pudo recuperar este segundo aval aunque no el primero, de un millón, según relata la auditoría.

Un club social fracasado

Otro proyecto millonario que acabó mal fue el del Club Social Santo Domingo, que recibió 4,2 millones (uno
de los importes más altos de los investigados) para construir un recinto de instalaciones deportivas y restaurantes en el municipio de Algete. Necesitaban unos 3.500 socios que pagaran entre 12.000 y 18.000 euros al año, pero la auditoría destaca que ni siquiera presentaron un plan de negocios completo y, aún así, reciben el dinero, que no ha sido recuperado. La empresa está en concurso de acreedores.

Nutren la lista de avales investigados, y que quedaron sin cobrar, los solicitados por Arturo Fernández y Gerardo Díaz Ferrán, empresarios, presidentes de patronal y amigos de Esperanza Aguirre, a cuyo partido financiaron a través de Fundescam. Los empresarios recibieron seis millones de euros en avales semipúblicos con sus empresas en situación de quiebra y ayudados, en el caso del dueño de Marsans, por una carta enviada por el consejero de Economía de Aguirre. También la auditoría interna de Avalmadrid destaca conflictos de interés en otras operaciones a través de las que se que financiaron proyectos de hijos, suegros o hermanos de consejeros, además de empresas en los que éstos últimos tenían intereses.

La investigación del Banco de España ha dado lugar a una propuesta de multa para Avalmadrid y la Consejería de Economía de Madrid. La Fiscalía ha constatado indicios de "créditos fraudulentos", aunque ha archivado la causa por prescripción de los delitos. En la Asamblea, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos han pedido una comisión de investigación sobre la entidad y presentarán preguntas sobre el crédito que recibió el padre de Isabel Díaz Ayuso, y por el que la presidenta medió cuando ya estaba en política.

https://www.eldiario.es/madrid/Avalmadrid-financiando-fotovoltaico-Texas-surcoreano_0_936856770.html

 

CS SE ABRE A APOYAR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AVALMADRID

El partido de Aguado prestaría sus decisivos votos a la iniciativa del PSOE si es "rigurosa, seria y jurídicamente responsable"

El PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos presentarán la próxima semana en la Asamblea una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre Avalmadrid. Los votos de Ciudadanos será decisivos para que salga adelante esta comisión y, según el portavoz regional de Ciudadanos, César Zafra, darán su apoyo para hacerlo si se presenta una iniciativa "rigurosa, seria y sobre todo jurídicamente posible".

Además, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos llevará al pleno de la Asamblea de Madrid una proposición no de ley en la que pide "llevar a cabo todas las actuaciones que sean necesarias para extinguir su relación con la entidad Avalmadrid". La entidad -desprestigiada por los escándalos que afectan a su actividad y que incluyen un polémico aval de 400.000 euros concedido en 2011 a una empresa participada por el padre (ya fallecido) de Isabel Díaz Ayuso, que nunca se devolvió- está participada a un 31,07% por la Comunidad de Madrid.

El polémico ente semipúblico avaló a compañías que ya tenían problemas financieros, que estaban vinculadas a miembros de sus órganos de gobierno, y que no devolvieron el dinero avalado. En el caso de Díaz Ayuso, la política hizo llamadas y se intercambió correos con directivos del ente para aclarar el polémico aval dado a una empresa de su padre, tal y como desveló EL PAÍS el pasado 6 de agosto.

La propuesta de la creación de una comisión de investigación impulsada por los socialistas pide investigar las operaciones de Avalmadrid entre 2007 y 2018. En consecuencia, sus trabajos podrían afectar al aval concedido en 2011 a una empresa participada por el padre Díaz Ayuso, la nueva presidenta de la Comunidad, que nunca se devolvió. Antes del primer impago, la líder popular aceptó la donación del piso familiar, que así quedó fuera del alcance de posibles acreedores.

"Dada la situación de desconfianza que se ha generado en torno a la gestión de esta entidad, el Gobierno de la Comunidad de Madrid debe tomar medidas para aclarar cualquier posible delito o irregularidad que se haya podido producir, así como dejar de aportar fondos públicos procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid", señala Zafra en el texto. La proposición no de ley también recoge "ofrecer la máxima colaboración política y judicial para esclarecer cualquier posible delito o irregularidad que se haya podido cometer en el seno de la entidad Avalmadrid S.G.R."

El actual vicepresidente de la Comunidad y líder regional de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha afirmado en varias ocasiones que son partidarios de cerrar Avalmadrid o al menos retirar la participación de la Comunidad de Madrid, aunque no ha opinado sobre los contactos (llamadas y correos) de Díaz Ayuso con Avalmadrid.

Tras el cese este jueves de la presidenta de Avalmadrid, el consejero de Economía, Manuel Giménez -nombrado por Ciudadanos, a quien corresponde esta cartera en el Gobierno de coalición con el PP- tendrá que nombrar un nuevo equipo con sus direcciones generales y una de ellas es la que estará a cargo de Avalmadrid.

QUÉ ES AVALMADRID

Avalmadrid es una sociedad de garantía recíproca con un doble objetivo: “Por un lado, facilitar el acceso a una financiación preferente tanto en coste como en plazo y, por otro, otorgar avales y fianzas frente a las Administraciones Públicas y ante terceros, en condiciones mucho más ventajosas que las que puede ofrecer la banca tradicional”. En 2018, formalizó más de 1.600 avales por un valor de 84 millones de euros, según su informe anual.

La Comunidad, la confederación empresarial de Madrid, la cámara de comercio regional, Bankia, Santander y Caixabank tienen presencia en su consejo.

https://elpais.com/ccaa/2019/08/30/madrid/1567158178_585572.html


AVALMADRID ENGAÑÓ AL BANCO DE ESPAÑA Y SIGUIÓ APROBANDO AVALES MILLONARIOS DE ALTO RIESGO PESE A LOS AVISOS

El Banco de España alertó en 2012 de que el 1% de los avalados acumulaban el 30% del riesgo de la entidad semipública y le urgió a reducir esa concentración

Avalmadrid, presidida por el hombre de Esperanza Aguirre en la entidad, no solo no lo hizo, sino que engañó a la máxima autoridad bancaria haciéndole creer que cambiaba su manual de riesgos

Avalmadrid autorizó operaciones millonarias a favor de siete empresas en ese periodo. Uno de los beneficiados fue Arturo Fernández, presidente de la patronal y amigo de Aguirre, que recibió 2,5 millones contra las normas del Banco de España

Avalmadrid es una entidad financiera semipública "constituida por y para las pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid", según asegura en su página web. La teoría parecía clara, pero la práctica no fue así. Además de los autónomos y las pymes, gran parte de sus avales –que sirven a su vez para conseguir financiación– fueron aprovechados por unas pocas manos, todas ellas relacionadas personal, empresarial o familiarmente con los propios consejeros o con el PP de Madrid.

En el año 2012, los inspectores del Banco de España investigaron por primera vez a Avalmadrid y emitieron un demoledor informe sobre esta entidad, al que ha tenido acceso eldiario.es.

El Banco de España detectó que Avalmadrid estaba siendo utilizada para financiar mucho a unos pocos. "El 1,7% de los acreditados/avalados cuentan con un riesgo individual superior a un millón de euros y acumulan el 30,6% de los riesgos en vigor a diciembre de 2011", dice el informe del Banco de España. Traducido: el 1% ordeñaba casi un tercio de los recursos financieros de Avalmadrid.

Entre esos pocos avalados VIP estaban los empresarios y dirigentes patronales Arturo Fernández (CEIM) y Gerardo Díaz Ferran (CEOE), que fueron financiados con seis millones en diferentes operaciones que han dejado casi en su totalidad sin devolver. Ambos empresarios eran a su vez donantes de Fundescam, la fundación opaca que investiga la Audiencia Nacional porque el PP la utilizó para su presunta financiación ilegal.

El Banco de España urgió en noviembre de 2012 a la sociedad a resolver esta acumulación de tantos recursos en tan pocas manos. "Deberán aplicar una política crediticia que disminuya la concentración existente en su cartera de avalados con un riesgo particular significativo", les ordenó.
El Banco de España pedía expresamente que se limitaran los avales a clientes que no tuvieran un segundo aval en caso de estar en apuros para saldar el crédito. A esta red de seguridad se la llama reaval o reafianzamiento.

Avalamadrid no solo no implementó la orden de la máxima autoridad bancaria del país, sino que le hizo creer que lo había hecho y así se lo comunicó en una carta fechada el 19 de diciembre de 2012, el mismo año del informe. "El consejo de administración acuerda limitar el importe máximo por operaciones financieras a las cantidades máximas de reaval (...) y que estas instrucciones se incorporen al Manual de política de Riesgos", se comprometió Avalmadrid, según el contenido literal de la misiva que consta en el expediente de sanción del Banco de España, al que ha tenido acceso eldiario.es (abajo, el expediente completo).

La fecha de implementación a la que se comprometía Avalmadrid en esa misma carta era "el 1 de enero de 2013". No se hizo así.

Cuando volvieron los inspectores del Banco de España, el 28 de noviembre de 2016, se dieron cuenta de que nada de eso había ocurrido en esa fecha. Avalmadrid no solo no había mejorado el control, sino que había seguido aprobando operaciones de más de un millón de euros con apenas siete empresas. El importe concedido en condiciones de riesgo pese a las advertencias sumaba 10,7 millones, de los cuales 6,4 no tenían posibilidad de reaval.

Uno de los empresarios a los que se le concedió una cantidad excesiva de dinero contra la normativa fue Arturo Fernández, empresario de cabecera de Esperanza Aguirre. El también presidente de la patronal madrileña, hoy condenado por las tarjetas black, recibió cinco avales entre mayo y julio de 2013, que sumaban 2,5 millones de euros y sin reaval, justo lo que impedía la normativa del Banco de España que a esas alturas estaba supuestamente implementada. Quedaron sin pagar 1,3 millones, aunque es posible que un parte de esa deuda se recupere con la ejecución hipotecaria de un chalet que puso Fernández como garantía.

Arturo Fernández era en aquel momento presidente de la patronal CEIM, uno de los accionistas de Avalmadrid. También fue consejero de Caja Madrid y luego Bankia hasta su intervención pública. Caja Madrid también mantenía un alto porcentaje de las acciones de Avalmadrid, más de un 40%.

Que la Comunidad Madrid no superara el 50% de las acciones era una garantía de opacidad. Si hubiera poseído la mayoría de las acciones, los controles públicos sobre gastos, contratos y funcionamiento habrían sido mayores en virtud de la Ley de Contratos 30/2007. Al repartir las acciones con Caja Madrid –también en manos del PP– el control por parte de este partido era igualmente absoluto, pero con menos obligaciones de transparencia.

Bajo la presidencia de la Comunidad de Madrid

El presidente ejecutivo de Avalmadrid era entonces era Juan Manuel Santos-Suárez, el hombre de Aguirre en la entidad y que representaba a la Comunidad de Madrid en un consejo controlado por el PP de Madrid. El gobierno de Esperanza Aguirre controlaba más de 40% de las acciones de Avalmadrid y Caja Madrid –también en manos del PP de Madrid– controlaba otro 40% adicional.

Juan Manuel Santos-Suárez es el mismo directivo que presidía la entidad cuando financió a Gerardo Díaz Ferrán pese a que ya era insolvente, tras recibir una carta del consejero de Economía que intercedía por el dueño de Viajes Marsans. Santos-Suárez, que ha declinado contestar a las preguntas de eldiario.es, es hoy consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el regulador bursátil. Fue nombrado por el gobierno del PP en mayo de 2014.

Bajo la presidencia ejecutiva de Juan Manuel Santos-Suárez se burlaron las normas al tiempo que se hacía creer al Banco de España que se iban a implementar, algo que incluso figura en las actas de los consejos de administración de Avalmadrid, que revisaron los inspectores del supervisor bancaria.

Según una de esas actas, en una reunión los consejeros hablaron de los requerimientos del Banco de España y tuvieron un debate sobre ello. Al acabar el debate decidieron "posponer la aprobación de la cuestión". Esto ocurrió en febrero de 2013 cuando, supuestamente, ya se habían restringido los grandes avales.

En el Manual de Riesgos seguía intacta la capacidad de autorizar avales millonarios de manera arbitraria, simplemente con que lo quisiera la "dirección argumentando razón mediante un informe favorable del Comité Directivo de Riesgos".

Cuando por fin en mayo de 2013 deciden aplicar las restricciones del supervisor bancario lo hacen a la baja.
En lugar de que solo se pueda dar un aval si esa cantidad está asegurada por un reaval, el consejo de administración decide que la cantidad máxima de aval sea "el 75% más" que la cantidad que tiene reaval. En la práctica, esto implica que Avalmadrid avalaba en solitario el 75% en vez del 100%.

Esta pequeña limitación entra en el Manual de Riesgos de Avalmadrid un año después, el 1 de julio de 2014.

Mientras tanto, se siguen dando créditos de riesgo y va subiendo la tasa de morosidad, que actualmente supera el 11%.

Finalmente, el 29 de julio de 2014, con año y medio de retraso, la entidad de crédito semipública Avalmadrid adopta realmente la instrucción del Banco de España. Han pasado casi dos años desde que el regulador bancario lo ordenó.

Por las irregularidades que halló de 2008 a 2016 y el retraso en cumplir con los requerimientos, el Banco de España ha propuesto multas para decenas de consejeros. También para la Consejería de Economía, dirigida en ese periodo por Antonio Beteta, el político de Aguirre que intercedió por el aval de Díaz Ferrán, y Percival Manglano.

Para Avalmadrid, el Banco de España propone 100.000 euros de sanción, según adelantó la Cadena Ser. La mayor parte del dinero de esta multa saldrá de las arcas públicas que se vieron perjudicadas por la concesión de avales de alto a riesgo. El 43% de Avalmadrid es de la Comunidad de Madrid y otro 42% es de Bankia, hoy un banco público.

El Banco de España no ha querido hacer declaraciones a eldiario.es sobre las inspecciones "al ser confidenciales".

https://www.eldiario.es/madrid/Banco-Espana-Avalmadrid_0_934056728.html

DIEZ EXCONSEJEROS DE AVALMADRID ESTÁN VINCULADOS CON OPERACIONES QUE DEJARON UN 'AGUJERO' EN LA ENTIDAD DE 10 MILLONES

En junio de 2019, según los datos manejados por la cúpula de Avalmadrid conocidos por infoLibre, existían 32 operaciones fallidas vinculadas con exconsejeros de la entidad. El importe total impagado: 10.028.643 euros

El nombre de Pedro Olabarría es el que más veces se repite: aparece vinculado a 15 préstamos diferentes que han dejado un fallido de 5,25 millones

Avalmadrid, dedicada a la financiación de las pymes madrileñas y cuyos principales accionistas son la Comunidad de Madrid y Bankia –con algo más del 30% de capital cada una–, no logra levantar cabeza desde el estallido del caso Ayuso. Instalada en la opacidad más absoluta, la entidad semipública ha evitado hasta la fecha aclarar cualquier aspecto relacionado con el crédito de 400.000 euros concedido a MC Infortécnica, la empresa participada por los padres de la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Y en silencio ha decidido mantenerse también cuando el Banco de España ha pedido para ella una sanción económica de 100.000 euros por haber incumplido dos de los tres requerimientos que el supervisor le hizo en 2012. El expediente sancionador se abrió tras una inspección en la que se analizaron más de un centenar de avales concedidos por Avalmadrid, algunos de ellos a sociedades vinculadas con exconsejeros de la entidad. En muchos casos, este tipo de operaciones terminaron cerrándose como fallidas, provocando un importante agujero en la entidad semipública.

El pasado mes de junio, según los datos manejados por la cúpula de Avalmadrid conocidos infoLibre, figuraban como fallidas 30 operaciones diferentes que guardaban vinculación con nueve exconsejeros de la entidad semipública: Pedro Olabarría, Sol Olábarri, Jesús Martín, Juan Pablo Lázaro, Francisco Novela, Patricio Rodríguez, Alfonso Carcasona, Fernando Rodríguez y José Miguel Guerrero. En el mismo estado se encuentran dos avales más concedidos a empresas vinculadas al expresidente de Avalmadrid Miguel Velarde. En total, 32 operaciones fracasadas que han terminado dejando un importe fallido de 10.028.643 euros. De todas ellas, el nombre de Olabarría es el que más veces se repite: aparece vinculado a 15 préstamos diferentes que han dejado un fallido de 5,25 millones de euros. Este diario se ha puesto en contacto con Avalmadrid, sin obtener respuesta.

La práctica totalidad de estas operaciones –30– aparecen reflejadas en la cartera de avales que ha sido analizada por los expertos de Forest Partners para la elaboración del denominado informe Forest, una suerte de auditoría a la que ha tenido acceso infoLibre y que fue encargada por Avalmadrid después de que el Banco de España pusiera sobre la mesa todas las irregularidades detectadas en su inspección. Otras dos, sin embargo, aunque no figuran en el análisis de Forest Partners sí que aparecen reflejadas en la información de la cúpula de la entidad semipública a junio de este mismo año. Se trata de dos avales concedidos en abril y mayo de 2009 a las empresas A&M Azafatas Convenciones y Ferias y Babilas SA, operaciones que aparecen vinculadas al expresidente de Avalmadrid Miguel Velarde.

PEDRO OLABARRÍA: 5,25 MILLONES EN FALLIDOS

La firma Bionostra fue una de las relacionadas con exconsejeros de Avalmadrid que recibieron jugosos avales. Entre marzo de 2008 y enero de 2010, se aprobaron 18 operaciones con diferentes sociedades de este grupo por un total de 4,4 millones de euros. Finalmente, 11 de ellas terminaron siendo fallidas. Cuatro de estos avales económico-financieros fallidos tenían como beneficiaria a la sociedad Alma Bioinformatics: 400.000 euros otorgados el 20 de enero de 2009, 600.000 euros el 26 de febrero de 2009, 125.000 euros el 6 de agosto de 2009 y 169.724 el 21 de enero de 2010. Otros seis, a la firma Chimera Pharma: dos avales técnicos por 750.000 y 278.632 euros otorgados en marzo y julio de 2008, respectivamente, otros dos de tipo financiero –200.000 y 175.000 euros– formalizados en agosto de 2009 y dos más del mismo tipo otorgados en enero de 2010 por 63.836 y 49.390 euros. Por último, también resultó fallida la operación de 300.000 euros que tenía como beneficiaria a la sociedad Bionostra SL y que fue formalizada el 17 de noviembre de 2009. [Los avales financieros son aquellos en los que interviene una entidad de crédito y los técnicos suelen ser avales ante la Administración].

En total, 2.865.861 euros han dejado de saldos fallidos estos once avales. Operaciones todas ellas que guardan vinculación con el exconsejero de Avalmadrid Pedro Olabarría. La relación de este exmiembro del órgano de gobierno de la entidad semipública se encuentra, precisamente, en Capital Riesgo Madrid SA. Esta sociedad entró en el capital de Bionostra SL, la cabecera del grupo, el 8 de julio de 2008 mediante ampliación de capital, una operación en la que se desembolsaron 2 millones de euros y en la que la participación resultante en la firma ascendió al 8%. A partir de entonces, se explica en el informe Forest, es cuando se produce “el inicio de la toma de avales de Avalmadrid”. En el periodo de la concesión de esas operaciones fallidas, continúan los auditores, Olabarría ocupaba la Dirección General de Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid (CRM). Y en los ejercicios posteriores a los de la formalización de las operaciones, sentencian, ocupó diferentes puestos en Bionostra SL, Bionostra Aplicaciones Biotecnológicas y en Chimera Pharma, empresas del grupo.

Estas operaciones fallidas no son las únicas con las que aparece vinculado este exconsejero. Su nombre también está relacionado con las de Nupcial Novissima SL. A este grupo se le concedieron el día 13 de noviembre de 2008 dos avales por importe de 955.000 y 700.000 euros para financiar el ambicioso plan de expansión de la compañía, en especial en los corners de El Corte Inglés. Sin embargo, el desplome del holding textil terminó provocando que ambas terminasen como fallidas, arrojando un saldo fallido que en junio de 2019 se situaba en 1.384.902 euros. La tramitación de estos avales, tal y como se destaca en la auditoría encargada por Avalmadrid, se inició justo después de que Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid hubiera tomado una participación en Nupcial Novissima, invirtiendo 3 millones de euros. Olabarría era, en el momento de la concesión de los avales, tanto consejero de Avalmadrid como director general de CRM, lo que le llevó también a figurar como apoderado de la firma textil, según se destaca en el informe Forest.

También aparecen vinculados a Olabarría los avales relacionados con Máscara Films SL. Con el objetivo de financiar la producción cinematográfica del largometraje La Conjura de El Escorial, dirigida por el cineasta Antonio Fernández del Real y cuyo presupuesto ascendía a 11,25 millones de euros, Avalmadrid decidió entrar con dos operaciones de aval en este proyecto cinematográfico. La primera, por 1 millón de euros, se formalizó en abril de 2007. La segunda, por 300.000 euros, fue otorgada el 14 de mayo de 2008, cuando el proyecto se empezaba a retrasar y a generar tensiones de liquidez. La de 2007, ha dejado un agujero en la entidad semipública de 990.090 euros. La de 2008, sin embargo, fue recuperada íntegramente ejecutando una hipoteca sobre un inmueble en la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias que había puesto como garantía el cineasta.

De nuevo, alrededor de estas operaciones también existía un conflicto de interés que se pone de manifiesto en el informe elaborado por los auditores y encargado por Avalmadrid. “Como hemos comentado anteriormente, Caja Madrid y Capital Riesgo Madrid, en este caso, cofinanciaban la producción de la película, luego tenían un interés cierto en que la producción estuviera suficientemente financiada y el riesgo se distribuyera entre diferentes entidades”, señalan los expertos, que detallan que tanto Caja Madrid como CRM se encontraban en una situación de conflicto de interés con Avalmadrid toda vez que la primera era socio protector de la entidad semipública y la segunda estaba íntegramente participada por socios protectores de Avalmadrid. Además, completan, Pedro Olabarría era, a la vez, miembro del Consejo de Administración de la empresa semipública y director general de Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid.

Dentro de la cartera de avales analizada en el Forest, también figura uno concedido el 1 de febrero del 2000 a Calidad del Aire y Tecnología SL por 150.253 euros, operación que ha acabado calificada como fallida y que ha generado un pequeño agujero de 10.187 euros. Pero el informe de los expertos no da más detalles de este aval económico-financiero. Sin embargo, según la información de la cúpula de Avalmadrid, esta operación aparece también vinculada a Pedro Olabarría y la entidad semipública lo considera un “fallido irrecuperable”.

Además de todos estos, también figuran relacionadas con este mismo exconsejero otros dos avales concedidos en abril y julio de 2008 a la empresa Volupte SL para un proyecto de capital semilla en el mundo de la alta costura por importe de 182.014 y 88.500 euros, respectivamente, operaciones que tornaron finalmente en fallidas. De nuevo, la vinculación con Olabarría pasa por Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid, que tenía una participación importante en Volupte SL. “Olabarría era, a su vez, representante de CRM como consejero de Volupte a la vez que era consejero de Avalmadrid”, detalla el informe Forest. Sin embargo, aunque los auditores señalaron que estos dos avales habían dejado un fallido de 85.000 y 86.000 euros, los datos que obran en poder de la cúpula de Avalmadrid especifican que, a junio de 2019, se había llegado a un acuerdo de pago parcial cerrado con quita. Por este motivo, este diario ha decidido no incluir estas dos operaciones en el cálculo del saldo final en fallidos.

LOS CINCO DE CANTOBLANCO Y MARSANS: 3,49 MILLONES DE EUROS

La entidad semipública concedió durante 2013 al Grupo Arturo Cantoblanco cinco avales por 2,54 millones de euros para responder ante diferentes entidades por la prestación de servicios de vending de bebidas y alimentos o de gestión de comidas. Sin embargo, la falta de un análisis “suficientemente riguroso”, según sostiene la auditoría de Forest Partners, ha provocado que dos de esas operaciones hayan terminado clasificadas como fallidas. La primera de ellas se otorgó a Central de Compras Grupo Cantoblanco SL en abril de 2013 por 250.000 euros de aval financiero a tres años de plazo, avalando un préstamo de CaixaBank a la misma firma para atender “desfases de tesorería”. El segundo aval fallido, aprobado en julio de 2013 por 592.256 euros y dirigido a Grupo Cantoblanco Restauración SL, estaba destinado a responder ante Radiotelevisión Española (RTVE) de cara a la prestación de servicios de sus comedores y cafetería. Los importes fallidos ascienden a 262.212 euros y 202.246 euros, respectivamente.

El empresario Arturo Fernández, condenado por las tarjetas black de Caja Madrid-Bankia, era propietario indirecto de las sociedades que conformaban el Grupo Cantoblanco y administrador único de estas firmas. Además, fue presidente de la patronal madrileña CEIM entre 2007 y 2014, en el periodo que se concedieron los avales. “Aunque de forma directa no fue consejero de Avalmadrid, su vinculación era evidente al ser CEIM uno de los socios protectores” de la entidad semipública, explica el informe Forest, que señala que “siempre había uno o dos consejeros” en representación de la patronal madrileña tanto en el Consejo de Administración como en la Comisión Ejecutiva de Avalmadrid. En el año 2013, tres consejeros de la entidad semipública ocupaban al mismo tiempo puestos de responsabilidad en la patronal madrileña, tal y como figura en la memoria anual de Avalmadrid correspondiente a ese ejercicio: Sol Olábarri era secretaria general y Jesús Martín y Juan Pablo Lázaro vicepresidentes de la CEIM.

Los datos de Avalmadrid vinculan a los exconsejeros de Avalmadrid Francisco Novela y Patricio Rodríguez con estas dos operaciones fallidas. En el primer aval, de tipo económico-financiero, se especifica la existencia de “otras garantías reales”, aunque sitúa el importe recuperable en los cero euros. En el caso del segundo, de tipo técnico, se especifica que “titular y avalista” se encuentran “en concurso”, aunque el importe recuperable vuelven a cifrarlo en cero euros.

También dejó varias operaciones fallidas el empresario Gerardo Díaz Ferrán, al que Avalmadrid concedió ocho avales por 3,39 millones de euros entre febrero y comienzos de marzo de 2010 “para responder de la prestación de determinados paquetes turísticos en la temporada estival”. Todos ellos se prestaron, señalan los auditores, a pesar de la “grave situación” por la que estaba atravesando el Grupo Marsans en ese momento. El resultado de esta arriesgada operación fue que la firma entró en concurso de acreedores cuatro meses después, dejando siete de estas operaciones con la clasificación de fallidas. Seis de estos avales, de tipo económico-comercial, se concedieron a la empresa Rural Tours: tres operaciones –por 400.000, 500.000 y 100.000 euros– se formalizaron el 10 de febrero de 2010 y otras tres –por 200.000, 500.000 y 300.000 euros– se otorgaron sólo un día después. El séptimo, de tipo técnico, se concedió el 19 de febrero de ese año a Trap SA, por valor de 917.918 euros. El saldo final en fallidos ascendía a comienzos de junio a 3.026.729 euros.

En relación con los vínculos existentes con Avalmadrid, este caso guarda importantes semejanzas con el de Arturo Fernández. Para los expertos de Forest Partners, alrededor de estas operaciones existió un conflicto de intereses. Porque Gerardo Díaz Ferrán, quien fuera presidente de Confederación Empresarial de Madrid entre 2002 y 2007, lideraba en el momento en el que se concedieron los avales a sus empresas la CEOE, de la que forma parte la patronal madrileña. Una CEIM que en esos meses contaba con tres representantes en el Consejo de Administración de la propia Avalmadrid: Juan Pablo Lázaro y Jesús Martín, que ocupaban el puesto de vicepresidente en la patronal madrileña, y Sol Olábarri, que era directora del Departamento de Asuntos Económicos de la Confederación Empresarial de Madrid. Martín, además de formar parte del órgano de gobierno de Avalmadrid, era también miembro de la Comisión Ejecutiva de la entidad semipública, la que se encargó de aprobar las operaciones de Díaz Ferrán.

A estos tres nombres habría que añadir, de nuevo, a los exconsejeros Francisco Novela y Patricio Rodríguez, que también aparecen vinculados a estas operaciones fallidas concedidas a Díaz Ferrán en la información de Avalmadrid. En todas estas operaciones, sitúan el importe recuperable en los cero euros. “Concurso con déficit patrimonial”, se especifica en relación con Rural Tours. “Concurso sin resultado positivo para el recobro”, se apunta en el aval concedido a Trap SA.

ALFONSO CARCASONA: 526.215 EUROS

El exconsejero Alfonso Carcasona, por su parte, aparece vinculado a un par de operaciones fallidas de las que se benefició la sociedad Vipventa SL. Avalmadrid concedió a esta pequeña empresa, creadora de una plataforma de venta online de ropa y complementos de marcas de lujo, un aval financiero de 1 millón de euros en julio de 2008 y otro de 350.000 euros en noviembre de 2009. Ambas operaciones, tal y como señalan los auditores en su estudio, eran de “alto riesgo” porque, desde su constitución, la empresa “sólo había generado pérdidas”. “El desarrollo potente del negocio y los acuerdos necesarios requería de fuertes inversiones, dando entrada en el capital (con una muy fuerte prima de emisión) a Inicap I Fondo de Capital Riesgo en régimen simplificado, gestionada por Möbius Corporate Venture Capital SGECR SA (gestora del fondo), siendo Inicap I, como hemos comentado anteriormente, un fondo de capital semilla donde participaba la Cámara de Comercio e Industria de Madrid”, explica el informe. El saldo final fallido de estos dos avales se sitúa en la actualidad en los 526.215 euros.

Como sucede en el resto de operaciones detalladas, en este caso los auditores también han detectado conflicto de interés. En primer lugar, porque Inicap I estaba participado por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, que al mismo tiempo era socio protector de Avalmadrid. Además, Alfonso Carcasona fue a la par miembro del órgano de gobierno de la entidad semipública –y de su Comisión Ejecutiva– y vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio. El exconsejero, según se expone en el informe Forest, también fue consejero de Möbius Corporate y ocupó los cargos de vicepresidente y consejero en Vipventa desde mayo de 2008, dos meses antes de que se concediera a la empresa el primer aval fallido.

FERNANDO RODRÍGUEZ SOUSA: 293.975 EUROS

También aparece, según Avalmadrid, vinculada a sus consejeros una operación fallida que tiene como beneficiario a Accuore Inversiones SL. A esta firma se le concedieron dos avales: uno el 23 de mayo de 2014 por 300.000 euros y otro el 19 de junio de 2015 también por 300.000 euros. Si bien la primera de ellas, según se especifica en la auditoría externa, tuvo un “cumplimiento correcto”, la segunda terminó entrando en fallidos, dejando un agujero en Avalmadrid de 293.975 euros. A pesar de ello, según señalan los expertos en su informe, ambas operaciones estaban, en su origen, “soportadas adecuadamente”. En cuanto a la vinculación, los auditores destacan que el exmiembro del Consejo de Administración de la entidad semipública Fernando Rodríguez también fue consejero de Accuore Inversiones SL, de la que además fue accionista minoritario.

JOSÉ MIGUEL GUERRERO: 257.941 EUROS

También fueron un fracaso dos de las operaciones que Avalmadrid cerró con Casbar Tecnología Industrial SL. El primer aval fallido, de tipo económico-financiero y por 565.394 euros, fue concedido a esta sociedad dedicada a la fabricación y comercialización de muebles metálicos dentro del sector metalúrgico el 9 de julio de 2008, mientras que el segundo se formalizó el 2 de diciembre de ese mismo año por 269.600 euros. Ambas operaciones han dejado, a junio de 2019, un saldo final fallido de 257.941 euros. En relación con el análisis de vinculaciones de Casbar, el informe Forest pone de manifiesto que José Miguel Guerrero, miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de Avalmadrid entre 2004 y 2010 en su calidad de vocal de la Cámara de Comercio, “era principal accionista de Casbar con el 22,52% del capital” y “miembro del Consejo de Administración” de la firma “con el cargo de presidente”.

MIGUEL VELARDE Y PATRICIO RODRÍGUEZ: 173.794 Y 34.492 EUROS

También figuran dos operaciones fallidas vinculadas al expresidente de Avalmadrid Miguel Velarde. La primera, un aval económico-financiero por 120.000 euros formalizado el 30 de abril de 2009 con la empresa Babilas SA, que terminó dejando un importe fallido de 123.422 euros. La segunda, otro aval del mismo tipo otorgado el 14 de mayo de 2009 a la firma A&M Azafatas Convenciones y Ferias SA por 50.000 euros, que también tornó en fallida y dejó un agujero de 50.372 euros. Estas dos operaciones, sin embargo, no figuran en la cartera de avales que ha sido revisada por los expertos de Forest Partners para Avalmadrid.

Los auditores sí que analizaron, por el contrario, una última operación vinculada al exconsejero de la entidad semipública Patricio Rodríguez que también fracasó. Se trata del aval económico financiero que Avalmadrid formalizó con la empresa The Tie Gallery España SA el 4 de marzo de 2009 por importe de 100.000 euros. El objetivo era “financiar el crecimiento del negocio”, si bien el informe Forest sostiene que “dadas las dificultades” que estaba atravesando la sociedad “con pérdidas continuas en los tres últimos años” todo apuntaba a que el destino era “cubrir parte de sus pérdidas y/o tensiones de liquidez”. La operación ha terminado dejando un importe fallido de 34.492 euros. Patricio Rodríguez –que también figura entre los cinco exconsejeros relacionados con las operaciones de Cantoblanco y Marsans mencionados con anterioridad– era en el momento de la concesión de la operación miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid y accionista de la firma beneficiaria de la operación. “Ostentando un 33% de su capital, además era su administrador único y adicionalmente otro 5% pertenecía a un hermano suyo”, concretan los expertos en su análisis
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https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/08/30/diez_exconsejeros_avalmadrid_aparecen_vinculados_operaciones_que_dejaron_agujero_entidad_millones_euros_98317_1012.html

LA PRESIDENTA DE AVALMADRID ES CESADA COMO ALTO CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL EN PLENO ESCÁNDALO POR EL 'CASO AYUSO'

Rosario Rey García deja de ser directora general de Economía del Ejecutivo madrileño, según consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del pasado miércoles

La presidenta de Avalmadrid sigue sin responder a cuatro cuestiones clave en relación con el préstamo de 400.000 euros concedido a MC Infortécnica, la empresa participada por los padres de Isabel Díaz Ayuso

La entidad semipública no ha aclarado si se realizó alguna comprobación sobre la firma antes de darle el préstamo ni tampoco los motivos por los que Avalmadrid lleva siete años incumpliendo la decisión de su Comité de Morosidad

Rosario Rey García ha sido cesada de su cargo como directora general de Economía de la Comunidad de Madrid. La hasta ahora alto cargo del Ejecutivo regional se ha visto salpicada durante los últimos meses por la crisis de Avalmadrid, la entidad semipública que se encuentra en el ojo del huracán tanto por el caso Ayuso como por el expediente sancionador que le ha abierto el Banco de España tras detectar numerosas irregularidades en la concesión de avales a lo largo de los últimos años. Un procedimiento que todavía no ha concluido y en el que el supervisor pide una sanción de 100.000 euros para Avalmadrid y de 50.000 euros para la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

El cese de Rey aparece reflejado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de este miércoles. "De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.m) y 31.c) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, el Consejo de Gobierno previa deliberación, en su reunión del día 27 de agosto de 2019, dispone cesar a doña Rosario Rey García como Directora General de Economía, Estadística y Competitividad, con agradecimiento de los servicios prestados", figura en el decreto 111/2019.

Rey ha sido apartada de su puesto en el Ejecutivo madrileño sin que todavía haya dado una sola explicación sobre el préstamo de 400.000 euros concedido a MC Infortécnica SL, una empresa propiedad en un 25% de los padres de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La todavía presidenta de Avalmadrid no ha aclarado ni si la entidad semipública hizo algún tipo de comprobación sobre los datos de la firma antes de darle el préstamo ni ha explicado por qué Avalmadrid lleva siete años incumpliendo la decisión del Comité de Morosidad de proceder contra los avalistas del préstamo.

Avalmadrid tampoco ha explicado, a pesar de las preguntas de infoLibre, quiénes fueron los responsables directos de que la entidad no haya actuado frente a los avalistas del préstamo impagado concedido a MC Infortécnica y, por tanto, no haya intentado recuperar unos fondos que en una parte significativa tienen un origen público. Además, también ha rechazado aclarar si después de conocerse todos estos detalles Avalmadrid va a ponerse manos a la obra para conseguir los más de 260.000 euros que todavía debe la empresa participada por los padres de la actual presidenta madrileña.

Hace varias semanas, el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le envió a Rosario Rey un escrito certificado instándole a que actúe para recuperar ese dinero. "El objetivo de las acciones legales que le insto a iniciar es el de garantizar la integridad patrimonial de la entidad Avalmadrid", le advierte Gutiérrez. De momento, no consta que Rosario Rey haya reaccionado.

A preguntas de infoLibre, desde la Comunidad de Madrid señalan que todavía se desconoce quién sustituirá a Rey como directora general de Economía en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/08/29/la_presidenta_avalmadrid_cesada_como_alto_cargo_del_gobierno_regional_pleno_escandalo_por_caso_ayuso_98296_1012.html

AVALMADRID OTORGÓ PRIMAS A LA DIRECTIVA CUANDO YA SABÍA QUE ERA INVESTIGADO POR EL BANCO DE ESPAÑA

La remuneración "correspondiente a los objetivos marcados para 2017" se abonó en 2018, año en el que el órgano supervisor se planteó sancionar a la entidad y a sus consejeros por "negligencia"

Entre julio y agosto de 2018 el Banco de España avisó a Avalmadrid de que había expedientado a la empresa y a sus consejeros por "negligencia". Ese mismo año, el propio consejo de administración otorgó primas a los directivos por cumplir exitosamente con los objetivos estipulados un año antes. Según se desprende del informe anual de 2018 de la empresa semipública, la remuneración de la alta dirección ascendió en 67.000 euros -de 290.000 a 357.000 euros-.

La entidad, financiada al 30% por la Comunidad de Madrid, no especifica en su informe cómo se distribuyó el monto ni quiénes fueron los beneficiados, aunque aclara que en la cifra se incluyen "las indemnizaciones abonadas a lo largo del año". Lo que sí detalla es que el año pasado se abonó la retribución variable "correspondiente a los objetivos marcados para 2017 a todo el personal, incluidos los cargos directivos" por haber conseguido los objetivos fijados por el propio consejo de administración.

Ese año también recibieron remuneración "aquellos miembros del consejo de administración que ostentan la condición de consejero independiente". Según el organigrama que Avalmadrid incluye en su informe, el beneficiado fue Orlando García Sánchez. La prima en este caso ascendió a los 4.800 euros de importe bruto. El resto de integrantes, advierte la compañía, no percibió remuneración por el desempeño de sus funciones. Ni en 2018 ni en el ejercicio anterior.

La sociedad semipública que avaló al padre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio el visto bueno al pago de dichas remuneraciones pese a saber que varios de sus directivos estaban siendo investigados por el Banco de España y que se enfrentaban a sanciones de hasta 50.000 euros cada uno.

Bajo la lupa del supervisor

El 21 de junio de 2018 la Comisión Ejecutiva del Banco de España acordó incoar un expediente disciplinario a la sociedad de garantía recíproca Avalmadrid y a sus consejeros y directores generales o asimilados desde el 1 de enero de 2013. La intención, según detalla el órgano supervisor, era esclarecer los hechos y determinar "las responsabilidades en que se hubiera incurrido con la aplicación de las sanciones correspondientes".

Avalmadrid tenía como finalidad ayudar a autónomos y pymes "a conseguir una mayor competitividad a través de líneas financieras específicas", según consta en la declaración de intenciones de la propia sociedad.

En el pliego de 150 folios, el Banco de España alegó el incumplimiento de instrucciones relacionadas con el control de riesgos de la compañía tras una inspección iniciada en noviembre de 2016. Por estas irregularidades, el supervisor señaló a varias personas que, según los datos del Registro Mercantil, aún permanecen en Avalmadrid. Se trata de Jesús Alejandro Vidart-Anchía, quien desde marzo de 2016 figura como consejero; y Alfonso Carcasona y Fernando Rodríguez, consejeros desde 2013.

Según la resolución a la que ha tenido acceso Vozpópuli, se propuso una sanción de multa de 50.000 euros a Rodríguez, de 48.000 euros a Carcasona, y de 33.000 a Vidart-Anchía.

Las investigaciones a Avalmadrid datan de 2012. En ese año, la entidad fue objeto de una visita de inspección que concluyó con un escrito en el que se incluían tres requerimientos. En noviembre de 2016, el Banco de España inició una nueva inspección a la entidad, finalizada en 2017, que dio lugar a la incoación del expediente notificado a la sociedad en 2018 al confirmar que no se cumplieron dos de los tres requerimientos formulados seis años atrás.

El supervisor constató la necesidad de aplicar una política crediticia que redujera la concentración de riesgos y de mejorar los procedimientos de seguimiento del riesgo.

https://www.vozpopuli.com/espana/avalamadrid-directivos-prima-expediente-banco-espana_0_1276972943.html

DÍAZ AYUSO DESCONOCÍA QUE UN MIEMBRO DE SU GOBIERNO AFRONTA UNA SANCIÓN POR AVALMADRID

Pedro Irigoyen Barja fue expedientado y sancionado por el Banco de España

"Mala praxis bancaria" al conceder avales a empresas sin control de riesgos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este miércoles que desconocía que el director general de Recursos Humanos de la Consejería de Justicia y uno de los exconsejeros de Avalmadrid, Pedro Irigoyen Barja, estuviera expedientado por el Banco de España.

El Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos aprobó ayer el nombramiento de Pedro Irigoyen, a pesar de la investigación abierta contra él por parte del Banco de España por las irregularidades de numerosos créditos concedidos por Avalmadrid, entidad participada al 31 por ciento por la Comunidad, de la que Irigoyen fue consejero.
Díaz Ayuso limita su relación con Avalmadrid a un email de solicitud de información

Según publicó ayer Cadena Ser, el Banco de España ha propuesto una sanción de 10.000 euros para Irigoyen por "mala praxis bancaria" al conceder avales a empresas "violando las normas de control de riegos" y "con deficiencias graves de control interno".

Irigoyen fue consejero de Avalmadrid entre el 21 de octubre de 2014 y el 21 de octubre de 2015, además de miembro de la comisión delegada de riesgos y de la comisión de riesgos.

Durante una visita al Hospital de Guadarrama, al ser preguntada si conocía la propuesta de sanción a Pedro Irigoyen y si piensa tomar alguna medida al respecto, Díaz Ayuso ha señalado que "ya lo pensaremos, pero, ahora, desde luego no, porque no teníamos conocimiento alguno".

Más altos cargos fueron del consejo de administración de Avalmadrid pero no están expedientados

También hay otros altos cargos del nuevo Gobierno regional que formaron parte del consejo de administración de Avalmadrid, pero que no han sido expedientados por el Banco de España, como el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio; la viceconsejera de Política Educativa, Rocío Albert López-Ibor, y el viceconsejero de Presidencia y Transformación Digital, Miguel Ángel García.

Rocío Albert López-Ibor y Miguel Ángel García fueron consejeros de Avalmadrid durante la época en la que esta empresa semipública decidió mantener paralizada la decisión de actuar contra los avalistas morosos del caso Avalmadrid, según Infolibre.

Este medio indica que desde 2015 esta entidad no activó ni uno solo de los mecanismos para reclamar el crédito que concedieron a la empresa familiar de Isabel Díaz Ayuso.

Ossorio fue nombrado consejero de Avalmadrid en 2011 por su condición de consejero de Hacienda en aquel momento, cuando Isabel Díaz Ayuso contactó con un alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre para interesarse por las garantías del crédito de Avalmadrid.

Entre los criterios que ha seguido para el nombramiento de Enrique Ossorio y Rocío Albert, la presidenta regional ha destacado su "larga trayectoria en la Administración pública", así como su "eficacia" a la hora de gestionar y resolver cuestiones importantes para los ciudadanos.

Díaz Ayuso ha recordado que Ossorio elaboró su programa electoral y es una persona con "amplios conocimientos en humanidades y en música" que le gustaría que trasladara a los niños madrileños.

"Es un tema que traerlo diez años más tarde y contar nuevamente la situación de una familia que se ha arruinado me parece que es innecesario"

Al ser preguntada si está dispuesta a comparecer en la Asamblea en una comisión de investigación o un Pleno monográfico sobre Avalmadrid, ha asegurado: "Eso no depende de mí, pero todos los días doy explicaciones".

"Es un tema que, como ya he explicado, traerlo diez años más tarde y contar nuevamente la situación de una familia que se ha arruinado me parece que es innecesario", ha afirmado en alusión al crédito de 400.000 euros concedido por Avalmadrid en 2011 a una empresa participada por su padre y que nunca fue devuelto.

Se ha mostrado partidaria de "investigar", "dar cuenta" y gestionar con "transparencia" las cuentas de los organismos que son de la Comunidad de Madrid, "cosa que no es directamente Avalmadrid".

https://www.eleconomista.es/politica/noticias/10057777/08/19/Ayuso-desconocia-que-un-miembro-del-Gobierno-afronta-una-sancion-por-Avalmadrid.html

AVALMADRID PERMITIÓ OPERACIONES DE ALZAMIENTO DE BIENES A LOS OCHO AVALISTAS DEL PRÉSTAMO DEL 'CASO AYUSO'

infoLibre reconstruye la historia registral de los 14 inmuebles de los accionistas de MC Infortécnica SL que garantizaban el préstamo de 400.000 euros

El resultado es que ocho cambiaron de titular a través de donaciones o ventas prohibidas por ley y los otros seis no los traspasaron porque no pudieron al estar ya hipotecados

Los padres de Ayuso fueron los primeros en traspasar su patrimonio, mediante donaciones a sus hijos y la venta de una nave a terceros. Cinco meses después de quebrar la empresa ya se habían desprendido de todos los bienes que podían

La cúpula de Avalmadrid se reunió en abril y noviembre de 2012 para analizar el expediente del crédito fallido, pero no adoptó ninguna medida pese a que era público que los morosos estaban deshaciéndose de sus inmuebles

Los ochos socios de la empresa MC Infortécnica SL, entre ellos los padres de la ahora presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, realizaron operaciones de alzamiento de bienes para evitar que fuesen embargados tras dejar impagado un préstamo de 400.000 euros de Avalmadrid. Así lo demuestran los documentos registrales analizados por infoLibre. Seis de esos accionistas se embarcaron en las actuaciones presuntamente delictivas entre octubre de 2011 y julio de 2012, inmediatamente después de tener la certeza de que la empresa había quebrado y que por tanto no devolvería el dinero. Y todo ello lo hicieron ante la pasividad de la cúpula de Avalmadrid, que no adoptó ninguna medida pese a que era público que los morosos estaban traspasando su patrimonio.

Desde el 15 de julio de 2011, Isabel Díaz Ayuso era diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Y ese mismo mes entró en contacto con un directivo de Avalmadrid, gracias a la mediación de Eva Piera, entonces alto cargo en el Gobierno de Esperanza Aguirre y consejera de la propia entidad avalista. Ayuso quería conocer, entre otros asuntos, las consecuencias que tendría el impago del préstamo para el patrimonio de sus padres. Avalmadrid es una entidad de capital mixto, cuyo principal accionista es la Comunidad de Madrid, que controla el 31% de las acciones.

A la hora de solicitar el crédito, en enero de 2011, los cuatro matrimonios propietarios de MC Infortécnica SL justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 13 propiedades valoradas en 3,27 millones de euros. En concreto, se trataba de ocho viviendas, tres plazas de garaje y dos naves industriales repartidos por municipios de Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila. Tras producirse el primer impago del préstamo, Avalmadrid localizó otro piso en Asturias.

infoLibre ha logrado reconstruir la historia registral de esos 14 inmuebles y el resultado es el siguiente: ocho cambiaron de titular mediante donaciones o ventas prohibidas por ley; dos se los adjudicaron filiales inmobiliarias del Santander y de Caixabank; otros dos aún son propiedad de los mismos dueños, aunque es probable que por poco tiempo ya que están inmersos en un procedimiento de ejecución hipotecaria, y uno ya había cambiado de manos antes de que se firmase el préstamo el 15 de marzo de 2011. El inmueble restante es una nave en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila), que fue el único que se hipotecó como garantía del crédito y que un Juzgado adjudicó a Avalmadrid en abril de 2018.

En otras palabras: los morosos de MC Infortécnica SL se deshicieron de forma presuntamente ilegal de todos los bienes que tenían a su disposición, tras saber que no iban a devolver los 400.000 euros. Los únicos inmuebles que no traspasaron fueron aquellos que ya estaban hipotecados y, por tanto, no podían enajenarlos.

Seis de las ocho transmisiones presuntamente fraudulentas se ejecutaron de forma casi inmediata, entre el momento en que quiebra la compañía –septiembre de 2011– y julio de 2012, mientras que las otras dos se produjeron después de esta fecha. En la documentación que maneja la cúpula de Avalmadrid, incluida la presidenta de la entidad, Rosario Rey García, se indica que esas dos últimas operaciones se produjeron en 2015 y 2016.

Los ocho socios de MC Infortécnica SL se convirtieron en avalistas solidarios del crédito de 400.000 euros, lo que significa que todos ellos responden de la deuda total con todos sus bienes presentes y futuros. A día de hoy la deuda que mantienen con Avalmadrid es de 270.000 euros.

El alzamiento de bienes

La legislación española, tanto civil como penal, castiga la transmisión de bienes cuando se realiza en fraude de acreedores.

El artículo 1297 del Código Civil presume “celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito”. La donación es una enajenación a título gratuito. Los contratos en fraude de acreedores son rescindibles, durante un periodo de cuatro años desde que se celebran.

Por su parte, el artículo 257 del Código Penal castiga como delito de alzamiento de bienes aquella conducta que realiza un deudor con el objetivo de disminuir su patrimonio para frustrar el derecho del acreedor a cobrar su deuda. Se castiga enajenar u ocultar bienes una vez que el acreedor entabla un procedimiento de ejecución, pero también cuando es “previsible” que dicho procedimiento se vaya a iniciar. [La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el alzamiento es amplísima. En la base de datos del Poder Judicial se pueden consultar cientos de sentencias sobre este delito. Un ejemplo, donde se incide en la comisión del delito antes de que la deuda sea exigible, es esta sentencia: STS 4396/2005].

El autor del delito es quien enajena el bien en perjuicio de sus acreedores –los avalistas morosos en el caso de MC Infortécnica SL– y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión del bien. Esa sería, por ejemplo, la situación de Isabel Díaz Ayuso.

El alzamiento está castigado con penas de cárcel de uno a cuatro años, que se elevan hasta un máximo de seis años si la deuda que se trata de eludir es de Derecho público y la acreedora es una persona jurídico pública. La diferente pena es importante a la hora de determinar la prescripción. Cuando la deuda que se trata de eludir es de Derecho Público, la prescripción se produce a los diez años, mientras que en el resto de los supuestos es a los cinco.

Los ocho accionistas de MC Infortécnica SL eran cuatro matrimonios, todos ellos casados en régimen de gananciales. Los ocho firmaron un contrato con Avalmadrid donde se establecían sus obligaciones jurídicas como avalistas solidarios, en especial la de responder con todos sus bienes en caso de que no devolvieran el dinero.

Cuando transmitieron sus bienes todos ellos sabían por tanto que estaban realizando una conducta castigada por el Código Penal. Dos de los ocho han fallecido: Juan Manuel Pitarch en 2012 y Leonardo Díaz Álvarez —el padre de la presidenta madrileña— en 2014. Los otros seis están vivos y podrían enfrentarse a una hipotética investigación penal en caso de que la Justicia certificase la existencia de un presunto delito y determinase además que no está prescrito. Para ello, obviamente, es necesario que alguien presente una querella o que la Fiscalía decida intervenir de oficio.

En cuatro de las ocho operaciones posiblemente fraudulentas participaron hijos de los morosos que estaban transmitiendo los inmuebles: Isabel Díaz Ayuso se quedó con un piso en el centro de Madrid, su hermano Tomás con una vivienda familiar en Sotillo de la Adrada (Ávila), y dos hijos del matrimonio formado por Juan Manuel Pitarch Divar y María del Carmen Angulo López-Cancio recibieron un piso en Tapia de Casariego y una vivienda en Majadahonda.

Si se demostrase que esas cuatro personas conocían el motivo por el que sus padres les estaban traspasando el patrimonio, podrían ser consideradas por tanto cooperadores necesarios en el alzamiento de bienes. También aquí habría que analizar si está prescrito o no ante una hipotética investigación penal. En el caso de la presidenta madrileña, infoLibre desveló un correo escrito por la propia Ayuso en el que semanas antes de que MC Infortécnica SL fuese a la quiebra admitió que la empresa estaba “muerta”. Tres semanas después de escribir ese correo, aceptó la donación del piso de sus padres.

En una quinta operación, la venta de uno de los garajes propiedad del matrimonio formado por José Luis Santos Marcelino Santamaría y María Victoria Suñer Cordero, el bien se transmitió a una sociedad (Wineyards and Producers SL). Esta operación se realizó incluso antes de la concesión del préstamo por parte de Avalmadrid, de forma que estaríamos hablando en realidad de un engaño en la información aportada por estos socios para justificar su solvencia y no tanto de un alzamiento de bienes. Los administradores de Wineyards and Producers SL siempre han sido familiares de la pareja Marcelino-Suñer, incluidas dos hijas.

En las otras cuatro operaciones los compradores de los inmuebles fueron personas ajenas a los vendedores, de forma que es improbable que tuvieran conocimiento de la ilegalidad que suponía la transmisión.

El destino de los 14 inmuebles, uno a uno

Veamos qué ocurrió con los 14 inmuebles que constaban en la documentación que manejó la cúpula de Avalmadrid tanto a la hora de conceder el crédito como en las reuniones del Comité de Morosidad tras el impago del mismo.

Cuatro de los 14 bienes pertenecían a los padres de la dirigente del PP. Dos eran de la sociedad de gananciales de Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Ayuso Puente —un piso en Madrid y una vivienda en Sotillo de la Adrada—, mientras que de los otros dos era dueño el padre. Se trataba de dos naves en el pueblo abulense: de una tenía el 100% y de la otra el 50%.

Tal y como desveló infoLibre, Isabel Díaz Ayuso aceptó la donación de la nuda propiedad del piso en el barrio madrileño de Chamberí, en una escritura firmada ante notario el 7 de octubre de 2011. El usufructo del inmueble lo mantiene en la actualidad la madre de la presidenta madrileña.

El mismo día, 7 de octubre de 2011, salió del patrimonio de los Díaz Ayuso otro bien: la vivienda unifamiliar en Sotillo de la Adrada. Se trata de un chalé de 212 metros construido sobre un terreno de 700 metros cuadrados. Y se lo donaron a su otro hijo, Tomás.

Un tercer inmueble que figura en el expediente de concesión del préstamo, la nave de la que Leonardo Díaz era dueño al 50%, también dejó de ser de su propiedad al venderla el 25 de febrero de 2012. En este caso, los compradores fueron dos personas ajenas a su familia.

Y el cuarto bien es la otra nave en Sotillo de la Adrada, que fue el único bien hipotecado como garantía del préstamo de Avalmadrid, entidad que lo embargó y se lo adjudicó por vía judicial en abril de 2018.

En definitiva, de los cuatro bienes señalados por el matrimonio Díaz Ayuso para justificar su solvencia, uno no lo pudieron tocar porque estaba hipotecado, pero los otros tres desaparecieron de su patrimonio nada más tener la seguridad de que MC Infortécnica había quebrado y no devolvería el dinero. Sólo quedaba el usufructo sobre el piso del centro de Madrid.

[infoLibre descubrió una segunda operación de presunto alzamiento de bienes de la que se aprovecharon la ahora presidenta madrileña y su hermano, un local de oficinas en Madrid, que también les fue donado por el padre. Este inmueble no se tiene en cuenta en esta información ya que no fue usado ante Avalmadrid para justificar la solvencia de la pareja].

El segundo matrimonio de accionistas, Juan Manuel Pitarch Divar y María del Carmen Angulo López-Cancio, declaró ante Avalmadrid un solo bien: un piso en Majadahonda. En este caso también se produjo un sospechoso traspaso de la titularidad del inmueble, que desde el 26 de julio de 2012 pertenece a una sociedad creada ese mismo día: Las Pantorgas SL. Como administrador único de la compañía figura a día de hoy el propio Pitarch, aunque falleció tan solo tres semanas después de constituir Las Pantorgas SL. Como apoderada está su mujer. Documentos manejados por Avalmadrid indican que los hijos del matrimonio participaron en la transmisión del bien antes de terminar en la sociedad, mediante una compraventa que no fue tal y que en realidad era una donación encubierta.

No obstante, tras el impago de la primera cuota del préstamo, Avalmadrid localizó otro bien que era propiedad exclusiva de María del Carmen Angulo: un piso de 60 metros en Tapia de Casariego. Este inmueble fue vendido el 1 de octubre de 2015 a tres familiares de la propietaria, entre ellos dos hijos, también según la información que obra en poder de Avalmadrid.

El tercer matrimonio de avalistas era el formado por Juan Carlos Herrero Casasola y María Victoria Fernández Moyano, que demostraron su solvencia con tres inmuebles: una vivienda unifamiliar en el municipio madrileño de Villanueva de la Cañada y dos pisos en la localidad coruñesa de Oleiros. Uno de estos últimos se lo vendieron en agosto de 2016 a una pareja con la que no tienen aparentes vínculos familiares, mientras que los otros dos inmuebles se los adjudicaron filiales inmobiliarias del Santander y de Caixabank.

El cuarto matrimonio, formado por José Luis Santos Marcelino Santamaría y María Victoria Suñer Cordero, declaró cinco inmuebles en total: una vivienda en Villanueva de la Cañada, un piso en la localidad alicantina de El Campello, los respectivos garajes de ambos inmuebles y otra plaza de aparcamiento en Alcorcón. En mayo de 2012 vendieron el piso y el garaje de El Campello a una pareja de extranjeros no relacionada con ellos familiarmente, y el 28 de septiembre de 2010 ya habían traspasado la plaza de aparcamiento de Alcorcón. El cambio de titularidad no se inscribió en el Registro hasta abril de 2011, por eso pudieron incluirla como propiedad al solicitar el préstamo aunque ya no era suya. La adquirió la empresa Wineyards and Producers SL, que siempre ha estado administrada por familiares del matrimonio.

En cuanto a la vivienda y el garaje de Villanueva de la Cañada sigue siendo de su titularidad, pero existe un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria planteado por Caixabank hace ya tres años, así que es posible que pronto sea adjudicado a la entidad financiera.

Pese a tener todos estos datos desde un primer momento, los dirigentes de Avalmadrid no hicieron nada para evitar la descapitalización de los avalistas. Notarios y abogados consultados por este periódico explican que la entidad pública debería haber adoptado dos medidas: presentar una demanda por la vía civil para anular las donaciones y ventas de inmuebles al haberse celebrado en fraude de acreedores y denunciar ante la Fiscalía los hechos para que investigase el posible delito de alzamiento de bienes.
Avalmadrid no actúa ante los alzamientos

El aval-crédito a MC Infortécnica SL se formalizó el 15 de marzo de 2011. La empresa recibía 400.000 euros a devolver en 36 meses. En junio, tres meses después de embolsarse el dinero, la empresa dejó de pagar a los trabadores. El 23 de septiembre despidió a la inmensa mayoría de la plantilla. Cuando llegó el momento de devolver la primera cuota del préstamo, el 15 de diciembre de 2011, la compañía estaba en quiebra y no devolvió ni un euro.

El 2 de abril de 2012, se reunió el Comité de Morosidad de Avalmadrid. La propuesta fue regularizar el importe del préstamo que ya había vencido y estaba impagado —el dinero lo había prestado Caja España, pero con el afianzamiento de Avalmadrid, que pagaba en caso de que no lo hiciera la empresa—, ejecutar la hipoteca sobre la nave de Sotillo de la Adrada y actuar contra los bienes de los avalistas.

Aquel día ya habían desaparecido cuatro bienes del patrimonio de los morosos: la nuda propiedad del piso de Madrid, la vivienda de Sotillo y una de las dos naves del pueblo abulense propiedad de los Díaz-Ayuso y una plaza de aparcamiento en Alcorcón de los Marcelino-Suñer.

Además, una mínima diligencia por parte de Avalmadrid habría hecho que estuvieran especialmente alerta ante esta operación puesto que, ya en julio de 2011, la diputada Isabel Díaz Ayuso había estado comunicándose con un directivo de la entidad para saber qué le podía pasar al patrimonio de sus padres en caso de impago del crédito.

Pues bien, en la propuesta del Comité de Morosidad no se menciona que tres de los bienes tenidos en cuenta para la concesión del préstamo habían cambiado de propietario y que en un cuarto inmueble —el piso de los Díaz Ayuso en Madrid— el titular también era otro y sus anteriores dueños sólo mantenían el usufructo.

Es más, en el listado con los bienes embargables de los avalistas que figura en la propuesta se indica siempre quién es el titular de los mismos, como es lógico en este tipo de documentos. Con una sola excepción: el piso de Madrid, donde se oculta que la titular es la entonces diputada del PP y sólo se menciona quiénes son los usufructuarios.

El Comité de Morosidad estaba formado por las siguientes personas: Juan Manuel Santos-Suárez (presidente de Avalmadrid); Juan Luis Fernández-Rubíes (consejero delegado); Alejandro Gómez Vivas (director de Operaciones), Darío Hernández Martínez (responsable de Recuperaciones) e Isabel Parga Raventós (directora del departamento de Seguimiento del Riesgo y Recuperaciones).

Pese a los acuerdos adoptados, Avalmadrid dejó transcurrir el tiempo sin hacer absolutamente nada. Y así se llegó a la siguiente reunión del Comité de Morosidad donde se analizó el expediente de MC Infortécnica SL, el 16 de noviembre de 2012.

Respecto al acuerdo que dicho órgano había adoptado en abril sólo se había cumplido un aspecto: pagar a Caja España. Pero ni se había iniciado el procedimiento de ejecución hipotecaria, ni se había actuado contra los ocho avalistas solidarios.

Así que el Comité de Morosidad decidió en aquella reunión de noviembre otra vez lo mismo: seguir pagando el crédito a Caja España y poner en marcha la ejecución hipotecaria de la nave y la dineraria de los ocho morosos.

Pero aquel día ya no faltaban en el patrimonio de los avalistas cuatro inmuebles, sino siete. Además de los desaparecidos en abril, también habían cambiado de titular el piso y el garaje de los Marcelino-Suñer en El Campello y la vivienda de los Pitarch-Angulo en Majadahonda.

De nuevo, en la propuesta del Comité de Morosidad figura el listado de bienes de los avalistas, pero en esta ocasión con un nuevo agravante: se sigue atribuyendo la titularidad de los bienes de El Campello y Majadahonda a sus anteriores propietarios, a pesar de que los Marcelino-Suñer habían vendido los suyos en mayo y los Pitarch-Angulo, en julio. Y así constaba en los Registros de Propiedad respectivos: el de Campello inscribió el cambio de titularidad el 14 de junio de 2012 y el de Majadahonda el 12 de septiembre.

Por tanto, sólo hay dos opciones: o el Comité de Morosidad realizó una propuesta sin ni siquiera consultar qué bienes tenían los avalistas, algo que parece inverosímil porque se trata de una información básica de ese tipo de documentos, o decidió ocultar conscientemente que los morosos habían vendido los bienes de El Campello y Majadahonda.

Sea como fuere, la realidad es que aquel 16 de noviembre de 2012, los dueños de MC Infortécnica ya habían traspasado la titularidad… ¡de 7 de sus 14 inmuebles! En operaciones de donación o venta presuntamente ilegales se habían deshecho de cuatro viviendas (dos los Díaz-Ayuso, una los Marcelino-Suñer y otra los Pitarch-Angulo y otra), dos plazas de garaje (ambas los Marcelino-Suñer) y una nave (los Díaz-Ayuso).

Y la cúpula de una empresa dedicada a avalar operaciones financieras como Avalmadrid, que tiene un Comité de Morosidad que se reúne con regularidad, no se dio por enterada de algo que estaba sucediendo de forma pública. Hay que recordar que todas estas operaciones se inscribieron en los respectivos Registros de Propiedad. Y que Avalmadrid tiene acceso de forma permanente a esos datos.

En la composición del Comité de Morosidad de noviembre de 2012 había un cambio respecto a abril: ya no estaba Darío Hernández Martínez como responsable de Recuperaciones y su lugar lo ocupaba Jaime Echeverría Rey. Los otros cuatro —Santos-Suárez, Fernández-Rubíes, Gómez Vivas y Parga— repetían.

El segundo acuerdo del Comité de Morosidad de actuar contra los avalistas del crédito tampoco se cumplió. Y siete años después, Avalmadrid sigue sin actuar contra ellos. Como desveló ayer infoLibre, Avalmadrid lleva desde 2015 sin responder a Cobralia –empresa que utiliza para el cobro a morosos–, que en marzo de aquel año pidió instrucciones precisas para saber cómo actuar contra los bienes de los avalistas.

Lo único que hizo Avalmadrid fue activar el procedimiento de ejecución hipotecaria de la nave en el pueblo abulense. La demanda la presentó en enero de 2013 y le fue adjudicada en abril de 2018.

Así que los accionistas de MC Infortécnica SL aprovecharon para seguir deshaciéndose de los pocos inmuebles que aún tenían a su disposición. Así lo hicieron María del Carmen Angulo, que vendió un piso en Tapia de Casariego en 2015, y el matrimonio Herrero-Fernández, que hizo lo propio con una vivienda en Oleiros. Información de Avalmadrid fecha esta última operación en 2016.

De esta forma se completaron, ante la pasividad continuada de Avalmadrid, los ocho presuntos delitos de alzamiento de bienes: tres antes de abril de 2012, tres entre ese mes y noviembre del mismo año, y dos con posterioridad. La novena operación, la venta del garaje de Alcorcón, no se puede catalogar de alzamiento ya que se hizo antes de que se firmase la concesión del préstamo.

Cabe plantearse una pregunta: ¿Y por qué no traspasaron los morosos los otros cinco inmuebles? La respuesta es sencilla: no pudieron. Estaban hipotecados. En cuatro casos los bancos iniciaron procedimientos de ejecución —dos viviendas ya pertenecen a filiales del Santander y de Caixabank y otros dos inmuebles están en proceso de adjudicación a esta última entidad—. Y el quinto es la nave de Sotillo de la Adrada que embargó Avalmadrid.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/08/29/avalmadrid_permitio_operaciones_alzamiento_bienes_los_ocho_avalistas_del_prestamo_del_caso_ayuso_98267_1012.html

UN CONSEJERO DE AGUIRRE PRESIONÓ POR CARTA A AVALMADRID PARA QUE FINANCIARA A DÍAZ FERRÁN CUANDO YA ERA INSOLVENTE

Antonio Beteta, entonces consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, intercedió por escrito ante el presidente de Avalmadrid para que varias empresas de Díaz Ferrán lograran financiación de esta entidad semipública que dependía de su Consejería

Contra el criterio de los técnicos, Avalmadrid entregó 3,3 millones de euros en avales para Gerardo Díaz Ferrán 15 días después de que Beteta mandara la carta. A los cuatro meses Viajes Marsans entró en concurso de acreedores y la mayor parte del dinero nunca se recuperó

Una reciente auditoría interna de Avalmadrid denuncia que la operación se aprobó cuando "Viajes Marsans ya era insolvente" y destaca que la carta de Beteta "muestra la influencia que ejercían los socios en la concesión de los avales"

El empresario Gerardo Díaz Ferrán recurrió a la sociedad semipública Avalmadrid para obtener financiación cuando su compañía estaba al borde de la quiebra. Fue en febrero de 2010, en un momento en el que la empresa de viajes de la que era copropietario, el grupo Marsans, ya era insolvente. Contra al criterio de los técnicos, Avalmadrid aprobó la operación y entregó ocho avales por valor de 3,3 millones de euros a las empresas del todavía entonces presidente de la patronal de empresarios CEOE.

Apenas cuatro meses después de obtener ese dinero, Viajes Marsans entró en concurso de acreedores. De los 3,3 millones de euros avalados se perdieron 2.726.000 euros.

Una reciente auditoría interna de Avalmadrid a la que ha tenido acceso eldiario.es ha destapado detalles hasta hoy desconocidos de esta ruinosa operación en la que se dilapidó dinero público –la Comunidad de Madrid es el principal accionista de esta entidad financiera semipública seguida por Caja Madrid–. Solo dos semanas antes de que se aprobaran esos avales para Díaz Ferrán, el entonces consejero de Economía y Hacienda de Madrid, Antonio Beteta, presionó al presidente de Avalmadrid en favor de Díaz Ferrán. Lo hizo por medio de una carta, que recoge esa auditoría y hoy desvela eldiario.es.

Antonio Beteta es uno de los históricos del PP de Madrid, donde empezó como diputado autonómico en 1983. Entre otros cargos, ha sido consejero de Hacienda con Alberto Ruiz-Gallardón, consejero de Economía y Hacienda y más tarde de Transportes con Esperanza Aguirre y secretario de Estado de Administraciones Públicas con el Gobierno de Mariano Rajoy.

En la misiva de febrero de 2010, Antonio Beteta escribe al entonces presidente de Avalmadrid, Juan Manuel Santos-Suárez, a cuenta de "la próxima sesión ordinaria de Avalmadrid" donde se iban a abordar los avales para las empresas de Gerardo Díaz Ferrán. Beteta argumenta en la carta que Marsans es un "grupo fundado hace más de un siglo", "de referencia en el sector turístico", y que "emplea a más de 10.000 trabajadores" de los que "4.000 están situados en nuestra región". Le "ruega" al presidente de Avalmadrid que "tenga estos datos en consideración".

La carta del consejero Antonio Beteta pesaba mucho en Avalmadrid. Su consejería, la de Economía, era el primer accionista individual de Avalmadrid, con el 31%. Varios de los consejeros de esta entidad financiera habían sido nombrados por el gobierno de Esperanza Aguirre.

El propio presidente de Avalmadrid, y destinatario de la carta de Beteta, también provenía del aguirrismo. Juan Manuel Santos-Suárez había sido antes viceconsejero en el gobierno de Esperanza Aguirre entre 2003 y 2007: primero de Modernización y Calidad de Servicios y más tarde de Hacienda. De allí pasó a Avalmadrid, donde fue nombrado consejero por el gobierno de Madrid que presidía la líder del PP madrileño.

Hoy Juan Manuel Santos-Suárez es consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el regulador bursátil, el organismo para el que fue nombrado en 2014 por el Ministerio de Economía, durante los años de gobierno del PP.

En el momento en que Antonio Beteta envía esta carta al presidente de Avalmadrid, Gerardo Díaz Ferrán era el presidente de la patronal CEOE. Antes había sido presidente de la patronal madrileña CEIM, que también es uno de los accionistas de Avalmadrid, y consejero de Caja Madrid, entidad pública que participaba con un 30% en Avalmadrid.

Avalmadrid, la misma entidad del polémico aval al padre de Isabel Díaz Ayuso, aprobó la operación pese a las vinculaciones de algunos consejeros con el empresario y contra la opinión de sus propios analistas, que valoraron negativamente todos y cada uno de los puntos que estudiaron de las empresas de Díaz Ferrán que solicitaron ser avaladas (Rural Tours y Trap).

Además de las señales de alerta en las finanzas del grupo Marsans cuando se concedieron las garantías –del 10 al 19 de febrero de 2010–, ya había hechos concretos que dibujaban la situación de la empresa. Por ejemplo, el gobierno de Argentina acababa de expedientar a Marsans un mes antes por "extender cheques sin fondos y por no pagar empleados", destaca la auditoría interna encargada por la propia Avalmadrid.

Según recoge esa misma auditoría, "cuando Avalmadrid prestó los avales, Viajes Marsans ya era insolvente", y destaca que Díaz Ferrán recurrió a esta financiera semipública precisamente "por la desconfianza que generaba en el mercado" la situación de sus empresas. Era muy difícil acceder a préstamos con ese enorme riesgo de morosidad, y la garantía de Avalmadrid fue decisiva para lograr financiación.

En 2015, Díaz Ferrán fue condenado por el saqueo del Grupo Marsans: por alzamiento de bienes, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales.

El expresidente de Avalmadrid José Manuel Santos ha rechazado contestar a las preguntas de eldiario.es sobre esta información, aunque ha trasladado a través de un portavoz que "cree que actuó de manera correcta". eldiario.es también ha intentado sin éxito recabar la versión de los hechos de Antonio Beteta.

Arturo Fernández también presionó

Además de la carta de Antonio Beteta, en la auditoría interna de Avalmadrid también figura una segunda misiva que mandó el empresario Arturo Fernández al entonces presidente de Avalmadrid, Juan Manuel Santos-Suárez. La carta tenía el mismo objetivo: que Díaz Ferrán lograra los avales que necesitaba para financiar a sus empresas. Y Arturo Fernández escribía desde la misma condición que Beteta: como socio de Avalmadrid.

La carta de Arturo Fernández al presidente de la entidad avalista es prácticamente idéntica a la que envía el consejero de Economía. Además de las firmas, solo cambia una palabra: donde Beteta escribe "los miembros representados del IMADE" en la comisión ejecutiva de Avalmadrid, Fernández pone "los miembros representados de CEIM". El Imade era el Instituto Madrileño de Desarrollo, un organismo público dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda en Avalmadrid y que posteriormente fue disuelto. CEIM es la patronal madrileña, también accionista de Avalmadrid, que entonces presidía Arturo Fernández y que antes había presidido Gerardo Díaz Ferrán.

En aquel momento, Arturo Fernández también era vicepresidente de CEOE, que presidía Gerardo Díaz Ferrán.

En la carta, Arturo Fernández intercede por su colega y amigo, pese al evidente conflicto de interés que también destaca la auditoría: CEIM tenía tres consejeros en Avalmadrid cuando se da el crédito a Díaz Ferrán, que a su vez había sido presidente de la misma patronal madrileña hasta 2007.

Ambas cartas se mandaron en un plazo de apenas 24 horas: el 24 y 25 de enero de 2010. Los avales para las empresas de Díaz Ferrán se aprobaron quince días después. Según admite la auditoría interna de Avalmadrid, "las cartas recibidas muestran la influencia que ejercían estos socios para la concesión de los avales".

A preguntas de eldiario.es, Arturo Fernández ha dicho no recordar esta carta ya que hace muchos años aunque "si está por escrito el contenido sería así, ya que Díaz Ferrán era un gran empresario". Sobre por qué su carta es idéntica a la que envía Antonio Beteta, Fernández responde: "Ni idea".

Los empresarios de cabecera de Aguirre

Tanto Arturo Fernández como Gerardo Díaz Ferrán tenían y tienen muchas cosas en común, además de su larga relación en la patronal madrileña CEIM y en la patronal española CEOE. Ambos comparten una sentencia: los dos han sido condenados en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, donde fueron consejeros. Y ambos presuntamente participaron en la financiación ilegal del PP de Madrid, que hoy investiga la Audiencia Nacional

Tanto Díaz Ferrán como Arturo Fernández fueron donantes de Fundescam: una fundación opaca y sin apenas actividad que el PP de Madrid usó como tapadera para pagar gran parte de los gastos de campaña de Esperanza Aguirre en la mayoría de sus campañas electorales. Fundescam se financiaba con donativos irregulares de empresarios que después recibían pingües contratos con la administración madrileña, tal y como hoy investiga la Justicia. Parte de esos pagos acabaron también en la trama Gürtel, que gestionó algunas de las campañas de Esperanza Aguirre.

Díaz Ferrán, a través de varias empresas del grupo Marsans, pagó 247.000 euros a Fundescam. Y también utilizó la CEIM –la patronal madrileña– para donar ilegalmente otros 100.000 euros más cuando era presidente de esta organización.

Por su parte, Arturo Fernández donó a Fundescam 57.030 euros entre 2003 y 2004 y otros 60.000 euros más poco antes de las elecciones autonómicas de 2007. La Audiencia Nacional hoy investiga esos donativos. Un informe de la UCO –la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil– relaciona esos pagos con la adjudicación que una de las empresas de Arturo Fernández recibió: la de la cafetería de la Asamblea de Madrid. Por esa operación, la Fiscalía Anticorrupción pide también la imputación de la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes, entonces vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y también vocal de Fundescam.

El propio Arturo Fernández, al igual que Díaz Ferrán, también se benefició de su influencia en Avalmadrid, gracias a su presidencia de la patronal madrileña. Sus empresas recibieron más de 2 millones de euros en avales de los que 1,3 no se han recuperado.

La relación entre Esperanza Aguirre, Díaz Ferrán y Arturo Fernández fue muy estrecha, y la admiración que sentía el dueño de Marsans por la expresidenta madrileña se reveló en un micrófono abierto: "Si es que es cojonuda", dijo mientras intervenía Aguirre ante los empresarios en 2009, el año antes de recibir el aval impagado.

La consultora PwC recomendó a Avalmadrid denunciar estos y otros hechos revelados por la auditoría interna. El informe se envió a la Fiscalía, que ha visto indicios de "créditos fraudulentos" pero ha archivado la causa porque los presuntos delitos han prescrito.

https://www.eldiario.es/madrid/Aguirre-Avalmadrid-facilitaran-Diaz-Ferran_0_936156535.html

EL DIRECTOR DE AVALMADRID SEÑALADO EN EL 'CASO AYUSO' NEGOCIÓ COMISIONES CON IGNACIO GONZÁLEZ

Juan Luis Fernández-Rubíes, que aprobó el préstamo de 400.000 euros al padre de la presidenta pese a la existencia de un informe con dos reparos, ofreció al expresidente madrileño una prima si lograba un acuerdo con el Canal de Isabel II: "Ahí hay la comisión correspondiente", destacó el exdirectivo

El ex director general de Avalmadrid Juan Luis Fernández-Rubíes, que aprobó el polémico préstamo de 400.000 euros a la empresa del padre de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, intermedió con el expresidente madrileño Ignacio González a cambio de comisiones, según consta en las transcripción de las conversaciones grabadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del caso Lezo, a las que ha tenido acceso Vozpópuli.

La UCO refleja en sus informes decenas de conversaciones telefónicas mantenidas en 2016 entre el ex director general de Avalmadrid e Ignacio González, ya en ese año expresidente de la Comunidad de Madrid, en las que ambos planean cobrar comisiones a cambio de sus intermediaciones con la sociedad pública del Canal de Isabel II. "Ahí hay la comisión correspondiente", aseguró Fernández-Rubíes a González.

También aludieron al cobro de cantidades por operaciones relacionadas con empresas como Isolux Corsán, Metrovacesa y NH Hoteles; con la compra de una clínica en el barrio de Salamanca (Madrid); y con la venta de un cuadro que querían que se llevara a cabo en la sociedad de subastas de la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero.

Un informe interno

Según la información publicada por eldiario.es, Fernández-Rubíes fue el responsable final del préstamo concedido a Mc Infortécnica, la empresa del área de la sanidad del padre de Ayuso, crédito que todavía no se ha devuelto en su totalidad. En concreto, el ex director general de Avalmadrid dio el visto bueno a la operación pese a disponer de un informe interno que planteaba reparos al aval.

El entonces coordinador del Departamento de Riesgos de Avalmadrid, Christian de la Torre, incluyó las advertencias en una comunicación a través de correo electrónico a Fernández-Rubíes, en la que solicitó, pese a las circunstancias, su "autorización" para "continuar con la formalización de la operación", según completa este diario digital.

En concreto, el informe destacaba que el aval que había presentado el padre de Ayuso para conseguir los 400.000 euros, una nave industrial en Sotillo de la Adrada (Ávila), había sido construida de forma ilegal, pues su superficie incumplía el máximo de edificabilidad que marca la normativa urbanística. Y por eso podía ser demolida y su valor de 230.000 euros podría bajar.

Tensiones de liquidez

El informe de Avalmadrid también advertía de que la empresa del padre de Ayuso podría sufrir problemas por "la coyuntura económica y la dependencia de la Administración pública, que hace que las sociedades tengan que soportar fuertes tensiones de liquidez para aguantar los pagos". Sin embargo, Fernández-Rubíes aprobó la operación.
Tras la salida de la presidencia de Ignacio González del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Juan Luis Fernández-Rubíes fue destituido de su cargo en Avalmadrid. Y ya ambos, desde la empresa privada, comenzaron a intermediar con empresas, sobre todo con inmobiliarias.

Destacan los intentos de Ignacio González, tal y como se puede leer en el sumario del caso Lezo, de intermediar para que un fondo británico pudiera comprar unas antiguas comisarias de Policía en Cataluña propiedad de Isolux Corsan, cuyo contacto era Fernández-Rubíes, que también estaba implicado en otra operación sobre un hotel de más de 150 habitaciones.

Paga el vendedor

Los agentes de la UCO ponen de manifiesto en su informe sobre las conversaciones grabadas que Ignacio González informa al ex director general de Avalmadrid del "problema" que tiene con el