FRANCISCO ENRIQUE CAMPS ORTIZ
UN GENOVÉS CON TELEVISISÓN PROPIA
UN ESTUDIO DEL COMITÉ DE CANAL 9 CONFIRMA EL TRATO DE FAVOR AL PP
Canal 9, la televisión pública de los valencianos, ha aplicado a lo largo de la campaña electoral "técnicas de manipulación y control de la información que la han convertido en una televisión de campaña del PP y han introducido por lo tanto una grave distorsión en el proceso electoral". Así lo afirma el comité de empresa de la televisión pública valenciana. Para llegar a esta conclusión, las secciones sindicales de UGT y CGT en RTVV -compuestas por profesionales de la televisión en todos sus aspectos- han hecho un estudio global de los Notícies 9 del mediodía y de la noche.
El estudio concluye que el PP "se ha beneficiado de un 10% más del tiempo que le correspondía, a base de camuflar como información institucional temas que eran claramente propaganda política" del partido que sustenta al Consell. Al analizar el tratamiento de los temas de conflicto entre el Consell y el Gobierno central, el estudio señala que "en todos los casos se ha dado voz a representantes de la Generalitat para criticar al Gobierno del Estado, mientras que no se ha permitido ninguna defensa por parte de éste". El estudio subraya "la intencionalidad manipuladora" de la dirección de informativos de Canal 9 en favor del PP.(31/05/07)
EL PP LOGRA VETAR UN VÍDEO CRÍTICO CON EL GOBIERNO VALENCIANO
La Junta Electoral de la Comunidad Valenciana amplió , a instancias del PP, las limitaciones que el miércoles estableció para la difusión del vídeo Ja en tenim prou (Ya tenemos bastante), cuya proyección prohibió en ayuntamientos y entes dependientes de éstos, además de la Universitad de Valencia. Así, el filme, crítico con la gestión del PP, tampoco se podrá ver en otras universidades ni instituciones dependientes de la Generalitat, que la Junta no incluyó el miércoles.
La decisión del organismo que vela por la limpieza de las elecciones causó consternación en medios políticos de la oposición y universitarios, cuyos portavoces hablaban de censura y contraponían esa medida con la impunidad con la que el Gobierno valenciano de Francisco Camps (PP) utiliza la televisión pública Canal 9 para emitir mensajes a su favor y silenciar a la oposición.
Posteriormente, el PP pidió a la Junta Electoral que hiciera extensiva la prohibición de difundir la película a las universidades de Alicante, de Castellón y Politécnica de Valencia, así como a las dependencias de organismos vinculados a la Generalitat. Y la Junta le dio la razón, aunque olvidó hacer mención expresa a la Universidad Politécnica.
Los partidos de la oposición pidieron la nulidad de esta segunda resolución, por considerar que no era una ampliación de la del día anterior, sino una nueva, lo que les daba derecho a un plazo de alegaciones.
Ja en tenim prou es un colectivo en el que participan profesionales del sector audiovisual, miembros de movimientos sociales y un nutrido número de artistas, activistas y asociaciones culturales cuyo objetivo es "promover el voto progresista para desalojar al PP de las instituciones".
Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal de Justicia valenciano y de la Junta Electoral valenciana, rehusó hacer declaraciones. A través de su gabinete, De la Rúa precisó que la Universitad de Valencia es una institución pública, como los colegios y otras dependencias, y que desde este punto de vista deben ser contemplados. Las mismas fuentes indicaron que es importante distinguir entre fuerzas políticas que sí pueden, según la Ley Electoral, hacer campaña, y organizaciones ciudadanas que no tienen reconocido ese derecho. En cualquier caso, la decisión de la Junta a instancias del PP no hizo más que reafirmar a los impulsores de la iniciativa en la necesidad de llevarla adelante. Una decisión que puede provocar el efecto contrario al buscado; algo de eso se pudo apreciar por la tarde en la Societat Coral El Micalet, donde se proyectó la película entre gran expectación del público, informa Ignacio Zafra.(27/04/07)
LOS SOCIALISTAS DENUNCIAN UN DOCUMENTO DEL PP QUE INSTA A CANAL 9 A "HACER RUIDO" CONTRA LA OPOSICIÓN
El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes, Andrés Perelló, anunció que el PSPV-PSOE denunciará al director general de Ràdio Televisión Valenciana (RTVV), Pedro García, porque Canal 9 "actúa como un instrumento al servicio de la precampaña y la campaña electoral del PP". Perelló aseguró conocer unos documentos del PP en los que se alude a la intención de "utilizar" Canal 9 para "hacer ruido" con el objetivo de "interferir en el mensaje del adversario". Por ello, el diputado socialista explicó que su grupo ha preparado una carta que remitirá al responsable de la televisión pública valenciana. En ella, se emplaza a Pedro García a que Canal 9 "dé la posibilidad" a los valencianos de asistir a un "cara a cara" entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al candidato del PSPV, Joan Ignasi Pla. Asimismo, manifestó que García "forma parte de la estrategia del PP de manera indecente" y recordó que el sueldo que cobra -"más alto" que el del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero- "lo pagamos todos los valencianos".
Por otro lado, señaló que desde el PSPV ya eran conocedores de que la precampaña y la campaña electoral "estaban pervertidas desde el principio". En este sentido, subrayó que algunas de las causas que han provocado esta situación son "los excesos del PP", así como "los temores de Camps, de que el debate y la opinión fluyan". Camps "es débil y no resiste la crítica ni el debate", dijo Perelló, quien señaló que la televisión pública tiene que ser "objetiva y veraz". Perelló dijo que Canal 9 "está haciendo un escándalo", y que los responsables del PP "han demostrado una falta de respeto y han perdido los pocos escrúpulos que tenían si es que algunas vez los tuvieron".(08/04/07)
EL SUPREMO PONE FIN AL INTENTO DEL PP DE PRIVATIZAR LA TELEVISIÓN PÚBLICA VALENCIANA (20/02/07)
El Tribunal Supremo ha zanjado el intento del entonces presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana de privatizar parcialmente la gestión de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). El Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por el ente público en 2005 después de que los tribunales ordinarios declarasen nulos los concursos para privatizar la edición de los informativos, el suministro de contenidos y la venta de publicidad. Glòria Marcos, coordinadora general de EUPV, dijo , tras hacer pública la sentencia, que la pretensión de RTVV no tenía soporte legal.
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado en 2005 por Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) contra la decisión de los tribunales ordinarios de anular los concursos para privatizar una parte de la gestión de Canal 9. La decisión del Supremo, subrayó Glòria Marcos, acaba con la pretensión del entonces Gobierno valenciano, que presidía Eduardo Zaplana, de "acometer una privatización encubierta y progresiva" del canal autonómico.
El Supremo basa su rechazo, explicaron los abogados Enric Bataller y Javier Trives, en que el ente RTVV es "un simple gestor del servicio público de televisión, pero no puede considerarse como una Administración que tenga confiada la interpretación y defensa de los intereses generales". Además, el tribunal argumenta que no existe motivo que justifique una casación en interés de ley -como argumentó RTVV en su recurso- porque el ente se limitó a invocar "la idea genérica y no demostrada de que la gestión privatizada de un servicio supone una mejoría del mismo respecto a la gestión directa pública". La privatización de Canal 9 -promovida por el gobierno de Zaplana y que el ahora presidente de la Generalitat, Francisco Camps, congeló a la vista de los recursos judiciales presentados contra el proceso- la acordó el consejo de administración del ente en marzo de 2003.
Concretamente, el consejo decidió ceder a la empresa privada por periodos de cinco años renovables la edición de los informativos, el suministro de los contenidos audiovisuales y la venta de espacios publicitarios de Canal 9.
EUPV recurrió junto a otras formaciones políticas y organizaciones sindicales -se presentaron hasta seis recursos- la decisión del consejo y la convocatoria de concursos para privatizar la gestión. Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo primero, y luego el Tribunal Superior de Justicia valenciano decretaron la paralización cautelar de los concursos y más tarde su nulidad. También invalidaron el acuerdo del consejo de 2003. "EU entendía", agregó la coordinadora, "que los votos del PP [mayoría en el consejo] no podían imponer una resolución contraria a la legalidad y que vaciaba de contenido sus funciones".
Marcos reclamó al Gobierno valenciano y a RTVV que reconozcan que estaban incumpliendo la ley cuando intentaron privatizar la televisión autonómica. "La pretensión de RTVV convertía en papel mojado la posibilidad efectiva del consejo de control social", apostilló la coordinadora general. La actual candidata a la presidencia de la Generalitat por Compromís pel País Valencià defendió una nueva forma de dirigir RTVV, "con un plan de viabilidad, la utilización mayoritaria del valenciano, la recuperación de la producción propia y un consejo de administración con plenas competencias". Febrero 2007
EL CONSELL NOMBRA NUEVO DELEGADO DE CANAL 9 EN ALICANTE A UN EDIL DEL PP.
Manuel Aracil Llorens, concejal del PP en San Juan, fue nombrado por el Consell de la Generalitat nuevo director del Centro de Producción de Programas de Canal 9 en Alicante, cargo equivalente al anterior de delegado de Televisión Valenciana, que estaba vacante desde que hace casi un año fuera relevado Vicente Cutanda. Aracil, alineado con el sector campsista y desplazado como portavoz municipal el pasado verano por los zaplanistas, recibió su nombramiento «con sincero agradecimiento al Gobierno valenciano y a Canal 9».
Nacido en San Juan hace 48 años y profesional de la banca hasta hace cinco y del mundo asegurador en la actualidad, Aracil tomará posesión de su nuevo cargo la próxima semana -«el lunes o el martes»-, después de haber perfilado los detalles de su incorporación durante los últimos días con el director general del ente público, Pedro García.
Su nombramiento se ha llevado con mucho sigilo, hasta el punto de que muy pocas personas tenían noticia del mismo por la tarde en la sede de Canal Nou en la alicantina avenida de Aguilera. «Me siento muy concienciado y totalmente responsabilizado para asumir esta función, y haré todo lo posible por estar a la altura», declaró Aracil, quien restó importancia a su desconocimiento profesional del ámbito audiovisual: «Mi nombramiento no va en la dirección de ocuparme de los contenidos televisivos, sino que está relacionada con la gestión global de la delegación del ente público y con la representación institucional del mismo en el conjunto de la provincia».
El nuevo delegado añadió que Canal 9 cuenta ya «con muy buenos profesionales» para ocuparse de los contenidos. Preguntado acerca de sus objetivos para esta nueva etapa que se abre en Televisión Valenciana en Alicante, Aracil precisó que tendrá que concretarlos a partir del lunes, así como la posibilidad de que también se haga cargo de la gestión de Ràdio 9. El nuevo delegado también aseguró que desconoce el informe anual de la Sindicatura de Cuentas que refleja numerosas irregularidades contables en las obras de la sede de Canal 9 en Alicante, tales como sobrecostes en los trabajos de reforma y desviaciones presupuestarias al alza en los contratos de equipamiento. «No tengo noticia», zanjó Aracil.
El edil popular, que fue candidato a la alcaldía de San Juan en los comicios municipales de 2003, considera que no será necesario renunciar al acta de concejal, cargo por el que no percibe remuneración en concepto de dedicación exclusiva.
El nuevo delegado está vinculado al PP desde su afiliación en 1982 y fue elegido concejal en la oposición en 1987 como número dos de la lista que encabezó Guillermo Iborra. Durante el mandato de 1991 a 1995 desempeñó labores de gobierno como edil de Patrimonio, Turismo y Cementerio con Francisco Burillo como alcalde. Después de varios años apartado de la política, en 2003 concurrió como candidato a la alcaldía y su lista consiguió 7 concejales frente a los ocho del socialista Francesc Seva.Febrero 2005
CANAL 9 HA GASTADO 106 MILLONES DE EUROS EN ESPACIOS DE PRODUCTORAS AFINES AL PP (5/07/04)
La marcha de Josep Vicent Villaescusa de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) no deja contentos a todos. La directora de Canal 9, Genoveva Reig, y el jefe de Recursos Humanos, Vicente Sanz, están ahora en el punto de mira de la oposición por manipulación informativa, censura, bajos índices de audiencia y una política de contratación de personal sin sentido. El balance de la etapa de Villaescusa resulta desolador no sólo porque se trata de una persona que ha defendido la privatización de la gestión del ente contra todos y pese a las sentencias judiciales contrarias, sino por su connivencia con Reig. Durante esta etapa, TVV ha invertido alrededor de 106 millones de euros (17.000 millones de pesetas) en programas ajenos a la cadena y de clara significación política.
Genoveva Reig llegó a Canal 9 en septiembre de 1998 de la mano de Eduardo Zaplana a quien conocía desde su etapa de alcalde de Benidorm. Fue su jefa de gabinete y luego directora general de medios de comunicación hasta que Jesús Sánchez Carrascosa dejó vacante la dirección de la cadena. Desde entonces, la parrilla de programación ha sufrido un proceso de privatización paulatino y le han llovido las críticas por parte de la oposición y de otros sectores sociales. Reig es la única persona de total confianza de Zaplana en Canal 9 y el principal escollo para los afines al titular del Consell, Francisco Camps.
El tercer obstáculo es Vicente Sanz. El responsable de la política de personal de la cadena, ejemplo viviente del sentido práctico de hacer política, se mantiene merced a hipotecas del pasado. En círculos próximos al PP se considera, incluso, que Sanz es más importante por lo que calla que por lo que sabe. Lo que podría librarlo de la quema.
Con todo, además del grave endeudamiento del ente y la ausencia de espacios con contenidos de calidad, la cadena ha sufrido una importante caída de la audiencia. Hoy es la menos vista de la Comunidad Valenciana y sus índices sólo son comparables a la época de Vicente Tamarit que no superaban el 14,5 % de share porcentaje de personas que ven televisión en un momento determinado.
Ni siquiera un buque insignia como Tómbola, uno de los programas que el Consell pretende eliminar de la parrilla y que anoche volvía «amb força» según lo anunció la cadena que ha obtenido una audiencia media del 4,64 % de raiting porcentaje de la población que ve el programa, según estudios de Sofres. De lo que se desprende que apenas 197.756 valencianos son fieles al programa.
Durante este año, TVV ha comprado 24 programas, lo que le ha supuesto un coste aproximado de 16 millones de euros (2.662 millones de pesetas). Los más caros han sido Tómbola de Anny Producciones, propiedad de Angel Moreno, ex marido de la periodista Nieves Herrero, y La naranja metálica de Canal Mundo, SA , productora del diario El Mundo. Este espacio que presenta Juan Ramón Lucas tiene un coste de 56.321 euros por programa.
Esta productora ha ingresado cerca de 1,5 millones de euros (280 millones de pesetas) en el último semestre ya que tiene en antena dos espacios, el de Lucas y La Bomba. A pesar del mínimo seguimiento que tienen estos programas, permanecen en antena.
UN JUZGADO RECLAMA A LA DIRECCIÓN DE RTVV EL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE CANAL 9
El director general de Ràdio Televisió Valenciana, José Vicente Villaescusa -actualmente en funciones-, deberá remitir antes de final de mes el expediente del proceso de privatización de Canal 9 a la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Valencia. La providencia dictada por la magistrada es la consecuencia de haber admitido a trámite el recurso que contra dicha privatización presentó el sindicato UGT. Además, y tal como establece el procedimiento, el escrito abre el plazo para que se personen en la causa los interesados en el contencioso. Fue el 24 de marzo pasado cuando el consejo de administración de RTVV aprobó los pliegos de condiciones -en una sesión que está impugnada ante los tribunales- para la externalización de los servicios de gestión de publicidad, de 1.884 horas de programas y de los informativos. Contra el propio proceso presentaron recurso, además de UGT, el sindicato CCOO -que lo hizo de forma incorrecta al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y éste le indicó que debía hacerlo ante un juzgado de lo Contencioso-Administrativo-, el PSPV y Esquerra Unida. UGT presentó su recurso el 25 de abril. En él, la organización sindical considera que el proceso de privatización de Canal 9 es contrario a derecho y pone en grave riesgo un importante número de puestos de trabajo. Julio 2003
RESPALDO AMPLIO EN CANAL 9 EN LA HUELGA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN
El comité de empresa de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) cifró en casi un 80% el seguimiento de los trabajadores a la convocatoria de huelga en contra del proceso de privatización que inició la Generalitat Valenciana el pasado 26 de marzo. Canal 9 no hizo declaraciones.
Nacho Ángel (CC OO), presidente del comité de empresa, afirmó en la concentración ante las instalaciones de Canal 9 en Burjassot (Valencia) que "a pesar de los abusivos servicios mínimos impuestos por la Consejería de Empleo, que han permitido adscribir a informativos a personal que nunca trabaja en ese área, los trabajadores han secundado masivamente la huelga, excepto una minoría de temporales".
En Telemadrid, TV3, TVG, Canal Sur y los centros territoriales de TVE se celebraron concentraciones de apoyo y en defensa de la televisión pública.Mayo 2003
EDU $ ZAPLANA APARECE MÁS DEL DOBLE QUE CAMPS EN CANAL 9 Y EL TRIPLE QUE PLA
Los informativos de Canal 9 dedicaron en 2002 al Partido Popular seis veces más noticias que al conjunto de la oposición. La presencia de los políticos del partido en el gobierno alcanzó las 1.134 ocasiones, frente a 194 del PSPV, 46 de Esquerra Unida, ocho del Bloc Nacionalista Valencià (BNV) y dos de Unión Valenciana (UV). El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, apareció durante el pasado año en 634 ocasiones, Camps en 265 y Olivas en 235. Así lo constata el sexto informe anual elaborado por el comité de redacción de Televisió Valenciana (TVV).
"Manipulación, parcialidad, desinformación, desprecio a la audiencia, servilismo al Gobierno e ignorancia ante algunas de las manifestaciones culturales más representativas" son algunos de los calificativos que incluye el sexto informe anual elaborado por el comité de redacción de TVV sobre el contenido de los informativos de Canal 9.
El comité de redacción señala en su informe como episodios más evidentes de la manipulación constante desde los informativos de Canal 9 el trato de favor que recibe el PP, la escasa aparición de la oposición y cómo se destacan las desavenencias, la huelga del 20-J que nunca existió, el Prestige visto como catástrofe natural, el PHN como ejemplo de una información maniquea, las manifestaciones de oposición a la guerra contra Irak (en las que consideran se dio mucha más importancia a las posiciones del Gobierno y se relativizó la masiva participación ciudadana en las calles), el paraíso económico de la Comunidad Valenciana -sólo se facilitan datos si son positivos-, la ignorancia informativa sobre los Premis Octubre, el autobombo, el silencio ante el conflicto desatado por el anuncio de la privatización del ente y el dominio aplastante de los contenidos dedicados a sucesos, frivolidades y fútbol.
Las apariciones del ahora ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, del actual presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, y del candidato por el PP a la presidencia de la Generalitat, Francisco Camps suman 1.134 frente a las 250 de los líderes de los grupos de la oposición Joan Ignasi Pla (PSPV), Joan Ribó (EU), Pere Mayor (BNV) y José María Chiquillo (UV). El comité de redacción define el dominio indiscutible sobre todas de la presencia de Zaplana como culto a la personalidad, ya que, según constata, ocupa minutos en los informativos incluso cuando es de dudosa trascendencia la información que protagoniza. Zaplana estuvo presente en los informativos de Canal 9 durante 2002 en 634 ocasiones, Camps en 265, Olivas en 235, Pla en 194, Ribó en 46, Mayor en ocho y Chiquillo en dos.
Sobre la huelga general del 20 de junio, el informe señala que se siguieron escrupulosamente las consignas del Gobierno para ningunear las repercusiones de una convocatoria que tuvo un importante seguimiento. Entre los ejemplos, se indica que en una información de 59 segundos aparece seis veces la palabra "normalidad", que "no se informó de los motivos de la huelga, se dieron cifras de seguimiento sin citar la fuente o se ofrecieron sólo las de la patronal y el Gobierno e ignoraron la polémica de los servicios mínimos".
Sobre el hundimiento del Prestige y sus consecuencias, señala el informe que Canal 9 no envió un equipo a Galicia hasta tres semanas después del desastre, casi el mismo tiempo que tardó en recoger en las informaciones la existencia de voluntarios. La marea negra "se ha tratado como un desastre de primera magnitud, atribuible sólo a la mala suerte, a los imponderables, la meteorología, sin hacer referencia a la legislación española que permite el tránsito de ese tipo de buques, ni a la falta de puerto de refugio, ni a las decisiones tomadas por las autoridades españolas". Dice el informe que "para Canal 9 no ha habido responsabilidad política".
El Plan Hidrológico Nacional (PHN) "ha sido uno de los temas que más minutos ha ocupado en los informativos de Canal 9 en los últimos meses", recoge el informe. Y añade que "los directivos de TVV han optado por desinformar a los espectadores valencianos ofreciéndoles una versión parcial y tendencioso de las múltiples reacciones que ha provocado la accidentada gestión del PHN". Asimismo, afirma el comité de redacción que "han manipulado la realidad, criminalizando las opiniones contrarias y silenciando las voces discrepantes, mezclando conscientemente información y opinión y no respetando la pluralidad". Señala el repaso que Canal 9 no informó de la creación de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que se han silenciado las discrepancias, que los ecologistas no concursan en la información, que han actuado al dictado del Gobierno y se han promovido manifestaciones.
El comité dedica en el informe de 2002 duras críticas al tratamiento del valenciano y de las manifestaciones culturales que Canal 9 recoge en los informativos. Para el comité "se incumple la Ley de Creación en cuanto a la toma de conciencia de los hechos diferenciales". Señala que "la Pantoja es noticia pero se ingora a Raimon, a Lluís Llach, la inauguración del centro Ovidi Montllor en Alcoi o a Miquel Batllori, excepto cuando falleció". Y concluye que un añó más no ha existido referencia alguna a las Trobades d'Escoles en Valencià ni a los Premios Octubre.Marzo 2003
VARIOS JURISTAS CALIFICAN DE FRAUDE DE LEY LA PRIVATIZACIÓN DE CANAL 9
La propuesta de privatización de Canal 9 que presumiblemente será aprobada en el consejo de administración del ente por la mayoría del PP es, según varios juristas un fraude de ley. En esencia, la fórmula vulnera el artículo seis de la Ley del Tercer Canal, que establece claramente que no se podrá delegar la gestión en todo o en parte bajo ningún concepto.
Los juristas señalan, además, que supone un conflicto la utilización doble que se da al personal de TVV, que siendo del ente estará dirigido por una empresa privada que no es con quien se han suscrito ni las condiciones laborales ni los estatutos ni los convenios.
En lo que se refiere a los pliegos que recogen la contratación de contenidos audiovisuales, que se establece para un total 1.884 horas anuales durante el contrato de cinco años, los juristas apuntan que se vulneran varios preceptos legales. De una parte, de la programación total, se combinarán: producciones propias, producciones delegadas por TVV (encargadas a un tercero que no será el adjudicatario), producciones del adjudicatario y producción ajena (animación, documentales o serie cuyos derechos se adquieren en el mercado audiovisual). Ello supone un fraude de la obligación de TVV, como empresa pública, de vigilar criterios de calidad, proporcionalidad, educación en valores democráticos y transmisión de valores culturales y en lengua propia, según los expertos, por que TVV figura como "supervisora a producto finalizado, sin capacidad de fiscalización por la propia característica del contrato de adjudicación". De otra parte, entienden los especialistas consultados, que "la mayoría de acuerdos suscritos para favorecer el sector audiovisual valenciano quedarán en papel mojado porque no se especifica obligación alguna".Marzo 2003
TRABAJADORES DE CANAL 9 CONOCÍAN DE ANTEMANO UNA PRUEBA DE LA OPOSICIÓN
Los exámenes de las oposiciones para entrar en la plantilla de Canal 9 no son igual de difíciles o fáciles para todos. Algunos trabajadores contratados de la televisión valenciana conocían de antemano el contenido de la prueba del sábado, como pone de manifiesto el hallazgo en el sistema de TVV con que se preparan las noticias de una copia de la información que iba a ser la pregunta del examen La personas que tuvieron ese olvido se presentan a las oposiciones. Las oposiciones se convocaron antes de las elecciones con polémica por la insólita premura.
En la prueba para los periodistas que habían superado ya el primer examen se tenía que redactar y estructurar un vídeo a partir de una imágenes y unas declaraciones. El tribunal escogió el estudio que dio a conocer el martes el Real Automóvil Club sobre la peligrosidad de llevar a los niños en los coches sin sistema de seguridad. Una noticia nada difícil, en opinión de un opositor. Y mucho menos difícil para quien ya sabía que iba a salir precisamente ésa y había estudiado cómo la había difundido la cadena que lo examinaba.
El representante de CC OO en el tribunal para la prueba de periodismo, Inocenci Ortín, manifestó que le llegó la denuncia de la filtración, y añadió que el sindicato hará pública una nota en la que posiblemente se anuncia la presentación de una denuncia tras recabar todos los datos disponibles. Este tribunal está compuesto por dos representantes del ente de RTVV, Fermín Aliaga e Ignacio Blanch, ambos del PP; y dos directivos de RTVV, Pau Pérez Rico, jefe de informativos de Canal 9, y Maite Fernández, jefa de informativos de Ràdio 9, además de la representante de USO, Silvia Soria, concejal del PP en Benetússer, y del propio Ortín. En esta modalidad, queda el tercer examen, una locución ante la cámara, y una entrevista personal.
En cualquier caso, llueve sobre mojado. Estas oposiciones para cubrir 164 plazas repartidas en 20 categorías nacieron ya bajo el signo de la polémica por la insólita rapidez con que se convocaron antes de las elecciones y por la forma de mezclar méritos y requisitos en lo que parece un traje a la medida. La dirección de RTVV justificó la premura de la actual convocatoria por la necesidad de poner en marcha y cubrir de personal el nuevo centro de producción y programas de Canal 9 en Alicante. Sin embargo, en las bases de la convocatoria de la oposición no se dice nada al respecto, de lo se infiere que los trabajadores podrán ubicarse donde la dirección estime conveniente. Todo ello con el trasfondo del proceso de privatización de la gestión de Canal 9 por parte de la Generalitat.
El siguiente capítulo siguió el guión anunciado por los sindicatos, que señalaron quiénes iban a sacar mejor nota en el primer examen en las distintas categorías, el test de 40 preguntas. Un 10 sacó Ramón José Varó, uno de los acusados de elaborar listas negras con trabajadores supuestamente desafectos al PP en Ràdio 9, cuando la actual directora de Canal 9, Genoveva Reig, era directora general de Medios de Comunicación. La actual jefa de prensa de la consejería de Sanidad, Perpetua Beltrán, logró un 8,75. Amparo Gomis, hija del director general de Farmacia, obtuvo un 9,47. María Pilar Vicente, ex responsable de nuevos proyectos y esposa del alto cargo de la Generalitat Fernando Coquillat, puntuó con un 9,21. Hay más nombres significativos muy bien puntuados, la mayoría próximos o con responsabilidades en los diferentes departamentos de RTVV, o con vínculos con el PP. A diferencia de las anteriores oposiciones, las notas parciales conocidas no están colgadas en la web de RTVV. Las notas van desde las puntuaciones excelentes hasta las mediocres, sin apenas intermedias
. (Mayo 2003)RTVV FIRMA CONTRATOS QUE IMPLICAN UN BLINDAJE ENCUBIERTO A SUS CARGOS
El director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), José Vicente Villaescusa, negó la semana pasada que existieran contratos blindados en esta empresa pública. Sin embargo, el modelo que utiliza Villaescusa es el de acuerdo por servicio determinado, con indemnización de 45 días por año trabajado, no sujeto al convenio del ente y que permite volver a periodistas y directivos a sus anteriores puestos. Según un catedrático de Derecho Civil, se trata de un "blindaje encubierto y un presunto fraude de ley". La dirección de Canal 9 lo niega.
El modelo de acuerdo, tal como consta en un contrato suscrito en 1998 por el entonces director de TVV, José Forner, con un jefe de sección de coordinación que en 2000 volvió a su plaza de plantilla y cobró alrededor de 15.626 euros por el tiempo que prestó servicio como miembro del cuadro directivo, está fuera del convenio de RTVV, es por tiempo determinado -el de la permanencia de quien hace el nombramiento- y se justifica en concepto de un servicio concreto. Fuentes sindicales estiman que unas 60 personas tienen este tipo contrato que la dirección de Canal 9 reduce a unos 15.
El blindaje encubierto, tal como lo definió un catedrático de Derecho Civil tras examinar el documento, consta de diez "estipulaciones". En ellas se establece que el contrato es de "duración determinada y mantendrá su vigencia mientras el director general de RTVV que realiza el nombramiento permanezca en su cargo, incluso si lo hace en funciones". Añade que "a la finalización del contrato, RTVV abonará una indemnización equivalente a 45 días de salario por año trabajado".
La mayoría de los contratos incluye entre las "estipulaciones" la extensión de la antigüedad, es decir, que la indemnización empieza a contar desde antes de que se suscriba el contrato, lo que la dirección de la empresa explicó como "un elemento corrector para que una persona que pueda haber sido contratada por un director general, destituida al cesar aquél y contratada por el siguiente, no acumule indemnizaciones". El contrato recoge además que como "consecuencia de la condición de fijo de plantilla del trabajador, se hace constar expresamente el reconocimiento de la duración del presente contrato a efectos de cómputo de antigüedad en la empresa en su vínculo contractual indefinido".
Según fuentes sindicales, son unos 60 los altos cargos y periodistas de RTVV con derecho a indemnización de 45 días por año trabajado, la mayoría de plantilla, lo que el comité de empresa cifró hace escasos días en dos millones de euros. Ello equivale a que personal fijo de la empresa cobra, después de desempeñar un cargo de confianza, una millonaria compensación por los servicios prestados teniendo derecho a recuperar la plaza que desempeñaba antes. Febrero 2003
RTVV GASTA CERCA DE 601.012 EUROS POR DESPIDOS IMPROCEDENTES
RTVV acumula alrededor de 40 sentencias en los últimos cinco años por despidos improcedentes y contratación en fraude de ley que le han costado al ente público cerca de 601.012 euros (unos 100 millones de euros). La mayoría de los despidos se comunican a la finalización de contratos que después la justicia rechaza porque, entre otras cosas, no amparaban dentro del marco legal el trabajo que se venía realizando.
Se han ido sucediendo en forma de goteo desde 1997. Fue entonces cuando la justicia declaró improcedente el despido de una redactora de Radio 9 porque la contratación había incurrido en fraude de ley, es decir se aplicaba un contrato por obra cuando, después de siete años en el ente, se demostraba que el trabajo realizado en nada se ajustaba a las exigencias de un contrato de esas características. El propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se pronunció tras el recurso que presentó la empresa pública. En su fallo, entre otras cosas, señaló: "El cese se produce después de sucesivas prórrogas del contrato inicial, tras haber visto cambiada la prestación de servicios dentro del mismo contrato a distintas áreas como productora, subdirectora, coordinadora, es por ello que las sucesivas contrataciones en las que la actora siguió desempeñando los mismos cometidos devienen en un fraude de ley".
Lejos de suponer aquel fallo una corrección de la política de contratación, se repitieron los despidos de forma mimética y en el mismo sentido la respuesta de los tribunales. Cinco años después de aquella sentencia, el pasado 23 de diciembre, el juzgado Lo Social número 12, volvía a insistir en el fraude de ley en la contratación de personal de RTVV. "Ha quedado constatado el carácter permanente de la necesidad que el empleador cubre mediante conceptos temporales, así como que la celebración de contratos en cadena deviene de una relación de carácter indefinido, se ha producido una continua irregularidad en los contratos encadenados". En el mismo sentido se han pronunciado los magistrados de los juzgados 13 y 15. Y el pasado mes de enero se produjeron al menos otros tres pronunciamientos en el mismo sentido, que ha costado ya a los ciudadanos alrededor de 601.012 euros.
El mecanismo que en estos años, hasta al menos en 40 casos que han llegado a los tribunales, es el cese a la finalización del contrato con el argumento de que la obra por la que se contrató acabó o bien que la plaza en la que se trabaja va a ser ocupada por una persona procedente del concurso de oposiciones. En esta segunda modalidad, la justicia también ha rechazado los argumentos de RTVV al demostrar que dichas plazas o no eran cubiertas o lo eran por personas contratadas nuevamente con la modalidad en fraude de ley.
Pero la práctica sigue, de hecho, según fuentes consultadas, después de las oposiciones del pasado verano, Canal 9 ha rescindido unos 40 contratos pero ha suscrito cerca de un centenar nuevos que podrían incurrir en fraude de ley. De las cerca de 40 rescisiones, siete han ido a los tribunales y cinco ya han sido nuevamente ganadas por los trabajadores por fraude de ley de la cadena pública autonómica.
RTVV se encuentra en el grupo de empresas públicas con una tasa de temporalidad superior al 20%, mientras las cifras del pasado año sobre el sector privado sitúan la temporalidad en el 9%.Febrero 2003
LOS COMITÉS DE TODOS LOS CANALES PÚBLICOS SE OPONEN EN BURJASSOT A PRIVATIZAR RTVV
Representantes de los comités de empresa y las secciones sindicales de todos los canales públicos se reunieron en Burjassot, donde está el centro de producción de la televisión autonómica, y expresaron su oposición a la privatización de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) anunciada por el PP. Al encuentro asistieron los comités de empresa y las secciones sindicales de Radio Televisión Española (RTVE), TV3, Catalunya Ràdio, Canal Sur, Castilla la Mancha Televisión (CMT), Telemadrid, Televisión de Galicia (TVG) y Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), que manifestaron que la privatización de RTVV "atenta contra el pluralismo político y cultural".
En el documento debatido y aprobado en Burjassot se asegura que "el proceso de privatización de RTVV puesto en marcha por el Partido Popular desde la Generalitat Valenciana" va contra los principios de una "televisión con contenidos de calidad". A juicio de los comités de empresa y secciones sindicales de las televisiones públicas, la privatización "dejaría en manos particulares un servicio básico para la participación democrática de los ciudadanos en la vida pública de la Comunidad Valenciana". El documento aprobado critica que el proceso privatizador conllevaría "la asunción por parte de los ciudadanos de los 400 millones de euros de deuda, generados por los actuales gestores, mientras que los beneficios serían para empresarios afines al PP".
Según el comunicado "no pueden continuar" en la dirección del ente público los responsables de "una gestión nefasta", que "han puesto el medio a disposición de intereses privados y partidistas en detrimento del conjunto de la sociedad". Los comités de empresa de las radios y televisiones autonómicas se "solidarizan con los trabajadores de Canal 9 y Radio 9" y exigen la "inmediata paralización del proceso de privatización". En el documento se reclaman además reformas legales, para que "los directores generales de las radio televisiones públicas sean elegidos por los respectivos parlamentos autonómicos" y la creación de un Consejo del Audiovisual. Febrero 2003
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