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EL EXCONSEJERO RAFAEL BLASCO INGRESA EN LA CÁRCEL DE PICASSENT

El exconsejero valenciano Rafael Blasco ya está en prisión. Blasco ha ingresado a primera hora de este lunes en el centro penitenciario de Picassent (Valencia) para cumplir su condena por desviar fondos destinados a la ayuda al desarrollo. El Tribunal Supremo confirmó la semana pasada la condena a Blasco, si bien rebajó de ocho años a seis años y medio de cárcel la pena.

Blasco ha sido condenado en la primera pieza separada del llamado caso Cooperación como autor de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental por el desvío de 1,6 millones de euros que debían ir a iniciativas en Nicaragua y acabaron invertidos en inmuebles en Valencia.

La causa tiene otras dos piezas separadas, en las que también está imputado el histórico dirigente político, en la que se investiga una treintena de proyectos de cooperación del Gobierno valenciano supuestamente irregulares, incluido el de la construcción de un hospital en Haití.

El Tribunal Superior valenciano había citado a Blasco este lunes, pero el exconsejero se adelantó y pasó a recoger el mandamiento de ingreso en prisión el viernes.

http://politica.elpais.com/politica/2015/06/15/actualidad/1434354776_400414.html

EL SUPREMO CONDENA AL EXCONSEJERO VALENCIANO BLASCO A SEIS AÑOS DE CÁRCEL

El exconsejero valenciano Rafael Blasco tendrá que ingresar en prisión. El Tribunal Supremo ha condenado a seis años y seis meses de cárcel al que fuera consejero de Solidaridad y Ciudadanía por desviar fondos destinados a proyectos de cooperación en Nicaragua. El tribunal le considera culpable de un delito de malversación de caudales públicos, en concurso con prevaricación administrativa, y delito continuado de falsedad documental.

Blasco, proveniente de la extrema izquierda y la persona que más veces ha formado parte del Gobierno valenciano, formó parte de los primeros Gobiernos democráticos valencianos con el socialista Joan Lerma, quien lo expulsó del Ejecutivo y del partido ante la sospecha de que había aceptado sobornos a cambio de recalificar unos terrenos cuando era consejero de Urbanismo. Blasco fue absuelto de aquella acusación y volvió a la primera línea política con los presidentes valencianos del PP Eduardo Zaplana y Francisco Camps. Pese a mantenerlo inicialmente como portavoz parlamentario, el jefe del Consell en funciones, Alberto Fabra, forzó en la legislatura recién concluida su expulsión del grupo parlamentario popular. Blasco permaneció en el grupo de no adscritos del Parlamento autonómico hasta que fue condenado.

La sentencia del Supremo condena también al empresario intermediario de las operaciones, Augusto César Tauroni, al que impone seis años de prisión, la misma pena que a la ex secretaria general de la Consejería Agustina Sanjuan. El ex subsecretario de la Consejería Alejandro Cátala es condenado a cuatro años y medio. El Supremo condena además al presidente de la miembros de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales, Marcial López y su mujer, María José Cervera, mientras que absuelve al ex director general Josep María Felip y al ex jefe de área Marc Llinares.

La sentencia, de 365 folios confirma los principales delitos que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pero reduce ligeramente las penas al rechazar el carácter de delito continuado de algunas de las acusaciones. El Supremo ha notificado ya el fallo al tribunal valenciano, que tiene ahora que ordenar el ingreso en prisión de los condenados, entre ellos el exconsejero Blasco.

En esta pieza del llamado Caso Cooperación se investigaron las irregularidades en la concesión de subvenciones a grandes proyectos de cooperación internacional que la Consejería de Inmigración y Ciudadanía de la Comunidad Valenciana concedió en el año 2008 a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales ( CYES) para dos proyectos en Nicaragua que tenían como propósito mejorar las condiciones de vida de dos comunidades rurales, a través del acceso de agua potable y de fomentar el desarrollo sostenible mediante la producción de alimentos.

El Supremo ahora declara probado que del dinero que la Generalitat Valenciana invirtió en estos dos proyectos ( 1,6 millones de euros) apenas llegó a su destino la cantidad del 3%, exactamente 47.953 euros. El 97 % restante los condenados lo aprovecharon para adquirir y reformar inmuebles en Valencia.

Según el relato de hechos de la sentencia que dictó el tribunal superior de Valencia, la Consejería aprobó los proyectos de Cyes , a pesar de que inicialmente habían sido rechazados por falta de experiencia previa. En una posterior reunión, presidida por Blasco, el consejero presionó a los miembros de la Comisión para que finalmente adjudicaran los proyectos a dicha fundación. Según la sentencia que ha confirmado el Supremo, en aquella reunión quedó demostrado de forma patente el papel director de Blasco, como la persona que no solo otorga mediante resolución las subvenciones pese a no resultar procedentes, sino que en todo momento dirigió a sus colaboradores con el fin de lograr sus propósitos. "Se prevalió de una estructura administrativa que dirigía para pervertir sus objetivos, disponiendo alegremente de unos fondos destinados a fines solidarios", concluyeron los jueces del tribunal valenciano.

Las subvenciones se otorgaron por resolución de Blasco en el mes de agosto. Tras el retorno de las vacaciones de verano, dos de los miembros de la comisión que se habían opuesto a esa concesión fueron cesados por su discrepancia. Un mes después, en octubre, en las mismas cuentas donde se ingresó 1'6 millones de euros se cargaron dos facturas por importe de 208.000 euros cada una, por supuestos servicios de asesoramiento, consultoría e ingeniería. La sala consideró esos servicios falsos porque en realidad pretendían encubrir la comisión que pagó uno de los condenados, Marcial López a Augusto César Tauroni para obtener estas subvenciones, una cantidad que correspondía al 25% del importe de cada subvención.

Los condenados intentaron sustituir el importe de los inmuebles mediante otros gastos, con facturas que en muchos casos no tenían relación con el proyecto inicial, según señalaba el tribunal, como una muestra más de esa " loca aportación de documentación". Así, por ejemplo sustituyeron la nómina de los trabajadores de Nicaragua de la moneda local al euro, intentando justificar nóminas mensuales de 4.000 euros cuando en realidad cobraban 56 euros mensuales.

Ahora el Supremo en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Antonio del Moral avala esencialmente la tipificación de estas conductas que hizo el tribunal valenciano y no escatima en reproches a los altos cargos condenados. Según el alto tribunal, cabe apreciar malversación agravada por lo que perturba al servicio público. “Derivar a fines particulares un montante elevadísimo de lo que los presupuestos autonómicos destinarían a esos fines solidarios supone afectar al servicio público así perfilado y no vinculado de manera miope o alicorta a concepciones administrativistas”. Esta conducta, añaden los jueces, “supone defraudar y pisotear nobles sentimientos del ciudadano que con agrado desea ver destinada una parte de su contribución del erario público a esos fines solidarios trasnacionales aunque ello comporte disminución indirecta de las prestaciones públicas de que él podía beneficiarse".

La sala explica que ese delito de malversación se consuma cuando los fondos salen del erario público en beneficio del infractor y quedan a su disponibilidad, es decir, no se requiere para la consumación del mismo, una consolidación de la situación a nivel administrativo.

El Supremo aprovecha también en esta sentencia para recomendar formar piezas separadas en procesos con múltiples objetos como vía para “acelerar, agilizar y simplificar” el enjuiciamiento. La sala subraya que adoptar esta práctica legalmente autorizada no exige una motivación reforzada, que analice todos los matices y vertientes que se ven concernidos.

Los magistrados se pronuncian también sobre los llamados "juicios paralelos". En el presente caso se habrían originado por las declaraciones efectuadas por responsables políticos sobre los hechos investigados. El alto tribunal toma como punto de partida para calibrar esta cuestión la presunción de que los tribunales sabrían sustraerse al influjo de esos comentarios. El ponente hace una diferenciación entre " juicios paralelos" y " juicios oblicuos" para argumentar que los primeros no interactúan entre sí, mientras que los " oblicuos" sí podrían interferir en la sentencia, algo que no puede presumirse en tanto que los tribunales deben generar actitudes de impermeabilidad a los comentarios mediáticos.

La condena a Blasco, la persona que más veces ha formado parte del Gobierno valenciano, se refiere a la primera de las tres piezas del caso Cooperación. Las otras dos piezas separadas cuya investigación continúa se refieren a supuestas irregularidades en otros proyectos de ayuda al desarrollo en el Tercer Mundo financiados por la Generalitat y al proyecto de construcción de un hospital en Haití tras el terremoto de 2010.

Ahora qué

Una vez que el Tribunal Supremo ha confirmado la prisión para el exconsejero valenciano Rafael Blasco, fuentes jurídicas señalan que corresponderá al Tribunal Superior valenciano ejecutar la condena. A diferencia de otros casos anteriores, las fuentes aseguran que los magistrados no aceptarán una hipotética suspensión de la pena en tanto se tramitase la eventual petición de indulto al Gobierno por parte de Blasco. El motivo es que la pena de prisión supera los cuatro años de cárcel, el límite a partir del cual no se aceptan en principio tal clase de peticiones. La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana y el propio Tribunal Superior sí han aceptado con anterioridad paralizar la entrada en prisión de condenados (como el exdiputado regional y antiguo alcalde de Torrevieja Pedro Ángel Hernández Mateo) hasta que se resolviera la petición de la medida de gracia. Pero ello se produjo porque las condenas eran de cuatro años de prisión o inferiores, algo que no se produce en este caso. Las fuentes consultadas consideran por ello que Blasco deberá ingresar en prisión en las próximas semanas o meses, una vez se cubran las etapas procesales pertinentes, entre ellas la remisión oficial de la sentencia al tribunal de Valencia.

http://politica.elpais.com/politica/2015/06/10/actualidad/1433939328_106228.html

OCHO AÑOS DE CÁRCEL A UN EXCONSEJERO DE CAMPS POR FRAUDE EN AYUDAS AL DESARROLLO

Penas también para otros cinco cargos públicos, dos dirigentes de una fundación y un empresario ligado a Rafael Blasco

Los condenados desviaron a la compra de inmuebles en Valencia subvenciones destinadas a Nicaragua

Los jueces han condenado este miércoles al exconsejero valenciano Rafael Blasco a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación absoluta por el fraude en las ayudas de cooperación al desarrollo, cometido durante la presidencia de Francisco Camps. Un total de 43 años de prisión y 47 años de inhabilitación para la trama que se apropió de los fondos destinados a proyectos de desarrollo en América Latina, África y Asia por la Generalitat valenciana. La red estaba integrada por la cúpula de la Consejería de Solidaridad, a la que pertenecían seis de los nueve enjuiciados.

Al frente de todos ellos, Rafael Blasco, el hombre que ha definido una parte clave de la política valenciana de los últimos 30 años, y que alcanzó su máxima cota de poder en 2009, durante la recta final del mandato del expresidente Camps. Los magistrados han condenado a Blasco, que sigue siendo diputado autonómico, a ocho años de cárcel como jefe de la red y 20 años de inhabilitación absoluta por los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y delito continuado de falsedad en documento oficial.

En esta historia de villanos hay también algunos héroes discretos: los funcionarios que se negaron a conceder las ayudas y contaron lo ocurrido en el juicio. La sentencia recoge, entre otros pasajes, que ante el bloqueo en la concesión de subvenciones, Blasco convocó a los empleados públicos a una reunión presidida por él mismo, "algo que era completamente extraordinario".

Una vez allí se mostró "abiertamente disconforme con su decisión" de oponerse a librar las ayudas, "presionándolos para que modificaran sus conclusiones, sosteniendo que él era el máximo intérprete de las bases". Blasco les pidió "que confiaran en su palabra de la misma manera que él había confiado en ellos, pese a que no se tenía buen concepto de su trabajo".

Como no consiguió su objetivo, el consejero de Camps los amenazó con el escrutinio de su trabajo anterior, señala la sentencia: "Al enterarse de que no variaban su decisión, Blasco visiblemente enfadado, les dijo que si siempre habían sido tan rigurosos, que lo iba a comprobar personalmente, pidiendo a continuación que le subieran a su despacho todos los expedientes" que los funcionarios habían elaborado anteriormente "con tal objeto".

Junto a Blasco han sido condenados el empresario Augusto César Tauroni, a ocho años de prisión y 20 de inhabilitación absoluta; la que fue secretaria general administrativa de la consejería, Tina Sanjuán, a siete años y seis meses de prisión; el exjefe del área de cooperación, Marc Llinares y el exsecretario general del departamento, Alexandre Català, ambos a cuatro años y seis meses de prisión y siete años de inhabilitación; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, a tres años de prisión y dos de inhabilitación; el presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales, Marcial López, a cuatro años y seis millones de euros de multa; la miembro de la misma Fundación Cyes, Josefa Cervera, a tres años y medio de prisión y multa de cuatro millones de euros, y el exsecretario Jospe Maria Felip, a siete años de inhabilitación.

Además, Tauroni, López y Cervera han sido condenados al pago conjunto y solidario de una indemnización a la Generalitat de 1,7 millones de euros. La responsable civil subsidiaria es la fundación Cyes.

En esta parte de la causa se ha juzgado la primera actuación de la trama. El desvío en 2008, poco después de que Blasco, a quien la trama apodaba El Conejo, se hiciera cargo de la consejería, de 1,8 millones teóricamente destinados a Nicaragua. El dinero se invirtió principalmente en pisos y plazas de garaje.

En la causa se investigan también, entre otros fraudes, la supuesta rapiña en la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto que asoló el país caribeño en 2010, al que Camps decidió destinar inicialmente cinco millones de euros.

Junto al exconsejero y todavía diputado autonómico han sido condenados los principales mandos de la consejería. El presidente de la fundación que se utilizó para recibir los fondos y su mujer. Así como el empresario Augusto César Tauroni, cabecilla de la parte civil de la red, que lleva más de dos años en prisión provisional.

Blasco dirigió casi todas las consejerías de la Generalitat. Fue un estrecho colaborador de tres presidentes valencianos, y se especializó en asesorarles en materias delicadas. Alcanzó su cima de poder cuando el expresidente Camps se vio amenazado por su implicación en el caso Gürtel. El expresidente lo nombró portavoz parlamentario y titular de las carteras de Solidaridad y de Justicia.

La carrera política de Blasco ya pareció acabada hace 25 años, cuando los socialistas lo expulsaron del Gobierno valenciano y del partido entre sospechas de que había aceptado sobornos a cambio de facilitar negocios urbanísticos.

El veterano político (acaba de cumplir 69 años) fue, sin embargo, absuelto tras la anulación de los pinchazos teléfonicos que sostenían la acusación. Después de un periodo de ostracismo, Blasco fue reclutado por el popular Eduardo Zaplana, elegido presidente valenciano en 1995, para la causa popular. Zaplana explotó la habilidad política de Blasco, así como el profundo conocimiento que tenía de la estructura autonómica y de su gran rival, el PSPV-PSOE.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, lo destituyó como portavoz en las Cortes Valencianas en 2012, después de que fuera imputado en este caso. Fabra no forzó, sin embargo, su salida del Grupo Popular en el Parlamento autonómico hasta que la juez lo sentó en el banquillo de los acusados, hace un año, y el propio Gobierno valenciano, personado en el procedimiento, solicitó para él 11 años de prisión.

Blasco integra ahora el grupo de no adscritos de las Cortes y se encuentra inmersos en varias investigaciones por corrupción. Existen dudas sobre si dejará su escaño tras la condena, dado que aún puede recurrir la condena al Tribunal Supremo.

Los próximos pasos

Lo previsible es que el exconsejero Rafael Blasco, conocido por su tenacidad, recurra la condena, aconsejado por su letrado Javier Boix, el mismo que defendió a Francisco Camps y a Carlos Fabra. La apelación ante el Tribunal Supremo supondría paralizar la entrada en prisión del diputado de las Cortes Valencianas en torno a un año, el tiempo que suelen tardar en resolverse los recursos de casación.

Si el Supremo respalda la decisión de los magistrados valencianos Pilar de la Oliva, Juan Climent y Antonio Ferrer de condenar a Blasco, a sus subordinados y al resto de acusados, el siguiente paso sería su entrada en prisión.

Al haber sido condenado a una pena superior a los cuatro años de cárcel no hay posibilidades de que los jueces suspendan la ejecución de la pena mientras el Gobierno resuelve una hipotética aunque previsible petición de indulto.
El político que más veces ha sido consejero del Gobierno valenciano tiene 69 años. Pero eso no es un impedimento para que ingrese en la cárcel. A partir de los 70 años, la edad es un elemento a favor para que el reo reciba beneficios penitenciarios, pero hay cientos de presos que a pesar de ello siguen en prisión en España.

La sentencia considera probado que Blasco, exconsejero y exportavoz del PP en las Cortes Valencianas forzó el procedimiento de concesión de subvenciones. Presionó a funcionarios. Y que, a la vista de su resistencia, los relevó por personas de su confianza que sí accedieron a conceder las ayudas violando los criterios legales. El fallo conocido hoy corresponde a la primera pieza separada del caso Cooperación, una macrocausa que tiene otras dos piezas separadas.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/27/valencia/1401210511_911218.html

EL JUICIO A RAFAEL BLASCO PONE EN EVIDENCIA EL CLIENTELISMO POLÍTICO DE LOS GOBIERNOS DE CAMPS

El exportavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas y todopoderoso hombre de Camps desvió supuestamente ayuda destinada a países en vías de desarrollo a una trama corrupta

En 1989 fue expulsado del PSOE por un asunto turbio de recalificación de terrenos y al poco se unió al PP, en cuyos gobiernos cinco consejerías, dejando en cada una de ellas el rastro del escándalo

Triste, solitario y final. Como Philip Marlowe en El largo adiós, de Raymond Chandler. Así bajó Rafael Blasco este viernes los cincuenta escalones del Palacio de Justicia tras la última sesión del juicio por el caso Cooperación. En la puerta le esperaba una única cámara de TVE. El otrora locuaz conseller giró la cara al micro y se arrimó a la fachada con un gesto escurridizo de felino. Minutos antes había pronunciado su último alegato frente al tribunal que lo juzga por el desvío de 1,6 millones de ayudas a Nicaragua a una trama corrupta encabezada por el empresario Augusto Tauroni, en prisión desde 2012. De este dinero, 970.000 euros fueron a la compra de tres pisos y un garaje en Valencia. Al país de destino apenas llegaron 43.000 euros.

“He tenido errores y aciertos. Algún error habré cometido, pero nunca he traspasado ninguna frontera de ilegalidad”, aseguró Blasco, quien se refirió a sus compañeros de banquillo y, en algún caso, estrechos colaboradores desde los noventa: “Son honorables y no han cometido irregularidades. Están aquí porque la persona que se buscaba era la de Rafael Blasco”. Fue el epitafio a la teoría conspirativa esgrimida desde que en 1989 fue expulsado del PSPV-PSOE por un asunto turbio de recalificación de terrenos. Desde entonces declaró guerra eterna a sus excompañeros y, al poco, se afincó en la trinchera contraria, en el Partido Popular, donde ha dirigido cinco consejerías. Y en cada una ha dejado el rastro del escándalo con Tauroni como empresario de cámara. Por ejemplo, en 2001, en Bienestar Social, le encargó a dedo la puesta en marcha del teléfono de la mujer maltratada por 6,7 millones. También sin publicidad ni concurso le agració en 2006, desde la consejería de Sanidad, con la gestión de miles de expedientes médicos a través del programa Abucasis, licitado por algo más de seis millones. Esta última concesión está siendo investigada en los juzgados.

Orden de destierro

En junio de 2013, Blasco fue expulsado del Partido Popular, en el que se desempeñaba como portavoz del grupo parlamentario. Con todo el territorio político valenciano ya recorrido, pasó a la única butaca de los no adscritos, espacio de destierro o purgatorio donde esperar el juicio que se inició a principio de año. Un proceso que ha vivido con la sola compañía obligada de sus vecinos de banquillo. Y la única lealtad comprada (algunas fuentes señalan que por 150.000 euros) de su abogado, Javier Boix, quien ya le sacó del atolladero en 1989 y ha convertido su despacho en refugio multimillonario del políticos del PP en apuros. En 2012 defendió a Francisco Camps en el llamado caso de los trajes y consiguió dilatar la causa de Carlos Fabra en Castellón durante más un década.

De hecho, Boix está especializado en garantías jurídicas y conoce cada fisura del Código Penal. En esta causa ha impugnado testigos, intervenciones telefónicas y fragmentos de la instrucción. Una labor entre la finísima ingeniería procesal y la más severa voluntad de ineficacia burocrática. A sus órdenes ha contado con toda una orquesta de letrados que han seguido su melodía jerárquica a sabiendas de que poniendo a salvo al capitán se libraba la tripulación entera. Y en ese rumbo no ha importado ejercer cierto tono de piratería humillando a testigos de cargo, asegurando que la única delincuente era la abogada de la Generalitat personada en la causa o acusando al fiscal de amenazar a técnicos de la consejería con imputarlos si no aportaban pruebas.

Facturas falsas

Precisamente el trabajo de los fiscales Vicente Torres y Jesús Carrasco ha dejado sin mucho margen a las defensas. El informe final de acusación, redactado con estilo vertiginoso de novela negra, fue titulado por ellos mismos como “manual de clientelismo político”. Una modalidad en la que Blasco, a juzgar por los hechos, sería un virtuoso. En ese sentido, el exconseller, para el que solicitan 11 años de prisión y 31 de inhabilitación, habría presionado a los técnicos de Solidaridad para que en julio de 2008 se aprobaran las ayudas de 1,6 millones a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), tapadera de los negocios de Tauroni, quien llegó a decir que sóo le movía el dinero y que debía “dar prioridad” a sus negocios “antes que a los negratas”. Cyes ni siquiera era una ONG al desarrollo ni cumplía con los requisitos insoslayables de la convocatoria de tener experiencia previa y colaborar en red con otras entidades.

Según el fiscal, cuando la noticia saltó a los medios en octubre de 2010, Blasco procuró esconder que se habían comprado pisos con dinero de las subvenciones al tercer mundo. Para ello ordenó adulterar documentos y sacó a relucir facturas falsificadas desde Cyes por trabajos en Nicaragua que jamás se efectuaron. La sobreactuación de transparencia llevó a Blasco a convocar a la prensa en unas jornadas de puertas abiertas en Solidaridad y a solicitar en Les Corts una auditoría del Síndico de Cuentas para fiscalizar su labor. En todo caso un informe ni vinculante ni público que, además, validó las tesis del fiscal y afeó al político por la desaparición injustificada de más de un 1,1 millones.

Blasco, para no cumplir con las recomendaciones del síndico, argumentó que se hallaba en funciones ante su inminente nombramiento como portavoz del Grupo Popular en 2011. “¿Dónde dice que si te han quitado más de un millón no hagas nada por recuperarlo?", preguntó el fiscal y, a continuación, desgranó una decena de órdenes y resoluciones de Blasco en aquel tiempo. “¿Para dar fondos públicos no estaba en funciones, pero para recuperarlos sí?”. La última firma fue la del 13 de junio de 2011 para la construcción de un hospital en Haití por 4 millones. Una vez más, la concesión fue a parar a manos de su amigo Augusto Tauroni, quien supuestamente se embolsó 200.000 euros pese a que jamás se realizó esta obra.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/03/15/rafael_blasco_virtuoso_del_clientelismo_politico_14617_1012.html

LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL ENTIERRA AL EXCONSEJERO VALENCIANO RAFAEL BLASCO

El juicio del fraude en las ayudas a la cooperación liquida al correoso político del PP

La expresión de Rafael Blasco, ocho veces consejero de la Generalitat Valenciana y hasta hace poco portavoz del PP en el Parlamento autonómico, cambió hacia la mitad del interrogatorio al que el fiscal le sometió el jueves pasado, en la tercera sesión del juicio del caso Cooperación, el millonario desvío de ayudas al Tercer Mundo. La cara de Blasco, conocido por no perder la compostura ni en los momentos más difíciles, se ensombreció a los pocos minutos de reanudarse la vista después de un breve receso. Como si supiera que estaba perdido.

La confianza que el correoso político del PP valenciano, ahora apartado como diputado no adscrito en el Parlamento autonómico, ha tenido siempre en sí mismo ha acabado precipitando su caída. Esa seguridad le llevó a seguir saqueando aparentemente los fondos de cooperación al desarrollo en 2010 y 2011, cuando era público que la fiscalía investigaba su gestión.

‘Caso Cooperación’

Ayuda al desarrollo. Los acusados (nueve en la pieza que se juzga ahora, 30 en toda la causa) desviaron presuntamente ocho millones de euros de proyectos de cooperación. Lo que ahora se juzga es el desvío para comprar pisos de 1,8 millones en ayudas a Nicaragua.

Un equipo. Acompañan a Rafael Blasco en el banquillo cinco altos cargos de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que él dirigía. Todos lo habían seguido por otras consejerías y trataban con confianza al jefe de la parte civil de la trama, Augusto César Tauroni.

Delitos y penas. La fiscalía pide para ellos hasta 14 años de cárcel por malversación, tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y falsedad. La propia Generalitat valenciana, personada como acusación, pide 11 años de cárcel para Blasco.

Esa confianza permitió que la policía le interceptara, pese a su tendencia a hablar desde cabinas telefónicas, comprometedoras conversaciones con el presunto jefe de la parte civil de la trama, Augusto César Tauroni. Y esa confianza facilitó que los agentes grabasen el escaso aprecio con el que los miembros de su supuesta banda se referían a los países destinatarios de los proyectos de cooperación que gestionaban, a los que llamaban “Negrolandia”, así como a sus beneficiarios: “Hay que dar prioridad a lo nuestro antes que a lo de los negratas”, se les oye decir.

La primera pieza del caso Cooperación está centrada en el desvío de 1,8 millones de euros que, en su mayor parte, debían haber financiado proyectos agrícolas en Nicaragua y terminaron invertidos en pisos y plazas de garaje. El exconsejero ha intentado presentarse en el juicio como un hombre ingenuo. “Yo, corazón de buen alma, di por buena la tramitación del expediente. Nadie de la consejería me manifestó que hubiera irregularidades”, afirmó.

La fiscalía ha contrastado esa imagen con evidencias de que las alarmas administrativas ante el fraude no solo sonaron, sino que Blasco presionó presuntamente a sus subordinados para que dieran vía libre al pago de los fondos.

Tampoco ha funcionado su intento de negar que tuviese una relación “personal, ni de amistad, ni de confianza”, sino meramente profesional, con Tauroni, al aportar Anticorrupción mensajes y conversaciones, mantenidas a veces a horas intempestivas o en fin de semana, en los que comentan: “Ánimo, que de peores hemos salido”. O, entre risas: “Ya sabes que yo lo que quiero es acabar contigo de alcalde de Nueva York”.

Es difícil, además, imaginar a Blasco como un incauto. La persona que más veces ha formado parte del Gobierno valenciano fue expulsado por los socialistas en los ochenta, acusado de cobrar comisiones por recalificar terrenos. Blasco fue juzgado y absuelto después de que se anularan las escuchas en las que se asentaba el sumario. Pese a su historial, el expresidente valenciano y exministro Eduardo Zaplana lo recuperó a mediados de los noventa. Según declaró hace unos días el actual líder socialista valenciano, Ximo Puig, Zaplana lo fichó con el objetivo de “destruir al PSPV-PSOE”, al que conocía bien y que inició por entonces una etapa en la oposición que dura dos décadas.

La confianza que siempre ha exhibido ha precipitado su caída

Blasco sabe que, pase lo que pase en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, su carrera política ha terminado. Como le ocurrió al expresidente Francisco Camps con el juicio de los trajes, pese a su absolución por un jurado, pero con agravantes. La misma Generalitat pide para él 11 años de cárcel. El PP lo ha expulsado de sus filas, tras mantener un pulso al presidente Alberto Fabra. Está a punto de cumplir 70 años. Y tiene garantizado pasar algunos más entrando y saliendo del juzgado.

Lo que se enjuicia estos días es una parte del caso Cooperación. Pero Blasco está imputado por otros cinco delitos —malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental— en la segunda y más amplia parte de la causa, que investiga en total el desvío de ocho millones de euros. La trama, con Blasco como supuesto “director”, se habría apropiado de los fondos para decenas de proyectos de cooperación, que debían combatir la violencia sexual contra niños, prevenir el sida o garantizar la seguridad alimentaria en países de África, América Latina y Asia. La pieza también incluye el supuesto plan para apropiarse de cuatro millones más que la Generalitat iba a destinar a construir un hospital en Haití, país devastado por el terremoto de 2010.

Todo ello con Tauroni como socio, según la investigación. Un empresario al que Blasco empezó a dar contratos como consejero en 1999 y no paró hasta salir del Gobierno valenciano, en 2011. Un gran defensor de la economía de mercado que, en una presentación de su grupo escuchada por la policía, se congratulaba de haber desarrollado un negocio “rentable en tiempos de crisis”.

De línea albanesa a expulsado del PP

Rafael Blasco comparte un rasgo con José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat valenciana, de Bancaja y del Banco de Valencia: su notoriedad ha estado casi siempre por debajo de su poder.

Blasco inició su carrera política en la extrema izquierda, en organizaciones maoístas partidarias de la línea albanesa de Enver Hoxa, antes de evolucionar hacia el PSPV-PSOE.Nadie ha integrado tantas veces el Gobierno valenciano. Y pocas personas han marcado tanto el rumbo de la comunidad autónoma como él, autor entre otras cosas de la ley que definió el desenfrenado urbanismo valenciano. Pero nunca ha sido candidato. Siempre ha trabajado en la segunda línea. Haciéndose imprescindible para la mayoría de presidentes.

Lo fue para el socialista Joan Lerma (1983-1995), que lo expulsó del Gobierno y del partido por las sombras de corrupción. Lo fue para el popular Eduardo Zaplana (1995-2002). Y para su sucesor Francisco Camps, que en su última etapa, asediado por su implicación en el caso Gürtel que le llevaría a dimitir en 2011, lo nombró simultáneamente consejero de Solidaridad (desde donde controlaba la cooperación), consejero de Justicia y portavoz del PP en las Cortes Valencianas.

Alberto Fabra, actual presidente autonómico, no lo destituyó como portavoz parlamentario hasta que fue imputado en el caso Cooperación, en 2012. Y no forzó su salida del Grupo Popular hasta que la Abogacía de la Generalitat pidió 11 años de cárcel para él hace unos meses. Ahora está en el grupo de no adscritos. Y pocos creen que vaya a dejar el escaño, aunque sea condenado, mientras pueda recurrir.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/12/valencia/1389557427_723583.html

EL 'CASO COOPERACIÓN' INAUGURA UN 'VÍA CRUCIS' JUDICIAL PARA EL PP VALENCIANO

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) inicia este martes un año difícil de digerir para el PP valenciano, con tres juicios consecutivos que afectan a diputados y siete piezas en fase de instrucción que pueden afectar a los próximos períodos electorales.

El primero es el caso Cooperación, donde se investiga, en dos piezas, la presunta adjudicación irregular de ayudas a ONG y el presunto desvío de fondos de la Generalitat que iban destinados al Tercer Mundo.

El principal acusado que se sentará en el banquillo es Rafael Blasco, siete veces consejero de la Generalitat, primero con el socialista Joan Lerma, que lo destituyó por otro caso de corrupción en 1989, y luego con Zaplana, Olivas y Camps. Blasco fue portavoz del Grupo Popular en las Cortes autonómicas hasta su imputación, en octubre de 2012, y continuó en el grupo hasta el pasado mes de junio, cuando la propia Generalitat, personada en el caso, pidió para él una pena de 11 años de prisión. Ahora es diputado no adscrito.

La pena que solicita la Fiscalía para Blasco aún es mayor, 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación, por presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental, en la pieza relativa a las ayudas a la Fundación Cyes.

Blasco tiene como abogado a Javier Boix, que defendió a Francisco Camps y a Carlos Fabra en sus respectivos procesos. Junto al exconseller de Solidaridad y Cooperación se sentarán en el banquillo el empresario Augusto César Tauroni, que está en la cárcel por esta causa desde febrero de 2012; el exsubsecretario de la consejería Alexandre Catalá; el exdirector general Josep María Felip; el exjefe del servicio Marc Llinares; el exjefe de gabinete Xavier Llopis; la exsecretaria Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, y una trabajadora de esta fundación, Josefa Cervera.

La jueza instructora relató en el auto de apertura de juicio oral que la consejería que dirigía Blasco aprobó en 2008 cinco proyectos a la Fundación Cyes, por los que obtuvo 1,82 millones de euros, que no debieron ser concedidos al incumplirse requisitos "imprescindibles", como no estar acreditada la experiencia previa. Y que se concedieron "de modo injusto" con "el conocimiento, favor y participación" de Blasco, para "allanar el camino".

La otra pieza del caso Cooperación está en fase de instrucción, lo mismo que cinco piezas del la trama valenciana del caso Gürtel y el caso Brugal.

'Gürtel' y Alperi, en cola

Cuando termine este juicio, en marzo, el TSJCV pondrá fecha al primer proceso de Gürtel, relativo a la contratación de pabellones en Fitur. Su instrucción acabó antes, pero se priorizó el de Cooperación porque hay un encarcelado. Entre los acusados están las exconsejeras de Turismo y diputadas Milagrosa Martínez y Angélica Such. El fiscal pide 11 años de cárcel para Martínez, que también es alcaldesa de Novelda (Alicante).

Luego será juzgado el exalcalde de Alicante y diputado Luis Díaz Alperi, por delito fiscal y cohecho. La instrucción de este caso está acabada, a falta de que se dicte la apertura de juicio. Alperi esta imputado también en Brugal.

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nuezene14/valenciana/noticias/5434709/01/14/El-caso-Cooperacion-inaugura-un-via-crucis-judicial-para-el-PP-valenciano.html

BLASCO AFIRMA QUE LE HAN ECHADO DEL GRUPO POPULAR CON UNA EXCUSA

• El ex consejero ocupa su nuevo escaño como diputado no adscrito

• Fabra pide al grupo parlamentario que pase página

Rafael Blasco ha ocupado esta mañana por primera vez su nuevo escaño como diputado no adscrito. El ex consejero, que se adelantó este martes a su expulsión del Grupo Popular al pedir su baja voluntaria, ha llegado puntual al pleno de las Cortes Valencianas. Minutos antes de entrar al hemiciclo, Blasco ha sostenido que la entrevista que dio en televisión la semana pasada y en la que criticó al presidente Alberto Fabra ha servido de "excusa" para echarle. En la entrevista en 13 TV, Blasco señalaba que Fabra estaba detrás de la decisión de la Generalitat de pedir para él 11 años de prisión por el fraude en las ayudas a la cooperación y acusaba a los miembros de la dirección regional del PP de “melindres”.

"La entrevista ha sido una excusa", ha asegurado Blasco, que se ha quejado de nuevo de que aún no ha recibido la notificación del Comité de Derechos y Garantías del PP valenciano, que le suspendió de militancia el pasado sábado por las declaraciones en 13 TVy precipitó su salida. Según ha afirmado, esa entrevista es "de las pocas cosas" que ha hecho "en la vida que es impecable" y en ella dijo "la verdad".

El ex consejero ha defendido su trayectoria en el PP, ha agradecido las muestras de apoyo recibidas y ha explicado que como diputado no adscrito votará "en coherencia" con el programa de los populares. “Espero que la noticia a partir de ahora no sea Blasco, sino el trabajo que se hace aquí”, ha apuntado.

Tras estas declaraciones, Blasco ha entrado en el hemiciclo y ha ocupado el escaño 92, en la última fila de la bancada de la oposición, justo detrás del portavoz adjunto de EUPV, Ignacio Blanco. Los dos diputados del PP que también se situaban en este lado del hemiciclo -Elisa Díaz y Manuel Bustamente- han pasado a la otra parte, donde la salida de Blasco ha dejado suficiente sitio para todo el grupo popular, que tiene ahora 54 parlamentarios.

Al sentarse en su nuevo sitio, un ujier ha tenido que ajustar el asiento de Blasco. El diputado Manuel Bustamante, que ocupaba ese escaño, se ha acercado a saludarle.

Antes del pleno, el presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Alberto Fabra, ha presidido la reunión de su grupo parlamentario en las Cortes Valencianas y ha pedido a los diputados que pasen página. Fabra ha afirmado que el Grupo Popular está "muy fuerte" después de haber pasado "un momento complicado", que ha desembocado en la salida de Blasco.

"Hemos pasado un momento complicado pero la realidad es la que es que seguimos trabajando con el proyecto con la misma ilusión que el primer día", ha asegurado Fabra, quien en la reunión ha animado a los diputados a pasar página y a seguir adelante, según fuentes populares.

"Lo que tenemos que hacer es seguir mostrando la fuerza del PP a través de la representatividad que tenemos los ciudadanos aquí en las Cortes".

El presidente de la Generalitat y del PP ha negado que vayan a sentirse incómodos con la continuidad de Rafael Blasco en el hemiciclo.

Fabra ha realizado estas declaraciones antes de iniciarse el pleno de las Cortes, el primero con Blasco como diputado no adscrito. A la sesión no asisten los diputados Francisco Camps, Rita Barberá, Alfonso Rus y Sonia Castedo, que suelen acudir a los plenos de los miércoles.

La "debilidad" de Fabra

Los portavoces de los grupos de la oposición consideran una "debilidad" de Fabra que el ex consejero ocupe un escaño en las Cortes Valencianas tras su procesamiento por el caso cooperación. Además, recuerdan que en las filas del PP se mantienen otros ocho parlamentarios imputados por supuestos casos de corrupción.

El portavoz del PSPV, Antonio Torres, ha afirmado en los pasillos de las Cortes que es "indignante que Fabra esté protagonizando con Blasco el primer culebrón del verano", informa Europa Press. Asimismo, ha lamentado que el jefe del Consell "quiera vender como una victoria lo que en realidad es una debilidad".

A su juicio, Fabra "tenía que haber adoptado medidas drásticas con Blasco y con el resto de diputados imputados, pero no se ha atrevido porque no tiene la mayoría suficiente que le permite ejercer el liderazgo". En opinión de Torres, Fabra "necesita pegar un puñetazo encima de la mesa para imponer el orden y la dignidad en la política de esta comunidad".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Enric Morera, considera que con la decisión de Blasco de causar baja del PP y pasar a no adscritos "le ha hecho un favor al PP". Y se ha preguntado "qué prebendas otorgará" la formación al que fuera su diputado. "Eso indicará que ha habido un pasteleo entre el PP y Presidencia de la Generalitat para tapar la corrupción en las instituciones", ha sostenido.

Morera ha remarcado que no considera que Fabra "se haya salido con la suya" con la salida de Blasco ya que no lo ha hecho para "atacar la corrupción" sino "por hablar mal de él". Así, ha pedido una "limpieza radical de la corrupción en las instituciones".

La síndica de EUPV, Marga Sanz, ha dicho que les "molesta tremendamente que Blasco esté en el hemiciclo" y no solo porque se sienta "justo detrás, que también, sino porque está manchando de forma continuada las Cortes".

"Blasco debería estar fuera de las Cortes y se le debería haber exigido el acta de diputado, Fabra no llega a eso", ha lamentado Sanz, para quien el jefe del Consell "no está haciendo nada porque sigue teniendo ocho diputados imputados y un señor que se sienta en un rincón que ya veremos qué papel juega en el desarrollo de los debates parlamentarios". "Le ha interesado más mantener la mayoría que limpiar la corrupción. Es un presidente débil que no sabe cómo controlar su grupo", ha concluido.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/26/valencia/1372237746_728701.html

FABRA JUSTIFICA LA EXPULSIÓN POR “LA FALTA DE LEALTAD AL PARTIDO”

Fabra dice en Alicante que la decisión no tiene que ver con estar o no imputado

El presidente distingue el caso de Blasco de otros

El presidente de la Generalitat y del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV), Alberto Fabra, ha justificado la decisión del Comité de Garantías y Derechos del PP de suspender de militancia al diputado autonómico y exconsejero Rafael Blasco, porque "ha habido una falta de lealtad y de respeto hacia el partido y las instituciones" por su parte.

Con motivo de su visita este domingo a Alicante para presenciar la tradicional mascletà en la plaza de Los Luceros, a preguntas de los medios de comunicación sobre la salida de Blasco del partido, Fabra ha recordado que "los estatutos del partido están para cumplirse".

"Las personas del PP lo que tienen que hacer es mantener tanto la lealtad como la dignidad de lo que representa ser afiliado al PP, y según decretó el Comité de Derechos y Garantías, estos principios no fueron respetados por el señor Blasco, con lo cual al final se acordó la suspensión cautelar, tanto de militancia como los cargos de representación del PP".

Interrogado sobre si el PPCV se plantea adoptar la misma medida con algún otro diputado popular imputado, Fabra ha subrayado que esta decisión "depende de las actitudes", y ha asegurado que "no tiene nada que ver la condición de si una persona puede estar imputado o no".

En este sentido, ha insistido en que ha sido "la falta de lealtad y respeto" lo que ha derivado en que el Comité "haya actuado como lo ha hecho" con Blasco, y ha afirmado que este caso "no es comparable con otras situaciones".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/23/valencia/1371989635_128723.html

BLASCO : “EL MÉTODO ES PREDEMOCRÁTICO Y FASCISTA”

El exconsejero, aparentemente tranquilo, califica la decisión de "precipitada e indecente"

Rafael Blasco se encontraba aparentemente tranquilo tras conocer su suspensión de militancia; pero no podía evitar traslucir la indignación por la medida adoptada por la Comisión de Derechos y Garantías del PP que, en su opinión, ha sido “precipitada e indecente. De hecho, se ha tomado para evitar un problema y lo único que va a conseguir es hacerlo más grande”. El exportavoz parlamentario del PP, que se ha reiterado en mantener su acta de diputado, opina que ya asumió sus responsabilidades políticas cuando dimitió de portavoz y de sus cargos orgánicos en el PP, “sin estar todavía imputado”, precisa. “Pero el acta de diputado no la pienso abandonar. Estoy convencido de mi inocencia. De hecho, nadie, ni el fiscal, me ha acusado de haberme llevado dinero de la cooperación. Detrás de todo esto solo existe una intencionalidad política y mediática de apartarme de la vida pública”.

El veterano político no duda en calificar la decisión del Comité de Derechos y Garantías del PP valenciano como “arbitraria. Ni siquiera se han molestado en escuchar mi versión. Han aplicado un método predemocrático, fascista”. Se siente molesto, maltratado, reivindica la libertad de expresión y recuerda las declaraciones de dirigentes del PP que han criticado abiertamente la política de tolerancia cero de Alberto Fabra con la corrupción sin esperar a una decisión firme de los tribunales o quienes han puesto en solfa al propio Mariano Rajoy por mantener el actual sistema de financiación autonómico. “A ninguno de ellos”, dice, “se le ha abierto expediente por decir lo que piensan”. “Y qué he dicho yo”, se pregunta un tanto retóricamente, “recordar que Alberto Fabra estuvo imputado cuando era concejal en Castellón o que Jorge Bellver se encontró en la misma situación procesal y que ello no ha sido obstáculo para que uno sea ahora presidente de la Generalitat y el otro portavoz parlamentario. ¿Acaso es mentira? Me limité a narrar unos hechos, no di ninguna opinión”.

Y qué he dicho yo: recordar que Alberto Fabra estuvo imputado cuando era concejal en Castellón o que Jorge Bellver se encontró en la misma situación procesal"

La apariencia de tranquilidad se rompe. El tono de voz se eleva. “Me han suspendido de militancia para evitar que el grupo parlamentario se pronuncie porque saben que existe una división interna y una parte importante de los diputados no iban a estar a favor de que se me expulsara del grupo. Su decisión es el reconocimiento explícito de la existencia de esa división”. Y, tras su defenestración, qué opina: “Que ahora se verá que el problema no es Blasco, sino Fabra. ¿Qué va a hacer con el resto de los imputados que se encuentran en una situación procesal mucho más avanzada que la mía, porque a algunos ya se les ha decretado juicio oral?”. Y ahí el exportavoz pone encima una de las cuestiones políticas más delicadas en la política valenciana: El liderazgo de Fabra. “¿Quiere demostrar que es un líder?, qué diga, pues, que va a hacer con el resto de los imputados. Todo esto lo que revela es el grado de degradación política que existe en el PP”, concluyó.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/22/valencia/1371904883_380476.html?rel=rosEP

FABRA LIQUIDA LA VIDA POLÍTICA DE BLASCO

La comisión de garantías del PP decide suspender cautelarmente de militancia al diputado.

La abogacía de la Generalitat pide 11 años de prisión para el exconsejero por el desvío de fondos.

¿Pueden unas respuestas, aparentemente descriptivas, poner fin a toda una vida política? En Valencia, sí. Rafael Blasco, cuarenta años en la vida pública, durante los cuales ha recorrido un espectro político que va desde la lucha antifranquista en el FRAP hasta el PP. Un espacio de tiempo en el que ha ocupado dos consejerías en los gobiernos socialistas de Joan Lerma, cinco más con los populares Eduardo Zaplana y Francisco Camps, más la portavocía del grupo parlamentario del PP con Alberto Fabra. Blasco vio ayer como su margen de maniobra para seguir siendo alguien en la política valenciana se ha reducido prácticamente a la nada.

La Comisión de Derechos y Garantías regional del PP, sin oír la opinión del afectado, decidió abrirle un expediente disciplinario por “la comisión de infracciones tipificadas como graves y muy graves”. “Adoptar como medida cautelar la suspensión de militancia y la inhabilitación para desempeñar cargos públicos en el seno del Partido Popular en representación de este a Rafael Blasco”. Traducción: la dirección del PP pretende que el veterano político deje el grupo parlamentario del que fue portavoz y pase directamente al de los no adscritos sin necesidad de que los diputados del PP se pronuncien sobre un hecho en el que están profundamente divididos. Una maniobra no especialmente sutil, pero que ha permitido al presidente de la Generalitat Valenciana liquidar a uno de sus más talentosos y críticos adversarios internos.

Sin embargo, la operación no va a resultar fácil ni cómoda para los partidarios de Fabra que pretenden a toda costa evitar una imagen de división interna. El artículo 27 del reglamento de las Cortes Valencianas establece que “si la baja fuera por expulsión del grupo parlamentario, deberá acreditarse ante la Mesa de Les Corts que la decisión fue adoptada, al menos, por la mayoría absoluta de los miembros del mismo”. Aunque la mayoría parlamentaria popular acostumbra a tener una interpretación laxa del reglamento en función de sus intereses, no es probable que los partidarios de Blasco dejen pasar la ocasión de abrir el debate para evidenciar que Fabra no cuenta con el respaldo unánime de todos los diputados del PP.

El presidente decide su expulsión tras escucharle en una tertulia política

Con los populares cuesta abajo en las encuestas y un partido cada vez más dividido y desorientado, no son pocos los militantes populares que se preguntan qué hace la dirección nacional del PP. La respuesta es: por ahora nada. María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido, no desautorizará a la Comisión de Derechos valenciana porque sería tanto como desautorizar a Fabra. En consecuencia, se limitará a dar el visto bueno a lo que se acordó ayer en Valencia y poco más. Los últimos traspiés del presidente de la Generalitat han quebrado la imagen que de él se tenía en Génova.

¿Por qué ahora? Rafael Blasco se encuentra envuelto desde más de un año en un oscuro episodio que investigan los tribunales, el saqueo de los fondos de ayuda al Tercer Mundo que se gestionaban desde la consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la que él era titular. La fiscalía sospecha que fue el responsable de una trama que desvió, presuntamente, ocho millones de los fondos de cooperación. La propia Abogacía de la Generalitat, personada como acusación particular, solicita hasta 11 años de cárcel para el que fuera uno de sus responsables en el Consell. Pese a todo ello, Fabra ha venido difiriendo su decisión. Primero anunció que esperaría a ver qué decía la Abogacía de la Generalitat y cuando esta se pronunció, alargó el plazo a la apertura del juicio oral. No había mucha prisa en pronunciarse sobre el futuro de Blasco. Entre otras cosas porque en presidencia se sabía que una parte nada desdeñable del grupo parlamentario secundaba a su exportavoz. Hay otros ocho imputados y a uno de ellos, la expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, la fiscalía le pide 11 años de cárcel por su implicación, presunta, en el caso Gürtel.

Ese mismo día se presentó una querella contra Serafín Castellano

Pero el pasado miércoles, el exconsejero Blasco acudió a la tertulia El cascabel al gato, de 13TV, una emisora cuyo consejo de administración preside José María Más Millet, a su vez presidente de la Fundación Bancaixa y en la que, según fuentes del propio PP, tiene intereses la familia Cotino. Allí, Rafael Blasco dejó caer tres afirmaciones que sentaron fatal en presidencia de la Generalitat. Recordó que Fabra, durante su época de concejal en Castellón, estuvo imputado, del mismo modo que el actual portavoz parlamentario del PP, Jorge Bellver, en su época de edil del Ayuntamiento de Valencia. Además, reivindicó la figura de Francisco Camps, expresidente de le Generalitat, de quien dijo que no estaba siendo aprovechado. Ese mismo día el Tribunal Superior de Justicia valenciano daba a conocer que una desconocida Asociación contra la Corrupción había presentado una querella contra Serafín Castellano, consejero de Gobernación y secretario general del PP de la Comunidad Valenciana. En la Generalitat están convencidos de que detrás de esta Asociación se encuentra el propio Blasco y el presidente de la Diputación y del PP de Valencia, Alfonso Rus, aliado del primero. No tienen pruebas, pero sí sospechas. Así que Fabra no lo dudó.

¿Fin de trayecto?

En un solo día Blasco había puesto en cuestión su liderazgo y uno de sus hombres de confianza había sido denunciado en los tribunales. El proceso contra el veterano político se aceleró. Se convocó para ayer mismo la Comisión de Garantías y se fulminó al exportavoz. Para la oposición todo este calendario solo significa que al presidente valenciano le preocupa más el qué dirán de su figura, un tanto deteriorada tras algún nombramiento reciente, que la lucha contra la corrupción de la que tanto blasona.

¿Cuál puede ser el futuro de Blasco? Todavía es pronto para hacer pronósticos sobre una figura tan controvertida como la del exconsejero. Tiene claro que no piensa renunciar a su acta y su presencia en las Cortes será cualquier cosa menos testimonial. De un político con su ambición, talento y codicia se puede esperar cualquier cosa, al menos eso es lo que se piensa en el PP donde son muchos los que no dan por finiquitada su ya larga trayectoria.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/22/valencia/1371901275_095449.html

LA POLICÍA INVESTIGA LA ETAPA DE BLASCO AL FRENTE DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD

La Fiscalía cree que la trama de cooperación afectó a más departamentos

La policía judicial se ha personado en los últimos días en la Consejería de Sanidad para entregar citaciones a funcionarios y altos cargos para que testifiquen sobre los contratos adjudicados por el siete veces consejero y diputado autonómico Rafael Blasco —procesado por el presunto desvío de fondos de cooperación— durante su etapa al frente de Sanidad (2006-2007).

El objeto de la investigación sobre los años de Blasco al frente de Sanidad tiene que ver con las presuntas vinculaciones que podrían existir entre la concesión de contratos en esta etapa —en especial, en el área de informática— y la trama mafiosa que saqueó dinero público destinado al Tercer Mundo. Se ha citado a declarar como testigo al actual secretario autonómico, Manuel Escolano y, al menos, a otras cuatro personas más.

Algunas fuentes han trasladado a este diario que la policía ha llegado incluso a recabar contratos concedidos bajo el mandato de Rafael Blasco. En junio de 2007 se concedieron tres concursos especialmente polémicos por un valor conjunto de cinco millones de euros, en un momento en el que Blasco ejercía el cargo de consejero en funciones, y en el que se consideraba muy poco probable que repitiera al frente de la consejería, como finalmente así fue.

Estas adjudicaciones se encontraron con la negativa del que, por entonces era el responsable del departamento de informática de la consejería, Alfonso Jiménez. La oposición a avalar estos contratos, que acabó en un enfrentamiento abierto con Blasco, derivó en la salida de Jiménez, que fue sustituido por uno de los personajes clave de la presunta agrupación mafiosa responsable del fraude en los fondos de cooperación: Marc Llinares, que se encuentra imputado junto al propio Blasco.

Ya con Llinares al frente de informática se firmaron los contratos. Meses antes, trascendió una reunión en la Consejería de Sanidad entre Rafael Blasco y Augusto César Tauroni, presunto cerebro de la trama de cooperación junto al propio Blasco. Tauroni es el único encarcelado por el caso y ha sido adjudicatario de contratos otorgados por consejerías por las que pasó Blasco.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que la práctica de obtener subvenciones y concursos públicos utilizando entramados empresariales como los que que se empleó para defraudar fondos de cooperación se extendió a lo largo de la trayectoria política de Blasco por las diversas consejerías que dirigió desde 1999. Siempre, en colaboración con Tauroni.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/19/valencia/1371673031_824881.html

EL PRESIDENTE SOBRE BLASCO: “QUE SEAN LOS JUECES LOS QUE DIRIMAN LA RESPONSABILIDAD”

El presidente de la Generalitat Alberto Fabra se ha enrocado a la espera de que la juez María Pía Calderón, encargada del caso cooperación, abra juicio oral al diputado del PP y exconsejero de Bienestar Social Rafael Blasco para adoptar la decisión de expulsarlo del Grupo Popular. "Que sean los jueces los que diriman la responsabilidad”, ha llegado a decir este jueves Fabra en la sesión de control en las Cortes Valencianas, y ha alegado también, haciendo suyo uno de los argumentos de Blasco, que hay que atender a los informes de las defensas en el caso de corrupción que afecta al exconsejero.

El presidente valenciano ha querido desviar la atención de un asunto que pone en cuestión su autoridad -dado que Blasco dejó claro el miércoles que no está dispuesto a marcharse por propia iniciativa- poniendo en marcha el ventilador, mientras en su bancada se sientan nueve parlamentarios imputados. Fabra le ha pedido al secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, que "mire a los ojos a José Blanco", ministro de Fomento en el anterior gobierno socialista y "le diga que se vaya --del Congreso-- porque está imputado" en el conocido como 'caso Campeón'. "¿O no se atreven a decírselo?", ha preguntado mirando a la bancada socialista.

Fabra se ha manifestado en estos términos ante la pregunta el portavoz del grupo parlamentario socialista, Antonio Torres, en la que le ha interpelado por lo que piensa hacer con los diputados populares en la Cámara autonómica imputados en diversos casos de corrupción. El presidente de la Generalitat considera que los socialistas "al menos en esta ocasión deberían de ser coherentes". "Inciden en una situación de compañeros que están en procesos judiciales y piden algo que no aplican en su partido. ¿Por qué no lo hacen?", le ha preguntado. "Hay casos --de imputados socialistas-- en Cataluña, Baleares, Asturias y en la Diputación de Alicante", ha citado.

Torres ha recordado que hay 150 casos de corrupción en los tribunales valencianos, protagonizados por cargos del PP como los parlamentarios imputados. "No permita que esta Cortes continúen siendo la trinchera donde proteger a los implicados en prácticas corruptas", ha pedido el portavoz socialista al jefe del Consell. Como el resto de portavoces de la oposición, Torres ha puesto en duda el liderazgo de Fabra. "Es intolerable", ha señalado, "que se hayan desviado ayudas al tercer Mundo y que el responsable siga aquí. ¿Qué teme del señor Blasco?".

Fabra ha repetido que la semana pasada dijo "muy claro" lo que iba a hacer en relación a los casos de corrupción y ha destacado que él ha sido la persona que ha implantado una "línea roja" en las conductas que "ningún otro partido ha hecho". "Lo voy a seguir haciendo porque no nos tienen que dar clases de moralidad ni de honorabilidad", ha agregado. La línea roja a la que ha aludido Fabra está ahora situada en el momento en que la juez del caso dicte juicio oral para Blasco y el resto de imputados en el caso de la Cooperación, pero nada ha dicho el jefe del Consell de que también esté situada ahí para otros imputados o procesados. La diputada socialista Eva Martínez y la de Esquerra Unida Marina Albiol han incidido en ello en sendas repreguntas. La primera ha hablado de qué pasará, además de los "blasquistas", con los "emarsistas" o los "gurtelianos", en alusión a otros escándalos. La segunda ha preguntado directamente que hará con Milagrosa Martínez, procesada y con petición de 11 años de cárcel por parte de la fiscalía en la pieza del caso Gürtel relacionada con los contratos del pabellón valenciano en Fitur, así como con el resto de imputados en los escaños del PP.

El portavoz de la CoalicióCompromís, Enric Morera, que ha preguntado a Fabra sobre la situación socio-económica, ha aludido en su intervención a Blasco como "el Bárcenas valenciano" y ha añadido, refiriéndose a Fabra: "Da la impresión de que usted le tiene miedo". A su vez, la portavoz de Esquerra Unida del País Valencià, Marga Sanz, ha denunciado: "La corrupción se sienta aquí, en está institución". Tras aludir a la contratación de un entrenador para mejorar su liderazgo, Sanz ha acusado a Fabra de ejercer "una gestión pusilánime". La dirigente de EUPV le ha dicho a Fabra: "Mantener a Blasco en el grupo popular le convierte en cómplice político".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/06/valencia/1370510852_052838.html?rel=rosEP

BLASCO DESAFÍA A FABRA A QUE LO EXPULSE DEL PP EN LAS CORTES VALENCIANAS

El exconsejero acusado por la Generalitat alardea de contribuir a las victorias electorales del PP

El presidente valenciano replica que tendrá que abandonar el grupo cuando se abra juicio oral

Como era de esperar, venderá cara su piel. Rafael Blasco no está dispuesto a irse del Grupo Popular en las Cortes Valencianas por propia voluntad. En unas declaraciones en los pasillos de la Cámara, ha reivindicado su inocencia y ha dejado claro a Alberto Fabra que tendrá que pagar la factura de expulsarlo del grupo. Aunque también ha añadido: "Ese trámite no ha llegado".

La réplica no ha tardado en llegar. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha replicado en Benissa (Alicante) donde tenía un acto oficial que Blasco no tendrá más remedio que dejar el Grupo Popular cuando se decrete la apertura de juicio oral."Blasco sabe que tendrá que dejar el grupo parlamentario cuando se cumplan las dos condiciones que anuncie", ha dicho el presidente valenciano, "Y una de ellas ya se ha cumplido (la petición de pena por parte de la Abogacía de la Generalitat".

El exconsejero Blasco ha ocupado hoy su escaño en las Cortes Valencianas por primera vez después de la Abogacía de que la Generalitat le haya pedido 11 años de cárcel por su participación en los desvíos de fondos de cooperación al frente de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía. Primero se ha mostrado renuente a hablar. Ha dicho que “no iba a hablar del tema judicial”, aunque después ha realizado una valoración al respecto.

Ha explicado que en este momento han hablado las acusaciones, “unas acusaciones que no tienen ningún fundamento” y que ahora le toca a la defensa plantear sus argumentos. Blasco ha dicho que está “sereno y tranquilo” por su inocencia y que le han llegado manifestaciones de ánimo y solidaridad de sus compañeros de partido. “Nadie ha dicho que vaya a haber un juicio oral”, ha afirmado.

Ante la pregunta de si piensa dimitir en el caso de que se lo pida el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, el exconsejero, ha contestado: “Lo valoraré y tendré en cuenta mi dignidad y el derecho a un juicio justo”. "Si se abre juicio oral valoraré la situación y haré lo mejor para mi partido y mi función como diputado. Esa hipótesis no está planteada, es absurdo hablar sobre ella. No haré nada que vaya contra mi dignidad personal o ponga en duda la representación democrática que tengo", ha dicho Blasco.

En sus declaraciones, Blasco ha resaltado su pertenencia y la contribución al proyecto del PP de la Comunidad Valenciana. Ha defendido el hecho de haber formado parte de prácticamente todos los gobiernos de la Generalitat: “Ahí está la ejecutoria”, ha alardeado.

El exconsejero también ha destacado su participación en los diversos procesos electorales, en el último de los cuales figuró como candidato en una lista que obtuvo 1,2 millones de votos, y ha enfatizado el compromiso con los ciudadanos que se deriva de ese resultado. “Mi contribución a las victorias del PP ha sido modesta, pero significativa”, ha subrayado.

Blasco ha llegado al pleno acompañado de los diputados Esther Franco y Ricardo Martínez. Ya sentado en su escaño, han pasado a saludarle, entre otros diputados, Marisol Linares, Vicente Betoret, Alicia de Miguel o Rubén Ibáñez.

Reunión del grupo parlamentario

El PP en las Cortes ha celebrado antes del pleno su primera reunión de grupo después de que se conociera que la Generalitat y la Fiscalía piden más de 10 años de prisión para el exconsejero, aunque en ella no se ha hablado de la continuidad del parlamentario.

La reunión del grupo ha estado presidida por el secretario general del PP valenciano, Serafín Castellano, quien ha asistido para hablar de la convención política que el partido celebrará este sábado en Peñíscola y la que asistirá el presidente del Gobierno y del PP, Marino Rajoy, según fuentes populares.

Se ha hablado también de la preparación del pleno de esta semana, según ha afirmado tras la reunión el portavoz del grupo, Jorge Bellver, quien al ser preguntado por la situación de Blasco en el grupo, ha aseguro que "sigue igual".

La permanencia o no del exconsejero no ha sido tratada, según fuentes populares, en esta cita, a la que no han asistido el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, que habitualmente acude los miércoles; ni las alcaldesas de Valencia, Rita Barberá, y Alicante, Sonia Castedo, ni el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus.

Las declaraciones de Blasco han aumentado la tensión interna del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, donde hay otros ocho diputados del PP imputados en casos de corrupción que observan con recelo la política de tolerancia cero que impulsa el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

El presidente valenciano advirtió que no le temblaría el pulso y que sería contundente una vez el informe de la Abogacía de la Generalitat estuviese presentado y la juez decretase la apertura del juicio oral.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/05/valencia/1370428623_797109.html

RAFAEL BLASCO : ATRAPADO EN LA TELARAÑA JUDICIAL

El siete veces consejero de la Generalitat está procesado por cuatro delitos

También está imputado por cinco más y la fiscalía investiga sus adjudicaciones desde 1999

Rafael Blasco, siete veces consejero de la Generalitat y aún diputado del PP en las Cortes Valencianas, parece ya condenado, al menos, a pasar varios años, y tiene 68, entrando y saliendo de los juzgados. Mientras el veterano político apura su margen de movimiento en el interior de su grupo parlamentario, la maquinaria judicial continúa envolviéndolo.

Blasco está procesado en la primera pieza separada del caso Cooperación, en la que la propia Generalitat y la Fiscalía Anticorrupción han pedido para él 11 y 14 años de prisión respectivamente. Está imputado en la segunda y mucho más grande parte de la causa, que investiga globalmente el desvío de ocho millones de euros de fondos públicos destinados al Tercer Mundo. Y la fiscalía ya indaga la actividad de la supuesta mafia de la que Blasco presuntamente se rodeó desde 1999, concediéndole contratos desde todas las consejerías que ha dirigido desde entonces, siendo el saqueo de los fondos de cooperación solo el último capítulo más de esa relación.

Fuentes jurídicas consideran que, de los posibles delitos cometidos en esa larga etapa, solo estarían indiscutiblemente prescritos los que hubiera cometido antes del año 2002.

La política se mueve a un ritmo y la justicia a otro muy distinto. Así, mientras el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, mantenía este miércoles su tesis de que Blasco tendrá que abandonar el Grupo Parlamentario del PP cuando se abra juicio oral contra él, en el Tribunal Superior de Justicia apenas acaba de concluir el plazo para la presentación de recursos contra el auto de la juez instructora María Pía Calderón en el que procesó al exconsejero y a cinco de sus ex altos cargos.

De modo que, o el PP adelanta la expulsión de Blasco, sin esperar a que se cumpla la condición de apertura de juicio oral, o tendrá que soportar que el procesado continúe sentado en el escaño durante meses.

¿Cuántos? La mejor referencia disponible para predecirlo la que proporciona otra causa judicial del Tribunal Superior valenciano en la que también están imputadas otras dos exconsejeras de la etapa de Francisco Camps que siguen siendo diputadas autonómicas:Milagrosa Martínez y Angélica Such.

Ambas se encuentran procesadas en una de las piezas separadas del caso Gürtel, por haber concedido cinco millones de euros a la trama corrupta en adjudicaciones supuestamente amañadas. Su procesamiento —el momento exacto en el que Blasco se encuentra desde hace pocos días— se dictó a principios de diciembre de 2012, hace seis meses, y todavía no se ha abierto el juicio oral.

De modo que ese punto, en el caso Cooperación, está todavía lejos. Quizá no para el ritmo judicial, pero sí para el político. En paralelo, Blasco continuará siendo investigado en la segunda pieza separada de la causa por el desvío de fondos al Tercer Mundo. En ella, además de los cuatro delitos por los que ya está procesado en la primera pieza —tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación— al exconsejero se le atribuye también el delito de cohecho. Las pruebas contra él son más contundentes que en la primera pieza —hay pinchazos telefónicos en los que se le oye tratar la cuestión de las ayudas con Augusto César Tauroni, su amigo y jefe de la trama, que lleva más de un año en prisión preventiva—. Los hechos investigados también son más graves. Y la instrucción llevará aún tiempo.

La telaraña judicial de la que ha quedado preso Blasco se completa con la investigación abierta en fiscalía, que puede desembocar en otra gran causa penal en la que se escudriñen las muchas adjudicaciones que Blasco dio a Tauroni consecutivamente como consejero de Empleo, Bienestar Social, Territorio y Sanidad.

Un caso especialmente feo

La Generalitat y la Fiscalía Anticorrupción han pedido severísimas penas de cárcel para Rafael Blasco en la primera pieza del caso Cooperación. Pero se trata de la parte más pequeña de la causa, centrada en el desvío de 1,6 millones de euros que debían financiar proyectos agrícolas en Nicaragua y se emplearon en comprar pisos en Valencia. La segunda pieza es más extensa y aún más fea. Y Blasco está imputado en ella por cinco delitos.

La trama captó más de seis millones vaciando para ello los fondos de proyectos que debían servir para combatir la “violencia sexual y la explotación de niños y adolescentes en Guinea Ecuatorial”. O contribuir al “empoderamiento de madres adolescentes y juventud más desfavorecida en Asución de Paraguay”. O introducir “agua potable en zonas rurales de El Salvador”. O incrementar la “soberanía alimentaria de mujeres en situación de vulnerabilidad en zonas suburbanas de Camerún”.

La trama de la que Blasco era “director”, según Anticorrupción, solo logró embolsarse 177.000 euros del que fue su más ambicioso y obsceno objetivo: quedarse con los cuatro millones de euros que el consejero decidió destinar a la construcción de un hospital en Haití, después del terremoto que devastó el país en 2010. La red llegó a quedarse con los fondos de la cuestación popular para el proyecto organizada por la Generalitat. Pero el resto del presunto plan naufragó después de que Blasco fuera excluido del Gobierno valenciano tras las elecciones de 2011.

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UN EX ALTO CARGO DE VALENCIA IMPLICA A OTRO EXCONSEJERO EN EL ‘CASO COOPERACIÓN’

Català, exsubsecretario de Solidaridad, pide a la juez que cite a declarar al exresponsable de Justicia y fiscal de carerra Jorge Cabré

Alexandre Català, que ha ocupado diversos altos cargos en la Generalitat Valenciana, entre ellos el de secretario general de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, y está imputado por haber participado presuntamente en el desvío de fondos de cooperación al Tercer Mundo, ha implicado en el caso a otro consejero de la etapa del expresidente Francisco Camps. Se trata de Jorge Cabré, exconsejero de Justicia y Bienestar Social y actualmente fiscal en la Audiencia Provincial de Valencia. Según Català, que ha aportado a la juez instructora correos que así lo acreditarían, Cabré intervino en la confección de un informe que la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía remitió en octubre de 2010 a la Fiscalía Anticorrupción y que, según la investigación implicó la manipulación de documentos oficiales para tratar de ocultar los hechos. Català ha pedido que el exconsejero sea citado a declarar.

El ex alto cargo, que fue detenido en febrero de 2011 por su presunta participación en el desvío de ocho millones de euros de ayuda oficial al desarrollo de países pobres, señala que el documento informático del informe que se remitió a fiscalía fue creado originalmente por el autor: j_cabre. Y que el mismo fue enviado por el exconsejero y supuesto director de la trama, el exconsejero y diputado autonómico Rafael Blasco a varios otros altos cargos, en una especie de rueda para que todos opinaran sobre él y realizaran mejoras.

Entre los destinatarios del correo estuvieron, según la documentación aportada por Catalá: Jorge Cabré (entonces secretario autonómico de Justicia), Isabel Villalonga (entonces responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat), Xavier Llopis (exjefe de gabinete de Blasco), Josep María Felip (exdirector general de Cooperación), Tina Sanjuán (alto cargo en Solidaridad y Ciudadanía) y el exdiputado autonómico José Marí Olano.

Català extiende la sospecha pero al final de su argumentación, contenida en un recurso contra el auto que dio por finalizada la instrucción y anticipaba la apertura de juicio, sostiene que ni él ni ninguna de las otras personas que intercambiaron sus opiniones e introdujeron cambios en el informe participó en la “confección del dossier” que acompañaba a dicho informe. Según la investigación judicial, es en esa selección y elaboración de documentos en la que aparentemente se cometió el delito de falsedad.

De los correos que aporta Català se desprende, al mismo tiempo, que el exconsejero Cabré era partidario, en todo caso, de más transparencia: “A mí me parece bien. Y todos los documentos sellados. Es probable que la fiscalía quiera ver TODO el expediente completo y no solo los documentos que nosotros queramos mostrarles (pueden decir que es una información parcial y no de todo)… sobre todo porque veo que ahora van a sembrar dudas sobre si se ha alterado o no el expediente. Por ello, aparte del informe y documentos adjuntos, para evitar que nos lo reclamen con más retrasos, informaciones en prensa diciendo que nos piden más información… Por qué no se les da traslada de ese expediente y ya está? Valorarlo”.

El ex alto cargo también apunta indirectamente hacia el principal imputado en la causa, su exjefe, siete veces consejero de la Generalitat, portavoz parlamentario del PP hasta hace unos meses y todavía diputado del grupo popular, Rafael Blasco. Català detalla que es de Blasco de quien recibe el primer correo con el borrador del informe para fiscalía (aunque en el apartado de autor de dicho documento aparecería j_cabre, según la documentación aportada), el 13 de octubre de 2010, a las 10.50 de la mañana.

El envío del informe y la documentación a la fiscalía fue un intento de Blasco por apagar el incendio mediático que ya generaba la gestión de los fondos de cooperación, tras la denuncia de los hechos por dos diputadas, una socialista y otra de Compromís. La juez puso hace unos días a Blasco a un paso del banquillo acusado de cuatro delitos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/30/valencia/1369947092_417689.html

LA JUEZ RECHAZA EL INTENTO DEL EXCONSEJERO BLASCO DE RETRASAR SU ENJUICIAMIENTO

El exportavoz parlamentario del PP pretendía alargar durante años la instrucción de la causa

La táctica de defensa del hoy diputado autonómico coincide con la de la trama corrupta

El siete veces consejero de la Generalitat, portavoz parlamentario popular hasta hace unos meses y diputado autonómico, Rafael Blasco, no ha logrado su objetivo de retrasar, quizá durante años, el enjuiciamiento por el desvío de las ayudas del Gobierno valenciano al Tercer Mundo. En un ejemplo más del cada vez mayor mimetismo entre la defensas del incombustible político popular y las del núcleo central de la trama corrupta, Blasco se había adherido a un recurso presentado por su amigo y supuesto codirector de la red, Augusto César Tauroni, y otros imputados oponiéndose a la división de la causa en dos piezas separadas. Una pretensión que ha sido rechazada por la juez.

La magistrada instructora, María Pía Calderón, decidió a finales de 2012 partir la causa con la finalidad de "simplificar y activar el procedimiendo", ganando de este modo "rapidez". Esa división permitirá juzgar en un plazo de meses la primera pieza separada, relativa a hechos del año 2008. Mientras que la segunda pieza, en la que se investigan supuestos delitos de 2009, 2010 y 2011 tardará mucho más tiempo en estar lista para que se abra juicio oral. Mantenerlas juntas hubiera situado el enjuicimiento conjunto en un horizonte de años.

La magistrada rechaza el recurso al considerar que aunque formalmente se dirige contra una resolución reciente, en realidad lo que pretende impugnar es una providencia de noviembre de 2012 (la que decidió la división de la causa), a la que las partes no se opusieron en su momento, y por tanto el asunto quedó “zanjado”.

En la primera pieza separada quedó la concesión de 1,6 millones de euros a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), pese a que no reunía los requisitos, para dos proyectos humanitarios en Nicaragua. El dinero terminó, sin embargo, en la compra de dos pisos con plaza de garaje en Valencia y en la cuenta corriente de una de las muchas empresas vinculadas a Tauroni. Según la Fiscalía Anticorrupción, el desvío de los fondos hubiera sido imposible sin el activo apoyo de funcionarios y cargos de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que entonces dirigía Blasco. Y a lo largo de la tramitación, según la fiscalía, el consejero presionó, incluso con veladas amenazas laborales, a varios técnicos que se oponían a librar las ayudas en esas condiciones.

Blasco está imputado por seis delitos relacionados con la corrupción, incluido el cohecho

La segunda pieza, recuerda la juez, es más compleja porque afecta a un extenso “entramado de ONG”. Según ha revelado la investigación, esas Organizaciones No Gubernamentales sin apenas trayectoria estaban conectadas a Tauroni a través de su Fundación Hemisferio. Las millonarias ayudas que recibían eran absorbidas por otro entramado, en este caso empresarial, también controlado por Tauroni, mediante facturaciones simuladas. Siempre según la investigación, Tauroni, en prisión desde hace más de un año, invirtió parte de los fondos públicos defraudados en la compra de lujosos apartamentos en Miami, Estados Unidos. Otra parte del dinero habría ido a los bolsillos de distintos cargos públicos, includo Blasco, que está imputado por seis delitos, incluido el cohecho.

La segunda pieza abarca igualmente la investigación sobre la construcción de un hospital en Haití, planificado por el Consell a raíz del terremoto que asoló el país en 2010. Esta hubiera sido la gran estafa de la trama, ya que el presupuesto del proyecto ascendía a cuatro millones de euros y, detrás de la ONG a la que le fue adjudicado el proyecto estaba de nuevo Tauroni y su banda, según acreditan numerosas conversaciones telefónicas intervenidas por la policía. El plan se fue al traste tras la caída de Blasco del Gobierno valenciano en mayo de 2011.

Para apreciar el retraso que hubiera representado mantener unidas las dos piezas basta observar que los interrogatorios a los imputados por el desvío de los fondos de Haití (los 177.000 euros que aportaron los ciudadanos en una colecta realizada por la Generalitat acabaron en las arcas de la trama) todavía no han empezado.

Ello es debido a la situación próxima al colapso en que se encuentra el Tribunal Superior de Justicia valenciano, que instruye todas las causas en las que están imputados diputados valencianos: casos Gürtel, Brugal, Blasco y Alperi.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/03/valencia/1367604522_864806.html

LOS ALTOS CARGOS DE BLASCO IMPUTADOS POR EL FRAUDE DE LA COOPERACIÓN SE CONTRADICEN

Prácticamente todas las personas que han formado parte en la última década del círculo de confianza político de Rafael Blasco, exconsejero de la Generalitat, exportavoz del PP en las Cortes Valencianas y ahora diputado autonómico, han sido imputados, como le ha ocurrido a él mismo, en la causa que investiga el desvío de cerca de seis millones de euros de los fondos que la Generalitat destinaba al desarrollo en el Tercer Mundo entre 2008 y 2010. El último ha sido Xavier Llopis, jefe de gabinete de Blasco cuando este concedía las ayudas de cooperación como consejero de Solidaridad y Ciudadanía. Llopis se ha labrado una trayectoria en la editorial Campgràfic, pero también ha acompañado a Blasco, la persona que más veces ha sido consejero de la Generalitat (siete), en algunos de sus cargos. El exjefe de gabinete declaró ayer como imputado en la causa y, según fuentes jurídicas, contradijo a otro alto cargo de aquella época imputado: Alexandre Català, que fue subsecretario de la consejería.

En el reciente interrogatorio al que fue sometido por la juez instructora y las acusaciones, Català reconoció haber firmado un documento remitido a la fiscalía a finales de 2010 con el que el departamento de Blasco intentó aplacar las sospechas que afectaban a la gestión de las ayudas de cooperación. En octubre de ese mismo mes, el PSPV-PSOE había llevado a la fiscalía abundante información sobre la primera gran operación del supuesto fraude, en la que se utilizó a una pretendida fundación cultural llamada Cyes. Català afirmó, sin embargo, que él no redactó el informe, sino que se limitó a estampar su firma, y que el verdadero autor fue Llopis.

El exjefe de gabinete fue preguntado ayer por la cuestión y, según fuentes jurídicas, rebatió la versión de Català sobre la autoría del documento, aunque su explicación no resultó muy convincente. A diferencia de muchas otras personas del círculo de Blasco, que aparecen repetidamente en el voluminoso sumario de la causa, Llopis es mencionado en contadas ocasiones.

Una de ellas fue en la declaración como testigo de Sergio Aguado, que era jefe de área de Cooperación en la consejería y fue uno de los cuatro empleados públicos que se enfrentaron abiertamente a Blasco por el empeño de éste en conceder 1,66 millones de euros de subvención a la Fundación Cyes en 2008, pese a no cumplir los requisitos exigidos por ley. Entre ellos, el de experiencia previa que, según la Intervención General del Estado, consta en la norma de forma “lo suficientemente nítida para que no procedan razonamientos interpretativos que justifiquen su admisión”. De los 1,66 millones solo 43.000 euros llegaron a su destino en Nicaragua (para abrir pozos y mejorar la agricultura). El resto sirvió para comprar dos pisos con plazas de garaje en Valencia y engordó la cuenta de una de las sociedades de Augusto César Tauroni, cabecilla de la trama.

Aguado, como los otros tres cargos y funcionarios que se opusieron a los designios de Blasco, abandonaron poco después el departamento. Pero antes de que eso ocurriera, según su declaración, Llopis los convocó a una tormentosa reunión con el entonces consejero. Según los cuatro testigos, en el encuentro, al que también asistió Llopis, Blasco les presionó para que desbloquearan la concesión de las ayudas a Cyes, preguntándoles si nunca habían aprobado una subvención a la que le faltase un requisito y amenazándoles con rastrear en todo su trabajo previo en busca de irregularidades.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/12/valencia/1365790653_984465.html

LA CONSEJERÍA DE BLASCO MANIPULÓ EL INFORME DE UNA ONG ENVIADO A LA JUEZ

Marc Llinares, exjefe de área en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, y Tina Sanjuán, que fue secretaria general del mismo departamento, declararon ayer como imputados en el caso Blasco, en el que se investiga el desvío de los fondos de la Generalitat destinados al Tercer Mundo. Considerados personas de la máxima confianza del exconsejero, exportavoz parlamentario del PP, diputado autonómico y principal imputado en la causa, Rafael Blasco, al que siguieron como subordinados en los departamentos que dirigió, ambos lo demostraron ante la juez. Llinares se negó a responder a nadie más que a su abogado y centró su declaración en defender la gestión de la consejería y loar la figura del exconsejero. Sanjuán también alabó la labor de Blasco, pero sí contestó al resto de partes y, según fuentes jurídicas quedó acorralada en el interrogatorio.

La juez instructora María Pía Calderón le preguntó por el hecho de que la consejería remitiera en 2010 un informe a la fiscalía sobre el expediente de Cyes como copia compulsada por la Administración y, días después, remitiera otra versión del mismo expediente al juzgado, también compulsada, en la que se habían enriquecido los requisitos que cumplía dicha fundación. Cyes era una entidad sin apenas actividad a la que el departamento de Blasco entregó 1,66 millones de euros para teóricos proyectos en Nicaragua, pese a la oposición de los técnicos, que acabaron en realidad en la compra de pisos dos inmuebles en Valencia y en las cuentas corrientes de la trama. Blasco en persona presionó fuertemente a los técnicos para desbloquear el expediente, según han coincidido varios testimonios, en lo que retrospectivamente puede considerarse el gran error cometido por el veterano político del PP.

Sanjuán no supo explicar la manipulación del expediente oficial, a pesar de que ambas copias fueron compulsadas por su secretaria y de haber admitido que ella misma custodiaba el informe en su despacho. La exsecretaria general también entró en contradicción con la declaración de otro imputado, Luís Fernando Castel Aznar, responsable de las evaluaciones de los proyectos presentados en la consejería. Castel aseguró haber remitido por correo electrónico un informe con salvedades sobre los proyectos de Cyes que habría sido igualmente manipulado para convertirlo en favorable antes de que tiempo después procediera a firmarlo, según él, sin darse cuenta de los cambios. Sanjuán declaró ayer, por su parte, que el informe no fue alterado y que le fue entregado en mano en la consejería.

La situación de otro de los diputados valencianos del PP imputado, Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante entre 1995 y 2008, se ha complicado por otra parte de forma considerable. El juez del caso Brugal, Juan Climent, ha solicitado a la Agencia Tributaria que le aporte “cuantos datos posea” de Rocafort de Negocios, la empresa que según la investigación pagó el soborno percibido por Díaz Alperi, que habría consistido en un viaje a la isla griega de Creta en avión privado que costó, al menos, 45.000 euros. La fiscalía cree que tras el regalo está en realidad el constructor Enrique Ortiz, también imputado.

A ello se une la denuncia que prepara la Fiscalía Superior valenciana por delitos fiscales contra Alperi. La Agencia Tributaria ha detectado que en 2007, 2008 y 2010 el diputado dejó de declarar al fisco supuestamente 650.000 euros, como publicó ayer Información. Las fuentes jurídicas consultadas consideraron muy improbable que la investigación de los hechos sea incorporada a la rama del caso Brugal que instruye el magistrado Climent. Lo esperable, por lo contrario, es que la denuncia dé lugar a una causa autónoma: el caso Alperi.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/13/valencia/1363206297_432937.html

EL CONSELL CONSTATA IRREGULARIDADES MASIVAS EN LA GESTIÓN DE BLASCO

Bienestar Social remite un demoledor informe sobre la concesión de ayudas a la cooperación

La Generalitat valenciana ha remitido al Tribunal Superior de Justicia un demoledor informe sobre la forma en que ella misma, a través de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, concedía las ayudas de cooperación internacional a las ONG en la etapa en que Rafael Blasco era el titular del departamento. Blasco, la persona que más veces ha formado parte del Gobierno valenciano, dimitió como portavoz en el Parlamento autonómico, quedando como diputado raso, en octubre después de que la juez le imputara seis delitos —fraude, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental— por el presunto saqueo del dinero destinado a ayudar a los países pobres.

“No se acredita la realización de la totalidad del gasto”; “no se aporta ninguna documentación técnica que permita comprobar la valoración y, a posteriori, la efectiva realización de lo subvencionado”; “en la documentación no consta firma ni sello”; “la comisión le asigna sin mayor justificación 20 puntos”; “no se acredita la experiencia”; “se aportan facturas de diversas empresas en expedientes diferentes, pero que comparten el mismo domicilio social”. Las afirmaciones forman parte del informe elaborado por la Consejería de Bienestar Social —de la que ahora depende la cooperación de la Generalitat— sobre ocho subvenciones concedidas a ONG que formaban presuntamente parte de la trama. Las ayudas recibidas superaban en ocasiones los 385.000 euros.

Sin ir más allá del análisis administrativo, el titulado como “Informe de la comisión de estudio y revisión de otorgamiento de subvenciones en materia de cooperación al desarrollo” refuerza las tesis mantenidas por la policía y la Fiscalía Anticorrupción: pese a estar repletos de irregularidades —y en ocasiones parecer copiados de otros—, los proyectos recibían grandes subvenciones. Y las ONG beneficiarias contrataban a continuación, a menudo, con las mismas empresas, o con empresas formalmente distintas pero que compartían el mismo domicilio social. Y que estaban, aparentemente, en la órbita de Augusto Tauroni, el hombre de negocios amigo de Blasco que lleva en prisión preventiva desde hace un año.

No se acreditaban los gastos, ni la experiencia, ni se motivaba la ayuda

El dictamen de la Generalitat fue elaborado a mediados del año pasado por personas que en aquel momento ocupaban cargos de alto rango. La secretaria autonómica de Presidencia de la Generalitat, Cristina Macías; el secretario autonómico de Familia y Solidaridad, Enrique Navarro; el subdirector general de Integración y Cooperación, Francesc Gamero; la jefa del Servicio de Contratación de la Generalitat de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Margarita Vento, y el coordinador de la Abogacía General de la Generalitat, Vicente Talens.

El informe fue concluido, según la fecha que figura en su portada, el 4 de julio de 2012. Tras ser reclamado por la juez de instrucción, la Generalitat lo remitió finalmente al Tribunal Superior de Justicia valenciano el 9 de enero de 2013. Resulta llamativo que, a pesar de haber constatado las irregularidades masivas en el manejo de fondos públicos, Blasco no fue forzado a abandonar su puesto como portavoz del PP en las Cortes hasta que la magistrada María Pía Calderón lo imputó tres meses después.

La contundencia del dictamen, elaborado por personas que en algunos casos habían sido colegas de Gobierno, puede también arrojar luz sobre la gran tensión que se vivió en la segunda mitad del año pasado entre Blasco y el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y su vicepresidente, José Ciscar.

Los proyectos subvencionados parecían en algunos casos copiados

En noviembre de 2012, Blasco recibió aparentemente un informe confidencial dirigido al tribunal de manos del entonces consejero de Hacienda, José Manuel Vela, en medio de una sesión de las Cortes. Blasco, un hombre meticuloso a quien se ha sorprendido hablando desde cabinas telefónicas en los últimos meses, leyó tranquilamente el informe en su escaño dejándolo a la vista de las cámaras, que recogieron la secuencia. El asunto le costó el cargo a Vela, que permanece además imputado por supuesta revelación de secretos.

El informe remitido al tribunal incide en que parece que las ONG copiaban los proyectos: “El convenio subvencionado es muy similar a otro de la misma entidad subvencionada en la convocatoria pública del mismo ejercicio, cambiando solo la ubicación geográfica, sin señalarse adaptaciones específicas que exigen los diferentes contextos”, señala el informe.

En otras ocasiones da la impresión de que las ONG de la trama se intercambiaban las facturas: “Se constata la similitud existente entre el expediente 105/2011 y este expediente, ambos de distintas entidades beneficiarias, Fudersa y Asa de África, en lo que respecta a facturas proformas (estudios fisicoquímicos y topográficos y nivelación del terreno, etcétera) y de las advertencias que el evaluador resalta en ambos proyectos, relativos a precios fuera de mercado, lo inapropiado de los análisis, etc”.

Y la consejería obvió requisitos esenciales para fiarse, aparentemente, en la palabra de los solicitantes: “No se acompaña documentación suficientemente detallada para poder evaluar el coste”, “toda vez que no existe proyecto con un mínimo de características básicas, ni ofertas económicas desglosadas por unidades, material, metros cuadrados, horas de mano de obra, etcétera”. “De tal modo”, concluye, “que la cuantía de la ayuda parece que se establece con la descripción realizada en la memoria justificativa”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/07/valencia/1360269718_056117.html

LA FISCALÍA PIDE LA RETIRADA DEL PASAPORTE DE BLASCO, QUE NIEGA TODAS LAS ACUSACIONES

El exportavoz del PP en las Cortes declara casi nueve horas y asegura que todos los expedientes son legales

El exconsejero y exportavoz del PP en las Cortes Valencianas Rafael Blasco negó ayer cualquier irregularidad en los expedientes que tramitó cuando era titular de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía durante los años en que se produjo un fraude de al menos seis millones de euros otorgadas por la Generalitat entré 2008 y 2011. Es el llamado Caso cooperación. Blasco acudió ayer a declarar ante la magistrada Pía Calderón, instructora de la causa después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad aceptara el mes pasado asumirla dada la condición de aforado de Blasco por ser diputado.

A Blasco se le imputan seis delitos, los de fraude de subvenciones, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y tráfico de influencias. En la jornada de ayer, tanto la fiscalía como la acusación popular, encarnada en la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD), solicitaron a Calderón que se retire el pasaporte al político, medida que previene del peligro de fuga: la magistrada deberá resolver la petición por escrito.

En su declaración, que arrancó a las diez de la mañana y duro casi nueve horas, tras acabar a las 20.30 con un receso de hora y media, Blasco negó que conociera que los miembros de la trama de empresas y ONG implicadas en el fraude le llamaran Roger Rabbit, en referencia al conejo de dibujos animados de la película de Robert Zemeckis, tal y como ha quedado acreditado en multitud de mensajes y conversaciones telefónicas intervenidas por orden de la magistrada Nieves Molina, la titular del juzgado número 21 de Valencia que instruyó la causa durante más de un año hasta que pasó al TSJ.

No he tenido ningún tipo de responsabilidad en las acusaciones que se me han formulado.

También fue preguntado por su relación con Augusto César Tauroni, el principal sospechoso de la causa y único que permanece en prisión desde la redada del pasado 23 de febrero en la que se detuvo a los primeros 14 imputados de un sumario que, con el diputado popular, ya ha elevado esa cifra a 28. En su declaración ante la juez, aseguró que su relación era “normal”, la “propia entre un consejero y un adjudicatario”. Incluso aseguró que muchos dirigentes de ONG tenían su teléfono particular, cuando responsables de la Coordinadora aseguran que eso no es cierto.

Cabe recordar que cuando saltó el escándalo del fraude a las ONG, Blasco declaró que sólo conocía a Tauroni de vista puesto que los dos son de Alzira. No obstante, el sumario recoge decenas de llamadas telefónicas, citas, mensajes y hasta encuentros entre sus personas de confianza para intercambiarse sobres. Un contacto frecuente en el que, además de un trato muy cercano, se da a entender que hasta compartían intereses comunes en algún negocio.

“No he tenido ningún tipo de responsabilidad en las acusaciones que se me han formulado”, aseguró el exconsejero a los medios al finalizar la jornada. Preguntado por si se había decretado alguna medida cautelar, echó balones fuera: “No, porque la tiene que tomar la señora magistrada y lo tendrá que decidir”. Y ante la pregunta de si alguien solicitó alguna, tampoco mencionó la petición de retirada del pasaporte: “Tiene que tomar la decisión la magistrada”.

Blasco, que volvió a referirse al caso como un “linchamiento político-mediático”, obviando las conclusiones de jueces y fiscales, afirmó que aportó sus datos económicos: “He entregado la declaración de mi patrimonio y de mis bienes y ha quedado demostrado que no he tenido no solamente ningún incremento en la etapa que he sido responsable político, sino que además tengo hoy menos recursos económicos que el día que empecé a ejercer mi función pública”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/18/valencia/1350546501_921867.html

BLASCO, IMPUTADO POR SEIS DELITOS

La juez investiga al ya exportavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes valencianas

Los delitos son fraude, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental

La corrupción ha acabado por desarbolar al PP valenciano, tras una semana de reveses políticos. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana imputó ayer al portavoz del Grupo Popular en el Parlamento autónomo, Rafael Blasco, como presunto autor de seis delitos relacionados con el saqueo de más de seis millones de euros de las ayudas que destinaba la Generalitat a países en desarrollo.

Blasco ha sido citado a declarar el próximo 18 de octubre en el tribunal por los delitos de fraude de subvención, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental cometidos durante su etapa como consejero de Solidaridad y Cooperación (2008-2011) en el Ejecutivo que presidía Francisco Camps.

La imputación provocó la renuncia de Blasco a seguir como portavoz parlamentario, aunque afirmó que seguirá en su escaño. Blasco parecía hasta hace poco un político incombustible, que había logrado ser consejero con todos los presidentes de la Generalitat. El socialista Joan Lerma lo destituyó en 1989 a raíz de un caso de corrupción urbanística, pero Eduardo Zaplana lo recuperó para el PP en los noventa, primero como asesor y luego como consejero. Un cargo que mantuvo, en diferentes carteras, con los Gobiernos presididos por José Luis Olivas y Francisco Camps.

Tras asumir su cargo en julio de 2011, el actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, decidió mantener a Blasco como portavoz del Grupo Parlamentario del PP.

Blasco ha sido citado a declarar el próximo 18 de octubre

La imputación del exconsejero y portavoz popular en las Cortes valencianas llegó ayer en el momento más inoportuno para Alberto Fabra, que se encontraba en el Senado en la Conferencia de Presidentes autonómicos.

Fabra pretendía mostrar en la conferencia presidida por Mariano Rajoy su malestar por el trato del Gobierno a la Comunidad Valenciana, ya que la inversión estatal se desploma en esta autonomía en las cuentas de 2013. Por el contrario, Fabra llegó a la reunión de presidentes autonómicos con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi, imputados por en el Tribunal Superior de Justicia por cohecho, tráfico de influencias y facilitar datos secretos del Plan General de Ordenación Urbana al promotor Enrique Ortiz.

Tras las últimas decisiones judiciales, el Grupo Popular —que cuenta con 55 diputados en la Cámara— tiene 10 parlamentarios imputados en el Tribunal Superior de Justicia por su implicación en tres grandes tramas de corrupción: los casos Gürtel, Brugal y Cooperación.

Fabra aseguró ayer en Madrid que Blasco “no tendrá ninguna responsabilidad dentro del grupo parlamentario”. La dirección regional del PP abrió ayer expediente informativo a Blasco, mientras estudiaba cómo hacer el relevo al frente del grupo parlamentario. El nuevo portavoz será, previsiblemente, el diputado y concejal en el Ayuntamiento de Valencia Jorge Bellver.

El Grupo Popular, que cuenta con 55 diputados en la Cámara, tiene 10 parlamentarios imputados

Blasco, fiel a su estilo, se mostró convencido de que, tras declarar como imputado el próximo 18 de octubre, la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia Pía Calderón decretará el sobreseimiento de los hechos que se le imputan.

La investigación del caso Cooperación arrancó en octubre de 2010 a raíz de las denuncias presentadas por dos diputadas, Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de Compromís. Las pesquisas cuajaron en una amplia operación policial el 23 de febrero pasado. La policía detuvo a 14 personas, entre las que figuraban altos cargos de la Generalitat, presidentes de varias organizaciones no gubernamentales (ONG) y empresarios.

Desde entonces, solo uno de los detenidos permanece en prisión. Se trata del empresario Augusto César Tauroni, amigo de Blasco y, según la investigación, cabecilla de la trama que desvió a través de empresas los fondos concedidos a varias ONG por la Consejería de Solidaridad.

El cabecilla de la trama, Augusto Tauroni, amigo de Blasco, es el único que se encuentra en prisión

La imputación de Blasco era cuestión de tiempo. La juez que instruyó el caso llegó a la conclusión de que había "sólidos indicios" sobre la participación activa de Rafael Blasco en una trama que desvió alrededor de seis millones de euros de fondos de cooperación antes de dar traslado del asunto al TSJ el pasado 3 de julio pasado. Su instrucción venía respaldada por el informe de la Fiscalía Anticorrupción que ya le achacaba los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos. La juez relataba a lo largo de 52 páginas, los múltiples indicios hallados durante la instrucción de la causa. Molina incluso suma en su auto un nuevo delito a los cinco apuntados por los fiscales Jesús Carrasco y Vicente Torres, el de fraude de subvenciones.

La juez explica que “inicialmente” se encontró con hechos que “hacían sospechar” la vinculación de Blasco a una auténtica trama mafiosa, que ya suma 27 imputados en el caso. Sin embargo, a través de las diligencias de investigación practicadas, las declaraciones de imputados y testigos y, “sobre todo, el contenido de alguno de los correos bloqueados”, las iniciales sospechas pasaron a “convertirse en sólidos indicios de participación en la actividad ilícita”.

Hay una “serie de correos que, enlazados unos con otros, llevan a abrigar la posibilidad de que Rafael Blasco haya recibido dinero de Augusto Tauroni, entregas de cantidades directamente relacionadas con su intermediación en la adjudicación de las subvenciones”, dice la juez.

Arturo Tauroni, hermano de Augusto y también imputado, recibió el 27 de julio de 2011 un correo de Maribel Castillo, persona de confianza del cabecilla de la trama en la Fundación Hemisferio, desde la que se articuló el saqueo, en el que le escribe: “Del paquete que tenía que darme JJ me comenta que 5 son para el conill y 3.200 son para la negra y el resto para su empresa…”. En el sumario hay múltiples evidencias de que los miembros de la trama y miembros de la Administración aludían a Rafael Blasco como El Conejo, el Conill o Roger Rabbit, en referencia a una conocida película de dibujos animados. Los investigadores atribuyen las iniciales JJ a Joaquín Blasco, otro de los imputados.

La imputación era cuestión de tiempo. La juez que instruyó el caso concluyó que había "sólidos indicios"

La juez relaciona este mensaje con otro entre los hermanos Tauroni en el que se habla de un posible pago al consejero: “Los cinco documentos de Chust tienen alrededor de mil caracteres cada uno… Ok? Házselo llegar en cuanto se haya visto en la dotación, pásaselo a Maribel para que se lo deje a la secretaria, yo se lo diré ahora…”. Y añaden: “JJ tendrá que poner cinco páginas en un sobre que oculte contenido. Llamad a su secre y que Maribel se lo entregue…”. Los cinco documentos de 1.000 caracteres harían referencia a 5.000 euros.

Hay varios correos, pero destaca otro de 26 de julio de 2011, en el que Arturo le adjunta a Maribel una transferencia de 12.100 euros a Chust Alzira, empresa de otro de los imputados, en la que le dice: “Hazle llegar a JJ esto para que vea que sí se ha realizado… Te tiene que dar un sobre para llevárselo a la secre del conill entre el viernes y el lunes, recuérdaselo”.

Además, en el registro del domicilio de Josep María Felip, entonces director general de la consejería, se halló un maletín de mano con unos folios impresos con las palabras “Rafael Blasco Castany en EE UU” y una serie de datos de hipotéticas sociedades vinculadas al síndic popular. Se trata de T& B Blasco Enterprises Inc, Blasco Construction Corp, Blasco Investments LLC, Blasco Electric Inc y Blasco Enterprises LLC. El director general habría investigado firmas de Tauroni. Es decir, Felip sospechaba “de la posible connivencia entre aquellos dos en las actividades ilícitas que se habían desarrollado en la consejería”.

La instrucción ha revelado que Tauroni tenía hasta ocho firmas inscritas en Estados Unidos. Y junto a otras empresas españolas habría desviado directamente más de 1,5 millones de euros de ayudas a su bolsillo.

El auto de la juez apunta similitudes con las del caso Gürtel, puesto que también se utilizan siglas para ocultar a destinatarios de los pagos. En la documentación requisada en casa de Tauroni se encontraron anotaciones manuscritas que vinculan iniciales a cifras. Entre estas iniciales se encuentran RR, MLL o YO. Y en la columna correspondiente a RR, quizá en referencia a Roger Rabbit, constan dos cantidades por importes de 7.500 euros y 5.000 euros. “Existen indicios suficientes en la causa”, concluye la juez, “para poder pensar que estas iniciales se corresponden al nombre de Roger Rabbit y por lo tanto a pagos efectuados a Rafael Blasco, correspondiendo los otros pagos a Marc Llinares y al propio Augusto Tauroni”.

La juez apunta que el exconsejero del PP alertó en febrero a la trama de las inminentes detenciones, a raíz de la declaración ante el juez de la exsecretaria de Blasco, en la que explicó una conversación grabada que tuvo con Arturo Tauroni. “Cruzando esta conversación con otras que constan en la causa se infiere que el exconsejero tuvo conocimiento de que se iban a practicar las detenciones y avisó de las mismas al grupo del señor Tauroni. De desconocer la actividad ilícita desarrollada por el mismo, con toda seguridad no habría revelado la actuación policial inminente”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/02/valencia/1349174299_605002.html

LA FISCALÍA PIDE IMPUTAR A BLASCO EN EL FRAUDE DE LA COOPERACIÓN

El ‘síndic’ pudo incurrir en prevaricación, cohecho y malversación

Presionó a varios funcionarios y favoreció a ONG

Rafael Blasco no solo dirigía una consejería que propició el desvío de los fondos destinados al tercer mundo a cuentas privadas de empresas de Estados Unidos y España. Según los fiscales que investigan el saqueo de al menos seis millones de euros, también está implicado en la trama. La Fiscalía Anticorrupción ha decidido solicitar la imputación en el caso de la cooperación del actual síndic del Grupo Popular en las Cortes Valencianas (ahora apartado provisionalmente como portavoz) por su supuesta implicación cuando era consejero de Solidaridad y Ciudadanía en el fraude de las ayudas de cooperación, según informó este viernes la Fiscalía General del Estado.

Los fiscales Jesús Carrasco y Vicente Torres presentaron un informe a la magistrada Nieves Molina, que investiga el fraude desde el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, en el que consideran que hay fundados indicios de que Blasco participó en la trama y que podría ser imputado por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

La mayoría de las 27 personas hasta ahora implicadas en la causa han sido imputadas por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. Y a Blasco se le han añadido los de prevaricación, que supone dictar a sabiendas una resolución injusta, y tráfico de influencias, posiblemente por haber presionado a funcionarios para favorecer a alguna ONG en concreto.

El informe de la fiscalía es preceptivo para dilucidar una cuestión de competencia, puesto que Blasco, por ser diputado, está aforado. La juez Molina consultará ahora al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana para que esta instancia decida sobre la imputación del exconsejero de Solidaridad. En caso afirmativo, el TSJ nombrará un nuevo instructor para completar el trabajo elaborado por Molina desde hace más de un año.

El sumario revela múltiples conversaciones con Tauroni, cabecilla de la trama

El sumario de la causa, que cuenta ya con 27 imputados, entre ellos seis personas que trabajan para la Administración, habla de una trama articulada en torno a la consejería y a la Fundación Hemisferio, una supuesta organización no gubernamental (ONG) que captó a media docena de asociaciones y les gestionó sus proyectos de cooperación ante la Generalitat. Cuando las ONG recibían el dinero, este se desviaba a cuentas en Estados Unidos a través de una red de empresas en España y en el país americano. Las ayudas se justificaban después ante la Administración a base de facturas falsas que emitían otras empresas, algunas ficticias.

A falta de conocer en detalle la exposición motivada de los fiscales remitida a la juez, la implicación de Blasco en el sumario se sustancia en los expedientes de las ayudas de la consejería, en las declaraciones de los testigos y los imputados interrogados por la juez y en las conversaciones intervenidas por la policía y por orden judicial a los principales cabecillas de la trama.

En concreto, el sumario revela que hubo numerosas llamadas, hasta ocho en un día, entre el portavoz del PP y Augusto César Tauroni, el principal imputado de la causa y el único que permanece privado de libertad desde su detención el pasado 23 de febrero. La policía ha vinculado a Tauroni con ocho empresas de Estados Unidos, donde además tiene dos viviendas y un yate. Él es titular de algunas de las cuentas a las que se transfirieron gran parte de las cantidades ingresadas por ONG beneficiadas que tendrían que haber llegado a países en vías de desarrollo.

La causa ya suma 27 imputados y seis de ellos trabajan en la Administración

A pesar de que Blasco negó en los últimos años tener una relación de amistad con Tauroni —aseguró que se conocían de vista solo porque ambos eran de Alzira—, las llamadas intervenidas revelan multitud de citas entre ambos, encuentros entre la secretaria de Blasco y la administradora de Hemisferio para intercambiarse sobres, intercesiones para la contratación de una persona recomendada y, lo que es más importante, el interés del exconsejero por los negocios de Tauroni como si fueran propios, a base de consejos y mediaciones cuando dejó el cargo. Incluso Blasco advirtió a Tauroni de algo "inminente" el 22 de febrero pasado, la víspera de la operación policial que desembocó en el grueso de las detenciones. La propia secretaria del político vinculó en su declaración ante la juez la advertencia con las detenciones.

Entre los delitos atribuidos por los fiscales al síndic del PP figura el de cohecho, que haría referencia a un soborno, es decir, que Blasco pudo recibir algún beneficio económico por su gestión en favor de la trama. El delito de prevaricación asignado supone que el exconsejero pudo tomar desde su puesto de consejero resoluciones injustas a sabiendas.

El ‘síndic’ avisó a Tauroni la víspera de las detenciones de algo "inminente"

Y el tráfico de influencias podría referirse a un comportamiento descrito por varios de los testigos en sus declaraciones durante la instrucción del caso. Así, explicaron que el entonces consejero presionó a los miembros de la comisión que evaluaba los proyectos de la Fundación Cyes para que le fueran aprobadas dos subvenciones por 1,6 millones de euros. Cyes (sin relación con la constructora) consiguió la subvención, pero gastó la mayor parte del dinero en la compra de inmuebles en Valencia.

Este caso, el de Cyes, motivo la primera denuncia que desató la causa, interpuesta ante la fiscalía en octubre de 2010 por la diputada socialista Clara Tirado. Después, otra diputada, Mireia Mollà, de Compromís, presentó otra denuncia que ampliaba las irregularidades de la consejería de Blasco a los años 2009 y 2010 y a otras ONG. Tras investigar el caso, la fiscalía llevó las irregularidades ante la juez en abril de 2011, y juntos investigaron en secreto durante casi un año, hasta que se conoció el operativo del 23 de febrero que desembocó en los primeros 14 detenidos.

Este viernes, tras conocer la decisión de la fiscalía, la oposición apuntó al PP. La propia Mollà aseguró que si el presidente Alberto Fabra "no echa" al síndic, se convertirá en su "cómplice político". Y añadió que es insuficiente con mantenerlo como "un portavoz sin voz". El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, aseguró que "si el presidente Fabra no actúa de forma inmediata es que no tiene ninguna autonomía política, ni capacidad de decisión y demuestra una ausencia total de liderazgo". Y Marina Albiol, de EU, aseguró que Blasco es "el mayor peligro" para las ayudas al Tercer Mundo. También exigió su dimisión "urgente".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/22/valencia/1340390699_904473.html

LA CORRUPCIÓN BARRE A BLASCO

El escándalo de las ayudas de cooperación hace que Fabra aparte al portavoz del PP cuando la juez ya ha pedido su imputación

La sombra de la corrupción, que ha perseguido a Rafael Blasco desde los tiempos del Gobierno socialista en la Generalitat Valenciana (era consejero de Obras Públicas cuando se vio envuelto en los años noventa en un escándalo que acabó archivado porque se anularon las escuchas policiales), ha acabado por barrerlo de su puesto de portavoz del PP en las Cortes Valencianas. Blasco está a un paso de la imputación por el fraude en las ayudas de cooperación que se produjo entre 2008 y 2010, cuando él era consejero de Solidaridad y Ciudadanía, y dejará su cargo al frente del grupo parlamentario en cuanto la imputación sea un hecho.

La juez que investiga el caso, en el que ya hay 27 imputados, uno de ellos en la cárcel, ha elevado una providencia al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que pide que se pregunte en el Parlamento autonómico por la condición de diputado de Blasco, "ante los indicios existentes en la causa para imputar hechos de naturaleza delictiva" a quien era consejero cuando se produjo el fraude.

Poco después de conocerse la noticia, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, marcó el camino de salida a su portavoz parlamentario, al que hasta ayer estuvo defendiendo. "Vamos a esperar. Pero aquellas personas que tengan cuestiones con la justicia no pueden desempeñar ciertos cargos. Y eso lo sabe Blasco", recalcó el presidente del Consell. A la pregunta de si el portavoz debía dejar el cargo, añadió: "Es consciente de que tendrá que tomar esa decisión".

Las declaraciones de Fabra se produjeron poco antes de que ambos se entrevistaran en Presidencia de la Generalitat a las 14.00. En esa entrevista, de solo media hora de duración, Blasco aceptó apartarse de la portavocía parlamentaria, aunque solo renunciará formalmente a ella tras la imputación. Un paso que podría demorarse varios días pero que nadie pone en duda. El portavoz adjunto de las Cortes, Rafael Maluenda, asume provisionalmente las funciones de portavoz del PP en las Cortes, donde hoy se celebra uno de los plenos importantes de esta legislatura. Fabra tiene previsto comparecer ante la Cámara para explicar el plan de reequilibrio financiero de la Generalitat. El propio Fabra anunció, tras la entrevista con Blasco, que el portavoz dejará oficialmente el cargo cuando sea "efectiva" su imputación, es decir, cuando el TSJ se declare competente y asuma la instrucción del caso.

Como sustitutos de Blasco al frente del Grupo Popular en las Cortes se barajan los nombres de Alicia de Miguel, Antonio Clemente o Jorge Bellver. La decisión, en cualquier caso, puede demorarse varias semanas y, en principio, no supondrá una reestructuración del Gobierno valenciano.

La decisión de la juez Nieves Molina deja a Blasco en la cuerda floja, ya que abre el procedimiento para su imputación formal como aforado. El caso en el que se ha visto implicado se inició en octubre de 2010, cuando la diputada socialista Clara Tirado denunció al fiscal Anticorrupción, Jesús Carrasco, que se habían concedido sendas ayudas por 1,6 millones de euros a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales que en realidad se habían destinado, en su mayor parte, a comprar dos entresuelos con plazas de garaje en Valencia. La documentación, bastante extensa, apuntaba también a la existencia de una trama de desvío de dinero de subvenciones que funcionaba con la complicidad de la consejería que dirigía Blasco.

Ese aspecto fue ampliado con una abundante aportación de documentos por otra denuncia de la diputada de Compromís Mireia Mollà ante el mismo fiscal Anticorrupción. Según esa información, la Fundación Hemisferio (entonces denominada Entre Pueblos, nombre que tuvo que cambiar porque usurpaba el de una reputada y veterana organización no gubernamental) sirvió para drenar dinero de la ayuda al Tercer Mundo a través de varias ONG a las que la fundación redactaba los proyectos para que empresas de la trama facturaran grandes cantidades con cargo a ellos. Pese a que Blasco negó desde el principio las irregularidades, la fiscalía y la juez mantuvieron durante meses una investigación secreta que dio lugar el pasado febrero a varias detenciones, en un operativo que tuvo una segunda fase el pasado jueves con otras cinco detenciones. De la actuación judicial se ha derivado la imputación hasta ahora de 27 personas. El dinero manejado por la trama supera los 6 millones de euros.

El martes por la mañana, antes de que se hiciera pública la providencia de la juez, Rafael Blasco presentó un escrito en las Cortes Valencianas que sorprendió en la Cámara. En el escrito renuncia "a la percepción de las cantidades en concepto de indemnización por ejercicio de la función" que como diputado le corresponden. Se trata de un complemento que en su caso asciende a 294 euros mensuales, según confirmaron fuentes parlamentarias, que descartaron, en principio, que el gesto tuviera algo que ver con la posibilidad de que lo imputen. El portavoz parlamentario del PP gana unos 28.000 euros de base, otros 24.600 en su condición de síndic del PP y 4.387 por la dedicación exclusiva.

Blasco se ha atrincherado en su cargo de portavoz y en la apelación a la presunción de inocencia hasta ahora, pero el presidente de la Generalitat y líder del PP valenciano, Alberto Fabra, ya dejó claro que solo lo mantendría al frente del Grupo Popular si no era imputado. La nueva situación judicial lo sitúa a un paso de la dimisión.

El caso de la cooperación protagonizó la sesión de control a Fabra la semana pasada, cuando el portavoz de Compromís, Enric Morera, exigió explicaciones sobre el resultado de una comisión interna de investigación abierta por la Generalitat en el momento en que estalló el escándalo y fueron detenidos, entre otros, el ex director general de Cooperación, Josep Maria Felip, y el jefe de área Marc Llinares, posteriormente relevados de sus cargos junto al subsecretario de la consejería en la época del fraude, Alexandre Català, también imputado. Ayer mismo se supo que la Consejería de Justicia y Bienestar Social, que dirige Jorge Cabré, ha ampliado en 15 días el plazo para que la comisión interna termine sus trabajos.

La investigación judicial ha revelado que detrás de la trama de saqueo de subvenciones estaba Augusto César Tauroni, el único imputado que permanece en prisión, una persona de Alzira, localidad de origen del todavía portavoz del PP, que se vincula a las adjudicaciones que Blasco ha realizado a su paso por diversos departamentos de la Generalitat.

Blasco ya fue protagonista de un escándalo en el Gobierno de Joan Lerma. Las acusaciones fueron desestimadas por la irregularidad en unas escuchas policiales, pero fue apartado de la Generalitat. Precisamente, las grabaciones que la policía ha realizado en la investigación del caso de cooperación, han revelado la naturalidad de las relaciones de Blasco con algunos de los principales imputados, como el propio Tauroni.

Fabra se pronunció sobre la situación del portavoz del PP en las Cortes tras el acto de presentación de unos cupones de la ONCE dedicados a la Comunidad Valenciana. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente de la Diputación, Alfonso Rus, evitaron hacer declaraciones sobre la situación de Blasco, pero ambos empezaron ya a desmarcarse.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/12/valencia/1339532265_818407.html

"CUANDO YA NO PUEDEN HUIR MÁS, SE QUEDAN EN SU SILLÓN COMO AFORADOS"

La oposición vapulea al PP en las Cortes por la corrupción a costa de una iniciativa de Blasco

Rafael Maluenda a la defensiva: "No está imputado y sigue siendo portavoz de su grupo"

Toda la oposición se lanzó en tromba, el miércoles contra el PP en las Cortes Valencianas esgrimiendo el nutrido muestrario de casos de corrupción que afectan a la derecha en el poder. Lo más curioso es que dieron pie a ello los propios populares al defender una proposición no de ley firmada por el ahora apartado portavoz parlamentario, Rafael Blasco, sobre "principios de transparencia y buen gobierno de la Administración valenciana y entidades dependientes de ella".

Aunque Blasco sólo estuvo durante una parte del debate, ya que salió y volvió a entrar en el hemiciclo, fue su protagonista involuntario, mientras su sustituto provisional tras la acción de la juez para imputarlo en el escándalo de las ayudas de cooperación, el diputado Rafael Maluenda, sucumbía a las arremetidas de las tres portavoces de la izquierda, que calificaron de "burla" que el PP pretenda dar lecciones con una resolución que sólo es "humo", en opinión de Esther López Barceló, de Esquerra Unida; que "no la redactaría así ni un niño de la ESO", según Mònica Oltra, de Compromís, o que pretende ser "absolutoria" de tanta corrupción como se ha acumulado, en alusión de la socialista Eva Martínez.

Las referencias a Blasco y a los numerosos imputados en las filas del PP fueron duras y constantes. Martínez las resumió al denunciar: "Cuando ya no pueden huir más, se quedan en su sillón como aforados para eludir sus responsabilidades".

Había tratado Maluenda, en su nuevo papel de portavoz provisional de los populares, de aparentar un clima de normalidad alrededor del tema de la transparencia y el buen gobierno que la oposición no está dispuesta a regalarle. Apoyó la proposición de ley, que se aprobó con los únicos votos del PP, con constantes alusiones a que se basa en "un nuevo modelo de Administración pública impulsado por el presidente Fabra". Pero no dio abasto ni a completar la réplica a las diputadas de la izquierda y solo le salvó la campana, es decir, el aviso de que había consumido su turno.

"Su concepto de transparencia es como el de austeridad de la Casa Real: nulo", le espetó la diputada Esther López Barceló, de EUPV, que se preguntó qué credibilidad puede tener una resolución como la que propuso el PP cuando afirma que "será motivo de resolución de contrato o cese del gerente y cargos directivos de las entidades y organismos de carácter público el negarse a facilitar información sobre la sociedad a los componentes de los órganos de administración de la misma, excepto cuando lo impidan disposiciones de carácter general". "Eso es lo que está haciendo el señor López Jaraba en RTVV", clamó la parlamentaria.

Clara Tirado invita a Blasco a pronunciar la palabra "talibán" para que lo aparten

Mònica Oltra, de Compromís, se ensañó con otro punto de la iniciativa, aquel que recomienda que los miembros de consejos de empresas o entidades dependientes de la Administración no sean políticos en su totalidad e incluyan a "profesionales y expertos de reconocido prestigio", para recriminar al PP que no entrara en el Consell Valencià de Cultura el escritor Joan F. Mira. Oltra le dijo a Maluenda: "Este debate es temerario. Si vienen a hablar de corrupción, tienen que oír las verdades del barquero". Y recordó los casos Gürtel y Brugal, entre otros, para hacer alusión a la investigación de las empresas de la familia de Cotino en la supuesta financiación ilegal del PP. En ese momento, Juan Cotino, presidente de las Cortes, la interrumpió y la diputada le dio un recorte de periódico con la información sobre el asunto.

Eva Martínez, del PSPV-PSOE recordó el caso de la visita del Papa y las comisiones ilegales obtenidas por la trama Gürtel a través de la adjudicación de las pantallas y la sonorización por parte de RTVV, el caso Emarsa, la investigación sobre el instituto Nóos y otros escándalos. En opinión de la parlamentaria, lo que tendría que hacer el PP es "pedir perdón" y mostrar "arrepentimiento" en lugar de protagonizar actos de "cinismo" como el de presentar esa propuesta, que todas las portavoces coincidieron en señalar que "está llena de obviedades" y no aporta nada nuevo.

El portavoz popular no dudó en acusar a López Barceló de "no tener autoridad moral ni ética porque se inspira en las críticas del comunismo", y recriminó a Esquerra Unida y a los socialistas su actuación en el Parlamento andaluz, acusó a las portavoces de la oposición de desconocer el "procedimiento reglamentario" y dijo que sus intervenciones estaban "fuera de tono".

El portavoz provisional del PP acabó defendiendo la legitimidad de Blasco como síndic. "No está imputado, ni menos condenado y, aunque hace una delegación de funciones, sigue siendo el portavoz del grupo". Maluenda no olvidó un último llamamiento a "respetar la inocencia de personas que se han sentado en el banquillo pero no han sido condenadas". El expresidente Francisco Camps estaba en ese momento sentado en su escaño.

Por la tarde, el consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, dijo que se están adoptando medidas para que nadie dude de la cooperación valenciana y redujo el escándalo que afecta a Blasco a "casos aislados". La diputada socialista Clara Tirado, que le había preguntado, denunció la "incongruencia" del PP al apartar a unos y no a otros de sus cargos. Y citó el caso de Mariano Vivancos, destituido de la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) por llamar "talibanes" a los profesores en un acto público. Tirado invitó a Blasco a pronunciar la palabra "talibán" para que le aparten definitivamente.

La garantía del ‘non bis in idem’

La proposición no de ley aprobada solo con los votos del PP (Maluenda se quejó de que la oposición presentó enmiendas a la totalidad y no enmiendas parciales, lo que habría permitido, tal vez, alguna aproximación) es, en realidad, una traslación de las conclusiones que los populares impusieron para cerrar la comisión de investigación del caso Emarsa. Ya entonces los grupos de la izquierda rechazaron la inocuidad de las recomendaciones. En el pleno, fueron un paso más allá y recriminaron al PP que incluyera un punto en el que se afirma que hay que imponer la "obligación de reparar los perjuicios causados" a quienes la justicia declare responsables de infracciones penales. "Nos comprometemos a cumplir la ley", ironizó la socialista Eva Martínez. "Nos comprometemos a cumplir el Código Penal".

El diputado del PP Rafael Maluenda, sin embargo, insistió en que se trata de que responsables de empresas o entidades públicas que sean condenados paguen los perjuicios que no les haya impuesto la sentencia. Esther López Barceló, de Esquerra Unida, le recordó que "las Cortes Valencianas no pueden entrar en la legislación civil y penal" y Mònica Oltra, en su condición de abogada, aseguró que legalmente "no se puede sancionar dos veces a quienes han estado condenados penalmente".

Como quiera que Maluenda buscó otro argumento, al asegurar que se trataría de iniciar otro tipo de denuncias contra quienes hayan sido condenados por irregularidades en la gestión de entidades y empresas públicas, Oltra sacó su vena de abogada en ejercicio y citó el Non bis in idem (no dos veces por lo mismo), una garantía que impide que un acusado sea enjuiciado una segunda vez por el mismo delito. Oltra buscó con la mirada en las filas del PP al diputado José Marí Olano, abogado del Estado, al que preguntó si era cierto lo que estaba diciendo. Marí asintió con la cabeza mientras se sentaba y, cuando Oltra le dijo a Maluenda que su compañero de grupo le aclararía el asunto, Marí respondió que jamás se le ocurriría corregir a su portavoz. La diputada de Compromís zanjó el tema dirigiéndose a los diputados populares: "Como tienen problemas con la justicia, ya lo sabrán en las sentencias que vendrán".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/13/valencia/1339617376_269120.html

LA TRAMA DE LAS ONG COLOCÓ A LA NOVIA DE RICARDO COSTA, UNA ANTIGUA ‘MISS’, DE GERENTE EN UNA FUNDACIÓN

La trama valenciana de las ONG sigue dando novedades cada vez más oscuras. El caso sobre los supuestos gastos en lujos con dinero público del Gobierno valenciano que iba destinado a los pobres ha salpicado también a Ricardo Costa, cuya novia habría sido, una antigua 'Belleza del Fuego de Alicante', habría sido colocada como gerente de una Fundación pública por la trama. Además, Costa, que ya se vio implicado en el 'caso Gürtel' y ahora está imputado por la presunta financiación ilegal del PP valenciano, intercedió junto a Rafael Blasco, portavoz del PP en Les Corts, para que una ONG pasara a cobrar de 50.000 euros a 500.000 euros, según la Policía.

Las grabaciones telefónicas del sumario, tal y como cuenta la Cadena SER, recogen como uno de los principales imputados en la causa, Marc Llinares, habla con un tal Miguel, a quien le cuenta que se ha reunido “con Rafael Blasco y con Ricardo Costa” para hablar de las subvenciones a las ONG. Tras esa visita, una organización que sólo iba a recibir 50.000 euros en 2012 vio su subvención aumentada por 100, hasta los 500.000 euros, tal y como recogen los presupuestos valencianos de este año.

“El poder” de Costa

En otra conversación, el nombre de Ricardo Costa vuelve a aparecer en una conversación. En esta ocasión, el empresario José María Maldonado invita a Palma de Mallorca a Marc Llinares (que era alto cargo de la Consejería de Solidaridad en la que Blasco ordenaba y mandaba a sus anchas). En un momento de la charla, Maldonado le dice a Llinares que “ni te imaginas el poder que tiene” Costa y que a los dos les va a colocar en “un hotelito discreto”.

“Eso depende de mi querido JM”

Otra grabación recoge a Maldonado revelando a Llinares que “han metido a la novia de Ricardo [Costa] en Fundar. La respuesta de su contertulio es que “eso depende de mi querido JM”, unas siglas que la Policía identifica con José María Felip, también imputado en la causa y mano derecha de Rafael Blasco cuando estaba en la Consejería.

De Belleza del Fuego a gerente

La novia de Ricardo Costa es Laura Chorro, antigua Belleza del Fuego de Alicante y que también fue concejal de Juventud en la capital alicantina. Chorro fue colocada como gerente de Fundar, la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunitat Valenciana, el pasado mes de julio. Dicha fundación es una entidad privada sin ánimo de lucro pero participada por la Generalitat Valenciana y Bancaja, y que estuvo presidida por el propio Rafael Blasco.

“Las irregularidades comenzaron con él”

Esta omnipresencia de Blasco no parece casual. Aunque todavía no está imputado, informes policiales y declaraciones de testigo apuntan al actual portavoz del PP como el responsable de la trama de fraude en las subvenciones para el Tercer Mundo. Diversos extrabajadores de Solidaridad han llegado a asegurar que “las irregularidades comenzaron con la llegada de” Blasco a la Consejería en 2008. También han dicho que el popular, a quien la trama apoda como El Conejo o Roger Rabbit, “montó en cólera” cuando descubrió que la Fundación Cyes había quedado fuera de concurso por no cumplir los requisitos legales. Según los extrabajadores, Blasco acabó forzando su entrada y depuró a quienes se opusieron.

Sobres para Blasco

La estrecha relación de Blasco con Mister X, el empresario Augusto César Tauroni que está considerado como creador de la supuesta red corrupta, ya quedó reflejada en las conversaciones captadas por la Policía y que recogió ELPLURAL.COM. Tanto es así que una trabajadora de Tauroni llegó a decir que, si se marcha Blasco de la Consejería de Solidaridad, cerrarán el negocio para abrirlo de nuevo en el lugar donde se coloque El Conejo. El sumario también recoge cómo la mujer de Tauroni visitó en varias ocasiones la Consejería de Blasco para entregarle sobres.

http://www.elplural.com/2012/05/30/la-trama-de-las-ong-coloco-a-la-novia-de-ricardo-costa-una-antigua-miss-de-gerente-en-una-fundacion/

UNA ONG DETALLA CÓMO SOLIDARIDAD DIRIGÍA LAS AYUDAS HACIA TAURONI

La presidenta de Asamanu declara que Marc Llinares le exigió optar con Entre Pueblos

El exjefe del área de Cooperación les amenazó con negarles cualquier ayuda en el futuro

La presidenta de la ONG Asamanu, entidad que había realizado trabajos de cooperación en Senegal, explicó en marzo en la declaración realizada ante el juzgado de instrucción número 21 de Valencia, que investiga un presunto desvío de fondos de ayuda de cooperación concedidos por la extinta Consejeria de Solidaridad, que el exjefe de área de Cooperación al Desarrollo, Marc Llinares, imputado en la causa, les indicó en una reunión que hicieran lo que fuera para reformular el proyecto presentado con Entre Pueblos, la antigua denominación de la actual Fundación Hemisferio, de la que es titular Augusto César Tauroni. Según la presidenta de Asamanu, Llinares les advirtió de que si iban solos a la convocatoria por la ayuda pública no se lo aprobaría y "nunca más" les aceptarían ningún proyecto.

María Vicenta Pons, que compareció como testigo ante el juez, relató que nunca habían concurrido a las convocatorias de la Consejeria de Solidaridad pero la entidad Entre Pueblos les ofreció sus servicios a través del correo electrónico, para hacerlo. Tras varias conversaciones, donde participó la coordinadora de proyectos de Entre Pueblos, Maribel Castillo, imputada en la causa, firmaron un acuerdo para presentarse a unas obras de rehabilitación de un instituto en Senegal.

La declarante no tuvo acceso al contenido del proyecto hasta el día en que fueron a registrarlo y fue cuando supo que sólo concurrían ellos y no la otra entidad. La presidenta de la ONG pensó que era imposible que les dieran la aprobación dada la "escasa" capacidad que tenían, aunque con anterioridad a la resolución de la convocatoria, Maribel le llamó para decirle que lo habían aprobado porque lo sabía de forma "extraoficial".

Al darles menos dinero, tenían que reformular el proyecto, de lo que se encargó la Fundación. Según su relato, inicialmente se presentaron varias facturas proforma de constructoras de las que se eligió a Beconsa, por ser la más económica. Para el ingreso al que ascendía la subvención --232.148,84 euros-- abrieron una cuenta con firma por parte de la represetante de la ONG y otra persona de Entre Pueblos.

A la constructora había que pagarle mediante carta de pago, aunque habían acordado que no se haría ninguno sin avisar. No obstante, la presidenta de la ONG narró que se llevó una "sorpresa" al ver que de la cuenta se había abonado a Beconsa 60.000 euros, y pidió que le enseñaran la carta de pago firmada, que el banco le aseguró que existía. Pons comprobó que figuraba una firma que probablemente fuera la suya, y que imagina que pudo suscribir en el momento de hacer la reformulación sin que se apercibiera de ello.

Puesta en contacto con Castillo, ésta le explicó que tenían que pagar esa cantidad a la constructora para empezar los trabajos y que iba a mandar una segunda carta de pago, a lo que la ONG se opuso hasta que no estuviera la mercantil en el país e iniciara los trabajos, por lo que dio órdenes al banco para congelar la cuenta.

Un voluntario de la ONG viajó a Senegal cuando les dijeron que iba a ir la constructora, el 5 de julio, aunque pospusieron el desplazamiento hasta el 19 o 20. En ese tiempo, mantuvo discusiones con la coordinadora de Entre Pueblos sobre el importe "desmesurado" de los trabajos, porque había una partida de picos, palas y herramientas por importe de 56.748 euros.

La ONG exigió a Castillo que la constructora justificase en qué se iban a gastar los 120.000 euros, mostró su disconformidad con todas las explicaciones que le daban y empezó a ver "cosas extrañas". A mediados de julio, según su versión, tampoco estaban los trabajadores y el voluntario del país le explicó que la cooperación de Suecia podía intervenir en el Liceo objeto del proyecto, lo que le dio la idea de desistir de él.

De ahí que apuntara a la Fundación la posibilidad de reconstruir aulas en tres colegios, con mano de obra de Senegal, pero indicó que Entre Pueblos solo quería construir dos aulas, lo que la dejó "escandalizada" porque pensaba que la Generalitat les iba a tratar de "ladrones". En ningún caso llegaron a un acuerdo y fueron llamados a una reunión en la Consejería donde estaban además de Llinares, Dolores Escandell, jefa de servicio también imputada, y otros técnicos.

El jefe de área, según ha relatado, le reprochó el "flaco favor" que había hecho su entidad a la cooperación, en una reunión en la que le dio la sensación de que a Llinares "no le importaba nada" la cooperación. Fue entonces cuando le pidió que hicieran lo que fuera pero contando con Entre Pueblos y que, si no, "si iban solos, no les iban a aprobar la reformulación" y que "nunca les iban a aprobar en consejería ningún proyecto".

Finalmente, lo reformularon solos, y no se les aprobó. La presidenta de la ONG relató que la constructora cobró los 60.000 euros y que les han reclamado la devolución --que llegaron a presentar una factura por 28.000 euros que les han requerido para que acrediten como pueden justificar el importe--, aunque no han podido contactar con ellos.

A partir del verano del pasado año mantuvieron conversaciones con la Generalitat para cerrar el expediente, en el que se cuestiona si se admite o no la factura y sobre el que, según la versión de la ONG, Dolores Escandell les dijo que la admitiría si se quitaba la coletilla de que las tareas no se habían realizado por motivos ajenos a la constructora.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/30/valencia/1338397093_768872.html

BLASCO RECONOCE QUE TRATÓ SOBRE PROYECTOS CON EL JEFE DE LA TRAMA

Compara a Tauroni con “decenas de personas que dirigen ONG”

La juez destapa la relación de Blasco con el saqueo de fondos de cooperación

En junio de 2011, la policía grabó una conversación de Augusto César Tauroni con Rafael Blasco, que estaba a punto de dejar de ser consejero de Solidaridad y Ciudadanía, en la que este último decía a su interlocutor que “va a salir todo muy bien” y le animaba: “Lo importante es resistir”. Según el actual portavoz parlamentario del PP, la conversación entraba dentro de “las relaciones habituales” que tuvo “con Tauroni como con decenas de personas que dirigen ONG”. La presencia de Tauroni detrás de la Fundación Hemisferio y de una trama que saqueaba las subvenciones de cooperación de la Generalitat, que ha llevado a la juez a imputar a 22 personas, (solo sigue en prisión el propio Tauroni), únicamente la ha desvelado la investigación.

En otra conversación entre ambos, Blasco comentaba a Tauroni: “Lo que no podemos estar es en cierto monocultivo”. Y le interrogaba: “Hola, una cosa, eso que me tenías, que me dijiste, lo de traducirlo al inglés, ¿no lo tendrás, verdad?”. Tauroni respondía: “No, pero lo tendré el fin de semana o el lunes”. A la pregunta de qué tenía que traducir su interlocutor, el ahora portavoz parlamentario del PP respondió ayer: “No lo recuerdo muy bien, sería algún documento relacionado con algún proyecto... Documentación que estarían intercambiándose la consejería y esa ONG”. ¿Cómo sabía el consejero que Tauroni gestionaba proyectos para esas ayudas si no figuraba formalmente en ninguna de las organizaciones que los presentaban? “No saque deducciones que la justicia no ha hecho”, respondió Blasco. Se da la circunstancia de que esta segunda grabación es del 4 de noviembre de 2011, cuando Blasco ya hacía meses que no era consejero y nada tenía que ver con proyectos de cooperación.

Blasco reiteró, tras la Junta de Portavoces de las Cortes Valencianas, su denuncia de lo que calificó como “campaña de falsedades” sobre las ayudas de cooperación y pidió respeto a la presunción de inocencia.

Fabra anuncia que Blasco seguirá de portavoz “si no hay imputación”

Rafael Blasco insistió en criticar las “informaciones tendenciosas”, que, en su opinión, se están publicando sobre el escándalo de las ayudas de cooperación y reiteró “la máxima convicción de que la actuación política de la consejería ha sido correcta y la actuación administrativa también ha sido correcta”. “Ha quedado claro que Blasco no tiene ninguna imputación en este sumario”, señaló el portavoz del PP, hablando de sí mismo en tercera persona. “De momento no han pedido responsabilidad judicial a Blasco”.

La imputación, que fuentes próximas a la investigación consideran inevitable y que obligaría a trasladar el caso al Tribunal Superior de Justicia, parece marcar una línea roja. Así, el presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Alberto Fabra, declaró por la tarde: “Siempre he defendido la presunción de inocencia y si no hay imputación el señor Blasco seguirá siendo portavoz del Grupo Popular”.

Como portavoz, precisamente, impidió Blasco por la mañana que prosperara una iniciativa relacionada con el caso. Los grupos de la oposición apoyaron una propuesta de Compromís para que las Cortes hagan una declaración de condena de la conversación grabada por la policía en la que Augusto César Tauroni, el supuesto cabeza de la trama, habla con su abogado, José Vicente Gómez Tejedor, sobre la diputada Mireia Molla, y el letrado le pregunta: “¿Y si la violamos?”. Mollà, de Compromís, y Clara Tirado del PSPV-PSOE, son las diputadas que presentaron las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción que dieron lugar a la investigación que ha desmantelado la trama de corrupción.

Aunque el portavoz del PP, como explicaron el resto de portavoces, se negó a apoyar la iniciativa en la Junta de Síndics porque habría que condenar también una serie de “frases indecorosas” que se han pronunciado en la Cámara y que atribuye a la propia Mollà, Blasco dejó abierta la posibilidad de que los populares apoyen la declaración, que también condena los “insultos, intimidaciones y amenazas” proferidos contra periodistas y sobre personas de diferentes razas (denominadas “negratas” por los imputados) en las conversaciones recogidas en el sumario. En todo caso, Blasco calificó de “deplorable” la alusión a Mollà y señaló que no se le puede hacer a él responsable de lo que hablen Tauroni o cualquier otro. “Me han sorprendido no agradablemente algunas de las cosas que he leído y algunas de las informaciones”, sentenció sobre el caso.

Torres acusa al Consell de "alentar" a personajes como Tauroni

Para Enric Morera, portavoz de Compromís, que pidió también el amparo del presidente de las Cortes, Juan Cotino, para la diputada Mollà, es inadmisible que “unos mafiosos” hablen de la posibilidad de cometer un delito contra una parlamentaria. Morera presentará una queja ante el Colegio de Abogados junto a la también diputada Mònica Oltra contra Gómez Tejedor por sus afirmaciones.

Marga Sanz, de Esquerra Unida, mostró su apoyo a Mollà, dijo que las Cortes “tienen la obligación de denunciar” lo ocurrido y criticó a Blasco, de quien dijo que es “el epicentro del escándalo”.

El portavoz socialista Antonio Torres fue incluso más lejos al acusar al Consell que gobierna el PP de haber “alentado” a personajes como Tauroni, que comenzó a hacer negocios con la Administración pública para después “saquear las arcas públicas”. Torres recordó que Tauroni recibió en 2001 una adjudicación de 6,7 millones a través de la empresa Lonerson, que “se unió en una UTE con una empresa semipública llamada Tissat, integrada por la Generalitat, Iberdrola, Bancaja y Telefónica”. Tauroni, según el portavoz socialista, accedió a esa unión, en la que tenía el 60% del capital, “con una empresa que no sabía hacer la o con un canuto”.

Reequilibrio, control y déficit

“No se ha escondido nada”, exclamó ayer el consejero de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, sobre el déficit real en las cuentas de la Generalitat valenciana que afloró tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 17 de mayo, en el que se aprobaron los planes de reequilibrio financiero de las comunidades autónomas. Vela, que compareció ante una comisión de las Cortes Valencianas, dijo que habitualmente es la Sindicatura de Comptes la que “fiscaliza y determina el importe” de las denominadas facturas en los cajones, o pagos sin consignación presupuestaria, que se acumulaban cada año en áreas como las prestaciones farmacéuticas. Este año lo ha hecho la propia Generalitat para poder incluirlas en el plan de pagos a proveedores, añadió.

Otra versión es la que ofreció el portavoz socialista, Antonio Torres, tras la Junta de Síndics, para asegurar que “el plan de reequilibrio ya está incumplido”. Torres recordó que el Consell cifró en febrero en un 3,68% del PIB el déficit de 2011, lo que representaba 3.839 millones de euros. El Consejo de Política Fiscal y Financiera lo situó, unos meses después, en el 4,5% porque se incluían 681 millones de facturas en los cajones de 2011, pero no se contaban otros 981 pendientes de 2010, que hubo que incluir después. Con ello, el déficit subirá al 5,4%, ¿Cómo se va a recortar la diferencia para cumplir con el 1,5%?, se preguntó Torres, que señaló que el ajuste de 2.397 millones previsto se quedará corto y exigió que el presidente de la Generalitat dé explicaciones. En efecto, el jefe del Consell, Alberto Fabra, ha solicitado comparecer en las Cortes para explicar el plan de reequilibrio financiero pero la comparecencia todavía no tiene fecha.

El consejero Vela afirmó que las medidas contenidas en el plan de reequilibrio no modificarán “la composición en esencia del presupuesto”, dado que, en todo caso, “lo que habrá será no ejecución de gastos y alguna generación de créditos por mayores ingresos”. Vela insistió en que los hispabonos son la solución del problema de liquidez, aunque da igual cómo se llame el mecanismo, que parece encaminarse hacia un sistema de aval por parte del Estado.

El consejero explicó en la comisión la nueva unidad de control del gasto, “creada para llegar a parcelas donde tradicionalmente el control interno de la Generalitat no llegaba tan profundamente”. El gasto farmacéutico, el turno de oficio de los abogados, el funcionamiento de los centros docentes públicos, los gastos de personal del hospital La Fe o la empresa Vaersa son áreas en las que se centrará este año ese nuevo control. La oposición criticó que la intervención no aplicara antes estos mecanismos. “¿Cómo era posible que nadie informara de los desvíos en obras y servicios?”, se preguntó el socialista Rafael Rubio.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/29/valencia/1338322528_189040.html

BLASCO AVISÓ DE ALGO “INMINENTE” A LA TRAMA EL DÍA ANTES DE LAS DETENCIONES

La secretaria del ‘síndic’ del PP relacionó ante la juez el aviso y la operación policial

El portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, anunció a través de su secretaria el día 22 de febrero pasado a los responsables de la Fundación Hemisferio, la organización que articuló el fraude de las ayudas de la cooperación, que algo que les había comunicado días antes iba a ser “inminente”. Al día siguiente, el 23 de febrero, la policía procedió a la detención de 14 personas en un operativo ordenado por Nieves Molina, magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia. La juez había estado durante nueve meses investigando junto a los fiscales Jesús Carrasco y Vicente Torres el supuesto saqueo, a través de una red de empresas y organizaciones no gubernamentales (ONG), de los fondos que destina la Generalitat a países en desarrollo.

La relación entre el aviso a la cúpula de la trama y las detenciones la hizo la propia secretaria de Blasco, María Ángeles Rincón, en su declaración ante la juez y los fiscales el pasado 30 de abril. Y que el aviso ocurrió se sabe por las transcripciones de las conversaciones telefónicas intervenidas a los cerebros de la organización.

Así, el pasado 22 de febrero, la secretaria de Blasco realizó una llamada a Arturo Tauroni, hermano de Augusto César Tauroni, el principal imputado de la trama y por ello único que permanece privado de libertad desde el 23 de febrero. Arturo trabajaba para la Fundación Hemisferio (antes denominada Entre Pueblos, pero tuvo que cambiar de nombre por la confusión con el de otra ONG). Y según la juez “era la persona encargada de gestionar todo lo relativo a la preparación y presentación de los proyectos, así como la elaboración de los informes técnicos posteriores a la obtención de las subvenciones y quien en ausencia de su hermano dirige y coordina los asuntos que atañen a la fundación Hemisferio junto con Maribel Castillo”, otra de las personas imputadas.

"Coméntale que va a ser inminente y que se lo tome en serio", avisa Rincón

En la breve llamada, de apenas 30 segundos, la secretaria de Blasco le dice: “Una cosita simplemente, de lo que te di el otro día, lo que iba anotado, coméntale, por favor, que va a ser inminente y que se lo tome en serio”. Arturo Tauroni solo responde “vale, vale”, y la secretaria se despide con un: “¿Vale? venga, un beso, hasta luego”.

A priori se trataría de una enigmática conversación que no necesariamente tiene mayor interés para el discurrir de la causa. Y de hecho, en el informe policial incluido en el sumario referido a aquel día, solo se transcribe la parte principal de la conversación, sin hacer más valoraciones.

Sin embargo, cuando la juez y el ministerio fiscal tomaron declaración a María Ángeles Rincón en abril pasado, el fiscal sí que interrogó por la conversación a la secretaria y por “lo que le pasó en el papelito”. Y ella declaró que se limitó “a decirle a su interlocutor lo que literalmente le dijo el señor Blasco que le transmitiese”. Y añadió que sí que supo “que al día siguiente se procedió a practicar las detenciones” y que entonces relacionó “el contenido de dicha frase con lo que ocurrió ese día”.

La operación se saldó con 14 detenidos y numerosos registros

Sin poderse afirmar que Blasco adelantara a los miembros de la trama que iban a ser detenidos, a raíz de estas grabaciones y testimonios sí que se sabe ahora que, siempre según su secretaria, el síndic del PP pasó días antes una anotación a los responsables de Hemisferio, que la víspera de la operación policial ordenó a su secretaria que les informara de que aquello era “inminente”, y que esta explicó a la juez que ella interpretó que la advertencia y las detenciones estaban relacionadas.

Es más, entre las múltiples conversaciones entre Blasco y Tauroni, hay una, cinco días antes de la llamada de la secretaria al hermano del empresario, quizá referida al “papelito” enviado, que denota cierta preocupación. “Ya lo he visto”, le dice Tauroni al consejero, y este le dice: “Vale ¿eh? Es que eso, este que está en compañía mía, aquí presidiendo el tema este, que tiene siempre alguna información de eso ¿no? Pues me lo comentó el otro día”. Aunque luego parece tranquilizar al empresario: “A veces es un romance ¿eh?”.

La declaración de la secretaria también revela otras cuestiones, desmentidas por otros imputados y hasta por el propio Blasco. Cuando hace un par de años saltaron las informaciones sobre el supuesto fraude de la cooperación, el exconsejero aseguró que él no era amigo del hermano mayor de los Tauroni, ahora en prisión. Dijo que le conocía de vista porque los dos son de Alzira y allí todo el mundo se conoce. Y en sus declaraciones, tanto el cerebro de la trama como su hermano, aseguran que no tienen relación de amistad con Blasco.

Blasco negó ser amigo de Tauroni, pero "se conocen desde 2000"

Sin embargo, María Ángeles Rincón, secretaria de Blasco desde hace 12 años, declaró a la juez que el empresario y el político “se conocen desde el año 2000 aproximadamente”, aunque desconocía “si tenían negocios en común”.

Además, la investigación ha desvelado múltiples conversaciones telefónicas entre Tauroni y Blasco, citas en bares y restaurantes, reuniones en sus domicilios particulares, intercambios de sobres entre sus secretarias, maniobras para conseguir trabajo a recomendados y, sobre todo, el interés del consejero por negocios del encausado.

Otro testigo, Antonio Gullón, que trabajó en el gabinete de Blasco hasta diciembre de 2010, declaró que en la consejería había “un interés especial por Hemisferio” y por las entidades cuyos proyectos gestionaba la fundación, interés que no intuyó por otras ONG. Aseguró que recibía órdenes directas de Blasco, que hacía hincapié en las ONG referidas, que el interés era “de su jefe” y que toda su actuación “estaba movida por las indicaciones de este”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/27/valencia/1338143741_858843.html

BLASCO RECONOCE A TAURONI COMO INTERLOCUTOR DE LAS ONG

El portavoz del PP afirma que el contacto con el supuesto cerebro de la trama era el normal

El portavoz del PP en las Cortes, Rafael Blasco, ha reconocido esta mañana tras la junta de portavoces del Parlamento valenciano que como consejero de Solidaridad y Ciudadanía mantenía conversaciones con el supuesto cerebro de la trama de las ayudas de cooperación, Augusto César Tauroni, sobre asuntos relacionados con las ONG.

Tauroni es el único de los más de 20 imputados en la causa que está en prisión. Como consejero hablaba con "decenas de personas que dirigen ONG", ha alegado Blasco al ser preguntado por la relación con Tauroni, con el que tuvo varias conversaciones incluidas la causa judicial, entre ellas una cuando estaba a punto de dejar el Gobierno valenciano en la que indica al empresario encarcelado que "lo importante es resistir".

En otra llamada grabada por los investigadores que revela el contacto fluido entre ambos, Blasco pregunta a Tauroni sobre un texto que debía remitirle traducido al inglés. Al respecto, el portavoz popular ha afirmado que "debió ser una conversación banal" que ahora no recuerda "muy bien" pero debió estar relacionada "con algún proyecto", con documentación "de la que se intercambiaba la consejería con esa ONG". Sin embargo, el empresario imputado no figura al frente de ninguna ONG aunque la investigación considera que controlaba la red para captar las ayudas al desarrollo. Advertido al respecto, Blasco ha replicado: "No saque deducciones que la justicia no ha hecho".

En su comparecencia tras la junta de portavoces, Blasco ha insistido en que confía en la justicia y ha rechazado los supuestos "juicio paralelos" en torno a su actuación al frente de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, de la que entidades de la trama lograron, por ejemplo, subvenciones para proyectos en Nicaragua que se desviaron a la compra de inmuebles.

Blasco ha destacado que en la consejería se actuó "desde la máxima corrección tanto en la actuación política como en la administrativa". El portavoz del PP también ha sido preguntado por las declaraciones en las que el vicepresidente del Consell, José Ciscar, afirmaba sentir "vergüenza ajena" por el contenido del sumario. "A mí me han sorprendido no agradablemente algunas de las cosas que he visto, pero también algunas informaciones que no responden a la verdad e insisten en mantener versiones que no son correctas", ha dicho.

También en relación con el escándalo de la cooperación, Compromís ha presentado en la junta de portavoces sus peticiones de amparo a la diputada Mireia Mollà por la conversación del sumario en la que un abogado y Tauroni hablan de violarla por sus denuncias, y de condena de las Cortes. Blasco, que ve "deplorable" la amenaza a la diputada, considera que las iniciativas de Compromís no están propuestas "formalmente". "En este tema han aflorado cosas que resultan preocupantes, pero hay que esperar a ver qué pasa", ha concluido Blasco.

En cambio, el portavoz de Compromís, Enric Morera, ha afirmado que la respuesta del PSPV y EU a sus iniciativas ha sido "muy positiva", mientras que por parte del PP la coalición no ha encontrado "la misma comprensión". Tanto PSPV como EUPV se han sumado a la declaración institucional de Compromís.

Por su parte, el portavoz socialista, Antonio Torres, ha mostrado su solidaridad con Mollà, al tiempo que ha acusado a la Generalitat de "alentar a personajes" como el empresario Augusto César Tauroni para hacer negocios con la Administración pública para luego "saquear las arcas públicas".

Torres, en este sentido, ha revelado que una empresa fantasma de la trama recibió en 2001 una adjudicación por 6,7 millones de euros de la Consejería de Bienestar Social "sin tener ninguna experiencia, ni personal, ni medios, y estando en déficit con la Seguridad Social".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/29/valencia/1338292335_444151.html

LAS CONVERSACIONES ENTRE LOS JEFES DE LA TRAMA DE LAS ONG

La apertura del sumario del fraude en las ayudas al tercer mundo pone al descubierto las conversaciones que mantenían los miembros de la trama y R. Blasco

Conversación - 04/11/2011 - 14.52 horas

Rafael Blasco (R.) llama a Augusto César Tauroni (A.).

R.: Hola, una cosa, eso que me tenías, que me dijiste lo de traducirlo al inglés, ¿ No lo tendrás, verdad?

A.: No, pero lo tendré el fin de semana o el lunes.

R.: Bueno, en cuanto lo tengas me lo pasas. Es que voy a quedar ahora con un tío que se va para allá, pero da igual, da igual. Y ¿ tu me lo enviaste a mí por correo la edición en castellano?

A.: Sí, te lo envíe en castellano.

R.: ¿Pero me lo diste en mano o por correo electrónico?

A.: En mano, en mano.

R.: Claro, no lo tengo en el correo electrónico, y se lo voy a enviar allá, a otro sitio, voy a ver si este tío... Bueno, da igual, no te preocupes, ya me apaño yo a ver cómo puedo arreglar esto...

Conversación - 03/12/2011 - 11.51 horas

Rafael Blasco (R.) llama a Augusto César Tauroni (A.). Después de saludarse, comienza la conversación.

R.: Yo intentando a ver si aprovecho estos días y me recupero del constipado este que tengo que no hay manera de quitármelo de encima. Mira, es que ayer me llamó el padre del chaval este que me dijiste tú que ya se había contactado con él, ¿ Eh? Bueno, este chico quiere venirse ya para aquí el día 12 o el día 13 para hablar, y entonces me llamó su padre y me dijo: «Escucha, dile a Arturo (porque claro, él no sabe que yo hablo contigo), dile a Arturo que mi hijo ha intentado contactar con él y no ha podido localizarlo, que lo llame Arturo y así que queden ya el día 12 o el día 13 cuando estén por aquí». Porque, ¿Arturo estará por aquí el día 12 o el 13?

A.: Sí, sí, claro.

R.: Vale, pues entonces que Arturo lo llame, ¿ No?, y que le diga, «mira, el día 12 o el día 13, cuando estés a la hora que sea, se ven» y a ver si eso podemos... Porque el chiquillo este se ve que lo llamó y no pudo contactar, y le dijo «no te preocupes, que yo hablaré con Arturo y Arturo ya lo llamará a él y así que se vean a partir del 12 aquí en Valencia».

A.: De acuerdo, pero de todas maneras ellos ya habían quedado en que cuanto él estuviera por aquí que lo llamaría el día que fuera.

R.: Ya, pero estos... Su padre lo habrá llamado y este le habrá dicho «oye, me han hecho una propuesta», y ya sabes cómo son los padres, ¿ No?, el hijo le habrá comprado... él, pero... su padre le dijo «bueno, pues yo te mando...». Porque aquel no sabría cuándo iría a volver, le habrá dicho a su padre «me han hecho una propuesta, pero tengo que hablarlo y tal», y su padre le ha dicho «pues mira, yo te pago el billete de avión y te vienes aquí y mira a ver si lo ves», ¿ No?

Conversación - 31/08/2011 - 17.16 horas

Marc Llinares (M.) llama a Augusto César Tauroni (A.).

M.: Ha dicho Roger Rabbit €probablemente Rafael Blasco€ que quería vernos, y él decía que podía vernos para comer, o más bien justo después de comer para el café, entonces yo había pensado en que comiéramos juntos, pero como también quería hablar contigo el conejito €refiriéndose probablemente a Jose María Felip Sardá€, entonces yo no sé si, y hablaba de ir a comer. Yo no sé si quieres que comamos con el conejito y después veamos al conejo €probablemente Rafael Blasco de nuevo€, pero es que nos podemos juntar ahí... No quisiera verlos a unos y a otros. Entonces yo creo que mañana si quieres comemos, y después vemos al conejo, y con lo que salga de todo eso...

A.: Hablamos por la mañana y vemos en qué momentos nos podemos ver.

Conversación - 7/11/2011 - 14.02 horas

Marc Llinares (M.) recibe una llamada de Rafael Blasco (R.). Tras saludarse, comienza la conversación.

R.: Pues por aquí estamos, resistiendo y aguantando marea.

M.: Resistiendo y aguantando, muy bien. Bueno, pues nada, simplemente decirte que estamos aquí también resistiendo y aguantando un poco...

R.: Buenos, pues hay que resistir y bueno, y tener un poquito de paciencia, que todo iremos reconduciéndolo (...) Yo creo que hay que saber tener paciencia, que la vida nos lleva a estos sitios, pero si trabajamos con conocimientos, si somos inteligentes, si empujamos en la dirección necesaria para ir precipitando las cosas en lo que todos nosotros no hace falta que nos hablamos para saber con quién hay que hablar a favor y con quién hay que hablar en contra y dónde debe constar nuestra opinión, y dónde alguno tiene que hacer generar la opinión que corresponda... esas cosas saldrán bien, y eso es en lo que estamos, o sea que, por lo tanto, gracias por tu llamada (...) Ya sabes que me tienes aquí a tu disposición pero ya te digo, tengamos un poquito de paciencia sin parar de hacer las cosas que tenemos que hacer, porque esto acabará saliendo bien, ya verás.

La juez interrogó a una becaria que trabajó varios años en la Conselleria de Solidaridad con Blasco y sus antecesores.

Declaración

«Hasta 2008, año en que entra un nuevo conseller €Rafael Blasco€, no se aprecia ningún tipo de irregularidad. Hasta ese año la directora general había sido Carmen Dolz y la consellera era Gema Amor. Es con el nuevo conseller con el que comienzan las irregularidades. Y en concreto con la resolución de la convocatoria de Desarrollo del año 2008, al entrar dos proyectos que no cumplían los requisitos. Estos proyectos presentados por la ONG CYES, que se debían realizar en Nicaragua, nunca llegaron a la empresa externa evaluadora (...) Los proyectos presentados por la ONG CYES ni siquiera cumplía con los requisitos indispensables por lo que no llegó al trámite de ser evaluada. Los proyectos carecían del requisito esencial de trabajo en red, necesario para concurrir a dicha convocatoria».

Las llamadas entre el síndic del PP y el empresario encarcelado evidencian una estrecha relación entre ambos.

Conversación - 31/05/2011 - 19.25 horas

Rafael Blasco (R.) llama a Augusto César Tauroni (A.).

A.: ¿Hola?

R.: Qué tal, ¿ Cómo estás?

A.: Bien, muy bien. Y tú, qué tal, ¿ Cómo estás?

R.: Pues mira, aquí en el trabajo estoy, eh...

A.: Ya... ya... vale. Pues solo era decirte que si un día que tengas un momentito tráeme una cola, una coca-cola, que te tengo que dar unas cosas.

R.: Y una cosa, ¿ Tu ahora estás muy liado?

A.: Voy ahora a Alzira, hacia el centro, así que puedo estar donde me digas en un ratito.

R.: Y por qué no te pasas por aquí, para esto, ¿ Eh?

A.: Pero... donde el otro día o...

R.: Sí, ¿ Eh?

A.: Voy para allá, cinco minutos tardo en llegar.

R.:Vale. Vale. De acuerdo.

A.: Venga, hasta luego.

R.: Hasta luego.

Conversación - 31/12/2011 - 19.18 horas

Rafael Blasco (R.) llama a Augusto César Tauroni (A.). Después de saludarse, comienza la conversación.

R.: Hola, ¿ Qué tal llevas el final de año?

A.: Bien, bueno, de aquella manera.

R.: Pero, ¿ Estás bien?

A.: Sí, estoy bien.

R.: Menos mal, ¿ Eh? Que me entere de que estás bien. ¿Aún estás fuera?

A.: Sí, aún estoy fuera. Vuelvo el día 10, el día 10 estoy ahí.

R.: ¿Hasta el día 10 estás fuera?

A.: Hasta el día 10, sí, estoy en un sitio y después en otro.

R.: Pero estás bien, ¿ Eh?

A.: Ya te contaré, mucho trabajo, muchas cositas, pero bien.

R.: Pero estás bien, ¿ Eh? Lo más importante es que estés tú bien.

A.: Estamos bien.

R.: Venga, pues mucho ánimo.

A.: Y tú, ¿ Cómo estás?

R.: Yo también, pues bueno, estaba un poco preocupado, pero si tú me dices que estás bien, ya cuando tengamos oportunidad ya celebraremos el año nuevo. Ahora de momento lo que quiero yo es que estés muy animado y que estés bien, ¿ Eh?

A.: (ininteligible)

R.: Venga, pues nada, cuando estés... que es que no te oigo muy bien, ya nos veremos, ¿ Vale? Venga, un abrazo muy fuerte y recuerdos, hasta luego.

Conversación - 17/02/2012 - 14.09 horas

Rafael Blasco (R.) llama a Augusto César Tauroni (A.).

R.: Hola, ¿ Qué tal estás?

A.: Hola, bien.

R.: La familia, ¿ Está bien toda?

A.: Toda bien, toda bien.

R.: Estupendo. Vamos a ver, te lo comento porque...

A.: (ininteligible) ya lo he visto.

R.: Vale, ¿ Eh? Es que eso, este que está en compañía mía, aquí presidiendo el tema este que tiene siempre alguna información de eso, ¿ No? Pues me lo comentó el otro día. A veces es un romance.

A.: Sí, yo creo que sí, pero...

R.: Pero bueno, con estas cosas, yo prefiero que se hable que no después digan, pues oye, nadie dijo ni media palabra, ¿ No? Bueno, pues como yo estaré fuera, ya nos llamaremos esta semana que viene.

A.: ... el refuerzo de las cosas.

R.: Claro, ¿ Eh? Venga, y esta semana que viene ya nos llamamos y nos tomamos un café.

Conversación - Varios días en octubre de 2011

Rafael Blasco (R.) habla con Augusto César Tauroni.

R.: Mira, una pregunta, bueno, esta ya está en marcha pero, de cara al contrato de la chica ésta, me dicen que es necesario quitarle la palabra «pre» (...) Porque yo creo que adelantaré yo más rápido dándoselo al que está en la conselleria que es el que me ha llamado para decirme eso que no volver a dárselo a la chica ésta y todo eso, ¿ No te parece? Y si hay algún problema, pues tampoco seguiremos adelante y ya está. Vale, pues cuando podáis...

En otra conversación, Rafael Blasco (R.) habla con Augusto César Tauroni (A.) sobre unos ordenadores.

R.: ¿Te acuerdas de que una vez te pedí un par de ordenadores? Uno de esos se lo pasé a una persona que lo necesitaba y me lo ha devuelto porque dice que lo ha estado utilizando dos años y no le funciona. ¿Tendría arreglo o tengo que tirarlo?

A.: A lo mejor es la batería.

R.: Bueno, si tiene arreglo que se arregle, y si no, más adelante, cuando puedas, consígueme uno o dos de esos que me conseguiste, si es posible.

El secretario autonómico de Administración Pública reconoce que Llinares entró a trabajar en el Servicio de Innovación y Planificación Estratégica tras salir de Cooperación gracias a Blasco.

Conversación - 21/10/2011

Marc Llinares (M.) muestra a Pedro García Ribot (G.) su agradecimiento por el buen trato dispensado y éste le contesta

G.: Se lo tienes que agradecer sobre todo a Rafael Blasco, es la persona que te ha dado el apoyo (...) Hemos hecho una reestructuración de todo para que quepas, porque estaba todo un poco liado, te vas al Servicio de Innovación y Planificación Estratégica. (La directora general de ese servicio) la pobrecilla, esto, en el fondo, para ver si lo entiendes Marc, es un melocotón (...) porque ella tenía su programa, trabajaba con gente y ahora le viene de arriba una imposición, estamos hablando con total y absoluta claridad (...) y claro esto le supone un problema, pero bueno si ya se le explica que esto son otras decisiones, de otro orden, ¿ No? Pues ya está.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/05/25/conversaciones-jefes-trama-ong/907709.html

Parásitos de la adjudicación

Los miembros de la trama siguieron a Blasco de consejería en consejería

Joaquín Blasco, la persona que llevaba el día a día de la Fundación Hemisferio, centro neurálgico de la trama de saqueo de fondos de cooperación, no tenía relación familiar alguna con el consejero Rafael Blasco, pero pertenecía al grupo de gente que este atraía de un departamento a otro de la Administración como una nube de parásitos de las adjudicaciones públicas. En su declaración ante la juez del caso, Joaquín Blasco reveló que “conocía a Marc Llinares [jefe del servicio de Cooperación] de años atrás”. “El declarante trabajó de técnico informático en Tissat, trabajando en la conselleria de Territorio y Vivienda, lugar donde también trabajaba Marc Llinares”, recogen textualmente las diligencias. Llinares ya estaba allí a la sombra de otro Blasco (Rafael), al que en el ambiente de los parásitos de la adjudicación se conocía como “el conejo”. Blasco, Joaquín, además, era empleado de GCS, empresa que gestionó concesiones de la Generalitat.

Augusto César Tauroni, propietario de GCS, saltó a la prensa en 2001 con un escándalo vinculado a Rafael Blasco. El problema también fue entonces una polémica adjudicación, cuando Blasco estaba al frente de la Consejería de Bienestar Social. En este caso, la empresa de Tauroni General de Comunicación y Servicios (GCS) se hizo con un concurso de atención telefónica a personas mayores por 99.716 euros mediante un proceso urgente. También se hizo con otra serie de contratos de Bienestar Social por valor de 200.000 euros.

Otra de las empresas beneficiadas por contratos en Bienestar Social fue Lonerson. El administrador de esta firma es Adolfo Soler Sempere, también administrador de Dinamiz-e, otra empresa de Tauroni que ha intervenido en la trama de cooperación.

Tauroni reconoce que tiene una “relación personal” con Llinares
Marc Llinares es otro de los que ha saltado a primera línea con el caso de la cooperación. Blasco, durante su etapa de consejero de Sanidad, lo situó de responsable de informática en un periodo muy convulso por la concesión de contratos. El responsable del departamento dimitió y su sustituto fue Llinares, a quien Blasco repescó después en Solidaridad y Ciudadanía en lugar de otro jefe de área rebelde: Sergio Aguado.

Tauroni, el único de los 22 imputados en el caso que permanece en prisión, declaró a la juez que “no tiene ningún concierto” con Llinares en materia de cooperación, pero no pudo evitar reconocer que tiene con él “una relación cordial, una relación personal”. No así con Josep Maria Felip, el director general de Cooperación, también imputado. Pese a que en el sumario constan llamadas y citas a comer entre ambos, Tauroni se distancia de Felip, una figura que ha seguido a Blasco (Rafael) por diversos departamentos de la Administración y que en su declaración afirma tener con quien era el consejero una relación basada en “la tutela obligada y la obediencia debida”.

Felip dice en respuesta a la juez que, aunque un día comió con Tauroni, en realidad había quedado con José Luis Maldonado, “que es conocido del declarante por ser vecino”, y con Marc Llinares. La consejería subvencionó un barco de regatas de Maldonado en el que Llinares navegaba.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/24/valencia/1337887713_627178.html

EL PORTAVOZ DEL PP VALENCIANO, A PUNTO DE SER IMPUTADO

Blasco tenía una estrecha relación con Tauroni, según las conversaciones intervenidas

Las conversaciones telefónicas intervenidas en el caso de la Cooperación demuestran que el empresario Augusto César Tauroni, único imputado por la juez que está en prisión desde febrero pasado, tenía una estrecha relación con el actual portavoz del PP en las Cortes valencianas, Rafael Blasco, cuando en el seno de la consejería que este dirigía, la de Solidaridad y Ciudadanía, se creó la trama que permitió saquear los fondos destinados a países en desarrollo. Blasco, según fuentes judiciales, está a punto de ser imputado, lo que llevaría el caso hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, puesto que es aforado.

Blasco siempre negó la relación con Tauroni, al asegurar que solo lo conocía de vista puesto que ambos eran de Alzira. Sin embargo, el sumario recoge mediaciones para contratar a personas, intercambio de sobres mediante citas de sus secretarias y hasta el interés del consejero por negocios que parecen propios: “Bueno, tú míralo, míralo, solo falta que se desaprovechen las oportunidades”, le dice a Tauroni tras pasarse el plazo de una convocatoria.

La llegada en 2007 de Blasco a la consejería supuso un vuelco en la manera de otorgar los fondos de cooperación al desarrollo que otorgaba la Generalitat. Un vuelco que implicó la creación en su seno de una trama que captó al menos seis millones de euros de las subvenciones concedidas a las organizaciones no gubernamentales (ONG), de los que más de 1,5 millones acabaron en las manos de Tauroni y de sus socios.

Acusada toda la cúpula

La magistrada Nieves Molina, que ha investigado el saqueo a las ayudas a países en desarrollo entre 2008 y 2010, ha ido hilvanando durante un año un sumario que describe cómo en la consejería se orquestó la trama que captaba ONG afines, apartaba a técnicos críticos, adjudicaba fondos incluso saltándose los informes y luego desviaba los fondos a empresas de España y en Estados Unidos.

Entre los 22 imputados en la causa figura toda la cúpula de aquella consejería de Blasco, como Josep María Felip, que fue director general de Inmigración y Cooperación; Marc Llinares, jefe de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo; Alexandre Catalá, subsecretario de la consejería; Mónica Escandell, jefa de programas de Cooperación; y Tina Sanjuán, secretaria general de Administración. Y aunque el sumario ha evitado en todo momento citar a Blasco, todo apunta a que ha sido adrede, y una vez construido el armazón de la causa, será imputado

http://politica.elpais.com/politica/2012/05/23/actualidad/1337803878_661684.html

TAURONI URDIÓ Y BLASCO CONCEDIÓ LAS AYUDAS CON LAS QUE SE COMPRARON PISOS

El exconsejero forzó la concesión de las subvenciones a la Fundación Cyes

“La idea de los proyectos se la dio Augusto César Tauroni”. El presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes), Marcial López López, declaró ante la juez Nieves Molina, que investiga el caso de las subvenciones de cooperación, que fueron Tauroni y Joaquín Blasco quienes le propusieron presentarse a las ayudas de la Generalitat de 2008. El dato tiene importancia porque en ese momento Tauroni, el único detenido en el escándalo que permanece en la cárcel, no había constituido aún lo que sería la Fundación Solidaria Entre Pueblos, posteriormente denominada Fundación Hemisferio, que se convertiría en centro de la trama de corrupción. Ya disponía, sin embargo, de empresas con las que facturar a los proyectos subvencionados cantidades muy elevadas.

Según Marcial López, fue Tauroni quien le dio la idea de “ubicar la oficina técnica en Valencia” de sendos proyectos de cooperación en Nicaragua, lo que llevó al resultado de que la Fundación Cyes (no confundir con la empresa del mismo nombre) compró dos entresuelos con plazas de garaje en Valencia a cuenta de las subvenciones.

La juez lo explica en un auto casi textualmente como lo describió al fiscal la diputada socialista Clara Tirado y como lo explicó EL PAÍS en octubre de 2010. “Cyes recibió 1.666.819 euros, quedando constancia en autos que de estas cantidades tan solo 43.000 euros se transfirieron a Nicaragua, país donde debían ejecutarse los proyectos aprobados por la Administración”, señala la juez. “Con el dinero público destinado a mejorar las condiciones de vida en Nicaragua, Cyes adquirió cuatro inmuebles en Valencia por importe total, incluidos gastos, de 969.875 euros”.

Blasco presionó a los técnicos para dar las ayudas a la Fundación Cyes

¿Cómo fue posible obtener las subvenciones y qué sacó Tauroni de la operación? Fue posible, pese a la resistencia de técnicos de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía y de la entonces directora general de Cooperación, Carmen Dolz (que acabarían siendo apartados), porque el consejero Rafael Blasco presionó para ello. Inicialmente, los proyectos de la Fundación Cyes en Nicaragua fueron descartados porque incumplían exigencias como la experiencia y el trabajo en red. Eva Solá, encargada de la gestión de los dos proyectos, declaró a la juez que supo por Manuel Fornás, entonces jefe de sección, que “Blasco montó en cólera cuando supo que Cyes no estaba ni siquiera en el ránking porque no había llegado a pasar ni el primer filtro”.

Tanto Fornás como Teresa Clemente, entonces jefa de servicio, explican en sus declaraciones que Tina Sanjuán, la secretaria de Blasco, llamó para pedir explicaciones sobre los expedientes de Cyes y que el propio Blasco les reunió y presionó hasta que consiguió que dieran por buenos los proyectos de Cyes.

Lo que obtuvo Tauroni de esas subvenciones se canalizó a través de la empresa Arcmed, que sería utilizada en otros proyectos de la trama denunciada, en este caso, por la diputada de Compromís Mireia Mollà. “En los cinco proyectos del año 2008 aprobados a Cyes, Arcmed habría facturado la cantidad total de 456.960 euros”, señala la juez, que suma tres proyectos menores a los más sustanciosos que se convirtieron en entresuelos.

La fundación quiso devolver los inmuebles y la consejería se negó

¿Cómo trató de justificar la consejería unas subvenciones tan irregulares que permitían la compra de inmuebles a su cargo? El mismo Marcial López lo explica en su declaración en el juzgado. Cuando la Fundación Cyes ya había cobrado las ayudas y adquirido los entresuelos, el entonces director general, Josep Maria Felip, le indicó dos opciones, “o devolver 185.762 euros” o que “aportase facturas de Nicaragua con un importe equivalente a las cantidades que se habían gastado en España.

Ese fue el argumento que esgrimió el consejero Blasco cuando se denunció el asunto: que la consejería había rechazado los costes de los inmuebles como justificantes y había reconocido otros. López también se reunió con Blasco, Felip, Marc Llinares y Alexandre Catalá, quienes le pidieron fotografías de los trabajos en Nicaragua con las que el consejero justificaría ante los periodistas que los proyectos se habían ejecutado. Marcial López reconoció a la juez que nadie de la Fundación Cyes se había desplazado nunca a Nicaragua para verificar los supuestos trabajos. También confesó que al publicarse la denuncia del caso en octubre de 2010 comunicó a la Generalitat “su intención de devolver los inmuebles y todo lo que tuviese relación con la subvención”. La consejería respondió que los locales eran de Cyes “al no haber sido adquiridos con dinero de la subvención”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/23/valencia/1337803226_701242.html

MÍSTER X AL CALOR DE ROGER RABBIT

La ‘Operación Oswald’ desembocó en el ingreso en prisión de Tauroni

Cuando la juez Nieves Molina envió a prisión comunicada y sin fianza a finales de febrero pasado a Augusto César Tauroni, a la mayoría de los valencianos nada les decía ese nombre, pero su figura era muy habitual en las distintas consejerías por las que ha ido pasando durante los últimos lustros el actual Síndic del PP, Rafael Blasco. Míster X. Así llamaban a Tauroni tanto los responsables de las organizaciones no gubernamentales (ONG) a las que gestionó los proyectos, como los altos cargos de Solidaridad y Ciudadanía (al menos Josep María Felip y Marc Llinares le llamaban así). Tauroni ha hecho negocio en esta consejería, así como en las de Bienestar Social y Sanidad. Así, empresas vinculadas a Tauroni llegaron a facturar 6,7 millones de euros para gestionar centros de atención 24 horas. Tauroni incluso fue socio de Bernardo Blasco, un hermano del exconsejero, en la firma Apelcine.

La Operación Oswald, que así se bautizó a la investigación policial dedicada a investigar el saqueo de los fondos de cooperación otorgados por la Generalitat, descubrió que los miembros de la trama llamaban a Felip El Conejito y a Blasco El Conejo y también Roger Rabbit, el popular dibujo de la película de Robert Zemeckis (1988) casado con una espectacular mujer de pelo rojo. Por todo ello, y como un guiño a los apodos de la trama, Oswald hace referencia al primer dibujo animado que creó Walt Disney.

Una imputada habla de montar "otro chiringuito" en el destino de Blasco

Hasta tal punto parecían vinculados a Blasco los negocios del cerebro de la trama, que cuando deja de ser consejero, y por lo tanto de manejar los sustanciales fondos de cooperación, Tauroni le envía el 21 de junio de 2011 un mensaje de texto: “Ánimo, que de situaciones peores hemos salido. Un fuerte abrazo y ya sabes que siempre me tendrás a tu lado”.

Incluso el relevo de Blasco pudo llegar a motivar el cierre de Hemisferio, la fundación creada para vehiculizar el saqueo del dinero y desviarlo a Estados Unidos. Una de las imputadas, María Isabel Castillo, que presentaba y gestionaba los proyectos de las ONG en la consejería, asegura en una conversación intervenida que a la fundación no le quedaba tiempo, puesto que los gestores estaban a la espera de “ver dónde cae Blasco”. Y añade: “En cuanto lo sepan, cierran la fundación y montan otro chiringuito”.

"OK, estamos vivos", dice Tauroni al conocer que Felip sigue de alto cargo

Además, Hemisferio, según las conversaciones intervenidas, tenía a personal trabajando físicamente en las dependencias de la consejería. “Tu gente que está trabajando con estos allí, ¿a qué hora entra y a qué hora sale de trabajar de allí?”, pregunta Blasco al empresario en una conversación en la que se interesa por los expedientes cuando ya no era consejero.

El seguimiento de la policía también describe una relación estrecha entre Tauroni y Felip, director general de Cooperación y mano derecha de Blasco. Al confirmarle a Felip que seguirá siendo un alto cargo con el nuevo consejero de Bienestar Social, Jorge Cabré, manda un mensaje a Tauroni con el texto: “¡Ganada la primera batalla! No puedo comer hoy, hablamos a lo largo del fin de semana y nos vemos”. La respuesta de Tauroni es muy elocuente: “OK, estamos vivos, que no es poco”.

La cúpula de la consejería y los cerebros de la trama no solo estaban unidos por las buenas noticias, sino que también hacían frente juntos a los problemas. La policía también recoge distintas conversaciones en junio de 2011 entre Felip y Tauroni que, entre otros aspectos “se basan en el seguimiento de lo publicado en los medios de comunicación en relación con el proyecto de Haití”. En distintos mensajes de texto enviados el mismo mes, Felip alerta a Tauroni de noticias publicadas en prensa que cuestionaban la legalidad sobre el proyecto para construir el hospital de Haití, tras el fatal terremoto. “¡Hola amigo!, lee y analiza potenciales amenazas que se desprenden de los artículos de Levante y EL PAÍS respecto a Haití. Llámame en cuanto puedas”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/23/valencia/1337808818_026469.html

LA FARSA DEL HOSPITAL DE HAITÍ

La investigación demuestra cómo Tauroni estaba detrás del proyecto

Altos cargos de Cooperación instruían al encargado de construir el centro

Fabra manda al limbo al hospital de Haití de Blasco

Haití, el hospital de la confusión

El proyecto más ambicioso de cooperación impulsado nunca por la Generalitat, la construcción de un hospital en Haití, fue una gran mentira cocinada por responsables de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía junto a Augusto César Tauroni, empresario próximo al exconsejero Rafael Blasco. Y la cara visible del proyecto, Fernando Darder, responsable de Esperanza Sin Fronteras (ESF), fue una pantalla detrás de la cual se escondieron el propio Tauroni y altos cargos del departamento que dirigía Blasco, entre los que se encuentra el ex director general de Cooperación, Josep Maria Felip, que manipularon a su antojo al presidente de la ONG.

De hecho, el jefe de área de Cooperación, Marc Llinares, y Tauroni le dieron instrucciones sobre lo que debía decir en una rueda de prensa en la que explicó el proyecto del hospital.

Así se desprende de las comunicaciones telefónicas interceptadas por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional por orden del juzgado que investiga la presunta trama acusada de desviar para fines privados fondos públicos destinados a países al desarrollo.

A mediados de junio, y días antes de que Blasco, en calidad de consejero en funciones, abandonara el Consell, la consejería que dirigía concedió a Esperanza Sin Fronteras una subvención de cuatro millones de euros para construir el centro sanitario.

"Crees que hablas con un periodista, pero es un sicario”, comenta Tauroni

Pese a tratarse de una decisión de la consejería y que no se publicó oficialmente hasta el 17 de junio de 2011, Tauroni, el único implicado en el caso que permanece encarcelado, ya sabía de la concesión el 3 de junio y se la traslada a Darder, como recoge el informe de las escuchas policiales: “Tauroni tiene ya conocimiento de que se le habría dado el proyecto de Haití, presentado por él y su equipo en la consejería, a Esperanza sin Fronteras”.

La investigación policial aporta abundante información sobre el papel de Tauroni en el proyecto del hospital a través de la Fundación Hemisferio, que controla él mismo. “Toda la parte administrativa” del proyecto de ESF “la lleva Hemisferio”, recogen los informes de la unidad de delincuencia económica. Pero aún hay muchas más pistas de que Tauroni estaba detrás de ESF, y por ello, del proyecto de Haití.

A Esperanza sin Fronteras se le pasó el plazo para aceptar la subvención. Quien cayó en la cuenta fue María Isabel (Maribel) Castillo, la administradora de Hemisferio. Y es la propia Maribel Castillo quien propuso una solución para resolver el problema: que el documento se entregara a Marc Llinares para que simulara que el fallo había sido suyo y había olvidado darle curso. “Se lo tendremos que entregar en mano a Marc y el que haya... ¡Huy! Coño, se me ha olvidado encima de la mesa”, recoge la grabación.

Inmediatamente después de hacerse pública la adjudicación del hospital a ESF, distintas informaciones de este diario cuestionaron el proyecto, así como la capacidad de la ONG elegida para llevarlo a cabo. La inquietud se extendió por la consejería y las grabaciones demuestran la respuesta coordinada de Llinares con Tauroni o con Felip, así como las instrucciones que trasladan a Darder para dar explicaciones (o silenciarlas) sobre el proyecto.

“El fallo es que te crees que estás hablando con un periodista, es un sicario”, le explica Tauroni a Darder en las grabaciones policiales, respecto a las llamadas de periodistas de EL PAÍS para recabar información sobre la construcción del hospital. “Es como que venga un asesino en serie a matarte y le quieras dar explicaciones, o sea Fernando, cuanto menos digas, mejor”.

Otra conversación recoge la estrategia que diseñan Marc Llinares y Josep Maria Felip para hacer frente a las críticas sobre el hospital. Refiriéndose a la reacción que debe tener Darder, Felip traslada a Llinares: “Que monte la escandalera en declaraciones públicas (...) defendiendo a la ONG, que es la mejor manera de defendernos a todos”. Y añade: “Que vaya allí y se encadene, él y su parroquia, al árbol de EL PAÍS, que vayan allí todos y que asalten EL PAÍS y pidan explicaciones y monten el número y que se lleven un fotógrafo”.

“Asaltar EL PAÍS”

Grabación del 17 de junio de 2011 en la que Josep Maria Felip y Marc Llinares diseñan la estrategia que debe llevar a cabo Fernando Darder.

J. M. F: ¿Sabes el plan B que te dije?

M. Ll. Sí, he localizado a Darder hace 10 minutos.

J. M. F. Te comento ya el plan B, es decir, que coja el teléfono antes de venir y monte la escandalera en declaraciones públicas, defendiéndose él y a la ONG, que es la mejor manera de defendernos a todos. (...) Que monte el número en declaraciones a la SER, a los diarios, en contra de... que vaya allí y se encadene, él y su parroquia, al árbol de EL PAÍS, que vayan allí, que vayan todos, y que asalten EL PAÍS y pidan explicaciones y monten el número y lleven un fotógrafo, oye, ya está bien.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/23/valencia/1337803739_009645.html

DETENIDA OTRA JEFA DEL EQUIPO DE BLASCO POR EL FRAUDE DE COOPERACIÓN

Blasco se atrinchera en que no está imputado y alega que Fabra lo estuvo
La juez envía a prisión al jefe de la trama del fraude de la cooperación
Al menos 14 detenidos por el fraude de las subvenciones de Blasco

El cerco judicial a la cúpula directiva de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía entre 2007 y 2011 bajo las órdenes del actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, motivado por el fraude en los fondos de cooperación, continuó el lunes con una nueva detención. El arresto y la toma de declaración a María Dolores Escandell, funcionaria del área de Justicia que fue jefa de servicio de Gestión de Programas de Cooperación, eleva a 15 las detenciones ordenadas por la juez Nieves Molina, que investiga el saqueo en las ayudas

En esta investigación, que arrancó de forma secreta en mayo de 2011 tras una denuncia del fiscal Anticorrupción Jesús Carrasco, todos los detenidos, también Escandell, han quedado en libertad con cargos tras prestar declaración salvo uno, que ingresó en prisión el domingo. Se trata de Augusto César Tauroni, responsable de la Fundación Hemisferio, considerada según la investigación el epicentro de la trama creada en torno a la consejería para desviar los fondos otorgados a las ONG, a las que se inducía a contratar los servicios de determinadas empresas y fundaciones.

En la operación han quedado imputados cuatro cargos de Solidaridad. En lo más alto, Alexandre Catalá, subsecretario de la consejería de Blasco, y Josep María Felip, que fue director general de Cooperación al Desarrollo. Hasta la destitución de ambos el pasado viernes, ordenada por el presidente Alberto Fabra, eran respectivamente subsecretario de Sanidad y director general de Cooperación. También imputado está Marc Llinares, que fue jefe de área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, ahora destinado en el Servicio de Innovación y Planificación Estratégica de la Consejería de Hacienda. Y este era el superior de Escandell, que antes pasó por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), como jefa de servicio de Organización, Coordinación e Información. El Servef se creó en 2000, con Blasco como consejero de Empleo.

“Si hubiera dimitido, no sería hoy presidente de la Generalitat”, dijo Rafael Blasco, tras recordar que Alberto Fabra, actual jefe del Consell, estuvo imputado por un asunto urbanístico cuando era concejal de Castellón. También citó el caso de Francisco Camps en la causa de los trajes y el del diputado y teniente de alcalde de Valencia Jorge Bellver. El portavoz parlamentario del PP no ha sido todavía imputado (es aforado y habría que trasladar el asunto al Tribunal Superior) pero se atrincheró ayer en su cargo con un alegato contra la oposición, a la que acusó de “intentar desacreditar la cooperación valenciana”, una apelación a la presunción de inocencia, la afirmación de que “no hay diligencia alguna” abierta contra su persona y un encogimiento de su “ámbito competencial” cuando fue consejero de Solidaridad y Ciudadanía. También lanzó varios avisos a su propio partido por si tratan de destituirlo.

El exconsejero no se hace responsable de lo que hicieron Llinares y otros detenidos

El más llamativo fue el de Fabra, que causó malestar en Presidencia de la Generalitat, donde se consideró “inaceptable” la comparación, pero no menos evidente resultó el que dirigió al secretario general del PP cuando señaló que Josep Maria Felip, su director general detenido y puesto en libertad con cargos, no estaba cuando se acordó conceder una subvención para proyectos en Nicaragua a la fundación que destinó la mayor parte del dinero a comprar sendos entresuelos en Valencia. “Se acordó en 2008, estando de directora general la persona que estaba con anterioridad”, dejó caer Blasco. A la pregunta de si se refería a Pilar Collado, esposa del secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, respondió que antes aún estuvo como directora general Carmen Dolz. y añadió: “Carmen Dolz y Pilar Collado han sido unas directoras generales ejemplares”.

Blasco se aferró al cargo político,—entre reclamaciones de la oposición para que sea sustituido, que ayer reiteró el portavoz socialista, Jorge Alarte—, después de ver cómo detenían a una quincena de personas, entre ellas cuatro cargos que estuvieron bajo su mando, por un fraude en las subvenciones de su departamento que las diputadas Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de Compromís, denunciaron hace un año y medio al fiscal anticorrupción. De la única de ellas que ha ingresado en prisión, Augusto César Tauroni, Blasco se desmarcó afirmando que el hecho de que sea de Alzira como él y de que fuera socio de un hermano suyo, no quiere decir tenga relación alguna, pese a que los contratos que ha ido obteniendo de la Generalitat han coincidido con su paso por sucesivos departamentos.

“Soy responsable político, no administrativo”,dice el portavoz del PP

“El señor Felip y el señor Catalá [en referencia a Alexandre Català, subsecretario de su departamento también detenido e imputado] son dos personas honradas, que no han cometido irregularidades. Los dos son excelentes profesionales”, proclamó Blasco. Y ahí trazó la línea roja de su responsabilidad: “Soy responsable político, no administrativo”. Una persona como él, que tanto poder ha exhibido, dijo no tener que responder “si alguien fuera de ese ámbito competencial ha cometido alguna irregularidad”. Preguntado explícitamente, por Marc Llinares, jefe de área de Cooperación, que también fue detenido y ha quedado imputado, Blasco respondió. “El señor Llinares es un funcionario. No tengo que responder por el senor Llinares”. aunque añadió que es “muy buen funcionario”, Blasco acababa de echar por la borda a todos los imputados por debajo del director general y el subsecretario de su consejería.

¿Entonces, usted sólo es responsable de lo que se hizo bien?. Blasco respondió que “se ha hecho todo, no bien, sino excepcionalmente bien, impecable”. Tras vaticinar que, aunque haya secreto de sumario, “comenzarán a ser publicadas conversaciones telefónicas” y criticar los juicios paralelos, Blasco aseguró que tiene “más ganas que nunca de hacer política, dedicido a continuar la batalla” y que está “encantado del apoyo de su partido”.

Subvención a Esperanza sin Fronteras

El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, investigará, a instancias del portavoz del Bloc, Enric Nomdedéu, el destino de los 9.500 euros que la Diputación donó a la ONG Esperanza sin Fronteras, presidida por Fernando Darder, imputado por supuesta malversación de fondos, informa Efe. Darder se encuentra entre los 14 detenidos por la supuesta trama de malversación de fondos de la Generalitat destinados a proyectos de cooperación.

En el turno de ruegos y preguntas del pleno de la Diputación de Castellón celebrado hoy, Nomdedéu ha preguntado a Moliner si se conoce el destino de la subvención concedida a esa ONG, destinada a proyectos de cooperación en Tailandia.

El portavoz del Bloc ha puesto de manifiesto en el pleno que la corporación provincial lleva aportando dinero a esta ONG desde 2005, a través de un convenio suscrito entre Darder y el entonces presidente de la Diputación, Carlos Fabra.

Nomdedéu ha preguntado si se ha ejecutado el proyecto de creación de un centro de acogida en Tailandia, tal como recogía el convenio. El presidente de la Diptuación, Javier Moliner, se ha comprometido a comprobar la ejecución del proyecto y el destino de los fondos.

www.elpais.es 28.02.12

EL GABINETE DE BLASCO ORIENTÓ A LA MATRIZ DE LA TRAMA DE COOPERACIÓN

Correos electrónicos revelan la relación de la consejería y la fundación

Del gabinete de Blasco a Hemisferio: “Se pueden hacer cosas muy interesantes”

Correos electrónicos entre el gabinete del entonces consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, y el personal de la Fundación Hemisferio, intercambiados a lo largo del año 2009, revelan el estrecho contacto entre la consejería y la matriz de la trama de corrupción que ha llevado a la detención de 14 personas, entre ellas el responsable de esa entidad, Augusto César Tauroni, el único de los imputados que ha ingresado en prisión sin fianza.

La Fundación Hemisferio de la Comunidad Valenciana (antes Fundación Entre Pueblos, hasta que la auténtica organización Entrepueblos obligó por sentencia judicial a que cambiara de nombre) era el centro de la trama que supuestamente defraudaba fondos de las subvenciones de la Generalitat para cooperación internacional. Una trama que ha desarticulado la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, a raíz de una investigación del fiscal Anticorrupción de Valencia, Jesús Carrasco, y que ha llevado a imputar a todo el equipo de la consejería: el director general, Josep Maria Felip, el secretario general, Alexandre Català, y el jefe de Cooperación, Marc Llinares.

La irrupción a partir de finales de 2008 de la Fundación Hemisferio y su predominante papel en la redacción de proyectos de diversas organizaciones no gubernamentales desconocidas o de pequeño tamaño, generosamente subvencionados por la consejería de Blasco, fueron denunciados en octubre de 2010 por la diputada Mireia Mollà, de la Coalició Compromís, que aportó a la Fiscalía Anticorrupción una abundante documentación. La investigación, llevada en secreto desde que el fiscal denunció ante el juzgado el caso en mayo de 2011, ha profundizado en las irregularidades denunciadas y aportado nueva documentación. Declaraciones de alguno de los detenidos, como Fernando Darder, de Esperanza sin Fronteras, habrían señalado que Marc Llinares recomendaba dirigirse a Hemisferio a los responsables de entidades y ONG. Los correos revelan que, además, desde la consejería se orientaba a la fundación sobre cómo redactar proyectos y obtener subvenciones.

“No os olvidéis de presentar los impresos normalizados de solicitudes”, tecleaba desde su ordenador a primera hora de la mañana del 21 de enero de 2009 un miembro del gabinete técnico de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía. Era la última de siete recomendaciones que envió por correo electrónico a una empleada de la Fundación Hemisferio. Esta última respondió al email de su interlocutor, cuya dirección correspondía al dominio gva, de la Generalitat Valenciana: “Gracias por la respuesta a mis dudas, pero hay otra pregunta que te hice y que creo que en la servilleta no fue anotada. Si nosotros tenemos AECID abanderamos un proyecto pero no tenemos experiencia, la experiencia la aporta la ONG que no tiene AECID, ¿podemos presentar así un proyecto?”.

“La puntuación en ese apartado será baja, pero puede compensarse”

El intercambio electrónico, que figura entre los documentos que maneja la investigación sobre el fraude en las subvenciones de cooperación, aparte de revelar que personal de la consejería y de Hemisferio mantenían un contacto tan estrecho como para verse y anotarse cosas en una servilleta, demuestra que Hemisferio se guiaba por las indicaciones que recibía desde el departamento que debía concederle las ayudas. La acreditación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) planteaba un problema a la matriz de la trama de corrupción porque aunque la propia fundación la tenía, no podía alegar experiencia y, en cambio, una ONG con la que quería presentar un proyecto “en agrupación”, no tenía la certificación.

El interlocutor en la consejería le respondió a primera hora de la tarde: “La experiencia previa aportada por una ONG sin AECID no se considerará como experiencia previa de una ONGD. Ello no debe hacerte desistir de presentar un proyecto porque el único problema es que la puntuación en ese apartado será baja pero puede compensarse con otros apartados en el baremo final”.

A continuación le pasaba a la empleada de hemisferio los datos del delegado saharaui en la Comunidad Valenciana y le explicaba que “desde la consejería se habían financiado muchos proyectos, normalmente presentados por la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui”. Como ese año dudaban si se presentaban, el asesor del gabinete de la consejería de Rafael Blasco añadía: “Les he hablado directamente de la necesidad de trabajar con ONGD de confianza y les he tenido que insistir bastante porque ellos están muy vinculados a la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y me decían que con ellos trabajan bien y patatín y patatán. Incluso me comentaron que si van a la convocatoria de desarrollo sólo tendrían que reformular el proyecto del año pasado, por lo que tendrían tiempo más que suficiente. El objetivo es trabajar a medio largo plazo con ellos pero desde otra perspectiva. Creo que se pueden hacer cosas muy interesantes”.

Al final, los saharauis no picaron y no quisieron trabajar con la Fundación Hemisferio, a cuyo alrededor acabaría gravitando toda una red de pequeñas organizaciones y proyectos claramente sobrevalorados para su capacidad logística. Unos proyectos a los que facturaban grandes cantidades empresas de los fundadores de Hemisferio y de otras personas vinculadas a ellos.

Desde el correo electrónico del miembro del gabinete técnico de la consejería llegó un último correo a Hemisferio pasadas las siete de la tarde de aquel día de enero. Insistía a su interlocutora: “Llama lo antes posible a los saharauis”. Y se despedía: “Llevo un día que no te imaginas... pero ya me voy a casa”.

“El rastro del dinero señalará a Blasco”

“El hecho de que la juez del caso de corrupción en la cooperación internacional de la Generalitat Valenciana mantenga en prisión al empresario Augusto César Tauroni significa que la investigación judicial ha seguido el rastro del dinero desviado”, señaló este lunes la diputada de la Coalició Compromís Mireia Mollà, que denunció la trama ante el fiscal Anticorrupción. Mollà añadió: “En la documentación que nosotros aportamos a la fiscalía quedaba claro que Tauroni era una pieza clave en esta trama de corrupción pero hacía falta seguir el rastro del dinero para cerciorarse de ese desvío de fondos públicos y estamos convencidos de que ese rastro acabará señalando a Rafael Blasco, responsable último de este turbio asunto”.

La diputada añadió que “es pública la estrecha relación entre Tauroni y Blasco, que han protagonizado diversos escándalos en el pasado”. Mollà dijo que, desde Compromís, están convencidos de que “este caso de corrupción acabará con la carrera política del portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas”.

En términos muy parecidos se pronunció la diputada de Esquerra Unida del País Valencià Marina Albiol, en cuya opinión “el rastro” de Tauroni “lleva directamente” a Blasco. La diputada consideró muy significativo que Tauroni, responsable de la Fundación Hemisferio y “eterno empresario que ha ido recibiendo contratos millonarios de cada consejería por la que ha pasado Blasco a lo largo de su vida política, haya acabado en prisión”. “Si se observa la lista de detenciones”, añadió la parlamentaria de Esquerra Unida, se puede “deducir que la fiscalía ha actuado contra todos los integrantes del equipo de Blasco en Cooperación, a excepción de su jefe: el propio Blasco”.

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LA JUEZ ENVÍA A PRISIÓN AL JEFE DE LA TRAMA DEL FRAUDE DE LA COOPERACIÓN

Augusto César Tauroni hizo negocio en las consejerías que ha dirigido a Blasco

La juez que investiga el saqueo de los fondos de cooperación otorgados entre 2008 y 2010 por la Generalitat cuando el portavoz del PP en las Cortes, Rafael Blasco, era el consejero de Solidaridad y Ciudadanía, terminó a las ocho de la mañana de este domingo de tomar declaración a los 14 detenidos el pasado jueves en una causa por malversación de fondos públicos, fraude en las subvenciones y falsedad documental. Y Nieves Molina, titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, ha acabado imputando finalmente a todos ellos en el caso, aunque ha dejado a 13 de ellos en libertad con cargos.

Para solo uno de ellos ha decretado la prisión comunicada y sin fianza. Se trata de Augusto César Tauroni, nombre muy frecuente en las empresas que han hecho negocio en las consejerías que ha dirigido Blasco y, según la policía, presidente de la Fundación Hemisferio, la institución a través de la cual se ha articulado el saqueo de las ayudas a los países en vías de desarrollo.

Augusto César Tauroni

Entre los detenidos ha habido varios relacionados con Hemisferio, entre ellos el hermano de Augusto César, Arturo Tauroni, trabajador de la fundación, y el secretario de la misma, José Bollaín. Pero solo el cabecilla de la institución ha ingresado en prisión. La Fundación Hemisferio, que antes se llamaba Fundación Solidaridad Entre Pueblos hasta que tuvo que cambiar de nombre por orden de un juez tras la denuncia de otra asociación, se encuentra en el epicentro de la trama del fraude en los fondos de cooperación. Al parecer, según la investigación y la declaración de al menos un detenido, desde la propia consejería se daban directrices a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que optaban a las ayudas de cooperación para el desarrollo de países del tercer mundo, en el sentido de que aceptaran su asesoramiento y pagaran sus informes o no obtendrían subvenciones.

Tauroni ha ido haciendo negocio al calor de las consejerías que ha dirigido Blasco, como Bienestar Social, Solidaridad y Ciudadanía o Sanidad. Y también ha tenido relación con su familia. Así, Tauroni coincidió con Bernardo Blasco, hermano del exconsejero, en la firma Apelcine.

A principios de la década pasada, como gerente de General de Comunicación y Servicios (GCS) ganó varios de los concursos de la Consejería de Bienestar Social para gestionar servicios de atención telefónica y uno de mantenimiento de programas informáticos. Uno de ellos fue recurrido por otra empresa, que calificó de “ficción” la adjudicación por vía de urgencia de la asistencia telefónica a las personas mayores por 99.716 euros.

Otra empresa vinculada a Tauroni fue Lonerson, que junto a Tissat ganó otro concurso de 6,7 millones de euros para la gestión de los centros 24 horas. Según la documentación, Lonerson aportó directivos que cotizaban en CGS para hacerse con el contrato. Y hubo más: en otro concurso, esta vez junto a Asispa, para gestionar la teleasistencia en situaciones de riesgo, Lonerson usó la sede social, el teléfono y la web de CGS.

El imputado ahora en prisión fue socio del hermano del portavoz del PP en las Cortes

Después, con Blasco como consejero de Sanidad, se hizo con otros concursos. Incluso estalló otra polémica cuando el jefe de Informática se marchó de la consejería por negarse a aceptar la injerencia de Blasco en la evaluación de los aspirantes a un concurso millonario.

Y ya con Blasco en Solidaridad y Ciudadanía, Tauroni volvió a aparecer en el solidario mundo de la cooperación.

Directamente, la fundación que según la policía preside Tauroni captó en 2010 ayudas del Consell por 415.000 euros. Además, la Fundación Hemisferio llegó a obtener una subvención de 177.779 euros a través de una resolución de Blasco para redactar el proyecto de construcción de un hospital en Haití tras el terremoto que asoló el país en enero de 2010. Pero tras descubrirse que el dinero captado por cuestación de todos los valencianos se adjudicó a dedo, la consejería reculó y convocó un concurso.

El concurso lo ganó la ONG Esperanza Sin Fronteras, cuyo presidente, Fernando Darder, también ha sido imputado por la juez en el caso. Al parecer, en su declaración explicó que en la consejería se daban directrices a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que optaban a las ayudas de cooperación para el desarrollo en el tercer mundo, en el sentido de que aceptaran el asesoramiento de Hemisferio y pagaran sus informes o no obtendrían subvenciones.

De la implicación en la trama de personal de la consejería darían fe las actuaciones de la juez y los fiscales. Entre los detenidos figuran tres cargos de la administración, Josep Maria Felip, director general de Cooperación, Alexandre Català, actual subsecretario de Sanidad (fue secretario general de la consejería de Solidaridad) y Marc Llinares, exjefe de área de Cooperación. Todos ellos han quedado en libertad con cargos. Blasco se negó el domingo a hacer manifestaciones sobre la detención de Tauroni, durante la celebración en Valencia del Día de Andalucía, donde quedó algo apartado de la comitiva encabezada por el presidente Alberto Fabra.

La investigación de la trama de los fondos de cooperación se inició hace año y medio a raíz de una denuncia de las diputadas Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Mollà, de Compromís, que detectaron turbias formas en la gestión de las ayudas que otorgaba Blasco. Y como común denominador aparecía una fundación creada al alimón en diciembre de 2008 por Arcmed y Dinamiz-E, llamadaen principio Solidaridad Entre Pueblos y que luego se denominó Hemisferio. Según las diputadas el fraude en las ayudas a la cooperación podría rondar entre los siete y los nueve millones de euros.

ONG con más peso con Blasco

A lo largo de los 16 años de Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana, una de las estrategias acometidas por los dirigentes populares ha sido la de ganar terreno en la sociedad civil, bien fueran asociaciones vecinales, organizaciones de amas de casa, instituciones vinculadas a las fiestas populares, clubes deportivos o entidades culturales. Y en muchas ocasiones con cargo a los presupuestos públicos, mediante ayudas, subvenciones o patrocinios. Si los sindicatos molestan, pues se impulsa uno afín, como ocurrió en RTVV cuando el entorno de Vicente Sanz fundó la USO, con gran predicamento (hasta fue mayoritario) entre los que muchos trabajadores de la televisión consideran “enchufados”. Y si una federación de asociaciones es hostil, se facilita el nacimiento de otra.Y eso es lo que ocurrió en el mundo de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la cooperación para el desarrollo (ONGD) de países del tercer mundo. Cuando llegó Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes, a la consejería que repartía los fondos de cooperación (entre 2007 y 2008, denominada de Inmigración y Ciudadanía, y entre 2009 y 2010, de Solidaridad y Ciudadanía) la voz cantante en la materia la tenía la Coordinadora Valenciana de ONGD, adscrita a una coordinadora estatal. Pero desde la consejería se impulsó, como contrapeso a unas voces críticas con su gestión, la Federación de Entidades por el Codesarrollo y la Cooperación Internacional (Fedacod), a la que se pasó a dar cada vez más peso y protagonismo. De hecho, tras su creación muchas de las ONG ahí integradas pasaron a recibir cada vez más dinero, algunas multiplicando por 10 en un año las ayudas recibidas.Ambas instituciones han seguido dos caminos distintos en la crisis del saqueo a la ayuda al tercer mundo. En abril de 2011, la CVONGD exigió “una evaluación externa e independiente” de las ayudas dadas a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) para la realización de diversos proyectos en Nicaragua, tras conocerse que había comprado dos céntricos pisos en Valencia por 947.000 euros con cargo a las ayudas para proyectos en Nicaragua recibidas por un total de 1,6 millones. Por su parte Fedacod montó en octubre de 2010 un acto público, bajo el título Una imagen vale más que mil mentiras, en el que denunció que detrás de las informaciones periodísticas sobre el fraude en las ayudas se escondía un ataque a las ONG más pequeñas para “favorecer a las multinacionales de la cooperación”. En una federación en la que figuran un centenar de ONG en su mayoría de pequeño tamaño y escasa experiencia, y en la que la inmensa mayoría funciona con su mejor buena voluntad, el acto estuvo presidido por representantes de varias de las organizaciones ahora investigadas por el juez, como Fernando Darder, de Esperanza Sin Fronteras, Christine Bernardette, de Asade África, y Rafael Barrera, de Fudersa. Para finalizar el acto, tomó la palabra un representante de la fundación ahora denominada Hemisferio. Meses después y con el escándalo ya en titulares, la Generalitat concedió 274.205 euros a Esperanza sin Fronteras para un proyecto en Perú; 270.761 en República Dominicana a Fudersa; 270.334 en Camerún a Asade África, y a Hemisferio otros 234.518 euros en El Salvador.

www.elpais.es 27.02.12

LA JUEZ IMPUTA A FELIP Y ENVÍA A PRISIÓN A UNO DE LOS IMPLICADOS EN LA TRAMA DE ONG

La juez finaliza los interrogatorios, entre ellos el del director general de Cooperación

La titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, que instruye la causa abierta por el fraude en las ayudas de los fondos de cooperación que adjudicó la Generalitat entre 2008 y 2009, ha dejado en libertad con cargos a 13 personas, de un total de 14 detenidos, que han prestado declaración. Solo uno de ellos ha sido enviado a prisión.

Josep Maria Felip, el director general de Cooperación hasta que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, decretó el viernes su cese tras conocer su detención, quedó en libertad a las seis de la mañana, después de prestar declaración ante Molina y el fiscal Jesús Carrasco en una maratoniana jornada judicial que comenzó a las 10.30.

Las declaraciones, que han finalizado a primera hora de la mañana de este domingo, se iniciaron el pasado viernes tras la detención, un día antes, de 14 personas en el marco de la investigación abierta por un presunto fraude en las subvenciones otorgadas por la extinta Consejería de Solidaridad a distintas fundaciones.

Felip quedó en libertad a las seis de mañana, después de prestar declaración ante la juez y el fiscal

En principio, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana solo informó a mediodía de que habían quedado en libertad los siete detenidos que habían prestado declaración hasta entonces, pero sin dar nombres. También se anunció que “seis de ellos tienen obligación de comparecencia periódica y retirada de pasaporte con prohibición de salida del país”. La séptima persona, también imputada, no tendría así ninguna medida cautelar.

Sin embargo, a última hora de la mañana saltó la noticia de que uno de los detenidos puesto en libertad en la madrugada de ayer fue Josep Maria Felip. Y hasta se llegó a asegurar que Molina había confirmado la noticia. Ayer, pasadas las cuatro de la tarde, cuando la juez y los fiscales hicieron un receso para comer tras casi seis horas de toma de declaraciones, la juez desmintió que hubiera hablado con ningún medio. Y preguntada por si había tomado declaración a Felip, aseguró: “A Felip y a otros siete más”. Quedaba así claro que Felip figuraba entre los que había declarado y, por tanto, entre los que estaban en libertad con cargos.

Al parecer, la noticia de la puesta en libertad de Felip la proporcionó el presidente de la Diputación de Valencia, Afonso Rus, durante un almuerzo de trabajo celebrado en Oliva con alcaldes y portavoces de la comarca de La Safor en el que también estuvo presente el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco. Blasco fue el consejero de Solidaridad y Ciudadanía en la época en la que se tejió en torno a este departamento una red de empresas de asesoría y organizaciones no gubernamentales que obtuvieron cuantiosos fondos de los destinados por Cooperación. Según la denuncia de la oposición, el saqueo de la ayuda al tercer mundo podría haber llegado a los nueve millones de euros.

Tras casi un año de investigaciones secretas, que arrancaron en mayo de 2011 cuando Carrasco llevó ante Molina el caso destapado por las denuncias de las diputadas Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Mollà, de Compromís, el viernes comenzó la fase más agotadora para la juez y el fiscal. El jueves se había detenido a 14 personas, entre ellas tres cargos de la Administración: el mencionado Felip, Alexandre Català, exsubsecretario de Sanidad (también destituido el viernes) y Marc Llinares, jefe de área de Cooperación con Blasco. Y había que tomarles declaración antes de que termine el plazo de 72 horas en que un detenido puede permanecer privado de libertad sin cargos.

Por eso, las jornadas del viernes y del sábado han tenido que ser agotadoras. La del viernes arrancó a las 10.30 de la mañana. “Anoche llegué a mi casa a las seis de la mañana”, aseguró ayer Molina cuando a las 16.15 paró la sesión para comer con los fiscales Carrasco y Vicente Torres, tras otras casi seis horas de declaraciones en una tanda que arrancó de nuevo a las 10.30.

Un imputado declara que se condicionaron ayudas a trabajar con la ONG Hemisferio

Aunque aún se desconoce el nombre de todos los detenidos el pasado jueves, sí que han ido goteando los nombres de algunos de los imputados en una causa que persigue los delitos de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental. Y el metodo utilizado es una red de empresas y fundaciones que colaboraban y hacían informes para organizaciones no gubernamentales (ONG) que obtenían los fondos de Cooperación de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía en tiempos del consejero Blasco.

Según se apunta en la investigación, la trama estaba dirigida desde la propia consejería, puesto que eran los cargos de la Generalitat imputados los que habrían condicionado las ayudas a las ONG a que estas colaboraran con ciertas empresas. Las detenciones de hombres de confianza de Blasco, las de directivos de empresas que desde el epicentro de la trama cobraban cantidades desorbitadas por informes a las ONG más beneficiadas, y las de los responsables de estas últimas así lo indican.

Molina y Carrasco comenzaron el viernes precisamente a tomar declaración a las personas más alejadas de la trama, los presidentes de las ONG, entre los que figuran Fernando Darder, de Esperanza Sin Fronteras; Christine Bernadette, de Ayuda para la Salud y el Desarrollo de los más Necesitados de África (Asade África); y Rafael Barrera Cuquerella, de la Fundación para el Desarrollo Rural y Salud (Fudersa). Aunque otras ONG como Asamamu o Agrupación Cívica Ceiba han sonado en informes sobre la trama, no se ha filtrado que alguno de sus responsables figure entre los detenidos.

Un ejemplo del modus operandi de la trama sería la compra de dos céntricos pisos en Valencia valorados en 947.000 euros por parte de la Fundación Cultural y Estudios (Cyes) con cargo a los fondos otorgados por la consejería para ayuda en Haití por un total de 1,6 millones.

Ayer por la tarde aún faltaba por tomar declaración a siete detenidos el pasado jueves

Y precisamente Darder, el primero de los detenidos en pasar ante la juez el viernes, apuntó a que la trama funcionaba con directrices de la consejería, según publicó ayer Las Provincias. El diario valenciano explica que en su declaración habría admitido que Llinares, que durante años ha seguido a Blasco en distintos departamentos, fue el que contactó en 2008 con su organización, operativa desde 1986, y le propuso aliarse con la Fundación Hemisferio, antes llamada Fundación Solidaria Entre Pueblos, y que está considerada como la matriz de la trama para saquear los fondos de cooperación de la Generalitat. Esperanzas Sin Fronteras, hasta ese momento con un tamaño para afrontar solo proyectos pequeños, fue la ONG a la que se le adjudicó la dirección y el proyecto de construcción de un hospital en Haití pagado con dinero de la Generalitat que costaría cuatro millones de euros. Un proyecto en principió asignado sin concurso a Hemisferio. Pero la consejería dio marcha atrás y luego lo adjudicó a la organización que preside Darder.

El mensaje que transmitió Llinares a Darder, siempre según la versión que da el diario de las declaraciones de este ante la juez, es que o iba de la mano de Hemisferio o no obtendría subvenciones de la Generalitat. Al parecer, Darder aceptó el trato, aunque se quejó de que la empresa se llevaba el 25% de lo que costaba el proyecto.

Entre los detenidos vinculados con Hemisferio han trascendido los nombres de César Augusto Tauroni, presidente de la fundación, su hermano Arturo, trabajador de la institución, y José Bollaín, secretario.

Otros nombres que tenían que desfilar ante la juez son los de Marcial López, presidente de , y Fernando Cañete, de la empresa Inelme. Hasta completar los 14 detenidos quedarían tres nombres por confirmar, aunque los conocedores del caso apuntan a más representantes de ONG y a otros responsables de Hemisferio.

www.elpais.es 26.02.12

EL FISCAL Y LA JUEZ INVESTIGARON EN SECRETO LA TRAMA DE COOPERACIÓN

Los responsables de ONG detenidos son los primeros en declarar.

La trama sacó tajada del hospital de Haití.

El fraude de la cooperación le estalla a Blasco

El fiscal anticorrupción, Jesús Carrasco, y la titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, han investigado en secreto durante meses a los integrantes de la trama de corrupción organizada para saquear las subvenciones de cooperación internacional de la Generalitat en la época de Rafael Blasco como consejero de Solidaridad y Ciudadanía. Las denuncias de las diputadas Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de Compromís, que dieron origen a la investigación se produjeron en octubre de 2010 y el fiscal especial denunció el caso en el juzgado el pasado mes de mayo, extremo que se mantuvo en secreto hasta que el jueves, en una espectacular operación, fueron detenidas 14 personas, entre ellas el director general de Cooperación, Josep Maria Felip, el subsecretario de Sanidad, Alexandre Català, y el que fue jefe de área de Cooperación Marc Llinares.

Hay una serie de medidas que la fiscalía no puede ordenar sin respaldo judicial. Son las relativas a los derechos fundamentales en los supuestos en que no hay autorización por parte de los afectados. Es el caso de la intervención de las comunicaciones, sean telefónicas, postales o a través de Internet. También se requiere la intervención de un juez para registros domiciliarios, como los que se produjeron el jueves en el marco de esta operación.

Los interrogatorios, que comenzaron ayer, se prolongarán durante todo el fin de semana, según fuentes judiciales. Entre otras cosas, para apurar el plazo legal de detención, que tiene una duración de 72 horas.

Los 14 detenidos en la operación comenzaron ayer a desfilar ante la juez Nieves Molina, en el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia. Y los primeros en prestar declaración fueron los más alejados del círculo de poder tejido en torno a una red de empresas de asesoría y de organizaciones no gubernamentales (ONG), creadas al calor de las cuantiosas ayudas al tercer mundo concedidas entre 2008 y 2009 por la antigua Consejería de Solidaridad bajo el mandato de Rafael Blasco.

La trama sacó tajada del hospital en Haití

El saqueo en la caja de las ayudas internacionales a los más desfavorecidos, según la oposición, podría elevarse a nueve millones de euros. Ante la juez pasará el entonces <CF1001>número dos de Blasco, el actual director general de Cooperación, Josep Maria Felip. Y también el subsecretario de Sanidad, Alexandre Català (secretario general de Solidaridad con Blasco). Pero al ritmo de la toma de declaraciones emprendido ayer, puede que las comparecencias de los detenidos se prolonguen durante varios días. De hecho, el juzgado número 21 permanecerá operativo durante todo el fin de semana puesto que el domingo está de guardia.

Según fuentes judiciales, los detenidos pasaron la noche en los calabozos de la Ciudad de la Justicia. Y ya por la mañana, comenzaron las declaraciones. El primero en pasar a disposición judicial, que comenzó a prestar declaración a las 10.30, fue Fernando Darder, presidente de la organización no gubernamental Esperanza Sin Fronteras. Ante la presencia de varios agentes de policía, se turnaron para asistirle durante su declaración dos abogadas, entre ellas la de la organización no gubernamental. El interrogatorio se prolongó a lo largo de cuatro horas. Quedó en libertad, aunque no trascendió si la juez le imputó algún delito o quedó en libertad con cargos.

El Consell elude responder a la diputada Tirado cuánto dinero se ha pagado

Ya por la tarde le tocaba el turno a Christine Bernadette, española de origen camerunés presidenta de Ayuda para la Salud y el Desarrollo de los más Necesitados de África (Asade África). Bernadette fue detenida en Torrevieja, localidad en la que la ONG tiene su sede, y que también fue objeto de un registro judicial. Su abogado confirmó su comparecencia ante la juez aunque a petición de la cliente no explicó en qué situación judicial quedaba.

Otro de los detenidos cuya comparecencia estaba prevista y cuyo nombre trascendió ayer mismo fue Rafael Barrera Cuquerella, presidente de la Fundación para el Desarrollo Rural y Salud (Fudersa), con proyectos en América Latina.

La Fundación hemisferio se llevó 177.779 euros de las donaciones a Haití

Parece así claro que el fiscal Carrasco y la juez Molina han comenzado a tomar declaración en primer lugar a los detenidos más alejados de la trama urdida en torno a la entonces Consejería de Solidaridad y Ciudadanía. Faltarían así por tomar declaración en próximas sesiones tanto a los cargos de la Generalitat detenidos como a los responsables de las distintas asesorías que se han beneficiado facturando a las ONG.

Uno de los detenidos, puesto en libertad tras declarar, Fernando Darder, es responsable de la organización Esperanza sin Fronteras, a la que se adjudicó la dirección del proyecto de construcción de un hospital en Haití, pagado con fondos valencianos. Se trata de un proyecto que la consejería de Blasco encargó inicialmente, sin concurso alguno, a la Fundación Hemisferio, a la que entregó 177.779 euros recaudados en aportaciones de los valencianos en solidaridad tras el terremoto que asoló el país. Posteriormente, dio marcha atrás y acabó adjudicando a Esperanza sin Fronteras la construcción, con un presupuesto de cerca de cuatro millones de euros. La Generalitat acabó paralizando el proyecto.

La diputada socialista Clara Tirado, que presentó la denuncia que ha dado pie a las detenciones por el fraude en las subvenciones de cooperación, preguntó al consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, de cuyo departamento depende ahora el área de cooperación, cuánto dinero se ha entregado a Esperanza sin Fronteras por ese proyecto paralizado y qué ocurrió con los fondos de las aportaciones ciudadanas que se transfirieron a la Fundación Hemisferio, supuestamente la organización matriz de toda la trama de corrupción. Cabré ha eludido, en su contestación dar respuesta a la parlamentaria sobre la tajada que la trama se ha llevado del descartado hospital valenciano en Haití.

Así, Tirado recordó que estaba prevista la construcción en Haití de un complejo sanitario por un importe de 3,44 millones de euros, la reforma de una posta sanitaria en Belle Anse con un presupuesto de 100.000 euros y acciones complementarias por un importe de 450.000 euros. Y preguntó si “se ha hecho efectivo el ingreso de estos importes por parte de la consejería a la asociación Esperanza sin Fronteras”, si se abonaron los importes “o parte de ellos”, y si se inició alguno de los trabajos objeto de la subvención. También preguntó si se ha requerido a Esperanza sin Fronteras el reintegro de las cantidades abonadas.

En relación con la Fundación Hemisferio, la diputada preguntó qué ha hecho esa entidad con el dinero de las donaciones. “¿Se ha hecho efectivo el ingreso?”, preguntó. “¿Se han hecho los trabajos objeto de la subvención?”. Si no se han hecho los trabajos, “¿se ha solicitado el reintegro de la cantidad abonada?”.

Tirado preguntaba, por otra parte, “¿cuál es el criterio del Consell y de la Consejería de Justicia y Bienestar Social sobre la construcción de esta infraestructura sanitaria en Haití?” y si “se va a abandonar definitivamente su construcción”.

La respuesta que el consejero Cabré le dio a la diputada socialista el pasado diciembre obvió explicar cuánto dinero ha desembolsado la Generalitat para el proyecto en Haití y se limitó a señalar que se ha decidido “posponer” el proyecto “de forma coyuntural hasta que la situación económica nos permita disponer de los recursos necesarios para el proyecto, sin mermar las cuantías destinadas a otras prioridades ubicadas en la Comunidad Valenciana”.

www.elpais.es 25.02.12

UN GRUPO HETEROGÉNEO ENTRE REJAS

Los calabozos de la Ciudad de la Justicia alojaron el jueves altos cargos de Alberto Fabra.

También estrechos colaboradores de Rafael Blasco

Y responsables de empresas adjudicatarias y de ONG

Los calabozos de la ciudad de la Justicia alojaron el jueves por la noche a un grupo heterogéneo de detenidos en relación al presunto desvío de dinero público de cooperación. Había altos cargos del Gobierno de Alberto Fabra y estrechos colaboradores en su día de Rafael Blasco, responsables de empresas adjudicatarias de la Administración y responsables de supuestas ONG. Estos son algunos de ellos.

César A. Tauroni, la sombra de Blasco. Es un clásico de los escándalos vinculados a Rafael Blasco, el actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas. Tauroni coincidió con Bernardo Blasco, hermano del responsable del PP, en la sociedad Apelcine.

Como gerente de GCS resultó adjudicatario de varios concursos de la Consejería de Bienestar Social cuando la dirigía Rafael Blasco. Entre ellos, uno tramitado de forma “urgente anticipada” de atención telefónica a mayores que fue recurrida por un competidor que tachó de “ficción” la propuesta de GCS. La empresa, junto a Tis-sat, consiguió también un contrato para el mantenimiento de programas informáticos por 382.000 euros en 2002.

Cuando Blasco pasó a dirigir la Consejería de Sanidad, Tauroni reapareció en escena en una visita al consejero en su despacho. Fue semanas antes de la crisis que se abrió en el departamento por las diferencias de criterio en la adjudicación de un contrato informático de tres millones de euros.

En la crisis abierta por el presunto fraude en la cooperación, Tauroni ha vuelto a aparecer en escena. Mientras Blasco ocupó la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, Tauroni formó parte de la Fundación Hemisferio, y, según la acusación, tenía un papel clave en la trama.

Fernando Darder, el aventurero. Al responsable de Esperanza Sin Fronteras le gustaba presentarse como un aventurero, un exfotoperiodista atrapado por la solidaridad. Y no le fue mal, como cooperante, especialmente tras el aterrizaje de Blasco en Solidaridad y Ciudadanía. De los 892.142 euros recibidos por su entidad en convocatorias públicas de cooperación, el 95% (854.051 euros) los recibió con Blasco al frente de la consejería. El premio gordo fue la concesión del concurso para construir el hospital de Haití, con un coste total de 7,5 millones de euros, de los que seis debía aportar la Generalitat (cuatro de construcción y dos de mantenimiento). Sin embargo, Alberto Fabra paralizó el proyecto al llegar al Consell.

Josep María Felip, Alexandre Català y Marc Llinares, personas clave en los procesos administrativos. Los dos primeros son profesores asociados de constitucional de la Universidad de Valencia y ocuparon altos cargos en la consejería de Solidaridad y Ciudadanía con Blasco. Felip, que ha pasado por todo el espectro político (desde su militancia juvenil en el PCE Marxista Leninista, pasando por el PSOE y el Bloc hasta el PP) es funcionario de la Generalitat desde la preautonomía y, junto a quien sirvió como mano derecha, Rafael Blasco, gran conocedor de los entresijos administrativos. El tercero, Marc Llinares, siguió al exconsejero en Sanidad y Solidaridad en puestos clave en la adjudicación de contratos. Y, desde la jefatura de área de cooperación, concedió ayudas al velero de un amigo, José Luis Maldonado, junto al que navegaba por Dénia.

Junto a ellos, han sido detenidos Marcial López, presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales; Arturo Tauroni (hermano de César Augusto; Christine Bernadette, presidenta de la ONG Asade África; Rafael Barrera, responsable de la ONG Fudersa. La identidad de otros cinco arrestados no ha trascendido.

www.elpais.es 25.02.12

“SUSTITUYEN LOS GASTOS EN COMPRA DE INMUEBLES POR FACTURAS EN NICARAGUA”

Los extractos bancarios destapan en una sola operación un agujero de medio millón

El dinero público de la Comunidad Valenciana destinado a proyectos en países en vías de desarrollo por parte de algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) no llegó a donde tenía que llegar. Esa es la clave en la que trabaja la investigación de la trama de fraude de subvenciones en el departamento de Cooperación de la Generalitat Valenciana, que ha desembocado ya en la detención de 14 personas, entre ellas tres ex altos cargos.

Las malas prácticas en la Generalitat Valenciana durante el mandato de Francisco Camps, según las investigaciones, alcanzan también a consejerías en teoría creadas para ayudar y favorecer a los más pobres.

La operativa se desarrollaba, según la investigación, a través de dos fundaciones, Cyes y Hemisferio, que tuvieron como eje, entre otras, a la empresa Arcmed. En el caso de Cyes, la documentación expone cómo la fundación compró varios inmuebles con el dinero público destinado a facilitar agua potable y mejorar cultivos en Nicaragua.

INMUEBLES QUE DESAPARECEN. En la justificación de gastos presentada por la ONG se incluyó en un primer momento la adquisición de inmuebles. Cuando, algún tiempo después, se le pidió una nueva justificación, esos gastos desaparecieron y solo se incluyeron facturas con destino a Nicaragua.

En el caso de Hemisferio (a la que se entregaron 177.779 euros donados por los valencianos y se trató de adjudicar la construcción de un hospital en Haití, tras el terremoto, por 3,8 millones de euros, aunque luego la consejería que dirigía Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, hizo marcha atrás), el dinero se quedaba por el camino contratando a empresas para realizar informes sobrevalorados, también con fondos destinados a proyectos de cooperación. Entre ambas estaba Arcmed (propiedad del presidente de Hemisferio), que facturó en 2008 más de 208.000 euros de asesoría en cada uno de los proyectos de la Fundación Cyes y que también realizaba informes y aportó facturas para justificar otras subvenciones otorgadas por la Generalitat.

» Coste diez veces superior. Los proyectos contemplaban la realización de estos servicios de asesoramiento y consultoría “por un importe diez veces superior al coste de las actividades programadas” y de costes indirectos “por un importe de más de tres veces” que las mismas actividades. Estos servicios “representan un porcentaje de la actividad subvencionada”, indica el informe, que señala que de esta manera se vulneraba la prohibición de contratar con intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje, según la Ley General de Subvenciones. Algunos de estos informes se cobraban incluso antes de que se iniciara la ejecución del proyecto.

“Las prácticas detectadas se explican difícilmente sin la existencia de dichas relaciones”, entre la adjudicataria de las subvenciones y algunas empresas reiteradamente contratadas. Así lo indica uno de los informes incluidos en las diligencias de investigación abiertas contra la trama de fraude de subvenciones. Sin embargo, la fiscalía y la juez disponen también de otra documentación, correos electrónicos, que revelan cómo al menos una de las fundaciones actuaba en permanente contacto con el “gabinete técnico” del consejero Rafael Blasco, tal como dijo la diputada de Compromís Mireia Mollà después de presentar su denuncia.

La fiscalía desarticula otra trama corrupta del Gobierno valenciano El Consell no duda de Blasco mientras no esté imputado La juez toma declaración a los detenidos por las ayudas de cooperación » Facturas falsas. Después de que la diputada socialista Clara Tirado denunciara el caso de la Fundación Cyes, esta empezó a aportar facturas para contrarrestar los documentos que acreditaban la compra de inmuebles. Eran facturas emitidas en Nicaragua que la investigación considera “simplemente increíbles”, pero que el departamento de Blasco dio por buenas.

» 500.000 euros sin justificar. La investigación descubrió que había pagos con cheques y talones para la adquisición de inmuebles y que así justificó la ONG en un primer momento el destino dado a parte del dinero recibido. Cuando los socialistas valencianos denunciaron este hecho —el dinero para cooperación no había llegado a Nicaragua, sino que se había quedado en la compra de pisos en Valencia— y la Generalitat Valenciana reclamó los justificantes de los gastos, “se eliminaron los de adquisición de los inmuebles y fueron sustituidos por facturas emitidas en Nicaragua”.

“Lo que no puede sustituirse”, señala el informe de la investigación judicial, “son los extractos bancarios, de forma que el importe de las transferencias a Nicaragua sigue siendo el mismo: 308.129 euros de los 833.000 euros concedidos”. Y concluye: “La diferencia (más de 500.000 euros) arroja un saldo no gastado que debería ser objeto de reintegro”.

Sin embargo, la veracidad de las facturas no es lo único que la investigación pone en entredicho. Del examen de los expedientes también se deduce que la documentación que se presentó para captar los fondos públicos no acreditaba el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a ellos.

www.elpais.es 25.02.12

UNO DE LOS DETENIDOS TUVO CONTRATOS CON BIENESTAR SOCIAL HASTA MAYO DE 2011

El vicepresidente del Consell dice que el control de la Administración autonómica es exhaustivo

Jorge Alarte sostiene que Fabra ha destituido a los dos altos cargos detenidos "por apretón"

El vicepresidente del Consell, José Císcar, se escudó el viernes en el proceso judicial abierto en torno al presunto desvío de fondos de cooperación para justificar que el Gobierno valenciano no ha abierto ninguna investigación sobre las adjudicaciones y servicios de la Generalitat que algunos de los detenidos gestionan en áreas diferentes a la de cooperación.

Sin embargo hasta hace bien poco, la Generalitat mantenía contratos con algunos de los detenidos el jueves. Es el caso de la empresa GCS General de Comunicaciones y Servicios (GCS), SL, cuyo administrador único es César Augusto Tauroni, exsocio del hermano del exconsejero Rafael Blasco. GCS fue hasta el mes de mayo de 2011 adjudicatario de los servicios del teléfono del mayor, del menor y de la atención telefónica a las personas en situación de dependencia. Pero también del teléfono joven y del teléfono de los usuarios de los programas menjar a casa y major a casa.

Por estos servicios telefónicos cobró entre el 15 de junio de 2009 y el 30 de abril de 2010 (menos de un año) la suma de 401.350 euros anuales. Bienestar Social prorrogó estos contratos con GCS hasta marzo de 2011 por importe de 359.130 euros, según figura en el expediente al que ha tenido acceso este diario.

En total, la firma de Tauroni recibió desde junio de 2010 por estos contratos más de 750.000 euros.

El Consell contrató con Tauroni por 750.000 euros entre 2009 y 2011

Fuentes oficiales de Justicia y Bienestar Social indicaron el viernes que la relación comercial con GCS se extinguió en abril de 2011. Desde entonces, señalan, no se mantienen contratos con esta mercantil.

El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, se refirió a las detenciones de altos cargos de la extinta consejería de Solidaridad y Ciudadanía dirigida por Rafael Blasco.

“¿Qué iba a hacer el director general desde dentro de un calabozo?”, se preguntó Alarte sobre la detención de Josep Maria Felip, El líder socialista retó al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a demostrar de verdad su compromiso contra la corrupción destituyendo al que fue consejero de Solidaridad y Ciudadanía y hoy es portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco. Según Alarte, Fabra debió haber evitado mantener a Josep Maria Felip y a Alexandre Català, detenidos en la redada contra la trama de corrupción sobre las subvenciones de cooperación, así como al propio Blasco cuando llegó a la presidencia. Las destituciones de Felip y de Catalá tras su detención obedecen a que “si hubiera mantenido a esos altos cargos, desde la Moncloa le hubieran echado a él de sus funciones”. “Digamos que actuó por apretón”, ironizó el dirigente socialista.

Clara Tirado afirma que Josep Maria Felip era el testaferro de Blasco

“Por donde pasaron metieron la mano”, dijo Alarte del PP, en alusión a los abundantes casos de corrupción, y criticó que el Consell no haya movido un dedo ni cuando la Sindicatura de Comptes detectó que al menos 1,1 millones de euros de los proyectos para promover cultivos y garantizar agua potable en Nicaragua, que en realidad sirvieron para adquirir unos pisos en Valencia, no se justificaron.

La diputada socialista Clara Tirado, que compareció junto a Alarte, acusó a Felip de ser “el testaferro” de Blasco, el único que se atrevió a firmar esos expedientes, que la parlamentaria llevó a la fiscalía, después de que otros cargos de cooperación rechazaran hacerlo. “El cese fulminante lo hizo una redada policial”, dijo Tirado de la destitución de Felip. La diputada recordó que Blasco llegó a la consejería en 2007 “y en 2008 empezó a organizarse la trama” ahora desarticulada. Los socialistas han solicitado la creación de una comisión de investigación sobre el fraude en las subvenciones de cooperación y han presentado una pregunta oral para que el Consell explique qué ha hecho para averiguar dónde ha ido a parar el dinero defraudado en las ayudas de cooperación.

Si de la investigación judicial se desprende “un mal uso de dinero público” se depurarán responsabilidades y se exigirá a quienes lo hicieron que devuelvan el dinero, aseguró el portavoz del Consell poco después. “Haremos todo lo posible por aclarar todos los temas”, dijo el vicepresidente de la Generalitat Valenciana, José Ciscar, tras el pleno del Ejecutivo autonómico, sobre el fraude en las ayudas de cooperación que llevó este jueves a la detención al menos de 14 personas. Ciscar insistió en que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, aplicará la “tolerancia cero” contra la corrupción y defendió la “reacción inmediata” que ha supuesto la destitución de Josep Maria Felip y Alexandre Catalá, altos cargos de la Administración autonómica tras su detención. Añadió que se abrirá expediente a cualquier funcionario público que se vea imputado por corrupción. A la pregunta de por qué no se intervino antes cuando el escándalo de cooperación lleva un año y medio en marcha y hasta la Sindicatura de Comptes detectó que no se habían justificado 1,1 millones de euros en los expedientes de dos proyectos en Nicaragua con los que, en realidad, se compraron dos pisos en Valencia, Ciscar dijo que la Generalitat solo puede actuar cuando hay imputaciones.

El vicepresidente del Consell definió como “exhaustivos y efectivos” los controles de la Administración autonómica, pero añadió: “Si se demuestra, a partir de la actuación de un tribunal, que tenemos que mejorar los mecanismos de control, lo haremos”.

Sobre la situación del exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía y actual portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, se limitó a señalar: “En estos momentos no hay ninguna imputación contra él y no tenemos por qué dudar de su honorabilidad”.

www.elpais.es 25.02.12

AL MENOS 14 DETENIDOS POR EL FRAUDE DE LAS SUBVENCIONES DE BLASCO

El presidente Fabra destituye a Josep María Felip y Alexandre Català tras su arresto
Los investigadores apuntan que la consejería aceptó facturas “simplemente increíbles”
Blasco pagó 16 veces más por el proyecto en Nicaragua

Al menos 14 personas fueron detenidas el jueves en Valencia en una operación de la Fiscalía de Delitos Económicos contra una trama de corrupción que habría saqueado cerca de 9 millones de euros de las subvenciones a la cooperación internacional de la Generalitat Valenciana en 2008 y 2009, mientras Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, era consejero de Solidaridad y Ciudadanía y Francisco Camps presidía el Gobierno autonómico. Entre los detenidos están el director general de Cooperación, Josep Maria Felip, y el que fue jefe de área de Cooperación, Marc Llinares, ambos personas de confianza de Blasco. Están acusados de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental.

La policía registró la sede de la antigua Consejería de Solidaridad, hoy de la dirección general de Cooperación, que depende de la Consejería de Justicia y Bienestar Social. La investigación incluye al que fue secretario general de la consejería de Blasco, Alexandre Català, y llevó a la detención de César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, personas sospechosas de dirigir la trama organizada en torno a la Fundación Hemisferio (antes llamada Entrepueblos), y a Marcial López López, presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes).

Sendas denuncias de la diputada socialista Clara Tirado y de Mireia Mollà, de la Coalició Compromís, ante la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2010 dieron origen a la investigación. A media tarde, cuando el número de arrestados ya superaba las 10 personas, fuentes jurídicas advirtieron de que la operación seguía en marcha y que se esperaban nuevas detenciones.

La investigación arrancó a raíz de dos denuncias en octubre de 2010

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció la destitución de Felip como director general y de Alexandre Català como actual subsecretario de la Consejería de Sanidad. La oposición, sin embargo, apuntó a Blasco, del que el portavoz socialista, Jorge Alarte, pidió la dimisión. Este, a su vez, dijo que las subvenciones fueron tramitadas "de forma impecable" y aseguró estar convencido de que la detención de Felip era “un error".

Blasco, que recibió la noticia en plena sesión de control al presidente de la Generalitat, tardó casi una hora en salir del hemiciclo y arremetió contra las informaciones publicadas sobre la trama, en especial contra EL PAÍS. El actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, quien proclamó, cuando se hizo pública la denuncia de la diputada Tirado, que si se detectaran irregularidades en las subvenciones y se viera obligado a dar explicaciones se iría a casa, lo negó y sólo se mostró dispuesto a dimitir si se ve directamente implicado en el proceso judicial. El exconsejero añadió que si le alcanzaran a él las imputaciones, por su condición de aforado, tendría que ser trasladado el caso al Tribunal Superior de Justicia. Sobre la posibilidad de que Josep Maria Felip lo involucre en sus declaraciones, respondió que es “un hombre honesto”.

Una de las denuncias que originaron el caso, la presentada por la socialista Clara Tirado, reveló que la Fundación Cultural y de Estudios Sociales había destinado 447.000 y casi 500.000 euros, respectivamente, de sendos proyectos de cooperación para facilitar agua potable y mejorar cultivos en Nicaragua por importe de 833.000 euros cada uno, a la compra de dos entresuelos con garaje en Valencia. El análisis de la documentación que los socialistas y Compromís llevaron a la fiscalía ha dado lugar a varios informes que obran en la investigación judicial. Uno de ellos desmonta la versión que el consejero Blasco dio finalmente por buena respecto a las subvenciones otorgadas a la Fundación Cyes (no confundir con el grupo empresarial Cyes).

La Fundación Cyes presentó entonces facturas emitidas en Nicaragua que, según la investigación, son “simplemente increíbles”.

El socialista Jorge Alarte apunta a Blasco y reclama su dimisión

En uno de los informes, se explica que una de las facturas presentadas hace referencia a “jornales de trabajo y rehabilitación de vías de acceso en caminos vecinales” por un importe de más de 90.000 euros. El documento explica que tomando como base el salario medio mensual de la zona y el tipo de cambio, esta cantidad equivaldría “al trabajo a jornada completa de 1.967 personas durante un mes”.

La investigación estima que de los dos proyectos subvencionados, con 833.000 euros cada uno, sólo llegaron a Nicaragua 43.000 euros, 21.000 de uno y 22.000 del otro.

Además, sostiene que aún en el caso de admitir como buenas estas facturas emitidas desde aquel país (“que son calculadas directamente en euros y no en córdobas nicaragüenses”, tal como indica el informe), el gasto realizado con cargo a la subvención sería de 306.000 euros de los 833.000 concedidos, con lo que la diferencia, unos 530.000 euros, debería haberse reintegrado en las arcas públicas. Un reintegro “del que no hay constancia en el expediente examinado”.

El informe indica también que los proyectos contemplaban la realización de servicios de asesoramiento y consultoría “por un importe diez veces superior al coste de las actividades programadas” y de costes indirectos “por un importe de más de tres veces” que las mismas actividades. Estos servicios, que se encargaban a la empresa Arcmed, “representan un porcentaje de la actividad subvencionada” y vulneraban la prohibición de contratar con intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje, según la Ley General de Subvenciones.

Blasco asegura que Josep Maria Felip es un "hombre honesto"

La investigación que llevó a las detenciones y el registro de dependencias de la Generalitat ha sido desarrollada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Valencia. Al frente de la misma se encuentra el fiscal Jesús Carrasco, que es al mismo tiempo fiscal Anticorrupción y que indagaba la trama de cooperación desde que fue denunciada en octubre de 2010. Fuentes jurídicas indicaron que, después de solicitar varias prórrogas para desmenuzar la compleja trama, el fiscal había finalizado las pesquisas hace pocas semanas en lo relativo a la primera denuncia que recibió, presentada por la diputada socialista Clara Tirado.

Carrasco estaba valorando la conveniencia de esperar o no hasta después de los días festivos de fallas para actuar, según las mismas fuentes, para evitar que hubiese un vacío en las operaciones que tenía previstas llevar a cabo. Finalmente, se decidió por adelantarla.

La segunda denuncia conectada con el caso, la presentada por la diputada de Compromís Mireia Mollà, está todavía en una fase no concluida, indicaron fuentes jurídicas. El motivo es que mientras la primera denuncia se refería a unos hechos concretos, la siguiente fue acompañada de una abrumadora cantidad de datos producto, señalaron, de volcados informáticos realizados desde dentro de la entonces Consejería de Cooperación y Solidaridad. El fiscal también habría apreciado en ella indicios de delito.

La operación se ha llevado a cabo a través del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, según informó el Tribunal Superior de Justicia.

La noticia de la detención de Josep Maria Felip conmocionó el pleno de las Cortes Valencianas. La oposición reclamó enseguida que el presidente Alberto Fabra tomara medidas y cargó contra Blasco. El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, exigió la destitución de Felip, que se produjo horas después, y también la de “la autoridad que le nombró, que es el que se sienta en el hemiciclo detrás del señor Fabra, el señor Blasco, su portavoz parlamentario”. Lo mismo hicieron Compromís y Esquerra Unida.

www.elpais.es 24.02.12

LAS "INCREÍBLES" FACTURAS DE LOS PLANES DE COOPERACIÓN VALENCIANOS

Había dos proyectos subvencionados, con 833.000 euros cada uno

La investigación cree que solo llegaron a Nicaragua 43.000 euros

La fiscalía desarticula otra trama corrupta del Gobierno valenciano

Una de las denuncias que originaron el caso de las ayudas a cooperación en Valencia, la presentada por la socialista Clara Tirado, reveló que la Fundación Cultural y de Estudios Sociales había destinado 447.000 y casi 500.000 euros, respectivamente, de sendos proyectos de cooperación para facilitar agua potable y mejorar cultivos en Nicaragua por importe de 833.000 euros cada uno, a la compra de dos entresuelos con garaje en Valencia. El análisis de la documentación que los socialistas y Compromís llevaron a la fiscalía ha dado lugar a varios informes que obran en la investigación judicial. Uno de ellos desmonta la versión que el consejero Blasco dio finalmente por buena respecto a las subvenciones otorgadas a la Fundación Cyes (no confundir con el grupo empresarial Cyes).

El informe examina tanto el expediente inicial como el rectificado y dado por bueno por la Generalitat, que habría desestimado como justificantes las facturas de la compra de los pisos, pero, en lugar de reclamar la devolución del dinero, pidió otras facturas. La Fundación Cyes presentó entonces facturas emitidas en Nicaragua que, según la investigación, son “simplemente increíbles”.

En uno de los informes se explica que una de las facturas presentadas hace referencia a “jornales de trabajo y rehabilitación de vías de acceso en caminos vecinales” por un importe de más de 90.000 euros. El documento explica que, tomando como base el salario medio mensual de la zona y el tipo de cambio, esta cantidad equivaldría “al trabajo a jornada completa de 1.967 personas durante un mes”.

La investigación estima que de los dos proyectos subvencionados, con más de 833.000 euros cada uno, sólo llegaron a Nicaragua 43.000 euros, 21.000 de uno y 22.000 del otro.

Al menos 14 personas han sido detenidas en Valencia en esta operación de la Fiscalía de Delitos Económicos. Entre los detenidos están el director general de Cooperación, Josep Maria Felip, y el que fue jefe de área de Cooperación, Marc Llinares, ambos personas de confianza de Blasco. Están acusados de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental.

www.elpais.es 24.02.12

EL FRAUDE DE LA COOPERACIÓN LE ESTALLA A BLASCO

Las detenciones llegan año y medio después de la denuncia presentada por el PSPV

Entre los implicados hay personas vinculadas al ex consejero de Solidaridad y Ciudadanía

La 'receta Blasco' otra vez

Año y medio después de que la fiscalía abriera las diligencias de investigación penal por el presunto desvío de fondos públicos de cooperación bajo el mandato de Rafael Blasco en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, el caso estalló ayer en toda su magnitud.

El origen está en una denuncia presentada por la diputada socialista Clara Tirado (PSPV-PSOE), a la que se añadió semanas después otra planteada por Mireia Mollà (Compromís). El fondo de ambas era común: una retahíla de sombras sobre el destino de las ayudas que Blasco concedió a diferentes entidades que recibieron subvenciones para proyectos de cooperación.

En esta trama, además, ya fuera directa o indirectamente, figuraban personas vinculadas al entorno de Rafael Blasco. Ya fuera Augusto César Tauroni, uno de los detenidos ayer, exsocio de uno de los hermanos del exconsejero (Bernardo Blasco) y adjudicatario de concursos de departamentos por los que pasó Blasco. O Marc Llinares, también detenido, que ha ocupado cargos bajo las órdenes de Blasco en las consejerías de Sanidad o Solidaridad y Ciudadanía. Y que, como jefe de área de Cooperación, adjudicó ayudas para el velero del barco de un amigo en el que navegaba por las aguas de Dénia.

La trama afecta al frustrado proyecto de la construcción del hospital de Haití

La denuncia de Clara Tirado se centra en las ayudas recibidas por la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes), que recibió en 2008 de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía dos subvenciones de 833.409 euros cada una. Pese a tratarse de proyectos destinados a ser ejecutados en Totogalpa (Nicaragua), aparentemente, la mayor parte del dinero acabó en la compra de dos entresuelos con garaje en la avenida de Ausiàs March en Valencia.

La importancia de la Fundación Cyes está en que esta empresa llevó a una consultora, Arcmed, a la que facturó trabajos de asesoramiento. Y Arcmed, a través de su responsable (Alfonso Navarro Torres), enlazaba con otra consultora de supuestas ONG, llamada Fundación Solidaria entre Pueblos (actualmente Fundación Hemisferio).

Tanto Arcmed como Hemisferio son, presuntamente, el núcleo central de la trama. Las diputadas denunciantes sospechan que eran instrumentos para captar fondos mediante trabajos hinchados de asesoría.

La actuación de la trama implica a organizaciones como Fudersa, Asa de África, agrupación Cívica Intercultural Hispanoecuatoguineana-Ceiba, Esperanza sin Fronteras y Asamanu África, algunas de las cuales manifestaron posteriormente que ignoraban que estaban siendo utilizadas.

Los fondos del Consell a Esperanza sin Fronteras crecieron con BlascoHaití, el hospital de la ConfusiónFabra manda al limbo al hospital Haiti de BlascoUna trama convierte la solidaridad en negocioFiscalía investiga el destino de las ayudas que Blasco da a cooperaciónLos proyectos de todas ellas se gestionaron desde Hemisferio e incluían pagos a Arcmed. La relación entre Hemisferio y las ONG a las que teóricamente asesoraba era tan estrecha que mantenían cuentas mancomunadas para el manejo de los fondos públicos que recibían las supuestas entidades humanitarias.

Las presuntas irregularidades se extienden al que debía ser el proyecto estrella de Blasco en su paso por la cooperación valenciana: la construcción de un hospital en Haití. De nuevo aparecen entidades presentes en la trama. Hemisferio ocupa un lugar central.

El hospital debía ser la materialización de la solidaridad valenciana con las víctimas del terremoto de enero de 2010. Inicialmente el proyecto se encargó a la Fundación Hemisferio. Fue esta entidad la que recibió los 177.779,19 euros que la Generalitat recogió de aportaciones de todos los valencianos en concepto de “trabajos previos a la construcción del centro sanitario”.

Sin embargo, al trascender que el millonario encargo (la aportación de la Administración valenciana estaba valorada en cuatro millones de euros) iba a adjudicarse a dedo, la consejería de Blasco reculó y lo sacó a concurso. La adjudicataria fue otra vieja conocida: la ONG Esperanza sin Fronteras.

El hospital de Haití y sus cuatro millones desaparecieron de los presupuestos de 2012. Fue la primera señal de que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ponía distancia con el estilo de la política de cooperación de Blasco. La segunda fue la contundente destitución ayer, de Josep Maria Felip, el número dos de Blasco en Solidaridad y Ciudadanía, tras su detención.

www.elpais.es 24.02.12

¿QUÉ HACE LA DIRECCIÓN DEL IVAM EN HORAS DE TRABAJO?

Soto exige medidas contra Ciscar y Lledó por acudir a "jalear a Camps"

El diputado socialista Juan Soto empezó por preguntar al secretario autonómico de Cultura, Rafael Ripoll, "si ampara la actitud de la directora del IVAM" al acudir a apoyar a Francisco Camps y acabó exigiendo que tome medidas contra Consuelo Ciscar y el director económico del museo de arte moderno, Juan Carlos Lledó, de quienes exhibió una fotografía en el Tribunal Superior de Justicia, donde han asistido a lo largo de la semana al juicio por corrupción que se sigue contra el expresidente de la Generalitat.

Soto preguntó en la comisión de Cultura y Educación de las Cortes por los daños sufridos por obras del IVAM cedidas en exposiciones celebradas en China y, en un momento determinado, señaló que la cesión de obras no puede estar sometida a las "componendas" de la directora del IVAM. En ese momento, introdujo la recriminación a la actitud de Ciscar, momento en que la presidenta de la comisión, Marisol Llinares, del PP, trató de interrumpirle. "¡Cíñase a la pregunta!", le dijo. Pero Soto continuó. "El problema no es sólo Ciscar, cuyo cargo es político", puntualizó, sino que todavía resulta más incomprensible que estuviera con ella el director económico del IVAM, Juan Carlos Lledó, "en horario laboral".

El parlamentario, a quien Llinares trató de reprender en tres ocasiones, exigió a Ripoll, que sustituía a la consejera de Cultura, Lola Johnson, que depurara responsabilidades de ambos directivos del IVAM por acudir a "jalear a Camps" en horario de trabajo. Ripoll eludió responder al diputado socialista porque sólo estaba delegado para responder a la pregunta que figuraba en el orden del día.

La presencia de la directora del IVAM, entre otros cargos públicos del PP, en el juicio a Camps ha levantado polémica. La propia Consuelo Ciscar justificó a preguntas de este periódico el pasado jueves que su trabajo no la obliga, "afortunadamente", a permanecer en el IVAM. Sobre su presencia en el juicio, "a título personal", dijo: "Voy cuando puedo... y tengo el trabajo resuelto... y no pasa nada. Tampoco estoy todo el día allí. Estoy a ratos. Ya me gustaría estar todo el día".

www.elpais.es 18.12.11

LOS HERMANOS MARX NO SIENTAN BIEN EN EL PP

Diputados abandonan la sala en la reunión de presupuestos al proyectarse "Sopa de ganso"

El año pasado fue "Invictus", el filme de Clint Eastwood sobre el libro de Carlin en el que se dibuja la reconciliación en Sudáfrica tras el "apartheid" a través de un partido de rugby y el ascenso de Mandela al gobierno. Este año le ha tocado el turno a los Hermanos Marx con "Sopa de ganso", película en la que sobrevuela un conflicto entre dos naciones bajo la caricatura de un presidente excéntrico.

El síndic del PP, Rafael Blasco, proyectó "Sopa de ganso", ayer, al grupo parlamentario. La broma consistía en trazar un paralelismo entre el presidente de los Marx y Zapatero, del mismo modo que el año pasado, con "Invictus", se intentaba levantar la moral de grupo en una formación política acosada por el caso Gürtel.

Todo fue en vano. El pase de la película "Sopa de ganso" no sentó bien entre algunos diputados, que consideraron fuera de lugar el guiño de Blasco al burlarse de Zapatero.

Muchos de los diputados -entre ellos, el presidente Fabra- no se esperaron al final de la proyección y abandonaron la sala en un hotel de Valencia, donde se realizaban las clásicas jornadas parlamentarias que el PP organiza cada año con motivo de la presentación de los presupuestos y el debate posterior en las Corts. Al acto acuden también los conselleres.

www.levante-emv.com 01.11.11

ANTICORRUPCIÓN PRORROGA LA INVESTIGACIÓN DE LAS AYUDAS DE BLASCO

La investigación que la Fiscalía Anticorrupción está llevando a cabo desde hace un año sobre las ayudas a la cooperación concedidas por la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirigía Rafael Blasco, se prorrogará, según informó ayer la agencia Europa Press. La investigación tuvo su origen en sendas denuncias de la diputada socialista Clara Tirado y de la diputada de Compromís Mireia Mollà. Al cumplirse un año de su inicio, el fiscal especial ha de prorrogar formalmente seis meses más el periodo de investigación.

Tirado denunció irregularidades en la concesión de subvenciones a diversas ONG y especialmente dos ayudas en 2008 de 833.000 euros cada una a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales, que compró dos entresuelos con garaje en Valencia cuando recibió el dinero. La Fundación Cyes (no confundir con la empresa del mismo nombre) tiene ahora su sede en esos inmuebles, que figuraban en los proyectos de cooperación en Nicaragua aprobados por el departamento de Blasco aunque la consejería pidió después a la entidad que justificara los gastos con otro tipo de facturas.

Por otra parte, Mollà denunció la existencia de una trama de captación de subvenciones para la cooperación alrededor de la Fundación Hemisferio (Fundación Entre Pueblos hasta que tuvo que cambiar de nombre por sentencia judicial). La diputada de Compromís, cuya denuncia coincidía en buena medida con la realizada por la parlamentaria socialista, aportó una abundante documentación al fiscal.

Tribunal de Cuentas

El ministerio público abrió una investigación por ambos asuntos en octubre de 2010, y tenía el plazo de un año, que acaba este mes, para decidir si los archivaba, los remitía al juzgado o los prorrogaba. Ante la abundante documentación y su complejidad, ha optado por pedir una prórroga de seis meses.

Mientras tanto, y como consecuencia de un informe realizado por la Sindicatura de Comptes, que constataba que los proyectos aprobados incluían la compra de dos pisos, que la consejería no pidió la devolución del dinero cuando se empleó en los inmuebles, aunque reclamó justificantes de gastos por otros conceptos y no acabó acreditando debidamente las facturas, el Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación por supuesta responsabilidad contable. La socialista Tirado ejercitó la acción pública y se constituyó en parte acusadora.

www.elpais.es 27.10.11

EL TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGA LAS AYUDAS DE BLASCO A UNA FUNDACIÓN

La entidad compró dos pisos tras recibir 1,6 millones para cooperación

El Tribunal de Cuentas investiga dos subvenciones de 833.000 euros cada una otorgadas por la antigua Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirigía Rafael Blasco, a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) en 2008. Al disponer de ese dinero la entidad compró dos entresuelos con garaje en Valencia, que actualmente son su sede social, aunque la Generalitat reclamó, a la hora de aprobar los pagos, que justificara los gastos con otro tipo de facturas relativas al motivo de las ayudas, centrado en la cooperación al desarrollo en el municipio nicaragüense de Totogalpa. La vía de la responsabilidad contable queda, así, abierta.

La diputada socialista Clara Tirado ejerce la acción pública

El caso, que levantó una fuerte polémica, fue denunciado por la diputada socialista en las Cortes Valencianas Clara Tirado, que se ha personado como acusación en el procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador de las cuentas de los organismos públicos, ante el cual la Generalitat está en la fase de presentar alegaciones. El departamento tercero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas tramita las diligencias preliminares desde que recibió traslado por parte del presidente del organismo del informe de la Sindicatura de Comptes sobre los expedientes. Un informe en el que se contrastaba que en el proyecto aprobado se incluía la compra de dos pisos y su reforma, que la consejería no pidió la devolución del dinero aunque rechazó finalmente los justificantes, pero no acreditó debidamente las facturas con las que se acabó justificando el cobro de las ayudas. El informe incluía un voto particular de uno de los tres miembros de la Sindicatura que apreciaba responsabilidades contables.

Blasco, que mantuvo desde el principio que no se habían producido irregularidades y llegó a anunciar que dimitiría si se demostraba que habían existido, fue quien propició que se solicitara a la Sindicatura el informe que ha dado pie a la apertura de diligencias por parte del Tribunal de Cuentas. Las diligencias se abrieron en mayo y el pasado 22 de junio el tribunal notificó a Clara Tirado la concesión de "un plazo de diez días para que manifieste si se constituye en parte, en las presentes diligencias, en cuyo caso deberá ejercitar la acción pública para la exigencia de responsabilidad contable, debiendo concretar las personas contra las que dirige la acción, así como los perjuicios sufridos en los fondos públicos de la Comunidad Valenciana". Al mismo tiempo, se ordenaba trasladar la documentación al ministerio fiscal, al abogado del Estado y a la representación legal de los servicios jurídicos de la Generalitat Valenciana.

La diputada socialista se personó como acusación pública el 22 de junio para "exigir responsabilidad contable contra la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, su consejero Rafael Blasco Castany, Josep Maria Felip i Sardà, director general de Inmigración, y cuantos cargos directivos de la citada consejería hayan intervenido en los expedientes objeto de investigación contable". Y también contra "el administrador o administradores de la Fundación Cyes por los perjuicios sufridos en los fondos públicos de la Comunidad Valenciana", que evaluaba en 1,6 millones de euros, correspondientes a la suma de las dos subvenciones "cuya justificación no cumple la legislación vigente".

Además de la investigación abierta por supuesto delito económico, las subvenciones a la Fundación Cyes, -cuyo presidente, Marcial López, fue condenado por apropiación indebida de 244.000 euros cuando era presidente del Colegio de Enfermería de Castellón, a finales de los años noventa-, están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. En su día, la diputada Clara Tirado puso la documentación de la que disponía sobre irregularidades en las subvenciones de cooperación en conocimiento del fiscal especial. Lo mismo hizo la diputada de la Coalició Compromís Mireia Mollà con información sobre una supuesta trama de captación de fondos de cooperación organizada alrededor de la Fundación Hemisferio (llamada entonces Fundación Entrepueblos). El plazo del que dispone el fiscal Anticorrupción, Jesús Carrasco, para decidir si promueve la apertura de una investigación judicial por la vía penal se cumple este mes.

www.elpais.es 05.10.11

HEMISFERIO FISCALIZARÁ A ESPERANZA SIN FRONTERAS EN EL HOSPITAL DE HAITÍ

Las dos entidades forman parte de la denuncia presentada a Anticorrupción

El presidente de Esperanza sin Fronteras (ESF), Fernando Darder, dio ayer varias pistas sobre la construcción del hospital que le ha encargado la Generalitat en la localidad de Belle-Anse (Haití) por cuatro millones de euros.

El presidente de ESF insiste en que la ONG no está ligada a ninguna trama

Darder aclaró el papel de la Fundación Hemisferio en el proyecto. Esta entidad, que, junto a ESF, figura en las denuncias planteadas por las diputadas Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Mollà, de Compromís, a la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta existencia de una trama de desvío de fondos oficiales de la cooperación valenciana, sería la encargada, en palabras de Darder de "hacer de puente" entre la Generalitat y la propia ESF. Su tarea sería la de "oficina técnica de cooperación", es decir, certificar que las obras se han realizado en tiempo y forma, como indicó Darder. Hemisferio ha cobrado 177.779,19 euros de las aportaciones de los valencianos en las cuentas abiertas por la Generalitat para ayudar a Haití tras el terremoto de enero de 2010.

Darder también dio información sobre de dónde saldrá el millón de euros que debe aportar la ONG en la construcción del hospital. Indicó que cuenta con el compromiso de una entidad católica estadounidense, que conoce de proyectos anteriores, cuyo nombre está sujeto a confidencialidad. Este dinero, dijo, se destinará a sufragar los 30 meses que el hospital estará a su cargo antes de pasar el testigo al Gobierno haitiano. En total, el coste estimado para este periodo es de 2,5 millones de euros. El millón y medio restante se piensa obtener de "fondos de donantes" que deben alimentar aportaciones privadas.

El presidente de ESF explicó que trató de que empresas valencianas o españolas se hicieran cargo de la construcción del hospital. Al no encontrar ninguna capaz de asumir el proyecto, contactó con Acero Homes, con sede en Panamá. "Fue en Pekín, llegué a un acuerdo con un director general. Llegué a ellos a través de personas que conozco en Tailandia", indicó. "Es una empresa seria y eficiente, la que mejor se adapta a los requisitos de construcción y logística del país".

El responsable de la ONG señaló que la construcción del centro, con una duración prevista de 12 meses, comenzará cuando la Generalitat le libre los cuatro millones de la subvención.

Darder negó estar siendo investigado ni estar inmerso "en ningún entramado oscuro", en relación con la denuncia que obra en manos de Anticorrupción. "Es un proyecto de Estado, avalado por la OMS o la Fundación Bill Clinton". También rechazó que Acero Homes actúe desde un paraíso fiscal. O estar vinculado al ex consejero de Solidaridad y Ciudadanía Rafael Blasco: "No lo conozco, no estoy metido en entramados ni historias, lo único que sé hacer es trabajar".

www.elpais.es 28.06.11

LA CONSTRUCTORA DEL HOSPITAL DE HAITÍ COBRARÁ CASI CINCO MILLONES

La subvención de la Generalitat a Esperanza sin Fronteras es de cuatro

AceroHomes, la multinacional de la construcción encargada de construir el hospital de la Generalitat en Haití, cobrará casi cinco millones de euros por toda la obra. "Nuestro cliente, Esperanza sin Fronteras nos indicó que el presupuesto máximo eran 5.000.000 euros, incluyendo equipamiento", respondió ayer a este diario a través de correo electrónico Alfredo Rodríguez, director ejecutivo de la empresa. A la pregunta sobre los fondos que recibirá la firma por hacerse cargo de la obra, respondió: "Aproximadamente siete millones de dólares

Las bases exigen que la ONG pague un 20% del coste del proyecto

AceroHomes ya trabajó con Darder en un centro de Tailandia

[4,9 millones de euros al cambio]. De los cuales parte es para la construcción, parte para el equipamiento y parte para la reforma de la clínica sanitaria existente".

En una de las últimas decisiones tomadas por la extinta Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, el departamento que dirigía Rafael Blasco concedió una subvención por concurso a la ONG Esperanza sin Fronteras (ESF) por valor de cuatro millones de euros para construir un centro sanitario en el municipio haitiano de Belle-Anse, equiparlo y rehabilitar una clínica. El lunes, el presidente de ESF, Fernando Darder, explicó que encargó estas tres tareas a la multinacional de la construcción AceroHomes.

Las bases de la subvención de la Generalitat exigen que el 20% del proyecto lo debe asumir la ONG beneficiaria. Ello supone que, si el Consell aporta cuatro millones, ESF ha de poner uno. En la misma rueda de prensa del lunes, Darder explicó que una entidad católica estadounidense, cuyo nombre no ofreció por estar sujeto a confidencialidad, ha comprometido el pago de esta cantidad. ¿Servirán estos fondos para, sumados a los cuatro millones que aporta el Consell, llegar a los casi cinco millones que cobrará AceroHomes? No, según lo que dijo Darder el martes. El presidente de ESF comentó que estos fondos no estarán dirigidos a sufragar la construcción del centro, sino a garantizar su viabilidad durante los 30 meses posteriores a su construcción.

Este diario trató ayer, sin éxito de contactar con Darder para conocer de dónde saldrán los fondos que debe aportar su organización para alcanzar los 900.000 euros que faltan para pagar la construcción del hospital.

El lunes, Darder también indicó que el coste de esos 30 meses de rodaje, que tutelará la ONG hasta el traspaso del hospital y sus dependencias al Gobierno haitiano, rondaba los 2,5 millones de euros. Hasta alcanzar el millón y medio restante, anunció que crearía fondos de donantes.

El responsable de AceroHomes también indicó a este diario que el proyecto base del hospital ya estaba elaborado antes de recibir el encargo, y que se modificó para plegarse a las exigencias que plantea del concurso de la Generalitat. La empresa "posee diversos diseños de hospitales creados para usos muy diversos (clínicas, hospitales generalistas, diálisis, consultorios...) de diversos tamaños.(...) Nuestro cliente nos entregó unas especificaciones y rápidamente nos pusimos a trabajar". El director ejecutivo de la firma comentó que el proyecto del hospital de Haití fue remitido por las oficinas de AceroHomes en China. "Habíamos trabajado previamente [con Darder] para la reconstrucción de un centro de acogida de menores en Tailandia", apunta.

Desde Panamá, la empresa "cubre la zona centroamericana y del Caribe", por lo que son estas oficinas las que llevan el proyecto, aunque la sede principal está en Miami. "En China se fabrican los elementos que son preensamblados en hangares del sur de Florida". Desde allí "una barcaza realizará dos viajes a Haití" para llevar maquinaria y materiales.

www.elpais.es 29.06.11

UNA EMPRESA DE PANAMÁ HARÁ EL HOSPITAL DE LA GENERALITAT EN HAITÍ

El proyecto estaba concebido antes del terremoto, dice un portavoz

Acero Homes, una firma de construcciones prefabricadas radicada en Panamá, es la empresa elegida por la ONG Esperanza sin Fronteras para construir un hospital en el municipio de Belle-Anse (Haití). Así lo admitió el viernes Edgar, un portavoz de esta firma panameña, en una conversación telefónica con este diario, en la que indicó que el proyecto estaba concebido desde antes del violento terremoto que afectó al país caribeño en enero del año 2010.

El proyecto de construir un hospital en Haití se ha visto envuelto en la polémica sobre supuestas irregularidades en las ayudas de la Generalitat a la cooperación internacional al desarrollo, ya que el departamento que encabezaba Rafael Blasco anunció inicialmente que se encargaría de la iniciativa la Fundación Hemisferio (antes Fundación Entrepueblos) y posteriormente redujo el papel de esa fundación, investigada por la fiscalía anticorrupción por su supuesto papel como centro de una trama de captación de subvenciones, a la gestión de una oficina técnica. Para la adjudicación del hospital acabó convocando un concurso.

Esperanza sin Fronteras fue la organización no gubernamental (ONG) ganadora de la convocatoria que publicó la extinta Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, dirigida por Rafael Blasco, por valor de cuatro millones de euros para construir el centro sanitario. De esta forma, después de año y medio tomaba cuerpo la aportación de la Generalitat Valenciana a la reconstrucción Haití. Esperanza sin Fronteras es una de las entidades a las que se hace referencia también en la denuncia planteada ante la Fiscalía Anticorrupción por las diputadas Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de la Coalició Compromís, por el supuesto desvío de fondos en las partidas de la Generalitat de ayudas a la cooperación.Desde Acero Homes indicaron que el hospital será un centro construido con materiales prefabricados. "Tiene la ventaja de que no se trata de material pesado, por lo que se transporta mejor. Además si sucede otra tragedia y se cae parte del edificio, como una pared, es fácilmente reemplazable", indicó el portavoz de la firma. "Es como una construcción de Lego".

Acero Homes, que se presenta como una empresa "dueña y operada por la compañía Nogame Consultant Inc", está basada en Panamá, país considerado un paraíso fiscal. De la gestión del futuro hospital en Haití se encarga un delegado de la firma en Miami que responde al nombre de Alfredo, con el que este diario no pudo contactar pese a los mensajes enviados vía correo electrónico. Las preguntas que no respondió el delegado en Miami se refieren al coste del proyecto y a la relación con la organización que ha hecho el encargo.

Esperanza sin Fronteras anunció la semana pasada las características del futuro hospital. El centro contará con 30 camas, área de hospitalización, quirófanos, urgencias, consultas externas, rayos y UCI pediátrica. Además de la construcción del centro sanitario, cuyo presupuesto máximo de salida ascendió a 3,45 millones de euros, el proyecto prevé la reforma de una posta sanitaria, así como acciones complementarias como la "adquisición, montaje y puesta a punto del equipamiento médico, y la realización y ejecución de un plan de suministro de materiales y herramientas".

Esperanza sin Fronteras, que ha convocado una rueda de prensa mañana para explicar la operación del hospital en Haití, tampoco respondió a la llamada de este diario sobre la empresa encargada de la construcciónl hospital.

La desaparecida Consejería de Solidaridad y Ciudadanía defendió la elección de Esperanza sin Fronteras a pesar de verse envuelta en una denuncia a los tribunales, con el argumento de que que su presidente Fernando Darder es un "reconocido cooperante".

Tras la constitución del nuevo Consell, el proyecto ha pasado a depender de la nueva Consejería de Justicia y Bienestar Social, que encabeza Jorge Cabré. El seguimiento concreto, sin embargo, seguirá en manos del director general de Integración y Cooperación, Josep Maria Felip, el mismo que llevaba el asunto con Blasco.

www.elpais.es 26.05.11

LOS FONDOS DEL CONSELL A ESPERANZA SIN FRONTERAS CRECIERON CON BLASCO

Antes, habían obtenido 38.091 euros; desde 2010 han recibido 854.051 euros

El aterrizaje de Rafael Blasco en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía en el otoño de 2009 supuso el punto de partida de un incremento espectacular en las ayudas que la ONG Esperanza sin Fronteras (ESF) ha recibido de fondos de la Generalitat para proyectos de cooperación.

Esta entidad (junto a Fundación Solidaria Hemisferio, entre otras) es una de las organizaciones que figuran en la denuncia presentada a la Fiscalía Anticorrupción por las diputadas Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Mollà, de Compromís, sobre la presunta existencia de una trama de desvío de fondos de cooperación procedentes de la Generalitat.

De los 892.142 euros recibidos por ESF en convocatorias públicas de cooperación, el 95% (854.051 euros) los recibió con Blasco al frente de la consejería, como reflejan los archivos de Solidaridad y Ciudadanía, accesibles a través del motor de búsqueda que ofrece este departamento en la web.

Hasta entonces, esta entidad solo había recibido ayudas para sufragar dos proyectos menores y referidos a campañas de sensibilización (actuaciones de difusión que no implican actuación sobre el terreno), cuando Presidencia gestionaba directamente la parcela de cooperación. En 2000 obtuvo 12.020 euros por el proyecto Mozambique revive y en 2001 26.071 por el programa Ablación, ¿Tradición o tortura?

Desde entonces, ESF no volvió a recibir fondos de la Generalitat hasta el año 2010, cuando obtuvo dos ayudas y, ya no relativas a programas de sensibilización, sino de cooperación internacional para el desarrollo. Ambos fueron en Perú. Uno de ellos, sufragado por la Generalitat con 332.232 euros, llevaba por título Fortalecimiento de la protección integral agropecuaria y seguridad alimentaria del municipio de Andahauylillas. El segundo, el Proyecto de promoción de la educación y centro de desarrollo rural, también en Andahauylillas, recibió de la consejería 247.614 euros.

Este año, ESF ha vuelto a obtener ayudas en la convocatoria de cooperación para el desarrollo y también para una iniciativa en el mismo país sudamericano. Se trata del Proyecto agropecuario de soberanía alimentaria y creación del centro de acogida para niños huérfanos y pobres 'Un mundo diferente' en la zona rural andina, municipio de Uchiza. En este caso, la subvención del Gobierno valenciano asciende a 274.205, según los datos que ofrece Solidaridad y Ciudadanía en su página web.

Pero al margen de estos fondos, ESF ha obtenido este año otras importantes ayudas, tanto en lo que respecta a su envergadura como a su financiación. Por un lado, ha recibido dos subvenciones de los presupuestos por vía nominativa (y por lo tanto directa del departamento que dirige Rafael Blasco), a través de la línea Acciones institucionales de cooperación internacional al desarrollo. Una de 200.000 euros y otra de 185.550 euros.

A este dinero se suman los cuatro millones de euros que le ha concedido Solidaridad y Ciudadanía a la entidad para construir un hospital en Haití en una resolución publicada el viernes en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Con esta cifra, los fondos recibidos este año por la ONG del departamento que dirige Rafael Blasco suman más de 4,6 millones de euros. Todo ello tiene lugar en un momento de "drásticos recortes a la ayuda oficial al desarrollo", como denunció la coordinadora valenciana de ONG.

Fuentes de la consejería de Solidaridad y Ciudadanía sostienen que las ayudas a ESF obedecen a que "la Generalitat selecciona los proyectos, como en este caso, mediante convocatorias públicas y a partir de requisitos legalmente establecidos que se cumplen con todas las garantías exigibles".

ESF, por su parte, señala que esta entidad opta, "como cualquier otra ONG que acredite los requisitos administrativos y de experiencia establecidos en las convocatorias públicas anuales que publica la Generalitat, a la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo". Respecto al incremento de ayudas "ESF ha presentado unos proyectos de gran calidad que han sido muy bien valorados por la Generalitat y han sido seleccionados para ser financiados", aduce la entidad.

La ONG dejó el país caribeño en enero por falta de recursos

Esperanza sin Fronteras se desplazó a Haití tras el violento terremoto que asoló el país en enero de 2010. Un año más tarde, anunció que dejaba el país por haberse quedado sin fondos. En la nota de prensa que emitió la organización para explicar su salida del país, su presidente, Fernando Darder, comentó que el motivo de su salida, pese a los esfuerzos de la entidad, eran "la falta de recursos económicos y de ayudas".

Solidaridad y Ciudadanía quitó importancia a esta circunstancia, tras hacerse público el viernes que ESF será la encargada de poner en marcha un hospital en Haití, un encargo valorado en cuatro millones de euros y pagado por la Generalitat. El problema que sufrió Esperanza sin Fronteras "ha afectado a decenas de ONG como consecuencia de las condiciones propias de un país que ha sufrido una de las catástrofes humanitarias más terribles de los últimos años". Además, "Esperanza sin Fronteras, que tiene experiencia en Haití entre otros países de pobreza extrema, cumple todos los requisitos que exigía la convocatoria pública y, por ello y por ser un buen y excelente proyecto, ha sido seleccionada", explicaron.

El presidente de Esperanza sin Fronteras también dio a este diario su versión de la salida de Haití, a través de un mensaje electrónico desde Tailandia. La entidad, dijo, "contó con las aportaciones iniciales de diferentes donantes que permitieron la creación del campo y su puesta en marcha, organización y funcionamiento". Pasado un tiempo, "y ante la imposibilidad de obtener más fondos, ESF entregó la responsabilidad de atender el campo de refugiados en el que sobreviven más de 2.000 personas a la organización internacional Wolrd Visión".

En otra nota, en la que ESF explica que el centro sanitario que construirá en la localidad de Belle-Anse tendrá 30 camas, quirófano y UCI pediátrica, la ONG destaca que esta organización "está especializada en atender situaciones de emergencia". Fernando Darder también recuerda que recibió la medalla de la Unesco por la paz y la cooperación en 2009.

Un año antes, la Diputación de Castellón apoyó una propuesta para la concesión del premio Príncipe de Asturias de la concordia a Darder. La candidatura la impulsó la propia ESF.

www.elpais.es 20.06.11

BLASCO ENCARGA EL HOSPITAL DE HAITÍ A UNA ONG DENUNCIADA AL FISCAL

Esperanza sin Fronteras obtiene la subvención al año y medio del seísmo

El consejero en funciones de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha cerrado en el tiempo añadido de su mandato la construcción de un hospital en Haití como ayuda al país tras el devastador terremoto de enero de 2010. La Generalitat ha concedido los tres lotes de la subvención por una suma total de cuatro millones de euros a Esperanza sin Fronteras (ESF).

La decisión se tomó en el Consell del 3 de junio y aún no está publicada

El coste total de la iniciativa está valorado en cuatro millones de euros

Esta ONG es una de las entidades que investiga la Fiscalía Anticorrupción por su vinculación a la presunta trama de desvío de ayudas de cooperación que gestiona la consejería y que destaparon las diputadas Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Mollà, de Compromís, en octubre. Normalmente, el ministerio público dispone de seis meses para analizar la documentación que recibe y elegir entre presentarla al juez, archivar la denuncia o pedir una prórroga. En este caso, Anticorrupción solicitó seis meses más de plazo ante la elevada cantidad de información recibida relacionada con las presuntas irregularidades de las organizaciones aludidas.

La decisión de conceder a ESF tanto la construcción del complejo sanitario (3,45 millones de euros), como la reforma de la posta sanitaria de Belle-Anse (100.000 euros), y la adquisición y montaje del equipamiento médico y la elaboración de un plan de suministro (450.000 euros) se tomó en la reunión del Consell del pasado 3 de junio, según fuentes oficiales del departamento de Blasco. Pese a que aún no se ha publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), el acuerdo es firme, independientemente de que el consejero cambie de cartera o se quede fuera del Consell.

Al margen de esta convocatoria pública, Esperanza sin Fronteras ya ha recibido este año, al menos, otras dos ayudas del departamento que dirige Blasco. Una es nominativa, correspondiente al programa 134.10 de los presupuestos -acciones institucionales de cooperación al desarrollo-, que asciende a 185.550 euros. Otra es de 274.205 euros y corresponde a la partida de proyectos y microproyectos de cooperación.

Fuentes de la cooperación valenciana en Valencia consideran a ESF una entidad "muy personalista" organizada en torno a su presidente, Fernando Darder, un antiguo reportero de guerra con fama de "excéntrico". Solidaridad y Ciudadanía defendió ayer su elección con el argumento de los 35 proyectos de cooperación desarrollados por la entidad, entre ellos, actuaciones de emergencia en Haití tras el seísmo. La consejería describe a Darder como "un reconocido cooperante" que recibió en 2009 la medalla de la Unesco por la paz y la cooperación internacional.

La Generalitat ha tardado año y medio en encargar la ayuda acordada para socorrer a las víctimas del terremoto del país caribeño. La idea inicial del Gobierno valenciano, a través del Comité de Acción Humanitaria y emergencia, fue construir una "microciudad" en Haití. "Un proyecto emblemático" al que se enviarían voluntarios como "expresión de la solidaridad valenciana", indicó Blasco en febrero de 2010. El presupuesto previsto era de seis millones de euros.

Meses más tarde, se dio un golpe de timón. Ya no se construiría una miniciudad, sino un hospital. Inicialmente se encargó el proyecto a una ONG sin experiencia sanitaria y de corta trayectoria en el mundo de la cooperación (tenía dos años de vida): la actual Fundación Solidaridad Hemisferio (por entonces aún era Solidaria Entre Pueblos, pero una sentencia judicial le obligó a cambiar el nombre por su similitud con la ONG Entrepueblos). Esta entidad también ha sido denunciada ante la fiscalía.

Tras un amago de encargar la construcción del centro sanitario a una empresa estadounidense (Orion, radicada en Miami), elegida por la propia Fundación Hemisferio "por la calidad de sus productos, la proximidad al lugar y su relación precio-prestaciones", la consejería reculó y dijo que sacaría a concurso el hospital. Esto sucedió en octubre de 2010. En abril se publicó el concurso en el DOCV.

Por el camino, Hemisferio ha recibido del departamento de Blasco 177.779,19 euros donados por los valencianos y recaudados por la Generalitat tras el trágico seísmo con el encargo de gestionar los trabajos previos a la construcción del hospital.

Solidaridad y Ciudadanía sostiene que "el contexto socioeconómico y la crisis institucional y política de Haití" es "la única explicación" del tiempo transcurrido entre que se tomó la decisión de ayudar al país caribeño y la adjudicación del proyecto. La consejería también defiende a la Fundación Hemisferio: "La oficina técnica encargada del seguimiento y control del proyecto ha justificado semestralmente la labor realizada y ha informado a la consejería de todo el proceso".

Reciclado y sin convocatoria pública

En 2010, la Fundación Solidaria Hemisferio (entonces aún Fundación Solidaria Entre Pueblos) solicitó a la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía ayudas de los fondos de cooperación para la iniciativa Rehabilitación del centro Carlos Diarte para la reinserción y fortalecimiento de la infancia y juventud más desfavorecida del barrio de Santa María y barrio Molinos en Asunción (Paraguay). El proyecto se quedó sin ayudas por motivos técnicos.

Este año, la Agrupación Cívica Intercultural Hispano-Guineana-Ceiba ha tenido más suerte con el mismo proyecto, reciclado, y un título ligeramente modificado: Rehabilitación del centro Carlos Diarte para empoderamiento de madres adolescentes y fortalecimiento de la infancia y juventud más desfavorecida de los barrios de Santa María y Molinos.

Para ello no le ha hecho falta concursar con otras entidades en convocatorias públicas. La consejería que gestiona Rafael Blasco lo financia a través de una partida de los presupuestos de la Generalitat de línea nominativa.

¿Cómo se explica este diferente criterio, con el agravante de que la entidad beneficiada del proyecto en Paraguay tiene como principal ámbito de actuación las relaciones hispanoguineanas?

"El proyecto se consideró idóneo en el momento de su presentación" en 2010, según Solidaridad y Ciudadanía. "Con posterioridad se advirtieron algunos defectos formales que no fueron subsanados. Como sus objetivos coincidían con los fines que impulsa la cooperación valenciana, se asumió más tarde al comprobar que cumplía todos los requisitos", añaden.

Tanto Hemisferio como Ceiba forman parte de las ONG denunciadas a la Fiscalía Anticorrupción por la presunta captación de subvenciones de la Generalitat.

www.elpais.es 14.06.11

BLASCO DA UN MILLÓN DE EUROS A ENTIDADES QUE INVESTIGA EL FISCAL

La coordinadora de ONG critica el recorte de ayudas a la cooperación

Cuatro entidades investigadas por la Fiscalía Anticorrupción en relación con las denuncias que afectan a la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía sobre la gestión de ayudas a la cooperación han vuelto a recibir importantes subvenciones del departamento que dirige Rafael Blasco. Fundación Hemisferio -anteriormente conocida como Entrepueblos- ha obtenido 234.518 euros, Esperanza Sin Fronteras 274.205, Fudersa 270.761 y Asa de África 270.761. En total, las cuatro organizaciones han recibido 1.049.819,27 euros de los 7,6 millones otorgados en la convocatoria de ayudas a programas, proyectos y microproyectos de cooperación que ayer publicó el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Todas ellas se encuentran en el expediente entregado a la fiscalía por la diputada de Compromís Mireia Mollà relativo a una presunta trama organizada para obtener subvenciones. Los presupuestos de la consejería que dirige Rafael Blasco ya contemplaban ayudas de 1,01 millones de euros en total a Fudersa, Esperanza sin Fronteras y Ceiba -esta última también inmersa en la investigación- a través de distintas partidas.

La Fiscalía Anticorrupción trabaja en otra investigación que tiene su origen en la documentación entregada por la diputada Clara Tirado, del PSPV, relativa a las subvenciones concedidas por Solidaridad y Ciudadanía a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes). Sobre estas ayudas, la Sindicatura de Comptes ha detectado "incidencias significativas". En un informe especial reveló que 1,1 millones de euros pagados no están suficientemente acreditados después de que la fundación comprara dos pisos con el dinero de la subvención y la consejería le reclamara justificantes por otros conceptos. La Fundación Cyes, que obtuvo en 2008 dos subvenciones de 833.000 euros cada una, incumplía los requisitos para acceder a las ayudas al no tener la experiencia exigida ni concurrir junto a otra ONG, según la Sindicatura.

A esta cuestión, al reparto de las ayudas y al recorte de las subvenciones se refirió ayer la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (CVONGD), la entidad que agrupa a las ONG de más solera en la cooperación valenciana. La coordinadora considera que las "irregularidades" detectadas por la Sindicatura "abren interrogantes sobre los procesos seguidos por Solidaridad y Ciudadanía tanto en la adjudicación de las ayudas como en la justificación de las mismas". Por ello, reclaman "la realización de una evaluación externa e independiente que verifique las labores que se debían haber llevado a cabo".

La coordinadora se muestra "sorprendida" por la concesión de ayudas en la reciente convocatoria a entidades "que están siendo investigadas por su mala gestión de fondos de cooperación". Pero también a ONG "de reciente creación" o prácticamente desconocidas. El comunicado de la coordinadora no entra en detalle sobre estas ONG. Distintas fuentes del entorno de la cooperación citan los nombres de Cazadores Solidarios, Soñadores Despiertos, Fundación Chinguetti, Fundación Concordia o Consenso Estratégico para la Solidaridad con África.

Frente a éstas, otras ONG "de prestigio y trayectoria consolidada" se han quedado sin ayudas, lo que "interrumpe procesos de desarrollo y acciones ya iniciadas en los países del sur". Sería el caso, según las mismas fuentes, de Atelier, Ingeniería sin Fronteras, Fundació Pau i Solidaritat, Musol o Solidaritat Internacional.

La coordinadora también censura los "drásticos recortes" que está sufriendo la ayuda al desarrollo. La Ley de Cooperación, que impulsó el PP, recoge que el Consell debe destinar el 0,7% de los presupuestos a proyectos de cooperación. Según los datos de la coordinadora, este porcentaje no supera el 0,18% y el dinero destinado al programa de cooperación ha descendido desde 2008. Entonces, el total de convocatorias sumó 37,9 millones de euros. Las de este año alcanzan los 13,3 millones, de las que 7,6 corresponden a las subvenciones concedidas ayer. "Estas cifras confirman la tendencia a la baja de los últimos cuatro años y que representan un recorte del 56,29%".

www.elpais.es 15.04.11

EL FISCAL MANTIENE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AYUDAS DE BLASCO

Profesionales e industriales de Castellón en la fundación, bajo sospecha

La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta la investigación sobre las denuncias que afectan a la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía presentadas por las diputadas Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de la Coalició Compromís. El ministerio público tiene, como norma general, seis meses para investigar antes de presentar denuncia ante un juez, archivar el caso o solicitar una prórroga. La Fiscalía Anticorrupción dispone, en cambio, de un año, dada la complejidad que normalmente tienen los asuntos que trata. En el caso de las denuncias relacionadas con las subvenciones de la consejería de Rafael Blasco, señalan fuentes jurídicas, es muy probable que la investigación continúe aún varios meses más debido a la gran cantidad de datos que las diputadas entregaron a la fiscalía en octubre sobre las supuestas irregularidades.

El presidente de la entidad beneficiaria está condenado por apropiación indebida

El Síndic señala que 1,1 millones de las subvenciones no están acreditados

Ayer, Blasco trató de quitar importancia a las "incidencias significativas" detectadas por la Sindicatura de Comptes en dos subvenciones que su consejería concedió a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) para sendos proyectos de cooperación en Nicaragua. Las irregularidades sobre estas ayudas son una de las cuestiones sobre las que la Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco en la investigación en curso, unas irregularidades que fueron denunciadas por la socialista Clara Tirado.

Blasco indicó ayer que el informe de la Sindicatura no habla "ni de irregularidad ni de ilegalidad", a pesar de que admitió que todos los expedientes "son mejorables". El documento de la Sindicatura revela que la Fundación Cyes incumplió los requisitos establecidos para recibir ayudas a la cooperación internacional de la consejería. Ni tenía la experiencia exigida, ni concurrió junto a otra ONG.

La Fundación Cyes -que no tiene nada que ver con la constructora del mismo nombre- obtuvo en 2008 dos subvenciones del Consell de 833.000 euros cada una para proyectos de cooperación en Nicaragua. Con este dinero compró dos pisos en Valencia, situación que estaba prevista en los proyectos presentados y que decidió subvencionar la consejería. Cuando ya se había ingresado el dinero de las subvenciones a la fundación y esta había adquirido dos entresuelos con garaje en la avenida de Ausiàs March, en Valencia, como "oficina técnica", unos entresuelos a los que trasladó su sede, el departamento de Blasco pidió nuevas facturas que justificaran que el dinero se había destinado a un fin adecuado.

Sin embargo, la Sindicatura concluye que, tras rechazarse los justificantes de las compras de los pisos y aportarse los nuevos, la consejería no comprobó "si las facturas y justificantes que obran en el expediente corresponden a gastos necesarios para los fines de la subvención, ni si las obras, bienes o servicios que en ellos se reflejan han sido prestados efectivamente en el lugar que corresponde".

De todos estos reproches -"incidencias significativas" en la expresión de la Sindicatura- Blasco extrajo la conclusión de que "el informe avala toda la actuación de Solidaridad y Ciudadanía". Sin embargo, el informe es muy claro al indicar que considera que 1,1 millones de euros de los poco más de 1,6 millones que suponían las subvenciones, no están debidamente acreditados y los expedientes "deberían completarse para que consten acreditados los medios o formas de pago utilizados, por lo que la consejería debería dirigirse a la fundación beneficiaria con el fin de completar las justificaciones".

La Fundación Cyes está presidida por Marcial López López, que el pasado 21 de marzo fue condenado por apropiarse de 240.000 euros del Colegio de Enfermería de Castellón, en un episodio en el que estuvo involucrada también la fundación a finales de los años noventa. Junto a López, que posee una pequeña participación del 9,5% del capital, son socios de la Fundación Cyes, según los datos del registro, Vicente Francisco Gumbau Ortells, propietario de una empresa de artes gráficas, con el 38,1% del capital; José Vicente Martí Tarazona, ginecólogo, que dispone del 23,8%, Isabel Montesinos Escrig, con el 19%, y Vicente Garcés Barreda, dedicado a negocios de hostelería, con otro 9,52%.

La propia Sindicatura señala en su informe los límites de la revisión efectuada sobre las subvenciones a la Fundación Cyes, que no ha consistido en "una fiscalización de regularidad", más completa, y recuerda también que los dos expedientes revisados obran en poder la fiscalía.

Por otra parte, la diputada de Compromís Mònica Oltra criticó que la Mesa de las Cortes (ahora de la Diputación Permanente, al estar disuelta la Cámara) se negara a facilitar el informe de la Sindicatura de Comptes a su grupo.

www.elpais.es 14.04.11

LA COORDINADORA DE ONG PIDE UNA EVALUACIÓN EXTERNA SOBRE LAS AYUDAS DE BLASCO

El colectivo destaca las "irregularidades" detectadas por el Síndic de Comptes en las subvenciones a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales

La Coordinadora Valenciana de ONG (CVONGD) ha exigido "una evaluación externa e independiente" que fiscalice las ayudas a la cooperación concedidas por la Consejería de Solidaridad y Ciudadanaza a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) para la realización de diversos proyectos en Nicaragua. A través de un comunicado, la organización más representativa de la cooperación valenciana, se refiere al informe de la Sindicatura de Comptes sobre la concesión de estas ayudas, que fueron utilizadas en un principio para adquirir inmuebles, e insiste en que en él se ponen de relieve la existencia de "irregularidades" en el proceso de adjudicación de las ayudas.

La Sindicatura, en su opinión, "cuestiona la propia adjudicación de los proyectos en su fase de concurso", ya que la Fundación Cyes no cumplió con el requisito de presentar una "candidatura en red", tal y como exigen las bases de la convocatoria de grandes proyectos a la que optó en la consejería, dirigida por Rafael Blasco.

"Otra de las irregularidades detectadas en esta primera fase hace referencia al porcentaje del total de las ayudas de las partidas dedicadas a adquisición, construcción y reforma de inmuebles, ya que el 64% de estos gastos se iban a realizar en la Comunidad Valenciana lo que de nuevo incumple las bases de la convocatoria", advierten. La consejería, ya pagada la subvención, no aceptó las facturas de los inmuebles, pero no comprobó si los servicios que constaban en los justificantes que envió después la Fundación por valor de 1,1 millones de euros correspondían a servicios "efectivamente" realizados en el marco del proyecto, según la Sindicatura.

Así, sobre la justificación de los gastos, el informe, según destaca la Coordinadora, apunta que no se realizó una comprobación "in situ" que verificara que tales gastos se produjeron y que el proyecto cumplió con los objetivos que tenía previstos en su formulación, por lo que "sería conveniente una evaluación externa independiente".

La Coordinadora también resalta, aunque no aparece en el informe de la Sindicatura, que no se presentaron los movimientos y transacciones bancarias que deben acompañar las facturas para evidenciar los gastos producidos en el terreno, y añaden que eso también hace necesario auditar la cuenta del proyecto.

"Consideramos de suma importancia la realización de una evaluación externa e independiente que verifique el desarrollo de las labores que se debían haber llevado a cabo en Nicaragua; tanto por respeto a la población beneficiaria del proyecto como por criterios de transparencia y veracidad de las acciones de cooperación", sostienen.

Para el colectivo de ONG, "en proyectos de una magnitud económica como los aquí citados, que superan el millón de euros, una evaluación externa independiente debería ser imprescindible, tal y como se recoge en las bases". Este caso "revela" que la crisis que se atraviesa "no es solo económica, sino también de valores", por lo que pone de relieve "el compromiso y la experiencia de la mayoría de las ONGD con trayectoria", y hace un llamamiento a las administraciones públicas y a determinadas organizaciones para que recuerden "para qué y para quién trabajan".

www.elpais.es 14.04.11

LA FUNDACIÓN CYES LOGRÓ AYUDAS DE BLASCO SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS

La Sindicatura desvela que la ONG proyectó de inicio la compra de pisos

Las ayudas millonarias concedidas a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) por parte de la Consejería de Solidaridad, que dirige Rafael Blasco, estuvieron repletas de "incidencias significativas", según el informe especial realizado por la Sindicatura de Comptes a instancias del propio consejero afectado.

El análisis de la documentación realizado por la Sindicatura desvela que la fundación Cyes -no confundir con la constructora del mismo nombre- incumplió los requisitos fijados para obtener ayudas a la cooperación del departamento de Blasco. Cyes no solo carecía de la experiencia previa exigida, sino que tampoco concurrió en agrupación con otra o varias ONG.

Esta fundación logró en 2008 dos subvenciones del Consell, de 833.000 euros cada una, destinadas a sendos proyectos de cooperación en Nicaragua. Con este dinero la Fundación Cyes compró dos pisos con garaje en Valencia. A la hora de justificar con facturas las subvenciones, la consejería de Blasco detectó la grave irregularidad y pidió otros justificantes, que se entregaron casi año y medio más tarde. De esas facturas alternativas, 1,16 millones de euros no están adecuadamente acreditados, según el órgano auditor.

Sin embargo, Cyes no engañó a nadie. La Sindicatura de Comptes explica que, tanto en los proyectos presentados como en las facturas proforma, "consta expresamente que del total de la ayuda solicitada" más de la mitad iba destinada "a la adquisición de un inmueble sito en la ciudad de Valencia y destinado a servir de oficina técnica coordinadora de tareas relacionadas con ayudas solicitadas o a solicitar". En total, estaba previsto gastar en la compra de los pisos con garaje el 53,2% del presupuesto del primer proyecto presentado y el 52,5% del segundo.La fundación Cyes previó incluso destinar el 11% de la ayuda recibida de Blasco para su primer proyecto a la reforma de los pisos, según detalla la Sindicatura. Se trata de un ejemplo sangrante, ya que bajo el epígrafe Infraestructuras, construcción y reforma de inmuebles se presupuestaron 91.637 euros para reformar los pisos y 18.000 euros para la perforación de dos pozos de agua en Nicaragua. El órgano auditor también destaca la celeridad de la Consejería de Solidaridad para pagar la subvención "en su totalidad, de forma anticipada", antes incluso de que se reformulase el proyecto de Cyes ante el departamento que dirige Rafael Blasco.

La Sindicatura de Comptes advierte también de que, tras rechazarse los justificantes referidos a la compra de los inmuebles y presentarse otros distintos, no se ha podido comprobar "si las facturas y justificantes que obran en el expediente corresponden a gastos necesarios para los fines de la subvención, ni si las obras, bienes o servicios que en ellos se reflejan han sido prestados efectivamente en el lugar que corresponde".

El informe de la Sindicatura de Comptes relativo a la concesión de las ayudas del Consell a Cyes cuenta con un voto particular del síndico Antonio Mira-Perceval. Es la primera vez en toda su historia que en un informe de la Sindicatura se incluye un voto particular. En su razonamiento Mira-Perceval cree que el informe tendría que remarcar que "no existe constancia" de que la fundación Cyes haya pagado 1,16 millones cuyo gasto no se ha acreditado adecuadamente por lo que la consejería "debería haber iniciado el correspondiente expediente" para recuperar las subvenciones otorgadas a la ONG.

El voto particular también discrepa del alcance de la fiscalización -considera que hubiese sido necesario realizar trabajo de campo en Nicaragua para comprobar la veracidad de lo declarado- y alerta sobre el elevado gasto de asesoramiento (416.000) euros en comparación con el coste de los proyectos. En su escrito, el síndico discrepante advierte de que las facturas emitidas por servicios de asesoramiento se realizan con posterioridad al inicio de los proyectos, en unos casos. En otros son emitidas por una empresa en la que figuran personas que estuvieron en nómina de la fundación Cyes durante la fecha de emisión de la factura.

Ante la contundencia del informe de la Sindicatura, que deja entrever que una auditoría de mayor profundidad podría sacar nuevas conclusiones, el departamento que dirige el consejero Rafael Blasco insistió en mantener el discurso de la conspiración. La Consejería de Solidaridad acusó a los socialistas de orquestar una campaña contra la cooperación valenciana. Para el Consell, del informe de la Sindicatura "puede concluirse que los gastos subvencionados, además de estar válidamente acreditados, han cumplido con el objetivo de los proyectos para los que están destinados".

Lo que dice la Sindicatura y lo que arguye la consejería

- Compra de pisos. La Sindicatura indica que en los expedientes de Cyes constaba expresamente que más de la mitad de las ayudas se gastarían en comprar inmuebles en Valencia. 443.470 euros del primer proyecto (53,2%) y 437.658

(52,5%) del segundo. Otros 91.637 euros (11%) del primer proyecto se destinaban a reformar los pisos.

- Cambio de justificantes. En la fase de justificación la consejería rechazó los justificantes de los inmuebles y admitió otras facturas, aunque no comprobó si estas correspondían "a gastos necesarios para los fines de la subvención"

- Dinero a tocateja. El Consell pagó las subvenciones de manera anticipada el 11/9/2008 sin que Cyes hubiese reformulado sus proyectos hasta el 30/10/2008.

- Interpretación errónea. El consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, en octubre de 2010, afirmó: "Nadie podrá demostrar que las subvenciones han servido para comprar locales y garajes". La consejería insistió ayer en acusar al PSPV de interpretar de manera "errónea e interesada" el informe de la Sindicatura.

- Correcta gestión. La Sindicatura afirma que 1,1 millones de subvenciones a Cyes no están adecuadamente justificados. Pese a ello, la Consejería de Solidaridad interpreta que el informe "reconoce la correcta gestión" de las ayudas.

- Cobertura legal. La consejería que dirige Blasco solo arguye que tiene cobertura legal para pagar por anticipado las subvenciones a la cooperación.

www.elpais.es 13.04.11

El Síndic detecta 1,1 millones sin acreditar en las ayudas de Blasco

El informe apunta que no se comprobó si los servicios se han prestado

Pocas veces un informe a petición de parte habrá resultado tan poco favorable a quien lo ha solicitado. El informe especial sobre dos polémicas subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) fue reclamado por las Cortes Valencianas a la Sindicatura de Comptes a iniciativa del portavoz popular y consejero del departamento afectado, Rafael Blasco. Ayer fue entregado a la Cámara, y revela numerosas deficiencias e irregularidades en los expedientes. Entre ellas, de acuerdo con la información difundida por Europa Press, destacan la falta de acreditación de 1.168.281 euros en justificantes aceptados por la consejería de Blasco, y el hecho de que no se ha comprobado si las facturas corresponden a servicios que se han prestado "efectivamente" en el lugar que corresponde.

· Las ayudas otorgadas en 2008, de 833.000 euros cada una, iban destinadas a proyectos de cooperación en Nicaragua, pero con ellas la Fundación Cyes adquirió sendos entresuelos con garaje en Valencia al poco de cobrar el importe, como denunció la diputada socialista Clara Tirado ante la Fiscalía Anticorrupción, que mantiene abierta una investigación al respecto.

El departamento de Blasco, que no reclamó la devolución del dinero gastado indebidamente, asegura que exigió a la entidad otro tipo de justificantes entre finales de 2009 y marzo de 2010 y que esta los aportó. La Sindicatura, a la que Blasco propuso que fiscalizara los expedientes con la intención de ver refrendada su gestión, asegura en cambio que la adquisición y reforma de los inmuebles estaban incluidas en los proyectos aprobados y añade que, una vez los pisos ya se habían adquirido, la consejería "rechazó debidamente los justificantes", pero advierte que, tras la aceptación de nuevas facturas, no han quedado debidamente justificadas las subvenciones.Al analizar el expediente de las subvenciones, la Sindicatura de Comptes detalla que, aun después de haberse reclamado a la Fundación Cyes una reformulación de sus proyectos iniciales, con una reducción del importe subvencionable, estos incluían un apartado para adquisición de inmuebles. Este apartado representaba el 53% en un proyecto y el 52% en el otro de toda la subvención, a lo que hay que sumar otro 11% destinado a su reforma. Lo que quiere decir que hasta un 64% del importe era para los pisos.

"La consejería debería dirigirse a la fundación beneficiaria con el fin de completar la justificación de estas subvenciones", señala la Sindicatura. Y añade, según Europa Press, que no se ha realizado por parte del departamento que dirige Rafael Blasco una comprobación in situ de la realización de las obras, servicios y actividades subvencionadas.

Los proyectos se referían a la perforación de dos pozos, en un caso, y la mejora de cultivos, en el otro, ambos en el municipio nicaragüense de Totogalpa. Por no comprobar, como explica la Sindicatura, no se han revisado certificados ni informes de ejecución "que obran en el expediente" ni se han practicado comprobaciones en la contabilidad de las entidades beneficiarias, a fin de certificar que los gastos se correspondían con trabajos previstos en los proyectos de cooperación al desarrollo que habían sido subvencionados.

Un mejor control

El informe de la Sindicatura de Comptes, que ya advierte de irregularidades en la misma concesión de las ayudas cuando señala que en el expediente no existe documentación justificativa del cumplimiento por la Fundación Cyes de "los requisitos de experiencia previa exigidos", insiste en que, tras la aceptación de justificantes y facturas por conceptos diferentes a la adquisición de los dos pisos en Valencia, dada la cuantía de los gastos de asistencia técnica y seguimiento de los proyectos, "hubiera sido más adecuado para un control más eficaz que se ampliara el detalle y características de los trabajos técnicos realizados".

La Sindicatura recomienda en su informe una "mayor concreción" en los informes técnicos externos y en los expedientes y aconseja "para un mejor control", que en casos como el de la Fundación Cyes el pago de las subvenciones se realice posteriormente, y no como hizo la consejería, que anticipó todo el dinero a la entidad beneficiaria un mes antes de que presentara la primera reformulación del proyecto.

Luna afirma que Blasco "colaboró" con las irregularidades de las subvenciones

Los socialistas destacan que el informe del Síndic de Comptes considera que la consejería no comprobó los servicios prestados con las ayudas

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Ángel Luna, considera que el informe de la Sindicatura de Comptes sobre dos expedientes de ayudas de la Consejería de Solidaridad y Ciudadana a la ONG Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes), realizado a petición de las Cortes, pone de manifiesto que el titular de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, "ha mentido" y "ha colaborado de manera clara con las operaciones que hubo detrás de la Fundación Cyes".

Informe del Síndic de Comptes

DOCUMENTO (PDF - 1,9Mb) - 12-04-2011

Esa ONG recibió en 2008 dos subvenciones para proyectos en Nicaragua, de 833.000 euros cada una, con las que la fundación compró sendos entresuelos con garaje en Valencia, como denunciaron los socialistas a la Fiscalía Anticorrupción. La consejería, ya pagada la ayuda, rechazó "debidamente" la compra de los inmuebles, como afirma el informe del Síndic, pero no comprobó si las nuevas facturas por importe de 1,1 millones de euros correspondían a servicios "efectivamente" prestados al pueblo de Nicaragua objeto de las ayudas.

Luna ha comparecido acompañado de la portavoz adjunta del Comité Electoral Nacional del PSPV, Clara Tirado para analizar el informe. Blasco ha anunciado querellas contra ambos por denunciar las supuestas irregularidades. Según el portavoz socialista, el Síndic "confirma todas y cada una de las acusaciones que los socialistas, especialmente Clara Tirado", han hecho en las Cortes. Asimismo, ha recordado que Blasco "dijo que se iría a casa si hubiera habido irregularidades".

Al respecto, ha señalado que el escrito del Síndic pone de manifiesto que "las ha habido de todos los colores, desde el principio desde el procedimiento, hasta el final", por lo que le ha preguntado si "mantiene lo que dijo o no", es decir, "si se va o no se va". Luna también ha preguntado al consejero de Solidaridad "para quién eran los pisos que se compraron con dinero de las dos subvenciones". ¿Qué trama o que pseudopartido político iba a tener su sede en estos dos pisos?", le ha interrogado el portavoz socialista en relación con una anotación de la trama Gürtel que revela el supuesto interés del PP valenciano en crear una formación política que restara votos al PSPV-PSOE.

Sobre este asunto, ha manifestado: "estamos acostumbrados a las dos cosas viniendo de la consejería de Blasco: tramas en torno a las subvenciones públicas y partidos políticos para confundir al electorado". Del mismo modo, se ha preguntado: "¿Dónde están los de Cyes, que no salen a dar la cara y a decir éstas son mis cuentas?". Y se ha contestado: "Ni están ni se les espera". Asimismo, ha señalado que "a la vista de que no se han justificado 1.100.000 euros, habrá que declararlo". La consejería "no ha hecho "nada", solo "tratar de confundir como siempre".

En cuanto a los pisos, el "objeto del problema", el dirigente socialista ha indicado que, según el escrito del Síndic, "estaban contemplados desde el principio en la solicitud del proyecto y seguían contemplados en la reformulación del proyecto que se hizo el 30 de octubre de 2008". Asimismo, ha señalado que los justificantes admitidos por Blasco como sustitutivos del importe de los pisos "son en realidad, como dice el informe, aportaciones locales de los socios nicaraguenses del proyecto, nunca aportaciones o facturas que puedan justificar el dinero recibido de las subvenciones".

En este sentido, ha señalado que es "imposible que ese 1.100.000 euros que acreditaron con este tipo de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalentes sea dinero que han recibido de las fundaciones que han empleado en algo relativo a la operación". Por el contrario, Solidaridad y Ciudadanía defiende que el informe de la Sindicatura de Comptes "avala" su actuación y desmonta la campaña de "manipulación" desarrollada por el PSPV-PSOE.

Según la consejería, el informe no revela "irregularidad alguna en la concesión de ayudas a la cooperación". No obstante, se compromete a tomar nota de las recomendaciones de la Sindicatura para "fortalecer y garantizar" el control sobre los expedientes de las subvenciones y asegura que las incorporará a los procesos de concesión de ayudas.

www.elpais.es 12.04.11

BLASCO PRESUPUESTA MUCHO Y GASTA POCO EN COOPERACIÓN

Los recortes y la baja ejecución impiden llegar al objetivo

La imagen es lo que importa. El consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, presume de ser uno los que mayores partidas de dinero destina proyectos solidarios en toda España. Lo que omite su departamento es que es uno de los que menos gasta.

Solidaridad gastó en 2009 el 40% de lo consignado para ayuda al desarrollo

Según el informe del Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) de 2011, la Comunidad Valenciana es la que más gastará este año en cooperación, tan solo por detrás de Andalucía. Los más de 94 millones de euros consignados por el Consell colocan a la Generalitat en segundo lugar de todos los gobiernos autonómicos, a mucha distancia de Cataluña, que ocupa el tercer lugar con menos de 55 millones consignados este año.

El departamento que dirige Rafael Blasco presume de haber adaptado la ayuda oficial al desarrollo "a la situación actual, con unos presupuestos reales, solidarios y austeros pero sin olvidar el compromiso alcanzado para erradicar la pobreza".

"Somos la primera comunidad que más fondos va a destinar el presente año a los proyectos de cooperación al desarrollo", sentencian.

Sin embargo, una cosa es prometer y otra dar trigo. El documento que evalúa el PACI de 2009 reveló que la Generalitat que tenía una previsión de ayuda oficial al desarrollo de 98,6 millones de euros sólo se gastó 39,7%, una cifra muy alejada de la media de las comunidades autónomas (que se situó muy cerca del 80%) y del 97,6% del Gobierno de España.

El análisis de las cifras reales de gasto -el presupuesto ejecutado, no el inicial- reveló que el Consell destinó a la cooperación al desarrollo un porcentaje del 0,27%, muy lejos del 0,7% que viene publicitando desde hace años. Pese a ello el 0,27% estaba dos décimas por encima de la media de las comunidades autónomas.

Respecto al año pasado, la liquidación provisional de las cuentas todavía esta pendiente de conocerse, aunque las modificaciones de crédito publicadas reciente en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) permiten asegurar que la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía gastó bastante menos de lo presupuestado.

Es lo que se desprende de los cambios en el presupuesto aprobados en octubre pasado y dados a conocer esta última semana. Así, una cantidad superior a los cuatro millones de euros destinados a subvencionar Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otra cifra cercana a 1,5 millones destinados a financiar programas de cooperación al desarrollo se retiraron del presupuesto de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía para atender el retraso en las ayudas a los dependientes y sus familiares.

La política de cooperación está inmersa en un rosario de polémicas, que incluye irregularidades en las subvenciones otorgadas por la consejería, patrocinios de dudosa rentabilidad y contrataciones discutidas por parte de los grupos de la oposición. Tanto los socialistas como el grupo parlamentario de Compromís han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción distintas subvenciones aprobadas por la consejería que dirige el también portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco.

www.elpais.es 13.03.11

EL JEFE DE COOPERACIÓN NAVEGA EN EL BARCO QUE SUBVENCIONA BLASCO

Marc Llinares participó en una regata días antes de que se publicara el caso

El jefe del área de Cooperación de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, Marc Llinares, navega en el barco que subvenciona el departamento del que forma parte, encabezado por Rafael Blasco. Lo hacía, por lo menos, antes de que EL PAÍS publicara que Blasco subvenciona el barco de un amigo de Llinares, el pasado día 6 de marzo. Como recogen las imágenes descargadas de la página web del Club Náutico de Dénia, el jefe del área de Cooperación, amigo del propietario del barco, José Luis Maldonado, formaba parte de la tripulación del velero que, con el nombre de Solidària, la marca de la Generalitat destinada a la divulgación de las actividades de ayuda al desarrollo, participó en la regata de la cuarta manga del Trofeo Invierno, el último fin de semana de febrero.

La presencia de ambos cuestiona que la consejería no supiera nada

El hecho contrasta con las afirmaciones de Maldonado, impulsor de la entidad Punto Cero Solidario, a través de la cual recibirá subvenciones el barco en 2011, que asumió inicialmente toda la responsabilidad por haber usado la marca Solidària en su barco desde el pasado año 2010 en diversas competiciones e, incluso, para la firma de convenios con clubes náuticos y patrocinadores sin contar con ningún acuerdo oficial con el departamento de Blasco. "La aparición de la campaña Solidària en el barco", señaló entonces Maldonado, "se ha utilizado de manera puntual a modo de tanteo y estudio, no teniendo la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía ninguna responsabilidad y/o participación en dichas acciones".

Maldonado es amigo de Llinares, a quien vendió un motovelero en 2009 y cuya esposa le sucedió como administradora de la empresa Eurodomótica en 2005 antes de disolverla. La presencia de ambos en la tripulación del barco en aguas de Dénia cuestiona la explicación de que la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía no tenía nada que ver con el uso de la marca Solidària en el barco de Maldonado.

Tras estallar el escándalo, la consejería de Blasco asumió que el barco, que participa en regatas de la clase cruceros R-1 y cuyo nombre real es Jazztevale, recibirá la subvención pese a haber utilizado el nombre de Solidària sin convenio alguno. Es más, Punto Cero Solidario, entidad de reciente creación que cuenta con una subvención directa este año de 97.000 euros, acabará teniendo alguna participación en las actividades de la mencionada campaña de sensibilización.

www.elpais.es 17.03.11

BLASCO LANZA UNA CAMPAÑA EN MEDIO DE NUEVOS ESCÁNDALOS DE COOPERACIÓN

El consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, presentó ayer Solidària, una campaña de difusión de la cooperación valenciana, en medio de nuevos escándalos sobre su gestión. Uno de ellos está, precisamente, relacionado con esta campaña, ya que el barco de un amigo del jefe de área de Cooperación, Marc Llinares, ha venido utilizando la marca Solidària sin convenio alguno y, ahora, en los presupuestos de la Generalitat de 2011 la asociación Punto Cero Solidario, creada por su propietario, José Luis Maldonado, recibe una subvención de 97.000 euros. Pese a que inicialmente reconoció el "grave error" de haber utilizado la marca sin permiso, Maldonado sacó pecho ayer y, en un comunicado de su asociación, anunció que participará en la campaña de la consejería de Blasco dada la "repercusión mediática" de las iniciativas del equipo de regatas que lidera.

Sin embargo, una de las iniciativas citadas por Maldonado, su supuesta colaboración con la Fundación Cuadernos Rubio, nada tiene que ver con un éxito. "El señor Maldonado, si bien es verdad que fue director deportivo de un equipo de regatas contratado por la empresa Cuadernos Rubio, se desvinculó anticipadamente debido, entre muchas cosas, a que sus principios éticos no se corresponden con los que han sido tradicionales en mi empresa", explicó a EL PAÍS Enrique Rubio Polo, que negó cualquier relación de Maldonado con la Fundación Cuadernos Rubio.

El otro escándalo tiene que ver con la empresa Expande, SL, elegida por la consejería como evaluadora de los proyectos presentados a la convocatoria de subvenciones de Cooperación Internacional al Desarrollo. Ayer, la Coordinadora Valenciana de ONGD señaló en una nota de prensa su "inquietud" por la selección de esta empresa "por su reciente creación (mayo de 2010)" y por "el desconocimiento que tenemos en el sector de su experiencia y capacidad para llevar a cabo este proceso de evaluación".

Además, "nos preocupan los antecedentes de los componentes de la empresa en cuanto a su relación con la consejería". Expande comparte domicilio social con la firma Entornos Naturales y Rutas Consolidadas, una sociedad de la que es socio Luis Castel Aznar. Esta misma persona era el administrador de Caaz, SL, la empresa que hasta el año pasado evaluaba los proyectos de las ONG.

La consultora Caaz ha resultado adjudicataria de distintos trabajos en las consejerías de Territorio, Sanidad y Solidaridad y Ciudadanía cuando Blasco ocupó la dirección de estos departamentos. Ante estas coincidencias, la coordinadora manifestó su deseo de que "sea aclarada la situación" y expresó "preocupación y descontento".

Solidària visitará desde marzo un centenar de municipios a través de conciertos, convivencias, exposiciones y otros actos.

www.elpais.es 08.03.11

BLASCO ADJUDICÓ LA EVALUACIÓN DE LAS ONG A UNA FIRMA A LA QUE HA DADO CONTRATOS DESDE 2003

El conseller, cuando presidía la firma pública Vaersa, montó con Caaz SL una empresa mixta para impulsar una incineradora en Castelló - Su administrador, Luis Castel Aznar, también está detrás de Expande SL, la consultora que realiza ahora los estudios de cooperación para Solidaridad

Caaz SL, la empresa que hasta el pasado año estuvo evaluando todos los proyectos de cooperación al desarrollo de la Conselleria de Solidaridad, ha estado vinculada a todas las carteras que Rafael Blasco ha gestionado desde 2003, obteniendo contratos por valor de unos dos millones de euros. De hecho, llegó a formar parte de la empresa mixta que Blasco impulsó desde Territorio en 2005 para construir una incineradora en Vall d´Alba y de la que nada se sabe. El pasado año, Caaz SL fue liquidada con una deuda de 200.000 euros pero su administrador, Luis Castel Aznar, está detrás de la consultora que el pasado mes de enero recibió un nuevo contrato de Solidaridad para realizar los informes técnicos de las ayudas a cooperación.

Así, la extinta empresa de consultoría Caaz SL ha ligado el motivo de sus informes técnicos a las conselleries por donde Rafael Blasco ha pasado. Creada diez días antes de que el actual conseller de Solidaridad tomara posesión en Territorio el 20 de junio de 2003, se especializó en campos tan diversos como la gestión de residuos, la evaluación de parking de hospitales o la cooperación internacional. El primer contrato que recibió de Blasco fue la puesta en marcha de la oficina del Ivvsa en Alicante, por 835.474 euros en octubre de 2004.
En 2005, Blasco, como presidente de la empresa pública Vaersa, impulsó junto a Caaz y Lubasa la firma Técnicas y Tratamientos Energéticos de Residuos SA. Caaz solo tenía el 1% de participación pero recibió el contrato para realizar el proyecto de la incineradora de Vall d´Alba por 870.000 euros, según su página web. La mayoría de los seis millones de euros para este proyecto los puso Vaersa, que tenía el 69% de la empresa. Nada se ha vuelto a saber de esta planta de tratamiento de residuos.

En mayo 2006, Blasco llegó a la Conselleria de Sanidad y en enero de 2007 Caaz recibió dos proyectos privados para la asistencia técnica en el concursos de aparcamientos de los hospitales Doctor Peset, Virgen de los Lirios y General de Alicante por 174.000 euros. El mismo día consiguió un contrato para la asistencia técnica del Hospital de Llíria por 34.800 euros.

Ya con Blasco en la Conselleria de Solidaridad recibió en abril de 2008 la evaluación de todos los proyectos de cooperación al desarrollo por 90.000 euros y con vigencia para dos años. De hecho, es quien dio informes positivos de los proyectos de la red de ONG. Además, Caaz es la firma que realiza un informe a la Fiscalía Anticorrupción para exonerar a Blasco y su conselleria de las irregularidades denunciadas por el PSPV.

El 2 de julio de 2010 Caaz SL es disuelta por su administrador Luis Castel Aznar. Dos meses antes había nacido Expande SL, una firma vinculada a Castel Aznar y que el pasado mes de enero consiguió ganar el nuevo concurso para la evaluación de proyectos que antes realizaba Caaz. Castel Aznar es socio de la firma Entornos Naturales y Rutas Consolidadas que comparte domicilio social con Expande en la Plaza Bandas de Música de la Comunitat Valenciana número 7 puerta 61. Además, es el propietario del dominio de la página web www.expandesl.com.

Por su parte, la administradora de Expande SL, Concepción Sanchis Escudero, no quiso explicar a este periódico la experiencia en cooperación de su firma, creada hace seis meses, y que será la que evalúe la calidad de los proyectos para que reciban subvenciones de Blasco.

Caaz y sus vínculos con el urbanismo de Llíria

En la actualidad, el exadministrador de la extinta Caaz SL, Luis Castel Aznar, es consejero de la empresa Entornos Naturales y Rutas Consolidadas, que preside la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Llíria, Remedios Mazzolari. Esta mercantil, creada en noviembre de 2008, esta registrada en la plaza Bandas de Música número 7 puerta 62 de Valencia, la misma dirección que la firma Expande SL, que evalúa los proyectos de cooperación para la conselleria de Solidaridad.

Pero ésta, no es la única relación que Castel Aznar ha tenido con el municipio de Llíria. De hecho, diez meses antes de constituir la empresa con la concejala de Urbanismo de Llíria, el consistorio edetano le adjudicó la elaboración del Plan Acústico Municipal por 28.353 euros. Un año antes, Caaz ya había trabajado en el municipio, concretamente en en una asistencia técnica en el Hospital de Llíria. En aquella ocasión recibió 34.800 euros por los trabajos realizados, aunque no para el consistorio.

El objeto social de la empresa que comparten Castel Aznar y Mazzolari consiste en el inventario y puesta en valor de los recursos turisticos y patrimonio, la elaboración de estudios de desarrollo turístico sostenible y la elaboración de planes de dinamización. De esta manera, el exdaministrador de Caaz se adentra en el turismo. s. pitarch valencia

www.elpais.es 07.03.11

BLASCO SUBVENCIONA EL BARCO DE UN AMIGO DEL JEFE DE COOPERACIÓN

El propietario vendió un velero a Marc Llinares y traspasó una empresa a su esposa

Desde el año pasado navega por el Mediterráneo un barco bajo el pabellón de la marca Solidària, proyecto de "sensibilización y educación para el desarrollo" de la Generalitat, cuyas acciones tiene previsto presentar mañana el consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco. El barco tiene su base en Dénia y alcanzó en octubre el subcampeonato de España de la clase cruceros R-1. Su propietario, José Luis Maldonado Dasit, conocido en el mundo de la vela, es el impulsor de Punto Cero Solidario, una asociación recién creada que ha recibido en los presupuestos de la consejería de Blasco para 2011 un total de 97.000 euros dentro de las líneas nominativas o subvenciones directas para "acciones institucionales de cooperación internacional al desarrollo". Punto Cero Solidario ha puesto en marcha una web que recoge noticias relacionadas con la cooperación y ha lanzado el "equipo de regatas Solidària", que el pasado febrero firmó, "dentro del proyecto integral de sensibilización" de la Comunidad Valenciana, un acuerdo con la firma Cartier y el Club Náutico de Dénia para promover los valores solidarios. Un protocolo que ha repetido con otros clubes.

"Ha sido un error grave usar la marca Solidària", reconoce el navegante

El nombre real del barco es Jazztevale, y con esa denominación compitió anteriormente en diversas pruebas náuticas. Su propietario es José Luis Maldonado, que colgó en su momento anuncios en Internet buscando patrocinadores por 30.000 euros. Maldonado es amigo de Marc Llinares, jefe de área de Cooperación en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, de la que procede la subvención nominativa. Además de ser ambos amigos y socios del náutico de Dénia, Llinares compró, en agosto de 2009, un motovelero de 11,7 metros de eslora llamado Todo el Tiempo a la empresa de Maldonado Dasit Ramos, SL, que patrocina el barco. Por otra parte, la esposa de Llinares, Flor Vacas Gajate, dedicada a la pediatría, sucedió en julio de 2005 a Maldonado y a Juan Pineda Mut como administradora de la empresa Eurodomótica, SL, que acabaría liquidando en 2007.

Maldonado asumió el viernes la responsabilidad de haber utilizado la marca de la Generalitat sin soporte de convenio alguno. "La aparición de la campaña Solidària en el barco se ha utilizado de manera puntual a modo de tanteo y estudio, no teniendo la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía ninguna responsabilidad y/o participación en dichas acciones", señaló en un comunicado la asociación Punto Solidario tras ser avisada por el departamento de Blasco. Maldonado explicó personalmente a este diario que hace tiempo que impulsa iniciativas solidarias dentro del ámbito de la vela con entidades como la Fundación Cuadernos Rubio y otras. En algunas ocasiones ha promovido la participación de niños discapacitados. "Ha sido un error grave usar la marca Solidària", reconoció, para puntualizar: "En ningún momento he utilizado el logotipo de la Generalitat". "Punto Cero Solidario no ha hecho mención alguna de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía como patrocinador del barco en ninguna de sus notas de prensa ni en ningún otro medio, proyecto o campaña", señalaba el comunicado. El navegante dijo que sustituirá la marca Solidària en el barco por el logotipo de Punto Cero Solidario, una asociación cuyo domicilio coincide, en el número 49 de la calle de Salamanca, en Valencia, con el de la empresa Dasit Ramos.

Por su parte, un portavoz de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía asumió que el departamento de Blasco tiene previsto firmar un convenio para que la asociación que promueve el barco participe oficialmente en la campaña Solidària.

Una plaza de confianza

El pasado mes de octubre, la Generalitat sacó a concurso, por el procedimiento de libre designación, la plaza de jefe de área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad. Justo en esos momentos estallaba el escándalo por las subvenciones a proyectos en Nicaragua que sirvieron supuestamente para adquirir dos entresuelos en Valencia y por la trama de fundaciones para captar fondos de las ayudas de cooperación, dos asuntos que investiga el fiscal anticorrupción.

La plaza fue ganada el pasado mes de enero por su ocupante, Marc Llinares, funcionario de carrera y hombre de la absoluta confianza del consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco. Llinares aterrizó en 2008 en el departamento para sustituir a Sergio Aguado como jefe de área tras la dimisión de la entonces directora general de Cooperación, Carmen Dolz, y parte de su equipo, con los expedientes de las polémicas subvenciones como trasfondo.

Llinares ya había estado en el equipo de Blasco en otro departamento, el de Sanidad, donde se hizo cargo en octubre de 2006 del área de informática cuando el consejero tuvo una bronca con el anterior responsable del área por la adjudicación de un contrato de 3 millones de euros.

www.elpais.es 06.03.11

BIENESTAR SOCIAL DENUNCIA A UN CARGO AFÍN A BLASCO POR IRREGULARIDADES CONTABLES

El exdirector del Ivadis dice «desconocer» las acusaciones y alega que su gestión ha sido «correcta»

La conselleria de Bienestar Social ha denunciado al exadministrador del Instituto Valenciano de Discapacidad (IVADIS), José María Vicent Sarrión, al detectar «irregularidades contables» en su gestión. Fuentes de la conselleria afirman que están tratando esta cuestión «con cautela» ya que, según sostienen, «son parte implicada (como denunciantes) en un proceso judicial». «Está en manos de la justicia y debe seguir su proceso», justifican.
Según reconocen desde la institución que dirige Angélica Such, «al fiscalizar las actividades que se realizan desde la entidad, se detectaron diversas irregularidades contables, de carácter significativo, y se puso en conocimiento de la fiscalía de manera inmediata, como es nuestra obligación». La conselleria sostiene que el exadministrador renunció a su puesto de trabajo tras haberse interpuesto contra él una denuncia. Jose María Vicent Sarrión está muy vinculado a la familia del conseller Rafael Blasco ya que hasta hace unos meses era el secretario general del PSD de la C. Valenciana, un partido que reúne a los seguidores del conseller de Solidaridad y Ciudadanía. De hecho, una sobrina del conseller, Gisela Blasco, preside la agrupación del PSD de Alzira, localidad en la que hasta hace apenas dos semanas residía Vicent.

«No sé nada de denuncias»

La denuncia interpuesta por Bienestar Social contra su exdirector le ha pillado por «sorpresa» según afirmó ayer Jose María Vicent a Levante-EMV. «Desconozco la denuncia, las acciones que ha emprendido mi anterior empresa, no sé nada de lo que han hecho, yo no tengo ninguna notificación a este respecto», según se apresuró a señalar.
Sin embargo, si contradijo la versión de la institución ya que señaló que no se marchó por ninguna denuncia, ni reconoció tener constancia de ella, «sólo me fui por motivos personales, por ninguna otra razón».

Según afirmó, su decisión fue «voluntaria» y respondía a la intención de cambiar su puesto de trabajo ante una nueva oferta laboral. Precisamente, según expuso, se encuentra sumergido en un proceso de formación para ocupar un nuevo puesto de trabajo. Sobre los rumores que se han extendido en la localidad de Alzira (la Ribera) —su lugar de residencia hasta ahora— sobre su posible desaparición o marcha al extranjero, Vicent indicó que se encuentra en Valencia por motivos de trabajo y no regresará a Alzira ya que espera un nuevo destino laboral.
Vicent se mostró «tranquilo» ante la situación, ya que insistió en «desconocer» las acciones de la conselleria y de hecho, apuntó que se encontraba con su familia de compras en Valencia, ajeno a la repercusión social y mediática que ha desatado la denuncia de Bienestar Social contra él por las supuestas irregularidades contables.

Sobre su futuro laboral, señala que se encuentra fuera de España su nuevo destino, aunque descartó concretar algún dato más a este respecto.

Vicent se aparta de la cantera blasquista

A finales de 2010, José María Vicent Sarrión salió de escena. Se dio de baja como secretario general del PSD en Alzira «por motivos personales», según asegura la presidenta de la agrupación local y regidora en el Ayuntamiento de Alzira, Gisela Blasco (sobrina del conseller Rafael Blasco); y abandonó también la falla Caputxins, tradicional cantera blasquista, tras dos ejercicios como presidente. Vicent justificó su marcha por una oferta laboral que le exigía un periodo de formación en el extranjero. Gisela Blasco declaró ayer que comenzaba a «atar cabos» tras conocer la información acerca de su destitución al frente del Ivadis. Blasco reconoció ayer que Vicent ha sido miembro activo de l PSD en Alzira: «La legislatura pasada iba en nuestras listas y ha ejercido como secretario de la ejecutiva local durante un año», concreta. Sin embargo, a mediados del pasado mes de diciembre «se dio de baja porque se iba a trabajar fuera», asegura Bernardo Parra, regidor del PSD. Sorprende, también que Vicent, cuya trayectoria profesional está ligada a la familia Blasco abandone la presidencia de la falla Caputxins justo en el año en que la hija y la nieta del conseller Rafael Blasco y de Consuelo Císcar han sido designadas falleras mayores. Vicent ha estado siempre vinculado a esta falla.

www.levante-emv.com 20.02.11.

EL DINERO DE LAS DONACIONES VA A UNA OFICINA TÉCNICA EN HAITÍ

Las donaciones de ciudadanos, entidades y empresas para la ayuda humanitaria a Haití tras el terremoto de hace un año, que la Generalitat transfirió a la Fundación Hemisferio (antigua Fundación Entre Pueblos), se destinan a una oficina técnica en el país. Así lo explicó ayer la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige Rafael Blasco, después de que la diputada de Compromís Mireia Mollà revelara que la transferencia de los fondos se aprobó el 27 de agosto del año pasado.

Así, los 177.779 euros se destinan a una oficina que "realizará los trabajos técnicos para la preparación, ejecución, dirección y gestión" del proyecto de un hospital en Haití. La Fundación Hemisferio, que es investigada por la Fiscalía Anticorrupción como parte de una supuesta trama de desvío de fondos de cooperación, fue encargada directamente del proyecto del hospital, aunque Blasco dio marcha atrás y anunció un concurso público tras estallar el escándalo de las subvenciones. Según la consejería, el proyecto del hospital tiene un presupuesto de 7,6 millones de euros. Hasta ahora se había hablado de cuatro millones.

www.elpais.es 12.01.11

BLASCO PASÓ 177.000 EUROS PARA HAITÍ A LA FUNDACIÓN QUE INVESTIGA EL FISCAL

Mollà pide que la Mesa de la Cortes, que donó 40.000 euros, se persone en el caso

Las donaciones voluntarias de ciudadanos, instituciones y empresas para la ayuda humanitaria a Haití tras el terremoto que destruyó aquel país hace justo un año están en manos de la Fundación Hemisferio de la Comunidad Valenciana, que el fiscal anticorrupción investiga como supuesta pieza central de una trama de captación de subvenciones de la Generalitat en materia de cooperación. La diputada Mireia Mollà, de Compromís, dio a conocer ayer una modificación del presupuesto de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige Rafael Blasco, aprobada el 27 de agosto de 2010 pero publicada en el Diari Oficial de la Comunidad Valenciana el pasado 5 de enero, en la que se decide entregar, como "subvención nominativa", los 177.779 euros recaudados en dos cuentas corrientes abiertas tras la catástrofe a la entonces denominada Fundación Solidaria Entre Pueblos (tuvo que cambiar de nombre hace unos meses por sentencia judicial).

La justificación del Consell para entregar el dinero procedente de la solidaridad ciudadana consiste en "la finalidad de financiar trabajos para la realización del programa de reconstrucción en Haití", una iniciativa acordada por el Comité Permanente de Acción Humanitaria y de Emergencia de la Comunidad Valenciana (CAHE) el 3 de febrero. Sin embargo, como recordó ayer Mireia Mollà, la actuación concreta en Haití surgió de la visita que representantes de la consejería de Blasco realizaron en agosto a Haití, en la que estuvieron acompañados, como representante de la fundación, por Joaquín Blasco, miembro de una de las empresas de la trama investigada por el fiscal porque facturó a algunas de las ONG implicadas. El departamento de Solidaridad y Ciudadanía concluyó que la ayuda valenciana a Haití se concretaría en la construcción de un hospital, con un presupuesto de 3,8 millones de euros, cuya gestión se encargó directamente a la mencionada fundación. Cuando el 3 de septiembre volvió a reunirse el CAHE, los responsables de la consejería de Blasco plantearon que el dinero de las donaciones ciudadanas fuese transferido a la entonces denominada Fundación Entre Pueblos, lo que suscitó reparos en el seno del Comité.

Al estallar el escándalo de las irregularidades en las subvenciones de cooperación, el consejero de Solidaridad y Ciudadanía anunció que la construcción del futuro hospital se otorgaría por concurso público, pero el dinero para los "trabajos previos", como ahora se ha comprobado, ya había sido transferido a las cuentas de la polémica fundación.

Dado que la Mesa de las Cortes fue una de las entidades donantes, ya que aportó 40.000 euros para la ayuda humanitaria en Haití, la diputada Mollà reclamó que se persone en la investigación de la fiscalía anticorrupción o que lo haga como acusación particular "cuando se abra el procedimiento judicial que Compromís no tiene duda alguna de que se abrirá". En caso contrario, el grupo parlamentario de Compromís presentará una proposición no de ley para que las Cortes se pronuncien formalmente sobre el asunto. "La Mesa de las Cortes no puede hacer de coartada ni de cómplice de las fechorías de los representantes del Gobierno Valenciano que mediante conductas corruptas están desviando el dinero de los valencianos para engrosar los bolsillos de sus amistades peligrosas", denunció la diputada, que acusó a Blasco de otorgar "a dedo" los 177.779 euros donados por los valencianos a una fundación "que tiene abierta una investigación por delitos económicos en la Fiscalía Anticorrupción". Mollà ha aportado una abundante documentación sobre la supuesta trama de fundaciones al fiscal especial que investiga el caso, Jesús Carrasco.

www.elpais.es 11.01.11

UNA TRAMA CREABA PROYECTOS SOLIDARIOS PARA DESVIAR FONDOS, SEGÚN COMPROMÍS

Mireia Mollà entrega al fiscal un informe sobre las subvenciones de Blasco

La gestión económica de los proyectos de cooperación en diversos países, "independientemente de que figure así en los documentos y sin que se comunique formalmente a la Generalitat, es realizada por la Fundación Solidaria Entre Pueblos, quien maneja las cuentas, ordena pagos, etcétera...". La diputada Mireia Mollà, de Compromís, entregó hace unos días al fiscal anticorrupción de Valencia, Jesús Carrasco, un informe en el que explica cómo funcionaba la supuesta trama para captar subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige Rafel Blasco. Mollà había aportado una abundante documentación sobre el asunto, que dio pie a que el fiscal emprendiera una investigación y, al igual que hizo la diputada socialista Clara Tirado, -que denunció sendas subvenciones a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales para proyectos de cooperación en Nicaragua con las que supuestamente se adquirieron dos entresuelos en Valencia-, ha preparado para la fiscalía un informe sobre las irregularidades cometidas.

Los proyectos de las ONGD eran, en realidad, gestionados por la fundación

Según el informe de la diputada de Compromís, la gestión económica de los proyectos de varias pequeñas organizaciones no gubernamentales de ayuda al desarrollo (ONGD) desde la matriz de la trama, la Fundación Solidaria Entre Pueblos (constituida a finales de 2008 y hoy denominada Fundación Hemisferio de la Comunidad Valenciana, al haber tenido que cambiar de nombre por sentencia judicial), supone un enmascaramiento de información sustancial, dado que "oculta la incapacidad de la entidad solicitante para su administración" y vulnera las bases de la convocatoria de "grandes proyectos" de cooperación internacional. Además, según la diputada, que hace reiteradas referencias a informaciones contenidas en la documentación entregada al fiscal, existen otras irregularidades relativas a las evaluaciones externas de los proyectos, realizadas por la propia entidad "o por empresas ligadas a la trama y con vinculación directa con las entidades que gestionan el proyecto".

Toda esa forma de operar, que apoya documentalmente, tendría como objeto "la utilización indebida de fondos y su presunto desvío". Una utilización indebida que se realizaba mediante el pago de servicios a empresas españolas, pese a que en materia de cooperación "únicamente puede recurrirse al envío de equipos y suministros desde España cuando estos no existen en el país de destino o corresponden a donaciones gratuitas"; mediante el sobrecoste de los servicios prestados (que la diputada ilustra analizando varios proyectos), o debido la inexistencia de los servicios que se facturaban.

El informe dedica un apartado a señalar la "connivencia necesaria de la Administración" con el funcionamiento de la trama y el "trato de favor" a la actual Fundación Hemisferio de la Comunidad Valenciana (antes Fundación Solidaria Entre Pueblos).

Toda esa descripción, acompañada de documentos que revelan la relación de los responsables de la fundación con la consejería de Blasco, se concreta en el análisis de los proyectos de varias ONGD. Entre ellas está Fudersa (Fundación para el Desarrollo Rural y Salud), cuyos proyectos de 2009 para el desarrollo agrícola y empleo para la mujer en Monteplata (República Dominicana), consistentes básicamente en la instalación de unos invernaderos, son minuciosamente revisados.

Los costes indirectos de los proyectos de Fudersa "fueron transferidos a un abogado, Jesús Sánchez, cuya dirección fiscal (según la factura) coincide con la de la sede de Fudersa", señala el informe de Mireia Mollà. La diputada apunta que los costes indirectos se derivan de la formulación, seguimiento y evaluación. "¿Qué servicios prestaba el abogado?", se pregunta. Hay, entre la documentación, órdenes de pago, facturas y transferencias bancarias a empresas de la trama, prosigue el informe, que "suponen la prestación de unos servicios que no coinciden con la naturaleza jurídica de las empresas". Más del 50% de las subvenciones se subcontrataban.

Los talleres del proyecto fueron realizados por personal expatriado, pero la factura y la transferencia bancaria indican que cobró más de 170.000 euros por su realización la empresa Dinamiz-e, dedicada a la informática y creadora junto con Arcmed, de la actual Fundación Hemisferio de la Comunidad Valenciana. La evaluación final fue realizada por Avance Abogados, empresa de la que forma parte José Bollaín Pastor, secretario no patrono de la fundación que actúa como "matriz gestora" de las subvenciones de las ONGD.

Ingresos multiplicados

Según el informe de la diputada de Compromís, Fudersa tuvo unos ingresos en 2008 de 20.065 euros, que en 2010 se han transformado en 1,4 millones, "solo de ingresos proporcionados por la Generalitat". Al igual que ocurre con el resto de organizaciones implicadas, la antigua Fundación Solidaria Entre Pueblos y Fudersa establecieron convenios de colaboración para actuar de mutuo acuerdo en la designación de las ONGD colaboradoras con el explícito objetivo de preparar proyectos para la convocatoria de la Generalitat.

En un resumen del modus operandi de la supuesta trama, el informe presentado por Mollà a anticorrupción destaca que personal de la fundación, mediante poderes notariales que obran en la documentación, tenía acceso a las cuentas de las ONGD subvencionadas por la consejería de Blasco. También se indica que todos los proyectos "tienen la misma tipología", ya que los bienes y suministros son comprados en España en las mismas empresas. "Todos los proyectos incluyen elevadas facturas por estudios realizados por Arcmed y Desfa, S L, empresas que no tienen por objeto social las áreas que indican esos informes".

www.elpais.es 28.12.10

BLASCO NIEGA IRREGULARIDADES EN LAS AYUDAS DE COOPERACIÓN

"La adjudicación y la resolución de los expedientes de Cyes han seguido los distintos controles, tanto internos como externos, a los que obliga la ley de contratación pública", aseguró ayer la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige Rafael Blasco, en un comunicado emitido como respuesta a la información publicada ayer en este diario sobre un informe entregado al fiscal anticorrupción por la diputada socialista Clara Tirado. La parlamentaria denunció que sendas subvenciones a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) para proyectos en Nicaragua sirvieron para adquirir dos entresuelos con garaje en Valencia, lo que dio pie a la apertura de una investigación.

El departamento de Blasco asegura en el comunicado que "quien tiene que determinar si ha habido irregularidades en los expedientes de la Fundación Cyes es el fiscal y no la diputada socialista Clara Tirado o el diario EL PAÍS, que mantiene un posicionamiento sesgado a favor del PSPV en este asunto". Blasco añade que recurrirá toda información que considere "falsa o tendenciosa".

www.elpais.es 06.12.10

Los socialistas desmontan ante el fiscal la justificación de las subvenciones de Blasco

Tirado asegura en un informe que los papeles de la consejería ratifican su denuncia

"Después de este análisis de la documentación aportada por la consejería, concluimos que ratifica todos y cada uno de los supuestos de la denuncia presentada en esta fiscalía el pasado mes de octubre". Esta es la conclusión de un informe entregado por la diputada socialista Clara Tirado al fiscal anticorrupción, Jesús Carrasco, que investiga una denuncia de la parlamentaria sobre irregularidades en las subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige Rafael Blasco.

La denuncia se refiere a dos subvenciones de 833.000 euros cada una a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) para proyectos de cooperación en Nicaragua con las que se compraron dos entresuelos con garaje en Valencia y se pagaron costosos asesoramientos. Y la documentación analizada es aquella que Blasco mismo entregó a los miembros del Comité de Ayuda Humanitaria y de Emergencia, una documentación muy similar a la que también entregó a la prensa, para sostener que su consejería, al final, no aceptó los gastos de la compra de inmuebles y solo validó el proyecto después de que la fundación, presidida por Marcial López, imputado en un caso de malversación por el que la fiscalía solicita pena de cárcel, aportara otras facturas.

El informe desmonta la argumentación de Blasco y señala que nunca debieron aprobarse las subvenciones debido a los "incumplimientos administrativos objetivamente valorables", que la Fundación Cyes nunca se presentó en red con otra organización, como era preceptivo, que nunca reunió los requisitos exigidos y que la mayoría de los fondos se gastaron en la compra de pisos y en facturas para al empresa Arcmed.El portavoz de Compromís, Enric Morera, anunció ayer que su grupo en las Cortes valencianas apoyará la reforma del Estatut d'Autonomia propuesta por el Consell, si bien considera que "llega tarde" y "no resuelve el problema de financiación histórico y presente". El gobierno valenciano aprobó el viernes un anteproyecto de ley de reforma que pretende aumentar la financiación que recibe la Generalitat. Cambia la disposición adicional primera y copia el texto del Estatuto de Andalucía -que recurrió sin éxito el propio Consell- para exigir que la inversión del Estado sea equivalente al peso de la población de la Comunidad Valenciana.

"Se genera un enredo sobre las inversiones del Estado que es interesante pero no resuelve el problema de liquidez de la Generalitat", criticó Morera. El también secretario general del Bloc denunció que el gobierno de Francisco Camps ha llevado a los valencianos "a un endeudamiento insoportable" y sugirió trabajar en la línea del concierto económico que propone Artur Mas. Compromís, además, pedirá un dictamen de expertos sobre una hipotética aplicación del concierto económico vasco.La diputada, que ya aportó en su día abundante información sobre el caso, dedica una parte del informe que ha entregado al fiscal anticorrupción a repasar los incumplimientos de los requisitos de la convocatoria de "grandes proyectos" de cooperación internacional de 2008. Unos incumplimientos que, en su opinión, demuestran que "no deberían haber sido aprobadas las dos subvenciones" por las que ha denunciado al consejero Blasco. Según Clara Tirado, la Fundación Cyes no ha acreditado experiencia en ningún proyecto de desarrollo (otra cosa son cursos o masters), ni experiencia previa de ninguna clase en Nicaragua. Tampoco ha acreditado experiencia en proyectos de abastecimiento de agua y soberanía alimentaria, objetivos a los que se dirigían las subvenciones. Por otra parte, la entidad que supuestamente había de actuar en red con la fundación, Pro-Mundis, de Granada, ni parece tener un rol efectivo en el proyecto (solo es citada en los documentos de evaluación de la experiencia firmados por la consultora Broseta-Caaz), ni tiene sede ni estructura en la Comunidad Valenciana. Mientras la Fundación Cyes no tenía personal contratado al presentar la solicitud, Pro-Mundis tenía un único trabajador en Granada.

El informe señala, además, que en la reformulación de los proyectos a la que obligó la consejería a la Fundación Cyes, para que rebajase el presupuesto inicial, siguió figurando la adquisición de una oficina técnica dentro de las acciones a realizar con la subvención, "a pesar de que la compra de inmuebles en la ciudad de Valencia incumple la normativa de la Generalitat en materia de cooperación internacional para el desarrollo". En relación con la compra de los entresuelos, cuyas facturas sitúa como rechazadas la documentación aportada por Blasco, el informe de la diputada socialista recuerda que los movimientos bancarios demuestran que los pisos se adquirieron con el dinero de la subvención.

Al entrar a analizar la lista de justificantes y facturas aportada por Blasco, cuya pretensión es demostrar que se rechazaron aquellas que se referían a la compra de los locales y se aceptaron en cambio otras hasta alcanzar el importe de la subvención otorgada, la parlamentaria asegura que la evaluación efectuada por Grant Thorton, cuyos documentos son los únicos que aparecen foliados de cuantos incluye la documentación, "contiene afirmaciones que ponen en entredicho toda la versión proporcionada por la Consejería de Solidaridad". Así, establece que el socio local o contraparte de los proyectos de la Fundación Cyes en Nicaragua, la asociación Fedicamp (Federación para el Desarrollo Integral entre Campesinos y Campesinas) certificó el cierre de los proyectos el 10 de noviembre de 2008. También certificó entonces la alcaldía de Totogalpa, municipio donde se desarrollaron, "la recepción final". Sin embargo, la documentación de Blasco incluye facturas fechadas posteriormente, que la parlamentaria del PSPV-PSOE afirma que "son irregulares". Sin embargo, anota Clara Tirado, "las facturas supuestamente no admitidas por la Generalitat encajan dentro del periodo de ejecución aportado por la evaluadora (septiembre-noviembre de 2008)". Y añade que "no existen anotaciones por transferencias bancarias como exige la normativa de la Generalitat".

El análisis de la diputada enumera hasta ocho "certificaciones de aporte comunitario" que Blasco sumó en la justificación de gastos pero que "no pueden ser tenidas en cuenta" porque obedecen al 20% del coste de los proyectos del que deben hacerse cargo las contrapartes nicaragüenses. Añade, en relación con las facturas de 208.000 euros cobradas en ambos proyectos por la empresa de informática Arcmed, que "incumplen la normativa de la Generalitat, tanto por su importe como por la partida a la que van asignadas".

En uno de los puntos del informe, Tirado llama la atención sobre el hecho, ya señalado en la denuncia que presentó, de que los dos grandes proyectos subvencionados a la Fundación Cyes "tienen un mismo presupuesto final y la misma relación de facturas pro-forma, a pesar de ser intervenciones diferentes". También asegura que la documentación aportada por Blasco "contiene informaciones tremendamente contradictorias", así como que "las omisiones de documentación por parte de la consejería son ilustrativas de las irregularidades denunciadas". Y concluye: "Con toda esta documentación podemos afirmar que se confirman todos y cada uno de los extremos de la denuncia presentada".

www.elpais.es 05.12.10

LA FISCALÍA PIDE 12 AÑOS AL JEFE DE LA FUNDACIÓN QUE SUBVENCIONÓ BLASCO

Marcial López López, presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes), que adquirió en 2008 dos locales con garaje en Valencia con fondos de sendas subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige Rafael Blasco, "distrajo" hasta 45.000 euros del Colegio de Enfermería de Castellón entre los años 1995 y 1998. Así lo relata el fiscal en su escrito de acusación en el procedimiento por el que López está imputado por malversación continuada y por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos. Por el cargo de malversación, la fiscalía pide siete años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta y por el cargo de infidelidad en la custodia de documentos solicita otros dos años de cárcel e inhabilitación para desempeñar funciones públicas durante cuatro años. En otro proceso por usurpación de funciones públicas y desobediencia, solicita un total de tres años más de cárcel. Lo que suma una petición de cárcel de 12 años.

El método utilizado para la "distracción" de dinero, tal como lo califica el escrito, consistía en facturar por gastos originados en el desarrollo de actividades de formación que, sin embargo, organizaba, impartía y pagaba el propio colegio. Así, "sin ninguna autorización oficial", la Fundación Cyes recibió cerca de 45.000 euros en cuatro anualidades diferentes.

La denuncia por malversación, presentada por el propio Colegio de Enfermería de Castellón, no se refiere únicamente a los pagos realizados a la Fundación Cyes, sino que acusa a Marcial López y a otros cinco integrantes de la antigua dirección del colegio de que "actuando con evidente ánimo de beneficio propio (...) llevaron a cabo conductas de distracción de cantidades dineradas pertenecientes al Colegio de Enfermería, mediante una irregular contabilidad, reintegros y traspasos".

Entre otras cosas, el presidente de la Fundación Cyes se había adjudicado, como presidente del Colegio de Enfermería de Castellón, un sueldo que añadía al que le reportaba su trabajo en un centro sanitario público. Por ello, tanto la acusación como la fiscalía solicitaron sólo a López, además de la pena de prisión y la inhabilitación, el reintegro de 330.000 euros. En esa cantidad están incluidos los 45.000 euros que habría desviado a la Fundación Cyes por cursos que organizaba el Colegio de Enfermería.

La denuncia fue presentada por la dirección que desbancó a Marcial López del colegio profesional en 1999. Tras muchas diligencias, en 2007 se presentaron los escritos de acusación. A día de hoy, la instrucción aún no se ha acabado, según indicaron fuentes cercanas al caso, por los trámites y la infinidad de recursos presentados por la defensa de López. El letrado que defiende a este enfermero de profesión es Javier Boix, quien también ejerce la defensa del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en el caso Gürtel, y la del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.

La acusación de malversación es una de las dos que el ex presidente del Colegio de Enfermería de Castellón tiene pendientes con esta entidad. Además, tiene otras diligencias abiertas por usurpación de funciones públicas, desobediencia y falsedad en documento oficial, delitos por los que la fiscalía le pide otros tres años de cárcel.

Este caso tiene su origen también en la actuación de López al frente del Colegio de Enfermería y, en su escrito, el fiscal correspondiente hace referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que le inhabilitó para el ejercicio de cargos directivos colegiales en 1999. Fuentes del Colegio de Enfermería castellonense indicaron que están tratando de llegar a un acuerdo con López para desistir de esta última acusación si se hace cargo del desembolso que, en defensa jurídica, ha tenido que realizar la entidad colegial durante estos años.

Marcial López constituyó la Fundación Cultural y de Estudios Sociales en 1993, que se inscribió como fundación cultural privada. Sus actividades iniciales se centraron en la ecología. Así, en 1997 recibió una subvención de 100.000 pesetas de la época de la Consejería de Medio Ambiente para "la realización de actividades medioambientales". Por aquellos años, la Fundación Cyes firmó un convenio con la Jaume I, de Castellón, para poner en marcha un "foro medioambiental interactivo", que posteriormente se desvinculó de la universidad y pasó a gestionar el Grup d'Estudis i Protecció de les Rapinyaires, de Vila-real. En 1998, cuando Rafael Blasco era subsecretario de la Consejería de Presidencia, el entonces consejero, José Joaquín Ripoll, le otorgó a la fundación una subvención de 86.747 euros para un "máster universitario en cooperación" que no contaba con el reconocimiento de la UNED pese a que así lo anunciaba la entidad en su proyecto y en su publicidad.

Fue el momento en que la Fundación Cyes se reorientó hacia ese sector y se inscribió en 1999 en el registro de ONGD (organizaciones no gubernamentales de apoyo al desarrollo). En 2004, recibió de la Diputación de Castellón 4.207 euros para el "fomento de actividades y proyectos de cooperación". En 2008, la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige Blasco, le otorgó hasta cinco subvenciones por cerca de 1,8 millones de euros. Las dos más importantes, de 833.000 euros cada una, iban destinadas a proyectos en Nicaragua.

La Fundación Cyes adquirió con el dinero recibido dos entresuelos con garaje en la avenida de Ausiàs March, en Valencia. Blasco alega que dos años después la fundación aportó otras facturas para justificar esos gastos tras comunicarle su departamento que no podían aceptarse los justificantes de la compra de inmuebles. La fundación en ningún caso devolvió el dinero recibido. El tema está en manos del fiscal anticorrupción tras la denuncia presentada por la diputada socialista en las Cortes Valencianas Clara Tirado. Una denuncia a la que ha aportado la diputada de Compromís Mireia Mollà abundante información sobre la existencia de una trama dedicada a la captación de fondos de cooperación organizada alrededor de la Fundación Solidaria Entre Pueblos.

(www.elpais.com, 26/10/10)

LA SOBRINA DE BLASCO ADJUDICÓ LA ASISTENCIA TELEFÓNICA DE ALZIRA AL NÚMERO DOS DE LA RED

Dinamiz-e, la firma impulsora de la fundación matriz del entramado de ONG auspiciado desde la Conselleria de Solidaridad que ha desviado dinero de la cooperación valenciana a empresas afines, no es nueva en la colaboración con instituciones en las que personas del entorno del conseller Rafael Blasco tenían influencia. La empresa cuyo administrador único es Adolfo Soler Sempere, patrono fundador y vicepresidente de la Fundación Solidaria Entre Pueblos durante sus primeros pasos, recibió la adjudicación de la asistencia telefónica del Ayuntamiento de Alzira en febrero de 2007 por 48.720 euros anuales, que ha renovado hasta la actualidad. Gisela Blasco, hija del ex alcalde socialista del municipio de la Ribera, Francisco Blasco, y sobrina del conseller, fue quien convocó este concurso público cuando ocupaba la Concejalía de Servicios Públicos en la legislatura 2003-2007, siendo alcaldesa la popular Elena Bastidas. La empresa de Soler fue la única que se presentó al concurso.

Según el escrito de la Junta de Gobierno Local, el consistorio en aquella época gobernado por una coalición entre el PP y el PSD-PSI, partido impulsado y creado por el clan Blasco, decidió externalizar el servicio de atención telefónica tras un informe de la Concejalía de Servicios Públicos, en aquella época dirigida por Gisela Blasco. En poco más de un mes se abría un concurso público para que se presentaran diferentes empresas. Tras cerrarse el plazo, sólo Dinamize-e se presentó, con lo que en febrero de 2007 se le adjudicó oficialmente la gestión de este servicio por 48.720 euros, el precio de licitación era de 50.000 euros. La propia sobrina del conseller es quien firmaba la oferta en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

En aquellos momentos, legislatura 2003-2007, el partido de Gisela Blasco, nacido cuando su padre fue expulsado del PSPV para debilitarlo, era la llave que había dado la alcaldía de Alzira a la popular Elena Bastidas. De hecho, la sobrina del conseller de Solidaridad ocupaba la primera tenencia de alcaldía y la Concejalía de Servicios Públicos, impulsora de la externalización del nuevo servicio adjudicado a Dinamiz-e, empresa que cobró de la red de ONG más de 270.000 euros en 2009 y que tiene comprometidos otros tantos en diversos talleres para niños y jóvenes en deportes o agricultura y tareas de asesoramiento, temas bastante alejados de la especialización informática que describe su objeto social.

Pero este concurso no es la única relación entre Adolfo Soler y el PSD. Cuatro meses después de que la concejal del PSD-PSI Gisela Blasco le concediera la gestión de este servicio público, Soler cerraba la lista del partido del clan Blasco para el Ayuntamiento de Valencia en las elecciones de 2007. De hecho, el administrador único de Dinamiz-e es uno de los impulsores del partido socialdemócrata que intentó debilitar al PSPV. Además, Soler ya es un viejo conocido del clan Blasco, ya que formó parte de Unió Valenciana junto a Bernardo Blasco, hermano del conseller y tío de Gisela Blasco, aunque ambos fueron expulsados en una de las incontables batallas internas de los regionalistas.

Adolfo Soler Sempere, número dos del entramado de ONG auspiciado desde la Conselleria de Solidaridad, también es administrador de Lonerson desde 2005. Esta firma gestiona en la actualidad la asistencia a las maltratadas de la Conselleria de Bienestar Social, aunque ganó el concurso en 2002, cuando Rafael Blasco dirigía esta cartera. En aquella ocasión, una empresa "dormida" accedió con menos de un año de experiencia a una concesión de 6,7 millones de euros.

La relación entre el el PSD-PSI de los Blasco con el PP de Alzira es más que buena. De hecho, el apoyo de los socialdemócratas le dio la alcaldía a la popular Elena Bastidas en 2003. En aquella ocasión, los tres concejales del partido impulsado por los Blasco fueron fundamentales, por lo que recibieron cargos estratégicos. En 2007, el PP arrasó y consolidó una mayoría absoluta con sus propios ediles. Aun así, meses después de la configuración del gobierno local, Gisela Blasco y Bernardo Parra se incorporaron al equipo de gobierno para gestionar Hacienda, Modernización y Empresas Públicas. Blasco ha anunciado ahora que deja la política tras 28 años como concejal.

(www.levante-emv.com, 25/10/10)

CAMPS SALVA A BLASCO MIENTRAS EL FISCAL INDAGA SI EN LA AYUDA A LA FUNDACIÓN C.Y.E.S. HUBO MALVERSACIÓN

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se pronunció ayer por primera vez sobre el escándalo que afecta a la gestión del departamento que dirige Rafael Blasco sobre las ayudas al Tercer Mundo. Y lo hizo obligado al ser preguntado por el PSPV en la sesión de control en las Corts. Dos semanas después de estallar el escándalo, Camps echó un capote al conseller al dar por buenas sus explicaciones, si bien se limitó a cubrir el expediente en su defensa, evitando entrar en las irregularidades denunciadas por la oposición y destapadas por este diario. Una posible explicación se supo después. Las diligencias abiertas por la Fiscalía Provincial de Valencia a raíz de la denuncia socialista sobre el caso de las ayudas de la Fundación C.Y.E.S. implican una investigación por los presuntos delitos de fraude de subvenciones, malversación de fondos públicos, prevaricación y falsificación documental.

El alcance de esta investigación abierta empaña la exculpación, que tal como avanzó ayer este diario, había logrado Blasco del fiscal-jefe del TSJ-CV, Ricard Cabedo, quien en una resolución fechada el 8 de octubre, indica que no existen indicios de delito en personas aforadas en el expediente que el propio conseller le remitió cuando estalló el escándalo. Cabedo envió la documentación a la fiscalía provincial, ya que su escrito sólo salvaba a Blasco por su condición de aforado, lo que no era óbice para que se derivaran responsabilidades penales en otras personas. El oxígeno logrado por el conseller ha durado poco, porque el recorrido de la denuncia del PSPV (falta aún por ver que hará la fiscalía con la de Compromís) ha llegado más lejos. Cabe recordar que los socialistas, tal como el síndic del PSPV,Ángel Luna, se encargó de recordar ayer en el hemiciclo, han enviado a la fiscalía un expediente distinto al aportado por Blasco. De hecho, lo acusan de haber manipulado la documentación que llegó a Cabedo.

Quizás ante las dudas que genera el escenario judicial, el presidente optó por una tíbia defensa de Blasco. El presidente intentó desviar la atención sobre una polémica que ha creado malestar en sus propias filas y habló de casi todo -financiación, deuda, elecciones anticipadas, Maria Teresa de la Vega, Leire Pajín, Zapatero...- excepto del asunto de fondo. No quiso tampoco, a preguntas de Luna, responder si destituirá a Blasco en el caso de que se constaten irregularidades en la gestión de su departamento. Camps se limitó a destacar que el conseller había llevado "los papeles donde correspondía y ha demostrado que es falso", en alusión a la resolución de la fiscal jefe del TSJCV, que ni siquiera llegó a citar. Añadió que el conseller está ocupado en apoyar a las ONG y mantuvo que si algo sabía de la trayectoria del ex socialista era que "siempre ha dado explicaciones". Dicho esto, el presidente se empleó a fondo en sus críticas a la oposición, sobre todo las dirigidas a Luna al que volvió a exigirle explicaciones sobre la reforma de su vivienda. El socialista, por su parte, insistió en sus denuncias sobre el entramado de ONG auspiciado desde la conselleria que desvió fondos a empresas relacionadas con personas vinculadas con la familia Blasco. "Otra trama -apuntó- genuinamente valenciana y más chapuza" que la de Gürtel, donde hizo falta que salieran los jueces. "En esta no ha hecho falta porque han sido sus propios funcionarios los que nos han dado los papeles", afirmó el socialista.

Sobre el desvío de fondos a las empresas de la trama Gürtel centró sus preguntas Compromís, pero sin conseguir tampoco que el presidente entrara al trapo. Es más, a pesar del último informe que ratifica el cúmulo de anomalías en la contratación de Canal 9, Camps sostuvo que estas acusaciones no le preocupaban "en absoluto" porque "todo ha sido correcto". "Este gobierno es transparente, hace las cosas conforme corresponde y todos los expedientes, como no puede ser de otra manera, están a disposición de todo el mundo", indicó.

Si una idea fuerza presidió la intervención en las Corts del presidente de la Generalitat fue su convencimiento de que la oposición pertenecía al mundo de la "oscuridad" frente al de la "luz" que atribuyó al PP. La primera vez que usó este concepto fue para calificar al síndic socialista de ser "hijo de la oscuridad". Más adelante reiteró esta idea al celebrar que Blasco supiera dar el paso desde el mundo de la oscuridad al de la transparencia, en alusión al tránsito que hizo el conseller desde las filas socialistas a las del PP. Pero Camps también se saltó el guión.

El presidente sólo se salió del guión cuando en respuesta a la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, admitió que barajó adelantar las elecciones. "Lo sopesé", se sinceró, pero, según explicó, desechó la idea por "responsabilidad" y porque su compromiso con los ciudadanos era de cuatro años. Las palabras de Camps evidencian cómo el caso Gürtel ha condicionado su mandato hasta el punto de que estuvo tentado de no agotar la legislatura. Camps, por su puesto, no relacionó su reflexión con Gürtel. Apuntó que si pensó en disolver las Corts de manera anticipada fue para "cambiar la oposición" tras dar por hecho que el Gobierno seguiría siendo el mismo tras la prueba de las urnas.

El regreso a la tribuna de las Corts del ex número "dos" de Francisco Camps, Ricardo Costa, defenestrado por Génova con motivo del caso Gürtel, no defraudó. El conseller Gerardo Camps se reservó el papel amable, tendiendo la mano a la oposición, mientras Costa volvió para ejercer de "poli malo" en el debate. El recién nombrado coordinador del área económica del PP empleó un tono enérgico, como en sus mejores tiempos, con duras críticas a Zapatero. "¡La nefasta gestión de Zapatero nos ha costado a los valencianos 7.000 millones!", clamó entre las protestas socialistas.

Cuando enfiló la tribuna para intervenir, Costa ya se había tenido que oír una fresca del diputado del PSPV Juan de Dios Falcó: "¿Has venido en coche o en moto" Justo ayer se difundió un informe policial en el que se asegura que El Bigotes le pagó una moto. La presidenta, Milagrosa Martínez, amonestó a Falcó. Costa reprochó al PSPV que en el debate de la financiación "no se habla de dinero, sino de personas" y enfatizó que el PP, el Consell y el presidente no permitirán que los valencianos "sean menos que nadie". La socialista Moreno comentó que a Costa "seguramente lo volverán a destituir" mientras Morera (Compromís) le afeó que, aunque ha "chupado mucho banquillo", su tono no ayuda al pacto.

(www.levante-emv.com, 22/10/10)

CAMPS RESPONDE SOBRE LAS AYUDAS DE BLASCO A LAS ONG

Casi veinte meses después, el PSPV cambia el guión de las sesiones de control al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y en el pleno de las Corts de este jueves plantea una pregunta ajena al caso Gürtel. El caso del entramado de fundaciones y empresas para captar subvenciones de cooperación internacional al desarrollo de la Conselleria de Solidaridad, que dirige el también portavoz del PP en la Cámara, Rafael Blasco, ha brindado a los socialistas la ocasión de arrinconar, al menos momentáneamente, el "monotema", como el PP alude al caso Gürtel, en el que Camps y otros altos cargos del Consell y del PP están implicados. La situación ha abocado el debate político a un callejón sin salida, ya que el jefe del Consell no ofrece explicaciones sobre este asunto en sede parlamentaria y, en las últimas sesiones, se ha refugiado en la censura del portavoz socialista, Ángel Luna, por la reforma hace 13 años de su piso que le adelantó el constructor Enrique Ortiz.

La primera vez que Luna inquirió a Camps sobre Gürtel fue el 12 de febrero de 2009. Seis días antes la policía había entrado en la sede de Orange Market. En todas las sesiones de control de 2009 y de 2010 Luna ha preguntado sobre el caso que investiga el TSJCV y el TSJ de Madrid. Este jueves, Luna preguntará a Camps si ha decidido adoptar alguna medida para delimitar responsabilidades en relación con "las graves irregularidades en materia de gestión de fondos públicos puesta de manifiesto por los medios de comunicación a lo largo de los últimos días", en referencia al caso de las ayudas a las ONG, y que evite su repetición en el futuro. Según Luna, los últimos datos públicos sobre la deuda de las autonomías vuelven a poner de manifiesto que la valenciana es la comunidad más endeudada en relación con su Producto Interior Bruto (PIB) y que está "muy por encima" de la media en deuda por habitante, lo que debería llevar "a extremar el control de la eficacia en el gasto público".

La iniciativa, eso sí, afecta a un caso de supuesta corrupción como Gürtel, por lo que es previsible que el socialista aluda también a un asunto que sí estará presente en el pleno, ya que la pregunta del portavoz de Compromís, Enric Morera, versa sobre el informe de la Unidad de Auxilio Judicial del TSJ de Madrid referido a las contrataciones de RTVV en la cobertura de la visita del Papa a Valencia en 2006. El propio Blasco ha abierto la sesión preguntando a Camps sobre "cómo valora el descenso de la inversión del Estado en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2011".

La rehabilitación política del ex secretario regional del PPCV Ricardo Costa tendrá el jueves su día grande. El popular, suspendido de militancia por Génova durante diez meses con motivo del caso Gürtel y que hace dos semanas fue designado coordinador de Economía tras el levantamiento de la sanción, será el portavoz de su grupo en el debate sobre la financiación autonómica, una cita parlamentaria importante en la que el vicepresidente Gerardo Camps expondrá el informe del Comité de Expertos.

Cuando el grupo aprobó el nombramiento, se indicó entonces que, como coordinador del área económica, Costa sería el portavoz popular en el debate de los Presupuestos de la Generalitat para 2011, y nada más. También se insistió en que el portavoz de Economía, que lo es además del PPCV, sigue siendo el vicesecretario del grupo, José Marí Olano. Sin embargo, si Costa posee una virtud es la de la actividad. No para. Tan es así que, desde su designación, se ha reunido con los jefes de gabinetes y asesores de todos los consellers para coordinarse de cara a los presupuestos, y también prevé hacer lo mismo con las comisiones parlamentarias del área económica. Ahora, Costa "salta" también al debate sobre la financiación autonómica en una gran cita y, aunque se haya consultado a Marí Olano, es obvio que las competencias de uno y otro, serán fuente de fricción.

(www.levante-emv.com, 21/10/10)

EL CONSELL AUSPICIA UN ENTRAMADO DE ONG QUE DESVÍA DINERO DE COOPERACIÓN A SUS EMPRESAS

El entramado, formado por cuatro ONG y dos fundaciones y, al menos, por cinco empresas, recibía consignas de personal de la conselleria de Blasco para mejorar sus puntuaciones en los concursos públicos y ampliar la red de organizaciones colaboradoras. En el centro de la red se encuentra la Fundación Solidaria Entre Pueblos, fundada en febrero de 2009 y que con tan corta vida ya ha recibido hasta 829.990 euros de proyectos de la Generalitat, algunos a dedo. Además, ha sido la institución elegida por Rafael Blasco para construir un hospital en Haití, con 3,8 millones de dinero público y de donaciones de los valencianos.

La red utilizaba un modus operandi piramidal. Entre Pueblos buscaba fundaciones y ONGD para ser asesoradas, muchas veces por personal de la propia conselleria que daba listados de las puertas donde llamar. Según ha podido saber este periódico, un subordinado de Rafael Blasco facilitaba los contactos e incluso, daba su nombre para interceder en la colaboración. También daba recomendaciones sobre los detalles técnicos que más se valoraban para entrar. La interlocución con la fundación cabeza de la red era más que fluida.

Una vez las organizaciones "tentadas" aceptan el trato, los técnicos de Solidaria Entre Pueblos elaboran el proyecto entero, incluidas las empresas con las que contratar, que en la mayoría de casos pertenecían a los dirigentes de la fundación. Así, según ha contabilizado Levante-EMV del material del que dispone, las firmas podrán recibir hasta 1.399.467 en los proyectos de 2009 y 2010, ya que algunos todavía están en ejecución en estos momentos.

Las empresas con las que se contrata, la mayoría de veces para informes técnicos, estudios topográficos, o incluso para cursos de agricultura, son Gestiones e Iniciativas Arcmed, S. L., Dinamiz-E, S. L., Desfa, S. L., y Promociones Delyvery Burns. La asesoría Avance abogados también facturó algunos trabajos a esta red de fundaciones. Estas cinco empresas pertenecen a los miembros del patronato de la Fundación Solidaria Entre Pueblos o a sus directores en la sombra.

Arcmed, que ha recibido de las fundaciones de la red hasta 420.997 euros, tiene como administrador único a Alfonso Navarro, presidente de Solidaria Entre Pueblos. Dinamiz-E, por su parte, cobró a las ONGD 519.329 euros y es propiedad de Adolfo Soler Sempere, vicepresidente de la fundación matriz.

Por su parte, Joaquín Blasco López, quien en realidad dirige en la sombra la Fundación Entre Pueblos, según ha podido confirmar este periódico en la documentación que obra en su poder, es el consejero delegado de Desfa, S. L., empresa que tiene comprometidos 388.255 euros de la red de ONGD. Promociones Delivery Burns, cuya administradora única es María Pilar Segura Crespo, también cobró 70.886 euros. Segura Crespo es también presidenta de Desfa, S. L.

Llama la atención que trabajando para la Fundación Entre Pueblos se encuentra la firma de uno de los ex socios del hermano del conseller Blasco, César Augusto Tauroni. CGS, la firma de Tauroni, quien también es brazo ejecutor, asesora a la fundación.

Pero no sólo las empresas de la trama tienen vinculaciones con Entre Pueblos, la propias ONGD a las que asesoraba acabaron produciendo sinergias. Es el caso de Ceiba, que recibió de la Conselleria de Solidaridad 656.355 euros. Juan Pablo Ebang, su presidente en 2009 (dimitió hace unos meses), estaba a sueldo de la fundación matriz, concretamente a 1.300 euros mensuales, según la documentación en poder de este periódico.

Dinamiz-E facturó por varios cursos a Ceiba 170.700 euros, de los 296.700 que costó todo el proyecto "Contra la violencia sexual y la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes en Malabo, Guinea Ecuatorial". Cabe recordar que el objeto social de esta firma es "el asesoramiento en informática". Además, la propia Solidaria Entre Pueblos recibió además casi 6.000 euros por la evaluación final del proyecto en 2009.

También de un proyecto de Ceiba para la reducción del sida en Guinea Ecuatorial, la firma de Joaquín Blasco López, Desfa, S. L., facturó 187.000 euros en suministro de medicamentos. Delivery Burns (firma administrada por la presidenta de Desfa, S. L.), que tiene en su objeto social el comercio de productos farmacéuticos y la venta de inmuebles, cobró hasta 70.886?

Pese a esta elevada facturación, Fudersa (Fundación para el Desarrollo Rural y Salud) fue quien más dinero de la Generalitat recibió. Hasta 1.406.911 euros para diferentes proyectos en República Dominicana. En este caso también entraron todas las empresas de la red, que facturaron más de 330.000 euros por la construcción de invernaderos.

Por su parte, la Fundación Esperanza sin Fronteras, presidida por el periodista Fernando Darder, recibió para dos proyectos en 2010 hasta 579.846. Aunque el proyecto en Perú todavía no ha finalizado, las facturas proforma a las que ha tenido acceso Levante-EMV, confirman que Arcmed facturará a la firma, unos 116.000 euros.

Otra de las agraciadas con gran cantidad de dinero fue Asa de África, con hasta 663.378 euros. En este caso, es su propia presidenta la que tiene una estrecha relación con el entorno de Rafael Blasco y los dirigentes de Solidaria Entre Pueblos.

Chistine Bernadette Nnomo Ayissi fue candidata por Asturias por el Partido Social Demócrata (PSD). Además es la vicepresidenta de Fedacot, la asociación que instigó el conseller Rafael Blasco para controlar el mundo de las ONGD.

Por último, Asamanu de África, a quien Solidaria Entre Pueblos gestionó todos los proyectos se ha llevado de la Generalitat 232.148 euros para sus proyectos en el continente africano.

Arcmed, la empresa cuyo administrador único es Alfonso Navarro, presidente de Solidaria Entre Pueblos, no sólo recibió contrataciones del conglomerado de fundaciones que controla. Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) le abonó 208.352 euros por asesoramiento técnico. Cabe recordar que Cyes destinó 1,6 millones de euros de fondos de cooperación de la Generalitat a la compra de pisos y aparcamientos.

En concreto, el dinero del proyecto tenía que haber ido a Nicaragua pero se quedó en Valencia y al país centroamericano sólo llegaron 63.500 euros. Cyes, que preside Marcial López, inhabilitado por el Tribuna Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y acusado de malversación y apropiación indebida a finales de los años 90 cuando presidía el Colegio de Enfermería de Castellón, recibió de la Generalitat dos proyectos de 833.409 euros cada uno.

Al final, según publicó El País, con el dinero de uno de los proyectos en Nicaragua se adquirió un entresuelo en el número 79 de la avenida Ausiàs March de Valencia, y una plaza de garaje por 439.668 euros; se reformó el inmueble y se instalaron alarma, telefono y equipos informáticos por 22.194 euros y se destinaron 71.976 euros a gastos de personal.

La conselleria, que cerró el expediente favorablemente, sólo pidió la devolución de un 15% del valor del proyecto por no ajustarse a su idea inicial. La Generalitat negó tajantemente estas informaciones y dijo que dejaría ver el expediente a la oposición. levante-emv valencia

(www.levante-emv.com, 20/10/10)

LA EMPRESA DE UN SOCIO DE TAURONI FACTURÓ A CUATRO ONG DEL ENTRAMADO

La Fundación Solidaria Entre Pueblos asesoró a la organización del ex futbolista del Valencia CF Carlos «Lobo» Diarte en la rehabilitación del centro con su mismo nombre para «la reinserción y refuerzo de la infancia y juventud más desfavorecida» de un barrio de Asunción, la capital de Paraguay. El proyecto, que fue denegado por la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía «por incumplir los requisitos», incluía en sus presupuestos la compra de cuatro pantallas LCD, alguna de 42 pulgadas, cuatro equipos de aire acondicionado, cinco ventiladores, un lavavajillas, una lavadora y hasta un congelador, según las facturas proforma a las que ha tenido acceso este periódico.

El proyecto, que también incluía la rehabilitación de un edificio, tenía previsto realizar cursos para la reinserción de jóvenes y niños desfavorecidos. Una de las empresas a las que se le solicitó presupuesto para estas actividades es una firma de Bilbao, Ecotec Urbanismo, que tiene como objeto social la construcción y compra de inmuebles. Concretamente, la constructora iba a realizar 11 cursos de formación, en caso de ser elegida, sobre deportes, salud e higiene, lectura y expresión, prevención de drogas o estimulación psico-afectiva. Por cada curso cobraría entre 5.200 y 5.600 euros, llegando a facturar hasta 68.440 si se le encomendaba el trabajo.

Este concurso público, el de ayudas a la cooperación internacional de 2010, fue de los primeros a los que se presentó la Fundación Solidaria Entre Pueblos. Aunque se lo denegaron por «incumplir los requisitos», la realidad es que no se podía haber presentado porque no tenía un año de vida (fue fundada el 13 de enero de 2009 y las convocatorias se realizaron en diciembre de ese mismo año), por lo que incumplía la ley. Aun así, lo intentaron.

En ese sentido, la matriz del entramado de ONG denunciado por PSPV y Compromís por desviar dinero a sus empresas afines se informaba a través de foros de Internet para saber como trabajar en Paraguay. Según capturas de pantalla de la página Soluciones.org, una web muy conocida para consultar dudas, trabajadoras de la Fundación planteaban cuestiones como si «la factura que emita una empresa de Paraguay que nos va a hacer un trabajo en este país ha de llevar IVA».

Por otra parte, hasta cuatro ONG de la red solicitaron presupuestos a Mecanizados Inelme, la empresa del socio de Augusto César Tauroni, también ex socio del hermano del conseller Rafael Blasco y que ya ha aparecido en otras ocasiones relacionado con empresas que han recibido subvenciones de la Generalitat. El administrador único de Inelme, Fernando Canete Marco es presidente de Air Services Management SL, en la cual Tauroni es consejero. Cabe recordar que tanto PSPV como Compromís han advertido que Tauroni dirigía la matriz del entramado desde la oficina que tienen en la calle San Vicente de Valencia.

En este caso, y según las facturas proforma en poder de este periódico, la Fundación Solidaria Entre Pueblos habría solicitado presupuestos a la empresa del socio de Tauroni para cuatro proyectos diferentes, tres en los que estaba de asesora y un cuarto para uno propio. La Agrupación Ceiba, cuyo ex presidente, Juan Pablo Ebang, estaba a sueldo de la propia matriz, requirió su presupuesto para la compra de «tres generadores y mecanización para transporte en terreno abrupto» por valor de 11.790 euros.

Asa de África, cuya presidenta es Christine Bernardette, candidata a las elecciones por el Partido Social Demócrata, auspiciado por el clan Blasco, le solicitó un grupo electrógeno. En este caso se incluía el embalaje y el transporte por barco y costaba 10.828 euros. El proyecto al que se le atribuye, el fortalecimiento alimentario en Mauritania.

Otra de las ONG más ligadas a la Fundación Solidaria Entre Pueblos y que tiene comprometidos entre subvenciones de 2009 y 2010, más de 1,4 millones de euros, también pidió presupuesto a la empresa del socio de Tauroni. En este caso, 11.732 euros por la «construcción de un revestimiento interior armado, contra robo y antivandálico» en la República Dominicana.

Por último, la propia Fundación Solidaria Entre Pueblos pidió presupuesto para un proyecto de reducción de SIDA en Guinea Ecuatorial. En este caso, la firma del socio de Tauroni presupuestó 11.342 euros por «dos generadores y mecanización para transporte abrupto». Air Services Management SL, la firma en la que coinciden Augusto César Tauroni y el administrador de Inelme, se dedica al «alquiler de aeronaves». Arcmed, empresa del presidente de la Fundación Solidaria Entre Pueblos, Alfonso Navarro, y que también factura al entramado, alquila aeronaves. Navarro también es piloto.

La Diputación y el Ayuntamiento de Castelló también aportan fondos a la Fundación Solidaria entre Pueblos, la matriz del entramado de ONG auspiciado por la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía para captar los fondos de cooperación.

La comisión de Presidencia de la diputación aprobó ayer conceder una subvención a Solidaria entre Pueblos, destinados a la fase inicial de construcción del hospital modular y su posterior equipamiento en el municipio de Belle Anse, en Haití, con un coste de casi 4 millones de euros. En esta primera fase, la diputación castellonense aporta 12.000 euros, que se suman a los casi 200.000 euros de la Generalitat Valenciana, los 12.000 euros de la Diputación de Alicante y del Ayuntamiento de Castelló y otros tantos de entidades privadas. La promoción del hospital en Haití fue asignado a Solidaria entre Pueblos.

La fundación Solidaria Entre Pueblos afirmó ayer respecto al proyecto de construcción de un centro hospitalario en Haití que «ha firmado un convenio dentro de la más estricta publicidad y legalidad, en virtud del cual asume la responsabilidad de ser la oficina técnica de cooperación, entre cuyas funciones se encuentra realizar trabajos preliminares para que a la mayor brevedad posible se culmine la construcción de un hospital en Haití». La entidad rebate las críticas del portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, y sostiene que «hasta donde esta fundación tiene conocimiento y en base a la información que aparece en los buscadores de Internet, la empresa Orion es una empresa de ingeniería que colabora estrechamente con la multinacional Williams Scotsman, que entre otros realiza construcciones modulares para el ejército americano, el gobierno federal de Estados Unidos y para multitud de gobiernos y ONG».

Asimismo, replica a la diputada de Compromís Mireia Mollà que tiene poderes en cuentas mancomunadas con otras fundaciones en los proyectos en los que colabora «en aras a aportar mayor transparencia, mayor control y asegurar el buen fin de los fondos consignados». Añade que «es necesario la firma del representante de cada ONG y la del secretario de la fundación, al que se le ha asignado la función de fiscalización, supervisión y control de los fondos para que se liberen en tiempo y forma y con todas las garantías legales». La entidad recalca que esta forma de proceder «garantiza que las disposiciones estén debidamente justificadas y sometidas al necesario control».

Compromís cuestiona al Síndic y Blasco defiende el hospital de Haití pese a dudar de la viabilidad

La oposición denunció ayer que el PP ha solicitado a la Sindicatura de Comptes una auditoría de las ayudas a las ONG con la intención de «tapar» las anomalías en la Conselleria de Solidaridad, que dirige el también portavoz popular, Rafael Blasco. Enric Morera (Compromís) fue más allá y cargó contra el órgano fiscalizador de la Generalitat, del que no ocultó su desconfianza tras avalar, dijo, los contratos con la trama Gürtel por la visita del Papa que luego un informe judicial ha puesto en evidencia. «Es un organismo irrelevante que no fiscaliza de una forma fehaciente, clara y contundente el entramado de contrataciones y facturas del Consell», asestó. Ángel Luna (PSPV) señaló que la Sindicatura «tiene unas limitaciones a la hora de hacer el seguimiento de dónde ha ido a parar el dinero», por lo que tiene «más confianza en la Justicia». Blasco reprochó a la oposición que «descalifique» las instituciones» ante su «debacle electoral».

Del hospital de Haití, el conseller defendió que el proyecto tiene el beneplácito del comité de expertos que preside Bill Clinton, «encargado de tutelar todos los proyectos en Haití». Sobre la viabilidad de la iniciativa, asumió como propias las dudas de Cruz Roja sobre la sostenibilidad de un proyecto en el que el Consell va a destinar 3,8 millones. «¿Hay alguna duda sobre la sostenibilidad de la gestión de un hospital en Haití a la vista de cómo está este país? Sobre la de un hospital y sobre la de un ultramarinos», apostilló, para añadir que, no por ello, los países renuncian a realizar esfuerzos para mejorar la situación.

(www.levante-emv.com, 20/10/10)

CAMPS ADJUDICABA "A DEDO" LOS CONTRATOS HUMANITARIOS

Cruz Roja confirma que la ONG Fundación Solidaria 'Entre Pueblos' iba a ser la asignataria del proyecto para la construcción de un Hospital en Haití y se felicita de que no se le haya planteado su intervención.

Cruz Roja estima en unos 3 millones de euros el coste de la construcción y el transporte del hospital que, al ser prefabricado, vendría desde Miami, como los equipos. Cruz Roja mantiene serias dudas sobre la pertinencia del proyecto pero, sobre todo, de sus sostenibilidad una vez se retire la financiación de la Generalitat puesto que no había nadie que se hiciera cargo de la gestión y era bastante difícil encontrarlo. Considera una "gran ventaja que no se haya contado con la entidad".

El informe señala que la Fundación Solidaria 'Entre Pueblos' será la asignataria de la financiación disponible para acometer el proyecto en la fase constructiva y en la de formación de personal y constata que el director general de inmigración, José María Felip, y un representante de 'Entrepueblos' visitaron Haití, recibiendo el apoyo logístico de la delegación de la Cruz Roja en ese país caribeño para cerrar acuerdos, firmar una declaración de intenciones con la alcaldesa de la localidad donde se construirá el hospital y establecer una agenda para la firma de un convenio con el ministro de Salud.

(www.cadenaser.com, 18/10/10)

UNA TRAMA CONVIERTE LA SOLIDARIDAD EN NEGOCIO

"Algunas ONG españolas todavía siguen robando duro en el país, haciendo proyectos fantasmas y otras inversiones para los pobres..., todo queda en los altos funcionarios de esas ONG". Este comentario anónimo a una noticia publicada por la edición digital del diario La Prensa, de Managua el 28 de diciembre de 2008, no era el único que arremetía en el mismo sentido contra una información titulada Cooperación española visible en Madriz. La crónica explicaba, de manera un tanto confusa, que en ese departamento de Nicaragua se desarrollaban proyectos de cooperación para mejorar caminos rurales, perforar pozos de agua y ayudar a la agricultura financiados por varias instituciones españolas, entre ellas, "la Generalitat Valenciana más la Fundación Cyes".

Algo debían ver sobre el terreno los anónimos lectores internautas de lo que ocurría de hecho con algunos de esos proyectos. La Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes), que recibió en 2008 de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía dos subvenciones para "grandes proyectos" de 833.409 euros cada una, apenas destinó unas decenas de miles de euros a sus objetivos en Totogalpa, departamento de Madriz, consistentes precisamente en acercar agua potable a una zona rural y mejorar el rendimiento de los cultivos. La mayor parte del dinero fue gastado, de manera inmediata, en la compra de dos entresuelos con garaje en la avenida de Ausiàs March, en Valencia, que, según la letra del proyecto, debían servir como "oficina técnica". A esos locales, en realidad, ha trasladado su sede la propia fundación creada y presidida por Marcial López López, un enfermero que a finales de los años noventa fue revocado de la presidencia del Colegio de Enfermería de Castellón, inhabilitado y acusado de malversar fondos.

Además de la compra de los pisos, que el consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, se apresuró a desmentir hace una semana, tras estallar públicamente el escándalo, con un certificado sin registro de salida según el cual su departamento habría obtenido de la Fundación Cyes facturas por otros conceptos para justificar los gastos, la entidad consiguió que la Generalitat le aceptara como gastos justificados más de 66.000 euros de asesoría de una empresa creada por personal de la propia fundación, y actualmente domiciliada en su sede, y 208.000 euros pagados, también por asesoramiento, a una empresa informática denominada Gestiones e Iniciativas Arcmed, SL.

Eso ocurría a finales de 2008. Momento en que el administrador único de Arcmed, Alfonso Navarro Torres, constituía junto a Adolfo Soler Sempere, de otra empresa denominada Dinamiz-E Consultoría, Creatividad y Desarrollo Tecnológico, propiedad de los mismos accionistas, una denominada Fundación Solidaria Entre Pueblos de la Comunidad Valenciana, en la que ocupa el puesto de secretario José Bollaín Pastor, del despacho Avance Abogados. Esa fundación ha pasado en dos años a convertirse en la entidad de referencia del departamento de Blasco y en el centro de una trama de captación de fondos de cooperación a través de pequeñas organizaciones no gubernamentales de ayuda al desarrollo ya existentes o de ONG fantasmas creadas casi al mismo tiempo.

La abundante documentación que sobre el caso de la Fundación Cyes y sobre la Fundación Entre Pueblos obra en manos del fiscal anticorrupción, aportada por la diputada socialista en las Cortes Valencianas Clara Tirado, que presentó la denuncia, y por la diputada de Compromís Mireia Mollà, que incorporó hace unos días bastante información a la investigación, ha abierto un caso en el que se destapa el uso de la solidaridad como negocio por parte de una serie de empresas bien relacionadas con el poder político.

Aparte de la Fundación Cyes, cuyo asunto, en un momento previo a la creación de la Fundación Solidaria Entre Pueblos, ha desencadenado la investigación del fiscal y la polémica pública, al menos cinco ONG han servido de tapadera a la trama para captar fondos de las subvenciones de cooperación de 2009 y 2010. El portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, evaluó el viernes en 9,6 millones de euros lo que la trama habría obtenido hasta ahora por el procedimiento de gestionar desde la Fundación Entre Pueblos, en contacto estrecho con los técnicos del departamento de Blasco, proyectos a las ONG que desbordan sus posibilidades e incluir en esos proyectos sustanciosas facturas que cobran las empresas de los patronos de la propia fundación.

La actuación de la trama implica a organizaciones como Fudersa, Asa de África, Agrupación Cívica Intercultural Hispano-ecuatoguineana-Ceiba, Esperanza sin Fronteras y Asamanu África. Las dos últimas han hecho público que ignoraban que estaban siendo utilizadas para el fraude en los fondos de cooperación. Los proyectos de todas ellas, gestionados desde la Fundación Solidaria Entre Pueblos, incluyen pagos a Arcmed, de Alfonso Navarro, presidente de la fundación; Dinamiz-E, de Adolfo Soler, vicepresidente, o Avance Abogados, de José Bollaín, secretario y apoderado.

En el caso de la Agrupación Ceiba, también aportó facturas la empresa Depósito de Especialidades Farmacéuticas (Desfa), de la que es consejero delegado Joaquín Blasco López, uno de los habituales en los locales de la Fundación Solidaria Entre Pueblos junto a César Augusto Tauroni, viejo conocido del consejero Blasco en otros escenarios de empresas informáticas y adjudicaciones de la Administración. La Agrupación Ceiba, de repente, empezó a gestionar supuestamente proyectos en Malabo contra la violencia sexual y la explotación infantil y contra el contagio del sida por valor de 296.988 y 359.367 euros. En realidad, como revelan documentos que la diputada Mollà ha entregado al fiscal, esos proyectos, que implican pagos a las empresas de sus patronos, los ejecutaba la Fundación Solidaria Entre Pueblos, a la que ha interpuesto un pleito mercantil la veterana ONG Entrepueblos (Entrepobles) por usurpación de marca en el que ha pedido la suspensión cautelar de su uso.

El protagonismo de la Fundación Solidaria Entre Pueblos en la redacción de los proyectos generosamente subvencionados por la consejería de Blasco es tal que dispone incluso de cuentas mancomunadas con las ONG para el manejo de los fondos recibidos de la Generalitat.

Mientras Blasco se ha aplicado a negar cualquier irregularidad en la gestión de las subvenciones de cooperación, pese a los indicios acumulados, en forma de documentos, extractos bancarios, correos electrónicos y expedientes, por la oposición, las organizaciones de ayuda al desarrollo han expresado su preocupación ante el escándalo.

La Coordinadora Valenciana de ONGD, a la que ha comenzado a surgirle una escisión promovida desde la propia Consejería de Solidaridad y Ciudadanía -el mismo Blasco llegó a telefonear personalmente a responsables de ONG en ese sentido-, ha hecho pública su preocupación por el deterioro de la imagen de la cooperación ante la opinión pública. "Por la gravedad de los hechos", explicaba la Coordinadora en un comunicado, el asunto "genera dudas sobre la transparencia y eficacia de los programas de cooperación internacional desarrollados por las ONGD valencianas".

Son los efectos de una trama que aprovecha los fondos públicos para obtener beneficios. Como pedía el anónimo lector de la edición digital del diario La Prensa, "más control a estas ONG que siguen saqueando lo último que nos queda y se roban el dinero que es donado para los pobres".

(www.elpais.com, 17/10/10)

LA 'RECETA BLASCO', OTRA VEZ

Hay cosas que nunca cambian. La toma de posesión de Rafael Blasco como consejero es garantía de que, más pronto o más tarde, saltará un escándalo (o varios) relacionado con su gestión. La polémica -esto tampoco suele fallar- estará relacionada con adjudicaciones concedidas a empresas vinculadas, de una u otra forma, a personas relacionadas con su entorno. Y, además, entre las firmas beneficiarias de los fondos públicos o entre sus responsables no es extraño que aparezcan una y otra vez los mismos nombres. El último de estos episodios, el presunto desvío de fondos a organizaciones afines a través de los fondos de cooperación, tiene todos estos ingredientes. Los ingredientes de la receta Blasco.

De nuevo, la pista lleva a un clásico de las polémicas del consejero: Augusto César Tauroni. Esta vez, eso sí, en segundo plano. Este ex socio de un hermano del consejero, Bernardo Blasco, fue protagonista de una polémica adjudicación de Bienestar Social en 2001 cuando Rafael Blasco dirigía este departamento. La firma de Tauroni, General de Comunicación y Servicios (GCS), se alzó con un concurso de atención telefónica a personas mayores por 99.716 euros mediante un proceso administrativo urgente -"una ficción", según denunció Eulen, competidora por el contrato-. CGS también obtuvo otra serie de contratos de Bienestar Social por más de 200.000 euros.

Otra de las empresas beneficiadas por el paso de Blasco por Bienestar Social fue Lonerson. Obtuvo un contrato junto a Tissat de 6,7 millones de euros para la gestión de los centros 24 horas. Lonerson aportó directivos que cotizaban en CGS para hacerse con el contrato. En otro concurso, junto a Asispa para la teleasistencia en situaciones de riesgo, usó la sede social, el teléfono y la web de CGS. La relación CGS-Lonerson quedó aún más patente cuando Consuelo Tauroni, hermana de Augusto César, se presentó como representante de Lonerson en la consejería.

El tinglado de ONG subvencionadas por Blasco ha devuelto a Lonerson a escena. El administrador de la firma desde 2005 es Adolfo Soler Sempere, a su vez, administrador de Dinamiz-e. Esta empresa se ha beneficiado de la trama al asesorar a ONG. Pero, además, Soler es vicepresidente de la Fundación Solidaria Entre Pueblos, situada en el epicentro de la polémica.

Otro de los protagonistas que ha vuelto a primer plano a raíz del escándalo de la cooperación es Marc Llinares, actual jefe de área de cooperación. Llinares fue el sustituto que buscó Blasco en su paso fugaz por la Consejería de Sanidad (2006-2007) para Alfonso Jiménez, jefe del departamento de informática, cuando este le dio problemas. Jiménez plantó cara al consejero al oponerse a los criterios de adjudicación que le trataban de imponer en contra de la opinión de los técnicos. Finalmente, abandonó la consejería y Blasco puso en su lugar a Llinares. Entonces, poco antes de abandonar el departamento, Blasco aceleró varias adjudicaciones por valor de cinco millones de euros.

El episodio de Jiménez no es un caso aislado en la trayectoria de Blasco. Sin ir más lejos, en Solidaridad y Ciudadanía ha habido al menos cuatro bajas por defender posturas contrarias a las dictadas por la cúpula de la consejería. Entre ellas se encuentran dos directoras generales (Carmen Dolz y Pilar Collado), además de un jefe de área (Sergio Aguado) y una jefa de servicio (Teresa Clemente). En la dirección general, Blasco puso a Josep María Felip, el más fiel aliado del consejero. En lugar de Aguado, el elegido fue otro viejo conocido: Marc Llinares.

(www.elpais.com, 17/10/10)

LA SUBVENCIÓN DE BLASCO A NICARAGUA SE GASTÓ EN UN MES EN DOS PISOS

La Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige el también portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, aprobó el 22 de agosto de 2008 dos subvenciones idénticas, por 833.409 euros cada una, para sendos proyectos de cooperación de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) en Nicaragua. Pocos días después, el 11 de septiembre, el dinero estaba ingresado en las cuentas de la fundación. No había pasado un mes cuando, el 6 de octubre, salían de las cuentas los fondos para pagar dos pisos con garaje en Valencia, cuya adquisición la entidad había incluido en el proyecto. Una semana más tarde, ya se había pagado también a la empresa Arcmed, que forma parte de una trama para captar fondos de cooperación de la Generalitat, un carísimo asesoramiento. Así lo revelan los movimientos bancarios de las cuentas de la Fundación Cyes.

El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, hizo público ayer el documento que refleja los movimientos de la cuenta de la Fundación Cyes en la oficina del BBVA de Rey Don Jaime, en Castellón, correspondiente a uno de los proyectos. El 11 de septiembre de 2008 entran en la cuenta los 833.409 euros de la subvención de la Generalitat, el 6 de octubre hay un cargo por 282.322 euros, dos por 46.722 euros y otro por 21.105 destinados al pago de uno de los entresuelos comprados en la avenida de Ausiàs March, en Valencia, donde hoy está la sede de la fundación. El 13 de octubre salen otras cantidades para pagar gastos y tributos de la compra y un talón de 208.352 euros destinado a la empresa de informática Arcmed por su asesoramiento. A finales de ese mes, apenas quedan en la cuenta 184.000 euros de los ingresados por la Generalitat, sin haber destinado todavía ni un céntimo a Nicaragua.

Los movimientos bancarios confirman, por tanto, que la Fundación Cyes compró dos locales con garaje con fondos destinados a cooperación con la excusa de crear una "oficina técnica" de los proyectos. En ningún momento la consejería reclamó la devolución de ese dinero. El consejero Rafael Blasco aseguró, tras estallar el escándalo por lo sucedido, que el 8 de julio pasado, casi dos años después de ingresar en la cuenta de la Fundación Cyes la subvención, y sólo cuatro días antes de cerrar el expediente, su departamento aceptó otro tipo de facturas para justificar los gastos porque no consideró aceptables las de la adquisición de inmuebles.

Además de revelar el destino efectivo de los fondos de cooperación entregados a la Fundación Cyes, presidida por Marcial López, que fue inhabilitado en los años noventa cuando era presidente del Colegio de Enfermería de Castellón, el portavoz socialista, Ángel Luna denunció lo que calificó como una irregularidad "que pasará en el futuro" y contra la que advirtió que el PSPV-PSOE "dará la batalla para que no se lleve a cabo". Estuvo acompañado de la diputada autonómica Clara Tirado, que presentó ante el fiscal anticorrupción una denuncia sobre el asunto que ha dado lugar a la apertura de una investigación.

Luna explicó que el consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha decidido entregar el proyecto de construir un hospital en Haití a la Fundación Solidaria Entre Pueblos, situada en el centro de una trama de captación de fondos de cooperación para empresas de los propios patronos de la entidad.

El borrador del acta de una reunión del Comité Permanente de Acción Humanitaria de la Comunidad Valenciana del pasado 3 de septiembre, que Luna entregó a los periodistas, revela que Blasco dio por hecho en Haití que Entre Pueblos, con poco más de un año de antigüedad, se hará cargo de un proyecto de 3,8 millones de euros. "En el proyecto de la Generalitat", señala el acta del Comité Permanente de Atención Humanitaria, "ya se han realizado algunas tareas a fecha de hoy: selección de una organización responsable. La fundación acreditada ante el gobierno de Haití, que ha respondido al llamado de la Generalitat para cubrir todos los aspectos de esta intervención, y que ya acompañó a la delegación valenciana en la primera visita institucional realizada en agosto es la Fundación Solidaria Entre Pueblos".

El portavoz parlamentario socialista explicó que todo indica también que se ha permitido a la Fundación Entre Pueblos disponer de una cuenta en la que la Generalitat recogió donaciones para ayudar a Haití tras el terremoto. Según el acta del mencionado comité, el director general de Inmigración y Cooperación, Josep Maria Felip, indicó que para la primera etapa del proyecto se disponía de diversas aportaciones. Entre ellas, citó 177.779 euros procedentes de "cuentas abiertas por la Generalitat" y aseguró: "Esta cantidad se ingresará en la cuenta corriente de la fundación Solidaria Entre Pueblos"

Añadió el portavoz socialista que ya se habla también de la empresa constructora que hará el hospital sin saber ni dónde se ubicará en concreto. Esa constructora, con sede en Miami, se denomina Orion, pero los socialistas sólo ha encontrado referencias de una inmobiliaria denominada Orion de Miami que se dedica a la venta de pisos de lujo.

La Consejería de Solidaridad y Ciudadanía emitió un comunicado en el que desmiente que se haya adjudicado todavía la construcción del hospital de Haití ni que se haya concedido "ningún proyecto a la entidad Entre Pueblos por valor de 3,8 millones", algo que no afirmó Luna.

El diputado socialista habló, precisamente, de que no se ha producido concurso ni adjudicación alguna. Sobre la constructora Orion, la consejería de Blasco dijo que "es una de las empresas con las que se ha contactado y que se dedica a la construcción de clínicas y hospitales modulares diseñados específicamente ante casos de catástrofes naturales".

El hecho es que, de acuerdo con el acta del Comité Permanente de Acción Humanitaria, una de sus miembros solicitó "más información de la Fundación Solidaria Entre Pueblos, así como de la propiedad futura del hospital". El director general le respondió que "La Generalitat Valenciana, a través de una oficina técnica que se creará en el país de la mano de la Fundación Solidaria Entre Pueblos de la Comunidad Valenciana, se compromete a gestionar durante 5 años el hospital, pasando después al sistema de salud haitiano".

El PP salió defensa de Blasco. Por una parte, el vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla aseguró que el Consell tienen "plena confianza" en el consejero de Solidaridad y Ciudadanía, que merece "un respeto y una consideración". Por otra parte, los diputados populares Alicia de Miguel, Vicente Betoret y Herminia Palomar salieron en defensa del también portavoz parlamentario del PP. De Miguel acusó al PSPV-PSOE de "organizar y colaborar en una guerra sucia". Betoret dijo que los socialistas intentan "ocultar el transfuguismo" en Benidorm y Palomar dijo que la política de cooperación "no admite mancha alguna".

La Coordinadora Valenciana de ONGD, que ha convocado una manifestación contra la pobreza esta tarde en Valencia, pidió a la Generalitat que aclare lo sucedido con la Fundación Cyes y la trama de fundaciones y señaló en un comunicado que "la instrumentalización de la solidaridad al servicio de intereses particulares, empresariales o políticos, es inmoral y atenta gravemente contra los pilares de la ética ciudadana".

(www.elpais.com, 16/10/10)

BLASCO ENCIENDE LAS ALARMAS EN EL PP

El escándalo sobre la gestión en las ayudas a la cooperación que ha afectado de lleno al conseller Rafael Blasco ha generado inquietud en amplios sectores del PP valenciano que ven con preocupación como el titular de Solidaridad y Ciudadanía vuelve estar en el punto de mira de la sospecha. Dirigentes del PP consultados por este diario admitieron su malestar con una polémica que afecta a un tema tan sensible como la cooperación y que arroja serias dudas sobre un conseller cuya trayectoria ha estado marcada por los escándalos.

Las voces más críticas contra el también portavoz del grupo popular en las Corts proceden principalmente del sector cristiano del partido que nunca ha visto con buenos ojos al ex conseller socialista. La existencia de un entramado de empresas dirigidas en la sombra por personas vinculadas a Blasco que se habría beneficiado de fondos públicos dirigidos al Tercer Mundo ha dado argumentos a quienes en el PP valenciano recelan del síndic popular y consideran que el presidente Francisco Camps debería tomar cartas en el asunto. No obstante, no sólo el sector conservador desconfía de un conseller que en los últimos tiempos se ha convertido en un apoyo clave para el presidente provincial del PP, Alfonso Rus.

Personas que han compartido con él tareas de gobierno señalan que no es la primera vez que el conseller camina por la cuerda floja y que el escándalo no puede sorprender a nadie que haya seguido su trayectoria. "Mucho menos al propio Camps que sabía el riesgo que corría al hacerle conseller", apunta otro dirigente que recuerda que en la pasada legislatura el jefe del Consell tuvo que abrir una crisis de gobierno ante su controvertido paso por el departamento de Territorio. Estas fuentes admiten que Blasco ha hecho impagables servicios a la causa, pero añaden que es obvio que siempre "ha trabajado para sí mismo".

La polémica tampoco ha gustado en el Palau de la Generalitat. Aunque el propio conseller previno a Camps de lo que se le venía encima -Blasco aseguró en rueda de prensa que supo de la existencia de la querella socialista diez días antes de presentarse- al jefe del Consell le incomoda que la imagen de su Gobiern0, muy tocada por el caso Gürtel, sufra una nueva estocada. Aunque en el PP se da por hecho que el conseller "sobrevivirá como siempre lo ha hecho" máxime en un momento en que difícilmente Camps puede dar un golpe de autoridad, reconocen que el escándalo debilita a quien en los últimos años ha llevado el peso de su defensa. Considerado dentro y fuera del PPCV como el mejor estratega del Consell de Camps, Blasco había ganado protagonismo en la primera línea política.

De hecho, como portavoz ha dado un impulso importante al grupo popular con el que ha paliado en parte la parálisis de un Ejecutivo en el que dos de sus vicepresidentes están salpicados por el caso Gürtel. Ahora, en plena ofensiva contra el síndic socialista, Ángel Luna, por la polémica reforma en el domicilio familiar, la figura del síndic popular se ve empañada por una controversia que llega a menos de un año de las elecciones y de la formación de otro Consell.

El conseller Serafín Castellano aseguró que Blasco ya ha dado "explicaciones prontas y claras de todo lo que se le ha solicitado, como las da también el Gobierno valenciano en su conjunto". El titular de Gobernación, que en su día también se vio afectado por la polémica por adjudicar contratos a un conocido, considera que el PSPV "es el menos indicado para dar lecciones de ética y de moral a nadie porque la historia reciente demuestra que siempre que gobierna el PSOE, en este país se convive con la corrupción y con el paro". Desde las Corts la diputada popular Hermina Palomar acusó al PSPV de tratar de confundir a la opinión pública, al tiempo que negó la existencia de irregularidades en Cooperación.

(www.levante-emv.com, 13/10/10)

CUATRO ALTOS CARGOS Y FUNCIONARIOS DE BLASCO CESARON EN PLENO TRÁMITE DE LAS AYUDAS

La Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía es un territorio político de alto riesgo. Especialmente los puestos que participan en la aprobación de proyectos de desarrollo para el Tercer Mundo. Dos ex directoras generales de cooperación (Carmen Dolz y Pilar Collado), un ex jefe de área adscrito a ese departamento (Sergio Aguado) y una ex jefa de servicio de gestión de los programas (Teresa Clemente) pueden dar fe de que esas casillas del organigrama de la conselleria de Blasco queman. Los cuatro responsables de la evaluación, supervisión, aprobación y seguimiento del dinero concedido a ONG y fundaciones cesaron mientras se tramitaban expedientes como el de la Fundación Cyes -que dedicó subvenciones para cooperación a comprar inmuebles- o ayudas a entidades como las del entramado engordado con fondos públicos.

Los vaivenes de cargos en el departamento que dirige Blasco empezaron justo en los días posteriores a la resolución de 22 de agosto de 2008, en la que se aprobaban, entre otros, los proyectos de la Fundación Cyes. Carmen Dolz dimitió. Sergio Aguado, funcionario de carrera y jefe de área de cooperación, y la responsable del servicio de gestión, Teresa Clemente, fueron apartados al negarse a asumir algunos de los proyectos aprobados y planteamientos.

A rey muerto, rey puesto. El 19 de septiembre de 2008, el mismo DOCV publicaba el nombramiento de la nueva directora general, Pilar Collado, persona, como Dolz, próxima al presidente Francisco Camps. Poco más de un año y medio duró en el puesto. Fue un período no exento de encontronazos con el conseller. Hasta que, a finales de abril de este año presentó su renuncia, justo cuando se estaba cociendo la nueva resolución de ayudas a proyectos de cooperación internacional. La dimisión por serias discrepancias con Blasco se vendió como una renuncia por motivos personales, por una supuesta imposibilidad de poder cumplir con una agenda de viajes al extranjero propia del cargo. Públicamente se disfrazó la dimisión con un traslado a la dirección general de Turismo Interior por necesidades de gestión. Fue entonces llegó, por fin, alguien de la confianza del conseller. Josep Maria Felip tomó las riendas de Cooperación al Desarrollo, pero también de Inmigración, ya que las dos competencias se unificaron en una sola dirección general.

Doce días después de ser oficial su nombramiento, Josep Maria Felip firmó la resolución de las ayudas a grandes proyectos correspondientes a este año en la que no salieron nada malparadas entidades vinculadas a la Fedacod, la federación de ONG impulsada por Blasco como alternativa a la Coordinadora crítica. Entidades vinculadas al entramado en torno a la Fundación Solidaria Entre Pueblos, como ASA de África o Fudersa se llevaron 663.000 y 670.000 euros respectivamente, para proyectos en Mauritania, Camerún y la República Dominicana.El 31 de agosto, el conseller anunció la construcción de un hospital en Haití, a donde Blasco viajó. El tiene una dotación de 3,8 millones de euros y será ejecutado por la Fundación Solidaria Entre Pueblos.

El pasado 23 de junio, Felip adjudicó otros 7.500 euros a la Fundación Cyes para un máster. Y el 12 de julio, Felip firmó el certificado que cerraba el expediente de los proyectos de esta fundación en Nicaragua.

www.levante-emv.com, 15/10/10

LA MATRIZ DE LA TRAMA TENÍA PODERES EN CUENTAS DE LAS ONG SUBVENCIONADAS POR LA GENERALITAT

La matriz del entramado para captar ayudas de cooperación, la Fundación Solidaria Entre Pueblos, no sólo controlaba los informes y las facturas de las empresas que debían contratar las ONG subvencionadas por el Consell, sino que incluso tenía poderes en cuentas compartidas con estas entidades mediante las que se efectuaban los ingresos y pagos. Así se desprende de la documentación —14 gigas de papeles, e-mails, extractos bancarios— remitida a la Fiscalía Anticorrupción, junto con un escrito de denuncia, por el grupo de Compromís en las Corts. La portavoz adjunta Mireia Mollà acusó al conseller de Solidaridad, Rafael Blasco, de "avalar" estos manejos y, en concreto, señaló la "relación directa de una persona del gabinete técnico de Blasco con la fundación Entre Pueblos" que revela, dijo, el "trato de favor" a esta entidad "para que gestionara proyectos a fundaciones más pequeñas para darles después las ayudas".

Compromís ha presentado la denuncia al fiscal Anticorrupción, Jesús Carrasco, como añadido a la que ya formuló el PSPV por la supuesta compra de pisos con fondos de cooperación. Tal como ha publicado Levante-EMV, la coalición denuncia una "trama de fundaciones" en la que las empresas que son patronos de la fundación Entre Pueblos —Arcmed y Dinamize— "acaban siendo beneficiarias de buena parte de los recursos" otorgados por la conselleria de Blasco. Para ello "utilizaron" ONG con escasos medios, a las que facilitaban casi todo, informes, facturas, gestiones, y a las que hacían contratar con esas firmas, que se llevaron unos 2 millones de los más de 4 en subvenciones, cifró. Mollà recalcó el papel de "enlace" de un miembro del gabinete de Blasco ("que no es funcionario") entre la conselleria y Entre Pueblos, una relación avalada con intercambio de e-mails y que iba a actos "donde públicamente se ha dicho que era el representante de la conselleria".

El control de la matriz era tan estrecho, según Mollà, que hasta "manejaban las cuentas compartidas" con las ONG, como lo prueba, añadió, las notificaciones de la fundación Ceiba al banco ordenando pagos, donde junto al entonces presidente, Juan P. Ebang, tiene firma José Bollaín, secretario de Entre Pueblos. Uno de ellos incluye el pago de 72.768 euros en "personal, manutención y viajes" a la propia fundación matriz. Se da la circunstancia de que Ebang estuvo "en nómina, a 1.300 euros al mes, de Entre Pueblos", resaltó Mollá. La diputada mostró un escrito similar de Fudersa, así como la autorización del presidente de Entre Pueblos, Alfonso Navarro, a Bollaín para firmar en las cuentas mancomunadas con otras ONG.

No sólo eso. Entre Pueblos, censuró Mollà, se presentaba como "responsable" de proyectos que, en realidad, estaban subvencionados a otras ONG. Así, citó la carta al Ministerio de Guinea Ecuatorial en el que alude a "nuestro proyecto", en referencia una actuación de la entidad Ceiba. Por ello, denunció que se ha incumplido la ley de fundaciones que impide, salvo autorización del Protectorado de la Generalitat, que estas entidades contraten, directa o indirectamente, con empresas de sus mismos patronos. En algunos casos, las ONG firmaban un convenio de colaboración con la matriz, con lo que la relación con el proyecto es directa. La coalición pedirá una auditoría al Tribunal de Cuentas y una comisión de investigación en las Corts.

(www.levante-emv.com, 15/10/10)

EL CONSEJERO YA SUBVENCIONÓ EN 1998 A LA FUNDACIÓN CYES CUANDO ERA SUBSECRETARIO

La Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes), que adquirió en 2008 dos locales con garaje en Valencia con fondos de una subvención de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, no es una desconocida para el consejero del área y portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco. Hace 12 años, cuando Blasco era subsecretario de Planificación y Relaciones Externas de la Consejería de Presidencia, que dirigía José Joaquín Ripoll, esa fundación ya recibió una subvención de 86.747 euros (14,4 millones de las antiguas pesetas) por un máster universitario en cooperación al desarrollo. En esa época la Fundación Cyes apareció inmersa en un escándalo que afectó a su presidente, Marcial López López, entonces presidente también del Colegio de Enfermería de Castellón.

Marcial López fue denunciado por miembros del colegio y se inició un conflicto que desembocaría en su relevo del cargo, su inhabilitación y la imputación por delitos como malversación o apropiación indebida. En el transcurso del conflicto, la policía llegó a realizar registros en la sede de la Fundación Cyes en Castellón, ya que, según las denuncias de los nuevos responsables del colegio, López había ingresado en ella matrículas de cursos organizados por la entidad colegial, que había corrido con todos los costes.

A la pregunta de este diario sobre cómo es posible que, con esos antecedentes, una década después concediera subvenciones a la Fundación Cyes de más de 1,8 millones de euros, Blasco respondió ayer que esa entidad "debía cumplir y cumplía todos los requisitos". El consejero, en una vehemente rueda de prensa tras la junta de portavoces en las Cortes, recriminó la actuación de los medios que, como EL PAÍS, han estado dando información sobre la polémica, a los que acusó de haberse "quedado solos". "No hay", concluyó sobre la Fundación Cyes, "salvo que me digan lo contrario, ninguna causa que lo impida".

"Es un montaje", insistió Blasco sobre la denuncia de los socialistas que ha llevado al fiscal anticorrupción a abrir una investigación. Según el consejero y portavoz parlamentario del PP, el PSPV-PSOE maneja un expediente de las subvenciones a la Fundación Cyes que es "falso" y está "trucado". Blasco arremetió contra el portavoz socialista, Ángel Luna, y anunció que ha remitido un escrito a la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, invitándola a comparecer en rueda de prensa o en la comisión de las Cortes, para explicar las políticas de cooperación del Gobierno central y de la Generalitat. La secretaria de Estado hizo unas declaraciones en las que pedía explicaciones sobre el caso. Blasco retó a Soraya Rodríguez a explicar su propia actuación y la de Leire Pajín, su predecesora, así como "las subvenciones que recibía la ONG a la que pertenecía Leire Pajín y algunas otras directamente vinculadas con el partido socialista conocidas en toda España".

Ángel Luna, por su parte, fue muy contundente al acusar al Consell de protagonizar una deriva "mortal para los intereses de la Comunidad Valenciana". Se refería al informe judicial sobre las irregularidades en los contratos de Ràdio Televisió Valenciana con motivo de la visita del Papa en 2006 y a las subvenciones de cooperación. Sobre estas últimas dijo que todo el mundo es consciente de que existe "una trama de asociaciones y organizaciones que, como poco, tienen un carácter clientelar". Los socialistas han reclamado copia de los expedientes de subvención a la Fundación Cyes y otras organizaciones, de las que dijo que "parece que se han destinado a pagar asesorías de oro, en algunos casos, y locales de platino, en otros". Luna insistió en que los expedientes pueden haber sido manipulados en la consejería que dirige Blasco y apeló, para aclararlo, a la investigación del fiscal.

www.elpais.com, 14/10/10

FISCALÍA INVESTIGA EL DESTINO DE LAS AYUDAS QUE BLASCO DA A COOPERACIÓN

Se abrieron oficialmente las diligencias de investigación penal por la denuncia presentada por los socialistas valencianos sobre supuestas irregularidades en el destino de fondos adjudicados por la Consejería de Solidaridad, dirigida por Rafael Blasco, a la Fundación Cyes para ayuda humanitaria en Nicaragua y que acabaron sirviendo para la compra de pisos y locales.

La fiscalía abrió las diligencias materialmente el pasado viernes, pero faltaba una firma, la de la fiscal jefe, Teresa Gisbert, que puso su rúbrica. Ahora el fiscal anticorrupción y delitos económicos se ha hecho cargo de la investigación, aunque, a pesar de lo que dijo Blasco el pasado viernes, no tiene en su poder los expedientes que contienen la documentación de la adjudicación de dos proyectos, para agua potable y promoción de la agricultura en Nicaragua, por valor de 1,6 millones de euros, de los que al menos 800.000 fueron destinados supuestamente a la compra de inmuebles.

Blasco dijo haber puesto a disposición de la Fiscalía Superior esos expedientes, pero, en realidad, solo fue una declaración de intenciones. Lo que hizo fue remitir una carta a la fiscalía, en referencia a las informaciones sobre la denuncia del PSPV ofrecidas por la cadena SER y EL PAÍS, en la que decía: "Los expedientes están a su disposición". Ahí finalizó el ofrecimiento, innecesario dado que la fiscalía, en la instrucción de las diligencias de investigación penal, tiene potestad para requerir, como hará, esos dos expedientes y cualquier otra documentación o testimonio que considere importante para desvelar qué pudo ocurrir con el dinero público destinado a cooperación que sirvió para adquisiciones inmobiliarias.

La fiscalía cuenta, de momento, con la documentación aportada por la denuncia de la diputada socialista Clara Tirado, que no es parte en la causa. Sin embargo, tras estudiarla y valorar si del relato de los hechos se desprende la verosimilitud de una infracción penal, el fiscal solicitará información tanto a la consejería como a la fundación. Será capital la documentación sobre la concesión de la subvención y la liquidación de la misma, en la que hubo facturas que se devolvieron y fueron sustituidas por otras que se acomodaban a las exigencias de la consejería. Pero además, será también importante ver qué dinero realmente llegó a la Fundación Cyes, cómo lo gestionó y cómo justificó sus actuaciones. Además, la fiscalía comparará la dotación, infinitamente menor, a proyectos en lugares similares para acciones parecidas a precios sustancialmente menores a los que Blasco aprobó y que están en discusión.

(www.elpais.com, 14/10/10)

BLASCO PAGÓ 16 VECES MÁS POR EL PROYECTO EN NICARAGUA

El consejero de Solidaridad y Ciudadanía valenciano, Rafael Blasco, otorgó 833.000 euros a cada uno de los dos proyectos de cooperación en Nicaragua de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes), que incluían la adquisición de dos pisos con garaje y gastos de asesoría por más de 275.000 euros cada uno. Uno de esos proyectos, de "abastecimiento, control y tratamiento de agua de consumo humano en el sector rural disperso", multiplica 16 veces el coste de otros similares en la zona.

Una ONG con años de experiencia ha obtenido recientemente una subvención del Ayuntamiento de una capital española, a cuya documentación ha tenido acceso este diario, para un proyecto destinado al abastecimiento de agua que se ejecutará en los próximos meses en Totogalpa, el mismo municipio donde se centra el de la Fundación Cyes. El programa, presupuestado en 64.787 euros, ha obtenido una subvención de 50.679. De manera que el de Valencia arroja un sobrecoste de más del 1.500%. Y eso a pesar de que este segundo proyecto beneficiará a 315 familias (1.890 personas) frente a 30 familias (180 personas) el de la Fundación Cyes, y de que prevé perforar 10 pozos, por procedimiento manual, frente a dos, mecanizados, el proyecto valenciano.

La abismal diferencia de costes se confirma al comparar la subvención de Blasco -que está en manos de la Fiscalía Anticorrupción- con otras de objetivos similares en Nicaragua. Por ejemplo, en los departamentos de Granada y Masaya, también a cargo de una ONG española, una iniciativa para dar acceso al agua potable tiene un coste de 100.000 euros y recibe 75.000 euros de ayuda.

(www.elpais.com, 12/10/10)

EL NÚMERO 2 DE LA RED DE ONG DIRIGE LA FIRMA A LA QUE BLASCO DIO LA ATENCIÓN A LAS MALTRATADAS

La mercantil Lonerson SL se ha convertido en el nexo de unión entre dos escándalos mayúsculos en el corazón de la Generalitat Valenciana que tienen como protagonista principal al conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco. En 2002 fue la protagonista de una extraña concesión en la que recibió de Bienestar Social, cuando estaba dirigida por Blasco, la gestión de los centros mujer 24 horas de Valencia, Castelló y Alicante por 6,7 millones de euros y que mantiene en la actualidad, según informan en su página web. En aquella ocasión, el conseller tuvo que comparecer en las Corts Valencianes para dar explicaciones. Esta empresa está administrada en la actualidad por Adolfo Soler Sempere, el número dos de la trama de fundaciones y ONG que desvían dinero del Tercer Mundo a sus empresas. En los dos casos, las consellerías que dirige y dirigió el camaleónico político de Alzira ungen con subvenciones y contratos millonarios a las empresas relacionadas con Soler Sempere y su entorno.

Según ha venido contando Levante-EMV desde el pasado jueves, Adolfo Soler Sempere es el número dos del entramado que con la connivencia de la conselleria de Blasco ha recibido subvenciones millonarias. Soler Sempere es el administrador único de la firma Dinamiz-e y vicepresidente de la Fundación Solidaria Entre Pueblos. Ambas son la columna vertebral del conglomerado de organizaciones que ha recibido más de cuatro millones de euros de fondos de cooperación para diferentes proyectos en todo el mundo. Desde Solidaridad Entre Pueblos captan, gracias a la información que se les proporciona desde la conselleria de Blasco, a otras ONG a las que les redactan los proyectos de cooperación. En todos estos trabajos hay facturas imputadas a las empresas de sus dirigentes, entre ellos Dinamize-e, que administra Soler Sempere y que recibirá 519.329 euros por todos los trabajos realizados, según las facturas y facturas proforma a las que ha tenido acceso este periódico. Es curioso, que esta firma tenga como objeto social la asesoría en temas informáticos y acabe haciendo cursos de agricultura, en algunos casos con costes superiores a 100.000 euros.

Solidaridad Entre Pueblos, la fundación de la que Soler Sempere es vicepresidente, eje central del entramado, está dirigida en la sombra por César Augusto Tauroni, a la que éste también le realiza la gestión administrativa a través de su empresa General de Comunicaciones y Servicios (CGS). Tauroni fue socio de Bernardo Blasco, hermano del conseller Rafael Blasco y también fue uno de los principales protagonistas del escándalo de 2002.

En aquella ocasión Blasco dio a una empresa dormida la gestión del teléfono 24 horas de mujeres maltratadas por valor de 6,5 millones entre los años 2002 a 2005. Esa empresa era Lonerson y sólo hacia ocho meses que había sido comprada para activarla. En tan poco tiempo pudo acceder a uno de los contratos más suculentos de Bienestar social en aquella época. Esta firma, que ahora dirige el número dos de la trama de ONG, actuaba como pantalla de CGS, la firma de Tauroni, como demostró Levante-EMV en diferentes artículos en el año 2002.

Pantalla de CGS (Tauroni)

Lonerson compartía todos los recursos de CGS, la firma de Tauroni, y se limitaba a poner el nombre. Además, la empresa en UTE (Unión Temporal de Empresas) con la que consiguió el asesoramiento a las maltratadas, Tissat, también obtuvo junto a CGS el proyecto Infodona, adjudicado también por Bienestar Social con Blasco como máximo dirigente.

El caso de Lonerson fue muy curioso ya que de estar desactivada, en ocho meses pasó a recibir una concesión millonaria. Este contrato le vino muy bien para arrancar y tres años después, cuando terminaba la concesión, ya tenía unos ingresos de 1.347.713 euros. Fue en ese año cuando aparece Adolfo Soler Sempere que se convierte en administrador único hasta la fecha.

Ya en el año 2008, las últimas cuentas publicadas, y sin el amparo de grandes concesiones esta empresa facturó 363.413 euros. En la actualidad tiene sus oficinas en la Avenida Catalunya número 16 y dispone da empleo a 10 trabajadores. Su actividad son los servicios médicos aunque su objeto social, que sería cambiado en los últimos años es la compraventa, arrendamiento, administración y explotación de cualquier finca rústica y urbana, y la realización de toda clase de obras tanto públicas como privadas. Sus beneficios fueron de 70.569 euros, una empresa que se puede considerar rentable.

(www.levante-emv.com, 11/10/10)

El Consell auspicia un entramado de ONG que desvía dinero de cooperación a sus empresas

La tercera parte de los fondos públicos fue a parar a firmas de consultoría informática controladas por los dirigentes
del tinglado Los patronos de la fundación Solidaria Entre Pueblos facturaron 1,4 millones de euros a través de su grupo

Un complejo entramado de fundaciones y ONGD creadas recientemente desvió hasta 1,4 millones de euros de ayuda al Tercer Mundo a empresas de sus dirigentes a través de contratos de asesoramiento y valoración técnica. Personal de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, dirigida por Rafael Blasco, auspició que este tinglado recibiera hasta 4.368.632 millones de euros de subvenciones en 2009 y 2010, según revelan unos documentos a los que ha tenido acceso Levante-EMV.

El entramado, formado por cuatro ONG y dos fundaciones y, al menos, por cinco empresas, recibía consignas de personal de la conselleria de Blasco para mejorar sus puntuaciones en los concursos públicos y ampliar la red de organizaciones colaboradoras. En el centro de la red se encuentra la Fundación Solidaria Entre Pueblos, fundada en febrero de 2009 y que con tan corta vida ya ha recibido hasta 829.990 euros de proyectos de la Generalitat, algunos a dedo. Además, ha sido la institución elegida por Rafael Blasco para construir un hospital en Haití, con 3,8 millones de dinero público y de donaciones de los valencianos.

La red utilizaba un modus operandi piramidal. Entre Pueblos buscaba fundaciones y ONGD para ser asesoradas, muchas veces por personal de la propia conselleria que daba listados de las puertas donde llamar. Según ha podido saber este periódico, un subordinado de Rafael Blasco facilitaba los contactos e incluso, daba su nombre para interceder en la colaboración. También daba recomendaciones sobre los detalles técnicos que más se valoraban para entrar. La interlocución con la fundación cabeza de la red era más que fluida.

Una vez las organizaciones "tentadas" aceptan el trato, los técnicos de Solidaria Entre Pueblos elaboran el proyecto entero, incluidas las empresas con las que contratar, que en la mayoría de casos pertenecían a los dirigentes de la fundación. Así, según ha contabilizado Levante-EMV del material del que dispone, las firmas podrán recibir hasta 1.399.467 en los proyectos de 2009 y 2010, ya que algunos todavía están en ejecución en estos momentos.

Las empresas con las que se contrata, la mayoría de veces para informes técnicos, estudios topográficos, o incluso para cursos de agricultura, son Gestiones e Iniciativas Arcmed, S. L., Dinamiz-E, S. L., Desfa, S. L., y Promociones Delyvery Burns. La asesoría Avance abogados también facturó algunos trabajos a esta red de fundaciones. Estas cinco empresas pertenecen a los miembros del patronato de la Fundación Solidaria Entre Pueblos o a sus directores en la sombra.

Arcmed, que ha recibido de las fundaciones de la red hasta 420.997 euros, tiene como administrador único a Alfonso Navarro, presidente de Solidaria Entre Pueblos. Dinamiz-E, por su parte, cobró a las ONGD 519.329 euros y es propiedad de Adolfo Soler Sempere, vicepresidente de la fundación matriz.

Por su parte, Joaquín Blasco López, quien en realidad dirige en la sombra la Fundación Entre Pueblos, según ha podido confirmar este periódico en la documentación que obra en su poder, es el consejero delegado de Desfa, S. L., empresa que tiene comprometidos 388.255 euros de la red de ONGD. Promociones Delivery Burns, cuya administradora única es María Pilar Segura Crespo, también cobró 70.886 euros. Segura Crespo es también presidenta de Desfa, S. L.

Llama la atención que trabajando para la Fundación Entre Pueblos se encuentra la firma de uno de los ex socios del hermano del conseller Blasco, César Augusto Tauroni. CGS, la firma de Tauroni, quien también es brazo ejecutor, asesora a la fundación.

Las ONGD y sus proyectos

Pero no sólo las empresas de la trama tienen vinculaciones con Entre Pueblos, la propias ONGD a las que asesoraba acabaron produciendo sinergias. Es el caso de Ceiba, que recibió de la Conselleria de Solidaridad 656.355 euros. Juan Pablo Ebang, su presidente en 2009 (dimitió hace unos meses), estaba a sueldo de la fundación matriz, concretamente a 1.300 euros mensuales, según la documentación en poder de este periódico.

Dinamiz-E facturó por varios cursos a Ceiba 170.700 euros, de los 296.700 que costó todo el proyecto "Contra la violencia sexual y la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes en Malabo, Guinea Ecuatorial". Cabe recordar que el objeto social de esta firma es "el asesoramiento en informática". Además, la propia Solidaria Entre Pueblos recibió además casi 6.000 euros por la evaluación final del proyecto en 2009.

También de un proyecto de Ceiba para la reducción del sida en Guinea Ecuatorial, la firma de Joaquín Blasco López, Desfa, S. L., facturó 187.000 euros en suministro de medicamentos. Delivery Burns (firma administrada por la presidenta de Desfa, S. L.), que tiene en su objeto social el comercio de productos farmacéuticos y la venta de inmuebles, cobró hasta 70.886?.

Pese a esta elevada facturación, Fudersa (Fundación para el Desarrollo Rural y Salud) fue quien más dinero de la Generalitat recibió. Hasta 1.406.911 euros para diferentes proyectos en República Dominicana. En este caso también entraron todas las empresas de la red, que facturaron más de 330.000 euros por la construcción de invernaderos.

Por su parte, la Fundación Esperanza sin Fronteras, presidida por el periodista Fernando Darder, recibió para dos proyectos en 2010 hasta 579.846. Aunque el proyecto en Perú todavía no ha finalizado, las facturas proforma a las que ha tenido acceso Levante-EMV, confirman que Arcmed facturará a la firma, unos 116.000 euros.

Otra de las agraciadas con gran cantidad de dinero fue Asa de África, con hasta 663.378 euros. En este caso, es su propia presidenta la que tiene una estrecha relación con el entorno de Rafael Blasco y los dirigentes de Solidaria Entre Pueblos. Chistine Bernadette Nnomo Ayissi fue candidata por Asturias por el Partido Social Demócrata (PSD). Además es la vicepresidenta de Fedacot, la asociación que instigó el conseller Rafael Blasco para controlar el mundo de las ONGD.

Por último, Asamanu de África, a quien Solidaria Entre Pueblos gestionó todos los proyectos se ha llevado de la Generalitat 232.148 euros para sus proyectos en el continente africano.

Arcmed cobró de la fundación que pagó dos pisos y bajos con dinero del Consell

Arcmed, la empresa cuyo administrador único es Alfonso Navarro, presidente de Solidaria Entre Pueblos, no sólo recibió contrataciones del conglomerado de fundaciones que controla. Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) le abonó 208.352 euros por asesoramiento técnico. Cabe recordar que Cyes destinó 1,6 millones de euros de fondos de cooperación de la Generalitat a la compra de pisos y aparcamientos.

En concreto, el dinero del proyecto tenía que haber ido a Nicaragua pero se quedó en Valencia y al país centroamericano sólo llegaron 63.500 euros. Cyes, que preside Marcial lópez, inhabilitado por el Tribuna Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y acusado de malversación y apropiación indebida a finales de los años 90 cuando presidía el Colegio de Enfermería de Castellón, recibió de la Generalitat dos proyectos de 833.409 euros cada uno.

Al final, según publicó El País, con el dinero de uno de los proyectos en Nicaragua se adquirió un entresuelo en el número 79 de la avenida Ausiàs March de Valencia, y una plaza de garaje por 439.668 euros; se reformó el inmueble y se instalaron alarma, telefono y equipos informáticos por 22.194 euros y se destinaron 71.976 euros a gastos de personal.

La conselleria, que cerró el expediente favorablemente, sólo pidió la devolución de un 15% del valor del proyecto por no ajustarse a su idea inicial. La Generalitat negó tajantemente estas informaciones y dijo que dejaría ver el expediente a la oposición.

www.levante-emv.com 08.10.10

BLASCO VIAJÓ OFICIALMENTE A LA ESPAÑOLA COINCIDIENDO CON LA EXPOSICIÓN DE SU HIJO

El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, realizó un viaje oficial a Haití, con el fin de firmar un convenio con el Gobierno haitiano para la construcción de un hospital en el país devastado por el terremoto, en los días previos a la exposición de su hijo, Rablaci (acrónimo de Rafael Blasco Ciscar), en la primera edición de la Trienal Internacional del Caribe que se celebró en la misma isla de La Española pero en el país limítrofe de la República Dominicana, concretamente en Santo Domingo. En la trienal participó su esposa, la directora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Consuelo Ciscar, como "panelista invitada". Para llegar a la capital haitiana, Puerto Príncipe, Blasco hizo escala en Santo Domingo, a 262 kilómetros. A pesar de la coincidencia en La Española y la proximidad de las fechas, Blasco desvinculó ayer tajantemente el desplazamiento institucional del evento cultural y que se aprovechara la agenda oficial para asistir a la muestra de su hijo.

El también portavoz del PP en las Corts aseguró que ni viajó a Santo Domingo con su esposa e hijo, ni coincidió con ellos en la exposición. Según refirió, tras su estancia en el país haitiano, partió de Puerto Príncipe el 31 de agosto a las 17.30 horas, con escala obligada en Santo Domingo. Su llegada a Valencia, siempre según su explicación, se produjo el 2 de septiembre a las 9.30. Con todo, tanto la nota de prensa que remitió entonces la conselleria como la foto del acto en Haití figuraban con fecha 1 de septiembre. El acto de inauguración de la trienal de Santo Domingo fue el día 1 a las 19 horas y la exposición de su hijo, el día 2.

El dirigente popular asistió al acto de Teulada del día 27 de agosto, que terminó de madrugada, por lo que, como muy pronto, saldría el 28. La escala en Santo Domingo quizá le dio algún día de margen hasta desplazarse a Puerto Príncipe pero, en todo caso, la agenda en Haití fue muy apretada. Según la nota que envió la conselleria el día 1 de los corrientes, Blasco, quien en su periplo por el país caribeño estuvo acompañado por el embajador de España, Juan Fernández, visitó las zonas afectadas por el seísmo. También protagonizó, junto con el ministro de Salud, Alex Larson, el acto de firma del convenio por el que la Generalitat financiará con 3,8 millones el hospital. Blasco, con todo, no aclaró si en alguno de esos dos días de estancia de paso en Santo Domingo llegó a coincidir con su familia.

En lo que sí fue contundente fue en rechazar que la agenda oficial estuviera marcada por el evento cultural. Según aseguró, el desplazamiento a Haití no pudo realizarse hasta que no se contó con el plácet de la embajada, dada la situación del país haitiano. El permiso para acudir a Haití, recalcó, le llegó 24 horas antes, con un margen de tres días. "Mi agenda oficial está perfectamente planificada y responde a criterios que no tienen nada que ver con estas cuestiones", aseveró.

Con Blasco fuera de Haití, el día 2 Ciscar formó parte de una mesa de debate sobre las bienales. Ese mismo día, por la tarde, dentro de los "proyectos especiales" del certamen, Rablaci expuso sus Metáforas del hombre contemporáneo en la explanada del Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, sede de la trienal. Ciscar ha negado cualquier mediación en la muestra de su hijo y asegura que fue elegido por el comité de selección. Rablaci, estudiante de Bellas Artes, estuvo en 2009 en la Bienal de Arte de La Habana (donde el IVAM contó con una instalación de Julio Quaresma) y ha expuesto también en Tomar (Portugal); o en la embajada de España en Tokio. Participó también en la colectiva 100% Valencianos.

(www.levante-emv.com, 15/09/10)

ONG AFINES AL PP EVITAN LA TIJERA DE BLASCO

La anemia galopante que sufren las cuentas de la Generalitat, por la crisis económica y una deuda que paraliza, tiene muchos pliegues y costuras. Pocas áreas se están librando de una tijera. El último reparto de ayudas a las ONGD para proyectos de cooperación ha certificado un del 30% sobre los fondos presupuestados, que, a su vez, ya suponían una rebaja del 35% en relación a los recursos destinados en 2009. Sólo 13 de los 19 millones de euros previstos irán a parar a los 66 proyectos aprobados. Nada menos que 217 se han quedado en eso, en meros proyectos. Castillos en el aire de los que pendían muchas ilusiones en el Tercer Mundo y también puestos de trabajo en el sector de la solidaridad. Empleos que dependen de ese 9% del total de la ayuda concedida que puede destinarse a gastos administrativos.

En buena medida -98 casos- se han rechazado por falta de recursos. "Agotamiento de fondos", es el argumento oficial aportado por la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, que regenta Rafael Blasco. ¿Y cómo se determina quién se queda fuera si no hay dinero para todos Las prioridades no están justificadas porque no se facilita ninguna relación ordenada de la puntuación de los proyectos como sí se hace en unas oposiciones.

El recorte no ha afectado a todos por igual. Tres entidades afines al PP acumulan 737.397 euros. Se trata de la Fundación Humanismo y Democracia, H+D, la Fundación Iberoamérica Europa-Cipie y Valencians per Nicaragua. La primera se ha llevado 449.100 euros por proyecto agrario en Bolivia. El patronato de esa entidad es territorio popular.

Su presidente, Rafael Rodríguez-Ponga, José Ramón Pin Arboledas, Eugenio Nasarre o el diputado por Valencia Ignacio Uriarte son algunos de los dirigentes y ex cargos del partido. H+D tiene pocos motivos para quejarse del trato del Consell. En la etapa popular se ha llevado 2.687.532 euros para desarrollar 16 proyectos. A la fundación Iberoamérica España CIPIE le han correspondido esta vez 255.000 euros para ampliar un centro educativo para mujeres marginadas en Panamá.

Al frente de esta entidad está Pablo Izquierdo, ex jefe de prensa de Aznar y ex diputado popular. Su nombre saltó a la prensa a raíz de una investigación de la UE por un presunto fraude en la obtención de un millón de euros para tres proyectos en El Salvador. El pasado mes de diciembre, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ordenó a la Fiscalía de su país investigar a esa fundación al tener la sospecha de que en 2007 contribuyó con 250.000 euros a financiar el golpe de Estado.

En menor cuantía, 33.297 euros, la asociación Valencianos por Nicaragua, ha logrado que le financien su proyecto de "ayuda a la construcción de casas". Además de estas entidades, otras que han recibido cuantiosas ayudas del Consell en la etapa popular son la fundación Hispano Cubana, que se ha llevado 550.032 euros para cuatro proyectos, o la Cánovas del Castillo, a la que se ha inyectado 1.064.662 para cinco programas de cooperación. Estas entidades han logrado 4,6 millones del Consell popular.

Entre los 66 proyectos agraciados en el reparto no pasan inadvertidas tres asociaciones de inmigrantes con actividad exterior: Aculco (Asociación Cultural de Cooperación al desarrollo por Colombia e Iberoamérica), Aesco (América, España, Solidaridad y Cooperación) e Indígenas Ecuatorianos Residentes en la Comunidad Valenciana-Intiñán.

A esta última, el departamento de Blasco le ha otorgado 37.139 euros para un proyecto agropecuario en Loja (Ecuador), mientras que a Aesco le han correspondido 102.382 euros para financiar un programa de reducción de la pobreza en Perú. Aculco, por su parte, ha obtenido 200.448 euros para agricultura ecológica.

Los recortes a la cooperación dejan el objetivo del 0,7% fijado en la Ley de Cooperación y el Pacto Valenciano contra la Pobreza, suscrito hace un año, en apenas el 0,21%, según la coordinadora de ONGD. Blasco asegura que el 0,7% se cumple y el PSPV rebaja la realidad de la cooperación al 0,18%.

Su secretaria de movimientos sociales, Clara Tirado, acusa a Blasco de usar las ayudas para ajustar cuentas con entidades críticas con la obligación de destinar el 1% a publicitar el proyecto a través de una firma indicada por la conselleria. El PSPV denuncia que Blasco intenta utilizar políticamente a los inmigrantes a través de estos fondos.

(www.levante-emv.com, 25/05/10)

SENTENCIA T.S.J.V. POR EL QUE SE CONDENA A BLASCO. 27.05.14
Providencia T.S.J.C Valenciana imputando Blasco por 6 delitos..01.10.12
INFORME SINDICO DE COMPTES sobre consejeria.BLASCO. ABRIL 2011

EL PORTAVOZ DEL PP VALENCIANO, A PUNTO DE SER IMPUTADO

Blasco tenía una estrecha relación con Tauroni, según las conversaciones intervenidas

Acusada toda la cúpula

http://politica.elpais.com/politica/2012/05/23/actualidad/1337803878_661684.html

TAURONI URDIÓ Y BLASCO CONCEDIÓ LAS AYUDAS CON LAS QUE SE COMPRARON PISOS

El exconsejero forzó la concesión de las subvenciones a la Fundación Cyes

Blasco presionó a los técnicos para dar las ayudas a la Fundación Cyes

La fundación quiso devolver los inmuebles y la consejería se negó

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/23/valencia/1337803226_701242.html

MÍSTER X AL CALOR DE ROGER RABBIT

La ‘Operación Oswald’ desembocó en el ingreso en prisión de Tauroni

Una imputada habla de montar "otro chiringuito" en el destino de Blasco

"OK, estamos vivos", dice Tauroni al conocer que Felip sigue de alto cargo

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/23/valencia/1337808818_026469.html

LA FARSA DEL HOSPITAL DE HAITÍ

La investigación demuestra cómo Tauroni estaba detrás del proyecto

Altos cargos de Cooperación instruían al encargado de construir el centro

Fabra manda al limbo al hospital de Haití de Blasco

Haití, el hospital de la confusión

De hecho, el jefe de área de Cooperación, Marc Llinares, y Tauroni le dieron instrucciones sobre lo que debía decir en una rueda de prensa en la que explicó el proyecto del hospital.

Así se desprende de las comunicaciones telefónicas interceptadas por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional por orden del juzgado que investiga la presunta trama acusada de desviar para fines privados fondos públicos destinados a países al desarrollo.

A mediados de junio, y días antes de que Blasco, en calidad de consejero en funciones, abandonara el Consell, la consejería que dirigía concedió a Esperanza Sin Fronteras una subvención de cuatro millones de euros para construir el centro sanitario.

"Crees que hablas con un periodista, pero es un sicario”, comenta Tauroni

“Asaltar EL PAÍS”

Grabación del 17 de junio de 2011 en la que Josep Maria Felip y Marc Llinares diseñan la estrategia que debe llevar a cabo Fernando Darder.

J. M. F: ¿Sabes el plan B que te dije?

M. Ll. Sí, he localizado a Darder hace 10 minutos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/23/valencia/1337803739_009645.html

La coordinadora de ONG critica el recorte de ayudas a la cooperación

EL FISCAL MANTIENE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AYUDAS DE BLASCO

Profesionales e industriales de Castellón en la fundación, bajo sospecha

LA COORDINADORA DE ONG PIDE UNA EVALUACIÓN EXTERNA SOBRE LAS AYUDAS DE BLASCO

El colectivo destaca las "irregularidades" detectadas por el Síndic de Comptes en las subvenciones a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales

BLASCO SUBVENCIONA EL BARCO DE UN AMIGO DEL JEFE DE COOPERACIÓN

El propietario vendió un velero a Marc Llinares y traspasó una empresa a su esposa

EL DINERO DE LAS DONACIONES VA A UNA OFICINA TÉCNICA EN HAITÍ

BLASCO PASÓ 177.000 EUROS PARA HAITÍ A LA FUNDACIÓN QUE INVESTIGA EL FISCAL

Mollà pide que la Mesa de la Cortes, que donó 40.000 euros, se persone en el caso

UNA TRAMA CREABA PROYECTOS SOLIDARIOS PARA DESVIAR FONDOS, SEGÚN COMPROMÍS

Mireia Mollà entrega al fiscal un informe sobre las subvenciones de Blasco

Ingresos multiplicados

www.elpais.es 28.12.10

BLASCO NIEGA IRREGULARIDADES EN LAS AYUDAS DE COOPERACIÓN

Los socialistas desmontan ante el fiscal la justificación de las subvenciones de Blasco

Tirado asegura en un informe que los papeles de la consejería ratifican su denuncia

El Consell auspicia un entramado de ONG que desvía dinero de cooperación a sus empresas

La tercera parte de los fondos públicos fue a parar a firmas de consultoría informática controladas por los dirigentes

del tinglado Los patronos de la fundación Solidaria Entre Pueblos facturaron 1,4 millones de euros a través de su grupo