PILAR BARREIRO ÁLVAREZ : MUCHO MÁS QUE UNA SENADORA

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EL SUPREMO SEGUIRÁ INVESTIGANDO A LA SENADORA BARREIRO PESE A LA PETICIÓN DE ARCHIVO DEL FISCAL

EL SUPREMO INTERROGARÁ A UN ARREPENTIDO ANTES DE DECIDIR SI ARCHIVA LA CAUSA CONTRA BARREIRO

PILAR BARREIRO ACUSA AL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA DE DILATAR SU PROCESO JUDICIAL

LA ACUSACIÓN PONE EN DUDA LA ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA AL SOLICITAR EL ARCHIVO DE BARREIRO

LA ACUSACIÓN REGISTRA UN ESCRITO PARA FRENAR EL ARCHIVO DE LA CAUSA SOBRE PILAR BARREIRO

LA SENADORA IMPUTADA DEJA EL GRUPO DEL PP PARA FACILITAR LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

LA FISCALÍA DEL SUPREMO SALVA A LA SENADORA IMPUTADA DEL PP CON UNA BOFETADA AL JUEZ QUE INICIÓ EL 'CASO PÚNICA'

LOS LETRADOS DE PILAR BARREIRO INSISTEN EN RECLAMAR EL ARCHIVO

LA MAGISTRADA DE 'PÚNICA' CREE ACABADA LA INVESTIGACIÓN CONTRA BARREIRO Y SE DISPONE A RESOLVER

SIN COMUNICACIÓN ENTRE PP Y CIUDADANOS ANTE LA TRAMITACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

RAJOY ASEGURA QUE TIENE "UNA EXCELENTE OPINIÓN" SOBRE BARREIRO

LÓPEZ MIRAS: "PP NO ESTÁ PARA PAGAR LAVADOS DE IMAGEN"

CELDRÁN CONFIRMA AL SUPREMO QUE EL PP IBA A PAGAR LOS TRABAJOS DE MEJORA DE IMAGEN DE BARREIRO


CS RECUERDA QUE PARA APROBAR LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEBE DIMITIR BARREIRO

Barreiro reconoce sus tratos con Púnica pero niega el desvío de fondos públicos

La senadora Pilar Barreiro afirma que el contrato para mejorar su reputación lo iba a pagar el PP

El Supremo investigará a la senadora ‘popular’ Pilar Barreiro

La Fiscalía del Supremo pide investigar a la senadora del PP Pilar Barreiro por la Púnica

Barreiro reitera que actuó «siempre bajo la legalidad» y critica la «justicia paralela»

El juez quiere investigar a Sánchez por cohecho, fraude y revelación de información en 'Púnica'

MARJALIZA REGALÓ A LA SENADORA PILAR BARREIRO UN BOLSO PILAR BARREIRO (AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA)

EL SUPREMO EXCULPA A PILAR BARREIRO POR 'NOVO CARTHAGO' DE MANERA PROVISIONAL

Fiscalía analiza un informe de la UCO sobre la rama murciana de la 'Púnica'

EL SUPREMO RECHAZA MÁS INDAGACIONES A BARREIRO EN EL 'CASO NOVO CARTHAGO'

LA OPOSICIÓN EXIGE A BARREIRO QUE DIMITA TRAS SU IMPUTACIÓN Y LA COMPARA CON RITA BARBERÁ

EL SUPREMO VUELVE A IMPUTAR A PILAR BARREIRO POR EL 'CASO NOVO CARTHAGO'

EL SUPREMO REVOCA EL ARCHIVO SOBRE PILAR BARREIRO Y LA MANTIENE IMPUTADA POR 'NOVO CARTHAGO'

El juez relaciona a Barreiro con la Operación Púnica

EL TRIBUNAL SUPREMO ARCHIVA LA CAUSA CONTRA LA ALCALDESA DE CARTAGENA

PUJALTE, ‘PILLADO’ EN LA FISCALÍA GENERAL DÍAS DESPUÉS DE QUEJARSE DE INVESTIGACIONES SOBRE EL PP DE MURCIA

Dimite el consejero más veterano de Murcia, imputado por corrupción

EL ´NOVO CARTHAGO´, AL SUPREMO

EL JUEZ VE "NECESARIO" QUE LA ALCALDESA DE CARTAGENA DECLARE COMO IMPUTADA EN EL 'CASO NOVO CARTHAGO

LA RECALIFICACIÓN DEL ÚLTIMO TERRENO VIRGEN DEL MAR MENOR SITÚA AL BORDE DE LA IMPUTACIÓN A ALTOS CARGOS DE MURCIA
 


EL SUPREMO SEGUIRÁ INVESTIGANDO A LA SENADORA BARREIRO PESE A LA PETICIÓN DE ARCHIVO DEL FISCAL

La juez Ana Ferrer llama a declarar a tres testigos sobre la relación de la exalcaldesa de Cartagena con Púnica

El Tribunal Supremo ha optado por no archivar por ahora la causa abierta contra la senadora del PP Pilar Barreiro y exalcaldesa de Cartagena tal y como había pedido la Fiscalía. El ministerio público pidió el pasado 15 de marzo que se archivara el procedimiento en el que se investiga la presunta relación de Barreiro con la trama de corrupción Púnica al considerar que no había indicios racionales de delito. Sin embargo, la juez Ana María Ferrer, que instruye el caso, ha dictado una providencia por la que, antes de decidir si atiende la solicitud del fiscal, cita a declarar el próximo 11 de mayo a tres testigos.


La senadora del PP está siendo investigada por fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho que motivaron la investigación Uno de los testigos citados es Francisco Javier Bueno, un empleado de Alejandro de Pedro considerado el conseguidor de Púnica. Bueno, investigado en la causa que se sigue contra los no aforados en la Audiencia Nacional, ha confesado las irregularidades de la trama y sostuvo que vio a Barreiro y al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez reunirse con De Pedro en un hotel de Madrid.

La juez ha citado también a Beatriz Palazón, concejal del PP en el Ayuntamiento de Cartagena, del que Barreiro era alcaldesa; y al periodista Isaac Vaquer, contratado por Púnica para que insertara noticias positivas para la reputación de la entonces regidora en un diario local y que ya declaró como testigo en la Audiencia Nacional.

La petición de la fiscalía para que se archivara el caso llegó después de que Barreiro declarara en febrero pasado ante la juez del Supremo Ana Ferrer y reconociera que mantuvo contactos con el experto informático de Púnica, Alejandro de Pedro, para que mejoraran su imagen en Internet. Sin embargo, negó en todo momento que dichos trabajos –que aseguró que no se habían llegado a realizar- fueran a ser pagados con fondos públicos, sino que los mismos iban a ser cubiertos por su partido.

El Supremo abrió la causa contra Barreiro tras recibir una petición del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que hasta junio estuvo al frente del caso Púnica en la Audiencia Nacional. Velasco no podía investigar a Barreiro debido a la condición de aforada de la actual senadora y que, cuando se produjeron las primeras detenciones en octubre de 2014, era diputada. Velasco pidió al Supremo que lo hiciera al considerar que la exalcaldesa de Cartagena había contratado con dinero público a uno de los principales implicados en la Púnica, Alejandro de Pedro, para que mejorara en las redes sociales su reputación, que estaba muy deteriorada después de verse presuntamente vinculada al supuesto caso de corrupción Nova Carthago. Por esta causa también tuvo que declarar ante el Supremo, pero entonces el alto tribunal sobreseyó las acusaciones contra ella.

https://politica.elpais.com/politica/2018/04/23/actualidad/1524483311_572718.html

EL SUPREMO INTERROGARÁ A UN ARREPENTIDO ANTES DE DECIDIR SI ARCHIVA LA CAUSA CONTRA BARREIRO

La acusación popular de Adade ha solicitado a la magistrada Ana María Ferrer que no cierre la causa contra la exalcaldesa de Cartagena, tal y como reclamó la Fiscalía del Tribunal Supremo

La magistrada de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo Ana María Ferrer interrogará el 11 de mayo al arrepentido Francisco Javier Bueno González, y a otros dos testigos, antes de decidir si acusa a la senadora Pilar Barreiro, que hace tres semanas abandonó el Grupo Parlamentario del PP de la Cámara Alta para facilitar la aprobación de los presupuestos, según una providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó el pasado 15 de marzo que se archivara la causa de la exsenadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro por la perpetración de los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho en el marco de la denominada 'Operación Púnica'.

Por su parte, el arrepentido Bueno González, que era el director comercial de Madiva Editorial SL, una de las empresas del informático de la 'Punica', Alejandro de Pedro, está imputado en la pieza separada de Murcia de la 'Púnica'. Por eso, la magistrada en la providencia anuncia que le informará de su derecho a no declarar y de que el procedimiento que se sigue en el Supremo no se dirige contra él.

Por ello, con toda probabilidad, este arrepentido volverá a ser interpelado sobre los presuntos pagos irregulares de los que se habría beneficiado la exsenadora del PP.

Reuniones clave
Tal y como adelantó Vozpópuli, este directivo reconoció haber estado presente en reuniones clave de las supuestas negociaciones de la trama con Barreiro y con el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez.

Francisco Javier Bueno confirmó que el 22 de septiembre de 2014 su jefe, Alejandro de Pedro mantuvo una reunión con el propio Pedro Antonio Sánchez, que entonces era consejero de Educación y aspiraba a encabezar la lista autonómica de su partido, y la entonces alcaldesa de Cartagena y senadora Pilar Barreiro. En la reunión habrían acordado un contrato presuntamente irregular.

Según detalló el imputado, ese día él estaba junto a De Pedro en el Hotel Las Letras de la Gran Vía de Madrid cuando éste le pidió que saliera del lugar ya que tenía intención de reunirse con Barreiro y Sánchez. Francisco Javier Bueno aseguró que cuando salía del establecimiento se cruzó con los dos políticos.

El exdirectivo de la empresa implicada en la trama 'Púnica' informó al juez acerca de tres encuentros que mantuvo con Barreiro o su equipo en los que la exalcaldesa de Cartagena habría contratado, de forma presuntamente irregular, los servicios informáticos de Alejandro de Pedro.

Ana María Ferrer
Además, la magistrada del Supremo Ana María Ferrer ha reclamado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional "la documentación aportada por María del Mar Conesa Marchán tras su declaración el 4 de octubre de 2016", pero también la grabación de la declaración de la que fuera jefa de prensa de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Isabel Gallego, en la que aludió de los pagos realizados a al informático de la 'Púnica' Alejandro de Pedro.

Asimismo, la magistrada informa en la providencia de que ha recibido un escrito, de los abogados de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), en el que como acusación popular piden que no se archive la investigación contra Barreiro, tal y como reclamó la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Este documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, Adade califica de sorprendente la petición del ministerio publico de que se cierre la causa contra Barreiro, ya que considera acreditado que la exalcaldesa de Cartagena tuvo "un papel fundamental en los hechos y además es la beneficiaria directa de los bienes públicos malversados, gracias a la mejora en su reputación".

https://www.vozpopuli.com/politica/Supremo-interroga-senadora-testigos-Pilar-Barreiro-Adade-punica-ferrer-gonzalez-Pedro_0_1128488557.html

PILAR BARREIRO ACUSA AL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA DE DILATAR SU PROCESO JUDICIAL

La senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, desde hace unas semanas en el Grupo Mixto, ha reiterado a la magistrada del Tribunal Supremo que instruye una pieza separada del caso Púnica su solicitud de archivo de las diligencias, además de acusar al ayuntamiento de aquella ciudad de tratar de dilatar el proceso.

En un escrito, los letrados de Barreiro, José Pardo Geijo y Raúl Pardo-Geijo Ruiz, acusan al ayuntamiento del que aquella fue alcaldesa y a la Asociación de Abogados Demócratas de España (ADADE), también personada en las actuaciones, de actuar movidos por el deseo de dilatar el proceso lo más que se pueda en detrimento de la honorabilidad de la senadora.
También critican que traten de llevar a cabo una investigación prospectiva, "que está terminantemente prohibida por cualquier ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho, como es el nuestro".

Para los abogados, "ambas acusaciones lo que buscan en la elongación del procedimiento, sin más; no les importa la búsqueda de la verdad material, dicho sea en términos estrictos de defensa".

Señalan también que "no cabe entender que estando personadas ambas acusaciones en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, en la pieza separada de Murcia, desde su inicio no se hayan personado en esta causa hasta el 10 de enero de 2018".
Y concluyen con la solicitud del sobreseimiento libre del caso, en el que se investiga si la ahora senadora pudo cometer algún ilícito penal durante su etapa de alcaldesa por la supuesta contratación de una campaña de mejora de imagen.
La Fiscalía pidió a la magistrada instructora hace unas semanas el archivo de las actuaciones al considerar que de lo investigado no se desprendían indicios de la posible comisión de algún tipo delictivo.

Por otra parte, la senadora del PP por la Región de Murcia Pilar Barreiro, que en el Pleno de ayer estrenó escaño en el Grupo Mixto, asegura que decidió «libremente» dejar la bancada popular para evitar que la investigación judicial abierta contra ella por el 'caso Púnica' se pudiera utilizar como «presión» al PP por parte de Ciudadanos.

La exalcaldesa de Cartagena asistió a la primera reunión del Grupo Mixto de la Cámara Alta, donde se le ha adjudicado la portavocía de la Comisión de Entidades Locales, un cargo por el que, según el portavoz de turno del grupo, Francisco Javier Alegre (C's), no va a mejorar la retribución económica que tenía en el grupo del PP.

La senadora agradeció su acogida a los demás miembros del grupo, conformado ahora por ella y once senadores más de Ciudadanos, Compromís, EH-Bildu, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Foro, Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gomera y una exsenadora de Podemos.

Reconoció que su pase al Mixto responde a una situación «difícil y complicada» y reiteró que se marchó del grupo popular pese a que el pacto de investidura entre PP y Ciudadanos aludía al apartamiento de cargos solo cuando la imputación judicial se transformara en juicio oral.

Ello no sucede en su caso, puesto que, según recuerda, solo está investigada por el Tribunal Supremo y la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa, de manera que acusa a Ciudadanos de «retorcer» el pacto de investidura por «intereses partidarios» al haber exigido su cese para apoyar los Presupuestos Generales del Estado.

La senadora está acusada de varios delitos supuestamente cometidos cuando era alcaldesa de Cartagena, en concreto los de fraude, falsificación de documentos, prevaricación y malversación, pero ella ha proclamado siempre su inocencia, razón por la cual, afirma, no ha renunciado a su escaño.

«He hecho lo que tenía que hacer, lo que consideraba que debía hacer y en ningún caso consideré dejar el acta de senadora porque yo estoy declarando mi inocencia desde el principio, desde el primer minuto», manifestó tras asistir a la reunión del Grupo Mixto.
Eso sí, lamentó que existan «diferentes varas de medir» por parte de «toda la sociedad» hacia los políticos, algo que considera «doloroso» y que deriva en una situación de «injusticia clara y profunda».

«Esta sociedad debe tomar un punto de cordura; establecer que el criterio de la presunción de inocencia sea siempre y para todos. No para unos sí y para otros no», reflexionó.

Y sobre la posibilidad de volver al Grupo Parlamentario Popular si, como espera, el Supremo atiende a la Fiscalía y archiva la causa, subrayó que ella «siempre» ha sido del PP y que continuará en el partido en el que se mantiene como militante.

Alegre comentó que la primera reunión con Barreiro en el Grupo Mixto ha sido «cordial».

http://www.murciaconfidencial.com/2018/04/pilar-barreiro-acusa-al-ayuntamiento-de.html

LA ACUSACIÓN PONE EN DUDA LA ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA AL SOLICITAR EL ARCHIVO DE BARREIRO

Sostiene que por los mismos hechos el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha sido enviado a juicio.

Según informa La Vanguardia, el movimiento de la Fiscalía de solicitar el archivo de la causa respecto de la que fuera senadora del PP Pilar Barreiro —investigada en el caso Púnica en el Tribunal Supremo al ser aforada— ha generado resquemor en algunos sectores de la judicatura. Sin ir más lejos, la propia acusación popular, representada por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) se ha opuesto a esta intención, poniendo en entredicho los argumentos planteados por el Ministerio Público.

La alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro saltó a la palestra tras conocerse que habría contratado los servicios del empresario Alejandro de Pedro para que éste se encargara de limpiar su imagen en internet, lo que en argot se conoce como 'reputación online'. De esta forma camuflaba los pagos a través de contratos por publicidad desde la Consejería de Educación de Murcia.

Tanto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco vieron indicios de que tanto Barreiro como Pedro Antonio Sánchez —después elegido presidente de Murcia— contrataron los servicios de De Pedro para limpiar su imagen personal con fondos públicos.

El juez se tuvo que inhibir a los tribunales correspondientes respecto de ambos dirigentes ‘populares’ al estar aforados. En el caso de Sánchez, se fue al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), cuyo instructor vio suficientes indicios para sentarle en el banquillo de los acusados. Justo en el momento de solicitar a las partes sus escritos de conclusiones, Sánchez dimitió de todos sus argos públicos y el magistrado encargado del asunto tuvo que devolver la causa a la Audiencia Nacional al haber perdido Sánchez el aforamiento.

Sin embargo, en el caso de la Fiscalía del Tribunal Supremo, ha estimado que no hay indicios que acrediten mínimamente que Barreiro utilizara fondos públicos para pagar esos trabajos. Da por válida su propia declaración en sede judicial y la del presidente del PP de Cartagena de entonces, Francisco Celdrán, quien confirmó que esos trabajos iban a pagarse con dinero del partido.

http://www.publico.es/politica/acusacion-pone-duda-actuacion-fiscalia-solicitar-archivo-barreiro.html

LA ACUSACIÓN REGISTRA UN ESCRITO PARA FRENAR EL ARCHIVO DE LA CAUSA SOBRE PILAR BARREIRO

La Fiscalía había pedido que se sobreseyera la imputación en Púnica de la senadora, que acaba de abandonar el PP

La acusación popular ADADE ha presentado ante el Tribunal Supremo un escrito, al que ha tenido acceso El Plural, para solicitar que la investigación sobre la senadora Pilar Barreiro -que ha abandonado el PP y se ha pasado al Grupo Mixto para facilitar la aprobación de los Presupuestos- no sea sobreseída. ADADE pone de ejemplo el caso del expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, sobre quien se ha abierto ya el juicio oral por idénticas acusaciones a las que pesan sobre Barreiro, exalcaldesa de Cartagena.

La situación de Barreiro, imputada en el Tribunal Supremo por el caso Púnica, había bloqueado hasta ahora el pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Hace dos semanas, la Fiscalía pedía que sobreseyera la causa, allanando el camino de las cuentas públicas, aunque no ha sido hasta que la senadora se ha pasado al Grupo Mixto que no se ha desbloqueado la negociación.

Ante la perspectiva de que el Tribunal Supremo aproveche el escrito de la Fiscalía para archivar la causa, ADADE ha presentado un escrito donde pide que no se sobresea la investigación con el argumento de peso de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha abierto ya el juicio oral contra el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez con acusaciones idénticas a las que pesan sobre Barreiro.

A ambos se les atribuye la “contratación de servicios de mejora de la reputación tanto para Pedro Antonio como para la investigada Pilar Barreiro, con cargos a fondos de la Consejería de Educación de la Región de Murcia”.

Además, ADADE recuerda que la exalcaldesa de Cartagena tenía una “estrecha relación” con el conseguidor de la trama Púnica, José Antonio Alonso Conesa, algo que es “un hecho notorio en Cartagena”. “Ambos lo han reconocido públicamente”, alega la acusación popular, y “se da la circunstancia, que en el momento de su detención Don José Antonio Alonso Conesa, portaba la tarjeta de crédito del Congreso de los Diputados de Dª Pilar Barreiro, documento personal e intransferible, y el que el investigado la tuviese en su poder es un claro indicio de una relación de confianza entre ambos”.

https://www.elplural.com/politica/2018/03/26/pilar-barreiro-senadora-adade-supremo

LA SENADORA IMPUTADA DEJA EL GRUPO DEL PP PARA FACILITAR LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Pilar Barreiro, investigada en el 'caso Púnica', comunica a la Mesa de la Cámara que pasa al Mixto

El camino para aprobar los Presupuestos Generales del Estado se allana. La senadora Pilar Barreiro ha anunciado este viernes que ha comunicado a la Mesa de la Cámara que deja el grupo del PP para pasar al Mixto. "Esta decisión obedece a mi intención de no perjudicar al partido y por el interés general de los españoles", ha apuntado la imputada en Púnica. Ciudadanos había puesto su salida como condición para apoyar las cuentas. Y, aunque su renuncia facilita el acuerdo, aún queda lograr el respaldo del PNV, que lo vinculó a la retirada del 155 en Cataluña, todavía vigente.

"Esperaré tranquila la decisión que tome el Tribunal Supremo sobre el procedimiento en curso, ya que creo firmemente en la justicia de nuestro país", ha apostillado este viernes Barreiro, que se encuentra imputada desde el pasado octubre, cuando la Sala de lo Penal decidió abrir una causa contra la senadora por cinco delitos: fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada. La fiscalía pidió la semana pasada que se archivase la causa contra la popular al considerar que no ha resultado "debidamente justificada" la perpetración de los delitos que motivaron la investigación.

Durante más de cinco meses, la figura de la senadora se convirtió en uno de los grandes escollos para la aprobación de las cuentas de este año. Ciudadanos vinculó su voto a favor a la salida de Barreiro, ya que el pacto firmado para aupar a Mariano Rajoy a La Moncloa obliga literalmente a "separar inmediata de los cargos públicos a imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción".

Pese a ello, el PP ha mantenido y respaldado a la senadora, alcaldesa de Cartagena (Murcia) hasta las elecciones municipales de 2015. Incluso, el portavoz del partido conservador en el Congreso, Rafael Hernando, llegó a acusar a su socio de investidura de "frivoliza con los intereses de los españoles". "Gracias Pilar Barreiro por su gesto generoso y por su entrega incondicional al PP. Esperamos que todo se resuelva pronto y ojalá que bien. El futuro no está escrito", ha afirmado este mismo viernes Fernando Martínez-Maillo, coordinador general de los populares.

Pero Ciudadanos mantuvo su apuesta durante meses y, esta misma semana, repetía otra vez que con Barreiro en su cargo no habría Presupuestos. Por ello, en cuanto se ha conocido su salida, el partido de centro-derecha ha salido a celebrarlo. "Más de 80 días ha tardado el PP en echar a su senadora imputada. Rajoy, siempre tarde. Pero si querían empezar a negociar los presupuestos tenían que cumplir el pacto anticorrupción exigido por Ciudadanos. Nosotros sí cumplimos", ha insistido este viernes Albert Rivera, presidente de la cuarta fuerza política del país.

Un pase al grupo mixto que, según fuentes de la dirección de Ciudadanos, es suficiente para reabrir las negociaciones. Eso sí, el socio de investidura de Rajoy pone otras "condiciones indispensables" para dar luz verde a las cuentes, como la bajada del IRPF y garantizar la equiparación salarial de las fuerzas de seguridad. Además, el PNV ha reiterado que no votará a favor hasta la retirada del artículo 155 en Cataluña.

El PSOE pide el escaño

Pero el aterrizaje de Barreiro ya ha generado los primeros rechazos dentro del Mixto, donde también se encuentran integrados los senadores de Ciudadanos. Carlos Mulet, portavoz de Compromís en la Cámara Alta, ha lamentado que este grupo "acabe acogiendo y dando cabida a personas provenientes del PP que están imputadas y con problemas judiciales". El PSOE, por su parte, ha exigido a la senadora que deje inmediatamente su escaño y acusó a Ciudadanos de "encubrir una farsa" con la decisión de abandonar el grupo parlamentario popular y pasar al mixto. "Exigimos a Rivera que aplique su escrupulosa moralidad tanto en el caso de Barreiro como en el de Cifuentes si quiere tener la más mínima credibilidad", ha denunciado Ander Gil, portavoz de los socialistas en el Hemiciclo.

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/23/actualidad/1521823756_865650.html

LA FISCALÍA DEL SUPREMO SALVA A LA SENADORA IMPUTADA DEL PP CON UNA BOFETADA AL JUEZ QUE INICIÓ EL 'CASO PÚNICA'

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha dado este jueves un paso que, de manera objetiva, ayuda al Gobierno a aprobar los Presupuestos del Estado a la vez que asesta una auténtica bofetada al primer juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, y también a la Fiscalía Anticorrupción. Ese paso se resume así: Pilar Barreiro, la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena cuya imputación fue invocada por Ciudadanos como el gran escollo para dar vía libre a las cuentas públicas de 2018, quedará exonerada si la juez Ana Ferrer acepta la solicitud de sobreseimiento "provisional" formulada por el fiscal Fernando Sequeros. Los indicios acumulados contra ella, dice Sequeros, "no trascienden de la mera suposición".

En contra de lo que sostenían Eloy Velasco y Anticorrupción, Sequeros argumenta que el hecho de que el conseguidor de Púnica, Alejandro de Pedro, fuese contratado para mejorar la imagen de Barreiro en Internet no implica ningún delito: la frontera entre los contratos de publicidad institucional y los de estricta mejora de la imagen personal de políticos es "brumosa y, en consecuencia, imprecisa y confusa", mantiene el fiscal. Los indicios acumulados en la investigación "carecen de entidad y relevancia", escribe también. Y "no permiten racionalmente –sin aventurar una acusación arriesgada– inferir la existencia de hechos reprochables en el orden penal".

Tras aceptar la resolución de Velasco –denominada exposición razonada– donde el magistrado de la Audiencia plasmaba los indicios de delito que pesaban sobre Barreiro –de prevaricación a cohecho y malversación pasando por fraude a la Administración y falsedad–, el Supremo abrió el caso contra la senadora en octubre. Ahora, el fiscal del Supremo ataca esa misma exposición razonada que llevó al alto tribunal a la apertura de diligencias.

Fuentes consultadas por infoLibre expresaron su temor a que la tesis aplicada por Sequeros debilite el conjunto de la investigación en lo que afecta a los investigados que lo están precisamente por haberse beneficiado de los llamados trabajos de reputación online. O sea, aquellos que, según los investigadores, servían para lavar la imagen de determinados políticos del PP pero no con cargo al presupuesto del partido o al suyo propio sino al de las instituciones que gobernaban.

Anticorrupción no observa "contradicción"

Oficialmente, Anticorrupción no se da por aludida ni por cuestionada y así lo trasladaron a este diario las fuentes consultadas en la fiscalía especializada. Pese a que el escrito de Sequeros constituye una especie de enmienda a la totalidad a los postulados esgrimidos por el juez Velasco de la mano de las fiscales de Púnica, Carmen García y Teresa Gálvez, Anticorrupción no observa "contradicción" con la postura de Sequeros, "que se refiere a un momento de la investigación posterior al de la exposición razonada".

Pero, sobre todo, las fuentes oficiales recalcaron que Anticorrupción no variará su posición en el caso: se mantendrá la acusación contra el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, inculpado por hechos casi idénticos a los examinados en cuanto a Barreiro, con la diferencia de que en su caso no llegaron a firmarse contratos de reputación online con las empresas de De Pedro, Eico y Madiva. Y también se dirigirá acusación por el mismo motivo contra el expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez. ¿Seguirá la misma doctrina Anticorrupción en el caso de la exconsejera madrileña Lucía Figar? Este diario lo desconoce.

Según Sequeros, "las conclusiones de la exposición razonada" –una especie de auto dirigido a otro tribunal– con la que Velasco pidió al Supremo que investigase a Barreiro por encomendar a la trama del conseguidor Alejandro de Pedro su lavado de imagen en Internet con cargo, supuestamente, al Ayuntamiento de Cartagena en 2014, "no parecen respetar el principio de intervención mínima". Es decir, el principio según el cual la vía penal solo debe utilizarse como último recurso. Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre expresaron, con una pregunta, su estupefacción ante ese aserto: "¿Y si la exposición razonada no respetaba el principio de intervención mínima por qué la Fiscalía del Supremo se declaró partidaria de que se aceptara y por qué el Supremo finalmente la aceptó? Si no respetaba el principio de intervención mínima tendría que haberla rechazado". La admisión se produjo en octubre de 2017 con el visto bueno de la Fiscalía, entonces capitaneada por el ahora fallecido José Manuel Maza.

El golpe de la Fiscalía del Supremo, la de mayor rango y la más cercana al fiscal general del Estado, alcanza a Anticorrupción porque la exposición razonada de Velasco se cimentaba en un escrito previo elaborado por las fiscales del caso Púnica. Y ese escrito de las fiscales no solo calificaba de "sólidos" los indicios de delito recabados contra Barreiro sino que la involucraba en un "plan criminal" en el que aparecía un personaje hoy secundario pero en aquel momento –comienzos de 2017– central: Pedro Antonio Sánchez, entonces presidente de Murcia igualmente en representación del PP. Sánchez dimitió después de que el TSJ murciano aceptase la exposición razonada elaborada por Velasco para explicar por qué Sánchez debía ser investigado, en este caso por el tribunal autonómico ante el que estaba aforado.

Tres diligencias desde octubre

Las diligencias practicadas han sido tres: tomar declaración a la senadora, que negó haber usado fondos públicos para mejorar su imagen personal; tomar declaración al presidente del PP de Cartagena, Francisco Celdrán, que refrendó lo dicho por Barreiro y aseguró muy tajante que el partido iba a pagar los trabajos de reputación no institucionales; y recabar del Ayuntamiento de Cartagena un certificado de que lo "habitual" bajo el mandato de Barreiro era que su jefe de gabinete participase en los contratos de publicidad. Según el fiscal, resultaba "ociosa por innecesaria" la opción de que desfilaran ante el Supremo los otros imputados y testigos relacionados con la trama murciana.

La Fiscalía ha presentado su escrito justo el día después de que la magistrada Ana Ferrer, asignada a la investigación de la aforada Barreiro, aceptase la personación de la asociación de abogados Adade y del PSOE como acusación popular bajo una única dirección letrada. Fuentes de la nueva acusación popular, que ya ejerce ese papel en las diligencias que sobre Púnica instruye la Audiencia Nacional, confirmaron la inminente presentación de un escrito contrario al sobreseimiento. El Ayuntamiento de Cartagena, ahora gobernado por el PSOE y un grupo afín a Podemos, se personó como acusación particular –es decir, como perjudicado– pero, según la Fiscalía, no compareció finalmente ante el Supremo el día en que se le citó para la declaración del presidente local del PP .

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/03/16/la_fiscalia_del_supremo_salva_senadora_imputada_del_con_una_bofetada_juez_que_inicio_caso_punica_80706_1012.html

LOS LETRADOS DE PILAR BARREIRO INSISTEN EN RECLAMAR EL ARCHIVO

Los abogados defensores de la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP, Pilar Barreiro, remitieron un escrito al Tribunal Supremo por el que insisten en reclamar el inmediato sobreseimiento de la investigación derivada del 'caso Púnica', que se basa en la supuesta existencia de pagos con dinero público por trabajos personales de mejora de reputación en internet.

Los letrados José y Raúl Pardo Geijo apenas tardaron 24 horas en responder al requerimiento de la magistrada Ana María Ferrer, quien emplazó a las partes para que informaran de si las diligencias debían darse por concluidas o si era necesario practicar alguna nueva prueba.

Una vez incorporada a la causa la documentación remitida por el Ayuntamiento de Cartagena, en la que se confirma que el exjefe de gabinete de Barreiro, Paco Ferreño, intervino en gran número de contratos municipales de publicidad, los abogados consideran acreditado que los trabajos realizado por Eico y Madiva no eran de lavado de imagen, sino de publicidad de las fiestas cartageneras y del tesoro de la 'Mercedes'.

http://www.laverdad.es/murcia/letrados-pilar-barreiro-20180310010538-ntvo.html

LA MAGISTRADA DE 'PÚNICA' CREE ACABADA LA INVESTIGACIÓN CONTRA BARREIRO Y SE DISPONE A RESOLVER

Los documentos enviados por el Ayuntamiento de Cartagena indican que el entonces jefe de gabinete de la alcaldesa firmaba las facturas de publicidad

La causa abierta por el Tribunal Supremo contra la exalcaldesa de Cartagena y hoy senadora por el PP, Pilar Barreiro, con motivo de la denominada 'Operación Púnica', está muy próxima a conocer su desenlace: el archivo de las diligencias o un auto de procedimiento abreviado que conduciría a la política popular hacia el banquillo. La magistrada a quien ha correspondido la instrucción de esta causa, Ana María Ferrer, acaba de notificar a las distintas partes del procedimiento que ya se ha recibido la documentación requerida del Ayuntamiento de Cartagena y viene a decir que con ello, por su parte, la investigación está concluida y lista para adoptar una decisión al respecto. Pero antes de ello emplaza a las partes para que, en el plazo máximo de ocho días, informen en favor de dar por finalizadas las gestiones o, en caso contrario, de proponer la práctica de alguna nueva prueba.

Si la defensa, el fiscal o la acusación particular no ven necesario realizar más diligencias, la magistrada tendrá vía libre para dictar una resolución, aunque previamente también podría pedir un informe a las partes sobre si procede el archivo o la confirmación de los cargos que se atribuían a Pilar Barreiro y la ulterior apertura de juicio.

La juez Ferrer había reclamado del Consistorio cartagenero que informara de si quien fue jefe de gabinete de la alcaldesa, Francisco Ferreño, había firmado en los años 2012, 2013 y 2014 alguna factura sobre publicidad institucional. Con esa petición pretendía conocer si este hombre de confianza de Ferreño intervenía habitualmente en contrataciones de ese tipo o, al contrario, si solo lo había hecho en 2013 respecto de las empresas Madiva y Eico On Line, vinculadas a la 'trama Púnica' y que presuntamente ofrecieron a Barreiro sus servicios de lavado de reputación en internet.

La juez da ocho días a las partes del proceso para que señalen si hay que practicar otras pruebas

En favor de la imputada

La prueba ha resultado bastante favorable para los intereses de la exalcaldesa imputada, ya que el Ayuntamiento ha confirmado que «la intervención de Francisco Ferreño era habitual en aquellos años en todos los expedientes de publicidad gestionados por la Alcaldía, figurando su firma en las facturas junto con la de la alcaldesa y el técnico municipal correspondiente». Igualmente reseña que solía intervenir en los expedientes de publicidad de otras concejalías, entre ellas la de Turismo, que es a la que en apariencia se cargó el coste de los trabajos acometidos por las empresas Eico y Madiva que están bajo sospecha.

El Consistorio ha remitido al Tribunal Supremo un largo listado de facturas (por encima de las 200) firmadas por Ferreño entre los años 2012 y 2014.

http://www.laverdad.es/murcia/magistrada-punica-cree-20180309012615-ntvo.html

SIN COMUNICACIÓN ENTRE PP Y CIUDADANOS ANTE LA TRAMITACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Los de Rivera consideran "inaudito" que el Gobierno no les haya informado ya de la elaboración de las cuentas públicas

Quedan poco más de dos semanas para que, como anunció el propio Mariano Rajoy, el Gobierno materialice su intención de llevar al Congreso de los Diputados el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, es decir, la ley más importante del año. A poco más 15 días, las conversaciones entre el Ejecutivo de Rajoy, o miembros del PP, y los responsables de Ciudadanos, su socio de investidura, son inexistentes, algo que miembros de la dirección del partido naranja consultados por la SER consideran "inaudito".

El entorno más cercano de Albert Rivera cree que el Gobierno ya tendría que haberse sentado con ellos para hablar de una forma más concreta sobre las cuentas del país, en las que deberán recogerse las medidas (con partidas económicas incluídas) enumeradas en el acuerdo por el que los diputados naranjas dieron su apoyo a la investidura de Rajoy.

La dirección de Ciudadanos considera que debe ser el Gobierno el que llame a este partido porque "es a quien le interesa sacar las cuentas adelante". De hecho, el propio Rivera decía este lunes en rueda de prensa que si fuera presidente del Gobierno sería él "el que lideraría el acuerdo con los demás", considerando "un síntoma de inmovilismo absoluto que quien tenga que sacar los presupuestos no mueva un dedo".

En Ciudadanos esperan esa llamada a través del coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, que mantiene línea abierta con el número dos de Rivera, Jose Manuel Villegas.

Ciudadanos mantiene sus condiciones

En cualquier caso, aseguran en Ciudadanos, la mera consulta o información no significará "carta blanca al PP" para poder sacar adelante sus cuentas. En el partido de Rivera mantienen sus condiciones para poder otorgar sus votos a los presupuestos de Rajoy. La bajada del IRPF a mileuristas, el aumento del permiso de paternidad o la equiparación salarial de policías y guardias civiles con otros cuerpos y fuerzas de seguridad autonómicos son algunas de ellas.

Y hay otra línea roja: que el PP "deje de proteger a imputados por corrupción y atornillados a su escaño", como es el caso de la senadora popular Pilar Barreiro, investigada por la Púnica. Este aspecto irrita bastante al gobierno, como han mostrado a la SER algunos de sus miembros, pero la dirección de Ciudadanos no concibe "que sea tan importante lo que pueda decir ante un juez la senadora Barreiro para anteponerla a unos Presupuestos Generales del Estado, que representan el interés nacional".

Un indicio de cómo están las relaciones

Esta falta de comunicación para la elaboración de la ley más importante del año es un síntoma claro de cómo están de tensas las relaciones entre el PP y Ciudadanos. De los abrazos y apretones de manos de 2016, los dos partidos, aunque comparte el centro-derecha, viven en un constante cruce de acusaciones desde que Inés Arrimadas ganara las elecciones en Cataluña y las encuestas están otorgando más oxígeno al partido de Rivera frente a los de Rajoy.

Los desencuentros han sido múltiples en las últimas semanas y Rajoy y Rivera no se han reunido o han mantenido conversación telefónica alguna desde estas pasadas navidades. Entonces fue para hablar de Cataluña y sólo de Cataluña, insisten las fuentes consultadas.
¿Habrá aproximación en los próximos días? Pues de momento, y a modo preventivo, Rajoy ha decidido rebajar el tono de sus críticas hacia Ciudadanos. De hecho, en el acto político celebrado el pasado sábado en Tenerife su diana fue en todo momento el PSOE y poco dijo mirando a Ciudadanos. Dirigentes del PP reconocen abiertamente que no conviene subir la escalada de tensión en este momento con quien te tiene que apoyar las cuentas públicas.

http://cadenaser.com/ser/2018/03/05/politica/1520271740_327401.html

RAJOY ASEGURA QUE TIENE "UNA EXCELENTE OPINIÓN" SOBRE BARREIRO

Pide a Rivera que espere a que el Supremo decida sobre su situación en el caso Púnica

La situación judicial de la senadora por Murcia Pilar Barreiro sigue enturbiando las relaciones entre PP y Ciudadanos, con los Presupuestos Generales del Estado para 2018 en el aire. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se refirió ayer a Barreiro, investigada por el caso Púnica en el Supremo, afirmando que tiene «una excelente» opinión de la senadora y que se debe esperar a que el Alto Tribunal concluya su investigación.

«Si el Supremo dice que no ha hecho nada, tenemos un problema», respondió Rajoy sobre la reivindicación de Ciudadanos de que dimita para apoyar los Presupuestos. «Pueden poner las condiciones que quieran, pero hacer depender los Presupuestos de que dimita una senadora de la que tengo excelente opinión no me parece justo», recalcó Mariano Rajoy.

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, manifestó su confianza en que «que de aquí al 23 de marzo (fecha límite para aprobar los Presupuestos Generales del Estado) se solventen todas estas incoherencias e incumplimientos del Partido Popular», en relación a la situación de la senadora Pilar Barreiro.

Espera Albert Rivera que el Ejecutivo de Mariano Rajoy supere su «arrogancia» e intente buscar acuerdos con la oposición, pues considera que lo mejor es que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y se apliquen todas las medidas pactadas con Ciudadanos, como una bajada del IRPF y la ampliación de una semana más del permiso de parternidad para los españoles que tengan hijos.

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2018/03/02/rajoy-asegura-excelente-opinion-barreiro/902252.html

LÓPEZ MIRAS: "PP NO ESTÁ PARA PAGAR LAVADOS DE IMAGEN"

El presidente del Gobierno autonómico ha contestado a Celdrán, que confirmó ante el Tribunal Supremo la versión de Pilar Barreiro

El presidente del Gobierno autonómico y del PP regional, Fernando López Miras, ha "reafirmado" que el Partido Popular de la Región, con él como presidente, "no está para pagar lavados de imagen de nadie". Además, ha ratificado que "aquellos que pretendan, que quieran o que alberguen la posibilidad de que el partido les pague lavados de imagen no tienen hueco en mi proyecto y no tienen hueco en el PP del presidente López Miras".

López Miras ha contestado de esta manera al ser preguntado por las declaraciones del expresidente del PP de Cartagena Francisco Celdrán, que confirmó este lunes ante la juez del Tribunal Supremo la versión de la senadora 'popular' y exalcaldesa de la citada ciudad, Pilar Barreiro -investigada en la trama Púnica-, de que uno de los trabajos contratados para la mejora de su reputación en Internet iba a ser sufragado por el PP.

"Yo hace unas semanas, me acuerdo perfectamente, dije en Cartagena que el Partido Popular del presidente López Miras no paga lavados de imagen de nadie", tal y como ha recordado el presidente del PP murciano. "Lo dije, lo afirmo, lo reafirmo y lo corroboro", ha insistido.

"El partido que yo represento, mi Partido Popular, no paga lavados de imagen de nadie", ha señalado López Miras, quien ha aclarado que dice que es su partido "no porque sea mío, sino porque soy su presidente".

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2018/02/06/lopez-miras-corrobora-pp-region/896035.html

CELDRÁN CONFIRMA AL SUPREMO QUE EL PP IBA A PAGAR LOS TRABAJOS DE MEJORA DE IMAGEN DE BARREIRO

El expresidente del Partido Popular de Cartagena corrobora la coartada que ofreció la senadora y exalcaldesa en su declaración el pasado 15 de enero

El expresidente del PP de Cartagena Francisco Celdrán confirmó este lunes ante la juez del Tribunal Supremo Ana María Ferrer la versión de la senadora 'popular' y exalcaldesa de la citada ciudad, Pilar Barreiro -investigada en la 'trama Púnica'-, de que uno de los trabajos contratados para la mejora de su reputación en Internet iba a ser sufragado por el PP.

Durante su declaración como testigo, que ha durado algo más de media hora, ha corroborado la coartada que ofreció Barreiro durante su declaración el pasado 15 de enero, en la que negó haber cometido ninguna irregularidad en los conciertos que entabló con empresas de Alejandro de Pedro -considerado el conseguidor de la trama Púnica- para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.

A su salida del alto tribunal, Celdrán explicó a los medios de comunicación que la magistrada le ha preguntado si el PP tenía previsto afrontar ese gasto, lo cual ha corroborado y apuntado que, finalmente, dicho trabajo no se llegó a realizar.

El que fuera también presidente de la Asamblea Regional de Murcia apostilló que "el 80 por ciento del dinero de un partido se gasta en propaganda, sea en Internet o en radio". "Lo primero que pregunté es: '¿eso cuánto vale?' y me dijeron que mucho más barato que otra publicidad", añadió.

La defensa de Barreiro también señaló que los servicios de De Pedro "no llegó a terminarse" e insistió en que "no hubo pago con dinero público alguno". A la senadora se le imputan presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama de corrupción Púnica.

Uso de dinero público
La Fiscalía se posicionó a favor de investigar a Barreiro en el Supremo después de que el exjuez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco -que estuvo investigando el 'caso Púnica' hasta que fue ascendido a la nueva Sala de Apelaciones de este órgano judicial-, remitiese una exposición razonada al alto tribunal debido a la condición de aforada de Barreiro.

En la exposición razonada del entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 se subrayaba también que la senadora del PP presuntamente sufragó con dinero público trabajos particulares como la limpieza y cuidado de su reputación en redes sociales y la creación de un diario digital que emitiese informaciones favorables.

Así, entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por 4.840 euros -que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención-. Posteriormente, De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, también imputado en este caso.

El juez Velasco afirmó en su exposición que la exalcaldesa conservadora participó directamente en el diseño del plan que ocasionaría un perjuicio económico a la Administración autonómica contando con el consentimiento de su personal de confianza en el Ayuntamiento, Francisco Ferreño y María del Mar Conesa, quienes pese a no haber compartido alguna de las decisiones personales de Barreiro, la apoyaron y encubrieron "enmascarando" el procedimiento para la obtención de fondos del presupuesto de Educación.

http://www.laverdad.es/murcia/celdran-confirma-supremo-20180205115656-nt.html

CS RECUERDA QUE PARA APROBAR LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEBE DIMITIR BARREIRO

El diputado regional de Ciudadanos Miguel Garaulet ha recordado que la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, debe dimitir de su cargo como senadora como uno de los requisitos para que la formación naranja apoye los Presupuestos Generales del Estado para 2018, y se ha preguntado «qué sabe Barreiro para que el Partido Popular se esconda y no dé un paso a delante».

Garaulet ha subrayado que «tenemos que ser transparentes» y ha recordado que entre los acuerdos de investidura se contemplaba que, «si hay un caso de corrupción, dimitía y dejaba su acta». En este sentido, ha asegurado que «queremos que dimita, deje su cargo y sea juzgada como es juzgado cualquier español».

Así, ha recordado que «si el señor Montoro quiere presentar los presupuestos a final de febrero o marzo, hay varios condicionantes: el primero es que se destinen 500 millones de euros para equiparación salarial y el segundo, que Barreiro deje su puesto de senadora». De este modo, el diputado regional de la formación naranja ha asegurado que «esas son las condiciones que hemos puesto, se lo hemos trasladado al presidente del grupo parlamentario popular en el Senado y al secretario general del grupo en el Congreso».

http://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2018/01/27/cs-recuerda-aprobar-presupuestos-generales/893313.html

Barreiro reconoce sus tratos con Púnica pero niega el desvío de fondos públicos

La senadora del PP Pilar Barreiro ha reconocido este lunes ante la juez del Tribunal Supremo Ana Ferrer que mantuvo contactos con el experto informático de la trama Púnica Alejandro de Pedro, para que mejoraran su imagen en Internet. Sin embargo, negó en todo momento que dichos trabajos –que aseguró que no se habían llegado a realizar- fueran a ser pagados con fondos públicos, sino que los mismos iban a ser cubiertos por su partido. El abogado de la senadora, José Pardo, ha anunciado a la salida de la declaración que en los próximos días presentará un escrito para pedir el archivo de la causa.

El alto tribunal decidió abrir una causa contra Barreiro en octubre pasado por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada. El alto tribunal decidió investigar a la exalcaldesa de Cartagena asumiendo los argumentos de la exposición razonada que envió en mayo pasado el juez Eloy Velasco, que hasta junio estaba al frente del caso Púnica en la Audiencia Nacional. Velasco no podía investigar a Barreiro debido a la condición de aforada de la actual senadora y que cuando se produjeron las primeras detenciones en octubre de 2014 era diputada.

Velasco pidió al Supremo que lo hiciera al considerar que la exalcaldesa de Cartagena había contratado con dinero público a uno de los principales implicados en la Púnica, Alejandro de Pedro, para que mejorara en las redes sociales su reputación, que estaba muy deteriorada después de verse presuntamente vinculada al supuesto caso de corrupción Nova Carthago. Por esta causa también tuvo que declarar ante el Supremo, pero entonces el alto tribunal cerró la causa.

En su declaración de este lunes, Barreiro ha desligado el pago de 4.840 euros a las empresas de De Pedro por parte del Ayuntamiento de Cartagena de los trabajos de reputación online. Según su versión, se abonó dicha cantidad por la inclusión de banners de pbulicidad de dos exposiciones que patrocinaba el Consistorio. Su abogado ha asegurado a la salida que “se contrató una publicidad, se hizo y se pagó. Y luego se contrató una reputación que no llegó a terminarse y que iba a pagar el partido”, ha añadido, antes de insistir que “no hay delito alguno” en la actuación de su cliente.

A Barreiro se le atribuye su supuesta participación en dos acuerdos para defraudar fondos públicos: uno, en el Ayuntamiento de Cartagena y otro para defraudar a la Consejería de Educación de Murcia, que en aquel momento encabeza el que luego sería presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Respecto al primero, la investigación recoge indicios de que Barreiro asistió a reuniones donde, “con abuso de su cargo al frente de la gestión del Ayuntamiento de Cartagena”, puso en marcha un “plan defraudador” basado en crear cuentas de redes sociales y un diario digital a su servicio que costearía el Consistorio.

Entre los indicios contra ella destacan cuatro facturas que Fiscalía Anticorrupción tilda de falsas y que supuestamente fueron manipuladas por la entonces alcaldesa de Cartagena y sus colaboradores para justificar la utilización de 4.840 euros de dinero de las arcas municipales para sufragar las actividades del experto informático de la trama. El desvío supuestamente se camufló con un contrato para incluir banners de publicidad en la red de periódicos digitales de De Pedro para promocionar las "Fiestas de cartagineses y romanos" y la exposición sobre el "Tesoro de la Mercedes". La documentación que remitió el Ayuntamiento fue calificada por la fiscalía en sus escritos de "escueta" ya que se redujo a las cuatro facturas (tres de ellas de 968 euros y la última de 1.936 euros), distintos impresos de "propuestas de gastos", anotaciones contables electrónicas y capturas de pantalla de las inserciones publicitarias. No apareció ningún contrato.

En este punto, Fiscalía destacaba las supuestas irregularidades detectadas en estas facturas y, sobre todo, en la fecha que plasman los sellos de registro de entrada de dichos documentos en el Ayuntamiento. El primero es del 28 de octubre de 2014, solo un día después de que la Guardia Civil detuviera en la primera fase de la Operación Púnica al experto informático de la trama y a su socio, el exalcalde socialista José Antonio Alonso Conesa, estrechamente relacionado con la propia Pilar Barreiro. Los otros sellos son del 12 de diciembre de ese mismo año y del 27 de enero de 2015. Para Anticorrupción, este detalle evidencia que fueron registradas en el Consistorio cuando este ya había efectuado el pago. De todo ello, la Fiscalía hace responsable directa a la propia Barreiro, a la que considera máximo responsable de dar el visto bueno al pago.

Sobre el acuerdo para defraudar a la Consejería de Educación, el juez describía indicios de que la aforada participó en un plan para que el Gobierno regional pagase a De Pedro por otro trabajo más completo de reputación on line a favor de ella y del entonces presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, ya procesado en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por estos hechos. En el sumario consta la declaración de un trabajador de De Pedro que reconoce a Barreiro como la persona que junto a Sánchez se reunió con el experto informático de la trama 22 de septiembre de 2014 en el Hotel Las Artes para concretar los trabajos para ambos cargos públicos del PP.

En el ordenador de este mismo trabajador aparecieron durante los registros dos documentos relacionados con la senadora. Uno recogía los resultados obtenidos en las distintas redes sociales con los términos de búsqueda "Pilar Barreiro Álvarez" y "Alcaldesa de Cartagena". El segundo era una propuesta para realizar trabajos de reputaciòn 'online' a la política. En el mismo se concretaba que los mismos consistirían en "la creación de soportes y contenidos para la consolidación de una imagen positiva" de la dirigente 'popular', entonces a punto de encabezar la lista de su partido en las elecciones municipales de 2015.

Bajo sospecha desde mayo de 2015

En mayo de 2015, cuando se levantó por primera vez el secreto de sumario de los primeros tomos del sumario, salió a la luz que tres trabajadoras de De Pedro, habían citado a Barreiro en sus declaraciones como uno de los cargos públicos para los que supuestamente habían hecho trabajos para mejorar su imagen en Internet en 2014. Una de estas empleadas admitió, de hecho, que estaba a punto de iniciar el trabajo para ella cuando la redada que acabó con su jefe en la cárcel lo impidió. Un tercer testigo, en este caso la secretaria de una empresa de Murcia a la que acudía a trabajar Alonso Conesa fue interrogada por la relación existente entre la hoy senadora y éste último. El motivo fue el hallazgo en un bolsillo de la chaqueta que vestía Alonso Conesa cuando fue detenido de una tarjeta para el pago de peajes expedida por el Congreso para que lo utilizara la entonces diputada en sus desplazamientos. El magistrado tildó esta circunstancia como "una cosa tan irregular".

En agosto de 2015, y cuando la ahora senadora ya había perdido las elecciones a la alcaldía de Cartagena, el juez Velasco levantó el secreto de sumario sobre otra parte importante del sumario y se conocieron nuevos datos sobre los supuestos tratos de Barreiro con la trama. En concreto, dos llamadas de teléfono y una cita con el 'gurú' informático de la trama que apuntaban a que los mismos fueron a iniciativa de la hoy senadora. Aquellas dos conversaciones telefónicas se produjeron el 23 de julio de 2014 con pocos minutos de diferencia. La primera, a las 13:38. La segunda, sólo cuatro minutos después. En las dos, la entonces regidora de Cartagena le reclamaba a De Pedro un encuentro cuando pasase por la ciudad murciana dos días después.

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/15/actualidad/1516004890_318198.html

La senadora Pilar Barreiro afirma que el contrato para mejorar su reputación lo iba a pagar el PP

El abogado de Barreiro ha negado cualquier delito por parte de su clienta y ha exigido a la prensa que pida perdón por el archivo de otra causa contra ella Para el letrado, la petición de Cs de solicitar la dimisión de la senadora como condición para apoyar los presupuestos es "una locura"

La senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro ha negado este lunes ante la magistrada del Tribunal Supremo Ana María Ferrer haber cometido ninguna irregularidad en los conciertos que entabló con empresas de Alejandro de Pedro —considerado el conseguidor de la trama Púnica— para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia. Sobre uno de los contratos, dirigido a mejorar su reputación en redes sociales y que no se llegó a firmar, ha dicho que estaba previsto que lo pagara el partido.

Así lo ha manifestado el abogado de Barreiro, José Pardo, al término de la casi hora y media de declaración de la senadora, que ha evitado hacer declaraciones a los periodistas que la esperaban a las puertas del alto tribunal.

"Se contrató una publicidad que se hizo y se pagó", ha explicado el abogado en relación con los anuncios pagados por Barreiro en un diario digital de De Pedro. Sobre el contrato para mejorar la reputación de la entonces alcaldesa de Cartagena y diputada "no llegó a terminarse y lo iba a pagar el partido, por lo que no hay ningún delito en nada".

"No hubo pago con dinero público alguno", ha insistido el letrado, para añadir que su clienta no sabe nada del expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez —procesado también por contratos con el conseguidor de la Púnica—. "Yo de la UCO prefiero no hablar", ha añadido.

La prensa debe pedir perdón

Pardo ha señalado que su defendida se encuentra en la misma situación que hace dos años, cuando el Tribunal Supremo archivó la causa abierta contra ella por supuesta vulneración de la legislación medioambiental en la construcción de la urbanización Nova Carthago en Cartagena.

"A mi cliente la crucificaron los medios y al final el Tribunal Supremo con muy buen criterio archivó el tema, y ahora es exactamente lo mismo", ha dicho, para añadir que en ese caso la prensa debería "pedir perdón, porque la pobre lo está pasando muy mal".

Para el abogado, la petición de Ciudadanos de solicitar la dimisión de Barreiro como requisito para que este partido apoye los Presupuestos Generales del Estado es "una locura", y que lo mismo ocurrió con el caso de Nova Carthago y después "no dijeron nada".

Sobre las declaraciones de Barreiro de este lunes, el abogado ha señalado que su clienta ha explicado que su conducta "fue totalmente atípica, no hay delito alguno diga lo que diga la UCO" de la Guardia Civil.

"Hay una cosa que es la lógica aristotélica, y hay otra lógica que es la de Lewis Carrol, el de Alicia en el País de las Maravillas —ha añadido Pardo—. A mí gusta en derecho utilizar la lógica aristotélica, y las conclusiones de la UCO, como llegó el juez Velasco y luego el Supremo, porque es una correa de transmisión, son erróneas totalmente".

Barreiro ha sido interrogada por presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama de corrupción Púnica.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/15/la_senadora_pilar_barreiro_afirma_que_contrato_para_mejorar_reputacion_iba_pagar_pp_74102_1012.html

El Supremo investigará a la senadora ‘popular’ Pilar Barreiro

El tribunal ha decidido abrirle una causa por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada

El Tribunal Supremo investigará la relación de la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro con la trama Púnica. La Sala Penal ha acordado, en un auto notificado ayer, abrir una causa contra la senadora por cinco delitos: fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada.

En el mismo escrito, la sala nombra a la magistrada Ana Ferrer como instructora de este caso. La decisión del Supremo asume la exposición razonada que envió en mayo pasado el juez Eloy Velasco, que hasta junio estaba a cargo de la investigación de Púnica en la Audiencia Nacional. Velasco no podía investigar a Barreriro debido a la condición de aforada de la senadora, pero pidió al Supremo que lo hiciera al considerar que la exalcaldesa de Cartagena había contratado con dinero público a uno de los cabecillas de la Púnica, Alejandro de Pedro, para que mejorara en las redes sociales su reputación, que estaba muy deteriorada después de verse presuntamente vinculada a casos de corrupción.

La actuación que se atribuye a la senadora es similar a la llevada a cabo, supuestamente, por el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, que está procesado por el caso Púnica en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, aunque en el caso de Barreiro los pagos sí se llevaron a cabo y en el de Sánchez, no.

Según el Supremo, los hechos más relevantes imputados a la senadora están relacionados con dos de los supuestos acuerdos a los que se refería el juez Velasco: uno para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y otro para defraudar a la Consejería de Educación de Murcia.

Respecto al primero, el magistrado recogía indicios que revelaban que Barreiro asistió a reuniones donde, “con abuso de su cargo al frente de la gestión del Ayuntamiento de Cartagena”, puso en marcha un “plan defraudador” basado en crear cuentas de redes sociales y un diario digital a su servicio que costearía el Consistorio.


Sobre el acuerdo para defraudar a la Consejería de Educación, el juez describía indicios de que la aforada participó en un plan para que el Gobierno regional pagase a De Pedro por otro trabajo más completo de reputación online a favor de ella y del entonces presidente murciano
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https://politica.elpais.com/politica/2017/10/17/actualidad/1508250053_555112.html

La Fiscalía del Supremo pide investigar a la senadora del PP Pilar Barreiro por la Púnica

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la Sala que nombre un magistrado instructor para que investigue a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama Púnica.

El Ministerio Público emitió el pasado 5 de julio un escrito de dos folios solicitando como primera diligencia la comparecencia voluntaria de Barreiro "a fin de que declare sobre los hechos imputados objeto de las presentes actuaciones y cuantas otras sean necesarias para la aclaración de los mismos", según ha informado la Fiscalía en un comunicado.

Según establece el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que señala que los aforados tienen derecho a prestar declaración como investigado antes de que se pida el suplicatorio y se le impute formalmente.

El ex juez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ha estado investigando el 'caso Púnica' hasta que fue ascendido el pasado mes de junio a la nueva Sala de Apelaciones de este órgano judicial, elevó antes de dejar la instrucción de la causa la exposición razonada al Tribunal Supremo debido a la condición de aforada de Barreiro.

Velasco cree que la que fuera alcaldesa de Cartagena incurrió en cinco delitos por concertar con empresas de Alejandro De Pedro -considerado el conseguidor de la Púnica- para amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación de Murcia.

También subrayó que presuntamente sufragó con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital en esa ciudad que emitiera informaciones favorables, así como los honorarios de un periodista.

Noticias favorables

Asimismo, el anterior titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional cree que la senadora del PP "sentía una honda preocupación reputacional" por habérsela vinculado a una serie de proyectos urbanísticos en esta localidad sobre los que existían denuncias por trato de favor en el llamado caso Novo Cartago, por lo que ideó la creación de un diario digital con el propósito de difundir noticias que le fueran favorables.

Así, entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por 4.840 euros --que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención-- y posteriormente De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia procesó al expresidente de la región unas horas después de tomarle declaración por esta causa por los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada, que le atribuyó el entonces juez de instrucción Eloy Velasco.

El magistrado de la Audiencia Nacional remitió su exposición razonada al tribunal autonómico, después de que Sánchez para que se le investigase pedir servicios a De Pedro para "limpiar" con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la presidencia de la región en 2015.

https://politica.elpais.com/politica/2017/10/17/actualidad/1508250053_555112.html

Barreiro reitera que actuó «siempre bajo la legalidad» y critica la «justicia paralela»

La senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena defiende su inocencia tras el auto emitido por el instructor de la 'Púnica' y se queja de las veces que ha sido condenada «a la pena de telediario»

La senadora del PP Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena, defendió este lunes su inocencia y declaró que su actuación en los contratos de la trama Púnica que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco fue "intachable" y "siempre bajo la legalidad".

Junto al presidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en su época de consejero de Educación y Cultura, Barreiro es una de las 22 personas que aparecen en la pieza 3 del caso que investiga una trama de contrataciones sufragadas con dinero público para favorecer intereses privados con trabajos de mejora de la reputación por internet.

La senadora, a quien el magistrado atribuye los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada, subrayó que no ha cometido ningún delito y que todas las contrataciones que efectuó el Ayuntamiento de Cartagena bajo su mandato están totalmente justificadas con arreglo a la ley.

"Estoy a disposición de la justicia y confío en que esto se aclare cuanto antes", aseguró la senadora, quien se quejó de la "justicia paralela" que existe en España y de las veces que ha sido sometida a juicio y condenada "a la pena de telediario".

Dada su condición de aforada, Barreiro podría ser llamada a declarar como investigada en la Púnica ante el Tribunal Supremo, como ya hizo en la investigación del caso de presunta corrupción urbanística Novo Carthago, del que se archivaron las diligencias en lo que respecta a ella.

"Espero que me llamen del Supremo, que declaro voluntariamente", dijo la senadora, quien se quejó también del importante eco mediático que tienen las investigaciones judiciales y el "nulo" peso de los archivos.

http://www.laverdad.es/murcia/201702/13/barreiro-defiende-inocencia-declara-20170213155758.html

El juez quiere investigar a Sánchez por cohecho, fraude y revelación de información en 'Púnica'

Pide a la Asamblea que certifique que está aforado para enviar una exposición razonada al TSJ

Velasco atribuye a la senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro los mismos delitos que al presidente regional, además de los de prevaricación continuada y malversación

Cohecho, revelación de información reservada y fraude. Esos son los tres delitos que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco atribuye de forma indiciaria al presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por su presunta implicación en el 'caso Púnica'. El magistrado ha dictado un auto en el que expresa su determinación de enviar las diligencias sobre la rama murciana al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por ser el competente para enjuiciar al jefe del Ejecutivo murciano, razón por la cual ha reclamado de la Asamblea Regional que certifique que Sánchez disfruta de ese aforamiento especial.

En principio, una vez que el juez Velasco tenga en sus manos la certificación de la cámara del aforamiento, dictará una exposición razonada y remitirá el caso al TSJ con todos los indicios delictivos que en su opinión señalan a Sánchez.

Sin embargo, horas después de que se hiciera pública la decisión del instructor, la Fiscalía Anticorrupción presentó un informe ante Velasco en el que se opone a dicha elevación de dicha exposición razonada, porque considera que en el caso de Sánchez no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas, al no llegar a formalizarse los contratos.

El instructor del 'caso Púnica', que también anuncia que actuará contra la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora Pilar Barreiro, da por hecho que Pedro Antonio Sánchez quiso beneficiarse personalmente de los trabajos de reputación en internet que ofertaban dos de los supuestos líderes de esa trama, Alejandro de Pedro y el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, así como que esas tareas iban a ser sufragadas con cargo a los fondos de la Consejería de Educación. En concreto, el juez considera que Sánchez podría haber incurrido en un presunto fraude «por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amañe de contratos de formación para la Consejería de Educación tendentes a sufragar con dinero público previsto para la formación lo que eran en realidad trabajos particulares reputacionales en internet y redes sociales, para reformar su imagen de cara a su postulación como futuro presidente de la Región de Murcia»; otro supuesto delito de cohecho, por «ofertársele y prestarle servicios de carácter particular y personal de carácter reputacional 'online', a cambio de amañar futuros contratos públicos de formación en la Consejería de Educación», y un tercer delito, presuntamente de revelación de información privilegiada, por «proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y precontratativa que no podía revelar».

En el caso de Barreiro, Anticorrupción considera que sí se debe elevar la investigación sobre su conducta al Tribunal Supremo por considerarla indiciariamente constitutiva de delitos de falsedad, prevaricación y malversación.

Quién es quién en el 'caso Púnica'

Pilar Barreiro Álvarez

El juez Eloy Velasco atribuye a la exalcaldesa de Cartagena en el 'caso Púnica' los presuntos delitos de fraude -«por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amañe de futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación en la Consejería de Educación»-, malversación de caudales públicos -«por sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena, en realidad, trabajos particulares como son: la creación de un diario digital y los honorarios por los trabajos de un periodista para sufragarlos-, cohecho -«se le ofertan y prestan servivios de carácter particular y personal como son: la creación de un diario digital en Cartagena y los honorarios por los trabajos de un periodista para sufragarlos, a cambio de innecesaria publicidad turística que ella adjudica en su Ayuntamiento»-, prevaricación continuada -«instrumentalizando una secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias, por las que mes tras mes, aprobó un gasto de respaldo, fraccionando con intención, un gasto irregular durante meses»- y revelación de información reservada -«al proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar», según se desprende del auto del magistrado.

Juan Carlos Ruiz López

El que fuera consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación está siendo investigado por los presuntos delitos de cohecho -«se le ofertan y prestan servicios de asesoramiento y reputación 'online' particulares que se retribuyen con cargo a la realización de contratos públicos redundantes e innecesarios y por encima del precio de mercado en la Consejería que dirige»-, fraude -«concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de diversos contratos públicos, unos vinculados a la visibilidad en las redes sociales a la Región de Murcia a visitantes extranjeros de Reino Unido, del Instituto de Turismo y otro de reposicionamiento de la marca INFO del Instituto de Fomento, ambos de su Consejería, como paso previo a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal alejados del interés común, mediante la adjudicación de sendos contratos de su Consejería»- y revelación de información reservada -«al proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar».

Fidel Saura Guerrero

El exjefe de Gabinete de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación está imputado por supuestos delitos de tráfico de influencias -«presionando a empleados públicos de la Consejería abusando de su cargo para conseguir encontrar la forma de poder llevar a cabo contratos públicos que remunerase en la reputación 'online' de su consejero»-, revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar»-, y fraude -«realizar concreta actividad ejecutiva estando al tanto de la misma y de su ilicitud, tendente a la concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de diversos contratos públicos, unos vinculados a la visibilidad en las redes sociales a la Región de Murcia a visitantes extranjeros de Reino Unido, del Instituto de Turismo y otro de reposicionamiento de la marca INFO, como paso previo a permitir la distracción posterior de caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal sobre la persona de su consejero alejados del interés común mediante la adjudicación de sendos contratos de su Consejería».

Mariola Martínez Robles

La que fuera directora general de Turismo de la Región de Murcia está siendo investigada en el 'caso Púnica' por presuntos delitos de tráfico de influencias -«presionando a empleados públicos del Instituto de Turismo abusando de su cargo para conseguir encontrar la forma de poder llevar a cabo los contratos públicos que remunerasen la reputación online de su consejero»-, fraude -«realizar concreta actividad ejecutiva de concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de un contrato público vinculado a la visibilidad en las redes sociales a la Región de Murcia a visitantes extranjeros de Reino Unido, en su Instituto de Turismo, como paso previo a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal, tanto de su consejero como del alcalde de Molina de Segura, donde fue concejal, alejados del interés común, mediante la adjudicación de un contrato de su Dirección General»- y revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar».

Reyes Samper Henarejos

La ex directora general del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) está imputada por los supuestos delitos de tráfico de influencias -«presionando a empleados públicos del INFO, abusando de su cargo para conseguir encontrar la forma de poder llevar a cabo los contratos públicos que remunerasen la reputación 'online' de su consejero»-, fraude -«realizar concreta actividad ejecutiva de concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de un contrato público vinculado al reposicionamiento de la marca INFO, como paso previo a realizar la concreta actividad ejecutiva, estando al tanto de la misma y de su ilicitud, tendente a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal de su consejero alejados del interés común, mediante la adjudicación de un contrato de su Dirección General»- y revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar».

Jesús Norberto Galindo Sánchez

El ex secretario general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia es otro de los investigados en el 'caso Púnica'. El juez Velasco le atribuye los presuntos delitos de revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar»- y fraude -«realizar concreta actividad ejecutiva estando al tanto de la misma y de su ilicitud, tendente a la concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de un contrato público vinculado a la visibilidad en las redes sociales a la Región de Murcia a visitantes extranjeros de Reino Unido, en su Instituto de Turismo, como paso previo a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal sobre la persona de su consejero alejados del interés común»-.

Eduardo Contreras Linares

El exalcalde de Molina de Segura está imputado en el 'caso Púnica' por supuestos delitos de fraude -concertación con los anteriores coooperando necesariamente en la materialización de la concreta ilícita actividad ejecutiva (de la que estaba al tanto y compartía), tendente a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajo de reputación digital de carácter personal, alejados del interés común, mediante la adjudicación de un contrato en la Dirección General de Turismo de la Región de Murcia»- y cohecho -«se le ofertan y prestan servicios de asesoramiento y reputación 'online' particulares que se retribuyen con cargo a la realización de contratos públicos redundantes e innecesarios y por encima del precio de mercado en la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación»-.

María del Mar Conesa Marchán

La que fuera asesora de la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro está siendo investigada por los presuntos delitos de fraude -«por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amañe de contratos de publicidad turística en el Ayuntamiento de Cartagena»-, prevaricación continuada -«instrumentalizando una secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias, por las que mes tras mes aprobó un gasto indebido, sin formalizarse ni aprobarse ningún tipo de contrato o procedimiento negociado de respaldo, fraccionando con intención un gasto irregular durante meses»- y malversación de caudales públicos -«por colaborar con la autorización y trabajos de ejecución a sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena, en realidad, trabajos particulares como son: la creación de un diario digital en esa localidad murciana y los honorarios por los trabajos de un periodista para sufragarlos»-.

David Conesa Ferrer

El actual asesor del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, que fue asesor del mismo en su etapa al frente de la Consejería de Educación, está imputado en el 'caso Púnica' por los presuntos delitos de fraude -«por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amañe de contratos de formación para la Consejería de Educación, siendo funcionario, cooperador necesario connivente en que los trabajos particulares reputacionales 'online' de su consejero se sufragasen con cargo a dinero público proveniente de futuros contratos vinculados a formación en el seno de su Consejería»- y de revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar»-.

José Antonio Alonso Conesa

El exalcalde socialista de Cartagena y socio de Alejandro de Pedro es, según el auto del juez Velasco, «el conseguidor de contactos para iniciar y mantener los trabajos de las entidades vinculadas a De Pedro». El magistrado le imputa los presuntos delitos de fraude -«concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de diversos contratos públicos vinculados a las Consejerías de Educación e Industria, Turismo, Empresa e Innovación»-, cohecho -«ofertan y prestan servicios de asesoramiento y reputación ‘online’ particulares que les son retribuidos con cargo a la realización de inserciones publicitarias redundantes e innecesarias y por encima del precio de mercado»-, aprovechamiento de información reservada -«al recibir y usar, como persona funcionaria, información y documentación interna propia y pre contratativa pública que no se le podía revelar»-, pertenencia a organización criminal -«junto con su socio Alejando de Pedro y los empleados de ambos, de manera concertada, coordinada, estable y prolongada en el tiempo fue realizando los trabajos que necesitaban para que pudieran entrar en diversas administraciones públicas murcianas, creando la confianza suficiente en diversos cargos públicos para que, junto con ellos, llevaran a cabo la actividad delictiva que se ha descrito»-, malversación de caudales públicos -«participar como ‘extranei’ cooperador necesario en la distracción de caudales públicos para fines particulares realizando asesoramiento e influencia política o creando diario digital servido por un periodista»- y falsedad, por incorporación, en documento oficial -«simulaba y aportaba como cobertura documentos y facturas mendaces que hacía llegar a las administraciones respectivas para permitir la formalidad de la aprobación del gasto contable y su pago posterior minorando el riesgo de ser detectadas por los controles económicos oportunos».

http://www.laverdad.es/murcia/201702/13/juez-punica-pide-certificados-20170213112203.html

MARJALIZA REGALÓ A LA SENADORA PILAR BARREIRO UN BOLSO PILAR BARREIRO (AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA)

Otra de las que aparecen en este documento es la exalcaldesa de Cartagena (Murcia) y senadora, Pilar Barreiro Álvarez, al ser obsequiada con bolso. Esta compra la realizó el 23 de diciembre de 2003, junto otros artículos como relojes, y se gastó un total de 5.138,50 euros, según un ticket que plasma la UCO en su informe.

http://www.20minutos.es/noticia/2866972/0/marjaliza-regalo-senadora-pilar-barreiro-bolso/#xtor=AD-15&xts=467263

EL SUPREMO EXCULPA A PILAR BARREIRO POR 'NOVO CARTHAGO' DE MANERA PROVISIONAL

La Sala confirma que no hay indicios para que la senadora siga imputada, pero rechaza que el sobreseimiento sea libre y deja abierta una puerta a una futura inculpación

Pilar Barreiro puede olvidarse del 'caso Novo Carthago'. Al menos por el momento y siempre que no surja algún dato nuevo que pueda servir para inculparla. Y es que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo vino ayer a confirmar el archivo de las diligencias abiertas contra su persona por este presunto caso de corrupción urbanística, pero, a la vez, rechazó que la exculpación sea libre; esto es, definitiva.

El auto de la Sala Segunda recuerda que el magistrado José Ramón Soriano, a quien correspondió la instrucción de las diligencias contra Pilar Barreiro, ya ordenó en mayo pasado el archivo de la causa sobre la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora. El juez consideró que esta política del PP no incurrió en delito al tramitar la denominada Modificación Puntual nº 113 del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, con la que se permitió a la promotora Novo Carthago impulsar un gran proyecto urbanístico -más de 10.000 viviendas, centro de convenciones y campo de golf- en unos terrenos parcialmente protegidos junto al Mar Menor.

El instructor expresaba en su resolución «la regularidad de la actuación administrativa» desarrollada por Barreiro como alcaldesa de Cartagena y rechazaba seguir investigando esos hechos, con la práctica de nuevas pruebas y la toma de más declaraciones, como reclamaba la acusación particular del Ayuntamiento cartagenero, Izquierda Unidad y los concejales socialistas Ana Belén Castejón y Juan Pedro Torralba. En concreto, el magistrado consideraba que las pruebas propuestas eran «innecesarias e irrelevantes al objeto de este proceso», por lo que dictó el archivo de esas diligencias.

«La continuación de las diligencias en Murcia podría suponer nuevos hechos que aconsejaran la reapertura»

El hecho de que optara por el sobreseimiento libre implicaba que la exculpación de Barreiro era definitiva, de manera que ni siquiera la aparición de nuevas pruebas incriminatorias permitiría volver a inculparla.

Las acusaciones particulares recurrieron la resolución del magistrado Soriano, pero ahora la Sala de lo Penal ha confirmado que el asunto debe ser archivado, al no haberse confirmado durante la investigación judicial los indicios de delito que en su día llevaron a abrir estas diligencias.

Sin embargo, y esa es la única victoria que pueden atribuirse los impulsores de la acusación particular, el tribunal ha rechazado la pretensión del instructor de sobreseer libremente la causa. Así, la Sala ordena que el archivo sea provisional, teniendo en cuenta que la mayor parte de las diligencias del 'caso Novo Carthago' siguen siendo investigadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia y que, en cualquier momento, podría aparecer, siempre en el terreno de las hipótesis, algún nuevo dato que señalara a Pilar Barreiro. Con esta resolución, la vía para que la actual senadora pudiera volver a verse imputada en un futuro quedará abierta durante bastante tiempo.

Así lo señala el propio tribunal, cuando expone en su auto que «la continuación de las diligencias (...) pudieran suponer nuevos hechos que aconsejaran la reapertura de este procedimiento a la luz de los mismos».

Pendiente de 'Púnica'

Aunque con esta resolución, Pilar Barreiro se quita de encima una carga importante, sigue pendiente de resultado la investigación que el juez Eloy Velasco viene desarrollando desde hace dos años por el 'caso Púnica'. El magistrado de la Audiencia Nacional sospecha que la entonces alcaldesa de Cartagena pudo acordar con empresas de la trama un lavado de su imagen en internet.

http://www.laverdad.es/murcia/201612/17/supremo-exculpa-pilar-barreiro-20161217012624-v.html

Fiscalía analiza un informe de la UCO sobre la rama murciana de la 'Púnica'

Las pesquisas se centran en los posibles acuerdos del entonces consejero Pedro Antonio Sánchez y de Pilar Barreiro, que era la alcaldesa de Cartagena, con Alejandro de Pedro

Un informe realizado por los especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil puede acabar determinando el futuro más próximo de la rama murciana del 'caso Púnica': si se queda donde estaba hasta ahora, esto es, centrada en la Consejería de Industria y Turismo, o entra de lleno en otros organismos públicos de la Región. En concreto, en el Ayuntamiento de Cartagena, que en octubre de 2014, cuando se desencadenó la operación policial, estaba encabezado por Pilar Barreiro, y la Consejería de Educación, a cuyo frente se encontraba el hoy presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez.

El documento, entregado en marzo al titular del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, acaba de ser remitido por este a la Fiscalía Anticorrupción para que informe acerca de qué decisiones correspondería adoptar. El informe de la UCO incorpora la información que el juez requirió recientemente al PP regional, el PP de Cartagena, el Ayuntamiento de esa ciudad, la Consejería de Educación y la Agencia Tributaria.

Fuentes conocedoras del proceso confirmaron ayer a 'La Verdad' que el informe se basa en un análisis, muy exhaustivo, de todos los datos existentes en la causa sobre las ofertas que uno de los presuntos cerebros de la trama, Alejandro de Pedro, realizó en su día a Pedro Antonio Sánchez y a Pilar Barreiro con el aparente fin de mejorar su imagen en internet. Unos trabajos que la investigación está tratando de determinar si fueron aceptados por parte de estos dos cargos públicos -al margen de que los contratos hubieran llegado o no a firmarse-, además de buscar esclarecer de qué forma iban a ser abonados.

Sánchez siempre ha sostenido que recibió una oferta para mejorar su reputación 'online', pero que la rechazó Dos líneas de investigación -la de la Consejería de Educación y el Consistorio cartagenero- que son muy similares a la que se abrió respecto de la Consejería de Industria y Turismo, que a finales de 2014 estaba liderada por Juan Carlos Ruiz. Las sospechas del juez Velasco de que esas labores para la mejora de la reputación 'online' personal iban a ser abonadas con fondos públicos, presuntamente camufladas en contratos del Instituto de Turismo y del Instituto de Fomento (Info), acabó desembocando en la imputación de un grupo de altos cargos de esa Consejería, entre ellos, el propio Juan Carlos Ruiz, y la dimisión de todas sus responsabilidades públicas.

Desde hace unos meses, la investigación sobre esa rama del 'caso Púnica' está prácticamente concluida, por lo que casi se daba como seguro que el magistrado Eloy Velasco iba a dictar en breve un auto de procedimiento abreviado, en el que se fijarían todos los indicios existentes y se concretarían las imputaciones a varios de estos ex altos cargos, que se situarían así a un paso de sentarse en el banquillo.

Sin embargo, el reciente informe ampliatorio elaborado por los UCO podría dar un giro a las diligencias si el fiscal, primero, y el juez más tarde, consideran que hay razones para ampliar la investigación.Las diligencias del 'caso Púnica' habían ofrecido ya diversos datos sobre los contactos que Alejandro de Pedro había mantenido con el entorno de la entonces alcaldesa Barreiro -lo que en su día motivó que los guardias civiles se presentaran en el Ayuntamiento de Cartagena para reclamar documentación- y de Pedro Antonio Sánchez, con el fin de ofrecerles sus servicios de reputación 'online'.

Sánchez siempre ha mantenido que esa oferta de De Pedro llegó a producirse, pero que no le generó ninguna confianza ni le interesaba y que por tal razón la rechazó.

http://www.laverdad.es/murcia/201605/27/fiscalia-analiza-informe-sobre-20160527004401-v.html

EL SUPREMO RECHAZA MÁS INDAGACIONES A BARREIRO EN EL 'CASO NOVO CARTHAGO'

El Alto Tribunal no citará de nuevo a la exalcaldesa de Cartagena como pedía la acción popular conformada por IU, dos concejales socialistas y una asociación naturalista

El Tribunal Supremo rechazó las pruebas propuestas por IU contra la senadora del PP Pilar Barreiro por el 'caso Novo Carthago' y da un plazo de cinco días a la acusación popular, que ejerce este partido y algunos concejales del PSOE, para formular alegaciones sobre la petición de la defensa y de la Fiscalía de archivar el caso.

Entre las pruebas rechazadas en un auto del magistrado de la Sala II José Ramón Soriano figura una nueva citación para declarar de Barreiro, exalcaldesa de Cartagena. El instructor explicó que ya la llamó a declarar el 5 de marzo de 2015 y que la dirigente popular contestó a todas las preguntas.

"Por tanto, una nueva declaración de la imputada con el objeto de que conteste a las preguntas que le formule la acusación popular, pudiendo acogerse a su derecho a no declarar, no supondría nada relevante a tener en cuenta en el devenir del proceso", señaló el magistrado.

José Ramón Soriano decretó el sobreseimiento libre de la causa en mayo de 2015, decisión que confirmó en octubre de ese mismo año. No obstante, el pasado mes de enero otro tribunal conformado por tres magistrados y encargado de revisar las resoluciones del instructor acordó retrotraer las actuaciones al pasado mes de abril para valorar la petición de unas pruebas que ahora se han rechazado.

El caso de presunta corrupción urbanística Novo Carthago se abrió por la vulneración de la legislación de protección medioambiental al recalificarse parte de unos terrenos próximos al mar en los que se pretendían construir 10.000 viviendas, hoteles de lujo y dos campos de golf.

http://www.laverdad.es/murcia/201604/11/rechaza-indagaciones-barreiro-caso-20160411142826.html

LA OPOSICIÓN EXIGE A BARREIRO QUE DIMITA TRAS SU IMPUTACIÓN Y LA COMPARA CON RITA BARBERÁ

Pedro Antonio Sánchez recuerda que la senadora ya salió airosa de los tribunales otras veces

Rafael González Tovar hasta se permitió hacer un chiste y, fingiendo un lapsus, se refirió a la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora popular como 'Pilar Barberá'. «Es que ambas están en la misma situación», se disculpó con los periodistas, en referencia al hecho de que las dos antiguas primeras ediles de Valencia y Cartagena se hallen relacionadas con sendos casos de supuesta corrupción, 'Taula' y 'Novo Carthago', y ambas disfruten de un fuero especial por su condición de senadoras. La oposición no escatimó reproches hacia la política del PP y exigió que entregue su acta de senadora.

«Ayer -recordó-, cuando Pilar Barreiro volvía a ver reabierto su expediente y vuelve a estar imputada, precisamente viene Pablo Casado a Murcia a decir que en el PP quien la hace, la paga. Pero no, quien la hace en el PP, lo aforan por si acaso», advirtió el secretario general del PSOE murciano, quien añadió que hay muchos elementos que invitan a seguir luchando «por el cambio y contra una corrupción que es una lacra para esta región, que frena la economía y crea un tapón para el empleo estable».

Las peticiones de dimisión dirigidas a Barreiro se sucedieron ayer entre las fuerzas de la oposición. Así, el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, le reclamó que deje su acta de senadora «inmediatamente», al ser el único alto cargo del PP imputado por el caso Novo Carthago que «continúa sin asumir su responsabilidad política». Y consideró «inadmisible» que Barreiro siga «protegida por el aforamiento» del Senado, lo que calificó de «perversión de la democracia».

El secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, afirmó, en la línea del PSOE, que en Murcia «tenemos nuestra propia Rita Barberá». A su juicio, «se comprueba una vez más que el PP ha hecho de la corrupción su forma de gobierno y ha usado las instituciones para favorecer intereses privados».

A este respecto, añadió que «aunque el PP pretenda presentarse como un partido renovado, esta regeneración no se produce», por lo que consideró «urgente» una «regeneración democrática que ni el PP ni sus políticas pueden liderar».

«No se trata de manzanas podridas -añadió-, es todo un sistema político e institucional en el PP que presenta casos de corrupción y que tiene que pasar a la oposición para regenerarse».

A su vez, el presidente de la Comunidad y secretario general del PP en Murcia, Pedro Antonio Sánchez, lamentó que Barreiro siga estando investigada por 'Novo Carthago', y pidió que se respete el procedimiento. Mostró su confianza en la Justicia y en que «todo se aclare cuanto antes», y pidió celeridad al Tribunal Supremo, recordando que «la Justicia ha dado la razón en otras ocasiones a Pilar Barreiro».

http://m.laverdad.es/murcia/201603/23/oposicion-exige-barreiro-dimita-20160323014528-v.html

EL SUPREMO VUELVE A IMPUTAR A PILAR BARREIRO POR EL 'CASO NOVO CARTHAGO'

El instructor debe valorar las pruebas propuestas por IU y el PSOE y decidir si toma declaración a más investigados y testigos

La pesadilla del 'caso Novo Carthago' sigue sin disiparse para Pilar Barreiro. La actual senadora y exdiputada y exalcaldesa de Cartagena por el PP vuelve a estar imputada por la supuesta recalificación ilegal de una gran extensión de terrenos junto a la laguna del Mar Menor, en los que estaba previsto construir unas 10.000 viviendas, dos hoteles, centro de convenciones y campo de golf. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha admitido el recurso presentado por la acusación popular en este asunto, ejercida por Izquierda Unida y los concejales del PSOE en Cartagena Ana Belén Castejón y Juan Pedro Torralba, y ha revocado el auto de sobreseimiento libre que un magistrado de ese mismo tribunal, José Ramón Soriano, dictó el pasado octubre.

Podemos afirma que Barreiro es la Rita Barberá de la Región

C's pide a Barreiro que deje su acta de senadora «inmediatamente»

Con el auto notificado ayer a las distintas partes del proceso, Pilar Barreiro vuelve a estar formalmente imputada en estas diligencias, que se retrotraen ahora al momento previo al auto de archivo. La Sala ordena además a su propio compañero, el instructor Soriano, que proceda a valorar la documentación que presentó la acusación popular y analice los argumentos que esgrimió esa parte para exigir responsabilidades penales a la política popular.

No razona la resolución

El razonamiento de la Sala Segunda se caracteriza por su parquedad, ya que se limita a reproducir las alegaciones que efectuó la acusación popular, representada por el abogado Vicente Pérez Avilés. Este había planteado que se había producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que el auto de archivo había sido dictado sin llegar siquiera a valorar las pruebas que esa parte había planteado.

Tovar: «Quien la hace en el PP no la paga, lo aforan por si acaso»

De hecho, lo que hizo el magistrado Soriano en su día fue aceptar la personación de IU y los dos ediles socialistas, después de que el pasado mayo abonaran una fianza de 3.000 euros, y seguidamente les hizo saber que ya solo tenían derecho a saber que el asunto estaba archivado, pues así lo había decidido apenas unos días antes. Y ello a pesar de que IU y los concejales socialistas habían expresado cuatro meses antes su intención de personarse, pero el juez no les permitió conocer del asunto hasta que hicieron efectiva la fianza. Momento para el cual ya había sobreseído las actuaciones.

El magistrado Soriano volvió a ratificarse en octubre en su posición, lo que hizo que la acusación popular recurriera ante la Sala, denunciando indefensión y argumentando que «no puede quedar supeditada la posición procesal de parte a la determinación de una fianza que es meramente instrumental».

En virtud de esa posición, la acusación señalaba que los escritos que presentó esa parte, después de que en febrero ya anunciara formalmente su voluntad de personarse, debieron ser valorados por el instructor, de quien además afirmaba que tendría que haberles notificado sus resoluciones para actuar como consideraran oportuno.

La Sala de lo Penal del Alto Tribunal, constituida por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, José Manuel Maza Martín y Luciano Varela Castro, no ofrece argumento alguno que explique por qué la acusación popular merece que se acepte su recurso, como tampoco indica las causas de que deba ser revocado el archivo que dictó su compañero Soriano. Se limita a señalar que procede estimar el recurso y a indicar al instructor que entre a analizar la documentación presentada por IU y los ediles socialistas y a valorar los argumentos que plantearon.

Entre las pruebas propuestas por el letrado Pérez Avilés destacan un nuevo interrogatorio de Barreiro, otra vez como imputada, y que sea sometida a un careo con el exedil de Urbanismo Agustín Guillén. Asimismo reclama que se tome declaración a Guillén, en calidad de investigado (imputado) y la toma de manifestación como testigo al exedil del PSOE Juan Luis Martínez, quien sufrió presuntas «presiones» para apoyar en el Pleno la recalificación de 'Novo Carthago' y decidió no votar.

Aunque la investigación de este supuesto caso de corrupción se lleva en el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, en el que están imputados los exconsejeros Antonio Cerdá, Joaquín Bascuñana y Francisco Marqués, la pieza relativa a Barreiro fue remitida al Supremo en los primeros días de 2015, ya que en ese momento, por su condición de diputada nacional, tenía un fuero especial. Ahora, como senadora, sigue disfrutando de esas prerrogativas.

Uno de los letrados de la política del PP, Raúl Pardo-Geijo Ruiz, restó ayer importancia a la reapertura de diligencias y señaló que «solo supone que se retrotraigan las actuaciones para valorar las pruebas propuestas por IU», pero se mostró convencido de que el asunto se volverá a archivar.

El alcalde de Cartagena, José López, aseguró que la resolución «abre una vía de esperanza y permite creer que se hará justicia en este asunto, y de paso en otros muchos en los que la sombra de Barreiro y Alonso es muy alargada».

http://www.laverdad.es/murcia/201603/22/supremo-vuelve-imputar-pilar-20160322021930-v.html

EL SUPREMO REVOCA EL ARCHIVO SOBRE PILAR BARREIRO Y LA MANTIENE IMPUTADA POR 'NOVO CARTHAGO'

La Sala de lo Penal estima el recurso planteado por la acusación particular y anula el auto de sobreseimiento que dictó meses atrás

Pilar Barreiro, exalcaldesa del PP en Cartagena y actual senadora, seguirá imputada por el 'caso Novo Carthago' de supuesta corrupción. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha estimado el recurso planteado por la acusación particular y ha revocado el auto de sobreseimiento que dictó, meses atrás, el magistrado de ese mismo órgano judicial, José Ramón Soriano.

Sus propios compañeros de tribunal han considerado que procede anular el archivo de las diligencias y devolver el asunto al momento anterior a que adoptara esa decisión, lo que obligará al juez instructor a valorar las pruebas que en su día propuso la acusación particular, representada por Izquierda Unida y PSOE.

En el auto, el alto tribunal dispone que el magistrado que instruye la causa deberá proceder a valorar la documentación presentada por los apelantes y la argumentación contendida en su escrito, por lo que ordena retrotraer las actuaciones al momento anterior a la resolución de mayo de 2015 que exculpó a Barreiro tras su declaración.

El caso de presunta corrupción urbanística conocido como 'Novo Carthago' se abrió por la vulneración de la legislación de protección medioambiental al recalificar parte de unos terrenos próximos al Mar Menor en los que se pretendían construir 10.000 viviendas, hoteles de lujo y dos campos de golf.

El auto de archivo fue recurrido por Izquierda Unida-Verdes y los entonces ediles de la oposición en el ayuntamiento de Cartagena Ana Belén Castejón -hoy vicealcaldesa- y Juan Pedro Torralba, con la oposición del fiscal y de la defensa de Barreiro, que solicitaron que fuera desestimado.

Por el contrario, el Ayuntamiento de Cartagena, que se ha personado en las actuaciones como acusación popular, pidió que se estimara el recurso.

En octubre pasado, el instructor del Supremo desestimó un recurso de reforma, por lo que los demandantes presentaron entonces uno de apelación, que ha sido estimado ahora por un tribunal integrado por tres magistrados.

En este segundo recurso, los apelantes indicaron que la resolución que acordaba el archivo de las diligencias seguidas contra Barreiro les había producido indefensión al no haber sido valoradas las pruebas y la argumentación jurídica contenidas en el primero.

http://www.laverdad.es/murcia/201603/21/supremo-revoca-archivo-sobre-20160321180154.html

El juez relaciona a Barreiro con la Operación Púnica

Eloy Velasco cree que la alcaldesa de Cartagena pagó con la tarjeta del Congreso viajes de José Antonio Alonso

El interrogatorio del juez Eloy Velasco a la secretaria de Dirección de una de las empresas del exalcalde socialista José Antonio Alonso, vinculada a la trama Púnica, ha dado mucho de sí. Velasco preguntó a Esther Gutiérrez por distintos aspectos de la actividad que se desarrollaba en la empresa en la que trabajaba, pero también la interrogó sobre la relación que une a Alonso con la actual alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro.

En este sentido el juez preguntó a la testigo si sabía a qué partidos pertenecían Alonso y Barreiro y si tenía constancia de que existiera entre ambos una relación sentimental que pudiera explicar por qué José Antonio Alonso había utilizado la tarjeta oficial del Congreso de Barreiro para viajar a Madrid.

La respuesta de la testigo fue que José Antonio Alonso "trabaja en Madrid de lunes a jueves, pero lo que hace en su vida privada no lo sé", el magistrado insiste y le pregunta a Gutiérrez si tiene conocimiento de que Alonso haya tenido vinculación alguna con la política, y ésta le contesta que "sí, fue alcalde durante muchos años". "¿Por qué partido?- prosigue el juez- "Por el PSOE", responde la testigo. "Vamos, uno distinto al de Barreiro". En este momento, el magistrado lanza a la secretaria del exalcalde una nueva pregunta, que pone en el punto de mira a la candidata del PP a la Alcaldía de Cartagena, "es que me llama la atención por qué Alonso ha podido usar la tarjeta para desplazamientos que, como diputada, tiene Pilar Barreiro. ¿Usted lo sabe?". La secretaria aseguró que "no tengo constancia de eso, porque si me lo hubiera dicho me chocaría, porque no lo vería lógico. Yo sé que yo le sacaba los viajes, pero si ha viajado con la tarjeta de esta señora yo no lo sé".

En ese momento del interrogatorio tercia la fiscal del caso, quién pregunta a la testigo si la empresa de José Antonio Alonso ha trabajado alguna vez en algún proyecto para la alcaldesa de Cartagena, en algo relacionado con la reputación en internet. La testigo se defiende diciendo que ella no lo sabe, "si han trabajado para ella lo habrán hecho entre ellos, porque como le estoy diciendo esta no es mi función". El juez le recrimina entonces que también había dicho "que no era su función presentar concursos" y, sin embargo, "los ha presentado y nos quería hacer creer que no era consciente".

La pregunta del juez a esta testigo del caso Púnica relaciona directamente a la candidata del PP a la Alcaldía de Cartagena con una nueva trama de corrupción a escasos veintitrés días de las Elecciones Municipales.

´Ganar Cartagena´, la coalición formada por Izquierda Unida-Verdes y Socialistas por Cartagena, pedirá explicaciones en el Congreso de los Diputados sobre los supuestos viajes del exalcalde a cargo de la tarjeta de Barreiro, a través del grupo parlamentario de izquierda Plural.

El candidato a la Alcaldía cartagenera por esta coalición, José Luis Romero, quiere saber si Alonso ha disfrutado de «trato de favor» por parte de Pilar Barreiro y añade que, de ser cierto, «tiene una magnífica oportunidad de marcharse».

Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, José López, afirmó que «la conclusión que sacamos es que, conforme conocemos más datos sobre esta investigación más sensación tenemos de que Cartagena no es una rama de la Púnica, sino el tronco».

La alcaldesa de Cartagena negó haber pagado viajes a terceras personas a cargo del Congreso de los Diputados. Barreiro explicó además que le habría sido imposible hacerlo, ya que los desplazamientos los reserva a través de la agencia de viajes del propio Congreso y ésta sólo reserva billetes a nombre de los diputados. Barreiro indicó que pedirá al Congreso una relación de todos sus viajes para que se pueda comprobar la veracidad de sus palabras.

"Me metí su tarjeta en el bolsillo y no se la pude devolver porque me detuvieron"

El exalcalde José Antonio Alonso también negó haber usado «jamás la tarjeta de nadie para hacer viajes personales». Alonso recordó la amistad de más de treinta años que le une a la actual alcaldesa de Cartagena e indicó que lo único que hizo fue preguntarle un día si podía irse con ella en el coche de Madrid a Cartagena. Barreiro utilizó la tarjeta del Congreso para pagar el peaje de la autopista, que según el exalcalde es para lo único que se pueden emplear estas tarjetas, y una vez pasada le pidió a Alonso que la guardara, «y yo me la metí en el bolsillo sin darme cuenta»

Según el relato de José Antonio Alonso, «después la llamé para decirle que tenía su tarjeta y ella me contestó que ya se la devolvería, pero no pudo ser porque me detuvieron y la tarjeta estaba en el bolsillo de mi chaqueta, así que es normal que el juez se pregunte qué hacía yo con la tarjeta de una diputada en el bolsillo»

Alonso reiteró que «lo único que hizo Pilar Barreiro fue dejarme que me fuera con ella en coche» y considera que a la gente le cuesta entender que su amistad esté por encima de los partidos políticos. «Es una relación de amistad limpia y profunda. En este contexto donde la política está tan manchada cuesta trabajo entender que seamos tan buenos amigos, máxime cuando ella me venció limpiamente en unas elecciones». En este sentido, el exalcalde lamentó que Barreiro «se vea perjudicada por ser amiga mía»

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2015/05/01/juez-relaciona-pilar-barreiro-punica/644180.html

EL TRIBUNAL SUPREMO ARCHIVA LA CAUSA CONTRA LA ALCALDESA DE CARTAGENA

Pilar Barreiro (PP) estaba acusada de un supuesto delito de prevaricación por la construcción de un complejo hotelero
La alcaldesa de Cartagena se había negado a comparecer voluntariamente ante el juez

El Tribunal Supremo ha archivado la causa abierta contra la diputada nacional y alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro (PP), por la presunta gestión irregular del proyecto urbanístico Novo Carthago. La alcaldesa declaró por estos hechos el pasado 5 de marzo en el alto tribunal.

En un auto hecho público este miércoles, el alto tribunal precisa que ha "agotado y completado la instrucción" y que "descarta todo vestigio del delito imputado". Precisa que la tramitación del Plan General de Urbanismo de la ciudad, en el que se enmarcaba el complejo investigado, "se llevó a cabo conforme a las normas establecidas en cada fase de tramitación".

El instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel Abadía, elevó a finales del pasado mes de septiembre una exposición razonada en relación a los hechos investigados en este procedimiento sobre prevaricación administrativa tras la negativa de la diputada y alcaldesa de Cartagena a comparecer voluntariamente en la causa. En su resolución apreciaba la posible concurrencia de indicios de un supuesto delito de prevaricación "al haber impulsado una modificación urbanística arbitraria, en función de intereses particulares, lo que justifica la continuación de la investigación en la sala".

10.000 viviendas
En esta causa se investiga una presunta trama de corrupción urbanística relacionada con la construcción del resort Novo Carthago que incluía hoteles y más de 10.000 viviendas en una zona que estaba calificada como de especial protección para el Mar Menor y donde una parte de los terrenos eran LIC, ZEPA y ZEPIN y por otra parte como no urbanizable de protección del trasvase (NUPT).

En la exposición elevada al alto tribunal, el magistrado concretaba los indicios racionales de criminalidad contra Barreiro por un delito de prevaricación, dándole 30 días para que formulara alegaciones y concediéndole la posibilidad de que declarara voluntariamente como imputada por el citado delito. "Finalizado el plazo concedido, en escrito presentado por Barreiro declinó la posibilidad de comparecer a declarar como imputada", añadía.

Imputados en la causa

El juez de Murcia ofreció al ex presidente del Gobierno regional y vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, "la facultad de asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones, y declarar voluntariamente como imputado por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho ante este Magistrado Instructor".

Mantiene imputados por un supuesto delito de cohecho a una de las hijas de Valcárcel, R.V.C.; a su yerno F.P.J.; a su cuñado J.F.C.A.; así como a J.S.C. y J.A.M.G. También acusa al delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, por un presunto delito de prevaricación y al que fuera delegado y consejero del Gobierno regional, Francisco Marqués, por delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Otro de los imputados es el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, desde que el pasado mes de julio se decidieran abrir diligencias para investigar su actuación en este asunto por los presuntos delitos de prevaricación, ordenación del territorio y del medio ambiente, y tráfico de influencias.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/05/06/el_tribunal_supremo_archiva_causa_contra_alcaldesa_cartagena_32328_1012.html

PUJALTE, ‘PILLADO’ EN LA FISCALÍA GENERAL DÍAS DESPUÉS DE QUEJARSE DE INVESTIGACIONES SOBRE EL PP DE MURCIA

Al locuaz diputado del PP, que se ha justificado en que iba a visitar a un amigo del gabinete de prensa, se le acusa de estar detrás de la crisis de Gobierno abierta en la comunidad y en la que está involucrado su cuñado

Hace menos de un mes Vicente Martínez-Pujalte, el dicharachero diputado y portavoz de economía del PP en el Congreso de los diputados, no se cortó y en rueda de prensa vino a decir que su partido en Murcia (su tierra y por donde es diputado) se sentía perseguido por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de aquella comunidad. Aún fue más lejos y dijo que “el grupo parlamentario Popular en el Congreso va a preguntar a la Fiscalía General del Estado” sobre el asunto.

Eso sí, Pujalte, en un ‘apaño dialéctico’ muy suyo, metía a los ciudadanos por medio y decía que si se quejaba por todas las causas judiciales que en estos momentos tiene abierto su partido en aquella comunidad, y en las que el expresidente y eurodiputado Ramón Luis Valcárcel aparece muy ‘tocado’, no era por el PP, no, sino por “el gasto que acarrean para los ciudadanos los largos procesos que en la mayoría de los casos son archivados”.

Y curiosamente este miércoles, el diario La Verdad de Murcia publica que ‘pilló’ en la tarde de ayer a Pujalte en la Fiscalía General. Eso sí, el político negó que estuviera dando las quejas a la fiscal general, Consuelo Madrigal, como había anunciado, y que lo estuviera haciendo en persona en lugar de formalmente a través del Grupo Parlamentario. Lo que dijo es que se pasó por allí para hablar con Fernando Noya, el jefe de prensa de la Fiscalía, que, dijo, es buen amigo suyo.

Su mano en la crisis del gobierno murciano
La mano de Pujalte, en cualquier caso, parece muy alargada. En las últimas horas se ha producido una crisis de Gobierno, con un caso por corrupción que afecta a un cuñado del propio Pujalte, de fondo, Antonio Cerdá.

El pasado jueves Cerdá dimitió como consejero de agricultura, en lo que se ha calificado de “decisión absolutamente inesperada” por el propio presidente murciano, Alberto Garre, que a la carrera ha tenido que reestructurar su gobierno. La dimisión, en medios políticos murcianos se entiende como un movimiento para forzar que el caso de corrupción urbanística conocido como Novo Carthago se escape de las manos del temido Tribunal Superior de Justicia de Murcia, al dejar de estar Cerdá aforado. Esto llevaría a que se hiciera cargo del proceso un juzgado ordinario y se atrasaría al tiempo que Valcárcel fuera imputado.

Tanto en medios políticos como periodísticos murcianos se apunta a Vicente Martínez-Pujalte como el ‘autor intelectual’ de la estrategia legal.

http://www.elplural.com/2015/03/03/martinez-pujalte-pillado-en-la-fiscalia-general-del-estado-dias-despues-de-quejarse-de-las-investigaciones-sobre-el-pp-de-murcia/

Dimite el consejero más veterano de Murcia, imputado por corrupción

Antonio Cerdá, responsable de Agricultura y Agua, llevaba 16 años en el Gobierno regional

El consejero de Agricultura y Agua del Gobierno de Murcia, Antonio Cerdá, imputado en un caso que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en Cartagena, ha presentado su dimisión este jueves al presidente del Gobierno regional, Alberto Garre. Cerdá llevaba 16 años en el cargo y era el consejero más antiguo del Ejecutivo autonómico.

La decisión del consejero llega "tarde y mal", según ha asegurado esta mañana el portavoz de IU de Murcia, José Antonio Pujante. El Tribunal Superior de Justicia de la región abrió en julio de 2013 diligencias para investigar la actuación de Cerdá en el caso Novo Carthago, que investiga la construcción de viviendas en una zona protegida del litoral murciano, próxima al Mar Menor. Por este motivo, que la dimisión se haya producido tiempo después de la imputación del consejero "no tiene sentido", en opinión de Pujante, salvo que implique "un reconocimiento de responsabilidad política" en el caso.

Las sospechas por la dimisión del consejero se extienden también en el PSOE. El líder de los socialistas murcianos, Rafael González, ha asegurado en un comunicado emitido este jueves que “es muy extraño que Cerdá, que lleva muchísimos meses imputado, haya decidido ahora, a menos de tres meses de las elecciones, dejar su puesto en el Consejo de Gobierno, y justamente en unos momentos en que se están negociando con el Ministerio de Agricultura importantes medidas en relación con el agua de riego para nuestra Región”.

Cerdá, por su parte, ha asegurado que su salida se debe a que antepone los intereses de la región a los suyos propios. "Después de 16 años como consejero del Gobierno regional al servicio del sector agroalimentario y de la Región, he decidido dimitir de mi cargo y así se lo he hecho saber al presidente de la Comunidad", ha explicado Cerdá, según ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado. El exconsejero ha alegado, además, haber cumplido con sus obligaciones profesionales con “pleno respeto y estricto cumplimiento de la legalidad vigente, sin obtener nunca ningún beneficio ilícito ni para terceros, ni mucho menos para mí".

La salida del consejero limpia el gobierno de Garre de imputados, ya que Cerdá era el último del Ejecutivo que permanecía imputado en un procedimiento judicial. El magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Julián Pérez-Templado, ordenó la semana pasada el archivo del procedimiento contra el ex alcalde de Puerto Lumbreras y actual consejero de Educación, Cultura y Universidades, Pedro Antonio Sánchez, por presuntas irregularidades en la adquisición de un dúplex, informa Efe.

http://politica.elpais.com/politica/2015/02/26/actualidad/1424943623_558775.html

EL ´NOVO CARTHAGO´, AL SUPREMO

Pilar Barreiro se niega a declarar como imputada - Su defensa critica al instructor y tacha de "falaces" sus preguntas

El juez instructor del caso Novo Carthago, el magistrado Manuel Abadía, ha decidido remitir al Tribunal Supremo las diligencias que venía instruyendo ante la negativa de la alcaldesa de Cartagena y diputada del Congreso, Pilar Barreiro, a declarar como imputada.

Al tratarse de un cargo público aforado, Abadía dictó ayer un auto en el que resuelve el envío de la investigación a la Sala Segunda del Supremo, a la que remitirá también una exposición razonada.

El magistrado había dado a Barreiro un plazo de 30 días desde el pasado 24 de junio para que declarara voluntariamente como imputada, «por ver indicios racionales de criminalidad» contra Barreiro «por un delito de prevaricación». Pero la alcaldesa «declinó esta posibilidad», según recoge el auto.

El caso Novo Carthago investiga la presunta corrupción urbanística al permitirse la recalificación, dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, del espacio protegido de Lo Poyo, en el Mar Menor, para la construcción de un complejo turístico de 10.000 viviendas, campos de golf y hoteles de lujo. Este paisaje protegido tiene la declaración de las figuras LIC, ZEPA y ZEPIM.

El instructor también da cinco días de plazo al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre esta decisión, y sobre si el TSJ de Murcia sigue siendo o no competente en la causa. Se puede dar la circunstancia de que el Supremo decida quedarse sólo con la parte de la causa que afecta a la diputada aforada, o con toda.

La defensa, sorprendida

La defensa de la alcaldesa, que se queja de haberse enterado de la noticia por los medios de comunicación, ha mostrado su sorpresa por esta decisión del magistrado ya que se produce sin que el TSJRM se haya pronunciado contra el recurso de queja que planteó ante otra resolución del mismo instructor, que no aceptó su recurso contra la imputación de Barreiro.

El letrado, José Pardo Geijo, subraya que este auto «no hace sino confirmar que el derecho de defensa concedido» a Barreiro «está siendo meramente ilusorio». Indica que al no haberse aceptado las alegaciones en contra de la imputación se «confirma lo estéril que huviera resultado dicha comparecencia». Confía en que el Supremo «centre adecuadamente en términos jurídicos» el caso Novo Carthago y declare «la inexistencia de acto delictivo alguno por parte de Barreiro».

La defensa de la alcaldesa de Cartagena y diputada al Congreso, Pilar Barreiro, ha tachado de "falaces" las preguntas que el instructor del caso Novo Carthago, sobre presunta corrupción urbanística, hace en los interrogatorios, al considerar que "presupone algo que todavía no ha sido probado".

Estas afirmaciones se recogen en el recurso de queja, que deberá resolver la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) presentado contra el auto del magistrado en el que se invitaba a Barreiro a declarar de forma voluntaria en estas diligencias.

El recurso de apelación no fue admitido por el juez, al considerar que lo había presentado fuera de plazo, extremo del que discrepa la defensa, por lo que planteó el recurso de queja que la Sala aún no ha resuelto.

En este recurso, los letrados de la alcaldesa exponen que no tiene sentido que se le den treinta días para conocer el contenido de las diligencias y que no se admita un recurso presentado dentro de ese plazo.

Careo

Por otra parte, el juez instructor ha denegado un careo entre el expresidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel y la alcaldesa que había solicitado un abogado que ejerce la acción popular en este proceso, informa Efe.

El instructor indica que «no ha lugar, pues no existe manifestación contradictoria para acordar el careo», dado que Valcárcel «aún no ha declarado en este proceso», por lo que «no pueden existir manifestaciones contradictorias» con Barreiro.

Por su parte, IU-Verdes ha pedido la dimisión «inmediata» de la alcaldesa «para no seguir manchando el buen nombre del Ayuntamiento y de la ciudad de Cartagena».

Otros imputados

Junto a la alcaldesa de Cartagena, otros altos cargos imputados en el caso Novo Carthago son el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, con el que se inició el proceso de recalificación urbanística cuando tenía también la cartera de Medio Ambiente; Francisco Marqués, que fue nombrado después consejero de Medio Ambiente y con el que culminó el proceso; y Joaquín Bascuñana, entonces consejero de Obras Públicas y actual delegado del Gobierno, y que ha sido el último cargo incorporado a la causa.

El proyecto era de la empresa Hansa Urbana, S.L., parcialmente participada por la CAM, y cuyo presidente, Rafael Galea, también está imputado. En total, ya hay 17 imputados en la causa.

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2014/09/27/caso-novo-carthago-llega-supremo/592235.html

EL JUEZ VE "NECESARIO" QUE LA ALCALDESA DE CARTAGENA DECLARE COMO IMPUTADA EN EL 'CASO NOVO CARTHAGO

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel Abadía, instructor del las Diligencias 2/2013 sobre prevaricación administrativa, ha acordado, en auto notificado hoy, dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que, en el plazo de 30 días, emita dictamen sobre si debe tomarse declaración en calidad de imputada a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y sobre el órgano jurisdiccional competente para seguir conociendo de las presentes actuaciones por el caso 'Novo Carthago'. El juez indica, entre otras consideraciones, que "es necesario" tomar declaración como imputada a la alcaldesa" y que "los indicios racionales de criminalidad contra la alcaldesa de Cartagena son muy sólidos y consistentes".

Manuel Abadía, en el auto al que ha tenido acceso Cartagena de Ley, indica que en el estado actual de la Instrucción "es necesario tomar declaración como imputada, con instrucción de sus derechos, a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro por un posible delito de prevaricación, pero el artículo 71 de la Constitución y el 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuyen la competencia a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pues la Justicia ha de velar para que los delitos tan graves no prescriban, pues en un caso de prevaricación continuada como éste que comenzó el 12 de junio de 2003 y que continuó en 4 de Agosto de 2003 con la aprobación del Avance de la Modificación Puntual no 113 del P.G.M.O. de Cartagena, siendo aprobada inicialmente el 9 de Febrero de 2004 la modificación puntual no 113 y el 2 de Agosto de 2004 la aprobación provisional de la Modificación Puntual citada, produciéndose la aprobación definitiva del Proyecto del Plan Parcial en San Ginés de la jara, presentado por la mercantil Hansa Urbana por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena el 23 de Marzo de 2005, por tanto desde ése dies a quo inicial de la prevaricación quedan unos meses para la prescripción del delito de prevaricación que es a los diez años, a no ser que el Ministerio Público considere como “dies a quo” el presentado en su último escrito de 21 de Marzo de 2014 que es el B.O.R.M. de 7 de Junio de 2006 como aprobación definitiva del Plan Parcial Novo Cartago".

Continúa el auto reseñando que cualquiera que sea la narración fáctica de los hechos que constan en las actuaciones, "los indicios racionales de criminalidad contra la alcaldesa de Cartagena son muy sólidos y consistentes, de suerte que de seguirse la prevaricación continuada en la que para conseguir el propósito de reclasificar el Espacio natural protegido Hansa Urbana tenía que contar necesariamente con la complicidad de la consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma y el ayuntamiento de Cartagena –lo que consta en el registro de la Sociedad mercantil Aifos-, iniciándose el 12 de junio de 2003 por el consejero sr. Cerdá con la firma de la Orden y la Convocatoria del Pleno por parte de la Sra. Barreiro el 4 de agosto de 2003 y terminándose el 23 de marzo de 2005 por la alcaldesa de Cartagena con la aprobación definitiva del proyecto de plan parcial; o bien por el contrario aunque hipotéticamente en contra de lo que consta en las actuaciones pudiera negar la alcaldesa un pactum scaeleris entre la inmobiliaria Hansa Urbana S.A., la consejería y el Ayuntamiento, si ella no se acoge a que previamente era necesario crear un artificio legal o señuelo de reinicio de P.O.R.N. en 2003 para tratar de buscar una supuesta apariencia de legalidad para propiciar de esa forma que el Ayuntamiento aprobara la reclasificación con engaño –al no tener efecto jurídico el reinicio- lo que está probado documentalmente en la Memoria de la modificación puntual no 113 que cita ese reinicio y reconoce que no se ha aprobado definitivamente; lo cierto es que su actuación podría ser arbitraria de un modo clamoroso y palmario pues convoca el Pleno del 4 de sgosto de 2003 y aprueba el Avance de Modificación Puntual no 113 del P.G.M.O., cuando en modo alguno puede utilizarse la modificación puntual para cambiar la clasificación de suelo no urbanizable protegido, vulnerando las leyes del Suelo y de Protección de la Naturaleza Estatal y Autonómica que lo declaran suelo no urbanizable protegido, que está detalladamente especificado en fundamentos jurídicos anteriores que se dan por reproducidos para evitar reiteraciones innecesarias, pues con arreglo a las citadas leyes tienen la consideración de suelo no urbanizable protegido (artículos 9 de la Ley Estatal 6/1998 y 65 de la Ley Regional). En definitiva, la imposición de su voluntad política por encima de la ley".

Este noveno punto de los antecedentes de hecho concluye indicando que, procede, pues, que el Ministerio Público "se pronuncie sobre si existen méritos para recibirle declaración como imputada y órgano competente para realizarlo".

Además, en dicha resolución, junto a otras diligencias documentales dirigidas al ayuntamiento de Cartagena, se acuerda desestimar los recursos interpuestos por la defensa del inculpado Francisco Marqués Fernández y Rafael Galea Expósito; y de igual modo se desestima la personación de Hansa Urbana SA en la actual fase procesal.

http://www.cartagenadeley.es/index.php?option=com_content&view=article&id=16507:el-juez-ve-qnecesarioq-que-la-alcaldesa-de-cartagena-declare-como-imputada-en-el-caso-novo-carthago&catid=1:noticias&Itemid=50

LA RECALIFICACIÓN DEL ÚLTIMO TERRENO VIRGEN DEL MAR MENOR SITÚA AL BORDE DE LA IMPUTACIÓN A ALTOS CARGOS DE MURCIA

La Fiscalía promueve la imputación de la senadora y alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro

Anticorrupción considera que el actual delegado del Gobierno fue el responsable final de la desprotección de la finca para construir 10.000 viviendas

El diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte acusa al fiscal de filtrar documentos de la trama de corrupción

La investigación del fiscal anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, sobre la recalificación del último gran terreno virgen del Mar Menor en favor de la promotora Hansa Urbana, propiedad de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), ha supuesto un tsunami en el PP murciano, que tiene a dos de sus principales cargos al borde de la imputación en el seno de una investigación por los delitos de cohecho y prevaricación.

Se trata de la alcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP, Pilar Barreiro, y el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, dos de los pilares fundamentales de un partido que durante dos décadas ha dirigido con mano de hierro el eurodiputado Ramón Luis Valcárcel.

Joaquín Bascuñana

"En teoría, la aprobación del avance, aprobación inicial y provisional en una modificación estructural del plan general, convierte al Ayuntamiento [de Cartagena] en partícipe del delito de prevaricación que, en puridad, solo comete la autoridad que dicta la aprobación definitiva, [que realiza] el consejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana", explica el responsable del Ministerio Público en un escrito dirigido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM). Hasta la fecha, Bascuñana no ha sido llamado a declarar como imputado.

La posibilidad de que la alcaldesa Barreiro acabe imputada, en tanto que senadora y por tanto aforada, podría obligar a los magistrados a elevar un escrito al Tribunal Supremo, que tendría que ser el encargado de proseguir con la instrucción del denominado caso Novo Carthago.

"En el estado actual de la instrucción es necesario tomar declaración como imputada, a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, por un posible delito de prevaricación", especifica el escrito del fiscal al TSJM. Fuentes del caso han asegurado a este diario que la imputación podría demorarse todavía un par de meses más.

Compra viviendas

Mientras la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ultiman la imputación de los dos anteriores cargos del PP, el contenido de la investigación, a cuyo sumario ha tenido acceso infoLibre, muestra que días después de que en 2009 el Gobierno de Valcárcel dejara abierta la posibilidad de edificar las 10.000 viviendas en el último terreno virgen del Mar Menor, una de las asesoras del Gobierno murciano ingresó en una cuenta 120.000 euros, cuyo origen no pudo justificar en su declaración como imputada.

Pero el primero de los cargos de Valcárcel implicado en la recalificación irregular de los terrenos fue el ahora consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, que fue quién inició el expediente de desclasificación de la finca. "Cerdá convocó una anómala reunión en mayo-junio de 2004 con funcionarios de la Comunidad a la que asistió un representante de Hansa Urbana, en la que el propio consejero interviene defendiendo el proyecto urbanístico pese a las dudas existentes en el funcionariado técnico", explica el fiscal. En el caso Novo Carthago también están imputados representantes de la empresa Hansa Urbana.

La investigación muestra que éste consejero murciano y su sucesor en el área de Medio Ambiente, Francisco Marqués, fueron los encargados de la desprotección de este terreno considerado por la Unión Europea Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).

50% del valor

Precisamente, el caso de Francisco Marqués es el que la Fiscalía tiene más documentado. Pues la investigación patrimonial ha determinado que este político adquirió, tan solo 13 días después de que se publicara en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el plan parcial de la urbanización, una vivienda a la misma Hansa Urbana al 50% de su valor de mercado.

Marqués adquirió otros dos inmuebles a Hansa Urbana mediante una cuenta en la que el entonces consejero ingresó más de 72.300 euros en metálico. "En esta vivienda adquirida en 2006 en Valencia se aprecia una diferencia entre el precio estipulado en la escritura por la adquisición, que es de 230.000 euros, con el valor de 462.033 estipulado como tasación por una entidad autorizada, existiendo por tanto una diferencia del 200%", especifica un auto del pasado 24 de abril.

8.000 puestos de trabajo

"El consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, modificó la composición de la comisión técnica de Evaluación de Impacto Ambiental, y nombró a uno de sus miembros (Juan Ignacio Sánchez Gelabert), pese a no reunir la cualificación requerida en un primer momento, siendo desde entonces una comisión en la que sólo participaban ciertos jefes de servicio de designación discrecional", explica el auto del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

El 12 de junio de 2003 el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, presentaba ante los medios de comunicación una macrourbanización en el último terreno virgen del Mar Menor. Este resort, promovido por la constructora Hansa Urbana, propiedad de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) iba a suponer "una inversión de mil millones de euros y 8.000 puestos de trabajo".

10.000 viviendas

Y el acto publicitario se llevó a cabo con toda pompa y boato pese a que la finca de 5 millones de metros cuadrados tenía la calificación de suelo no urbanizable de protección especial. El ahora europarlamentario del PP se dio un baño de multitudes en presencia de la plana mayor del PP, que presentaba un resort que además de 10.000 viviendas en primera línea del Mar Menor incluía dos campos de golf de 18 hoyos y hoteles de lujo.

Entre los cargos que acudieron al evento, tal y como documenta la fotografía de esta noticia, se encontraban la alcaldesa de Cartagena, municipio en el que se iba a construir la urbanización denominada Novo Carthago, y el consejero de Obras Públicas murciano, Joaquín Bascuñana, ahora delegado del Gobierno.

Prevaricación y cohecho

Al día siguiente de la presentación de la urbanización en 2003, la alcaldesa de Cartagena anunció por sorpresa la modificación del PGOU de esta localidad para declarar urbanizable la finca. Fue el inicio de un expediente en el que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), Manuel Abadía Vicente, han descubierto importantes irregularidades.

La investigación ha servido, hasta el momento, para que ya estén imputados por prevaricación y cohecho los entonces consejeros Francisco Marqués y Antonio Cerdá. Este último es el titular de Agricultura del Ejecutivo murciano encabezado por el presidente Alberto Garre.

El PP ataca al fiscal

El diputado del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, ha acusado al fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, de "filtrar los documentos" sobre la presunta trama de corrupción de Novo Carthago, cosa que "no le compete en absoluto". A su juicio, se trata de una maniobra con la que quiere "presionar al juez en un determinado camino".

El diputado cree que en la Región de Murcia se está asistiendo "a un tema distinto, y es si el fiscal ha dicho algo". A este respecto, ha querido aclarar que el Ministerio Público "no imputa a nadie, sino que solicita al juez".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/06/13/la_recalificacion_del_ultimo_terreno_virgen_del_mar_menor_para_000_viviendas_pone_duda_los_gobiernos_del_valcarcel_18264_1012.html

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