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Boletin 766. 16 mayo - 30 JUNIO 2018

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NOTICIAS GURTELIANAS
NOTICIAS PÚNICAS
NOTICIAS LEZO

ÍNDICE

01. XIX CONGRESO PP NACIONAL. SUCESIÓN RAJOY  (PINCHA AQUÍ)

02 .CESE Y DIMISIÓN DE RAJOY (PINCHA AQUÍ)

03. CASO GURTEL. PS SENTENCIA PRIMERA ÉPOCA 1999-2005 (PINCHA AQUÍ)

04. PS FINANCIACIÓN IRREGULAR PPCV Y ORANGE MARKET. SENTENCIA (PINCHA AQUÍ)


05. GÜRTEL. REAPERTURA CAJA B (PINCHA AQUÍ)

06. COMISION DE INVESTIGACIÓN FINANCIACIÓN PP (PINCHA AQUÍ)

07. OTRAS NOTICIAS

CIFUENTES DEJA PLANTADA POR "MOTIVOS DE SALUD" A LA JUEZA, QUE MANDA UN FORENSE A SU CASA

CRISTINA CIFUENTES DECLARA CERCADA POR LAS EVIDENCIAS DEL CASO MÁSTER

LÓPEZ DE LOS MOZOS DECLARA QUE LA PROFESORA QUE FALSIFICÓ LAS FIRMAS DEL ACTA DE CIFUENTES TAMBIÉN LA AMENAZÓ

CIFUENTES IRRUMPE EN EL 'CASO MÁSTER' PARA PEDIR QUE TODA LA INVESTIGACIÓN PASE AL SUPREMO

LA JUEZA DECRETA LA PRISIÓN SIN FIANZA DEL EXMINISTRO EDUARDO ZAPLANA
ZAPLANA OCULTÓ DURANTE AÑOS EN PANAMÁ 10,5 MILLONES EN SOBORNOS


JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ, EL PRESIDENTE DE RTVE QUE SE JACTABA DE VOTAR AL PP Y DE ESTAR EN LOS PAPELES DE BÁRCENAS

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA, CITADO A DECLARAR COMO INVESTIGADO POR MALVERSACIÓN Y COHECHO

EL ESCÁNDALO CERCA A CAMPS

CONDENADOS A PENAS DE HASTA 12 AÑOS DE CÁRCEL LOS CARGOS DEL PP QUE SAQUEARON LA DEPURADORA DE VALENCIA

 


CIFUENTES DEJA PLANTADA POR "MOTIVOS DE SALUD" A LA JUEZA, QUE MANDA UN FORENSE A SU CASA

La expresidenta madrileña estaba citada por la jueza a las 9.00h, pero su defensa ha presentado un escrito en el que alega motivos de salud para no acudir

La magistrada ha ordenado que un forense visite a Cifuentes a las 11h en su domicilio

Cristina Cifuentes no se ha presentado a su citación como imputada por el Caso Máster por "motivos de salud", informan fuentes jurídicas. Aunque la expresidenta de la Comunidad de Madrid estaba citada este martes a las 9.00h, su defensa ha presentado un escrito en el que alega estas razones para no presentarse ante la jueza Carmen Rodríguez Medel. Cifuentes ha vuelto a ser citada para declarar en la segunda quincena de julio, según ha podido saber eldiario.es.

La reacción de la magistrada ante este imprevisto ha sido ordenar que un forense visite a Cifuentes en su domicilio a las 11h. Este profesional acudirá a la casa de la imputada en compañía de la abogada que representa a la exlíder del PP madrileño.

https://www.eldiario.es/politica/Cristina-Cifuentes-presenta-declarar-master_0_786371419.html


CRISTINA CIFUENTES DECLARA CERCADA POR LAS EVIDENCIAS DEL CASO MÁSTER

La jueza investiga si también se falsearon documentos para algunos compañeros del máster de Cifuentes

La jueza que investiga el falso máster de Cristina Cifuentes quiere saber si también se falsificaron documentos de otros alumnos de la misma promoción. En concreto, de los compañeros de promoción que se beneficiaron de convalidaciones en tres asignaturas y que ante la magistrada dijeron que ni fueron a clase, ni hicieron exámenes, ni pidieron esas convalidaciones. Algunos se sorprendieron al ver que les había aprobado asignaturas que no cursaron o que hay actas de los Trabajos de Fin de Máster que no defendieron.

En una providencia a la que ha tenido acceso eldiario.es, la jueza Carmen Rodríguez Medel ordena que, después de las declaraciones de esos alumnos, la investigación por falsedad documental se amplíe a las actas de defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de esos alumnos. En concreto, de Coral del Mar, Juan José Calvo, Susana Navarro, Inmaculada González-Molina y Enrique Medina.

La jueza ha enviado las actas de los trabajos de estos alumnos a la Guardia Civil para que los agentes practiquen una prueba caligráfica. En el escrito se refleja que esos alumnos declararon ante ella que no defendieron su TFM, por lo que no debería existir acta de esa defensa, o que "los integrantes del tribunal no se corresponden con los que obran en el acta".

Esos alumnos declararon el pasado jueves, todos en calidad de testigo. Todos le dijeron lo mismo a la jueza: que se matricularon pero no cursaron el máster. Cada uno ha dado sus razones, pero todos han coincidido en que no acudieron a clase, no se presentaron a los exámenes y no tuvieron trato con los profesores. Ninguno pidió que le convalidasen asignaturas, por lo que no tienen explicación a por qué figuran en una lista de 10 alumnos VIP beneficiados por un trámite que se llevó a cabo con firmas falsas.

Entre esas firmas están las de Enrique Álvarez Conde -que este lunes se ha negado a declarar-, responsable del Instituto que impartía el máster, y las profesoras Cecilia Rosado y Clara Souto. Otros profesores, como Alfredo Allúe o Ángela Fiegueruelo han denunciado que ellos no firmaron ese acta. De hecho, Figueruelo interpuso una denuncia que fue la que originó esta investigación.

La jueza, además de ampliar la investigación por falsedad, plantea a la Fiscalía que se pronuncie sobre si debe imputar a uno de los alumnos. Según refleja, está constatado que Enrique Medina "recogió el título del master y que no consta convalidación de créditos de las asignaturas del mismo". "Dese traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre si entiende procedente la citación del Sr. Medina en condición de investigado", señala la jueza.

Además, y para que arroje luz sobre lo ocurrido, la jueza ha citado como testigo al vicerrector de la URJC José María Álvarez Monzoncillo, responsable de los posgrados de la Universidad. Tendrá que declarar el próximo día 30 de julio

Este mismo lunes ha salido el nombre de Álvarez Monzoncillo durante la declaración de una imputada en el caso, la exasesora del Gobierno regional Maite Feito. Ante la jueza ha explicado todos los contactos que mantuvo las horas previas a que eldiario.es publicase la información sobre el máster de Cifuentes, y también las posteriores. Contactó con todos los implicados en el caso, aunque niega que les presionase para obtener una coartada para la expresidenta.

Entre sus movimientos se encuentra una visita a la Universidad el mismo día del escándalo. En su declaración ha negado que acudiese por el tema del más, sino que tenía una cita con Álvarez Monzoncillo para hablar de una ponencia conjunta. No pudieron tener ese encuentro porque Álvarez Monzoncillo fue citado a una reunión para abordar la crisis de máster de Cifuentes.

https://m.eldiario.es/politica/investiga-falsearon-documentos-companeros-Cifuentes_0_786022371.html

LÓPEZ DE LOS MOZOS DECLARA QUE LA PROFESORA QUE FALSIFICÓ LAS FIRMAS DEL ACTA DE CIFUENTES TAMBIÉN LA AMENAZÓ

La profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Alicia López de los Mozos, imputada en el caso Cifuentes, ha extendido este lunes las acusaciones sobre la presión para falsificar el acta con el que la ex presidenta pretendió exculparse a una de sus compañeras, Cecilia Rosado. Esta docente también está imputada, acusada de haber falsificado las firmas de sus compañeras y esta mañana se ha acogido a su derecho a no declarar.

La declaración de López de los Mozos apenas ha durado veinte minutos. De hecho, esta era su tercera comparecencia; la primera se produjo ante la Policía Judicial cuando el caso todavía no estaba en un juzgado y lo dirigía la Fiscalía. Como en las anteriores declaraciones, López de los Mozos ha reconocido que su firma está falsificada en el acta del Tribunal de Fin de Máster (TFM) y las presiones que recibió por parte de Enrique Álvarez Conde, el director del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos.

Esta mañana, además, ha dicho que su compañera Rosado le amenazó con que o mentía y reconocía haber estampado su firma o ella contaría que le había dado autorización para que se la falsificara, según han informado a eldiario.es fuentes presentes en la declaración. López de los Mozos ha reiterado que antes de ser llamada a declarar prestó testimonio ante notario de los hechos que luego ha relatado en sede judicial.

En su anterior declaración, López de los Mozos entró como testigo y salió como imputada. La jueza Carmen Rodríguez-Medel concluyó de su declaración que había reconocido haber falsificado las notas de otros alumnos distintos a Cifuentes. En esta declaración ha vuelto a hablar de la reunión en el despacho de un abogado madrileño, junto a sus compañeras y Álvarez Conde, en el que el letrado y el director del Instituto expusieron que había que construir la coartada del falso examen a Cifuentes. 

En su anterior declaración, Rosado dijo haber sufrido a su vez presiones de una asesora de la Comunidad de Madrid, Maite Feito, que esta tarde declara como imputada. Según dijo Rosado ante la jueza, Feito le trasladó: “O arregláis esto o el rector y la presidenta os matan”.

https://m.eldiario.es/politica/profesora-Lopez-Mozos-companera-falsifico_0_786021515.html

CIFUENTES IRRUMPE EN EL 'CASO MÁSTER' PARA PEDIR QUE TODA LA INVESTIGACIÓN PASE AL SUPREMO

Bajo la estela de Pablo Casado, el primer escrito de la expresidenta de Madrid al Juzgado plantea una supuesta "falta de competencia".

La defensa de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid hasta el pasado 25 de abril, cuando dimitió, ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en el que plantea la "falta de competencia" de este órgano para investigar los másteres expedidos por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos.

Cifuentes, que está citada a declarar como investigada el próximo martes bajo los cargos de falsedad documental y cohecho impropio, advierte a la jueza Carmen Rodríguez-Medel del "riesgo cierto de nulidad de pleno derecho" de la instrucción si continúa practicando diligencias con una supuesta "falta de competencia objetiva o funcionar" que, según su defensa, derivaría del hecho de que "se prevé la imputación" (sic) del diputado del PP Pablo Casado, aforado ante el Tribunal Supremo. Sería este órgano, a su parecer, el que debería asumir toda la causa.

Pese a que la instructora ha acordado nuevas pesquisas respecto a Casado para aclarar si la normativa le obligaba o no a realizar un trabajo de fin de máster (no ha elevado, por tanto, ninguna exposición razonada al Tribunal Supremo) y pese al criterio restrictivo de la Sala Penal sobre la incorporación de investigados no aforados a las causas contra aforados, la defensa de la expresidenta de Madrid considera que "es preciso analizar la conveniencia y la legalidad de un enjuiciamiento separado de los distintos hechos que son objeto de investigación".

El escrito recuerda que Rodríguez-Medel decidió abrir varias piezas separada, "de lo que se desprendería la consideración de una actividad delictiva continuada". Dos de esas piezas afectan al diputado y dirigente del PP.

"Al aforado [Pablo Casado] se le relaciona con una participación que no es escindible de las conductas atribuidas a los docentes, ni la de estos puede aislarse de la que se le imputa a Cristina Cifuentes", por lo que la "jurisdicción especial" (sic) "deberá arrastrar a todos los investigados", afirma.

Según la defensa de Cifuentes, la petición de la instructora al Congreso para que acredite la condición de diputado nacional de Casado "hace vislumbrar razonablemente la remisión de la causa al Tribunal Supremo", órgano al que propone que pase toda la causa "para no romper su continencia y para evitar pronunciamientos contradictorios que pudieran llegar a darse: unos emanados de la jurisdicción ordinaria para los imputados comunes y otros de la jurisdicción del Tribunal Supremo para los investigados aforados".

Ello también sería aconsejable, añade, "para la mejor valoración de todos los elementos circunstantes (sic) y una mayor agilidad en la investigación global" y "para respetar la realidad jurídica, ya apreciada por el Juzgado, de la continuidad delictiva".

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20180622/cifuentes-irrumpe-caso-master-pedir-investigacion-supremo/316969370_0.html

LA JUEZA DECRETA LA PRISIÓN SIN FIANZA DEL EXMINISTRO EDUARDO ZAPLANA

A petición de la Fiscalía Anticorrupción y por indicios de un delito de blanqueo de capitales.

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, Isabel Rodríguez, ha acordado este jueves la prisión incondicional y comunicada del exministro del PP y expresidente del Gobierno valenciano Eduardo Zaplana, detenido el pasado miércoles en el marco de la operación Erial.

La medida cautelar ha sido pedida por la Fiscalía Anticorrupción tras la declaración prestada por el investigado debido a los indicios, que considera sólidos, de un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación se centra en adjudicaciones de contratos millonarios realizadas en la época en la que Zaplana presidìa el Gobierno valenciano: la concesión de ITV en un concurso que tuvo lugar en 1997 y el Plan Eólico valenciano adjudicadas en 2001.

Los investigadores sospechan que Zaplana ocultó en paraísos fiscales caribeños, Panamá y Uruguay comisión ilegales que habría obtenido en esas dos adjudicaciones y que en los últimos años ha ido repatriando a España desde Luxemburgo. Las cifras apuntan a un patrimonio de más de diez millones de euros.

En el entramado figuran otros nombres clave, detenidos el pasado martes en el marco de la operación Erial. Juan Francisco García, jefe del gabinete de Zaplana cuando era presidente valenciano, figuraba como presidente de la mesa de contratación de una de las licitaciones investigadas, según apuntan a EL ESPAÑOL fuentes próximas a la investigación. Por otra parte, la Guardia Civil señala a Joaquín Barceló, ex director general de Turismo de la Generalitat, y a la mujer de éste, Felisa López, como los creadores del entramado societario encargado de la repatriación del dinero.

Los hermanos José y Vicente Cotino -sobrinos del exdirector de la Policía y exvicepresidente autonómico Juan Cotino, citado como investigado en esta misma causa- representan una pieza fundamental en las pesquisas: empresarios y personas de confianza de Zaplana, fueron quienes obtuvieron las concesiones (o parte de ellas) del servicio de la ITV y del VI zona del Plan Eólico valenciano.

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20180524/decreta-prision-sin-fianza-exministro-eduardo-zaplana/309720033_0.html

ZAPLANA OCULTÓ DURANTE AÑOS EN PANAMÁ 10,5 MILLONES EN SOBORNOS

La Operación Erial destapa la repatriación de las supuestas comisiones ilegales ocultadas por el exministro de Aznar en el extranjero

La Guardia Civil detuvo este martes en Valencia al exministro del PP Eduardo Zaplana acusado de blanqueo y delito fiscal. La justicia lo investiga por repatriar 10,5 millones de euros que supuestamente cobró en sobornos durante su etapa como presidente de la Generalitat valenciana (1995-2002) y que ocultó en Panamá a través de empresas gestionadas desde Uruguay. En la llamada Operación Erial fueron detenidas seis personas más y otro ex alto cargo del PP, Juan Cotino, deberá declarar como investigado.

La investigación se remonta al caso Taula, la desarticulación de la presunta red del 3% que dirigía el presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus. En un registro, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizó unos documentos en poder del ex alto cargo del PP Marcos Benavent que apuntaban al cobro de abultadas comisiones por proyectos aprobados con Zaplana de presidente.

Benavent, quien desde 2015 colabora con la Fiscalía Anticorrupción, dijo que guardó los papeles que le había entregado años atrás un ciudadano sirio, el cual sostuvo que los había encontrado ocultos en una casa en la que entró a vivir. Tirando de ese hilo, la Fiscalía Anticorrupción presentó hace dos años una nueva denuncia que desembocó en un procedimiento declarado secreto por el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia que ayer se saldó con la detención de Zaplana.

El político fue arrestado por agentes de la UCO hacia las 8.10 cuando iba a subir al coche que lo recoge muchas mañanas junto a su vivienda en el centro de Valencia. Tras leerle sus derechos, fue trasladado a su casa, donde permaneció las más de cinco horas que duró el registro. Sobre las dos de la tarde, salió en un vehículo sin distintivos de la Guardia Civil rumbo a Benidorm para que estuviera también presente en el registro que se iba a realizar en la vivienda que tiene en esa ciudad, de la que fue alcalde. Escoltado por agentes de la UCO, su rostro mostraba una expresión grave y abatida. Pasó la primera noche en dependencias del instituto armado.

A la documentación intervenida en casa de Benavent, la UCO sumó otros indicios descubiertos durante la Operación Lezo, entre ellos los contactos del exministro con uno de los cabecillas de esta trama, el expresidente madrileño y compañero de partido Ignacio González, y la vinculación de ambos con un abogado uruguayo especializado en crear sociedades opacas. Los agentes pudieron constatar que Zaplana había ocultado precisamente en Panamá —considerado paraíso fiscal por la UE hasta enero— comisiones por 10,5 millones de euros a través de empresas pantalla creadas y controladas desde Montevideo.

La Guardia Civil también pudo comprobar que dichos fondos eran los sobornos supuestamente cobrados por Zaplana por la adjudicación de dos contratos de su etapa de presidente valenciano: la concesión en 1997 para la explotación durante 25 años de las ITV en esa comunidad y el desarrollo del Plan Eólico Valenciano, convocado 2001.

Las sospechas se centraron en los contratos adjudicados a las empresas Servicios de Excavaciones y Sedesa, ambas propiedad de la familia Cotino, dos de cuyos miembros, los hermanos Vicente (implicado en el caso Gürtel) y José fueron detenidos. Ambos son sobrinos del ex director general de la Policía con Aznar Juan Cotino, además de consejero y presidente de las Cortes Valencianas con el PP. Los agentes apuntan que por uno de estos amaños Zaplana se embolsó seis millones.

El tiempo transcurrido desde la adjudicación de dichos contratos supone la prescripción de los delitos de malversación y cohecho supuestamente cometidos, pero no el de blanqueo de capitales y los fiscales que Zaplana cometió presuntamente cuando recientemente comenzó a repatriar los fondos para reintegrarlos en el circuito monetario legal. Fuentes cercanas a la investigación señalan que en esta operativa de lavado participó un bufete de Londres y que el dinero pasó por Luxemburgo —con secreto bancario— y Andorra.

Además de Zaplana, fueron arrestadas ayer otras seis personas. Otras siete han sido citadas por la Guardia Civil para declarar como “investigadas no detenidas” en los próximos días, como paso previo a su imputación judicial. Entre los primeros, además de Vicente y José Cotino, se encuentran personas vinculadas al equipo de Zaplana como presidente valenciano y como alcalde de Benidorm (de 1991 a 1994). Se trata de Juan Francisco García, su jefe de gabinete en el Ejecutivo regional, quien fue capturado en Barcelona; Joaquín Barceló, exdirector del Centro de Desarrollo Turístico de Benidorm; la esposa de este y exdirectiva de Terra Mítica Felisa López, y Francisco Grau, asesor fiscal de Zaplana y exsecretario del consejo de la quebrada Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Los investigadores consideran que participaron o en el amaño de los contratos bajo sospecha o en las maniobras para ocultar y repatriar los fondos.

Los agentes tomarán en los próximos días declaración en presencia de sus abogados a Juan Cotino, cuyo domicilio fue registrado ayer; a la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y a la secretaria del exministro, Mitsuko Hernández. Agentes de la UCO acudieron a la sede de la Consejería de Economía para intervenir los expedientes completos de las dos concesiones bajo sospecha.

Lezo y Púnica

No es la primera vez que Zaplana aparece en las investigaciones de la UCO. En el auto de abril de 2017 por el que el entonces instructor del caso Lezo, Eloy Velasco, envió a prisión a Ignacio González, el juez relacionaba a Zaplana con las maniobras del expresidente madrileño para lavar fondos mediante la adquisición de una sociedad a través de un letrado uruguayo. La firma iba a controlar “los derechos de patente de un producto de desinfección del agua”. El juez recalcaba que González le propuso a su compañero de partido “montar una estructura financiera” en países con legislaciones laxas, como Holanda, EE UU y Uruguay, para poder “canalizar algún tipo de operación a medio o largo plazo”. Zaplana no ha sido imputado en esa causa.

Tampoco lo está en el caso Púnica, en el que la Guardia Civil entregó en diciembre un informe centrado en los contactos que el exministro mantuvo con dos de los principales implicados en esta trama de corrupción: los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Conesa. El documento policial destacaba que estos últimos mantuvieron mientras ya eran investigados “repetidos contactos” con Zaplana, “de quién perseguían les beneficiase en procesos de licitación de la construcción de colegios a favor de David Marjaliza”, uno de los cabecillas de la trama y que colabora con la justicia desde junio de 2015.

La UCO aseguraba en el informe que Zaplana presuntamente facilitó a De Pedro y Conesa contactos en el Ayuntamiento de Elche con el objetivo de que fueran contratados para hacer trabajos de reputación online para el equipo de gobierno. También recalcaba que De Pedro iba a dar al exministro una participación “encubierta” en sus negocios en Sudamérica.

“NADIE ES DETENIDO POR CASUALIDAD”

La detención de Eduardo Zaplana llevó ayer al PP a anunciar la suspensión del hombre que, entre otros cargos, fue portavoz del partido en el Congreso. “Nadie es detenido por casualidad”, afirmó el coordinador general de los populares, Fernando Martínez-Maillo.

Los líderes del PSOE, Ciudadanos y Podemos subrayaron que el arresto de Zaplana, alejado desde hace 10 años de la política, representaba la caída de otro significado dirigente de los Gobiernos del Partido Popular. “Que un expresidente de la Generalitat valenciana esté en estas circunstancias”, declaró el socialista Ximo Puig, que ahora ocupa el puesto, “me produce tristeza”.

https://politica.elpais.com/politica/2018/05/22/actualidad/1526972696_240900.html

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ, EL PRESIDENTE DE RTVE QUE SE JACTABA DE VOTAR AL PP Y DE ESTAR EN LOS PAPELES DE BÁRCENAS

José Antonio Sánchez se va. Este viernes abandonó su cargo de presidente de la corporación de RTVE, aunque permanecerá a partir de ahora en el Consejo de Administración como simple consejero. "Por imperativo legal tengo que dejar la presidencia. Dejo una casa mejor de la que encontré", dijo en el Congreso a modo de despedida en su última comparecencia ante la Comisión Mixta de control parlamentario del ente público.

El periodista onubense que el próximo 22 de julio cumplirá 65 años, llegó por segunda vez al cargo de presidente de RTVE en octubre de 2014,en sustitución de Leopoldo González Echenique, rodeado de polémica. Y ahora lo abandona de la misma manera que la primera: rodeado de polémica y dejando un reguero de sonados episodios y extravagantes declaraciones, muchas de ellas lanzadas en el Parlamento a la oposición en tono chulesco y retador.

Incluso por su condición de abuelo, que no dudó en airear en una de sus recientes comparecencias en la Comisión Mixta de RTVE cuando varias diputadas le recriminaron el desdén con el que los informativos de la cadena pública trataron la jornada feminista del 8 de marzo, prácticamente invisibilizándola."Lamento defraudarla pero yo no tengo alergia a nada y tampoco al feminismo. Yo tengo madre, hijas y nietas...", replicó a la diputada de Unidos Podemos, Noelia Vera.

Ese es solo es un botón de muestra porque durante todos estos años Sánchez ha dejado muy marcado un estilo de quien se sabe protegido por el poder.

Siempre bajo el paraguas del PP

Su regreso a la presidencia de la corporación no fue bien acogido por ningún grupo parlamentario, salvo por el PP, cuyo Gobierno le impulsó igual que la primera vez. De hecho, su nombramiento necesitó tres plenos -dos de ellos extraordinarios- para ser nombrado definitivamente en el cargo.

Toda la oposición rechazó su designación argumentando que Sánchez, como demostró cuando fue director de Telemadrid, estaba "al servicio gubernamental", y llegaba para controlar los informativos ante las próximas elecciones municipales y autonómicas para las que faltaban entonces tan solo unos meses.

Claro, que no es ningún secreto que su trayectoria siempre ha estado vinculada al PP. En julio de 2002 fue nombrado, a propuesta del Gobierno de José María Aznar, Director General de Radiotelevisión Española, un cargo que ostentó hasta las elecciones generales de 2004.

Ya en aquella época su gestión al frente del ente público fue blanco de duras críticas por parte la oposición. Hasta el punto de que tan solo nueve meses después de estrenarse en el cargo, el PSOE presentó en el Congreso una Proposición no de ley exigiendo su destitución por no "garantizar el derecho a la información", como marca la Constitución.

Durante aquel debate, varios portavoces le acusaron de “imponer la censura” y de haber cometido “posibles irregularidades” en las contrataciones. Además, afirmaron que en sus comparecencias ante la Comisión Mixta de control de RTVE se comportaba “más como un exaltado miembro del Grupo Popular que como el responsable de un servicio público, confundiendo su papel institucional con el meramente partidista”.

Razón no les faltaba porque tiempo después, durante su segundo mandato al frente de RTVE, a Sánchez no le dolieron prendas en reconocer su afinidad política con el partido conservador. "Voto al PP y seguiré votando al PP. A quién no he votado nunca ni voy votar en mi vida es a Izquierda Unida", dijo en junio de 2015 en una de sus comparecencias en el Congreso.

Su aparición en los 'papeles de Bárcenas' no frenó su nombramiento

Tampoco frenó su nueva ascensión a la cúpula de RTVE el hecho de que su nombre apareciera en los papeles de Bárcenas certificando que había cobrado del PP como "asesor" cuando ejercía de corresponsal parlamentario de ABC en la etapa de Luis María Ansón.

El día en el que compareció ante la Comisión de nombramientos del Congreso para ser examinado, el propio Sánchez, empleando su desparpajo habitual, aseguró no tener "ni idea" de que figuraba en esos documentos del extesorero, aunque sí reconoció que trabajó para partido porque "estaba en una empresa privada y mi director me autorizó".

Las dos elecciones consecutivas que hubo entre 2015 y 2016 propiciaron que Sánchez soslayara el control del parlamento durante casi un año.

Pero su regreso a los ‘platós’ del Congreso y el Senado le volvieron a situar en el epicentro del protagonismo mediático.

Y no solo en al ámbito parlamentario. Fuera también, como demostró en abril de 2017 durante una conferencia en la casa de America en donde fue invitado para hablar del compromiso de la televisión pública con el continente americano. Pero Sánchez fue a lo suyo y prefirió hablar del papel de la España conquistadora: "España no fue colonizadora, sino evangelizadora", sentenció.

No en vano poco después reconoció en el Senado que él era “católico, apostólico y romano, y por eso soy de solidaridad muy grande”. La confesión venía a cuento después de que la oposición le recriminara que se retransmitieran misas todas las semanas en RTVE y en cambio no diera cobertura en directo a los actos del Orgullo Gay mundial, que por primera vez se celebraban en Madrid. Sánchez sentenció que para él, el World Pride "tiene protagonismo, pero no el suficiente".

Sánchez volvió a dejar perplejos a todos los diputados a finales del pasado mes mayo en otra de sus comparecencias parlamentarias. Porque, de repente, a su manera, reconoció lo que había negado hasta el momento, es decir, que figuraba en la "contabilidad B" del Partido Popular y que cobró más de un millón de pesetas, según publicó el diario El Mundo.

"Yo estoy en los papeles de Bárcenas, pero en los papeles manchados de sangre yo nunca estaré", respondió al diputado de Unidos-Podemos Miguel Vila. "No estoy en los papeles de Irán, ahí donde se cuelgan en las grúas a los homosexuales o donde se mata a pedradas a las niñas por darse un revolcón con el novio, ni donde se asesina a 150 personas por manifestarse en una calle, como en Caracas… No, no, yo en esos papeles no estoy, que quede constancia".

Sus palabras motivaron que los Consejos de Informativos RTVE exigieran su destitución inmediata.

Lo que no ha ocultado nunca ha sido su aversión hacia los gobiernos nacionalistas de Catalunya. En otra de sus comparecencias aprovechó para atacar a TV3 cuya gestión contrapuso a la de TVE.

En una réplica al senador de ERC, Bernat Picornell, defendió la cobertura que se había dado a varios de los acontecimientos ocurridos en Catalunya y le espetó a Picornell: "Pero en la mía [TVE] nunca se va a llamar mangantes ni sarnosos de mierda ni cabrones a los españoles como hace la suya. Y lo que no vamos tampoco a hacer es disparar contra la imagen el rey de España, como hace la suya".

Su despedida se acercaba y Sánchez ironizaba con su futuro sin sospechar que el Gobierno de Maríano Rajoy iba a terminar cayendo en una moción de censura meses después. "Es de agradecer que el PP me busque un puestecito", soltó, jocoso, en el Senado.

Las duras críticas que le han dispensado los grupos del ambas Cámaras las ha encajado con la resignación “cristiana” de la que tanto ha alardeado. "Menos mal que estoy bien pagado", reconoció otro día. Una afirmación verdadera porque Sánchez se ha embolsado el doble que el mismísimo presidente del Gobierno, con un sueldo cercano a los 200.000 euros anuales.

"Son una minoría minoritaria", dijo sobre los 'viernes negros'

Pero su mayor desprecio ha estado dirigido a los periodistas de RTVE, sumamente críticos con su labor. Hasta el punto de que llegó a ningunear los actos de protesta, los ‘viernes negros’, que los trabajadores llevan meses realizando contra la “censura” y la “manipulación” de radiotelevisión española.

“Son una minoría minoritaria. ¿Seis mil y pico? Qué va, para nada”, respondió Sánchez a la diputada Noelia Vera – una de las más beligerantes con su gestión- cuando esta le preguntó si “no siente nada” cuando ve en las cámaras a los trabajadores de la radiotelevisión pública vestidos de negro.

Por negar, ha negado incluso que haya habido bloqueo por parte del PP en la renovación del Consejo de Administración de RTVE. Al ser preguntado al respecto contestó: “Ignoro las razones, pero desde el 1 de octubre hasta el 3 de abril nadie en España ni en ningún lugar del mundo, ni los servicios de inteligencia más eficaces y más sagaces pueden saber qué ha pasado con esta Ley. Yo lo he intentado averiguar y ha sido imposible”.

“Hasta el 22 de junio ustedes podrán echarme y yo también podría ir a por tabaco”, retó recientemente a los diputados y diputadas de la Comisión Mixta de RTVE . Hoy es 22 de junio y Sánchez tiene los estancos abiertos y mucho más tiempo para comprar cartones. Aunque el espeso humo de su gestión costará mucho disiparlo de las redacciones.

http://vertele.eldiario.es/noticias/Antonio-Sanchez-RTVE-PP-Barcenas_0_2023897623.html?_ga=2.1136182.68508280.1529749176-599176927.1491422826

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA, CITADO A DECLARAR COMO INVESTIGADO POR MALVERSACIÓN Y COHECHO

Se le cita por la querella en la que se apuntaba a pagos "inflados" a la empresa Matisreg, a la que se le habría adjudicado a dedo el servicio de las fuentes en la ciudad cuando Fernández de Moya era alcalde Podría ser acusado de delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación continuada de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias

El Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén citó este martes al secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, a declarar como investigado el próximo 5 de junio en la causa abierta por la querella interpuesta por el grupo municipal socialista a finales de 2017 y en la que se apuntaba a pagos "inflados" a la empresa Matisreg, a la que supuestamente se le había adjudicado a dedo el servicio de las fuentes ornamentales en la ciudad cuando Fernández de Moya era alcalde de Jaén en 2012.

Fernández de Moya no acudirá solo a declarar ya que, según recoge el auto judicial al que tuvo acceso Europa Press, el 5 de junio también están citados en calidad de investigados la actual teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Jaén Rosa Cárdenas (PP), un técnico municipal y un representante de la empresa Matisreg. Fuentes del Ministerio de Hacienda explicaron a Europa Press que el secretario de Estado aún no recibió la citación del juzgado.

Los hechos por los que están investigados estas cuatro personas podrían constituir delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación continuada de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.

Según recoge, la causa se incoó en diciembre de 2017 y desde entonces se acordó la práctica de diversas diligencias de instrucción, esencialmente recabar documentación y su estudio tal y como aparece en el informe emitido por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Del informe aportado por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, y adelantado por la Cadena Ser en Jaén, se deducen, tal y como se apunta en el auto, "indicios suficientes para atribuir a las personas denunciadas, con la provisionalidad propia de esta fase de procesal, la posible comisión de los ilícitos penales", de ahí que "deban ser llamados para ser oídos en calidad de investigados". Entre estas personas se encuentra el actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya.

El auto recoge que en 2012 se designó "de facto" la empresa Matisreg, a la que se encomendó la prestación del servicio de mantenimiento de las fuentes ornamentales, con el añadido de que se aceptó la presentación de facturas que, según informe de la Guardia Civil, pudieran ser calificadas como "falsas" ya que se incorporaban "conceptos y servicios facturados no ejecutados realmente, lo que supuso el enorme incremento de precio para el erario público del Ayuntamiento, incrementando enormemente el precio de los servicios (en algunos casos no prestados) y los productos facturados (no empleados realmente) en el mantenimiento de las fuentes para generar un sobrecoste de considerable gravedad".

Pagos cuestionados

El auto judicial apunta a que el entonces alcalde, José Enrique Fernández de Moya, "vino ordenando personalmente los pagos a realizar a dicha empresa en contra de los informes y reparos de legalidad que hacía recaer constantemente el interventor del Ayuntamiento".

En los reparos "se aludía precisamente a la ausencia de todo procedimiento, soporte contrato o relación de toda índole de Matinsreg con el Ayuntamiento de Jaén". Pese a la existencia de dichas negativas emitidas por la Intervención municipal, Fernández de Moya "ordenaba el pago sin justificación o motivación alguna que conste hasta la fecha en la causa".

Las facturas que eran presentadas al Ayuntamiento por la empresa Matinsreg y aparecen en su inmensa mayoría conformadas por un técnico que también está llamado a declarar como investigado el próximo 5 de junio. Dicho técnico conformaba las facturas "sin comprobar la ejecución de los trabajos, ni el empleo de los materiales que se facturan".

El juez establece en su autor que "aparentemente se facturaba de forma falsa gran cantidad de horas de trabajo no realizadas, de imposible ejecución con el personal de la empresa ilícitamente designada, se incrementaban los costes de los productos empleados y la cantidad de los facturados".

De esta forma, se provocó que la diferencia en la facturación soportada por el Ayuntamiento de Jaén por el mismo servicio de conservación de fuentes ornamentales, entre una anualidad por la anterior empresa Imesapi y una anualidad de la empresa Matinsreg "haya generado un quebranto patrimonial para el Ayuntamiento superior a 3,6 millones de euros". El principal responsables de la emisión de las facturas es un representante de la empresa Matinsreg, también citado a declarar en calidad de investigado el 5 de junio.

La cuarta persona llamada a declarar como investigada en la causa es la actual teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Jaén Rosa Cárdenas (PP) por ser la persona que el 8 de agosto de 2012 firma la orden que supuso el encargo sin cobertura administrativa ni contractual de clase alguna a la entidad mercantil Matisreg en su calidad de alcaldesa accidental". Además, por esta causa, el jueves 24 de mayo declararán cinco personas en calidad de testigos, entre ellos el actual interventor del Ayuntamiento de Jaén.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/05/22/el_secretario_estado_hacienda_citado_declarar_como_investigado_por_malversacion_cohecho_83090_1012.html

EL ESCÁNDALO CERCA A CAMPS

La sombra de la corrupción presiona cada vez con más fuerza sobre el expresidente valenciano

El juez José María Vázquez Honrubia ha admitido cierta desazón en su sentencia sobre la rama valenciana de Gürtel por no haber podido condenar a todos los que cree responsables. La pesadumbre del magistrado siluetea la figura del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, a quien varios excolaboradores apuntan como la equis de esa trama. El juez recupera una frase de uno de los condenados, Álvaro Pérez, El Bigotes, para ilustrarlo: “Son todos los que están, pero no están todos los que son”. Es, quizá, la misma desazón que sintió el juez José Castro al considerar que Camps debió sentarse en el banquillo de Nóos por similitud con el condenado Jaume Matas.

Siendo sin estar, la sombra de la corrupción presiona cada vez más sobre su pasado. Ha ido eludiendo condenas, pero la corrupción no consiente que se diluya en el olvido. No sirvió de mucho que cinco de los nueve miembros del jurado del TSJ que había presidido su “más que amigo” Juan Luis de la Rúa concluyeran en 2012 que no era culpable de que la trama le hubiese llenado los armarios de trajes de Forever Young. Ese tufo aún lo persigue.

Mientras trataba de ponerse de perfil, su ex secretario general, Ricardo Costa, lo señaló como la clave de la ecuación de Gürtel. Además, fue arrollado por el Gran Premio de Europa de Fórmula 1, un iceberg con punta de fantasía y base de pufo que también se estrelló contra la Generalitat con daños a terceros de más de 90 millones. Esa operación, que lo puso en la pole electoral de la mano del turbio Bernie Ecclestone, dejó un rastro de malversación y prevaricación que huele de cerca la Fiscalía Anticorrupción.

“No se olvidan de mí. No sé por qué”, se extrañaba el expresidente aferrándose a la existencia paralela en la que discurre. Camps, como las monedas del presupuesto público mordidas por los depredadores que lo escoltaron en su cabalgata, tiene dos caras, pero solo se reconoce en su anverso. Su reverso se desentraña en los tribunales.

Llegó a la Generalitat en 2003 con el cartel de moralizar la etapa de Eduardo Zaplana. Estaba ungido por Rita Barberá y Juan Cotino, y llevaba el marchamo de Alianza Popular y un reflejo apagado de los jesuitas. Entonces quería valencianizar la institución para alejarse de su antecesor, cuyo pastel olía, pero aún no se había desenterrado. Deslumbrado por el libro del medievalista californiano Robert Ignatius Burns sobre la figura de Jaime I, se puso el yelmo psíquico del conquistador y buscó paralelismos con una agenda que reseguía los pasos del fundador del Reino de Valencia.

Ese fue su primer traje, a pesar de que pronto lo tuvo que cambiar por el de Don Pelayo para tratar de reconquistar España a los socialistas. Sin embargo, Camps siempre ha mantenido la certeza de que entre Jaime I y él existe un vínculo directo, irrompible.

Antes de acabar su primera legislatura (2003-2007), sufrió otra metamorfosis. Eran los días en los que el PP compensaba su ausencia de la Moncloa con “el eje de la prosperidad”, que transcurría de forma triunfal entre Madrid, Valencia Palma con unos Gobiernos que el partido controlaba y en la calidez de cuyas Administraciones empollaban los huevos de la serpiente.

Cuando Camps socorrió a Mariano Rajoy para llevarlo a la presidencia del PP en el congreso celebrado en Valencia en 2008 ya procedía como una efigie de la Crónica de Alfonso III. El presidente valenciano, que amplificó su influencia en Génova, ofreció al nuevo líder del PP un festival para celebrar su victoria organizado por Orange Market, por el que El Bigotes cobró 100.000 euros que acabarían saliendo de los sobrecostes facturados a la Generalitat. Rajoy nunca olvidó su ayuda, incluso no ahorró en empatía en sus momentos más complicados.

En esos días Camps pensaba y actuaba a lo grande y Rajoy decía que quería parecérsele. La túnica de Claudio César Augusto Germánico ya le apretaba. El ladrillo avanzaba en marcha triunfal, el dinero circulaba a raudales y una de cada dos personas que iban por la calle votaba al PP. Camps iba a velocidad de crucero en el pescante de un Ferrari descapotable y quería convertir la Comunidad Valenciana en un scalextric, en una naumaquia con salvas de Moët Chandon, en un cóctel de Hollywood y Disneylandia coronado por una apoteosis de plástico de Santiago Calatrava. Lo quería todo. “Mi bagaje es impresionante”, se relamía.

Pero por debajo del resplandor de las fantasías emblemáticas, los liderazgos ficticios y el glamur de los bolsos de Louis Vuitton fluían los lixiviados de Gürtel, Taula, Nóos, Brugal, Blasco, Valmor o Emarsa. La Florida que ensoñaba Camps se convirtió en la zona cero de la corrupción española. Por fin la Comunidad Valenciana se la había puesto en el mapa y se había convertido en un referente ineludible, como ambicionaba en su anverso.

El presidente dimitió con muchas resistencias el 20 de julio de 2011, poco después de revalidar la mayoría absoluta. La presión era insoportable, pero tuvo que empujarlo Rajoy por teléfono con el argumento de que su sacrificio abonaría la inminente victoria del PP en España. Estaba en su casa con su mujer, Isabel Bas, y Federico Trillo. Barberá y Cotino, también presentes, no estaban de acuerdo: “Aguanta, Paco”. “Déjalo ya, Paco”, zanjó su mujer. En el confesionario de la antigua parroquia de Sant Andreu, una de las primeras que se fundó en Valencia tras la conquista de Jaime I, encontró alivio.

“¿Por qué no se olvidan de mí?”, se pregunta con una sonrisa rencorosa, mientras los que fueron sus incondicionales lo señalan cebando la voracidad de la fiscalía. Sin embargo, Camps ya es un mártir abrasado en muchos purgatorios que solo conmueve a espadachines de causas urticantes que defienden su santidad. Quienes se ocultan detrás saben que ya forma parte de las tinieblas y absorberá todos los impactos sin admitir la culpa aunque lo taladren. Mientras lo aplasta la presión vive en un monólogo interior, como los de su libro preferido, Tiempo de silencio, donde aprendió que no hablar no consiste solo en callar, que sería otro modo de ser sin estar.

Una semana en los juzgados

Gürtel valenciana. La sentencia publicada el lunes considera probado que la campaña de Camps de 2007 se financió ilegalmente, da “notable” credibilidad a condenados que lo señalan y reprocha al expresidente su "radical negativa a admitir [todo] conocimiento". "Nada sabe, nada recuerda".

Fórmula 1. Costa confirmó el jueves ante la juez el pago de comisiones en la construcción del circuito de Valencia y dijo que habló con Camps de ello.

https://politica.elpais.com/politica/2018/06/15/actualidad/1529073416_244509.html

CONDENADOS A PENAS DE HASTA 12 AÑOS DE CÁRCEL LOS CARGOS DEL PP QUE SAQUEARON LA DEPURADORA DE VALENCIA

El presunto fraude de Emarsa, cuya sentencia se ha conocido este viernes, ascendió a 24 millones

La Audiencia de Valencia ha condenado a penas de entre 12 y tres años de cárcel a los principales acusados del gran fraude de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia (Emarsa): los excargos del PP Esteban Cuesta (12 años y medio), Enrique Crespo (10 años), José Juan Morenilla (nueve años) e Ignacio Bernácer (tres años y medio). En la causa han sido juzgadas 24 personas por malversar 23,6 millones de euros. La entidad pública quebró como consecuencia de la "magnitud sin límite del expolio" y el servicio fue privatizado.

La Sección Primera de la Audiencia de Valencia ha dictado penas que suman, en total, 97 años, ocho meses y ocho días por los delitos de malversación, cohecho, prevaricación y falsedad en documento oficial y mercantil. El fallo, contra el que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, impone el pago de indemnizaciones por el importe del dinero defraudado.

Los jueces consideran probado que los responsables de la planta, y a menor escala empleados y proveedores, cargaron a la sociedad la compra de joyas y otros artículos de lujo, pero también de baterías de cocina, ordenadores, ropa interior o el libro de Mario Conde Memoria de un preso. Pasaron 300.000 euros en facturas de marisquerías y asadores y otro tanto en viajes familiares al extranjero y noches en hoteles con prostitutas. Emarsa fue utilizada, además, para enchufar a decenas de personas, varias de la cuales solo iban a cobrar.

Los principales condenados, Esteban Cuesta, Ignacio Bernácer, Enrique Crespo y José Juan Morenilla, se repartían cada mes cajas llenas de billetes, tal y como confesaron los dos primeros en el juicio celebrado por la Sección Primera de la Audiencia de Valencia.

Cuesta, último gerente de Emarsa, nombrado alcalde pedáneo de Benimàmet, un barrio de Valencia, por la entonces regidora Rita Barberá, resumió así ante el tribunal los siete años que pasó dirigiendo la depuradora: "Se nos fue la mano y cogimos hasta el codo".

La Generalitat triplicó entre 2004 y 2010 los fondos que inyectaba a la empresa, dedicada a depurar las aguas residuales de Valencia y 30 municipios de su área metropolitana. A pesar de ello, la situación patrimonial de la sociedad se fue haciendo cada vez más insostenible, hasta que en 2010 se declaró en quiebra y fue liquidada.

El servicio fue privatizado y adjudicado a Aguas de Valencia. El agujero de 17 millones que dejó el presunto desfalcó provocó una súbita subida del recibo del agua.

La causa judicial salpicó a dos consejeros del Gobierno autonómico de Francisco Camps y apuntó a la posible financiación irregular del PP de la ciudad de Valencia, pero ambas líneas de investigación se cerraron por falta de pruebas.

Una mina de lodo

El principal fraude se produjo a través de la gestión del lodo. El subproducto que genera la depuración del agua que corre por las cloacas se convirtió para los responsables de la empresa pública en una mina de oro.

La sentencia señala que los cuatro principales condenados "valiéndose de la posición de dominio y control que les otorgaban sus puestos (...) diseñaron y ejecutaron de manera continuada un plan consistente en incrementar el precio unitario con el que la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (dependiente de la Generalitat) financiaba el coste de la gestión agrícola de los lodos producidos en la estación depuradora".

Para ello buscaron al administrador de diversas empresas, Jorge Ignacio Roca Samper que, "a cambio de la oportuna comisión", emitió a Emarsa "facturas simulando la prestación del servicio de gestión de lodos" al precio oficialmente establecido. En realidad, prosiguen los jueces, la labor estaba siendo realizada por otra mercantil "a un coste inferior en más de la mitad de lo que estaban pagando por ello desde la empresa pública".

"Transferidos los fondos públicos a las empresas de Roca, el siguiente paso que tenía encomendado este acusado consistía en reintegrar en efectivo la diferencia entre el coste real del servicio y el pagado por Emarsa, haciendo llegar dicho importe, deducida su comisión ilícita, mediante distintos mecanismos a Crespo, Cuesta, Morenilla y Bernácer, principalmente", concluyen los magistrados.

El socialista Ramón Marí, denunciante del caso en 2010, ha celebrado el fallo "después de tantos años de trabajo y presiones".

https://politica.elpais.com/politica/2018/06/22/actualidad/1529652669_344761.html

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y EL ABOGADO DEL PP SE REUNIERON ANTES DE LA SENTENCIA GÜRTEL

Los abonados del Club de Campo Villa de Madrid se sorprendieron al ver jugando al tenis a Rafael Catalá y Jesús Santos en este contexto judicial

Días antes de que se conociese la demoledora sentencia a la primera época de la trama Gürtel y que en ella se condenase al Partido Popular a título lucrativo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el abogado defensor del partido conservador, Jesús Santos, se reunieron para jugar al tenis en el Club de Campo Villa de Madrid.

El encuentro, que ha podido confirmar El Plural por varias fuentes, no pasó desapercibido para el resto de los asistentes del club en un momento en el que el Partido Popular tiene varios frentes judiciales abiertos.

Desde este medio se ha intentado recabar la opinión al respecto de este encuentro al ministro Catalá, buscando conocer si no le parecía que dicha reunión ponía en duda la imparcialidad que debe mantener el titular de la cartera de Justicia. El ministro de Mariano Rajoy ha preferido guardar silencio.

Este encuentro es todavía más peliagudo si se tiene en cuenta que hay voces que apuntan a que la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, no entrará de forma preventiva en prisión, ya que, de hacerlo, se ha especulado con que el extesorero del Partido Popular haría nuevas revelaciones sobre la financiación ilegal del Partido Popular.

También la decisión judicial que se tomará este miércoles sobre Rosalía Iglesias se habría relacionado con la decisión del presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, de impedir que el juez progresista De Prada decida si los Gürtel ingresan o no en prisión.
Un exfiscal para defender al PP

Es necesario recordar que Jesús Santos no es, precisamente, un letrado de oficio. Se trata de uno de los juristas más prestigiosos del país y gran conocedor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conocimientos adquiridos, en parte, en su anterior etapa como exteniente fiscal de la Audiencia Nacional, a la que se incorporó en 1989 sustituyendo en el cargo a la fiscal Carmen Tagle, asesinada por la banda terrorista ETA.

Además, Santos es uno de los abogados mejor pagados de España, con un sueldo superior a los 300.000 euros, y se le considera los “ojos y oídos de Cospedal en el caso Gürtel”.

El selecto Club de Campo Villa de Madrid

El lugar del encuentro entre Catalá y Santos es un punto de referencia recurrente de distintas personalidades del país. Si bien es cierto que no es de los más exclusivos de Madrid, desde hace tiempo sí que se ha señalado a un selecto grupo de personalidades que tienen la entrada garantizada la mismo.

Los primeros en ser señalados fueron el matrimonio Aznar, del cual El Plural publicó que se regalaron clases de golf por valor de un millón y medio de pesetas. Después, a finales de 2013, también se publicó que la institución deportiva madrileña dio a un “reducido grupo” de periodistas acceso vip y todo gratuito a sus instalaciones.

https://www.elplural.com/politica/2018/05/29/el-ministro-de-justicia-y-el-abogado-del-pp-se-reunieron-antes-de-la-sentencia

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