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Boletin 765. 15 abril - 15 mayo 2018

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NOTICIAS GURTELIANAS
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NOTICIAS LEZO

ÍNDICE

01. DIMISIÓN CRISTINA CIFUENTES

02. CASO GURTEL

03. CASO PUNICA

04. CASO LEZO

05. COMISION DE INVESTIGACIÓN CAJA B DEL PP

06. SONORA PITADA A MARIANO RAJOY EN ALICANTE

07. RAJOY SE OLVIDA DEL NOMBRE DEL ALCALDE DE ALICANTE EN UN NUEVO LAPSUS

08. PABLO CASADO APROBÓ DE GOLPE MEDIA CARRERA EL CURSO QUE LOGRÓ EL ESCAÑO

08. LA JUEZA DEL CASO CIFUENTES ABRE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL MÁSTER DE PABLO CASADO

09. LA IRREGULARIDADES QUE HAN LLEVADO A LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DEL MÁSTER DE PABLO CASADO

10. EL FISCAL PIDE AL JUEZ DÍVAR QUE ENVÍE EL ‘CASO PGOU’ AL SUPREMO POR SER AFORADA ÁNGELES MUÑOZ

10BIS. SANTAMARÍA Y COSPEDAL: HISTORIA DE UN ENFRENTAMIENTO

11. DIMITE LA EDITORA DE TVE EN LA COMUNITAT VALENCIANA POR NO DEJARLE EMITIR EL VÍDEO DE “OS JODÉIS” DE MARTÍNEZ CASTRO

12. LA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN, ANTE LOS JUBILADOS: "DAN GANAS DE HACERLES UN CORTE DE MANGAS"

13. EL CONSEJO DE EUROPA ACUSA A ESPAÑA DE NO CUMPLIR SUS RECOMENDACIONES CONTRA LA CORRUPCIÓN

14. EL CONSEJO DE EUROPA ACUSA AL NÚMERO DOS DE DEFENSA DE FAVORECER A UN PAÍS MARCADO POR EL AUTORITARISMO Y LA CORRUPCIÓN

15. CAÑETE FINGIÓ TRABAJAR EN CEUTA PARA AHORRAR 15.000 EUROS EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

16. MÁS DE 200 JUECES Y FISCALES PIDEN LA DIMISIÓN DE CATALÁ ANTE JUSTICIA: "TIENE UN PROBLEMA SINGULAR"

17. LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA LA ESPOSA DE POSADA POR DELITO FISCAL

18. EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN LLEVA TRES AÑOS PAGANDO A MAESTROS DE RELIGIÓN QUE NO IMPARTEN CLASES

19. C.MADRID. ÁNGEL GARRIDO OCULTÓ INFORMACIÓN DE SU PRÉSTAMO HIPOTECARIO

20. ÁNGEL GARRIDO FUE CONSEJERO GENERAL DE CAJA MADRID CUANDO LE CONCEDIERON EL PRÉSTAMO DEL QUE OCULTÓ INFORMACIÓN

21. C.MADRID. LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO HA REMITIDO A LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN LA DENUNCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID SOBRE LA GESTIÓN DEL PROYECTO A FIN DE QUE INICIE UNA INVESTIGACIÓN PENAL

22. C.MADRID. PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ SE SENTARÁ EN EL BANQUILLO POR EL 'CASO PASARELAS'

23. REGIÓN DE MURCIA. LA UDEF DESVELA UNA TRAMA DEL AGUA EN MURCIA: EL PP 'REGALÓ' 600 MILLONES A ACS

24. C. VALENCIANA. EL GOBIERNO DE CAMPS ADJUDICÓ EL PROYECTO DEL CIRCUITO DE FÓRMULA 1 ANTES DE QUE SE CONSTITUYERA LA UTE QUE GANÓ EL CONCURSO

25. C.VALENCIANA. RICARDO COSTA SEÑALA A FCC EN EL CASO DE LA FÓRMULA 1 VALENCIANA

26. C.VALENCIANA. UN ESCRITO ANÓNIMO PROVOCA LA APERTURA DE UNA NUEVA INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DEL PP DE RITA BARBERÁ

27. C.VALENCIANA. EL 'YONKI DEL DINERO' SEÑALA A CAMPS COMO EL 'CEREBRO' DE LA CAJA B DEL PP


06. SONORA PITADA A MARIANO RAJOY EN ALICANTE

La Secretaria de Estado de Comunicación comenta: "Dan ganas de hacerles un corte de mangas"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudió a la ciudad de Alicante en un acto ante militantes del Partido Popular de la ciudad de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, a su llegada al Ayuntamiento de la ciudad, el líder de los populares recibió una sonora pitada.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, recibió a Rajoy en la entrada de la casa consistorial donde, mientras ambos se saludaban, un grupo de ciudadanos convocados por los sindicatos se acercaron al lugar mostraron sus críticas hacia el presidente del Gobierno en forma de silbidos. "Menos corrupción y más financiación" y "Jubilación anticipada ya", eran los abucheos que se escuchaban.

El vídeo, publicado por la periodista Isabel Montaño, que recoge ese momento, capta también a la secretaria de Estado de Comunicación comentando la situación con un miembro del equipo de prensa del PP. Carmen Martínez Castro, ajena a la presencia de la cámara señala, entre otras cosas, "dan ganas de hacerles un corte de mangas".

Durante el mitin, Rajoy arrancó con un homenaje a las víctimas del terrorismo en el Auditorio de la Diputación de Alicante. Una silla vacía y unas flores simbolizaron el recuerdo a quienes han sufrido los atentados de ETA.

http://cadenaser.com/ser/2018/05/05/politica/1525536772_615462.html

07. RAJOY SE OLVIDA DEL NOMBRE DEL ALCALDE DE ALICANTE EN UN NUEVO LAPSUS

El presidente del Gobierno y en referencia a Luis Barcala dijo: "Querido alcalde, que así se llama", desatando los aplausos de los allí presentes

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desató los aplausos y las risas del Auditorio de la Diputación de Alicante tras cometer un pequeño lapsus durante su intervención en el mitin del Partido Popular.

Rajoy se olvidó del nombre del nuevo alcalde de Alicante, Luis Barcala, cuando quiso transmitirle su felicitación. El presidente comenzó diciendo: "Querido alcalde de Alicante, que así se llama..." provocando los aplausos y las risas de los militantes y simpatizantes que allí se dieron cita.

http://cadenaser.com/emisora/2018/05/05/radio_alicante/1525546781_709200.html

08. PABLO CASADO APROBÓ DE GOLPE MEDIA CARRERA EL CURSO QUE LOGRÓ EL ESCAÑO

El portavoz del PP superó 12 materias de las 25 de Derecho y logró el título en apenas cuatro meses tras ser elegido diputado madrileño en 2007

Profesores del Cardenal Cisneros, donde trasladó su expediente desde Icade, denuncian "llamadas de altos cargos del PP como Esperanza Aguirre"

La juez del caso Cifuentes abre una investigación a Casado por su máster en la Rey Juan Carlos

Pablo Casado aprobó de golpe en 2007 la mitad de la carrera de Derecho, nada más lograr su primer escaño como diputado. Para superar la otra mitad había tardado siete años. El dirigente del Partido Popular empezó su carrera en Icade en 1999 y luego decidió trasladar sus estudios al Cardenal Cisneros, un centro público-privado adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.

Cuando se presentó por primera vez a unas elecciones regionales, en mayo de 2007, el alto cargo popular sólo llevaba aprobadas 13 asignaturas de Derecho, según su expediente académico, al que ha tenido acceso EL MUNDO. Justo al conseguir su escaño, su carrera académica aceleró drásticamente: en cuatro meses, entre junio y septiembre, aprobó 12 asignaturas, el equivalente al 48% de la titulación. Durante sus dos años como estudiante en esa institución se produjeron constantes llamadas de altos cargos del PP para que Casado, entonces presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, terminara la carrera de una vez.

Así lo han relatado a este periódico profesores, directivos y trabajadores del centro. Estas fuentes explicaron que se produjeron presiones sobre sus profesores y que el alumno aprobó finalmente con "facilidades" y "ligerezas", según unos, y con claro trato de favor según otros. Estos últimos llegan a afirmar que "le regalaron" parte del título.

Este diario ha consultado a varias de las facultades de Derecho más prestigiosas de España. Todas ellas valoran como "muy difícil, casi imposible" que se diera entonces o en la actualidad un caso académico como el del político del PP: aprobar la mitad del título en un único curso.

El plan de estudios que superó Casado era el de 1953, cuya licenciatura constaba de 25 asignaturas en cinco cursos. En la Autónoma de Madrid ven "muy difícil" que un alumno aprobara 12 en un solo curso. En la Universidad de Navarra lo tildan de "harto complicado". En la Autónoma de Barcelona explican: "No recordamos ningún caso así, aunque podría haber alguno, de algún alumno superdotado". Añaden que aprobar tantas materias "no era habitual entonces ni lo es hoy, aunque los grados tienen menos créditos". En la propia Complutense explican: "Ha podido haber casos, pero serían muy, muy pocos".

Casado era entonces presidente de Nuevas Generaciones en Madrid, y había agotado convocatorias en Icade entre los años 1999 y 2004

Este periódico se puso en contacto con el dirigente popular. Fuentes de su entorno alegan que el entonces presidente de Nuevas Generaciones, se esforzó "a tope" durante ese verano para terminar la carrera, hizo un "esfuerzo definitivo" y aprobó muchas de esas asignaturas en tercera convocatoria, tras año y medio estudiándolas, pero sin presentarse a los exámenes en las dos primeras citas. También aseguran que le cundieron mucho los dos meses de vacaciones de la Asamblea de Madrid, tras ser elegido diputado en mayo de 2007. Y que como en Icade había aprobado algunas que posteriormente no le fueron convalidadas para el Cisneros, "ya se las sabía".

Este miércoles, el propio Casado se ha pronunciado sobre esta noticia a través de las redes sociales: "La noticia sobre mi carrera de hace 15años es falsa y atenta contra mi honor. Se basa en difamaciones anónimas sin pruebas y calumnia a la universidad y sus profesores. No hay ninguna irregularidad en mi expediente y así lo demostré con toda la documentación. Basta ya de injurias".

Las explicaciones de Casado

Casado se matriculó en 1999 en la Universidad Pontificia de Comillas, también conocida como Icade, un centro con fama de duro. En 2004, tras agotar allí sus convocatorias, solicitó el traslado al Cardenal Cisneros, un centro adscrito a la universidad pública que funciona como si fuera privado, con gran cercanía profesor/alumno y en el que la matrícula de Primero de Derecho costará el próximo curso 5.870 euros.

Según su entorno, resultó perjudicado en la convalidación de asignaturas: si en Icade había aprobado 22 materias de plan nuevo, la mitad de la carrera, en el Cisneros sólo le reconocieron siete de plan antiguo, algo menos de un 30% del título.

Su entorno sostiene que ese curso hizo un "esfuerzo definitivo" para lograr el título y que había sido perjudicado en sus convalidaciones desde Icade

El propio Casado ha explicado en Espejo Público que aprobó 12 asignaturas en un año, seis en junio y seis en septiembre. De ellas, dos las tenía evaluadas de ICADE, cinco estaban en tercera convocatoria y las otras cinco eran de Derecho y las aprobó ese año. El vicesecretario de Comunicación 'popular' ha asegurado que "no es extraño" que en 5º de carrera los alumnos estén estudiando dos carreras a la vez y trabajando o haciendo prácticas, lo que hace que hagan un esfuerzo para terminar la carrera. "Quinto de carrera es el curso que se conoce como 'de barrido'", ha asegurado Casado.

El expediente refleja que en febrero de 2005 es decir, a mitad de curso- se matriculó de 13 asignaturas en el Cisneros, sin presentarse después a ningún examen, pero intensificando en ese momento su actividad política: en mayo fue elegido presidente de Nuevas Generaciones de Madrid. En aquel momento, con 24 años, acumulaba ya responsabilidades: era coordinador parlamentario de su partido; asesor del entonces vicepresidente segundo de la Comunidad, Alfredo Prada; y secretario de la Comisión de Seguridad del PP de Madrid, según recoge la hemeroteca. Sin embargo, le faltaban aún 18 asignaturas para terminar Derecho.

En 2005-2006 se matriculó de nuevo de 13 de las 18 asignaturas que le quedaban, y aprobó seis. En el siguiente y último curso, 2006-2007, se matriculó de las 12 que le faltaban, pero la política le reclamó aún más: Aguirre lo incluyó en las listas a la Asamblea de Madrid. Aguirre, que por entonces amadrinaba al joven Casado en el partido, le colocó en un puesto de los denominados "de salida", de los que tienen asegurada el acta de diputado regional. Logró escaño.

Fue entonces cuando, según ha confirmado este diario a través del testimonio de varios de sus profesores, se intensificaron las llamadas de altos cargos del PP a la dirección del Cisneros para que Casado lograra por fin la licenciatura. En junio de 2007, ya con su acta de diputado y después de siete años en la carrera, Casado superaba seis asignaturas con cuatro aprobados, un notable y un sobresaliente. En septiembre aprobaba las otras seis que le faltaban: dos notables y cuatro aprobados. Había terminado la carrera.

"Ante la duda, se le aprobaba "Varios profesores del ahora dirigente popular han reconocido a EL MUNDO que la dirección recibió, entre 2006 y 2007, constantes llamadas de altos dirigentes del PP, entre ellos Esperanza Aguirre, para favorecer a Casado, considerado un joven valor en alza en especial por la propia lideresa. Estos docentes han exigido mantener el anonimato. ¿Cuáles fueron las "facilidades"? "Se le permitía no ir a clase, decía que estaba muy liado con la política y no podía acudir", explica uno de ellos. "Ante la duda entre aprobado y suspenso, se le aprobaba", añade otro. Uno más detalla que Casado disfrutó de convalidaciones extraoficiales, al margen de las realizadas por la Facultad de Derecho de la Complutense, encargada de cribar qué asignaturas de las aprobadas en Icade podían dársele por superadas en el Cisneros. "En realidad, él sólo se examinó de cuatro o cinco asignaturas en el tiempo que estuvo ahí", explica este profesor, que sostiene que otros profesores le dieron por aprobadas sin examinarle asignaturas que ya había cursado en Icade."Vino con unos papeles de su antigua universidad que decían que ya había cursado la asignatura, así que le permití que sólo se examinase, aunque siempre obligo a mis alumnos a ir a clase", afirma otro profesor. En otros casos, "se suplieron los exámenes con trabajos", aseguró a EL MUNDO otro de los docentes, que añadió: "Y luego estaban las llamadas de Aguirre, que decía: 'Oye, a ver qué haces con este muchacho, que tiene que acabar'. Él llegó al Cisneros de la mano de Aguirre".

La ex presidenta de Madrid, por su parte, ha declarado a este periódico que "es absoluta y totalmente falso. Jamás he llamado a interesarme o presionar por Pablo Casado, ni por ningún otro. Yo ni sabía dónde estudiaba el señor Casado". Otro profesor asegura que sufrió "grandes" presiones para aprobarle "aunque su examen era de suspenso claro", y que cuando se lo comentó al propio Casado en la revisión éste le dijo que él "no había pedido ningún trato de favor, sino que le trataran como a uno más". El profesor le obligó a estudiar "como a los demás" y Casado terminó aprobando.

En aquellos meses, según ha podido confirmar EL MUNDO, los profesores del Cisneros comentaban entre ellos la urgente necesidad de facilitarle la consecución de la licenciatura merced a las presiones políticas.

Gracias a varias de las asignaturas aprobadas en el Cisneros, Casado obtuvo dos años más tarde el título del máster que después cursó también Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos. Según él mismo explicó, le convalidaron 18 de las 22 asignaturas del máster.

http://www.elmundo.es/espana/2018/05/16/5afaedb746163f8c788b45c0.html

08BIS. LA JUEZA DEL CASO CIFUENTES ABRE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL MÁSTER DE PABLO CASADO

La jueza Rodríguez-Medel abre una pieza separada sobre el caso del vicesecretario de Comunicación del PP a los tres días de imputar a la expresidenta

El político reconoció que había obtenido el máster sin ir a clase y cursando tan solo cuatro de las 22 asignaturas gracias a las convalidaciones

La magistrada revisa los expedientes de todos los alumnos del máster en sus distintas ediciones en otra pieza adicional del caso Cifuentes

La jueza que instruye el caso Cifuentes, Carmen Rodríguez-Medel, acaba de abrir una investigación específica para esclarecer el modo en el que Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, obtuvo el mismo máster que la expresidenta madrileña pero en un curso distinto. Así consta en una providencia a la que ha tenido acceso eldiario.es por la que la jueza ordena abrir una nueva pieza separada a tal efecto.

La magistrada ha adoptado esta decisión "vistas las manifestaciones efectuadas" por el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, durante su comparecencia de este lunes en calidad de testigo, recoge la citada providencia.

En el transcurso de la testifical, Rodríguez-Medel se interesó por las investigaciones que eldiario.es pudiera haber realizado sobre otros másters del mismo instituto universitario de la URJC. El periodista le trasladó las informaciones sobre Pablo Casado y fue entonces cuando la jueza solicitó más detalles, que el director de eldiario.es expuso ciñéndose al contenido de las noticias ya publicadas por este medio.

La jueza pone en marcha otra investigación por si pudiera haber "continuidad delictiva" y para dilucidar si el trato de favor y la falsedad documental que investiga en el caso de Cifuentes pudieron darse también en la promoción de Pablo Casado. La persona que figuró como tutor en ambos casos es el profesor Enrique Conde, que ya está imputado en la investigación sobre Cifuentes, y puede acabar investigado también en esta segunda pieza.

El vicesecretario de Comunicación del PP aprobó el máster de Derecho Público del Estado Autonómico sin asistir a clase y cursando tan solo cuatro de las 22 asignaturas gracias a las convalidaciones. Cuatro trabajos de alrededor de 90 folios en total le bastaron para aprobar las asignaturas no convalidadas.

Casado, que era diputado autonómico en Madrid durante aquellas fechas, ha admitido que ni siquiera llegó a entablar contacto con los profesores del máster ni supo quiénes eran. Solo habló con el director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, de quien obtuvo la "flexibilidad" que necesitaba para realizar el máster. Álvarez Conde está imputado en el caso Cifuentes por participar en la falsificación del título de la expresidenta madrileña.

La jueza revisará la documentación en esa pieza separada y puede llamar a testigos e imputados, no así a Casado, quien por su condición de diputado está aforado y solo puede ser investigado por el Supremo. En el caso de que aparezcan indicios contra el político, Rodríguez-Medel deberá elevar exposición razonada al Alto Tribunal.

Todos los cursos y alumnos, bajo el foco de la jueza

Tras los primeros compases de la investigación, la jueza Rodríguez-Medel ya tiene puesto el foco sobre todos los cursos del máster que cursaron Cifuentes y Casado en la Universidad Rey Juan Carlos. La jueza ha abierto otra pieza adicional, distinta de las que investigarán los casos de los dos políticos, y en la que revisará todos y cada uno de los expedientes desde el curso 2009-2010 hasta la extinción del máster.

En este sentido, la jueza se ha dirigido a la Universidad para que en el plazo de 7 días le entreguen "el expediente en línea (líneas de acta) de todos los alumnos con la correspondiente calificación, la documentación relativa a las eventuales convalidaciones efectuadas y donde conste si las asignaturas fueron modificadas". Con toda esa documentación, la magistrada abrirá una pieza separada del caso Cifuentes.

La magistrada Rodríguez-Medel ha revolucionado el caso Cifuentes en apenas unos días, después de que la Fiscalía apenas ordenara un interrogatorio a una de las profesoras del tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes del Trabajo de Fin de Máster (TFM). La magistrada instruye el caso a raíz de una denuncia de la cátedratica Ángela Figueruelo, una de las profesoras afectadas por las falsificaciones de las calificaciones a la expresidenta madrileña.

Rodríguez-Medel interrogó el pasado jueves a la profesora Cecilia Rosado, acusada de falsificar las firmas de las otras dos integrantes del tribunal. Rosado denunció que una asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid y amiga de Cifuentes, Maite Feito, la coaccionó para que "arreglara" el asunto del máster después de que eldiario.es desvelara que la expresidenta lo había obtenido con notas falsificadas. Al día siguiente, la jueza Rodríguez-Medel imputó a Cifuentes por falsedad documental y cohecho.

Para el próximo 6 de junio están citados los nueve alumnos que se beneficiaron de la convalidación de notas en tres asignaturas. El 26 comparecerá la propia Cifuentes, aunque, en su caso, como imputada. Todos figuran en los documentos que publicó eldiario.es y que hoy su director ha entregado a la jueza: actas con firmas falsificadas que les convalidaban tres asignaturas para facilitar que obtuviesen el título.

De hecho, la investigación ya ha demostrado que al menos otro alumno obtuvo el máster sin haberlo cursado. Varios ya relataron a eldiario.es que no habían acudido a las clases ni habían presentado el Trabajo de Fin de Máster, pero, a pesar de ello, tenían el título.

La declaración de una de las profesoras lo confirmó. Alicia López de los Mozos entró el pasado jueves como testigo en los juzgados y salió como imputada por prevaricación administrativa. La profesora admitió ante la jueza que había calificado a alumnos que no habían cursado el máster, dándoles un trato de favor frente a quienes sí habían acudido a las clases.

Segunda jornada de declaraciones

La jueza recabó este lunes el testimonio de cinco alumnos que cursaron el mismo máster que Cifuentes. Ellos sí fueron a clase, presentaron el Trabajo de Fin de Máster y gracias a eso obtuvieron su título. Así lo ha explicado una de esas estudiantes a la salida del juzgado.

Los cinco alumnos han coincido en la puerta de la sala de declaraciones. Todos se han reconocido y han charlado acerca de la citación. Uno de ellos ha sacado su TFM durante la charla: "Lo he traído por si me lo piden". El de la expresidenta madrileña sigue sin aparecer.

La mayoría de los que han declarado no ha querido hablar después de pasar ante la jueza, pero una de las alumnas sí ha detallado en qué ha consistido su declaración. Según ha explicado, ha sabido ahora que había una veintena de matriculados, porque a clase iban unos 11 o 12. La asistencia era obligatoria, aunque no recuerda si los profesores pasaban lista.

La alumna ha dicho desconocer que Cifuentes cursó el mismo máster. Ha declarado que nunca la vio por clase y que se enteró de que hicieron el mismo posgrado cuando le citaron del juzgado para declarar. "No era un máster regalado", ha dicho y ha explicado que ella tuvo que ir a clase, hacer trabajos y presentar el TFM.

Las siguientes citaciones serán el próximo 6 de junio. Ese día acudirá al juzgado como imputado Enrique Álvarez Conde y la jueza escuchará como testigos a los otros nueve alumnos que, como Cifuentes, gozaron de un trato privilegiado para aprobar el máster, entre los que había políticos del PP y cargos de confianza del Gobierno regional. Habrá que esperar a que avancen las pesquisas de la jueza para ver si cuando se adentre en la investigación de otras promociones, extiende las citaciones a alumnos de otros años.

https://www.eldiario.es/politica/jueza-investiga-promociones-master-Cifuentes_0_771323156.html

09. LA IRREGULARIDADES QUE HAN LLEVADO A LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DEL MÁSTER DE PABLO CASADO

El político del PP superó su máster en derecho autonómico con convalidaciones múltiples en el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos, el mismo curso e institución implicados en el caso de Cristina Cifuentes

Casado explicó que acordó con Enrique Álvarez Conde, el catedrático imputado por el curso de la expresidenta de Madrid, solventar el resto del máster a base de trabajos, sin verse con los profesores afectados

La jueza Carmen Rodríguez Medel ha decidido investigar el máster del vicesecretario de Comunicación del Partido Popular y diputado nacional Pablo Casado. El cóctel que conforman un título universitario cursado en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, la dirección del catedrático Enrique Álvarez Conde y la convalidación múltiple de asignaturas de las que se benefició ha llevado a la jueza a indagar específicamente sobre el curso del político popular.

Hábitat universitario sospechoso

El curso al que se apuntó Pablo Casado en 2008 era el máster de derecho autonómico del Instituto de Derecho Público de la URJC. La investigación de eldiario.es sobre el máster de Cristina Cifuentes ha desvelado que en ese instituto y ese máster se había creado un sistema que aunaba la necesidad de captar alumnos (y la financiación económica que traen consigo) con el deseo de algunos de alcanzar ciertos niveles académicos. Esa dinámica provocaba, por ejemplo, las convalidaciones con actas con firmas falsificadas a un grupo de alumnos entre los que estaba Cristina Cifuentes.

Múltiples convalidaciones

Precisamente, Pablo Casado superó la mayoría del curso gracias a las convalidaciones. Obtuvo el máximo posible: el 66% de los 60 créditos. Así solo cursó cuatro de las 22 de las que constaba el programa.

La convalidación general de asignaturas no es un método habitual. La reglamentación reclama que el alumno solicite esa convalidación para cada asignatura que pretenda no cursar, que indique en virtud de qué titulación de origen pueden conmutarse, y el programa de estudios y los contenidos de esas asignaturas para que la universidad compruebe que pueden darse por superados.

Un nombre lleno de sombras: Enrique Álvarez Conde

El nombre del catedrático imputado por el caso de Cifuentes y apartado de sus funciones como director del Instituto de Derecho Público de la URJC también asoma en el curso de Casado. El propio diputado del PP fue quien explicó que fue este profesor con quien se arregló para que pudiera superar las pocas asignaturas no convalidadas a base de trabajos sin asistir a clase. Según el relato que hizo el dirigente del PP el pasado abril, "no parecía excepcional que los 20 créditos no convalidados fueran con cuatro trabajos de investigación en la línea de los cursos de doctorado".

Pero acordar ese tipo de dispensas se requiere el visto bueno de los profesores implicados: una especie de diseño de cómo sustituir las clases y el resto de la rutina académica y los exámenes mediante trabajos (que en esta ocasión sumaron 92 folios para cuatro sobresalientes). " No sé quiénes eran los profesores, no los conocí ni hablé con ellos", ha contado el vicesecretario del PP.

Además, los trabajos no fueron remitidos a estos docentes sino que los dejaba " en los despachos que tiene en la Universidad Enrique Álvarez Conde", ha explicado Casado. El curso se celebraba en el campus de Vicálvaro, donde tienen la sede tanto los servicios de posgrado de la Rey Juan Calros como el, ahora bajo vigilancia, Instituto de Derecho Público.

Sin recoger título

A pesar de tener oficialmente aprobado todo el máster en el que se matriculó, Pablo Casado ha explicado que nunca retiró el título. Según su versión, al tratarse de un curso diseñado para acceder al doctorado y no poder continuar ese camino académico, simplemente, lo dejó pasar. Ahora, la titular del juzgado de Instrucción Nº 51 investiga parte de la carrera del diputado popular, que ya se vio bajo el foco a rebufo del caso del máster de su compañera de partido, Cristina Cifuentes, y en la que, además, lucen varios posgrados en centros internacionales que, en realidad, fueron cursillos de entre dos y diez días, la mayor parte de media jornada, que en total suman apenas 200 horas lectivas a lo largo de diez años.

https://www.eldiario.es/sociedad/irregularidades-investigacion-judicial-Pablo-Casado_0_771323868.html

10. EL FISCAL PIDE AL JUEZ DÍVAR QUE ENVÍE EL ‘CASO PGOU’ AL SUPREMO POR SER AFORADA ÁNGELES MUÑOZ

"Se deducen fundados indicios o dotados de mínima verosimilitud, para considerar la presunta participación de Ángeles Muñoz Uriol en el delito investigado de falsedad documental", asegura el Ministerio Público en un escrito del pasado 13 de abril

El fiscal de Área de Marbella, Julio Martínez Carazo, ha solicitado al juez instructor del ‘caso PGOU’, Gonzalo Dívar, que envíe las actuaciones al Tribunal Supremo, debido a la condición de aforada de la principal y única denunciada ya, Ángeles Muñoz, alcaldesa y senadora del Partido Popular.

Este último paso del Ministerio Público, con fecha del 13 de abril pero notificado días atrás a las partes, se produce después de que el otro codenunciado, Javier de las Cuevas, antiguo secretario municipal del Ayuntamiento de Marbella, haya fallecido.

El escrito de Martínez Carazo, adelantado esta madrugada en su edición impresa por el diario La Opinión de Málaga y al que ha tenido acceso en su integridad Marbella Confidencial, recoge que “se deducen fundados indicios o dotados de mínima verosimilitud, para considerar la presunta participación de Ángeles Muñoz Uriol en el delito investigado de falsedad documental”. Así pues, añade el fiscal, “procede remitir las presentes actuaciones, mediante exposición, a la Sala Penal del Tribunal Supremo”.

En el documento, de dos folios de extensión, el fiscal muestra su oposición a las intenciones de la representación letrada de la alcaldesa en cuanto a archivar este caso en el que se investiga la presunta falsedad documental del acta del pleno de julio de 2009 en la que se llevó a cabo la aprobación inicial del PGOU llamado de 2010.

“No se hubiera faltado a la verdad en la narración del Acta del Pleno del Ayuntamiento de Marbella de fecha 29 de julio, si la Sra. Alcaldesa, Ángeles Muñoz, hubiera informado al Pleno y sometido a la votación de este, una cuestión tan trascendente como la modificación de 22 de los 71 planos que componían el PGOU de Marbella”.

De forma paralela, Martínez Carazo sostiene, para oponerse al archivo del caso que pretende el abogado de la alcaldesa, Salvador Guerrero Palomares, que tal actuación “iría en contra del auto de fecha 15 de marzo de 2018 dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga, que entiende que resulta precipitado el archivo de la querella/denuncia en cuanto al delito de falsedad en documento público cometido por funcionario público a título imprudente grave, respecto de Javier de las Cuevas y Ángeles Muñoz”, reza el documento.

http://www.marbellaconfidencial.es/fiscal-pide-al-juez-divar-envie-caso-pgou-al-supremo-aforada-angeles-munoz-433347421/

10BIS. SANTAMARÍA Y COSPEDAL: HISTORIA DE UN ENFRENTAMIENTO

Sus compañeros del PP interpretan que ya ni se molestan en ocultar sus diferencias La crisis en Cataluña y la gestión del caso Cifuentes son los últimos roces de una batalla por lograr mayores cotas de poder

Sáenz de Santamaría y Cospedal en los actos de celebración del Dos de Mayo en Madrid.
Que la secretaria general del Partido Popular y ministra de Defensa y la vicepresidenta del Gobierno no son las mejores amigas no es ningún secreto. "No hay química entre ellas. La relación es estrictamente laboral. Son muy diferentes y han chocado en cuestiones muy delicadas para el partido", define un dirigente nacional que conoce muy bien a ambas. Pero este Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid, ha supuesto un antes y un después en la historia de esta competición entre dos de las mujeres mejor ubicadas para suceder a Mariano Rajoy. "Ninguna de las dos se esforzó en ocultar sus diferencias dando una imagen pésima", valora la misma fuente.

Se refiere a la imagen que abría casi todos los periódicos este jueves: Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal separadas por una silla –la de Ángel Garrido, presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, que estaba en el escenario– sin mirarse, sin cruzar una sola palabra. Minutos antes se habían saludado con un par de besos al coincidir en el patio de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Pero sin mayor gesto de complicidad.

Las dos dirigentes conservadoras habían acudido a los actos institucionales de la fiesta de los madrileños para respaldar a un Gobierno regional descabezado tras la dimisión de Cristina Cifuentes y a un PP de Madrid que no levanta cabeza entre escándalos de corrupción, peleas internas y desafíos a la dirección nacional del PP. Pero lo único que dejaron claro es que en el Gobierno el ambiente tampoco es muy festivo. Está por ver cómo resuelve Rajoy el agravamiento de esta crisis que le toca de lleno si se tiene en cuenta que la protagonizan su mano derecha en el Gobierno y su mano derecha en el partido. Dos dirigentes que ocupan puestos relevantes desde 2008, cuando Rajoy aún estaba en la oposición: Cospedal, secretaria general del PP, y Santamaría, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La crisis en Cataluña y la gestión del caso Cifuentes han sido los últimos roces de una competición por alcanzar mayores cuotas de poder. Pero las diferencias, negadas casi siempre por los entornos de ambas, empezaron hace una década. En público, mientras la secretaria general ha achacado al "morbo" que se las enfrente apuntando a que si ambas no fuesen mujeres no habría polémica, Santamaría ha optado por señalar que su compañera nunca encontrará una crítica en ella porque, como conocedora de su partido, sabe que la labor del número dos es "difícil, dura e ingrata".

El 'caso Cifuentes'

Precisamente en calidad de número dos del partido acudió Cospedal el pasado 25 de abril por la mañana a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid para trasladarle a Cristina Cifuentes un mensaje claro de Rajoy: tenía que renunciar al cargo antes del mediodía, antes de que el presidente entrase al hemiciclo del Congreso para presenciar el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado.

Cospedal también lo hacía en calidad de amiga. La número dos del PP fue durante toda la crisis el principal apoyo con el que contó Cifuentes en la dirección nacional del PP.

Primero, lo haría con un contundente mensaje en Twitter: "No todo vale en política. Las actuaciones de estos días contra @ccifuentes son mezquinas, machistas y miserables. Parece que a algunos les gustaría conseguir lo que no consiguió un accidente de tráfico mortal. Retomando sus palabras de ayer: a seguir todavía con más fuerza".

Después, en plena convención del PP en Sevilla hizo un llamamiento a los congregados a defender a sus compañeros de partido –"Lo nuestro y a los nuestros", dijo– y propició una ovación a Cifuentes poniéndose ella misma en pie.

Cuentan quienes conocen a la secretaria general que no se trata sólo de amistad, sino de cumplir su función como número dos del partido.

Mientras, en este proceso, Santamaría ha sido ubicada en el sector de aquellos que eran partidarios de que Cifuentes diese un paso atrás cuanto antes para evitar "daños mayores" al partido.

En este contexto llegaron ambas a la fiesta del Dos de Mayo. Mientras la presencia de Santamaría estaba anunciada previamente, la de Cospedal sorprendió incluso puestas adentro del partido. No figuraba ni en las previsiones del PP ni en las del Gobierno.

"Fue a marcar territorio, a defender la que había sido su gestión de las últimas semanas", interpreta una de las fuentes consultadas por infoLibre. Una presencia que en sectores conservadores fue interpretada también como apoyo a Ángel Garrido, presidente en funciones de la Comunidad de Madrid.

Este lunes está previsto que la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, inicie la ronda de consultas para la investidura de un nuevo candidato, un proceso que podría culminar en un Pleno los días 16 y 17. En esta cuestión, el PP también está dividido entre quienes creen que Garrido debe agotar la legislatura y quienes consideran que debe cortarse cualquier vínculo con las personas de máxima confianza de la expresidenta.

La crisis en Cataluña

El papel protagonista que otorgó a Santamaría el presidente del Gobierno en la gestión de la crisis entre el Estado y Cataluña provocó que en su propio partido muchos la ubicasen, junto al propio presidente, como una de las principales responsables de una estrategia que se ha demostrado fallida y que, en clave de partido, condujo a que el PP de Cataluña se desplomase de los once a los cuatro escaños, perdiendo el grupo parlamentario en el Parlament.

Entre las principales dudas que se planteaban respecto al 1-O estaban la de dónde se guardaban las urnas y si el Gobierno estaba en disposición de garantizar que, tal y como había reiterado una y otra vez, ese día no iba a haber urnas. Desde el Ejecutivo se defendía que no habían sido localizadas porque no existían. Y aseguraban que si había algún tipo de movimiento al respecto, serían incautadas antes de que pudieran ser introducidas en los colegios.

El Govern presentó el prototipo de estos recipientes dos días antes de la consulta. Y el 1-O se depositaron papeletas en urnas como las del prototipo. ¿Cómo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no había logrado detectar estos movimientos? Dirigido por Félix Sanz Roldán, el CNI depende directamente de la Vicepresidencia del Gobierno.

Los críticos con Santamaría dentro de su partido consideraron que, a tenor de los resultados, Rajoy se había equivocado a la hora de depositar en Santamaría el peso de la "agenda catalana" y que debería haber "repartido juego". Sus defensores vieron al entorno de Cospedal tras estas críticas.

También se ubicó a Cospedal en el grupo de ministros que consideraba que el artículo 155 de la Constitución, el que interviene la autonomía de una comunidad, debería haberse aplicado antes en Cataluña.

Competición de cargos

Hasta esta legislatura, en la que ambas tienen un asiento en el Consejo de Ministros, Rajoy optó en los últimos años por dar todo el poder del partido a Cospedal y concentrar gran parte del poder del Gobierno en Santamaría. Este escaso reparto de juego ha escocido en sectores del partido. Y, de paso, ha servido para que los defensores y detractores de ambas tuviesen más argumentos para la crítica.

Del mismo modo que a Santamaría se le ha criticado su férreo control de todo lo que ocurre en la Moncloa y, por tanto, ha sido culpada de cualquier gestión polémica y cualquier crisis, a Cospedal se la ha señalado como máxima responsable de los errores del partido. En su caso, además, lleva años arrastrando las críticas por su acumulación de cargos, una situación que Rajoy no ha zanjado por mucho debate interno que haya generado.

Durante años, Cospedal compatibilizó la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con la Secretaría general. Y en esta legislatura, además de ser la número dos del partido, ocupa el cargo de ministra de Defensa –que la mantiene con una importante agenda de viajes– y la Presidencia del PP de Castilla-La Mancha. El año pasado, en los meses previos al XVIII Congreso Nacional del PP, volvió con fuerza el debate interno para que, a partir de ese momento, dejase de existir acumulación de cargos en la cúpula del partido. Unas presiones tras las que dirigentes del partido veían al entorno de Santamaría con la finalidad de ubicar como número dos del partido a Alfonso Alonso, exministro de Sanidad y líder del PP vasco.

Sin intentar dar la sensación de que se decantaba por un bloque u otro porque Cospedal salió del cónclave con los mismos puestos con los que entró, Rajoy optó por nombrar a Fernando Martínez-Maillo coordinador general del PP, un cargo que sumaba al de vicesecretario de Organización. Este movimiento implicó que el día a día del partido quedaba en manos de Martínez-Maillo, un hombre de la máxima confianza de Rajoy. "No se puede tener un ojo en el partido y otro en el Gobierno", explica un diputado sobre la decisión del presidente.

Las respuestas ante la corrupción

Los escándalos de corrupción llevan salpicando al PP desde que a comienzos de 2009 estalló el caso Gürtel. Por las funciones que han desempeñado, a ambas dirigentes conservadoras les ha correspondido dar la cara por estos casos, exponer la versión del partido y enfrentarse a las preguntas de los informadores.

"Tanto en su época de portavoz del PP en el Congreso como en su época de portavoz del Gobierno, Santamaría ha tenido que cubrir los silencios de Génova y hablar de Génova en esos momentos era hablar de Cospedal porque Rajoy solía delegar en ella las ruedas de prensa posteriores a los comités de dirección de los lunes", relata un dirigente regional. A su vez, la secretaria general delegaba en Carlos Floriano.

En junio de 2015, Rajoy nombró a los nuevos vicesecretarios. A partir de ese momento son Maillo; el portavoz, Pablo Casado, y el vicesecretario de Sectorial, Javier Maroto, quienes se alternan en la sala de prensa de Génova. Y, un año después, ya habían estallado las tensiones entre la Moncloa y los recién llegados. También a costa de la corrupción. En el entorno de Rajoy, donde se incluía a Santamaría, había malestar por la forma en la que, sobre todo Casado y Maroto, se distanciaban de los escándalos del pasado.

El liderazgo del PP andaluz

En febrero de 2014 el ahora ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, lideraba el PP de Andalucía y tocaba abrir el proceso para relevarle. Cuando parecía que el senador José Luis Sanz, que contaba con el respaldo de Cospedal, iba a hacerse con el control de los conservadores andaluces, Mariano Rajoy dio un golpe de mando desbaratando estos planes y optando por Juan Manuel Moreno. La apuesta del presidente fue interpretada en clave de lograr el máximo consenso interno. Sanz no contaba con el respaldo de las provincias de Málaga y Cádiz. Por aquellas fechas, Moreno era secretario de Estado de Asuntos Sociales.

Moreno es considerado uno de los dirigentes de confianza de la vicepresidenta, de ahí que su elección se entendió en clave de partido como una victoria de Santamaría y una derrota de la secretaria general.

En el partido se comentaba que el enfado de la secretaria general fue tal que encargó al por entonces vicesecretario de Organización y Electoral, Carlos Floriano, que trasladara él a Moreno la decisión de Rajoy.

Los territorios

"Un líder de un partido se mide por los apoyos. A nadie se le olvida que, por ejemplo, en el XVI Congreso de 2008 los apoyos de la Comunidad Valenciana y de Andalucía fueron claves para que Rajoy llegara como único candidato cuando su liderazgo había sido muy cuestionado", relata un miembro del Comité Ejecutivo Nacional. "El próximo líder del PP tiene que tener un amplio respaldo de las diferentes direcciones regionales", añade. La idea más extendida en el PP es que Cospedal, por el hecho de ser secretaria general, por el contacto que ha mantenido estos años con la organización del partido a todos los niveles, tiene ventaja en este sentido respecto a Santamaría.

Los fieles a la vicepresidenta consideraron, cuando fue nombrada ministra de Administraciones Territoriales en el arranque de esta legislatura, que esta nueva competencia iba a ser fundamental a la hora de acercarla a las bases del PP porque iba a poder combinar la labor institucional con actos de partido por toda España. Hasta la fecha, las circunstancias han hecho que su segundo despacho esté en Cataluña.

Pendiente de cómo se resuelva la crisis en Madrid, la defensa que hizo Cospedal de Cifuentes oscila la balanza de Madrid del lado de la secretaria general, como la de Castilla-La Mancha, donde es presidenta del PP regional. Mientras, los conservadores de Andalucía y Euskadi están en manos de barones territoriales de la máxima confianza de Santamaría. En el resto de comunidades, el reparto de afinidades no es tan claro.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/05/04/santamaria_cospedal_historia_enfrentamiento_82430_1012.html

11. DIMITE LA EDITORA DE TVE EN LA COMUNITAT VALENCIANA POR NO DEJARLE EMITIR EL VÍDEO DE “OS JODÉIS” DE MARTÍNEZ CASTRO

Arantxa Torres denuncia desencuentros desde hace meses con la dirección y esta última censura la ha llevado a presentar su dimisión irrevocable

Martínez Castro, en el que se le oye decir "dan ganas de hacerles un corte de mangas y decirles os jodéis" a los pensionistas que pitaban a Mariano Rajoy en Alicante.

La editora de TVE en la Comunitat Valenciana, Arantxa Torres ha presentado su dimisión porque la dirección de informativos le censuró, y no le permitió emitir dicho vídeo, según una nota interna del Consejo de Informativos a la que ha tenido acceso la Cadena SER. La propia editora ha comunicado es irrevocable tras un camino de desencuentros.

Asegura que ha dejado un plazo para que la empresa y el jefe de informativos tengan tiempo para buscar a alguien que la sustituya pero su decisión, dice, es irrevocable.

http://cadenaser.com/emisora/2018/05/08/radio_valencia/1525795710_284185.html

12. LA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN, ANTE LOS JUBILADOS: "DAN GANAS DE HACERLES UN CORTE DE MANGAS"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudió a la ciudad de Alicante en un acto ante militantes del Partido Popular de la ciudad de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, a su llegada al Ayuntamiento de la ciudad, el líder de los populares recibió una sonora pitada.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, recibió a Rajoy en la entrada de la casa consistorial donde, mientras ambos se saludaban, un grupo de ciudadanos convocados por los sindicatos se acercaron al lugar mostraron sus críticas hacia el presidente del Gobierno en forma de silbidos. "Menos corrupción y más financiación" y "Jubilación anticipada ya", eran los abucheos que se escuchaban.

El vídeo, publicado por la periodista Isabel Montaño, que recoge ese momento, capta también a la secretaria de Estado de Comunicación comentando la situación con un miembro del equipo de prensa del PP. Carmen Martínez Castro, ajena a la presencia de la cámara señala, entre otras cosas, "dan ganas de hacerles un corte de mangas".

Durante el mitin, Rajoy arrancó con un homenaje a las víctimas del terrorismo en el Auditorio de la Diputación de Alicante. Una silla vacía y unas flores simbolizaron el recuerdo a quienes han sufrido los atentados de ETA.

http://cadenaser.com/ser/2018/05/05/politica/1525536772_615462.html

13. EL CONSEJO DE EUROPA ACUSA A ESPAÑA DE NO CUMPLIR SUS RECOMENDACIONES CONTRA LA CORRUPCIÓN

El organismo pone en el punto de mira también a Bélgica por ignorar sus sugerencias contra el fraude

El Consejo de Europa ha lanzado este jueves una nueva voz de alarma en la lucha contra la corrupción: los avances conseguidos en los 47 Estados miembros corren peligro de verse revertidos por nuevas leyes aprobadas en algunos países en 2017, y por la lentitud en la implementación de las medidas ya acordadas en otros, como es el caso de España y Bélgica. Ambos países se encuentran en el punto de mira de esta institución por no completar las recomendaciones anticorrupción del organismo desde hace años.

“2017 fue un año negro para la lucha contra la corrupción”, advierte Marin Mrčela, presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO, por sus siglas en inglés). Este organismo fue creado para mejorar la capacidad de sus miembros para luchar contra la corrupción y en él están representados los 47 países que pertenecen al Consejo de Europa y Estados Unidos, observador en este último.

Su advertencia encabeza el informe publicado este jueves sobre el nivel de cumplimiento de las recomendaciones que ha emitido GRECO para combatir la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales. Las conclusiones no son halagüeñas: “Nuevas iniciativas legislativas aprobadas en algunos países europeos en 2017 suponen un retroceso en reformas realizadas previamente para reforzar la prevención de la corrupción o inician reformas que podrían resultar en violaciones de los estándares anticorrupción del Consejo de Europa”, resume.

A ello se une, advierten los expertos del organismo, la implementación “más lenta de lo deseable” de las medidas para combatir la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales.

España, suspenso en lucha anticorrupción

De hecho, algunos países ni siquiera han aplicado aún medidas contra el fraude. Es el caso de España que, junto con Bélgica, son señalados en este informe como los dos únicos países que no han implementado aún de manera completa ninguna de las recomendaciones que han recibido.

España suma 11 recomendaciones desde 2014, de las que no ha implementado cuatro y otras siete solo “parcialmente”. Supone un nuevo tirón de orejas a España, un país que lleva años en la mira de la institución con sede en Estrasburgo (Francia) por incumplir las recomendaciones sobre independencia judicial y prevención de la corrupción en el Parlamento. La última vez que España recibió una dura llamada de atención de GRECO fue en enero, cuando el organismo publicó un informe del país en el que constataba la falta de avances. En los últimos años, el Consejo de Europa ha criticado, entre otros, la politización del sistema español para elegir el poder judicial.

Las recomendaciones del Consejo de Europa

GRECO ha emitido diversas recomendaciones tanto para el poder legislativo como el judicial de sus países miembros.

En el caso de los parlamentarios, GRECO ha propuesto “regularizar los informes de activos, clarificar las restricciones de actividades económicas externas y la transparencia sobre sus interacciones con grupos de cabildeo”, con el objetivo de “cumplir su mandato de servicio público con integridad”. Pero solo se implementan lentamente. Y esto es malo, subraya, porque contar con “estándares claros” de conducta “ayuda a los parlamentarios y a otros a comprender cuál es la conducta que se espera de ellos y qué acciones están por debajo de lo aceptable, así como las consecuencias que pueden tener”.

Las recomendaciones para el poder judicial se centran sobre todo en la necesidad de que el reclutamiento y promoción de jueces se produzca “por méritos” y no por intereses políticos, y que los magistrados se mantengan alejados de actividades políticas, en aras de la salvaguardia de la independencia de poderes. “GRECO ha constatado, no sin cierta sorpresa, que en algunos países sigue siendo posible ser a la vez juez y un representante electo”, destaca en este sentido.

La falta de compromiso a la hora de aplicar las recomendaciones tiene un alto riesgo ya que “cuando los jueces no están a la altura de los altos estándares de integridad, independencia e imparcialidad que se espera de ellos, la confianza se estremece y la inquietud pública es palpable”.

En el caso de los fiscales, los expertos recuerdan la importancia de los nombramientos transparentes y de la existencia de reglas claras en cuanto a la asignación de casos y la recusación de los mismos. “Garantizar la independencia de fiscales individuales en sus investigaciones es una salvaguarda importante contra presiones dentro del sistema mismo, pero también de otras ramas del poder”, subraya.

Sospechas de corrupción en el seno del Consejo de Europa

Ni siquiera el Consejo de Europa se libra de la lacra de la corrupción. Tal como recuerda el informe, tras “acusaciones de corrupción y de promoción de intereses realizados contra algunos miembros o antiguos miembros” del organismo, GRECO fue consultado para analizar el código de conducta de sus miembros y realizar recomendaciones. Las sospechas se han centrado sobre todo en un español, el expresidente de la Asamblea del Consejo de Europa y senador del PP Pedro Agramunt. Un informe presentado la semana pasada en su sede en Estrasburgo concluyó que Agramunt participó durante años en una estrategia corrupta que condicionó decisiones de este órgano europeo. El informe constata la “fuerte sospecha” de que el senador español se sirvió de ese esquema de corrupción para auparse en la presidencia del Consejo de Europa, que abandonó en octubre del año pasado pero solo cuando el organismo estaba a punto ya de forzar su salida.

https://elpais.com/internacional/2018/05/02/actualidad/1525290525_685549.html

14. EL CONSEJO DE EUROPA ACUSA AL NÚMERO DOS DE DEFENSA DE FAVORECER A UN PAÍS MARCADO POR EL AUTORITARISMO Y LA CORRUPCIÓN

El secretario de Estado Agustín Conde niega haber favorecido al régimen de Azerbaiyán cuando en 2015 pertenecía a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) y tilda de "ridículo, falso e inconsistente" el informe

El Ministerio de Cospedal no aclara si respalda el ataque de Conde a la institución europea de referencia en materia de derechos humanos y a la que España pertenece desde hace 40 años
El comité que investigó el caso acusa a Conde de haber violado tres normas del Código de Conducta, entre otras la que prohíbe recibir instrucciones de organizaciones gubernamentales

Un informe del Consejo de Europa, la institución europea de referencia en materia de derechos humanos y a la que España pertenece desde 1977, sostiene que el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, "violó" en 2015 el código ético al violar el principio de neutralidad en favor no solo de un país distinto al propio sino de uno –Azerbaiyán– bajo sospecha constante de corrupción y represión casi desde su nacimiento tras la caída de la URSS. Conde era entonces miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Y participó en la misión de observación electoral que la institución envió a esa pequeña república caucásica rica en gas y petróleo.

En conversación telefónica con infoLibre, un portavoz de Conde tildó de "ridículo, falso, inconsistente y contrario al más elemental sentido común" el informe que le acusa de haber violado –el principio de neutralidad en favor del régimen de Azerbaiyán. Su propio equipo confirmó a este diario que el informe acusa a Conde de haber violado tres normas del Código de Conducta para Ponentes del Consejo de Europa: la que prohíbe recibir instrucciones de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, o de grupos de presión o individuos; la que veta la realización de actos que arrojen dudas sobre su neutralidad y la que preceptúa la obligación de discreción.

Este periódico intentó sin éxito durante toda la tarde que el equipo de María Dolores de Cospedal confirmase si el Ministerio suscribe el ataque frontal lanzado por Conde contra el informe del Consejo de Europa. No hubo repuesta a esa pregunta.

El portavoz de Conde negó también de manera categórica que el número dos de la ministra Cospedal hubiese hecho nunca lobby en favor de Azerbaiyán y argumentó en defensa de su posición que nunca recibió de ese país ningún regalo o nada semejante a un soborno; y recordó que los hechos a que se refiere el Consejo de Europa "son anteriores" a su nombramiento como secretario de Estado. El informe también acusa a otro dirigente del PP, el senador Pedro Agramunt, a quien vincula a "actividades corruptas" como la recepción de dádivas de Azerbaiyán.

Fechado el pasado día 15 de abril y elaborado bajo la dirección de tres antiguos jueces, uno de ellos expresidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el británico Nicolas Bratza, el informe desgrana a lo largo de 198 páginas las maniobras que, según la investigación, urdió Azerbaiyán de acuerdo con distintos miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) para presentarse en las elecciones de 2015 como un modelo asumible por cualquier democracia occidental.

En lo que respecta a Conde, el informe pone el énfasis en lo sucedido justo antes de que el 28 de septiembre de 2015 la Mesa de la APCE se reuniera para decidir si finalmente enviaba o no una misión de observación electoral a Azerbaiyán. Para entonces, tanto el Parlamento Europeo como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ya habían rechazado enviar sus propios observadores. El Consejo de Europa, en cambio, y así lo relata el informe, acordó "por votación" desplegar una misión.

Según el Consejo, Conde y otro diputado polaco, Tadeusz Iwinski, "los entonces co-ponentes" en lo concerniente a Azerbaiyán, habían cedido al trabajo de lobby del Gobierno de Azerbaiyán para lograr "que se desplegase la misión de observación electoral". El secretario de Estado sostiene que esa conclusión es errónea porque se basa en un email que contenía instrucciones para ambos –Iwinski y Conde– respecto a la votación que debía celebrar la Mesa de la Asamblea Parlamentaria y cuyo hallazgo disparó las alarmas. Pero que ese email iba dirigido al polaco Iwinski y no a él, aduce Conde. El hoy secretario de Estado, remachó este martes su portavoz, nada tuvo que ver con aquello.

El informe aduce asimismo que Conde "rehusó" entrevistarse con nadie de las ONG [de Derechos Humanos]. El secretario de Estado mantiene lo contrario, pero no ha respondido a la petición de infoLibre de conocer la identidad de esas ONG.

Doble negativa: ni comparecencia ante el comité ni videoconferencia

El Consejo de Europa ofreció al menos dos veces a Conde desplazarse a Estrasburgo para exponer su posición ante el comité investigador. O protagonizar "una videoconferencia" si no podía acudir al lugar previsto para las sesiones, la sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero el hoy secretario de Estado declinó la solicitud y así lo acreditan las dos cartas que su propio portavoz hizo llegar la noche del martes a este periódico.

En un comunicado difundido ayer una vez se conoció el informe, Conde sostenía que su publicación "es la primera noticia que recibe de que estaba siendo objeto de escrutinio". Sin embargo, la carta con la que el 28 de noviembre de 2017 definitivamente rechazó comparecer ante el comité indica que conocía el asunto que centraba la indagatoria del comité. "(...) Me insiste –escribió en respuesta a un asesor legal del Consejo de Europa– en que sería de considerable interés e importancia cualquier luz que pudiera poner por mi parte, dadas mis actividades como co-rapporteur para Azerbaiyán en la Comisión de Seguimiento y otras relativas al país citado".

En esa misiva, Conde aconsejaba al comité que consultara las actas de la Asamblea Parlamentaria para consultar sus intervenciones y el sentido de sus distintos votos en relación a Azerbaiyán. "A través de esos recursos podrán conocer mi actividad como co-repporteur [co-ponente] durante los meses en que ostenté esa responsabilidad y cualquier otra relacionada con el país en cuestión". Pero tras ese párrafo, Conde descartó de un plumazo la idea de comparecer en Estrasburgo: la solicitud le parecía "enormemente inespecífica e inconcreta". Y consideraba "desproporcionado" acudir a Estrasburgo, "lo que no voy a hacer en ningún caso".

Para ilustrar que jamás se sumó a ninguna maniobra en favor de Azerbaiyán, Conde recordó que votó un texto del la Comisión de Seguimiento que decía lo siguiente: "Además de las cuestiones electorales, la Misión [electoral] lamenta que aún persistan graves preocupaciones en la esfera de los derechos humanos en Azerbaiyán, dado que varios defensores de los derechos humanos y activistas de ONG están encarcelados por diferentes cargos".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/04/25/el_consejo_europa_acusa_numero_dos_defensa_hacer_lobby_para_pais_marcado_por_autoritarismo_corrupcion_82110_1012.html

15. CAÑETE FINGIÓ TRABAJAR EN CEUTA PARA AHORRAR 15.000 EUROS EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

Un tribunal revela que el actual comisario europeo mintió al Congreso porque trató con la Administración siendo diputado

Miguel Arias Cañete simuló gastos en Ceuta en 2013 cuando en realidad trabajaba desde Jerez, según publica este jueves El Confidencial. La Agencia Tributaria le obligó a pagar los 15.451 euros que se había ahorrado tras abrirle una inspección sobre su declaración de 2011, el año en que entró en el Ejecutivo como ministro de Agricultura. El actual comisario europeo de Acción por el Clima y Energía recurrió a la Justicia, pero ésta dio la razón a Hacienda. "La causa desvela que siendo diputado Cañete negociaba con cargos de Ceuta en nombre de su empresa —una petrolera que goza de un régimen fiscal favorable— en contra de lo que declaró al Congreso", informa el diario digital.

Cañete fue requerido por Haciendo para justificar "la deducción por rendimientos obtenidos en Ceuta y Melilla, aportando certificado de residencia". Antes de que en diciembre de 2011 Rajoy eligiera a Cañete como ministro, este presidía y era accionista de Petrolífera Ducar, con sede en Ceuta, una firma de su familia política controlada desde una empresa pantalla en Holanda —Havorad BV— y que a su vez tiene accionistas desconocidos en el paraíso fiscal de las Antillas Holandesas, según El Confidencial.

Hacienda consideraba que Cañete se había deducido ingresos por actividades en Ceuta —la ley del IRPF establece que las rentas obtenidas en Ceuta tendrán una deducción del 50%— cuando su despacho lo tenía en Jerez de la Frontera (Cádiz). Por otra parte, el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid ratificó en 2016 la decisión de la inspección de Hacienda.

http://www.publico.es/politica/canete-fingio-ceuta-ahorrar-15000-euros-declaracion-renta.html

16. MÁS DE 200 JUECES Y FISCALES PIDEN LA DIMISIÓN DE CATALÁ ANTE JUSTICIA: "TIENE UN PROBLEMA SINGULAR"

La concentración tenía como objetivo reivindicar mejoras de sus condiciones laborales y pedir la dimisión del ministro por sus "injerencias" en la labor de los profesionales

Fue convocada por las cuatro asociaciones de jueces y las tres organizaciones de fiscales

Más de 200 jueces y fiscales se concentraron este viernes ante el Ministerio de Justicia para reivindicar mejoras de sus condiciones laborales y pedir la dimisión del ministro Rafael Catalá por sus "injerencias", subrayan, en la labor de estos profesionales. "Tiene Catalá un problema singular", vociferaron, según informó Europa Press.

La protesta fue convocada por las cuatro asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), y las tres de fiscales la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).

Una concentración que tuvo lugar un día después de un paro parcial que hicieron los miembros de la judicatura y del Ministerio Público, que fue secundado por casi 2.000 jueces y unos 800 fiscales. Esta protesta fue la segunda que se hizo a la puertas de los juzgados y tribunales de toda España y que se repetirán los días 10 y 17 de mayo para concluir el día 22 de este mismo mes con una huelga general.

Este viernes se congregaron más de 200 jueces y fiscales procedentes de varios puntos del país, aunque la mayoría procedían de Madrid, y de distintos órganos judiciales, desde juzgados de primera instancia hasta la Audiencia Nacional. Cortaron la calle donde se encuentra el Ministerio de Justicia para pedir "unas cargas de trabajo saludables", "más autonomía para el fiscal" y un Consejo General del Poder Judicial "independiente", ya que lo consideran "un lacayo del Gobierno".

"Menos populismo, más justicia"

"Menos populismo, más justicia", "no se pagan esas guardias", son otras de las consignas que se pudieron escuchar durante la concentración, que duró alrededor de una hora.

Además, los jueces y fiscales, los cuáles algunos acudieron con su toga, aprovecharon para pedir la dimisión del ministro de Justicia por las recientes declaraciones que hizo sobre el juez de la Audiencia Provincial de Navarra que firmó el voto particular en el caso de La Manada. El titular de este Ministerio afirmó que este magistrado, Ricardo González , tenía "un problema singular" y "todos lo saben".

Ante estas declaraciones, que para algunos de los manifestantes resulta "una injerencia" en la Justicia, y que se une a la situación que vive la Administración de Justicia, según destacaron a los medios de comunicación, pidieron su "dimisión". "Tiene Catalá un problema singular" o "vete ya", gritaron los jueces y fiscales.

Sobre este mismo asunto también reprocharon a la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles –magistrada en excedencia–, que considere que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debió haber emprendido alguna actuación ante el retraso del tribunal a la hora de emitir la controvertida sentencia y afirmase que el voto particular ofende a la víctima. "Cállate, Margarita", espetaron.

Decisiones que "no son del agrado de los políticos"

Para finalizar la concentración, los portavoces de las siete asociaciones leyeron un manifiesto, al que se adhirieron más de 3.500 profesionales de la judicatura y la Fiscalía, en el que se recalca la labor "independiente" que realizan jueces y fiscales "sujetos exclusivamente a la ley".

"Quizá las decisiones que adoptamos, en ocasiones, no sean del agrado de algunos responsables políticos o no se adecuen al sentir social o a las corrientes de opinión imperantes en un momento dado, pero esa independencia es lo que nos garantiza la democracia y la convivencia pacífica. Los jueces y fiscales no hacemos las leyes, solo las interpretamos y aplicamos", reza el comunicado.

Los manifestantes portaron carteles subrayando sus reivindicaciones."¡Recuperar ingresos!"; "Así, no"; "Son tres (poderes, autónomos para coordinar"; "digitalización como ayuda, no como lastre", son algunas de ellas.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/05/04/jueces_fiscales_exigen_frente_ministerio_dimision_catala_82473_1012.html

17. LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA LA ESPOSA DE POSADA POR DELITO FISCAL

Blanca de la Mata y cuatro familiares suyos supuestamente repatriaron a España 5,8 millones con operaciones simuladas

La Fiscalía de Madrid ha presentado una querella contra Blanca de la Mata —esposa de Jesús Posada, expresidente del Congreso de los diputados—, y cuatro familiares directos de la mujer por un delito fiscal cifrado en 5,8 millones de euros. Según el escrito fiscal, el dinero supuestamente se repatrió entre 2005 y 2013 a través de "operaciones simuladas" como venta de acciones y ampliaciones de capital. La querella, presentada ante los Juzgados de Instrucción ordinaria, todavía tiene que turnarse. Es fruto de las diligencias de investigación que inició el Ministerio Público el pasado 12 de marzo tras recibir de la Agencia Tributaria cinco informes-denuncia, uno por cada uno de los querellados.

La Fiscalía encuentra indicios de la comisión de cinco delitos contra la Hacienda pública y apunta que la cuota defraudada en el IRPF de 2012 —año en el que Posada presidía la cámara baja— por cada uno de ellos asciende a 1.000.230,64 euros, para el caso de Pelayo de la Mata; 997.185,40 euros en José Manuel de la Mata; 997.760,57 euros en Blanca de la Mata; 1.016.973,54 euros en Teresa Valeria Martín de la Mata; y 1.001.295,35 euros para Mª Isabel de la Mata. Pide que se declare como responsable civil subsidiaria a Varma S.L., la empresa de bebidas alcohólicas de la que son socios.

Todos los querellados son socios y partícipes a partes iguales en las sociedades Varma S.L. y Sixservix Omega S.L. y titulares reales a partes iguales de los fondos remansados en la entidad instrumental Food Choice Investment STD, que se fue incorporando al accionariado de la primera entre 2005 y 2009. De esta forma, cada uno de los hermanos llegó a ostentar un 17,43% del capital social de Varma, y Foodchice el 12,86% restante, habiendo satisfecho esta última por dichas acciones el montante total de 5.850.998,80 euros.

Según el relato de la Fiscalía, en el año 2009 los querellados vendieron parte de sus acciones en Varma —entonces S.A— a favor de esta sociedad inglesa, percibiendo en el año 2012 cada uno de ellos la cantidad de 100.000 euros en concepto de precio aplazado. La venta fue absolutamente simulada, según afirma la querella por cuanto la sociedad Foodchoice era de carácter claramente instrumental, perteneciendo a los socios de Varma. Tras esta operación, cada uno de los querellados consiguieron repatriar a España capital extranjero desde Foodchoice sin contraprestación real, ya que las participaciones de Varma seguían bajo el control de la familia.

El relato continúa en 2012, cuando la sociedad Sixservix —dedicada a la asesoría informática y el negocio inmobiliario— fue objeto de absorción por parte de Varma, lo que supuso la transmisión de 2.000 participaciones. Esta operación no se declaró y tenía, según la Fiscalía, un propósito de fraude fiscal porque cada uno de los querellados debió integrar en su declaración del IRPF de dicho ejercicio las plusvalías generadas en la transmisión de las participaciones: 3.528.257,77 euros.

https://politica.elpais.com/politica/2018/04/20/actualidad/1524222544_378450.html

18. EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN LLEVA TRES AÑOS PAGANDO A MAESTROS DE RELIGIÓN QUE NO IMPARTEN CLASES

Al menos una veintena de colegios denuncia ante la Consejería de Educación de Andalucía que desde 2015 están renovando a profesores sin carga horaria lectiva, mientras el Ministerio paga los salarios

La Junta redujo de 90 a 45 minutos la asignatura de Religión en Primaria adaptántose a la LOMCE nacional, dejando a muchos docentes sin tarea, aunque siguen cobrando y asisten a su escuela "sin hacer nada"

Preparar la boda en horas de clase y otras historias “kafkianas” de profesores de religión que cobran sin trabajar

El colegio de Infantil y Primaria Maestro Juan González, en el municipio gaditano de Los Barrios, tiene dos profesores de Religión en plantilla, pero sólo uno da clases. La otra no tiene carga horaria desde 2015, aunque sigue asistiendo regularmente a su puesto de trabajo y cobrando 1.400 euros netos al mes. La situación de esta maestra de Religión no es aislada, se repite en al menos una veintena de colegios andaluces consultados por este periódico. Todos ellos denunciaron por escrito ante la Administración educativa que les habían asignado un profesor de Religión de más, o que les habían contratado por más horas de las que su centro necesitaba para esta asignatura. Pero nadie ha corregido este desfase en tres años.

El Ministerio de Educación, que es quien contrata a los profesores de Religión de Infantil y Primaria en Andalucía, lleva tres años pagando a maestros que no dan clases, pero siguen acudiendo a su centro y cobrando. Esta situación se repite desde 2015, cuando el Gobierno de Susana Díaz redujo el horario de Religión en Primaria. Como consecuencia, sobraban maestros en mucho colegios. Sin embargo, el Ministerio ha seguido renovando sus contratos los cursos siguientes y la Consejería de Educación les ha confirmado sus plazas. Cuántos profesores de Religión están en esta situación y cuánto está costando a las arcas públicas son dos preguntas que ni el Gobierno ni la Junta de Andalucía han querido responder, pese a estar al corriente del problema desde el principio.

Efectos de la Ley Wert

Los maestros de Religión de Infantil y Primaria de Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Ceuta y Melilla dependen contractualmente del Ministerio de Educación, aunque sus horarios los establecen los gobiernos autonómicos. En Andalucía y Canarias la carga lectiva de Religión puede ser la mínima que exige la ley, pero la decisión final depende de cada colegio. En 2015, el Gobierno de Susana Díaz aprobó el decreto que adaptaba el currículum de Primaria a la nueva ley de educación del Ejecutivo de Rajoy (LOMCE), intentando amortiguar algunos de sus efectos. Una de sus decisiones fue reducir el tiempo mínimo dedicado a la asignatura de Religión, que pasó de una hora y media a 45 minutos semanales en cada curso (de 1º a 6º). La Consejería de Educación no impuso la reducción horaria de Religión a todos los centros de Primaria. Dictó una orden que delegaba en los colegios andaluces, dentro de su autonomía pedagógica, la decisión de mantener la asignatura en 90 minutos o reducirla a 45.

El 28 de mayo de 2015, la Consejería envió unas instrucciones a todos los centros públicos de Primaria de Andalucía para que “comuniquen el horario asignado al área de Religión” y lo registren en el sistema informático Séneca, que recopila los datos de todas las escuelas andaluzas. El objetivo era “poder remitir al Ministerio de Educación el horario del profesorado de Religión” para que ajustase las horas contratadas de este personal a las necesidades que requería cada colegio de Primaria de cara al siguiente curso (2015-2016). Muchos centros optaron por reducir la carga de Religión a 45 minutos para dedicar el tiempo restante a otras materias más importantes (Lengua, Inglés…), dejando a decenas de profesores de Religión sin carga lectiva en sus colegios. Donde antes hacían falta dos maestros, ahora bastaba con uno.

La sorpresa de estos centros fue que, al volver en septiembre para iniciar el curso escolar, la Consejería de Educación no había modificado sus plantillas: los profesores de Religión seguían asignados a su centro con el mismo horario que el curso anterior, pero sin ninguna función ni clases que dar. El Arzobispado, que selecciona a estos maestros, les había renovado su confianza; y el Ministerio de Educación les había renovado el contrato por las mismas horas.

El CEIP Juan González, por ejemplo, tiene desde hace tres años a una profesora de Religión con contrato a tiempo completo (25 horas lectivas y cinco de obligada permanencia), pero sin nada que hacer. La maestra afectada (ahora de baja) “se pasa las horas en la Sala de Profesores, se niega a colaborar en otras tareas porque dice que su contrato no le obliga, y se ha dedicado “a organizar su boda o a prepararse unas oposiciones, lo cual ha generado malestar con el resto de maestros”, dice su director, José Antonio Romero. En el CEIP Santiago El Mayor, de Medina Sidonia, hay tres profesores de Religión, uno titular a tiempo completo, que sigue dando clases, y las otras dos con horario partido, pero sin carga lectiva. Acuden al centro, firman el parte de asistencia y “se cruzan de brazos”. Cuando la maestra titular se puso de baja por enfermedad, las otras dos no pudieron cubrir su vacante, y la consejería tuvo que enviarles a otro profesor para sustituirla, explica su director, Manuel Sánchez.

Ministerio, Junta, Arzobispado

Todas las administraciones implicadas en este proceso -Ministerio, Junta y Arzobispado- fueron advertidas de la situación desde que comenzó el curso 2015-2016. Primero a través de la Inspección Educativa que visitó los colegios afectados y luego lo denunciaron directamente ante el servicio de Planificación de las Delegaciones Provinciales de Educación. “En septiembre de 2015, el inspector de zona nos convocó a los directores de los colegios afectados de Cádiz a una reunión en San Roque. Primero nos dijeron que lo solucionarían en 48 horas y, pasado el tiempo, nos contaron que la Consejería y el Ministerio no se entendían, y que se habían dado dos años para solucionarlo. Tres años después siguen tirando dinero público a la basura”, se queja Juan José Sánchez, director del colegio Don Luis Lamadrid.

Las denuncias por escrito ante las administraciones educativas, y en algún caso ante la Archidiócesis correspondiente, no han servido para solucionar este enredado conflicto, que ha provocado fricciones en muchos colegios, donde los maestros de Religión que se quedaron sin carga lectiva reprochan a sus directores que intentasen “dejarles sin sueldo y sin trabajo”. El director de uno de los centros afectados, que pide anonimato, se ha planteado denunciar la situación de su escuela ante los tribunales “un delito de prevaricación”. “A la Administración educativa le consta por escrito que está destinando recursos públicos a nada productivo, y sigue prolongando esta situación tres años después. Y durante ese tiempo hemos visto recortes de personal y de presupuesto en la escuela pública”, se queja.

Los Obispos de Andalucía recurrieron en los tribunales la orden de la Junta que regula la etapa Primaria, y ahora culpan a la consejería por haber reducido el horario de Religión; la Consejería de Educación acusa al Ministerio de estar “destinando dinero público a personal laboral que no tiene ninguna función asignada”; y el Ministerio niega que esta situación se esté produciendo, a la vez que acusa a la Junta de Andalucía a de no querer dedicar esos recursos a otras tareas.

¿Cuántos profesores de Religión sin carga lectiva hay en estos momentos en los colegios de Primaria de Andalucía? ¿Cuánto dinero ha gastado el Ministerio de Educación en estos tres años en docentes que no imparten clases? La Consejería de Educación lleva semanas negando a este periódico un dato fundamental que podría servir, al menos, para dimensionar el alcance del problema: ¿Cuántos colegios decidieron en 2015 reducir el horario de Religión de 90 a 45 minutos, haciendo que sobrasen maestros para esta asignatura?

Una investigación pendiente

La consejera de Educación, Sonia Gaya, se enteró de esta problemática durante una comisión parlamentaria en septiembre del año pasado, a preguntas del coordinador regional de IU, Antonio Maíllo. Gaya no ocultó su asombro, dijo desconocer la situación y anunció que abriría una investigación interna para determinar en cuántos colegios estaba pasando. Meses después volvió al Parlamento para confirmar que el problema “es real”, y que se lo había dado traslado al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, para dejar de “desperdiciar recursos públicos”. No aclaró en cuántos centros se sigue produciendo esta situación y por qué no se ha corregido en tres años, si los colegios afectados lo denunciaron desde el primer momento.

Este periódico ha comprobado que hay casos de profesores de Religión sin carga lectiva (total o parcial) destinados en una veintena de colegios de los municipios de Cádiz, Jerez de la Frontera, San Roque, Los Barrios, Los Cortijillos, Alcalá de los Gazules, Tarifa, Medina Sidonia, Algeciras, San Fernando, Málaga capital y Fuengirola. Todos denunciaron el problema ante la Consejería de Educación hace tres años, y volvieron a denunciarlo cuando los maestros de Religión afectados renovaron las mismas horas contratadas en el curso 2016-2017 y en 2017-2018.

Algunos centros han preferido no dar sus nombres, para evitar reproducir “situaciones tensas” que han vivido estos años con los maestros de Religión que se quedaron sin carga horaria. Otros colegios, en cambio, han preferido salir a la luz, o porque la situación es “insostenible”, o por todo lo contrario: han logrado normalizar “una situación surrealista”: el centro Maestro Juan González, el colegio Don Luis Lamadrid y el San Isidro Labrador, de Los Barrios; Los Cortijillos, de la pedanía del mismo nombre; el CEIP Santa María Coronada, de San Roque; el Santiago El Mayor, de Medina Sidonia; el colegio Guzmán el Bueno, de Tarifa.

En todos ellos hay maestros de Religión con horario completo o con horario parcial, pero sin carga lectiva alguna. “Llegan, firman en el registro de entrada y se quedan sus horas sentados en la Sala de Profesores sin hacer nada. No pueden ayudar en otras tareas del centro, porque su contrato laboral no les obliga, la Consejería no les ha reubicado en otras escuelas porque dice que no faltan maestros de Religión y el Ministerio les sigue pagando el mismo salario que a los demás”, dice el director del colegio Don Luis Lamadrid. El sueldo de un maestro de Religión con 25 horas lectivas a la semana (más otras cinco de obligada permanencia) es similar al de cualquier profesor de Primaria: en torno a 1.400 euros netos al mes.

Andalucía tiene ahora colegios donde tardan en cubrirse las sustituciones de maestros de baja, y una plantilla mermada porque aún no se han revertido del todo los recortes que se hicieron al inicio de la crisis (4.502 interinos perdieron su trabajo). En medio de este contexto, con el Parlamento andaluz a punto de debatir si se blinda por ley el 5% del PIB para gasto educativo, la Junta trata de calcular cuánto dinero público ha costado tener a profesores de Religión de brazos cruzados desde hace tres años en sus escuelas.

https://m.eldiario.es/andalucia/Gobierno-pagando-maestros-Religion-imparten_0_768523291.html

19. C.MADRID. ÁNGEL GARRIDO OCULTÓ INFORMACIÓN DE SU PRÉSTAMO HIPOTECARIO

El elegido para suceder a Cifuentes no informó ni de la fecha de concesión, ni del importe concedido, ni del nombre de la entidad bancaria

Ángel Garrido, el hombre elegido por el Partido Popular para ser el candidato a la investidura y seguir al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid hasta las elecciones autonómicas de 2019, ocultó información de su préstamo hipotecario tanto en su declaración de bienes y rentas de Diputados de la Asamblea de Madrid, como en la de la Comunidad de Madrid.

En concreto, Garrido no informó ni de la fecha de concesión ni del importe total concedido de un préstamo por el que el 15 de octubre de 2015 (fecha en que presentó su declaración de bienes y rentas de Diputados de la Asamblea de Madrid) adeudaba 237.457,82 euros. De hecho, el sucesor de Cifuentes dejó en blanco tanto la casilla de “fecha de concesión” como la de “importe concedido”. Garrido tampoco facilitó el nombre de la entidad bancaria que le concedió el préstamo ni detalló para qué lo solicitó.

Curiosamente, el saldo pendiente de su préstamo en octubre de 2015 (237.457,82 euros) es calcado al que decía deber dos meses antes, el 11 de agosto de 2015, cuando realizó su declaración de bienes y rentas como miembro del Gobierno regional. Ya entonces, Garrido dejó en blanco las casillas relativas a la “fecha de concesión” e “importe concedido” del préstamo.

El 23 de mayo de 2017, Garrido presentó una modificación de su declaración de bienes y rentas como miembro del Gobierno regional. Entonces, elevó el saldo pendiente de su préstamo hipotecario en 110.542,18 euros, hasta alcanzar la cifra de 348.000 euros.

En su modificación, Garrido fijó la fecha de concesión del mismo, el 21 de abril de 2017, y volvió a dejar en blanco la casilla relativa al “importe concedido”. En el espacio destinada a aclarar la “descripción y acreedor” del préstamo, el sucesor de Cifuentes tan solo escribió un escueto “préstamo hipotecario”.

Declaración de bienes y rentas de Ángel Garrido a 21 de abril de 2017.

La versión de Garrido

ELPLURAL.COM se ha puesto en contacto con el gabinete de comunicación del Gobierno regional, ofreciendo la oportunidad a Ángel Garrido de explicar por qué ocultó información de su préstamo hipotecario.

Desde su entorno reconocen que el todavía presidente en funciones no publicó en sus declaraciones la fecha de concesión de la hipoteca, el importe concedido o el nombre de la entidad bancaria al entender que "no era información relevante". En cualquier caso, aseguran que "no fue con ánimo de ocultar ninguna información".

En este contexto, y una vez publicada esta información, desde la Comunidad de Madrid aseguran que Ángel Garrido actualizará sus declaraciones para informar que el préstamo fue concedido por Caja Madrid en 2008 por un importe de 310.000 euros.

A este respecto, el entorno de Garrido recalca que el sucesor de Cifuentes es un "hombre honesto", restan importancia a la falta de datos de sus declaraciones y señalan que habría otros diputados en la Asamblea de Madrid que tampoco habrían aportada toda la información respecto a sus prestamos bancarios.

https://www.elplural.com/politica/2018/05/07/angel-garrido-oculto-prestamo

20. ÁNGEL GARRIDO FUE CONSEJERO GENERAL DE CAJA MADRID CUANDO LE CONCEDIERON EL PRÉSTAMO DEL QUE OCULTÓ INFORMACIÓN

El sucesor de Cristina Cifuentes no informó en su declaración de bienes y rentas que se lo había concedido la caja de ahorros en el año 2008

Este lunes, ELPLURAL.COM desvelaba en exclusiva que Ángel Garrido, el hombre elegido por el Partido Popular para ser el candidato a la investidura y seguir al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid hasta las elecciones autonómicas de 2019, ocultó información de su préstamo hipotecario tanto en su declaración de bienes y rentas de Diputados de la Asamblea de Madrid, como en la de la Comunidad de Madrid.

En declaraciones a este periódico, desde el entorno del presidente en funciones reconocieron que Ángel Garrido no publicó en sus declaraciones la fecha de concesión de la hipoteca, el importe concedido o el nombre de la entidad bancaria al entender que "no era información relevante" y que en ningún caso se hizo con ánimo de “ocultar ninguna información".
En este contexto, y una vez publicada la información, desde la Comunidad de Madrid aseguraron que Ángel Garrido actualizaría sus declaraciones para informar que el préstamo fue concedido por Caja Madrid en 2008 por un importe de 310.000 euros. Una rectificación que todavía no ha realizado.

Era consejero de Caja Madrid

En cualquier caso, ELPLURAL.COM ha podido comprobar que en el momento en el que le concedieron el préstamo, Ángel Garrido era consejero general de la Asamblea General de Caja Madrid en representación por el Ayuntamiento de la capital. Así consta en los informes anuales de gobierno corporativo disponibles en la CNMV.

Cabe recordar que la Asamblea General era, según los Estatutos de la entidad, el máximo órgano de gobierno de la entidad. Entro otras funciones se encargaba de la aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión así como de la gestión del Consejo de Administración.

¿Recibió algún tipo de bonificación?
Al no ofrecer información sobre su préstamo, se desconoce si Ángel Garrido tuvo algún tipo de bonificación por ser miembro de la asamblea general de la entidad financiera. Y es que en ninguna de sus declaraciones de bienes y rentas aclara si obtuvo algún tipo de bonificación de asambleísta de la caja que entonces presidía Miguel Blesa.

https://www.elplural.com/politica/2018/05/08/angel-garrido-caja-madrid-prestamo

21. C.MADRID. LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO HA REMITIDO A LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN LA DENUNCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID SOBRE LA GESTIÓN DEL PROYECTO A FIN DE QUE INICIE UNA INVESTIGACIÓN PENAL

Advierte de que se podrían haber cometido delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos, informan fuentes fiscales

La Fiscalía General del Estado ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción la denuncia de la Comunidad de Madrid sobre la gestión de la Ciudad de la Justicia a fin de que inicie una investigación penal sobre estos hechos ante la presunta comisión de delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos, han informado fuentes fiscales.

La denuncia presentada ayer por el consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ángel Garrido, se trasladó a la Fiscalía General del Estado con el informe elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la gestión de esta empresa pública durante los ejercicios 2005-2015.

En el citado informe se ponen de manifiesto "diversas irregularidades, entre las que destacan las relativas a adjudicaciones de contratos al margen de los criterios establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público".

También se expone el abono de unos 90 millones de euros por la urbanización y construcciones de edificios, de los cuales "sólo hay uno concluido que, no obstante, no puede ser utilizado, así como diversas irregularidades contables y en materia de contratación de personal".

Para la Fiscalía General del Estado, estos hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos.

La Fiscalía General del Estado ha remitido la denuncia a la Fiscalía Especial Anticorrupción, a fin de que inicie "una investigación penal sobre estos hechos".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/04/20/la_fge_remite_anticorrupcion_denuncia_comunidad_sobre_ciudad_justicia_para_investigacion_81956_1012.html

22. C.MADRID. PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ SE SENTARÁ EN EL BANQUILLO POR EL 'CASO PASARELAS'

El instructor decreta la apertura de juicio oral contra el exjefe del Ejecutivo regional por la posible comisión de los delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude en la contratación

El expresidente regional Pedro Antonio Sánchez se sentará finalmente en el banquillo de los acusados por el 'caso Pasarelas', según informaron este miércoles fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca, Antonio Morente, ha decretado así la apertura de juicio oral -y se tiene por formulada la acusación- contra el exjefe del Ejecutivo regional y contra el arquitecto Martín Lejárraga Azcarreta por la posible comisión de los delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude en la contratación.

Cabe recordar que en esta causa se investiga y se juzgará la contratación del arquitecto por parte del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras -durante el periodo en que Sánchez fue alcalde- para la elaboración de la documentación técnica para una subvención de obra pública en el entorno de la rambla Nogalte.

Según se desprende del auto, se declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la presente causa a la Audiencia Provincial de Murcia. Y acuerda citar a Sánchez y Lejárraga a fin de que comparezcan en la sede de este Juzgado el 18 de mayo a las 9.30 horas para notificarles personalmente la presente resolución y los escritos de acusación.

Por último, señala que contra este auto no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal del acusado, en que cabe recurso de reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Por estos hechos, el fiscal pide para Sánchez una pena de 9 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo cargo público por la comisión de un delito de prevaricación administrativa; una pena de 3 años y 6 meses de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de 25 euros y 3 años y 6 meses de inhabilitación especial de sufragio pasivo y activo, así como la incapacidad para obtener durante el plazo de la condena cualquier cargo o empleo público, sea o no electivo, en el ámbito municipal, autonómico y estatal, por un delito de falsedad documental.

Para Lejárraga solicita una pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.

Calificación provisional de Podemos
Justo esta semana la formación política Podemos anunció que solicitará tres años de prisión y cuatro de inhabilitación especial por supuesta falsificación de documentos para el expresidente regional. A esa petición de penas se sumará otra de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público, esta vez por un supuesto delito de prevaricación continuada, dentro de las mismas diligencias.

En su escrito de calificación provisional de los hechos, el letrado Ginés Ruiz Maciá, que ejerce la acusación en nombre de Podemos, sostiene que a finales de 2005 el entonces alcalde de Puerto Lumbreras y años más tarde jefe del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez, efectuó un encargo verbal al arquitecto Martín Lejarraga para que redactara la documentación necesaria para solicitar una subvención a la Administración regional. Todo ello con el objetivo de remodelar el área de la rambla de Nogalte, reformando los puentes y pasarelas y embelleciendo el entorno. La petición al arquitecto se habría realizado sin iniciarse expediente alguno de contratación y sin informe técnico o jurídico que ofreciera respaldo formal al encargo.

En marzo de 2006, un informe técnico de la Consejería de Obras Públicas rechazaba incluir en la subvención el importe de la redacción del proyecto y de la dirección de obra, que Lejarraga habría presupuestado en algo más de 52.000 euros.

El 3 de julio, la Consejería remitió al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras el borrador del convenio sobre la subvención, que ascendía a unos 860.000 euros, y al día siguiente Sánchez le remitió una solicitud ya modificada, en la que no se incluían los honorarios del arquitecto.

El 13 de julio de 2006, el Pleno municipal aprobó la firma del convenio con la Administración regional para recibir esa subvención.

Lo que habría hecho Sánchez, con el fin de abonar los trabajos de Lejarraga, sería «afirmar falsariamente que el Ayuntamiento pensaba acometer un proyecto de acondicionamiento (de la rambla de Nogalte) y que para ello se precisaba encargar la redacción de unos estudios previos al proyecto, y que el arquitecto había hecho una oferta al Consistorio para encargarse de esos trabajos».

Según la acusación particular, ni era cierto lo de los estudios previos, ya que la mayor parte del trabajo técnico estaba realizado con antelación, ni existía oferta de Lejarraga al Ayuntamiento para presentarle sus ideas.

A partir de ahí, Sánchez habría acordado con Lejarraga que este presentara varias facturas, todas ellas por menos de 12.020 euros para evitar sacar el contrato a concurso, hasta completar los honorarios de cerca de 50.000 euros por los trabajos ya realizados en fecha anterior.

Así, el arquitecto habría presentado una factura por 'Estudios previos', por 9.200 euros; otra de 'Anteproyecto (9.200 euros); y otras tres por 'Proyecto Básico', 'Proyecto de Ejecución' y 'Dirección de Obras', cada una de ellas por 12.000 euros. La suma ascendió a 54.400 euros.

El letrado de Podemos califica los hechos de prevaricación continuada y falsedad y, además de las penas ya reseñadas para Sánchez, pide 9 años de inhabilitación para Lejarraga.

http://www.laverdad.es/murcia/pedro-antonio-sanchez-20180509150725-nt.html

23. REGIÓN DE MURCIA. LA UDEF DESVELA UNA TRAMA DEL AGUA EN MURCIA: EL PP 'REGALÓ' 600 MILLONES A ACS

La policía nacional descubre que el Gobierno murciano del PP colaboró para que la constructora consiguiera rendimientos del 60.000% desplazando todos los costes y riesgos a las arcas públicas

ACS se alió con el Partido Popular de Murcia para dar un pelotazo de 600 millones de euros con la desaladora de Escombreras (Cartagena). El dinero debía salir de las arcas de la comunidad autónoma. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha concluido en un extenso informe de más de 200 páginas que altos cargos del Gobierno murciano, directivos de la constructora, empresarios locales y varios bufetes de abogados amañaron la adjudicación de la planta y cargaron luego sus deudas a los presupuestos regionales, utilizando por el camino contratos falsos, facturas simuladas, informes jurídicos fabricados y una larga lista de irregularidades contables.

El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, fue remitido el pasado enero al Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, que desde hace dos años investigaba en secreto la tramitación de la planta en el llamado caso La Sal. Según los expertos en delitos económicos de la policía, hasta 32 personas habrían colaborado en un presunto fraude que reproduce el esquema del proyecto Castor, por el que ACS reclamó en los tribunales al Gobierno de Mariano Rajoy 1.350 millones de euros. Entre los implicados, se encuentran el exconsejero de Agricultura y Agua del PP Antonio Cerdá (2007-2015) y una decena de empleados de ACS y su filial Cobra. El grueso de las decisiones bajo sospecha se adoptó durante el mandato del expresidente Ramón Luis Valcárcel (1995-2014), actual vicepresidente del Parlamento Europeo.


Por un lado, los investigadores sostienen que ACS y el Gobierno regional se habrían concertado para licitar la instalación al margen de la Ley de Contratos del Sector Público. En lugar de sacar a concurso las obras y la gestión, el Gobierno del PP hizo el camino inverso. Primero, la compañía que preside Florentino Pérez pagó 1,1 millones de euros en presuntas facturas ficticias para aliarse con inversores locales que pretendían construir una desalinizadora que paliara el déficit hídrico de la región. Fruto de esa alianza, ACS constituyó el 25 de enero de 2006 la mercantil Desaladora de Escombreras SA, con el 100% de las acciones en su poder. Las obras costarían 111 millones de euros —aunque documentos internos las cifraron inicialmente en 24,6 millones, cuatro veces menos— y las ejecutarían filiales de la propia cotizada.

Menos de un mes después, el 17 de febrero de 2006, el Gobierno de Valcárcel creó la empresa pública Hidronostrum SA y la autorizó para que adquiriera el 51% de las acciones de Desaladora de Escombreras SA, convirtiéndose ya a partir de ese momento en un proyecto participado mayoritariamente por la Administración. El Ejecutivo murciano cedió el suelo en el que se levantaría la infraestructura. La compra de las acciones, que no contó con el aval de la Intervención ni de los servicios jurídicos regionales, provocó que la comunidad asumiera en ese instante todas las cargas a las que se había comprometido ACS previamente. Entre ellas, un contrato que obligaba a abonar a la constructora y a los socios locales el arrendamiento de la planta y su producción hasta 2034. También tenía que comprar las instalaciones cuando concluyera ese periodo.

Entre la información intervenida, hay contratos en los que la constructora y los socios locales cierran acuerdos con Hidronostrum SA

La UDEF ha concluido ahora que, en realidad, el proceso estuvo diseñado desde el principio para que la Administración entrara en el proyecto cuando ACS y el resto de inversores privados ya se habían repartido las ganancias. Correos electrónicos hallados en registros demostrarían que, al menos desde diciembre de 2005, cargos del PP en puestos clave conocían las operaciones de la constructora y comunicaron a la parte privada que la Administración asumiría todas las cargas en el último instante, como ocurrió finalmente con la compra del 51% de ACS. “Se creó la empresa Desaladora de Escombreras SA a sabiendas de que sería participada por empresas públicas, las cuales estaban al corriente y además eran esenciales en el modelo de negocio, al sufragar este por completo, liberando a la parte privada de los costes y riesgos de la operación”, sostienen los investigadores.

Entre la información intervenida en bufetes involucrados, hay contratos en los que la constructora y los socios locales cierran acuerdos con Hidronostrum SA y desarrollan los efectos de la entrada de esa mercantil en Desaladora de Escombreras SA. Lo sorprendente es que esos documentos fueron redactados al menos ocho días antes de que el Gobierno del PP anunciara la creación de la empresa pública y permitiera a esta comprar el 51% en poder de ACS.

En uno de esos acuerdos previo a la entrada del capital público, Desaladora de Escombreras SA pactó con una filial de la constructora —es decir, ACS consigo misma— que la explotación de la planta duraría 25 años y que si la primera resolvía anticipadamente el acuerdo, debería abonar el importe de todo el periodo. Cuando la Administración llegó a la infraestructura, asumió automáticamente esa cláusula.

Fueron bufetes privados los que confeccionaron semanas antes de la constitución de Hidronostrum SA todo un calendario de firmas que incluía hasta 15 contratos —la mayoría con fechas falsas— que permitirían a la constructora y a los inversores asegurarse ganancias millonarias con la ayuda de los responsables públicos. “Los contratos más gravosos para la Administración pública se firmaron cuando las empresas participantes eran privadas”, señala la UDEF. “Tal y como acabó llevándose a cabo, todo el coste y el riesgo del mismo iba a ser asumido por la parte pública, dejando a la parte privada exenta de costes y a merced de obtener todos los beneficios posibles del modelo establecido”.

Ya con la Administración pública dentro del proyecto, el Gobierno del PP siguió colaborando con los intereses de los promotores privados. Banesto aceptó financiar la obra, pero reclamó garantías. El Ejecutivo murciano salió de nuevo al rescate de ACS y presentó todos los avales en solitario. Envió una 'comfort letter' al banco en la que “asumía como propias las obligaciones de pago” que correspondieran a Desaladora de Escombreras SA y “se obligaba a aportar” a esa sociedad “los fondos que fuesen en cada momento necesarios” para abonar esos compromisos. La UDEF ha descubierto que la carta fue redactada por directivos de ACS a comienzos de 2006 y que el Gobierno murciano únicamente la envió al banco. Ningún gestor público se opuso. De hecho, se evitó que la Intervención se pronunciara sobre este compromiso multimillonario. A cambio, el Ejecutivo regional solicitó informes a abogados externos que, por supuesto, respaldaron la presentación de los avales.

La presunta trama siguió operando en los años siguientes. A pesar de que en 2010 Desaladora de Escombreras SA ya atravesaba por graves problemas financieros que eran “causa de disolución” y que la compañía de Florentino Pérez buscaba salir de la sociedad como fuera, el Ejecutivo del PP decidió comprarle su 49%. “Así, se producirá la paradoja de que, mientras las empresas privadas tratan a toda costa de desvincularse de la operación de la planta desaladora, las empresas públicas tratarán de manera insistente de hacerse en exclusiva con la totalidad del negocio”.

Poco después de salir del proyecto, ACS denunció en los tribunales al Ejecutivo regional por el presunto incumplimiento del plan de pagos. La constructora reclama a la Administración los fondos que debía recibir hasta 2034, según los acuerdos que ella misma se había otorgado. Solo invirtió 1,1 millones de euros para entrar en el negocio, pero si salen adelante sus reivindicaciones, podría recibir 600 millones, cosechando una rentabilidad récord del 60.000%.

Las revelaciones de la UDEF pueden frustrar ahora esas exigencias si se demuestra que toda la operación se basa en una cadena de engaños.

Poco después de salir del proyecto, ACS denunció en los tribunales al Ejecutivo regional por el presunto incumplimiento del plan de pagos

Los expertos en delitos económicos no entran en los motivos que pudieron llevar a los cargos políticos del PP a mirar reiteradamente para otro lado —un hipotético delito de cohecho ya habría prescrito—, pero apuntan que la infraestructura fue utilizada para impulsar 26 convenios urbanísticos en pleno 'boom' inmobiliario. Ante los informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que negaba la disponibilidad de agua para construir más viviendas, el Ejecutivo de Valcárcel recurrió a la producción extra de esta desaladora para recalificar más de 180 millones de metros cuadrados de suelo en los que se proyectaron hasta 250.000 casas.

El informe de la UDEF supone un salto en el caso La Sal. La instructora del procedimiento, la jueza María del Mar Azuar, acordó el 7 de marzo imputar a varios de los 32 implicados en la tramitación del proyecto. Tendrán que pasar por su tribunal el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá; los exgerentes del EPA Amalio Garrido y José Manuel Ferrer; el abogado que representó a este organismo público, Antonio Arnaldos; los directivos del grupo ACS Alfonso Aguirre Díaz Guadarmino y Eugenio Llorente, y los empresarios locales Juan Martínez Martínez, José Carvajal Conesa, Tomás Bourchert Muñoz, Juan Jódar Martínez y Miguel Caballero Sandoval.

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-04-23/pp-acs-murcia-udef-trama-agua-600-desaladora-escombreras-cartagena_1552970/

24. C. VALENCIANA. EL GOBIERNO DE CAMPS ADJUDICÓ EL PROYECTO DEL CIRCUITO DE FÓRMULA 1 ANTES DE QUE SE CONSTITUYERA LA UTE QUE GANÓ EL CONCURSO

El último informe de la policía nacional remitido al juzgado de Instrucción número 2 de Valencia revela que las dos ingenierías que diseñaron el trazado urbano habrían pactado previamente con la administración valenciana La UTE estuvo vigente 15 meses y se llevó en ese tiempo tres contratos de la Conselleria de Vivienda por valor de casi cinco millones de euros La Guardia Civil ya requiso los expedientes de estos contratos en mayo de 2017 y los remitió al Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, que lleva la otra investigación sobre la Fórmula 1 sobre los sobrecostes

Los contratos públicos para elaborar el proyecto del circuito urbano para la Fórmula 1 en Valencia fueron un paripé. El informe que el pasado día 9 de mayo entregó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al juzgado de Instrucción número 2 de Valencia revela todo tipo de arbitrariedades y evidencia que la adjudicación se pactó con las dos ingenierías antes de que saliera el concurso. De hecho, se adjudicó antes de que Typsa y Ayesa se constituyeran como Unión Temporal de Empresas (UTE) para poder presentarse.

La UTE Typsa-Ayesa consiguió los contratos del estudio de los viales de acceso a la ciudad desde el Puerto de Valencia, la conexión con las grandes avenidas y la dirección de obras de los grandes enlaces del circuito, los tres juntos por casi cinco millones de euros de valor. "La UTE fue adjudicataria de dos contratos 12 de marzo de 2007 y 25 de junio de 2007 antes de la elevación a escritura pública de la constitución de la Unión Temporal de Empresas el 5 de julio de 2007", relata la policía.

Así, añade el informe de la UDEF, "tal y como se acordó en la reunión celebrada en la Conselleria de Infraestructuras el 8 de febrero de 2007, se constituyó la agrupación empresarial entre Typsa y Ayesa y el Ente Gestor de la Red de Transportes y Puertos de la Generalitat preparó el concurso". Un amaño negro sobre blanco en toda regla.

La Guardia Civil ya se personó en mayo de 2017 en la Conselleria de Infraestructuras y se incautó de expedientes vinculados a esos trabajos, concretamente el proyecto que determinó las actuaciones necesarias para la construcción del trazado -adjudicado por 2,5 millones a la UTE de las ingenierías Typsa y Ayesa- y la información sobre un viaje a Dubai y Bahrein del exconseller popular Mario Flores y su número dos en el departamento Victoriano Sánchez Barcaiztegui. Esto dos altos cargos del Gobierno de Camps y el propio expresidente están imputados en el juzgado de Instrucción número 17 de Valencia.

El contrato más elevado que consiguió la UTE entre Typsa y Ayesa tuvo un modificado de 1,5 millones de euros que provocó que el montante que se llevaron estas ingenierías superara los seis millones de euros en los 15 de meses de vida que tuvo. Sería normal que los dos juzgados que investigan esta parte del caso de la Fórmula 1 unificaran la causa.

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https://www.eldiario.es/cv/Gobierno-Camps-Formula-constituyera-UTE_0_770973062.html

25. C.VALENCIANA. RICARDO COSTA SEÑALA A FCC EN EL CASO DE LA FÓRMULA 1 VALENCIANA

Tras las declaraciones del ex secretario general del PP, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Generalitat Valenciana más información sobre la construcción del circuito urbano

El ex secretario general del PP Ricardo Costa ha señalado a FCC y Hormigones Martínez en el caso de la Fórmula 1 valenciana. Su declaración ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a pedir más información a la Generalitat Valenciana sobre la construcción del circuito urbano que albergó cinco grandes premios en Valencia entre 2008 y 2012.

Según consta en un oficio firmado por el fiscal Vicente Torres el pasado 23 de abril, al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Público reclama a la Conselleria de Infraestructuras -Territorio y Vivienda en la actualidad- "la totalidad de los expedientes administrativos relacionados con la construcción del Circuito de Fórmula 1, en cualquier de sus fases, adjudicados a las mercantiles FCC y Hormigones Martínez (Grupo Vallalba)".

"Dichos expedientes deberán remitirse de manera íntegra, sin anexos de planos, y deben contener acuerdo de inicio, pliegos, aprobación de estos, ofertas, informes técnicos, propuestas de adjudicación, actas de la mesa de contratación, modificados en su caso, pagos, etc., todo ello en formato digital", según consta en el citado oficio.

Esta petición se enmarca en unas diligencias de investigación penal abiertas este mismo año, en una pieza separada de la investigación principal, centrada en las negociaciones previas y organización de la Fórmula 1 en Valencia y la compra y asunción de la deuda de la empresa Valmor -gestora inicial de este evento deportivo- por parte de la Generalitat.

El oficio va acompañado de un decreto, con idéntica fecha y petición a la Conselleria, en el que se expone que esta solicitud se adopta tras "la comparecencia efectuada por Ricardo Costa Climent".

La declaración
Ricardo Costa ha admitido la financiación irregular delPPCV en el juicio a la rama valenciana del caso Gürtel que se ha celebrado en la Audiencia Nacional y señaló además al expresident Francisco Camps, que podría ser investigado por este motivo.

Por esta actitud, la Fiscalía ha rebajado de 7 a 4 años la pena de prisión que solicita para Costa, que está colaborando con el Ministerio Público en el esclarecimiento de otros asuntos relacionados con el PP valenciano, como el de la Fórmula 1.

Los representantes legales de Hormigones Martínez, que también fueron procesados en esta causa del caso Gürtel, admitieron, al igual que otros ocho empresarios, que pagaron algo más de 1,2 millones de euros para financiar ilegalmente al PP en las campañas electorales de 2007 y 2008.

Respecto a FCC, la actividad de esta firma constructora se investiga en el sumario del caso Imelsa como supuesta financiadora del PP que dirigía Rita Barberá en esos mismos años.

https://www.vozpopuli.com/politica/Ricardo-Costa-senala-FCC-caso-Formula-1-valenciana_0_1134487160.html

26. C.VALENCIANA. UN ESCRITO ANÓNIMO PROVOCA LA APERTURA DE UNA NUEVA INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DEL PP DE RITA BARBERÁ

Se ha abierto una pieza secreta en la que habría una nueva vinculación de la Fundación Turismo Valencia con la 'caja B' del PP

Toni Cuquerella
Se ha abierto una pieza secreta en la que habría una nueva vinculación de la Fundación Turismo Valencia con la 'caja B' del PP

Un escrito anónimo, extenso y aparentemente solvente, sobre el presunto origen de los fondos de la financiación irregular del PP de Rita Barberá entre las campañas de 2007 y 2015, habría provocado que el juez que instruye el caso 'Taula' haya abierto una nueva pieza secreta para dilucidar posibles delitos.

De este modo lo han avanzado tanto El Mundo como Las Provincias que apuntan que de nuevo se situaría en el centro de las investigaciones la Fundación Turismo València, que ya está siendo investigada dentro de 'Taula' por la contratación de la empresa consultora de comunicación Laterne, que podría haber facilitado la financiación en 'b', y vinculado a ello levantó sospechas la compra de máquinas trituradoras de documentos o de contratación de este mismo tipo de servicios, tras perder el PP la alcaldía en 2015.

Según informan estos medios, el juez, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, habría impuesto el secreto de sumario para evitar la destrucción de pruebas y abrir diligencias para comprobar la denuncia del anónimo.

La Fundación Turismo Valencia fue utilizada por el PP como un instrumento en teoría privado pero con mayoría de capital del Ayuntamiento de València -de hecho su presidente era el concejal de Turismo-, así aparece como donante del PP en la campaña de 2007, y también ha sido investigada como pagadora de Nóos, caso por el que fue acusado y absuelto el exconcejal Alfonso Grau, presidente con Rita Barberá de alcaldesa.

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https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20180420/presidente-tribunal-gurtel-aflora-discrepancias-pronostican-pp/301220425_0.html

27. C.VALENCIANA. EL 'YONKI DEL DINERO' SEÑALA A CAMPS COMO EL 'CEREBRO' DE LA CAJA B DEL PP

Benavent acusa al diputado y miembro de la ejecutiva nacional Vicente Betoret de recibir sobres con dinero negro

El exgerente de Imelsa Marcos Benavent, que se autodenominó el ‘yonki del dinero’, ha acusado al diputado autonómico y miembro de la ejecutiva nacional del PP, Vicente Betoret, de recibir sobres con dinero negro, en su declaración ante el juez del caso Taula. Benavent, además, ha implicado al expresidente valenciano Francisco Camps, según adelanta la periodista Loreto Ochando, en Valencia Plaza.

El juez investiga este caso dentro de la pieza de Ciegsa, sobre presuntas mordidas en la empresa pública de construcción de colegios que, supuestamente, sirvieron para financiar al PP provincial del expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus.

Las declaraciones que señalan a Camps
Según adelanta Valencia Plaza, la declaración de Benavent abre, además, las puertas a nuevas imputaciones del expresidente de la Generalitat Francisco Camps.

Preguntado por cómo le encargó Alfonso Rus que cobrara comisiones de Ciegsa para financiar el partido, Benavente respondió: “Rus habló con el presidente Camps, éste le remitió a Víctor Campos (ex vicepresidente), y éste le dijo que la persona indicada para suplir esas necesidades económicas era Máximo Caturla (consejero delegado de Ciegsa). Este hecho era así porque antes de que Rus consiguiera la presidencia de la Diputación, “la única financiación ilegal del partido, provincial, era Ciegsa”.

"Rus decidía como se repartía el dinero"

Según su relato, el trasvase de dinero negro se produjo en una comida entre Betoret, Benavent, el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, y el consejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla. El yonki del dinero ha explicado que “Rus era el que decidía cuánto dinero se repartía, cuándo y a quién”, y ha matizado que en los sobres había entre 1.000 y 2.000 euros dependiendo de la ocasión.

La acusación del 'yonki del dinero' va en la misma línea de lo declarado por el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, dentro del juicio por la financiación irregular del partido. Costa responsabilizó a Camps y a Campos como máximos responsables de los trapicheos con empresarios para conseguir fondos para las campañas electorales.

Había suficiente dinero para el partido

Sobre el modo de cobro, Benavent afirmó que “cuando alguien le entregaba un sobre, no se daban explicaciones, solo si estaba todo o faltaba, y si faltaba cuándo se completaría”. En cuanto a las empresas que ‘ayudaron’ a financiar al PP provincial, el ‘yonki’ explicó que él solo cobró en efectivo de dos pero que había más. Dichas empresas eran Cleop y Construcciones Luján.

De acuerdo con las declaraciones de Benavent, "había suficiente [dinero] para el funcionamiento del partido”.

El ‘yonnki’ explicó que “en confianza”, entre él y Caturla, que hubo comentarios como “ve con cuidado”, “no vayas por la calle con mucho dinero”, “a ver dónde quedas” y algunas frases de ese calado.

https://www.elplural.com/politica/2018/04/26/yonki-del-dinero-senala-camps-como-cerebro-caja-b-pp-valencia

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