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Boletin 756. Del 24 de junio al 01 de agosto 2017

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ÍNDICE

01. LA TESORERA DEL PP SE ESCUDA EN LA JUSTICIA PARA NO RESPONDER SOBRE FINANCIACIÓN ILEGAL

02. SANCHÍS CONFIRMA QUE SE ORGANIZABAN CENAS CON "EMPRESARIOS Y AMIGOS" PARA PEDIR FINANCIACIÓN

03. NASEIRO ANTE EL CONGRESO: “LA CAJA B NO LA HE VISTO NUNCA”

04. LA EMPRESA DE LA FAMILIA DE LA MINISTRA DE SANIDAD AUMENTA UN 87% SU DEUDA CON HACIENDA

05. ANTICORRUPCIÓN PONE EN EL PUNTO DE MIRA A ALTOS CARGOS DE ECONOMÍA CON LA QUERELLA CONTRA EL DESPACHO QUE FUNDÓ MONTORO

06. MONTORO DECIDE IGNORAR SU REPROBACIÓN POR MAYORÍA ABSOLUTA EN EL CONGRESO: “LA VIDA SIGUE”

07. EL CONGRESO APRUEBA LAS ACTIVIDADES PRIVADAS DE DIPUTADOS CON EL RECHAZO DEL PSOE

08. UN CUARTO DE LOS SENADORES TIENE ACTIVIDADES PRIVADAS AL MARGEN DE LA CÁMARA

09. EL EXPRESIDENTE DEL TC COBRA DEL ESTADO POR NO HACER NADA A LA ESPERA DE UN PUESTO 'A MEDIDA' EN ESTRASBURGO

10. EL EXDIRECTOR DE LA GUARDIA CIVIL, 'ENCHUFADO' EN RED ELÉCTRICA, Y AHORA TAMBIÉN AUTÓNOMO

11. LAS CIFRAS DE LA CORRUPCIÓN DEL PP QUE RAJOY DESPACHA AL GRITO DE "¡VENEZUELA!"

12. LA UDEF SE NIEGA A RECTIFICAR EL VÍNCULO DE LÓPEZ DEL HIERRO CON EL 'CASO PUJOL'

13. TODOS, SALVO EL PP, CONSIDERAN PROBADO EL USO DE LA POLICÍA CONTRA ADVERSARIOS POLÍTICOS

14. EL PSOE RECLAMA DESTITUIR A UN MILITAR QUE CONMEMORÓ EL GOLPE DE ESTADO DE FRANCO

15. EL GOBIERNO GASTÓ 73.000 EUROS EN LA PEREGRINACIÓN MILITAR A LOURDES

16. EL PP PAGA A FERIA VALENCIA 625.000 EUROS DE SU CONGRESO NUEVE AÑOS DESPUÉS

17. C.A. CASTILLA Y LEÓN. GUÍA SOBRE EL CASO PERLA NEGRA: LAS ESTRECHAS RELACIONES DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA CON UNA CONSTRUCTORA Y LOS 27 INVESTIGADOS

17BIS. C.A.CASTILLA Y LEÓN. GUÍA PARA CONOCER LA TRAMA EÓLICA, UN CASO CON 21 IMPUTADOS

18. C.A. MADRID. ELENA GONZÁLEZ MOÑUX (PP) ENTREGA EL ACTA DE DIPUTADA DE LA ASAMBLEA DE MADRID

19. C.A. MADRID. ALUVIÓN DE CRÍTICAS CONTRA LAS "VACACIONES VOLUNTARIAS" DE CIFUENTES

20. C.A. MADRID. LOS DERECHOS A LOS QUE CIFUENTES NO RENUNCIA

21. C.A. MADRID. EL PP DE CIFUENTES IMPIDE QUE LA ASAMBLEA DE MADRID CONDENE EL GOLPE DE ESTADO MILITAR DEL 18 DE JULIO

22. C.A. MADRID. TODAS LAS ‘RANAS’ DE CIFUENTES TRAS DOS AÑOS DE MANDATO

23. C.A. MADRID. CUANDO CIFUENTES SE NEGÓ A IR A UN HOMENAJE DEL 11-M PORQUE LO PRESIDÍA PILAR MANJÓN

24. C.A .MADRID. EL CONSEJERO DE SANIDAD DE CIFUENTES, REPROBADO A GOLPE DE ABANICO

25. C.A. MADRID EL ALTO CARGO DE AGUIRRE QUE INFORMÓ A FAVOR DE DAR A DEDO 80 MILLONES A UNA ASOCIACIÓN PRIVADA PERTENECÍA A SU JUNTA DIRECTIVA
 


01. LA TESORERA DEL PP SE ESCUDA EN LA JUSTICIA PARA NO RESPONDER SOBRE FINANCIACIÓN ILEGAL

Carmen Navarro ha confirmado que "nunca" investigará las irregularidades del pasado y corrobora la existencia de "abonos salariales complementarios"

Era una de las comparecencias más esperadas por su relevancia. La actual tesorera del Partido Popular, Carmen Navarro, ha acudido este jueves a la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal de la formación de Mariano Rajoy para responder sobre el actual sistema de gestión. La tesorera se ha escudado en la Justicia para no responder sobre cuestiones que se encuentran inmersas en procesos judiciales abiertos y ha anunciado –sin sonrojarse- que “nunca” va a investigar el pasado.

Navarro fue citada con un objetivo: dilucidar si las prácticas irregulares y presuntamente ilegales continúan realizándose en el seno del PP. Muchas eran las cuestiones, pero pocas y ambiguas han sido las preguntas. Y es que, las interpelaciones realizadas por los diferentes partidos han chocado de frente con una consigna clara: “No voy a responder, por respeto a la Justicia, sobre procesos abiertos”, ha aseverado la tesorera. En suma, ninguna cuestión relacionada con Luis Bárcenas, el borrado y la destrucción de los discos duros o prácticas relativas a la financiación anteriores a su mandato (lleva en el cargo desde 2010) ha sido resuelta.

Pero la tesorera no se ha quedado ahí. De hecho, ha sido notablemente explícita: “He venido a gestionar el presente, no a investigar el pasado. Nunca lo voy a hacer”. De esta manera, Navarro ha confirmado que no estudiará si el Partido Popular incurrió en algún delito relativo a la contabilidad de la formación en etapas anteriores. Lo que sí ha dicho es que, a fin de evitar irregularidades, “gestiono lo mejor que sé” y hay “mecanismos de control”.

Carmen Navarro ha sido preguntada por la auditoría que le encargó el propio Mariano Rajoy. La tesorera ha mencionado que la auditoría no constituyó una “exhaustiva investigación sobre sobresueldos y financiación”, sino un mandato para “ver el estado de las cuentas”: “Solo se dedicaba a ver cómo estaban las cuentas del partido desde 2004, desde los años que había documentación, a ver si se ajustaban a la legalidad y a ver el funcionamiento de la caja. Todas las salidas de caja tenían su correspondiente recibo o factura. Asimismo, ha dicho que preguntaron al Tribunal de Cuentas para ver si la auditoría podría realizarla una empresa externa, pero el único órgano competente es el propio Tribunal de Cuentas.
Caso Taula y la contabilidad de los grupos municipales

Navarro ha mencionado que “las elecciones municipales de 2011” se realizaron con “total pulcritud” porque “no he hecho las cosas mal, ningún juez me está investigando” por ese asunto. En este punto, Toni Cantó, de Ciudadanos, ha sacado a colación el Caso Taula, un ejemplo de pitufeo y financiación irregular. Esta referencia ha suscitado todo un debate sobre cómo encaja la financiación de los grupos municipales en la centralidad del partido.

En este sentido, Navarro ha mencionado que la contabilidad de los grupos municipales la realizan los ayuntamientos “si quieren” porque, “como puede pasar en el Grupo Mixto, ¿dónde meten ustedes sus cuentas?”.

Navarro también ha asegurado que “no había sobresueldos” sino “gastos de representación”, y ha mencionado que no recibe, actualmente, donaciones de empresas porque están prohibidas por el marco normativo español. La tesorera no ha querido responder sobre el “número de cargos” que cobran “complementos salariales o abonos complementarios a su sueldo” del Partido Popular.

http://www.elplural.com/politica/2017/07/13/la-tesorera-del-pp-se-escuda-en-la-justicia-para-no-responder-sobre-financiacion

02. SANCHÍS CONFIRMA QUE SE ORGANIZABAN CENAS CON "EMPRESARIOS Y AMIGOS" PARA PEDIR FINANCIACIÓN

El extesorero de Alianza Popular ha señalado que "todos los que dieron dinero de alguna forma se lo han cobrado” y corrobora el préstamos de Bárcenas

El tesorero de Alianza Popular desde 1982 hasta 1987, Ángel Sanchís, ha comparecido este jueves ante la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Ha sido el segundo extesorero popular en desfilar durante la sesión del órgano tras el octogenario que no recordaba nada, Rosendo Naseiro. Sanchís, al igual que Naseiro, ha negado la existencia de una contabilidad B de la formación, aunque ha confirmado que pidieron financiación mediante cartas a empresarios, amigos, amigos de amigos y particulares para sufragar los gastos de Alianza Popular.

“Cometí el error de meterme en política”. Con esta severa afirmación arrancaba Ángel Sanchís su intervención. El extesorero de AP ha contado cómo fueron sus inicios: “Conocí a Fraga cuando si ni quiera estaba Alianza Popular”, haciendo referencia a su pasado como banquero. Sanchís ha señalado, en este sentido, que “yo financié desde el primer momento”, confirmando que puso dinero para Alianza Popular, a lo que añadió que, desde el principio, “recaudaban dinero para él [Fraga, a quien se dirige como ‘Don Manuel’]”.

“Mientras teníamos solo 9 diputados buscábamos financiación como podíamos”, ha asegurado el extesorero, quien ha continuado: “Mío [dinero], de mis amigos, amistades, conocidos…”. En este punto, Ángel Sanchís ha contado que él mismo y Fraga organizaban cenas tras las cuales, el exministro franquista y expresidente de Alianza Popular se marchaba y “yo [Sanchís] me quedaba” para explicarles la situación de AP y que aportaran dinero para financiar el partido. Asimismo, ha confirmado que enviaban cartas a numerosas personas y empresas pidiendo que colaboraban. El criterio de envío lo marcaba una agencia de publicidad “que no recuerdo”.

Ángel Sanchís ha matizado que no se pedía dinero a empresarios y ha negado que, tras dejar su cargo como tesorero, actuara de correa de transmisión entre empresarios y el partido. Ha indicado que “hay favores que se hacen y favores que se toman”. El extesorero ha mencionado que sí cree que haya empresarios que hacen aportaciones “a cambio de nada”, sin embargo, ha matizado que al final se acababan cobrando los favores de una u otra manera: “Me he pasado años devolviendo esos favores. Todos los que dieron dinero de alguna forma se lo han cobrado”.

La financiación de las campañas: "Gallardón se precipitó"

Una vez aclarada –o no del todo- el cómo se recaudaba el dinero, Ángel Sanchís ha contado que no conocía todo lo relativo a los presupuestos de la campaña porque “estaba todo bastante descentralizado” y cada tesorero “hacía su campaña”, motivo por el cual solo conocía la “parte central”. Estas declaraciones las ha realizado en el marco del informe elaborado por Alberto Ruiz-Gallardón en el que se indicaba que “los hechos revelan que el diputado nacional Ángel Sanchís, sin competencia, pretendió participar en operaciones de recaudación de fondos”.

“El informe puede decir misa”, sentencia el extesorero. “[Gallardón] Hizo ese informe cuando no conocía la verdad. Se precipitó. El señor Gallardón ya rectificó”. Además, ha asegurado que “nadie nunca se le ocurrió pedirme cuentas de nada”, en cuanto a la financiación de campañas se refiere, al tiempo que ha mencionado que no sabe si se sobrepasó el gasto de alguna campaña bajo su seno, aunque “si lo dice el Tribunal de Cuentas, tendrá usted razón”.

Su agradable relación con Bárcenas

Ángel Sanchís ha confirmado que “conozco al señor Bárcenas desde que tenía siete años. Fue una de las cinco personas que llevé al partido”. En este punto, el extesorero ha afirmado que “creo todo lo que diga el señor Bárcenas”, aunque matiza que “nunca me habló” de los Papeles de Bárcenas ni de los apuntes de Naseiro, que serían los primeros de la presunta contabilidad B: “No había oficiales o no oficiales, había una única contabilidad”.

El extesorero ha apuntado que cuando Bárcenas entró en la cárcel la relación se enfrió, pero que eran íntimos. Tanto es así, que el propio Bárcenas, a través de su Fundación Sinequanon, le prestó tres millones de euros para permitir a Sanchís comercializar los productos de una de sus empresas, tal y como ha confirmado él mismo en sede parlamentaria, a pesar de que “mis abogados me aconsejarían que no respondiese, pero como soy osado, le contesto”.

Sanchís ha confirmado que acudió a un banco de Suiza pero “no porque me mandase Bárcenas”, sino porque a confirmar que el dinero era “de buena procedencia”: “He sido banquero y conozco lo que hacen los bancos. Ningún banco acepta una transferencia de tres millones de euros si no hay una perfecta trazabilidad. Yo fui allí a varias cosas: no porque me enviase Bárcenas, sino para saber si existiese el dinero, que era de buena procedencia. Le pregunté al banco, que me garantizó la procedencia”, ha asegurado. Ante esto, Sanchís ha señalado que esa información se la dieron porque Bárcenas autorizó a la entidad bancaria a concedérsela.

A pesar de la buena relación, Sanchís matiza que le ha reprochado que tirase de la manta y la relación ya no es la misma.

La exaltación de Fraga

El extesorero de Alianza Popular ha mostrado gran devoción por el exministro franquista, a quien se dirige como Don Manuel. Sanchís ha protagonizado una acalorada conversación con Joán Tardá después de que el extesorero apuntara que “Fraga ha hecho mucho por la democracia” y si hubiera gobernado, iría mucho mejor. Lo que, como era de esperar, ha despertado la sorpresa de Tardá: “Eso, en Alemania no podría decirlo”, le ha recriminado.

http://www.elplural.com/politica/2017/07/13/sanchis-confirma-que-se-organizaban-cenas-con-empresarios-y-amigos-para-pedir

03. NASEIRO ANTE EL CONGRESO: “LA CAJA B NO LA HE VISTO NUNCA”

El extesorero popular se escuda en la sordera parcial y la desmemoria para evitar las preguntas más difíciles de la comisión de investigación

Los extesoreros del PP Rosendo Naseiro y Ángel Sanchís, y la actual responsable de las cuentas del partido, Carmen Navarro, levantaron este jueves —cada uno con su estilo— una muralla defensiva que desesperó a los grupos en la comisión de investigación del Congreso sobre la financiación ilegal del PP. Siete horas de interrogatorio no arrojaron ningún dato nuevo, mientras los portavoces del PP tacharon la indagación parlamentaria de “causa inquisitorial” y “linchamiento”.

La comisión de investigación sobre las finanzas irregulares del PP siguió por los mismos derroteros de melancolía orteguiana con los que se abrió el pasado 26 de junio con la declaración del extesorero popular Luis Bárcenas. De entrada, las preguntas de la oposición ya hacían presagiar pocas novedades. Salvo excepciones, los portavoces sacaban a colación informaciones ya publicadas de sumarios de corrupción de las últimas tres décadas, o, como le sucedió a Joan Tardá, de Esquerra, se enzarzaban en cuestiones más propias de la ciencia política que del objeto de la investigación.

En el otro lado, el PP, de forma aún menos disimulada que con Bárcenas, se dedicaba a proteger a sus tesoreros y a desviar el debate arrojando sombras sobre la comisión, cuyas conclusiones —condenatorias— consideran ya escritas, y sobre las finanzas del resto de partidos. En esta labor, el PP se vió favorecido por el último turno de palabra.

La pericia de los tres comparecientes para esquivar las preguntas comprometidas terminó por convertir la sesión en una cáscara vacía en la que sólo brilló, y tampoco demasiado, lo anecdótico.

Rosendo Naseiro, de 82 años, coleccionista de arte, empresario, y tesorero del Partido Popular entre 1987 y 1990, se ha parapetado tras una mampara de sordera parcial, desmemoria y falta de entendimiento –que todos los partidos salvo el PP consideran selectiva- para evitar las preguntas más comprometidas sobre la financiación de la formación conservadora en la Comisión de Investigación que se celebra en el Congreso. Naseiro, que llevó las cuentas del partido desde su fundación como Alianza Popular hasta su dimisión en 1990 a raíz del escándalo de financiación que lleva su nombre, ha negado la existencia de una contabilidad paralela a la oficial durante su etapa: “La caja b no la he visto nunca”, ha afirmado a preguntas del portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Tardá.

En la sesión de este jueves, que sigue a la protagonizada por el extesorero Luis Bárcenas el pasado 26 de junio, están citados la actual responsable de las cuentas del partido, Carmen Navarro, y los primeros tesoreros de la formación, Naseiro y Ángel Sanchis, este último imputado en el caso Gürtel de corrupción.

Naseiro, que ha repetido varias veces que sigue siendo militante popular –“a mí nadie me echó del partido”-, apenas ha aportado novedades sobre las cuentas. Ha calificado de “totalmente falso” que, tras su dimisión en 1990, dejara en manos del entonces gerente Luis Bárcenas, los restos de una caja b que constituyen el primer apunte de la contabilidad paralela seguida por este hasta el año 2008. “El partido era legalísimo”, ha asegurado el extesorero, que, según sus palabras, puso en marcha el sistema de contabilidad –oficial, se entiende- que todavía “funciona hoy” en el PP.

El extesorero ha asegurado que con el dinero oficial que recibía el partido de los presupuestos públicos le “llegaba de sobras” para financiar a la formación. “A veces ibas a un mitin y te daban un talón, se lo daban a [Manuel] Fraga, ¿y qué tiene que ver eso? Yo no he financiado ilegalmente al PP nada”, ha asegurado al socialista Sicilia. A preguntas de Joan Tardá, que le preguntó si esos talones eran para financiar al partido, añadió: “Recuerdo de un talón que tenía muy poquito dinero y se lo dio a los escoltas tomad, llevadlo, y los escoltas lo habrán dado a la oficina del partido”.

Los problemas auditivos de Naseiro –que ya exhibió en su declaración en el juicio de Gürtel, el pasado marzo- junto con sus protestas ante las preguntas de los diputados, generaron de inicio una sesión “tormentosa”, en palabras del presidente de la Comisión, Pedro Quevedo. El portavoz de Nueva Canarias ha tenido que imponerse a las broncas de Naseiro a los portavoces -en especial al socialista Felipe Sicilia y a Toni Cantó, de Ciudadanos-. “No hay derecho a que se mencione el caso Naseiro, cuando está muy bien aparcado por el Tribunal Supremo. Ustedes son un tribunal y me están intentando juzgar”, se quejó. También ha atajado las interrupciones de la bancada del PP, en especial de la diputada Beatriz Escudero, miembro de la Mesa de la Comisión y de su portavoz, Fernando Martínez-Maíllo.

El interrogatorio quizá más clarificador, a juzgar por las veces que Naseiro invocó a la sordera y la desmemoria, ha sido el protagonizado por Joan Baldoví, de Compromís. El extesorero llegó a decir que no se acordaba de una declaración entregada en un sobre cerrado ante el notario de Alicante José Antonio Núñez de Cela tras su detención en 1990 por el caso Naseiro. En ella, sostenía que “allí donde haya adoptado alguna decisión lo ha sido siempre bajo la supervisión, directrices y criterios de Don José María Aznar", expresidente del Gobierno y del partido. “No me acuerdo, me he olvidado, son 30 años, colecciono arte, tengo empresas, no me acuerdo”.

Eloy Suárez, portavoz del PP durante el interrogatorio a Naseiro, se ha limitado en su intervención a preguntar al extesorero –que, esta vez sí, le escuchó perfectamente- si cuando le citaron a declarar le dijeron que le iban a preguntar sobre un caso juzgado y sentenciado, en relación al caso Naseiro. A continuación, se ha lanzado a recordar al resto de partidos los casos de corrupción y financiación ilegal que han afectado desde el inicio de la democracia, con especial dureza contra el PSOE, y ha acusado a Cantó “insultar a un señor de 82 años”.

Carmen Navarro: "no voy a investigar el pasado"

Carmen Navarro, tesorera del PP desde mayo de 2013, ocupó la sesión de la tarde. Esta economista planteó dos líneas rojas: no habló de hechos previos a su llegada —“He venido a gestionar el presente no a investigar el pasado y no lo voy a investigar nunca”—ni de la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas, por la que está imputada.

“Este es un trabajo muy ingrato, tanto como para tener que venir aquí a que me riñan todos”, dijo. Varios portavoces la acusaron de obstruir con su actitud las labores de la comisión.

Sanchís: “todos los que me dieron dinero se lo han cobrado”

El empresario Ángel Sanchís Perales, primer tesorero de Alianza Popular –formación de la que surgió el PP–, ha defendido este jueves en el Congreso de los Diputados la pulcritud del préstamo de tres millones de euros que recibió de Luis Bárcenas, exgerente y extesorero del partido, y por el que está siendo acusado por blanqueo de capitales en el caso Gürtel de corrupción. Según él, aceptó tomar prestado el dinero de Bárcenas desde la fundación Sinequanon porque este estaba perdiendo dinero en bolsa, y los fondos se destinaron a dar liquidez a una comercializadora de productos derivados de los limones de su finca argentina La Moraleja. “El banco me garantizó que el dinero era de buena procedencia”, ha señalado Sanchís, diputado entre 1986 y 1993.

El valenciano Sanchís, de 79 años, ha negado en su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP, la veracidad de los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta que el extesorero llevó entre 1990 y 2008. “Jamás me dijo eso ni él ni nadie del partido, jamás me ha encontrado nadie que me dijera que estamos teniendo sobres, me suena a chino”, ha manifestado.

El tesorero de AP ha recordado cómo en los inicios de la formación fundada por Manuel Fraga el partido “no tenía un duro” y cómo organizó cuestaciones en cenas con amigos y envíos de cartas pidiendo dinero. “Don Manuel y yo íbamos a cenar a muchas casas, él se iba a las 12 porque tenía que madrugar y aquí me quedaba yo pasando la gorra, muy gracioso don Manuel”. A preguntas del diputado socialista Felipe Sicilia, ha dicho: “Me he pasado años devolviendo esos favores, todos los que me dieron dinero de alguna forma se lo han cobrado, algunos más y otros menos”.

Las preguntas que le ha planteado el diputado de ERC Joan Tardá le han dado pie a Sanchís a realizar una encendida defensa de Fraga, a quien ha calificado de un “gran demócrata” y una “gran patriota” y de quien ha dicho “menos mi padre lo es todo”. “El señor Fraga me llamó un buen día, había terminado de ser vicepresidente del Gobierno (…) vino y en dos horas me enamoró, me convertí en más fraguista que Fraga, es la persona más importante que yo he conocido en mi vida, la más honesta, no tenía un céntimo, vivía en una casa de 60 metros cuadrados (…) Yo le pagué el sueldo cuando no tenía sueldo él, porque le hice consejero de una de las empresas mías. (...) Cotizó hasta los ochenta y tantos años a la Seguridad Social y murió pobre”, ha recordado.

https://politica.elpais.com/politica/2017/07/13/actualidad/1499937964_417583.html

04. LA EMPRESA DE LA FAMILIA DE LA MINISTRA DE SANIDAD AUMENTA UN 87% SU DEUDA CON HACIENDA

Montserrat Operador Logístico, perteneciente a la familia de Dolors Montserrat, vuelve a aparecer en la lista de morosos con una deuda de 4,3 millones

La empresa, en concurso de acreedores, ha aparecido en las tres ediciones de este listado de deudores y con un pasivo creciente

Montserrat Operador Logístico, empresa perteneciente a la familia de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat Montserrat, debe 4.314.090,7 euros a Hacienda, según la última lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria este viernes con datos correspondientes al cierre de 2016.

Es la primera vez que la empresa de la familia de Montserrat aparece en esta lista desde su nombramiento como ministra el pasado noviembre. La empresa es una fija de esta lista. En la primera edición, publicada en diciembre de 2015, la cuantía pendiente de regularizar con el fisco era de 1.277.896,03 euros. En la siguiente, la cuantía pendiente era de 2.305.822,98 euros. La deuda que figura ahora es un 87% superior a la de un año antes.

Hasta junio del año pasado, cuando se declaró en quiebra, la empresa tenía como administrador único a Jaume Montserrat, hermano de Dolors Montserrat. Entre sus apoderados también está la madre de la nueva ministra, Dolores Montserrat Cullere, histórica dirigente del PP catalán. En su declaración de bienes en el Congreso de los Diputados, Dolors Montserrat no comunicó ninguna participación en esta empresa.

Con una cifra de negocios de 3.647.769 euros en 2015 (un 10,8% más), 27 empleados y pérdidas de 254.616 euros, la empresa presentó concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) el 17 de junio de 2016 al no poder atender a sus deudas.

Montserrat Operador Logístico tiene sede en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), municipio del que fue concejal la ministra, y es “un grupo de empresas totalmente familiar que ofrece soluciones integrales de logística: almacenaje, transporte y manipulación”, según su web.

http://m.eldiario.es/economia/empresa-familia-ministra-Sanidad-Hacienda_0_657584815.html


05. ANTICORRUPCIÓN PONE EN EL PUNTO DE MIRA A ALTOS CARGOS DE ECONOMÍA CON LA QUERELLA CONTRA EL DESPACHO QUE FUNDÓ MONTORO

La Fiscalía sostiene que las Cámaras de Comercio contrataron a Equipo Económico SL para que sus socios mediaran ante el Gobierno en favor de una nueva ley favorable a la institución cameral

Fruto de una investigación de tres años y medio y ya admitida a trámite por un juzgado de Madrid, la denuncia señala que tanto quien hasta 2016 fue secretario de Estado de Comercio como la directora general de Comercio Interior conocían el contrato con Equipo Económico

El titular de Hacienda, cuyo hermano y cuatro antiguos altos cargos de su equipo figuran entre los querellados, subraya que no tiene "nada que ver desde hace nueve años" con el despacho que creó en 2006

La admisión a trámite por un juzgado de Madrid de la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Equipo Económico SL, el despacho fundado por Cristóbal Montoro en 2006, acaba de poner en aprietos al ministro de Hacienda pero también a altos cargos del Ministerio de Economía. Fruto de una investigación iniciada en septiembre de 2013, la querella sostiene que Equipo Económico logró a dedo en 2012 un contrato ilegal y "espurio" del Consejo Superior de Cámaras de Comercio (CSC) cuyo verdadero objetivo era que los socios del despacho hicieran valer su influencia ante el ministerio que dirige Luis de Guindos. Y que la existencia de ese contrato era conocida por quien hasta noviembre de 2016 fue secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, y por la entonces y ahora directora general de Comercio Interior, Carmen Cárdeno. Los querellados son siete: cuatro antiguos responsables de Hacienda que trabajaron a las órdenes de Montoro; su hermano Ricardo y los dos máximos directivos del CSC en aquel momento.

¿Qué objetivo perseguía el contrato adjudicado a Equipo Económico con los fondos públicos manejados por el CSC? Conseguir una nueva ley favorable a la institución cameral y que garantizase su "supervivencia". Para alcanzar ese fin, relata la fiscal Carmen García en la querella, los socios de Equipo Económico ofrecieron sus servicios al Consejo de Cámaras con la idea de valerse "presuntamente del hecho de haber ocupado en años anteriores importantes puestos en la Administración Pública y de su posibilidad de interceder con altos cargos públicos del Estado".

Este martes, el ministro Montoro subrayó en declaraciones a los periodistas que no tiene "nada que ver desde hace nueve años" con Equipo Económico SL, firma que había surgido con la denominación Montoro y Asociados. El ministro precisó que cuando abandonó la consultora en 2008 fue el momento en que esta adoptó su nuevo nombre. Y que hasta entonces no había contratado con ninguna administración.

La denuncia de Anticorrupción, que también se dirige contra Equipo Económico SL como persona jurídica y cuya admisión a trámite por el juzgado de instrucción 22 de Madrid fue adelantada este martes por Abc, observa en los hechos indicios de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y falsificación de documentos mercantiles y certificados. La querella desvela que, antes de presentarla el 24 de abril, Anticorrupción pidió un informe a la Intervención del Estado (IGAE). Y que ese informe "ha patentizado las irregularidades cometidas en la adjudicación, evidenciando que se trató de un contrato espurio cuya firma presuntamente no obedeció a la necesidad de los trabajos objeto del mismo, aunque su adjudicación sí permitió a la sociedad Equipo Económico la obtención ilegítima de fondos públicos gestionados por el CSC".

El texto afirma que quien hasta noviembre de 2016 fue secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, supo de la existencia de ese contrato, otorgado por 216.000 euros aunque finalmente Equipo Económico cobró 90.000. Y, basándose tanto en los correos electrónicos interceptados como en la documentación remitida por Economía, subraya que la entonces y ahora directora general de Comercio Interior, Carmen Cárdeno, "tuvo conocimiento (...) de su adjudicación al margen del procedimiento legalmente establecido".

Un portavoz de Jaime García Legaz, ahora presidente de Cesce, que gestiona el seguro de crédito a la exportación y donde el Estado posee el 50,25% de las acciones, recalcó lo siguiente en declaraciones a infoLibre: que cuando el presidente del Consejo Superior de Cámaras (CSC), Manuel Teruel, también objeto de la querella, le envió a García Legaz los correos que menciona Anticorrupción y en los que hacía constar de forma expresa el encargo hecho a Equipo Económico, el entonces secretario de Estado se limitó "a darse por enterado". "El Ministerio –agregó el portavoz– no tiene potestades sobre la contratación efectuada por las Cámaras; la tutela que ejerce sobre ellas se limita al control de las cuentas anuales". La misma fuente remarcó que la directora general de Comercio Interior, Carmen Cárdeno, ya había confirmado "durante su declaración como testigo ante la Fiscalía que también se dio por enterada y nada más".

Portavoces oficiales del Ministerio de Economía ofrecieron la misma versión respecto al carácter "autónomo" del CSC en cuanto a sus contrataciones, que "ni se controlaban ni se fiscalizaban en la Secretaría de Estado de Comercio". Rehusaron sin embargo aportar detalles sobre la declaración prestada por la directora general pero destacaron dos puntos: que la elaboración de la nueva Ley de Cámaras "fue muy participativa y de hecho se aprobó por unanimidad"; y que el texto aprobado y publicado en abril de 2014 "no tiene nada que ver en cuanto a contenido con el del borrador que elaboró Equipo Económico" tras recibir del CSC una adjudicación que, según Anticorrupción, vulneró los principios básicos de la legislación sobre contratos públicos.

Ese borrador, remacha la Fiscalía, carecía por completo de sentido: redactar la ley correspondía al Ministerio, recuerda la Fiscalía. Y el Ministerio no le había encomendado ni "formal ni informalmente" al CSC la confección de ningún anteproyecto o similar de la nueva norma. El último párrafo de la querella abunda en esa dirección y pone en apuros a Cárdeno: "La directora general tuvo conocimiento al recibir el proyecto de ley de que el Consejo [de Cámaras] había celebrado un contrato cuyo objeto era una función que el ordenamiento jurídico atribuye a la citada Dirección General".

Además de Ricardo Montoro y Manuel Teruel, la querella se dirige contra el que fuera secretario de Estado de Presupuestos de Montoro durante el Gobierno de José María Aznar y presidente del Consejo de Administración de la consultora, Ricardo Martínez; el exdirector general de la Agencia Tributaria Salvador Ruiz; el exdirector del Gabinete de este, Manuel de Vicente-Tutor, el exdirector general de Gabinete Técnico en el Ministerio, Francisco Piedras; y la exsecretaria general del CSC, Carmen de Miguel.

La querella cita la declaración de un testigo que atribuyó a Arturo Fernández, expresidente de la Cámara de Comercio de Madrid e imputado en la Operación Púnica por presunta financiación del PP de Madrid, la iniciativa de que el Consejo Superior de Cámaras contratase a Equipo Económico. En conversación telefónica con infoLibre, Fernández negó esa versión de forma tajante.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/28/anticorrupcion_pone_punto_mira_altos_cargos_economia_con_querella_contra_despacho_que_fundo_montoro_66937_1012.html

06. MONTORO DECIDE IGNORAR SU REPROBACIÓN POR MAYORÍA ABSOLUTA EN EL CONGRESO: “LA VIDA SIGUE”

El Congreso aprobó este jueves retirar la confianza al ministro de Hacienda por haber aprobado una amnistía fiscal ahora derribada por el Constitucional

Montoro se convierte en el segundo ministro de Rajoy reprobado

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves retirar la confianza al ministro de Hacienda por haber aprobado una amnistía fiscal ahora derribada por el Constitucional. La propuesta salió adelante, tal y como estaba previsto, gracias a los votos de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, ERC y Compromís (una amplia mayoría absoluta de 197 diputados). El PNV se abstuvo (cinco votos) y el PP votó en contra (135 votos). Los grupos de la oposición avanzaron su sentido del voto el martes en el Pleno de la Cámara baja durante la moción consecuencia de interpelación urgente defendida por el Partido Socialista.

Con ello, Montoro se convierte en el segundo ministro de Mariano Rajoy que no cuenta con la confianza del Congreso. El pasado mayo salió adelante la reprobación del titular de Justicia, Rafael Catalá, por la actuación de su departamento en la investigación de los casos de corrupción. Una sesión en la que también se reprobó al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el ya ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix. Y, hace menos de una semana, ocurría lo mismo con el número dos de Interior, José Antonio Nieto. El secretario de Estado de Seguridad fue reprobado por su reunión con Pablo González, hermano de Ignacio González, en el marco de la operación Lezo.

Tras la votación, el ministro ha dicho aceptar el resultado de la votación asumiendo que la "la reprobación es un acto democrático", pero ha renglón seguido ha indicado que es un "reproche" que no tiene consecuencia práctica.

En ese sentido, ha querido dejar claro que no giene intención de dimitir y seguirá trabajando en la preparación de los Presupuestos Generales de 2018, empezando por el techo de gasto, que es la "antesala" y que el Gobierno aprobará el próximo lunes. "La vida sigue y hay que seguir trabajando y negociando", ha dicho, informa Europa Press.

El ministro no pudo escuchar los argumentos de los partidos para su reprobación. El pasado martes gran parte del Gobierno, él incluido, estaba en el Senado. De ahí que la Cámara baja dejara para el jueves la votación. "Ningún defraudador puede estar tranquilo hoy", dijo el ministro en la Cámara alta.

Para Julián López Milla, portavoz del PSOE en la defensa de esta iniciativa, con la amnistía fiscal Montoro se acabó convirtiendo en "colaborador necesario para que los negocios" de los corruptos saliesen "redondos".

El parlamentario del principal partido de la oposición intentó desmontar el argumentario con el que los conservadores defienden la amnistía fiscal: que sirvió para recaudar dinero en un momento de "prequiebra". Y que el TC sólo critica el vehículo elegido para poner en marcha la medida, el real decreto ley.

A juicio de López Milla, el PP se equivoca en sus interpretaciones de la sentencia. E insistió en que el tribunal se pronuncia con "claridad y dureza" al señalar que con la amnistía fiscal el Estado "ha abdicado".

La sentencia, resumió del socialista, "pulveriza todos los argumentos del ministro de los últimos años para defender su decisión".

En el turno de Unidos Podemos fue el diputado Alberto Garzón el que subió a la tribuna de oradores. El diputado hizo hincapié en que el Gobierno "no está preocupado" por esta reprobación. "Parece que las va a acumular hasta lograr el equipo completo", ironizó al tiempo que añadía que el caso es de "extrema gravedad".

En este sentido, recalcó que la sentencia no tiene consecuencias penales. Y consideró que el Partido Popular "sabía que era inconstitucional, pero a pesar de eso lo hicieron". "No se cree nadie que no había alternativa", censuró.

Vicente Ten (Ciudadanos) insistió en que "el fin no justifica los medios" y en que su grupo parlamentario "exige un alivio fiscal a los contribuyentes". Horas antes, Rajoy se reunía con Albert Rivera en la Moncloa en plena negociación del techo de gasto para 2018, paso previo a los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio.

Desde ERC, Ester Capella i Farré criticó que el Gobierno del PP premiase a los defraudadores. Y desde el PNV, formación que se abstendrá, Idoia Sagastizabal recordó que su grupo fue crítico con la medida, que no se aplicó en Euskadi y que, en todo caso, esta reprobación "no obliga a nada".

En defensa de Montoro salió la parlamentaria del PP Ana Madrazo. "¿Por qué se pide la reprobación de Montoro? ¿Por qué es bueno? ¿Qué es lo que les molesta del ministro?", preguntó a los socialistas.

En este sentido, interpretó que quizá lo que le molesta al principal partido de la oposición es que "en dos ocasiones" Montoro haya tenido que sacar a España del "hoyo" en el que la dejó el PSOE.

Querella contra Equipo Económico

La iniciativa fue debatida horas después de que el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid admitiese a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra los integrantes de Equipo Económico, despacho fundado por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2006, por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsificación de documentos mercantiles y certificados, según han informaron fuentes fiscales a Europa Press.

El ministro de Hacienda se desvinculó de este despacho dos años más tarde de su fundación, que inicialmente se llamó Montoro y Asociados. Ante las noticias aparecidas en su día sobre este asunto, el propio Montoro señaló que cuando abandonó la consultora pasó a denominarse Equipo Económico y que hasta entonces no había contratado con ninguna administración.

La iniciativa que se debatió este martes en el Congreso de los Diputados es consecuencia de una interpelación urgente de la semana pasada a iniciativa de los socialistas.

Rechazo a dimitir

El ministro de Hacienda se enfrentó el pasado miércoles a una jornada parlamentaria dominada por su amnistía fiscal ilegal compareciendo en comisión para rendir cuentas de esta polémica medida tumbada por el Tribunal Constitucional hace un par de semanas. Durante una hora de intervención previa, el titular de Hacienda insistió en que la medida no era de su agrado, en que se aprobó por la delicada situación económica en la que se encontraba España y en que el Tribunal Constitucional sólo critica que "el vehículo normativo no fue el acertado". Se reservó el titular para el final, cuando estaban a punto de tomar la palabra el resto de grupos parlamentarios: una reforma de la Ley General Tributaria para que no vuelva a haber más amnistías fiscales en España.

"La Declaración Tributaria Especial se presentó como una última oportunidad para regularizar dinero oculto", fue preparando el terreno antes de proponer al resto de formaciones con representación parlamentaria una modificación legal para que la Declaración Tributaria Especial (DTE), como el Gobierno califica a la amnistía fiscal de 2012 sea la última. Lo propuso, dijo, dado que "se ha demostrado que los procesos de regularización no gustan a nadie".

"Creo que hay un consenso muy amplio en contra de que haya nuevas regularizaciones extraordinarias como las que ha habido en España en las últimas décadas. Por eso les propongo modificar la Ley General Tributaria para que incluso lleguemos a prohibir expresamente nuevas regularizaciones", subrayó.

Ya este día, PSOE y Unidos Podemos reclamaron a Montoro su dimisión, algo a lo que se negó. "Cuanto mas se dedica usted a pedir mi dimisión, menos me puedo ir", llegó a responder al socialista Pedro Saura.

Fue hace ahora casi tres semanas cuando el Tribunal Constitucional daba un contundente varapalo al Gobierno de Mariano Rajoy declarando inconstitucional la amnistía fiscal, el Real Decreto Ley 12/2012, una de las medidas más polémicas de la X Legislatura (2011-2015) si se tiene en cuenta que personas vinculadas con el partido del Gobierno o inmersas en investigaciones judiciales se acogieron a ella para aflorar bienes ocultos hasta esa fecha.

En el Gobierno han intentado salir al paso de este mazazo judicial con el argumento de que el TC, que anula la amnistía fiscal, pese a que no tiene efecto sobre las regularizaciones, censura con su sentencia el vehículo mediante el que se llevó a cabo la medida: el real decreto ley. Y justificando que vio luz verde para hacer frente a una situación económica límite, pese a que no se llegó a recaudar lo inicialmente previsto. En todo caso, este episodio pone el foco sobre el excesivo recurso al real decreto ley a la hora de legislar. Una vía a la que Rajoy ha recurrido en 93 ocasiones desde que asumió el Gobierno a finales de 2011. El reparto es el siguiente: 76 en la X Legislatura, una en la corta XI Legislatura y 16 en lo que llevamos de XII Legislatura.

La petición de Gestha

Ante la reprobación a Montoro, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) reiteraron su petición de dimisión al ministro. Para Gestha, "Montoro debe asumir responsabilidades después de la sentencia del Constitucional, y esto empezaría por no poder acometer ningún cambio legal sin el debate y propuestas de enmiendas del resto de grupos parlamentarios, pues esta decisión judicial le invalida para ello tanto a ojos del resto de grupos políticos como de la sociedad".

Gestha reclamó este martes en un comunicado "que se abra en el Congreso una subcomisión de estudio de la AEAT, de los Tribunales Económico Administrativos y del Ministerio de Hacienda para que afloren los problemas estructurales que impiden que se reduzca la economía sumergida, que no se controle el gasto público con eficacia, que se produzcan dispendios o que se demore la resolución de las reclamaciones de los contribuyentes". "Las conclusiones de esa subcomisión deberían establecer un mandato al Gobierno para que adopte las principales medidas de mejora y su orden de prioridad en el tiempo", añaden.

También reiteran la necesidad de que se abra una investigación tributaria a las 29.065 personas y 618 sociedades que se acogieron a la amnistía para determinar si han cambiado su comportamiento evasor o siguen defraudando.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/27/el_congreso_reprueba_montoro_66912_1012.html

07. EL CONGRESO APRUEBA LAS ACTIVIDADES PRIVADAS DE DIPUTADOS CON EL RECHAZO DEL PSOE

Los socialistas exigen más control y se oponen a la aprobación del informe de compatibilidades, por primera vez

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves el informe que permite a los diputados que lo han solicitado poder compatibilizar el escaño con actividades privadas. Las novedades son que este informe se ha aprobado casi un año después de iniciarse la legislatura y que, por primera vez, no tiene la unanimidad porque el PSOE ha votado en contra. Los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, votaron a favor con el PP.

Los parlamentarios, en principio, tienen dedicación exclusiva, salvo que el pleno lo autorice expresamente en un informe como el votado este jueves. El PSOE sostiene que deberían aceptarse algunas, pero incrementar el control. Concretamente, los socialistas creen que hay unos 30 diputados a los que se autoriza otra actividad sin que se les pida información adicional. Es decir, objeta la compatibilidad y la falta de control, según ha explicado en la tribuna el diputado del PSOE Luis Carlos Sahuquillo.

Actualmente, el Congreso recibe la solicitud de cada diputado y se limita a tramitarla, sin verificar los datos o pedir información adicional. De esta forma, en el listado de actividades autorizadas se incluyen asesorías y consultarías de empresas y despachos de abogados, sin que se solicite, como pretende el PSOE, información sobre qué asuntos se tratan o qué clientes se tienen.

"Ningún órgano tiene atribuido el control de las actividades", ha asegurado Sahuquillo, recordando que cuando EL PAÍS desveló que el entonces diputado Vicente Martínez Pujalte cobraba de una constructora el Congreso admitió que no podía actuar, ni siquiera para pedir explicaciones al parlamentario del PP.

Ese listado objetado por el PSOE incluye también al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que pide mantener su programa en La Tuerka. El PSOE pretende que Iglesias aporte datos sobre la empresa y la financiación.

Hay otros muchos diputados que solicitan autorización para actividades docentes o creación literaria o colaboración con medios que nadie objeta.

Por ese desacuerdo, los diputados han estado de facto desarrollando sus actividades casi un año sin autorización expresa, en una especie de limbo legal.

Los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, apoyaron el dictamen y las autorizaciones de actividades, con el argumento de que han sido visados por el letrado de las Cortes presente en la Comisión del Estatuto del Diputado. Estos dos partidos han votado a favor, por ejemplo, de esa asesoría a empresas para la que pide autorización un diputado del PP. No obstante, piden que para el futuro se modifique la ley.

Sara Carreño, de Podemos, ha acusado al PSOE de sembrar sospechas sobre todos. Y Juan Carlos Girauta, de Podemos, arremetió contra el PSOE por poner trabas al informe.

Por el PP ha defendido el dictamen Leopoldo Barrera, presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado, que, a su vez, obtiene autorización para ejercer como abogado.

http://politica.elpais.com/politica/2017/06/29/actualidad/1498730216_916975.html

08. UN CUARTO DE LOS SENADORES TIENE ACTIVIDADES PRIVADAS AL MARGEN DE LA CÁMARA

El senador del PP Miguel Ángel Cortés es el que más ingresos declara por su actividad privada: más de 100.000 euros al año

Una cuarta parte de los senadores tiene actividades privadas al margen de su trabajo en la Cámara alta. Pese a la dedicación exclusiva que marca la Ley Electoral, es legal que los parlamentarios ejerzan otros trabajos fuera la política. El Senado ha terminado de revisar la solicitud de los senadores la semana pasada y ha aprobando las actividades de 65 parlamentarios que se dedican, en la mayoría de los casos, a la abogacía (que ejercen 16 de ellos) o la docencia (18). El senador popular Miguel Ángel Cortés es el que más ingresos declara por su actividad privada: más de 100.000 euros al año como director de la Fundación Iberoamericana Empresarial y como administrador único de una empresa de servicios jurídicos.

Son también varios los senadores que piden permiso para participar en tertulias, regentar farmacias, trabajar en asociaciones sin ánimo de lucro y otros declaran explotaciones agrarias de aceitunas o naranjos.

La Cámara Alta permite compatibilizar distintos trabajos y de hecho viene autorizando cada legislatura a numerosos parlamentarios compaginar el escaño con variadas actividades profesionales privadas, siempre que estas labores no tengan relación alguna con la Administración y que no supongan un menoscabo de su dedicación en el Senado.

Todos los asuntos relacionados con las posibles incompatibilidades son analizados por la Comisión de Incompatibilidades del Senado que estudia caso por caso. Una vez resuelta individualmente cada declaración, en la que los senadores se pueden ver en la situación de tener que escoger entre el escaño o la actividad privada, esta comisión emite una autorización que es aprobada públicamente en el Pleno.

Hasta 100.000 euros al año 'extra'

Los datos públicos sobre bienes y rentas de los senadores arroja distintos casos en los que los parlamentarios pluriempleados obtienen una importante remuneración fuera de los muros del Senado. 29 señorías, de los 65 autorizados, han declarado ingresos. El que más, el popular Miguel Ángel Cortés, senador electo por Valladolid, con 100.000 euros al año por su trabajo como director de la Fundación Iberoamericana Empresarial y como administrador único de una empresa de servicios jurídicos.

Conocido es el caso del también popular José Cruz Pérez Lapazarán, consejero de la empresa de envolturas cárnica española Viscofan. En 2012, durante su etapa como diputado, fue amonestado por su grupo parlamentario por ausentarse en 245 votaciones en el Pleno del Congreso, incluido la de la presentación del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de aquel año. Por su labor en el consejo de esa empresa percibió 61.000 euros en 2015.

En el grupo socialista la senadora Rosa María López declara 44.000 euros por su trabajo como profesora titular de la Universidad de Salamanca. En el grupo de Unidos Podemos, Joan Comorera percibió 27.000 euros por su trabajo como docente y abogado, mientras que el portavoz, Ramón Espinar, declaró ingresos por valor de 6.200 euros por tertulias, charlas y conferencias.

Compaginar el trabajo parlamentario con actividades privadas es un fenómeno trasversal. Hasta seis partidos de la Cámara (PP, PSOE, Unidos Podemos, Coalición Canarias, Compromís y Partido Aragonés (PAR)) cuentan con senadores que han recibido luz verde del Pleno.

El porcentaje de parlamentarios que tienen permiso para compatibilizar trabajos es similar en ambas Cámaras. En torno a 70 diputados, un 20 por ciento del total, desempeñan actividades profesionales o negocios privados, aunque en este caso se trata de cifras provisionales dado que el proceso para autorizar a los parlamentarios se encuentra paralizado. Tras los polémicos casos de los exdiputados Vicente Martínez Pujalte o Pedro Gómez de la Serna, el PSOE pide que los diputados que quieran la compatibilidad comparezcan ante la comisión para defender su actividad.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/01/actualidad/1493634159_469362.html

09. EL EXPRESIDENTE DEL TC COBRA DEL ESTADO POR NO HACER NADA A LA ESPERA DE UN PUESTO 'A MEDIDA' EN ESTRASBURGO

Francisco Pérez de los Cobos se apunta a la pensión indemnizatoria pese a tener plaza como catedrático en la Universidad Complutense de Madrid a la que no ha pedido volver

El expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ha decidido apuntarse a la más que generosa pensión que da el alto tribunal a sus exmiembros, tal y como recoge la propia web del TC.

En concreto, el magistrado tiene derecho a percibir, al cesar en el cargo, una pensión de importe igual al 80% del sueldo de su cargo durante un máximo de 24 meses, tal y como recoge la disposición adicional quinta de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1987.

El sueldo del presidente del Tribunal Constitucional lo marcan los presupuestos de cada año, pero, teniendo en cuenta los actuales, Pérez de los Cobos percibiría cerca de 100.000 euros en un año, más que el sueldo del presidente del Gobierno, por no hacer nada.

Podría elegir trabajar

Este derecho al que tienen acceso, en mayor o menor medida, todos los miembros del Tribunal Constitucional, resalta en el caso del expresidente nombrado por el Partido Popular, ya que Pérez de los Cobos tiene plaza como catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, puesto en el que podría volver a ejercer como docente si quisiese.

Esperando puesto en Estrasburgo

Pero parece que Pérez de los Cobos no rentabilizará los 24 meses de esta suculenta pensión ya que, según publicó en exclusiva ELPLURAL.COM, el Gobierno de Mariano Rajoy le viene preparando desde hace meses un retiro dorado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En el Consejo de Ministros aprobó en febrero las pautas para la elaboración de la terna de candidatos de las que debe salir el juez español para este tribunal y, entre ellas, se coló una que no tenía precedentes: los candidatos que presente España deben tener menos de 61 años, con la excusa de que pudiese cumplir los nueve años de mandato antes de cumplir los 70, momento en el que es obligatoria la jubilación.

Esta norma estaba hecha a medida para impedir que saliese elegida María Emilia de las Casas, primera presidenta mujer del Tribunal Constitucional designada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que tenía todas las papeletas para este cargo.

Pero en mayo, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló esta norma después del recurso de Jueces para la Democracia, considerando el Supremo que lo único que existe sobre el cargo en Estrasburgo es una recomendación, ni siquiera obligación, de que estos magistrados estén cinco años en el cargo.

Esta decisión, pese a ser un revés al Gobierno, no afectó en su objetivo final para con Pérez de los Cobos ya que María Emilia de las Casas ya ha sido nombrada miembro del comité para el control de la financiación de los partidos y fundaciones europeas después de que el Gobierno español, tal y como informó ELPLURAL.COM, se dirigió a las autoridades europeas para retrasar seis meses el nombramiento del sustituto español para el TEDH, aunque la magistrada había manifestado a su entorno su intención de presentar al tribunal de Estrasburgo.

Un juez del PP y con mercantiles

El historial de Francisco Pérez de los Cobos para que el Gobierno del Partido Popular se tome tantas molestias con su nombramiento no tiene desperdicio. El magistrado fue el primer miembro del Tribunal Constitucional en, al llegar al cargo, encontrarse afiliado a un partido político, al Partido Popular.

Además, Pérez de los Cobos era administrador único de una sociedad mercantil denominada “Labour Prospectives, SL”. Ambos datos también fueron ocultados en el currículum que el PP distribuyó a los miembros de la Comisión que debía votar su idoneidad para el TC.

Este último cargo lo ha mantenido pese a su completa incompatibilidad para el presidente del TC "con el desempeño de actividades profesionales o mercantiles" que exige el artículo 19.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Así se demostró cuando se conoció que el 30 de junio de 2016 el, por entonces, Presidente del Tribunal Constitucional se desdoblaba en su trabajo para ejercer como administrador único de la citada sociedad y así poder firmar el acta de su junta universal y ordinaria en la que se aprueban las cuentas del año 2015 para su posterior depósito en el Registro Mercantil.

http://www.elplural.com/politica/2017/06/29/el-expresidente-del-tc-cobrando-por-no-hacer-nada-la-espera-de-su-puesto-medida

10. EL EXDIRECTOR DE LA GUARDIA CIVIL, 'ENCHUFADO' EN RED ELÉCTRICA, Y AHORA TAMBIÉN AUTÓNOMO

El Gobierno concede a Arsenio Fernández su cuarta compatibilidad consecutiva

El Govern de la Generalitat avanza con un paso implacable hacia el referéndum del 1 de octubre. El Ejecutivo liderado por Carles Puigdemont está disponiendo las fichas, cesando díscolos y nombrando simpatizantes. En esta dinámica de a rey muerto, rey puesto, el president colocó a Pere Soler como director de los Mossos d’Escuadra tras la dimisión de Albert Batlle. Soler, además de independentista confeso, es un político, no un profesional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este miércoles nos preguntábamos quién debía liderar la Policía, los Mossos o la Guardia Civil, políticos o profesionales. En este sentido, este jueves vamos un paso más allá: hay directivos de Cuerpos de Seguridad que no solo son políticos y no profesionales del sector, sino que además, compatibilizan sus quehaceres con actividades privadas.

Es el caso de Arsenio Fernández de Mesa, exdirector de la Guardia Civil -conocido por su pomposo y nostálgico retrato y por ser el “hombre de Rajoy”-. Fernández de Mesa suma ya hasta cuatro compatibilidades con el permiso del Gobierno: Absylum Integral Services S. L; Red Eléctrica Española, donde le colocó el Gobierno como consejero independiente tan solo dos meses después de dejar la dirección de la Guardia Civil; Preventia Neurotechnology S. L y como trabajador autónomo, que ha sido la última compatibilidad que ha sumado. Se la concedieron el pasado 26 de abril.

Arsenio Fernández empezó como concejal, fue diputado en el Congreso por el Partido Popular, delegado del Gobierno en Galicia, asesor en el Ministerio de Administraciones Públicas, director de la Guardia Civil y, ahora, consejero de Red Eléctrica Española. Una carrera con cargos públicos, pero ninguna experiencia profesional en el sector en cuestión. Aunque eso no le ha impedido progresar: ha sido incluso "inspector técnico de una multinacional inglesa, que traducido al castellano, no es más que un delegado de una empresa de pinturas de barcos.
De hecho, Arsenio Fernández logró el status de funcionario del Estado en 1979 con la escala más baja, D, haciendo las veces de jardinero auxiliar. Desde entonces, un denominador común impulsó su carrera: el PP y su amistad con Mariano Rajoy. Tanto es así, que su nombramiento como director de la Guardia Civil despertó las críticas de la oficialidad, quienes llegaron a apodarle "contactólogo".

http://www.elplural.com/politica/2017/07/21/el-exdirector-de-la-guardia-civil-enchufado-en-red-electrica-y-ahora-tambien

11. LAS CIFRAS DE LA CORRUPCIÓN DEL PP QUE RAJOY DESPACHA AL GRITO DE "¡VENEZUELA!"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, preguntó esté miércoles en vano al presidente del Gobierno por el coste de la corrupción de su partido para los contribuyentes españoles. Rajoy dio la callada por respuesta, pero Iglesias puso sobre la mesa algunos números sobre tramas que salpican de lleno al Partido Popular: Gürtel, Púnica, Lezo...

Hoy aluden a Venezuela; antes de la irrupción de Podemos hablaban de la "herencia recibida" del expresidente Rodríguez Zapatero como causa de todos los males, y algunos años antes hacían lo propio con ETA -aunque todavía a veces hay quien no se resiste a mentar a la banda terrorista sin venir mucho al caso-. El PP acostumbra a recurrir a sus peculiares comodines cuando prefiere no entrar en materia, como ha vuelto a demostrar el presidente del Gobierno este mismo miércoles, en la sesión de control al Ejecutivo, en el Congreso de los Diputados.

De hecho, Mariano Rajoy ha cumplido a rajatabla el guión que anticipaba el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ya imaginaba que Rajoy desplazaría el foco de atención casi 7.000 kilómetros, la distancia que separa Madrid y Caracas. El presidente ha obviado por completo la pregunta sobre el coste que los casos de corrupción que salpican al PP supone para los españoles y las cifras de este quebranto, optando por acusar al líder de Podemos de intentar sacar "provecho" de esta corrupción. "Van por mal camino", sermoneaba el jefe del Ejecutivo de la amnistía fiscal inconstitucional, insistiendo en que los de Podemos "no son libres", porque "les han pagado" desde Venezuela.

Iglesias: "Mientras estén ustedes en el Gobierno los españoles van a tener que pagar de su bolsillo los casos de corrupción"

Ni los 23,5 millones del caso Lezo -por el que permanece en prisión provisional el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González-, ni los cerca de 500 millones de euros de la Púnica que Iglesias ha puesto sobre la mesa han recibido mención alguna por parte de Rajoy. "Mientras estén ustedes en el Gobierno los españoles van a tener que pagar de su bolsillo los casos de corrupción. Por eso nosotros vamos a trabajar para echarlos", incidía el líder de Podemos. Estas son las cifras que hoy ha esgrimido ante Rajoy, que en sólo dos semanas declarará como testigo ante la Audiencia Nacional para hablar de la financiación irregular de su partido.

Caso Lezo: 23,5 millones de euros. El secretario general de Podemos recordaba la cifra incluida en el auto de prisión del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en relación a dos exdirectivos del Canal Isabel II, en el marco de la operación en la que también ha sido encarcelado el expresidente madrileño. Según este auto, los 23,5 millones fueron desviados a paraísos fiscales. "Con 23,5 millones de euros desviados a paraísos fiscales se pagan 52.000 ingresos hospitalarios, 15.000 becas universitarias o 100 aparatos para realizar mamografías”, espetaba Iglesias a Rajoy.

Y el quebranto patrimonial bajo el paraguas del Canal podría ser aún mayor. En la denuncia registrada en la Fiscalía Anticorrupción -y ampliada después- por todos los grupos de la Asamblea de Madrid menos el PP, en marzo, la oposición estimaba en 36 millones de euros el hachazo a las arcas públicas que supuso la compra de la sociedad Emissao Engenharia e Construçao.

Púnica: 500 millones. Según informaron La Sexta y Cadena Ser a mediados de 2015, citando a fuentes de la investigación, este habría sido el volumen de operaciones fraudulentas en el marco de la trama supuestamente capitaneada por el empresario David Marjaliza y el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de Esperanza Aguirre -una de sus "ranas", según las palabras de la expresidenta madrileña-. "Ya sé que a ustedes [la bancada del PP] les hace gracia, pero con 500 millones se podría costear el ingreso hospitalario de un millón de personas", argumentaba Iglesias.

Caso Gürtel: 863 millones de euros. Según publicaba en octubre de 2016 el diario El Plural, esta sería la cantidad defraudada en base a la información recopilada hasta entonces en este entramado corrupto ligado al PP y liderado por Francisco Correa, el mismo que abría un nuevo frente al Partido Popular con su declaración en el juicio de la primera etapa de la trama corrupta: "Génova era mi casa, me pasaba más tiempo allí que en mi despacho", decía, en referencia a la sede nacional del PP.

Para obtener la cifra, en El Plural sumaron "las responsabilidades pecuniarias fijadas en los 10 autos de apertura para su celebración". Y a esto habría que añadir "otros muchos millones de los tres autos" que entonces estaban por cerrar. "Con 863 millones se podrían pagar hasta 60.000 becas de residencia", apuntaba el líder de Podemos.

Del Caso Cooperación a las tramas valencianas
Y estos son sólo los casos recordados por Iglesias en la sesión de control, pero la formación morada ha identificado otros tantos, que incrementan considerablemente la factura de la corrupción en España.

Caso Cooperación: De 1,8 millones gastados, sólo 43.000 euros alcanzaron su destino, un mísero 2,3% del total. Teóricamente estos fondos debían servir para sufragar proyectos solidarios en Nicaragua, pero según consta en la instrucción del caso 969.875 euros se destinaron a la adquisición de cuatro inmuebles en Valencia. Otros 456.000 euros fueron a una empresa del cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni. "En total 1,75 millones de euros servirían para pagar 1.170 becas de residencia", recuerdan desde Podemos.

Corrupción en Valencia: en torno a 12.500 millones de euros. La cifra aparece en el libro 'Tierra de Saqueo', escrito por el periodista Sergi Castillo. El cálculo hace referencia a la factura total de la corrupción en la región, y supone sólo 1.000 millones de euros menos que el Presupuesto de la Generalitat en 2013. "Con esos 12.500 millones podríamos pagar 8,3 millones de becas de residencia", o "una beca a todos los universitarios de España [1.548.348 según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte] durante cinco años", apuntan.

Entre 2010 y 2016 un total de 11.500 personas han sido investigadas o detenidas en el marco de causas relacionadas con la corrupción

Ampliando el espectro más allá de los casos que sólo afectan al PP, entre 2010 y 2016 un total de 11.500 personas han sido investigadas o detenidas en el marco de causas relacionadas con la corrupción, según las cifras facilitadas por el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, en mayo de este año.

En cifras globales, la corrupción cuesta a los españoles 87.000 millones de euros al año, según un informe conjunto de varias universidades y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fechado en 2016. En concreto, el coste de la corrupción vinculada a la contratación pública es de 48.000 millones, lo que representa un 4,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Y el Gobierno conoce perfectamente estas cifras.

Los cálculos en base a becas, camas y mamógrafos

Desde el partido morado explican que la comparativa con las becas de residencia ha sido establecida tras consultar la convocatoria del Ministerio de Educación para el curso 2016-2017, que fija la prestación para alumnos que hayan tenido que desplazarse de su domicilio habitual por estudios en un máximo de 1.500 euros.

El coste de una cama de hospital lo extraen de los datos del Ministerio de Sanidad -447 euros al día-, y corresponden al año 2014 -"Los únicos datos disponibles", explican-. En concreto, el estudio del Ministerio que dirige Dolors Monserrat estima el coste medio anual de una cama de hospital en 162.984 euros que, dividido entre 365 días, resulta en 447 euros.

En lo que respecta al mamógrafo, la cifra es de la Consejería de Sanidad de Cantabria, que en marzo de este año fijó en 254.000 euros el coste de un dispositivo de este tipo, en este caso instalado en un centro de salud de Santander.

http://m.publico.es/politica/2006908/las-cifras-de-la-corrupcion-del-pp-que-rajoy-despacha-al-grito-de-venezuela

12. LA UDEF SE NIEGA A RECTIFICAR EL VÍNCULO DE LÓPEZ DEL HIERRO CON EL 'CASO PUJOL'

El entorno del marido de Cospedal atribuye la "extraña insistencia" policial contra él a una "mano negra política"

La Policía Judicial se reafirma ante el juez José de la Mata en todos los informes realizados en el marco del caso Pujol en los que incluía a Ignacio López del Hierro, marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y se niega a realizar rectificación alguna. El comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha remitido un informe a la Audiencia Nacional en el que sostiene que las «atribuciones» realizadas a López del Hierro «se encuentran debidamente contrastadas».Asimismo, reitera la vinculación del empresario con la sociedad Ibadesa Cat, utilizada por la familia Pujol para cobrar comisiones y añade que en esta compañía «habrían estado representados sus intereses» y los del primogénito del clan catalán.

Este pronunciamiento de la Udef tiene lugar después de que López del Hierro remitiera una batería de documentos al Ministerio del Interior para aclarar su participación en la referida sociedad. La queja de López del Hierro estuvo acompañada de otra cursada por el ex ministro de Trabajo del PP Manuel Pimentel, al que también la Policía ligaba a la trama de la familia Pujol en uno de sus últimos informes. Ambas reclamaciones provocaron, tal y como adelantó EL MUNDO, una auditoría interna para revisar los trabajos de la Udef en este asunto.
La Policía sostiene que sus informes están "debidamente contrastados"

Fuentes del entorno del marido de Cospedal consultadas por este periódico recalcan la «extrañeza que les causa la insistencia de la Udef». Máxime cuando consideran que López del Hierro ha demostrado que «no llevó a cabo ninguna actuación en esa empresa». Esa «insistencia sin pruebas», añaden las mismas fuentes, «lleva a pensar en que hay una mano negra política» que enmarcan en el bando contrario a la ministra de Defensa en el seno del PP y que tiene como objetivo poner en marcha «una campaña de desprestigio por el mero hecho de estar caso con María Dolores de Cospedal». «Sólo se explica lo que está haciendo la Udef con un trasfondo político», subrayan las mismas fuentes. La Policía Judicial mantiene que Ibadesa Cat fue una de las plataformas utilizadas por el clan catalán para cobrar comisiones ilegales y llevar a cabo proyectos en países del Tercer Mundo que fueron financiados con fondos gubernamentales de forma irregular. López del Hierro siempre ha admitido que constituyó la sociedad el 31 de julio de 1996 junto a Jordi Puig Godés, hermano del ex conseller de Convergéncia i Unió (CiU), considerado por los investigadores como testaferro de Jordi Pujol Jr.

El marido de Cospedal permaneció en la entidad como accionista dos años, sin que todavía hubiera aterrizado Pujol Jr., hasta que en septiembre de 1998 vendió sus participaciones a Puig. No obstante, López del Hierro permaneció como consejero de dicha entidad hasta 2004.En su defensa siempre ha esgrimido que, si bien es cierto que constituyó la empresa «por un favor personal que le pidió un familiar» y que permaneció «a título testimonial» dos años en ella, nunca participó en su gestión. Precisa además que jamás cobró nada de esta compañía, que durante esos dos años permaneció inactiva, ni realizó ningún trámite en su nombre. En cuanto a su permanencia seis años más como consejero atribuye a un «olvido» no haber renunciado a dicho cargo.

Fuentes próximas al Ejecutivo ven un "trasfondo político" en el papel de la Udef

La Udef quiere ahora «dejar constancia» de que «las atribuciones históricas de cargos» en sus informes «se encuentran debidamente contrastadas en el Registro Mercantil Central» y que, por lo tanto, se ratifica en el contenido del último informe al que hacía alusión a López del Hierro. En el mismo apuntaba que «en Ibadesa Cat, S.L., habrían estado representados los intereses de Jordi Pujol Ferrusola, Jordi Puig Godés, Ignacio Javier López del Hierro Bravo y José Joaquín Herrero Aleixandre», manteniéndose también en esta afirmación. La Policía involucró por primera vez al marido de Cospedal hace meses situándolo en la «estructura societaria para delinquir» y en «negocios sospechosos de corrupción y/o blanqueo de capitales» y lo relacionó directamente con Alberto Portuondo, testaferro de Rodrigo Rato con quien, aseguraba, «trabajaría de forma conjunta» en base a la «existencia de varios documentos en los que se les relaciona a ambos». Sin embargo, nunca los ha exhibido ni ha acreditado que tuviera un papel activo en la trama investigada.

Las claves que motivaron la auditoría interna

La presencia en Ibadesa Cat. López del Hierro creó en 1996 Ibadesa Cat, utilizada posteriormente por Jordi Pujol Jr. para cobrar comisiones. Estuvo sólo dos años y vendió sus acciones a Jordi Puig, hermano del ex 'conseller' de CiU. Por un «olvido» permaneció como consejero de la entidad hasta el año 2004.

La interpretación policial. La Udef le ha situado por ello en la «estructura societaria para delinquir» de los Pujol. López del Hierro sostiene que estuvo «a título testimonial» y la Policía no ha podido acreditar hasta el momento que participara operación alguna.

La vinculación con el testaferro de Rato. Otro de los elementos que esgrimió la Udef es que López del Hierro «trabajaba de forma conjunta» con Portuondo en la trama de Pujol. Aseguró que tenía «documentos» que no exhibió y su informe fue anulado por el juez.

http://www.elmundo.es/espana/2017/07/12/59652a4a46163f50598b4673.html

13. TODOS, SALVO EL PP, CONSIDERAN PROBADO EL USO DE LA POLICÍA CONTRA ADVERSARIOS POLÍTICOS

Los partidos preparan las conclusiones de la comisión de investigación de Interior

El Gobierno del PP utilizó de forma partidista a la policía para combatir a los adversarios políticos. Esta grave acusación es compartida por todos los partidos, salvo el PP, y figurará en las conclusiones de la comisión de investigación del Congreso sobre el Ministerio del Interior que deberán estar cerradas antes de final de mes. Esa idea es el mínimo común denominador de las propuestas que manejan los grupos de la oposición; solo queda que lleguen a un acuerdo y aparten los puntos en los que discrepan, que podrán figurar en votos particulares.

Todos los partidos, menos el PP, creen probado que el Ministerio del Interior, con el exministro Jorge Fernández Díaz al mando, creó una estructura policial al margen de la oficial que usaba con fines partidarios. En esa idea coinciden PSOE, Podemos, PNV, Ciudadanos, ERC y PDeCAT. Solo el PP sostiene que las cinco comparecencias y la abundante documentación manejada por la comisión demuestran que el funcionamiento de Interior era irreprochable.

El PSOE entiende en sus conclusiones provisionales que hubo una estructura policial que se cobijaba en el catálogo de puestos de trabajo que utilizaban arbitrariamente el comisario Eugenio Pino, entonces director Adjunto Operativo (DAO), e Ignacio Cosidó, a la sazón director general de la Policía. Esta práctica, según los socialistas, era conocida por el ministro y los sucesivos secretarios de Estado de Interior.

La comisión se extinguirá el 31 de julio

La comisión de investigación sobre el Ministerio del Interior se extinguirá automáticamente el 31 de julio. Por eso los partidos deben cerrar antes unas conclusiones que se remitirán al pleno en septiembre.

Podemos y ERC han pedido formalmente a la Mesa del Congreso que se amplíe ese plazo para que haya nuevas comparecencias, pero eso lo tendría que aprobar, en ausencia del pleno, una Diputación Permanente. No está prevista ninguna reunión de la Diputación antes de final de mes y, en todo caso, el PP, el PSOE y Ciudadanos se oponen a prolongar la comisión.

Según el PSOE, el objetivo era, por una parte, interferir en la situación política de Cataluña. En segundo lugar, investigar a adversarios políticos de los populares; y, por último, entorpecer investigaciones sobre corrupción en el PP. Los responsables políticos serían Fernández y Cosidó.

Podemos también llega a esta conclusión y no desiste aún de que la comisión pueda prolongarse para que se admitan más comparecencias que terminen de probar algunas de las irregularidades. Este partido completa las acusaciones con la referencia concreta a la investigación policial paralela que se hizo al partido de Pablo Iglesias, que se plasmó en el llamado Informe Pisa (rechazado reiteradamente por la justicia).

El PNV, cuyo diputado Mikel Legarda preside la comisión, concluye también que desde Interior se perseguía a adversarios políticos, impulsando investigaciones prospectivas para perjudicarlos. Con voluntad manifiesta de presionar a la fiscalía y ayudados de filtraciones interesadas a medios de comunicación, con dossieres apócrifos y manipulación de pruebas, según los nacionalistas vascos. El PNV no quiere que se haga referencia a responsabilidad concreta de policías, pero sí a la de su dirección política, personalizada en Fernández y Cosidó y a través del DAO. No atribuye responsabilidades a quienes fueron secretarios de Estado de Interior en la época investigada, porque no han acudido a la comisión.

Atribución de delitos

ERC y PDeCAT hacen especial hincapié, en sus propuestas de conclusiones, en que la policía y el ministerio fueron usados con el objetivo específico de desprestigiar y hacer frente al proceso soberanista en Cataluña. Amplían las responsabilidades al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y previsiblemente lo incluirán en un voto particular al informe.

ERC, además, va un paso más allá que el resto e incluye la atribución de delitos de acusación y denuncia falsa, así como la simulación de delitos, tipificados en los artículos 456 y 457 del Código Penal, por lo que piden que se dé traslado a la fiscalía. Y deja caer que pudieron utilizarse fondos reservados, lo que incluiría una supuesta malversación.

Ciudadanos entiende igualmente que hubo ese uso partidista de la policía y también hace recaer la responsabilidad sobre el entonces ministro y su director general de la Policía. Este partido coincide también con otros en poner de manifiesto el descontrol del ministerio que, por ejemplo, hacía que policías fueran adscritos a unidades que ni pisaban.

https://politica.elpais.com/politica/2017/07/13/actualidad/1499961020_125030.html

14. EL PSOE RECLAMA DESTITUIR A UN MILITAR QUE CONMEMORÓ EL GOLPE DE ESTADO DE FRANCO

El Ejército pidió disculpas por la efeméride del 18 de julio de 1936 publicada por el mando de la Agrupación de Apoyo Logístico 61

El PSOE ha reclamado este jueves la destitución del mando militar que el pasado 18 de julio autorizó la publicación de una efeméride en la que se conmemoraba el “alzamiento cívico-militar” de la misma fecha de 1936, es decir, el golpe de Estado del general Franco contra la Segunda República. El Ejército de Tierra pidió el miércoles disculpas por esta mención en la red social Twitter.
La efeméride, publicada en la orden del día de la Agrupación de Apoyo Logístico número 61 del Ejército de Tierra, con sede en Valladolid, estaba redactada así: “En este día de 1936, oficialmente, se inicia en toda España un alzamiento cívico militar, en el que participa la mayoría del Ejército. Es un día importante en la historia de nuestra patria que merece ser recordado, para que las generaciones futuras eviten el que se produzcan las circunstancias que propiciaron el enfrentamiento bélico. Los pueblos que olvidan su historia están irremisiblemente condenados a repetirla”.

El Grupo Socialista en el Congreso ha remitido una batería de preguntas al Gobierno en el que pide saber “cuándo piensa” el Ministerio de Defensa destituir al mando militar que autorizó esa publicación. La diputada Zaida Cantera censura en esas preguntas, a las que ha tenido acceso Europa Press, “el tono y formas” de estas efemérides “no sólo faltan a la verdad histórica”, sino que además “atentan” contra la memoria de las víctimas del franquismo “exaltando un golpe de estado fallido que dio lugar a la Guerra Civil y la posterior represión franquista”.

Cantera considera que con ello se hace “enaltecimiento de unos hechos históricos olvidando otros y cuya realidad salvaguarda la Ley de Memoria Histórica”. La diputada apunta, además, que el mando militar que rubricó esa orden lo hizo “atentando contra la obligada neutralidad a la que se deben los militares”.

“¿Considera el Ministerio de Defensa que los militares que públicamente manifiestan su apoyo a la dictadura fascista están capacitados para defender lo estipulado en el artículo 8 de la Constitución, las libertades, derechos y valores democráticos que de ella emanan?”, añade Cantera en sus preguntas parlamentarias.

Tras conocerse la controvertida efeméride, el Ejército de Tierra publicó un mensaje en Twitter reconociendo su error y pidiendo disculpas: "¿Hemos publicado esta efeméride? Sí. ¿Ha sido un error? También. ¿Pedimos disculpas? Por supuesto".

https://politica.elpais.com/politica/2017/07/20/actualidad/1500568456_484978.html

15. EL GOBIERNO GASTÓ 73.000 EUROS EN LA PEREGRINACIÓN MILITAR A LOURDES

Un tercio de los 350 participantes fueron con gastos pagados con fondos públicos

La 59 peregrinación militar internacional a Lourdes (Francia), que se celebró entre el 19 y el 22 de mayo pasado, tuvo un momento viral con la conga al ritmo de Que viva España de Manolo Escobar que organizaron decenas de participantes. El vídeo del baile corrió por Internet después de que lo difundiera la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que se quejó de que Interior sufragara la presencia de una docena de agentes en el santuario católico pese a la carencia de medios que, asegura, sufre este cuerpo. Una respuesta oficial del Gobierno a una pregunta de la senadora Maribel Mora (Unidos Podemos) cifra en 73.000 euros el dinero invertido por las arcas públicas en este encuentro.

La delegación española de la última peregrinación militar a Lourdes, coordinada por el arzobispado castrense, la formaban 351 peregrinos, entre militares, guardias civiles, familiares y autoridades, aunque la representación oficial, la que se sufraga con dinero público, la constituían 129, en su mayoría jóvenes militares y una docena de guardias civiles, según informó la agencia SIC (el servicio de información de la Iglesia Católica en España). El resto, militares que se quedan sin plaza en la representación oficial, o que están en la reserva o retirados, así como personal civil de Defensa y familiares, conciertan su viaje con una agencia y lo pagan de su bolsillo.

El programa oficial incluía una decena de actos militares (como conciertos, homenaje a los muertos, una conferencia) y otros tantos actos religiosos, desde misas a vigilias y una procesión. La senadora Mora registró dos preguntas escritas, una sobre el coste de la peregrinación y otra sobre el número de participantes y si su presencia se les computaba como días de trabajo.

El Gobierno solo ha contestado a la primera. La respuesta recoge los datos de la representación oficial, que se regula mediante una instrucción de la Subsecretaría de Defensa y que está formada por una autoridad militar, una autoridad del arzobispado castrense y personal del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire. El presupuesto para el encuentro fue de 73.000 euros, según la respuesta del Gobierno. Con ese dinero se pagan dietas e indemnizaciones por gastos de transporte, manutención y alojamiento. En 2014, último año en el que se conoció la cifra con la que Defensa subvencionaba la peregrinación a Lourdes, el presupuesto fue de 56.000 euros, por lo que en tres años ha crecido en 17.000 euros.

La respuesta del Gobierno especifica que ese es el “coste total presupuestado para el encuentro”, aunque al detallar los participantes no cita a la Guardia Civil. Este cuerpo tiene su propio presupuesto para este evento, según la información facilitada por la dirección general de este cuerpo al amparo de la ley de Transparencia a una pregunta formulada por la AUGC, su asociación profesional mayoritaria, que desde hace años viene denunciando la presencia de una docena de agentes en la representación oficial de la peregrinación.

La respuesta de esa dirección general a la AUGC cifra en 10.851,92 el gasto autorizado por la dirección general para cada una de las cinco últimas ediciones del encuentro en Lourdes (de 2013 a 2017). Ni esa respuesta ni la del Senado especifican si esa cantidad está incluida en los 73.000 del presupuesto al que se refiere la contestación de la Cámara Alta.

“Nosotros llevamos un tiempo quejándonos por la parte del gasto que corresponde a la Guardia Civil porque se sufragan este tipo de eventos pero nunca hay presupuesto para material habitual de trabajo”, lamenta Eugenio Nemiña, secretario jurídico de la AUGC. “También nos molesta que se pague a los agentes por ir a la peregrinación mientras que a muchos compañeros les niegan los días de asuntos propios porque no hay gente suficiente”, sostiene.

https://politica.elpais.com/politica/2017/07/21/actualidad/1500635008_246721.html

16. EL PP PAGA A FERIA VALENCIA 625.000 EUROS DE SU CONGRESO NUEVE AÑOS DESPUÉS

Génova acepta abonar la factura en su totalidad a cambio de que el recinto renuncie a las costas

El PP acatará la sentencia que le condena por moroso y pagará a Feria Valencia los 625.000 euros que debe desde hace nueve años por el alquiler de las instalaciones que acogieron el XVI Congreso Nacional, el cónclave que allanó el camino a la Moncloa del presidente Mariano Rajoy. Según confirmaron fuentes conocedoras del acuerdo, Génova ha pactado con el recinto abonar la deuda en su totalidad a cambio de que Feria Valencia renuncie al cobro de las costas, tal y como fijó la sentencia que dictó el juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid.

Así, el recinto no presentará finalmente una demanda de ejecución provisional de la sentencia y, pese a que destacados dirigentes nacionales alegaron que la sentencia no era firme cuando se conoció la condena para defender su posición, Génova ha optado por la vía del acuerdo para evitar que la factura siga aumentando por los intereses de demora y el pago de los gatos judiciales. Ayer, tras conocerse el acuerdo, el alcalde de Valencia y presidente del patronato de la Feria, Joan Ribó, ha asegurado este viernes que «hoy podemos estar un poco más satisfechos porque hemos conseguido que el PP devuelva el dinero que debía a Feria Valencia por la celebración de su congreso nacional en 2008. Son 625.000 euros que el partido de Rajoy por fin devuelve a los valencianos, después de que se haya visto acorralado por la Justicia».Feria Valencia inició el procedimiento extrajudicial para recuperar el dinero en mayo de 2014, cuando la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, aún presidía el patronato, el órgano donde están representadas la instituciones. Feria Valencia envió un requerimiento notarial como paso previo a la demanda de un juicio monitorio, un procedimiento más ágil que el ordinario al que sólo se recurre si existe una certificación, en este caso concreto una factura. Sin embargo, el PP se opuso y fue el 3 de noviembre de 2015, ya con Compromís en la Alcadía de Valencia, cuando Feria dio un paso al frente y presentó la demanda. Reclamaba 568.511 euros por el Congreso de 2008, que finalmente ha ascendido a 625.000 euros por los intereses.

La demanda explicaba que en abril de 2008 el PP nacional contactó con Feria Valencia con el propósito de contratar el espacio y los servicios necesarios para la celebración del XVI Congreso Nacional del Partido Popular a celebrar los días 20, 21y 22 de junio de 2008 en Valencia.

El PPCV, con Francisco Camps a la cabeza, se volcó con la organización. El empresario Alberto Catalá presidía Feria Valencia y Belén Juste, ex consellera, era la directora general. El montaje del congreso se inició el día 9 de junio de 2008 y concluyó el día 26, «por lo que los días de ocupación del espacio fueron 18». La demanda incidía en este aspecto, pues la factura se correspondía «al espacio total ocupado durante los días que el PP pidió bloquear las instalaciones». Es decir, aunque el congreso sólo duró tres días, «la ocupación del espacio, para montaje y desmontaje supuso una ocupación total de 18 días, que tendrán que abonarse en su integridad».Tras varios años de litigios, en junio de 2017, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid acabó condenado a esta formación política por moroso. La juez rechazó la tesis del PP de que acordó con la Feria el uso gratuito de las instalaciones a cambio de la publicidad que obtenía por la celebración de un evento de tanta repercusión. Por el contrario, el juzgado sí dio por probado que existió un contrato verbal entre las partes en el que se establecieron las condiciones del acuerdo, que abarcaba tanto el espacio que se iba a ocupar como numerosos servicios accesorios que fueron añadiéndose al presupuesto inicial.El PP, subrayaba la juez Elena O'Connor, «está obligada a pagar por el espacio y los servicios que utilizó, sin que pueda aceptarse en ningún caso que la pretendida falta de concreción o de aceptación le permitan haber utilizado ese espacio y esos servicios sin pagar nada a cambio».Otro de los dirigentes que ha mostrado su satisfacción tras hacerse público el acuerdo ha sido el diputado del PSPV en las Cortes, José Muñoz. «Ahora que el PP se ha animado, solo falta que devuelvan lo que han robado, porque la sociedad valenciana en su conjunto se lo agradecería enormemente», ha manifestado. Feria Valencia recibirá todo el dinero en las próximas semanas y al fin podrá cerrar el expediente judicial.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/07/21/59722780e5fdea7a618b460f.html

17. C.A. CASTILLA Y LEON. GUÍA SOBRE EL CASO PERLA NEGRA: LAS ESTRECHAS RELACIONES DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA CON UNA CONSTRUCTORA Y LOS 27 INVESTIGADOS

Esta causa mantiene imputada a la cúpula de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León y a una decena de empresarios hasta sumar 27 investigados

La Fiscalía de Valladolid investiga la comisión de presuntos delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, malversación y blanqueo de capitales

Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) precisa que se han pagado 70 millones mientras que Economía ocultó dos tasaciones que calculaban un precio de entre 39 y 41 millones de euros

Año 2005. La Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León quiere unificar todas las sedes de empresas públicas en un solo edificio. Tras varios intentos fallidos en Valladolid, el entonces consejero y vicepresidente, Tomás Villanueva, decide que alquilará un edificio, previo encargo de construcción, en Arroyo de la Encomienda, a cinco kilómetros de la ciudad. El concurso de adjudicación, amañado, el precio, inflado, y la constructora, ya con condenas firmes sobre sus dirigentes por facturas falsas y delitos fiscales en otro caso, conforman una causa en instrucción desde 2013 y que mantiene imputada a la cúpula de la Consejería y a una decena de empresarios hasta sumar 27 investigados

¿Por qué Perla Negra?

Perla Negra es el nombre con el que se conoce popularmente al edificio de Soluciones Empresariales de la Consejería de Economía. El diseño, del estudio de arquitectos Lamela, se caracteriza por las cristaleras negras que conforman las fachadas. Prácticamente desde el inicio del proyecto hubo sospechas sobre su legalidad, por eso, atendiendo a esas sospechas y al color, se le empezó a llamar como el barco pirata de la película protagonizada por Johnny Depp.

¿Qué delitos se investigan?

La Fiscalía de Valladolid investiga la comisión de presuntos delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, malversación y blanqueo de capitales.

¿Cómo se adjudica el edificio?
La consejería de Economía, a través de su empresa pública Gesturcal, convocó un concurso para la construcción de un edificio que alquilaría con opción de compra. El plazo habitual para la presentación de proyectos es de un mes pero en este caso se redujo a 15 días y se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León en plenas fiestas navideñas, el 30 de diciembre de 2005. La empresa Urban Proyecta PM3, promotora del Grupo Parqueolid, sólo necesitó 13. Ofertaba un edificio sin construir de 10.000 metros en la finca 49 del sector 15 de Arroyo de la Encomienda. A pesar de desconocer el resultado del concurso, compró el terreno el 11 de enero de 2006.

¿Cuánto se ha pagado por Perla Negra y cuánto cuesta en realidad?

La oferta de alquiler con opción de compra de Urban Proyecta PM3 era de 34.900.000 euros. El mismo precio que le puso el estudio de arquitectos Lamela al que encargó el proyecto. Pero tuvo que hacerlo mucho antes de que se convocase el concurso, porque la factura del arquitecto tiene fecha de 14 de septiembre de 2005, y el concurso se publica el 30 de diciembre. Aparentemente, alguien avisó a Urban Proyecta PM3 meses antes para que pudiese concurrir al concurso.

El edificio no tuvo 10.000 metros cuadrados sino 17.000. El precio de alquiler que proponía la adjudicataria era además muy superior al precio de mercado y un alquiler con opción a compra durante 15 años suponía un precio final de 100 millones de euros. El consejo de Gesturcal, una sociedad pública que estaba para gestionar suelo pero no para promover construcciones, tenía que aprobar esas cifras, pero hubo dudas. De este consejo formaba parte Pablo Trillo, hermano del exministro, que se reunió con Herrera para advertirle de que se estaban barajando precios disparatados. Finalmente, la Junta decidió renunciar al alquiler y cerró una compra que también superaba el precio original: 52 millones de euros más IVA (60 millones). Sin embargo, un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) precisa que se han pagado 70 millones porque la Junta ha asumido pagos que no le correspondían e incluso se han abonado conceptos por partida doble. Por otro lado, a lo largo de la causa, se aporta la tasación que se mostró a Gesturcal y que era de 52 millones. Sin embargo, tal y como adelantó este diario, Economía ocultó otras dos tasaciones que calculaban un precio de entre 39 y 41 millones de euros.

Por otro lado y fuera de las cuentas oficiales del edificio quedan 4,4 millones de euros que la Junta paga, sin adjudicación ni procedimiento administrativo de ningún tipo, a Unifica Servicios integrales, el mismo estudio de arquitectura que reformó la sede del PP en Génova y que se pagó en dinero negro.

¿Qué otras relaciones tuvo la Junta de Castilla y León con Urban Proyecta PM3 y forman parte del caso?

Durante los años 2005 y 2009 Urban tuvo una intensa relación con la Junta de Castilla y León. Además de la construcción del edificio Perla Negra, con los supuestos sobrecostes, forma parte del caso la compra de los terrenos para un polígono industrial en la localidad de Portillo. La empresa pública Gesturcal (hoy absorbida por ADE) compró los terrenos por algo más de 34 millones a Parque Empresarial Portillo y Cementos La Bureba. El beneficio para ambas sociedades pudo alcanzar unos 25 millones, ya que las parcelas, que los empresarios compraron entre 2005 y 2009 para su posterior venta a la Junta, costaron 10,7 millones. La sospecha es que la compra de esos terrenos y el negocio que se hizo con la Junta, se había concertado de antemano Entre las empresas propietarias de los terrenos está Urban Proyecta PM3. De las 14 fincas que compró, vendió 11 a Parque Empresarial Portillo. Le pagaron 8,5 millones y había invertido 5. Los terrenos costaban 3 euros el metro cuadrado cuando se compraban a agricultores, pero las ventas sucesivas los elevaron a 20 que pagó la Junta de Castilla y León a través de la ADE. En total pagó 34 millones de euros, pero ahora los valora en 14.

Aún hay más. En 2006, la Junta alquilaba un edificio en Bruselas para su sede comercial. Aparentemente, se arrendó a una sociedad belga, Co-Louis, pero era una instrumental. La compró uno de los socios de Urban Proyecta PM3, al igual que el edificio, y meses antes de firmar el arrendamiento. También en este caso alguien pudo avisar a la promotora. La renta mensual era de 13.920 euros durante 15 años. Si antes de los cinco la Junta rescindía el alquiler, debería pagar hasta completar los 15. La Junta asegura que no pagó penalización, pero aún no el documento de rescisión.

Fuera del caso, pero también destacable, es la subvención que concedió Economía a otra sociedad del Grupo Parquesolid, Hotel San Pablo Va, y de la que se niega a ofrecer explicaciones.

¿Qué papel tiene la Junta en el caso?

La Junta de Castilla y León ha negado en todo momento que pagase un sobrecoste por el edificio y por los terrenos de Portillo y resta importancia al contrato de alquiler de Bruselas. No se personó en el caso hasta que este diario publicó los pagos a Unifica. Pretendió entonces hacerlo pidiendo al juez una pieza separada. Era una condición imprescindible porque su pretensión era ir únicamente contra quien firmó los pagos de esas facturas, el consejero delegado de Gesturcal y secretario general de Economía, Rafael Delgado. Sin embargo el juez no accedió a trocear el caso. Así, la Junta que está personada, aunque no ha aclarado al juez en calidad de qué, no acaba de tener un papel claro en el caso. En teoría su presencia sólo puede justificarse si se considera perjudicada, pero es que niega tajantemente que exista malversación. A la vez, los servicios jurídicos de la Junta, y el despacho de abogados Garrigues, contratado por la Agencia de Desarrollo Económico de la Consejería de Economía, son quienes defienden a la mayoría de los imputados del Gobierno regional, por lo que se podría entrar en conflicto de intereses. Por si eso fuera poco, la Junta, que si se considera perjudicada tendría derecho a la correspondiente indemnización, no reclama los más de 9 millones calculados hasta el momento por la Fiscalía. Si nadie reclama en esta fase, no se pueden pedir embargos cautelares de bienes y no se puede asegurar que se recupere la totalidad del dinero público malversado.

¿Quiénes son los imputados?

Figuran como investigados todos los que conformaban el consejo de la sociedad pública Gesturcal, el consejero delegado, Rafael Delgado, también imputado en la Trama Eólica, los directivos de Parqueolid y Urban Proyecta PM3, el hermano del principal beneficiado de la Trama Eólica, Francisco Esgueva, y otros empresarios. Además, recientemente el juzgado declaró formalmente investigado al que fue vicepresidente de la Junta y consejero de Economía, Tomás Villanueva. Los sucesivos recursos que hace llegar al juzgado pretenden evitar una investigación patrimonial que él considera prospectiva, sobre él, sus familiares y allegados. También está molesto con las filtraciones del caso. La Junta le ha apoyado en esto último. Días antes de su imputación, Herrera había asegurado que tenía plena confianza en Villanueva, que fue su mano derecha.
¿Qué ha pasado con el dinero?

Uno de los problemas que arrastra el caso es la lentitud de los informes policiales por la escasez de efectivos que se ha destinado a esta investigación. En septiembre del año pasado, la Policía detectó que Unifica Servicios Integrales había abonado cantidades al Grupo Parqueolid, por lo que iba a seguir el rastro de unos pagos que, en principio, no tienen explicación.

Pero desde entonces no se ha presentado un solo informe más y ello a pesar de que la Fiscalía ha pedido la investigación de más sociedades y cuentas. El caso, con nexos en común con la Trama Eólica por sus imputados, avanza también porque se están compartiendo informes. Así, un documento elaborado por la Agencia Tributaria a petición del fiscal de la Trama Eólica, se ha aportado a Perla Negra: el presunto cohecho que recibió Rafael Delgado en las fechas en que se estaba tramitando la construcción del edificio, un piso y 220.000 euros.
Podrían arrojar luz sobre el caso tanto la investigación patrimonial a Tomás Villanueva como las comisiones rogatorias a Suiza de las que se espera respuesta desde hace más de un año.

http://m.eldiario.es/politica/Guia-Perla-Negra-Consejeria-Economia_0_668783976.html

17BIS. C.A.CASTILLA Y LEON. GUÍA PARA CONOCER LA TRAMA EÓLICA, UN CASO CON 21 IMPUTADOS EN CASTILLA Y LEÓN

La comunidad era la mayor potencia eólica de España en 2015; hoy hay altos cargos de la Junta, eléctricas y empresarios investigados

La comunidad era la mayor potencia eólica de España en 2015; hoy hay altos cargos de la Junta, eléctricas y empresarios investigados

En 2015, según datos de Red Eléctrica Española (REE), Castilla y León era la Comunidad con mayor potencia eólica en España, 5.560,01 megavatios instalados, el 24,2% del total nacional repartido en 241 parques. En ese mismo año, una inspección de la Agencia Tributaria a algunas mercantiles por el pago del impuesto de sociedades destapaba la Trama Eólica. El sistema para autorizar parques implicaba a altos cargos de la Junta de Castilla y León, a las eléctricas y a una serie de empresarios locales.

¿Cómo funcionaba la trama?

Según los informes de la Agencia Tributaria, tomados en consideración por la Fiscalía Anticorrupción, y las declaraciones de distintos testigos e imputados en la causa aún en instrucción, en Castilla y León se autorizaron parques eólicos a las eléctricas que formaron una sociedad mixta con empresarios locales. Así, parques que habían permanecido paralizados durante años, conseguían los permisos cuando en el accionariado entraba una compañía de la Comunidad. Para ello, en la Consejería de Economía se manejaba una lista con los empresarios (que formaban parte del sector de la industria, la construcción o la alimentación) con los que Endesa e Iberdrola debían asociarse. Una vez conseguida la autorización, la eléctrica se hacía mediante la compra de las acciones con el 100% de la sociedad. El papel de los empresarios era, también según las declaraciones judiciales, figurar, ya que no realizaron ningún trámite administrativo. Hasta el momento, el fiscal del caso calcula unos 80 millones de euros en mordidas (las cantidades que pagaron Endesa e Iberdrola a los empresarios)

¿Quiénes son los querellados?

Anticorrupción se ha querellado contra 21 personas entre las que hay varios cargos de la Junta de Castilla y León en el momento de los hechos, el principal es que quien fue viceconsejero de Economía, Rafael Delgado. Aparecen también los responsables de la constructora Collosa, directivos de Iberdrola, el responsable de una promotora, el presunto testaferro de Delgado…pero no están todos. El fiscal dice en su querella que también se dirige “contra aquellas otras personas que a lo largo de la instrucción aparecieran como responsables de los hechos que se describen por actuar concertadamente y de acuerdo con Rafael Delgado bien para el dictado de resoluciones administrativas de autorización de parques eólicos, bien para la entrega de dádivas o promesas por el dictado de aquellas, bien para auxiliarle a ocultar o disfrutar de las cantidades obtenidas por los delitos anteriores”. Explica además que estas personas no están identificadas pero que las comisiones rogatorias enviadas a Suiza y Mónaco, u otras diligencias, podrían ponerles nombre.

¿Qué cargos de la Junta forman parte de la trama?

En la querella de Anticorrupción el principal imputado es Rafael Delgado, alto cargo de la Junta de Castilla y León entre los años 1995 y 2011. Desde 2004 a 2007 fue viceconsejero de Economía. Mediante una instrucción de avocación hizo que todas las autorizaciones de los parques recayesen sobre él y no sobre los funcionarios de cada Delegación Territorial de la Junta. La investigación de Hacienda sobre su patrimonio refleja pagos desde Suiza, adquisición de inmuebles, coches de lujo y una serie de gastos y propiedades que no se corresponden con su sueldo.

El que era en ese momento consejero de Economía, Tomás Villanueva, y a quien Delgado atribuye las órdenes que recibía para autorizar parques, no aparecía originalmente en la querella. Sin embargo una serie de correos electrónicos aportados por Delgado en el mes de junio, y en el que eléctricas y empresarios se dirigían directamente a Villanueva para agilizar la autorización de parques y comunicarle las alianzas son los empresarios afines, hizo que el fiscal del caso solicitase su declaración en calidad de investigado. Varios testigos e imputados han apuntado también a Villanueva como el responsable de la “decisión política” de incluir a los empresarios de la región las sociedades eólicas.

El principal beneficiado de la trama es Alberto Esgueva, que fue consejero delegado de una de las sociedades públicas de la Consejería de Economía entre los años 2003 y 2006. Según la querella, en 2004, mientras Esgueva formaba parte de la Junta y siendo el administrador de la mercantil San Cayetano Wind, Delgado “decidió que se le asignaran parques cuya potencia eólica sumara 500 megavatios” y que fueran “de los que estuviesen más avanzados”. De la venta de las acciones de una sociedad que formó con Iberdrola y en la que aportó 24.400 euros, sacó 47 millones. Pero hubo alguna más que le hizo ganar 6 millones.

Andrés Martín de Paz, director general de Deportes de la Junta de Castilla y León hasta 2003, año en que se alía con Iberdrola para entrar en el accionariado de tres parques eólicos. Vendió sus acciones por 4,2 millones a la eléctrica una vez autorizado el parque.

¿Qué ha pasado con el dinero?

Se investiga un delito continuado de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. Lo que retrasa el seguimiento del rastro de millones son las comisiones rogatorias.

Delgado con un patrimonio difícilmente justificable con sus ingresos, manejó una empresa en Panamá. En el caso de Esgueva, tras obtener los más de 50 millones fruto de la venta de sus acciones eólicas, puso en marcha un proyecto fallido en Montealegre de Campos (Valladolid) en el que participó el supuesto testaferro de Delgado. Poco después se estableció en Polonia, donde montó una constructora. Esgueva ha movido dinero por todo el mundo, a pesar de ello, fuentes cercanas insisten en que está “asfixiado económicamente”.

Tomás Villanueva, que deberá declarar como imputado también en el caso Perla Negra, está intentando paralizar una investigación patrimonial que afecta también a familiares y allegados. Presumiblemente, esta información podría compartirse, tal y como ha ocurrido con la de Delgado, encargada por el fiscal Anticorrupción pero incorporada también al caso Perla Negra, en el que también está imputado.

¿Hay consecuencias políticas?

Los partidos de la oposición han pedido la dimisión del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien ha llegado a pedir perdón “si finalmente se demuestra” que las investigaciones están en lo cierto y que existió una trama en la Junta. Sin embargo, insiste en hablar de “corrupción de personas, no política”. Días antes de que se pidiese la imputación del exvicepresidente en la trama, había puesto la mano en el fuego por él.

http://www.eldiario.es/politica/Guia-Trama-Eolica-supuestamente-Junta_0_667384091.html

18. C.A.MADRID. ELENA GONZÁLEZ MOÑUX (PP) ENTREGA EL ACTA DE DIPUTADA DE LA ASAMBLEA DE MADRID

El portavoz parlamentario del PP en la Asamblea asegura que "es bueno para ella y es bueno para mí"

La diputada del PP Elena González Moñux, quien denunció por acoso laboral a su superior, el portavoz popular Enrique Ossorio, ha entregado su acta de diputada. González Moñux se encontraba de baja médica desde el pasado 10 de octubre y, según señalan desde el PP, ha sido una salida pactada. Sea como fuere, lo cierto es el que Partido Popular va a agradecer su salida ya que sus ausencias han puesto en jaque votaciones tan importantes como los Presupuestos de la Comunidad de Madrid.

Según está conformada la Cámara (PP 48 escaños, PSOE 37, Podemos 27 y Ciudadanos 17) los populares perdían su mayoría absoluta ya que entre los comandados por Cristina Cifuentes sumaban junto con Ciudadanos el mismo número de diputados que PSOE y Podemos. De hecho, Cifuentes aprobó sus Presupuestos gracias a la baja de una diputada socialista, Isaura Leal, quien no pudo acudir al Pleno por estar convaleciente tras pasar por el quirófano.

De esta manera, el PP pone punto y final a una situación que lo mantenía en la cuerda floja. González Moñux tan solo ha acudido al pleno de la Asamblea de Madrid dos veces desde que su médico decretó la baja por depresión: el 6 de abril, para votar en contra de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos regionales, y el 22 de junio, donde se aprobó la toma en consideración de la ley presentada cuyo objeto es garantizar el carácter público del Canal de Isabel II (la presentó Ciudadanos).

El propio Enrique Ossorio, a quien la diputada popular denunció por acoso -está de baja por depresión desde entonces- ha sido quien lo ha anunciado: “Es bueno para ella, es bueno para el grupo, es bueno para el gobierno y es bueno para mí". "Despeja el camino", ha sentenciado el portavoz, quien ha admitido que "teníamos a veces incertidumbres de si íbamos a estar para votar las leyes.

González-Moñux se incorporará como directora general a la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (Fenercom), entidad participada por el Gobierno regional y "empresas importantes del ámbito energético" una vez se haga oficial (se espera a septiembre).

http://www.elplural.com/politica/2017/07/25/elena-gonzalez-monux-pp-entrega-el-acta-de-diputada-de-la-asamblea-de-madrid

19. C.A.MADRID. ALUVIÓN DE CRÍTICAS CONTRA LAS "VACACIONES VOLUNTARIAS" DE CIFUENTES

Fátima Báñez recuerda que "el contrato de trabajo en España también da derecho a vacaciones".

¿Disfrutar de las vacaciones es un derecho al que se puede renunciar? La decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid de no disponer de unos días libres este verano -tampoco descansó los dos anteriores- ha provocado una ola de indignación hasta tal punto que la propia Cristina Cifuentes tuvo que salir al paso para intentar zanjar la polémica. La presidenta regional encendió la mecha de la indignación al asegurar que "las vacaciones es una cosa muy buena, pero tiene que ser voluntario. Yo prefiero quedarme trabajando porque no se me ocurre mejor sitio que estar aquí trabajando en la Puerta del Sol en lo que queda de julio y agosto".

Apenas unas horas después de la frase de la polémica, Fátima Báñez desautorizó las declaraciones de la madrileña recordando que "el contrato de trabajo en España también da derecho a vacaciones". A continuación, la ministra de Empleo dijo que respetaba la "libertad individual" de Cristina Cifuentes de "disfrutar o no" de sus vacaciones porque, sostiene, "trabajar también es una manera de pasar el mes de agosto".

Las reacciones en contra de la decisión de Cifuentes se sucedieron en tromba. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, que acompañaba a la ministra, recalcó que las vacaciones "son un derecho conquistado por los trabajadores" y criticó que "una responsable política con su responsabilidad haga apología de su no disfrute".

Horas después, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid quiso matizar que "las vacaciones son un derecho de los trabajadores y una conquista social que jamás he cuestionado ni cuestionaré. Pero en mi caso concreto haré uso de mi libertad personal para no disfrutar de ese derecho". Para la presidenta autonómica, la polémica suscitada "carece de sentido" porque la decisión "no afecta a nadie más que a mí" y solo se basa "en razones personales. ¿Me permiten elegir libremente mi verano?".

España "vive de las vacaciones"

La bancada de la izquierda ha aprovechado la polémica para criticar la decisión de Cifuentes. El secretario ejecutivo de Empleo y Relaciones Laborales del PSOE, Toni Ferrer, recordó a la presidenta autonómica que la primera industria de España es el turismo y que el país "vive de las vacaciones".

El diputado Alberto Garzón la acusó de "cuestionar y ayudar a destruir" el derecho de los trabajadores a tener vacaciones. A su juicio, que una persona con tanta "influencia" como la presidenta de la Comunidad de Madrid "hable así" de las vacaciones es "un acto indecente" que ayuda a deteriorar "derechos conquistados por generaciones anteriores".

"Un derecho laboral y ciudadano"

También la portavoz de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, recordó a Cifuentes que las vacaciones "no son voluntarias" ni dependen de "la generosidad del empleador o de las ganas de trabajar del trabajador", sino que son "un derecho laboral y ciudadano" y, como tal, "es una cuestión básica irrefutable".

La mano derecha de Manuela Carmena en el consistorio madrileño quiso "aclarar" algunos puntos del "derecho laboral básico". Maestre destacó que los periodos de descanso "no son voluntarios, sino un derecho" conseguido "tras grandes luchas de los trabajadores". Además, la portavoz madrileña recordó que "las vacaciones están en la Constitución y son la base del derecho laboral".

Como ejemplo ha puesto el propio Ayuntamiento de Madrid, donde los concejales se tomarán unas "razonadas vacaciones" y lo harán "por rotación", de modo que en agosto siempre habrá "un número importante de ellos" en el consistorio.

http://www.elespanol.com/espana/20170720/232726784_0.html


20. C.A.MADRID LOS DERECHOS A LOS QUE CIFUENTES NO RENUNCIA

La presidenta cobra, por lo menos, 7.360 euros de un trabajo al que no acude, pero de eso no presume

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid a tiempo completo y opinadora a tiempo parcial, ha dado la campanada en pleno julio volviendo a presumir de que renuncia a su derecho a disfrutar de vacaciones. Dice la dirigente del PP que “no se me ocurre mejor sitio que estar que aquí trabajando en la Puerta del Sol en lo que queda de julio y agosto”. A mí no se me ocurre mejor descripción para su idea que las propias palabras que Cifuentes le dedicó a Podemos: “Aúna a partes iguales populismo y demagogia”.

Para empezar, habrá que saber si Cifuentes sólo rechaza a irse en julio y agosto, que queda muy sacrificado de cara al populacho que sufrimos sin aire acondicionado en casa, pero luego se va de crucero por el Caribe en septiembre, cuando los precios son más bajos, sobre todo en época de huracanes.

Muchos convenios laborales señalan que al menos la mitad de las vacaciones deberán tomarse entre julio y agosto. El Estatuto de los Trabajadores remarca que jamás podrán rechazarse las vacaciones a cambio de una remuneración económica y los laboralistas coinciden en que tampoco se podría renunciar a ellas de manera voluntaria.

La razón de estas precauciones, y de otras tantas, como que exista un Salario Mínimo Interprofesional, está en que las relaciones laborales siempre parten desde una desigualdad. Para evitar que un currito sea forzado de manera subrepticia a renunciar a sus vacaciones, éstas son un derecho inviolable.

La vida laboral de Cifuentes no se rige por el Estatuto de los Trabajadores ni existe un convenio laboral de presidentes autonómicos. Pero el mensaje que manda, por mucho que diga que a sus consejeros les obliga a irse de vacaciones, es nefasto. Intenta dar un ejemplo perjudicial y pinta las vacaciones como un privilegio de los trabajadores y no como un derecho inalienable fruto de la lucha laboral. En el país del presentismo, donde la gente echa horas extra gratis porque el dueño de la empresa no se va a casa, que la jefa no se vaya de vacaciones manda un mensaje claro: sois todos unos vagos.

Además, es una imagen anacrónica en una época en que la dirección es la contraria. Infinidad de estudios han demostrado lo beneficiosas que son las vacaciones para la productividad y para la salud física y mental de los trabajadores. Se recuperan las jornadas de 35 horas para trabajadores públicos. Se demuestra la mejora que supondrían los fines de semana de tres días… O sea, que, a la larga, a los madrileños nos saldrá cara la broma de Cifuentes, con una presidenta incapaz de rendir por culpa de un capricho populista.

Puestos a tener gestos populistas que impliquen renunciar a derechos, Cifuentes podría negarse a recibir cada año 7.360 euros mensuales o, si no es técnicamente posible, donarlos a Cáritas o a una protectora de musarañas. Hablamos de los trienios que recibe por ser funcionaria de la Universidad Complutense, un dinero al que tiene derecho, -pese a que no ejerce, al igual que sí ejerce de presidenta cuando tendría que estar de vacaciones-, y aunque se sospeche que ascendió a la escala más alta del cuerpo más por méritos personales que profesionales.

De hecho, puede que sean más de 7.360 euros, pero es imposible saberlo. Porque, pese a presumir de transparencia, Cifuentes lleva desde 2015 sin actualizar sus datos de patrimonio ni su declaración de la Renta. Y no le vendría mal hacerlo, dado que hace poco la pillamos en un brete, al presumir de que sólo tenía 900 euros en una cuenta corriente, cuando dicha documentación apunta a que tiene al menos 27.000 euros en el banco.

Sea como fuere, decida o no renunciar a sus jugosos trienios, si al final Cifuentes decide quedarse en Madrid a echar horas de más en el trabajo, y consigue que no afecte a su productividad, a lo mejor consigue desatascar su apretada agenda. Porque en los últimos meses, la presidenta se ha negado a recibir al colegio y asociaciones de médicos, a los doctores del colapsado Gregorio Marañón y a los profesores y padres de Vallecas. A unos les ha ignorado, a otros les ha enviado una carta en la que rechaza reunirse con ellos “dado lo complicado de mi agenda”. No se me ocurre mejor manera de invertir su ausencia de vacaciones que tratando como se merecen a los responsables de la sanidad y la educación públicas.

http://www.elplural.com/politica/2017/07/20/los-derechos-los-que-cifuentes-no-renuncia

21. C.A.MADRID EL PP DE CIFUENTES IMPIDE QUE LA ASAMBLEA DE MADRID CONDENE EL GOLPE DE ESTADO MILITAR DEL 18 DE JULIO

Los conservadores rechazan la Declaración Institucional propuesta por Podemos, que contaba con el apoyo del PSOE. Ciudadanos, que no se pronuncia ni a favor ni en contra, señala que ha sido imposible discutir hasta del "contenido" porque el PP lo ha "impedido". 

El Partido Popular ha impedido que la Asamblea de Madrid aprobara una Declaración institucional de condena al golpe de Estado militar del 18 de julio, que dio inicio a la Guerra Civil española hace ahora 80 años, y de compromiso en la defensa de los derechos humanos. 

La propuesta de Declaración, realizada por Podemos y apoyada por el PSOE, reconocía "a todas aquellas personas que sufrieron la represión" y reiteraba el esfuerzo de las instituciones" por "construir una sociedad en la que no vuelva a existir un gobierno que no nazca de la voluntad de la ciudadanía". 

Los conservadores, contactados por Público, han explicado que no consideraban "conveniente" traer esta Declaración al Pleno que se ha celebrado este jueves porque "la temática sobrepasa las funciones de la Asamblea de Madrid" y no tenían clara "la finalidad" de la misma. Asimismo, fuentes de los conservadores han explicado a este medio que el Partido Popular "rechaza todo tipo de violencia", pero que no cree "necesario" que la Asamblea de Madrid se pronuncie al respecto. 

La propuesta de Declaración fue realizada por Podemos y recabó el apoyo del PSOE, que en conversación telefónica con este medio, ha señalado que mostró su apoyo porque le parecía "buena, razonable y sensata". En este sentido, fuentes de los socialistas han lamentado que el Partido Popular "siempre dé un paso atrás" cuando se trata de "recordar el pasado dictadorial" y reconocer a las "víctimas de aquella dictadura". 

Por su parte, Ciudadanos no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de la Declaración Institucional ni tampoco del texto propuesto por Podemos y ha señalado a Público que "la negación por parte del PP a discutir esta Declaración ha impedido siquiera hablar sobre su contenido". Por otro lado, fuentes del partido naranja también han recordado que Ciudadanos ha condenado el régimen franquista "en numerosas ocasiones" y consideran que es "una obsesión" de Podemos traer a la Cámara esta Declaración porque quieren "hablar permanentemente" del pasado. 

Propuesta de Podemos

El texto propuesto por Podemos recordaba que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha recomendando a España recientemente la necesidad de que las instituciones españolas muestren "su firme rechazo por cualquier forma de imposición de unas ideas mediante el uso de la violencia", por lo que consideran necesario que la Asamblea de Madrid, y todas las instituciones del Estado, muestren "explícitamente el rechazo de una dictadura que negó la libertad y vulneró derechos que hoy son fundamentales e irrenunciables en el ejercicio de nuestra convivencia". 

De esta manera, el texto señalaba que con motivo del 80 aniversario del golpe de Estado militar que dio inicio a la Guerra Civil la Asamblea de Madrid manifestaba su reconocimiento a todas aquellas personas que "sufrieron la represión, que murieron exiliadas lejos de su tierra y de sus seres queridos, que fueron encarceladas o perseguidas" y, por otro lado, mostraba su compromiso por continuar afirmando la defensa de los derechos humanos y la denuncia de cualquier vulneración de los mismos".

http://m.publico.es/politica/1966783/el-pp-de-cifuentes-impide-que-la-asamblea-de-madrid-condene-el-golpe-de-estado-militar-del-18-de-julio

22. C.A.MADRID TODAS LAS ‘RANAS’ DE CIFUENTES TRAS DOS AÑOS DE MANDATO

Algunas de las personas de su confianza han estado involucradas en casos de corrupción en este periodo.

"Sólo dos de los 500 cargos en mis 33 años de vida política, me han salido rana. Sólo dos". Aquella frase pronunciada por la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre acabó pesando como una losa hasta el punto de que dimitió cuando se desbordó bajo sus pies el estanque de la corrupción con la detención de su número dos, Ignacio González. Desde hace dos años es Cristina Cifuentes quien ocupa el cargo de presidenta madrileña. Ha hecho bandera de la limpieza y transparencia, pero en estos dos años son varias las acusaciones que se ciernen sobre ella o sobre cargos de su administración.

El último escándalo que ha sacudido la gestión de Cifuentes afecta a su número tres Jaime González Taboada, actual consejero de Medio Ambiente en el Gobierno autonómico. Hace un año fue uno de los principales investigados en el caso Púnica David Marjaliza quien le acusó de amañar contratos públicos en favor de determinadas empresas. Ahora se ha conocido que otro funcionario de la Administración madrileña le imputó al consejero las mismas actividades irregulares ante la Audiencia Nacional. Además, en una de las conversaciones intervenidas en el caso Lezo, Ignacio González decía directamente que “Cifuentes y Taboada hacían chanchullos en todos los pueblos”.

La presidenta Cifuentes siempre ha optado por defender a Taboada. Ante cualquier sospecha de corrupción bajo su mandato apela a su colaboración con la Justicia. Sin embargo, en los últimos días se ha conocido también que ha desaparecido de los archivos de la empresa pública madrileña Nuevo Arpegio el documento original de un expediente de contratación que investiga la Audiencia Nacional en el marco del caso Púnica.

La actual responsable de Nuevo Arpegio ya ha anunciado su voluntad de comparecer ante la Asamblea de Madrid para dar explicaciones de este extravío de documentación. Desde la Comunidad insisten en que han remitido a la Justicia decenas de miles de documentos. 

El Código Ético para los imputados

En los últimos días la oposición madrileña y en especial Podemos se han lanzado en tromba a pedir la dimisión de Taboada. El secretario general del, partido, Pablo Iglesias, se refiere a Cifuentes como “el remake” de Esperanza Aguirre. Para lograr su investidura, Cifuentes aprobó un Código Ético que obliga a renunciar a los cargos que sean imputados por algún caso de corrupción. Esto aún no ha sucedido con Taboada. Sí dimitió en cambio el pasado mayo su segundo en la Consejería de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz después de ser imputado en el caso Púnica y de que la Guardia Civil registrase su despacho.

El listón que se impuso el PP de Madrid con Cifuentes ha obligado a abandonar escaños a varios diputados del Grupo Popular madrileño confeccionado a base de herencias de equipos anteriores, equilibrio entre familias y también personas cercanas a la presidenta. De los 48 diputados que iniciaron la legislatura 20 ya han dejado la Asamblea, aunque muchos de ellos por motivos personales o profesionales. Otros, en cambio, por investigaciones contra ellos. Maria Josefa Aguado dimitió el pasado mayo una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) aceptase la competencia para investigarla en relación con la adjudicación de un contrato en Arganda del Rey en 2007 a empresas de la trama Gürtel.

José Ignacio Echeverría también dejó su escaño al ser sorprendido al volante bajo los efectos del alcohol. En el caso de José Cabrera fue porque se negó a hacer pública su declaración de bienes. Hace ahora un año renunció Daniel Ortiz tan pronto se conoció que el Tribunal Superior de Madrid había aceptado investigarlo en relación a un presunto amaño de un contrato a la empresa Cofely de 75 millones de euros en el año 2014 a cambio de una mordida de 240.000 euros.

El peor momento de la presidenta se produjo el pasado mayo cuando un informe de la UCO de la Guardia Civil en el marco también del caso Púnica le señaló como presunta autora de un delito de prevaricación y otro de cohecho por adjudicar a dedo contratos al empresario Arturo Fernández cuando estaba en la mesa de la Asamblea de Madrid. Esta situación sólo fue aliviada por varios mensajes privados -ningún escrito oficial- filtrados por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a varios periodistas en los que manifestaba su nula intención de imputar a Cifuentes. En la misma línea que el juez se posicionó la Fiscalía Anticorrupción. No obstante, ahora tanto el juez como el fiscal jefe Anticorrupción han sido sustituidos.

En una entrevista posterior a estos hechos, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Agudo aseguró en una entrevista para EL ESPAÑOL que "Cifuentes nunca será bandera de transparencia y regeneración". Ciudadanos es precisamente el partido que da sustento al Gobierno del PP, si bien la relación entre ambas formaciones no pasa por su mejor momento al igual que la de Cifuentes y Agudo. El apoyo de Ciudadanos es clave para mantener el poder en Madrid debido a la debilidad parlamentaria del PP que se apreció especialmente en el caso de Elena González-Moñux.

Esta diputada se declaró en rebeldía tras denunciar por acoso al portavoz de su grupo, Enrique Ossorio. Su ausencia puso en peligro la aprobación de los presupuestos de Cifuentes, aunque finalmente acudió a la asamblea y la votación se salvó in extremis. Por su parte, la Justicia acabó archivando la denuncia contra Ossorio, aunque al portavoz de Cifuentes en la Asamblea le acecha otro frente: el caso Lezo.
Caso Lezo

La Guardia Civil investiga diversos equipos de Gobierno de la Comunidad de Madrid al menos desde los tiempos de Alberto Ruiz Gallardón en 2001. Enrique Ossorio fue consejero de Economía con Ignacio González la pasada legislatura y consejero del Canal de Isabel II. Debido a ese papel tuvo que declarar en abril ante la Asamblea de Madrid donde se declaró "decepcionado" con el expresidente regional detenido y encarcelado en la operación Lezo, aunque aseguró que nunca sospechó de él. “Era un hombre que tenía la Comunidad en la cabeza (...) trabajé con él y trabajé muy bien”, declaró el portavoz popular.

La operación Lezo estalló un mes antes de la imputación de la UCO a Cifuentes. Pero en el caso de las investigaciones del Canal la presidenta desempeñó el papel de víctima. Según la Guardia Civil, Cifuentes había sido coaccionada para no dar a la Justicia datos del Canal de Isabel II que pudieran afectar a Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de una de las filiales de la empresa pública de aguas durante diez años.

Rodríguez Sobrino era el hombre de confianza Ignacio González en el Canal y además era consejero de La Razón. Según los investigadores, las presiones a Cifuentes vinieron de parte del director del diario conservador, Francisco Marhuenda, y del hombre fuerte de Planeta, Mauricio Casals. Los dos tuvieron que prestar declaración ante el juez como investigados en compañía de sus abogados. Cifuentes acudió como afectada, pero nunca llegó a refrendar ante el juez las presuntas coacciones por lo que la causa fue archivada. La decisión de la presidenta llamó la atención a los investigadores consultados por este periódico.

Para entonces la Comunidad de Madrid hacía meses que había remitido a la Fiscalía documentación sobre el Canal y Edmundo Rodríguez fue detenido y encarcelado. Había sido durante diez años el hombre fuerte de Ignacio González en el Canal. Al frente de unas filiales había pilotado muchas de las dudosas inversiones en Iberoamérica de las que ahora la Comunidad de Madrid quiere deshacerse. Él fue uno de los acompañantes de Ignacio González en el viaje de 2008 a Cartagena de Indias (Colombia) de las bolsas de basura en el que fueron espiados. A pesar de estos antecedentes, Cifuentes mantuvo a Rodríguez Sobrino un año en su mismo puesto. No fue cesado hasta que su nombre apareció en los papeles de Panamá. 

http://www.elespanol.com/espana/20170714/231227533_0.html

23. C.A.MADRID CUANDO CIFUENTES SE NEGÓ A IR A UN HOMENAJE DEL 11-M PORQUE LO PRESIDÍA PILAR MANJÓN

La presidenta, que ahora pide que no haya “mezquindad” con Miguel Ángel Blanco, rechazó la invitación porque era candidata del PP

La última en subirse al carro de las críticas a Manuela Carmena y el Ayuntamiento de Madrid ha sido la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, quien este lunes pedía al Consistorio que “fuera generoso y no actuara con mezquindad”.

Cifuentes aseguraba que “con las víctimas no se puede ser mezquino” y añadía que “no hay que ver de dónde vienen las víctimas, si son de un lado o de otro”.

Unas declaraciones que chocan frontalmente con las actitudes que la propia Cifuentes lideró en el pasado, cuando despreciaba a unas víctimas frente a otras por sus ideas políticas. Y encima, con el argumento de que era candidata del Partido Popular a la Presidencia de la Comunidad.

Hay que remontarse a marzo del año 2015, cuando las víctimas de los atentados del 11-M seguían divididas y realizaban homenajes por separado. La Asociación 11 M Afectados de Terrorismo, que presidía entonces Pilar Manjón, invitó a su acto a Cristina Cifuentes, entonces delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

Como después revelaría Manjón, el equipo de Cifuentes le llamó para decirle que no iba a acudir a su homenaje a las víctimas del 11-M porque no lo consideraba oportuno después de haber sido elegida por el PP como candidata a presidenta de la Comunidad de Madrid.
Manjón invitó a todas las instituciones y sus representantes, pero Cifuentes fue la única que le llamó directamente para decirle que no pensaba acudir a su acto. Tampoco lo hizo ningún miembro del Partido Popular, que sólo apoyaba los actos que realizase la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Entonces, Manjón señaló que "no nos merecemos que nuestros representantes políticos ni la sociedad civil, esa a la que iba dirigida el atentado, se olvide de nosotros". La presidenta de la asociación de víctimas pidió entonces "memoria, dignidad y reparación moral" para todas las víctimas "en igualdad". El discurso que ahora usa el Partido Popular para atacar al Ayuntamiento de Madrid.

http://www.elplural.com/politica/2017/07/11/cuando-cifuentes-se-nego-ir-un-homenaje-del-11-m-porque-lo-presidia-pilar-manjon

24. C.A.MADRID EL CONSEJERO DE SANIDAD DE CIFUENTES, REPROBADO A GOLPE DE ABANICO

El "tripartito de la oposición" pide la dimisión o el cese inmediato de Jesús Sánchez Martos, aunque este no lo hará de 'motu proprio'

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado, con los votos a favor de los tres grupos de la oposición (Podemos, PSOE-M y C's), una proposición no de ley que reprueba la actuación política del consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, y exige su dimisión o cese "inmediato".

La gota que colmó el vaso del "tripartito de la oposición" - como ha calificado Cifuentes a sus rivales tras la anexión del partido naranja a la reprobación - fue la polémica de los abanicos. Sánchez Martos recomendó el uso de "abanicos de papel" a los alumnos de los colegios como medida para sobrellevar la ola de calor que asola a España. Además, definió esto como "una terapia ocupacional". Incluso llegó a explicar cómo se hacen. "Dobla, dobla, dobla, dobla y tienes el abanico", espetó.

El texto ha sido presentado por Podemos, cuya diputada regional Mónica García ha acusado al consejero de no tener "ningún proyecto" para la sanidad de Madrid "más allá de una suerte de decisiones arbitrarias e impulsivas tomadas a veces desde el desconocimiento y a veces incluso desde la prepotencia del cargo público que ostenta".

"Sus ocurrencias tendrían cabida en una película de José Luis Cuerda del tipo de 'Amanece que no es poco', pero nos limitaremos a reprobarlo por su incompetencia en el papel principal de 'gestione la sanidad, que no es poco'", ha dicho.

Martos no dimitirá

El consejero de Sanidad ya afirmó la pasada semana, cuando supo de la unanimidad de la oposición para su reprobación, que no iba a presentar su dimisión en ningún caso. A la defensa de su compañero ha salido Regina Plañiol. La parlamentaria popular ha tildado de "inconsecuente, mezquina, falaz, injusta y falaz". Aunque, eso sí, no le ha faltado tiempo para sacar pecho por su "gestión excelente de la sanidad en Madrid". 

La bancada del Partido Popular se ha desecho en vítores y aplausos hacia Sánchez Martos que, por cierto, no intervino durante todo el debate. Al mismo tiempo, la formación morada respondía blandiendo unos abanicos morados.

http://www.elplural.com/politica/2017/06/22/el-consejero-de-sanidad-de-cifuentes-reprobado-golpe-de-abanico

25. C.A.MADRID EL ALTO CARGO DE AGUIRRE QUE INFORMÓ A FAVOR DE DAR A DEDO 80 MILLONES A UNA ASOCIACIÓN PRIVADA PERTENECÍA A SU JUNTA DIRECTIVA

El entonces director general de Economía elaboró un informe que presentaba a Madrid Network como "la única" entidad capaz de gestionar el reparto del macropréstamo entre empresas para innovación

José María Rotellar emitió su informe después de que los servicios jurídicos exigieran explicaciones de por qué el Ejecutivo madrileño consideraba imprescindible saltarse las normas que le obligaban a convocar un proceso abierto de selección

El Gobierno de Esperanza Aguirre emitió en mayo de 2011 un informe que presentaba a Madrid Network como "la única entidad" del territorio capaz de gestionar 80 millones públicos en créditos blandos para innovación. Lo hizo para contentar a los servicios jurídicos de la Comunidad, que acababan de alertar contra la decisión de adjudicar a una asociación privada el reparto de aquel macropréstamo sin publicidad ni competencia posible por parte de otros interesados. Extremadamente elogioso para Madrid Network, el informe fue elaborado por el entonces director general de Economía, luego concejal de oposición en Madrid con Esperanza Aguirre y ahora retirado de la política, José María Rotellar. Lo firmó el 9 de mayo de 2011. Cuatro meses antes, Rotellar había sido designado vocal de la junta directiva de Madrid Network como representante de dos de los clusters –conglomerados empresariales de función similar a la de los lobbies– empresariales que conforman la asociación.

infoLibre intentó este miércoles contactar con Rotellar. No fue posible. Y los portavoces oficiales de la Comunidad de Madrid a quienes preguntó este diario no se pronunciaron sobre si el exdirector general pudo incurrir en conflicto de intereses al informar favorablemente la firma de un convenio que había de beneficiar a la misma asociación en cuya directiva él mismo se integraba. "Incluso si formaba parte de la junta de Madrid Network solo como representante de la Consejería de Economía debió abstenerse de emitir ese informe", opina un destacado experto en Derecho Administrativo consultado este miércoles.

Superado el escollo de los servicios jurídicos, que exigieron como "condición esencial" que el Ejecutivo regional justificara por qué había elegido a Madrid Network sin selección previa pero que le proporcionaba una amplia vía de escape al evitarle someterse a un segundo dictamen legal, el equipo de Aguirre dio vía libre al convenio. Suscrito el 23 de mayo de 2001, el acuerdo continúa aún hoy rodeado de sombras e incógnitas.

En su informe, Rotellar ponderó casi con vehemencia las virtudes que conferían a Madrid Network de garantizar "la máxima rapidez en la canalización de la financiación". Y cómo, "su naturaleza jurídica y sus fines estatutarios", su potencia como vértice de unión de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio y la patronal y su envergadura al agrupar "empresas que suponen el 40% del PIB regional" –el informe no decía en qué fuente sustentaba esa afirmación–, cómo todo ello en resumen la convertían en la única destinataria posible del encargo.

De los 80 millones librados por el Gobierno central en tres tandas anuales –32, 32 y 16 millones–, Madrid Network gestionó el reparto de 76 y terminó devolviendo los otros cuatro a la Comunidad de Madrid. Solo los socios de Madrid Network –alrededor de 600– pudieron optar a esos préstamos, otorgados a un tipo de interés muy inferior al del mercado bancario (al 1,232%), con cinco años de carencia a partir de la firma y diez más para el reembolso. Entre los beneficiarios de aquella formidable línea de crédito se cuentan empresas vinculadas a antiguos cargos políticos y de las finanzas semipúblicas. Los más señeros, porque no solo los suyos fueron préstamos fallidos sino porque permanecen embarcados en una batalla para no devolver el dinero público recibido, son el exconsejero madrileño de Sanidad Manuel Lamela e Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II.

Constituida en diciembre de 2007 por la Comunidad de Madrid, la patronal madrileña Ceim y la Cámara de Comercio como asociación privada sin obligación de depositar sus cuentas anuales en ningún registro y ajena a fiscalización de la Cámara de Cuentas, Madrid Network ha gestionado al menos cinco convenios millonarios cofinanciados por la Unión Europea: el de los 80 millones, cuyos fondos procedían del hoy extinto Ministerio de Ciencia que dirigió Cristina Garmendia en el último Gobierno de Zapatero; y tres de ámbito regional suscritos en 2014 y 2015 con la Comunidad de Madrid también para la gestión de ayudas encaminadas a la innovación empresarial.

La supervisión de lo sucedido con los 80 millones del macropréstamo ministerial está encomendada a una comisión mixta Gobierno-Comunidad que se reúne periódicamente. Fuentes del Ejecutivo madrileño sostienen que Garmendia aceptó sin ninguna objeción que el convenio firmado en octubre de 2010 por ella misma y Esperanza Aguirre quedase en papel mojado cuando, un mes y medio más tarde, el Gobierno de Madrid liquidó de un plumazo el organismo público que debía ejecutarlo, el Imade.

La súbita desaparición del Imade permitió la entrada en escena de Madrid Network, fácticamente controlada por la Administración regional liderada por Aguirre y los dos brazos empresariales que manejaba su amigo de infancia Arturo Fernández: la patronal Ceim y la Cámara de Comercio. El control fáctico nunca se tradujo en ninguna fórmula que situara a Madrid Network entre aquellos organismos sujetos a fiscalización permanente. Pese a que desde 2011 por sus cuentas han pasado más de 105 millones de origen netamente público, Madrid Network nunca ha solicitado ser declarada asociación de utilidad pública. Adquirir ese rango le habría obligado a presentar cuentas y memorias anuales en el Registro de Asociaciones de Madrid.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/13/el_alto_cargo_aguirre_que_informo_favor_dar_dedo_millones_una_asociacion_privada_pertenecia_junta_directiva_67516_1012.html

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