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Boletin 755. Del 06 al 23 de junio 2017 (PDF)

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NOTICIAS LEZO

ÍNDICE


01. CASO GURTEL ( VER BOLETIN )

02. CASO PÚNICA ( VER BOLETIN )

03. CASO LEZO ( VER BOLETIN )

04. COMISION DE INVESTIGACIÓN PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL PP

4.1. LUIS BÁRCENAS NO DECLARARÁ EN LA COMISIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

4.2. BÁRCENAS MODIFICARÁ LAS "RESPONSABILIDADES" QUE ATRIBUYÓ SOBRE LA 'CAJA B' DEL PP

4.3. LA ÚLTIMA TRABA DEL PP: RECURRIRÁ AL TC PARA FRENAR LA COMISIÓN SOBRE SU CAJA B

4.4. EL PP PIERDE SU RECURSO PARA FRENAR LA COMISIÓN SOBRE SU CAJA B

4.5. EL PP SE VENGA DE LA 'COMISIÓN BÁRCENAS' Y LLAMA A DECLARAR EN EL SENADO A SÁNCHEZ, IGLESIAS Y RIVERA


05. EL GOBIERNO DE RAJOY SIGUE CON SU 'AFICIÓN' A LEGISLAR A GOLPE DE DECRETO: 16 EN MENOS DE UN AÑO

06. EL DOBLE FIASCO DE LA AMNISTÍA FISCAL: 3.900 EVASORES SIGUIERON DEFRAUDANDO Y SÓLO RECAUDÓ EL 3% DEL DINERO OCULTO

07. ESTOS SON LOS 60 NOMBRES DE BENEFICIARIOS DE LA AMNISTÍA FISCAL QUE HAN SALIDO A LA LUZ

08. LA JUEZA POSTERGADA PARA PRESIDIR EL TRIBUNAL DE MURCIA REPROCHA "ARBITRARIEDAD" AL CGPJ

09. EL PRESIDENTE DE RTVE NO TRANSMITIRÁ EL DESFILE DEL ORGULLO TRAS DECLARARSE "CATÓLICO, APOSTÓLICO Y ROMANO"

10. INTERIOR AUDITA LA ACTUACIÓN DE LA UDEF EN EL 'CASO PUJOL' TRAS LAS DENUNCIAS DE PIMENTEL Y DEL HIERRO

11. CASO ACUAMED. LA FIRMA QUE HACÍA SONDEOS PARA EL PP RECIBIÓ PAGOS OPACOS DE ELÉCTRICAS Y CONSTRUCTORAS

12. LA UDEF PEINA LAS TRANSFERENCIAS DE ELECNOR EN BUSCA DE LAS MORDIDAS DE ARÍSTEGUI

13. EL PP DESTITUYE AL PRESIDENTE DEL PARTIDO EN VALENCIA, MONTA UNA GESTORA Y APLAZA EL CONGRESO

14. CRISIS DEL PP CÁNTABRO: GÉNOVA EXPULSA A LA CAMPEONA OLÍMPICA RUTH BEITIA Y 8 DIPUTADOS

15. C. A. ANDALUCÍA. EL LÍDER DEL PP DE ALMERÍA SALVA CON UNA TRÁNSFUGA EL PLENO PARA EXIGIR SU DIMISIÓN

16. C. A. BALEARES. UNA TESTIGO PROTEGIDA IMPLICA A DOS POLÍTICOS DEL PP DE PALMA EN ORGÍAS CON DROGAS Y PROSTITUTAS

17. C. A CASTILLA Y LEÓN. LA FÍSCALÍA PIDE LA IMPUTACIÓN DEL EX VICEPRESIDENTE DE CASTILLA Y LEÓN

18.C. MADRID. CIUDADANOS CUESTIONA LA COLABORACIÓN DEL GOBIERNO DE CIFUENTES CON LA JUSTICIA

19.C. MADRID LOS TRABAJADORES DEL GREGORIO MARAÑÓN SE UNEN CONTRA CRISTINA CIFUENTES

20.C.MADRID. GRANADOS ACUSA A CIFUENTES DE SER “LA MANO DERECHA” DE IGNACIO GONZÁLEZ

21.C.MADRID. CIFUENTES SIGUE AUMENTANDO EL NÚMERO DE ALUMNOS POR CLASE ILEGALMENTE MIENTRAS LA JUSTICIA LO INVESTIGA

22. C. MADRID. Cifuentes se 'coló' en el comité de técnicos que benefició a Arturo Fernández

23. REGIÓN DE MURCIA. CASO PÚNICA. PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ: «¿DÓNDE ESTÁ AQUÍ MI VINCULACIÓN?»

24. REGIÓN DE MURCIA. EL JUEZ DEL ‘CASO AUDITORIO’ RECHAZA INTERROGAR A UN TESTIGO PARA NO PROVOCAR UN “SEÍSMO PROCESAL”

25. C. VALENCIANA. EL ‘CÁRTEL DEL FUEGO’ GENERÓ UN FRAUDE DE 100 MILLONES DE EUROS



01. CASO GURTEL

02. CASO PÚNICA

03. CASO LEZO


04. COMISION DE INVESTIGACIÓN PRESUNTA FINANCIACION ILEGAL PP

4.1. LUIS BÁRCENAS NO DECLARARÁ EN LA COMISIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

El extesorero del PP comparecerá este lunes si es citado a la comisión del Congreso de los Diputados sobre la financiación ilegal del PP, pero decide no declarar porque está acusado en el próximo juicio de la caja b del PP y puede perjudicar a su derecho a defensa, según su entorno

La comisión de investigación abierta en el Congreso de los Diputados para analizar la financiación ilegal del Partido Popular se queda sin su principal protagonista. El hombre cuya contabilidad manuscrita y comparecencia en 2013 ante el juez Ruz en la Audiencia Nacional, removió los cimientos de la formación conservadora. El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, acaba de decidir, tras reunirse con sus abogados, que no declarará si como está previsto, es citado este lunes a comparecer ante los diputados.

Acudirá a la convocatoria si es llamado porque está obligado a ello, pero se negará a contestar a las preguntas sobre la caja b del PP para proteger su derecho a defensa y alegando el derecho constitucional a no declarar contra sí mismo.

Porque la Fiscalía pide 42 años y medio de cárcel para Bárcenas en el juicio que se está celebrando por la pieza principal del caso Gürtel, y otros cinco por el futuro juicio de la caja b del PP. Y el extesorero considera, según las mismas fuentes, que cualquiera de sus manifestaciones al respecto pueden dar lugar a un hecho comprobable y que le comprometa, y que pueda ser utilizado por las acusaciones en los procedimientos que le afectan.

Fuentes de Anticorrupción consultadas por la SER consideran “razonable” la postura de Bárcenas. Recuerdan que “cada vez que ha hablado” ha salido “escaldado” y ha “empeorado su situación y la de su mujer”, por lo que entienden que “el silencio es la mejor manera de defenderse”.

La decisión de Luis Bárcenas se produce un día después de que declarase en el juicio de la Gürtel la antigua cúpula del Partido Popular, que ha negado conocimiento alguno de la caja b y ha derivado cualquier responsabilidad en el área económica en el entonces tesorero, Álvaro Lapuerta. Las declaraciones de Javier Arenas o Ángel Acebes son coincidentes con las realizadas ya en fase de instrucción por los secretarios generales del PP durante el año 2013, cuando a Lapuerta aún no le había sido diagnosticada una demencia senil sobrevenida y estaba imputado. Ya entonces derivaron toda responsabilidad en Lapuerta, que fue tesorero durante los años objeto de procedimiento de la caja b del PP. Luis Bárcenas fue nombrado en el cargo en 2008 y permaneció en el mismo cerca de dos años.

http://cadenaser.com/ser/2017/06/21/tribunales/1498066763_173242.html

4.2. BÁRCENAS MODIFICARÁ LAS "RESPONSABILIDADES" QUE ATRIBUYÓ SOBRE LA 'CAJA B' DEL PP

Valora "muy positivamente" las declaraciones de la cúpula del PP que hacen responsable a Lapuerta

El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, "modificará y matizará de forma sustancial" las declaraciones judiciales que realizó sobre la caja B del PP y el pago de sobresueldos en negro en el seno del partido. Fuentes próximas al antiguo responsable de las finanzas del partido han asegurado a EL MUNDO que cuando vuelva a declarar judicialmente sobre la financiación del PP «introducirá cambios sobre cuestiones esenciales» con respecto al relato que expuso en julio de 2013 y abril de 2014 ante la Audiencia Nacional. Las mismas fuentes explican este cambio de postura arguyendo que «la defensa» de Bárcenas ha cambiado, «los abogados son distintos» y, por tanto, «la estrategia va a ser revisada por completo».El entorno directo de Bárcenas quiere añadir que las "modificaciones y matizaciones" que introducirá están relacionadas con la "atribución de responsabilidades en el PP" en materia de financiación ilegal. El ex tesorero considera que en su momento realizó "afirmaciones muy rotundas" que ahora está dispuesto a cambiar.«Hubo frases que se dijeron en su momento que a lo mejor ahora no se hubieran dicho», añaden las fuentes consultadas sin querer precisar todavía los extremos que serán específicamente retocados. No obstante, recalcan que versarán sobre «cuestiones importantes y no accesorias».

Durante las dos declaraciones que prestó Bárcenas sobre este asunto reiteró que la formación «pagaba siempre en negro» una parte de sus campañas electorales y que «en todas las provincias y regiones se llevaba una caja B para las elecciones», extremos que ya han quedado acreditados en numerosos procedimientos judiciales. Asimismo, atribuyó el conocimiento de dicha doble contabilidad a los altos mandos del partido: «Los secretarios generales la revisaban y los presidentes lo sabían». En esta misma línea explicó, entre otras cuestiones, que Mariano Rajoy era uno de los perceptores de sobresueldos en efectivo, que le «entregó en mano» en una ocasión «25.000 euros» y que «sus trajes se pagaron con dinero negro». Además, relató que el PP de Castilla-La Mancha se financió ilegalmente y atribuyó directamente la responsabilidad a María Dolores de Cospedal.

Pese a sus intenciones, Bárcenas aplazará su nueva versión sobre la financiación del PP, ya que en estos momentos sólo quiere dar explicaciones sobre su supuesta participación en la trama Gürtel, cuyo juicio se está desarrollando en la Audiencia Nacional. Su defensa considera que «no tienen cabida» ahora mismo cuestiones relacionadas con la caja B y que la pretensión de que estos temas se aborden durante el juicio que se encuentra en marcha sólo «responde a juzgar una misma cuestión dos veces, lo cual está prohibido». No en vano, la financiación ilegal será juzgada en el denominado caso de los papeles de Bárcenas. De ahí que las mismas fuentes también consideren inapropiado que declare próximamente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como testigo en Gürtel: «Su citación forma parte de la misma estrategia ilegal».En esta misma línea, el ex tesorero popular tiene previsto comparecer el próximo lunes ante la comisión del Congreso sobre la financiación del PP. Irá pero no hablará, pues no está dispuesto a declarar en el Parlamento sobre esta cuestión al existir todavía procedimientos judiciales en marcha. A pesar de admitir que habrá «cambios» en su relato sobre la financiación del PP, el entorno de Bárcenas niega tajantemente la existencia de un pacto de no agresión con los populares. «La prueba más evidente de que no existe tal acuerdo es que no ha renunciado a las recientes declaraciones como testigos de Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja o Ángel Acebes en el caso Gürtel. Esas declaraciones podrían haber supuesto un riesgo para su defensa y se mantuvieron».En cuanto al contenido de las mismas, su defensa las valora «muy positivamente», en tanto en cuanto descargaron la responsabilidad de las finanzas del partido en el también ex tesorero Álvaro Lapuerta, siguiendo la línea que siempre ha mantenido Bárcenas. Rato, Arenas y Mayor Oreja negaron tener conocimiento de la existencia de una caja B, así como haber percibido en sobresueldos.

http://www.elmundo.es/espana/2017/06/22/594ac64c22601dbc398b45f0.html

4.3. LA ÚLTIMA TRABA DEL PP: RECURRIRÁ AL TC PARA FRENAR LA COMISIÓN SOBRE SU CAJA B

Según ha podido saber ELPLURAL.COM, las reuniones de la Comisión de Investigación "son de las más tensas que recuerdo"

El día 26 de junio es una fecha muy especial para el PP y para Luis Bárcenas. Es el día fijado en el calendario para que el extesorero acuda la Comisión sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Una Comisión que ya ha echado a andar a pesar de las trabas del PP, quien a pesar de que la propia formación votó a favor de crearla, se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo ya aseguró que la Comisión “nace muerta y es un paripé inútil”, unas palabras en las que este martes ha profundizado. Y es que, Maíllo ha anunciado que ya barajan presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional como medida cautelar.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, el coordinador general ha asegurado que “no tenemos nada que ocultar y estamos incluso dispuestos a acudir”, pero matiza que “no creemos que se pueda hacer una comisión de investigación contra un partido político como si fuera una causa general, y por lo tanto, lo único que hemos pedido es que se acoten los plazos, que se acote la materia”. PSOE, Podemos y Ciudadanos no parecen estar por la labor de establecer dichos límites y cercar la investigación, por lo que Maíllo ha anunciado que ya han presentado un documento de “reconsideración ante la Mesa del Congreso”, pero todavía no han recibido respuesta. En este sentido, Maíllo ya ha advertido de que “nos veremos obligados a acudir al Constitucional”.

“La Comisión más tensa que recuerdo”

Las reuniones de la Comisión sobre la presunta financiación ilegal del PP (hasta ahora tres, incluida la constitución de la misma) han sido a puerta cerrada. Sin embargo, según ha podido saber ELPLURAL.COM, la tensión se apodera de los encuentros. Una de las fuentes consultadas asegura que “la tensión es tremenda, de las más tensas que recuerdo”. Sobre todo destaca la crispación entre PSOE y PP en las reuniones.

Una rigidez que ya se percibió el pasado miércoles 7 de junio, cuando, tal y como contamos en ELPLURAL.COM, uno de los diputados salió de la sala espetando: “Al final me voy a cabrear”.

La tensión incluso se trasladó al set del Congreso, donde compareció Maíllo, a quien se le vio notablemente cabreado.

Luis Bárcenas, el primero en desfilar

En cualquier caso, la Comisión ya ha echado a andar y ya se ha requerido documentación al PP. El próximo lunes 26 de junio acudirá el primer compareciente, Luis Bárcenas. Lo que aún está por ver es si declarará o se atendrá a su derecho a no responder por estar procesado. Tras él, serán llamados los diferentes extesoreros del Partido Popular: Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís, la actual tesorera Carmen Navarro e incluso Álvaro Lapuerta. No obstante, Isabel Rodríguez ha matizado que, como es evidente, si alega que no puede acudir por enfermedad habrá que respetarlo.

http://www.elplural.com/politica/2017/06/21/la-ultima-traba-del-pp-recurrira-al-tc-para-frenar-la-comision-sobre-su-caja-b

4.4. EL PP PIERDE SU RECURSO PARA FRENAR LA COMISIÓN SOBRE SU CAJA B

PSOE, Podemos y Ciudadanos unen sus votos en la Mesa del Congreso

El PP ha perdido el último recurso en el Congreso para intentar parar la comisión de investigación sobre su presunta financiación ilegal. PSOE, Podemos y Ciudadanos han sumado sus votos en la mesa del Congreso para rechazar la posibilidad de establecer límites a la investigación sobre la caja b.

A los populares les queda ahora la opción de recurrir a los tribunales, pero con remotas opciones de lograr la suspensión de los inicios de los trabajos que se abrirán el 26 de junio con la comparecencia de Luis Bárcenas, a la que seguirán las de los otros responsables de finanzas del PP.

En vísperas de la moción de censura que, con seguridad, se centrará en la corrupción, el PP ha perdido una ocasión de mostrarse acompañado en un asunto de regeneración. Pretendía que la Mesa pidiera un informe jurídico que parara la comisión y que sirviera para establecer límites temporales, territoriales y de objeto a esa investigación.

Por ejemplo, el escrito presentado por el PP en la Mesa del Congreso señala que el límite debe estar en el momento en el que en 2015 se tipificó como delito la financiación ilegal de los partidos. También que esa investigación se refiera solo a contratos de la administración central del Estado porque las Cortes no pueden controlar a comunidades autónomas o ayuntamientos y que se extendiera a todos los demás partidos políticos.

Inicialmente, Ciudadanos propuso que la investigación se iniciara en 2003 cuando Mariano Rajoy llegó a la presidencia del PP, pero finalmente se sumó a PSOE y Podemos para no establecer límite alguno. Los populares confiaban en que el partido de Albert Rivera aceptara negociar y frenara la investigación, pero en la Mesa de este lunes sus dos representantes no tuvieron duda en la votación.

La decisión de la Mesa es que el acuerdo del pleno por el que se creó la comisión de investigación no establecía límite alguno. Tampoco establecía límites el acuerdo entre el PP y Ciudadanos para la investidura de Rajoy.

El PP firmó aquel acuerdo y en marzo votó en el pleno con el resto de partidos la creación de la comisión. Su voto era prescindible porque el resto de partidos podía forzar su creación, pero el PP terminó por sumarse al acuerdo hasta legar a la unanimidad.

http://politica.elpais.com/politica/2017/06/12/actualidad/1497252424_564743.html

4.5. EL PP SE VENGA DE LA 'COMISIÓN BÁRCENAS' Y LLAMA A DECLARAR EN EL SENADO A SÁNCHEZ, IGLESIAS Y RIVERA

Utilizan su mayoría absoluta en la Cámara Alta para pedir la comparecencia de la plana mayor de los partidos de la oposición.

Guerra de comisiones de investigación. El Partido Popular ha registrado a última hora de este viernes la solicitud de comparecientes para que desfilen por la comisión de financiación que el PP ha pedido en el Senado, donde el partido de Mariano Rajoy tiene mayoría absoluta. En su escrito, en poder de EL ESPAÑOL, los conservadores piden la comparecencia de los líderes de los principales partidos de la oposición: Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Iglesias (Podemos) y Albert Rivera (Ciudadanos).

El desfile de los rivales de Rajoy por el Senado no es suficiente. Los conservadores reclaman también, por parte de Podemos, la comparecencia de los pesos pesados del partido: Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Irene Montero, Carolina Bescansa y Tania Sánchez, entre otros. Además, también llaman al líder de IU, Alberto Garzón y su antecesor, Cayo Lara.

En el caso del PSOE, los populares quieren que declaren el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Susana Díaz, Gaspar Zarrías, José Antonio Griñán, Manuel Chaves, José Montilla, José Bono y Magdalena Álvarez, entre otros. De Ciudadanos, el PP pide la comparecencia de Carlos Cuadrado, responsable de las finanzas de Cs; el líder del partido en Andalucía, Juan Marín; y varios diputados autonómicos y concejales.

Con este aluvión de peticiones, el Partido Popular pretende vengarse de la 'comisión Bárcenas' que la oposición ha puesto en marcha en el Congreso. De hecho, este lunes comienza con la intervención del extesorero del partido conservador, que por primera vez se verá las caras con miembros de su partido y de la oposición.

http://www.elespanol.com/espana/20170623/225978042_0.html

05. EL GOBIERNO DE RAJOY SIGUE CON SU 'AFICIÓN' A LEGISLAR A GOLPE DE DECRETO: 16 EN MENOS DE UN AÑO

La sentencia del TC que tumbó la amnistía fiscal de 2012 puso en el foco el excesivo recurso al real decreto ley, una herramienta concebida para circunstancias excepcionales

En lo que va de legislatura, el Gobierno ha recurrido ya en 16 ocasiones a este tipo de iniciativas

Rajoy ha recurrido al decreto en cuatro iniciativas tributarias o financieras, tres relacionadas con la protección de los consumidores y dos con medidas para la activación del empleo

Hace poco más de una semana, el Tribunal Constitucional (TC) daba un contundente varapalo al Gobierno de Mariano Rajoy declarando inconstitucional la amnistía fiscal, el Real Decreto Ley 12/2012, una de las medidas más polémicas de la X Legislatura (2011-2015) si se tiene en cuenta que personas vinculadas con el partido del Gobierno o inmersas en investigaciones judiciales se acogieron a ella para aflorar bienes ocultos hasta esa fecha.

En el Gobierno han intentado salir al paso de este mazazo judicial con el argumento de que el TC, que anula la amnistía fiscal, pese a que no tiene efecto sobre las regularizaciones, censura con su sentencia el vehículo mediante el que se llevó a cabo la medida: el real decreto ley. Y justificando que vio luz verde para hacer frente a una situación económica límite, pese a que no se llegó a recaudar lo inicialmente previsto. En todo caso, este episodio pone el foco sobre el excesivo recurso al real decreto ley a la hora de legislar. Una vía a la que Rajoy ha recurrido en 93 ocasiones desde que asumió el Gobierno a finales de 2011. El reparto es el siguiente: 76 en la X Legislatura, una en la corta XI Legislatura y 16 en lo que llevamos de XII Legislatura.

En la Legislatura completa, en la X [diciembre 2011-enero 2016], el Gobierno presentó un total de 239 iniciativas (163 proyectos de ley y 76 decretos leyes). Por tanto, el 31,8% fueron decretos leyes. El porcentaje es casi inédito. Sólo en la VI Legislatura (1996-2000), con José María Aznar (PP) al frente, se superó el 30%.

Es el artículo 86 de la Constitución que el recoge la figura del real decreto ley. "En caso de extraordinaria y urgente necesidad", refleja, "el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general", añade.

El proceso

El proceso es el siguiente: una vez que reciben el visto bueno del Consejo de Ministros, deben ser sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados. Tiene que hacerse en los 30 días siguientes a su promulgación. En ese periodo, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

En el caso de la amnistía fiscal, el Constitucional considera que parte del real decreto "afecta a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos" que tienen los ciudadanos y, por tanto, no puede hacerse por esta vía legislativa.

Las fuentes del PP y del Gobierno consultadas achacan el recurso al real decreto ley a la "urgencia" de las cuestiones sobre las que pretende legislar. Recuerdan, en este sentido, que cuando llegaron al Gobierno tras la última legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero la crisis económica requería de "acciones urgentes". Afirman también que en esta legislatura, la actual, tras más de casi un año de Gobierno en funciones había mucha tarea legislativa pendiente, sobre todo trasposiciones de directivas de la Unión Europea que había que aprobar para evitar sanciones. Es el caso, por ejemplo, de la reforma de la estiba, que tuvo que volver al Congreso después de que el primero de los reales decretos fuera tumbado por la Cámara.

Hace dos meses, el Gobierno tenía pendiente adaptar a la legislación española 78 directivas comunitarias. Como norma general, las directivas de la UE deben incorporarse a la legislación nacional en un plazo máximo de dos años.

Los reales decretos de esta legislatura

En lo que va de XII Legislatura, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a 16 reales decretos. Diez de ellos corresponden a 2017 y seis al año anterior. Concretamente, hasta la fecha, han llegado al Congreso de los Diputados cuatro reales decretos leyes relacionados con el ámbito tributario o financiero. Se trata del que introdujo medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, del que adoptó medidas tributarias dirigidas "a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social", del que adoptó medidas urgentes "en materia financiera". Y el que traspuso "directivas de la UE en los ámbitos financieros, mercantil y sanitario".

Entre los decretos también figuran tres que afectan a los consumidores: una en materia de cláusulas suelo, otra con el coste del bono social y otra para la protección de deudores hipotecarios sin recursos. Y dos que están relacionadas con el empleo: uno de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y el que prorroga y modifica el Programa para Activación para el Empleo.

También se contabilizan un par de decretos para paliar efectos de la sequía o el temporal, además de los dos de la estiba, el derogado y el que salió adelante. Y el que amplió el calendario de implantación de la LOMCE, además de una modificación de la ley de protección de salud del deportista y lucha contra el dopaje, y del decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos de personal docente no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpo de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas para 2017.

Sin justificar la "urgente" necesidad

El varapalo del TC respecto al real decreto sobre la amnistía fiscal no es el único de este tribunal a los conservadores. Hace casi un año, en julio de 2016, el pleno del TC estimó de forma unánime un recurso presentado en 2014 por PSOE, IU y UPyD contra la decisión del Gobierno de aprobar créditos extraordinarios para pagar armas.

La sentencia considera que el uso sistemático del decreto-ley como forma de aprobar créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento es contrario a los requisitos que establece el artículo 86.1 de la Constitución.
Así, la resolución, de la que fue ponente Francisco Pérez de los Cobos, expresidente del TC, señala que el Gobierno debe explicitar las razones de "extraordinaria y urgente necesidad" que justifican la aprobación de medidas legislativas por la vía del decreto-ley, unas medidas que, además, deben guardar conexión con la situación de urgencia a la que pretenden hacer frente.

Sólo dos rechazos en democracia

Con el rechazo, el pasado 16 de marzo, por parte del Pleno del Congreso del real decreto ley para reformar el sector de la estiba son tres las ocasiones en las que la Cámara baja ha tumbado una figura normativa de este tipo. Ocurrió, además de ahora, en 1979 y 2006.
En la primera legislatura de Zapatero, una treintena de diputados socialistas se confundieron al votar el real decreto por el que se aumentaban los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco. Era 9 de febrero de 2006. El Consejo de Ministros tuvo que aprobarlo y llevarlo de nuevo al Congreso. En esta ocasión no hubo errores y pudo salir adelante.
Para encontrar el ejemplo más antiguo en el tiempo hay que ir al 6 de febrero de 1979. Ese día, la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que ejerce las funciones del Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, rechazó la convalidación de un decreto del Ejecutivo de Adolfo Suárez que prorrogaba la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento.
Las fuentes parlamentarias consultadas coinciden en que el Gobierno tomó nota del primer suspenso con el decreto de la estiba y que, ahora en minoría parlamentaria, intentará hacer un uso más limitado para evitar, además, recursos ante el TC que pongan en entredicho su actividad legislativa.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/18/el_gobierno_rajoy_sigue_con_aficion_legislar_por_decreto_menos_ano_66446_1012.html

06. EL DOBLE FIASCO DE LA AMNISTÍA FISCAL: 3.900 EVASORES SIGUIERON DEFRAUDANDO Y SÓLO RECAUDÓ EL 3% DEL DINERO OCULTO

Hacienda destapó un fraude medio de 70.758 euros al inspeccionar al 13% de los contribuyentes que se acogieron al decreto de Montoro

Las declaraciones complementarias cayeron a la mitad en cuatro años por culpa de la regularización fiscal de 2012, según los técnicos de Hacienda

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido de nuevo en el Congreso la amnistía fiscal recién anulada por el Tribunal Constitucional (TC), que en su sentencia reprochaba a la medida del Gobierno que “legitimara” la conducta de los evasores de impuestos. En la sesión del control al Ejecutivo, aseguró que gracias a la amnistía se “clausuró una bolsa de fraude” que gobiernos anteriores no habían sido capaces de pinchar, y negó que hubiera “abdicado del deber de recaudar”, precisamente de lo que le acusaba la sentencia del TC. “Lo que se hizo fue sacar de las sombras un capital que estaba oculto”, zanjó.

Sin embargo, según las cifras que el propio Montoro facilitó a los diputados, el 13,3% de quienes se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 continuó defraudando tras haber regularizado su situación con el fisco. Son 3.943 personas y sociedades, del total de 29.683 que se acogieron a las medidas de gracia ofrecidas por el Gobierno. Una vez acogidos a la amnistía por los activos ocultados en los ejercicios de 2008 a 2010, fueron inspeccionados por Hacienda en años posteriores porque eran considerados “perfiles de riesgo”; es decir, no fueron seleccionados porque se hubieran acogido al decreto-ley recién anulado –que les blindaba de cualquier investigación penal por sus regularizar rentas opacas–. Y se descubrió una deuda media por defraudador de 70.758 euros.

Para el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), estas cifras son una prueba de que “las amnistías fiscales son muy poco eficaces para modificar la actitud del evasor y colocan a los amnistiados en el grupo de contribuyentes con riesgo extremo de seguir defraudando”. Por eso piden a Montoro que ordene una investigación tributaria de todos los acogidos a las medidas de gracias de 2012 para saber si siguen evadiendo.

Además, hay que recordar que, según anunció en su día la Agencia Tributaria, 705 contribuyentes acogidos a la amnistía, el 2,4%, están siendo investigados por blanqueo de capitales. Esos casos han sido notificados al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), que depende del Banco de España y es la unidad de inteligencia financiera española.

Del 10% al 2,63%

A Montoro no le gusta que al decreto-ley 12/2012 se le llame “amnistía fiscal”. Siempre habla de la Declaración Tributaria Especial (DTE), como se conoce al modelo 750 que debían presentar a Hacienda los contribuyentes interesados en aflorar sus rentas opacas. Para regularizarlas, sólo debían pagar el 10% de las cantidades defraudadas y no prescritas, también quedaban eximidos de abonar intereses ni recargos. También se añadió una segunda declaración, el modelo 720, para quienes poseyeran más de 50.000 euros en bienes y derechos en el extranjero. Así afloraron 110.000 millones de euros hasta 2016.

Gracias a la DTE se recaudaron 1.192 millones de euros, menos de la mitad de los 2.482 millones previstos por el ministro Montoro. Esa cifra equivale sólo al 2,63% de la cantidad evadida entre 2008 y 2010, según los cálculos de Gestha. El sindicato de técnicos fiscales cifra en 453.078,46 millones de euros el volumen de la economía sumergida en España en esos tres ejercicios, unas estimaciones que la Agencia Tributaria, según explica un portavoz a infoLibre, no reconoce como válidas. El organismo, no obstante, tampoco hace sus propios cálculos de economía sumergida y fraude fiscal. En todo caso, si se considera que los acogidos a la amnistía pagaron el 10% del patrimonio que habían ocultado, éste equivale a 11.920 millones de euros, únicamente el 2,63% de la economía sumergida española. Dicho de otro modo, el 97% de esos bienes y rentas, concluye Gestha, sigue bajo la alfombra.

Otra de las consecuencias inesperadas de la amnistía fiscal es el desplome en el número de declaraciones complementarias. Al pagar el 10% por lo defraudado, dejó de ser necesario presentarlas. Si en 2012 se realizaron 1.076, en 2013 se redujeron a 818, para quedarse en sólo 504 en 2016, la mitad que cuatro años antes. Los técnicos de Hacienda explican que el patrimonio en el extranjero declarado en el modelo 720, en realidad ya se había aflorado antes y procedía de periodos prescritos o de evasiones ya regularizadas con la amnistía. En caso contrario, apuntan, sus dueños habrían presentado declaraciones complementarias, por lo que su número no se habría hundido.

El anzuelo y el cebo para los defraudadores

Cristóbal Montoro avanzó este miércoles en el Congreso que la Agencia Tributaria ha abierto 10.990 inspecciones relacionadas con el modelo 720, que han descubierto una deuda de 1.947 millones de euros. También se han hecho 2.544 inspecciones conjuntas de los modelos 750 y 720, que han aflorado 187 millones de euros más. En noviembre de 2016, Hacienda envió una carta a los casi 30.000 contribuyentes acogidos a la amnistía donde les avisaba de que las investigaciones tributarias abiertas tras rellenar el modelo 750 no prescribían. También explicó que estaba llevando a cabo “procesos masivos de análisis de riesgo” para destapar rentas no declaradas en periodos impositivos no prescritos, ya fueran anteriores o posteriores a la presentación de la Declaración Tributaria Especial, así como la posible utilización improcedente de dicho modelo”. Una manera de cumplir la proposición no de ley aprobada en el Congreso dos meses antes que instaba al Gobierno a tapar los agujeros de la amnistía.

Que la medida de gracia fue suave lo reconoció implícitamente Cristóbal Montoro en el Congreso cuando aseguró este miércoles que en 2012 “el Gobierno echó el anzuelo y tuvo que poner un cebo; si no, los pececitos se van a otro sitio o se quedan en el fondo del mar”.

https://www.infolibre.es/noticias/economia/2017/06/22/el_doble_fiasco_amnistia_fiscal_900_evasores_siguieron_defraudando_solo_afloro_del_dinero_oculto_66721_1011.html

07. ESTOS SON LOS 60 NOMBRES DE BENEFICIARIOS DE LA AMNISTÍA FISCAL QUE HAN SALIDO A LA LUZ

Apenas se conoce un 0,19% de los 31.484 acogidos a esta medida declarada inconstitucional
Han aflorado gracias a sumarios judiciales, sentencias e investigaciones periodísticas, y más de la mitad son empresarios, pero también hay políticos y nobles
El Gobierno se ha negado a publicar la lista de 31.484 declarantes y ha llevado al Consejo de Transparencia a los tribunales para no tener que hacerlo
Poco más de sesenta nombres. El 0,19% sobre un total de 31.484 declarantes que legalizaron dinero negro pagando a Hacienda, en ocasiones, menos del 3%. Es todo lo que se sabe de los beneficiarios de la amnistía fiscal que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lanzó en 2012, y que el Tribunal Constitucional acaba de anular, con nulos efectos prácticos, porque la sentencia no invalida las regularizaciones que se presentaron para preservar la “seguridad jurídica” de los amnistiados.
Hasta ahora, sólo han trascendido algunos nombres gracias a procesos judiciales, un puñado de sentencias e investigaciones periodísticas como las de Los Papeles de Panamá y Los Papeles de la Castellana. El resto los mantiene bajo llave el Gobierno, que se ha negado reiteradamente a publicar el listado y recurrió en la Audiencia Nacional (ganó) la resolución del Consejo de Transparencia que le obligaba a dar a conocer, al menos, qué sociedades se beneficiaron de la amnistía. Transparencia se negó a seguir pleiteando para evitar que el Supremo sentase jurisprudencia y Hacienda se salió con la suya. La lista sigue bajo llave.
De los agraciados por la amnistía, el nombre más relevante, por lo que llegó a representar en la economía española, es el del poli imputado Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno, ex director gerente del FMI y expresidente de Bankia. Encabeza el grupo de políticos de los que se sabe que se acogieron a la medida de Montoro. Todos son del PP. Están también Francisco Granados, ex mano derecha de Esperanza Aguirre y cabecilla de la trama Púnica; el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes de Aguirre (en la trama Gürtel).
Diversos escándalos de corrupción han aflorado los nombres de decenas de empresarios amnistiados. El último conocido es el de Edmundo Rodríguez, testaferro de Ignacio González, ex directivo del Canal de Isabel II y ex consejero de la editora de La Razón; otros son David Marjaliza, cabecilla de la Púnica y exsocio de Granados; Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin; el expresidente de Fadesa y del Real Madrid, Fernando Martín (en Gürtel); José Antonio Encinas Charro, expresidente de la empresa de armamento Defex; Alfonso García Pozuelo, expresidente de Hispánica (en Gürtel); el bróker Iván Yáñez (extestaferro de Luis Bárcenas); el arquitecto que cobró en B por la reforma de la sede del PP, Gonzalo Urquijo; su socia, Belén García; José Luis Martínez Pombo (ex jefe de Infraestructuras de la Línea Madrid-Levante de Adif); Antonio Banús Ferré (sobrino del fundador de Puerto Banús, en Marbella), e Ignacio Miguel Bernar Elorza (empresario implicado en el caso Emperador).
La corrupción también ha sacado a la luz la amnistía del ex líder minero de UGT José Ángel Fernández Villa, actualmente en el banquillo junto al expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, y su hija Patricia Postigo, que también recurrieron a la regularización de Montoro. La mayoría de nombres conocidos de amnistiados son, sin embargo, de empresarios: más de la mitad de esos sesenta nombres.
La mayor regularización que ha trascendido es la que llevaron a cabo los hermanos Antonio y Jorge Gallardo, propietarios de los laboratorios Almirall, que afloraron más de 113 millones de euros gracias a la medida de Montoro. Sus nombres salieron a la luz gracias a la investigación de Los Papeles de la Castellana, junto a los de los dueños del fabricante de aperitivos Pipas Facundo, Vicente Villagrá (presidente de la Cámara de Comercio de Palencia), su esposa, Rosa Blanco, y la cuñada de ambos, Fernanda Morán.
Los Papeles de Panamá permitieron conocer que se acogieron a la amnistía los Escarrer, dueños de la hotelera Meliá (que todavía hoy mantienen sociedades en Gibraltar y Curaçao) y otro empresario de este sector, José María Caballé, dueño de la cadena valenciana Servigroup. También descubrieron sociedades opacas de Borja Thyssen, del que una vez denunciado ante los tribunales por Hacienda, se supo que también se había acogido a la amnistía. Las cuitas judiciales con la Agencia Tributaria de un escritor célebre, Ildefonso Falcones, también revelaron que el autor de La Catedral del Mar se había acogido a la amnistía junto con su esposa, Carmen Rosich.
Capítulo aparte merecen los familiares de políticos: Micaela Domecq, esposa del hoy comisario europeo Miguel Arias Cañete, que, como revelaron Los Papeles de Panamá, se acogió a la amnistía cuando su marido era ministro de Agricultura; también lo hicieron al menos dos miembros del clan Pujol, Oleguer y Josep Pujol Ferrusola, hijos del ex molt honorable Jordi Pujol.
También son familiares de políticos (de otra etapa, eso sí) varios amnistiados revelados por Los Papeles de la Castellana: Pilar Tello, hija de Blas Tello (consejero del Movimiento Nacional) y su marido, Antonio Moro; Borja Pérez-Maura (nieto del exministro Gabriel Pérez-Maura y bisnieto del expresidente Antonio Maura) y su esposa, Berta de la Peña González Camino.
Y los nobles: Los Papeles de la Castellana revelaron que también se acogieron a la amnistía cuatro borbones en la línea de sucesión: la infanta de España Alicia de Borbón Parma, el infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias (primo del rey Juan Carlos), y Pedro y Cristina de Borbón Dos Sicilias. Ocultaron cuatro millones en Suiza utilizando los mismos testaferros, bufetes y sociedades pantalla que Bárcenas, Rato y los Pujol.
La misma investigación sacó a la luz la amnistía de uno de los mejores amigos del rey Felipe de Borbón: Pedro López Quesada Fernández Urrutia, marido de Cristina de Borbón, que fue amnistiado junto a sus hermanas Almudena, Beatriz y Adela, su padre, Pedro López Quesada y Fernández Lascoiti, y sus tíos Ramón y Asunción Fernández Urrutia. Antes, tras estallar la trama del blanqueador chino Gao Ping, afloró el nombre de otra noble amnistiada, María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias, prima lejana de Juan Carlos I.
También hay un puñado de empresarios anónimos amnistiados cuyos nombres han salido a la luz al recurrir en los tribunales las órdenes de la Agencia Tributaria de inspeccionarles tras acogerse a la amnistía.
Es el caso de Francisco José García Muñoz, dueño de la empresa jiennense Mariscos Castellar; Juan Tejedor, Xavier Miravet y Mireia Tejedor, administradores de tres empresas de este sector en Barcelona; Joan Pi Urgell, un dentista en Barcelona y Andorra; José Luis Caballero, dueño de la clínica de estética FIV Center; el dermatólogo de Valladolid Luis Felipe Fernández; la empresa Matices SL, dueña de una tienda de ropa en Zaragoza; Jesús Pozo, dueño de la empresa de catering escolar Seral y de Actividades Formativas SL, dedicada a actividades extraescolares; Susana Santamarta, una peluquera de León; José Antonio Navarro, dueño de la empresa oscense TCESA y su exsocio Juan Carlos García Blanco. El resto, más de 31.000 nombres, sigue oculto, pese a la inconstitucionalidad de la amnistía.

http://m.eldiario.es/economia/nombres-beneficiarios-amnistia-fiscal-salido_0_652335968.html

08. LA JUEZA POSTERGADA PARA PRESIDIR EL TRIBUNAL DE MURCIA REPROCHA "ARBITRARIEDAD" AL CGPJ
Pilar Alonso sostiene que el Consejo ha realizado una "ejecución desviada" de la sentencia que le dio la razón y pide al Supremo que la nombre a ella.
El Consejo General del Poder Judicial ha incurrido en una "flagrante violación" del artículo 24 de la Constitución, que consagra "el derecho a que la ejecución de lo juzgado se lleve a cabo en sus propios términos", al dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el nombramiento de Miguel Pasqual de Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Murcia y estimó el recurso interpuesto contra esa designación por Pilar Alonso, candidata al cargo.
Así lo afirma un nuevo recurso de Alonso, elaborado por Tomás Ramón Fernández, que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo tiene previsto examinar este jueves.
Por un estrecho margen de 18 votos frente a 15, la Sala anuló el 10 de mayo de 2016 el nombramiento de Pasqual de Riquelme como presidente del TSJ de Murcia reprochando al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que postergara "sin explicación" a Pilar Alonso pese a que "la valoración de los elementos [méritos] objetivos de ella se impone claramente" sobre los del magistrado nombrado. El alto tribunal ordenó al CGPJ que volviese a adjudicar la plaza "mediante resolución debidamente motivada en los términos indicados en esta sentencia".
SEGUNDO NOMBRAMIENTO
Dos semanas después, el órgano de gobierno de los jueces volvió a nombrar a Pasqual de Riquelme por 14 votos de 21 (dos votos más de los que obtuvo en el primer nombramiento, el 29 de enero de 2015).
Alonso ha impugnado este segundo nombramiento con un extenso escrito en el que sostiene que el CGPJ "no ha tenido en cuenta para nada el juicio expresado por el Supremo en la sentencia que venía obligado a ejecutar". Más allá de la designación del presidente del TSJ de Murcia, el recurso se refiere al margen de discrecionalidad del CGPJ, al control de su actividad en materia de nombramientos y al conflicto latente que en ocasiones aflora entre el TS y el órgano de gobierno de los jueces.
El recurso recuerda que la Sala de lo Contencioso-Administrativo llegó a la conclusión de la superioridad de méritos de Pilar Alonso en cuanto a antigüedad en la carrera judicial, tiempo de servicio en órganos colegiados y experiencia judicial en el orden civil.
El Supremo también valoró el hecho de que el magistrado nombrado no tuviera experiencia en órganos colegiados como "un dato desfavorable de peso", tratándose de la cobertura de la presidencia de un Tribunal Superior.
El tribunal estimó, además, que el principal argumento del CGPJ para designar a Pasqual de Riquelme, su programa de actuación, "no tiene el peso que se le quiere atribuir" ya que "si ese dato resultase susceptible de sostener sin más, por sí sólo y al margen de los demás, el sentido de la decisión, realmente holgaría analizar los restantes criterios de valoración. Bastaría con requerir a los potenciales aspirantes la aportación de un proyecto de actuación y luego convocarles a una entrevista para su exposición y discusión, sin necesidad de valorar cualesquiera otras cuestiones".
QUIÉN MANDA
Pese a ello, sostiene el recurso, el segundo nombramiento de Riquelme se ha vuelto a basar en el programa de actuación que presentó para el TSJ de Murcia. El CGPJ sostuvo que le corresponde a él "priorizar" los méritos de los candidatos, sin que pueda otro órgano, "el que sea", "arrogarse funciones constitucionales que le son ajenas, privando de ellas al órgano constitucional que las tiene atribuidas".
"Esta parte", replica el recurso, "no está, ni puede estar, de acuerdo en absoluto con tamaña afirmación, que olvida, por lo pronto, que la Ley habilitante no agota el ordenamiento jurídico y que las decisiones del órgano de gobierno del Poder Judicial no están exentas del control por los órganos competentes de ese poder del Estado, poder que en este caso encarna la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal. Es a ella a la que corresponde verificar si la resolución del CGPJ se ajusta o no a Derecho, no simplemente a la Ley y al Reglamento del propio Consejo que regulan este tipo de nombramientos".
"Si el Gobierno de la Nación, que es también un órgano constitucional, hubiera hecho tamaña afirmación respecto de los nombramientos que son de su competencia las primeras páginas de los periódicos de ámbito nacional se hubieran cubierto de titulares escandalizados a seis columnas", añade.
Para el recurrente, el CGPJ "ha vuelto a establecer diferencias en favor de Pasqual de Riquelme en las rúbricas en las que la sentencia de la Sala había apreciado una igualdad sustancial entre ambos candidatos y no ha hecho, en cambio, lo que la sentencia exigía: explicar cómo y por qué su proyecto de actuación podía no sólo compensar su desventaja, sino asegurarle superioridad sobre mi representada, teniendo muy en cuenta la advertencia que la Sala hizo de que 'por mucho que se resalte y respete el tan acotado margen de apreciación del órgano en ese concreto punto, tal dato, por sí sólo, no tiene el peso que se le quiere dar'".
A su juicio, el Consejo tampoco ha explicado por qué ha prescindido de la regla de la preferencia de la candidata mujer cuando sus méritos son parangonables a los del aspirante varón "e incluso en algunos relevantes puntos notablemente superior", dijo el Supremo respecto a Alonso.
"Decir, como dice la resolución del Consejo, que porque la valoración del curriculum y del programa de Pasqual de Riquelme es superior es un simple 'porque sí', 'porque yo lo digo' que acaba con la regla [de la preferencia de la mujer] porque basta afirmar que los méritos de una y otro no son absolutamente iguales para neutralizarla".
Alonso sostiene que el CGPJ ha llevado a cabo una "ejecución desviada" de la sentencia que le dio la razón, "cuya fundamentación ha corregido y revocado como si de una segunda instancia se tratara. Ha infringido flagrantemente los artículos 24 y 118 de la Constitución, lo que determina inexcusablemente su nulidad".
EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN
El recurso expresa también su desacuerdo con la afirmación del CGPJ de que "goza de una amplia discrecionalidad a la hora de priorizar los méritos y capacidades que considere más relevantes".
"No es así de ninguna manera", contesta el recurrente. "No lo es porque ni la Ley Orgánica del Poder Judicial ni el Reglamento 1/2010 ni la convocatoria han establecido de antemano tal preferencia como obligaba a hacerlo, como mínimo, el inexcusable respeto a los eventuales candidatos a la plaza, que, de haber conocido esa preferencia, hubieran podido valorar previamente la conveniencia o no de presentar su candidatura. Y obligaba a hacerlo también el respeto al principio de legalidad, que reclama reglas claras, ciertas y, por supuesto, previas y conocidas por todos de antemano".
A su parecer, el CGPJ "no podía de ninguna manera, y mucho menos por sorpresa, sin previo anuncio o advertencia al respecto, dar la preferencia absoluta que ha dado al proyecto de actuación presentado por Pasqual del Riquelme sobre todos los demás méritos, que, ciertamente, no ha tenido en cuenta, porque no se ha atenido, como venía obligado a hacerlo, al juicio expresado sobre ellos por la sentencia del Tribunal Supremo que tenía que ejecutar, sino que con manifiesto abuso ha enmendado y rectificado dicho juicio con el fin de equiparar los méritos de ambos candidatos y dejar así el camino expedito al proyecto -y al autor- de su preferencia. Eso no es priorizar. En el Derecho Administrativo eso se llama desviación de poder".
El recurrente considera que será "difícil" encontrar en el futuro un caso como éste, "en el que la candidata femenina supera ampliamente al candidato varón en todos los aspectos objetivables y externamente contrastables, ventaja, no afirmada, pura y simplemente por la interesada sino por una sentencia firme del Tribunal Supremo, y en el que candidato varón no tiene ni especialización de ningún tipo en el orden jurisdiccional civil, ni destinos en órganos colegiados y está, además, 1.000 puestos por debajo en el escalafón. Si todo eso puede ser compensado y rebasado por la apreciación puramente subjetiva de la capacidad como gestor del candidato varón, apaga y vámonos. Nadie ya se atreverá en el futuro a discutir las decisiones del Consejo, 'quia nominar leo [porque me llamo león]'".

Alonso pide al Supremo que decida "sobre el fondo de la cuestión" y la designe presidenta del TSJ de Murcia ya que "no puede serle negado su derecho a ser nombrada" y "ya no es posible" devolver las actuaciones al CGPJ para que "vuelta a repetir la decisión con otro ropaje".

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170607/221978457_0.html

09. EL PRESIDENTE DE RTVE NO TRANSMITIRÁ EL DESFILE DEL ORGULLO TRAS DECLARARSE "CATÓLICO, APOSTÓLICO Y ROMANO"

Afirma ser "solidario" y "liberal", pero dice que en TVE "tenemos ya nuestras programaciones diseñadas y no encaja", a pesar de que es la primera vez que el World Pride tiene lugar en España
Sánchez respondía a una pregunta del diputado del PSOE Ignacio Urquizu referida a los motivos para no transmitir el desfile, que tendrá lugar en Madrid el 1 de julio
El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, ha comparecido este miércoles ante la Comisión Mixta del Parlamento, en la que quizás sea su última presencia como máximo responsable de la Corporación, justo dos semanas antes de que el Congreso vote el cambio de la ley que rige a ese medio público. Tal vez por esa circunstancia quiso cerrar su autorretrato, iniciado hace dos años cuando declaró, también en sede parlamentaria: "Soy votante del PP, y lo voy a seguir siendo". Este miércoles completó este discurso con una nueva declaración: "Soy católico, apostólico, y romano". A Sánchez no parece importarle que el voto sea secreto y que la confesionalidad religiosa pertenezca al ámbito privado. No, él hace ostentación pública en la sede de la soberanía popular de convicciones y creencias por las que no ha sido nunca preguntado. Él es así.
Su declaración de fe la ha enmarcado en una pregunta del diputado del PSOE Ignacio Urquizu referida a los motivos para no transmitir el desfile del World Pride, que tendrá lugar en Madrid el 1 de julio, y qué papel había tenido él en esa decisión. Sánchez no se escondió en la respuesta: "¿Qué papel? todo, como máximo responsable de la programación que soy. Además otras grandes cadenas tampoco lo retransmiten, como Tele 5 o Antena 3. No nos negamos a transmitirlo, es que nosotros tenemos ya nuestras programaciones diseñadas, y no encaja, no se puede dar todo, pero el evento, como no podía ser de otra manera, será cubierto por RTVE y tendrá cabida en otros espacios".
El parlamentario socialista ha insistido en cuestionar "la idea de la sociedad que tiene Televisión Española para eludir la retransmisión de un acontecimiento mundial", y ha señalado la contradicción de que se emita la misa todos los domingos y no este evento: "Es algo que no nos sorprende, porque sabemos los problemas que tienen ustedes con la gente que piensa diferente, y siempre les ha faltado talante. Muestran cuál es su idea de país". Para Sánchez, ese acontecimiento "tiene protagonismo, pero no el suficiente. Lo de los actos católicos no tiene nada que ver. Yo soy católico, apostólico y romano, y por eso soy de solidaridad muy grande, y también soy liberal".
El presidente de RTVE ha puesto énfasis en señalar que en los 40 años que se lleva celebrando este encuentro, nunca ha sido retransmitido. "Tampoco durante el Gobierno socialista de José luis Rodríguez Zapatero", ha argumentado, aunque ha obviado dos hechos significativos: que es la primera vez que la cita tiene carácter mundial, y que el desfile sí será transmitido por laSexta y Telemadrid.
A este mismo asunto se ha referido Pilar Lima (Podemos), quién se ha quejado de la negativa y ha recalcado que la ausencia de la retransmisión en directo del World Pride de TVE prueba que los directivos de Prado del Rey viven "en épocas pretéritas", porque la marcha en Madrid "va a ser un hito histórico que merece toda la cobertura de una televisión pública".

https://www.infolibre.es/noticias/medios/2017/06/07/el_presidente_rtve_transmitira_desfile_del_orgullo_tras_declararse_catolico_apostolico_romano_66094_1027.html


10. INTERIOR AUDITA LA ACTUACIÓN DE LA UDEF EN EL 'CASO PUJOL' TRAS LAS DENUNCIAS DE PIMENTEL Y DEL HIERRO

El director de la Policía interrogará a los agentes que elaboraron el informe que vincula con Jordi Pujol al ex ministro y al marido de Cospedal
El Ministerio del Interior pondrá en marcha una auditoría interna para conocer los detalles en los que se basó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) para elaborar el informe que redactó sobre el caso Pujol y en el que vinculaba al que fuera ministro de Trabajo en el Gobierno del Partido Popular entre 1999 y 2000, Manuel Pimentel, y al marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, con las actividades empresariales de la familia Pujol.
La decisión del Ministerio que dirige Juan Ignacio Zoido llega después de que ambos afectados trasladaran sus quejas por escrito, o de comunicar que están a punto de hacerlo, al Ministerio del Interior. Tanto Pimentel como López del Hierro exigen a la Policía una rectificación pública sobre las acusaciones lanzadas desde la Udef en un informe remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Pujol.
Este escrito de rectificación, que en el caso de López del Hierro fue remitido el pasado 24 de mayo y en el caso de Pimentel lo será el próximo lunes, exige al actual director de la Policía una «rectificación pública». Los afectados se sorprenden de que a la hora de elaborar un informe de estas características, quien lo realiza no haya comprobado si los datos que en él emplea son ciertos. Entienden que si los investigadores hubieran revisado documentos públicos y oficiales habrían caído en la cuenta de que sus afirmaciones eran falsas.
Los dos afectados exigen al Ministerio de Zoido una "rectificación pública"
En su carta enviada al director de este Cuerpo, López del Hierro es contundente y asegura que nunca ha tenido relación laboral con ningún miembro de la familia Pujol. Entiende que el informe de la Udef es una grave difamación y por eso exige una rectificación y una disculpa pública. En este sentido, aporta todo el soporte documental que considera oportuno para sostener su rectificación. A partir de estas peticiones, el director de la Policía abrirá una ronda de contactos con los agentes de la Udef que elaboraron y avalaron este informe para que le expliquen cómo y de qué manera alcanzaron las conclusiones del escrito que fue remitido a la Audiencia Nacional.
Fuentes de Interior explicaron que, escuchadas las versiones de los dos denunciantes y analizadas sus documentaciones, el cuestionamiento de las pesquisas de la Udef en este asunto tiene base suficiente como para que los agentes expliquen su trabajo a su director.Por este motivo, entienden que los agentes deben informar a su superior acerca de las gestiones, porque una querella criminal sobre esta actuación policial también les obligaría a dar estas explicaciones. La Unidad de la Policía Judicial atribuyó al ex ministro Pimentel y al marido de la ministra De Cospedal estar vinculados en negocios irregulares de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en Angola y República Dominicana.
Ambos, al conocer que sus nombres aparecían en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, desmintieron tajantemente su participación en esos negocios. Su desmentido fue mediático, a los medios de comunicación. Ahora, sus escritos son oficiales y van dirigidos al director general de la Policía.
Se trata del paso previo a una posible actuación judicial. Al menos, desde el entorno de Pimentel se estará muy pendiente de la respuesta que pueda llegar desde la Policía a la hora de concretar una querella criminal que estaría dirigida por injurias y calumnias contra la Udef y, por extensión, contra el actual director general de la Policía, Germán López Iglesias.Según apuntó la Udef en su informe, el primogénito de los Pujol habría obtenido «cuantiosas comisiones» a través de proyectos en los que participaban empresas «semipúblicas» -Mercasa y Cesce- en los países citados.
En relación a las sociedades presuntamente involucradas con la operativa detectada por la Udef, la Policía menciona los nombres de Pimentel e Ignacio López del Hierro por sus presuntos vínculos con las empresas Globaltec e Ibadesa Cat, respectivamente.E
l ex ministro de Trabajo desmintió «de manera rotunda» cualquier tipo de relación con Pujol Ferrusola, así como el cobro de comisiones. Según indicó, en los años en que se hicieron las transacciones investigadas, 2008 y 2009, «no presidía la compañía, ni tenía relación alguna con la misma».Además, Pimentel negó que participara en ningún proyecto vinculado a Mercasa ni con el mercado de Santo Domingo, en República Dominicana, tal y como se afirma en el citado informe de la Udef. En este sentido, López del Hierro también rechazó «tajantemente» haber tenido cualquier relación con la familia Pujol, afirmando que compró y vendió las acciones de Ibadesa Cat antes de 2001, año al que se refiere el informe de la Udef. «Fui accionista de Ibadesa Cat entre el año 1996 y 1998 y el informe de la Udef se sitúa en 2001, es decir, tres años después de haber vendido sus acciones en Ibadesa Cat», precisó el marido de la también secretaria general del Partido Popular. López del Hierro señaló también que el año en que estuvo en la sociedad, antes de 2001, ésta no tuvo actividad y en ella no estaban los Pujol.La investigación a la familia Pujol está canalizada básicamente por la Udef de la Policía Nacional. Las pesquisas estuvieron en sus inicios repartidas en varios juzgados, pero finalmente fueron trasladadas a la Audiencia Nacional, donde se encuentran en manos del juez José de la Mata. Tras la última operación policial y después de varios registros en propiedades de la familia catalana, el magistrado dictó auto de prisión contra el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola [lea el documento en PDF].Pujol Ferrusola está en la cárcel de Zuera (Zaragoza), desde el pasado 25 de abril, cumpliendo la prisión provisional incondicional que dictó el juez como medida cautelar.
Lo que atribuye a Manuel Pimentel
Globaltec.
La Udef relaciona a Pimentel con la empresa Globaltec, a la que vincula con una presunta trama de corrupción en África mediante la utilización de sociedades semipúblicas como Cesce y Mercasa de las que se beneficiaría Jordi Pujol Ferrusola.
Comisiones.
Los investigadores advierten de «informes de inteligencia financiera» que alertan de «comisiones provenientes de presumibles actos de corrupción» que devengarían en favor de Globaltec, con negocios en Ángola y República Dominicana.
Lo que atribuye a López del Hierro
Ibadesa.
La Policía vincula al marido de María Dolores de Cospedal con la empresa Ibadesa y señala que, junto con Jordi Pujol Ferrusola, habrían obtenido comisiones por conseguir financiación para proyectos en Angola o República Dominicana.
92 millones.
La Udef cifra en 92 millones de euros el quebranto causado a las arcas del Estado por el presunto cobro de comisiones ilegales -entre Pimentel y López del Hierro- para que sociedades semipúblicas intervinieran en la ejecución de proyectos en terceros países.
Un año esperando comisario jefe
Más de un año sin jefe. Es una de las unidades clave en la lucha contra la corrupción, pero la Udef desde marzo del año pasado está si comisario jefe. El cargo lo ocupa de forma accidental el comisario José Manuel García Catalán, quien tomó las riendas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal tras el nombramiento de su antecesor, el comisario Manuel Vázquez, como jefe superior de Galicia.
El nuevo equipo del Ministerio del Interior, a cuyo frente está Juan Ignacio Zoido, ha ido realizando poco a poco nombramientos y renovaciones en los cargos policiales, algunos de gran calado. Pero aún no ha dado el paso para nombrar de forma definitiva al comisario jefe de una de las unidades más delicadas en el seno policial y que más está en el disparadero.
Por manos de la Udef, además de las turbias actividades de la familia Pujol, también pasan las investigaciones sobre la presunta trama de extorsión de Ausbanc-Manos Limpias o la relativa al fraude en las subvenciones para cursos de formación de la Junta de Andalucía.
Fuentes de Interior apuntan que el nombramiento del nuevo responsable de la Udef es una de las prioridades del nuevo equipo, pero que no existe una especial prisa en designarlo. Entienden que el funcionamiento de la unidad no está siendo deficiente y que es mejor «esperar» para no errar el tiro a la hora de elegir candidato.
Algunas fuentes apuntan que ese nombramiento puede producirse después de que lleguen los nombramientos de los comisarios principales. Porque para cubrir esa plaza es necesario tener este rango. El actual mando, José Manuel García Catalán no cumple con este requisito para quedarse con la plaza, según explicaron estas mismas fuentes, que entienden, además, que hay que buscar un mando nuevo para dar otro empuje a la unidad.

http://www.elmundo.es/espana/2017/06/05/59344593e2704ee64e8b45cc.html

11. CASO ACUAMED. LA FIRMA QUE HACÍA SONDEOS PARA EL PP RECIBIÓ PAGOS OPACOS DE ELÉCTRICAS Y CONSTRUCTORAS

La Guardia Civil descubre que el presunto capo de la trama Acuamed, Arcadio Mateo, recibió presuntas comisiones ilegales a través de una empresa contratada por Génova
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que el presunto capo del fraude en el ente público Agua de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed), el exdirector general del organismo Arcadio Mateo del Puerto, utilizó una empresa familiar para cobrar supuestas comisiones ilegales por la manipulación de adjudicaciones. Las pesquisas se centran en la mercantil Demoscopia y Servicios SL, dedicada a la realización de encuestas y administrada ficticiamente por su mujer, María José Combarro.
El hallazgo salpica de lleno al Partido Popular. Como informó este diario, Génova encargó a esa misma empresa instrumental la realización de sondeos electorales internos para las europeas de 2014, las municipales de 2015 y las generales que también se celebraron el 20 de diciembre de ese año. Sólo un mes después, el 18 de enero de 2016, Mateo fue detenido por la Guardia Civil. Durante el registro de su vivienda, los agentes encontraron una factura de Demoscopia y Servicios SL “a nombre del Partido Popular por importe de 45.339,2 euros”. Un testigo ha confirmado ahora que Mateo se presentaba como “responsable de las encuestas del PP”.
Las presuntas comisiones ilegales percibidas por el cerebro de la trama han aparecido en una pieza secreta que abrió el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional el pasado octubre, tras comprobar que compañías adjudicatarias de Acuamed habían realizado pagos sin lógica comercial aparente a la firma familiar de Mateo. Uno de los clientes de Demoscopia y Servicios SL investigados es Iberdrola. Agentes de la Guardia Civil acudieron el pasado noviembre a la sede de la eléctrica en la calle de Tomás Redondo de Madrid para llevarse contratos y correos electrónicos relacionados con los hechos, según reflejan los documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial. El registro no había trascendido hasta el momento.
Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado concluyen en un oficio del pasado 29 de marzo que Iberdrola realizó una transferencia a la empresa instrumental de Mateo de 24.200 euros el 17 de diciembre de 2012 por la supuesta “elaboración de un proyecto de investigación demoscópica”. La eléctrica entregó a los agentes un contrato y el supuesto proyecto realizado por Demoscopia y Servicios SL. Sin embargo, la UCO sostiene que “no queda claro el objeto y finalidad” del contrato ni que el trabajo efectuado por la firma del capo de Acuamed se ajuste a las necesidades de la cotizada. Los sondeos aportados son, principalmente, “encuestas con intención de voto”, que ni siquiera aparecían “en el contrato inicial” del servicio.
La Guardia Civil recuerda en el oficio que, cinco meses antes de que se produjera el pago de los 24.200 euros, Acuamed concedió a Iberdrola “la ejecución de infraestructuras para el suministro eléctrico a la estación depuradora de Aguas Residuales de Sueca-Valencia”, un proyecto valorado en 243.618 euros. Además, dos días después de recibir el dinero en su cuenta, Mateo se reunió casualmente con representantes de Iberdrola. La cita quedó reflejada en su correo electrónico.
La pieza secreta también ha rastreado dos pagos de 20.000 euros más IVA cada uno que recibió Demoscopia y Servicios SL de una constructora de edificios residenciales, Esol SA. El dinero sirvió teóricamente para pagar dos investigaciones: un “Estudio de mercado sobre introducción e implantación de cartera de productos en Argelia (Constantine, Argel y Oman)” y un segundo “Estudio de mercado sobre introducción e implantación de cartera de productos en Colombia (Bogotá, Neiva y Cartagena de Indias). Los trabajos no han aparecido.
Con todo, las mayores sospechas giran sobre otra constructora, Ayesa Ingeniería. Comunicaciones intervenidas durante las pesquisas señalan que Demoscopia y Servicios SL habría encargado a una filial de Ayesa, Ayesa Atech BPO, la realización de encuestas de intención de voto para las elecciones europeas de 2014, las municipales de 2015 y las generales de este mismo año. Por esos servicios, la firma de Mateo debería haber abonado 60.000 euros más IVA. Sin embargo, sólo realizó dos pagos por un importe total de 24.000 euros, “no siendo reclamada la diferencia [por Ayesa], según manifiesta el responsable” de esa compañía.
El responsable al que se refiere el oficio es Francisco Javier Requejo, director de Ayesa Atech BPO, que declaró en calidad de testigo ante la Guardia Civil en octubre de 2016. Admitió que conocía al presunto capo de Acuamed pero no supo explicar por qué su empresa nunca le reclamó el dinero que le debía ni tampoco aclaró por qué no firmaron un contrato para sustanciar esos trabajos. La relación se basó en un simple acuerdo verbal. Además, durante el interrogatorio, el testigo reconoció que Mateo se “había presentado como responsable de las encuestas del Partido Popular y decía que las encuestas se realizaban por los afiliados del PP”. Es decir, que el dinero perdonado por Ayesa habría terminado financiando sondeos de Génova.
La UCO establece una relación entre esa deuda y los contratos irregulares que adjudicó Acuamed a Ayesa durante la etapa de Mateo, que fue colocado al frente de ese organimo público por el Gobierno del Partido Popular en febrero de 2012, a los tres meses de que Mariano Rajoy ganara sus primeras elecciones generales. El propio juez Eloy Velasco aseguró incluso en un auto del pasado octubre que el presunto cerebro de la trama era “persona de mayor confianza” de Miguel Arias Cañete, ministro entonces de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el organismo en el que se encuadraba Acuamed.
En concreto, según los agentes del Instituto Armado, Ayesa “habría sido beneficiada con la adjudicación 'ad hoc' de dos contratos” de asistencia técnica a las obras de descontaminación del embalse de Flix (Tarragona) y “habría participado también en la confección de documentación en el contrato del Río Serpis [para laminación y control de avenidas] al objeto de maquillar los documentos de liquidación”.
La firma de encuestas contratada por el PP también recibió pagos de dos despachos sobre los que apenas existe información: Tavros Gestión y Emeerre Asesores. Se trata de mercantiles administradas por personas diferentes. Sin embargo, según ha podido acreditar la Guardia Civil, su verdadero propietario sería un tercer individuo, Miguel Martín-Rabadán Muro, un oscuro intermediario sobre el tampoco constan demasiados datos. Su domicilio particular coincide con el de ambas sociedades.
En total, Demoscopia y Servicios SL recibió de Tavros Gestión y Emeerre Asesores 151.250 euros entre octubre de 2014 y noviembre de 2015 por supuestos trabajos de investigación, a pesar de que ambas firmas carecían de actividad conocida. Además, la UCO sólo ha encontrado uno de los trabajos de investigación y ha concluido que fue confeccionado tras el estallido del caso Acuamed para tratar de dar apariencia de legalidad a esa relación comercial.
Un portavoz de Génova ya reconoció en conversación teléfonica con este diario que la empresa de Mateo hizo encuestas para los populares de Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha con motivo de las elecciones municipales y autonómicas de 2015. Además, los agentes de la UCO encontraron en la casa del presunto cabecilla de la trama un presupuesto y la posterior factura de Demoscopia y Servicios SL “a nombre del Partido Popular por importe de 45.339,2 euros” para las elecciones generales de 2015. La pieza secreta del caso ratifica ahora que la firma también fue elegida por Génova para realizar encuestas en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014.
El lapso en el que se celebraron esos comicios coincide con las presuntas irregularidades millonarias que se habrían producido en las obras públicas licitadas por Acuamed durante el mandato de Mateo. Los investigadores todavía no han determinado si el PP pagó a su empresa el precio real de los sondeos que le encargó o, por contra, como ya apuntan las pesquisas, costeó parte de las encuestas con el dinero presuntamente irregular que Demoscopia y Servicios SL recibió de Iberdrola, Esol, Ayesa Ingeniería, Tavros Gestión y Emeerre Asesores. El juez que sustituirá a Eloy Velasco, Manuel García-Castellón, decidirá qué diligencias se practican para avanzar en esta línea de investigación del caso Acuamed.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-22/acuamed-sondeos-pp-recibio-pagos-electricas-constructoras_1403215/

12. LA UDEF PEINA LAS TRANSFERENCIAS DE ELECNOR EN BUSCA DE LAS MORDIDAS DE ARÍSTEGUI

El juez José de la Mata encarga a la Policía que analice la documentación sobre los pagos de la compañía con destino a Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, India, Marruecos y Argelia
Los grupos XI y XVI de la Brigada de Investigación del Blanqueo de Capitales de la Udef analizan desde el pasado martes todas las transferencias internacionales de la mercantil Elecnor y de su filial Internacional de Desarrollo Energético en busca de las posibles mordidas de la trama liderada, según especifica el juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso, José de la Mata, por los exdiputados del PP Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna, tal y como se especifica en un auto de 6 de junio al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Este periódico se ha puesto en contacto con De la Serna, que ha asegurado que el listado de transferencias internacionales realizadas por Elecnor no le implican en los pagos: "Ninguna de ellas me afecta, ni directa ni indirectamente, ni a mí ni a mi sociedad. Ninguna. Absolutamente ninguna. Jamás he recibido fondos de Elecnor en el extranjero. Ni de Elecnor, ni de sus filiales, ni de empresa o persona física alguna. Nunca".
En concreto, el magistrado ha entregado a los agentes que se encargan de investigar el caso, en el que permanecen imputados tanto Gómez de la Serna como Arístegui, un listado con las transferencias de Elecnor y su filial con respecto a Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, India, Marruecos y Argelia.
Otras operaciones
De la Mata había solicitado a las empresas mencionadas que justificaran las transferencias internacionales a esos países tras recibir un informe policial en el que los agentes resaltaban la participación de los imputados en otras operaciones, diferentes de las conocidas hasta el momento.
La Fiscalía Anticorrupción apoyó la petición de la Policía de reclamar la documentación a las empresas al considerar que los presuntos delitos que se investigan se sustentan en una "aparente" actividad de intermediación empresarial para la apertura de mercado y oportunidades de negocio de empresas españolas documentada a través de contratos de agencia.
El Ministerio Público destaca que estos contratos los desarrollaba el despacho Voltar Lassen, "dirigido por los investigados Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, a través de las mercantiles Scardovi y Karistia, para cuya labor eran asistidos por colaboradores o agentes como el imputado José Faya, y en Argelia como agente externo Cristóbal Tomé Becerra, ya fallecido", según consta en un escrito del pasado 30 de enero, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
El fiscal sostiene que para conseguir contratos en el extranjero se realizaron "pagos de comisiones ilícitas"
El fiscal Conrado Alberto Saiz indica que para conseguir estos contratos en el extranjero para los clientes del despacho Voltar Lassen "habrían realizado pagos de comisiones ilícitas a terceros documentadas en contratos de agencia y de colaboración empresarial, cuyos últimos beneficiarios serían autoridades y funcionarios públicos argelinos y sus familiares".
Además, la Fiscalía recuerda que la investigación permite considerar que la actividad del despacho Voltar Lassen no cesó durante el tiempo que Pedro Gómez de la Serna fue diputado del Congreso y Gustavo de Arístegui era embajador de España en India: "Como se pone de manifiesto por la actividad económica de las mercantiles Scardovi y Karistia, las declaraciones judiciales de testigos del mes de julio de 2016, la declaración judicial del imputado José Faya y las grabaciones realizadas por Faya y que fueron presentadas en esta Fiscalía Especial el 18 de diciembre de 2015", completa el fiscal.
"Deriva de fondos"
Por su parte, De la Serna ha asegurado a este diario que el contenido de las transferencias de Elecnor "prueba" que él no ha participado en esa "deriva de fondos".
El juez De la Mata ha obtenido los datos de las transferencias de Elecnor después de que el pasado 25 mayo reclamara a este empresa que aportara la documentación "de inmediato", según consta en una providencia.
En esta resolución se pone de manifiesto que la primera vez que el instructor había reclamado los datos fue el 28 de noviembre de 2016. Desde entonces, Elecnor ha recurrido esta decisión hasta que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio la razón al juez.
1,6 millones
El fiscal considera que la investigación del caso ha acreditado que la trama transfirió a Holanda al menos 1.648.000 euros utilizando la sociedad pantalla Castelino BV: "La transferencia dineraria está relacionada con la ejecución de uno de los contratos investigados, que es el de la Estación Desaladora de Souk-Tleta de Argelia", especifica Conrado Alberto Saiz.
El Ministerio Público también cree acreditados pagos a Cristóbal Tomé Becerra en Emiratos Árabes Unidos. "Los pagos se habrían hecho por las sociedades contratistas Elecnor y la UTE Elecnor, Rover Alcisa y Assignia a través de la sociedad investigada United Consultancy Services".
Las sociedades que recibieron los pagos son Erfaa Commercia Broker y MC Europe FZE, administradas por Cristóbal Tomé Becerra y los destinatarios finales del dinero, vía Emiratos Árabes Unidos, fueron ciudadanos argelinos, completa el fiscal, que también explica que Elecnor podría haber saldado "la deuda tributaria de la mercantil Karistia, propiedad de Gustavo de Arístegui, cuando éste ostentaba el cargo de embajador de España en la India".

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Udef-investiga-transferencias-internacionales-Elecnor-mordidas-Aristegui_0_1033697731.html


13. EL PP DESTITUYE AL PRESIDENTE DEL PARTIDO EN VALENCIA, MONTA UNA GESTORA Y APLAZA EL CONGRESO

El enfrentamiento entre el hasta ahora presidente, Betoret, y la candidata alternativa, Contelles, lleva a la dirección a intervenir
Las advertencias se han cumplido y las direcciones nacional y autonómica del PP han decidido imponer una gestora en la provincia de Valencia que implica la salida del hasta ahora presidente, Vicente Betoret. La decisión supone aplazar la convocatoria del congreso y se adopta ante el fuerte enfrentamiento que han mantenido en las últimas semanas Betoret y la candidata a relevarlo, Mari Carmen Contelles, portavoz popular en la Diputación de Valencia, que cuenta con el apoyo de la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig.
El PP destituye al presidente del partido en Valencia, monta una gestora y aplaza el congreso Una juez investiga al presidente de la Diputación de Alicante por la denuncia de una periodista
Betoret dice haber asumido un "sacrificio democrático" con el objetivo de "desbloquear la convocatoria del congreso". El también alcalde de Vilamarxant no solo no acepta su defunción política, sino que anuncia su intención de presentarse al congreso una vez lo convoque la gestora.
El presidente saliente ha sido comparado con Pedro Sánchez, recientemente reelegido como secretario general del PSOE a través de unas primarias. Preguntado por ello, Betoret responde a EL PAÍS: "Yo siento que lo importante es que la militancia tenga la voz, y da la casualidad de que algunos aspectos coinciden con Pedro Sánchez".
La distancia que separa al hasta ahora presidente provincial y su rival orgánica, Contelles, alcanza al diagnóstico de la situación. Desde las filas de la portavoz del PP en la Diputación de Valencia, que también mantiene su intención de presentarse, se afirma que ha sido Betoret el que impedido la celebración del congreso "porque sabía que perdía".
Después de la reelección de Bonig como presidenta del PP de la Comunidad Valenciana con un respaldo del 94% de los votos, la organización provincial celebró una junta directiva que debía poner en marcha la celebración de su cónclave con la constitución del comité organizador. Pero la reunión acabó de forma tumultuosa. Durante la reunión, la propuesta de Betoret sobre los integrantes del comité organizador del congreso fue derrotada, y la dirección provincial se negó a permitir votar la alternativa que planteaba Contelles alegando cuestiones formales.
Desde ese día, Betoret ha evitado convocar otra reunión de la junta directiva provincial. Según los partidarios de su rival, para evitar que la propuesta de Contelles pudiera votarse y la portavoz en la Diputación controlase el comité organizador del congreso, un órgano que consideran clave ante la división interna en el partido.
Serenar los ánimos
La decisión de la dirección nacional de imponer la gestora, al frente de la cual estará el diputado en el Congreso Rubén Moreno, busca serenar los ánimos. Entre la militancia existe preocupación, sin embargo, por los plazos. En dos años habrá elecciones autonómicas y locales y no puede descartarse un adelanto de las generales. "Todo el mundo quería votar. Si lo hubiéramos hecho, ahora ya habría un presidente en marcha trabajando para 2019", señala una fuente consultada.
El plazo inicial de funcionamiento de la gestora es de seis meses, pero tanto Betoret como Contelles son partidarios de que el congreso se celebre antes. También hay consenso en que los congresos locales no deberían adelantarse al provincial. "Si el suflé está arriba, también está abajo. El enfrentamiento que quiere evitarse en el congreso provincial se trasladaría a los locales", afirma Betoret. En algunos municipios, como Valencia, existe una gran división.
"Lo único que necesita el PP valenciano es un clima de tranquilidad para poder tomar las decisiones sobre su propio futuro", ha declarado este jueves a Efe el futuro presidente de la gestora provincial. Moreno ha señalado que la gestora se constituirá previsiblemente el lunes y tendrá cinco miembros.
María José Penadés, la tercera candidata a dirigir la organización provincial, a quien en principio nadie ve con posibilidades de ganar, ha manifestado, por su parte, su confianza en que la intervención de la dirección nacional sirva para "rebajar la tensión".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/06/15/valencia/1497521347_053869.html

14. CRISIS DEL PP CÁNTABRO: GÉNOVA EXPULSA A LA CAMPEONA OLÍMPICA RUTH BEITIA Y 8 DIPUTADOS

Génova convoca al expresidente Ignacio Diego y los críticos para que acepten como portavoz del Grupo Popular en la Asamblea a María José Sáenz de Buruaga, la nueva presidenta del PP en la región.

La Dirección Nacional del PP citará en las próximas horas en la madrileña sede de Génova a nueve de los trece diputados del Grupo Popular en la Asamblea Regional de Cantabria, entre ellos la campeona olímpica de salto de altura Ruth Beitia, para trasladarles el ultimátum de que, o designan portavoz parlamentaria a la nueva presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga, o se les abrirá expediente de expulsión, según han confirmado a Vozpópuli fuentes populares.

Este martes, el coordinador nacional del PP, Fernando Martínez Maíllo, recibió al expresidente de Cantabria y diputado regional Ignacio Diego, portavoz de los rebeldes, para conminarle a que pusiera fin a un pulso que tiene su origen en el reciente congreso regional donde Buruaga le derrotó en primarias. Pero Diego trasladó a Maíllo que los nueve se mantienen firmes en su decisión de apoyar la continuidad del actual portavoz, Eduardo Van den Eynde, porque consideran que en esas primarias hubo irregularidades.

Diego y Van del Eynde, junto a Ruth Beitia, José Manuel Igual, Mercedes Toribio, Cristina Mazas, Luis Carlos Albalá, Francisco Rodríguez Argüeso y Santiago Recio, parecen dispuestos a pasarse al Grupo de no adscritos y dejar al Grupo Popular con tan solo cuatro parlamentarios: la propia presidenta del PP, Sáenz de Buruaga, Isabel Urrutia, Ildefonso Calderón e Íñigo Fernández.
Maíllo intentó el martes en Madrid con Diego desbloquear la situación pero el expresidente cántabro se mantuvo en que la mayoría del Grupo Popular en la Asamblea no quiere a Sáenz de Buruaga como portavoz

Los díscolos remitieron el lunes a la Ejecutiva Regional una carta que llegó antes de las 14.00, la hora límite fijada por la dirección del PP cántabro para dar cumplimiento a su orden de nombrar a Sáenz de Buruaga. En ella explicaban que no aceptan la decisión de cambiar de portavoz parlamentario; y les amparan los estatutos del grupo, argumentan. Al día siguiente, martes, se produjo la reunión de Maíllo con Diego en Madrid para intentar que la situación se desbloquease, sin éxito.

De consumarse la expulsión de los nueve y su marcha al grupo de No Adscritos, sería un desastre político para el PP porque pasará de ser primera fuerza en la Asamblea de Cantabria con 13 parlamentarios, por delante del PRC (12 diputados), PSOE (5), Podemos (3) y Ciudadanos (2), a cuarta fuerza con tan solo cuatro diputados, por detrás de los socialistas.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/06/15/valencia/1497521347_053869.html

15. C.A.ANDALUCÍA. EL LÍDER DEL PP DE ALMERÍA SALVA CON UNA TRÁNSFUGA EL PLENO PARA EXIGIR SU DIMISIÓN

Gabriel Amat es alcalde de Roquetas, presidente del PP provincial y presidente de la Diputación y en 2015 perdió su mayoría absoluta como regidor El alcalde no se reprimió al calificar el pleno y la iniciativa de PSOE, IU y Tú Decides: "Es la tontería más grande que yo me he echado a la cara"
El líder del PP en Almería, Gabriel Amat, presidente de la Diputación y alcalde de Roquetas de Mar (90.000 habitantes), tiene ante si un panorama judicial incierto, pero su situación política es estable.
Su partido no lo discute. No se alza una voz contra él en la formación que lidera en Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla. Amat fue reelegido en mayo presidente del PP de Almería, a pesar de sus problemas judiciales, con el respaldo del 98,89% de los compromisarios que participaron en el congreso provincial.
También lo tiene todo atado para continuar en la alcaldía, a pesar de que su grupo municipal no tiene mayoría absoluta.
El pleno del Ayuntamiento de Roquetas celebró este miércoles una sesión extraordinaria, a petición de PSOE, IU y Tú Decides, para solicitar la dimisión de Amat, investigado por la justicia a causa de una red de empresas supuestamente vinculadas a él mismo y a sus familiares que, según la Policía, han podido recibir trato de favor.
Ciudadanos, que se abstuvo, así como el PP y una concejal tránsfuga, que votaron en contra, evitaron que prosperase la moción contra Amat, que no está imputado por ningún delito y niega la comisión de ninguna ilegalidad.
Durante el debate, Amat le recordó a todos los presentes que ganó ampliamente unas elecciones estando imputado. "[En 2015] fuimos a las elecciones imputados. Ustedes lo que no pueden perdonar es que Gabriel Amat y su equipo de hombres y mujeres, en unas elecciones libres para que la gente vote lo que crea oportuno o lo que le dé la gana, tuvieran 20 puntos más que el partido socialista", afirmó [40,94% a 21,11%]. Y advirtió: "Mientras que dios me tenga tranquilo, a gusto y con salud, aquí estaré. Así de claro. No me van a doblegar".
La Fabriquilla, el caso por el que fue imputado anteriormente, se archivó. Amat se mostró convencido de que la investigación sobre la red empresarial también quedará en nada. Varias veces señaló que "el tiempo" le daría la razón y pondría a cada uno en su sitio. La investigación judicial viene sufriendo retrasos y atascos judiciales.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas de Mar (Almería) ha ordenado la apertura de diligencias previas sobre 25 empresas supuestamente vinculadas a Amat, el político más influyente de la provincia de Almería.
Amat (Albuñol, Granada, 1944) es alcalde de Roquetas desde 1995, presidente del PP provincial desde 2004 y de la Diputación desde 2011. En 2015 perdió su mayoría absoluta como regidor. Cosechó 12 de 25 concejales, con lo que su posición se hizo más frágil.
No obstante, fue investido gracias a los tres ediles de Ciudadanos. El resto de partidos, PSOE (6 concejales), IU (3) y Tú Decides (1) llevan todo el mandato tentando con una moción de censura a Ciudadanos, que no la descarta pero recuerda que Amat no está imputado por ningún delito. Si lo acaba estando, C's siempre ha dicho que que apoyaría la medida, pero ya no es posible.
Como publicó infoLibre en marzo, una concejal tránsfuga salida del PSOE y que ha pasado a no adscrita, María José López Carmona, ha desactivado la opción de una moción de censura.
Con los votos a favor del PP y de dicha concejal, 13 sobre un total de 25, el pleno de Roquetas aprobó en marzo, en la primera sesión de la edil fuera del grupo socialista, que ésta mantendrá su liberación completa, la misma que tenía antes como portavoz adjunta del PSOE. Es decir, 2.135 euros netos al mes.
El mapa ha cambiado decisivamente. La ley de régimen electoral general de 2011, que tiene entre sus principales propósitos evitar el transfuguismo, establece que si entre los proponentes de una moción de censura hay un concejal que se ha salido de su grupo (situación en la que está López Carmona), hará falta un proponente más. Es decir, en Roquetas ya no serían necesarios 13 proponentes de una moción, sino 14. Y eso es imposible porque el PP tiene 12 concejales de 25.
Por lo tanto, cuando la semana pasada se conoció que las investigaciones sobre Amat se han concretado en diligencias previas sobre 25 empresas, PSOE, Tú Decides e IU registraron la petición de un pleno no para una moción de censura, sino para solicitar la dimisión del alcalde. Pero tampoco ha salido adelante. Y además ha quedado claro que López Carmona está del lado de Amat.
Para que una iniciativa contra el alcalde salga adelante, sería necesario que la apoyasen tanto la tránsfuga como los tres ediles de C's. Amat ya no depende en exclusiva de C's, tiene un nuevo apoyo más fiable aún.
La situación judicial del alcalde es compleja. Un juzgado de Almería investiga una madeja de más de cien empresas vinculadas a Amat a través de familiares, que la Policía considera que han podido recibir "trato de favor", si bien el regidor lo niega. Además la Fiscalía Provincial lo denunció en septiembre del año pasado por los supuestos delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencias y actividad prohibida a funcionario público.
Entre 2008 y 2014, según la Fiscalía, el Ayuntamiento adjudicó cinco contratos, por valor de un millón de euros, a Jarquil Verde, una empresa de su yerno José Zapata Pomares, que además de estar casado con la hija de Amat era "socio comercial" del alcalde. PSOE, IU y Tú Decides consideran que la situación de Amat es insostenible.
Amat: "La tontería más grande que me echado a la cara"
El debate de este lunes fue áspero. Manuel García, portavoz del PSOE, afirmó que con el actual "estrechamiento del cerco judicial" en torno a Amat, el alcalde "no está en condiciones de seguir presidiendo este ayuntamiento".
También pidieron su dimisión IU y Tú Decides, aludiendo tanto a su delicada situación judicial como a la inconveniencia de compatibilizar sus cargos orgánicos e institucionales.
Roberto Baca, portavoz de Ciudadanos, afirmó que la moción "no es contra Amat, sino contra Ciudadanos" y se quejó de que se culpara al partido naranja de la situación. "Ciudadanos es culpable de la muerte de Manolete y del asesinato de Kennedy", ironizó. Baca insistió en que, en caso de imputación, pedirá la dimisión de Amat, aunque ahora previsiblemente no saldría adelante.
Al margen del PP, el principal apoyo a Amat viene de la tránsfuga María José López Carmona, que le preguntó a Amat si la apertura de nuevas diligencias hacía "más grave o menos grave" el caso. Fue su momento más incisivo contra el regidor.
López Carmona criticó a los partidos firmantes de la moción por su falta de "ética" y especialmente al PSOE, que, a su juicio, debería haber escarmentado de pedir dimisiones precipitadas porque cargos socialistas detenidos el caso de los cursos de formación dimitieron, luego fueron absueltos y"nadie los ha llamado para decirles lo siento".
Amat cerró el pleno: "Vamos a tener tranquilidad. Vamos a no abusar de lo que no tenemos que abusar. Vamos a esperar a que trabaje la justicia. Porque si empezamos así, no me gustaría terminar en el y tú más. Las personas tienen un límite".
El alcalde no se reprimió al calificar el pleno y la iniciativa de PSOE, IU y Tú Decides: "Es la tontería más grande que yo me he echado a la cara. Esto es competencia o bien de una moción de censura, o bien de las urnas, o bien de que Gabriel Amat diga me voy. Pero ustedes no son quiénes para hacer esta pantomima".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/07/el_lider_del_almeria_salva_con_una_transfuga_pleno_para_exigir_dimision_66072_1012.html

16. C.A. BALEARES. UNA TESTIGO PROTEGIDA IMPLICA A DOS POLÍTICOS DEL PP DE PALMA EN ORGÍAS CON DROGAS Y PROSTITUTAS

El acta de la declaración ante el juez expone que los políticos participaban en fiestas privadas del magnate Cursach
El sumario del caso que investiga una trama de corrupción en la Policía Local de Palma y que implica a empresarios del ocio nocturno y políticos municipales ha revelado nuevos datos. El juez que instruye la causa ha levantado el secreto sobre la declaración judicial del testigo protegido número 31, una mujer que dirige una empresa de eventos deportivos y que practicaba la prostitución de lujo. En varias comparecencias ante el juez y el fiscal, la testigo implica al expresidente del PP de Palma José María Rodríguez y al concejal en el Ayuntamiento de la capital balear Álvaro Gijón, en supuestas fiestas con drogas y prostitutas celebradas en una finca y un gimnasio del conocido empresario del ocio nocturno, Bartolomé Cursach, propietario de las discotecas más grandes de Mallorca y actualmente en prisión preventiva por su implicación en este caso.
La testigo explica ante el juez que ejercía la prostitución en un piso situado en el barrio de Pere Garau de Palma, en el que no se publicitada porque ejercía "de forma clandestina" para no perjudicar su otro negocio de organización de eventos. Afirma que mientras ella y otras compañeras en situación similar permanecían en la cocina del piso, por el cristal veían "quién entraba y quien salía" y cómo la casa quedaba "prácticamente cerrada para ellos y las chicas que elegían". Señala la mujer que vio "en numerosas ocasiones" que Rodríguez salía de la casa "en un estado lamentable y totalmente pasado de cocaína y alcohol". Gijón, también diputado autonómico, se iba de la casa "en coche oficial" según dice haber visto la testigo y se bajaba en un estado "deplorable".
La mujer, de cuya declaración se ha levantado el secreto y comparecerá de nuevo a finales de este mes para poder ser interrogada por los abogados defensores de los investigados, dice que el empresario propietario de la discoteca BCM celebraba fiestas en su finca de Puntiró donde se llevaban a cabo "auténticas bacanales". A una de esas supuestas fiestas acudió en una ocasión Rodríguez, según la testigo, en una noche en la que a una amiga suya "le rompieron el bazo" porque las chicas "cobraban muy bien pero tenían que someterse a vejaciones".
El relato de la testigo continúa sobre un evento que se celebró en el conocido gimnasio de Cursach en Palma, en el que el concejal Gijón supuestamente medió para organizar un torneo de padel. Según la declaración, el actual abogado de Gijón llamó a la testigo en 2006 para decirle que si aspiraba a organizar el campeonato de padel éste tenía que celebrarse en el gimnasio de Cursach. Tras hablar con el concejal, reconoce que organizó el torneo en las instalaciones y que el edil le dio la llave de un despacho en el que una pareja preparó "en bandejas tipo paellera" la cocaína para ser consumida. Acusa al concejal de darle un rato más tarde un sobre con 500 euros para ir "a por más cocaína" y para recoger a varias mujeres del piso de Palma en el que ella ejercía la prostitución. El torneo fue patrocinado por sponsors institucionales del Instituto Municipal del Deporte y la Policía Local, así como varias empresas privadas.

http://politica.elpais.com/politica/2017/06/13/actualidad/1497341561_418144.html

17. C.A CASTILLA Y LEÓN. LA FÍSCALÍA PIDE LA IMPUTACIÓN DEL EXVICEPRESIDENTE DE CASTILLA Y LEÓN

El Ministerio Público señala a Villanueva como responsable de los presuntos delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y malversación
La fiscalía ha pedido la imputación del exvicepresidente de Castilla y león y exconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, por la compra de un edificio conocido como "La Perla negra". La fiscalía considera que a Villanueva se le pueden imputar delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración y malversación de caudales públicos, "sin que sea descartable la posible comisión de un delito de cohecho y blanqueo de capitales", tal como señala el escrito de la fiscalía provincial de Valladolid.
Ahora será el juzgado número 2, que instruye la causa, será el que decida sobre el futuro del exvicepresidente que también está implicado en el caso de la trama de los parques eólicos. En este escrito remitido al juzgado, la fiscalía sostiene que algunas de las decisiones que adoptó Villanueva en la compra del edificio y de los terrenos de un parque empresarial frustrado tuvieron únicamente "apariencia" de interés público.
Por otra parte, el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha incoado diligencias previas por presuntos delitos de cohecho y prevaricación contra el procurador en las Cortes, Alfonso Centeno, del PP, al que tomará este miércoles declaración como imputado por un viaje a Japón que efectuó en 2007 sufragado, presuntamente, por la empresa Corsán.

http://politica.elpais.com/politica/2017/06/06/actualidad/1496754510_778499.html

18.C. MADRID. CIUDADANOS CUESTIONA LA COLABORACIÓN DEL GOBIERNO DE CIFUENTES CON LA JUSTICIA

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha cuestionado la colaboración del Gobierno de Cristina Cifuentes con la Justicia al reprochar a la presidenta regional un informe de la Fiscalía Anticorrupción que señala que "se hace difícil confiar que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la Comunidad de Madrid".
En el Pleno de este jueves, Aguado ha hecho alusión a un informe de 45 páginas fechado el 11 de mayo de 2017 de la Fiscalía Anticorrupción donde explica los motivos por los que ordenó siete "registros" en dependencias de la Comunidad de Madrid relacionados Nuevo Arpegio, empresa investigada en Púnica.
Aguado ha señalado que la Fiscalía Anticorrupción considera que los dirigentes del PP "siguen autoprotegiéndose", ya que el informe señala que "existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas en la Comunidad de Madrid y orgánicas en el partido regional".
Asimismo, ha destacado que la Fiscalía Anticorrupción reconoce y conoce "las dificultades para obtener información fiable de la Comunidad de Madrid", al tiempo que indica que se han encontrado "inconsistencia y carencias" en la documentación aportada que les lleva a pensar que existe más.
"Mientras ustedes dicen que colaboran con la Justicia, la Justicia dice de ustedes que la información que facilitan no es fiable y que su colaboración no es espontánea ni leal", ha afirmado Aguado, quien ha señalado la necesidad de que Cifuentes se replantee sus prioridades, porque "un presidente regional no puede tener como prioridad proteger a los suyos, proteger a su partido, y poner palos en la rueda a la Justicia".
Según Aguado, "un presidente regional tiene que tener como prioridades colaborar con la Justicia y luchar contra la corrupción, le pese a quien le pese y caiga quien caiga".
Por su parte, Cifuentes ha aseverado que la actitud de su Gobierno hacia la Justicia es de "total y absoluta colaboración". "No voy a entrar a comentar las afirmaciones que se hagan en un escrito, le hablo de la realidad, y la realidad es que mi Gobierno está colaborando con la Justicia y lo estamos haciendo sin ninguna reserva porque no tenemos nada que ocultar", ha manifestado.
Tras afirmar que se ha facilitado a la Fiscalía Anticorrupción y a la Guardia Civil toda la información que ha requerido que obran en poder de Nuevo Arpegio, ha precisado que toda la documentación es relativa a 2006, para recalcar que se trata de un asunto de hace 11 año.
Además, ha detallado que son ocho, no siete, los "requerimiento de información" que ha contestado el Gobierno regional, que además ha realizado otras nueve entregas de documentación sin que "nadie" se lo pidiera, de manera que ha remitido información 17 veces.
Igualmente, ha indicado que la empresa ha comenzado los trámites para personarse como acusación en Púnica.
Por otro lado, ha reprochado a Aguado que en su última pregunta del periodo de sesiones haya vuelto a hacer "lo que lleva haciendo toda la legislatura, renunciar al control del Gobierno y hablar del pasado", al tiempo que ha afirmado que la prioridad de su gobierno es "avanzar" en materias como la transparencia, el empleo o las políticas sociales, ha enumerado.

http://www.eldiario.es/politica/Ciudadanos-colaboracion-Gobierno-Cifuentes-Justicia_0_657234452.html

19.C. MADRID LOS TRABAJADORES DEL GREGORIO MARAÑÓN SE UNEN CONTRA CRISTINA CIFUENTES

749 médicos y facultativos piden a la presidenta de la Comunidad de Madrid un plan de futuro para el hospital
Ayer conocíamos la noticia de la suspensión de 18 cirugías programadas en el Hospital Gregorio Marañón por la aparición de cucarachas. 18 personas que no podrán ser intervenidas quirúrgicamente por una plaga de insectos, resulta un hecho que ejemplifica a la perfección la situación de la sanidad pública madrileña. Después de la reunión que mantuvieron la semana pasada 200 médicos del centro con Cristina Cifuentes y el consejero de Sanidad, Rafael Sánchez Martos, 749 médicos y facultativos del Gregorio Marañón han firmado un documento para pedir un plan de futuro para el hospital.

En la carta, se denuncia el descenso de los presupuestos "en los últimos años y son claramente deficitarios tanto para la actividad real del centro como para la complejidad de los pacientes atendidos". Por otra parte. los médicos denuncian la decadencia del equipamiento y de infraestructuras: "nuestra institución da una imagen de mal cuidada y desatendida, hecho éste que muchos usuarios conocen y padecen, sufriendo incomodidades y malestar durante su asistencia".

Otro de los puntos referidos en la carta alude a los diferentes cambios en la estructura directiva, los cuales no han sido producidos por motivos profesionales, un hecho que según los médicos "hace que se carezca de un plan de gestión estable y consolidado, con el consiguiente perjuicio para todos". Además, denuncian la "falta de valoración de la opinión de los profesionales en los procesos de decisión y planificación".

Esta carta deja en evidencia una lamentable situación. La falta de equipamiento, tecnología obsoleta e infraestructura desatendida, son tres elementos que plasman hasta que punto ha llevado la gestión del Partido Popular la sanidad madrileña. Los profesionales del Gregorio Marañón están hartos y a los pacientes no se les puede asegurar una atención de calidad. Un centro médico de referencia está en peligro.

http://www.elplural.com/politica/2017/06/20/los-trabajadores-del-gregorio-maranon-se-unen-contra-cristina-cifuentes

20.C. MADRID. GRANADOS ACUSA A CIFUENTES DE SER “LA MANO DERECHA” DE IGNACIO GONZÁLEZ

Nada más salir de la cárcel fue a la redacción de ‘Ok Diario’ para conceder su primera entrevista

Francisco Granados ya está en libertad. Ayer, al salir de la prisión de Estremera en la que estuve encerrado casi tres años anunció que tenía “ganas de hablar”, hasta el punto de que fue directamente de prisión a la redacción de Ok Diario para ofrecer una entrevista al medio que más contacto ha tenido con él en estos meses. En su entrevista, Granados centra parte de su atención en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a la que llega a calificar como la “mano derecha” de Ignacio González, ahora en prisión por la Operación Lezo.
Según Granados, en Madrid él no competía por el poder con González. “Eso está muy bien para las tertulias”, señala Granados en su conversación con Eduardo Inda, pero “Ignacio González no ha tenido nunca rival en el poder del PP de Madrid”. González era “el único que ha mandado en la Comunidad y en el partido (…) y durante muchos años teniendo como mano derecha a Cristina Cifuentes”.
No es la única pulla hacia Cifuentes, porque le guarda un especial rencor: “No olvido que Cifuentes ordenó a sus abogados que se opusieran a mi libertad”. Granados recuerda que “la Comunidad de Madrid está como acusación particular en la trama Púnica y se opuso a que yo saliera de prisión cuando cumplí dos años”. “No se puede defender la presunción de inocencia por la mañana y luego mandar a los abogados de la Comunidad a pedir que se mantenga en prisión a una persona que no se le ha condenado y no se le ha juzgado”, insiste.
Cuando le preguntan si cree que Cifuentes tenía miedo a que cantara, incide en su posición hasta ahora: “Yo no tengo nada que cantar. Lo que digo es que la Comunidad de Madrid, presidida por Cifuentes, se opuso a que saliera de prisión al cumplir dos años”.
Sobre su implicación en la Púnica, Granados cree que hay “una motivación planificada de meterme con calzador en todas y cada una de las cuestiones investigadas a pesar de no tener nada que ver conmigo”. Según el exdirigente del PP, los jueces y fiscales se inventan las acusaciones “en muchos casos”.
Granados, sin embargo, reconoce haber tenido una cuenta en Suiza y que de su cierre surgió 1,3 millones de euros, que eran los que estaban “en casa de mis suegros”. Sin embargo, asegura que esa cuenta y ese dinero son fruto de su etapa como trabajador de la banca. Dice que cerró la cuenta sin regularizarla con Hacienda y “ese es el gran error de toda esta historia”. “Yo era en ese momento alcalde de Valdemoro, estaba a punto de ser nombrado consejero de Esperanza Aguirre y sentí vértigo”, añade.

http://www.elplural.com/politica/2017/06/15/granados-acusa-cifuentes-de-ser-la-mano-derecha-de-ignacio-gonzalez?utm_content=buffer8274f&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

21.C.MADRID. CIFUENTES SIGUE AUMENTANDO EL NÚMERO DE ALUMNOS POR CLASE ILEGALMENTE MIENTRAS LA JUSTICIA LO INVESTIGA

La Consejería de Educación está escolarizando a 28 niños y niñas por aula en las nuevas de tres años, cuando la ratio máxima marcada por la Lomce es 25
Mientras, la justicia investiga la masificación de las aulas en Madrid tras aceptar cinco denuncias de CCOO anteriores que acreditan la sobrecarga
Van Grieken prometió hace un año que se cumplirían las ratios, pero no lo está cumpliendo y el decreto de 2012 que permitía aumentarlas ya no es válido
El Gobierno de Cristina Cifuentes sigue masificando las aulas ilegalmente, según su planificación para el curso que viene, y está escolarizando a más niños y niñas de tres años de los permitidos por los límites máximos. En centros como el CEIP Plácido Domingo, en el distrito de Arganzuela, las clases de este nivel tienen 28 alumnos, tres más que el tope legal desde el curso pasado, cuando dejó de ser aplicable un decreto de 2012 que avalaba excepcionalmente el aumento de las ratios un 20%.
"Tras recibir el mensaje de no admitidos, el colegio nos llamó hace una semana para avisarnos de que nuestro hijo de tres años podía matricularse por una ampliación de ratios", relata Mario, que explica que, según se desprende de las listas, en total han sido nueve los alumnos incorporados de más, tres por aula.

La Lomce permite excepcionalmente en su artículo 87 "el incremento de hasta un 10% del número máximo de alumnos y alumnas por aula", pero solo si eso está justificado "para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado por incorporación tardía o bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en periodo de escolarización extraordinaria". Y no es ninguno de estos casos porque estamos en la fase ordinaria.
El responsable de Educación, Rafael Van Grieken, aseguró hace justo un año que en el curso 2016-2017 iban a respetarse "las ratios establecidas en todas las unidades de principio de ciclo", es decir, las de los niños y niñas que entran nuevos al colegio en primero de Educación Infantil. No cumplió su palabra y tampoco la va a cumplir el curso que empieza en septiembre, pese a que la actuación del año pasado, ya contraria a la ley, está siendo investigada por la justicia. Preguntada sobre la situación, la Consejería no ha dado respuesta a este medio.
Tres juzgados de Madrid aceptaron en enero tres recursos de Comisiones Obreras a este respecto y abrieron diligencias para dilucidar si la actuación de la Consejería es o no es conforme a la ley. Otros dos juzgados se inhibieron a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al considerar que el asunto, sobre el que aprecian motivos para investigar, escapa de sus competencias.
Para el resto de niveles, Educación emplazó la reducción del número de estudiantes por unidad a "las bajas que se produzcan a lo largo de los próximos cursos para ir regularizándolas". Y esto provoca que se sigan dando casos como el de la clase de cinco años del CEIP Fontarrón, en Moratalaz. Según las listas provisionales de admisión, el aula tendrá 28 niños y niñas, de los cuales seis tienen necesidades educativas especiales, un número "inviable" para dar una correcta atención, según una carta que ha remitido el equipo docente y de apoyo de Infantil a la Dirección de Área Territorial (DAT).
Según el AMPA de este centro preferente para motóricos (niños y niñas con discapacidades que afectan al área motora), se han remitido cuatro escritos a la administración: uno de la dirección del colegio solicitando un desdoble en dos clases –porque el centro es de línea dos–, otra de las familias, una más del AMPA y la del equipo docente, la última. La DAT solo ha respondido a la primera, aseguran las familias, negando esta posibilidad.
El número de niños y niñas con necesidades educativas especiales previstas para este aula (6) triplica el número de plazas que reserva la administración por clase para estos menores (2). Tres de ellos vienen de cuatro años y otros tres no pasan a Primaria, de manera que se incorporan a la clase de cinco aunque ya han estado este año en este nivel, explican las familias.
"Los maestros nos dicen que conociendo los casos, trabajando con ellos, no es viable atender correctamente la diversidad con un solo tutor y algunas horas de apoyo", explica la madre de uno de estos niños, con parálisis cerebral. Su hijo no tiene autonomía para subir y bajar escaleras ni para ir solo al baño.
Las subidas de alumnos y alumnas por aula estaban autorizadas por un decreto aprobado en 2012 con el exministro José Ignacio Wert al frente del Ministerio de Educación que justificaba este aumento por la reducción de la tasa de reposición del profesorado. Entonces no todas las jubilaciones y salidas se cubrían, por lo que progresivamente se iba reduciendo el personal.
En septiembre de 2016 este escenario pasó a la historia porque ya se cubren todas las vacantes, tal y como aclaró el Ministerio de Educación un mes antes, cuando concretó que las ratios máximas volvían a ser 25 en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato.
La Comunidad de Madrid se encuentra estos días en plena vorágine de admisión y matriculación, un proceso que genera quejas por parte de las familias año tras año desde 2013, cuando Esperanza Aguirre implantó el sistema de "libre elección" de centro escolar. Esto significa que los padres y las madres pueden escoger cualquier colegio o instituto para sus hijos. Que les concedan o no algunos de los tres que pueden poner en la lista depende de los puntos que tengan (por hermanos en el centro, por cercanía al domicilio...).
Miles de niños y niñas sin plaza
Según datos recabados por CCOO, más de 1.800 familias con hijos e hijas de Infantil no han sido admitidas en ninguna de sus opciones en la ciudad de Madrid. En todos los niveles educativos, la cifra asciende a casi 8.600. Y en la región son muchos más. Estos padres y madres hacen colas estos días para verificar qué plazas están vacantes en otros colegios. eldiario.es ha pedido a la Consejería las cifras de no admitidos sin obtener respuesta.

"El derecho a la libre elección es un mero hecho propagandístico que lo único que ha generado ha sido caos en la escolarización en Madrid", dicen desde el sindicato, que llama la atención sobre "un gran desequilibrio" entre centros públicos. "Unos muy masificados que ya no tienen más opciones de ampliar y han tenido que recurrir a partir espacios con tabiques cargándose aulas de especialidades y laboratorios; y otros, que suelen ser no bilingues, que acogen al alumnado que no quiere o tiene dificultades para seguir el programa bilingüe, en ocasiones porque tienen otras necesidades educativas especiales", señalan en CCOO en Madrid.
Solo en el distrito de Arganzuela, según las cifras del sindicato, hay 124 niños y niñas sin plaza. La Plataforma en Defensa de la Educación Pública Arganzuela-Lavapiés se queja de la "falta de planificación". "Arganzuela es la zona con más cambio demográfico por la construcción de zonas residenciales y la Consejería no está respondiendo a eso", dice Raúl, uno de sus miembros. La organización asegura que varios colegios –hay siete en el distrito– han aumentado el número de líneas (aulas por nivel) por encima de su capacidad convirtiendo en clases espacios no pensados para ello.

http://m.eldiario.es/sociedad/Cifuentes-sigue-metiendo-justicia-investigando_0_655134984.html

22. C.MADRID. Cifuentes se 'coló' en el comité de técnicos que benefició a Arturo Fernández


El expresidente de la Asamblea declara ante el juez que los políticos no tenían cabida en la terna de expertos.
La hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, formó parte del comité de expertos y presidió la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid que en 2011 adjudicó la gestión de la cafetería al empresario Arturo Fernández, y que está siendo investigado por el presunto amaño de la adjudicación. Sin embargo, José Ignacio Echevarría, que fue presidente de la cámara regional, ha declarado en la causa que Cifuentes no podía estar en el comité de expertos.
“¿Siendo presidenta de la Mesa de Contratación, Cristina Cifuentes podía formar parte de ese grupo de técnicos que evalúa las ofertas?”, preguntó la fiscal del caso Púnica al exdirigente madrileño del PP en su interrogatorio como investigado el pasado 8 de marzo. “No, no”, respondió, Echevarría ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
Echevarría explicó que la terna de expertos que realizaron la valoración de las ofertas (entre los que estuvo Cifuentes) debía estar formada por "funcionarios" o técnicos expertos en la materia, y que los "políticos" tomaban parte sólo en la Mesa de Contratación, presidido por Cifuentes.
“Ella no estaba firmando en el comité de expertos. Ella formaba parte de la Mesa de Contratación”, aseguró el expresidente de la Asamblea de Madrid. Sin embargo, cuando se concedió al grupo Cantoblanco uno de los dos contratos investigados por la Guardia Civil, Cifuentes sí firmó a favor de Fernández, tanto en el comité de expertos como en la Mesa de Contratación. Lo hizo en las adjudicaciones de 2009 (por un periodo de dos años) y 2011. Esa bicefalia en ambos comités se ha convertido en línea de investigación para la Guardia Civil.
Echevarría, que prestó declaración como investigado en la pieza que analiza la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, entró en la Asamblea de 2011, cuando se le adjudicó a Arturo Fernández el segundo contrato para gestionar la cafetería de la Cámara. Los investigadores trabajan con la tesis de que el empresario donó 60.000 euros a Fundescam (la fundación del PP de Madrid) en pago por la concesión de estos contratos, además de otros 100.000 euros que aportó la patronal madrileña, que él presidía, en plena campaña electoral de 2007.
Según relató Echevarría en su interrogatorio, él no era quien elegía al comité de expertos que debía evaluar las ofertas para las adjudicaciones. “Eran funcionarios y se nombraban desde la secretaría general de la Asamblea”, explicó, en clara contradicción al hecho de que Cifuentes formara parte de ese comité de expertos.
“¿No había cargos públicos?”, le insistió la fiscal Anticorrupción. “El comité de expertos son funcionarios de la casa. Luego está la Mesa de Contratación. Ahí ya hay técnicos y un representante de cada grupo político”, señaló.
Nada de políticos
“¿En el comité de expertos, en el contrato de Cantoblanco, no había políticos, diputados o representantes como Cristina Cifuentes?”, se le volvió a preguntar. “No señora. No hay ningún comité de expertos, nada más que el grupo técnico de funcionarios que son los que evalúan las ofertas. Después está el órgano donde se adjudica, y ahí sí hay políticos, porque son miembros de la Mesa. Si me pregunta por Cifuentes será porque ha visto su nombre. Estaba porque era la secretaria segunda de la Asamblea, no porque pasara por ahí”, mantuvo Echevarría.
La Guardia Civil sostiene en sus informes que Cifuentes pudo cometer un delito de prevaricación continuada por amañar el contrato para favorecer a Fernández. Concretamente, al Instituto Armado le parece irregular el hecho de que ella formara parte del comité de expertos que evaluaban todas las ofertas presentadas, y luego presidiera la Mesa de Contratación para la adjudicación.
Por su parte, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid ha negado en reiteradas ocasiones que la adjudicación estuviera manipulada, esgrimiendo para ello un informe jurídico elaborado por la Asamblea de Madrid que mantiene la ausencia de incompatibilidad entre los cargos que ostentaba durante el proceso. La máxima responsable del PP madrileño ha negado incluso presidir el comité de expertos, pese a que la documentación publicada por este diario y rubricada por ella misma, así lo refleja.
En su defensa, Cifuentes mantiene que su labor en el comité de expertos se limitó a refrendar la valoración realizada por uno de los técnicos, que ha reconocido ya ante el juez que redactó el informe. En la comisión de investigación abierta en la Cámara autonómica, Cifuentes llegó a calificar esta investigación y sus consecuencias como un "linchamiento".
Por su parte, Arturo Fernández reconoció ante el juez que hizo esa donación (160.000 euros en total entre su dinero y el de la patronal madrileña) porque “alguien del PP se lo pidió”, aunque negó que la entrega del dinero fuera finalista o buscara una contrapartida. Poco antes de hacer esa donación, Fernández se presentó a otro concurso público y no se le adjudicó. Después de la donación, recibió por primera vez la concesión para una cafetería de la Comunidad de Madrid. Y en 2009, el empresario tuvo la misma suerte, al obtener la explotación del restaurante de la Asamblea, analizada ahora en la pieza de la presunta financiación irregular del PP madrileño abierta en el caso Púnica.

http://www.elespanol.com/espana/20170616/224228376_0.html


23. REGIÓN DE MURCIA. CASO PÚNICA. PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ: «¿DÓNDE ESTÁ AQUÍ MI VINCULACIÓN?»

El interrogatorio al expresidente en el TSJ tuvo momentos de gran tensión con la fiscal anticorrupción. «David Conesa fue el último en llegar a mi gabinete y cobraba menos de mil euros; yo no despachaba nunca con él»
A lo largo de 79 minutos y medio, el expresidente murciano y actual diputado autonómico respondió el pasado martes, en calidad de investigado en el 'caso Púnica', a las preguntas de la fiscal Teresa Gálvez y, finalmente, a las formuladas por el letrado Evaristo Llanos, quien ejerce la defensa del asesor David Conesa. Solo un par de horas más tarde, el magistrado Enrique Quiñonero procesó formalmente a Pedro Antonio Sánchez, dejándolo a solo un paso del banquillo de los acusados. Lo que sigue es un amplio resumen del interrogatorio, a cuya grabación en vídeo ha tenido acceso 'La Verdad'.
-Fiscal: ¿Quién le habla de la reputación, de las estrategias de SEO, de estos paquetes de información por primera vez?
-PAS: Nadie. Conmigo nadie habla de una oferta concreta de servicios. Nunca me llegó propuesta ni oferta. Nunca.
-Fiscal: ¿Tenía usted una relación estrecha con Pilar Barreiro?
-PAS: Era alcaldesa de Cartagena y diputada nacional y la relación era la propia entre una compañera de partido y de un consejero con una responsabilidad tan importante como la educación. Hablaba con ella de trabajo y del partido.
-Fiscal: ¿No es a través de Barreiro como usted entra a conocer que a ella le están llevando una campaña de imagen, de propaganda?
-PAS: Ella nunca me habla a mí de que le estuvieran haciendo todo eso que usted dice. Y a día de hoy sigo sin saberlo, porque creo que es algo que se está investigando. Hoy incluso dudo de que eso fuera así.
-Fiscal: Estamos en junio o julio de 2014. ¿Usted tenía una mala imagen en prensa, noticias de escándalos relacionados con antiguas responsabilidades políticas?
-PAS: La imagen en prensa cada día es la que es y según las noticias que aparezcan. No juzgo si son buenas o malas. Al año siguiente me presento y gano las elecciones.
-Fiscal: ¿Recibió usted una citación para declarar como imputado, relacionada con el pago de un piso en Puerto Lumbreras?
-PAS: No recuerdo si fue en ese mes. Pero yo he comparecido para aclararlo por una denuncia del PSOE y se ha archivado con una sentencia contundente. Y no solo por ese piso, que no era un piso como usted dice, sino por lo que casi era una causa general y se han investigado más de una decena de denuncias del PSOE, que se me han archivado todas en instrucción.
-Fiscal: ¿Usted en ese verano del 14, de junio a octubre, tenía relaciones o proximidad con Juan Carlos Ruiz?
-PAS: A Juan Carlos Ruiz lo conozco desde los 14 años.
-Fiscal: Digo en ese verano.
-PAS: De los 14 años hasta hoy, en que tengo 41, conozco a Juan Carlos Ruiz y a otros compañeros de partido.
-Fiscal: ¿Sabía que se le estaban haciendo trabajos de reputación...?
(Interrumpe el abogado de Sánchez para protestar, porque entiende que las preguntas son capciosas e improcedentes, ya que se estarían dando como cierta la aceptación de esos trabajos de reputación personal por Ruiz, cuando están bajo investigación. El debate dura varios minutos, porque la fiscal mantiene que todos esos datos constan en la causa).
-Fiscal: ¿Usted sabía si Juan Carlos Ruiz estaba en relaciones con Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa para obtener una campaña de imagen especial en su favor?
-PAS: Absolutamente no, pero permítame que diga que yo no tenía una relación de proximidad o estrecha. Sí que lo conozco desde los 14 años, pero no tenía relación estrecha o de familiaridad. Ninguna.
-Fiscal: ¿Cuántas reuniones con presencia física ha tenido con Alejandro de Pedro?
-PAS: Reuniones, una. Si usted lo que me pregunta es cuántas veces le he visto, dos en mi vida y con un intervalo de unos diez meses entre una y otra. Ha dicho antes que podía haber algún tipo de conexión entre jefes de gabinete. David Conesa no ha sido nunca mi jefe de gabinete. Nunca. Y lo hemos acreditado con un certificado oficial. Había un jefe de gabinete, que era el responsable de formar el equipo del gabinete. Yo nunca entrevisté a nadie ni elegí a nadie. David Conesa es el último que entró a formar parte de ese gabinete y cobrando menos de mil euros. Había un jefe de gabinete, otro de prensa, otro de apoyo al gabinete y al final se contrató a David Conesa como responsable de comunicación y de redes sociales. Creo que es un dato importante, porque no puede equiparar usted al señor Fidel Saura, que sí era jefe de gabinete (del consejero Juan Carlos Ruiz), con un chico de poco más de veinte años, que entró a trabajar unos meses antes y cobraba menos de mil euros.
-Fiscal: Le preguntaba por las reuniones. ¿Cuándo es la primera vez que se reúne con De Pedro?
-PAS: Creo que era invierno. Diciembre o enero.
-Fiscal: ¿Motivo?
-PAS: Ninguno. Era la primera vez que lo vi.
-Fiscal: ¿Y en qué contexto?
-PAS: Me lo presentan y solo es un saludo y no lo vuelvo a ver hasta septiembre del mismo año.
-Fiscal: ¿Quién se lo presenta?
-PAS: Ehhhhh. Yo creo que fue Pilar Barreiro. Si me permite... Le he dicho que Pilar Barreiro era diputada nacional y cuando iba a Madrid solía quedar con unos y con otros para ver temas de trabajo. Ese día yo había quedado con ella, exclusivamente con ella, y estando con ella me lo presenta, me dice a lo que se dedicaba y que nos iba a mandar propuestas de trabajo a la Consejería. A la Consejería; nunca habla de reputación personal para mí. A partir de ese momento hace llegar a la Consejería alguna propuesta, nunca a mí, como tantas empresas que proponen su trabajo. Yo, a partir de ese momento no sé absolutamente nada. Él insiste, insiste e insiste en que quiere ver al consejero. Mi abogado me ha facilitado información a la que yo no tenía acceso y en la que De Pedro dice que hay que insistir a la secretaria del consejero para que yo les diera una cita. Le aseguro que fue así, porque mi secretaria me decía que insistía en una reunión conmigo. Y aprovechando que yo voy un día a Madrid, en septiembre, y por su insistencia, le envío un mensaje y tengo incluso que presentarme, imagínese la cercanía que tengo, y le digo quién soy. Esa reunión dura diez minutos y se queja de que nadie le hacía caso, de que había mandado muchas propuestas, que si había algún problema y que quería presentar nuevos servicios, un canal en Youtube... En ese momento le presento a David Conesa y le digo que esa es la persona que lleva el tema de las redes sociales. Usted comprenderá que un consejero de Educación, Universidades y Cultura, que lleva más de 20.000 funcionarios a su cargo y 2.000 millones de presupuesto, entenderá que el tiempo que yo tenía para dedicarle a un señor por un tema de nuevas tecnologías... Y a partir de ese momento yo no sé nada de esta gente, ni durante esos dos meses ni después. Y nadie me dijo una propuesta concreta, una oferta... Y nunca se firmó ni se acordó nada.
-Fiscal: ¿El 11 de junio tuvo usted algún encuentro con De Pedro?
-PAS: No, que yo recuerde no.
-Fiscal: ¿Usted recibió un informe de percepción inicial, sobre usted, con unas valoraciones, sentimiento top, valoraciones...?
-PAS: Absolutamente no.
-Fiscal: Las evidencias que ha aportado el instructor... Me refiero a un documento con un tríptico de tres hojas.
-PAS: A mí nunca me llegó nada.
-Fiscal: Mire, mi misión aquí es otra. Yo le escucho, pero... (indica la fiscal en tono de advertencia).
-PAS: Usted me está preguntando y yo le contesto encantado.
-Fiscal: ¿Su secretaria o alguien de su secretaría entregó un curriculum de usted a esta empresa, a Madiva, Eico...?
-PAS: Imagino que no; se me habría consultado. No entiendo qué sentido tendría. Pero mi currículo es absolutamente público. Está colgado en la web de la Consejería, de la Asamblea...
-Fiscal: (La fiscal se disculpa porque no halla un documento). Es que no está foliado, señoría. ¿El 11 de junio tuvo alguna reunión con De Pedro?
-PAS: Ya le he dicho antes que lo he visto dos veces en mi vida y pudieron sumar once minutos.
-Fiscal: ¿La reunión del 23 de septiembre es en Madrid?
-PAS: Sí, ya se lo he comentado antes. Una reunión que fue tomar un café en en la calle Prado.
-Fiscal: ¿El objetivo de esa reunión fue discutir ese informe de percepción inicial?
-PAS: El objetivo, se lo he comentado antes y no me importa repetírselo, es que después de machaconamente estar llamando y mandando correos electrónicos y dando órdenes para que avasallen a mi secretaria, lo que hago es reunirme para solucionar eso y lo que De Pedro hace es quejarse de que no se le hacía caso.
-Fiscal: ¿Este informe de percepción inicial, que se le puede exhibir, lo solicitó usted, se lo ofrecieron, lo contrató usted?
-PAS: Ya he dicho antes y se lo vuelvo a repetir, que yo nunca encargué, ni contraté, ni le di el visto bueno...
-Fiscal: ¿Se lo hicieron llegar?
-PAS: Le pido por favor... Antes no me ha dejado acabar una explicación, que yo creo que era importante. Yo no tengo prisa.
-Fiscal: Sí, pero conteste a lo que yo pregunte. Usted podía haber hecho una explicación inicial y dijo que quería contestar a mis preguntas. Así que conteste a mis preguntas. Yo le pregunto si se lo han hecho llegar.
-PAS: Nunca, ni este ni ningún otro ha tenido mi visto bueno, ni mi concertación, ni un acuerdo, ni se ha pagado una factura, ni se ha aceptado una propuesta, ni se me ha remitido nada parecido. Y yo le digo que no hay ni una sola prueba objetiva que demuestre que yo he dado un visto bueno. Ninguna, insisto, porque nunca me llegó una propuesta de trabajo de este tipo, ni se abrió expediente, ni se aceptó un presupuesto, ni se pagó una factura, ni yo di a nadie indicaciones para que hablara de un posible trabajo de este tipo. Y le digo más: aquí pone informe de percepción inicial. Esto es una propuesta de una empresa. No sé dónde está aquí mi vinculación...
-Fiscal: ¿Le ha preguntado a su secretaria o al señor Conesa si lo recibieron en sus bandejas (de correo)?
-PAS: ¿Dónde está aquí mi nombre, mi dirección y mi implicación? Dígamelo usted porque yo no lo veo. Es que esto es una propuesta de una empresa. ¿Dónde estamos nosotros aquí? No me ha llegado nunca nada de esos temas.
-Fiscal: Le voy a enseñar la documentación elaborada por Alejandro de Pedro y la pregunta es si la ha recibido usted o las personas de su equipo o su secretaría. Plan estratégico, valoración económica... ¿Usted o su equipo recibieron a raíz de la reunión del 23 de septiembre esa documentación: identidad digital, perfiles en Youtube...?
-PAS: Yo, desde luego no. Yo veo que esto es una propuesta de una empresa. Esto son propuestas de trabajo de una empresa que llegan, pero no que yo... De estas llegan no sé cuántas al mes a la Consejería. Que yo sepa, mientras yo fui consejero, que fueron dos años, ni con esta empresa ni con ninguna otra que ofreció servicios similares, que las hubo, se autorizó un contrato, se inició un expediente de contratación, hubo un acuerdo... Esto es una empresa que quiere trabajar con la Consejería.
- Fiscal: Pero una pregunta, señor Sánchez. Esta empresa está ofreciendo mejorar su imagen, no hacer nada por la Consejería. ¿Usted recibe muchas propuestas para mejorar su imagen personal?
- PAS: Insisto, mire la importancia que se le dio que no se le pasó ni al consejero. Esto no se me pasó a mí. No puede probarse, porque no es verdad que a mí se me pasara esto.
-Fiscal: La pregunta es si respecto a estos productos de reputación en las redes, de mejora de los perfiles sociales... ¿reciben ustedes más ofertas, muchas ofertas?
-PAS: Otras empresas que ofrecían servicios en el ámbito de las tecnologías, de las redes sociales... A mí, ni me llegó esto ni ninguna otra cosa. Esto no se aceptó porque tendría un visto bueno, una aceptación. A mí esto no me llegó. Si se hubiera querido hacer algo desde junio a septiembre se habría hecho.
- Fiscal: ¿Usted autorizó al señor Conesa a remitir a De Pedro un correo de este tenor: 'Hola, soy David Conesa, del gabinete de Pedro Antonio Sánchez, este es mi correo', y ese mismo 23 de septiembre envía además otros correos para ver si se pueden ver? Unos correos que demuestran que había una relación y que se estaban citando para poderse ver.
-PAS: Ya le he dicho hace diez minutos que pasé ese asunto a un asesor porque yo no puedo estar pendiente de esos temas como máximo representante de una consejería. ¿Usted cree que cada vez que alguien manda un correo yo lo superviso o autorizo? Esto es una cosa dantesca, permítame que se lo diga.

http://www.laverdad.es/murcia/vinculacion-20170608023208-ntvo.html

24. REGION DE MURCIA. EL JUEZ DEL ‘CASO AUDITORIO’ RECHAZA INTERROGAR A UN TESTIGO PARA NO PROVOCAR UN “SEÍSMO PROCESAL”

El magistrado Pérez-Templado deniega diligencias en el caso que obligó a dimitir a Pedro Antonio Sánchez
El instructor del caso Auditorio, el magistrado Julián Pérez-Templado, ha dictado un auto en el que rechaza la práctica de dos diligencias solicitadas por una de las acusaciones de la causa que obligó a dimitir como presidente de la Región de Murcia al popular Pedro Antonio Sánchez. El “principal motivo” para hacerlo, señala el escrito del juez, es “obviar lentitudes innecesarias o cuanto menos prescindibles en aras de una pronta terminación del sumario”. Una conclusión que, añade, “entre unas cosas y otras se va retrasando con gran pesar mío”. De hecho, llega a tildar de “seísmo procesal” para este fin la citación de un funcionario para declarar como testigo.
Las dos diligencias rechazadas por el juez Pérez-Templado habían sido solicitadas por la acusación que representa a José Manuel García Miravete, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras cuando se levantó el auditorio bajo sospecha. Se trataba, en concreto, de solicitar al consistorio que remitiera un expediente administrativo sobre dicha construcción, así como la citación como testigo de J. J. S., “funcionario y persona de contacto en dicho expediente”. El juez lo rechazó con una providencia el pasado 24 de marzo y la representación jurídica del concejal recurrió alegando, entre otras cuestiones, que la fórmula elegida para descartarlas –una providencia- no era la procesalmente correcta y que, además, no había motivado de manera suficiente su decisión de no practicar ambas pruebas.
Es a ese recurso al que ahora ha dado respuesta el juez Pérez-Templado con este auto, fechado el 8 de junio y al que ha tenido acceso EL PAÍS. En el mismo, el magistrado admite su error y eleva a auto la providencia. Poco más. De hecho, el magistrado destaca que si motivó “escuetamente” su decisión entonces fue porque “la solicitud pudo hacerse en el Juzgado de Lorca [donde se instruyó la causa hasta que se remitió al Tribunal Superior de Justicia por la implicación del aforado Pedro Antonio Sánchez], pues la parte estaba personada al tiempo de los hechos”. Sin embargo, recuerda que hace poco la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal le recriminó el pasado 5 de junio esta actitud y se instaba “a ser más explícito en sus motivaciones”.
Pese a ello, el juez insiste en no practicar ninguna de las dos pruebas. La solicitud de la documentación, porque asegura que el concejal socialista recibió dicha documentación “y puede aportarla a la causa”. La declaración como testigo del funcionario, porque ello puede provocar “un verdadero seísmo procesal”. Para el magistrado, su citación obliga a convocar a los abogados “de más de 20 partes personadas”, lo que provoca en su opinión un “riesgo de suspensiones, ausencias, dificultades de ocupación de la sala y mil incidencia más, que conviene evitar”.
El nuevo auto se conoce solo unos días después de otro escrito en el que el magistrado cargaba contra las acusaciones por su actitud durante la instrucción. Pérez-Templado –al que una de las partes recusó sin éxito tras salir a la luz pública una fotografía en la que aparecía en la terraza de una cafetería junto a un dirigente del PP local– criticaba que las peticiones de documentación de éstas solo pretendían "traer más y más papeles" a la causa "so pretexto de fantásticas confabulaciones" que rebasan lo que califica de "anchurosos límites de este procedimiento para entrar en un mundo mágico donde toda perfidia tiene su asiento". Incluso, las invitaba a que si creían que había "extraños manejos extra o intraprocesales” en su labor a que interpusieran “querella o lo que les plazca contra sus oscuros autores". "Tal vez las acusaciones no hayan quedado tan convencidas, pero así con las cosas", concluía.

http://politica.elpais.com/politica/2017/06/13/actualidad/1497377399_390460.html


25. C.VALENCIANA. EL ‘CÁRTEL DEL FUEGO’ GENERÓ UN FRAUDE DE 100 MILLONES DE EUROS
La Audiencia Nacional asume la competencia sobre la trama de contratos de extinción aérea de incendios
El llamado cártel del fuego, la trama de corrupción en la adjudicación de contratos de extinción aérea de incendios destapada en la Comunidad Valenciana en mayo de 2015, generó un fraude a la administración pública que pudo superar los 100 millones de euros. Así lo establece la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en un auto —resolución razonada— por el que acepta la competencia sobre esta investigación, que se llevaba hasta ahora en el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia) y en la que están imputados el exdelegado del Gobierno en esa comunidad Serafín Castellano, el empresario Vicente Huerta y otras 24 personas.
La juez Lamela, encargada del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional tras la salida del magistrado Eloy Velasco, ha aceptado la inhibición planteada el pasado diciembre por el juzgado de Sagunto. Lamela considera que la trama para alterar el precio de concursos y contratos públicos para los servicios de extinción de incendios forestales no solo afectó a la Comunidad Valenciana, sino que se extiende a otras regiones como Cataluña, Extremadura, Islas Baleares, Andalucía o las dos Castillas, y a la propia Administración Central del Estado, con el Ministerio de Medio Ambiente.
En varios países
La investigación también ha hallado ramificaciones de esta red de supuesta corrupción fuera de España, concretamente en Chile, Italia y Portugal.
Los delitos que se investigan son falsedad, cohecho, malversación, prevaricación, negociación prohibida, pertenencia a grupo criminal y alteración del precio de concursos públicos. Además de las 26 personas imputadas, en la investigación se incluye a 14 empresas asociadas en la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA) y dedicadas a prestar servicios comerciales, agrícolas, de protección civil y de prevención y extinción de incendios forestales.
La magistrada de la Audiencia Nacional asume la competencia sobre el caso del cartel del fuego por varios motivos. Por un lado, entiende que la trama causó un “grave quebranto a la seguridad del tráfico mercantil” y tuvo “grave repercusión en la economía nacional”. También justifica su competencia por la propia “complejidad” de la causa.

http://politica.elpais.com/politica/2017/06/12/actualidad/1497283844_554071.html

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